Teoria General De La Prueba En Derecho Civil

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TEORÍA GENERAL

YlUEIld EN DERECMO CIVIL DE LO8

PRIFU'CIPIOS DK LA PRUEBA EN M I E I I I A CIVIL e[

DE SU§ DIVERSAS APLICACIONES EN ITALIA. FRANCIA, ALEMANIA, RTC., POB

CARLOS LESSONA, Profesor de Prooedimiento civil en 1s Universidad de Pisa e -

Traducido y anotado con arreglo á la legislaoión y jurisprudenoia espafiolas Pon

D. ENRIQUE AGUILERA DE PAZ, Teniente fisaal.

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DON UNA INTRODUCCI~N DE

D. JBSÉ M A R ~ AM A W R F Q A Y N A V A R R O DUCR,

MADRID fiXVISTA D I 1 1 L[~IOGISLAOI~N Uañiaares, 3, entresuelo.

1908

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-Imp. deRonda los Wjos de Nvarez, d cargo de Manuel Alvaroz, de Atocha, - Tel4fono

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abADRiü.

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R.

15.

809.

LIBRO CUARTO P R U E B A ESCRITA

SECCIÓN PRIMERA Pruebas e s c r i t a s no firmadas.

PARTE SEGUNDA EEGISTIZOS NO MEROANTiLES

(u)

P. Distribución de la materia.

1. Si nuestra ley trata de un modo bastante completo de los libros de comercio, de suerte que, aun cuaiido sus disposiciones esten diseminadas en varios CUdigos, es bastante f6cil una espo.sici6n ordenada del sisteilia de las mismas, encambio las normas a) Despues de haber estudiado en el tomo anterioi. los efectos proba. t o b a de loa registros 6 libros mercantiles, debemos examinar en el preente los que pueden proclucir los que no tuvieren dicho carkcter, por reerirse Q las operaciones de un particular no consagrado al comercio. La ley de Enjuiciamiento civil coaprendió en el nilm. 3.' del art,. 678, .bajo la corniiii denominación de documentos privados, todos aquellos que pueden formar los intei*esados por si solos 6 h presencia de testigos para .hacer constar la existencia de un hecho sin la intervencíón de notario ni de otro funcionario pilblico que los aiitorice y los d6 autenticidad, y entre allos indudablemente se hallan los registrog 6 libros particulares, lleva,dos, ya por la cuenta y raz6n de los ingresos y gastos, ya con cualquier otro objeto. Dichos libros 6 registros, como las demás clases de documentos privados, pueden constituir un medio de prueba, y así lo ha considerado sieni@renuestra legislaci6~1,la cual ha procurado revestirlos de todas las gá-

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LIB. IV.-PRUEBA

ESCRITA

relativas iá, los re,oistros y á las cartas no comerciales sin firma Tantias convenientes, exigiendo para su virtualidad probatoria el reconocimiento d e los mismos por l a parte A quien han de perjudicar. La, regla de derecho procesal de que dichos documentos hacen fe en juicio respecto de los otorgantes reconocida fué ya por la ley 119, tít. 18 &.la Partida 3.%,y constituye el fundamento tanto de los artfciilos t02 y siguientes de l a ley de Enjuiciamiento civil, que prescriben la forma y efectos de su presentacidn en juicio, como del art. 1.225 del Código civil, que les concede el mismo valor que ib una escritura p~íblicarespecto de los que los hubieran suscrito y de sus causa habientes, siempre que hubieren sido reconocidos legalmente. Segiin el art. 1.226 de dicho C6dk0, aquel a quien se oponga en juicio una obligación por escrito, que aparezca firnzada por él, est& obligarlo ib declarar si la firma es 6 no suya. Si el firmante hubiera fallerido, los herederos 6 causa habientes del obligado podr4n limitarse á declarar tan 8610 si saben que es 6 no de su caiisante la firma de la obligarihn, y en ambos casos l a resistencia sin causa jiista 4 prestar l a declaracibn mencionada podrá ser estimada por los Tribunales como una confesión de la autenticidad del documento, cuyo precepto se halla I n complvta conforformidad con lo establecido en la ley de Enjuiciamiento ci17ii,la cual otorga aparejada ejeciici6n al documento privado reconocido ju(licis1ment.e ante autoridad competente, 6 en cuya legitimidad hul~ieiesido (leclarada confesa la parte A quieri corresponda dicho reconocimiento. Las disposiciones legales que acabamos de indicar liablan del recouocimiento de la firma, lo cilal exige la circunstancia do estar firmado el documento. Pero si no estuviese autorizado por nadie, ¿ser4 necesario también dicho reconocimiento? LLL contestaci6n afirmativa es indudable, puesto que el precepto del articulo 604. de 1.8 ley de Enjuiciamiento civil así lo exige, nl d i ~ p o n e ique todos los documentos privados y la corrrespondencia ser411 rt.conocidos bajo juramento 4 la presencia judicial por la parte 4 quien perjiidiquen. Los términos de dicha disposición son absolutos y terminantes y no adniiten distinci6n alguna por dicho concepto, y por lo tanto lo inismo los documentos firmados que los que no tuviesen dicha garantiti. deben ser reconocidos en la forma indicada. La única diferencia que existe en dichos casos es que en el documento firmado, reconocida la legitimidad de la firma, es eficaz el contenido del dociimento, aunque se niegue su c~rteza, puesto que la firma puesta al pie implica la aprobación y la conformidad del firmante con dicho documento, y en el no suscrito el reconocimiento ha de versar necesariamente sobre el objeto del mismo, toda vez que no existe en 61 ninguna otra demostración de la conformidad. E n el caso de, que la parte 4 quien perjudique el documento privado negare la legitimidad 6 autenticidad del mismo, podr4 suplirse l a falta de dicho reconocimieilto por la prueba de cotejo de letras, como espondremos m4s adelante. RBstanos indicar, que con arreglo al art. 514 de la ley de Enjiiiciamiento civil, en el caso de que sosteniendo uiia de las partes la falsedad da un documento que pueda ser de influencia notoria en el pleito entablare la acción criminal, eii descubriiniento del delito y de su autor, se suspender&el pleito en el estado en que m haIle hasta que recaiga ejecutoria en In . causa criminal, decretdndose dicha suspensión luego que la. parte intere. .sada acredite haber sido admitida 1a.querella.

.

son tan escasas en la ley y tan deplorablemente deficientes en la doctrina que es preciso hacer una cuidadosa distribucibn sistemática de la materia para poder tratarla de un modo completo y claro. Dividiremos, pues, esta Parte segunda, de la ,Sección primera, del LiO9.o cuavto, en dos capítulos, para tratar en el primero de los registros (le contabilidad no mercantiles, y en el otro de los registros y notas no mercantiles y clucAno se reficrcn ti la contabilidad.

2. Diversas especies de registros de contabilidaci no mercantiles.

2. Estos registros son de cuatro clases, á saber: registros de administraciones propias 6 dom6sticos-registros de administraciones ajenas (públicas 6 privadas)-registros especiales de algunas hacienda,^ civiles, como, verbi gracia, los libros de colonias,-rlos libros de trabajo (a). Este precepto de la ley procesal es comdn para los documentou pdblicoa y para los privados, y contra la resoliici6n en que se acuerde dicha suspensidn no se dará recurso alguno (a) Tambi6n en n~iestralegislacibn vigente son muy escasos y deficientes los preceptos que regulan la prueba de documentos privados, siendo ailn más de notar su falta en lo relativo 4 la constituida por 10s registros de contabilidad no mercantiles y por las cartas particularecs. Algunas disposiciones de la ley de Enjuiciamiento civil que afectan más á, la forma en que debe ser utilizada y practicada' lq prueba de documentos privados en general que 4la eficacia probatoria de lob mismos, y el articulo J..228 del C6digo civil, son las únicas prescripciones que pueden ' ofrecerse como reguladoras de la prueba especial B que se refiere el pye. sente capitulo. Sin embargo, han de tenerse e n cuenta algunos otros pre. ceptos sustantivos al apreciar la virtualidad de cada uno de los medios de prueba 6 registros indicados, como expondreplos en su lugar oportuno, bastando por ahora citar en demostraci6n de ello el art. 1.584.del expre. sado C6diao. con arreglo al que surtir4 efecto, salvo vrzceba en contrario. la nota coñsignada e n i n libreta correspondiente de Eontabilidad oon los criados dom6sticos respecto de la cuantía del. salario y sobre el pago de los devengados en el año corriente.

LIB. IV-

- PRUBBA

RSCRI'I'A

Registros o papeles particulares

Sumario. 3. A qu6 clase de pruebas pertenecen los registros y los papeles par-

O ticulares. Derecho romano: épaca antigua. 6. justinianea. 6. Derecho can6nico. 7. Derecho estatutario. 8. Derecho común: MASCARDO. 9. La Probatio pro scribente. 10. La Probatio contra scribentem. 11. La Problatiopro tertio ve1 contra terliicvn. 12. S ~ A C ~ I A . 13. GENOVA.

4.

3. Estos documentos que el C6digo civil llama registros y papeles particulares, considerados como medios de prueba, dcborían, conlo hacía Bentham (l),comprenderse en el género de las pruebas inferiores, esto es, de las pruebas á las cuales faltan las normales de crédito, y dentro del género eii la especie:. de las prnebas extrajudiciales casualmente escritas, porque en general no se redactan con la intencióii de que sirvan en juicio, sino con cualquier otro fiii especial. Y este es su carácter diferencial comparados con los libros de comefiio, los cuales, aun cuando constit~iyanuna prueba sólo 'semipreconstituíd;i, porque no se redactan con el concurso de los iilteresados ó dc un funcionario público, tieqen, sin embargo, un valor especial eii cuanto se llevan regularmente, por obligacihn, coi1 la iiiteilci6n de servirse de ellos eventualmente, como de un medio de prueba (2) (cL). (1) Ob. cit., 11,p. 1 á 3. (2) ' V. en el núm. 26 las razones de nuestra opini6n, distinta de la del

egregio profesor Bolaffio, que sostiene la equiparación probatoria de todo registro de contabilidad mercantil 6 civil. (a) Este es el carácter distíntivo de todo documento privado, los cuales carecen de la eficacia probatoria que tieneqpor si en juicio los do-

C A P . 1.-REGISTEOS

D E CONTABILIDAD NO BIBRCANTILES

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4. En el antiguo derecho romano es conocidisimo el uso de los cumentos públicos, por faltarles las garantías de autenticidad y fehaciencia, que en esta clase de instrumentos implica la intervenci6n de un notario 6 de otro funcionario público que los autorice. Pero los interesados pueden celebrar sus contratos, consumar sus transacciones, contraer sus obligaciones y hacer constar los hechos y actos de su vida por medio de documentos privados puramente particulares, desprovistos de dicha solemnidad, y la ley no podía privar á éstos de efectos probatorios; y como medios de prueba los ,admitió, en efecto, supliendo la falta de aquellas garantias de ailtenticidad con el reconocimiento exigido de la parte 4 quien pueden perjudicar. Mutrhns son lar, formas que pueden revestir los documentos privados, y distintos los nombres que segiin su objeto reciben. Llámase vale, pagaré, abonaré, obligctción privada y también nntápoca, el documento que su. ministra el deudor al acreedor para resguardo de su crédito. reconociendo d declarando haber recibido alguna cosa 6 cantidad y obligándose á su aestitucibn 6 pago. Dase, por el contrario, el nombre de recibo, carta de pago, finiquito, resgzcardo y úpoca, al que el acreedor debe dar á su deiidor, confesando haber recibido la cantidad 6 cosa que Bste le debía. Con6cese también con la denominaci6n de escritzwa privada, convenio 6 syngrafa, el instrumento privado firmado por las partes contratantes, en las que éstas convignan el contratc que hiibieren celebrado. Denominase libro de cuentas el que lleva un particular para anotar lo que d a y lo que recibe, y libro de inventnrios aquel en que se describen los bienes que A uno le pertenecen 6 que tiene 4 su cuidado. Llámanae c ~ r t a smisivas 6 correspoizdeizcia á los escritos privados, por cuyo medio se comunican entre sí las personas que se hallan separadas; cartas de crédito, aquellas .cn que se autoriza 4 persona determinada para recibir del destinatario hasta cierta cantidad; y libranzas, ata~zdatode pago, eheqzte y carta orden, al documeuto en que se d a orden á otvo para que abone una cantidad por ,cuenta del expedidor. Otra0 muchas denonlinaciones podriamos enumerar; pero renunciamos á ello en !a iiaposibilidad de hacer una exposición -completa de los diversos docume~tosprivados que pueden servir para la comprobación y justificación probatoria de un Iiecho determinado. A toda esa clase de libros y papeles se refiere este apartado, y como reglas generales y comunes para los lllismos debemos consignar.las siguientes: l." Que segiln los artículos U04 de la ley de Enjuiciamiento civil y 1.226 del Cbdigo civil, diclios documentos deben ser reconocidos b ~ j juo ramento rft la presencia judicial, por la parte 6 quien perjudiqueil, si lo solicitare la contraria, á no ser que hubieren sido aceptados por la misma como legítimos al fijar los hechos en los escritos de coritestación, réplica 45 dúplica, pudiendo ser considerada como confesión de su autenticidad la resistencia sin justa causa 4 prestar l a declaraci6n correspondiente acerca .de dicho reconocimiento. 2.a Que el documento privado roconocido legalmente tiene el mismo -valor que una escritura pública entre los que loe hubieren suscrito y siis causa habientes, como as1 s e consigna en el art. 1.225 del C6digo civil, q u e reprodujo en eete punto la doctrina consignada en. la ley 119, tít. 18 de'la Partida 3 . O 3.q Que en el caso de que se niegue 6 se ponga en duda l a autenticidad d e un documento privado por la parte á quien perjudique puede suplirse

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LIB. IV.

- PRUEBA

ESCRITA

.registros particulares como m e d i o d e prueba. Sin detenernos en

la falta de su reconocimiento pidiendo el cotejo de letras con arreglo al1 artículo 6u6 de la ley de Enjuiciamiento civil. Dicho cotrjo debe practicaree por peritoe, y tiene por objeto la comprobación de la 1egit.iaiidad del documento impugnado por medio de l a comparación de la letra de su contenido 6 de la firma que le autorice con la letra designada para diclio efecto como iiidubitada, y á falta de ella con un cuerpo de escritura que 4 instancia de la parte contraria puede ser requerida 4 formar en el acto aquella R quien se atribuya dicho documento. Fuera de los casos tí que se refiere el art 512 de'la citada ley de Enjaicianiiento, el cotejo de las letras debe proponerse en el primer periodo ,del t6ruiino probatorio y efectuarse en el segundo; y como liasta éste no puede saberse el resultatlo del reconocimiento, en el caso de qiie no ae haya liecho uso del derecho que concede el art. by9 para solicitarlo por vía de posiciones desde el 1-ecibimiento del pleito 4 prueha, conviene ar. ticalarle sul>sidia~jait)ente dentro de dicho primer periodo para el caso de que fuere negada 6 puesta en duda la autenticidad. 4.a Qae 1%fecha de un documento privado no se contará respecto de terceros, confortne al art. 1.227 del Código civil, siiio desde el día en que hiihiei e sido incorporado é inscrito en un regietro público desde la muerte de cualqiiiera de los que le firmaron, 6 desde el día en que se entregase 4 un fuucionario piiblico por rax6n de su oficio. 6." Que los asientos, registros y papeles privados Úiiicamente hacen prueba coutra el qiie los h a escrito en todo aquello que conete con claridad; pero el que q u i ~ r aaprovecharse de ellos habrá de aceptarlos en 1 i ~ parte que le pei.juctiquen, confornie 4 lo dispiiesto en el art. 1.228 de diclio Código, (le acuerdo con lo establecido en nuestra antigua legislaci6n por la ley 121, tit. 18 de l i ~Partida fiaLa nota escrita 6 firmada por el acreedor al dorso, al margen 6 d continiiacihn del duplicado de un documento 6 recibo que se lialle en poder del (leudor hace prueba en todo lo que sea favorable á éste, ~ c g ú n(4 pirrafo segundo del ai t. 1.289 del mismo C6digo; pero para al)i.ovecliarfic. de ello e1 deci(10r tiene que pasar por lo aue le perjudique. Que los documentos privados hechos para alterar lo pactado eii escritura j~ública no producen efecto contra tercero, como terminailtcbmente se previeiie.en el art. 1.230 del citado Cuerpo legal, cuyo precepto es consecurncia del principio consignado en el art. 1.225, que limita ~ O H efccttr s probatorios de los documentoe privados tan 8610.6 los otorgantc~ y 4 sus Causa habientes, dejando á salvo los derechos de lag terceras personas qiie no hubieren intervenido en el contrato, y estk conforme además con la doctrina establecida por la legislación hipotecaria. 8.a Que si los documentos privados obraren en poder de los 1itigantc.s deben presentarse originales y unirlos 4 los autos; pero si formaren partc! de un Ir bro, expediente 6 legajo, podr4n limitarse 4 exhibirlos para que ~c ponga testinionio de lo que sefinlaren los interesados. Hespecto de la prceeutación de dicliok documentos por las partes, véase lo dispuesto en IOH artfculos 503 al b07, ambos inclusive, de la ley de Nnjuiciamiento civil; y Que no puede obligarse & los que no litiguen 4 la exhibición de documentos privados de su propiedad exclusiva, salvo el derecho que asista a l que los necesitare, del cual podrá usar en el juicio correspondiente; g si estuvieran dispuestos 4 exhibirlos voluntariamente (para lo que pueden ,

CAP. 1.-REGISTROS

D1 CONTABILIDAD N O MERCANTILES

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indagaciones de valor puramente histbrico, nos limitaremos á resumir brevemente los principios relativos al asunto, siguiendo á los escritores de más autoridad (1). Los romanos tenían ante todo los adversa~.ia,6, como ahora dirínmos, cartapacios, legajos ó colecciones en que se reunen los documentos relativos á un asunto. Los czdverscc~iano tenían niiiguna autoridad en juicio. Tenían luego el codee, libro de muchas páginas, llevado con cuidadosa diligencia y por orden cronol0gico (a). Las pkginas, de dos en dos, contenían respectivamente la entrada y sadida de toda partida referente á la economía domestica. Las tablas, coden: se reputaban tan importantes, que CicerOn las llama sancta, @teya.Se les atribuía fe plena en juicio. . aunque de ordinario fuesen escritas, no por elpatevfamilias, sino por un siervo encargado dc llevsr las cuentas. Pero la eficacia probatoria de tales libros privados fu8 disminuyendo, hasta el punto de que bajo el imperio sólo la conservari los libros de los plateros. 5. De hecho en el derecho justinianeo rige el priilcipio, según el cual la mera inscripción de una deuda en el libro domestico no prueba la existencia de la misma. Ofrece claro ejemplo el Fr. 26, De donat. (XXXIX, 5), en cl cual se dice: Nuda ratio non facit aiiguem debito~em: zcfputn, quod donure liberi homini volz~~nus licet ?.eferamus i n ~.atio?zc~s nost~as,debose nos: tamen nulla clonatio i~zte'lligitus.(2). Pero si la nzbda vutio no hace prueba contra cl que escribe tampoco la hará á su favor. Instvume~ztadoqnestica seupl.avata testc~tio,seu adnotatio si ser requeridos previamente),tampoco se les obligai.4 4 que los presenten en la mcribania, 6 ir4 el actuai.io 4 sus casas 6 oficinas para testinioniarlos si lo exigieren. (1) Buoilaniici, Sdle litterarum obligationes dell'antico diritto rngizatto (en el Arch. Giurid., XVI, p. S y sig. y especial n. XXX 4 XXXV, p. 68 y sig.); Padelletti-Cogliolo, St. del Dir. Eom. (Plorencia, 1888, p. 2J9 y sig.); Carle, Le origivzi del Dir. Ronzano (Turin, 1888, n. 3 i 9 , p. 488); Scialoja, Proced civ. vom. (Roma. 1894, p. 254); Ortolan (Rcvue de ZEg. ct clc jzcrispr., XIV, p 55); GBrard, De la comptnbilit6 dornestiqzce cltez les Bonzai~ts(París,1835). (a) Equivalentes & nuestros registros y libros de contabilidad. (2) No vn contra este concepto el Fr. 16, D, De danat.; porque en.elsu. puesto considerado no hay tzuda ratio, sino motiv.ada y solemne afi~roaci6ii. El principio enunciado del Fr. 26, cit. se repite literal en el 4 9 , s 2, D. De peculio (XV, l),

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LIB. IV.

PRUEBA ESCRITA

n o n a l i i s quoque a d m i n i c u l i s adiuventur, ad probationem sola n o n sufficiunt (l).-Rationes defuncti quae in bonis eius inven i u n t u r ad pi-obationem sibi debitne quantitatis solas sufficerc n o n posse, saepe rescl.iptu?n est (2).-Exemp10 p e r ~ t i c i o s u mest, ut ei scriptu?.pe c?*edatur,yua unusquisque sibi adizotatione prop r i a debitorem constituit. Unde neque fiscum neque aliu?n guemlibet e x suis szsbnotationiDus debiti p ~ o b a t i o n e mpraebe9.e possc opoq-tet (3). 6 . El derecho caiiónioo, aun cuando con menor precisibi-i, parece aceptar el mismo precepto; ti lo menos lo atiriiian los canonista en el pasaje siguiente: Sc?.ipta vero a u t h e ~ i t i c a ,si testes inscl-ipti deesserint (nisi per manunzpuOlicun~.facta, ftce~iitt,i t a quod appn?.ennt publiccr., n u t authenticunz sigillzsm 1 ~ ~ ~ O u e ~ i n t p e quod ~ possunt proba?.i) n o n videntur 1t00is alicu)'.ti.s fir~itifntis 77obu~71nbet.e (4). 7. En el derecho estatuzq-io i-io se encuentran ciispi~sicionescxpresas; sblo se debe recordar con Pertile ( 5 ) el csttltuto dc 130lonia, que por razones de reciprocidad respecto clc los libros de comercio reconoce eficacia probatoria, para el que los ha. cscrito los registros llevados ordenadamente por cxialcluier ciudadano con relación ti las partidas de crbclito inscritas á cargo de comerciantes. 8. Los escritores del derecho común nos ofrecen intXicaciones precisas y detiilladas. Ilascardo ( 6 ) clistii-igue la eficacia probatoriit dc los papclcs privados, scgúii que las anotaciones so irivoqncii piso s c ~ i b e n t e , contra scvibeiztenz, pro tcrtio veZ coiztra tostiunt. 9 . En el priiner supucsto (pi-obcstio pro scvibentc!), fuiid;íiidosc en el derecho roina,i-ioy canónico, forinula la regla, según la c~i:il el registro particular izo prueba pro sc?.ibente. Y GBnovn. (7) coiifirina, esta regla, aun cuando las aiiotacioncs figuren en nlús de un libro-y cuando sea o1 contrario quicn prcsenta 6 invoca el libro. (1) L. 6 , C. De probit. (1V , 19). (2) L. G , C. Dc:prol)nt. ( I V , 19). (3) L. 7, C. De probnt. (1V, 19). (4) Dec!. Cfi.rg.: L. 11, tit, LXYII,De fiáe instr., cap. 11. (5) Stnrrn pr. cts., 1'1, 1, p. 441. (6) Ob. cit., 11, concl. 073 á 975. (7) OO. cit., u. 35, 36.

CAP. 1.-REGISTROS

D E CONTABILIDAD NO MERCANTILES

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Amplia esta regla al sucesor del que escribe, aunque fuese e1 fisco 6 la Iglesia, fundándose en la L. 5, C. De conveniendis fisci debito?,ibus ( X , 2). Pero exceptúa: 1 . O El libro puramepte particular da un &£unto, si éste fuit vir bonus ac bonae opinionis et fumae, y argumentando al efecto con poco fundamento con el Fr. 14, 5 10, D. De Oonis Zibev. (XXXVIII, 2). Sin embargo, aun cuando sea evidente la falsa interpretación de este fragmento y sea mas recto acudir, como advierte Genova (1) á la L. 6, C. De probat (IV, 19) y al Fr. 5, 5 6, D. De re milit. (XLIX, 16), es lo cierto que, según algunos, verbi gracia, Bartolo, habría en ese caso una simple presunción (2); según otros, por ejemplo, Castrense, una prueba plena. Mascardo resuelve la discusión distinguiendo: si se habla de bono vi1.o bonitate regulari, entonces se debe admitir la tesis, de Bartolo; si de bono vi1.o bonitate p?.aecelle?zti, entonces es preciso admitir la tesis del Castrense.-2.O Las anotaciones del libro particular apoyadas en presunciones.-3.O Las anotaciones referentes á pequeñas s~mas.-4.~Las anotaciones indicadas tambien en un libro cuya veracidad resultase probada ya por varias partes.-5.O Las anotaciones favorables al que escribe conexas con las desfavorables. En este caso algunos rechazan la prueba favorable; pero esta opinión encuentra escasa acogida, y las doctrinas que prevalecen son dos: la de Mascaido y Iw cle Menochio. Eileeña el primero: si in 1ibl.o ?.ationum ~-eperiantztr pZzb?.a ca-

pitula connexa, et individua, quae conznzode sepal'nri ~zonpossint, et aliqua sint p1.o scribente, aliqua contra scri6entern,.si adversavius'velit talcm librum app?*obnrecont?.a scribentem, tenetur etiam approba?*epro sc~ibente,et sic i ? z isto casu Zi6e~rationum pvobat p1.o scribente ratione connexitatis. En cambio, según el segundo, tal conexión queda por completo al arbitrio del juez (3). Por Último, según Génova (4), el libro prueba á favor del que escribe si así lo dispone una le'y ó estatuto; 6 bioil, si el libro es de una persona noble, honrada, legal y digna de fe (5) 6 si sersamur in antiquis. (1) (2)

Ob.cit.,L.IV,I,n. lti,p. 1!,1.

Así dispone el estntato de Venecia, L. 1,cap. 48. (3) De orbitr. izlciic., Lib. 11,art. 1.O, cap. 193. (4) Ob. y loc. cit., n. 73 y 78. (6) Conf. Statuto Venecia: De praestcmpt., S.' praes.

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LIB. IV.

- PRUBBA

ESCRITA

10. En el segundo supuesto (probatio contra sc~ibentsm)Masc.ardo formula la regla según la que el registro citado prueba contra el que lo escribe, porque contiene una confesi6n de la deuda que se presume hccha por mandato del acreedor. Sin embargo, admite que esta regla es controvertida. En efecto, Baldo advierte que deducirla del Fr. 9, $ 2, D. D E edendo (11,13) es un error, porque este fragmento habla de los ~ u m ~ n u b u vyi ino de un particular cualquiera; así algunos han reducido la regla á la indicación de que dicho registro puede proporcionar una mera indicación. Mascardo acepta con alguna incertiduinbrc la regla, y declara no ser necesaria en el libro forma ni solemnidad alguna, y amplia la fuerza probatoria desfavorable & los herederos del que escribe. Pero añade que el registro particular no prueba contra el autor si no contiene la causa de la deuda, á menos que haya conjeturas acerca de ella, pues un libro que no contenga el debe y el haber nada prueba. Genova advierte que se debe tratar de un verdadero y propio libro y no de una hoja suelta, aunque este inserta eri el libro. BquBlla, del mismo modo que no hace prueba á favor (niim. 84), tampoco la hace en contra, porque falta 61 orden y la continuidad, á menos que se trate de un prestamista (núm. 120-135), La práctica francesa anteiior á los Códigos confiaba por completo al arbitrio del juez decidir acerca cie la eficacia probatoria de cualquier anotación domestica contra el autor sin exigir requisito alguno especial en la misma (1) (a). 11.' ~ lantercer hipótesis (probatio p ~ otcrtio ucl c o n t ~ ate?.tium), cuando se trate de un verdadero libro particular, no se (1) Merlín, V. Preuve, sec. $ 2, art. 2.O, n. 6, not. XXV, p. 419. Da1102, 2269. V. Oblia.. n. 4.226. (a) V6ase lo dispuesto en el art. 1.289 del Cddigo civil y la nota al pdrrafo tercero. Seglin dicho articulo, l a nota escrita 6 firmada por el acreedor á continuacion, al margen 6 al dorso de una escritura que obre en su poder, hace prneba en todo lo que sea fa-rorable a l deudor, Lo mismo se entiende res. pecto de la nota escrita 6 firinttda taoibién por el acreedor al dorso, a l rriargen 6 á continuaci6n del doplicado de un documento 6 recibo que s e lialle en poder del deudoi*. E n ambos caeos el deudor que quiera aprovecharse de lo que le £evo. rezcala nota particular escrita 6 firn~adapor el acreedor en los documentos citados, teiidr8 que pasar por lo que la misma le perjudique. El precepto de dicho articulo concuerda con l a doctrina establecida e n nuestro antiguo Derecho por la ley 121, tít. 128 de la Partide 3.8

conceptúa que hay prueba alguna ni en pro ni en ,contra. Sin embargo, quando ayitur de probanda scientia et notztia terti4, Jiberpro tertio conts-a tertium plene probat. 12. Scaccia (1),al examinar la fuerza probatoria de los libros de particulares llevados por Bstos, y en los cuales anotan sus cuentas, declara que deben: 1 . O Llevar su título.-2.O Contener el debe y el haber.-3.O La causa de la an0tación.-4.~ La fecha, si se quiere tener una prueba á favor de quien escribe.-5.O La. cartulatio ad effectzcm, ut inde aliqua carta detrahi, seu addi non possit. - 6.O Ser confirmadas con juramento, y contener anotaciones verosímiles y no rechazables. Con el concurso de estos requisitos se puede investigar si Gales libros tienen eficacia probatoria. Scaccia se pregunta an ?.eZiquaturarbitrio iudicis, si liber rationum p?.obet, vez non probet pro swibente et contra scribentern ct pro tertio et contra tertiuna. Recuerda que Menochio (2) responde afirmativamente. Pero reputa inexacta esta opinión y propone la siguiente distincibn: Si en el libro faltan algunos de los requisitos indicados, entonces nada se concede al arbitrio del juez; el libro no prueba 6 favor de quien lo escribe, sólo prueba en su contra. Si, por el contrario, concurren todos los requisitos, es un deber del juez prestar fe al libro, no sólo contra quien lo oscribe, sino tambien á su favor. Pero queda siempre á su arbitrio estatuir acerca del requisito de la verosimilitud-sobre la entidad de las anotaciones-y sobre la conexi6n de las partidas al efecto de su indivisibilidad. Y á este propósito se debe considerar que el libro regular es inesciiidible en sus partidas, aun cuando esten materialmente separadas. Si el libro no es regular, entonces las opiniones varían. Pablo. de Castro dice: quod i n connexis no4 possit pars contra scribelztem acceptari etparspro scribante qleiici.-Cravetta: quod indistincte possit acceptaripars contra scribentem et reiici pars quae facit pro scribente.-Veralli: quod indistincte debeat utraque pars accejta?*ivez uti*aquepars reicii. - Menochio cree que todo depende del arbitrio del juez (3). (1) De jzcdiciis, Lib. 11, cap. 11 (Venetiis,1663),p. 573. (ncscontractuales. Estos dos requisitos tienen por objeto precisar la ol)ligacii~ri, evitar sorpresas y hacer posibles ulteriores reclamaciones. G ) Las partidas mismas deben anotarse - di ncmto i)t mcrn o - (l),unas tras otras en la libreta que debc conservar e1 colono. La anotaci6n debc hacerse con una trascripcitiii exacta, pulcopia fiel; el resumen de una partida, ó peor, de varias, vio1ari:b la ley. d) La eficacia probatoria est&subordinada, al hcclio dv que ci colono no haya reclamado antes dentro de los cuatro meses de 1¿i fecha de la última partida. Es evidente que el arrendador no pucde reclainitr sino por las causas en virtud de las cuales es lícito ir contra los ciocuuientos que hacen prueba contra el autor. Naturalmentc, aun transcurridos los cuatro nloses, será lícito á las partes impugnar los resultados del libro invocailclo los vicios del consentimiento (2). nicci (3) advierte que la reclamacihn no necesita revestir la forma de una acci6n judicial; toda rnanifestacióil d r la voluntad contraria hecha a1 arrendador por el colono 6 su iiiandatario es eficaz. será cuesti6n la de probar l a efectividad de la reclan~acióii. E1 transcurso dc los cuatro meses es á. partir clesdc la fecha de (1) La irase d i w a n o in n m n o debe interpretarse como hemos interp ~ e t a d og i o ~ n opcr giovgzo rii los libros d e comercio. V . vol. 11, 1). 608. Conformes: Biaiiclii, Corso di lcg. ngr., p. 083; Tarasclii, n. 32, p. 30. (2) Cas. de I~loreiicia,15 Nov. 1586 (Tewti Ven., XI, 574). (3) 6'. (1. Div. civ., XV ( 2 . 8 edic.), V I , S 282, p. 526, en contra Tarasehi, n. 38.

CAP.

1.--REGiSTROS DE CONTABILIDAD

NO M E R C A N T I L E S

71

la Última partida; así que, en mi opinión,. el colono no puede reclamar contra una partida anterior ít los cuatro meses, cuando reclame contra una de hace cuatro meses ó menos (1). Con el concurso de los requisitos señalados, el libro del arrendador produce los efectos probatorios en la ley indicados: en faltando no los produce (2). Resultará tan sólo que es un documento no firmado sometido al derecho común, que puede ser el del registro domestico, y si concurren otros requisitos, puede aquel constituir un principio de prueba escrita, 6, en Último término, puede no tener valor jurídico. 74. El efecto probatorio del libro de colonias lirnítase, claro es, á las partes 'que en el asunto median, y á sus causa habientes y herederos: para los terceros no existe. Puede esto inferirse del art. 1.320 del Cód. civ. Dicho libro, además, ustá destinado á regular las relaciones entre colono y arrendador á fecha cierta. Así, no valdría para probar los creditos privilegiados del arrendador respecto del colono (3). 75. ;tgregados. Así, por ejemplo, los documentos públicos de los subalteriios los fivrnan. éstos (artículos 135, 597 C6d. proc. civ.), y los de los (1) Acerca de la necesidad de la real firma como forma de la sancibn, de la firma iínica para varios decretos relativos A personas, y del modo de resolver en caso de que el Rey no pueda firmar, ver Saredo, Trat. delle leggi. (Florencia, 1886, n. 60 y siguientes). (a) Segiln el art. 61 de la Constitución, el Rey sancioiia y promulga las leyes; la promulgación se hace con su firma y además la del Rlinistro q u e refrenda, seghn el art. 40 de la Constitución. Las disposiciones de la Adriiinistraci6n Central llevan los iombres de lteales decretos, Reales 6rdenes y Ordenes de las Direcciones, si bien no hay una jurisprudencia 6ja A que poder ateuerse para saber qué actos do mando del Poder ejecutivo han de revestir una y otra forina. Los Reales decretos deben estar firmados por el Rey y refrendados por un Ministro. Las Reales órdenes las firman dnicamente los Ministros, aunque en ellas fle invoque tambiéu el nombre del Rey. . Los Subsecretarios, en las resoluciones que acuerdan por delegacibn del Ministro, usan la f6rmula: ~De'Realordencomunicadas. En los Regla mentos interiores 6 de procedimiento administrativo de cada Ministerio suelen determinarse las lteales 6rdenes que el Ministro acuerda y firma por si y las qile autoriza el Subsecretario. Asi, por ejemplo, el Reglamen. to de procedimiento aduiinistrativo del Ministerio de Gracia y Justicia de 17 d e Abril de 1890 dispone en su art. 69 que el Ministro autori~arácon su firma todas las Reales órdenes que se dirijan & los Ministros de la Corona, Presidentes del Consejo de Estado, del Tribunal Supremo, del de -Cuentas, de la Rota, de la Nunciatura,'A los Cardenales, Prelados Melropolitanos y Secretarios de los Cuerpos Colegisladores. También firmarh 1%

CAP.

1.

- DE

IJA FIRnlA

95

jueces van firmados por ellos, siendo sus firmas certificadas por los escribanos O por aquellos que legalmente hagan sus veces (art. 247, n. 11; 360, n. 9; Cód. civ. proc., art. 53 íd. y 153, ley li Dic. 1866). Los documentos yz'cblicos civiles que expresan las relaciones de la. vida privada, obra ordinaria de los noturios, deben estar'firrnados por éstos (art. 49 L. notar.). 95. La firma de los documentos públicos judiciales y civiles da lugar á algunas cuestiones que examinaremos por vía de ejemplo, Según el Derecho roniano del período formulario, la sentencia iio cra escrita; así no se podfa en modo alguno hablar de firiiia (1); pero en la jurisprudencia justinianea se confirma la regla, formulada por las constituciones imperiales, de que la sentencia tlehe ser escrita (2). Los textos nada dicen de firma por parte de los jueces. La misma evoluciún se verifica en el Derecho posterior; según las leyes bárbaras, la sentencia no era escrita; según otras y según el Derecho estat;utario general, se prescribía la forma escrita; pero no consta que se impusiera la obligaciúiz de firmar á los jueces (3), obligaciún que ciertanlente no existía según las leyes sicilianas de carhcter ci~hilanteriores á la de 1519 y por las sanciones alfoiisinas de 1748 (4). Scaccia examin6 la cuesti6n de la necesidad de la firma de la sentencia, cuestiOn que declara ser el primero en tratar (5), y -

Real orden p~incipalde toda resolución definitivaque se dirija á ciialquier

autoridad y las peticiones de informe 4 las Secciones del Conuejo de Es: tado y Tribunal Supremo. Segfiu el art. 70, todas las Reales 6rdenes de trámite serán acordadas y fit-aladaspor cl Subsecretario. Los Directores generales firmaránlas órdenes en aquellos asuntos cuya rcsoluci6n no sea privativa del Ministro. Alguna vez tarnbikn los Directores pueden 'acordar con el carhcter de lieal orden por delegación del 31inistro. Así, por el art. 1.O del Real decreto de 1.' de Ago~tode 189[l, queda autorizado el Director general de Administración, por comisión especial del .Ministro de la Gobernación, para el despacho; aciierdo y firma, con el carácter de Heal orden, de lou asunt o del ~ Centro directivo de su cargo, excepto do los que en el art. 2.Ose enumeran. (1) Scialoja, Proced. civ. rom., 3 32, p. 265, 266. (2) Scialoja, ob. cit., 56, p. 44!). ( 3 ) Textos en Peiqtile,St. della proc., p. 711. (4) Ap, Palermo, 10 Septiembre 1883, pon. Lanzafame, (Circ. giur.,

-18~4, 90). (.5)

De se~tt:et re jzbdic. G1. Y V I ,pev toltlm.

96

LIB. 1v.

- PRUEBA

ESCRITA

sostiene que la firma no es necesaria, no exigiéndola ni las leyes ni los doctores; porque la firma nada añade á la voluntad irrevocable del juez,. expresada en el acto de dictar la sentencia. Re-. Bere que en Genova no se exige la firma, la cual está en uso en Florencia y en Roma; pero no bajo pena de nulidad. En epoca más reciente se ha admitido el principio de la firnia. limitándole, sin embargo, á la firma del presidente y del Ponente (1). Las leyes modernas siguen dos sistemas. En Francia la ley, respecto de las sentencias colegiadas, pidela firma del presidente y del secretario, y en Francia se atieticlu además al caso en que éstos no puedan firmar (2). La mayoría d(. las demás leyes exigen la firma de t,odoslos jueces (3) y regulan los casos de impedimento. S610 un Código, que sepamos, considera indirectamente el caso de negativa B firmar, y es el estense, cuyo art. SO0 formula la regla, segiin la cual las sentencias deben ser firmadas por todos los jueces que las dictaren, aun czta~zdoaigunos no estuvic~se.it conformes, pues podrán &tos exponer e?%hoja a p a ~ t clos moiiuo.~ de su disentimiento (a).

96. Según la ley vigente, es sabido que, terminada la votación. el, presidente redacta la parte dispositiva de la sentencia y la @ma; que los motivos, redactados á continuación de la parte dispositiva, se firman por el presidente y el ponente; - que por último, el original de la sentencia, escrito por el relator, se firma por los votantes -art. 366 Regl. gen. jud. - La scntencia es nula si no contiene 12%firrnn de todos los jueces que la han dicti~tado y del relator 6 secretario - art. 360, n. 9, 361 Código civil procesal. Ante estas disposi'Uiones, scÜá1 será el valor de la sentencia original d la cual falta la firma de un juez? ,

t

1) Richeri, J~irispr.wziv.,

XlI,

771.

C6d. pr. civ. francés, art. 138 y Decreto 30 ISIarzo 1808. V. Garsonnet, 111 (2." cdic.), 5 1.166, phgiiias 618 y siguientee. Cunf. C6d. pr.napolitano, art. 280, y lteglamento austriaco de 1895, 66.418, 429. (3) nC6d p1,. civ. alemicn, de 1838, 5 315 y 286; C6d. esp., art. 364,365; C6d. sardo, 186.4,art. 205, u. 5; 1859, art. 204 n. 10; C6d. parmeme, articulo 524; C6d. ponl;i6vio, S GOY; C6d. esteiise, art. 800. (a) También nuestra Icy de Snjuiciauiiento civil prevé el caso 4 que 80 refiero el autor, pues cn el art. 367 preceptiía que todo e! que tome parte en la votación de una sentencia firuiará lo acordt~do,aunque Yubiere disentido de la mayoria, 2)

CAP. l.

- DE LA

FIRMA

97

La causa por la cual falta la firma puede copsistir: 1. En una omisidn material. Y entonces no hay duda de que una sentencia publicada sin l a firma de los jueces, es nula, ya que la publicación de la sentencia, según el art. 366 del Cód. proc. civ., debe hacerse en la primera audiencia siguiente al día en que fuese firmada (1)(a). 97. 11. En il!ia omisidn voluntai.ia á causa de negarse un miembro del Tribunal á firmar. Este supuesto se considera por la ley en los laudos. El art. 21 del C6d. proc. civ., despues de decir que la sentencia de los árbitros debe contener la firma de todos los árbitros, añade: ' .Si alguno se niega á firmar se hace mención por los demás y la sentencia tiene efecto, siempre que la suscriba la mayorían. No hay, en cambio, disposiciún alguna para el caso en que l a negativa á firmar la seutencia emane de un juez. Ante el silencio de la ley, la doctrina y la jurisprudencia defienden diversas soluciones. CIJ El Trib. de Catania (2) advierte que la ley no ha previsto el caso, ni podía ni debía preverlo, por no poder admitir que hubiese un juez que se negase á firmar, aunque su voto fuese contrario, porqne debe someterse á l a ley de l a mayoría. Que uno obstante, el Brt. 49 del C6d. proc. civ. aclara la cuestión al disponer que cuando la ley impone la obligaciún de la (11 'Cae. Nápoles, 5 hlarzo 1898 ( G a z ~ Proc., . 1888, 424); Das. de Turin, 13 Febrero 1895, Parini (Bett., 1895, 1, l, 484); Gas. Plorencia, 1.0 Agosto 1896. Scarienzi (Temi Ven., 1896, 607); Ap. 'lurin, 20 Junio 1901, pon. Peecu (Giur. Tor., 19~1,1.334);Gargiulo (111, art. 473,I, p. 211) ha intentado sostener la posibilidad de corregir la sent. en este caso; pero su tesis es inexacta, según deuiostró muy bien el prof. Franceschiui, covrez. delle sent., n. 283, p. 380 y sig. (a) Previene el art. 249 de la ley de Enjuiciamiento civil, bajo pena (le nulidad, que las actuaciones judiciales sean autorizadas por el funcionario pilblico 4 quien corresponda dar fe 6 certificar del acto, de tal modo que las actuaciones en que se baya omitido tan esencial requisito seran nulas de derecho, debiendo subsanarse la falta luego que se advjerta, y si no fuera subsanable, reponer lo actuado al estado que tuviera cuando s e cometi6 la falta. NO existe dispoeicidu aiidloga para el caso en qxe se haya omitido 18. firma del juez, y, ante el silencio de la ley, seguirnos la autorizada opiui6n del Sr. Manresa, quien, despiiés de decir que la firma de aqiiél es tan necesaria y esencial como la del actuario, pues con ella se comprueba l a verdad y l a autenticidad del acto, manifiesta que "es de jurisprudencia Y conforme tl los buenos priucipioe la nulidad de las actuaciones en que fi~lteaquella firma, cuando deba tenerla.. (a) 6 Marzo 1880, Galifi (Gizcr. ital., 1380, Ir, 642).

98

LIB. IV.

- PEUEBA

ESCRITA

firma en un documento, si quien debe firmar no quiere hacerlo, se haga constar. Y la ley en este artículo no hace distinci6n alguna por la que pueda sostenerse que la sentencia sin firma, aunque sea con consignación verbal de la negativa, sea siempre nula, .precisamente porque cuando en la sentencia falte la firma, la sentbncia no puede considerarse como tal. Pero se debe hacer aotar que el documento falto d e firma es incompleto ; mas constando la negativa según la ley dispone, el documento se hace completo. Así, pues, constando en el acta que redacta el presidente del Tribunal, que uno de los jueces que votaron se ha negado resueltamente & firmar, la sentencia se hace con esto completa y perfecta, sin que pueda dudarse de que el juez en cues%i6nfué uno de los que votaron y de que estaba obligado legal.mente á firmarla, . Y no se diga que la sentencia no puede estimarse coinpleta: porque, según lo que dispone el art. 359 del Cód. proc. civ., el presidente, cerrada la votación, designa quien debe redactar 18 sentencia; y así, todo votante puede volver sobre su opinión. No Parece este un al-gumento demasiado fuerte, puesto que cuando la sentencia escrita ya se pasa 6 la firma de los jueces votailtes, la votación, no sólo esta, efectuada, sino que se han leido los mo%ivosde hecho y de derecho, y los votantes han tenido tiempo d e discutir y de reformar su opinión. Y si uno de ellos, al ser 11~m?do á fir,mai.la sentencia, quiere volver sobre lo decidido Y ~~ncileiltra á 1s mayoría fi~meen la opiilióii anterior, esth obli~ , no influir en nada su cambio de opinión. En gado 6 ~ K Q Z L por el caso d'el,juez muerto antes de firmar, la hipótesis es muy distinta, siendo distintas las consecuencias. En el caso de muerte puede ocurrir que desde la votación á la b i n a se haya reclamado discusi6n el asunto en virtud de dudas de alguno de los jueces votantes; pe.0 faltando uno de ellos por estar muerto, faltaría el nbrilero necesario para volver á la discusión. Esto no puede oca'rrir en el caso de negativa, po~queel juez está allí y hasta la fir'ma puede cambiar de opiilión, puede interesar al presidente á fin &deque el asunto se examine de nuevo; pero no puede negarse :firmar cuandi, la mayoría persiste el1la primera opinión. S cuanla do mediante manifestación del presidente so ha negativa de la firma, no debe ponerse en duda que esta manifestación suple la firma. El art. 323 del CC6d. proc. penal r e f i ~ ~ e al s e asunto y advierte

CAP. 1. -DE

L A FIRMA

99