La Culpa En El Derecho Civil Moderno

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191. PQDER JUDICIAL O€ LA FEDERAGION INVENTARXOS

BIBLIOTECA JURÍDIOA DE

AUTORES ESPAÑOLES Y EXTRANJEROS

LA CULPA

EL DERECHO CIVIL MODERNO CULPA EíYTRA-CONT.RACTUAL POIi

G. P. C H I R O N I Profesor de Dcreclio civil en la Cillversidad de Turin.

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TRADUCIDA

DE LA SEGUNDA EDICIÓN POR

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TOMO PRIMERO

NADEID IIIJOS R E REUS, EDITORES Cnalxases, 3, segundo izquierda.

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Es propiedad. Quedan reservados todos los derechos que marca la ley.

IhIPREKTA IIP LA SUCESORA DE 31, AIlNUBPA DE LOS R ~ O J

3Ilguel Servet, 13,

- Telrlfono 131.

Lo mismo que lu C:ulpu co~ztractual( l ) ,también esta parte de la Culpa rzo cotz¿ractual (aquiliann) aparece en forma nueva. Los conceptos fundamentales no han cambiado; tampoco ha sufrido altertlcidn In división del trabajo; antes bien, ha quedado como estaba; pero el desarrollo de los conceptos, por la doctrina, la jurisprudencia. y la legislaciúri presente, imponía al autor la obligacióil de tener s u obra en relación discreta con .el nuevo material de ostudio, He aqut por que, como el lector avisado descubrir& e n la parte que ahora se publica, y todavía mejor en la que ha de seguirla, la noción de culpa en relación con la de ga;r9an¿iuIIU sido objeto de investigación nueva; y establecidos con toda claridad los limites que separan B ambas, segiin el predominio de s u s caracteres especiales, nuevamente se las adapta 6 las instituciones particulares de que se trata. En esta forma, la misma legislaci6ii sobre los Accidentes del trabajo entra, en s u s lineas generales, on los ternzinos de la raziin común.

EL AUTOR. (1) Segunda edioibn.

- Turin, 1897.

LA CULPA EN EL

DERECHO CIVIL MODERNO PARTE 11 Culpa aquiliana (C. delito). S E C C I ~ N PRIMERA ENTIDAI) J U R ~ D I C A DE L A C U L P A A Q U I L I A N A

CAPÍTGLO PRIMERO SU~IARIO : 1. Transici6n de la culpa contractual B la extra -0ontractual (aquiliana). -2. Su razdn d0 ser.

1, Ue la

cuJpa, en su rtrnplio significado de lesi6n in-

justa (1),nace una relaci6n especial, distinta, que tiene por objeto la responsabilidad del agente, y, de resultas de Bsta, la reparación do1 daño causado. La oonstrucci6n juridica de la entidad de la «culpa>>reposa sobre ese concepto fundamental, que demuestra por si solo Ia unidad de una institución, no obstante la variedad que, en su modo de determinarse, resulta del origen y carácter del derecho á que l o ofensa se refiere, La lesi611 ciilposa (2)del derecho ajenc (1) Para la terrninologia, vease la parto 1 ( C. colelractual), cn. pitulo 1; y deepu8s este capítulo, 2. (2) Para d conourso de la jnjuria objetiva g la wbjetiva, v. 1~ nota preo,

induce la responsa>ilidad; hé aqui el principio: quc la ofonsa ocurra en la ejecución de una relaciún obligatoria preexistente, 6 fuera de ella, 6 fuera de toda relación obligatoria, no importa, porque la existencia, de este vinculo de la culpa, sino sblo en no influye, modificando la e?~lida-cd el modo de valuar su extensión y de determinar la cantidad del daño resarcible. Eii su coucopci6n jurfdica, la culpa es zc~a;los dos modos de ser que puede tomar, de coutractual y de no contractual [esiru.co?¿~rrac2zca;Z: ag1~iZia%d~), no impiden que sean idénticas las llneas generales y fundamentales de la relacibn jurídica nacida de ellas y eii que se contiene la obligación de responder, porque al concepto abstracto ds «culpa» responde el resultado, tarnbien abstracto, de la ~espo?&sn&2i!edacZ, que adquiere deapubs esifilencia coucreta y material en el resarcimiento del da~lo,resarcirniento qiie no ea de por si la raz6n de la responsabilidad, derivada toda de la injuriti culposame~lteacarreada (1). Unico, pues, es el concepto de cb (~upifiinl),dibles: la L. Aquilitt un aesarrollo inipuesto, no s61o por rtlzorres ji;ridica,s, ~ i n o tamiiikn política8 ~ 3 ) .Tudo dano injusttttneilti: citusado, cualquiera que fuera la forma en que se cometiera, cae bajo la sr~ncibnXegislativa. El hecho d a f i o b ~quc pDr sus carscterea no entsasi: en las clases aspecialrnetite consiaeradas: y caetigadas obligaba al agente, y esta dlspusicióri Pub e1 puilto de qlie partid el suiplfsimo de~arrollode la jurispiudencia clbsica s r cuarito B Ja injuria, eieudo la fuente diT0ct.d de la ooncepcibn rnoaerria do esta culpa, que tomii de la L. Aquilia su uornbrc cakrtcteristico: ~~AQULLKA enim utfiaes WJPTiON ES y'uae damm dfiat, palrseg#itu~->) (4). 11) V. los autores cit., p G P ~ ob. , cit., p. 352 1; sig. (2) De eeb modo amplio de con~ideru: el dario como razón conetitutiva del delito privado especial, da fe el texlb de Ulpiano, on 1. 3 , D.ad L.Aq. [IX, SI: c r L e ~Aquilia ortmibus legiliua, QUAE MVJ'K Sis dc damfbo iaiüibin ~lioutacslcirt, derogavil; slvk !:uouecIhr TnBULIs, siuo uEia yuae JkiS 1); donde poroo@oxplicita la afirmaciúti en cuanto (I las disposiciones rhnteaidns en los XII T;tr,bl~n; sobre e1 danzraenz itrtoria dalanz. (8) Cuq, ob. cit., p. 586. (4) L. 27. $ 17, h. t.

.....

6 . La. ley contenía tres capitulas ( 3 ) . Los dos primeros, que se refieren, uno al caso de muerte de un sierro 6 de un cuadrúpedo (2), y otro h, la acceptilntio del nds¿$pzslnlor en fraude del acreedor estipulante (3), no nos interesan. Eblo es iiecesario advertir que el segiindo, al peilsar l a ilicita disposici61i que el ndsOiptclnto~liacin del crkdito ajeno, consideraba ya al derecho de cridilo como una cosa. En el tercer ~ prneter hominem e t capitulo se ordenaba: a C c b e ~ n m crenc+16 pecicdem sccz'sos (4) si ptcis a l l e ~dnmlzzcnz i factil pcod ~csseril, f ~ e g e r i t ,?.7cpri.i¿ i d u ~ i n qzcni~ti , en res e ~ i (l5 ) i ? ~diefi~~s trig i ~ ~p~o~z%vis, tn ln?~tzbmnes donzina dare dnmnns esto.>,' Con toda su latitud, esta disposición llena el orden de las S I 1 Tablas en cuanto al daño injustamente causado, y determina con toda claridad los elementos por los cuales el «tiecho i l i c i t o ~que produce la responsabilidad del inju-

(1) Se diitla que no fueran mds de tres; pcrov. Gayo,## 200.210. El modo d e referir Uipiano el tercer cap. en la 1. 27. 4 5, D. ad l. Ay., (IX, $2) : cfcetor.«rlum rerunz..,..)), si se tiene presente que la I0y se refería al (1. ini~lrinrlatum, prueba que el tercer capitulo era el Ultimo, Pero esto n o rogiria, de adoptar l a lecoicin sosteliida por Pernice (ob. cit., Einl. 11) y aceptada por Castellari. ob. y luz. cit. V. tambien Cuq, ob. cit., p. 585, n. 3 en f. (2) L. 2, pr. D. ad 1. Ag. (IX, 2). (3) Gayo, 111, $ 215, 216. ( 4 ) L. 27, 5 5, D. nd L. A y . (IX, 2) cit.; Pernice (ob. cit.. E., 11) no cree quc este inciso formaso parte del texto genuiso de la ley, g hace comenzar al tercer capitulo con l u palabra si quis. Esta oonjetura no nos parece buena. S e puede observar que, despues do la disposicián sobre el adsiipulatoi-, se debia relacionar la materia del t e ~ c e rcapitulo con la del primero, ligados ambos por el principio sobre el daño, referido, es cierto, al caso del adstipulalor (vease m8s adelanto), pero separado como figura distinta. AdernBs, el posaje que se quiere suprimir indica con mayor viveza la amplia extensión do1 torcer capitulo. El pasaje ( 5 12) de la Instiluta (IV, 3) relativo 8 este planto: ctcapite dertio de onzni CETERO darntlo caostur-a, sirve tambidn pera justificar la Ieccidzr. comúnmente acogida. ( 5 ) Quarati ea 7-es /kit..,,? Mommsen, en la edicidn de los Digestos (Berlin, 1898-1900, sobre esta ley); Cuq., ob. cit.

riante tiene los signos juridicos que le especifican, de lo que se tratará, como lug..zr más oportuno, en las p6gitias siguientes, donde se des~ribenlos extremos jurfdicos de cuyo concurso nace aquel hecho jurídico propiamente determinado como silícito)), y no relacioliitndose con el derecho ofendido mediante ralacibn coiztractual preexistente, que es precisamente la injuria estra-contractual (culpa aquiliaua), Aqui bastar&indicar el modo amplio de concebir el termino fiindarnental del daRo; porque si el significado de ru?1tpc~ees en la L. Aquilia el mismo que se advierte en las disposiciones de las XII Tablas (?1tcpilZa83),con la locución coternr~~n~, rencn6 se extiende la nocibn de la injwia y de la sancibn legal contra ella 9 todo datío causado en una cosa materialmente g con injuria (1). La i%j%rirc originaba, pues, la obligacibn (respoxisabilidad), nacida del YzLnipere; pero, tanto en la letra como en el espfritu de la ley, no todo daño ea czcnlpgie~wodo inferido era adecuado B esto. La locución wrnpem maestra y a que daño se sobreenteridfa, 6. saber: el del. contacto directo del causante; el daíío debia acr producido corjore e¿ corpori. (1) Gai., 111, 217; 1. 2"1, 13, D.ad l . Aq. (IX, 2): v. tnmbibn los $$16, 17, y la Ist., > tje quiere significar el lieclio jurídico del incu~ilplimianto

de una obligaoión coi1tractual(6 cuasi contractual), comprendiendo la inejecucibu de por sí y el elemento subjetivo de ln imputalúilidad, asi la ca¿!p&agtciiiia~~uctesignri toda acci6n 6 ornisión imputable que, violando el derecho ajeno, 8in ser por esto incurnplimierito de obligacidn coxitractual preexistcnte, excita la reacciún del c;ir;terna objetivo creado pura la defensa del derechu ofeiididu, reaccilin que se revcla y manifiesta con la acci6n de respoilsabilidad. (y por lo mismo de resarcimiento) contra el autor de la injuria. Mucha. es, pues, la amplitud de este thrmino, que por si solo deaiglia toda 10, institucidn del l~ecboilioito, como fuente eape~lalde obligaci6n (1);si bien la c@lp&, considerada en su ~;igiliAcadopropio y eetrioto, sea 5610 a w de los elementos que crean lit relacihn, b sa'krljr: 1%parte ~ubjeliva de la iujuria. La hi8toria.de la institu~ibnencoiia ya 18 (1) Do ln injuria objetiva y de la gnrantfn sin iojuria (ixijnrie. subjetiva, 6 bion sin ninguna injuria) se hablarti luego partioularnlonte.

sinonimia de las voces cinjuriaa y r/culpa»; pero adem&s hay otra raz6n justificante de esto en la entidad de la culpa y en la relacihn en que está con los demas elemeiltos de dontle resulta el hecho ilicito, La culpa, como defecto ivzpnclnBle de la diligencia impuesta al agente, determina la violacibri, con efecto jurídico, del derecho ajeno, siendo la razon principal por la cual el hecho ilícito es hecho juridico (1): por eso esta violación injusta es propiamente injuria, es iiegligeiicia punibie (2); de este modo, el elemento de la culpa hace siipones necesariamente, cuando 110-los comprende, los demhs términos q u e constituyen el liecllo ilicito; y hasta parece, estudititliloli con relación á ellos, que se la debe asignar uria especie de predominio, derivado de que expresa la imputabilidad de la injuria; y si bien la injuria objetiva os elemento esencial para la existencia del acto ilicito como hecllo jurídico, una vcz que se pie~lsaque muy bien puede haber injuria (objetiva) sin culpa, pero no Iiecho ilícito generador de responsabilidad, si á la injuria objetiva no se ariade la subjetiva, parecerá justificada esta magor entidad de la culpa: por donde la voz «cillpa» se us6 y se usa aún para sigriificar «injuria» {objetiva y subjetiva). Cuando no & tal predominio, ciertamente á la necesidad absoluta de que este elemento subjetivo determine el liecho ilicito, es á lo que ha querido aludir la ley cuando (condicidn correspondiente en su amplitud & l a intensiclad determinada por el concepto que expresa) ordena la responsabilidad por causa de acto ilfcito: cualquiera liecho del hombro que dane 6 otros, obliga 6 aquel por culpa del cual. auccdib al resarcimiento del dafiox (3); hecho en cuanto culposo, la culpa, pues, es lo que da (1) V. la parte 1, cap. 1. (2) Hasta se puede decir que la amplitud del termino doilota la reacción contra la concepci6n antigua, que resumia la injuria posible en el solo hecho dafioso. (3) Art. 1.159 C6d. oiv. italiano; 1.382 C6d. civ. franchs.

nacimiento, como rslacibii jurídica especial, d la obligaciOli de responder (resarcimiento); y si bien el co~juritode las disyiosiciones sobre este punto lleva el titulo de las dos fOrmas jurídicas especiales qrie el acto ilicilu asume (delitos y cuasi delitos), la 1-02 «culpa>>,qiie por regla general en su valor propio se refiere á la segunda (cuasi delito), significa en la posici6n de principio general el elemento subjetivo, la imputabilidad; y así, en su mhr; amplio ralor, cornprende el dolo y Zn sin~ple7~egligc~zcia (1: refirlkndose $ toda desviacibn, querida 6 no, de la regla de conducta impuesta hacia el derecho ajeno. La doctrina pone jfistamente de relieve este concepto fundamenlal de la ínstitucidn, advirtiendo que la voz .),que, limitando la amplitud de la palabra «cualquiera>),designa los hechos ilicitos quo dan lugar 6 responsabilidad, 10. Para evitar dudas que pilecian surgir de esta construccida, y que se discutirfan y eliminarhn luego, preciso es considerar que si la simple injuria en su materialidad 6. el solo evento danoso no contienen la culpa, ésta, como puro elemento subjetivo, no determina jurídicamente la figura del hecho ilicito. Por reprobable que sea l a iiifrsccí6u de las reglas impuestas 4, la conducta, no basta por si sola para constituir la ilicitud: la intencihn de obrar contra tal regla, b el defecto de diligencia en su cumplimiento, podr&n constituir rnzbii de censura contra el agente; pero

(1) V. especialrnerite: Colrnet do Santerre, ob, cit. (2."d.), V, n. 361 y 366 bis I . Con$. Marcad& ob. cit., arts. 2.382-f?3,n. 1-11; Uemolornbe, ob. cit. (XXXI, 61,VIXI, n. 468; Laurent, ob. cit.,XX, 384; Stabol, ob. cit., 4 150; Ureger, ob. cit., 8 388; Giorgi, ob. cit., Y, n. 149,

esta capacidad d e ofender es consideraci6n puramente subjetiva, que no da lugar a l hecho jrirfdico determinante de la respoiisabilidad. Verdad es, segíin se ha dicho, que el concurso de este termino subjetivo es la característica d e la ilicihra! del hecho; de aqui e! significado amplio que la ley moclerria da 4, la palabra > cuando fija 1s regla de la responsnbilidad por delito y cuasi delito, representando en ella la irnputabilidxd; de aquí tambitsii la exactitud del principio q u e sirve de fundamento a Ia teoría, ci. saber: la urlidad de concepto eii las dos formas de culpa contractual y ciilpa extra-contractual, Iiiiitil es ya insistir sobre esto, puesto que se ha dcmostrado suficieriterneilte que la culpa da fundameilto g titulo B u n a obligaci6n especial q u e tiene objeto propio deterrninado eii la res~poiisabilidadde resarcir el dano. En su valor genbrico, es lesidn ilicitn. del derecho ajeno, acto íri omiai6n c o ~ ~ius l ~ i?~iu?.in ~a (en el sentido derivado del concurso de los dos elementos, subjetivo y objetivo): g e n e ~ a l i l e«inizc~l:nh> ~ dicilzw o n z ? ~qzmd , non iz~>*e jflt (1): p o d 7bon izm Jaclum est, Roc est co?¿¿rni ~ (2). s Dada la equivalencia del término culpa y el de injuria, se entiende la existencia do la obligacibil especial que la culpa engendra, porque ya ocurra la injuria eii el cilrnplimiento de una obligacibn detcriuinada G indeperidientemente de ella, la acci6n 6 la omisión son siempre contw ius: 6 sc lesiona el derecho del acreedor concretado en la ubligacibn, 6 se oi@e~~cie un derecho que, como tul, estB garantizado tL su titular por la organizaci6n juridica: d e donde la responsabilidad y el resarcimiento. En ambos casos, el derecho (nazca b no de obligacibri) esta protegido por !a ley, y !a obligacihn que deriva de la violtlcidn culposa del mismo es uno de sus modos de delensa. HB aqui por (1) Fr. 1,de ir&iiua.(IY, 4). (2) L. 5, 8 i, D. ad 6. A?..(IX, 2).V. l. 1, pr. D, císiniur. sC fam, libsl. (XLVII, 10).

qué no parece muy correcto el restringir 6 la culpa aquiliana el apelativo de cobligacibn nacida de hecho illciton, como si designara una figura intimamente separada d e la culpa contractual, TambiBii esto es hecho ilicito del obligado, el cual, violando la ley de la obligacibn que le compromete, ofende el derecho resultante. En ambos casos domina el mismo concepto informador d e la ilegitimidad, la injuria, si bien de distinto modo, por el diverso medio eil que el derecho se mueve (1). ti. Supuesto que el termino cculpai,, considerado en su valor generico, tanto quiere decir como acto ilicito 6 injuria, cori lo que expresa una relacibn en la que concurren el elemento objetivo de la iZz'ci6uzl.d y el subjetivo de la nzuZa co?tducba imputable; y como esta conducta, jrirídicamente reprobable, puede contener la uoiv~t,tad do ofe%dev, G 8610 la ncgligeucia en el comportamiento, según requiriria el respeto al dereclio ajeno, esto supuesto, l a voz aculpa}}, e n cuanto expresa en general este ~omportamientodefectuoso, cornpre~idelas dos figuras que el acto ilícito puede asumir, sagún ei grado especial en que este comportamiento ha concurrido para determiliarle; por donde si de este modo de intervei~irel elemento subjetivo, la volnntttd dirigida injuriar da el contenido propio al dolo, la ctculpaa, que en su significado geiieral, amplio, le comprende, es después materia y termino apelativo del modo opuesto; es tainbi6n ?¿egíigs?zrin,clcipa, en su valor restringido y rigurosameiite -técriico. En contraposición al dolo (acci6n 6 omisibn dolosa;

(1) El Cbd. cid. civ. de MBjico, e n cl tit. 111, cap. ITr, art. 1,554 y siguientes, regula la reaponsnbilidad cid. oiv. en rolaoibn con la culpa contractual y la extra-conti*actual. El C6d. civ, aleiuhn, S 249, tiene tambikn una disposicibn general sobra lo dobido por indemnizacibn. Cons. Plnnolr, ah. cit., sobre esto S; Cromo, Syst. d. d , B. R,,I (Tub., 1900), 8 107.

acción czc@os~), este contenido particular es la caractcsfstica de la culpa, bien scn contractual b extra-contractual. El conccl)to de la iiistitueilin, según se lia dicho, es idknticu, rio obstante el medio jurfdico en que se n~aaiiiesta,y en todo caso supone ildel delito y el cuasi dolito se ha referida S la primera de q t a s declaraoio~ies,aunque repug(1) V. la priiuera parte de este estudio: (cCulpn contractualii, cap. 1: Aut. Oit. eu nota, osi la 1. 5 , 1, D.ad l. Aq. (IX, 2): rtIgitur ktrtrintn hio dnrni¿um accipismus cr{Q>cndatcc,~z, aticcrn ab eo qrti ImcBrc ~bolrcitD.V. IRn. 61t. al n. 11. (2) V. la parte 1, CeZpa conlractuccl, Iug. cit, Cdrl. c ~ v . ,articu.los 1.224 y 3.229.

ue 5 la doctrina romanistics recietite (1). Con este fuiidamento y significado, las dos figuras han sido acogillas en el derecho italiano, scfialaildo la8 dos maneras generales de causar injuria extra-contractual, según la varia condicibn subjetiva del agente. Pero de esto ac hablar8 en seguirla. Ahora es preciso advertir c6m0, contradiciendo al sistema objetivo y & SU rtiz6n de SGP hist6rioa y juridica, se ha querido &a nota de puoa oportuiiídnfl 6. la distincibn referida. Se dice que la cieucia no la conoce, y que no sabe hacerla ltt ley, y que carece de prhctica importancia, por ser idBnticas las consecuencias del hecho ilfcito, delito b cuasi delito (2).Todo esto as muy iriesacto. La ciencia, duo conoce la distincihn entre delito y ciiaci delito, cuando la doctrina anterior & la ley francesa y los t r a b ~ j o spreparatorios ponen de relieve su significado? La ley, gno sabe hacerla, cuando su sistema sobre el ({hechoilicitd extra-contracluals esta, fundado sobre ella, y si SU terminología parece oscura es porque no se advierto la rclacihxl eii que Iu palabra qculpit.ii de la regla modenia esth con I n ~ o ({culpa» z de las fuentes? Por iiltirxio, nada significa la observiici6n ~acadade la práctica, la cual no puede trastornar loa principios cuailclo no tienen vicio intiiinseco de error. Tan es así, que de admitir la correccibu de IP, critica, se Sebei%irr taaibi8ri reputar Iniitil la di,stfnoibri entre dolo y culpa, dosde el rnornetito en que sus conaacuenciss s o i i iguales d resarcirnicuto en la injurfn extrucontractual. Practica y teorfa distinguen estas dos figuras de la culpa en geriekl: dd{¿o y cz5asi delito, y no se debeu coafundir instituciones tan diversas, alogando lu, ideiitidad ds las conuecu.lonciac;; defecto mucho mas grave en aquellas teorias que, con violaciún cierta de Izc ley, consienten al juez un amplio poder de apreciacibn, á flu de distinguir cucLndo (1) Cdd. oiv., 1. 3, tit. lV, a. 1, sec. 3, (3) Oiorgi, ob. y vol. cit., n, 189.

la tiiligeilcia se puede considerar escusalle. De esta suert e , los clos cuuceptos llegan & una coi~t~adiccidn manifiesta, porque p~.Bcticamente ae mantieue la distincidn quo, elevada á, razbri teórica de la ley, se querría eliminar coruo iu6til (1). 12. Cualito 5G la idea de la ley al gcparsr las dos figuras

(1) El raaorinmienlü tiende ti dcmustrar que la terminul~ginr e s por-iilc & u r i ~difcrcncin ~ u s t a n o i a lentre las dos iestitucjones. La ley federai suiza de las obligticiarics, es verdad qiiu pone como epigroíe del tlt. 1. cup. 11. De 10s actos ilicitos, pero e n el Urt. SO {lispone: ciToclos esttin ohligudos i reparer el clafio causado con autos ilicit~s,oulict de accidn de la cromisi6nx que estada. conteuida en los t6rminos de cB ({imprudencia», cuanto de diferenciar el modo de coriducta, ffjaiido el grado de culpa que basta para determinar la res: poncabilidad. Por m1inera que, de u11 lado, como quiera que en la culpa hay siempre omisi6n de diligencia, la palabra +¿e~ligell~cia, desde su valor do injuria subjetiva, viene for-. zsda & significar casi la injwia objeti~a,1%intiterjalidaci del hecho; y al mismo tiempu, $erialando la simple irnprudencia coino raz6ii de resp,poneabilidad,la ley determina el valor de la culpa cuma figura espcoifica de injuria subjetiva, sin suboidiiiar esta eficacia 5 un grada deilnido de coadilcta (3). 13. De wtt! noclo, de las dos dispoxioione~que contie-. nen las reglas geueraloa sobre responsabilidad no contrac(1) MarcadB, ab. y lug, cir. (2) Marcode, oli. y lug. cit, (3) Cons, Laurent, oh, y lug. cit.

tual, la segunda completa á la primera, fijando, diferenciando conceptos y terminos priestos en esta iíltima de modo bastante amplio. Pero el haberse titulado esta parte d e la ley civil cde los delitos y cuasi delitos», sin que coiiste claramente del texto el valor que esta distinciúli tendría, lia heclio surgir nueva duda sobre el significado de loa términos empleados, pues se pretende asignar, según las fuentes, al delito el significado de injuria causada dírectamente, y al cuasi delito la mera obligación de respoudcr del hecho ilícito ajeno, de personas, animales 6 cosas por quienes legalmente se estuviera obligado (1). Se h a dicho de esta opinibri. que se adapta mal á las fuentes del derecllo romano y del frances (2). La primera observaci6n afirma demasiado, pues tiene mayor sufragio la doctrilia que hace consistir la figura del cuasi delito, como esta recibida en las fuentes del dereclio romano, en la responsabilidad por el hecho illcito 110 propio (3); tanto, que recientes leyes extranjeras, inform8ndose en este concepto, poniei~doel principio fixndarnerital de la culpa como fuerite de obligacibn, elirniuan la figura del cuasi delito constituída por la resporisabilidücl, por la culpano propia (4). No siicede así con la segurida objecibn. La razbn de la. ley francesa (y, por consiguiente, de la italiana, que en este punto la sigue enteramente) en la teoría esta acogida. por l a doctriria anterior en cuanto al significado del delito y del cuasi delito, segíin el comportamiento del agente (iltjuria szcJjcrt¿va: dolo, czclpn). Los trabajos preparatorios no deja11 (1) Cad. civ., arts. 1 153-55. Zachariae, ob. cit., $446, nd2. VOase bambien Smet, Dictionaiy cit., v@quasit o ~ t . (2) Demolombe, ob. cit., VIII, n. 453. (3) I I L Sdo ~ . obl. q. plcasi ez-d. riasc (IV, 5). Cons. Windaoheid, ob. y cit.; Arclts-SeraRni, ob. cit., #! 243, 326; Brinz, ob. cit., # 366 y sie;. (4) V. gr., el C6d. federal. suizo dolas obligaciones; ctTodos estan obligados 6 reparar el daño causado i4 otros con hechos ilioitos, ya uolu~~dcc~~iamcrrt~, ó por negligcrrcia 6 imnpt+udr?rtcia)) (nrt, 60)

lugar & dudas, Y aun cuando esta teorfa se at.enga mal a3 correcto examen de las fuentes, no por eso se pudrb negar que ha sido el origen directo del sistema legislativo. 14, El testimonio de los origenes muestra, pues, que la distinoi6n entre delito y cuasi delito corresponde $ la d e dolo y culpa propiamente dicha; separacilin que esta ya en la razón misma de las cosas por el vario modo an que l f z conduc1;ld Ilicita se manifiesta, y que es de necesidad en las legislaciones que, careciendo de la termiuologia de odelito)) y cccuasi dolitoi,, no por eso dejan de distinguir el dolo» d e la «criipas, como hace el sistema de la ley italiana con las dos 5gurus descritas, Esta cansideraci6u demuestra de qub inodo, discutiendo la terininologfa de delito y cuasi delito, y aun no aciopthndnls, se acaba esclarecieiido los elementos constitutivox de cada lino, y, por lo mismo, cuán iuooirectrtmente se ha negado la utilidad de distiuguir uno de, otro (X), Verdad es que esta diversidad de conteuido no est& bien expresada en 168 disposiciones de la ley; pero de las diaposicioiles del titulo que las comprenda $r de las fuentas. se desprende el modo de entenderla, ncontractual, no viole la ley, alterpandola condición normal del obligado, Iiacitndola mAs gravosa. 15. Todas estas considcraciones nos persuaden para acoger la, doctrina en cuestión, afirrnarido, por el contrario, que en todo lo que se refiere al cumplimiento {le la obligacibri constituida, la diligenoia i~npiiesta(respecrlo al modo y al g~adu),y por lo mismo la culpa & que, en su defecto, estk atenido el obligado, es la que Ins partes fijaron expresamente, b la de la ley, thcitameiite a;eptadn. Por lo cual, cuando la culpa exigida fuese la grave b la leve, el deudor no deber$ resporider de la leve b de lo, levieima. Con este criterio se coriaignen 10s dos resultados, El primero, la necesidad de que la injuria sa ~efieraal cumplirnieuto del vinculo contractnnl, porque si se refiriese A cot;so extrafitis, sería injuria dada extra-contractualtnente, y, por consiguiente, culpa aquiliana inducente de obligaciún, con objeto qropio, extrariu & la cosa deducida e n la relacibn. 13n efecto: si bien eutre loa coritratantes existe el vinculo que los lipa, no poli eso toda injuria que el uno cause al o l ~ odebe ser regulada por Ia ley del contrato, el cual, como vincirlrr irupuesto á la libertad de los contratantes, exige que, mSs alla de los terminos 5jadas pnru la ejecución debida, las partes cst6ii. como si ninguna obligaciQn intercediera entre ellas. Por dondo la injuria causada erii tales circunstancias asnrue juridicamente Itt figura de delito y cle cuasi delito. Tíbtese bien que va comprendfdn la regla en cuanto al concepto del oumplirnlonto, y que no contradice la figura de ln c. i ~ tco.nl~~cAsrzdo.Admitido q u e la re2aci6n preliminar al acuerdo es acuerdo tainbién, en vista del negocio que se quiere actuar, la, c, da co?¿¿$*nhe?$dv es necesaria en la ejecucibn de esta reluci6n especial. Del concepto popuesto como razdn fiindamentnl de ht

construccibii se infiere tambien que la injuria cootractual debe estar regulada en su etitidad exclusivamente por I n lsy creadora d e la relacihri, y qtre ésta quedaria violada si se diese derecho al acreedor para pretender uua rliligeilcia mayor que la que 61 misruo consinti6 qirc se prestara. No vale objetar que el obligado ft 18 prestacibn de la culpa leve no por esto t i m e derecho de causar injuria por vfa do culpa levisima. He aquí otro modo de dirjgir la sbjecibn observada en cuanto 5 la eficacia de la ley cuntractual. (1). Su;precisa invertirxla fdrmula en si ent ti do de q u e el obligado ila c. E~uz'sno debe prestar la c. l#aissi?n&.Porque si de l a s dos proposiciuues se mantiene la primera, 6 ee le da un significado opiiesto & la otra, y $u error es nianifiesto, porque el acreedor no puede cambiar Q su voluntad el alcaxice del pacto; G si quiere decir y uc con ~~ccila i?a&encid/¿ da i~jjuria,cometiendo c. 2evbsirfie, debe responder, y entonces la proposiciún es ve1ldaclcn.a en s u sustailcia, pero la respon~abilidaclno se deriva de culpn iaz;.r:simn,sino de dolo. Existe la voluntad de daliar, y Cz fin de ovitar la responsabilidad, el autor d e la injuria procura disfibazar su mala voluntad bajo la aparieilcia de culpa levísirna. Pero en este ctlnio la culpa srjiu existe aparentemente; en sustancia, lo que hay e6 dolo, uiin mhs censurable por el cuidado puoslo en liscerle pabsr como derecho; puos si, por el contrario, la injuria procediese verdade.rrtiuente de culpa levíu'lma, el deudor no estarla obligado & responder, "cod vez que obscrvb la regla de couducla que le inipunia el vinculo contractual, Pidiendo mhe, seria el acreedor el que cttusaria fnjuria entonces. Verdad es que mi~ntraue1 sistema legal eii materia de culpa centPaci;ual sienta la regla de que en el cumpl.i~nieah to de la clbligacibn se debe observar la diligencia del buen padre de familia (2},muchos entienden que s6Lo deber&ser (1) De-Cresceneio, ob olt., 8 cit., artnot. (2) CBtl. oiv., art. 1.224. V. la parto 1, can. IIL

así cuando tal diligencia no sea inferior b la que el obligado observa en sus negocios (1). Pero esta teoria no es admisible, puesto que quiere sustituir 1s regla clara y terminante de la ley por otro índice mesurador de la responsabilidad. Remos aludido 5 esta polémica por su afinidad con la cuesti611 discutida. En efecto; admitiendo en cuanto al modo de entender la diligencia en abstracto la doctrina rechazada, cuando la diligencia observada por el obligado en las cosas propias fuese la del diljgentisimo padre de Pdrnila, debería responder de la culpa levisima, aunque s61o estirvíera obligado a prestar la leve, con lo cual quedaría agraviado, no menos que, cuando obligado por coxi trato &prestar la culpa le,ve, la culpa aquiliana le exigiera lalevisima. T é n g a ~ een cuenta que, mientras aquella doctrina comprende toda la, responsabilidad dentro de la culpa coritractual, esta sltima agrega la aquiliana; pero esto no significa que si la teoria es equivocada en el primer caso, no deje de serlo en el segundo. 18 bis. A esta separacibn absoluta entre la culpa contractual y la extra.conlractual, aun siendo manifestaciones del mismo principio que se muestra diversamente en raz6n del distinto medio en que se desenvuelve,-parece que so opone uu heclio que ya lremos ienido ocasibn de observar (21, y quo ha dado ocasión h la teoria de la posibilidad de que el modo y el grado de la culpa contractual, puedan h veces influir y determinar el grado de la culpa extracontractual. Teoriit ésta propuesta para el caso de que se quiera acoger la doctrina que en las hechos estudiados toma la figura de la culpa aquiliana, y por 18 cual, si la, persona que lia causado injuria se encontrase al darla cn una especial situacibn jurídica legitimamente constituida, que le obligaba re~pectoal constituyente á un determinado grado de diligencia, el ofendido no podría impiit;arle una

(1) C6d. oiv., art. 1.224. V. la parte 1, cap. 111, (2) V. la parta 1, p. 666 y sig.

culpa (aquiliana) derivada d e la omisión de uua diligencia diversa eii cuanto al modo y u1 grado. Ida cuesti6n se refiere especialmente á los casos de responsabilidad de los subinquilinos para con el locador origiiiario (l!, eii los que Ia doctrina y la jurisprudencia afirman la ohligaciún de respoader pur culpa IIO conti3actual; pero, rosolvientlo las reservas etl otro lugar hechas, claro es que en esta hipbtesis basta aterieree al concepto de la representación, en consecuencia del cual nunca se darti just@~&envte infiuenciti, da1 motivo contractiial en la medida de la culpa aquilialia, sino taxi s610 culpa colltractuaI 6 extra-contimaotuwl. En ofecto: si cl representante causa injuria, 6 el ofendido esti en relacibn criritractual con el represerndu, piidiendo ejercitar las accioiias correspondientes 5 su deudor directo en los térmlrios en que Bstas se uriginaroxi, y,por tanto, en los que se fijaron en la representacibn ordenada por al deudor, 15 n o hay contrato, y la culpa es exha-contractual, tarito respecto al aiitur inmediato de la injuria corno B su comitetite (representante cn general). Pero en la primera de las dos hiphtesis, la extrafieza del ofendidci 5 la relacibn do representación constituida cori el ofensor por su obligado, parece q u e piiecle dar b su acci6n de responsabilidad contra aquel la figura de extra-contractual, porqiie el razonarniento liecho se adaptarla al caso de que el ofendido obrase vali6ndrjse de la acciSri pert.eileciente X su dci~dor,y no comprendcria el otro oaao de la acci6n directa que puede ejercitar contta el ofeasor por vía di3 la injuria aufrida. Ahora. bidu: afirmando que la coustituciilri do la represeiltacibu hecha por el. dcudor de niag6u modo cornpronlete al acreedor extraño á alla, y caracterizando, por tanto, de extra-contractual la acci6n directa de que acaba de habiarse, el preteiididu injuriaute tiene derecha & oponer que, en virtud del asunto de quo nacc su representaci6n, está, obligado L1 una cierta diligencia, y que, hwbihiidola observado,

no debe responder de la iajuria, acaecida, y que una diligencia superior hubiera evitado. Si bien se observa, uo hay aquf jacsla y wl?dndwa%~~&z¿g ninguna iufliienciu, de la culpa contractual, sino s61o en apariencia, Ea efecto: el representante asegura haber hecho íí. oipjtido con plenitud dt: derecho (~ZC?-Gfecit), segfin el hecho juridico coastituidu; aun siendo, pues, extra-contraotiial la culpa, 81 no objeta ninguria relaciSiu contractual con el ofendido, siiio quc Iio existe culpa que le sea imputable. El representado, que es el obligado directo para con el ofexldido, deber&respouder; no importla que este iiltiino áubieee pr~hibídoen el contrato que otros: se austituyeran eii la ejecucidn de la relaci6n, si el representan te lo ignoraba j uutameri to por no serle imputable dolo 6 culpa lin tonfi~ahendo.De otro modo, couociendo la falta de derecho de xu autor, podia haber movido la amplitud del derecho suyo,

Cuasi-delito (c. aquiliana): sus elementos. S U M A ~49-20 I O : bis. Nocibn del oi~psidelito y eleinentas de que qonsra, D o ~ t r i ngenetal. ~ 21. l'eoria,

-

19. La jurispruderl~iay 1a legislaciún (1) concep16an el cuasi delito como el h e c k ~por el cual iina persoua capaz

de injuriar, obrando bin malicia, pero ,con imprudencia no exciisablc, ocasioaa U otros injurict no contractual (2). Mas cuucisarnerite godrla dedulrse como «violaci6n. culpasa de derecho ajeno, no cometida eu relacidn oon el cuiriplimiento de Una ralacibn preexiateilte de obligacidn entre la$ partes)). De este modo aparece el concepto {te injuria en su miLs amplio seritido, y se da la caraoteriatica por

(1) TT. en el cap. 111la investlgaoión sobre el eiemento subjetivo. (2) Potilier, ob. cita,n. 115. V. el n. 12, t. y u.

la cual el cuasi delito (c. nq?4iZz'a?~a)se separa del delito (dolo) (11, Conviene ahora sacar de esta definiciún los elemexitos que la integran, & fin de deterrniiiarlos con la mayor claridad, 4 indicar el urden que se tendrá. en la investigacibn y exposicidn de lo$ muchos asuntos que se uneu en el concepto de cuasi delito. Tauipuco será iniitil referjrse al rnorio ordinario en la doctrina para la decluracibn del xistcma legal sobre el hecho ilícito n@ contractual. El conocer c6mo entran cierto8 principios O idea6 generales en las coiistrucciones te6ricas sirve para cnsayar su exactitud. Veremos que no son pocas las ciiestiones en que la incer* tidumbre de la de~isidndepende en gran parte de poco cuidado en la pouicibn de los principios fundamentales. De ordinario (2) se enserla que para la constitucihn del cuasi delito deben concurrir cuatro elementou; cc) hecho dafioso; b) ilícito; c) i m p u t a b l e ; d ) culpa. Sin temor caer en poca exactitud 6 eñi ambiguedad, se podría-u reducir á, dos: hech ilicilo y czcipn. Hemos dicbo que podrían re~ u c ~ Pobeervacibn }), critica que se discutir& largamente en seguida, tratando del primer elemeilto, que es la injuria.

(1) La definicidii de Pothier determina claramente el concepto de injuria con la voz ¿o?$,que equivalo fi Bniio causado ti las porsonas 6 tí la propiedad independientemente de contrato. Sobre el concepto de torl el1 la jurisprud~nciaanglo-americana, v. Pollock, úb. cit., p. 4: ((a tort al1 aot or ornission givfng rise. .... to 8 civil ronledy wich is not an aciion o£ contract)) ; Ga.roCt, Lhe LGW of Nc4isances (Lond., 1S97), p. 1, que recuerda, ndoptándolo, o1 conccpto deBracton, tboctunerlturn iniurtosurn, V. Holmes, ob. g lug. cit.; Pavitt, ob+Cit., p 93; Swet, crb. cit., v. 607-C; Blaoltstono, ob. cit., 1. cil.: tal es el signifioodo que la palabra to1.t tieno en la jurisprudenoia inglesa. Tambi6n Bouvier, ob. cit., voz tort, dice: cttlie coiiimiscion oi ornission oQan act by one ~vithoutright wherehy anothor rocei. VOY some irijures directly or indirectly ir¿ pers$otb, prlopa*ty,01. 7.epndatiottn. (2) Cons. espooialrrieate Demolomhe, ob. y lug. cit*; Aubry y Rau, ob. y 9 cit.; Laurent, ob. y lug. cit.; Laronibibre, ob. y lug. cit,

No parece que sea precia0 aludir determiuñdamente al daño, porque la acolbn de responsabilidad nace cie 1a injusta viulitciótt del derecho, p se comprende que, llegada la liquidacidn, en tanto habrb reaarcimicilto en cuanto la

injuria fuera causada por daño. De estn relación ectre I& injuria g el dafio se hablar& ampliameiite mBs tarde. El otro elernen.to expresa suflcieiiteniente la necesidad de la culpa imputable, porque si culpa (en el significado especial de carscteristica del cuasi delita) signiiica omisión de diIigencia, necesaricr es que se tengan en cueilta la condiciones especiales ciel agente, y advertir si por causas relativas & su capacidaíl ititeleotual, B por las circunstancias ea que se eucontrase, ia imptabilidad de la oruisitln desaparece total 6 parcialmente (1). Los obser~acioncscriticas liecllafi hasta ahora en cuantu al modo general de establecer los conceptos funclamentales eu la c u l p ~uquiliana, tieiideil 9. restringir la ennmeracihzl de los elementos de que consta el cuasi deIito, si11que resulte mejornda la teori& en relaci6ri con los principios. Otro defecto se dabe achacar a la teoriu, generalmente adinitfda: el de poner la diatinci6n entre r+sponsabilfdad por heclio ;uropio y por WeoZw ajeno, llarnaudo h veces S la una dfarectfi y k !a otra i?zdi~ectcr,y refiricildo i& la primera de estas formas loa cuatro eiemenaa recordados, como si exclusit-amente fueran. coristitutivos sli~os(2). La responsabilidad por liechu ajerio (se ha propuesto taiillién restriilgir á, estn sola hip6 tosis el -t;érmiau ~*es~~unsn&i6icI1&d) ('3) co tnpreuderia lus casos de dano producido por personas por las cuales se (2) Si es posi~it!teiltatnfi en la aesvi40iou de la necesaria r.egln de conduoba (diliguuci~o oulpa), no en o1 sentico tecuico que el derecho pe:ial da L estn voz, nino an su amplio sigriilfcado jurfdico, que coiisien:a oxtekiderln ft la culpa civil extra-con~ractuol,se diri deapues en el cap. aig., $ 2 . (2) Giorgi, ob. J. liig. cit. ($1 Laurent, o b cit., XX, cap. 3, sec. 1; A u b r ~.v Rau, ob, cit.. 4 444.

estuviera legalmente obligado, ó causado por animales 6 cosas coiifiadas la custodia del responsable. 2 0 , Se puede discutir la corrección científica de esta distincidn entre responsabilidaci clif'ecta é indirecta, y a por su contenido, ya por la mucha extensiún que le concede la doctrina que la acoge. Para la exacta imposiciGn de los terminos fundamentales de la construccibn, conviene demostrarla brevemente. La teoría que distingue así, describe el contenido de la responsabilidad indirecta, estableciendo dos órdenes de casos: u) aquellos en que la razón suficiente de la responsabilidad seria el defecto de vigilnszcin por parte de qnien estaba legalmente obligado; O) aquellos en que su esencia está en las obligaciones que la eleccid?~impone a l que encarga & otro de una determinada comisibn. Respecto á esta última clase, luego se discutir& si la raz6n de la responsabilidad no es vercladerarnente un principio T ~ U C ~ m8s general y jurídico que el de la 8leccid.n (1). De todos modos, admitiendo por el momento la exactitud de 10s términos en que tal coordenacibn de ideas se establece, no parece cubl responsabilidad justificada por los dos elementos indicados (defecto de vigilancia, eieccidn) sea la d$?*ectaen el sentido juridicamente incisivo de la palabra. La oblfgacidn del resporisable se refiere k dos causas especiales suficientes para excitarla, sin que importe observar que son otros, y no él, los que efectuaruii la nzate~inlviolacidsa de2 derecho. Entre esta ofcr~sny el estudo de condz~ctnilicitamenla guaydada hay la relacibn de 'conexidad necesaria para crear la obligación de responder. La figura do responsslbilidad directa aparece mejor en la hipdtesis en que se refiere á la comisidn, porque bahihndose la construcción, no sobre la eleccid%(c. ir¿ eligendo), sino sobre la ?*epresenl~cidn, la relación de conexidad se refiere mhs irimediatamsnte al resporisable. Verdad es que esta distincibn de responsabilidad por

..

(1) V. el cap. V.

O

hecho propio y hecho ajeno puede asumir, con la exactitud del sígriifli;ado, especial importancia en la construccibn que fije la relaciún existente entre el hecho material ajeno y In regla de conducta violada por el respoiisable. Bemús Ikblado de las 6guras que comporien esta forma de responsabilidad, la ()

dicho acto, la persona jurídica existirá legalmente (1))construcción inaceptable en s u integridad; ~ e r d a des que en la ley, sin distinci6n alguna aceaca de la naturaleza de la persona jurídica, se ha hablado del reconocimiento como mto del poder social que le da vida; pero esto no quita que se deba distinguir el contenido y la virtud según la materialidad sobre la cual se desarrolla, esto es, de la variable entidad, que es el carhcter de las personas jurfdicas. Ahora bien; &quienno ve que dicha materialidad, dicho fondu, cs eu la corporaciún bien diverso de lo que es en la fundacibn y en el instituto, y que la naturaleza tiene en si u n elemento vital por el cual el recouocimiento no vale (como no vale respecto á la persona natural), creaci6n de la ley? De todos modos, sin embargo, llamando real a la existencia de la corporaci6n, no con más raz6n .6. &staque B la fundacibn ó al instituto puede darsele capacidad directa (imputabilidad) de cometer un hecho ilícito. Y no porque quede esa independiente y distinta de la persona de los miembros, y considerada abslrqctsrmeilte en sí misma se presente como incorpbrea (2); no porque su accibn se determine con la intervención necesaria de personas físicas por las cuales esth representada, cou~deracioliesBstas insuficientes desde que it ella se le reconoce una voluntad especial, pero por el. modo de manifestar tal voluntad, que se diferencia de la voluntad que es necesaria á la compulabilidad del hecho ilícito. La intervención del tercero, que á fin de poder querer es necesaria & la natural estriictura de la corpoieaci6n, impide que tL Bsta como tal, 6 sea á la voluntad corporativa, pueda referirse la imputabilidad, no existiendo; esto es, 18 posibilidad del movimiento de qirerer individual, directo Bste en su osganisrno 6 incumplido (3). (1) AubryyRau,ob.oit., 1. cit,; Laurent, cpb. cit, 1:oit. (2) Miraglia, en Pila~~gici~i, VI, 6. (3) Jellin~k,ob. cit. NQ releva el. que se d6 la responsabilidaci

contractual.

139. Así que si aun admitiendo la existencia de una verdadera y especial voluntad relativa á la cor~oracibny tambien á la persona jurídica en general, s u explicaci6n en orden al objeto que persigue puede 6610 por la naturaleza m i m a del ente ser obtenido mediante representante, parece jtisto afirmar que la persons juridica como tal no e s responsable de delito y de cuasidelito (1).Pero sí responder& de Los delitos y ciiasidelitos cometidos por los represontarites en el ejercicio de sus fiinciones; y & esto no obsta el objetar que la persona juridica no da representacidn para cometer hecho ilfcito, porque inclependientemente del manclato rccibido, el representante puede, al ejecutarlo, cometer injuria tambihn dolosarneute. Verdad es que donde la acciBm ilícita sea excitada por el dolo b derive de culpa grave del representante, parece que éste no obra bajo tal cualidad y que el acto le sea personal, y, por lo tanto, de In responsabilidad del ente representado no haya ni sombra; pero la ilistincidn n o es exacta. El liecho propio no puede sin mhs atribuirse al comportarniento doloso y de grave negligencia. P no hace el que se distiuga eutre los brganos y los iiistrumentos de la persona juridica, afirmando la responsabilidad del ente para estos ÚItimos, no para aqu&llos,que son terminos riecesarios de si; existeiiciit; sobre esto puede que la responsabilidad deberla ser rnhs directa para los 6rganos. De esto se ha hablado y se liablarh mSs adelante; (1) Muy imperfecta y obscuramente esta estudiada la cuesti6n pur Latireat, ob. cit., XX, 419 y siguientes. L. 15, 3 1 D., de do?^, 3): consúltese Savigny, Sptent cit., $ 95; Ungar, ob. cit., 8 43; Windschoid ob. oit , 8 59; Vangerow, ob. cita, 53; Arndb's-Seraflni, ob. cit., 3 42, n. 5; Heisser, Etade s u los ~ persbnlles morales, p6g. 1Sl. V. Cas. (crirn.) fr., 8 Marzo 1883 (J. da P., 1885,1,1.112); A p . Amiens, 18 Enero 1873 (J.du P., 1873, 334); Ap. París; i d Diciembre 1885 (J. du P., 1886, I, 220). Cód. civ. de la Rep. Argent., out. 63: ((no se puedo ejeroer contra las personas jurídicas acciones oriminales . ..N Consúltense tarnbien Iris monograffas de hlestre(y de Vaxeilles-Sommibres, cit., en Chironi g Abello, ob. y 1. cit. 22

aquí, bastedecir que, puestas ciertas coadiciones, las cuales serku descritas oportunamente, la persoria, jurfdica sepresentada debc responder, no s610 del caasidoiito, sino tambidn del delito inlputable al representarite. Además, segfiu. los conceptos ya expuestos (1)3 y ue tendrda eu adelante mejor declaraojbn, la responsabilidad de la persona jurídica es aquí propia, detiikndose considerar jurídicamente hecho propio et del representante, De abf que si un cuwsidelito no puede ser considerado como irnputable 6 la persona jurídica considerada en si misma, liaciexido caso omiso de quien la, representa, hace falta, sin 8111bargo, admitir que de la imputabilidxd del cuasidelito respecto 6 SUS ~epreseutantcs,para los cuales se maniflecta directameuta su existeiicia, se sigue tiecesariamcnte sri yesponanfciliclad (2). ae Sobre esta enseñanza cuilsiderada eii su hablar8 pronto; como tambien del oarácter de la respoiisabilidad que incumba a1 repreisentado, deducirla de 1s esericie, de 121 represeiltnciún, (1) V. el cap. 11. 2) La I~gíslariibnmumlmaiia ofrece eI ejon>plode una perscino jurldica, raeponsable por el hecho iiioitu de lino dc sus niiembros. En caao do homicidio, herida 6 lesidn it~volantaria,la ctcornpouici6n legal queda 5 cargo del ofensor y da su trilitt). (Cúd. rnusulrná~lde Khalil, art. 1.834); los arEs. 1.836 y 1,838 ragulan el orden de la oantribu~ibn,y el art. -1.841 establece la obligaci6n de 14 tribu de pagar la coutribuoi6n que estuviera tí cwgo du los rtrctaorts, n*r/d's* re.%pobres y dcador.ss, oixi que Bstos esten obligados & ooonbribuir por otroel). S ~ b r ela ir~ilicbArabe, v. Ia iiotioia de Seignette, ob. cit., pag. 707.

§ 2

De la imputabilidad respecto a los menores, a los incapacitadas y a los inhabilitados. Suar.4~10: 140. Imputsbiliilad de la negligencia a los menores. Del menor emancipado. Remisidn. - 141. De los mentecatos, de los incapacitados y de los inhabilitados; derecho antiguo y derecho moderno.

140. Al exponer el concepto acerca de la imputabilidad (l), se h a aclaratto de qué modo la locucibn empleada

por la ley sobre el cuasidelito, como también la índole misma de la culpa aquiliaiia, 1x0 da motivo para invocar respecto A la entidad de esta Última las normas de su capacidad, fijadas en la materia de los contratos. La cuestión de la iinputabilidad ser&, por lo tanto, resuelta el1 los varios casos, segíin el concurso de los elementos que la componen. Mas para el menor emancipado, ideberá mudarse la regla? Con la emancipacibn queda definida en el menor la capacidad para los actos de simple administración; y, sin embargo, la indapacibn encaminada á establecer en l a hip6tesis de cuasidelito que el menor no se oilcuentra en tal estado de inteligencia para poder prever las consecuencias de un hecho no directamente ilioito, pareoerfa contrario al valor del acto, por el cual este desarrollo intelectual se le reconoció legalmente. Adtnitase por un momento esta ,opinión: pues bien, con ser reconocida en. el menor la capacidad para los actos de siinple administracibn, jse le reconoce para cualquier obligaoidn la existencia de la posible diligencia que responde en su omisibn con l a culpa ligera 6 solamente la grav?? Con esto, serfa excluids, la capacidad por culpa levisin$a; si en cambio esta se le pudiera Iegftirnamente imputar? Y, por el contrario, i s i no ____I

(2) V. el cap. proe. Bel2orttlidados.

fuera siquiera capaz de culpa ligera.? En estas consideraciones de hecho se apoya la doctrina que opina no cesa por el hecho de la emancipación la respunsabilidad del padre emancipante (1): resolucibn exacta, con arregIo á los principios. Y bastará que eii este momento se recuerde a1 caso que las providencias acerca de la culpa aquiliana nada tienen de comí~ncon la culpa contratual; y, por lo tanto, con las reglas que conciernen B la capacidad para contratar; ni tampoco, como se harh notar, con todas las normas que rigen en. materia de daños é intereses. Un menor es incapaz de contratar, y puede ser capaz de obligarse por casidelito. Podría ser capaz de cometer actos de simpIe admiaistsación é incapaz de obligarse por hecho ilícito. En consecuencia al hecho de la acaecida emaricipacidn, no debe en manera alguna imponerse a l Juez al buscar la capacidad de diligencia ea el menor que ha cometido un cuasidelito; son estos dos Grdenes dietintos de capacidad que, como resulta de los dos modos de ser de la culpa, no pueden confundirse. Be preguntar&, e$ verdad, por qu6 la ley se muestra menos severa a1 disponer sobre la culpa contructual, Y al nlismo tiempo baya ejercido en favor de los menores la mayor tutela, mientras rnostrhndose mhs severa en la culpa aquiliana quita .6, los menores la proteccidn y les aplica el principio común sobre la imputabilidad; pero toda duda sobre la correccibn de la ley es inútil. cuando se considere la condicibn del menor frente 6 un con'trato que puede c'atisarle daño, y respecto de,cuya formaci6n el otro contratante n o debía ignorar el estado de la persona con la cual contrataba; corifrdnteso la posicfbn del menor que ocasionu, dtiño B un tercero (2). La djstincibn entre el menor y el menor emancipado, $,se debersi taiito menos x o a e r & 6n de reglamentar la res-

V. el cap.X, $1. (2) V, BI cap. pres. Gsnet*alidades. (.1)

ponsabilidad por los hechos cometidos por un representant e (en general), y en especial por un criado? iSe debera deducir su responsabilidad directa en el segundo caso, habiendo eficazmente procedido á un hecho de simple administracibn, 6 será en cualquier caso responsable, salvo al menor no emancipado, del derecho de hacerse indemnizar por el tutor? Se alude aqui & tal cuestión, porque est&ligarla aparentemente con el concepto de la imputabilidad; tiene, sin embargo, lugar mas apropiado en el estudio de la responsabilidad por el hecho del representante, y ahí será examinado (1). Nbtese, sin embargo, desde ahora que, aun poniendo en el ejemplo la distinción entre menor emancipado y menor no emancipado, esa no ha alcanzado directamente Q la imputabilidad respecto al menor, sino & su responsabilidad por hecho imputable & su representante. 14 1 . Las ideas expuestas referentes 5 la imputabilidad, bastariaa para determinar en qu6 modo se deba evaluar la capacidad de diligencia en los mentecatos, en los incapacitados é inhabilitados. Y no serft Superfluo el repetir lo dicho aqui, no solamente con el fi11 de demostrar la relación entre el derecho antiguo y el moderno sobre la coudicibn del pr6digo, sino también para determinar mejor la diferencia entre la culpa aquilianay la culprt contractual respecto á la incapacidad. La existencia de la interdiccibn 6 de la inhabilitacibn no hace que la persoqa que la sufre deba ser considerada por esto como incapaz de cometer cuasidelito, debiendo el Juez reconocer en el sujeto el .vicio de inteligencia y su gravedad: esto sentado, aun el que ese6 afectado de tal vi. cio, y en tal modo de hacerlo incapaz de diligencia, aunque no esté ii~capacitadoni inliabilitsdo, ser&responsable, cuyo precepto no esth contradicho y 5610 se nota la dificultad de

(1) V. el cap. YI, $ 3.

la prueba (1).Reserva inlitil y cox~trariaB los principios: la interdiccibn 6 la inhabilitacibn jservirhn acaso como prueba absoluta de incapacidad, independientemexite de la indagacióil especial relativa la irnputabilidad del hecho cometido? Se ha observado que la ley (2) se 11a puesto en guardia al declarar incapaces de obligarse por hecho ilícito laspersonas á las cuales se ha nombrado un curador, porque el vicio de inteligencia no está,, como ella lo entiende, llevado á tal extremo de quitar la consciencja del bien b del mal que se haga; y esto no solamente para el caso de delito, sino también para la imprudencia, la cual todavía puede ser aqui fkcilmente dispensada. Razonamiento todo basado sobre el equivoco entre la capacidad de contratar y la d e causar injuria. iQu8 importa si la ley, dictando la provi-. dencia de la inhabilitacicin para el vicio no g r w e de inteliligencia, deja al inliabilitado una cierta incapacidad? Esto no puede, eii manera alguna, vincular la decisibn referente Q la incapacidad en relacicin al cuasidelito: manteniend~ la capacidad al inhabilitado para los actos de simple administracibn, jse ha querido acaso atribuirle, y para toda relacibn, la existencia de un tal desarrollo de inteligencia y d e libertad de querer, que lo haga capaz solamente de un determinado grado de culpa, de modo que quede al Magis-. traclo la sola obligacibn de confrontar este grado de culpa con e1 de neg1igaeiicia, de donde se deriv6 el cuasidelito? Todo lo contrario. Si se argumenta sobre tal idea, que ooulprende la imputabilidad del inhabilitado, se est& despues obligado á poner delante la excusa en él de la innprudencia. Esto no : la fdrmula es contraria a la ley; la excusa de(1) Laurent, ob. 'cit,, XX, 445. (2) Laurent, ob. y ed. oil. Consiiltese tambi6n LerombiBre, ob. cit., v. sobre los arts. 1.362.83, nn. 22 y 23; Bubry y Rau. ob cit , IV, 8 444, n. 7. V. sobre el principio, Cdd. civ. germ., $! 838; Planlr, ob. cit. sobre este S.

pende del vicio de inteligencia puestu bien eil claro, ni & esto sirve Únicamente las disposiciones acerca de la capacidad de contratar. Que pueda deducirse de la condicibn jurfüica del incapacitado y del inhabilitado una presunción ( n o de ley) referente al estado de inteligencia, admitase; pero de tal estado no se puede inferir sin m8s la iiiexistencia 6 la medida d e la capacidad. Con cuyo principio viene tambibri resuelta la cuestibii de la i m p u tabilidacl delprddigo inhabilitado. En el derecho antiguo se daba al pródigo iin curador 6 un consriltor (1); pero los doctores se cuidaban de advertir que esto no lo exiinia de responsabilidad por el cuasidelito y ue pudiera coineter (2). La ley moderna (3) cjuita al pródigo la sola capacidad para los actos que exceden la ~irnpleadministracidn, & los cuales no puede atender sin la cooperaci6n de 1111 curador, 3- en el ordenamiento acerca dt: las medidas protectoras de los vicios de inteligencia, Bstas est&u bien (1islinguida.s(4) de la prodigalidad. Queda, pues, la regla antes establecida (y con inayor motivo) tambiéii para el pródigo iriliabilitado: la irihabilítación no hace que pueda dec1;aiBarsesu irresponsabilidad pera el cuusidelito por razón del defecto de imputabilidad. La indugaciOn de la responsabilidad por los heclios del representante (en general) del menor se lia aplazado para el estudio referente 5 la representación; en el cual se habiarS talnbibn de la respoilsabilidad del representante del incapacitado, del inliabililado y de quien, si bien sufra vicio de inteligencia, n o esté, sin embargo, sujeto á ninguno (le estos dos procedimientos. (1) Beaunc, Droit coutunz. fr., 1. Llz condit. d. persoltrtcs (Paris, 1YS2), p. 580. Viollet, Prdcis de Phisloir*~drr div. ji'aizc. (Parfs, 18931, p8gs. 465 y 466. (2) Potliier, ob. cit., n. 120. (3) C6d. civ., nrt. 339; v. C6d. fr., nrt. 5.13; v. C6d. austr., articulo 21. (4) Es la locucidn adoptada par el art. 339 cit.

Restricción de la excepcion derivada de vicio de inteligencia. S U ~ A R I141 O : bis* En quir consiste.

141 bis- El vicio de inteligencia, cuando sea tal que qui-

te u1 agente la inteligencia y la libre voluntad, quita la exictencia de la culpa; pero si resiilta que la injuria fué causada en un momento de lucidez, falta la raz6n de la excepci6n y se entra de nuevo en la regla que establece la responsabilidad. Esta doctrina es común (1). Ahora bien: aceptarido el principio, es también necesario ailadir que la prueba de la existencia de lúcido intervalo en el momento de la comisidn de la injuria no excluye la prueba encaminada 6 demostrar que ese no es estado tal que pueda quitar del modo mhs amplio el vicio de inteligencia, En este iiltimo cado se deber&examinar si la negligencia de donde la injuria se deriva fuese tal, que correspondiera al grado de diligeiicia de que ea capaz el agente, y, según los resultados de la indagacibn, se declarara, si existe 6 no la imputabilidad. El principio existe aun cuando (2) conste que el agente que esta en estado'normal dt! ixiteligencia y voluntad se colocb voluntariamente con el fin de cometer la injuria y cometer con dolo la eliminación de la reaporisabilidad; este comportamiento anterior y supeditado al hecho lo hace plenamente responsable. Ni importa para los efectos que se haya excedido en la medida de la injuria que había pensa(lo inferir, de lo cual se hablará en su lugar. (1) Conmiltese especialmente Demolornbe, ob. cit., VIII, 492; Larombidre, ob. cit., sohre los 1 382-83, n. 20; Aubry y Rau, ob cit,, IV, 3 444, n. 5; Giorgi, ob. cit., V, 295. V. C6d. cio. de la Rep. Arg., art. 1070; C6d. civ. getm., $ 837 cit. (2) V. p. 322, n, 4; en f .

Da la imputabilidad respecto a la mujer casada, SUMARIO: 142. Incapacidad de la mujer casada para oontrntar en casos determinados.-143. Razdn de la ley.-144. Garantía de que esta rodeado el instituto dotal.-145 - 153. Si en la responsabilidad por hecho ilícito cesan Ias ~;nrantinsdotales.

142. La índole y la economía de esta indagación no consienten el describir aquí la historia de la condición social de la mujer en los varios períodos de la civilizaci611, y del derecho eu que ksta inmediatamente se refleja (1),aunque tenga mucha gravedad dicha indagaciún como medio de determinar el desarrollo seguido en este sentido por las costumbres sociales y por las leyes. De las instituciories antiguas que concedían algunas á la mujer aunque casada la plena capacidad, cuando otras (2) de falta de.vigilancia no se pudr&imputar á cargo del comitente. Obsérvase aquí, indudablemente, la relacidn de comisi6n y el advenimiento do1 hecho en relacidn al objeto para el cual la locación se constituyó; pero la representaci6n inmediata respecto tercero falta del todo. No podría decidirse de igual modo en 18 hipbtesis en que el terreno fuese del comitente y éste lo hubiere cedido en virtud del contrato para la extracción de materiales, aunque los obreros empleados en los trabajos de extraccibn hayan sido empleados directamente por el empresario, el cual, como alquilador de trabajo, obraría siempre en representación (genérica) del comitonte. Resolución ésta que no contiene un principio propio, sino es solamente la explicaci6n del concepto antes propuesto, de conformidad con los tbrminos del hecho especial tt que se refiere; en el sentido de que la acaecida concesión, cuando otros elementos con estos no contraste, significarfa la obligación del comitente de dar los materiales en la medida y caliclad que el terreno cedido puode suministrar. .Si en cambio, por los términos del contrato se ve que la concesibn del terreno, aunque motivada por la comisión de la obra adjudicada, existe en si misma, esto es, que es venta del derecho de extraer los materiales, otra ea la resolucióri que debe seguirse (2). (1) V. el 3 3 A del presente cap. y Chironi, C. colttratt cit., pdgina 400 y siguientes. (2) V. inmediatamente el $ relativo 6 la represontacibn i t b genero. La cuestibn discutida en el texto demuestra que entre las mis-

172. 6) Por el segundo de los extremos descritos se demuestra que el acto cumplido por el representante en tal calidad no debe exceder los limites de las funciones consentidas por el representado; de otra manera, la repr1esentacidn faltaría del todo (1). La voluntad del representaclo determina, esto es, hasta qué punto quiere aprovecharse del trabajo ajeno, y consiente á que en el acto del representante se manifieste su personalidad; por esto, si el represeutante va más allb de los confiiles señalados expresa. mente por el representado b comprendidos en la naturaleza del negocio del cual se ha encargado, viola la ley de la representaci6nJ y ésta no existe en s i i acto. En resumon: en el representante no puede darse esta cualidad independientemeute de la causa por la cual le ha sido atribuida, y cuando propase los thrrninos en los cuales est& comprendido su encargo, no obra ya como representante, sino en nombre propio, Y esto, no sblo sucede en la sola representacihn voluntaria, sino también e n la legal 6 necesaria, como se ver& despues (2); la excepci6n de la .reIaclón no consentiría distincidn algiina sobre este plinto. Este concepto, conceriiiente & la existencia de la representacibn, expresamente reglamentado en materia de negocios contractuales (3), no es menos cierto en el caso de relaciones extracontractuales, & las cuales el representante dé mas partes pueden existir, can estrecha relaoión entre ambas, las dos figures, una la relativa fi la repreoentaoión in genere, y la otra no; pero la relacióp establecida (sea una motivo de la otra) no altera la respectiva estructura jurfdica. (1) V. en seguida la n. 3. Cons. Aubrg y Rau, ob. y $ cit.; 3taurent, ob. oit , XX, 582 y siguientes; Demolombe, ob. cit., VIII, 6f3 g siguientes; Huc, VIII, 444. Cas. Turin, S Diciembre 1898 (Ley 1899, I , 224); 14 Julio 1900 (id.,1900, 11, 547). (2) V. el ndm. 175. (3) V. Chironi, CuZpa colat., cap. VII;I, I j V. C6d. oiv., articulo 1.742, 1.752; Cód. oiv. fr., arts. 1.989, 1.998; Cód. oiv. suizo, De las oblig., art. 36;,C6d. civ. austríaco, $1.017; Cbd. civ. de la Repilblica Argentina, art. 1.946. 26

causa en e1 ejercicio de sus fuiiciones; la naturaleza miama del instituto lo hace de virtuaIldad general (1). 173, c ) La tercera condiciún es también cornhli a la hip6tosia en que el represeutailte se encuentre en culpa respecto á los negocios contractuales constituidos en el ejercicio de sus funciones, 6 que A 6stas se refieren, y es, por lo miarno, como las otras dos, ii~L&ei~te á la estructura juridica de la representaci6n. El representaute no obliga al representado cuando el hecho ilícito haya ocurrido con el solo couüurso cie los dos extremos hasta aquf descritos; es todavía necealrrio que it tal hecho se le pticda afirmar la ~ ~ i l y iporque i, si así D O fuese, ríe riada deberfa, responder, ni, por cons8cuericia, á nata estarfa obligado el representado; si & 81 deba referirse el acto del representante, es necesario que exista juiidieamente eomplsto en el agente; de ahf eel conctlpto de garantía propuesto para explicar esto, que ti otros pareci6 deber llawar responsabilidad del. representado sin culpa suya. 9sf que por diclla res~onsabilidtld,derivacla da la representacida, como su sola fuente directa, para que oxista el hecho ilicito, el agente debe encontrarse ea cuiptl, y de Beta convicrie pueda hac4rsele cargo; cuarido esto sea, y estG asi constituida jurírlicameilte la injuria, ninguna otra iildagaoiún, seg6n se advirtid k s u tiempo (Z),debe hacerse respecto al representado, el cual, en virtud de la represeatacibn inherente S la relación que lo-liga al agente, es respasable, En poca6 palabras: eu el agente (representante) obra jurfdi~nmenteei representado, el cual, una ves conocida la czisteucia da1 hecho ilicito respect~al repreeentante (con

(1) V. las aplioacioaas e~peciaiesen los & siguientes, y loa datos sobre jurispruden~iay doctrina en hs notas. (2) V. Chironi, Colpa co~ztr.cctt.cit., niim. 47. y en este ~olurnen los núms. 158 y 159.

el concurso de las coudicioues descritas), queda obligado (1). Puede suceder, es verdad, que la injuria no sea imputable u1 ageiite incapaz, y que el representado deba, sin embargo, responder, si, conociendo 6 debiendo conocer el estado del agente, lo quiso 6 lo dejó, sin embargo, representante suyo; pero i.qui4n no ve que aqui la responsabilidad no pertenece ya a la representacibn, sino a una culpa verdadera, personal del obligado? De lo que se hablar8 después en el estiidio acerca de las causas eliminantes 6 disminuyentes de la responsabilidad, que será también el lugar para indagar cbmo, debiendo por los heclios ilicitos dolosos tlel representante responder el representado, e n virtud de la represelitacidn, según quiere la regla ahora fijada (2), pueda el dolo alguiia vez determinar el hecho como personal del ageiite; y la responsabilidad personal derivarfa entonces del defecto d e la representacibn en el momento en que se cometib el acto ilicito. 174. Respectu á las figuras especiales del agente y del rsirviente, en que, según las ideas aquí expuestas, sa eiicolitraria siempre la splicaci6n del mismo principio general, que es la representaci6n, algunas doctrinas, al atenerse & lii, presuncihn de culpa in eligendo como fundamento de la responsabilidad, afiaderi la necesidad de que una relacibn de dependencia exista entre el autor del hecho ilícito g la persoria respoilsable; se dice que no se podría concebir cuando la comisibn dada sea extrafla á los conocimientos del comitente. A cuya teoria se aludid antes (3); y se tuvo con esto ocasi611 de enunciar los argumentos que le son coi-itrarios; y se habla ahora nuevamente con el fin de examinar si junto & los extremos designados sea también ne(i) Conviene completar la teoria oon auanto se ha dicho en el cap. X, 9 l . (2) Cons. Laurerit, ob. cit., XX, 582 y siguientes; Aubry y Rau, ob. cit.. I V , $ 447; Huc, ob. cit., VIII, 449 Cfr, Demolombe, ob. qlt., VIII, 613 y tiiguiantes. (3) V. el núm. 168,

cesaria otra condicibn especial para que exista la responsabilidad designada en el texto como genérica 6 en general. Los principios expuestos aconsejan mantener la respuesta negativa antes dada & la cuestibn, El concepto de la representaciún se desprende claramente de la relación por la cual uno encarga & otro el hacer alguna cosa en su nombre 15 'interbs, y para sosteneiwlano necesita otros elementos. Esto fué bien entendido en los trabajos preparatorios de la ley francesa (Z), donde se afirma la justa responsabilidad por el daño producido al ejecutar una cosa en ventaja toda del comitente: no se hace mencibn alguna 9 la necesidad de que el objeto de la comisibn no esté fuera de los conocimientos de quien la da (2). Pero ideberá desecharse también el elemento de la dependencia? De esto ya se h a dicho cubl es la entidad y las especiales virtudes que tiene; y segiin las ideas expuestas, parece no se la pukda eliminar, mauifestándose por lo mismo un efecto de la relación existente entre representapto y representado, y esto es término de la representacidn, y no s61o de aquélla en general, sino también de la propia. Por esto es inútil indicarlo: ya se tenga la figura de mandatario 6 la otra de alqitilador de obra, al aceptar el encargo confiado por el mandatite b por el conductor, se entra por 61 en una verdadera dependencia, en el sentido de que la coinisión dada debe ser ejecutada seghn las instrucciones particulares b generales dadas, y, en defecto suyo, el .oficio para cuyo cumplimiento fué dejada al representante mayor b menor libertad de accibn, debe ser ejecutado en el modo m&sconforme al interés del representado. El cual, para el mejor 6xlto de la comisibn dada, puede dejar (y puede tarnbihn presumirse segiín su voluntad en tal sentido) libertad de accl611, sin que sufra el t-inculo de dependencia (1) V. Sertrand de Greuille, Rapp. cit., en Locrb, obra y lugar citadosi (2) Larornbibre, ob cit., sobre el art. 1,388,núm. 10..

que estii. impiicito en la comisibn, 6 mAs generalmente en la. representacidn ; así que dependencia no significa la eujecibn hacia el representado, sino la condicibn en que esta el representante por efecto del encargo recibido. 175. La representación se sabe que puede derivar de dos fuentes: la voluntad y la ley; de donde resulta que, según s u origen, es 6 convencional 6 legal ; distinci6n que, por otra parte, no tiene eficacia alguna en cuanto al quitar b disminuir la responsabilidad que corresponde a l representado por los hechos ilicitos ejecutados por el representante. La ley, ejerciendo su poder directivo soberano, constituye 9. ciertas personas un representante 6 exige por su posibilidad jurídica de actuar que sea constituído: ipor qué debería faltar aqui el concepto de la representación? (1). En la clase de la representacidn legal debe inscribirse la posici6n j uridica del tutor. que es representaute legal del menor (2); es un mandato que la ley le impone de cuidar de los intereses del menor y de representarlo, 8jaudo los limites que declaran la extensión de los poderes que se le han conferido. Pero el menor &responder&de los'hechos ilicitos B los cuales haya dado causa el tutor en el ejercicio de dicha representacihn legal? 6 gno deber& en cambio decirse que esta respoiiznbilidad desaparece cuando & constituir la representación haya faltado la voluntad directa del representado? 6 cuando menos, &noparece natural que no teniendo el tutor autorizaci6n alguna para cometer hechos ilicitos, (1) Cons. Almerns-Latour (Rapp. en el J. du P,, 1891,I,627) refiribndose B la responsabilidad de los iniinioipios: ciasi, para ciertas personas morales, por ejemplo, para Fn munioipio, para una ndministracidn pública, la eloccidn puede tener lugar, 6, e n otros tbrminos, el agente puede ser nombrado por el poder central 6 por el prefecto que interviene, ya sea por motivos de interes genoral, ya son en virtud de un alto doreoho de tutela que le hace suetituirse 6 la colectividad misma. Esta no quoda menos sometida i l a responsabilidad del derecho oomiín,)) (2) V, Chironi, Cuba contratt., núm.47.

aquellos que haya cometido deban quedar á cargo suyo personalmente? El que argiimente sobre los principios ver& que en la especie bien se delinea la figura del mandato; y si representacibn existe cuando concnrran los elementos generale? que determinan 1s responsabilidad, ~ f oparece dudoso que el representado deba responder por el hecho ilícito del repre~entante. NO obra este en su nombre é interés?; ino renueva acaso su poder de represeatants de la ley? Xste e s el argumento positivo: eliminando las objecioneu, l a tesis tendrá mfis claridad. En efecto: falta en verdad l a voluntad del representado que aritoriza el oflcio d e la representacibn; pero éste est&concedido al tutor por la ley, que dispone cori fin de utilidad general, debikndose proveer á quien por causa de edad b eufermedad grave de inteligencia no pued a gobernar por si mismo sus intereses, con arreglo & l o que requiere la función del estado y del derecho; de ahí que la posición jurídica do representante parezca en el tutor plenamente legitima y justificada, Y no mejor se la otra dificultad, porque acogi&ndola,no se entenderia lo que valga y signifique la responsabilidad del represeiitado por los hechos del representante, y, según las aplicaciones que hace la ley, la del comitente por el agente g la del amo por el sjrviente. &Tiene,acaso, el comitente, al encargar Q otro de un servicio, dada autorización pura cometer delito 6 cuasidelito.): La ley, por lo tanto, no se ha inforxaado en un criterio opuesto & aquel que existe en la objeción indicada: jacaso no ha aplicado con lógica severa el concepto de la representaciún? Por otra parto, ouando u n a administracibn tiene $11 representmte nombrado por la ley, &nodebe, acaso, responder la entidad representada de los hechos iIicitos ejecu tados en el ejercicio de l a representacibn? Sino que contra dicha resoluci6u se argumenta sobre la grave lesión inferida & los intereses del menor, que la ley con el iriatituto d e la tutela entiende proteger. Contra cuya

duda se ha observado (1) que el argumento, aunque vhlido, deberia, sin embargo, conducir h librar de toda responsabilidad al comitente y al amo, y entonces dicha generalidad de aplieacibri demostrarfa siempre mejor la unidad del criterio afirmado en la disposición de la Ieg; que los intereses del menor, en las relaciones con el tutor, eet8n garantizados por la responsabilidad impuesta & este último; y que no puede decirse falte la garantía ciiando el tutor no haya prestado caución, b ésta sea insuficiente, 6 no tenga bienes con qué respoiider, porque si esto fuese, el comitente y el amo podrían igualmente valerse de la objecibn con el fin de liberarse de la responsabilidad por los hechos ilícitos del agente b del sirviente. Y de aquí el que la decisión referida haya parecido justa y bien f u n d a d a en derecho, dernostrSndose por esa In. lbgica estructura del criterio sobre el cual está fundada la disposicián que ordena la responsabilidad de los comitentes y de los duerios y su generalidad. Sin embargo, la razdn de dudar parecer& prevaleciente todavfa cuando se considere la rszbrl del pruvedimiento, yue es la defensa social del incapaz; ciertamente tiene este fln, y la rosponsabitidad aliora discutida es contradicción insariable. P no importa el decir que así se altera el contenido juriciico cle la represeiitacióa, porque la estructura de Bsta es como la ley pudo quererla y ordenarla; y si la ley, proveykndola al menor y al incapacitado, la esta%leci6 en su favor, se entiende por. esto que la responsabilidad por los hechos del representante esth eliminada como no conveniente o1 objeto para el cual lo instituy6. 176. Cuando adeiilhs tenga su origen en la convencióil, es ciei'to que para establecer la responsabilidad no deberá haber dtidrt acerca de la capacidad de quien h a dado la coiriisidn.

Por lo que si un menor diese un encargo h alguien 6 10 (1) Cons. la primera edioibn de este trabajo, 1, pBg. 257.

llamase á su servicio eti. calidad de sirviente, no está obligado á responder de los hechos ilicitos cometidos por el representante al cumplir el encargo recibido cuando resultase de su incapacidad para darlo; y no se objete aquí la distinción puesta como criterio fundamental en este estudio entre la ciilpa contractual y la aquiliana para inferir que al tercero perjudicado no pueda vididamente oponerse la inexistencia de la relucibn entre el menor comitente y el agente, fundando su rax6n jurfdica sobre la posicihn del injuriante en el momento que cometia l e injuria; hace falta decidir bien, siendo Bste el punto de donde trae su desarrollo la cuestibn de la responsabilidad si haya habido efectivamente representación. Ahora bien : para resolver este punto fundamental, hace falta asegurar si el menor era capaz de consentir la relación que produjo la responsabilidad, distiriguir] por lo mismo si es menor emancipado b no, y si en el primer caso el acto pueda comprenderse dentro de los procedimientos de simple adininistraci6n en 61 consentidos por la ley (l), en cuya hipótesis ser& responsable; diversamente, faitaria la raz6n de la representación, y no pudi6ndose decir del autor de la injuria q'ue representase jurfdicamente a l menor cuando cometih el hecho ilicito, la respoxisabilidad ser& personal y 9, 61 imputable, Como puede suceder también en el caso de un menor no emancipado que se ocupe de sus negocios; pero cuando resultase que al descuido del tutor se debe la inti10rnisi6n indebida directa y exclusiva d e l incapaz en actos de administración, en los cuales por razdn de la edad la ley no lo considera idhneo, tambihn contra el tutor podrh o1 ofendido entablar accidn de responsabilidad (2), y iio hay diferencia entra este caso y el otro de nombramiento liecho si uor el menor, pero aprobado por

(4) Cbd, oiv., art. 317. (2) En virtud, se entiende, del art. 1.151 citado,

el tutor (1). Cuya resolucibn se demuestra todavía mejor a l considerar que el incapacitado esth en cuanto á capacidad jurídica en la misma posici6n del menor no emancipado, y si 61 nombvase un agente b u n sirviente, no hay duda alguna que no deberia responder de los hechos ilicitos cometidos por estas personas; y si igual es en ellos el defecto jurídico de capacidad, igual es la decisión en materia de responsabilidad por los hechos de quien s610 aparentemente los representa obrando en nombre propio. En algún ordenamieu.to legislativo (2) hay disposiciones opuestas; pero la cautela con que se les quiere circunucribir, demuestra fácilmente la contradicibn con los priqcipios, Ante todo se quisiera que el menor por el cual se hizo la elección del sirviente esté cerca de la mayor edad. (3), y se le da despues (4) el derecho de reversi6n contra el tutor cuarido éste sea culpable. Pero jcbmol Si el menor puede nombrar vhlidamente el sirviente, jel tutor deber&responder de la falta de vigilancia? Pero si el menor h a ejercido vhlidamente este acto de adininistraci6n, el tutor queda legalmente ajeno, y no estb obligado por su intromisibn; esto digase sin advertir la gran incertidumbre de criterio inspirado acerca de la edad del menor, que deberia ser casi mayor.

Generalidad (continuación). A.

- Excepcion general.

SUMARIO: 177. Responsabilidad personal del representantb determinada por la ley.

177. A la regla general propuesta antes sobre la responsabilidad del representado por los hechos iIicitoe cometidos por el representante cuando concurren 111s tres elemento8 (1) Cons. l u primera edici6n de este trabejo, 1, p6g. 288. (2) C6d. civ. jnpones, art. 376. (3) V. Boissonlide, Coment. cit., sobro el art. 396. (4) Boissonade, ob. y 1. oit.

ahora descritos, se centrapone la excepci6n de tcesar dicha responsabilidad cuando por la ley sea establecida la responsabilidad personal del represenlante mismo)}. Ley y no contrato: de la cficacia de este iIiltirno se habla& en su lugar (1). Cuando la ley por motivos especiales, inherentes alguna vez B la índole misma de la comisión, establezctz la excepci6n antes puesta, ciertamerite no puede haber cuestibn de responsabilidad del representado; y de esto existen ejemplos, como se ha hecho nota^ y se observar& 12)todavía en la disposición de la ley de procedimiento civil, que ordena la responsabilidad civil de los mtigistrados por el dano causado con dolo en el desempeño de sus funciones. Verdad es que, por el coritrario, se ha afirmado la respon nabilidad del Estado y su dereclio & indemnizaibae contra el magistrado culpable de la indemriización pagada; y rio parece que seriamente pueda contradecirse el concepto de la existeucia entre Estado y magistrados de la relacibn de co~rrisidn,cixarido se piense que la misma inamovilidad recotiocida, ii los Jueces está encaminada, no B suprimirla, sino m8s bien A hacer el ejercicio de la comisión m&sprovechuso y que rosponda mejor al fin de quien lo da en el interés general de los administrados; ademhs, respecto & los oficiales del Ministerio fiscal que no tienen calidad de inamovilidad, no puede existir en manera algunt~la duda. Sin embargo, aun siendo aquí la relscihn de representacidn recta y clara, la disposiciún de la ley establece la responsabilidad peisoiial del representante; y que esto es asi, se dir&después estudiando la responsabilidad del Estado por los hechos pun i b l e ~de sus agentes; y se debe deducir que en los'otroa casos aplfoase la regla contraria de la responsabilidad personal del representante, y también de la responsabilidad

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(1) V. el cap. XVIIi. (2) V. el cap. VII.

- dll principal y directa del repreueutadu, precisamente en virtud de la representacic)il.

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Aplicaciones. 9) Responsabilidad verdadora y propia. Scw~nici:17s. Más cobre la regla gsnural propuoata.-i79. Sobre el rnendoturio, objeciones y confutaoioiies. - 180. Valor de la looucifra ((ngente))empleada por la ley.-1st. Del Procurador juóicid.--182. Del ujier.-183. Del perito,

178, El derecho c o m i l ~imputaba, como ha ha.bido ocasión dt: observarlo, la respoilsrtbilidad al comiterlte de las injurias causadas por el agente, $610 eu cuanto era ~ulpable por haberio elegido [l.). Esta es la regla (2):de modo qiio si no 5e hubiese podido imputar culpa algude al comitente en la eleccibn, su reaporisabiliclad ut)tenia r a ~ 6 nde ser (3). X ciertamente, el que considere el detallado trabajo, qiie,es ejemplo verdadero de nniliisis psiquico-jurldico llevado th. cabo por la doctri~iaromana acerca de l a respun~abilidud, ComprenderA fbcilmente cúmo no. aepar8ridose Bsta de l i ~ culpa (irij~iriasubjetivti), la conducta injilsta del responsable no pudiese encontrarse en otra parte que en la elecci6n, como eii otros c a s t ) ~de responsabilidad se ha atribuido 6 la vigilaticfa; y es mhs: la doctrixia de la eleccián es todavía el criterio del cual legislaciones reciei~tes(4) deducen b cargo de, comiterite la obligacibn de reliponder de 1 s ~ liia~ U EO D P ~ S del agente. A cuyo hecho ya 8t, ha allidido cuando se ha dfscatido la raz4a que determina. este Ga50 especial de responsabilidad; y las ooasideraciones hechas 60bre los urdenamlantos que acogen el c o n c ~ p de t ~ la ropre(1) L. 27, $8 9 y il, D. ad ley Aq. (lXj 2). (2) Cfr. la L. 1, 9 6 , D.dc publica~zis(XXXIX, 4). (3) L. 1 pr.; 5, 3 6, D.de his qui effud. cel dejecer. (IX, 3). Cons.

Windeoheid, ob y 5 cit.; CasDollari, ob+cit., num. 53. (4) V. el 3 precedente.

santacidn, que es verdadero fudamento de la ley civil italiana, dispensan el demostrar aquí la mayor exactitud de las disposiciones que contiene (1). 179. Por lo que, acogido el concepto de la responsabilidad del representado por los hechos del representante como consecuenciu directa de la ropresentacidn, la aplicaci6n m&sevidente y menos discutible que puede hacerse se refiere á la figura de la relación constituida por medio del mandato. (1) S e entiende que la responsabilidad del representado os solamente civil y no se extiende las consecuencias penales del. hecho ilicito, que son personales del agente: cons. Laurent, ob. cit., XX, 615; Demolornlie, ob. cit., VIII, 632; Sourdat, ob. cit., 11, 777; á menos que so trete de penas pecuniarias que vionen h representar realmente una liquidacibn legal del daño. Y excepoibn de los hechos 6 contravenciones d las leyes de policia, de las cuales siempre se responde. y esto es por la naturaleza de la contravenoidn, porque 8upone Ia de una garantia contra el peligro del daño impuesto por iriteres público. En lo relativo al primero de estos dos puntos, cuya es la naturaleza jurídica de la pona pecuniaria, determinandose on realidad como repara~ióncivil, liquidacidn del daño por violacibn de la obligación, v. Cas. pen., 29 Dicientbre 1897 (Legge 1898, 1, 167); 2l Abril 1898 (id., 1898, IT, 164); v. Laurent, ob. cit., XX, 615; Aubrg g Rau, ob. cit., IV. 9 447; Sourdat, ob. cit., 11, 778; Larombibre, ob. cit., sobre el art. 1.384, 38; Garraud, TI*, th. et p1.a.t. de d r , ~ B I G(Pn. ris, 1898-9021, 1, 354; Blanche, &. s. le C'od.pSit. (París, 1888-1891), 1, 285 g siguienles. Para el. oarhcter penal del proveído, vease especialmente Trib. de Palermo, 13 Junio 1897 (id., 1897,11,531); Trib. salerno, 31 Enero 1898 (id.,1898,1, 7101, y la Iey 21 Diciembre $899, n. 446, de la cual nos ocupamos en el oap. VIII. Respeoto al segundo punto, relativo B la posibilidad otorgada por la ley de que de las contravenciones cometidas por el representante responda el representado, vease al respecto de las obligaciones impuestas psrsonalmente como ordenanzas de policia para el ejercicio de ciertas profesiones: Sourdat, ob cit., 11, 787; Larombibru, ob. cit., #obreel articulo 1.384, 38; Cas. fr., 19 Abril 1894: (J. du P., 1894,1t 301); en cuanto la ley ordena expresamente la responsabilidad del representado tambidxl parala pena pecuniaria, v. Sourdat, ob. cit.$ II, 773, y cons. y cf. Aubry y Rau, ob. cit., IV, (5 $47, t. y n. 40.

En efecto: el poder de la representación nace aquí in mediatamente, enteramente del negocio form~do,y el mandante no puede quejarse y se encuentra obligado fi responder del hecho ilicito cometido por quien obraba en su nombre sin exceder los límites de la potestad conferida. Inútil el repetirlo; el hecho del mandatario, concurriendo los oportunos elementos descritos, es hecho del mandante. Se objeta, es verdad, que el mandante 110 ha dado encargo al mandatario de cometer hechos ilícitos en el cumplimiento de su oficio: de ahf el cuasidelito cometido par el mandataria parecerfa u n hecho excedente los límites de la facultad que se le ha dado, y faltando por lo mismo la representacibn, deberia cesar, como ha sido ya ordenado por la ley en modo especial, la responsabilidad del mandante (1). Estas objeciones, que Iirt habido ya oczisi6n de considcrar, aun ayudandose de uno de los elementos fundamentales para fijar la responsabilidad del mandanle, no por esto adquieren mayor virtud. iD6nde existir\& el exceso del mandato? Se observa que era el ejecutar un hecho iio consentido ciertamente por el mandante. Esto no; porque el mandante indica la facultad del maxidatario designando el otijeto del mandato, y el mandatario responder& personalmente de cuanto haga fuera de estos térmii~oa;pero s i 41 no exagera los limites de sus atribuciones, y, auu no excedihndolos, comete alguna injuria al ejecuttlr el encargo recibido, mal podr& defenderse el mandante objetando que 01 no quiso el acto ilicito. Porque en este caso el mandatai'io obraba vhlidttmente bajo tal calidad: y asi, la relacibn de representacibn obliga al mandante h responder de la injuria, si bien después le corresponde acci6n de reversibn contra s u representante. A los terceros interesa solamente 01 reconqcer la calidad de mandatario en el agente del cual liar1 sufrido injuria: 6ste obraba con arreglo á su oficio, y en relacibn & su con(1) V. Laurent, ob. cit., XX, n. 575.

ducta cometió el hecho ilicito; pues bien: esto les basta para que, si ofendidos en sus propios derechos, tengan acción directa contra el mandante, el cual, en los tbrminos de la comisián confiada, se considera que obra directamente por mcdio de la persona del mandatario. La ley ha afirmado con este principio la consecuencia de la representaciún, allí donde ha declarado responsables los comitentes de los hechos de sus agentes. Y obshrvese tambiirn la contradicción b que se llega al exponer esta objecibn y enseaando, silemas (1))que la disposicibn recordada deriva toda de la presuncibn de culpa irlt eligeado, y criticándola por su excesiva severidad al no admitir la prueba contraria liberatoria. Pero j I l Q bastaria el decir incoherencia con el criterio escogido que el coinitente iio ha dado nunca comisibn para cometer el acto ilicito, y faltar, por lo tanto, toda relaciún entre comiterlte y agente? ~ A C ~laS responsabilidad O del comitente existe si el agente no ha cometido injuria en la ejecucibn de1 encargo recibido? 180. Queda, par lo tanto, como resultado, que la responsabilidad del mandante por los hechos ilicitos del mandatario est&determinada por la representací6n, que si tarnbibn se quisiera referir la razún directa prdxima B la eleccibn, haido falta añadir que la imposibilidad de alegar el defecto de culpa coloca esta B cargo del representante como presunción absolule, Y ciertamente, como se ver&después al buscar la estructura de la responsabilidad por los darlos csusados por animales y cosas, puede construirse con esto la teoría; mas para el 61n de la ley, la raz6n descrita de la representacihn declara y justifica mejor la responsabilidad del comitente. Sino que la ley emplea los términos de c),y podria dudarse entonces si con dichas locuciones no haya querido exceptuar la hipútesis especial del (1) Laurent, ob. y 1. cit, .

mandato; pero la objecibn puramente literal se somete B tres argumentos: a ) Qiie la VOZ $agente))se extiende 21 cualqtiiera que, en nombre é interés ajeno, ejecuta un encargo de donde no puede dejar de estar, y en modo muy principal, comprendida la figura del mandato; Ú ) Que las coudiciones generalmente acogidas respecto k la. resporisabilidad del comitente, demuestran de nn modo cierto que la raz6n inmediata es la representación, y de su generalidad hace fe el encontrarse éstos exactamente en las condiciones necesarias, con el fin de que el mandanlo responda de la culpa contractual del mandatario; ahora bien: si el fundamento de la ley er, la representacibn, no se comprende por quk quiera exceptuarse un caso ezi el cual dicho concepto resalta directa & inmediatamente de la relaci6u cunstituida; c) Por fin, aun admitiendo que la voz (agente» no pueda comprender la hipbtesis del mandato verdadero y propio, no por esto debe inferirae la no responsabilidad del mandante por los hechos ilicitus cometidos por el mandatario en las condicionas ya descritas; la posicibn del mandante es taI, que esta responsabilidad debe ser puesta como principio, nuli faltando una expresa determitiaci611 legislativa. Y no se argumente sobre la índole especialisima hecha aquí par la ley, porque la responsabilidad esistiria por el. hecho propio, no por el hecho ajeno; el vinculo de la representacibn, como se ha hecho y a observar varias veces, pone de un modo inmediato y directo B cargo del mandante el hecho ilicito cometido par el mandatario a l ejecutar sus funciones é inherentemente 6. éstas. De cuyos reflejos es fhcil itiducir la extensión propia de la voz ((agente», que vale «representante» lo mismo eii sentido lato (en general), que exi sentido especial(verdáder0 y propio); en la primera manera, comprende A cuttlquiers que ejerza u n negocio por cucdta y & nombre de otro; en la segunda, se refiere exolusivamente al mandatario. De todos

modos, siendo uno el criterio fundamental de la ley, la distinci6n no tiene relieve de importancia para la(; consecuencias relativas & la responsabilidad del representado. 181. La jurisprudencia, no obstante la gran incertidumbre al 6jsr la verdadera razbn d e la ley en la respansabilidad descrita, ha reconocido implícitamente la teoria propuesta, extendiendo la existencia de la comisihn & la hip6tesis de locacibn de obra y & la del mandato propio. Sobre la primera, 5 causa de la diferencia señalada respecto & la repreaeutación, se hablar& mas adelante (1). Pero, en relación 8 la segunda, jse ha dudado'alguna vez de In responsabilidad del mandante por los hechos illcitos cometidos por su mandatario judicial? Se dud6 tan poco, que se lleg6 5 la exageracibn, encontrando el elemento de la representación donde en rnucl~oscasos no existe. El Procurador, tambien por impericia; patrocina una, causa, fundando sus pretensiones sobre evidente violacibn de la ley: la parte representada deberá responder hacia la otra del daño causado tan injustamente; y sin recordar aquí los muchos casos qiie puedan evidenciar las colecciones de jurisprudencia (2), bastar& advertir que las decisiones sobre la materia estbn dictadas casi siernpro sobre la accibn dc reversibn, instituida por la parte condenada al re. sarcimiento del dario que ha sido causado por culpa de su Procurador. El cual', si en curso de causa suscita algún incidente sin justa razon para hacerlo, determinar8 con esta conducta el derecho de la parte adversaria 8 los gastos, y según los casos & los dafios: y la condena se referir& directamente A la parte representada. Cuya decisión es tan evidente quo parece infitil el insistir. (1) V. el presente cap., !j 2. (2) Consfltese espsoiulmente Rousseau y Laisney, Dictiurtnuire deproc8d., cit., va Aaoit¿i; Sourdat, ob. cit., 1, 6%.

182. Se ha venido igualmente afirmando la responsabilidad del demandante por los hechos illcitos del ujier (11, El cual, en cuanto que ocupa un ministerio fiscal que ejercita dentro de los términos de su competencia, cuando á esto es incitado con arreglo á la ley, obra como empleado judicial y según su coudici6u juridica; de donde no parece que con esto desarrolle una representación de parte. Y, sin embargo, este elemcnto es necesario en el ejercicio de su empleo, ,y no pbr medio de mandato 6 gestión de negocios, porque en tal caso la cuestión se referiria & razón privada contractual, sino por la figura de la representaci6n legal; calidad esta que no quita por si, como se h a observado, la obligacibn del representado de responder de los actos ilicitos que el representante pueda cometer en la aplicación solicitada de su ministerio. En efecto: el ujier obra con srreglo al empleo plíblico que tiene y que no puede negar á quien lo solicite; pero obra porque h a sido solicitado, y como tal, en nombre y en el inter6s de quien tal solicitacl le haya dirigido. Asi que sin distinguir entre la materialidad de la solicitud y la forma con la cual Bsta ha sido exp l a n a d ~ ,refiriéndola al solo ujier corno obra personal suya, en el l-iecho del ujier aparece frente á las personas, e n relacibxi & las cuales se ejecuta 6 tiene efecto el hecho juridico del demandante, que lo explana en l a forma judicial ordenada por la ley. Existe, por lo tauto, una representación que Eie desarrolla según los tbrminos de su estructura logal, y que modifica loa elementos de la comisi6n descrita, con arreglo al modo especial en que estS concebida. Por lo mismo, si el ujier excediese los limites de la demanda (que se le h a hecho), ser&responsable persunalhen-

-(1) V. Sourdat, l. oit.; Laurent, oh. oit , XX, 506; Cas. fr., 9 Julio 1879 (J.du P., 1880,42); Cas. Roma,12 Enero 1878 {Legge, XIX, 1, 64):la responsabilidad del. ujier no excluye la de la parte en virtud de art. 370, C6d. p. oiv. 27

te frente al ofendido; y el demandante que fuere convenido para el resarcimiento, podr$ vididamente citarlo & juicio, con el fin de ser absuelto (1). 183. Alguna vez se ha juzgado que el perito es represelitaiite de las partes; y de tal criterio se quiso inferir la responsabilidad de las 'personas representadas del hecho ilicito que hubiera cometido en el ejercicio de sus funciones. Si debiera darsele el carhter de representante, la decisión respecto á la responsabilidad por los actos ilicitvs por Bl cometidos, seria justa, en vista de los principios antes expuestos. Pero como no lo es, no rige verdad la suposiciún que tal característica t e ~ g aexistencia; el perito no es en nitigún niolio representante de Ias personas que lo eligieron, y su oficio no es el de hacer cosa alguna en nombre ajeno, sino el de emitir su juicio sobre uria cuesti6n especial de hecho. Si, por lo tanto, d trabajo del perito se aoerca, y segiin los casos, cuando se lleve B cabo fuera del juicio, lo es en realidad á la flgura de la decisión, á 1s cual las partes contendientes, 6 ya se han referido anticipadamente, 6 se ref e r i r & ~la, entidad juridica de la representación desaparece. El perito debe examinar y determinar las circunstancias de hecho sobre los que se disputa, y esto lo hace con arreglo A su ~ u l t u r ay su convicci6n: en tal ofici~obra solamente su persona, y el trabajo que ejecuta le es exctuvamente propio. Pero adviértase: esto se dice del juicio que e1 perito emite, porque procediendo á su trabajo de perito, ejecuta una comisibn que se le ha confiado, y, por lo mismo, ciimpliéndola, es agente y representante. De esta suerte, si por razbu. de su oficio debiese entablar pesquisas que Ic suministrarau para formar el juicio que de 61 se solicita y al hacerlo causare injustamente injuria, la

1 ) Cons. ti este propdaito la ouesti6n decidida en la sent. de la Cas. fr., 9 Julio 1879, cit.

responsabilidad del ofendido remonta por necesidad al

co-

mitente. Sobre la cuestibn a h o r a descrita ya se ha hablado aquf, cbn el fin d e demostrar e n q u 6 modo el concepto de la representacidn, a u n q u e no s e haga referencia mnnifiesta, es, 8in embargo, siempre l a razbn d e decidir q u e tiene l a jurisprudeucia a l determinar 1%responsabilidad por los hechos del a g e n t e , y hay pruebas a u n e n l a s aplicaciones b hechos donde t a l relacibn,

en realidad, falta.

Aplicaciones (continuacílin).-Representacibn

en general.

S ~ M A H 184-186. IO: Comisiones, agencias: estcnsibn de esta locucibn. Comprende tarnbikn los sirvientes. - 187 y 188. Elementos necesarios para que exista la comisibn : remisión. Teoria gene-

-

ral : objeciones. Resaltados: extensión de la responsabilidad. 189. Continuacibn. - 190- 193. Los terminos de la responsabilidad en exurIien. 194. Aplicacibn especial fi la hip6tesis de incendio ocasionado por culpa del sirviente.

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184. La ley civil ha ordenado expresamente la responsabilidad d e los a m o s y comiterites por los daños causados por s u s sirvientes y a g e n t e s e n e l ejercicio de l a s funciones encomendadas (l),si bien l e estar&concedida la prueba liberatoria p a r a demostrar, merced & ella, q u e n o puede serle imputado el hecho del cual est& Hamado $ responder (2). Cuhl s e a la rae6n constitutiva d e este ordeilamientu leg a l , ya se h a dicho antes: la representación; y se h a advcr(1) Cbd. civ., art. 1.153; C6d. civ. fr., art. 1.384; Cód. civ. germ.,

R 831, y consúltese sobre el caso Plank, ob. cit., sobre este §; 0%. aust , hj 1.313 y sig.; Cód. fed. suizo, De las oblig., art. 62; Cód. oiv. de Chile, art. 2.320; C6d. civ. de la R B ~ .Arg., art. 1.1118;Cbd. oiv. del Uruguay, art. 1 285; Cbd. oiv. de Guatemala, ailt. 2.270; 66d. oiv. de Bolivia, art. 1.343-44; Cbd. civ. de la Luisiana, art. 2.296-97; C6digo civ. de Haiti, art. 1.170. (3) C6d. civ., art. 1.153, cit.

responsabilidad del ofendido remonta por necesidad al

co-

mitente. Sobre la cuestibn a h o r a descrita ya se ha hablado aquf, cbn el fin d e demostrar e n q u 6 modo el concepto de la representacidn, a u n q u e no s e haga referencia mnnifiesta, es, 8in embargo, siempre l a razbn d e decidir q u e tiene l a jurisprudeucia a l determinar 1%responsabilidad por los hechos del a g e n t e , y hay pruebas a u n e n l a s aplicaciones b hechos donde t a l relacibn,

en realidad, falta.

Aplicaciones (continuacílin).-Representacibn

en general.

S ~ M A H 184-186. IO: Comisiones, agencias: estcnsibn de esta locucibn. Comprende tarnbikn los sirvientes. - 187 y 188. Elementos necesarios para que exista la comisibn : remisión. Teoria gene-

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ral : objeciones. Resaltados: extensión de la responsabilidad. 189. Continuacibn. - 190- 193. Los terminos de la responsabilidad en exurIien. 194. Aplicacibn especial fi la hip6tesis de incendio ocasionado por culpa del sirviente.

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184. La ley civil ha ordenado expresamente la responsabilidad d e los a m o s y comiterites por los daños causados por s u s sirvientes y a g e n t e s e n e l ejercicio de l a s funciones encomendadas (l),si bien l e estar&concedida la prueba liberatoria p a r a demostrar, merced & ella, q u e n o puede serle imputado el hecho del cual est& Hamado $ responder (2). Cuhl s e a la rae6n constitutiva d e este ordeilamientu leg a l , ya se h a dicho antes: la representación; y se h a advcr(1) Cbd. civ., art. 1.153; C6d. civ. fr., art. 1.384; Cód. civ. germ.,

R 831, y consúltese sobre el caso Plank, ob. cit., sobre este §; 0%. aust , hj 1.313 y sig.; Cód. fed. suizo, De las oblig., art. 62; Cód. oiv. de Chile, art. 2.320; C6d. civ. de la R B ~ .Arg., art. 1.1118;Cbd. oiv. del Uruguay, art. 1 285; Cbd. oiv. de Guatemala, ailt. 2.270; 66d. oiv. de Bolivia, art. 1.343-44; Cbd. civ. de la Luisiana, art. 2.296-97; C6digo civ. de Haiti, art. 1.170. (3) C6d. civ., art. 1.153, cit.

tido que, por via de tal relacibn, e l concepto de la garantía no es el criterio determinante de la responsabilidad del representado, el cual obra, y obra juridicamente, por friuci6n del representante. I-Iase observado también cbmo la locucidn cow&isidn empleada en la ley comprende, no solamente la figura del mandato (que es la genuina y propia de la representación), sino cuaIquier otro modo de prestacidn de servicios, de ojecución de funciones rl nombre y en interés de otros. En virtud de esta declaración, aparece perfectamente distinguida (1) la representacitn propiamente dicha de aquella otra que pudiéramos llamar i% genere, advirtiéndose (2),por ende, que en esta Última la representación no es la relación que emerge directamente inmediatamente del servicio deducido del acto, sino que surge solamente de la ejecucibn de hechos ilicitos realizados en el cumplimiento de las funciones encomendadas. Tal signjficacibn, atribuida, según la construccibn propuesta, á l a representacibn ilz genere, no deja muy clara y explícita la aplicacibn que de l a misma hacen al arrendamiento de obras y servicios el mayor namero de los fallos y decisiones que integran la jurisprudencia sobre la materia. Por lo dicho tarnbibn es por lo que al sirviente puede estirnhrsele como un verdadero arrendador de obra, s i bien para este caso concreto la ley lo record6 expresamente en el ordenamiento relativo & la responsabilidad del comite~ite, (3) V. el $ Geiaerltlidades del pres, cap. (2) V. la n. precedente. La jurisprudencia ha hecho notable y variada aplicación de oate concepto. En particular, sobre la rosponsabilidad para los heohog ilicitos comstidoa en el ejercicio de sus funciones por el parlero como representante del propietario 6 arrsndador dc la casa, v. Huo, ob. cit., VIII, 445; Mutcau, ob. cit., pdginti 205 y ~ig.;Agnol, Code martusl d. propritit. cd d. locnt. (Paris), v. los nn. 932 y sig., y sobre todo la responsabilidad del iarmac6utic0 por la mala oonfeccidn de su cometido, Y,Muteau, ob. cit., ptigina 229.

no habiendo estado jauiks en duda que b'ellos debía extenderse el concepto dc dicha palabra. Acerca de s u valor (1)no hay, en verdad, graves dificultades; se refieren mhs bien, como ya se ha recordado (2)) h los elementos que deben concurrir para formar la estructura juridica de la coinisión, y por esto es por lo que vamos b estudiar ahora con toda ai-xlpiitud sus diversos aspectos b relacioues, 185. Mas al cumplir la demostraci6n cuyo intento acabamos de declarar, esto es, el sentido de la voz comisión tal como se infiere y corno claramente se deduce de las fuentes de la ley (3), bien se ve que comprende la figura del sirviente, y ya de ello se hace particular rnencibn en el ordenamiento legal (siendo único fundamento de la responsabilidad la represei~lacibn),so hace preciso exponer una objecibn, cuyo valor, por otra parte, es sólo aparente. 91 determinar las obligaciones que incumben en la locaci6ri de bienes 6 predios rilisticos al arrendatario, la ley las extieude B las que se deriven del deterioro 6 la pérdida sobrevenida durante el contrato, siendo de notar que estas responsabilidades h&llaxise extendidas tainbibn A las ocaeioriallas por la fumilia (4). En esta expresidn li&llansccomprendidos, según general doctrina, los sirljientes (5). Ahora bien: si la ley determina por u n solo criterio la responsabilidad para los hechos realizados por todaslas personas componentes de la familia, y siu embargo menciona especialmente & los sirvientes, jserh porque en materia de delitos y cuasicielitos h a cambiado de opinibn y les ha excluido por la concesilin de la c. i l ~vigil~ndo,como se demuestra (1) E8tB. adoptada así la palabra commedere en los art. 1.634-35, Clid. oiv.

V. el S Ger~eralidadoscit. (3) V. Bertrand de Greuille, Rapp, cit. (4) C6d. oiv., art. 1.588; Cbd. fr., arts. 1.132,1.735; C6d. austrinco, 5 1.111. (5) V.Chironi, O. coiatratt,,oit,, 11. 206, t. y n. (2)

por la prohibicibn de la prueba contraria impuesta al comitente? Alguna legislaci6n (1) regula, eir efecto, las dos especies según un principio común, y sin embargo parece que, de cualquiera manera que se considere, se traduce eri ventajas para la critica que se hace de la severidad de la ley: fallos y decisiones hay, no obtante, en los cuales viene como indicado el poder de vigilancia del comitente sobre el agente, poniendo así la c. insi,qiZando como fundamento de las varias hipótesis de responsabilidad llamada por la ley por hechos ujenos. La dificultad es s610 aparente, y bien se advierte cuando se contraponen las dos figuras juridicas que constituyen su entidad. En una de ellas, la raz6n de la responsabilidad est& (con relaci6n al arrendador) en el hecho de la cohebitacibn consentida por el arrendatario, extendiendo á otras personas el goce del fundo. El daño, pues, en 1%oasa 6 en el predio alquilado es producido por un individiio habitante del mismo con consentimien'to del arrendatario. La posicióri del. dom6stico 15 sirviente es, por tanto, iddntica & la de esas otras personas componentes de la familia. Y ainn podría decirse que &te es uno de los poquísimos casos en los que en la ley moderna reaparece, 6, mejor, so conserva la antigua noci6n juridica de la familia, deducida de la, comunidad de domicilio y remonthndose en sus efectos jurídicos al cabeza de la misma (2). En la segunda hipbtesis (c. aquiliana), el fundamento de la responsabilidad es bien diverso; el sfrviente aparece frente al tercero lesionado por el delito 6 por el cuasidelito, por el hecho ilicito, en fin, como representante del patrón, y de aquí la aplicación de la ley cum6n B todos los representantes y la necesidad de que e14her clio sea ejecutado en el ejercicio de las funciones inheren-

(a) Cons. C6d. fed. suizo, De las oblig., art. 61;cfr. arte 62. VBaso Solineíder y Ficlr, ob. cit., sobre el art. 61,62. (2) Jhering, ob. cit., 11; d. Zro, i. R.cit,, 1, 8 y sig.

tes, que es una restriccidn que no concurre en la primera de las dos figuras descritas (1). Cuya distíncibn, antes propuesta, contribuye, sin embargo, á jilstificrtr la teoria aquí aceptada como fundamento de la resyonsabilidad en el examen de l a culpa aquiliana. 186. Las ideas desarrolladas sobre la raz6n de l a responsabilidad que nace de la comisibn (2) y la critica promovida á las teorias dominantes sobre este punto dispensarfan el volver á examinar las cuestiones concernientes A. tal sujeto; pero su importancia es tal, y, por otra parte, los conceptos acogidos en este trabajo desechan, según el criterio que inspira & la ley, toda excepci61.1indulgente que trsta no quiera en modo quc parece necesario el retroceder para apreciar, aunque 110fuese mhs, todavía una vez las teorian emitidas sobre el argumento y aquf contradichas. Que el agente debs en tal calidad cometer el hecho ilí-' cito para que se haga responsable al comitente 6 al amo, esta generalmente admitido, y no solamente la claridad de la ley, sino la lógica de los principios, deuiuestran la uecesidad de, esta condici611, que es principal. Pero j ~ ~ & se n d ~ tendrft la relaciún de comísibn? Ya se h a dicho que goza del gran favor de la j urisprudencia, que requiere entre quien se sirve del trabaja ajeno y el que lo presta una relacicin de vigilancia (31, que es razGn directa de la responsabilidad, y se observb que de tal suerte no se comprende cbmo l a l e y haga la prohibicidn de la prueba contraria concedida en otros casos donde est&precisamente de relieve la culpa presurnida ilz vigilaado, como sucede en la reaponsabilidsd de los padres y del tutor. AñCtdase que los doctores, al sostener la teoría, no est&n de acuerdo al establecer los criterios ne-' (1) V. Chironi, C. contratt., cit., 1. cit. Sobre las oonsecuencias civilos rlel crimen comotido por el sivviente, v. Gas. fr., 3 Marzo %S84 (J.du P.,1885, 1, 32). (2) V. el 5 Qerae~aEidades,ya citado. (3) V. la nota precedente.

cesarios para determinar esta relación de vigilancia; y no es aquí el caso de buscar si el acuerdo es posible, porque la diversidad de opinibri trae su origen de un defecto coinun, cual es la errónea declaracibn dada por la ley, de cuyo error algunos tratan de atenuar los efectos, movidas á esto sin duda por la necesidad de limitar tina extrema indulgencia que contradice de un modo bien manifiesto la norma legislativa. Se ha hecho la proposicibli (1)de construir la teoría enseñando que existe el derecho de vigilancia cuando «el vigilante se haya reservado expresamente la facultad de dar órdenes G a1 menos instrucciones & propbsito de la comisi6n», y se deduce que esto falte {{cuandoel agente se encuentre ya bajo la dependencia de otra persona diversa del comitente, cuando no esté bajo las úrdenes de este »; se evidencia, ademhs, con el heoho del encargo dado ft un empleado piiblico, de cuyo hecho ilicito no debe responder el comitente, i Y en qué modo se podría entonces justificar la parte por el. heoho del ujier que obra & iristancia suya? Se da tambidn como ejemplo «el recurso por la obra del artífice 6 del operario al servicio de un coiitratista conocido, cuando el contrato esté hecho con 6steo; el .ejemplo no es serio:. &noestá, acaso hecho aquí el contratq directamente con el contratista? Se añade también la hipótesis del «envio del propio dependiente b agente 6 trabajar bajo las órdenes de otro, en cuyo caso es este iIiltim~el que adquiere la calidad de comitente)). Ahora bien; admitiendo aqui la exactitud de la comisión, uo la falta de la relacidn de vigilancia, hace desaparecer la figura de la cornltiión, porque falta 1a comisiún misma, que se determina directamente eiitre otras personas (2). Pero observese: el contratista que envía 8. casa (1) Ciorgi, oh. cit , 327 y sig (2) Asi, el armador de una nave con la dotaci6n, no responde de la culpa del capilbn: Cas. fr., 5 Enero 1891 (J. du P.,1892, 1, 247), 6 menos que, no obstante el alquiler, no conservase data su autori-

ajena al propio agente & trabajar, jiio ejercita con esto un verdadero acto de comisiún? iHa perdido verdaderamente la calidad de comitente? La vigilancia que se reserva y asume el tercero, jno limitarfa %uvirtud ti reservar al concesionario s610 el derecho de reoersidn? Adernhs, si es verdad que la relacibn de vigilancia consiste o en el derecho de dar 6rdenes 6 a l menos instruccioues al prebostes, eu la hipbtesis ahora enunciada se vendría & esto: « el que envía u n agente á trabajar en casa ajena, por esto mismo le da una orden de la permanencia de 'la relacibn de comisibn; el agente, en consecuencia de las ordenes del amo, va A ejecutar el trabajo ordenado, y al ejecutarlo, debe obedecer las órdenes del tercero; esta es, se dice, otra relación de comisiún~.Por lo que se deberfa argumentar desde luego á una doble comisión, 6 tambi4n no admitir ninguna. En efecto: b la responsabilidad consiste en la eleccibn, y entonces, estando hecha ésta por e1 comitente, deber3isser S1 el responsable, 6 se refiere toda & la vigilancia, y entonces la responsabilidad pesa sobre el p ~ o pietakio ó sobre uuo y otro de estos dos elementos (así afirma la teoría ahora discutida), y como ni el comitente ni el propietario han realizado tal concurso, ninguno de Los dos debería ser verdadsro comitente ni responsable. Cuyas incertidumbres derivan todas del querer poner una regla que se acerca, si, al concepto contenido en diclia relación, que se ha llamado aquí xrepresentacibn)), pero se le confuilde luego c o ~el i elemento de la vigilancia, cuandg es del todo distinto. El mandante da brdenes, da instrucciones: jes motivo éste para quo sea responsable por e1 defecto de vigilaticia? 187. Se h a hecho, si11embargo, observar que si las relaciones entre el mandante y el mandatario fuesen tales que dejasen & este Gltimo libertad iIimitada en el ejercicio de dad (Cas. fr., 28 febrero 1894; id., .1898,1, 271), porque entonces la nave y su servicio estar8 bajo su dependencia.

los encargos que se le han dado, faltaría la vigilancia Y con Bsta la responsabilidad: y de esto habría ejemplo en el hecho de dar una finca en arriendo b un trabajo & destajo. Ahora bien: la razdn de la irresponsabilidad en estos dos casos es en tal manera d6bi1, que sí fuese verdadera (l), se debería sostener la decisibn opuesta, cuando 6rdenes expresas limitasen la libertad descrita. Sup6ngase, en efecto, que se imponga al arrenbtario la obligacibn del disfrute en u n modo deterrnitlado; que al que tome Ct destajo la construcci6n de un edificio se le imponga un plano con arreglo al cual deba procedcr en sus trabajos: se deberia deducip su calidad de agentes, y esto no es y no puede ser. Y la jurisprudencia, n6tese, pos 6ltim0, lia sostenido muy á menudo el concepto contrario al combatido aqui, buscando y fijqndo la razón de la responsabilidad por el hecho ilicito del capithn del barco (2). Sobre la necesidad de que se tengan los conocimientos idóneos para poder dar 6rdenes 6 instruccioiies, y que sea posible la vigilancia y por ella la comisión, ya se hablado ampliamonte (3), haciendo notar las contradicciones en que se iiicurre al adaptar (4) á la ley una teoría que con ella no concuerda bien. Ciertamente, puesta la culpa en la vigilan* cia como fundamento de la responsabilidad por los hechos ílicitos del agente, la condición descrita pareceria muy just a , y, sin embargo, no todos la acogen, temiendo por ella no'derogar demasiado la severidad de la ley (5). Esta resistencia jno da acaso idea de la poca bondad del principio, al cual ne queria agregar aqui la condicibn subjetiva de cons(1) V. el 5 precedente; X,aroniLiBrs, ob. cit., sobre d art. f.384, n. 11; Sourdat, ob. cit., 11, 890; Muteau, ob.oit., phg. 201 ysig. Cas. pen,, 26 Septiembre 1901 (Leggs, 1901,1I,7771. Cons. tambien Cae. Roma,16 Abril 1901, (id., 1901, I1,75). (2) Chironi, Colpa conlratt,, cit., n. 209. (3) V. o1 pre. de esbe cap. "t) Aubrg y Rau, ob, y ed. cit. 5) Larombiere, ob+cit., sobre el. art. 1 384, n. 10.

ciencia de que se ha hablado.? Por otra parte, jc3m0 se coordinaría dicha doctrina con la responsabilidad cierta, indiscutible para los hechos ilícitos del propio representante judicial? g Cbmo explicar por ella la responsabilidad generalmenle ecseñada del dueño de uan oficina por los hechos ilícitos del agente, de 10s cuales salieron perjudicados los obreros, no obstante sea alegado por 81 el desoonocimiento del tecuicismo relativo B la industria ejercitada? Coriciene adetnhs recordar que as muy posible la hipótesis del propietario que no tenga conocimiento alguno del arte de construir en albariileria, y, sin embargo, ejerce la vigilancia activa sobre los obreros, con el fin de asegurarse de la continuidad del trabajo: jse tendrb aquí una verdadera vigilancia, 6 bastará para esto que se le considere comitente? Y parece claro que en caso afirmativo se est&en evidente contradiccion con la teoria (1). 188. La doctrina propuesta se aleja de dichas contradicciones, y esto es por sí mismo prueba de su intima conformidad con la ley. Déjese aparte el caso tipico de la representaci6n verdadera y propia, respecta h. la cual no parece posible ocurra duda alguna; de la otra de que se ha I-inblado en ((general», se ha dicho consistir (ten el hecho del encargo 6 del servicio prestado en nombre y en ínterbs ajeno, y, en coiisecuencia, de consentimiento del interesado),. Y de la definición así propuesta resulta: a) La relaciba de dependencia que por justa inherencia coii el encargo existe entre el comitente y el agente. Y sucede siempre por efecto del negocio para el cual se contrata la prestaci6n del servicio, de donde pareceria de poca monta el hacer menci6n especial; ahora bien: haciendo aplicacitn & la hipótesis de contrato directamente constituido con quien se encuentre sirviendo é1 otros, resulta que (1) Y estando 8 cuanto enseñan Aubry g Rau, ob. cit., afirmativa no earece dudosa.

447, la

el conductor se encuentra respecto & 61 en la posicidn de comitente. El valor, por lo tanto, de la locucibn depende%da, como esti empleada aquí, no se refiere para nada ni & la elecci6n ni & la vigilancia (1). 6) En virtud del critcrio de la representación, se comprende que, faltando ésta, deba tambibn faltar la responsabilidad del representado; así el conductor de cosas no representa ciertamente el alquilador (2), como tampoco representa al comitente quien queda obligado con él por u n precio hecho por todo el trabajo (3), siempre que por el modo con el cual so deba prsstarse la figura de la locacibn del trabajo quede fuera de la relacibn establecida. Cuya reserva induce S aclarar con más determinaciún la regla propuesta acerca de la exactitud de la representa. ción an general: «pero como tal representaciún nace de la ejecución de un encargo en nombre y en el interhs ajeno por encargo recibido, faltando tales extremos y desapureciendo así el negocio propio de locacibn de trabajo, la representaci6n tambt6ri hita)). Y aplicando la teoria & la hiphtesis de la adjudicacibn, y partiendo del concepto formulado en otro lugar (4) respecto á su entidad juridica, se dirb que el adjudicador es agente verdadero mientras en el negocio se conserve la figura de locaci6n del trabajo, y que suceder& lo contrario cuando el negocio tome figura de venta. ( I ) Podria dcdiicirse que tal dependenoln no presupone la nece~ al residad de que el representado esE6 obligado d d a instrucciones presentante; ahora bien: cuando este caso se d6, no ser&justo conferir la no existencia de responsabilidad del rapresentado. V. Larombiere, ob. cit., sobre el art. 1.384, n. 8; Aubry y Rau, ob. cit., 5 447. En consocuenoia del principio enunciado en el texto, se entiende que para el caso de obra dada por contrato, el hecho del comitente de reservarse la direcci6n del trabajo no induce la responsabilidad como representado. (2) Cons. Ap. Tolosa, 3 Marzo 1883 (J. d r ~P., 1884, 1,879). (3) V. la n. .I& la pdg. 420. (4) V. Chironi, Colpa corri~-att.,cit., n. 7 l .

189. Se ha propuesto tarnbien el contar entre los elementos esenciales la responsabilidad del comitente (y del amo), la libre eleccibn del agente (y del simiente); ahora bien : mientriis quieran dicha condiciún, todas las que consideran la culpa presumida in eligendo como k sola razón de la responsabilidad ordenada por la ley, el razonamiento no se refuta; pero lo contrario sucede 5 qiiien sostenga que esta responsabilidad estS sostenida por la culpa igb eligendo y por la otra i?¿ ,~aigilando.Las dos figuras de culpa de este modo presumidas, no tienen entre si vinculo que aproxime su naturaleza y pueden existir separadamente; pero la doctrina que las hace participes á ambas del efecto, que es la responsabilidad del comitente, &querráel concurso de ambas para que ta1 resultado se obtenga? La cuestibn no ha sido hasta aquí considerada materia de examen ; sin embargo, parecería de fundamental importancia para la construcci6n de la teoría. En efecto: 6 parece riecesario el concurso y deberiase consentir la prueba encaminada demostrar la existencia, 6 basta uno solo do los dos elementos y la teoria desaparece. ObsBrvase, respecto 8 la primera parte de1 argumento ahora propuesto, que no se tiene la posibilidad de probar en contra de l a presunci6n de culpa in eligen&, no concediéndola la ley (1); pero esto sentado, 4cOrno puede declararse el ordenamiento legislativo y fijar con tal fin los criterios que gobiernan los institutos reglamentados, introduciendo entre ellos un elemento que tio tiene por su estrincturn idoneidad para serlo? Explicase, es verdad, la constsuccidn, observando que la presunciún de la ley seria aquijzvr&se¿ de jzcre; pero advihrtase: ante todo, 110 se piensa que es necesario indagar si verdaderamente la presuncidn esth en la ley antes da calificar la cntidad, y adema6 no se advierte que todo lo quo se dice de la culpa i ? eeligerhdo ~ se debería también decir de la otra i% vigikndo; la ley no se calla respecto & aqu6lItt más de lo que (1) V. C6d. civ., art. 1,153cit.

lo hace respecto á Bsta, y asi, empleando igual criterio de interpretacibn, la presunción deberfa ser jwis et de j w ~ e a u n para la culpa presnmida de ia vigilancia. Pero segun lo que varias veces h a habido ocasión. de observar, es posible la existencia de dicha contradicciGn en la ley, que en la misma disposición ha concedido la prueba contraria en algunos casos en que efectivamente sin duda alguna la responsabilidad esth fundada sobre la culpa presumida i% vigilando, á cuyo propbsito no ser& cosa inútil preguntar si con arreglo á fa teoría examinada pueda el responsable hacer la prueba contraria 8 la presuncibn de culpa in uigiíundo. Si esto se niega, la doctrina discutida queda en contradiccibn con la ley; y cuando se afirme si la prueba resulta, ;.desaparecer8 por esto la presunci6n? 190. Por lo tanto, ni la elección ni la vigilancia deben suministrar argumento de presuncibn de culpa al cual referir la razón de la ley, sino el criterio de la crepresentación», por la cual obra directamente por sí cualquiera que obra por otro (1). La ley es severa, se objeta; la disposiciún dondo esth puesta la proliibición al comitente (y al dueno) de valerse de la prueba oo~itraria,está en contra de la justicia, contra la civilización, y una sabia interpretacibn debe hacer mhs leves las inicuas consecuencias (2). Si hay algo en la doctrina combatida que demuestre netamente la debilidad de su estructura, es esta confesibn: la severidad de la ley no consiente en manera alguna al iritérpreto darle un aignificado que repugne á su fondo; ciertameiite puede y debe conseiitir al interprete la facultad de interpretar el pensamiento que existe e11 la ley de modo que sus ordenamientoa esten siempre oonformes con el ambiente social sobre el (1) ctSccutrdt¿rn naturarn ast, comrnodn cujusr~uei * ~eum i sequi quem sequentur irtcomnzbcla )>L.10, D de B. 1. (L.17). Cons. Ap. Maoerata, 5 Febrero 1885 (Legge, 1385, 1,735). (2) Giorgi, ob. cit., IV, 229, y v. en este cap. el $ preoedente.

cual ejercen el oficio regulador; pero esto ft condicibii de qiie el fin cierto y claro 5 que tiende la ley, no sea alterado ni en manera alguna tratisforrnado, contrariando su nafunleza Clarísimo es, y no ofrece dudas de ningrina clase, el precepto legal que ordena 1s responsabilidad, no pudiendo acusjrsele de contradecir á la justicia el que estatuya que «seczbítd i~nt~1 n lura+~¿ esl, colrmtoda c~6fztsyzce mi ewic septi qzcene sepneí~tui.irico+tt~tzodn,pues estl en consecuencia manifiesta de u n a relacidn que se determina respecto al comitente, si, salvo en 41 el derecho de reversibn, los terceros ofendidos pueden pedir el resarcimiento del. daño sufrido por el hecho ilícito del agente. Su obljgacibn nace, esto es, de la Kreprescntacibn~respecto a terceros; e1 no ser él culpable liar6 responsable hacia sí al agente, pero no servircl para librarlo de las consecuencias inherentes & su condicibn de representado. 3- ni siquiera puede criticarse l a ley por disformidad con las condiciones del vivir civil: todo lo contrario. El princípio de la responsabilidad individual informa en cambio enteramente esta parte del ordenariiiento juridico; ni estnra fuera de lugar el recordar cuanto sucede sobre la responsabilidad de los patroiios, efecto del dsfio causado 6, los obreros por el Iieclis ílicito de utro operario; &hadudado nunca la jurisprudencia, antes que las leyes eepeciales sobre accidentes resolvieran en este sentido l a dificultad, el afirmar la responsabilidad del patrono sin preocuparse para nada de su ignorancia, como excusa b al menos como tltenuante, respecto h la elección 6 la vigilancia? 191. Por último, si es verdad, y en otra parte de este trabajo se ha considerado como debla (1),que el comitente sea tal solamente c ~ a n d oel negocio contratado con el agente oncierre en sí todas las condiciones necesarias para su existencia, y, por lo tanto, mal se comprende por lo común la

.

(1) V. el n. 176.

yepreseutaci6n en los casos en que el representante está, impuesto, conviene, sin embargo, advertir que ni aun en di&o caEo desaparece la representacibn. La dificultad es grave para quien parta del concepto de presuncibn de culpa i.n eligendo para declarar la ley, porque donde no sea posible la eleccibn no debería surgirvestigio alguno de responsabilidad; y en cambio, los doctores que siguen tal teoría sostienen la imposibilidad de traducir en su neta aplicación el principio acogido, estando prohibida por la severidad de la ley toda prueba contraria (1).Cuya perplejidad no parece justificada; si realmente la raz6n de la ley consiste en la presuilcibn de culpa ocurrida en la eleccibn, ipor qué no admitir la prueba ofrecida para demostrar qire por el comitente han sido empleados al objeto todos los-cuidados de un diligentisimo padre de familia? Y adviertase que un argurnen.t.0 en favor de tal pretensibn se podría deducir de la locuoidn misma de la ley, que prohibe & los comítentea y patronos la prueba concedida 510s padres, tutores y algunos mSs para los cuales esth puesta la presuncibn de ciipal in, vigilando; esto es, se podría pensar que la disposición se informó toda ella en esta figura, y, por lo tanto, que si á los patronos y comitentes no se les concede la prueba de 1st diligentísima vigilancia empleada, la grohibici6n no debe extenderse á 1s prueba contraria respecto & 1% diligencia in eligendo. Esto es, la limitación serviria para demostrar que ésta, y no la culpa en la eleccibn, es la razbíl de la redponsabilidad de los comitentes; y por el silencio observado respecto á la prueba contraria, la defensa del comitente deberia llevarse á cabo con arreglo al derecho com69. EI argumento falta dc base, porque el no liaber adrnitido la ley para el comitente (y para el. patrono) el beneficio de la prueba contraria, si bien demuestra el motivo diverso por el cual 9x1 responsabilidad no puede confundirse con la de los patrqnos,' tutores, preceptores yartcsanos, no dejade (i) V. la n. 2 8. la pág. 424.

fijar por esto la máxima extensiún, declarando que no les sirve el defenderse diciendo que ninguna culpa cometieron. Bien se percatb de esto la teoria opuesta; pero entonces, ipor qu6 reconociendo que en la ley no existe lo que seria coiisecusncia irrefutable, necesaria de la culpa presumida en la eleccidn, persiste todavia en referir á este motivo la razdn de la disposicibn? De donde cada vez resalta m8s la necesidad de abandonar la doctrina de la presunci6n de culpa in eíigendo 6 &a vigilando, y decir que la obligacibn de responder que se impone al comitente deriva de la {(representacibn~. Asi se comprende por qu6 no es admitida la prueba liberatoria de la diligencia exactísima puesta en la elección 6 en la vigilancia; el tercero perjudicado en la persona autora de l a injurit~,ve sblo el agente en nombre é interbs ajeno, ve en el fondo el representante, y, por lo tanto, la persona representada; y se declara, sin embargo, que si bien la {(representación)) se deba distinguir ex1 s u origen en legal y convencional. también sea cierto en el primer caao la responsabilidad, siempre que su existencia no dependa del fin protector que en favor de ciertas personas ordena el oficio integrador de la sociedad. Ahora bien; cuando se adopte el criterio de la eleccibn, esta iIiltirna decisibn se humilla ante dificultades insuperables, mientras la teoría propuesta da el valor exacto; por la representacidn, la persona ~[endidtt por injuria cometida por el representante, es jiirfdicamente ofendida por el representado. salvo para Bste la acción de reversih. Y el concepto de la representacibn no puede contener en si la posibflidad de que el responsable se defienda, demostrando la diligencia en la eleccibn;,la naturaleza del instituto, su virtud operativa respecto B, terceros y la buena fe de estos últimos no lo soportan. 192. Como carhcter de más fuerza para demostrar el criterio propuesto, ha sido traída la otra condicidn necesaria para determinar la responsabilidad: «que el hecho ilicito exista en tal calidad cargo del representante*, y l a 28

Última, ; en el mandato, tal voluntad existe, mientras falta en la geati6n de negocios; y la ley mientras hace brotar la represe~itacidridel hecho del agente, 6 presumiéndola necesariamente por el motivo de que & determinarla concurren la utilidad del privado y la equidad, b declarkndola como responsabilidad quu por dicho concurso se impone al administrado, por raz6n de la administración que, aunque no consentida primero, ha sido bien llevada en nombre y por cuenta del interesado. 204. Se puede, por lo tanto, afirmar que la representaci6n existe, 6, mejor, que los actos ejecutados por el gestor de negocios en nombre del interesado asumen la calidad de actos de representante solamente en el caso de buena administracibn, y esta, no existe cuando un hecho ilícito sea cometido por el gestor en ocasibn del cumplimiento del neque gocio. Pero la afirmacibn, jvaldrá como regla se imponga siempre? j6 no ser& licito poner & confroiitación la suma de ventajas resultantes de la adrninistracibn con los daííos que al llevarla ha causado ilícitainente el gestor (1)? La ley quiere, as verdad, que la Buena administraci6n sea el factor que del acto del gestor hace acto de representante; pero el decir cuando sea buena la administración, es función del Juez. El Iimite de la razdn jurídica se separa aquí claramente de la cuestión del hecho: el Juez, considerando la entidad del negocio administrativo, la ventaja que resulta al interesado, la entidad del perjuicio causado y tambibn, el grado de la culpa do1 gestor, puede llegar A reconocer la existencia de la buena administracidn, no obstante el hecho ilicito que el gestor haya cometido al ejercerla. En esta hipbteais, erixtirlan los elementos i~ecesarios para que e1. acto del gestor* sea acto de representante, y el hecho iIicito por.61 cornetido se debería por lo mismo cousi(1) V. Cbd. oiv. de MBjico, art 2.544.

derar realizado en ocasión de la ejecuoibn; el representante, por lo tanto, sería responsable. P así se vuelve a l domiuio del concepto regulador ya propuesto. 205. Del mismo modo se vuelve & la hip6tesis de l a ratificacibn, si antes de que el negocio haya tenido ejecución, b si, independienteniente de la indagación hecha acercade Ia bondad de la administracide llevada, el interesado reconociese como propios los actos del gestor, la ratificación teridr8, respecto 6. la existencia legitima de la representaci6n, todas las consecuencias que ha habido ocasión de exponer. El acto, en consecuencia, de la roluntad bien declarada del interesado se referirá al agente, como representante vhlidamente constituido, y aai el representado deber& responder del hecho ilícito que hubiese cometido. 206. Los conceptos propuestos acerca de la represeiitaci6n en forma inmediata b mediata y la dolerminación de la naturaleza jurídica de los llamados el autorizado apoyo de muchas deoisfones de 1:t jurisprudencia (S}. (1) Chironi, Colpa contrait., cif*..cap. V. (2) Gahha, en la monog. cit. y ex&miilada en Chironi, Colpa cuntrutt., cit., 1. cit. 13) En la segundo. comiaion (PrrstokalEs d. Commiss.$ d. IILesg. d . Zrrltt.. c . B G. R. (Berlín, 1897-991, pdg. 607 y sig., se propone

excluir la distinción. ~ cit., 1. cit.; g véase ( 4 ) V. los citas eil Chironi, C u l p ~conlrudd., también H8iiriou, en el J. Jc Sir.. 1902, 111, 4 ; cfr. Planiol, 'rr. bIBm, rlfl dr. cili. (Pailis. 1$00;, 11, p. 284. La distin~idnes aceptada, si bien refirikndola directamente la razon patrirnoriial del ncto (V. M i c i l ~ u d ,monog. oit,), por Presutti, en Leyge, 1902, 1, 139 yaiguientes; v. sobre esto el 3 sig. (5) Aeí se lee en algunas oonstituciones de algurins provinoias de I R Rep. Arg. Así, por ej~rnplo,el art. 40 de la Constituoibn de la provincia (1s COrdohii: ((81 Estado como persotie civil, puede ser dernsndndo ante los Jueces uriiiuarios obre p q h . í a d y por obligaciones contraillae sin i~ccesidadde autorizncicin ?retia del Yodcr legislativo, p sin que cli el juicio deba gozar privilef-$o dlgu1101>~ Tr. tarnb:é14 el art. 43 de la Conat. du la prov. do E.itre Ríos, y el 44 do Ssntiago del Estero. (G! v. IL 3.3, Cód. civ. germ , 88 31 g 89; Planük, ob citr, suúre e8bs $$, C r a s o , 65. y 1. cit. (7) Ob. cíe. en e1 vol. 1de este trabajo, 1. cit., y en ln 12io. ilal. cit. Cons. tambibn Giron, Le droit adnb¿lbistr, de 1~ Bclgique (Brirselas. 1885), 1, 231. (8) V. las cites ex1 Chironi, ob. y l. oit., y v. Cas. Roma, 9 Julio 1897 (Leyyc, 1897, 11, 400); Ap. Venecia, 1.O Julio 1898 (id., 1898, 11, 893).

1-no puede desconocerse qué parte de verdad esté contenida en esta doctrina, como algo de verdad hay también en las otras enunciadas y discutirlas; pero antes de averiguar cuhl sea esta parte, es necesario aclarar y demostrar que, tgmado eu toda su integridad, el sistema no es correcto; y á fin de proceder seriamente en la indagaciiin, conviene exponer las ideas sobre las cuales se basa la construocibn. El Estado, se dice, es ,no pudiendo concebir una persona jiiridica que no exista para la obtencidn de u n obje.to cleterminado; y si lo que clEstado quiere como ((personajuridica» es lo mismo que aquello de donde se deriva su existencia, hace falta corivenir en y ue no pierde nunca s i i cualidad especial, que es la de poder soberano y político. No basta, por lo tanto, decir que doja tal condición para tomar otra de persona civil; hace falta tarnbibn determinar cuál sea el fiu que pretende coiiseguir en este modo nuevo de existencia, y la doctriria antes discutida, al sostener la distincióa que aconseju, no lo hace, Y, sin embargo, deberia determiDar claramente en qu8 cosa se vuelve el Estado cuando deja la personalidad politica y se reviste sblo de la civil 6 jurídica; este Estado, que obra como persona jurídica, civil, si pone en actividad los medios ya necesarios b útiles para conseguir los finea ti los cuales tiende, ser$ respecto al fin en si mismo, poder soberano y político. Pero adviértase todavía, para evitar toda equivocacibn al discutir y al construir en la observación antes hecha; est6

es, que la argumentación seguida hasta ayui, está encaminada B poner en claro la debilidad de la doctrina, la cual hace una distinción en la personalidad del Estado, separando la accibn @,de la acci6n medio. Qiie es diferente la uaturaleza de sus actos, y que, según sil contenido, están s i l jetos 6 no & la ley civil, es verdad y ya se ha dicho (1);pero riu por esto ocurre variacibn alguna en su condici6n de Estado; ni, por lo mismo, es posible fijar regla alguna sobre la re-porieubilidad que lc corresponde por el hecho de sus funcionarios. 344. b ) La segunda manera de considerar que tiene la doctrina combatida se refiere á fijar la relacibn jurídica esistente entre el Estado y el funcionario, el cual seria agente solamente ciiando el. Estado obrara como persona juridica; y estaria sujeto entonces b la ley civil. En cuiltra de estas afirmaciuries hay varias objeciones. La primera da ellas es la aplicacidn del concepto sobre el cual se ha seguido hasta aquf la critica hecha de la teoría. S i la clistinci6n de la doble personalidad, de la cual el Estado puede revestirse en sus diversos actos, no puede regil*;si aun cuando se le considerara que obraba como persoua civil, apareciese clara la personalidad politica que es inherente fi su existaiicia, jcGmo pddrb ser acogida la distincibn en relacibn $ su posición respecto á loe empleados? La ii~certidurnbrea i z t e ~observada persiste; no ya el tierecllo, ni tampoco u11 priiicipio cierto bien definiclo, regir&las relacioties entre el Estaclo y los eniplettdos, sino la diversa uonviocibn del Juez, que podrb considerar al Estado obrando siempre como persona política, en modo que en ningun caso pueda decirse que sea 61 comitente, y el empleado su agente, Pero la dificultad se aumenta todavfa. Digase que racionalmente se distingue en el Estado, según el derecho, la personalidad politica de la civil; pero es cosa que, a u n con(1) V. la n. preced.

forrnAndose con la doctrina discutida, concierne solamente al fin y á los medios, 6, si de otro rnodo parece mejor; que el fin puede reputarse necesario ú simplemente de utilidad manifiesta, es cosa que, refiriéndose solamente i la acci6n del Estado y b los derechos que a él corresponden, no se redejan sobre las relaciones que lo vinculan al ernpleado, de cuyo trabajo se sirve. El Estado, obrando como persona politica, jüo está. sujeto a la ley civil? Admitase; pero se cornprende que no lo será cuando en la accibn determinada que cumple bajo tal cualidad, y que es adembs completainente independiente de la relaci6n existente entre él y el empleado, el cual no cesa nunca de ser tal, ejecute un hecho relativo á la personalidad política del Estado, 6 también un hecho que corresponda á su personalidad civil. Las relaciones entre él y el Estado deberian calificarse,;sin embargo, según la teoría, como contractuales, si bien la naturaleza del objeto que se deduce del negocio induzca la necesidad de intro. ducir, para reglamentarlas, normas de dereclio público, prevaleciendo aquéllas, que regirían el contrato de empleo de persona en el derecho civil puro; el Estado se sirve del empleado para conseguir aquellos fines que tiene como poder soberano; pero si tal se mantiene en el acto encaminado al fin,no por esto debe considcrarse inherente B &te su relaciún jurídica con el empleado, que es heclio e~iteramente distilito. La doctrina examinada aqui, al distinguir la doble personalidad del Estado, no dice qué cosa se vuelva éste cuando hace de él una persona solamente juridica; aderrnhs, respecto & los empleados, si en su manera de obrar como pocler politico no puede decirse sean sus agentes, iqué es lo que serán? Desde el momento en que se cunfuiide la accián del Estado con la relaci6ii existente entre 61 y el empleado, iqué cosa se vuelve este Altimo? La doctrina responde (1) no ser esta una objeciún seria, porque en las hipótesis descrita8 las

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(1) Bonasi, monog. cit., ptig. 14

relaciones entre el Estado y el empleado serían calgo indefinible». Con cuya respuesta, la doctrina declara la ixnposibiljdad en que ae encuentra para resolver la cuestilin. Fácilinente se comprende en quír modo exista el instituto, en los cuales no se delinea uetl figura jiirfdica distinta, sino que concurren rarias, sin que alguna vez pueda decirse que preralece una sobre las demhs; pero éstas se presentan, sin embargo, en materias diferentes, distintas, y la pluralidad de figuras resalta al deteruinar las relaciones entre las personas respecto & las cuales existe. Aquí, por lo tanto, si no puede decirse que ocurra una sola figura jurídica, no se esth, sin embargo, frente á lo indefinible; el enipleado &será,por una determinada manera de ser de su oficio, representante verdadero del Estado (l),y por otra alquilador rle trabajo'? Admitase la reluci6n entre el Estado y él ; estará definida, 110 por una sola, sino por las dos figuras jurídicas juntas; y tal relacióri no ser6 sin mhs de iodole civil, desde el momento que la entidad del vinculo, esto es, ia consideraci6n del objeto (futicibn) de los contrayentes, y por ellos del objeto del acto, puede inducir en la razón jurídica, del vinculo auri el derecho público. Pero las objeciones estbn mal resneltas, 6, mejor dicl-io, slii ~'esolver del todo, al no considerarlas serias, y tnnto menos, diciendo que la definición de unarelocilin no puede darse, porque se está frente & lo indefinible. No: verdaderamente se está enfrente de conseci~enciasinaceptables, contra las cuales rinpuja una doctrina desarrollada sobre co~icepiosno id& lieos; y pudiéndose resolver la dificultad, sin ernbago, observando la distincidri fundamental que la teoría propone, separalido la acci6n y lo8 fines del Estado de sus relaciones con sus empleados, se hubiera debido decir, con arreglo á aquel concepto, qile estas relaciones son preferentementg civiles (accilrn medio): llegando riecesariamente en mate(1) V. Chironi, L'olpa contratt. cit., 1. cit.

ria de responsabilidad 5 uua consecuencia muy distinta de aquella á, la cual quiere llegar la teoría discutida. 245. Sobre tales premisas, la teoría discutida arguye en el tema de la responsabilidad, que si el Estado obra como persona política, cual poder soberano, no es comitente respecto tt los empleados, y, por consiguiente, n o responde de sus hechos ilícitos. Y en contra de tales razonamientos, son también posiblqs otras objeciones, aparte de las pertenecientes á la dificultad ahora descrita, derivadas del querer confundir la cuestihn de la responsabilidad con la relacihn jiirídica existente entre el Estado y el empleado. a) La irresponsabilidad del Estado, itendrá, por lo tanto, razbn en esto, que cuando obra como poder soberano, no esta sujeto & las disposiciones de la ley civil? Admitase; pero si la irresponsabilidad pertenece á tal carácter, si se la quiere tener como esencial al poder que ejerce ipor qué con la irresponsabilidad del Estado se coloca la responsabilidad personal del empleado? (1). En las dos decisiones existe grave contradisci6n : si el acto no determina 1s responsabilidad en virtud de razones pertenecientes & la indole, fi la entidad del poder ejercitado, ciertamente no podrá si~scitarla responsabilidad personal del empleado que lo ejercita. Si el acto se refiere por su índole y por su fin al Estado, y éste no tiene responsabilidad, mal se comprende c6mo pueda ser responsable el empleado: jchrilo decir que el ~nisrnoacto da origen & la respo~lsabilidady & no responsabilidad, si esta Última e6 de tal extensión y tjene tal raz6n de ser que no deje lugar á la otra? el empleado agente no obraba en nombre del Estado, persona soberana, politica? 6) 6 se querrh construir la irresponsabilidad del Estado, poder soberano, como una consecuencia de no estar el Estado bajo tal cualidad sometido 5 la ley civil y ni siquiera

acaso

((1) Sobre este hltimo punto v. especialniente Giron, ob, cit., páginas S29 y siguientes.

comitente respecto al empleado, de cuyo trabajo se vale sin embargo. Pero B este argumerito Ta se h a contestado: que el Estado, ya ejercite su oficio soberano, ya obre como persorla política respecto al fin que quiere conseguir, siempre las relaciones que tiene con el empleado son esencialmente distintas (le s u dicha posici61i. &Pormedio de qu6 correcto proceso juridico quiere inferirse la condicibn del Estado freiite la ley civil del Estado, poder soberano, de la relaciGn juridicn que existe entre él y el. empleado? No sblo esto: siuo que en el rjercicio del poder soberano, jel empleado tio mantiene respecto al Estado la mism.a oondicibn, en la cual est8, cuando éste obra como persona civil? En efecto: no se -ve cómo y por quP, deba existir diferencia entre lua dos posiciones; el empleado, en ambos casos, obra siempre en nombre del Estado. Hay teorías, de las cuales ya se lis liahlado largameiite (l), que mientras para ciertos oficios ven la persona del Estado corifundida con la del ernpleado ageute, en otros la separan, y, segun esto, esta decide ; y con arreglo & tal opinión ( y ixe se reduce & la distincicjn entre empleado 6rgano y empleado agente), deciden de la respot-isabilidad propia del Estado 6 de su responsabilidad por el hecho del representante; pero la doctrina ahora discutida no acoge en manara alguna tal identificacacihn, aiiu eucontrando indefinibles las relaciones entre los empleados g personas políticas; y adembs, si parece que la admita, en este caso hace derivar otra consecuencia bien distirita, que os la ninguna rewponsabilidad del Estado. Abora bien; teniendo separadas las dos posicioiies, 6c6mo no hacerlo? Pareceria buen razonamiento definir la posici6n jiiridica del empleado como inmutable, ya obre el Ectado como poder politico 6 como persona civil. ~ A c ~ (31 ~so emplcaclo no obra siempre como investido de su función para sepreseintar al Estado? c ; 13espu8s dc todo, acdjaae, sixi embargo, la teorfa dis(1) V. Chironi, Colpa contrall. cit., cap. V, y

en Bste el pr,

cutida; se tendrhn resultados incompatibles con el derecho. El empleado, obrando bajo tal cualidad, y en los térrninos de las atribuciones conferidas, comete una injuria; se dice que el Estado no responde, porque refiriéndose el oficia en cuya ejecucibn ocurri6 el hecho ilícito tl s u persona polltica, no es comitente. Ya se ha advertido que se dice que el empleado rii aun aqui obra por sí, sino para el Estada, aunque no sea el agente, y la contradiccibn es evidente; pero se nota (observaci6n esta que servir¶ construir la doctrina de la responsabilidad con t6rminos más correctos) que el acto seguido en nombre del Estado, poder soberano, es acto en si ilicito, y, sin embargo, no determina la responsabilidad de la persona representada; y esto, no porque el acto no sea injurioso, sino porque el empleado, aunque en aquel momento haya obrado en nombre clel Estado, sin embargo no era el agente ni el representante. De este morlo, la doctrina discutida decide ftccilmente la irresponsabilidad del Estado; pero no puede excluir seriamente que el hecho no deba por sí inducir responsabilidad y que fué cumplido en el ejercicio de la reprtrsentaci6n. 246. d) Todavia unu ubservacibn, sobre la cual volveremos & hablar más adelante, recabaxldo uno de los conceptos m&ssalientes sobre los cuales esth puesta la doctrina aqui sostenida, ademhs del m4rito que tione de presentar la cuestión en los térrninos inhs claros, La teoría discutida se confunde dctrlusiado en las locuciones «Estado, pereona politica que ejercita un poder soberano, de imperio», y {{Es* tado, persona civil que ejercita actos de pura gestidn). Dbjese á un lado la confusibn, de la cual ciertamente la construccidii de los conceptos no puede sacar ventaja alguna entre 121, posici6n Jurídica que el Estado tendría como poder soberano, y, por lo mismo, no sometido & la ley civil, y la relaci6n en que eet6 con los empleados ; y pregilintese: eil la ciiestibn de la respoiisabilidad por el hecho ilícito del empleado, sqiaé. valor puede tener la ~onside~acidii de la soberania del Estado? No; ya {noes cuestióii de poder sobe-

rano b de persona civil, es cuesti6n de respon~abilidaddependiente de injuria causada ilicitamente por el representante, esto es, se est& en un argumento en el cual la consideracidn de la personalidad política no puede tener la eficacia que se le atribuye; y existe injuria cada vez que se salga de los terminos en los cuales jurídicamente debe contenerse la actividad de la persona. Y asi parece que la dificultad deba referirse exclusivamente a l derecho común (1). 247. Después de las observaciones hechas B la doctrina que sin embargo es acogida con favor especial (2), y ante8 de exponer con mayor amplitud los principios en que se rige la opinidn antes propuesta en otra parte de cstos trabajos (3)) hace falta una declaracibn. Y es que el sostener aquí Ia resprinsabi1idar.I del Estado, enteudida con mayor amplitud de cuanto se h a afirmado en la teoria contradicha, responde al ordenatnierito jurídico actual, tanto de razGi1 pitblica colno privada. Ciertamente, la mejor providencia sería aquella que establece la responsabilidad porsonal llena, entera, del empleado para garantia del particular ofendido por los actos ilicitos que pueda cometer; este sería el instituto que mejor respondiera 5 la conciencia del propio deber, al sentimiento de dignidad, al orgullo del carhcter individual, que son por si la tutela más eficaz del derecho. Pero una providencia informada en tales conceptos &ticos no parece posible; repugna 5 las ideas acogidas acerca de la entidad de la persona juridica, al modo de referjrse la accihn de quien obra por ella, ya se llame brgano b repre(1) V. el 9 sig. (2) Y que fu8 tambien acogida por el Cbd, civ. germ. (v. la nota procedente), mas para el solo efecto de que la responsabivdad por los actos del Estado, poder soberano, fuese rnatoria de la legislacidn de los Estados particulares. Sobre el principio v. 19 sig. (3) V. Chironi, Colpa corbtratt. cit., 1. cit. Y vease especialmente, para la diacusidn habida cn la formaci6n del C6d. oiv. germ., la nota 3 5. la pog. 490. 33

sentante; se coordina mal con el concepto del Estado de derecho. En efecto: los trabajos legislativos (1) intentados con el fin de proveer sobre este argumento de la responsabilidad, e s t h muy lejos de acoger las ideas euunciadas ;por el contrario, llevados como han sido sobre la distinción ya descrita y contradicha, la eficacia seria tan dudosa que, para e ~ i t.ar mayores peligros, es mejor quedarse sin providencia alguna. No el modo con el cual se ha venido formando en otros paises el concepto del Estado; no la manera de proceder en la eleccidn de los empleados, como sucede eu otros, dan razdn, según alguna vez se ha observado (2),del Iie. cho que en ellos no se discuta gran cosa la responsabilidad del Estado: la razdn del fenómeno es sii carácter, es la eficacia del sentimiento individual, rigidísimo fruto de una apropiada educación civil; es la conciencia que cada indíviduo tiene de .su posiciún jurídica y de su exclusiva y entera responsabilidad por las ofensas que injustamente caixsa al derecho ajeno (33. Los ordenamientos que en nuestro pais gobiernan la posicibn jurídica del Estado y la de los particulares respecto á él, determinan, en materia de responsabilidad, otras ideas y otras resoluciones; y escribiendo en los términos del dereclio vigente, no debe el jurisconsulto preocuparse al collstruir sus doctrinas de las cargas que puedan derivarse contra el Eaiado, el cual, obre como persona politica b como persona civii, no es nunca superior al &erecho(4). (1) t.Atbipo~laozents~i, i1875, ces. 25 Noviembre: dictamen sobre el proyecto. Cons. Bonasi, rnorbog, cit. en la Riu. cit. (2) Cons. 6 propdsito de los Estudos Unidos de~Arn6ricay de Inglaterra, dice Bonasí, en la inoiiug. cit. Y u6ase el 9 sig. en pr. (3) Y. Ia n. preced. (4) M. du Camp, Paris, ses organcs, scs,fo'owct., s t ea oie (Paris, i%6), 1, p6g. 20. FIN DEL TOPTCI PRIMERO

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PARTE SEGUNDA

SECCIÓN PRIMERA Entidad jurídica de la culpa aquiliana.

CAP~TULO PRI>ILRO.-GENE~ALIDADES.-l. Transición de la culpa contrnctual á la ' extracontractual (aquiliana).-2. S u razón de ser.. 1. Las fuenbtcs del derecho moderno e n cua~sto6 la culpe rto contr.nclrdal !/ sspecialnzer~tede la aquiliana,3-4. Las XII Tablas.-5-6. Del capitulo 111 de la Ley Aquilia: su examen. -7-8. Accidn y oinisión.. [l. La crrlpa nqtiiliarlcc e/¿el d @ ! * ~ c modcr~o.-9. i~o Contenido del término ((culpa aquilianai).-10. M6s sobre la unidad de la culpa. frtjut-la.-11. Dolo y Gulpa en los contratos: delito y cuasidelito (culpa extracontractual).-d2-12 bis. Sicsta dístinci6riesttí formulada e n la ley positiva y de qu6 manera. Teoria de los autores. Critica.-13. Gontii1uaci6n.-l4. Teoria que s e propone.-15. Entidad juridica de la culpa aquiliana y caracteres que la distinguen de lo. contruotual.-l6. La existencia de estos caracteres no contradice el principio de que sea único el concepto de la culpa.-17. Sobre la posibilidad del concurso de las 'dos especies de culpa, cofitractual y a'quil'iaila. Teoria de los autores. Criticti.-18. Teoria que se propono 111. Cuasidelilo (c. nvlciiiana): sus t.leme1~tos.-19-20 bis. Noción del cuasidelito y olomentos de que consta, Doctrina gcnera1.-2f. Teoria.. CAP~TULO 11.-A. V I O L A C IDE ~ NDERECIIO AJ~SO.-Geirsralidades.-22. Latitud de la espresidn y limites que de-

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terminan su entidad.-23. Cornprcntle el hecho material de la ~iolaci6ndel derecho ajet~o.-24-24 bis. Dañamiento y daño efectivo.-24 ter. División de la materia 1. Violación: a) Hecho positioo,-25. Hecho positivo: caracteres.-26. M i s sobre la distinoiijn entre hecho propio y ajerlo ................................... 11. Violaciún: h ) Heclto rwgativo (omisi6h).-27, Omisidn: valor histbrico de su distinoibn del hecho positivo.-28. Teoria sobre el c ~ r k o t e rde la ornisi6n.29. S i por otro motivo esta distinci6n tionevirtucl en el darecho moderno.. 111. c) I1?jrrr-¿a.-30. Hecho ú omisidn en relacibn con el derecho ajeno. - 31. El porque de este riltirno elemento. 31 bis. Referencia. - 3 L triplicado. Conti-

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CONDLCTA D E L AGENTE (Cfilpft).- Gettera1idades.-32. Significado tbcilico de la palabra crrlpa g su funcibn especial en el cuaside1ito.-33. Errores que pueden derivar de confundirla, como ti menudo. acontece, con la injuria en sentido estricto.-34. Y con el daño.-35. Continuacibn.. 1. Entidad ,jur*idica: criterio rnosrirador. dc la culpa.38.Si este criterioeste la d. i n abstracto, 6 bien la c. in concreto. Doctrina.-37. Obscrvaoiones 6 que da lug a r la responsabilidad de 10s jefes de industria.- 38. De los medicos y abogados, por los errores profesionales. 39. De los padres, tutores, preceptores y maestros, por las personas confiadas 6 su vigilancia. 40.Teoria 11. Grado de Zn crrlpa. Regla.-M. Grado de.la c. aquiliana, según la doctrina. - 45. Historia. -46. Teoría: regla.-47-54 ter. lmpericias y errores profcsio* nnles 111. Excepción. 56-56. Teoría sobre Ia determinación menos rigurosa de la culpa. Crftica.-57, La regla puesta por la ley no puedo ser aminorada por la vdtintn2 de las partes.-57 bis. Distinción.-58. La soIa excepci6n valida es aquella que la ley misma introduce espresamente.-59. Regla de interpretacidn 6 prop6sito.-60. Remisión..

~ P ~ T U LIII.-B. O

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CAP~TLILO 1V. -APLIC I C I O N E S . - Generalidad A . -61. Loa principios ercerca de la culpa aquili~riay la jurisprudelicia.-62. De la responsabilidad por incendio do casa habittrda por varios inquilinos. Teorias propuestas en relación con la nueva Ley francesa.-6% 64. Critica de la primera teoría.-&. Critica de segunda.-65 bis. Critica de la tercera. -66. 'reoria propueata. -67.68, Contitiuaci6n.-69. Aplicaciones de los resultados obtenidos con la ley italiana.-70. Continuaci6n.-71. De la aociUn individual en responsabilidad co~itralos administradores de una Jociedad an6nima. -72. Transporte de personas.-52 bis. Conclusiones.-73. La cuestión de la existencia de la culpa, ¿esta toda dejada a la apreciaciún del juez?-74. Fn contraposición de lo que ocurre con la r ~ ~ i u r z a . . Geaeralidud B. 3. De la responsabilidad de los patiso~rosi.especto d los abrel~ospor 10s accideltt~sdel trc~bujo.-75, Limites en los chales esta responsabilidad interesa todavía las indagaciones sobre la figura de la culpa.-75 bis8.1. Cardeter que ella tieno. Su extensibn; quG criterio se debe teiler para definirla en los varios aspectos de la relación,-82-85. Teoría que pone en la especie la cuestibn de la culpa contractual, Critica. 86-92. Continuación de la materia. Construcción doctrinal.. .Ge~~eralidad C.-93. Transporte de persona.-94. Seorias sobre el caso.-95. Teoría acogida.. G'enet.altdad D. J . Hecho; ornisibli; injurvia (uplicaci61Q.-96. Aplipaoilin latisima de las normas sobra el cuasidalito. Hecho positivo.-97. Ornisibn. De los Notarios.-98, De los ujieres*-99. De.los conservadoros de hipotecas.100. Injuria: del hacer con¿ra,jus y del hacer ,jure.Plinoionarios piiblicos: referencia., II. Calpa (ap¿icacidrr).-lol. Cbmo se debe determinar este elemento. Aplicación z i algiJin caso especial: Becuestro.-102. Grados: referencia.. 111. Ezcepcioneu [np/icacior~es).-iO3. Orden del tratado. III A. De las ezcepcionosprtestaspot. la ley.-104. En qu6 terminos so contienen las excepciones do las cuales

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hablamos: la garantía comparada con la responsabilidad: referencia. Excepciones establecidas por la ley en cuanto al grado de la culpa. Responsabilidad del tercer posesor en un inmueble hipotecado.-105-106. Continuaci6n. - 107-108. Del propietario que edifique sobre el terreno propio con materiales ajenos.-iU9110. De Ia responsabilidad de los magistrados.-lll. Continurici6n.-112. Del que provoca temerariaraente un litigio.-113. Teoría adoptada.-il4-116. Aplicaciari al caso de anulamiento 6 revocacibn d e secuestro.-117-118. Aplicación al caso de ejecucidn de sentencia dictada en grado de apelaci6n y desp136s anulada sn casaci6n.-119. Aplicación al caso do ejecucidn de sentencia provisionalnlente ejecutada y despuks anulada.-120. Aplicaoidn al arresto personal.-121. hplicacibu. 6 la oposiciCn hecha al matrimonio.-121 bis. Aplicacidn B la accion pare el roembolso de gastos de justicia penal contra los funcionarios que liayan determinado la nulidad.-121 tercero. Excepciirn al instituto de la garantía: remisi611 III B. De otras causas no aerdadcras de eacep!pcidr;.222. Excepcidn relativa ti la responsabilidad de los funcionarios piiblicos y do los que ejercen una pro4esi6n liberal.-123-125. Si los Notarios delien reapander solamente por la culpa grave.- l#~.Del. poder da1 Juez en la liquidricibn del dafio, como dopendiente del grado de culpa,-126 bia. El ordenamiento especial sobre IR ruptura de esponsales., 111 C. Excepcidn (continuaci6n).-4.27. Excepciones concornislites 6 la imputabilidad. Remisibn.. 111 D. Gxcepcidn (continuaci6n).-128. Excepciones ouncernientes B la omisibn. Remisibn..

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SECCIÓN SEGUNDA De la culpa aquiliana considerada en relacibn con el sujeto responsable.

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CAP~TULO V. LA IMPUTABILIDAO DE LA CULPA. - Generalidad.-129. Transicidn. No se entiende el concepto de la culpa donde falte el otro esencial de la im-

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putabi1idad.-130-132. En que consista la imputabilidad: inteligencia y voluntad libre.-133-134. Derecho romano: derecho medioeval, derecho comparado.- 135. Cbmo la disposioion del legislador en algt~iioscasos de incapacidad para contratar no se aplico en materia de culpa extracontractual, y por que.-136. Consideraciones generales sobre la voluntad libre como elemento del cuasideiito: remisi6n.137. Orden del tratado 316 l. L ~ imputu6ilidad L exun~inadarespecto 6 las personas ,jitr*idicas.-138. Las personas jurídicas por su naturaleza n o pueden por s i mismas cometer delito 6 cuasidelito.-139. Son respollsablea por los cuasidelitos cometidos por sus encargado$. Remisidn.. 333 11. De lu imprrtatrilidad rrspscio cb los menores, d los ULcapacitados y ci los ir~J~a6ilitados.-940. lrnputabilidad de la negligencia á los menores. Del menor einoncipado. Remisión.-141. De los mentecatos, de los incapacitados y de los inhabilitndos; derecho antiguo y derecho moderno.. 539 II A . R e s t r i c c i b ~de ~ La excepciótr derioada de uioio de ir4teligeiicin.-141 bis. E n que consiste.. 344 111. De In irrpatubilidad respecto li ¿a mujer* casacla.142. Incapacidad de la mujer casada para contratar en casos determinados.-448. Razón de la ley.-144. Farantia d e que esta rodeado el instituto dotal.-145153. S i en 1a responsabilidad por hecho ilioito oesan las garantias dotales. 345 111 C. De lu itcgliger~ciaitnputable d ourlos sujetos.154-156. QbIigaciones solidarias de varios sujetos a 365 los cuales sea imputable 81 delito.-157. Remisidn. 111 D. Parlici61~ ye~~ct.al sobre el modo de considerar, La r-esporzsabilidad srt o r d a ~u los sg,ielos -158. Orden del tratado; responsabilidad por hooho propio y re?ponsabilidad por hecho ajeno.. 871 CAP~TULO VI.--RESPONSABILIDI*D POR ((HECHO PROPIO)) (POR CCLPA ~~0~1~)[email protected]. La responsabilidad por hecho propio comprende tarnbikrz la de In injuria causada por los propios ropresentanto.5.375 162. Teoría recibída y referente al caso.. 1. Represe~btacidn:entidad y sus limites.-163 y 165. EX-

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terisilin del ouiioepto de repretentociOn, y dirtinciones ooiiceraie13bes(repres~ntaci6nverdadera: prupia, yrepresexitacibn en general distinta de la aiedintri).Ilj6. La razón de la responsabilidarl. del representado: teoria general; critico y teoria propuesta,-167. Consecuonciaa en relaui6a coa la prueba liberaloriti,168-972. Que extremos debon concurl-ir para que s u determine dioha respwaatibilidad.-1;3. De una prsteiidida condicibn espacial para el caso de representuoiOn en general.-174475. El origen de la relaciún de repreaeiitación. La persona del representanlc: oapaoidad para hacerse representar.. 382 Gcr~ei.a¿ldad(continuaci6n ) h. ExcepciO~zge~ler-al.i77. Haeponsabilidarl personal del reprcsentonte de terminada por Iti by.. 409 1. Aplicacionss.-A. Re.yoti~ubilidiXtl aerdndera y pro,pia-.--178. Mds sobre IRregla general propuesta.179. Sobre ol mandatario, o*ijeoiones g confulaciunes.-180. Valor de la locucibn rtsgente)) enplciada por la ley.-181. Del Protsurndor judioia1,--i&2. Del ujisr.-183. Del perito.. 441 Ir. AplicLzcioi~cs(mnti~uaci6a)+-Represcrb~~~cid~~ en 9s1zcr.al.-184-186. Comisiones, agenoias: exbeilsión de esta loeuci6n. Comprende tambián loa 6iririentes.187 p 185. Elementos necesarios para qaa exista la corniei6n; remisidn. T00ria general: objeoicines. Hesultados: exterisión de la responsabilidad.-189. Continutici6n~-190-193 Lo8 t6rtiiinos de la respoiisabilid a d - e n exainen.-194. Aplicacidn especial 6 la bip6tesia de incendio ocasionado por oulpn del slrviante.. ..l.. , . 419 11 A. Conzisibf~espocialmettte dada cori o1 fin de cometer GI I~eoAut'licito. 195. Responsabilidad directa del ooniiieste 438 111, Lf~~biCltdos cunezuhes d ¡u ~~epi~c!scr~t&c;idrr verdadera E/ propia; q d uqudlla s l b yer~eral. 185 bis. Participa.oibii de la mnloria.. 431) A), RabMoaci6n.-Qerieralidad. -3.9G. Su esencia; sfsctos.-197. Distilicidn.. 440 CL) De la. ratificacidti rlospecto ci. Iu ~~epr-es~ri¿tacSdit v e r d a d e r ~y pl-opia.-198-200. Maxidatnrio agenttc

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201. Mandatario que excede limites del rnaridat~. 202-205. De In. gestión de neguaias. -238. De los cornit8s: SU iadole juri,6 i;'. 32;. L'd I'a & ticfc:~o'idii ~ C INI'^ ci*u o ~ SUS n ~ % s . - J 205. Conclusi0n 443 1 1 , 01: r*ati/¿cacMi~ ryspecto ( I [a l ' L / ~ ~ ~ ~ el& ~ ; ~ ~ i a ~ i ~ f geficrcti. --209. Agentes en general: sirvieiltea ... 453 13). Rcspo;rotzbilidor~ PO^. ¿os hechos i l i c s t o ~~cimeticlos Pab kr. perso~tn(*((o 4ustctttg~al rePrctserttalble: en nombre propio.

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ptt~,- 210-3 11. Cu4alio respoxido el representado de los kiec'rius iiícito8 c o ~ e l i d n spor e\ cuetitl;ito fiel r~liresentante.---252-213. Conaccuehcia$ respecto 01 tnandatwio que S$ ha heoho sustitkir por otro." i k y 244 & p h , ~ i . ~ ~aL x e~s B qBpeyS~i Q 4%\% PWaoni-? por la G U el~ tl;dclr se hli h ~ o 1 -sustituir i~ pa% ojercicío de fa falicidn que se le ha impuosto.---ql$. Eficacia d~ la patificacidn deseada por el

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r3epi.euentado................................... Ef* c , ~ , d e,i,~ (a i ' ¿ ~ p ~ ~ ~ ~ ~gc7ZCl'al. t a c i d r l 218-218. I k s p o n ~ a b i l i d a ddel ~ ~ r n i t c n t~o O 18s F persones cuya obra hclyd siclo llerado directhmepte por ei

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tel-Rssponsabilidad del anio por la i ~ o r ~ o que n a el sii.~ieritcse Iiliya Sustituido.-222. C6illo se concede 1:; 9,u:oiizaoiGn.-*~3. .. L)e :a prdeha Qe pg?,a.-22Z. Pijrma. - 225. Condici0,es dc lo ~ ~ 6 p ~ ~ ~ ~ b i l i c l a d . 52%. Da la ra tificaaiú,, 227. E ~ c e p o i g ~ 4Gz C). E7rcepc(u,ied.-(;o fccqi.so de clov r.eSp;p~r~~~liilida.dt8 tiistut6gs.-di$. h1otivos de la excepcidn y su determinooi61i. -229. G ~ n ~ u r de s o la re6pwsabilidad del c ~ m i t ~ ncon t o l a d d oaatgatista, rii el c ~ n t t a tisuB t~ figura do ve:lta.-230. S i o1 c o n t t ~ t utieoe íigura dQ 2 ~ ~ B C i ca@ t' n irabajd.-t'3[. Dei areprewnsad& a l cual i1i1~utablocuba Por el d a s o oausiido por el represeritante, ciirnpiicndo la funoidn en nombre propio 6 ejcoutando De@%ios exccdi6ndos~del encargo recibido. -238 Con8ecllaIioias.. $78 III DI- ¿'¿i~tc(~r*sü de !as i?oe o.spectes de rep:'esewtac¿d,b C I L

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la m i s m u persona.-233. Cu8ndo y cómo tiene lugar.-Consecuencias 483 II 1 E). ~Responsc~bilidad de las persotias,jui-idicaspol- los hechos,juridicos ds sus representantes.-234. Prinoipio general.-235 Orden del tratado. Referencia 484 CAP~TULQ VI1.-RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR EL HE. CHO ~ ~ i c r rDEo SUS ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ , % ~ ~ o ~ . - G e n e r - a ¿ i d a d e s . 236. Referencia a la teoría propuesta sobre la mnteria.-236 bis. Su justificación, y por esto nueva mención de la doctrina referente 8. la responsabilidad de la persona jurídica; 8 la razón de 'ser de los entes morales en derecho, y a la noción de la representación de los mismos, según se exprese en función de órgano ó de ageate 486 1. 237. Nuevas consideraciones nduoidas on apoyo de la doctrina aquí contradicha.-238-241. (:ritioa, Concepto del Estado: no se puede distinguir bien en este una doblo personalidad, persona politioa y pcr-soriu civil b eoor~dmica. 212 y 243. Consecuencias que se derivan respecto i la posioi6n del Estado frente 6 la ley civil.-244. Consecuencias respecto 6 la posi. cion jurídica del empleado frento al Estado. -- 245. En qu6 modo se aflrma mal la irresponsabilidad del E~ttidocomo poder soberano en el ejercicio de sus funciones politicas, por no estar entonces sometido como persona juridica al derecho civil.-246. Verdadera posicibn de la cuestiún. - 247. Responsabilidad del Estado y responsabilidad personal de los empleados 494

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Línen. -

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Dieo.

primero

Dcba decir.

V.