Teoria General Del Derecho Y Derecho Constitucional

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TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL. TEMA I El ordenamiento jurídico: El hombre aislado no existe. Su propia naturaleza lo impulsa a buscar la compañía de otros seres humanos. La vida es sociedad es la condición natural del hombre. Esa vida en sociedad requiere ser regulada, reglamentada. De lo contrario, la anarquía y el desorden aniquilarían el desarrollo de la sociedad para evitar esos se requiere un orden y que el cumplimiento de ese orden sea obligatorio. Las normas jurídicas no es más que el conjunto de reglas o preceptos que se imponen a la conducta de los eres humanos que viven en sociedad y cuyo cumplimiento puede ser coactivamente (obligatoriamente) exigido en la mayor parte de las cosas. Constituyen el principio del derecho, el sistema mediante el cual se ordenan los actos humanos a fin de estos se ajusten a las exigencias y necesidades de la sociedad. Enumeración de las fuentes formales: 1- La ley, la jurisprudencia, la doctrina, el derecho consuetudinario, y los actos jurídicos constituyen las fuentes formales. 1.-) la ley es la fuente principal del derecho, podemos definirla como el acto votado por la Cámara Legislativa y promulgada por el Presidente de la República, que se impone al libre albedrío de los hombres, indicándoles lo que debe ser, en que forma deben obrar par conseguir una conducta recta. 2.-) Jurisprudencia: después de la ley la jurisprudencia es la fuente más importante, y, se define como el conjunto de decisiones de los Tribunales, principalmente de nuestro más alto Tribunal la Suprema Corte de Justicia. 3.-) La doctrina: se denomina doctrina al conjunto de opiniones emitidas por los estudiosos del derecho a través de libros, revistas, artículos periodísticos, etc.

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4.-) Derecho consuetudinario: Este esta muy ligado a la costumbre, pues consiste en la repetición de ciertos modos de obrar dentro de una comunidad, que con el tiempo se convierten en normas obligatorias. 5.-) Los actos jurídicos: Es toda manifestación de una o varias voluntades que tengan por finalidad producir un efecto jurídico, es decir, constituye un modo de producción de normas tanto por los organismos del estado, como también por los particulares, el cual se realiza con animo de producir efectos jurídicos. Son ejemplo de actos jurídicos, la ley, la convención, el reglamento, el testamento, etc. TEMA II: La norma jurídica: podemos definirla como el conjunto de reglas o preceptos que es imponen en la conducta de los seres humanos que viven en sociedad, y cuyo cumplimiento puede ser coactivamente (obligatoriamente) exigida en la mayor parte de los casos.Constituye el principio del Derecho, el sistema mediante el cual se ordenan los actos humanos en fin de que estos se ajusten a las exigencias y necesidades de la sociedad. La norma jurídica está destinada principalmente a organizar el funcionamiento de la sociedad.Estructura y Caracteres: Las normas jurídicas se suscriben a caracteres sociales, consuetudinario, etc. pero le agrega la obligatoriedad para conseguir que sus preceptos sean obedecidos.Clases de normas jurídicas: Efectos esenciales de las normas: La norma jurídica está destinada principalmente a organizar el funcionamiento de la sociedad.Tiene un efecto sancionador: El incumplimiento de la norma jurídica trae como consecuencia la aplicación de una sanción, puede dar como resultado el constreñimiento para el cumplimiento de la obligación y la imposición de un castigo al infractor.-

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Su efecto esencial es armonizara las diferentes conductas de los individuos dentro de la sociedad.Estas normar tienen un carácter obligatorio para todos aquellos que conforman el colectivo humano; por lo tanto su violación trae consigo el efecto sancionador.La norma jurídica está destinada principalmente a organizar el funcionamiento de la sociedad. El propósito consiste en permitir la feliz armonía en la sociedad para asegurar el orden necesario.La norma jurídica traza pautas de comportamiento a los hombres, buscando la perfección y el bienestar.Inexcusabilidad de su cumplimiento y error de derecho: Todos tienen que cumplir con la sanción impuesta ante la violación de la norma. En caso contrario, existen los mecanismos para obligar a hacerlo en virtud del respeto obligatorio del cumplimiento de la ley. Si no cumplen con la prestación debida, se le impone sanciones diversas: la exigencia de la prestación equivalente a la convenida o en proporción al daño causado; la pecuniaria; ruptura de vínculo jurídico existente, privación de libertad. Etc. Actos contrarios a la norma imperativa y prohibitiva: la coerción en cambio se presenta para decirles a los individuos, a quienes va dirigido el derecho, que no pueden violarlo porque se exponen a una sanción. La coacción se presenta cuando los individuos han violado la ley, para imponerles la sanción, ya que con ella se concreta y se hace realidad la pena. El cumplimiento de la norma jurídica es forzoso . Clases de normas jurídicas: Cuando hablamos de derecho dominicano, Derecho Laboral, Derecho Civil, significa en este caso las normas jurídicas que regulan en el territorio nacional. También tenemos el Derecho Penal, Derecho de Propiedad, etc.

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TEMA III Limites temporales a la eficacia de las normas: Comienzo y fin de la vigencia. Al ser la norma jurídica un ente para trazar pautas de comportamiento a los hombres, buscando la perfección y el bienestar. Vigencia de las leyes: el artículo 45 de la Constitución, establece que las leyes entran en vigencia y son obligatorias para todo el que se encuentre en el territorio de la República, sean ciudadanos o extranjeros, domiciliados, residentes o transeúntes, una vez haya transcurrido los plazos indicados por la ley (artículo 1, Código Civil), para que se reputen conocidos en cada parte del territorio nacional. La derogación tácita: Las normas jurídicas no son permanentes, la fuerza de la evolución social impone s caducidad. El cambio de las circunstancia, la alteración de las ideas o las nuevas necesidades colectivas, obligan a transformar el derecho y a dejar de lado las leyes que no tienen razón de ser. La abrogación o derogación es la supresión de una disposición, que puede ser una Ley o un Reglamento, por un disposición nueva, lo que trae como consecuencia que la primera queda sin efecto y por tanto deja de ser aplicable. El principio es que no puede abrogarse un texto, sino por otro de la misma jerarquía o de jerarquía más elevada; así, una ley no puede ser abrogada por un decreto. La abrogación es expresa cuando el texto que aboga la pronuncia. La abrogación se llama tácita, cuando resulta de incorporar un texto nuevo una prescripción incompatible con la consagrada en un texto anterior, la cual demuestra que los redactores de la nueva norma han entendido abrogar implícitamente la antigua. La derogación tácita proviene de la incompatibilidad entre los nuevos preceptos y los anteriores o de la declaración que dispone la derogación de todas las disposiciones que le sean contraria a la nueva ley. El principio de irretroactividad: Este principio, consignado en la Constitución y en el Código Civil, establece que las normas jurídicas rigen para el porvenir, por lo que el Juez no debe aplicar la Ley nueva a los hechos ocurridos antes de su TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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entrada en vigencia. Esto sólo puede ocurrir excepcionalmente en caso de favorecer al que está sub.-júdice o cumpliendo condena. La irretroactividad de las normas jurídicas, contemplado en el artículo 47 de la Constitución de la República y el artículo 2 del Código Civil, es de orden mora, pues sería contrario a toda idea de justicia que una ley nueva, modificara las consecuencias de los hechos ya realizados, o privara a una persona de las ventajas adquiridas con una ley anterior. Estamos consiente que la irretroactividad es consecuencia directa de la seguridad jurídica, que constituye uno de los fines esenciales del derecho. Es de opinión generalizada que lo preceptuado jurídicamente recibida la más amplia aplicación, si se supone más adecuado, justo y mejor al bien común. En este caso conviene asignarles vigencia para todos los casos, aún retrocediendo al pasado sus efectos. El principio es que las normas jurídicas no son retroactivas. El Juez debe determinar con precisión cuando existe retroactividad. Por ejemplo: los derechos adquiridos deben ser protegidos, incluso contra una Ley nueva. TEMA IV: Las fuentes del derecho: El diccionario de la Lengua Española define fuente como “principio, fundamento u origen de una cosa”. En lo que respeta a las fuentes del derecho vamos a estudiar dos elementos: La causa productora y el medio de producción; es decir causa material y causa formal. Por ello dividiremos las fuentes en materiales y formales. Las fuentes materiales: son los factores y elementos que provocan la aparición y determinan el contenido de las normas jurídicas. Las fuentes materiales están constituida por este conjunto amplio y complejo de factores morales, sociales e ideológicos. Decía cornil “la fuente de las reglas del derecho se encuentra, a decir verdad, en la misma vida social”.

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Fuentes formales: son las manifestaciones exteriores de una voluntad dispuesta a crear derecho, a dar nacimiento a una nueva norma jurídica, que proviene de un acto individual o colectivo humano, que la moldea y la hacer surgir a la realidad. La ley, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina, es la forma en que se manifiesta la fuente formal, que es el medio de exteriorización de la voluntad creadora del orden jurídico. La fuente formal y la fuente material se entrelazan. primero surge la necesidad, el medio social lo exige (fuente material) y después el hombre interpretando esa realidad, esa necesidad, elabora el derecho (fuente formal). TEMA V CRITERIO DE COMPETENCIA. COMPETENCIA FUNCIONAL: En muchos casos la Ley atribuye competencia a un determinado Tribunal, con exclusión de cualquier otro. En nuestro derecho pueden considerarse como de competencia funcional los siguientes casos; Accidentes del Trabajo, demandas de los abogados y oficiales ministeriales en cobro de costas, asuntos relativos a las sucesiones, vías de recursos contra las sentencias, etc. En estos diversos casos, la Ley indica el único Tribunal competente. a) Accidentes del Trabajo: El Juez competente y el del lugar en que se produce el accidente. (Art. 11 Ley 385 de 1932). b) Abogados y oficiales ministeriales en cobros de honorarios será conocido por el Tribunal ante el que fueron causados los honorarios. Este artículo contiene, de acuerdo con la opinión de la mayoría, una regla de competencia funcional, y no de mera competencia territorial en cuya virtud el Juzgado de Primera Instancia y la Corte de Apelación, Tribunal de Derecho Común y la Suprema Corte de Justicia tienen competencia exclusiva para conocer las demandas de los abogados y oficiales ministeriales en cobro de las costas que se les adeuden. El fundamento de esta atribución de competencia es que esos Tribunales son los que se encuentran en mejores condiciones para conocer de tales demandas, en razón de que tienen la supervigilancia y ejercen el poder disciplinario sobre los abogados y oficiales ministeriales. Conforme a esta opinión el Juez de Paz es incompetente para conocer de demanda en cobro de costas causadas en un procedimiento incoado ante él. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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Conviene aclarar que si bien los principios generales externados son aplicables a los abogados, sus derechos se rigen por las disposiciones especiales de la Ley 302 de 1964 sobre honorarios de abogados. Esta Ley establece un procedimiento especial para el cobro de los gastos y honorarios adeudados de los abogados, que se apartan en muchos aspectos de la norma general establecida por el Art. 60 del Cod. Proc. Civil. Esta Ley 302 contiene dos casos de competencia funcional: 1) Aprobación de los estados de Costas y Honorarios en caso de sentencia condenatoria (Art. 9 y 10) que corresponde al Tribunal donde estos se han causado. 2) Aprobación del estado de gastos y honorarios por el Tribunal del domicilio del abogado, en los casos de asuntos Contencioso Administrativo, y otras actuaciones que no conlleven sentencia condenatoria (Art. 10). e) Sucesiones: El Art. 59 Párrafo 5 da en esta materia competencia al Tribunal del lugar en que se ha abierto la sucesión, o sea la del ultimo domicilio del difunto (Art. 110 Cod. Proc. Civil). Este Tribunal es el más conveniente dado que casi siempre se encuentran allí los bienes a partir y los actos y otros documentos que deben ser consultados en el proceso de la partición. d) Vías de recursos contra las sentencias: Los recursos contra las sentencias, oposición, apelación, revisión civil, tercería principal, tienen que ser interpuestos únicamente ante el Tribunal indicado por la Ley para ejercer la función de conocer de ellos: la oposición, la tercería principal y la revisión civil, ante el mismo Tribunal que dictó la sentencia impugnada, la apelación, ante el Tribunal del grado inmediatamente superior. La constitución como norma jurídica y como fuente del derecho: La constitución aparece únicamente como una norma organizativa de los poderes y declarativa de unos derechos cuya concreción se remite a la Ley. La constitución es una norma superior con consecuencias relevantes, que condicionan y caracterizan su aplicación y su integración en el bloque normativo. La fuerza vinculante de la constitución, se manifiesta en una vertiente, adicional e indirecta. La interpretación conforme a constitución de todo el ordenamiento. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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Constitución es el conjunto de reglas fundamentales que rigen la organización y las relaciones entre los poderes públicos y fijan los grandes principios del derecho público de un Estado. Es la ley suprema. Aspecto formal y contenido material de la norma constitucional: De la fuerza vinculante de la constitución derivan dos factores: 1.-) La presencia de mandatos materiales que afectan a la posición jurídica y a los derechos de los ciudadanos. 2.-) La existencia de penalidad de interpretaciones posibles del ordenamiento aplicable en un caso o controversia concreta. En cuanto a los mandatos materiales, las constituciones modernas se configuran no sólo como: ordenadoras de los procedimientos de elección de los gobernantes. Ordenadoras de los procedimientos de separación y coordinación de los poderes. Sino también como disposiciones que: -

Consagran y garantizan derechos ciudadanos. Proclaman principios y valores. Fijan metas a obtener por los poderes públicos.

La constitución se configura como elemento de integración de la comunidad política. La supremacía de la norma: El artículo 46 de la Constitución Dominicana, prevé que: “son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a la Constitución”. La Constitución constituye la base de todo el ordenamiento jurídico que rige al Estado. Esto plantea que en caso de litigio todo operador jurídico está compelido en primer lugar a determinar si la constitución como norma sustantiva, resuelve por sí misma el caso de que se trate, y en segundo lugar debe determinar si las normas propuestas son o no contrarias a la Constitución. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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La Constitución es la ley suprema, en orden jerárquico sigue los tratados instruidos aprobados por el congreso, la ley ordinaria, luego los decretos y reglamentos y finalmente los actos, resoluciones y decisiones. La Suprema Corte de Justicia ha sido firme y coherente al momento de reconocer la supremacía de la Constitución sobre las normas adjetivas y de declarar sin valor jurídico alguno las normas contrarias a la Carta Magna, esto en virtud de la aplicación del inciso 1 del Artículo 67 de la Constitución de la República, que dispone que nuestro mas alto tribunal ejerce el control de la constitucionalidad de las normas infraconstitucionales. La cuestión de la validez y de la eficacia constitucional: La cuestión de la validez de una norma jurídica supone que esta ha de ser valorada en su validez formal y material. En lo material es preciso comprobar que la norma no ha sido derogada y que su contenido no es incompatible con otras normas del sistema. Para el uso, con una norma jerárquicamente superior. Los requisitos formales están presentes en el acto normativo, mientras que los materiales lo están por lo general a la hora de interpretar el enunciado normativo. Se habla de validez de la norma en el sentido estricto solo cuando tanto en el acto como en el enunciado resultante y en la interpretación del mismo, se hayan seguido estos criterios de validez. Los tratados internacionales y su posición en el sistema de fuentes: Por tratado o convenio internacional se entiende la convención o acuerdo entre dos o más Estados, para dar nacimiento, modificar o extinguir una relación jurídica. La Constitución de la República otorga al congreso la facultad de aprobar o no los tratados y convenciones internacionales que celebre el Poder Ejecutivo. Una ley aprobada pasan a formar parte del ordenamiento jurídico interno, por encima de las leyes que le sean contrarios.

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TEMA VI La Constitución: Ley fundamental de la nación, mediante la cual se organiza el Estado. De ella dependen y a ella se someten las demás disposiciones legales o con carácter de ley. La Constitución es la base jurídica de las relaciones políticas. Es como un gran contrato del que se dotan los pueblos para organizar la convivencia en sociedad o prescribe los principios básicos del resto del ordenamiento jurídico. La Constitución estipula la organización del Estado y la forma de gobierno, señalando sus órganos, sus funciones fundamentales, quienes las ejercen así como las relaciones y procedimientos mediante los cuales los mismos actúan. Los principios Constitucionales y Principios Generales del Derecho. Principio de la Supremacía de la Constitución. Principio de la igualdad de todos ante la ley. El principio del tipo de gobierno. Principio de la legalidad. Principio de la Representación- porque la soberanía popular no se ejerce directamente. Principio de la responsabilidad política de los representantes. Principio de la inmutabilidad democrática de la Constitución Art. 119. Principio de la separación de los poderes. Principio unidad del Poder Público. Principio independencia de los poderes. Principio indelegalidad de los poderes. Principio Supremacía Constitucional. Racionalidad de las leyes. Irretroactividad de la ley. Inderogabilidad por convenciones particulares de las leyes relativas al orden público y las buenas costumbres. Doble jurisdicción (Judicial y Administrativa). Autonomía administrativa y financiera del Poder Judicial. Inamovilidad de los Jueces. Gratuidad de la justicia. Principio de igualdad. Protección de la libertad. Derecho de la libertad. Derecho al debido proceso. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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sindical) -

Non Bis in idem. Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo. Personalidad de las penas. No limitación de derechos. Protección del trabajo (libertad de trabajo, derecho a huelga, liberta Legalidad de los impuestos.}principio de solidaridad (seguridad social) Capacidad constitutiva (deberes ciudadanos) Potestad reglamentaría (reside en el Poder Ejecutivo) Principio de no intervención. Obediencia y apoliticidad de las Fuerzas Armadas. Principio del jus soli y jus sanginins.

Los principios constitucionales y generales del derecho contenidos en la constitución sirven de guía para la interpretación correcta del ordenamiento jurídico e implican que el legislador los debe tomar en cuenta al momento de dictar una ley. Los derechos individuales y sociales reconocidos y protegidos por la Constitución Dominicana: El artículo 8 de la Constitución es el que establece los derechos. Los derechos humanos modernamente han sido clasificados en tres grupos, a saber: Derechos Civiles y Políticos. Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Derechos de Tercera Generación (determinación de los pueblos, derechos de la Paz, a un medio ambiente sano, etc.) Dentro de los derechos civiles están: -

Inviolabilidad de la vida. No pena de muerte. No torturas. Seguridad individual (letras a-j numeral 2 artículo 8) Inviolabilidad de domicilio. Libertad de tránsito. Libertad de asociación. Inviolabilidad de correspondencia. Libertad de conciencia. Libre acceso de la prensa o fuentes noticiosos. Protección de la familia.

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Derechos políticos: Votar y ser elegible. Libertad de pensamiento. Derechos económicos Libertad de trabajo. Deber de dedicarse a un trabajo. Protección libertad sindical, derecho a huelga. Derecho de propiedad. Eliminación latifundio (dedicación de la tierra a la reforma agraria) Prohibición monopolio Propiedad de los inventos. Derechos sociales: Libertad de enseñanza Difusión ciencia. Seguridad social. En cuanto a los derechos culturales y de Tercera Generación, nuestra Constitución no prevé de manera expresa ningún derecho, pero se hace la salvedad que la enumeración antes mencionadas no es limitativa (artículo 10) La protección de los Derechos Constitucionales: se reconoce como finalidad principal del Estado, la protección efectiva de los derechos de la persona humana y el mantenimiento de los medios que le permitan su perfeccionamiento dentro de un orden de libertad individual y de justicia social, compatible en el orden público, el bienestar general y los derechos de todos. Las garantías normativas e institucionales: Normativas  Recurso de amparo.  Instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos (declaración universal de los Derechos Humanos, convención de Viena, Convención Americana de los Derechos Humanos) de las que el país es signatario. institucionales  Defensor del Pueblo (ombusdman)  Comisión y Corte Interamericana de los Derechos Humanos. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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TEMA VI – RESOLUCION ALTERNATIVA DE CONFLICTOS AMBITO E IMPORTANCIA: Con la denominación resolución de conflictos se conoce internacionalmente a la ciencia del conflicto, una disciplina innovadora que recoge los mecanismos y conocimientos con que cuenta la humanidad para intentar hallar soluciones a uno de sus problemas ancestrales: la conflictividad, conflictos que no solo llegan al campo de las relaciones internacionales, sino también a las relaciones sociales y personales en su sentido más amplio. La difusión de la cultura del diálogo, en contraposición a la cultura del litigio es el objetivo fundamental de la resolución alternativa: busca conseguir que las partes involucradas en un conflicto, sean partícipes directos en su resolución, principalmente a través de la figura de la mediación. En los últimos años, el uso del sistema de solución Alternativa de conflictos (SAC) ha ido creciendo en significado y popularidad, tanto en los países Anglosajones como en los de América Latina. En nuestro país, por ejemplo, las comisiones que tuvieron a su cargo la revisión y actualización de los Códigos de Proc. Civil y Criminal introdujeron, en el marco de sus trabajos, novedosos sistemas alternativos de resolución de conflictos. Entre los métodos utilizados en la solución alternativa de conflictos podemos mencionar los sigtes.: a) b) c) d)

El Arbitraje. La Mediación o Conciliación (Más utilizado). La Evaluación del Caso. El “Court Minitrial” (Juicio Sumario).

Actualmente, la mediación tal vez sea el mas popular de los procedimientos de SAC. Se trata de una negociación estructurada, presidida por un moderador dotado de las aptitudes, la preparación y la experiencia necesarias para ayudar a las partes a resolver sus diferencias. En este sentido, las partes acuden a ese mediador que las escucha, tanto a c/u en privado como ambos reunidos, y les brinda sugerencias de cómo llegar a algún acuerdo que impida llegar a juicio. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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Este mediador o conciliador puede ser un juez u otra persona. (Tercero Imparcial). Ventajas de la Mediación: Preserva la relación entre las personas involucradas en la relación entre las personas involucradas en la disputa. Ayuda a la gente a resolver disputas en forma rápida y económica, en comparación a los procesos judiciales en cuestiones de negocios, entre vecinos, entre familiares, dentro de una comunidad o en disputas en el interior de organizaciones. Características: 1Es una negociación asistida, pues las partes actúan por sí mismos. 2Es un acto voluntario. Las partes deciden participar o no en el proceso de mediación y ponerle fin en cualquier momento y no están obligadas a llegar a un acuerdo. 3Es un proceso que tiende al acuerdo y/o a la reparación. 4No tiende a la competencia, pues se basa en el principio ganar/ganar. 5No esta sujeta a reglas procesales. Qué asuntos pueden ser mediados: Es recomendable para aquéllos casos en los cuales las partes en conflicto tienen una relación que se continuara en el tiempo. Muchos casos pueden ser mediados, más los asuntos de daños y perjuicios, de familia, disputas entre y con consumidores, entre socios, entre deudores y acreedores, o sea en las que las Privacidad de las cuestiones debatidas hagan necesario mantener la reputación profesional de los implicados. Ámbito e Importancia: Los métodos de solución alternativa de conflictos comenzaron a utilizarse por primera vez en el derecho de familia, probablemente porque la índole de las emociones involucradas en esos casos a menudo provoca graves problemas en la negociación de posiciones. Sin embargo su uso fue traspasando las barreras del Derecho de Familia y tanto los Tribunales como los litigantes pronto se percataron de que su uso no estaba limitado a las disputas familiares sino que se podía aplicar también a otros litigios civiles y comerciales. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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Es por eso que hoy día existe la mediación en distintos ámbitos. a) b) c) d) e) f)

Mediación Empresarial. Mediación Familiar. Mediación Educacional. Mediación Comunitaria. Mediación Civil y Comercial. Mediación con partes Publicas y Privadas.

TEMA VI LIMITACION EN EL ÁREA PENAL En nuestro sistema jurídico la acción para la persecución de los crímenes y delitos, y aplicación de las penas está a cargo de los funcionarios a quienes la Ley atribuye tal facultad, y que lo son los representantes del Ministerio Público. Esta modalidad, inspirada quizás en nobles intenciones, ha ocasionado en los hechos una verdadera confiscación por parte del Estado del conflicto de la víctima, cuyas decisiones sobre las consecuencias penales del hecho que sufrieron son absolutamente irrelevantes, pues por ejemplo, ninguna importancia tiene qué el ofendido quiera retirar la denuncia. Especialmente por esta forma de estructuración del sistema penal es que existen limitaciones para la aplicación de resoluciones alternativas de conflictos, y ese es el caso de Rep. Dom. Sin embargo, en otras latitudes se ha estructurado de otra forma, dándole mayor importancia al consentimiento de la víctima y mayores facultades a la Fiscalía, la que podría utilizar para el ejercicio de sus funciones criterios de oportunidad consagrados en la Ley. En sistemas como el nuestro se evidencia que en muchos de los casos se produce una revictimización, tanto cuando el ofendido está muy interesado en la persecución penal como cuando, en otro extremo, entiende que lo perjudica. Enfrentar varias veces al doloroso recuerdo de lo vivido, asumir situaciones de riesgo, dejar de trabajar, etc., son aportes que se le exigen a la víctima más a la de su voluntad, invocándose que ello es necesario para administrar justicia. Pero a las víctimas no se les atiende en sus deseos y pedidos. Es más, ni se les informa TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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del desarrollo de la causa porque no es parte, a menos que se constituya en parte civil. Sin embargo, hoy a través de la mediación penal se cuenta con la posibilidad cierta de darle un tratamiento mas humanitario al proceso y concede la posibilidad de recomponer las relaciones humanas en conflicto, buscando un punto de equilibrio entre los intereses en juego, los de la comunidad, a través del Fiscal, quien es el actor penal por excelencia en aquéllos delitos que transcienden las cuestiones privadas, y los de la víctima que si lo desea debe poder actuar como coadyuvante. TEMA VII: La ley: en sentido amplio, significa toda reglas social obligatoria establecida por una autoridad competente que se impone al libre albedrío de los hombres, indicándoles lo que debe ser en que forma deben obrar para conseguir una conducta recta.Henri Capitant define la ley como: Acto votado por la cámara y promulgado por el Presidente de la República, cualquiera que sea su objeto.En sentido lato, es un conjunto de normas jurídicas dictadas por el legislador.Las manifestaciones de la potestad legislativa: Artículo 38 de la constitución: tiene Derecho a iniciativa en la formación de las leyes: a) Los Senadores y los Diputados b) El Presidente de la República c) La Suprema Corte de Justicia en asuntos judiciales d) La Junta Central Electoral Asuntos electorales:

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Es así, que todas las normas jurídicas deben manifestarse por medio de formas previamente establecidas, es decir, a través de un acto jurídico que exteriorice y exprese la voluntad del legislador. Tiene potestad para legislar el poder legislativo que se ejerce por el congreso de la República, compuesto por el senado y la cámara de diputado, cuya función es legislar.La ley, y la ratificación convenio internacionales son manifestaciones de la potestad legislativa.Los decretos y reglamentos expedido por el poder ejecutivo el reglamento tiene por objeto legislar sobre materia no prevista en la ley.El principio de reserva de ley: procedimiento legislativo: Todo proyecto de ley que pretenda aprobarse deberá iniciarse en una de las cámaras donde se someterá a dos discusiones distintas, con intervalo de un día por lo menos ente una u otra discusión; en caso que el proyecto de ley fuere declarado de urgencia deberá se discutido en dos secciones consecutivas. El artículo 40 de la constitución indica que tan pronto un proyecto de leyes aprobado en cualquiera de la cámaras, pasará a la otra en donde se procederá de igual manera que en la cámara de procedencia. Si esta cámara le hiciera modificaciones, devolverá dicho proyecto con las observaciones a la cámara en que se introdujo el proyecto de ley, y en caso de ser aceptados, enviará la ley al poder ejecutivo; pero si por el contrario la cámara que conoció originalmente del proyecto no aprueba la modificaciones formuladas en la cámara que conoció en segundo término y las rechaza, entonces lo remitirá nuevamente a la cámara de donde proceden las modificaciones, con sus observaciones y allí, si son aprobadas las modificaciones, la ley queda aceptada y se enviará al ejecutivo para fines de promulgación y publicación. Si fueren rechazadas las observaciones se considerara rechazado el proyecto de ley y no podrá ser sometido sino en una próxima legislatura.El senado de la República y la cámara de diputados adoptara sus decisiones por mayoría de votos y será necesario un quórum de más de la mitad TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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de sus miembros. Cuando se trate de asuntos declarados de urgencia se requerirá el voto de las 2 terceras partes de los miembros en ambas cámaras.Promulgación: toda ley aprobada en ambas será enviada al poder ejecutivo. Si éste no la observase, la promulgará dentro de los 8 días de recibido. El poder ejecutivo promulga mediante decreto en el termino de 8 días de haberse recibido la ley aprobada y la hará publica en 5 días de haberla promulgado. El jefe de estado puede observar las leyes que le son remitidas por el congreso para fines de promulgación y publicación. El Derecho de observación que posee el ejecutivo debe ejercerse en los 8 días de recibido por ley de la cámara que la haya remitido, que es el mismo plazo que dispone para la promulgación.La promulgación tiene por objeto proclamar la existencia de la nueva ley, prepara la publicidad de la misma, que permitirá su ejecución.La promulgación de la ley significa, además, que el Presidente de la República, ha renunciado al Derecho a observación que le otorga el artículo 41 de la Constitución. Si el poder ejecutivo observase la ley la devolverá a la cámara de donde procedió en el termino de 8 días a contar de la fecha en que le fue enviada, si el asunto no fue declinado de urgencia, pues en este caso hará sus observaciones en el plazo de tres días. Si ambas cámaras respectivamente, la aprobaran nuevamente con el voto de las dos terceras partes del número del total de sus miembros, se considerará como definitiva y el Presidente de la República estará obligado a promulgar ya publica la ley.La publicación: El artículo 45 de la Constitución manda que las leyes, después de promulgadas, sean publicadas dentro de los 15 días siguientes en la forma que la ley determine (en la gaceta oficial o en un periódico de circulación nacional). Y serán obligatorias, cumplido el tiempo legal para que se repute conocida en el Distrito Nacional. Al día siguiente de la publicación y al segundo di para los residentes en interior del país. Obligatoriedad de la ley. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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“Las leyes después de publicadas, son obligatorias para todos los habitantes de la República, si ha transcurrido el tiempo legal para que se repute conocidas”. Las leyes se reputaran conocidas en el Distrito Nacional el día siguiente al día de la publicación y al segundo día en todas las provincias del país.Clases y alcance de las mismas: La clasificación de las leyes se hace necesaria, pues no todas tienen el mismo alcance, naturaleza, importancia, fines o consecuencias. a) Leyes materiales y leyes formales: Las leyes materiales son aquellas que establecen normas abstractas y permanentes que regulan un número indefinido de casos la ley que rige el transito terrestre en nuestro país; contrario a las leyes formales que sólo tienen apariencia de tales limitándose a mediadas particulares como cuando se otorga una pensión mediante la ley del congreso, se dispones un gasto especial, se otorga un subsidio, etc. b) Leyes generales y leyes especiales: Las leyes generales son conocidas, elaboradas y promulgadas para regir situaciones corrientes aplicables a la generalidad de las personal y casos. Normalmente las leyes tienen este carácter, pues son hechas para regular y registrar situaciones generales dentro de la convivencia humana. El legislador crea la norma para ser aplicada elga homnes (a todo el mundo). Mientras que las leyes especiales con creadas para regular situaciones particulares, es decir, van dirigidas a resolver un hecho individual o particular como la que acuerda una pensión. c) Leyes forzosas y leyes no forzosas: Son numerosos los casos en que el Derecho señala con carácter obligatorio una determinada conducta que se impone a la voluntad humana no ordenando los actos y considerar justa o prohibiendo toda actividad contraria. Las leyes imperativas son las que imponen una conducta positiva; Las leyes prohibitivas, las que ordenan una conducta negativa. Ambas integran el TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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grupo de los normas forzosas. Las leyes forzosas abarcan casi todo el campo del Derecho público aunque son frecuente en el Derecho privado.Las leyes no forzosas pueden ser permisivas y supletorias y de interpretación. La permisivas son aquellas que permiten a los individuos obrar a su entera libertad, como encontramos en la constitución las normas que permiten trabajar, ejercer toda empresa licita, usar y disponer de la propiedad, etc. Las leyes supletorias son dictadas para los casos en que los interesados no hayan regulado particularmente sus Derechos, como por ejemplo, un contrato de renta lo que ellos no prevén se remite al Derecho común, que actúa supletoriamente. Las normas de interpretación tiene por objeto aclarar la voluntad de las partes cuando ella es oscura o deficiente. La voluntad existe, sólo hay que aclararle y asignarles los defectos debidos. La constitución de las leyes, los decretos y los reglamentos: La constitución es la ley suprema, por tanto son nulos de pleno Derecho toda ley , decreto o resolución reglamento o actos contrario a ella. En orden jerárquico menor sigue la ley ordinaria que es el conjunto de normas que regulan parte del comportamiento de los humanos en sociedad, la cual debe ser cónsona (acorde) con la constitución.Los decretos y reglamentos son dictados por el poder ejecutivo. El decreto es el término genérico con el cual se designa todas las decisiones del jefe del estado. El reglamento tiene por objeto legislar sobre materia no prevista en la ley, o desarrollar las normas sentadas en una ley con el fin de facilitar su aplicación, el cual emana de autoridad que no es el congreso, sino del Presidente, el secretario de estado o el sindico municipal.TEMA VIII TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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La jurisprudencia y las fuentes del Derecho: Después de la ley, la jurisprudencia es la fuente más importante, y se define como el conjunto de decisiones de los Tribunales, principalmente de nuestro más alto Tribunal la Suprema Corte de Justicia. La jurisprudencia se va formando por las interpretaciones que hacen nuestros Tribunales de la ley, principalmente la Suprema Corte de Justicia, cuando precisan su contenido, lo completan, o también lo alteran. Atribuyéndole una solución diferente a lo que ha querido el legislador. Ella puede llenar las lagunas de la ley, como lo establece el artículo 4 del Código Civil, al señalar que los Jueces están en la obligación de juzgar, aún en caso de oscuridad o silencio de la ley. Tenemos que son fuentes del derecho: la ley, la jurisprudencia, la doctrina, el derecho consuetudinario (está ligado a las costumbres), los actos jurídicos. Jurisprudencia ordinaria y constitucional: La costumbre como fuente del Derecho: De la conciencia popular es de donde brota lentamente el uso que, considerando poco a poco como obligatorio, se convertirá en regla de derecho: la costumbre. La costumbre: es una regla que emana directamente del pueblo, general y permanentemente, y está reconocido como obligatoria por la autoridad. Normalmente se dice la costumbre hace ley. Los principios generales del Derecho: La doctrina: se denomina doctrina al conjunto de opiniones emitidas por los estudiosos del derecho, a través de libros, revistas, artículos. Es el conjunto de los trabajos de los jurisconsultos. Los actos jurídicos: es una fuente importante del derecho y particularmente de los derechos subjetivos. TEMA IX:

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Teoría de la interpretación: Al legislador no prever todas las situaciones susceptibles de presentarse en la practica, resulta necesario interpretar la ley, más cuando es oscura o presenta lagunas. Por consiguiente, la interpretación de la ley siempre será necesaria cuando ella sea insuficiente, oscura o contradictoria. Como dice Josserand “La vida es más ingeniosa que el legislador”. Los Tribunales tienen la misión de interpretar las leyes, además de aplicarlas. De la interpretación de los Tribunales den a las normas jurídicas depende la seguridad individual y la certeza de los resultados a los que cada uno puede aspirar. La interpretación judicial, como afirmamos, corresponde al Poder Judicial. La aplicación e interpretación de las normas jurídicas: La Suprema Corte de Justicia, cuando actúa como Corte de Casación, es el instrumento y la garantía de la unidad de interpretación de la Ley en todo el país. El legislador al elaborar la Ley trata de estar imbuido de la mayor claridad del pensamiento y tiene cuidado al redactarla; sin embargo, no siempre la Ley resulta del todo clara. Lo que obliga al Juez interpretar la ley, hasta que intervienen el legislador y llena “Las lagunas de la Ley”, es decir, los claros o los espacios vacíos que ésta ha dejado por olvido o por imposibilidad de marginarlos al sancionar la Ley. La interpretación de la Ley en la República Dominicana: Nuestro Código Civil, dispone en su artículo 4, “El Juez que rehusa juzgar pretextando silencio, oscuridad o insuficiencia de la Ley, podrá ser perseguido como culpable de denegación de justicia”; en tal sentido, corresponde a nuestros Tribunales, el papel de interpretación de las Leyes. Para controlar cualquier disparidad de criterios respecto a la interpretación de la ley, esta la Suprema Corte de Justicia, la cual aunque no tiene en principio facultad de imponer sus criterios a los Tribunales inferiores, mantiene sin embargo, la unidad de interpretación, mediante los fallos que producen en vistas de los recursos de Casación que las partes interponen. Debemos aclarar que en nuestro derecho existe en principio, independencia jurisdiccional, es decir, independencia de interpretar la Ley de parte de los demás Tribunales, ahora, cuando las partes interponen un recurso de casación, si la TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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Suprema Corte de Justicia, entiende que la Ley ha sido mal aplicada, anula (casa) la sentencia recurrida y envía el asunto por ante otro Tribunal similar al que dictó la sentencia casada o anulada, el cual podrá fallar de un modo distinto al criterio de la Suprema Corte de Justicia, pudiéndose interponer de nuevo recurso de casación, ante el cual la Suprema Corte de Justicia, puede volver a casar la sentencia y remitir el caso nuevamente a otro Tribunal de igual naturaleza que aquel del cual procede la sentencia anulada, debiendo este último Tribunal ajustarse al criterio de la Suprema Corte de Justicia, imponiéndose de esta manera su criterio. En síntesis, la Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación, no conoce de los hechos, sino, si la ley ha sido, bien o mal aplicada. La exégesis: Para la escuela de la Exégesis el problema de la interpretación quedaba limitado al estudio y análisis de la Ley. Había un excesivo culto al texto de la Ley. Esta escuela - dicen los hermanos Mazeaud- aporta un método al interprete: Los argumentos de analogía, el razonamiento a contrario, la inducción y la deducción, son sus medios. No obstante, la mejor interpretación de las normas jurídicas, será la que se realice buscando los valores superiores que caracteriza el derecho; la justicia, el orden, la paz, la seguridad y el bien común, subordinado rigurosa y permanentemente a lo que es el derecho, como conjunto de normas que regulan la convivencia de los seres humanos en la sociedad. TEMA X Organización del Estado (I) Formas de Estado: El Estado es la sociedad organizada para declarar el derecho de un modo supremo e inapelable, cumplirle en relación con todos los fines de la vida y hacerle cumplir por medio del principio de autoridad cuando no se realice voluntariamente. Los estados se dividen atendiendo a su forma, en simples unitarios, federados y confederados. El Estado simple o unitario: aquel cuya población se encuentra en un territorio determinado, al que se someten políticamente y bajo las mismas leyes,. Los distintas regiones que lo integran como por el ejemplo la República Dominicana. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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Se denomina Estados federales o federados, aquellos que se unen para formar un solo Estado, el cual se halla representado por un Gobierno Central como por ejemplo Brasil, Argentina. La confederación están constituida por una agrupación de Estados completamente soberanos en su vida particular y completamente subordinados al Gobierno Central, no ya sólo en la vida de relación internacional, sino en todas aquellas actividades de la vida nacional que requieren un régimen unitario, central, común. Por ejemplo los Estados Unidos de Norte América. La República como forma política de Estado: El Gobierno, en cuanto su forma, puede ser social u orgánico. Los Gobiernos sociales, son aquellos en que se manifiesta el predominio de determinada clase social. Los modos sociales del Gobierno son: aristocracia o gobierno de las clases privilegiadas; mesocracia o gobierno de los medios; teocracia, gobierno de la clase sacerdotal y democracia, gobierno de la clase popular. Los Gobiernos orgánicos, son aquellos en que se ha tenido en cuenta la mayor capacidad de los ciudadanos en orden a los fines del Estado. Los Gobiernos orgánicos se llaman: República cuando se ejerce por un Presidente elegido por el pueblo; monarquía o imperio. Según se ejerce el poder por un Rey o un Emperador. La presidencia de la República: el Poder Ejecutivo se ejerce por el Presidente de la República, quien es elegido por Cuatro años (en Rep. Dom.), por voto directo. El Presidente de la República es el jefe de la administración pública y jefe supremo de todas las fuerzas armadas de la República. Composición: Además del Presidente, habrá un Vicepresidente, que debe reunir los mismos requisitos que el Presidente. Funciones: (art. 55) 1Nombrar Secretarios y Sub Secretarios de Estado. 2Promulgar y hacer públicas las leyes, expedir reglamentos, decretos e instrucciones. 3Velar por la buena recaudación y fiel inversión de las rentas nacionales. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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4Nombrar miembros del cuerpo diplomático. 5Recibir Jefes de Estados. 6Presidir actos solemnes, dirigir las negociaciones diplomáticas y celebrar tratados. 7Declarar el estado de emergencia en caso de alteración a la paz pública o catástrofes. 8Celebrar contratos. 9Llenar las vacantes de Regidores o Síndicos. 10Expedir patentes de navegación. 11Reglamentar servicio de aduanas. 12Disponer todo lo concerniente a las Fuerzas Armadas. 13Tomar las medidas necesarias en caso de ataque armado. 14Disponer todo lo relativo a las Zonas Aéreas, Marítimas, Fluviales y Militares. 15Conceder indultos. 16Anular arbitrios. 17Someter al Congreso el presupuesto de ingresos y Ley de Gastos Públicos. Y otros.Estatuto de sus miembros: Para ser presidente de la República se requiere: 1.- Ser dominicano de nacimiento u origen. 2.- Haber cumplido 30 años de edad. 3.- Estar en pleno ejercicio de los derechos políticos. 4.- No estar en servicio militar o policial activo, por lo menos durante el año que preceda a la elección. Para ser Vicepresidente se requieren estas mismas condiciones. Gobierno y Administración: Es el conjunto de funcionarios que tienen la representación de los poderes públicos, forman el gobierno, que preside y dirige el Presidente de la República.

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La Administración pública se define como el conjunto completo de organismos y funcionarios que habitualmente por medio de actos sucesivos, aislados e individuales, esto es, relativos en cada caso a una cuestión concreta y determinada, realiza los fines del Estado dentro de la Constitución y las leyes. Aunque la Administración Pública no corresponde exclusivamente a ninguno de los tres poderes del Estado, sino que la comparten los tres, en proporciones muy diferentes, corresponde al Presidente de la República la mayor parte de los deberes y atribuciones de esta; en consecuencia, el Estado Dominicano cuando ejerce la función administrativa por vía del Poder Ejecutivo se denomina administración pública. Toda actividad propia del Estado para cumplir sus finalidades públicas en servicio, ayuda, protección o defensa, que no tengan carácter legislativo, ni judicial, pertenece a la esfera de la administración pública. La conforman la Presidencia de la República, los Secretarías de la Presidencia, las Secretarías de Estado, las Instituciones Autónomas y descentralizadas del Poder Ejecutivo, los Organismos Regionales, Provinciales y Municipales y las empresas PúblicasEl control político del Gobierno: TEMA XI El poder Legislativo: (Art. 16-20, Constitución) Se ejerce por un Congreso de la República, compuesto de un senado y una cámara de Diputados. La elección de Senadores y Diputados se hará por voto directo. Los cargos de Senador y de Diputados son incompatibles con cualquier otra función o empleo de la Administración Pública. Cuando ocurran vacantes de Senadores o de Diputados, la Cámara correspondiente escogerá el sustituto de la terna que le presentará el organismo superior del partido que lo postuló. La terna deberá ser sometida a la Cámara donde se haya producido la vacante, dentro de los treinta días siguientes a su concurrencia, si estuviere reunido el Congreso, y en caso de no estarlo, dentro de los treinta primeros días de su reunión. Transcurrido el plazo señalado sin que el organismo competente del partido hubiese sometido la terna, la Cámara correspondiente hará libremente la elección. Sistemas Unicamerales y Bicamerales: TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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Sistema Unicameral: Sistema de organización del Estado en que el Poder Legislativo se ejerce por una sola cámara, llamada de Diputados o Representantes. Sistema Bicameral: Régimen político en el que existen dos asambleas representativas. Integrado por la Cámara de Senadores y por la de Diputados o Representantes, que aunque actúan separados trabajan coordinadamente. Las ventajas y los inconvenientes de uno y otro sistema han sido muy discutidos en la doctrina, pero ha prevalecido en la mayoría de las Constituciones la bicameral, por estimarse que el Senado o Cámara Alta, sirve de contrapeso al mayor impuso de la Cámara de Diputados. El Congreso: Conjunto de órganos que integran el poder legislativo. (Cámara de Senadores y Cámara de Diputados). Es el órgano que ejerce la función legislativa por medio de la acción combinada de los dos cuerpos que la forman Son atribuciones del Congreso: (Artículo 37, Constitución). 1.- Establecer los impuestos o contribuciones generales y determinar el modo de su recaudación e inversión. 2.- Aprobar o desaprobar, con vista del informe de la Cámara de Cuentas, el estado de recaudación e inversión de las rentas que debe presentarle el Poder Ejecutivo. 3.- Conocer de las observaciones que a las leyes haga el Poder Ejecutivo. 4.- Proveer a la conservación y fructificación de los bienes nacionales, y a la enajenación de los bienes del dominio privado de la Nación, excepto lo que dispone el Inciso 10 del Artículo 55 y el Artículo 110. 5.- Disponer todo lo concerniente a la conservación de monumentos de estos últimos. 6.- Crear o suprimir provincias, municipios u otras divisiones políticas del territorio y determinar y determinar todo lo concerniente a sus límites y organización, previo estudio que demuestre la conveniencia social, política u económica justificativa del cambio. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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7.- En caso de alteración de la paz o en el de calamidad pública, declarar el estado de sitio o suspender solamente donde aquellas existan, y por el término de su duración, el ejercicio de los derechos individuales consagrados en el Artículo 8, en sus Incisos 2, letras b), c), d), e), f), g), y 3, 4, 6,7 y 9. 8.- En el caso de que la soberanía nacional se encuentre expuesta a un peligro grave e inmanente, el Congreso podrá declarar que existe un estado de emergencia nacional, suspendiendo el ejercicio de los derechos individuales, con excepción de la inviolabilidad de la vida, tal como lo consagra el inciso 1) del Artículo 8 de esta Constitución. Si no estuviera reunido el congreso, el presidente de la República podrá dictar la misma disposición, que conllevará convocatoria del mismo para ser informado de los acontecimientos y las disposiciones tomadas. 9.- Disponer todo lo relativo a la migración. 10.- Aumentar o reducir el número de las Cortes de Apelación y crear o suprimir tribunales ordinarios o de excepción. 11.- Crear o suprimir tribunales para conocer y decidir los asuntos contenciosoadministrativos y disponer todo lo relativo a su organización y competencia. 12.- Votar el presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos extraordinarios para los cuales solicite un crédito el Poder Ejecutivo. 13.- Autorizar o no empréstitos sobre el crédito de la República por medio del Poder Ejecutivo. 14.- Aprobar o desaprobar los tratados y convenios internacionales que celebre el Poder Ejecutivo. 15.- Legislar cuanto concierne a la deuda nacional. 16.- Declarar por Ley la necesidad de la reforma constitucional. 17.- Conceder autorización al Presidente de la República para salir al extranjero cuando sea por más de quince días. 18.- Examinar anualmente todos los actos del Poder Ejecutivo y aprobarlos, sin son ajustados a la Constitución y a la leyes. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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19.- Aprobar o no los contratos que le someta el presidente de la República de conformidad con el Inciso 10 del Artículo 55 y con el Artículo 110. 20.- Decretar el traslado de las Cámaras Legislativos fuera de la capital de la República, por causa de fuerza mayor justificada o mediante convocatoria del Presidente de la República. 21.- Conceder amnistía por causa política. 22.- Interpelar a los Secretarios Estados y a los Directores o Administradores de Organismos autónomos del Estado, sobre asunto de competencia, cuando así lo acordare las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara que lo solicite, a requerimiento de uno o varios de sus miembros. 23.- Legislar acerca de toda materia que no sea de la competencia de otro Poder del Estado o contraria a la Constitución. De la formación y efecto de las leyes : (Artículos 38-45, Constitución) Tienen derecho a iniciativa en la formación de las leyes: a) b) c) d)

Los Senadores y los Diputados. El Presidente de la República. La Suprema Corte Justicia La Junta Central Electoral en asuntos electorales.

Art.39. Todo Proyecto de ley admitido en una de las cámaras se someterá a dos discusiones distintas, con un intervalo de un día por lo menos entre una y otra discusión. En caso de que fuere declarado previamente de urgencia, deberá ser discutido en dos sesiones consecutivas. Art.40. Aprobado un proyecto de ley en cualquiera de las Cámaras, pasará a la otra para su oportuna discusión observándose en ella las mismas formas constitucionales. Si esta Cámara le hiciere modificaciones, devolverá dicho proyecto con observaciones a la Cámara en que se inició, y, en caso de ser aceptadas, enviará la ley al Poder Ejecutivo. Pero si aquellas fueren rechazadas, será devuelto el proyecto a la otra Cámara con observaciones; y si esta las aprueba, enviará a su vez la ley al Poder Ejecutivo. Si fueren rechazadas las observaciones, se considerará desechado el proyecto. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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Art.41. Toda ley aprobada en ambas Cámaras será enviada al Poder Ejecutivo. Si este no la observare, la promulgará dentro de los ocho días de recibida y la hará publicar dentro de los quince días de la promulgación. Si la observare, la devolverá a la Cámara de donde procedió , en el término de ocho días a contar de la fecha en que le fue enviada, si el asunto no fue declarado de urgencia, pues en este caso hará sus observaciones en el término de tres días. La Cámara que hubiere recibido las observaciones las hará consignar en el orden del día de la próxima sesión y discutirá de nuevo la ley. Si después de esta discusión las dos terceras partes del número total de los miembros de dicha Cámara la aprobaren de nuevo, será remitida a la otra Cámara; y si ésta lo aprobare por igual mayoría, se considerará definitivamente ley. El presidente de la República estará obligado a promulgar y publicar la ley en los plazos indicados. Las leyes, después de promulgadas, se publicarán en la forma que por la ley se determine y serán obligatorias una vez que hayan transcurrido los plazos indicados por la ley para que se reputen conocidas en casa parte del territorio nacional. Función Legislativa: La Constitución de la República Dominicana consagra al Congreso Nacional , compuesto por un Senado y una Cámara de Diputados, el ejercicio del Poder Legislativo ; el cual adopta un sistema bicamarista. Las Cámaras trabajando separadamente, constituyen el Congreso Nacional, que es el cuerpo que tiene la función legislativa, pero en ciertas ocasiones las dos Cámaras se juntan para realizar ciertas actuaciones que la Constitución especifica, entonces este Cuerpo mixto recibe el nombre de Asamblea Nacional. Cada Cámara se compone de un presidente, un vicepresidente y dos secretarios, que se eligen el 16 de Agosto. El Senado (Artículos 21-23, Constitución ). Composición y estructura: El Senado se compondrá de miembros elegidos a razón de uno por cada provincia y uno por el Distrito Nacional, cuyo ejercicio durará un período de cuatro años. funciones:

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1.- Elegir el presidente y demás miembros de la Junta Central Electoral y sus suplentes. 2.- Elegir los miembros de la Cámara de Cuentas. 3.- Aprobar o no los nombramientos de funcionarios diplomáticos que expedida el Poder Ejecutivo. 4.- Conocer de las acusaciones formuladas por la Cámara de Diputados contra los funcionarios públicos elegidos para un período determinado, por mala conducta o faltas graves en el ejercicio de sus funciones. En materia de acusación, el Senado no podrá imponer otras penas que las de destitución del cargo. La persona destituida quedará sin embargo sujeta, si hubiese lugar, a ser acusada u juzgada con arreglo a la ley. El Senado no podrá destituir a un funcionario sino cuando lo acordare por lo menos el voto de las tres cuartas partes de la totalidad de los miembros. De la Cámara de Diputados: (Art. 24-26 Const.) Composición y estructura: Se compone de miembros elegidos cada cuatro años por el pueblo de las provincias y del Distrito Nacional, en razón de uno por cada cincuenta mil habitantes, o fracción de más de veinticinco mil, sin que en ningún caso sea menos de dos. Funciones: Es atribución exclusiva de la Cámara de Diputados ejercer el derecho de acusar ante el Senado a los funcionarios públicos en los casos determinados por el Acápite 4 del Artículo 23. La acusación no podrá formularse sino con el voto de las tres cuartas partes de la totalidad de los miembros de la Cámara. TEMA XII. Organización del Estado (III) Constitución económica: En la Constitución Dominicana figura un número de previsiones cuyo objetivo es coadyuvar a la conservación de la estabilidad económica y financiera, las cuales se refieren al procedimiento para establecer los impuestos y contribuciones, en el cual la acción decisiva está confiada al Congreso; así como también la consagración del derecho a la propiedad privada. Lo cual representa una preocupación por el buen ordenamiento económico y por TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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la protección del trabajo, que es uno de los elementos fundamentales e inexcusables de la producción de riqueza. La Potestad financiera: El Estado está obligado constitucionalmente a satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Para satisfacer estas necesidades el Estado necesita recursos, los cuales obtiene a través de la realización de distintas actividades, entre las cuales la más importante es la que se refiere al establecimiento , recaudación y administración de los tributos. En virtud de lo que se conoce como la potestad tributaria, el Estado está facultado para exigir a los ciudadanos el pago de tributos, o para eximirlo parcial o totalmente del pago de dicho tributo. Sin embargo existen principios constitucionales que limitan la potestad tributaria, el principio de legalidad tributaria, principio de igualdad tributaria y principio de proporcionalidad o capacidad tributaria y el principio de no expropiación. Presupuestos generales del Estado: El proyecto de Presupuesto es preparado por el Presidente de la República. Debe someterlo a la consideración del Congreso en la segunda legislatura del año, con el fin de que pueda ser aprobado a tiempo para regir en el año siguiente. El Congreso efectúa la aprobación del Presupuesto en forma de ley, por más que la aprobación del mismo sea esencialmente un acto de carácter administrativo. La forma de ley es requerida, sin embargo, para que el proyecto tenga que ser sometido a una doble discusión en cada cámara y para que se ponga mas cuidado en su discusión y aprobación. Por otra parte la forma de ley permite que al final del proyecto figuren con fuerza de ley algunas disposiciones o textos cuya aplicación faciliten la ejecución del presupuesto y la coordinación financiera. Según nuestra Constitución el Presupuesto Nacional se compone de dos secciones distintas, aunque se complementan. La primera es denominada Presupuesto de Ingresos y la segunda Ley de Gastos Públicos. La Ley de Gastos Públicos debe dividirse en capítulos que correspondan a los diferentes ramos de la Administración ; donde están contenidas las partidas correspondiente al Poder Legislativo y el Poder Judicial. Cada capítulo se subdivide en partidas dedicadas a cada uno de los servicios públicos bien caracterizados. La Constitución requiere en principio que toda transferencia de un Capítulo presupuestal a otro o de una partida presupuestal a otra, se efectúe por medio de TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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una ley formal. Sin embargo cuando el Congreso está de receso, el Poder Ejecutivo tiene facultad para disponer estas transferencias por medio de decretos ley, cuando lo exijan las necesidades urgentes del servicio administrativo, con la obligación de someterlas a la aprobación del Congreso en la próxima. Cuando por cualquier circunstancia el Congreso cierre la segunda legislatura del año sin haber votado el Presupuesto, la Constitución dispone que continúe rigiendo el Presupuesto del año. Principios constitucionales del Derecho Tributario: Principio de la legalidad Tributaria: de conformidad con este Principio no puede exigirse a ningún ciudadano el pago de un impuesto, si previamente no existe una ley que lo establezca. Principio de Proporcionalidad: establece que los impuestos deben ser establecidos de manera proporcional a todos los ciudadanos, en razón de que cada ciudadano debe contribuir a la carga pública de acuerdo con su capacidad tributaria. Principio de no expropiación: establece que ningún impuesto puede ser de un monto ni cercano ni igual a los ingresos o a los bienes en los cuales se le aplica el impuesto. La Contraloría General de la República: TEMA XIII Organización del Estado (IV): El título X de la Constitución Dominicana, prevé la regla general aplicable en lo relativo a las elecciones, lo que es lo mismo, a las asambleas electorales, en los artículos 88 al 92 inclusive. Ley electoral No. 275/97 de fecha 21 de Diciembre del 1997. La administración electoral: La organización, vigilancia y realización de los procesos electorales, en las formas establecidas en la presente ley estará a cargo de los siguientes órganos: TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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1. 2. 3.

La Junta Central Electoral. Las Juntas Electorales. Los Colegios Electorales

La Junta Central Electoral: es el organismo que organiza y dirige las elecciones. Sus miembros son elegidos por el Senado de la República (5 Jueces). Es la máxima autoridad en materia electoral. Tiene las siguientes atribuciones: a)- Administrativas: crear, suprimir, trasladar circunscripciones, nombrar funcionarios, declarar ganadores, de organizar las elecciones. b)- Reglamentarías: Dictar reglamentos de los órganos electorales, actividades electorales, registro electoral, organización y celebración de lecciones. c-) Jurisdiccional: Conocer impugnaciones y recusaciones; y otros conflictos internos de los partidos políticos (art. 6). El procedimiento electoral: Las asambleas electorales se reunirán de pleno derecho el 16 de mayo de cada Cuatro (4) años para elegir Presidente, y Vicepresidente, de la República y demás funcionarios electivos, mediando Dos (2) años entre ambas elecciones. En los casos de convocatoria extraordinaria, se reunirán a más tardar Sesenta (60) días, después de la publicación de la ley de convocatoria. Las asambleas Electorales funcionaran en colegios cerrados, organizados conforme a la ley. Cuando en las elecciones celebradas para elegir Presidente y Vicepresidente, ninguna de las candidaturas obtenga la mayoría absoluta de las notas válidas emitidas, se efectuará una segunda elección Cuarenticinco (45) días después de celebrada la primera. En esta última elección participaran solamente las dos candidaturas que hayan obtenido mayor número de votos en la primera elección. Las elecciones se harán por voto directo y secreto y con representación de las minorías cuando haya de elegirse dos o más candidatos. TEMA XIV TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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El Poder Judicial en la Constitución Dominicana: El Poder Judicial se ejerce por la Suprema Corte de Justicia y por los demás Tribunales del Orden Judicial, creados por la constitución y las leyes. Este poder gozará de autonomía administrativa y presupuestaria. El Consejo Nacional de la Magistratura: es quien designa a los Jueces de la Suprema Corte de Justicia, estará conformado de la forma siguiente: Presidente de la República, quien lo preside. Presidente del Senado. Un Senador de un partido diferente al presidente del Senado. Presidente de la Cámara de Diputados. Un Diputado de un partido diferente al Presidente de la Cámara de Diputados. Presidente de la Suprema Corte de Justicia. Un Juez de la Suprema Corte de Justicia, escogido por ella, quien fungirá como Secretario. En caso de falta del Presidente de la República, lo sustituye el Vicepresidente de la República y a falta de ambos el Procurado General de la República. Al elegir los Jueces de la Suprema Corte de Justicia, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) dispondrá cual de ellos ocupará la presidencia y designará un primer y segundo sustituto. En caso de cesación de un Juez el Consejo Nacional de la Magistratura, elegirá nuevo Juez con la misma calidad o atribuirá ésta a otro Jueces. La Suprema corte de Justicia: Se compone de Dieciséis (16) Jueces. Se divide en Tres (3) Cámaras. Civil Penal Tierras, Administrativo.

Laboral,

Contencioso

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Tributario

y

Contencioso

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El Ministerio Público: Es un funcionario designado por el Poder Ejecutivo. Frente a cada Tribunal existe un agente del ministerio público, que no es más que el representante de los intereses de la sociedad. El ministerio público tiene la misma categoría que el Presidente del Tribunal donde ejerce sus funciones. Al tener ayudantes, puede ser reemplazado por cualquiera de sus ayudantes, estos ayudantes tienen las mismas funciones y características que el titular. La Sumisión del Juez a la ley y la independencia judicial: la independencia judicial es el centro de la función judicial. Del estudio de las disposiciones constitucionales y legislativas de un país, se determina si los jueces son realmente independientes de los poderes políticos por las condiciones de su nombramiento y las condiciones del desarrollo. Sin olvidar que los medios mal empleados pueden concluir a atentar contra la independencia. Se debe evocar la independencia del Juez con respecto a su ignorancia, aquellos que tienen como función aplicar la ley, y resolver los litigios deben tener perfecto conocimiento de los textos jurídicos aplicables. La inamovilidad judicial: El Artículo 63 de la Constitución, en su Párrafo III, establece que los jueces son inamovibles, sin perjuicio de lo dispuesto en el acápite 5 del artículo 67, el cual establece que la Suprema Corte de Justicia ejercerá la mas alta autoridad disciplinaria sobre todos los miembros del Poder Judicial, pudiendo imponer hasta la suspensión o destitución en la forma que determine la ley. TEMA XV Estatutos de Jueces y Magistrados: La carrera judicial: Conjunto de normas que regulan los derechos, deberes, responsabilidades, prohibiciones e incompatibilidades puestas a cargo de los Jueces, como integrantes del Poder Judicial, dirigido a garantizar su poder jurisdiccional, estabilidad e independencia para así conformar una administración de justicia eficiente y eficaz, como soporte fundamental del Estado de Derecho. Prohibiciones e incompatibilidades: A los Jueces sujetos a la ley de carrera judicial les está prohibido: 1-

Realizar actividades ajenas a sus funciones.

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2Abandonar o suspender sus labores sin aprobación previa de autoridad competente, salvo casos de urgencia y fuerza mayor. 3Retardar o negar injustificadamente el despacho de los asuntos a su cargo o la prestación de los servicios que le correspondan. 4Exhibir tanto en el servicio como en la vida privada una conducta que afecte la respetabilidad y dignidad de la función judicial. 5Solicitar, aceptar o recibir, directamente o por personas interpuesta, gratificaciones, dádivas, obsequios, comisiones o recompensas, como pago por actos inherentes a su investidura. Responsabilidad de los Jueces y Magistrados: Desempeñar con interés, ecuanimidad, dedicación, eficiencia, probidad, imparcialidad, y diligencia las funciones a su cargo, observando buena conducta y evitando la comisión de faltas disciplinarias. Evitar los privilegios y discriminaciones por motivos de filiación política, religión, raza, sexo, condición social, parentesco y otros criterios que colindan con los derechos humanos y/o con el mérito personal. Cumplir y hacer cumplir la constitución, las leyes, reglamentos, instructivos, manuales, disposiciones y órdenes emanadas de las autoridades judiciales competentes. Guardar la reserva y confidencialidad que requieren los asuntos en litigios sometidos a su consideración y decisión en el ejercicio de su función jurisdiccional. Rechazar las proposiciones de cohecho o soborno que reciban y denunciarlas. Actuar con neutralidad política partidista en el desempeño de sus funciones. La responsabilidad disciplinarias: El régimen disciplinario tiene los objetivos siguientes: 1Contribuir a que los Jueces cumplan leal, eficiente y honestamente sus deberes y responsabilidades, a fin de mantener el mejor rendimiento del Poder Judicial. 2Procurar el adecuado y correcto ejercicio de los derechos y prerrogativas que se consagran a favor de los Jueces.

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3Procurar que las faltas disciplinarias sean juzgadas y sancionadas conforme a su gravedad y en base a estrictos criterios de legalidad, equidad y objetividad. 4Procurar la comisión de faltas de parte de los Jueces y pautar de manera clara su conducta dentro y fuera de la institución. 5Proveer los recursos y las vías de acción necesarias para la salvaguarda de los derechos y legítimos intereses, consagrados a favor de los Jueces. El poder disciplinario radica en la autoridad competente mediante el procedimiento establecido en la Ley de Carrera Judicial. Este poder consiste en el control de la observancia de la constitución, leyes, reglamentos, instrucciones y demás normas vigentes y la aplicación de sanciones en caso de valuación de las mismas. Estas sanciones podrán ser amonestación, suspensión o destitución. La evaluación del redimiendo: la evaluación del rendimiento de los Jueces será realizada por la Suprema Corte de Justicia, para los Jueces de las Cortes de Apelación, Tribunal Superior de Tierras y Tribunal Superior Administrativo y por los Jueces de las Cortes de Apelación. Para los demás Jueces con excepción del Tribunal Superior de Tierras que evaluaran los Jueces de Jurisdicción original. Para evaluar a los Jueces se toman en cuenta: 1234567891011-

Número de sentencias pronunciadas y cantidad de incidentes fallados. Número de sentencias confirmadas, revocadas o anuladas. Número de audiencias celebradas. Número de autos dictados y despacho de asuntos administrativos. Duración para pronunciar las sentencias y fallar los incidentes. Las recusaciones formuladas y aceptadas y el número inhibiciones. Las sanciones impuestas al Juez. El movimiento general de trabajo del Tribunal. Participación en seminarios, congresos nacionales e internacionales. Artículos, libros y monografías publicadas sobre temas jurídicos. Docencia académica.

Escalafón judicial: se crea el escalafón judicial de manera que los Jueces puedan en base al mérito personal y profesional pasar de una categoría a otra superior. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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La movilidad en la Carrera Judicial sólo opera por traslado o por ascenso. Se entiende por traslado la transferencia de un Juez, con un mismo grado, a otra jurisdicción de igual categoría. Ascenso es la promoción de un grado a otro superior. El escalafón judicial representa la relación de todos los Jueces integrantes del Poder Judicial clasificados de acuerdo a su nivel jerárquico y categoría, antigüedad y méritos profesionales. TEMA XVI. Sistema de control concentrado y control difuso de la verificación de la constitucionalidad de los actos de los demás poderes del Estado. El control constitucional supone una actividad estatal, a través de la cual se procura asegurar la vigencia y supremacía en el sistema de fuentes del derecho e integridad de la Constitución con respecto a todos los actos de los poderes públicos. Condicionando la validez y efectos de tales actos, tanto en la forma de su creación como en su contenido, a su conformidad con la Constitución. Los mecanismos destinados a asegurar la eficacia de la norma constitucional suponen modalidades distintas de solución de la cuestión de inconstitucionalidad. Se distinguen en la doctrina y en la práctica de los diferentes Estados constitucionales dos métodos clásicos de encarar el problema: el método concentrado y un sistema de control difuso. Sistema de control constitucional concentrado o europeo: es aquel en que se asigna a un solo órgano judicial la función de ejercer el control de la validez constitucional. Se ha denominado a este también austriaco por haberlo previsto la Constitución de Austria en 1929. Según el momento en que la cuestión es planteada se distingue el control preventivo a priori y posterior. El control a priori tiene a evitar la creación y vigencia de una ley inconstitucional. Este modo de control tiene lugar a instancias de los órganos legislativos y ejecutivo del Estado, dado que ambos participan por lo general en el proceso de creación de las leyes y de otros actos normativos con carácter de ley. De ahí que procede afirmar que este modo de control puede ser provocado por todos aquellos órganos o autoridades públicas que tienen poder de iniciativa TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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en la formación de las leyes y potestad constitucional para plantear la cuestión de inconstitucionalidad. El control a posteriori se expresa en los modos de control antes referidos: control concentrado y difuso, en tanto tienen lugar después de la promulgación de la ley o de los actos susceptibles de ser acusados y atacados por su inconstitucionalidad. Método Difuso de control constitucional: Este sistema nació con nuestra constitución de 1844, en la cual se prohibía al legislador votar leyes contrarias a la constitución, y al juez aplicar leyes que fueran inconstitucionales ni reglamentos contrarios a las leyes. El control difuso halla su fundamento en la realidad de que un juez no puede verse obligado a aplicar una norma que entiende contraria a la Constitución. El control difuso está a cargo de todos los tribunales del orden judicial, incluyendo la Suprema Corte de Justicia, a la que corresponde ejercer el control concentrado, en tanto ejerce funciones jurisdiccionales y ha de aplicar e interpretar la Constitución , tanto cuando actúa excepcionalmente como cuando actúa como tribunal de casación. El control difuso de la constitucionalidad se manifiesta a través de todos los jueces cualquiera que sea su rango o jerarquía. Dado que como se ha dicho, ello cae dentro de su actividad jurisdiccional de decir y decidir el derecho aplicable a los asuntos de su competencia apoderados. Pero mas aún plantea y pone de por medio una cuestión ética vinculada a la supremacía d los principios constitucionales, cuya inaplicación pude manifestar situaciones de injusticia. La potestad de los jueces en la tarea de asegurar el control constitucional está referida a su responsabilidad en la tutela de los derechos fundamentales y las garantías constitucionales. DERECHO CIVIL, COMERCIAL Y LABORAL TEMA 1. El Código Civil Dominicano: TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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Elementos que lo informan: Se pueden distinguir cuatro fuentes del Derecho Civil: 1.- El Código Civil, al que cierto número de artículos han sido incorporados y otros abrogados en el transcurso de los tiempos; 2.- Las leyes especiales no incorporadas al Código Civil y que reglamentan diversas materias del Derecho Civil (Legislación complementaria); 3.- La Costumbre; Que son la regla jurídica que se forma espontáneamente como consecuencia de los Usos y sin intervención del Legislador. 4.- La jurisprudencia; La cual resulta de la interpretación constante del Código y de las leyes, por los tribunales,. La jurisprudencia es una fuente indirecta o de interpretación del Derecho. Hay diversos métodos de interpretación: Literal o exegético y por argumento de analogía. Según los casos y los métodos de interpretación, la jurisprudencia puede limitarse a precisar el contenido de un texto, o bien a completarlo y también alterarlo en sí mismo, atribuyéndole una solución totalmente diferente a la que ha querido darle el Legislador. En razón de la jerarquización de los tribunales y la existencia de la Corte de Apelación y de la Corte de Casación , es precisamente la interpretación adoptada por las jurisdicciones superiores y no aquellas de las jurisdicciones inferiores, la que va formando la Jurisprudencia, la cual puede llenar las lagunas de la ley, puesto que el propio Código Civil así lo consigna en su Art.4 al decidir, que los jueces están en la obligación de juzgar, lo mismo en los casos de silencio u oscuridad o insuficiencia de la Ley. La Jurisprudencia es responsable de la flexibilización de la Regla del Derecho, su papel es hacer el derecho más conforme a las necesidades de su época, toda vez que será necesario interpretar la ley según su objeto, lo mismo que conforme a las necesidades sociales del momento, sirviéndose especialmente del argumento de la Analogía 5.- La Doctrina: Se da ese nombre a las opiniones emitidas por los juristas (abogados, profesores del Derecho) etc., en sus trabajos respectivos. La doctrina, a diferencia del Código, de las leyes, posteriores al Código, de la Costumbre y de la jurisprudencia, no es una fuente directa del Derecho, pero puede ser una fuente indirecta: las reformas legislativas, la evolución de la TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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Jurisprudencia, han sido a menudo punto de partida de las opiniones doctrinales lanzadas por los juristas. Estructura y Contenido: El Código Civil se compone de 2281 artículos, agrupados en tres libros, subdivididos en títulos. El primer libro está consagrado a las personas; el segundo a los bienes y los derechos reales; el tercero a las diversas maneras de adquirir la propiedad (sucesión, donación, obligaciones contractuales y otras). La numeración primitiva de artículos ha sido conservada, de tal suerte que, hay aún numerosos artículos cuyos textos Han sido abrogados y no reemplazados. Crítica: Leyes posteriores modificativas: Después de su promulgación, numerosos artículos del Código han sido abogados. Esas reformas traducen sobre un plano jurídico, la evolución política, económica y social de Francia. Así el divorcio fue suprimido en la Restauración, la incapacidad jurídica de la mujer casada, va a desaparecer en Francia. En la República Dominicana desaparece en 1940, con la Ley 390 . De una manera general, después de la III República, el Derecho Civil (Francés), se despoja progresivamente de su individualidad original, para tomar un carácter mas social y colectivo. En fin, después de largos tiempos, se vislumbra eventualmente una refundición del Código Civil. En 1945, una nueva comisión es constituida para preparar esa reforma. Los primeros trabajos de esa comisión han sido publicados. Los reformadores han estimado que no puede tratarse de una simple puesta a la vista de reglas jurídicas actuales, sino que por el contrario, es necesario proceder a la confección de un código nuevo que tendría en cuenta la evolución económica y social. Sin embargo, ha sido difícil determinar, si esos principios tradicionales deben ser abandonados, y en qué medida. Se ha tomado en cuenta por los reformadores, que cierto número de modificaciones han sido adoptadas en el curso de los últimos años, especialmente sobre: administración legal y Tutela, así como también. Hasta el presente, esas modificaciones han sido llevadas sobre los derechos de las personas y las sucesiones. Legislación civil especial: TEMA II: TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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Hecho jurídico: En tanto que los actos jurídicos se originan en la voluntariedad del actor, el hecho jurídico se caracteriza porque produce un efecto de Derecho que no ha sido querido, es en opinión de Couture, un evento constituido por una acción u omisión involuntaria, (pues de ser voluntaria constituiría el acto jurídico) o por una circunstancia de la naturaleza que crea, modifica o extingue derechos. Acto jurídico: Son los actos voluntarios lícitos, que tengan por fin inmediato restablecer entre las personas relaciones jurídicas, crear, modificar, transferir, conservar o aniquilar derechos. Para Couture es el hecho humano voluntario, lícito, al cual el ordenamiento positivo atribuye el efecto de crear, modificar o extinguir derechos. Para Capitant es toda manifestación, de una o más voluntades que tengan por finalidad producir un efecto de derecho Negocio jurídico: Es todo acto voluntario y lícito realizado de conformidad con una norma jurídica que tenga por finalidad directa y específica, crear, conservar, modificar, transferir o extinguir derechos y obligaciones dentro de la esfera del Derecho Privado. Elementos esenciales del negocio jurídico: Clases: Negocios simulados: Negocios fiduciarios: El de índole jurídica en que una persona, el fiduciario, recibe de otra, el fiduciante, con su confianza en aquella, la titularidad de una cosa, con el compromiso de usar de ella para el fin tenido en vista por ambas. Negocios fraudulentos: TEMA III: La persona y la personalidad: Persona es todo ente capaz de ser titular y ejercer derecho y facultades y contraer obligaciones. La palabra persona: En sentido jurídico, es un sujeto de derecho y de obligaciones, o sea, la persona que tiene vida jurídica. Aquel que es acreedor de derecho y es deudor de obligaciones. Persona es todo ser humano, cual que sea su sexo, edad o religión, su nacionalidad o raza, que sea capaz de poseer derechos y obligaciones. Todos los hombres son personas y mientras vivan, no hay suceso que pueda quitarle esa calidad. Pero son solamente los seres humanos, sujetos de derechos. Las agrupaciones sociales a las cuales ellos pertenecen , estado, pueden gozar en la sociedad de un papel preponderante. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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Personalidad: Es la actitud de convertirse en sujeto de derechos y de obligaciones; es la capacidad de convertirse en personas. Es el momento del nacimiento el que indica el comienzo de la personalidad, es decir, el momento en que la criatura humana, es completamente separada de su madre. En la aptitud para ser titular de derechos y de obligaciones. El niño es viable cuando ha nacido con los órganos necesarios para la vida, cuando él está conformado, de tal modo, que es lógico y natural que el niño nació viable, y que vivió siquiera un minuto después de nacer, en ese momento adquirió la personalidad, que le permitiera recibir una donación, sucesión, ect., que inmediatamente trasmitirá, por su muerte a sus herederos legales. La personalidad del ser humano termina en el momento de la muerte. La persona fallecida, como la no nacida, no pueden ser objeto de derechos, el derecho que les pertenece no se extingue con ella, sino para sus herederos. Atributos: Existencia de la persona física: La persona física lo constituyen los seres humanos. Todo ser humano posee una existencia jurídica dotada de personalidad con capacidad jurídica, esta capacidad jurídica presupone estar apto para ser sujeto de derechos y obligaciones, para adquirir derecho. Derecho en otras palabras, tener capacidad de ejercicio y capacidad de goce. Las personas físicas gozan de los Derechos Civiles durante toda su existencia. Individualización de la persona física: el nombre es el vocativo con el cual se designa a una persona. Constituye el primer paso para la individualización de la persona. Nombre: El nombre es el vocativo con que se designa a una persona, se compone de Dos (2) elementos y a veces de Tres (3): El apellido o nombre de familia, el nombre propio o los nombres propios, el seudónimo y el sobre nombre, el nombre es uno de los derechos de la personalidad. El nombre es inalienable, imprescriptible, inimitable. Domicilio: El derecho fija para cada persona un lugar, que es el asiento legal de esa persona, asiento en que se presume que ella está siempre presente, sea que lo éste o no lo esté en realidad. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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Por eso el artículo 102, determina así el domicilio: El domicilio de todo dominicano, en cuanto al ejercicio de sus Derechos Civiles es el lugar de su principal establecimiento. Domicilio es el lugar donde se halla fijado el asiento legal de las personas. La residencia es el lugar en que una persona se encuentra habitualmente. Actos del Estado Civil: Los hechos jurídicos como el nacimiento y la muerte; los actos jurídicos, como el matrimonio, el divorcio, la tutela, ect. Es importante conservarlo en un acto instrumental, para la aprobación de estos. Es porque la ley exige para cada uno de ellos la redacción de un acto autentico o sea un acto que haga plena fe de su contenido. Esos son los actos del estado civil. Derechos de la personalidad: Tener personalidad es ser capaz de ser sujeto de derecho. Derecho a un nombre. Los derechos de la personalidad tienen sobre todo, un valor moral, como todos los derechos forman parte del patrimonio. Los derechos de la personalidad no son susceptibles de ser separados de las personas mismas de su titular. 1- Derecho a la familia, derecho que protege la personalidad del individuo, como son: A.- Derecho a la integridad física; B.- A la integridad moral, al trabajo. Estos derechos de la personalidad están fuera del comercio, son intransmisible e inembargables. Las libertades individuales: El derecho en la libertad individual esta contemplado en la constitución de la República dominicana, en su artículo 8, que establece “Se reconoce como finalidad principal del estado la protección efectiva de los derechos de la persona humana y el mantenimiento de los medios que les permitan perfeccionarse progresivamente dentro de un orden de libertad individual y de justicia social, compatible con el orden público: 1- La seguridad individual, libertad de asociación, libertad de transito, liberta de conciencia y de culto, entre otros.La incapacidades: La capacidad es la regla, la incapacidad es la excepción, ya que toda persona física o moral, por tener personalidad jurídica, es en principio plenamente capaz tanto en el terreno de la capacidad de goce, como de obrar. Existe incapacidad de goce, incapacidad de obrar. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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La incapacidad de goce: Casi nunca se es incapaz de gozar, de adquirir derechos; la más frecuente de la incapacidad es la de ejercicio y esta tiene generalmente por finalidad la protección de personas en razón de sus inexperiencia (menores) o en razón de su estado mental (enajenados). La capacidad de goce es la que tienen las personas de adquirir derechos, de convertirse en titulares de derecho y la capacidad de ejercicio, es la capacidad que tienen las personas de hacer uso de aquellos derechos que han adquiridos a través de la capacidad de ver. La incapacidad de obrar se relaciona con la edad, con las facultades mentales, con ciertas condenas. Ámbito incapacidad de obrar: 1.- La edad; 2.- Facultad mentales; 3.Condenas graves. La incapacidad del menor: Los menores tienen sola incapacidad, la de goce: en lo que respecta a los derechos políticos, ya que no pueden ser elegidos, la incapacidad de ejercicio den algunas ocasiones es parcial, estos es en el caso de menores emancipados, tienen capacidad de ejercicio pero a media, porque sus derechos lo tienen que ejercer con asistencia de una persona que se llama curador, ya que ellos están sometidos al régimen de la existencia, para actuar tienen que hacerlo asistido de su curador. Para los menores, la incapacidad es la regla, no obstante, cuando el menor haya alcanzado el uso de la razón, puede cumplir los actos personales y los actos simplemente conservatorios. Los menores no emancipados están sometidos a un régimen de representación (Tutela). Los menores emancipado, a un régimen de asistencia (Curatela). Esto así, porque los menores deben ser protegidos contra las consecuencias de su inexperiencia. Durante la menoría de edad, el niño esta todavía lejos de un completo desarrollo intelectual y físico, y es explicable que no se le conceda el ejercicio de los Derechos Civiles. La incapacidad de obrar, que alcanza de pleno derecho a los menores, es en principio general: les prohibe realizar cualquier acto jurídico sin respetar las reglas de protección establecida. Los mayores incapaces: La incapacidad de obrar de las personas mayores pueden provenir de: 1.- Las facultades mentales: El estado mental de algunos mayores exige una protección. 2.- A ciertas condenas graves: Estos condenados se encuentran en estado de interdicción legal. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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El representante legal: El titular en el ejercicio del derecho, es el representante que actúa en sustitución, pero a nombre del representado TEMA IV: Las personas morales: Las personas morales o puramente jurídicas, son las actitudes reconocidas a una agrupación o establecimiento creado por el estado o un particular, para tener en esa calidad existencia jurídica propia y ser sujeto de derechos. Son colectividades que el derecho considera como entidades distintas a cada uno de sus miembros. Diferentes clases de personas morales: Las personas morales se subdividen en personas morales de derecho público (Estado, Universidades Estatales, Cámara de Comercio, Instituto de Beneficencia, ect.) y en personas morales de derecho privado (Sociedades Civiles y Comerciales, Asociaciones declaradas o reconocidas de utilidad pública, Sindicatos profesionales, etc.) Personas morales de derecho público: El estado es históricamente la primera persona de derecho público que ha sido reconocida por el derecho, estas personas de derecho público están regidas por el derecho administrativo. Las personas morales de derecho privado: Las personas morales de derecho privado persiguen fines privados. Las personas morales de derecho privado persiguen fines ajenos a las de las colectividades públicas. La distinción resulta difícil a veces con la derecho público. Un hospital privado, obra caritativa, persigue exactamente el mismo fin que un establecimiento público. Régimen de la personalidad moral: Las agrupaciones que carecen de la personalidad moral no tienen existencia jurídica; puede existir de hecho, crear una situación de hecho que entrañará algunas consecuencias, por ejemplo, la posibilidad de demandarlas judicialmente, y a veces la de una liquidación verdadera; sin embargo, no cabe decir que viven la vida jurídica. Por el contrario, las personas morales tienen una existencia jurídica; nacen, viven y desaparecen. Conviene estudiar, pues, la creación de las personas morales (A), su funcionamiento, (B), su desaparición (C). Creación de las personas morales: a) Las asociaciones: La Ley del 1ro de julio de 1901, clasifica las asociaciones en tres categorías: 1ra: las asociaciones no declaradas, que son lícitas, por tanto no está ya prohibido agruparse sin previa autorización, salvo en algunos casos excepcionales ( congregaciones religiosas, asociaciones en que los extranjeros sean mayoría), pero esa agrupación lícita no es una persona moral; no tiene pues existencia jurídica; y así no pude adquirir bienes. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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2da: Las asociaciones declaradas: Son aquellas que para recibir cierta personalidad resulta suficiente a los fundadores ajustarse a una formalidad de publicidad; no es necesaria autorización ninguna. Dicha personalidad es restringida y limitada, toda vez que pueden recaudar las cotizaciones de sus miembros, comparecer en juicio, adquirir y ser propietarias de los inmuebles necesarios para su funcionamiento, pero a las mismas les está prohibido recibir donaciones y legados. 3ra: Las asociaciones reconocidas como de utilidad pública, son aquellas que han obtenido un decreto del gobierno, dado luego del informe del Consejo de Estado, siendo estos los establecimientos de utilidad pública, existiendo además establecimientos de utilidad pública que no son asociaciones como lo son las cámaras disciplinarias de oficios ministeriales. Estas asociaciones gozan de una personalidad mas completa que se denomina personalidad plena. Pueden recibir donaciones y legados, lo que para las asociaciones son una fuente de riqueza muy importante. No obstante la aceptación de esas donaciones y legados está subordinada a las disposiciones de la ley. La capacidad de todas las asociaciones está limitada, en efecto, por la regla de la especialidad, aplicable a toda persona moral, y en virtud de la cual esta no puede contratar, adquirir ni poseer inmuebles mas que para el fin que se haya asignado. Una asociación es incapaz de contratar fuera de los fines que persigue. B) Los sindicatos profesionales: Estos quedan fuera del derecho común de las asociaciones, no tienen como ellas la personalidad, más que con la condición de estar debidamente registrados por ante las autoridades de Trabajo. Pero a diferencia de las asociaciones obtienen desde el momento de adquirir el número de registro, la plena capacidad. En especial pueden recibir liberalidades sin autorización, adquirir muebles e inmuebles. Sin embargo su capacidad se encuentra limitada también por el principio de la especialidad; aunque ese principio es para ellos menos estricto, porque están autorizados para perseguir fines ajenos. Se les reconoce calidad de comparecer en juicio para reparación del perjuicio causado a los intereses colectivos de la profesión. c) Las congregaciones religiosas: Estas obtienen su personalidad jurídica por un reconocimiento administrativo, resultante de un decreto dado luego de informe del Consejo de Estado. Las congregaciones no reconocidas no tienen ninguna personalidad; pero se ha suprimido el delito de congregación. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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d) Las Sociedades: La sociedad es una agrupación de personas que afectan cualquier cosa en común, con miras a participar en los beneficios resultantes de las operaciones de dicha entidad colectiva. Las sociedades de Derecho Privado se dividen en civiles y mercantiles. Las comerciales tienen por objeto de los actos de Comercio. Las civiles son por ejemplo aquellas que existen entre particulares y que no son comerciantes. Las sociedades adquieren personalidad completa, pueden recibir legados y donaciones, esta persona jurídica debe poseer estatutos redactados por escrito en los que se indiquen la estructura, el objeto y la duración de la persona moral. Los estatutos deben prever que ellas serán dirigidas por personas físicas, que las representarán jurídicamente. e) Las fundaciones: Es una masa de bienes que ha recibido la personalidad moral a causa de su afectación a un fin determinado. Estas adquieren su personalidad jurídica, a través de un decreto dado por el Poder Ejecutivo. Atributos: (nombre, domicilio, nacionalidad).

Constitución: funcionamiento: En principio cada uno es libre para adherirse, o no a una colectividad de derecho privado.. No obstante el legislador ha creado algunas agrupaciones obligatorias. Por otra parte, torna a veces obligatorias, para las personas no sindicales, las decisiones tomadas por los sindicatos (convenciones colectivas de trabajo). Se ataca así, directa o indirectamente, la libertad sindical. Los estatutos reglamentan la manera de formarse la voluntad de la persona moral. Sin embargo, es la ley de la mayoría la que rige los sindicatos y las sociedades. La capacidad de la persona moral está regulada por el legislador; es muy diferente según las categorías. Ninguna posee una capacidad completa; porque el principio de la especialidad les impide realizar actos que tengan una finalidad distinta de aquellas que se proponen realizar. Los establecimientos de utilidad pública pueden recibir donaciones y legados. Los sindicatos tiene asimismo una amplia capacidad, particularmente extensa para los sindicatos más representativos de su profesión; esta categoría de sindicatos tiene, en especial, calidad para concluir convenciones colectivas que se imponen a toda la profesión. Las personas morales tiene el derecho de comparecer en juicio tienen el derecho de comparecer en juicio. Los sindicatos pueden hacerlo para defensa de la profesión y de los intereses profesionales. Las personas morales son susceptibles TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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de comprometer su responsabilidad civil y, en algunos supuestos, su responsabilidad penal. Las personas morales tienen un nombre, un domicilio y una nacionalidad. Disolución: las personas morales pueden desaparecer debido a varias causas: 1- causas de pleno derecho dentro de las cuales se encuentra la muerte, la quiebra o la incapacidad de uno de los socios, se trata de una sociedad de personas. También es causa de desaparición de pleno derecho la llegada del termino, que puede señalar los estatutos o el fundador. 2- La voluntad de los socios de la persona moral. 3- Una resolución judicial. 4- su la autorización le es retirada 5- Por voluntad del legislador, el cual a través de una Ley, hace desaparecer la persona moral, porque su actividad esta atentando contra el orden público y las buenas costumbres. TEMA V La obligación: concepto: comprende aquellos derechos y relaciones que surgen entre Dos ó más personas, la cual podemos evaluar pecuniariamente. La obligación es el lazo de derecho entre dos personas, en virtud del cual el acreedor puede constreñir al deudor sea a pagarle una suma de dinero o a entregarle una cosa, sea a cumplir una prestación que consiste en hacer una cosa, o en abstenerse de hacer un acto determinado. Concepto de obligación: Es el vínculo que nos fuerza a una prestación con otra persona y su objeto es la prestación debida por el deudor al acreedor, dicha prestación puede consistir tanto en un hecho positivo como en un hecho negativo. Elementos: 1- acreedor; 2- Deudor; 3- La cosa objeto de la obligación. Clases: 1- obligación Real y Ordinaria. En la obligación Real el deudor compromete sólo la cosa objeto de la prestación, por el contrario la obligación ordinaria, el deudor compromete todo su patrimonio, no una cosa especifica. 2- Obligación patrimonial y extrapatrimoniales: Las patrimoniales: son aquellas que atentan contra el patrimonio p el derecho pecuniario de una persona; mientras que las obligaciones extrapatrimoniales son las que podrían ser susceptibles de evaluarse pecuniariamente. 3- Las obligaciones morales y jurídicas: Las morales son aquellas en las que cumplimos con un deber de conciencia, estos no están considerados jurídicamente, ya que no se encuentran considerados por la Ley. Las obligaciones jurídicas son las que están sancionadas por la ley y si no las cumplimos, comprometemos nuestra responsabilidad.

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4- Obligaciones Civiles y Naturales: las civiles son susceptibles que constreñimiento, si el deudor no cumple con este tipo de obligación puede ser constreñido por todos las vías de derecho para dar cumplimiento a la misma. Las Naturales: que no pueden ser constreñidas forzosamente y sólo pueden ser cumplidas voluntariamente. Ejemplo. Un padre que mantenga su hijo después de la mayoría de edad. 5- Obligaciones de medio: El deudor debe observar la prudencia y diligencia necesarias para obtener el resultado debido. 6- Obligaciones determinadas o de resultado: consiste en que el deudor está obligado a obtener un resultado determinado o específico. 7- Obligación de dar: el deudor está obligado a entregar la cosa y también a transferir el derecho de propiedad al acreedor. 8- Obligación de hacer o no hacer; el deudor se obliga a realizar o no un hecho a favor del acreedor. Otras clases de obligaciones: artículo 1185 del Código Civil. 1Obligaciones a término fijo: lo que se debe a término fijo, no puede reclamarse antes del vencimiento del término. 2- Obligaciones alternativas: el deudor puede liberarse, entregando una de las dos cosas prometidas. 3- Obligaciones solidarias: fuentes de las obligaciones: Las fuentes de las obligaciones son hechos jurídicos que les dan nacimiento 1- Los contratos, o sea los actos jurídicos que contienen un acuerdo de voluntades. 2- Otros hechos que no son contratos. Así, se pueden contraer ciertos compromisos sin que hayan ninguna conversión. Esta segunda categoría comprende: A) la ley: en efecto hay obligaciones que tienen un origen inmediato en una disposición legal, es decir, que son directamente creadas por la ley. B) El delito y el cuasidelito, o sea, un hecho ilícito que causa un daño a otro y obliga el autor de la falta a repararlo. Causas de extinción de las obligación: Artículo 1234 del Código Civil. Se extingue la obligación: por el pago, por la novación, por la quita voluntaria, por la compensación, por la confusión, por la perdida de la cosa, por la nulidad o rescisión, por el efecto de la condición resolutoria y por la prescripción. El pago: es una forma de extensión de la obligación. El pago debe hacerse al acreedor o al que tenga su poder; o al que está autorizado por los Tribunales o por la ley, para recibir en su nombre. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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Formas especiales de pago: 1- el pago por subrogación; 2- Ofrecimientos Reales; 3- Cesión de bienes, que es el abandonó que hace un deudor de todos sus bienes a sus acreedores, cuando se encuentra en la imposibilidad de pago su deudor. Imputación de pago: el pago es imputable al deudor aunque la obligación puede cumplirse por cualquier persona que esté interesada en ella, si este Tercero obra en nombre y en descargo del deudor, o si obra por si, que no se sustituya en los derechos del acreedor. Pago por cesión de Bienes y consignación: la cesión de bienes, es el abandono que hace un deudor de todos sus bienes a sus acreedores cuando se encuentra en la imposibilidad de pagar sus deudas. Consignación: cuando el acreedor rehusa recibir el pago, puede el deudor hacerle ofrecimientos reales; y si rehusa el acreedor aceptarlos, consignar la suma a la cosa ofrecida. Los ofrecimientos reales seguidos en una consignación, libran al deudor, y surten respecto de él, efecto de pago, cuando se ha hecho válidamente; y la cosa consignada de ésta manera, queda bajo la responsabilidad del acreedor. Condonación de deuda: La entrega voluntaria del título hecha por el acreedor al deudor, equivale a prueba de la liberación, es decir, al perdón de la deuda. L a confusión: Que es cuando las calidades de acreedor y deudor se reúnen en la misma persona. Se produce, de derecho una confusión que destruye los dos créditos. Es cuando las calidades de acreedor y deudor se reúnan en la misma persona, se produce de derecho una confusión que destruye los dos créditos. Compensación: Cuando dos personas son deudoras, una respecto de otra, se verifica entre ellas una compensación que extingue las dos deudas. Se verifica la compensación de pleno derecho por la sola fuerza de la ley, aún sin conocimiento de los deudores. 4La novación: Una de las formas de extinción de las obligaciones, consistente en la transformación de una en otra. Así pues, la novación supone una obligación anterior que le sirve de causa y que es precisamente, la que, con sus accesorias, queda extinguida. La novación tanto puede referirse al cambio en el objeto de la obligación cuanto al de las personas obligadas: al del anterior deudor por otro o al del acreedor precedentemente por otro distinto. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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Art. 1271. La novación se hace de tres maneras: 1ra. Cuando el deudor contrae una nueva deuda con el acreedor que sustituye a la antigua, quedando esta extinguida; 2da. cuando se sustituye un nuevo deudor al antiguo, que queda libre por el acreedor; 3ra. Cuando por efecto de un nuevo compromiso se sustituye un nuevo acreedor al antiguo, respecto al cual el deudor se encuentra libre. Art. 1272. La novación no puede efectuarse sino entre personas capaces de contratar. Art. 1273. La novación no se presume; es menester que la voluntad de hacerla resulte claramente del acto. Art. 1274. La novación por la sustitución de un nuevo deudor puede efectuarse sin el concurso del primer deudor. Art. 1275. La delegación por la cual un deudor da al acreedor otro deudor que se obliga respecto al acreedor, no produce la novación, sin el acreedor no ha declarado expresamente que quería dejar libremente que quería dejar libre al deudor con quien hace la delegación. Art. 1276. El acreedor que dejó libre al deudor por quien se hizo la delegación, no puede recurrir contra este, si el delegado llega a ser insolvente, a menos que el acto no contenga una reserva expresa, o que el delegado no estuviere en quiebra manifiesta o cayese en insolvencia en el momento de la delegación. Art. 1277. La simple indicación hecha por el deudor de una persona que debe pagar en su lugar, no produce novación. Sucede lo mismo con la simple indicación que haga el acreedor , de una persona que debe recibir en lugar suyo. Art. 1278. Los privilegios e hipotecas del antigua del antiguo crédito no pasan al que le ha sustituido, a menos que el acreedor se los haya reservado expresamente. Art. 1279. Cuando la novación se verifica por la sustitución de un nuevo deudor, los privilegios e hipotecas primitivos del crédito no pueden trasladarse a los bienes del nuevo deudor.

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Art. 1280. Cuando la novación se verifica entre el acreedor y uno de los deudores solidarios, los privilegios e hipotecas del antiguo crédito no pueden reservarse sino sobre los bienes del que contrae la nueva deuda. Art. 1281. Por la novación hecha entre el acreedor y uno de los deudores solidarios, quedan libres los codeudores. La novación hecha con respecto al deudor principal, libra a los fiadores. Sin embargo, si ha exigido el acreedor en el primer caso, el consentimiento de los codeudores, o en el segundo el de los fiadores, el antiguo crédito subsiste, si los codeudores o los fiadores rehúsan conformarse con el nuevo acomodo. Prescripción: La prescripción extintiva o liberatoria, es otro modo de extinción de las obligaciones, y resulta del no uso durante cierto tiempo, de derechos o acciones. Solo el derecho real de propiedad, perpetuo, no desaparece por el no uso. Los derechos personales u obligaciones se extingue por prescripción. El plazo normal que entraña extinción de una obligación, es de 20 años. Sin embargo existen algunas prescripciones especiales tales como: a) Cinco años para las obligaciones entre comerciantes, si ellas no son sometidas a prescripciones especiales más cortas (Art. 189 CC). b) Dos años para las acciones en responsabilidad civil contractual y tres por lo que se llevan con motivo de litis sobre rentas o pensiones, intereses y alquileres, etc. c)

Un año para las acciones de los alguaciles en cobro de honorarios, etc.

d) Seis meses para las acreencias de hoteleros y restaurantes respecto a sus clientes (Art.2271 CC). En materia de obligaciones, el plazo comienza a correr a partir del momento en que la obligación se haga exigible. Pero la prescripción puede suspenderse o interrumpirse. Suspensión de la prescripción: es la detención del curso de la prescripción, que resulta cuando el acreedor se encuentra en la imposibilidad de exigir el pago de su acreencia.

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La prescripción se suspende entre esposos, respecto a los acreedores incapaces también se suspende la prescripción (menores interdictos etc). Sin embargo las prescripciones cortas (de 5 años) no se suspenden respecto de los incapaces (Art.2278 CC). En caso de guerra o de acontecimientos graves que perturben el funcionamiento de los servicios, también se suspende la prescripción. Interrupción de la Prescripción: en caso de interrupción de la prescripción, el plazo transcurrido anteriormente es anulado y para que la prescripción sea adquirida es necesario un nuevo plazo. En todos los casos, una vez expirado el plazo, la deuda no se extingue automáticamente, siendo necesario que el deudor se prevalezca de la prescripción solicitando su pronunciamiento por ante el Tribunal correspondiente sin dejar que este lo supla de oficio. TEMA VI Acto jurídico: De acuerdo al artículo 1101 del Código Civil, contrato es aquella convención por la cual una o más personas se obligan hacía otra o varias más a dar, hacer o no hacer una cosa. El contrato se diferencia del acto jurídico porque este último es toda manifestación de la voluntad que tiende a crear, transmitir, modificar o extinguir un derecho. Contrato: concepto y función: El contrato: es un convenio en cuya virtud una o varias personas se obligan respecto de una o de varias otras, a dar, hacer o no hacer alguna cosa. La función de los contratos es regir, regular la voluntad de las personas con el objeto de crear entre ellas vínculos de obligaciones.

   

Elementos y formas de los contratos: Elementos: (artículo 1108 del C. C.) Consentimiento Capacidad Objeto Causa licita

Formas: 1- Requisitos de forma: TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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1- Consensuales: para que un contrato sea valido no se requieren formalidades, el sólo consentimiento obliga. 2- Solemne: son aquellos que para su validez deben cumplirse ciertas formalidades y requisitos de forma, sin las cuales resultaría nulo. 3- Reales: Que para su validez se exige la entrega de la cosa objeto del contrato. II Formas de los contratos: fundados en la validez de fondo: 1- Contrato de mutuo acuerdo y adhesión: Donde ambas partes discuten los términos y condiciones del contrato a suscribir. 2- De adhesión: la parte más débil o necesitada no puede discutir los términos en igualdad de condiciones con la otra parte que representa un periodo económico o monopolio. 2- Contratos individuales y colectivos: individuales: Son aquellos en que sólo se obliga a la persona que ha participado en ello. Colectivo: Obligan a personas que no participan ni firman el contrato, aquí incluimos el contrato forzoso, el cual una persona se ve obligada a contratar por imposición del legislador, como es el caso de Seguro Obligatorio de Vehículos de Motor. A)

III- De acuerdo al contenido del contrato: Sinalagmático y unilaterales:

Sinalagmáticos: Cuando dos o más personas se obligan hacía otra o varias más y estos a su vez se encuentran obligados con la primera, existiendo reciprocidad de obligaciones.. Unilateral: Sólo crea obligaciones para una de las partes; existe un solo deudor y un solo acreedor. B)

A Título Oneroso y gratuito:

A título oneroso: Son aquellos las partes buscan u obtienen prestaciones reciprocas, una parte se desapodera de algo y recibe a cambio una contraparte. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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Estos se dividen a su vez en: a) contratos conmutativos: que son aquellos que las partes desde el mismo momento de la formalización pueden evaluar que resultados obtendrán con el contrato. b) Contratos aleatorios: Cuando se formaliza las partes no conocen las ventajas a obtener. Los contratos a títulos gratuitos: Son aquellos en que una de las partes se desapodera de una cosa sin recibir nada a cambio. Ejemplo: La donación. C) Instantáneos y sucesivos: Instantáneos: Son los que se formalizan de una vez en el tiempo, o sea, las partes cumplen con sus obligaciones instantáneamente. Sucesivos: Su cumplimiento exige cierto tiempo porque crean relaciones jurídicas que se prolongan. Ejemplo: El arrendamiento. IV Basada en la interpretación: A) Contratos nominales: Son aquellos cuyas reglas están establecidas de manera supletoria y por el Código Civil. B) Contrato innominados: Son aquellos que surgen en virtud de la libertad de convenciones que establece nuestro Código Civil. Interpretación de los contratos: es determinar el sentido y alcance de las cláusulas que contiene, lo cual no puede ser abandonado a la voluntad de las partes, correspondiendo a las autoridades judicial, abocarse a las labores de interpretación. La oferta y aceptación: Propuesta para contratar. Tal actitud presenta el problema jurídico de determinar hasta qué punto el ofrecimiento unilateral obliga al oferente frente a terceros. La norma general es que, no perfeccionándose el contrato sino mediante la aceptación de la oferta, el oferente puede retractarse antes de que esta se produzca. La aceptación obligaría a ambas partes, siempre que la oferta y su admisión contuviesen todos los elementos necesarios para la efectividad del contrato. El contrato Solemne: Son aquellos que exigen para su formación además del acuerdo de las voluntades, una formalidad especial; a falta de la misma no existen.

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Existe cuatro formas de contratos solemnes, los cuales para su validez se exige que sean redactados por un notario. Estos son: 1. La convención matrimonial, que regula la suerte de los bienes de los esposos durante el matrimonio (Art.1394 CC). 2. La donación (Art.931 CC). 3. La constitución de hipoteca (Art.1227 CC) 4. La subrogación convencional consentida por el deudor (Art.1250 Parr. 2. CC. Sin exigir la redacción de un documento para la validez del contrato, el legislador impone con frecuencia el documento como procedimiento de prueba. Por eso las parte son compelidas indirectamente a la redacción de un documento. Las formalidades de la inscripción en el registro, las formalidades habilitantes, las de la publicidad destinada a tornar oponibles a los terceros las transmisiones de los derechos reales, aún cuando no afecten la validez del contrato, conducen sin embargo, a reforzar el formalismo. El principio del consensualismo: El contrato engendra un derecho personal solamente con el acuerdo de las voluntades. El contrato no liga sino a las partes contratantes. No crea ninguna obligación con cargo a terceros. Fundado sobre la voluntad, el contrato no puede tener además sino un efecto relativo; la obligación por constituir un atentado contra la libertad individual, no pesa sobre el individuo más que si ha consentido en ella, si la ha aceptado libremente. TEMA VII: Ineficacia de los Contratos. Inexistencia: Nulidad y anulabilidad:. La nulidad puede ser relativa o absoluta Nulidad relativa: Se dicta para la protección de un contratante (se fundan en la autonomía de la voluntad). Solo puede ser alegada por el contratante protegido, este es libre para renunciar a esa protección, confirmando el acto nulo, su inacción durante diez años equivale a confirmación: prescripción decenal Nulidad absoluta: cualquier interesado dispone de la acción de nulidad absoluta (es de orden público); por lo tanto nadie posee calidad para confirmar el contrato viciado con tal nulidad. La acción no prescribe sino en los plazos del derecho común: 20 años. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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Causas y efectos: Cuando faltan de los requisitos necesarios para la formación de un contrato, o cuando no han sido respetadas las reglas que les conciernen y este no ha podido perfeccionarse, es nulo. Una vez verificadas por el juez, ambas nulidades, tanto relativas como absolutas producen los mismos efectos. Sus efectos son: a) el contrato decae por completo; b) decae retroactivamente; c) la nulidad no surte ningún efecto cuando es debida a la culpa de la persona que la invoca. Anulabilidad: Confirmación de los contratos: Los Vicios del Consentimiento: (Arts,1109-1122 CC). En los actos o contratos, todo hecho o actitud que restrinja o anule la libertad y el conocimiento con que deba formularse una declaración o con los cuales deba procederse. Estos son: el error, el dolo, la violencia y la lesión. El error: es cuando el consentimiento de una de las partes ha sido dado como consecuencia de un error, que de no haberse engañado sobre tal o cual punto no habría consentido. El dolo: Es una causa de nulidad de la convención cuando las maniobras dolosas practicadas por una de las partes son tales, que evidentemente sin esas maniobras, la otra parte no habría contratado. Violencia: toda impresión ilícita que lleva a una persona contra su voluntad, por el temor de algún mal considerable, a prestar un consentimiento que no habría dado si la libertad hubiera estado separada de aquella impresión.. Lesión: Es el perjuicio que sufre una parte al celebrar un contrato a raíz de la desproporción entre las prestaciones. Solamente puede ser invocada por la persona perjudicada y no por terceros. TEMA VIII: EL CONTRATO DE COMPRAVENTA Contrato por el cual uno se compromete a dar una cosa y la otra a pagarla. Contrato mediante el cual una persona, el vendedor transmite un derecho a otra persona, el comprador, que se obliga a pagarle un precio en dinero.

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La compraventa implica la entrega de una suma de dinero al vendedor; es el precio. Si en lugar de monedad, el comprador le entregar al vendedor otra cosa, el contrato no sería una compra-venta; sería entonces permuta. El objeto de la compraventa puede ser, con exclusión de los derechos de la personalidad, que no podrían ser cedidos, un derecho patrimonial cualquiera. La venta es perfecta entre las partes, y la propiedad queda adquirida de derecho por el comprador, respecto del vendedor desde el momento en que se conviene en la cosa y el precio, aunque la primera no haya sido entregada ni pagada. Caracteres: - Es un contrato consensual, por el sólo consentimiento trasmite la propiedad. - Es un contrato sinalagmático perfecto, las obligaciones de las partes se sirven recíprocamente de causa. - Es traslativo de derecho. - Es oneroso, implica contraprestación. - Es nominado, sus reglas están previamente trazadas. - Es conmutativo, se saca un bien del patrimonio del vendedor y entra otro por lo tanto no disminuye. Elementos del contrato: I- La cosa vendida, implica aquellos derechos sobre en que puede recaer (cosas materiales, derechos personales o derechos intelectuales). II- Precio, es la suma de dinero que se paga para obtener la cosa o derecho vendido. Además en elementos comunes a todos los demás contratos.  consentimiento  capacidad  objeto  causa Obligaciones del Vendedor - Debe entregar la cosa y garantizarla - Debe garantía contra la evicción - Debe garantía contra los vicios ocultos Obligaciones del Comprador TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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 Pagar el precio en el lugar y día convenido y en la moneda convenida.  Salvo estipulación en contrario, debe pagar los gastos del contrato.  Recibir la cosa. Pérdida de la Cosa: Si la cosa vendida ha desaparecido en el momento en que la compra-venta se concluya, en caso de pérdida total la compraventa está viciada de nulidad; en caso de pérdida parcial el comprador tiene la elección entre la resolución de la compra-venta o una reducción del precio. Ocurre de un modo distinto si el comprador, conociendo el riesgo de la desaparición de la cosa, ha concluido una compraventa aleatoria. La compra-venta puede recaer sobre una cosa futura. Si la cosa futura no llega a existir, la compra-venta no deja de ser válida por eso; y el vendedor que no cumpla con su obligación debe abonar daños y perjuicios, mientras que el comprador se libera de su obligación de pagar el precio. No obstante cuando el comprador haya aceptado el riesgo de la no supervivencia de la cosa, y haya concluido así una compra-venta aleatoria, sigue obligado a pagar el precio. Puesta en mora: Teoría de los Riesgos I- Si se trata de un Cuerpo Cierto, los soporta el comprador, si hay concierto de voluntades no hay que determinar, si se puso en mora al vendedor para que se transmitan los riesgos. II- Si se trata de una cosa Genérica hay que esperar que se individualice. III- Si se trata de una cosa Futura la transmisión del riesgo se opera cuando la cosa futura tiene existencia presente TEMA IX: EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Es el contrato mediante el cual una persona cede una cosa a otra para que la use y la disfrute a cambio de una contraprestación. El arrendador debe entregar la cosa mobiliario o inmobiliario que es objeto del contrato de arrendamiento, el arrendatario debe pagar como consecuencia de esa cesión limitada una contraprestación. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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El arrendamiento de cosas es el contrato por el cual una persona, el arrendador, pone temporalmente una cosa a disposición de otra, el arrendatario, contra una remuneración, en alquiler o la venta. Caracteres: Es un contrato consensual Es un contrato sinalagmático Es un contrato oneroso Es un contrato conmutativo Clases de arrendamiento: ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA Decreto 4807 del 1959: tendente a contener los abusos de los propietarios y a la vez equilibrar las negociaciones para fines de arrendamiento entre arrendador y arrendatario. En virtud de este se creó la Comisión de Alquileres de Casas de Desahucios, cuya finalidad consiste en dirimir las contestaciones extrajudiciales posibles a presentarse entre propietarios e inquilinos, fijando a la vez normas para el establecimiento de los precios a pagar por concepto de alquiler. Al efecto dicho decreto señala en su Art.2 que sin el consentimiento escrito del inquilino, queda absolutamente prohibido a todo propietario de casas, apartamentos, piezas, habitaciones, etc. Aumentar el precio del alquiler de los mismos por encima del tipo que actualmente se está pagando por ellos, a menos que sea debidamente autorizado por una resolución del Control de Alquileres de Casas y Desahucios; asimismo señala que el precio del alquiler autorizado por el Control regirá a partir de la fecha de la resolución que al efecto se dictare Además señala en su Artículo 17, que el inquilino que se encuentre inconforme con el tipo de alquiler que está pagando, podrá dirigir al Control de Alquileres y Desahucio, una solicitud de rebaja del mismo, a la cual deberá anexar el recibo que compruebe que no tiene ninguna mensualidad pendiente de pago y deberá expresar lo que actualmente paga, la disminución a que aspira y los motivos que aduzca. El control podrá reducir el alquiler si excediere de 1 por ciento del valor del inmueble incluyendo el solar. Siempre esta solicitud podrá ser hecha por el inquilino aún cuando el alquiler que pague haya estipulado por escrito y aunque haya realizado pagos conforme al convenio. Todas las decisiones tomadas por el Control de Alquileres de casas y Desahucios , siempre serán recurribles en apelación por ante la Comisión de Apelación del Control de Alquileres de Casas y Desahucios. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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La llegada del término per se no es suficiente para que el propietario quiera obtener su inmueble Salvo por falta de pago del alquiler es necesario recurrir al organismo publico que se llama Control del Alquileres y Desahucios causas: destino diferente, si necesita reparar el inmueble, si el propietario no a ocupar el inmueble o por subalquiler. Obligaciones del arrendador: a) Obligación de entrega: debe entregar la cosa en buen estado de reparaciones, incluso de reparaciones menores. b) Obligaciones de conservación: durante el arrendamiento el arrendador debe permitirle al arrendatario la utilización de la cosa arrendada conservando la finca arrendada. Pero no está sujeto a las reparaciones menores (esas reparaciones le incumbe al arrendatario) ni reconstruir el inmueble cuando se destruya total o parcialmente. c) Obligación de Garantía: el arrendador debe garantizar al arrendatario contra la evicción y los vicios ocultos. Obligaciones del arrendatario: a) Devolver el inmueble en el estado en que se encuentre, se trata de una obligación de resultado. b) Devolver el inmueble en buen estado; es decir, haberlo conservado. En principio, esta obligación es una simple obligación general de prudencia y diligencia. Pero ese principio lleva consigo dos excepciones importantes. El inquilino no responde sino de los deterioros o pérdidas debido a su culpa, es decir le incumbe solamente una obligación general de prudencia y diligencia. No obstante, el legislador hacer que pese sobre él una presunción simple de culpa, El inquilino responde igualmente por las culpas de las personas de su casa y de las culpas de los sub-inquilinos. Por dos clases de deterioros el legislador hace que pese sobre el inquilino una obligación de resultado; el inquilino no puede librarse de la misma sino probando una causa ajena; 1ro: Con los deterioros que necesiten simples reparaciones menores, no bastará con que el inquilino pruebe que esos deterioros son la consecuencia del uso normal de la cosa. Pero se decide que el propietario no puede reclamar esas TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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reparaciones sino al final del arrendamiento, salvo que su falta amenace con deteriorar el inmueble. 2do. Con los deterioros provenientes de un incendio, obligación de resultado impuesta con la finalidad de que de que adoptara todas las precauciones necesarias. No se libera de su responsabilidad mas que si prueba una causa ajena (caso fortuito, vicio de construcción, propagación del incendio desde una casa vecina). Cuando el inmueble esté dividido entre varios inquilinos, estos son responsables mancomunadamente, en proporción del valor de la parte del inmueble que ocupen. Cada uno de los inquilinos puede liberarse probando que el incendio ha empezado en la vivienda de otro, o también probando que el incendio no ha podido originarse en su alojamiento. Causas de resiliación del Contrato de arrendamiento: la suspensión, resolución y extinción del contrato de arrendamiento El contrato de arrendamiento no se resuelve por la pérdida de la cosa y en la falta del inquilino de cumplir sus obligaciones, ni muerte del arrendador o inquilino. TEMA X: CONTRATO DE PRESTAMO: Es un contrato por el cual una persona, el prestador, entrega a otra, el prestatario , para que sirva de ella, ya sea a título gratuito una cosa no fungible, ya sea a título gratuito u oneroso una cosa consumible y fungible Tiene dos variedades de pedimento de la naturaleza de la cosa. a) Préstamo a uso o comodato Es un contrato mediante el cual una persona, el prestador le entrega a otra, el prestatario, para que se sirva de ella, ya sea a título gratuito una cosa no fungible, que deberá ser devuelta. Obligaciones del comodatario: a)

No rebasar el uso convenido.

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b) Conservar la cosa, en razón de la gratuidad del comodato, la obligación de conservar la cosa es mas estricta que en derecho común, pero sigue siendo una obligación de medios. El comodatario no está obligado por los casos fortuitos, el riesgo es para el comodante, que ha seguido siendo el propietario. c) Restituir en la época convenida la cosa en el estado en que se encuentre. El plazo de devolución se fija por las partes o se arbitra por el juez. El juez puede abreviar el plazo y ordenar la restitución cuando el comodante tenga urgente necesidad de la cosa. Obligaciones del comodante: a) Rembolsar los gastos extraordinarios necesitados para la conservación de la cosa. b) Reparar el daño causado al comodatario por los vicios de la cosa prestada, si, conociendo esos vicios, no ha prevenido sobre ellos al comodatario. c)

Darle al comodatario las instrucciones necesarias para el uso de la cosa

d)

Dejar la cosa en poder del comodatario durante el plazo del préstamo.

El comodatario no tiene el derecho de retención para garantizar el pago de lo que se le pudiera deber. b) Préstamo de consumo o mutuo: Es un contrato por el cual, una persona, el mutuario se obliga a devolver a otra, el mutuante, una cosa semejante a la cosa consumible y fungible que se le haya entregado para su uso. El mutuo es unas veces gratuito, como el comodato; y otras veces, a título oneroso. El contrato se perfecciona con la entrega de la cosa. Obligaciones del mutuario: 1.- Debe devolver dentro del plazo previsto una cosa de la misma especie, calidad y cantidad. Se trata de una obligación de resultado. Obligaciones del mutuante: TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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1.- El mutuante no tiene la obligación de transmitir la propiedad, por producirse la transmisión por tradición, que perfecciona el mutuo. 2.- En el curso del cumplimiento el mutuante no tiene que reembolsar los gastos de conservación, porque la cosa se ha convertido en propiedad del prestatario. Ya se trate de préstamos de consumo o de préstamo de uso, el prestador tiene la doble obligación: 1.- de indemnizar al prestatario por el daño causado en razón de vicios o defectos que él conociera de la cosa y acerca de los cuales no le haya prevenido. 2.- la de advertir al prestatario sobre la manera de utilizar la cosa si su empleo implica dificultades o peligros. Esas dos obligaciones existen naturalmente cuando el préstamos no recae sobre cosas que no pudieren presentar vicios, defectos o peligros, como por ejemplo el dinero. El Contrato de Fianza: El que presta fianza por una obligación, se obliga respecto al acreedor a cumplir la misma, si no lo hiciere el deudor. La fianza no puede exceder lo que debe el deudor ni otorgarse en condiciones más onerosas. Puede contratarse para solamente una parte de la deuda y bajo condiciones menos onerosas Se puede ser fiador sin orden de aquel por quien se obliga. Se puede también prestar fianza no solamente por el deudor principal, sino también por el que sea su fiador La fianza no se presume, debe ser expresa; sin que pueda extenderse más allá de los limites dentro de los cuales se constituyó. Los compromisos de los fiadores pasan a sus herederos. El deudor que se obligó a prestar fianza, debe presentar una persona que tenga capacidad de contratar, que posea capital suficiente para responder al objeto de la obligación, y cuyo domicilio esté dentro del territorio del tribunal en que deba la fianza constituirse. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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La fianza puede ser: - voluntaria - judicial El Depósito: (Art. 1915-1927 CC) El depósito es el contrato por el cual una persona, el depositario, se obliga para con la otra, el depositante, que le ha confiado una cosa mobiliaria corporal, a conservarla y a restituirla cuando esta última quiera. Por ser el móvil de las partes asegurar la conservación, la guarda de la cosa. Hay dos especies de depósitos: - el depósito propiamente dicho - el secuestro Obligaciones del depositario: - Poner su cuidado en la cosa: Obligación de medios. - Restituir la cosa en el estado en que se encuentre en su poder al extinguirse el contrato: Obligación determinada. Obligaciones del depositante: (1947 y 48) - En el momento de la perfección del contrato de depósito , no se origina ninguna obligación a cargo del depositante, salvo que el depósito sea retribuido, en cuyo caso el depositante tiene la obligación de pagar la remuneración convenida. - En el curso del cumplimiento, el contrato de depósito, retribuido, origina varias obligaciones con cargo al depositante: reembolsar los gastos hechos por el depositario, y reparar el perjuicio causado por la cosa del depositario. El Secuestro: (Art. 1955-1963 C.C.) Operación que pone una cosa litigiosa en poder de un tercero. Su finalidad consiste en poner las cosas en un mas seguro y garantizado lugar hasta la solución del proceso. Puede recaer lo mismo sobre muebles como en inmuebles. Recae solamente sobre cosas litigiosas, es decir, que originan un litigio o una vía de ejecución. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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El Secuestro puede ser: convencional o judicial Depósito convencional: (Art. 1956 CC) es el que hacen dos o más personas de una cosa contenciosa, en poder de un tercero que se obliga a devolverla después que se haya terminado el litigio, a la persona a quien se declare el derecho de obtenerla Depósito judicial: (Art.1961 CC) el secuestro puede ordenarse judicialmente: 1.- de los muebles embargados a un deudor; 2.- de un inmueble o de una cosa mobiliaria, cuya propiedad o posesión sea litigiosa entre dos o más personas; 3.de las cosas que un deudor ofrece para obtener su liberación. El nombramiento de depositario judicial produce entre este y el ejecutante obligaciones recíprocas. El depositario debe emplear en la conservación de los efectos embargados, el cuidado de un buen padre de familia. Debe presentarlos, ya sea en descargo del ejecutante para la vena o de la parte contra la cual se han realizado las ejecuciones, si se levanta el embargo. La obligación del ejecutante consiste en pagar al depositario el salario fijado por la ley. Se confía el secuestro judicial, bien sea a una persona nombrada de común acuerdo entre las partes, o bien de oficio por el juez. TEMA XI: LOS CUASICONTRATOS: Son los hechos puramente voluntarios del hombre, de los cuales resulta un compromiso cualquiera respecto a un tercero, y algunas veces un compromiso recíproco por ambas partes. LA GESTIÓN DE NEGOCIOS AJENOS Cuando voluntariamente se gestiona el negocio de otro, ya sea que el propietario conozca la gestión o que la ignore. El que realiza aquella gestión contrae compromiso tácito de continuarla y conducirla, hasta que el propietario pueda encargarse personalmente del asunto, debe encargarse de todo lo que dependa de este mismo negocio. Queda sometido a todas las obligaciones que resultarán de un mandato expreso que le hubiere dado el propietario. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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Está obligado a continuar la gestión aunque muera el dueño antes de que el termine, hasta que el heredero haya podido tomar su dirección. Está obligado a emplear en la gestión todos los cuidados de un buen padre de familia. Sin embargo, las circunstancias que le hayan conducido a encargarse del negocio, pueden autorizar al juez para que modere los daños y perjuicios que puedan resultar por las faltas o negligencias del gestor. EL PAGO DE LO INDEBIDO El que recibe por equivocación o a sabiendas lo que no se le debe, está obligado a restituirlo a aquel de quien lo recibió indebidamente. Cuando una persona que se cree deudor por error, ha pagado una deuda, tiene derecho a repetir contra el acreedor, sin embargo, este derecho cesa en el caso en que el acreedor ha suprimir su título por consecuencia del pago, salvo el recurso del que ha pagado contra el verdadero deudor. Si ha habido mala fe por parte del que ha recibido, está obligado a restituir, no sólo el capital sino los intereses o frutos desde el día del pago. Si lo recibido indebidamente fuere inmueble o un mueble corporal, el que lo recibió está obligado a restituir el mismo objeto, si existe o a dar su valor, si ha perecido o se ha determinado por culpa suya, es también responsable de su perdida en caso fortuito, si recibió de mala fe. Si el que recibió de buena fe ha vendido la cosa, sólo debe restituir el precio de la venta. Aquel a quien se le ha restituido la cosa, debe abonar aun al poseedor de mala fe, todos los gastos útiles necesarios que haya hecho para la conservación de la cosa. EL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA : Considerado como fuente independiente de obligaciones, supone el enriquecimiento de un patrimonio a expensas de otro, careciendo de causa. . Los redactores del Código Civil no mencionan directamente el enriquecimiento sin causa. Requisitos:

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a) El empobrecimiento debe ser la consecuencia del enriquecimiento ; pero interesa poco que el enriquecimiento se realice directamente o por mediación de otro patrimonio. b)

El empobrecido no debe haber incurrido en ninguna culpa.

c)

El empobrecido no debe haber obrado en su propio interés.

d) El enriquecimiento no debe tener una causa legítima; es decir, no debe resultar del cumplimiento de un acto jurídico válido o de la aplicación en un acto jurídico de una disposición legal o consuetudinaria. Importa poco que el acto jurídico haya sido celebrado entre el enriquecido y el empobrecido o entre el enriquecido y un tercero. e) La acción de in REM verso no tiene sino un carácter subsidiario: se niega cuando el legislador ha previsto otra acción, ya sea que el empobrecido pueda ejercer, esta otra acción, ya sea que no pueda utilizarla por no reunir todos los requisitos exigidos o porque la haya perdido; pero la jurisprudencia permite la acción de in rem verso cuando la acción normal resultaría ineficaz. El requisito de subsidiaridad, aunque parecido al requisito de ausencia de causa, no constituye siempre una duplicidad de esta. Tales son los requisitos que han permitido a la jurisprudencia limitar estrictamente el ámbito del enriquecimiento sin causa como fuente de obligaciones. Efectos del enriquecimiento sin causa: El cuasicontrato del enriquecimiento sin causa hace que nazca una obligación de la que el empobrecido es acreedor y deudor el enriquecido. Esa obligación de restitución que pesa sobre el enriquecido está limitada por el importe del enriquecimiento y del empobrecimiento: el enriquecido no puede quedar obligado a más de lo que se haya enriquecido ni a más de lo que se haya empobrecido el demandante. El enriquecimiento se aprecia en la fecha de la demanda formulada por el empobrecido. El enriquecimiento sin causa es una fuente autónoma de obligaciones, sin relación con el contrato o el delito, distinta igualmente de los demás cuasicontratos: el pago de lo indebido y la gestión de negocios ajenos. TEMA XII Responsabilidad nacida de un contrato: La responsabilidad contractual es aquella que resulta del incumplimiento de una obligación nacida de un contrato TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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y se encuentra consagrada por los Art. 1146 y siguientes del Código Civil. Esta responsabilidad surge cuando una de las partes contratantes no cumple con sus obligaciones nacidas del contrato, por ejemplo el vendedor que se niega a entregar la cosa vendida. Cuando no se cumple o se cumple mal la prestación debida, se crea un nuevo vínculo obligacional: la obligación para el deudor autor del incumplimiento de reparar el perjuicio que ocasiona. Elementos constitutivos: Se precisan tres elementos: 1,- Un contrato válido. 2.- Un contrato entre el autor del daño y la víctima. 3.- Un daño resultante del incumplimiento de un contrato. Validez de la cláusula de exoneración de la responsabilidad: En materia contractual las partes pueden fijar y/o limitar el monto de la indemnización que recibirán en caso de incumplimiento e sus obligaciones, lo cual hace por mediación de una cláusula de limitación de responsabilidad, o de una cláusula penal; siendo tal facultad reconocida por nuestra Suprema Corte de Justicia. Para que los jueces de fondo puedan acordar una suma superior a la establecida por la cláusula de limitación de responsabilidad debe establecer que se ha cometido una falta de tipo delictual. Pero corresponde a quien alega la existencia de una cláusula de responsabilidad establecer la prueba de su existencia. En presencia de una cláusula de exoneración o de limitación de responsabilidad el juez debe respetar la voluntad de las partes contratantes, y solamente debe actuar contrariando esa voluntad en base a los criterios expuestos. Esas cláusulas válidas en un principio no pueden sin embargo tener por efecto exonerar al deudor de su falta aunque fuera leve, o de su dolo, que en la práctica equivaldría a decir, que en el deudor no ejecutará y finalmente negará el carácter obligatorio del contrato. Esta cláusula no permite al deudor escapar en caso de caducidad, de la aplicación del Art. 1382 del Código Civil, pero bajo la condición de que la víctima establezca la falta que ha cometido. La cláusula de limitación o exoneración de responsabilidad no tiene ninguna eficacia cuando el hecho que origina los daños es diferente al que se prevé en la cláusula.

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Responsabilidad nacida fuera de un contrato: Se produce cuando la acción en responsabilidad civil nace a consecuencia de un delito o cuasidelito civil, es decir, la responsabilidad delictual. La responsabilidad civil delictual es aquella que se refiere a ocurrencias no regidas por términos contractuales. La idea de contrato se encuentra ausente en ese orden de responsabilidad. La responsabilidad delictual consagrada fundamentalmente por los Artículos 1382, 1383, 1384 y 1386, del Código Civil constituye el derecho común de nuestra responsabilidad civil. Estos artículos reglamentan: I) La responsabilidad por el hecho personal (1382-1383); II) la responsabilidad por el hecho de otro (1384 Párr. 2, 3 y 4); III) la responsabilidad por el hecho de las cosas inanimadas; IV la responsabilidad por el hecho de los animales (Art.1385) y V) la responsabilidad por la ruina de los edificios. Toda responsabilidad civil que no se contractual, es delictual o cuasidelictual. Existe responsabilidad delictual cuando el daño ha sido causado intencionalmente (Art.1382) y existe responsabilidad cuasidelictual cuando el daño ha sido causado intencionalmente (Art.1383). Elementos constitutivos: a) b) c)

un daño ocasionado al que reclama la reparación. Una falta imputable al demandado. Una relación de causalidad entre el daño y la falta.

La responsabilidad por el hecho personal: cualquier hecho del hombre que causa a otro un daño, obliga a aquel por cuya culpa sucedió a repararlo. (Art.1382). Cada cual es responsable del perjuicio que ha causado, no solamente por un hecho suyo, sino también por su negligencia o imprudencia. (Art. 1383 C.C.) La responsabilidad por el hecho de otro: No solamente es uno responsable del daño que causa un hecho suyo, sino también del que se causa por hechos de las personas de quienes se debe responder, o de las cosas que están bajo su cuidado. El padre y la madre después de la muerte del esposo, son responsables de los daños causados por sus hijos menores que vivan con ellas. Los amos y comitentes, lo son del daño causado por sus criados u apoderados en el en las funciones en que estén empleados. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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Los maestros y artesanos lo son del causado por sus discípulos y aprendices, durante el tiempo que están bajo su vigilancia. La responsabilidad antes dicha tiene lugar a menos que el padre, la madre, los maestros y artesanos prueban que les ha sido imposible evitar el hecho que da lugar a la responsabilidad. (Art.1384). La responsabilidad por el hecho de las cosas: el dueño de un animal, o el que se sirve de él por el tiempo de su uso, es responsable del daño que ha causado aquel, sea que se encuentre bajo su custodia o que se le hubiera extraviado o escapado (Art.1385). El dueño de un edificio es responsable del daño que cause su ruina cuando ha tenido lugar como consecuencia de culpa suya o por vicio en su construcción. (Art.1386 C.C). TEMA XIII Influencia del tiempo en el derecho: Cómputo del tiempo: La prescripción: la prescripción es un medio de adquirir o de extinguir una obligación por el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones que determina la ley. No se puede renunciar anticipadamente a la prescripción: se puede renunciar a la prescripción adquirida. La renuncia a la prescripción es tácita o expresa, resultando la primera de un hecho que supone el abandono del derecho adquirido. Clases Prescripción adquisitiva: es un medio de adquirir una obligación. Prescripción extintiva: es un medio de extinguirse una obligación. No pueden los jueces suplir de oficio la excepción que resulta de la prescripción. La prescripción puede oponerse en cualquier estado de causa, aún ante la Suprema Corte de Justicia, a no ser que a las circunstancias hagan presumir que renunció a la excepción de prescripción la parte que no la haya opuesto. El Estado, los establecimientos públicos y municipios, están sometidos a las mismas prescripciones que en particulares, pudiendo oponerlas del mismo modo de éstos. La prescripción extintiva: la prescripción extintiva o liberatoria, es otro modo de extinción de las obligaciones, y resulta del no uso durante cierto tiempo, de derechos o acciones. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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Solo el derecho real de propiedad , perpetuo, no desaparece por el no uso. Los derechos personales u obligaciones se extinguen por prescripción. El plazo normal que entraña extinción de una obligación, es de 20 años. Sin embargo, existen algunas prescripciones especiales, tales como: a) cinco años para las obligaciones entre comerciantes, si ellas no son sometidas a prescripciones especiales mas cortas (Art. 189 Cod. Comercio). b) dos años para las acciones en responsabilidad civil contractual y tres por lo que se llevan con motivo de litis sobre rentas o pensiones. c)

Un año para las acciones de los alguaciles en cobro de honorarios.

d) Seis meses para las acreencias de hoteleros y restaurantes respectos a sus clientes. En materia de obligaciones, el plazo comienza a correr a partir del momento en que la obligación se haga exigible. Pero la prescripción puede suspenderse o interrumpirse. La caducidad: pérdida de un derecho o acción por no ejercerlas dentro del plazo y en las condiciones fijadas por el Juez, la ley o las convenciones. Pérdida de un derecho o función sufrida a título de sanción. Estado del acto jurídico de que un acontecimiento posterior torna ineficaz. Ejemplo: el contrato de matrimonio caduca si no se celebra el matrimonio. El legado caduca si le legatario muere antes que el testado. Interrupción del plazo de prescripción: En caso de interrupción de la prescripción, el plazo transcurrido anteriormente es anulado y para que la prescripción sea adquirida, es necesario un nuevo plazo. En todos los casos, una vez expirado el plazo, la deuda no se extingue automáticamente, siendo necesario que el deudor se prevalezca de la prescripción solicitando su pronunciamiento por ante el Tribunal correspondiente sin dejar que este lo supla de oficio. Suspensión del plazo de prescripción: Se da el nombre de suspensión de la prescripción a la detención de su curso, que resulta cuando el acreedor se encuentra en la imposibilidad de exigir el pago de su acreencia. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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La prescripción se suspende entre esposos y respecto a los acreedores incapaces (menores interdictos). Sin embargo las prescripciones cortas (de 5 años) no se suspenden respecto de los incapaces (Art.2278 CC). En caso de Guerra o de acontecimientos graves que perturban el funcionamiento de los servicios públicos, también se suspende la prescripción. TEMA XIV La noción de bien: cosa material susceptible de apropiación y todos los derechos que forman parte del patrimonio. Todas las cosas que pueden ser objeto de un Derecho y representar en el patrimonio de una persona, un valor apreciable en dinero Bienes muebles: Los bienes son o por su naturaleza o por disposición de la Ley. Son muebles por su naturaleza, los cuerpos que pueden transportarse de un punto a otro, bien se muevan por si mismos, como los animales o aquellos que sólo cambian de sitio por efecto de una fuerza exterior como las cosas inanimadas. Son muebles por disposición de la ley, las obligaciones y aciones que tienen por objeto cantidades exigibles o efectos muebles; las acciones o intereses en las compañías de crédito público, de comercio, de industria, aunque pertenezcan a dichas compañías algunos bienes inmuebles dependientes de estas empresas. También son muebles por disposición de la ley las rentas perpetuas o vitalicios, sobre particulares o sobre el Estado. Bienes inmuebles: Son inmuebles las bienes, o por su naturaleza o por su destino o por el objeto al que se aplican. 1parcelas y edificios son inmuebles por naturaleza. 2Las cosechas pendientes son inmuebles y las frutas no recogidas. 3Los efectos que el propietario de una finca ha colocado en ella para el servicio y beneficio de la misma, son inmuebles por su destino. Son inmuebles por el objeto a que se aplican: 1el unifruto de las cosas inmuebles. 2Las servidumbres o cargas de una finca. 3Las acciones que se dirigen a reivindicar una cosa inmueble. El derecho real: (concepto y clases). Es una relación jurídica, inmediata y directa entre una persona y una cosa. Entre los derechos reales unos se denominan principales; los demás accesorios. Estos TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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últimos, accesorios de un derecho de crédito, constituyen una garantía para el acreedor; por ejemplo las hipotecas. Los derechos reales principales son el derecho de propiedad y sus desmembraciones, usufructo, uso, habitación, servidumbres reales o servicios prediales, concesiones. Es preciso agregar la enfiteusis, aún cuando sea, por su naturaleza un derecho personal. Los derechos reales, tienen como objeto, bienes muebles o inmuebles. Sin embargo, el derecho de habitación, las servidumbres reales, las concesiones y la enfiteusis no pueden ser sino inmobiliarias. El derecho de propiedad, confundido con la cosa sobre la cual recae, es tratado como una cosa, como un derecho. Todo derecho real es susceptible de posesión. Caracteres: Clases: El derecho de propiedad: (Art.544 C.C.), la propiedad es el derecho de gozar y disponer de las cosas de la manera más absoluta, con tal de que no se haga de las mismas un uso prohibido por las leyes y reglamentos. Es el derecho real que confiere todos los poderes sobre la cosa que sea su objeto. El derecho de propiedad confiere a su titular los poderes más amplios; es decir, el jus utendi, el jus fruendi y el jus abutendi El propietario que use de una cisa suya cib yba ubtebcuón malévola imprudentemente, abusa de su derecho y debe reparar todo el perjuicio que haya causado. El derecho de propiedad dura tanto como la cosa; está unido a ella y se transmite al propio tiempo que aquella es transmitida. Por ser este derecho perpetuo no desaparece por el no uso, y la acción reivindicatoria que lo sanciona no se extingue por la prescripción extintiva; pero el derecho de propiedad puede perderse por causa de la adquisición de la cosa por un poseedor. Restricciones: Nadie puede ser obligado a ceder su propiedad a no ser por causa de utilidad pública, previa justa indemnización pericial o cuando haya discrepancia en la estimación por juicio de un tribunal competente. Acciones que protegen el derecho de propiedad: Modalidades del derecho de propiedad: 1- Usufructo; 2- Uso y habitación 3Servidumbre.

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Modo de adquirir el derecho de propiedad: La propiedad de los bienes, se adquiere y transmite por sucesión, por donación entre vivos o testamentarios, por efecto de las obligaciones, por accesión o incorporación, por prescripción.

TEMA XV La posesión: (Art.2228-2235 CC) La posesión es la ocupación o el goce de una cosa o de un derecho que tenemos o ejercemos por nosotros mismos, o por otro que tiene la cosa o ejerce el derecho en nuestro nombre.. La posesión implica el poder de hecho sobre una cosa, en tanto que la propiedad supone un poder de derecho. Poseer significa tener en hecho el dominio sobre un bien determinado. En numerosas ocasiones un poseedor es al mismo tiempo propietario, pero no siempre resulta forzosamente así y una cosa perteneciente a un propietario puede ser objeto de posesión por otra o de detentación por un tercero. La posesión es un paso hacia la propiedad que es a su vez, poder absoluto y durable Clases: Existen dos clases de posesión, según el poseedor esté de buena o mala fe. El poseedor de mala fe es aquel que ejerce un derecho que no le pertenece. Por ejemplo el ladrón es un poseedor de mala fe y el propietario puede reivindicar el bien sustraído. El poseedor de buena fe es aquel que posee el derecho sobre la cosa bajo la ignorancia de que pertenece a otra. El cree que el derecho que ejerce le pertenece, es el caso por ejemplo de una persona que adquiere un bien de una persona ignorando que aquella no era su propietaria. Adquisición, conservación y pérdida: A condición de que sea: continua, pacífica, pública e inequívoca, la posesión produce importantes consecuencias jurídicas: 1.- El poseedor puede llegar a ser propietario del bien poseído, si se trata de un bien no perteneciente a una persona (ocupación) o en caso contrario, a la expiración de un plazo (prescripción adquisitiva). TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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2.- El poseedor es demandado en los procesos intentados en relación con la propiedad del bien en cuestión, y se encuentra aventajado por el hecho de que la prueba pertenece a aquel que le ataque. El conserva la cosa litigiosa hasta tanto su adversario pueda probar lo contrario. 3.- El poseedor puede defenderse y defender su posesión por medio de procedimientos especiales: acciones posesorias, las cuales son de la competencia de los Juzgados de Paz. Ellas se oponen a las acciones petitorias que son de la competencia de los Juzgados de Primera Instancia. Seguidas de un derecho de reivindicación una vez se establezca quien es el verdadero propietario. 4.- Conforme a la lógica el poseedor de buena fe tiene ventajas: él adquiere, en defecto, definitivamente los frutos de la cosa poseída y llega a ser propietario por prescripción El usufructo: (Art. 578 y sigtes. CC) Concepto: El usufructo consiste en el derecho de gozar de cosas cuya propiedad pertenece a otro, como éste mismo, pero conservando la sustancia de aquellas. Naturaleza: Constitución: el usufructo se establece por la ley o por la voluntad del hombre. Puede constituirse puramente, a cierto día y con condición. Puede establecerse sobre toda especie de bienes, muebles o inmuebles. Extinción: se extingue el usufructo: 1ero. Por la muerte del unifructuario. 2do. Por acabarse el tiempo para que se concedió. 3ero. Por la consolidación o reunión en una misma persona de los dos cualidades usufructuario y propietario. 4to. Por el no uso del derecho en el transcurso de 20 años. 5to. por la pérdida total de la cosa en que consiste el usufructuario. 6to. los Jueces pueden pronunciar la extinción completa del usufructo o mandar que el propietario no recobre el goce de la cosa gravada, sino con la obligación de pagar al usufructuario. Contenido: Derechos y obligaciones: Derechos: - El usufructuario tiene derecho de gozar de toda especie de frutos, sean naturales, industriales o civiles, que pueda producir la cosa cuyo usufructo tiene. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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- Si el usufructo comprende las cosas que se consumen, con el usufructuario tiene el derecho para servirse de ellas. Pero con la obligación de restituir otras en igual cantidad y con la misma calidad y valor o bien su precio al terminar el usufructo. - El usufructuario goza también de los derechos de servidumbre de paso y en general de todas aquellos derechos de que goza el propietario. Obligaciones: - El usufructuario toma las cosas en el estado en que están, pero no puede entrar en goce sino después de hacer inventario de los muebles y un estado de los inmuebles sujetos al usufructo. - Dará fianza de disfrutar como buen padre de familia. - Sólo está obligado a las reparaciones de conservación. - Las reparaciones son de cuenta del propietario - El usufructuario está obligado durante el usufructo a todos los cargos. El derecho real de servidumbre: (Art. 637CC) La servidumbre es una carga impuesta sobre una heredad para el uso y utilidad de una finca perteneciente a otro propietario. Caracteres: 1.- Es un derecho real inmobiliario, que existe en beneficio de la carga o sus usufructuarios. Los fundos en beneficios de los cuales la servidumbre existe, son los fundos dominantes, esto es, aquel que grava el fundo vecino. 2.- Es un derecho perpetuo y accesorio a la propiedad del fundo dominante: él no puede por consiguiente ser arrancado en secciones separadas. Clases: 1ero. Servidumbres que tienen su origen en la situación de los predios. 2do. Servidumbre impuestas por la Ley. 3ero. contrato hecho entre propietarios. Servidumbres reales y personales: Constitución de la servidumbre: las servidumbres se constituyen en beneficio de un edificio o de un terreno. Las primeras se llaman urbanas y las segundas rurales. Las servidumbres son continúas o discontinúas. Las primeras son aquellas cuyo uso es o puede ser continúo, sin necesidad de los actos inmediatos del hombre, como conducciones de agua. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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Las servidumbres discontinúas son aquellas que necesitan la intervención o el hecho inmediato actual del hombre para realizarse, tales como los derechos de tránsito. Las servidumbres son aparentes o no aparentes, las primeras son las que se anuncian desde luego por las obras exteriores como una puerta. Las no aparentes son las que no presentan signo exterior de su existencia por ejemplo la prohibición de edificar un solar o de limitar la construcción a una altura determinada. Contenido: Extinción: (703 y sigtes CC) Las servidumbres cesan cuando las cosas se ponen en tal estado que ya no puede usarse de ellas. Toda servidumbre se extingue, cuando el predio a que se debe y el que lo debe se unen en una misma persona,. Se extingue la servidumbre por el no uso en el espacio de 20 años, los cuales comienzan a contarse, según diversas especies de servidumbres, o desde el día en que se dejó de usar de ellas, cuando se trata de las discontinuas, o desde el en que se ejecutó algún acto contrario a las servidumbres, cuando se rata de las continuas. Servidumbres legales: Las servidumbres establecidas por la ley tienen por objeto la utilidad pública de los particulares. Todo lo que se refiere a esta clase de servidumbre; está determinado por leyes o reglamentos particulares. La Ley somete a los propietarios a diferentes obligaciones e independiente de todo contrato. TEMA XVI. Derechos reales accesorios: Concepto: resultan de la afectación de uno o de varios bienes al pago del acreedor; el acreedor es titular , sobre ese bien o sobre esos bienes, de un derecho que no tienen los demás acreedores y que le permite cobrar con mayor seguridad que los restantes: derecho de retener la cosa hasta el pago, (derecho de retención); derecho de hacer que se venda, derecho de cobrar con preferencia sobre el precio de la venta (derecho de preferencia), derecho de perseguir la cosa que esté en poder de terceros adquirientes (derecho de persecución. Se le conceden uno o varios de esos derechos. Clases: Según la fuente pueden ser: -Garantías legales: es cuando la ley le crea a un acreedor una situación privilegiada, sin que este tenga que manifestar su voluntad. Estas son: TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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a) Derecho de Retención: garantía legal, que en ciertos casos le permite a un acreedor conservar, mientras que no se le pague, una cosa perteneciente a su deudor. c) El Privilegio: Garantía legal, derecho de preferencia concedido a ciertos acreedores por la Ley. -Garantías convencionales: cuando resulta de la voluntad de las partes. Estos son: a) La Pignoración: Garantía convencional que le confiere a un acreedor el derecho de que se le pague con preferencia sobre una cosa que su deudor le ha entregado como seguridad. Esta puede ser: mobiliaria (la prenda), o inmobiliaria (anticresis). La hipoteca: garantía legal unas veces, y convencional otras, que es la afectación de un inmueble al pago de un crédito sin que el propietario de ese inmueble se haya desprendido de él; implica para su titular un derecho de persecución y un derecho de preferencia, porque la hipoteca no lleva consigo ningún desapoderamiento, no es oponible a terceros más que si se ha efectuado una publicidad (inscripción de hipoteca). En la actualidad, junto a la hipoteca inmobiliaria, tiende a desenvolverse una hipoteca mobiliaria, allí donde cabe organizar una publicidad en la esfera mobiliaria. La prenda: (Art. 2073-2084 CC) confiere al acreedor el derecho de hacerse pagar sobre la cosa que constituye su objeto, con privilegio y preferencia a las demás acreedores. Contrato por el cual el deudor de una obligación, cierta o condicional, presente o futura, entrega al acreedor una cosa mueble o un crédito en seguridad de que la obligación ha de ser cumplida. Faltando el deudor a ella, el acreedor puede hacerse cobro de su crédito con el precio que produzca la venta en remate público (pública subasta) de la cosa dada en prenda y con citación del deudor. Constitución: Este privilegio no puede tener lugar sino cuando exista una escritura pública o privada, debidamente registrada que contenga la declaración de la suma debida, así como la naturaleza y especie de las cosas dadas en prenda o un estado anexo que indique sus cualidades, peso y medida. No puede el acreedor, por falta de pago, disponer de la prenda, sin perjuicio de que pueda hacer ordenar en justicia se le entregue, como pago hasta la debida concurrencia según tasación hecha por peritos, o que se venda en subasta. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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La prenda es indivisible, sin embargo, de la divisibilidad de la deuda entre los herederos del deudor o las del acreedor. Las disposiciones anteriores no son aplicables en materia de comercio, ni las casas de (empeño) préstamos sobre prendas autorizadas que se rigen por leyes especiales ver  Ley de fomento agrícola. (Arts. 200-225 ). Contenido: Extinción: La prenda se extingue por vía accesoria con el crédito que garantiza. Un crédito garantizado por una prenda no puede extinguirse por prescripción. La prenda puede extinguirse también por vía principal, especialmente por la renuncia del acreedor prendario, por una desposesión voluntaria, por la privación que pronuncie el tribunal cuando abuse de la prenda el acreedor pignoraticio. La hipoteca: (2114-2120 CC) la hipoteca es un derecho real sobre los inmuebles que están afectos al cumplimiento de una obligación. Caracteres: 1.- La hipoteca es una garantía: por consiguiente hace suponer la existencia de una obligación principal.. 2.- La hipoteca es un derecho real accesorio. 3.-La hipoteca afecta solamente a los inmuebles La hipoteca es por su naturaleza indivisible y subsiste por entero sobre todas los inmuebles afectados, sobre cada uno y sobre cada parte de los mismos. La hipoteca sigue dichos bienes en cualesquiera manos a que pasen. Solamente pueden ser objeto o bienes susceptibles de hipoteca los bienes inmuebles y también el usufructo de esos inmuebles. Clases: 1Según su modo de constitución, se clasifican en hipotecas convencionales y legales: -Hipoteca legal: es aquella que se deriva de la Ley. (Arts. 2121-2122 CC). Estas son tres: a) Hipoteca de la mujer casada bajo el régimen de la comunidad: que desde el momento mismo del matrimonio adquiere automáticamente una hipoteca sobre los bienes inmuebles del marido. b) La hipoteca del pupilo sobre los bienes inmuebles de su tutor. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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c) La hipoteca del Estado sobre los inmuebles de sus funcionarios encargados de la recolección de los fondos públicos. -Hipoteca convencional, es la que depende de los convenios y de la forma exterior de las actas y contratos. (Art.2124-2133CC) Hipoteca judicial, es la que resulta de las sentencias o de actas judiciales. (Art.2123 CC). 2.-Según la eficacia de la garantía que le procuran al acreedor, se clasifican en simples y privilegiadas. 3.-Según su base material y los créditos garantizados, en hipotecas especiales e hipotecas generales: - La hipoteca es general en cuanto a su base material cuando grava todos los inmuebles presentes y futuros del constituyente; Es general en cuanto a los créditos cuando garantiza todos los créditos actuales y futuros en contra del deudor. Requisitos: son solamente susceptibles de hipoteca: 1ero. Los bienes inmuebles que están en el comercio y sus accesorios, reputados inmuebles. 2do. El usufructo de las mismos bienes y accesorios por el tiempo de su duración. 3ro. El contrato de hipoteca necesita para su validez la intervención de un notario Los muebles no pueden ser objeto de hipoteca. Para constituir una hipoteca se debe: 1.- Ser propietario del bien gravado por la hipoteca. 2.- Se debe tener capacidad de disponer de los inmuebles. Efectos: los acreedores que tienen privilegios o hipotecas inscritas sobre un inmueble, tienen siempre acción sobre éste cualquiera que sea su dueño, para que se les coloque y pague, según el orden sus créditos o inscripción. Extinción: se extinguen las hipotecas. 1ero. Por la extinción de la obligación principal. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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2do. Por la renuncia del acreedor a la hipoteca. 3ero. por el cumplimiento de las formalidades y condiciones prescrito a los terceros detentadores para hacer libres los bienes que hayan adquirido. 4to. por la prescripción. Los privilegios generales y especiales: Los privilegios se aplican cuando se liquidan el patrimonio de un deudor, toda vez que los bienes de un deudor constituyen la garantía del acreedor. La calidad del crédito le da este derecho a un acreedor para ser preferido a los demás, aunque sean hipotecarios. Pueden ser generales y especiales. Privilegios generales mobiliarios: son aquellos que dan derecho al acreedor sobre los muebles del deudor. El Código Civil en el Art. 2101 enumera cinco privilegios mobiliarios, los cuales han sido aumentados por tres leyes especiales dominicanas, por lo cual son ocho privilegios . Estos son: 1.- El privilegio sobre las costas judiciales. 2.- Los gastos de un funeral. 3.- Los gastos de la última enfermedad. 4.- Los salarios de los trabajadores. 5.-Los relativos a gastos de manutención del deudor y su familia. 6.- Los honorarios de los abogados (están por encima y primero que todo el mundo, menos por encima del Estado). Los privilegios que se extienden a los muebles e inmuebles son aquellos que se expresan en el Art. 2101 cc. (Art.2104cc). Art. 2105 cc: Cuando a falta de mobiliario, los privilegiados a que se refiere el precedente artículo se presentan para ser pagados sobre el precio de un inmueble en concurrencia con los acreedores privilegiados sobre el mismo, se harán los pagos en el orden siguiente:; 1ro. Las costas judiciales y las demás enunciadas en el artículo 2101; 2do. Los créditos que se designan el Art. 2103. Privilegios especiales: solo hay uno que se usa o se aplica en nuestro país, que es el de un vendedor de un inmueble cuyo precio no ha sido pagado totalmente sobre el resto que falta por pagar. No se utiliza mucho, pues es preferible la hipoteca. Derecho de propiedad y de persecución: TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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TEMA XVII: La institución jurídica de la familia: Es el conjunto de personas que están unidas por el matrimonio, o por filiación, y también, pero excepcionalmente por la adopción. La palabra familia designa también, en un sentido mas limitado, a los miembros de la familia que viven bajo un mismo techo, sujetos a la dirección y con los recursos del jefe de la casa. Los diferentes estados que una persona puede tener en familia son tres: esposos, parientes por consaguinidad o parientes por afinidad. Pero estos tres estados diferentes no responden respectivamente a los tres hechos constitutivos de la familia (matrimonio, filiación y adopción): el matrimonio crea el estado de los esposos, la filiación y la adopción crean el parentesco; el parentesco por afinidad es una combinación de los efectos del matrimonio y el parentesco. El parentesco: relación que existe entre dos personas de las cuales una desciende de la otra, como el hijo y el padre, el nieto y el abuelo, o que descienden de un autor común, como dos hermanos, dos primos. Al lado de este parentesco real, que es un hecho natural, y que se deriva del nacimiento, la ley admite un parentesco ficticio, establecido por un contrato particular, llamado adopción. El parentesco adoptivo es una imitación del parentesco real. Cálculo de los grados de parentesco: Para los parientes en línea recta el cálculo es muy sencillo: hay tantos grados como generaciones haya de un pariente al otro. Para el parentesco colateral, existen dos formas de cómputo. Una la es del derecho civil: que cuenta el número de generaciones en ambas líneas, partiendo del autor común y que suma las dos series de grados: así dos hermanos son parientes en segundo grado (una generación en cada rama); un tío y su sobrino en tercer grado (dos generaciones por una rama y una en la otra); dos primos hermanos en cuarto grado; un tío y su sobrino en el quinto. En el derecho canónico: solo se cuentan las generaciones de un solo lado. Cuando las dos líneas son iguales se pueden tomar indistintamente cualquiera de las dos; en caso contrario solo se toma en consideración la mas grande. Para precisar más se distingue y se dice que se trata de colateral igual, cuando las dos ramas tienen el mismo número de grados, y de colateral desigual en caso TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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contrario. Este modo de cálculo sirve también para los impedimentos al matrimonio religioso. Las relaciones de derecho entre el hijo y su padre, y su madre: El derecho de alimentos: Es el deber impuesto a una persona, de proporcionar alimentos a otra. Esta obligación supone que una de estas personas (el acreedor alimentario) está necesitada y que la otra (el deudor), se haya en la posibilidad de ayudarla. Habitualmente este deber es recíproco. No debe confundirse esta obligación con la que pesa sobre los padres, de mantener y educar a sus hijos, en los términos del Art.203 cc. Clases: 1.- Entre esposos: está comprendida en el deber de ayuda. 2.- Entre parientes por consaguinidad: en la línea directa, constituyendo este el caso principal. 3.- A ciertos parientes por afinidad: a imitación del parentesco consanguíneo. 4.- A cargo del donatario: a favor del donante, sin reciprocidad del donatario. Elementos personales: personas obligadas; orden de preferencia: Esposos; parientes por consanguinidad y afinidad. Elementos reales: Cuantía: No se trata de proporcionar alimentos propiamente dichos a la persona que los reclama, es decir, la comida; la obligación alimentaria es mas extensa; comprende todo lo que es necesario para vivir: vestido alojamiento y comida. En cuanto a la cifra de la pensión que debe concederse, según el Art.208, depende de las necesidades del que reclama los alimentos, y de la fortuna de quien los debe. La ley permite al juez ponderar todas las circunstancias, tales como el estado de las partes, su salud, sus cargas familiares; es decir, todo lo que pueda aumentar la cifra de la pensión, a favor del acreedor o disminuirla a favor del deudor. Exigibilidad y forma de cumplimiento: Para obtener una pensión alimenticia se requiere según el Art.208 cc: 1.- El acreedor alimentario debe necesitarlas, es decir no estar en condiciones de obtener por sí mismo los medios necesarios para su existencia. 2.- El deudor debe esta en condiciones de proporcionar alimentos al acreedor alimentario. La ley no ha reglamentado estos dos puntos, dejando todo al arbitrio de los jueces. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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Las acciones judiciales con el fin de obtener una pensión de alimentos son frecuentes y en todos los casos se conceden. En principio la deuda de alimentos se paga en dinero y no en especie. No cumple con ella el acreedor recibiendo al deudor en la casa de aquel, para alimentarlo en ella, sino entregándole el dinero necesario para vivir. El deudor de alimentos no podrá liberarse, ofreciendo al acreedor de ellos hospitalidad en su hogar y en su mesa, ni este podrá imponerle su presencia en el hogar. La prestación en dinero no consiste en el abandono de un capital, que podría ser muy gravoso para el deudor. Se cumple con pensiones periódicas, trimestrales, mensuales, o de otra manera, según la convención de las partes o la consideración del tribunal. La cifra fijada por los tribunales es siempre provisional, en cualquier momento puede modificarse, de modo que sigan equitativamente las oscilaciones de fortuna de las dos partes. Por excepción al principio según el cual la obligación alimentaria es una deuda en dinero, el tribunal puede, en dos casos diferentes autorizar su cumplimiento en especie, estos casos son: 1.- cuando la persona que debe proporcionar la pensión alimentaria justifica que no puede pagarla (Art.211cc). 2.- Cuando se trata de los padres que ofrezcan recibir a su hijo en su casa (Art.211 cc). Extinción de la deuda alimenticia: Se extingue por dos razones: 1.- Por la muerte del acreedor: puesto que esta se fundamenta en una relación personal de parentesco o afinidad que se extingue con él. Sus herederos solo tienen derecho para reclamar las pensiones vencidas, es decir, las mensualidades o pensiones trimestrales vencidas en vida del deudor y que no hayan sido pagadas. 2.- Por la muerte del deudor de los alimentos: los herederos solo responden de las pensiones vencidas. No obstante la obligación alimentaria se transmite en dos casos a los herederos y sucesores de la persona deudora de ella: 1.-La primera resulta del Código Civil y existe en provecho de los hijos incestuosos y adulterinos (Art. 762, inc.2). El art.764 considera, implícitamente, sujeta por la deuda de alimentos a la sucesión de sus padres.

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2.- La segunda ha sido establecida por la Ley del 9 de marzo de 1891, en provecho del cónyuge supérstite, a quien se concede una pensión alimentaria a cargo de la sucesión de su cónyuge difunto. TEMA XVIII: La filiación y sus efectos: (Art. 312 y sigtes. CC) Se denomina Filiación, a la relación que existe entre dos personas de las cuales, una es el padre o la madre y la otra hijo. La Filiación surte efectos jurídicos importantes: ella entraña una obligación alimenticia, amén de los derechos de sucesión recíproca. La Filiación Materna reposa sobre un hecho material: ella es establecida por el hecho del parto de la madre. La Filiación Paterna, por el contrario, no es susceptible sino de prueba directa. Para establecer este tipo de filiación, es necesario, en efecto, demostrar el hecho de la cohabitación del padre con la madre al momento de la concepción. La paternidad no puede generalmente establecerse por simples presunciones. Modos de determinación: La Filiación puede ser: Legítima (cuando se produce dentro del matrimonio), Natural y adoptiva (cuando se produce fuera del matrimonio). Se distingue la Filiación Legítima de la Filiación Ilegítima o Natura según que las personas estuvieren casadas o no. En la Filiación Natural, se encuentran: 1.Los hijos naturales simples, fruto de relación extra-matrimoniales, o lo que es lo mismo entre personas no casadas; 2.- Los hijos adulterinos frutos de relaciones entre dos personas de las cuales, una al menos, ha estado casada con un tercero; 3.- Los hijos incestuosos nacidos de dos personas parientes o aliados en tal grado, que está prohibido entre ellos el matrimonio.. Acciones: Filiación nacida del matrimonio: La Filiación Legítima es la que se establece como consecuencia del Matrimonio entre dos personas. Se encuentra dominada por la célebre presunción cuyo origen se remonta al derecho romano antiguo, y que reza: “Pater Is Est”, que ha servido de fundamento al Artículo 312 del Código Civil que dispone: “El hijo concebido durante el Matrimonio, se reputa hijo del marido. Sin embargo este podrá desconocerle si prueba que en el tiempo transcurrido desde los 300 hasta TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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los 180 días anteriores al nacimiento, estaba por ausencia o por efecto de cualquier otro accidente, en la imposibilidad física de cohabitar “con su mujer”. Pero para que esta regla domine, se precisa de una condición indispensable: que el hijo haya sido concebido durante el matrimonio, se trata en consecuencia, de probar o determinar, la época exacta del período de la concepción de un hijo no viable aún. Por eso la presunción no se aplica en caso de demanda en divorcio o separación de cuerpos, si el infante ha nacido 300 días después del auto que fija la residencia de los esposos separados, y 180 días computados desde la desestimación definitiva de la demanda, o de haberse realizado la conciliación (Art.314 del CC). La Institución jurídica llamada “posesión de estado” juega un importante papel en la nueva Ley sobre Filiación en la nueva Ley sobre Filación. Esta posesión de Estado resulta de varios hechos: Se trata de hechos que por necesidad de las cosas tienden a determinar que el infante es todavía considerado como hijo legítimo. Por ejemplo el hecho de llevar el nombre del marido, o que haya sido considerado por todos, como hijo de la familia en cuestión. Pero esa presunción de paternidad no tiene aplicación alguna en el supuesto caso en que el hijo se repute haber sido concebido después de la expiración de los plazos o período legal de la concepción. Ej. El que haya nacido 300 días después de la disolución del matrimonio y a la inversa, no se aplica más que al hijo concebido antes de los 180 días del matrimonio. La filiación del hijo legítimo se prueba en primer lugar por el acta de nacimiento. A falta de este documento, o medio de prueba por la posesión de estado. Cuando existen a la vez acta de nacimiento y posesión de estado, toda reclamación de un estado contrario es excluida (Art.322 CC). A falta de Acta de Nacimiento y de Posesión de estado, o si el hijo ha sido inscrito bajo un nombre falso o sin indicación de la madre, la prueba de la filiación podría hacerse por Testigos, con la condición de que haya un comienzo o principio de prueba por escrito o de presunciones o indicios muy graves como para determinar que el juez autorice dicha prueba por testigos. Filiación nacida fuera del matrimonio: a)

La Filiación Natural: Esta puede resultar:

1.- De un reconocimiento voluntario del padre o de la madre del infante; TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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2.- De una sentencia rendida como consecuencia de un proceso en reconocimiento de paternidad o de maternidad. 3.- De una sentencia rendida como consecuencia de una acción en desconocimiento o en contestación de paternidad. 4.- Respecto de la madre, de la indicación de su nombre en el Acta de Nacimiento, cuando esta indicación se corrobore por la posesión de Estado del Hijo Natural de la Mujer en cuestión. Pero cada vez que el Acta de Nacimiento del hijo natural contenga la indicación del nombre de su madre, esa Acta de Nacimiento vale reconocimiento, a condición, sin embargo, de que ese hijo sea efectivamente considerado por todos como hijo de esa madre. Reconocimiento voluntario: es una declaración por la cual una persona declara que un niño es su hijo natural. Ella debe ser hecha por un acto auténtico o más simplemente, en el acta de nacimiento misma. En tanto que no haya sido contestado en justicia, el reconocimiento, queda abierto a todo interesado, lo mismo al autor como al Ministerio Público. El reconocimiento es personal, en el sentido de que pertenece al interesado apreciar la oportunidad de realizarlo por sí mismo y sin ninguna asistencia; es individual, en el sentido de que surte efectos respecto de la persona de la cual emana; es Declarativa. Demanda en reconocimiento de Paternidad Natural: Cuando hijo natural no ha sido reconocido por sus autores, él puede, a los fines de asegurarse sus derechos alimentarios y sucesorales, intentar una acción en justicia con miras a establecer su filiación. Sin embargo, sin embargo, esta acción en declaración de paternidad, no está sometida a las mismas reglas, según se trate de paternidad natural o de maternidad natural: Acción en declaración de Maternidad Natural: El hijo natural puede establecer su maternidad natural, probando o estableciendo a su vez, una posesión de estado constante respecto de la madre pretendida. A falta de ese medio de prueba podrá recurrir a la prueba por testigos, si existen presunciones o indicios graves, o un principio de prueba por escrito. Acción en declaración de Paternidad Natural: Esta está sometida a reglas restrictivas que se explican por dos consideraciones: TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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1.- Puesto que los padres no están casados, es imposible que proceda la presunción de paternidad prevista en el artículo 312 del Código Civil, la que se funda entre otras cosas en los deberes de fidelidad y de cohabitación impuestos a la mujer casada. En la actualidad es posible para la ciencia la paternidad del padre se prueba a través del ADN. 2.- Porque para establecer judicialmente que una criatura no es hijo de tal o cual individuo es necesario que las circunstancias sean tales que las posibilidades de error sean reducidas al mínimo. Casos en que se autoriza la investigación de la Paternidad Natural: a) En caso de rapto o violación de la madre, cuando dicha violación corresponde al período legal de la concepción. b) En caso de seducción acompañada de maniobras dolosas, abuso de autoridad, promesa de matrimonio. c) En caso de que existan cartas o misivas escritas de puño y letra del padre, a propósito de establecer la paternidad, con carácter inequívoco. d) En caso de que el pretendido padre y la madre hayan cohabitado durante el período legal de la concepción, en concubinato notorio, implicando relaciones estables y continuas, aunque no exista una comunidad de bienes. e) En fin cuando el pretendido ha participado o ha querido participar en el mantenimiento y educación del infante en calidad de padre, aquí juega un papel importante la Posesión de estado. Por supuesto, nada impide que el padre pretendido, para desconocer su paternidad natural, invoque la vida licenciosa notoria de la mujer, o simplemente, que ella tenía relaciones íntimas con otros individuos durante el período de la concepción o también, que él (padre pretendido) se encontraba en la imposibilidad física de cohabitar con la mujer en el período legal de la concepción; lo cual si se establece, haría irrecibible la acción en declaración de paternidad. Efectos de la Filiación de Natural: Esta entraña diversas consecuencias en lo que respecta a la situación familiar del menor, su nombre y sus derechos sucesorales: TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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En cuanto al nombre: Si la Filiación se ha establecido simultáneamente respecto del padre y la madre, él llevará el nombre del padre; en todos los otros casos en que la filiación se haya establecido respecto de la madre, llevará el nombre de esta y no el del padre. Y todo ello salvo decisión contraria del tribunal. Los reconocidos naturales, tienen al igual que los legítimos , un derecho, una especie de acreencia alimentaria y educacional respecto de sus padres, la cual pudiera dar lugar a una pensión alimenticia. Tienen derechos sucesorales respecto de sus padres. Filiación adoptiva: (Art.27 y Sigtes Ley 14-94). La Filiación Adoptiva resulta de la adopción , acto jurídico consagrado por una sentencia judicial y que crea efectivamente entre dos personas, una relación puramente jurídica de filiación. Se distinguen actualmente dos tipos de adopción: La adopción simple y la adopción privilegiada. Adopción simple: Este tipo de adopción no es permitida más que a las personas mayores con no menos de 40 años; sin embargo la adopción puede ser solicitada conjuntamente por los dos esposos, siempre que uno de ellos fuere mayor de 35 años y se hubieren casado hace 10 años y no tuvieren hijos de su matrimonio. (Art.334 CC). El adoptante deberá tener por lo menos 15 años más que la persona que se propone adoptar y si fuera el hijo de su cónyuge , la diferencia en edad podría ser de 10 años, pudiendo ser reducida mediante dispensa del juez de Primera Instancia correspondiente (Art. 334 CC). El consentimiento es dado en el acto mismo de la adopción por acto auténtico separado ante un notario o ante el Juez de Paz del domicilio o residencia del ascendiente, o ante los agentes diplomáticos o consulares en el extranjero, pero en todo caso el acta de adopción debe ser homologada por ante el tribunal civil del domicilio del adoptante. La sentencia de adopción deberá ser transcrita en los registros del Estado Civil del lugar de Nacimiento y se hace igualmente mención en la adopción al margen de esa Acta de Nacimiento del Adoptado. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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La adopción surte efectos jurídicos plenos, desde el día de la sentencia de adopción, esto en cuanto a las partes, pero respecto a los terceros, surte efectos a partir de la transcripción que de ella se haga sobre el registro del Estado Civil, esto es, a parir del cumplimiento de las formalidades de publicidad. La adopción puede ser revocada por motivos graves: ingratitud del adoptado, por ejemplo. Esta revocación debe ser objeto de una decisión judicial seguida de una transcripción en el registro del Estado Civil correspondiente. Adopción Privilegiada: Es una adopción firme, en el sentido de que combina los efectos de la adopción pura y simple con los de la legitimación. La mayor parte de las condiciones previstas para la adopción simple, se aplican igualmente a la privilegiada. Sin embarga, el art.368 CC, dispone que solamente es permitida la adopción privilegiada a favor de los menores que no tenga cinco (5) años cumplidos, siempre que hayan sido abandonadas por sus padres, o que estos sean desconocidos o hayan muerto. Cuando una sentencia haya pronunciado la adopción plena o privilegiada, y esta ha sido transcrita en el registro del Estado Civil, del lugar de nacimiento del adoptado, de ello resulta una filiación que sustituye definitiva e irrevocablemente a la filiación de origen. Así se evitan para el porvenir las controversias que pudieran surgir cuando los padres naturales que abandonan sus hijos y luego de estos ser adoptados en forma privilegiada desearen hacer reclamaciones, quedando excluida toda reclamación al respecto con posterioridad a la sentencia de adopción. La patria potestad: (Art. 371-387 CC). Es el conjunto de derechos, poderes y obligaciones conferidos por la ley a los padres para que cuiden y gobiernen a sus hijos desde la concepción hasta la mayoría de edad o la emancipación, así como para que administren sus bienes en igual período. El objeto de esta institución es el de proteger al menor en cuanto a la seguridad, santidad y moralidad. A este respecto los padres tienen derecho de guarda, de supervigilancia y educación. Por aplicación del derecho de guarda que tienen los padres sobre el menor, este no puede dejar su casa sin el permiso de aquellos que tienen autoridad para supervigilarlo y controlar sus relaciones. En caso de dificultades el tribunal TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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puede intervenir, en consideración de situaciones excepcionales, acordando un derecho de visita a otras personas, padres o no.. Durante el matrimonio, el ejercicio de la autoridad paternal (patria potestad) pertenece en común a ambos esposos. A falta de un acuerdo el juez de la tutela deberá estatuir sobre el particular. Si uno de ellos muere, el superviviente asume esa responsabilidad. Si ambos mueren o se encuentran imposibilitados física y mentalmente, hay lugar a apertura de tutela. Todo esto en lo que respecta a los hijos legítimos. Elementos personales: Efectos: Cuando el menor tiene bienes, el titular de la patria potestad posee sobre estos, derecho de administración y goce legal. El administrador legal, es mas a menudo, el padre, en cónyuge superviviente, o el padre natural que haya reconocido al menor dentro del plazo que establece la Ley 985 dentro de los tres meses del nacimiento, todos ellos representan jurídicamente su pupilo. Si esa administración es controlada por un consejo de familia, el administrador legal no podrá hacer actos en representación del menor, sin el consentimiento de dicho consejo de familia, en tanto, que el consentimiento del otro cónyuge es suficiente si se trata de una administración pura y simple. De una manera en general, se puede decir, que el administrador legal tiene derecho a realizar respecto a los bienes del menor los mismos actos conservatorios y de administración, que el menor por sí mismo podría efectuar. Son los actos que tienden por necesidad, a salvaguardar el patrimonio del menor, por ser poco graves. Hay otros actos fundados en la nocividad eventual respecto del patrimonio del menor. Por eso hay que distinguir dos puntos: - Si se trata de una administración pura y simple, el administrador legal puede, en lo concerniente a los bienes de su pupilo: suscribir pólizas de seguro, hacer efectuar reparaciones, enajenar a título oneroso los muebles de uso frecuente; concluir contratos de locación por duración no determinada. Para los actos de disposición ordinaria: El administrador legal debe obtener el consentimiento de su cónyuge. Si se trata de aceptación pura y simple o de la repudiación de una sucesión ofrecida al TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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menor, o de la venta de un inmueble perteneciente al pupilo, también debe obtener dicho consentimiento. Si el cónyuge rehúsa consentimiento, es necesario obtener autorización del juez de la tutela, la cual de todas maneras es necesaria para vender un inmueble o un fondo de comercio perteneciente al menor, o para renunciar en su nombre a un derecho. Cuando la administración legal está controlada judicialmente: Lo que implica que los padres no están casados, o que están separados. El legislador ha estimado conveniente que el menor amerite una simple protección. El administrador legal deberá en este caso recurrir al juez de la tutela que es un magistrado del tribunal de Primera Instancia del domicilio del menor, a los fines de obtener un poder general de supervigilancia, comunicando cambio, un estado de cuentas anualmente de su administración. El art. 2143 Cod. Civil prescribe que el tutor deberá prestar garantía legal de su gestión, en forma de prenda o hipoteca sobre sus inmuebles. El derecho de goce legal es una especie de usufructo que se atribuye a un padre o a todo aquel que tenga la supervigilancia de los bienes de un menor, teniendo de esta manera facultad de hacer uso de los frutos, intereses y alquileres. Extinción: (Art.18 Ley 14-94). Esta se extingue con la mayoría de edad o la emancipación, o por decisión judicial, en los casos previstos por la ley, previo procedimiento contradictorio, como consecuencia del incumplimiento injustificado de los deberes y obligaciones a que alude el artículo 130 y siguientes del Código de Niños, Niñas y adolescentes, sobre sustento, vigilancia, educación. TEMA XIX. La tutela: (Art. 389 y sigtes CC). La tutela: Es el sistema de protección establecido por la ley en beneficio de los hijos menores, como consecuencia de la muerte del padre o de la madre. La misión del tutor se ejerce bajo la supervigilancia y el control de: 1) Un consejo de familia; 2) Tribunal civil; 3) El protector. Ojo ver artículo 23 y 25 Código para protección de niños Ley 14-94.-

TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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Es una institución creada para la protección de los menores de edad, no sometidos a la patria potestad ni emancipados, y de aquellas personas incapacitadas para gobernarse por sí mismas. El menor llamado pupilo, se encuentra en tutela cuando no tiene ni padre ni madre, o cuando no haya sido reconocido, en fin, cuando el juez de la tutela decide transformar una administración legal en tutela Sistemas: Personas sujetas: Los menores no sometidos a la patria potestad y los mayores de edad incapaces de administrar sus bienes (curatela). Constitución: Está compuesto por el tutor, el tutor subrogado (que es aquel designado por el Consejo de Familia con la misión de controlar la gestión del tutor y de reemplazarlo en caso de caducidad); el menor y el Consejo de Familia. Ejercicio de la tutela: Esta institución está encargada de velar por las necesidades del menor; de representarlo en los actos jurídicos a los cuales concurre. Como administrador de los bienes de otro, el tutor debe rendir cuentas, hacer inventario de los bienes que tiene a su cargo. El debe depositar los fondos en cuenta bancaria abierta a nombre del menor y hacer mención de su minoridad. En el curso de la tutela, el tutor debe administrar los bienes del menor como un buen padre de familia. El puede ejecutar los actos conservatorios sin autorización del Consejo de Familia; esto es, aquellos actos de la vida corriente (reparaciones locativas de inmuebles, percepción de rentas, suscripción de hipotecas a favor del pupilo, etc); él tiene, calidad para vender tan solo los bienes muebles. Los actos más graves, los de disposición, no podría ejecutarlos en nombre del menor, sin el consentimiento del Consejo de Familia. En principio, el tutor no aceptará sino a beneficio de inventario, una sucesión en la que entre el menor, y si esa sucesión es seguida de partición amigable y de liquidación, deberá ser no sólo aceptado por el Consejo de Familia, sino además , homologada por el Tribunal de Primera Instancia. Responsabilidad: (Art.450, Párr. 2do CC). responsabilidades, en cuanto al tutor, estas son: TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

Existen

tres

tipos

de

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Responsabilidad civil del tutor: El tutor administrará los bienes del pupilo como un buen padre de familia y responderá de los daños y perjuicios que pueden resultar de una mala gestión. Responsabilidad penal del tutor: El tutor, como todo mandatario infiel, es pasible de las penas del abuso de confianza (2 meses a 2 años de prisión y una multa) si ha cometido irregularidades en perjuicio de su pupilo (art.408 Cod. Penal). El padre, la madre y los ascendientes gozan de inmunidad. Responsabilidad del tutor subrogado: Siempre que el tutor subrogado reemplace al tutor, pesan sobre él las mimas obligaciones. Extinción: La tutela cesa con la mayoría de edad, la emancipación o el fallecimiento del pupilo. El tutor debe rendir cuentas de la tutela. Consejo de Familia: Es una asamblea compuesta por seis o cuatro parientes por consaguinidad, de afines o de amigos, presidida por el juez de paz o juez de la tutela. Existen miembros de derecho: los hermanos y hermanas de doble vínculo (mayores de edad), los ascendientes. Si su número es inferior a seis, el Consejo se completa con miembros que elige el juez de paz. En esa designación el juez de paz debe tomar una mitad de los miembros de la línea paterna y la otra mitad de la línea materna, siguiendo el orden de proximidad en cada línea. El Consejo de Familia no es una asamblea permanente. Su composición puede ser diferente en cada reunión. La Emancipación: tiene como objeto principal el de suprimir la patria potestad o la tutela. Resulta entre otras cosas de matrimonio. El Art.487 del C.C. dispone: “El menor emancipado que se dedique al comercio, está reputado como mayor de edad a los efectos relativos a los hechos del comercio mismo. El Art.1308: “El menor que sea comerciante, no goza del beneficio de restitución respecto de los compromisos que haya contraído, por razón de su comercio. La Tutela de los Mayores: Esta tutela de los mayores incapaces, se relaciona en cuanto a su organización a la tutela de los menores y a la antigua interdicción de los alienados, en cuanto a TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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sus efectos. Por eso debe ser puesto en tutela toda persona mayor que necesita ser representada de una manera continua en los actos de su vida civil, en razón de una alteración de sus facultades mentales, o lo mismo, corporales. Es al juez de la tutela al que compete nombrar un tutor al mayor incapaz, asistido de un tutor subrogado y de un Consejo de Familia. Un enfermo mental, se encuentra como el menor emancipado afectado de una incapacidad total. Como a los menores, el tutor representa al enfermo en todos los actos de su vida jurídica y todos los actos pasados por él estarán afectados de nulidad de pleno derecho. El tutor necesita en todo caso autorización del Consejo de Familia para efectuar actos de Disposición; y puede por sí solo efectuar los de administración pura y simple (conservatorios). La Curatela: Es un régimen de semi-incapacidad que afecta a ciertas personas mayores de edad, que tienen necesidad de ser controlados en la realización de algunos actos de la vida civil, sin que ello implique en modo alguno, que no pueden obrar por si mismos. El individuo mayor de edad, bajo curatela posee lo que se llama un consejero judicial y su incapacidad es parcial pues concierne tan solo a determinados actos para los cuales precisa de representación. La curatela al igual que la tutela, deben ser objeto de cierta publicidad, esto es, hacer mención de ellas al margen del Acta de Nacimiento para que sean oponibles a terceros. TEMA XX El matrimonio: (Artículos 144-213 y 1387 CC) Es el contrato civil y solemne por medio del cual el hombre y la mujer se unen con el objetivo de vivir en común y de prestarse mutuamente asistencia y socorro, bajo la dirección del Marido. El matrimonio es un contrato. Es el resultado, en efecto de un acuerdo de voluntades y engendra obligaciones reciprocas entre las partes. El matrimonio: Es la sociedad de hombre y la mujer unidos con la finalidad de perpetuar la especie, ayudarse a llevar la vida y a compartir un destino común. Se hace necesario diferenciar lo que es contrato de matrimonio y matrimonio. El matrimonio es un contrato. Es el resultado en efecto de un acuerdo de voluntades y engendra obligaciones reciprocas entre las partes. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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Condiciones de fondo: a) b) c) d) e) f)

La diferencia de sexos. La edad de los contrayentes. El consentimiento de los esposos El consentimiento de los padres cuando es entre menores Ausencia de un matrimonio anterior La ausencia de parentesco o alianza entre los contrayentes.

Condiciones de forma: a) Debe ser celebrado públicamente ante un oficial del Estado civil, del lugar donde residen ambos contrayentes. b) La ceremonia debe, salvo dispensa, ser precedida de publicaciones se hacen con fines de provocar oposición si la hubiere. La ausencia de una o varias de esas condiciones requeridas, entraña la nulidad del matrimonio. Según la gravedad del caso esa nulidad puede ser absoluta o relativa. La absoluta puede ser invocado por cualquier interesado, así como también por el representante de la sociedad (Ministerio Público). La nulidad absoluta resulta de la identidad de sexos, de la ausencia de consentimiento de los desposados, de la bigamia o incesto, de la clandestinidad en la celebración del matrimonio, o de la incompetencia del oficial de estado civil para celebrarlo. Esta regla general de nulidad puede ser invocada en todo momento, antes de los 20 años, por ser de orden público. La nulidad relativa puede resultar de: a) consentimiento dado por error o violencia; b) falta de autorización de los padres, cuando sea celebrado entre menores de edad. En el primer caso, ella no puede ser alegada más que por en cónyuge cuyo consentimiento ha sido viciado y esta nulidad prescribe a los diez (10) años como toda nulidad relativa. En el segundo caso la nulidad puede ser perseguida por menor que necesita la autorización de los padres para contraer nupcias. Sea absoluta o relativa, la nulidad, una vez pronunciada tiene efectos retroactivos y el matrimonio se considera como si no hubiese sido celebrado jamás. Efectos del matrimonio: Sobre el plano extra patrimonial: TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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a) b) c)

Los esposos se deben mutuamente fidelidad y asistencia. Obligación de seguridad. Obligación de cohabitación.

Sobre el plano patrimonial: a) Los esposos están obligados recíprocamente a la obligación alimenticia, es decir, se precisa de la contribución común a las cargas. (Art.214 CC). b) En lo que concierne a la capacidad jurídica de la esposa. c) Cada esposo debe contribuir con la educación de los hijos; y las obligaciones resultantes de ese compromiso son solidarias. Las características del matrimonio: 1- es un acto solemne. 2- Es un acto creador de un elemento del estado civil. 3Sólo se disuelve por la muerte de uno de los cónyuges o por el divorcio. 4- Es un acto civil porque la ley no le asigna validez al matrimonio religioso, salvo el caso del matrimonio católico, que después de firmar el concordato, surte efectos civiles con la condición de que sean transcrito en la Oficialía del Estado Civil. 5Es contractual e institucional al mismo tiempo, o sea, es regido por el sistema mixto. Sistemas matrimoniales: 1- Civil y el matrimonio católico con la condición de que sea transcrito en la Oficialía del Estado Civil. El sistema vigente en República Dominicana: El matrimonio en nuestro país es fundamentalmente civil, pero el católico produce efectos civiles con la condición de que sea transcrito en una Oficialía del Estado Civil correspondiente. Los regímenes matrimoniales vigentes en República Dominicana : Concepto: Se denomina régimen matrimonial al estatus que fija las relaciones pecuniarias entre los esposos, determinando los derechos de propiedad, de administración o de goce sobre sus bienes, así como también la contribución respectiva a las cargas del hogar. Contrato de matrimonio: es aquel que suscriben los futuros esposos ante un Notario Público, mediante el cual determina el régimen que sobre los bienes regirá el matrimonio. Los menores de edad deben obtener el consentimiento de sus padres, para la validez del contrato TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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Si la pareja contrae matrimonio sin haber seleccionado un especifico régimen matrimonial, es decir, sin haber suscrito contrato de matrimonio, entonces se le impondrá el llamado régimen legal que es aquel que se aplica a falta de selección de otros por los novios. Formas: Pueden ser: Convencional: resulta de estipulaciones insertadas por los futuros esposos en su contrato de matrimonio. Legal: Es el régimen que el Código Civil impone a los cónyuges que no hayan hecho contrato de matrimonio; se denomina también régimen de la comunidad legal. En nuestro país existen: El régimen de la comunidad y separación de bienes. Principios fundamentales: a) La inmutabilidad: se aplica a todos los regímenes matrimoniales. Si los cónyuges llegaran a divorciarse y contrayeran posterior matrimonio entre sí, se les aplicará el régimen elegido en su primer matrimonio b) La libertad de estipulaciones y/o convenciones, y la publicidad: lo cual significa que los futuros esposos son libres de hacer o de no hacer un contrato matrimonial. Si optan por la primera solución, ellos han de escoger entre tres tipos principales de contratos, que son: comunidad convencional, régimen de participación en los gananciales y de separación de bienes; si no optan, se le impone en nuestro medio, el régimen de la comunidad legal. Después de elegido un régimen o contrato, se pueden introducir las estipulaciones particulares que se juzguen a propósito, siempre que las mismas no sean contrarias el orden público y a las buenas costumbres, ni a las reglas legales imperantes. Régimen de la comunidad: La característica esencial de ese régimen, es que, por efecto del matrimonio, no precedido de contrato, se forman dos masas de bienes: una perteneciente a cada uno de los esposos y otra común, pero el marido es el administrador. Patrimonio de la comunidad: TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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Activo: Este se comprende todos los muebles corporales o incorporales que los esposos posean durante el matrimonio o que haya adquirido posteriormente a título gratuito u oneroso. También los frutos, intereses y réditos, lo mismo que provengan de un bien propio de uno de los esposos, a excepción de los productos que provengan de la ganancia del trabajo de los esposos; también el derecho a arriendo de una locación consentida por uno de los esposos antes o durante el matrimonio. Excepciones: las pensiones alimentarias de retiro o invalidez; los muebles donados o legados. Excepciones: 1.-Los souvenir de la familia a propósito de cada uno de los esposos; 2.- Las pensiones alimentarias de retiro o invalidez; 3.- Los muebles donados o legados a uno de los esposos bajo condición de que no entren en comunidad; 4.- Los muebles que, por aplicación de la teoría de la subrogación real, son asimilados jurídicamente a un bien propio que ellos representan. Ej. Indemnización de una Compañía de Seguros como consecuencia de un incendio de un inmueble propio; 5.- Los productos de bienes propios, tales como, tesoros encontrados en un inmueble propio, excluyendo los frutos que sí entran en la comunidad. Pasivo: La gran mayoría de las deudas figuran en la masa común; sucede así con las contraídas antes del matrimonio, así como aquellas hechas en el curso de dicha unión por el marido, o por la mujer con la autorización del marido., o en virtud del poder general el Art.220 del Cod. Civil para las dispensas del hogar. Composición del patrimonio propio de cada uno de los esposos: a)

Activo:

Son propios de cada uno de los esposos los inmuebles que posean y que hayan adquirido antes del matrimonio, así como aquellos que adquieran posteriormente a título gratuito. b) Pasivo: Las deudas propias del marido entran en la comunidad. Por el contrario ciertas deudas siguen siendo propias de la mujer, estas son las resultantes de delitos que ella hubiere cometido o de contratos que hubiere concluido por sí misma y sin autorización de su marido. Administración del Patrimonio: El marido, en su condición de jefe de la comunidad legal, es el administrador de la comunidad, pero puede ser responsable de las faltas cometidas en su gestión. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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El puede además disponer de los bienes comunes a condición de que lo haga sin fraude y bajo reserva de algunas excepciones. Disolución de la comunidad: La comunidad legal se disuelve por la muerte de uno de los esposos, por el divorcio o separación de bienes judicial (Art.1441 C.C.). Cuando una causa de disolución interviene, no podría haber continuación de la comunidad, no obstante las convenciones contrarias (Art.1442 C.C.). Sin embargo, en caso de ausencia o desaparición de uno de los esposos, comunes en bienes, el otro puede optar por el mantenimiento de la comunidad (Art.124 CC). Como consecuencia de la disolución esta debe tener por efectos una liquidación y partición de los bienes que comportan la masa común. En seguida es necesario partir en dos partes iguales, el activo neto común según las reglas correspondiente 3.-La separación de bienes: es un régimen en el cual el matrimonio no crea ninguna comunidad entre los esposos, pero deja a cada uno de ellos los derechos de administración y de goce, así como de disposición de sus bienes personales En este caso el matrimonio no tiene efectos pecuniarios sobre los patrimonios respectivos de los esposos, que no sea, una contribución a las cargas del hogar. Esta contribución puede ser precisada en el contrato de una manera proporcional a las condiciones económicas respectivas de ellos. La prueba de la propiedad exclusiva de un bien, puede ser establecida por todos los medios, lo mismo respecto a los terceros. Los bienes de los cuales ninguno de los esposos se reputen propietarios, son considerados como pertenecientes indivisamente por mitad a cada uno de ellos. 4.- La Influencia del Régimen matrimonial en el patrimonio: Causas de disolución del matrimonio: El matrimonio se disuelve por: 1Muerte de unos de los cónyuges; 2- Divorcio. TEMA XXI La sucesión: Las sucesiones se abren por la muerte de aquel de quien se derivan. La ley regula el orden de suceder entre los herederos. Para suceder es preciso existir, necesariamente, en el momento en que la sucesión se abre. Por consiguiente, están incapacitados para suceder: 1ero. el que no ha sido aun concebido. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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2do. El niño que no haya nacido viable. El derecho hereditario: Suceden los hijos y descendientes del difunto, sus ascendientes y los colaterales en el orden y según las reglas siguientes: La proximidad de parentesco se gradúa por el número de generaciones y cada generación se llama grado. Así el hijo con respecto a su padre está en primer grado, el nieto en el segundo y así recíprocamente lo están el padre y el abuelo respecto a sus hijos y nietos. En línea colateral se encuentran los grados por las generaciones desde el uno de los parientes hasta el padre común inclusive. Así es que dos hermanos están en segundo grado; el tío y sobrino en el tercero, los primos hermanos en el cuarto y así los demás. Testamento: Es un acto jurídico unilateral, a título gratuito, solemne e irrevocable, por virtud del cual, una persona dispone de todo o parte de sus bienes para que surta efectos a partir de su muerte. La persona que hace el testamento se hace testador y los beneficiarios legatarios. Es un acto eminentemente personal, que no puede ser realizado por mandatario. Clases: 1-) Testamento ológrafo: debe estar escrito, fechado y firmado por entero de manos del testado, no está sujeto a ninguna otra formalidad. 2-) Testamento por acto público: es el otorgado ante dos notarios y en presencia de dos testigos o un notario y cuatro testigos 3-) Testamento místico o secreto: deberá el testador firma sus disposiciones sea que los escriba o los dicte. Interpretación: Las disposiciones testamentarias o son a título universal o a título partícula o universal. - Universal abarca universalidad de bienes del testado. - A título universal lega cierta parte de los bienes de que la ley le permite disponer. Por y todos los muebles, una mitad, todos los inmuebles. - Particulares, lega una cosa. Ineficacia: Revocación del testamento: los testamentos no se podrán revocar en todo, ni en parte, sino por un testamento posterior o por acta ante notario en la que conste las variaciones de la voluntad.

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Los testamentos posteriores, que no revoquen de una manera expresa los precedentes, no anularán sino aquellas disposiciones contenidas en ellos que fuesen incompatibles con las nuevas o que sean contrarias. Toda disposición testamentaria caducará si no hubiere sobrevivido al testador, aquel en cuyo favor fue hecha. Nulidad del testamento: las formalidades a que están sujetos los diversos testamentos se observarán a pena de nulidad. TEMA XXII Sistemas cambiarios. Emisión de la letra, : (mod. Por la Ley No. 682 del 27 de octubre de 1921, G. O. 4936). La letra de cambio es girada de un lugar sobre otro o sobre el mismo lugar. Tendrá fecha. Enunciará: la cantidad que se ha de pagar; los nombres de quien la debe pagar; la época y el lugar del pago; el valor suministrado en dinero, en mercancías, en cuenta o de cualquiera otra manera. (art. 110) Puede librarse una letra de cambio contra un individuo, y ser pagadera en el domicilio de un tercero. Puede librarse por orden y cuenta de un tercero. (art. 111). Se reputan simples promesas, todas las letras de cambio que contengan suposición, ya que de nombre, ya de calidad, bien de domicilio, bien de los lugares de donde se han girado, o donde deban pagarse. (art. 112) Las letras de cambio firmadas por menores no negociantes, son nulas respecto de ellos, salvo los derechos respectivos de las partes, conforme el artículo 1312 del Código Civil. (art. 114). La provisión de fondos deben hacerse por el librador, o por aquel por cuya cuenta sea girada la letra de cambio, sin que por eso deje el librador, por cuenta de otro, de quedar personalmente obligado hacia los endosantes y el portador solamente. (art. 115) El librador y los endosantes de una letra de cambio, son responsables solidariamente de la aceptación y del pago al vencimiento. (art. 118) La falta de aceptación se prueba por medio de un documento que se llama protesto por falta de aceptación. (art. 119) El que acepta una letra de cambio, contrae la obligación de pagar su importe. El aceptante no tiene derecho a la restitución contra su aceptación aún cuando antes de aceptar hubiese quebrado el librador, sin él saberlo. (art. 121). La aceptación de una letra de cambio debe estar firmada. La aceptación se expresará con la palabra aceptada. Tendrá fecha, si la letra es a uno o muchos días o meses vista; y, en este último caso, la falta de fecha de la aceptación, hace TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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la letra exigible en el término expresado en ella, contadero desde su fecha. (art. 122) La aceptación no puede ser condicional; pero puede ser limitada en cuanto a la suma aceptada. En este caso, el portador está obligado a protestar la letra de cambio por la diferencia, (art. 124) La propiedad de una letra de cambio se transfiere por medio de un endoso.(art. 136) El endoso debe tener fecha. Expresar el valor provisto; enuncia el nombre de la persona a cuya orden se transfiere. (art. 137) Si el endoso no es conforme a las disposiciones del artículo precedente, no produce el traspaso; no es sino un poder (art. 138) Todos los que hubieren firmado, aceptado o endosado una letra de cambio, estarán obligados a la garantía solidaria hacia el portador. (art. 140) El pago: de una letra de cambio, independientemente de la aceptación y del endoso, puede garantizarse por un aval. (art. 141) Una letra de cambio debe pagarse en la moneda que ella indica. (art. 143) El que paga una letra de cambio antes de su vencimiento, es responsable de la validez del pago. (art. 144) El que paga una letra de cambio a su vencimiento, y sin oposición se presume válidamente liberado. (art. 145) No se admitirá oposición al pago, sino en caso de pérdida de la letra de cambio, o de quiebra del portador. (art. 149) Acciones: En caso de negativa del pago, demandado éste en virtud de los dos artículos precedentes, el propietario de la letra de cambio perdida conservará todos sus derechos por medio de un acto de protestación. (art. 153) Una letra de cambio protestada puede ser pagada por cualquiera que intervenga, a favor del librador o de alguno de los endosantes. La intervención y el pago se comprobarán por escrito en el mismo protesto o a continuación de él.(art. 158) El que paga una letra de cambio por intervención, queda subrogado en los derechos del portador, y obligado a observar las mismas formalidades que él. (art. 159) El portador de una letra de cambio debe exigir el pago el día de su vencimiento. (art. 161). Excepciones cambiarias: El cheque, concepto, emisión y forma: Concepto: El cheque es un documento en virtud del cual una persona llamada librador, ordena incondicionalmente a otra persona o entidad que generalmente TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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es un banco, y que es el librado, el pago de la suma de dinero indicada en dicho documento a favor de una tercera persona llamada beneficiario. El cheque es un instrumento en virtud del cual una persona llamada librador, ordena a otra persona o entidad (un banco) y que es librador, el pago de la suma de dinero indicado en dicho documento a favor de una tercera persona llamada beneficiario. Personas que intervienen en la emisión de un cheque: la emisión de un cheque pone en juego tres personas: 1) el librador, o sea la persona que expide la orden pago; 2) el librado, esto es, la persona contra la cual se gira el cheque, que generalmente es un banco: 3) el beneficiario, es decir, la persona en favor de la cual se ordena el pago del cheque. El cheque debe ofrecer para el que lo recibe la misma seguridad que un billete de banco. El cheque sin provisión es castigable por el solo hecho de que su autor sabía que él no tenía a su disposición un provisión suficiente, aún si él estaba persuadido de que el banco le daría crédito. La ley hace al librador el responsable principal del pago del cheque, y aplica, a fin de sancionar el delito de emisión de cheques y aplica, a fin de sancionar el delito de emisión de cheques sin provisión previa y disponible. En lo relativo a la multa, el código dispone que ésta no puede ser inferior al importe del cheque o a la insuficiencia de la provisión. Pero el artículo 32 de la Ley número 2859, del 30 de abril del 1951, señala que todo banco que “teniendo provisión de fondos, y cuando no hay ninguna oposición, rehuse pagar un cheque regularmente emitido a su cargo, será responsable del perjuicio que resultare al librador por la falta de pago del título y por el daño que sufriere el crédito de dicho librador”. Las débiles sanciones penales impuestas por la ley a la emisión de un cheque irregularmente aprovisionado convirtió en regla una práctica que debió ser la excepción, perdiendo el cheque todo el prestigio y la garantía que debería tener como efectivo instrumento de pago. Esta circunstancia motivo esencialmente a un reciente reforma impuesta por la Ley No. 62 del 03 de agosto del 2000, que a nuestro juicio, a pesar de ser valiosa, resultó ostensiblemente festinada y de escaso alcance, porque no consideró otros aspectos dorsales que ameritaban una modificación. El artículo 33 de la Ley 2859, le impone al banco la obligación de rehusar el paga si tiene conocimiento de la muerte del librador. Esto sucede porque los fondos no son propiedad del beneficiario sino de los causahabientes del girador. Otra posibilidad que debió prohibir la reforma es el endoso en blanco del cheque. Este endoso consiste solamente en la firma del endosante al dorso del título. Como sabemos, el endoso se encuentra regido por el artículo 137 del Código de TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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Comercio y para que el mismo produzca efectos traslativos tiene que contener las siguientes menciones: fecha, valor provisto y nombre del endosatario. Emisión de cheques sin provisión de fondos: tal como ha sido determinado por nuestra Suprema Corte de Justcia, los elementos constitutivos de esta infracción son: a) La emisión de un cheque, es decir, de un escrito regido por la legislación sobre cheques; b) una provisión irregular, esto es, inexistencia o insuficiencia de provisión sobre cheques; c) mala fe del librador. B. J., agosto 1953, o. 1628. Principales infracciones relativas al cheque: en relación al cheque, la legislación dominicana establece las principales infracciones con sus respectivas sanciones, son las siguientes: a) la emisión de un cheque sin expresar el lugar de emisión o sin fecha, o con fecha inexacta o librado o cargo de una persona que no sea un banco, es sancionado con una multa de RD$1.00 a RD$25.00. c) la emisión de un cheque sin la debida provisión de fondo o insuficiencia de ésta, es sancionada con prisión de seis meses a dos años y multa no inferior al monto del cheque, o al duplo del mismo, o a la insuficiencia de la provisión . Esta última infracción se caracteriza por los elementos siguientes: a) la emisión de un cheque; b) la inexistencia o insuficiencia de provisión disponible; c) Mala fe del librador, que consiste en el simple conocimiento de la inexistencia o insuficiencia de fondos al momento de expedir el cheque. Emisión y Forma: ARTS. DEL 1 AL 12. Transmisión del cheque: ARTS. DEL 13-24. Presentación y pago: ARTS. DEL 28-37 Protesto de cheque: Art.40. El tenedor puede ejercer sus recursos contra los endosantes, el librado y los otros obligados si el cheque presentado dentro del plazo legal no ha sido pagado, o no ha sido pagado sino parcialmente y si la falta de pago se ha hecho constar por acto auténtico (protesto). Art.41. El protesto debe hacerse antes de que expire el término de presentación del cheque. Si el último día del término de presentación es feriado, el protesto deberá hacerse el primer día laborable que le siga. Art.54. El protesto deberá hacerlo un notario o un alguacil, en el domicilio del librado, o en su último domicilio conocido. En caso de falsa indicación de domicilio, precederá el protesto una información sumaria. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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Art.55. Independientemente de las formalidades requeridas por otras leyes para los actos de protestos levantados por alguacil o por notario, el acto de protesto debe contener la trascripción literal del cheque, de los endosos y avales, así como el requerimiento de pago de su importe. Enunciará también la presencia o ausencia del representante legal del librado, los motivos de la negativa de pago y la imposibilidad o la negativa de firmar, y en caso de pago parcial, la suma que ha sido pagada. Los notarios y los alguaciles están obligados, bajo pena de destitución y resarcimiento de costas, daños y perjuicios a las partes, a entregar copia exacta de los protestos y a irlos asentado íntegros, día por día y por orden y fecha en un registro especial, foliado, rubricado y llevado con las formalidades prescritas para los protocolos. Art.56. Ningún acto de parte del tenedor del cheque puede suplir el acto de protesto, fuera de los casos previstos expresamente en esta Ley. Tipos de cheques: Viajero: Es el que puede expedir un banco a su propio cargo y pagadero en el establecimiento principal o en las sucursales, agencias o corresponsalías que tenga en el país o en el extranjero. Debe contener la denominación de su índole, el número del cheque, el nombre del banco emisor, el lugar y la fecha de emisión, la orden de pago, con especificación de la especie de moneda; la indicación de los establecimientos en que puede cobrarse, el nombre y la firma del tomador o beneficiario, la forma del emitente, y un espacio destinado a la fecha y la firma de control del beneficiario. Los cheques de viajero pueden ser extendidos con la cláusula “a la orden” o sin ella, o con la cláusula “no a la orden”. La identificación del número del documento de identidad del beneficiario valdrá como cláusula “no a la orden”. Certificado: A requerimiento del librador o de cualquier portador, el banco podrá certificar o conformar un cheque, previa verificación de que existen fondos suficientes en la cuenta del librador, debitando al mismo tiempo la suma necesaria para su pago. El importe así debitado quedará reservado para ser entregado a quien corresponda y sustraído a todas las contingencias que provengan de la persona o solvencia del librador. La certificación no puede ser parcial ni extenderse en cheque al portador, y tiene por efecto establecer la existencia de fondos e impedir su retiro por el librador durante el término convenido, que no deberá exceder de cinco días hábiles. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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Bancario: TEMA XXIII: Contratos Bancarios: Apertura de crédito en cuenta de cheque: El préstamo de dinero:

El Descuento:

El Depósito Bancario:

Apertura de cuenta de ahorros, línea de crédito, apertura de depósito a plazo fijo:

El contrato de Seguro:

Elementos:

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Seguro contra daño:

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Seguro de Persona:

DERECHO LABORAL TEMA I: Definición y objeto del derecho laboral, su formación histórica, sistema de fuentes.No hay un criterio doctrinal unánime en torno al concepto de derecho de trabajo. Muchos tratadistas piensan que es aventurado definir esta rama del derecho en constante evolución. En nuestro país, el derecho de trabajo es entendido en su sentido estricto, gobernando las relaciones derivadas de la prestación de un servicio personal por cuenta de otro, esto es, al trabajo humano subordinado, y, consecuentemente las relaciones derivadas o conexas, o nacidas en ocasión del trabajo humano dependiente, incluyendo aquellos que se forman entre el empleadores, trabajadores y el Estado. Objeto: El derecho de trabajo es un derecho nuevo, aun en formación. Es un derecho autónomo, singular. Su objeto es proteger al hombre trabajador, al trabajador humano. El fin supremo del derecho del trabajo es la justicia social. El derecho de trabajo, también denominado derecho social es una nueva rama de las ciencias jurídicas, que tiene por misión el estudio de los problemas legales que hacen relación con la actividad laboral Su formación histórica: El trabajo es una condición esencial del hombre, una imperiosa necesidad humana desde la mas remota antigüedad, el hombre ha trabajado. Pero el trabajo humano no siempre ha sido el mismo, cada época de la historia de la humanidad ha conocido una forma de trabajo predominante. Esto ha servido para clasificar la vida humana en varios periodos : La esclavitud, La servidumbre, el sistema corporativo y el asalariado. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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Considerándose que estos Cuatro (4) periodos son suficiente para formarse una idea clara y precisa de la evolución del trabajo humano, tomando en cuenta, que la forma de trabajo prevaleciente en nuestros días y las normas jurídicas que regulan el trabajo en la actualidad son un producto de los tiempos modernos, de los modos de convivencia contemporáneos. El trabajo humano ha variado a través del tiempo. Desde su origen , el hombre conoce el trabajo. La revolución industrial: Este cambio consistió en la aparición de la máquina, que sustituye el trabajo realizado a mano. La revolución industrial creo una división honda entre los hombres. Se recrudece la lucha de clases en grado superlativo. El Estado que había permanecido como un simple espectador de este grave mal social se ve obligado a intervenir dictando las primeras leyes sociales y de trabajo. Nace de este modo el Derecho de Trabajo, que viene a llenar una laguna en las reglas periódicas preexistentes y a cumplir un papel vital en la vida moderna. La revolución tecnológica: Es la era de la Informática, de la computadora. Trae consigo la dependencia tecnológica, profundo cambio en el comportamiento humano, ahondando aún más las diferencias que existen entre los países pobres y los altamente industrializados. Se precisa y vislumbra, consecutivamente, el surgimiento de nuevas reglas, formulas y procedimiento, el desarrollo de un nuevo derecho laboral que desborda los limites tradicionales del derecho del trabajo. Sistemas de fuentes: El estudio de las fuentes del derecho de trabajo consiste en buscar de donde provienen las reglas aplicables a las relaciones de trabajo. El derecho de trabajo como disciplina jurídica autónoma, tiene fuentes propias, como son entre otras, el Pacto Colectivo de Trabajo, el Laudo o Sentencia Arbitral. La jerarquía de las fuentes de derecho de trabajo tienen interés para los fines de aplicación de la norma jurídica. En este orden de ideas, la constitución y las leyes ocupan el primer lugar, seguida por el Pacto Colectivo, el Contrato Individual, los principios esenciales que forman la legislación de trabajo, el derecho común, las decisiones de los Tribunales, el uso y la costumbre, la equidad, la doctrina y declaraciones o recomendaciones de carácter nacional o internacional. Los principios generales del Derecho Laboral: Estos principios constituyen el fundamento del derecho de trabajo. El estudio de las fuentes del derecho de trabajo consiste en buscar de donde provienen las reglas aplicables a las relaciones de trabajo: PRINCIPIO I El trabajo es una función social que se ejerce con la protección y asistencia del Estado. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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Este debe velar porque las normas del derecho de trabajo se sujeten a sus fines esenciales, que son el bienestar humano y la justicia social. PRINCIPIO II Toda persona es libre para dedicarse a cualquier profesión y oficio, industria o comercio permitidos por la ley. Nadie puede impedir el trabajo a los demás ni obligarlos a trabajar contra su voluntad. PRINCIPIO III El presente Código tiene por objeto fundamental regular los derechos y obligaciones de empleadores y trabajadores y proveer los medios de conciliar sus respectivos intereses. Consagra el principio de la cooperación entre el capital y el trabajo como base de la economía nacional. Regula, por tanto, las relaciones laborales, de carácter individual y colectivo, establecidas entre trabajadores y empleadores o sus organizaciones profesionales, así como los derechos y obligaciones emergentes de las mismas, con motivo de la prestación de un trabajo subordinado. No se aplica a los funcionarios y empleados públicos, salvo disposición contraria de la presente ley o de los estatutos especiales aplicables a ellos. Tampoco se aplica a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Sin embargo, se aplica a los trabajadores que prestan servicios en empresas del Estado y en sus organismos oficiales autónomos de carácter industrial, comercial, financiero o de transporte. PRINCIPIO IV Las leyes concernientes al trabajo son de carácter territorial. Rigen sin distinción a dominicanos y a extranjeros, salvo las derogaciones admitidas en convenios internacionales. En las relaciones entre particulares, la falta de disposiciones especiales es suplida por el derecho común. PRINCIPIO V Los derechos reconocidos por la ley a los trabajadores, no pueden ser objeto de renuncia o limitación convencional. Es nulo todo pacto en contrario. PRINCIPIO VI En materia de trabajo los derechos deben ser ejercidos y las obligaciones ejecutadas según las reglas de la buena fe. Es ilícito el abuso de los derechos.

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PRINCIPIO VII Se prohíbe cualquier discriminación, exclusión o preferencia basada en motivos de sexo, edad, raza, color, ascendencia nacional, origen social, opinión política, militancia sindical o creencia religiosa, salvo las excepciones previstas por la ley con fines de protección a la persona del trabajador. Las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las calificaciones exigidas para un empleo determinado no están comprendidas en esta prohibición. PRINCIPIO VIII En caso de concurrencia de varias normas legales o convencionales, prevalecerá la más favorable al trabajador. Si hay duda en la interpretación o alcance de la ley, se decidirá en el sentido más favorable al trabajador. PRINCIPIO IX El contrato de trabajo no es el que consta en un escrito, sino el que se ejecuta en hechos. Es nulo todo contrato por el cual las partes hayan procedido en simulación o fraude a la ley laboral, sea aparentando normas contractuales no laborales, interposición de persona o de cualquier otro medio. En tal caso, la relación de trabajo quedará regida por este Código. PRINCIPIO X La trabajadora tiene los mismos derechos y obligaciones que el trabajador. Las disposiciones especiales previstas en este Código tienen como propósito fundamental la protección de la maternidad. PRINCIPIO XI Los menores no pueden ser empleados en servicios que no sean apropiados a su edad, estado o condición o que les impida recibir la instrucción escolar obligatoria. PRINCIPIO XII Se reconocen como derechos básicos de los trabajadores, entre otros, la libertad sindical, el disfrute de un salario justo, la capacitación profesional y el respeto a su integridad física, a su intimidad y a su dignidad personal. PRINCIPIO XIII El Estado garantiza a empleadores y trabajadores, para la solución de sus conflictos, la creación y el mantenimiento de jurisdicciones especiales. Se instituye como obligatorio el preliminar de la conciliación. Esta puede ser promovida por los jueces en todo estado de causa. TEMA II El contrato de trabajo: concepto y elementos: TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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El contrato de trabajo es aquel por el cual una persona se obliga, mediante una retribución a prestar un servicio personal a otra, bajo la dependencia permanente y dirección inmediata o delegada de éste. Elementos constitutivos: estos son: la prestación de un servicio, la subordinación jurídica y la retribución, o remuneración, elementos constitutivos del contrato de trabajo, de acuerdo a las disposiciones contenidas en el artículo 1 del Código de Trabajo. Diferentes tipos y modalidades del contrato de trabajo: El artículo 25 del Código de Trabajo, clasifica los contratos de trabajo de acuerdo a su duración (por tiempo indefinido, por ciento tiempo o para una obra o servicio determinados); por la forma (verbal o escrita); por el carácter de la relación de trabajo (individual o colectivo). También se refiere a contratos estacionales o de temporada (artículo 29 del Código de Trabajo), y los trabajos ocasionales (artículo 32 del Código de Trabajo) a) Contrato por tiempo indefinido: (Art.28 C.T)Este es el contrato por excelencia. Es aquel que es ininterrumpido , donde el trabajador debe prestar sus servicios todos los días laborables, sin otras suspensiones y descansos que los autorizados por la ley o los convenidos entre las partes y que la continuidad se entienda indefinidamente b) Contrato por cierto tiempo: (Art.33 CT)Es un contrato de excepción. Los casos en que puede celebrarse están limitativamente señalados por la ley. Los contratos de trabajo celebrados por cierto tiempo fuera de estos casos legalmente permitidos, o para burlas las disposiciones del C.T se consideran hechos por tiempo indefinido. Los contratos por cierto tiempo terminan sin responsabilidad para las partes con la llegada del plazo convenido. Este término no permite la tácita reconducción del contrato de trabajo por cierto tiempo, siendo legalmente, el nuevo contrato que se forma de continuar prestando el trabajador los mismos servicios al empleados “por tiempo indefinido y se considerará que ha tenido este carácter desde el comienzo de la relación de trabajo. c) Contrato para obra o servicio determinados: deben redactarse por escrito (Art.34 CT). Solo pueden celebrarse cuando lo exija la naturaleza del trabajo (Art.31 CT). Tienen lugar generalmente en la industria de la construcción. Terminan sin responsabilidad para las partes con la prestación del servicio o con la conclusión de la obra. Sin embargo, se reputan por tiempo indefinido cuando el trabajador labore sucesivamente con un mismo empleador TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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en más de una obra determinado, entendiéndose por labor sucesiva cuando el trabajador empieza a laborar en otra obra del mismo empleador iniciada en un período no mayor de dos meses, después de concluida la primera. Contrato de trabajo por temporada: Se trata relativos a trabajos que por su naturaleza sólo duran una parte del año, son contratos que expiran sin responsabilidad para las partes, con la terminación de la temporada. Sin embargo, cuando el trabajo se extienda por encima de los cuatro meses, el trabajador tendrá derecho a la asistencia económica, establecida en el Art.82. d) Trabajadores estaciónales de la industria azucarera: se consideran trabajos por tiempo indefinido sujetos a las reglas establecidas para éstos en caso de desahucio, salvo disposición contraria de la ley o del convenio colectivo. Los períodos de prestación del servicio, correspondientes a varias zafras o temporadas consecutivas, se acumularán para la determinación de los derechos del trabajador. e) Trabajadores eventuales, móviles u ocasionales: En la práctica, estos tipos de trabajos se conocen con el nombre de móviles. Estos contratos tienen lugar en ocasión de los trabajos que tienen por objeto intensificar temporalmente la producción, o responder a circunstancias accidentales de la empresa o cuando la necesidad de su trabajo cesa en cierto tiempo. Terminan sin responsabilidad para las partes con la conclusión del servicio “si ocurre antes de las los tres meses contados desde el inicio del contrato. f) Contrato de trabajo por equipo: La contratación se realiza en este caso, entre el empleador y un grupo de trabajadores, representados por un director o jefe de equipo; los trabajadores no son individualmente, sino en conjunto, constituye un grupo (organización, equipo, orquesta etc). En este tipo de contrato cada integrante del equipo está ligado por contrato individual de trabajo con el empleador que utiliza el grupo o equipo. 1- Contrato de Trabajo verbal: Es aquel que no consta por escrito, cuyo contenido, esto es, las condiciones bajo las cuales se presta el servicio, las obligaciones de las partes, no figuran, no constan en un instrumento escrito. Este es el contrato de trabajo corriente. 2Contrato de Trabajo por escrito: Tiene lugar principalmente, en los contratos por cierto tiempo o para obra o servicio determinado, en los casos de los altos empleados, técnicos o trabajadores altamente calificados , en ciertas empresas muy organizadas, que usan de contratos modelos impresos, donde TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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constan , generalmente, las especificaciones mínimas de la ley, y que los trabajadores firman al momento de ingresar a las mismas. Este debe hacerse en Cuatro (4) originales, uno para cada una de las partes, y los otros dos para ser remitidos por el patrono a la Secretaría de Estado de Trabajo. Debe contener: 1- Nombre y apellido, nacionalidad, sexo, estado civil, domicilio y residencia; 2- El servicio que el trabajador se obliga a prestar, las horas y el lugar de hacerlo; 3- la retribución que habrá de percibir; 4- La duración del contrato de trabajo. El trabajo de los menores: @Art. 244. - Los menores de edad disfrutan de los mismos derechos y tienen los mismos deberes que los mayores, en lo que concierne a las leyes de trabajo, sin más excepciones que las establecidas en el presente Código. @Art. 245. - Se prohibe el trabajo de menores de catorce años. No obstante, en beneficio del arte, de la ciencia o de la enseñanza, el Secretario de Estado de Trabajo, por medio de permisos individuales, podrá autorizar que menores de catorce años puedan ser empleados en espectáculos públicos, radio, televisión o películas cinematográficas como actores o figurantes. @Art. 246. - Los menores de dieciséis años no pueden ser empleados ni trabajar de noche, durante un período de doce horas consecutivas, el cual será fijado por el Secretario de Estado de Trabajo y que, necesariamente, no podrá comenzar después de las ocho de la noche, ni terminar antes de las seis de la mañana. No están sujetos a las limitaciones de este artículo los menores de dieciséis años que realicen trabajos en empresas familiares en las que solamente estén empleados los padres y sus hijos y pupilos. @Art. 247. - La jornada de trabajo de los menores de dieciséis años no puede exceder, en ninguna circunstancia, de séis horas diarias. @Art. 248. - Todo menor de dieciséis años que pretenda realizar labores en empresas de cualquier clase, acreditará su aptitud física para desempeñar el cargo de que se trate con una certificación médica expedida gratuitamente por un facultativo que preste servicios al Estado, al Distrito Nacional o a un municipio. @Art. 249. - El empleador no puede emplear menores en negocios ambulantes sin autorización previa del Departamento de Trabajo o de la autoridad local que ejerza sus funciones. Se consideran negocios ambulantes: la venta, oferta de venta, colocación y distribución de artículos, productos, mercancías, circulares, billetes de lotería, TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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periódicos o folletos, así como también limpieza de zapatos o cualquier otro tráfico realizado en lugares públicos o de casa en casa. @Art. 250. - Los menores de catorce a dieciséis años pueden ser empleados en conciertos o espectáculos teatrales hasta las doce de la noche, previa autorización del Departamento de Trabajo o del representante local que ejerza sus funciones. @Art. 251. - Se prohibe el empleo de menores de dieciséis años en trabajos peligrosos o insalubres. La Secretaría de Estado de Trabajo determinará cuáles son estos trabajos. @Art. 252. - Ninguna menor de dieciséis años puede trabajar como mensajera en la distribución o entrega de mercancías o mensajes. @Art. 253. - Ningún menor de dieciséis años puede ser empleado en el expendio al detalle de bebidas embriagantes. Art. 254.- El empleador que emplee menores está obligado a concederles las facilidades adecuadas y compatibles con las necesidades del trabajador para que este pueda cumplir con sus programas escolares y asistir a escuelas de capacitación profesional. TEMA III Los Sujetos Del Contrato De Trabajo: En el caso individual de trabajo intervienen, de un lado, el empleador, y del otro, el trabajador. Ellos son los sujetos del contrato. En otros términos, son sujetos del contrato de trabajo aquellos que como trabajador o como empleador intervienen en el mismo, o quienes como trabajadores o como patrono, con una calidad o con otra, controlan la prestación de sus servicios o los servicios ajenos, esto es contrato de trabajo. El trabajador: Es toda persona física que presta un servicio, material o intelectual, en virtud de un contrato de trabajo. Debe ser siempre una persona natural, persona humana, no una persona moral o jurídica. El empleador: Es toda persona física o moral a quien es prestado un servicio . Concepto de empresa y de patrono:: El empleador es toda persona física o moral a quien es prestado un servicio . El Código de Trabajo reemplaza el término patrono por el de empleador. El empleador es sujeto de derechos y obligaciones. Concepto de empresa: conforme el Código de Trabajo se entiende por empresa la unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios. Deberes y Derechos del empleador: TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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Derechos resultantes del contrato de trabajo: (Arts.36-43) El contrato de trabajo obliga a los expresamente pactado y a todas las consecuencias que sean conforme con la buena fe, la equidad, el uso o la ley. En todo contrato de trabajo deben tenerse como incluidas las disposiciones supletorias dictadas en este Código para regir las relaciones entre trabajadores y empleadores; pero las partes pueden modificarlas siempre que sea con el objeto de favorecer al trabajador y mejorar su condición. Son nulas las cláusulas que tengan que tengan por objeto la renuncia o limitación de los derechos que acuerda este Código en beneficio de los trabajadores, y el contrato de trabajo se ejecutará como si tales cláusulas no existieran. El trabajador debe desempeñar su trabajo con intensidad, cuidado y esmero, en la forma, es tiempo y lugar convenidos, y bajo la dirección del empleador o de su representante, a cuya autoridad está sometido en todo lo concerniente al trabajo. Las facultades de dirección que corresponden al empleador deben ejercitarse con carácter funcional, atendiendo a los fines de la empresa y a las exigencias de la producción, sin perjuicio de la preservación y mejoría de los derechos personales y patrimoniales del trabajador. El empleador está facultado para introducir los cambios que sean necesarios en las modalidades de la prestación, siempre que esos cambios no importen un ejercicio irrazonable de esa facultad, ni alteren las condiciones esenciales del contrato, ni causen perjuicio material ni moral al trabajador.. El empleador solo puede aplicar las siguientes medidas disciplinarias: 1.Amonestación; 2.-Anotación de las faltas con valoración de su gravedad en el registro del trabajador. Los sistemas de controles personales del trabajador destinados a la protección de los bienes del empleador deben siempre salvaguardar la dignidad del trabajador y deben practicarse con discreción y según criterios de selección objetivos, los que deben tener en cuenta la naturaleza de la empresa, el establecimiento o el taller en donde debe aplicarse. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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Los sistemas deben ser puestos en conocimiento del Departamento de Trabajo o de la autoridad local que ejerza sus funciones. Deberes del empleador: Las obligaciones de empleadores son legales y contractuales según provenga de la ley o del contrato. Estas obligaciones del empleador son enunciativas, no restrictivas. La principal obligación del empleador, es la de pagar el salario, el cual debe ser pagado en efectivo, en moneda de curso legal, sin descuento de ninguna naturaleza salvo los permitidos por la Ley. 1.- Mantener las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares en que deben ejecutarse los trabajos, en las condiciones exigidas por las disposiciones sanitarias; 2.- Proporcionar gratuitamente a los trabajadores los medicamentos preventivos que indiquen las autoridades sanitarias en virtud de la ley, en caso de enfermedades epidémicas. 3.- Observar las medidas adecuadas y las que fijen las leyes para prevenir incidentes en el uso de maquinarias, instrumentos y material de trabajo. 4.- Instalar para el servicio de los obreros, por lo menos, un botiquín de primeros auxilios. 5.- Proveer oportunamente a los trabajadores de los materiales que hayan de usar, y cuando no se hayan comprometidos a trabajar con herramientas propias, de los útiles o instrumentos necesarios para la ejecución del trabajo convenido, sin poder exigirles alquiler por ese concepto. 6.- Mantener el local seguro para el depósito de los instrumentos y útiles del trabajador, cuando este utilice herramientas propias que deban permanecer en el lugar donde se presten los servicios. 7.- Pagar al trabajador el salario correspondiente al tiempo que este pierda cuando se vea imposibilitado de trabajar por culpa del empleador.

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8.- Guardar a los trabajadores la debida consideración absteniéndose de maltrato de palabra o de obra. 9.- Proporcionar capacitación, adiestramiento, actualización y perfeccionamiento a sus trabajadores. 10.- Cumplir las demás obligaciones que le impone el CT y las que se deriven de las leyes, de los contratos de trabajo, de los convenios colectivos y de los reglamentos interiores. Está prohibido a los trabajadores (Art.47 CT). 1.- Exigir o aceptar dinero e los trabajadores como gratificación para que se les admita en el trabajo o por cualquiera otro motivo relativo de las condiciones de este. 2.- Obligar a los trabajadores a que compren sus artículos de consumo en tienda o lugar determinado. 3.- Hacer colectas y suscripciones en los centros de trabajo. 4.- Influir para restringir el derecho de los trabajadores a ingresar o no en un sindicato o a retirarse de aquél a que pertenecen o a permanecer en él. 5.- Ejercer presión en los trabajadores para que voten por determinada candidatura en la elección de los funcionarios o representantes de un sindicato. 6.- Influir en las actuaciones políticas o en las creencias religiosas de los trabajadores; 7.- Apropiarse o retener, por su voluntad, las herramientas y objetos del trabajador, a título de indemnización, garantía o compensación. 8.- Presentarse en la fábrica, taller o establecimiento en estado de embriaguez o en cualquiera otra condición análoga. 9.- Ejercer acciones contra el trabajador que puedan considerarse de acoso sexual o apoyar o no intervenir en caso de que las realicen sus representantes.

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10.- Ejecutar cualquier acto que restrinja los derechos que el trabajador tiene conforme a la ley. Prestaciones del empresario:

Salario y garantías salariales: Código de Trabajo artículo 192: “Es la retribución que el empleador debe pagar al trabajador como compensación del trabajo realizado”. El monto del salario es el que haya sido convenido en el contrato de trabajo. No puede en ningún caso ser menor al salario mínimo establecido. El salario puede pagarse por unidad de tiempo, unidad de obra, por comisión, ajuste o precio alzado o combinado algunos de estas modalidades. Garantías salariales: El salario es la principal obligación esencial del empleador. Su monto mínimo, forma y tiempo y lugar de pago están regulados y protegido por la Ley. El legislador establece disposiciones protectoras del salario, que la doctrina clasifica en: a) medida protectoras contra los abusos del empleador; b) medida protectoras contra los acreedores del trabajador; c) medida protectoras contra los acreedores del empleador; d) medida protectoras de la familia del trabajador. El pago del salario es una obligación esencial del empleador. El salario debe ser convenido y pagado personalmente, en efectivo, en día laborables, en el lugar donde presta servicio el trabajador. El salario es inembargable, salvo la tercera parte por pensiones alimenticias. Otra manera importante de proteger el salario del trabajador consiste en la fijación del menor salario (salario mínimo) se establece mediante resolución o tarifas del Comité Nacional del Salario. El pago puede ser objeto de los siguientes descuentos: 1Los autorizados por la Ley. 2Cuotas Sindicales, previa autorización escrita al trabajador. 3Anticipos de salario. 4Relativos a créditos otorgados por instituciones bancarias con recomendación y garantía del empleador. 5Los relativos a planes de pensiones.

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El poder de dirección: Se ejerce personalmente o por medio de representantes; consiste en la facultad del empleador de dar ordenes sobre el modo, tiempo y lugar de prestación del servicio, la facultad de especificar los puestos y atribuciones de estos, de ordenar la empresa conforme a sus necesidades especificas de orden técnico, funcional, económico y conforme a los requerimientos de la producción. En sentido esto, el poder de dirección del empleador comprende la totalidad de las facultades o poderes jerárquicos. Esto se manifiesta en el poder de dictar reglamentos y normas generales, administrativos, disponer medidas de seguridad, de publicidad, de opinar, informar y dar ordenes particulares al personal, comprende la facultad de dirigir, dar ordenes e intrusiones, la facultad de reglamentar las prestación del trabajo en la empresa, la facultad de vigilar y fiscalizar y la facultad de sancionar (poder disciplinario) las faltas cometidas por el trabajador. El poder de dirección del empleador tiene sus limites. Están generalmente preestablecidos en la Ley, Convenio Colectivo o la Jurisprudencia. Sus ordenes no deben ser lesivos de derecho (del trabajo), ni injustos, ni arbitrarios, sino provistos de legitimidad. Debe respetar a su integridad física, intimidad y a su dignidad personal. No puede causar perjuicios morales o materiales al trabajador. Movilidad funcional y geográfica: El Jus Variandi: Es lo esencial del derecho laboral, permitiéndole, tomando en cuenta las necesidades de la empresa. Y las circunstancias en que se desarrollen sus actividades, realizar cambios temporales en el servicio prestado por los trabajadores, siempre que no entrañen un perjuicio económico, el cambio de jerarquía, una situación humillante, un cambio de actividad que ponga en peligro la seguridad del trabajador, o que implique una reducción de su salario o un daño moral. El Jus Variandi: derecho reconocido al empleador de introducir cambios en el contrato individual de trabajo de acuerdo con sus necesidades y en interés de la producción, siempre que los mismos no entrañen un perjuicio moral o material para el trabajador, con frecuencia es una de las causas de modificación del contrato individual de trabajo. Se trata, pues de un derecho reconocido al empleador, pero que éste no puede ejercer arbitrariamente. “El Jus Variandi tiene sus limites”;

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Modificaciones del contrato de trabajo: (Art.62-66). El contrato de trabajo consentido válidamente entre las partes puede ser modificado: 1.-Por efecto de disposiciones contenidas en el CT y en otras leyes posteriores. 2.- Por efecto de los convenios colectivos de condiciones de trabajo. 3.- Por mutuo consentimiento. La cesión de una empresa, de una sucursal o de una dependencia de la misma, o el traspaso o transferimiento de un trabajador a una empresa cualquiera transmite al adquiriente todas las prerrogativas y obligaciones resultantes de los contratos de trabajo que correspondan al establecimiento cedido o relativas al trabajador transferido, incluso las que hayan sido objeto de demanda y estén pendientes de fallo o de ejecución y no extinguirá en ningún caso los derechos adquiridos por el trabajador, sin perjuicio además de lo que se dispone en los párrafos 3ro y 4to del Art. 96 CT. El nuevo empleador es solidariamente responsable con el empleador sustituido de las obligaciones derivadas de los contratos de trabajo o de la ley, nacidas antes de la fecha de la sustitución, hasta la prescripción de la correspondiente acción. La cesión de la empresa o de una sucursal o dependencia debe ser notificada por el empleador al sindicato, a los trabajadores y al Departamento de Trabajo o a la autoridad local que ejerza sus funciones dentro de las 72 horas posteriores a la fecha de la cesión. El incumplimiento de esta obligación compromete responsabilidad del empleador sustituto y del sustituido.

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Las relaciones entre el empleador sustituido y el sustituido no están regidas por este Código. Concepto de empleado: Deberes y Derechos. Empleador es la persona física o moral a quien es prestado el servicio (artículo 2 del Código de Trabajo). Deberes de los trabajadores: TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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Los derechos del empleador son las obligaciones del trabajador a: 1o. Someterse a reconocimiento médico a petición del empleador, para comprobar que no padece ninguna incapacidad o enfermedad contagiosa que lo imposibilite para realizar su trabajo. Dicho examen estará a cargo del empleador; 2o. Asistir con puntualidad al lugar en que deba presentarse para prestar sus servicios y desempeñarlos en la forma convenida; 3o. Observar rigurosamente las medidas preventivas o higiénicas exigidas por la ley, las dictadas por las autoridades competentes y las que indique el empleador, para seguridad y protección personal de ellos o de sus compañeros de labores o de los lugares donde trabajan; 4o. Comunicar al empleador o a sus representantes las observaciones que hagan para evitar cualquier daño que puedan sufrir los trabajadores o el empleador; 5o. Prestar los servicios necesarios en caso de siniestro o riesgo inminente en que la persona o los bienes del empleador o de algún trabajador estén en peligro, sin que por ello tengan derecho a remuneración adicional; 6o. Observar buena conducta y una estricta disciplina durante las horas de trabajo; 7o. Guardar rigurosamente los secretos técnicos, comerciales o de fabricación de los productos a cuya elaboración concurran directa o indirectamente, o de los cuales tengan conocimiento por razón del trabajo que ejecuten, así como de los asuntos administrativos reservados cuya divulgación pueda causar perjuicio al empleador, tanto mientras dure el contrato de trabajo como después de su terminación; 8o. Conservar en buen estado los instrumentos y útiles que se les faciliten para el trabajo, sin que sean responsables de su deterioro normal ni del que se ocasione por caso fortuito, fuerza mayor, mala calidad o defectuosa construcción; 9o. Evitar desperdicios innecesarios en la manipulación de los materiales y devolver al empleador los que no hayan usado; 10o. Desocupar dentro de un término de 45 días, contados desde la fecha en que terminen los efectos del contrato de trabajo, las viviendas que les hayan facilitado los empleadores. @Art. 45. - Está prohibido a los trabajadores: 1o. Presentarse al trabajo o trabajar en estado de embriaguez o en cualquier otra condición análoga; 2o. Portar armas de cualquier clase durante las horas de labor, salvo las excepciones que para ciertos trabajadores establezca la ley. 3o. Hacer colectas en el lugar en que prestan servicios, durante las horas de éste; TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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4o. Usar los útiles y herramientas suministradas por el empleador en trabajo distinto de aquel a que estén destinados, o usar los útiles y herramientas del empleador sin su autorización; 5o. Extraer de la fábrica, taller o establecimiento útiles del trabajo, materia prima o elaborada, sin permiso del empleador; 6o. Hacer durante el trabajo cualquier tipo de propaganda religiosa o política. Prestaciones del trabajador: Clasificación profesional:

Vacaciones: (Art. 177-191 CT) Los empleadores tienen la obligación de conceder a todo trabajador un período de vacaciones de dos semanas , con disfrute de salario conforme la escala siguiente Después de un trabajo contínuo no menor de un año ni mayor de cinco, catorce días de salario ordinario. Después de un trabajo contínuo no mayor de cinco años, dieciocho días de salario ordinario. Continuar estudiando CT. Descansos: Descanso semanal y los días feriados: (Art.163-165 CT) Todo trabajador tiene derecho a un descanso semanal ininterrumpido de treinta y seis horas. Este descanso será el convenido entre las partes y puede iniciarse cualquier día de la semana A falta de convención expresa se inicia a partir del sábado a medio día. Si el trabajador presta servicio en el período de su descanso semanal, puede optar entre recibir su salario ordinario aumentado por ciento o disfrutar en la semana siguiente de un descanso compensatorio igual al tiempo de su descanso compensatorio igual al tiempo de su descanso semanal.

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Los días declarados no laborables por la Constitución o las leyes, son de descanso remunerado para el trabajador, salvo que coincidan con el día de descanso semanal. Descansos de maternidad: Con el objetivo de proteger a la maternidad la legislación prevé un conjunto de descanso en beneficios de la trabajadora; de estos, el más importante de todos es el descanso pre y pos-natal. Toda trabajadora en estado de embarazo tiene derecho a un descanso remunerado en las semanas que preceden y siguen al parto. El objetivo de la norma legal es evitar que se perturbe el curso normal del embarazo, protegiendo la gravidez y el nacimiento del hijo. De la misma se benefician todas las trabajadoras embarazadas que prestan servicios en virtud de un contrato de trabajo. La única excepción es el personal del servicio doméstico (Art. 259 CT) permiso: El trabajador tiene derecho, previo aviso y justificación ante el empresario, a una serie de permisos que han de ser retribuidos como si de trabajo efectivo se tratara. Se establecen para los casos de matrimonio, nacimiento de hijos o enfermedad de parientes próximos, traslado del domicilio habitual, para el cumplimiento de deberes inexcusables de carácter público y personal (como por ejemplo de derecho de voto), o por la realización de funciones sindicales. Estos motivos vienen específicamente impuestos por la ley determinando asimismo el número de días de permiso para cada motivo, pero no obstante, los convenios colectivos suelen ampliar tanto el número de días e incluso de motivos, por lo que a ellos habrá de estarse en primer término. Prestación del trabajo, jornada y horario: Artículo 146 del Código de Trabajo, La jornada de trabajo es todo el tiempo que el trabajador no puede utilizar libremente, por estar a la disposición exclusiva de su empleador. La duración normal de la jornada de trabajo es la determinada en el contrato de trabajo. No podrá exceder de 8 horas por día ni de 44 por semana. La jornada semanal de trabajo terminará a las 12 horas meridiano del día sábado. Existen diferentes tipos de jornada: TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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Jornada Diurna: es la comprendida entre las Siete (7) de la mañana y las Nueve (9) de la noche. Jornada Nocturna: es la comprendida entre las Nueve (9) de la noche y la Siete (7) de la mañana. Jornada Mixta: es la que comprende periodos de la jornada Diurna y Nocturna, siempre que el periodo nocturno sea menor de Tres (3) horas. En caso contrario es jornada nocturna. El horario de la jornada establecido libremente en el contrato de trabajo. @Art. 152. - El horario de la jornada es establecido libremente en el contrato. @Art. 153. - La jornada de trabajo puede ser excepcionalmente elevada, pero solamente en lo imprescindible para evitar una grave perturbación al funcionamiento normal de la empresa, en los casos siguientes: a) accidentes ocurridos o inminentes; b) trabajos imprescindibles que deben realizarse en las maquinarias o en las herramientas, y cuya paralización pueda causar perjuicios graves; c) trabajos cuya interrupción pueda alterar la materia prima; y d) en caso fortuito o de fuerza mayor. La jornada de trabajo también puede ser excepcionalmente elevada para permitir que la empresa haga frente a aumentos extraordinarios de trabajo. @Art. 154. - Cuando el empleador tenga necesidad de prolongar la jornada, en los casos legalmente autorizados, está en la obligación de dar cuenta inmediatamente al Representante Local de Trabajo, para que compruebe si el caso se ajusta a las excepciones establecidas en el artículo 153. @Art. 155. - En el caso de prolongación de la jornada para hacer frente a aumentos extraordinarios de trabajo, el número de horas extraordinarias no podrá exceder de ochenta horas trimestrales. @Art. 156. - Las horas de trabajo rendidas en exceso de la jornada normal y en los días declarados legalmente no laborables, deben ser pagadas, sin excepción alguna extraordinariamente al trabajador, en la forma establecida en el presente Código. @Art. 157. - La jornada debe ser interrumpida por un período intermedio de descanso, el cual no puede ser menor de una hora, después de cuatro horas consecutivas de trabajo, y de hora y media después de cinco. Este período es fijado por las partes según el uso y costumbre de la localidad o de acuerdo con la naturaleza del trabajo, y no es aplicable a las empresas de funcionamiento continuo. Por acuerdo entre el empleador y sus trabajadores, se pueden establecer jornadas corridas de trabajo, siempre que no excedan de diez horas diarias en las actividades comerciales y de nueve, en las industriales, sin que en ningún caso la jornada semanal pueda exceder de cuarenta y cuatro horas. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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@Art. 158. - En las empresas donde el trabajo sea de funcionamiento continuo en razón de la naturaleza misma del trabajo, el personal debe turnarse cada ocho horas de trabajo. En estos casos la jornada puede prolongarse una hora más pero el promedio semanal no podrá exceder, en ningún caso, de cincuenta horas, pagándose como horas extraordinarias las rendidas sobre las cuarenta y cuatro horas semanales. @Art. 159. - Todo empleador está obligado a fijar en lugar visible de su establecimiento, un cartel sellado por la autoridad local de Trabajo, con estas indicaciones: 1o. Las horas de principio y fin de la jornada de cada trabajador; 2o. Los períodos intermedios de descanso en la jornada; 3o. Los días de descanso semanal de cada trabajador. Quedan exceptuados de esta disposición los trabajadores del campo. @Art. 160. - En caso de prolongación de la jornada, el empleador debe fijar otro cartel en el cual se indique la causa de la prolongación y la retribución extraordinaria de los trabajadores. @Art. 161. - El empleador está obligado a llevar registros, conforme a modelos aprobados por el Departamento de Trabajo, en los cuales deben hacerse las siguientes menciones relativas a cada trabajador: 1o. Horario de trabajo; 2o. Interrupciones del trabajo y sus causas; 3o. Horas trabajadas en exceso de la jornada; 4o. Monto de las remuneraciones debidas; 5o. Edad y sexo. @Art. 162. - La Secretaría de Estado de Trabajo puede autorizar la distribución de las horas de trabajo en un período mayor de una semana, a condición de que la duración media del trabajo, calculada sobre el número de semanas consideradas, no exceda de cuarenta y cuatro horas por semana y de que en ningún caso las horas diarias de trabajo excedan de diez. TEMA XXVII. La Resiliación del Contrato de Trabajo La extinción del contrato de trabajo: Las causas de terminación del contrato de trabajo puede provenir de la voluntad de los contratantes, de la voluntad de una de las partes, o por causas ajenas a la voluntad de ambas. De acuerdo al artículo 67 del Código de Trabajo, el contrato de trabajo puede terminar sin responsabilidad o con responsabilidad para las partes. Terminación sin responsabilidad: a) El mutuo consentimiento; b) La ejecución del contrato (Prestación del servicio o ejecución de la obra); c) La llegada del TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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término convenido; d) La participación en una huelga ilegal; y f) El caso fortuito o de fuerza mayor. Terminación con responsabilidad: a) El Desahucio; b) El Despido; c) La Dimisión. Despidos, clases: (Art.87-95 CT) Strictu sensu, despido es la resolución del contrato de trabajo por la voluntad del empleador debido a faltas graves e inexcusables imputables al trabajador. El derecho del empleador a rescindir el contrato de trabajo mediante el ejercicio del despido caduca en principio a los Quince (15) días de la fecha en que el empleador se entera de la falta del trabajador. Cuando el empleador ejerce el derecho al despido, debe participarlo al trabajador y a las autoridades del trabajo, con indicación de su causa dentro de las 48 horas subsiguientes a juicio de nuestra Corte de Casación, esta es una presunción irrefragable, que no admite prueba en contrario. El despido tiene efecto cuando llega a conocimiento del trabajador, la decisión del empleador rescindir el contrato. En este preciso instante se genera una presunción legal, hasta prueba en contrario de que dicho despido es injusto, corresponde pues, al empleador, aportar la prueba de la falta justificativa de su decisión unilateral, si no aporta esta prueba, el Tribunal apoderado lo declarará injustificado y resuelto por culpa del empleador y lo condenará al pago de las indemnizaciones legales o convencionales pertinentes. Causas de despido: @Art. 88. - El empleador puede dar por terminado el contrato de trabajo despidiendo al trabajador por cualquiera de las causas siguientes: 1o. Por haber el trabajador inducido a error al empleador pretendiendo tener condiciones o conocimientos indispensables que no posee, o presentándole referencias o certificados personales cuya falsedad se comprueba luego; 2o. Por ejecutar el trabajo en forma que demuestre su incapacidad e ineficiencia. Esta causa deja de tener efecto a partir de los tres meses de prestar servicios el trabajador; 3o. Por incurrir el trabajador durante sus labores en faltas de probidad o de honradez, en actos o intentos de violencias, injurias o malos tratamientos contra el empleador o los parientes de éste bajo su dependencia; 4o. Por cometer el trabajador, contra alguno de sus compañeros, cualesquiera de los actos enumerados en el apartado anterior, si ello altera el orden del lugar en que trabaja; 5o. Por cometer el trabajador, fuera de servicio, contra el empleador o los parientes que dependen de él, o contra los jefes de la empresa, algunos de los actos a que se refiere el ordinal 3o. del presente artículo; TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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6o. Por ocasionar el trabajador, intencionalmente, perjuicios materiales, durante el desempeño de las labores o con motivo de éstas, en los edificios, obras, maquinarias, herramientas, materias primas, productos y demás objetos relacionados con el trabajo; 7o. Por ocasionar el trabajador los perjuicios graves, mencionados en el ordinal anterior, sin intención, pero con negligencia o imprudencia de tal naturaleza que sean la causa del perjuicio; 8o. Por cometer el trabajador actos deshonestos en el taller, establecimiento o lugar de trabajo; 9o. Por revelar el trabajador los secretos de fabricación o dar a conocer asuntos de carácter reservado en perjuicio de la empresa; 10o. Por comprometer el trabajador, por imprudencia o descuido inexcusables, la seguridad del taller, oficina u otro centro de la empresa o de personas que allí se encuentren; 11o. Por inasistencia del trabajador a sus labores durante dos días consecutivos o dos días en un mismo mes sin permiso del empleador o de quien lo represente, o sin notificar la causa justa que tuvo para ello en el plazo prescrito por el artículo 58; 12o. Por ausencia, sin notificación de la causa justificada, del trabajador que tenga a su cargo alguna faena o máquina cuya inactividad o paralización implique necesariamente una perturbación para la empresa; 13o. Por salir el trabajador durante las horas de trabajo sin permiso del empleador o de quien lo represente y sin haberse manifestado a dicho empleador o a su representante, con anterioridad, la causa justificada que tuviere para abandonar el trabajo; 14o. Por desobedecer el trabajador al empleador o a sus representantes, siempre que se trate del servicio contratado; 15o. Por negarse el trabajador a adoptar las medidas preventivas o a seguir los procedimientos indicados por la ley, las autoridades competentes o los empleadores, para evitar accidentes o enfermedades; 16o. Por violar el trabajador cualesquiera de las prohibiciones previstas en los ordinales 1o, 2o, 5o y 6o. del artículo 45; 17o. Por violar el trabajador cualesquiera de las prohibiciones previstas en los ordinales 3o. y 4o., del artículo 45 después que el Departamento de Trabajo o la autoridad local que ejerza sus funciones lo haya amonestado por la misma falta a requerimiento del empleador; 18o. Por haber sido condenado el trabajador a una pena privativa de libertad por sentencia irrevocable;

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19o. Por falta de dedicación a las labores para las cuales ha sido contratado o por cualquier otra falta grave a las obligaciones que el contrato imponga al trabajador. Clases de despido: (según la doctrina) a) Despido Ordinario: Es la denuncia del contrato por tiempo indefinido mediante un plazo de Preaviso, a la contraparte. El despido ordinario o con preaviso, se diferencia del desahucio, en que éste no existe la obligación de indicar causa del despido. b) Despido extraordinario: Requiere la existencia de una falta grave e inexcusable. Se fundamenta en una conducta indebida e insoportable del trabajador que hace imposible la continuación del contrato. Este tipo de despido es común a toda clase de contrato de trabajo. c) Despido Directo: Es cuando el empleador expresa francamente en forma clara y precisa e inequívoca su decisión de poner fin al contrato. d) Despido Individual: Responde a razones disciplinarias. e) Despido colectivo: No obedecen a motivos de conducta, sino a causas económicas, tecnológicas u organizativas. Extinción por voluntad del trabajador: La Dimisión: (Art.96-102CT), es la resolución del contrato de trabajo por voluntad unilateral del trabajador, puede ser justificada , cuando el trabajador prueba la existencia de una justa causa prevista al respecto en el Código de Trabajo. Dimisión justificada. En caso contrario, es el derecho reconocido al trabajador de poner término al contrato de trabajo cuando el empleador incurre en faltas graves e inexcusables. Este derecho caduca, en principio a los Quince (15) días de la fecha de ocurrencia de la falta del empleador, cuando el trabajador ejerce el derecho a la dimisión debe participarlo a las autoridades de trabajo, con indicación de su causa, dentro de las 48 horas subsiguientes, la dimisión no comunicada a la autoridad de trabajo correspondiente en el término indicado, se reputa que carece de justa causa. La dimisión tiene lugar cuando llega a conocimiento del empleador la decisión unilateral del trabajador de rescindir el contrato. En ese momento se genera una presunción legal, hasta prueba en contrario de que dicha dimisión es injustificada, corresponde al trabajador aportar la prueba de la falta del empleador, justificativa de su decisión unilateral. El abandono y la renuncia son formas de terminación del contrato de trabajo por la voluntad unilateral del trabajador. En el primero, el trabajador abandona de hecho, deja el trabajo, sin otorgar Preaviso, sin decir motivos, el trabajador verbal o por escrito TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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acostumbra a otorgar un plazo ejerciendo entonces la terminación del contrato por desahucio o comunica al empleador los motivos por los cuales ha decidido renunciar, lo que equivale a una dimisión del trabajador, si las causas no corresponde a las establecidas por la Ley, se trata de una dimisión injustificada; al renunciar o abandonar el trabajador, no tiene derecho a prestaciones laborales, sin embargo no renuncia a sus derechos adquiridos. Causas de dimisión: (Art. 97 C.T) El Desahucio: (Art. 75-86 CT) Responsabilidad a cargo de las partes derivadas de la resolución del contrato de trabajo: Por Desahucio: La parte que omita el preaviso o lo otorgue de modo insuficiente debe pagar a la otra una indemnización sustitutiva equivalente a la remuneración que correspondería al trabajador durante los plazos siguientes: a) después de un trabajo continuo no menor de tres meses ni mayor de seis, con un mínimo de siete días de anticipación; b) después de un trabajo continuo que exceda de seis meses y no sea mayor de un año, con un mínimo de catorce días de anticipación; c) después de un año de trabajo continuo, con un mínimo de 28 días de anticipación. Esto en el caso de que quien ejerza el desahucio sea el trabajador. En caso de que sea el empleador deberá pagar además el auxilio de cesantía correspondiente al trabajador. Por despido: Cuando el empleador ejerza el despido con una justa causa el contrato termina sin responsabilidad para este y solo deberá pagar al trabajador los derechos adquiridos, los cuales le corresponden siempre sin importar la modalidad de terminación del contrato de trabajo. Si es injustificado deberá pagar al trabajador además de los derechos adquiridos, el preaviso omitido, el auxilio de cesantía y las indemnizaciones establecidas en el Art. 95 ordinal 3ro CT, que consisten en una suma igual a los salarios que habría recibido el trabajador desde el día de su demanda hasta la fecha de la sentencia definitiva, dictada en última instancia. Esta suma no puede exceder de los salarios correspondientes a seis meses. Estas sumas gozan de las garantías establecidas en el Art. 86 CT.

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Las disposiciones de este inciso no serán aplicables cuando surja un litigio que no sea por despido. Por dimisión: Si la dimisión obedece a una justa causa, el empleador deberá pagar al trabajador el preaviso omitido y el auxilio de cesantía. Si es injustificado termina el contrato sin responsabilidad para el empleador, debiendo solo pagarle al trabajador los derechos adquiridos. TEMA XXVIII: Derecho colectivo de trabajo: Es la norma que reglamenta la formación y funciones de las asociaciones profesionales de trabajadores y empleadores, sus relaciones, su posición frente al Estado y los conflictos colectivos del trabajo. Los actores en las relaciones colectivas de trabajo son los Sindicatos de Trabajadores, los empleadores o la asociaciones de empleadores y las autoridades administrativas o judiciales de trabajo, la Secretaría de Estado de Trabajo o ministerio de Trabajo, las juntas o Tribunales de conciliación y arbitraje y los Tribunales de Trabajo. Las relaciones colectivas de trabajo aparecen cada vez más incorporadas al marco constitucional como garantías sociales o como derechos de los trabajadores o inherentes a la persona. El artículo 8 de la constitución de la R.D., consagra en varios de sus ordinales como norma constitucional, algunos de estos principios y derechos básicos de la relación colectiva de trabajo. Convenios colectivos: (Art.103-128CT)es el que con la intervención de los organismos mas representativos , tanto de empleadores como de trabajadores, puede celebrarse entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios sindicatos de empleadores, con el objeto de establecer las condiciones a que deben sujetarse los contratos de trabajo de una o varias empresas. Caracteres: a) es un contrato propio del derecho del trabajo; b) debe redactarse por escrito y dársele determinada publicidad: c) Es un contrato de derecho colectivo de trabajo porque los contratantes son sujetos de Derecho Colectivo de Trabajo; d) Tiene primacía sobre los contratos individuales de trabajo; e) Su objeto es regular las condiciones de trabajo en una o varias empresas; f) Tiene una duración limitada; g) Establece otras disposiciones que interesan al trabajo humano y a las partes. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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Ventajas: a) para el estado, es un instrumento de paz social; b) Para el empresario, un medio de negociaciones pacificas, sin campañas políticas y sin riesgo de huelga; c) Para el trabajador la conquista de derechos sin sufrimientos inherentes a las luchas de clases con el reconocimiento por el empresario de la legitimidad de la actuación del sindicato y de su representatividad. La corte de Casación de la R. D., ha juzgado que el convenio colectivo de condiciones de trabajo está regido por las disposiciones del Código de Trabajo, y por lo tanto, las controversias que surjan entre los empleadores y el sindicato con motivo de un convenio colectivo son de la competencia de los Tribunales de Trabajo y son sometidos al preliminar de conciliación. La negociación del convenio es obligatoria para los empleadores, se efectuara entre los representantes legítimos de las partes y puede abarcar una o más empresas o establecimiento por rama de actividad o ámbito territorial, interprofesional, internacional o multinacional. La fase inicial de las negociaciones consiste en el trato directo. Los representantes de las partes se reúnen para negociar y para discutir el pliego de condiciones o proyecto de convenio sometido previamente por la parte más diligente al trato directo sigue la mediación administrativa, la que tiene lugar si ha habido avenimiento directo entre las partes. Si fracasa la mediación, las partes pueden recurrir al arbitraje o a la huelga. La negociación indirecta (a través de un mediador o de un tercero) no es aconsejable, porque es posible que los intereses del sindicato sean opuestos a los de éste. El convenio colectivo protege a los miembros del Sindicato signatario a los trabajadores de la empresa, aunque no pertenezcan al sindicato y a los trabajadores que ingresen a la empresa con posterioridad al convenio . El convenio colectivo tiene una duración mínima de Un (1) año y máxima de Tres (3) años. El contenido del convenio es variable, contiene generalmente un preámbulo o declaración de principios, e incluye desde las cláusulas sindicales hasta las sociales y de tipo general o carácter transitorio, incluyendo las que se refieren a las condiciones de trabajo y las que establecen medidas para la preservación del empleo. La fuerza vinculante de los convenios: Cuando se firma el convenio colectivo se convierte en ley entre las partes y su fuerza vinculante beneficia a todos los trabajadores de la empresa no obstante no sean miembros del sindicato. Esto así porque no es el resultado de la voluntad unilateral de una de las partes ni del Estado, sino, la expresión de un acuerdo de voluntades entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios empleadores o sindicatos de empleadores TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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Los contratos celebrados con anterioridad a la vigencia del convenio colectivo quedan modificados de pleno derecho, sin formalidad alguna, de acuerdo con las condiciones convenidas, siempre que favorezcan al trabajador. Las condiciones convenidas se reputan incluidas en todos los contratos individuales de trabajo de la empresa, aunque se refieran a trabajadores que no sean miembros del sindicato que la haya celebrado, salvo disposición contraria de la ley. Acuerdos de empresa:

Vigencia temporal: tiene una duración limitada, en efecto, la vigencia y duración del convenio colectivo están determinadas por la ley. Aunque el convenio colectivo puede no indicar su término, en cuyo caso tendrá la duración de un año, la ley le fija un tiempo mínimo de duración (un año) y un período máximo de vigencia (3 años), permitiendo la revisión del mismo en el curso de su vigencia en los casos de cambios de hechos que ocurran sin culpa de ninguna de las partes, si dichos cambios de hechos que ocurran sin culpa de ninguna de las partes, si dichos cambios no han sido previstos y si la parte interesada en la revisión, de haberlos previsto, se hubiera obligado en condiciones distintas o no hubiera contratado. Denuncia: según el artículo 115 del Código de Trabajo, el convenio colectivo se prorrogará automáticamente por un período igual al estipulado en el contrato o al establecido por la ley, si ninguna de las partes lo denuncia con dos meses de anticipación a su fecha de vencimiento. Dentro de las 48 horas de denunciado el convenio deberá depositarse copia de dicha denuncia en el departamento de trabajo. En la actualidad los sindicatos acostumbran a dirigirla tanto al empleador como a la Secretaría de Estado de Trabajo. La denuncia produce en principio la terminación del convenio colectivo a la llegada del termino estipulado. La sola terminación del convenio no modifica las condiciones de los contratos de trabajo. Las partes pueden modificar esas condiciones conforme las disposiciones del Código de Trabajo. En caso de denuncia, las obligaciones entre los contratantes se mantienen al igual que las otras cláusulas del convenio, por un período de Seis (6) meses del vencimiento del convenio, si la denuncia es seguida de la negociación de un nuevo convenio. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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Concurrencia de convenios: El tema es mas teórico que práctico, pues hoy por hoy en la República Dominicana solo se negocia a nivel de la empresa. Sin embargo, es necesario prever la posibilidad de que una empresa que ha firmado un convenio colectivo con su sindicato mayoritario suscriba posteriormente un convenio con el sindicato de la rama de actividad; en efecto, solo unos pocos trabajadores de esta empresa están afiliados al sindicato de rama, pero este cuenta entre sus afiliados con la mayoría legal de los trabajadores que prestan servicios en las distintas empresas pertenecientes a la rama. Si esta situación llega a presentarse es necesario determinar cuál de los dos convenios se aplicará a los trabajadores de la empresa firmante. El hecho de que el sindicato por rama de actividad tenga preferencia en la negociación sobre el de la empresa, no significa que el convenio de rama desplazará necesariamente las estipulaciones del convenio de empresa. Una cosa es negociar y otra aplicar el convenio colectivo. Ante la existencia de dos convenios concurrentes, se aplicará la norma mas favorable para el conjunto de los trabajadores de la empresa. TEMA XIX: Conflictos colectivos: Formalización y resolución: Los conflictos de trabajo son las disputas de derecho o de intereses que en ocasión del hecho social trabajo, se suscitan entre Empleadores, Trabajadores, Sindicatos y el Estado. Los conflictos individuales generalmente son conflictos de naturaleza jurídica. Los conflictos colectivos pueden ser indistintamente conflictos jurídicos o de naturaleza económica. Los conflictos colectivos se diferencian de los individuales tanto por el objeto como por los medios aplicados para su solución. En el conflicto colectivo es esencial: a) la participación activa o pasiva de un grupo o colectividad obrera, organizada o no en forma permanente; y b) el hecho de que afecte un interés común a todo este grupo como colectividad. Los conflictos colectivos e individuales puede ser tanto de derecho como de intereses. Es de derecho o jurídico cuando tiene por causa el incumplimiento o violación de una norma legal o violación contractual independientemente de que TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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trate de una acción individual de un trabajador o la demanda de un grupo de trabajadores, o de la acción de un Sindicato tendiente a la interpretación de aplicación de la ley, el contrato individual de uno de los afiliados o de una cláusula prescrita en el convenio colectivo de condiciones de trabajo. Es de económico o de intereses, cuando persigue o tiene por objeto la creación de nuevas condiciones de trabajo, o la modificación de las existentes. Es una contienda que tiende a la creación de estatus jurídico . Las principales causas generadoras de los conflictos son el incumplimiento o violación de las normas legales y contractuales, lo que generalmente es fuente de conflictos jurídicos o individuales, las aspiraciones de los trabajadores que tienden al establecimiento de nuevas condiciones de trabajo o la modificación de las existentes generando así conflictos económico o de intereses, los cambios que introduce los empleadores en el curso de las relaciones de trabajo con el propósito de reducir los costos de producción y aumentar el rendimiento, así como la mala organización del trabajo en la empresa y los problemas personales y de familia del trabajador, los que a menudo afectan la producción y su rendimiento. Medios de solución: la solución de los conflictos jurídicos individuales o colectivos está preferentemente a cargo de los Tribunales, conforme a un proceso, precedido de la conciliación obligatoria, proceso que se inicia con el apoderamiento del Tribunal y culmina con la sentencia que normalmente lo concluye. Están sometida al doble grado de jurisdicción y al recurso excepcional de casación, los Jueces gozan de papel activo. No hay nulidad de procedimiento, no es obligatorio el ministerio de abogado. El Juez goza de poder soberano de apreciación de las pruebas. Las sentencias se reputan contradictorias, no es admisible el recurso de apelación cuando el monto de la demanda es menor de Diez salarios mínimos. Para la solución de los conflictos colectivos de intereses, se establece un procedimiento que se realiza dentro del ámbito administrativo en la Secretaría de Estado de Trabajo y que se inicia con el trato directo que consiste en la discusión del pliego de condiciones presentado por el Sindicato de Trabajador y la reunión de las partes, no hay normas aplicable para esta etapa. En caso de transacción conlleva enuncia a desistimiento de pretensiones o derecho de ambas partes. No siendo válida la renuncia del trabajador a derechos establecidos a su favor por la ley. Necesariamente no está destinada a culminar en convenio colectivo, pero no por ello deja de llegar a compromisos directos o indirectos sobe condiciones de trabajo o relaciones laborales que solucionan conflictos. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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Si no hay avenimiento entre las partes el paso a seguir es la mediación administrativa, la parte más diligente solicita la mediación de la Secretaría de Estado de Trabajo, mediante escrito firmado y fechado en las 48 horas de su depósito la Secretaría de Estado de Trabajo, designará como mediador a uno de los funcionarios o empleados de su dependencia. Este mediador citará a las partes vía telegráfica para que estén presentes en la reunión en la cual tratarán de conciliarla, indicándoles posibles soluciones y persuadirlas. en caso de acuerdo se redactará acta que exprese lo convenido, en caso contrario se hace constar en acta las diferencias y puntos de vistas encontrados. La no comparecencia de una de las partes sin causa justificada constituye una infracción . El arbitraje es uno de los medios tradicionales de solución de conflictos. El arbitraje voluntario se aplica toda clase de conflicto, las partes pueden escoger libremente a los árbitros y deciden el conflicto conforme a un procedimiento que depende de la prudencia, diligencia, creatividad y buen trato de los árbitros escogidos. El laudo que dicten estos árbitros no surten efectos jurídicos válidos, si desconocen disposiciones de la ley cuyo carácter es de orden público. Es obligatorio cuando tiene Lugo en los casos de conflictos que afecten servicios esenciales, se tata del arbitraje por delegación presumida dispuesto por el Presidente de la Corte de Trabajo. También es de carácter obligatorio el arbitraje que tiene lugar después de la calificación de las huelgas y paros. La Secretaría de Estado de Trabajo, tiene competencia para conocer de las recusaciones de los árbitros en los casos de conflictos económicos, la sustitución de los árbitros recusados se hará conforme a lo dispuesto para su designación a contar desde la notificación de la sentencia que admita la recusación. El derecho de huelga: (Art.401-412 CT) La huelga es un hecho, pero también es un derecho. Consiste en la suspención colectiva y concertada del trabajo, previa observancia de la ley. Si la cesación de actividades es de parte de los trabajadores, se denomina huelga, pero si proviene del empleador, se llama paro. La huelga en la legislación dominicana está prevista y reglamentada en el artículo 8, párrafo 11 letra D de la Constitución de República y en los artículos 401 y siguientes del Código de Trabajo, La huelga se admite siempre se ejerza con arreglo a la ley y para resolver conflictos estrictamente laborales. Los elementos que caracterizan la huelga son el convierto de voluntades de los trabajadores, el hecho de la suspención colectiva y la finalidad que corresponde a un fin exclusivamente profesional, limitado a la solución de un conflicto económico y a la protección del interés colectivo, pero siempre un fin lícito, de auto defensa, de interés profesional. Además debe ser pacífico y limitado a la simple abstención del trabajo, la ocupación de fábrica es ilícito, así como el secuestro de empresas y dirigentes empresariales. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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La constitución prohibe toda interrupción o entorpecimiento de actividades en las empresas privadas y del Estado, siendo ilícita toda huelga, paro, entorpecimiento o reducción intencional de labores en la administración pública , en los servicios públicos y en los servicios esenciales. Los titulares de derecho son los trabajadores. La huelga exterioriza un conflicto no resuelto por las vías legales y procedimientos amigables. Es un hecho colectivo reglamentado por la ley. Cuando los trabajadores suspenden las labores en las empresas previo el cumplimiento de la ley, gozan del amparo de ésta, lo que no ocurre en caso contrario exponiéndose a las sanciones consecuentes de la falta de cumplimiento de la ley o de sus obligaciones contractuales. La observancia de la ley conduce a una suspensión legal de los contratos individuales de los trabajadores que participan en la huelga. En estos casos, se prevé el derecho del empleador de solicitar mientas dure la huelga que los trabajadores que sena necesarios ejerzan sus funciones o practiquen las labores de seguridad y mantenimiento indispensables. La huelga después de su calificación por el Tribunal competente conduce a un arbitraje obligatorio a cargo de los árbitros designados por el Presidente de la Corte, cuando la huelga es acompañada de actos de coacción o violencia física o moral sobe las personas o cosas o de cualquier acto que tenga por objeto promover el desorden o quitar a la huelga su carácter pacífico, se puede gestionar o poner en movimiento de la acción pública contra las personas responsables. El Cierre empresarial:

Otras formas de conflictos colectivos:

Habrá Conflicto colectivo de derecho : a) cuando un grupo de trabajadores alega que se beneficia de las estipulaciones del convenio colectivo, a lo cual se opone la empresa por entender que los reclamantes ocupan puestos de dirección o de inspección de labores. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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b) cuando el sindicato de trabajadores discute sobre la interpretación o exige el cumplimiento de algunas cláusulas del convenio colectivo o del reglamento interior, siempre que esté en juego el interés común de sus representados; cuando el empleador disputa al sindicato al sindicato la existencia de la mayoría legal que necesita para tener calidad de negociar colectivamente etc. Habrá conflictos económicos: (Art.395 CT). Conflicto económico es el que se suscita entre uno o mas sindicatos de trabajadores y uno o más empleadores o uno o más sindicatos de empleadores, y con el objeto de que se establezcan nuevas condiciones de trabajo o se modifiquen las vigentes. Ej. Cuando las partes no se ponen de acuerdo en la suscripción de un convenio colectivo; también cuando el empleador declara un paro y cierra temporalmente su empresa con el objetivo de forzar la modificación del convenio colectivo, a lo cual se opone el sindicato de trabajadores. TEMA XXX: LA REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LA EMPRESA: Comités de Empresa:

Delegados de Personal:

Elecciones:

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Los Sindicatos: Sindicato es toda asociación de trabajadores o de empleadores constituida de acuerdo con las leyes que rigen la materia, para el estudio, mejoramiento y defensa de los intereses comunes de sus miembros.( Art. 317 CT). Derecho de Libertad Sindical: La Libertad Sindical está consagrada en la Constitución de la República en el Art. 8, párrafo 11, letra a, que establece: La organización sindical es libre, siempre que los sindicatos, gremios u otras asociaciones de la misma índole se ajusten en sus estatutos y en su conducta a una organización democrática compatibles con los principios consagrados en la Constitución y para fines estrictamente laborales y pacíficos. La primera parte del Principio XII del Código de Trabajo la cataloga como un derecho básico de los trabajadores, al disponer: Se reconocen como derechos básicos de los trabajadores, entre otros, la libertad sindical..... Las autoridades públicas deben abstenerse de toda intervención que tienda a limitar o entorpecer el ejercicio de la libertad sindical. Los sindicatos deben conservar su independencia frente a los partidos políticos y a las entidades religiosas. No pueden recibir subsidios o ayudas de los mismos.(Art.318 CT). Asimismo, se prohíbe a los empleadores: Restringir el derecho de los trabajadores a ingresar a un sindicato.(Art.47, Ord. 6to. CT). Ejercer contra los trabajadores represalias en razón de sus actividades sindicales.(Art.333 Ord.2do.) Usar la fuerza, violencia, intimidación o amenaza, o cualquier forma de coerción contra los trabajadores o sindicatos de trabajadores con el objeto de impedir u obstaculizar el ejercicio de la libertad sindical.(Art.333 Ord. 7mo.) Tutela de la Libertad Sindical:( Art. 389 –394 CT). O Fuero Sindical es la estabilidad consagrada en ese Título que se otorga para garantizar la defensa del interés colectivo y la autonomía en el ejercicio de las funciones sindicales. Gozan del Fuero Sindical: 1ro. Los trabajadores miembros de un sindicato en formación, hasta un número de veinte. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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2do. Los trabajadores miembros del consejo directivo de un sindicato, hasta un número de cinco, si la empresa emplea no más de doscientos trabajadores; hasta un número de ocho, si la empresa emplea más de doscientos trabajadores, pero menos de cuatrocientos; y hasta un número de diez, si la empresa emplea más de cuatrocientos trabajadores. 3ro.Los representantes de los trabajadores en la negociación de un convenio colectivo, hasta un número de tres. 4to.Los Suplentes en las circunstancias previstas en el Fuero Sindical. En caso de que en una empresa funcionen más de un sindicato o intervengan sindicatos profesionales o de rama, el fuero sindical se distribuye de forma proporcional entre los diferentes sindicatos de acuerdo a la cantidad de afiliados cotizantes de cada uno. El despido de todo trabajador protegido por el fuero sindical debe ser sometido previamente a la Corte de Trabajo, a fin de que, en un término no mayor de cinco días determine si la causa invocada obedece o no a una falta, su gestión, función o actividad sindical. Cuando el empleador no observe esta formalidad, el despido es nulo y no pondrá término al contrato. TEMA XXXI: El proceso laboral: El derecho procesal del trabajo es una aplicación particular del derecho procesal en el campo del derecho del trabajo. Consiste, pues, en la rama del derecho que estudia las instituciones procesales y el conjunto de normas relativas al proceso en materia de trabajo, incluyendo las acciones accesorias al conflicto de trabajo. El derecho procesal del trabajo es el conjunto de normas relativas a la solución jurisdiccional de los conflictos del trabajo Principios Generales del Proceso Laboral Dominicano: a) Principio de accesibilidad; b) Principio de evitación de litigio; c) Principio de la agilidad del proceso; d) Principio de la especialización de la prueba. EXPLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS, VER PAG. EXTRAS.

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La prueba en el proceso laboral: la prueba en la demostración de la verdad de un hecho afirmado por una de las partes en una instancia que es negada por la otra, cada uno de los litigantes debe suministrar la prueba de los hechos y los actos en que apoyo su pretensión. La prueba solo se aplica a los elementos de hecho, pues la regla de derecho es conocida por el Juez. Los medios de prueba: No basta tener derechos, es preciso también tener la oportunidad de establecer su existencia. Los procedimientos por los cuales se realiza este objetivo constituyen los medios de prueba. a) Libertad de Medios: (ver artículo 541 del Código de Trabajo) La existencia de un hecho o de un derecho contestado, en todas las materias relativas a los conflictos jurídicos, puede establecerse por los siguientes modos de prueba: 1o. Las actas auténticas o las privadas; 2o. Las actas y registros de las autoridades administrativas de trabajo; 3o. Los libros, libretas, registros y otros papeles que las leyes o los reglamentos de trabajo exijan a empleadores o trabajadores; 4o. El testimonio; 5o. Las presunciones del hombre; 6o. La inspección directa de lugares o cosas; 7o. Los informes periciales; 8o. La confesión; 9o. El juramento. De conformidad con la primera parte del artículo 16 del Código de Trabajo, “las estipulaciones del contrato de trabajo, así como los hechos relativos a su ejecución o modificación pueden probarse por todos los medios”; de donde se acepta la absoluta libertad de los medios de prueba. Todos los medio de prueba son admisibles en los litigios que se originan en un contrato de trabajo, no estando los jueces ligados por las restricciones que imperativamente existen en otros ordenamientos legales. El Juez puede solicitar a las oficinas públicas, asociaciones de empleadores y trabajadores y de cualquier persona datos e informaciones que tenga que ver con el asunto, además puede ordenar la realización de cualquier medida de instrucción si entiende que las pruebas suministradas por los litigantes no son suficientes ni convincentes. La medida de instrucción puede ser ordenada de oficio o a solicitud de parte, pero es una facultad del Juez denegarla o otorgarla. b) ausencia de jerarquía: En materia laboral todos los medios de prueba son admisibles para el establecimiento de los hechos, sin que haya primacía alguna establecida entre los mismos, razón por la cual, el Tribunal de trabajo puede fundamentar su decisión tanto en los documentos aportados al debate como en las declaraciones de los testigos. Según la Corte de Casación, el Juez de lo laboral, puede desestimar los documentos depositados por una de las partes y darle mayor crédito a las declaraciones de los testigos, gracias a la libertar de pruebas que impera en esta materia. Si se trata del contenido de un acta escrita cuya validez ha sido reconocida o declarada, o no ha sido objeto de controversia, contra esta acta no puede TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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utilizarse la prueba testimonial, en los actos bajo firma privada o cualquier otro documento de naturaleza privada se admite la prueba testimonial si su validez es cuestionada. c) Apreciación soberana de la prueba en el procedimiento de trabajo, el Juez goza de un poder soberano de apreciación en el conocimiento de los medios de prueba. No se trata de resolver el litigio conforme la intima convicción del Juez, sino de que el convencimiento del Tribunal pueda formarse libremente en base a las pruebas producidas. En la utilización de su poder soberano de apreciación los Jueces están obligados a ponderar todas las pruebas que le son aportadas, sin que les sea permitido dejar de analizar algunas, ni limitarse en su sentencia a una simple mención ignorando su contenido. La apreciación soberana del valor de los medios de pruebas aportados escapa al control de Casación, salvo la desnaturalización de los hechos. En caso del juramento deferido, el Juez debe sujetar su decisión a lo declarado por quien prestó el juramento, siendo esto una excepción al poder soberano de apreciación. B) La Carga de la Prueba: En el terreno procesal corresponde a cada litigante probar los hechos que afirma y establecen el fundamento de sus pretensiones. Actori incumbit probatio. La regla que domina el fardo de la prueba deja de aplicarse en determinados caso: a) cuando la ley establece una presunción que dispensa de toda prueba a aquel en cuyo provecho se ha establecido, como en materia laboral el trabajador es casi siempre el demandante, el legislador tiende a liberarlo de la carga de la prueba mediante la consagración de un conjunto de presunciones. Por ejemplo artículo 15 del Código de Trabajo. b) Conforme la jurisprudencia, el demandante también es liberado del fardo de la prueba de todos aquellos hechos que no son necesarios presumir que acepto implícitamente la existencia de los mismos. c) conforme el artículo 16 del Código de Trabajo, se exime al trabajador de la carga de la prueba de aquellos hechos que el empleador está obligado a documentar, asimismo el demandante laboral queda liberado de la prueba del perjuicio (artículo 712 del C.T.) C) La administración Judicial de la prueba: La producción de la prueba en el curso del proceso queda subordinada a que se realice en el tiempo y en la forma determinada por la Ley. Tal exigencia no es contraria a la libertad de prueba consagrada en la materia, pues de lo que se trata de establecer una TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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técnica que facilite al Tribunal una administración científica de los distintos medios de pruebas que conduzca al establecimiento de la verdad real. A) La prueba escrita: En el proceso laboral la producción y comunicación de documentos deben hacerse antes del inicio del proceso, sin embargo en casos excepcionales se admite que la misma se realice en el curso del proceso. A.1) La producción de piezas: El demandante con su escrito inicial de demanda y el demandado con su escrito de defensa deben depositar los documentos que le sirvan de base a sus alegatos. En caso contrario el Juez debe declarar inadmisible, por lo tanto rechazar y descartar del debate, los documentos que hayan sido depositados en violación a estos preceptos. Esta regla de producción no se aplica en materia sumaria, la cual debe cumplirse en la propia audiencia de conciliación y juicio. B.1) La comunicación de piezas: Conjuntamente con la notificación de su escrito de demanda, el demandante debe comunicar a la parte adversa, los documentos que ha depositado en la secretaria del Tribunal. Si no se comunican los documentos en el plazo de ley, el Juez debe descartarlos del debate, pues de no hacerlo violente el derecho de defensa. Impugnación de las piezas: Los documentos pueden ser controvertidos en su validez por el adversario por la verificación escrituras y la inscripción en falsedad incidental. Condiciones para la producción y comunicación de documentos en el curso del proceso: @Art. 544. - No obstante lo dispuesto en el artículo que antecede, es facultativo para el juez, oídas las partes, autorizar, con carácter de medida de instrucción, la producción posterior al depósito del escrito inicial, de uno o más de los documentos señalados en dicho artículo: 1o. Cuando la parte que lo solicite no haya podido producirlos en la fecha del depósito del escrito inicial, a pesar de haber hecho esfuerzos razonables para ello y siempre que en dicho escrito, o en la declaración depositada con éste, se haya reservado la facultad de solicitar su admisión en el curso de los procedimientos, especificando el documento de que se trata; 2o. Cuando la parte que lo solicite demuestre satisfactoriamente que en la fecha del depósito de su escrito inicial desconocía la existencia del documento cuya producción posterior pretende hacer, o cuando la fecha de éste fuere posterior a la del depósito de su escrito inicial. Procedimiento: @Art. 545. - La solicitud de autorización indicada en el artículo 544 debe hacerse por escrito que depositará la parte interesada junto con el documento cuya producción pretenda hacer, indicando el hecho o el derecho que se TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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proponga probar con él. El secretario del tribunal remitirá inmediatamente copia del escrito y del documento a la parte contraria, para que en las cuarenta y ocho horas subsiguientes comunique por secretaría su asentimiento o sus observaciones a lo solicitado. @Art. 546. - En las cuarenta y ocho horas subsiguientes al vencimiento del plazo señalado en la última parte del artículo 545, el juez concederá o negará lo solicitado, por ordenanza que comunicará el secretario a las partes un día después de su fecha, a más tardar. La ordenanza que autorice la producción señalará a cada una de las partes un término no menor de tres días ni mayor de cinco para que exponga en secretaría, verbalmente o por escrito sus respectivos medios en relación con la nueva producción. El término señalado a la parte contra quien se haya producido el documento correrá a contar de la notificación hecha por la contraria. La producción forzada: El Juez laboral podrá hacer uso de su papel activo de solicitud de parte o de oficio para ordenar la producción de una pieza que no se ha presentado al Tribunal y que de conocerse puede ejercer una influencia considerable en la solución del litigio. La ordenanza puede ir acompañada de un astreinte, asimismo, el Juez puede ordenar a un tercero la producción de una pieza relevante para la solución del litigio en una oficina pública. B) La prueba testimonial: En el proceso laboral, el uso del informativo está subordinado al cumplimiento de una formalidad previa, el depósito en la secretaría del Tribunal de una lista con los nombres de los testigos que se harán oír en la audiencia de producción y discusión de pruebas. La lista debe depositarse por los menos dos días antes de la fecha de la audiencia de producción de pruebas, el plazo es franco, según la Corte de Casación el depósito puede hacerse dos días antes de la audiencia en que depondrán los testigos. La parte no están obligadas a notificar la lista de testigo a su adversario, pero la parte interesada puede hacerlo evitando una eventual posposición de la audiencia. La lista debe enunciar nombre, profesión, domicilio del testigo y del empleador a que preste los servicios, si es trabajador el testigo, si es empleador la clase de negocio a la que se dedique, la declaración de que el testigo no es trabajador, ni empleador, los hechos sobre los cuales puede declarar el testigo. El Juez puede ordenar de oficio la audición de testigo, si lo considera útil. En principio cualquier persona puede ser testigo, la única condición exigida es haber cumplido 15 años, salvo que se trate de un trabajador, pero en caso de insuficiencia de otro elemento de prueba. El Juez puede disponer que se oiga como simple informante, lo que sea del conocimiento de una persona de menos de quince años que no sea trabajador cuyo discernimiento se presumible (artículo 553 del C.T,) @Art. 553. - Serán excluidos como testigos, a solicitud TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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de parte: 1o. El pariente o afín de una de las partes, en línea directa sea cual fuere el grado, y en la colateral hasta el cuarto grado inclusive; 2o. El cónyuge de una de las partes o la persona que lo haya sido; 3o. La persona que viva bajo el mismo techo con una de las partes, a cualquier título que sea; 4o. La persona que sostenga o haya sostenido una litis con una de las partes en el curso de los dos años anteriores al caso para el cual se requiere su declaración; 5o. La que mantenga una actitud notoriamente hostil o de manifiesta enemistad respecto de una de las partes o de su mandatario; 6o. La que haya estado ligada a una de la partes por algún contrato de trabajo terminado por voluntad unilateral, con justa causa o sin ella, en el curso de los seis meses anteriores al caso para el cual se requiere su declaración; 7o. La que haya sido condenada en virtud de una sentencia irrevocable por crimen, o por robo, estafa, abuso de confianza o falso testimonio. En todo caso, el juez presidente puede admitir la tacha de cualquier testigo siempre que haya grave sospecha de que tiene interés en deponer en favor o en contra de una de las partes. La tacha no puede ser ordena de oficio, la misma debe ser solicitada por una de las partes antes de que el testigo preste juramento. C) La inspección de lugares y de cosas: Si el Juez estima útil para la mejor substanciación de la causa la inspección directa de alguna fábrica, taller o cualquier lugar de trabajo, podrá ordenar el traslado del Tribunal al lugar del cual se trate o el desplazamiento de las cosas al Tribunal. Con este medio se persigue que el Juez pueda formar su convicción mediante el conocimiento personal de los hechos litigiosos. Esta medida puede ser ordenada de oficio a solicitud de partes en cualquier momento de la causa hasta en la audiencia de conciliación, en el transcurso de la audiencia o fuera de esta. La ordenanza que la dispone debe indicar el lugar, día y ahora en que se ejecutarán, si se ordenó en audiencia vale cita para las partes, el secretario debe citar a las partes y notificarles la ordenanza. El Tribunal completo debe trasladarse al lugar donde se practicará la medida, el Juez, el secretario y los vocales. Esta medida debe ejecutarse en presencia de las partes, pero si una no comparece a pesar de haber sido citada, el Tribunal no está obligado a posponer la inspección. D) El peritaje: Consiste en encargar a una persona competente de las comprobaciones que requieren conocimiento especiales para que en base al resultado de su examen el Tribunal pueda dar solución a la litis. El peritaje puede ser ordenado de oficio a solicitud de partes. Puede ser ordenado en el curso de una audiencia o en el gabinete del Juez. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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La ordenanza del peritaje debe indicar los nombres de uno o más peritos, la facultad de las partes de sustituir por otros o por un solo de su elección, los designados por el Juez, el objeto preciso sobre el cual habrá de basar el examen, el día y la hora en que deben prestar juramento. Si es ordenado en audiencia, en el termino de 24 horas el secretario deberá notificar a el o los peritos copia del acta. Si es fuera de audiencia debe notificarse a las partes en el mismo plazo. Cualquier persona puede ser designada como perito, incluso si su profesión es ajena al hecho del litigio, siempre que se estime que tiene una competencia especial sobre la materia, debe tener 18 años, salvo si es trabajador que adquiere su mayoría a partir de los 16 años. Los peritos designados por el Juez pueden ser recusados por cualquiera de las partes antes de la fecha fijada para el juramento, si son escogidos por las partes, la recusación solo procede s la causa de la misma o el conocimiento de su existencia es posterior a su elección. Las causas de recusación son las mismas que sirven para las tachas de testigos, para la recusación no se prevé procedimiento alguno, se hace por instancia dirigida al Juez, quien decidirá si la acepta o no, en caso de aceptarla puede sustituirla por otro. El día y hora indicados, los peritos deben prestar juramento ante el Juez. Las funciones del perito son dos: a) deben realizar las operaciones y verificaciones para lograr el objetivo de su misión; y b) redactar un informe. Las operaciones y verificaciones pueden hacerse en presencia de las partes o no y éstas están obligadas a dar las informaciones que el perito solicite. Terminada esta fase, el perito redactará un informe indicando las actividades realizadas, hará constar la opinión de la mayoría y los motivos en que basan sus conclusiones. El informe debe ser depositado en la secretaría del tribunal en un plazo de 15 días a contar de la fecha en que prestó juramento, sus conclusiones no ligan al Juez quien puede aceptarla o rechazarlas. E) La confesión. La comparecencia personal: La confesión se administra en justicia mediante la comparecencia personal de las partes. Es ordenada de oficio o a solicitud de las partes, en cualquier estado de causa. La parte debe solicitarla por conclusiones formales en la audiencia de producción y discusión de pruebas. La decisión del Juez tiene carácter preparatorio, pero excepcionalmente podrá tener carácter interlocutoría. El Juez goza de un poder soberano para ordenarla o rechazarla, una vez ordenada no puede ser eludida sin causa que lo justifique. La comparecencia de las asociaciones de empleadores o trabajadores, se hará por medio de su representante de las compañías, sus gerentes o administradores TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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El Juez puede negarse a trasmitir una pregunta a una de las partes cuando se trate de hechos no pertinentes o concluyentes. Dicha parte puede negarse a contestar una pregunta cuando se refiera a hechos que atenten contra su honor, e de su cónyuge o la de un pariente o afín, si trata de hechos extraños al proceso en los cuales no haya intervenido, si se trata de secretos que no desee revelar y tenga derecho a ello. La confesión es divisible en el proceso laboral, lo que le permite al Juez aceptar aquellas de sus partes que están corroboradas por otros elementos de pruebas aportados al debate y rechazar las que no lo estánF) El juramento: Consiste en la afirmación de un hecho que le es favorable a quien lo hace. En materia laboral se aceptan dos tipos de juramento. El decisorio y el supletorio. Decisorio: cualquiera de las partes puede diferir a la otra el juramento, sobre uno o mas hechos concretos, personales a la última, siempre que no haya hecho otro modo de prueba que sea útil a los fines de la causa, al que le sea deferido el juramento puede a su vez referirlo a su adversario. El juramento debe ser deferido en el curso de la audiencia de producción y discusión de pruebas. Si el adversario se niega a prestarlo sin causa justificada, se tendrá como probado el hecho sobre el cual se defiera el juramento. El Juez puede rechazar la pretensión de las partes de deferir el juramento, si se encuentra edificado sobre los hechos, sobre los cuales se quiere deferir el juramento. La parte que se niega a prestar el juramento que le es referido, sucumbe en sus pretensiones. Si la parte está presente en la audiencia, se procederá de inmediato a la ejecución, sino está presente, el Juez indicará el día y la hora de la nueva audiencia en que prestará juramento. Lo cual debe ser notificado por el secretario o la parte interesada. El declarante debe decir en alta voz “lo juro” si es mudo lo hará por escrito. Lo declarado bajo juramento decide el litigio respecto a la parte a quien se ha pedido el juramento. Juramento supletorio: El Juez de oficio puede deferir el juramento a una de las partes, siempre que el mismo verse sobre los hechos cuya prueba sea incompleta, la parte a quien se le defiere el juramento de oficio no puede referirlo a su adversario. La contraparte puede demostrar la falsedad de lo declarado por litigante a quien se le defirió el juramento. Régimen de recurso. Clases: A) Ordinarios: Recurso de Apelación: Son recurribles en apelación todas las sentencias dictadas por un Juzgado de Trabajo en materia de conflictos jurídicos, con excepción; a) Las relativas a demandas cuya cuantía sea inferior a Diez salarios mínimos; b) Las sentencias que este Código declara no susceptibles de recusar. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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Las sentencias que deciden sobre la competencia son apelables en todos los casos. Interposición del recurso: la apelación debe ser interpuesta mediante escrito depositado en la Secretaría de la Corte de Trabajo. O por declaración de la parte o su mandatario en la Secretaría. Plazo: en el término de un mes a contar de la notificación de la sentencia impugnada. Quien puede apelar: sólo quien ha figurado en la sentencia impugnada como parte. Contenido del escrito de Apelación:  Nombre, profesión y domicilio (generales) del apelante.  Fecha de la sentencia contra la cual se apela y nombre y generales de las partes que hayan figurado en ella.  El objeto de la Apelación y una exposición sumaria de los medios de hecho y de derecho en las cuales se funde.  La fecha del escrito y la firma del apelante o la de su mandatario. En los primeros Cinco (5) días que sigan al depósito del escrito, el secretario (o el recurrente) enviará copia a la parte adversa. En los Diez (10) días que sigan a la notificación la parte intimada debe depositar su escrito de defensa, el cual expresará: 1Generales de la parte. 2Fecha notificación del Escrito de Apelación. 3Medio de hecho y derecho que la intimada oponga a las de la apelante. 4Fecha del escrito y firma de la intimada. El escrito de defensa debe notificarse al recurrente en las 48 horas del depósito. El Juez dictará auto fijando audiencia, transcurrido el tiempo suficiente sin que se haya logrado conciliación de las partes, el Juez Presidente dará por terminada la tentativa final de conciliación y ofrecerá la palabra a las partes para la discusión del recurso. B) Extraordinarias: 1) Recurso de Casación: Aplicable disposiciones ley sobre procedimiento de Casación. Se interpone el recurso mediante escrito dirigido a la Suprema Corte de Justicia y depositado en la Secretaría del Tribunal que haya dictado la sentencia, acompañado de los documentos. Plazo: Un mes a contar de la notificación de la sentencia. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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El escrito enunciará: 1Generales recurrente, designación del abogado, elección domicilio en la capital. 2Designación del Tribunal que hay pronunciado la sentencia recurrida. 3Generales partes que hayan figurado en la sentencia impugnada. 4Medios en los cuales se funde el recurso y las conclusiones. 5Fecha del escrito y firma del abogado. En los cinco días que sigan al depósito del escrito, el recurrente debe notificar a las partes contraria. El Secretario remitirá el expediente al Secretaria de la Suprema Corte de Justicia. En los quince días la parte intimada debe depositar escrito de defensa y notificar a la recurrente. El Juez Presidente de la Suprema Corte de Justicia, fijará audiencia mediante auto sin previo dictamen del Procurado General de la República. 2- Recurso de Tercería: El tercero cuyos derechos sean perjudicados por una sentencia puede intentar contra esta el recurso de tercería. Plazo para interponer es el de derecho común: Veinte (20) años La Tercería principal debe ser intentada ante el Tribunal que hay pronunciado la sentencia. Lo incidental se promoverá ante el Tribunal que conozca de lo principal, si este de grado igual o superior al que pronunció la sentencia. Se intentará y substanciará como cualquier acción principal relativa a conflictos jurídicos. En los casos de Tercería principal el Tribunal puede suspender la ejecución de la sentencia. El Tribunal que admita la Tercería retractará o reformará la sentencia en todo cuanto perjudique los derechos del tercero. En caso de inadmisión puede por la misma sentencia condenar al tercero al pago de daños y perjuicios a favor de la parte que resulte perjudicada, si se establece que aquel intentó el recurso de mala fe o como consecuencia de un error grosero. 3- Revisión Civil: La finalidad de este recurso es que el caso vuelca a ser examinado por el mismo Tribunal que dictó el fallo viciado por un error inconsciente del Juez sobre los documentos declarados o reconocidos falsos u otros motivos señalados en la Ley. Como el Código de Trabajo no establece nada al respecto rige el derecho común. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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La ejecución laboral. Ejecución definitiva y provisional: Los nuevos Tribunales de trabajo tienen competencia para prescribir medidas conservatorias y dirimir las contestaciones que surjan a causa de las ejecuciones provisionales y los litigios derivados de las mismas y para dirimir las contestaciones en materia propiamente ejecutoria. Esa competencia está repartida entre el Juzgado de Trabajo y el Presidente de ésta última como Juez único de los referimientos, y comprende tanto las medidas conservatorias, como las propiamente ejecutorias. En materia de trabajo, el sujeto activo o pasivo, puede serlo indistintamente el empleador o el trabajador, razón por la cual en los procedimientos ejecutorios en materia de trabajo, el sujeto activo es el trabajador. Ejecución definitiva: para proceder a las vías de ejecución es necesario estar provisto de un título ejecutorio. En materia de trabajo tienen el carácter de título ejecutorio: 1-) las actas de conciliación; 2-) Las ordenanzas del Presidente de la Corte de Trabajo, ordenando medidas conservatorias; 3-) Las sentencias condenatorias al pago de derechos y prestaciones laborales o indemnización de daños y perjuicios; 4-) Las sentencias provistas de ejecución provisional; 5-) El acto notarial en el cual el empleador o trabajador se haya comprometido a pagar determinadas sumas en determinada fecha o período de tiempo; y 6-) El reconocimiento por escrito de crédito del empleador o del trabajador. Ala ejecución por vía de embargo de las sentencias de los Tribunales de Trabajo, compete al Tribunal que dictó la sentencia, el procedimiento aplicables es el sumario, exentó de conciliación, el derecho común es supletorio. En materia de Trabajo, se pueden ordenar medidas conservatorias, antes, durante y después del proceso en casos de urgencia, cuando el crédito está en peligro y existan evidencias serias de tal situación, mediante un auto ejecutorio provisionalmente. Basta con obtener una autorización del Juez Presidente del Juzgado (o sala) o del Presidente de la Corte de Trabajo, competente o estar previsto de un título ejecutorio. La parte afectada con la ordenanza puede dirigirse al Presidente de la Coarte de Trabajo, como Juez de los referimientos para que revoque la ordenanza del Presidente del Tribunal de Trabajo. El auto del Juez Presidente de la Corte de Trabajo, será ejecutorio provisionalmente. Embargo retentivo: Todo empleador o trabajador provisto de un título ejecutorio, de una sentencia aún apelada, o de un reconocimiento de deuda con autorización de Tribunal, puede trabar embargo retentivo en perjuicio del deudor. El procedimiento aplicable es el sumario del Código de Trabajo, si el persiguiente no tiene un título ejecutorio debe obtener la autorización, cuando se TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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tiene una sentencia irrevocable y se ha practicado previamente el embargo el persiguiente sólo tiene que presentar la sentencia con la autoridad de la cosa juzgada al tercero. El embargo retentivo está sometido al doble grado de jurisdicción y al recurso de casación, si se trata de la ejecución de la sentencia, está exento de la conciliación. No hay nulidades de procedimiento. En la práctica, el persiguiente provisto de una sentencia, embarga retentivamente en manos del tercero y luego denuncia el embargo a la contraparte y apodera al Tribunal de Trabajo para su validación. Las dificultades de la ejecución de dicha sentencia pueden plantearse ante el Juez Presidente de la Corte de Trabajo como Juez de los referimientos. Embargo ejecutivo: El artículo 663 del Código de Trabajo da competencia al Tribunal de Trabajo que dictó la sentencia para conocer de su ejecución por vía de embargo, sujeto al procedimiento sumario y al mismo tiempo prevee que el derecho común se aplica supletoriamente en la medida que no sea incompatible con las normas y principios que rigen el proceso en materia laboral. El presidente de la Corte de Trabajo Juez de los referimientos está facultado para dictar las medidas conservatorias siempre que se imponga para evitar un daño inminente o para hacer cesar una perturbación manifiestamente injusta o ilícita basado en el derecho común los embargos se ejecutan por actos extrajudiciales y no por demanda. El embargo inmobiliario: El embargo inmobiliario fundado en una sentencia de un Tribunal de Trabajo se rige por las disposiciones de la Ley de Fomento Agrícola No. 6887 del 1966, (buscar pagina 1134 del libro de L upo) El Juez de Referimientos: El Juez Presidente de la Corte de Trabajo, en funciones del Juez de los Referimientos. Está facultado: a) Para disponer todas las medidas que no colindan con el fondo, con otra contestación o que se justifiquen por la existencia de un diferendo; b) Puede siempre prescribir medidas conservatorias para prevenir un daño inminente o hacer cesar una perturbación ilícita; c) Acordar una garantía al acreedor; d) puede establecer fianzas, astreintes, fijar indemnización; e) Reconoce las facultades, reconocidas por la Ley 834 de 1978 al Juez de los Referimientos. No es necesaria la existencia de un recurso de apelación para demandar en referimiento, la parte interesada debe llevar un escrito acompañado de los documentos que justifiquen su pretensión al Presidente de la Corte, como Juez de los referimientos, quien dictará el auto fijando fecha para la audiencia y autorizando a emplazar a la contraparte. El plazo de la comparecencia es de un día franco. Para algunos autores la decisión del Juez de los Referimientos es TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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atacable mediante el recurso de casación, sin embargo la Ley no otorga esa competencia, no obstante el artículo 95 del Reglamento 258-93, lo establece. La ejecución provisional: El Código de Trabajo dispone la ejecución provisional de las sentencias de los Tribunales de Trabajo, en casos de urgencia o peligro en la demora. En estos casos, el Juez Presidente puede ordenar en la misma sentencia la ejecución inmediatamente después de la notificación. Los artículos 666 y 667 de dicho Código, otorgan facultades especiales al Presidente de la Corte de Trabajo y conforme al artículo 668, las disposiciones de la Ley 834 del 1978, sobre la ejecución provisional, incluyendo los poderes reconocidos al Presidente de la Corte de Apelación, como Juez de los referimientos, son aplicables supletoriamente en materia de trabajo. La Corte de Casación ha juzgado que “el Presidente de la Corte de Apelación, esta facultado para suspender la ejecución de pleno derecho de una sentencia en el ejercicio de los poderes que le confieren los artículos 140 y 141 de la Ley 834. Esta decisión protege a la parte perdidosa del abuso de la ejecución provisional de la sentencia, constituyendo una forma de control saludable y legítimo sobre la sentencia que ordena la ejecución provisional, pues dicha ejecución prematura puede entrañar consecuencias irreparables en perjuicio de la condenada. TEMA XX XII: DERECHO PENAL LABORAL: El derecho penal laboral es la rama del derecho del trabajo encargada de conocer de las violaciones a la reglamentación laboral que por vía de excepción están castigadas con sanciones represivas. El ordenamiento Jurídico Penal Laboral gira alrededor de los artículos 720-724 del Código de Trabajo, los cuales establecen los delitos laborales y las sanciones aplicables. El artículo 714 del Código de Trabajo, dispone que las sanciones por violación de las disposiciones del Código pueden ser penales o disciplinarias. Las sanciones penales se aplican a empleadores y trabajadores. Corresponde al inspector de trabajo comprobar la existencia de una infracción laboral. El acta de infracción hace fe hasta inscripción en falsedad, siempre que haya sido firmada a la vez por los testigos y por el infractor sin protesta ni reserva. La persecución de la infracción laboral está a cargo del Ministerio Público que ha recibido el proceso verbal levantado por el inspector de trabajo. En ausencia de un proceso verbal levantado por el inspector de trabajo, la acción pública puede TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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ponerse en movimiento como resultado de una constitución en parte civil de la víctima o gracias a una citación directa del infractor por parte de la víctima. La acción pública debe ser sobreseída hasta que el Tribunal de Trabajo decida definitivamente sobre cualquier litigio conexo a la infracción penal laboral que se conoce. El propósito esencial de la norma es evitar que la jurisdicción penal pueda sancionar una infracción prevista en el Código de Trabajo, antes que la misma haya sido formalmente tipificada por el Tribunal de Trabajo. Esta norma sólo puede aplicarse si se presentan las condiciones: a.-) Que se trate de una infracción penal prevista en el Código de Trabajo. b.-) Que haya conexidad entre esta infracción penal y un litigio en curso ante los Tribunales de Trabajo. Por el contrario si un trabajador es despedido por robo (falta de probidad) y éste es sometido a la justicia penal, la acción pública debe seguirse pues la suerte del proceso penal no depende de lo que falle el Juez laboral, ya que el delito de robo no es infracción penal prevista en el Código de Trabajo. Si un dirigente sindical se queja de haber sido despedido sin la autorización previa de la Corte de Trabajo, la inspección de trabajo somete a la empresa por violación de la libertad sindical (artículo 720 ordinal 3ero.) mientras el trabajador despedido demanda la nulidad de su despido ante el Tribunal de Trabajo. El Tribunal penal debe sobreseer la acción pública, pues su decisión dependerá del fallo de lo laboral, ya que si el Tribunal Laboral rechaza la demanda por entender que el trabajador no estaba protegido por el fuero sindical, resulta improcedente la sanción penal. Las sanciones disciplinarias se aplican a los funcionarios y empleados de la Secretaría de Estado de Trabajo y de los Tribunales de Trabajo. Aplicación de la responsabilidad civil en el ámbito laboral: (artículos 712 y 713 del Código de Trabajo) Los empleadores, los trabajadores y los funcionarios y empleados de la Secretaría de Estado de Trabajo y de los Tribunales de Trabajo, son responsables civilmente de los actos que realicen en violación de las disposiciones de este Código, sin perjuicio de las sanciones penales o disciplinarias que les sean aplicables. El demandante queda liberado de la prueba del perjuicio. La responsabilidad civil está regida por el derecho común. Salve disposición contraria del Código de Trabajo. Compete a los Tribunales de Trabajo conocer de las acciones de esta especie cuando sean promovidas contra empleadores, trabajadores o empleados de dichos Tribunales. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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Compete el conocimiento de ellas a los Tribunales ordinarios cuando sean promovidas contra funcionarios y empleados de la Secretaría de Estado de Trabajo. Los Accidentes de Trabajo: (Artículos 725-728 del Código de Trabajo): El empleador es responsable civilmente de los daños sufridos por el trabajador como consecuencia de un accidente de trabajo. Accidente de Trabajo: es toda lesión corporal, permanente o transitoria, que sufra el trabajador en ocasión de la labor que ejecuta o como consecuencia de ésta. Para que exista la responsabilidad por causa de accidente de trabajo, no es necesario que sea imputable al empleador culpa, negligencia o imprudencia. Todas las materias relativas a los Seguros Sociales y a los accidentes de trabajo están regidas por leyes especiales. No obstante, se dispone que la no inscripción del trabajador por parte del empleador en el Instituto Dominicano de Seguros Sociales o la falta de pago de las contribuciones correspondientes, obliga al empleador a reembolsar el salario completo correspondiente a la ausencia del trabajador, los gastos en que incurra por motivo de enfermedad o del accidente, o a cubrir la pensión no recibida a causa de falta del empleador. Seguridad Social: El acta de infracción levantada por un Inspector de Seguros Sociales, en cuanto a los hechos relatados en ellas hace fe hasta inscripción en falsedad, siempre que hayan sido firmada a la vez por los testigos y por el infractor sin protesta ni reserva. El trabajador que reclame una pensión inexigible o use documentos falsos, perderá los derechos que le acuerda la ley de Seguros Sociales, independientemente de las sanciones penales. Las multas El Código de Trabajo establece: 1- que el empleador es civilmente responsable de los daños sufridos como consecuencia de un accidente de trabajo; 2- define el accidente de trabajo, como toda lesión corporal permanente o transitoria, que sufra el trabajador en ocasión de la labor que ejecuta o como consecuencia de ésta; 3- Aplica la teoría general del riesgo. No es necesario que sea imputable al empleador una culpa; 4El empleador es responsable en caso de falta de inscripción del trabajador en el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, o falta de pago de las cotizaciones una vez inscrito el trabajador, el empleador está obligado: a) a pagar el salario completo del tiempo de incapacidad y b) a reembolsar al trabajador los gastos en que haya incurrido por culpa del empleador, tanto en caso de enfermedad como en accidente de trabajo. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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Todo lo relativo a Seguros Sociales y a los accidentes de trabajo se rigen por leyes especiales. La ley 835 dispone que para su aplicación es preciso que el patrono tenga tres o más personas empleadas, excluyendo a los familiares del patrono. Es excluyente de la responsabilidad que consagra el artículo 1382 del Código Civil. No permite a la víctima del accidente de trabajo o a su causahabiente, recurrir a la responsabilidad que consagra el artículo 1382 del Código Civil, ni a eludir las reglas especiales de competencia y procedimiento establecida en esta ley. El Empleador no tiene que hace otros pagos cuando el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, cumple con la ley según lo dispone el artículo 16 de dicha ley, es indiferente que el trabajador no esté asegurado, pues tal situación lo que determina es la obligación para el patrono de asumir el pago de las indemnizaciones, ya que el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, no puede ser accionado a esos fines por falta de seguro. Sobre la competencia y procedimiento la Corte de Casación, ha establecido que conforme a los artículos 8, 9, 10, 11 y 12 de la ley 835, compete al Juez de Paz del Municipio correspondiente, cuando ocurra un accidente de trabajo, las actuaciones preliminares, cual que sea la naturaleza y magnitud de las lesiones, le correspondía a ese funcionario celebrar el informativo pertinente y acordar las compensaciones provisionales que procedan, debiendo si la incapacidad es permanente declararse incompetente y enviar el expediente al Juez de Primera Instancia, para que éste falle como Juez de Primer Grado; según los artículos 11 y 12 de dicha ley, el Tribunal competente para conocer de las demandas en cobro de las indemnizaciones definitivas por causa de muerte o incapacidad permanente, ocasionadas en un accidente de trabajo, es el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial donde ocurrió el accidente. Se considera accidente de trabajo, no sólo el que ocurra en el centro de trabajo y dentro de la jornada laboral, sino también, al que se produzca yendo o de regreso al trabajo, siempre que el empleador fuera transportado por cuenta del patrono y también, se considera accidente de trabajo el que ha ocurrido durante el tiempo y en el lugar de trabajo, aún cuando en ese momento el obrero no trabajara. El proceso sobre seguros sociales: (Ley 1896). El seguro es una aplicación de principio de la solidaridad de la nación o de un grupo, por medio del cual la totalidad de sus miembros, se reparten, entro todos los riesgos en beneficio de la víctima. En caso de falta de inscripción del trabajador en el Instituto Dominicano de Seguros Sociales o falta de pago de las cotizaciones del Seguro Social, una vez inscrito el trabajador, el empleador está obligado: a) a pagar el salario completo del tiempo de incapacidad; y b) a reembolsar al trabajador los gastos en que ha TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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incurrido por culpa del empleador, tanto en caso de enfermedad como en accidente de trabajo o a cubrir la pensión no recibida, si esta fuere pertinente. Los patronos que no se inscriban o que no inscriban a sus empleados fijos y móviles en el Seguro Social, serán castigados con multa de 10 a 100 Pesos Oro o prisión correccional de Diez días a Tres meses. Los patronos que habiendo descontado o no de los salarios de los trabajadores, las cotizaciones y que no hayan pagado al Instituto Dominicano de Seguros Sociales, las prestaciones que le correspondan tanto a ellos como a los trabajadores, serán condenados a multa de 100 a 1,000.00 pesos oro o prisión de tres meses a dos años, según la gravedad de la infracción y al pago de las cotizaciones adeudadas al Instituto Dominicano de Seguros Sociales, con el interés de 1% mensual, igual sanción se aplicará a los patronos que resultaren autores o cómplices de inscripciones o declaraciones falsas. El asegurado culpable de fraude para obtener prestaciones de modo que fueren impuestas a los infractores de la ley de Seguros Sociales, serian pagadas con dinero o compensaciones con prisión en caso de insolvencia a razón de un día por cada Peso Oro, sin que en ningún caso la prisión compensatoria pueda exceder de Dos (2) años. Los sometimientos serán hechos por el Director General del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, al fiscalizador del Juzgado de Paz donde tenga su domicilio. Dominicano de Seguros Sociales, en cuanto a los hechos relatados en ellas son ciertos hasta inscripción en falsedad, siempre que hayan sido El infractor: Las actas de sometimiento levantadas por los Inspectores del Instituto firmadas por el Inspector actuante, dos testigos y el infractor o sus representantes, sin protestar ni reservar. Los Juzgados de Paz son competentes como Tribunales de Primer Grado y en atribuciones correccionales, de todos los sometimientos practicados por el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, en violación a la Ley de Seguros Sociales. Las infracciones cometidas por personas morales: las condenaciones a prisión correccional serán ejecutadas en las personas de sus gerentes o administradores. Las sentencias en esta materia son consideradas contradictorias, comparezcan o no los inculpados, en consecuencia no son susceptibles del recurso de oposición. Si se trata de violaciones por falta de pago de cotizaciones, el infractor que comparezca a la audiencia con documentos que comprueben haber pagado después de iniciada la acción, le será impuesta una multa de RD$5.00 a RD$50.00.

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DERECHO PROCESAL CIVIL TEMA I Organización Judicial : El Poder Judicial se ejerce por la Suprema Corte de Justicia y por los demás Tribunales del orden judicial creados por esta constitución y las leyes. Los Tribunales se agrupan en dos categorías fundamentales:  Tribunales de derecho común  Tribunales de excepción o extraordinarios.  Los que conocer sólo los asuntos que de un modo expreso les atribuye la Ley. Estructura y composición: Suprema Corte de Justicia: Se compone de por lo menos Once (11) Jueces (art. 64 constitución) Esta dividida en tres salas:  Civil y comercial  Penal  Tierras, Laboral y contencioso: Administrativo y Tributario. Cortes de Apelación: (Colegiado)  Hay Nueve (9) Cortes de Apelación en todo el país, una en cada Departamento Judicial.  Se compondrá cada una de Cinco Jueces.  Se divide en Cámaras y estas a su vez en Salas, en algunos Departamentos Judiciales. Juzgados de Primera Instancia (Unipersonal)  Hay un Tribunal en cada Distrito Judicial.  Se compone de un Juez.  En algunos Distritos está dividida en Cámaras y estas en Salas. Juzgado de Paz (Unipersonal)  Uno por cada municipio.

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El personal judicial: los Magistrados y Auxiliares Son auxiliares de la justicia: todos aquellas personas que cooperen con el Juez, una más directa o necesariamente que otras, en la administración de la justicia. Las personas que actúan como auxiliares de la justicia puede ser distribuidas en varias categorías:  Secretario  Alguaciles  Abogados  Intérpretes judiciales  Notarios  Abogados de oficio  Agrimensores  Conservadores de hipotecas y registradores de títulos.  Peritos y árbitros informadores  Síndicos de quiebra. Los Magistrados: la persona designada como Juez debe prestar juramento de respetar la constitución y las leyes y de desempeñar fielmente su cometido. Los Secretarios: son indispensables en todo Tribunal al extremo de que el Tribunal no puede constituirse sin él. Tienen fe pública en el ejercicio de sus funciones. Obligaciones:  Asistir puntualmente.  Mantener en orden y conservar con toda seguridad el archivo a su cargo.  Dar al Tribunal, Juez o funcionario del ministerio público de quien dependan de la correspondencia y demás documentos.  Tener al día los libros de oficina.  Velar fielmente porque los empleados de su dependencia desempeñen sus deberes. Los Alguaciles: Son los oficiales ministeriales, con capacidad para hacer notificaciones de actos judiciales y extrajudiciales. Ejercen sus funciones dentro de la demarcación del Tribunal en el cual desempeñan sus funciones. Los Alguaciles son: de Estrados u Ordinarios. Los Alguaciles de Estrados deben formar parte en la integración del Tribunal. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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Los Abogados: actúan como representantes de las partes y llevan la dirección del proceso en nombre del litigante al cual representan. El abogado no es un oficial ministerial, sino un profesional liberal. Venduteros públicos: pueden hacer venta de bienes muebles en pública (subasta) almoneda dentro de los limites de su jurisdicción. Tienen fe pública. Deben llevar libros para asentar los efectos que les son entregados y las ventas que realicen. Son nombrados por el Poder Ejecutivo: Los interpretes judiciales: se utilizan para hacer traducciones desde otros idiomas al castellano. Prestan juramento ante el Juez de Primera Instancia. Llevan un registro autorizado por este Magistrado, de las traducciones que hicieren. Los Notarios: son funcionarios instituidos para recibir los actos a los cuales las partes quieren dar carácter auténtico y fecha cierta, conservados en depósitos y expedir copias de los mismos. Pueden también legalizar firmas y huellas en los actos bajo firma privada. Médicos legistas: están facultados para informar a las autoridades judiciales sobre ciertas enfermedades y dolencias, por medio de la expedición de una certificación médico legal. Agrimensores: son auxiliares técnicos cuyas labores están más ligadas al Tribunal de Tierras. Directores Civil y Conservadores de Hipotecas: Las funciones de los de los Directores del Registro Civil, son el registro de los actos judiciales y extrajudiciales, la transcripción de las actas traslativos de propiedad inmobiliaria, recaída sobre terrenos no registrados, porque cuando se trata de registradas lo hace registrados de títulos. El director de Registro Civil hace las veces de conservador de hipotecas. En los municipios no cabeceras de provincia, lo hace el Secretario del ayuntamiento. Peritos y Árbitros informadores: son simples particulares a quienes el Juez pide o puede pedir informes de carácter técnico. Síndicos de la quiebra: Son también personas particulares designados por el Juez para desempeñar determinadas funciones. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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TEMA II Potestad y función jurisdiccional: La jurisdicción es la función que constitucionalmente incumbe al Estado de asegurar, por medio de órganos especiales llamados Tribunales, el amparo, protección, o tutela de los derechos subjetivos y de las otras situaciones jurídicas que se hallan protegidas por las normas del derecho objetivo. El proceso: el proceso es una situación jurídica de carácter complejo, que hace consecuencia de que un Tribunal se encuentra apoderado del conocimiento de un litigio entre particulares. Principios informadores de los distintos procesos: El proceso es una entidad jurídica sumamente compleja, integrada por actuaciones coordinadas que emanan de las partes y el Juez. Las partes usan esas facultades en defensa de sus intereses privados, aspirando cada una a obtener una sentencia favorable. El Juez por su parte, cumple los deberes inherentes a su investidura como órgano jurisdiccional, con miras a proteger el interés social puesto bajo su custodia, decidiendo cual es la regla de derecho aplicable en la solución de la contienda objeto del proceso. La doctrina ha sistematizado las características o tendencias del proceso, enunciadas como principios orgánicos del proceso. no todos los principios tienen la misma importancia, algunos revisten un carácter tan general o fundamental que abarcan virtualmente a otros principios. Por ejemplo el principio de oralidad. Principios de audiencia, igualdad, dispositivo de aportación de parte: 1.- Principio de igualdad ante la Ley: El principio de igualdad ante la Ley es un concepto estrictamente jurídico según el cual la aplicación de la Ley debe ser igual para todos. La Constitución de la República Dominicana recoge adecuadamente este matiz, según el cual la igualdad de todos ante la Ley implica más bien la igualdad de la propia le Ley al ser aplicada (Art.8,5: A nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda ni impedírsele lo que la ley no prohibe. La ley es igual para todos: no puede ordenar mas de lo que es justo y útil para la comunidad ni puede prohibir más de lo que le perjudica. Limitaciones: El principio de igualdad no obliga a un igual resultado de procedimientos judiciales similares, pues las aseveraciones formuladas en estos TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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pueden ser diferentes y dispar la resultancia de las pruebas. Sí obliga por el contrario a que un mismo Tribunal mantenga unidad de doctrina, es decir, unidad en los fundamentos de su decisión. 1.1 Principio de igualdad de armas en el proceso: Este derecho exige que las partes cuenten con medios parejos de ataque y defensa, ya que para evitar el desequilibrio entre las partes es necesario que ambas dispongan de las mismas posibilidades y cargas de alegación, prueba e impugnación. 2.- Principio de audiencia: Se refiere al derecho de acceso a los tribunales y posibilidad que permite la realización en la práctica del derecho de defensa, el derecho de audiencia consiste en el derecho a ser oído por el tribunal. Nadie puede ser condenado en juicio sin ser oído. 1.-Principio de dispositivo: De conformidad con el Principio de dispositivo, las partes tienen la dirección del proceso, pero el juez tiene una labor que desempeñar. Mientras el procedimiento penal es impulsado por el Ministerio Público, el civil lo es por las partes. A) Dirección del proceso perteneciente a las partes: La dirección del proceso pertenece a las partes. De su mayor o menor diligencia dependerá la marcha del proceso. Las partes tienen no sola la iniciativa, sino además la impulsión, el desistimiento y la aquiescencia. Solamente cuando el interés en juego roza el orden público, puede haber otros que lo impulsen. Pero siempre la iniciativa es facultad privativa de las partes. Solo las partes introducen la instancia, fuera de los casos en los que la ley disponga lo contrario. Las partes conducen la instancia bajo las obligaciones que les incumben. A ellas les pertenece cumplir los actos del procedimiento en las formas y dentro de los plazos legales. b) La dirección del proceso y el oficio del juez: Conforme a nuestro sistema procesal, el juez es el último que se entera del proceso, pues la demanda se lanza sin autorización previa del magistrado. Asimismo, la parte demandada comparece sin que el juez se entere en qué momento compareció, pues comparecer, en materia civil ordinaria, es constituir abogado. El primer contacto del juez con el proceso es el día de la audiencia, en el cual escucha, por primera vez, las conclusiones de las partes. Nuestro procedimiento está organizado bajo el sistema de la neutralidad del juez. Su papel en la instrucción es sumamente pasivo. Corresponde a las partes probar los hechos y TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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hacer uso de los medios de instrucción que puedan servir para esclarecer la religión del tribunal. El juez no puede apoderarse de oficio, pues esta facultad corresponde a los litigantes. El juez acatará la mayor o menor diligencia de las partes. Los poderes de las partes, en nuestra organización procesal, obligan al juez a fallar so pena de denegación de justicia. El juez no puede delegar sus poderes. Principio de concentración: Este principio permite al Juez dictar sentencia después de un primer y único debate. En nuestro sistema es muy frecuente que en la primera audiencia no se discuta el fondo, a causa de que se presenten excepciones o de que surjan otros incidentes, estas cuestiones tienen casi siempre que ser decididas previamente por el Tribunal antes que el fondo, por medio de sentencias que a veces son susceptibles de apelación. El principio de eventualidad, es correlativo al de concentración que consiste en obligar a las partes a invocar desde el comienzo del proceso sus respectivos medios de ataque y defensa, escalonándolos en un cierto orden, a fin de que el Tribunal decida en ese orden, sobre cada uno de esos medios en caso de que desestime los que preceden. Principio de impulso procesal: Las partes tienen, en principio, la dirección e impulsión del proceso, salvo ciertas facultades concedidas al Tribunal. De lo que resulta que el proceso, de los asuntos civiles y comerciales avanza casi exclusivamente a favor del impulso que le dan las partes, obrando cada una de acuerdo con su propio interés. El Juez desempeña un papel puramente pasivo, hasta el momento en que dicta sentencia. Principio de publicidad: La publicidad es un requisito esencial en el ejercicio de la función jurisdiccional, aplicado particularmente al desarrollo de la situación procesal, este principio significa que la presentación de los alegatos y conclusiones de las partes, la producción del dictamen del Ministerio Público y la pronunciación de la sentencia deben tener lugar en audiencia pública. La publicidad del proceso es un principio de derecho público. La publicidad rige únicamente para los asuntos contencioso, la sentencia debe comprobar expresamente, a pena de nulidad, que el requisito de la publicidad ha sido observado. Excepcionalmente, la ley puede prescribir que ciertos asuntos pueden ser instruidos y juzgados sin publicidad. Por ejemplo el procedimiento de divorcio. Principio de inmediación: Para fallar con idoneidad el Juez debería obtener durante el desarrollo del proceso, un conocimiento directo de los alegatos de las parte y de las pruebas en que apoyan sus pretensiones. Durante el proceso el Juez debería estar en inmediata comunicación con las partes, oírlas en audiencia TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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personalmente, o a sus mandatarios, y tener intervención inmediata en la administración y recepción de las pruebas. Este principio fue suprimido en nuestro derecho en 1934. Los actos del procedimiento: Los actos que emanan de las partes preparadas por ellas o por un oficial público (Alguacil) se llaman actos de procedimiento, porque con ellos las partes inician o impulsan el procedimiento. El acto de procedimiento es un escrito, un instrumento sujeto a ciertos formalismos. Pero al mismo tiempo es una manifestación de voluntad, por ello, su requeriente debe ser capaz para actuar. Requisitos de forma y fondo: Es preciso considerar por separado los por una parte actos de alguacil y por otra la redacción de los actos de abogado. Requisitos de fondo (intrínsecas) de los actos de alguacil: 1.- El acto debe contener la indicación del lugar y el municipio en que es preparado (Art.61, Párr.1), lo que debe hacerse, de conformidad con las disposiciones de la L.125 de 1939 sobre división territorial y sus modificaciones. 2.- El acto debe indicar su fecha, o, como lo expresa el Art.61, el día, el mes y el año de la diligencia, menciones indispensables para poder establecer si el acto ha sido hecho en tiempo oportuno. 3.- El acto debe indicar el requeriente, de este modo, si se trata de una persona física con expresión de sus nombres, profesión, nacionalidad, domicilio, número de cédula personal de identidad con indicación de si está al día en el pago del impuesto . Si el requeriente es un menor no emancipado o un interdicto, se expresarán las indicaciones relativas al menor o al interdicto, y además relativas al tutor. Respecto de una sociedad que tiene personalidad jurídica, se enunciarán su nombre o razón social, el objeto de su empresa y su domicilio social. En los actos a requerimiento de las personas jurídicas del derecho público, como el Estado, el Distrito Nacional, los municipios, se indicará que la actuación se hace a requerimiento de estos, por diligencia de la persona competente. 4.- El acto mencionará el alguacil que lo prepara, con indicación de sus nombres y residencia, tribunal en el que ejerce sus funciones; cédula.

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5.- El acto enunciará la persona a quien va dirigido, mediante la indicación de sus nombres y residencia (nombres y residencia del demandado). 6.- El acto debe mencionar la persona a quien se entrega la copia. 7.-El acto debe indicar su objeto, distinto para cada clase de acto de alguacil. Si se trata de una citación, el objeto del acto consiste en expresar el objeto de la demanda y los medios en que se funda; si se trata de una intimación, se indicará el hecho que se exige cumplir o que se prohíbe. 8.-El acto expresará su costo o valor, con indicación de las fojas que contienen respectivamente el original y las copias, y de los tratados, vacaciones y horas de ocupación en los casos en que proceden. 9.- El acto deberá llevar la firma del alguacil y el sello que indique sus nombres, calidad y jurisdicción en el original y las copias. Requisitos de los actos de abogado: Estos actos se llaman también de abogado a abogado, porque tanto el requeriente como el requerido son abogados. Estos actos se pueden redactar de dos maneras. Un sistema abandonado por la práctica dominicana, consiste en que el abogado redacta una primera parte y el alguacil la parte relativa a la notificación. Un segundo sistema, que es el seguido por la práctica, se trata de un acto similar a los actos de alguacil, con la sola diferencia de que el requeriente es un abogado que firma dicho acto conjuntamente con el alguacil. Los actos de abogado a abogado se hacen en el curso de las instancias. Requisitos de forma (extrínsecas) de los actos de alguacil: 1.- Los actos deben ser escritos en papel tamaño uniforme, de once pulgadas de largo por ocho y media de ancho. 2.- Los actos de alguacil deberán ser numerados. 3.- El alguacil deberá conservar un ejemplar de cada uno de los actos que prepara a fin de formar un protocolo que se encuadernará cada año. 4.- Los actos de alguacil deberán ser registrados dentro de los cinco días de su fecha, bajo pena de una multa de cuatro pesos. No puede el alguacil entregar el TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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original del acto antes de registrarlo, bajo pena de una multa de cinco a veinticinco pesos. 5.- El alguacil tiene que llevar un libro-registro que será visado, con indicación de los folios que contiene, por el juez o por el presidente del tribunal en que el alguacil ejerce sus funciones. 6.-Del libro precedentemente mencionado el alguacil formará, con el fin de facilitar las buscas, un índice alfabético, tomando como base los apellidos de las partes, y en el que enunciará también el número del acto respectivo. Los diferentes actos del procedimiento: Los llamados actos del procedimiento se hacen a requerimiento de las partes o de sus respectivos abogados. Generalmente son hechos por los alguaciles. Pero hay actos hechos por los jueces y otros, por los secretarios. A los abogados corresponde preparar las instancias que se dirigen a los jueces así como los llamados actos de abogado a abogado; también las conclusiones a presentarse en audiencia y los escritos de defensa. Los secretarios redactan ciertos actos auténticos y también reciben algunos actos, es decir, escrituran las declaraciones de una parte que comparece ante ellos. Los alguaciles instrumentan la mayoría de los actos, tales como las notificaciones, los emplazamientos, las citaciones, apelaciones y los procedimientos ejecutorios. Los diferentes actos pueden ser judiciales o extrajudiciales Judicial: es aquel ligado a un procedimiento contencioso o gracioso o tiende a la ejecución forzosa. Normalmente es instrumentado por un alguacil, pero puede serlo por un abogado. No es que indistintamente lo hace el alguacil o lo hace el abogado. Hay exclusividad según la naturaleza del acto que únicamente puede hacer el alguacil o el abogado. El prototipo de acto que instrumenta el alguacil es la citación en justicia. Extrajudicial: es aquel que emana de un auxiliar de la justicia y produce sus efectos fuera de todo proceso. Son actos extrajudiciales las intimaciones, los protestos, las oposiciones y las autorizaciones para trabar embargos TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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El procedimiento contradictorio: Comparecencia del demandado: por el emplazamiento se llama al demandado para que comparezca ante el juez de primera instancia en el término de la ley, o sea, en el de ocho días francos. La comparecencia del demandado tiene lugar no presentándose personalmente ante el tribunal, sino dando a conocer al abogado que figura en el emplazamiento mediante acto de abogado a abogado, el nombre del abogado que postulará y defenderá por él. En caso de pluralidad de demandados en un mismo proceso, varios de ellos pueden constituir colectivamente un solo abogado. Un abogado puede cuando es demandado constituirse por sí mismo. Comparecencia del Estado: Sin necesidad de haber hecho notificar previamente su constitución, el Estado puede comparecer en la misma audiencia fijada para conocer de la causa, constituyéndose como su abogado el representante del ministerio público. La constitución de abogado tiene por efecto impedir que el asunto pueda ser fallado en defecto por incomparecencia del demandado. Tampoco puede haber incomparecencia del demandante, puesto que él ha comparecido por ministerio del abogado que constituyó en el emplazamiento. A partir de la comparecencia del demandado puede haber únicamente defecto por falta de concluir. Trámites anteriores a la audiencia: La ley no permite que una de las partes pueda sustraer al examen y la crítica de su adversario la prueba escrita y los medios de defensa que va a oponerle. Es una aplicación del principio de la contradicción del proceso. Por esa razón ambos abogados antes de que puedan requerir fijación de audiencia, deben comunicarse esos medios de prueba y de defensa. Comunicación de documentos: Cada una de las partes del proceso tiene derecho a conocer de los documentos invocados por su adversario, como base de sus pretensiones. Las características esenciales de la comunicación de documentos son: 1.-Debe ser espontánea, esto es, que toda parte que vaya a usar un documento está en la obligación de comunicarlo. 2.- Esta obligación no es exigida en grado de apelación, si esta se ha producido en primera instancia; pero no obstante ella puede ser solicitada. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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3.- Si no se realiza espontáneamente, esto es, amigablemente entre los abogados o por su depósito en secretaría, será ordenada por el juez sin formalismo. 4.- El juez fija el plazo y las modalidades de esta comunicación, y si hay necesidad puede fijar un astreinte. 5.- En caso de que la parte no restituya voluntariamente un documento que le ha sido comunicado amigablemente, puede ser condenada eventualmente a un astreinte. 6.- El juez está facultado para liquidar el astreinte que él ha fijado. 7.- El juez puede descartar del debate los documentos que no han sido comunicados en tiempo útil. La parte que recibe comunicación de un documento puede no solamente leerlo. Vencido el plazo de la comunicación de documentos, cuando esta se realiza en forma amigable, el abogado deberá restituir los documentos. El Art.53 de la Ley 834 establece que la parte que no restituya los documentos puede ser constreñida a ello. Eventualmente puede ser condenada al pago de un astreinte, que puede ser liquidada por el juez que lo ha pronunciado. La comunicación puede ser pedida en cualquier estado del proceso, en que una de las partes invoque un documento en su favor, aún en grado de apelación. Otras pruebas: El procedimiento para el aporte de la prueba escrita, que es prueba preconstituida, existente antes de la discusión de la causa, es inaplicable a los demás medios de prueba, que tienen que constituirse precisamente en el curso del proceso, como la prueba testimonial, la inspección de lugares, el peritaje etc.. La administración de esta prueba debe ser propuesta antes de los debates, como por ejemplo la información testimonial (Art.73 y s. De la L.834 de 1978), pero es ordenada por el juez mediante sentencia antes de conocer el fondo del proceso, y como medio para formar su convicción. Fijación de audiencia: Después de vencido el plazo del emplazamiento, cualquiera de las partes puede solicitar fijación de la audiencia en que se conocerá de la causa. (Art. 77 mod. Por la L.845 de 1978). La solicitud de audiencia se hace en forma de instancia dirigida al juez presidente y es fijada por auto de dicho juez presidente (Art.40 de la Ley de O.J) TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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Acto recordatorio: El abogado que ha obtenido fijación de audiencia procede entonces a llamar para esa audiencia al abogado de la parte adversa, mediante un acto recordatorio, notificado con dos días francos de antelación por lo menos, a pena de nulidad (Art.80 C. P. Civil, único de la L.362 DE 1932). Este acto es una formalidad protectora del derecho de defensa, tiene entre los abogados la misma importancia que la citación entre las partes. La sentencia obtenida sin que intervenga previo acto recordatorio es nula. Celebración de la audiencia: Una vez constituido el tribunal en estrados, el juez presidente ordena al alguacil de servicio que llame la causa a la vista, leyendo en el rol o libro de asiento de las causas, el que se refiere a la que va a conocerse (Art.86 de la L.O.J.). Luego ofrece la palabra sucesivamente a los abogados de las partes: demandantes, demandadas, intervinientes. Policía de la audiencia: Art. 88-92 C. P. Civil, modificados y completados por los Arts. 365 y 366 del C. P. Crim., regulan el ejercicio de la policía de la audiencia, a cargo del juez presidente. Lectura de conclusiones: De acuerdo con el Art. 78, mod, L.845 de 1978 en la audiencia las partes se limitarán a exponer sus conclusiones motivadas y el juez les concederá plazos moderados para el depósito de réplica y contrarréplica, que no deberán exceder de 15 días para cada una de las partes y serán consecutivos. Clasificación de las conclusiones: Conclusiones al fondo o sobre el fondo: Son aquellas que se refieren a la demanda misma, y por cuyo medio el demandante requiere del tribunal que admita la demanda, y el demando requiere del tribunal que se las rechace.. Las conclusiones son excepcionales cuando su objeto es obtener una medida previa, como por ejemplo una declinatoria o la solicitud de una fianza judicátum solvi etc. Conclusiones principales: Son las que resumen todas las pretensiones de las partes en cuanto al fondo de sus derechos respectivos. Subsidiarias: Son las conclusiones que contienen sea una restricción a las conclusiones principales, para el caso de que el tribunal entienda que no debe acoger estas; sea una demanda tendiente a que se ordene la administración de una prueba en apoyo de conclusiones principales, que no se hayan suficientemente justificadas. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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Alternativas: Son las que tienen por objeto reclamar, de dos o mas cosas, una de ellas a opción de la contra parte o del tribunal. Primitivas: Son las que la parte asume en apoyo de su demanda o de su defensa. Adicionales: Son las que el demandante agrega a sus conclusiones primitivas o principales. Reconvencionales: son las que el demandado presenta para sostener demanda reconvencional.

una

Efectos de las conclusiones: 1.- Cuando esas conclusiones recaen sobre el fondo, cubren excepciones (Art.2 de la L.834 de 1978).

todas las

2.- Las conclusiones fijan la competencia del tribunal apoderado. 3.- Las conclusiones precisan el contenido de las pretensiones de las partes, y limitan por consiguiente el poder de decisión del juez: la sentencia es nula si estatuye sobre cosas no pedidas (extra petita), o si otorga más de lo pedido (ultra petita). 5. La presentación de las conclusiones pone la causa en estado de ser fallada. La causa queda en estado: Una vez que la causa se considera en estado, tiene influencia decisiva sobre el desarrollo ulterior del proceso. A partir de entonces no pueden surgir estos incidentes: 1.- La instancia no es interrumpida por la cesación del mandato del abogado (art.342 y 343); 2.- El demandante no puede desistir de la instancia sin el consentimiento del demandado; 3.- El juez no puede ser recusado. Reapertura de los debates: Si después de cerrados los debates son producidos documentos o hechos nuevos, el tribunal puede a pedimento de parte, o aún de oficio ordenar su reapertura a fin de que el asunto sea nuevamente discutido.

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Se ha juzgado asimismo que procede la reapertura de debates en el caso de documentos utilizados a última hora, por una de las partes que emanan de la parte adversa. Comunicación al Ministerio Público: Si la causa está sujeta a dictamen el secretario debe inmediatamente, después de la audiencia, enviar el expediente al procurador fiscal para que produzca su dictamen. Sentencia: En los casos en que no hay comunicación al ministerio público el juez pronuncia el fallo en la misma audiencia, o en una audiencia posterior, pero a más tardar dentro de los noventa días de la vista de la causa, salvo caso de fuerza mayor que se hará constar en la sentencia. Si por el contrario, el asunto es comunicable al ministerio público, el juez fija audiencia para la lectura del dictamen y luego pronuncia la sentencia en los términos anteriormente expresados. El procedimiento del defecto: Existen dos clases de defecto: cuando el demandado no comparece, o cuando bien sea el demandante o el demandado no, no presentan conclusiones. Defecto por incomparecencia: Cuando es el demandante: Como se comparece por medio de constitución de abogado, se admite que el demandante no puede incurrir en defecto por incomparecencia, porque la demanda introductiva de instancia debe contener constitución de abogado. Sin embargo hay una hipótesis excepcional en la cual puede haber defecto del demandante: cuando se interrumpe la instancia antes de la puesta en estado por el fallecimiento, dimisión, interdicción o destitución del abogado del demandante. En este caso el demandado puede emplazar al demandante en constitución de nuevo abogado y si la nueva constitución no se produce hay el defecto por incomparecencia del demandante. El Art. 434 del Código de Procedimiento Civil, mod. Por la L.845 del 1978 expresa: “ si el demandante no compareciere, el tribunal pronunciará el defecto y descargará al demandado de la demanda, por una sentencia que se reputará contradictoria. Hay que entender el texto como si el demandante no concluyera o si se trata de un asunto de la competencia del Juez de Paz, donde no es TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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necesario el ministerio de abogado, como que el demandante lanzó la demanda y luego no se apersonó por ante el Juez de Paz el día indicado por la citación. Defecto del demandado por incomparecencia: Si el día de la audiencia, el demandado no ha constituido abogado, se pronunciará el defecto en su contra. La misma solución si el abogado del demandado comparece pero no presenta conclusiones. Si el día fijado para la audiencia el demandado no concluye sobre el fondo y se limita a proponer una excepción o a solicitar una medida de instrucción cualquiera, el juez fallará de acuerdo a lo que se prevé en las disposiciones procesales que rigen la materia. La reglamentación legal del defecto del demandado no es la misma según se trate de un solo demandado o de varios. Defecto de un solo demandado: Si el demandado único no comparece o no presenta conclusiones, se pronunciará el defecto en su contra. En este caso no es posible la oposición en los siguientes casos: a) si el asunto es susceptible de apelación; b) si el demandado fue emplazado en su propia persona. Al revés la oposición sólo es posible cuando el asunto se conocerá en instancia única y siempre y cuando aún en instancia única no se le haya citado en su propia persona. Defecto de varios demandados: Cuando hay varios demandados, conviene que el asunto no sea fallado de modo contradictorio en relación a algunos y en defecto en relación a otros, pues se podrían originar fallos contradictorios. (ver Art.151 C. Proc. Civil). Defecto de todos los demandados: Es posible que todos los demandados sean citados a plazos diferentes, para un mismo objeto, lo cual es posible en razón al aumento de la distancia. De conformidad con el Artículo 151 cuando varios demandados hayan sido emplazados para el mismo objeto, a diferentes plazos o haya habido nuevo emplazamiento, no se fallará respecto de ninguno de ellos antes del vencimiento del plazo más largo. Una vez que ha transcurrido el plazo más largo, si todos los demandados incurren en defecto, todos podrán ser condenados por una sentencia cuyo carácter dependerá de la cuantía. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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Otros tipos de defecto: Defecto por incumplimiento de los actos del procedimiento: Se incurrirá en defecto por falta de conclusiones cuando ninguna de las partes ni el demandante ni el demandado depositaba sus conclusiones. Este defectuante tiene cerrada la vía de la oposición. El descargo: El Art. 434 del Código de Procedimiento Civil, mod. Por la L.845 del 1978 expresa: “ si el demandante no compareciere, el tribunal pronunciará el defecto y descargará al demandado de la demanda, por una sentencia que se reputará contradictoria TEMA III. Los actos jurisdiccionales y los actos administrativos jurisdiccional (Tribunal) y (Características):

del órgano

No basta tomar como criterio la calidad del autor del acto para diferenciar uno u otro, sobre todo porque los Tribunales tienen a su cargo , concurrentemente con las autoridades administrativas, numerosas atribuciones administrativas. La verdadera diferencia entre el acto jurisdiccional y el acto administrativo reside en la naturaleza intrínseca de cada uno, y atañe a la finalidad que respectivamente persiguen. Con el acto jurisdiccional el Juez resuelve cuál es la regla de derecho objetivo aplicable a la solución de un caso particular: la solución de la controversia jurídica entre las partes. En cambio, el acto administrativo tiene como característica esencial la de ser un medio para obtener un fin. Con él no se persigue la solución de un conflicto jurídico, sino la organización y funcionamiento de los servicios públicos. Cuando se dictan actos administrativos judiciales, decimos que el Juez actúa en jurisdicción graciosa. Es lo que ocurre, por ejemplo, cuando se solicita la homologación a la deliberación de un consejo de familia. Los actos de jurisdicción voluntaria o graciosa no son sino actos administrativos de una categoría especial, mediante los cuales los órganos del poder judicial TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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ejercen, fuera de todo litigio, ciertos poderes de comprobación, de recepción, de control o de tutela. Clases; contenido: Se distinguen tres grupos de actuaciones de jurisdicción graciosa: 1- Recepción de ciertos actos. 2-Medidas de interés general. 3-Medidas de protección a favor de los incapaces y ausentes. Esas atribuciones son confiadas, según los casos al Juzgado de Primera Instancia, al Tribunal de Tierras. 1- Recepción de Ciertos Actos: Aquí el Juez desempeña una función similar a la del notario publico. Ejemplos a) Las Emancipación del Menor; b) La Adopción; c) Las Adjudicaciones en Ciertas Ventas. 2- Medidas de interés general: Atribuciones de los Tribunales que tienen por objeto la adopción de medidas que propenden a la salvaguardia del interés general, aunque son dictadas frecuentemente para satisfacer un interés particular. Ejemplos a) La Rectificación de las Actas del Estado Civil (Art. 99 C. Civil, Art. 88 Ley 659). 3 – Protección a favor de los Incapaces y Ausentes: En esta categoría de actos judiciales o jurisdiccionales entran: La Presidencia de los Consejos de Familia de los Menores y los Interdictos, las medidas que puedan ser adoptadas en interés de los ausentes. (Cod. Civil Art. 112, Cod. Proc. Civil, Art. 859 y Sigtes.). Los Efectos del Acto Jurisdiccional: Del acto jurisdiccional se desprende una serie de consecuencias jurídicas. 1- Autoridad de la Cosa Juzgada. 2- El Desapoderamiento del Juez. 3- El efecto declarativo del Acto Jurisdiccional.

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Autoridad de la cosa juzgada: De conformidad con el Art. 113 de la Ley 834 de 1978: “ Tiene fuerza de cosa juzgada la sentencia que no es susceptible de ningún recurso suspensivo o de ejecución. La sentencia susceptible de tal recurso, adquiere la misma fuerza a la expiración del plazo del recurso si este último no ha sido ejercido en el plazo. Art. 1351 Cod,. Civil: La autoridad de cosa juzgada no tiene lugar sino respecto de lo que ha sido objeto de fallo. Cuando una sentencia adquiere la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, mantiene dicha autoridad aún en el caso en que haya sido dictada por un tribunal incompetente y a fortiori, si ha habido violación a las formalidades exigidas por la ley. Corrección de errores materiales: TEMA IV. Predeterminación legal e integración subjetiva colegiado: (Predeterminación Legal Del Juez)

del órgano unipersonal o

En el sistema constitucional dominicano el gobierno se divide en Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial. Esos poderes son independiente en el ejercicio de sus funciones. Pero c/u de ellos tiene una actividad determinada como elemento esencial y propio. La de Juzgar corresponde a los Tribunales y tal función le incumbe al Estado asegurar, por medio de órganos especiales llamados Tribunales. De ahí que sea la propia Carta Magna y demás leyes de la República la que confieren a los Jueces y Tribunales la potestad exclusiva de administrar Justicia. A esto ultimo se conoce como Predeterminación legal del Juez y los Tribunales, lo cual nos lleva a la idea de que la Ley determina anticipadamente la función del Juez en la administración de justicia. Precisamente, el Legislador (La Ley) ha predeterminado que esa función jurisdiccional del Estado sea ejercida por funcionarios especiales llamados Jueces los cuales están sometidos a una serie de condiciones o requisitos legales de aptitud y capacidad. Condiciones de Actitud: Para que una persona pueda ser designada como Juez necesita reunir; en primer término, las condiciones generales requeridas para desempeñar un cargo TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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Judicial: Ser mayor de edad, dominicano, de buenas costumbres y estar en el pleno gocé de sus derechos civiles. (Art. 1ro. Ley de Organización Judicial). En segundo lugar es necesario reunir las condiciones exigidas para el ejercicio de la profesión de abogado, esto es poseer el diploma de licenciado o Doctor en derecho, exequatur y presentar juramento ante la Suprema Corte de Justicia. Para ser Juez de la Suprema Corte de Justicia se necesita, además ser dominicano por nacimiento u origen y tener mas de 35 años de edad, hallarse en el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos, ser licenciado o doctor en derecho y haber ejercido durante por lo menos 12 años la profesión de abogado; o haber desempeñado por igual tiempo las funciones de Juez de una Corte de Apelación, Juez de Primera Instancia o Juez del Tribunal de Tierras o Ministerio Publico ante dichos Tribunales. Para ser Juez de la Corte de Apelación se requiere el haber ejercido la abogacía durante 4 años o haber sido Juez de Primera Instancia durante igual tiempo o representante del Ministerio Publico, antes los Tribunales o de Juez de Jurisdicción original del Tribunal de Tierras. (Art. 69 de la Constitución). Para ser Juez del Tribunal de Primera Instancia se requiere haber ejercido la profesión de abogado durante dos años o haber desempeñado por igual tiempo las funciones de Juez de Paz o de Fiscalizador. (Art. 74 Constitución de la Rep.). Para ser Juez del Tribunal Superior de Tierras se requieren las mismas condiciones que para ser Juez de una Corte de Apelación y para desempeñar las funciones de Juez de Jurisdicción Original se precisan las mismas condiciones que para ser Juez de Primera Instancia. Finalmente para se Juez de Paz no se requiere ningún tiempo de ejercicio profesional o judicial, aunque el Reglamento de la Carrera Judicial exige tener por lo menos dos (2) años en el ejercicio de la abogacía. Además de las condiciones de capacidad que les permite un ejercicio idóneo, los Jueces tienen deberes y obligaciones (Se estudian en el Tema 15 de la teoría general del derecho y derecho Constitucional) y su ingreso a la Carrera Judicial esta regulado tanto por la Ley de Carrera como por el Reglamento de la Carrera Judicial, y se requiere (para ser Juez de Paz) haber aprobado los programas de capacitación teoría y practica que dicte la Escuela Nacional de la Judicatura, previo haberse sometido a la pruebas de idoneidad, como consecuencia del concurso de oposición para ingresar a los cursos de formación inicial de Juez de Paz y sus equivalentes. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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El derecho al juez predeterminado por la ley: La viabilización de una administración de justicia eficiente y eficaz, demanda de jueces idóneos, nombrados de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad, así como publicidad, todo ello con el fin de mantener el orden jurídico y la estabilidad del régimen democrático. Predeterminación Legal e Integración subjetiva del órgano, unipersonal o colegiado: Así como la ley instituye la función del Juez de la misma forma determina también la jerarquía, composición, competencia de los Tribunales u órganos encargados de administrar justicia. En lo relativo a la composición dos sistemas opuestos pueden ser adoptados: el uno es el de la pluralidad de los Jueces o Colegialidad; el otro es de Juez único, o unipersonalidad. A favor del sistema de la Colegialidad se agrega entre otras razones, que las sentencias adoptadas después de una deliberación entre los jueces, tienen mas probabilidad de ser justos e imparciales que las emanadas de un Juez único, que podría extraviarse en sus apreciación por el contrario, el sistema del Juez único se recomendaría porque mantiene vivo en el Juez el sentido de ser responsabilidad, lo que daría por resultado el que fuera mas atento al esclarecido cumplimiento de sus deberes. El sistema dominicano de composición de los Tribunales ha esquivado, a través de una larga evolución histórica, los inconvenientes de ambos sistema, combinadolos descartada la Suprema Corte de Justicia, que siempre ha sido una Tribunal colegiado, en regla general son unipersonales nuestras jurisdicciones del primer grado: Juzgado de Paz, Juzgado de Primera Instancia, Tribunal de Tierras en Jurisdicción Original. Son colegiados las Jurisdicciones del Segundo Grado: Corte de Apelación, Tribunal Superior de Tierras, Tribunal Contencioso Administrativo. Inhibición y Recusación de Jueces y Magistrados: Causas y Procedimiento:

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Las partes que tenga motivos justificados para poner en duda la independencia o la imparcialidad de un Juez puede evitar que ese Juez conozca del litigio, recurriendo al procedimiento de la recusación regulado por los artículos 44 y sigtes. para los Jueces de Paz y por los Arts. 378 y sigtes. para los demás Jueces. Procedimiento para Recusar un Juez de Paz: La parte que desee recusar a un Juez de Paz tendrá que formular su recusación apoyada en los motivos que para ello tuviere, haciéndola notificar por medio de alguacil, en la persona del secretario del Juzgado de Paz. La copia depositada en secretaria será comunicada inmediatamente al Juez de Paz por el secretario. (Ver Arts. 44, 46 y 47 del Cod. de Proc. Civil). Las causas de recusación son limitativamente enumeradas por la Ley, y se fundan en la existencia, entre el Juez recusado y una de las partes de ciertos lazos de parentesco o afinidad, o en la existencia de oposición de intereses, de ciertas relaciones contractuales o económicas, de enemistad, etc. El Juez que sabe que en el existe una causa de recusación debe inhibirse, pero si no lo hace y no es recusado su sentencia no es nula (Jurisprudencias). Si la inhibición no es aceptada el Juez tiene la obligación de conocer el asunto, a menos que el interesado promueva con éxito la recusación ante el Tribunal competente. Inhibición y recusación de jueces y magistrados: causas y procedimiento: Cuando un litigante duda de la imparcialidad del juez, puede recusarlo. Las causas de recusación de los Jueces de Paz, aparecen en el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil, y la de los demás jueces aparecen enumeradas en el artículo 378 del mismo código. Cuando un juez sabe que en él existe una causa de recusación debe inhibirse, pero si no lo hace y no es recusado, su sentencia no es nula. Las recusaciones establecidas en el artículo 378 del Código de Procedimiento Civil, rigen para la materia penal. Cuando un juez propone su inhibición y ésta no le es aceptada, el juez tiene la obligación de conocer el asunto a no ser que el interesado lo recuse y prospere la recusación. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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En la práctica de nuestros tribunales los jueces se inhiben en muchos casos y circunstancias a pesar de no figurar la causa entre las que motivan la recusación, lo cual hacen por razones de delicadeza. Procedimiento: (Art. 382-396 C.P. civil). El que quiera recusar a un juez, deberá hacerlo antes de principiar el debate, y antes que la instrucción esté terminada o que los plazos hayan transcurrido en los asuntos sometidos a relación; a menos que las causas de la recusación hayan sobrevenido con posterioridad. Para estos fines se deberá previamente prestar fianza que garantice el pago de la multa, indemnizaciones y costas, o que pueda ser eventualmente condenado al recusante en caso de ser declarada inadmisible su demanda, de acuerdo con lo que dispone el Art.390. La recusación contra los jueces comisionados para inspecciones de lugares, informaciones y otros actos prácticos no se podrá proponer sino en los tres días que transcurran: 1.- desde el día de la sentencia si esta fuere contradictoria; 2.desde el último día de la octava para oposición, si la sentencia fuera en defecto y no se hubiera intentado contra ella oposición; 3.- desde el día en que se desechara la oposición, aún por defecto, si la sentencia era susceptible de tal recurso. La recusación se propondrá por un acto en secretaría, que contendrá los medios, y será firmado por la parte o por el que la represente con poder auténtico y especial, que se agregará al acto. Leer artículos siguientes, C. P. Civil.

TEMA V. La competencia de los tribunales civiles. Cuando surge un litigio hay que saber por ante cual tribunal debe llevarse la acción en justicia. En primer lugar, se debe determinar si el asunto es de la competencia de un tribunal ordinario o de excepción. También hay que saber cual es el tribunal competente territorialmente. Criterios de competencia: en razón de la materia, funcional y territorial: TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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Competencia de atribución o competencia ratione materiae (en razón de la materia: Las reglas de la competencia de atribución nos indican cual es la naturaleza de la jurisdicción, es decir, si se trata de un tribunal de derecho común o de excepción. La competencia de las jurisdicciones en razón de la materia se determina por las reglas de la organización judicial y por algunas disposiciones particulares. Competencia de atribución de los Tribunales de Derecho Común: El Tribunal de Primera Instancia: es el tribunal de derecho común. Esto quiere decir que es competente para conocer de todos los asuntos con la única excepción de aquellos que de manera especial se han atribuido a otro tribunal. En cada Distrito Judicial habrá un Tribunal de Primera Instancia con plenitud de Jurisdicción, el cual podrá estar dividido en cámaras según lo exija el mejor desenvolvimiento de las labores judiciales a su cargo. Los Tribunales de Primera Instancia con plenitud de jurisdicción o las cámaras de lo civil y comercial, conocen de los asuntos de comercios que les atribuyen los códigos; pero no obstante a la plenitud de jurisdicción se ha de aplicar el procedimiento correspondiente en cada caso; es decir, el procedimiento civil cuando es un asunto civil y el comercial cuando es comercial. Los Juzgados de Primera Instancia conocen en instancia única, de todas las acciones reales, personales y mixtas que no sean de la competencia de los Jueces de Paz hasta la cuantía de mil pesos y a cargo de apelación de demanda de cualquier cuantía o de cuantía indeterminada. Todas las acciones inmobiliarias son de la competencia del Juzgado de Primera Instancia, con excepción de las acciones que sonde la competencia exclusiva del Tribunal de Tierras. Los Juzgados de Primera Instancia y los Juzgados de Paz, son competentes para conocer de las acciones reales, personales y mobiliarias, siendo la cuantía de la demanda lo que en definitiva determinará la competencia de uno u otro juzgado y teniendo en cuenta que cuando se trata de acciones reales inmobiliarias siempre lo será el Juzgado de Primera Instancia o el Tribunal de Tierras, sin tener en cuenta la cuantía. Competencia exclusiva del Tribunal de Primera Instancia: TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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1.- Derecho Familiar: toda demanda en materia de estado de las personas, como son los casos de divorcio, separación, matrimonio, filiación, adopción, nacionalidad y los casos de ausencia. 2.- Acciones Inmobiliarias: como son los casos de litigios relativos a las acciones inmobiliarias, sean petitorias o personales inmobiliarias , como también las relativas a la copropiedad de condominios. 3.- Acciones de los abogados y oficiales ministeriales: las acciones intentadas por los abogados y oficiales ministeriales en pago de los honorarios que se hayan causado en un Juzgado de Primera Instancia, se discutirán por ante dicho juzgado. 4.- Títulos Ejecutorios: se exceptúan los Certificados de Títulos duplicados del dueño, los cuales son títulos ejecutorios, pero su competencia es exclusiva del Tribunal de Tierras. Son competencia de los Tribunales de Primera Instancia las dificultades relativas a la ejecución de hipotecas. 5.- Sociedades de Comercio: Las contestaciones entre asociados, en razón de una compañía de comercio y las demandas de un asociado contra otro, así como las acciones en responsabilidad contra los administradores y las acciones en nulidad o disolución de sociedades comerciales. 6.- Quiebra. 7.- Factores y dependientes, letra de cambio y pagareses: son de la competencia del Juzgado de Primera Instancia en materia comercial. 8.- Cuando se trata de actos mixtos, es decir, de naturaleza civil comercial. 9.- Prueba: Las dificultades que surgen en relación a la administración de algunos medios de prueba, como ocurre en caso de verificación de escritura, inscripción en falsedad. Ordenanzas en referimiento: El referimiento es un procedimiento excepcional, instituido en caso de urgencia o cuando hay dificultad de ejecución. Solo el Presidente de Primera Instancia tiene calidad para actuar como Juez de los Referimientos. También en casos determinados, el Presidente de la Corte de Apelación. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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Corte de Apelación: es el Tribunal de derecho común, de segundo grado. Conocerá en consecuencia los asuntos fallados en primer grado, susceptibles de apelación. Un asunto fallado en primer grado, por el Juzgado de Paz, es apelable ante el Juzgado de Primera Instancia. La Corte de Apelación también es competente para conocer de las apelaciones interpuestas contra las ordenanzas en referimiento dictadas por los Jueces de Primera Instancia, actuando como jueces de los referimientos. En el incidente relativo a la recusación de sus jueces, la Corte de Apelación actúa como tribunal de primer grado y el recurso de apelación es conocido por la Suprema Corte de Justicia. En algunas ocasiones los tribunales de derecho común conocen en instancia única, es decir, sus decisiones no están sujetas al recurso de apelación. Ej. El Juzgado de Primera Instancia conoce en instancia única las demandas reales , personales y mixtas hasta la cuantía de mil pesos. Las sentencias dictadas en única instancia, por cualquier tribunal, son susceptibles de impugnarse por medio del recurso de casación y por el de revisión civil, según los casos, excepto cuando la ley declara que no son susceptibles de ningún recurso. Cuando se trata de incompetencia, no se toma en cuenta el valor del litigio, porque siempre procede la impugnación o la apelación.. Cuando la ley establece la instancia única, está absolutamente prohibido apelar, no importa que la decisión sea dictada por el Juzgado de Paz o el de Primera Instancia. Cuando se establece el doble grado de jurisdicción, este es de orden público, pero se admite que las partes tienen la libre disposición de renunciar al segundo grado. Las partes no pueden ni aún de común acuerdo, renunciar al primer grado y llevar su pretensión por primera vez al Tribunal normalmente de alzada. Competencia de atribución de los Tribunales de Excepción:

TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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Los Tribunales de excepción son aquellos que en forma específica y limitada, la ley les acuerda su competencia. El Jugado de Paz: La competencia de atribución del Juzgado de Paz se ha determinado siguiendo un criterio cualitativo: asuntos sencillos; o cuantitativo: asuntos de cuantía menor. Su competencia general está consagrada en el artículo 1 del Código de Procedimiento Civil, reformado por la Ley 845 del 1978 y por la Ley 38 del año 1998. Según este artículo, los Jueces de Paz conocen: Primero: de todas las acciones puramente personales o mobiliarias, en única instancia, tanto en materia civil como comercial, hasta la concurrencia de la suma de tres mil pesos y con cargo de apelación hasta el monto de veinte mil pesos; estos son: a) Las contestaciones que surjan entre hoteleros o fondistas y huéspedes y los concernientes a gastos de posadas y pérdida o avería de efectos depositados en el mesón o posadas c) Entre viajeros y los conductores de cargas por agua, tierra, por demora, gastos de camino o pérdida o avería de defectos de los viajeros. Entre estos y los talabarteros fabricantes de órganos y serones, por suministros, salarios y reparaciones de aperos y objetos destinados al viaje. Segundo: El Juzgado de Paz es competente para conocer los asuntos inapelables hasta tres mil pesos, pero apelables por cualquier cuantía. Estos son: a) Las acciones sobre el pago de alquiler o arrendamiento, desahucios, demandas sobre rescisión de contratos de arrendamiento fundadas únicamente en la falta de pago de los alquileres o arrendamientos. b)

Los lanzamientos y desalojo del lugar.

c) Las demandas sobre validez o nulidad de embargo de bienes muebles que se guarnecen en lugares alquilados. Si el valor principal del contrato de arrendamiento consistiere en frutos o géneros o prestación en naturaleza, estimable conforme al precio del mercado, el TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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avalúo se hará por el valor del día de vencimiento de la obligación si se trata de pago de arrendamiento. En los demás casos se hará por el precio del mercado en el mes que precede a la demanda. Tercero: Asuntos apelables hasta tres mil pesos y apelables hasta veinte mil. Estos son: a) Las indemnizaciones reclamadas por el inquilino o arrendatario, por interrupción del usufructo o dominio útil, procedente de un hecho del propietario. b) De los deterioros o las pérdidas en los casos previstos por los Arts.1732 y 1735 del Código Civil. No obstante el Juez de Paz no conoce de las pérdidas causadas por incencio o inundación, sino entre los límites que establece el período capital del artículo 1. Cuarto: Los asuntos inapelables hasta tres mil pesos y apelables por cualquier suma a que ascienda la demanda. Estos son: a) Las acciones noxales o de daños causados en los campos, frutos y cosechas, ya sea por el hombre, ya por los animales ; y las relativas a la limpieza de los árboles, cerca y entretenimiento de zanjas o canales destinados al riego de las propiedades, o al impulso de las fábricas industriales, cuando no hubiere contradicción entre los derechos de propiedad o de servidumbre. b) Las acciones sobre reparaciones locativas de las casas o predios rústicos colocados por la ley a cargo del inquilino. c) Sobre las contestaciones relativas a compromisos respectivos entre los jornaleros ajustados por día, mensual o anualmente y aquellos que los hubieren empleado; entre los dueños y sirvientes o asalariados. Entre los maestros de oficio y sus operarios o aprendices. d) Sobre las contestaciones relativas a criaderas, sobre las acciones civiles por difamación verbal y por injurias públicas o no públicas, verbales o escritas, que no sean por medio de la prensa. De las mismas acciones por riñas o vías de hecho y todo ello cuando las partes ofendidas no hubieren intentado la vía represiva. Quinto: Asuntos siempre apelables. Estos son: TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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a) De las obras emprendidas durante el año de la demanda sobre el curso de las aguas que sirven de riego a las propiedades y al impulso de las fábricas industriales o al abrevadero de ganados y bestias en los lugares de crianza sin perjuicio de las atribuciones de la autoridad administrativa en los casos que determinen las leyes y reglamentos particulares. b) Sobre las denuncias de obra nueva, querellas, acciones de reintegranda y demás interdictos posesorios fundados en hechos cometidos dentro del año. c) De las acciones de delimitación y las relativas a la distancia prescrita por la ley, los reglamentos y la costumbre de los lugares, para la siembra de árboles o colocación de empalizadas, o cercas, cuando no surge contradicción alguna sobre la propiedad o los títulos. d) De las acciones relativas a las construcciones y trabajos enunciados en el artículo 674 del Código Civil, siempre y cuando la propiedad o el derecho de medianería de la pared no fueron contradichos. e) De las demandas sobre pensiones alimenticias, cuando se intenten en virtud de los artículos 205, 206 y 207 del Código Civil. Sexto: Demandas reconvencionales o sobre compensación: Conoce de toda demanda reconvencional o sobre compensación que por su naturaleza o cuantía estuviere dentro de los límites de su competencia, aun cuando en los casos previstos por el Artículo 1 del Código de Procedimiento Civil, dicha demanda, unida a la principal, exceda la cantidad de diez mil pesos. Conoce además cualquiera que sea su importancia de las demandas reconvencionales sobre daños y perjuicios basados exclusivamente en la misma demanda principal. Cuando en la instancia incoada una misma parte contuviere diversas demandas, el juez de paz juzgará a cargo de apelación, si el valor total excediere de tres mil pesos, aunque alguna de las demandas fueren inferior a dicha suma. El juez de paz será incompetente para conocer sobre el todo, si las demandas reunidos excedieren el límite de su competencia. Funciones administrativas y extrajudiciales de los Jueces de Paz: TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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Entre estas funciones podemos citar: La fijación de sellos. La redacción de algunos actos de pública notoriedad. Presidir los consejos de familia, organizados por la tutela de los menores. Competencia territorial o ratione personae: Una vez determinado el tribunal competente en razón de la materia, la competencia se debe completar por la ubicación territorial del tribunal que deba conocer de la demanda. La regla de competencia territorial de alcance general, está contenida en el artículo 59 del Código de Procedimiento Civil. Según este artículo en materia de competencia territorial, la regla básica es la contenida en la frase “actor sequitur forum rei”, es decir, en materia personal, el demandado será emplazado para ante el tribunal de su domicilio; si no tuviere domicilio para ante el tribunal de su residencia; si hubiere muchos demandados, para ante el tribunal de domicilio de uno de ellos a opción del domicilio. Cuando el demandado no tiene ni domicilio ni residencia conocidos, el tribunal competente es del domicilio del demandante, aunque expresamente no lo dice el código. En caso de las persona morales la competencia se fija por el domicilio social de la sociedad, compañía o asociación, por el cual no se debe entender solamente el lugar del principal establecimiento, sino además cualquier sitio donde la sociedad tenga abierta una sucursal o tenga un representante. Excepciones a la regla actor sequitur forum rei: a) En cuanto a las acciones reales inmobiliarias: estas se llevan por ante el tribunal de la ubicación del inmueble. b) En cuanto a las acciones sucesorales: en materia de sucesión la demanda debe llevarse por ante el tribunal donde se haya abierto la sucesión, la sucesión se abre en el último domicilio del difunto. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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c) En cuanto a las acciones en intervención forzosa y en garantía incidental: según el artículo 59 c.p. Civil, el tribunal competente es aquel ante el cual está pendiente la demanda original. d) En materia de quiebra, el tribunal competente es el del domicilio del quebrado. e) Cuando en un acto se ha hecho elección de domicilio por parte de uno de los interesados , para la ejecución del acto en otro lugar diferente al domicilio real, las notificaciones, demandas y demás diligencias podrán hacerse en el domicilio elegido. f) En caso de que haya varios demandados, el demandante a su libre elección puede incoar la demanda por ante el tribunal de uno cualquiera de ellos. g) En asuntos mixtos inmobiliarios, por ante el tribunal donde radica el inmueble litigioso, pero también podría serlo el del domicilio de la parte demandada. h) En caso de demandas de los abogados y oficiales ministeriales, el tribunal competente lo será aquel donde se hubieren causado dichos honorarios. i) En caso de extranjero sin domicilio conocido, el tribunal competente es del domicilio del demandante. j) Referimiento: para obtener una demanda en referimiento, se debe acudir al tribunal territorialmente competente para conocer el fondo de la dificultad. Las reglas de la competencia territorial no son de orden público, en consecuencia quien puede invocar la incompetencia territorial es el demandado, quien debe hacerlo antes de toda defensa al fondo y antes de proponer cualquier fin de inadmisión y de no hacerlo así la instancia continuará por ante el tribunal apoderado, produciéndose prorrogación tácita de competencia. Competencia territorial de los Tribunales de Derecho Común: Tribunales de Primera Instancia: Conocen en instancia única de todas las acciones reales, personales y mixtas que no son de la competencia de los Jueces de Paz, hasta la cuantía de mil pesos y cargo de apelación de demanda de cualquier cuantía o de cuantía indeterminada. No obstante a esta regla, los TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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Juzgados de Primera Instancia tienen competencia en asuntos relativos al estado de las personas. Cortes de Apelación: Conocen de todas las apelaciones de la sentencias dictadas por los Juzgados de Primera Instancia de su departamento judicial. Competencia territorial de los Tribunales de Excepción: Competencia territorial del Juzgado de Paz: El tribunal competente es el del domicilio del demandado. De manera excepcional, el juzgado de paz abandona esta regla general y recurre al lugar donde radica el inmueble litigioso, por ejemplo en caso de reparaciones locativas, o a los daños noxales. Todas estas acciones tiene que ver, de modo directo o indirecto con inmuebles, no obstante se ha concedido competencia al Juez de Paz del lugar de ubicación del objeto litigioso. Cuando se trata de terrenos registrados o sobre los cuales se ha dado comienzo a la mensura catastral, el único tribunal competente es el de tierras. Las reglas enunciadas en relación a los extranjeros, sociedades, garantías, elección de domicilio, personas sin domicilio conocido, se aplican mutatis mutantis los Juzgados de Paz. Competencia prorrogada: Al igual que en material penal, en las materias civil y comercial se aplica la prorrogación de competencia, siempre y cuando exista conexidad o indivisibilidad. Cuando ante un Juzgado de Primera Instancia se lleva una acción, es evidente su competencia para conocer de la demanda principal así como de las incidentales que pudieran surgir, sin que sea necesario distinguir entre conexidad o indivisibilidad. Como el Juzgado de Paz es un tribunal de excepción, puede resultar incompetente para conocer de las demandas conexas o indivisibles, siempre que una de ellas no sea de su competencia ratione materiae. Cuando el Juez de Paz es incompetente para conocer una demanda reconvencional, puede fallar la TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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principal y declararse incompetente en cuanto a la reconvencional, o mandar que las partes se provean por ante el tribunal competente, el cual adquiere competencia prorrogada para conocer de la demanda principal. En este caso el Juez de Paz tiene la facultad discrecional. Prorrogación judicial de competencia: Es aquella que depende de una decisión judicial. Ocurre por ejemplo cuando la Suprema Corte de Justicia casa una sentencia y envía el conocimiento del fondo a otro tribunal de la misma categoría de la del tribunal o corte de donde proviene la sentencia. También en los casos de designación de jueces y de comisiones rogatorias a fin de dar cumplimiento a algunas medidas de instrucción. Prorrogación voluntaria de competencia: Es la que hacen las partes involucradas en el litigio. Se trata de un convenio entre las partes, pero que tiene sus limitaciones, porque no toda competencia puede prorrogarse. La prorrogación voluntaria puede intervenir antes de iniciado el proceso, o después de éste haberse iniciado. Hay aplicación del principio de la libertad de las convenciones. La Competencia Funcional: En muchos casos la ley atribuye competencia a un determinado tribunal, con exclusión de cualquier otro. Es lo que ocurre por ejemplo en caso de accidentes de trabajo, demandas de los abogados y oficiales ministeriales en cobro de costos, demandas en denegación de actos hechos por abogados y alguaciles, asuntos relativos a las sucesiones, a las quiebras y a las vías de recursos contra las sentencias. En estos diversos casos, la ley indica el único tribunal competente y cualquier otro queda excluido. Así por ejemplo en caso de accidente de trabajo, el único tribunal competente es el Juzgado de Paz del lugar donde se produjo ese accidente. Tratamiento procesal de la competencia:

La acción en justicia: concepto, requisitos y efectos, tipos:

TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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Concepto: Es el conjunto de formalidades mediante las cuales una dificultad de orden jurídico se somete al tribunal. Es la vía de derecho que consiste en dirigirse a los Tribunales en solicitud de protección para una situación jurídica violada, desconocida o en cualquier forma contradicha, sea para obtener su mantenimiento o su restablecimiento, sea las reparaciones adecuadas. La acción puede consistir a veces, en la solicitud de que se cree una situación jurídica que antes no existía. Definición: El derecho reconocido a toda persona de reclamar en justicia lo que le pertenece o lo que les es debido. Requisitos: 1- Tener el goce y el ejercicio de un derecho subjetivo, real, o personal, reconocido y protegido por la ley, puro y simple, pues si fuera condicional o a término daría únicamente lugar a que su titular solicitara medidas conservatorias. 2- Tener interés el que existe desde el momento en que el derecho del demandante es amenazado o violado. El interés puede ser puramente moral, pero en todo caso debe ser nato y actual. 3- la calidad es la facultad de obrar en justicia, es decir, el título con que se figura en un acto jurídico o en un proceso. 4- Puede intentar la acción el que tenga la capacidad de estar en justicia, persona física o moral. Los incapaces tienen que obrar en justicia o representados por sus mandatarios legales o personalmente con la asistencia o autorización de otro. Efectos: 1- obtener la comprobación de la existencia de un derecho o de una situación jurídica amenazados o desconocidos.. 2- Conseguir la condenación de una persona a que suministre a otra una prestación en lo que forzosamente va envuelta el reconocimiento de la existencia de un derecho subjetivo. 3- Obtener una medida provisional o conservatoria, que no prejuzgue la existencia o inexistencia de un derecho subjetivo o de una situación jurídica controvertidas. 4- Obtener la creación de una situación jurídica nueva. 5- Suprimir o extinguir una situación jurídica, lo que implica el restablecimiento de la situación jurídica anterior. Tipos: TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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Acción interrogativa: Esta acción se propondría obligar a una persona que declare si intenta o no usar o no usar de una facultad que le pertenece, a fin de deducirse de esa declaración las consecuencias que fueren favorables al demandante. Acción provocatoria: Aquella mediante la cual el demandante pretende obligar a su adversario, que extrajudicialmente emite pretensiones injustas o formula contestaciones infundadas a someterlas al Tribunal como demandante, asumiendo la carga de la prueba. Clasificación de las acciones en justicia reales, personales y mixtas. Mobiliarias e inmobiliarias. Petitorias y posesorias. Acción Real: Implica el ejercicio de un derecho real. Eje. El derecho de propiedad. Acción personal: Implica el ejercicio de derecho personal. Eje. Un derecho de créditos o cualquier obligación. Acción mixta: Dos categorías: 1- las que tienden a la ejecución de un acto que transfiere o crea un derecho real inmobiliario, dando nacimiento a un derecho de crédito. 2- Las que tienden a la resolución de un acto traslativo o creado de derecho real inmobiliario, como por ejemplo la acción en resolución de la venta de un inmueble por falta de pago del precio. Acción mobiliaria: tiene por objetivo procurar un mueble. Acción inmobiliaria: Tiene por objeto procurar un inmueble. Acción posesoria: Trata de proteger al verdadero propietario. La ejerce la persona que tiene la posesión. La protección posesoria se extiende a los que gozan de un derecho real, por eje. La Servidumbre. Acción petitoria: Persigue el reconocimiento del derecho de propiedad o cualquier otro derecho real. 123-

Los incidentes del procedimiento: los relativos a la instancia, los relativos a las partes, los relativos al Juez, las excepciones del procedimiento y los medios de inadmisión: Comportamiento procesal de las partes. Incomparecencia, acuerdo previo. Conciliación. El demandante toma la iniciativa del proceso sometiendo al Juez sus pretensiones. Cualquier otra demanda que intervenga en el proceso, después de TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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la demanda introductiva o inicial, es una demanda incidental. Tomando en cuenta la persona de quien emana la demanda incidental. Si proviene del mismo demandante se les llama adicionales y si proviene del demandado reconvencionales. Con la demanda adicional el demandante modifica las pretensiones de la demanda inicial y con la demanda reconvencional el demandado pretende una ventaja diferente a la del simple rechazamiento de la demanda del demandante. Las demandas que proceden de terceros se llaman : Intervención voluntaria, si el tercero es quien la lanza y forzosa cuando el tercero es llamado, sea por el demandante o por el demandado. Incomparecencia: Cuando sin motivo legítimo, el demandante no comparece, el demandado podrá obtener sentencia sobre el fondo, la cual será contradictoria, salvo la facultad del Juez de reenviar el asunto. Si el día de la audiencia, el demandado no ha constituido abogado, se pronunciará el defecto en su contra. Igual ocurre si comparece pero no presenta conclusiones. Acuerdo precio y conciliación: La transacción es un contrato en el cual las partes pueden finalizar un litigio o evitar la ocurrencia de uno para así permitir que las partes conserven sus relaciones, ya sean comerciales, laborales o de otra índole. Conciliación: es un proceso en el cual las partes de una controversia tratan de resolverla amigablemente con la ayuda de un tercero, el cual trata de inducir un acercamiento entre éstas y propone una solución. Los incidentes del procedimiento: Es todo acontecimiento que al producirse en el curso de una instancia modificada la suerte del proceso ordinario (tales como las excepciones, medidas de instrucción, renovación o perención de instancia, constitución de nuevo abogado, ect. Es cuando se pretende que el Juez, declare el proceso irregular, extinguido, o la suspensión de su curso. Todos los demandados incidentales como las excepciones del procedimiento son incidentes. Las excepciones del procedimiento: constituye una excepción de procedimiento todo medio que tienda sea hacer declarar el procedimiento irregular o extinguido, sea suspender su curso. Deben, a pena de inadmisibilidad debe ser presentada simultáneamente y antes de toda defensa al fondo o fin de inadmisión. Dentro de las excepciones tenemos: TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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a).- La fianza del extranjero transeúnte: Todo extranjero transeúnte que demande en justicia, o que siendo residente en el país no posea bienes inmuebles está obligado a prestar una fianza que sirva para garantizar el pago de las costas, gastos y posibles condenación en daños y perjuicios en su contra, en caso que sus pretensiones sean rechazadas. b).- Excepciones declinatorias: Las excepciones de incompetencia litispendencia y conexidad en caso de se acogidas obliga al Juez a enviar el proceso por ante otra jurisdicción. c).- Excepción de incompetencia: Es aquella, mediante la cual una de las partes envueltas en el proceso, alega que la jurisdicción apoderada no en la competente para conocer del proceso del cual sea en razón de la materia o del territorio. Cuando el Juez se pronuncia sobre la competencia si estatuir sobre el fondo del litigio, su decisión no puede se atacada más que por la vía de la impugnación (le contredit). Si por el contrario esta a estatuido sobe la competencia y sobre el fondado del asunto lo que procede es la apelación. La excepción de litispendencia y conexidad: Hay litispendencia, cuando se ha incoado ante otro Tribunal a requerimiento del mismo actor y antecubierto el mismo demandado con el mismo objeto y fundado en la misma causa. Condiciones para la excepción de litispendencia: 1Misma causa. 2Mismo objeto. 3Misma finalidad. Hay conexidad cuando ente Dos demandas hay un lazo tal de dependencia y subordinación que es conveniente instruirlas y juzgarlas juntamente, a fin de evitar lentitudes en el procedimiento y la eventualidad de sentencia contradictorias e inconciliables. En estos casos, si el mismo litigio está pendiente ante Dos jurisdicciones del mismo grado, igualmente competentes para conocerla, la jurisdicción apoderada en segundo lugar debe desapoderarse en provecho de la otra si una de las partes la solicita en su defecto, puede hacerlo de oficio. La excepción de conexidad puede se propuesta en todo estado de causa. c).- La excepción de nulidad: es una excepción de nulidad toda defensa que busca impedir la producción de los efectos de un acto. Pretensión de una de las partes, demandante o demandada, mediante la cual sostiene que no es válido en la forma un acto de procedimiento que le opone su adversario, a causa de la inobservancia de una formalidad sustancial o de una formalidad prescrita por la ley, a pena de nulidad. El principio no hay nulidad sin agravio, significa que la nulidad para que pueda se acogida, debe provenir de un mandato de ley y estar sustentada por el TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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perjuicio o agravio, o sea, que no obstante esta prescrita en la ley, el que la invoca debe probar el daño que le causa tal prescripción. La nulidad de los actos de procedimiento pueden ser invocadas a medida que estas se cumplen. La excepciones dilatorias: es aquella que tiene por finalidad, directa e inmediata, obtener un plazo. Una vez obtenido el plazo, el proceso se suspende hasta tanto haya transcurrido el plazo otrogado. Nuestro Código de Procedimiento Civil sólo contempla la excepción deducida del plazo a favor de una parte y la excepción de garantía. Dentro de la primera esta el plazo del Heredero: es heredero así como la mujer viuda o se parada de cuerpo tiene Tres meses, contados desde el día en que se abre la sucesión o desde el día en que se haya disuelto la comunidad para hacer inventario. La excepción de garantía: es la obligación de proteger a una persona a quien se ha transferido un derecho real o de crédito, contra las turbaciones que pueda experimentar en el ejercicio de ese derecho y de indemnizarlos por los perjuicios que pueda sufrir por ese motivo. Medios de inadmisión: constituye una inadmisión todo medio que tienda a hacer declarar al adversario inadmisible en su demanda, sin examen al fondo, por falta de derecho para actuar, tal como la falta de calidad, la falta de interés, la prescripción, el plazo pre fijado, la cosa juzgada, puede se expuesta en todo estado de causa, salvo la posibilidad del Juez de condenar en daños y perjuicios a los que se hayan obtenido con intención dilatoria, de invocarlos con anterioridad. Invocados con anterioridad: Los medios de inadmisión deber ser invocados de oficio cuando resulte de la falta de interés. La falta de calidad: es la incapacidad legal de obrar en justicia, por las razones y situaciones expresadas en la ley. La falta de interés: Es la inexistencia de condición y ejercicio de la acción en justicia que debe nacer desde el momento en que el derecho del demandante es amenazado o violado. Debe ser jurídico, legitimo, personal, neto y actual. El interés no es más que un motivo legitimo para actuar por lo que se requiere una relación estrecha entre el hecho y el demandante o interveniente. La prescripción: Que es un medio de adquirir o extinguir una obligación, por el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones que la ley determine. La demanda en intervención: es una demanda incidental. Se divide en dos: Intervención voluntaria: que es la participación de una persona que originalmente no es ni el demandante ni el demandado en el litigio pendiente entre estos últimos pueden intervenir todo el que tiene interés en la instancia. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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Esta puede ser de dos forma: Intervención principal: Que es cuando contiene una pretensión a favor de quien la ha incoada. Intervención accesoria: Es cuando ella apoye la pretensiones de una de las partes, si quiere sacar provecho. En esta se intervine sólo para salvaguardar un derecho. La intervención forzosa: es una intervención no querida por el Tercero que es llamado a intervenir contra su voluntad. Puede revestir de Tres formas: 1-) la puesta en causa: su caracteriza fundamental de la puesta en causa es que unas de las partes demandante o demandado va a conseguir para el tercero puesto en causa una condenación. 2-) Citación en declaración de sentencia común. 3-) Demanda en intervención forzosa en garantía. El que demanda en intervención tiene una facultad no una obligación. Es decir ninguna parte ni demandante y demando puede obligarse a demanda a un tercero e intervención sino que es una facultad que le asiste. Los efectos de la intervención es que hace parte el tercero del proceso, por consecuencia todo el proceso debe también girar, desarrollarse sobe el tercero. El Juez no tiene derecho a llamar como interviniente a un tercero, pero si como testigo. Hay caso en que no se permite la intervención como por ejemplo: el divorcio. Las demandas en intervención pueden incoarse: 1- Tribunal de Primera Instancia. 2- Tribunal de Tierra, 3- Juzgado de Trabajo. 4- Corte de Apelación. 4- Tribunal Suprema Corte de Justicia. 5- Tribunal Contencioso Administrativo. 6- Juez de lo referimiento. La intervención es extraña a la jurisdicción represiva, salvo para la parte civil. En las jurisdicciones arbitrales no es posible porque en los contratos que se establece la competencia a un arbitro para conocer ciertos casos son las mismas partes que fija el alcance del apoderamiento del arbitro quedando los terceros fuera del alcance del arbitro. En cuanto a la tercería, esta se ejerce cuando un tercero perjudicado en una sentencia y este tercero no puede intervenir en una demanda principal. Es decir o mejor dicho en la demanda introductiva. Las demandas incidentales: son las que tienden a la modificación de la demanda original, las conexas o las demandas principal. El tribunal competente es el Tribunal apoderado de la demanda principal. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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La denegación: es la acción cuyo objeto es determinar que un abogado o un ministerial, no ha recibido el correspondiente mandato de una de las partes para hacer el acto de su ministerio o se ha excedido en cuanto se refiere al mandato recibido. Incidentes relativos a la modificación de las pretensiones de las partes o el personal del proceso: a).- Demanda adicionales: el demandante tiene una pretensión nueva, la cual adiciona a la original. De ahí la denominación demanda adicional. Como demanda adicional podemos citar las siguientes: 1- la intentadas en cobro de intereses, después de incoada la demanda en cobro de capital. b).- Demanda reconvencionales: Es incoada por el demandado en respuesta de la demanda principal, con ella, el demandado persigue una atenuación en las pretensiones del demandante e incluso hasta una condenación en cobro de capital. Con la demanda reconvencional, la parte demandada pretende no el rechazamiento de la demanda original, sino una ventaja diferente al simple rechazamiento de ésta. Incidentes relativos a la suspensión, interrupción y extensión de la instancia: Suspensión de la instancia: Hay modificación en la situación de las partes o de sus representantes. La parte se encuentra en imposibilidad de continuar la instancia, la cual debe ser renovada. Por ejemplo cuando el Juez ordena comunicación de instancia esta suspendida hasta que las partes deposite sus documentos. La instancia puede ser suspendida o interrumpida, son casos distintos. En la interrupción hay una modificación en la situación de las partes o de su representante. Las partes se encuentra en imposibilidad de continuar la instancia, la cual debe ser renovada. La interrupción de la instancia se origina casi siempre, en el fallecimiento de una de las partes, también hay interrupción de instancia cuando el abogado constituido por una de las partes fallece o no puede seguir ejerciendo su profesión. Hay suspensión cundo: algunos acontecimientos ajenos a la parte o a sus representantes detienen el proceso. Por ejemplo caso de denegación de un acto hecho por el abogado o un alguacil o cuando la instancia esta ligada a un asunto de naturaleza penal y hace aplicable el principio “lo penal mantiene lo civil en estado”. En la interrupción de la instancia ella tiene que renovarse en la suspensión la instancia será continuada. Incidentes relativos a la extensión de la instancia. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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El desistimiento de instancia: es cuando el demandante renuncia a los efectos del proceso; una cualquiera de las partes puede desistir de la instancia. La demanda en perención de instancia: se extinguirá por cesación de los procedimientos durante Tres años, plazo que se amplía a Seis meses más en aquellos casos que dan lugar a demanda en renovación de instancia. La perención no se produce en caso de sentencia preparatorias. La perención no extingue la acción produce solamente la extinción del procedimiento, sin que pueda en ningún caso, oponer acto alguno de procedimiento extinguido, ni apoyarse en el. En caso de perención el demandante principal será condenado en todas las costas del procedimiento fenecido. La perención de instancia es una forma de extinción de instancia debido a la descontinuación de las actuaciones procesales durante un lapso que el legislado ha fijado, en principio en tres años. Es evidente que la falta de actuación procesal de las partes el plazo fijado por la ley es la causa eficiente y constitutivo de la perención y que dicha circunstancia resulta la esencia de la misma. Caducidad instancia: es la extinción de los derechos de las partes. Inscripción en falsedad: la falsedad es la alteración de la verdad en un escrito. Es la alteración de un documento. Es una demanda incidental. Es material: es la alteración física del documento. Es intelectual: se trata de cláusula que no han sido la convenida para interponerla la demanda en intervención es necesario la existencia de una demande principal.. Sólo las partes en el proceso puede accionar en falsedad, si un tercero quiere inscribirse en falsedad tiene que irse a la jurisdicción penal o la tercería si a intervenido una sentencia. Si se quiere ejercer de manera principal hay que i a la jurisdicción penal, sino es incidental y debe existir una demanda principal. Se puede interponer en todo estado de causa. Los actos que pueden ser atacados por la inscripción en falsedad: los actos auténticos los cuales son: a- los actos auténticos instrumentados por el notario. B- las primeras copias de la sentencia. C- actos de alguaciles. D- sentencia arbítrales. E- actos del Estado Civil. F- informe de peritos. G- original del acto del duplicado de título. Enunciaciones que son creíbles hasta prueba en falsedad: 1- Cuando el notario dice que el a cumplido determinada formalidades, esta mención es creíble hasta inscripción en falsedad. Los Jueces de Paz no son competente para conocer la inscripción en falsedad. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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El Juez de Paz tiene que sobreseer la acción principal y reenviar el asunto de la demanda incidental en primera instancia, siempre y cuando sea sería la inscripción en falsedad. En materia catastral no es posible el procedimiento en inscripción, sino que los actos que pueden ser nulo están regidos en los artículos 72 al 74 de la Ley de Tierra. El procedimiento se desenvuelve en Tres fases: Cada fase del procedimiento concluye con una sentencia, pero no siempre el procedimiento pasa de la primera fase, porque la parte desiste del procedimiento o transigen en eso. Primera fase: el demandante inicia su procedimiento mediante acto de abogado a abogado en la demanda indicándoles si va hacer uso del documento, con la advertencia que en caso afirmativo se va a inscribir en falsedad. Es la parte que debe ir a la secretaría del Tribunal hacer la inscripción en falsedad o sino el abogado puede hacerlo pero mediante un poder autentico, donde le da mandato expreso para inscribirse en falsedad. En esta primera fase el Juez puede rechazar la inscripción como también puede acoger la inscripción de esta primera fase por se demasiado evidente la falsedad. En esta fase el Juez dicta una sentencia donde el Juez va a asignar el Juez comisario y además puede sobreseer la demanda principal. El sobreseimiento es facultativo, sólo puede operar el sobreseimiento cuando es realizada la declaración en Secretaría. Puede el Juez continuar el proceso y no sobreseerlo, suspendiendo la fuerza probatoria del acto inscrito en falsedad y puede a la vez proseguir la demanda principal apoyándose en que el expediente existe otros documentos con fuerza probatoria. Segunda fase: cuando el Juez acoge la inscripción no esta admitiendo que el documento es falso, sino que admite el procedimiento en inscripción en falsedad. En esta fase se remitirán los documentos en inscripción en falsedad. Se levanta un proceso verbal sobre el estado de las piezas argüidas en falsedad. Ese proceso verbal y el acto que se hace debe de indicar la características del acto, hacer una descripción física del acto. En esta segunda fase entra en juego el Ministerio Público. Las personas que deben estar en esta segunda fase son: 1- Las partes; 2Ministerio Público; 3- Juez comisario; 4- Secretario. En está fase lo que hay es una primera aproximación de los medios de pruebas. Esta fase termina también con una sentencia. Tercera fase: administración efectiva de las pruebas: Primer modo de pruebas: 1El título TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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Testigos Peritaje.

Régimen de los medios de inadmisión: se pueden proponer en todo estado de causa. 1- lo primero en concluir sobre la excepción. 2- Luego sobre la inadmisibilidad y 3- luego sobre el fondo. No es necesario cuando se plantea un medio de inadmisión plantear el agravio, como sucede a las nulidades por vicio de fondo. Hay medios de inadmisión que no pueden ser vigilados como la prescripción, la cosa juzgada, etc Resolución alternativa de conflictos. La resolución alternativa de disputas ayuda a crear una cultura de paz y armonía, dado que las conflictos entre las personas se resuelven virtualmente de manera satisfactoria, en función de una amplía variedad de métodos que permiten resolver disputas sin utilizar la vía del litigio. Arbitraje: Es un procedimiento de solución a los conflictos y consiste en designar un tercero para resolver la controversia. Es la sustitución de la justicia pública por la privada en una contestación de puro interés particular. Al final se dicta un laudo que se impone a las partes y opera como una sentencia con el mismo efecto de autoridad de la cosa juzgada. Ámbito e importancia:

Limitación en el área penal.

Aplicación en el área civil.

. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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TEMA VII La prueba: La prueba es el medio o procedimiento que sirve para demostrar la verdad de una proposición o la realidad de un hecho. En todo proceso, la tarea principal de las partes consiste en demostrar la existencia de ciertos actos o hechos que han creado, modificado o extinguido la situación jurídica objeto de la controversia. Las reglas de las pruebas se encuentran contenidas en los artículos 1315 y siguientes del Código Civil. La prueba escrita y la presunciones son administrada sin necesidad de procedimiento especial: la primera con el depósito de los documentos en secretaría, la segunda por el examen que hace el Juez de las circunstancia alegadas como constitutivos de la presunción. Carga de la prueba: El artículo 1315 del Código Civil “el que reclama la ejecución de una obligación debe probarla, recíprocamente, el que pretende estar libre, debe justificar el pago o el hecho que ha producido la extensión de su obligación”. Proposición: En principio corresponde a las partes aportar al proceso los elementos de prueba que el Tribunal deberá tomar en cuenta para decidir. Es una consecuencia de la estructura de nuestro procesal civil y comercial, que es dirigido e impulsado por las partes y condicionado, en general, por la actividad de la parte. Las partes tienen la disposición del objeto del proceso; en consecuencia, son jueces de la oportunidad y conveniencia de los medios de pruebas. Admisión de los medios de pruebas: En general el Tribunal aprecia soberanamente si el medio de prueba que se ofrece emplear es admisible, y aunque lo sea si es útil y pertinente. En consecuencia decide también soberanamente, si procede o no ordenar las medidas de instrucción que se le piden para administrar la prueba. El Tribunal puede, usando del poder de iniciativa que en algunos casos la Ley le reconoce, en ausencia de pedimento de las partes, prescribir de oficio la mayor parte de esas medidas de instrucción: comparecencia personal, informativo, etc. Para que un medio de prueba pueda servir de fundamento a la sentencia, es preciso que reúna dos condiciones: 1. El medio de prueba debe ser precisamente uno de los admitidos por la ley. Prueba escrita, prueba testimonial, confesión, juramento, etc 2- El medio de prueba debe haber sido administrado en la forma prescrita por la ley. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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En consecuencia de las dos reglas anteriormente enunciadas, el Juez no puede fundar su sentencia ni sobre una certificación de funcionario público, ni sobre el conocimiento personal de los hechos que haya podido adquirir fuera del proceso. Fuentes y medios de prueba: Son medios de prueba las fuentes de que el juez extrae los motivos de prueba, los cuales constituyen las razones que producen, inmediatamente o no, el convencimiento del juez. Medios de prueba: El artículo 1317 del Código Civil y algunas disposiciones complementarias del Código de Procedimiento Civil y actualmente en la Ley 834 se enumeran los medios de prueba escrita, prueba testimonial, confesión, juramento, inspección del objeto litigioso, presunciones. Los medios de pruebas se dividen, por una parte, en pruebas preconstituidas, esto es que existen al momento del proceso, caso de la prueba escrita, y en pruebas que se establecen en el proceso, como el testimonio, el juramento; y por otra parte, en prueba directa, que se relacionan al mismo hecho que debe ser probado, como la que resultan de los documentos y del testimonio, y en pruebas indirectas, que se obtienen por medio de un razonamiento, como los que resultan de las presunciones. Documentos: En principio, debe administrarse por escrito la prueba de los actos jurídicos, que se refieran a caso cuyo valor exceda de los Treinta Pesos. Los documentos es una prueba escrita. Interrogatorio de las partes: La confesión: Es el medio de prueba más completo y seguro; pero casi nunca es el hecho espontaneo de la parte. Es preciso provocarla por medio de un procedimiento que permita conducir la parte ante el Tribunal a fin de que sea interpelada acerca de los hechos de la causa. La comparecencia personal puede ser ordena sea a requerimiento de una de las partes, sea de oficio por el Tribunal. Ambas partes son cuestionadas, o pueden serlo, una en presencia de la otra o separadamente, si así lo exigen las circunstancias, pero deben ser confrontadas si una de las partes lo solicita. En caso de que la comparecencia personal sea ordena respecto de una de las partes, dicha parte será interrogada en presencia de la otra, a menos que las circunstancias exijan que este interrogatorio se realice inmediatamente o fuera de la presencia de la otra parte. Por otra parte la ausencia de una de las partes no impide la audición de la otra. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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De acuerdo al artículo 64 Ley 834 las partes pueden ser interrogadas en presencia de un técnico y confrontadas con los testigos, esto permitirá al Juez cuestionar de inmediato al técnico relativo al comportamiento de la parte interrogada. El artículo 66 Ley 834, establece, la comparecencia personal tendrá lugar en presencia de los defensores o estos legalmente citados. Si una de las partes está ausente, ello no impide interrogar a la otra (artículo 63). Las partes deberán responder a las preguntas que les sean formuladas sin poder leer ningún proyecto (artículo 65) Las partes no pueden ser interrogadas directamente por los defensores. Cuando una de las partes se encuentra imposibilitado de presentarse, el Juez que haya ordenado la comparecencia puede transportarse donde se encuentre dicha parte, previa convocatoria a la parte adversa (artículo 70) Materia comercial: La comparecencia personal no es una medida de instrucción distinta en la materia comercial. Las disposición del artículo 60 de la Ley 834 establece que el Juez puede ordenar esta medida de instrucción en toda materia. Ante el Juez de Paz: Los artículos 9 y siguientes reguladores de la comparecencia de las partes, no excluye la posibilidad de que el Juez de Paz obtenga directamente de ellas las declaraciones que considere útiles para la solución del litigio. La facultad para el Juez de Paz de ordenar la comparecencia personal de las partes se encuentra reconocida por los indicadas disposiciones del artículo 60 de la Ley 834. Carácter de las declaraciones: Las declaraciones hecha por la parte en la comparecencia personal constituye una confesión judicial (artículo 1356 del Código Civil). Produce tres efectos: A-) Vale como medio de prueba, que hace plena fe contra la parte de quien emana, en otro proceso, esa declaración no constituye sino una mera confesión extrajudicial que puede ser tomada en consideración por el Juez como medio de convicción en la medida que lo crea conveniente. B-) Esta confesión es indivisible con respecto a la parte que la hizo. C-) La confesión es irrevocable, aun cuando haya intervenido como consecuencia de un error de derecho. En cambio puede ser revocada cuando ha sido la consecuencia de un error de hecho. El artículo 72 Ley 834 expresa que el Juez podrá sacar cualquier consecuencia de derecho de las declaraciones de las partes, de la ausencia o de la TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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negativa a responder de una de ellas, y considerar esta como equivalente a un principio de prueba por escrito. Testigos: La información testimonial es el procedimiento prescrito para admitir la prueba por testigos. Es hábil para declarar como testigo toda persona que pueda suministrar informes sobre los hechos cuya prueba ha sido ordenada. El testigo es en efecto, la persona que relata lo que ha percibido por medio de los órganos de los sentidos, especialmente lo que ha visto u oído, en relación con los hechos de la causa. Sin embargo por extinción del concepto del testimonio, son citados frecuentemente como testigo personal que solamente han oído hablar a otro hacer de esos hechos, o sobre lo que han oído referir en rumor público. Estos últimos testimonios son evidentemente, muy débiles, y lo más que el Juez puede hacer es tomarlo como simple indicio o presunciones más o menos sólidos. 1-) El artículo 87 Ley 834, el Juez, en el curso de una información testimonial puede, ya de oficio o a requerimiento de una de las partes, convocar u oír a cualquier persona, cuya audición le parezca útil al esclarecimiento de la verdad. 2-) Artículo 93 faculta al Juez para que pueda autorizar a las partes a presentar sus testigos sin formalidad previa, o indicar al secretario del Tribunal dentro del plazo que el Juez indique, los nombres y demás datos personales de dichos testigos. Esta facultad corresponde también al Juez cuando ordena de oficio un informativo. Número de testigo: Las partes pueden hacer oír el testimonio de cuantos testigos estimen necesarios. Obligaciones del testigo: El testigo citado para concurrir a una información testimonial está obligado a comparecer, a prestar juramento, a declarar, a decir la verdad (artículo 75 y 80 Ley 834). La nulidad resultante de que un testigo no prestó juramento es un medio que debe ser propuesto en las mismas condiciones que las otras nulidades. La falta de juramento de un testigo no conlleva la nulidad de la sentencia, cuando el Tribunal no se ha apoyado en la declaración del testigo no juramentado, sino en otros medios de prueba. Sanciones: El incumplimiento por el testigo de sus obligaciones de comparecer y declarar bajo juramento es sancionado, dispone el artículo 76 Ley 834 con una multa civil de 10 a 100 pesos. Cuando el testigo declara falsamente incurre en el delito de perjurio. (Ley 202 de 1918) TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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Personas incapaces de atestiguar: artículo 74 Ley 834, establece que toda persona puede ser oída como testigo a excepción de la afectada de una incapacidad para prestar testimonio en justicia. Entre estas personas pueden citarse: 1- Los condenados a la degradación Civil (artículo 32 Código Penal) y los privados por sentencia del derecho de deponer en juicio (artículo 42 del Código Penal). Menores de 18 años: Secreto profesional: Tradicionalmente se admite que la persona citada como testigo puede negarse a hacer declaraciones sobre los hechos conocidos con motivo del ejercicio de una profesión que lo obliga a guardar el secreto profesional. La revelación de tales hechos podría, según algunos, constituir el delito de divulgación de secretos previstos por el artículo 378 del Código Penal. Lo único cierto es que la persona que se halla en esta situación no puede ser obligada a prestar declaraciones sobre tales hechos . el artículo 75 de la Ley 834. Que asimismo es al Juez, no a las partes, a quien compete apreciar la legitimidad del motivo por el cual el testigo solicita su dispensa, artículo 206 del Código Civil. Tachas: puede proponerse las tachas ante de oír al testigo como son, porque existe enemistad o interés personal en el juicio, parentesco o cualquier otro motivo considerado legítimo. Audición de testigos: Los testigos son oídos en audiencia del Tribunal. Serán oídos separadamente, en el orden que determine el Juez, en presencia de las partes y de sus defensores o abogados. Prestaran juramento de decir la verdad. El Juez deberá advertirles que incurrirán en la pena de multa y prisión en caso de falso testimonio. Los testigos no podrán leer ningún proyecto borrador o aprestó (artículo 79, 80 y 81). El Juez hará al testigo las preguntas que le sometan las partes, si lo estima necesario. La parte demandada puede probar en la contra información solamente aquellos hechos que son la negación de los alegados por el demandante. Las declaraciones de los testigos serán consignadas en acta. Peritos: cuando el proceso plantea cuestione cuya solución exige conocimientos técnicos que el Juez no posee, es preciso que el recurra a personas que tenga esos conocimiento a fin de que le emitan un dictamen razonado contentivo de los elementos aplicables a la solución del caso. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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Esas personas entendidas son llamadas peritos o expertos peritaje, juicio pericial o experticio en la operación por medio de la cual los peritos o expertos procedan al examen de los hechos sometidos a su consideración. Informe o información pericial es la relación escrita de las investigaciones de todos genero que los peritos han llevado a cabo, con indicación del resultado de las apreciaciones técnicas a que han llegado. El peritaje es en principio facultativo, el Juez lo ordena cuando, a su juicio, esa medida es indispensable o útil para llegar al esclarecimiento de la cuestión litigiosa. Puede ser ordenada de oficio, pero aunque las partes lo soliciten, el Juez no esta obligado a prescribirlo si encuentra en el expediente otros elementos de convicción. El informe es obligatorio en ciertos casos por ejemplo materia de rescisión de venta por causa de lesión (artículo 1678 del Código Civil). Cualquier persona puede ser perito, con excepción de los condenados a pena aflictiva o informante. El informe pericial es ordenado por sentencia que debe contener tres disposiciones distintas: 1- indicar con precisión el objeto de la diligencia pericial. 2- La sentencia nombra un Juez comisario ante quien preste juramento los peritos. 3- La sentencia indica los peritos que las partes han designado o a falta de haberlo asignado la parte, los designa el Tribunal. En general, el peritaje debe confiarse a tres peritos (artículo 303) sin embargo estos (las partes) pueden convenir en que un solo perito practique la diligencia pericial. Al tener el dictamen de los peritos influencia sobre la solución del proceso, de aquí el derecho conferido a las partes de recusar a los peritos, por las mismas causas que para los testigos. Los peritos nombrados de oficio pueden ser recusado solamente dentro de los tres días de su nombramiento, los nombrados por las partes pueden serlo sólo cuando las causas de recusación hayan sobrevenido posteriormente a su nombramiento. Los peritos pueden no aceptar su designación, o, después de haberla aceptada, renunciar a ella. La parte más diligente cita a los peritos a los fines de prestar juramento de cumplir fielmente su cometido. Debe entregarse a los peritos la sentencia que ordenó el peritaje y los documentos relacionados con el asunto. Una vez cumplida las formalidades anteriormente señaladas, los peritos redactaran un informe en el mismo lugar contenciosos o en el que ellos indiquen al efecto. Emitirían colectivamente un TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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informe que constara de dos partes: 1- En la primera preparada en presencia de las partes, los peritos hace constar los hechos que han comprobado y enuncian el cumplimiento de las formalidades preliminares de su diligencia; 2- en la segunda, el informe, los peritos dan a conocer su opinión, adoptada por mayoría de votos, esta última partes es preparada secretamente. Al pie del informe deberán ser trazado por el Juez Presidente los honorarios a que tienen derecho los peritos. La parte más diligente debe notificar copia del informe a la contraparte. Las partes pueden controvertir únicamente acerca de las apreciaciones técnica emitidas por los peritos declaran haber comprobado, pero no sobre los hechos que los peritos declaran haber comprobado. El informe pericial es fehaciente hasta inscripción en falsedad, puesto que emana de personas investidas con un mandato legal para proceder a tales comprobaciones. Si el informe pericial es declarado nulo (se anula al practicarlo se ha controvertido a las formalidades sustanciales o han sido vulnerados los derechos de la defensa) queda naturalmente excluido del debate, si por el contrario es admitido su validez, permanece en el proceso como elemento de decisión. El Tribunal no esta ligado por el dictamen de los peritos. Si el peritaje no arroja información suficiente, el Tribunal puede ordenar otro. Se admite que el Tribunal en vez de ordenar una nueva información pericial, pueda prescribir que los peritos comparezcan en audiencia, a fin de suministrarle explicaciones complementaria. En materia comercial existe el peritaje. En referimiento se puede el peritaje. Juzgado de Paz: Cuando ordena el peritaje generalmente combinado con una visita de lugares, el Juez de Paz entrega a las partes cédula de citación que indica fecha y lugar en que los peritos deberán prestar juramento y el objeto de la diligencia pericial. En cuanto a los demás sigue las reglas del derecho común. Reconocimiento judicial:

Otros medios probatorios TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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Inscripción de lugares: Por esta medida de instrucción el Tribunal practica el examen directo del objeto litigioso, mueble o inmueble. Esta medida le permite al Juez cerciorarse directamente de los hechos controvertidos. Puede ser ordenada a solicitud de partes o de oficios. En los Juzgado de Paz se practica la inspección de los lugares. Juramento decisorio: Es el diferido por una de las partes a la otra. Es posible esta prueba en toda materia susceptible de transacción y entre las partes capaces de transigir. Debe versar acerca de un hecho personal a la parte a quien se le difiere. El juramento puede ser diferido en todo estado de causa. El hecho a probar debe ser uno cuya prueba no esté prohibida por la ley. Si la parte a quien se le difiere el juramento rehusa prestarlo ella pierde el proceso. Si la parte presta el juramento que le es diferido, ella gana el proceso, sin derecho para su contraparte de probar la falsedad del juramento. El Juez tienen poder discrecional para acoger o desechar el pedimento de las partes tendiente a diferir el juramento a su contraparte. TEMA VIII La sentencia: Formación interna y motivación. Es el acto jurisdiccional que pone fin al proceso o a una etapa del proceso, después de haber verificado la verdad de los hechos invocados por las partes, el Juez declara, para cada caso, cuál es la voluntad de la ley en relación con la causa planteada ante él, con el ejercicio de la acción. En otros términos: la sentencia es una aplicación concreta del derecho objetivo a los hechos de la causa. La sentencia es un acto emanado de la autoridad pública, contentivo de una decisión emitida en nombre del estado y que se impone no solamente a las partes litigantes, sino también a todas los otros órganos del poder público especialmente a las autoridades que detentan la fuerza pública de ahí que la sentencia sea pronunciada “En nombre de la República”. La Juez emplea la palabra auto u ordenanza para designar la sentencia intervenida en los casos de referimiento y la palabra decisión para designar la sentencia del Tribunal de Tierra. Estructura de la sentencia: 1) Parte introductiva A) el encabezamiento. B) La fecha y el lugar del pronunciamiento. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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C) La designación del Tribunal. D) Nombre del Juez o de los Jueces. E) La asistencia del secretario. F) Mención de la publicidad de la sentencia. G) Indicación del asiento H) Designación de las partes. I) Indicación de la lectura del rol. J) Las conclusiones de las partes. II Los actos de procedimiento. III La fundamentación de la sentencia. IV El dispositivo. Cinco planos o materias implicados en el razonamiento judicial. El fáctico: Es el que se refiere a la exposición de los hechos que dan lugar a la controversia entre las partes. La regulatoria: relativa al razonamiento que hace el Juez para determinar cuales son las disposiciones legales aplicadas a esos hechos. La etapa lingüística: que es muy importante y es la forma que debe observar el Juez para que su sentencia sea bien entendida, bien interpretada y que refleje realmente cual ha sido su decisión. La etapa lógica: se refiere al razonamiento que hace el Juez una vez que tiene en sus manos los hechos y el derecho para llegar a la conclusión de tomar su decisión en uno u otro sentido. La parte axiológica, que es la de los valores éticos que se toman en cuenta al momento en que el Juez estructura su sentencia. De esta forma podemos ver que son cinco las fases que el Juez considera para ofrecer un producto jurisdiccional que satisfaga a las partes. Motivación: La sentencia debe contener a pena de nulidad, los fundamentos, o lo que es equivalente, los motivos en que el Tribunal funda su decisión. Los motivos la demostración dialéctica y jurídica en que se apoya el dispositivo de la decisión adoptada por el Tribunal. La obligación de motivar las sentencias se explica en que ello permite reconocer si los elementos de hecho necesarios para justificar la aplicación de la ley, se encuentran en la sentencia y este propósito no se logra cuando los motivos están concebidos en términos demasiado vagos o demasiado generales. Es necesario señalar, asimismo, que los motivos deben ser respondidos en orden lógico, ya que las cuestiones previas, en tanto que tales deben ser motivadas (respondidas) en primer término. Por ejemplo resulta obvio que una excepción de incompetencia debe ser motivada antes que un medio de excepción TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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cualquiera, ya que la incompetencia del Tribunal le impedirá conocer cualquier cuestión que decida las suerte del asunto que le ha sido sometido. Diferentes categorías: a) Sentencia Definitivas: Es cuando el Tribunal resuelve sobre el fondo o sobre un incidente, su sentencia es ciertamente definitiva, pero no forzosamente irrevocable. b) Sentencia previa: Es la que un Tribunal pronuncia en el transcurso del proceso, antes de decidir sobre el fondo, y por medio de la cual ordena sea una medida de instrucción, sea una medida provisional. c) Sentencia de instrucción: Esta sentencia comprende Dos (2) grupos: la sentencia preparatoria y las sentencias interlocutorias. d) Sentencia provisionales. Son las que deciden sobre las demandas provisionales, estos es que tiendan a obtener que el Tribunal prescriba de modo inmediato una medida de carácter urgente, necesaria para proteger el interés de una de las partes o para evitar perjuicios irreparables. e) Sentencia de carácter mixto: Una misma sentencia puede contener a la vez: deposiciones de carácter interlocutorio y disposiciones de carácter definitivo, disposiciones de carácter preparatorio y disposiciones de carácter interlocutoria. f) Sentencia contradictoria: Es contradictoria cuando el demandado a comparecido, y en que tanto él como el demandado han presentado conclusiones. g) Sentencia defecto: Cuando se comprueba la incomparecencia del demando o la falta de conclusiones de este o del demandante. i) Sentencia ordinaria: Es la sentencia propiamente dicha, esto es la que interviene a título de decisión del Juez respecto de una diferencia real de interés entre las partes. j) Sentencia meramente declarativa: Es la que se contrae a comprobar la existencia de un derecho o de una situación jurídica. k) Sentencia constitutiva: Es la que crea una situación jurídica, sea modificado un estado de cosas anteriores, sea aboliéndolo, sea sustituyéndolo por otro. Eje. La sentencia que admite el divorcio. l) Sentencia condenatoria: Es la que impone a la parte vencida en el juicio el cumplimiento de una prestación, sea positiva de dar o de hacer, sea negativa, de no hacer. ll) Sentencia absolutoria: Interviene cuando el Tribunal, acogiendo la defensa del demandado, rechaza la demanda del acto. m) Sentencia en instancia única: Cuando la sentencia no es susceptible de apelación, se dice que es dicta en instancia única. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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n) Sentencia en primera instancia: Es la que un Tribunal de primer grado de jurisdicción dicta a cargo de apelación. Es el caso normal. o) Sentencia en última instancia: Es cuando la sentencia es apelable, y el recurso de apelación es interpuesto, la decisión del Juez de segundo grado, se dice dictada en última instancia. La congruencia de la sentencia con las pretensiones de las partes: En la sentencia el Tribunal debe responder a todos los pedimentos de las partes contenidos en sus respectivas conclusiones, para acogerlos o para desestimarlos, sea que figuren en conclusiones principales, en conclusiones adicionales o subsidiarias, sea que se refieran a una defensa, excepción, u medio de inadmisibilidad. La enunciación de las conclusiones de las partes es una formalidad esencial, puesto que ellas fijan la extensión del proceso y limitan por lo tanto el poder decisión del Juez y el alcance de la sentencia; no ocurre lo mismo en materia laboral, donde el Juez tiene la facultad de fallar ultra petita y extra petita. Efecto de la sentencia: La sentencia por ser el acto jurisdiccional que termina la instancia, produce estos efectos: 1Desapoderamiento del Tribunal del conocimiento del proceso; 2- Declaración o constitución de un derecho o de una situación jurídica según el caso; 3- Autoridad de la cosa juzgada; 4- Fuerza ejecutoria; 5- Hipoteca judicial d) Efecto declarativo: Efecto Constitutivo: ejemplo: sentencia sobre divorcio. Pronunciamiento y notificación: Después de redactada la sentencia es pronunciada, esto es, leída íntegramente en audiencia pública. Hasta el pronunciamiento la sentencia no existe legalmente. Notificación: Es el acto procesal preparado a requerimiento de una de las partes del proceso, mediante el cual la sentencia es llevada a conocimiento de la otra parte. Cuando haya abogado constituido, no se podrá ejecutar la sentencia, sino después de haberles sido notificada, a pena de nulidad. Las sentencias provisionales y definitiva que pronunciasen condenaciones, se notificarán además a la parte, en su persona o en su domicilio, haciéndose mención de la notificación hecha al abogado. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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La notificación deberá hacerse en los seis meses de haberse obtenido la sentencia, a falta de lo cual la sentencia se reputará como no pronunciada. Dicha notificación deberá, a pena de nulidad, hacer mención del plazo de oposición fijado por el artículo 157 o del plazo de apelación previsto en el artículo 443, según sea el caso. La notificación de la sentencia tiene Dos finalidades: sirve de preliminar a la ejecución forzosa, hace correr los plazos para el ejercicio de las vías de recursos. Cuando se trata de sentencia definitiva o de sentencia provisional que contengan condenaciones, la ley exige que sean también notificada a la parte condenada, a su persona o en su domicilio. Todos los efectos de la sentencia se produce unicamente a partir de la notificación de la sentencia. Estos efectos se producen normalmente, en el acto de pronunciamiento de la sentencia, así como la formalidad de la notificación que viene a reforzar o a confirmar sus efectos. Con la pronunciación de la sentencia el Tribunal agota sus poderes jurisdiccionales. Después de la pronunciación de su sentencia el tribunal no puede volverse a poner en contacto con el proceso. la sentencia una vez pronunciada pertenece a las partes.

Fuerza ejecutoria: Solo las partes que han obtenido ganancia de causa en materia civil y comercial pueden obtener la primera copia ejecutiva de la sentencia, con el fin de ejecutarla. Al momento de su ejecución es imprescindible que la sentencia, si ha sido en defecto, haya sido notificada y haya adquirido la autoridad de la cosa juzgada. En cuanto a los terceros hay un régimen de protección especial, ya que no se ejecutará ninguna sentencia contra un tercero, sino probando, con la certificación del secretario, que no existe ninguna oposición de registro. Esta disposición se mantiene vigente para las sentencias dictadas en defecto y con ella se protege a los Directores del Registro Civil y Conservadores de Hipotecas y a los Oficiales del Estado Civil.

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Tan pronto pasa el tiempo para atacar una sentencia por la vía de recurso suspensiva, la misma adquiere la autoridad de la cosa juzgada. El plazo para impugnar una sentencia la hace inejecutable. La interposición de un recurso suspensivo, también la hace inejecutable. El transcurso del plazo del recurso, sin que se haya interpuesto, le da a la sentencia fuerza ejecutoria. La ejecución de las sentencias que han sido dictadas en forma contradictoria prescriben a los 20 años. Mientras que las sentencias en defecto y las reputadas contradictorias deben ser notificadas dentro de los seis meses de su pronunciamiento. En materia penal la ejecución de las sentencias las realiza el ministerio público, en cuanto se refiere al aspecto penal, y en lo referente al aspecto civil, las partes privadas interesadas. Cuando el tribunal declara que la ejecución de una sentencia que ordena una condenación civil se haga por vía del apremio corporal, le corresponde de manera intermedia a la parte civil y al ministerio público. El funcionario puede requerir directamente el auxilio de la fuerza pública. Las sentencias se deben notificar entre las seis de la mañana y las seis de la tarde y en los días laborables. Con permiso expreso del juez se podría hacer la ejecución fuera de esas horas o en días de fiesta. La entrega de la copia de la sentencia al alguacil es suficiente para que este proceda a su ejecución, por tanto, no se necesita poder especial. El artículo 114 de la Let 834 de 1978 expresa que la sentencia es ejecutoria a partir del momento en que pasa en fuerza de cosa juzgada, a menos que el deudor se beneficie de un plazo de gracia o el acreedor de la ejecución provisional. El plazo de gracia no es obstáculo para que el acreedor tome medidas conservatorias. El plazo de gracia corres desde el día de la sentencia cuando ella es contradictoria; no corre en los demás casos sino desde el día de la notificación de la sentencia. El plazo de gracia no puede acordarse al deudor cuyos bienes están embargados por otros acreedores, ni cuando se hubiere iniciado contra el deudor el TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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procedimiento preliminar de la quiebra o cuando el deudor, por su hecho, haya disminuido garantías que había dado por contrato a su acreedor. TEMA IX Los Recursos: Las vías de recurso se clasifican en: 1Vías de retractación y vías de reformación. 2Vías ordinarias y extraordinarias. Los recursos por vías de retractación: porque son conocidos por el mismo Tribunal que ha dictado la sentencia. Otros son vías de reformación, porque la jurisdicción que los conocerá será la inmediata superior a la que ha dictado la sentencia. La oposición y revisión civil son vías de retractación. La apelación es la vía clásica entre las de reformación. Las vías ordinarias son la oposición y la apelación y las demás son extraordinarias. Las ordinarias están abiertas siempre, a menos que la ley las prohiba, mientras que la extraordinaria sólo se ejercen en los casos limitativamente señalados por la ley. Las vías ordinarias son suspensivas de ejecución de la sentencia, lo cual no ocurre con las extraordinarias. El contredit o impugnación, es una vía especial. Lo mismo se puede decir del referimiento por ante el Presidente de la Corte, en los casos en los cuales es posible. Disposiciones comunes a las diferentes vías de recursos: Las vías de recursos ordinarias: Los recursos ordinarios: están abiertos siempre, a menos que la ley de forma expresa prohiba el ejercicio de los mismos. Suspenden la ejecución de la sentencia una vez incoado ante el tribunal correspondiente. El transcurso del plazo también suspende la ejecución de la sentencia. Cuando un recurso ordinario está abierto no se puede acudir a una vía extraordinaria. . En materia civil, los recursos ordinarios son: La apelación: es una vía de recurso por la cual una parte, que se cree perjudicada por una sentencia, o tiene la convicción de que dicha decisión va en detrimento TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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de sus derechos, difiere el proceso a un tribunal superior, para pode ejercerla se requiere haber sido parte en la instancia. La Ley 845 de 1978 establece un plazo de un (1) mes para interponer el recurso de apelación y se aumenta en razón de la distancia. El plazo se computa a partir de la notificación de la sentencia, es decir, al momento de realizada la notificación de la sentencia. La oposición: es un recurso abierto al defectuante y por el cual el litigio vuelve al tribunal que ha estatuido por primera vez. El plazo para interponer el recurso de oposición es de 15 días francos de conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Civil, modificado por la Ley 845 de 1978. Este plazo aumenta en razón de la distancia. Las personas domiciliadas en el extranjero además de los 15 días francos, tienen un plazo consagrado en el artículo 73 del Código de Procedimiento Civil. El plazo se computa a partir de la notificación de la sentencia. El recurso de oposición puede incoarse antes de la notificación si el oponente se ha enterado de la sentencia por cualquier otro medio. Si la persona no interpone el recurso dentro del plazo exigido por la ley, la oposición se hace inadmisible, esta inadmisibilidad puede ser pronunciada de oficio por un juez. Las vías de los recursos extraordinarias: Los recursos extraordinarios sólo se pueden intentar en los casos limitativamente señalados por la ley. No suspenden la ejecución de la sentencia Los recursos extraordinarios: La tercería: es una vía abierta a los terceros cuando son lesionados o amenazados de un perjuicio por el efecto de una sentencia, en el cual no han sido partes. La ley no fija ningún plazo dentro del cual se debe inteponer la tercería. Por lo tanto se aplica el plazo de más larga prescripción, que ha sido reducido a 20 años. La revisión civil: recurso por medio del cual se pide a los jueces que han sido estatuido, la modificación de su decisión, bajo la pretensión de que la misma se ha obtenido por error. Se aumenta el error en el cual ha podido incurrir el tribunal, como fundamento básico del recurso de revisión civil, es decir, se alega un error involuntario no advertido por el tribunal. El plazo para interponer el recurso de revisión civil es de dos (2) meses, el cual se contará a partí del día de la notificación de la sentencia. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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En caso de dolo o falsedad el plazo comienza a correr desde el día que se cometió el dolo o la falsedad. El plazo de los dos meses aumenta en razón de la distancia no es un plazo franco. La casación: una vía extraordinaria. No suspende la ejecución de la sentencia, a la cual se acude en los casos señalados por la ley. Cuando se acoge el recurso, se anula la sentencia, sin decidir el fondo del caso, ya que este recurso consiste en determinar si la ley fue bien o mal aplicada. La Suprema Corte de Justicia actuando como corte de casación no conoce el proceso en toda su extensión ni mucho menos decide por el fondo. Este recurso se interpone contra las decisiones rendidas por los tribunales del orden judicial, en consecuencia, para que la decisión de un tribunal administrativo sea susceptible de este recurso es necesario el mandato expreso por una ley especial. El plazo para incoar el recurso de casación es de dos meses. Se comienza computar a partir del día de la notificación de la sentencia a persona o domicilio. Todos los plazos prescritos por la ley sobre procedimiento de casación son francos, se calculan de fecha a fecha. No se computa ni el día de la notificación ni el de vencimiento. Las vías de los recursos especiales son: Le contredit (Art. 8-19, L. 834); el referimiento ante el juez de la corte. Efecto suspensivo: Efecto suspensivo del Recurso de apelación: La interposición del recurso implica la suspensión de la ejecución de la sentencia impugnada por medio del recurso de apelación. En virtud de la L. 845 de 1978, también el plazo para la interposición del recurso es suspensivo, es decir, que hasta tanto no haya transcurrido el plazo de un mes la sentencia no se puede ejecutar, como tampoco se podría hacerlo si ha habido la interposición del recurso de apelación, a no ser que se haya ordenado la ejecución provisional de la sentencia no obstante el recurso. Efecto suspensivo del Recurso de oposición: El plazo de la oposición es suspensivo y lo es también la interposición del recurso. Cuando se interpone un recurso de oposición dentro del plazo legal, la sentencia no puede ejecutarse hasta tanto se haya rendido nueva decisión como consecuencia del recurso. Efecto devolutivo: TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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Efecto devolutivo del Recurso de apelación: Quiere decir que el asunto es conocido en segundo grado en la misma extensión que lo fue en el primer grado. Las únicas limitaciones son las que resultan del recurso mismo. Solo es devuelto lo que ha sido apelado Efecto devolutivo del Recurso de oposición: Debido a su efecto devolutivo el recurso de oposición implica que el asunto vuelve a ser conocido por el tribunal que ha dictado la sentencia objeto del recurso. El asunto se conoce nuevamente en toda su extensión. La sentencia impugnada no se aniquila total ni automáticamente, sino que se procede a un nuevo examen del asunto. TEMA X. Las vías de ejecución: La ejecución se define como el medio a través del cual el deudor cumple con su obligación. La ejecución puede ser voluntaria, que es aquella en que el deudor cumple de buena fe, de buena gana con su obligación. La ejecución forzosa es aquella mediante la cual el acreedor fuerza al deudor a cumplir con su obligación. Hay cuatro procedimientos de ejecución forzosa: 1.- Ejecución sobre el cuerpo del deudor (apremio corporal) consiste en privar al deudor de su libertad, hasta que pague la deuda, el apremio corporal no extingue la deuda. No puede pasar de dos años; no se aplica a las mujeres casadas ni a las embarazadas. 2.-Presión sobre la voluntad del deudor: La ley establece distintos medios para quebrar la voluntad de un deudor recalcitrante. Ej. Por medio de derecho de retención y también por la acción oblicua. 3.La ejecución directa: Es aquella en la que el acreedor cumple la obligación del deudor y después le cobra la deuda y los gastos en que se incurrió. La ejecución directa solamente se aplica en las obligaciones de hacer o no hacer. El acreedor hace lo que el deudor tenía que hacer y después le cobra a este último los gastos en que incurrió. 4.- La ejecución sobre los bienes del deudor (es aquella que se practica sobre los bienes muebles. El procedimiento utilizado para ello es el embargo, que consiste TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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en sentido general en privar al deudor de sus bienes, venderlos públicamente y cobrarse el acreedor el monto de la deuda con el producto de la venta . Embargo Ejecutivo: (583-625 C.P.Civil) Es aquel mediante el cual un acreedor se apodera de los muebles del deudor para hacerlos vender y cobrarse la deuda con el producto de la venta. El embargo ejecutivo para practicarse exige la existencia de un título ejecutorio, es decir, un título con fuerza ejecutoria, o sea, que el acreedor pueda embargar de inmediato sin necesidad de ir ante los tribunales. La fuerza ejecutoria de un título la da la ley. Ej. Los gastos y honorarios de un abogado cuando son aprobados por el juez se constituyen en título ejecutorio; o una sentencia que sea definitiva o irrevocable. El objeto del embargo son muebles. Los muebles deben ser corporales, es decir, que puedan ser percibidos por los sentidos y deben estar en el domicilio del deudor y bajo su dominio. Fases del embargo ejecutivo: 1.- Todo embargo ejecutivo será precedido de un mandamiento de pago, hecho un día a lo menos antes del embargo, a la persona o en el domicilio del deudor y conteniendo notificación del título si este no se le hubiera notificado. 2. El embargo de los muebles: el alguacil estará acompañado de dos testigos ciudadanos dominicanos, mayores de edad, que no sean parientes o afines de las partes o del alguacil ni tampoco sus sirvientes. El alguacil enunciará en su acta los nombres, profesiones y moradas de los testigos. Las formalidades exigidas en los actos de alguacil serán observadas en las actas de los embargos ejecutivos: contendrán reiteración del mandamiento, si el embargo se hiciere en la morada del embargado. Si las puertas del edificio, en donde deba practicarse el embargo, estuvieren cerradas o se rehusare abrirlas, el alguacil podrá establecer vigilantes en las puertas, que impidan la sustracción de los objetos; recurrirá en el instante sin citación ante el juez de paz, y a falta de este ante el comisario de la policía, y en los lugares donde no hubiere ni una ni otra autoridad ante el inspector de agricultura o el alcalde pedáneo, en presencia de los cuales tendrá que abrir las puertas del edificio y aun de los muebles cerrados. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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El acta del embargo contendrá la designación detallada de los objetos embargados, si hay mercancías según su naturaleza se pesarán o se medirán. Art. 592. No podrán ser embargados: 1.- Los objetos que la ley declara inmuebles por destinación; 2.- El lecho cotidiano de la persona embargada y de los hijos que habiten con ellas, así como las ropas de los mismos.; 3.- Los libros de relativos a la profesión del embargado; 4.- Las máquinas y aparatos dedicados a la enseñanza, a la práctica o ejercicio de ciencias y artes; 5.- Los equipos de los militares; 6.- Los instrumentos de los obreros destinados para el arte u oficio a que puedan estar dedicados; 7.- Los granos, harinas y géneros para la manutención del embargado; 8.- Una vaca, tres becerros, o dos cabras, a elección del embargado, con la paja, o yerba, necesarios para su manutención durante un mes. Ver demás artículos. 3.- La venta: La venta se verificará en el mercado público más próximo el día y la hora ordinarias de marcado, o en un domingo. En todos los casos se anunciará un día antes, por medio de cuatro edictos a lo menos fijados, uno en el lugar donde estén los efectos, otro en la puerta de la casa del ayuntamiento, el tercero en el mercado del lugar, el cuarto en la puerta del local del Juzgado de Paz. La venta se anunciará además en los periódicos, si los hubiere en los pueblos donde ellas se realizare. Los edictos indicarán el lugar, el día y la hora de la venta, así como la naturaleza de los objetos sin designación particular. Embargo retentivo: (Art. 587-582 C.P.Civil). Todo acreedor puede en virtud de títulos auténticos o bajo firma privada, embargar retentivamente en poder de un tercero, las sumas y efectos pertenecientes a su deudor u oponerse a que se entreguen a éste. En ningún caso la indisponibilidad producida por el Embargo retentivo excederá al doble del valor de la deuda que lo origine. (Continuar estudiando del Código.) Embargo inmobiliario: Está regido principalmente por los Art. 2126 a 2170, 2204 a 2218 del C. Civil; por los Art. 673 a 779 del C.P. civil, de los cuales los Art. 673 a 715, 718, 717, 725, 728 a 731 y 735 fueron reformados por la L.764 del 20 de diciembre de 1944 884); por los artículos 199 y 219 a 224 de la Ley .de Registro de Tierras de 1947 que han venido a reemplazar los artículos 108 y s. De la Ley de Registro de Tierras de 1920. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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TEMA XI. Procesos ante el Juez de Paz (1) Demanda en desalojo ante el Juez de Paz. El embargo de ajuares o de locación. Demanda en reparaciones locativas y devolución de depósitos de alquileres. Demanda en Desalojo por Falta de Pago: El Tribunal competente para conocer de estas demandas, es el Juzgado de Paz del lugar donde se encuentre el Inmueble que se pretende desalojar (Párrafo II Art. 1 Cod. de Proc. Civil, Mod. por la ley 38-98); El plazo para emplazar esta demanda es de un día franco (Art. 5 Cod. de Proc. Civil, Mod. por la Ley 136 de 1967). La demanda debe ser encabezada o ir anexa a ella una certificación expedida por el Banco Agrícola que contenga la información de no depósito de los alquileres adeudados (Ley 17-95), y Decreto No. 4807 de 1959. Además debe contener las formalidades de una demanda civil (datos personales de las partes, del abogado, del alguacil que notifique el mismo, el traslado a la parte demandada, las motivaciones de hecho y de derecho y las conclusiones). La forma de apoderamiento al Tribunal, se realiza el mismo día que se encuentra fijada la primera audiencia, mediante él deposito del acto introductivo de la demanda conjuntamente con la certificación expedida por el Banco Agrícola del no depósito de los alquileres y cualquier otro documento que entienda de lugar. (Certificado de Titulo o documento de propiedad, certificación de pago de impuesto sobre la renta, vivienda suntuaria, constancia del Banco Agrícola del depósito del avance entregado al propietario o al administrador, contrato de alquiler). El procedimiento que se lleva en esta demanda es el procedimiento común de la materia civil, es decir, las partes deben ser asistidas por un abogado, haciendo la salvedad de que el inquilino demandado podrá presentarse ante el tribunal sin abogado, pero el Juez solo podrá interpelarlo si debe la suma TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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reclamada y en caso afirmativo si está en disposición de pagar la deuda y los gastos en que se incurrió en la demanda (Decreto 4807-1959); si el inquilino demandado realiza el pago o demuestra que no es deudor de la parte demandante el Juez deberá sobreseer el conocimiento de la audiencia (Decreto 4807-1959 Art. 12). Si el inquilino o afectado ha ofertado la suma adeudada sin los gastos del procedimiento, dicha oferta no será valida de acuerdo a las disposiciones contenidas en el Art. 12 y 13 del Decreto 4807-1959). En este tipo de demanda pueden plantearse los incidente comunes que se presentan en materia civil como son: la incompetencia, inadmisibilidad y nulidades. En los casos de incompetencia, el más común es el de la negativa de la parte demandada de que no es el inquilino del demandante, el Juez debe sopesar si este pedimento tiene el carácter de serio y en caso contrario debe acumular el mismo para ser fallado conjuntamente con el fondo, según la responsabilidad establecida. (Art. 3 y 4 de la Ley 834-1978). En lo relativo a los incidentes de inadmisibilidad y nulidad debe el Juez procurar de que los mismos sean conocidos conjuntamente con el fondo, a pesar de no existir ninguna disposición legal en ese sentido pero la practica socorrida, es de fusionarlo conjuntamente con el fondo en aras de evitar que la solución final al caso se prolongue por mucho tiempo. La sentencia que nace puede ser atacada por vía de los recursos comunes de oposición y apelación. El tiempo para interponer los mismo es de quince (15) días a partir de la fecha de la notificación de la sentencia.  En lo relativo al recurso de oposición, el Juez debe tomar en cuenta el monto de la demanda original (no debe ser mayor de RD$3,000.00) Art. I Párrafo II Cod. de Proc. Civil, Mod. por la Ley 38-98). Si la demanda fue notificada a persona o recibida por un representante legal (ver Art. 19 y 20 de la Ley 845-1978).(BIBLIOTECA BASICA, JUEZ DE PAZ). TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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TEMA XII. PROCESOS ANTE EL JUEZ DE PAZ (II) Acciones e interdictos posesorios. Se trata de acciones de naturaleza civil. Como es sabido las acciones civiles en justicia, se clasifican en : a) b) c)

Acciones reales, personales y mixtas. Acciones mobiliarias e inmobiliarias. Acciones petitorias y posesorias.

Las acciones posesorias corresponden a una subclasificación de las acciones inmobiliarias. Con ellas se persigue una real y efectiva protección a la posesión. Una simple posesión no daría lugar a una verdadera protección de la Ley. Es necesario, para poder ejercer las acciones posesorias, que la posesión sea pacifica, pública, continúa e ininterrumpida, tal y como lo establece la jurisprudencia. Condiciones para ejercer las acciones posesorias: Es necesario que la acción sea ejercida por la persona que real y efectivamente tiene la posesión. Además, en la acción posesoria se le impone al demandante en interdicto posesorio probar el hecho de la posesión, así como la turbación que dice que ha sufrido. La acción posesoria tiene un plazo de un año a partir de la desposesión. Clasificación de las acciones posesorias: a) b) c)

Querella posesoria. Denuncia de obra nueva. Reintegranda.

Querella posesoria: Corresponde la querella posesoria a la acción que se le otorga a todo poseedor de un inmueble, en cuya posesión se siente perturbado. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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La querella se ejerce contra el autor principal de la turbación, así como contra sus herederos y sucesores a titulo universal. Cuando el juez de paz recibe una demanda que tiene por objeto una querella posesoria, debe en primer lugar avocarse a determinar, por los hechos establecidos, si la acción es recibible como tal. El juez en sus motivaciones debe ser claro y preciso respecto de lo que él entiende que caracteriza la posesión y la turbación alegada. Una vez comprobada la turbación, el juez ordenara su cesación y la reposición de la cosa a la posición en que estaba antes de la perturbación, así como condenar a daños y perjuicios al perturbador si se solicitare. Denuncia de obra nueva: Esta acción posesoria la ejerce el poseedor de un fundo cuando el trabajo que realice el propietario del fundo colindante puede motivar en el futuro daño a la propiedad. Ejemplo: la construcción de una empalizada que en el futuro podría cerrar la entrada del otro propietario o sea, la turbación es futura, no actual. Es por esto último que la sentencia que intervenga debe ordenar de manera inmediata la supervisión de los trabajos, pero no la destrucción de lo ya construido, pues la turbación es eventual. Reintegranda: Resulta de una desposesión, pero de manera violenta. A diferencia de las otras dos acciones, en la posesión no se exige un mínimum de tiempo; basta el uso de la violencia en la desposesión. Para ejercer la Reintegranda se exigen dos condiciones: a) b)

La posesión debe ser pacífica y pública. Que en la desposesión haya habido violencia.

Todos estos procesos (de acciones posesorias) ante el juez de paz son sencillos, rápidos y de un costo módico.

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El apoderamiento por ante el juzgado de paz surge de la misma persona afectada. Se introduce una demanda inicial o introductiva de instancia. El plazo para comparecer (como es materia civil) es de un día franco, pudiendo ser aumentado en razón de la distancia. El apoderamiento ante el Juzgado de Paz no conlleva constitución de abogado, ni elección de domicilio y, en tal virtud, las partes pueden comparecer de manera personal o representadas. “Recuérdese que el Juez de Paz competente lo es el del domicilio del demandado o en su defecto, el de su residencia.” El día de la audiencia el Juez concederá la palabra al abogado de la parte demandante a fin de que este proceda a leer sus conclusiones, luego lo hará la parte demandada. Podrán concedérsele réplica, si procede, a ambas partes. Además estas pueden solicitar al juez en plazo para ampliar conclusiones o para depositar documentos. El depósito de estas no amerita una nueva audiencia; pueden ser depositadas en secretaria. Finalmente, el Juez se reservará el fallo para una próxima audiencia. Daños noxales: Son los daños producidos por los animales en los campos. (ampliar). (BIBLIOTECA BASICA, JUEZ DE PAZ) TEMA XIII. Procesos ante el Juez de Paz (III) Procedimientos administrativos ante el Juez de Paz: Ciertos actos administrativos forman parte de las atribuciones y funciones del Juez de Paz. Ente ellos tenemos la Fijación de Sellos, Apertura de Puertas, etc. Fijación de Sellos: Este procedimiento tiene por objetivo evitar que el bien sobre el cual se fija el sello sea abierto, o roto o adulterado. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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Puede hacerse en los siguientes casos: 1) 2) 3)

Por causa de fallecimiento. Prescrita por ley. Facultativa.

Por causa de Fallecimiento: El Juez de Paz es el funcionario competente para fijar sellos sobre los bienes de una persona que ha fallecido, para evitar que los efectos que le pertenecen sean distraídos, pueden requerir la fijación de sellos todos aquellos que se crean con derecho en la sucesión o en la comunidad, todos los acreedores por titulo ejecutivo o autorizado por el Juez de Primera Instancia o de Paz del municipio que debe fijar los sellos. Prescrita por la Ley: Se puede requerir en los casos sigtes: - si el menor careciera de tutor, y ningún formalidad de sellos.

pariente hubiere requerido la

- Si estuvieren ausentes el cónyuge, los herederos o uno de ellos. - Si el difunto era depositario público, en cuyo caso sólo se podrán los sellos a causa de ese depósito, y sobre los objetos que lo constituyan, etc. Facultativa: Como en este caso se trata de algo facultativo, es necesario probar un interés legitimo y entra dentro de la soberana apreciación del Juez de Paz ordenar o no la medida. Pueden solicitar la medida: (aunque esto no lo dice la Ley). a) Los que pretenden tener derecho en una sucesión o comunidad. b) El cónyuge superviviente y el Estado en el caso de considerarse como sucesores. c) Los legatarios universales, a titulo universal y particulares, siempre que justifiquen la existencia de un testamento que los incluye como beneficiarios. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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El Juez de Paz competente para fijar sellos es el del domicilio del lugar donde se va a ejecutar la fijación. Procedimiento: El Juez de Paz se trasladará al lugar donde debe fijar los sellos junto al secretario del juzgado. En el caso de que las puertas estuvieren cerrados, o hubiese algún obstáculo para la fijación de sellos, el Juez de Paz dictará entonces, con carácter provisional lo que fuere procedente, y dará cuenta de ello al Juez de Primera Instancia de su Distrito, para que resuelva conforme a derecho. En el caso de que aparezcan los bienes sobre los cuales se fijaron los sellos, se debe nombrar un guardián de éstos, ya sea por solicitud de parte o de oficio por el Juez de Paz. En el caso de que no aparezcan los bienes se levanta un “acta de carencia”. Cuando el Juez de Paz encuentre inconvenientes para ejecutar la operación de fijación de sellos, debe requerir el auxilio de la Fuerza Pública. Como regla general, el mismo Juez de Paz que fija los sellos es quien debe levantarlos. Para el levantamiento de sellos se necesita un requerimiento especial que se hace consignar en el acta que se levanta. Deberá dictarse un auto, señalando el día y hora en que se procederá a levantarlos. Debe intimarse al cónyuge superviviente, herederos, etc. Y a los oponentes para que asistan, y una vez allí el Juez de Paz los levanta y el Notario que hubiere previamente designado hará el inventario de los bienes. Procedimiento para apertura de puertas: El art. 587 del Cod. de Proc. Civil, dispone un procedimiento especial, en los casos de Embargo Ejecutivo en los cuales las puertas del edificio, en donde deba practicarse el Embargo estuvieren cerrados ole rehusaren a abrirlas, el Alguacil recurrirá ante el Juez de Paz, quien se trasladará al lugar y se precederá a la apertura de las puertas del edificio, y aun de los muebles cerrados (Ver Art. 587 Cod. de Proc. Civil). TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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Biblioteca Básica del Juez de Paz Demandas en cobro de pesos: Es aquella que surge de una obligación civil o de comercio mediante la cual las partes, el demandante es el titular de un crédito inicio la acción en contra de su deudor, que el demandado. La demanda en cobro de pesos para ser admisible debe ser intentada antes de los Tres (3) años, porque a parte de ese plazo prescribe la acción en virtud al artículo 2277 del Código Civil. El Juez de Paz no tiene competencia para ordenar medidas conservatorias, aunque el monto de la creencia esté dentro de los limites dentro del cual le atribuye facultad de ley, salvo en los aso de embargo previsto en los artículos 819 y 822 del Código de Procedimiento Civil. Y 214 del Código Civil, en cuyos casos puede ordenarla por cualquier monto en que se lleve la demanda. La competencia atribuida del Juez de Paz en esta materia esta limitada por el monto de las sumas exigidas, hasta la concurrencia de Veinte Mil Pesos (RD$20,000.00) a cargo de apelación; mientras que la competencia territorial será la del domicilio del deudor, dado de que se trata de una demanda personal. Además de la observación de las reglas de procedimiento se hace necesario para que la demanda prospere, que el acreedor pruebe la existencia del crédito y que sea cierto, liquido y exigible. Antes del lanzamiento de la demanda, es obligatorio que el acreedor haga notificar mediante alguacil acto de intimación de pago, en el cual se pone en moral deudor para que dentro de un plazo, que no puede ser inferior a un día franco, pague la suma adeudada, en caso de que se pretenda solicitar el pagó de daños y perjuicios, el cual consistirá solamente en el pago de cierta cantidad de dinero que resulten del retraso en el cumplimiento, no consisten nunca sino en la condenación a los intereses, señalados por la ley. En el curso de una instancia, los ofrecimientos pueden ser hechos en audiencia, la sentencia que ha dado acto de los mismos tiene efecto de proceso verbal. La presencia de las partes en audiencia es necesario, sino un mandatario con poder especial. Para que la oferta en ofrecimiento de pago sea valida, debe hacerse a la luz de las disposiciones del artículo 1258 del Código Civil.

TEMA XIV La acción de amparo: TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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La Suprema Corte de Justicia, en fecha 24 de febrero del 1999, dictó una Resolución mediante la cual estableció el correspondiente procedimiento de la Acción o Recurso de Amparo. La Resolución del más alto Tribunal determina claramente cuales son los asuntos objetos de la acción o recurso de amparo, cuales no, la cuestión de la competencia y, del procedimiento a ser empleado. Objeto de la acción de amparo: la acción de amparo, según los términos de la Resolución, “queda abierta contra todo acto u omisión de las particulares o de los órganos o agentes de la administración pública, incluido la omisión o el acto administrativo, no jurisdiccional, del Poder Judicial, si lleva cualquiera de ellos una lesión, restricción o alteración, a su derecho constitucionalmente protegido. Es decir, va dirigido contra los actos violatorios de los derechos fundamentales reconocidos por la constitución. Competencia: Que el recurso de amparo constituye el medio o procedimiento sencillo, rápido y efectivo creado para todos los derechos consagrados en la constitución y otras leyes excepto aquellos protegidos por el Hábeas Corpus, ningún Juez podrá si a él se recurre por una alegada libertad constitucional vulnerada, negar el amparo pretextando la inexistencia de la ley que reglamente la ación ejercida. A que ha sido interpretado por esta Suprema Corte de Justicia, que los jueces de Primera Instancia, como Jueces de derecho común, tienen plenitud de jurisdicción en todo el Distrito Judicial, en el cual ejercen sus funciones y, por tanto, debe ser considerados como los Jueces competentes a los cuales se refiere la ley, cuando lo hace en término generales, en la extensión de su jurisdicción. I- En razón de la materia: La Suprema Corte de Justicia, no atribuye competencia en un Tribunal determinado, lo que hace es, razonar sobre la competencia que corresponde a los jueces de Primera Instancia, como Jueces de derecho común con plenitud de jurisdicción en todo el derecho judicial dentro del cual ejerce sus funciones para entender de los asuntos que la ley atribuye en términos generales a los Tribunales del orden judicial, a partir de lo cual reconoce que ese Juez de Primera Instancia de derecho común es el competente para conocer del recurso de amparo. II- En razón del lugar: Como se trata de una acción o recurso que tiene su fuente en un acto o en una omisión que lesiona un derecho constitucionalmente protegido por cuya ilicitud e ilegalidad se pide protección, el TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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más alto Tribunal expresa, que tiene competencia para conocer de la acción de amparo el Juez de Primera Instancia con jurisdicción en el lugar en que se hay producido el acto u omisión atacado. Procedimiento: El procedimiento que deberá observar en materia de amparo será el instituido para el referimiento reglamentado por los artículos 101 siguientes de la Ley 834. El impetrante deberá interponer la acción de amparo contra el acto arbitrario u omisión, dentro de los Quince (15) días en que se haya producido el acto u omisión de que se trata. La audiencia para el conocimiento de la acción, deberá ser fijada para que tenga lugar dentro del Tercer día de recibida la instancia correspondiente. Sin embargo cuando la acción fuere ostensiblemente improcedente a juicio del Juez apoderado, así lo hará constar en auto y ordenará el archivo del expediente, este auto no será susceptible de ningún recurso. El Juez deberá dictar su sentencia dentro de los Cinco (5) días que sigan al momento en que el asunto quede en estado. El recurso de apelación, que conocerá la Corte de Apelación correspondiente deberá interponerle dentro de los Tres (3) días de haber notificado la sentencia, el cual se substanciará en la misma forma y plazos que se indican para la Primera Instancia incluido el plazo de que se dispone para dictar sentencia. Los procedimientos del recurso de amparo se harán libres de costas. El recurso de amparo protege no solamente los derechos reconocidos expresamente, sino también los que son de manera implícita reconocidos por la constitución a las personas como tales, tanto en la esfera del derecho privado como de derecho público. Si trata de un recurso extraordinario y no de una acción en justicia. Ya que necesariamente va dirigido contra un acto lesivo de algún derecho individual protegido por la constitución, que puede ser positivo o negativo. No se trata del ejercicio de un derecho por la vía jurisdiccional, sino de la defensa del mismo frente a la violación de la autoridad administrativa o judicial. Es un recurso extraordinario en razón a que el mismo no procede cuando existe alguna otra vía procesal abierta para impugnar el acto y omisión de que se trata. En el amparo se cuestiona la lesión de un derecho o garantía y la legitimidad del acto que determina esa lesión. En caso de que la violación se realice a través de una sentencia de un Tribunal. No procedería el amparo, sino, la vía jurisdiccional permitida. El amparo procede contra la arbitrariedad e ilegalidad de los actos del poder público, más precisamente contra decisiones de “Autoridades Ejecutivas”, TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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en la esfera administrativa, cuyo dominio natural es el poder de policía, cuando se trata del orden público. Así como también los actos u omisiones administrativas de los Tribunales de justicia, sean estos del orden judicial, administrativo o tributario. TEMA XV El procedimiento de referimiento: es un procedimiento excepcional, al cual se acude en caso de urgencia y para las dificultades de ejecución de una sentencia o de un título ejecutorio. También se puede recurrir para que éste prescriba una medida conservatoria para prevenir un daño inminente o para hacer cesar una turbación manifestante ilícita. Este procedimiento es contradictorio ya que el adversario debe ser citado. La demanda se introduce por medio de una citación, a fin de que el demandado comparezca a una audiencia que se celebrará a este efecto el día y hora habituales de los referimientos. Todo el que pretende citar a otro en referimiento, debe averiguar cuál es la hora y el día habitual de los referimientos. Aunque un día habitual para los referimientos, si el caso requiere celeridad, el Juez puede autorizar la demandada para cualquier día y a hora fija, pero cuan la citación se hace para comparecer el día y hora habituales no es necesario la autorización previa del Juez, el cual está obligado a conocer la demanda. 123-

Condiciones para la demanda en referimiento: La urgencia. La ausencia de contestación sería. La competencia de la jurisdicción apoderada.

Las decisiones del juez de los referimientos tienen carácter provisional. El Juez de los referimientos no decide el litigio, no es Juez de “decidir el derecho” sino que su misión es ordenar medidas provisionales. El Juez de Primera Instancia puede prescribir en referimiento las medidas conservatorias que se imponga, sea para prevenir un daño inminente, sea para hacer cesar una turbación manifiestamente ilícita. La competencia de este Juez es dada por la urgencia, pues de lo contrario se debe acudir al Juez de fondo, quien para rendir sus decisiones no es apremiado por la urgencia de las partes. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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Procedimiento: La demanda se introduce de una de estas Tres maneras: 1- por citación a fin de que el demandado comparezca en la hora y lugar habituales de los referimientos; 2- por citación para comparecer a hora fija, en el lugar de audiencia o en la casa o morada del Juez; 3- Por citación, si previa autorización, como consecuencia de el proceso verbal. Las partes pueden comparecer personalmente, o por representante. No es necesario constituir abogado previamente. En toda situación, el Juez puede ordenar la comparecencia personal de las partes. La audiencia se celebrara públicamente. Incidente del procedimiento: Se pueden presentar cualquier excepción del procedimiento, incluyendo la excepción de incompetencia en razón de la materia o del territorio. La excepción están sometidas al régimen del derecho común. También puede el Juez de los referimiento acudir a un peritaje. Los peritos designado por el Juez de los referimientos no pueden recusarse. Nota: el Juez de los referimientos no puede suspender una decisión de pleno derecho de un Tribunal. La ordenanza en referimiento es ejecutoria provisionalmente, sin fianza. La ordenanza produce los efectos de una decisión en justicia y permite la inscripción de una hipoteca judicial. No se impone al Juez de fondo. La ordenanza en referimiento debe ser notificada en copia o en minuta antes de que se proceda a su ejecución. La notificación se hace a las partes y no al abogado, en su propia persona o en su domicilio real. En todos los caso de urgencia, el Presidente de la Corte podrá ordenar en referimiento, en el curso de la instancia de apelación todos las medidas que no colidan con ninguna contestación sería. Para poder acudir al Presidente de la Corte, como Juez de los referimientos, debe existir la apelación de un asunto. Para poder apoderar al Presidente de la Corte, en referimiento, es necesario la urgencia. Cuando la ejecución ha sido ordenada, puede ser suspendida por el presidente de la Corte, estatuyendo en referimiento en Dos casos: 1- Si esta prohibida por la ley; 2- Si hay riesgo de que entrañe consecuencias manifiestamente excesivas.

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Las ordenanzas dictadas en referimiento, son ejecutorias de pleno derecho, de donde resulta que el presidente de la corte no tiene facultad para suspender su ejecución. Las ordenanzas dictadas en referimiento no es susceptible de oposición. Puede ser objeto de recurso de apelación, al menos que emane del presidente de la corte. El plazo para interponer el recurso de apelación es de Quince días. El referimiento, considerado como un procedimiento excepcional rápido y de carácter provisional que tiene como finalidad evitar un daño inminente, una turbación o garantizar un derecho. El referimiento está contemplado en los artículos 101 al 112 de la ley 834. Procedimientos: El Juez de referimiento es en hecho el mismo Juez de fondo, en principio. La ordenanza en referimiento es una decisión provisional, la parte que hace la solicitud de referimiento se le llama parte demandante o citante y a la que recibe la citación parte demandada o citada. Nada se opone, sin embargo, a que personas que no son artes originalmente intervengan de manera voluntaria o sean llamadas en intervención forzosa. El procedimiento tiene lugar por vía de citación en una audiencia que se celebrará a este efecto el día y hora habitual de los referimientos el apoderamiento tiene lugar por vía de citación a una audiencia que se celebrará a este efecto el día y hora habituales. El Juez de primera Instancia debe dicta un auto fijando uno o varias días a la semana como día habitual de los referimientos, así la parte interesada sólo tiene que citar a la otra parte para esa fecha previamente fijada, sin que medie solicitud previa de fijación de audiencia, bastando con que el día habitual, la parte citante solicite al alguacil el enrolamiento de la causa. En principio, no existe plazo entre la citación y la audiencia, pero el Juez debe asegurarse de que entre una y otra haya transcurrido un tiempo suficiente para que la parte citada haya podido preparar su defensa. La comparecencia de las partes citada puede tener lugar personalmente o por ministerio de abogado. En caso de que la parte citada no comparezca o no concluye, se le juzgara en defecto y se acogerán las conclusiones de la parte citante si son justa y reposan en prueba legal. En la audiencia las partes deberán leer las conclusiones y el Juez podrá conceder plazos para depositar escritos de motivación de los mismos, tal como ocurre en materia civil ordinaria, pero teniendo en cuenta la celeridad propia de la materia de referimiento. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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El referimiento puede ordenar todas las medidas de instrucción que se considere pertinentes, tales como comunicación de documentos, comparecencia personal de las partes, informativo. Etc. El Juez debe estar asistido del secretario, quien debe firmar la decisión junto a él y hacerse mención de la presencia. La ordenanza una vez firmada por el Juez y el Secretario, es conservada por éste último, quien deberá copia para su ejecución. La ordenanza debe contener: aJurisdicción de la cual emana. bNombre del Juez que la ha rendido. cNombre del secretario dFecha eNombre, profesión y domicilio de las partes fNombre de los abogados de las partes, si los hay. gExposición sucinta de las pretensiones de las partes, los motivos y el dispositivo. Los motivos indican si el Juez no ha sobrepasado sus límites de competencia y sirven de apoyo a la decisión, si es recurrida. Por otra parte, la ordenanza en referimiento es ejecutoria a título provisional sin fianza. La ordenanza debidamente expedida por el secretario debe notificarse a la parte contraria. Ahora bien, en caso de necesidad puede ordenarse que la ejecución tenga lugar a la vista de la minuta. En este caso, la minuta se entrega a la parte que la vaya a ejecutar, con la obligación de reintegrarle. En el caso de que la ordenanza fuera rendida en el domicilio del Juez, los debates no son públicos ni la ordenanza se pronuncia públicamente. b) Multas y extensión de la ordenanza: esta produce los mismos efectos que una decisión en justicia y produce hipoteca judicial. Sin embargo tiene una autoridad de cosa juzgada muy limitada; no se impone al Juez de fondo, posee una autoridad relativa y provisional, en el sentido de que puede ser revisada en referimiento en caso de circunstancia nuevas. La ordenanza de referimiento prescribe medidas provisionales pero puede conllevar condenación a costa y a astreintes. Cuando la ordenanza emana del Presidente de la Corte de Apelación, sólo son impugnadas mediante el recurso de casación.

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TEMA XVI El procedimiento de rectificación de actos del Estado Civil: las rectificaciones de los actos del Estado Civil, pueden según la legislación que rige la materia realizarse de Tres (3) maneras: a) De oficio por parte del Procurador Fiscal, cuando dichas correcciones interesen al orden público. b) A solicitud de parte interesada, mediante instancia dirigida a la Cámara Civil a la que corresponda la Oficialía del Estado Civil. c) En forma de asistencia, el Procurador Fiscal promoverá las rectificaciones de las actas del Estado Civil, en interés del pobre de solemnidad, que lo solicitare, acompañando su pretensión de las certificaciones requeridas por el artículo 78 de la Ley de Organización Judicial, sobre la asistencia de oficio en materia civil o comercial. Todo lo concerniente a los actos del Estado Civil esta regulado por la Ley 659 de fecha 17 de julio del 1944. Que se puede rectificar de los actos del estado civil: mediante este procedimiento se puede corregir o rectificar de los actos del estado civil los errores materiales involuntarios de escritura, no cambiar nombres, puesto que esto es un procedimiento distinto. Procedimiento: se eleva una instancia motivada al Tribunal civil, explicando los por menores del caso, en que consiste el error material involuntario de escritura y cual es la forma correcta con la cual queda corregido el error, acompañado de los documentos probatorios que demuestran la autenticidad de la corrección solicitada, tales como: actas de nacimiento de los padres, hermanos, actas o fe de bautismo, cédula, documentos oficiales, etc. Esta instancia acompañada de los documentos probatorio de lugar, se deberá visar previo depósito en la Secretaría de la Cámara Civil correspondiente, en la Secretaría de la Junta Central Electoral del Distrito que corresponda para lo cual al original y copias se le estampara un sello indicando quien lo recibió el día, año y hora en que fue llevado dicha instancia a la Junta Electora del Distrito de donde corresponda, luego se procederá al depósito de la misma ante la Cámara Civil del lugar. Este es el procedimiento administrativo, luego es enviado al Procurador Fiscal del distrito por la Secretaría de la Cámara Civil, a fin de que dicte su opinión. Si éste funcionario considera procedente lo solicitado, dicta una opinión favorable, enviando el expediente a la Cámara Civil que se lo había enviado TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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anteriormente. Una vez el expediente opinado llega a manos del Juez apoderado, es estudiado, si esté considera que procede, dicta sentencia ordenando al Oficial del Estado Civil que proceda a realizar al rectificación que se le indica, obtenida la sentencia deseada, se procede a elevar una instancia al presidente de la Junta Central Electoral, a fin de que dicte un oficio ordenando al oficial del Estado Civil correspondiente, que proceda a realizar la rectificación, haciendo las anotaciones de lugar en el libro y folio correspondiente, esta instancia se acompañara de copia de la sentencia, instancia motivada y los documentos probatorios de lugar. La Ley No. 659 sólo le otorga la facultad de apelar dicha sentencia al Presidente de la Junta Central Electoral, en un plazo de Quince días, luego de recibir la sentencia y diez días el Directo de la Oficina Central del Estado Civil, luego de recibir la sentencia, también para apelar (artículo 89, párrafo, Ley No. 659) pero en el primer caso, estos funcionarios actúan por encargo o representando al del Presidente de la Junta Central Electoral. En un plazo aproximado de una semana, el presidente dicta su oficio, se lleva el expediente (sentencia y oficio) por ante el Oficial del Estado Civil correspondiente a fin de transcribir la sentencia y dejar corregido el error material de escritura. Si el libro en el cual se hará la corrección, ya se ha enviado copia a la Oficina Central del Estado Civil, el oficial que hace la corrección deberá comunicarle al Director de dicha oficina que proceda a realizar la anotación en el libro que esta en su poder. TEMA XVII El procedimiento de divorcio por las diversas causas. 1- Por causa determinada: Las partes asisten a la audiencia, que se celebra a puertas cerradas, personalmente o por apoderados con poder auténtico, asistidos de sus abogados. El secretario levantara acta de la comparecencia de las partes, de sus decisiones y observaciones, y de las declaraciones de los testigos El procedimiento se concentra en la audiencia para la cual fue citado el cónyuge demandado, y en ella las partes, además de prestar sus declaraciones, administran las pruebas, incluso la testimonial. El Juez puede si no ha formado su convicción con las pruebas aportadas en audiencia, ordenar una información testimonial. Cuando el asunto queda en estado, el expediente es pasado al ministerio público para dictamine. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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Causas determinadas: incompatibilidad de caracteres. Injurias graves. Sevicias. Abandonó voluntario del hogar. No procreación. Adulterio. Condenación de uno de los esposos a pena aflictiva e informante. Notaria embriaguez habitual. Ausencia.

2- Mutuo consentimiento: antes de iniciar el procedimiento los esposos deben formar un inventario de sus bienes y otorgar acto auténtico en el cual converjan: 1cual de ellos tendrá la guarda de los hijos durante el procedimiento y después de la sentencia. 2La residencia de la esposa durante los procedimientos. 3La pensión alimenticia de que deberá disfrutar la esposa durante ese procedimiento. Los esposos deberán comparecer ante el Juez personalmente o por apoderado con poder auténtico a fin de que se levante acta en el cual conste su propósito de divorciarse por mutuo consentimiento, depositando además del acto de estipulaciones y convenciones arriba indicado, el acta de matrimonio y acta de nacimiento de los cónyuges e hijos. El juez comprueba que el divorcio es admisible porque los esposos están dentro de las condiciones del artículo 27 de la Ley, o sea, dos años por lo menos y no más de Treinta de matrimonio, edad inferior a Sesenta años el esposo y Cincuenta la esposa. Esta acto no es una verdadera demanda puesto que no hay litigio entre los esposos; la decisión del Juez, que la ley declara inapelable, parece más bien una homologación de carácter administrativo que una verdadera sentencia. TEMA XVIII. Incautación de bienes vendidos bajo el régimen de la venta condicional. Procedimiento de ajuste de cuenta. Valor de la hoja de ajuste de cuenta. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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La venta condicional es aquella en la que se conviene que el comprador de un mueble amparado bajo las condiciones de esta ley no será propietario del mismo hasta tanto se haya cumplido con el pago total de precio. Cuando el comprador no cumple con el pago de su obligación frente al vendedor, este último puede solicitar mediante instancia motivada al juez de paz que emita auto autorizando la incautación de los bienes muebles vendidos al comprador. La instancia debe estar acompañada del contrato de venta, intimación de pago o entrega, certificación de impuestos internos que autorice al vendedor a realizar esta actividad. Si el juez después de examinados los documentos considera que cumple con todos los requisitos establecidos en la ley, ordena mediante auto la incautación de los bienes (este auto no es apelable. Art.11 de la Ley 483). Si los bienes se encuentran en otra jurisdicción, el Juez debe dar comisión rogatoria al juez de esa jurisdicción para que proceda a incautar los bienes. Sistema para las ventas condicionales de inmuebles. LEY 596 de 1941 (ARTS. 8-18).

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DERECHO PENAL

TEMA I. Los principios fundamentales del Derecho Penal. El Principio de la intervención mínima, El Principio de la legalidad: El principio “Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Lege”. Conforme a este Principio, ninguna contravención, delito o crimen pueden ser castigados con penas que no hayan sido pronunciadas por la ley antes de haberlos cometido. (Art. 4 del Código Penal). El Principio de culpabilidad: El principio non bis in idem: Principio consagrado en el Art.8, párrafo 2 letra (h) de nuestra Constitución. Según el cual nadie puede ser perseguido ni condenado dos veces por un mismo hecho delictivo o infracción, lo que no impide la revisión de la causa si después de la condena aparecieren hechos reveladores de la inexistencia del delito o de la inocencia del condenado. La interpretación en derecho penal: Frente a la ley se eleva la múltiple variedad de la vida a la que hay que aplicarla; es decir, que la ley debe ser interpretada; lo cual quiere decir determinar su sentido, cual es su finalidad, la voluntad de la ley y no como hasta ahora se ha dicho la intención del legislador. Todas las leyes han de ser interpretadas y no solo las oscuras. El hecho de aplicar la ley supone interpretarla, ya que al hacer el cotejo de su contenido con el hecho real se precisa un proceso de enlace lógico de una situación particular, específica y concreta, con la previsión abstracta, genérica e hipotética realizada de antemano por el legislador. Si la ley es oscura debe ser interpretada, pero si al hacerlo se da el caso de que la acción no está incriminada ni sancionada, no puede crear delitos ni penas por analogía ni por razones de equidad y frente al silencio legal no le resta otro TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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camino que el de descargar al inculpado, si el hecho no ha sido incriminado, o no imponer pena si no ha sido penada por la ley. A menudo los Códigos Civiles dan normas interpretativas que pueden ser aplicadas al derecho penal, aunque teniendo en cuenta su especialidad. La analogía: Consiste en la decisión de un caso penal no contenido por la ley, argumentando con el espíritu latente de esta, a base de la semejanza del caso planteado con otro que la ley ha definido o enunciado en su texto y, en los casos más extremos, acudiendo a los fundamentos del orden jurídico, tomados en conjunto. Mediante el procedimiento analógico se trata de determinar una voluntad no existente en las leyes que el propio legislador hubiese manifestado si hubiera podido tener en cuenta la situación que el juez debe juzgar. TEMA II. La Teoría jurídica del delito: Sistemas casualistas y finalistas: Concepto jurídico del delito en derecho penal dominicano: Nuestro Código Penal al igual que el francés no ha dado una definición del delito. El autor Leoncio Ramos, en su obra “Notas de Derecho Penal Dominicano”, define como delito: la acción típica, antijurídica, imputable, culpable, sometida a una sanción penal, y a veces a condiciones objetivas de punibilidad. Clases de delitos: Delitos Contravencionales: Delitos de Comisión por acción y de inacción o de omisión. Delitos instantáneos y continuos: Delitos simples y colectivos: TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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Delitos conexos, completos y continuados o repetidos: Delitos de Derecho común y Delitos Políticos: Delitos materiales y formales: Delitos de lesión y Delitos de peligro: Sujeto, tiempo y lugar de la acción: Es sujeto activo del delito, no solo quien lo ejecuta totalmente, sino todo aquel que concurre material o moralmente a su ejecución. Al ser el delito un acto, supone que su realización es la obra d un ser dotado de voluntad. Como el hombre es entre los seres de la naturaleza el único capaz de voluntad, se concluye de aquí que solamente él puede ser autor de una infracción. Lugar y tiempo: La relación temporal y espacial debe decidirse atendiendo al caso concreto y a si el derecho toma en cuenta una u otra de esas relaciones y para qué consecuencias jurídicas: El lugar es relevante: a) En derecho penal internacional para saber qué ley se aplica y en derecho interno para la competencia de los jueces. El tiempo es relevante: a)

para la validez temporal de la ley: retroactividad, extractividad;

b) Para fundamentar la antijuricidad y la culpabilidad acciones liberae in cause y para la imputabilidad del adolescente, etc. c)

Para la prescripción.

TEMA III. La acción. El acto puede definirse como la manifestación de voluntad que, mediante acción, produce un cambio en el mundo exterior, o que por no hacer lo que se espera deja sin mudanza ese mundo externo cuya modificación se aguarda. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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El acto es pues una conducta humana voluntaria que produce resultado. Son delitos de acción aquellos que reclaman el movimiento, la acción corpórea del agente. Son delitos de omisión aquellos en que existe una abstención, en que el agente omite hacer lo ordenado por la ley. Teorías causales: Se entiende por causalidad a la relación o nexo existente entre el acto humano y el resultado producido. Teoría de la Causación adecuada: Esta teoría atribuye la categoría de causa solo a aquella condición que generalmente es apropiada para producir el resultado, es decir, solo a la condición adecuada al resultado Teoría de la Equivalencia de Condiciones: Según esta teoría toda condición debe ser tenida como causa del resultado. Y todas deben considerarse equivalentes. Causalidad e imputación objetiva:

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La omisión. Clases. Es cuando la infracción resulta en una abstención, en que el agente omite hacer lo ordenado por la ley, no hace lo que de él se espera. Clases: a) Inacción o de omisión: Ej. La no comparecencia de un testigo el día del juicio para el cual fue citado; o el caso de un juez que se niegue u omita fallar un asunto alegando el silencio, la oscuridad o insuficiencia de la ley. b) Comisión por omisión: Ej. Nace un niño y la madre con la intención de que muera no le da alimentos; una persona ve a otra que se ahoga en un río y si le tirase un madero se salvaría, pero no lo hace y este perece. Se llaman delitos de comisión por omisión porque la omisión produce aquí las mismas consecuencias que una acción positiva. TEMA IV. Dolo: Existe cuando se produce un resultado típicamente antijurídico, con conciencia de que se que se quebranta el deber. Clases de dolo: a) Dolo Directo: Es cuando el agente ha previsto o podido prever las consecuencias de su acción, como ocurre en los casos de robo, homicidio e incendio. b)Dolo Determinado: Cuando el agente ha querido cometer un delito determinado, cuyas consecuencias han sido previstas exactamente, como por ejemplo un robo o un homicidio. c)Dolo indeterminado: Es cuando el acto delictuoso que el agente va a ejecutar puede producir muchas y variadas consecuencias previsibles; pero de las cuales no se sabe cual o cuales han de realizarse. Ej. En los golpes y las heridas de los cuales puede resultar una contusión o una enfermedad, de poca o mucha importancia o duración.; una lesión permanente y aun la muerte. d) Dolo positivo y negativo: Si el acto que se realiza consiste en una acción, se dice que el dolo es positivo; pero si consiste en una abstención se dice que es negativo. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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e) Dolo eventual. Dolo eventual y culpa consciente: Es cuando la acción produce consecuencias más graves que las que el agente ha previsto o podido prever, como ocurre, por ejemplo, cuando se golpea a una mujer encinta, ignorando su embarazo y esta aborta; cuando se hiere a un diabético o a un hemofílico, ignorando que estos lo eran, o en general cuando se producen consecuencias más allá de las queridas. Carrara define la culpa como la voluntaria omisión de diligencia en calcular las consecuencias posibles y previsibles del hecho.. Ej. El individuo que guiara un automóvil por una carretera y por ir a una velocidad superior a la indicada por la ley, hiere o da muerte a un peatón. En este caso el agente realizó un acto voluntario, pero, pero su voluntad fue dirigida a un fin lícito; no hubo el menor deseo de hacer mal, y sin embargo la ley castiga al agente que ha querido este resultado., como se puede ver en los artículos 319 y 320 C.P. Elementos subjetivos del tipo: Son elementos que se refieren a estados anímicos del autor en relación a lo injusto. Este aspecto subjetivo de la antijuricidad liga a ésta con la culpabilidad, estableciendo así un contacto entre ambas características. Estos son los elementos típicos subjetivos de lo injusto. Elementos subjetivos referentes al autor: a)

Delitos de expresión como la denuncia falsa;

b) Delitos de tendencia o impulso, estos son: 1) lucro o aprovechamiento, como acontece con los delitos contra la propiedad; 2) profesión como mendicidad; 3) perjuicio o daño que concurre en delitos maliciosos denominados daños; 4) lascivos como la violación y el estupro. c) Delitos de intención: 1) en ciertos casos, como el primer acto, como por ejemplo, conspirar contra la integridad del territorio de la patria, no necesita otro segundo consistente en que la potencia extranjera hostilice a la nación propia y 2) en otras hipótesis sí son necesarios varios actos: el que se alza públicamente contra el gobierno, ha de deponerle luego. Por eso los códigos suelen anticipar los delitos de rebelión, porque si se obtuviera el propósito último, serían ellos los gobernantes y no los delincuentes. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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Elementos subjetivos que dan fuera del autor: Aquí tenemos los denominados delitos de impresión, que se dividen así: a) de inteligencia: estafa; b) de sentimiento: injuria; y c) de voluntad: coacción. Teoría del error: Es cuando el agente ha cometido el hecho que se le imputa, pero alegue que ha estado de buena fe, porque su acción ha sido causada por ignorancia o por error. Clases de error: Error de hecho: Es cuando el agente afirma que no existido de su parte intención criminal ni culpa alguna; que no es culpable, puesto que le faltó el conocimiento exacto de la realidad. Si ello fuere probado, se impondría el descargo al inculpado. Pero no todo error produce ese efecto, pues para que ocurra así debe reunir las condiciones siguientes: que sea sustancial y que sea invencible. Un error es sustancial cuando recae sobre los elementos constitutivos de la infracción. Es lo que ocurre a aquel que creyendo que una cosa le pertenece la sustrae., o el que creyendo dar un purgante administra un veneno. Error de derecho: Esta clase de error se puede presentar de dos formas: el referente a la existencia de la ley y el que tiene relación con la interpretación que se de a la misma. En cuanto al primero, se presume que todos conocen la ley, presunción juris et de jure que no admite prueba en contrario. Desde luego que para que se presuma el conocimiento de la ley es necesario que haya sido publicada y discurrido el plazo legal establecido para que tal conocimiento se de por realizado. En tales condiciones la ley es aplicable a todas las personas, que la hayan leído o no. Error en cuanto al sentido de la ley: Este error que es el que se ha llamado particularmente de derecho, consiste en que el inculpado, al interpretar la ley le haya atribuido un sentido que no tiene. Error vencible e invencible: El error es invencible cuando no deriva de culpa, de tal modo que aun con el concurso de la debida diligencia, no hubiera podido evitarse. Es vencible cuando tiene como causa la omisión de aquella diligencia. Consecuencias jurídicas: 1.-El error excluye la culpabilidad del agente cuando es: TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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a) Esencial:, en orden a los elementos constitutivos del tipo o de las agravaciones y en referencia a la decisión del autor, pudiendo recaer: i) Sobre el núcleo de los injusto tipificado, como cuando se trata de purgar a un sujeto y se le mata por confundir la sustancia laxante con un veneno (error de hecho), o cuando se lleva un arma sin autorización en aquellos países como España, en que la tenencia de armas es un delito, por ignorar invenciblemente que la ley ha configurado típicamente esa forma de lo injusto (error de derecho). ii) Sobre la referencia al objeto, como cuando se ignora que la cosa es ajena en el hurto (error de hecho) o que hay que declarar el tesoro encontrado, que es res nullíus (error de derecho). iii) Sobre la referencia al sujeto pasivo, como cuando se yace en una riña menor de doce años creyendo que tiene mucho mas. iv) Sobre las agravantes calificativas, como cuando se da muerte al padre, desconociendo que lo es. v) Sobre la existencia de causas que excluyen la pena, ya se suponga erróneamente que concurren en el hecho de los elementos de una justificación, como en la defensa putativa y en el estado de necesidad putativo (error de hecho); bien se crea que le ampara al sujeto una inexistente causa de justificación, como en el caso del fraile mendicante que pide limosna en un país en que está prohibida la mendicidad, sin que la orden a que pertenezca haya sido aún legalmente admitida en los confines del territorio (error de derecho).. vi) Sobre legitimidad de lo mandado, cuando hay dependencia jerárquica entre el que obedece y el que manda. b) Racionalmente invencible, es decir, que no hayan podido ser conocidas las características de los hechos o la injusticia de la acción, atendida la relatividad de las circunstancias. 2.- El error excluye la culpabilidad sin distinguir: a)

Si el error es de hecho o de derecho.

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b) Si el llamado error de derecho recae en una ley penal o en una ley extra penal (civil, comercial etc) vinculada al contenido de aquella, porque la naturaleza garantizadora del derecho penal hace que sus conceptos jurídicos provengan de otras ramas. 3.- El error esencial excluye el dolo, pero deja subsistente la culpa, cuando es vencible o evitable. 4.- El error no produce efecto alguno en la culpabilidad, cuando es: a) Accidental, como en el caso de que afecte a la variación del curso de la cadena de antecedentes y causas, pero sin ser esencial el cambio para la producción de resultados; b)

Relativo a las condiciones objetivas de penalidad;

c) In objeto:, como cuando Ticio quiere matar a Marcos, su enemigo y en las sobras de la noche le confunde con un vago parecido, con César, a quien no conoce, y lo mata. 5.- El error en la idoneidad de los medios o del objeto da nacimiento al delito inidóneo o imposible. 6.- No produce en cambio, efectos punibles el delito putativo, es decir, no se responsabiliza, a título de dolo ni de culpa, al autor de una conducta imaginaria o fantásticamente delictiva, llamado error al revés.

TEMA V Causas de exclusión de la antijuricidad: Causas de justificación: Son aquellas causas que excluyen la antijuricidad de una conducta, que puede subsumirse en un tipo legal; esto es aquellos actos u omisiones que revisten aspecto de delito, pero en los que falta sin embargo el carácter de ser antijurídicos y de contrarios al derecho, que es el elemento más importante del crimen.

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Ej. el estado de necesidad. También cuando el hecho se ha cometido por una orden de la ley, o un mandato de autoridad legítima, la necesidad actual de la legitima defensa. Causas general y especial de justificación: Las causas de justificación han sido clasificadas en generales y especiales, según se apliquen a todas o a gran números de infracciones o a algunas solamente. Han sido llamadas causas generales de justificación: la legitima defensa y casos asimilados, y la orden de la ley y el mandato de la autoridad legitima. Se ha llamado causas especiales de justificación: Ej. Entre otras: 1ero. en el caso en que una persona sustraiga una cosa fraudulentamente, ignorando que le pertenezca . 2do. En el caso en que una persona incendie una casa propia, sin causar con ello daños a terceros. Acerca de estás, en realidad, no hay propiamente una causa de justificación, sino mas bien, una ausencia de delito, por falta de uno de sus elementos constitutivos. Legítima defensa: El profesor Luis Jiménez de Asúa, nos define la legitima defensa como sigue: es repulsa de la agresión antijurídica, actual o inminente, por el atacado o tercera persona, contra el agresor. Sin traspasar la necesidad de la defensa y dentro de la racionalidad proporcional de los medios. El artículo 328 del Código Penal dice “no hay crimen ni delito, cuando el homicidio, las heridas y los golpes se infieran por la necesidad actual de la legítima defensa de sí mismo o de otro. Creemos como Garraud, que quien se defiende concurre a la conservación de un Derecho, realizando así los mismos fines que se persiguen con la norma que prohíbe las agresiones contra el derecho; que quien actúa con tal fin, no realiza un acto ilícito, sino jurídico, el cual, por no ser contraído al derecho, no es ni puede se punible. Que el artículo 329 del Código Penal Dominicano, se reputa necesidad actual de legítima defensa, los casos siguientes:; 1° cuando se comete homicidio o se infieren heridas, o se den golpes rechazando de noche el escalamiento o rompimiento de casas, paredes o cercas, o la fractura de puertas o entradas de lugares habitados, sus viviendas o dependencias; 2°. Cuando el hecho se ejecuta en defensa de la agresión de los autores del robo o pillaje cometidos con violencia. Condiciones necesarias para que exista defensa legítima: 1Una agresión. 2Una agresión actual o inminente. 3Que se ejecute una acción delictuosa defendiéndose a si mismo o a otro. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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4Que la defensa no traspase los limites de la necesidad, es decir, que se la mantenga dentro de lo racional la proporcionalidad de los medios. Si hay exceso de defensa no hay legitima defensa. Estado de necesidad: Existe estado de necesidad cuando una persona, a causa de un suceso natural o humano, se ve forzada a realizar un acto delictuoso para salvar su vida, su integridad corporal, su libertad, su honor, sus bienes o los de otros, de un mal imprevisto, presente, inminente, y de otro modo inevitable. Ej. Una persona no tiene que comer para sí ni para su familia, no encuentra trabajo ni quien le suministre alimentos, y roba pan en un establecimiento y lo lleva a su familia. Obra en cumplimiento de un deber o en ejercicio de un derecho, oficio o cargo: El artículo 327 del Código Penal Dominicano, expresa: “el homicidio, los golpes y las heridas, no se reputan ni consideran crimen ni delito, cuando han sido ordenadas por la ley o por la autoridad legítima”. El artículo 327 del Código Penal Dominicano, señala que queda justificado, todos los casos en los cuales se cometan atentados a los bienes jurídicos por orden de la ley y al mandato de la autoridad. TEMA VI. Imputabilidad: Conjunto de condiciones necesarias para que el hecho punible pueda ser atribuido a quien voluntariamente lo ejecutó, como a su causa eficiente y libre. Se ha establecido entre el agente y el acto una relación material de causalidad. Imputar un hecho a una persona es atribuírselo para hacerle sufrir las consecuencias, es decir, para hacerle responsable de él, puesto que de tal hecho es culpable. Culpabilidad: Es una consecuencia directa e inmediata de la imputabilidad. Es la consecuencia de una actividad voluntaria del agente. Si la voluntad ha sido dirigida a la comisión del hecho delictuoso, se dice que ha habido intención, si por el contrario la voluntad no ha sido dirigida a la comisión del acto delictuoso, TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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pero se ha producido este, se dice que ha sido causada por negligencia, imprudencia, ligereza o por una violación de los reglamentos. causas que lo excluyen: Son las llamadas causas de inimputabilidad: la falta de desarrollo y salud de la mente, así como los trastornos pasajeros de las facultades mentales que privan o perturban en el sujeto la facultad de conocer el deber; es decir aquellas causas en las que, si bien el hecho es típico y antijurídico, no se encuentra el agente en condiciones de que se le pueda atribuir el acto que perpetró. Estas son: Demencia o enajenación mental. Embriaguez, alcoholismo e intoxicación plena. Alteraciones en la percepción. Minoría de edad. Miedo insuperable Demencia o enajenación mental: La palabra demencia significa, ausencia de razón, inconsciencia, incapacidad de parte de una persona de dirigir sus actos y de prever las consecuencias de los mismos. El articulo 64 del Código Penal, establece que: “Cuando al momento de cometer la acción el inculpado estuviese en estado de demencia, ó cuando se hubiese visto violentado a ello por una fuerza a la cual no hubiese podido resistir, no hay crimen ni delito”. La demencia anterior al delito: dicha situación no tiene influencia jurídica alguna, pues solo la enajenación mental existente en el momento de cometerse la acción es válida.. Sin embargo cuando existe una sentencia que pronuncia la interdicción de hecho acerca de la insanidad mental, muy apreciable sobre todo, cuando el representante del ministerio público debe probar que el inculpado en el momento de la acción gozaba de una completa salud mental. La demencia en el momento de cometer la acción: para que la demencia sea una causa de no culpabilidad, es necesario que exista “en el momento de cometer la acción}, y que por consiguiente, si ello ha ocurrido antes o después del hecho, hay crimen, delito o controversia. Si el Tribunal apoderado del conocimiento de un asunto de carácter penal declara comprobado que el agente estaba en estado de demencia en el momento de la acción, está en la obligación de descargarle de toda responsabilidad penal. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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No puede tampoco pronunciarse contra él condenación alguna de carácter civil, porque en un demente no es posible aprecia la existencia de la más ligera falta, tampoco se pondrá pronunciar condenación al pago de las costas procesales. Demencia acaecida después de cometer la acción: en este caso, se estima que si hay instrucción previa, debe suspenderse la persecución hasta tanto cure el imputado, pero ello así solamente en lo que al él se refiere, pues otras personas pueden ser interrogadas, y recogidas todas en las pruebas encontradas. Pero no se puede calificar el proceso sin apoderar a la jurisdicción de juicio. Si lo que a demencia se refiere, se ha encontrado que existe una gradación casi infinita de individuos que ni son raros, ni son locos, sino que tienen de una cosa y de la otra, y que existen los que se ha llamado semi-locos, quienes, desde el punto de vista de la responsabilidad han sido considerados semirresponsables. Embriaguez, alcoholismo e intoxicación plena: Con relación a la responsabilidad penal del ebrio, nuestro Código Penal ni ley alguna especial contienen disposiciones especiales, mediante las cuales se reglamente este asunto o se den pautas a los jueces. Es por eso que ha tocado a la doctrina y a la jurisprudencia el hacerlo, de acuerdo con los principios y al fundamento moral de la responsabilidad. Para establecer la responsabilidad penal del ebrio, hay que determinar la situación de que se trate, a saber: Embriaguez crónica habitual: es cuando el agente se ha convertido en un alcohólico y sufre delirios, frenesí etc, por lo cual, debido a la intoxicación que le afecta de modo permanente, es un verdadero enajenado, y si en ese estado ha cometido una infracción, debe ser descargado en virtud del Art.64 del Código Penal, por causa de demencia. Embriaguez accidental: Como ocurre a un sujeto que ha ingerido cualquier clase de bebida sin conocer los efectos del alcohol; que no ha querido embriagarse ni podido prever las consecuencias de su acción. Para determinar su culpabilidad hay que hay que investigar la existencia de toda responsabilidad; si esta es plena, hay que negar la existencia de toda responsabilidad; si es parcial debe ser rebajada en proporción al grado de ella e imponerse una pena atenuada. Embriaguez voluntaria: Es cuando el agente conociendo los efectos del alcohol y sin intención criminal ha querido embriagarse y lo ha conseguido plena o parcialmente. Si en ese estado ha cometido alguna infracción, hay que distinguir entre si es plena su embriaguez o no y si se trata de una infracción en la cual entra o no la intención como elemento constitutivo. Si la infracción es intencional, y la embriaguez plena, como por ejemplo si se trata de una injuria o TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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de una falsedad, no habrá infracción por falta de elemento moral. Si es de aquellas infracciones como el homicidio o el incendio involuntarios, en las cuales a falta de intención, una falta o culpa bastan como elemento moral, la embriaguez en tales circunstancias ,es una falta imputable, que justifica la condenación. Si se trata de infracciones no intencionales, como una contravención o un delito contravencional, el juez puede declarar que hay culpabilidad. Si la embriaguez no es plena no excluye la culpabilidad, pero sí puede justificar la aplicación de circunstancias atenuantes según los casos. Embriaguez intencional o premeditada: Ocurre cuando un individuo tiene la resolución de cometer una infracción, pero no se siente con el suficiente coraje para realizarla, y por ello busca en la ingestión de alcohol la decisión y el arrojo que le hacen falta.. Si este individuo ejecuta luego el hecho, un homicidio, por ejemplo, sin que su embriaguez sea plena, la culpabilidad existe y bien puede constituir ese hecho una agravación judicial en el ánimo del juez. Cuando por el contrario la embriaguez es plena, la culpabilidad existe puesto que la intención coexistió con la ejecución. Alteraciones en la percepción: La experiencia diaria demuestra y la ciencia ha confirmado, que aún la ingestión de pequeñas cantidades de alcohol en ciertos casos, es suficiente para producir una alteración de la funciones intelectuales, una paralización del impulso volitivo, una excitación de las vías motoras, así como manifestarse sus efectos como también por una excitación o una depreciación anímica. También se sabe que estos efectos se producen de distintos modos, según las personas, la clase de bebida y aún los países. Menor de edad: Siempre se ha reconocido que la edad, en sus términos extremos, la infancia y la vejez, ejerce y debe ejercer una influencia digna de ser tenida en cuenta desde el punto de vista de la responsabilidad penal, pues la experiencia común en todos los hombres es, conforme a las bases en que en nuestro Código Penal reposa la responsabilidad, que hasta que no se ha alcanzado cierta edad no se posee la madurez física y mental suficiente para obrar, con voluntad, conciencia y libertad. Cuando un niño o un adolescente comete una infracción esta no puede ser apreciada del mismo modo que la realizada por un adulto, de ahí que la legislación haya enfocado el problema tanto desde el punto de vista jurídico como social. Siendo el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes la jurisdicción especial encargada de los mismos. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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Miedo insuperable: Es un eximente de la responsabilidad. Comprende a quienes obran impulsados por el temor de que otra manera de actuar podría ocasionarles algún riesgo grave. Y si bien el miedo insuperable obedece a motivaciones subjetivas, generalmente se considera que la excusa juega sólo cuando el miedo se encuentra apoyado en circunstancias externas con suficiente poder intimidante. Punibilidad: Situación en que se encuentra quien, por haber cometido una infracción delictiva, se hace acreedor a un castigo. Sin embargo hay circunstancias en que, aún existiendo la infracción penal y su autor, este no puede ser castigado por razones previamente determinadas por el legislado (Excusas absolutorias). Excusas absolutorias: La excusa es una circunstancia accidenta que se une a los elementos constitutivo generales y especiales de la infracción, y tiene como efecto, ya sea atenuar la pena, ya impedir que esta sea impuesta al prevenido. El Juez no tiene poder para crear las excusas, pues estos están determinadas en la ley y debe, en su sentencia, comprobar la existencia de las condiciones necesaria para la existencia constituir la excusa. Las excusas absolutorias tienen por efecto, sino declarar que el hecho no ha sido cometido, ni que su autor no es culpable, sino, que, a pesa de ello, no le debe ser impuesta la pena determinada por la ley. Las excusas absolutorias especiales son muy numerosas y ente ella vamos a citar: las que están fundadas en un servicio prestado a la sociedad, como las establecidas e los artículos 100, 109, 138, 144, y 213 del Código Penal, relativamente a delitos que tienden a turbar la paz interna del Estado. Art. 248.- Los que ocultaren o hicieren ocultar a los reos de delitos cuya pena sea aflictiva, sufrirán prisión correccional de tres meses a dos años, si al tiempo de la ocultación tuvieren conocimiento del delito cometido. Se exceptúan de la presente disposición, los ascendientes o descendientes, los cónyuges, aún en estado de separación personal o de bienes, los hermanos o hermanas de los delincuentes ocultos, y sus afines en los mismo grados. Art. 380.- Las sustracciones entre cónyuges y las que se efectúan por los viudos, respecto de las cosas que pertenecieron al cónyuge difunto, no se consideraran robos, ni darán lugar sino a indemnizaciones civiles. Tampoco se reputarán robos las sustracciones ente ascendentes y descendentes, y sus afines. sin embargo, las demás personas que ocultaren o se aprovecharen del todo, o de una parte de los objetos robados, se considerarán reos de hurto. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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Excusas legales: no existe excusa legal absolutoria en materia de homicidio, sino solamente una excusa atenuante: la provocación. La excusa atenuante disminuye legalmente la pena. El papel del Juez que constata un hecho de excusa es determinar primero la pena que deberá ser aplicable al caso, haciendo abstracción de las excusas y sobre esta pena determinar la pena aplicable por la excusa legal conforme a la escala establecida en el artículo 326 del Código Penal. Para la provocación: si se trata de un crimen que amerita pena de 3 años, la pena será la prisión correccional de 6 meses a dos años. Si se trata de cualquier otro crimen, la pena será la prisión de 3 meses a un año. El artículo 324 admite una excepción a la excusa de la provocación al declarar que parricidio nunca es excusable. Condiciones objetivas de la punibilidad: Son ciertas circunstancias exigidas por la ley penal para la imposición de la pena, que no pertenecen al tipo del delito, que no condicionan la antijuricidad y que no tienen carácter de culpabilidad. Son aquellas circunstancias exteriores que nada tienen que ver con la acción delictiva, pero a cuya presencia se condiciona la aplicabilidad de la sanción. La actio libera in causa: Se presentan cuando se produce un resultado contrario al derecho, por un acto o una omisión en estado de inimputabilidad (como por ejemplo la ebriedad). No aplicándose estas cuando el sujeto busca tal estado de inimputabilidad con el propósito de cometerla; esto es de manera voluntaria o culposamente Ej. El agente que cae en alcoholismo agudo de manera voluntaria, con la intención de cometer la acción. Es en atención a esto último que autores como Von Liszt indican que es decisivo en la imputabilidad el momento en que ha tenido lugar la manifestación de la voluntad, siendo indiferente el estado mental del sujeto en el instante en que se produce el resultado. TEMA VII Las circunstancias modificativas de la responsabilidad: el artículo 463 del Código Penal, establece que cuando en favor del acusado existan circunstancias TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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atenuantes, los Tribunales modificaran las penas, siendo así una circunstancia modificativa la circunstancias atenuantes y las excusas: Las excusas: La excusa es una circunstancia accidental que se une a los elementos constitutivos generales y especiales de la infracción y que tiene como efecto, ya sea atenuar la pena, ya impedir que ésta sea impuesta al prevenido. Como hemos dicho, y según lo dispuesto en el Art. 65 ya transcrito, el Juez no tiene poder para crear las excusas, pues éstas están determinadas en la ley y debe, en su sentencia, comprobar la existencia de las condiciones necesarias para la existencia constituir la excusa. Circunstancia atenuantes: Son hechos accidentales de la infracción, no previstos tácitamente por la ley, que el Juez aprecia soberanamente y cuyo efecto es disminuir la pena normalmente aplicable a la infracción. Los textos legales que establecen estas circunstancias son los artículos 463 y 483 del Código Penal El artículo 463 en su texto, nos anuncia que los Jueces cuando aprecian circunstancia atenuantes en materia criminal, modificaran las penas conforme a la siguiente escala; y en materia correccional, que en el caso de que existen circunstancia atenuantes, los Tribunales “esta autorizados para reducir el tiempo de prisión”. Circunstancias atenuantes: tenemos los semi-locos, 2- los maníacos: estos individuos sufren , por ejemplo de delirio de persecución, que les hace creer que por donde quiera hay una amenaza de mal contra ellos. 3- Locura periódica: son aquellos individuos de los cuales decimos: “tengan cuidado, que la luna está nueva”. Son locos en una ocasión y en otras no so son aparentemente. 4- Los impulsivos: Estos son individuos que ven al delito o al crimen empujados por una especie de fuerza irresistible. Aparentemente son sujetos sanos, razonan perfectamente, actúan perfectamente, y sin embargo en ciertos momentos de su vida se manifiesta la impulsión mórbida. Existe también los que sienten placer en matar, un impulso irresistible hacia el homicidio. 5- Los neuróticos: Entre estos tenemos a los epilépticos, que sufren una perturbación mental que se presenta generalmente con convulsiones y ataques catalépticos

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6- Historia o Locura Histérica: La histeria se encuentra en las personas que sufren un desequilibrio, los histéricos, son individuos que van al crimen generalmente de una manea violenta y como obra de su perturbación mental. 6La neurastenia: Son individuos que sufren una especie de depresión nerviosa, una falta de control de su voluntad, que a veces los puede llevar a realizar acciones criminales, por una especie de impulsión mórbida que los conduce fatalmente al hecho criminoso. Eximentes incompletas: Pertenecen a la clasificación de las circunstancias incompletas. Estas son: a) La imputabilidad disminuida. b) Embriaguez. c) Exceso en el cumplimiento de un deber o ejercicio de un derecho, en la legítima. Circunstancia agravantes: Garraud lo define como: “hechos que, uniéndose a los elementos materiales o morales del delito, aumentan la criminalidad de la acción o la culpabilidad del agente”. La doctrina divide la circunstancias agravantes en: circunstancias agravantes objetivas y subjetivas. Son llamadas objetivas, cuando se unen a los elementos materiales de la infracción, como las de que un robo se cometa de noche, en casa habitada, con escalamiento o fractura (Art. 386 Código Penal). Se dice que son subjetivas, cuando se unen a la culpabilidad, a la individualidad del autor de la infracción, tales como la premeditación, la asechanza, los lazos de consanguinidad y la edad de la víctima (art. 295 y 355). Otra clasificación que ha sido hecha de los agravantes es la de que unas son legal y otras judiciales. Las primeras son las que están previstos de una manera especial en la ley y las segundas, las que el Juez puede apreciar libremente al juzgar el hecho. Finalmente también han sido clasificadas como especiales y generales. Las primeras no se aplican sino alguna o algunas infracciones. Las segundas se aplican a todas las infracciones o a muchas de ellas. De esta clase tenemos la reincidencia y la condición de funcionario público del autor del hecho (prevista esta última en el Art.198 del C.P.). TEMA VIII. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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Aparición del delito: El delito recorre un camino que tiene su partida en un proceso interno. Intervienen dos fases: interna y externa.. La fase interna es cuando el hombre delibera y sin entrar en la realización, produce una manifestación intermedia:la idea criminal o de tentación que surge en la mente. En la fase externa, el hombre ejecuta, comenzando con actos preparatorios; los cuales pueden ser seguidos, bien de tentativa o frustración, o bien de consumación. Iter. Críminis: Se denomina iter críminis a la serie de etapas sucesivas, separadas por un espacio más o menos prolongado por las cuales pasa el agente desde la ideación del delito hasta su agotamiento. Fases del itercríminis: La idea criminal o tentación, esto es, la concepción del hecho criminal que surge en la mente; La voluntas sceleris, o sea, la resolución de obrar, de dirigir la voluntad a la realización de la infracción; Los actos preparatorios, esto es, el proveerse de los medios materiales para llevar a cabo la realización. Ej. Proveerse de un arma si va a herir, o comprar un veneno si va a envenenar.. Hecho todo esto, el agente da comienzo a la ejecución del delito, por actos que están directa e inmediata con el fin criminal, que va realizar, lo que constituye el comienzo de ejecución. Cuando el agente llega hasta el fin y realiza todos los elementos constitutivos del acto incriminado se dice que el delito está consumado. Y si es detenido o se detiene en los actos de ejecución se dice que el delito ha sido intentado. Tratamiento jurídico penal de los actos preparatorios: Los actos preparatorios son aquellos que no constituyen la ejecución del delito proyectado, pero que se refieren a él en la intención del agente y tienden así a su TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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ejecución y como tales no son castigados por la ley penal. Sin embargo, en vista del peligro que hay en muchos de ellos, el legislador los ha erigido en delitos especiales. En tal sentido pueden citarse: el soporte y la posesión ilegal de armas y explosivos; rotura de cercas y violación de domicilio. Estos y muchos otros tienen o pueden tener un carácter peligroso por sí mismos y también como actos preparatorios de una infracción, con la cual pueden estar relacionados, por lo cual son castigados como delitos especiales. Existen otros casos en que los actos preparatorios son castigados, estos son primeramente en el caso de la complicidad (Art.60 Parr.2) CP., debido a que toman su criminalidad y su calificación del hecho delictuoso principal, como ocurre cuando se suministran medios o instrumentos para cometer el delito. En segundo lugar cuando constituyen circunstancias agravantes de la infracción, como ocurre en un homicidio en que se demuestra que el agente ha adquirido con anterioridad al hecho armas y otros medios materiales para realizarlo, pues ello puede dar lugar a que pruebe la premeditación y por tanto, ese acto, que era preparatorio antes de cometer el homicidio, se convierte después de realizarse, en una circunstancia agravante. Formas imperfectas del delito: tentativa y frustración: Se entiende por tentativa, la tendencia de la voluntad hacia un delito. El Art.2 del Código Penal, dispone: “Toda tentativa de crimen podrá ser considerada como el mismo crimen, cuando se manifieste con un principio de ejecución, o cuando el culpable, a pesar de haber hecho cuanto estaba de su parte para consumarlo, no logra su propósito por causas independientes de su voluntad, quedando estas circunstancias sujetas a la apreciación de los jueces. El Art.3 del Código Penal, dispone: “ Las tentativas de delito no se reputan delitos, sino en los casos en que una disposición especial de la ley, así lo determine. Cuando el agente ha realizado todo lo que estaba de su parte para consumar la infracción sin conseguirlo, por causas independientes de su voluntad, se dice que hay delito frustrado. El delito imposible y la tentativa: Se dice que hay delito imposible o tentativa inidónea, cuando la actividad del agente está condenada indefectiblemente al fracaso, porque el objeto no existe o le falta una condición esencial para su TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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existencia; porque no está en las condiciones o situación tenidas en cuenta por el agente.; porque los medios empleados no pueden conducir al resultado apetecido, o porque los mismos usados sin pericia, tampoco podrían producir ese resultado. Ej. Si ha disparado contra un maniquí, o contra un árbol, creyendo que era la víctima a quien se buscaba; o se dispara contra un cadáver, creyendo viva a la persona; se intenta envenenar, pero creyendo dar un veneno, se yerra y se da una sustancia inofensiva. TEMA IX. La imprudencia. Consiste en la falta de prudencia, de cautela o precaución. Es un delito culposo. Es cuando la acción u omisión del agente tiene como resultado un hecho delictuoso o dañoso, el cual está desprovisto de intención, pero como tal hecho, por sus resultados o gravedad causa un daño, el legislador castiga a quien lo comete, por el hecho de existir una falta; como consecuencia de negligencia, imprudencia, ligereza, violación de reglamentos o torpeza. Pero si no existe la mas ligera falta, esto es, la culpa, se trata de un accidente, y el descargo se impone. Elementos. 1.- Voluntad en el acto inicial. 2.- Falta de previsión del efecto del acto. 3.- Posibilidad de preverlo. El agente ha causado un daño social, y estas son las razones por las cuales su delito, aunque no intencional, es reprimible. Incriminación de la imprudencia en el Código Penal Dominicano: El Art.319 del Código Penal dispone: El que por torpeza, imprudencia, inadvertencia o inobservancia de los reglamentos, cometa homicidio involuntario, o sea, causa involuntaria de él, será castigado con prisión correccional de tres meses a dos años, y multa de veinte y cinco a cien pesos. Art. 320 del Código Penal: Si la imprudencia o la falta de precaución no han causado sino golpes o heridas, la prisión será de seis días a dos meses, y la multa de diez a cincuenta pesos, o una de estas dos penas solamente. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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Cuando en el caso previsto en el Art. 320 C.P., las heridas o los golpes involuntarios sólo ocasionen una enfermedad o incapacidad para el trabajo que duren menos de diez días, o no ocasionen ninguna enfermedad o incapacidad, las penas. Que en dicho artículo se pronuncian se reducirán a la mitad y serán aplicadas por los Jueces de Paz. Art.458 C.P.: El incendio causado en propiedad ajena, por negligencia o imprudencia se castigará con multa de veinte a cien pesos. Se reputa causado por imprudencia o negligencia: 1.- el incendio de chimeneas, casas, ingenios o fraguas, cuando resulta por vetustez de las oficinas o por falta de reparación o limpieza; 2.- el de selvas, pastos, sabanas, siembras, montes, cosechas y otras materias combustibles, amontonadas o depositadas en casas, trojes o cualquier otro edificio, cuando resulta a consecuencia de hogueras encendidas o quemas en los campos a menos de cien varas de distancia; 3.- el de los casos enumerados en los párrafos que preceden, cuando resulte por haber llevado velas encendidas o candelas y haberlas dejado sin las precauciones necesarias en los lugares susceptibles de incendio. TEMA X Autoría y participación: Se define como autores aquellos que toman parte directa en la ejecución del hecho. Autor es quien ejecuta la acción que forma el núcleo del tipo de cada delito. La participación: consiste en aquellas personas que toman parte en la ejecución del hecho delictivo o prestan al autor o autores un auxilio o cooperación sin los cuales no habría podido cometerse. Clases de autoría:

Complicidad necesaria y no necesaria:

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Encubrimiento: Supone la existencia anterior de un delito y consiste en ocultar a quien lo cometió, en facilitarle la fuga o en hacer desaparecer los rastros o pruebas del delito, o bien en guardar, esconder, comprar, vender, o recibir en prendas o en cambio los efectos sustraídos. Igualmente comete encubrimiento quien dejare de comunicar a la autoridad las noticias que tuviere acercar de la comisión de algún delito, cuando estuviere obligado a hacerlo por su profesión o empleo, o negare a la autoridad, sin motivo legítimo, el permiso de penetrar en su domicilio para detener al delincuente que se encuentre en él. TEMA XI Teoría del concurso: hay casos, en que el agente es autor de dos o más infracciones, esto tiene una influencia jurídica sobre la situación del delincuente, o por mejor decir, es la pena o medida que debe serle impuesta. Esta situación se nos puede presentar con uno de estos dos aspectos: Primero: que el agente haya cometido dos o más infracciones y que ninguna de ellas haya sido objeto de una condenación irrevocable y segundo: que el agente, después de haber sido condenado irrevocablemente por una o más infracciones, comete otra u otras. En la primera situación se dice que existe concurso de infracciones; y en el segundo, que hay reincidencia, si se cumple ciertos requisitos legales. Concurso de leyes: Consiste en el problema de aplicación que se presenta cuando, respecto a una misma situación de hecho, aparecen dos o más disposiciones legales que pretenden regirla simultáneamente, siendo que en realidad, debido a la relación que media entre ellas, la aplicabilidad de una determina la inaplicabilidad de las otras. Concurso de infracciones: El concurso de infracciones puede ser real o material, ideal o intelectual. Es real o material, cuando el agente ha cometido muchos actos o un conjunto de actos que constituyen, cada uno, de un modo separado o independiente, una infracción distinta. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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El concurso es ideal o intelectual, cuando un solo acto produce la violación de varios bienes jurídicos, y cae bajo el imperio de disposiciones penales distintas. Nuestra legislación, como la Francesa, no se ha ocupado sino del concurso real, y ha dejado fuera de sus prescripciones el concurso ideal. En efecto, el articulo 304 del Código de Procedimiento Criminal, se refiere al caso de que en el curso de los debates se descubra que el acusado es auto “de otros crímenes diferentes”. Delitos continuado: El delito es continuo, cuando la ación que lo constituye se prolonga, esto es, cuando el estado delictuoso del agente prosigue durante cierto tiempo. Ejemplo: el porte o tenencia ilegal de armas, la ocultación de cosas o de personas. Los delitos continuos: se dividen a su vez en delitos continuos permanentes y delitos continuo sucesivos. Los primeros son aquellos en los cuales el acto queda terminado instantáneamente, pero el estado delictuoso continua sin nueva intervención de la voluntad del agente, como ocurre en el aso de una pared o una casa construida en violación de las leyes sanitarias o de construcción, o en hechos de cerrar un camino con una construcción cualquiera. La segunda, son aquellas en las cuales hay no sólo un estado delictuoso que se prolonga, sino, la actividad delictuosa en la cual intervienen de nuevo la voluntad del agente, como en el porte ilegal de armas, o en la violación de la ley No.14-94 sobre pensión alimentaria . TEMA XII La Pena: concepto, fundamento y fines: La pena ha sido definida como la reacción de la sociedad contra el criminal, o como un sufrimiento impuesto por el Estado al culpable de una infracción penal, en ejecución de una sentencia. De esta definición se deduce que es: a) un sufrimiento; b) impuesto por el estado por medio de una sentencia y c) a causa de una infracción penal. La pena en sus comienzos, no tuvo otra finalidad que la de hacer sufrir al culpable, más tarde se entendió que era útil o necesaria, pero que debía ser justa. Toda pena para ser ejecutada, debe ser la consecuencia de una decisión con carácter irrevocable, dictada por un Tribunal ordinario o excepcional. La pena se le impone a todo que comete una infracción penal. En la actualidad la pena no puede tener sino dos finalidades esenciales, que son: 1.- El mantenimiento del orden jurídico y la convivencia social; 2.- Utilizarla como medio de obtener una reeducación o reforma de quien la sufre. En nuestro sistema penal la pena debe ser igual para todos. En consecuencia el aplica una pena no se debe tener en cuenta la situación de la persona, su posición TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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social, política o económica, porque las penas son iguales para todos, sin privilegio ni distinción. Las penas son personales, nadie puede se responsables por la infracción del otro. Penas aflictivas e infamante: crimen correccionales: delito, Policía = Contravenciones: Clases de penas: las penas se clasifican en Criminales, Correccionales y de simple Policía: Art. 7.- (Modificado Constitución de 1908; L. 64 de 1924, Constitución de 1966, art. 8 párrafo I). Las penas aflictivas e infamantes son: 1°., la de 20 años de trabajos públicos y la de 30 años de trabajos públicos; 2°., los trabajos públicos; 3°., la detención; 4°., la reclusión. Art. 8.- Es pena infamante la degradación cívica. Art. 9°.- Las penas en materia correccional son: 1°., el destierro; 2°., el confinamiento; 3°., la prisión temporal; 4°., la interdicción por determinado tiempo de ciertos derechos cívicos, civiles o de familia; 5°., la multa. Art. 11.- Son penas comunes a las materias criminales y correccionales: la sujeción del condenado a la vigilancia de la alta policía, la multa y la confiscación especial del cuerpo del delito, cuando sea propiedad del condenado, la de las cosas producidas por el delito, y por último, la de aquellas que sirvieron para su comisión o que se destinaron a ese fin. Art. 21.- La detención no podrá pronunciarse por menos de tres años, ni por más de diez. Art. 22.- Toda persona de uno u otro sexo, condenada a la reclusión, será encerrada en la cárcel pública y empleada en trabajos, cuyo producto se aplicará en parte a su provecho, en la forma que lo determine el Gobierno. Art. 23.- La duración máxima de esta pena será de cinco años, y la mínima de dos años. Art. 28.- La condenación a las penas de trabajos públicos, detención o reclusión, lleva consigo la degradación cívica. Se incurre en esta pena, desde el día en que la sentencia es irrevocable; y en el caso de condenación en contumacia, desde el día de la notificación en estados. Art. 464.- Las penas en materia de policía son: el arresto, la multa y el comiso de ciertos objetos embargados. Art. 465.- El arresto por contravenciones de policía, es de uno a cinco días, según los casos y distinciones que más adelante se establecerán. Los días de arresto constan de Veinticuatro horas. Art. 466.- Las multas por contravenciones de policía, se impondrán desde uno hasta cinco pesos inclusive, según los casos y distinciones que más adelante se establecen. La prisión correccional es de seis días a dos años. (Art. 40 Código Penal). TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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Las penas de simples policía que tenemos son las siguientes: prisión de uno a cinco pesos y hasta diez días. Las penas que son comunes a las materias criminales y correccionales, como la supervigilancia de alta policía y la multa. Hay otras que son comunes a las materias criminales, correccionales y de simple policía, como la confiscación especial del cuerpo del delito y la multa. Las infracciones que las leyes castigan con penas de policía es una contravención. Las infracciones que las leyes castigan con penas correccionales es un delito. Las infracciones que las leyes castigan con una pena aflictiva e infamante es un crimen (art. 1 Código Penal) la infracción que las leyes castigan con penas de policía es una contravención. La infracción que las leyes castigan con una pena aflictiva o infamante, es un crimen. Un artículo de la ley 224 ha creado. En su artículo 106 dispone: “se suprime la pena de trabajos públicos. En lo sucesivo las penas aflictivas e infamantes serán solamente la detención y la reclusión. En todos los casos que el código o leyes especiales señalen la pena de trabajos públicos, deberá leerse reclusión”. Penas principales, accesorias y complementarias: Las penas principales: Son las que el legislador ha dictado como instrumento directo de la penalidad; las que van encaminadas directamente a sancionar el hecho y a obtener una disminución de la criminalidad por medio de los fines que con ellas se persiguen. Las penas complementarias: son el complementos de otras y nunca figuran solas, de ellas podemos citar: la interdicción de ciertos derechos cívicos, civiles y de familia; la multa criminal y la confiscación especial del cuerpo del delito, salvo excepciones. Las penas accesorias: Estos no necesitan para ser sufridas, que el Juez las pronuncie de una manera expresa en su sentencia, se sufren de pleno derecho., ejemplo: la interdicción legal, la degradación física, y la supervigilancia de la alta policía. Las penas pecuniarias: Son aquellas cuyas consecuencia directa e inmediata es producir una disminución del patrimonio de una persona a título de castigo a causa de un delito. Las penas pecuniarias pueden ser de dos clases: unas las que hacen al estado propietario de objeto en naturaleza, y las otras, que le hacen acreedor de una suma de dinero. La segunda, son las multas y las primeras la confiscación o comiso especial de ciertos objetos llamados “el cuerpo del delito” y finalmente, la confiscación general en los casos especiales en que se imponga por un ley especial. Las penas privativas de libertad: estas consisten en privar al delincuente de su libertad física, como el nombre lo indica, es decir, de cierta libertad de TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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movimiento. Anteriormente, los deudores, insolvente o morosos eran condenados a prisión, pero hoy en día ya no, eso fue prohibido por la constitución, la cual no la permite, sino cuando la deuda provenga de fraude o infracción a las leyes penales. La privación de la libertad es la pena por excelencia en todas las sociedades civilizadas, que asume formas y caracteres muy diversos, según la gravedad objetiva del hecho. Así, por ejemplo: esas penas, entre nosotros, en orden a su gravedad son: trabajos públicos, detención, reclusión, prisión correccional y prisión de simple policía. Pruebas privativas de libertad.- su duración.- como se ejecutan: ya hemos dicho que las únicas penas privativas de libertad que tenemos son las siguientes: trabajos públicos de 30 años, de 20 años, de 3 a 20 años, de 5 a 20 años y de 3 a 10 años (modificación del Art. 386 del Código Penal Dominicano) y detención de 3 a 10 años, la reclusión de 2 a5 años, prisión correccional de 6 meses a 2 años y la prisión de simple policía de 1 a 5 días. La pena de trabajos públicos, sea cual fuera su duración, debe ser ejecutada en las cárceles, y según dispone el Art. 15 del Código Penal, a los hombres condenados a ella se les empleará en los trabajos más penosos; se dispone también, que esos hombres podrán ser encadenados de dos en dos, como medida de seguridad, cuando lo permita la naturaleza del trabajo a que se les destine. Las penas de privación de libertad tienen utilidad o pueden tenerla, cuando el legislador establece un régimen conducente a esa finalidad, la principal de las cuales es reformar al delincuente a la vez que lo castiga. La individualización de la pena: Personalidad de la pena: La pena debe ser personal, es decir, que ante la ley penal dominicana como ante la francesa, , cada uno es responsable de sus propios hechos, y a nadie se le puede condenar por una acción realizada por otro, o lo que es lo mismo, que nadie debe sufrir las consecuencias del delito cometido, ni de la pena impuesta a otra persona por un hecho delictuoso. Individualización de la pena: Es la adecuación de la pena a las condiciones del sujeto sobre quien recae, por estimarse que solo de una forma puede la pena cumplir su finalidad reeducadora y correctiva. Es una teoría, ya que no nueva, muy extendida dentro de los conceptos del moderno Derecho Penal, que guarda relación con las condenas indeterminadas y con las medidas de seguridad.

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Libertad provisional: procede en principio en la generalidad de las infracciones. Es obligatoria en materia correccional y facultativa en materia criminal. En algunas materias esta prohibido expresamente por el legislado. Ejemplo materia de drogas, secuestro, materia de porte y tenencias ilícita de armas de fuego. Esta sustentada en la ley 341-98. Requisitos para solicitarla:  Dirigir una instancia en solicitud de la misma, el Juez de la sala que está conociendo el proceso de que se trate. Deberá anexar:  Certificación de no solicitud en el Juzgado de Instrucción (si es n proceso criminal)  Impuestos instancia  Recibo de RD$109.00 de la ley 80-89  Recibo de RD$5.00 de la ley 33-91  Sellos de RD$1.00 y 0.25 cvo. Dispositivo:  Recibo de RD$45.00 ley 33-91  2 sellos de RD$1.00, 1 de 0.75 cvo. Y 0.25 cvo. En materia correccional la fianza es obligatoria, mientras que en materia criminal su otorgamiento es facultativo del Juez. En materia criminal el acusado podrá solicitar su libertad provisional bajo fianza en todo estado de causa, sin embargo el otorgamiento de tal libertad será facultativa, tanto en la fase de instrucción como en el juicio de fondo. Durante la instrucción preparatoria la libertad será otorgable por el Juez de instrucción o Cámara de Calificación correspondiente juzgando en primera o segunda instancia, según el caso,. Los cuales harán uso de esta facultad durante el transcurso de la sumaria si le es solicitada por el procesado y cuando a su juicio, hayan razones poderosas a favor del pedimento, pudiendo aplazar su otorgamiento hasta la terminación de las actuaciones de la instrucción preparatoria. El Juez de Primera instancia o Corte de Apelación correspondiente, juzgado en primera o segunda instancia, según el caso que este apoderado del fondo de una acusación criminal sólo podrá ordenar la libertad provisional bajo fianza del acusado cuando este no lo hubiere solicitado durante la realización de la instrucción preparatoria al Juez de Instrucción o Cámara de Calificación que instruyo su expediente. En materia correccional, en los casos en los cuales el procesado sea reincidente, la libertad provisional bajo fianza será, facultativa y sólo otorgable por el Juez de TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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Primera Instancia o Corte de Apelación que vaya a conocer de la acusación, cuando, a su juicio, hayan razones poderosas a favor del pedimento. En materia criminal no se otorgará libertad provisional bajo fianza a los procesados reincidentes. Se considerarán reincidentes para los fines de esta ley, las personas que han sido condenadas por los Tribunales del país o de cualquiera otra nación por la comisión de crímenes o delitos de la misma naturaleza a los que se le imputan. Del mismo modo, siendo la libertad provisional bajo fianza facultativa materia criminal, la demanda puede ser reiterada ante el mismo juzgado de instrucción antes de emitir auto decisorio, pero será requisito indispensable para su concesión que el inculpado se encuentre debidamente interrogado. Toda persona puesta en libertad provisional bajo fianza estará obligada a notificar en cualquiera forma el Ministerio Público de la Jurisdicción competente apoderada del asunto, sus cambios de domicilio y residencia. Ninguna, en estas condiciones podrá ausentarse del territorio de la República. En todos los casos de demanda en libertad bajo fianza, será notificada al ministerio público y a la parte civil, si la hubiere y tuviese domicilio real o elección en el lugar en que tenga su asiento el Juez o Corte que deba conocer de la demanda, a fin de que aquellos hagan sus observaciones en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas para los delitos y setenta y dos (72) horas para los crímenes, a partir del momento en que se le haya comunicado, debiendo dictarse el fallo o Auto correspondiente a más tardar al término de este plazo. En los casos de los delitos de emisión de cheques sin provisión de fondos, estafa en perjuicio de particulares y otros delitos de naturaleza económica, la fianza no pondrá en ningún caso, ser mayor del duplo de la suma envuelta ni menor del mínimo establecido por este Código, a menos que una ley especial disponga otra cosa. No se otorgará libertad provisional bajo fianza a los inculpados de crímenes contra la seguridad del Estado, atentados y tramas contra el jefe del Estado, crímenes tendentes a turbar armadas y el pillaje y las devastación pública y en casos de inculpados por crímenes previstos en leyes especiales que lo prohiban expresamente. La fianza puede ser prestada en especies o en inmuebles o en forma de garantía otorgada por una compañía de seguros que este validamente autorizada a ejercer esta clase de negocios en el territorio de la República. La fianza en especies se constituirá, mediante el depósito que de ella se haga en una Colecturía de Rentas Internas o en manos del Ministerio Público, contra recibo del mismo. Las sentencias y autos intervenidos en materia de libertad provisional bajo fianza, son sus susceptibles del recurso de apelación; las dictadas por los Juzgados de Primera Instancia en materia correccional y criminal, por ante la TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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Corte de Apelación del Departamento correspondiente; y las dictadas por los Juzgados de Instrucción en materia criminal, por ante la Cámara de Calificación que conocerá de los recursos incoados contra sus decisiones. Las decisiones tomadas por esta última no será susceptibles de ser impugnadas en Casación, sin embargo, todas serán siempre ejecutorias provisionalmente no obstante el recurso, el cual podrá ser intentado tanto por el procesado, por si o por quien lo represente, como también por el Procurador Fiscal o por la parte civil, esta última por acto de alguacil notificado a más tardar en la octava de su pronunciamiento y notificación a los interesados. Los Jueces que juzguen en materia de libertad provisional bajo fianza, tanto en primero como en último recurso, ordenaran que una copia certificada de la sentencia intervenida, sea anexada al proceso principal. Los recursos intervenidos en esta materia serán interpuestos por declaración en la Secretaría del Juzgado que dictó sentencia. Los recursos del Ministerio Público deberán, a pena de nulidad, ser notificados al impetrante dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de su declaración. La apelación de los fallos en esta materia serán conocida por la Corte de Apelación o Cámara de Calificación correspondiente según la materia, a la cual le será remitida el expediente del caso por el secretario del Juzgado de Primera instancia o el Juzgado de Instrucción a más tardar el día siguiente de interpuesto el recurso declarado. La libertad provisional bajo fianza cesará cuando el inculpado no se presente las veces que fuere requerido en el curso del proceso o para la ejecución de la sentencia sin una excusa legítima, cuando el fiador lo entregue para que lo reduzcan a prisión y pida que se le cancele la fianza. Las obligaciones resultantes de la fianza cesan si el inculpado se presenta todas las veces que sea requerido en el curso del proceso y para la ejecución de la sentencia. También cesan las obligaciones resultantes de la fianza cuando el fiador entrega al procesado para que lo reduzcan a prisión y pide que se cancele aquella. El procesado está obligado a justificar su incomparecencia, por lo que si este sin motivo legítimo de excusa, estuviere en defecto de presentarse cuando fuere requerido en el curso del proceso o para la ejecución de la sentencia, se declarará vencida la fianza. Todo pedimento en libertad provisional bajo fianza, excepto cuando el acordarla sea facultativo, deberá ser decidido en el término de cuarenta y ocho (48) horas y su apelación en el término de setenta y dos (72) horas, so pena para el Juez o Jueces, de ser perseguidos por denegación de justicia. Las decisiones dictadas por los Jueces de Instrucción, negando la libertad provisional bajo fianza serán dictadas sin perjuicio a las disposiciones del artículo 94 de este Código, que prevee la suspensión de prisión. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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Una vez conformada la Cámara de Calificación que ha de conocerla apelación de decisiones dictadas por los Jueces de Instrucción sobre libertad provisional bajo fianza, esta deberá conocer del asunto y dictar su decisión en un plazo no mayor de setenta y dos (72), so pena para el Juez o los Jueces, de ser perseguidos por denegación de justicia. Las decisiones dictadas por los Jueces de Instrucción, negando la libertad provisional bajo fianza serán dictadas sin perjuicio a las disposiciones del artículo 94 de este, Código, que prevee la suspensión de prisión. Una vez conformada la Cámara de Calificación que ha de conocerla apelación de decisiones dictadas por los Jueces de Instrucción sobre libertad provisional bajo fianza, esta deberá conocer del asunto y dictar su decisión en un plazo no mayo de setenta y dos (72) horas, so pena para los jueces que la conforman, de ser perseguidos por denegación de justicia. Del mismo modo, el Presidente o Juez puede de manera facultativa y en todo momento, en caso de que le fuere solicitado por el procesado, ordenar su libertad provisional bajo fianza luego del depósito del expediente en la secretaría del Tribunal. Para el otorgamiento de la libertad provisional bajo fianza sólo será requisito indispensable verificar mediante acta levantada por el secretario que la solicitud de fianza no hubiere sido hecha previamente en la fase de instrucción y el mismo podrá ser decidido a partir del auto a que se refiere el artículo 228 de este Código. Perdón condicional de la pena: LEY No. 223, del 26/6/84. Considerando: que constituye una marcada tendencia de la moderna penología el evitar el cumplimiento de las penas de corta duración en aquellos casos en que el acusado, lejos de experimentar una rehabilitación beneficiosa para él y para la sociedad, sufriría las consecuencias generalmente perniciosas del paso por una prisión. CONSIDERANDO: Que por otra parte, este mecanismo del perdón condicional de la pena contribuirá grandemente a descongestionar las cárceles del país, en muchos casos repletas de hombres, cuya libertad no conllevaría ningún perjuicio a la seguridad social. Art. 1.- los tribunales podrán suspender la ejecución de las penas que impongan por sentencias condenatorias, cuando concurran los requisitos siguientes: a) que la sentencia conlleve una pena restrictiva o privativa de libertad que no exceda de un año; b) que el sujeto no haya sido condenado anteriormente por crimen o delito; y c) que los antecedentes personales del acusado y su conducta anterior, así como la naturaleza, las modalidades y los móviles determinantes del delito permiten presumir que no volverá a delinquir. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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Art. 2.- Si el tribunal de primera o segunda instancia estima procedente hace uso de la facultad establecida en el artículo 1, lo ordenará así en la sentencia condenatoria en forma motivada, y fijará un plazo determinado de observación del sujeto, el que no podrá ser superior a un año. El tribunal establecerá en la misma sentencia las condiciones siguientes que debe cumplir el acusado: a) Residencia en un lugar preciso, que podrá ser propuesto por el propio condenado; b) sujeción a la vigilancia del Ministerio Público del domicilio donde debe residir el encausado, debiendo informar a este funcionario cualquier desplazamiento fuera del lugar de residencia; c) adopción, en el plazo que el mismo tribunal señale, de un trabajo, profesión y ocupación, siempre que no tenga otros medios conocidos y honestos de subsistencia; y d) pago de las costas y multas impuestas por sentencias, salvo que el tribunal, por causa justificada, lo libere de esta sanción, sin perjuicio de que se hagan efectivas de conformidad a las leyes y reglamentos vigentes. Art.3. El quebrantamiento de las condiciones señaladas en el artículo anterior, dentro del período de observación, obligará al Ministerio Público a pedir que se revoque la suspensión de la pena, lo que decretará el tribunal del domicilio del condenado, previa verificación del motivo. Art. 4.- si dentro del período de observación el sujeto fuere acusado de cometer nuevo crimen o delito, quedará automáticamente revocado del perdón condicional de la pena, sin perjuicio de la nueva sanción a que pueda ser acreedor el condenado. Art. 5.- si hubiere transcurrido íntegramente el período de observación sin que el perdón condicional haya sido revocado, se tendrá por cumplida la pena. Libertad condicional: está sustentada por la ley 164. También se solicita mediante instancia dirigida al Juez que conoció el expediente, y a diferencia de la Libertad Provisional Bajo Fianza, la persona debe solicitarla cuando ya haya sido condenada; la pena no puede ser menor de un año. Además deberá haber cumplido la mitad de la pena. La solicitud de libertad condicional, deberá contener: 1.- Instancia dirigida al Tribunal que conoció del proceso. 2. Carta de arrepentimiento debidamente firmada por el recluso.

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4. Certificación de examen psiquiátrico practicado al recluso, por el médico del centro penitenciario. 5.- Carta de buena conducta. 6.- Carta de un garante, el cual hará constar que de ser favorecido el recluso con la libertad condicional, al momento de obtener la misma, este contará con un trabajo o sustento de vida, que le será suministrado por el primero. TEMA XIII Las Medidas De Seguridad Concepto, Fundamento Y Fines: Las medidas de seguridad pueden ser definidas como ciertas restricciones a los derechos del hombre, impuestos por el Estado, con el fin de obtener la adaptación de un miembro de la sociedad al orden jurídico y social imperante, y evitar la delincuencia incipiente o reincidente. Clases: Las medidas de seguridad ha sido clasificadas del modo siguiente: de educación, de corrección, de curación y de segregación. A las tres primeras pertenecen el tratamiento educativo de los menores delincuentes; el internamiento en hospitales especiales de los delincuentes enajenados y anormales psicológicos; el internamiento en establecimientos especiales de alcohólicos y toxicómanos. En nuestra legislación bajo ese título de medida de seguridad no existe pero si vamos al caso tenemos mucha pena que son medidas de seguridad. En conclusión, podemos decir que en nuestro país no existe la medida de seguridad. Concurrencia de penas y medidas:

TEMA XIV La responsabilidad civil derivada de la infracción penal.: Se produce cuando la acción en responsabilidad civil nace a consecuencia de un delito o cuasidelito civil, es decir, la responsabilidad delictual. La responsabilidad civil delictual es aquella que se refiere a ocurrencias no regidas por términos contractuales. La idea de contrato se encuentra ausente en ese orden de responsabilidad. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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La responsabilidad delictual consagrada fundamentalmente por los Artículos 1382, 1383, 1384 y 1386, del Código Civil constituye el derecho común de nuestra responsabilidad civil. Estos artículos reglamentan: I) La responsabilidad por el hecho personal (1382-1383); II) la responsabilidad por el hecho de otro (1384 Párr. 2, 3 y 4); III) la responsabilidad por el hecho de las cosas inanimadas; IV la responsabilidad por el hecho de los animales (Art.1385) y V) la responsabilidad por la ruina de los edificios. Toda responsabilidad civil que no se contractual, es delictual o cuasidelictual. Existe responsabilidad delictual cuando el daño ha sido causado intencionalmente (Art.1382) y existe responsabilidad cuasidelictual cuando el daño ha sido causado intencionalmente (Art.1383). Elementos constitutivos: d) e) f)

un daño ocasionado al que reclama la reparación. Una falta imputable al demandado. Una relación de causalidad entre el daño y la falta.

La responsabilidad por el hecho personal: cualquier hecho del hombre que causa a otro un daño, obliga a aquel por cuya culpa sucedió a repararlo. (Art.1382). Cada cual es responsable del perjuicio que ha causado, no solamente por un hecho suyo, sino también por su negligencia o imprudencia. (Art. 1383 C.C.)

La responsabilidad por el hecho de otro: No solamente es uno responsable del daño que causa un hecho suyo, sino también del que se causa por hechos de las personas de quienes se debe responder, o de las cosas que están bajo su cuidado. El padre y la madre después de la muerte del esposo, son responsables de los daños causados por sus hijos menores que vivan con ellas. Los amos y comitentes, lo son del daño causado por sus criados u apoderados en el en las funciones en que estén empleados. Los maestros y artesanos lo son del causado por sus discípulos y aprendices, durante el tiempo que están bajo su vigilancia. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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La responsabilidad antes dicha tiene lugar a menos que el padre, la madre, los maestros y artesanos prueban que les ha sido imposible evitar el hecho que da lugar a la responsabilidad. (Art.1384). La responsabilidad por el hecho de las cosas: el dueño de un animal, o el que se sirve de él por el tiempo de su uso, es responsable del daño que ha causado aquel, sea que se encuentre bajo su custodia o que se le hubiera extraviado o escapado (Art.1385). El dueño de un edificio es responsable del daño que cause su ruina cuando ha tenido lugar como consecuencia de culpa suya o por vicio en su construcción. (Art.1386 C.C). Consecuencias accesorias: La acción en responsabilidad civil tiene por efecto que cuando se encuentran reunidos para su existencia: falta, daño o perjuicio y vínculo de causalidad, la víctima se convierte en acreedora de la reparación del daño sufrido. De ahí que se dice que el efecto que produce la responsabilidad civil es la reparación del daño sufrido por la víctima. La acción en responsabilidad civil surgida de una infracción a la ley penal puede ser llevada por ante los tribunales penales accesoriamente a la acción pública o ante los tribunales civiles, la parte lesionada tiene derecho de opción para apoderar la jurisdicción civil o penal. Para ser demandante es suficiente con ser víctima, no se requiere ningún requisito particular. Toda persona perjudicada en la comisión de un hecho delictuoso tiene calidad para demandar. La extinción de la responsabilidad penal: son aquellas circunstancia que ocurren después de la comisión de una infracción y que aniquilan la acción pública, intentadas o no, o la pena irrevocablemente impuesta. Estas causas de extinción son: la muerte del inculpado, la amnistía, la gracia, la prescripción de la acción pública y la prescripción de la pena, y el modo más natural, que lo es la ejecución de la pena. TEMA XV TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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Régimen penal para los menores infractores. La Ley 14/94 sobre niños, niñas y adolescentes. (VER ARTS. 230 Y SIGTES, LEY 14-94). A los menores infractores se les conoce como juicio ante la jurisdicción especializada de niños, niñas y adolescentes. Si un menor es aprehendido por la Policía deberá ser conducido de inmediato a las dependencias del Defensor de niños, niñas y adolescentes. Las declaraciones informativas que menores deban prestar en relación a causas penales tendrán lugar exclusivamente ante los Tribunales de niños, niñas y adolescentes. Para esos fines el Tribunal o Juez competente librará rogatoria, insertando sus interrogatorios si los juzgase pertinente. Se prohibe en cualquier forma informaciones relativas a hechos en que aparezcan niños como infractores o víctimas de crímenes o delitos que afecten su honor o dignidad. Cuando el hecho causado por un menor produzca daños en perjuicio de personas y propiedades, comprometerá la responsabilidad civil de sus padres o responsables. Se considera un acto infraccional cometido por un menor la conducta tipificada como crimen, delito o contravención por las leyes penales. Son inimputables los menores. Si se les atribuye la comisión de actos contrarios a la Ley, no podrán ser enjuiciadas y penadas por los Tribunales Ordinarios. En todo caso están bajo la jurisdicción de los Tribunales de Niños, Niñas, y Adolescentes y se les aplicarán las reglas establecidas en el Código (Ley 14-94). La detención o privación de libertad de un menor sólo podrá ser realizada cuando fuere sorprendido en flagrante delito o por orden escrita de una autoridad judicial. Se crean Defensorías de Niños, Niñas y Adolescentes y Familia. El Defensor será un miembro del Ministerio Público. Se crean Tribunales y Cortes de niños, niñas y adolescentes. Composición del equipo profesional del Tribunal, el Juez estará acompañado de: Médicos, Odontólogos, Sicólogos, trabajador Social y Pedagógico, Especializados en el área de niños, niñas y adolescentes. El objeto del proceso es brindar protección al menor y rehabilitarlo. El Tribunal podrá tomar conocimiento de un caso de oficio a solicitud del defensor o por aviso o informe de cualquier autoridad o particular. Ningún menor podrá ser responsabilizado de un hecho que no esté expresamente tipificado por la ley penal vigente. Cuando haya concluido la investigación referente a la comprobación de la participación o no del menor en los hechos que originaron la investigación, se TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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haya procedido a la evaluación socio familiar, se declara cerrada la investigación, se remitirá el expediente al defensor para que emita por escrito sus alegatos. En el procedimiento correccional las decisiones del Tribunal de niños será apelables, pero el recurso no tendrá efecto suspensivo. TEMA XVI. Las contravenciones de simple policía: Conforme a la división tripartita que adopta nuestro Código Penal, en su Art. 1ero: Las infracciones que las leyes castigan con penas de simple policía es una contravención. Las leyes de simple policía que se refieren a las contravenciones unas tienen por objeto, preservar las personas de cualquier accidente. Ej. Las que castigan la vagancia de locos o furiosos o de animales dañinos o feroces; mientras que otras procuran proteger las propiedades, tales como las disposiciones que castigan la negligencia en reparar y limpiar los hornos y chimeneas; las infracciones a los reglamentos sobre poda de árboles. Estas contravenciones están previstas y castigadas, unas por el Código Penal (Art.471 y siguientes), otras por leyes especiales. Caracteres: 1.- Las contravenciones existen por el solo hecho material de la desobediencia a las prescripciones reglamentarias o por negligencia en cumplirlas, independientemente de toda intención culpable, de toda voluntad malsana. 2.- Las contravenciones no admiten ninguna excusa, excepto la fuerza mayor irresistible, correspondiéndole al prevenido establecer esta excepción para escapar a la pena. 3.- En materia de contravenciones no hay complicidad. 4.Las contravenciones no pueden ser juzgadas sino por el tribunal del lugar donde fueron cometidas, esto es el Juzgado de Paz de la Jurisdicción en que fue cometida la infracción. Razón por la cual en la sentencia dictada con motivo de una persecución por contravención de simple policía debe establecerse el lugar en que se cometió la infracción, a fin de que, bien sea en apelación, bien sea en TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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casación, al conocerse de nuevo el hecho, sea posible apreciar, aun de oficio por tratarse de una cuestión de orden público, si el Juez ha actuado dentro de los límites de su competencia. 5.Las penas de simple policía pueden ser acumuladas: La pena pronunciada por un crimen o por un delito no absorbe la pena de la contravención deferida al tribunal al mismo tiempo o ulteriormente, y por otra parte, si varias contravenciones han sido cometidas, una pena especial debe ser pronunciada para cada una de ellas, sin confusión. Es criterio jurisprudencial la regla de que “en caso de concurso de contravenciones hay lugar a tantas penas como haya contravenciones distintas. Ningún hecho puede constituir una contravención castigable, a menos que este hecho haya sido previsto, sea por una ley general o especial, por un decreto presidencial o disposición de carácter municipal. El juez en esta materia de simple policía tan solo puede estatuir cuando la prevención le ha sido deferida por el Ministerio Público o por la Parte civil El juez no puede exonerar al contraventor completamente de la pena, pero puede aminorar su efecto, admitiendo circunstancias atenuantes. El juez no puede basar su decisión sobre la visita que haya hecho a los lugares de modo oficioso, ni sobre el conocimiento personal que tenga de los hechos. Si el juez considera necesario recurrir a la visita de los lugares, esta debe ser ordenada mediante sentencia dictada por el tribunal, en presencia de las partes debidamente citadas. Clases de contravenciones: La primera clase de contravenciones son las comprendidas en el Art.471 del C.P., son las más ligeras, haciendo un total de 21, dentro de estas están: 1.-Los que descuidaren la reparación y limpieza de hornos, chimeneas y máquinas donde se haga uso de fuego y lumbre; 2.- Los que disparen fuegos artificiales en lugar vedado por la autoridad; 3.-Los fondistas y otras personas que descuidaren el alumbrado, cuando este deber les sea impuesto por los reglamentos municipales; 4.-Los que descuidaren también la limpieza de las calles o lugares de tránsito, en los municipios donde se deja ese cuidado a cargo de los habitantes TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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(entre otras, ver Art.471). La pena principal aplicable a estas contravenciones es un peso oro de multa. Entre las penas complementarias se encuentran el decomiso de los efectos y objetos que sirvan para cometer la infracción y el arresto de uno a tres días que podrá pronunciarse simultáneamente con la multa, en caso de que el juez que conozca la contravención conforme a las circunstancias de la misma, entienda que los culpables merezcan esta pena. En caso de reincidencia, y cualesquiera que sean las circunstancias, se impondrá a los culpables la pena de arresto, durante tres días a lo más. La segunda clase de contravenciones, están comprendidas en el Art.475 C.P., entre estas están: 1.-Los que infringieren los bandos y reglamentos relativos a las cosechas de frutos. 2.- Los dueños o encargados de hoteles, fondas o casas de huéspedes, que omitieren inscribir, en los registros que deben ser llevados para tal fin los nombre de las personas que durmieron o pasaron un día o una noche en sus establecimientos; 3. Los arrieros, carreteros, carruajeros o recueros que dejaren abandonadas sus bestias en medio de una calle, camino o plaza, entre otras (ver art.475 C.P.). Se castigan con penas de multa de dos a tres pesos oro. Las penas complementarias son el arresto de uno a tres días en los casos de los carruajeros, cocheros y conductores que estén en contravención, también el embargo y la confiscación, por ejemplo de los enseres que sirvan para juegos y rifas y los fondos; así como las bebidas falsificadas que se encuentren en poder del vendedor y les pertenezcan, las cuales se derramarán, entre otras. En caso de reincidencia se impondrá a todas las personas que incurran en este tipo de contravención, la pena de uno a cinco días de arresto; y en cuanto al establecimiento de juegos y rifas en las calles, caminos y lugares públicos serán remitidos al tribunal correccional, donde se castigarán con prisión de seis días a un mes y multa de cinco a cincuenta pesos. La tercera clase de contravenciones están comprendidas en el Artículo 479 C.P., un total de 17, entre estas están: 1.- Los que fuera de los casos previstos por los ART. 434 hasta 462 inclusive causaren voluntariamente daños en propiedades y muebles ajenos; 2.- A los que por efecto de divagación de locos o furiosos, o de animales dañinos o feroces causaren la muerte o heridas de ganados u otros animales, entre otras (ver art.479 C.P.). Se castigarán con multa de cuatro a cinco pesos.

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El Art.480 C.P., dispone que en estas contravenciones el arresto durante cinco días a lo más podrá pronunciarse según las circunstancias: 1.- Contra aquellos que empleen pesos, pesas y medidas no determinadas por la ley; 2.- Contra los panaderos y carniceros, en los casos previstos por el inciso 11 del artículo anterior; 3.- Contra los autores y cómplices de alborotos injuriosos y nocturnos. En caso de reincidencia, se impondrá siempre la pena de arresto durante cinco días a los culpables de las faltas de que se trata el Art.479. En materia de contravenciones, la tentativa no es castigable. Las contravenciones se comprueban por actas, relatos o testigos. La represión de las contravenciones de simple policía no está subordinada a la existencia o a la validez de los procesos verbales que las hubieren comprobado. La prueba testimonial es admisible n ausencia de actas o relatos, para la comprobación de las contravenciones. De conformidad con el artículo 457 del Código de Procedimiento Criminal, la acción pública por una contravención de policía prescribirá después de un año cumplido, desde el día que hubiere sido cometida, si en este intervalo no hubiese recaído condena. El plazo de la prescripción de las penas impuestas por las sentencias en materia de contravenciones de policía es de dos años. TEMA XVII. Los delitos relacionados con la circulación de vehículos de motor. Violaciones a la Ley de Tránsito: Estos delitos están contemplados por la Ley 241 sobre Tránsito de Vehículos de fecha 28 –12-67; modificada por la Ley 114-99. Cuando los golpes y las heridas se ocasionen involuntariamente con la conducción de un vehículo de motor, se rigen por las disposiciones de esta Ley. La falta a que se refiere la ley es la misma de los artículos 319 y 320 del C.P. No se trata de una falta cualquiera, sino de una de las limitativamente señalada: imprudencia, inadvertencia, negligencia o inobservancia de las leyes y reglamentos. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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La Ley 585 de fecha 29-3-77, crea el Juzgado de Paz Especial de Tránsito, indicando que el mismo será competente para conocer exclusivamente, de las violaciones a la Ley 241 sobre Tránsito, así como las ordenanzas y resoluciones, dictadas en materia de tránsito por los correspondientes ayuntamientos. En aquellos municipios en donde no existan Juzgados Especiales de Tránsito; conocerán de tales violaciones los Juzgados de Paz Ordinarios. SEGUIR EN BIBLIOTECA BASICA. TOMO I. PAG.173-176. . TEMA XXI El Homicidio: el artículo 295 del Código Penal, define el Homicidio de la siguiente manera: “El que voluntariamente mata a otro, se hace reo de homicidio”.Existen varias clases de homicidio: Homicidio intencional: comprende 3 elementos: 1- la preexistencia de una vida humana destruida; 2- un elemento material; 3- un elemento moral. 1er. Elemento: La preexistencia de una vida humana destruida es el elemento indispensable para constituir la objetividad del crimen llamado homicidio. Etimológicamente el homicidio es el hecho de dar muerte a una persona humana. 2do. Elemento(material): el cual implica un acto de naturaleza tal que pueda producir la muerte a otro.. tan sólo es necesario que haya una relación directa de causa a efecto entre el hecho cometido por el agente y la muerte de la víctima. Hay que admitir la tentativa de homicidio cuando los medios empleados no llegan a producir la muerte, como consecuencia de circunstancias independientes de la intención del agente (art. 2) La tentativa se castiga como el crimen mismo. 3er. Elemento (intencional o moral): el agente debe tener la intención de matar. Esta intención es necesaria y suficiente; no hay que buscar el móvil que indujo al agente a cometer el hecho. En consecuencia, poco importa que la muerte se hubiere producido a solicitud de la víctima. Poco importa el error en la persona, o en el golpe, esto es, que el agente queriendo matar a uno mata a otro. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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El homicidio se castiga con la pena de trabajos públicos. Homicidio intencional (voluntario): Es el que se comete a sabiendas y con intención, esto es con conocimiento de lo que se hace y con ánimo de quitar la vida. El homicidio intencional involuntario, es el que no hay intención de causar la muerte, produciéndose, por torpeza, imprudencia, negligencia, o inobservancia de las reglamentos, es sancionado según el artículo 319 con penas correccionales , hay homicidio no intencional en los siguientes casos: 1- Cuando al reñir dos personas quitan la vida sin querer a otra que se acerca. Homicidio accidental: es puramente accidental no constituye delito, puesto que no se le puede imputar a quien lo causa, ninguna culpa ni falta. Es el que se comete por mero accidente o como resultado de una circunstancia fortuita o de fuerza mayor, o como consecuencia de la falta exclusiva de la víctima, cuando corriendo uno a caballo en lugar destinado para ello como el lugar destinado para ello como el hipódromo, se atraviesa rápidamente algún individuo y muere atropellado. Homicidio por omisión: que quienes teniendo una obligación no solamente legal o profesional, sino sencillamente un deber natural de obrar, y cuya abstención intencional conduce a un resultado criminal que había que esperar en el curso ordinario de los casos, ha provocado este resultado y debe responder de él. Homicidio eutanásico: comprende dos casos: el caso de la eutanasia “por acción”, o eutanasia propiamente dicha, y el de la eutanasia por omisión. En el primer caso, de eutanasia por acción o eutanasia propiamente dicha, actúa en que el crimen resulta de un hecho material, la intención se encamina a facilitar una muerte inminente y en todo caso tenida por muy próxima e inevitable, para observar los sufrimientos que la rodean, para hacer su fin más humano, mas compasivo. El segundo caso, eutanasia por omisión o eutanasia pasiva, resulta por cesación de los artificios de mantenimiento de una persona condenada por la ciencia médica y que vive vegetativamente . Homicidio, heridas y golpes involuntarios: (319 y 320 Código Penal) Art. 319.- El que por torpeza, imprudencia, inadvertencia, negligencia o inobservancia de los reglamentos, cometa homicidio involuntario, o sea causa involuntaria de él, será castigado con prisión correccional de tres meses a dos años, y multa de veinte y cinco a cien pesos. Art. 320.- si la imprudencia o la falta de precaución no han causado sino golpes o heridas, la prisión será de seis días a dos meses, y la multa, de diez a cincuenta pesos, o a una de estas dos penas solamente. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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Elementos constitutivo: a.-) un hecho material de homicidio o de golpes y heridas; b) una falta imputable al auto del hecho material; c) en fin, una relación de causa y efecto entre la falta cometida y el homicidio, o los golpes y heridas. El homicidio puede ir acompañado de circunstancias agravantes: a.-) la premeditación o asechanza: cuando el homicidio se ha cometido con premeditación o asechanza, se llama asesinato. Premeditación: el artículo 297 del Código Penal, establece que la premeditación consiste en el designio, formado antes de la acción, de atentar contra una persona determinada o que sea hallada o encontrada, aún cuando ese designio sea dependiente de cualquier circunstancia o condición. La asechanza: consiste en el mero hecho de esperar, en unas o varias lugares, a la víctima elegida, con el fin de darle muerte o de ejercer contra ella actos de violencia. b.-) empleo de actos de barbarie y torturas: el hecho de que un crimen cualquiera haya sido precedido de torturas o actos de barbarie es considerado por el artículo 303 del Código Penal, como una circunstancia agravante. c.-) Concurso de homicidio con otro crimen: el homicidio se agrava cuando ha sido precedido, acompañado o seguido de otro crimen (artículo 304, 1ro.) robo calificado, estupro, etc. La circunstancia agravante exige dos condiciones esenciales: la primera condición exigida por la ley son: los dos crímenes deben haber sido cometidos en un mismos espacio de tiempo. 2da. Condición para que haya agravante de homicidio es que el otro hecho al cual precede, acompaña o sigue, sea un crimen pero la naturaleza de este crimen es diferente. Todos lo crímenes están comprendidos. Otras causas de agravación tomando en cuenta la calidad de la víctima: a.-) Homicidio de un funcionario público: los golpes o heridas que se infieran a uno de los funcionarios o agentes designados en los artículos 228 y 230, en el ejercicio o con motivo del ejercicio de sus funciones, se castigarán con la pena de trabajos públicos, si la intención del agresor hubiere sido ocasionar la muerte al agraviado. (artículo 233) b.-) Parricidio: Es el homicidio intencional de los padres y madres legítimos, naturales o adoptivos, o de todo otro ascendiente legitimo, sabiendo el agente ese parentesco. Elemento que lo constituye: el homicidio intencional, la existencia de un vínculo de filiación entre el agente y la víctima, y la intención criminal. Penalidad: el parricidio se sanciona con la pena de 30 años. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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TEMA XXII Robo agravado: el robo es calificado y se convierte en crimen, cuando concurren circunstancias que aumenta su gravedad. Los robos agravan en razón de la calidad del agente, en razón del tiempo en que son cometidos; en razón del lugar de su ejecución y en razón de las circunstancia que han acompañado su ejecución. Robo agravado en razón de la calidad del agente: a.-) robo cometido por un sirviente o por un asalariado: Art. 386.- Robos agravado en razón de la calidad b.-) Robo cometido por obreros, oficiales o aprendices: Art. 386.c.-) Los individuos que trabajan habitualmente en las casas donde han robado: Art. 386.d.-) Robo cometido por pasaderos, hoteleros, carreteros, barqueros o sus encargos.

Robos agrado en razón del tiempo en que son cometido: Nocturnidad: el robo revela una mayor resolución criminal cuando su comisión ha tenido lugar de noche. No existe duda alguna de que las razones que han inducido al legislador a castigar más fuertemente el robo nocturno, ha consistido en el ambiente propicio que presta mayores facilidades al agente para realizar su obra, por la oscuridad reinante, la soledad y el silencio. Pero para considerarse agravado el robo cometido de noche debe darse las siguientes circunstancia: a.-) Es necesario que la sustracción haya sido cometido de noche.b.-) Es preciso también la circunstancia agravante de la pluralidad de agente; el robo ha sido cometido por dos o más personas.c.-) Una de esas circunstancia puede ser el hecho de que la sustracción haya sido cometida en casa habitada o en sus dependencias, o el lugar consagrado al ejercicio de un culto legalmente establecido en la República.d.-) En cuanto al lugar, se precisa, la circunstancia agravante del camino público. e.-) Otra circunstancia puede ser el hecho de que el robo haya sido cometido con violencias y fracturas o escalamiento en una casa habitada.f.-) Que sea cometido con armas, o que tenga por objeto cosechar en los campos.(art. 388) Robos agravados en razón del lugar de ejecución: TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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1.- En una casa habitada o en su dependencia, el concepto de casa habitada exige que constituya la morada de una o más personas, pero es indiferente que se hallaren en la misma o estuvieren ausentes cuando el robo se ejecutare; 2- En un cercado; 3.- En un camino público; 4.- En los vagones de un ferrocarril que sirva para el transporte. Robos agravados en razón de la circunstancia que han acompañado su ejecución: a.-) La pluralidad de agente (artículo 381, Código Penal) b.-) El robo con armas.c.-) Fracturas.d.-) Escalamiento.e.-) Uso de llaves falsas.f.-) Robo cometido con el empleo de un falso título, de un falso informe o alegando una falso orden de la autoridad.g.-) Robo con amenazas o violencias.- (Art.382 C.P.), el cual dispone: La pena de cinco a veinte años de trabajos públicos se impondrá a todo aquel qu7e se haga culpable del crimen de robo, si lo comete ejerciendo violencias. Si la violencia ejercida para cometer el robo ha dejado siquiera señales de contusiones o heridas, esta sola circunstancia bastará para que se pronuncie el máximum de la pena de trabajos públicos. TEMA XXIV Las drogas y sustancias controladas. Su configuración legal.- (ley No. 5000, mod. Ley 17-95) Esta ha sido implementada en atención a la magnitud del problema del tráfico y consumo ilícito de drogas alcanza en la actualidad, proporciones dramáticas y alarmantes, y nuestro país es utilizado como puente internacional Art. 1.- Esta Ley se denominará como Ley sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República Dominicana. Droga. Es una sustancia simple o compuesta de origen natural o sintético, que al ingresar al organismo, puede modificar la salud de los seres humanos y que se utiliza en la preparación de medicamentos, medios diagnósticos etc. Sustancia o preparado de medicamentosos de efecto estimulante, deprimente o narcótico. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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Drogas Alucinógenas. Las drogas que pertenecen a este grupo se caracterizan por producir alucinaciones en los consumidores. Aunque ésta no es su única propiedad, se exhibe como su efecto más destacado y dominante en el organismo de los consumidores. Entre las drogas alucinógenas de mayor uso se destacan las siguientes: Dietilamida del Acido Lisérgico (LDF-25), peyote, Mescalina y tras similares. Drogas Deprimentes o Estimulantes.- todas aquellas que contengan cualquier cantidad de ácido barbitúrico o cualquiera de sus sales, cualquier derivado del ácido barbitúrico que se determine como capaz de formar hábito; toda droga que contenga cualquier cantidad de anfetamina o cualquiera de sus isómeros ópticos, cualquier sal de anfetamina o cualquier sal de isómero óptico de anfetamina. Drogas Narcóticas.- Significa cualquiera de las siguientes sustancias, ya sean producidas directa o indirectamente extrayéndolas de sustancias de origen vegetal, independientemente por medio de síntesis química o por una combinación de extracción y síntesis química: a) El opio, las hojas de coca y los opiatos; b) Cualquier compuesto, producto, sal, derivado o preparación de la misma, que sea químicamente idéntica a cualquiera de las sustancias mencionadas en los apartados a) y b) de este acápite, con la excepción de que las palabras “Drogas Narcóticas” no incluyen las hojas de coca descocainizadas ni extractos de hojas de coca, si dichos extractos no contienen cocaína o ecgonina. Sustancia controlada: Significa toda droga, sustancia química, básica y esencial, o precursor inmediato, incluida en las Categorías I, II, III, IV, y V del Capítulo II de esta Ley. Comercialización. Se entiende por comercialización las transacciones comerciales ilegales, compra, venta entrega, recepción, internación y exportación de estupefacientes y sustancias controladas, bajo régimen de prohibición legal. Tráfico ilícito.- Es el acto ilegal de traslado o transporte de estupefacientes y sustancia controladas, así como los actos anteriores o posteriores dirigidos a las transacciones comerciales ilícitas de entrega a cualquier título de sustancia controladas o que estén bajo el régimen de prohibición legal. Las drogas mas conocidas y utilizadas, previstas por esta ley son: Marihuana.- Significa todas las partes de la planta Cannabis Sativa L. Esté en proceso de crecimiento o no, las semillas de la misma, la resina extraída de TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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cualquier parte de dicha plante y todo compuesto, producto, sal, derivado, mezcla o preparación de tal planta, de sus semillas o de su reina, pero no incluirá los tallos maduros de dicha planta, ni las fibras obtenidas de dichos tallos, ni el aceite o pasta hecho de las semillas de dicha plante, ni cualquier otro compuesto producto, sal, derivado, mezcla o preparación de tales tallos maduros. Grupos excitantes o estimulantes: La Coca y sus derivados (cocaína y clorhidrato de cocaína; así como las anfetaminas. Grupos opiáceos: Morfina, Heroína, opio Codeína y otras. Art. 3. Para fines de esta Ley, los usuarios de drogas controladas se clasificaran en tres categorías: a) Aficionados: es la persona que se inicia en el uso de las drogas sin llegar al hábito. b) Habituados: es la persona que abusa regularmente de una o varias drogas sin consecuencias sociales u ocupaciones evidentes. c) Adictos y fármacos-Dependientes: es la persona que dependen psíquica y físicamente de la droga, manifestando síndrome de abstinencia, luego de la cesación o disminución drástica de la dosis regularmente utilizada, de forma tal que pone en peligro la moral, la salud, seguridad o bienestar públicos, o que está tan dependiente del uso de las drogas que ha perdido el autocontrol con respecto a su adicción. Art. 4.- Los que negocien ilícitamente con las drogas controladas, se clasificarán en las siguientes categorías: a) Simples poseedores. La simple posesión se determinará conforme a lo establecido en esta misma Ley, en cada caso particular; b) Distribuidores o Vendedores. Distribuidor o vendedor es la persona que realiza directamente la operación de venta al usuario; c) Intermediarios. Intermediario es la persona que hace los contactos entre el usuario y el distribuidor, o entre el distribuidor y el traficante; d) Traficantes. Traficante es la persona que comercia con drogas controladas en las cantidades especificadas en la presente ley. E) Patrocinadores. Patrocinador es la persona que financia las operaciones del tráfico ilícito, dirige intelectualmente esas operaciones, suministra el equipo de transporte o dispone cualquier medio que facilite el negocio ilícito. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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Art. 5.- Cuando se trate de cocaína, la magnitud de cada caso sometido a la justicia, se determinará de acuerdo a la escala siguiente,: a) Cuando la cantidad de la droga no exceda de un (1) gramo, se considerará la simple posesión, y la persona o las personas procesadas se clasificarán como aficionados. Si la cantidad es mayor de un (1) gramo, pero menor de cinco (5) gramos, la persona o personas procesadas se clasificarán como distribuidores. Si la cantidad excede de cinco (5) gramos, se considerará a la persona o personas como traficantes. b) No se considerará aficionado cuando la droga que la persona lleve consigo tenga como fin la distribución o venta, cualquiera que sea su cantidad, en este caso se considerará al procesado como distribuidor o vendedor. Art. 6.- cuando se trate de marihuana, por la cantidad decomisada o envuelta en la operación, se determinará la magnitud de cada caso. A) cuando la cantidad no exceda de 20 gramos, se considerará la simple posesión y la persona o las personas procesadas se clasificarán como aficionados, si la cantidad es mayor de 20 gramos pero menor de una libra, se clasificará a la persona o a las personas procesadas como distribuidores, si la cantidad excede de una libra, se clasificará a la persona o las personas procesadas como traficantes. b) cuando la cantidad no exceda de 5 gramos, tratándose de Hashish, se considerara la simple posesión y la persona o las personas procesadas se clasificarán como aficionados, si la cantidad es mayor de 5 gramos pero menor de un cuarto (1/4) de libra se clasificará a la persona o las personas procesadas como distribuidores, si la cantidad excede de un cuarto (1/4) de libra se clasificará a la persona o a las personas procesadas como traficantes. c) No se considerará aficionado, cuando la droga que la persona lleve consigo tenga como fin su distribución o venta, cualquiera que sea su cantidad, en este caso, se considerará al procesado como distribuidor o vendedor. Art. 10.- se crea bajo dependencia del Poder Ejecutivo, la Dirección Nacional de Control de Drogas. Esta Dirección Nacional de Control de Drogas tendrá como objetivos principales: a) Velar por el fiel cumplimiento y ejecución de las disposiciones de la presente ley; b) prevenir y reprimir el consumo, distribución y tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas en todo el territorio nacional; c) Las labores de investigación y preparación para sometimiento a la justicia de aquellas personas físicas o morales violadoras de la presente Ley de Drogas y TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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Sustancias Controladas de la República Dominicana, que operen tanto a nivel nacional como internacional; d) El control del sistema de inteligencia nacional antidrogas, para colectar, analizar y diseminar informaciones de inteligencia estratégica y operacional, con el fin de contrarrestar las actividades del tráfico ilícito de drogas en la República Dominicana, para cuyo fin se crea como una dependencia de esta Dirección Nacional de Control de Drogas, el Centro de Información y Coordinación Conjunta (CICC); e) El decomiso, incautación y custodia de los bienes y beneficios derivados del tráfico ilícito, hasta tanto pese sobre éstos, sentencia irrevocable y definitiva; f) La implementación de las previsiones consignadas en esta Ley respecto a la producción, fabricación, renación, transformación, extracción, preparación, distribución o cualesquiera otras operaciones de manipulación de estas sustancias controladas, producidas legalmente; g) La coordinación y cooperación con autoridades policiales, militares y judiciales, en sus esfuerzos comunes para mejorar y dar cabal cumplimiento a las disposiciones de la presente Ley.; h) La coordinación y cooperación con gobiernos e instituciones extranjeras para reducir la disponibilidad de drogas ilícitas en la República Dominicana y el Área del Caribe, desarrolladas dentro del contexto de los Convenios y Tratados Internacionales suscritos y ratificados por la República Dominicana.; i) Ser contacto y representantes ante el INTERPOL, así como ante cualquier otro organismo internacional, en materia de programas de control internacional de drogas y sustancias controladas. Art. 11.- La Dirección Nacional de Control de Drogas estará a cargo de una junta directiva integrada por cinco miembros, que serán nombrados por el Poder Ejecutivo. Párrafo I. La Junta Directiva estará formada por: a) Un representante de la Presidencia de la República; b) Un representante de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional; c) Un representante de la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social; d) Un representante de la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores; e) Un miembro prominente de la Iglesia Católica Dominicana. Art. 53.- Se crea bajo la dependencia de la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social, una Comisión Multidisciplinaria, que asesorará al Magistrado Procurador Fiscal competente, constituida por un médico representante de dicha Secretaría de Estado, un representante de la Asociación TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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Médica Dominicana (AMD), un oficial médico de la Dirección Nacional de Control de Drogas, y un oficial representante de la Procuraduría General de la República, para determinar la condición de adictos o fármacos dependientes de los consumidores que caigan en la categoría de simples poseedores de las drogas controladas previstas en esta Ley, puestos a disposición de la justicia. Dicha comisión tendrá su asiento en la Capital de la República Dominicana, pero con jurisdicción nacional y nombrará sub-comisiones donde sea posible designar los funcionarios mencionados. Donde no sea posible, dicha sub-comisión queda constituída por el Procurador Fiscal y un médico de la Secretaría de Estado de Salud Pública y asistencia Social. Art. 54.- La condición de adicto o fármaco-dependiente, se establecerá luego de que el Magistrado Procurador Fiscal envíe a las personas puestas a disposición de la justicia por consumo de drogas en la categoría de simples poseedores, por ante la Comisión Multidisciplinaria, la que habrá de recomendar al tribunal apoderado del caso de violación a la presente Ley, la rehabilitación del acusado sometido a evaluación, y que se determine sea adicto o fármaco dependiente, en un centro público o privado, hasta su completa curación y/o su sometimiento por ante la justicia represiva, en caso de no serlo. Art. 58.- Se considerarán como delitos graves en esta Ley, y por tanto sancionados con el máximo de las penas y las multas: a) el tráfico ilícito; b) La fabricación, distribución o posesión de material o equipo que sea usado o se intente usar en la producción o fabricación ilícita de drogas o sustancias controladas; b) La adquisición, posesión, transferencia o “lavado” de dinero o cualesquier otros valores, así como las ganancias derivadas de o usadas en el tráfico ilícito. Párrafo: Se considerará el tráfico ilícito como un delito internacional. Art. 59.- El que introduzca drogas controladas al territorio nacional o las saque de él, en tráfico internacional con destino a otros países, será sancionado con prisión de cinco (5) a veinte (20) años y con multa no menor de doscientos cincuenta mil pesos (RD$250,000.00). Párrafo I. Si como último destino del tráfico, el agente introduce drogas controladas en el territorio nacional, la sanción será treinta años, y multa no menor de un millón de pesos. Párrafo II. Se aplicará la ley pena dominicana, a los hechos cometidos en el extranjero, cuando dentro del territorio nacional, se hubieren realizado actos encaminados a su consumación o cualesquiera transacciones con bienes provenientes de dichos delitos relacionados con drogas controladas. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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Art. 60.- Cuando dos o más personas se asocien con el propósito de cometer delitos previstos y sancionados por esta Ley, cada una de ellas será sancionada por ese sólo hecho, con prisión de tres (3) a diez (10) años y multa de diez mil (RD$10,000.00) a cincuenta mil pesos (RD$50,000.00). Párrafo: A los promotores, jefes o dirigentes de la asociación ilícita, se les sancionará con el doble de la prisión y multa prevista en este artículo, Art. 74.- Los establecimientos comerciales o de cualquier otra naturaleza, que encubran las actividades relacionadas con los dineros y valores provenientes del tráfico, ilícito de drogas controladas, violando las disposiciones de esta Ley, serán sancionados con el cierre definitivo e irrevocable y con multa de cien mil (RD$100,000.00) a quinientos Mil pesos (RD$500,000.00). Art. 75.- Cuando se trate de simple posesión se sancionará a la persona o a las personas procesadas, con prisión de seis (6) meses a dos (2) años y con multa de mil quinientos (RD$1,500.00) pesos a dos mil quinientos pesos (RD$2,500.00). Párrafo 1.- cuando se trate de distribuidores o vendedores, así como de intermediarios, se sancionará a la persona o las personas procesadas con prisión de tres (3) a diez (10) años, y multa de diez mil (RD$10,000.00), a cincuenta mil pesos (RD$50,000.00). Párrafo II.- Cuando se trate de traficantes, se sancionará a la persona o a las personas procesadas, con prisión de cinco (5) a veinte (20) años y multa no menor del valor de las drogas decomisadas o envueltas en la operación, pero nunca menor de cincuenta mil pesos. Párrafo III. Cuando se trate de patrocinadores se sancionará a la persona o a las personas procesadas con prisión de treinta años y multa no menor del valor de las drogas decomisadas o envueltas en la operación, pero nunca menor de un millón de pesos. Art. 80.- Los allanamientos, cuando se trate de violación a esta Ley, podrán hacerse a cualquier hora del día o de la noche, con una orden escrita y motivada del Procurador Fiscal o Procurador General de la Corte correspondiente, o del Procurador General de la República, y con la presencia de un representante del ministerio público.

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Art. 83.- Las investigaciones de los delitos relacionados con el tráfico ilícito de drogas controladas por parte de las autoridades competentes, podrán ser iniciadas a petición o en cooperación del Estado en el que se hayan cometido los delitos. Párrafo: las pruebas provenientes del extranjero, relativas a la investigación de los delitos previstos y sancionados por esta Ley serán valoradas de acuerdo con las normas que sobre el particular existan en la República Dominicana, así como las del Derecho Internacional. Art. 84.- Los Tribunales de Primera Instancia serán los competentes para conocer como jurisdicción de primer grado de las infracciones a la presente Ley. Art. 85.- Son circunstancias agravantes del tráfico ilícito de drogas controladas y en consecuencia caerán bajo la esfera de los artículos 56, 57 y 58 del Código Penal Dominicano: a) La exportación o importación producción, fabricación, distribución venta de drogas controladas o especialidades farmacéuticas, adulteradas o a base de sustancias adulteradas; b) La participación de grupos criminales organizados; c) el hecho de haberse cometido el delito en banda, o en calidad de afiliado a una banda destinada al tráfico ilícito de drogas controladas. Si además de haber cometido el delito en banda el agente la hubiese promovido, organizado, financiado o dirigido; d) el uso de armas de fuego de fuego o de la violencia; f) el empleo de menores para la ejecución del delito, así como de personas con trastornos mentales o habituadas, lo mismo que imputables; j) la reincidencias; entre otros. Párrafo I.- la reincidencia se sancionarán con el máximo de la pena que corresponde de acuerdo con la clasificación de la violación cometida. Art. 87.- para los fines de esta Ley, no tendrán aplicación, las leyes que establecen la Libertad Provisional Bajo Fianza, la libertad condicional y el perdón condicional de la pena. Art. 88.- En los casos en que las sanciones por la violación a las disposiciones de esta Ley, lleven prisión, o multa, o ambas penas a la vez, la prisión preventiva será siempre obligatoria. Art. 92.- Las drogas decomisadas por violación a esta Ley, deberán ser destruidas en presencia de representantes del Ministerio Público, de la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social, de la Asociación Médica TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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Dominicana, de la Dirección Nacional de Control de Drogas y del Consejo Nacional de Drogas, y con acceso e invitación a la prensa y al público en general. Su destrucción deberá realizarse en la Capital de la República Dominicana, y antes de la destrucción deberá ser analizada y comprobada su cantidad, calidad y grado de pureza, levantándose un Acta que deberá ser firmada por los representantes de la instituciones mencionadas, a quienes se les entregará copia del documento. Art. 94.- Queda a cargo del Poder Ejecutivo la reglamentación para la viabilización, ejecución y aplicación de esta Ley. TEMA XXIV La Estafa: comete el delito de estafa el individuo que se hace entregar o remesar fondos, valores u objetos, usando un falso nombre o una falsa calidad o empleando maniobras fraudulentas en las condiciones prevista por la ley (artículo 405) La estafa difiere del robo, en que la víctima del delito ha entregado voluntariamente la cosa que el inculpado se ha apropiado. Difiere del abuso de confianza en que la entrega ha sido determinada por el empleo de maniobras fraudulentas. Elementos constitutivos: 1.-) Que haya tenido lugar mediante el empleo de maniobras fraudulentas. 2.-) Que la entrega o remesa de valores, capitales u otros objetos hay sido obtenida con la ayuda de esas maniobras fraudulentas. 3.-) Que haya un perjuicio. 4.-) Que el culpable haya actuado con intención delictuosa. Las maniobras fraudulentas susceptible de caracterizar el delito de estafa son las siguientes: a.-) Uso de un falso nombre o falsa calidad. b.-) Empleo de maniobras fraudulentas. C.-) El abuso de una calidad verdadera. a.-) Caracteres de la maniobras: La maniobra debe consistir en un acto aparente, en una cierta combinación de hechos exteriores, en una maquinación más o menos diestra, dando al fraude un carácter tangible y revelándolo de una manera concreta. b.-) Objeto de las maniobras: No basta que las maniobras hayan sido empleadas para el logro de sus fines y para que la infracción se caracterice, las maniobras TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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fraudulentas deben haber sido desplegadas para persuadir a quienes son víctimas de su empleo, de la existencia de empresas falsas, de créditos imaginarios o de poderes que no se tienen, o bien para hacer concebir la esperanza o el temor de un accidente o de cualquier otro acontecimiento quimérico. IEstafa simple, prisión de Seis meses a Dos años. IICircunstancias agravantes, Cuando la estafa es en perjuicio del Estado Dominicano o sus instituciones, si no excede de Cinco Mil Pesos, los culpables serán castigados con pena de reclusión y con la de trabajos públicos si alcanza una suma superior. Abuso de confianza (artículo 406-409) los que con perjuicio de los propietarios, poseedores, o detentadores, sustrajeren o distrajeren efectos, capitales, mercancías, billetes, finiquitos o cualquier otro documento que contenga obligación o que opere descargo, cuando estas cosas les hayan sido confiadas o entregadas en calidad de mandato, depósito, alquiler, prenda, préstamo a uso o a comodato o para un trabajo sujeto a no remuneración. Y cuando en este y en el caso anterior exista por parte del culpable la obligación de devolver o presentar la cosa referida, o cuando tenía aplicación determinada. Pena de Uno a Dos años. Elementos constitutivos: 1.-Disipación o distracción: implican la voluntad de un poseedor a título precario de conducirse como propietario de la cosa y de atribuirse respecto de ella un poder jurídico que no le pertenece 2.-Distracción fraudulenta: El delito de abuso de confianza supone en su autor la intención culpable. Es necesario que haya actuado con conocimiento de causa, no pudiendo ignorar, por una parte, que tenía posesión a título precario solamente, y sabiendo, por otra parte, que al disponer de la cosa confiada, se exponía a no poderla restituir. 3.-Distracción en perjuicio del propietario: La distracción o la disipación deben haber producido un perjuicio a los propietarios, poseedores o detentadores de los objetos confiados. Pero un perjuicio eventual es suficiente. El delito se consuma desde el momento en que el autor ha podido prever que la distracción podía entrañar un perjuicio. A partir de ese momento la infracción queda consumada, la restitución o el pago de una indemnización no excluye el delito.

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4.-Carácter mobiliar de la cosa distraída: El abuso de confianza no puede relacionarse sino con cosas muebles: efectos capitales, mercancías, billetes, documentos conteniendo obligaciones o descargo. 5.-Entrega de los objetos a título precario: El abuso de confianza supone necesariamente una entrega, hecha voluntariamente y a título precario. Es necesario que los objetos hayan sido entregados al prevenido; siendo la entrega un elemento esencial del delito, lo que supone un desapoderamiento de la posesión de la cosa en beneficio de un detentador. 6.-Entrega en virtud de uno de los contratos enumerados por la ley: Es decir, en virtud de un mandato, depósito, alquiler, prenda, préstamo a uso o comodato, trabajo asalariado o no. Si se trata de otro contrato no habría abuso de confianza. El delito de abuso de confianza se agrava en razón de la calidad de los autores. El delito de abuso de confianza es calificado y se convierte en crimen cuando ha sido cometido por ciertas personas a las cuales su profesión, sus funciones o su carácter oficial imponen más imperiosamente todavía, para con la víctima el respeto del contrato intervenido. Por ejemplo criados o asalariados, discípulos, dependientes, obreros o empleados; oficiales públicos o ministeriales. Si el abuso de confianza ha sido por un oficial público o ministerial por un criado o asalariado, por un discípulo, se agravará la pena de Tres a Diez años. Prueba del abuso de confianza: Corresponde al Ministerio Público y a la Parte civil el establecer que todos los elementos constitutivos del abuso de confianza se encuentran reunidos. En principio todos los medios de prueba son admitidos para demostrar la existencia de un abuso de confianza: prueba escrita, prueba testimonial, presunciones. La existencia del contrato debe ser establecida mediante los medios de prueba del derecho común. En ausencia de toda circunstancia agravante, el delito de abuso de confianza es castigado con prisión correccional de uno a dos años y multa que no bajará de cincuenta pesos, ni excederá el tanto de la tercera parte de las indemnizaciones y restituciones que se deban al agraviado. Además el culpable puede ser privado de los derechos mencionados en el artículo 42 C.P. (Art.408 párr. 1ro; y 406 Párr. 3). TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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En caso de circunstancia agravante resultante de que el inculpado sea doméstico, obrero o dependiente, oficial público o ministerial, el abuso de confianza se convierte en un crimen castigado con la pena de tres a diez años de trabajos públicos (Art.408 párr.3). TEMA XXV: El delito de audiencia: El Art. 365 del Código de Procedimiento Criminal faculta al Presidente del Tribunal, sea éste colegiado o unipersonal, cuya audiencia es perturbada, a hacer expulsar los perturbadores y en el caso de resistencia hacerlos apresar por veinticuatro horas. Para que se aplique este artículo es preciso que haya perturbación o tumulto dirigido contra el respeto debido a las autoridades y además que haya publicidad. En consecuencia, el derecho de arrestar que le confiere el Art.365 al juez, no le pertenece sino cuando procede públicamente y por ello los hechos que tiene lugar en una audiencia a puertas cerradas no caen bajo la aplicación de este artículo. Estas medidas van dirigidas a mantener el orden y disciplina de las audiencias y tienden a evitar cualquier alteración del curso normal de las mismas, no constituyendo ninguna pena sino un acto del poder discrecional del presidente del tribunal. En consecuencia son simples medidas de policía que pueden ser tomadas sin previo dictamen del Ministerio Público. El arresto tiene lugar por orden del Presidente del Tribunal y será ejecutado en la cárcel a la vista de dicha orden, la cual será mencionada en el acta o proceso verbal de la audiencia. El arresto está sin embargo sujeto a una condición previa: que haya ordenado la expulsión del perturbador y este se haya resistido. El Art.365 limita dicho arresto a solo veinticuatro horas, razón por la cual después de ese lapso, él o los detenidos deben ser puestos en libertad sin que sea necesario dar nuevas órdenes. Al tratarse de simples medidas, órdenes que no constituyen sentencias, no son susceptibles de atacarse por las vías de recursos.

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Como todo tribunal tiene la policía de su audiencia y todo magistrado que procede a cualquier acto de instrucción tiene la policía del lugar donde lo realiza. El Art. 365 se aplica a todos los tribunales del orden judicial. Las disposiciones del Art.365 se aplican a las personas que asisten a la audiencia y a los presentes en el lugar en que se realiza un acto de instrucción por un juez; incluyendo a los abogados.

DERECHO PROCESAL PENAL TEMA I Los Principios del Proceso Penal: La intima convicción. El no cúmulo de penas. La presunción de inocencia. No hay delito, no hay pena sin ley previa. No se establecerá el apremio corporal por deuda que no provenga de infracción a la ley penal. Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo. Los sistemas procesales: Proceso inquisitorio: La víctima no lleva la acusación al tribunal, sino que surge de un funcionario específico, encargado de llevar dicha acusación que es el ministerio público. El juez cobró un papel activo en la administración de la prueba, quedando facultado para realizar las investigaciones que creyera procedentes y para apoderarse de oficio de la persecución de la infracción. El proceso es escrito, secreto, privado y no contradictorio. Durante la acusación, las pruebas no se discutirán, siendo esta objeto de una reglamentación muy estricta denominada sistema de prueba legal, debiendo el juez condenar al inculpado cuando se produjeran en su contra cierto cúmulo de prueba, como por ejemplo dos testimonios concordantes en su contra; predominaba la confesión como medio de prueba, la cual era lícita y deseable, recurriéndose para tales fines a medios de tortura . Proceso acusatorio: Predominaba la acusación privada, es decir, el acusador es la víctima o persona lesionada de la infracción, si la víctima no acusaba, el crimen TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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quedaba impune. Luego, al aparecer las penas públicas, la acusación privada fue sustituida por la popular, la cual podía ser ejercida por cualquier persona. El juicio se asemejaba a un combate en el que cada parte hacía valer sus pretensiones. Lo jueces no eran funcionarios, eran hombres del pueblo, a la par con las partes y actuaban como árbitros, pues acusador y acusado estaban en pie de igualdad. Para forjar su convicción los jueces estaban limitados a las pruebas aportadas por los litigantes, sin que se les permitiera ordenar de oficio ninguna medida de instrucción. El proceso es oral, público y contradictorio. El sistema procesal del Código Procesal Penal: Ella emplea un sistema mixto. En una primera etapa se usa el sistema inquisitorio; que es ante la jurisdicción de instrucción. En una segunda etapa, juicio de fondo, se utiliza el sistema acusatorio. En este sistema, al juez le está vedado la posibilidad de apoderarse de oficio; la acusación es llevada por el Ministerio Público. El juez aprecia libremente el resultado de la prueba aportada al debate sin que ningún criterio artificial ligue su convicción.

TEMA II Jurisdicción y competencia: la palabra jurisdicción se reserva para señalar el organismo encargado de aplicar las leyes materiales. Competencia: es la aptitud que tiene una autoridad o una jurisdicción del orden judicial para entender de un caso con exclusión de cualquier otra. La organización de las jurisdicciones del orden judicial lo mismo que el ámbito de su competencia son regidas por dos principios, el de la unidad de jurisdicción judicial y el de la plenitud de ésta, el primero gobierna la composición del organismo y el segundo es el alcance de su competencia. El primero significa que un solo organismo (Tribunal o Corte) está encargada de dirimir las controversias que surja. La plenitud de jurisdicción significa que esa jurisdicción (Tribunal o Corte) tiene competencia para conocer de las materias civil y penal TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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en sentido más estricto que tiene competencia para conocer de los distintos tipos de asuntos de una materia. Limites de la jurisdicción penal:

Competencia objetiva y funcional:

Competencia territorial: está contenida en los artículos 20 y 63 del Código de Procedimiento Civil. a- Competencia de los funcionarios encargados de investigar y perseguir. El Procurador Fiscal y sus Ayudantes son competentes dentro de la demarcación de su Distrito Judicial, los Jueces de Instrucción lo son dentro del Distrito Judicial o la Circunscripción que les corresponde dentro de un Distrito, el fiscalizador lo es en su Circunscripción que un Municipio; la Policía Judicial en principio es competente para actuar en cualquier lugar en que se encuentre. b- La competencia de las jurisdicciones de instrucción. El Juez de Instrucción actuando como tal es competente únicamente para entender con los casos que concierna la demarcación territorial que le corresponde, o sea, un Distrito Judicial o parte de él. La circunscripción territorial de la Cámara de Calificación es la de la Corte de Apelación cuyo presidente está encargado de designar sus miembros. c) La competencia de las jurisdicciones de juicio. El Juzgado de Paz es competente para conocer de los asuntos que toca al municipio o circunscripción del mismo en el cual ejerzan sus funciones, el Juzgado de Primera Instancia al Distrito Judicial, la Corte de Apelación al Departamento Judicial y la Suprema Corte de Justicia a todos los que se planteen en la República Dominicana. Para establecer la competencia territorial se toma en cuenta el lugar donde se cometió la infracción, donde se hizo preso el inculpado y el lugar de la residencia de éste. a) la competencia de las autoridades o jurisdicciones del sitio en donde se comete la infracción, pues el lugar donde se ha perturbado el orden público, es donde más conviene que sea juzgado el prevenido. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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b) En materia penal no se habla de domicilio sino de residencia que es una cuestión de hecho. c) Son competentes para conocer el caso las autoridades y jurisdicciones del lugar en donde el inculpado ha sido apresado. La competencia internacional de las autoridades y jurisdicciones penales dominicanas, no existe problema de competencia internacional para las autoridades y jurisdicciones dominicana cuando la infracción ha sido cometida en el territorio de la República, aún cuando el inculpado, la víctima o ambas sean extranjeros. Si es un extranjero que comete o es cómplice un crimen contra la seguridad del Estado Dominicano o falsificación de moneda nacional con curso legal, documentos de créditos emitidos por el tesoro público con sus sellos o billetes de banco autorizados por la ley, podrá ser perseguido y juzgado conforme a las leyes de la República, si fuere aprendido aquí o si el Poder Ejecutivo obtuviere su extradición. Si es un dominicano en el extranjero que comete un delito o crimen, las autoridades dominicanas son competentes si se trata de un crimen o delito que sea castigado por las leyes dominicanas. Si es un crimen o delito que el inculpado no hay sido juzgado definitivamente en el extranjero, que las autoridades dominicanas hayan recibido la querella de la parte agraviada, una denuncia oficial del Estado donde se cometió el delito. La competencia en razón de la persona: En principio, todos somos iguales ante la Ley, sin embargo en ciertos casos es relevante la calidad de la persona para determinar la competencia: a) los menores de edad: son inimputables los niños, niñas u adolescentes. Si se les atribuyera la comisión de actos contrarios a la Ley, no podrán ser enjuiciados y penados por los Tribunales Ordinarios. En todos los caso están bajo la jurisdicción de los Tribunales de Niños, Niñas y Adolescentes. Los niños niñas y adolescentes sólo podrán ser detenido o privado de su libertad cuando fueren sorprendido en flagrante delito o por orden exacta de una autoridad judicial. Las declaraciones informativas que menores de Diez y Ocho años deban prestar en relación a causas penales, tendrán lugar exclusivamente ante los Tribunales de Niños, Niñas y adolescentes; para estos fines, el Juez competente librará rogatoria insertando sus interrogatorios si lo juzgase pertinente. Los padres o representantes del menor son responsable civilmente de los daños ocasionados por éste en perjuicio de personas y propiedades. b) Los Militares y su asimilados y los miembros de la Policía Nacional, debido a la naturaleza de sus funciones, éstos pueden cometer crímenes o delitos, el conocimiento de los cuales puede revelar ciertos secretos que interesan a la TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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institución por eso para conocer de esas infracciones se han establecidos autoridades y jurisdicciones especiales . d) Personas que tienen privilegio de jurisdicción: Hay funcionarios que gozan de privilegio de jurisdicción, el privilegio no consiste en la institución de un Tribunal distinto, sino en ser juzgado por una jurisdicción más elevada que la que ordinariamente debe conocer el caso a la cual la ley le atribuye una competencia excepcional, competencia que sigue aún cuando ya haya habido decisión de un Juzgado de Primera Instancia, cuando la designación de la que resulta el privilegio acontece después de ese fallo. e) Cuestiones de competencia: con el fin de asegurar la correcta aplicación de las reglas de competencia y evitar los problemas de retrasos que genera la nulidad de la actuación o decisión, los funcionarios y jurisdicciones penales tiene el deber de examinar su competencia, de oficio a solicitud de parte. a) Jurisdicción de Instrucción: en los casos en que el Juez de Instrucción no sea el del lugar del crimen o del delito, ni el de la residencia del procesado, ni el del lugar en donde pueda ser aprendido, remitirá la querella ante el Juez de Instrucción a quien compete conocer de ésta. Esta regla no sólo aplica su competencia en razón del lugar, sino también en razón de la materia y de la persona y también estas reglas conciernen a la cámara de calificación. La ordenanza de incompetencia de un Juez de Instrucción es susceptible de ser recurrida en apelación ante la Cámara de Calificación. b) Jurisdicción de Juicio: Las partes pueden solicitar a la jurisdicción de juicio, que se declare incompetente para conocer de la infracción que está apoderada o pronunciarla de oficio. A la declaratoria de incompetencia del Juzgado de Primera Instancia, se oponen los principios de la unidad y de la plenitud de jurisdicción, pues se trata de un mismo Tribunal que juzga unas veces en atribuciones criminales y otras en correccionales, por lo que la excepción de incompetencia no puede ser planteada como tal, sino como una excepción nulidad del procedimiento de instrucción preparatoria, que debe ser sometida in limine litis. En materia criminal una jurisdicción sólo puede declararse incompetente en razón de la materia en caso de que el Tribunal de derecho común sea apoderado de un crimen; del cual no se haya conocido antes la jurisdicción de instrucción en el caso de un Tribunal ordinario, sea apoderado de un crimen cuyo conocimiento compete a un Tribunal de excepción y viceversa y en el caso de que una jurisdicción se la competente para conocer de un crimen. Cuando el Juzgado de Primera Instancia en atribuciones correccionales y apoderado de una infracción de naturaleza criminal no se plantea un problema de competencia, pues a el le toca juzgar los crímenes y delitos. Lo que se da es una prostitución de procedimiento que engendra su nulidad, la cual dado el carácter TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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de orden público de las reglas de apoderamiento de jurisdicciones penales, puede ser declarada en todo estado de causa de oficio o a petición de partes, sin que sean necesario invocar violación a derecho de defensa, la decisión que pronuncie la nulidad debe disponer el envío por ante la jurisdicción de instrucción. Inhibición y recusación: Es la actitud que debe presentar el Juez cuando en un proceso judicial surjan situaciones determinas por los artículos 378 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y pueden dar lugar a que el Juez pueda ser recusado por una de las partes que se enfrenten en el proceso. el Artículo 370 contiene que causales por los cuales el Juez puede ser recusado y que advertido, uno de ellos por el Juez está en la obligación de presentar su inhibición. La inhibición es propia del Juez, es una facultad que tiene carácter de obligatoriedad, pero cuando el Juez tiene conocimiento que la causa o expediente sometido a su decisión existe una o varias causas que puedan dar lugar a su recusación. Cuando el Juez sabe o conoce que existe una causa valedera para presentar su inhibición, aún cuando las partes no la plantean, tiene el deber y la obligación moral de presentarla en el plenario y esperar que la Corte de Apelación tome la decisión correspondiente. El Juez no se inhibe por inhibirse, existen muchas causas que aún no contempladas en el artículo 378 del Código de Procedimiento Civil, tienen su razón y peso específico, como será aquellos en la que el Juez tenga que conocer la causa en donde está involucrado un vecino. La causa de un excompañero de trabajo, etc. Son causas que siendo rechazadas por la Corte de Apelación, ponen al Juez en estado incomodo, al tener que decidir a favor o en contra de alguien en una situación como las anteriores señaladas. Sobre la causa de inhibición, la Suprema Corte de Justicia, ha establecido que es un asunto de carácter moral y que es de orden público, por lo cual se puede incoar por primera vez en casación. Causas de inhibición son: (art. 378) Todo Juez puede ser recusado en razón de cualquiera de las causas siguientes: 1°. Por ser pariente o afín de las partes, o de una de ellas, hasta el grado de primo hermano inclusive. 2°. Por ser la mujer del Juez, pariente o afín de una de las partes, o ser el Juez pariente o afín de la mujer de una de las partes, dentro del grado referido, cuando la mujer estuviere viva o si, habiendo muerto, estuviesen hijos; si hubiere muerto y no quedare hijos, ni el suegro, ni el yerno, ni los cuñados, podrán ser Jueces. La disposición relativa a la mujer ya muerta se aplicará a la mujer separada personalmente, si existieren hijos del matrimonio suspendido; TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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3°. Si el Juez, su mujer, sus ascendientes y descendientes, o afines en la misma línea, tienen una contienda sobre cuestión análoga a aquella que se discuta entre las partes; 4°. Por tener un proceso en su propio nombre ante un Tribunal en que una de las partes sea Juez; si fueren acreedores o deudores de una de las partes; 5°. Si en el curso de los cinco años precedentes a la recusación, ha habido proceso criminal entre ellos y una de las partes, o su cónyuge o sus parientes o afines en línea recta; 6°. Porque exista proceso civil entre el Juez, su mujer sus ascendientes y descendientes, o afines en la misma línea, y una de las partes, con tal que este proceso, caso de haberlo iniciado la parte, hubiere sido antes de la instancia en la cual se propusiera la recusación; o si habiéndose terminado este proceso, se concluyó solamente dentro de los seis meses precedentes a la recusación; 7°. Cuando el Juez sea tutor, protutor o curador, heredero presuntivo, o donatario, patrono o comensal de una de las partes; si fuere administrador de algún establecimiento, sociedad o dirección, que sean parte en la causa; si una de las partes fuere su presunta heredera; 8°. Cuando el Juez hubiere dado consulta, alegado o escrito sobre el asunto debatido; si hubiere conocido de él precedentemente como el Juez o como árbitro; si hubiere solicitado, recomendado o provisto a los gastos del proceso; si hubiere declarado como testigo; si desde el principio del proceso, hubiere bebido o comido con una u otra de las partes en la respectiva casa de estas, o recibido presentes de cualquiera de ellas; 9°. Cuando hubiere enemistad capital ente el Juez y una de las partes; como si hubieren ocurrido agresiones, injurias o amenazas hechas por el Juez verbalmente o por escrito, después de la instancia, o en los seis meses precedentes a la recusación propuesta. La recusación: es la acción que encamina una de las partes involucradas en un proceso y que tiende a que el Juez sea desapoderado del proceso, para lo cual alega una de las causas que contiene el artículo 378 del Código de Procedimiento Civil, pero sobre todo cuando le imputa al Juez rasgos de parcialidad a favor de la otra parte. La recusación es la consecuencia directa de la no inhibición del Juez cuando sabe o conoce que existe una causa para ser recusado. Sin embargo, no siempre el Juez tiene pleno conocimiento de que en el concurren causas de inhibición, de ahí que en algunos casos los abogados litigantes antes de recurrir al Juez, proponen o dan a conocer la causa, buscando con ello propiciar en el Juez su inhibición, siendo recomendable que los abogados le hagan saber al Juez cual es la causa de su posible recusación, para motivar en el Juez la inhibición. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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Toda recusación deberá ser presentada antes de que se inicie el conocimiento de fondo del proceso, antes que la instrucción sea concluida. Esta se hará mediante instancia motivada y substanciada ante la Suprema Corte de Justicia, a quien le esta reservado conocer y decidir sobre la recusación. La ley No. 50-00 que establece el nuevo sistema de apoderamiento y que crea la Presidencia de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de la jurisdicción de Santo Domingo y Santiago, contiene en su párrafo V del artículo 3ero., capitulo 2do., que la parte que no esté conforme con el apoderamiento que se le ha hecho al Juez, llevar una instancia al Juez Presidente para que lo desapodere y lo envié ante otro Juez, en aplicación al artículo 378 del Código de Procedimiento Civil, pero la parte que haga uso de este derecho, está implícitamente renunciando a recusar al Juez y demandar en declinatoria por causa de sospecha legítima. En materia penal., la recusación es planteada como causa de la declinatoria de un Tribunal a otro o de Juez a otro, por causa de sospecha legitima en contra del Juez que está apoderado de un proceso dentro de su competencia, en razón de la materia, toda vez que la recusación como figura jurídica no está consignada en materia represiva. La declinatoria sólo esta prevista en materia penal, en asuntos civiles la recusación y la inhibición son los únicos medios de sustraer una litis a la decisión del Juez apoderado. La puesta en vigencia de la Ley 341-98, sobre Libertad Provisional sobre fianza, puede ser motivo suficiente para recusar al Juez y pedir la declinatoria por sospecha legitima, ya que una Ley obliga al Juez de Primera Instancia a examinar todo el expediente para decidir si otorga o niega la fianza. TEMA III Las partes en el proceso penal: El prevenido o procesado o imputado. El ministerio publico La parte civil constituida. En todo proceso hay involucrado a lo menos dos personas de las cuales una pretende deducir consecuencias jurídicas de un hecho que imputa a la otra alegando que es contrario a la ley. Las personas envueltas en un proceso son las partes en el mismo. El Ministerio Público: La acción pública sólo puede ser ejercida en nuestro derecho procesal penal por el Ministerio Público quien asume la representación TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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de la sociedad en todo lo largo del proceso tanto entre las jurisdicciones de instrucción como de juicio. Tiene como funciones. Perseguir a los infractores de la ley penal y someterlos a la justicia. Es el encargado de mantener la acusación. Recibe querellas (juez de las querellas). Ejerce l acción pública a nombre de la sociedad. Pone en marcha la acción pública. Representante del Ministerio Público ante los Tribunales. Fiscalizador-Juzgado de Paz Procurador Fiscal-Juzgado de Primera Instancia. Procurador General de lo Civil-Corte de Apelación. Procurado General de la República-Suprema Corte de Justicia. El Ministerio Público, tiene los mismos derechos que las demás partes en el sentido de que el produce su prueba, discute las de los otros e incluye en la forma que crea oportuno al terminar el proceso puede interponer los recurso de lugar contra las sentencias dictadas por las jurisdicciones de juicio cualquiera sea la naturaleza o el sentido de las mismas. Las acusaciones: El objeto del Proceso Penal es inmutable, o sea, debe ser siempre el mismo a todo lo largo de su desarrollo. El hecho que supone constituye la infracción normalmente debe ser el mismo durante todo el proceso. si aparece otro hecho éste debe ser objeto de otro proceso pues de lo contrario habría un cambio en la prevención lo cual es jurídicamente inadmisible. Esto no impide que los dos procesos sean fusionados. El supuesto hecho delictuosos es indivisible en el sentido que aún cuando se considere que un mismo hecho constituye más de una infracción, el constituye una unidad. El procesado: tan pronto como se señala a alguien como autor de la comisión de un hecho el proceso se desenvuelve in personar, lo quiere decir que tiene lugar contra una persona determinada. Sin embargo esa persona tiene garantías.  Principio de la presunción de inocencia.  Nadie está obligado a declarar contra si mismo.  Nadie podrá ser reducido a prisión ni privado de su libertad sin orden motivada de autoridad competente. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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 Toda persona privada de su libertad será sometida dentro de las 24 horas de su detención.  Queda prohibido el traslado de un detenido sin orden escrita y motivada de la autoridad competente.  A nadie puede aplicársele la pena de muerte.  El procesado puede comunicarse libremente con su defensor. El responsable civil: no sólo se es responsable del daño causado por el propio echo , sino también del causado por el hecho ciertas personas de las cuales se debe responder. Este conduce a la consecuencia jurídica de que además del procesado en el juicio penal habrá otras demandadas pero estos sólo lo serán en el aspecto civil, cale decir que ni la acción pública puede ser ejercida en su contra ni pueden ser condenados penalmente. Recordar el principio institucional de la personalidad de la responsabilidad penal. Representación y defensa de las partes: La Convención Americana sobre los Derechos Humanos, establece que durante el proceso toda, persona tiene derecho a defenderse personalmente o a ser asistido por un defensor de su elección. En caso de flagrante delito, el procesado que haya sido traducido directamente al Tribunal tiene derecho a que le sea concedido un plazo no mayor de tres días para preparar su defensa. La persona civilmente responsable puede comparecer sea personalmente puesto que ninguna disposición legal lo obliga a otra cosa, o por medio de un mandatario. La parte civil: las personas que han experimentado algún perjuicio a consecuencia de la infracción no sin forzosamente partes en el proceso penal, sólo su se instituyen en parte civil, es decir, cuando intentan la acción en reparación de daños y perjuicios accesoriamente al ejercicio de la acción pública. TEMA IV La acción en justicia: Acción ejercida en el ámbito e los tribunales, es un derecho reconocido a toda persona, con el fin de que pueda reclamar lo que le pertenece, se le respeten sus derechos, o para que la sociedad, a través de sus órganos establecidos, mantenga el imperio de la ley y el orden. Muchas veces, la acción en justicia es ejercida por los particulares buscando el respeto a sus derechos o el mantenimiento de una situación dada; otras veces, esta acción en justicia tiene un elemento distinto e impulsor, como lo es el Estado a través de los funcionarios designados para tales fines. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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Acción penal y la acción civil: La acción pública es una acción que surge de la sociedad misma y a ella corresponde ejercerla porque es la única que tiene el derecho a castigar. La sociedad como titular supremo de esta acción, la ejerce a través de los representantes del ministerio público. La acción que tiende a obtener la reparación del daño causado a los particulares por la infracción penal pertenece a la sociedad, la cual la ejerce por medio del ministerio público. La acción civil es ejercida contra el autor y los terceros civilmente responsables por su hecho. Puede serlo tanto accesoriamente a la acción pública o por separado, según las reglas del procedimiento civil. Ambas tienen el mismo fundamento jurídico, la infracción, aunque produce efectos distintos. La acción civil tiene su origen directo en la infracción y la civil surge del perjuicio ocasionado por ella. La pública puede ser puesta en movimiento por el sólo hecho de la comisión de una infracción mientas que para aplicar la civil es necesario que la infracción provoque un daño. La acción penal tiene por objeto la imposición de una pena y la civil la reparación de los daños y perjuicios causados. La acción publica es de orden público, no puede renunciar a ella ni transigir con el culpable, ni renunciar a la disposición de las vías de recurso, la civil tiende a la satisfacción de un interés privado, su titular puede renunciar a su ejercicio, transigir cederla a terceras personas y enunciar a atacar las decisiones jurisdiccionales que intervengan. Tan pronto se comete la infracción, el Ministerio Público puede ejercer la acción pública, sin tener que proba que se ha producido algún perjuicio a una persona y aún la víctima enunciado o transigido en sus intereses civiles. Sin embargo la víctima puede ejercer su acción en ausencia de persecuciones realizadas por el Ministerio Público y aún cuanto la acción pública se haya extinguido por la muerte del inculpado o por amnistía. La acción civil sobrevive en principio a la acción pública, salvo el caso de su aniquilamiento por prescripción. Cuando la acción civil es ejercida accesoriamente a la pública es fallada por el mismo Juez, aún cuando el prevenido sea descargado de la infracción que se le imputa. En estos casos, tanto el Juez de Paz como el de Primera Instancia en atribuciones correccionales, gozan del mismo poder para estatuir sobre la acción civil que el que este último tiene en atribuciones criminales en virtud del artículo 273 del Código de Procedimiento Criminal. Ambas acciones están sometidas a la misma prescripción, si se ejercen por la misma vía los actos que interrumpen una, produce los mismos efectos frente a la otra. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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Mientas no haya intervenido en lo penal sentencia con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, el Juez que conoce anulamiento de la civil no puede estatuir sobre ella, “lo criminal mantiene lo civil en estado”, cuando haya sentencia penal, el Juez de lo civil no puede dicta su fallo contrario a lo que haya decidido el Juez Penal, en virtud del principio “de la autoridad de la cosa juzgado en lo penal sobre lo civil”. Prescripción acción pública Crímenes 10 años Delitos  3 años Contravenciones  1 año Régimen Procesal de la Responsabilidad Civil dimanante del delito: Hay una acción civil surgida de una infracción a la ley penal que puede ser llevada por ante los tribunales penales accesoriamente a la acción pública o ante los tribunales civiles, la parte lesionada tiene derecho de opción para apoderar la jurisdicción civil o penal. El Art.3 del Código de Procedimiento Criminal establece que se puede perseguir la acción civil al mismo tiempo y ante los mismos jueces que la acción pública. También puede serlo separadamente, en cuyo caso se suspende su ejercicio hasta que haya decidido definitivamente sobre la acción pública, intentada antes o durante la persecución civil. TEMA V. El proceso penal: cuando se produce una violación a la ley penal aun cuando sea un particular el lesionado, normalmente él no tiene la dirección del proceso lo cual compete en principio a los representantes calificados de la sociedad y aunque la víctima cuente con los medios para vencer la inercia de aquellos, no puede ejercer la acción pública, pues le corresponde al Ministerio Pública, quien no está obligado a sostener las pretensiones le lesionado. El derecho de perseguir las infracciones y a los infractores a la ley penal pertenece exclusivamente a la sociedad. En el proceso penal la parte actora es la sociedad completa actuando como soberana. El proceso penal no se inicia con el apoderamiento de las jurisdicciones del juicio, sino cuando una autoridad del orden judicial comienza a entender con él. Diferencias con el proceso civil: TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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a) el proceso civil generalmente se origina porque se ha violado un derecho particular; en el penal se viola un derecho de la sociedad. b) En el civil se hacer valer un derecho privado; en el penal es consecuencia del ejercicio de un aspecto de la soberanía que se manifiesta en la función jurisdiccional del Estado. c) En el civil son los particulares quienes ejercen la acción, en el penal es ejercida por el Ministerio Público como representante de la sociedad. En el civil se inicia la acción por el apoderamiento de un Tribunal, en el penal se apodera primeramente a la autoridad del orden judicial o Esta apodera de oficio y luego son apoderadas las jurisdicciones de juicio. Formas de apoderamiento: El asunto le es diferido al tribunal, que es un organismo inerte que hay que poner en movimiento; ese es el apoderamiento, es ponerlo en condiciones de decidir el caso. Apoderamiento del Tribunal de simple policía: este se apodera por medio de citación directa hecha a requerimiento del Ministerio Público o de la parte civil y por la comparecencia voluntaria de las partes. Apoderamiento del Tribunal Correccional: La ley ha establecido dos formas de apoderar al tribunal de primera instancia, esto es, en primer lugar por citación directa, conforme a lo establecido por el artículo 180 del Código de Procedimiento Criminal que establece que el tribunal puede ser apoderado por la vía de citación directa hecha a requerimiento del Ministerio Público o la parte lesionada; también por la comparecencia voluntaria del prevenido, esto es por aplicación analógica y extensiva del artículo 147 del Código de Procedimiento Criminal, relativo a las contravenciones de simple policía, la jurisprudencia dominicana admite la comparecencia voluntaria del prevenido a simple llamamiento del Ministerio Público, o por acuerdo entre las partes, apodera al tribunal, pero a condición de que aquel comparezca libre y voluntariamente, es decir, sin ser coaccionado. En segundo lugar de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1 de la Ley 1014, cuando el prevenido es sorprendido en flagrante delito correccional debe ser llevado de inmediato por ante el Procurador Fiscal, quien lo interroga, y si lo considera de lugar lo someterá enseguida al tribunal. El derecho de apoderar el Tribunal correccional pertenece al Procurador Fiscal, a la parte civil y a otros oficiales públicos. Apoderamiento del Tribunal Criminal: Mediante querella o denuncia. De conformidad con lo establecido por el artículo 63 del Código de Procedimiento Criminal, toda persona que se crea perjudicada por n crimen o delito, podrá TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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presentarse y constituirse en parte civil ante el juez de instrucción, ya sea del lugar del crimen o delito, ya del lugar de la residencia del inculpado, ya del lugar en donde pueda este ser aprehendido. Denuncia: Es el acto que hace conocer a la justicia que una infracción a las leyes penales ha sido cometida, no es necesario que esta sea hecha por el lesionado. Efectos: El juez de instrucción se limitará a tramitar el asunto al Procurador Fiscal para que proceda de acuerdo a su criterio, quien puede o no ejercer la acción pública en virtud del principio de oportunidad de que goza. Pero en caso de crímenes flagrantes el juez puede proceder conforme al artículo 59 c.p.crim., el cual establece que el juez puede requerir la presencia del fiscal. Querella: es el acto por el cual una persona lesionada señala la infracción de la cual ha sido víctima, a la autoridad competente para asegurar su represión. Cuando se trate de un crimen el funcionario que debe recibirla es el juez de instrucción, conforme al artículo 63. Si se trata de un delito correccional la querella debe ser recibida por el Fiscal, conforme al artículo 30 del c.p.crim.; en materia de simple policía corresponde recibirlas a los agentes policiales. Efectos: Si la persona que se ha querellado por ante el juez de instrucción no se constituye en parte civil, la querella solo vale como denuncia del crimen o delito señalado. Por esta razón el juez solo podrá enviar el asunto al Fiscal para que este proceda conforme a la ley, quien actuará conforme al principio de oportunidad que le es propio. Investigación policial: Su valor: La investigación oficiosa es llevada a cabo por los Oficiales de la Policía Judicial, sea por disposición del Procurador Fiscal o del tribunal en materia criminal o por iniciativa propia, en caso de crimen o delito flagrante, cuando han recibido una denuncia o querella formales. En la investigación oficiosa quienes la ejercen están desprovistos de poder de coacción, ninguno de sus actos pueden ser impuestos a los particulares siempre y cuando estos no se opongan. La comprobación de un crimen no flagrante o de un delito flagrante o no realizada por el Procurado Fiscal, tiene un carácter oficioso, pues ninguna disposición legal le da competencia a él o a sus auxiliares para proceder a ella lo único que puede hacer este funcionario o sus auxiliares en caso de crímenes no TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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flagrantes y de delitos, es investigar y perseguir, pero no comprobar e instruir, lo que sólo puede hacer en caso de crimen flagrante. Las actas de las comprobaciones fuera de los casos de crímenes flagrantes, que realicen el Procurador Fiscal o sus subalternos, sólo tienen el valor de simples datos. Las actas oficiosas son datos para el Ministerio Público para determinar si pone en marcha o no la acción pública, para el Juez tienen valor de simples datos pero pueden influir en su decisión. Las actas oficiales son datos para el Juez y sólo pueden ser suprimidas del expediente en virtud de una decisión contenciosa. A los agentes policiales les corresponde informar al fiscal respecto de los crímenes y delitos que lleguen a su conocimiento, recibir las denuncias y las querellas y transmitirlas al fiscal , en caso de flagrante delito realizar los primeros actos de instrucción en la misma forma que el Procurador Fiscal y por último ejecutar las delegaciones que puedan recibir del Juez de Instrucción. Los interrogatorios hechos por los miembros de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas, así como los señalamientos y las conclusiones que estas autoridades policiales o militares realicen en las actas que ellos redacten para fines judiciales; tienen una importante función de referencia. Pero no un valor probatorio en los tribunales. Diferencia entre los medios de investigación y los medios de prueba: Comprobación del delito: cuerpo del delito: Ciertas precauciones han sido impuestas por la ley para garantizar la comprobación, la conservación y la identidad del cuerpo del delito. Estas precauciones son las siguientes: 1.- El Juez de Instrucción o el fiscal que se transporte al lugar del hecho debe redactar un acta de sus actuaciones, con el fin de hacer constar el cuerpo del delito, su estado, el de los lugares y para recibir las declaraciones de las personas que hubiesen estado presentes o que pudieren dar alguna información (Art.32 C.P.Cr.); 2.- El Juez de Instrucción debe apoderarse de todo lo que le pareciere haber servido o haber sido destinado para cometer el delito, de todo lo que ha sido su producto y en fin de todo lo que pueda servir para la manifestación de la verdad (Art.35 C.P.Cr.) Identificación presunto delincuente: (Art.237 C.P. CRIM) Desde la comparecencia del acusado el juez debe realizar el interrogatorio de su identidad. En este interrogatorio el juez debe preguntarle sus nombres, edad, TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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profesión, domicilio y lugar de nacimiento. El objetivo de este interrogatorio es constatar que la providencia calificativa se aplica a esa persona. La formalidad de la constatación de la identidad debe ser completada. No obstante, ella no está prescrita a pena de nulidad. La importancia de esta constatación es saber con seguridad que el acusado, presente en la audiencia, es la misma persona enviada ante el tribunal criminal. La Inspección Ocular: En muchas ocasiones la inspección de los lugares de donde se ha cometido los hechos, así como la reconstrucción de los mismos, puede ser de gran valor para el establecimiento de la verdad. Esta comprobación puede ser realizada en el curso de la instrucción preparativa por el juez de instrucción y otros oficiales de la policía judicial , así como en l curso de un juicio por el tribunal mismo. Dada la naturaleza y el fin perseguido comienza el descenso a los lugares se realice lo mas pronto posible; para evitar que los rastros de la infracción desaparezcan o que los lugares sufran modificación. Declaraciones testificales y periciales: Su valor El testimonio es la relación oral o escrita que una persona hace de lo que ha percibido por medio de los sentimientos. Es el medio mas socorrido en materia. En principio, toda persona que tenga cierto grado de discernimiento puede actuar como testigo, sea bajo la prestación del juramento o sin el, en los casos en que este ultimo sea permitido o prescrito. No puede ser testigo: a) Las personas que han sido condenadas a un apena aflictiva o infamante; b) Los incapaces mentales; c) Las personas que están ligadas al inculpado en grado cercano, de parentesco o alianza (padre, madre, abuelos, hijos, nietos, hermanos, cuñado ni el esposo o esposa aun después del divorcio; d) Los denunciantes recompensados pecuniariamente; e) Las personas que en razón de su calidad no puedan declarar como testigos. Ejemplo los jueces representantes del Ministerio Publico y los Secretarios de los tribunales en relación con los casos que le conciernen. Las personas citadas como testigo están obligadas a comparecer y a satisfacer la citación, deben presentarse y declarar acerca de las circunstancias y hechos que son de su conocimiento y que importan para establecimiento de la verdad; Existe dispensa en ciertos familiares, en funcionarios o dispensa de comparecer pero no de testificar, ejemplo: El Presidente de la República, los Secretarios de Estado, Senadores y, Diputados mientras duren las secciones de las cámaras, los jueces de la Suprema Corte de Justicia, Procurador General de la República y de Cortes de Apelación y sus jueces. Los agentes y empleados diplomáticos; y cualquier TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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otra persona que presente excusa seria y justificada, ejemplo: la muerte de un familiar cercano. En principio los debates deben ser citados a comparecer ante el juez o tribunal que desea oírlo esta formalidad determina si se puede utilizar o no en su contra medidas coercitivas, o pueden ser presentados por las partes. Las audición de testigos por el juez de instrucción no tiene por finalidad decidir en cuanto al fondo del asunto, sino recoger los elementos que puedan conducirlo a forjan su convicción, si procede o no a traducir al inculpado ante la jurisdicción de juicio. En caso de crimen flagrante no es necesaria la citación previa. En caso de delitos flagrantes y no flagrantes, las partes pueden llenar los testigos a audiencia. Las partes casi siempre envían al Procuarador Fiscal, una lista de los testigos que desean hacer oír y éste le hace citar o el Procurador Fiscal cita verbalmente a los testigos que señalan los demás partes que se encuentran en audiencia de conformidad con el artículo 2 de la ley 1014. En materia criminal esta ley el artículo 142 del Código de Procedimiento Criminal exigen una formalidad especial en relación con los testigos que es la notificación de la lista de estos a requerimiento del Procurador Fiscal o de la parte civil al acusado y a requerimiento de éste al primero existen mecanismo destinados a lograr que la declaración de los testigos sea sincera. Todo testigo antes de deponer se comprometerá a decir la verdad es decir preste juramento, el cual tiene un carácter religiosos reconocido por la doctrina y jurisprudencia unánime y constante y además mecanismo legales, que imponen un castigo a quien jure en vano, perjurio pudiendo ser arrestados en la jurisdicción del juicio la prestación del juramento es una formalidad sustancia presenta a pena de nulidad. Fuerza probatoria del testimonio: en instrucción la deposiciones de los testigos no se toma en cuenta para determinar la culpabilidad del inculpado teniendo por objeto esclarecer al Juez acerca de la procedencia o no de la acusación. En la jurisdicción de juicio la fuerza probatoria del testimonio queda abandonada a la suerte de los jueces, pues la ley no aprecia, ni cuenta, ni pesa cada testimonio. El Juez puede basar su decisión en la declaración de un testigo único o frente a declaraciones contrarias de varios testigos. Los jueces del fondo tienen poder arbitrario de evaluación de los testigos. La ponderación que hagan los Jueces de los testimonios, así como el sentido y alcance que les atribuyan, salvo que los desnaturalicen, escapan al control de la Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación. Peritaje: a veces en un proceso se presentan cuestiones para cuya solución es preciso poner determinadas datos científicos o técnicos, como sucede cuando hay que comprobar hechos de cierta naturaleza. Características: a) debe resultar de un acto juris jurisdiccional,. Es decir, debe ser ordenado por un Juez; b) El perito que realiza el peritaje es un mandatario TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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judicial; c) El mandato del perito es limitado está encargado de emitir una opinión relativa a uno o más puntos específicos; d) el perito carece de poder de decisión su informe es un elemento de prueba que el Juez puede acoger o no; e) el perito es independiente goza de la más amplía libertad para realizar sus investigaciones. Diferencias del perito y testigo de fondo: el testigo depone sobre hechos que ha visto u oído, el perito realiza una operación científica o técnica acera de la cual da su opinión. a) El testigo es creído por su simple información y no tiene que motivar como el perito que debe hacerlo. b) El testigo colabora aportando sus propios recuerdos, el perito da una opinión científica o técnica. c) El testigo puede ser citado en cualquier estado de causa y puede exigírsele que deponga inmediatamente el perito es designado por el Tribunal y debe concederse tiempo para que realice su trabajo. En cuanto a la forma: a) el juramento no es igual, el testigo jura “decir toda la verdad y nada mas que la verdad” y en materia criminal jura “hablar sin odio y sin temor y decir toda la verdad y nada más que la verdad”, le perito jura proceder al examen y dar su relación según su honor y conciencia”; b) La sinceridad del testigo está asegurada con la pena del perjurio, pero no así la del perito; c) El testigo puede ser tachado y el perito no. El Código de Procedimiento Criminal sólo trata del peritaje a propósito del flagrante delito, al disponer que el Juez de Paz podrá antes de la audiencia a requerimiento del Ministerio Público o parte civil, justipreciar o hacer que se justiprecien los perjuicios redactar u ordenar que se lleven a efecto todos los actos que exijan celeridad. El peritaje puede ser ordenado y el perito designado por el Juez de Instrucción, por la jurisdicción de su cometido, existen incapacidades, por ejemplo la persona que haya sido condenada a la degradación o la supresión del derecho a ser perito. El peritaje en materia penal no tiene el carácter contradictorio que posee en materia civil, generalmente el o los peritos redactan un informe en el cual relatan la operación o las operaciones que han realizado y dan sus conclusiones. Si el perito nombrado por el Juez de instrucción es analfabeto éste debe escuchar su informe y hacerlo constar en un acta. Si el perito es designado por la jurisdicción de juicio, tiene que aportar un informe por escrito para que sea conocido por las partes y discutido en los debates. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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El informe debe ser redactado en lengua clara y compresiva aún cuando verse sobre cuestiones científicas o técnicas y es preciso que sea exhaustivo, explícito, detallado y motivado. Valor del peritaje: el informe pericial debe ser estudiado por el Juez, sin embargo no está obligado a conceder una fe absoluta a la opinión del perito toda vez que al no poder delegar sus funciones (el Juez) la opinión de este no lo liga. Los Jueces aprecian soberanamente tanto los hechos como los resultados del peritaje. Ellos deben dictar su sentencia según su última convicción acerca de los diversos puntos afirmados por el perito, aunque la opinión del perito no diga al Juez en la mayoría de los casos la sentencia es obra de aquel pues este no puede dejar de aceptar conclusiones que son o se supone que son la obra de un especialista en una materia que el desconoce o en la cual no está muy versado. Desde el punto de vista de su fuerza probatoria no hay que hacer distinción entre las comprobaciones materiales del informe y las conclusiones que se derivan de el, pues los Jueces aprecian soberanamente tanto los hechos como los resultados del peritaje. Si es cierto que desde el punto de vista del derecho, la opinión del perito no liga al Juez, en realidad en la mayoría de los casos la sentencia es obra de aquel, pues éste no puede porque sí, dejar de aceptar conclusiones que son o se supone que obra de un especialista en una materia que él desconoce o en la cual no está muy versado. Mientras que para establecer la fuerza probatoria del testimonio debemos distinguir el caso en que éste se produce en la jurisdicción de instrucción del caso en que tiene lugar en las jurisdicciones de juicio. En la primera las disposiciones de los testigos no se toman en cuenta para determinar la culpabilidad del inculpado teniendo únicamente por objeto esclarecer al Juez acerca de la procedencia o no de la acusación. De acuerdo con una jurisprudencia constante, en las jurisdicciones de juicio la apreciación de la fuerza probatoria del testimonio queda abandonada a los jueces, pues la ley no aprecia, ni cuenta, ni pesa cada testimonio. Aportación de documentos: las piezas instrumentales son las actas y otros escritos destinados y consignar relaciones jurídicas y que constituyen la prueba por excelencia en materia civil, pero no en materia penal, se denomina documentos. Los documentos se clasifican según su forma, su contenido y la función que tienen en el proceso.Forma. Actas auténticas, bajo firma privada, los registros o papeles domésticos, las notas, las cartas. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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Su contenido. Los que establecen la confesión del culpable,. Los escritos que tienen el testimonio de un tercero, los documentos que constituyen la materia del mismo delito y otros que se relaciona directamente con este. Su función: a) los que constituyen el cuerpo de la infracción, ejemplo de falsificación en escritura. b) Los que son por si la prueba de la infracción, ejemplo el contrato de alquiler de un inmueble destinado a servir como casa de juego. c) Los que al mismo tiempo son el cuerpo de infracción y la prueba ésta. Ejemplo el escrito difamatorio en el delito de difamación. d) Los expresamente levantados para comprobar la infracción denominados actas, proceso verbales o relatos levantados por la Policía Judicial. Las actas, procesos verbales e relatos deben conformase según las siguientes reglas: Deben ser consignadas por escrito en idioma español, deben ser redactadas en un plazo breve, debe enunciar las menciones relativas a circunstancias, tiempo y lugar de la infracción que comprueban tienen que ser firmadas por el actuante, es preciso que enuncien el nombre y calidad del agente, no puede contener interlineas y las palabras enmendadas o suprimidas deben ser salvadas, en algunas ocasiones tiene que ser afirmadas, o sea, la declaración deben ser hecha por el agente bajo juramento de que las menciones del acta son veraces y la comprobación de los hechos es sincera, debe contener la prueba del cumplimiento de las formalidades exigidas para su validez. Cuando la ley no ordena su levantamiento, las actas no tienen en materia penal el mismo valor probatorio que en materia civil. En materia civil generalmente las actas instrumentadas por los oficiales públicos constituyen la prueba de su contenido en materia penal, que no existe el sistema de prueba legal y que impera el principio de la intima convicción del Juez, sólo excepcionalmente estos están obligados a ceñir su decisión al contenido de un acta. Desde el punto de vista de su fuerza probante existen tres tipos de actas levantadas por Oficiales Públicos. 1las actas que hacen fe hasta inscripción en falsedad, su contenido debe ser considerado cierto a menos que sean demostrado por el procedimiento de inscripción en falsedad, generalmente las actas que levantan los oficiales de la Policía Judicial de ma´s categoría, no están entre ella si las levantadas por ciertos agentes encargados por leyes especiales para comprobar cierta clase de infracciones. Ejemplo las instrumentadas para probar las simples controversias. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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2Las actas que hacen fe hasta prueba en contrario. Su contenido puede ser resarcido por pruebas contrarias, escritas o testimoniales, bajo condición de que el Juzgado estime pertinente su admisión. Ejemplo las actas de accidentes de tránsito, por los alcaldes pedaneos. 3Las actas que únicamente valen como simples datos caen dentro de esta categoría todas las de este tipo las levantadas por los Oficiales de la Policía Judicial en relación con crímenes o delitos castigados por el Código Penal y las actas que hacen prueba hasta inscripción en falsedad que no han sido redactadas correctamente. Los hechos materiales que el redactor comprueba personalmente son los únicos acerca de los cuales los relatos hacen fe y tienen valor probatorio. Los proceso verbales redactados por los agentes hacen prueba hasta inscripción en falsedad las enunciaciones contenidas en dichas actas en cuanto conciernen a los hechos materiales que se comprueban constituyen una prueba legal absoluta del delito perseguido y su autoridad sólo puede ser combatida por la inscripción en falsedad. Los procesos verbales redactados por los oficiales de la Policía Judicial que han recibido encargo especial para probar ciertas infracciones sólo hacen fe hasta prueba legal del delito perseguido, puede ser combatida por prueba testimonial, así como escrita, los agentes que la instrumentan pueden ser oído como testigos. Los escritos privados: En materia penal pueden ser usados escritos privado cuando el escrito no es más que una pieza de convicción, el Tribunal apoderado puede estatuir conforme a los resultados del debate oral, si constituye el cuerpo mismo del delito, habrá que proceder conforme el artículo 316 del Código de Procedimiento Criminal (copiar) Las cartas puede servir de elemento probatorio en el juicio penal, pero a condición de que hayan sido obtenidas legalmente por la justicia o por los particulares son personas obligadas a guardar el secreto profesional pueden negarse a presentar las cartas dirigidas a ellos en ocasión del ejercicio de su profesión o pedir que se excluyan del proceso. Medios de investigación sobre la persona: reconocimientos médicos; pruebas alcoholimétricas.

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Medidas limitadoras de derecho fundamentales: la entrada y registro en lugar cerrado o visita domiciliaria: La constitución reconoce en el ordinal 3 de su artículo 8, la inviolabilidad del domicilio como un derecho individual. Sin embargo, al igual a como ocurre con otros derechos inminentes a la persona humana, consagra una gran excepción al principio, cuando en el párrafo 2do. Del texto citado dice que “que ninguna visita domiciliaria puede verificarse sino en los casos provistos por la ley y con las formalidades que ella prescribe”; o sea, que admite la violación del domicilio en estos casos. La expresión visita domiciliaria es sinónimo del término allanamiento, que la ley adjetiva utiliza en algunas ocasiones, por lo cual son intercambiables. Las visitas domiciliarias o allanamientos realizados por funcionarios del orden judicial, generalmente tienen por finalidad aprehender a alguien, realizar perquisiciones o apoderarse de objetos que pueden arrojar luz sobre el hecho investigado o que pueden servir de piezas de convicción. El domicilio es el lugar donde una persona tiene su principal establecimiento, el cual sólo concierne al ejercicio de los derechos civiles, sino la residencia, casa o morada habitada aún temporalmente, por una persona, como ocurre con el cuarto de un hotel, importando poco que tenga o no allí su principal establecimiento. Es evidente que quien puede realizar una visita domiciliara, siempre y cuando se esté en uno de los casos en que ella es permitida y se cumplan las demás condiciones, puede llevar a cabo cuanto sea necesario para alcanzar su objeto, incluso hacer saltar cerraduras y candados y descerrajar puertas. El criterio predominante en cuanto a la hora de visitas domiciliaria es que sólo pueden ser practicadas entre las 6 de la mañana, y las 6 de la tarde, aplicándose la prohibición de actuar en contrario a todos los funcionarios sin distinción alguna. En el domicilio de quien pueden entrar las autoridades y como deben estas proceder: 391.- Está fuera de duda que las autoridades pueden realizar una visita domiciliaria o allanamiento en el domicilio de la persona a quien se atribuye. haber cometido un crimen, así como en la de los co-autores y los cómplices pero ¿pueden entrar en el domicilio de un tercero? Para dar contestación a esta interrogante hay que distinguir el caso en que quien actúa es el Juez de Instrucción de aquel en que quien procede es el Procurador Fiscal. Si los actos de investigación e instrucción son realizados por el primero él puede penetrar no sólo en el domicilio del inculpado, sino también en el de TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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cualquier otra persona, siempre y cuando tenga motivos razonables para presumir que allí han sido ocultados objetos que constituyen el cuerpo del delito o que pueden servir de pieza de convicción (artículo 88 del Código de Procedimiento Criminal), lo mismo si se trata de una infracción flagrante que de una que no lo es; con la excepción de que cuando se trate de crímenes flagrantes debe trasladarse en compañía del procurador fiscal. El segundo o sus ayudantes y oficiales auxiliares, cuando actúan en caso de infracción flagrante, pueden penetrar en el domicilio del sospecho y así como también en los lugares en donde se les ha avisado que los objetos de la infracción o las piezas de convicción acaban de ser transportados, pero fuera de este caso no puede penetrar en los lugares en donde se les ha indicado que se encuentran dichos objetos y piezas. La intervención de comunicaciones postales, telegráficas y telefónicas: El artículo 8, inciso 9 de la Constitución de la República Dominicana establece el principio de la inviolabilidad del secreto de la correspondencia. Este principio más que legal, es moral, sin embargo, el mismo texto establece la excepción de que esta pueda ser ocupada cuando se trata de asuntos que se ventilan en justicia. Lo cual permite deducir que la Constitución no considera ilegal la violación a la correspondencia cuando se trata de un asunto de interés judicial. Dicha violación debe estar sujeta a los procedimientos legales a que se refiere el mismo artículo. Estos procedimientos no son más que los que establece el Código de Procedimiento Criminal para el apoderamiento de objetos. Estos principios aplicados a la correspondencia deben ser extendidos también a los telegramas y estafetas telegráficas.

TEMA VII. Medidas cautelares personales. Detención: es la medida ordenada por un funcionario o Tribunal judicial a fin de mantener a una persona privada de su libertad en un establecimiento de los que la Ley señala que deben ser destinado a esos fines, para tenerla a disposición de la justicia hasta que intervenga una decisión definitiva sobre el caso debido al cual está detenido, o él obtenga su libertad por alguno de los medios que la Ley pone a su alcance, o para hacerle comparecer por la fuerza. prisión provisional: TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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Prisión provisional: el mandamiento de prisión provisional es una ordenanza por la cual el Juez de Instrucción prescribe a todos los alguaciles y agentes de la fuerza pública para conducir a la cárcel a un individuo determinado inculpado de un crimen especificado y solicita al alcaide de dicha cárcel recibirlo y detenerlo allí hasta una nueva orden. Diferencia con mandamiento de comparecencia y arresto: Mandamiento de comparencia: Es la orden que un funcionario competente dirige a una persona de presentarse ante él en el lugar, día y hora determinados, a fin de interrogarla enseguida. Se trata por consiguiente, de un requerimiento que en cierta medida cohibe de su liberta a quien está dirigida. El mandamiento tiene por finalidad la de interrogar a una persona. Mientras que el arresto es el acto material de la aprehensión de un individuo para ponerlo a disposición de la justicia, ejecutado sea por orden de la ley, sea por decisión judicial o administrativa. El arresto es una medida policial que puede tener lugar sin título. Por arresto se debe entender, el acto material de la aprehensión de una persona contra su voluntad, privándola de su libertad de trasladarse de un lugar a otro, de su derecho de ir y venir. Detención y prisión provisional: Detención: podemos decir, que es la medida ordenada por un funcionario o Tribunal judicial a fin de mantener a una persona privada de su libertad en un establecimiento de los que la Ley señala que deben ser destinado a esos fines, para tenerla a disposición de la justicia hasta que intervenga una decisión definitiva sobre el caso debido al cual está detenido, o él obtenga su libertad por alguno de los medios que la Ley pone a su alcance, o para hacerle comparecer por la fuerza. Prisión provisional: Tienen por finalidad constituir a un inculpado en estado de detención preventiva. Su efecto es el de colocar al prevenido o al acusado en estado de detención preventiva. La prisión provisional sólo puede ser autorizado por el Juez de instrucción, previas conclusiones del Procurado Fiscal. La libertad provisional y otras medidas cautelares personales: Art. 113 (Ley 341-98; 14-8-98). En materia correccional la libertad provisional bajo fianza es obligatoria y será otorgada por el Juez de Primera Instancia o Corte de Apelación que vaya a conocer de la acusación. El procesado será puesto en libertad tan pronto como preste fianza, de acuerdo con el procedimiento establecido en el C.P.Crim., lo que garantiza su obligación de presentarse todas las veces que sea requerido en el curso del proceso y para la ejecución del auto o sentencia que intervenga, sin perjuicio de las disposiciones establecidas en la TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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Ley 1014 del 11-10-1935.. El pedimento o demanda será hecho por el procesado mismo, o por un amigo, o por una persona cualquiera que proceda en su nombre; para ello no será necesario comprobar el mandato. Párrafo I. En materia criminal el acusado podrá solicitar su libertad provisional bajo fianza en todo estado de causa, sin embargo el otorgamiento de tal libertad será facultativa, tanto en la fase de instrucción como en el juicio de fondo. Durante la instrucción preparatoria la libertad será otorgable por el Juez de Instrucción o Cámara de Calificación correspondiente juzgando en primera o segunda instancia, según el caso, los cuales harán uso de esta facultad durante el transcurso de la sumaria si le es solicitada por el procesado y cuando a su juicio , hayan razones poderosas a favor del pedimento, pudiendo aplazar su otorgamiento hasta la terminación de las actuaciones de la instrucción preparatoria. Fianza en materia correccional: En materia correccional rige el principio de que el otorgamiento de la fianza es de carácter obligatorio por lo que el procesado debe ser puesto en libertad tan pronto como preste fianza. Existe sin embargo una excepción al principio de que la fianza en materia correccional es de carácter obligatorio. El párrafo V del artículo 113, establece que en materia correccional, en caso en los cuales el procesado sea reincidente , la libertad provisional bajo fianza será facultativa y solo otorgable por el Juez de Primera Instancia o Corte de Apelación que vaya a conocer de la acusación, cuando, a su juicio, hayan razones poderosas a favor del pedimento. Se considerarán reincidente , las personas que han sido condenadas por los tribunales del país o de cualquiera otra nación por la comisión de crímenes o delitos de la misma naturaleza a los que se le imputan. Fianza en materia criminal: El tribunal competente para el otorgamiento de la libertad provisional bajo fianza, lo es el Juzgado de Instrucción, el Tribunal de Primera Instancia o la Corte de Apelación que esté apoderada del fondo del caso de que se trata. En materia criminal el principio es de carácter facultativo para el órgano judicial apoderado en lo relativo a la concesión de libertad provisional bajo fianza. En materia criminal no se otorgará libertad provisional bajo fianza a los procesados reincidentes. Prohibiciones al otorgamiento de fianza: TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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Al régimen de la libertad provisional bajo fianza le fueron incorporadas prohibiciones mediante leyes especiales que cierran la posibilidad de la fianza para casos en los cuales las infracciones imputadas son las previstas por tales leyes. El párrafo IV del artículo 113 de la Ley establece la prohibición al Tribunal de Primera Instancia o a la Corte de Apelación otorgar la fianza si esta ha sido solicitada en la jurisdicción de instrucción. Recursos contra las decisiones: Contra las decisiones está abierto el recurso de apelación, cuyo conocimiento le es conferido al tribunal inmediatamente superior al que ha evacuado la decisión. Las personas que tienen calidad para interponer el recurso de apelación son: la parte civil (si la hubiere), el Ministerio Público y el inculpado. Los plazos para interponer el recurso de apelación varían conforme a la parte que lo interponga. El plazo para el procesado, para el Procurador Fiscal y para el Procurador General de la Corte es de 48 horas contados a partir de su pronunciamiento y notificación; para la parte civil es de la tercera franca, a partir de su pronunciamiento y notificación. En cuanto al Procurador General de la República no se establece ningún plazo especial, por lo que dicho funcionario cuenta con el plazo establecido por la ley para aquellos casos en que el mismo pueda apelar las decisiones dadas sobre el fondo del asunto. Razones Poderosas: Siempre que el otorgamiento de la fianza es facultativo, el legislador somete el otorgamiento de la misma a la constatación por parte del juez o tribunal de razones poderosas para conceder la libertad solicitada. Aplazamiento de fianza: En materia criminal y siempre que el otorgamiento de la fianza competa al juez de instrucción o a la cámara de calificación, estas jurisdicciones conservan el derecho de aplazar el otorgamiento de la libertad provisional bajo fianza hasta la terminación de las actuaciones de la instrucción preparatoria .

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El Artículo 114 de la Ley 341-98 establece que la libertad provisional bajo fianza, en los casos en que puede ser concedida, estará subordinada a la obligación de prestar fianza en los términos previstos por el C.P. Crim. o leyes especiales. Párrafo I. Tanto el Juez de Instrucción como la Cámara de Calificación apoderada que haya ordenado la excarcelación provisional bajo fianza de los procesados, conserva el derecho de expedir nuevos mandamientos de apremio (conducencia) o de arresto (prevención), si nuevas y graves circunstancias hicieran necesaria tal medida y mientras no intervenga auto decisorio. Párrafo II. Siendo la libertad provisional bajo fianza facultativa en materia criminal, la demanda puede ser reiterada ante el mismo Juzgado de Instrucción antes de emitir auto decisorio, pero será requisito indispensable para su concesión que el inculpado se encuentre debidamente interrogado. Toda persona puesta en libertad provisional bajo fianza estará obligada a notificar en cualquiera forma el Ministerio Público de la Jurisdicción competente apoderada del asunto, sus cambios de domicilio y residencia. Ninguna en estas condiciones podrá ausentarse del territorio de la República. Artículo 115 (Ley 341-98) En todos los casos de demanda en libertad bajo fianza, será notificada al ministerio público y a la parte civil si la hubiere y tuviese domicilio real o elección en el lugar en que tenga su asiento el Juez o corte que deba conocer de la demanda, a fin de que aquellos hagan sus observaciones en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas para los delitos y setenta y dos (72) horas para los crímenes, a partir del momento en que se le haya comunicado, debiendo dictarse el fallo o Auto correspondiente a más tardar al término de este plazo. El monto de la fianza no podrá ser nunca inferior a quinientos pesos dominicanos (RD$500.00) para los delitos y de cinco mil pesos dominicanos (RD$5,000.00) para los crímenes. Párrafo I. En caso de desfalco o fraude contra el Estado, la fianza deberá ser igual al doble, cuando menos, de la suma desfalcada, pero en ningún caso podrá ser menor del mínimo establecido en el C.P.Crim. Párrafo III. No se otorgará libertad provisional bajo fianza a los inculpados de crímenes contra la seguridad del Estado, atentados y tramas al jefe del Estado, crímenes con la guerra civil, con el empleo ilegal de fuerzas armadas y pillaje y de la devastación pública y en casos de inculpados por crímenes previstos en leyes especiales que lo prohíban expresamente; esto es, en caso de violación a la TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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Ley 50-88 sobre Drogas, Ley 36 sobre Armas, incesto establecido por la Ley 2497 y el Secuestro, establecido por la Ley 583 de 1970. Formas en que puede ser presentada la fianza: a) en especie (aquella mediante la cual el monto de la fianza es depositada íntegramente y en especie por ante Rentas Internas; b) mediante una garantía presentada por una Compañía Aseguradora (es la más utilizada, consiste en un contrato mediante el cual una compañía aseguradora, previamente autorizada para estos fines, firma un contrato con el Estado Dominicano, representado por el Ministerio Público, mediante el cual se compromete a que el inculpado se presentará a todos los actos del proceso tan pronto sea requerido y que de lo contrario será ejecutada la garantía prestada por la compañía aseguradora ; c) en inmueble (es presentada mediante la inscripción de una garantía sobre un inmueble, propiedad del afianzado o de un tercero, a favor del Estado Dominicano, representado por el Ministerio Público. La ley establece la obligación a cargo del inculpado de elegir el domicilio donde en lo adelante habrá de notificársele todos los actos del procedimiento.

Cese de la Libertad Provisional bajo Fianza: El artículo 118 de la Ley 341-98, establece que la libertad provisional bajo fianza cesará en los siguientes casos: a) cuando el inculpado no se presente las veces que sea requerido en el curso del proceso; b) cuando el inculpado no se presente para la ejecución de la sentencia sin excusa legítima; c) cuando se dicte en su contra sentencia condenatoria a prisión; d) cuando el afianzador o fiador lo entregue para que lo reduzcan a prisión y pidan que se le cancele la fianza. En materia criminal la libertad provisional bajo fianza puede ser revocada por un nuevo mandamiento de prevención o de prisión para el procesado, los cuales podrán ser librados siempre y cuando hayan surgido en el curso de la instrucción del proceso que motivó la fianza nuevos y distintos cargos más graves, que ameriten mayor pena. La persona reducida a prisión por efecto de este nuevo mandamiento conserva la facultad de solicitar que le sea puesta una nueva fianza, pero es necesario que este se haya constituido en prisión. Cuando el inculpado es condenado a prisión la fianza cesa. Y para que el procesado que apele dicha sentencia condenatoria TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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pueda permanecer en libertad es necesario que preste una nueva fianza, a menos que el fiador y el juez que haya de conocer la nueva fianza consientan en que permanezca vigente la primera fianza. De dicho acuerdo deberá levantarse el acta. La cancelación de la fianza deberá pronunciarse por el Juez a quien se entregue el procesado, en caso de que el mismo sea entregado por el fiador y este ha solicitado que la misma sea cancelada. El artículo 121 del Código de Procedimiento Criminal establece que en el caso en que el procesado estuviere en defecto sin excusa de presentarse cuando fuere requerido en el curso del proceso o para la ejecución de la sentencia, se declarará vencida la fianza. En caso de que se declare vencida la fianza, el depósito, si la misma ha sido otorgada en especie, se perderá. Pero si la fianza ha sido otorgada en forma de garantía por una compañía aseguradora, el ministerio público podrá perseguir el pago. Si se trata de una garantía hipotecaria el Ministerio Público podrá perseguir su ejecución. El vencimiento será pronunciado por el Juez que esté apoderado del fondo del asunto según el caso. La ley otorga solamente a la parte civil y al Ministerio Público la facultad de solicitar que la fianza sea declarada vencida. El procedimiento de Hábeas Corpus: Como se solicita un mandamiento de Hábeas Corpus y cuales menciones debe contener la solicitud: 424. La solicitud de que se expida un mandamiento de Hábeas corpus debe ser formulada por escrito firmado por la persona de cuya libertad se trata o por cualquier otra actuando en nombre de ella (artículo 2 de la Ley de Hábeas corpus) e indicar el lugar de la prisión, el funcionario o la persona que la ha ordenado, el nombre del alcaide de la cárcel que tiene bajo su custodia al detenido, las causas de la prisión, la circunstancia de que no está detenido ejecución de una sentencia condenatoria, la exposición de los motivos en que se funda la ilegalidad de la prisión. De la solicitud “...se dará copia al Procurador Fiscal, quien visará el original, salvo que el mismo se hubiera notificado a dicho. La fase de la presentación de la persona privada de su libertad: 422.- Como señalamos la primera fase del procedimiento tiene por finalidad presentación del individuo o, dicho de otro modo, el que sea dictado un mandamiento de Hábeas corpus. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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El mandamiento de Hábeas corpus, es una orden dictada por la autoridad judicial competente, de que una persona privada de su libertad le sea presentada para decidir subsecuentemente su liberación o su mantenimiento en prisión (artículo 1 de la Ley de Hábeas corpus). El juicio sobre la legalidad de la prisión: 430.- La presentación de beneficiario del mandamiento de Hábeas corpus en el lugar, día y hora indicados en este, o su comparecencia por medio de abogado o de apoderado, marca el final de la primera fase del procedimiento y el inicio de la segunda, o sea, de aquella en que se va a conocer de la procedencia o no de la privación de libertad. En caso de enfermedad comprobada o por cualquier otro motivo justificado, la audiencia será celebrada sin la presencia del impetrante, el cual se hará representar sin necesidad de un poder, por un abogado o por cualquier defensor que postule en su nombre. La instrucción y vista de la causa: 431.- La instrucción debe tener lugar en audiencia pública, la cual puede celebrarse sin la asistencia del representante del Ministerio Público (artículo 16 de la Ley de Hábeas Corpus), cuando quien llevó a cabo la prisión o la ordenó no tiene calidad para ello, pero si la tiene el Tribunal no estaría completo sin la presencia de aquel (la misma disposición). En consecuencia, el único caso en que el representante del Ministerio Público, no asiste al juicio es cuando un particular que solamente puede hacerlo cuando válidamente en caso de flagrante delito, realiza el arresto, o cuando un funcionario sin calidad para ello ordena la prisión de una persona. La parte civil “aún cuando se haya constituido en la fase inicial del proceso es extraña al procedimiento que debe seguirse en virtud a la Ley de Hábeas Corpus. El tribunal instruirá el asunto oyendo a los testigos presentados por las partes y la de los que de oficios ha ordenado oír, así como a los interesados y examinará los documentos, y apreciará los hechos alegados y las causas de la detención, arresto o encarcelamiento pudiendo el privado de su libertad presentar además, toda clase de pruebas para probar la ilegalidad de su prisión o que tiene derecho a ser puesto en libertad (artículos 11 y 17 de la Ley de Hábeas Corpus), estando facultados los Jueces para apreciar libremente los elementos basados en los cuales hayan de forjar su convicción.

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La decisión sobre la acción: 432.- El Juez o Tribunal apoderado de la acción de Hábeas Corpus que conoce de la legalidad de la privación de la libertad inmediatamente después de terminada la instrucción debe dictar su fallo el cual, obviamente, puede contener dos tipos de decisiones. 433.- La puesta en libertad de quien ha sido privada de ella. 1El caso en que procede ordenar la libertad, si el mandamiento emana de una persona que no tiene calidad para dictarlo; o si ha sido dictado en un caso en el cual no puede serlo. 2El caso en que no han sido cumplidas las formalidades legales. 3El caso en el cual el privado de su libertad no sido llevado ante el Juez e interrogado en el plazo previsto por la Ley. El procurador Fiscal tiene que apoderar al Juez de Instrucción dentro de las Cuarenta y Ocho horas de haber dictado el correspondiente mandamiento y si no es flagrante lo antes posible, si se trata de un delito flagrante el Procurador Fiscal debe someter al inculpado ante el Tribunal de Primera Instancia inmediatamente , y si no es flagrante en un plazo de quince días a partir del mandamiento (artículos 1 y 9 de la Ley 1014). 434.- El mantenimiento en prisión de la persona privada de su libertad: 1el caso en que hay sentencia definitiva de Juez o Tribunal competente. Si el impetrante esta privado de su libertad por sentencia definitiva de Juez o Tribunal competente y si no se ha extinguido la pena, debe ordenarse su mantenimiento en estado de encarcelamiento. El caso en que la persona de quien se trata está legalmente encarcelada por un hecho punible y con sujeción a las reglas correspondiente . si la persona encarcelada lo está legalmente, es decir, con observancia de las reglas de forma y de fondo previstas por la ley y por un hecho punible, entonces no procede que se dicte una sentencia ordenando su liberación, puesto que está presentes todas las condiciones exigidas por la Ley para su encarcelamiento.

TEMA VIII. Medidas cautelares reales: Conservación de los efectos e instrumentos del delito: con el propósito de evitar su pérdida, sustitución o modificación, el artículo 38 del Código de Procedimiento Penal dispone que “los objetos ocupados se sellarán y cerrarán si fuere posible: y si no se pudiere escribir sobre ellos se colocarán en una vasija, TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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caja o en un saco que se fijará con un lienzo o papel, sobre cuya faja el Fiscal (o el Juez de Instrucción, si es quien actúa), estampará su sello”. Se reconoce que si el inculpado lo requiere, debe permitírsele estampar su firma y su sello al lado de los funcionarios actuantes. Aseguramiento de responsabilidades pecuniarias: fianzas y embargos.

TEMA IX. Prueba. Concepto; Es aquella actividad procesal tendente a arrojar en un juicio la verdad o certeza de un hecho o afirmación fáctica, ya sea en la esfera de lo positivo, o bien en el ámbito de lo negativo. Objeto: Medios de prueba: Estos se clasifican en dos grandes grupos: La prueba por examen directo y la prueba por conocimiento indirecto. Directos: 1.- El descenso a los lugares de la comisión del hecho o inspección ocular. 2.- El peritaje. 3.- Las piezas de convicción (cuerpo del delito, documentos, actas auténticas, procesos verbales etc.). Indirectos: TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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1.- La confesión. 2.- La presunción. 3.- El testimonio. Proposición: La prueba puede ser propuesta por la parte civil o agraviada, la defensa, persona civilmente responsable o por el ministerio público. La carga de la prueba incumbe al acusador, quien debe establecer la existencia del elemento moral y el elemento material de la infracción, en aplicación del principio: “Actori Incumbit Probatio”, es decir, todo el que alega un hecho en justicia debe probarlo.(Art. 1315 CC).El ministerio público está obligado de hacer la prueba de la existencia del delito y de la culpabilidad del agente, y por consiguiente, de la ausencia de causas de justificación, de no culpabilidad, de excusas etc.; por otra parte, el carácter social del proceso penal obliga a los jueces a suplir de oficio los medios de defensa que el prevenido no invoque. Cuando se trata de incriminaciones en que la intención criminal se presume, como en los casos de difamación, es el prevenido quien tiene que probar que esta intención no existe., pues el fundamento de esta presunción consiste en que toda difamación implica la voluntad culpable. En cuanto concierne a la prescripción de la acción pública, el ministerio público tiene que probar que la acción no está prescrita y que el proceso ha sido iniciada en tiempo útil. Admisión o denegación: Es al juez, a quien conforme a su apreciación y a las facultades que le confiere el principio de la íntima convicción que rige nuestro sistema procesal, corresponde la admisión o denegación de los medios de prueba que les son sometidos. El Art. 231 del Código de Procedimiento Criminal confiere un poder discrecional, privativo del presidente del Tribunal Criminal, en virtud del cual podrá acordar por sí solo todo cuanto conceptúe útil para el descubrimiento de la verdad. La ley encarga a su honor y a su conciencia, que despliegue todos sus esfuerzos para favorecer la manifestación de la verdad. El poder discrecional se relaciona con todos los actos que tienden al desenvolvimiento de la prueba. Prueba anticipada: Es la que se obtiene o practica previamente a la traba de la litis, si bien aquel del cual se trata de obtener, recelando ya el planteamiento TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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contencioso y el propósito del eventual adversario, puede oponer actitudes que no están muy lejos de un incidente previo. A este género corresponden las diligencias preliminares o preparatorias del juicio. Es además toda constancia de un acto jurídico para adecuado contenido y debida eficacia, aspecto en el cual lo son por excelencia los documentos, singularmente los de índole pública por la fe que los acompaña. La prueba obtenida con violación de derechos fundamentales. Si bien es cierto que la finalidad del proceso penal es la averiguación de la verdad real o histórica, es decir, la reconstrucción de los hechos como efectivamente han sucedido. También es cierto que la búsqueda de la verdad por parte del estado se encuentra limitada por el respeto a los derechos individuales establecidos por la Constitución a favor de cada uno de los habitantes de un país determinado. De ahí que por un lado las torturas y todo otro cualquier método de coacción se encuentre prohibido como método de investigación criminal del mismo modo que existe información que solo puede ser obtenida e incorporada como prueba al proceso si existe una autorización judicial expresa. La Constitución Dominicana, en su artículo 8, numerales 1, 2 letra 1, 3 y 9 consagran la inviolabilidad de la vida, la prohibición a obligar a una persona a declarar en contra de sí mismo, la inviolabilidad del domicilio y la inviolabilidad de la correspondencia y de las telecomunicaciones. Tales derechos constituyen a favor del procesado límites infranqueables oponibles al estado en su labor persecutoria., tendente a dejar establecido en justicia la veracidad del acontecimiento de un hecho previsto y sancionado por las leyes penales de la República. La prueba producida irregularmente: La prueba ilícita es aquella que se ha obtenido o valorado con vulneración de derechos constitucionales e implican un perjuicio real y efectivo para alguna de las partes en el proceso. Las mismas no son admitidas en el juicio. De esa manera se dice que no se intentará obtener pruebas en el convencimiento de que no alcanzarán eficacia alguna en el juicio.. La prueba que haya sido el resultado de tales diligencias carece de fuerza probatoria en justicia, toda vez que aunque esta pueda contener en sí misma una TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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fuerza conviccional suficiente para producir condena, no es menos cierto que la justicia no puede aprovecharse de ningún acto contrario a la constitución. TEMA X La prueba preconstituida: La que ha sido preparada con anterioridad al juicio eventual de que se trate, a efectos de acreditar posteriormente en autos el hecho que interese a quien preconstituye la prueba. La declaración del acusado: La confesión es el reconocimiento que hace el inculpado de los hechos que se ponen a su cargo y admite ser autor, coautor o cómplice de una infracción. La confesión puede ser judicial o extrajudicial. La confesión extrajudicial puede ser escrita u oral. La confesión escrita solo constituye un documento de la causa, sometido como cualquier otro documento a la apreciación del juez. La confesión extrajudicial, que no ha sido comprobada por un escrito especial, debe ser establecida por testigos, y la prueba testimonial, tendente a comprobar esta confesión. La confesión que hace el inculpado en justicia, esto es, cuando no puede desconocer las consecuencias de sus declaraciones, parece una prueba superior a las demás. La culpabilidad queda establecida y parece que solo resta aplicar la pena. Los jueces están siempre en la obligación de ponderar la sinceridad de la confesión y en qué medida ella lo es, pues hay confesiones falsas, producto de la imaginación de histéricos, de alcohólicos, de degenerados, que ponen en tela de juicio la sinceridad del acusador. Hay confesiones llamadas penitenciarias, destinadas a procurar un cambio de prisión y también confesiones de jactancia, cuando se trata de crímenes que despiertan la curiosidad pública. Existen dos formas de provocar la confesión. La primera se usó durante siglos, abolida actualmente, que es la tortura. La segunda forma es el interrogatorio, que tiene por finalidad recoger las explicaciones y, por consiguiente, la confesión del inculpado. El interrogatorio TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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tiene lugar en las dos fases del procedimiento, en la instrucción preparatoria y en las instrucción definitiva. Los jueces pueden formar su convicción y dar por única base de su decisión y de la condenación, la confesión del inculpado, la cual como se ha dicho, constituye un elemento de convicción cuya sinceridad debe ser ponderada por los jueces, además la condenación no es la consecuencia forzosa de la confesión; es necesario investigar si las circunstancias de la causa la hacen verosímil. La confesión en materia penal puede ser redactada. El inculpado puede confesar el hecho ante el juez de Instrucción y luego retractar en audiencia esa confesión. Pero los jueces apreciarán la sinceridad de la retractación, tal como aprecian la confesión, con toda libertad y toda independencia.

Prueba testifical: El testimonio es la declaración que hace una persona sobre hechos de los cuales ha tenido conocimiento por si mismo, por haberlos visto u oído. Este modo de prueba es la prueba ordinaria en materia penal, en donde se trata casi siempre de hechos materiales que no se pueden establecer sino por testigos. La prueba testimonial es frágil y peligrosa, porque reposa sobre las percepciones fugaces de los sentidos, sobre la memoria del testigo y sobre una presunción discutible de sinceridad. Los testigos pueden ser oídos en las diversas fases del proceso penal, pero ellos no son oídos de la misma manera y en las mismas condiciones. Antes del ejercicio de la acción pública y con el fin de esclarecer al ministerio público en sus funciones de acusador, los testigos son a menudo llamados por un oficial de la policía judicial. Con el propósito en la medida de lo posible la veracidad de las deposiciones de las personas que declaran en las causas seguidas a otras, existen reglas relativas a los testigos. En principio, toda persona que tenga cierto grado de discernimiento puede actuar como testigo, sea bajo la prestación de juramento, sea sin prestarlo en los casos en que esto último está permitido o prescrito, pues la capacidad se presume y debe darse por establecida, a menos que haya sido controvertida.. No pueden ser testigos: TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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a) Las personas que han sido condenadas por la comisión de ciertas infracciones, esto es, penas aflictivas o infamantes y las condenas a una pena correccional, a quienes se les imponga tal condenación como pena accesoria; están inhabilitados para prestar testimonio en juicio y solo podrán ser oídas para dar simples noticias. b)

Los incapaces mentales.

c) Los menores de edad, quienes ofrecen sus declaraciones en el Tribuna de niños, niñas y adolescentes. d) Las personas que están ligados al inculpado en grado cercano de parentesco o alianza. Pero si no hay oposición de las partes a la declaración de estos, no constituye una causa de nulidad y la irregularidad queda cubierta si el medio correspondiente no es planteado antes de la declaración. e) Los denunciantes recompensados pecuniariamente Pero si no hay oposición de las partes a la declaración de estos, no constituye una causa de nulidad y la irregularidad queda cubierta si el medio correspondiente no es planteado antes de la declaración. f) Las personas que en razón de su calidad no pueden declarar como testigos, como ocurre con los jueces, los representantes del Ministerio Público y los secretarios de los tribunales, en relación a los casos que les conciernen. Las personas citadas como testigos están obligadas a comparecer y a satisfacer la citación, es decir, presentarse y declarar acerca de las circunstancias y hechos que son de su conocimiento y que importan para el establecimiento de la verdad. La obligación de comparecer está limitada por ciertas dispensas, las cuales resultan del grado de parentesco del testigo con el procesado, de la calidad de ciertas personas (El Art.371 del C.P.Cr. establece que que ciertos funcionarios podrán excusarse de comparecer cuando fueren citados como testigos, ej. Presidente de la República, Secretarios de Estado, Procurador General de la República etc); en este caso sus declaraciones podrán ser recibidas por el juez de instrucción, al trasladarse a la morada de estos. También otras personas pueden ser redimidas de la obligación de comparecer si presenta una excusa seria y justificada, como por ejemplo la muerte de un pariente.

TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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Teniendo en cuenta el grado de credibilidad que la ley les acuerda, las personas que deben deponer en justicia acerca de lo que han percibido sensorialmente a propósito de un hecho considerado infracción pueden ser divididas en dos grupos: el de los testigos propiamente hablando, que deben prestar juramento antes de deponer y el de los simples informantes que deben ser oídos sin prestar juramento. Los simples informantes no experimentan coacción de decir la verdad bajo pena de ser juzgados como perjuros. Para establecer la fuerza probatoria del testimonio debemos distinguir el caso en que este se produce en la jurisdicción de instrucción del caso en que tiene lugar en la jurisdicción de juicio. En la primera las deposiciones de los testigos no se toman en cuenta para determinar la culpabilidad del inculpado, teniendo únicamente por objeto, esclarecer al Juez acerca de la procedencia o no de la acusación. La regla del acápite j del ordinal 2 del artículo 8 de la Constitución obligan a que toda sentencia penal debe fundamentarse en los testimonios y en los demás medios de pruebas producidos en el curso del juicio oral y discutidas contradictoriamente entre las partes del proceso. De acuerdo con una jurisprudencia constante, en las jurisdicciones de juicio la apreciación de la fuerza probatoria del testimonio queda abandonada a los jueces, pues la ley no aprecia, ni cuenta, ni pesa cada testimonio. La jurisprudencia constante atribuye a los jueces del fondo, so capa de la soberana apreciación de la prueba que le es reconocida, un verdadero poder arbitrario de la evaluación de los testimonios, pues ellos no tienen que consignar en sus decisiones las razones que los inducen a creer mas en un testigo que en otro, y ni siquiera a reproducir el contenido a sus declaraciones. La ponderación que hagan los jueces de los testimonios, así como el sentido y alcance que les atribuyan, salvo que los desnaturalicen, escapan al control de la Suprema Corte de Justicia como Corte de Casación. Prueba pericial: Es indispensable ordenar un peritaje, cuantas veces se presenta en un proceso penal ciertas cuestiones cuya solución exige conocimientos especiales y técnicos. Cuando se trata, por ejemplo de determinar la causa de una muerte, la composición de una sustancia que se pretende tóxica o falsificada, o la autenticidad de un escrito cuya firma es discutida, la autopsia, el análisis químico y la verificación de escritura. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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El peritaje tiene las siguientes características: 1.- Procede de la comisión del juez, y el perito es calificado de mandatario de la justicia. Un peritaje amigable solo tiene el valor de un simple dato. 2.- El perito es comisionado, sea para emitir la opinión personal y motivada, o bien para realizar una operación material, a la cual no puede proceder el juez, como por ejemplo el levantamiento de un plano, la visita de un enfermo etc. 3.-El juez no puede abandonar al experto el cuidado de juzgar el proceso. El Código de Procedimiento Criminal, en su Art.44, establece que el perito debe ser juramentado antes de realizar sus operaciones, por el magistrado que lo ha comisionado. Puede ser designado por el Juez de Instrucción o por el tribunal. En la instrucción preparatoria, según que haya o no flagrante delito, el peritaje lo ordena el Procurador Fiscal o el Juez de Instrucción. En la jurisdicción de juicio esta medida se ordena de oficio o a petición de las partes, por una sentencia que debe determinar con precisión los puntos que el perito tendrá que resolver. Es al juez y no a las partes a quien corresponde designar el perito. En materia penal el peritaje no es contradictorio. Los peritos redactan un informe acerca de sus operaciones y de las consecuencias que deducen de ellas. La opinión del perito no liga al juez. Desde el punto de vista de su fuerza probatoria no hay que hacer ninguna distinción entre las comprobaciones materiales del informe y las conclusiones que se derivan de él. Los jueces aprecian soberanamente los hechos como los resultados del peritaje. Ellos deben pronunciarse sobre todos los puntos que han sido afirmados por el perito según su íntima convicción. Pero si desde el punto de vista del derecho la opinión del perito no liga al juez, en hecho es casi siempre el perito quien dicta la sentencia, porque el juez no puede descartar las conclusiones de un informe que por la naturaleza de las comprobaciones y de la competencia especial del que las ha hecho, escapa a su examen y aun a su control. La inspección ocular: Es un importantísimo recurso para el análisis de los declaraciones y significativo medio de prueba es la inspección ocular y que a TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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veces da en pocos minutos mejor resultado que largas horas de audiencias de testigos. La inspección ocular representa un importante medio de prueba. La inspección ocular practicase, tanto para el aseguramiento de la prueba como para la realización directa del procedimiento probatorio en la vista de la causa. En nuestra sentencia procesal este medio de prueba es llamado visita a los lugares o descenso a los lugares. Es evidente que en muchas ocasiones la inspección de los lugares en donde no ha sido cometido los hechos, así como la reconstrucción de los mismos, puede ser de gran valor para el establecimiento de la verdad. Prueba documental: Los documentos se clasifican en dos categorías: documentos materiales y los documentos instrumentales. Los primeros constituyen el objeto, el producto o el instrumento del delito (Ej. Los artículos robados o el arma con que fue cometido un homicidio. Los segundos, que son los documentos, resultan de las actas y otros escritos destinados a expresar las relaciones jurídicas. Los documentos instrumentales se dividen desde el punto de vista de la forma, en: actas auténticas, actas bajo firma privada y registros o papeles domésticos, notas, cartas etc.; desde el punto de vista de su contenido, en documentos que establecen la confesión del culpable, en escritos que representan el testimonio de un tercero, en documentos que constituyen la materia misma del delito y en títulos del proceso que se relacionan directa o indirectamente con el delito. Las actas auténticas tendrán ante la justicia criminal, la misma fuerza que ante la justicia civil, en cuanto a la prueba de su origen y procedencia, las actas auténticas no tienen una fuerza probatoria excepcional, como en materia civil. Los procesos verbales son actas redactadas por oficiales públicos competentes destinados a comprobar la existencia de una infracción, sus circunstancias, los vestigios que haya dejado y todos los hechos que puedan conducir a identificar a los autores.. Los procesos verbales no constituyen el título de la acción pública, son simplemente pruebas en apoyo de ella. Los procesos verbales cuando han sido redactados no tienen todos la misma fuerza probatoria, unos valen como simples datos, otros hacen fe hasta prueba en contrario y otros hasta inscripción en falsedad. Procesos verbales destinados a servir como simples datos: En materia de crímenes y delitos previstos por el Código penal, los procesos verbales, cual que sean los agentes que los hayan instrumentado, no son sino documentos de la TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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causa susceptibles de ser debatidos, como los testimonios y no entraña, en ningún grado, la convicción del juez. Procesos verbales que hacen fe hasta prueba contraria: en materia de contravenciones y de ciertos delitos, cuya comprobación pertenece a oficiales que han recibido de la ley una delegación especial para investigarlas, estos hacen fe hasta prueba en contrario y son los realizados por jefes y oficiales de la Policía Nacional; alcaldes pedáneos, inspectores sanitarios, inspectores de inmigración etc. Procesos verbales que hacen fe hasta inscripción en falsedad: El derecho a ser creído hasta inscripción en falsedad es excepcional. Es necesario que los agentes sean investidos expresamente por un texto legal, como ocurre con las infracciones a las leyes de rentas internas, de tránsito de vehículos y de distribución de aguas públicas. Los procesos verbales no prueban sino los hechos materiales relativos a los delitos y contravenciones que el oficial redactor ha comprobado personalmente, recibiendo la confesión y la declaración del inculpado. Si el inculpado niega que haya hecho tal confesión o tal declaración, debe emplear según los casos para hacer caer la realidad de esta confesión o de esta declaración, sea la vía de la inscripción en falsedad o bien la prueba en contrario. Los procesos verbales redactados por los oficiales de la policía judicial que han recibido una delegación especial para comprobar las infracciones hacen fe hasta prueba contraria y su autoridad puede ser combatida , al tenor del artículo 154, por la prueba testimonial administrada regularmente o por la prueba escrita, pudiendo los agentes que comprueban la infracción ser oídos como testigos para que se expliquen sobre los hechos comprobados. Los Escritos privados: La producción de los escritos bajo firma privada pueden dar lugar, en materia penal, a un incidente. Si los escritos son denegados por la persona a quien se oponen, ellos deben ser sometidos a la verificación de escritura, de conformidad con los artículos 316 y siguientes del Código de Procedimiento Criminal. Esta verificación se hará por peritos, por medio de piezas de comparación, actas auténticas o documentos privados, cuyos depositarios estarán obligados a entregar a la justicia, si son requeridos. Las cartas constituyen una categoría de escritos que, por su naturaleza misma, figuran a menudo en los procesos criminales y en las instancias civiles. El TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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secreto de la correspondencia debe ceder ante ciertas consideraciones de orden superior y especialmente a las necesidades de la justicia penal. De modo que las cartas dirigidas al prevenido o emanadas de él, suministran un medio legítimo de establecer su culpabilidad. Estas podrán ser sometidas a los debates, pero bajo la condición expresa de que hayan sido legalmente ocupadas por la justicia. La fuerza probatoria de los escritos producidos en un proceso penal dependerá de la naturaleza del litigio, más que de la naturaleza de la jurisdicción. Si se trata de establecer por este procedimiento la culpabilidad, el escrito será un documento de la causa sometido a la libre apreciación del juez. Prueba por indicios: indicio quiere decir en nuestro idioma signo aparente y probable de que existe una cosa, o sea, una evidencia, una apariencia, una posibilidad bien fundada, pero no una certeza categórica. La prueba por indicios tiene como punto de partida hechos y circunstancias que se suponen establecidos para deducir de ellos el hecho discutido, la incógnita del problema, que en el proceso penal es la culpabilidad. Es a la inteligencia del Juez, a la rectitud de su razonamiento, a su método, a su lógica, a lo que las partes recurren. Betham titula las pruebas por indicios, pruebas circunstanciales, porque ellas se fundan sobre las relaciones lógicas que existen entre ciertos hechos, ciertas circunstancias comprobadas y otros hechos y circunstancias que se trata de establecer. En materia de instrucción criminal basta que se detecten indicios de culpabilidad para que el juez de instrucción envíe el proceso al tribunal, a fin de que se abra un juicio donde se ventilen los hechos de manera pública, oral y contradictoria. Los indicios que se exigen en materia de instrucción criminal deben ser serios, precisos, graves y concordantes. TEMA XI La sentencia: estructura y contenido: Sentencia: Es el acto jurisdiccional mediante el cual un Tribunal con aptitud para conocer sobre un asunto que le ha sido sometido a su consideración, TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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resuelve conflictos o la controversia planteada, aplicando las normas legales que corresponden a cada caso en particular. La sentencia que evacue un Tribunal tiene que estar debidamente motivadas, con una correcta relación en los hechos y el derecho y que contenga los textos legales. Es necesario que el Juez deje plasmado en sus sentencia en que se basó para tomar la decisión. La íntima convicción del Juez es el fundamento principal de su decisión, convicción ésta que tiene que estar sostenida por las pruebas debatidas en el Tribunal, no es tan sólo la apreciación del Juez de cómo se produjeron los hechos sometidos a su consideración y posterior decisión; La primera condición de validez de una sentencia dictada en materia penal, es que la jurisdicción que la dicta se haya constituido legalmente, siendo necesaria la presencia del Juez o Jueces, además del representante del Ministerio Público y del Secretario. Las deliberaciones de los Tribunales colegiado debe ser en secreto y en principio su decisión debe ser adoptada por mayoría absoluta de votos. En caso de empate éste debe ser resuelto a favor del inculpado por aplicación de la máxima In Dubio Pro reo. La sentencia en materia correccional, está bajo las formas que prevén los artículos 177 y siguientes del Código de Procedimiento Criminal, en (copiar) En materia criminal la sentencia está en los artículos 271 y siguientes del mismo Código, (copiar) La ley 821 sobre Organización Judicial en sus artículos 17 y 19 y 14 del Código de Procedimiento Civil, establecen los requisitos de fondo y de forma que ha de contener la sentencia que emana del Juez o del Tribunal, todas estas reglas propias del derecho común son aplicables a todas las sentencias que dicten los Tribunales, las cuales deben ser encabezadas “En nombre de la República Dominicana”. La formalidad principal de la sentencia es la publicidad, toda sentencia debe ser leída públicamente en audiencia en el Tribunal, en fecha y día, lo cual será certificada por la secretaria del Tribunal. Las sentencias deben indicar el texto aplicado, que los debates fueron celebrados públicamente; y en caso de haberlo hecho a puerta cerrada. La indicación de tal cosa. En materia criminal, el fallo debe ser pronunciado en la audiencia que termine la instrucción, en materia contravencional y correccional al decisión puede ser aplazada para la audiencia siguiente. Toda sentencia para estar correctamente instrumentada debe cumplir y a la vez constituir los cincos planos esenciales, los cuales a su vez, han sido conceptualizados de la manera siguiente: 1- Plano fáctico, esta concentrado en el TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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estudio, ponderación y fijación de los hechos. /hechos controvertidos y no controvertidos); 2- Plano regulatorio: contempla el ordenamiento jurídico y la jerarquía de los usos del derecho; 3- el plano lógico: es el que da coherencia racional a las decisiones judiciales (aplicación del derecho sobre los hechos consumados); 4- El plano linguistico: se refiere a la expresión material de la decisión dictada por el Juez (la sentencia debe ser redactada en un lenguaje jurídico llano, no rebuscado, sencillo, entendible, pero con carácter y fundamento jurídico; 5- Plano axiológico: es el que cuenta su preocupación por los valores jurídicos que subyacen en cada decisión adoptada por el mismo (la decisión del Juez en función de su eficacia y validez dentro del ordenamiento jurídico); Motivación: Aunque la ley exige la motivación de las sentencias condenatorias dictada en materia contravencional en principio todas deben serlo en materia penal por aplicación extensiva del artículo 163 del Código de Procedimiento Civil, y por argumento deducido del artículo 15 de la Ley 1014, que permite dictar sentencias en dispositivo a reservas de motivarlas después, en un plazo de Cinco (5) días; por tratarse de una formalidad que tiende a proporcionar a las partes un mínimo de garantía. La obligación de motivar las sentencias es sustancial, prescrita a pena de nulidad. No basta con que la sentencia sea motivada, sino que es preciso que los motivos sean lo suficientemente claros y precisos, como para justificar la decisión, debe consignar todas las circunstancias que caracterizan la infracción y calificar los hechos de acuerdo con el texto de Ley aplicado. Valoración de la prueba: En el derecho positivo, se ha oscilado entre el sistema de la Prueba Legal y el de la Prueba Moral o de la Intima Convicción. En el primero la ley organiza los medios de investigar y de establecer la culpabilidad y se da por sentado que esta queda demostrada por la reunión de circunstancias cuyo concurso determina la forma en que forzosamente ha de fallar el Juez, pero en ausencia de las cuales no puede condenar al inculpado, es decir, se fija de antemano el valor de las pruebas. En el segundo se admite que un hecho puede ser probado por todos los medios, pero el Juez queda en entera libertad para decidir de acuerdo con la impresión que han causado en su ánimo los diversos elementos de prueba que le han sido cometidos, juzga conforme a su íntima convicción. La aplicación del principio de que el Juez debe fallar, basándose en su íntima convicción no tiene un carácter absoluto, pues en ocasiones la ley atribuye determinado valor probatorio a ciertos medios, crea presunciones de culpabilidad en perjuicio del inculpado o establece normas que él no puede dejar de seguir. El Ministerio Público o la parte que constituya no están dispensados de probar los hechos de la inculpación, para que un inculpado sea condenado es preciso destruir la presunción de inocencia. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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Este principio (íntima convicción), plantea el valor que puede tener el conocimiento personal que de los hechos adquiera fuera del ejercicio de sus funciones. En ese caso se trataría de un elemento probatorio que escaparía a los debates, o sea, la discusión pública y contradictoria que garantiza el derecho de defensa. Debe ser anulada toda sentencia basada en el conocimiento personal adquirido por el Juez fuera del ejercicio de sus funciones. El debe inhibirse cuando posee conocimiento personal de la infracción, pudiendo ser citado como testigo y oído como tal. La presunción de inocencia: La presunción de inocencia es uno de los llamados derechos humanos implícitos, consagrado de este modo por el artículo 10 de la Constitución, que le reconoce esta categoría y de manera expresa en el artículo 11, acápite 1, de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el artículo 14, acápite 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Además el artículo 90 de la Ley 224 sobre Régimen Penitenciario vigente, consagra la presunción de inocencia de los reclusos encarcelados o sujetos a prisión preventiva. Como consecuencia jurídica del principio de la presunción de inocencia, que fundamenta el procedimiento penal, tanto en su fase de instrucción como en el juicio de fondo, y dada su naturaleza constitucional, como derecho humano implícito, obliga a ser respetada por todos los poderes públicos y se impone su vigencia en todas las fases de la persecución de culpabilidad, en su perjuicio. En la doctrina se afirma que la presunción de inocencia es una aplicación del principio general favori reo que rige en las soluciones del derecho penal moderno, lo que significa que toda persecución, proceso y decisión parten de la presunción de inocencia del inculpado. El principio indubio pro reo: La máxima indubio pro reo (la duda favorece al reo) está destinada al juez penal, como regla conduce a la valoración de los medios de pruebas que le han sido regularmente producidos en el desenvolvimiento del proceso. Si los mismos no le han aportado la certeza moral inequívoca sobre la culpabilidad del inculpado, debe absorberlo. Lo que significa que el indubio pro reo es el proceso subjetivo de la valoración de la prueba que hace el juez; se diferencia de la presunción de inocencia en que esta es una situación jurídica en que se encuentra el inculpado, mientras que el indubio pro reo obliga al juez penal a determinar si han sido aportados los medios de prueba suficientes, para destruir el principio de presunción de inocencia. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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Conforme a la norma indubio pro reo, un conjunto de sospechas y posibilidades no pueden desvirtuar la presunción de inocencia, por lo que, cuando una condenación se fundamente en indicios admitidos por el tribunal, es necesario que el juez exponga en su sentencia los motivos o criterios que han precedido la valoración de indicios, como medios probatorios de los hechos constitutivos del delito. Efectos de la sentencia: La sentencia por ser el acto jurisdiccional que termina la instancia, produce estos efectos: Desapoderamiento del Tribunal del conocimiento del proceso; 2- Declaración o constitución de un derecho o de una situación jurídica según el caso; 3Autoridad de la cosa juzgada; 4- Fuerza ejecutoria; Una vez pronunciada la sentencia por el Tribunal, en nuestro derecho existen dos soluciones posibles, el descargo o la condenación. El acusado es descargado cuando ha sido declarado no culpable de los hechos que le son imputados. Debiendo ser motivados claramente las razones de hecho y de derecho del descargo o la condenación sentencia Las sentencias en materia penal pueden ser dictadas en dispositivo. Por tanto resulta que la simple lectura del dispositivo de la sentencia hace correr el plazo de los recursos correspondientes. Por consiguiente, la notificación hecha a la parte civil del dispositivo de la sentencia , es suficiente para el conocimiento de la misma, si se tiene en cuenta que el artículo 15 de la Ley 1014 autoriza a los tribunales penales a dictar sus fallos en dispositivo. La lectura de una sentencia dada en dispositivo, tiene el mismo efecto que las sentencias motivadas en lo que respecta a su ejecución. La cosa juzgada penal: Del principio consagrado en el artículo 8, ordinal 2, acápite H, de la Constitución, según el cual “Nadie podrá ser juzgado dos veces por una misma causa”, se deriva la máxima “Non bis in iden”. Que significa que ninguna persona puede ser castigada nuevamente por hechos que fueron el objeto de una sentencia penal anterior.

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Lo ya juzgado sobre la acción pública ejerce su autoridad de manera negativa ante el Juez que conoce de los asuntos penales al impedir que una persona pueda ser juzgada o más exactamente condenada meramente por el mismo hecho. No obstante el carácter constitucional del principio, es posible que se inicien nuevas persecuciones contra el inculpado, proponiendo ante el Juez que conoce del nuevo proceso penal la excepción de la cosa juzgada, y al ser de orden público, obliga al Ministerio Público a plantearla y al Juez a aplicarla de oficio, puede ser invocada en todo estado de causa y aún por primera vez en apelación o en casación. La ordenanza de no ha lugar dictada por el Juez de instrucción, si se basa en una razón de derecho. Ejemplo. Si se el hecho que se imputa no esta incriminado, cuando la acción pública esta extinguida a consecuencia de una amnistía o por prescripción, la ordenanza es definitiva y constituye un obstáculo insalvable para la realización de nuevas persecuciones. Si se fundamenta en una razón de hecho. Si aparecen nuevos cargos es posible reabrir la instrucción. La ordenanza de envío o providencia calificativa como su única finalidad es la de declarar que existen cargos suficientes para el apoderamiento del Juzgado de Primera Instancia, pero no toca el fondo, no adquiere la autoridad de la cosa juzgada. Las decisiones de las jurisdicciones de juicio tienen la autoridad de la cosa juzgada, lo cual impide la apertura de un nuevo proceso por los mismos hechos que sirven de base una sentencia precedente de descargo de condenación, para que pueda invocarse la autoridad de la cosa juzgada en materia penal es necesario que entre ambas persecuciones haya identidad de objeto de partes y de causa. Las decisiones dictadas sobre la acción pública tienen en cuanto a los intereses civiles la autoridad de la cosa juzgada, que es oponible a todo el mundo de lo cual se deriva que... “no está permitido al Juez civil desconocer lo que ha sido necesaria y ciertamente disidido por el Juez criminal, sobre la existencia del hecho incriminado que forma la base común de la acción civil y de la acción penal, sobre la calificación y la culpabilidad de aquel a quien es imputado el hecho. No hay disposición legal que consagre el alcance de la autoridad de la cosa juzgada en lo penal sobre lo civil, su fundamento reside en el principio general de la preeminencia de la decisión penal en comparación con la decisión civil. La decisión recaída sobre la cuestión penal tiene una autoridad absoluta sobre la controversias relacionadas con los intereses civiles respecto de cualquier acción derivada del hecho constitutivo de la infracción y respecto de cualquier persona, aunque esa persona no hubiere figurado en la instancia penal. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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Dada la naturaleza, el principio de la autoridad de la cosa juzgada en lo penal sobre lo civil, es necesario reconocer su carácter de orden público aunque la jurisprudencia Francesa no se lo reconoce y lo considera de interés privado. TEMA XII Los recursos en el proceso penal: Los recursos son los medios o las vías que la ley pone a disposición de las partes para atacar una sentencia. Las vías de recursos se dividen en dos grandes categorías: las que tienen por objeto impedir que la sentencia adquiera la autoridad de la cosa juzgada y las que no producen ese efecto. Entre las primeras hay que hacer una sub-división: vías de recursos ordinarias y las vías de recursos extraordinarias. Las ordinarias son la oposición y la apelación. Las extraordinarias son la casación y la revisión. Las vías ordinarias tienen por objeto un nuevo un nuevo examen del proceso, toda vez que mediante estos la parte a quien se causa agravio se queja de que el asunto ha sido mal juzgado. La oposición y la apelación son vías de recurso de derecho común, las cuales existen siempre, a menos que una disposición formal de la ley las prohíba. En cambio cuando se trata de un recurso extraordinario, el recurso de casación por ejemplo, el recurrente no se queja de que el asunto ha sido mal juzgado, sino de que la sentencia contiene una violación de la ley. Es un recurso que va dirigido contra la sentencia. La Suprema Corte de Justicia como Corte de casación , es un intermediario entre el Juez y la ley, lo que juzga es si la sentencia ha sido juzgada conforme a derecho. Si considera que se ha cometido una violación de la ley, anula la sentencia y envía el asunto ante otro tribunal de la misma categoría, a fin de que este juzgue el fondo. Las vías de recurso que no tienen por objeto evitar que la sentencia adquiera la autoridad de la cosa juzgada son: casación en interés de la ley, que es un recurso platónico, teórico y la revisión.

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Recursos Ordinarios: La oposición: es una vía de retractación que se intenta ante el mismo tribunal que ha dictado la sentencia en defecto. El objeto de la oposición es garantizar el principio de la contradicción, puesto que nadie debe ser juzgado y condenado definitivamente sin habérsele dado la oportunidad de defenderse. Este recurso existe en materia de simple policía y en materia correccional. (Art. 151 y 186). Se interpone a través de una declaración en secretaría en secretaría del tribubal que dictó la sentencia. Puede ser a través de un acto de alguacil. Tiene por punto de partida la notificación de la sentencia, la cual debe hacerse a persona o a domicilio. Para que una persona pueda ser juzgada en defecto es necesario que el prevenido haya sido citado regularmente. El plazo para la interposición de este recurso es de 24 horas en asuntos de simple policía (Juzgados de Paz) y 5 días en materia correccional mas el aumento en razón de la sentencia, este plazo no es franco y por tanto el día del vencimiento se computa en el término. Ahora bien, si la notificación de la sentencia no ha sido a persona sino a domicilio, y si el prevenido no ha tenido conocimiento de la notificación, el plazo de la oposición no es de cinco días; el prevenido puede hacer oposición mientras dure el plazo de la prescripción de la pena, o sea cinco años, pues es muy posible que la notificación no haya llegado a su conocimiento, desde luego ese plazo es excepcional, solo se refiere al defecto del prevenido y a las condenaciones penales. Con respecto a la parte civil el plazo de la oposición es de cinco días solamente. Produce efectos triple. Suspensivo (se suspende la ejecución de la sentencia) y extintivo ( aniquila, mata o hace desaparecer la sentencia) y un efecto devolutivo porque sitúa a las partes en el estado en que se encontraban antes de la sentencia objeto de la oposición . La Apelación: Es una vía de reforma y se intenta siempre ante una jurisdicción superior.. El apelante se queja de los agravios que le ha causado la sentencia de un tribunal inferior. Se hace mediante declaración en la secretaría del tribunal que dictó la sentencia. Se interpone en un plazo de 10 días. A partir del pronunciamiento de la sentencia TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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cuando ha sido contradictoria y a partir de la notificación de la sentencia cuando esta ha sido dictada en defecto. Tiene dos efectos : Suspensivo (se suspende la ejecución de la sentencia) y devolutivo (a causa de su interposición, el caso debe ser conocido nuevamente por una jurisdicción superior a la del tribunal que dictó la sentencia.). Su ejercicio corresponde a: el prevenido, la parte civilmente responsable, la parte civil, ministerio público y terceros. En materia represiva los plazos de la oposición y de la apelación son simultáneos y no sucesivos. Ambos plazos corren paralelamente. El plazo de la apelación no está suspendido durante el plazo de la oposición, que es de cinco días en materia correccional, a partir de la notificación de la sentencia. El prevenido condenado en defecto tiene durante ese plazo, el derecho de elegir entre las dos vías de recurso. Puede abandonar la oposición para intentar el recurso de apelación. Recursos Extraordinarios: La Casación: mediante la interposición de este recurso, la Suprema Corte de Justicia, establece si la ley ha sido bien o mal aplicada. Debe ser interpuesto en un plazo de 10 días, contados desde la fecha del pronunciamiento de la sentencia si el acusado estuvo presente en la audiencia; de lo contrario el plazo no corre sino a partir de la notificación de la sentencia. Se interpone mediante la declaración verbal del recurso que debe hacer el interesado o su representante en la secretaría del tribunal que dictó la sentencia. Sentencias que son susceptibles de este recurso: puede ser formulada contra todas las sentencias penales dictadas en última instancia o en instancia única, por los tribunales del orden judicial (Art.1). Es preciso que la sentencia sea definitiva o cuando menos interlocutoria, esto es que prejuzgue el fondo del asunto. Medios de Casación: a) b) c) d)

Violación de las reglas de forma prescritas por la ley. Composición ilegal de la jurisdicción. Incompetencia y exceso de poder. Falta de publicidad de las audiencias.

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e) f) g) h)

Falta insuficiente o contradicción de motivos. Omisión de estatuir. Contrariedad de sentencia. Violación de una regla de fondo.

La Suprema Corte de Justicia no examina los hechos y su intervención se limita a verificar si la ley ha sido exactamente aplicada a los hechos establecidos soberanamente por los jueces de fondo, si las reglas de la competencia han sido observadas y si las formas prescritas han sido cumplidas.. El día de la audiencia fijada por el presidente, después de haber dictaminado el Procurador General de la República, las partes leeránb sus conclusiones y el ministerio público su dictamen. El recurso de casación produce un efecto suspensivo, la cual resulta del plazo mismo. Devolutivo: limitado en su extensión a los puntos de la sentencia que ha sido impugnados, y en su intensidad, por el interés del recurrente. La Revisión (penal): un tribunal puede incurrir en un error de hecho, sea descargando a un culpable o bien condenando a un inocente. Si se ha equivocado a favor del prevenido o acusado, la cosa juzgada constituye para este un derecho inviolable. Pero si ese error ha sido en su perjuicio la máxima “Res judicata pro veritage habetur” no constituye un obstáculo insuperable para la manifestación de la verdad. La revisión comprende dos operaciones distintas: el rescidente y el rescicrio. La primera, confiada a la Suprema Corte de Justicia, consiste en verificar la existencia de condenación. La otra, que debería siempre ser privativa de los jueces del fondo, puesto que plantea la cuestión de culpabilidad, es confiada a veces a la Suprema Corte de Justicia. (ver arts. 305 y 314 del C.p.Cr.). El Art. 305, establece cuatro casos en los que se puede interponer la revisión: 1.- Cuando después de una condenación en homicidio, se presentan indicios suficientes de que la supuesta víctima está viva. Este caso incluye el asesinato, las heridas que han causado la muerte y el homicidio por imprudencia. 2.- En caso de contradicción de sentencias, por ejemplo: una persona ha sido condenada por homicidio. Más tarde interviene una sentencia que condena a un tercero por haber dado muerte a la misma persona, pero resulta de ambas TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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sentencias que el homicidio ha sido perpetrado por un agente único. Ambas decisiones son inconciliables. 3.- Cuando un testigo supone oído en el curso de un proceso ha sido, después de la condenación, condenado el mismo por falso testimonio contra el acusado o prevenido. 4.- En caso de que después de la condenación se produzca un hecho nuevo que por su naturaleza demuestre la inocencia del condenado.. Por ejemplo la confesión de un tercero, posterior a la condenación, por la cual reconoce que es autor del crimen por el cual otro ha sido condenado. Ejecución de la sentencia penal: la ejecución de las sentencia dictadas por los tribunales que juzgan penalmente se realiza, en cuanto al aspecto penal, a requerimiento del Ministerio Público, y en lo tocante al civil, a diligencia de las partes privadas, pero hay un caso que podríamos llamar intermedio, que es aquel en el cual el Tribunal autoriza la ejecución de una condenación civil, por la vía del apremio corporal. Los principales problemas que se presentan al ejecutar las penas privativas de libertar concierne a la imputación de la detención preventiva y al modo de calcular la duración de la pena. La imputación de la detención preventiva comienza a ejecutarse a partir del momento en que la sentencia se haga definitiva, es decir, cuando ha venido hacer irrevocable, pero como el condenado puede haber sido privado de su libertad antes de que tal cosa ocurra, sea a consecuencia de un mandamiento de prevención o de prisión preventiva, sea por efecto de la sentencia de Primera Instancia, es justo tenerlo en cuenta. La imputación es aplicable a las penas criminales lo mismo que a las correccionales y de simple policía. Siendo una práctica muy corriente en nuestro Tribunal, la de condenar al prevenido o acusado a prisión cumplida. Asimismo, si el condenado no desea o no puede pagar la condenación pecuniaria, esta se resuelve en prisión. (art. 52 Código Penal). El carácter de la imputación opera de pleno derecho, sin necesidad de que sea pronunciada. El computo de las penas privativas de libertad, su duración se cuenta de día a día. La pena de día, se calcula de hora a hora, por días completos de 28 horas.

La legislación penitenciaria: TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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La Constitución y la Ley 224 sobre Régimen Penitenciario. Contienen disposiciones que estructuran el sistema carcelario y las obligaciones y derechos de los reclusos. Art.1 de la Ley 224, dispone: Los establecimientos penales se clasifican en penitenciarias, cárceles, presidios e instintos especiales. En las Penintenciarías cumplirán sus condenas los reclusos sujetos a penas de privación de libertad superiores a dos años; en los Presidios lo harán los condenados a penas inferiores a dos años; en las Cárceles permanecerán los reclusos mientras dure su prisión preventiva. Los Institutos especiales son aquellos donde son recluidos condenados con características especiales tales como: enfermos mentales, reclusos primarios o que se encuentren dentro del período de prueba. Podrán ser establecimientos abiertos o granjas agrícolas. El Poder Ejecutivo determinará los lugares en que existan establecimientos de una y otra clase, pero en cada Distrito Judicial existirá necesariamente una cárcel. Cuando en la localidad no existieren construcciones separadas, en un mismo edificio podrán ser alojados reclusos que debieren estar internados en penitenciarías, presidios y cárcel, debidamente clasificados. Se entiende por recluso toda persona que se encuentre privada de libertad, en virtud de orden emanada de autoridad judicial competente e internada en alguno de los establecimientos a que se refiere el Art.1. El Art.6 de esta Ley establece que se crea la Dirección General de Prisiones como un organismo central dependiente de la Procuraduría General de la República y bajo cuya dirección y control estarán todos los establecimientos penales del país; teniendo dicho institución a su cargo la atención de los reclusos, con miras a obtener su readaptación, eliminar o destruir su peligrosidad y atender sus necesidades de orden moral o material. Algunas de sus funciones principales son las siguientes: a) Dirigir y supervigilar la marcha administrativa, técnica y orgánica del servicio. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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b)

Disponer proyectos de reglamentos para el servicio.

c) Destinar, trasladar y suspender a los empleados y funcionarios del servicio, a los cargos que corresponda, de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias. d) Disponer el traslado de los reclusos a su permanencia en lo establecimientos penitenciarios y de readaptación Art.11. Habrá establecimientos separados para hombres y mujeres. En aquellas localidades en que esto no fuere posible, se habilitarán, en un mismo establecimiento, seccionales totalmente independientes, de tal modo que no pueda existir comunicación alguna entre las clases de reclusos mencionados. Los establecimientos de menores seguirán regidos por su ley especial. Art. 13. El régimen penitenciario aplicable a los condenados por sentencias, definitivas, en aquellas penas que por su duración lo permitan, tendrán carácter progresivo y contará de tres períodos fundamentales: 1)

observación; 2) de tratamiento; 3) de prueba.

Art. 14. Durante el período de observación que durará entre diez y treinta días se mantendrá al recluso en dependencia separad del resto de la población penal que se encuentra en otros períodos de tratamientos, y se efectuará el estudio de su personalidad, de su medio social, y de sus antecedentes personales, para determinar el tipo de tratamiento que le ha de ser aplicado. Art. 15. Durante el período de tratamiento se intentará la rehabilitación del recluso, mediante la instrucción, el trabajo y la asistencia espiritual, la disciplina entre otros. Art.16. El período de prueba comenzará a aplicarse de la manera siguiente: Para aquellos condenados hasta cinco años después del cumplimiento de un tercio de la pena; en situaciones especiales se podrá proponer la puesta en prueba de algún recluso que no caiga dentro de estas disposiciones. SEGUIR ESTUDIANDO DE LA LEY 224 A PARTIR DEL ART.20. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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La Administración penitenciaria: La Ley 224 establece que la Dirección General de Prisiones, un organismo central dependiente de la Procuraduría General de la República, mantiene la dirección y control de todos los establecimientos penales del país. Sin embargo, la administración interna y la seguridad de los centros penales está a cargo de las fuerzas de seguridad del Estado, el Ejército Nacional y la Policía Nacional. De las 32 cárceles que tiene el Sistema de Prisiones, 22 están bajo la seguridad del Ejército Nacional y 10 de la Policía Nacional. Un importante número de estas instituciones se encuentran dentro de las fortalezas del Ejército Nacional y de los cuarteles de la Policía Nacional. Cooperación jurídica internacional en materia penal: Hoy día, cuando los Estados están ligados por lazos tan estrechos de solidaridad y de interdependencia, la extradición no puede tener otro fundamento visible, que el de la necesidad en que se encuentran todos de cooperar en la lucha emprendida contra las causas de la delincuencia para prevenir a la sociedad universal de los males que esta le acarrea. La extradición ha sido regulada por tratados concertados entre diversos Estados, o más, en los cuales se comprometen a entregarse recíprocamene ciertos delincuentes, mediante el cumplimiento de determinados requisitos o formalidades.

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La extradición: Definición: Es el acto por el cual un Estado, en cuyo territorio se ha refugiado un inculpado o un condenado que ha cometido una infracción en otro país o contra la seguridad o el crédito de otro país, que lo reclama, lo entrega a las autoridades de este, para juzgarlo o para ejecutarle la pena impuesta. Es considerada un acto de asistencia jurídica internacional. Todo procedimiento de extradición supone la existencia de dos condiciones fundamentales: la de una infracción, y la de un agente inculpado de haberla cometido o que ha sido condenado a sufrir una pena a causa de ellas. Las relaciones son relativas a la persona perseguida y al hecho cometido. Procedimiento de extradición: Nuestro procedimiento sobre extradición está regido por la Ley No.489 del 22 de octubre de 1969. Esta ley dispone que el Poder Ejecutivo es la autoridad competente para pedir y conceder la extradición, por tratarse de un acto de soberanía. Aun que no hay tratados, la extradición podrá ser solicitada o concedida por el Estado Dominicano, de conformidad con el principio de reciprocidad y la práctica del Derecho entre los Estados . Además se establece como principio la no entrega de los nacionales, pero podrán ser enjuiciados y traducidos a los Tribunales Dominicanos mediante solicitud de parte agraviada si el delito que se le imputa estuviere incriminado por la ley dominicana. En cuanto a la extradición de un extranjero, no se concede por delitos políticos ni por infracciones conexas con estos delitos. En general solamente se incluyen las infracciones de cierta gravedad (crímenes y delitos), nunca las contravenciones, salvo lo que al respecto dispongan los tratados. Demanda de extradición emanada del Estado Dominicano: En nuestro país el representante del Ministerio Público, que tiene a su cargo la persecución penal o la ejecución de la condenación pronunciada, desde que tiene conocimiento de que el delincuente ha abandonado el territorio nacional y se ha refugiado en el otro país , hace llegar por mediación del Magistrado Procurador General de la República, un requerimiento de entrega del perseguido a la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores o a la que haga sus veces, quien la envía a los representantes diplomáticos dominicanos acreditados en el país de TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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refugio, y a falta de estos a los agentes consulares, quienes a su vez la hacen llegar al órgano de relaciones exteriores correspondientes en ese país. Dicha solicitud debe ir acompañada de los documentos siguientes escritos en el idioma del país de refugio: a) copia auténtica de la sentencia de condenación, si la ha habido; b) copia de la orden de prisión dictada por la autoridad competente; c) de ser posible, la filiación y demás datos útiles para identificar al delincuente: nombre, apellido, apodo, edad, profesión, estado civil, indicación con todos los detalles de los hechos que constituye la infracción, texto de la ley que sirve de base a la acusación y de ser posible fotografía del inculpado. Art. 10. La Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores al recibir el expediente, lo referirá al Embajador Encargado de la División de Asuntos Jurídicos para que éste compruebe si los Tratados en vigor autorizan la extradición en la especie y para los hechos a que se refiere la acusación, así como si se ajusta y han cumplido los requisitos establecidos con esta ley (Ley 489). Art. 11. El Embajador Encargado de la División de Asuntos Jurídicos, después de haber hecho las comprobaciones indicadas en el artículo anterior, lo devolverá al Secretario de Estado de Relaciones Exteriores con su informe y opinión. Art.12. El Secretario de Estado de Relaciones Exteriores, someterá el expediente al Poder Ejecutivo, con sus recomendaciones, para que éste adopte la decisión final. Art.13. Si el Poder Ejecutivo acoge favorablemente la solicitud de extradición, devolverá el expediente al Secretario de Estado de Relaciones Exteriores para que éste formule la demanda por intermedio del representante diplomático dominicano acreditado en el país requerido. Demanda de extradición dirigida al Estado Dominicano: La demanda será tramitada por la vía diplomática y por intermedio del agente diplomático acreditado ante el Gobierno Dominicano. Art.15. El Secretario de Estado de Relaciones Exteriores referirá la solicitud al Embajador Encargado de la División de Asuntos Jurídicos para que éste verifique la regularidad de la demanda, quien podrá reenviarla al agente diplomático si hubiere necesidad de completar el expediente. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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Art.16. Una vez completo el expediente lo devolverá para el Secretario de Estado de Relaciones Exteriores lo refiera al Procurador General de la República, quien examinará el fondo de la demanda. En caso de duda, este funcionario podrá solicitar datos adicionales por intermedio del Secretario de Estado de Relaciones Exteriores. Art.17. Apoderado el Expediente, el Procurador General de la República comprobará: a) Que el Estado requeriente tiene competencia para juzgar el hecho delictuoso que se imputa. b) Que el hecho a que se refiere la demanda está comprendido dentro de la enumeración del Art.4 de esta ley, y que está sancionado, tanto en la legislación del país requeriente como en la legislación dominicana, así como no caer dentro de las excepciones que establece la presente ley. c) Que el hecho esté sancionado con más de un año de prisión tanto en la legislación del país requeriente como en la legislación dominicana. d) Que la acción no haya prescrito o caducado, ni al amparo de la legislación dominicana. e) Que dicha persona tampoco haya sido absuelta o descargada por una sentencia dictada por un tribunal dominicano, ni cumplimiento condena en la República Dominicana por delito que sirva de base a la demanda. Art.18. El Procurador General de la República hará citar al inculpado por el ministerio de Alguacil, para fines de interrogatorio y con el propósito de oírlo antes de formular su dictamen, debiendo consignar esta circunstancia en su dictamen. El encausado al comparecer por ante el Procurador General de la República tiene la facultad de hacerse acompañar de un Abogado para asesoramiento o defensa, así como asistir solo a discutir el pedido de extradición y probar la falta de cumplimiento de las disposiciones legales si lo cree conveniente. Art.19. Si el individuo cuya extradición se persigue alega tener la nacionalidad dominicana o haberla adquirido por naturalización antes de la comisión del hecho que sirve de base a la demanda de extradición; o que la demanda de TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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extradición se refiere a otra persona; o alega un hecho de naturaleza a establecerse su inocencia; o en fin solicita probar que la infracción que se le imputa no entra dentro de los casos previstos en el tratado o en esta ley; o está dentro de las excepciones que prohíben concederla, el Procurador General de la República verificará por todos los medios a su disposición, exactitud y procedencia de estos alegatos y se pronunciará, en su dictamen, acerca de cada uno de ellos. Art.20. En caso de que el inculpado reclame la ayuda de un intérprete o los consejos de un abogado, el Procurador General de la República le procurará las facilidades necesarias y, si hubiera la necesidad, le designará un abogado de oficio y un intérprete. Art.21. El abogado que utilice el inculpado no podrá intervenir en los interrogatorios, porque se trata de un informativo de oficio y no de un debate contradictorio; pero puede presenciarlos, observarlos, o tener copia de los mismos y redactar un escrito con sus alegatos que el Procurador General de la República referirá a la Chancillería conjuntamente con los interrogatorios. Art.22. Cuando en el curso del procedimiento se juzgase necesario oír declaraciones o informe de personas que se hayan en el país requeriente, o llevar a cabo cualquier acto de procedimientos de instrucción, se dirigirá este a efecto una comisión rogatoria por la vía diplomática o consular, la que se cumplirá por los funcionarios competentes de acuerdo con las leyes del país requeriente. Art.23. Al terminar el interrogatorio, el Procurador General de la República preguntará al inculpado si consciente o no , en ser entregado a las autoridades del país requeriente, sin que se cumplan las demás formalidades de extradición. Art.24. Si el inculpado consiente en ser entregado sin formalidades, el Procurador General de la República enviará su informe y opinión a la Chancillería conjuntamente con el proceso verbal de los interrogatorios y dispondrá el arresto provisional del inculpado. Art. 25. Si el extranjero rehúsa ser entregado antes de cumplir las formalidades, el Procurador General de la República devolverá el expediente con: a)

Los documentos que acompañan a la demanda de extradición.

b)

El proceso verbal de interrogatorio.

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c) Su dictamen motivado, que puede ser acogido o estimado por el Poder Ejecutivo. Art. 26. Una vez devuelto el expediente por el Procurador General de la República, el Secretario de Estado de Relaciones Exteriores lo referirá al Embajador Encargado de la División de Asuntos Jurídicos para que compruebe si se han cumplido con todas las tramitaciones legales y si la demanda se ajusta a los tratados, principios de reciprocidad o práctica del Derecho entre los Estados y retorne a dicho Secretario de Estado el Expediente, con su opinión. El Secretario de Estado de Relaciones Exteriores, a su vez, lo enviará al Poder Ejecutivo, con sus recomendaciones para decisión final. El Poder Ejecutivo hará conocer su decisión a la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores para que ésta lo comunique en la forma de estilo al Estado requeriente.. Art. 27. El Poder Ejecutivo al conceder la extradición deberá consignar en el Decreto una disposición expresa que sujete los efectos de la extradición a la condición de que el Estado requeriente se compromete de no hacer juzgar al extraditado por una infracción diferente a la que motivó la extradición. Párrafo: Sin embargo, la anterior condición dejará de aplicarse: 1.- Si el acusado, ya libre expresamente consistiere en ser juzgado por otros hechos; 2.- Si se tratase de una infracción conexa fundada en las mismas pruebas de la demanda; 3.- Si una vez puesto en libertad, permaneciere en territorio del Estado por más de tres meses; 4.- Si se tratare de infracciones posteriores a la extradición. Art. 28. La entrega del encausado se hará al Estado requeriente con los objetos encontrados en su poder, producto de la infracción o piezas que puedan servir para su prueba, de acuerdo con las leyes dominicanas, pero respetando los derechos de los terceros. Art. 29. Si después de concedida la extradición y de su entrega al Estado requeriente, el Extraditado logra sustraerse a la acción de la justicia y se refugia de nuevo en territorio dominicano o pasa en tránsito por dicho territorio, podrá ser detenido mediante simple requerimiento diplomático o consular y entregado por segunda vez, sin más formalidades, al Estado a que se le hubiera concedido la extradición..

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Art. 30. El Estado requeriente tendrá un plazo máximo de un mes, a contar de la fecha de la notificación al agente diplomático, para disponer de la persona reclamada, en caso de que se haya acogido favorablemente su demanda. Si no lo hiciera en ese tiempo, la persona reclamada quedará en libertad y no volverá a ser detenida por el mismo motivo de la extradición.. Art. 31. Toda persona arrestada en virtud de una demanda de extradición podrá solicitar su libertad provisional bajo fianza en las misma condiciones y con el mismo procedimiento que si el delito imputado hubiera sido cometido en la República. Art. 32. Todos los gastos a partir del momento de la entrega quedarán a cargo del Estado requeriente. El Estado requeriente no tendrá que pagar suma alguna por los servicios que hayan prestado los funcionarios o empleados dominicanos. Art. 33. Si la extradición fuere denegada, no admitirá nueva solicitud por el mismo delito, porque sería contraria a la regla non bis in idem. Art.34 Cuando la demanda de extradición fuera denegada por vicios de forma, los documentos que la apoyen serán devueltos al Estado requeriente indicándose el fundamento de la denegación. En este caso podrá renovar la demanda debidamente instruida. Correspondiendo al Estado Dominicano apreciar la conveniencia y oportunidad de la detención preventiva del inculpado durante el nuevo proceso. TEMA XVI La instrucción criminal: En cada distrito judicial habrá por lo menos un juez de instrucción (Art. 55 C.P.Cr.) El Juez de instrucción constituye por si mismo de jurisdicción de instrucción de Primer Grado, la persona designada como tal debe reunir los mismos requisitos que para ser Juez de primera instancia . La función de las jurisdicciones de instrucción es recoger las pruebas relativas a ciertas infracciones graves y complejas, a decidir si existen a cargo del inculpado indicios graves que permitan traducirlo por ante las jurisdicciones de juicio. En nuestro sistema jurídico la instrucción preparatoria sólo tiene lugar en los asuntos de naturaleza criminal en los cuales es un preliminar obligatorio. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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El apoderamiento del Juez de instrucción sea por el fiscal o por el agraviado constituído en parte civil conforme a los Arts. 63 y 64 del Código de Procedimiento Criminal fue modificado mediante la ley 20-00 del 26 de julio del 2000, mediante la cual se crea un departamento de Juez Coordinador de Instrucción, cuyas funciones son las de distribuir y asignar en casos criminales a las diferentes Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, mediante el sistema aleatorio o de sorteo. Los caracteres de la instrucción previa son: 1.- El procedimiento no es contradictorio: la instrucción se desenvuelve entre el Juez de Instrucción y el inculpado, quien no está asistido en esa fase del proceso por ningún defensor. 2.-El procedimiento es secreto o en clandestinidad: tiene lugar a puertas cerradas en el despacho del magistrado, asistido de su secretario, el secreto envuelve toda la instrucción, pues nadie tiene acceso al despacho del Juez de Instrucción, cuando procede al interrogatorio del inculpado y los testigos. 3.- La instrucción es escrita: El Juez de Instrucción después de haber realizado una operación cualquiera, interrogatorio, visita de lugares etc. Dicta la relación al secretario. Operaciones de la Instrucción preparatoria: tres grupos de operaciones son en general necesarias: 1.- Las comprobaciones judiciales: inspección personal del juez por el traslado a los lugares, las visitas domiciliarias y la incautación de las piezas de convicción. 2.- La audición de testigos. 5.

Los peritajes.

6.

El interrogatorio de los inculpados.

La instrucción preparatoria es la obra del Fiscal y del Juez de Instrucción. Uno requiere y el otro ordena todas las medidas propias para el descubrimiento de la verdad. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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El Magistrado (Juez de Instrucción) puede poner fin a la instrucción cuando lo crea conveniente dictando una ordenanza llamada de no ha lugar si el inculpado no será sometido a la jurisdicción de juicio y una Providencia Calificativa (Ha lugar) en caso contrario. Dichas ordenanza; así como otras de carácter jurisdiccional pueden ser recurridas en apelación ante la Cámara de calificación, la cual puede confirmar o no la decisión atacada. Puede ser apelada por el procesado, la parte civil constituida o por Ministerio Público, en la persona de : Procurador Fiscal el Procurador General de la Corte y el Procurador General de la República. Por otro lado el Fiscal puede solicitar la reapertura de la instrucción si sobrevienen nuevos cargos. Si el Juez de Instrucción considera que hay indicios suficientes para someter al inculpado ante la jurisdicción de juicio dictará un auto calificativo. La Cámara de calificación no es un órgano permanente pues ejerce sus funciones en la medida que le van siendo sometidas los casos, es la jurisdicción de instrucción de Segundo Grado. Está compuesta por un Juez de la Corte de Apelación de la jurisdicción correspondiente, quien la presidirá y dos Jueces de Primera Instancia. Hará de Secretario el de la Corte de Apelación. Como sucede con el procedimiento de instrucción preparatorio llevado ante el Juez de Instrucción, la fase seguida ante la Cámara de Calificación se devuelve de un modo inquisitorio, es decir, secreto, escrito y parcialmente no contradictorio. La Cámara de Calificación juzga los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Público, la parte civil o el procesado contra todas las ordenanzas que tengan un carácter jurisdiccional dictadas en primera instancia por un Juez de instrucción, debiendo al igual que este limitarse a determinar si existen indicios suficientes contra el inculpado para enviarlo ante las jurisdicciones de juicio pues la Cámara de Calificación no instiga ni recaba ni estatuye sobre la culpabilidad. Debe conocer del asunto con la misma amplitud que se conoció en primer grado. Si considera que no constituye crimen o no existen indicios suficientes para mantener la inculpación debe dictar una ordenanza de no ha lugar a a persecución y devolver el expediente al fiscal ordenando a este funcionario poner en libertad al acusado, su existen indicios para que el hecho pueda ser calificado de delito o contravención, el fiscal tomará las providencias de lugar para que el TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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inculpado sea procesado según el procedimiento consiguiente, lo mismo hará su aparecen nuevos cargos. Si existen indicios suficientes para inculpar al procesado dictará una ordenanza de envío llamada de comúnmente providencia calificativa, que será transmitida al fiscal .Esta no es susceptible de recurso, salvo cuando se fundamenta en violaciones a los preceptos constitucionales. TEMA XVII Jurisdicción De Juicio: La misión de las jurisdicciones de juicio es juzgar sobre la acusación; después de aportar los trámites propios de cada tipo de proceso, deben dictar su sentencia. La jurisdicciones de juicio se dividen en dos grandes categorías, las ordinarias o de derecho común y las de excepción. Las primeras son las únicas competentes para juzgar a los inculpados de haber cometido infracciones de un tipo determinado, salvo las excepciones previstas por la Ley. Las segundas son aquellas cuya competencia está limitada al conocimiento y fallo de las infracciones que no son competencia de las jurisdicciones ordinarias, la naturaleza especial de la infracción o la condición del presunto delincuente. En nuestra organización judicial existen como jurisdicciones de juicio ordinarias los Tribunales de simple policía correccionales y los Tribunales criminales, jurisdicción que correspondería a la división fundamental de las infracciones en contravenciones, delitos y crímenes. El procedimiento a seguirse en esas jurisdicciones consta de cuatro etapas que son: El apoderamiento: La jurisdicción queda apoderada cuando el asunto le es sometido, y se encuentra así en la obligación de pronunciarse sobre el mismo, sea por una sentencia dictada sobre el fondo, o por una decisión de incompetencia. Contradicción: El proceso penal supone la presencia de las partes durante la instrucción y los debates en una situación de igualdad. Instrucción: El proceso es instruido de manera pública y oral Sentencia: interviene una decisión del tribunal sobre los puntos sometidos a su apreciación. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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El Juzgado de Paz, esta constituído por un Juez que debe ser designado por Suprema Corte de Justicia, conforme la Ley No. 327 de 1998, que crea la Carrera Judicial, debe ser abogado. En caso de impedimento para ejercer sus funciones es sustituido por uno de sus suplentes. Las funciones del Ministerio Público son desempeñadas por un Fiscalizador. El conocimiento de las contravenciones de Policía corresponde exclusivamente al Juez de Paz del Municipio donde se cometió la infracción, solución que es preciso adoptar por extensión, cuando dicho Magistrado juzga en materia correccional. En caso de existir más de un Juzgado de Paz en un municipio el único competente es el de la Circunscripción correspondiente. La Ley No. 585 del 5 de abril del 1977, creó Juzgado de Paz Especial de Tránsito, adición a los Juzgado de Paz existente en el Distrito Nacional, y otros municipios con competencia exclusiva para conocer de las violaciones a la Ley No. 241 sobre Tránsito de Vehículos, salvo disposiciones de los artículos 5 y 220 de la misma, así como de las ordenanzas y resoluciones dictadas en materia de tránsito por los ayuntamientos. El Juzgado de Primera Instancia está integrado por un solo Juez designado por la Suprema Corte de Justicia. Es sustituido por un Juez de Paz, de su jurisdicción designado por la Corte de Apelación correspondiente. El Ministerio público esta representado ante el Juzgado de Primera Instancia por el Procurador Fiscal o uno de sus ayudantes. Existe un Juzgado de Primera Instancia por cada Distrito Judicial, el cual en la demarcación territorial de la República abarca una provincia y el Distrito Nacional. En principio el Juzgado de Primera Instancia es competente para conocer de los crímenes y delitos cometidos en la extensión de su jurisdicción territorial o fuera de ella cuando el inculpado reside o es detenido en ella. En algunos distritos Judiciales, los Juzgado de Primera Instancia están dividido (en salas o cámaras y algunas de ellas tienen competencia exclusiva en atribuciones penales). El Juzgado de Primera Instancia es el tribunal de apelación de las sentencias dictadas por el Juzgado de Paz.

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La Corte de Apelación: Las atribuciones principales de la Corte en materia penal consiste en estatuir sobre los recurso de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas por el Juzgado de Primera Instancia, como Tribunal de primer grado y conocer en primera instancia de las causas seguidas a los Jueces de Primera Instancia, los de jurisdicción original del Tribunal de Tierras y los Jueces de Instrucción, Procuradores Fiscales y los Gobernadores Provinciales. Cada Corte está compuesta por Cinco (5) Jueces uno de los cuales desempeña las funciones de Presidente y otros dos de primer u segundo sustitutos, en caso de que los Jueces estén impedidos de ejercer sus funciones sus sustitutos temporales serán designados según el artículo 34 de la ley de Organización Judicial. El Ministerio Público está representado en la Corte de Apelación por el Procurador General de dicha corte. La circunscripción territorial de las Cortes de Apelación denominada Departamento Judicial, puede abarcar uno o más distritos judiciales. Existen en la actualidad 9 Cortes de Apelación. La Suprema Corte de Justicia, tiene en materia penal como atribuciones principales decidir si la Ley ha sido bien o mal aplicada en los fallos dictados en última o en única instancia por los Tribunales y cortes, conocer de la causas seguidas al Presidente de la República, y demás altos funcionarios de la Nación, estatuir acerca de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en Primera Instancia, por las Cortes de Apelación, juzgar los recursos en revisión interpuestos contra las sentencias dictadas en materias criminal y correccional, también conoce de los recursos en Casación contra las decisiones de la Cámara de Calificación, que se fundamentan en una violación la constitución. Está compuesta de Dieciséis (16) Jueces y está dividida en Tres (3) Cámaras, Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia, Cámara Penal de la Suprema corte de Justicia, y Cámara de Tierras, Laboral, contencioso Administrativo y Contencioso Tributario, cada uno está compuesta por Cinco Jueces y son nombrados por Consejo Nacional de la Magistratura, creado con la reforma constitucional de 1994, compuesto por el Presidente de la República, Presidente del Senado, más un senador de un partido diferente al del Presidente del Senado, el Presidente de la Cámara de Diputados, más un diputado de un partido diferente del Presidente de la Cámara de Diputado, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, más otro Juez de la misma Suprema Corte de Justicia, designado a tales fines. El Procurador General de la República, es el representante del Ministerio Público ante la Suprema Corte de Justicia, su jurisdicción abarca todo el territorio nacional y en asiento se encuentra en Santo domingo. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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El Recurso de Casación tiene por finalidad contratar la controlar la legalidad de las decisiones de los demás Tribunales y Cortes, la Suprema Corte de Justicia, no es un tercer grado de jurisdicción, no conoce el fondo del proceso juzga en derecho. Es la guardiana de la vigencia del principio de la legalidad que consagra la Constitución. Si la decisión de ajusta a la verdad legal, el recurso es rechazado, en caso contrario, se pronuncia la casación de la sentencia, o sea, su anulación. En el recurso de revisión de la Suprema Corte de Justicia, vuelve a ponderar los hechos que sirven de fundamento a una sentencia que ha adquirido la autoridad de la cosa definitivamente juzgada, la cual se alega está viciada por un error de hecho. También se considera como causa de revisión las violaciones a la constitución que han sido convertidas durante la ventilación del proceso. Las jurisdicciones de excepción: Son aquellas a las cuales compete conocer de las infracciones cuyo conocimiento la ley sustrae de una manera específica a la competencia de la jurisdicciones de derecho común, sea por la calidad personal del supuesto auto, por la naturaleza particular de la infracción o por que conviene a la mejor administración de la justicia. La jurisdicciones de excepción que sólo tienen atribuciones penales son el tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes, el Consejo de Guerra y el Tribunal de Justicia Policial. La existencia de los Consejos de Guerra y de los Tribunales de Justicia Policial, obedece a la idea de evitar la publicidad en la justicia ordinaria de infracciones que pueden tener vinculación con la seguridad interior o exterior del Estado, además por conveniencia de personas mejor capacitadas para comprender los aspectos materiales de las infracciones. En principio todos los Tribunales pueden, juzgando civilmente, conocer de los delitos de audiencia, no se trata de Tribunales civiles con funciones penales excepcionales, sino de Tribunales que funcionando civilmente pueden excepcionalmente imponer sanciones penales. Aunque el Tribunal de Tierras es una jurisdicción puramente civil, la Ley de Registro de Tierras le confiere competencia para conocer de infracciones que resultan de hechos que han sido penalmente sancionados Cuando la Suprema Corte de Justicia conoce de un recurso de revisión penal o como jurisdicción privilegiada para juzgar de las causas penales seguidas a lo más altos funcionarios del Estado actúa como Tribunal de Excepción. Lo mismo ocurre con el Juzgado de paz, cuando conoce de ciertos delitos cuyo conocimiento le ha sido atribuido expresamente por la ley, pues su atribución normal en materia penal es conocer las contravenciones como Tribunal de simple policía.

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TEMA XVIII El juicio de Hábeas Corpus: Esta expresión literalmente quiere decir preséntese el cuerpo. Como se solicita un mandamiento de Hábeas Corpus y cuales menciones debe contener la solicitud: 424. La solicitud de que se expida un mandamiento de Hábeas corpus debe ser formulada por escrito firmado por la persona de cuya libertad se trata o por cualquier otra actuando en nombre de ella (artículo 2 de la Ley de Hábeas corpus) e indicar el lugar de la prisión, el funcionario o la persona que la ha ordenado, el nombre del alcaide de la cárcel que tiene bajo su custodia al detenido, las causas de la prisión, la circunstancia de que no está detenido ejecución de una sentencia condenatoria, la exposición de los motivos en que se funda la ilegalidad de la prisión. De la solicitud “...se dará copia al Procurador Fiscal, quien visará el original, salvo que el mismo se hubiera notificado a dicho. La fase de la presentación de la persona privada de su libertad: 422.- Como señalamos la primera fase del procedimiento tiene por finalidad presentación del individuo o, dicho de otro modo, el que sea dictado un mandamiento de Hábeas corpus. El mandamiento de Hábeas corpus, es una orden dictada por la autoridad judicial competente, de que una persona privada de su libertad le sea presentada para decidir subsecuentemente su liberación o su mantenimiento en prisión (artículo 1 de la Ley de Hábeas corpus). El juicio sobre la legalidad de la prisión: 430.- La presentación de beneficiario del mandamiento de Hábeas corpus en el lugar, día y hora indicados en este, o su comparecencia por medio de abogado o de apoderado, marca el final de la primera fase del procedimiento y el inicio de la segunda, o sea, de aquella en que se va a conocer de la procedencia o no de la privación de libertad. En caso de enfermedad comprobada o por cualquier otro motivo justificado, la audiencia será celebrada sin la presencia del impetrante, el cual se hará representar sin necesidad de un poder, por un abogado o por cualquier defensor que postule en su nombre. La instrucción y vista de la causa: 431.- La instrucción debe tener lugar en audiencia pública, la cual puede celebrarse sin la asistencia del representante del Ministerio Público (artículo 16 de la Ley de Hábeas Corpus), cuando quien llevó a cabo la prisión o la ordenó no TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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tiene calidad para ello, pero si la tiene el Tribunal no estaría completo sin la presencia de aquel (la misma disposición). En consecuencia, el único caso en que el representante del Ministerio Público, no asiste al juicio es cuando un particular que solamente puede hacerlo cuando válidamente en caso de flagrante delito, realiza el arresto, o cuando un funcionario sin calidad para ello ordena la prisión de una persona. La parte civil “aún cuando se haya constituido en la fase inicial del proceso es extraña al procedimiento que debe seguirse en virtud a la Ley de Hábeas Corpus. El tribunal instruirá el asunto oyendo a los testigos presentados por las partes y la de los que de oficios ha ordenado oír, así como a los interesados y examinará los documentos, y apreciará los hechos alegados y las causas de la detención, arresto o encarcelamiento pudiendo el privado de su libertad presentar además, toda clase de pruebas para probar la ilegalidad de su prisión o que tiene derecho a ser puesto en libertad (artículos 11 y 17 de la Ley de Hábeas Corpus), estando facultados los Jueces para apreciar libremente los elementos basados en los cuales hayan de forjar su convicción. La decisión sobre la acción: 432.- El Juez o Tribunal apoderado de la acción de Hábeas Corpus que conoce de la legalidad de la privación de la libertad inmediatamente después de terminada la instrucción debe dictar su fallo el cual, obviamente, puede contener dos tipos de decisiones. 433.- La puesta en libertad de quien ha sido privada de ella. 4El caso en que procede ordenar la libertad, si el mandamiento emana de una persona que no tiene calidad para dictarlo; o si ha sido dictado en un caso en el cual no puede serlo. 5El caso en que no han sido cumplidas las formalidades legales. 6El caso en el cual el privado de su libertad no sido llevado ante el Juez e interrogado en el plazo previsto por la Ley. El procurador Fiscal tiene que apoderar al Juez de Instrucción dentro de las Cuarenta y Ocho horas de haber dictado el correspondiente mandamiento y si no es flagrante lo antes posible, si se trata de un delito flagrante el Procurador Fiscal debe someter al inculpado ante el Tribunal de Primera Instancia inmediatamente , y si no es flagrante en un plazo de quince días a partir del mandamiento (artículos 1 y 9 de la Ley 1014). 434.- El mantenimiento en prisión de la persona privada de su libertad: 2el caso en que hay sentencia definitiva de Juez o Tribunal competente. Si el impetrante esta privado de su libertad por sentencia definitiva de Juez o Tribunal competente y si no se ha extinguido la pena, debe ordenarse su mantenimiento en estado de encarcelamiento. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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3El caso en que la persona de quien se trata está legalmente encarcelada por un hecho punible y con sujeción a las reglas correspondiente . si la persona encarcelada lo está legalmente, es decir, con observancia de las reglas de forma y de fondo previstas por la ley y por un hecho punible, entonces no procede que se dicte una sentencia ordenando su liberación, puesto que está presentes todas las condiciones exigidas por la Ley para su encarcelamiento. TEMA XIX El Recurso de Apelación.: Es una vía de reforma y se intenta siempre ante una jurisdicción superior.. El apelante se queja de los agravios que le ha causado la sentencia de un tribunal inferior. Se hace mediante declaración en la secretaría del tribunal que dictó la sentencia. Se interpone en un plazo de 10 días. Este comienza a correr a partir del pronunciamiento de la sentencia cuando ha sido contradictoria y a partir de la notificación de la sentencia cuando esta ha sido dictada en defecto, como cuando se trata de una sentencia contradictoria pronunciada en ausencia de las partes. Este plazo es improrrogable, salvo que el interesado no pueda interponer su recurso en el plazo legal por causa de fuerza mayor. El plazo no es franco, si el último día es feriado, el vencimiento no se prorroga hasta el día siguiente, pues las disposiciones del artículo 1033 del c.p.civil no se aplican en materia penal. Pero el día del pronunciamiento de la sentencia o el de la notificación no se aplican en materia penal. En materia represiva los plazos de la oposición y de la apelación son simultáneos y no sucesivos. Ambos plazos corren paralelamente. El plazo de la apelación no está suspendido durante el plazo de la oposición, que es de cinco días en materia correccional, a partir de la notificación de la sentencia. El prevenido condenado en defecto tiene durante ese plazo, el derecho de elegir entre las dos vías de recurso. Puede abandonar la oposición para intentar el recurso de apelación. El plazo de diez días tiene excepciones. Según los términos del Art. 205, el Procurador General de la Corte de Apelación puede intentar la apelación en materia correccional dentro del mes, contado desde el día exclusive del pronunciamiento de la sentencia, o si esta le ha sido notificada dentro de los 15 días de la notificación. Además en materia criminal, el Art.284 dispone que el Procurador General de la Corte de Apelación tiene en todos los casos dos meses, contados desde el día del pronunciamiento de la sentencia.. Además TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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según el Art. 283, si el acusado hubiese sido descargado el Fiscal o la parte civil sólo tendrán 24 horas para apelar. Finalmente algunas leyes especiales reducen el plazo de apelación, como ocurre con la Ley 1841 de 1948 sobre Préstamos con Prenda sin Desapoderamiento, que establece un plazo de cinco días. La apelación está limitada en materia de simple policía. De conformidad con el Art. 167 del Código de Procedimiento Criminal, es necesario que la sentencia condene a prisión, o que las multas, restituciones y otras reparaciones civiles, excedan de la suma de dos pesos, además de las costas. Es decir, no son susceptibles de apelación las sentencias que estatuyen sobre la competencia, las que admiten o rechazan una excepción prejudicial o solo pronuncien dos pesos de multa y reparación civil. Esta limitante del Art.167 solo ataña a la parte condenada y no al ministerio público, quien puede tener justos motivos para apelar una sentencia de descargo. Su ejercicio corresponde tanto en materia de simple policía, materia correccional y criminal, a: el prevenido, la parte civilmente responsable, la parte civil, ministerio público y terceros (esto es, interviniente voluntario o forzoso). El prevenido: El procesado siempre puede recurrir contra las decisiones que le imponen una condenación penal o civil o que simplemente le causen algún agravio. la apelación del prevenido , en virtud del efecto devolutivo y a falta de estipulación expresa al respecto, debe reputarse dirigida a la vez contra las condenaciones penales y reparaciones civiles. Cuando el procesado es el único que ha apelado su situación no puede ser a gravada por los jueces de alzada. El procesado que ha sido descargado por falta de pruebas no le es permitido apelar por no haber cometido los hechos, ya que los efectos jurídicos de uno y otro descargo son los mismos. La parte civilmente responsable: Esta tiene derecho de apelar. Dicha facultad se asemeja a la del acusado o procesado, puesto que tienen en la causa un interés que deriva del mismo origen, pero difieren en su objetivo, pues el procesado tratará de modificar o suprimir la sentencia en cuanto a las condenaciones penales y civiles; mientras que la persona civilmente responsable tratará de hacer lo mismo respecto a la condenación en daños y perjuicios que ha sufrido. El procesado puede apelar aún cuando la persona civilmente responsable haya asentido y viceversa. Lo mismo se aplica en cuanto a terceros o intervinientes.

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La parte civil: El Art. 202 C.P.Cr. le confiere a esta apelar, pero solo en lo que concierne a sus intereses civiles., y no de la parte que establece condenaciones o el descargo de las penas. El Ministerio Público: El Ministerio Público puede interponer recurso de alzada contra todas las decisiones que estatuyan sobre la acción pública. Esta facultad pertenece al Procurador Fiscal y al Procurador General de la Corte de Apelación. Los terceros: En cuanto a estos nuestra Suprema Corte de Justicia ha estatuido que: el recurso de apelación no puede ser negado a quienes sin haber sido partes propiamente en el proceso, son condenados o van a sufrir las consecuencias de lo estatuido por la sentencia. Tiene dos efectos : Suspensivo (se suspende la ejecución de la sentencia) , no es solamente la apelación intentada, sino que el plazo mismo es suspensivo, aunque no haya apelación la sentencia no puede ser ejecutada durante el plazo. Devolutivo: (a causa de su interposición, el caso debe ser conocido nuevamente por una jurisdicción superior a la del tribunal que dictó la sentencia.). La apelación lleva el proceso a los jueces de segundo grado con todas las cuestiones de hecho y de derecho que le son inherentes. Efectos de la apelación interpuestas por las diferentes partes: Cuando es el prevenido: La corte apoderada por la sola apelación del prevenido no puede agravar su condición, es decir, ella no puede modificar la sentencia apelada en sentido que le perjudique. La corte solamente debe juzgar lo concerniente al interés del que ha apelado la decisión. Cuando es la parte civilmente responsable: La apelación de esta solamente puede referirse sobre los principios mismos de la responsabilidad y sobre el importe de las condenaciones pecuniarias pronunciadas en su contra. Bajo la apelación de la persona civilmente responsable, la corte no puede modificar la sentencia apelada con respecto a los intereses de los prevenidos que no hayan interpuesto apelación. Cuando es la parte civil: La corte en este caso deberá circunscribirse a juzgar solamente sobre los intereses civiles. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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Cuando es el Ministerio Público: Esta apelación produce los efectos mas extensos, por tanto, aunque el prevenido no haya apelado, la corte podrá juzgar sobre todo lo que haya sido sometido en primera instancia, tanto a cargo como a descargo. Con la sola apelación del Ministerio Público, la corte puede elevar la pena pronunciada en primera instancia, como también puede descargarlo o reducir la pena. Pero los efectos de esta apelación se refieren solamente a los que conciernen a la sociedad y le son ajenos los intereses civiles. TEMA XX. La sentencia penal y su motivación en los casos en que exista constitución en parte civil, defecto, oposición. En el primer caso: La sentencia de condenación debe estatuir sobre la demanda en daños y perjuicios intentada por la parte lesionada, si esta se ha constituido en parte civil en parte civil y ha ejercido la acción civil accesoriamente a la acción pública. Aún en caso de descargo del acusado, el tribunal criminal es competente, de acuerdo con el Art.273, para estatuir sobre la acción civil, si no obstante el descargo subsiste un delito o cuasi delito civil fundado en los elementos de hecho que constituyen el objeto de la acusación. En lo concerniente a las reparaciones civiles, del principio de que los considerandos de una sentencia forman un todo indivisible, resulta que los motivos especiales no son necesarios para justificar el principio de la condenación. Esto es lo que la Corte de Casación ha juzgado en el sentido de rechazar un recurso fundado sobre la falta de motivos relativos a una condenación en daños y perjuicios. Si por el contrario el tribunal rechaza en todo o parte el pedimento de la parte civil, tendente a que las restituciones sean ordenadas en su provecho o a que los daños y perjuicios le sean concedidos, es necesario que este rechazo sea especialmente motivado. En el segundo caso: Conforme lo establece el Art.185 del Código de Procedimiento Criminal, si el inculpado no comparece se le juzgará en defecto. El defecto se define como la TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

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prerrogativa o el derecho que tienen las partes de no presentarse a la audiencia, o bien presentarse a ella pero no producir sus conclusiones formales ante el Tribunal. En consecuencia existe el defecto por no comparecer y el defecto por no concluir. Al momento de dictar una sentencia al respecto, el tribunal explicará en sus considerandos los motivos del defecto, basándose en las disposiciones establecidas al respecto por el Art. 185 del Código de Procedimiento Criminal. En el tercer caso: El Art. 186 del Código de Procedimiento Criminal establece que la condena por defecto se tendrá como no pronunciada, si dentro de los cinco días de la notificación que de ella se haya hecho al inculpado o en su domicilio, contándose un día más por cada tres leguas de distancia, este forma oposición a la ejecución de la sentencia y notifica su oposición tanto al fiscal como a la parte civil. Caso en que el oponente comparece: Si el tribunal reconoce que la oposición es regular, la declara recibible en la forma. Es en este momento que el efecto extintivo de la oposición se produce y que por consiguiente la condena pronunciada en defecto se encuentra aniquilada.. El tribunal puede sea descargar al prevenido de las condenaciones pronunciadas, sea disminuir la condena como también agravarlas. Caso en que oponente no comparece: La falta de comparecencia a la audiencia fijada para el conocimiento de la oposición conlleva la nulidad de la oposición. . La nulidad de la oposición por no haber comparecido el oponente no puede ser pronunciada de oficio por el tribunal, ella tiene que haber sido pedida por el Ministerio Público o por la Parte Civil. Si la contra parte no la pide, el juez debe resolver el fondo. Si el oponente no comparece a la audiencia fijada para el conocimiento de su oposición esta última será considerada nula e incluso como no interpuesta y en consecuencia la sentencia pronunciada en defecto conserva toda su fuerza y se convierte en definitiva.

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