Historia Reciente 21

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setiembre ‘07

25 FASCÍCULOS

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DESDE HIROSHIMA A LAS TORRES GEMELAS

QUIJANO, GALEANO, BENEDETTI

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LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA DE LOS INTELECTUALES

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Intelectuales y política

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ÍNDICE DEL FASCÍCULO

De la Generación del 45 a la Generación del 68

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RECUADROS MARCHA P. 7 / CARLOS QUIJANO: UNA MIRADA CRÍTICA P. 9 / CARLOS REAL DE AZÚA Por Luis Eduardo González P. 10 / EMIR RODRÍGUEZ MONEGAL Por Danubio Torres Fierro P. 11 / ARTURO ARDAO Por Adolfo Garcé P. 13 / ALDO SOLARI Por Javier Bonilla Saus P. 14 / NERUDA, EL POETA FUNCIONARIO P. 16 / EDUARDO Y MARILYN Por Pablo da Silveira P. 17 / GALEANO Y LA ECONOMÍA P. 18 / BIBLIOGRAFÍA / P. 19 CONTRATAPA. RESPONSABILIDAD POR LO ESCRITO Por Pablo da Silveira P. 20.

En el Uruguay de fines de los años sesenta, “ser intelectual” se convirtió casi en sinónimo de “ser de izquierda”. Esa equivalencia era una ruptura respecto del pasado. Aunque los partidos de izquierda se fundaron muy tempranamente en el país (el Partido Socialista en 1910, el Partido Comunista en 1920), durante mucho tiempo no tuvieron una particular capacidad para atraer a los intelectuales. Ni José Enrique Rodó ni Carlos Vaz Ferreira fueron de izquierda. Tampoco lo eran las principales figuras de la actividad artística. Pedro Figari era colorado, Joaquín Torres

García era blanco y Juan Zorrilla de San Martín fue uno de los fundadores de la Unión Cívica. Durante décadas, las relaciones entre la intelectualidad y los partidos tradicionales fueron muy fluidas. Pero a fines de los años sesenta la situación había cambiado. En esa época era difícil encontrar una figura relevante en el mundo de las ideas o de las artes que no se identificara con la izquierda. Hasta cierto punto, este cambio reflejó tendencias globales. La Guerra Civil Española, la resistencia al nazismo y al fascismo durante la Segunda Guerra Mundial y el proceso de descolonización en el Tercer

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INTRODUCCIÓN

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Universidad de la República: Conflictivo centro de las relaciones entre intelectuales y política.

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[...] el corrimiento a la izquierda no fue únicamente un episodio en la vida privada de los intelectuales. Muchos de ellos sintieron que su tarea histórica era formar a las nuevas generaciones de ciudadanos y de militantes que conducirían al cambio político. El distanciamiento crítico que había caracterizado a los intelectuales de los años cuarenta fue sustituido por la figura del “intelectual com-

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prometido”.

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Mundo generaron un progresivo corrimiento a la izquierda de buena parte de la intelectualidad. En el hemisferio norte, ese corrimiento estuvo lejos de ser monolítico: Raymond Aron en Francia, Michael Oakeshott en Inglaterra y Giovanni Sartori en Italia son ejemplos de grandes intelectuales que se mantuvieron lejos de la izquierda. Pero en América Latina el corrimiento fue más masivo, y es probable que el caso uruguayo haya sido particularmente extremo. Explicar este fenómeno es una tarea compleja. En parte influyó el ambiente ideológico de la época, en parte incidió la crisis económica y social del país, y en

parte hubo estrategias deliberadas de parte de organizaciones políticas. Pero lo que importa es que el corrimiento a la izquierda no fue únicamente un episodio en la vida privada de los intelectuales. Muchos de ellos sintieron que su tarea histórica era formar a las nuevas generaciones de ciudadanos y de militantes que conducirían al cambio político. El distanciamiento crítico que había caracterizado a los intelectuales de los años cuarenta fue sustituido por la figura del “intelectual comprometido”. Analizar el fenómeno es importante para entender buena parte de lo que ocurrió en Uruguay desde los años sesenta

hasta hoy. Es además una manera de aproximarse a lo que probablemente haya sido el clima de una época, porque nada asegura que el futuro se parezca al pasado en este punto. El vínculo entre intelectualidad e izquierda se rompió en el hemisferio norte durante los años ochenta. Lo mismo ocurrió en varios países latinoamericanos, como México o Brasil. El “intelectual comprometido” ha dejado de ser un modelo indiscutido para pasar a ser objeto del análisis histórico. 

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SE LA LLAMÓ CON DIFERENTES nombres que sobreviven hasta hoy. Para algunos fue la “Generación crítica”, para otros la “Generación de Marcha” y para otros la “Generación de 1939” (el año en que ese semanario empezó a publicarse). Pero el nombre que terminó por imponerse fue el que acuñó Emir Rodríguez Monegal: “Generación del 45”. La fecha señala el momento aproximado en que varios intelectuales con perfiles diferentes empezaron a ser identificados como miembros de un grupo que tenía un programa de trabajo común. En rigor no fue una generación sino, como prefiere decir Ángel Rama, varias “oleadas” de intelectuales. Algunos de ellos habían nacido en los primeros años del siglo, como Líber Falco (1906) o Juan Carlos Onetti (1909). Otros nacieron en la siguiente década: Arturo Ardao en 1912, Carlos Real de Azúa en 1916, Carlos Martínez Moreno en 1917. El grueso nació en el correr de los años veinte: Mario Benedetti e Idea Vilariño en 1920, Emir Rodríguez Monegal y Carlos Rama en 1921, Carlos Maggi y Amanda Berenguer en 1922, Sarandy Cabrera en 1923, Ida Vitale en 1924, Jorge Medina Vidal en 1925, Carlos María Gutiérrez en 1926, Luis Carlos Benvenuto en 1928. Se dedicaron a tareas que iban desde el análisis literario a la crítica cinematográfica, desde la investigación histórica a la poesía. Casi todos cultivaron el ensayo como género y publicaron en revistas literarias (también en Marcha, por supuesto). Pero se afiliaron a concepciones estéticas divergentes y tuvieron distintas visiones del trabajo crítico, lo que los hizo debatir frecuentemente entre sí.

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De la Generación del 45 a la Generación del 68

Detrás de estas diferencias hubo, sin embargo, algunos rasgos comunes: la exigencia de rigor documental y argumentativo, la ruptura con el provincianismo, la búsqueda universalista de modelos de excelencia, el combate a la autocomplacencia y al mal gusto, el distanciamiento crítico. Fue una revuelta contra lo que Ángel Rama llama el “edulcorado humanismo” de una sociedad “apacible, democrática, civilista, instruida, donde la burguesía media parecía dueña y señora”. Nació como una generación que rechazaba y exigía, justo en el momento en el que todo parecía ir bien. Rama enfatiza este aspecto: “Cerrado el ciclo inmigratorio que había trasvasado sangre nueva al país, asentadas las instituciones del nuevo orden social, concluido el corajudo impulso creador, cuando había llegado el momento de disfrutar del esfuerzo y gozar del banquete, surge en los sectores medios esta ola de insatisfacción”. En pocos años, los miembros de la Generación del 45 pasaron a ocupar el centro de la vida cultural del país: dirigían las revistas literarias, controlaban las páginas culturales de Marcha, daban clase en el Instituto Alfredo Vásquez Acevedo (el único instituto público de estudios preuniversitarios) y ocupaban cátedras en la Universidad de la República. En todos esos ámbitos divulgaban su mensaje inconformista. Para Ángel Rama (uno de sus representantes más notorios), el programa de la Generación del 45 consistió en aguarle la fiesta a un Uruguay entregado al ejercicio de la autocomplacencia: “Contra la exaltación que aun se vivía instala la depresión. (…) Contra la indiscriminada fraternidad que establece el partido, la orgullosa minoría intelectual que se autotitula rectora del destino espiritual de la nación”. Los artículos de Juan Carlos Onetti en los primeros tiempos de Marcha, corrosivos y agobiantes, marcaron tempranamente el rumbo. La Generación del 45 hizo aportes indudables a la cultura uruguaya: introdujo una cultura del rigor y de la solvencia en el juicio; levantó los niveles de exigencia estética; abrió el horizonte cultural a los aportes que provenían de Europa y Estados Unidos; intentó apropiarse de lo universal sin perder personalidad; valoró la actualización y la conciencia histórica (es decir, la noción de ser herederos de un pasado complejo); atacó la ingenuidad y el diletantismo. También tuvo, como es inevitable, carencias y limitaciones. Criticó las antiguas formas de autocomplacencia pero creó otras nuevas, reforzadas por el espíritu de cuerpo. Desarrolló una cul-

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tura del trabajo riguroso, pero no todos sus miembros estuvieron a la altura del desaf ío. Llevó la actitud crítica hasta el paroxismo, especialmente en dominios como la crítica cinematográfica: manifestar disgusto pasó a ser visto como un rasgo de inteligencia en sí mismo. Pero hay sobre todo dos características que estarían llamadas a tener grandes efectos. La primera fue la actitud de suficiencia y distanciamiento: los integrantes de la Generación del 45 despreciaron la política, desconfiaron de los productos culturales previos (con algunas excepciones que miraron el pasado nacional con respeto, como Ardao y Rodríguez Monegal), ignoraron a la cultura popular (excepto, en el caso de algunos, cuando se trataba del tango) y minimizaron a los hombres incultos que construyeron la patria (con algunas excepciones, como Real de Azúa). En general, miraron al país desde afuera. No se sintieron responsables del orden social que habían heredado. Dejaron la tarea de resolver los problemas en manos de otros y se limitaron a manifestar su insatisfacción. De la larga lista de nombres que integran la generación, solo Manuel Flores Mora aceptó ejercer responsabilidades de gobierno (Quijano lo había hecho de joven, al presidir brevemente la comisión que otorgaba los permisos de importación, pero el resto de su vida se mantuvo lejos de toda responsabilidad ejecutiva). Casi ninguno aceptó medirse con las dificultades de quienes tenían la responsabilidad de tomar decisiones. La Generación del 45 creó así un modelo de intelectual como alguien que exhibe su lucidez mediante el ejercicio lejano de la crítica. Curiosamente, esta concepción se consolidó en el mismo momento en que otros uruguayos empezaban a formarse en nuevas disciplinas (o en versiones modernas de disciplinas antiguas), con el propósito de buscar salidas para los crecientes problemas del país. A fines de los cincuenta, gente como Enrique Iglesias o Aldo Solari estaban renovando la economía y la sociología nacionales, con una visión orientada a generar conocimiento útil para la toma de decisiones. Pero el grueso de la Generación del 45 se mantuvo indiferente a esos intentos. Su atención estaba puesta en lo que ocurría en la Facultad de Humanidades, en el Instituto de Profesores Artigas y en algunas cátedras de la Facultad de Derecho. En esto consiste la segunda característica que tendría consecuencias importantes: los miembros de la Generación del 45 tuvieron una concepción restringida del trabajo intelectual. Dentro

de los límites que trazaron cabían el ensayo literario, la poesía, la reflexión filosófica, la crítica cinematográfica y la investigación histórica. Pero casi no había lugar para las ciencias sociales de base empírica, ni para el diálogo con las ciencias f ísico-naturales. Carlos Quijano, que había estudiado economía en París, fue una excepción parcial a esta regla: le interesaba el punto de vista económico, pero no los desarrollos más recientes de la disciplina. Al verse a sí mismos como los auténticos intelectuales, los miembros de la Generación del 45 contribuyeron a crear una división empobrecedora entre “intelectuales” y “técnicos”. La división no separaba entre personas con mayor y menor formación académica, sino entre dos maneras de concebir el trabajo intelectual. El quiebre se hizo explícito cuando, en 1960, el primer gobierno blanco creó la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico (CIDE), que realizó los primeros diagnósticos nacionales de carácter sistemático e intentó presentar respuestas practicables a las crecientes dificultades del país. Los miembros de la Generación del 45 apenas dialogaron con esos aportes. Solo unos pocos, como Aldo Solari, consiguieron tener un pie en ambos mundos, aunque fuera mediante el conflicto y la polémica. Con el paso de los años, nuevas oleadas de intelectuales se fueron incorporando a los ámbitos controlados por la Generación del 45. Ahora se trataba de mujeres y hombres nacidos en los años treinta, o aun en los tempranos cuarenta. La lista incluye a Juan Fló, Circe Maia, Hiber Conteris, Gley Eyherabide, Mario Trajtenberg, Heber Raviolo, Eduardo Galeano, Jorge Ruffinelli, Hugo Achugar, Cristina Peri Rossi, Carlos Rama, Roque Faraone, José Pedro Barrán, Benjamín Nahum. Al igual que en los casos anteriores, estas nuevas camadas eran heterogéneas. Pero poco a poco fueron apareciendo algunos rasgos comunes que las diferenciaron de sus mayores. El antiguo enfoque universalista fue dando lugar a una afirmación latinoamericanista (el cultivo de lo propio fue desplazando a la búsqueda de lo mejor). La centralidad de la producción y de la crítica literaria fue dejando paso a un mayor énfasis social. Las categorías analíticas provenientes de la estética y del análisis literario fueron progresivamente sustituidas por las categorías del análisis marxista (varios miembros de las nuevas generaciones se volvieron reduccionistas, en el sentido de ver a la vida cultural como un reflejo de los fenómenos económicos y sociales).

Marcha El semanario Marcha se publicó desde junio de 1939 hasta su clausura el 22 de noviembre de 1974. Su director fue Carlos Quijano, un abogado y antiguo dirigente del Partido Nacional que se había iniciado en el periodismo como redactor del diario El País. El primer secretario de redacción de Marcha fue Juan Carlos Onetti. Sus páginas fueron el principal medio de expresión de la Generación del 45 y de sus sucesores sesentistas. Entre sus colaboradores habituales estuvieron Mario Benedetti, Guillermo Chifflet, José Pedro Díaz, Francisco Espínola, Eduardo Galeano, Antonio Larreta, Carlos Martínez Moreno, Carlos Real de Azúa, Arturo Ardao, Juan Pivel Devoto y Emir Rodríguez Monegal. Como complemento del semanario se publicaban los Cuadernos de Marcha, que tuvieron una primera época entre 1967 y 1974, una segunda en México, donde se había exiliado Quijano, y una tercera en Uruguay que abarcó desde 1985 hasta el año 2001. Aunque su influencia traspasó fronteras, Marcha desempeñó un papel esencial en la formación política, económica y cultural de los uruguayos que llegaron a la vida adulta en los años sesenta. Las ideas defendidas en sus páginas fueron evolucionando desde la visión crítica y distanciada que era típica de la Generación del 45 hacia un compromiso cada vez más explícito con la izquierda política y, a partir de 1971, con el Frente Amplio que el propio semanario alentó a fundar. El antiimperialismo de Marcha, su prédica hostil al libre comercio, su posición latinoamericanista y su defensa entusiasta y duradera de la revolución cubana marcaron a generaciones. Los militantes de la izquierda radical que tomaron las armas en los años sesenta tuvieron en Marcha su principal escuela de pensamiento político. Pero no todos los colaboradores del semanario tuvieron una misma actitud hacia la vía armada. Mientras algunos mostraban su simpatía, Quijano mantuvo una posición institucionalista. En 1964 escribía: Si la fuerza se desata no ha de ser en beneficio de los más y de los más necesitados. Conviene repetirlo no sólo frente a los hombres honrados a quienes mal aconseja la desesperación, sino también sobre todo frente a los aventurerismos de aquellos que sueñan con reeditar las hazañas de Fidel o la gesta de Ben Bella. Hoy aquí –Uruguay 1964–, clase media, 250.000 funcionarios públicos, 350.000 jubilados, servicios públicos nacionalizados, proletariado débil y sin organización, campesinado inexistente o disperso, la fuerza sólo puede traer la reacción, sólo puede ser manejada por ella. No hay objetivamente ninguna posibilidad revolucionaria. En febrero de 1973, cuando los militares emitieron unos comunicados que hicieron pensar a parte de la izquierda en la posibilidad de una dictadura progresista, Quijano se negó a seguir ese camino: Es preferible tener una Constitución, aun mala, aun violada, a no tener ninguna. 

nuestra cultura se ha inflexionado en el nuevo juego de tensiones, anunciando por lo tanto la apertura de otro ciclo histórico dif ícilmente predecible”. El futuro podía ser dif ícilmente predecible, pero no los métodos. De más en más, la nueva generación de intelectuales se fue identificando con la lucha armada y asumió su defensa. A fines de los sesenta, Mario Benedetti se felicitaba de las políticas represivas de Pacheco, porque finalmente habían colocado a Uruguay en la verdadera América Latina. La agudización de los conflictos obligaba a dejar de lado las ambigüedades del método democrático y pasar al enfrentamiento definitivo. Ángel Rama, en 1969, era todo lo explícito que se podía ser sin tener problemas con la justicia: “El estribillo callejero de ‘Obreros-y-estudiantes-unidos-y-adelante’ sólo alcanzaría virtualidad cuando empezó a pactarse con sangre. Para esta fecha, de los sectores medios ya habrían surgido nuevos planteos, en el campo de la acción, que demostraban la conclusión del período crítico”. La labor cultural debía dar paso a la lucha “en el campo de la acción”. Esta radicalización implicaba un cambio importante, pero al mismo tiempo marcaba una continuidad con la Generación del 45. Los intelectuales “sesentistas” se mantuvieron tan distantes como sus predecesores de quienes tenían

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1967

1967

14 de abril: Salvador Allende da una conferencia en la Universidad de la República sobre el desarrollo económico latinoamericano. 17 de abril: se inicia en Canal 5 el programa “Canta Zitarrosa-Generación 55”. 12 de mayo: aparece la primera edición de Cuadernos de Marcha. 16 de junio: se inaugura el Primer Festival de la Canción de Protesta.

Salvador Allende

cronología

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Ángel Rama.

que tomar las decisiones. La diferencia fue que, mientras la vieja guardia lo hacía porque despreciaba la política, la nueva guardia lo hacía porque se había vuelto revolucionaria. Los nuevos intelectuales no creyeron necesario participar de la búsqueda de soluciones específicas porque creyeron que la única solución era un cambio de sistema. Pero, al actuar así, acentuaban el talante puramente negativo que habían heredado de sus maestros. Los integrantes de la Generación del 60 también mantuvieron una concepción restringida del trabajo intelectual que los hizo ensimismarse. A diferencia de sus predecesores, introdujeron masivamente elementos de análisis social y económico. Pero tampoco ellos estaban en diálogo con las ramas más activas del conocimiento. Lo que muchos “sesentistas” llamaban “economía” y “sociología” eran en realidad modalidades fuertemente ideologizadas de análisis marxista. Quienes practicaban esos análisis se encerraban en razonamientos circulares, conocían de antemano las conclusiones a las que iban a llegar y eludían toda confrontación con la realidad. Se hablaba de “proletariado” en términos que solo eran aplicables a los países industriales, y algunos ensayos históricos llegaban a hablar del “campesinado”: una categoría extraída de la Europa del siglo XIX que no se compadecía con la estructura poblacional ni con las formas de explotación económica típicas del campo uruguayo. Mientras en el mundo se desarrollaban la econometría y la teoría de juegos (John Nash escribió sus revolucionarios artículos en los años 50); mientras Popper y Kuhn protagonizaban discusiones esenciales sobre la naturaleza del conocimiento científico (la obra más famosa de Kuhn es de 1962); mientras la filosof ía política se transformaba con la aparición de figuras como John Rawls (cuyos primeros textos relevantes son de fines de los años cincuenta); mientras la sociología incorporaba nociones como la de racionalidad limitada y desarrollaba instrumentos para analizar organizaciones complejas; mientras la cibernética

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Progresivamente se fue dibujando una identidad colectiva que, al igual que su antecesora, recibió nombres diferentes: “Generación del 60”, “Generación de la crisis” o, más tarde, “Generación del 68”. La nueva generación tenía elementos de continuidad y puntos de ruptura con su predecesora. La paradoja es que, vistos a la distancia, algunos de sus elementos de continuidad estaban donde sus protagonistas creían ver puntos de ruptura. La Generación del 60 criticó duramente a la Generación del 45 por su alejamiento olímpico de la realidad nacional. A diferencia de su antecesora, la Generación del 60 fue combativa y militante. Se embanderó con la izquierda y convocó a sus mayores a que hicieran lo mismo. Con insistencia les objetó su desatención a la cuestión del poder. Los problemas del país eran demasiado grandes y demasiado urgentes. La situación era tan grave que ya no cabían las soluciones incrementales. La tarea inmediata era contribuir a la destrucción del “sistema”, en una acepción de la palabra que incluía a la propiedad privada, la economía de mercado, el liberalismo político y la democracia representativa. En palabras de Ángel Rama: “La operación central radica en cuestionar las formas establecidas, problematizándolas, separando aisladamente sus partes integrantes –desintegrándolas bajo la óptica analítica– para destruirlas”. A diferencia de sus predecesores, los intelectuales “sesentistas” se habían politizado. Ahora había un proyecto ideológico del que se sentían parte: consistía en la destrucción del sistema y su sustitución por un orden político y social radicalmente nuevo. Para Rama, la sucesión de las “dos promociones” de intelectuales coincidía con “la curva de descomposición del liberalismo”. En el marco de esa descomposición, la tarea de los intelectuales era alinearse con los protagonistas políticos que estaban terminando de derrumbar el orden agonizante: “como existen ya nuevas fuerzas que han hecho proposiciones drásticamente diferentes que tienen que ver con la destrucción real del sistema,

daba sus primeros pasos y las finanzas se convertían en una disciplina sofisticada, la corriente principal de la intelectualidad uruguaya cultivaba la politización y la ideología al tiempo que se presentaba como la minoría lúcida de la sociedad. La autocomplacencia que habían combatido los pioneros del 45 parecía haberse tomado su revancha.

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La instrumentalización de la cultura La prolongación de las dificultades económicas, la agudización de los conflictos sociales, las dificultades de los partidos tradicionales para encontrar soluciones y el entusiasmo generado por la revolución cubana provocaron un masivo corrimiento de los intelectuales hacia la izquierda del espectro político. Cuando en 1971 se creó el Frente Amplio, un impresionante grupo de 170 intelectuales uruguayos firmaron una declaración de adhesión. La lista incluía a Juan Carlos Onetti, Mario Benedetti, Francisco Espínola, Idea Vilariño, Ida Vitale, Ángel Rama, Carlos Real de Azúa y Alberto Zum Felde. Esta identificación política demostró ser muy duradera, aun si hubo alejamientos importantes como el de Onetti. Cuando, en 1987, Editorial Arca publicó un Diccionario de la literatura uruguaya preparado por Wilfredo Penco, más de la mitad de los autores referenciados habían firmado la declaración de 1971. Entre quienes no lo habían hecho, la mayor parte no vivía o era demasiado joven en esa época. Pero el corrimiento a la izquierda de los intelectuales no fue solo el resultado de decisiones espontáneas y del libre juego de las influencias interpersonales. También hubo estrategias deliberadas de parte de fuerzas políticas. Los intelectuales son formadores de opinión y suelen tener una gran influencia sobre lo que pasa en el sistema educativo. Muchos encontraron que esas eran unas buenas razones para intentar controlarlos. La fuerza política que, a escala internacional, desarrolló estrategias más globales y sistemáticas hacia los inte-

lectuales fue el Partido Comunista. En los países del bloque soviético, los congresos y pronunciamientos públicos de escritores y artistas fueron regularmente utilizados para crear estados de opinión y enviar mensajes políticos. Los Premios Lenin y Stalin en ciencia, literatura y artes (otorgados por el propio Kremlin), o los premios Casa de las Américas en Cuba, eran galardones de gran valor simbólico que se usaban para reforzar las ideas y orientaciones estéticas consideradas correctas. Las instituciones culturales fueron gestionadas con una clara intencionalidad política. La historia personal de Bertolt Brecht, mejor conocida hoy que hace veinte años, ilustra los alcances que tuvo el control sobre los artistas y sus repertorios en los países del Este. Fuera del bloque soviético, los partidos comunistas tuvieron estrategias específicas para reclutar y utilizar políticamente a figuras de las letras, las artes y el pensamiento. Hoy se sabe que el movimiento pacifista liderado por

el filósofo británico Bertrand Russell estuvo financiado e infiltrado por el KGB. También procuraron controlar el acceso a los espacios de difusión cultural: fomentaron la creación de revistas, centros culturales e instituciones teatrales; procuraron ganar influencia en la crítica literaria y musical (lo que equivalía a tener la capacidad de promover o postergar figuras) y prestaron particular atención a la industria editorial, de la que se sirvieron para difundir o bloquear a autores e ideas específicos (Albert Camus en Francia y George Orwell en Inglaterra tuvieron serias dificultades para publicar como consecuencia de sus conflictos con los comunistas locales). El “aparato cultural” del Partido era un instrumento esencial de acción política y llegó a tener un peso importante en la cultura. “A principios de los años sesenta, cuando se sospechó Alejo Carpentier podía alejarse del régimen de Castro, el escritor cubano rechazó la posibilidad diciendo: “¡Como si yo no supiera desde

Carlos Quijano: una mirada crítica Seguramente no exista una figura en todo este período que encarne más que Carlos Quijano esta actitud de crítica feroz, a la vez que poderosa en términos de modelar una actitud que fue seguida consciente e inconscientemente por muchos uruguayos luego. Una caricatura de Peloduro (…) lo presenta solo, manejando a contramano su autito, enfrentado a vehículos mucho mayores. Esa figura algo épica, con ribetes simpáticos para muchos, en tanto se lo ha asociado con un idealismo casi quijotesco –algo para lo cual hasta su apellido pareciera predisponerlo–, es el ícono principal de toda una época del Uruguay, y en él se resumen la desconfianza respecto del poder, pero también, como reconoce el mismo Rama, la “marginación de las responsabilidades de conducción y realización de las actividades sociales” (…). Da la impresión de que ha quedado hondamente marcado como supuesto ampliamente compartido por buena parte de la población,

que resulta ético decir siempre que no a todo, sin exponer la propia carrera al juicio de los demás poniendo manos a la obra y poniéndose en situación de equivocarse o de fallar. Esa ‘tanatización’ del poder, de la cual Quijano es emblema, puede ser un rasgo definitorio, paradójicamente y con el pasar del tiempo, de la posición que se caracteriza por plantear permanentemente soluciones fáciles y mágicas, atribuyendo siempre a los otros la culpa de todo lo que se considera malo en la vida del país. (…) Ya decía Juan Fló en 1954, y es el propio Rama el que lo cita: “Lo que ocurre es que Marcha es un periódico crítico, lo que le permite lucidez discrecional al no plantearse realmente los problemas y problematizar en cambio las soluciones dadas por otros a los problemas”. Aldo Mazzucchelli: “Manual para destruir un país liberal (segunda parte)”. Posdata-Folios, 1º de marzo de 2002, p. 8.

9 1967

1967-1968

27 de julio: el Teatro Circular pone en escena El jardín de los cerezos, de Mauricio Rosencof.

publican Historia rural del Uruguay moderno.

27 de setiembre: Idea Vilariño publica Treinta Poemas.

9 de diciembre: se inaugura la octava Feria Nacional de Libros y Grabados.

13 de octubre: el gobierno confisca la edición del diario comunista El Popular.

12 de diciembre: el gobierno de Pacheco decide la clausura de los diarios Época y El Sol.

20 de octubre: el gobierno confisca la edición del semanario Marcha. 10 de noviembre. Ángel Rama retoma la publicación de la Revista Hispanoamericana de Literatura. 23 de noviembre: José Pedro Barrán y Benjamín Nahum

1968

Idea Vilariño

4 de febrero: Primeras Jornadas de Teatros Independientes del Uruguay. 3 de abril: Carlos Real de Azúa, Carlos Maggi y Carlos Martínez Moreno publican la primera entrega de Capítulo Oriental.

Por Luis Eduardo González >Nació en Montevideo en 1916, y murió en la misma ciudad en 1977. Esos 61 años fueron suficientes para hacerlo un multi-oficios renacentista. Fue abogado, y ejerció la profesión; enseñó literatura durante tres décadas en Enseñanza Secundaria (1937-1966); enseñó estética literaria durante veinticuatro años (1952-1976) en el Instituto de Profesores Artigas (donde también enseñó literatura iberoamericana y rioplatense, 1954-1967); en la última etapa de su vida enseñó ciencia política en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República (1967-1974). Escribió sobre todos los temas que enseñó. Una bibliografía de su obra publicada en 1987 registra sesenta y cuatro títulos entre libros, fascículos y folletos (veintinueve de ellos, el grupo temático más numeroso, sobre asuntos literarios). También hay ciento veintitrés artículos en publicaciones periódicas, la gran mayoría de ellos (setenta y dos en total) en el semanario Marcha. Real de Azúa debe figurar en cualquier análisis de la historia intelectual uruguaya de la segunda mitad del siglo XX (y de sus ciencias sociales en particular) porque, entre otras razones, fue fundador de la ciencia política uruguaya tal como hoy se la entiende y practica. Esta visión es compartida por casi todos los que abordaron el tema. Solo se discuten cuestiones relativamente secundarias. Por ejemplo: para algunos, más que fundador en sentido estricto habría sido un precursor, el que precede a los fundadores. En cualquiera de los dos casos fue el fundador o precursor, porque ninguno de sus contemporáneos puede ser visto como su par en esa empresa. En la historia de nuestra ciencia política Real de Azúa ocupa un sitio intelectual solitario (a diferencia de lo que ocurre en nuestra sociología, por ejemplo, que

menso éxito El país de la cola de paja. Ese libro era todavía un producto típico de la Generación del 45: atacaba al Uruguay de las clases medias y de la burocracia, y mostraba el distanciamiento característico de quien mira de afuera. El libro contiene una serie de críticas a la democracia uruguaya y, en particular, a la satisfacción de los uruguayos con su democracia. Pero esas críticas todavía están formuladas en un estilo compartido con otros autores

es más antigua y colectiva). Naturalmente, treinta años después de su muerte es fácil advertir que su obra no es perfecta, y que hasta el gran solitario cometió algunos de los pecados intelectuales propios de su generación. Lo que importa, sin embargo, es el balance final. Sus aportes a la ciencia política, a la que dedicó una parte claramente minoritaria de su vida (en tiempo, en obra escrita), bastan y sobran para asegurarle su lugar en el panteón de los intelectuales uruguayos. Aun siendo más que suficientes, sin embargo, esos aportes son solo una de las razones que explican su lugar en ese panteón. Muchos intelectuales de hoy sostienen que la crítica literaria de Real de Azúa está a la altura de la de los más destacados de sus contemporáneos (como Ángel Rama o Emir Rodríguez Monegal). En términos aun más generales, una investigación realizada en el año 2001 entre un centenar de personalidades uruguayas encontró que Real de Azúa fue para ellos uno de los intelectuales, ensayistas o filósofos más influyentes de todo el siglo XX. Según estas personalidades solo cuatro uruguayos fueron aun más influyentes que Real de Azúa en esos planos: Carlos Vaz Ferreira, Carlos Quijano, José Enrique Rodó y Juan E. Pivel Devoto, en ese orden. Observando el conjunto de su obra, la mayoría de sus lectores académicos contemporáneos probablemente estaría de acuerdo sobre cuáles fueron sus principales aportes al análisis político. Lo medular de su contribución comenzó, tal vez paradójicamente, con El patriciado uruguayo, publicado por primera vez en 1961. “Paradójicamente” porque el texto no es una monografía politológica en sentido estricto. Es un ensayo histórico sobre la primera clase dirigente del país, que también es un estudio de las elites políticas “fundacionales”. En El patriciado uruguayo ya están presentes muchos temas sobre los que volvió en su obra posterior, incluyendo las raíces del “freno” al reformismo batllista de principios del siglo, estudiado en El impulso y su freno (1964). También apareció allí la preocupación comparativa (especialmente en relación a Argentina) capaz de identificar, por contraste, las especificidades

uruguayas que lo ocuparon en Política, poder y partidos en el Uruguay de hoy (1971) o en Uruguay: ¿una sociedad amortiguadora? (póstumo, 1985). Esta preocupación comparativa llegó a su punto culminante en un texto de 1975: “El clivaje mundial eurocentro–periferia y las áreas exceptuadas (para una comparación con el caso latinoamericano)”. La meta es aquí extremadamente ambiciosa: por qué razón o razones, luego de cinco siglos acumulados de primacía europea (la construcción del “eurocentro”), en el tercer cuarto del siglo XX solo EEUU, Japón y los antiguos dominios británicos habían logrado escapar al destino periférico del resto del mundo. Este ensayo tampoco es politológico en sentido estricto; es más bien, como él mismo lo dijo, sociología histórica comparada. Pero el grupo central y más numeroso de factores incluidos en el análisis es el de los factores políticos, analizados tan rigurosamente como lo permitían las técnicas de su tiempo. Lo político, entonces, rara vez es el contenido exclusivo o la meta última del análisis de Real de Azúa. Tal vez por eso, para algunos comentaristas es más un precursor que un fundador. Las preocupaciones de Real de Azúa no estaban segmentadas por divisiones disciplinarias que entonces no existían (ni siquiera la ciencia política existía entre nosotros). Sus preocupaciones apuntaban a lo que él percibía, correctamente, como los problemas centrales de los latinoamericanos (y de los uruguayos en particular) en su tiempo. Esos problemas siguen siendo los mismos de hoy, y ese acento es tal vez el que otorga una notable contemporaneidad a su trabajo. Todavía hoy, a treinta años de su muerte, es dudoso que otros hayan publicado una obra comparable en rigor y ambición a la ciencia política que Real de Azúa practicó y escribió. Pero si aceptamos que entre nosotros ya hay politólogos y obra publicada, entonces la conclusión es apenas un silogismo. No puede ser un “precursor”, porque hasta hoy ninguno de los que vino después pudo avanzar más y mejor que él. Fue el fundador. 

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Carlos Real de Azúa

Aunque perteneciente a la vieja guardia de intelectuales “críticos” (nació en 1920), Benedettti lideró a otros intelectuales más jóvenes en el proceso de identificación con la izquierda radical que pregonaba la violencia armada. Sus esfuerzos también se dirigieron a la opinión pública, tanto bajo la forma de declaraciones y artículos de prensa como a través de su obra literaria. En 1960 Benedetti publicó con in-

HISTORIA RECIENTE

hace rato que el escritor que se pelea con la izquierda está perdido!” (el episodio es relatado por un célebre disidente cubano: Guillermo Cabrera Infante).” Pero no solo los comunistas aceptaron convertir a la cultura en un instrumento político. También lo hicieron muchos otros que se identificaron con la revolución en América Latina. Un ejemplo particularmente claro en el contexto uruguayo es el de Mario Benedetti.

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6 de abril: Primer Festival del Folklore Oriental, con la participación, entre otros, de Alfredo Zitarrosa y Los Olimareños. 7 de mayo: Ángel Rama inicia la publicación de la Enciclopedia Uruguaya. 6 de junio: incidentes en un acto frente a la Universidad de la República. 9 de junio: son allanados locales universitarios. 12 de junio: un acto organizado por la FEUU y la CNT termina con casi 300 detenidos y decenas de personas lastimadas.

1968

1º de julio: ataque con bomba a las instalaciones de la planta emisora de Radio Ariel. 10 de agosto: el Poder Ejecutivo solicita al Senado la destitución del rector de la Universidad de la República, Ing. Óscar Maggiolo. 15 de agosto: el gobierno clausura por 24 horas a El Diario y por dos semanas al semanario Izquierda. También a un programa de televisión dirigido por René Jolivet. 28 de agosto: el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República repudia la invasión soviética a Checoslovaquia.

Óscar Maggiolo

1968

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de la época: el intelectual, superior en su lucidez al resto de sus conciudadanos, ve superficialidad y engaño en aquello que los demás festejan. Pero las cosas empiezan a cambiar tras las elecciones de 1962, a las que la izquierda llegó con grandes expectativas pero en las que obtuvo magros resultados. Poco después del nuevo triunfo blanco, Benedetti empieza a publicar textos en los que manifiesta su escepticismo respecto del valor del Parlamento y de la lucha electoral. En 1963 agrega una “Postdata” a El País de la cola de paja, en la que transcribe un discurso realizado ante militantes y dirigentes del Partido Socialista en mayo de ese año. El discurso es una reflexión sobre los resultados electorales de 1962. La principal conclusión que extrae Benedetti es que la izquierda corre en desventaja ante la derecha (que es apoyada por la oligarquía) si limita su lucha al terreno electoral. En última instancia, la izquierda deberá decidir si va a jugar la carta de la democracia representativa o si va a jugar la carta de la revolución. Benedetti estaba haciendo el mismo proceso que otros militantes de la izquierda radical. Como él mismo dirá en un reportaje realizado en 1971, el resultado de las elecciones de 1962 lo había frustrado. Al igual que muchos otros militantes, se había persuadido de que las cosas no mejorarían a menos que cambiaran los elencos gobernantes, pero la derrota había mostrado que el cambio por la vía electoral estaba lejos de ser inminente. Las elecciones –dice Benedetti– mostraron que el uruguayo es moderado, indiferente a la política, contrario a la violencia, sin sentido de solidaridad y supersticiosamente respetuoso de la libertad. La tarea a realizar consiste en “concientizar” a ese pueblo, de modo que comprenda la importancia de la justicia social. El texto muestra a un Benedetti movido por un fuerte sentimiento de superioridad y al mismo tiempo esperanzado: el pueblo puede caer en “vicios” y “defectos”, pero la revolución cubana ha mostrado que puede ser liberado de ellos. En 1965, la producción poética de Benedetti lo muestra aun más próxi-

Emir Rodríguez Monegal Por Danubio Torres Fierro >Emir Rodríguez Monegal (Melo, 1921 – New Haven, 1985) abrazó varias disciplinas: profesor, investigador, crítico de cine, de teatro y de literatura, director de publicaciones culturales. Más allá de las etiquetas, tanto en sus años mozos en Montevideo como en sus etapas adultas en el exterior (Francia, Inglaterra, Estados Unidos), fue una figura: una persona que irradia un carácter y un estilo, que se convierte en central y que anima a su entorno. En Uruguay tuvo a su cargo las páginas literarias del semanario Marcha (1944-1959) y del diario El País (1960-1968) y compartió responsabilidades en la conducción de la revista Número (1949-1955). En esa primera etapa de su desarrollo, su activismo intelectual se caracterizó por una voluntad de revisar el repertorio literario del país desde una perspectiva novedosa. Trabajos como José Enrique Rodó y el Novecientos (1950), Objetividad de Horacio Quiroga (1952, luego reelaborado como Las raíces de Horacio Quiroga) o Eduardo Acevedo Díaz (1963), dan testimonio de un escrutinio ensayístico que llegaría a una transitoria culminación con Literatura uruguaya del medio siglo (1966). La labor de Rodríguez Monegal en Marcha y en El País impuso un tono examinador y de distancia ante lo que se enjuicia. Además, se empeñó en traspasar las fronteras nacionales: su visión crítica y el rigor del método se pretenden universales, la conciencia se desea ecuménica y los valores y mediciones que se aplican son semejantes a los que regirían en cualquier latitud. De esa amplitud surge el interés por difundir las corrientes más vanguardistas y removedoras que sacuden a las literaturas del mundo y los nuevos autores que las encauzan y representan. Integrante de lo que se conoce como “la Generación del 45”, compartió con ese grupo un afán por renegar de las estructuras mentales y políticas que habían conformado el suelo y el subsuelo históricos del país hasta entonces. Pero su postura estuvo fundada en una reacción estética más que en pareceres ideológicos y sociológicos, como ocurría en otros casos. La producción que identifica la segunda etapa

1968

1969

3 de setiembre: el Senado rechaza la solicitud de destitución del rector Maggiolo.

1969

23 de octubre: el gobierno clausura por 24 horas a Extra y El Popular.

28 de febrero: la canción Disculpe, de H. Ferrari, gana el primer premio en el Festival de la Canción de Piriápolis. 15 de marzo: el gobierno clausura el periódico trotskista Frente Obrero. 16 de marzo: se deja sin efecto la clausura de Extra.

11 de noviembre: Extra es clausurado por tiempo indefinido.

25 de abril: muere Margarita Xirgú.

13 de diciembre: se inaugura la novena Feria de Libros y Grabados. 18 de diciembre: el gobierno clausura por 24 horas al diario El Popular y al semanario Izquierda por una edición. También prohíbe la difusión de la película La batalla de Argelia.

de su evolución muestra un alejamiento de los argumentos de índole extraliteraria y un progresivo adentrarse en la interioridad del texto literario y en su autarquía creadora, sin olvidar jamás los anclajes circunstanciales que lo provocan. Dos ejemplos son su libro Borges: una biografía literaria (1978), y las directivas literarias con las que gobernó su revista Mundo Nuevo (que fue vinculada no sin algún escándalo a la diplomacia cultural que el Departamento de Estado de los Estados Unidos desplegó en ciertos tramos de la Guerra Fría). De más en más, los textos de Rodríguez Monegal ilustran un criterio estético abierto y de francas filiaciones transgresoras, que no tiene reparos en abrevar en fuentes diversas. La escritura se entiende y se practica como una militancia radical en la literatura en tanto literatura y, muy en especial, como un acto que se inscribe en una continuidad histórica. A esos postulados orientadores debe añadirse la práctica simpática y sin complejos de un género tan impertinente y enemistoso como la crítica literaria, vuelto en sus manos una manera de oxigenar el universo de la creación. El apoyo de Rodríguez Monegal a los autores más atrevidos del llamado “boom latinoamericano”, y su cercanía de intereses con la poesía concreta brasileña, son otras tantas estaciones de una elección que crecerá y se ahondará. En el final de su vida, cuando ya se sabía herido de muerte, se aplicará a escribir Las formas de la memoria, una obra autobiográfica de largo aliento de la que tan solo terminará la primera entrega, titulada Los magos (1989). Es una pieza en la que, por vez primera en su trayecto, se compromete entero, en cuerpo y alma, y en la que demuestra una auténtica estatura de artista, es decir, de alguien que tiene una idea del mundo y una voz con la que trasmitirla. 

17 de junio: el gobierno de Pacheco clausura el diario Extra. Margarita Xirgú

26 de julio: el gobierno clausura el diario Democracia y el semanario Izquierda. Son detenidos los periodistas Daniel Waksman, Carlos María Gutiérrez, Milton Schinca y Pedro Scaron.

1969

25 de agosto: fracasa un atentado contra la planta emisora de Radio Montecarlo por parte del MLN-T. 9 de setiembre: el gobierno clausura a los diarios De Frente (por 72 horas) y Acción (por 24 horas). 13 de setiembre: son liberados los periodistas Daniel Waksman, Milton Schinca, Pedro Scaron y Carlos María Gutiérrez, que opta por irse del país. 24 de octubre: el gobierno clausura al semanario Marcha por una edición.

darle dimensión continental a la Casa de las Américas. Cuando volvió, en 1971, inició un período de fuerte militancia política que lo convirtió en uno de los fundadores del Movimiento 26 de Marzo. Aunque en aquel momento se intentó negarlo, hoy es generalmente admitido que ese movimiento fue el brazo político del MLN-Tupamaros. El hecho es reconocido, entre otros, por Eleuterio Fernández Huidobro en su libro La Tregua Armada. En sus declaraciones de la época, Benedetti se expresaba como un dirigente político. Por ejemplo, explicaba públicamente que el Movimiento 26 de Marzo apoyaba el programa de gobierno del Frente Amplio como un programa mínimo de consenso, pero que esas medidas no implicaban aun “la transformación radical que necesita nuestra sociedad”.

La siguiente etapa sería “la unión permanente y combativa del pueblo”, que debería darse una presencia “orgánica y funcional” para el período posterior a las elecciones. Muchos de los textos políticos producidos por Benedetti en esa época fueron recogidos en un libro de 1972 que se llamó Crónicas del 71. Otros más tardíos aparecieron en Terremoto y después, editado en 1973. Tras su retorno del exilio, Benedetti publicó en 1985 una obra titulada Escritos políticos (1971-1973), que, según explica en la Introducción, reproduce aquellos textos. Pero Benedetti no aclara a sus lectores de 1985 que esa antología solo recoge 26 de los 36 ensayos contenidos en Crónicas del 71, y 32 de los 48 originalmente contenidos en Terremoto y después. Los materiales omitidos son básicamente

1970 1970

HISTORIA RECIENTE

mo a quienes habían optado por la lucha armada. Ese año le dedica a Raúl Sendic un poema que se llama “Todos conspiramos”, en el que dice: “qué bueno que respires que conspires/ dicen que madrugaste demasiado/ que en plena siesta cívica gritaste/ pero tal vez nuestra verdad sea otra”. O también: “todos quiéranlo-o-no van conspirando/ incluso el viento que te da en la nuca/ y sopla en el sentido de la historia/ para que esto se rompa se termine/ de romper lo que está resquebrajado”. Las ideas políticas de Benedetti estaban cambiando y su poesía lo reflejaba. Ese es un hecho normal y frecuente en la historia de la literatura. Pero, en los años siguientes, Benedetti fue abandonando el papel del intelectual puro para asumir el de dirigente político. Entre 1968 y 1971 vivió en La Habana, donde contribuyó a

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Mario Benedetti.

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1970-1971

12 de febrero: el gobierno instala consejos interventores en Secundaria y UTU. Son clausurados El Popular, De Frente y BP Color. 22 de mayo: el diario Ya! es clausurado por cinco ediciones. 20 de setiembre: atentado contra el domicilio del rector Maggiolo. 7 de octubre: Óscar Bruschera, Héctor Rodríguez, Germán D´Elía, Carlos Quijano, Julio Castro, Ernesto Miranda y otros firman una declaración llamando a generar un acuerdo político de izquierda.

8 de octubre: atentados del MLN contra varios editores de diarios. 1971

20 de marzo: Heberto Padilla es detenido en Cuba. 9 de abril: el diario Le Monde, de París, publica una carta de intelectuales que reclaman la liberación de Padilla. 26 de abril: Padilla es liberado y hace su autocrítica pública. 3 de mayo: el Consejo Interventor de Enseñanza Secundaria dispone destituciones, traslados y detenciones.

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textos de propaganda política al servicio del Frente Amplio y del Movimiento 26 de Marzo, donde expresa ideas típicas de un dirigente de la izquierda radical de la época. Cuando, en setiembre de 1971, el Movimiento 26 de Marzo fue formalmente admitido en el Frente Amplio, Benedetti fue su representante. En esa época escribía que era tiempo de acción y no de palabras. A ojos de muchos, se había convertido en un activista. Sin embargo, en ese mismo año 1971 Benedetti publicó El cumpleaños de Juan Ángel, una novela escrita en verso que está dedicada a Raúl Sendic. El libro relata la historia de un empleado de banco que vive un proceso de progresiva toma de conciencia política, hasta que finalmente opta por incorporarse a la lucha armada. Juan Ángel es el nombre de guerra adoptado por el protagonista, que hasta entonces se había llamado Osvaldo Puente (el uso de imágenes para expresar una transición no es particularmente sutil). El libro incluía pasajes como este: “a esos verdugos fétidos obscenos les gusta creer que/ uno mata como ellos con idóneo disfrute de crueldad deportiva/ pero matar a un tipo cualquiera así sea un sádico/ hijo de puta degenerado torturador es una pruebita/ sin fantasía es todo lo contrario a una proeza/ a lo sumo es un agrio deber”. Benedetti había cumplido un proceso personal que lo había llevado a asumir funciones como dirigente político de la izquierda radical. Ese proceso no lo había hecho renunciar a su condición de escritor, ni hubiera tenido por qué hacerlo. Pero el punto es que empezó a usar su literatura (y su llegada a un público que lo leía desde hacía años) de un modo que favorecía sus objetivos como dirigente político. El retrato del combatiente heroico y desinteresado que hace en El cumpleaños de Juan Ángel era la descripción idealizada de una guerrilla que en ese mismo momento estaba reclutando adeptos. Y Benedetti era uno de los principales dirigentes de un movimiento que estaba estrechamente asociado a esa guerrilla. El arte había sido instrumentalizado.

Arturo Ardao Por Adolfo Garcé >Nació el 27 de setiembre de 1912, en la localidad de Barriga Negra (departamento de Lavalleja). Estudió en la Facultad de Derecho (1929 – 1939) y tuvo una destacada actuación en el movimiento estudiantil (fue secretario general de la FEUU). Pero ni su indeclinable compromiso cívico (participó, junto a Basilio Muñoz, en el levantamiento armado de 1935 contra la dictadura de Terra), ni su intensa participación en el periodismo (acompañó a Carlos Quijano en El Nacional, Acción y Marcha), deben inducir a error: antes que nada, Arturo Ardao fue un universitario. Enseñó Sociología en la Facultad de Derecho e Historia de las Ideas en Humanidades (aunque también ejerció la docencia en el IPA y en enseñanza secundaria). Tuvo una fecunda actuación como investigador en la Facultad de Humanidades; fue director del Instituto de Filosofía (1963-1974) y, finalmente, decano de esa facultad (entre 1968 y 1972). Entre 1976 y 1988 debió exiliarse en Venezuela donde continuó su carrera académica y su producción filosófica. A su regreso no se reinsertó en la Universidad, pero siguió investigando y escribiendo en Cuadernos de Marcha. Recibió múltiples reconocimientos: Premio Nacional a la Obra Intelectual (1988), Gran Premio Municipal de Literatura “José Enrique Rodó” (1989), Premio “Gabriela Mistral” (1991), Doctorado Honoris Causa de la UdelaR (1992), Ciudadano Ilustre de Buenos Aires (2000), Homenaje del Senado de la República (octubre de 2002). Murió en Montevideo, el 22 de setiembre de 2003. En términos analíticos es posible distinguir dos grandes vertientes en su obra: la labor en el campo de la historia de las ideas y sus aportes en el terreno estrictamente filosófico. Tanto por su actuación docente como por su actividad de investigación, Ardao es el fundador de la historia de las ideas como disciplina en Uruguay (en la huella de José Gaos, y en paralelo a los avances de Leopoldo Zea o Francisco Romero en otras latitudes). Sus principales obras sobre la historia de las ideas en Uruguay son: Filosofía pre-universitaria en Uruguay (1945), Espiritualismo y Positivismo en Uruguay (1950), Batlle y Ordóñez y el positivismo filosófico (1951), Introducción a Vaz Ferreira (1961), Racionalismo y liberalismo en Uruguay (1962), Rodó, su americanismo (1970) y Etapas de la Inteligencia Uruguaya (1971). Ardao se ocupaba de la historia de las ideas porque consideraba que las ideas jugaban un papel central en la historia de las sociedades. Por ejemplo, según su punto de vista, la institucionalización de la democracia en Uruguay a comienzos del siglo XX habría sido facilitada por el movimiento hacia la superación del

sectarismo filosófico cuyos mejores exponentes fueron Carlos Vaz Ferreira y José Enrique Rodó. La paz política se cimentó en la “paz filosófica”. Para Ardao, Uruguay debía sentirse orgulloso de su tradición filosófica. El Ardao filósofo es menos conocido que el historiador de las ideas. Sin embargo, principalmente en Espacio e inteligencia (Caracas, 1983) y Lógica de la razón y Lógica de la inteligencia (2000), incursionó con fundamento, originalidad y elegancia estilística en cuestiones y distinciones filosóficas. Como historiador, como filósofo y, por cierto, como ciudadano, su otra gran pasión fue América Latina. Dejó constancia de ello en otro conjunto de obras, entre las que cabe mencionar las siguientes: Génesis de la idea y el nombre de América Latina (1980), Andrés Bello, filósofo (1986), La inteligencia latinoamericana (1987) y Romania y América Latina (1991). Ardao ha escrito que la cultura uruguaya de la primera mitad del siglo XX lleva la huella de los magisterios de Carlos Vaz Ferreira y José Enrique Rodó. La hipótesis se aplica con perfección a su propio caso. Algunas de las principales facetas de su pensamiento filosófico constituyen desarrollos de temas vazferreirianos (como su interés en la filosofía de la lógica) o rodonianos (del americanismo literario al latinoamericanismo filosófico). Fiel a esa configuración genética, permaneció invariablemente ajeno al dogmatismo que asoló nuestro paisaje intelectual, en especial durante la década del 60’. Por distintas razones, no sería difícil adscribirlo a la Generación del 45. Compartió con ellos la circunstancia histórica, el magisterio de Quijano, la tribuna de Marcha y la incómoda interrogante acerca del verdadero valor de la tradición cultural nacional. Sin embargo, tuvo diferencias muy importantes con ellos. Para los del 45 había muy poco realmente valioso para rescatar en la tradición cultural nacional. Ardao se dedicó a sostener exactamente el punto de vista contrario: en el árbol genealógico de la inteligencia uruguaya veía mucho más que un gaucho, dos gauchos, treinta y tres gauchos miserables. Escribió mucho, pero siempre fue muy riguroso en forma y fondo (“a caballo corredor, rienda corta”, le gustaba decir). Fue modesto, pero nunca dudó, cada vez que lo consideró necesario, en nadar contra la corriente (como cuando, en 1970, en pleno apogeo de la “generación crítica”, asumió la defensa de Rodó). Se comprometió profundamente con los problemas de su tiempo y tuvo convicciones muy firmes (la democracia política, el antiimperialismo, el latinoamericanismo), pero no permitió que la pasión derivara en intolerancia. Fue un lector agudo y exigente, pero siempre prefirió comprender a juzgar. 

1971

14 de mayo: un grupo de intelectuales uruguayos publica una carta de apoyo a Cuba frente a las críticas desatadas por el caso Padilla. 20 de mayo: atentados del MLN-T contra el Cine Rex. Segunda carta en Le Monde, donde se rechaza la autocrítica de Padilla. 7 de junio: atentados contra el domicilio del rector de la Universidad, Ing. Óscar Maggiolo, y contra el domicilio del decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias, Prof. Arturo Ardao. 7 de agosto: son detenidos cinco actores de teatro.

8 de agosto: el MLN copa un cine de Las Piedras y lee una proclama.

29 de noviembre: el gobierno clausura al diario El Día por dos ediciones.

4 de setiembre: el gobierno decreta clausuras a La Idea, El Eco, El Popular, Ahora y Liberación.

6 de diciembre: Eduardo Galeano publica Las venas abiertas de América Latina.

18 de setiembre: incendio del Estudio Auditorio del SODRE.

14 de diciembre: el gobierno prohíbe la impresión, distribución, comercialización y/o difusión de publicaciones, libros, folletos, revistas, etcétera en los que se traten los temas de la violencia armada.

20 de octubre: el gobierno hace una exposición de material incautado por la policía en locales de la Universidad de la República. 12 de noviembre: atentados con bombas contra los domicilios de varias autoridades de la enseñanza.

30 de diciembre: el gobierno clausura definitivamente el diario El Eco.

El caso Padilla La intelectualidad uruguaya y latinoamericana se había volcado a la izquierda, y su producción se había politizado hasta llegar a veces a la instrumentalización. Pero en 1971 (el mismo año en que apareció El cumpleaños de Juan Ángel) esa izquierda fue sacudida por un verdadero terremoto: el caso Padilla. Heberto Padilla era uno de los poetas más respetados de Cuba. Había nacido en 1933 y trabajaba como periodista en Estados Unidos cuando se produjo el triunfo de Castro. Entonces retornó a la isla y se puso al servicio de la revolución. Cumplió labores diplomáticas en varios países de Europa del Este y en 1966 volvió a La Habana. Una vez retornado,

se incorporó al grupo de intelectuales y artistas que publicaban en una conocida revista literaria llamada Lunes. Era un experto en poesía inglesa romántica. Conocía muy bien las obras de Keats, Shelley y Byron. Lunes era un suplemento del diario Revolución, el órgano de prensa oficial del Movimiento 26 de Julio. Desde su fundación en 1956, su objetivo había sido promover el debate y divulgar el arte y el pensamiento contemporáneos. En sus páginas escribían los mejores autores cubanos de la época (José Lezama Lima, Virgilio Piñera, Guillermo Cabrera Infante) y también extranjeros como Jorge Luis Borges, Pablo Neruda y Jean Paul Sartre. Los espacios dedicados al

pensamiento político incluían contribuciones de Fidel Castro, el “Che” Guevara y Lenin, pero también de figuras menos cómodas como Mao, que estaba en abierto conflicto con Moscú, y León Trotsky, que era tabú en la Unión Soviética. Los problemas de Lunes empezaron muy pronto. En 1961, la revista patrocinó un documental filmado por Sabá Cabrera Infante (hermano de Guillermo) que intentaba mostrar la vida nocturna en La Habana. La obra fue considerada decadente y secuestrada por el gobierno. En los ásperos debates que siguieron a ese acto de censura, Fidel Castro acuñó una frase con fuerte sentido disciplinador: “Dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada”. En los años siguien-

Aldo Solari

Vinculado desde sus inicios con la Comisión de Investigaciones y Desarrollo Económico (CIDE), sus trabajos se orientan hacia la temática del desarrollo y la educación. A esa época corresponden El desarrollo social del Uruguay en la postguerra y el Informe sobre el estado de la educación en Uruguay (1967). El reconocimiento internacional lo llevará a trabajar en la CEPAL, ILPES y FLACSO en Santiago de Chile, así como en UNESCO y el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). De sus trabajos realizados en ese período cabe destacar, entre otros: Educación, recursos humanos y desarrollo en América Latina (1968), El cambio social y la política de desarrollo social en América Latina (1969), Algunas reflexiones sobre la juventud latinoamericana (1972), Estudios sobre educación y empleo (1973), Problemas del desarrollo social de América Latina (1974), Las transformaciones rurales en América Latina: desarrollo o marginación (1979). La muerte lo sorprenderá en 1989, a los 67 años, como vicepresidente del CODICEN en el primer gobierno democrático. En su vasta obra resaltan la variedad temática y una muy respetable calidad académica. Pero lo que hace de Solari un autor particularmente notable es su inconmovible independencia intelectual. Actor privilegiado del surgimiento de la sociología nacional durante la Guerra Fría y la paulatina polarización política del país, Solari enfrentó ataques desde los diversos bandos en los que se fueron dividiendo las ciencias sociales uruguayas a partir de la década de los años sesenta. Ante las nuevas generaciones de sociólogos que, influidos por la escuela estructural-funcionalista estadounidense, veían a las sociedades como complejas maquinarias que se autorreproducían sin abrir ningún espacio al cambio, Solari respondía que esa sociología se limitaba a operar

como una justificación del estado de cosas existente. Ante los nuevos “sociólogos comprometidos”, que enarbolaban el discurso sociológico como arma de “la Revolución”, Solari contestaba que la actividad científica, aun en lo social, es un compromiso con la razón, con la reflexión serena y con el esfuerzo por la objetividad. Toda toma de posición ante un problema social que no surja de un análisis sociológico razonado no puede sino desembocar en una postura panfletaria y, casi seguramente, parcial o equivocada. Durante las décadas de los años 60 y 70, sus principales enfrentamientos se dieron con esta “sociología comprometida” y sus antecesores de la Generación de 45 que, a través del semanario Marcha, venían poniendo en tela de juicio consciente o inconscientemente los valores democráticos y liberales que Uruguay había construido desde finales del siglo XIX. Ejemplo magnífico de estos enfrentamientos fue la polémica sobre “el tercerismo” que Solari desató con (y entre) Arturo Ardao y Carlos Real de Azúa. Los llamados a la prudencia intelectual ante las condenas indiscriminadas al “imperialismo yanqui”, o el rechazo al intento de justificación del expansionismo soviético realizado por Carlos Real de Azúa desde Época, le valieron a Solari un aislamiento intelectual que hoy causa asombro. La sociología fue para Solari un laborioso trabajo de búsqueda de los problemas sustantivos de cada sociedad. Como Freud había revelado para los individuos, para Solari las sociedades creen ser lo que no son. La tarea del sociólogo es exponer serenamente los problemas que la sociedad no ve en sí misma. 

HISTORIA RECIENTE

>Nacido en Montevideo en 1922, la trayectoria de Aldo Solari se inicia en los años 50 en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Abogado de formación, fue de los primeros en advertir que la sociedad uruguaya requería ser estudiada desde una perspectiva científica. Hasta ese momento, Uruguay conocía su historia, sus partidos políticos, sus instituciones jurídicas, su producción cultural, algunas características de su quehacer económico y, desde luego, los datos básicos de su geografía. Pero nadie había intentado todavía construir una mirada sociológica del país. Aldo Solari fue (quizás inicialmente solo acompañado por Isaac Ganón) uno de los primeros compatriotas que decidió llevar adelante esta tarea de manera sistemática, objetiva y, sobre todo, partidariamente independiente. En esa actitud seguramente influyó su pasaje por la Sorbonne y el Institut National d’ Etudes Démographiques en Francia, y por la London School of Economics en Inglaterra. Con escasos 31 años, presentó su tesis, Sociología rural nacional, para concursar como profesor agregado. La empresa fue enorme por la cantidad de temas que abordaba (la definición de una sociología rural, la población rural del país, la propiedad de la tierra, la estructura de la sociedad rural) y también por la escasez de datos con los que tuvo que trabajar. Como profesor titular de Sociología y, luego, como director del Instituto de Ciencias Sociales, inició una extensa obra sociológica: Apuntes de sociología, Las ciencias sociales en el Uruguay (1959), Sociología rural latinoamericana (1963), Estudios sobre la sociedad uruguaya (1964), El tercerismo en el Uruguay (1965), El Uruguay en cifras (1966).

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Por Javier Bonilla Saus

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tes, varios miembros del grupo de Lunes fueron perseguidos por sus inclinaciones homosexuales (la revolución cubana ha sido siempre fuertemente homofóbica). Virgilio Piñera fue encarcelado en octubre de 1961. En 1966, la novela Paradiso de José Lezama Lima fue retirada de circulación poco después de ser editada. En 1967, Heberto Padilla criticó públicamente al escritor Lisandro Otero, que en ese momento era vicepresidente del Consejo Nacional de Cultura. El motivo fue la publicación de Pasión de Urbino, una obra de Otero que en 1965 había obtenido el segundo lugar del Premio Biblioteca Breve (el primer premio había sido para Tres tristes tigres, de Cabrera Infante). Padilla se atrevió a demoler la obra de Otero y a elogiar el libro de Cabrera Infante, que ya vivía en el exilio. En 1968 Cuba empezó a recibir subsidios masivos de la Unión Soviética y profundizó su alineamiento con Moscú. Ese año, Fidel Castro se vio obligado a defender el aplastamiento de la Primavera de Praga. En ese contexto se desató una nueva polémica en torno a un libro que concursaba para un premio de poesía. La obra se llamaba Fuera de juego y, aunque había sido presentada bajo seudónimo, todos sabían que había sido escrita por Heberto Padilla. El jurado, compuesto por los cubanos Manuel Díaz Martínez, José Lezama Lima y José Zacarías Tallet, el inglés John Michael Cohen y el peruano César Calvo, se aprestaba a concederle el primer premio. Entonces empezaron las presiones. Manuel Díaz Martínez recibió la visita de dos escritores (Roberto Branly y Félix Pita) que le advirtieron que Padilla era un contrarrevolucionario y que premiarlo traería problemas. Nicolás Guillén visitó a Lezama Lima para darle el mismo mensaje. David Cheiricián hizo lo propio con José Zacarías Tallet. Hubo un intento de expulsar a Díaz Martínez del jurado, pero la reacción indignada de figuras como el poeta salvadoreño Roque Dalton forzaron una marcha atrás. La decisión del jurado finalmente se mantuvo, pero enseguida empezaron los problemas. Los ganadores del concurso nunca recibieron sus premios. Dos de las obras premiadas (Fuera de juego, de Padilla y Los siete contra Tebas, de Antón Arrufat) fueron acusadas públicamente de servir al imperialismo. El escritor Félix Pita anunció que existía una “conspiración de intelectuales contra la revolución”. Desde la revista oficialista Verde Olivo se lanzó una campaña contra Padilla, Virgilio Piñera, Antón Arrufat y Cabrera Infante. Los ataques incluían desde acusaciones de trabajar para la CIA hasta referencias a la homosexualidad de alguno de ellos.

Heberto Padilla.

Padilla se consideraba socialista y seguía siendo partidario de la revolución. Sus críticas iban dirigidas al modelo soviético e implícitamente a la posibilidad de que terminara implantándose en Cuba. Pero su preocupación tocaba un punto sensible para el régimen de Castro, que estaba apostando a una profundización de las relaciones con Moscú. De modo que, entre 1968 y 1971, Padilla fue crecientemente marginado dentro de la isla y adquirió imagen de escritor disidente. El escándalo estalló en marzo de 1971 y tuvo como protagonista involuntario al escritor chileno Jorge Edwards, que había sido designado encargado de negocios de su país en Cuba por el gobierno de Salvador Allende. El objetivo de su misión era el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Al llegar a La Habana, Edwards entró en contacto con escritores amigos suyos, entre los que estaban Lezama Lima, Belkis Cuza Malé y su marido, Heberto Padilla. En sus encuentros se hablaba de la situación cubana y Padilla exponía detalladamente sus críticas. Era un acto de coraje, porque todos sabían que sus conversaciones estaban siendo escuchadas. Pero Padilla creía que el régimen no podía ir muy lejos porque debía cuidar su imagen internacional. En enero de 1971, Padilla hizo una lectura pública de una serie de poemas titulada Provocaciones. Su contenido mostraba un escepticismo y un inconformismo que el régimen ya no estaba dispuesto a aceptar. A las siete de la mañana del 20 de marzo, un grupo de hombres armados irrumpieron en el apartamento donde Padilla vivía junto con Belkis Cuza Malé. Tomaron fotos, revisaron el domicilio de manera brutal y desparramaron papeles por el piso. Estaban buscando los originales de En mi jardín pastan los héroes, la novela que

Padilla acababa de terminar. Los agentes encontraron todas las copias que había hecho Padilla, menos una que estaba escondida en un cesto donde se guardaban los juguetes de su hija. Padilla fue encarcelado y acusado de “atentar contra los poderes del Estado”. Su esposa también fue detenida, aunque la liberaron poco después. Según el relato que Padilla haría más tarde, el oficial que conducía los interrogatorios le dijo: “Podemos destruirte aunque tú sepas que legalmente no tenemos razón alguna. No has hecho nada, no has puesto ninguna bomba, no has cometido ningún sabotaje, ni has hecho contrabando de divisas. Pero todo esto lo reconocerá la revolución en su momento y no tendremos reparos en rehabilitarte. Hoy tú representas una tendencia peligrosísima en el país y hay que destruirla. De modo que solo tienes una salida: ponerte de acuerdo con nosotros”. El mismo día que Padilla fue detenido, Fidel Castro comunicó personalmente a Jorge Edwards que había sido declarado persona no grata y debía salir de Cuba. Días después, en un acto realizado en la Universidad de La Habana, Castro asumió la responsabilidad por la detención de Padilla y se justificó diciendo: “Existe una serie de hechos que provocarán indignación cuando se hagan públicos”. La detención de Padilla causó conmoción entre los intelectuales que simpatizaban con Cuba. Varios de ellos, residentes en Europa, redactaron una carta dirigida a Fidel Castro en la que reclamaban su inmediata liberación. La carta fue publicada en Le Monde el 9 de abril de 1971. Sus autores manifestaban su solidaridad con Cuba pero rechazaban “el empleo de métodos represivos contra intelectuales y escritores que han ejercido el derecho de crítica a la revolución”. El argumento era que esa práctica solo podía favorecer al imperialismo y a los enemigos de Cuba. Entre los firmantes estaban Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Italo Calvino, Marguerite Duras, Hans Magnus Enzensberger, Carlos Franqui, Juan y Luis Goytisolo, Alberto Moravia, Jorge Semprún, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez y Julio Cortázar. A comienzos de abril, la Seguridad del Estado dio a conocer una “Carta de Heberto Padilla al Gobierno Revolucionario” escrita en un tono conciliador y autoinculpatorio. Quienes lo conocían dijeron de inmediato que ese texto no era suyo. El 26 de abril, Padilla fue liberado tras 37 días de reclusión solitaria. Esa noche se realizó un acto público, rodeado de un gran despliegue de seguridad, en el que Padilla hizo una autocrítica e

inculpó a varios colegas. Los nombrados también fueron obligados a autocriticarse. Díaz Martínez, que estaba presente, recuerda así el episodio: “La autocrítica de Padilla ha sido publicada, pero una cosa es leerla y otra cosa bien distinta es haberla oído allí aquella noche. Ese momento lo he registrado como uno de los peores de mi vida. No olvido los gestos de estupor, mientras Padilla hablaba, de quienes estaban sentados cerca de mí, y mucho menos la sombra de terror que apareció en el rostro de aquellos intelectuales cubanos, jóvenes y viejos, cuando Padilla empezó a citar nombres de amigos suyos (…) que él presentaba como virtuales enemigos de la revolución”. Antón Arrufat también recuerda: “Yo mismo, no sé por qué me salvé: Padilla me había avisado momentos antes de empezar a hablar que iba a tener que decir mi nombre, pero parece que se le olvidó y no lo dijo”. La autocrítica de Padilla hizo recordar las peores épocas del estalinismo. Durante su discurso, el escritor se acusó de haber dicho “una serie de injurias y difamaciones contra la Revolución que

constituyen y constituirán siempre mi vergüenza”. Se atribuyó “muchos errores, errores realmente imperdonables, realmente censurables, realmente incalificables”. Se definió como un “contrarrevolucionario”, tal como el régimen lo describía: “Contrarrevolucionario es el hombre que actúa contra la revolución, que la daña. Y yo actuaba y yo dañaba a la Revolución. A mí me preocupaba más mi importancia intelectual y literaria que la importancia de la Revolución”. Llegó incluso a elogiar a sus carceleros: “Si algo yo he comprendido entre los compañeros de Seguridad del Estado, que me han pedido que no hable de ellos porque no es el tema hablar de ellos sino hablar de mí, yo he aprendido en la humildad de estos compañeros, en la sencillez, en la sensibilidad, el calor con que realizan su tarea humana y revolucionaria, la diferencia que hay entre un hombre que quiere servir a la Revolución y un hombre preso por los defectos de su carácter y de sus vanidades. (…) Yo he tenido muchos días para discutir estos temas, y los compañeros de Seguridad no son policías elementales. Son gente muy

inteligente. Mucho más inteligentes que yo, lo reconozco”. Luego pasó a acusar a colegas con nombre y apellido. El 20 de mayo se publicó en París una segunda carta de protesta, más severa que la anterior pero con algunas ausencias: ya no estaban Cortázar ni García Márquez. El texto se dirigía a Fidel Castro y empezaba diciendo: “Creemos un deber comunicarle nuestra vergüenza y nuestra cólera. El lastimoso texto de la confesión que ha firmado Heberto Padilla sólo puede haberse obtenido por medio de métodos que son la negación de la legalidad y la justicia revolucionarias. (…) Con la misma vehemencia con que hemos defendido desde el primer día la Revolución Cubana, que nos parecía ejemplar en su respeto al ser humano y en su lucha por su liberación, lo exhortamos a evitarle a Cuba el oscurantismo dogmático, la xenofobia cultural y el sistema represivo que impuso el estalinismo en los países socialistas, y del que fueron manifestaciones flagrantes sucesos similares a los que están sucediendo en Cuba”. Entre los firmantes estaban Simone de Beauvoir, Marguerite Duras, Giulio Ei-

En 1950, en plena época estalinista, Neruda publicó Canto General, uno de sus libros más difundidos. Allí justifica las matanzas indiscriminadas y los millones de prisioneros en el Gulag con versos como los siguientes: “Stalin alza, limpia, construye, fortifica/ preserva, mira, protege, alimenta,/ pero también castiga./ Y esto es cuanto quería deciros, camaradas:/ hace falta el castigo”.

en 1945), Neruda siguió desarrollando su obra poética. Pero esa obra no era para él solamente un producto estético, sino también un instrumento político. En 1944, cuando el Partido Comunista cubano integraba el gobierno de Fulgencio Batista, Neruda hizo un discurso en la Universidad de Chile en el que dijo: “Batista, como hombre del pueblo, ha comprendido mejor que muchos demagogos el papel de los intelectuales, y honra a toda América (…) Los chilenos damos hoy la mano a Fulgencio Batista. (…) Saludamos en él al continuador y restaurador de una democracia hermana”. Años más tarde, cuando Fidel Castro había derrocado a Batista, Neruda escribió: “El que no esté con Cuba, con su revolución, con Fidel Castro, está del otro lado, del lado de la ignominia y de la traición”.

En sus memorias Neruda cuenta cómo se manejaba la vida cultural en la Unión Soviética (a la que viajó con frecuencia), aparentemente sin percibir el grado de despotismo que describe: “Ya había muerto Maiakovski, pero sus recalcitrantes y reaccionarios enemigos atacaban con dientes y cuchillos la memoria del poeta, empecinados en borrarlo del mapa de la literatura soviética. Entonces ocurrió un hecho que trastornó aquellos propósitos. Su amada Líly Brick escribió una carta a Stalin señalándole lo desvergonzado de estos ataques y alegando apasionadamente en defensa de la poesía de Maiakovski. Los agresores se creían impunes, protegidos por su mediocridad asociativa. Se llevaron un chasco. Stalin escribió al margen de la carta de Lily Brick: ‘Maiakovski es el mejor poeta de la era soviética’. Desde ese momento surgieron museos y monumentos en honor de Maiakovski y proliferaron las ediciones de su extraordinaria poesía. Los impugnadores quedaron fulminados e inertes ante aquel trompetazo de Jehová.” 

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El poeta Pablo Neruda (Premio Nobel de Literatura en 1971) es al mismo tiempo el autor de algunos de los mejores versos que se han escrito en lengua española y un ejemplo asombroso del grado de politización al que fue llevada la cultura durante los años de la Guerra Fría. Neruda nació en 1904 y a principios de los años treinta ya era un comunista entusiasta. Diplomático de profesión, en 1940 fue nombrado cónsul de Chile en México. El 25 de mayo de ese año, el pintor mexicano David Alfaro Sequeiros intentó asesinar a León Trotsky, a quien Stalin había mandado matar pese a haberse exiliado en México. Trotsky se salvó esa vez (se tiró debajo de la cama para evitar las ráfagas de metralleta) aunque no sobreviviría al siguiente intento. Alfaro Siqueiros fue detenido por la policía, pero pudo salir de México gracias a una visa extendida por el cónsul Pablo Neruda, que lo visitó repetidamente en la cárcel y consiguió enviarlo a Chile para pintar un mural. En su libro de memorias Confieso que he vivido, Neruda se limita a decir que “alguien” había “embarcado” a Alfaro Siqueiros en una “incursión armada” y afirma que, tras haber logrado que el famoso muralista hiciera obra en Chile, “el gobierno de Chile me pagó este servicio a la cultura nacional, suspendiéndome de mis funciones de cónsul por dos meses”. Mientras desarrollaba su actividad como diplomático y como político (fue senador

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Neruda, el poeta funcionario

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naudi, Carlos Franqui, Carlos Fuentes, André Gortz, Juan y Luis Goytisolo, Mario Vargas Llosa, Alberto Moravia, Pier Paolo Pasolini, Alain Resnais, Juan Rulfo, Jean Paul Sartre y Susan Sontag. La nueva carta fue respondida por un comunicado de Casa de las Américas escrito con singular dureza: “La prensa capitalista desató una calumniosa campaña contra Cuba, a la cual colaboraron algunas decenas de intelectuales coloni-

Eduardo y Marilyn

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Por Pablo da Silveira >¿Cómo explicar que, pese a su éxito de ventas y a las múltiples formas de reconocimiento, Eduardo Galeano no cale hondo en buena parte del mundo intelectual? Tal vez un ejemplo ayude a entender lo que pasa. Tomemos, entre muchas opciones posibles, el párrafo que dedica a Marilyn Monroe en la página 170 del tercer tomo de Memoria del Fuego. Lo que allí está haciendo Galeano es pintar un gran fresco que abarca la historia de las tres Américas. Lo hace sirviéndose de pinceladas cortas, lo que es una técnica perfectamente válida, y al elegir a las figuras representativas de los Estados Unidos del siglo XX incluye a la rubia Marilyn, lo que sin duda es un acierto. ¿Qué nos cuenta Galeano a propósito de Marilyn? Que, cuando empezó su carrera, no era la mujer esplendorosa que el mundo conoció más tarde. Que tenía papada, párpados demasiado gordos y dientes demasiado grandes. Que fue la maquinaria de Hollywood la que “le cortó grasa, le suprimió cartílagos, le limó los dientes y convirtió su pelo castaño y bobo en un oleaje de oro fulgurante”. En una palabra, nos cuenta que la rubia Marilyn fue una creación del mismo sistema de producción que hizo uso de ella y luego la destruyó. El problema de este relato no es que sea falso. Dejando algunos detalles de lado, la historia que cuenta es verdadera. Tampoco ocurre que Galeano se equivoque al señalar un drama humano donde no lo hay. Por cierto que la vida de Marilyn tiene un componente trágico. El problema no está allí sino en que, al hablar de Marilyn como emblema de una época, Galeano confunde lo esencial con lo accesorio.

zadores, con su secuela de colonizados, de destartalada ideología, quienes aprovecharon una coyuntura para mostrar su verdadero rostro, contrario a la Revolución, y prestar servicios conscientes o no al imperialismo norteamericano”. A continuación se difundió una serie de declaraciones de intelectuales latinoamericanos que apoyaban a Cuba y atacaban a quienes se habían vuelto críticos. Entre los firmantes estaban Alejo Carpentier,

Nicolás Guillén, Mario Benedetti, Juan Carlos Onetti y David Alfaro Siqueiros. Un texto especialmente llamativo fue el de Gabriel García Márquez, que decía: “Yo no sé si Padilla le ha hecho daño a la Revolución como se dice, pero su autocrítica sí se lo está haciendo y mucho”. Lo que estaba sugiriendo García Márquez era que la confesión pública de Padilla era el acto supremo de un contrarrevolucionario que insistía en dañar a la revolu-

Lo que hace especial a Marilyn Monroe no es que haya sufrido una larga serie de operaciones de cirugía estética, que le hayan cambiado el nombre, ni que hayan invertido mucho dinero en su promoción. Eso es justamente lo que Marilyn tiene en común con muchísimas mujeres. Lo que la distingue de todas las demás es que ella, y solo ella, llegó a ser un ícono del siglo XX. Muchas más intervenciones quirúrgicas y mucho más dinero se invirtieron, por ejemplo, en el lanzamiento de Bo Derek. Sin embargo, a un joven de veinte años hay que explicarle quién era la “Chica 10”, mientras que le alcanza un golpe de vista para reconocer a Marilyn. Lo que hace que Marilyn Monroe merezca estar en todo fresco histórico del siglo XX es aquello que la diferencia de tantas otras mujeres que fueron igualmente inventadas (y frecuentemente destruidas) por Hollywood, no aquello que tiene en común con ellas. ¿Qué recursos había en su personalidad para que llegara a impactar como impactó en la sensibilidad del público? ¿Qué puso ella y qué puso el propio público para que se desatara la magia que no se desató en muchísimos otros casos? Estas son las preguntas importantes en el caso de Marilyn, pero sobre esto no encontramos nada. La sensación de insatisfacción intelectual que dejan los textos de Galeano surge de esta tendencia a explicar lo que no hace falta explicar y dejar inexplicado lo que debería serlo. El mismo fenómeno se produce en su manera de abordar fenómenos como el subdesarrollo y la injusticia. Sus escritos sobre estos temas reposan sobre un supuesto que podría formularse así: todos los pueblos tienen una vocación natural a vivir en la abundancia y en la justicia. Si en ciertos casos esto no ocurre, es porque en algún lado están “ellos”, los otros, que impiden cumplir este destino. Entender la economía y la sociedad consiste en saber por qué a ciertos pueblos no se les permite desarrollarse.

En esta manera de ver las cosas se repite el error que encontramos en el caso de Marilyn. La mayoría de los pueblos que han habitado este planeta vivieron en la escasez material y sometidos a la ley del más fuerte. Solamente algunos alcanzaron niveles de bienestar significativos, y solamente unos pocos consiguieron sustituir el principio de la fuerza por el de la legitimidad. La pregunta interesante es qué tuvo que ocurrir para que eso fuera posible. Y la respuesta no es que ciertos pueblos alcanzaron la abundancia y la legitimidad institucional porque oprimieron y explotaron a otros: desde que el mundo es mundo ha habido pueblos opresores y explotadores, pero la mayor parte de ellos tuvieron desempeños penosos tanto en materia de bienestar como de libertad interna. Chesterton decía que hay algo maravilloso en el hecho de que el guarda anuncie que la próxima estación es Victoria y que, algunos minutos más tarde, el tren llegue a Victoria. Más natural sería esperar que llegara a otro sitio, que descarrilara, o que se detuviera. Detrás de algo tan cotidiano como el funcionamiento de una línea ferroviaria hay una larga cadena de hazañas humanas que, como todas las hazañas humanas, están fabricadas de coraje, imaginación, fuerza creadora, generosidad, egoísmo, rapacidad, envidia y crueldad. En esta capacidad de vencer el fracaso a partir de la imperfección hay un profundo misterio humano. Para Galeano, en cambio, no hay aquí nada sobre lo que valga la pena reflexionar. Según su epistemología implícita, el éxito es trivial y el fracaso debe ser explicado. Detrás de su aparente criticidad, hay un inmenso e ingenuo optimismo.  (Una versión previa de este texto fue publicada por la revista El Estante, Montevideo, en 1999).

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Una serie de 25 fascículos publicada por el diario El País con el apoyo del Centro de Estudios Jean-François Revel.

Asistente

Dirección de proyecto

Archivo de El País

Pablo da Silveira

Investigación y redacción

Pablo da Silveira Francisco Faig Félix Luna Enrique Mena Segarra Martín Peixoto

José López Fotografías

Diseño gráfico, armado y corrección

Trocadero Publicación

El País

Impreso en El País Depósito legal: 334.251

utilizada para alcanzar fines políticos. Hablando de los concursos literarios, dijo: “¡Para hacer el papel de jueces hay que ser aquí revolucionarios de verdad, intelectuales de verdad, combatientes de verdad! Y para volver a recibir un premio, en concurso nacional o internacional, tiene que ser revolucionario de verdad, escritor de verdad, poeta de verdad, revolucionario de verdad”. El 14 de mayo de 1971 se dio a conocer una carta de intelectuales uruguayos en relación al caso Padilla. El texto afirma: “En las últimas semanas, la prensa reaccionaria de todo el mundo (y, por supuesto, la de nuestro país) ha desatado una feroz campaña contra la Revolución

Galeano y la economía Galeano narra cómo los ingleses llevaron la miseria a Tucumán y Santiago del Estero a principios del siglo XIX, desplazando los talleres textiles que fabricaban ponchos con los suyos traídos desde Inglaterra y Escocia. Pero, ¿cómo se volvieron expertos en la confección de una prenda tan criolla y, según Galeano sugiere, de tan compleja confección? Ese autor lo cuenta así: “Los agentes comerciales de Manchester, Glasgow y Liverpool recorrieron Argentina y copiaron los modelos de los ponchos santiagueños y cordobeses. (…) Los ponchos argentinos valían siete pesos, los de Yorkshire tres. La industria textil más desarrollada del mundo triunfaba al galope sobre las tejedurías nativas, y otro tanto ocurría con la producción

de botas, espuelas, rejas, frenos y hasta clavos. La miseria asoló las provincias interiores argentinas…” (Las venas abiertas de América Latina, Buenos Aires, Siglo XXI, 1988, p. 290). Galeano es un escritor distinguido, dueño de una pluma ágil y expresiva, y de un certero olfato para orientar su temática, como su éxito editorial terminantemente lo prueba. Pero –nadie es perfecto– carece de sentido del ridículo. La Argentina contaba a la sazón con unos 400.000 habitantes, de los cuales 120.000 eran indígenas que no concurrían a los mercados. En las provincias del norte y centro, los residentes difícilmente llegaran a 70.000. En pos de ese lastimoso mercado, la industria textil de Lancashire habría enviado espías al norte y centro argentinos, para descubrir los secretos de la confección de ponchos. La misma

industria surtía, sin ir más lejos, a cien millones de nativos de la India, y dominaba el mercado norteamericano, cuyos cuatro millones equivalían, en poder de compra, a cuarenta millones de europeos. Semejante tesis no puede sino provocar hilaridad. Aparte de lo cual no podemos dejar de formular algunas preguntas. ¿No ve el autor ninguna ventaja para la población de aquellas desoladas tierras en el hecho de que el precio de la prenda de abrigo principal de los hombres bajase en casi un 60%? Esa economía en el mercado de prendas, ¿no se habría volcado en demandas adicionales por otras mercancías?  Ramón Díaz: Historia económica del Uruguay. Montevideo, Taurus, 2003, p. 239.

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ción. El intento de convertir a la víctima en victimario causó indignación. El caso Padilla dividió las aguas entre los intelectuales. Mario Vargas Llosa renunció al comité editorial de Casa de las Américas y rompió con Cuba. Octavio Paz declaró: “Todo esto sería únicamente grotesco, si no fuese un síntoma más de que en Cuba ya está en marcha el fatal proceso que convierte al partido revolucionario en casta burocrática, y al dirigente en un César”. Fidel Castro respondía con discursos feroces en los que trataba a sus críticos de “ratas intelectuales”. En esos días definió al arte como un “arma de la revolución” y expuso la idea de que la actividad cultural debía ser

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Eduardo Galeano

Cubana. (…) Las repercusiones de este asunto en ciertos medios intelectuales de Europa, han sido tan desproporcionadas con respecto a la magnitud real del problema que resulta más que evidente una bien digitada orientación en la que muchos intelectuales –probablemente honestos, pero riesgosamente ingenuos– han participado (…). A nosotros, intelectuales y artistas uruguayos que no hemos apostado a la inocencia de Padilla sino a la revolución latinoamericana, y que consideramos que la Revolución Cubana fue el detonante decisivo para llegar a la actual asunción de una conciencia revolucionaria por los pueblos de América Latina, (…) nos alarma sobremanera la actitud poco menos que elitista de ciertos latinoamericanos, casi europeos, que parecen creer que un intelectual siempre es inocente, cuando la verdad es que puede ser tan contrarrevolucionario (o tan revolucionario) tan honesto o tan deshonesto, como cualquiera. (…)”. Los firmantes de la carta continúan diciendo: “Por nuestra parte, queremos dejar testimonio de nuestra confianza en el pleno ejercicio del derecho revolucionario que ha ejercido y ejerce Cuba para defenderse de toda infiltración enemiga, se manifieste ésta a través de las bandas mercenarias derrotadas hace diez años en Girón, o a través de la malintencionada distorsión de la realidad a que suelen prestarse algunos intelectuales. Muchas veces hablamos de la presencia y el desarrollo del hombre nuevo; pero tengamos bien claro que esa denominación debe incluir también al escritor nuevo, y éste no puede ser de ninguna manera un ser intocable, poco menos que sagrado, situado en una remota e inaccesible plataforma desde la

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cual lanza sus juicios, tan apresurados como inexorables, sobre lo que sucede día a día en una América Latina que se debate por su libertad y que en esa brega da su sangre y depura su pensamiento. El escritor nuevo es sencillamente un trabajador y un revolucionario más, alguien que espontáneamente se bajó del falso estrado, de la altivez retórica, para integrarse con el prójimo y aprender de él, crear con él; el escritor nuevo es un revolucionario que sabe que la revolución empieza en la actitud y sigue en las palabras, pero es perfectamente consciente de que las palabras sin actitud no son éticamente válidas. (…) Nuestro

apoyo no tiene océanos de por medio. Desde un rincón de América Latina que vive un tramo decisivo de su itinerario hacia la revolución, y en un momento en que tantos intelectuales súbitamente alarmados y extrañamente pudorosos le dan la espalda a la Revolución Cubana, hacemos una tregua en nuestra diaria lucha contra la oligarquía y el subdesarrollo, contra la penetración cultural del imperio y las leyes mordazas, para transmitir a los revolucionarios cubanos nuestra fraterna solidaridad”. La carta fue firmada, entre otros, por Hugo Achugar, Coriún Aharonián, Mario Arregui, Mario Benedetti, Sarandy

Cabrera, Manuel Claps, Hiber Conteris, Francisco Espínola, María Ester Gillio, Mario Handler, Graciela Mántaras, Juan Carlos Onetti, Cristina Peri Rossi, Alberto Restuccia, Daniel Vidart, Daniel Viglietti e Idea Vilariño. Padilla pudo salir de Cuba en 1980. En un poema escrito en el exilio se refirió a su confesión con estas palabras: “vestido de payaso que no hizo reír a nadie”. Murió a los 68 años de un paro cardíaco en un hotel de Auburn, Alabama, cuando iba a dictar clases de literatura en la Universidad de esa ciudad. 

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Por Pablo da Silveira quienes actuaron así eran dueños de sus decisiones, pero también es cierto que se apoyaban en interpretaciones de la realidad que no habían fabricado ellos mismos. Las tomas de posición por parte de los intelectuales son algo más serio que las tomas de posición por parte de quienes no tienen ninguna

[...] Muchos intelectuales se embanderaron con causas políticas y aceptaron responsabilidades orgánicas, justamente porque creían en esa capacidad de influencia sobre la sociedad. No es aceptable entonces que, cuando se les recuerda lo que escribían o decían en aquel entonces, se limiten a responder: “Yo solo reflejaba el sentir de una época”. puede recriminar su superficialidad y su entusiasmo fácil. Otras veces lo hicieron con plena conciencia de estar sirviendo causas injustificables (como Jean-Paul Sartre cuando volvió de la Unión Soviética en pleno estalinismo y dijo que había visto una total libertad de expresión). Otras veces lo hicieron por motivos menores, como el oportunismo o la tentación de mostrar que estaban del buen lado. Como sea, lo propio de los intelectuales es que sus ideas tienden a influir sobre lo que piensa y hace al menos parte de la sociedad. Lo que ellos dicen contribuye a crear climas, a legitimar causas, a consolidar interpretaciones. Esta es una observación que no merece ser tomada a la ligera. Hay obras literarias que llevaron gente a la muerte. Esto vale para la literatura patriotera anterior a la Primera Guerra Mundial y también vale para muchos libros escritos en estas latitudes durante los años sesenta y setenta. Mucha gente llegó a percibir ciertas decisiones políticas como moralmente obligatorias, al menos en parte porque ese era el mensaje que transmitían quienes aparecían como las voces lúcidas de la sociedad. No hay duda de que

pretensión de orientar a los demás. Un intelectual asume una responsabilidad cuando decide dar a conocer una adhesión política, cuando condena una iniciativa o da su apoyo a una causa. Esto no quiere decir que a un intelectual le esté prohibido tomar posición o cambiar de idea, pero sí lo obliga a hacerse cargo de las posiciones que asumió a lo largo del tiempo, de los virajes que imprimió a su trayectoria y de lo que, implícita o explícitamente, le pidió a su público cuando hablaba desde su posición privilegiada. Muchos intelectuales se embanderaron con causas políticas y aceptaron responsabilidades orgánicas, justamente porque creían en esa capacidad de influencia sobre la sociedad. No es aceptable entonces que, cuando se les recuerda lo que escribían o decían en aquel entonces, se limiten a responder: “Yo solo reflejaba el sentir de una época”. Se produce un desequilibrio si un intelectual asume su condición de punto de referencia para conseguir espacios en la prensa o en la industria editorial, pero la niega cuando se le recuerda que sus palabras pueden tener consecuencias graves sobre las decisiones de mucha gente. 

Pablo da Silveira. Uruguayo, doctor en Filosofía por la Universidad de Lovaina (Bélgica). Profesor de Filosofía Política en la Universidad Católica del Uruguay. Autor de artículos publicados en revistas académicas del país y del extranjero, así como de varios libros entre los que se cuentan: Historias de Filósofos, Política y tiempo, y Cómo ganar discusiones (o al menos cómo evitar perderlas). Una introducción a la teoría de la argumentación.

PRÓXIMO FASCÍCULO

22/25 Las elecciones de 1971

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peor) en la posición de pobre víctima estafada. Pero si esto vale para los ciudadanos de a pie, las cosas son diferentes para los intelectuales. Muchos de ellos fueron responsables directos de la difusión de ideas que dañaron a mucha gente. A veces lo hicieron con sinceridad, de modo que solo se les

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CAMBIAR DE OPINIÓN ES UN comportamiento típico de las personas inteligentes y respetables. No hay nada admirable en mantenerse férreamente atado a todo aquello en lo que alguna vez se creyó, sin aceptar objeciones ni las lecciones que nos da la experiencia. La negativa a revisar las convicciones es un síntoma de fanatismo y de rigidez psicológica, o tal vez sea una de las mil caras de la cobardía. Pero esta observación no puede operar como justificativo de la actitud opuesta, es decir, la disposición a romper demasiado fácilmente con nuestras convicciones anteriores. Una persona puede alejarse todo lo que juzgue necesario de lo que en algún momento pensó, pero ese alejamiento solo será respetable si no olvida su propia trayectoria. No es aceptable hablar de las opiniones que uno defendió en el pasado como si fueran opiniones de otro. No hay ninguna necesidad de flagelarse en público, pero uno debe estar dispuesto a explicar (al menos en la medida en que sea capaz de hacerlo) por qué en ciertos momentos pensó lo que pensó y por qué luego abandonó esas convicciones. Este es un punto que tiene su importancia en un tiempo como el que nos toca vivir, todavía conmocionado por un cataclismo en las ideas políticas. Muchos muros han caído y mucha gente se ha alejado de las convicciones que sostuvo en forma militante. Otros no se han alejado demasiado de sus viejas ideas pero han perdido el entusiasmo, o al menos la fe ciega que tenían en ellas. Otros todavía se declaran desconcertados. Detrás de muchas de estas evoluciones hay honestidad, desencantos, esfuerzos por comprender y hasta auténtico sufrimiento. Nadie tiene por qué exigir cuentas a nadie, ni nadie tiene por qué dar más explicaciones de las que crea pertinentes. Alcanza con no caer en el cinismo ni (lo que tal vez sea

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CONTRATAPA

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setiembre ‘07

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DESDE HIROSHIMA A LAS TORRES GEMELAS

| LAS ELECCIONES DE 1971

LAS PRINCIPALES ALTERNATIVAS: REELECCIÓN PRESIDENCIAL, WILSON FERREIRA Y LÍBER SEREGNI

HISTORIA RECIENTE

LA RADICALIZACIÓN DE 1972

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Las elecciones de 1971

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| LAS ELECCIONES DE 1971

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ÍNDICE DEL FASCÍCULO

HISTORIA RECIENTE

| LAS ELECCIONES DE 1971

Violencia y elecciones

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RECUADROS LA REELECCIÓN PRESIDENCIAL Y LA CONSTITUCIÓN DE 1967 P. 7 / DECLARACIÓN DEL MLNTUPAMAROS ANTE LA CREACIÓN DEL FRENTE AMPLIO P. 9 / LOS RESULTADOS DE LAS ELECCIONES DE 1971 P. 10 / EL ASESINATO DE ROQUE ARTECHE P. 14 / PASCASIO BÁEZ P. 15 / ALDO SOLARI Por Javier Bonilla Saus P. 14 / HACER HISTORIA, FLASEAR HISTORIA Por Félix Luna P. 16 / ETUPAMAROS Y DERECHOS HUMANOS Por Pablo da Silveira P. 17 / BIBLIOGRAFÍA / P. 19 CONTRATAPA. WILSON Y LA REPÚBLICA Por Francisco Faig Garicoïts P. 20.

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Líber Seregni: en el lanzamiento de su candidatura a presidente por el Frente Amplio.

Las elecciones de 1971 fueron probablemente las más críticas de la historia uruguaya. El país llegó a esos comicios en un clima de enfrentamientos y creciente polarización. Las decisiones y acuerdos que definieron las diferentes propuestas electorales se tomaron en medio de secuestros, atentados, fugas carcelarias y violencia represiva. Los terrenos de entendimiento casi habían desaparecido. Todos los actores tenían claro lo que los separaba del resto, pero pocos recordaban lo que tenían en común. Sin embargo, casi todos coincidían en atribuir una

gran importancia a las elecciones de noviembre. Aunque por razones diferentes, esos comicios eran vistos como un evento que podía destrabar el conflicto y llevar al país hacia un escenario mejor. El gobierno esperaba recibir en las urnas el respaldo popular que le permitiera terminar con la guerrilla y controlar la conflictividad social. Jorge Pacheco Areco estaba llegando al final de su mandato con un nivel de popularidad relativamente alto y se propuso modificar la Constitución para poder gobernar durante un segundo período. En el Partido Nacional, el surgimiento de Wilson Ferreira

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INTRODUCCIÓN

HISTORIA RECIENTE

28 de noviembre de 1971: día de desiciones truncas para los uruguayos.

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[...] las elecciones de 1971 no resolvieron nada. Ni Pacheco ni Wilson Ferreira (los dos candidatos con más respaldo) consiguieron llegar al gobierno. La izquierda tuvo un gran crecimiento pero quedó lejos del triunfo. El ganador fue un candidato sin votos ni partido, que carecía además de convicciones democráticas. Era el peor resultado posible

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y los uruguayos no demorarían en saberlo.

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Aldunate como líder político de gran arraigo alentó las expectativas de volver al gobierno. Su proyecto consistía en desarrollar políticas que apostaran a las transformaciones y al diálogo, en vez de jugar todas las cartas a la represión. En la izquierda, el nacimiento del Frente Amplio y la inmensa capacidad de movilización que se logró generaron en muchos la esperanza de repetir la experiencia iniciada por Salvador Allende en 1970: instalar por la vía de las urnas un gobierno de izquierda profundamente transformador. Pero las elecciones de 1971 no resolvieron nada. Ni Pache-

co ni Wilson Ferreira (los dos candidatos con más respaldo) consiguieron llegar al gobierno. La izquierda tuvo un gran crecimiento pero quedó lejos del triunfo. El ganador fue un candidato sin votos ni partido, que carecía además de convicciones democráticas. Era el peor resultado posible y los uruguayos no demorarían en saberlo. La violencia política llegó a su máximo en 1972. Ese año la guerrilla fue derrotada, pero los militares habían decidido no volver a los cuarteles. 

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AOS AÑOS ELECTORALES SUELEN SER AGITADOS, pero 1971 rompió todas las marcas. Entre comienzos de ese año y el día de las elecciones (28 de noviembre), el MLN-Tupamaros secuestró al embajador británico Geoffrey Jackson, al fiscal de Corte Guido Berro, al presidente de UTE Ulysses Pereira Reverbel, al empresario Ricardo Ferrés, al ex ministro Carlos Frick Davie y al industrial Jorge Berembau. El OPR-33, por su parte, secuestró al doctor Alfredo Cambón, al empresario Luis Fernández Lladó y al redactor responsable del diario El Día, José Pereira González. Durante esos meses, el MLN también realizó atentados contra domicilios de empresarios y de jerarcas públicos, así como contra salas de cine y otros locales. Los grupos de choque de extrema derecha multiplicaban los atentados contra domicilios de personas identificadas con la izquierda (los métodos más usuales eran las bombas de alquitrán y los disparos de armas de fuego). Varios de esos ataques dañaron las casas de autoridades de la enseñanza, como el rector Óscar Maggiolo o el decano de la Facultad de Humanidades, Arturo Ardao. En los liceos públicos (especialmente el Bauzá y el Suárez) se habían vuelto habituales las bandas de militantes de extrema derecha que intimidaban o agredían a militantes de izquierda. La más visible era una organización llamada Juventud Uruguaya de Pie, más conocida como JUP. El gobierno seguía con su política de mano dura: practicaba detenciones masivas, clausuraba medios de prensa y suspendía las garantías individuales. Las acusaciones sobre torturas se sucedían

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Violencia y elecciones

en la prensa y en el Parlamento. También eran frecuentes las denuncias de acción coordinada entre los grupos de extrema derecha y los servicios de seguridad del gobierno. El momento más duro del año llegó el 6 de setiembre, cuando ciento seis tupamaros escaparon del penal de Punta Carretas. Para el gobierno, esa fuga significaba perder casi todo lo que se había ganado en años de actividad represiva. El 9 de setiembre, el presidente Pacheco firmó el decreto que ponía en manos de los militares la lucha contra la guerrilla. En ese dif ícil clima se fueron delineando las ofertas electorales. Y todos los partidos tomaron decisiones que, en conjunto, terminaron por conformar un paisaje muy distinto al de los comicios de 1966. En el Partido Colorado (es decir, el partido de gobierno) las dos principales novedades fueron el alejamiento de la Lista 99 y la decisión de Pacheco de lanzarse a la reelección. La Lista 99, liderada por Zelmar Michelini, venía teniendo fuertes choques con el gobierno y con la mayoría del Partido Colorado. Michelini acusaba al gobierno de violar la Constitución y la ley, y era acusado por varios de sus correligionarios de simpatizar con quienes atentaban contra las instituciones. A fines de 1970, el comité ejecutivo de la Lista 99 propuso formalmente a su congreso la ruptura con el Partido Colorado. La propuesta fue aprobada y, en enero de 1971, se firmó el acuerdo que creaba el Frente del Pueblo: una coalición entre la Lista 99, el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y algunos ciudadanos independientes. El Frente del Pueblo fue, al igual que el FIdeL, uno de los embriones de los que nacería el Frente Amplio. La escisión de la Lista 99 (que había votado muy bien en las elecciones anteriores) y muy especialmente el alejamiento de Michelini, (un senador con alta visibilidad en esos años) fue un golpe para el Partido Colorado. Pero el tema no recibió demasiada atención, porque la interna empezaba a estar dominada por el debate sobre la posible reelección de Pacheco. La propuesta de reelección inmediata del presidente contrariaba una larga tradición nacional. Ya la primera Constitución, del año 1830, establecía que “las funciones del Presidente durarán por cuatro años; y no podrá ser reelegido sin que medie otro tanto tiempo entre su cese y la reelección”. El principio se mantuvo en las Constituciones de 1918, 1942, 1952 y 1967. Generaciones de estudiantes de la Facultad de Derecho

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habían aprendido de Justino Jiménez de Aréchaga que el fundamento de esa decisión constitucional era evitar el uso de la influencia oficial para lograr un ejercicio continuado del cargo que no conviene al régimen democrático. A pesar de esa tradición, el sector políticamente más próximo al presidente entendía que la situación requería una reelección. Las instituciones estaban bajo amenaza y la firmeza de Pacheco era su última salvaguarda. Como no había apoyo parlamentario para aprobar una ley constitucional que fuera sometida a plebiscito, ni tampoco para convocar a una Convención Constituyente, se propuso usar el otro procedimiento previsto en la Constitución: la ratificación plebiscitaria simultánea a las elecciones nacionales. Para que el plebiscito fuera afirmativo se precisaba el apoyo de la mayoría absoluta de los votantes, siempre y cuando éstos representaran al menos al 35 por ciento del total de inscriptos. En julio de 1970 quedó integrada la Unión Nacional Reeleccionista (UNR), conformada principalmente por dirigentes de la Unión Colorada y Batllista. El 24 de marzo de 1971, el dirigente pachequista Raumar Jude manifestaba a El Diario su confianza en que se superaría el número de firmas requeridas para convocar a la consulta. Su pronóstico se cumplió. El 14 de mayo se presentaron en el Parlamento más de cuatrocientas mil firmas recabadas por los integrantes de la UNR. La cifra era impresionante. Como punto de referencia, había cien mil firmas más que la cantidad de votos que obtendría el Frente Amplio a fines de ese año. El 25 de agosto, durante un acto en Piedra Alta, Pacheco aceptó públicamente el ofrecimiento reeleccionista. Pacheco necesitaba un compañero de fórmula para su intento reeleccionista, y terminó encontrándolo en el Ruralismo. Los ruralistas le estaban dando un apoyo casi incondicional y muchos eran de origen blanco, lo que les añadía atractivo electoral. Su primera elección fue Federico García Capurro, pero éste no aceptó y sugirió el nombre de Juan María Bordaberry. Según narró años después a César Di Candia, “le dije que la persona adecuada era Bordaberry, porque era honrado y podía aportarle unos cuantos votos de los que habían pertenecido a Chico Tazo”. Pero pocos pensaban que Pacheco pudiera lograr la reelección. Para lograrlo se necesitaban 700 mil votos, y cualquier observador atento sabía que esa cifra era casi inalcanzable. Lo importante era entonces definir una candidatura para el caso de que Pacheco no consiguiera ser reelecto. El diario El Día lo expresaba

claramente en esos días: “al no contar los continuistas con los setecientos mil sufragios necesarios para hacer posible la reforma constitucional, la nominación para el régimen vigente adquiere gran importancia”. Quien fuera candidato, tenía altas probabilidades de ser el sucesor de Pacheco. El vicepresidente Alberto Abdala tenía aspiraciones, pero no contaba con la confianza del presidente. Buscando una alternativa, Pacheco le ofreció la candidatura a Manuel Flores Mora, que estaba lejos de sus posiciones políticas pero al que respetaba como un auténtico batllista. Pese a lo atractivo de la oferta, “Maneco” la rechazó. Los nombres de Carlos Pirán, Héctor Giorgi, Glauco Segovia, Aquiles Lanza y Augusto Legnani pasaron a integrar una lista de posibles candidatos. A mediados de octubre, las personas que formaban el entorno más íntimo de Pacheco (entre ellos, Glauco Segovia, Adolfo Castells y Raumar Jude) llegaron a la conclusión de que Bordaberry era el mejor candidato. Era un hombre de perfil bajo y sin vocación de liderazgo político, de modo que no iba a plantear obstáculos al proyecto de Pacheco de volver como candidato en 1976. Su condición de dirigente ruralista podía atraer votos del Partido Nacional. Además, su imagen de hombre tradicional y honesto (estanciero ‘progresista’ que invertía en sus praderas, católico preconciliar y jefe de una familia “a la antigua”) parecía adecuada para el electorado que se quería captar. También era verdad que Bordaberry estaba lejos de lo que se solía pedir a un candidato a presidente. Tenía poca experiencia como legislador y como miembro del Poder Ejecutivo (en ese momento se desempeñaba sin mayor brillo como ministro de Ganadería y Agricultura). No era un “junta votos”, ni un negociador, ni un hombre con capacidad de propuesta, ni alguien familiarizado con la interna partidaria. De hecho, ni siquiera tenía una identidad política clara: en 1946, cuando había votado por primera vez, lo había hecho por el colorado Tomás Berreta. En 1950 había dado su voto a César Mayo Gutiérrez, un batllista del diario El Día. En 1954 había apoyado a Luis Alberto de Herrera. Con la llegada de Benito Nardone a la escena política, se había integrado a sus filas y había sido electo senador en las elecciones de 1962. Pero había abandonado el cargo en 1964, tras el fallecimiento de su líder. Tras un análisis de sus debilidades y fortalezas, la balanza terminó por inclinarse a favor de Bordaberry. El 22 de octubre, a primera hora de la tarde, Glauco Segovia

La reelección presidencial y la Constitución de 1967 Art. 152. El Presidente y el Vicepresidente durarán cinco años en sus funciones, y para volver a desempeñarlas se requerirá que hayan transcurrido cinco años desde la fecha de su cese. (…) Art. 331. La presente Constitución podrá ser reformada total o parcialmente, conforme a los siguientes procedimientos: A- Por iniciativa del diez por ciento de los ciudadanos inscriptos en el Registro Cívico Nacional, presentando un proyecto articulado que se elevará al Presidente de la Asamblea General, debiendo ser sometido a la decisión popular en la elección inmediata. (…) B- Por proyectos de reforma que reúnan dos quintos del total de componentes de la Asamblea General, presentados al Presidente de la misma, los que serán sometidos al plebiscito en la primera elección que se realice. Para que el plebiscito sea afirmativo en los casos de los incisos A) y B), se requerirá que vote por “Si” la mayoría absoluta de los ciudadanos que concurran a los comicios, la que debe representar cuando menos, el treinta y cinco por ciento del total de inscritos en el Registro Cívico Nacional. C- Los Senadores, los Representantes y el Poder Ejecutivo, podrán presentar proyectos de reforma que deberán ser aprobados por mayoría absoluta del total de los componentes de la Asamblea General. (…) D- La Constitución podrá ser reformada, también, por leyes constitucionales que requerirán para su sanción, los dos tercios del total de componentes de cada una de las Cámaras dentro de una misma Legislatura. (…) E) Si la convocatoria del Cuerpo Electoral para la ratificación de las enmiendas, en los casos de los apartados A), B), C) y D), coincidiera con alguna elección de integrantes de órganos del Estado, los ciudadanos deberán expresar su voluntad sobre las reformas constitucionales, en documento separado y con independencia de las listas de elección. Cuando las reformas se refieran a la elección de cargos electivos, al ser sometidas al plebiscito, simultáneamente se votará por esos cargos por el sistema propuesto y por el anterior, teniendo fuerza imperativa la decisión plebiscitaria. Art. 77, inciso 5: El Presidente de la República y los miembros de la Corte Electoral no podrán formar parte de comisiones o clubes políticos, ni actuar en los organismos directivos de los Partidos, ni intervenir en ninguna forma en la propaganda política de carácter electoral. 

(existía un acuerdo entre los dos, pero el votante podía elegir a quién colocaba primero). Luego había dos candidaturas menores. Tras las elecciones de 1966, el Partido Nacional se había ido estructurando en cuatro sectores: el Herrerismo tradicional, encabezado por Martín Echegoyen, que se había aliado con el Movimiento Popular Nacionalista de Dardo Ortiz; el Movimiento de Rocha, que hasta 1969 estuvo presidido por el Dr. Alberto Gallinal y luego tuvo como principal figura al senador Carlos Julio Pereyra; el Movimiento Herrera-Heber, liderado por Alberto Heber, y el grupo Unión Nacional Blanca (UNB), orientado por Washington Beltrán. Este esquema estaba siendo sacudido por el creciente protagonismo de Wilson Ferreira Aldunate, que había sido electo senador por el grupo de Washington Beltrán pero en los años siguientes había adquirido personalidad propia. Ferreira era al mismo tiempo una esperanza de renovación dentro del Partido Nacional y una fuente de tensiones dentro de la Unión Nacional Blanca.

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cronología

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salió de una reunión en la que habían estado presentes Pacheco y sus principales allegados. Ante los periodistas que esperaban, Segovia anunció que Bordaberry sería el candidato a presidente por el régimen vigente, y Jorge Sapelli el candidato a vice. La legislación electoral de la época permitía que cada partido presentara varios candidatos a presidente, que sumaban votos para competir con los partidos rivales pero competían internamente entre sí. En total, el Partido Colorado presentó siete fórmulas. La primera era la fórmula Pacheco–Bordaberry, para el caso en que hubiera reelección. La segunda era la fórmula Bordaberry–Sapelli, para el caso de que no la hubiera (un mismo votante podía incluir en el sobre la papeleta a favor de la reforma constitucional, la papeleta con la fórmula Pacheco–Bordaberry y la papeleta Bordaberry–Sapelli). La Lista 15 presentaba como candidato a presidente a Jorge Batlle, que proponía un programa económico liberalizador. Otras dos fórmulas eran Amílcar Vasconcellos–Manuel Flores Mora y Manuel Flores Mora–Amílcar Vasconcellos

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Wilson Ferreira en campaña electoral.

El 28 de noviembre de 1970 Ferreira fundó el movimiento “Por la Patria”. El gesto significaba una ruptura con Beltrán, pero al mismo tiempo Ferreira quiso dar un mensaje apaciguador y propuso la redacción de un programa único a ser aceptado por los diversos sectores. De inmediato se constituyó una comisión encargada de redactarlo, que no llegó a mayores resultados. Mientras tanto, el Directorio resolvió modificar la Carta Orgánica para facilitar la elección de autoridades comunes. El gran desaf ío de los blancos era mantener la unidad en un momento de polarizaciones. En 14 de marzo de 1970 se realizaron elecciones internas para designar a las nuevas autoridades partidarias. Se presentaron dos listas: una liderada por Alberto Heber y otra por el historiador Juan Pivel Devoto. Heber ganó por un voto y pasó así a presidir el Directorio. Heber aspiraba a ser candidato presidencial y multiplicaba sus contactos con los demás sectores. Pero también Wilson Ferreira anunció su postulación en un acto realizado el 31 de julio. El 9 de noviembre, Ferreira le propuso a Carlos Julio Pereyra (que había rechazado previamente una propuesta de Heber) la constitución de una fórmula común. Las negociaciones concluyeron el 5 de diciembre con un acuerdo entre Por la Patria y el Movimiento de Rocha que se expresó en un programa llamado “Nuestro compromiso con usted”. La fórmula Ferreira-Pereyra presentó tres listas al senado: una encabezada por el propio Pereyra, otra por Washington Beltrán y la tercera, correspondiente al movimiento Por la Patria, liderada por Dardo Ortiz. “Nuestro compromiso con usted” proponía una serie de transformaciones profundas, entre las que se incluía una reforma agraria (sobre la que Ferreira había trabajado en sus tiempos de ministro) y la nacionalización de la banca. Las propuestas expresaban una voluntad de superar los conflictos mediante una actitud abierta y transformadora. Frente a la insistencia pachequista en la represión y en el discurso anticomunista, Wilson

12 de febrero: el gobierno instala consejos interventores en Secundaria y UTU. Son clausurados El Popular, De Frente y BP Color. 4 de marzo: la comisión permanente del Poder Legislativo levanta las medidas prontas de seguridad. 5 de marzo: el Poder Ejecutivo reimplanta las medidas prontas de seguridad. 8 de marzo: trece tupamaras se fugan de la cárcel de mujeres.

13 de abril: el MLN-T asesina al comisario Héctor Morán Charquero. 29 de mayo: los Tupamaros copan el Centro de Instrucción de la Armada. 31 de mayo: es muerto en tiroteo el tupamaro Hernán Pucurull y son heridos varios policías y civiles. 8 de junio: la comisión especial del Senado aprueba por unanimidad el informe que da por probada la existencia de torturas en dependencias policiales del Estado. 4 de julio: el MLN-T mata al agente Armando Leses,

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Ferreira intentaba hacer una defensa progresista del orden democrático. La nueva fórmula blanca concitó la atención de muchos ciudadanos (incluidos muchos jóvenes) que la vieron como una oportunidad de renovación. Los grupos liderados por Echegoyen y Heber empezaron a sufrir los efectos de la atracción que ejercía Wilson Ferreira. En poco tiempo, el líder de Por la Patria captó a dirigentes como Walter Santoro, Pedro Zabalza (padre del dirigente tupamaro), Héctor Gutiérrez Ruiz y Alberto Zumarán. Para intentar frenar la pérdida de apoyos, Echegoyen y Heber coincidieron en la necesidad de encontrar un candidato que propusiera una presidencia fuerte, decidida a confrontar la guerrilla y la agitación sindical. Si Wilson Ferreira les cerraba el camino hacia el centro, sólo quedaba competir por el espacio que ocupaba Pacheco. Pensando de este modo, Echegoyen y Heber ofrecieron la candidatura presidencial al general Mario Aguerrondo. La fórmula Aguerrondo–Heber se proclamó el 1º de octubre, en un acto celebrado frente al monumento a Luis Alberto de Herrera. La otra gran novedad de las elecciones de 1971 fue el nacimiento del Frente Amplio. Por primera vez en la historia del país, la izquierda había encontrado una fórmula para votar unida. También conseguía tejer acuerdos con grupos significativos que se escindían de los partidos tradicionales. La época de los frentes puramente testimoniales, como hasta entonces había sido el FIdeL, se había terminado. En julio de 1970, la convención del Partido Demócrata Cristiano (PDC) abrió la puerta a la búsqueda de acuerdos con otras fuerzas políticas y decidió dejar en suspenso la proclamación de candidatos. El 7 de octubre de ese año, varias personalidades de izquierda, entre las que estaban Oscar Bruschera, Julio Castro, Germán D´Elía, Carlos Quijano y Héctor Rodríguez, hicieron un llamado desde las páginas de Marcha a generar un acuerdo que sacara al país de la crisis estructural y garantizara el ejercicio de las libertades fundamentales. En enero

de 1971, el PDC y la Lista 99 crearon el Frente del Pueblo. El 5 de febrero se aprobó la declaración constitutiva del Frente Amplio, firmada por esos dos grupos, el Partido Socialista, el Movimiento Socialista, el Partido Comunista, el FIdeL, un movimiento escindido del Partido Nacional y liderado por Francisco Rodríguez Camusso, el Movimiento Herrerista Lista 58, el grupo “Pregón” (dirigido por la senadora Alba Roballo, proveniente del Partido Colorado), los Grupos de Acción Unificadora (GAU), el Partido Obrero Revolucionario, el Movimiento Revolucionario Oriental y un comité representativo de los ciudadanos que habían firmado la declaración del 7 de octubre. Pocos días más tarde se sumó la Unión Popular de Enrique Erro. Las fuerzas que conformaban la nueva coalición decidieron darse autoridades comunes. La presidencia del Frente quedó en manos del general Líber Seregni, un militar retirado que había sonado hasta 1970 como posible candidato del Partido Colorado. También se acordó que el Frente Amplio se presentaría a las elecciones bajo el lema del PDC, que cumplía con las condiciones legales para permitir la acumulación por sublemas. Paralelamente se inició una fuerte campaña de organización y de movilización

que tenía como pieza clave a los recién creados Comités de Base. El Frente Amplio presentó unas “Bases programáticas de la unidad” que combinaban una fuerte afirmación democrática (plena vigencia de las libertades y de las garantías constitucionales y legales), algunas ideas de cuño desarrollista que eran básicamente una radicalización de las propuestas de la CIDE y la CEPAL (reforma agraria, fomento del cooperativismo, nacionalización de la banca, de los grandes monopolios y del comercio exterior) y una retórica de claro cuño izquierdista (el programa se definía como “antioligárquico y antiimperialista, popular y nacional”). Pero, a diferencia de lo que había hecho la Unidad Popular en Chile, el programa de gobierno del Frente Amplio no proponía la instalación del socialismo. El carácter transformador pero no socialista del programa del Frente Amplio llevó a que los tupamaros discutieran si merecía su apoyo o no. Finalmente decidieron dar un apoyo crítico, en el entendido de que un gobierno frentista sería una etapa de transición hacia la sociedad socialista. Una vez definida la estrategia, la dirección del MLN-Tupamaros decidió crear el Movimiento 26 de Marzo como grupo legal dentro de

Declaración del MLN-Tupamaros ante la creación del Frente Amplio (…) No creemos, honestamente, que en el Uruguay, hoy, se pueda llegar a la revolución por las elecciones. No es válido trasladar la experiencia de otros países. En el Uruguay de hoy, la radio, la televisión, y el 90% de la prensa escrita están en poder de los capitalistas, y el 100% está censurada. El gobierno determina lo que se puede informar y lo que no. Los oligarcas son los que detentan los ingentes medios económicos para financiar las costosas campañas electorales (...) Todo esto impide que se pueda hablar de una libre expresión de los ciudadanos, de libertad de votos.

(…) El MLN-T entiende positivo que se forje una unión de fuerzas populares tan importantes, aunque lamenta que esta unión se haya dado precisamente con motivo de las elecciones y no antes. (…) Consideramos conveniente plantear nuestro apoyo al Frente Amplio. (...) Lo hacemos en el entendido de que su tarea principal debe ser la movilización de las masas trabajadoras y de que su labor dentro de las mismas no empieza ni termina con las elecciones (...) La lucha armada y clandestina de los tupamaros no se detiene. 

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custodia en la casa del subjefe de policía de Montevideo. 21 de julio: ola de atentados con bombas tipo molotov contra residencias de dirigentes y militantes políticos de izquierda y personas presuntamente vinculadas con el MLN-T. 28 de julio: los Tupamaros secuestran de su hogar al juez de instrucción de primer turno Daniel Pereyra Manelli. 31 de julio: los Tupamaros secuestran a Dan Anthony Mitrione y Aloysio Dias Gomide. 1º de agosto: comunicado del ministerio del Interior

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autorizando a abrir fuego sin previo aviso sobre cualquier persona sorprendida en actitud sospechosa. 5 de agosto: el juez Pereyra Manelli es liberado. 7 de agosto: secuestro de Claude Fly, detención de Raúl Sendic, caída de la dirección del MLN- T. 9 de agosto: asesinato de Mitrione. 11 de agosto: la Asamblea General autoriza durante 20 días la suspensión de garantías individuales solicitada por el Poder Ejecutivo. 13 de setiembre: es atacado con bombas

incendiarias el domicilio del hermano del ministro de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Peirano Facio. 14 de setiembre: atentado contra el depósito de la textil Sudamtex, contra Press Wireless y contra Harvester por parte del MLN-T. 18 de setiembre: se aprueba la ley que establece sanciones para aquellos que no concurran a votar. 29 de setiembre: atentado contra el Bowling de Carrasco por parte del MLN-T.

Los resultados de las elecciones de 1971

Renovación de todos los cargos [28/11/1971] LEMA

SUFRAGIOS

% SOBRE EL TOTAL

PARTIDO COLORADO

681.624

41,5

JUAN MARÍA BORDABERRY

379.515

22,8

JORGE BATLLE

242.804

14,6

AMÍLCAR VASCONCELLOS

48.844

2,9

OTROS Y AL LEMA

10.461

0,6

668.822

40,2

WILSON FERREIRA

439.649

26,4

MARIO AGUERRONDO

228.569

13.7

604

0,0

304.275

18,3

PARTIDO NACIONAL

OTROS Y AL LEMA PARTIDO DEMÓCRATA CRISTIANO (FRENTE AMPLIO) LÍBER SEREGNI

1.171.020

FIDEL (INCLUYE P. COMUNISTA)

100.211

6.0

FRENTE DEL PUEBLO (PDC Y LISTAS 99 Y 88)

439.649

26,4

PATRIA GRANDE (ERRO) FRENTE SOCIALISTA (INCLUYE P. SOCIALISTA)

70.944

4,3

439.649

26,4

4.457

0,3

OTROS UNIÓN RADICAL CRISTIANA DANIEL PÉREZ DEL CASTILLO TOTAL

8.844

0,5

439.649

26,4

1.663.565

Fuente: Banco de Datos, Área Política y Relaciones Internacionales, FCS-Udelar.

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Campaña dura, resultado debatido El año electoral terminó con la estabilidad económica que había logrado el gobierno de Pacheco. La producción y las exportaciones cayeron, la inflación se elevó al 6 por ciento mensual en el último trimestre de 1971, el déficit fiscal llegó al 30 por ciento de los egresos y el endeudamiento externo superó en un 41 por ciento al de 1968. La desocupación aumentó al 7,6 por ciento de la población activa. Pero el salario real se mantuvo un 16 por ciento por encima del de 1968 y el monto de la jubilación media había aumentado un 61 por ciento en relación a la de ese año. Pese a que los Tupamaros redujeron sus acciones para no perjudicar electoralmente al Frente Amplio, y pese a que el gobierno levantó las restricciones al funcionamiento de las organizaciones políticas, la campaña electoral se desarrolló en un clima de violencia. Casi a diario se reportaban atentados contra locales de todos los partidos. También eran frecuentes los enfrentamientos entre militantes frenteamplistas y simpatizantes pachequistas. Dos personas desaparecieron durante la campaña: Abel Ayala (estudiante y funcionario de sanidad policial) y Héctor Castagnetto (que tenía dos hermanas procesadas por integrar el MLN). También hubo ataques con armas de grueso calibre y explosivos contra domicilios de militantes de izquierda. El 7 de noviembre, los integrantes de la fórmula presidencial del Frente Amplio llegaron al departamento de Rocha. En la ciudad de Castillos, el ómnibus en el que viajaban Líber Seregni y Juan José Crottogini (su compañero de fórmula) fue atacado a balazos. Uno de los disparos hirió de muerte a un niño de once años. A diferencia de lo que ocurría a principios de los años sesenta, ahora existía una violencia organizada de izquierda y una violencia organizada de derecha. El país vivía bajo medidas prontas de seguridad. Gran parte de la campaña electoral giró en torno a la figura de Pacheco y a

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7 de octubre: Óscar Bruschera, Héctor Rodríguez, Germán D´Elía, Carlos Quijano y Julio Castro, entre otros, firman una declaración convocando a generar un acuerdo político de izquierda. 8 de octubre: ola de atentados del MLN-T contra Coca- Cola, Panamerican y General Electric y los editores de varios diarios. 13 de noviembre: asalto del MLN-T a la Caja Nacional de Préstamos Pignoraticios. 28 de noviembre: Wilson Ferreira funda el movimiento Por la Patria.

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5 de diciembre: acuerdo entre Por la Patria y el Movimiento de Rocha. 14 de diciembre: el Poder Ejecutivo levanta las restricciones para el funcionamiento de las organizaciones políticas. 1971

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Esas medidas incluían la reforma agraria y la expropiación de todo emprendimiento que hubiera alcanzado cierto tamaño: los “grandes establecimientos ganaderos, grandes plantaciones y grandes tambos”, las “grandes fábricas”, los “grandes supermercados, almacenes, tiendas y mercados de carne” y los inmuebles de los “grandes propietarios de viviendas”. También se proponía la estatización del comercio exterior, del ahorro y del crédito, y la expropiación sin pago de indemnización de las “grandes industrias, comercio y bancos” en poder “total o parcial” del capital extranjero. El objetivo final era establecer un régimen de economía central planificada.

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la coalición y apoyar la lista encabezada por Enrique Erro. Con los recursos aportados por el MLN, el Movimiento 26 de Marzo consiguió editar un periódico (La Idea) y una revista (Cuestión). También logró integrar a su dirección a un grupo de intelectuales prestigiosos entre los que estaban Mario Benedetti, Domingo Carlevaro y Daniel Vidart. Pro el liderazgo efectivo quedó en manos de los hombres puestos por el MLN-Tupamaros: Washington Rodríguez Belletti y Kimal Amir. Los Tupamaros especificaron en un documento las medidas que, a su juicio, debía adoptar un gobierno de izquierda.

8 de enero: el MLN-T secuestra al embajador inglés Geoffrey Jackson. 11 de enero: el Ejecutivo solicita al Legislativo la suspensión de garantías individuales. 5 de febrero: se forma la coalición de izquierda Frente Amplio.

21 de febrero: es liberado Dias Gomide. 2 de marzo: la policía encuentra un completo archivo del MLN-T con fichas individuales de integrantes de la policía y las Fuerzas Armadas. 7 de marzo: es liberado Claude Fly. 10 de marzo: el MLN-T secuestra al fiscal de Corte Guido Berro Oribe. 16 de marzo: el Ejecutivo solicita al Legislativo la suspensión de garantías individuales. 23 de marzo: es liberado Guido Berro Oribe.

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la reforma constitucional. Un punto de debate particularmente intenso era la constitucionalidad del intento reeleccionista. Quienes lo criticaban decían que el día de las elecciones estaría vigente la Constitución anterior, y que esa Constitución prohibía la reelección inmediata: la reforma podía intentarse, pero de ser aprobada sólo podría aplicarse a partir de los siguientes comicios. Quienes defendían el intento apelaban al artículo 331 del texto constitucional. Su argumento era contundente, porque en el inciso E) de ese artículo está expresamente prevista la posibilidad de que se modifique el régimen electoral el mismo día de las elecciones. Pero, aun aceptando que el intento de reforma fuera constitucional, la manera en que se quería lograrlo no lo era. Casi toda la publicidad electoral del oficialismo tenía a Pacheco como centro. Los reeleccionistas lo presentaban como un líder natural que tenía la autoridad necesaria para poner orden. Una foto de campaña lo mostraba con una camisa de cuello abierto, un poncho en la mano, botas y un pie sobre una roca. Bordaberry apenas figuraba. El 22 de noviembre, Pacheco pronunció un discurso de fuerte tono electoral que fue retransmitido el miércoles y viernes previos a las elecciones. Todo eso transgredía la disposición constitucional que prohíbe al presidente toda actividad partidaria. En el Partido Nacional, Wilson Ferreira y su renovado programa político concitaban casi toda la atención. La gira electoral por el interior lo consolidó como líder partidario. Ferreira era un orador que cautivaba a su audiencia y movilizaba la tradicional emotividad blanca. Un spot televisivo lo mostraba en el monumento a Aparicio Saravia, con la bandera nacional detrás y diciendo: “¡Ordene, mi general!”. El Frente Amplio consiguió un nivel de movilización como la izquierda uruguaya nunca había tenido antes. La red de Comités de Base y la militancia aportada por los partidos permitieron cubrir Montevideo y varias ciudades del interior con mensajes políticos transmitidos mediante pintadas, volantes y “pegatinas”. Seregni

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Los uruguayos concurrieron masivamente a votar en 1971.

no tenía el carisma de Ferreira pero conseguía transmitir una imagen de firmeza, honradez y compromiso. Su estilo también le permitía actuar como figura aglutinadora de una coalición que tenía una gran heterogeneidad interna. El acto de cierre de campaña del Frente Amplio, en la entonces llamada Avenida Agraciada (hoy Avenida del Libertador) fue el acto político más grande que se había realizado hasta entonces en el país. La enorme concurrencia hizo creer a muchos (tanto dentro del Frente como afuera) que era posible una victoria electoral de la izquierda. En realidad, lo que mostró ese acto fue que una proporción muy alta de los votantes frentistas eran ciudadanos movilizados capaces de salir a la calle. Los partidos tradicionales tenían una mayor proporción de simpatizantes que no estaban dispuestos a participar de movilizaciones, pero igual votaban. El día antes de las elecciones hubo un intento de contrarrestar el acto de cierre de la izquierda mediante la organización de una “Caravana de la Democracia”. Convocada por dirigentes blancos y colorados, la movilización también tuvo un alto número de participantes. Pero

Wilson Ferreira pidió a sus seguidores que no participaran y mostró su molestia cuando la caravana pasó frente a su casa y lo saludó con bocinazos. Para Ferreira, esa manifestación de signo puramente negativo, centrada en consignas que expresaban un anticomunismo primitivo, era exactamente lo que no había que hacer. El 28 de noviembre, las mesas receptoras de votos se abrieron en un clima cargado de tensión. Era la primera vez en la historia del país que se habían establecido sanciones para quienes no votaran. La obligatoriedad del voto estaba consagrada en la Constitución desde 1934, pero las sanciones sólo se establecieron en una ley del 18 de setiembre de 1970. Para el oficialismo, se trataba simplemente de cumplir con la Constitución. Para la oposición, era una maniobra de Pacheco para forzar el voto de una “mayoría silenciosa” que sentía temor ante el crecimiento de la izquierda. Las elecciones de 1971 también fueron las primeras en las que, según lo establecido en la Constitución de 1967, pudieron votar los soldados de línea. El desarrollo de los comicios fue complicado. Muchos circuitos tardaron 1971

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26 de marzo: proclamación de la candidatura de Seregni a la presidencia de la República. 30 de marzo: el MLN-T secuestra por segunda vez a Ulises Pereira Reverbel. 13 de abril: el MLN-T secuestra al empresario Ricardo Ferrés. 21 de abril: el MLN-T intenta secuestrar al dirigente ruralista Juan José Gari. 3 de mayo: se inicia la campaña de Wilson Ferreira con un discurso televisado.

14 de mayo: el MLN-T ataca a balazos en la puerta de su residencia al empresario Alfredo Raúl Deambrosis. Se presentan en el Parlamento las firmas recabadas por los integrantes de la Unión Nacional Reeleccionista.

7 de junio: segundo atentado contra el domicilio del rector de la Universidad, Óscar Maggiolo, y primero contra el domicilio del decano de la Facultad de Humanidades, Arturo Ardao.

15 de mayo: atentado del MLN-T contra el Cine Lutecia.

23 de junio: la OPR-33 secuestra al Dr. Alfredo Cambón.

16 de mayo: el MLN-T secuestra al ex ministro Carlos Frick Davie.

12 de julio: el MLN-T secuestra al industrial Jorge Berembau.

20 de mayo: atentados del MLN-T contra el Cine Rex y contra la casa-quinta de Jorge Peirano Facio, en Colón.

14 de julio: la Asamblea General decide levantar las medidas prontas de seguridad.

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historia de la izquierda uruguaya y el mayor crecimiento relativo en la historia electoral del país. Además se había producido otro hecho histórico: el Frente Amplio había superado el 30 por ciento de los votos en Montevideo, lo que lo convertía en la segunda fuerza electoral de la capital. Pero muchos frentistas se sintieron frustrados porque habían dado por seguro que ganarían la Intendencia de Montevideo El lunes 29, antes de que se conocieran los resultados primarios, el Directorio del Partido Nacional sostuvo que había irregularidades y denunció la desaparición de 90 urnas. La Corte Electoral desmintió el hecho y siguió adelante con su trabajo. El martes 30 se conocieron los resultados del escrutinio primario: el Partido Colorado estaba en primer lugar con 575.690 votos, contra 565.556 del Partido Nacional. La diferenZelmar Michelini y Alba Roballo: dos dirigentes colorados en la conformación del Frente Amplio. cia era inferior a 10 mil votos y quedaban 200 mil votos observados por escrutar. La lenta llegada de los resultados Estaba claro que la competencia estaba en ponerse en funcionamiento. Durante el día se multiplicaron las acusaciones de fue delineando el resultado. Dos cosas entre Wilson Ferreira y Bordaberry, pero un lado y de otro, que hablaban de des- estuvieron claras desde temprano. La la diferencia era tan exigua que no se trucción de listas y ataques a las mesas primera era que la reelección había fra- podía aventurar un resultado. receptoras. El horario de votación debió casado. Los reeleccionistas habían tenido Las semanas siguientes fueron de un gran éxito al recolectar inicialmente enorme tensión. El 1º de diciembre, el prolongarse hasta las 11 de la noche. Cuando empezó el conteo de votos, 400 mil firmas, pero luego tuvieron difi- Directorio del Partido Nacional contilas dificultades se hicieron más serias. cultades para ampliar ese apoyo. Según nuó con la denuncia de irregularidades Eso se debía en parte a lo complicado las cifras finales, la reforma que hubiera y retiró su confianza al ministro del de la operación, porque se estaba reali- permitido un segundo gobierno de Interior. El 30 de diciembre, Wilson zando simultáneamente un referéndum Pacheco obtuvo 491.680 votos. Era una Ferreira Aldunate denunció que existían cantidad muy inferior a los 700 mil sufra- más votos que votantes. Poco después, el constitucional y elecciones generales. Un mismo votante podía llegar a poner gios que se necesitaban, pero también era Directorio del Partido Nacional pidió la hasta siete hojas en el sobre. Solamente una confirmación del arraigo popular del anulación el acto electoral por ausencia en Montevideo se habían registrado 272 presidente: ningún otro candidato de los de garantías. La Corte Electoral desesque participó en las elecciones de 1971 timó la solicitud el 27 de enero. Al día hojas de votación diferentes. A estas dificultades inevitables se su- alcanzó esa cifra. siguiente, el Partido Nacional retiró sus Lo segundo que estuvo claro es que, delegados ante la Corte. maron incidentes que reflejaban el clima de tensión que se vivía. Los delegados contra las expectativas generadas al Llegado el mes de febrero, la Corte de los partidos y de la Corte Electoral final de la campaña, el Frente Amplio Electoral proclamó a Bordaberry como no se ponían de acuerdo en los criterios había quedado muy lejos de la victoria. triunfador de las elecciones. El Partido para el escrutinio. En algunos circuitos, El escrutinio final reveló que habían Colorado había recibido 681.624 votos, los delegados decidieron no hacer el votado por la coalición 304.275 uru- contra 668.882 del Partido Nacional. La recuento al no haber acuerdo sobre el guayos. Muchos militantes frentistas diferencia era inferior al 1 por ciento. procedimiento. Hubo denuncias de cir- vivieron con decepción este resultado, Wilson Ferreira había recibido muchos cuitos que no entregaron el acta al Minis- pero en realidad se trataba de un gran más votos que Bordaberry (439 contra terio del Interior tras haber concluido el éxito. En solo cinco años, la izquierda 379 mil), pero los sub-lemas minoritarios escrutinio. En otros sitios, simplemente había pasado de recibir menos del 7 por dentro del Partido Colorado habían votaciento de los votos a recibir más del 18 do mejor que los sub-lemas minoritarios hubo apagones que interrumpieron el por ciento. Era la mejor votación en la dentro del Partido Nacional . conteo.

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15 de julio: Pacheco reimplanta las medidas prontas de seguridad.

18 de agosto: la OPR-33 secuestra al empresario Luis Fernández Llado.

1º de octubre: primer acto de la fórmula Mario Aguerrondo- Alberto Heber.

17 de julio: el tupamaro Raúl Bidegain Greissing se escapa del penal de Punta Carretas.

25 de agosto: se inicia la campaña reeleccionista de Pacheco.

30 de julio: 38 guerrilleras se escapan de la cárcel de mujeres.

6 de setiembre: fuga masiva del penal de Punta Carretas.

20 de octubre: el gobierno hace una exposición de material incautado por la policía en locales de la Universidad de la República.

4 de agosto: la OPR-33 pone bombas que destrozan el local central de la Unión Colorada y Batllista, en la calle Mercedes 1319.

9 de setiembre: liberación del embajador Jackson. Por decreto, el Poder Ejecutivo dispone que los mandos militares asuman la conducción de la lucha antisubversiva.

6 de agosto: disparos contra 7 locales del Frente Amplio.

17 de setiembre: Acto de Wilson Ferreira en Maroñas.

23 de octubre: la OPR-33 secuestra a José Pereira González. 7 de noviembre: atentado contra el ómnibus donde viajaba Líber Seregni en Rocha. 27 de noviembre: “Caravana de la Democracia” compuesta por ciudadanos blancos y colorados

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El resultado era el peor esperable: Bordaberry había sido electo sin contar prácticamente con apoyos políticos. Los dos candidatos que habían recibido un claro respaldo popular habían perdido. Para peor, la legitimidad del resultado estaba afectada por sospechas de fraude. Ni Wilson Ferreira ni Carlos Julio Pereyra creyeron nunca en la justicia del escrutinio. ¿Fue efectivamente fraudulento el resultado de 1971? Aun a la distancia, la pregunta es dif ícil de responder. La acusación de que hubo más votos que votantes es cierta, pero el hecho pudo ocurrir sin que hubiera maniobras deliberadas. La mecánica del escrutinio era muy compleja. Un votante podía poner en su sobre la papeleta del “Sí” a la reforma, una lista de candidatos nacionales para el caso de que hubiera reelección, una lista de candidatos municipales para la misma hipótesis, una lista de candidatos nacionales para el caso de que no hubiera reforma y una lista para candidatos municipales en ese escenario (si prefería votar al lema, las cosas todavía podían complicarse). Las distintas listas de un mismo sector tenían números muy parecidos entre sí. Por ejemplo, el pachequismo usaba la lista 123 para las autoridades nacionales en el caso de que hubiera reforma, la lista 1123 para cargos nacionales en el caso de que no la hubiera, la lista 223 para las autoridades municipales con reforma y la 2123 para las municipales sin ella. Si alguien ponía dos listas iguales (por ejemplo, dos listas para cargos nacionales sin reforma constitucional), quienes participaban del escrutinio debían estar muy atentos para percibirlo. Y una vez que las listas eran colocadas sobre la pila correspondiente, ya no había manera de detectar el error. El escrutinio de 1966, en el que también se plebiscitaron reformas constitucionales, había sido más sencillo porque las hojas que elegían a los miembros de un colegiado eran fácilmente distinguibles de las que elegían un presidente. En las semanas posteriores a las elecciones se realizaron otras denuncias que hacen más probable la existencia de maniobras. En el Cilindro Municipal se

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contra una eventual victoria del Frente Amplio. 28 de noviembre: elecciones nacionales y plebiscito constitucional. Es electo Juan María Bordaberry.

Juan María Bordaberry. A su derecha, su mentor politico Jorge Pacheco.

encontraron urnas sin vigilancia ni precinto, y al menos en un terreno baldío se encontraron contenidos de urnas que nunca llegaron a la Corte. También hubo problemas con algunas urnas trasladadas desde el interior. Todo esto hace muy verosímil la existencia de maniobras deliberadas, pero queda la cuestión de saber si fueron suficientes para alterar el resultado. Treinta años después de aquellos hechos, nuevos datos parecieron confirmar la existencia de un fraude. El 6 de mayo de 2002, el gobierno de Estados Unidos desclasificó un conjunto de documentos que correspondían a la presidencia de Richard Nixon. Uno de ellos, redactado por el entonces secretario de Estado Henry Kissinger, mencionaba una conversación entre Nixon y el primer ministro británico Edward Heath. Durante esa charla, el presidente estadounidense habría dicho que “los brasileños ayudaron a amañar la elección uruguaya”. El hecho provocó 1971

reacciones inmediatas. Mientras el ex presidente Bordaberry descalificó la denuncia, varios allegados a Wilson Ferreira Aldunate la vieron como una confirmación de sus sospechas. Pero ese dato no puede ser considerado una prueba definitiva. En primer lugar, si efectivamente hubo fraude, es lógico pensar que fue cometido por uruguayos. Cualquier intervención de brasileños hubiera sido muy dif ícil de ocultar. Nixon, por su parte, no es una fuente demasiado confiable: su paranoia y su fascinación por las conspiraciones lo hacían ver operaciones secretas aun donde no las había. Finalmente, se sabe que los informes de inteligencia deben ser tomados con prudencia: es frecuente que oficiales de inteligencia se atribuyan resultados en los que no tuvieron ninguna incidencia, con el fin de mejorar su propia imagen ante sus superiores. Probablemente los uruguayos nunca sepamos si el resultado de las eleccio1971-1972

30 de diciembre: el Poder Ejecutivo clausura del diario El Eco.

de publicaciones, libros, folletos, revistas, etc. en los que se traten los temas de la violencia armada.

1º de diciembre: el Directorio del Partido Nacional denuncia graves irregularidades en el escrutinio y retira su confianza al ministro del Interior.

17 de diciembre: se aprueba el Decreto 25048, que crea la Junta de Comandante en Jefe de las FFAA y el Estado Mayor Conjunto (ESMACO).

13 de diciembre: atentado a balazos contra el edificio en donde vive Wilson Ferreira.

21 de diciembre: el MLN-T asesina al peón Pascasio Báez

14 de diciembre: por decreto se prohíbe la impresión, distribución, comercialización y/o difusión

22 de diciembre: es incendiada la sede del Club del Golf de Punta Carretas.

30 de diciembre: Ferreira Aldunate denuncia que hubo más votos que votantes en las elecciones de noviembre. 31 de diciembre: toma del aeropuerto militar de Paysandú, ocupación de Radio Faro del Litoral, toma del poblado de Constancia en Paysandú por el MLN-T. 1972

27 de enero: el MLN roba de armas en la estancia “San Ramón”.

Los tres meses que corrieron entre el día las elecciones y el momento en que asumió Bordaberry fueron críticos para el país. El 17 de diciembre, el gobierno creó por decreto la Junta de Comandante en Jefe y el Estado Mayor Conjunto (ESMACO). La Junta de Comandantes cumplía funciones de asesoramiento al presidente. El ESMACO, creado “a título experimental”, era un “órgano de estudio, asesoramiento, coordinación y planificación necesarios a los fines de la Seguridad y Defensa nacionales”. Aunque la ciudadanía no lo sabía entonces, la creación del ESMACO era el reconocimiento oficial de un grupo de trabajo que había sido creado meses antes por el general Gregorio Álvarez. El grupo se venía reuniendo en la Escuela de Armas del Ejército, ubicada en Cami-

El asesinato de Roque Arteche La Columna 15 del MLN, conocida por “los fierreros”, estuvo integrada por quienes tenían experiencia militar. Desde ella se planificaron asesinatos de civiles, policías y militares, y se proyectó la mayor parte de las acciones militares que el movimiento realizó a principios de los año setenta. Estaba integrada por Henry Engler, Donato Marrero, Adolfo Wassen, Mario Piriz y Mauricio Rosencof. La Columna 15 ordenó el asesinato de Roque Arteche, de quien se desconoce la fecha exacta de ejecución y el lugar de enterramiento. Arteche había sido reclutado por los tupamaros en

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28 de enero: el MLN libera a Ricardo Ferrés. 13 de febrero: el MLN copa Soca. Mueren dos policías. 24 de febrero: el MLN secuestra al fotógrafo policial Nelson Bardesio. 24 de febrero: la Corte Electoral da a conocer las cifras definitivas de las elecciones de noviembre. 28 de febrero: aparece el cuerpo sin vida y con signos de tortura de Ibero Gutiérrez.

el penal de Punta Carretas, pero había violado sus normas internas. En un libro de Clara Aldrighi publicado por Trilce, Jorge Zabalza resume la historia: “Otro caso es el de Roque Arteche, un tupamaro ex delincuente ajusticiado en 1971”. Según el testimonio de Zabalza, el Movimiento lo condenó a muerte por “haber robado dinero y armas en un local del MLN”. Más adelante, Zabalza agrega: “Aquí hay otra violación de los derechos humanos. Era como una forma de ejercicio del poder, igualmente impune. Del poder de vida o muerte que teníamos”. 

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Desde la radio emitieron una declaración de guerra: “Queda claro que este camino se reemprende porque el gobierno no da ni quiere otra salida. Queda, pues, exclusivamente sobre sus hombros la responsabilidad de haber desencadenado esta guerra civil. Y en esta guerra van a temblar, porque el pobrerío no tiene otra cosa que perder en esta batalla que un hambre muy vieja, y ustedes, los ricos, van a dormir inquietos”. En enero de 1972, los Tupamaros asaltaron una comisaría de Montevideo y trataron de secuestrar al propietario de Radio Montecarlo y Canal 4. El 13 tomaron la comisaría de Soca, se apropiaron de armamento y mataron a dos policías: el oficial ayudante Juan Manuel Molinari y el agente Sagunto Sánchez. También hirieron al agente José Alberto González Trías y a un civil llamado Luis Ballatín. El 24 de febrero secuestraron al fotógrafo policial Nelson Bardesio, a quien acusaban de ser un agente de la CIA. En ese mes también atentaron contra el comisario José Pedro Macchi y atacaron a una patrulla militar que hacía un control carretero. La violencia de extrema derecha también se hizo sentir en ese verano. El 28 de febrero, cerca de La Tablada, apareció el cadáver de Íbero Gutiérrez, un estudiante de 22 años que militaba en el Frente Amplio. Había desaparecido de su casa dos días antes y no se había vuelto a saber de él. Quienes lo asesinaron de trece balazos dejaron sobre su cuerpo un cartel: “Vos también pediste perdón. Bala por bala. Muerte por muerte. Comando Caza Tupamaros”. Cuando Juan María Bordaberry asumió la presidencia el 1º de marzo de 1972, recibió un país muy distinto del que habían recibido sus predecesores. El MLN se había declarado en guerra con el gobierno y multiplicaba sus acciones. En los primeros cuatro meses de la nueva administración, se denunciaron casi sesenta atentados sólo en Montevideo. Los militares se habían hecho fuertes en la lucha antiguerrillera y estaban cada vez más inclinados a abandonar sus funciones específicas. El número de efectivos casi se había duplicado desde comienzos

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El fin de la tregua y el nuevo gobierno

no Maldonado, y aspiraba a ser la usina de ideas de las Fuerzas Armadas. Ya a comienzos de 1971, Álvarez había escrito bajo seudónimo un texto en el que afirmaba: “Las fáciles y tendenciosas acepciones que se han dado a las expresiones de ‘Ejército civilista’ y ‘El Ejército debe dedicarse a sus funciones específicas’, no nos apartan de la responsabilidad de velar por los intereses comunes del país. Y si la salida está en el desarrollo, osamos parafrasear a Clemenceau, estableciendo que el desarrollo es un asunto muy delicado para dejarlo en manos de los economistas”. Los militares ya no pensaban solamente en ofrecer seguridad sino en impulsar políticas de desarrollo. La lógica golpista se había puesto en funcionamiento. A fines de 1971, el MLN-Tupamaros puso fin a la tregua electoral. El 21 de diciembre, un comando que realizaba acciones en el interior asesinó al peón rural Pascasio Báez, que había encontrado accidentalmente una “tatucera”. Al día siguiente fue incendiada la sede del Club del Golf de Punta Carretas. El 31 de diciembre, la denominada “Columna Leandro Gómez” del MLN ocupó Radio Faro del Litoral de la ciudad de Paysandú, un aeropuerto militar situado a tres kilómetros y el poblado Constancia, distante diez kilómetros de la capital sanducera.

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nes de 1971 fue fraudulento, aunque sí sabemos que hubo importantes irregularidades. De todas maneras, aunque el resultado final haya sido genuino, fue el peor que podía ocurrir. Uruguay tenía un presidente sin apoyo, sin capacidad negociadora y sin convicciones democráticas.

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1º de marzo: asume la presidencia Juan María Bordaberry.

17 de abril: asesinatos en la seccional 20 del Partido Comunista.

9 de marzo: el gobierno envía al Parlamento un proyecto de ley sobre el estado de guerra interno.

29 de abril: la OPR 33 ocupa las oficinas de la firma Manpower.

9 de abril: bombas dañan las casas de los senadores del Frente Amplio Zelmar Michelini y Enrique Rodríguez.

9 de mayo: es apresado el tupamaro Mario Píriz Budes.

12 de abril: segunda fuga del penal de Punta Carretas. 15 tupamaros y 10 presos comunes. 14 de abril: el MLN-T asesina a Acosta y Lara, Delega, Leites, Goñi y Motto.

11 de mayo: la OPR 33 secuestra a Sergio Molaguero, que es liberado el 19 de julio. 16 de mayo: Nelson Bardesio es liberado por el MLN. 18 de mayo: asesinatos de Saúl Correa, Osiris

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de los años 60. En total contaban con unos 20 mil hombres, 15 mil de los cuales pertenecían al Ejército. Bordaberry intentó formar un gobierno que tuviera un amplio apoyo de los partidos tradicionales. Sus primeras gestiones fueron con el Partido Colorado y resultaron exitosas: con la sola excepción del grupo liderado por el senador Vasconcellos, todos se comprometieron a sostenerlo. La Lista 15 pasó a integrar el gabinete con tres ministros: Francisco Forteza en Economía y Finanzas, Walter Pintos Risso en Obras Públicas y Julio María Sanguinetti en Educación y Cultura. El siguiente paso de Bordaberry fue buscar un acuerdo con la mayoría del Partido Nacional, liderada por Wilson Ferreira Aldunate. Pero Ferreira presentó unas “bases mínimas” no negociables que incluían la pacificación nacional, el desmantelamiento de los organismos estatales paralelos de represión (nunca reconocidos por el gobierno), la reforma agraria, la nacionalización de la banca, una ley orgánica para la enseñanza media y recursos para el desarrollo municipal y regional. Ferreira estaba exigiendo condiciones que hacían inviable el acuerdo. Para algunos, el líder blanco conocía las inclinaciones políticas de Bordaberry y no quería dar legitimidad a un gobierno que inevitablemente se volvería autoritario. Para otros, Wilson estaba ofuscado porque sentía que le habían robado la presidencia y se proponía debilitar al nuevo gobierno. Todavía necesitado de apoyo parlamentario, Bordaberry inició contactos con los sectores minoritarios del Partido Nacional, liderados por Martín Echegoyen, Mario Aguerrondo, los hermanos Alberto y Mario Heber, y Washington Beltrán. Esos grupos tenían en conjunto cinco senadores y quince diputados, entre los que estaba el joven Luis Alberto Lacalle. Al cabo de la negociación, se llegó a un “acuerdo nacional” cerrado el 9 de junio de 1972. El acuerdo incluía una reforma de la enseñanza, una política

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Núñez, Gaudencio Núñez y Ramón Jesús Ferreira. 25 de mayo: muerte de Luis Carlos Batalla, militante del Partido Demócrata Cristiano, en el batallón de Infantería número 10 de Treinta y Tres.

Pascasio Báez

Pascasio Báez estaba casado y tenía 46 años. Era simpatizante del Partido Nacional, pero no militaba en política. Era un típico trabajador rural: se ganaba la vida haciendo tareas de campo, en la construcción o reparando alambrados. Una mañana de diciembre de 1971 salió a buscar un caballo en la estancia “Espartaco”, ubicada en la zona de Pan de Azúcar. Sin proponérselo, supo ver entre los pastos una “tatucera” construida por los tupamaros (un refugio construido bajo tierra, que servía de escondite y lugar de aprovisionamiento a quienes realizaban acciones guerrilleras). Los tupamaros lo secuestraron y realizaron varias consultas en Pan de Azúcar y Montevideo. Finalmente decidieron ejecutarlo por razones de seguridad. La insurgencia iniciada en nombre del pueblo se cobraba la vida de un hijo del pueblo. El 21 de diciembre, Pascasio Baez recibió una inyección letal. Fue enterrado en el campo y se ocultó toda evidencia que pudiera revelar su suerte. Para el padre y la hermana de Baez, allí empezó una tragedia que luego vivirían otros uruguayos. Primero pensaron que se había ido a trabajar a unas chacras cercanas a Montevideo. Después pensaron que había discutido con su esposa. Pero les extrañaba no tener noticias de él, porque siempre escribía cuando salía a trabajar. Seis meses más tarde, su hermana Esther se enteró por la radio del hallazgo del

de distribución de tierras, medidas para estimular las exportaciones y una ley de promoción industrial. Tras recibir garantías de que esas medidas serían aprobadas, tres ministros blancos pasaron a integrar el gabinete: Luis Balparda Blengio en Industria, Carlos Abdala en Trabajo y Francisco Mario Ubillos en Transportes. Bodaberry había obtenido la mayoría que necesitaba, pero el Partido Nacional había abierto un doloroso capítulo de su historia. Wilson Ferreira atacó duramente a los nacionalistas que habían dado apoyo parlamentario al nuevo presidente

cuerpo. Al padre de Pascasio, el dolor le hizo perder la razón. Para Amnesty Internacional, un desaparecido es una persona privada de libertad por agentes del Estado, cuya suerte y paradero se ocultan. Para el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzosas e Involuntarias de las Naciones Unidas, una desaparición se produce cuando “una persona es arrestada, detenida, secuestrada o bien privada de su libertad por diferentes cuerpos oficiales o niveles gubernamentales; o por grupos organizados o individuales que actúan en su nombre; o con el apoyo directo o indirecto, el consentimiento o el permiso del gobierno, seguido de la negativa de revelar la suerte o el paradero de la persona en cuestión o la negativa de reconocer su privación de libertad, poniendo así a esta persona fuera del alcance de la protección de la ley”. Varios elementos de estas definiciones se cumplen en el caso de Pascasio Baez: hubo privación de libertad y hubo ocultamiento de su suerte y paradero (el cuerpo fue descubierto más tarde por los militares, contra la decisión de los tupamaros de mantenerlo oculto). También se desconoció su derecho a la vida, protegido por la Constitución y las leyes Quienes lo asesinaron no eran funcionarios del Estado, pero pertenecían a una organización que rivalizaba con el Estado y quería sustituirlo, hasta el punto de tener sus propias tropas y su propia administración de justicia. 

y los llamó “blancos baratos”. También exigió que el documento del acuerdo fuera aprobado por el Directorio del Partido (un reclamo que no tuvo eco, porque en esa época el Directorio tenía poco peso sobre los diferentes sectores). El episodio ahondó el distanciamiento entre Washington Beltrán y Wilson Ferreira. Beltrán sabía que Bordaberry era un presidente sin apoyo y tenía poca confianza en su capacidad negociadora. También sabía que había inquietud en el ejército y que la acción de la guerrilla era una amenaza real para las instituciones. Su gran preocupación era conseguir que

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5 de julio: el MLN responde negativamente a la rendición incondicional exigida por el presidente. 10 de julio: el Parlamento aprueba la ley de seguridad del Estado.

27 de mayo: cae la “cárcel del Pueblo”. Son liberados Ulises Pereira Reverbel y Carlos Frick Davie.

25 de julio: el MLN-T asesina all Coronel Artigas Älvarez.

9 de junio: se concreta el “acuerdo nacional” entre parte del Partido Nacional y Bordaberry.

18 de agosto: el MLN-T asesina al teniente Braida.

30 de junio: se inicia una tregua entre el Ejército y los tupamaros que se prolonga hasta el 23 de julio.

25 de agosto: se profundizan los trabajos conjuntos en el Batallón Florida entre militares y tupamaros, que duran hasta el 20 de setiembre.

1º de setiembre: detención de Sendic herido en la cara en un tiroteo con integrantes de la Marina. 11 de octubre: Michelini denuncia en el Senado actos de tortura sobre cuatro médicos. 20 de octubre: renuncia del ministro de Defensa Legnani. 27 de octubre: es puesto en prisión Jorge Batlle por haber criticado públicamente a las fuerzas armadas. Es liberado semanas más tarde.

Hacer historia, falsear la historia Por Félix Luna Hacer historia –es decir, profesarla, investigarla, enseñarla, mirar el pasado e interpretarlo– parece a primera vista un ejercicio intelectual inútil. Sin embargo, es mucha la gente que hace historia y muchos más los que la siguen. Los productos de quienes se dedican a ella se consumen en forma de libros, revistas, artículos, conferencias, cursos, y también películas, CDs, transmisiones de radio y televisión. ¿Qué significa este interés que, al menos en Argentina y Uruguay, se ha manifestado siempre y no parece decaer? Por de pronto, la atracción que tiene el pasado sobre la gente demuestra que no es una cosa muerta, sino algo vivo y pleno de inspiraciones. Pero además, en el caso de nuestros dos países, el cultivo y la frecuentación de la historia ha servido y sigue sirviendo para afirmar nuestras recíprocas identidades, establecer puntos de referencia en nuestra evolución, reconocernos en algunos personajes ilustres y enorgullecernos del patrimonio que han elaborado ambos pueblos. Imaginemos a un hombre que ha perdido la

memoria: sin duda sería un mutilado mental, alguien a quien falta un atributo esencial. Lo mismo ocurriría con un pueblo que ignorara o haya olvidado su propia historia: sería un conglomerado incapaz de reunirse alrededor de temas, tradiciones, figuras y recuerdos comunes. Imposibilitado para crear ese plebiscito cotidiano que, según Renan, es una nación. Pero en las últimas décadas está ocurriendo un fenómeno inverso e igualmente nocivo: la sobreabundancia de un supuesto saber histórico, la exageración en la interpretación de sucesos pretéritos, la divulgación mediática de formas de hacer historias sensacionalistas, extremosas o directamente mentirosas o falsas. No es la primera vez que esto ocurre en el campo historiográfico, pero es dañino. Tan malo es olvidar la historia como manipularla. Pues ella tiene, como disciplina intelectual, su propia dignidad. En consecuencia, no debe ponerse al servicio de ninguna ideología, ninguna facción, ningún partidismo. 

MLN puso en marcha el “Plan Mosquito”, dirigido a saturar a las fuerzas de seguridad con falsas denuncias.

La ofensiva del MLN y la radicalización del país El 14 de abril de 1972 fue un día negro en la historia del país. En esa fecha, el MLN lanzó una gran ofensiva con el propósito de ejecutar a presuntos integrantes de los escuadrones de la muerte y obligar a las Fuerzas Armadas a librar el combate final. A las 8 de la mañana, en el cruce de Rivera y Soca, un comando tupamaro asesinó al subcomisario Oscar Delega, a su chofer Carlos Leites y al agente Sagunto Goñi. Una hora más tarde, en Las Piedras, el capitán de corbeta Ernesto Motto fue abatido cuando salía de su casa. Cerca de las 11 de la mañana, dos francotiradores mataron al ex subsecretario de Interior Armando Acosta y Lara e hirieron a su esposa y a un custodio. En la operación participó el actual periodista Samuel Blixen. Otro intento de atentado terminó en un tiroteo en el que dos tupamaros perdieron la vida. Se llamaban Nicolás Gropp y Norma Carmen Pagliano. En respuesta a los asesinatos, la Policía y el Ejército allanaron varios locales que tenían identificados. En pocas horas cayeron dos casas de gran importancia logística para el MLN, ubicadas en las calles Amazonas y Pérez Gomar. Allí se ocultaba abundante documentación y una importante cifra de dinero. En los operativos murieron seis tupamaros: Alberto Candán Grajales, Gabriel Schroeder, Horacio Rovira, Armando Blanco, Luis Martirena y su esposa Idette Jiménez. También fueron capturados varios dirigentes, entre los que estaban Juan Almiratti y Eleuterio Fernández Huidobro. Al día siguiente, la Asamblea General aprobó la suspensión de las garantías individuales y el estado de guerra interno por treinta días. Ese instrumento concedía a las Fuerzas Armadas una amplia libertad para disponer de los detenidos. En las horas siguientes se sucedieron los allanamientos, las detenciones y los comunicados militares. El 17 de abril, efectivos de las Fuerzas Armadas ejecutaron a ocho militantes comunistas en un local de la calle Agraciada. Eran Luis Alberto Mendiola, José Ramón Abreu, Raúl Gancio, Justo W. Sena, Rubén Claudio López, Elman Milton Fernández, Ricardo Walter González y Héctor Cervelli. Como consecuencia de una herida recibida en la acción, también murió más tarde el capitán Wilfredo

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comisario Óscar Delega, al capitán Jorge Nader, al oficial inspector Pedro Fleitas, al coronel Walter Machado, al comisario Hugo Campos Hermida, al inspector Víctor Castiglioni y a tres civiles (Miguel Sof ía, Armando Acosta y Lara, y Ángel Crosas Cuevas). Todos ellos eran acusados de pertenecer a los escuadrones de la muerte. En su comunicado, el MLN convocaba “a todos los revolucionarios” a que hicieran “efectiva esta sentencia donde, cuando y como puedan”. El clima se deterioraba y el nuevo gobierno mostró muy rápido que estaba más preocupado por combatir a la guerrilla que por proteger los derechos de los ciudadanos. Durante la noche del 9 de abril se cometieron varios atentados contra figuras de la oposición, incluyendo un atentado con bomba en la casa del senador Zelmar Michelini y otro en el domicilio del senador comunista Enrique Rodríguez. Al día siguiente fue convocado al Parlamento el ministro de Defensa, general Enrique Magnani. En lugar de hacerse cargo de la gravedad de los hechos, Magnani afirmó que los atentados eran parte de “una campaña de desprestigio” y dijo que “los únicos culpables son las víctimas aparentes”. El 12 de abril, la fuga de quince tupamaros y diez presos comunes de la cárcel de Punta Carretas puso en jaque nuevamente a las autoridades y confirmó en muchos la imagen de una guerrilla fuera de todo control. En esos días el

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el país llegara a las elecciones de 1976. Por eso impulsaba la creación de una mayoría parlamentaria que diera algo de estabilidad al gonbierno. Según escribió más tarde, la coalición era necesaria “para que lo que había que realizar en un país hundido, no dejara de realizarse por falta de apoyo”. Mientras estas negociaciones se desarrollaban, el país seguía hundiéndose en la confrontación y la violencia. El secuestro del fotógrafo policial Nelson Bardesio, ocurrido en febrero, dio a lugar a un escándalo político. Algunas semanas después del secuestro, los Tupamaros divulgaron unas supuestas actas de interrogatorio en las que Bardesio reconocía la existencia de un escuadrón de la muerte y narraba su participación en cinco atentados y en un asesinato. Bardesio señalaba a varios altos oficiales de la policía como miembros del escuadro de la muerte y afirmaba que el Comando Caza Tupamaros (CCT) era un grupo paramilitar que coordinaba sus acciones con el Ministerio del Interior. Las revelaciones de Bardesio causaron un gran impacto, especialmente después de que el senador Enrique Erro las leyera en el Parlamento. Pero una mayoría de legisladores entendió que se trataba de una maniobra publicitaria de los Tupamaros. El MLN respondió con un “aviso a la población” en el que anunciaba que el “Tribunal del Pueblo” había condenado a muerte, entre otros, al sub-

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Busconi. El Partido Comunista denunció que sus militantes habían sido asesinados a sangre fría, mientras los mandos militares decían que las muertes habían sido fruto de un enfrentamiento. El 18 de mayo, día del Ejército, el MLN llevó adelante un operativo que terminó con la vida de cuatros soldados rasos que custodiaban la casa de su Comandante en Jefe. Se llamaban Saúl Correa, Osiris Núñez, Gaudencio Núñez y Ramón Jesús Ferreira. Según las Fuerzas Armadas, los soldados fueron baleados mientras dormían dentro de un jeep. Según el MLN, los soldados murieron como respuesta a los disparos de un quinto guardia que estaba en la azotea. Los cuatro murieron sin haber usado sus armas. Para los militares, el asesinato de subalternos el día del Ejército significó un agravio al honor de la fuerza y desató una fuerte reacción. El MLN, que se venía armando y organizando desde los tempranos años sesenta, no fue capaz de resistirla y fue derrotado en menos de seis meses. Varios factores contribuyen a explicar la rápida derrota de los Tupamaros. Uno de ellos es la incapacidad de la propia guerrilla para hacer evaluaciones realistas. Los Tupamaros sobrevaloraron sistemáticamente su propia fuerza y menospreciaron la fuerza de los militares. Un segundo factor es la rápida pérdida de apoyo popular que sufrió el MLN cuando empezó a cometer asesinatos. La relativa simpatía que habían despertado sus primeros golpes se convirtió en rechazo en cuanto hubo sangre. Muchos Tupamaros cayeron presos como consecuencia de denuncias de ciudadanos anónimos. En tercer lugar, el uso sistemático de la tortura por parte de las Fuerzas Armadas quebró los mecanismos de seguridad del MLN. En cuarto lugar, el Movimiento sufrió al menos dos grandes defecciones de dirigentes que se convirtieron en colaboradores de las Fuerzas Armadas (sus nombres eran Amodio Pérez y Mario Píriz Budes). El 24 de mayo de 1972, las Fuerzas Armadas allanaron la estancia “Sparta-

historiareciente

Tupamaros y derechos humanos Por Pablo da Siveira En setiembre del año 1972, el aparato militar de los tupamaros casi había desaparecido. Sendic, Fernández Huidobro, Marenales y casi todos los líderes históricos estaban en prisión. La “Cárcel del pueblo” y los principales refugios clandestinos habían caído. Los militantes que seguían en libertad estaban en plan de huída. En ese contexto, un grupo de oficiales con base en el Batallón Florida empezó a trabajar junto a los tupamaros presos para combatir ilícitos económicos. Guerrilleros y militares intercambiaron información sobre presuntas irregularidades y trataron de identificar a los supuestos culpables. En el Batallón Florida se llegó a habilitar una sala para el trabajo conjunto de oficiales y tupamaros. En una entrevista concedida a los periodistas Caula y Silva, Ettore Pierri cuenta así lo que ocurría: “El trabajo consistía en traer información, obtenerla, estudiarla, extraer de ahí nombres de presuntos implicados en fraudes o en ilícitos y a partir de eso, instrumentar operativos cuyo objetivo era agarrarlos presos”. La breve experiencia no es difícil de explicar. Los oficiales del Florida y los tupamaros prácticamente convivían, compartían un mismo desprecio por las instituciones democráticas y una comprensión igualmente mala de los fenómenos económicos (por eso creían que las dificultades del país se debían a la corrupción). No es raro entonces que hayan encontrado puntos de encuentro. Pero hay algo que es muy preocupante. Aunque muchos detalles de esa colaboración se desconocen, es claro que en esa época fueron detenidos presuntos culpables de delitos económicos. Fuentes tupamaras admiten que había un lazo entre sus investigaciones y esos arrestos. Rodrigo Véscovi, autor de un libro conceptualmente confuso pero muy rico en testimonios directos, afirma lo siguiente: “El Operativo Fogata fue el primero que se ejecutó. Consistió en la investigación, por parte de algunos presos políticos, de varias compañías de seguros que actuaban de forma ilegal y la detención, por parte de los militares, de sus gerentes”. Afirmaciones similares pueden encontrarse en otras obras escritas por tupamaros o a partir de sus testimonios. Los tupamaros presos, actuando de acuerdo con sus carceleros, produjeron información que condujo al arresto de sospechosos que no

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contarían con las garantías del debido proceso. Esto ya es suficientemente grave, pero más grave es que, según los testimonios de los propios tupamaros, esos detenidos fueron torturados. Un relato particularmente aterrador aparece en boca de Fernández Huidobro: “Nosotros vimos torturar horriblemente a un contador de varias empresas. Y no cantó, estaba defendiendo la plata de otros burgueses, pero eran sus clientes. No dijo nada. Lo deshicieron”. Es difícil saber qué resulta más aterrador: si la insensibilidad hacia el dolor que refleja el tono empleado o el convencimiento dogmático de que el torturado era culpable (si no dijo nada fue porque resistió; no cabe la posibilidad de que fuera inocente). Pero lo más inquietante es la posible conexión entre la investigación previa, las detenciones y la tortura. Si los tupamaros sabían que iba a haber detenciones (como muchos testimonios lo indican) hubieran debido saber que muy probablemente habría torturas. Después de todo, estaban enviando gente a manos de los mismos militares que los habían torturado a ellos. No haberlo previsto sería una negligencia grave. Y si efectivamente lo sabían, su responsabilidad sobre lo que ocurrió es mayúscula. El libro de Véscovi contiene el testimonio de un antiguo tupamaro, hoy desvinculado de la organización, que se llama Pedro Montero. Ese hombre fue protagonista de aquellos sucesos y explica su reacción de repudio con estas palabras: “lo que no puede ser es que hubiese compañeros nuestros haciendo, digamos, de soporte asistencial a los torturadores y preguntando (...) No pude participar en eso, era infame”. La frase no está sacada de un libro hostil al MLN, sino de una obra escrita por alguien muy próximo a ellos. ¿Qué está queriendo decir exactamente este antiguo tupamaro? Los oscuros episodios de setiembre de 1972 dejan planteadas preguntas incómodas. ¿Sabían los tupamaros que sus investigaciones sobre supuestos ilícitos iban a conducir a detenciones arbitrarias? ¿Previeron la posibilidad de que los detenidos fueran torturados? ¿Fue un tema de conversación con sus socios/carceleros? Y finalmente, ¿cómo nunca hubo ningún comentario sobre esas palabras de Pedro Montero, publicadas en un libro que se editó en 2003 en Montevideo? 

Una serie de 25 fascículos publicada por el diario El País con el apoyo del Centro de Estudios Jean-François Revel.

Asistente

Dirección de proyecto

Archivo de El País

Pablo da Silveira

Investigación y redacción

Pablo da Silveira Francisco Faig Félix Luna Enrique Mena Segarra Martín Peixoto

José López Fotografías

Diseño gráfico, armado y corrección

Trocadero Publicación

El País

Impreso en El País Depósito legal: 334.251

Negociaciones y derrota A mediados de 1972, una gran proporción de los dirigentes del MLN estaban presos en dependencias militares. La derrota de la guerrilla no parecía lejana. Pero, en lugar de producirse el desenlace, ocurrió un extraño proceso: parte de los tupamaros presos y parte de los oficiales encargados de vigilarlos se embarcaron en negociaciones de paz. Mientras se discutían los términos de un posible acuerdo, Fernández Huidobro salía de la

cárcel para discutir con sus compañeros de armas y el propio Raúl Sendic (el hombre más buscado del país) entraba y salía de los cuarteles. Del lado de los militares, las negociaciones eran llevadas a cabo por algunos altos oficiales que actuaban a espaldas de los mandos. Entre ellos estaban Gregorio Álvarez, Esteban Cristi y Ramón Trabal. Hacia el 26 de junio de 1972, los generales Cristi y Alvarez llegaron a la residencia de Suárez para comunicarle al presidente que los tupamaros se rendían. Tras dar la buena noticia, pasaron a explicar de manera general los términos de la capitulación. Los tupamaros querían dirigir planes de desarrollo en sectores estratégicos como la pesca, y estaban dispuestos a trabajar en conjunto con las Fuerzas Armadas. Una vez que se rindieran, los dirigentes saldrían del país y los demás guerrilleros pasarían a vivir en chacras proporcionadas por el Estado. Luego se reintegrarían en forma progresiva a la vida civil. Bordaberry percibió que algo muy raro estaba ocurriendo. Los tupamaros ponían las condiciones que hubieran podido poner si estuvieran ganando la guerra, y los militares las aceptaban como si estuvieran perdiendo. Parecía

claro que algunos datos fundamentales no estaban sobre la mesa. El presidente rechazó cualquier forma de negociación y despidió a los dos militares. Al día siguiente, Bordaberry reunió a los dirigentes políticos de más confianza (Forteza, Benito Medero, Sanguinetti, Barrios Tassano) y les contó lo ocurrido. Sus interlocutores compartieron su análisis y lo alentaron a mantenerse firme. En lugar de promover un pacto, las Fuerzas Armadas debían derrotar a la guerrilla ese mismo año. Con el fin de bloquear las negociaciones, Bordaberry ordenó a los comandantes de las tres armas que participaran de una reunión clave que tendría lugar en el Batallón Florida. Los comandantes quedaron sorprendidos ante lo que escucharon y se negaron a participar en las negociaciones. Los tupamaros recibieron el mensaje de que debían rendirse incondicionalmente. Pero rechazaron esa idea y, a principios de julio de 1972, hicieron una nueva propuesta: ofrecían la paz a cambio del cumplimiento de un programa que incluía la expropiación de los grandes establecimientos rurales, la creación de una flota para la pesca atlántica y la puesta en marcha de una industria procesadora de pescado. El documento

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cus”, en el departamento de Maldonado, y encontraron el cuerpo de Pascasio Báez. El 27 de mayo cayó uno de los símbolos más importantes del MLN: la “Cárcel del Pueblo” en la calle Juan Paullier. El 10 de julio de 1972, el Parlamento aprobó la Ley de seguridad del Estado y del orden interno, que oficializó la actuación de la Justicia Militar. Año más tarde, ante la convención del Partido Nacional, Wilson Ferreira haría una autocrítica por haber votado esa ley: “Les dimos facultades que no se usaron para aquello que pidieron. Quizá en alguna oportunidad hayamos olvidado que para imponer la libertad, el arma más poderosa que el hombre ha inventado es la propia libertad”.

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Saúl Correa, Osiris Núñez, Gaudencio Núñez y Ramón Jesús Ferreira: asesinados por el MLN.

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que redactaron también proponía que todas las empresas de intermediación comercial y financiera (“ferias ganaderas, acopiadores de frutos del país, frigoríficos compradores, barracas, mayoristas, importadores y exportadores y bancos”) pasaran a manos del Estado o fueran controladas por él. Los tupamaros ofrecían la paz a cambio de que el país se transformara en lo que ellos hubieran querido transformarlo si hubieran triunfado militarmente. El gobierno no tomó en serio la propuesta y la interpretó más bien como una maniobra publicitaria. Pero, según el testimonio de varios protagonistas, Sendic creía que había alguna posibilidad de que se aceptaran sus términos. A sus ojos, el documento revelaba el grado de convergencia al que habían llegado los guerrilleros y militares. Ese era un dato que podía llevar al gobierno a negociar.

En esos días, el líder tupamaro multiplicó sus contactos con los senadores Erro y Michelini, con la expectativa de que sirvieran de puentes con el sistema político. Pronto quedó claro, sin embargo, que ese diagnóstico estaba fundado en el voluntarismo. El Ejército había vuelto a endurecer su posición y estaba retomando la práctica de la tortura. Lo había hecho con tal dureza que dos detenidos habían muerto. Se llamaban Carlos Alvariza y Héctor Jurado. También se retomaron las operaciones de captura, que conducirían en las semanas siguientes a la detención de Julio Marenales. La respuesta del MLN no se hizo esperar. El 25 de julio de 1972, uno de sus comandos asesinó al coronel Artigas Álvarez en la puerta de su casa. Artigas Álvarez era hermano de Gregorio Álvarez, el Jefe del Estado Mayor del Ejército que había participado de las negociaciones.

El asesinato de Artigas Alvarez fue justificado por Alba Antúnez, responsable del operativo, como “nuestra respuesta militar al rompimiento de la tregua”. Pero su principal consecuencia fue la destrucción del aparato militar del MLN. El 31 de agosto, la Marina logró capturar a Raúl Sendic tras un intenso tiroteo. Hacia el mes de octubre, todos los principales líderes guerrilleros estaban detenidos y la capacidad de combate del MLN-T había sido anulada. Los militares habían triunfado en el campo de batalla gracias a una sucesión de golpes muy eficaces. Pero al mismo tiempo habían dejado de ser los militares civilistas del pasado. El año 1972 terminó con una guerrilla derrotada y unas Fuerzas Armadas que reclamaban un papel central en la definición del rumbo del país. Un papel que hasta entonces había estado reservado al poder civil. 

Costa Bonino, Luis: La crisis del sistema político uruguayo. Partidos políticos y democracia hasta 1973. Montevideo, FCU, 1995.

Uruguay del siglo XX. Montevideo, Fin de Siglo, 2005.

HISTORIA RECIENTE

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Por Francisco Faig Garicoïts

PRÓXIMO FASCÍCULO

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Su oposición frontal al golpe de Estado y a la dictadura tuvo ese mismo sustento. La dictadura, pretendidamente identificada con el ser oriental, era en realidad su negación. Porque despreciaba a la libertad. Porque renegaba de una comunidad de ciudadanos llena de pluralidades, pero capaz de alcanzar acuerdos que forjaran un camino de convivencia común. Porque era incapaz de respetar las diferencias de pensamientos y de concepciones. El resultado del plebiscito de noviembre de 1980 lo llenó de orgullo en su exilio. Orgullo por su patria y por la concepción de nación republicana que seguía vigente. Ese resultado lo ratificaba en su concepción nacionalista y a la vez que liberal de la política uruguaya. Fue la votación de un pueblo que quería seguir siendo republicano. Esa misma visión lo guió durante la transición democrática. Para Wilson, los militares se tenían que ir. La presión social y política debía lograr la restauración de una República sin concesiones. El régimen militar había sido vencido dos veces en las urnas (en 1980, y luego en las elecciones partidarias de 1982) y no estaba

en condiciones de resistir. Con esa convicción enfrentó la prisión en junio de 1984. Era su última invitación a forzar una salida rápida y limpia, sin concesiones innecesarias. Wilson comprendió a cabalidad los resultados de las elecciones de 1984. A pocas horas de salir de su arbitraria prisión, propuso la gobernabilidad para el país. Le dio al primer gobierno democrático la estabilidad que necesitaba. Con el mismo espíritu se empeñó en defender la ley de caducidad en diciembre de 1986. En su visión, se trataba una vez más de garantizar la institucionalidad republicana, perdida durante más de una década. Wilson valoró en el exilio, mucho más que en los enredados meses de 1972, aquella vieja frase de Herrera: “que se lleven todo, menos la tranquilidad de la República”. Wilson Ferreira entusiasmó a los jóvenes de varias generaciones. Defendió las instituciones republicanas y propuso una interpretación de la tradición nacional que se proyectaba sin complejos. Expresó como pocos la esencia de una nación que permite crecer en libertad y respeto por la diferencia. Ese es nuestro desaf ío, siempre. 

Francisco Faig Garicoïts. Uruguayo, nacido en 1974, obtuvo el Diplôme D´Etudes Approfondies (DEA), con especialización en política comparada, en el Instituto de Estudios Políticos de París. Es edil departamental de Río Negro. Escribe en medios de prensa uruguayos y es profesor en la Licenciatura de Estudios Internacionales de la Universidad ORT. En 1996 publicó Sistema electoral y gobernabilidad en Uruguay.

| LAS ELECCIONES DE 1971

El golpe de Estado

HISTORIA RECIENTE

Wilson Ferreira ingresó tarde a la actividad política. Con 40 años, en febrero de 1959, asumió como diputado por Colonia. A las pocas semanas moría Luis Alberto de Herrera. En el segundo gobierno blanco fue Ministro de Ganadería y Agricultura, e impulsó cambios profundos sin atacar a las instituciones. En 1966 fue electo Senador en la lista de Washington Beltrán por un escaso margen. Pero en las elecciones de 1971 pasó a ser el candidato blanco más votado de la historia hasta ese año. Durante el gobierno de Pacheco fue un duro opositor parlamentario. Sus interpelaciones condujeron a la caída de dos ministros. Aquellos eran tiempos dif íciles para la República. Disgustado con una estrategia presidencial que a sus ojos agravaba la polarización, crítico de las posiciones de izquierda y convencido de la necesidad de reformas estructurales, Ferreira conjugó a lo largo de su vida política un vigoroso republicanismo nacionalista. Las instituciones republicanas eran la esencia del nacionalismo de Ferreira. En un país de corta trayectoria histórica, sin fuertes especificidades lingüísticas ni culturales, no apeló al sentido de raza ni buscó la diferencia que excluye. Para él, Uruguay era una “comunidad espiritual” apoyada en el culto de la igualdad ante la ley, el carácter representativo de los órganos de gobierno, la elección periódica de los gobernantes, la rígida observancia de un sistema de garantías que aseguraran la libertad individual. Eran las instituciones republicanas las que daban sentido a la voluntad de vivir juntos. La nación uruguaya no podía entenderse sin el sistema republicano de gobierno, sin el respeto por la democracia y la voluntad popular. Su intransigencia con el presidente Bordaberry tuvo aquí algunos de sus motivos. No era solamente una antipatía personal. Era también, y sobre todo, que Wilson estaba convencido de que habían fraguado la decisión al pueblo y que, de esa forma, se había también violentado las bases mismas de la convivencia nacional.

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CONTRATAPA

Wilson y la República

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setiembre ‘07

1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000

25 FASCÍCULOS

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DESDE HIROSHIMA A LAS TORRES GEMELAS

TANQUES EN EL PARLAMENTO / LA DICTADURA HASTA LA CAÍDA DE BORDABERRY

HISTORIA RECIENTE

| EL GOLPE DE ESTADO

LOS COMUNICADOS 4 Y 7 / LA TENTACIÓN PERUANISTA DE LA IZQUIERDA

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El golpe de Estado

HISTORIA RECIENTE

| EL GOLPE DE ESTADO

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ÍNDICE DEL FASCÍCULO

HISTORIA RECIENTE

| EL GOLPE DE ESTADO

Del poder civil al poder militar

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RECUADROS COMUNICADOS DE LOS COMANDOS GENERALES DE EJÉRCITO Y LA FUERZA AÉREA P. 7 / COMUNICADO Nº 4 P. 9 / ¿QUÉN ERA VELASCO ALVARADO? P. 10 / LAS REACCIONES ANTE LOS COMUNICADOS 4 Y 7 P. 12 / AMÍLCAR VASCONCELLOS P. 13 / EL ÚLTIMO DISCURSO DEL SENADOR WILSON FERREIRA P. 14 / WASHINGTON BELTRÁN P. 15 / EL ASESINATO DE RAMÓN TRABAL P. 16 / LOS “REHENES” P. 16 / ELENA QUINTEROS P. 17 / EL ASESINATO DE CECILIA FONTANA DE HEBER P. 18 / BIBLIOGRAFÍA P. 19 / CONTRATAPA. ZELMAR MICHELINI Y HÉCTOR GUTIÉRREZ RUIZ P. 20.

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Tanques en el Palacio: el día que llegó lo inimaginable.

El 9 de setiembre de 1971, el presidente Jorge Pacheco Areco firmó el decreto que encomendaba a los militares la lucha contra la guerrilla. Esa decisión aceleró un proceso de cambios que se venía produciendo en el interior de las Fuerzas Armadas. La idea de una guerra formal librada contra un enemigo externo estaba siendo sustituida por la certeza de un conflicto de carácter interno. La insurrección revolucionaria, y las formas de guerra irregular asociadas a ella, habían pasado a ocupar el centro de la atención.

Los militares analizaron distintas maneras de neutralizar las acciones de su nuevo enemigo, pero también prestaron atención a las condiciones que podían favorecer su reproducción. Su primera conclusión fue que la guerrilla había podido crecer y justificarse porque había situaciones de pobreza y exclusión en el país. El siguiente paso fue observar que el mejor camino para eliminar esas situaciones era asegurar el desarrollo económico y social. A partir de allí, muchos de ellos dedujeron que la nueva tarea histórica de las Fuerzas Armadas debía consistir en proporcionar seguridad

HISTORIA RECIENTE

INTRODUCCIÓN

| EL GOLPE DE ESTADO

27 de junio de 1973

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1971

[...] las Fuerzas Armadas se estaban otorgando a sí mismas funciones que iban más allá de las establecidas en la Constitución. No sólo hablaban de asegurar el desarrollo, sino de tomarlo a su cargo. En noviembre de 1971, la lógica que

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| EL GOLPE DE ESTADO

conduciría al golpe ya estaba claramente en marcha.

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interna para el desarrollo. Y con eso olvidaron las funciones específicas de la institución a la que pertenecían. Seis días después de haber recibido la orden de Pacheco, la Junta de Comandantes en Jefe se fijó un plan en tres etapas. La primera era asegurar la realización de las elecciones previstas para noviembre y la instalación de un nuevo gobierno en marzo de 1972. La segunda etapa, a la que se debía pasar “lo antes posible”, consistía en “completar la destrucción del aparato político-militar subversivo que opera en el país”. La etapa definitiva consistía en “proporcionar se-

guridad al desarrollo nacional”, lo que incluía “apoyar y tomar a su cargo planes de desarrollo parciales”. La primera y la segunda etapa eran compatibles con la subordinación del poder militar al poder civil. La sola formulación de la tercera desafiaba esa subordinación, porque las Fuerzas Armadas se estaban otorgando a sí mismas funciones que iban más allá de las establecidas en la Constitución. No solo hablaban de asegurar el desarrollo, sino de tomarlo a su cargo. En noviembre de 1971, la lógica que conduciría al golpe ya estaba claramente en marcha. 

| EL GOLPE DE ESTADO

SEGÚN VARIOS TESTIMONIOS, EL PRESIDENTE PACHECO postergó largamente la decisión de poner la lucha antiguerrillera en manos de los militares porque temía las posibles consecuencias. Y todo lo que ocurrió después confirmó sus prevenciones. La llegada al gobierno de Bordaberry (de la que Pacheco fue responsable directo), la intensificación de las acciones tupamaras y la conmoción de la población ante la inseguridad creciente, permitieron que los militares ganaran influencia. Tras la gran ofensiva lanzada por el MLN el 14 de abril de 1972, el Parlamento aceptó imponer el estado de guerra interna. En julio de ese año fue aprobada la Ley de Seguridad del Estado, que creó nuevos delitos y permitió que civiles fueran procesados por la justicia militar. El 17 de diciembre, cuando el MLN ya estaba militarmente derrotado, el gobierno creó por decreto la Junta de Comandantes en Jefe y el Estado Mayor Conjunto (Esmaco). La Junta cumplía funciones de asesoramiento al presidente y el Esmaco era creado como un “órgano de estudio, asesoramiento, coordinación y planificación necesarios a los fines de la Seguridad y Defensa nacionales”. Los militares se habían propuesto desplazar a la clase política para convertirse en la gran fuerza histórica que impulsaría el desarrollo nacional. Los políticos eran vistos como ineficientes y corruptos, lo que los convertía en los

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Del poder civil al poder militar

principales responsables de la situación que vivía el país. Curiosamente, el doble diagnóstico del que partían los militares (la corrupción es lo que impide el desarrollo, los políticos son los responsables de la corrupción) era el mismo que hacían los tupamaros. También era similar el desprecio que sentían hacia la democracia. Eso explica por qué, a fines de 1972, un grupo importante de tupamaros empezó a colaborar con sus carceleros militares para detectar supuestos ilícitos económicos. La experiencia duró poco, pero reveló las coincidencias que existían entre quienes se habían enfrentado en el campo de batalla. En parte movidos por su afán mesiánico de sanear al país y en parte impulsados por cálculos tácticos, los militares se lanzaron a investigar supuestos ilícitos económicos sin someterse a ningún control por parte del gobierno. El propio Bordaberry tuvo que interceder varias veces en favor de allegados que habían sido detenidos. En octubre de 1972, los mandos militares desconocieron una orden judicial que obligaba al Poder Ejecutivo a liberar a cuatro médicos. El desacato llevó a la renuncia del comandante en Jefe del Ejército, general Florencio Gravina, y del ministro de Defensa Augusto Legnani. En esos mismos días, dos oficiales del Batallón Florida pretendieron detener ilegalmente al actuario del juzgado en el que estaba radicada una vieja denuncia presentada contra Jorge Batlle en la época de la supuesta “infidencia” de 1968. Batlle interpretó el hecho como un ataque político y respondió el 25 de octubre con un discurso por radio y televisión. Entre otras cosas dijo: “¿Quién puede estar en contra de que se repriman los ilícitos en una nación? ¿Quién puede estar a favor de un delito y querer el bien del país? Nadie. Pero de lo que estamos en contra, sí, es que, so pretexto de reprimir los ilícitos, se pase por encima de los sistemas que han garantido permanentemente la libertad en el Uruguay. Que se confunda la represión de los ilícitos con crear un clima de inseguridad y de temor en la República, y que se crea que llevarse a un actuario y quererse llevar un expediente es querer reprimir un ilícito”. Las declaraciones de Batlle fueron consideradas agraviantes por las Fuerzas Armadas, que exigieron y obtuvieron su detención. El líder quincista fue liberado rápidamente, pero eso no impidió que retirara a sus tres ministros del gabinete de Bordaberry: Francisco Forteza (Economía), Walter Pintos Risso (Obras Públicas) y Julio María Sanguinetti (Educación). Así estaban las cosas cuando llegó febrero de 1973.

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Febrero amargo

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Tras la renuncia de Legnani, el presidente Bordaberry designó como ministro de Defensa al abogado Armando Malet. Pero tres meses alcanzaron para mostrar que Malet no conseguiría controlar la efervescente situación militar. El jueves 8 de febrero de 1973, Bordaberry decidió sustituirlo por Antonio Francese, un general retirado que había sido inspector general del Ejército en 1958 (un cargo que entonces equivalía al de comandante en jefe), ministro de Defensa entre 1967 y 1970, y ministro del Interior entre 1970 y 1971. Francese era un militar de firmes convicciones constitucionalistas y volvió a la cartera de Defensa con un objetivo claro: los militares habían derrotado a la guerrilla y debían volver a los cuarteles. Las Fuerzas Armadas tenían que dedicarse a sus funciones específicas y subordinarse al poder civil. Pero los militares habían decidido que eso era justamente lo que no iban a hacer. En cuanto Francese asumió, renunció el comandante en jefe del Ejército, general César Martínez, que fue sustituido por el general José Verocay. Francese también quiso remover al comandante en jefe de la Fuerza Aérea, brigadier José Pérez Caldas, pero éste se negó a dejar el cargo. El Ejército y la Fuerza Aérea se acuartelaron. A las ocho de la noche, el nuevo jefe del Ejército y el comandante de la Fuerza Aérea aparecieron en las pantallas de Canal 5, que había sido ocupado por tropas del Ejército. Los dos militares anunciaron que desconocerían las órdenes de Francese (como ya lo había hecho Pérez Caldas) y reclamaron su destitución. El documento que hicieron público ese día fue el más claro acto de desacato militar que conocía el país desde el militarismo en el siglo XIX. “Los Mandos Militares del Ejército y Fuerza Aérea –decía el texto– han decidido desconocer las órdenes del ministro de Defensa Nacional, General Francese, al mismo tiempo que sugerir al señor Presidente de la República la conveniencia de su relevo”. Desafiado por las Fuerzas Armadas, el presidente Bordaberry apareció dos horas más tarde en la pantalla de Canal 4. Estaba acompañado de Francese y afirmó que lo mantenía en el cargo. Luego convocó a la ciudadanía a manifestar su apoyo concentrándose en la Plaza Independencia. La alocución del presidente fue retransmitida más tarde en cadena, pero su repetición se fue interrumpiendo a medida que las tropas ocupaban los diferentes medios de comunicación.

En un país con instituciones politicas vigorosas, la Plaza Independencia hubiera debido llenarse. (Eso fue lo que ocurrió en Plaza de Mayo en 1987, cuando se produjo un levantamiento militar contra el presidente argentino Raúl Alfonsín). Pero no fue eso lo que ocurrió aquella noche en Montevideo. Bodaberry llegó acompañado de un puñado de dirigentes ruralistas, blancos y colorados, pero solo encontró unas decenas de ciudadanos. El presidente atribuyó la falta de respuesta al desprestigio del orden democrático, y con eso solo vio parte del problema. Esa plaza vacía representaba ante todo el fracaso de su estilo de gobierno. Pero también es verdad que, en aquellas condiciones extremas, casi nadie sintió la necesidad de distinguir entre el apoyo al gobierno y el apoyo a las instituciones. Tampoco sintió esa necesidad el Parlamento, que no vio motivos para interrumpir el receso veraniego. A la mañana del día siguiente, 9 de febrero, la Ciudad Vieja amaneció ocupada por la Armada. Los fusileros navales habían interrumpido el tránsito con barricadas y controlaban un perímetro que iba desde la bahía hasta la rambla Sur a través de la calle Juan Carlos Gómez. El Puerto, la Aduana, el Correo, los ministerios de Defensa y Ganadería y los juzgados quedaron aislados. Los barcos de guerra estaban en posición de combate frente a la costa. Los movimientos de la Armada no eran actos de insubordinación ante el poder civil, sino lo opuesto. El comandante en jefe del arma, contralmirante Juan José Zorrilla, había decidido cumplir su juramento de servir a la Constitución y a las instituciones democráticas, que estaban siendo amenazadas. Para eso había decidido generar un espacio de seguridad que permitiera al presidente de la República hacerse fuerte y controlar el levantamiento del Ejército y la Fuerza Aérea. (También de la Policía, que a esa altura se había sumado a los rebeldes). El operativo había sido diseñado para el caso de una gran ofensiva guerrillera, pero ahora era usado contra el resto de las Fuerzas Armadas. La respuesta del Ejército no se hizo esperar: esa misma mañana ocupó varias emisoras de radio, desde las que exhortó a los marinos a unirse a su causa. También tomó el control de los diarios. La tensión subió al máximo cuando una columna de blindados del Ejército se dirigió hacia la zona del puerto. El contralmirante Zorrilla dio al cuerpo de oficiales una orden clara: al primer tiro proveniente del Ejército se abriría fuego. Todos estaban armados a guerra. La probabilidad de que se entrara en combate era muy alta.

Comunicado de los Comandos Generales del Ejército y la Fuerza Aérea 8 de febrero de 1973 (…) Habida cuenta de que: 1º) El actual ministro de Defensa Nacional, señor General don Antonio Francese, a partir del momento de asumir su cargo, ha reconocido ante los jerarcas máximos de las Fuerzas, no estar informado de la situación actual de las FF.AA., al tiempo que manifestó no compartir y estar dispuesto a cambiar los lineamientos de actuación, objetivos y conductas que rigen actualmente a éstas y que fueran expresados públicamente en el Comunicado conjunto del día de ayer, lo que en consecuencia las retrotraería a la superada época de ser el brazo armado de intereses económicos y políticos, de espaldas al cumplimiento de sus misiones específicas de seguridad nacional y a los intereses de la nación. 2º) Que al alejamiento del señor ex Ministro de Defensa Nacional, doctor don Armando Malet, en el día de la fecha, se agregan el del Comandante en Jefe del Ejército, señor General don César A. Martínez y el del Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, Brigadier don José Pérez Caldas, el cual fue ignorado por su titular. Estos dos últimos fueron provocados y/o decididos por el actual ministro de Defensa Nacional, General Francese, lo que confirma en los hechos, ser el comienzo de lo expresado anteriormente. 3º) Que sin desconocer las altas cualidades morales e intelectuales y los servicios prestados al Ejército nacional por el señor General Francese, tampoco se puede soslayar su infortunada actuación al frente, sucesivamente, de los ministerios de Defensa Nacional y del Interior, durante los años 1967 a 1970 e inicios de 1971, época en que la sedición se organizó y consolidó en nuestro medio. 4º) Que en este momento y acorde con lo establecido en los parágrafos anteriores, el señor General Francese regresa al Ministerio de Defensa Nacional a cosechar amargos y eventuales laureles de unas FF.AA. cuya actuación no le es grata, con la consigna, consciente o inconsciente, de esterilizarlas y ofrendarlas como trofeo (…). En consecuencia, los Mandos Militares del Ejército y Fuerza Aérea han decidido desconocer las órdenes del ministro de Defensa Nacional, General Francese, al mismo tiempo que sugerir al señor Presidente de la República, la conveniencia de su relevo. El Ejército y la Fuerza Aérea no han encontrado otro camino que no sea el presente, para interiorizar al señor Presidente de la República de lo expresado precedentemente, ya que en el día de hoy se negó a recibir personalmente al Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea. 

En la noche de ese mismo viernes, en pleno levantamiento del Ejército y la Fuerza Aérea, se realizó en 8 de Octubre y Comercio un acto del Frente Amplio que estaba previsto con anterioridad. El discurso central estuvo a cargo del general Líber Seregni, que reclamó la renuncia de Bordaberry: “El señor presidente es el único responsable de no haber gobernado con todos los orientales, en beneficio de todos los orientales. Prefirió el aislamiento y la dureza: solo supo ser tolerante con algunos corruptos, a quienes premió con privilegios y embajadas, con impunidad y con ventajas.” Y agregó: “Por todas estas razones, entendemos que el señor presidente debería renunciar. Y entendemos que esta decisión que le sugerimos va más allá del simple acto político. Es un imprescindible gesto patriótico, idóneo, necesario para insinuar un camino que conduzca a la reunificación de todos los orientales honestos. La presencia del señor Bordaberry entorpece las posibilidades de diálogo. La renuncia del señor Bordaberry abriría una perspectiva de diálogo.” El discurso de Seregni contenía también un mensaje para los militares. “Solamente

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cronología

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Los mandos militares reconocieron a Hugo Chiappe Posse –el general más antiguo– como comandante del Ejército en operaciones. A él respondían los generales que tenían mando sobre tropas: Esteban Cristi, Eduardo Zubía y Julio César Vadora. También Gregorio Álvarez, que era jefe del Estado Mayor Conjunto. Quienes dirigían el levantamiento militar eran hombres diferentes de los que habían estado asociados a los rumores de golpe de estado en los años sesenta. Su doctrina también era otra, porque había sido construida como respuesta a la insurrección guerrillera. Afirmar que hubo alguna continuidad entre aquellos rumores y lo que ocurrió en 1973 va contra la evidencia histórica. Durante todo ese día, el contralmirante Zorrilla estuvo esperando órdenes de Bordaberry. Pero el presidente no reaccionó, pese a que el Consejo de Ministros renunció en pleno para darle mayor libertad de movimiento. Zorrilla tuvo contactos con algunos líderes políticos (entre ellos Wilson Ferreira) a través de los cuales supo que Bordaberry estaba en comunicación con los militares rebeldes.

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Juan María Bordaberry: un presidente golpista.

a partir de ese diálogo restablecido es viable la interacción fecunda entre pueblo, gobierno y Fuerzas Armadas, para comenzar la reconstrucción de la patria en decadencia”. El líder del Frente Amplio estaba siendo más amistoso hacia los militares insurrectos que hacia el presidente constitucional. Esa misma noche, los militares rebeldes dieron a conocer un comunicado que haría historia. El texto, conocido como “Comunicado Nº 4”, contenía las líneas generales de un programa de gobierno y proponía objetivos tales como eliminar la deuda externa, reorganizar la administración pública y erradicar el desempleo. El Comunicado Nº 4 mostraba a unas Fuerzas Armadas decididas a tomar el poder y ejercer directamente el gobierno. Sin embargo, lo que más llamó la atención en la época fue el sesgo “peruanista” que se creyó ver en sus propuestas. “Peruanismo” era un término que se utilizaba para referirse a la experiencia del general Juan Velasco Alvarado: un militar que había dado un golpe de estado en Perú y estaba imponiendo lo que se consideraba una dictadura militar revolucionaria. La experiencia era vista con buenos ojos por la izquierda continental. El sábado 10 de febrero, tres miembros del gabinete renunciante, entre ellos Juan Carlos Blanco, decidieron reunirse con los rebeldes e intentar un acercamiento. El objetivo era conseguir que el presidente de la República conservara el cargo y, al menos desde el punto de vista formal, se pusiera al frente de la situación generada. Ese mismo día se divulgó el Comunicado Nº 7, que complementaba las disposiciones generales del Comunicado Nº 4. El nuevo texto fijaba algunos “objetivos básicos” como el “desarrollo energético”, la “modernización, tecnificación y adecuación de la enseñanza”, el establecimiento de “una política de precios y salarios que asegure el mantenimiento del poder adquisitivo a todos los niveles, sin afectar la producción” y el suministro de “la más alta calidad de asistencia médica” a “todos los habitantes del país (…) cualquiera sea su capacidad económica”.

7 de febrero: la Junta de Comandantes en Jefe emite un comunicado en el que rechaza unas declaraciones del senador Vasconcellos que atribuían a los militares la intención de “desplazar a las instituciones”. 8 de febrero: Bordaberry sustituye al abogado Armando Malet por el general Antonio Francese al frente del Ministerio de Defensa Nacional. 20:00 hs: desde Canal 5, los jefes

del Ejército y la Fuerza Aérea anuncian que desconocerán las órdenes de Francese y reclaman su relevo. 22:30 hs: desde Canal 4, Bordaberry anuncia que mantiene a Francese y convoca a la ciudadanía a reunirse en la Plaza Independencia. 9 de febrero: fusileros navales cierran la entrada a la Ciudad Vieja. El Ejército ocupa varias emisoras de radios. Se emite el comunicado número 4. Líber Seregni reclama la renuncia de Bordaberry. 10 de febrero: se emite el comunicado Nº 1 del

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Al mismo tiempo que ocurrían estos hechos, se producía una insurrección en el Área Naval del Cerro. Un conjunto de unidades de la Armada (entre las que estaban el Servicio de Construcciones, Reparaciones y Armamentos, la Escuela de Especialidades, y el Servicio de Armamento) habían decidido plegarse al Ejército y la Fuerza Aérea. Comandados por el capitán Jorge Nader, los insurrectos tomaron control de un barco y estuvieron cerca de un intercambio de fuego con otros buques. Sin el apoyo del presidente y enfrentado a un quiebre interno, el vicealmirante Zorrilla decidió levantar la barricada de la Ciudad Vieja y presentar su renuncia como comandante en jefe de la Armada. En una entrevista periodística concedida años después, resumió así su percepción: “En todas esas horas no tuve el llamado ni el aliento de ningún dirigente político, de nadie. Es más, algún asesor mío quiso entrar en contacto con algunos y no apareció ninguno. No había ninguno en la casa, no pudo ubicar a nadie. Así que me pregunté: ¿Yo qué hago acá, solo contra todo? Bordaberry se estaba entrevistando con los generales. Algunos ministros habían ido a hablar con los generales, Bordaberry no me había comunicado nada. ‘¿Qué voy a estar haciendo yo acá?”. Zorrilla fue sustituido por el capitán de navío Conrado Olazábal. A partir de ese momento, el Ejército y la Fuerza Aérea tuvieron un control total de la situación. Numerosos oficiales navales constitucionalistas fueron puestos a disposición de la Justicia Militar. Al día siguiente, Bordaberry presentó un documento a los militares en el que resumía los puntos que habían venido discutiendo. El martes 13 de febrero, el presidente concurrió a la base aeronáutica de Boiso Lanza, donde se concluyó lo que se llamó un “acuerdo”. Lo único que consiguió Bordaberry en Boiso Lanza fue conservar el cargo de presidente. A cambio de eso, aceptó todas las condiciones exigidas por los militares. Un comunicado emitido esa tarde por la Junta de Comandantes en

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Área Naval del Cerro, que desconoce el mando del vicealmirante Zorrilla. Se divulga el comunicado número 7. 11 de febrero: la Armada decide levantar la barricada de la Ciudad Vieja. El almirante Zorrilla renuncia al cargo de comandante en jefe de la Armada. Editorial de El Popular a favor de los comunicados 4 y 7. 12 de febrero: mediante un memorándum Bordaberry da un visto bueno general a las aspiraciones militares. 13 de febrero: Bordaberry concurre a la base aeronáutica Boiso Lanza y acepta todas las exigencias

Jefe resumía las novedades. La principal de ellas era la creación del Consejo Nacional de Seguridad (Cosena), que estaría integrado por los ministros de Defensa, Interior, Economía y Relaciones Exteriores, así como por autoridades militares. Los militares eran en teoría subordinados del Ministro de Defensa, pero en el Cosena participaban en pie de igualdad. Otras novedades eran una “reorganización ministerial”, la “reestructuración del servicio exterior”, la “reestructuración

inmediata de los entes autónomos” y la “aplicación rigurosa” de los “19 puntos programáticos” contenidos en el Comunicado Nº 4. Los mandos también habían vetado al dirigente ruralista Juan José Gari (un hombre de extrema confianza de Bordaberry) y a otras cinco personas, prohibiéndoles que ocuparan cargos políticos o diplomáticos. La actitud de Bordaberry en Boiso Lanza parece una aplicación del principio: “Si no puedes vencerlos, únete a

Comunicado Nº 4 Montevideo, 9 de febrero de 1973. Los mandos militares conjuntos del Ejército y la Fuerza Aérea (…) sienten el deber moral de informar lo siguiente: (…) 5) Se han planteado entonces, procurar alcanzar o impulsar la obtención de los siguientes objetivos: a) Establecer normas que incentiven la exportación (…) b) Reorganización del servicio exterior (…) c) Eliminar la deuda externa opresiva, mediante la contención de todos aquellos gastos de carácter superfluo (…) d) Erradicación del desempleo y la desocupación mediante la puesta en ejecución coordinada de planes de desarrollo, que utilicen el máximo de obra nacional con el mínimo de incidencia en la deuda externa. e) Atacar con la mayor decisión y energía los ilícitos de carácter económico y la corrupción donde se encuentre (…) f) Reorganización y racionalización de la administración pública y el sistema impositivo (…) g) Redistribución de la tierra buscando la máxima producción por hectárea, mediante regímenes impositivos justos y técnicos y una tenencia más racional, de manera de asegurar el acceso a la propiedad a quien la trabaje. (…) i) Extirpar todas las formas de subversión que actualmente padece el país (…) k) Asegurar la intervención o la represen-

tación de las FF.AA. en todo organismo o actividad que tenga relación con aspectos concernientes a la seguridad y a la soberanía nacional. (…) m) Establecer disposiciones que permitan combatir tan eficazmente como sea posible los monopolios instrumentando medidas que posibiliten la mayor dispersión de la propiedad y un mayor control de los medios de producción. (…) 6) c) Proceder en todo momento de manera tal de consolidar los ideales Democráticos Republicanos en el seno de toda la población, como forma de evitar la infiltración y captación de adeptos a las doctrinas y filosofías marxistas-leninistas, incompatibles con nuestro tradicional estilo de vida. 7) En consecuencia, quien ocupe la cartera de Defensa Nacional en el futuro deberá compartir los principios enunciados, entender que las FF.AA. no constituyen una fuerza de represión o vigilancia, sino que integrando a la sociedad, deben intervenir en la problemática nacional, dentro de la Ley y comprometerse a trabajar, conjuntamente con los mandos, con toda decisión, lealtad y empeño a fin de poder iniciar la recuperación moral y material del país.

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El Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea Brigadier José Pérez Caldas El Comandante en Jefe del Ejército en Operaciones General Hugo Chiappe Posse

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de los mandos insurrectos. Se designa a Walter Ravenna como ministro de Defensa Nacional. Ferreira afirma: “Consúltese al pueblo de la República, y estése a lo que él decida”. 1º de marzo: Bordaberry reconoce “la culminación institucional de la participación de las Fuerzas Armadas en la actividad y desarrollo nacionales”. 26 de marzo: la CNT emite una declaración en la que establece haber “valorado los Comunicados 4 y 7 de las FFAA”.

28 de marzo: entrevista de la dirigencia de la CNT con los mandos militares para “explicar el sentido de la plataforma del paro”. 29 de marzo: paro general de la CNT. 31 de marzo: el Parlamento vota la suspensión de las garantías individuales por 60 días. 6 de abril: declaraciones de la CNT en donde mencionan la reunión del 28 de marzo. 9 de abril: la Junta de Comandantes en Jefe emite un comunicado en el que marca distancia de la CNT.

¿Quién era Velasco Alvarado? Juan Velasco Alvarado fue un militar nacido en Perú el 16 de junio de 1910 y muerto el 24 de diciembre de 1977. El 3 de octubre de 1968, Velasco derrocó al presidente constitucional Fernando Belaúnde Terry y se autodesignó presidente de un “gobierno revolucionario”. Velasco se mantuvo en el poder hasta el 30 de agosto de 1975, cuando fue removido por sus compañeros de armas. Durante esos años impuso una dictadura de izquierda que dio lugar a la expresión “peruanismo”. El gobierno de Velasco expropió un alto número de empresas privadas para crear grandes monopolios estatales. Entre ellos estaban PetroPerú (dedicado a la refinación y comercialización del petróleo), MineroPerú (explotación minera) y PescaPerú (resultante de expropiar 84 empresas pesqueras y de estatizar la comercialización de harina de pescado). También hizo una reforma agraria, nacionalizó los capitales extranjeros y estableció el control de cambios. Como resultado de estas medidas, las pérdidas acumuladas por las empresas públicas pasaron de 46 millones de dólares en 1968 a 2.254 millones en 1977; el déficit fiscal aumentó del 1,7 por ciento del PBI en 1968 al 12,3 por ciento en 1977; la deuda pública pasó del 15 por ciento del PBI en 1968 al 48 por ciento en 1978; la inflación pasó del 5,7 por

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ciento en 1969 al 73,9 por ciento en 1978; la balanza comercial pasó de un saldo favorable de más de 200 millones de dólares en 1968 a un saldo negativo de 1.700 millones en 1978; el país pasó de ser un exportador de alimentos a ser un importador neto; la inversión y la productividad se desplomaron. Junto con el deterioro económico, la dictadura de Velasco trajo una casi total pérdida de libertades. Muchos dirigentes opositores fueron encarcelados o deportados. Se instaló una estricta censura sobre la prensa y los medios electrónicos. En 1974 fueron expropiados todos los diarios del país y sus editores fueron enviados al exilio. En agosto de 1975, en un clima de inflación descontrolada y escasez de bienes básicos, un grupo de altos militares aprovechó un serio problema de salud de Velasco para derrocarlo. El 18 de abril de 1973, el diario Ahora, identificado con el Frente Amplio, escribía en su editorial: “También la Revolución peruana ofrece a nuestros militares el ejemplo de cómo la Fuerza Armada del Perú se halla comprometida seria y profundamente con la liberación del país y de América Latina (...) y ha entendido imprescindible contar con la creciente participación del pueblo en la misma. Creemos que a la única fuerza que le interesa divorciar al pueblo de sus armas es a la oligarquía”. 

febrero de 1973. Aunque el Parlamento siguió funcionando durante unos meses, el poder real había pasado de los civiles a los militares. Bordaberry seguía siendo nominalmente un presidente constitucional, pero en los hechos se había puesto al frente de un grupo de oficiales insurrectos. Lo que había ocurrido era algo más grave que una crisis coyuntural: se había puesto en marcha un proceso que apuntaba a traspasar el gobierno a manos de las Fuerzas Armadas. Lo confuso de los episodios de febrero es que muchos de quienes luego serían víctimas y enemigos del régimen militar los vieron con buenos ojos. Pese a que el Comunicado Nº 4 hablaba claramente de “extirpar todas las formas de subversión”, buena parte de la izquierda quiso ver en ese texto, así como en el Comunicado Nº 7, el inicio de una experiencia “peruanista”. El primero en reaccionar de esta manera fue el Partido Comunista. En su editorial del 11 de febrero, el diario El Popular (portavoz oficial del PCU), dijo que “el dilema no es entre poder civil y poder militar” sino “entre oligarquía y pueblo”, y que “los marxistas-leninistas, los comunistas, los integrantes de la gran corriente del Frente Amplio, estamos de acuerdo en lo esencial con las medidas expuestas” por las Fuerzas Armadas. El diputado socialista Vivián Trías también apoyó los comunicados, aunque encontró resistencia dentro del Comité Central de su propio partido. El senador Zelmar Michelini hizo una primera valoración pública favorable en las páginas de Marcha. El diario frentista Ahora (vinculado al PDC y a la Lista 99) tituló el 10 de febrero: “Los 19 puntos de los militares definen bases concretas de audaz propuesta de cambio”. El 28 de marzo, la bancada parlamentaria del Frente Amplio emitió una declaración en la que ratificaba “todo su apoyo a cualquier iniciativa progresista, venga de civiles o de militares”. Entre las voces contrarias resaltaron la de Carlos Quijano en la izquierda y la de Amílcar Vasconcellos en el Partido Colorado. Wilson Ferreira hizo una alocución radial el 13 de febrero en la

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compartía la orientación general de los acontecimientos. Años más tarde, él mismo aclaró este punto en una entrevista con el periodista Alfonso Lessa: “Había coincidencia en los objetivos nacionales. La discrepancia había sido el desconocimiento de la autoridad del Ejecutivo (…) No hubo ningún pacto, no hubo un toma y daca. (…) Fue allí que se creó el Consejo de Seguridad Nacional; eso fue importante ya que significaba la institucionalización de la participación de las Fuerzas Armadas en la función pública”. Para varios analistas, el auténtico golpe de estado ocurrió en esos días de

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ellos”. En el discurso que hizo ese día, intentó presentar como iniciativa del Ejecutivo lo que en realidad era una imposición de los militares: “Ahora, a través de estos medios las Fuerzas Armadas tendrán el camino jurídico abierto para abordar la nueva misión que el Poder Ejecutivo les encomienda: en setiembre de 1971 recibieron el encargo de asumir la conducción de la lucha antisubversiva; ahora reciben la misión de dar seguridad al desarrollo nacional”. Pero lo de Bordaberry no era puramente una capitulación ante fuerzas más poderosas. Si aceptó seguir en el cargo de presidente, también fue porque

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10 de abril: la CNT reivindica su derecho a formular opiniones sobre problemas de política general.

7 de mayo: se presenta una iniciativa de juicio político a Enrique Erro en la Cámara de Diputados.

22 de junio: se archiva en la Cámara de Diputados la solicitud de juicio político al senador Enrique Erro.

27 de abril: el Poder Ejecutivo envía al Senado la solicitud de desafuero del senador Enrique Erro.

17 de mayo: ante la presentación de la iniciativa en la Cámara de Diputados, el Senado decide no pronunciarse sobre el pedido de desafuero a Erro.

27 de junio: disolución del Parlamento. Comienzo de la huelga general.

30 de abril: la Justicia Militar envía un comunicado al presidente del Directorio del Partido Nacional, capitán de navío retirado Omar Murdoch, solicitándole aclaraciones sobre una declaración pública.

1º de junio: vencida la vigencia de la suspensión de las garantías individuales, el Poder Ejecutivo implanta medidas prontas de seguridad. 6 de junio: se anuncia que Murdoch ha sido procesado sin prisión por la Justicia Militar.

30 de junio: ilegalización de la CNT. 9 de julio: multitudinaria manifestación contraria al nuevo régimen en el centro de Montevideo. 10 de julio: designación de Juan Bruno Irulegui como ministro de Salud; Edmundo Narancio en Educación y Cultura; Eduardo Crispo Ayala en

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que dijo: “Las fuerzas militares que hoy imponen sus condiciones programáticas al Presidente de la República (...) infieren un grave daño al país, no están habilitadas constitucionalmente para gobernar la República pero tampoco están capacitadas para hacerlo. (…) No nos sirven los salvadores autodesignados, cualquiera que pudiera ser la honradez de su intención. Y si las magistraturas constitucionales son débiles, hay un solo modo de defenderlas (…) Consúltese al pueblo de la República, y estése a lo que él decida”. La propuesta de Ferreira era que Bordaberry renunciara, que el vicepresidente Sapelli asumiera en forma interina y que se llamara a elecciones en un plazo de noventa días. Quijano proponía un camino similar. Era una propuesta que pretendía cerrar el paso a los militares, pero era también una propuesta que se salía de lo establecido en la Constitución. La solución constitucional (propuesta en aquel entonces por algunos dirigentes colorados) era que Bordaberry renunciara y Sapelli concluyera el período. Tan tarde como el 26 de marzo de 1973, la central obrera CNT emitió una declaración pública en la que decía haber “valorado los Comunicados 4 y 7 de las FFAA (Fuerzas Armadas) donde se percibe la intención de llevar adelante algunos puntos reivindicativos coincidentes con los de nuestro programa”. La dirigencia sindical pidió una entrevista a los mandos militares que se realizó el 27 de marzo. De parte de los trabajadores participaron los dirigentes José D’Elía, Wladimir Turiansky y Gerardo Costa. De parte de los militares estuvieron Gregorio Álvarez, Chiappe Posse, Pérez Caldas y Olazábal. La CNT propuso hacer un paro en apoyo a las propuestas de las Fuerzas Armadas, pero los militares tomaron distancia. El 9 de abril, la Junta de Comandantes en Jefe emitió un comunicado que informaba sobre el encuentro y agregaba que “si bien la CNT reconocía la identidad de sus objetivos con los expresados por las FFAA en sus Comunicados números 4 y 7”, los mandos militares “entienden que los caminos preconizados por ambas instituciones son inconciliables”.

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General Juan Velasco Alvarado, el peruanismo en el poder.

Los dirigentes del MLN, que estaban en prisión, rechazaron desde el inicio los Comunicados 4 y 7. Pero no lo hicieron por defender a las instituciones sino por desconfianza a lo que consideraban una maniobra demagógica de los militares. Los Tupamaros venían alentando desde hacía años una expectativa “peruanista”. En un documento de diciembre de 1970 habían escrito: “Las FFAA de algunos países han demostrado que, frente al atraso de las masas y a la inexistencia de un fuerte proletariado, pueden asumir el rol de vanguardia y de partido (por ser el sector más poderoso, moderno, templado, coherente y disciplinado), desempeñando un buen papel en la defensa de la soberanía, la independencia y el desarrollo. Por ello, las FFAA no pueden ser descalificadas masivamente y no puede renunciarse a la política en su seno”. Si esta vez rechazaron los comunicados de los militares, fue porque los conocían demasiado y desconfiaron de ellos. ¿Qué pretendieron hacer los militares cuando publicaron los Comunicados

4 y 7? La pregunta es pertinente porque, una vez que tomaron completamente el poder en junio de 1973, se orientaron en una dirección muy distinta. Para algunos, en febrero del 1973 existía una facción peruanista (liderada presuntamente por el coronel Ramón Trabal) que luego fue derrotada en la interna militar. Para otros (incluidos algunos altos jerarcas militares de la dictadura), se trató de una trampa montada para que la izquierda “mordiera el anzuelo”. Cualquiera sea la explicación, febrero de 1973 aparece como un momento particularmente oscuro de nuestra vida política y como un símbolo de la extrema debilidad a la que habían llegado nuestras instituciones.

27 de junio de 1973 Llegado el mes de abril, los militares plantearon a Bordaberry su voluntad de procesar al senador Enrique Erro, a quien consideraban el principal operador político del MLN-Tupamaros. Ahora que la organización había sido derrotada

1973-1974

Transportes y José E. Etcheverry Stirling en Industria.

28 de octubre: intervención de la Universidad y designación como rector del Prof. Edmundo Narancio.

1º de agosto: aprobación del Decreto de Reglamentación Sindical.

19 de noviembre: Bordaberry y el presidente argentino Juan D. Perón firman el tratado de límites del Río de la Plata, poniendo fin a las negociaciones y desavenencias de años.

12 de setiembre: elecciones universitarias. Triunfan las listas de la oposición en los diferentes órdenes. 10 de octubre: “cónclave” gubernamental en el Hotel Nirvana. 27 de octubre: estalla una bomba en la Facultad de Ingeniería; un estudiante muerto.

13 de diciembre: integración del Consejo de Estado con 25 miembros. 1974

19 de febrero: aprobación de la Ley Orgánica de las FFAA, que incorpora la Doctrina de Seguridad Nacional y da carácter legal a la Junta de Oficiales Generales.

1974

28 de marzo: se promulgan las leyes de Inversiones Extranjeras y Promoción Industrial. 15 de mayo: la Junta de Comandantes en Jefe de las FFAA aprueba el documento “Política General de la República”. 27 de junio: creación del Consejo Económico y Social con carácter asesor de la presidencia y participación de las Fuerzas Armadas. 25 de julio: creación de ANTEL. 1º de setiembre: carta abierta al gobierno de

Las reacciones ante los Comunicados 4 y 7

Carlos Quijano Editorial del semanario Marcha, viernes 16 de febrero de 1973 (…) El programa no lo traza el partido triunfante, no lo redactan el presidente y sus ministros. Lo elaboran, y custodian su cumplimiento, los mandos. Ciertos exégetas, más realistas que el rey, se han dado a la apasionante y fecunda tarea de analizar tales comunicados. Donde dice negro debe entenderse blanco y donde se ha puesto coma corresponde punto y coma. (…) ¿Qué hacer?, se preguntan algunos. ¿Defender a la Constitución cien veces desconocida y pisoteada por los encargados de aplicarla? ¿Defender a un gobierno sin autoridad, que negocia en lugar de resistir y

Líber Seregni Fragmentos del discurso en 8 de Octubre y Comercio, 9 de febrero de 1973 (…) La patria es de todos y se conquista luchando junto a todos los verdaderos patriotas. (La patria) la construye el obrero y el ama de casa, el estudiante (...) y tiene que construirla también el militar y el campesino. (…) La línea de acción que se ha trazado el Frente Amplio, consiste en prestar su apoyo crítico a todas las instancias económicas, políticas y sociales que beneficien la causa popular. 

Wilson Ferreira Aldunate Entrevista concedida a Omar Prego. Buenos Aires, junio de 1973 Los comunicados 4 y 7 son la sarta de pavadas más pavas que yo he visto en mi vida. Son una ristra de lugares comunes, y claro, hay quienes coinciden con ellos, ya que: ¿cómo no coincidir con los lugares comunes?

Zelmar Michelini Entrevista concedida a Omar Prego. Buenos Aires, junio de 1973 Yo soy de los que creen que los comunicados 4 y 7, quedarán en la historia del país como un intento de algunos militares de tratar que la estructura eco-

nómica y social del Uruguay tuviese la posibilidad de ofrecer cambios. 

Convención Nacional de Trabajadores (CNT) Declaración del 26 de marzo de 1973 (…) Con esta óptica hemos valorado los Comunicados 4 y 7 de las FFAA donde se percibe la intención de llevar adelante algunos puntos reivindicativos coincidentes con los de nuestro programa. Nunca hemos pensado que somos los únicos que queremos la felicidad de nuestro pueblo y nos satisface mucho que en otros sectores que no son clase obrera, se manifiesten esas inquietudes; tampoco nos asusta que esas coincidencias se expresen no sólo en documentos sino en la lucha diaria por su concreción. 

Diario Ahora (Frente Amplio) Editorial del 3 de febrero El planteamiento de Vasconcellos (…) surge cuando las FFAA perfeccionan ostensiblemente su conciencia de las disyuntivas que Uruguay enfrenta. Cuando comienzan a distinguir entre quienes aprovechan la crisis y quienes la sufren; entre quienes se han asociado a los intereses extranjeros que nos constriñen y quienes no tienen la suerte distinta de la que corre la sociedad en que vivimos. (La opinión pública) está a la espera de orientaciones y propuestas de cambio. En la elaboración de éstos, los militares jugarán un papel sin exclusivismos ni mesianismos. Mejor, entonces, buscar las modalidades de una participación que puede ser positiva. 

Editorial del 14 de febrero (...) Del análisis de estos párrafos extrajimos la definición, que desde el primer momento la calificamos de «propuesta de cambio». En nuestro entender este análisis sistemático de la problemática nacional y sus posibles soluciones tiene el carácter de una importante aportación a la tarea común de encontrarle una salida al país. 

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(…) Consideramos que el dilema no es entre poder civil y poder militar, que la divisoria es entre oligarquía y pueblo, y que dentro de este caben indudablemente todos los militares patriotas que estén con la causa del pueblo, para terminar con el dominio de la rosca oligárquica (…). Las Fuerzas Armadas deben reflexionar sobre este hecho: los marxistas-leninistas, los comunistas, los integrantes de la gran corriente del Frente Amplio, estamos de acuerdo en lo esencial con las medidas expuestas por las FF.AA. como salidas inmediatas para la situación que vive la República, y por cierto no incompatibles con la ideología de la clase obrera, sin prejuicio de nuestros ideales finales de establecimiento de una sociedad socialista. (…) Hoy, como siempre, creemos que para esta obra de auténtica recuperación nacional se necesita el esfuerzo de todos los orientales honestos, sin distinción de civiles o militares, con la única determinación de ser patriota y creer en el Pueblo. 

que ha acumulado errores tras errores? ¿Defender un régimen carcomido del cual ese gobierno o agobierno es expresión? (…) Puesto que el planteo una vez que se prescinde de la hojarasca es simple la respuesta también es simple. La consumación no es justificación y el poder militar, repetimos, no debe reemplazar al poder político. Entonces queda solo una vía: consultar al pueblo, tantas veces invocado, tantas engañado, tantas inducido al error; plebiscitar programas concretos, más que programas planes y proceder a nuevas elecciones dado que el poder político, en uno de sus más encumbrados representantes, se ha hecho el harakiri. 

HISTORIA RECIENTE

Partido Comunista Editorial del diario El Popular, el 11 de febrero de 1973

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los principales dirigentes políticos reclamando “el pleno funcionamiento de los partidos, sin otras limitaciones que las impuestas por la Constitución y la ley”. 8 de octubre: reunión del Comité Central del MLN en Buenos Aires. 19 de diciembre: asesinato del coronel Ramón Trabal, agregado militar uruguayo en la Embajada en París. 20 de diciembre: aparición de cinco cadáveres en Soca, Canelones.

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7 de enero: destitución de Edmundo Narancio como ministro de Cultura; asume Daniel Darracq. 19 de abril: celebración del 125º Aniversario del Desembarco de los 33 Orientales en el marco del Año de la Orientalidad. 20 de octubre: inauguración de la XI Conferencia de Ejércitos Americanos. Comienza ofensiva de las Fuerzas Conjuntas contra el Partido Comunista. 9 de diciembre: Bordaberry envía un

memorando a las FFAA. Los militares discrepan con el presidente. 1976

7 de enero: Végh presenta a Bordaberry un documento en el que discrepa con su solución institucional. 2 de febrero: la Junta de Oficiales Generales de las FFAA decide no convocar a elecciones en noviembre de ese año, mantener el régimen cívico militar, reactivar los partidos tradicionales en una segunda etapa y estudiar las bases de una reforma constitucional.

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militarmente, también debía serlo en el terreno político. Pero Erro tenía inmunidad parlamentaria, de modo que era necesario desaforarlo (suspenderle transitoriamente su condición de legislador) para que pudiera ser juzgado. El 27 de abril, y tras recibir una solicitud formal de un juez militar, el Poder Ejecutivo envió al Senado el pedido de desafuero del senador Erro. El documento afirmaba que “existe semiplena prueba de la comisión de graves delitos de lesa nación por el referido ciudadano”. El tema pasó a ser estudiado por la Comisión de Constitución y Legislación de la cámara alta, que se pronunció negativamente a partir de un informe jurídico de Washington Beltrán. Pero el gobierno estaba decidido a procesar a Erro. El 7 de mayo, antes de que el Senado se pronunciara, un diputado de la Unión Nacional Reeleccionista presentó una iniciativa de juicio político en la Cámara de Diputados. El doble procedimiento generó nuevas tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Los militares habían decidido aumentar la presión sobre los políticos en general, y no solamente sobre Erro. Ya en noviembre de 1972, la Justicia Militar había anunciado que pediría el desafuero de Wilson Ferreira para juzgarlo por unas declaraciones públicas. Una semana después, el Poder Ejecutivo había informado que no enviaría la solicitud al Parlamento. El 31 de enero de 1973, el senador colorado Amílcar Vasconcellos acusó públicamente a los militares de querer “desplazar a las instituciones”, lo que generó como respuesta un duro comunicado de la Junta de Comandantes en Jefe. El conflicto entre Vaconcellos y los mandos se prolongó durante varios meses, y se hizo más agudo luego de que Vasconcellos publicara un libro extremadamente crítico de los militares. El 12 de junio, la Justicia Militar libró un exhorto para que Vasconcellos fundamentara sus dichos. Los mandos hablaron de pedir su desafuero, pero no lo hicieron. Paralelamente, la Justicia Militar había iniciado acciones contra el presidente del Directorio del Partido Nacional, el capitán retirado Omar Murdoch. El 30

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12 de febrero: el presidente presenta otro memorando a las FFAA y pide que se pronuncien sobre sus puntos de vista. 24 de marzo: visita del presidente de Paraguay, general Alfredo Stroessner. 9 de abril: la Comisión de Asuntos Políticos (Comaspo) que asesora a la Junta de Oficiales Generales recibe un informe de los delegados de las FFAA referido a las negociaciones con el presidente. 21 de abril: visita del presidente de Chile general Augusto Pinochet.

Amílcar Vasconcellos: el dolor republicano ante el golpe de Estado.

de abril, un juez militar le había exigido explicaciones sobre una declaración política realizada por los blancos. El 6 de junio Murdoch fue procesado sin prisión por la Justicia Militar. El 25 de junio sería procesado con prisión. El 17 de mayo, el Senado de la República aprobó una moción presentada por el Partido Nacional, por la que decidía no pronunciarse sobre el pedido de desafuero a Erro. La moción tenía una justificación formal (evitar la ‘incompatibilidad’ que podría surgir de las dos acciones puestas en marcha por el gobierno, una en Senadores y otra en Diputados), pero tenía un claro significado político de rechazo a las presiones del Ejecutivo. El 22 de junio, en medio de una inmensa tensión política, la Cámara de Representantes rechazó la solicitud de juicio político al senador Erro por 49 votos contra 48. Esa decisión fue vivida como una doble derrota por Bordaberry y los militares. En primer lugar, Enrique Erro había quedado fuera del alcance de la Justicia Militar, pese a que ellos creían tener pruebas fehacientes de su vinculación con el MLN. Por otro lado, el Poder Legislativo en su conjunto estaba mostrando una voluntad de indepen-

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Amílcar Vasconcellos Nació en Artigas en 1915 y murió en Montevideo en 1999. Fue electo diputado por Montevideo en 1951, codirigió el diario Acción entre 1955 y 1957, y fue miembro del Comité Ejecutivo del Partido Colorado desde 1955. Fue ministro de Ganadería y de Hacienda. Integró en dos oportunidades el Consejo Nacional de Gobierno. Tras la muerte de Luis Batlle en 1964 fundó su propia agrupación: Por la ruta de Luis Batlle, lista 315. Fue candidato a la presidencia de la República en 1966 y en 1971, y senador entre 1967 y 1973. Estuvo proscripto bajo la dictadura y participó del triunvirato que dirigió a su partido entre 1976 y 1985. Maestro y profesor de pedagogía en los Institutos Normales, fue secretario general de la Federación Magisterial del Uruguay. Republicano convencido, fue un duro crítico de las políticas represivas de Pacheco y Bordaberry, a quienes acusó de alentar el crecimiento de la guerrilla. En febrero de 1973 alertó sobre el avance del poder militar y el peligro de los nuevos “latorritos”, según la expresión que acuñó. En su libro Febrero Amargo, de marzo de 1973, narró con detalle los acontecimientos que preanunciaron la disolución de las Cámaras del mes de junio. 

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20 de mayo: en Buenos Aires aparecen muertos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz. Sus entierros en Montevideo son reprimidos por la Policía.

tres Actos Institucionales sobre proscripciones de dirigentes políticos, suspensión de las elecciones y reorganización del Estado con la creación del Consejo de la Nación.

1º de junio: Bordaberry envía un nuevo memorando. Reitera sus puntos de vista y su oposición al plan político de los militares.

12 de junio: Bordaberry reitera sus conceptos anteriores por escrito. Los militares informan a Bordaberry que ha perdido la confianza de las FFAA y que le retiran su apoyo. Bordaberry renuncia a la presidencia. Asume Alberto Demicheli interinamente.

8 de junio: Bordaberry envía un nuevo memorando, “puntos aclaratorios de la posición del presidente de la República”. 10 de junio: la Comaspo aprueba los textos de

14 de junio: el presidente Demicheli firma los actos institucionales 1 y ,2 por las que

El último discurso del senador Wilson Ferreira A altas horas de la noche, en el filo del cambio de día entre el 26 y el 27 de junio de 1973, el Senado de la República tuvo lo que sería su última sesión en más de una década. En un clima general de agitación, y poco antes de abandonar el Palacio Legislativo, Wilson Ferreira Aldunate pronunció su último discurso como senador en ejercicio: Señor Presidente: a lo largo de todo el día de hoy, circularon persistentes rumores, que luego terminaron transformándose casi en noticia, según los cuales estaría a punto de culminar –si es que no ha culminado ya– un triste proceso que finalizaría con la violación, por parte de Juan María Bordaberry, de sus juramentos constitucionales y un asalto a las instituciones y a las libertades públicas. Si eso llegara a confirmarse, como mucho tememos que ocurra, habría que decir –como es corriente en estos casos– que a Bordaberry y a sus cómplices los juzgará la historia. Y esto es verdad. Pero debe agregarse que antes, éste, nuestro pueblo oriental de hoy, va a exigir responsabilidad y hacerla efectiva contra los culpables del atentado y sus cómplices. Si ello llegara a confirmarse, señor Presidente, nuestro Partido Nacional se considerará en guerra contra el señor Juan María

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Bordaberry, enemigo de su pueblo. Los señores senadores me permitirán que yo, a pesar de que la hora exige emprender la restauración republicana como una gran empresa nacional, haga una invocación que me resulta ineludible, a la emoción más intensa que dentro de nuestra alma alienta, y perdonarán que antes de retirarme de sala, arroje al rostro de los autores de este atentado, el nombre de su más radical e irreconciliable enemigo, que será, no tengan la menor duda, el vengador de la República: ¡el Partido Nacional! ¡Viva el Partido Nacional!

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mía y Finanzas), Pablo Purriel (Salud Pública), Benito Medero (Ganadería y Agricultura), Jorge Presno (Industria), Carlos Abdala (Trabajo), Mario Ubillos (Transporte, Comunicaciones y Turismo), Ángel Servetti (Obras Públicas) y José María Robaina Ansó (Educación). El secretario de la Presidencia era Álvaro Pacheco Seré y el director de la Oficina de Planeamiento era Ricardo Zerbino. Una vez conocida la decisión de Bordaberry, cinco integrantes de este equipo renunciaron por discrepar con la medida: Robaina Ansó, Zerbino, Presno, Purriel y el teniente coronel Servetti. Los demás decidieron seguir formando parte de lo que había pasado a ser un gobierno de facto. En la mañana del 27 de junio, la CNT llamó a un paro general que tuvo en los primeros días una respuesta masiva. Las expectativas de una dictadura “peruanista” habían desaparecido y los dirigentes sindicales habían pasado a una postura de fuerte oposición. Al día siguiente, en un acto realizado en el Paraninfo de la Universidad de la República, el rector Samuel Lichtensztejn acusó públicamente al gobierno de ser dictatorial. El 6 de julio fueron detenidos, encapuchados y encarcelados los legisladores blancos Walter Santoro, Luis Alberto Lacalle, Carlos Rodríguez Labruna, Miguel Ángel Galán y Óscar López Balestra (no recuperarían la libertad hasta el 22 de julio). El 9 de ese mes se produjo una gran manifestación de protesta en el centro de Montevideo. El Ejército sacó nuevamente los tanques a la calle. Hubo disparos y duras cargas de la Policía, pero no se produjeron muertes. Numerosos dirigentes y militantes fueron detenidos bajo el cargo de haber participado en una “asonada”. La huelga terminó poco después de esa manifestación. Para mediados de julio, los militares tenían la situación controlada. Casi toda la dirigencia sindical y buena parte de la dirigencia política de izquierda estaba presa (la cantidad de detenidos era tal que el Cilindro Municipal se usó como cárcel). El general Seregni había sido detenido tras la manifestación del

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prohibía “atribuir propósitos dictatoriales al Poder Ejecutivo”. También se decidieron incrementos salariales del 50 por ciento y subas en los servicios públicos del 20 por ciento. En la madrugada del 27 de junio, el Palacio Legislativo fue rodeado por vehículos blindados. A las 7 de la mañana, los generales Esteban Cristi y Gregorio Álvarez tomaron posesión del edificio, que a esa altura estaba semidesierto. El golpe de estado había terminado de consumarse. En el momento de la disolución de las Cámaras, el Consejo de Ministros estaba integrado por Néstor Bolentini (Interior), Walter Ravenna (Defensa Nacional), Juan Carlos Blanco (Relaciones Exteriores), Moisés Cohen (Econo-

HISTORIA RECIENTE

dencia que los militares consideraban incompatible con el estado de cosas creado en febrero. Horas después de conocerse la decisión de los diputados, el presidente Bordaberry se reunió en la residencia presidencial con los tres comandantes en jefe, los miembros del Estado Mayor Conjunto (Esmaco) y los jefes de las cuatro regiones del Ejército. Allí el presidente realizó una exposición en la que explicó los fundamentos y objetivos del paso que se iba a dar: disolver el Parlamento. El 26 de junio, a las once y veinte de la noche, Bodaberry firmó el decreto 646/73, que disolvía las Cámaras y las Juntas Departamentales, al tiempo que

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se suspende hasta nuevo pronunciamiento la convocatoria a elecciones generales y se crea el Consejo de la Nación.

6 de julio: Venezuela suspende relaciones diplomáticas con Uruguay por el incidente de la embajada.

del Congreso de ese país de suspender la ayuda militar a Uruguay por violaciones a los derechos humanos.

17 de junio: Wilson Ferreira se presenta en el Congreso de los Estados Unidos y reclama que cese la asistencia económica norteamericana al gobierno uruguayo para la compra de armas.

1º de setiembre: Aparicio Méndez asume como presidente por un período de cinco años. Aprobación de los actos institucionales 3 y 4, por los que se reestructura el Poder Ejecutivo y se proscribe a gran parte de la clase política.

20 de octubre: aprobación del acto institucional Nº 5, que limita la vigencia de los derechos humanos a los requerimientos de la seguridad interna.

28 de junio: integrantes de las Fuerzas Conjuntas capturan dentro de la embajada de Venezuela a Elena Quinteros, que intentaba asilarse.

2 de setiembre: el presidente de Estados Unidos, Gerald Ford, ratifica la decisión

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9 de julio. También estaban presos seis legisladores blancos y el presidente del Directorio del partido Nacional. Otros legisladores (incluidos Zelmar Michelini, Enrique Erro, Wilson Ferreira y Héctor Gutiérrez Ruiz) habían partido al exilio en las horas siguientes al golpe. La huelga había terminado y apenas se vivía un clima de oposición dentro de los muros de la Universidad de la República, que seguía siendo autónoma. En ese clima, el ministro del Interior Néstor Bolentini hizo pública una larga lista de ciudadanos a los que se les prohibía realizar tareas políticas. En esa lista estaban todos los dirigentes del Frente Amplio y un gran número de dirigentes de los partidos tradicionales, entre los que figuraban Jorge Batlle, Carlos W. Cigliutti, Manuel Flores Mora, Guillermo García Costa, Luis Hierro Gambardella, Raumar Jude, Luis Alberto Lacalle, Aquiles Lanza, Óscar López Balestra, Dardo Ortiz, Carlos Julio Pereyra, Héctor Lorenzo Ríos, Renán Rodríguez, Julio María Sanguinetti, Amílcar Vasconcellos, Alembert Vaz y Pedro Zabalza. Para setiembre de 1973 estaba prevista la realización de elecciones en la Universidad de la República. Esos comicios no tenían otro propósito que elegir nuevas autoridades universitarias, pero muy pronto adquirieron un alto significado político. Por una parte, la Universidad de la República había sido en los últimos años uno de los principales escenarios de confrontación. Por otro lado, y tras el golpe de junio, se había convertido en el único ámbito en el que todavía era posible a gran escala el libre ejercicio del voto. Los gobernantes de facto comprendieron la inconveniencia de una fuerte votación opositora y se propusieron impedirla. Para eso introdujeron la obligatoriedad del voto en las elecciones universitarias, con el propósito de obligar a pronunciarse a una “mayoría silenciosa” que normalmente no seguía a los gremios. Pero la maniobra no dio resultado. Las listas de sesgo opositor obtuvieron el 89% de los votos estudiantiles y el 76% de los docentes. La Universidad de la República adquirió más que nunca un carácter de reducto opositor. (Pese a ser una medida impuesta por la dictadura militar, la obligatoriedad del voto en la Universidad de la República se mantiene hasta hoy). El 27 de octubre estalló una bomba en la Facultad de Ingeniería. El artefacto explotó en las manos del estudiante que la estaba fabricando, que perdió la vida. Esa explosión pareció confirmar dos convicciones ampliamente extendidas

Washington Beltrán en un acto de su lista 400.

Washington Beltrán Cuando se disolvieron las Cámaras, Washington Beltrán tenía 59 años y había sido electo por tercera vez senador de la República. Abogado, primogénito de una figura mítica del Partido Nacional, había ingresado a trabajar en el diario El País en 1939 y accedido a su co-dirección en 1961. En 1945 fundó el Movimiento Popular Divisa Blanca - Lista 400 y fue protagonista del proceso de reunificación del Partido Nacional en los años cincuenta. Con ese objetivo, en 1954 renunció a su banca como diputado del Nacionalismo Independiente para incorporase a Reconstrucción Blanca. El intento de superar la división entre los blancos finalmente fructificó y condujo a la victoria electoral de 1958. En 1965, Beltrán presidió el Consejo Nacional de Gobierno durante el segundo colegiado blanco (1963-1967). El 10 de febrero de 1973, mientras se producían los graves acontecimientos que condujeron al acuerdo de Boiso Lanza, escribió en El País: “No admitimos soluciones contrarias a la democracia, a la democracia auténtica, que es libertad, que es derecho, que es coordinación respetuosa de Poderes, que es responsabilidad”. Dos días más tarde agregaba: “No sabemos si nos encaminamos al ocaso de nuestra democracia. No será necesario

mucho tiempo para develar la incógnita. Posiblemente, ya no exista cuando estas líneas salgan a la calle. Pero lo dramático, lo estremecedor, es que se está jugando el destino, quizá por décadas de la República, en medio del silencio, del silencio inexplicable, del silencio temeroso, del silencio frívolo de muchos”. El 29 de junio de 1973, tras la disolución de las Cámaras, continuó en la misma prédica: “Nadie puede querer, para esta tierra, el destino de cárcel. Y no creemos que nadie pueda pensar que es posible apuntar hacia el mañana, sobre los esquemas de la intemperancia y la radicalización. (…) En esta República se han cometido muchos errores. Por todos. Hemos comprometido por abulia, por egoísmo, por comodidad, por demagogia, un país maravilloso donde todo se nos ofrecía para ser un oasis de felicidad en el mundo”. Proscripto durante siete años por la dictadura, analizó en julio-agosto de 1980, a lo largo de ocho meticulosos artículos en El País, las pautas constitucionales de la dictadura. Dejó allí claramente establecido su rechazo al proyecto que habría de plebiscitarse en noviembre. Desde 1985 se dedicó intensamente al periodismo. Murió el 19 de febrero de 2003. 

La reorganización Con la intervención de la Universidad de la República terminó la fase inicial de represión y se inició un proceso de reorganización institucional. El primer paso de ese proceso fue la organización de un “cónclave” que se realizó el 10 de octubre de 1973 y reunió a un gran número de jerarcas civiles y militares. Los primeros resultados visibles se produjeron el 13 de diciembre del mismo año, cuando se creó un Consejo de Estado de 25 miembros que desempeñaba la función de un Parlamento extremadamente debilitado. La presidencia del nuevo órgano fue puesta en manos del histórico dirigente herrerista Martín Echegoyen. El inicio del esfuerzo de reorganización no significó, sin embargo, el fin de las actividades represivas. En 1974 se profundizó la represión política. Varios dirigentes tupamaros fueron tomados como rehenes, sometiéndolos a prisión en condiciones inhumanas. También se decidió la clausura definitiva de las publicaciones Marcha y Ahora. Figuras relevantes de la cultura y el periodismo (como Carlos Quijano y Juan Carlos

Los “rehenes” Una de las medidas represivas más terribles tomadas por la dictadura consistió en seleccionar a 18 “rehenes” (9 varones y 9 mujeres) vinculados al MLN-Tupamaros. Los hombres (Mauricio Rosencof, Eleuterio Fernández Huidobro, José Mujica, Jorge Manera, Henry Engler, Adolfo Wasem, Jorge Zabalza, Julio Marenales y Raúl Sendic) estuvieron presos en cuarteles de varias regiones militares desde setiembre de 1973 hasta marzo de 1984. Las mujeres (Alba Antúnez, Estela Sánchez, Cristina Cabrera, Flavia Shilling, Gracia Dry, Jessie Macchi, Raquel Dupont, María Elena Curbelo y Elisa Michelini) volvieron al Penal de Punta de Rieles a fines de 1976. Eso explica por qué se suele hablar exclusivamente de los nueve varones. Las condiciones de detención fueron extremadamente duras. El sistema de ro-

tación incluía cambios permanentes entre cuarteles y métodos de reclusión diferentes. A veces estaban solos y a veces de a tres. Fueron torturados con frecuencia y encerrados en cubículos de chapa de los que solo se podía salir gateando (“perreras”). Las duras condiciones les generaron serias perturbaciones psicológicas. “De alguna manera estábamos todos desquiciados”, ha dicho Rosencof. Pese a múltiples intentos, ni los organismos de defensa de los derechos humanos ni la organización Médicos sin frontera pudieron verlos. En abril de 1984, luego de once años de cautiverio, los nueve rehenes regresaron al Penal de Libertad y fueron puestos en calabozos de castigo, donde permanecieron otros tres meses. 

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El coronel Ramón Trabal fue asesinado de seis tiros en París, el 19 de diciembre de 1974. Dos obreros que trabajaban cerca vieron huir a los sicarios, de aspecto europeo, en dirección a la rue La Fontaine, a orillas del Sena. El asesinato fue atribuido a la Brigada Internacional Raúl Sendic, pero los tupamaros lo niegan. Al día siguiente del asesinato, aparecieron cerca de Soca cinco cuerpos acribillados a balazos y con signos de tortura. Eran Floreal García (31 años), su esposa Mirtha Teresa Hernández (29 años), Héctor Daniel Brum (28 años), María de los Ángeles Corbo de Brum (26 años) y Graciela Martha Estefanell (34 años). Todos habían sido secuestrados en Buenos Aires, trasladados en forma clandestina a Uruguay y recluidos presumiblemente en el cuartel de San Ramón, en jurisdicción de la División de Ejército IV bajo el mando del general Gregorio Álvarez. El niño Amaral García, hijo de Floreal y Mirtha, fue ubicado en Argentina diez años después. Trabal era un hombre muy cercano a Álvarez y es considerado uno de los ideólogos de los Comunicados 4 y 7. Descendiente de dos familias de linaje militar, se había educado en el British School y había recibido calificaciones muy destacadas cuando realizó estudios en Argentina y Estado Unidos. También había hecho un breve pasaje por Perú en tiempos de Velasco Alvarado. Trabajó como jefe del Servicio de Información de Defensa y fue enviado a Francia en medio de una crisis militar (cuando el general Chiappe Posse fue relevado por el general Vadora). Poco antes de morir, envió a Montevideo cartas en las que revelaba una profunda incertidumbre sobre su futuro. Sabía que lo estaban siguiendo y afirmó que algunos uruguayos habían viajado a París para vigilarlo. En medios cercanos a Trabal nunca se descartó ninguna hipótesis. Su asesinato pudo ser un tiro por elevación contra Álvarez en la interna militar, una acción de guerrilleros autónomos, un ajuste de cuentas por cuestiones más prosaicas o, como sostienen algunos, una operación de servicios de inteligencia ajenos a Uruguay. 

Onetti) fueron detenidas y sometidas a la justicia militar. El 1º de setiembre, en una carta abierta al gobierno, los principales dirigentes de distintos partidos políticos reclamaron “el pleno funcionamiento de los partidos, sin otras limitaciones que las impuestas por la Constitución y la ley”. Pero la política represiva continuó, focalizándose en la detención de la dirigencia comunista residente en el país y de un gran número de militantes. Los métodos más frecuentes incluían la prisión por delitos de opinión, la falta de garantías en los procesamientos, el mantenimiento de condiciones carcelarias violatorias de los derechos humanos, el uso sistemático de la tortura y, según se ha podido confirmar recientemente, las ejecuciones de prisioneros. El período de represión más intensa se prolongó hasta el año 1976, cuando los militares capturan el aparato armado del Partido Comunista. La caída de ese aparato, que los comunistas habían organizado cuidadosamente pero nunca habían decidido usar, significó la eliminación de la última posibilidad de resistencia armada en el país. El aparato que los tupamaros habían intentado mantener funcionando en el exterior había colapsado en 1975. Desde entonces, los militares uruguayos se concentraron casi exclusivamente en ejercer una función de control sobre el conjunto de la sociedad. Con el paso del tiempo se hicieron reconocibles tres características que serían típicas de la dictadura uruguaya.

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El asesinato de Ramón Trabal

entre los militares. La primera era que la guerrilla había sido vencida pero no eliminada. La segunda era que la Universidad autónoma era utilizada por los guerrilleros como un espacio para reorganizarse y armarse. El 28 de octubre de 1973, el Poder Ejecutivo intervino la Universidad, destituyó a las autoridades en ejercicio e impuso como rector interventor al Prof. Edmundo Narancio.

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La primera fue una participación no desdeñable de civiles en el ejercicio de las funciones de gobierno. Aunque la última palabra la tuvieron siempre los militares, la colaboración de civiles fue lo suficientemente importante como para que se hablara de “proceso cívico-militar”. La lista de quienes colaboraron con los militares incluye, entre muchos otros, a Aparicio Méndez, Alberto Demicheli, Walter Ravenna, Juan Carlos Blanco, Alejandro Végh Villegas, Valentín Arismendi, Edmundo Narancio, Enrique Viana Reyes, Raquel Lombardo, Jorge Amondarain, Luis Givogre, Pablo Millor, Alejandro Rovira, Estanislao Valdez Otero, Marcial Bugallo, Luis Vargas Garmendia, Daniel Darracq, Juan Carlos Paysée, Oscar Rachetti y Walter Belvisi. Una segunda característica del régimen fue el rápido abandono de las pretensiones expresadas en los Comunicados 4 y 7. Lejos de avanzar hacia un estado expropiador y dirigista, como había ocurrido en el Perú de Velasco, en junio de 1974 los militares pusieron la conducción económica en manos de Alejandro Végh Villegas, que le dio un fuerte giro liberalizador. En setiembre de 1974, Végh liberó la compra y venta de moneda extranjera, terminando así con el control de cambios. También eliminó el impuesto a la renta de las personas f ísicas y el impuesto a las herencias, con lo que la recaudación pasó a concentrarse en los impuestos indirectos. La filosof ía que imperaba en el Ministerio de Economía era favorable a una reducción del intervencionismo estatal, pero entre los militares había resistencias. El resultado fue una política híbrida, a medio camino entre Velasco y Pinochet: por un lado se liberalizaban las finanzas y el comercio, pero al mismo tiempo se conservaron todas las empresas del estado, se aumentó el número de funcionarios públicos y se emprendieron grandes obras con financiamiento y gestión estatal, como la represa de Salto Grande. Los resultados también fueron mixtos. Entre 1974 y 1981, la economía creció a más del 4% anual. Las finanzas

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públicas mejoraron hasta lograr dos años de superávit fiscal. Pero el salario real tuvo una caída promedio anual del 4,6 por ciento, hasta acumular una reducción del orden del 50 por ciento. La proporción de los sueldos en el ingreso nacional pasó del 41 por ciento como promedio para los años 1968-72, al 25 por ciento en 1979. El régimen concentró el ingreso en no mucha menor medida que la dictadura chilena, pero el crecimiento económico fue inferior. La tercera característica del régimen fue su fuerte sentido disciplinador. Los militares uruguayos mataron menos que sus pares de la región, pero impusieron un control sobre la sociedad que no se alcanzó en casi ninguna parte. Para lograrlo, la dictadura adoptó una larga serie de medidas que incluyó la disolución de los sindicatos y de los gremios estudiantiles, la ilegalización de partidos, la prohibición de reuniones y actividades políticas, la intervención de los órganos de gobierno de la enseñanza, la depuración de los cuadros docentes, el férreo control sobre los planes y programas de estudio, el examen de los antecedentes políticos e ideológicos de toda persona que aspirara a un cargo directivo en cualquier organización de la sociedad civil, la censura a la prensa y a los espectáculos artísticos (ejercida de maneras diversas y no siempre explícitas) y el uso de trámites como el otorgamiento de pasaportes para ejercer un control sobre las actividades presentes y pasadas de los ciudadanos (típicamente, el “certificado de fe democrática” que clasificaba a los ciudadanos en las categorías A, B y C).

La caída de Bordaberry Una vez puesta “la casa en orden”, el régimen se preguntó qué hacer en relación a las elecciones generales previstas para noviembre de 1976. Ni los militares ni sus colaboradores civiles estaban inclinados a que esos comicios se realizaran, pero pronto surgió una diferencia entre Bordaberry y casi todo el resto. Bordaberry creía que había una oportunidad para refundar las instituciones del país. Muy influido por las ideas

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Elena Quinteros

Nacida en 1945, Elena Quinteros militó en Resistencia Obrero Estudiantil, la Federación Anarquista del Uruguay y en el grupo guerrillero OPR 33. En 1969 fue detenida por primera vez, y procesada por asociación para delinquir. Tras el golpe de junio de 1973 se asiló en Buenos Aires, desde donde participó en 1975 en la fundación del Partido por la Victoria del Pueblo. Luego del golpe argentino de marzo de 1976, Quinteros regresó clandestinamente a Uruguay para organizar acciones contra la dictadura uruguaya. Fue detenida el 24 de junio de ese año y trasladada a una unidad militar, donde fue interrogada y torturada. Liberada bajo vigilancia estricta, con el fin de entablar contacto con un dirigente de su partido, logró escapar y entró a los jardines de la embajada de Venezuela, desde donde fue secuestrada por fuerzas uruguayas a pesar de la resistencia de los funcionarios venezolanos. El gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez exigió la inmediata liberación de Quinteros, arrebatada en el territorio de la Embajada. Al negar toda responsabilidad el gobierno uruguayo, Venezuela rompió relaciones diplomáticas. Según algunos testimonios, Quinteros habría estado detenida y sometida a torturas en el Batallón 13º de Infantería Blindada. Hasta hoy permanece desaparecida, sin que se conozcan los autores materiales e intelectuales del crimen. 

Una serie de 25 fascículos publicada por el diario El País con el apoyo del Centro de Estudios Jean-François Revel.

Asistente

Dirección de proyecto

Archivo de El País

Pablo da Silveira

Investigación y redacción

Pablo da Silveira Francisco Faig Félix Luna Enrique Mena Segarra Martín Peixoto

José López Fotografías

Diseño gráfico, armado y corrección

Trocadero Publicación

El País

Impreso en El País Depósito legal: 334.251

El asesinato de Cecilia Fontana de Heber El martes 5 de setiembre de 1978, poco después de mediodía, Cecilia Fontana de Heber decidió probar el vino blanco Riesling que había llegado el 30 de agosto como regalo anónimo al apartamento donde vivían Mario Heber y su familia. Era una botella idéntica a otras dos que, envueltas en papel de embalar azul, habían llegado a las casas de otros dos dirigentes blancos: Carlos Julio Pereyra y Luis Alberto Lacalle. También era similar la tarjeta que las acompañaba, donde se podía leer: “El jueves 31 al mediodía brindemos por la Patria en su nueva etapa. M.D.N (Movimiento Democrático Nacional)”. De haber logrado sus fines, los asesinos habrían matado a tres importantes dirigentes del Partido Nacional y a sus familias. La muerte fulminante de Cecilia Fontana permitió advertir a los demás. Mario Heber murió en mayo de 1980, convencido de que un grupo paramilitar había asesinado a su esposa. Muchos sospechan que detrás del vino envenenado había personas de convicciones ultranacionalistas, cobijadas bajo la impunidad de la dictadura. En 1985, al comparecer en la comisión parlamentaria que indagó el caso, el oficial Víctor Castiglioni

señaló: “En lo que me es personal no tengo dudas de que se trataba de personas de extrema derecha. (…) Se comenzaba a hablar de la apertura política en el Uruguay, y a mi juicio, el autor del crimen era alguien que no estaba de acuerdo con ella y, con su acción, intentó crear una grave conmoción en el país para impedir que se continuara con ese proceso de apertura”. Según el periodista Álvaro Alfonso, la Policía habría verificado que los asesinos compraron las botellas y el papel en un supermercado de avenida Italia y Bolivia. Pero esta prueba no figura en el expediente judicial. Según Alfonso, el oficial Hugo Campos Hermida, un policía acusado de violar los derechos humanos que llevó adelante la investigación, creía conocer a los culpables. Poco antes de morir en 2001, habría dicho: “Si Batlle me deja violar los derechos humanos un rato, te quiero decir pegarle un par de cachetazos a uno que hay que darle, en 48 horas este caso queda resuelto”. En los últimos meses el ex senador Carlos Julio Pereyra ha vuelto a plantear el tema ante la Justicia. ■

posibilidad de permanencia, porque no puedo, sin negar profundas convicciones personales, compartir las condiciones bajo las cuales ella se operaría”. Los espacios para una posible negociación se iban cerrando. La caída de Bordaberry fue provocada por una carta que él mismo envió a la Junta de Oficiales Generales el 12 de junio de 1976. En ella reafirmaba su postura y además comunicaba que no renunciaría a su cargo hasta el 1º de marzo de 1977. La Junta respondió diciendo que el presidente ya no tenía su confianza y que se lo hacía saber “a los efectos que hubiere lugar”. Bordaberry entendió el mensaje y renunció. Sólo lo acompañaron el ministro de Vivienda, Federico Soneira, y Pacheco Seré. Los demás miembros del gabinete permanecieron en sus cargos. Llevado por su fundamentalismo, Bordaberry había terminado por convertirse en el hombre políticamente más aislado del país. Los militares estaban profundamente descontentos con su actitud. En un documento secreto de la época, el entonces jefe del Ejército, teniente general Julio César Vadora, lo acusaba de tener la “aviesa intención de reeditar la histórica pugna entre el Poder Civil y el Poder Militar”. En un comunicado público, las Fuerzas Armadas declararon no querer compartir “la responsabilidad histórica de suprimir los Partidos Tradicionales”. Los políticos, por su parte, habían pasado a verlo como su peor enemigo. El propio Bordaberry reconoció el punto años más tarde, en una entrevista con el periodista Alfonso Lessa: “Para los partidos políticos, se dará cuenta usted al oír esto, era más enemigo yo que las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas querían volver a la democracia, no querían volver enseguida. Querían un proceso que no fue nítido por la intención del general Álvarez de llegar a la Presidencia de la República a través del plebiscito que fracasó, y eso lo dilató. Pero los mandos de las Fuerzas Armadas lo que querían era volver al régimen democrático, volver a lo que hay hoy, porque la democracia es esto”. Él no quería, y eso terminó con su carrera. Tras la renuncia de Bordaberry, asumió la presidencia Alberto Demicheli, a quien sucedería poco después Aparicio Méndez. El 14 de junio de 1976, Demicheli firmó las Actos Institucionales 1 y 2. El primero de ellos suspendía la convocatoria a elecciones generales y creaba el Consejo de la Nación (integrado por el Consejo de Estado y la Junta de Oficiales Generales de las Fuerzas Armadas). El segundo fijó las competencias del Consejo de Estado y ratificó que la pre-

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ceso de transición que condujera a una democracia limitada a partir de 1985. El presidente de facto había adoptado una postura tan extrema que ni siquiera consiguió apoyo entre los militares golpistas. En las discusiones que se sucedieron, el propio general Gregorio Álvarez afirmó que “Uruguay es Peñarol y Nacional, poncho y sobretodo”, de modo que no podía pensarse en eliminar a los partidos tradicionales. El 2 de febrero de 1976, la Junta de Oficiales Generales decidió no convocar a elecciones en noviembre de ese año, pero al mismo tiempo fijó un programa de salida que incluía una lenta reactivación de los partidos tradicionales y una reforma constitucional. El objetivo era una democracia tutelada por las Fuerzas Armadas de la que estuviera excluida la izquierda. Pero Bordaberry no se desalentó. En los meses siguientes presentó varios documentos a los militares, en los que básicamente repetía sus ideas iniciales y les pedía que se pronunciaran. En uno de esos textos, Bordaberry admitía que “el proyecto o programa político” que planteaban las Fuerzas Armadas era “diametralmente distinto” del suyo y que reflejaba “una concepción distinta del Estado y de la sociedad”. En consecuencia, su propia continuidad en el cargo dependía de la respuesta que recibiera de los militares: “No puedo aceptar la

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del franquismo español y del fascismo italiano, el presidente de facto veía a la democracia liberal como un mal que debía ser exterminado Para hacerlo, había que eliminar para siempre al Parlamento y a los partidos políticos, y construir un orden que reflejara una autoridad auténtica (tutelada por las Fuerzas Armadas) y la unidad natural del pueblo. Lo que hacía falta era edificar instituciones que expresaran (según una fórmula proveniente del franquismo) las “corrientes de opinión” existentes en la sociedad. Era necesario conocer el punto de vista de los grandes grupos sociales (empresarios, trabajadores, productores rurales) para que luego un gobierno sostenido por los militares tomara sus decisiones. El modelo era en esencia el corporativismo inventado por Benito Mussolini. Bordaberry decidió poner sus ideas por escrito y las discutió con su amigo y asesor, el secretario de la Presidencia Álvaro Pacheco Seré. Luego hizo circular algunas copias entre los miembros del gabinete. Pero lo que recibió como respuesta fue una cerrada negativa. Alejandro Végh Villegas le respondió con un documento fechado el 7 de enero de 1976, en el que afirmaba que su opinión difería “en modo sustancial de la contenida en el Memorándum” del presidente. Végh proponía a cambio un lento pro-

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servación de la seguridad nacional era responsabilidad directa de las Fuerzas Armadas. La caída de Bordaberry marcó un punto de quiebre en la historia de la dictadura uruguaya, porque dejó en claro que el objetivo del “proceso” era un retorno más o menos imperfecto a la democracia. El propio Bordaberry lo reconoció años más tarde: “Si en febrero la cuestión fue el poder y en junio del 73 se trató de un problema institucional, en junio del 76 se dilucidó la cuestión filosófica, la base filosófica del sistema político”. O también, en un tono más cargado de frustración: “El 12 de junio del 76 es la fecha más importante de todas. Fue el punto de partida de la actual restauración democrática. Los Mandos Militares de la época –no las Fuerzas Armadas– y los partidos políticos son los responsables. Si usted es partidario de la democracia liberal con todo su entorno político y social, tome esta fecha como la más trascendente”. 

Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz.

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la prensa estaba la firma de Aurelio Terra, prosecretario de la presidencia de la República. El presidente de facto Juan María Bordaberry lo removió inmediatamente del cargo. A pesar de las múltiples gestiones realizadas, el Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo no presentó ningún reclamo ni solicitud de información a las autoridades argentinas. En 1985, ya restaurada la democracia en Uruguay, se instaló una Comisión Investigadora de los hechos. Ante esa Comisión, Alberto Zumarán declaró haber recibido un documento anónimo en el que se daba cuenta de una reunión del Cosena realizada en mayo de 1976, en la que se habrían decidido los asesinatos. La determinación “habría contado con el voto contrario del presidente de la República y del comandante en jefe de la Fuerza Aérea, y el voto favorable de los demás miembros que estaban presentes”. Un testimonio similar fue presentado una semana después por monseñor Carlos Parteli. El ex presidente Bordaberry negó haber participado de esa reunión e hizo declaraciones en las que niega toda responsabilidad: “Yo poco pude hacer. Dejé la presidencia el 12 de junio de 1976. Me puse en contacto con el embajador en Buenos Aires, Gustavo Magariños, y le pedí que de inmediato hiciera las averiguaciones pertinentes. Pero mi cabeza estaba totalmente ocupada con el problema uruguayo, ya a punto de hacer crisis”. Para Bordaberry, “las Fuerzas Armadas como institución a cargo de la lucha antisubversiva no empleaban métodos tan miserables.” De acuerdo a declaraciones de Eduardo Alfredo Rufo, un integrante de los servicios de seguridad argentinos, Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz habrían sido asesinados por militares uruguayos. Rufo es el mismo informante que aportó datos decisivos para encontrar a Simón Riquelo, el hijo desparecido de Sara Méndez, secuestrada en Buenos Aires en esos años. El 21 de mayo de 1996, el diario El Observador publicó una extensa entrevista a Haydée Trías, una enfermera que había atendido circunstancialmente al capitán Pedro Mattos. Trías narró que, en la noche del 25 de mayo de 1976, el capitán Mattos le contó en medio de una crisis nerviosa que había viajado a Buenos Aries con Manuel Cordero y había matado a Michelini. 

PRÓXIMO FASCÍCULO

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En 1974 viajó a Europa para denunciar las violaciones de los derechos humanos cometidas por la dictadura ante el Tribunal Russell. Habló en Roma el 30 de marzo de 1974, y aportó documentos. También denunció el financiamiento de las dictaduras sudamericanas por parte del gobierno de Estados Unidos. Michelini dijo allí que en Uruguay “la tortura es una actividad planificada, una conducta consciente, originada en los altos mandos, consentida, cuando no inspirada por el propio señor Bordaberry.” Su actuación fue registrada por la prensa internacional. El gobierno uruguayo no le renovó el pasaporte para impedirle nuevos viajes. El 5 de mayo de 1976, Michelini escribió una carta a un compañero de tareas del diario La Opinión, donde relataba que había recibido amenazas telefónicas anunciándole un posible atentado y su traslado a Montevideo. Michelini agregaba: “no sé cuál puede ser el curso futuro de los acontecimientos, pero en previsión de que, efectivamente un ‘comando’ uruguayo me saque del país, le escribo estas líneas para que usted sepa que no tengo ni he tenido ninguna intención de abandonar Argentina, y que si el gobierno uruguayo documenta mi presencia en algún lugar del territorio uruguayo, es porque he sido llevado allí, en forma arbitraria, inconsulta y forzada”. El 18 de mayo de 1976, Héctor Gutiérrez Ruiz y Zelmar Michelini fueron arrancados de sus casas y secuestrados por hombres armados. Sus cuerpos, con signos de tortura, aparecieron el 20 de mayo junto al de William Whitelaw (un tupamaro escindido) y Rosario Barredo. Los cuatro estaban dentro de uno de los temidos Ford Falcon de la época, en la esquina de Moreno y Dellepiane. Un día antes de los sepelios en Montevideo, las Fuerzas Conjuntas uruguayas emitieron un comunicado en el que recordaron que “con fecha 7 de setiembre de 1973, el primero de los nombrados (Héctor Gutiérrez Ruiz) fue requerido por la Justicia como sedicioso con el Nº 781. Se cursa el presente comunicado a efectos de anular la mencionada requisitoria y evitar que ciudadanos incautos enfoquen el suceso como si se tratara de un militante del Partido Nacional, verdad meramente formal, en virtud de haber dictaminado la justicia su integración con la subversión”. En uno de los avisos mortuorios que se publicaron en

HISTORIA RECIENTE

Héctor Gutiérrez Ruiz ingresó a la Cámara de Diputados en 1967. De extracción herrerista, dirigió el diario El Debate, en el que escribió numerosos editoriales. Fue reelecto diputado en 1971, acompañando al movimiento que lideraba Wilson Ferreira Aldunate. En 1972 fue designado presidente de la Cámara. Exiliado en Buenos Aires luego del golpe de 1973, compró dos comercios e inició los trámites de radicación en Argentina. Para financiar esas operaciones consiguió un socio y vendió una casa en Montevideo. En 1974 viajó a Roma para gestionar una corresponsalía de la agencia internacional IPS en Argentina. Al año siguiente se mudó con su familia a un apartamento en la calle Posadas. En 1975 fue invitado por el Parlamento Europeo, en su calidad de último presidente de la Cámara de Diputados, a una gira por Europa. Gutiérrez Ruiz usaba un pasaporte provisorio que le había dado la embajada de España. En 1997 su hijo mayor, Marcos, declaró al semanario Búsqueda que Gutiérrez Ruiz habría colaborado en la venta de oro robado por el MLN. El propósito habría sido obtener recursos para financiar la publicación del diario El Debate. La versión ha tenido varios desmentidos y ha sido considerada fidedigna por otros. Marcos Gutiérrez falleció en el año 2000. Zelmar Michelini había sido presidente de la FEUU en los años cuarenta. Desarrolló una breve actividad como dirigente sindical bancario y luego fue secretario del presidente Luis Batlle Berres. En 1954 entró a la Cámara de Diputados por el Partido Colorado. En 1967 llegó al Senado, en representación de la Agrupación 99. También estuvo al frente al diario Hechos de Montevideo, a mediados de los años sesenta. Fue ministro durante el gobierno de Gestido pero se convirtió en un duro crítico del gobierno de Pacheco. En los últimos días de 1970, la Lista 99 decidió escindirse del Partido Colorado. En 1971, Michelini estuvo entre los fundadores del Frente Amplio. Tras exiliarse en Argentina luego del golpe, retomó su labor periodística en el diario Noticias, vinculado a la izquierda peronista. Luego pasó a La Opinión, donde se ocupó de política internacional. Para completar sus ingresos compró un quiosco en Buenos Aires, que atendía con algunos de sus hijos.

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CONTRATAPA

Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz

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1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000

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DESDE HIROSHIMA A LAS TORRES GEMELAS

LAS ELECCIONES INTERNAS/ LAS NEGOCIACIONES DEL CLUB NAVAL

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EL PLEBISCITO DE 1980

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El largo camino hacia la democracia

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ÍNDICE DEL FASCÍCULO

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Un régimen en busca de legitimidad PÁGINA 6

RECUADROS ENRIQUE TARIGO P. 7 / HASTA LOS TIRAS P. 7 / EL PROYECTO CONSTITUCIONAL PLEBISCITADO EN 1980 P. 9 / LOS MILITARES Y LOS RESULTADOS DE NOVIEMBRE 1980 P. 10 / CONQUISTAS CIUDADANAS Por Daniel Corbo P. 11 / LA PRENSA OPOSITORA DURANTE LA DICTADURA [OPINAR Por Luis Hierro López / LA DEMOCRACIA Por Juan Martín Posadas / OPCIÓN Por Tomás Linn] P. 12 / EXTRACTOS DE LA PROCLAMA LEÍDA JUNTO AL OBELISCO POR ALBERTO CANDEAU EL 27 DE NOVIEMBRE DE 1983 P. 15 / 1º DE DICIEMBRE DE 1984: DISCURSO DE WILSON FERREIRA ALDUNATE EN LA EXPLANADA MUNICIPAL P. 17 / CONTRATAPA. EL URUGUAY DEMOCRÁTICO Y RESTAURADOR Por Francisco Faig Garicoïts P. 20.

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Río de libertad: la concentración en el Obelisco en 1983 marcó el fín de muchas proscripciones.

El año 1976 marca un antes y un después en la historia de la dictadura uruguaya. A principios de ese año, los militares parecían haber alcanzado un control total de la situación: la actividad gremial y política eran prácticamente inexistentes; casi todos aquellos que eran vistos como enemigos estaban presos, muertos o exiliados; el MLN había sido desactivado como fuerza guerrillera y el aparato armado del Partido Comunista había sido destruido; los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz habían clausurado del modo más dramático posible toda salida negociada a corto plazo;

tres nuevos Actos Institucionales habían confirmado la suspensión de las elecciones de 1976 y las proscripciones políticas. Pero ese mismo año ocurrieron cosas que, de manera aun embrionaria, pusieron en marcha la transición. En junio, el empecinamiento de Bordaberry en instalar un estado corporativo forzó a los militares a pronunciarse en favor del retorno a alguna forma de democracia. Ese mismo mes, Wilson Ferreira hizo un discurso ante el Congreso de Estados Unidos que conduciría al cese de toda ayuda militar a la dictadura uruguaya. La imagen internacional del régimen se estaba resquebrajando. A fines de ese año, el candidato demócrata

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INTRODUCCIÓN

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Civiles y militares: una convivencia difícil durante la dictadura.

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1976

[...] Los militares uruguayos aspiraban a mantenerse en el poder pero también querían (y necesitaban) legitimarse. Entonces intentaron una fórmula que había funcionado en Chile: en 1980 elaboraron un proyecto de reforma constitucional que aseguraba una transición muy lenta hacia una democracia tutelada. En noviembre se convocó a la ciudadanía para pronunciarse a favor o en contra del proyecto. La campaña no fue equitativa pero los votos se

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contaron limpiamente. Y arrojaron una clara victoria de

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quienes rechazaban la propuesta militar.

James Carter ganaría las elecciones en Estados Unidos. La política de derechos humanos iniciada por el nuevo presidente generaría un clima muy hostil para las dictaduras latinoamericanas. Los militares uruguayos aspiraban a mantenerse en el poder pero también querían (y necesitaban) legitimarse. Entonces intentaron una fórmula que había funcionado en Chile: en 1980 elaboraron un proyecto de reforma constitucional que aseguraba una transición muy lenta hacia una democracia tutelada. En noviembre se convocó a la ciudadanía para pronunciarse a favor o en contra del proyecto. La campaña no fue equitativa pero los votos se

contaron limpiamente. Y arrojaron una clara victoria de quienes rechazaban la propuesta militar. El proceso de salida todavía demoró años, entorpecido entre otras cosas por las aspiraciones presidenciales del general Gregorio Álvarez. En 1982 se realizaron elecciones para elegir autoridades de los partidos tradicionales. En ellas triunfaron las corrientes más opuestas a la dictadura. En 1983, un gigantesco acto realizado al pie del Obelisco reafirmó la voluntad democrática de los uruguayos. En 1984, un acuerdo entre los militares, el Partido Colorado y el Frente Amplio condujo a las elecciones del 25 de noviembre. Fueron unas elecciones muy im-

perfectas (Wilson Ferreira estaba preso y Líber Seregni proscripto), pero le dieron al país su primer presidente constitucional en más de una década. Cuando Julio María Sanguinetti recibió la banda presidencial en marzo de 1985, la dictadura había terminado. 

de una influencia perniciosa: “El aparato represivo uruguayo fue montado con abundante ayuda material y técnica de Estados Unidos. Sus integrantes hacían y hacen prolongados períodos de instrucción en diversos lugares de vuestro país y especialmente en la zona del canal de Panamá” (…). “Nosotros –y estoy seguro de que puedo decir esto en nombre de todos mis compatriotas– no venimos a solicitar la ayuda ni la intervención del gobierno de los Estados Unidos de América para derribar la tiranía que sufrimos. Esa es una tarea que les corresponde a los uruguayos y solo a los uruguayos. (...) Lo que solicitamos, sí, es que se ponga término a la actual interferencia directa en los asuntos internos de mi país, donde se apoya pública y expresamente a la dictadura (...) La embajada de los Estados Unidos en Montevideo opina, dirige y aconseja sobre el destino de la democracia uruguaya, y se permite manifestar su adhesión expresa a formas institucionales concretas que significarían la abolición del derecho de nuestro pueblo de elegir por sí mismo a sus gobernantes, (…) Es contra esta injerencia directa y desembozada en los asuntos de mi patria que protestamos enérgicamente. Así como protestamos contra una asistencia material y técnica que permite perfeccionar día tras día los mecanismos que oprimen al pueblo uruguayo, una asistencia financiera directa e indirecta que mantiene artificialmente a la tiranía en el poder”. La intervención de Wilson Ferreira en Washington tuvo grandes consecuencias. Su reclamo efectivamente fue escuchado por el Congreso, que decidió

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EL 12 DE JUNIO DE 1976 se produjo la renuncia de Juan María Bordaberry como presidente de facto del Uruguay. Para muchos analistas, ese hecho marca el fin de lo que puede considerarse la primera etapa de la dictadura. Con su insistencia en querer instalar un estado corporativo (inspirado en el franquismo español y el fascismo italiano), Bordaberry obligó a los militares a hacer explícitos sus planes de mediano plazo. Y la respuesta mostró que, aun siendo golpistas, no estaban dispuestos a chocar tan frontalmente con la tradición política uruguaya: los partidos políticos debían existir (al menos los partidos tradicionales) y el destino final sería una forma de democracia más o menos tutelada por las Fuerzas Armadas. Esa respuesta comprometió a los militares a seguir ese camino o sufrir una grave erosión de su propia imagen. Menos de una semana después, Wilson Ferreira se presentó ante el Congreso estadounidense para reclamar el cese de la ayuda militar a la dictadura uruguaya. El discurso del antiguo senador causó una profunda impresión, entre otras cosas porque Ferreira se presentó como el representante de “un viejo y gran partido político fundado precisamente para sustentar y defender” los valores de una civilización cristiana que cree “en la democracia representativa y la libertad”. Los congresistas sintieron que estaban ante alguien con quien tenían mucho en común: “Mi partido no tiene, ni ha tenido, ni quiere tener nada que ver con los movimientos guerrilleros ni con marxismos que no comparte ni comprende”. Ferreira explicó que no venía a solicitar ninguna intervención, sino el cese

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Un régimen en busca de legitimidad

suspender toda ayuda militar al gobierno uruguayo a causa de sus violaciones a los derechos humanos. La decisión fue ratificada por el presidente Gerald Ford el 2 de setiembre de ese año. Era un golpe duro para el gobierno en términos materiales, pero mucho más duro en términos simbólicos. La segunda consecuencia fue que Wilson Ferreira pasó a ser visto por los militares como uno de sus peores enemigos. El 23 de setiembre, durante un acto en la Plaza Independencia, el brigadier Jorge Borad dijo que la decisión del gobierno estadounidense se debía a “la mala información sobre la real situación del país” y a los “intereses subversivos que no solo conspiran dentro del Uruguay, sino fuera del Uruguay. Para lograr sus aspiraciones de poder, recurren a cualquier forma de lucha, aunque ella vaya en perjuicio de la economía y de la imagen del Uruguay (…)”. En el mes de octubre, el presidente Aparicio Méndez dijo públicamente que el gobierno no conseguía responder más rápidamente a las dificultades debido a “las fuerzas negativas, internas y externas: la presión de Ferreira Aldunate y de los sediciosos en general”. En su intervención ante el Congreso, Ferreira había dicho a propósito de las Fuerzas Armadas: “Cuando dicen que yo ando por ahí recorriendo el mundo desprestigiándolas, yo digo no, lo que estoy haciendo es defendiendo su prestigio. Otros son los que lo están mancillando. Nosotros queremos un país donde un soldado salga a la calle y se ponga el uniforme, y no tenga que sacárselo porque pasa vergüenza”. Pero, en 1985, el general Medina reconoció ante el propio Ferreira que su intervención ante el Congreso en 1976 había sido decisiva para que los militares se negaran a aceptar su candidatura presidencial. La interrupción de la venta de armas fue solo el principio. En enero de 1977 asumió James Carter como presidente de Estados Unidos y puso en marcha una política de defensa de los derechos humanos que rompía con la línea de los anteriores gobiernos republicanos. La política de Carter estaba principalmente orientada a recuperar la imagen internacional de Estados Unidos tras la Guerra de Viet Nam, así como a acorralar a la Unión Soviética mediante la denuncia de sus prácticas represivas. Pero la política trajo un viento democratizador en América Latina, el primero de cuyos frutos fue la caída del dictador nicaragüense Anastasio Somoza en 1979. Estados Unidos estaba pasando de ser amigo de los dictadores latinoamericanos a ser amigo de sus opositores. Ese viento democratizador también se sintió en Uruguay. Cuando, en junio

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de 1977, el general Luis V. Queirolo hizo gestiones para restablecer la ayuda militar estadounidense, recibió la siguiente respuesta de parte de Richard Cavazos, director de la Región Interamericana del Pentágono: “Opino que las chances de que pueda ser aprobado su pedido de municiones, dependen enteramente de las decisiones que vuestro gobierno tome en mejorar la situación de los derechos humanos (…) El pueblo de Estados Unidos, la gran mayoría de los legisladores y el presente gobierno, incluyendo al Departamento de Defensa (Pentágono) y al Departamento de Estado, están firmemente comprometidos con la causa de los derechos humanos en el mundo”. En agosto de ese mismo año, el subsecretario de Estado del gobierno estadounidense (es decir, el número dos de su diplomacia) visitó Montevideo. En un gesto que tuvo importantes consecuencias internas, Terence Todman se entrevistó con los principales dirigentes de la oposición e insistió ante los representantes del gobierno en la necesidad de acelerar el retorno a la democracia. Las condiciones externas eran favorables, pero la lucha cívica por la democratización se daría dentro de fronteras.

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El plebiscito de 1980 Los partidos políticos estaban aprovechando los pequeños resquicios que se abrían para reorganizarse y volver a la actividad. Tanto el Partido Colorado como el Partido Nacional se habían dado direcciones clandestinas llamadas “triunviratos”. Jorge Batlle, Amílcar Vasconcellos y Raumar Jude formaban la dirección colorada. Carlos Julio Pereyra, Dardo Ortiz y Mario Heber eran las autoridades blancas (tras el fallecimiento de Heber en mayo de 1980, su lugar fue ocupado por Jorge Silveira Zabala). Todos ellos estaban proscriptos por la dictadura. Los grupos del Frente Amplio, duramente reprimidos, casi no tenían actividad en el país, pero se mantenían activos en el exterior. Algunos de ellos participaron de una experiencia de coordinación con el wilsonismo que se llamó “Convergencia Democrática”. Hacia el final del verano de 1980, la Junta de Comandantes en Jefe y el presidente de facto Aparicio Méndez culminaron el proceso de aprobación de unas “pautas constitucionales” que servirían para redactar una nueva Constitución. La dictadura aspiraba a apoyarse en algo más que la fuerza de las armas, pero no quería retornar a la Constitución de 1967 porque consideraba que dejaba al gobierno sin instrumentos para defender la seguridad nacional. A fines de abril, el gobierno anunció que las “pautas” serían enviadas al Consejo

de Estado (una suerte de Parlamento subordinado al Poder Ejecutivo) para que éste las aprobara. Ante la inminencia del envío, los “triunviratos” de los dos partidos tradicionales se reunieron el 7 de mayo en el hoy desaparecido restaurante Morini. Allí intercambiaron opiniones sobre la situación política y aprobaron una declaración conjunta que en su pasaje sustancial decía: “Las autoridades de emergencia del Partido Nacional y del Partido Colorado reiteran la permanencia del compromiso que los liga inexorablemente con el destino del país. En consecuencia, reafirman su decisión de bregar por el restablecimiento de una institucionalidad que asegure el retorno a una democracia auténtica, representativa y pluralista, basada en el sistema de la separación de poderes, con la plena vigencia de la libertad, la igualdad y la justicia, únicos pilares sobre los que pueden asentarse la seguridad, la paz y la tranquilidad social en forma duradera. (…) En el cumplimiento de ese compromiso no escatimarán esfuerzos, actuando con la sola preocupación por los altos principios enunciados, por encima de los intereses personales o de ventajas partidarias”. Era el primer pronunciamiento público de los partidos desde 1974, y no sería el último. El 11 de junio, luego de que el Consejo de Estado aprobara las pautas, Jorge Batlle fue el primer político en manifestar su rechazo y anunciar que votaría contra cualquier reforma constitucional que se apoyara en ellas. A raíz de esas declaraciones radiales, el 14 de junio fueron detenidos Jorge Batlle, Dardo Ortiz, Carlos Julio Pereyra, Amílcar Vasconcellos y Juan Pablo Terra, presidente del Partido Demócrata Cristiano. También se quiso arrestar a Raumar Jude, pero no se lo pudo ubicar. El ministro del Interior informó que las detenciones estaban motivadas por “acusaciones de presuntas violaciones del Acto Institucional Nº 4, en lo que concierne al ejercicio de actividades de carácter político”. En otras palabras: eran para recordar a los políticos proscriptos que no podían tener actividades públicas. Los militares uruguayos estaban tomando como modelo un proceso plebiscitario que estaba empujando en Chile la dictadura de Augusto Pinochet. También en ese caso, se trataba de aprobar una Constitución que habilitara a formas muy controladas de actividad política bajo una fuerte tutela de las Fuerzas Armadas. La dictadura chilena cumplió el proceso de elaboración del nuevo texto y lo sometió a plebiscito el 11 de setiembre de 1980. Con ayuda de

Enrique Tarigo Nació en Montevideo en 1927. Se recibió de abogado y adquirió desde muy joven una sólida reputación como profesor de derecho procesal. Ocupó cargos de cogobierno en la Universidad de la República y fue dirigente del Colegio de Abogados. Luego del golpe de estado de 1973 abandonó la docencia universitaria. En 1974 ingresó como redactor político en el diario colorado El Día. Entre 1976 y 1978 se desempeñó como gerente administrativo de ese mismo medio. Entre 1975 y 1984 presidió la Fundación de Cultura Universitaria. En cuanto se conocieron las “pautas” del proyecto de Constitución que estaban preparando los militares, Tarigo se convirtió en su primer y más duro crítico. Inicialmente desde la revista Noticias, y luego desde el semanario Opinar que él mismo fundó en 1980, su contundencia y claridad argumentativa fueron demoliendo la institucionalidad propuesta por la dictadura. A medida que realizaba ese trabajo, Tarigo se convertía en un punto de referencia para numerosos uruguayos, incluidos muchos miembros de las nuevas generaciones que hasta entonces solo habían estado expuestos al monocorde discurso militar. En 1981 fundó su propia corriente dentro del Partido Colorado (Libertad y Cambio), que quedó en segundo lugar, tras la Lista 15, en las elecciones internas de 1982. Integró las delegaciones de su partido en las negociaciones del Parque Hotel y del Club Naval. Llegado el tiempo electoral en 1984, fue candidato a vicepresidente de la República, acompañando la candidatura presidencial de Julio María Sanguinetti. La fórmula resultó ganadora y Tarigo fue el primer vicepresidente de la República, y primer presidente del Senado, en el Uruguay redemocratizado. En 1989 perdió ante Jorge Batlle las elecciones internas que definían el siguiente candidato presidencial del Partido Colorado. En marzo de 1990, una vez concluido su período como vicepresidente, no ocupó la banca de senador que había logrado en las elecciones y volvió a la docencia en la Universidad de la República y la Universidad Católica. Murió en el año 2002.

Hasta los tiras Enrique Tarigo recordaría años más tarde un episodio que ocurrió luego de la polémica en Canal 4, días antes del plebiscito constitucional de 1980: Parecía una caverna aquello, lleno de humo. Bolentini había ido con dos guardaespaldas y cuando terminó el programa veníamos caminando por un corredor hacia la salida, conversando con Giacosa. De repente, uno de los tiras me agarra del brazo. Me quedé duro y me dice al oído: “Doctor, no se preocupe que les dieron un pesto”. Entonces yo me dije: “Pero escuchame, ¡si hasta los tiras están en contra de esto, tenemos que ganar!

Constitución reñida con los principios fundamentales de la democracia liberal. Había un claro retroceso en materia de derechos y garantías (por ejemplo, se prolongaba el plazo del hábeas corpus), desaparecía la independencia del Poder Judicial y de los órganos de control (el Tribunal de Cuentas y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo), se reducían las funciones de control del Parlamento y se establecía un Poder Ejecutivo con facultades extraordinarias. También se creaba un Tribunal Constitucional con poderes para proscribir candidatos o desaforar legisladores, y se constitucionalizaba el Consejo de Seguridad Nacional (Cosena). Los partidos tradicionales no reaccionaron monolíticamente ante la propuesta de reforma. En el Partido Colorado, Jorge Batlle, Enrique Tarigo y Julio María Sanguinetti se embanderaron rápidamente con el No. Enrique Tarigo, en particular, empezó muy tempranamente una labor de crítica de las “pautas constitucionales” que lo llevaría al primer plano de la atención pública y que significó de hecho el inicio de su carrera política. Pero Jorge Pacheco Areco, que era embajador de

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fraude o sin ella (el punto se discute hasta hoy en Chile) el “Sí” triunfó con el 67 por ciento de los votos. Alentados por este antecedente, los militares uruguayos redactaron su propio proyecto y convocaron al Consejo de la Nación para que se reuniera el 27 de octubre en calidad de Asamblea Constituyente. Creado por la propia dictadura, ese Consejo reunía al presidente de la República y sus ministros, a los miembros del Consejo de Estado y a altos oficiales generales. Eran en total 57 personas. Al convocarlas, el régimen militar estaba intentando emular un proceso de reforma constitucional establecido en el artículo 331 de la Constitución de 1967. Pero ese artículo establece que los miembros de la Asamblea Constituyente deben ser elegidos mediante sufragio universal, mientras que los miembros del Consejo de la Nación eran elegidos por los militares. Tras cuatro días de sesiones, el Consejo de la Nación aprobó el 31 de octubre el proyecto de Constitución a plebiscitarse apenas treinta días después. Al día siguiente se publicó en la prensa su texto completo. El proyecto proponía una

HISTORIA RECIENTE

Tarigo y Pons Etcheverry: defendiendo el No en la televisión.

Uruguay en Estados Unidos, empezó a enviar señales favorables al Sí. El ex presidente había recibido numerosos documentos políticos y jurídicos en los que se criticaba a las “pautas constitucionales”, pero sostenía que esa Constitución imperfecta aceleraría la normalización política. A mediados de octubre de 1980, Julio María Sanguinetti y Manuel Flores Mora viajaron a Washington para intentar que el líder de la Unión Colorada y Batllista no se pronunciara, pero Pacheco no cambió de opinión. Esa negativa profundizó el declive de su incidencia en la interna colorada. También el Partido Nacional estaba dividido. Los aliados políticos de Wilson Ferreira y el tronco herrerista se pronunciaron a favor del No. Pero el veterano dirigente Alberto Gallinal se inclinó por el Sí y arrastró con él a algunas figuras. La división de opiniones también se produjo dentro del diario El País. Washington y Enrique Beltrán se colocaron rápidamente del lado del No. Entre el 3 de julio y el 28 de agosto, Washington Beltrán publicó ocho editoriales en los que criticó diversos aspectos jurídicos e institucionales de las “pautas”. En particular, atacó el concepto exacerbado de “seguridad pública”, que generaba el riesgo de “poderes excesivos, prácticamente carentes de contralores”. Pero la posición de los Beltrán quedó en minoría. Tal como relatara Washington Beltrán a la periodista Daniela Bluth: “Mi posición y la de mi hermano Enrique trajo como consecuencia que se reuniera el Directorio y una mayoría de accionistas resolviera, en contra de nuestra voz y opinión, acompañar la reforma. Los que no la apoyábamos perdimos, pero ya habíamos sembrado.” A partir de ese momento, los hermanos Beltrán no escribieron “ni una línea más hasta el día siguiente de salir el pronunciamiento del pueblo por el No”. Hacia fines de octubre, el ministro del Interior y el comandante en jefe del Ejército informaron que se podía hacer proselitismo a favor del No. Sin embargo, en Montevideo solo se autorizaron tres actos públicos: dos del Partido Colorado

8

1976

cronología

1976 12 de junio: Los mandos retiran la confianza a Bordaberry. Asume Alberto Demicheli como presidente de facto interino. 14 de junio: el presidente Demicheli firma los Actos Institucionales 1 y 2, por los que se suspende la convocatoria a elecciones generales y se crea el Consejo de la Nación. 17 de junio: Wilson Ferreira se presenta en el Congreso de Estados Unidos y reclama el cese de la ayuda militar al gobierno uruguayo. 1º de setiembre: Aparicio Méndez asume

como presidente de facto. Aprobación de los Actos Institucionales 3 y 4, por los que se reestructura el Poder Ejecutivo y se proscribe a gran parte de los dirigentes políticos. 2 de setiembre: el presidente estadounidense Gerald Ford ratifica la decisión del Congreso de suspender la ayuda militar a Uruguay. 20 de octubre: aprobación del Acto Institucional Nº 5, que limita la vigencia de los derechos humanos a los requerimientos de la seguridad interna.

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y uno del Partido Nacional. En varios departamentos del interior hubo movilizaciones similares, a veces partidarias y a veces multisectoriales. El primer acto fue convocado por la Coordinadora de la Juventud del Partido Colorado y se realizó el 31 de octubre en el Cine Cordón. Pese a las múltiples precauciones que fue necesario tomar, por primera vez en muchos años se pudo vivir el calor de una reunión política. El 14 de noviembre se realizó, también en el Cine Cordón, un acto organizado por el Partido Nacional. Esa reunión terminó en disturbios cuando la Policía cargó a caballo contra la gente reunida en la puerta. El episodio fue recogido por la prensa y contribuyó a caldear la campaña. Ese mismo 14 de noviembre, Canal 4 difundió un debate entre defensores de ambas posturas. Los portavoces del Sí fueron el coronel Néstor Bolentini y Enrique Viana Reyes, ambos integrantes del Consejo de Estado. En representación de quienes defendían el No asistieron Enrique Tarigo por el Partido Colorado y Eduardo Pons Etcheverry por el Partido Nacional. Era la primera vez que los uruguayos más jóvenes podían asistir a un debate político. La discusión marcó profundamente la campaña. Con su habitual contundencia conceptual, Tarigo hizo hincapié en que no habría ningún caos si ganaba el No: “Si aquí se desproscribe a media docena de dirigentes, si se desproscribe a Jorge Batlle, a Amílcar Vasconcellos y a Carlos Julio Pereyra, la solución se encuentra en seis días, por la larga tradición democrática que tiene el país”. Pons Etcheverry (un “blanco tirando a la derecha”, como él mismo se definió) hizo gala de valentía y de ingenio cuando trató de “rinocerontes” a los civiles que colaboraban con la dictadura. La expresión, tomada de una célebre obra teatral de Ionesco, se hizo popular. La campaña fue extremadamente desigual. No hubo propaganda del No en la radio ni en la televisión. El semanario Opinar, fundado por Tarigo para defender esa causa, tenía prevista su

El proyecto constitucional plebiscitado en 1980 1. Derechos civiles

aunque no reflejara la distribución real de votos. La proporcionalidad de la representación solo se aplicaba a la distribución de los restantes escaños, que pasarían a manos de los partidos de oposición.

Autorizaba el allanamiento nocturno con orden judicial. Aumentaba de 48 a 72 horas el plazo de que dispone el juez para iniciar el sumario penal.

Eliminaba el régimen de “doble voto simultáneo” e imponía a los partidos la presentación de candidatos titulares únicos para todos los cargos electivos (nacionales y departamentales), que debían ser seleccionados mediante elecciones internas.

Sustituía el concepto de “semi plena prueba” como justificativo para arrestar a una persona por la expresión: “elementos de convicción suficiente sobre la existencia del delito”.

3. División de poderes 2. Derechos políticos y sistema electoral

Se restringían severamente las potestades políticas y de contralor del Poder Legislativo (pedidos de informes, llamados a Sala de los Ministros, votos de censura, etcétera).

Establecía explícitamente que el Acto Institucional Nº 4 mantendría “su plena vigencia”, lo que equivalía a mantener a miles de ciudadanos privados de sus derechos políticos (“proscriptos”). Prohibía el funcionamiento de partidos que “por su ideología, principios, denominación, funcionamiento o componentes, denotaren vinculación o subordinación con instituciones, organizaciones o partidos políticos extranjeros o con otros Estados”.

Se limitaban las facultades de la Alta Corte de Justicia (como se llamaba en la época) y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el nombramiento de jueces y personal técnico, al otorgarle poder de veto al Poder Ejecutivo.

4. Democracia tutelada

Prohibía la participación política de “personas que hubiesen formado parte de organizaciones que por medio de la violencia o incitación a ella tendieran a menoscabar las instituciones”, así como de aquellas que “hayan participado de asociaciones declaradas ilícitas”. Negaba los derechos políticos (incluido el voto) a militares y policías. Confería iniciativa privativa al Poder Ejecutivo para la elaboración de la ley de partidos políticos. Anulaba el principio de representación proporcional integral, que era sustituido por un régimen mayoritario: se concedía al partido político ganador de las elecciones una mayoría absoluta en el Parlamento,

Ratificaba y mantenía en vigor “todas las disposiciones legislativas, administrativas y los actos de gobierno dictados desde el 27 de junio de 1973 hasta la instalación de la nueva legislatura y que no hubieran sido derogados”. Esto incluía disposiciones que se adoptaran entre el día del plebiscito y la instalación de la nueva legislatura (un lapso de catorce meses y medio). Creaba un Tribunal Constitucional de nueve miembros, que durarían nueve años en sus funciones (varios más que los cargos electivos). Los nueve serían designados por el presidente de la República excepto la primera integración, que sería decidida por el Consejo de la Nación antes de su disolución (en ese Consejo tenían fuerte peso los militares). El Tribunal tendría facultades para destituir a los gobernantes electos por el pueblo y quitarles sus inmunidades. 

9 1977

1977-1978-1979

1977 20 de enero: James Carter asume como presidente de Estados Unidos. 19 de enero: intervención de la Corte Electoral mediante el Acto Institucional Nº 6. 27 de junio: el Acto Institucional Nº 7 establece un régimen de disponibilidad para los funcionarios públicos. 1º de julio: el Acto Institucional Nº 8 subordina el Poder Judicial al Poder Ejecutivo. 17 de agosto: el subsecretario de Estado estadounidense Terence Todman visita Uruguay

y se entrevista con dirigentes de los partidos tradicionales. 1978 1º de julio: la Asamblea General de la OEA aprueba un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación uruguaya. 10 de octubre: implantación del régimen de pre-anuncio de la cotización del dólar con seis meses de anticipación (la “tablita”). 1979 22 de julio: las FFAA entregan al presidente Méndez un borrador con pautas para la elaboración de una nueva Constitución.

1979-1980

29 de octubre: la Asamblea General de la OEA condena la situación de los derechos humanos en Uruguay. 1980 7 de mayo: los triunviratos blanco y colorado se reúnen en Morini y emiten una declaración conjunta. 15 de mayo: el presidente de facto Aparicio Méndez remite las pautas constitucionales al Consejo de Estado y se dan a conocer públicamente. 11 de junio: Jorge Batlle anuncia su voto negativo al proyecto de Constitución si no hay

Los militares y los resultados de noviembre de 1980 La dictadura reaccionó ante la derrota en el plebiscito con el Comunicado de prensa 232/80, del 3 de diciembre de 1980, firmado por el presidente de facto Aparicio Méndez, el teniente general Luis V. Queirolo (comandante en jefe del Ejército), el vicealmirante Hugo Márquez (comandante en jefe de la Armada) y el brigadier general Raúl Bendahan (comandante en jefe de la Fuerza Aérea). El texto decía: La ciudadanía ha emitido libremente su opinión contraria al texto constitucional plebiscitado, en un clima de orden y respeto, que fue demostración de civismo y en el que las Fuerzas Armadas, deliberadamente se abstuvieron de intervenir para mantener una posición neutral ante el pronunciamiento. El gobierno cívico-militar acata el veredicto y expresa al pueblo uruguayo: 1. El plan político

básico de 1977 destinado a la normalización institucional, ha quedado sin efecto al no haber sido aceptado el proyecto de constitución que lo contenía. 2. No obstante, de acuerdo a lo manifestado públicamente por las autoridades, el proceso de institucionalización democrática proseguirá hasta su completa culminación. 3. Con la finalidad de dar cumplimiento al objetivo anterior, el gobierno compromete su esfuerzo en la preparación de un nuevo plan político sustitutivo del anterior. 4. Los planes de acción gubernativa a todos los niveles se mantendrán íntegramente. Dado que no fue aprobado el orden institucional propuesto, el proceso continuará en base al régimen vigente, el que determina la acción de gobierno en función de la irrenunciable obligatoriedad de salvaguardar el bienestar nacional. 

las instituciones con más prestigio en la tradición política uruguaya), que seguía estando integrada por quienes habían sido votados en 1972 por la Asamblea General. Tampoco intentaron influir mientras se organizaba la consulta, ni en el momento del escrutinio. La prensa nacional e internacional trabajó con libertad. La televisión pudo transmitir la apertura de urnas en tiempo real. La larga lista de medios extranjeros que se hicieron presentes incluía a The New York Times, Radio Netherland, Le Monde, Libération, The Herald Tribune, Corriere della sera, La Stampa, El País de Madrid y La Prensa de Buenos Aires. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía no fueron autorizados a votar, pese a lo dispuesto en la Constitución de 1967. Para algunos, los militares se abstuvieron de hacer fraude porque confiaban en que iban a ganar y necesitaban un procedimiento intachable. Otros piensan que, tal como se había visto cuando destituyeron a Bordaberry, estaban más marcados de lo que ellos mismos sospechaban por la cultura democrática del país. Otros sostienen que el intento de fraude estuvo en la campaña desigual que se hizo durante las semanas previas, mucho más manejable que cualquier intento de manipular el transparente sistema electoral uruguayo. Lo cierto es que la distribución real de votos no se alteró. Poco después del cierre de las urnas, el periodista televisivo Néber Araújo anunció que, según los datos disponibles, había una tendencia muy firme que permitía anticipar el resultado. Pero agregó que esa tendencia solo se revelaría después de que hablara por cadena el ministro del Interior. Tras hacer esta afirmación, en la boca de Araújo se dibujó una sonrisa mal disimulada. Minutos después estaba recibiendo la llamada de un veterano dirigente político: “Néber, ¿interpreté bien su sonrisa?”. La había interpretado bien. El 30 de noviembre de 1980 votó el 85 por ciento de los ciudadanos habilitados. El 58 por ciento se inclinó por el No. Pese a la desproporcionada campaña en su favor y al control casi total que tenían del país, los militares habían perdido. En Uruguay no

1980

un acuerdo previo con los partidos políticos. 14 de junio: son detenidos Batlle, Pereyra, Ortiz y Vasconcellos. 19 de setiembre: desde Londres, Wilson Ferreira envía un casete pronunciándose por el No. 10 de octubre: Sanguinetti y Flores Mora viajan a Estados Unidos a entrevistarse con Pacheco, para evitar que el líder de la UCB se pronuncie a favor del Sí. 30 de octubre: acto colorado en el cine Cordón por el No. 31 de octubre: una Asamblea Constituyente integrada

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adelantó dos meses su fecha habitual de publicación y se distribuyó el viernes antes del plebiscito. Las páginas del suplemento mostraban grandes obras como los puentes internacionales y la represa de Salto Grande, e insistían sobre la seguridad pública que, en la visión militar, el país había conquistado. Los miembros de la Junta de Comandantes en Jefe –Queirolo, Márquez y Bendaham– aparecieron por cadena de radio y televisión el lunes 25 de noviembre. El viernes 28, el presidente de facto Aparicio Méndez utilizó también la cadena de radio y televisión para promocionar el Sí. En los últimos días se publicó en la prensa un aviso de doble página con cientos de firmas –encabezadas por la de Alberto Gallinal– de ciudadanos que apoyaban la reforma. Una de las dudas que perturbaba a la oposición era la posibilidad de que hubiera fraude. Muchas voces decían que eso había pasado en Chile y no era imposible que se repitiera. Sin embargo, los militares no lo intentaron. No modificaron la integración de la Corte Electoral (una de

HISTORIA RECIENTE

aparición para el 30 de octubre pero la primera edición fue incautada por la Policía. El semanario solo pudo salir el 6 de noviembre, es decir, tres semanas antes del plebiscito. El Herrerismo consiguió publicar un aviso en el que explicaba las razones del No. Entre las firmantes figuraba doña Hortensia Herrera de Lacalle, hija de Luis Alberto de Herrera y madre de Luis Alberto Lacalle. Tal vez el documento más significativo de la campaña fue una declaración conjunta del Partido Colorado y el Partido Nacional, hecha pública el 19 de noviembre, en la que ambas colectividades históricas llamaban a votar el No. La publicidad por el Sí, en cambio, tuvo una intensidad y una cobertura como nunca se habían visto en Uruguay. Durante largas semanas, las radios y los canales de televisión repitieron incansablemente piezas publicitarias con música pegadiza. Las imágenes mostraban las realizaciones de la dictadura y recordaban la inseguridad de los años anteriores. El suplemento anual de la Dirección Nacional de Relaciones Públicas (Dinarp)

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1980-1981

por el Consejo de la Nación y el Poder Ejecutivo aprueba el proyecto de Constitución a plebiscitarse en noviembre. 5 de noviembre: Pacheco se pronuncia por el Sí. 6 de noviembre: sale a la calle el primer número de Opinar. 10 de noviembre: el Acto Institucional Nº 10 dispone que para aprobar el proyecto el Sí se requerirá mayoría simple. 13 de noviembre: surge la Corriente Batllista Independiente con un acto por el No en el cine Arizona.

14 de noviembre: el Partido Nacional realiza un acto por el NO en el cine Cordón. Canal 4 difunde un debate de importantes repercusiones en la opinión pública. 28 de noviembre: el presidente Méndez emite un mensaje televisivo a favor del SI. 30 de noviembre: Plebiscito constitucional. Triunfo del No. 1981 9 de abril: el semanario Opinar es clausurado por cuatro ediciones y procesado su redactor responsable, Luis Hierro López. 7 de julio: se conoce un nuevo cronograma militar.

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se había repetido el resultado de Chile. ¿Cómo explicar que el No haya podido triunfar en condiciones tan desfavorables? Las respuestas posibles son muchas, pero los análisis suelen converger en algunos aspectos esenciales. El triunfo del No confirmó en primer lugar el fuerte arraigo de los partidos políticos. Pese a estar condenadas a una inactividad casi total, las grandes colectividades habían conseguido transmitir su mensaje. En el Partido Colorado, se habían pronunciado por el No los sectores de Vasconcellos, Flores Mora, Unidad y Reforma (Lista 15), la recién creada CBI (liderada por Manuel Flores Silva), la Coordinadora de la Juventud y algunos sectores de la Unión Colorada y Batllista liderados por Raumar Jude. En el Partido Nacional lo habían hecho Por la Patria, el Movimiento de Rocha, Divisa Blanca (liderado por Washington Beltrán), el Herrerismo (conducido por Jorge Silveira Zabala y Luis Alberto Lacalle) y la Coordinadora de la Juventud. Los partidos de izquierda también habían conseguido transmitir su posición de rechazo a la reforma. El triunfo del No también había revelado el vigor del sentimiento democrático de la ciudadanía, probablemente reforzado tras varios años de dictadura. Jorge Batlle recordaba años después cuál era el clima antes del plebiscito: “La gente estaba clara, estaba firme, no iba a votar a favor; pero salir a moverse y a sacudir la cosa no era sencillo”. No hubo ciertamente grandes movilizaciones, pero hubo una infinidad de reuniones familiares y conversaciones en los lugares de trabajo que fueron construyendo una nítida respuesta colectiva. Por último, si bien el gobierno contó con un dominio aplastante de los medios de comunicación, cometió errores y tuvo dificultades para dar un foco a sus mensajes. Mientras ciertos voceros del Sí decían que “lo que se plebiscita es una Constitución y no un gobierno”, la publicidad los contradecía. El gobierno insistía en mostrar sus obras y anunciar su presuntos logros, y de esa manera se plebiscitaba a sí mismo. Los mandos castrenses, como lo declararía luego el

general Julio Rapela, eran conscientes de que el plebiscito era a favor o en contra de las Fuerzas Armadas. Ese convencimiento se transparentó en la campaña e hizo las cosas más fáciles para los electores.

Las elecciones internas El triunfo del No fue un golpe duro para los militares. Tras siete años de control total del país, sin libertades públicas ni actividad opositora, con partidos prohibidos y decenas de miles de personas en el exilio o la cárcel, sin libertad de prensa

Conquistas ciudadanas Por Daniel Corbo La lectura histórica de la dictadura militar uruguaya viene siendo objeto de una perspectiva reduccionista. Hay una cierta propensión a ver ese proceso únicamente como un tiempo signado por el terror, la cárcel, la desaparición forzosa y la muerte. Por cierto que esa extrema violencia resulta una de las expresiones más trágicas y dolorosas de ese tiempo y muestra una de las caras más execrables de la dictadura. Sin embargo, circunscribir el período a ese solo aspecto supone caer en una mirada acotada, casi patológica. No puede olvidarse que la dictadura implicó para el conjunto de la sociedad uruguaya un vasto sistema de dominación y control, que invadió desde el Estado hasta la intimidad y la vida cotidiana de la gente. El régimen no procuraba un mero congelamiento político, sino una refundación. Buscó perpetuar el rol de los militares en la gestión del gobierno y dar forma a una “democracia” tutelada. Eso era lo peligroso. Los militares intentaron legitimar ese proyecto en el plebiscito de 1980. Si hubieran triunfado, el régimen de facto, basado en la fuerza, hubiera devenido un régimen de derecho. Pocas veces en la historia nacional estuvo tanto en juego. Nos hubiéramos convertido en un país ajeno a lo que habíamos sido siempre. Un país con otra alma. El triunfo del No permitió a los partidos políticos fundacionales, que fueron protagonistas centrales del episodio, legitimarse en su vigencia. Superando todas las restricciones, los partidos se reorganizaron, recrearon arenas

1981

1982

26 de julio: unos cien dirigentes de los partidos tradicionales son desproscriptos. La medida no alcanza a aproximadamente veinte dirigentes de primera línea.

1982 7 de junio: el gobierno promulga la Ley Fundamental Nº 2, conocida como Ley de Partidos.

28 de julio: el Acto Institucional Nº 11 determina que el próximo período presidencial se extenderá hasta el 1º de marzo de 1985. 1º de setiembre: El teniente general retirado Gregorio Álvarez asume como presidente de facto. 18 de diciembre: la Junta de Oficiales Generales y el presidente de la República aprueban el anteproyecto de ley de partidos y la convocatoria a elecciones internas.

ni de reunión, casi 6 de cada 10 votantes habían rechazado su propuesta. Ese día naufragaron las pretensiones de crear una democracia tutelada, alejada de la tradición liberal, y solo quedó el problema de cómo administrar una salida. El intento que había hecho la dictadura de legitimarse en las urnas había conducido a su contundente deslegitimación. Los militares tomaron debida nota y admitieron que la salida debía negociarse con los partidos políticos, que acababan de confirmar toda su vigencia y arraigo.

de negociación e iniciaron la progresiva repolitización de la sociedad. Supieron aprovechar un cronograma elaborado por la dictadura para ampliar las libertades. El avance político permitió la aparición de múltiples expresiones sociales y culturales, que canalizaron energías y reivindicaciones democráticas. Renace el movimiento social organizado, donde destacan la central sindical (el PIT) y un pujante movimiento estudiantil (Asceep); se multiplican los medios periodísticos opositores, pese a las clausuras; renace la movilización popular y los actos de masas, entre los que destaca el imponente acto del Obelisco que desproscribe de hecho a dirigentes y partidos de izquierda. La multiplicación de manifestaciones colectivas de resistencia pacífica a la dictadura –cuya expresión más conmovedora fueron los apagones y caceroleos– permitió recuperar en la conciencia nacional los principios y valores de la democracia y aislar política y socialmente al régimen. Quebrar el control y ejercer cualquier acto de resistencia democrática supuso una cuota nada desdeñable de arrojo cívico. Supuso también, más allá de contradicciones, una gran lucidez en los partidos y movimientos sociales. Es esta una historia luminosa y épica en muchos sentidos, que nos merecemos contarla, especialmente a nuestros jóvenes y a los que vendrán en días todavía dormidos, para su construcción como sujetos democráticos comprometidos con la libertad y la dignidad humana. 

1982-1983

10 de junio: en una carta desde la prisión, Seregni se pronuncia por una abstención manifiesta o el voto en blanco. 10 de setiembre: llega un casete grabado por Wilson Ferreira llamando a votar las listas de Por la Patria y el Movimiento Nacional de Rocha. 20 de octubre: son detenidos los doce

integrantes de la Comisión por el voto en blanco. 5 de noviembre: es procesado el contralmirante retirado Zorrilla, candidato de la Lista 15, por declaraciones al semanario Búsqueda. 26 de noviembre: feriado bancario. Fin de la “tablita”. 28 de noviembre: elecciones internas de los partidos. Triunfan los sectores opositores. 1983 25 de enero: clausura de Búsqueda por cinco ediciones por publicar una entrevista a Jorge Batlle. Se instala la Convención del Partido Nacional.

La prensa opositora durante la dictadura

Opinar fue el primero de los semanarios opositores a la dictadura y, en esa medida, tuvo una fuerte repercusión política y muy altos tirajes. Nació en torno a la prédica de Enrique Tarigo, pero fue sobre todo una expresión colectiva radicalmente contraria al proyecto constitucional de 1980 y al régimen militar y, por lo tanto, a favor de la libertad. Tuvo un destacado elenco de columnistas políticos de todas las tendencias y dedicó siempre varias páginas a las coberturas culturales, cumpliendo de esa forma con una de las más ricas tradiciones de la prensa uruguaya. Su primer número circuló el 6 de noviembre de 1980 –la primera edición, del 30 de octubre, fue incautada por la Policía– y dejó de aparecer ya instalada la democracia, en 1985. Hasta setiembre de 1980, el grupo de periodistas y políticos que forjamos Opinar estuvo presente en el diario El Día y en la revista Noticias. Entre 1974 y 1978, El Día fue la voz opositora, indirecta, incipiente, para luchar contra una censura que era durísima. Con la dirección de Leonardo Guzmán, Aníbal Barbagelata y Enrique Tarigo –tuve el honor de acompañarlos como secretario de redacción– el diario fue tribuna de libertades, donde también escribieron dirigentes blancos. Cuando El Día tomó, en 1978, una actitud más prudente en su lucha contra el régimen –se le impuso una larga clausura y duras sanciones económicas– dejamos nuestras posiciones y fuimos acogidos por Danilo Arbilla, editor de la revista Noticias, donde Tarigo empezó a escribir, en mayo de 1979, unas columnas sobre las “Pautas Constitucionales”. En setiembre de ese año, el gobierno presionó al dueño de la revista para levantar las columnas de Tarigo, lo que significó que renunciáramos a esa trinchera. En un gesto de dignidad y valentía, Arbilla, Fattoruso y otros periodistas profesionales también renunciaron, con lo que quedó abierto el camino para sacar un semanario propio. Desde los primeros números, Opinar mostró las cartas: editoriales fuertes de Tarigo y columnas políticas opositoras, firmadas por Aníbal L. Barbagelata, Carlos Manini Ríos, Danilo Arbilla, Luis Alberto Solé, Américo Ricaldoni, ya que había que acudir a personalidades no proscriptas. Desde el tercer

número escribió sobre temas económicos Danilo Astori. Un grupo de jóvenes con destino político fue templando sus plumas, así como veteranos proscriptos hacían esquives a la censura para participar. También firmaron columnas dirigentes nacionalistas, como Zumarán y Juan Martín Posadas. Voceros y expertos de la economía y el agro, como Luis Faroppa y Eduardo J. Corso también integraron el elenco. Así las cosas, en pocas semanas Opinar ganó la calle y tuvo tirajes formidables. Según el distribuidor Hebert Berriel, en esos primeros meses el semanario batió el récord de ventas con 42 mil ejemplares. Más que la histórica Marcha. La réplica no se hizo esperar, ya que en abril de 1981 fuimos clausurados por varias semanas y en mi condición de redactor responsable fui procesado con prisión, acusado directamente por el entonces presidente Aparicio Méndez de haber cometido quién sabe qué delito… Las clausuras, sanciones económicas, apresamiento de los responsables y persecución a los periodistas fueron comportamientos habituales del gobierno contra la prensa opositora. Pero ésta fue ganando espacios, en una puja cotidiana en la que se forjó, a favor de la libertad, buena parte de la apertura política posterior. Los semanarios resumieron la conciencia liberal de los uruguayos y desde ellos surgieron, con dignidad y también con ingenio, las mejores expresiones de oposición y de democracia. Los periodistas de aquel tiempo dieron una valiente y generosa lección cívica, demostrando cómo se puede derribar a una dictadura desde el sagrado y pacífico ejercicio de las ideas y de la libertad de expresión. Fue una gesta bien uruguaya, impregnada por el espíritu liberal, el coraje cívico y la vocación democrática que define a nuestra civilización.  Luis Hierro López fue diputado por el Partido Colorado (1985-1995), senador (1995-1998), ministro del Interior (1998) y vicepresidente de la República (2000-2005).

LA DEMOCRACIA

por Juan Martín Posadas La Democracia, semanario creado y mantenido por el Movimiento Por la Patria, apareció el viernes 31 de julio de 1981 y, como se lee en la tapa, costaba diez nuevos pesos. Ubiquemos la fecha en un contexto. El período militar tuvo distintas etapas. Hubo una primera de combate y derrota de la guerrilla. Era la etapa en que, cada noche a las ocho, las radios y la televisión entraban en cadena al son de una marcha militar y daban cuenta de los operativos militares y de los ciudadanos capturados, con sus alias y sus fotos. Más adelante se abrió la etapa en la que se pretendió moldear al Uruguay según el paradigma del cuartel, con generales y coroneles ejerciendo la dirección de todo el aparato del estado. A principios de 1980 los militares deciden devolver el manejo del país a los civiles, pero asegurándose mecanismos de tutela. Para ello conciben una reforma constitucional que proponen en plebiscito. Esta es la etapa en que aparecen los semanarios opositores. El plebiscito del año 80 es la primera gran victoria del pueblo sojuzgado. Se enfrenta al régimen, corre el riesgo –porque riesgo se corría– de decirle que no a su proyecto y se sale con la suya. Desde esa constatación el Partido Nacional, en sus corrientes más opositoras, empieza a manifestarse y decide la publicación de La Democracia. La dirección fue variando, la orientación no. Primero la dirigió un triunvirato formado por el Dr. Mario Jaso, hoy fallecido, el Dr. Roberto Rubio (a quien rindo homenaje en su frágil vejez) y el Dr. Alberto Zumarán. En un segundo tiempo fue director Zumarán. Cuando éste –ya Wilson preso en el cuartel de Trinidad– tuvo que asumir la candidatura presidencial, la dirección pasó a quien firma esta nota hasta mediados de 1985. El editorial del primer número decía: “Ya lo sabemos, salimos a la luz pública en tiempos de tormenta, sin otro abrigo que el cielo de la Patria. Desde la intemperie, pues, digamos una vez más que, de todos los valores colectivos que hoy están en crisis, el que más nos importa, porque es el presupuesto indispensable para que los demás se realicen, es el de la participación en libertad. Que todos puedan participar en lo que es de todos”. En ese momento seguía vigente el Acto Institucional que había decla-

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por Luis Hierro López

HISTORIA RECIENTE

OPINAR

12 1983

26 de enero: se reúne la convención del Partido Colorado. 5 de marzo: nuevo Directorio del Partido Nacional, presidido por Juan Pivel Devoto.

21 de mayo: reunión en la embajada española de los dirigentes políticos habilitados y proscriptos con el rey de España.

1º de mayo: multitudinario acto con motivo del Día de los Trabajadores.

24 de mayo: jóvenes del Partido Comunista son detenidos y torturados; se proscribe al redactor responsable de El Día Enrique Alonso Fernández.

6 de mayo: desde Correo de los viernes, Sanguinetti reclama la rehabilitación de los partidos de izquierda.

5 de julio: séptima y última reunión del Parque Hotel, sin avances en la negociación.

13 de mayo: primera reunión en el Parque Hotel.

2 de agosto: el Acto Institucional Nº 14 faculta al gobierno a disponer nuevas proscripciones.

20 de mayo: el gobierno requisa La Democracia por publicar una foto de Wilson Ferreira.

22 de agosto: reunión en Santa Cruz de la Sierra,

Bolivia, entre Wilson Ferreira y Julio María Sanguinetti. 25 de agosto: primera jornada de protesta convocada por los partidos políticos y fuerzas sociales. 25 de setiembre: segunda jornada de protesta con caceroleadas, apagones y presencia ciudadana en las calles. 8 de octubre: los partidos tradicionales emiten una declaración conjunta en la que reclaman restablecer un clima de libertad y eliminar las proscripciones. 23 de octubre: nueva jornada de protesta nacional.

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rado proscriptos a todos los dirigentes políticos. La posta la habíamos tomado otros. El primer artículo firmado de ese primer número era mío. Entre otras reflexiones decía: “Este semanario sale alegre porque hay gente que lo espera y, sobre todo, porque hay una tarea que lo espera. Si yo no interpreto mal, la noble tarea que lo espera es devolverle la voz a los uruguayos. Noble e importante tarea. Sumarse a aquellos –muy poquitos– que durante estos años pasados han arriesgado mucho para decir lo poco que se podía decir y un poco más”. Atreverse a levantar la voz cuando todo era silencio impuesto no fue tarea libre de riesgos. El semanario, desde su aparición hasta el restablecimiento democrático, fue clausurado seis veces, por dos, cuatro y hasta doce ediciones. Una de esas fue motivada por publicar una foto de Wilson, que andaba exiliado, saludando al rey Juan Carlos. A veces las clausuras eran sustituidas por requisas de la edición. Quienes colaborábamos con el semanario nos reuníamos los jueves de noche en un boliche que no existe más, al lado de El País, donde se imprimía La Democracia, para esperar la salida del ejemplar. Varias veces sucedió que también esperaba un camión del Ejército que recogía la totalidad de la edición. Una vez nos devolvieron la edición requisada, pero convertida en tiritas de papel: todos los ejemplares habían sido pasados por una máquina de destruir documentos. La Democracia fue un periódico que no cuidó la ropa y, en consecuencia, fue el más clausurado de la época. Interpretó con acierto que, para esa fecha, el período militar se acercaba a un desenlace: había perdido motivación y vitalidad y había que ayudar a empujarlo. Los hombres que componían el semanario no tuvieron una vida fácil. Zumarán no pudo integrar las listas de las elecciones internas de 1982 porque estaba detenido en una comisaría de Canelones. Lo mismo sucedió con Horacio Terra, detenido en San José y Yi. El semanario, y todos los que colaboramos en él, nos sentíamos herederos y depositarios del último discurso de Wilson en el Senado la víspera del 27 de junio, cuando dijo a voz en cuello que el Partido Nacional sería el más implacable enemigo de la dictadura.  Juan Martín Posadas fue miembro del Directorio del Partido Nacional (1983-1985), senador (1985-1990) y presidente del Sodre (1990-1991), Es columnista de El País.

OPCIÓN

por Tomás Linn Fui redactor responsable de la revista Opción, que salió el 29 de setiembre de 1981. Su director era Francisco Ottonelli, abogado que luego se abocó al tema de los derechos humanos. La revista se sumaba al fenómeno iniciado por Opinar, fundado por Enrique Tarigo cuando el plebiscito de 1980. La dictadura había prohibido la actuación del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y éste resolvió marcar una disimulada presencia mediante una revista dirigida a un público ávido de noticias. Al estar proscriptos sus dirigentes, no podían dar sus nombres y buscaron figuras no “quemadas” y periodistas profesionales, no necesariamente vinculados a la Democracia Cristiana. Se contactaron conmigo (yo trabajaba en El Diario) y con Antonio Dabezies (que venía del BP Color y otros diarios) y ambos ideamos una tosca imitación del estilo Newsweek. Dabezies se hizo cargo del diseño gráfico y yo de la parte periodística. Armé un equipo de reporteros jóvenes y otros de conocida trayectoria. Alfonso Lessa, Gerardo Sotelo, Zelmar Lissardy, Pedro Silva, Carlos Muñoz, Alejandro Paternain y Jorge Burel estuvieron entre los primeros de un plantel que creció a lo largo del accidentado año que vivió el semanario hasta su clausura definitiva. Sus columnistas fueron Carlos Sammarco (en política), el hoy presidente del Banco Central Walter Cancela y Carlos Larraya, que escribía sobre temas sindicales. En Navidad apareció una columna firmada por “Centinela”, cuyo verdadero nombre se conoció tiempo después: el sacerdote Haroldo Ponce de León, muy marcado por la dictadura. Desde París colaboró el periodista y autor Omar Prego. También escribían Pablo da Silveira (ya entonces abordaba temas de educación), Ernesto Rodríguez y Miguel Ángel Campodónico. Un solitario Hugo Barreto hizo las primeras caricaturas y luego se sumaron Casalás, Hugo Burel y la tira cómica del “Manicero”, que hicieron famosa Fermín Hontou (“Ombú”) y Carlos di Lorenzo. Me acostumbré a esperar, todos lo martes (día en que salía Opción). La citación para concurrir a dependencias policiales y ser interrogado sobre el contenido de alguna nota. Fui convocado 14 veces

en un año a sesiones tensas, donde había más sensibilidad con la información dada por los reporteros que con la opinión de los columnistas. La primera clausura fue con el segundo número, un 26 de octubre, a causa de una carta de quien hoy es director de Sepredi (servicio de prensa de la presidencia), José Luis Veiga. Entonces era secretario general del PDC y con su carta quiso probar si realmente estaba proscripto. Lo estaba. El cierre fue por dos ediciones. La segunda clausura duró ocho ediciones. El 13 de abril, en plena guerra de las Malvinas, el historiador Germán D’Elía habló sobre el Partido Socialista. D’Elía no estaba proscripto pero su partido había sido ilegalizado y eso justificó el cierre. En agosto, ante las elecciones internas para los partidos tradicionales, la revista planteó a quienes no se identificaban con ellos que votaran en blanco. Igual consigna lanzó, desde su prisión, el líder frentamplista Líber Seregni. No todo el Frente Amplio la acató y ciertos sectores desde el exilio mandaron votar a las listas antidictatoriales de los dos partidos, o sea a Julio Sanguinetti y al historiador Juan Pivel Devoto que actuaba en nombre de un Wilson Ferreira exiliado. El 19 de octubre Opción anunció la integración de una comisión en favor del voto en blanco. Días después sus miembros fueron detenidos, la comisión disuelta y el 26 de octubre de 1982 se decretó la clausura definitiva de la revista. Ya estaba impreso el número 42, que salía ese día. La edición fue requisada por la Policía. Mucha agua pasó bajo el puente desde entonces. Varios de aquellos jóvenes periodistas que se jugaron el pellejo y se forjaron en la riesgosa tarea de escribir para la prensa opositora a la dictadura, se establecieron como reconocidos profesionales. Quienes colaboramos en aquellos semanarios podemos jactarnos, sin falsa modestia, de haber jugado un papel en la salida democrática de los años 80, algo que con orgullo un día contaremos a nuestros nietos.  Tomás Linn es columnista de Búsqueda desde 1989, profesor en la Universidad Católica y autor de varios libros, entre ellos Los Nabos de Siempre.

13 1983

9 de noviembre: una manifestación convocada por el PIT es reprimida por las fuerzas del orden. 11 de noviembre: la Junta de Oficiales Generales aprueba la desproscripción de todos los dirigentes de los partidos tradicionales, excepto Wilson Ferreira. 27 de noviembre: acto en el Obelisco convocado por los partidos políticos. 17 de diciembre: se realizan las convenciones blanca y colorada. El Partido Nacional proclama la fórmula Wilson Ferreira - Carlos Julio Pereyra.

1983-1984

21 de diciembre: las autoridades reiteran el pedido de captura de Ferreira Aldunate. 1984 18 de enero: paro general. El gobierno decreta medidas prontas de seguridad y disuelve el PIT. 16 de febrero: en un artículo en Opinar, Tarigo acepta que se realicen elecciones manteniéndose las proscripciones de Ferreira, Seregni y el Partido Comunista. 19 de marzo: es liberado Líber Seregni. 29 de marzo: el Partido Nacional anuncia que no participará de ningún acuerdo si

1984

hay proscripciones. 2 de abril: el Partido Colorado aprueba una declaración crítica del Partido Nacional por su decisión de suspender las negociaciones. 14 de abril: primera reunión de la Multipartidaria, que ratifica la proclama del Obelisco. 16 de abril: muere por torturas recibidas en Fray Bentos Vladimir Roslik. 23 de abril: Ferreira viaja a Buenos Aires y pone fin a su exilio europeo. 6 de mayo: el Partido Nacional comienza una

los partidos tradicionales. La medida no alcanzaba a los principales líderes partidarios, pero abría la puerta a un funcionamiento más normal de los partidos. Dos días más tarde, el Acto Institucional Nº 11 determinó que el siguiente período presidencial se extendería desde el 1º de setiembre de 1981 hasta el 1º de marzo de 1985. El 29 de julio, el general Líber Seregni dio un apoyo condicional al proceso. En una carta enviada desde la cárcel, sostuvo que la “tarea de democratizar, de reconstruir el país, solo es firme y valedera con la participación de todos. Que quede bien claro que no puede haber democratización cierta sin la participación del Frente Amplio y la legalidad de todos los partidos”. El proceso de transición abría un frente de negociación entre políticos y militares, pero también generó un frente interno en las Fuerzas Armadas. La voluntad de muchos de avanzar directamente hacia la entrega del gobierno chocaba con las pretensiones presidenciales del general Gregorio Álvarez, un golpista de la primera hora que nunca había renunciado a esa ambición. El proceso de selección del presidente de transición produjo mucha tensión dentro de las Fuerzas Armadas. Finalmente fue designado Álvarez, con el apoyo parcial del Ejército (el general Iván Paulós se

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Gregorio Álvarez.

retiró de la reunión) y con la abstención de la Fuerza Aérea. Álvarez había cumplido su objetivo de ser presidente, pero llegó al cargo muy condicionado. En su discurso inaugural dijo: “las Fuerzas Armadas han aceptado el resultado del voto popular y, sin especular, han expresado públicamente su propósito de elaborar las bases de la nueva institucionalidad, en consulta con integrantes de los partidos tradicionales”. En diciembre se acordó entre militares y políticos que las elecciones internas se realizarían en noviembre de 1982, con régimen de padrón abierto. Pero el proceso de transición estaba constantemente sometido a marchas y contramarchas. A fines de ese año, un nuevo empuje autoritario llevó a clausuras temporales de La Democracia y Opción. Uno de los temas que estaba tensionando el proceso era el “revisionismo” sobre las violaciones a los derechos humanos. El 1º de febrero de 1982, al asumir como nuevo comandante en jefe del Ejército, el general Boscán Hontou afirmó que “las Fuerzas Armadas no admitirán la revisión de lo actuado contra el terrorismo”. Otro tema era el papel que correspondería a los militares una vez concluida la dictadura. Al asumir como comandante en jefe de la Fuerza Aérea, el brigadier general Manuel Buadas dijo que “las Fuerzas Armadas deben tener en el futuro una participación institucionalizada, orgánica, real y concreta que les asegure no solo el asesoramiento en la conducción estratégica militar y en temas de seguridad nacional, sino también en aquellos que por su significativa trascendencia hagan a la continuidad histórica de la nación, a las grandes decisiones”. La idea de una democracia tutelada no terminaba de desaparecer. El año 1982 fue visto por todos como el año de los partidos políticos. En marzo, el general Seregni envió una nueva carta desde la cárcel en la que afirmaba: “El régimen está cumpliendo, al ritmo que marcó, su plan político de una democracia condicionada”. Su propuesta era estudiar la ley de partidos para evaluar las posibilidades de que el Frente Amplio actuara en la legalidad bajo otro nombre.

HISTORIA RECIENTE

Pero el primer paso tras los muy sobrios festejos fue dado por el semanario colorado Opinar y el Partido Nacional. En su edición del 15 de enero de 1981, el semanario Opinar se pronunció a favor de la convocatoria a una Asamblea Constituyente electa por el pueblo. Era una manera de presionar sobre los militares para que pusieran en marcha un proceso de auténtica transición. A principios de abril, el Partido Nacional aprobó una declaración en la que reclamaba la “convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente (…) en la certidumbre de que no existe procedimiento más amplio y democrático para sentar las bases del orden jurídico de una Nación”. Opinar tituló su edición del 9 de abril con la frase: “El Partido Nacional exige una Asamblea Constituyente”. Los militares se sintieron presionados y decidieron mostrar que las cosas se harían a su ritmo. En las horas siguientes clausuraron al semanario por cuatro ediciones y pidieron el procesamiento de su redactor responsable, Luis Hierro López. El 7 de julio, el gobierno dio a conocer un nuevo cronograma. La idea central era designar un presidente de transición por tres años y medio e ir fortaleciendo al Consejo de Estado, que pasaría a estar integrado por figuras políticas y adquiriría nuevas facultades legislativas. También se aprobaría un nuevo estatuto de los partidos políticos (con elecciones internas) y se levantarían gradualmente las proscripciones. El proceso terminaría en noviembre de 1984, con la realización de elecciones y un plebiscito constitucional. En suma, primero se reorganizarían los partidos tradicionales y luego los militares negociarían los términos de la nueva institucionalidad. Los dirigentes de los partidos tradicionales consideraron positivo un plan que incluía dos actos eleccionarios entre 1981 y 1984 (elecciones internas de los partidos y elecciones nacionales). Ese calendario creaba un clima propicio para el fortalecimiento de los partidos y la recuperación de las libertades. Como resultado de las conversaciones que se iniciaron, el 26 de julio fueron desproscriptos unos cien dirigentes de

14

1984

1984

campaña de firmas en favor de un plebiscito que restablezca la plena vigencia de la Constitución de 1967.

18 de junio: el Partido Colorado rechaza la prisión de Ferreira y demanda su liberación.

6 de julio: se inician las negociaciones en la sede del Esmaco.

20 de mayo: se obtienen las firmas para realizar el plebiscito.

20 de junio: la Multipartidaria acuerda la realización de un paro cívico el 27 de ese mes, al cumplirse once años del golpe de Estado.

15 de julio: la mayoría del Partido Colorado proclama la fórmula Julio Sanguinetti- Enrique Tarigo.

1984

23 de mayo: el gobierno sanciona el Acto Institucional Nº 15, que impide que el proyecto nacionalista sea sometido a plebiscito. 7 de junio: el general Hugo Medina asume como comandante en jefe del Ejército.

26 de junio: la Multipartidaria, a iniciativa de Sanguinetti y Seregni, anuncia a los militares la voluntad de negociar. El Partido Nacional se retira de ese organismo.

16 de junio: Wilson Ferreira regresa a Montevideo. Él y su hijo Juan Raúl son puestos en prisión.

27 de junio: se realiza un paro cívico con gran adhesión.

16 de julio: se aprueba el Acto Institucional Nº 17 que deroga los números 7 y 14. 17 de julio: nueva reunión en el Esmaco. 23 de julio: tercera reunión de negociación. 26 de julio: cuarta reunión. Se dispone la desproscripción de algunos partidos de izquierda.

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15

Cuando quedó claro que los partidos de izquierda quedarían excluidos de las elecciones internas, Seregni convocó en una carta del 10 de junio a una abstención manifiesta o a votar en blanco. La convocatoria sería solo parcialmente seguida por los militantes de izquierda, ya que muchos prefirieron apoyar a los sectores opositores de los partidos tradicionales. Las elecciones internas de noviembre de 1982 llegaron en un mal momento para la dictadura. Desde 1981, la Reserva Federal estadounidense venía aplicando una política monetaria restrictiva con el propósito de fortalecer el dólar. La política produjo un alza de las tasas de interés, lo que generó recesión en los países industrializados, agravó la situación de los países que tenían deudas en dólares y redujo el flujo de capitales hacia los países pobres. En Uruguay, las empresas y los particulares habían sido alentados a endeudarse en dólares mediante el uso de un mecanismo conocido como “la tablita”, que anticipaba el precio del dólar con seis meses de antelación. Pero el aumento de las tasas complicaba la situación de los deudores y generaba presiones sobre el precio del dólar que debían ser compensadas con fuertes intervenciones del Banco Central. El número de concordatos presentados por empresas pasó de 18 en 1980, a 102 en 1981 y a 131 en 1982. El déficit fiscal pasó del 0,7 por ciento en 1981 al 12,7 por ciento en 1982. La deuda externa pasó de 1.240 millones de dólares en 1978 a 4.255 millones en 1982. El producto bruto cayó un 9,4 por ciento en 1982. El 26 de noviembre, apenas dos días antes de las elecciones internas, el presidente de facto Gregorio Álvarez recibió una sombría visita de los principales miembros del equipo económico. La noticia era que ya no había reservas para seguir sosteniendo el precio del dólar anunciado en “la tablita”: contrariando todas las promesas hechas, había que devaluar. Inmediatamente se decidió un feriado bancario para luego anunciar el nuevo precio del dólar. Al extendido descontento político se agregaba ahora una inmensa incertidumbre económica.

1984

Extractos de la proclama leída junto al Obelisco por Alberto Candeau el 27 de noviembre de 1983 Ciudadanos: Los Partidos Políticos uruguayos, todos los Partidos Políticos, sin exclusión alguna, han convocado hoy al pueblo a celebrar la fecha tradicional de la elección de sus gobernantes y a proclamar su decisión irrevocable de volver a ejercer su derecho al sufragio de aquí a un año, el último domingo de noviembre de 1984. (…) Aquí hacen resonar vibrante su reclamo de libertad y democracia, tanto tiempo acallado y sin embargo vivo en la conciencia de la ciudadanía, que no admite salvedades ni discrepancias, porque el anhelo de libertad y la vocación democrática constituyen el común denominador de todos los hombres y mujeres nacidos en esta tierra. (…) Los partidos políticos ratifican así su fe en el diálogo como el mejor método para restaurar las instituciones democráticas en la República. Y reiteran, asimismo, que ese diálogo político estará enmarcado, de su parte y al igual que en oportunidad anterior, por la defensa irrenunciable de los principios liberales y democráticos que configuran la esencia de la Constitución uruguaya desde la de 1830 hasta la de 1967, la cual, además, ninguno de ellos considera necesario reformar en las actuales circunstancias. (…) Dirigentes, afiliados y simpatizantes de todos los partidos políticos, de los ya rehabilitados y de los que aún no lo han sido pero que habrán de serlo (…) hacemos pública nuestra convicción de que el límite de nuestras discrepancias estará dado,

El 28 de noviembre, en comicios con voto voluntario, el 60,4 por ciento de los habilitados concurrió a votar en las elecciones internas de los partidos políticos. El Partido Nacional recibió 619.945 votos, seguido del Partido Colorado con 527.562 y de la Unión Cívica con 14.986. Un total de 85.373 ciudadanos votaron en blanco. Dentro de cada uno de los partidos políticos, las mayorías fueron para los sectores opositores. La

de aquí en adelante, por el mantenimiento de la libertad y la democracia. No existe discrepancia alguna, por profunda que pueda ser, que autorice a comprometer el destino libre y democrático de la República. (…) El último domingo de noviembre de 1984 un partido y sus candidatos emergerán triunfantes de las urnas. Pero no habrá derrotados, porque venciendo la democracia y consagrándose el respeto a la voluntad popular, la victoria será de todos. (…) Ciudadanos: hoy nos hemos congregado al pie de este querido obelisco a los Constituyentes de 1830 porque es símbolo de una obra fundadora, realizada con la más alta idealidad y por encima de todo partidismo. Y aquí hemos venido porque es con ese espíritu superior que todos transitaremos por el camino que nos conducirá a la gran victoria común que, en una jornada espléndida como esta, celebraremos dentro de un año, Por eso aquí no hemos venido a corear consignas sectoriales ni a levantar emblemas partidarios, ni divisas tradicionales o no. Hemos entonado el Himno patrio, levantado la Bandera Nacional y hecho flamear sus colores inmortales. ¡COMPATRIOTAS!: proclamemos bien alto todos juntos, para que nuestro grito rasgue el firmamento y resuene de un confín a otro del terruño, de modo que ningún sordo de esos que no quiere oír diga que no lo escuchó: ¡VIVA LA PATRIA! ¡VIVA LA LIBERTAD! ¡VIVA LA REPÚBLICA! ¡VIVA LA DEMOCRACIA! 

lista wilsonista (identificada con la sigla ACF) y la del Consejo Nacional Herrerista de Luis Alberto Lacalle recibieron en conjunto más de 445 mil votos. En el Partido Colorado, Julio María Sanguinetti apareció como un claro triunfador con más de 300 mil votos. El pachequismo había quedado en minoría con unos 140 mil sufragios. Los resultados recibieron diferentes lecturas desde las distintas tiendas. Los

1984

30 de julio: siguen las negociaciones, ahora en el Club Naval.

8 de setiembre: el Frente Amplio proclama la fórmula Juan José Crottogini - José D´Elía.

3 de agosto: última reunión en el Club Naval para formalizar el acuerdo.

26 de octubre: se pone fin a la intervención de la Universidad.

6 de agosto: el Directorio del Partido Nacional se pronuncia contra el acuerdo.

25 de noviembre: elecciones generales. Triunfa Sanguinetti.

15 de agosto: se dicta el Acto Institucional Nº 19, que recoge lo convenido en el Club Naval.

30 de noviembre: es liberado Wilson Ferreira, que parte en caravana hacia Montevideo.

20 de agosto: es liberado Juan Raúl Ferreira.

1º de diciembre: discurso de la explanada de Ferreira, donde se compromete a asegurar la gobernabilidad.

26 de agosto: la convención blanca acepta la fórmula alternativa Alberto Zumarán - Gonzalo Aguirre.

conflictiva generaría una democracia inestable, porque los militares estarían cuidándose las espaldas. Por lo tanto, la salida iba a tener que ser gradual y negociada. Solo se llegaría de manera incremental a la democracia plena. Como es normal en política, sobre estas visiones estratégicas pesaban cálculos electorales. Ferreira sabía que, si él podía ser candidato, muy probablemente sería presidente de la República. El Partido Nacional había votado muy bien en las internas y la figura de Wilson resultaba atractiva para una parte de la izquierda. Sanguinetti sabía que, si Wilson no era candidato, muy probablemente él sería el próximo presidente. Su liderazgo sobre el Partido Colorado estaba afianzado y el Partido Nacional no sería el mismo sin Ferreira. El 22 de agosto de 1983, los dos líderes se encontraron en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia). En un clima de mucha franqueza, cada uno expuso al otro su punto de vista y cada uno dijo que el otro se estaba equivocando. En realidad, los pronósticos que ambos hacían dependían de un dato fundamental: cómo iba a actuar la izquierda. Wilson Ferreira, probablemente influido por sus contactos de años con líderes frenteamplistas en el exterior, estaba convencido de que la izquierda no iba a negociar con la dictadura. Su planteo iba a ser maximalista e iba a incluir la libertad y desproscripción del general Seregni. En esas condiciones, la presión ejercida conjuntamente por el Partido Nacional y el Frente Amplio terminaría por forzar una salida plenamente democrática. Sanguinetti, en cambio, pensaba que la izquierda podía aceptar ir a elecciones con proscripciones y con partidos prohibidos. Si ese diagnóstico era correcto, la salida gradualista terminaría por imponerse. “No te empeñes en embestir contra una pared –le dijo Sanguinetti a Ferreira, según el relato que hizo este último–. De esto hay que salir por las únicas vías de solución posibles. En Uruguay habrá elecciones a fines de 1984, las elecciones van a ser con proscriptos, porque no hay la menor posibilidad de que sea de otro modo. Con partidos y ciudadanos proscriptos. Tú, o estarás en el exterior o si estás en Uruguay estarás en la cárcel. Y yo seré presidente de la República”. El 1º de setiembre de 1983, el general Seregni, en lo que sería su último mensaje desde la cárcel, formuló un llamado para lograr un acuerdo nacional que pusiera fin al régimen militar y consolidara la democracia. El 8 de octubre los partidos tradicionales exigieron el fin de las proscripciones. El 28 de ese mes, el

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los partidos políticos y las fuerzas sociales. El 25 de setiembre hubo una nueva jornada que incluyó “caceroleos”, un gran apagón voluntario y concentraciones en espacios públicos. El 8 de octubre, los partidos tradicionales emitieron una declaración conjunta en la que reclamaron el fin de las proscripciones y el restablecimiento de un clima de libertad como condiciones para negociar. Nuevas manifestaciones callejeras de rechazo a la dictadura se producirían el 23 de octubre y el 9 de noviembre. A ese clima de movilizaciones se sumaba la marcha tormentosa de la economía. La ruptura de la tablita había producido numerosas quiebras y había obligado a muchas empresas a reducir costos para hacer frente a sus deudas. La tasa de desempleo, que era del 6,6 por ciento en 1981, subió al 11,9 por ciento en 1982 y al 14,7 por ciento en 1983. El salario real, que había comenzado a mejorar luego de una fuerte caída en los primeros años de la dictadura, volvió a caer fuertemente: entre 1983 y 1984 se contraería un 30 por ciento. La situación financiera era tan delicada que el gobierno optó por gastar centenares de millones de dólares en la compra de carteras vencidas. Un sector de los militares sentía que prolongar la transición solo serviría para dañar el prestigio de las Fuerzas Armadas. Quienes pensaban así se enfrentaban a otros que estaban dispuestos a demorarla para asegurar mejores condiciones de salida. Pero no solo entre los militares había divisiones. También empezó a haberlas en el frente opositor. Muy especialmente, se generó una discrepancia estratégica entre los dos principales líderes de los partidos tradicionales: Wilson Ferreira y Julio María Sanguinetti. Ferreira pensaba que los militares no podían mantenerse mucho más tiempo en el poder. Habían recibido dos fuertes reveses electorales (en 1980 y 1982), no tenían ningún prestigio internacional y enfrentaban una situación interna cada día más adversa. Había condiciones para presionarlos hasta que se retiraran sin poner condiciones. Cuanto más limpia fuera la transición, menos condicionada quedaría la democracia. Por lo tanto, no había que reiniciar las negociaciones hasta que los militares no levantaran todas las proscripciones y no aceptaran la realización de elecciones libres. Sanguinetti pensaba que los militares no se iban a ir hasta que no sintieran que contaban con las garantías necesarias. Todavía tenían el control de la situación y no iban a abandonar su posición de fuerza si veían un riesgo de transición descontrolada. Una salida demasiado

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blancos se sintieron ganadores. Los colorados no se sintieron perdedores, porque había un 40 por ciento de personas registradas que no habían votado y de las que se podía esperar el apoyo en las elecciones de 1984. La izquierda había marcado presencia, pero también había constatado la fuerza de atracción de Por la Patria sobre una parte de sus propios militantes. Las convenciones partidarias se reunieron por primera vez en enero de 1983. El 14 de abril hubo una reunión interpartidaria en la que se analizó la estrategia para el futuro diálogo con los militares. En esos meses también se reactivó el frente gremial, que había estado paralizado durante años. Los sindicatos crearon el Plenario Intersindical de Trabajadores (PIT), que era una prolongación de la antigua CNT, y los estudiantes se organizaron en Asceep. El 1º de mayo de 1983 se realizó por primera vez en más de una década la tradicional concentración del día de los trabajadores. La reunión convocó a mucha gente y marcó un punto de inflexión: las fuerzas sociales pasaban a ocupar un espacio relevante en la resistencia a la dictadura. El 13 de mayo empezó en el Parque Hotel el llamado “diálogo político-militar” que terminó en un bloqueo pocas semanas más tarde. El 5 de julio, Julio María Sanguinetti, hablando en nombre de los delegados partidarios, anunció que las negociaciones se suspendían por dos motivos fundamentales: las discrepancias insalvables que existían en el temario en discusión y el ambiente nacional en el que se desarrollaba el diálogo. Con esa expresión aludía al reciente encarcelamiento y tortura de un conjunto de militantes del Partido Comunista, y a la proscripción del redactor responsable del diario El Día, Enrique Alonso Fernández. El general Rapela, hablando en nombre de los militares, acusó a los políticos de falta de flexibilidad. En las semanas siguientes, el régimen respondió con un endurecimiento de su posición. El 15 de julio advirtió mediante una cadena de radio y televisión que estaba dispuesto a aprobar unilateralmente una reforma constitucional si no se llegaba a un acuerdo político. El 2 de agosto, el Acto Institucional Nº 14 facultó al gobierno a disponer nuevas proscripciones e impuso nuevos límites a la actividad política. A pesar de esas manifestaciones de fuerza, el gobierno enfrentaba dificultades. Por una parte, las protestas cívicas y gremiales tenían cada vez más fuerza. El 25 de agosto hubo “caceroleos” masivos en todo el país, como culminación de una jornada de protesta convocada por

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general Rapela (principal portavoz político de la dictadura) expresó por primera vez en meses la voluntad negociadora de los militares, aunque repitió que, en caso de no llegarse a acuerdos, se aprobaría unilateralmente una nueva Constitución. El 11 de noviembre, el gobierno desproscribió a todos los dirigentes de los partidos habilitados, con la única excepción de Wilson Ferreira Aldunate. El 27 de noviembre, todos los partidos políticos opositores convocaron a una concentración en el Obelisco de Montevideo. Fue el acto más grande realizado en el país hasta ese entonces. El actor Alberto Candeau leyó una proclama que demandaba el pleno restablecimiento de las libertades y el levantamiento de todas las proscripciones. En el estrado, junto a dirigentes blancos y colorados, hubo muchas figuras históricas de los partidos de izquierda, lo que significó su reingreso de hecho a la escena política. El 1º de diciembre, el presidente de facto Álvarez pronunció un discurso televisado contra del acto y trató a ese estrado de “cambalache”. El 19 de marzo de 1984, el Supremo Tribunal Militar dispuso la liberación del general Seregni antes del cumplimiento total de su pena. Una multitud se reunió a vivarlo frente a su domicilio. La dictadura había decidido liberarlo, pero mantuvo una suspensión de dos años para el ejercicio de todo cargo público. Eso significaba que no podría ser candidato en las elecciones de noviembre. Ante un país expectante, Seregni tuvo una reacción conciliadora: poco después de haber sido liberado, declaró que una flexibilización en el tema de las proscripciones eran un costo “inevitable” de la transición. Tal como Sanguinetti había vaticinado, la izquierda no estaba adoptando una actitud maximalista sino una actitud negociadora. Wilson Ferreira había quedado solo. El 29 de ese mes, el Partido Nacional anunció que no participaría de ningún acuerdo que implicara mantener las proscripciones. El 2 de abril, el Partido Colorado criticó públicamente la decisión del Partido Nacional. El frente

opositor se estaba resquebrajando. ¿Qué llevó a Seregni a adoptar esa actitud negociadora? Para sus defensores, se trató de un gesto de patriotismo: Seregni renunciaba a la posibilidad de ser candidato para darle una salida política al país. Su cabeza de militar le indicaba que la dictadura solo aceptaría una retirada ordenada y segura; por lo tanto, había que aceptar renunciamientos. Para sus críticos, en la actitud de Seregni hubo un componente de cálculo fundado en una vieja animosidad contra el Partido Nacional: si Wilson Ferreira era candidato, era casi inevitable que atrajera a sectores muy amplios de la ciudadanía progresista. Eso era una grave amenaza para el futuro electoral del Frente Amplio. En cambio, si el Partido Nacional quedaba afuera, el Frente Amplio tendría una gran oportunidad de crecimiento electoral y de legitimación política. En las semanas siguientes, el complejo panorama se vio sacudido por un nuevo hecho: el 16 de abril murió en una dependencia militar de Fray Bentos el médico Vladimir Roslik, vecino de la localidad de San Javier. Aunque una primera autopsia lo negó, pronto se supo que había muerto a causa de las torturas que había sufrido en una dependencia militar. Roslik era comunista pero no tenía una militancia destacada. Aunque los motivos de su detención y muerte nunca se aclararon por completo, algo quedó claro en esos días: la prensa ya no estaba dispuesta a callar esos episodios. La muerte por torturas de Roslik fue tratada del modo más explícito por varios medios, en especial el semanario colorado Jaque. El 28 de abril, en un acto en Buenos Aires, Wilson Ferreira anunció su retorno al Uruguay. En el discurso que hizo ese día, rechazó una vez más la idea de elecciones con proscriptos: “Una elección con candidatos prohibidos y candidatos permitidos, con partidos políticos vetados, no me sirve porque eso no es una elección, es un fraude (...) Yo saldré, mi Partido saldrá a pelear, para que los comunistas puedan votar, y después saldremos a las tribunas a pedirle a la

1º DE DICIEMBRE DE 1984

Discurso de Wilson Ferreira en la Explanada Municipal

(…) Yo faltaría al respeto que me debo y el que debo a ustedes si midiera mis meses de prisión comparándolos con los años que otros grandes uruguayos han debido soportar por los mismos delitos, es decir, por decir en voz alta su verdad y por pensar libremente. (...) Toda la historia del Partido Nacional es la historia de comparecer a elecciones cuya legitimidad desconoce para luchar desde adentro con las posiciones que conquiste para la rectificación de los errores pasados; para la recuperación de la legitimidad; para devolverle al país la vigencia del derecho. (...) Nosotros estamos dispuestos a votarle en el Parlamento al Gobierno que presidirá el Dr. Sanguinetti todo aquello en que coincidamos y todo aquello, a condición de que no comprometa principios esenciales, todo aquello en lo que, aunque no coincidamos, resulte indispensable para proporcionar al nuevo Gobierno la posibilidad de moverse, de gobernar. (...) Quiero decir aquí muy claramente y hablándoles a ustedes, que lo sepa el gobierno que el país ha elegido: nuestros legisladores van a votar todas las venias para designar directores de Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, cualquiera sea la filiación política de los candidatos que se nos propongan. No vamos a tener en el análisis otro criterio que el de la competencia técnica y la honradez de los candidatos. Si sirven y si saben, contarán con nuestros votos, repito, pertenezcan al partido que pertenezcan.(...). 

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Una serie de 25 fascículos publicada por el diario El País con el apoyo del Centro de Estudios Jean-François Revel.

Asistente

Dirección de proyecto

Archivo de El País

Pablo da Silveira

Investigación y redacción

Pablo da Silveira Francisco Faig Félix Luna Enrique Mena Segarra Martín Peixoto

José López Fotografías

Diseño gráfico, armado y corrección

Trocadero Publicación

El País

Impreso en El País Depósito legal: 334.251

Las negociaciones del Club Naval El 6 de julio se iniciaron las negociaciones en la sede del Esmaco. Por las Fuerzas Armadas participaron los comandantes en jefe del Ejército, Hugo Medina, de la Fuerza Aérea, Manuel Buadas y de la Armada, Rodolfo Invidio. Como secretario actuó el general Pedro Gonnet. Por los partidos participantes estaban los colorados Julio María Sanguinetti, Enrique Tarigo y José Luis Batlle; los cívicos Vicente Chiarino y Humberto Ciganda; y los frenteamplistas José Pedro Cardozo y Juan Young. Las discusiones se prolongaron durante varias semanas y fueron generando hechos políticos. El 26 de julio, en la cuarta reunión, se acordó la desproscripción parcial del Frente Amplio. Al finalizar la reunión se dio a conocer el Acto Institucional Nº 18, que rehabilitó al Partido Demócrata Cristiano, al Partido Socialista y a varios sublemas que participaron en las elecciones de 1971. Quedaban excluidos los comunistas y los tupamaros. También se desproscribió a los antiguos candidatos frentistas, siempre que no hubieran sido juzgados por subversión. Se derogó además el artículo 9 del Acto Institucional Nº 2, con lo que se restituyó el derecho a voto de militares y policías. El 3 de agosto se llegó al acuerdo final. Los partidos políticos reiteraron ese día su reclamo sobre la liberación de Wilson Ferreira pero, tal como había ocurrido en una ocasión anterior, recibieron como única respuesta que el tema estaba en manos de la Justicia Militar. Con el acuerdo logrado, el camino hacia las elecciones había quedado abierto y la prisión de Ferreira había quedado firme. En el correr de los años siguientes se ha discutido mucho si el acuerdo logrado el 3 de agosto de 1984 incluía la renuncia a todo intento de revisionismo sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas por la dictadura. Todos los participantes señalan que el tema no se discutió de manera explícita. Sin embargo, durante el brindis que cerró las negociaciones, el general Hugo Medina dijo ante todos los presentes que “las Fuerzas Armadas no van a aceptar manoseos ni cosa que se le parezca”. Luego agregó que las Fuerzas Armadas estaban dispuestas a aceptar acciones judiciales contra militares “deshonestos, que hayan actuado por cuenta propia, pero los que han actuado en cumplimiento de órdenes

y consignas de sus superiores, esos van a merecer nuestro más amplio respaldo”. Julio María Sanguinetti, uno de los protagonistas del acuerdo, señalaría más tarde que “en el Club Naval no hubo ninguna cláusula expresa o tácita que comprometiera una amnistía, pero no hay duda de que la lógica de los hechos lleva a pensar que si se acordaba una salida institucional, ello suponía que entre las partes no se reclamarían responsabilidades”. Otros participantes de las discusiones dijeron que el tema había “sobrevolado” o había estado “subyacente”. Este punto crucial volvería con fuerza durante el primer gobierno democrático. El Directorio del Partido Nacional emitió el 6 de agosto de 1984 una fuerte declaración contraria al “Pacto del Club Naval”. El 15 de agosto se aprobó el Acto Institucional Nº 19, que recogía lo convenido en las negociaciones. La norma introducía algunas normas transitorias que modificaban la Constitución. El Consejo de Seguridad Nacional pasaba a ser un órgano asesor, sin funciones ejecutivas, que solo podía ser convocado por el presidente de la República. La designación de los altos mandos militares era atribución del presidente, pero éste debería elegir entre tres nombres propuestos por las Fuerzas Armadas. La jurisdicción de la Justicia Militar se limitaba a los delitos militares cometidos por militares. Todas estas normas habrían de regir hasta el 1º de marzo de 1986. La Asamblea General a elegirse el 25 de noviembre de 1984 tendría carácter de constituyente entre el 1º de julio y el 31 de octubre de 1985, para expedirse sobre ellas. La Convención nacionalista, que había proclamado la fórmula Wilson Ferreira - Carlos Julio Pereyra en diciembre de 1983, tenía que definir una estrategia de cara a las elecciones. Tras varias discusiones que incluyeron entrevistas con el propio Ferreira en prisión, se acordó presentar la fórmula alternativa Alberto Zumarán - Gonzalo Aguirre. La Convención resolvió que, en caso de ganar los comicios, se haría una nueva convocatoria a elecciones sin ciudadanos ni partidos proscriptos. El 25 de noviembre de 1984, por primera vez en trece años, los uruguayos votaron en elecciones nacionales. El triunfo fue para el Partido Colorado, con un porcentaje de apoyo muy similar al que había obtenido en 1971 (41,2 por ciento de los votos). En segundo lugar se ubicó el Partido Nacional con el 35 por ciento. El Frente Amplio quedó tercero con el 21,3 por ciento de los sufragios. Las elecciones confirmaron el declive electoral del pachequismo, que solo recibió 183.800 de los 777.701

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resolución significó la ruptura definitiva del frente opositor.

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gente que vote por nosotros y no por los comunistas. Porque esas son cosas que decide la gente y solo la gente”. El 16 de junio, Ferreira volvió de su exilio en el Vapor de la Carrera mientras una multitud lo esperaba en las calles. Antes de que el barco tocara puerto fue abordado por un buque de la Armada. En los muelles había soldados armados a guerra, mientras aviones y helicópteros vigilaban el área. Ferreira fue detenido de inmediato junto a su hijo Juan Raúl, y recluido en un cuartel del interior. Los reclamos por su liberación se multiplicaron. ¿Qué buscaba Wilson Ferreira con su vuelta? El tema es discutido, pero al menos hay algo que está claro: si decidió volver no fue porque esperara tumbar al régimen con su llegada, sino sabiendo que iría preso. ¿Por qué lo hizo entonces? Para algunos, fue un intento de obligar a los demás opositores (en particular a la izquierda) a cambiar de estrategia. Una cosa era negociar con los militares mientras algunas figuras estaban proscriptas y otra cosa era hacerlo mientras estaba preso el principal líder de uno de los principales partidos. Según esta interpretación, Wilson esperaba que su encarcelamiento interrumpiera las negociaciones y reencauzara los hechos hacia una transición más directa. Según otra interpretación, Wilson Ferreira volvió porque no podía no hacerlo. Su estilo de liderazgo le impedía esperar calmamente fuera del país mientras él era excluido y se elegía otro presidente. De haber actuado así, hubiera perdido buena parte de su capacidad de convocatoria. Otros todavía sostienen que esperaba mucho de la presión internacional sobre el régimen. El 20 de junio, la Comisión Multipartidaria (un órgano de coordinación entre los partidos) decidió la realización de un paro cívico el 27 de ese mes, al cumplirse once años del golpe. Durante la reunión se produjeron fricciones en torno al futuro de la negociación con los militares. Mientras los nacionalistas estimaban imposible todo diálogo con Ferreira preso, los restantes partidos creían que había que negociar porque los plazos urgían. El 26 de junio, un día antes del paro cívico, la Multipartidaria volvió a reunirse y dispuso, con la oposición frontal de los blancos, “hacer llegar a las Fuerzas Armadas por medio de una delegación la reiteración de la voluntad de negociación que les anima”. También aprobó “abocarse inmediatamente a la elaboración de una propuesta a formular a las Fuerzas Armadas sobre su visión de los términos en que debe llevarse a cabo la salida institucional y democrática”. La

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votos del Partido Colorado. En el Partido Nacional se confirmó el peso de las listas vinculadas a Wilson Ferreira, que obtuvieron 558.821 del total de 660.773 votos a ese partido. Parte del más de medio millón de votos recibidos por la fórmula Zumarán – Aguirre fueron aportados por el Herrerismo de Luis Alberto Lacalle, que recogió 129.725 adhesiones. De los 401.104 votos que obtuvo el Frente Amplio, la Lista 99 del Dr. Hugo Batalla obtuvo 156.561. Democracia Avanzada (el nombre con el que se presentó el Partido Comunista) recibió 113.216 sufragios. En tercer lugar quedó el Partido Socialista con 61.367 adhesiones. En la noche misma de las elecciones, Alberto Zumarán fue a saludar al presidente electo Julio María Sanguinetti, marcando desde ese momento un estilo político que se diferenciaría mucho del que había primado en 1972 y 1973. El

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año político culminó con la liberación el 30 de noviembre de Wilson Ferreira. La caravana que lo trajo desde el interior encontró fogones y caballería gaucha a lo largo de todo el camino. Cuando finalmente llegaron a Montevideo, Ferreira hizo un discurso ante una abarrotada explanada municipal, en la noche del 1º de diciembre. Su mensaje central fue que el Partido Nacional iba a proporcionar todo lo que fuera necesario para la estabilidad del nuevo gobierno democrático. Así terminaban algo más de once años de dictadura militar. En marzo de 1984, el coronel Silva Ledesma declaró que la Justicia Militar había procesado a 4.933 personas, a las que hay que agregar probablemente unos 3.500 ciudadanos detenidos sin procesamiento. Los tiempos de detención fueron variables y son dif íciles de estimar porque, dentro de la arbitrariedad generalizada del régimen, la Justicia Militar dilataba muchas veces

la liberación de prisioneros, aun luego de que fuera decretada por el juez militar. En total murieron 69 personas en prisión, 25 de las cuales fallecieron como consecuencia de torturas. Hubo 17 personas muertas en operativos callejeros después de junio de 1973. La dictadura fue responsable asimismo de la desaparición forzosa de 32 ciudadanos uruguayos en el país y de otros 125 compatriotas que, hasta hace poco, se consideraban desaparecidos en Argentina. También se la responsabiliza de 8 desapariciones en Chile, 2 en Paraguay, una en Bolivia y una en Colombia. A estas cifras se suma una cantidad indeterminada de crímenes políticos. Los uruguayos consiguieron poner fin a este período negro de la vida del país, usando el voto y el ejercicio de las libertades políticas progresivamente conquistadas como sus únicas armas. 

Comando General del Ejército: Testimonio de una nación agredida. Montevideo, Universidad de la República, 1978.

González, Luis Eduardo: Estructuras políticas y democracia en Uruguay. Montevideo, FCU, 1993.

Corbo, Daniel J.: El plebiscito constitucional de 1980. La derrota del proyecto militar para legitimar un régimen autoritario. Montevideo, Puerta del Sur, 2006.

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Por Francisco Faig Garicoïts

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Estrado sin poscriptos en el acto del Obelisco en noviembre de 1983.

dora, cayeron en la cuenta de que debían conformarse con la añeja normalidad. Como en los años previos a la dictadura, queríamos encontrar un camino de restauración de los valores perdidos en los recovecos del estancamiento económico y social de los años cincuenta. En estos veintitantos años de democracia hemos sabido mantener el pleno ejercicio de las libertades y nos hemos mantenido fieles al principio de soberanía popular. Pero en vez de reconstruir una liturgia republicana más exigente, dejamos que en el espacio público se relativicen las responsabilidades de la guerrilla en el ataque a la República. Y en vez de juzgar al terrorismo de Estado, preferimos cobijar en democracia a sus ejecutores. La nuestra ha sido una democracia conservadora, pródiga en mesocracia, satisfecha en su amnesia, a veces insensible en su búsqueda de la tranquilidad perdida. Los uruguayos precisamos de un país democrático e innovador. Destacado por su excelencia; capaz de impartir Justicia sin miedos ni rencores; generoso en el ejercicio de una solidaridad nacional que no se limite a la protección de los intereses corporativos más fuertes. Preci-

samos asumir el legado democrático de 1984 y a la vez mirar con ojos críticos una restauración que nos sigue impidiendo enfrentar con juvenil energía y fresca determinación los desaf íos de la hora. El mundo no espera por nosotros. Si no reaccionamos, simplemente se lleva lo mejor de nuestras nuevas generaciones. Precisamos Libertad, para emprender. Igualdad ante la ley, sin restricciones. Fraternidad, para restañar una nación fragmentada. Apoyarnos en el sustrato democrático del pueblo que venció a la dictadura y profundizar, sin miedos ni enojos, estos valores colectivos que explican nuestra identidad. Reencontrarnos como país que puede tener futuro es la tarea que tenemos por delante. Es sobre todo, la tarea que deberá emprender ese tercio de la población residente en el país que nació después de 1985. Por eso importa que esas nuevas generaciones conozcan la formidable gesta de sus mayores: una gesta que consistió en derribar, votando, a la oprobiosa dictadura militar. 

Francisco Faig Garicoïts. Uruguayo, nacido en 1974, obtuvo el Diplôme D´Etudes Approfondies (DEA), con especialización en política comparada, en el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de París. Es edil departamental de Río Negro. Escribe en medios de prensa uruguayos y es profesor en la Licenciatura de Estudios Internacionales de la Universidad ORT. En 1996 publicó Sistema electoral y gobernabilidad en Uruguay.

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El Uruguay democrático

HISTORIA RECIENTE

LOS ESTUDIOS SOBRE las transiciones democráticas abundan. Hay muchos ejemplos de países de América Latina y también de Europa del Este en los años noventa. En ningún caso, sin embargo, hay una contundencia más grande de sentimiento democrático popular que el verificado en el Uruguay de los años ochenta. Aquí fue el pueblo votando quien dio el primer gran paso del retorno hacia la democracia. En el plebiscito de 1980 está el Uruguay mismo retratado con brío excepcional: el valor del voto secreto, el respeto ineludible del principio de soberanía popular, la reafirmación del sistema democrático de gobierno. El No al régimen militar fue una negativa a su esencia antiliberal y antinacional. Fue el rechazo a vivir bajo la arbitrariedad. La democracia sustentada en los partidos políticos también caracterizó a la transición uruguaya. El vigor partidario como expresión legítima de la ciudadanía se tradujo en las elecciones de 1982, incluyendo esas decenas de miles de compatriotas que, sin poder votar al Frente Amplio, decidieron señalarlo con su voto en blanco. Finalmente, la reafirmación de las bondades de la negociación (tan uruguaya), fue el mecanismo de una salida democrática ratificada por los resultados de noviembre de 1984. Fue el triunfo de Julio María Sanguinetti, protagonista central de esa transición. Fue también la cristalización política de una izquierda que salió fortalecida de su participación en los acuerdos del Club Naval. Fue el triunfo de una ciudadanía que quería libertad pero también quería tranquilidad. No fue, en cambio, una transición innovadora. La transición argentina, por ejemplo, condujo a la primera clara derrota electoral del peronismo en toda su historia. Nada similar ocurrió aquí. Quienes se ilusionaron con el amanecer de un país diferente que reflejara la pujanza de una sociedad creativa, convincente, desafiante y renova-

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CONTRATAPA

El Uruguay democrático y restaurador

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1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000

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octubre ‘07

25 FASCÍCULOS

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DESDE HIROSHIMA A LAS TORRES GEMELAS

CRISIS BANCARIA Y SOLIDEZ DEMOCRÁTICA

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| EL URUGUAY DEMOCRÁTICO

SANGUINETTI, LACALLE, SANGUINETTI, BATLLE

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El Uruguay democrático

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ÍNDICE DEL FASCÍCULO

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El retorno de los civiles

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RECUADROS RICARDO PASCALE, NICOLÁS HERRERA: DOS NEGOCIADORES RECUERDAN SU EXPERIENCIA, CÓMO SE NEGOCIÓ LA DEUDA EXTERNA P. 8 Y P. 9 / RESULTADOS ELECTORALES 1984-1999 [ELECCIÓN PRESIDENCIAL] P. 10 EL PRIMER GOBIERNO DEMOCRÁTICO VISTO POR SU PRESIDENTE Por Julio María Sanguinetti P. 12 / EL SEGUNDO GOBIERNO DEMOCRÁTICO VISTO POR SU PRESIDENTE Por Luis Alberto Lacalle P. 13 / EL TERCER GOBIERNO DEMOCRÁTICO VISTO POR SU PRESIDENTE Por Julio María Sanguinetti P. 14 / EL CUARTO GOBIERNO DEMOCRÁTICO VISTO POR SU PRESIDENTE Por Jorge Batlle P. 15 / CONTRATAPA. REVANCHA O RECONCILIACIÓN Por Martín Peixoto P. 20.

El 1º de marzo de 1985, Julio María Sanguinetti asumió como presidente constitucional de los uruguayos. La banda presidencial no le fue entregada por el anterior mandatario (el presidente de facto Gregorio Álvarez) sino por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Rafael Addiego Bruno. Álvarez había renunciado dos semanas antes y Addiego había ejercido desde entonces como presidente interino. Evitar el traspaso de banda entre Álvarez y Sanguinetti fue una manera de enfatizar que no se trataba de continuar el régimen anterior, sino de inaugurar una forma de gobierno diferente. Entre la democracia y la dictadura no hay diferencias de grado sino un salto cualitativo. El rito civil que se cumplió ese día no se vivía en el país desde

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INTRODUCCIÓN

solemne ambiente de aquel 1º de marzo, el presidente Sanguinetti dijo unas palabras que ninguno de sus sucesores tuvo necesidad de repetir: “No era mi mayor ambición llegar este día aquí. Si se quiere, esta es la culminación de un sueño compartido por todos nosotros. Mi mayor ambición empieza hoy. Mi mayor ambición es estar el 1º de marzo de 1990 entregando el mando a un nuevo presidente constitucional electo por el pueblo”. Si esa sucesión entre dos presidentes constitucionales se producía, sería la primera en 18 años. Y se produjo con perfecta regularidad desde entonces.

HISTORIA RECIENTE

1985

el 1º de marzo de 1972, cuando Juan María Bordaberry asumió como presidente constitucional. Pero el clima de las dos ceremonias no pudo ser más diferente. Bordaberry había asumido en un Uruguay crispado por la violencia y dominado por el pesimismo. Pocos creían que pudiera terminar su mandato, aunque nadie fue capaz de anticipar que él mismo se pondría al frente del golpe de estado. En cambio, cuando Sanguinetti asumió predominaba el optimismo y una clara voluntad de entendimiento. Como un síntoma de la nueva época, el gabinete de ministros incluía a siete colorados, dos blancos (que lo integraban a título personal) y un cívico. Los desaf íos eran enormes. La economía se había contraído más del 12 por ciento en los tres años anteriores. La tasa de desempleo rondaba el 14 por ciento y el salario real se había reducido casi en un tercio en los dos años precedentes. El déficit fiscal había superado el 9 por ciento del producto. La inflación se acercaba al 70 por ciento anual. El gobierno y las empresas estaban altamente endeudados. El sistema bancario estaba erosionado. En esas condiciones había que responder a demandas largamente postergadas que se expresaban con nueva fuerza. Había además cierto grado de incertidumbre sobre el modo en que se comportarían los militares: ¿hasta qué punto aceptarían ceder protagonismo político y perder recursos presupuestales, tras once años en los que habían impuesto su voluntad? El clima era de optimismo, pero también había conciencia de las dificultades. En su discurso ante la Asamblea General, en el

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El retorno de los civiles

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La cantidad de votos recibidos por el Partido Colorado en las elecciones de 1984 no le aseguraba la mayoría parlamentaria que necesitaba para gobernar. El oficialismo tenía 14 senadores contra 17 de la oposición (11 del Partido Nacional y 6 del Frente Amplio). En la Cámara Baja tenía 41 diputados contra 58 de los otros partidos. Pero el clima de la época no era de confrontación. En el momento mismo de ser liberado, Wilson Ferreira había anunciado que el Partido Nacional daría los apoyos parlamentarios necesarios para asegurar la gobernabilidad del país. Eso incluía los votos para integrar numerosos organismos públicos, como los entes autónomos y los órganos de contralor, pero también los requeridos para aprobar las leyes que el gobierno necesitara. El Frente Amplio se colocó en una posición más distante, pero también adoptó una actitud de apoyo a las instituciones. Por ejemplo, integró en minoría los directorios de varios entes autónomos. La prioridad del nuevo gobierno fue avanzar rápidamente hacia la normalización del país. El primer proyecto enviado al Parlamento fue una Ley de Amnistía que se aprobó el 14 de marzo. La norma permitió la liberación de todos los presos políticos y la anulación de las órdenes de captura que habían sido libradas por la Justicia Militar.

Todos los presos fueron liberados, incluidos aquellos que habían cometido homicidios intencionales. Pero a estos últimos no se los amnistió: sus sentencias fueron revisadas por los tribunales de apelación en lo penal, y los años de cárcel vividos en dictadura fueron computados de tal modo que las penas se dieron por cumplidas. Los ex guerrilleros que habían cometido hechos de sangre y habían partido al exilio también fueron amnistiados, aunque nunca hubieran sido procesados ni hubieran cumplido penas de cárcel. Durante los años de dictadura había existido un Consejo de Estado que actuaba como un órgano legislativo subordinado al Poder Ejecutivo. Aunque no tenía facultades constitucionales para hacerlo, ese órgano había dictado normas que se habían aplicado como si fueran leyes legítimas. El Parlamento democrático decidió convalidar esos actos para poder incorporarlos al orden jurídico. Era una manera de confirmar el carácter ilegítimo del Consejo de Estado y al mismo tiempo evitar vacíos legales. Pero no todo fue entendimiento en aquellos primeros tiempos. En el correr de 1985 se iniciaron algunos juicios contra antiguos integrantes del régimen militar presuntamente involucrados en violaciones a los derechos humanos. El avance de los procesos era

lento porque la Justicia Militar, dependiente del Poder Ejecutivo, interponía contiendas de competencia ante los tribunales civiles. Llegado 1986, las maniobras dilatorias se estaban agotando y se aproximaba el momento en el que los primeros militares serían citados a declarar. A medida que esta posibilidad se hacía más cercana, los jefes de las Fuerzas Armadas hacían más visible su inquietud. La tensión política iba en aumento. En las semanas siguientes se realizaron varias reuniones entre civiles y militares. El 11 de junio, los mandos hicieron saber que aceptarían una ley de amnistía, lo que significaba un cambio respecto de su posición tradicional (los militares habían sostenido hasta entonces que no cabía ninguna amnistía porque no había ningún delito). El 28 de agosto, el presidente Sanguinetti anunció por cadena de radio y televisión que enviaría al Parlamento un proyecto de ley de amnistía en beneficio de los militares. Rápidamente ganó importancia un tema que hasta entonces había estado en suspenso: ¿qué se había acordado en las negociaciones del Club Naval a propósito de las violaciones a los derechos humanos? Todos los participantes coincidían entonces, y coinciden hasta hoy, en afirmar que en esas reuniones no se habló del tema. Pero el punto consistía en saber si la lógica de las negociaciones llevaba implícita alguna clase de compromiso. Ninguno de los dos ministros del Partido Nacional (Enrique Iglesias y Raúl Ugarte) firmó el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. En las semanas siguientes, el Partido Nacional presentó un texto alternativo que atribuía a la Suprema Corte de Justicia la facultad de investigar violaciones a los derechos humanos y limitaba los delitos perseguibles al homicidio, las lesiones gravísimas, la violación y la desaparición de personas. Pero ni el proyecto del gobierno ni el proyecto nacionalista fueron aprobados en el Senado. La amnistía fue rechazada por las bancadas blanca y frenteamplista, mientras que el proyecto del Partido Nacional fue rechazado por los colorados y la izquierda. La situación había vuelto a fojas cero. El 20 de noviembre, los tres comandantes en jefe enviaron al presidente Sanguinetti un documento ambiguo. Por un lado hacían una autocrítica leve y elíptica: los militares reconocían que, en el esfuerzo de combatir a la subversión, las Fuerzas Armadas habían “perdido los puntos de referencia”. Por

El 1º de diciembre, el presidente Sanguinetti convocó a una reunión entre los principales líderes partidarios y los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. El encuentro se realizó en el Palacio Estévez y el tema central fue aclarar lo que se había acordado en el Club Naval. Sanguinetti resumió su punto de vista diciendo: “En el Club Naval no hubo ninguna cláusula expresa o tácita que comprometiera una amnistía. Pero no hay duda de que la lógica de los hechos lleva a pensar que, si se acordaba una salida institucional, ello suponía que entre las partes no se reclamarían responsabilidades”. A continuación se desarrolló un diálogo entre Wilson Ferreira y el teniente general Medina. Ferreira empezó preguntando si, a juicio de las Fuerzas Armadas, en el Club Naval se había acordado dejar de lado el revisionismo. Medina contestó afirmativamente. Luego Ferreira preguntó si era verdad que, en el brindis que clausuró las negociaciones, Medina había dicho que las Fuerzas Armadas iban a aceptar que se juzgara a los militares deshonestos que hubieran actuado por cuenta propia, pero no a quienes hubieran actuado cumpliendo órdenes. Medina volvió a responder afirmativamente. Entonces Ferreira preguntó si Medina había interpretado el silencio de los delegados partidarios como una aceptación de esas palabras. Medina dijo otra vez que sí. El ambiente se crispó aun más cuando Medina dijo “intuir” que los militares no se presentarían si eran convocados a declarar. La posibilidad de una crisis institucional estaba al alcance de la mano. El Frente Amplio afirmaba que el tema de los derechos humanos no había sido tratado en el Club Naval y que no existía ninguna clase de compromiso. Su posición era que los militares que habían cometido crímenes debían ser juzgados. Pero varios indicios sugieren que la izquierda había buscado hasta hacía poco una salida negociada. En la

varios militares estaban en su caja fuerte del Ministerio de Defensa y no saldrían de allí. En un discurso realizado en enero siguiente, Ferreira explicó su posición a sus propios correligionarios. El pacto del Club Naval, dijo, “fue un pacto que no solamente se hizo sin nosotros, sino que se hizo contra nosotros”. Pero ahora había una institucionalidad democrática que cuidar, y lo peor que podía ocurrir era que esa institucionalidad quedara desacreditada: “Si nosotros nos hubiéramos encontrado con una desobediencia generalizada –dijo Ferreira más tarde–, ¿ustedes creen que las instituciones democráticas del Uruguay hubieran podido soportar el golpe de este desacato violento a todos los poderes del Estado, y además reiterado, mantenido en el tiempo? Estoy seguro de que no”. El itinerario que presenta más dificultades al análisis es el del Frente Amplio. La izquierda había decidido participar de las negociaciones del Club Naval y había mostrado durante largo tiempo una actitud negociadora hacia los militares. En el brindis que cerró las conversaciones, sus representantes habían escuchado sin reaccionar las famosas palabras del teniente general Medina anunciando que las Fuerzas Armadas no aceptarían que fueran juzgados quienes habían cumplido órdenes. En noviembre de 1984, la izquierda había aceptado participar en las elecciones pese a que el general Seregni, el Partido Comunista y el MLN estaban proscriptos, y Wilson Ferreira estaba preso. A mediados de 1986, el general Seregni todavía buscaba salidas negociadas y hablaba de postergar todo intento de juicio a los militares. ¿Cómo explicar que a fines de ese año, y en la antesala de una posible crisis institucional, adoptara una actitud maximalista? Esta pregunta tiene una respuesta favorable a la izquierda y otra que le es hostil. La respuesta favorable dice que los dirigentes frentistas fueron adaptando sus demandas a las condiciones cambiantes: en 1984 transaron porque era la manera de avanzar hacia la democracia; en 1986 adoptaron una posición maximalista porque entendieron que había condiciones para obligar a los militares a aceptar los veredictos de la Justicia Civil. Esta interpretación implica que, si bien los dirigentes de la izquierda conocían los riesgos de desacato, pensaron que las amenazas apenas veladas de los militares no serían cumplidas. La interpretación hostil a la dirigencia frentista dice que todo se redujo a un cálculo: la izquierda supuso que el Partido Nacional no iba a permitir que se produjera una crisis institucional y decidió que los partidos

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La Ley de Caducidad

noche del 3 de diciembre, el ministro del Interior Antonio Marchesano, el general Seregni y Wilson Ferreira asistieron al programa político Prioridad, emitido por Canal 10. En un momento particularmente tenso del debate, Ferreira le preguntó a Seregni si era verdad que él había propuesto postergar durante un año toda acción contra los militares. Seregni se puso visiblemente incómodo, pero no lo negó. ¿Cómo entender el modo en que actuó cada uno de los actores en ese momento crítico? La posición del Partido Colorado no ofrece mayores dificultades. Desde el principio, los colorados habían asumido que la salida de la dictadura sería gradual y negociada: las elecciones de 1984 serían imperfectas (porque habría candidatos y partidos excluidos) y las violaciones a los derechos humanos no podrían ser castigadas. Ese era el precio a pagar para salir del régimen militar. Por eso, la propuesta colorada consistía en una doble amnistía: primero en beneficio de quienes habían cometido delitos en nombre de la revolución y luego en beneficio de quienes los habían combatido o habían formado parte de la dictadura en los años posteriores. La posición del Partido Nacional, y en particular de Wilson Ferreira, es menos lineal. En 1984, los blancos se habían opuesto a las negociaciones: la dictadura había recibido dos fuertes reveses políticos (en el plebiscito de 1980 y en las elecciones partidarias de 1982) y enfrentaba una situación económica insostenible. Los militares estaban tan interesados en dejar el gobierno como los civiles en recuperar las libertades. Por lo tanto, había que mantener la presión hasta el final para lograr una salida sin condicionamientos. El Partido Nacional había quedado solo cuando, contra de las previsiones de Wilson Ferreira, la izquierda optó por negociar. De ese modo se había llegado a las elecciones con Seregni proscrito y Ferreira preso. Y de ese modo se había generado en los militares la expectativa de que las violaciones a los derechos humanos no serían juzgadas. A ojos de la mayoría de los blancos, el problema estaba en el Club Naval. Pero, en los dif íciles días de finales de 1986, la posición de Wilson Ferreira empezó a cambiar: si bien el problema no había sido creado por el Partido Nacional, era necesario encontrar una salida. Wilson Ferreira se había convencido de que, si no había una salida negociada, habría un desacato militar. En una conversación que había tenido con el teniente general Medina, éste le había dicho que las citaciones libradas contra

HISTORIA RECIENTE

otro lado afirmaban que las Fuerzas Armadas se sentían “marginadas de la reconciliación y pacificación nacionales” e insistían en el deber de respaldar a su personal subalterno. Cuatro días después llegó el momento de la verdad: el 24 de noviembre, la Suprema Corte de Justicia emitió los dos primeros fallos sobre las contiendas de competencias entabladas por la Justicia Militar. En los dos casos, la Corte se pronunció a favor de la Justicia Civil. Ya nada impedía que los militares fueran citados a los juzgados.

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tradicionales pagaran el costo de renunciar a los juicios de militares. Según esta versión, al menos parte de la dirigencia frentista habría percibido que ese movimiento colocaría al Partido Nacional en una trituradora política. La decisión de transar debilitaría el atractivo de Wilson Ferreira y favorecería los intereses electorales del Frente Amplio. El 17 de diciembre de 1986, horas antes de que el teniente coronel retirado José Gavazzo hubiera debido presentarse a un juzgado, los senadores colorados presentaron un proyecto de ley que clausuraba los procesos contra militares acusados de violar los derechos humanos. Al iniciar el debate parlamentario, el vicepresidente Tarigo planteó el problema en toda su crudeza: “Hay una decisión tácita que está manifestada en el pensamiento de las Fuerzas Armadas de no concurrir a prestar declaración –sus integrantes– ante los jueces de la Justicia Penal ordinaria. Este es un dato de la realidad”. El Partido Nacional pidió un cuarto intermedio y dos días después presentó el anteproyecto de la llamada “Ley de caducidad de la pretensión punitiva del estado”. El 22 de diciembre, el texto fue aprobado en el Parlamento con votos colorados y blancos. Casi de inmediato se creó una Comisión Pro-Referéndum (encabezada, entre otros, por las viudas de Zelmar Michelini y Gutiérrez Ruiz) que se propuso derogar la ley mediante una consulta popular. La iniciativa recibió el apoyo unánime de la izquierda y aumentó las tensiones dentro del Partido Nacional. Varios dirigentes y legisladores de Por la Patria se sumaron al movimiento opositor. La lista incluía a Uruguay Tourné, Héctor Lorenzo Ríos, Juan Martín Posadas, Luis Martínez, Óscar López Balestra, Juan José Fuentes, Marino Irazoqui y Felipe Bruno. Carlos Julio Pereyra se había pronunciado en contra de la ley y consiguió el apoyo de la mayoría de los dirigentes de su sector. Otros, como Carminillo Mederos, Gonzalo Aguirre Ramírez y Carlos Rodríguez Labruna, apoyaron la Ley de Caducidad y se desvincularon del Movimiento Nacional de Rocha. Wilson Ferreira sufrió un enorme desgaste intentando convencer a su gente de que la Ley de Caducidad era el mal menor. Sus discursos y declaraciones de la época están cargados de dramatismo: “En toda esta sala –dijo en una reunión política–, en la sala y en la barra, no hay nadie partidario de la impunidad. Y si hubiera un solo partidario de la impunidad, tendríamos que sacarlo a patadas. El que sea partidario de que las violaciones de derechos humanos no sean sancionadas, no sirve para blanco y tiene que

Teniente General Hugo Medina.

irse a otras tiendas. En estas tiendas del Partido Nacional, no cabe. De manera que la primera cosa que debe aclararse es que no hubo aquí jamás una discusión acerca de si deben o no deben castigarse las violaciones de derechos humanos. En esto estamos absolutamente de acuerdo. Lo que pasa es que el problema cambió cuando llegamos a la conclusión de que no existía la más mínima posibilidad de que fueran sancionados. Entonces había que medir los riesgos a la luz de lo que ocurrió en otros lados. ¿Había riesgo? ¡Claro que había!”. Más adelante dijo: “Si algún compañero o no compañero me dice a mí, presidente del Directorio del Partido Nacional, que votando el referéndum y derogando la Ley de Caducidad existe la más mínima posibilidad de que un coronel, sargento, soldado o general responda aunque sea por media hora por una violación a derechos humanos, yo firmo y voto el referéndum a favor”. El intento de derogar la Ley de Caducidad empezó con una gran campaña de recolección de firmas. Luego de entregados los formularios se inició el proceso de validación, que fue realizado por la Corte Electoral en presencia de delegados de los partidos y de la Comisión Pro-Referéndum. El proceso, largo y tedioso, estuvo cargado de tensiones. Finalmente se anunció que las firmas eran suficientes y se inició la puja entre quienes preferían confirmar la ley (identificados con el “voto amarillo”) y quienes querían derogarla (identificados

con el “voto verde”). El debate y la movilización fueron intensos. Cuando finalmente se votó, el 16 de abril de 1989, el voto amarillo obtuvo 1.008.925 votos y el voto verde, mayoritario en Montevideo, logró 770.221 sufragios. La ley había sido confirmada por la ciudadanía. El proceso de aprobación y confirmación de la Ley de Caducidad fue el mayor desaf ío político que enfrentó el primer gobierno del presidente Sanguinetti. Todo terminó como había empezado (con la renuncia, al menos transitoria, a juzgar a los militares implicados en violaciones de los derechos humanos) pero varias cosas habían cambiado. La izquierda había modificado su posición en el mapa político: en pocos meses había pasado de ser la aliada del Partido Colorado en las negociaciones del Club Naval a ocupar su lugar tradicional de adversaria de los partidos tradicionales. El Partido Nacional había perdido su condición de opositor intransigente de los militares para pasar a ser objeto de los ataques de la izquierda. Muchos piensan que el desgaste psicológico y afectivo que sufrió Wilson Ferreira en esos meses minó gravemente su salud. El presidente Sanguinetti había conseguido afianzar su estrategia de un cambio gradual que mantuviera alejados los riesgos institucionales. Al mismo tiempo, su administración consiguió dominar los graves desaf íos económicos que heredó de la dictadura. La economía uruguaya creció un 1,5 por ciento en 1985, luego de tres años de caída del producto. En

CÓMO SE NEGOCIÓ LA DEUDA EXTERNA

Dos negociadores recuerdan su experiencia

Desafíos en el retorno a la democracia

escribe estas líneas tuvo el honor de presidir el Banco Central. Una primera decisión fue fijar prioridades entre los objetivos económicos que todo gobierno persigue: estabilidad de precios, crecimiento, distribución del ingreso y empleo. La elección debía hacerse sin crear fisuras en una democracia que renacía. La política se orientó entonces hacia una gran prudencia fiscal y monetaria, restableciendo los grandes equilibrios macroeconómicos, e hizo un compromiso entre los cuatro objetivos para restaurar la confianza. En este contexto era clave reestructurar la deuda externa. El gobierno militar había hecho una renegociación en julio de 1983, que había postergado los vencimientos de ese año y de 1984 para el período democrático. Esa renegociación había trasladado para después de 1985 el pago de 707 millones de dólares, con altos intereses trimestrales. Una negociación iniciada de inmediato permitió que el gobierno no tuviera que afrontar esos compromisos, excepto un 10 por ciento de prepago. La primera renovación acordada fue hasta junio de 1985. Luego, las renovaciones se sucedieron mientras se negociaba el nuevo contrato. Las negociaciones, largas y complejas, culminaron el 10 de julio de 1986. El monto total refinanciado fue de U$S 2.142 millones, prácticamente equivalentes a los vencimientos de cinco años (1985-1989). La refinanciación lograda fue a doce años de plazo, con un período de gracia de tres años. Los vencimientos eran crecientes, comenzando suavemente en 1988. También se logró una importante reducción de las tasas de interés. Había sido necesario negociar con un grupo de 150 bancos comerciales, con Argentina y Bra-

sil (para reestructurar deudas bilaterales) y con algunos bancos europeos con los que se tenían deudas específicas. No hubo fondos involuntarios. Todos fueron voluntarios en una operación de cofinanciamiento. La renegociación contribuyó a restablecer la confianza y a que la economía mejorara. En los años siguientes el PIB creció, descendió el desempleo, los salarios reales aumentaron y se redujo la deuda externa como proporción del PIB. Pero estas mejoras no surgieron como resultado de la aplicación mecánica de determinadas políticas. Se debieron también y en grado sumo, a la existencia de una suerte de consenso tácito que cruzaba a los distintos sectores de la sociedad uruguaya. Ese consenso radicó en el claro entendimiento de que estaban en juego valores muy preciados y recién recuperados, que debían situarse por encima de otras discusiones. Esa capacidad de consenso que viví en aquellos momentos es la que me hace seguir siendo optimista para futuras etapas de la vida económica del país. Para pasar de una economía básicamente tradicional a una economía con fuerte impronta basada en el conocimiento, es imprescindible que los uruguayos tengamos ahora otro tipo de acuerdo. Y no tengo dudas que se encontrará.  El Cr. Ricardo Pascale fue presidente del Banco Central entre 1985 y 1990 y entre 1995 y 1996. Este texto fue especialmente elaborado para la presente entrega de Historia Reciente.

HISTORIA RECIENTE

>«¿Te vas a meter en esto? ¿Cómo van a hacer para arreglar tanto desajuste y tanta desconfianza?». Tales eran algunos de los comentarios que recibíamos en aquel verano de 1984-1985. Nos lo decía gente que, al mismo tiempo, nos deseaba la mejor suerte. Luego de doce años de gobierno militar, los problemas eran enormes y se reforzaban mutuamente. El producto había descendido un 9,3 por ciento en 1982, otro 5,9 por ciento en 1983 y un 1,1 por ciento en 1984. La tasa de desempleo casi llegaba al 14 por ciento. La inflación se aceleraba y ya era del 70 por ciento anual. Los salarios habían caído un 30 por ciento en términos reales en el período 1983-1984. La deuda externa llegaba al 60 por ciento del PIB. Las empresas estaban muy endeudadas. Había rumores sobre problemas en varios bancos. Un sentido apocalíptico de desborde de precios y tipo de cambio era notorio en la población. Las demandas de los distintos grupos económicos y sociales eran importantes y, en muchos casos, comprensiblemente impacientes. Las múltiples dificultades habían llevado a instalar un problema más amplio y difícil: la credibilidad de los agentes económicos estaba muy erosionada luego de los vaivenes de las políticas aplicadas y de los traumáticos sucesos económicos de 1982. La primera y principal preocupación del gobierno que presidió el Dr. Julio M. Sanguinetti fue cómo restaurar la confianza pública. Para buscar soluciones conformó un equipo integrado por Enrique Iglesias en Relaciones Exteriores, Ricardo Zerbino en Economía y Finanzas, Ariel Davrieux en la OPP, y Hugo Fernández Faingold en Trabajo y Seguridad Social. El Banco República pasó a ser presidido por Federico Slinger, y quien

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Por Ricardo Pascale

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cronología

1985 12 de febrero: Gregorio Álvarez renuncia a la presidencia de la República. Asume interinamente el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Rafael Addiego. 15 de febrero: asume la nueva legislatura. El Batallón Florida rinde homenaje al Parlamento. El Partido Nacional y el Frente Amplio no concurren al desfile. 1º de marzo: Julio María Sanguinetti asume como presidente constitucional y Enrique Tarigo como vicepresidente. Los tres comandantes en jefe firman el acta de entrega de gobierno.

2 de marzo: una ley con vigencia retroactiva al 25 de febrero reconoce la legitimidad a las autoridades transitorias de la Universidad de la República. 14 de marzo: se aprueba una Ley de amnistía que permite la liberación de los presos políticos. Se crea la Comisión Nacional de Repatriación de los exiliados. Se convalidan los actos legislativos del Consejo de Estado. 6 de mayo: la Asamblea General declara ilegítima la investidura de los miembros de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Se fija un plazo de

La deuda uruguaya y el Plan Brady Por Nicolás Herrera

HISTORIA RECIENTE

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> En marzo de 1990 asumió Luis Alberto Lacalle, primer presidente del Partido Nacional en todo el siglo. En ese momento el país tenía un déficit muy alto (6,5 por ciento del PBI) y la inflación estaba al borde de transformarse en hiperinflación (superior al 100% anual). El nuevo gobierno aprobó de inmediato un ajuste fiscal, pero ese año estalló la guerra de Kuwait/Irak, bajo la administración de George Bush (padre) en Estados Unidos, y el precio del petróleo se disparó. Estábamos en crisis. Varios países del mundo, entre ellos muchos latinoamericanos, tenían serias dificultades para seguir pagando sus deudas. En esa situación estaban México, Costa Rica, Venezuela, Argentina, Brasil y Perú, entre otros. Colombia y Chile estaban en mejor situación, pero solo pensaban en refinanciar. El «ministro de Economía» de Estados Unidos, Nicholas Brady, diseñó entonces lo que se llamó el Plan Brady para los países con más dificultades. El plan se propuso «forzar» políticamente a los bancos acreedores a aceptar quitas y no solo refinanciar (es decir, a perdonar o aceptar perder parte del capital prestado). Era un plan inédito. Para lograrlo, Brady apeló a una mezcla de presión y apoyo por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, del Fondo Monetario, del BID y del Banco Mundial. ¿Qué debía hacer Uruguay? Una primera opción era aprovechar el Plan Brady, como rápidamente decidieron México, Costa Rica, Filipinas o Venezuela. Una segunda opción era dejar de pagar, como decidieron hacer Argentina, Perú y Brasil. Una tercera posibilidad era refinanciar sin acogerse al Plan Brady, como decidieron hacer Chile y Colombia para generar una mayor confianza entre los inversores y acreedores. Luego

de discutirlo, el gobierno se inclinó por la primera opción. El Plan Brady permitía un alivio real de la deuda neta sin afectar demasiado la imagen de buen pagador del país. Durante 1990 se renegociaron 1.600 millones de dólares con más de 60 bancos. Los bancos tuvieron tres opciones, cada una de las cuales implicaba «perder» o «sacrificar» algo. En la primera opción, los bancos cobraban el 56 por ciento del capital y perdonaban el resto (es decir, dejaban de ser acreedores de Uruguay). Eso los obligaba a perder el 44 por ciento, pero les permitía cobrar inmediatamente el 56 por ciento restante (el precio de mercado de la deuda era en ese momento del 51 o 52 por ciento). En la segunda opción, los bancos refinanciaban a 30 años (un plazo excepcional) y a una tasa por debajo del mercado: la tasa Libor estaba a 9 por ciento y Uruguay ofrecía 6,75 por ciento a 30 años. Los bancos, por lo tanto, no perdían capital pero perdían intereses. En la tercera opción, los bancos refinanciaban y al mismo tiempo prestaban más dinero a Uruguay. Eran los llamados «fondos frescos», a 17 años y a una tasa baja. Uruguay utilizaría esos fondos para «comprar» deuda de la primera opción. En este caso los bancos no perdían capital, pero tenían que prestarle a Uruguay en un momento en el que nadie quería prestar a Latinoamérica y debían hacerlo a tasas por debajo de las del mercado. El 40 por ciento de los bancos eligió la primera opción (cobrar el 56 por ciento y perder el 44), lo que le permitió a Uruguay rescatar aproximadamente 650 millones de dólares y ahorrar aproximadamente 280 millones. El 33 por ciento de los acreedores eligió la segunda opción. El 27 por ciento eligió la tercera. Uruguay fue el país que obtuvo la mayor quita hasta ese momento (mejor que México), porque

pudo «recomprar» esa deuda. Otros países no podían ofrecer esa opción de recompra. La deuda que quedó como resultado de las opciones dos y tres se pagó enteramente o se sustituyó con el canje de deuda del año 2003. Uruguay alivió su situación y mejoró su imagen como deudor: nunca dejó de pagar los intereses y llegó pocos años después al grado de inversor. Fue la acumulación de políticas serias y profesionales durante varios gobiernos de diferentes partidos, que perduran aún hoy en la misma línea.  El Dr. Nicolás Herrera fue subsecretario de Economía y Finanzas entre 1990 y 1991. Este texto fue especialmente elaborado para la presente entrega de Historia Reciente.

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90 días para integrar constitucionalmente estos cuerpos. 13 de mayo: el presidente Sanguinetti provoca una reunión entre Wilson Ferreira y el teniente general Medina. 15 de mayo: la Asamblea General designa a los ministros de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. 1986 1º de marzo: caduca el Acto Institucional Nº 19. 7 de abril: se modifica la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas.

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14 de mayo: el Directorio del Partido Nacional propone que se reúna la Asamblea General para discutir públicamente las violaciones de los derechos humanos durante el gobierno militar. 11 de junio: trasciende que los mandos militares aceptarían una amnistía para “contribuir a la pacificación del país”. 28 de julio: se decide integrar una comisión de juristas de todos los partidos para analizar el tema las violaciones a los derechos humanos. La integran Adela Reta del Partido Colorado,

José Claudio Williman del Partido Nacional, José Korzeniak del Frente Amplio y Raúl Blengio de la Unión Cívica. 28 de agosto: Sanguinetti, por cadena de radio y televisión, anuncia el envío al Parlamento de un proyecto de ley de amnistía. 29 de agosto: el Poder Ejecutivo remite al Legislativo con carácter de urgente el proyecto de ley de amnistía. 19 de setiembre: el Partido Nacional presenta su proyecto alternativo sobre las violaciones de derechos humanos. El proyecto está basado

Las elecciones de 1989 estuvieron marcadas por dos hechos de magnitud. El primero fue la muerte de Wilson Ferreira Aldunate, ocurrida el 15 de marzo de 1988. El hombre que había liderado a la mayoría del Partido Nacional desde 1971, a quien muchos veían como seguro presidente de la República una vez que Sanguinetti cumpliera su mandato, había desaparecido. Su muerte causó consternación entre los blancos y dio lugar a una serie de procesos internos que devolvieron la mayoría partidaria al Herrerismo. Luis Alberto Lacalle, nieto de Luis Alberto de Herrera y con una respetable experiencia política a sus espaldas (había sido diputado antes del golpe, activo dirigente partidario durante la dictadura y senador durante el primer gobierno democrático) emergió como el principal candidato de cara a las elecciones nacionales. El otro acontecimiento relevante

Resultados electorales 1984-1999 [elección presidencial] AÑO

PART. COLORADO

PART. NACIONAL

FRENTE AMPLIO

NUEVO ESPACIO OTROS

1984

41,2%

35,0%

21,3%

-

2,4%

1989

30,3%

38,9%

21,2%

9,0%

0,6%

1994

32,3%

31,2%

30,6%

5,2%

0,7%

1999

32,7%

22,2%

40,3%

4,6%

0,2%

Fuentes: Buquet, Daniel: «La elección uruguaya después de la reforma electoral de 1997: los cambios que aseguraron la continuidad», en Perfiles Latinoamericanos, junio de 2000. Nohen, Dieter: Sistemas electorales y partidos políticos. FCE, México, 1994, p. 261.

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las elecciones en el correr de ese siglo lo habían hecho bajo el régimen colegiado: habían sido gobierno, pero no habían ejercido la presidencia como cargo unipersonal. El último blanco en haber sido electo presidente de la República era Bernardo Prudencio Berro, que gobernó entre 1860 y 1864. Inmediatamente después de él, Atanasio Aguirre cumplió un breve interinato en 1864-1865. La segunda gran novedad que trajeron los comicios fue que, por primera vez en nuestra historia electoral, el Frente Amplio triunfó en Montevideo. El nuevo intendente era un médico, dirigente de fútbol y militante socialista llamado Tabaré Vázquez. Por primera vez la izquierda tendría una auténtica experiencia de gobierno, con la particularidad de que sus decisiones involucrarían a cerca de la mitad de la población del país. El primer desaf ío que enfrentó el gobierno del presidente Lacalle fue el económico. El gobierno colorado había terminado con una inflación en ascenso en riesgo de descontrol: en 1990 (el año en que asumieron los blancos) había llegado al 140 por ciento anual. La inflación siguió creciendo ese año, mientras se tomaban las medidas que finalmente permitieron controlarla: reducción del déficit fiscal, descenso de la tasa de devaluación (tras una suba transitoria) y recuperación de reservas del Banco Central. También se agregó un cambio orientado a generar un efecto psicológico: los aumentos salariales aprobados por el gobierno dejaron de calcularse a partir de la inflación pasada y empezaron a fijarse en función de la inflación esperada, que se estimaba decreciente. El resultado fue una caída de la inflación que se inició en 1991 y tuvo efectos duraderos: al final de la administración blanca, la inflación era del orden del 40 por ciento (la más baja en los diez últimos años). La continuación de la misma política permitió llevarla a un dígito hacia finales de la década. El país había iniciado el más prolongado período de baja inflación que conoció en muchas décadas. Uno de sus artífices fue Ramón Díaz (presidente del Banco Central bajo el gobierno de Laca-

1986

en las conclusiones a las que había llegado la comisión de juristas. 29 de setiembre: el Senado rechaza la ley de amnistía presentada por el gobierno. 7 de octubre: el Senado rechaza el proyecto nacionalista. 20 de noviembre: los comandantes admiten en un documento haber perdido “los puntos de referencia”. El texto también destaca el respaldo que todo superior debe al subalterno. 24 de noviembre: la Suprema Corte de Justicia

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El gobierno blanco

fue el fracaso del sector sanguinettista del Partido Colorado en su intento por asegurarse la continuidad en el gobierno. Sanguinetti se había distanciado de su antiguo líder, Jorge Batlle, y promovió al vicepresidente Enrique Tarigo como la figura que aspiraría a sustituirlo. Si eso ocurría, tras las elecciones nacionales habría un cambio de presidente pero se mantendría la misma línea de trabajo. Jorge Batlle, sin embargo, decidió dar la pelea en las elecciones internas del sector. Y gracias a un mensaje renovador que fue acompañado de un intenso trabajo político, consiguió triunfar sobre Tarigo en mayo de 1989. Las elecciones nacionales del 26 de noviembre de 1989 fueron las primeras desde 1971 en realizarse sin ninguna clase de restricción. Las fórmulas presidenciales más importantes fueron: Luis Alberto Lacalle - Gonzalo Aguirre en el Partido Nacional, Jorge Batlle - Jorge Sanguinetti en el Partido Colorado y Líber Seregni - Danilo Astori por el Frente Amplio. Los comicios se realizaron con normalidad y produjeron dos novedades importantes. La primera fue el triunfo del Partido Nacional, con el 38,9 por ciento de los votos. Era la primera vez que los blancos ganaban una elección desde el año 1962, y era la primera vez en todo el siglo XX que tendrían un presidente. Las dos veces que los blancos habían ganado

HISTORIA RECIENTE

1986 el alza fue del 8,9 por ciento, y en 1987 fue del 7,9 por ciento. En los años finales del gobierno, la economía siguió creciendo pero a ritmos inferiores: 1,5 por ciento en 1988 y 1,1 por ciento en 1989. La tasa de desempleo pasó de casi el 15 por ciento a inicios del período al 8,5 por ciento en el último año. El salario real tuvo un crecimiento medio anual del 5,2 por ciento.

10

1986

falla a favor de la Justicia civil en las dos primeras contiendas de competencias entabladas por la Justicia Militar. 28 de noviembre: se aprueba la ley que permite el retorno a sus cargos de los destituidos durante el gobierno militar. 1º de diciembre: el presidente Sanguinetti organiza una reunión entre los principales líderes partidarios y los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. 3 de diciembre: en el programa Prioridad de Canal 10, Wilson Seregni revela una

propuesta de Seregni de posponer todos los juicios contra los militares por un año. 17 de diciembre: ante la citación para declarar al teniente coronel (R) José Gavazzo, los senadores colorados presentan un proyecto de ley que clausura los procesos contra militares. Los senadores del Frente Amplio presentan un proyecto alternativo que fija sanciones económicas a los militares que no se presenten a las citaciones de la Justicia. 18 de diciembre: se inicia el tratamiento del proyecto colorado; el Partido Nacional pide un cuarto intermedio.

| EL URUGUAY DEMOCRÁTICO HISTORIA RECIENTE

11

lle), que también había tenido un papel protagónico en la derrota de la inflación durante el gobierno de Pacheco. La estabilización de los precios y una beneficiosa negociación de la deuda externa (aprovechando el contexto favorable del Plan Brady) fueron dos importantes éxitos de la administración Lacalle. Pero, visto a la distancia, ese gobierno aparece asociado a tres hechos fundamentales. El primero fue la incorporación al Mercosur, lograda tras una enérgica reacción diplomática ante las negociaciones argentino-brasileñas. Enfrentado a una situación casi consumada, el gobierno realizó en 1990 un doble movimiento: por una parte, manifestó a los gobiernos vecinos el fuerte interés uruguayo en incorporarse al proceso de integración; por otra parte, inició contactos con los demás partidos políticos para lograr que el paso fuera asumido como una causa nacional. La doble ofensiva dio su primer fruto el 1º de agosto de 1990, cuando se firmó en Brasilia un documento que reconocía a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay como participantes plenos en el proceso de integración regional. El 26 de marzo del año siguiente se firmó el Tratado de Asunción, que constituye el acta de nacimiento del Mercosur. El Tratado fue posteriormente ratificado por el Parlamento uruguayo, con el voto unánime de los senadores y 91 votos contra 3 en la Cámara de Diputados. Con sus luces y sus sombras, el Mercosur marcaría desde entonces la vida del país. El segundo hecho al que aparece asociado el gobierno de Lacalle es el mejoramiento de los indicadores económicos: entre 1990 y 1995 hubo un claro aumento de los niveles de actividad y una mejora de las condiciones de vida. El producto bruto tuvo un crecimiento acumulado del 23 por ciento durante el quinquenio. Las exportaciones crecieron a un ritmo del 6,9 por ciento anual. La inversión creció un 15 por ciento al año en términos reales. El desempleo bajó y el consumo privado creció a una tasa del 5 por ciento anual. Los ingresos de los hogares menos favorecidos crecieron un

1986-1987

19 de diciembre: el Directorio del Partido Nacional aprueba el anteproyecto de Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. 22 de diciembre: el Parlamento aprueba la Ley de Caducidad. 1987 5 de enero: el Frente Amplio decide apoyar el plebiscito para derogar la Ley de Caducidad. 28 de enero: se constituye la Comisión Nacional Pro-Referéndum, integrada entre otros por Matilde Rodríguez Larreta de Gutiérrez Ruiz, Elisa Dellepiane de Michelini y María Esther Gatti de Islas.

25 por ciento durante el período. Estos resultados se consiguieron mediante una combinación de apertura comercial (que hizo aumentar las exportaciones y las importaciones de bienes de capital), la desregulación de las relaciones laborales y varias políticas de incentivo a la producción, entre las que destaca una política de desarrollo forestal que hizo crecer más de tres veces la superficie forestada. El tercer hecho al que aparece asociado el gobierno blanco fue su ambicioso intento de reforma del estado. La nueva administración lanzó un Programa Nacional de Desburocratización que eliminó 1,7 millones de trámites anuales y unos tres millones de firmas requeridas como parte de los procedimientos burocráticos. También se crearon el Tocaf (que regula las compras estatales), la historia laboral (que fue parte de un proyecto de mejora del BPS) y el registro único de empresas y contribuyentes, más conocido como RUC. El programa también incluía el fortalecimiento de algunas áreas estratégicas, como el Poder Judicial, y la desmonopolización de los seguros. Pero el componente más ambicioso del plan de reforma consistía en una profunda transformación del régimen de empresas públicas. El 13 de setiembre de 1990, el gobierno presentó al Parlamento un proyecto de “Ley de modificaciones del régimen de empresas públicas del dominio industrial y comercial del Estado”, que recogía varias iniciativas anunciadas durante la campaña electoral. Las disposiciones fundamentales de la norma habían sido previamente discutidas con los socios políticos del gobierno: el Movimiento Por la Patria, el Movimiento Nacional de Rocha, Renovación y Victoria (liderado por el vicepresidente Gonzalo Aguirre) y las corrientes coloradas que tenían presencia en el gabinete: el Foro Batllista, la Lista 15 y la Unión Colorada y Batllista. El proyecto de ley suprimía varios monopolios estatales (como los seguros y la fabricación de alcoholes) y autorizaba a varios organismos (como Antel, Pluna y la Administración Nacional de Puertos) a

asociarse con privados. También incluía la liquidación de ILPE, el organismo estatal dedicado a la pesca. El día que el proyecto fue aprobado en el gabinete, el presidente Lacalle declaró: “No me cabe duda de que se trata (…) de la sesión del Consejo de Ministros más importante del período de gobierno”. Lacalle destacó en aquel momento el amplio apoyo con el que contaba la iniciativa: “Todos los sectores (…) que están en el gabinete han dado su apoyo expreso (…). Es un compromiso asumido libremente, patrióticamente y entusiastamente por los principales dirigentes del Partido Colorado –los doctores Sanguinetti, Batlle y el señor Jorge Pacheco Areco– en las conversaciones previas a la formación del gobierno, y dentro del Partido Nacional por todos los sectores que están integrados dentro del gabinete”. El proceso de aprobación de la llamada “Ley de empresas públicas” fue largo y complejo. El proyecto entró al Senado en setiembre de 1990 y fue largamente estudiado en comisión. Como resultado de ese análisis, se decidió separar la parte referida a la Administración Nacional de Puertos y convertirla en una propuesta de ley independiente. Esta decisión resultaría de enorme trascendencia, ya que la reforma del puerto sería la única que sobreviviría intacta. Cuando el proyecto llegó al plenario del Senado, los debates mostraron que los apoyos no eran tan monolíticos: el Foro Batllista y algunos sectores blancos (como el Movimiento Nacional de Rocha) criticaron distintos aspectos y reclamaron modificaciones. El ex presidente Sanguinetti intentaba tomar distancia del gobierno blanco, y en esos mismos días decidió el alejamiento del único miembro forista del gabinete: el ministro de Salud Alfredo Solari. El 4 de julio de 1991, el proyecto fue aprobado por la Cámara de Senadores. Del total de 31 senadores, 21 lo apoyaron en general. La votación artículo por artículo tuvo oscilaciones, pero el grueso fue respaldado por el Herrerismo, Renovación y Victoria, el Foro Batllista, la Lista 15 y la Unión Colorada y Batllista. El 24 de setiembre el proyecto llegó a la CámaCONTINÚA EN PÁG. 16

19871990

23 de febrero: se lanza la campaña proreferéndum. 1988 15 de marzo: muere Wilson Ferreira Aldunate. 1989 16 de abril: se realiza el referéndum con resultado favorable a la Ley de Caducidad. 26 de noviembre: se realizan las elecciones nacionales y gana el Partido Nacional. 1990 1º de marzo: asume la Presidencia de la República el Dr. Luis Alberto Lacalle. 1º de agosto: se firma en Brasilia un documento que reconoce a Argentina, Brasil,

1990-1991

Paraguay y Uruguay como participantes plenos en el proceso de integración regional. 13 de setiembre: el gobierno envía al Parlamento el proyecto de ley de empresas públicas. 1991 26 de marzo: se firma el Tratado de Asunción; nace oficialmente el Mercosur. 23 mayo de 1991: el proyecto de Ley de Empresas Públicas empieza a ser discutido en la Cámara de Senadores.

El primer gobierno democrático visto por su presidente

Estos guarismos devolvieron esperanza y tranquilidad a la sociedad uruguaya. No se intentó un fuerte plan antiinflacionario precisamente para mantener un ambiente de crecimiento y mejor distribución de la riqueza, como asiento de una transición institucional definida como prioridad. Los países vecinos cayeron en esos años en la hiperinflación y el Uruguay parecía ser una isla de tranquilidad, con una inflación más moderada y, sobre todo, previsible. Así retornó en plenitud la vida cívica, con un ejercicio cabal de las libertades públicas, gozadas –además– en paz, mientras Argentina vivía permanentes convulsiones, con rebeliones militares y recaídas guerrilleras. La transición se abordó desde la generosidad: una amnistía generalizada para los guerrilleros y presos políticos, una facilitación de la repatriación de emigrados y una recomposición de carreras administrativas para todos los destituidos (más de 3.000 solo en la educación). La primera amnistía se votó no bien comenzado el gobierno y su generalidad llevó, por equidad, a una amnistía parecida para el lado militar, cuando comenzaron a arreciar denuncias contra quienes venían de entregar el poder. La llamada Ley de Caducidad se discutió ardorosamente y finalmente fue ratificada en un plebiscito el 16 de abril de 1989, ya en el año electoral, cerrando así el proceso sin desbordes revanchistas de la vieja guerrilla ni rebrotes autoritarios de unas Fuerzas Armadas subordinadas al poder civil. En lo internacional, se reanudaron relaciones con China y Cuba y se realizó la conferencia del GATT en Punta del Este, primera vez que el organismo comercial mundial salía de Europa. Allí se lanza la Ronda Uruguay de negociaciones comerciales, que durante años

mantendría a nuestro país en las páginas de todos los periódicos del mundo. En la innovación productiva se fundó el Inavi, para administrar un formidable programa de reconversión del viñedo y la bodega nacional; se creó el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA), al tiempo que se abrían los mercados para una renovada lechería exportadora. En 1987 se lanza –con una ley como base– el programa de forestación, que modificó la matriz productiva de la agropecuaria y ha producido un cambio estructural de relevancia. También mirando hacia el futuro es que se dictó la nueva Ley de Zonas Francas, apertura formidable a nuevas modalidades de producción, se creó el Programa para el Desarrollo de las Ciencias Básicas (Pedeciba) y se agilitó la justicia civil con un nuevo Código de Procedimientos. Los servicios públicos comenzaron su modernización, especialmente en UTE y Antel. La telefonía aumentó un 54% su tráfico y comenzó su digitalización. El mundo cultural vio instalarse el Museo Torres García e iniciarse la construcción del complejo del Sodre, obra fundamental desgraciadamente no bien entendida aún. La paz es un proyecto siempre difícil. Costó y cuesta aún dolores e incomprensiones, pero es el más grande premio para un gobierno democrático. 

Este texto fue especialmente elaborado para la presente entrega de Historia Reciente.

HISTORIA RECIENTE

«Por encima de todo estará siempre la prioridad constitucional y democrática a la que trataremos de servir con devoción fanática». Esta frase de nuestro discurso inaugural en el Parlamento el 1° de marzo de 1985, define la esencia de un gobierno que se inauguraba bajo el lema de «el cambio en paz» luego de 11 años de dictadura. Lo primero fue superar los factores de desestabilización. Uno era la deuda externa, en plena eclosión en la región y que en ese año nos demandaba el 90% de las exportaciones para atender sus intereses. Se refinanció sucesivamente y logró administrársela hasta llegar al Plan Brady de 1989. Otro era una crisis bancaria que estaba pronta a estallar en aquel momento inaugural: sabíamos que el Banco Comercial, el Pan de Azúcar, la Caja Obrera y el Banco de Italia estaban prácticamente en cesación de pagos. Hubo que enfrentar y superar esas quiebras, reciclando esas empresas con el apoyo del Estado. La economía venía de una brutal caída del 14% en los tres años anteriores, producto de la llamada crisis de «la tablita», de noviembre de 1982. En el quinquenio 1985-1989 se logró una reactivación del aparato productivo que permitió terminar el período con un crecimiento del 15% de la producción, sobre la base de una expansión de las exportaciones del 66%, al pasar de 925 a 1.984 millones de dólares. Este despegue alentó una mejoría histórica del salario real, del orden del 30%, un aumento de la masa salarial del 40% y un abatimiento de la desocupación, que cayó del 15% en 1984 a solo un 8% en 1989. Se repartieron 35 mil viviendas y la mortalidad infantil cayó del 30 por mil en 1984 al 19 por mil en 1989, a consecuencia de un programa de atención primaria basado en un sistema de médicos de familia.

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Por Julio María Sanguinetti

12 1991-1992

1992

1992-1994-1995

24 de mayo: renuncia el ministro de Salud Pública, Alfredo Solari, único representante del Foro Batllista en el gabinete.

con los votos del Partido Nacional, el Partido Colorado y el Nuevo Espacio. Se oponen los legisladores del Frente Amplio.

5 de noviembre: el Foro Batllista anuncia que se pliega a quienes buscan derogar la Ley de Empresas Públicas.

27 de setiembre: la Ley de Empresas Públicas es aprobada en el Parlamento.

3 de junio: el presidente Lacalle convoca a los ciudadanos favorables a la Ley de Empresas Públicas a votar a favor del referéndum.

13 de diciembre: en el referéndum sobre la Ley de Empresas Públicas, el 71,57% vota por derogar los cinco artículos principales.

1º de octubre: el Poder Ejecutivo promulga la ley de empresas públicas. 10 de diciembre: la Comisión de Defensa y Reforma del Estado lanza una campaña para derogar cinco artículos centrales de la ley. 1992 3 de abril: se aprueba la reforma portuaria

5 de julio: fracasa el primer intento de forzar un referéndum sobre la Ley de Empresas Públicas. 1º de octubre: se alcanzan los votos para convocar a un referéndum sobre la Ley de Empresas Públicas.

1994 24 de agosto: sucesos del hospital Filtro. 27 de noviembre: elecciones nacionales. Triunfa el Partido Colorado. 1995 1º de marzo: Julio María Sanguinetti asume por segunda vez como presidente constitucional.

El segundo gobierno democrático visto por su presidente

HISTORIA RECIENTE

| EL URUGUAY DEMOCRÁTICO

Por Luis Alberto Lacalle

En marzo de 1990, el Partido Nacional llegó a la Presidencia de la República por única vez en el siglo XX. Nuestra propuesta preelectoral, sencilla y concreta, presentaba una serie de metas y propuestas pensadas para el Uruguay de aquel entonces. Al final del período, esas metas y propuestas se habían logrado en su casi totalidad. Al inicio del gobierno la situación era difícil. El déficit fiscal equivalía al 7 por ciento del PBI, el Banco Central carecía de fondos y el Banco Hipotecario estaba a punto de cerrar. Sobre las finanzas públicas empezaba a gravitar la reforma constitucional que ligaba las pasividades al índice de salarios. Desde diciembre de 1989 trabajamos en el Parque Hotel, estableciendo contacto con todos los sectores políticos, económicos y sociales. La finalidad era lograr las mayorías parlamentarias y explicar las metas gubernativas. Nadie podía abrigar dudas acerca del rumbo y los objetivos que se perseguían. Para lograr mayorías legislativas se concretó un acuerdo con el Partido Colorado. Pero ese acuerdo duró menos de un año. Primero dejó de integrarlo el Foro Batllista, después el sector del doctor Jorge Batlle y finalmente el dirigido por don Jorge Pacheco Areco. Cada ley, cada presupuesto y cada rendición de cuentas tuvieron que ser negociados. Sintetizamos los principales resultados de la gestión: Uno de los objetivos principales era la reforma del Estado, que asumió varias formas. Una de ellas fue la reforma de las empresas públicas, que establecía un mecanismo de propiedad compartida entre el Estado (que conservaba un 40 por ciento del capital), los trabajadores (que pasaban a ser propietarios de un 8 por ciento) y los inversionistas privados (que adquirían un 52 por ciento).

La ley fue aprobada en el Parlamento previo desglose del capitulo referido al puerto, que se aprobó en una ley separada. Contra la ley madre se interpuso un recurso de referéndum que, en diciembre de 1992, derogó sus cinco artículos principales. La ley de puertos quedó intacta e introdujo cambios cuyos beneficios duran hasta hoy. También se aprobó la desmonopolización de los seguros de automóvil. En política internacional se ingresó al Mercosur, se firmó el tratado de la Hidrovía, se concretó el acuerdo para el dragado del canal de Martín García, se firmaron los documentos para la construcción de un gasoducto con Argentina y se obtuvieron recursos para los estudios preliminares. Se negoció la refinanciación de la deuda externa y se recompró un 30 por ciento de la misma. La deuda externa pasó de representar el 75 por ciento del PBI a representar el 29 por ciento. La política económica permitió enderezar al país. El PBI creció un 23 por ciento. La inflación pasó del 139 por ciento en abril de 1990 al 42 por ciento al final del gobierno. El desempleo osciló entre el 8 y el 9 por ciento. Las pasividades crecieron un 37 por ciento en términos reales. El consumo privado aumentó un 5 por ciento anual. Se llegaron a vender 100 autos nuevos por día. Fue en el área social donde se lograron los mejores resultados. La pobreza bajó del 12 al 6 por ciento de la población. El porcentaje de hogares con necesidades básicas insatisfechas pasó del 8,2 al 4,8 en Montevideo, y del 16 al 14 por ciento en el interior. El Ministerio de Vivienda entregó 4.374 viviendas y otorgó 3.116 subsidios de compra. El Banco Hipotecario finalizó 11.036 viviendas, otorgó 14.127 préstamos e inició unas siete mil obras. Se construyeron cinco mil viviendas de Mevir en cinco años (lo mismo que en los 22 años

anteriores). El presupuesto de salud pasó de 90 millones de dólares en 1990 a 200 millones en 1994. Se construyeron dos hospitales nuevos (en Canelones y Las Piedras), se compró equipamiento hospitalario por 50 millones de dólares y se entregaron 336 nuevas ambulancias en todo el país. El Programa de Inversión Social (PRIS) construyó 92 obras entre las que había liceos, escuelas, hogares estudiantiles, hogares de ancianos y centros barriales. El presupuesto de la enseñanza pasó de 180 a 400 millones de dólares en cinco años. Se construyeron 16 liceos nuevos y se crearon las aulas de informática. La UTU recibió equipamiento por 17 millones de dólares. El número de centros CAIF pasó de 25 a 110. El programa Verano Solidario hizo que 240 mil niños se educaran y alimentaran. Se creó el Fondo de Solidaridad, que lleva otorgadas unas 35 mil becas a estudiantes de bajos recursos que asisten a la Universidad de la República. En lo cultural, fueron creados el INJU, la Tarjeta Joven, el Fondo Nacional de Música, la Casa de las Comedias, el Instituto Audiovisual, el Fondo Nacional de Cultura, el Día del Inmigrante y el de la Tradición. Fue un gobierno que intentó fijar una agenda nacional transformadora y moderna, sin temor a los cambios. Al final de la gestión se pudo decir: no todo está bien, pero todo está mejor… 

Este texto fue especialmente elaborado para la presente entrega de Historia Reciente.

13 1996-1999

1996 29 de febrero: se presentan 60 mil firmas, como parte de un intento fallido de someter a referéndum la reforma previsional. 8 de diciembre: una reforma constitucional aprobada por escaso margen introduce las candidaturas únicas, las elecciones internas de los partidos y el balotaje. 1999 31 de octubre: el Frente Amplio obtiene la mayor cantidad de votos en la primera ronda de las elecciones nacionales. Segundo se coloca el Partido Colorado. 28 de noviembre: Jorge Batlle es electo

1999-2001

presidente de la República en la segunda ronda electoral. 2000 1º de marzo: Jorge Batlle asume como presidente de la República. 2001 24 de abril: la fiebre aftosa llega al departamento de Artigas desde Brasil. Se aplica el rifle sanitario. 3 de diciembre: se inicia el corralito en Argentina. Los ahorristas argentinos del Banco de Galicia empiezan a retirar su dinero en la sucursal de Montevideo. Solo en enero retirarán 200 millones de dólares.

2002

2002 1º de enero: el Congreso argentino designa a Duhalde como presidente; se pone punto final a una rápida sucesión de mandatarios en el país vecino. 4 de enero: el ministro de Economía uruguayo Alberto Bensión anuncia la duplicación del ritmo devaluatorio y de la banda de flotación del dólar. 24 de enero: el PIT-CNT realiza una marcha a Punta del Este que es detenida a pocos kilómetros del balneario. 1º de febrero: el Banco Central del Uruguay

El tercer gobierno democrático visto por su presidente

y la Administración de Puertos, salidos de sus viejos monopolios, encararon con éxito su incorporación al mundo de la competencia. Al mismo tiempo, se redujeron los empleados públicos en 20 mil puestos, bajando su porcentaje sobre el total de trabajadores ocupados de un 24% en 1984 a un 17% en 1999.

1) derrotar la inflación, que pasó de un promedio superior al 60% en la década a un entorno del 5% en los dos últimos años. Pocos creían en que pudiera alcanzarse esa meta con gradualidad sin un brusco retroceso de la actividad económica. Desde un 44% en 1994 se fue bajando un 8% por año hasta llegar al 4% en 1999.

La modernización del Estado fue llamativa, pese a vivirse en medio de un debate cargado de la vieja retórica sesentista. Antel alcanzó a satisfacer el 100% de la demanda telefónica, por vez primera en la historia, al tiempo que se digitalizaba totalmente. UTE quedó incorporada, con una ley de marco energético, a un mercado ampliado de competencia, al cual se le añadió el gas natural. El primer informe sobre Desarrollo Humano de Naciones Unidas dijo que, al analizar el período de 15 años que comienza en 1985, “en el marco regional Uruguay se distingue por un desarrollo social más elevado que el de sus pares latinoamericanos. Ello responde no sólo a su nivel de desarrollo económico sino a una preocupación por la justicia social, cuya continuidad fue favorecida a lo largo de este siglo por una estabilidad democrática relativamente alta”. La reforma educativa marcó una verdadera revolución. La universalización de la enseñanza preescolar para niños de 4 y 5 años permitió saltar de 40 a 80 mil alumnos, llegando a los hogares más necesitados. Lo mismo ocurrió en la enseñanza primaria, donde la apertura de escuelas de tiempo completo formalizó el ataque estructural a las raíces de la pobreza endémica. Se crearon en todo el país centros de formación docente (CERP), que descentralizaron y profundizaron esa imprescindible capacitación. Se reconfiguró el Ciclo Básico y los nuevos Bachilleratos Tecnológicos renova-

2) crecer económicamente un 11%, pese a dos años negativos, causados por los factores externos ya mencionados. 3) mejorar la distribución del ingreso, sobre la base de programas sociales que permitieron a un 65% de la población habitar en alojamiento propio (se ofrecieron 50.000 viviendas nuevas, en el mayor plan de la historia); mejorar la mortalidad infantil, que cayó de un 20% a un 15% y llegar a los más pobres con más y mejor educación. 4) realizar reformas estructurales del Estado tan significativas como el cambio de un sistema de seguridad social en quiebra, basado en un clásico régimen de reparto, a uno mixto de distribución solidaria y ahorro individual en empresas de derecho privado (AFAP), que hoy administran 3 mil millones de dólares del ahorro de los trabajadores, depositados en cuentas que son de su propiedad. El Banco de Seguros

ron la enseñanza técnica, mostrando hasta hoy una demanda superior a la oferta, con notable mejoría de resultados. Tanto esta reforma como todas las que involucraron al Estado (marco energético, seguridad social) enfrentaron enconadas oposiciones y felizmente fueron ratificadas en procesos plebiscitarios. Hasta la construcción de una moderna sede para Antel, obra diseñada por el arquitecto Ott, mereció críticas inverosímiles, hoy acalladas por su aceptación popular. A ese paisaje urbano se incorporó también el Día del Patrimonio, jornada cultural de masiva resonancia, y la construcción de 48 hoteles nuevos, en Montevideo y en todo el país, sustento de la expansión de la industria turística. También se encaró una profunda reforma del sistema político. Se incorporaron las elecciones internas obligatorias para darle transparencia a la elección de candidatos, se establecieron candidaturas presidenciales únicas con una finalidad de seguridad para el elector y se instauró el sistema de doble vuelta en la elección presidencial, constituyendo así gobiernos más representativos. La deuda externa neta cayó a solo 15% del PBI y el país alcanzó el “investment grade” que le permitió pagar la tasa de interés más baja de América Latina. Ese sólido equilibrio macroeconómico permitió afrontar con estabilidad la crisis regional, llegando a las elecciones nacionales en un clima de paz y tranquilidad en que fue electo un presidente del partido gobernante. Las reformas emprendidas abrieron un debate, aún no cerrado, sobre el necesario equilibrio entre un mercado activo y un Estado abierto a la competencia, que abandona actividades ineficientes y concentra sus esfuerzos en imprescindibles roles sociales.  Este texto fue especialmente elaborado para la presente entrega de Historia Reciente.

HISTORIA RECIENTE

Entre 1995 y 2000, el Uruguay vivió un formidable período de transformaciones, pese a que el quinquenio se inauguró con la crisis del “tequila”, cuando México entró en default en 1995, y culminó con la devaluación brasileña de enero de 1999 que hundió al Mercosur en una crisis. En esos años se lograron armonizar los siguientes extremos:

| EL URUGUAY DEMOCRÁTICO

Por Julio María Sanguinetti

14 2002

2002

decide intervenir la Compañía General de Negocios SAIFE, una off shore de los banqueros argentinos José y Carlos Rohm, que también controlan el Banco Comercial. 13 de febrero: el Banco Central del Uruguay dispone la intervención del Banco Galicia Uruguay. El país pierde el investment grade. 28 de febrero: las reservas internacionales, que eran de casi 3 mil millones a fin del año anterior, caen a 1.906 millones. 5 de mayo: el gobierno rompe relaciones con Cuba, en respuesta a agravios de Fidel Castro.

2002

12 de mayo: el presidente Batlle no puede contener las lágrimas al anunciar por televisión un nuevo ajuste fiscal.

de mayo se concretan retiros del sistema bancario por 1.289 millones de dólares (86 millones de dólares por día en promedio).

15 de mayo: el “riesgo país” supera la barrera psicológica de los 1.000 puntos.

4 de junio: el presidente Batlle viaja a Buenos Aires y pide disculpas a los argentinos en compañía del presidente Duhalde.

23 de mayo: el Senado aprueba el nuevo ajuste fiscal. 30 de mayo: el presidente Batlle graba una entrevista con la agencia Bloomberg. En un momento en el que está siendo grabado, dice que “los argentinos son todos ladrones”. 31 de mayo: durante la segunda mitad del mes

19 de junio: el riesgo país llega a 1.358 puntos. El presidente Batlle y los ex presidentes Sanguinetti y Lacalle se reúnen en Suárez. 20 de junio: el gobierno abandona la “banda de flotación” del dólar y pasa a flotación libre.

El cuarto gobierno democrático visto por su presidente

HISTORIA RECIENTE

| EL URUGUAY DEMOCRÁTICO

Por Jorge Batlle dólares en cuatro días. Cinco meses después, el país pudo colocar títulos en pesos uruguayos. En marzo de 2003 solo hubo una voz discordante: el líder del Frente Amplio, doctor Tabaré Vázquez, aconsejó la quiebra. Por suerte para el Uruguay y para él, no seguimos su consejo. Durante el período de gobierno también nos golpeó la aftosa. El primer embate llegó el 24 de abril de 2001. Poco antes de entrar a la Casa Blanca recibí una llamada diciéndome que el mal había llegado a Artigas. De inmediato comunicamos al mundo lo sucedido. Informamos a todos los destinatarios de las carnes uruguayas. Dijimos la verdad. Esa fue nuestra salvación. El segundo embate vino desde Argentina. A pesar de nuestros reclamos, el gobierno vecino negaba desde hacía un año que existiera la enfermedad. Cuando finalmente estalló, la aftosa fue un fuego: dos mil focos en pocos días. No teníamos vacuna. Como éramos un país libre de aftosa sin vacunación, no podíamos tenerla. Martín Aguirrezabala, por encargo del ministro González, llamó al gobernador de Entre Ríos (que no era el señor Busti) para pedirle que nos abasteciera. Su respuesta fue: “Para los orientales, primero los orientales”. Resolvimos la aftosa, contribuimos a modificar las reglas del mercado en la OIE, entramos nuevamente al mercado de Estados Unidos. Desde entonces, el Nafta es nuestro gran cliente. Nos esforzamos por incorporar al país al mundo globalizado. Logramos tratados de libre comercio con México y un gran acuerdo con China que generaron mercados para el citrus y la soja. Otro con Finlandia que garantizó sus inversiones industriales y el Acuerdo de Garantía de Inversiones con Estados Unidos. También concretamos la desgravación de los productos informáticos, las concesiones de tres puertos (Montevideo, Palmira y La Paloma) y del aeropuerto de Carrasco, así como la llamada “Mega-concesión”. Esas iniciativas fueron criticadas en su momento, pero hoy son mantenidas y alabadas. También impulsamos la apertura a la telefonía celular, la radicación de polos informáticos y de centros de

El gobierno que tuve el honor de presidir se fundó en una profunda fe en la función creadora de la libertad y una absoluta convicción de que la democracia se funda en la persona y a ella se destina. Fue ejercido con sentimiento ético-político: la ética de la libertad y del esfuerzo. Fue desde esa filosofía que quisimos resolver desde el inicio la cuestión de los desaparecidos, buscando la paz como estado del alma. Y fue con esa filosofía que sacamos al país de la crisis. No nos entregamos a la demagogia ni al mito. No hicimos de la libertad una bandera sino una costumbre. Obedecimos al sentimiento ético que generó la comunidad nacional mucho antes de que fuéramos independientes. La institucionalidad fue mantenida con firmeza pero sin crispación. Entregamos el país en paz y en libertad, con la caja en orden y sin necesidad de ajustes fiscales. La crisis bancaria y el corralito argentino nos golpearon como un tsunami. Perdimos el 50 por ciento de los depósitos. No podré olvidar jamás el día en que el representante de uno de los bancos extranjeros propietarios del Comercial me notificó que no cumplirían con sus obligaciones. Le expresé que su conducta merecía que el gobierno hiciera lo posible por mandarlo preso. Iniciamos los juicios correspondientes. Acudimos al Fondo Monetario, pero su representante, el señor Aninat, dijo que no teníamos otro camino que declarar la quiebra. Nuestra delegación en Estados Unidos me comunicó que no había nada que hacer allí. Le indiqué al embajador Hugo Fernández Faingold que se dirigiera al secretario del Tesoro y le hiciera saber que, de no resolverse, la crisis arrastraría a las instituciones. Esa misma noche, el embajador me comunicó que el presidente Bush había dado la orden de ayudar a Uruguay con un fuerte crédito puente. Nadie intervino en esa oportunidad, directa ni indirectamente, ante el presidente de Estados Unidos. Yo no hablé con él. Fue una decisión personal que el Uruguay siempre tendrá que agradecer. Devolvimos el crédito de 1.500 millones de

investigación como el Instituto Pasteur, y la concreción del gasoducto con Argentina. Todos estos elementos, que en varios casos supusieron la continuación de políticas anteriores, permitieron que el producto agropecuario creciera como nunca. Fondo lechero, fondo arrocero, fondo de la granja, canje de deuda, financiación del gasoil sin intereses, silos, trazabilidad y cajas negras, mantenimiento de los reintegros, ausencia de retenciones y disminución de impuestos a la producción permitieron al país salir con fuerza de la crisis. Lo mismo se aplica a la apertura de Funsa, de la ex Sudamtex, del Molino Santa Rosa y del Hipódromo de Maroñas. La crisis no hizo que Uruguay descuidara el gasto social, que siguió siendo el más alto de América Latina. Se instrumentaron programas de atención a la infancia y a la familia, se aumentó el gasto dirigido a los más necesitados y se hizo una inversión considerable en el área de los asentamientos. Departamentos como Salto y Paysandú fueron testigos del cambio. En el área educativa se estimuló la formación de maestros y profesores en nuevas tecnologías, se introdujo la enseñanza del inglés en primaria, se siguió apoyando a las escuelas de tiempo completo y a los centros de formación docente en el interior. También se continuó el desarrollo de los bachilleratos tecnológicos en UTU. Llegado el final del período, entregamos el país en paz y con un 12 por ciento de crecimiento en el último año. Además generamos un clima de entendimiento con las autoridades electas. Durante los tres meses siguientes a las elecciones, proporcionamos toda la información que se nos solicitó. El gobierno que asumió en marzo de 2005 estaba en posesión de todo lo que necesitaba para iniciar sus tareas. 

Este texto fue especialmente elaborado para la presente entrega de Historia Reciente.

15 2002

2002

2002-2004

21 de junio: son intervenidos el Banco de Montevideo y el Caja Obrera.

de Bensión, que será sustituido por Alejandro Atchugarry.

8 de agosto: son procesados los hermanos Peirano.

26 de junio: el FMI libera 500 millones como adelanto del acuerdo vigente con Uruguay. El dinero solo servirá para cubrir los retiros de los siguientes 17 días.

1º de agosto: una ola de saqueos sacude a Montevideo. El presidente Batlle, el vicepresidente Hierro y los miembros del equipo económico (Atchugarry, Devrieux y De Brun) se reúnen con Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle y Tabaré Vázquez.

9 de agosto: el gobierno devuelve los 1.500 millones prestados por el gobierno estadounidense (más de 271.351 dólares de intereses) luego de que los organismos financieros internacionales acordaran una ayuda financiera al país.

30 de junio: al cierre del semestre, quedan en los bancos 10.783 millones de dólares (816 millones menos que al cierre de mayo y unos 5.000 millones menos que al inicio de la corrida bancaria). 10 de julio: el riesgo país llega a 1.566 puntos. 22 de julio: Luis Alberto Lacalle pide la renuncia

5 de agosto: luego de que el Parlamento aprobara una ley necesaria para poner fin a la crisis, el gobierno de Estados Unidos envía 1.500 millones de dólares de préstamos puente.

7 de setiembre: concluye la primera semana en la que el sistema bancario cierra con saldo positivo. 2004 31 de octubre: Tabaré Vázquez es electo presidente de la República.

Sanguinetti y otros dirigentes colorados empezaron entonces a abogar por una “tercera vía”: modificar el texto que había sido aprobado en el Parlamento para desactivar la consulta popular. Esta posición fue rechazada por Jorge Batlle, que la calificó de “ilegal e improcedente, porque la ley ya se ha debatido un año y medio, ha habido dos convocatorias electorales y hay una tercera establecida”. Para agregar más tensión, algunos dirigentes blancos dijeron en público que se trataba de poner un punto final a décadas de estatismo batllista. Sanguinetti respondió: “Esto es emocional y desgraciadamente también produce reacciones emocionales, porque se imagina que cualquier colorado se siente agraviado”. El 1º de noviembre, el Foro Batllista presentó un texto alternativo que no fue apoyado por el Partido Nacional ni por la Lista 15. Cuatro días después ocurrió un hecho que causó conmoción: el Foro anunció que se plegaba a quienes proponían la derogación de la ley. El anuncio implicaba un cambio radical en la situación: una importante fuerza política que había participado en la elaboración de la ley y había dado sus votos en el Parlamento proponía ahora dejarla sin efecto. Hablando en nombre del sector, el senador Américo Ricaldoni (que había participado activamente en la elaboración del texto) dijo en esos días: “Desde cierto punto de vista prefiero una mala ley, pero el realismo político indica que es más fácil encontrar un acuerdo para cambiarla después de la derogación de los cinco artículos cuestionados”. Poco después, el ex presidente Sanguinetti declaró: “El Foro votará el Sí porque los artículos son malos y la aplicación del gobierno es peor”. El 9 de noviembre, el Directorio del Partido Nacional emitió una declaración pública convocando a votar por el No. A esa altura la campaña se había vuelto muy dura. El 12 de noviembre, El País editorializaba: “Remontar el conservadurismo, donde ha terminado por afiliarse el Foro Batllista en compañía del Frente Amplio, es uno de los obstáculos que ha de vencer el No en el próximo referéndum”. Sanguinetti subía el tono y acusaba al gobierno de tener “una actitud de destrucción de las instituciones”. En las horas finales de la campaña, el ex presidente tuvo una famosa aparición televisiva en la que llamó a no vender “las joyas de la abuela” (una imagen para referirse a la privatización de empresas públicas). Para los foristas, Sanguinetti defendía el patrimonio nacional. Para los blancos, el ex presidente intentaba evitar que un gobierno con ideas recibiera una gran cantidad de recursos, porque eso

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En los primeros días de junio de 1992 se supo que las firmas habían sido reunidas. Entonces Lacalle dio un paso que tomó a todos por sorpresa: convocó a los ciudadanos favorables a la ley a ir a votar para poner en marcha el mecanismo de referéndum. Para sus partidarios, Lacalle estaba convencido de la necesidad de generar un cambio de mentalidad en la sociedad uruguaya y creía que había llegado el momento de hacerlo. Para sus críticos (especialmente los colorados), se trataba de un gesto que mostraba incoherencia. Otros veían una maniobra: Lacalle intuía que se iba llegar al 25 por ciento y quería evitar que el hecho se percibiera como una derrota política. Pero, cuando llegó el 5 de julio, solo el 20,5 por ciento de los ciudadanos se presentó a votar. La cantidad de votos no era suficiente. La Corte Electoral fijó el 1º de octubre como fecha de un nuevo intento. En los días siguientes, la dirigencia de izquierda decidió que no podía exponerse a un nuevo fracaso y asignó al tema una prioridad que no había tenido hasta entonces. Desde ese momento se desarrolló un intenso trabajo político. La Comisión Pro-Referéndum financió una campaña en televisión que mostraba a mafiosos y piratas que intentaban robar al país. La campaña era tan agresiva que generó el rechazo público de Tabaré Vázquez. Pero finalmente dio sus frutos: cuando llegó el 1º de octubre, el 29,5 por ciento de los habilitados acudió a votar. La cota fijada para convocar a la consulta había sido superada. El senador Danilo Astori dijo en esos días: “La concepción neoliberal del país, que pasa por la conducta individual y el desinterés, está siendo derrotada”. No se trataba solo de una ley. “En el referéndum estará todo en juego”. El gobierno paralizó las gestiones que había iniciado para vender parte del paquete accionario de Antel y decidió concentrar sus energías en lo que veía como una batalla entre dos concepciones de país. La lucha debía ser librada con intensidad y del modo más explícito posible. Ese enfoque galvanizaba a los sectores más próximos al gobierno, pero generaba tensiones con un socio que daba señales de intranquilidad: el Foro Batllista. El ex presidente Sanguinetti y sus colaboradores querían evitar la polarización entre un Lacalle que impulsara la modernización del país y una izquierda que se le opusiera. Ese escenario podía ser muy negativo para los intereses políticos del Foro. Pero tampoco era fácil aliarse con la izquierda y votar en contra de una ley que los propios legisladores colorados habían apoyado poco antes.

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ra de Diputados, y el 27 de setiembre fue aprobado tras 379 días de trámite parlamentario. El Poder Ejecutivo promulgó la nueva ley el 1º de octubre. La historia parecía haber terminado felizmente para el gobierno, pero en realidad las dificultades recién empezaban. Durante el año y medio siguiente se libraría una dura batalla que terminó en derrota para el oficialismo. Eso se debió en parte a la cerrada oposición de la izquierda, en parte al cambio de actitud de varios socios del gobierno y en parte a errores cometidos por el propio gobierno, que concentró demasiadas reformas sensibles en un único proyecto y crispó innecesariamente el debate público. En aquella época estaba vigente una norma que establecía un complejo proceso de derogación de leyes mediante consulta popular. Primero hacía falta recolectar una cantidad de firmas equivalente al 5 por ciento de los inscriptos para provocar un primer llamado a las urnas. Si en esa consulta, de carácter voluntario, el 25 por ciento de los inscriptos se pronunciaba a favor de someter a referéndum la ley cuestionada, este se organizaba. Si no se llegaba a la cifra del 25 por ciento, era posible un segundo intento en los siguientes noventa días. Si en cualquiera de los dos intentos se alcanzaba la cota, se organizaba un referéndum con voto obligatorio. La ley sería derogada si votaba en contra de ella el 50 por ciento de los habilitados. La propuesta de recolectar firmas fue presentada dentro del Frente Amplio por el Partido Socialista, y en un primer momento generó resistencias. Algunos dirigentes temían repetir la experiencia negativa de la Ley de Caducidad. Pero la coalición tampoco quería oponerse a la Comisión de Defensa y Reforma del Estado, que el 10 de diciembre de 1991 había lanzado una campaña para derogar cinco artículos centrales de la ley. El comunicado de la Comisión había sido firmado, entre otros, por el senador frentista Danilo Astori, el senador blanco Alberto Zumarán y el diputado colorado Armando Da Silva Tavares. Los grupos políticos que habían votado la ley manifestaron su rechazo al intento de derogación. Esa posición fue asumida por el Herrerismo, Renovación y Victoria, el Foro Batllista, la Unión Colorada y Batllista y la Cruzada 94 del Partido Colorado. El sector de Sanguinetti emitió el 29 de noviembre una declaración pública en la que afirmaba que “el Foro Batllista no convoca ni votará el referéndum” porque “la simple derogación de la Ley 16.211 condenaría al país al quietismo en materia de transformación de las empresas públicas”.

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le permitiría logros que mantendrían al Partido Nacional en el poder. El 13 de diciembre se votó y los resultados fueron catastróficos para el gobierno: el 71,57% votó por derogar los cinco artículos, lo que equivalía a herir gravemente a la Ley de Empresas Públicas. Sólo el 27,19 por ciento votó a favor. El resultado en el plebiscito no solo fue una grave derrota política para el gobierno blanco. También significó un freno decisivo a su programa de transformación del estado. Si bien todavía fue posible liquidar ILPE y realizar cambios en Antel, la única reforma que se mantuvo ajustada al plan original fue la de la Administración Nacional de Puertos. La reforma portuaria produjo desde entonces resultados muy beneficiosos. En los años siguientes, el volumen de mercaderías movilizadas creció hasta en un 300 por ciento, el tiempo promedio de estadía en los muelles se redujo de 78 a 30 horas, la cantidad de toneladas movilizadas por funcionario se cuadriplicó, el costo final de una escala en Montevideo se redujo a la mitad (lo que permitió ganar competitividad frente al puerto de Buenos Aires) y el movimiento de contenedores tuvo un crecimiento anual del orden del 12 por ciento, con el consiguiente aumento de los ingresos percibidos por el estado.

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El retorno de los colorados Las elecciones de 1994 fueron las primeras en las que el Frente Amplio tuvo una real oportunidad de ganar. La gestión de Tabaré Vázquez al frente de la Intendencia de Montevideo le había dado popularidad y el triunfo en el referéndum contra la Ley de Empresas Públicas había creado un clima favorable a la izquierda. Pero, a escasos noventa días de las elecciones, se produjeron los sucesos del hospital Filtro. En ese sanatorio estaba internado un grupo de vascos acusados de pertenecer a la organización terrorista ETA. El Poder Judicial uruguayo había concedido la extradición solicitada por la Justicia española y el Poder Ejecutivo estaba decidido a asegurar el traslado.

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Los vascos realizaban una huelga de hambre mientras se acercaba el momento de ser embarcados en el aeropuerto de Carrasco. Bajo la presión de sus grupos más radicales, el Frente Amplio se embanderó con el rechazo a la extradición. Las principales figuras de la coalición (Líber Seregni, Tabaré Vázquez, Danilo Astori) acudieron al Filtro a manifestar su solidaridad con los acusados. El 24 de agosto de 1994, a pocas horas de producirse el traslado, un importante número de militantes radicales se concentró ante el Filtro. La acción había sido organizada por el MLN y revelaba un alto grado de planificación. Las radios CX36 y CX44 transmitían en directo y las frecuencias de radio que usa la Policía habían sido interferidas. Cuando se aproximaban las ambulancias que debían trasladar a los detenidos, se inició un ataque con piedras, cócteles Molotov y armas de fuego. La Policía respondió con disparos. Como resultado del enfrentamiento murió un manifestante. El hecho conmocionó al país. El episodio del Filtro causó problemas al gobierno y muy en especial al ministro del Interior, Ángel María Gianola. Pero sobre todo le costó muchos votos al Encuentro Progresista, del que había pasado a formar parte el Frente Amplio. Es probable que esa noche la izquierda haya perdido las elecciones. Quien se benefició más claramente fue el ex presidente Sanguinetti, que en el tramo final de la campaña jugó la carta del anticomunismo. Las elecciones de noviembre de 1994 se definieron en un pañuelo: el Partido Colorado triunfó con el 32,3 por ciento de los votos. El Partido Nacional (cuyo candidato más votado fue Alberto Volonté) recibió el 31,2%. El Encuentro Progresista volvió a ganar Montevideo (con Mariano Arana como candidato), en tanto la candidatura presidencial de Tabaré Vázquez obtuvo el 30,6 por ciento. La diferencia entre el Partido Colorado y el Partido Nacional fue de 23 mil votos. Entre el Partido Nacional y el Frente Amplio la diferencia fue de apenas 12 mil.

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Julio María Sanguinetti era por segunda vez presidente de los uruguayos e igualaba el antecedente histórico de José Batlle y Ordóñez. Pero además había ocurrido otra cosa: los politólogos suelen afirmar que una democracia alcanza su madurez cuando el oficialismo pierde en dos oportunidades. Eso había pasado a solo diez años de finalizada la dictadura. La segunda presidencia de Sanguinetti ofreció menos dificultades que la primera. La democracia había madurado y el problema militar no existía (en esa época, la Ley de Caducidad parecía haber puesto punto final al revisionismo). El país pasaba por una buena situación económica y las cuentas del estado estaban en orden. La deuda externa se había reducido, la inflación iba en caída acelerada, el déficit fiscal estaba bajo control, el nivel de reservas internacionales era alto, la producción y las exportaciones estaban creciendo. El mayor desaf ío del nuevo gobierno era su escaso apoyo parlamentario. Los colorados tenían 11 senadores, contra 10 del Partido Nacional, 9 del Encuentro Progresista y uno del Nuevo Espacio. En la Cámara de Representantes, los colorados contaban con 32 diputados, frente a 31 blancos e igual número de encuentristas. El Nuevo Espacio ocupaba cinco escaños. Pero este escaso apoyo fue compensado gracias a un acuerdo con Alberto Volonté (nuevo líder de la mayoría nacionalista) que se mantuvo estable casi hasta el final del período. El segundo gobierno de Sanguinetti impulsó tres reformas importantes. La primera fue la reforma de la seguridad social, que sustituyó el tradicional régimen de reparto por un mecanismo que combina el ahorro individual con la distribución solidaria. La reforma era impostergable porque el sistema provisional iba rumbo a la quiebra. Los debates se plantearon en torno a la orientación y alcance del cambio introducido. Para la izquierda, la incorporación de un componente de ahorro individual era un paso funesto en dirección hacia el neoliberalismo. Para los críticos de orientación liberal, el régimen aprobado no

Una serie de 25 fascículos publicada por el diario El País con el apoyo del Centro de Estudios Jean-François Revel.

Asistente

Dirección de proyecto

Archivo de El País

Pablo da Silveira

Investigación y redacción

Pablo da Silveira Francisco Faig Félix Luna Enrique Mena Segarra Martín Peixoto

José López Fotografías

Diseño gráfico, armado y corrección

Trocadero Publicación

El País

Impreso en El País Depósito legal: 334.251

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o no la crítica, el gobierno concluyó su período sin sobresaltos y con indicadores favorables. Las elecciones de noviembre de 1999 fueron las primeras en realizarse bajo el régimen de candidaturas únicas impuesto por la reforma constitucional. Los tres candidatos principales eran bien conocidos por los uruguayos. El Partido Colorado presentaba como candidato al líder quincista Jorge Batlle, que hacía su cuarto intento por llegar a la presidencia. El Partido Nacional llevaba como candidato al ex presidente Luis Alberto Lacalle, que llegaba debilitado por una serie de acusaciones y sospechas de corrupción lanzadas contra su gobierno. El Encuentro Progresista presentaba a Tabaré Vásquez en su segundo intento por llegar a la primera magistratura. La primera ronda electoral colocó en primer lugar al Encuentro Progresista, con un 40,3 por ciento de los votos. La izquierda podía celebrar que se había convertido en la fuerza más votada del país, pero también tenía razones para lamentarse: si hubiera obtenido ese resultado en el anterior régimen electoral, hubiera accedido al gobierno con un mayor apoyo parlamentario que los dos gobiernos anteriores. El Partido Colorado quedó segundo con un 32,7 por ciento de los votos. El Partido Nacional no solo había quedado fuera de la segunda ronda sino que apenas había recibido el 22,2 por ciento de los votos. Para algunos, el desastre electoral era el resultado de una exitosa campaña de los colorados y frentistas para erosionar la imagen del mejor presidente que había tenido Uruguay en mucho tiempo (la tesis de “la embestida baguala”). Para otros, Lacalle había pagado caro por las irregularidades de las que se acusaba a su gobierno. Los blancos habían quedado con una exigua bancada parlamentaria, pero tenían en sus manos la elección del presidente de la República. El día mismo de las elecciones, el modo en que reaccionaron los dos candidatos que habían pasado a la segunda ronda fue un anuncio de lo que vendría. Tabaré Vázquez apareció rodeado de banderas del Frente Amplio, festejó la votación de la izquierda y denunció que, según las nuevas reglas, la izquierda estaba obligada a ganar dos veces las elecciones para poder llegar al gobierno. Batlle apareció en la sede del Partido Colorado, pero sin una sola insignia de ese partido. En el fondo del escenario y en toda la sala había banderas uruguayas. Batlle llamó a sus conciudadanos (pero el mensaje estaba claramente dirigido a los blancos) a votar a favor de un plan de gobierno y no de un partido específico.

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genera suficiente competencia, porque las AFAP tienen muy poca libertad para invertir y las comisiones se mantienen artificialmente altas. El 29 de febrero de 1996 se presentaron 60 mil firmas para someter la reforma previsional a referéndum, tal como se había hecho con la Ley de Empresas Públicas. Pero, como era previsible que ocurriera, la Corte Electoral rechazó la solicitud. La Ley de Reforma de la Seguridad Social era de iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, y la Constitución establece que esas leyes no pueden ser derogadas mediante consulta popular. La segunda gran reforma fue la educativa. La iniciativa fue puesta bajo el liderazgo del sociólogo Germán Rama y contó desde el inicio con condiciones extremadamente favorables: un amplísimo apoyo político (incluyendo una actitud receptiva de los gremios docentes) y una gran cantidad de recursos provenientes de créditos internacionales. La reforma devolvió al tema educativo una relevancia que no había tenido en décadas e introdujo varios cambios importantes: la generalización de la educación preescolar, la creación de escuelas de tiempo completo orientadas a los sectores desfavorecidos, la inauguración de centros de formación docente en el interior, la introducción sistemática de pruebas de medición de resultados. Sin embargo, el estilo ríspido de Germán Rama y la firme defensa de intereses corporativos que hicieron los gremios se potenciaron mutuamente hasta convertir a la reforma

en un campo de batalla. El amplio apoyo inicial se desvaneció. Varias innovaciones (algunas de ellas escasamente defendibles, como la apresurada sustitución de asignaturas por áreas temáticas) solo fueron capaces de durar lo que duraron los gobiernos colorados La reforma dejó efectos positivos, pero el costo político y económico fue muy alto. La iniciativa más polémica del segundo gobierno de Sanguinetti fue una reforma política apoyada por la gran mayoría de los dirigentes de los partidos tradicionales, la conducción del Nuevo Espacio y algunas figuras frentistas entre las que se contaban el general Seregni y el entonces senador Danilo Astori. El corazón de la reforma consistió en eliminar las candidaturas múltiples para presidente (con la consiguiente incorporación de elecciones internas separadas de la elección nacional) e introducir una doble ronda electoral (el mecanismo habitualmente llamado “balotaje”). El cambio fue presentado como una manera de dar transparencia al sistema y asegurar al elector un mayor control sobre su voto, pero el grueso de la izquierda lo percibió como una maniobra para evitar su triunfo en las siguientes elecciones. Si la sospecha fuera fundada, estaría evidenciando la prolongación de un mal típico de la política uruguaya: introducir reformas constitucionales con el propósito de alcanzar objetivos políticos. La reforma fue objeto de una consulta popular realizada el 8 de diciembre de 1996, y resultó aprobada por muy escaso margen (50,45 por ciento de los votos). Fue una derrota para la izquierda y muy probablemente postergó su llegada al gobierno. Pero solo por un período. El último año del gobierno estuvo marcado por un hecho que tuvo fuertes repercusiones en la región: la devaluación de la moneda brasileña, decidida por el gobierno de Fernando Henrique Cardoso en enero de 1999. La medida violaba los acuerdos del Mercosur y afectaba gravemente la competitividad de las exportaciones uruguayas. Sus efectos acumulados sólo podían ser negativos. Sin embargo, el año 1999 transcurrió sin que el gobierno adoptara ninguno de los dos caminos de respuesta que eran practicables: devaluar como había hecho el vecino o ajustar los costos para recuperar competitividad. Esta ausencia de reacción reforzó las críticas de quienes acusaban al segundo gobierno de Sanguinetti de no aprovechar las condiciones favorables para impulsar cambios vigorosos (según una frase que hizo célebre en la época el antiguo senador y ministro Ignacio de Posadas, se trataría de un gobierno que prefería “hacer la plancha”). Fuera válida

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Ese diferente sesgo condujo a Batlle a la victoria en la segunda ronda. Uruguay iba a entrar en el año 2000 preparándose para ser gobernado por un Batlle. El padre, el tío abuelo y el tío bisabuelo del presidente electo habían sido presidentes en el pasado. Conocido por sus ideas liberales y por su talante innovador, Jorge Batlle alentó expectativas de presidir un gobierno fuertemente transformador. Los primeros meses de su gestión estuvieron cargados de gestos que marcaban distancia con sus predecesores. Muy poco tiempo después de asumir consiguió arrojar luz sobre uno de los episodios más sórdidos de la historia uruguaya reciente, al ubicar a la nieta hasta entonces desaparecida del poeta y militante político argentino Juan Gelman. También creo una comisión a la que solicitó investigar las denuncias de violaciones a los derechos humanos. En materia económica y de gestión del estado también se anunciaban grandes cambios. Sin embargo, el primer proyecto de presupuesto que llegó al Parlamento fue muy convencional y mostró que faltaba mucho para poner esas ideas en práctica. Pero la capacidad de trabajo y la iniciativa del nuevo presidente serían absorbidas en breve por una sucesión de hechos adversos. Los más graves fueron dos episodios de fiebre aftosa que le hicieron perder a Uruguay la condición de país sin vacunación (una condición para ingresar a los mercados más exigentes) y una crisis financiera y bancaria como no había vivido el país en el último siglo. La crisis bancaria se originó en Argentina y llegó a Uruguay a través de un banco de ese origen que operaba en Montevideo: el Banco de Galicia. El foco de desconfianza que generó la pérdida de depósitos de esa institución se reforzó cuando surgieron problemas con el Banco Comercial (una de las principales instituciones de plaza, que era gestionada por conocidos banqueros argentinos). El aceleramiento de los retiros jaqueó a su vez al Banco de Montevideo, una institución que tenía una gran participación en el mercado uruguayo pero también estaba presente en Argentina y Paraguay. Las decisiones que tomaron los responsables de esa institución para hacer frente a la crisis contribuyeron a agravar la crisis local. Una de las víctimas fue el Banco Caja Obrera, que había sido recientemente adquirido por el Banco de Montevideo. En poco tiempo, todo el sistema estaba en peligro. Por un momento pareció que Uruguay no podía escapar al destino en el que se había hundido Argentina: “corralito” (es decir, una enorme confiscación de los

ahorros de los ciudadanos) y default (es decir, la declaración de quiebra ante los acreedores del gobierno). Pero la firme reacción de las autoridades uruguayas y la buena imagen internacional del país (principal motivo del apoyo extraordinario que decidió el gobierno estadounidense) permitieron superar varios errores cometidos y recorrer un camino menos traumático. Eso no impidió, sin embargo, que las consecuencias de la crisis castigaran duramente al país. En pocos meses, los bancos presentes en Uruguay perdieron el 44 por ciento de sus depósitos. Cuatro bancos privados se fundieron y uno estatal tuvo que ser rescatado. Miles de uruguayos perdieron sus ahorros. Las reservas internacionales del país cayeron de 3 mil millones de dólares en diciembre de 2001 a 665 millones en agosto de 2002. El producto bruto pasó de unos 21 mil millones de dólares en 1999 a unos 12 mil millones en 2002. El comercio tuvo una contracción del 24 por ciento, la construcción del 22 y la industria del 14 por ciento. La inflación, que estaba desde hace años en cifras de un dígito, pasó al 26 por ciento. La moneda se devaluó fuertemente. Las importaciones se redujeron un 36 por ciento y las exportaciones un 10 por ciento. El desempleo llegó a afectar al 20 por ciento de la población activa. El subempleo y el empleo informal afectaron a casi el doble de personas. El salario

real cayó un 11 por ciento y la pobreza se disparó, llegando a cerca de un millón de personas. Unos 30 mil uruguayos emigraron en muy poco tiempo. Pero, pese al terrible golpe que sufrió el país, las instituciones se mantuvieron firmes y el orden jurídico no se quebró. De hecho, lo esencial de la solución fue aportado por un Poder Legislativo que mostró estar a la altura de las circunstancias. No hubo violencia social desatada ni represión policial fuera de control. Mientras en Argentina había muertos, se sucedían los presidentes y un desorientado Congreso aplaudía la quiebra, Uruguay consiguió controlar la situación, fortalecer su imagen internacional y empezar el proceso de recuperación de su economía. La crisis de 2002 mostró que la democracia uruguaya estaba suficientemente sólida como para sobrevivir a grandes desaf íos. La siguiente prueba de solidez llegaría al final del gobierno del presidente Batlle: por primera vez en la historia del país, la izquierda ganó las elecciones; el gobierno pasaría a manos de una fuerza política ajena a los partidos tradicionales. Las elecciones fueron limpias y el cambio de gobierno se produjo sin traumas. El país estaba exhibiendo ante el mundo una de las características definitorias de toda democracia madura: la rotación pacífica de partidos en el ejercicio del gobierno. 

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Por Martín Peixoto

para investigar los delitos de la dictadura. A partir de la información obtenida, se juzgó a los principales jerarcas del régimen. Sin embargo, pronto se añadieron dos limitaciones importantes: la Ley de Punto Final que establecía un plazo máximo para iniciar causas penales, y la Ley de Obediencia Debida, que eximía de culpa a los miembros subalternos de las Fuerzas Armadas. En Uruguay se otorgó una amnistía a los presos políticos y se aprobó la Ley de Caducidad en beneficio de los militares. Estos tres caminos condujeron a resultados que tienen puntos en común. En ninguno de los tres países fueron juzgadas todas las personas que habían violado los derechos humanos. (Este es también un punto en común con los juicios de Nuremberg y con casi cualquier otro antecedente histórico que se considere). En los tres países, muchos crímenes quedaron sin aclarar y el funcionamiento de las organizaciones de represión sigue sin conocerse a fondo (Argentina avanzó en este aspecto mucho más que sus vecinos). En los tres países hay víctimas y familiares que nunca recibieron reparación. (Uruguay es, en términos comparativos, el país que más ha pagado indemnizaciones y que más esfuerzos hizo para compensar los daños, mediante medidas como la reconstrucción de la carrera de los funcionarios que habían sido destituidos). Cuando en Sudáfrica se derrumbó el apartheid, el gobierno de Nelson Mandela instaló una Comisión de Verdad y Reconciliación para analizar los delitos cometidos por el régimen racista. El primer paso de la Comisión, presidida por el obispo anglicano Desmond Tutu, consistió en analizar distintos procesos de salida democrática en el mundo y, de manera muy especial, en el Cono Sur. El segundo paso fue distinguir entre dos objetivos: castigar a los culpables y ofrecer reparaciones. La Comisión asumió que, desde Nuremberg en adelante, en ninguna parte del mundo fue posible juzgar a todos los responsables de violaciones de los derechos humanos. En cambio, las diferentes transiciones democráticas se distinguen según el grado en que consiguieron aclarar los crímenes y ofrecer reparaciones. La comisión sudafricana decidió priorizar el descubrimiento de la ver-

dad y las reparaciones respecto del castigo a los culpables. Como resultado, acordó amnistiar a los autores de violaciones a los derechos humanos a cambio de una confesión plena. La amnistía se concedía solamente a quienes confesaran; los que se negaban a hacerlo (o quienes ocultaban delitos que eran descubiertos gracias a las declaraciones de otros) eran llevados a los tribunales. Pero además, la

a aportar información. En Sudáfrica, en cambio, el implicado tiene todas las razones para confesar sus crímenes. Así se pudo esclarecer los hechos, dar satisfacción a las víctimas y reconciliar a un país con heridas profundas. Las imperfecciones de las salidas practicadas en Argentina, Uruguay y Chile hacen que el tema de los derechos humanos siga abierto dos déca-

[...] ddesde Nuremberg en adelante, en ninguna parte del mundo fue posible juzgar a todos los responsables de violaciones de los derechos humanos. En cambio, las diferentes transiciones democráticas se distinguen según el grado en que consiguieron aclarar los crímenes y ofrecer reparaciones.

comisión no solo atendió los crímenes de estado. También investigó aquellos cometidos por las organizaciones opositoras. Los crímenes cometidos por los represores no exculpaban los hechos de sangre perpetrados por los reprimidos. De este modo se vindicó el estado de derecho. La comisión sudafricana consiguió aclarar en muy poco tiempo una enorme proporción de los crímenes cometidos. Los violadores de derechos humanos relataron todas sus acciones por temor a quedar involucrados en las declaraciones de otros. Además aportaron datos que permitieron ubicar restos y establecer fechas de fallecimiento. Las víctimas recibieron dos tipos de reparaciones. Algunas fueron económicas y otras fueron psicológicas. Los responsables de crímenes debían hacer sus confesiones en sesiones públicas y en presencia de los familiares. El país entero conoció lo ocurrido y los nombres de los culpables. Los sudafricanos tuvieron la ventaja de aprender de nosotros, pero consiguieron algo que nosotros no logramos. La Ley de Caducidad uruguaya incluye un artículo que permite investigar el destino de los desaparecidos sin cuestionar la inimputabilidad penal de los responsables. Pero ese artículo resultó ineficaz porque no introduce ningún elemento que incentive a los autores a confesar ni

das después de haber recuperado la democracia. De maneras diferentes en cada país, dos asuntos siguen pendientes. El primero es lograr la información que permita aclarar el destino de cada uno de los desaparecidos. Pocos daños mayores pueden hacerse a un ser humano que negarle el duelo por sus seres queridos. Conocer una fecha y tener un lugar donde colocar una flor son elementos esenciales para cerrar el ciclo. Las secuelas que se producen cuando eso no ocurre han sido ampliamente estudiadas en Europa tras las atrocidades de la Segunda Guerra. No es un asunto de los familiares, sino de todos. El segundo tema pendiente es la reivindicación del estado de derecho. La amnistía otorgada a los presos políticos en 1985 no contempló que muchos de ellos habían sido procesados mediante procedimientos reñidos con el debido proceso (especialmente, a partir de información obtenida mediante tortu20 ras). Por más culpables que fueran, un país apegado al derecho debería reconocer esos vicios y exculparlos en lugar de amnistiarlos. Desde el punto de vista del estado de derecho eran inocentes, porque su culpabilidad no había sido probada mediante procedimientos válidos. Esa habría sido una advertencia importante hacia los militares del futuro. 

Martín Peixoto. Uruguayo, nacido en 1951. Egresado en Sociología Política de la Universidad Libre de Berlín (Alemania Federal). Reside en esa ciudad desde 1974. Es autor de La alternativa parlamentarista (en colaboración con Carlos Pareja y Romeo Pérez) y de artículos de su especialidad en diversas revistas académicas.

| EL URUGUAY DEMOCRÁTICO

El retorno a la democracia y el restablecimiento del estado de derecho pone a los estados frente al dilema de cómo procesar las violaciones a los derechos humanos cometidas por los regímenes de fuerza. ¿Qué debe primar? ¿La persecución legal de aquellos que han cometido algunos de los delitos más graves que pueden cometerse, o una reconciliación que haga posible un nuevo comienzo? ¿Cómo dar satisfacción a las víctimas al mismo tiempo que se asegura la estabilidad del régimen democrático? ¿Una sociedad debe procesar su pasado para poder mirar hacia el futuro (una idea que tomamos de la psicología aplicada a los individuos) o el tiempo se encargará de borrar las heridas? El tema es complejo y ha dado lugar a soluciones diversas. En el juicio de Nuremberg, un tribunal aliado juzgó a los principales dirigentes nazis por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Los aliados querían sentar un precedente: para ciertos delitos no existe inmunidad; tribunales internacionales o de terceros países pueden iniciar juicios por crímenes ocurridos dentro de las fronteras de estados soberanos. En este principio se basan los tribunales de las Naciones Unidas que se constituyeron para juzgar crímenes de guerra ocurridos en la ex Yugoslavia, Ruanda y Sierra Leona. También fue el principio que invocaron tribunales españoles para ocuparse de crímenes ocurridos en Argentina y Chile durante las dictaduras. Pero no todos admiten la validez del principio, y el modo en que ha sido aplicado da lugar a debates. Argentina, Chile y Uruguay se enfrentaron a problemas similares: en los tres países se habían cometido graves crímenes por parte de funcionarios del estado, durante un período en el que las garantías constitucionales habían sido eliminadas. Cuando llegó el momento de las salidas democráticas, cada uno de esos países siguió un camino diferente. En Chile, el gobierno militar se otorgó una auto amnistía que no fue materia negociable (la justicia consiguió más tarde eludir esa norma, mediante el procedimiento de considerar a los desaparecidos como secuestrados). En Argentina se creó una comisión

HISTORIA RECIENTE

CONTRATAPA

Revancha o reconciliación