Derecho Procesal Civil de Guatemala [Tomo I] 848376022X

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MARIO AGUIRRE G O D O Y

DERECHO

TOMO I

MARIO AGUIRRE GODOY

DERECHO PROCESAL CIVIL DE GUATEMALA TOMO I

© Mario Aguirre Godoy ISBN 84-8376-022-X

Impreso en Guatemala por Centro Editorial VILE Áv. Simeón Cañas 5-31 Zona 2, Guatemala, C. A. Reimpresión de la edición 1973 Impreso en Guatemala, 2007

DERECHO PROCESAL CIVIL DE G U A T E M A L A

DEDICATORIA Este libro es para mis alumnos, estudiantes de Derecho, a quie­ nes en verdad pertenece.

INTRODUCCION

Queda concluido este prim er volumen del Derecho Procesal Civil dé Guatemala después de sucesivos años de docencia uni­ versitaria. Aunque la obra constará de varios volúmenes, no tiene la pretensión de ser un Tratado sobre la materia, sino de recoger los resultados de las investigaciones hechas y de los logros obtenidos a través de la experiencia que deja la Cátedra y el ejercicio profesional. Hace algunos áños, el panorama procesal guatemalteco se desenvolvía dentro de los moldes del procedimentalismo tradicio­ nal sin afanes científicos ni de sistematización. Aunque tuvimos buenos Maestros en la Universidad, todavía faltaba el espíritu renovador en el Derecho Procesal. Ha costado mucho que se comprenda que a través del drama del proceso se analiza toda la vida social y jurídica, y también económica, con el angustioso trasfondo que proporciona la variedad de los litigios. Hemos escrito diversos libros y trabajos m onográficos re­ lacionados con la Disciplina Procesal, cuyo material, en lo apro­ vechable, se ha utilizado en este volumen. Debemos, ante todo, indicar, que en la búsqueda de elementos jurídicos, hace tam­ bién algún tiempo nos volcamos sobre la tarea difícil, pero no irrealizable, de ordenar y resumir la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Es así como venciendo toda clase de obs­ táculos, pudimos publicar, hasta la fecha, los dos primeros tomos del Repertorio de Jurisprudencia (años 1950 a 1964) , y actual­ mente tenemos en preparación el tercer tomo (1965-1969). Es­ ta tarea la emprendimos, porque no se contaba en Guatemala con una obra de tal naturaleza, que pudiera servir de auxilio en la Cátedra, en la Judicatura y en la Profesión; pero, en el fondq. la concebimos en realidad, para poderla utilizar en este libro, y así lo hemos hecho. Esta obra responde más a una necesidad de orden didáctico que de otra naturaleza. No es el propósito imponer a los alum-

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nos criterios o directrices determinados, sino más bien propor­ cionarles material para que puedan contrastar opiniones y alen­ tarse en la redacción de trabajos de carácter investigativo o comparativo. Sin embargo, no negamos que pueda ser útil al Profesional y al Juez. Pero, sobre todo, es un producto de la Cátedra. Siempre sostuvimos la opinión de que no se puede pasar por las aülas universitarias, ejerciendo la docencia y exigiendo trabajo a los alumnos, sin dejair constancia de los resultados que el propio Profesor ha alcanzado en su constante enseñar y aprender. Es casi una obligación la que tiene el docente con su Alma Mater, de rendirle tributò con sus realizaciones positivas concretadas en trabajos, por modestos que éstos sean. Nosotros tenemos una responsabilidad todavía mayor, por­ que en buena parte, el sistema procesal vigente en Guatemala desde el l 9 de julio de 1964, se debe a nuestra participación en la Comisión que redactó el proyecto de Código Procesal Civil y Mercantil. Nos corresponde pues, tratar de explicar algunos de sus preceptos y comparar otros con la regulación anterior. Es por esta última circunstancia que en los capítulos en que se estimó necesario, se hace la comparación con los artículos del derogado Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil (C E C Y M ) en relación con los del vigente Código Procesal Ci­ vil y Mercantil (C P C Y M ). A lgo similar ocdrre, aunque en menor escala, con la compa­ ración obligada, en algunos supuestos, entre la Ley Constitutiva del Organismo Judicial .(L C O J), ya derogada, y la actual Ley del Organismo Judicial (L O J ). La parte medular del trabajo, recoge, desde luego, el Derecho Positivo de Guatemala y los lineamientos de la Jurispru­ dencia, analizados a través de la doctrina procesal moderna, dentro de las posibilidades bibliográficas con que contamos en nuestro país. El Plan de la obra, que esperamos poder cumplir, es el siguiente: el tomo primero, que ahora se ofrece, explica la doc­ trina general relativa al proceso, el juicio ordinario, la sentencia, la cosa juzgada y las costas judiciales. El segundo tomo, tratará de los procesos especiales y de los recursos. Finalmente, el tercer tomo, culminación de los anteriores, será un libro de casos, debidamente Ordenados en armoniosa secuencia, según los distintos tópicos procesales ; y contendrá, además, problemas

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y cuestionarios. Será éste un libro para ejercicios de laborato­ rio y prácticas de carácter técnico-jurídico. Es un proyecto ambicioso, pero noble, por su condición retributiva a lo que la Universidad nos ha dado. Si lo podemos realizar, y a ello se consagrará nuestro empeño, saldaremos, en parte, nuestra deuda con la .Universidad y enriqueceremos con nuestro pequeño óbolo la bibliografía jurídica guatemalteca.

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PRINCIPALES ABREVIATURAS USADAS CPCYM

Código Procesal Civil y Mercantil1

CECYM

Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil

LCOJ

Ley Constitutiva del Organismo Judicial

LOJ

Ley del Organismo Judicial2

CT

Código de Trabajo

C. Civ.

Código Civil

C* Com.

Código de Comercio

LOMP

Ley Orgánica del Ministerio Público

RGT

Reglamento General de Tribunales

LEC

Ley de Enjuiciamiento Civil (española)

1 Es el Código actualmente vigente o sea el Decreto-Ley 107» de fecha 14 de sep­ tiembre de 1963, que entró en vigor el 1? de julio de 1964. El Proyecto de Código fue elaborado por una Comisión especifica, de la cual formaron parte el autor de este libro y los Licenciados Carlos Enrique Peralta Méndez y José Morales Dardón. 2 Es la Ley que está actualmente vigente o sea el Decreto 1762 del Congreso de la República, de fecha 11 de junio de 1968. Entró en vigor 60 días después de su publicación. Fue publicada en el Diario Oficial el 26 de julio de 1968.

FU N CIO N JURISDICCIONAL DEL E S T A D O

Capitulo I FUNCION JURISDICCIONAL DEL ESTADO Sumario: I. Concepto. II. Garantía Jurisdiccional. III. El Derecho Procesal. IV. El llamado carácter instrumental de! Derecho Procesal. V. Relaciones del Derecho Procesal con otras ciencias. VI. Proceso y Procedimiento. VII. Derecho Procesal Civil y Derecho Procesal Penal.

I.

CONCEPTO

Es indiscutible que la función jurisdiccional que corresponde al Estado como sociedad jurídica y políticamente organizada es una de las más importantes manifestaciones de su desarrollo histórico. El Estado moderno tiene fundamentalmente la tarea de determinar el ordenamiento jurídico a través de una legisla­ ción adecuada y conform e al progreso social, pero tiene también la ineludible obligación de mantenerlo en vigencia, de tal manera que realmente norme la actividad y conducta de los miembros de la comunidad. Esta finalidad se llena mediante el estableci­ miento de un buen sistema judicial, además de la creación de ciertos órganos específicos de control o de seguridad. Com­ plementa la actividad estatal, la satisfacción de las necesidades colectivas, que se obtiene con el concurso de sus órganos ejecu­ tivos (función ejecutiva). El sistema guatemalteco, en relación con el ejercicio de la función jurisdiccional se basa en el principio de que los jueces n a' actúan de oficio, o sea que la máquina jurisdiccional del Estado no es puesta en movimiento para la solución de un deter­ minado conflicto si no es a instancia de parte. Naturalmente que es acentuada la diferenciación, en nuestro sistema legal, en el ámbito civil y penal, toda vez qué en este último la acción es pública para la mayoría de los delitos. Por esa razón es que

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el ejercicio de la función jurisdiccional varía de acuerdo con la naturaleza de los conflictos de intereses que sea menester re­ solver, según que sean meramente privados o que afecten fun­ damentalmente los intereses de la sociedad. La importancia de la función jurisdiccional se reduce esen­ cialmente a estas n otas: es la que mejor define el carácter jurídico del Estado; complementa la actividad legislativa y la administra­ tiva ; y logra la seguridad jurídica o la observancia de la norma legal, a través de la institución de la cosa juzgada y la fuerza eje­ cutoria de que está investida la sentencia.1 II.

GARANTIA JURISDICCIONAL

A los medios de que El Estado se vale para reaccionar con­ tra la inobservancia del Derecho objetivo, dice Calamandrei que se les puede llamar garantía jurisdiccional de las normas jurídicas.2 Distingue el ilustre procesalista italiano, diversos tipos de garantía jurisdiccional. \

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A ) Garantía jurisdiccional contra la transgresión

precepto

Aquella que tiene por objeto remediar la transgresión, vio7 lación e inejecución del precepto jurídico, cuando el obligado es remiso al cumplimiento de su obligación o se comporta de ma­ nera diferente a la que indica la norma. Este tipo de garantía jurisdiccional nos vincula a proble­ mas fundamentales del proceso, porque para lograr el cumpli­ miento de una obligación a través de los órganos jurisdicciona­ les, precisa que Se obtenga previamente la certeza oficial. El problema tiene com o fundamento el principio de la coercibilidad del Derecho, frente a la incoercibilidad de la voluntad hu­ mana y se resuelve en medidas de coacción psicológica (amenaza de arresto o m ultas), restitución directa, restauración por equi­ valente o resarcimiento del daño. B ) Garantía jurisdiccional contra la falta de certeza del Derecho La cual se manifiesta en aquellos casos en que existe un precepto jurídico incierto, pero todavía no transgredido o “en 1 Hugo Ahina, Tratado Teórico Práctico de Derecho Procetal Civü y ComerciaU Edíar Soc. Aitón. Editores. Buenos Aires, 1956, 2* Ed. Tomo I, p. 19 y es. 2 Piero Calamandrei, Jnetitucionee de Derecho Proceeal Civil según el Nuevo Código. Trad, de Santiago Sentís Melendo. Editorial Depalma. Buenos Aires, 1948, pp. 54 y sa» En la edición de 1962, EJEA, Vol. I, pp. 184 y se.

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torno a una relación o a un estado jurídico, del cual podrán surgir en el porvenir concretos derechos y deberes’”, para cuyo efecto se requiere la declaración jurisdiccional, a fin de evitar una transgresión futura. C) Garantíajurisdiccional con finalidad constitutiva Se proyecta sobre aquellos casos en que la única vía para satisfacer el interés individual es, por ley, el pronunciamiento del Juez. Piénsese por ejemplo en nuestra legislación, la única form a en que puede disolverse el vínculo conyugal. D ) Garantía jurisdiccional con finalidad cautelar Que tiene por objeto anticipar los efectos de la jurisdic­ ción, con el objeto de evitar que el daño producido por la in­ observancia del Derecho, resulte agravado por la llegada tardía del remedio jurisdiccional (periculum in mora) . Dentro de este tipo de garantía pueden agruparse todas las modalidades de las providencias precautorias conocidas en nuestro sistema procesal, III.

EL DERECHO PROCESAL

La disciplina que tiene por objeto estudiar cómo se hace efectiva la garantía jurisdiccional de las normas jurídicas de que habla Calamandrei, es precisamente el Derecho Procesal, en sus orígenes confundido con las leyes de fondo. En lo que se refie­ re a nuestra materia, según indica Alsina,3 es en la legislación española donde encontramos un principio de separación, porque en el Fuero Juzgo, en el Fuero Viejo de Castilla y en las Leyes de Partidas, ya existen capítulos especiales. Ero la ordenanza francesa de 1667 adquiere perfiles, propios hasta que se dicta el Código de Procedimiento Civil Francés de 1806, que consti­ tuyó la guía para las legislaciones europeas y la fuente de las nuestras. .- • 1 '• ' Actualmente la autonomía del Derecho Procesal es recono­ cida y sus particularidades pueden estudiarse, institucionalmen­ te, com o aplicables a las diferentes ramas del Derécho (civil, penal, administrativo, etc.), aunque la naturaleza de las normas materiales da significación propia al tipo de proceso que debe corresponder con dichas ramas. 3

Alsina, obra y tomo citados, páginas 40-41«

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Entrañando la jurisdicción del Estado la prohibición del régimen da autodefensa, necesariamente debe comprender un or­ denamiento jurídico especial y una estructuración orgánica adeeuada, así como reglas de actuación para quienes intervienen en el proceso. Esto se ve claro cuando se piensa en que, tal pro­ hibición no puede mantenerla El Estado más que cuando ofrece a los ciudadanos un medio de alegar, probar y ejecutar su de­ recho,4 El Estado realiza su función jurisdiccional mediante el ins­ tituto específico que conocemos con el nombre de proceso, que puede concebirse como un instrumento destinado a la conserva­ ción de la paz y del orden jurídico, lo que significa también que. en cada caso particular se da protección a los derechos e inte­ reses de quienes se coloquen bajo la tutela de la función juris­ diccional del Estado.5 Todo el desarrollo de esta función es regulado por el Derecho Procesal, pero es difícil encontrar una definición que comprenda todos los elementos de dicha función. Veamos algunas de ellas. Jaime Guasp dice que “ Derecho Procesal no quiere decir, en definitiva, otra cosa que derecho referente al proceso; es, pues el conjunto denormas que tienenpor objeto recaen sobre el proceso".6 Definición coincidente es la de Couture, aunque precisa que el proceso está form ado por un conjunto de relaciones ju ­ rídicas. D ice : “ El derecho procesal civil es la rama de la ciencia jurídica que estudia la naturaleza, desenvolvimiento y eficacia del conjunto de relaciones jurídicas denominado proceso civil” .7 Devis Echandía, no centra su atención solamente en el pro­ ceso, sino en otros aspectos de la función jurisdiccional. Dice que el Derecho Procesal puede definirse “ como la rama del De­ recho que estudia el conjunto de normas que fijan el procedi­ miento que se ha de seguir para obtener la actuación del derecho positivo, lo mismo que las facultades, derechos, cargos y deberes relacionados con éste y que determinan las personas que deben 4 Leonardo Prieto Castro, Derecho Procesal Civil, (Manual). Librería General, Zaragoza, 1954. Tomo I, p. 2. En la edición de 1964. Revista de Derecho Privado, Tomo I. P. I5 Ricardo Reimundín, Derecho Procesal Civil. Editorial Viracocha. Buenos Aires, 1956, Tomo I, p. 2 y ss. 6 Jaime Guasp, Derecho Procesal Civil. Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1961, p. 31. 7 Eduardo J. Couture, Fundamentos del Derecho Procesal Civil. Editorial Depalma. Buenos Aires, 1962, 3* Ed. p. 3.

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someterse a la jurisdicción del Estado y los funcionarios encar­ gados de ejercerla” .® Morón Palomino dice que el concepto que con más rigor cabría adoptar es el “ conjunto de normas que regulan la reso­ lución jurisdiccional de las controversias jurídicas” . Explica que aquí “ resultan comprendidos los tres elementos fundamen­ tales: acción, proceso propiamente dicho y actuación jurisdic­ cional” .9 Finalmente, citaremos la definición de Alsina que es bas­ tante completa y simple. Define el Derecho Procesal así: “ El conjunto de normas que regulan la actividad jurisdiccional dei Estado para la aplicación de las leyes de fondo y su estudio comprende la organización del Poder Judicial, la determinación de la competencia de los funcionarios que lo integran y la ac­ tuación del Juez y las partes en la substanciación del proceso” .10 .

IV.

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EL LLAMADO CARACTER INSTRUMENTAL DEL DERECHO PROCESAL

Se afirma que es nota distintiva de las normas procesa­ les por cuanto que sirve de medio o instrumento para la apli­ cación de las normas de fondo, que son las que definen los de­ rechos y las obligaciones. Se insiste también en su carácter formal, por contraposición al Derecho material, porque las nor­ mas procesales establecen la manera de ejercitar aquellos de­ rechos y de cumplir las obligaciones. 8 Hernando Devis Echandla, Nociones Generales de Derecho Procesal Civil. Edi­ ciones Aguilar. Madrid, 1966, p. 4. Compendio de Derecho Procesal Civil (Parte General). Editorial Temis. Bogotá, 1963, p. 2. Pedro Aragoneses después de discutir el concepto del derecho IPga a la siguiente definición del Derecho Procesal: “ el conjunto de conductas directivas referidas al proceso (problema del ser), que se reflejan en normas o juicios de probabilidad (captación deí objeto) y que tiene su origen en el Derecho natural y en el positivo, concebido como De­ recho justo (debe ser)". Proceso y Derecho Procesal, Ediciones Aguilar, Madrid, 11160, pp. 310-324. Prieto Castro indica que el Derecho Procesal (en sentido objetivo) “ es el conjunto de normas que ordenan el proceso. Regula la competencia del órgano público que actúa en él, y la capacidad de las partes y establece los requisitos, forma y eficacia de los actos procesales, los efectos de la cosa juzgada y las condiciones para la ejecución de la sentencia” . Derecho Procesal Civil, Ed. 1964, Tomo I, p. 12. 9 Manuel Morón Palomino. “ Sobre el Concepto del Derecho Procesal” en Revista Iberoamericana de Derecho Procesal,1 Año 1962, Seg. época, N? 3, p. 124. Es un trabajo muy importante. . El autor pasa revista a los .principales problemas que estudia el De­ recho Procesal: la jurisdicción, la controversia, la legitimación, la acción, las doctrina» sobre el proceso, caracteres de la doctrina de la relación jurídica procesal, las teoría» de la sustanciación e individualización de la demanda y la casación como acción autó­ noma, para llegar finalmente a su concepto del Derecho Procesal. 10 Alsina, obra y tomo citados, p. 46.

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Sin embargo, debe hacerse notar que las normas de carác­ ter procesal no se agotan siempre en meros moldes de procedi­ mientos o de trámites. No sucede esto por ejemplo, en cuanto al problema de responsabilidad procesal (costas), concepto que es de contenido meramente procesal; ni en cuanto a le» requi­ sitos, condiciones y efectos de ciertos actos (E js .: admisibilidad de demandas, recursos, e tc .). Otras normas, como por ejemplo las que regulan la cosa juzgada, se consideran también como procesales. A ello obedece que sea indiferente la ubicación de las normas procesales en los diversos cuerpos legales, porque lo que las distingue es la función que están llamadas a desempeñar y no su inclusión en los Códigos de fondo o procesales. A esta última concepción obedece también que se hable a veces de Derecho Procesal Formal y Derecho Procesal Material. El primero, regula los actos de procedimiento de las partes y del Tribunal. E l segundo, los requisitos, condiciones y demás efectos de dichos actos.11 V.

RELACIONES DEL DERECHO PROCESAL CON OTRAS CIENCIAS

Aun cuando el Derecho Procesal Civil tiende a la actuación del Derecho objetivo, para la satisfacción de intereses privados, no puede desconocerse en la etapa de la evolución del proceso que actualmente vivimos, su carácter público. Su natura'eza pública tiene que derivar forzosamente del carácter de la función jurisdiccional del Estado. Ciertamente que, por tener su epi­ centro nuestra disciplina, en el conflicto de intereses privados, la hegemonía de la parte, en el proceso, sobre la libertad de ac­ tuación del Juez, aún le imprime cierta tonalidad privatística al proceso., pero la tendencia de los códigos procesales modernos es indudablemente la de aumentar los poderes de los órganos jurisdiccionales. Tiene principal vinculación nuestra disciplina con el D ere ­ c h o C o n s t it u c io n a l , ya que es en éste donde se legislan los principios fundamentales de la defensa en juicio y por consi­ guiente las garantías del contradictorio. Además, ahí encon­ tramos las bases de nuestro sistema judicial y de algunos im­ portantes recursos. Con el D e r e c h o A d m in is t r a t iv o , tiene también una relación inmediata, por la circunstancia de que los órganos ad­ ministrativos, al resolver los conflictos derivados de las relacio11 Remrundín, obra y tomo citado«, p, 10. Prieto Caatro, Manual Derecho Procesal, Tomo I, Pt>. 16 y 16. Üerecho Procesal Civil, Ed. 1964, Tomo I, pp. 19 y as.

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nes de derecho público, ejercen facultades jurisdiccionales. En el sistema legal guatemalteco es importante recordar la Ley de lo Contencioso Adminitrativo y su régimen especial, así como la procedencia del Recurso Extraordinario de Casación, contra las sentencias del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Sin embargo, las relaciones más importantes de esta ma­ teria, las encentramos, desde luego, en cuanto al Derecho Civil y al Comercial. Esto es explicable por el hecho de que nuestras normas procesales persiguen la actuación del Derecho objetivo correspondiente a aqüellas dqs importantes ramas del Derecho. La legislación de Guatemala, afortunadamente — la experiencia así lo ha demostrado— tiene unificado su procedimiento civil y mercantil. N o es necesario hacer resaltar en detalle la íntima relación entre estas disciplinas porque es notoria a lo largo de todo el desenvolvimiento del proceso, en relación a la capacidad, a la legitimación, a los modos de extinguirse las obligaciones a la prueba de contratos, etc. ^ VI.

PROCESO Y PROCEDIMIENTO

Más adelante nos referiremos con más detalle al proceso, en sus diferentes aspectos. Aquí únicamente debemos recordar el problema planteado en doctrina sobre la unidad del Derecho Procesal, punto que ha sido defendido con más calor por el pro­ cesal ista Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, como Una premisa para poder construir una Teoría General del Proceso,12 lo cual también conduce a considerar el proceso como una unidad. Procedimiento no es lo mismo que proceso. Hay una rela­ ción cuya objetividad se marca si se piensa en la existente entré continente y contenido. El procedimiento en su enunciación más simple es “ el conjunto de formalidades a que deben someterse el Juez y las partes en la tramitación del proceso” .12 Tales formalidades varían según sea la clase de procedimientos de que se trate (penal, civil, administrativo, etc.) y aún dentro de un mismo tipo "de proceso, podemos encontrar varios procedimien­ tos, com o sucede en el de cognición o de conocimiento, cuyo pro­ 12 Niceto Alcalá-Zamora y Castillo. "Trayectoria y Contenido de una Teoría Ge­ neral del Proceso" en Revista Jus, México, marzo de 1950, 140, p. 166, y en Revista de la Universidad de Costa Rica, octubre 1951, pp. 86-115. La misma posición mantiene en. su trabajo "La Teoría General del Proceso y la Enseñanza del Derecho Procesal" presentado en la IV Jornada Latinoamericana de Derecho Procesal, celebrada en Ca­ racas y Valencia (Venezuela) en marzo-abril 1967. Puede verse en la Revista Iberoame­ ricana de Derecho P r o c e s a Año 1968, N? 1, pp. 16 y ss. 13 Ateina, obra y tomo citados, p. 46.

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totipo es el llamado entre nosotros, juicio ordinario. Efectiva­ mente existe un procedimiento para el denominado juicio ordi­ nario de mayor cuantía y otro para el de menor cuantía. Ahora bien, se afirma, considerando el proceso desde el punto de vista unitario, que en él se distinguen tres etapas que son: x 1’ ) la del período de conocimiento o declaración, que tiene por objeto resolver una situación de conflicto p o r transgresión de normas jurídicas o de crear nuevos estados jurídicos (garan­ tía jurisdiccional contra la transgresión del precepto y garantía jurisdiccional con finalidad con stitu tiva); o bien tiene por ob­ jeto resolver una situación incierta o precisar los alcances de una norma jurídica cuyo sentido es preciso determinar con toda certeza (garantía jurisdiccional contra la falta de certeza del d erech o ); 29) Período de ejecución: inmediatamente ligado al ante­ rior, porque una vez obtenida la declaración de certeza, según la naturaleza de la sentencia dictada, es natural que se proceda a su ejecución, a efecto de que la función jurisdiccional del E s­ tado llene plenamente su cometido. Sin embargo, el período de ejecución no supone necesariamente la existencia del período declarativo, perqué aquél puede originarse en un acto jurídico distinto, coiho sucede con el llamado título ejecutivo contractual. En este caso particular, de acuerdo con nuestras disposiciones legales, se da la posibilidad de que se inviertan las etapas del procedimiento, porque con algunas limitaciones, la ejecución motivada por ciertos títulos ejecutivos puede derivar en un juicio ordinario posterior a cargo del ejecutado; y 3’ ) Período de aseguramiento o precautorio: que tiene por finalidad prevenir que el derecho de una parte quede insatisfe­ cha por dolo o culpa del obligado, mientras se obtiene la de­ claración judicial. Este tipo de medidas puede llevarse a. cabo en nuestro sistema legal, antes o durante la tramitación del proceso. Estas fases del proceso, para algunos autores, ‘ configuran verdaderos procesos, aún cuando la opinión más generalizada no acepta todavía com o verdaderamente definido, el proceso cau­ telar.14 Pero de todas maneras, la influencia que esta clasifi­ 14 Alcalá-Zamora y Castillo. Proceso, Autocomposición y Autodefensa. Imprenta Universitaria. México, 1947/ p. 138. Gtíaep. Derecho Procesal Civil, Ed. 1961, pp. 28 y’ 30. Manuel de la Plaza es par­ tidario de la división tripartita. Derecho Procesal Civil Español. Ed. Revista de Derecho Privado, Madrid, 1965, 3* Ed. Voi. II, 1* parte, pp. 21 y 22. ,

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cación de les procesos ha tenido en la estructuración de la siste­ mática del Derecho Procesal y de las legislaciones vigentes, des­ de este punto de vista, es muy sugestiva.

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DERECHO PROCESAL CIVIL Y DERECHO PROCESAL PENAL

Alsina sostiene que desde el punto de vista lógico, en nada difiere el proceso de conocimiento que sigue un Juez para la aplicación de un precepto del Código Civil, del que sigue otro Juez para la aplicación de una disposición del Código Penal.13 Sin embargo, advierte que hay características especiales que los diferencian, señalando la de los medios de que dispone el Juez en lo penal para la investigación de los hechos y lo relativo a la apreciación de las pruebas. Aún cuando el proceso penal es autónomo, per ministerio de las disposiciones de nuestro Código de Procedimientos Pena­ les, las relaciones entre el proceso penal y el civil son suma­ mente estrechas, porque ejercitada sólo la acción penal se entenderá utilizada también la civil, a no ser que el ofendido o perjudicado la renunciare, o Ja reservare expresamente para ejercitarla des­ pués de terminado e! juicio criminal (A rt. 24). Esta disposi­ ción legal da origen, desde luego, a la aplicación de las disposi­ ciones civiles por el Juez Penal, en una serie de situaciones no muy clarificadas por nuestra práctica judicial.10

15 Alsina, obra y tomo citados, p. 55. 16 Véase la intervención que tiene el actor civil en el sumario, conforme a la reforma introducida al Art. 24 por el Dto. 63-70 del Congreso (Diario Oficial N* 64 del 1* de­ octubre, 1970, Tomo CLXXXIX). 4

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LA LEY PRO C E SAL

Capítulo II LA LEY PROCESAL -

’ Sumario: L Generalidades. cesales. III. Efectos de la Efectos de la Ley Procesal de la Ley Procesal. I.

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II. Aplicación de las Leyes Pro­ Ley Procesal en el tiempo. IV. en el espacio. V. Interpretación VI. Integración de la Ley.

GENERALIDADES

La Ley Procesal contiene normas de conducta tanto para el juez como para los litigantes y no se diferencia en ningún grado especial de otras leyes, en este sentido. Sin embargo, uno de los problemas que ha tenido que enfrentar la doctrina, por la natu­ raleza de les intereses que pretende resolver el ordenamiento procesal mediante la aplicación del derecho objetivo, es el de determinar si sus disposiciones son de orden público o de inte­ rés privado. Alsina sostiene que por lo difícil de tal determi­ nación en cuanto a todas las normas jurídicas, es más exacto decir que “ ciertas normas interesan al orden público o afectan al interés privado según la prevalencia que se conceda a uno con respecto al otro, y sólo por facilidad de expresión se habla de normas ele orden publico o de interés privado” .1 En tesis general, la determinación de si una norma es o no de orden público tiene importancia superlativa, por las conse­ cuencias que ello implica, así las disposiciones de orden público no pueden renunciarse, la violación de una disposición de tal na­ turaleza entraña una nulidad de las llamadas absolutas; tales disposiciones pueden aplicarse con efecto retroactivo, etc. Empero, como siempre lo ha reconocido la doctrina, la de­ terminación de lo que deba entenderse por orden público es 1

Alsina, obra y tomo citados, p. 58.

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algo que todavía se. discute. Alsina indica que el concepto de orden público es indefinido, porque varía en el tiempo y en el espacio, pero que puede decirse que es “ el conjunto de reglas en que repasa el bienestar común y ante las cuales ceden los derechos de los particulares, porque interesan a la sociedad co­ lectivamente más que a los ciudadanos aisladamente considera­ dos” .2 Reconoce dicho autor que en principio las leyes de pro­ cedimiento no interesan al orden público, sino que están insti­ tuidas para proteger el interés privado, por lo que las partes pueden, hasta celebrar convenciones especiales, como por ejem­ p lo apartarse de una instancia judicial para someterse a la ju ­ risdicción arbitral, determinar Ja competencia territorial, re­ nunciar a ciertos trámites del juicio, etc. Este punto es sumamente importante, por cuanto que, según dijim os anteriormente, el derecho procesal norma una de las funciones primordiales del Estado, como lo es la jurisdiccional, esencialmente pública. E s cierto que el predominio de la acti­ vidad de las partes scbre la del juez, en nuestros procedimientos es marcadamente acusada, pero ello no impide desconocer el hecho de que la aspiración legislativa sea mcdelár los procedi­ mientos en fórmulas que garanticen plenamente la adecuada defensa en juicio, por lo que si se permite, con cierta liberalidad, la renuncia de los trámites y actos procesa’ es, pueden hacerse nugatorias, las garantías del contradictorio. En nuestro sistema legal, por ejemplo en las disposiciones relativas a los procedimientos ejecutivos, en el CECYM había norma expresa que decía: “ los términos y procedimientos que la ley establece para las ejecuciones no son renunciables, sino en el caso de que el ejecutado, al ser requerido para el cumpli­ miento de la obligación, se allane a satisfacerla o transigiere con el ejecutante” (Art. 871 CECYM ) . Como ésta era una dispo­ sición aislada, en una conclusión a través de la cual generaliza­ ríamos, nos permitiría sostener que otros términos y proce­ dimientos que dicho Código establecía si eran renunciables, a menos que se prohibiera expresamente. En el nuevo Código Pro­ cesal, tal norma fue suprimida, para evitar equívocos, pues por la naturaleza pública del proceso los procedimientos instituidos en el Código no son renunciables. En las disposiciones del juicio de desahucio se establecía también la norma de que los beneficies de los plazos concedidos al inquilino para la desocupación de un inmueble, eran irrenun2

Alsina, otra y tomo citados, p. 58.

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DERECHO PROCESAL CIVIL DE GUATEMALA

dables (Art. 808 C E C Y M ). Esta norma sí se .conservó en el nuevo Código, diciéndose que tales plazos son irrenünciables & improrrogables, con el objeto de que las partes sepan a que ate­ nerse cuando celebren contratos de arrendamiento. En otras disposiciones, son las partes, de común acuerdó, las que acortan ciertos trámites procesales, como sucede p o r ejemplo cuando deciden que el término de prueba se declare vencido (Art. 273 CECYM y 125 del nuevo Código Procesal). Ahora bien, es innegable que pueden presentarse problemas de mayor trascendencia como si se plantea la interrogante de la renuneiabilidad de las excepciones, la renuncia del derecho de aportar prueba, la de alegar en juicio, etc. En realidad la mayor parte de la responsabilidad, en la resolución de estos problemas está librada al criterio judicial que, sin desconocer el interés privado que campea en las dis­ cusiones judiciales, debe atenerse también a la preponderancia que el interés público tenga en la actuación del derecho objetivo. En mi criterio, tedas aquellas estipulaciones que tiendan a hacer desaparecer el derecho de defensa atenían palmariamente contra el interés público. • . . Hay normas de derecho procesal que son indiscutiblemente de orden público, como las relativas a la organización de los tribunales ; mas, aún en estos casos las partes pueden influir en form a más o menos determinante a través de institutos proce­ sales de necesario uso, como por ejemplo la recusación. En otros aspectos del derecho proéqsal, el carácter público de sus normas también es muy importante. Esto sucede en la regulación de la competencia. Los criterios para determinarla por razón .de la naturaleza de la cuestión litigiosa, del valor eco­ nómico o el grado de la instancia (competencia absoluta) son fijados por el interés público prevalente; en cambio, la compe­ tencia fundada en circunstancias personales de los litigantes o situación de ’los bienes (competencia relativa) es susceptible de ser modificada por voluntad de las partes. II.

APLICACION DE LAS LEYES PROCESALES

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Toda norma jurídica tiene una vigencia temporal, determi­ nada generalmente por el cambio de los elementos reales o con­ diciones sociales del medio en que se aplica. También la norma jurídica está destinada a regir en un espacio territorial circuns­ crito por los límites en que cada Estado ejerce sus poderes so-

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MARIO AGUIRRE GODOY

beranos. Pero, si sólo se tratara de la validez temporal o es­ pacial de una iiorma jurídica, no surgirían mayores problemas, si se hace una aplicación correcta de les principios que estable­ cen, generalmente, los Códigos Civiles, en disposiciones parti­ culares. Mas sucede que una misma norma puede encerrar varias posibilidades de interpretación o no haber norma alguna, aplicable al caso concreto. El problema que se presenta cuando existen varias normas aplicables a un caso determinado, sea en atención a su validez temporal o espacial, nos lleva al primer problema fundamental en esta materia: el de la elecciónde la norma aplicab Cuando ya se ha elegido la norma, es posible que presente varios significados a los ojos del intérprete. Es preciso desen­ trañar su sentido verdadero y entenderla. Nos encontramos en­ tonces ante un problema de interpretación. Finalmente, cuando no hay norma aplicable, o sea cuando enfrentamos el discutido problema de las lagunas del derecho, entonces podemos hablar propiamente, de integración de las normas jurídicas.3 E l problema de la aplicación de las normas jurídicas en­ vuelve un tema que se discute y desarrolla en el campo de la Teoría General del Derecho; y por ello, los procesalistas optan por aplicar las conclusiones a que ha arribado aquélla, al campo de nuestra disciplina. Es conveniente su estudio por las cues­ tiones prácticas a que da lugar. III.

EFECTOS DE LA LEY PROCESAL EN EL TIEMPO

Según Carnelutti,4 tres son los principios que deben m en­ cionarse a este respecto : a) Principio de la entrada en vigor: con el cual se expresa que es a partir de ese memento que la norma procesal surte sus efectos. Este principio figuraba en la derogada LCOJ, en el segundo de los preceptos fundamentales, y establecía que la ley empieza 3 Francisco Carnelutti. Sistema de Derecho Procesal CiviL Traducción de Niceto Alcalá-Zamora y Castillo y Santiago Sentís Melendo, UTEiJA. Buenos Aires, 1944, Tomo I, dp. 104 y 105. Jaime Guasp. Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento CiviL M. Aguilar, Editor, Madrid, 1948, Tomo I, segunda edición, pp. 63 y ss. ' 4 Carnelutti. Obra y tomo citados, p. 106, Véase el interesante trabajo de En­ rique Vescovi. Aplicación de la Ley Procesal en el tiempo. Retroactividad y Ultraactividad de las normas que regulan el Proceso. ‘‘ Revista del Colegio de Abo^r.’ -s de Uruguay” Octubre-diciembre, 1959, Tomo 2, N