Teoria General De La Prueba En Derecho Civil

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BIBLIOTECA JURIDICA

AUTORES ESPANOLES Y EXTRANJEROS

TEORÍA GENERAL

RUEBA EN DERECNO CIVIL 6

EXPOSICIÓN COMPARADA DE LO8

PRMCPIOS DE LA PRUEBA EN IUATEllIA CIVIL

Y DE SUS DIVERSAS APLICACIONES EN ITALIA, FRANCIA, ALEMANUL, ETC., POIP

CARLOS LESSONA, Profeeor de Prooedimiento oivil en le Univereidad de Pise.

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Siladucido y anotado con arrerrlo & la. lagislffiiún y jusiriprudencia espaaolrwi POB

D, ENRIQUE AGUILERA DE PAZ, Teniente fisoal.

UON TJNA INTBODUUUI~N DE

D. JOSÉ M A R ~ AM A N R E S A Y N A V A R R O Díreotor que fati de Za Re>*.:jta.L.'fz: Y*ndict.indob. r cornyil~tedal p~~oj'.B I L I J I ~ B IeJc2Ui L~C 8uai ~ ~CO~UP~ (Pisa, 1903), capit. V, p. 121 y sig.

puestos del hecho, que alegue y pruebe los 'hechos que lo producen, y por el contrario, deben probarse por el advereiario los ulteriores hechos que den lugar á los principios de acci6n contratia 6 de excepción. Para decir cuando se ha de aplicar la primera parta del precepto, se debe tener en cuenta las relaciones normales. Y estas son aquellas en que la ley no ha introducido una adición particular, porque las reglas especiales nacen s610 por separarse del orden normal. Asi, por ejemplo, la mayor edad, el estado sano, la virilidad, son relaciones normales, por lo que 8610 para la menor edad, la enfermedad, la ,fenzenilidad, ha dado l a ley reglas especiales. En este punto, Polacco nota que es un poco incierto el criterio, y que se supone sin probarlo que Bste sea el que haya tenido y seguido el legislador. Mas bien es de estimar el otrp criterio de Fitting, que dice: El caso regla presenta siempre un niimero menor de requisitos que el caso excepción, porque la excepción depende del concurso, en el caso concreto, no 5610 de los datos del hecho que harian aplicable al mismo la regla, sino tambihn de cualquier dato ul~erior que la sustraiga del imperio de ella. Cuantas veces se aplique un cierto principio, por no concurrir una circunstancia dada, seria inexacto decir que la falta de esta circunstancia esta en los extremos del principio mismo: debe decirse, por el contrario, que el concurso de esa circunstancia, unida A las positivas necesarias para subsisten'cia del principio-regla, hace que se deba pasar del mismo al principio-excepción. He aquí la confirmación del principio afJirmatztz' lzon tzegaiati hacuazbit probatz'o lCO. c) Leyes azodervtas.-En relacidn con estas teorias, hay varios sistemaa legislativos. Entre las mhs minuciosae, recordaremos las disposiciones del proyecto de CTód. civ. alernin, no aceptadas des. pues en el texto defifiitivo, que no sanciona nada en esta materia. He aqui el.texto de las disposiciones relativas: Art. 198. E l que hace valer un derecho debe dar la prueba de los hechos necesarios para la existencia de este derecho. E1 que pretende que un derecho se h a extinguido 6 anulado debe probar los hechos necesarios para la extincidn 6 nulidad (a). (a) Bustancialmente contiene el mismo precepto respecto de la prueba da las obligaciones el art. 1214 de nuestro Código civil, según hemos dioho

LIB. 1-DE LOS MEDIOS DE PRUEBA EN GENERAL 184 Art. 194. El que niega el efecto juridico de un estado de hecho, en raz6n de hechos particulares que excluyen dicho efecto, debe probar estos hechos particulares. Lo mismo digase para los actos juridicos, cuando se hace valer la falta de capacidad legal, 6 de conformidad de la voluntad expresada con la voluntad real 6 de libertad en la voluntad B causa de violencia 6 engaño, 6 cuando se pretende que la ley. requería una forma especial. Art. 195. El que quiere hacer valer derechos resultantes de un acto juridico debe tambien probar que fueron observadas las formas, si exige l a ley formas especiales para su validez. Art. 196. El que quiere hacer valer derechos resultantes de u n acto juridico, debe probar que tal acto fu6 estipulado del modo que 61 pretende, aun cuando no reconozca el contrario su existen. cia ¿I afirme que el acto fu6 redactado de otro modo particular 6 bajo condicibn suspensiva 6 resolutoria 6 con un termino inicial 6 final. Art. 197. El que se haya 6 no verificado una condici6n debe probarse por el que deduce un derecho de este hecho. Art. 198. Cuando la ley dispone que se presumir8 un hecho y se reputara probado, aun en ese caso la prueba contraria es admible, salvo legales disposiciones en contrario. No corresponden ciertamente con el sistema tan completo y preciso del proyecto alemtin la otras legislaciones. El CCidigo civil franc6s (art. 1315) y el C6digo italiano (articulo 1312), se limitan B decir: El que pide la ejecución de una obligaci6n debe probarla, y quien pretende librarse de ella debe B EU vez probar el pago 6 el hecho que ha producido la extinci6n de au obligaci6n (1)(a).

ya, 6 idóntica es la doctrina establecida en nuestro derecho procesal.(N. del T.) (1) Idénticos, sustancialmente, los arts. 1214, Cúd. civ. español; 1169, C6digo civil rumano; 1902, C6d. civ. holandés. (a) Igual en un todo al 1214 de nuestro Código civil. Vóase en la introducción escrita por D. José María Manresa para esta obra, las razonee por las que se han comprendido en dicho cuerpo legal las reglas especiales relativas 6 la prueba de las obligaciones. En consideración 6 ellas se dispuso, entre otras cosas, en la base 19 de la ley de 11 de Mayo de 1888, que se fijarían en el nuevo C6digo 103 principios generales sobre la prueba de las obligaciones, cuidando de armoni~aresta parte del mismo con las prescripcionesi de la moderna ley de Enjuicia-

185 La regla es insuficiente porque sblo se refiere laa obligacioues y no S todos los hechos susceptibles de efectos jurídicos, si bien es cierto que el art. 1312 consagra una regla general. La regla es inexacta, porque el deber de probar una obligacidn impondría el deber de la prueba siempre que la ley misma expre. samente no consagraee una presuncidn contraria. Tal regla est&,pues, explicada para la accidn civil que nace de delito por la disposicibn contenida en el art, 112 C6d. proc. pen., según la que ala parte civil suministrar&todos los medios de prue ba aptos para aclarar el hecho y averiguar los daños» (1). 10U b i ~ . El peso de la prueba en dereaho transitorio se rige por la ley del tiempo en que debe soportarse tal peso (2). CAP. 11-ADMISI~N

DE LA PRUEBA

B. - AplicacMr~de los principios en el derecho gosiiivo. 101. La primera regla que debemos fijar es la siguiente: La obligacidn de pvobar no es16 deterwtinada por Ea cuaMdacl del hecho que se ha de probar, sino por Za condicid?&ju~ddicagzce tieielze en el juicio aquel que lo invoca. No importa, que la prueba pueda ser fdcil para el demandado y dificil para el actor; si el hecho que se ha de probar conrjtituye extremo de la accidn, debe probarlo el actor y no el demandado, Lo mismo debe decirse para la hip6tesis, en la que la prueba sea miento civil, respetando los preceptos de la moderna 1egislaciGn notarial, y fijando un mliximum, pasado el cual, hubiera de constar por escrito para que pudiese pedirse en juicio su cumplimiento 6 ejeciicibn, toda obligaoi0n de dar 0 de restituir, de constitucitjn de derechos, de arriendo da obras 6 de prestaciGn de servicios. Conforme con el principio establecido en primer término en dicha base, el CGdigo reprodujo en este punto las disposiciones de nuestro anterior de. recho en materia de pruebas, añadiendo 6 los medios probatorios antes admitidos las presunciones reconocidas por la ley 8.O, tít. 14 de la Partida 3,*, y preteridas por la de Enjuiciamiento civil, y como base de toda la doc. trina, reprodujo igiralmenta en el artfculo citado al principio ronlano aceptado por nuestra antigua legislación, y que sigue predominando en oasi todos los Códigos, por virtud del cual se exige a l actor la prueba de los hechos en que so funde BU acción, y al demandado la de los que sirvan de apoyo 4 eus excepciones.-(N, del T.) (1) La obligaci6n de la prueba incumbe d la parte civil, lo miamo si interviene en todo el juicio penal, que d a610 ooncurre d loe efectoa del artfoulo 571 del Código de procedimiento penal. Aef ha resuelto Ap. Tur., 6 de Mayo de 1887 (Jrlr. SPa(r., 1887, 461). (2) Gabba, 1ietronttivitá, IV (3." edic.), p. 628 y sig.

LIB. 1-DE LOS MEDIOS DE PRUEBA EN GENERAL 186 imposible para el actor y posible para el demandado 6 á la inversa; la, imposibilidad no priva del deber de la prueba (1). Esta regla es indiscutible en nuestro derecho. 8abido es, empero, que la derog6 la Constitucibn de Constantino de 325 (L. 1, Cbdigo Teodosiano, De $de test. et instr., XL, 39), no acogida después en la compilaci6n juslinianea. En virtud de esta Constituci6n, el Emperador, después de recordar que siempre se habia concedido al reivindicante el peso de la prueba, añade: tanlen nos aepuitate et iustitia nzoti iubenzus, ut, si, puando talis enzergerit causa, in primordio, iuxta regulam iuris petilor debeat probare, unde ves ad @suwbperiineat: sed si dejiciat pars eius in. ptaobationibus, tultc de~num~possessori necessitas inuponatur probandi, ultde pbssideat ve1 pzlo iure teneat, ut sic veritas exanzilzetur (2). 102. Se ha discutido si debe haber excepcibn de esta regla cuando sea imposible la prueba á quien la debe dar de un hecho del contrario. E l Supremo Tribunal lombardo (3) y el Tribunal de Apelación de Caealia (4), no admiten la excepcibn proclamando la mhxima de que el principio por el cual la prueba incumbe al que aduce el hecho sobre que funda la accibn 6 la excepción, es absoluto y no admite desviacibn ni aun en el caso de que el que lo alega se vea en la imposibilidad de probarlo, por hechos del mismo adversari~. En estas sentencias la mtixima se proclama axiom&ticamente,de tal suerte, que no es posible alterar la decisibn dada. Por el contrario, el Tribunal de Apelacibn de Bolonia (5) y el de Roma (6) establecieron un principio opuesto, decidiendo el primero que la obligagacidn de probar la ex:epcidn no toca al que alega,, cuando, por el hecho mismo de la parte contraria, es tal prueba imposible, y el ~legiindo,que la ob,ligacidn de probalb la accidn no toca al actor cuando por el hecho mismo del demandado no puede presentar los documentos necesarios para probar lo que se propone. Evidentemente, esta iiltima jurisprudencia, acogida poco ha!

(1) Ap. Tur., 4 de Noviembre de 1889 (AJZLV. Tuv., 1890, p. 62), (las. T L ~ . 12 de Octubre de 1879 (Diur. Trib. MiJ., 1879, p. 74.) (2) Sobre el carbcter social de la OonstituciGn de Constantino, v. Monnier, en Nouv. Rev. hist. cle dr., 1900, p. 176. (3) 10 de Febrero de 1864 (Non. Trib., 186.2,p. 492). (4) 7 de Julio de 1883, v. Bellavita (z'G8, 1883,798). ( 6 ) 16 de Abril de 1889, v. Invrea (Tem. Gen., 1889, p. 666). (8) 16 de Abril de 1892 (Tema. Rom., 1893, p. SS).

187 por la Seccibn 4.&del Consejo de Estado (l), es preferible, ya que no es licito aprovecharse de los propios hechos ilegftimou. 103. La influencia que ejerce la calidad juridica del que invoca la prueba sobre la obligacibn de probar, da lugar d la regla siguiente: El actor debe probar el fundamenlo de su acción; el demandado el de s u excepcidrt. Esta regla exige algunas aclaraciones. 104. Ante todo, la palabra actor debe extenderse también ti. aquel que se haga actor seculzdario en una cuestibn ya pendiente. Esto ocurre en el caso de intervencibn voluntaria en el litigio. El art. 201 Cbd. proc. civ. dispone que: Tampocose viola el principio de derecho: nenco tenetur edere contra se. Este principio, conforme esta escrito en las LL, 7, C,,D e testibus y 22 Defide instrumenforun, 9, propbsito de la interiiio (accidn en juicio, según la definici6n de Ulpiano, dice asi: Infentionis vestrcc proprias debitis adferre probatio~es,non adversus ab ndversa~iisadduci, y no es aplicable en el caso en que se pruebe que el adversario se haya hecho diieño de documentos decisivos poniendo al actor en la imposibilidad de exhibirlos. >La Tuerza del argumento aumenta cuando se trata do un titula común & una y otra parte, parque el actor que no lo posee tiene el derecho de pedir su exhibici6n por la otra parte que lo retiene, y el Juez, no puede dejar de diiponerla, siendo necesiario p8ra juzgar de la acci6n y la excepción. ,Esto era lo que ocurría en el pleito citado en el que el contrato fu6 hecho en un solo 6riginal.s 220. Es de notar que el art. 44, letra c, de la ley del Tribunal de Cuentas, admite la revocaci6n, si se halz hallado lauevos docume@tos después de pronunciada la sefitencia. La diferenoia entre esta diapo~icibny la d d art. 494, ndm, 8+@ d d C6d. proc. civ., es evidente.

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Llk. 1-DE

LOS MEDIOS DE PRUEBA EN GENERAL

La ley comilin, habla de documento recuperado; la especial, de documento hallado; la ley común exige que el documento no se haya podido presentar antes por hecho de la parte contraria: la ley especial no pide este requisito. Por estas diferentes disposiciones presentase claro un concepto legislativo diverso. Y que la diferencia e ~ t & en estos términos, lo atestiguan dos notables escritores especiales, Rocco (1) y Tango (2). Esto Tiltimo dice: #En la discnsibn de la ley que estableció el Tribunal de Cuentas (sesión de 16 de Diciembre de 1861), el diputado Castellano quería, siguiendo el derecho comilin, que no se admitieran en el recurso los nuevos documentos que el actor no presentara por su culpa; pero se observb que la revocación en materia de cuentas tiene fundamentos m8s amplios. Las relaciones permanentes qiie hay entre el Estado y los cuentadantes; la dignidad del Gobierno, el interés superior que preside & estos juicios, paréceme que son las razones por las cuales se debe excluir una cuestión que e~ extraña de hecho y conduciria en derecho 8; subordinar d meras acciones personales la profunda investigacibn de la verdad de los iri. tereses piíblicos. 221. El último caso de revocación que nos interesa, es el de que trata el art. 494, niím. 4.O, siendo la hib6tesis establecida en el n6m. 5.0 relativa 9. la cosa juzgada. 8eg6n el art. 494, n6m. 4.O, se admite la revocación si la sentencia es efecto de un error de hecho que resulte de los actos y docunzentos de la causa (a). (1) Derecibo adminz'strativo,U[, p. 518. (2) Xa rrevocacibn, ensayo de comentario á la ley sobre el Tribunal d e Cuentas (Arg. Jur., XXVII, p. 40.41). (a) En nuestro derecho procesal, el error de hecho, como el de dereoho, B lo que da lugar es al recurso extrao~dinariode casaoidn en cuanto a l

fondo, sienipre que dicho error se haya padecido en la apreoiaoión de las pruebas y resulte de documentos 6 actos auténticos que demuestren la equivooación evidente del juzgador, seghn asi se consigna en el niim. 7.O del artículo 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil. Pero análoga 6 la causa de revocaoi6n citada por el autor, axiste on nuestro procedimiento un motivo de reviiión, que es el señalado con el nGtnero 8." del art. 1796 de dicha ley procesal, eegún el que habría lugar 6 la revfsidn de la sentencia ya firme si éeta hubiere sido diotada en virtiid de la prueba teetifical obrante, en el. juioio, y los testigos fueron oondenadoe .dr3fJ~ade peir h k o bestdmonio ~ o m e ) a oen la$ Qeolaraoiones que sirvieron de EiuiBk~gamto6 la sentrancia; apaweoimB.e, po@lo omto, dietada la sentam

En estas iiltimas palabras esta la prohibici6n de nuevos me. dios instructorios, preconstituidos 6 uimplea: opinión que no ha sido discutida hasta aqui (1). , Y si no fuese sup6rfluo hacerlo, demostrariamos c6mo se impone esta opinibn así por la letra de la leg-y los trabajos pre9aradorios, pues que resulta de la exposicibn de la Comisi6n de la CBmara (1854),que el error de hecho debe surgir de los aotos y documentos sobre los cuales se profiri6 la sentencia, s& que sea licito aducir laprueba de otros diversos (2)-, como por el espiiritu de la ley misma, no debiendo el juicio extraordinario de revocaci6n conver* tirse en el juicio ordinario de apelacidn, ni pudihndose quitar a l juicio de revocacibn su base, por error de hecho, lo que se haria si a l error de hecho se probase con pruebas nuevas, porque el fallo no seria censurable y el vencido en 91 juicio deberia culpar68 9, si mismo de no haber sabido proveer B su buena defensa. 222. La ley sobre el Tribunal de Cuentas, admite en el art. 44, letra a , el error de hecho como medio de revocaci6n, sin añadir que oia por error de heclio, derivado de dichas declaraciones y resultante de aotos del juicio. Este motivo de revisión exige también que 6 la interposici6n del recurco preceda el juicio criminal, en el que sean condenados los testigos, y que la condena se les imponga por las declaraciones que prestaron en el pleito y no en otro. AdemBs, el Tribunal Supremo tiene declarado en sentencia de 1.O de Febrero de 1866, que para prosperar este motivo de revisión es preciso, no a610 que se piuebe la falsedad, sino ademgs que la sentencia fué' dictada en virtud de ella, y no por otras razones ni pruebas, con arreglo á lo prescrito en las leyes 1.' y 2.,' tft. 26 de la Partida 3.' Aunque hoy están derogadas dichas leyes, queda subsistente la doctrina deducida de ellas, tanto por su raz6n jiirfdica, como por estar en armonfa con Ins disposiciones citadas de la ley de Enjuiciamiento civil,-(N. del T.) (1) La Rosa, ob. cit., n. 132, p. 166; Mattirolo, IV, 669; Ricci, II, 669; Gargiulo, art. 494, n. XXI; Aleesio, n. 144; Cas. Turfn, 28 de Diciembre de 1876; rel. Agnelli (Mon, Mi$.,1877, p. 146); 22 de Octubre de 1883, rel. Floris (sur. !Por., 1883, p. 1121); Cas. Plorencia, 24 de Abril de 1873, rel. Volpi Manni (Afin,, 1873, p. 468); Oas. Náp,, 28 de Julio de 1870, rel. Larussn (Uazz. Proc., V, p. 364); Ap. Cagliari, 31 de Julio de 1872 (Ledata, III, 152); Ap. Lucca, 14 de Febrero de 1873 (Mon. giudgs., 11, 431); 24 de Mayo de 1887 (Mon. Mil., 1887, p. 913); Ap. Gténova, 6 de Febrero de 189%(Temi Gen., 1892, p. 162); 18 de Marzo de 1887 (Tú., 1889, p, 271); Ap, Roma, 11 de Segtiombre de 1890; 1.' de Dioiernbre de 1887(!i'd Rom., 1890, p. 617; 1888, p. 818); Ap. 0th salia, 20 de Diciembre de 1887 (Legge, 1888, U, pbM9)(2) Coei, en al ikro 4&lr, 1886, f ool. 866, cita la ~.$1a@i6&

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LIB. 1-DE

LOS MEDIOS DE PRUEBA E N GENERAL

el error en cuestibn deba resultar de los actos y documentos de la causa. ~PodrB,pues, ante esta jurisdiccibn especial, probarse el error de hecho con pruebas simples 6 con pruebas preconstituidas extrañas h la causa? Asf lo creemos, por el diverso texto de la ley, por el carhcter especial de la revocación ante el Tribunal de Cuentas, carhcter que resulta de la facilidad de los errores de las cuentas, y por la falta del doble grado de jurisdicci6n y de recurso de anulacibn por violaciQnde ley (1). (b bis.) JUICIO DE O P O ~ I C I ~ NDIO TEROERO

222 bis. El juicio de oposición de tercero no presenta nada de especial en cuanto al termino probatorio. Las partes tienen la misma libertad que tuvieron en el juicio precedente (2), y el oponente puede, ein obstdculo alguno, combatir las pruebas practicadas con anterioridad, las cuales, sin embargo, se le pueden opo. ner si no las ataca (3). Por analogia, recordaremos con Sabbatini (4), que el que interviene en apelacibn: 1.0, podrh deducir nuevas pruebas si interviene contra ambas partes; 2.O, deberh aceptar el pleito en el es. tado instructorio en que se encuentre, si interviene ad coadiuvandunb, salvo alegar las pruebas que su litis consorte por negligencia 6 mala fe no hubiere alegado 6 deducido.

(e) JUICIO DE C A S A C I ~ N ( a )

223. La indole del juicio de casacidn excluye evidentemente que en el mismo puedan deducirse pruebas nuevas. La Casacibn examina si al hecho estimado por el Tribunal sentenciador se apli. (1) 'Sobre el amplio concepto de la revocación en el Tribunal de uuen. tas, v. Tango, 06. y loc. cit., p. 84. (2) Galluppi, Oppoeiz. di terso, n. 246. (3) Cas. Palermo, 17 de Diciembre de 1901 (Legge, 1902,I, 515). ( 4 ) Intevv. %nc w a , n. 106.

(a) En nuestro prooedimiento, tanto civil como oriminal, la oasaoidn no oomtilcuye un:veirdadero juielo, ni aun siqudora una nueva instanoia del promvtdo oon motivo dsa la amtlwda judloial en guiase interpone, sino un re-

CAP. 11-ADMISI~N

DE LA PRüEBA

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c6 rectamente el derecho. Y siendo el hecho, regularmente el objeto de la prueba, no son practicables Bitas ante quien no conooe del hecho. Este priucipio s~ tan evidente, que jamhs ha ocurrido surso de caráotor extraordinario, concedido, no s610 para reparar los agravios inferidos por o1 Tribunal sentoncindor en la aplicacidn del derecho 6 en la sustanciaciún del juicio cuando Iiubieren sido quebrantadas las for. mas sustanci~losdo1 mismo, sino tambiOn para suplir la omistán 6 la oscuridad da las loyos por medio do l a jurisprudencia establecida & virtud de dicho roourso. Es, por lo tanto, Bsto de intor6s pfiblico y privado, p 6 osto obedece el que se oonceda dioho recurso en favor de las partes, y ademss en benolicio de la ley para o1 s6lo ofscto de la formnoión do l a jurlsprudenoia. Es de interes público o? os:o concopto, y adomás en cuanto por 61 so concodo al mbs alto Tribunal do la Naci6n la suproma vigilancia 6 ln olevada inspocoión sobre todos los dom8s do la misma para la roota administraoi6n do In justicia. Y es do intores privado, en cuanto por 61 piiedcn las partos prooiirnr l a reparaciún do los porjubios 6 de los agravios antos oitados, que hiibieron sido pro$uoIdos por haber infringido las leyes en sil sontoncia o1 Tribiinal que conooiero d'ol asunto en ouanto al fondo, 6 por hnbor sido violadug las formas eaoncialos do1 juicio, 6 por ambns causas á la voz; quo son los moti. vos por los (3110 so conoedo dicho rcourso on nqostra loy prouosal. Al primar0 do dichos osrectoros responde la Intorvonci6n do1 Ministerio fiscal. En 103 j*1icio3 criminales, siondo dicha Ministorio iinn do las partos dolmismo, puode como tal interponer o1 rccorso: en 103 oivllos, aiin en aquollos on q?io no tongn intorvsnoiún on tal aonoopto por las roprosonta. clones que la loy lo conoede, debe, sin ornbargo, sor oído, prostQndosole esta audiencia para qcio so adhiera 6 impugno 01 ruc:irso on bonoíicio do la ley para la dosluraciún y forrnncidn de la jurisprudencia 6 para quo se oponga Q su admisión, y ademb~para quo l e intorponga on intor6s do los 11. tigantos pobres, con nrroglo nl art. 1715 de diclin loy, cuando lo ostimare procedento y no lo liubiore hecho la roprosontaciún do los mismos, por haberle considorado irilprooodonto los tres Letrados d quo diolio artíoiilo se rolioro. Moderno os en la logislacidn ospaiiola o1 rociirso do cneaoi6n. Froclnmado por vez primora on la Constitución do 1812, annquo con al cardoter do recurso do nulidad, y dosonvuelto Qnla loy do 9 do Ootubro do1 nlismo afio, sigui6 la wiorto do la Ci>nstituci6n4 quo dobi6 su origen. Rostablocida esta p.)r segunda voz on 1836, rooibió nueva vida o1 recurso, quo fu6 por dltlmo formulado on 01 Roa1 docroto de 4 de Noviombro de 1333, do donde pasó 6 la loy do Enjuioiaiiiionto oivil do 1859con su aotiial cardotor, aunque ya era aonoctdo como tal on la ley do 20 do Junio de 1832 pnrn los dolitos do con. trabando y dofra~dnoi6r1,eiendo objeto do post~rioror~oformnson la9 la~yc~a (lo 18 do Junio do 1570 y E2 de Abril do 1978, y on la do Enjuiolamiento Civil hoy vigento, cuyo tlt, 21 de su libro 8.' ao halla ooniiagrado nl dersarrollo de esta parta Importantfeima do1 proo~dimiento,obaervándos~,diardo luego en 61 mayos m6toda y m88 axquiaiitocuida80 sn la adoxma, la cual, no 8610 $2

que la Casaci6n haya tenido que rechazar pruebas simples propuestas ante ella. Por el contrario, asi la Casación como el Consejo de Estado, obrando como Casación administrativa, tuvieron ocasión de enun* ciar la mdxima de que ante los mismos tampoco se pueden presen . tar pruebas preconstituidas, no prestjntadas ante los Jueces conocedores del fondo (1).Si ante tales Tribunales pudieran presen. tarse documentos 6 títulos nuevos, se violaria la regla fundamental de su institucibn, que les prohibe volver sobre el hecho (a). se halla en armonfa con el caracter mt~aoirdi?aario del recurso, sino también con las leyes de la lógica. Discuten, sin embargo, algunos autores los términos de la reforma, entendiendo que no queda satisfecho el interés pfiblico & que obedece e1 recurso de casación, si no se garantiza la c~nifor?nidadde la jurisprudencia, es. tableciendo reglas que previsoramente conduzcan á la unidad en las deolaraciones del derecho, y en la fijación de las doctrinas establecidas por ella. Uon dicho objeto propónense diversos medios; pero e l examen de dicha oueetión, cuya importancia no puede ser desconocida, es extraño a l objeto y carácter de estas notas, por lo que prescindimos de su exposici6n, Iimitzliidonos 6 indicar que ese fin ptiblico, principalmente perseguido por el recurso de casación, es de capitalísimo interés, pues oomo indica, aunque en términos mbs elocuentes, el Sr. Gómea de la Serna en su obra Notivoa de ¡a ley de Bnjuiciarniento civil de 1866, al exponer el fundamento histórico Y filosófico del mismo, no bastaría que las Constituciones y los Códigos establecieran la uniformidad de las leyes como medio de conseguir la unidad y la igualdad en la esfera da1 derecho privado, 6 ineficaz sería dicho procepto para conseguir este objeto si no viniese & fortalecer eea uniformidad l a unidad de la jurisprudencia. En cuanto al procedimiento criminal, astablecida la casación, como hemos dicho, en el Real decreto de 20 de Junio de 1862 para los delitos espeaiales de contrabando y defraudación, pasó con cartícter general 5 la ley provisional de 18 de Junio de 1870, y de ella & la de Enjuiciamiento de 1872, 6 la Compilación general y & la de Enjuiciamiento de 1882, hoy vigente, Con las reformas introducidas por la de 20 de Abril de 1888 para los juicios Por jurados.-(N. del T.) (1) Para la jurisprudencia francesa: v. las numerosas decisiones referidas en Dalloz (v. Casacibn, n. 1862. Para la italiana: Das. Turín, 19 de Febrer o de 1894 (Bett., 1894, 1, 1, col. 605); Uns. Palermo, 30 de Diciembre 1895 (Toro Sic. 1896, n. 44); Das. Roma, 19 de Noviembre de 1878, (Legge, 1879,I) 19); 27 de Julio de 1897 (Corte 8.R. 1897,II, 351); 1%de Junio de 1896, (IvB,188% 1,149); Cas. Blorenciri, 27 de Noviembre de 1893, (Temi h.1894,120); , Dons. de Estado, 4.' Sec., 21 de Abril de 18D2, (Annal4 1892, Y, p. 70). (a) La misma doctrina d g e en nuestro derecho proceqal. Segfin dijimos m la nota anterior, la casación no es un vealadero juicio ni una tercera intanoia del pleiQo, sino un ~ e c u r s oextraordinario 6 un re-

CAP. 11-ADMISION

DE L A PRUEBA

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223 bis. Los principios expuestos admiten excepciones, no o b ~ tante. La primera, a d m i t i d a por todos, se refiere 9, la producibilimedio establecido en benencio de las partes y en inter6s de la ley. Y si no es una instancia nueva, desde luego se comprende que en 61 no puede tratarse de los hechos, sino de la aplicación del derecho, 6 no ser en el caso autorizado por el núm. 7.' del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil: es .decir, cuando en la apreciacición de las pruebas hubiere mediado error d e hecho resultante de documentos 6 actos auténticos que demuestren la equivocación evidente del juzgador. Este mismo precepto confirma la imposibilidad de la prtictica de pruebas en la sustanciacidn del recurso; porque ese error á que se refiere, y que puede motivar en su caso la casación de la sentencia recurrida, no ha de ser comprobado por nuevos elementos probatorios aportados por las partes, sino por los documentos 6 actos auténticos obrantes ya en los autos y que debió tener en cuenta el Tribunal sentenciador a l decidir el j uiaio en ouanto al fondo. Do acuerdo con dicha doctrina, la jurisprudencia ha establecido la regla constanto y la mcixima inconcusa, de que la Sala sentenciadora es soberana en materia da pruebas, y 6 su apreciacf6n hay que estar para juzgar de la ~rocedencia6 imprudencia del recurso interpuesto. Esto es también lo.rn5s conforme con las cuestiones que pueden ser materia de la casación, según los diversos motivos que pueden autorizar el recurso. Xn efucto, con arreglo al art. 1692 de la ley procesal, antes citada, hay lugar a l recurso de casación por infracci6n de ley 6 de doctrina legal: 1.' Cuando el fallo contenga vlolaci6n, interpretación errónea 6 aplicación indebida de las leyes 6 doctriilas legales aplicables al caso del pleito. 2.O Cuando la sentencia no sea congruente con las pretensiones oportw namente deducidas por los litigantes. , 3." Cuando el fallo otorgue m8s de lo pedido, 6 no contenga declaraciún sobre alguna de las pretons>ones oportu-enté deducidas en el pleito. 4,' Cuando el fallo contenga contradictorias, ... dis~osiones 5.' Cuando el fallo saa contrario B la cosa juzgada, siempre que se haya alegado esta excepcibn en el juicio, 6.O Cuando por razón do la materia haya habido abuso, exceso 6 d e f e ~ t o en el ejercicio de la jurisdiccibn, conociendo en Csunto que no sea de la competencia judicial, 6 dejando de conocer cuando hubiere el debgr de 'haoerlo; y 7.' Cuando en la apreciación de las pruebas haya habido error de derecho 6 de hecho, si este último resulta de documcntos 6 actos aut6iiticos que demuestren la equivocacilin evidente del juzgador. De la exposición liecha se deduce, desde luego, que en ninguno de los motivos de casación on el fondo ha de tratarse de heclios nuevamente apor. tados al juicio, sino de una cuestidn de derecho relativa 6 la aplioacion de las leyes, que tiene que ser resuelta oon sujeci6n d los olemontos obrantea .Ya en el juicio, y bin que puedan alterarse las t 6 r d i o s de 61. LOmismo debemos decir en cuanto al recursa de ~arra~ida-pw quebadiw

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LOS MEDIOS DE PRUEBA EN GENERAL

dad en casaci6n de documentos nuevos, para rebatir las excepciones de inadmisibilidad del recurso (1). 283 ter. La segunda excepción debe admitirse para la prueba de la aquie3cenciá & la sentencia impugnada. Es un mérito de Pascucci (2) haber demostrado esta excepci6n. Este escritor enseña: 1.O, que la C ~ ~ a c i dpuede n examinar los documentos de los tamiento do las formas esoncialos do1 juicio, pues todos los motivos que dan lugar 6 é l so rcfioron 6 defectos, faltas ú omisionos que han tenido lugar en l a sustanciación dada a l ploito, y por lo tanto, no requieren una justificacidn postorior por rosultar do los autos niisiiios. Según el art. 1693 d e la loy do Enjuiciamcnto civil, dichos motivos son: 1.' La falta de emplazamiento on priniora 6 segunda instancia de laa porsonas que hubieran dcbido s3r citadas pnra o1 juioio. 2.' La falta d e personalidad do alguna do las partos 6 do1 procurador, que l a haya ropresontado. 3.' La falta do rocibimionto 6 prueba ou alguna do las instanoias ouando procedioro con arreglo 6 dorccho. , 4.' La falta do citacidn para alguna diligoncia do prueba 6 para sentencia definitiva on cualquiera do las instancias. 6.' La donogacidn do ciialqiiiora diligoncia do prueba, admisiblo sopún las leyos, y cuya falta haya podido producir indcfonsiún. G'. La incompotcncia do jurisdicción, cuando osto punto no Iinya sido resuelto por o1 Tribunal Supremo, y iio so Iiallo coniprondjdo on o1 núm. 6.O del art. 1602, antcs citado. 7O . La concurroncin fi dictar sontoncin do uno d m5s Juecos, cuya roousación fundada on cnusa lcgal, 6 intontnda on ttcmpo y forma, Iiubiese sido estimada 6 so hubioro donogado siondo proccdonto; y 8.' Haber sido dictada la soritcncia por nionar número do Juecos que e l señalado por la loy. E s do advertir, qiio conformo 6 los arts. IG9G y 1097 do diclia loy, pnra que puoda sor adiiiitido o1 rocurso do cacaciún por quebrantamiento do forma, es indisponsablo pedir la subsanaci6n do la falta on la instancia on que 80 comoti6, y si h u b i o r ~ocurrido on la priniora, quo so liaya reproducido la peticldn on la scgundn con arrcglo 6 lo pi ovcnido on ol art. 869; ho pudiendo proscindirso do diclia rcclainaci6n ni68 q11o cn 01 caso do quo la infracciún hubiera sido coniotida on la segunda instancia, cuando fuera ya fmposiblo rcclamar contra olla. E l precepto do ostos artículos confirma cuanto dojamos diolio, puesto q~io,sogún ellos, h a do qucdar gcnoraJmcntop1antoada l a cuosliún do1 quebrantamionto do forma on la prcvia rcclnniaciGn quo h a do p10niOVerSO pidiondo su subsanaci6n.-(A. Cumplidos tale4 actos, eerdn depositados en la 1Jecreta1ia ge mera1 para que laa partes tomen conocimiento de ellos, ,Si el Tribunal ha ordenado actos 6 comprobacioa~siq,ue se han S

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LOS MEDIOS DE PRUEBA EN GENERAL

de hacer de oficio, el procurador general cuidar&del cumplimiento. de l a decisidn*. Este artículo considera dos series de actos instructorios. Si se trata de la formaci6n de pruebas sinqles, el Tribunal podr&delegarlas á uno de sus consejeros b al pretor. Si ea delegado el pretor, de conformidad con lo expuesto (l), 1% delegacidn se extender&legalmente tambibn para el vicepretor, cutíl les s e r h las formas & que debe atenerse el pretor? Sabemos ya que si la delegaci6n procede de una Corte de Ape. laci6n 6 de un Tribunal, el pretor debe seguir las formas del procedimiento fijado para tales colegios (2). Pero si la delegacibn procede del Tribunal de Cuentas, no' fijando la ley las normas para la ejecucidn de las pruebas ante tal autoridad, creemos que puede el Tribunal delegante fijar estas mismas normas: en su defecto, podr& el pretor seguir los formas propias del procedimiento pretorial. El acta de la prueba ser&transmitida por el pretor d la Corte, conforme al citado art. 27 y el art. 211, phrrafo 2.O, del C6d. de proc. civ. Si se trata de recoger d examinar documentos, entonces el ejeouto; del proveído instructorio e~ el procurador general. 312. En las causas ante la Seccidn 4.0 del Coosgjo de Estado, si la prueba es admitida por providencia del Presidente con a c u e r h de las partes, entonces en esta misma providencia se dan las 'disposicionen necesarias para la ejecuci6n. Si la prueba es admitida por sentencia con desacuerdo de las partes, &eemos anhlogamente que la sentencia misma debe fijar las reglas necesarias para la ejecuci6n de la prueba. 813. En las causas ante la Junta provincial adl)~inbtratiua,los. artíciilos 84 y 36 del Reglamento de procedimiento, disponen: aArt. 84, Cuando discutido el recurso en la audiencia, la Junta reconoce la necesidad de una mtis amplia instrucci6n en terminos del art..ll de la ley, la decdsidn determina la adnzisidn de nuevos ms. dios inslruclorios, lds tdrnainos que hg pue observar y los modos con qWe deben exigirse. .&t. 36, La Junta puede tambibn, cuando no sea posible eiatsblecer de otro modo la verdad de los hechos, ordenar de oficio b A

CAP. 111-EJECUCI~N

DE LAS PRUEBAS

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Instancia de parte actos periciales, comprobaciones, inscripciones .oculares, 6 comprobaciones tambi6n con sumaria recepción de testigos, delegando tcno de los comisarios para las operaciones con asis~feaciadel secretario que redactará los reldivos procesos verbiiles.~ 314. En las causas ante la curia de honabres buenos una ola diaposicibn merece ser señalada, y e8 la del contenido del art. 38 de la ley. Si es necesaria cualquier comprobación sobre el lugar, la curia delega al Preeidente para que se acerque & 61, solo 6 acompañado por dos de los juzgadores, uno industrial, el otro operario, á fin de comprobar con proceso verbal el estado de las cosas. Pero si bien la ley no dice otra cosa, ya que el art. 5.5 del re. glamento de 26 de Abril de 1894 declara que el procedimiento ante los hombres buenos, por cuanto .no ssth expresamente regulado por la ley 6 por el reglamento, se regula, en cuanto sean aplicables, por lae disposiciones en vigor para el procedimiento ante lo6 conciliadores, aplicando los articulos 464 y 434, Cbd. proc. civ., 68timamos licita la delegaci6n por una curia de hombres buenos B otra. El reglamento, además, en el art. 68 phrrafo 3.O, prescribe a6n, que los medios instructorios referidos en el art, 38 de la ley deben por lo regular cumplirse en el intervalo entre la audiencia en que la indagacibn ee ordenó y la sucesiva. De su ejecucibn, conforme al art. 69, se redacta proceso verbal. C.-Reglas particulares para iodo procedimiento. SUMARIO '815. Normas especiales de los arts. 212 6 215 del Cbd. proo. civ. 815 bis. TBrmino para la ejecución do la prueba admitida por sentenoia. 315 ter. Exhibioión al Juez de la prueba praotioada.

315. Como camplbmento de las reglas hasta aquf expneetas, reproducimos las disposiciones de los articulas 212, 218, 214 y 215, Cbd. proc. civ., la! cuales no necesitan expl'icaci6n, ni dieron nunca lugar á dudas 6 dificultades. eArt. 212. Cuando al practicar un examen de testigos 6 en c~ialquierotra diligencia de prueba se debe interrogar á un$ per. sona que no.conczca la lengua de la Autoridad judicial que dirij% el procedimiento, cuando los funcionarios que intervengan en dicha diligencia no entiendan la lengua ds dicha p9nona, se apsa-

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LIR I-DE LOS MEDIOS DE PRUEBA EN GENERAL

brar&un interprete, que prestar&juramento de explicar fielmente. la pregunta, y referir la relipue~ta. aEl intérprete deber&ser mayor de edad, y no podr&nser ele.gidos eutre los Jueces, los funcionarios que intervengan en la diligencia 6 los testigos del pleito. aEu el acta se hard menci6n de lo que, en conformidad con 10, diapuesto en ebte articulo, se haya practicado. El intbrprete la sus* cribirti, si es posible (a) (1). oArt, 213. Cuando se deba interrogar B un sordo, & un mudo Q 8 un tordomudo: %Alsordo ~e presentaran por escrito las preguntas 6 las observaciones de la Autoridad judicial, y dar& verbalmente la respues ta. >Al mudo se le haran verbalmente las preguntas y observaciones, y responderti por escrito. $A1 sordomudo se le hartin las preguntas 6 las observacione~ por escrito, y responder8 del ~nic;momodo. aLas preguntas y respuesta* por escrito se unirhn al acta. >Si el sordo, el mudo 6 el eordomudo no supieran Ieer ni escribir, la Autoridad judicial les nombrar& uno 6 mtis intbrpretes, seg6n las circunstancitia, elegidos preferentemente entre las personas habituadas 9, tratar con 41, 0b;iervhndose por lo dem&slas dism posiciones del art. anterior (O). (a) Según el art. 667 de nuestra ley de Enjuiciamiento civil, si algún testigo no entendiere 6 no hablare el idioma español, será examinado tambi6n. por medio de intérprete, cuyo nombrainicnto se hará en la forma prevenida para o1 de los peritos. Véanse aoorca de dicho nombratuicnto los arts. 014 á 617, ambos inclusive, de la misma ley.-(N. de¿ T.) (1) Acnso no es inol>ortuno notar, con la Corte de Apelación de Roma, 4 de Abril de 186k (Riu. rotiv. di dott. e gitcr., 1834, qol. 301), que o1 art. 212 no es de aplioacidn obligatoria 6 los doouinentos que se producen en juicio en lengua extranjera, porque puede darse que las partos acopten de a c u e r d ~ la traducción producida por una do ellas. V. n. 08. ( ) La ley de Enjuiciainionto civil dispone aooroa de oste extremo, 0in. su art. 668,que los sordomudos podrtin sor admitidos como testigos, en el caso de quo por saber leer y eicribir puedan dar eus declaraciones por es. orito, lo cual esta conforme con el preoepto citado por o1 autor. Nada dice dicha ley respeoto do ln forina en que haya de recibirse deolaración al meramente sordo 6 mudo; pues lo deja á la diecroci6n del Juez, el cual seguramente habrd da adoptar las mismas grocaq~ciones que quedam o o n s i ~ a en e el arf. 218 trasorito del Oódigo,de prooedimiontos o i v i l ~ . i$aliam.-(N. de2 T.)

423 sArt. 214. Las disposiciones de los dos articulos orecedentes se observarin bajo pena de nulidad. 'Art. 215. Cuando la parte, el testigo )o el perito llamado S responder 8 un interrogatorio, & prestar juramento, 6 & deponer 6 ti referir algo verbalmhte en la Audiencia, justificasen la imposibilidad de presentarse en el dia señalado, el presidente 6 el Jues delegado señalar8 otro día, en el terirlino prescrito para la ejecu. ci6n de la prueba, 6 se trasladar&al doniicilio de la parte, del testigo 6 del perito para recibir EU declaracidn. ,Si el domicilio se hallare situado en lugar distinto del en que ae siga el juicio 6 en la jurisdiccion de otra Autoridad judicial, se proveerti conforme ti lo ordenadó en el art. 208.s (a). CAP. IIIAEJECUCI~N DE L A S PRUEBAS

(a) En nuestro sistema procesal, la pruoba de tostigos debe colobrarse, en un solo acto, á no mediar justa causa que lo impida, 6 fin de evitar los abusos 6 que en otro oaso podría dar lugar; y con tal objeto, dispone el artfoulo 616 de la ley de Enjuiciamiento civil que los testigos sean examinados separada, pero sucesivamente, y que los que vayan declarando no se comunicar6n con los otros, ni é3tos podran presenciar la declaración de aqu6llos, debiondo el Juzgado adoptar 6 dicho 5n las medidas que ostime convenientes, si alguna de las partes lo solicitare. Coino dichas precauoiones 6610 podrían ser adoptadas en el caso de celobrarse la prueba testifical en un solo acto, dicha ley lia conllrmado aun m68 esta necesidad, disponiendo en su art. 654, que si por cualquier motivo no se presontaren todos los testigos en la audienaia señalada para su examen, har6 o1 Juer, 6 instancia de la parte interodadn, un nuevo sefíalamiento del día y hora en que deban compareoer de nuevo, haoihndolo saber 6 las partes. En su virtud, no podrá examinarse el día del primer señalamiento 6 los que hubioren comparecido, 6 no ser que se renuncie al testimonio de 10s no concurrentos; pues de lo contrario, seria rOmpQrla unidad de dicha prueba. S610 puedo tener lugar esto, cuando algún testigo haya de ser examinado fuera del lugar del juicio, 6 cuando por enfermedad ú otro motivo que el Juez estimo justo no pudiora peraonarso en la audloncia del Juzgado, que son los dos únicos casos on quo por excepción prescinde la ley del rigor del prinoipio de la unidad do dicha pruoba. En el primero do ellos se librar6 exhorto 6 despqcho, sefin que resida el testigo fuera do1 territorio del pailtido 6 dentro de 61, si bien en lugar distinto del de la residencia del Juez 6 Tribunal, acompañándose en pliego cerrado el interrogatorio do repreguntas que hayan sido admitidas por el Juzgado, con arreglo á lo dispuesto en el art. O68 do la ley procesal citada. P en el segundo, podrá recibirsele la declaraci6n en su domicilio, conforme a l art. 656 de dicha ley, 6 presencia de las partes y de sus defensores, 6 no ser quo, atendidas las circunstancias del oaso, el Jaez craa prudente no pormitirles que concurran, en cuyo oaso podrgn entecarse de la de~laraoióndichas partes en la es0ribanía.-(N. del T.)

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LIB. 1-DE LOS MEDIOS DE PRUEBA EN GENERAL

315 bis. La ejecucidn de las pruebas da resultas de sentencia tiene lugar cuando esta es exigible 6 en o1 termino fijado en la misma para ello. Por consiguiente, si una sentencia apelable admite una prueba y carece de ejecucibn provisional, no se podrh practicar la prueba ordenada sino dcspubs que haya transcurrido el termino para apelar 6 cuando la sentencia apelada fuera confirmada en apelación. Si, esto no obstante, se recibe la prueba, no sera nula si no se interpone apelacibn 6 si, habiendola interpuesto, se confirma la sentencia. (1). Si una sentencia declara practicabla la prueba en una audien d a , - por ejemplo, la primera-posterior al paso SI cosa juzgada d e la sentencia que la admite, queda por determinar la Bpoca en que la sentencia adquiere aquella fuerza. Esta determinacibn depende del sentido que se de al iránbifo á cosa juzgada de la sentencia ad misiva de prueba. Esta cuesti6n se confunde con otra, 4 saber: que es lo que se deba entender cuando la ley requiera una sentencia ejecutoria. Estudiarla exigirfa un amplio examen, extraño por completo ti la teoria de la prueba. Recordaremos s610 que nos otro^ -frente h la grave polbmica debatida sobre este asunto (e),-fieguimos una opini6n hasta aquí aislada, y es que la sentencia 6610 se hace ejecutoria cuando no es impugnable con recursos de cierta decurrencia (apelacibn 6 posici6n en rebeldia, casacibn); la facultad de impugnarla mediante oposición de tercero 6 revocacibn, no sirve de obsthculo L que se couvierta en ejecutoria. Enunciamoe nuestra opini6n sin pararnos L demostrarla, por ser extraiío e l asunto L nueetro trabajo. 815 ter. Practicada la prueba, la presentaci6n de sus resultancias al Colegio para que la aprecie, puede hacerse de dos modos: O la prueba 8e ha dd~envuelt0bajo la vigilancia del Juez dele* gado, y Bste, realizada que Fea la instrucción, aun cuando no foro nqe parte del Colegio, emplaza 9, las partes para audiencia fija con providencia que se inserta en el acta y que no estL sujeta h notificacibn L los procuradores pre~entes(art. 12, phrrafo 4,O, ley 31 d e Marzo de 1901); 6 la prueba se ha practicado fuera de la vigilan(1) Uonf. Ap. Gánovn, 26 de Noviembre de 1895 (Temi Gon., 1896,46). (2) V. por todos: Mattirolo, I V (S.* edic,), n. 1161 y slg.; Tuozzi, L'wtori6d $ella ooedi giudiwta, n. 44 y sig.; Gatti, DelllautovdCd dsl giudicato ociib, n6meros 89 y sig.

CAP. 111-EJECUCIÓN

DE LAS PRUEBAS

4%

s i a del Juez delegado, como sucede en el dictamen pericial, y entonces la reproducción de la causa se hace por la parte m&s dilir gente, mediante citacibn por cbdula notificada tres dfas antes, por lo menos, al procurador, y, en materia mercantil, 9; la parte que ~Gomparecepersonalmente, observ&ndoeepara los rebeldes lo dispuesto en el primer apartado del art. 385, Cód. proc. civ. (art. 13, ,ley cit.) (1).

EFECTO0 DE LA E J ~ C U C I ~'DE N LA8 PRUEBAS

SUMARIO 316. Renuncia de prestarse 6 la ejecución de la prueba, 6 inercia para 110-

varla 6 efecto: consecuencias. 317. Examen de una teoría pr,opuesta por el Abogado Biondi. 818. Si el Juez que orden6 la formación de una prueba 6 la presentación de un documento puede revocar su proveído y juzgar, omitiendo la ejecucidn de la prueba, 6 antes de la presentación del documento. Si cuinplida una prueba, en virtud de sentycia interlocutoria, pued$ pendiente la apelación, proseguirse el juicio de fondo ante el 3uez de primer grado. 320. Opiniones a este propó~ito. 821. La cuestión es de derecho, y no esta limitada 6 interpretar el tenor d e la cláusula da ejecución provisional. 322. Nuestra solución y su verdadero fundamento. 323. Razones de los contrarios. 324. Refutación. 825. Examen de la teoría propuesta por el Abogado Piccolo. ,826. Efectos generales do la ejecución de la prueba.

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316. Un caso que puede verificarae, y que merece ser examinado, es el de que la parte en cuyo favor se admite una pruebn, rehuse expresamente prestarse 9; su ejecución, 6 por su pasivida L no db lugar & ella en terminos útiles. Hemos dicho expresamente que el caso dependa de la parte :1 cuyo favor fue admitida la prueba, para excluir aquellos en los cuales la prueba corresponda al interrogatorio b al juramento. A estos casos prevee el C6d. proc, civ. en los art. 218 y 226: (1) En la discusión ante la Cgmara, preguntaba Oalvi d el art, 18 servía para reproduoir la causa en acto instructorío fuera de la intervenoión del Juez delegado. El Ministro Gianturco respondió afirmativamente.

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LOS MEDIOS DE PRUEBA EN GENERAh

disposiciones que examinaremos ampliamente en su lugar (1). Baera de estos casos, la renuncia 6 la inercia de la parte, dqub consecuencias produce? El efecto inevitable es l a decadencia del derecho de la prueba, y de este efecto se deriva que el Juez haya de resolver como si la, prueba no hubiea6 sido nunca propuesta (2). , En el eljtaclo de los autos decidirti con sentencia definitiva, t i menos que la ley le consienta ordenar pruebas de oficio. 317. Con esta soluci6n, que nos parece inatacable, contrasta un escrito del Ab. Briondi (3), el cual s o s t u v ~que el contrario de aquel que no cumplió la prueba, no puede pedir sentencia definitiva, ni el Juez puede pronunciarla. Los argumentos de Briondi pueden resumirsa,asi: a) La regla actore nonproban!e veus est absoluendus, no se aplica cuando no se ha prwentado la prueba: en tal caso no se puedo emitir beti teiicia. El argumento, despues de cuanto hemos expuesto sobre loe. efecto8 de las reglas relstiváa & la prueba, no exige refutacibn ninguna (4), b) E1 contrario de quien no cumplib la prueba, no tiene inter6s en pedir la absolución, porque no hay sentencia que le condene. Pero aquí se oculta un grave error: no hay sentencia de condenas, pero el .contrariu tiene derecho, no s610 ti ser coudeilado, sino tambibu & ser absuelto, cuando falta prueba para que termine l a cueation. (1) V. n. 646 y vol. 11 (l." edic.), n. 415. (2) Cas. Bloroncia, 10 do Diciembre de 1877 (An., 1878,I, p. 236. NO es BUp6rfluo no:ar que la hipótesis que examinamos no se confunde: a) con aquella en que la parto deolaro en vía prinoipul haberse heoho intítil la prueba admitidti; poro on d a subordinad* se diga pronta tí recogerla. V. Uas. Ntípoles, 23 de Marzo de 18.70; Laudisio (da., 187G,I, p.208); 6 ) con la hipótesi* que exatuinamos despuás (v. n. 318), en que el Ju@ doolare supórflua una

prueba precedentemonto admitida; C) con la liipótesis en quo el que la de. dujera haya renunciado una deduoolún de prueba, suponiendo cinioainente que los Iieclios estaban ya probados por escrito del contrario. En este cnso,. &pesarde la reaunola, resurgo la deducoidn misma, -ai el Juez oonsidera que en el eeorlto del contrario no hay confesión alguna y no puedo negarse Ia admisión, 8610 por r a ~ ó nde la renuncia (v. Uas. Tudn, 6 de Marzo de iBBb. @&V. Tor., 1886 p. 204). (3) Botiit.grsE,, 1881, p. 194. (4) V. n. 190 y sig,

Briondi, prosigue: O el demandado reconoce que su obligaci6n efectivamenta existe, y seria inmortll condenar 8. sucumbir al actor 6610 porque, no se ha cuidado de cumplir 18 prueba. O el demandado niega la existencia de la obligación 6 afirma su ineficacia, y entunces, convirtihndose en actor, debe probar loque alega. Taabidn aquí hay un ciimulo de erroree. Si el demandado reconoce la obligacibn, el actor no tiene nece-. sidad de recurrir al medio de prueba admitido; basta que invoque. la confesj6n. Si el demandado niega la existencia de la obligación 6 afirma 'su ineficacia, deberd, ciertamente, probar estos hechos; pero antes el actor deberh haber probado eu derecho. 318. En la hipótesis indicada hasta aquf, no se confunde otra relativa 9. la obligación del Juez respecto 8. la ejecucibn de 1s prueba. Si el Juez ordena la formación de una prueba simple 6 la presentacibn de un documento, dpodrti revocar el proveido y juzgar sia, esperar que Bste haya tenidp ejecucidn? En el derecho comiin, segiin la regla de procedimiento romano. can6nicoJ las interlocutoriqe, reopecto a l Juez, no pasan nunca enj calidad de cosa juzgada, y puede el que las ha proferido revocarlas, siempre que quiera, habta que ae dicte sentencia definitiva (1). En el derecho moderno, la cuesti6n ocurre muchas vecea, ynosotros creemos que si el Juez, b $ instancia de parte, 6 sin ésta,. se convence de que verdaderamente es inbtil un medio de pruebe, entonces es innegable en el Juez la facultad de reliolver bin practicar aquel medio (2) (a). c)

(1) Portile, op. cit., VI, 11, pbr. 240, p. 726; Ab. Eoolosia, Obs., XIII, n. 2,. 3j4j 15. (2) Conf. Laurent, XX, n. 27; Ap. Trani, 3 de Agosto de 1892:(Riv. Trani, 1894, p. 370); Cas. NBp., 21 de Junio do 1893, Corbara (Oazs. l'roc.. 1394, p. 101); 30 de Diciembre de 1.499 (id.,XXX, 253);RomaJ27 de Marzo de 1836 ( A i ~ n . , X I X , f, 1,274); 9 de Julio de 18'&(Corte S. Roma., 1894, p. 2, civ., p. 17 I); 14 de Ju. nio de 1902 (id., 1902,2, 365); 04s. Floroneia, 29 de Dicieznbre de 1890, Antolini (Tcmi Ven., 1891, p. 65), 23 de Noviernbr0 de 1891, Salucoi (dan., 1891,I,. 1,466); Cas. Turín, 24 de Noviembre de 1885, Dionisotti (Giur. Tor., 1885, pá. gina 759).

(a) En nuestro procedimiento no se da reaurso alguno

aoatra las provi-

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LOS MEDIOS DE PRUEBA EN GENERAL

Supongamos que se deduzca un interrogatorio para probar un crddito: el interrogatorio se admite por sentencia. El interrogante, antes de que tenga lugar el interrogatorio, acmde y presenta una prueba preconstitnfda que creia haber perdido y que demuestra luminosamente s i derecho: qu6 practicar entonces el interrogatorio? (1). Lo mismo ocurre cuando se ordena una prueba testifical para asegurar un hecho culpable del demandado, por el cual el actor realama los daños. Si el demandado admite el hecho que primero habia negado, evidentemente seria inlitil recoger la prueba testimonial ordenada. Finalmente: se ordena un examen pericia1 para asegurar la entidad del daño sufrido por el actor; el actor h a afirmado que el daíío ascendfa 9, L. x; el demandado lo admite en L. x n. Si el actor, mejor enterado del verdadero eetado de las cosas, 6 deseoso de poner fin 9, la controversia, reduce su pretensión L. %-N, antes que el examen pericia1 tenga lugar, Qste se hace iniitil. La razón m88 convincente de la mtixima desarrollada se resume .sneste concepto: en la sucesiva averiguación del hecho primeramente discutido, ocurrida independientemente del termino del alegato admitido, queda dicho hecho reconocido como si se hubieee procedido 9, dicho reconocimiento por declaración de la sen. tencia. Los medios de prueba se deducen para un fin prhctico; agotar un medio que ha dejado de tener objeto, seria poco prhctico. 819. Un caEo relativo 4 los efectos de 18 ejecuoión de las pruebas se presenta en la hipótesis en que se ordene legalmente la ejecución provisional de sentencia que admite una prueba. Adviertase ante todo que es indiscutible el principio de que tal especie de sentencia, si se trata de uno de los casos apreciados por la ley, es por su naturaleza sueceptible de ejecución provisional(2). dencias que admitan un medio de prueba,+nipuedon los Tribnnales acordar de oficio la inejeoución do los que Iiixbieron sldo admitidos, ni reformar por lo tanto sus aouerdos respeoto de dicho partiaula$. Pero esto no obsta 6 que ia parte interesada renuncie 6 la prueba propuesta por la misma ouando resultare ya innecesaria.-(N. del T.) (1) Ap. Bolonia, 24 de Abril de 1871 (Be& XXIII, 2, p. 201). (2) Mattirolo, op. cit., TV, n. 580; Mortnra, Apet. oiv., parte esp. (Dig. itag. a. 669, p, 691); Pasicuoci, en la Xeg, 1880, P. 8eLJp. 181; Uul;reri, art. 888, n. 14, p. 217 del vol. I V , 2," edlc. TambiBn loe qura aostlonon que las i.nterloout;odaslato umeu no son

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DE L A 8 PRUEBAS

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Aceptado como cierto este principio, se pregunta, ei recogida. una prueba por sentenoia provisionalmenteejecutada que la admite, puede proseguirse el juicio de primer grado para provocar la decisi6n en el fondo cuando penda la apelaci6n propuesta contra. aquella interlocutoria (a). 320. Tres opiniones surgen 9. este propósito. Algunos estiman llcitn siencpre gl en todo caso la prosecucibn del jnicio de primer grado (1). oeptibles de ejeouoión provisional, exoeptúan las intorlooutorfas strick. meu, que son precisamente las que akiiniten medios interlooutorios. VBase en este sentido Zanola, Monit. leyes, 1887, p: 138. Una buena demostración se' lee en la sentenoia de la Corte d e Milán de 3 de Abril de 1894 (Mon. Mi,?. 1891, 633): Deltelaor ZihraI, porque en el art. 363, C6d. oiv., se lee q?ie puede ordenarse la ojeoución provisional de la sentenoia, si se trata de oontiendas so. bre la naturaleza y aloance espeofEoamente indioadas en el mismo, y ninguno dejara de ver que en la hipdtesis prevista por el misino artículo, se. trata siempre de una de tales oontiendas, aunque se emitan deoisiones inoidentales con la intend6n de preparar e l terreno al pronunciamiento de la. misma sentenoia. .Del espirilu üe la ley, porque si para la aplioaoión del art. 363 6 los prooedimientos instruotorios, se hubiese de prosoindir de la índole do la oausa de fondo oorrespondiente; ateniendose tan sólo al aloance intrínconi>do los prooedimientos mismos, serían pooos los oasos en que podría habor lugar 6 dfoha aplioaoión, frustr6ndosO oasi por oornpleto el En que se Iiubo propuesto el legislador, que fué el de asogurar B los oiudadanos la roali2aolón pronta de sus dereohos, ouando Bstos, aun siendo disoutidos, se provontaran asistidos de presunolones bien fundadas, 6 revistiendo oaráoter do iirgonoia. ,Los malos doudores saldrían ganando, porque promoviendo oportunamente ouostiones inoidentales en el ourso de In oausa promovitla para obligarlies al oumplimiento .de sus obligaoiones, podrían aplazar la sontenoia,. aun siendo manifiesto su error en las ouestiones inoidentalos mismas., (a) En nuestro sistema prooesal no puede ofrece~seel caso examinado por el autor en Bste y en los números siguientes; pues según tenemos dicho en notas anteriores, no se da reourso alguno, con arreglo a l art. 667 de la ley de Enjuioiamiento aivil, oontra las providenoias en que se otorgue alguna diligenoia de prueba. Y si bien dioha prohibioidn no es extensiva Q aquellas en que se denegare oualquier medio probatorio propuesto por las partes, o1 únioo recurso que puedo Intentarso contra Bstas es el de reposioibn, siendo, por lo tanto, imposible la existenoia de una alzada sobre materia de pruebas, mientras oonooe del fondo del juioio el Juol; 'Be primera inw tan0ia 6 el Tribunal de primer grado en el orden jurisdIooional.-(X. d d I?) (1) Mortara, op. y Zug. cit., a. 816; Bona, en Giw. Ibr., 190% 001. 8B1,nota;

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LOS MEDIOS DE PRUEBA EN GENERAL

Otrcs efitiman ilicita siempre 9 en todo caso esta pro~ecucibn(1). Otros distznguen y afirman que la cldusula de ejecucián provisional sn sentencia ejecutoria autoriza, no obstante, la apelacibn, b prosecucibn del pleito en primera instancia aun en el fondo, siempre que no haya sido concedida por la simple urgencia de la sola disposicibn instriictoria, y cuando al Tribunal de apelacibn no corresponda conocer del fondo del pleito (2). Finalmeiite, otros modifican eota iiltima enseñanza declarando que no ge puede pr,oseguir el juicio en cuanto al fondo, ~iel motivo que determina la autorizacián de la ejecución prcvisional se re. dere exclusivamente a l incidente resuelto en la sentencia interlacutoria; y que ei puede prosegi~irsecuando la ejecucibn provisional Se haya concedido por razones relativas h la demanda principal, h pesar de la eventualidad de que el Tribunal de apelacibn, al ~reformar una sentencia interlocutorin de primer grada, pueda llamar h ei el fondo de la causa y resolverla definitivamente; porque esta eventualidad no se da en el momento en que se propone la apela ~oibn,~ i n después o de la apreciacibn que el Magistrado de la ape lación haga de la madurez de instruccibn de la causa segnida ante los primeros Juece~i,6 por efecto de una excepcibn perentoria, tl la vez de la cuestibn incidental y de la de fondo y que se proponga por primera vez en apelación (3). 321 Como resulta de las opiniones expuestas por al'gunos e ~ c r i torea 6 de sentencias dictadas espresamente sob e esta cuestibn, el Juez podria siempre, al acordar la clhusula de ejecucidn provisional, declarar que Bl no pel*tniiirA que, aceptada la prueba, se prosiga ante Ql el juicio, si fu8 apelada la interlocutoria, 6 declarar también lo contrario. Tadini, en el Mon. BiA, 1883, 297; Diror, díonit. Tvib., 1887, p. 1022, nota; Pitnri, en 01Non. Pret.,1882,p. 319;Poro~aoci,Dell'esecuz. provv. llelle8eñt. (1898), n. 6, p. 11; Gas. Turín, 6 de Súptiombro do 1888 (Qiur. Tor., 6%); Ap. Turfn, 19 de Abril do 1872; 17 de Octubro do 1876 (Jur. Tzcr., 1872, p. 390; 1877, p. 126); Ap. Vonoc!a, 2b de Abril da 1891(3fon. Mil., 1892,778); Cas. Pnlermo, 20 de Junto de 1895,9 de Enero de 1901 (Foro Cat., 1895, 123; 1902,L); Ap. Turfn, 6 de Marzo de 1003 (Qiur. Tor., 1903, 383). ( 1 ) Da1 Favero, en Temi Ven.. 1939, p. 25; Rioci, en Gur. ital., 1801,II, 153; Ap. Venecia, 14 de Noviembre do 1873 (Tem, Yen., 1879, p. 25); 7 da Abril de 1891(Ib., 1891, p. 398); Ap. Milfin, 31 do Octubre de 1887;25 de Noviembre de 1890 (Mon. Mi¿.,1887, p. 1022; Beft,, 1891,II, p. 156). (3) P~aoolo,en el f?imgiurid., 1883, p. 276. (8) ~ t t i r o l oIC , Y (ti.* edio,), n. 740..

CAP. 111-EJECUCI~N

DE LAS PRUEBAS

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No aceptamos este temperamento, y por ello no creemos que la cuestidn que se examina surja s610 cuando el Juez conbiente la ejecucidn provi~ional,sin añadir mis, como si sdlo se tratase de de. ber interpretar la fdrmula con que la cl&nsulase concede. No somos de esta opinión, porque creemos que la cuegtidn nada tiene que ver con las reglas sobre la ejecucibn provibional, sino que cse une á los ~rincipiosgenerales de procedimiento. La cue~tibn,pues, es de derecho y no de interpretacidn; el Juez podrh acceder b negar, en los caFos de la ley la clinsula; pero 10s eFectos de ella salen de la esfera de su poder discrecional. 322. Declaramos eeponthneamente que nosotros ~eguimosla primera de la^ tres opiniones indicadas; y para demostrnr el fundamento de nuestra teeis, encontramos un argumento, h ~ ~aqui t a no aducido, y que deriva de los principios mAs inconcusos del derecho probatorio. El que debe probar el fundamento de su accibn puede, como s e Ea dicho, recurrir B, dos medio^: los preconstitufdos y los simples. Si debe recurrir & las pruebas simples, debe en juicio proponer la prueba, y produciendo deepuBs en 81 el acta que contiene sus ~esultados,s b encontrar&J'R en e ~ t Bpoca a un la condicibn del que se hubiese presentado provieto de prueba preconstitiiída. Ahora bien: como en ebte iíltimo caso puede la parte, funddnd o ~ een la prueba preconstituida, pedir la sentencia obre el fondo, puede hacerlo igualmente el que constituye en juicio la prueba. Este es para noeotros el motivo que sirve de apoyo á la primera opini6n; pero nos parecerfa resultar incompleto si no nos ocuptifemos de los aducidos por otros e~critoresy por stntencias,.y deducidos de 6rdenes de ideas diversas. 323. Los que afirman que no puede proaeguir~ela cau~a,despuBs de recogida la prueba, si pende la apelacibn interpuesta corltra la ln terlocutoria, aducen varios argurnen to*,que pueden re+umireer\si: Por nuestra ley proceeal, la ejecucidn de la sentencia queda, por lo regular, ~uspendidadiirante el thrniino concedido para ape. lar y durante el jaicio de apelacitn (art. 489): solamente en vía d e excepción se concede &losRhgiatradoe de primer grado la facultad de ordenar la ejecución provi~ionalde sus sentenciaq, no obstante la apelaci6n que fu6 interpuetta contra ellas (arts. 8Ob, 409, C6d. proc. civ.) (a), *

*

(a) Respondiendo la ley de Enjuioinnuimto al v o h e m ~ n ,$i.@rñsep, t~ gene

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LIB. I-DE LOS MEDIOS DE PRUEBA EN GENERAL

La institucidn de la ejecucidn provisional pertenece, pues, al j w s sdngulare, que non est producendzcm ad consepuentlas,

De aqui que la cltiusula ejecutoria citada deba ser en ciertasocasiones interpretada y aplicada en todo su intrinseco alcance y derivarse de ella las consecuencias que se deducen necesaria y directamente; pero tal cltiusula no admite interpretacibn extensivaAhora bien: concurriendo la clAusula de provisoria ejecucidn en una interlocutsria admisiva de prueba, la iIinica consecuencia necesaria y directa 9; que da lugar, es que sea licito ejeoutar la prueba tambibn durante el término para apelar contra la misma y durante el juicio de apelacidn contra ella formado (a). La interpretacibn opuesta extiende indebidamento la natural esfera 'de su eficiencia, y la aplica & cosas no tenidas en cuenta por la misma. E1 ejemplo del recurso de casacibn, que no impide la proseau. ili6n y aun la resolucibn del juicio de fondo, es inadecuado. El recursd de casacidn es un remedio extraordinario, qne por lo regular no tiene efecto suspensivo: la apelacidn es un remedio or, ralmente sentido, de poner termino 6 los abusos de la temeridad y mala fe* enoaminados 6 prolongar indefinidamente los pleitos, introdujo importantes reformas en nuestro avtiguo derecho en la materia do apolaoiones, ? ei sentido de restringir considerablemente la suspensión del ourso del procedimionto, cuaiido la resolución apelada no decidiera el pleito en ouant* a l fondo. Y despues de consignar que no son apelab!es las providencias de mera tramitación, apartandose con tal objeto del principio consignado e n el art. 70 de la ley procesal de 1855, que admitía aomo regla goneral libremento y en ambos efectos todas las apeIaoiones que se intorpusieren en aualquIor estado del juicio, estableoió en su art. 383 que en adolante sólo, se admitirían en un solo efecto, 6 sea el devolutivo, en todos aquellos casos en que no se liallase previamente autorizada la admisión libre 6 en ambos efectos, reduciendo Ostos, por lo que se refiere 6 las rosoluoiones no deíini; tivas, 6 los autos y providencias que hagan imposible la continunción deL juicio 6 que causen perjuicio irreparable 6 las partes. Conforme con este criterio, adoptado por la nueva ley de Enjuiciamiento, interpueeta apelación oontra una providencia interlooutoria y ad. mitido dicho recurso, puede seguir conooiendo del asunto el Juez de primera instancia y continuar la proeeouoión del juicio por todos sus trhrnitee, 4 no ser 0n 100 dos casos de exoepolón antes citados. Poro esta regla no guede &ner lugar en totios los períodosi 6 estados del ploito; puoe, oomo te* demos ya diolio, no admite la ley .recure0 alguno de apelaol6n, 6 posar d e la gonornlfdad del preoepto de su art. 880, contrn lae providenoias ralatIvao 4 la admisldn de pruebas.-(N. &Z F.) " (a] VBaso Ia nota @$eoeiz$ente~(X, &E P.)

CAP. 111-EJECUCION

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DE LAS PRUEBAS

dinario, que por lo regular tiene efecto suspensivo (a). No existiendo por tan to analogía, no es posible el argumento por ella. No se diga que, limitados asi los efectos de la clBusula, se hacen in6tiles 6 irrisorios para la parte que la ha obtenido. Por el contrario, esta parte ha experimentado una ventaja: 1s de anticipar la terminación del proceso probatorio, muchas veces largo 15 intrincado; no hay, pues, necesidad de extender mas la facultad de la misma parte, dando lugar al gravfsimo inconveniente de que el Juez de primer grado tenga que resolver sobre cosa ya defe:ida al Magistrado de apelacidn, como sucede cuando éste reauelve sobre el fondo. La clAusula de ejecución provisional en sentencia admisiva d e prueba no tendrh el efecto suspensivo de la apelación; pero debo dejar intacto el deuolulivo, y no debe impedir que la cama apelada pase al poder y B la jurisdiccibn del Juez de segundo grado. La nentencia incidental, precisamente porque ha admitido un medio de prueba, ha tenido en suspenso el juicio de fondo, implicita y necesariamente, pues la cont.inuacidn de tal juicio no puede ser la conliecuencia necesaria de la ejecucidn acordada por la sentencia. ir~terlocutoria. La pro~ecucibndel juicio est& regulada por normas propias, que nada de c o m h tienen con la materia de la ejecucidn. Cuando Ia interlocutoria admisiva de un medio cae prueba, declarada pkacticable provisionalmente, se ba practicado en efecto al recoger 1s prueba dispuesta, dbbese preguntar B las reglas que rigen la econoL mia de lo- juicios si puede proseguir el d e fondo, no obstante hallarre pendiente de la apelacibn propuesta contra la interlocntorie, y no podemos onperar la respuesta de las que rigen la ejecución d e la^ resoluciones de los Magistrados. Ahora bien: las normas que regulan la economía de los juicios, confirman la'evidencia de 1% tesis, de que Bste debe suependeree y no seguirse.

(a) En nuestro procedimiento, la apelaoión a610 tiene efecto suspensivo cuando expresamente lo determina la ley, y adema8 en los oasos siguientes: 1.O Si la sentencia fuere definitiva, cualqs~ieraque sea la olase del juioio, aiempre que no se halle ordenado lo contrario. 2.O Cuando la resoluoiún impugnada fu-ere un auto 6 providencia que ponga tórmino al juioio haoiendo imposible su oontinuacián; y '.3 Cuando dicha resolución fuese un auto 6 providencia que oause perc juicio irreparable en definitiva.-(N. &Z T.)

as

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LIB. 1-DE

LOS MEDIOS DE PRUEBA EN GENERAL

224. Respondamos brevemente 9. todas las supuestas argumentaciones. Consentimos en que la cl4usula de la ejecución provisional es de derecho sipgular, aunque quizá se podrfa oponer & esto, especialmente en virtud de los arts. 409, C6d proc. civ., y 64 del Código comercial, que aquella es de derecho comiin 6 por lo menos de uso constante. Pero aun reconocithdole caracteres y forma de jus singulare, aquf no ee trata de aplicarla extensivamente, sino de precibar sus efectos. Su aplicacibn es de derecho singular; los efectos están determinados por su carhcter. AdemBs, nosotros hemos dicho y lo afirma con mucho acierto Ricci (al cual se debo el iiltimo de los argumentos aducido8 en contra), que la cuesti6n no depende de loa efectoa propios de l? clhusula, eino de otras normas. Admitimos de buen grado que no hay analogia con el recurso de casación; pero si se err6, apoyando nuestra tesis en un argumento que no rige, se nos deber&admitir, sin embargo, que la tesis contraria, deteniendose en el terreno (extraño para nosotros) de los efectos de la cl4usula, reduce á menos que nada tales efectos. ¿Que ventaja reportaria á la parte la cláusula obtenida? La de poder, se nos dice, evacuar las pruebas admitidas. Pero respondemos: la8 pudo evacuar para dejar despues inacti,vas lae actas en Cancilleria hasta la decisibn del juicio de apelacibn. ¿Mas es esto una verdadera ventaja, si se tiene en cuenta e ~ pecialmente que en el juicio de apelaci6n pudiera tambien venir juzgado el fondo sin necesidad de incumbencias probatorias, 6 po. drfa resolverre la inadmisibilidad de las pruebas ya admitidas y evacuadas? En ambos casos, Ias actas ya extendidas serfan iniitiles, y los gastos hechos para extenderlas aer&nperdidos. Para obtener tan poca cosa no se arrie~garhnadie: por ello la teorfa contraria hace iniitil prhcticamante el precepto que consiente l a ejecucibn provisional de las sentencias admisivas de pruebas. Es, pues, una evidente inexactitud el afirmar que con la proseoucibn del juicio se consiente la ejecuci6n provisional de suprimir el efecto derolutivo de la apelación: la devolucihn tiene lugar de tal modo, que la teoria que combatimos vitupera precisamente á l a que seguimos los inconvenientes que se derivan del efecto devolutivo de la apelación. Ahora bien: fii este efecto devolutivo produce daños, es evidente que tal efecto perhiste. O

CAP. 111-EJECUCION

DE LAS PRUEBAQ

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El iiltimo argumento contrario observa que la prosecución del Juicio nada tiene que ver con la clAusula de la ejecuci6n provisional, y con esta aguda y exacta observaci6n de Ricci, nos conforma. mos plenamente. Pero disentimos cuando se quiere pedir 9, dicha economia del juicio la respuesta fb la pregunta que exponernoa. Esta economia del juicio, f6rmula vaga que se presta B todas las tesis, que se deduce del peligroso espíritu de la ley en defecto de un texto que la consagre, no puede servir de base ti una teoria. Y la base en esta materia d e derecho probatorio ha 'de enoontrarse, como hemos dicho, en los principios directivos en materitt d e pruebas, equiparando al que presta la prueba simple en virtud de sentencia interlocutoria provisionalmente ejecutiva, con el que se presenta en juicio provisto ya de prueba preconstitufda. Y precisamente en orden h los principios probatorios, nos paxeoen dignas de referirse las acertadas palabras de Tandini. crLas pruebas (dice el mismo) se toman solamente para llegar con tin ayuda t i la recta decisidn del fondo: por si mismas no tic..nen importancia prhctica; son admitidas 6 rechazadas en vista precisamente del fin que se proponen, que es el fundamentar el acuerdo del que las deduce. *DespuBs, cuando provee el Juez sobre las mismas, tiene y debe tener presente la conclusidn de fondo á que se unen, y ardenando la ejecucibn provisional de la sentencia que da lugar 9, ellas, no puede separar su erecci6n 6 documentación del uso A que naturalmente están destinadas. *La raz6n por la que se da facultad al Juez para acordar la eje. cucibn provisional, consiste en ser manifiesto el derecho de la parte que insta, de modo que es muy improbable, si no lo es del tado, la posibilidad de una reforma. *Ahora bien: admitidas las pruebas en proporcibn de los arite. rios expuestos, que son los de la ley, el asegurar judicialmente si q~loderat de»tostrundum, f u6 verdaderamente establecido 6 no lo fu6, y declarar si la practica de ejeaucibn de la prueba tiene Bxito 6 no lo tiene, entra en la esfera ~robatoria,y no es más que el epílogo del periodo del pleito que comien~acon su admisibn.~ 326. Despues de estas observaciones, que ponen la cuestibn en sus verdaderos i6rminos, y & nuestro parecer dan la solución de la misma que deriva de su propia naturaleza, es inlitil que refutemos la teoria de Picoolo, la cual considere dicha cuestión en reiaoi6n

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con los efectos $e la clAusula de ejecuci6n provisional, cuando 6sta es completamente extraña 9, tales efectos. 326. Otros efectos de la ejecuci6n de Ias pruebas se tienen ert el' principio regulador de la admieibilidad de un medio de prueba despuBs de cumplido otro, y en el hecko de que la ejecución de las pruebas haga posible su apreciacibn. Del pr&-tcipio hemos hablado ya (1); del hecho nos ocuparemos en el capitulo siguiente, ya que en las legislaciones modernas la ejecucibn de las pruebas, excepci6n hecha del juramento supletorio, como diremos (2), tienen lugar antes que la sentencia, debien-. do 6sta informarpe en la valuaci6n hecha de las pruebas. Por el contrario, ~egilplas observaciones de Pertile, conforme la costumbre general de los pueblos germanos, Be sentenciaba en la& eaueas antes de dar las pruebas, porque la sentencia estaba necesa. ~riamentecondicionada & la suministracibn y al Bxito de las mismas, l o cual era posible en aquel sistema de pruebas ordinarias, cuyo kxito se manifestaba por si mismo y no tenia necesidad de examen ni de valuacibn. Tal uso dur6 hasta los longobardos, y en Bpocas posteriores para la prueba por juramento, que es la mds oro dinaria de las pruebas (3). (1) V. yetro, n. 243 y sigs. (2) V. vol. 11 ( l . edio.), n. 524. 43) Op. cih, VI, 2, p6r. 238, p. 647.648.

Valuaaión de los medios de prueba.

SUMARIO :327. La ley. el Juez y las partes respecto 6 la valuación de la prueba. ,328. Sistema de la prueba positiva 6 legal, del intimo convencimiento y de la2erauasión racional. 328 bis. Reseña histórica. 329. Sistema que prevalece en las leyes modernas. 030. G6nesis del sistema de la prueba positiva. 331. Paralelo entre el sistema de la prueba legal y e l de la persuasión ra-

cional. 33% Ventaja del sistema de la persuasión racional. ,533. Predominio legislativo del sistenia do la persuasión legal. 334. Tal predominio esta atestiguado por el desarrollo de la prueba por pre-

sunciones en derecho mercantil (art. 44,Gód. 00m.). ,336. Lo est6 tambi6n por los arts. 54 y 870 del Cód. com. 436. P en derecho constituyente, la atestigua la tendencia S unificar el de-

recho privado. ,337. La creación de jurisdicciones especiales confirma el predominio cons-

tante del sistema de la persuasión racional. 338. Jurisdicción de los hombres buenos. 339. Jurisdicción de las varias juntas do grbitros. 340. Aun cuando el derecho común se atiene al sistema de la prueba legal,

no esta excluído el sistema de la persuasi6n racional para asegurar los requisitos extrínsecos de la prueba legal. -34'1. Clasificación de los medios de prueba respecto 6 su valuación. 942. Pruebas plenas y semiplenas. 343. Pruabas cuya valuación asta confiada al arbitrio del Juez. 344. Garantía del slstema de la persuasión racional. 345. El fundamento de las sentencias como garantía del sistema de 1s porsuasión racional. -346. Limites reconocidos por la pr$ctica judicial a l poder del Juez en eL sistema de la persuasión racioñal. 347.'Tales límites no son creados por la ley: art. 71 del Oód. com. $48. Nuestra interpretación. 349. Teoría de Bolatfio: crítica.

350. Teorfa de Ottolenghi: refutación. 3SObis. Arte. 191, C6d. civ.; 819, Cód. com. 361. La practica judicial en el sistema de la presunción racional, ora se S%tisfaga con pruebas leviores. ora las exija efJicaciores. 352. Se suele exigir pruebas efjcuciores contra las presunciones jurk EanCum, 353. También para probar una renuncia. 364. Para probar el fraude 6 la simulación de un acta público 6 de una oscritura privada. 354 bis. Pruebas ef$caciores en al oaso del art. 163, C6d. civ. 355. Cuándo se suele exigir pruebas leviores: dereoho común. 356. E n el derecho moderno, la practica judicial se satisface oon prueba, leviores en las materias difJiciliorisgrobntio~~is, en las materias urgentess en las materias de leves consecuencias. 357. Xaterias urgentes: en el secuesCro conservativo, basta el fzr~nusboni juris. 868. Basta elju?nusboni jtcris para ejercitar el derecho de separación del patrimonio del difunto del del heredero. 358 bis. Acciones por alimentos. 359. Mafen'as de leves consecue)icias:tal es la concesión de dejie~wagratuita. 360. Tales son del mismo modo la intewenci6n volui~tariaen la causa. 861. Tales son las materias meramente posesorias. 362. Las causas de leve intporfancia no se confunden con las de leves comeL cuencins. 368. Materias clif$cilior&pro6ationis: hechos negativos: la locura, el an&nta 364. Dolo, fraude, simulación, captación. 365. Prueba del daño: Teoría de ~Giopgi. 366. El dereoho transitorio en la valuación de las pruebas. 387. La valuación de las pruebas y el juicio de casación. 368. La valuación de las pruebas y el juicio de revocación. 369. La valuación de las pruebas y el juicio de ap'elación.

327. 8abemos ya que laj2jacidlz de los wzedios deprueba es competencia exclusiva del legi~lador,y que, por el contrario, en la admisi& y en la ejecucidn de los medios de prueba, concurren, por lo re. gular, las partes y el Juez. La valuacibn de los medios de prueba, por su parte, esta coniiada por la ley al Juez nada m&@, sin impedir & las partes ilustrarla eti esta obra sumamente importante y delicada. -La valuaci6n de las pruebas para la decisión es hecha por el Juez; pero la ley no prohibe ciertamente 9, las partes exponer at Juez la valuacidn hecha por las mismas; y así cimo debe expresar el Juez los motivos que justifican la valuaci6n de las pruebas por 61! practicadas, tambihn las parte^ exponen los motivos de la pro. pnesta por ellos al Juez (art. 176, pbrrafo 1.O, C6d. proc. civ.) (a). (a) Wueetro derecho procesal ha permitido tambi6n rdiempre 6 laei partes exponer al Tribunal la apr~ciaafóni6 valuaoión que deben mereoer Ine pwe-

CAP. IV-VALUACI~N

DE LOS MEDIOS DE PRUEBA

439

328. E l legislador, al regular la valuación de las pruebas, pudc inspirarse, como dice Gennari (l), en tres sistemas distintos: a) El de la prueba positha 6 legal-en el cual lae pruebas tienen un valor inalterable y constante, independiente del crite~iodel Juez, que se limita A aplicar la ley 4 los casos particulares. -b) El del intimo convenci?nieato-en el cual Ir, verdad juridica pende por entero de la conciencia del Juez que no esta obligado por ninguna regla legal: Al juzga de los hechos litigiosos iinicamente & medida de !a impresidn que las pruebas exhibidas por los contendientes hicieran sobre su Animo, y no esth obligado 4 dar cuenta de los medios por que se convenció. c) El de la persuasidn racional-en el cual el Juez debe peFar con justo criterio 16gico el valor de las pruebas producidas, y puede tener por verdadero el hecho controvertido, shlo sobre la base de las pruebas que excluyen toda duda de lo contrario. L a verdad juridica pende en este sistema, no de la impresidn, sino de la conciencia / del Juez, que no puede juzgar simplemente, segiin su criterio individual, ~ i n segiín o las reglas de la verdad histórica, que debe fundamentar. 828 bis. En la historia del procedimiento, los dos sistemas mds extendidos, el de la prueba legal y el de la perenaeión racional, se encuentra, A veces, en contraste. En general y sintbticamente, puede decirse que el derecho romano, iniciando el sistema del convencimiento intimo, tuvo en gran favor, en el procedimiento for. mal, el sistema de la persuasibn racional, y en el derecho imperial ~e coartb de varios modos la libre valuacibn de la prueba (2). Por el contrario, el derecho germano, dado su sistema de pruebas practicadas. En el antiguo procedimiento tenía este objeto el alegato cle bien probado; y en el vigente las partos, dcspuós de practicadas las pruebas, y unidas éstas á los autos, pueden optar por la celebración de vista pública G por el tr6rnite llamado de conal!~siones.~ En el primer caso, pueden, corno fundamento de sus alegaciones, expo. ner oralmente el juicio que les surgiera el resultado de las pruebas. En el segundo, se expresaran en phrafos nxnerados, según el art. 670 &e la vigente ley de Enjuiciamiento, cada uno de los hechos que hayan sido objeto del debate, haciendo un breve y metódico resumen de las pruebas que 4 juicio de cada parte los justifiquen 6 contradigan, y en pgrrafos brcves y numerados tambien se apreciar6 la prueba de la parte contraria, siguiendo el mismo orden de los hechos.-(N. de2 Y'.) (1) Ob. cit., pbr. 2, p. 12,13. (2) V. 6cinloja, Pr. civ. ron¿., pár. 54, p. 424.

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LIB. 1-DE

LOS MEDIOS DE PRUEBA EN GENERAL

bas formales, partib del concepto de la prueba legal, que domina aun en el derecho comiin alemtín, y 6610 por la recepcibn del de. recho latino, acepta .recientemente el sistema de la pereutisión ra. cional (1). 329. Ninguna de las leyes modernas sigue exclusivamente uno de estos tres ~istemas. En si1 lugar el sistema que prevalece en las mismas, es éste: la regla es el sistema de lapersuasidn racional; la excepcibn, adiiiitida ~ b l ocuando la ley la autoriza de modo expreso, eti el sistema de la prueba positivu 6 legal. E l C6d; proc. civ. de 187'&, para e! Imperio germhnico ha formulado la misma regla (aplicable tambiBn para las leyes italianas), disponiendo: , tP4r. 259. El Tribunal resuelve seghn su libre convicci6n si un determinado hecho debe ser tenido como probado 6 no, apreciando el conjunlo de la instrucci6n y el resultado de la suminis. tración de la prueba. #Los motivos sobre que se funda esta convicción estarhn indicados en la sentencia. Los Tribunales no esthn obligados ti reglas legales de prueba, fuera de los casos previstos expresamente por la ley# (2). 830. E l aistema de la prueba positiva 6 legal, que en las leyes modernas esta aceptado sólo como excepción, tuvo su origen en el procedimiento btísbaro y ae reforz6 cuando h Bste le a-ustituy6 el procedimiento romano canónico. .&D. efecto, el derecho canóuico, con la saludable intención de excluir el arbitrio de los juzgadores y de asegurar el triunfo de la verdad real, la vez que tenia en cuenta la persuaci6n del Juez, le dictaba reglas para dirigir su juicio respecto al valor de la8 pruebas. Asi, para alguna de ellas, dictó reglas precisas, sacadas de los principios racionales. tí cuvas (1) Salvioli, Mwb. at. dir. ital,, (3." edic.), p. 567; Menestrina, L'inJLE. del; div. Zat. nella legge auatr. di pvocerl. civ. (en Giur. ital., 1902, I V , 261 y sigs.). ER. Hungría, es notable que la ley xrv de 1868 segufa el sistema de la prueba legal; pero los jueces mismos no tardaron en revelarse. La ley xvrrr de 1894,

instauró oficialmente el sistema del convenoimiento íntimo. (2) En el mismo sentido, el pbr. 286 de la Ordenanza alemana de 1898, e l 272 de la austriaca del 96. Las Leyes de tipo latino no tienen disposioiones anhlogas, porque en ellas es tradioional el aistema de la persuasión raoional; mientras que otras le afirman aasi como reacción á los sistemas preoedeates wrmbnioos.

CAP, IV-VALUACI~N DE LOS MEDIOS

DE PRUEBA

441

~ e g l a les s obligaba B atenerse y obligándolos á rsentenciar segilin dos resultados externos del proceso, puede decirse que inici6 el eia tema que se suele llamar de la t a ~ alegal de las pruebas (1). 331. Para decidir cuál sistema es mejor, si el de la prueba l e . g u l 6 el de la persuaei6n racional, debemos considerar la ciiesti6n desde un doble pixnlo de vista: el uno político, el otro 16gico. Polilicamer~tehablando, el sistema de la peraiiasi6n racional eupone en el Juez independencia y capacidad mucho mayor que e n el sistema de la prueba legal; la obligacibn de fundar las senten. cias es un eficaz correctivo de cuanto se podria encontrar de demaeiado arbitrario en el sistema del intimo convencimiento. Ldgitanlenle, debemos investigar si las probalidades d e una sen (tencia conforme con la verdad, son mayores en el sistema de l a ,prueba legal 6 en el de la pecsuaci6n racioiial. El profesor F. Bianchi no cree que la cuesti6n pueda resolverae d e modo decisivo (2). Segilin este escritor, el sistema de la persuaeión racional expone al peligro dependiente de la variedad del cardcter, de las impresio nes, de los criterios del juzgador; pero permite por otra parte adaptar el resultado del proceso inductivo á las particulares y miaimas circunstancias del caso. El sibtema de la prueba legal se contrae á condiciones generades de hecho abstractamente preestablecidas, y se aplica & todas las hipbtesis que presentan aquellos caracteres, prescindiendo d e otras especiales circunstancias 6 apreciaciones. El azar en los dos casos es diferente en especie 6 igual en can. tidad. En la certeza moral hey un azar especifico que depende de l a posibilidad de arbitrios 6 desigualdades de vahaci6n; en la legal, el que depende de la generalidad y de su apriorismo: 362, Sin que puedan negarse los daños que resultan del sisten indudablemente son menores que ma de la p e r ~ u a ~ i bracional, los propios del tiisterna opuesto, y por el contrario, sus ventajri~ison mayores. Imponer a l Juez un convencimiento que-no responde 9. au con ciencia, y, advitírtase, no á una conciencia que juzga por impre aión, sino que juzga & razdn vista y por motivos lógicos, es cosa

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(1) Pertile, op. cit., VI, P. 11, p6r. 239, p. 705-707. (2) Nella, on la Riv. ital. pes. le ac. giscGd. IX,p. 17.

evidentemente extraña, y que 8610 debe consentirse encasos excepcionales, por gravisimos motivos de conciencia, por no reducir a l Juez 8 la condicidn de autdmata, y no hacer normal el hecho d a que el Magistrado.est6 convencido como Juez y no lo este como hombre, 6 este convencido como hombre y no lo este como Juez. Los chlculos de probabilidad por los cuales el legitilador no permite al Juez reputar verdadero un hecho, sino en concurso de ciertos medios de prueba, son c & l c ~ ~ linexactoe, os aunque fundados sobre una pretendida experiencia. S i es verdad que por lo regular u n hecho suele poderse asegurar por medio d e dos testigos, no deriva de ellos que bea falso, si este solo asegurado por medio de un testigo. Y así el sistema de la per, s i ~ a ~ i dracional n permite dar fe 6 un solo testigo y negarla 8 muchos, respondiendo aei A l a hipotesis posible, de que un testigo diga la verdad y mientan otros ciento. 3k3. Si, puee, es preferible el sistema de la persuasi6n racional, no deber&maravillarnos que este a i ~ t e m atienda 8 prevalecer eiempre, y mhs aiZn en nuestras leyes (a).

(a) La ley de Enjuiciamiento civil vigente, de acuerdo con la anterior y aon lo que tenia repetidamente sancionado la antigua jurisprudoncia, ha establecido un sistema mixto, altamente racional y lógico, determinando dpr-iori los medios de prueba que Únicamente pueden ser utilizados en juicio; pero dejando la apreciaciún de su eficacia y fuerza. probatoria al libre criterio del Juoz 6 tribunal que intervenga en el pleito. De este modo se ha procurado evitar los inconvenientes que en la práctica pueden ofrecer, tanto el sistema de la prueba legal 6 positiva, como el de la racional persuasi6n del juzgador. Con dicho objeto, y conforme con el criterio indicado, consígnase en varios de los artículos consagrados á la regulación de las pruebas el principio de la libre apreciación de las mismas por el Juex 6 tribunal quc ha de decidir el juicio, sin otras limitaciones que las impuestas por las xeglas de 1s snna crítica. Ejenlplo de ello tenemos en el art. 609 de la loy procesal, respectn de 18 prueba de cotejo de letra, que después de imponer 5 los Jueces la comprobacidn personal, les faculta para apreciar e1 resultado de dicha prueba, Conforme 4 las reglas citadas, sin tener que sujetarse al dictamen de los peritos. Otro tanto dispone para la prueba pericial"e1art. 632 de dicha ley; y en ouanto 6 la testifical, el art. 659 dispone que los Jtieoes y Tribunales apreniaran la fyerza probatoria de las declaraciones de los testigos con sujeción ilas reglas de la sana crítfcg, teniendo en coneidermtoión la razdn de ciencia que hubieren dado y lag clrcunstandas que en ellos concurran. Esto no 0bstante, cuan40 la ley determine ~1ntimero 6 oalidad de los teatipos como 50.

CAP. IV-VALUACI~N

DE LOS MEDIOS DE PRUEBA

4 13

Este predominio se demuestra por dos hechos que Be presentan

A quien estudia el movimiento de algunos fen6menos jurídicos:, nos referimos al .desarrollo de la prueba por presunciones y & l a indole de algunas jurisdicciones eepeciales. 334. En cuanto 9, la prueba por' presunción, el Código civil la admite s6!o en los casos en que-la ley admite la de testigos; el Cbdigo de Comercio la admite, cuandc el Juez lo consiente para las pruebas de las obligaciones y de las liberaciones comerciales, aun en 106 casos previstos por el art. 1341 del C6d. civ. No es este el sitio d prop68ito para examinar si por los articu. los 44 y 53 del C6digo comercial las presunciones simples son admisibles sin obsthculo, aun cuando el Cbdigo comercial requiere la prueba escrita ~i bien non ad substantianb actas. Esta grave cuesti6n ser&estudiada por no~otrosen relacibn con la prueba por presunciones (1). lemnidad 6 circunstancia especial del acto á que se refiere, se observara lo dispuesto para aquel caso. Respecto de la pruoba testiflcal, el Cúdigo civil reitera el mismo principio en su art. 1248, disponiendo adem8s que se tenga el debido cuidado para evitar que por la simple coincidencia de algunos testimonios, 6 menos que su veracidad soa evidente, queden definitivamente resueltos los nogocios e4 que de ordinario siielen intervenir escrituras, documentos privados 6 algún principio de pruoba por escrito. En el mismo caso quc los medios de prueba antes citados, se cncuentrii la inspecciún ocular 6 reconociniiento judioial, ;P en general, en la aprcciación de todas h s demás diligencias probatorias, han de proceder los jueces con arreglo al prudente arbitrio de slt criterio raoional, dentro de los principios que regulan la eficacia de las pruebas, aun en la documental y de confesión en juicio, conibinándolas entre sí, si bien contra dicha apreciación puede interponerse el corrospondiente recurso de casación en el fondo, si. Iiubiere incurrido con ocasi6n de ella en error de derecho 6.de hecho. En el primero de diclios casos, para. que eLrecurso sea admitido y prospere, es preciso que e l error db dqrecho se demuestre, citando la ley 6 dootrina legal relativas al valor de la prueba 6 la regla de la sana critica que hayan sido infringidas con dicha apreciaciún; y en el segundo, que e l error do hecho rosulte de docciiientos ú actos auténticos que demuestren l a evidente equivocación del juzgador. Para evitar qu3 ese arbitrio judicial se convierta en la arbitrariedad, la ley le impone, como limitación justa y conveniente, la necesidad de proceder en dicha apreciaciún con sujeción á las reglas de la sana crítica, quo son aquellas que nos oonducon a l doscubrimiento de la verdad por los medioa que aconseja la recta razón, y que, por lo tanto, vienen 6 constituir 01 ori.terio racional puesto en ejercicio. -(N.(le2 T.) (1) V. vol. V (l."odio.), n. 197.

444.

LIB. I-DE

LOS MEDIOS DE PRUEBA EN GENERAL

En el entretanto, debemos con~ignarqiiees cierto que el art. 44 d e l ' ~ 6 dcom. . da 9. la prutr.b&por pre~unción,que es la reina de las pruebas en el sistema de la presunción racional, una gran importancia. 335. Y es necesario notar que en virtud de los arts. 54 y 870, 66d. com., ~i un acto e8 comercial para una sola de las partes, todos los contrayentes esthn por razbn de ello sujetos A la ley CO0 mercial-excepto en las disposiciones que respectan h las personas d e los comerciantes y salvas la^ disposiciones contrarias de la ley -y lag acciones que se deriven.de aquel acto pertenecerhn h 1 a . j ~ risdicción comercial. En virtud de estas disposiciones, siendo aplicable el art. 44 del Gód. com., tambibn cuando un acto es comercial para una sola de la8 partes, la prueba por presunciones, que corresponde por completo al arbitrio del Juez, ha ganado tanto terreno, que puede de,cir'se que, eri la prhctica, las restricciones 9. la admisibilidad de l a prueba por presunción fion de aplicación excepcional. Y de aqui que no Eea dificil prever que las prebunciones ~implesserhn para todas las materias desvinculadas de los actuales limites de admisibilidad (1). 336. Para facilitar esto no podrA por menos de contribuir al 'triunfo en el terreno legislativo, la teoria que sostiene la unidad de1 derecho privado: teoria que nosotros aceptamos, ya por las xazones generales que aducen sus defensores (2), ya tambien por que nos induce 9. acogerla el predominio de la8 presunciones sirn@les, que representa la victoria del sistema (tan e ~ a c t opolitica y dógicamente) de la pereuasión racional. 337. El otro hecho que demuestra el progreso del sistema de la persuasión racional, resulta de Ia creación de jurisdidciones especiales. A este propósito no podemos callar un convencimiento nuestro profundo, y es: que no acertamos S comprender las derogacionee *delmecanismo probatorio comiln, sino como una condenación de este mecanismo. Y es notable aobre todo que lag jurisdicciones especiales de que hablaremos esten insticuidas de modo que des-

11) V. vol. V (1." edio.), 194. (2) V. por todo 6 Vivante, TmMo de derisclw ooinwiaZ (Turln, 1901, ' .S 6

6 inbrod.). ~

e&-

4 !5truyan aquellos restos del sistema de la prueba legal', que ha conservado el derecho común. Veamos algunos ejelnplos de la regla expuesta. 338. La ley sobre hombres buenos de 15 de Junio tie 1893, autoriza al Jurado 6 Junta de hombres buenos para decidir fuera de toda restricci6n propia del tristema de la prueba legal (art. 38), exigiendo, no obstante, que la sentencia contenga las circurrztancias 6 razones influyentes eri la decisibn (arts. 44 y 460, Cbd. procesal civ.). Las decisiones de la junta estando 6610 sujetas 9, apelacibn por incompetencia 6 exceso de poder, son inapelables por. cuanto refiere 6 la valuaci6n de las pruebae. 339. El texto único de las leyes para la abolición de, la servidumbre de patito en las ex provincias pontificias (R. D. 3 de Agos-.. to de 1891, n. 610), institiiye una junta de glrbitros con verdaderas funciones judiciales (1). Tales juntas deciden como amigables cona, pnedores y fuera de lati restricciones propias del sistema de la prueba legal prescritas en el Chd. civ. (art. 11,R. D. cit., y 20. C6digo procesal civil). Deciden inapelableníente y no tienen tampoco que te mer una diversa valuacion de la# pruebas en segunda instaticia. Decidiendo, pues, como ainigables componedorefl B inapelablemente, sus decisiones esthn sustraidas al recurso- de la casacibn, por cuanto el Tribunal Siipremo no puede censurar la valuación de las pruebas (arts. 31, 017,C6d. proc. civ,). Anhlogamente, en virtud del art. 98 de la ley sobre las institug ciones públicas de beneficencia, un tribunal de hrbitros resuelve algunas cuestiones entre las universidades y los hospi~ales,y las resuelve como tribunal de amigables componedores 6 inapelablemente. En virtud de1 art, 27 de la ley de 1 . O de Febrero de 1901, aobre la emigracibn, una Cornieibn de glrbitros juzga definitivaniente los pleitos entra conductor y ernigrante indicados en el art. 26 Y aunque la ley 00 define esta Comisibn como un tribuna1 de amigables componedores, no admitiBntlode sin embargo contra su decisibn apelación 6 recurso por c~i~acibn, claro esta que la misma puede con la mayor libertad valuar las pruebae. La ley de 26 de Mayo de 1876 sobre la Sila regia, instituye un colegio arbitral para resolver muchas especies de coutrovesitis. CAP. IV-VALUACION

DE L9S MEDIOS DE PRUEBA

(1) V. talnbi6n ley 24 de Junio de 1888, n. 6489; ley !&Q de Agosto de 1898,.

ndmero 897.

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LIB. 1-DE

LOS MEDIO5 DE PRUEBA EN GENERAL

También este colegi,~resuelve inapelablemente, y no se admite sino un recurso al Tribunal para la revocacibn por error de hecho, a l cual, como veremos, es extraña la valuacibn de las pruebas (1). La ley sbbre liberaeióii de decimas feudales 'en las provincias napolitanas y sicilianas, de 8 de Junio de 1873, reconoce un juicio arbitral inapelable y sólo sujeto 9, revisión del Tribunal para rectificar sus errores puramente materiales. La ley de 2 de Agosto de 1897, n. 382, y el reglamento de 29 de Mayo de 1898, instituyen juntas arbitrales que deciden inapelablemente las controversias sobre terrenos que estuvieron privilagiados. 340. No 8610 el derecho cornlin, en buena parte de su esfera de .aplicadbn, sino el derecho especial poco ha recordado, reconocen ilimitadamente el concepto de la persuaei6n racional. Asi aun oi~andoel derecho comtin impone en su rigidez el sistema de la prueba legal, el poder concedido al Juez para apreciar aunque sea extrínsecamente, si el medio que se examina lo es de prueba legal con~ideradocomo tal por la ley, demuestra que el libre convencimienio del Juez funciona también cuando rige la prueba legal. Valga por todo otro ejemplo, uno obvio y convincente. La confesi611 judicial- pertenece evidentemente al sistema de la prueba legal: ésta forma prueba plena contra el que confieaa. Pero no se privara al Juez de apreciar si en una declaración de la parte concurren los elementos constitutivos y los requisitos formales de la confesión judicial (2). Por ello, el decidir si una prueba que la ley adscribe entre la6 pruebas que inducen ti la certeza legal, es verdaderamente la pruba que la ley considera, queda & la libre apreciación del Juez, 341. Respecto & la peculiar apreciaci6n de cada uno de los rnedios de prueba en el sistema de la ley ithaiiana, se distinguen Bstos en dos clases. Hay medios cuyo valor probatorio determina la ley-y aqui tenemos el imperio de la prueba legal-, y medios cuyo valor probe%ario la ley no determina-y aquí impera el sistema de la persua(sión racional. Cuando la ley determina el valor de iin medio de prueba, puede dar lugar ti la pruebaplena 6 al indicio, 6 al principio de prueba. (1) V., ademBe, n. 867. {a) V. Gas. Palermo, 17 de Dioiembre de 1W (Poro &c., 1897,814).

CAP. IV-VALUACIÓN

DE LOS MEDIOS DE PRUEBA

447

Por ejemplo, la ley declara que el acto d instrumento público d e plena fe del convenio y de los hechos ejecutados en presencia del notario 6 de otro funcionario p6blico que lo ha fecibido (art. 1317, Cbd. cir.); que la escritura privada, reconocida por aquol contra quien se produce, 6 legalmente considerada como reconocida, tiene la tizisnzafe del acto ptí5Zico entre los que la han suscrito, y entre loa herederos y causa.habientes (art. 1320, Cód. civ.); que la confe~idn judicial forma plena prueba contra quien la ha hecho (art. 1356, Cbd. civ.). ) Del mismo modo la ley declara que l a confesidn extrajudici41, hecha h un tercero, no puede suministrar m8s que un simple indi. cio (art. 1358, C6d. civ.); y define el pritzcipio de praeba por escrite '(art. 1347, C6d. civ.), etc. 342. No hay que creer, pues, equivocada la divisibn de .las pruebas en pruebas plenas y no plenas, pues es conforme al siaitema de la ley. Pero seria erróneo creer que esta clasificaci6n que nos otro^ deducimos del mismo Código corre~pondeb la divisi6n antigua de las pruebas en plenas y semiplenas. La diEerencia es profunda; en el sistema del derecho comlln. eran pruebas plenas b semiplenas las que ahora no tienen por ley un valor fijo; mhximo ó mínimo-en el derecho comilin eran necesarias siempre pruebas plenas para resolver, mientras que en el nuestro aparte de requerirse algunas veces el acto piíblico (que hace precisamente prueba plena), ad subslantiatn actus, las pruebas cuyo valor no esth prefijado por la ley bastan, por lo regltlar, para decidir todvespecie de controversia. Nada puede atestiguar mhs claramente la verdad de nuestras conclusiones que el recordar la teoria del derecho comiin, como la expone Mascardo (1). P~~OBATIO PLENA-est illa puae tantam Pdem faciat puatttarn ad Sniendam controvevsim sufjciat-; s ~ ~ i r ~ r , f f i s a - eilta s t per puam re0 gestae $(les alipua Jit iudici, ?ton turnen tanta, ut iure eam debeat seput i n osntentia diceinda. Entre las pruebas plenas habia el acto pilblico, la confesión y e l juramento; pero tambibn lo eran l a prueba de varios 'testigos y la presunción justa. Entre las pruebas semiplenas estaban uozus testb, privala ser@fura, etc. (1) Ob. cit., 1, quaest. I V , n. 11 6 16, fol. 4 y 6; IIL, concl. 1198, fol. 143, n. 16:

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LIB. 1-DE

LOS MEDIOS DE PRUEBA EN GENERAL

Repetimos, pues, que la distinci6n de las pruebas en plenas 'y menos plenag, es exacta en el derecho moderno, siempre que no. #e confunda con 1s hom6nima del derecho comiin (a). 343. Cuando la ley no determina el valor de un medio proba. torio, entonces el Juez tiene la mayor libertad, pudiendo atribuir ti aquel medio el valor de una prueba plena', 6 negarle tambibn el de simple indicio. Asi ocurre con ia prueba testifical, la pericia1 y el reconoci(a) Esta misma divisidn ha sido tambi6n adpitida siempre por nuestros tratadistas. Según ellos, divídese la prueba, en raz6n á su valor, en plena y aemlplena. La primera, conocida además con la denominaci6n de completa 6 -perfecta - es la que acredita la existencia real y efectiva del heoho controvortido, elevándolo 6 la categoría de verdad legal, suficiente para que con ella pueda el Juez dictar sentencia condenando 6 absolviendo. La segunda, 6 sea l a ?miplena, llamada tambiBn incompleta 6 imperfecta, es 18 que no acradits oon claridad la certeza do1 heoho controvertido, sino que deja lugar 6 la duda acerca de su verdadera existencia. Ese valor 6 fuerza probatoria, que corresponde B cada uno de los divor80s medios de prueba que pueden utilizar las partes, proviene unas vecos del precepto expreso de la ley, y otras de la apreciaci6n de su resultado hecha por el Juez 6 tribunal qtie ha de diotar el fallo. En el primer caso se encueiitran las siguientes: 1.O 'La prueba de confesidn judicial, la cual hace pruebacontra su autor, romo expresamente se dice en el art. 1232 del Clódigo respecto de la prueba d e las obligaciones, á no ser que por ella pueda eludirse el oumplimiento de las leyes, y 8610 pierde su eficacia, según el art. 1234 de diaho Código,. cuando al prestarla 80 incurrió en error d e heoho. 2.' La de documentos públicos, pues con arreglo al art. 1217 del mismo. Cuerpo legal, hacen prueba aun oontra tercero del hecho que motiva su otorgamiento y de la fecha de éste, y en cuanto 4 los contratantes y SUS* causahabientes la har6n tambiBn respecto de las declaraciones que en ellos. hubiesen hecho los primeros, siempre que se liubieren cumplido los requisitos prevenidos por la ley. 3.O La de doaumentos privados que hubieren sido reconocidos legal-. mente, pues Bstos, 5 tenor ¿le1 arC. 1224 de dicho Código, tienen el mismo vao r que las escrituras piíblicas entre los que los hubiesen suscrito y sus caum 'sahabientes, á no ser que hayan sido liochos para alterar lo pactndo en esoritura ptíblica, en cuyo caso no producen efecto oontra tercero, coiiforme~ al art. 1230. 4.' Las presunciones establecidas por la ley en aquellos casos en que In misma no admita prueba contra ella, pues en dichas circunstancias dispensan deotodaotra prueba al favorecido por las mismas. En el segund~caso se hallan los demas medios de pruebn admitidos por h ley, los cuales deben ser apreciados por los tribunales con sujecf6n 6 las reglas de la sana orItioa, depandiendo eu valar probatorio de dicha npro&@%6n.-(B* &Z P ! ).

CAP. IV-VALUACI~N DE LO8 MEDIOS DE PRUEBA

449

miento judicial y aun en ciertos casoe, en los libros de comercia. En todas e ~ t a shipc5ter;is se puede decir lo que el C611. mnrc. prescribe para 108 libroe y las declaraciones de los mediadores que toca al Juez atribuir la fuerza de los medios de prueba adecuedoe, se. gtín las circunstancias. Bwsteii ebtss indicaciones para delinear el sistema de l a ley: al tratar de los varios medios de prueba, completaremos la investi. gaci6n A eete prop6fiito. 344. IIt.mos dicho que el sistema que prevalece en n u e ~ t r aley, ee el de la ?,ersua.$id~lrocioizal, y hemos prrfariJo esta tertninologia 6 la mhs divulgada del inlinzo colivenrilt¿ie~ilo,por dos razones. Ante todo, porque en el sistema del libre convenc*itriiento, en rigor, el Juez puede escoger las fuentes de su convicción fuera de los medioa fijados por la ley. Deit[)uB~,porque el sititema de la per~uaai6nracional encierra la obljgacibn de fnndamentar la sentencia, y ohliga aui al Juez A que el trabajo racional de critica con que los dato8 probatorios se ,elaboran, sean por Brte mejor apreciatlog. Adviértane que la obligacibn de fundamentar Ins sentencia^ es la sola parantfa po~iblepara asegurar que el Jiiez decidti t e g h allegata el probnfn: si tal obligación fa1tase, indt i lmen te se haría aquella pre~crilición.No decimos, empero, que la oblignci6n citada garantice absolutamerite que el Juez no violard el precepto de juzgar segiin acta el probata; pues una informaci6n extrajudicial podr&ser la intima ralio decidtndi, di~frazadacon la depohici6n, por ejemplo, de un teetigo, al cual de otro modo el Juez no habiera dado fe. 845. Con todo, no hay que negar la utilidad practica de la obligación de fundamentar la^ sentencias, en cuanto tietide ti asegurar la legitimidad de las fuente8 de convenciiriiento. Ocurre, en efecto, ndemhs, que por ente medio se con~jguea n u lar sentencias que estaban fundadas anicamente en o1 conooirmiento particular del Juez. A F dehe ~ recordtir~euna sentencia de la Casación de Florencia, que anulb otra pronunciada sobre un documento no notificado, ~i bjen el Tribunal, aplicando mal el art. 254 del Reg. gen. judic., lo habia hecho conocer en acto de consejo tl loe procuradores (1). Y en geueral, nosotros creernon que ouando una sentencia toma

450

LIB. I-DE

LOS MEDIOS

DE PRUEBA EN GENERAL

en examen medios ilicitos de prueba y medios licitos, y de unou y otros deduce la raz6n de resolver, esta sectencia debe ser anulada, aunque los medios licitos por si fiolos presten la prueba. Nalie en realidad puede excluir la influencia que ejerce el medio ilícito s ~ l r la e apreciacibn del licito: la apreciacibn de las prire. bas' es un trabajo intelectual, ciiyos resultados son ioeeparablcs, porque estBn producidos por causas que algunas veces no +e d e ~ c u . bren y obran por si inconscientemente; pero no por eAto con menos eficacia. 316. En los caeos en que el Juez aprecia las pruebas con el critbrio de la persuasi6n racional, 81, en. dere(ho, tiene la libertad m88 absoluta de convencimiento; pero de hecho no faltan al juez criterios directivos 9, los cuales tiene que ajuetarse. &tos criterios prhcticos se rebunren en esta regla: el JUPZ,tenierldo en cuenta el objeto de la prueba, puede requerir pruebos pat ticular?rbenfevigorosas, d contetrtavse con pruebas nzenos decisivus. 347. Ptira comprender esta regla, conviene ante todo advertir que no es y no puede ser una regla e~critaen la ley; sino una norma de juzgar, que el Juez suele, pero que no tiiempre debe ~eguir. Eote principio parece derogarlo el art. 71, C6d. com. (1). Por e ~ i disposición a la ley autoriza al comprador ti pedir un acto pericial judicial sobre la cuaiidad y la condici6n de la ciwa vendida, y por eblo declara que el comprador que no ha hecho demanda de acto pericial preventivo, eetti obligado, en cabo de controversia, ti probar rigurbsamente la identidad y los vicios de la mercancía. . 348. dQu8 cosa significa el adverbio rigurosamente? ~Conbtituye6 puede constituir un vinculo que ligue al Juez en l a apreciacibn de las pruebab? Ni una cosa ni otra. Mancini en su relación (2), explica asi el concepto de la ley: (1) El art. 193 del C6dizo civil parece contener otra derogacidn cuando concede al hijo natural accidn para obtener alimentos... 3.O, si la paternidad 6 maternídad resulta de explícita declaración en escrito de los padres. Lo mismo puede decirse del art. 1130, C6d. civ., cuando declara que los registros y notas domósticas hacen f e contra el qu? los escribe cuando enuncian Jormalnientc la recepción de un pago, Es evidonte que de modo indirecto estas expresiones influyen enla npreoiación da lo escrito. Paro de eatas cuestiones trataremos ampliamente en su lugar. V. vol. IiJ (1.' edic,), n. 160 y nota 4. (2) N. 47 pl fin.

CAP. IV-VALUACI~N D E LOS MEDIOS DE

PRUEBA

45Í

aEl antedicho artici~lono obliga; pero autoriza, tanto a l comprador como al vendedor, interesados en que ee asegure el estado -de l a mercancia, ti pedir semejantes proveido?. Za falta de 10s n t b mos produce el t2r~Zcoefecto de obligcr n l comprador, que »cás larde pro. mueva reclanancibn sobre la cu,xtidad de la naercancla, para presta#*una prueba de su identidad y de los vicias que á elkt atalen., Según nosotros, el art. 71 del C6d. com., con la palabra rigec~oslrmenfeno h a podido ciertamente coartar el conoeirniento al Magi~trado:8610 ha querido impedir, por cuantos medios e s posible en el sistema que aqui prevalece de la pewuasión racional, que surja una practica jiidicial que se contente con las qiie Qesuelen llamar leuiores p~obationesy que veremos dentro de poco estan re-conocidas en otras materias. 349. A e ~ t o sconcaptos se adhiere en buena parte B ~ ~ l aof 6(1) cuando e~cribe:aE1 convencimiento del M*giqtrad ), que es baee de nuestro s;stema probatorio, Gpue le Eormarae con mayor 6 menor rigor, y determinarse en los caeos singiilares con diverao grado y medida? E ~ t ser18 e un criterio equivocado. El convencimiento'no .as susceptible de gradacidn ni e3tB subordinado & una tasa de pru ebas. Es 6 no es., Pero no coincidimos con Bolaffio cuando expone la duda de .que el adverbio rigurosanaente pueda e~timarsecomo un deplorable y peligroso pleonaemo. La raz&nde ser de dicho adverbio creemos haberla expuesto en sus justos tbrminos. No diaentimos, por el contrario, del egregio escritor citado, .cuando estima que la fbrmula probar rigurosatnen/e no puede tener .~iignificadodiverso del correlativo de plenarn~ntep)~io

e).

(,*) En la p. 3, oato autor reouerda la literatura alemana m69 reoienbe uohre

al asunto.

j168

LIB. 11-BIBLIOGRAF~A

Mattei,Czceationes sobe la confesión judicial (en o1 Arcl~ii~io giur., XV, p. 280.293)Mennesson, Del aveu ea el derecho f ~ ~ a n c(Roims, é~ 1874). Messina, ContrZbtcto alla dottriaa dellu coiajessio~ae(Sasari, 1902). idiichalorii, Tractatzcs depositioiaibus (Goneva, 1710). Norsa, Su1 conceUo d e l l ~confessione (en Archivio giur-idico, XLIX, p. 188). Oriano, De coiflssiorribus tractatus (on e l Tmct. ill. iz~~iac., T. IV, 47). Pantano, La corzfsión cn D8recJbo romano (en el Arch~viogiuridico, 11, p. 113-123)Susrez, De viribics co~flessiotiis(Pincia, 1690). Talioo, L a coiVesi0s judicial de los tutores y ad~ninistradores(en e l Qiurista, 1892+ pbginn 149). Tichelaai*, I*nterrogafionesin iure (en la Tlie~nia,1892, p. 437-466). Thomas TIieron, Tract. úe cojaf. ((Ctessa, 1663). Valoavi, Indivisibilidad de la confeaiór8 judicial (en la Biv. hg., 1878, p. 643)-

LIBRO SEGUNDO DE LA C O X F E S I ~ NY DEL INTERROGATORIO

SUMARIO 369. División de la materia.

370. Significados religiosos de la palabra confesión. 371. Etimología do la palabra coi4f'esibr~en sentido jurídico: conaeptqs

que

de ella so derivan. 372. Definiciones varias de la confesión. 578. Definición que proponenios. 874. Diferencia entre confasiún y contrato. ,376. Elomento contrüctual d e la confesiún: teoría común. 876. Teoría que proponemos. 377. Diferencia entre confesión y ratilicaoión. 378. Diferencia entre confesión y acto d e reoonocimiento. 379. Si la confesiún es prueba 6 piesunción. 380. Teoría de Mattirolo, quien A la vez la l l a m a prueba y p r e s u n c i á r orilica. 381. Teoría de Giorgi qne la niega e l carácter de prueba: crítica. -882. Teoría del dereoho común que niega 6 la conlusión carlcter d e prueba, considerlndola como una relevatio ab otze1.e probnitdi: refutación. 383. Relaciones entre la confesión y 103 d i m i s inodios de prueba: referenola.

384. Elemento3 do la confesión sogún Tancrodi y Mascardi. 386. Criterios para analizar los elomontos de l a confesión.

386. E l objeto do la confosibn n o es el dereclio. 387. (Jritcrio. para distinguir el dorccho do1 liocho oomo objeto d e l a con-

fesión. 588. IIochos quo pueden aer objeto idónoo do confesión: referencia 6 principios dosonvueltos on la parte general. 389. TnmbiBn los hechos permanentes son objeto idóneo de confesión.

470

L A CONFESI~B Y DEL INTERROGATORIO

LIB. 11-DE

390. Los hechos deben ser controeeel.fidos:influencia de esta regla, propia d e toda prueba, sobre la ignorancia de la confesión. 391. Los hechos deben ser contran'os.á los intereses del pue confiesa, no tí los de un tercero y favorables a2 adversario. 392. Cuando la noticia de un hecho puede ser objeto idóneo de confesiún. 393.~Prohibicioneslegales de la prueba por confesión, habida cuenta de su objeto. 394. Los hechos confesados deben proporcionar prueba plena. b) Formo ,Se Ir< cor~feaids.

895. La confesión debe resultar de una dectaracióit vohcntnrz'a,hechaanimus conJitendi. 396. Casos en que falta e1 anintus confilendi. 397. Si la declaración debe expresar la causa de la obligación que por la [confesión se prueba. 398. Si la declaración debe ser aceptada: referenoia. 399, La confesión debe 4acerse por la parte: casos dudosos, referenoia. 400. La confesión debe emanar de persona capaz, 401. Razones de este preceptc: varias opiniones. 402. Teoría que aceptamos.

5

8.-%'UNDAMENTO DE L A CONFESI~N

.403. Razón jurídica, psicolGgica y 16gici del valor de la confesión.

369. El intimo vinculo que existe entre la confesidn en general y el interrogatorio, exige que ambas instituciones se traten ~ i multdneamente, 8, diferencia de lo que hasta ahora han venido ha-qiendo los escritores. PBro la simultaneidad no excluye la. divieibn sistemtitica posterior que corresponda 8, l a lógica juridic; propia de la institución. Distribuiremds, pues, la materia en cuatrs. secciones, 9, ~aber: Seccidn primera,--De ia con fesibn en general. Seccidn segunda.-De la confesión judicial, Seccidn tercera.-De la confesi6n extrajudicial. Seccidn cuarta.-Caracteres de la confesión.

370. En materia8 rdigiocw, 19 palabra aonffiidr~ya eignifica e1 Aeoho ti@ p~oásarun .oulto di&~rm~mclEo~ Fa, sergtin 01 &wliciismo,

LIB. 11-DE L A CONFESI~N Y DEL INTERROGATORIO 472 caracteristicos de la confesibn, sino tambien conceptos generales que no podemos olvidar. La palabra f a r i (de la cual viene co)ifessio), ~e deriva, como l a palabra futeri, de la raiz bha, que cignifica brillar (de donde (q3~ pavepós) (1). De aquí que la palabra c o ~ l f e a i ose empleara en el sentido de afirmaci6n, tectimonio 6 reconocimiento. A d Palieio (11, 42 y So) uice: O ~ I L ? L ~co~tfesbio~tetíz, UIII por consenti riiiento general, DraLta(ia ad confessionenz paraia est ititperii: la Dalmacia, subyugada, reconocib el Imperio .romano; y Julio Cédar ( D e bello gn. Ilico, 1 , 84): (011jfe1.i se viciuwt. También &eusa en el ent ti do de verdad '(Cicerdii, Pliil., VI, 6: ut co~ljileorvobis: para deciros l a verdad) é ieualmento conio sin6nimo de prueba (Plinio, Historia ?latural, XXII, 40): haliere indubitufas col1fessiones (Historia ~zatural,IX, 6): cot~fessiode sonmo yisciuwz (Episi., 111, 15;: piucre se coyfitetiir (Palladio, De .Apibus, VLI, 7 ) : tot rdges esse coujtewtur (Gellio, VI1 , 3). E n col,fessionsnt fitciulzt, 372. Viiiirndo ahora & las definiciones de la infititucibn, Messitia (2), dei.pués de decir que coufekibn es aquella prueba oral en que el teatimoni0 piocede de boca de las partes, la define con mayor clariciad del siguiente modo: IJa declaracibn oral por la cual una de 1~fiparies, capaz e n derecho, depone te~tirr~onio contra s i d e la verdad de U D hecho jurfdico que l a otra alega como fundamento de la demanda b l a excepci6n. Eti indudable que esta definici6n recoge muchos buenos ele. mentos. I'ero no la faltan conceptos inexactos. Prekcindiendo del hecho de llamar prueba & la confesi611, a~erci6ndiscutible sobre la que hemos de volver, lo cierto es que l a cohfehi6n puede no ser oral y de ello veremos no pocos ejerriplos. ¿No es acíibo confe~ibnla contenidit en comparecencia firmada por tina parte, 6 la que cn ciertos caros puede reeultar de una carta? Zi~troduair,ndemhs, c n la confesi611 el concepto de testimonia, aun sel~etidopor muchos auto re^, l)arBcenos, si no u n error, una exactitud, porque debe evi tarr-e todo niotivo d e equivoco entre confehi6n y prueba tebtimonial, especialmente por l a dirJersa eficacia probatoria d e ambos hechos. Por iiltimo, hablar de acción y de excepci6n es aceptable en

(1) Meyor, Leeeico, p. 20 (Turfn, 1818). (2) O&. cit., n. 198, D. 246; n. 210, u. 257.

SKC. ;-DE

L A C O ~ F E E I ~ EN N GENERAL

una detiiiicicin de lu coufesion judicial, pero no (.ii generd (a).

473

en la de la confe

.sibu

(a) Ea nuestro sistema procesal reviste tambión dos caracteres distintos :a confosibri, pudiando ser considerada como mero reconociniionto d e algiino 6 do todo3 103 hechos alegados coino términos d e la litis, es dscir, como base y fun lamanto de la ncci6n y do la excepcibn, 6 como un medio de prueba en juicio. A1 priineio de dichos conceptos se refiare e l art. 549 de la ley do Enjuiaianiionto civil, al ordenar que en los escritos de replica y dúplica, 6 on los d e dciiia:iila y contestaciún, cuando no liubioro replica, y en el de aiupliaai6n oii su ca-o, cada parte confesar6 6 negará Ilanamsiite los Iiochos que le perjiiiliquen de los articulados por la contraria. El efecto y la inmediata cons~cue~icia de esa confesi6n es tener por reconocido y cierlo o1 Iiecho confesado, oscluyéiidole de la prueba y de la obligacibn impuesta por la ley d las parte+, 110 probar sus respectivas alegaciones. S o coiistituye, pues, esa confesibn una prueba, coiuo algunos autores entienden, E ~ que O 6 virtud d e ella se ticne el hecho por verdad incontrovertible en el juicio, y por elemento indubitado 6 indiscutible para la sontencia. Así es quo ya no requiere osa coiiEusión iioclia en los escritos la ratificacibii á presencia del colitigande, exigida por la ley tít. 13 de la Partida ,'.S para atribuirle e l valor y la f u o r ~ de a la C O P I O S C ~ I ~ NO C ~ U siendo . un iiiedio probatocio 6 una prueba e n juicio, sino el roconociiniento de una verdad acoptada, no es nooosaria la intervenciún contrnria, precisa en toda prueba judicial. Esta ruforrna transceiidentnl, introducida por la nueva l ~ procesal, y sin precedeiikes eii la do 1355 ni en las antoriores, Iia venido 6 siinplificar o1 d e bate, liiiiitan.10 la prueba d los hechos no confesatlos llanamente, según e l urt. 522, y ii d a r facilidades al fallo. En o1 soguiido de los conceptos, es decir, considerada como medio d e prueba la coiifosi6n en j iiclo, es la doclaraci6n prestnda ante JUO¿ compe. tonte y bajo juramento por una parto acerca de los heclios. 1itigio.jos 6 aleg a d o ~por la contraria, 6 como decía la ley l." del título y Partida citados, es V C N ~ I ~ L de ~ S otuv1/*11ziel~to ~U ~ z h fuce e la z~nnparte d ¿u otra e i jugzid; ~ dofiiiicibn que corre~pondaexacta y preoisainente 6 la nociún indicada. Pero si bien de olla se dodrica qriu el caráctor dfstintivo de este modio probatorio os 01 de una doclaraciGii proatada ante o1 JUOL que conoce do1 litigio, no q ~ l i c r eesto (loc i r quo la confediún haya de sor siempre oral; pues por el contrnisiO, la ley a u t o r i ~ non algún caso que lns manifestaciones do l a r a r t e confosante so Iia. ,nan por oscrito. En ofocto, o1 are. Gil5 do la loy do Enjuiciamiento civil dispono, en confirmación do lo dicho, que on 103 ploitos en qiio soa parte o1 E s ~ a d o6 alguna 'corporación do1 mismo no se pedirún posiciones a l Ministerio ílscal (hoy al lbogadu dol Estado) 6 5 rliiion roprosento tí dlciia parto, y on sil lugar la contraria piopond~ápor oscrilo las progcintal clua qiilora liaoor, Ins ~ufil08 3erbn conro3tadas por vía do infornio por los on~ploa~los ile la Adriilnistración 6 q ~iungsconciornati los Iiechoe. En su virtiiil, tampoco reelilta propia, .con arrcglo 5 nuestro dorecho procesal, la definiciún dada por Moeaina.(N. del 2:)

47 4

LIB. 11-DE

LA CONFESI~N Y DEL INTERROGATORIO

Con mucha sencillez, pero no sin exactitud, Pantano dice (1) que la confesión consiste en el reconocimiento de la verdad de un hecho perjcdicial; definicidn exactisima en todos sus elementos, pero que olvida otro (el de la capacidad del confesante), demasiado importante para que pueda ser olvidado en una definicidn. Bonnier ('L), Mattirolo (3), y Aubry y Rau (4), llaman confesihn al testimonio queiuna de las partes hace contra si misma, 6 sea elt reconocimiento que uno ,de los litigante8 hace de la verdad de u n liecho susceptible de producir & su cargo .consecuencias juridicas (6). Pero 8, esta misma definicidn, 6ptima en el fondo, no falta alguna inexactitud que ya encontramos en otras. Una definicibn andloga, con un nuevo elemento de no eecasa importancia, relativo & la extensidn de la confesidn, es la de Gioigi (e), que dice consistir en la manifestacidn que hace tina parte d e algo capaz de reconocer en todo 6 en parte un derecho ajeno. Otro elemento nuevo que no debe ser olvidado lleva el concepto de la confebión la definición de Duranton (7), segfin la cual es l a declaración mediante la que el deudor (y con esto queda dicha l a preexistencia del hecho confesado) reconoce la obligacibn objeto del contrato 6 algún hecho que ú. ella se reJiera (8). Bortiari (9) introduce en el concepto de laconfeeión un elemento intencional que debe teuerse en cuenta; segifin este autor, la confesi611es el reconocimiento de la verdad de un hecho con elproybsito. jurldico de dar la razdn al adversario, por lo menos en un 'punto. concreto, determinando d su favor y en daño propio el estado de (1) Ob* p. 113(2) Ob. cit., n. 3-17, p. 309. (3) Tratl., IK (4." edic.), n. 673, p. 669. (4) VI, p. 363. t (6) Id6nticas son Ias definiciones de Dettori, 06. cit., p. 9, y Dalloz, R@,. palabra Obligat., n. 5055. (6) Delle obligazioni, 6.' edic., n. 388, p6g. 473. (7) Oorso di dir. civ. (Nápoles, 1849), VTI, p, 362, n. 534, seguido por Bucquey, ob. cit., p. 8, y Carabelli, Laprdctica del COd. civ. (Milán, 1866, p. 363). (8) No tienen en cuenta esta podble parcialidad de la confesidn las defi. nlciones de Gianturco (Irbet. di dip.. ch., ~ 6 ~ o l e1888, s , p6r. 78, p. 10G); según, el cual la confesión consiste en el reconocimiento formal del hecho jurfdico c n que ae funda la acción 6 la excepoi6r1, y de P. da1 Giudice (.EnJcZ. giuridicrr, BbilBn, 1880; p6r. 181, p. W6), quien, dguiendo las huellas de Bar, llama confa&& al recoaocimiento que una de las partes hace d 01 derecho de la otra. (9) C6d ok. comm., KiI, p. S,', art. $866 p. 9a8, aol. 1.'

SEC. 1-DE

L A CONFESI~N E N GENERAL

47b.

derecho. E1 mismo Borcari entiende que es perfects la definici6~ de Zachariae, siempre que en ella se dB entrada al concepto de la ca l~acidaddel confesante. Zachariae define la confebidn diciendo que es: la declaración por la cual u r a persona reconoce por verdadero, y como debienda reputar~everificado con respecto 9. si uu hecho de tal nattiraleza que pueda producir conseciiencias juridicas contra ella. La definición de Ricci (:) (confebiói~es la declaracion que tiene por objeto la exit;tencia de un hecho juridico, emanada de la parte obligada) nos parece incomplet.a, pero no errónea. Otro tanto noB permitimos decir de la definición de Pescatore ('L), eegilin el q u e es la declaración hecha por uno de los litigante8 contra su propicl interBs. En cambio, nos parece, no 6610 incompleta, sino ademds inexacta, por falta de elementos caracteristicos, la definición de Laurent que dice ee la declaración que hace una parte de un hecho. controvertido. Faltan en ella, por no decir m&, la idea del perjuicio que ocasiona al confebante, la del ariitnus confitendi, y l a de la capacidad, ideas que, coino veremos, Laurent mismo considera elementos de la confesih. Su definicibn procede de la que dio Pothier de la confe~iónjudicial: de aqui la inexactitud de su definición, porque Pothier da por aupueeto el concepto de la confe. sión general (8). Apuntemos, antes de cerrar esta reseña critica, la definición d e Genntlri (4), el cual, para teuer en cuenta la diferencia entre l a confesidn espontanea (que 81 llama ultrdnea) y la provocada, dice que la confesi6n cs la relación (si l a confesi6n es espontdnea) 6 la confirmaci6n (si es provocada), que alguno hace de un hecho contrario d su propio interks. b73. Despu8s de esta enumeración, en la que 8610 hemos buscado tener en cuenta aqiiellas definiciones que poseen elementos caracteristicos ó que merecen ser estudiadas, nosotros sostenemos que la confesi6n ee la declaracidn, judicial 6 extrajudicial (espontanea 6 provocada por interrogatorio de la parte contraria 6 por e l

(1) Dir. civ., VI, n. 451, p. 661, 662, y Pvove, n. 233, p. 411.

(2) Log, del div., p. 79 8 81. (S) Traft. delle olllig., p8r. 12, cap. 1,p. 71. (4) Conforme Aubry y Rau, V I , par. 761, p. 338, n. 1; Mennesson, o¿. d., p6gina 103.

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LA C O N F E S I ~ NY DEL INTERROGATORIO

Juez directamente) (1)mediante l a cual tina parte, capaz de obligarEe y con B n i m ~ ~ d e ~ ~ r o ~ o r cBi la o notra a r una prueba en perjni cio propio, reconoce total 6 parcialmente la verdad de una obligacibn 6 de un hecho que se refiere & ella y es suclceptible de efectos jurfdicos (2) (a). 374. Dada esta definicibn, nos limitaremos, por ahora, & poner en, claro las diferencias entre l a confesion y otros actos juridicos, para deducir luego los elementos constitutivos de aquella y cono. cer RUS varias especies. Existen hechos jurídicos que & primera vista pueden confundirse con lacocfesión, y de los cuales debe distitiguirde. Eatos son: 1.O El contrnfo. Esto es, te1 acuerdo de dos 6 mhs personas para constituir, regnlar 6 disolver entre si un vinculo juridicoa. Clara es la diferencia entre el contrato, que constituye un vinculo juridico, y la confesión. A 1uBl crea un vinculo juridico, (1) En Francia y en Inglaterra se llama avetc, rtvow, la confesión provocada, y C O ~ L ~ ~ ~ Yla . Y que ~ Ó I ~es esponttinea. V. Saidou, flgitonil~~, fr. palabra aveu y Bontham, oú. cit., 1,396. Pero la confesión inglesa se refiere á lo penal; en lo civil, se Ilaina adulissioit. (2) En esta definición no entra el.concepto de la confesión tácita, en rnx6n 6 que ústa no es confasión propiamente diclia; esto es, una prueba, sino una presiinción iuris tantuin, como en su lugar vereinos. Bolafíio (COJJLII~. al CdrE. cotn., art. 44 53 p. GOL), censura nuestra definición, prrponiendo esta otra: aadmisión de un lieclio discutido qiie puede traer consecuoncías jurídicas 5 quien lo liacem. En otro lugar (Temi Ven., 1896, p. 61), hemos defondido nuestra deílnición; no os oportuno repetir aquí crítica ni defensa, porque nada añadiría B lo que queda diclio. Recordaremos, con complacen~ia,que nu?stra deflni. ción fui5 acogida por la Corte de Génova (12 do Octubre de 1900, Temi Qm., 1900, 680). ( u ) En nhostro procedimiento tambión ptiede sor espontanea 6 provocada l a confesióii. La griiuera tiene lugar en los escritos a l cuniplir la obligación iinpricsta por el art. 549, de confesar 6 negar llaiianioiite cada parte los hechos alegados por la contraria que le parjudiqiien. La provocada puede también serio por iiilerrogatoi~iodel colitigante 6 oolitigantos y directamonto por el Juoz; polo súlo o11 un caso puedo tener lugar es.0 Últinio, que e3 cuando para itiojvr proveer acordaro, con arrcglo a l niIni. 2 . O del art. 340 de la ley do Enjiiiciamisiito civil, exigir confesión judicial 6 ciialquiora do las litigantos sobro Iicicl~osqiiw estitilen de infiuenoia en la c~icstiúxiobjoto del litigio, y no rovulten probados. Adcmás, acordada la oo:itosión á virtud de interrogatorio del colitiganlre, el Juex puede bainbión pedir al confesante, en vista de las conteetaoioneai que diere, lae explicaciones que estime conduoenfos para lo averiguaoión de la verdad de los hrchos.-(N. &t T.)

dsta reconoce su existencia. El contrato es un estado de hecho: la. confesión la prueba de un estado de hecho. No e8 nuevo este concepto (1); pero los autores que han procurado expresarle, no lo han conoeguido exactamente. Roroari (2) dice muy bien que con el contrato no se rige en modo alguno obre el pasado, sino que, por el contrario, Ee inaugura un porvenir de obiigacione+;mientras que l a confesi6n es un reconociiriicnto, toda vez que el hecho obligatorio preexistfa y por que con 81 la ohligacidn se aprueba pero no se constituye. Otro tanto, obre poco m86 6 menos, dice Toullier (3); pero lo que no advierten estos es la diferencia que existe entre los contrato8 que regulan 6 disuelven un vinculo juridico y l a confesibn. Como 6sta no crea vínculos juridico~,por eso dichos contratos se diferencian de ella. Esta diFerencia estriba en que la confesión reconoce un hecho jurfiiico aun modificado que sea por ello, pero no crea la modificación del hecho. Por iiiltimo, un contrato que disuelve un vinculo juridico no ea nunca objeto de conferi6n por parte del deudor, porque la confe. sión debe probar precifiamente la existencia de un vínculo del que confiesa, no la inexistencia. 131 que confiesa la disolución de un vinculo juridico, nQ siendo el acreedor, crea en su favor una liberaciób: no confiesa, por consiguiente, sino que hace una declara. ción que no es confebibn. 7 6 . Y ein embargo, no faltan e~critores(alguno sin advertirlo), que han dado de la confesión un concepto que destruye la diferencia entra ella y el contrato. El primero en incurrir en e ~ t eqnivocacibn a fue Gossin, de quien Pascatore tom6 probablemente 3u teoria sobre el elemento conven(1) Un reciente estudio de Broclier (Le contivat.fowne2, en Revtte gba. clu d d f , 1P01, p. 27 y Aig.), anula on todo caso la distinoión entre voluntad creadora de la obligacibn y voluntad confesara de lamisma. En su opinión:

*llobligation ne dériverait pas d6unaccord de volontés, mais dlun fait du d6biteur, dlune lésion, laquelle provoque par l'autori~ation du lógislataur, une mainmiso du aréancier sur le débiteur; laprwnease dereclrrnirr?ie co~istitue. nritpaa l'ubliyatio?t, ?iiuiadrclarernit son existe~tce*.Confesamos quo la teoría no nos parece clara ni exacta, Iiaata el punto on que hemos podido comprena derla. (2) Ot. y Zrcg. cii", p. 929, sobre el art. 1865. ( ) IL dil; civ.fv., V. n. 260, p. 604, Venecia, 133, V. tamblbn: Larombióre, sobre el art. 1354, n, 8,

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L A CQNFESION Y DEL IUTERROGATORIO

cional y lógico de la confenibn, y otros la idea de que el valor de ln confesión depende de la capacidad de disponer. El a'rt. 1356 define la confesibn diciendo que es una declara oión, sin añadir elemento alguno que explique el objeto de ella. Gossin, olvidando que el legialador calla un elemento en su definición, elemeilto inseparable del concepto mismo de la confe sión, pues Bsta presupone una obligacibn preexistente, creó una teorfa original, pero inexacta. S e g h este qecritor (1), la confesión puede emanar del actor b del demandado, y tener por objeto, ya el reconocimiento directo 6 indirecto, completo 6 incompleto, de las cosas sobre que la deman. da versa, ya hechos liberatorios, ya, en fin, puede constituir nuevos compromisos que la aoepfacidn de adversario hace plenamente obligatorios con respecto al que con SI contrata. Para explicar su teoria, propone varios ejemplos. A, detentador de un inmueble gravado con hipoteca, es citado de ejecucibn; pero en el juicio declara que estd dispuesto 9, pagar los crBditos inscritos y su oferta se acepta. B, citado por lesión enorme en caso de compraventa, se deClara dispuesto d reembolsar al actor. C, que'se creia heredero ifinico de fulano, recoge toda su herencia, y demandado por un coheredero, le ofrece para aplacarle una renta vitalicia; el coheredero acepta y renuncia, D, 9, quien se niega el derecho de usufructo, le renuncia si el actor le arrieiuda la finca, y se acepta su proposición. He aqui, dice Gossin, casos de confesiones judiciales.. Pero, como hemo~ldicho, su ingeniosa teorfa estd fundada sobre la letra de la ley, olvidando que si Bsta no dice que la confesión se limita 9i, reconocer un derecho sin crearle, es porque la palabra misma lo implica en rsu significado etimológico y iisual. Podrhn existir coptratos judiciales autentificados por el Juez, aunque es dudoso qw el Juez deba autorizarlos haciendo lo que la Iey no le comete; pero estos contratos no ser&nconfesiones, it me. nos de alterar el sentido de la palabra. AnAlnga d esta teoria es la de Peacatore, segiin el cuttl la confesión resulta de un elemento lbgico (que noeotros llamamos psicológico), que consiste en e1 grave motivo de verdad que supone admitir hechos contra los propios intereses, y en otro elemento convencional. Este elemento convencional consiete, segiln Pesc~.

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(1)

In lirey, Remsil gb&rrsl, XXXIXI, ,818, Ir, p. 188 6 146,

%ore, en que el demandado, al confesar, renuncia 9, todas las excepciones que pudieran competirle, de donde resulta una verdad con vencional que, si es preciso, debe prevalecer sobre la .verdad real contraria (1). También Pescatore admite, pues, en sustancia, que la confe si6n con~tituysun contrato; pero mBs previsor que Gossin, limic6 .el contrato al asunto del litigio, sin extenderla á hechos extrañofi. 'Igcial principio acogieron otros escritores y entre ellos citaremos por todos ti Mattirolo (2). Ante todq, procede de un doble error histórico, de una mala in%erpretaci6n del derecho romano y del c o m h . El derecho romano atribuía un valor convencional, no á la con. fessio in izldicio, que es la moderna confesibn y que también en .aquel derecho era una verdadera prueba, sino A la confessio in iure, que es cosa muy distinta. Esta destrufa el juicio; el confessus quo.dan~ntodosua sententia dantnafur, porque la confesión se coneideral~a .acto.antilogo & Una estipulación extrajudicial que obliga por RL ]misma, en lugar de pronunciamiento judicial (3). Los antiguos doctores, buscando el fundamento de las confe,sienes emitidas en consecuencia 9, las interrogationes ante litem condestalunt, afirman claramente que obligaban a l confitente acsi con+iraxisset(4). Pero los mismos doctores exponen el valor de las con7 fesiones emicidas á consecuencia de las interrogationes post Ee'tem ig.De v i honomtn vaptoruna (XtV,,8 (5) 8obro la ley 7, C6d. A $ legem Juli~o>rde vi publ&cu (IX,la). (6) Ob. cit., t. 1, lib. 1, qurest. VTZ, eff. V, n. 61 y ~ige., p. 80. 14

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'90 tiril de laíl pruebas practicadns en j!iicio pennl(1). Recordadoe lo^ principios advertiremos que hay varias enseñanzsa wbre el asnn to. La doc.trina. predominante introduce una di~tincibn(2). 1,a~declaraciones hecha4 por el acripado en el sumario no tie nen en lo civil valor de confesidn judicial. Idasdsclnraciones hechas en el periodo decisorio Ron verdade. TaR c o n f ~ ~ i o judiciales ne~ cuando @eemiten en jiiicio 8. que a ~ i ~ t e pnrte civil; pero si falta Bsta, eon preeiinciones simples. La diverd a d resulta del carbcter de la pnrte civil (3). En la primera edicidn, sostuvimos lo8 principios ~igiiientes: n) LRRdecl~rncionesdel acusado en el sumario, carecen d e valor probatorio (4); b) La8 declrirncioncs del acusado en el periodo decidorio, care.csn de ordinario, en todo caso, del animus co~tfiterrdi,inspiradas cotiio e ~ tn$ por el Pupremo derecho de !a defen~a.Por conaiguiente, nunca con confesiones judiciales; pero pueden apreciarke como

(1) V. n. 26 y sig. (2) Mattirolo, 11 (S.&edic,), n. 726, p. 628; Ricci, Pvove, n. 238, p. 423; Dia%a,nB. cit., n. 37; Ap. Bolonia, 16 de Febrero d e 1892 (Fovo itctl., 1892,I, 326). En Francia, la Css. (28 d e Jiilio do 1864, Joumc. drc Prrl., 56, 1, 267), resuelva qiio las doolaraciones del acusado constituyen confesiones judiciales, t a n t e en o1 porfodo instruclorio como en e l decisorio. Turín, 1886, n. 5, p. 6 y 6 ) esarf(3) Cocito (Laparte civile in t~tnte&ape~rnle, bo, quo el quereIIante no es parte, y que la parte civil t i m e una cualidad jiirídicn do quo no s e revisten n i el querellante ni el denundante. Estos n o traspasan el umbral, mientras aquélla entra d e Ileno en la causa; éstos quedan rcdiicidos 5 moros espectadores, y aquélla habla, discute, tiene dereclios y deberes, y on virtud d e esta actividad es por lo cliie so la consideT a con19 parte y se la llama parte civil. Compfirese tnmbién Benevolo (La pnvfe cii~ile~relgitidixio pstnle, Tiirb, 3.* edic., p.249, nota 2, p. 18). (4) No lo entiende así la jurisprudencia. La Cas. Nbp. (26 d e J u n i o do 1836, Leqgn, 188G, I.121), dice que la confeufdn hecha en iiiterroga:orio ponnl ante o1 Juez instructor, puede valer en 10 civil como ronft.si6n judiacial, 6 por lo menos, como principio de prueba por e ~ c r i t oserfin , la convlcciún impiignable del Juez. La Cau. Roma (13 do Aposto d e 1894, Corta S. R.. 1894,11,313), entiende que los int~rrogatoriossiifrídos ante e l Juez instriictor tienen e n lo civil la misma fe que los intorrogotorios Iiecho3 a n t e Fk., Magistrado de este orden. La Dap. d e Palermo (16 d e Abrll do 1899, 1899, 313), declara que o1 interrogatorio tendrh valor entre las mismas gWtes, incluso en juicio civil, quedando B salvo a l Magistrado e l derecho de apreciar libremente lo que resulte.

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presunciones de diverso valor, segtin que aparezcan verdaderas (1). Deducimos estas distinciones de las reglas propuestas para eP valor de las pruebas penales, en general, en el juicio civil. Los eecritores que ee ocuparon despues de l a cuesti6n se separaron de la eneeñanza com6n y de la propuesta por nosotros. Cocchia (2), propone estas distinciones: a) La confecidn hecha en el periodo instructorio tiene el valor de confesibn extr~jadicialhecha ti la parte, si hay constitucidn de. parte civil; en otro capo, es un simple indicio; b) La confesibn hecha en el periodo decisorio e8 confesi611 judicial hecha 9, la parte, si hay constitucidn de parte civil; en otro caso, tiene el valor de confesibn extrajudicial hecha 9. un tercero; e) Las declaraciones de la parte civil asumen, ante el acusado, e l carhcter de contesibn extrajudicial hecha á la parte 6 el de con fefii6n judicial, seg6n que procedan del periodo inetriictorio 6 d e t decieorio; d) Las declaraciones del perjudicado no constituido parte civil, constituyen confe~ibnextrajudicial hecha d la parte b ti un tercero, seg6n que se hayan hecho en el periodo instructorio 6 en el deci~orio. Mortara (3), rechaza toda distinción, so-teniendo que se debe sdoptar siempre el criterio propuesto por nosotros. En lo penal, ninguna declaracidn (instructoria 6 decisoria, presente 6 a u ~ e n t e la parte civil, emanen del acusado, del querellante 6 de la parte civil) tiene cardcter de confesi6n judicial 6 estrajudicial, ni en 10 penal, ni defipu86 en lo civil. Le declaracidn constituye una prueba preconsbituida entregada & la apreciacibn inatacable del Juez. La, misma concliifiibn acepta Norsa (4). Las concliisiones de Mortara coinciden esencialmente con las propuesta8 por no~otroe;pero nosotros habiamo~declarado privadas de todo valor las declaiaciones emitidas en 61 periodo de iris* trucción. Aceptamos, no obstante, para Britas el principio acogido (1) Con!. Trib. Roma, 13 de Mayo de 1891 (Legge, 18f)a,I, M); Uae, Nápoles, 26 de Junio do 1833 (Lrgge, 1886,X, 121); Cae. Turin, a9 de Abril de 1806

(Qáur.ifal., 1896,1,1, 607). (2) Qazz. Proc., XXIX, 667. (8) Comment., 1, n. 676.677. (4) &B. cit., p. 196, n. al.

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LA CONFESI~NJUDICIAL

por Mortara. La diferencia existe entre las pruebas ~ii~ceptibles de contradicción (testifical, pericia]); no para l a confesión, que ea idbntica en su valor, tanto cn lo decisorio como en lo ilistructorio. 452. 2 La confesidn judicial neresita probarse. Este requisito es evidente: la confesión judicial no probada e s como si no existiera: i n irrre qrtod non apparet non es&. El concepto es tan claro y de aplicacidn tan general, que si lo recordamos es tan ~ b l 0para decidir el caso en que se dude si la coufe6idn judicial debe probsrtle. Si la confesión es provocada, resultando de un proceso verbal, se halla plenamente probada; ~i es eepontdnea, ee harh c o n ~ t a de r propbsito para la parte, si ya no r e ~ u l t ad e cualquier otro acto de1 juicio, y aunque no haya dudas po~ibles. Pero estamos en el caso en que Fe puede dudir qnn razón. A vecefi l a confesidn hecha en un juicio no resultar& da actos del juicio (1). Supongamos una confepión ante un Juez incompetente: es poaible qae el Juez, por su iniciativa 6 de oficio, si es absolutamente incompetente, 6 9. instancia de parte, hecha pertinentemente, de. clare su incompetencia sin que la confesi611 resulte en los autos 6 en la declaración de incompetencia. Entonces la parte 9, ciiyo favor se h a hecho la confesión no puede probarla ~ i r i ocomo confesión extrajudicial. Entonces la fuerza probatoria de esta confesi6n extrajudicial hecha para la parte, dependerti: si consta escrita, del valor probatorio del escrito que la contieno; s i oral, de la apreciación que el Juez db 9. las declaraciones de los testigos que la aseguren. 453. Otra duda se pre~entaen un caso resuelto por la doctrina y juri~prildenciafrancesas. Si la confesión sólo aparece en loa resultandos de la sentencia: ¿esta probadtt? El consejero LaEontaine (2) ha bs tudiado esta cuestión deteni(1) Para faoilitar la prueba de la oonfssión judioial, la Ordenanza alemana de 1893 declara que el heoho do la causa, tal como le expone la sentenala, hace prueba en ouan.to d las deducciones orales do .las partes; esta s e con e l protooolo de la eoei6n.-Muy sabia. prueba puede d ~ s t ~ u i r a610 monte, el art. 44, Real doorota do 31 de Agosto de 1901, diepono que on la hoja de audiencia se resuman can claridad lae inetanciae y declavacionee verb a l e de kta purtes. (2) En la Btvue eritipue de Zépial. et ds judapr., t . XLU (18&%),p. 668 y 664. a0

dnmente y la h a resuelto de una manera afirmativa. Ln C a ~ a c i 6 n franceka l a ha fallado negativamente (1). Laurent combate estg fallo, que, según él, supone mala fe e n el Juez; supone nada rneiios que la f a l ~ ~ d a d . un d e acto público, como es 6u sentencia. Alas á nosoiros nos parece que en eata ocasibn el celebrado escritor hn eufrido una equivocación. , Si los rehullados do la sentencia, abarcando los d i r e r ~ o acto6 ~ del jiticio, conjeturan que e n ellos hubo confesión, no8 huliamoe en l a cucstibii d e apreciar los actos alegadora, y el juicio n o puede Eer apelado an caeaci6n. Pt ro ei el Juez, no del juicio m i ~ m o ~, i n doe si1 1-ropin conciencia, didiice la ufirmacióri d e que alli hubo corifeci6t1, ei~touces6e habrh fuiidndo obre sus propios conocimientos privado., de los cualee, conlo ae h a dicho (2), no ~e puede kacar ning6n medio de yruclba (3). e ~ sea aceptada. 454, 3 La cot?fesión judicial no es n t e ~ í e s f gire No ppnemos la aceptación d e Ja ccbfesióri judicial entre los re. qnisitos propios que esta forma ha d e contener, porque no l a ebti. hamo8 nr~e~trri:i. 45'). Pero la cuestión es tan dizcutida y tan importante, q u e merece e~tcitliiírsecon cuidado. So~tieneiirilgunos q u s la corife~ibn~no e x i ~ t ehnfits que h ~ y a sido acel~tat1:i(4); otros, que exibte independientemente de l a nceptacióu (5). Lti iinportancia prictica d e l a ciiestión es esta: ei la (1) 1 2 de Ahiil de 1869, on Laumnt, XX,n. 166 y 167, p. 196 y 197; Dalloz, h'ep., V. Olligrcl.io~cs,n. 5080 y 5081. (2) V. n. 46. (3) Así la Corto de Aix, 28 de Noviembre do 1883(Jon>rtnl dtr Po!., 1859, 1,829), y la Cas. francesa, 13 de Marzo do 1893 (id., 1893,I, 233), docidon que

el Suoz no pnodo alegar como baso do su juicio una confosi6n judicial que no resulto do los dooumentos do la causa. (4) MorlEn, Ztcp., V. Pretlve, socc. 11, p6r. 1, n. O; Toullier, VI, 257 y 2908 'Toulior, IV, 36.); Poujol, Oblig., IIi, :93; Duranton, VI1, n. 6G3; Bonnior, OLcit., n. 351, p. 31.1; Aubry y Rau, PIU, p. 173, p6r. 751 y notn 19; Laiiroiit, XX, n. 16 i; Cas. do ParEs, 7 de J u l i o de 186 3 (Dalloz, Rec. per. 186%,I,1). 307); D do J?iiiio do 1363 (DalIoz, Rec. per., 1801,1, p. 4'34). La Cns. Turín, 7 de DE ciombro dn 1803 (Bettbii XVIII, 1, 880, dijcido oii esto sentido. Lo misino el Tribunal de Messina, 9 de Dicienibro do 1831 (Foro Jlwitr, 11, 6D). (6) 80gbn la Ord. alomnnn do 1893 (p6r. 283) y la austriaca do 1396 (p& rralo 2601, n o oe neoosaria la aooptnción do 1n confesión; on igunl saiitído, Wach, en Diait~,ob. &.,p. 53; y para ol derocho franc6s 6 italiano, Zapharice, In, p8r. 7si; buvergiw, 4 propósito do Touluer, VI1.200, nota a; Ma*

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L A C O N F E S I ~ N JUDICIAL

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.confesión es valida sin aceptaci6n, tan pronto como se haya hecho, queda irrevocable, y mientras no se pruebe un error de hecho, n o se la piiede combatir con prueba contraria; en el otro caso, n o hace prueba plena si Ee revoca, y puede revocar& y combatirse con priiebn contraria hasta tanto qiie se acepte. Advirtamos, antes de continuar, que ninguno d i ~ c u t eesto ciiando la confe~iónes provocada, pues el interrogatorio provoca la aonfe~ibny contiene, por lo tanto, la acepfacibn. Queda u1 caso de la confesihn espontbnea, ~ o h r ela cual se d i s ciite y Fe debe discutir en derecho, porque no parece que Giargi e ~ t 6en lo cierto al reducir todo el asunto II formas proceeales. 453. Pe~catore(l), ~ e g u i l opor RIaltirolo (2) y Dettori (3, preeenta iinn opiriidn difitinta de las dos dichas. iiIattirolo h a expuesto muy bien la teorin. En la confe~ibnju dicial, expresa, hay dos elementos: el 16gico y el convencional; aqu81 es independiente de In aceptacibn: e ~ t otro e no exista hasta -el momento del acuerdo de las dos voluntades de los litigantea. Por confiigi~iente,la confesibn judicial por ~irnietnrt y sin necesidad de aceptaci6t1, tiene el valor de prueba; como tal pertenece 8, la canas; no puede rectificarfe 9, voluntad del ccnfesante, pero ~l probar~epor 81 mismo su falsedad. Mientras tanto, la aceptacibn irnprirne h la confesi6n on valor convencionul, rliie eqiiirale 9, re nlincittr t i ulterior conterstación oobre el hecho iii~cutido. 467, No podemos ~iuscribiresta teoría. El elemento convenciolial, como ya hemos demostrado, n o

m d b , sobro o1 crt. 1366, U; LnrdmbiBro, 1356, 30; Uolmot, V, 336 bis, f ; 8dice: cede proct~rntorebn.., preaes en ten^ esse sufficit; por lo cual, dado que la ausencia del adversario se debiera equiparar t i le presencia en caso de no aceptación, la sola presencia del procurador ealvaria todo defecto y no Ee tiene en cuenta en el pCirraEo citado, aceptado por ello?. En igual sentido resuelve esta cuestión la decisión de Fabro, que se cita en contra de la teoría que sustentamo3 (1); pero hasta cierto punto se acerc'i fi la nuestra, puesto que habla de corifesión Jacta akenle parte, y dice que lhon proOat plene. AA, rlues, según Fabro, esto acaece cuando la parte se halla ausente, no cuando deja de aceptarse, y todavIa as1 la confesión conserva cierto valor. Toda la doctrina antigua, si se la e ~ t u d i acon la pruficndidad neoeearia esta d favor de la nueetra ('2). Importa no fijarse en cual. quier frase aislada, sino penetrar en el sietema de lor ercritores antiguos sobre la confesión. Para ellos no existe una dititiocihn preaisa entre contrato y confesibn, por lo cual se debe proceder con muchg cautela. Por esta razdn, por confundir el contrato y su prueba y la con. f(?sióndirtioguese, en cuanto 11 la necesidad de la aceptttci6n, la confesión judicial y la extrajudiciitl, siendo asi qiie rioror.ro3 h e * mos visto la impokibilidad de que nazca la cuestibn en lit aceptama cuando falto dicho reqiiisito. Poro osto no obstanto, la oonloslón puede existir si por el Juo~se ordonaie do ofio\o,aun ostando robcldo o1 colitigante, pues en diclio caso no falta Ia citaoidn contraria exigida por la ley, toda Vez que dicho tramito so ontfende con los estrados del Tribxnal ap SU rQprQsentaci6n y puede oomparooer y asistir a l doto si lo tnviero por Conveniente. Por oonseouencia de 0110, hay que tener por oonfoso, con todas las conseouonoias loga~os,al que probtare la confoeión Iiallbndnso on roboldfn e l adversario, 5 pesar do1 aforismo oitado por el autor y do la nooosidad de Ia -sicoptacidn, exigida oomo prooisn por o1 dareaho romano. Esto no obstante, el C6 ligo oivil, a l tratar do la prueba do las obligaoioDes, previene en su art. 12 16 que la conlssión judloial, piao:ionda odn dicho objeto, debe hacerso 'hall8ndose .personado on auto3 aquól b quion ha de aprovechar.-(hr. &l T.) (1) Lib. I V , tít. XIV, Dig. XLII, Otro tanto deoImos de la autoridad de lib. XLll, tít. 11,n. 6. (2) LOdoduoirnos do Munoini, 06. ciE., aap, 1, n. 39 tí 46, p. 17 g19; Oap- 11; a- 1 5 32. p. 37 tí 43; Xascardo, ob. oit vol. 1, ooncl. 310, p. 64L, y oonol+374, 3 8 8, p. 661.562, y De Angelis, I,1, Qu~catio,8, p. 61 b 84.

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LID. 11-DE

L A CONFESI~ISY DEL INTERROGATORIO

ción de la confebidn extrajudicial, que por si eola se invoca yacepta. Sobtener la nectsidad de la acsptacibn de la conEesi6n extrajudicial, es coiifui~dirla cuebtióu sobre la provibión ile prueba que! demuestre bu exi:tei,cia con la cuestión de FU acek~teci6n.Y no s e limittin t61o d decir que la acepttci6n de la coufebióii judicial no. tiene lugar ~egiliula iquidad cuu6tiica, que k610 atieride 9, la volundel conleeante el ttou apices iuris cotisiderat, como explica De Angelis, sino que taiiil~ocotiene lugar 6 i la coiifeoi6u se hu hecho fa. uorepiac causae vc¿ loci pii, b si es ixranle)tio vallatn d ge»iinata; y que,tampoco es necesaria la aceptación si resulta de las declara. cione~du dos tesiigiis,de un acta notarial, de una carta; todo lo cual prueba la ccnfubiciu eutre dos cuettioilee: la prueba de la coufesion y su aceptncibn. . Eeepecto & la confeki6n judicial, & la cual los doctores dan el a hecha en el juicio, cotrio veretnoe significado de i ~ i ~declaración que ha11 dicho Go~tiiiy tambibn Peticatore, la teoria coriibn la ha. sxyue:to Blanciiii acabsduineii te. Ros dice que Giarone, Alciato, Gabrielio y otros inuchog, opinaban que lu coiife5idil judicial deLiu aceptarse alzas 1tilt41 rdevnt,, recordarido tunibi811que, para estos autores, no 6610 es cotrfesida el reconociuiieiito de una obligacibn preexistente, bino tapibibn las olligucioiieu que p ~ e d a ncrear la obligacidn. fia desctrrt c ~ f ~ l c t tbíítide t, Rlnrici~i,g r a u u s b i paires ct in magna catervir, qrii togr l ~ i r il n t ) ~sewietiiiam, et ter.iore118el vece&liorrrit ~fJirwaevt, si4jJl~rle uoleeles solum par.lisyratse)itia~guoniuar c u ) ) ~confes-8io Y¿.! Juvvrabilrs, Ictckiurtlilas pro ace&fulionehabeltii'. Pero B uotolivn iio iiotj iiii~~orta eettl atercibu en favor de nuestra te&, porque rio be habla iiriicumente de la verdadera cvllfttión.. liitereea adc.rnAs advertir que la raz6n por la cual niuctios dootores to~tuvieroiila ~ecekidadde la aceptucitn para la cui~fe~ión judicial, eb ebta: 2 oiuriciuticrner~& vol&nocere ve)iuli~ia#li,puatido non fuit accepluia per 11u?fe»t.Es lo que dicen 6oLre poco ~ 1 d s6 menos Bartolo, Ealiceto y B ~ l d o9,, quienes cita llarcardo. A b i , pues, srgi[iii ehtos doctores, la coiifeeión judicial debo ser aceptada, porqw es una re~iuucia.Pero n~botrosveremos que si hay rtiiuticiu eii lo^ coutrtitos judíciale~l,iio existe en la coiifesión. E ~ t interpretttcibn a nuebtra, gana autorjdtld con el co1n6n sentir de los doctore^, los cuales 0 8 t h de acuerdo en que cutindo la conf e d n t e dirige ti probar una obligación pasada, uo se requiere

acepttici6n,s6lo, ti, cuando crea una obligaci6n. Ecl la teoria que Yevcalore ha presentado con su distinci6n d e los elemento*, uno ldgico y otro convencional, en la confesi6n. Pero nosotros que creemos qiie confedi6n eon tinicamente las declnracioneu que prueban una oblignci6n pasada, dabeinou amgu rar que nunca es necesaria la aceptacibn; esto tnirnio lo dicen los antiguos tratttdistari; Rlitncini escribe qne la confa~icinn o aceptada plene proba1 si (etzdit dunttnxnt ad rei arkTd3 probttliot#tm; I' n ede ~ Sxifitencia: rjworurator e~)itri,dice Mi 8h.rlorin (A), rtti de cnt{s? ir#slructux,quid pone)t<tta C O ~ W O T C PeI e l anirtta/lcerteve potevil, secus cal ita reqpo1rf1ei.e debetite qiti nmi Bnbrns I eruliweni ~~olitiatti praele)i~io,1utt8$arta's aduersae, quid re.ppnnrienrluati ~ g t t o r n h i l . ~ R07. ' I 4 I Hrt. 316 exige (y este nrtlciilo es aplicnble ti todo pro. cerlimi~nto),qiie Fe pregíotle-~ohre itecltos-1'~firet)les al procesode~?writlos~perlJi,:n~)rsnts -y por artlculo~~ e p a ~ * a ~(a). lr)s 608, P.i~riertrmerrte: dahi611tln~ei i ~ l t r r o ~ n rel, interrogante ¿debe expreearee en jornia dubitulic*a, 6 mej~ir,en forma aJir.n&a. Civa? (6). Con el ~ i ~ t e m (lea la4 p n ~ i c i n n ~e ~ ~reqtlerln l la Ewma afirmatiVa; con el tiicteiria de; i!iterrogtttorio nn puede exigir-s e~triforma; igualmente cierto que e ~ t n es , que la forina in~errcigrtivano ex, SEP. 11-DE

LA CONPESI~N JUDICIAL

Conf. Ap. Ct5nova, 17 do Ootubro do 1804 (Qiuriak, 1834,601). Ob. titi, n. 4. Spoou,ulator, Dr! posit., pBr. 3, n. o; Oaasao, Decio. &c., 113, n. 8 y D. O nsoo obra y ltqar citrcrlua, n. 10. Ob. oit., rap. VI, n; 1 4 14. {a\ LQmisma doclbrina se mantione on o1 nrt. 681 da, nuostra loy do Enjui@iamiento'~ofvil.-(\'. clcl T.) (6) El C6db prtro: oliilono do 1903 (art. 373), admito exprosamonto la for.m3asertiva 6 la Intorrogatiya, (1) (2) (3) (4) (5) *

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LIB. 11-DE LA CONFES-6~ Y DEL INTERROGATORIO 610 presa la duda de quien interroga, sino la duda que se supone en el interrogado (a). 509. Objeto del interrogatorio son hechos para los cuales la Ieg no pida imperativamente otra prueba 6 no prohiba el interrogatorio imperativamente. He~:hosdeci mo9, y , por confiiquiente, a) n o normas de derecho, principio corndn II to ia8 las prueh~tu menos a l jurtimento, como veremos en su lugar (1);b) ni apreciaciones tdobicas ni racionales ('2). 6U9 bis. Los íieclios objeto del interrogatorio deben ser referemdes á la causa, lo que sigtiifica que han de per i~~jlz~genlcs. Este concepto le pedía ya tsmt)i&nla doctrina antigua cuando exclula las posicionej intpe tiuentes (b). Eran impertinentes las poeiciones, arqrne nec directe, nec iadirecte, nec praesuntzve, nec ullo modo ad cnusanb conferuut; perli~ie~ttes qttae directu, indirecle, principalifer, adrnbir~ulaliz~e, conb~turative.praestimptive, coniunclioe, ve1 quocutfique atio niodo,faciuat ud causam., La impertinensia debe ser evidente, no dudosa; absoluta, no relativa; real, no aparente (3). 612. Este concepto de la doctrina antigua, corresponde al que

(a) Según el art. 586 de la ley de Enjuiciamlonto olvil, las oontestaoio~ nes del confesanto deberr ser ufirmativas 6 negativa^; si bien puede agregar el que las d6 las explicaciones que estime convenisntes 6 las que el Juez le pida. Si las respuestas fueren evasivas, el Juez la apercibirtí, de oncio' 6 6 instancia del colitigante, aon tenerle por confeso sobro los hechot respecto de los que no fueren oategóricas y terminantes sus contestaciones. Lo mismo debe hacer si el confesante se negare ó, dealarar, para escaso do que persistiere en su negativa.-(AT. dd E) (1) . V. vol. 11(1.' edic.), n. 174 y sig. (2) Ap. Palermo, 13 de Agosto de 18138(Poro Sk., 1808,834). Las apreciaoionos tampooo oon objeto idóneo de,pruoba tostitical. V. vol IY, 1. adio,, n. 188. (b) La misma doatrina rige en niiostro dareaho prooeeal. El art. 634 de la ley d e Enjuloiamicsnto alvil ditlpone que, on el acto de la aompareaencia, el Juez resolvera snbro la admisión do las i o iiaiones. Adc. mss, debe tenerse en nuenta el prlncil)io general consignado 0n los artfoud los 666 y 568 de dioha ley, aegfin el q ie deben concretarse la@pruebas tí los hechos fijados definitivamente como barre de la licis, que no rol9Iiaber eido reconocidos llanamente fueren objsto do discusión, debicndo xoyeler da oficio los Jueoes las que no se encumtran on este Qaao, así como las domas que fueren tí su juicio impertinente8 6 Zntltiles.-Ihr, dcE 2:) (8) Y, Michalorio, ob, &., cap. XIX, 113 y aigo.

611 mosotros ya hemos expuesto acerca de la idoneidad de los medio8 .de prueba (1). Concuerda adem&s con la ji~ripprudencla(2). Pero si se pretendiese que el concepto abrazaba tambi6n !a controversia, de tal mcdo, que dada la respuesta, la csuesti6n queda~eresuelta, ee confundirla el juramento decisorio con el interrogatorio (3). 513. H e m o ~dicho ya que la pertinencia no puede confundirse con la verosimilitud (4), pero sin explicar el por qu6. Sñadiremo~,pues, por qu6 no ee nececiario que el objeto del Interrogatorio sea verosintil. A veces, como tan sinteticamente expresa Blattiiolo (5), lo ver. dadero es Znverosinzil; la inverosimilitud es una aparie9zcia, no una realidad; conatituirft, puea, A lo sumo, una presuncidn qub debe siempre dejar el campo á una prueba directa en contiario, y de estas pruebas directas es una el interrogatorio. 'Por otra parte, se puede añadir que no debe considerar~ela inverosirnilitiid subjetivamenje, esto eR, en las respuestas del inte.. rrogado, ~ i n objetivamente, o esto e8, en los hechos que Be trata de probar, y en eRte sentido la (sverosincililud puede llamarse con mhs SEC. II-DE

LA C O N F E S ~ ~ JUDICl4L N

Pero 9. esta teoria, que se acoge por la jurisprudencicl dominaq(1) V. n. 178. Al enumerar eztos reqriisitos dijimos que no había objeto Idóneo de prueba cuando el hecho mismo había sido ya cxcluído 6 probado. El principio se aplica a l interrogatorio: V. Ap. C~gliayi,26 de Septiembre d e 1896 (Qitcr. Sarrfa., 1896, 352); Ap. Catanzaro, 9 de Pebroro de 1900 (ffao. Proc., XXX,536); Ap. Brescia, 30 de Junio de 186B.(A1ztr., 1870,II, p. 291); Ap. Palermo, 13 de Mamo de 1863 Id., II,2,16&); Cas. Nápoles, 11de Junio de 1881 (Pilangievi, 1832, p. 48). No sería razonable agmitir e l interropatorio sobre u n hecho ya probado, alegando que aquél no es m i s que una apelarión 8 la conciencia del aqversario, que podría renunciar al resultado de la pruoba on su favor. El razonamiento subsiste do hecho cuando el adversario eonoiente, no ouando niega; si consiente, puede, #ponte, destruir con la confosidn espontanea la prueba ya recogida. (2) Por ejemplo: Corto de Casalia, 3 de Mayo de 1377 (Gazr. Trib., XIX, #619), que admitiú el interrogatorio sobre heulios quo por sí solos, +Un siendo relativos á la cauaa, no eran concluyentes, pero qiie pueden sorlo, ya ',admitidos, consideradoa conjuntamente tí las rasttltas y a adqiiiridaa de la Causa. Uont. Ap. Venccia, 13 de Febrero de 1900 (T@m'n Vm., ,,i 1900,171). (3) Gas. Turín, 7 de Septiembre d e 1886 (Bett., 1886,I, 1, 613), y Mattirolo, 11, n. 735, p. 614; Borsari, art. 216, n, 1, p 311 del vol. 1.'; Rioci, Prove, h. 8b1, p. 443; Cnstellari, 06. cit., p. 117. (4) V. n, 177. (6) 11(5.. edie,), n. 768.

LIB. 11-DE LA COKFESI~N Y DEL INTERROGATORIO 612 t e (l),ee oponen rilgiinos autores y sentencias muy autorizadas (23.. Debe notar60 sin embargo, qiie estas doctrinas y jiiri@pruden. cia contrwria,.ni refutan lae razone3 d e la nuebtra, ni exponen l a s razone8 d e la silgri. La Cassci6n de Palermo n o h a eabido hacer mhs que una petición da principio, cuando para rechnzar u n interrogatorjo, A titiilo d e invero~imilitud,observa que la obra d e l Juez no es eii n~otloalgario Iiasivani automdtica, c;iiio inteligente, legal y ciincieuzuda. Todo wto, y m88 todavia, es efectivamente cierto, pero 110 jubtiaca el fitllo. Inrerot-iiiiil, ciertatiierite, es qi:e tenga Bxito faroroble para ek interrogante un iiiíerropatorio deducido despi16s que be iutentb. sobre los mismor; Iiechos unti iiifructuosa prueba tefiiifical. El ioterrogado, kegilro d e n o poder ser debmeiitido, no de-. clarard la verdnd, A periir d e lo ctial ~ert5admitido (8). 614. dPvdr6, el Jiic.x negar el interrogatorib, afiriiiando que 108 hecho8 que son rju olijeto revelan una intencibii purametite dilato~ia? El procedimiento au~triiicn(Ord.'T895, pdr. 275) y el alemha (Ord. 18\18, pár. 279) tiutorizan exprefamente al Jutx parti recba. zar los medios d e 1auel)a qut, parezcan deducido^. para rrrnear a l advereario. TanibiBn eii Praiicia be reconoce que el Jiic~zpitede rechazsr un jn terrogatorio que considere encaniiuado 6, retrasar la sentencia (4). (1) Cns. Roma, O de%uniodo 1903 (Foro ilal., 1903,775); Cas. Turfn, $0 de Enero de 1895; 7 do AI)ril do 1 3 3 (Qirrr. ToP.,1881, p. 40'3); 16 do Ootubro do 1853 (Al.. 1833, p. 11051; Ap. R ,lila, 12 do Marzo do 1893 ( 7 rud sorri., 189(1i, 214); 9 do Mayo de 1530 (Twtti R#II/I.,1839, p. 267); Ap. Tiirln, 4 do Jirlio de 183s (Qircr. 'ISw ,1873, p. fOi6); Ap. Ginnva, 27 da Noviembre da 1308 %,ni Qrn,, 1896,639\; 24 de Julio do 1832, Martemucci (Eco gittr,, 18S1,I, 365); 22 de Diciembro de 180L (Tumi G'eti., 1195,96); Ay. Pnlorrno, 3 do Soptioiiibra do 1896 (Circ. gitrr.. 1898,3L). (2) Gargiulo, art. 216, n. VIII, p. 32 do1 vol. 11; Boreari, art. 210, n, 2, pbgina 311 do1 vol. 1; Rlcci, l J ~ o rci ~ Y . ,11, n. 1.50, p. 184; Cae. Turín (Hrtl., 1858, 1,815); Cns. Floronda, 17 da Fobroro do 1868 (Ati?~., II,1, p. 110); Gas. Pan lermo, O de Junio de 1804 (Foro Sicil., 1804, p. 186)i 10 de Junio do 1897 (U., 1897,471); Ap. Luca, 30 do Marzo do 1801,(Xon. giiw., 1812,105); Ap. Trani, 19 de Dicioinbro do 180K22(le Ioviombro de 1899 (Riv. giitr. '1rrcitC,1897,469I 1900,60); Ap. Ploronofa, 8 do Janio de 1807, (Ann., 1,2,1QA); 19 do Dlolonibra de 1896 ( L e g g ~1897,I, , 483). (8) Ag. Venecia, 10 de ~ e b r o r o da 1898 (Temi Ten., 1898,176). (4) Garsonnet, 11(2.. odio.), pbr. 786, p. 6%; Oarró y Ch~uvaau,q. 1289; Cm., 15 de Abril de 1874 (Journ.du Pd.,1896,848). (

613 El procelirniento ingl63 (1) ad nite,el interrqatorio nlinq1xe se presente cori iritención dilatoria, bin perjuicio de condenar en ;as aostas 11 qui3n le I ) ~ O V O C ~ . Ejta diq)o~icibnea muy razonable. Prirnertirnerite, no eabernos por cir&l meiio llegard t í convencerse el Jiiez (le que lu intenci6u del iuterrog.iiite ea en realidad la de n1:irgar el juicio. En segundo lugar, no es menos claro que e ~ t oe610 Fe podrai .&mar cuaii.10, htihibndose coneliilrlu ln.iiit;triicci6n, el efecto del interrogatorio apareciera iniltil. Por e ~ t ainutili lati recoiiocitla se podrh, aun lue la cosa es diflcil, deducir la iu elici6n diiutoria, y proveer en lo que ee refiere 4 las c o s t ~ s(u). 616. Pero otrae leyes, para atimilir el interrngntorin, exigen que no retarde la instrucciirn ni el juicio (art. 324, C6d. fraricbs; 418, C6d. L)oi Siciliat.). Comprbiideea en estas leyes la fncultad do1 J I F Z pnra decidir arobre Ia Iridole dilntoriu del intorrogitorio, por iricis que A no-otros nos parezca iriiposible el recto y pr8ctico ejercicio de erjttr f.cultad. Nue-tro C6 ligo calla sobre este piiiito: en iiiiestrii. ol,iiiibn, e l J u e z no podrh, dudo el silencio, rech'iztir un i~~terrclgitorio uaegurando qiie su iinicti intenci6n es diltitiir el plrito. La Curte de Cdtania ayudarla, ~ i eliiburgo, n 9, sostenerlo (2); SEC. U-DE

L A & N F E S I ~ N JUDICIAL

(1) Auto 5 de Agosto de 13., art. 25. (a) &gÚn hoind~diahoga, en nuaatro sl3toma procoaal so llalla facultado

e1 Juez 6 Tribnnal quo oonocioro do1 j iicio para rogclor de olicio las prue bas que 6 su juicio fueren impertinentes 6 infitilos, y nquollus qlro no so oonoroten 6 los Iiuclio~fijados delinitivamonte on 103 oscri~o3do ropliua y dÚ. plial, 6 en los de danianda y contestaci5n 6 do arnpliuci6n on su caso. quo no hubieron sido confosados llanamente por ia parte 6 quion perjudiquen (arts, 665 y 666 de la ley du Enjuiclamlonto oivil). Adoni8s, oon arroglo a l -arte691 de dicha ley, las poaicionos d o b ~ rcforirso n B h ~ c i i c qno s sean objoto del dobato, y por 10 tanto, ouaudo no oonourra diclio rriquislto, 6 so rufieran las posiciones 4 hechos confosados ya pol; l a parto conlesanto en sus respeotivos e~oritoi,6 si resultaren importineute~13 intírilos, en todos estos aasos pueden los J ~ a c e ys Trlbilnalos rapeler dichas posicioi~os,o~nEorme 6 las dispoaicioncs legales citadas y en uso de la f a c ~ l t a dooncudida á los mismos por e l art. 6% d~ la ley procrtsal vibento.-(N. del F.) (2) 11 de Septiembre de 1877, Impaliomeni (Qiicr. Caf., VLI, p. '209). EXpresamente contrarias 6 nuestro asunto son las sentencias 1113 La Corte do 'Uatan~aro,2) d e Mayo do 1893 (Temi Culr~b.,1393,165); 5 do Julio de 1863 (Legge., 1838,I, 9%).Fa yorables, e n oambio, Cau. Palermo, 9 de Enoro do 1902 @'aro Cat., 1936,12), y Ap. Venecia, Id do Maxo d e lS9B ( A ami Ver&, 1889,530).

614

LIB. 11-DE

L A CONFESION Y DEL INTLRROGATORIO

pero en el caso que decidi6 se trataba de hechos tenidos por impo, luego, cauea licita para rechazarsibles; La inipotiibilidad e ~desde una prueba (1); pero es tambibn extrtlña 9, la intenoibn dilatoria de quien la propone. 516. La ley requiere expresameilte que los hechos Fean relativos tl la causa; pero no requiere que no sean crinzinosos o inmorales (2). La interpretacibn de la ley en este punto da lugar tí una de la@. mhs grave8 y debatidas cuestiones, que, por lo tanto, merece examen atento y profundo. 617. La opinibn de los escritores de derecho comdn, aegfin 1s. cual positr oni criminosce non est resjoutdenduna, t e r tenece d Baldo (8). Pero Bartolo (4) sostiene una teorfa. opueeta; aunque en otro lugar se decida por una solucibn relativa, diciendo: crinbinosce pos i l i o ~ ~non i est respondewduna, solum si agatur de repellenda . persona;: secta vero s i elicrnt de rehus sit inter partes conteniio. fJnicílmeute, reepecto & lo que asegura lllichalorio (a), la opi. nibn de Baldo tra verior, conamunis et is p r a ~ reoepta i (6), y lo era por la conocida mhxima del derecho canbnico: newo le~ieturdetegere proprianb turpituddt¿a1/;mhxitna que en el silencio del dbrecho romano sobre la materia acogian tambibn los civilistas. 618. La opinión de los ,escritores antiguos sobre este aciuntoj no tiene itifiiieucia alguna en el derecho moderno, por varias rs-zones: a) Porque falta en la legielacibn italiana uri precepto equivavlente ti la regla del derecho canbnico: nento teltatur detegere propriam lurpitudiriena. bj Porque en el derecho italiano, ni el interrogado, ni el interrogante juran; asi, pues, b i en el siritema de las positiones juradas.. por ambas partes, habia el peligro de que lapositio iurl).is ve2 cri. minosa expueieet! al interrogado G A perjurar 6 ti poner de maai-, ,

(1) V. n. 176.

(a)

V n. 180.

(3) Sobre la ley 2, p4r. 2, C. De iureiurando propter cal. (11, 59). (4) Sobqe la ley 2, p4r. 2, C. oitada, Coneilia, oons. 191, n. 3 y 4, L.;'.1 8 0 . bre el frag. 11, p6r. 1, D De uetione reruin amotarunt (XXi,2). (6) 06. cit., cap. XVLII, f. 20 y siga. (6) Esta opinión la siguen Soaoofa (Da bdiciir, p. 8.', oai. VII, n. 888); Qiasone, eobre la ley SO, 0. D, trariauet. (U,4); Maeoardo, ob. cit., oonol. 1177, n. 60 y 64; Odasoo, Decie. dee. 68. Mlohalorio dita numerosos autores y aen-

tenoias,

616 fiesto la propia inmoralidad 6 delito, en el sistema actual del 'interrogatorio no sub~idtee ~ t epeligro. c) Porque en el derecho coirit~nla contesi6n del reo no se repuse rechataba prueba suficiente, y de aqui que la yositio crimi~~osa zate, EupueMto que, aun admitibndola, carecia de resultados p r h ticos. Pero en nuestro derecho no bucrde acii, pudiendo el Juez formar RU propio convencirniento en la sola coufesi6n del inquirido (1). l . En el derecho moderno, veremos que, ante el texto claritimo de la ley, no es divcutible Ite teoríts de la plena admisibilidad del interr~gat~orio sobre hechos que con~tituyandelitos d.que sean inmorales. E1 art. 2 1 6 no habla de esta condición, bastdndole la d e que se refieran al asunto, por mhs que el art. 1864, C6d. civ., establezca la res~riccibn. E ~ t oa610 bastaría, en quien quioiera interpretar la ley segiln los rnh sarios principios de henrien&ut.ica,para resolver la cuesti6n. Pero, fiea por tradicibn hist6rica, aea por un celo mal entendido, 6 sea, en fin, por cautiao'de moralidad, el problema ha tomado enormes proporciones que exigen ser reducidas 8, sus justos limites. 620. Las opiniones de los interpretes cobre el problema, son las siguientes : a) Uiios niegan absoliltanaente la admisibilidad del interrogatorio sobre hechos delictuoeos 6 torpes (2). SEC. 11-DE

LA C O N F E S I ~ NJUDICIAL

(1) Que l a opinión de la dootrina antigua carece hoy d e aplicaoi6nJ lo demuestra tarnbi6n e l hecho d e quo los esoritoros franceses anteriores a l C6digo tengan por inadmisible el interrogatorio sobre hechos delictuosos 6.. intnorales, mientra3 los ~iosteriorcs,en su gran mayoría, digan todo lo contrario. V. Dallo~,Itép. v. Il,terrug., n. 26; TIssier y Darras, O o m . , art. 331, n. 9 y 10. (2) Gargiulo, art.'216, vol. 11, p. 34; Palazzi (en In Uazz. Zeg., IrI, p. 17);, Ap. Palermo, 10 de Soptíenibre de 1888, Micoiché (Circ. giurid., 1889, p. 320); 27 de Marzo de 1878, Majolli (Ato&.,XLI, p. 310); 2, de Enero de 1881, Micci. oh6 (Bett., XXXIII, 11, 356); Ag. Veneda, 25 do Octubre de 1888, De Amioie {l'emi Ven., 1883, p. 6%); Ap. 1\1i16n, 3 d e hoviembre de 1868, Pagani (Qiur. l'or., VI, 163); %O de Febrero de 1834, Picoioiie (Mon. dIiZ., 1884, p. 408); Ap. Casaliu, 13 de Junio de 1808, Virgilio (f4aicp.. Tor., V. 661); Ap. X$poles, 3 de. Marzo de 1871, Ludovici ((fazz. I'ruc., VIIT, 411): Ap. Catania, 24 d e Febrero d e 1877, hlowusza, fflt~r.Cuf., VII, 60); l b do Noviembre de 1879, Interlandi -(Id., IX,213); Ap. Purma, 16 de Octlibre, d e 1830, Cooohi, (Non. Md.,XXu, p. 831); Ap. Turín, %O du Abril do 1877, Vol1 (rdir~r.Tor., XIV, 616); Ap. Roma,. 10 de Mayo de 1832, Bardi Dui (Poro itul., 1882,825); Ap. GBnova, 28 de Abril

b) Otro?, por el contrario, adalilctr sieirtpre el iuterrogtltorio sabre hechEs d e i i c t u o ~ o s6 torpes (1). c) Otroe creen q u e no ea la cuebtión de que ~e trntn una t e ~ i v susceptible de solucion absoluta, tii t a m p o c o u n a v e r ~ l i i ~ l e rcueua t i ó n d e daiecho. T r a t a s e p a l a ellos d e uii asu)ilo de litera o~)~eciacidn, que d e b e coiifiar~e,eii ciida c;iso, al a r b i t i i o d e l J u e z , e l clitil, teniendo p r e ~ e n t e la s neceeidad del i t i t e r r o g ~ t o r i o el , gratlo d a iiiiiio. ralidad d e l hecho que es eu cbieto, lu proballilidacl d e b u L~iteiires u l t a d o y otros extremos parrcidos, udruitird d rachcreürk el i u t e * rrogatorio ('L), d) Otros, erigiendo en regla de derecho lo que los ~ i i ' e r i o r e a concideran un criterio coiifiitli, 9, 1 1 v ~ l u ~ l t t tclui d AIiigi.iir'i(lo, tiostienen la ndativitrilirl c I (¿el ir~let*rog ibt)i*iosub .e Iteclt.)r i~t,ttot.cilss;pero %o delictuosos (8), 6 bien adiriiten el iiitercogatot id -obiu rbie liecho, ya delictuoko, ya simplenieute inmoral, cuutdo rro Iucy ofr o iuedio de prueba poslble (1). ---

dB 1834, Drineri ,lk€t..1834,I1,33;). Esta últiinu aontoncia deba seiialar~opor PU Últiino considorando. (1) Ricci, I'rove, ti. 247, p. 433; Cnzrori, sobro o1 art. 216, n. 9, vol. 111, p. 36; Avondo, Dir. gircd., (Tiiríi., 1830, p. 130);Mattiro'o, II (d." otllc.l, n. 7J6, p. 614 y sig.; Ctarsonnot, 11, p. 421, n. 6; Cawtolluri, u l . cit.. p. 120; Bonnior, 05. cit., n. $73, p. 335; Bosono (en lrikng.. 1879, 11, p. 30i,), qiio duj6 bobro ol'asunto una excelente monografía; Cus. Roma, 26 do Mayo do 1890 (h11t.o itnl., 1839,618); Cas. Palormn, 22 do O ~ r u b do r ~ 1893c F ~ Sic.. o 1)98,257); Cas. Turfn, 13 do Marzo de 13G3 (Cuila. Ujy., 1803, p. Id&);Cas. h$p#~los, 16 do Marzo do 1387 Lpg,qe, 1337,II, POS); Crs. [~loroncla,12 do Kovloiiibt-o d e 1893, Antoliiii (Id., 189J,I, 351); Ap. Gjnova, 16 do Jallo do 1831, G.ia.coni ( Motl. Afila.1893, p. 12); 30 de Abril do 1313, Sevorini ( B d t f . , 133J, lí, 577); 13 do Pobrero de 1819, Cldrloi (T~cthiGeti., 13J9, p. 199); Ap. Turíii, 26 do Marzo do 1883, Garbasso (Furo iful., 18?3,703); 16 do Soptluitibt.~ de 1807, Spliipardi (Gucr. !Z'or., ¡V, 642); 6 do Julio de 1872, B:irbarona tLl., IX, 673); Ap. Casulla, 21 d e Febroro de 1866 (Uazz. Ttib., XViII, 66,)); Ap. Hroscla, 22 do D1ciuiiibi.o de 1876, Rosti Ferroni (UOJ~, JIil., .XVII, 3hL); 16 do Eiiero do 1857, Blanyi (Alr?hu¿i, u, 669); 21 de Ovtubro do 1872, Barbiori (Lrgge, XIlI, üi));Ay. Vone &a, 18 do Marzo do 1573, Monogliini (Atmccli, VII, 275); Ap. F l ~ ~ d i i c i9a do , Ootubri, de 1% 1, Ilicoi (Id., Ir, 494); 17 do Diciembre do 1873 , Paolo (Puro itttl., I V , 233); Ap Palermo, 16 de Marzo do 1898, Rojato (It., 1892,162); 3 de Marzo do 1890 (Jui., 1890,274); 6 d e Febrero de 1899 (Tenii Ven., 1899,163); Cas. Roma, 16 do M a r ~ od e 1889 (Ann., 1889,I, 143). (4) V. Signeli, Il s i h i o (en iilr~strac.iinl., 7, Novimibre, 1897). (6) Ze eisf. ifctlic. de la Qrai, BreE., 11, p. 90. (6) Art. 649, 666, ley da ~ n f u i o i a m i o ~civil, t o y 1."edic. ospaiiola de esta obra, 1,p. 101, a, (7) Art. 164, 2.O p6rnifo. (8) P6r. 138. *Toda parte debe doolaramo respooto 6 loa heclios awgura-

SEC. 11-DE LA C O N F E S I ~ N JUDICIAL 615 notable en este punto el radical cambio de sistema do la legislación austriaca. El antiguo reglamento (phrs. 5 y ll),disponla que el deman. dado debía hacerse cargo en las respuestas de toditj las circun~tan &as narradas por el actor, y responder sobre cada una p trticuiar. mente y sin ambigüedad, no biendo de ningdn eftcto la adici6n de la clhusula negatoria gmeral.' En su defecto, laa circunstancias narradas por el actor se tendrsin por verdaderas en la defiuici6n de la causa. Este mismo sistema era el que adoptaban el C6 1. proc civ. estense (1) y el Cbd. proc. sardo de 1859, admitia parciiilrnente el sistema auvtriaco en el art. 156, estableciendo que los hechos relativos h la jíliacidn, a la cualidad de lbevedero y ti la 'po~esidtt de bienes, se tendrian por admitidos, siempre que la parte iiiterpeladi eobre los mi~inosno los contxadijera en la ckdulu inme,liataniente suceaiva, salvo prueba contraria; precepto no repetido por nuestro

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dos por el contrario. Los hechos no contradichos expresamonte deben con* siderarse admitidos, si no resulta d e otras d e ~ l a r a c i o ~ la i e ~intenciún de quererlos negaiS.n (1) Así lo declara una sentenoia de la Corte do Mbdena, 20 do Febrero do 1875 (Ann., 1876,111, p. 45). 4Aquien considere la organizaciGn del juioio, le sera facil notar que os Ingénita a l misiiio la facultad d e interrogar sobre los hechos relativos 6. la oausa. Gompuosto de un discurso continuo, oral y esorito (continlra oratio et peroratlo de los romanos), forma en sustancia, un tejido d e recíprocas preguntas, respuestas y contrarrespuestas sobre heohos y oircunstancias respeotivamente aducidos, mediante los cuales cada uno de las litigantes pro. Toca 6 intenta provocar la confesidn del adversario en todo aquello que, 4 su parecer, debe procurarle la victoria; y la buena fe exigiría ciertamente que los hechos verdaderos se admitiesen con lealtad 6 so rectificasen en lo que tuviesen de inexaoto 6 incompleto, conoodiéincloaea l Juez la potestad d e interrogar de ofiolo, si no so respondieso 6 so rospondiese ambiguamelite 6 .al&n hecho influyente. Preoisamente por esta estruotura natural del juicio, algunos sistetua5 procesales, como el aiistriaco y el estenso, quorian provocap la oonfesi6n mediante la obligaoiln rigurosa do respondor oategórioamente d todo3 10s heohos expuestos por el adversario, so pena de que, caso do rebeldía 6 contestarlos, 6 de ambigua respuesta, 6 de cl6usula general negativa, 6 de silencio parolal sobre alguna circunstancia, se tuvieren en preaunoióii legal d e oiertos los hechos expuestos por la parte contraria g p r e ~ t a r l e splena f e en cuanto no estuvieran en aontradicoidn con pruebas sxistontes en e l pro. aeso. En aquel sistema, toda la trama del proodso era una n e r i ~encadenada .de interrogatorio8 y oontrainterrogatorios.~

LIB. 11-DE LA CONFESI~N Y DEL INTERRCiGATORIO 626 Código, que confirma como iIinica excepcion l a d e los arts. 1331, Cbd. civ.; 283, Cbd. proc. civ. (1). El Reglatuento auatriaco de 1895 h a modificado profundamente el antiguo sistema. En t l j~liciocontradictorio, el Tribunal juzgara, con~iderando cuidadotamente en su conjunto el contenido de la expoeiciqn del contrario, si deber, c stimarse admitidas aaercioiieu de hecho de, una parte, en defecto de confesidn expreEa del adversario ([)gr. 267). En el juicio en rebeldia, por el contrario, 13 cxpo~iciónde hecho de la parte comparecidh, relativa a l objeto d e la contienda, Re considtrartk ~erdadera,en cuanto no la contradigan pruebas t e n t e ~( ~ ~ d396). r. 648. De lo que llevamos dicho ee deduce un principio fundamental que doniina en toda la materia de coufekión tdcita: que la confeeidn tdcita efi una verdadera y propia presuncibn legal iz4l.d~ tanfum. En virtud de este principio, debemos cenmrar 10s crnsideraqdos de una ~entencia(2), feg6n la cual, la confesión tacita es una especie de pena iinpuekta ti quien no obedece las drdenes tie la au. toridad judicial, dirigidas d regular la verdadera instruccicii~d e los juicios, y 9. impedir tergivertzaciones injuktas, dispindiosar; y perjudicialt s. Si la confesión tdcita es una presiincibn, no tendrh, por consi: guiente, los efectos de la confesión judicial expreca, espontanea 6 provocada; pero ~i f u e ~ euna pena, deberian tener los mismos re-

(1) V. vol. 111. (l.' edic.), n. 235. No hay que confundir la confesió~tddto con la renuqtciib á opolrer ~bulirlndesprocesufes( V . , por ejemplo, art. 190.191, Cúdigo procesal civil). A*í, v. gr., e l art. 191 daclara subsanable la nulidad de los actos,de procedimiento posteriores d la citaciún, si no so proponen esge. cfficameiite en la coinl:arccencia sucesiva nl acto quo se quicre inigugnir. Aquf se trata de roiiitiicia 5 una nulidad, no do tina confesiGn de validez de un acto. En efecto: lanulldad de los actos os cuestióii de dorccho (conf. articulo 192, CGci. proc. civ.), y, oomo vimos, el dcrecho no piiodo sor objeto de cot1fcsi6n. La analogía entre e l caso del art. 191 y o1 del d4Y3,%epuramente formal, y no siistancial. (2) Cas. Turin, 46 de Fcbrero de 1886, Giusoppi c. Soharplatx (Alan., 1886, 1, 269 y sigs ). La Corto de Ap. de Florenaia, 10 do Agosto de 186 5, Bongi c. Stacchfni Durasüo (Annali, 1863,II, 1121, n. 4), considera la confodidn tdcita oomo una perla que ee impone a l que falta a l preoepto judioial. Esto es tam. biBn e l concepto de la L 11, p8r. 4, D , De interrogat~ortibue(XI,l), que dioe: dmtwnax... yrueforcni co.thirrist-e videlur.

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sultados. En su lugar demostraremos, que & lii conEe~ionthcita falta un eleinento eeencial para poderrse equiparar iL l a expreaa, por cuya razbn deberno3 rechazar la sentencia de la Corte de Turin.

Replcisitos de la confesión tácita. b3Y. Para que exista confesibn thcita, son necesarios los siguientes requisitob: 1.O Que se haya admitido el interrogatorio, fijado e l dia y notiíicado la proviuencia 6 orden de admiaidn, 2.O Que l a parte, legalmente notiEcada, no comparezca 6 re. huse responder ~ i justiticar n un impedimento legitimo (1). Respecto al primero, nada tenemos qiie añadir A lo que hemos dicho (2). 553. Debe investigarse, sin embargo, p i habrh confesión tacita cuando ee rehuse comparecer ante el Magititrado en los casos en uqti BELO,valibndote de la facultad que l e concede l a ley, ordene la comparecencia para electos puramente inetructorios. Nuebtra opinibn es que no hay en'eatod casos aonfebi6n, y 1s deducimos: a) be1 silencio de la ley, que sblo habla do falta de comparecencia 6 de re8yuedta en los casos de int6rrogatorios presentados por las partes. b) Del hecho de que la confesidn thcita es, como veremos, una presuncibu de la ley; y como Bstas qo se deben confundir con las presuucionea del Iiumbre (Itomilzis), no se pueden admitir sino cuando la misma ley las establece (3). c) Ea el interrogatorio se ~iabelo que la parte interroga, debiendo las preguntas hacerse por Geparado, a l yaeo que en l e com(1) No se verinca esta hipótesis cuando ooniparece 6 roaponder una persona ffsica no capa¿ en representnción d e una perdona jurídica. Cas. Turín, 12 de Julio de 1898 ((4izcp.. Z'or., 1899,1186);Ap. Casalia, 8 de Marzo de 1904 ('leini 1904,155). Pero hay negativa 6 responder cuando, aun respondiendo 5 un capitulo, no se contesta 6 otro. Reliiisa responder el que, interrogado sobre s i posee ciertos valores ó si sab3 donde se encuentran actualmente, nieja poseerlos, pero rehusa indioar la portiona que los tiene, Cono. oi6ndola. Al). Genova, 10 de Febrero de 1897 (Teati Velb,, 1897, 108). (e) V. n. 630 y sig. (3) V. vol. V. (l." odio.), n. 78. -.*"av*** * *-.. ,' S. .

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parecencia no se sabe lo que preguntara el Juez, por lo ciial nnnca+ podrh tampoco precisarse lo que debe tenerse por admitido en l a no comparencia (1). Por estos motivos, parécenos que no puede invocar~eel argumento de analogia; pero lo que no pudemos negar, e6: que la no comparecencia de la parte proveer& a l Juez de uii indicio en contra de ella (2). Ni tampoco habri confe~ióntacita en los caRos en que, habibndose admitido el interrogatorio, la senteocia 6 providencia que'le admita, ordene la comparecencia de las partes ante el Pre~iderite 6 el Juez delegado para fijar la audiencia 6 el dia en que ha de tener lugar el interrogatorio, y la parte que deba re81 onder no comparezca ante la autoridad que ha de señalarlas. La x~ocompare. cencia en este caso debe interpretarse en el aentiJo de que 9. l a parte la es indiferente la audiencia 6 dia en que ha de resyoiider. 651. En cuanto al segando requisito, sabemos ya cudndo la; parte esta legalmente notificada de l a admibión del interrogatorio y de la fijación del lugar y dia en que ha de celebrarte; falta iIitiicamente ~ a b e rcuando se debe tener por jucjtificado un iuapedi. mento legitimo. Debemos, pues, indagar: 1.O Quien debe justificar el legitimo impedimento. 2.O Cuando hay impedimento legitimo para comparecer 6 reaponder. 3.O Cual es el termino en que se debe justificar el impedimeii to legftimo. La primera indagación ea de solución evidente. Justificar& .i impedimento legitimo el interrogado. (1) Esta razón la presentan: Bonnier, obra citada, n. 384, p. 342 Gargiuld, sobre el art. 401, n. 3, vol. II; p. 78 y 79, y Borsari, sobre el a t. 401, n. 6, p. 4t0. Pero no concurre cuando so delegase en otraautoridad 1 ara interro. gar fi la parte. Si las partes residen fuera del Municipio 6 dc 1partido, e l Pretor puede requerir que se las oiga sabre hechos especificad s por el Prct o r de la residencia (art. 446, C6d. proc. civ.). En Francia, d~ niina la opi: ni6n de que el Tribunal es libre, según las circunstanoias, d e considerar 6 no comprobados los hechos del interrogatorio en la cornpnrutic tr dc8parfieu. Y . Carr6 y Chaveau, q. 602; Garsonnet, 11 edio.), p. 6-2; Tiss 9r y Darraa, Oom., art. 119, n. 24. (a) Tambi6n en e l caso del art. 839, Cbd. proo, oiv., l a no oom ~areooncia 6 la obstinacidn en no responder, no constituirfin, por las raoone? expiiostas, una oonfesi6n ttícita. Laurent, V, n. 268; Ricci, Dir. crv., 1, p8r. 188; Gargiulo, IV, sobre el art. 839.

Pero la jurisprudencia consiente a l mismo Juez investigar b i t a l impediirieuto legitimo existe, esto es, si la rebeldia no es fruto de la voluntad de rehusar l a respi~esta,y entonces, rsi Bsta legitimamente se reconoce, puede eliminar la confebión tacita (1). 642. La lay no declira, ni puede declarar, cutí le^ son los impedintettlos legllitnos para conzparecer; estamos en un campo en que .todo debe depender de la apreciación del Juez (2). 'blattirolo, sin embargo, con una de sus sintesis felices (3), en que resume los caso8 decididos por la jurisprudencia, foatiene #que para constituir la legitimidad del impedimento, no es menester una imposibilidad flkica y absoluta (4), batita la imposibilidad moral (6). Pero, por el contrario, una pequeña incomodidad 6 una dificultad fhcilmente superable no pueden aceptarse como motivos suficientes para ju*. tificar la no comparecencia^ (ti). De cualquier m020 que sea, no deja de ser 'importante parar la atencióti en algunos casos decididos y juzgados, especialmente en (1) Cas. Roma,.2l de Abril de 1906 (Poro itaL, 1896,1, 719). (2) Pueden verse, como ejemplos de analogía, la L. 63, pár. 3, D. De iudi-rala (XLII, 1) y la L. 1, 3, D. De fegis (11, 1L). Los misinos juristas antiguos (V., por ejemplo, Michalorio, obra citudd, cap. XXXlI, n. 14, pág. 5%;LX[, ln. 41, p. 91), se limitaban, sin mas expllcaclones, 6 decir que la regla de la tacita coolzfesuio Cisiitcctur in iuste irnpedito. Pero hace falta advertir, con Ia Corte d e Lucca (10 de Abril de 1865, Guiduci o. Talochini, AnnalJ, 1866,II, 268) y de Florencia (16 de Mayo de 1881, Marini, Annali, 1862, 390, n. 2), que la jurisprudencia da1 derecho común fu6 siompre amplia y benigna para admitir la causa de la contumacia. (3) Obra citulla, II, n. 762, p. 6% Conformes: Ricci, COW&?ne, 11, n. 169: Cfar.giulo, Cownr., 11, p. 26; Ddttori, p. 162 y 163; Marenco, n. 74; Cu~zcri,sobre 01 art. 218, n. O, p 49. (4) Por la cual la Corte de Apolaci6n de'Turín decide aque para oonstituir el impedimento que quiere la ley, no as neoesario e l caso d e fuerza nlayor:, (26 de Febrero de 1874, Longo c. Casalegno, Brttini, XXVI, 1,877): abasta uiia causa independiente de la volnntad 6 d e la culpa del interrogado^ (aun. NzL, 1809, y. 1030). (6) E1 oumplimionto de un deber puede ser impedimento legítimo cuando, aun debiándosc cumplir tambien una obligaci6n, d e no cumplir aquel s e .originase un grave daño. (6) E l no estar en el domicilio por intereses privados no oonstituye impedimento legítimo. Ap. Florencia, 28 de Junio de 1877, Vardiero o. Marini (Poro, 1873,1, 174); pero s i es por asuntos comerciales urgentes, puedo reputarse por tal, 6 no ser que el interrogado conociendo el día íljado, hubiese volutariamenta apresurado la partida, 6 bien cuando sin grave perjuicio pudiera retornar oara e l día del interrogatorio. Ap. Caealia, 2Abril d e 1887 ( ~ i u rCm., . 1887, a04).

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cuanto atañe S la jastificaci6n, ti Ia prueba del impedimento. Como regla general, debemos advertir, con la Casación de Turfn (l), qiie la prueba de la existencia del imliediiuento legitimo debe retiultar de una deducci6n completa; tan completa, que e l Juez pueda convencerse de su existencia ~ i necebidad n de examinar los resultado6 de la iuformacidn, lo cual, sin euibargo, no significa que la prueba del impedimento deba resultar de pruebas rigurosas y especiales (a). Ante todo, la enfirttledad, cuando sea grave, constituirti un impedimento legitimo (3). Se entender&que la enfermedad es grave, cuando, aun ~ i e n d o ligera de por si, se empeorase con el movimiento. ¿Pero c6mo se probar8 la existencia de la enfermedad? Se ha decidido que no basta un sencillo certificado facultativo, & no es. tar legalizada la firma por la autoridad competente en el lugar en que se ha extendido; abi, pues, el certificado de iin mkdico, hecha en pais extranjero, deber&estar legalizado; la firma del faaultativo por el cbnsul italiano, y la de Bste por el hlinisterio de Aeuntos extranjeros (4). La jidla de medios de contunicdción y transporte yodrh tambiep constituir un impedimento legitimo (b), 9. no ser que medie dolo b culpa. La iynorancia legftinia de la obligaci6n de comparecer es una excusa vhlida; pero no se admite cuando el Procurador no se haya to(1) 18 de Noviembre de 1882, Parravioirii o. Saronni (Qiui.. Tor., XX, 09)+ (2) Gas. Turín, 26 de Febrero de 1885, Giuseppi o. Scharplntz (Ar~?aa12,1886, 1, 269). (3). V. Ap. Turín, 19 do Noviembre de 1778, Booh c. Mrinecy (Glar. Tor. XVI, 74). (4) Ap. Turín, 13 de Abril de 1866, Grassa o. Moretta (Bettis*i, XVIII, 1 137). Pero recientomente la Gas. Géiiova (27 de Abril de 1903, Te~errliQnr.,1903 298), repudió textualmente estas mkximas, y con rabón, porque la ley quiere con6'arse B una libre oonviocidn del Magistrado, iuoluso para la prueba del impedimento legítimo. La Casación de Turín, 26 de Febrero , I, 269), oroe que esta probada de 1885, Giusseppi c. Soharplatz ( A ~ w l i1885, Ia enfermedad con un atestado del Aloalde, Notario y conoiliador, en defeoto de MBdico. (5) Pero se ha dwidido (Ap. de Caslalia, 14 de Bebsero de, 1881, Sonrro,ne o. Ronfani, Qiuriapr. CM., 1, 895), que no es legítimo impedimento la p6r. \dida del tren que se dirige a l lugar m que la parte debe responder, auanqo por abro8 caminos y medios la parte podla llegar 6 tiempo.

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mado el cuidarlo de avirar & la parte cual ha sido el dla fijado para responder al interrogatorio (1). Pero ~i hahrh excufia cuando l a carta del' Procurador en que S,* advertfa ii la parte ~ .haya e extraviado, aun habiendo'sido expedida expresamente 6 en cprreo certificado; 6 cuando no se hiipa podido dirigir A la parte por no poderla encontrar, ii p e a de todas las diligencias en su busca (2). 553. En cunnto al impedinzenlo Zegitinzo para responder, dada ya la comparecencia, pueden originaroe algunas cueptiones. La primera e8 Bsta: la jizlta de nzemoria, alegada por el interrogante, des impedimerito legitimo para no constestar? (3). Las soliiciones pon varias. 8egún el phr. 267 de la Ordenanza austriaca de 189.5, el tribunal aprecia libremthte si l a declarac16n de no kaber 6 no reoordar, ddbe considerarse como declaraci6n que exciuja la admisi6n de una caiifeaibn 6 que pueda contenerla. En el silencio de las leyee francesa 6 italiana, los autores s e dividen. Sostienen algunos que la reppuesta s o nze acuerdo y otras eqiii,valentes, no sigiiifican que no se qaiera confesar, y pctr fessus9. la prueba en contrario, sino que debe admitirle, ei lo pide. Es inilitil, por tanto, decir que el art. 218 no da una potestad; no l a da, porque impona una obligacidn. El art. 218 coneiente dos pruebas contrarias. La una, expre. eada en el mismo, es prueba txtrinoeca, que tiene por objeto el impedimento iegf timo B comparecer 6 9. responder. La otra, con. sentida en tl sistema general de las presuncione~legalep, es prueba intrínseca que tiene por objeto el error, en el caso especifico, de la pre~uncitnlegal. Para negar esta prueba intrineeca, el Cbdigo procetal tendria que emplear t4rminos resueltos que derogaeen en el caso los arts. 1362, 1858, C6d. civ. que regulan todas las presunciones legales, Eean pustantivas 6 procesales, si quiere hacerse esta distinci6n. No dejan de tener valor algunas consideraciones practicas que en procedimiento6 no pueden dejar Be apreciarse. 1.O Es d a ñ o ~ opreferir Como purgaci6n de l a confesión tacita l a justificacibn de un impedimento legitimo -que suele ser una formalidad sobre la base de engaños f4ciles de obtener y piadosamente aceptados por verdades-ti la prueba contraria que se propone cambiar l a verdad artificial por verdad concreta. 2.O ERmuy grave atribuir al que no responda una confesi6n irrevocable cuando cc le admite al que responde frubtrar las espec. tativas del interrc gante con una negativa que puede ser no motivada A impunenietite falaz. 3.O Es preferible comprobar la verdad 9, tener por verdadero lo que ee puede prol,ar ccmo faleo. Todo el progreso en el procedimiento probatorio el Cbdigo austriaco da un luminoso ejempla

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LIB. II-DE

LA ,:ONFESI~N Y DEL ~NTERROGATORIO

de ello-est& precisamente en ir de la verdad ficticia, 8, la verdad real. 564. . De las diferencias entre confesión tacitaxy confesibn e s presa, se deducen e l a s consecuencias: La confesibn t&cita, es revocable por error de hscho y de derecho. 2.& La confesi6n tacita no puede invocarse en otro juicio por las miemas partes. A este prop6sit0, Jta hemos recordado la opinibn de Giasone, que aceptamou (1). La opinibn de Giasone es la misma que, sin demostrarla, tenia Bartolo (21, y que seguian, como asegura Matl cardo (9,Cino, Baldo, Alciato y Aretino: tambibn Mancini la *ostenia (4). La rechaz6 ~ i embargo, n una sentencia de laCorte de Peruka (5),fundhndose, y equivocAndo~een nuestro entender, en l a idbntica naturaleza de las confesiones expresa y presumida. 3.& De igual modo, y por su naturaleza' de presuncibn iuris, la doctrina sotltiene que la caducidad de la instadcia, que, como vimos, no daña & la confesión expresa, perjudica & la confeuib~presunta (6). 4." La confesi6n presunta no causa estado contra el here. dero (7). (1) V. n. 444. (2) Sobre la L. 29, D., De iure$sci, SLIX', 14, n. 1 y 6. (3) Ob. cit., concl. 348, n. 32, vol. 1, p. 667.668. (4) 0.5.cit., c. VI, n. 30, p. 176, y 36, p. 177.

(6) 20 de Abril de 1871, Almagia c. Mazzi (Annali, 180). (6) Michalorio, ob. cit c. LXI,p. 88, y v. nuostros n. 15 á 17. (7) Pabro, 1, VIIT, t. XXIV, d. 111, y Mancini, ob. y lag. cit., n, 33, p. 176, aontradicen en este punto, y contradioiéndose0110s mismos, B Miohalorio, S&. y Zug. cit.

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SEC. 111-DE

L A uONFESI~N EXTRAJUDICIAL

S E C C I ~ N111 DE

LA C O N F E J I ~ N EXTRAJUDICIAL

O A P ~ ~ U LPRIMERO O Oonceptos generales. SUMARIO 665. Especies de aonfesión extrajudioial. 566. Restricciones la prueba testimonial de la confesi6n extrajudic1a+

oral.

566. La confesión extrajudicial es de varias especies. Si 8c atiende á la pers0n.a h quien se hace, puede haberse hecho la parte 6 quien la representa, b bien & un tercero. La confesión extrajudicial hecha á un tercero, no hace prueba plena, y aun propiamente hablando, no la pertenece el nombre de confesión (1).P e r s ~jguiendola terminologia del Código, hablaremos do la confesiein extrajudicial hecha d la parte (5 & quien la representa, y de las de. claraciones extrajudÍ'cjales hechas 9, un tercero. Si se atiende 9, lafumrza, la confesión extrajudicial puede ser e~crita6 verbal: esta ~egundadistinción, con las reglas que la sigiien, la tendremos prssente en el examen que hagamos de las dos primeras, siempre que el escrito en que la primera conste no la d6 cardcter de prueba escrita, en cuyo caso la relegaremos 8, su lugar oportuno. La confesión extrajirdicial, por iiltimo, nunca es tticita, sin* siempre expresa; ya lo hemos dicho al asegurar que el pago no puede llamarse*confe~ióntacita de la deuda (2). Borsari lo advierte tarnbi6n oportunamente: tla aprobación implicita de una obliga*, ciein con la que se, demuestra un hecho, que 8610 de este mod@ puede explicarse, es un signo de valor que puede invocarse muy trtilmente contra el que la niega: en sentido muy amplio es confesión tambidn, pero no de aquella de que se ocupa el Código (3). (1) V. n. 394. (e) V. n. 646. (8) Cotnwt. cbd, civ., art. 1367,

1369, p. 931.

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LIB. 11-DE

LA COKFESI~N Y DEL INTERROGATORIO

Si todo hecho humano fuese una confesibn tacita extrajudicial, e l .campo de esta institución seria ilimitado y comprenderfa toda la teorfa de la.presunción y de los actos jurídicos. 666. Un punto corniin á, las dos especies principales de la confesidn extrajudicial verbal, es el de'las restricciones puestas & la prueba testimonial de esta clase de confesiones. Es muy lógico que la ciencia y la ;ey re~uelvanel problema de la prueba te~tificalen relación con la de la confesihn extrajndicial. La antigua doctrina, seg6n la cual. se decia: test& uwus, teslis .nullus, estudiaba algunas notables aplicaciones de la mbxirna la prueba testimonial de la confebión; discutía si bastaba un testigo para probar la confesi6n, habiendo ya otro testigo, que es la propia parte; si ba~tabaque un testigo asegurase la confesi611 y otro la iubsi~tenciadel hecho confesado; si bastabit, en fin, que el testigo hubiera oído casualmente la confesión 6 Pi era menester que hubiera sido llamado expresamente & oirla (rogado) (3). La ley italiana no reconoce el principio teslis unus, testk nullw, y la doctrina antigua, por con6iga1erite; carece de importancia practica; pero las restricciones vigentes puestas ti la prueba testifical se aplican ti la prueba testimonial de la confesión extrajndicial. E1 art. 1359 del Código civil declara que ala confesión Axtrajudicial no puede probarae por testimonio, cuando se trate de cs. 60s en que la ley no admite la prueba testificalw (4). La razbn de estas restricciones es evidente; motivanlas los pe ljgros del faleo testimonio. Y la evidencia de estos peligros y de las restricciones consiguientes es tal, que aun sin necesidad de esta disposicibn se prodiiciria el mismo efecto; el art. 1369, 6 mejor .dicho, el articulo correspondiente del Cddigo civil francbs, se ha e m i t o iinicamente para rechazar la teorfa de ciertos doctorss, en

(1) ,V, Mancini, 06. cit., c. 11, n. 64 6 61, p. 110 tí 48; De Angelis, ob. cit., 1, qusest. VII, eff. 11, n. 114 y 116, p. 167. Una decisión de la Corte Regia de Florencin, 14 de Marzo 1855, Mariotti o. Rosati (drrirali, 1865,II, 381), sostiene ,que la confesión oxtrajudioial debe probarse con tros testigos; pero en otra había dioiio ser sufioientes dos (3 de Abril de 1860, 11, 846); 16 de Marro de 1839, Gargiolli (Ann., 1833,11,147). (9) Conf. C6d. c h . rumano, art. 1305; 06d. proo. ginebrino de 1891, urtfaulo 886.

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LA CONFESI~NEXTRAJUDICIAL

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cuyo eentir la confesi611 extrajudicial nwca puede probarse con )pruebade testigos. La ley admite, por excepcidn, la prueba testifical: ya cuan. do hay un principio de prueba escrita, ya cuando no sea posible :al acreedor procurarse una prueba de esta c l a ~ erespecto de la obli. gaci6n contraida para con 81, ya cuando el m i ~ m oacreedor ha per dido el documento que le sirva de prueba e ~ c r i t a& coneecuencia de un caso fortuito, imprevisto 6 de fuerzamayor, 6 ya, en fin, cuando .se trata de materia mercantil; en estos cae.08 se admite la prueba de la confesi611 extrajudicial en prueba testimonial. Eoreari (1) cree que la prohibición de probar testificalmente .es sumamente grave por sus conse~uencias prhcticas, y para pro bario supone eote caso: A. escribe B. de este modo: aNo tengdis cuidado; os pagar6 cuanto os debo., Si B. qniere valerse de la con. feeión de A , no podrh reclamar mbs de 5C0 liras, El deudor que

(2) Otras leyes siguen sistemas diversos. Por ejemplo, el Estatuto de Brescia, sin cuidarse de la persona b quien se hace la confesib.n, dice que la confesión ertrajildicial hace prueba plena, siempre que la haga persona ca.paz (Lattes, Le cons. áelle cittd tom6., p, 105). La Ordenanza austríaca de 1895 (p6r. 266, tercer pbrrafo) dispone que el Tribunal juzgar6 eegSin su apreciacibn, guiado por una cuidadosa ponderación de todas las cirounstanaias, si despues de una confesión extrajudicial viene 6 menos la neoesidad de la prueba. Para el C6d. civ. espaaol (art. 1239) la confesión extrajudial es un heeho sujeto 6 la apreciaoión de los Tribunales, eegan las reglas genorales d e la prueba.

CON FE SI^& Y DEL INTERROGATORIO opone B ello la fuerza de la cosa juzgada, fundada en la confesi6m judicial, 6 ya porque el confesante estarti en condiciones de revo. car la propia confesión judicial, y entonces es esta confesidn, per@ no la extrajudicial, la que revoca la confesion primera. En el caso contrario, cuando la confesi611 extrajudicial es la que precede A la judicial y la que contiene una obligación mayor, el efecto de la confesibn extrajudicial, hecha 9. la parte 6 ti quien la representa, ~ i g u esiendo el mismo. En efecto: la declaración posterior hecha en juicio de una obligaoi6n menor, no es confesión judicial, por cuanto trata de favorecer al confesante, no de perjudicarle. Hablando en las dos hipótesis de obligacidn menor, aludimos b una dec:aración cualquiera, aunque menos deafavorable al declarante. 573. Si la confesidn judicial y la extrajudicial hecha 9; la parte 6 A quien tiene su representación, hacen entrambas prueba plena, ded6cese tambidn, en nuestro sentir, que todos los efectos propios de la confesi611judicial, que en otro lugar hemos enumerado (1), siguen A la confesión extrajudicial cuaildo hace prueba plena, Entre estos efectofi figura indudablemente el de que la confesidn extrajudicial hecha A la parte, 6 i quien la representa, no admite prueba en contrario. Pero la Ca~aciónde Ntipoles (2) no admite este efecto, reputando legitimo el admitir prueba contraria S 18 especie de confesidn extrajudicial de que nos ocupamos. Esta sentencia encubre un error, que probablemente nace de confundir la prueba contraria A la que resulta de la confesibn hecha, que es inadmisible, con la prueba contraria A la prueba dada por la confesi6n-6 prueba de la falta de requisito^ de la confesidn misma. Pondremos un ejemplo: A. prueba con testigos que B. confes6 extrajudicialmente d w a berle x pesetas, B. podrA utilizar la prueba contraria, segfin derecho; podrh admitir el hecho material de la deolaración hecha 8 A,; pero i m p a g nar tarnbibn su valor juridico demostrando la falta de animw comflmdi, un error de hecho, etc. 676

LIB. ?+DE

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(1) V. n, 460 6 466. 18 de Marm de 1888 (QM. &se.,

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SEU. III-DE

LA C ~ N F E J I ~ N EXTRAJUDICIAL

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Pero usaría en vano de estos medios si resultase legalmente probada una verdadera confesión extrajudicial que, haciendo prueba plena, hacfa tambibn inadmisibles toda otra prueba en ~ontrario. 674. La forma escrita de la confesión de que hablamos tiene uierta influencia sobre sus efectos. Pero como estos efectos dependen de la forma extrInseca en que constan, los examinaremos al tratar de la prueba escrita. Sin embargo, como la forma intrínseca, 6 sea la confesi6n misma, produce efectos particulares, diremos lo necesario para distinguir los efectos que decidan de la confesión escrita, de aquellos otros efectos que se desprenden del escrito que la contiene. 576. La confesión puede hacerse en un actop8blico. Estos actos, de por sí, prueban que el confesante se declard deudor, no que lo sea realmente. Pero como la confesión se hace al que en la mente de quien aonfiesa representa 9, la parte, hacen prueba plena, salvo siempre l a queja de falsedad para impugnar el documento público (1). 676. La confesibn puede estar hecha en docuncentoprivado, Este documento puede ir firmado por las dos partes, 6 por una sola, 6 acaso puede no estar firmado. Si esta firmado por ambas partes, hace falta distinguir. Cuando la confesión estft hecha ft favor del otro firmante, harA prueba plena, salvo el procedimiento de comprobación. Cuando la confesión esth hecha & favor de un tercero, del oual al otro firmante no puede considerarse como representante, es una confesibn extrajudicial hecha 9, favor de un tercero. Ejemplo: con una escritura privada, A. vende 8, B. la finca x b A1 tiempo de la venta; A. declara que la finca m esth gravada con una enfiteusis, y que C. es el domidus eniphileulicus. La confesión de A. es confesi611 extrajudicial hecha tl Cg(2). Si el documento privado esth firmado a610 por el confesante, ,c,omo una carta, entonces, si la confesi6n 68th hecha al destinatalio, como sujeto activo de la obligaoidn confesada y como representante de tal eujeto, hay una confesibn extrajudicial hecha 9, la 1 (1) Ap. Bolonla, 13 de Julio do 1886 (Biv. BÓL, 1886, p, 1x2); Uorte Uonti, il6 de Marzo de 1886 (Oontatile, 1836, p. 180). En ooritra: Trib. Frosinone, 81 de Mayo de 1881, Lattanzi (Temi Rotn. 1882, p. 881). V. n. 671, (2) Ap. Uatania, 23 do Agosto de 1889 (ffiur. Oat., 188D, p. 169).

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parte, 6 $ quien la representa, con efectos de prueba plena, salvosiempre lo del procedimiento eventual de comprobaci6n (1). Si el documento privado no es una carta, tendremos, segiln loscasos, una.apuntaci6n dombsticrt 6 una anotacidn dé los libros d e comercio, S que se aplicarhn las reglas particulares para esta c l a ~ e de declaraciones. 577. La confesidn contenida en testainento tiene importancia es-pecial. Mascardo escribe: Confessio facfa .ir, ultima vol%tztafe, absente parte, non probal nees confitenti nocet, nisi, nomine absentis aceptetur aB eius anzico, ve1 a n o . tario publico, ve1 ab alia 2cvsonn ( 2 ) . La solución, como se ve, se funda en l a necesidad presupuesta% de la aceptaci6n de la confesi6n: fundamento que, como ya sabemos, qs para nosotros inexacto. Lo que nosotros debemos preguntarnos es si la confesi611 esta hecha ti la parte 6 9. quien la representa. Las declaraciones contenidas en testamento, en realidad no ae dirigen & ninguno, Sera menester, por coneiguiente, distinguir: si el testamento es. g2iblic0, en cuyo caso las declaraciones que contiene se dirigen a l notario y 9, loe testigos, debiendo reputyse al primero como re. presentante de la parte (6); pero si el testanzenlo es oldgrafo, la cuesti6n es rnhs dificil; pero aun nos parece'que la confesi6n que puedai contener debe considerarse como hecha B quien pueda interesar, y tl la parte, por consiguiente; salva siempre la prueba de la eimulaci6n de la confesibn y la legitimidad del testamento mismo. La cuesti6n la ha resuelto la Corte de apelación de MilBn, y ha sido esbudiarja tambibn por el Profesor Chironi en una de sus doctas revistas criticas de jurisprudencia (4). (1) Ya Mascardo decfa: Cofifeaaio facta in epiatola, pleno probat (06. cit., 1, concl. 347, n. 101). ( 2 ) 0 6 . cit., 1, conol. 317, n. 21, y en ouanto 4 la aceptacibn, v. en el texto n, 464.458. ( 3 ) En cúanto al valor especial de la confcaidn hecha en un testamentq público, en relacibn con la cuantía de la tasa, segtín el art. 58 de la ley de Registro: Y,Cas. Roma, 6 de Junio de 1882, Grlmaldi ( a r o dtal., 1888,I, 76% y otras sentencias allí citadas); Ap. Turín, 8 de Marzo do 1882(G%wTor., 1888, P 868). Pero la ouesti6n ea extraña al asunto, dopendiendo la resolualóq bnicamcsnte del criterio propio de la by fiscal. (4) Bizt. it, per le aeienee g i d d . IV, gr S I , g92,

8EC. 111-DE LA CONFESI~N EXTRAJUDICIAL

679, La Corte de Apelacidn de Ml&n decidió que la confesibn tl fada por de un tercero hecha en testamento, es extrajudicial, porque sst&hecha d un tercero (1). Chironi (2) pregunta: idua. Daban la primera de dichas denominaciones tí la confesión cualijieada, que contenía circunstancias 6 modificacionesindependientes del hecho objeb 40 de la confesión 6 que eran independientes de él; y la segunda, tí aquella e n que las adiciones que contenía, es decir, las modificaciones 6 circunstansias agregadas al hecho objeto de la confesiún, no pueden separarse del mismo. En cuanto fi la confesión simple. todos estabari conformes en recónocer que la misma no podía ser susce~tiblede división, pues confmado lisa y Ila. namente un hecho. no era posible otra cosa aue aceptarlo 6 rechazarlo. Respecto de la cuali~icáda,era donde se suscitaban las dudas y controversias, re. conociéndose por la generalidad de los autores la doctrina de que en la confesión individua no cabia división, no pudiendo, por lo tanto, aceptarse %n la parte favorable y desecharse en la adversa, 6 no ser que el litigante que hubiere solicitado la confesi611 prabase la falsedad de la circunstanaia adecuada, tínico caso en que po$~aL8;provecharsede la parte favorable. Por el contrario, gn la diviüua la a$sioi6n unfinime era opuesta fi la indivisibib lidad, hasta el punto de no tenersa por cierta la circunstandia 6 modificación añadida, independiente del heclho objeto de la confesión, mientras no la probase el confeeante. Hoy carecen de inter6s todas las cuestiones que con este motivo se promovían tanto en la teoría oomo en la prtíctica, pues aparte de lo amplitud d e las facultades concedidas fi los Jueces y Tribunalas en la apreciación de las pruebas, la ley admite la impugnaciún de la oonfhsión on Ios t6rminos que m8s adelante expondremos, permitiendo al juzgador tomar de ella la parte que oomo resultado de la contraprueba y oon arreglo 6 la sana crítica estime cierto y verdadero. El Código civil, en su art. 1233, contrayéndose 6 la prueba de las obligaciones, establece lo siguiente: cLa confesión no puede dividirse contra 01 que la hace, salvo cuando se refiera fi hechos diferentes, 6 cuando una parte tie la confesión est6 probada por otros medios, 6 cuando en algún extremo #ea aontraria fi la naturalezn 6 á las leyea.m-(N. dsl P.)

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L A CONFESI~NY DEL INTERROGATORIO

A otro0 medios de prueba (l), y entonces el adversario deberti probar A su vez los hechos sobre que f u n d a . ~excepcibn ~ (2); 2 O O ost tener como,probada en su favor una parte (la verdadera confesibn), y combatir la otra con nuevos medios d e prueba (3). ¿Pero cu&les s e r h en esta segunda hipbtesia los medios d e prueba? (a). -

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(1) En cuyo caso queda naturalmente fuera del juicio toda indagación sobre la confesión. Conforme: Cas. Ngpoles, 16 de Enero de 1868, Malinconico c. Corelli (Bettini, XX, 1, 39). (2) Gas. Turin, 29 de Agosto de 1877, Merenda c. Bona (Giurispr. Tor., XV, 60); 29 de Diciembre do 1876, Revelli c. Borgia (Giurispr. 'P0r.. XIV, 199))9 d e Marzo de 1877, Tamietti c. Pasquelli (Bettini, XXIX, I,1, 429; 23 de Enero de 1879, Chiabrandro Sandra (Qiorn., VIII, 236); 29 de Marzo de 1890 (QQcn Tor., 1890, 611); Cas. Roma, 18 d s Mayo de 1891(Corte S'upr., 1891, II, 101); Ap. Venecia, 28 de Abril de 1892 Temi Ten., 1892, p. 375). (3) Ya Scaccia (De &d. Lib. 11, cap. V, n. 360) decía: dlvisio confes,6onis cunc onere probandi partem diviaam est pevmnissa indistincte. Conf. en jurisprudencia: Ap. Turín, 21 de Marzo de 1868, Morteo c. Audisio (Giudspr. Tor. V. 309); Ap. Bolonia, 31 de Diciembre de 1874, FrampoJli c. Fradelloni (Bettini, XXVII, 1,206); Ap. Casalia, 28 de Julio de 1868, Vignale c. Bolonia (GiurL(spr., TOV. V. 603); Cas. Turín, 8 de Julio de 1870, Fradelloni c. Brampolli (Bettíni, XXII, 1,608); Cas. Palermo, 10 de ~ b r idl e 1866, di Salvo c. Contino y Ma+ netto (Legge, VI, 1,906); Cas. Turín, 14 de Febrero de 1874, Givone c. Veroe,. llino (Bettini, XXVI, 1,318); 31 de Marzo de 1875, Vinca c. Moglini e Maino (Ozu&spr. Tor. XII, 36;); 19 de Agosto de 1868, Ferrero y Finanze c. Ayunta. miento de Pinerolo (Qizcrispr. Tor. V, 691); 9 dwdbril d e 1888, est. Dioni. sotti, 29 de Diciembre de 1855, est. Giusti (Qkr. Tor. 1888, p. 427; 1889, p. 81); Gas. Roma, 14 de Junio do 1894, est. Masi (Uiuatizia, 1894,200); Gas. Ngpoles, 26 de Abril de 1900 (Gazz. Proc. XXX, p. 459); 13 de Marzo de 1869, Ventrello c. R u l o (Legge, IX, 1,767); Ap. Venecia, 26 de Junio de 1879, Tosolini, utrin. que (Ivi, XX, 1,335); Cas. Blorencia, 11de Enero de 1876, Tamburelli c. Bor. eieri (Annali, XI, 1, 2.2); 27 de Julio de 1896 (Tenti Ven. 896,544); Ap. Bolonia, 2 de Diciembre de 1878, Desarti c. Bianclii (Rivista gizcr. VII, 2); Ap, Catania, 6 de Agosto de 1893 (Gircr. Uat. 1898,170). . ((o En nuestra antigua legislaci6n no se admitía prueba aIguna contra l a confesión. Afirmando y sancionando este principio, reconocido ya por el derecho canónico y las escuelas, así como por las anteriores leyes, la 4.", titulo Da0, libro 11de la Noví.;ima Recopilación prescribía que no hicieran preguntas los letrados sobre la8 posiciones confesadas por cualquiera de les parte#, y si las Iiicieren, pagasen de pena cada uno tres mil maravedle. Dentro de aquel siistema procesal, 16gIca era dicha prohibioión, pues si la aonfesión 6 la conoac8ncia producía prueba plena, asimililndose 4 la aom juggada hasta e l punto de que no era menester sobre le1 g l d t o en que re. caía ninguna otra prueba ni m68 w&@-%, mmo dooíara las leyes do1

SEC. IV-CARACTERES

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DE LA CONFESI~N

Se deben rechazar los que: a) E ~ t b nen contradiccidn con lo resultante de los actos (l),y t í t . 13 d e la Partida 3.', no podía reconocerse a l confesante derecho d e ir contra su dicho 6 contra sus propios actos. La ley de Enjuiciamiento mercantil, dando mds amplitud 5 la defensa, limitó la prohibición á la prueba testifical, disponiendo en su art. 149 que sobre los hechos probados por confesión judicial no se permitiría la prueba testifical 6 t u*n ni d Zir otraparte. La ley de Enjuiciamianto civil de 1855 redujo dicha limitación tan sólo a l confesante, ordenando en su art. 310 que sobre los hechos probados por confesión judicial no se permitir5 d au at~tor prueba de testigos. Y, finalmente, en la vigente ley procesal, en l a que e l Illgislador ha procurado adoptar las mayores garantías posibles en beneficio d o los interesados en esta clase de prueba, ha concretado la prohibición d e acuerdo con las declaraciones de la jurisprudencia a l sólo extremo do los elementos probatorios que se aduzcan para corroborar los heohos probados por confesión judicial. Este precepto se refiere, como desde luego se comprende, 6 la8 pruebas articuladas por el litigante que hubiere soiicitado la confesión, pues el con. fesante, una vez reconocido lisa y llanamento por el mismo u n hecho, no puede proponer prueba alguna sobre éI,5 no ser que se justificare Iiaber incurrido en error de hecho, puesto que toda la qua se articule ha de concretarse 5 los hechos que no liubieren sido reconooidos 6 confesados por la ynrte á quien perjudiquen. El art. 637 de diclia ley terminantemedto previene que sobre los hechos co robados por confcsibn judicial no se permitir6 para corroborarlos prueba do testigos 5 ninguna de las partes. Aunqne este artículo hable sólo de tes. tigos, dobe entenderse extensiva*su disposicibn 5 todos los demds medios l)robatorios, puesto que, segGn los nrts. 666 y 666, el Juez debe rcpeler d e oficio las pruebas que no ee concreten 6 los hechos que no hayan sido con. fesados llanamonte al fijaree los términos de la litis. Excusado es decir que a l hablar la ley de hec7~osprobadospor confesi6nju. dicial, hace relación B aquellos respecto d e los cuales Bsta constituía prueba plena, por ser emplicita y abgolwfa y por reunir ademds todos los requidtos exigidos para que la confesión tenga dicho valor. Si, por el contrario, no s6 Iialla en dicho caso, si sólo fuera fdcita 6 prssunta la confesibn, no dobe rechnzarse ninguna prueba q ie contra ella se propusiere 6 sobresloshechos objeto d e la misma, toda vez que en esas cirounstancias la confesiún po"r sf sola no constituye pruoba plena. Vúanso adem4s 10s nrts. 1232 a l 1238 del UG. digo civil.-(N. de¿ T.) (1) Cas. francesa, 6 do Dloiembre de 1831,12 do Diciembre d e 1881 (Jour*. hr Sal, 1882,I, 129 y 486). La Corte dc Ap. da Cnsnlia, 20 de Junio de 1871, Dabenedetti c. Gallina, estnbhoo que ni aun los documentos que se presen. ton pueden hacer que una parte d e la omfeuidn judicial se acepte y la otra so rechace. Esta m8xima, a l menos en el modo absoluto con que ~1 oniincia, n o nos pareco exactn, Que en el oaso fallndo los dooumentos en cuesti6n fueran incfioncos, os cosa posiblo; poro que todoi on general, 10 mbmo 01 documento pGblico que ol privado, nutenti~ado6 reoonooido, n o hagan 46

con hechos emanados con anterioridad de la misma parte, y, en general, todos los que aparezcan desmentidos por prueba precedente 6 subsiguiente (1); b) Los que ~e opongan 9, una presunci6n absoluta iuris et de iure (2). S e pueden rechazar: a) Las alegaciones contrarias 9, una presunci6n iziris tantum (8); b) Aquellas contra las que se oponga una presunci6n honzbis (4) de dolo, de fraude (5), de simulacibn, de inverosimilitud (6), aun prueba contra la declaración judicial 6 extrajudicial de una parte, nos parece erróneo. Por Jo dem6s, la Cas. Turín, 27 de Enero de 1885, Massa o. Ghiotto (Leggc, XXV, 11, 298), se pronuncia en sentido oontrario a l d e la Corte de Apelación de Casalia. Debe advertirse, adem6s, con la Cas. Florencia, 30 de Julio.de 1885, Oorradini c. Scortegagna (Legge, XXV, II,463), que e l acto escrito no proporciona resultados contrarios 6 la confesión, si las partes estan concordes en no reconocer en él la completa realidad de lo pactado. (1) ~ S e r a nadmisibles como pruebas dirigidas 6 combatir una parte Be la confesión, el interrogatorio y e l juramento? En cuanto al interrogatorio, v. n. 407. Respecto al juramento, en su lugar examinaremos la cuestión: r e * cordaremos, mientras llega, que la Uas. Turín, 11de Febrero de 1869, Bassoli a. Cavedoni (OiuP-iapr. Por., VI, 257), sostiene que el Juez, al que dada una confesión indivisible admitiera un juramento decisorio sobre una parte sola de los hechos confesados, obligando de esta manera al confesante 5 dividir d e por sí la confesión por medio del juramento, este Juez violaría la ley. La misma Cas., 13 de Agosto de 1884, Sacco c. Vasone (Qliur. Tor., 1884,769), decide en sentido oontrario. (2) V. Cas. Roma, 10 de Febrero de 1883.(Annali, 1883,I, 1, 64). (3) Paciano, ob. cit., I,1, cap. 25, n. 41. (4) ,V. Cas. Turín, 18 de Diciembre de 1885, Ghione c. Garrone (Qiurwpr. [Por., XXLI, 69); Cas. Florencia, 28 de Mayo de 1896, est. Banda (Ann., 1895, 1, 122). (6) El indicio de dolo 6 de fraude, como presunción ñominis contra la confesión, le admitió la Corte Ap. NBpoles, 16 de Junio de 1875, Mazzella o. De Chiara (Qaz~.del qvoc., X, 310). (6) En contra: Gas. Nápoles, 7 de Septiembre d e 1870, Lupo c. Perchinimno (Annall:, V, I,14); Cas. Turín, 27 de Noviembre de 1875, Cantino c. RaVera y otros (ff iicr. Por., XIU,97), según las cuales lo verosímil 6 inverosimil es un criterio para la valuación de la prueba, pero no es razón para dividir la confesidn judicial. Nosotros no oomprendemos la diferencia entre estas oosns, por lo cual aceptamos la solución contraria apoyada por la jurisprudenoia dominante. V.Cas. Turín, 11de Mar50 d e 1866 (Qiur. Xor., 1886, p. 296); AP. Lucca, 6 de Agosto da 1894, Giovannoli c. Giusti (Annali, 1886 87, II,68); AP. Turfn, 26 de Noviembre de 1877, Saluaso (Qiuriepr, Tov., 1878, p. 92); Gas. Turfn; 27 de Noviembre de 1878, Fiacchetti o. Quilico. (Aomali, 1879,I, 1, 849);

SEC. IV-CARACTERES

DE LA CONFESI~N

707

dedticidas de la actitud y comportamiento del confesante (1). Pescatore (2) escribe á propbsito de la confesibn provocada: 8 ......................... 'SI) .................................... ......................... .............................. ...................................... ............

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&O-OBJETO

D1 LA PRUEBA

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147 Exposicibn de l a ouestibn 14'3 Teorip, de Vinnio 149 La.prueba (le lo0 lrcclro~y In demoatrctciúia dc la regla jtcrldiua d.-.El dí?.eeho como objeto de piwtOa 150 Distribuciún de l a materia 151 u Pruoha de laa leyes extranjerne Ira Prinoipioe generale#

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153 La juri~prudenoiaen el extranjero y en Italia 151 I;a doctrina oomún en Italia 155 Nuestra opiui6n 253 6 166.157 Razones que la justifican l b Ohjeciones h la teoria aceptada 169 Deberes del Juez en cuanto & la prueba de l a ley extraojore 160. Medios de prueba de las leyes extranjeras 161 Quid. si falta la prueba de las leyes extraojertrs le2 b P~uebade 1s costumbre 163 Si el Juez que conoce la costumbre puede aplicarla desde luego Soluci6n negativa. 161 Si el Juez que ignora l a costumbre puede ordenar su prueba B las partes 6 informarse de ella extrajudicialmente 165 Si puede darse en casaoi6n l a prueba de la oostumbre 166 Medios de prueba de la costumbre B . - m b j e t o da prueba 167 Limites de nuestra investigación 168 Los hechos que se han de Probar deben ser controvertidos. es decir. ni ya probados ni tampooo destruidos 169 Si los hechos notorios deben reputarse no controvertidos: principios generales., 170 Teoría de Strgk 171 Concepto del Iw+zo viotorio en las leyes italianas 173 La notorldad del lred~oen materia de reintegraciin 172 bis La prueba por notorldad en el art 1445. C6d oiv 173. La notorJedad del ejercicio del comerdo por parte de la mujer ca. sada 173. La noto.icdad de l a cesacibn de pegos 175 Si se han de probar los hechos evidentes 176 Si los hechos que se han de probar deben ser posibles 177 Pero no es neoesario que sean vercsimiles ni fkciles de probar 178 Necesitase, empero. que sean influye*.tes8 importantes 179 Concepto de la influencia e n los juicios de ejecuoi6n 160 No se irequiere que los hechos sean lícitos Ú honestos

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EN EELAUI~NCON L A ADWSI~N

MEDIOS DE PRUEBA

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181 Divisiones de la materia 8.-Tiempo para l a adnihi611de Eor eredloa de p r u d a en cZ jaMio 182 Distinciones necesarias 183 a Juioio reonsatorio 186 b Juicio en general Sistemas sagiin lo^ onales la prueba debe proponerse a l oomienso del litigio Critica 185 Plazo pare la admisi6n de los medios de prueba en el prooedimiento sumario 166 Plneo para la admisi6n de los medios de prueba en el prooerli . miento formal 187 Que sean los nwoa documento^ que no pueden pretmntnrse oU@n do ae ha heoho firme l a insoripol;6a de la musa en lista Doctri-

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Paglnu. W. Dooamentos que justifioan l a legitimidad de l a persona d e los liti.

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gantea; por ejemplo documento autorizando a l Sindioo para oomparecer en juioio 300 BB. dotas de praebas simples formadas en el juicio.. 302 190. Doonmeutos oon oarapter absoluto decisorio.. 302 Isi. Documentos formados dbspu6s del dia en que 8%oerrb la inscripcibn del asunto en lista.. 303 192. documento^ no presentados por retraso en su remisión.. 305 193. Denichos de la parte contraria en los casos de los ntimq. 190 g 191 305 19&. Efectos de la prohibioion contenida en los arts. 17ó y 178 del Código , de procedimieubos oiviles.. 305 3%. Plaao para la proposición de medios de prueba antes que la iuscripoión de la causa en lista se haga firme.. , 306 1% Si en l a tramitación de los incidentes son aplioables las disposioiones de los arts. 176 y 176 del Dbdigo de prooedimieutos civileli.. 306 W . Opinibn afirm~tiva;argumentos que l a demuestran.. 306 m. Opinión negativa; argumentos q ~ lea demuestran; exRmen de una objecibn de Mortara.. , 307 199. Si son ailmiail~lesnuevas pruebas ouaudo las partes son envindns a1 Tribunal Colegiado para la admisión del inoidente, y el valor que tenga.. 311 312 m. Solnoión negativa.. 201. Si en l a comparecencia de que trata el nrt. 174 del Dhdigo de prooedimientos civiles, se pueden proponer nuevas pruebas; solncibn 313 afirmntivs.. , , 313 'm. Plaao para la admisión de medios de prueba ante Juez iinioc.. -%S. Plazo para l a admisión de medios de praeba en los procedimientcs 314 ospeciaies.. 314 bis. Termino probatorio para el intorvenido en l a oaugn..

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B.- Tiempo para la admisidtb de lae p r ~ d a scn los jltielos

aitcesivos..

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a . Juioios de apelaoibn.. m. Reseña histórica del principio que admite en laapeldcibn nue;oa me. dios de prueba. %ó. Legislación mo~iernacomparada.. 206. aritica del sistema del iegisiaior italiano.. 3 7 . La producción de nuevds pruebas es una fncultad, no unn obligación de l a p ~ r t e . . t 4.. a05. Son pruebas nuevae las que hubieran podido proponerse en primera instanaia y no lo fueron por negiigenoia 6 error de lns p ~ r t e ~ . %D. Son tambiQn prueba, nuevne lag que hubiernn podido practicsrrse en primera inrtnnoia y no lo fueron por volnntai de l a prcrto k onusa de irregntariilades Aacalos.. 210. Son pruebaa nueunn las que se praotioan con mcdio ya e.tperi»iontndoj pero oon objqtr, divtintn.. .e.. -al.fin8 qrueoaa pruebax son admisibles e n apelaoibn si el actor ou el primer juioio no dedujese pruebas e.. , m. Una segunda prueba sobro los mismos heohos no ea u n s nueva pruobib.. , , WJ. No es prueba nueva Itl oontraprueba que debib practioarso en primerainsta~cia.~ $11) h i ~ Derecho . trtrnsitorio Bn materia de pruebaa nuevau en apelaoibn..

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S .

315 315 315 317 31@ 319 319 319 321 322 322

................. . . . . . . + ~523.

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214 Si l a deoisibn sobre l a cualidad de prueba nueva es juicio de hecho 6 . de derecho 325 6 Juicios de revocación 325 215 Indole de nuestro estudio 3?5 326 216 Medios de prueba admic;ibIespara probnr el dolo 329 217. Medios de prueba en caso de documento falso 3'0 218 &u6 cosa es el documento noviter repertum 332 219 Si debe exhibirse el documento noviter repertunt 220 El documento ~ooiterrepertutn en los juicios de revocación ante el Tribnnal de Uuentas 333 334 %21 L a prueha del error-di, &&++. . . oación ante el 928 La pruebd del error de hecho en los juici. . ' ~ r i b u n a lde cuenta s . ;' 335 u36 b bis) Juicio de opoxicidn de iercero e 336 %!3 bis Pruebas nuevns en 61 3315 c Juicio de casacibn 223 Las pruebas nuevas ante l a Casación y l a Secci6n 4 i del Consejo de ~stndo 3'36 339' 223 bis Docnmento~nuevos producibles en Casación 340 223 ter Prueba de la aquie~cenciaen Cas~oibn 223 quatr Pruebas de l a incompetencia absoluta en Casación 341 3-12 d Juicio de remisión 6 devolución 224 Las pruebas nuevas en los juicios de remisión; opiniones rexpeotivaa 342 2% Las pruebas nuevas ordenadas de oficio por el Juez de remisído 344 336 Las pruebas nuevan por iniciativa de las partes. pueden decidirse en 344 el iuidio de remisibn 2%'. Sin distinguir que en el primer juicio haya habido inbtr~coibnordi34& naria 6 eumaria

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................... ........................................ . ............................... . ......................... ..m.. .'...... ....... .... . .................................. . ........................................ . ................................................ . ................. . ...................... . ........... . .............................. . . . ..... . ..................................... ......................................... Función del 3aea en la admisión ae los meaios ae prueba División de l a materia en tres piirrafos

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8 ~ . O - P ~ ~ GENERALES ~ ~ i ~ ~ ~ S

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339 El Juez debe admitir lon medioa legales de prueba. cuando tienen ob.

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jetoidbneo 230 Limites de la regla precedente 831 E1 acuerdo de Ian partes no obliga al Jnez &admitir prueba ilegalee 6 que no tengan objeto idóneo e32 Z l Juez tiene facultad de nprecitr la idoneidad y l a potencia eapeoifica de l a prneba~ ~ propuertan SBu. F;I Juee. anten de deoidir nobre l a admisibilidad de laa pruebas. debe resolver 1811oueetioner( prejudioialoa SSC Poder del Jnes rerpecto a l orden y ii, l a acwnulacidn do la8 prueba8 5% Admisibilidad timulldnsa de don rnedioa de prueba apueetar aA6 Medio de prueba quo projuaga otro Bjemplos de prejuicio positivo

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4199. Njemplos de prejuicio negativo.. 239. Orden entre los medios de prueba: poder del Juez

5 2.'-FO~B~ADEL PBONUNCIAIIENTO ADY:SIVO 240. Proaedimientos comunes.. %l.Procedimientos espeaiales

5

S.~-EFECTO~ D E L

DE

PBUEBA.

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PRONUNCíA31IE'NTO 80BEE LA A D M X S I ~ N AlEDIO8 DE PRUEBA

DE LOS

.................................... otra interlo~lutoria.... . .. . . . . . . . . . . . . .. . .... . . . . . . . . . . . . 244. Influencia de una interlocutoria que re&aza un medio de prueba porque debía deducirse otro.. . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . 265. 'Influencia del pronunciamiento que admite ó rechaza un medio de prueba con exclusi6n de otro.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 246. Caracteres y efeotos del pronunciamiento que acuerda sobre IRadmisibilidad de medios de prueba.. . . . . ...... . ...... . ....... ... Apelnci6n de las interlocutorias en curqnto 6 la admisi6n de prueba: r e ~ e ñ ahistbrica y de legislaoión comparada . . . . . . . . . . .. ... . . . a&. Critica del sistema del C6d go italinno.. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 249. Recurso de Ca~aCibn contra Jan interlooutorias que resuelvan sobre admisi6n de las pruebas.. ... .. . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. ,250. Oposici6n de tercero contra tales interlocutoriau.. . . . . .. . . ... . . . . 2lb. Divisibn de la materia..

W3. Influencia de una resoluci6n inberlooutc>riamimisiva Be prueba sobre

S?.

551. Orden de la esposici6n..

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Formalidades para la ejecución de las pruebas.

c e t n u n e ~. . . . . . ... .................... . a. Prooedimiento ordinario.. .,........,........................ d.-Proceditnienton

m. Intervenci6n de las partes en la ejecuci6n de las pruebas:

varios sistema~.................................~....,........~. S3. Sistema de nueqtro C6digo.. %4. Asistenoia de los proouradores para la ejecuci6u de Iau pruebas. 256. Asistencia del procurador en audiencia del prenidente 6 del Juez deiegado %B. Si el ma?zdc~turioespecial de que trata el articulo e07, CJd. proo. civ., debe ser un procnradox legal: resoluci6n negativa.

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857 Normas sobre las delegaciones para la ejeouoi6n de las pruebas; ar 382 ticulo 208. C6d proo civ 385 tS8. Jnioio del sistema del C6digo %9 Apreciaci6n del Magistrado acerca de las delegaoiones: criterios que hay que seguir 383 387' Los caeos del art 'LOS son taxativo8 261 Formas de la delegaci6n 388 m. ~ Q a i d si . el provefdo que admite la prueba no contiene delegaoibn? 388 3894 263 Quien sea la autoridad que delega 264 Prohibicibn de la subdelegaoibn 399. S Quien puede ser delegado: 8610 el relator 6 extensor. si l a delegaoiin se hace h un miembro de'l Tribunal Colegiado 391 966 No oreemos sean admisibles las delegaoiones mensuales para la ejeouoi6n de las.pruebas 391 Delegacibn heoba 4 un Magistrado extraño a l Tribnnul Colegiado 392' fWS Pluralidad de delegaciones ............e..................... 39% 269 Si la Corte de Apelaei6n puede requerir de delegaoi6n al Tribunal pntes que h la Corte misma: hip6tesis oontraria 394 2'70 La delegaci6n al pretor se entiende heoha al vieepretor 395 871. DelegaoMn cuando l a prueba deba hacerse e n el extranjero: dispoai oionee de los mhs importantes tratados internacionales 395 W ?ejeouoi6n en Italia de un pronunoiamiento extranjero que admita una prueba; nrts 915. 946. 949 y 950. Cbd proo oiv 397 M¿ E l a r t 916 se refiere &' aualquier pronnnoiamiento. y para que se onmpla bafita una providenoia 398 2'74 Demanda provocando est%providencia 398 876 Borma de la provídensia misma 399' 876 Criterio para oonceder l a ejeoaoi6n 399 877 Ejecución de la providenoia 399 e78 Medio para impugnar18 399 918 Efectos de l a delegsoibn: revooabilidad de los poderes del delegado 399 P80 I ~ d o l ede los poderes del delegado 400 281 Fornta en que el delegado ejeroe sus poderes 400 e8a Enntenido de los poderes del delegado 401 e83 Duracidn de los poderes del delegad o 40'5 e84 Rec2omacidn contra el ejeroi~ioque el delegado haoe de sus poderes 493 404 Quid. si el delegado excede los limites de sus atribuciones 2% Si existe este exceeo cuando el delegado. a l recoger In prueba teetimonial. colecede pr6rroga & petioi6n de una parte sin citaoidn 4015 de l a otra 287 Casos en que es oierto el excaiio do poderes 405 288 Si se excede de los limites de sus atribuciones el delegado para la 406 ejeet1~16nde una prueba que se pronunoia en l a admisidn do otra e89 Si eJ delegado puede presoindir de una oposioiJn evidentemente infundada 406 101 Borma de la reclamaci6n.- Si l a reolrmaoidn puede haoerse al presidente del Colegio nntee que a l delegado 406 S%Subrogaci6n del Jufa delegado: saa motivos 407 3 % 8i pue~leel preeidente. de &&u. coneeder l a subrogaoi6na motivoa para 1o. solnoiSn aiirmati~a

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'293 Opini6n negativa que nosotros preferimos

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2% Si pnede presentame la demanda de subrodaai6n en reonrso simple 295 si debe notificarse l a providesoia de subrogaci6n: creemos que si, porque el subrogado es recusable 296 Que. en nuestra opini6n. el pretor snbrogado debe trasladarse & l a residenoia del subrogante 297 Quld. si l a demanda de tiubrogaoidn se preaenta con citacibn 2% Forma de la demanda para la subrogaoibn de pretores 299. Forma de la demanda para agregar u n delegado & otro .' 303 Varia7 soluciones posibles Soluei6n propuesta 33.2. Acta que el delegado debe extender 303 Susreglas b Procedimiento sumario y procedimiento ante Juez iinioo W-306 L a ejecucihn de la prueba ante los pretores: art 4%. C6digo de procedimiento civil 308 Aplicaciones del a r t . 209. C6d pro0 oiv., ir la ejeouoi6n de 'las prueba4 hecha por el pretor por jarisdiacibn propia 307 Ejecucihn de las pruebas ante el conciliador 808 Si el conciliador pnede delegar aotos instructorios Ú otro conciliador Raeanes para la teoria afirmativa seguida por nosotros Razones para l a negativa Refutacibn . B -Procedimiontns especiales .........................e a0 Ejecui~ibnde las pruebas ante l a jurisdicoi6n oonaular .......a. S11 Ejeouoi6n de las ptnebas ante el Tribunnl de Cuentas M2 Ejeanci6n de las pruebas ante l a Secoidn 4.a del Oonsejo de Eutado m3 Ejecuci6n de las prnebae ante l a Junta provincial administrativa 814 Ejeouoi6n de las pruebas ante loa hombres buenos

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............. O.-Reglas pwfioularee para todo prodimiento ............... 315. 'Normas especiales de los a i t .~21'1 & 915 del C6d proc .oiv ....... 816 bis. TBrmino para l a ejecncibn de la.prueba admitida por sentenoia . .

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3% ter Exhibioi6n al Juez de la prueba practicada

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Efectos de la ejecución de las pruebas.

Renuncia de prestarse l a ejeonoión de l a prueba. 6 irierois para llevarla & efecto: conseouenoias Iti'l Examen de una teoris propuestn por el Abogado Biondi í$B.S i el J n e s que orden6 la formaai6n de una prueba 6 l a presenta. oibn de un doaumento puede revocar sa proveldo y juzgar. omitiendo la ejeoucibn de l a prueba. 6 antes de l a prenentsoidn del documento Si9 Si cnmplida una pruebo. en virtud de rientenoia interlooutoria. puede. pendiente l a apel?cibn. proneguirae el juicio de fondo ante el Juez de primer grado 820 Opiniones & este propbbito ftU)

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4?5 ........................ ........ 426

.......................................... 427 428 .......................... 429 ................................

. de la clitusula de ejecución provisional ....................... 430 432 Nueltra solución y su verdadero fundamento 432 ... Refutación Razones de los contrarios ............................................... 434 326. Examen de la teoría propuesta por el Abogad.. ............ 435 . Efectos generales de la ejecuoibn de la prueba ................... 436

321 La cuestibn es de derecho. y no estU limitaia L: interpietar el tenor 522 323 324

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.h.................................

I'lc.