Derecho electoral 9995320517, 9789995320515

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Derecho Electoral Manuel Dejesús Ramírez Candía

ISBN: 978-99953-2-051-5

Miembro del Consejo de Facultad en las Facultades de Derecho en la Univer­ sidad Católica - Sede Regional Guairá y Caaguazú. Convencional Constituyente en 1992. Egresado de la Escuela Judicial 2007. Miembro del Tribunal de Apelación, Segunda Sala de la Circunscripción Ju­ dicial de Caaguazú y San Pedro desde 1995. Docente de la Cátedra de Derecho Electoral de la Universidad del Norte - Asunción. Docente de la cátedra de Dere­ cho Constitucional de la Universidad Católica - Sede Regional del Guairá y Caaguazú. Doce’nte de la cátedra de Derecho A d ­ ministrativo de la Universidad Católica - Sede Regional - Guairá. Docente de la cátedra de Derecho del Trabajo en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica - Sede Re­ gional Caaguazú en Coronel Oviedo. Publicaciones: . Derecho Constitucional Paraguayo, Tomo I, Primera edición 2000; Segunda edición 2005. . DerechoAdministrativo (2004). . Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, 2005/coautor. . Monografías: “ Responsabilidad Civil de las Personas Jurídicas” , en 1 Joma­ das Conmemorativas del Código Civil, Corte Suprema de Justicia, año 1999; “ Regulación de Honorarios Profesio­ nales” , en II Jomadas Conmemorati­ vas del Código Civil, Corte Suprema de Justicia, año 1999; “ Interpretación Constitucional” , en Revista Jurídica La Ley Paraguaya, diciembre de 1998; “ Derechos y Garantías Procesales” , en Revista Jurídica La Ley Paraguaya, mayo de 2000; “ Los Principios del Derecho Laboral en nuestra Legis­ lación” , Veritas, Revista de la A so ­ ciación de Magistrados Judiciales del Paraguay, Nro. 1, año 1999.

Manuel Dejesús Ramírez Candía

Derecho Electoral

SEGUNDA EDICIÓN

2017

MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA Hecho el depósito que marca la Ley 1328/98 Tirada: 1000 ejemplares ISBN: 978-99953-2-051-5 Impreso en la'Editora Litocolor SRL Cap. Figari 1115 - Telefax: 213 691 - 203 741 E-mail: [email protected] Asunción - Paraguay

PRÓLOGO

En más de catorce capítulos, el Dr. Manuel Ramírez realiza un minucioso análisis del Derecho Electoral, manteniendo en toda la extensión de la obra iuna permanente relación entre teoría y leg­ islación, con referencia incluso a legislaciones derogadas, en una disciplina íntimamente vinculada a uno de los principios fundamen­ tales del derecho constitucional; la soberanía popular. Cuando el art. 2 de la Constitución Nacional dice que la soberanía reside en el pueblo, que la ejerce confórme lo establece esta constitución, está'en realidad señalando la enorme importancia de la legislación electoral para la construcción de una democracia de calidad, genuinamente representativa y participativa. Bien lo dice Dieter Nohlen: “La opción por un sistema electoral, que depende dé intereses y condiciones sociales (y de su estabilidad a lo largo del tiempo, constituye una variable esencial en el análisis de los efectos políticos de los sistemas electorales: tuvo razón Maurice Duverger en sus leyes sociológicas respecto a los efectos de los siste­ mas de pluralidad y de representación proporcional?..)1, y esto debe hacem os concientes de la importancia superlativa de entender la realidad política y cultural de nuestro pueblo para así tener un sistema electoral que beneficie en forma permanente a la democracia y no tener un conjunto enrevesado de leyes que aleja cada vez más a las autoridades de sus representados. El derecho debe servir como instrumento para la búsqueda del bien común y no convertirse en una lista de principios alejados de la realidad o que solo sirve para proteger los beneficios de una minoría. Actualmente somos testigos de las fuertes discusiones que fre­ cuentemente se geneiran sobre el sistema electoral de nuestroipaís, sobre la calidad de los representantes y la corrupción política im­ perante, lás listas sábanas, etc. Muchas veces se cuestiona el sis­ tema DTiondt sin que se plantee concreta y claramente una alter­ nativa mejor, es por eso que debemos, de una buena vez, tomar en serió la reform a de nuestro sistem a electoral y buscar uno que proteja m ejor la voluntad popular y perm ita una influencia mayor del elector en la conform ación de las autoridades a ser elegidas. 1 Nohlen, D. Sistemas electorales y partidos políticos, p. 8.

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Es necesario comprender acabadamente este sistema, pues la simple celebración de elecciones, por periódicas que sean, no sig­ nifica que estemos en una democracia. Basta con pensar en los caídos sistemas del comunismo soviético, en los sistemas autori­ tarios de derecha, como fue el gobierno stronista, lo que incluso puede pervivir perversamente en gobiernos autodenominados de­ mocráticos. Tipificando el nivel de competitividad de las elec­ ciones, se puede incluso clasificar en elecciones competitivas, sem icom petitivas y no competitivas, evidenciando el alto siste­ ma de perversión a que se puede llegar si no se analiza críticamente el derecho electoral de cualquier país2 . Con gran capacidad didáctica, Ramírez inicia su obra conceptualizando el derecho electoral, para luego ocuparse del sistema electoral, el sistema electoral en el Paraguay, derechos preelector­ ales, el proceso, la propaganda, la elección, la jom ada comicial, el escrutinio, las instituciones de la democracia representativa, el polémico tema del financiamiento de los partidos y movimientos políticos, el derecho penal electoral y el derecho procesal electoral. Extenso libro para una gran variedad de aspectos de una misma problemática: el sistem a electoral en la democracia representativa. Diversos temas de una misma disciplina son estudiados minuci­ osamente, con gran calidad y abundante referencia bibliográfica, como es costumbre en el autor. En los últim os años, Manuel Ramí­ rez ha publicado obras de derecho administrativo, constitucional y financiero, demostrando su afanosa dedicación al estudio y a la vez, una gran capacidad de producción bibliográfica, algo casi in­ édito en Paraguay. La obra de Manuel Ramírez aparece en un momento especial­ mente significativo en la historia paraguaya, en un momento au­ rora! para la vida política de la república: es la prim era vez desde nuestro nacim iento como república que, por la vía de una elección el poder político pasa de un partido a otro, a una am plia alianza; cambian no solo los hombres, sino los partidos que detentan el gobierno. Los tiempos favorecen el laborioso trabajo del autor, e n . estos veinte años de transición democrática pudimos observar el enorme daño que se causa a la sociedad cuando las instituciones democráticas son manipuladas por el poder de tum o, también pu­

2Jbíd. p. 11.

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dimos comprobar dolorosamente como la justicia se deja fácilmente instrumentar por quienes coyunturalm ente detentan el poder, creyendo tal vez que se entregaban a quienes dominarían eterna­ mente, pero también estamos viendo que en una democracia el at­ ropello a las instituciones no se puede realizar impunemente, más temprano que tarde ocurre una de dos: o se consolida una dicta­ dura, o la sociedad reacciona y valiéndose justam ente del sistema electoral, desplaza a los captores de la voluntad popular, a los que se creían impunes y pretendieron instrum entar indefinidam ente la instituciones de un país, distribuyéndose los privilegios indebidos y ostentando groseramente su poder ilegítimo. Prácticamente no existe aspecto del derecho electoral que no sea abordado por el autor, siempre con gran solvencia y haciendo gala de un profundo conocimiento. De hecho, estamos ante la obra de uno de los autores más prolíficos del derecho paraguayo y, que duda cabe, ante una obra que merece a plenitud el nombre de li­ bro. No se trata de una simple compilación de artículos o suma de­ sordenada de capítulos, que muchos llaman pomposamente libro. No, en este caso la obra se caracteriza por su sistemática, aborda con rigor científico un tem a y lo desarrolla, desde su misma basé doctrinaria hasta llegar a sus facetas procesales y reglamentarias, siempre con abundante referencias bibliográficas lo que ratifica la gran erudición del autor. Se refiere también a la jurisprudencia de nuestros tribunales electorales, a los debates doctrinarios y con­ ceptuales y al mundo ju dicial de las elecciones o a lo que se deriva de las elecciones. Todo esto hace que podamos afirm ar que estamos ante la m ejor obra de derecho electoral producida hasta la fecha, lo que no podía ser menos, tratándose de un autor que por la calidad y cantidad de sus obras hace rato que ocupa un lugar destacado en el mundo jurídico intelectual. Es necesario hacer este tipo de precisiones cuando la sociedad paraguaya ha conocido una com pleta banalización dé los valores morales que deben regir el mundo académico: el escándalo produ­ cido por las tesis doctorales mandadas hacer, los. mercenarios que ni siquiera toman el cuidado de verificar que sus citas bibliografías sean correctas, etc., reflejan, el profundo deterioro que conoce nuestro país. La m ediocridad se ha empotrado en las universi­ dades, en los órganos de conducción de las mismas. Felizmente, el momento político que vive nuestro país nos está demostrando que una sociedad nunca termina de morir, que puede recuperarse en

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cualquier momento y que ese claro mensaje de las urnas marca el inicio de una recuperación que no debemos desaprovechar. Si todo un sistema de impunidad que llevaba décadas gober­ nando pudo ser derrotado límpidamente en una jom ada electoral, también es posible que comience el tum o de las universidades y de los otros poderes del Estado. En ese sentido, Manuel Ramírez realiza un aporte fundamental al dem ostram os que es posible pro­ ducir intelectualmente con rigor, que es posible aportar desde las aulas universitarias y la m agistratura pero fundamentalmente este señor nos está demostrando que es posible ser magistrado y profe­ sor brillante, honesto y capaz. Que la m agistratura no debe ser la meta de quién pretenda enriquecerse, sino de quien pretenda servir a su país, a la república y así vivir decorosamente, que para eso el presupuesto general del Estado establece una aceptable remune­ ración. Decía el gran maestro alemán Hermán Heller, uno de los mejores constitucionalistás del siglo XX, que “Todo problema jurídico, sin excepción, tiene sus raíces, de un lado en la sociología y del otro, mirando hacía arriba, en la esfera de lo ético político. Por tanto, los problemas jurídicos no solamente pueden ser estu­ diados desde los puntos causal y norm ativo, sino que además, exigen que se efectúe ese doble estudio”3. Se vuelve procedente esta cita para insistir en la necesidad de vincular permanentemente el derecho cqn la realidad, pues necesitamos de un “derecho vivo”, que contribuya en la construcción de una sociedad democrática. La universidad debe abrirse a la gente y aportar en ese proceso, especialm ente las públicas, que reciben apoyo del presupuesto pú­ blico. Finalmente, el libro que me honra prologar ubica definitivamente a Manuel Ramírez como un ju rista de prim er nivel y profesor. Su trabajo perseverante nos regala una obra que, estoy seguro, será de gran utilidad para todo el mundo académico y para los profesio­ nales del derecho. Mis felicitaciones al autor.

Dr. Emilio Camocho Profesor de Derecho Constitucional 3

Heller, Hermán. La soberanía. Contribución a la teoría del derecho'estatal y del derecho internacional, p. 111.

CAPITULO I DERECHO ELECTORAL El Derecho Electoral es un sector del ordenamiento jurídico que tiene la función trascendente de tornar operante los principios fundamentales de la estructura del Estado. En efecto, el Derecho Electoral permite la concreción de la forma republicana y democrática de un Estado. El principio republicano supone que el Estado o poder público es una “cosa del pueblo” por lo que resulta imprescindible que el dueño originario del poder público participe en las decisiones de dicho poder sea en forma directa o indirecta. La participación del pueblo en el ejercicio del poder público conocida como expresión de la soberanía popular se concreta por medio del principio democrático que en su aspecto formal, como indica Ferrajoli1, hace referencia al quién y cómo se toman las decisiones, asegurando con ella la expresión de la voluntad de la mayoría. Es decir, el principio democrático en su dimensión formal o política es una proyección del principio republicano al determinar la forma de participación del pueblo en las decisiones del poder público. En un Estado organizado como una República democrática la participación de la ciudadanía en el ejercicio del poder público se concretiza por medio de las elecciones para designar 1 FERRAJOLI, LUIGI. Derechos y Garantías. La Ley del m ás débil, Editorial Trotta, Madrid, 1999, pág. 23.

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a sus representantes o por medio de actos electorales para tomar decisiones importantes en las llamadas consultas populares. Por consiguiente, el Derecho Electoral al tener por objetivo de su regulación la participación ciudadana en la designación de sus representantes populares u otras m odalidades de participación política permite concretar los principios informadores del Estado republicano y democrático.

1. Concepto Es la rama del Derecho Público integrado por un conjunto de principios y de normas que regulan la participación de los ciudadanos en la formación de las autoridades de origen popular, los derechos emergentes de dicha participación, la formación, funcionamiento de los sujetos colectivos electorales y las sanciones aplicables a las infracciones cometidas durante el proceso electoral. También se lo define como “un sistema de normas de derecho público que regula el deber del ciudadano de participar en la formación del gobierno constitucional, el ejercicio, tanto de derechos pre-electorales, como de aquellos que nacen con el proceso electoral y, también, las penas correlativas a las infracciones criminales y administrativas, concernientes a la materia electoral”2. La autora argentina María G. Pedicone de Valls, lo define como “el conjunto de normas reguladoras de la titularidad y del ejercicio del derecho al sufragio, ^activo y pasivo; de la organización de la elección; del sistema electoral; de las instituciones y los organismos que tienen a su cargo el

2 FERREIRA D A COSTA, ELCIAS. Direito Electoral, 2a edición, Editora Forense, Río de Janeiro, pág. 1, 1994.

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desarrollo del proceso electoral, y del control de la regularidad de ese proceso y la veracidad de sus resultados”3. Por su parte, el autor español Manuel Aragón Reyes, lo define como “conjunto de normas reguladoras de la titularidad y ejercicio del derecho de sufragio, activo y pasivo, de la organización de la elección, del sistema electoral, de las instituciones y organismos que tienen a su cargo el desarrollo del proceso electoral y del control de la regularidad de ese proceso y la confiabilidad de sus resultados”4. ' El autor brasileño Fávila Ribeiro, expresa: “El Derecho Electoral se dedica al estudio de las normas y procedimientos que organizan y disciplinan el funcionamiento del poder del sufragio popular, de modo que se establezca la precisa ecu ación en tre la volu n tad del pueblo y la a ctividad gubernamental”5. El autor brasileño Marcos Ramayana ofrece un concepto descriptivo del Derecho Electoral en los términos siguientes: “El Derecho Electoral es un conjunto de normas jurídicas que regulan el proceso de inscripción, filiación partidaria, Convenciones partidarias, registro de candidaturas, propaganda política electoral, votación, escrutinio, proclamación de los electos, presentación de cuentas de campañas electorales y declaración de los electos, como la forma de acceso a los mandatos electivos a través del sistema electoral”6. Conforme con las definiciones señaladas, los elementos que describen esta rama del Derecho son los siguientes: a. E s u n a ram a d el D erech o P ú blico . Conforme con las

3 PEDICO NE D E VALLS, MARÍA G. Derecho Electoral, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, pág. 95, 2001. 4 ARAGÓN REYES, M ANUEL. Tratado de Derecho Electoral de América Latina, Fondo de C ultura Económica, México, pág. 104, 1998. 5 RIBEIRO, FAVILA. Direito Electoral, 3a edición, Editora Forense, Río de Janeiro, pág. 12, 1988. ; 6 RAMAYANA MARCOS, Direito Eleitoral, 4a edición, Editora ímpetus, Niteroi, RJ, 2005, pág. 24.

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definiciones citadas, existe coincidencia en la ubicación del Derecho Electoral dentro de la categoría de Derecho Público. El Derecho Publico, en definición del autor Carlos Ari Sundfeld “es la regulación jurídica del poder político, esto es, las normas jurídicas que disciplinan su organización y su ejercicio, en las relaciones con quien sufre el poder y con los otros Estados”7. La inclusión del Derecho Electoral como rama del Derecho Público se justifica por dos razones: 1) Es la disciplina jurídica que regula la modalidad de acceso al poder político de carácter representativo, y 2) Porque regula el ejercicio del poder por parte del dueño originario del mismo que es el pueblo. Es decir, el Derecho Electoral es parte del Derecho Público porque en primer lugar, sus disposiciones tienen la finalidad de regular el proceso de acceso a las funciones estatales que se integran por medio de las elecciones y en segundo lugar, porque su normativa se vincula al poder público ejercido por el dueño originario del mismo, el ciudadano, para la transferencia de dicho poder a sus representantes o para la toma de decisiones fundamentales en el ejercicio del poder originario. Por consiguiente, la normativa electoral, al regular el ejercicio del Poder Público ejercido por los dueños originarios del mismo y el acceso al poder político, justifica su inclusión dentro del Derecho Público. El autor mexicano José de Jesús Covarrubias Dueñas, sostiene que el Derecho Electoral es parte del Derecho Público porque “las normas del Derecho Electoral tienen como finalidad la regulación de las relaciones del poder, la participación democrática de la ciudadanía y la protección de los valores y principios democráticos que se establecen dentro de la Constitución de la República Mexicana...”8. 7ARI SUNDFELD , CARLOS. Fundamentos de Direito Público, Malheiros Editora, Sao Paulo, pág. 28,1998. 8 C OVARRUBIAS D U EÑAS, J O SÉ D E JESÚS. Derecho Constitucional Electoral, Segunda Edición, Editorial Porrúa, México, pág. 112, 2002.

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b. Integrado por un conjunto de principios y normas. El Derecho se integra con principios jurídicos y normas jurídicas. Los principios, conforme con la clásica definición de Celso Antonio Bandeira de Mello son “mandato nuclear de un sistema, verdadera base de él, disposición fundamental que se irradia sobre diferentes normas conformando su espíritu y sirviendo de base para exaltar comprensión e inteligencia, exactamente por definir la lógica y la racionalidad del sistema normativo, es la que le confiere la tónica y le da sentido "armónico”91 . 0 Conforme con los criterios utilizados por el autor citado, se puede señalar que los principios son los valores más relevantes del orden jurídico que sirve de base al sistema normativo que habrá de inspirarse en estos valores para conformar un sistema coherente y racional. Las funciones de los principios dentro del sistema normativo son las siguientes: 1) Es informadora del sistema normativo, 2) normativa, y 3) interpretativa. Es informadora porque los principios sirven de fuente de inspiración y orientación para el legislador quien debe concretizarlos en las normas jurídicas. Tiene una función normativa porque actúa como fuente supletoria para llenar las lagunas legales y tiene una función interpretativa porque los principios se constituyen en fuente de interpretación en el momento de la aplicación concreta de las normas jurídicas. Los principios informadores del Derecho Electoral se conforman con los principios fundamentales de la Constitución que orientan la formación del Estado como los principios dem ocrático, el repu blicano; los p rin cip ios generales como la igualdad en el proceso electoral, el principio de la proporcionalidad en la integración de los órganos colegiados,

9 BANDEIRA D E MELLO, CELSO ANTONIO. Elementos de Direito Administrativo, 10a edición, Malheiros Editora, Sao Paulo, pág. 230, 1986.

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el principio mayoritario simple en la integración de los órganos unipersonales, el principio de la independencia del órgano electoral; los principios específicos de la imparcialidad del órgano electoral y el principio favorable a la participación en caso de duda. Las normas ju rídicas “son disposiciones que tutelan situaciones objetivas de ventajas o de vínculos, o sea, reconocen, por un lado, a personas o entidades las facultades de realizar ciertos intereses por actos propios o exigiendo acción o abstención a otros, y, por otro lado, vincular a personas y entidades a obligaciones de someterse a las exigencias de realizar una prestación, acción o abstención a favor de otros”10. La normativa jurídica que conforma el Derecho Electoral se integra con las disposiciones constitucionales, con especialidad, la que establecen los derechos electorales y la forma de elección de las autoridades de los órganos constitucionales; la Ley que establece el Código Electoral, la Organización de la Justicia Electoral, las normas internas de los partidos, y movimientos políticos, entre otros. c. Reguladora de la participación de los ciudadanos en la formación de las autoridades electivas. La finalidad principal del Derecho Electoral es la de reglar las modalidades de participación ciudadana en la formación de las autoridades públicas electivas. Es decir, esta rama del Derecho tiene como fin reglar las modalidades en las que el dueño originario del Poder, que en una República es el pueblo o cuerpo electoral, transfiere dicho poder a sus representantes dentro del contexto de una democracia representativa y la de su participación en el gobierno de la sociedad a través de los mecanismos de participación directa como el referéndum. d. Reguladora de derechos electorales. El Derecho 1 0 10 D A SILVA, JO SÉ AFONSO. Curso de Direito Constitucional Positivo, 2a edición, Editora Malheiros, Sao Paulo, pág. 95, 1998.

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Electoral regula los derechos ciudadanos vinculados a la participación en la organización del Estado desde las instancias pre-electorales, como el derecho a la formación de partidos y movimientos políticos, el derecho a la inscripción en el padrón electoral, el derecho a la propaganda política y electoral, el derecho de inscribirse como candidato, entre otros. Los derechos durante el acto electoral, como el derecho al sufragio, el de fiscalizar el acto electoral y el escrutinio de los votos, el derecho a impugnar los actos electorales, entre otros. Los derechos post-electorales, tales como impugnación de los actos realizados durante el acto electoral, entre otros. e. Las sanciones por las infracciones cometidas en el proceso electoral. En este sentido, el Código Electoral paraguayo, tipifica una serie de delitos y faltas electorales con las sanciones correspondientes, con la finalidad de preservar que la decisión electoral del ciudadano no sea objeto de interferencias.

2. Divisiones del Derecho Electoral Conforme con las dos legislaciones principales que integran el Derecho Electoral Paraguayo, consistente en el Código Electoral y la Ley de Organización de la Justicia Electoral, se puede dividir esta rama del Derecho en los siguientes: a. Derecho Electoral sustantivo o de fondo. El Derecho Electoral sustantivo se halla reglado en la Ley 834/96 que establece el Código Electoral; en la misma se regulan los derechos a la participación ciudadana en la formación de las diferentes autoridades electivas en sus facetas pre-electoral, electoral y post-electoral. b. Derecho Electoral de forma o procedimental. Las reglas del procedimiento electoral se establecen tanto en la Ley 835/96 que establece el Código Electoral y en la Ley 635/95 “Que reglamenta la Justicia Electoral”.

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El Código Electoral contiene normas de carácter procesal relativas al procedimiento de reconocimiento de Partidos (Arts. 21/ 23) y Movimientos políticos (Art. 88), inscripción de electores (Arts. 123/143), tachas y reclamos de inscripciones de electores (Arts. 144/148), actualización y depuración del Registro Electoral (Arts. 149/152), inscripción de candidaturas (Arts. 155/164) y tacha e impugnaciones de candidaturas (Arts. 165/169). En la Ley Nro. 635/95 “Que reglamenta la Justicia Electoral” se regula el proceso ju dicial electoral ante los órganos jurisdiccionales en el ámbito de la Justicia Electoral, como los procedimientos judiciales de trámite común y especial, las garantías del amparo y la inconstitucionalidad, entre otros. Es decir, el Derecho Electoral formal o procesal se integra con procedimientos administrativos que se regula en el Código Electoral y el proceso judicial electoral que se regula en la Ley que reglamenta la Justicia Electoral. c. El Derecho Electoral sancionador. El Código Electoral regula dos tipos de infracciones electorales, que se denominan delitos y faltas, con las sanciones correspondientes a cada uno de los hechos típicos. Esta parte de la normativa electoral que regula las infracciones y las sanciones correspondientes autoriza la división del Derecho Electoral en sancionador. Los delitos electorales se hallan previstos en los Arts. 314 al 330 y las faltas electorales en los Arts. 331 al 337 del Código Electoral de 1996. También el Código Penal (Ley Nro. 1160/97) en el capítulo denominado “Hechos Punibles contra la constitucionalidad del Estado y el Sistema Electoral”, específicamente en los Arts. 275 al 280.

3. Importancia del Derecho Electoral La importancia del Derecho Electoral surge de lafinalidad del mismo consistente en regular jurídicamente la manifestación de la voluntad popular como fuente del poder público en los

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actos de elección de las autoridades representativas o en la toma de decisiones políticas fundamentales. La normativa electoral adquiere singular importancia en una sociedad estatal que se configura como Estado republicano y democrático por las razones siguientes: a. Permite viabilizar el sistema republicano de gobierno al operativizar el ejercicio de la soberanía popular en el ejercicio del poder público. b. Torna efectivo el sistema democrático representativo con la elección de los representantes de los ciudadanos en los cargos públicos para la gestión de sus intereses. c. Efectiviza el pluralismo político en el ejercicio de los cargos públicos representativos con la distribución de los referidos cargos conforme con la preferencia de los electores. d. Permite la participación de los ciudadanos en la gestión pública por medio de sus representantes o en las decisiones políticas fundamentales por medio de las instituciones de la democracia directa. e. Otorga legitimidad a las personas designadas para el ejercicio de los cargos representativos. f. F a cilita la com petencia electora l en igu a ld a d de condiciones por medio de la regulación de la financiación y propaganda electoral. En términos similares, el autor brasileño Pinto Ferreira11, puntualiza el valor del Derecho Electoral en los siguientes aspectos: a. Una buena legislación electoral es útil para el progreso de la sociedad porque asegura una mejor representación popular y evita las distorsiones a la voluntad popular expresada por medio del voto.1 11 FERREIRA, PINTO. Código Electoral Comentado, 3a edición, Editora Saraiva, Sao Paulo, pág. 6, 1991.

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b. Una buena legislación electoral es factor de legitimidad del sistema democrático de gobierno.

4. Objeto y contenido del Derecho Electoral El objeto del Derecho Electoral es reglar las condiciones jurídicas para el ejercicio del derecho a la participación del ciudadano en la formación de las autoridades electivas, sea en carácter activo o pasivo. El contenido del Derecho Electoral, conform e con la definición que se ha propuesto y las disposiciones de la ley reguladora de las elecciones para la provisión de los cargos representativos, se pueden discriminar en los temas siguientes: 1. El sistema electoral. 2. El sufragio. 3. Los sujetos electorales. 4. El proceso electoral. 5. La propaganda electoral. 6. La financiación de las elecciones. 7. La organización y control de las elecciones. 8. Las infracciones electorales. Por su parte, el autor brasileño Fávila Ribeiro12, describe el objeto de la disciplina en los temas siguientes: 1. Distribución del cuerpo electoral. 2. Organizar el sistema electoral. 3. Proveer las técnicas de emisión del voto. 4. Sistema de distribución de los cargos representativos. 5. Reglas sobre adquisición y pérdida de la capacidad política. 12 RIBEIRO, FAVILA. Op. cit., págs. 13/14.

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6. Actividades de los Partidos Políticos. 7. El proceso electoral. 8. Reglas sobre el aparato de control del proceso electoral. , 9. Reglas sobre las sanciones electorales. Los cinco primeros temas referidos por el autor citado constituyen elementos o variables del sistema electoral, por lo que existe coincidencia doctrinaria en cuanto al objeto de esta disciplina jurídica.

5. Evolución del Derecho Electoral La evolución del Derecho Electoral se vincula a la aparición de las primeras elecciones para la integración de las funciones públicas, habida cuenta de que la finalidad esencial de esta ram a del Derecho es regu la r dicha participación eleccionaria. En este sentido, los primeros antecedentes eleccionarios que se conocen en la antigüedad y a los que se puede atribuir las primeras manifestaciones del Derecho Electoral son los “comicios” romanos y las “eclesia” griega. En la edad media la lucha por la vigencia de los derechos políticos de participar en los asuntos públicos fue emprendida por los publicistas como una resistencia contra la tiranía que despertó la conciencia ciudadana de participar en las decisiones políticas de la sociedad. Recién con la conformación de los Estados Modernos y la implantación del constitucionalismo y la adopción de la democracia representativa, se puede sostener la existencia de un Derecho Electoral embrionario.

6. Relaciones del Derecho Electoral con otras disciplinas jurídicas El Derecho es un orden jurídico unitario, pero dentro

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de la unidad del Derecho es posible apreciar una estrecha vinculación de un sector del mismo con otras disciplinas jurídicas. En este sentido, la vinculación más estrecha del Derecho Electoral es con el Derecho Constitucional y el Derecho Administrativo.

6.1. Con el Derecho Constitucional La Constitución vigente, contiene un capítulo destinado a reglar los derechos a la participación ciudadana en los asuntos públicos con la denominación de “Derechos Políticos”. . En el capítulo de referencia se establecen en carácter de derechos fundamentales de los ciudadanos los derechos al sufragio, a la constitución de partidos y movimientos políticos, a la iniciativa popular, entre otros. También regula la Constitución los elementos esenciales del proceso electoral como las características del voto y del escrutinio, así como algunos elementos del sistema electoral como la fórmula distributiva proporcional para los cargos colegiados, los requisitos para el ejercicio de la capacidad electoral activa, los partidos y movimientos políticos como medios para la presentación de las candidaturas para los cargos representativos nacionales, departamentales y municipales. En la parte de organización de los poderes públicos, se regula la Justicia Electoral, en la que se establece su naturaleza, composición y funciones. Este capítulo de la Constitución sirve de base a la regulación de la Justicia Electoral. En esta parte de la Constitución, se regulan algunos elementos del sistema electoral como: 1) la fórmula de mayoría simple para la elección de los cargos unipersonales como Presidente de la República, Vicepresidente y Gobernadores, 2) los requisitos positivos y negativos para el ejercicio de la capacidad electoral pasiva, al consagrar los requisitos para acceder a las candidaturas de los cargos representativos que componen la estructura del Estado y el régimen de las incompatibilidades e inhabilidades.

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6.2. Con el Derecho Administrativo El Derecho Administrativo regula la función administrativa de los órganos públicos y la Justicia Electoral como órgano público regulador del proceso eleccionario cumple dos funciones: la administrativa y la jurisdiccional. El Derecho Electoral se halla integrado por una serie de actos de carácter administrativo realizado por la Justicia Electoral, tales como la inscripción de los ciudadanos para el ejercicio del derecho al sufragio, la inscripción de las candidaturas, la organización del proceso eleccionario como acreditación de integrantes de mesa, de veedores y apoderados de los partidos y movimientos políticos. Todos estos actos se materializan por resoluciones de los órganos administrativos electorales de la Justicia Electoral que tienen carácter administrativo y en tal sentido, gozan de las características propias de los actos administrativos como la presunción de legalidad, ejecutoriedad, ejecutividad e impugnabilidad judicial. Por consiguiente, los principios del Derecho Administrativo sirven de base a los actos administrativos de los órganos electorales por lo que la vinculación entre ambas ramas del Derecho es muy estrecha. Es más, debido a la estrecha vinculación entre los- actos administrativos y actos electorales de órganos administrativos como las Juntas Municipales y Departamentales, surgen a veces confusiones sobre la naturaleza de los actos de designación de los Presidentes o la incorporación de los suplentes ante estos órganos públicos.

6.3. Con el Derecho Procesal Civil La vinculación entre estos sectores del Derecho surge de la circunstancia de que el Código Procesal Civil es la norma supletoria del proceso electoral jurisdiccional, por expresa remisión de la Ley Nro. 635/95, que reglamenta la Justicia Electoral. “

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6.4. Con el Derecho Penal y Procesal Penal E l C ód igo E le c to ra l co n tien e n orm as de c a rá c te r sancionador consistentes en los delitos y faltas electorales, cuya aplicación debe estar inspiradas en los principios generales del Derecho Penal y en los hechos deben concurrir los elementos de la estructura del hecho punible tales como la tipicidad, la antijuridicidad, reprochabilidad y punibilidad de la conducta de los sujetos sometidos a la pretensión punitiva del Estado. El Derecho Procesal Penal aporta al Derecho Electoral sancionador los principios básicos de dicho sector del derecho tales como la presunción de inocencia, la prohibición de la doble persecución penal (Non bis in ídem), la retroactividad de la ley penal y procesal penal más favorable, entre otros.

7. Fuentes del Derecho Electoral 7.1. Concepto Por fuente del Derecho se entiende el lugar de donde brota el Derecho y en este caso, el lugar en donde se originan las normas del Derecho Electoral. Las fuentes del Derecho E lectoral son los modos de producción de las normas jurídicas de relevancia electoral que comprenden tanto las normas constitucionales como legales vinculadas a la participación de los ciudadanos en la formación de las autoridades electivas. En definitiva, la fuente de la que brota el Derecho es el pueblo, quien protagoniza aquellos hechos sociales, económicos y culturales que posibilitan la aprehensión de los mismos por las normas jurídicas elaboradas por los constituyentes y legisladores en representación del pueblo. Es decir, en el concepto enunciado se incluye tanto las fuentes materiales como las fuentes formales que conforman el Derecho Electoral.

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7.2. Clasificación de las fuentes Fuentes materiales. Están conformadas por los hechos sociales, económicos, culturales y políticos protagonizados por el pueblo que son aprehendidos por el Constituyente o el legislador para plasmarlos en una norma jurídica. Las fuentes materiales tienen una dimensión sociológica y no jurídica, en el sentido de que no pueden ser invocadas por los litigantes para la solución de las controversias jurídicas ni pueden ser utilizadas por el juez para fundar una decisión judicial.

Fuentes formales. Son las normas jurídicas de carácter obligatorio que constituyen el derecho positivo electoral de un país y se h alla comprendido por las normativas constitucionales vinculadas al Derecho Electoral, el Código Electoral, la Ley que reglamenta la Justicia Electoral y las normas especiales que se vinculan al proceso electoral, como los Estatutos de los Partidos y Movimientos Políticos y los reglamentos internos de los órganos públicos de carácter electivo. Conforme con lo expuesto, es posible establecer una clasificación de las fuentes formales del Derecho Electoral, conforme con la jerarquía de las normas jurídicas que integran esta rama del Derecho.

Fuentes formales generales. La clasificación en fuentes formales generales surge del criterio de que estas disposiciones son aplicables en otras ramas del Derecho. Las fuentes formales generales son las siguientes: a. La normativa constitucional, con especialidad en lo referente a los principios fundam entales vinculados al proceso eleccionario, los derechos políticos y la que regula la organización de la Justicia Electoral. b. El Código Electoral que regula el Derecho Electoral sustantivo, en cuanto confiere los derechos a la participación ciudadana en la formación de las autoridades electivas.

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También estas disposiciones son aplicables alas organizaciones intermedias en sus procesos electorales. c. La Ley 635/95 que reglamenta la Justicia Electoral. Esta disposición normativa regula la organización de la jurisdicción electoral y los distintos procesos judiciales en el ámbito electoral. Es también de aplicación a las organizaciones intermedias.

Fuentes formales especiales. La adjudicación del carácter de fuentes formales especiales a las normativas que provienen de los sujetos electorales surge del criterio de que estas normativas sólo son aplicables en el ámbito electoral. Estas normas electorales son: a. Los Estatutos de los Partidos Políticos. Estas normas son de aplicación en los procedim ientos de selección y proclamación internas de los candidatos, exclusión de los mismos e imposición de sanciones a los afiliados ente otros. También corresponde integrar como fuentes formales especiales a los Estatutos de las organizaciones intermedias. El propio Código Electoral se remite a las disposiciones ^estatutarias de los partidos políticos para llenar las vacancias producidas en las candidaturas luego de su oficialización pero antes de las elecciones. En este sentido, el Art. 160 del Código Electoral dispone: “En el caso de renuncia, inhabilidad o muerte de un candidato a cargo unipersonal luego de su oficialización, pero antes de las elecciones respectivas, se estará a las disposiciones de los estatutos de los partidos políticos y los acuerdos de las alianzas...”. b. Los reglam en tos de los p a rtid os y m ovim ientos políticos. Éstas son normas internas dictadas por los sujetos electorales conforme con las fuentes generales y los Estatutos de los Partidos. Tam bién se incluyen los reglam entos internos de las organizaciones interm edias y los de los órganos administrativos de carácter electivo. Ej. Juntas Departamentales y Municipales. c. Las resoluciones. Son las normas dictadas por los órganos normativos de los partidos y movimientos políticos

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de carácter particular. Ejemplos: resoluciones dictadas por las Convenciones, Asambleas e incluso de los órganos que integran la estructura de los sujetos electorales como: Tribunal Electoral, Tribunal de conducta, entre otros. d. Los acuerdos que instrumentan las alianzas políticas. Los acuerdos entre partidos políticos que instrumentan las alianzas electorales constituyen fuentes especiales del Derecho Electoral porque en dichos acuerdos se debe reglar la distribución de la ubicación de los candidatos en la lista de la alianza, la forma en que se debe llenar las vacancias que se producen luego de la oficialización de las candidaturas pero antes de las elecciones y la forma de cubrir las vacancias durante el ejercicio de los cargos. e. El acuerdo que instrumenta la concertación electoral. El acuerdo que instrumenta una concertación electoral., conforme con las disposiciones de la Ley Nro. 3212/07, constituye una fuente especial del Derecho Electoral porque con dicho instrumento se debe establecer situaciones jurídicas que vinculan a las partes que conforman la concertación electoral tales como: determinación de los titulares del derecho al sufragio activo y pasivo para las candidaturas internas de la concertación; el mecanismo de elaboración y contenido del padrón electoral a ser utilizado; la composición y designación del Tribunal Electoral Interno; el método de elección de las candidaturas a cargos unipersonales y pluripersonales y el mecanismo de sustitución eri caso de vacancia y el régimen económico de la concertación a los efectos de la distribución del aporte estatal y el subsidio electoral.

Fuentes informativas. Las fuentes inform ativas del Derecho Electoral están constituidas por la doctrina y la jurisprudencia electoral. La atribución del carácter informativo a la doctrina y la jurisprudencia surge del hecho de que las mismas pueden servir de fuente de información para sustentar una decisión judicial, pero carecen de la fuerza obligatoria como las fuentes formales.

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La Jurisprudencia. Es la forma en que los tribunales de justicia resuelven, en forma constante, determinados conflictos sometidos ante los órganos judiciales. En este sentido, las decisiones judiciales dictadas por la Corte Suprema de Justicia, que tiene competencia para entender sobre la constitucionalidad de las decisiones de la Justicia Electoral se constituye en una fuente importante para el Derecho Electoral. Es más, cuando la Corte Suprema de Justicia declara la inconstitucionalidad de una norma electoral se debe considerar como fuente formal del Derecho Electoral por imperio del Art. 137 de la Constitución. También, las decisiones de los órganos de la Justicia Electoral, sean ellos el Superior Tribunal de Justicia Electoral, los Tribunales Electorales y los Juzgados constituyen fuentes informativas de trascendencia para el Derecho Electoral.

La Doctrina. Son los estudios de notoriedad académicas, efectuados por especialistas en la materia, que no tienen carácter vincu lante, pero ayudan para in terpretar las normativas de carácter electoral. En el Paraguay, existen trabajos de comentarios al Código Electoral que pueden servir de fuentes de información para la interpretación de la normativa electoral. Comentarios al Código Electoral: 1) Dr. Justo José Prieto: El Estatuto Electoral Cuestionado (Ley 886/86) publicado en Asunción por la Editorial Histórica; y el Código Electoral de 1990, publicado por la Editorial El Lector; 2) Miguel Ángel Pangrazio, comentarios al Código Electoral (Ley 834/94), Editorial El Lector, 1998; 3) Expedito Rojas Benítez, Comentarios sobre el Código Electoral (Ley 1/90), Editorial El Foro, Asunción, 1990; 4) Gustavo Bécker; El Sistema Electoral Paraguayo. Bases Constitucionales y Legales, Konrad Adenauer, Serie Estado de Derecho, Nro. 1, 1996; 5) Bernardino Cano Radil, Comentarios al Código Electoral (Ley 834/96), Editorial El Foro. Sistemas Electorales. El texto titulado Sistemas Electorales

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del Dr. Miguel Ángel Pangrazio, Intercontinental Editora, Asunción, 2003. Organizaciones intermedias. La tesis doctoral del Dr. Rafael Dendía, publicada por la Editorial Intercontinental en el 2002. Justicia Electoral. El libro Justicia Electoral Paraguaya, del Dr. Alejandro Herrera Duarte, Fundación Hans Seidel, UNA, Asunción, 1994. Derecho Procesal Electoral. El libro de Eduardo Giménez Rabito, con el título Pequeño Manual Elemental de Derecho Procesal Electoral, Biblioteca Jurídica, Asunción, 1997. También se debe mencionar como fuente doctrinaria importante las tesis doctorales sobre la materia, tales como: 1) Financiamiento de los Partidos Políticos presentada por Alberto Ramírez Zambonini en la UNA en el año 2000; 2) Autonomía del Derecho Electoral por Nery Villalba en la UNA en 2005; 3) Derecho Electoral Paraguayo. Necesidad de su reforma por Víctor Encina Silva en la Universidad Nacional de Pilar en el año 2006. En el Brasil, el Derecho Electoral tiene un desarrollo doctrinario importante con obras de varios autores y entre las cuales se pueden citar las siguientes: 1) Favila Ribeiro, Direito Eleitoral, 3a edición, Editora Forense, Río de Janeiro, 1988; 2) Elcias Férreira Da Costa, Direito Eleitoral, 2a edición, Editora Forense, Río de Janeiro, 1994; 3) Joel J. Cándido, Direito Eleitoral Brasileño, 11a edición, Edipro, Sao Paulo, 2004; Inelegibilidades no Direito Brasileiro, 2a edición, Edipro, Sao Paulo, 2003; 4) Pinto Ferreira, Código Eleitoral Comentado, 3a edición, Editora Saraiva, Sao Paulo, 1991; 5) Vera María Nunes Michels, Direito Eleitoral, 2a edición, Editora Livraria do Advogado, Porto Alegre, 2002; 6) Djalma Pinto, Direito Eleitoral, Editora Atlas S.A., Sao Paulo, 2003; 7) Denise Goulart S. Sobierajski, Financiamento de Campanhas Eleitorais, Jurua Editora, Curitiba, 2002; 8) Lauro Barreto, Manual de Propaganda Eleitoral, Edipro, Sao Paulo, 2000. En la Argentina, se pueden citar las obras siguientes: 1)

28___________________M anuel D ejesús R amírez Candía María G. Pedieone de Valls, Derecho Electoral, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2001; 2) Daniel Gattas, La distorsión Política de las Elecciones, Editorial Universidad de Córdoba, 2003; 3) Claudio A. Schifer - Ricardo Porto, La Difusión Política en los Medios de Comunicación, Editorial Abaco, Buenos Aires, 2003; 4) Alejandro Tullio, Financiamiento de los Partidos Políticos, Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Facultad de Derecho, 2002 y Crear un Partido Político, Derecho y Sociedad Ediciones, Buenos Aires, 2002.

8. Autonomía del Derecho Electoral Para afirm ar el carácter autónomo de una ram a del Derecho, en este caso, del Derecho Electoral, éste debe reunir los presupuestos siguientes: 1) un objeto propio, diferenciado de las demás ramas del Derecho; 2) un cauce legislativo propio que se conoce como autonomía legislativa; 3) elaboración doctrinal propia; 4) la conveniencia práctica de una enseñanza separada de las materias que integran su contenido e incluso 5) la existencia de una jurisdicción propia. Los presupuestos referidos, son los que la doctrina enseña como: Autonomía científica, legislativa, didáctica y jurisdiccional, que se ha de analizar para determinar o afirmar el carácter autónomo del Derecho Electoral.

8.1. Autonomía Científica Una ram a o sector del orden jurídico tiene autonomía científica cuando la materia que integra su contenido es susceptible de una sistematización orgánica que ofrezca la posibilidad de un estudio homogéneo. En otros términos, la autonomía científica de un sector del Derecho supone los siguientes: unidad de la materia que integra su contenido, sistema, doctrina y especialidad. El Derecho Electoral reúne las características necesarias para sostener su autonomía científica porque: 1) posee un

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contenido unitario, que gira en torno a la participación del pueblo en la formación de las autoridades electivas y los derechos y sanciones emergentes de dicha participación; 2) Posee un conjunto de principios informadores que le son propios que surgen de los principios democrático y republicano que orientan la participación del pueblo en el gobierno de la sociedad; 3) El contenido de la materia puede ser ordenado en forma sistemática partiendo desde el sistema electoral y los derechos de los sujetos electorales en las diferentes fases del proceso electoral; 4) Posee un conjunto de doctrina que es propia del Derecho Electoral. En nuestro país, la doctrina electoral se halla asentada en numerosos trabajos de especialistas en Derecho Público quienes realizan una labor de análisis del Código Electoral y 5) Tiene una especialidad jurisdiccional constituida por la Justicia Electoral que es un órgano del Poder Judicial con funciones de naturaleza administrativa y judicial. Por consiguiente, es posible afirmar la autonomía científica del Derecho Electoral dentro del orden jurídico paraguayo.

8.2. Autonomía Jurídica o Legislativa El Derecho Electoral posee autonmomía jurídica porque la materia detenta principios jurídicos propios y especialización legislativa. En relación a los principios jurídicos propios se pueden señalar, además de los principios fundam entales de la democracia y la república, las referidas al principio de mayoría, proporcionalidad que son propios del sistema electoral, el principio pro-participación como criterio de interpretación de las normas electorales y la imparcialidad de los órganos electorales. La especialización legislativa del Derecho Electoral surge con dos cuerpos normativos: 1) El Código Electoral que se constituye en el conjunto de normas reguladora de la participación ciudadana en la formación de las autoridades electivas y en tal sentido, conforma, el derecho de fondo en

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el ámbito electoral y 2) La ley que reglamenta la Justicia Electoral que regula el proceso jurisdiccional en el ámbito electoral.

8.3. Autonomía Jurisdiccional Los conflictos electorales son sometidos a un órgano especializado y que por la trascendencia de su función contralor del proceso de formación de la voluntad popular se sitúa como un órgano judicial especializado con características propias. Los conflictos electorales son competencia de la Justicia Electoral que se organiza en todo el territorio nacional y en cuya cúspide se encuentra el Superior Tribunal de Justicia Electoral, los Tribunales y Juzgados en las distintas circunscripciones judiciales del país.

8.4. Autonomía Didáctica Las distintas ramas del Derecho adquieren la autonomía didáctica cuando por su extensión teórico-práctica y su codificación de fondo y form a ju stifica una enseñanza especializada. En este sentido, el Derecho Electoral cumple con los dos requisitos señalados que justifica su autonomía didáctica. La autonom ía didáctica del Derecho Electoral se va imponiendo en las diferentes Facultades del Derecho de nuestro país que lo incorpora como cátedra de grado. En este sentido, se puede mencionar la incorporación de la materia de Derecho Electoral como seminario de grado en la Católica de Villarrica por un breve tiempo; la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Pilar, en 1996, lo incorpora como materia de grado del 3o curso de la carrera de Derecho que se desarrolla desde el año lectivo de 1997 en base a un programa de estudio que contiene 29 lecciones, a cargo del Profesor Nery Villalba que en el momento ejercía la función de miembro del Tribunal Electoral de Ñeembucú. La Universidad del Norte, es la pionera en el reconocimiento de la autonomía didáctica del Derecho Electoral porque ha

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incorporado la materia como cátedra de grado en la Facultad de Derecho desde hace bastante tiempo. En la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, en la reforma curricular del 2005, incorpora la materia como cátedra de grado del 3o curso.

9. Los Principios del Derecho Electoral Los principios informadores del Derecho Electoral se pueden 'clasificar, siguiendo el criterio del autor brasileño José Roberto Barroso en: Principios fundamentales, generales y especiales. También se hará referencia a los principios informadores del Derecho Electoral señalados por el autor mexicano José de Jesús Covarrubias Dueñas.

9.1. Principios fundamentales Los principios fundamentales, constituyen los fundamentos de la estructura del Estado paraguayo. Son las decisiones ideológicas de los Constituyentes en que se basa la organización del Estado. Los principios fundamentales vinculados al Derecho Electoral son los siguientes:

9.1.1. El principio republicano La República es un modelo de organización del gobierno de un Estado que parte de la base de que el mismo pertenece al pueblo, pues etimológicamente significa “cosa de todos o del pueblo”, lo que supone que el Estado pertenece al pueblo que lo organiza. La República como modelo de organización del gobierno de un Estado nace como oposición a la forma monárquica de gobierno. En la monarquía la forma de acceso al poder es por el sistema de progenitura mientras que en un gobierno republicano por medio de la voluntad popular. De la acepción etim ológica señ alada derivan varios presupuestos de un gobierno republicano que se vincula en

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form a directa con el Derecho Electoral como: la soberanía popular que im plica que el pueblo es el dueño originario del poder público. La soberanía popular supone la existencia de las elecciones como medio por el cual el dueño originario del poder público designa a las personas quienes habrán de ejercer el poder a su nombre o decide directamente en los asuntos públicos. En la doctrina brasileña, el autor Armando Antonio Sobreño Neto, incorpora como uno de los principios fundamentales del Derecho Electoral a la soberanía popular porque “del pueblo deriva toda la fuente del poder político, a través del cual se m anifiesta la soberanía, ejercida directamente o según el régimen representativo, donde se eligen a los representantes mediante proceso electivo”13. La república también supone la temporalidad del ejercicio del poder, que requiere la existencia de elecciones periódicas como un medio de rendición de cuentas de las autoridades ante el dueño de la cosa pública. Es decir, en el principio republicano se encuentra la base del Derecho Electoral que regula jurídicam ente las elecciones como m edio para la designación de las autoridades que representan al pueblo en el ejercicio del poder político.

9.1.2. El principio democrático La democracia que etimológicamente significa “gobierno del pueblo”, implica una modalidad en que el pueblo ejerce el gobierno de la sociedad en que vive. Él podrá ejercer el gobierno en form a directa, modalidad de ejercicio del poder que en la actualidad resulta impracticable o por medio de sus representantes. En ambos supuestos resulta ineludible que las decisiones del pueblo sean tomadas por medio de las elecciones.

13 SOBREIRO NETO, ARM ANDO ANTONIO. Direito Eleitoral, 3a Editora, págs. 24/25. 2006.

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La im posibilidad del ejercicio directo por el pueblo del gobierno ha hecho surgir la democracia representativa o el ejercicio del poder por medio de los representantes del pueblo elegidos por medio de las elecciones. Las personas, quienes han obtenido las preferencias de la mayoría del pueblo, ejercerán las funciones de representación popular dentro del respeto a las personas que integran la sociedad política, que hacen surgir ciertos valores del sistema democrático de gobierno que son: el respeto a los derechos de las personas, el pluralismo, la libertad y la tolerancia. La democracia como form a de gobierno, se constituye en uno de los fundamentos del Derecho Electoral, porque dicha form a de gobierno supone la selección de ciertas personas que ejercerán la representación del pueblo en el ejercicio de la función pública por medio de las elecciones, cuya regulación jurídica es el objeto principal del Derecho Electoral. También, vinculado a la dem ocracia, el autor brasileño Arm ando Antonio Sobreiro Neto14, señala el principio de pluralism o político como principio del Derecho Electoral porque una sociedad basada en la dem ocracia exige la existencia de diferentes sectores de intereses y de ideas, entre los cuales el ciudadano en ejercicio de la soberanía pueda optar.

9.2. Los principios generales Son los principios que integran todo el ordenam iento jurídico y son los siguientes:

9.2.1. Principio de la igualdad Es un principio del orden ju rídico general que im plica la interdicción de todo tipo de discrim inación arbitraria o irracional. Este principio se proyecta en varios aspectos del Derecho Electoral, tales como:

14 SOBREIRO NETO, ARM ANDO ANTONIO. Op. cit., pág. 25.

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a. Igualdad en la competencia electoral, la cual supone establecer reglas jurídicas para facilitar la efectiva competencia entre los sujetos del proceso electoral. La igualdad en la com petencia electoral, en nuestra norm ativa electoral se proyecta en los siguientes aspectos: - Igualdad en el acceso de los m edios de com unicación privada. Para el efecto la normativa electoral, prohibe que los medios de comunicación privados establezcan tarifas discrim inatorias a los partidos políticos para la difusión de las candidaturas y propuestas de gobierno. -

Igu aldad en el acceso a los m edios de com unicación estatal.

- Igualdad en el control de los actos electorales por medio de los representantes de las candidaturas. - Igualdad financiera para la competencia electoral, para el efecto se establece el subsidio electoral para que los partidos, movimientos políticos o alianzas electorales puedan hacer frente a los gastos de las campañas electorales. b. Igualdad en el ejercicio del sufragio. Tiene la finalidad de im pedir las discriminaciones arbitrarias de los electores para el ejercicio de sus derechos al sufragio activo y pasivo. c. Igualdad en el acceso a los cargos públicos, que se vin cu la con la interdicción de la discrim inación para el ejercicio de la capacidad electoral pasiva de los ciudadanos, salvo los requisitos que la normativa constitucional y electoral establezca con criterios racionales.

9.2.2. Principio de legalidad El Derecho Electoral es una rama del Derecho Público, circunstancia por la que los sujetos del proceso electoral, los actos electorales que se realizan dentro del marco de dicho proceso deben adecuarse estrictamente al principio de la legalidad. Es decir, las actuaciones realizadas dentro del marco del proceso electoral deben estar enmarcadas dentro dé la Ley.

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9.2.3. Principio de independencia del órgano judicial electoral La independencia institucional y personal de los miembros que componen los órganos ju diciales constituyen uno de los principios generales del Poder Judicial. La garantía de la Independencia del órgano ju d icia l electoral reviste de singular im portancia por la función de dirim ir los conflictos relacionados a la conformación de los poderes públicos más importantes por el origen representativo de los mismos.

9.3.

Principios especiales

Son los principios propios del Derecho Electoral y son los siguientes:

9.3.1. Principio favorable a la participación electoral Es una regla de interpretación de las normativas electorales e implica que en caso de plantearse dudas en la interpretación de las normas electorales, los órganos judiciales deben acoger la solución que sea más favorable a la participación en el proceso electoral. Este principio especial del orden jurídico electoral, se halla consagrado en el Art. 4, del Código Electoral al disponer “En caso de duda en la interpretación de este Código se estará siempre a lo que sea favorable a la validez del voto, a la vigencia del régimen democrático representativo, participativo y pluralista, en que está inspirado y a asegurar la auténtica expresión de la voluntad popular...”

9.3.2. Principio de imparcialidad de los órganos electorales Este principio, que se conoce tam bién en el ám bito electoral, como principio de neutralidad, es una directiva a los órganos del Estado encargado de la Adm inistración Electoral y los órganos judiciales electorales, para que su actuación sea encuadrada dentro de la objetividad y sin favoritism o hacia ninguno de los sujetos que intervienen en el proceso electoral.

36____________________M an u el D ejesús R amírez C an d ía ______________________ El principio de la imparcialidad, se halla establecido en el Art. 5 del C.E. al señalar que “La im parcialidad de todos los organismos del Estado es la norma de conducta a la cual debe ceñirse rigurosamente todas las personas encargadas de cum plir cu alquier función dentro de los organism os electorales”.

9.3.3. Principio de proporcionalidad Es la fórm ula de distribución de los cargos en los órganos colegiados de representación popular. Esta fórmula distributiva se halla establecida en el Art. 118 de la Constitución, que adopta el sistema de representación proporcional, sin adherirse a un sistema distributivo determinado. El Código Electoral, se adhiere a la fórmula distributiva ideada por el matemático Víctor D’Hondt, conforme con lo dispuesto en el Art. 258.

9.3.4. Principio mayoritario El principio mayoritario es otra fórm ula de distribución de los cargos. El principio m ayoritario puede ser absoluto o simple; el absoluto requiere para la adjudicación del cargo la obtención de la mitad más uno de la preferencia de los electores y el simple requiere solamente haber obtenido más votos que el inmediato competidor. El sistema de distribución por el principio de la mayoría sim ple es el adoptado por la Constitución Nacional para acceder al cargo de Presidente de la República y Vicepresidente de la República y también para los demás cargos unipersonales conforme con la normativa electoral.

9.3.5. Principio de anualidad El principio de anualidad establecida en la Constitución del Brasil im plica que las normas del proceso electoral no puede ser objeto dé modificación dentro del año antes del acto electoral. Tiene la finalidad de evitar las modificaciones de las reglas electorales para determinado acto comicial o para ajustar a los intereses sectoriales. Por su parte, el autor mexicano José de Jesús Covarrubias

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Dueñas15, señala que los principios específicos del Derecho Electoral son los siguientes: Constitucionalidad, Legalidad, C e rteza , O b jetivid a d , Im p a rc ia lid a d , In d ep en d en cia , Autonomía, Probidad, Eficacia, Profesionalismo, Especialidad, Capacidad, Competencia, economía y eficiencia. A través de estos principios se tratan de proteger los siguientes valores democrático-políticos electorales: - La soberanía nacional. Entendiendo a la democracia como expresión de la soberanía popular. -

La form a de gobierno consagrada en la Constitución.

-

La libre participación política y el sufragio universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible.

-

El plu ralism o p olítico, condiciones de equ idad para la c o m p e te n c ia e le c to r a l y u n s is te m a e le c to ra l representativo.

- La seguridad jurídica.

15 COVARRUBIAS D U E ÑA S, JO SÉ D E J ESÚ S. Op. cit., págs. 120/121.

CAPÍTULO II SISTEMA ELECTORAL El sistem a electoral es el conjunto de elem entos que configuran el proceso de selección de las personas titulares de los cargos de representación popular por medio de la decisión individual del elector. El sistem a electoral se estructura en base a una serie de elementos o variables para la producción de los mandatos representativos de la voluntad popular. En la doctrina especializada no existe acuerdo sobre los elementos esenciales que componen el sistema electoral. En este sentido, el autor italiano Antonio A. Martino se refiere a tres elementos esenciales del sistema, el autor brasileño Luis Virgilio Afonso Da Silva analiza seis elementos, el autor alemán Dieter Nohlen cuatro elementos y los españoles Vallés y Agusti, siete elementos componentes del sistema electoral. Por otra parte, en la tipología de los sistemas electorales es usual la confusión del sistema con uno de los elementos componentes que es la fórmula de distribución y en tal sentido se señala en la literatura electoral de la existencia de sistema electoral mayoritario y proporcional. En el presente capítulo se desarrollan como elementos o variables componentes del sistem a electoral: la capacidad electoral, la circunscripción electoral, la forma de candidatura, el procedimiento de votación, las fórmulas electorales, órganos de control y la barrera electoral.

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Las variables del sistema electoral tienen incidencia en el proceso electoral y por consiguiente, con fuerte impacto sobre la calidad de la democracia representativa resultante de su configuración. La variable capacidad electoral activa tendrá incidencia sobre la cantidad de electores con derecho a participar con los requisitos de edad, residencia en el país y otros. La capacidad electoral pasiva ejercerá influencia en la igualdad de la competencia eléctoral con la exclusión de personas que pueden romper con facilitad la igualdad de la competencia electoral como ocurre con la reelección de los titulares de los Poderes Ejecutivos. La circunscripción electoral es un elemento del sistema electoral que ejerce influencia importante sobre la representación de la preferencia electoral porque la cantidad de cargos proveídos en las circunscripciones electorales incide en forma directa en fórmula proporcional. Es decir cuando mayor es la cantidad de cargos que se elige en cada circunscripción electoral mayor es la posibilidad electoral de las minorías, con lo cual se asegura el pluralism o en la representación popular. . Las variables forma de candidatura y votación inciden en la libertad de opción que tiene el elector entre las candidaturas ofertadas, pues una candidatura personal ofrece m ayor libertad de opción que la candidatura de lista. También la votación con papeletas fraccionadas por cargos ofrece mayor libertad al elector que una sola papeleta de votación. Las fórmulas electorales constituyen elementos nucleares de los sistemas electorales porque, en primer lugar, definen quienes acceden a los cargos de repfesentación popular en virtud de la traducción de las preferencias de los electores en los cargos representativos y en segundo lugar, determinad el grado de utilidad de los votos de los electores para el otorgamiento de los mandatos representativos. La v a ria b le órgan o de c o n tro l re s u lta de sin gu la r im portancia para que la preferencia de los electores no sean

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falseadas durante el desarrollo del proceso electoral y se constituye en un elem ento relevante para la legitim idad de los electos. La barrera electoral es un elemento que tiene la finalidad de evitar la fragm entación de los órganos colegiados de representación popular. Todos estos elem entos del sistem a electoral ejercerán influencia sobre la calidad de la democracia representativa en la medida que favorezca un mayor grado de libertad, de participación y una mayor utilidad del voto de los dueños originarios del poder público.

1. Concepto Es el conjunto de mecanismos institucionales establecidos por la ley para adjudicar los cargos electivos de representación popular. “Es un procedim iento adoptado para escoger funcionarios o rep resen tan tes de una organ ización . En e l sistem a dem ocrático, e l sistem a elec to ra l es el procedim ien to mediante el cual elige el pueblo a sus representantes ante los órganos de gobierno. Depende, pues, de estos sistemas que la voluntad popular sea expresada y reflejada con mayor o menor fidelidad”16. Para el autor brasileño Elcias Ferreira Da Costa, “el sistema electoral es el conjunto de mecanismos de elección de gobernantes y de representantes del cuerpo electoral” y agrega que se puede “incluir la noción de modo de sufragio (directo o indirecto), la extensión del sufragio (universal o restrictivo) y la form a de constitución de los cargos electivos (principio maypritario y principio proporcional)”17. 16DEMIZAKY PEREDO, PABLO. Derecho Constitucional, 3a edición, Editorial Serrano, C ochabam ba - Bolivia, pág. 317, 1996. 17 FERREIRA D A COSTA, ELCIA. Direito Electoral, 2a Edición, Editora Forense, Río de Janeiro, pág. 127, 1994.

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El autor chileno Humberto Nogueira Alcalá expresa que “Hay un consenso básico en considerar que los sistemas electorales son las técnicas que permiten que el elector determine con su voto las personas revestidas de autoridad representativa que asumirán las funciones de gobierno o administración dentro de cada sistema político, sobre la base de votos válidamente em itidos sobre los candidatos presentados por partidos políticos o agrupaciones de ciudadanos”18. María G. Pedicone de Valls, lo define como “el conjunto de reglas, medios y procedimientos mediante los cuales, en virtud del voto ciudadano, la voluntad del pueblo se transforma en órgano de gobierno o de representación política”19. E l au tor argen tin o D an iel G attás expresa que “Los sistemas electorales son instrumentos mediante los cuales las democracias representativas transforman las manifestaciones electorales de los sufragantes en poder político institucional de quienes son elegidos, ya que traducen los votos obtenidos en bancas”20. Por consiguiente las notas que describen al sistema electoral son las siguientes: a. Es un mecanismo, procedimiento o técnica establecida en la Ley. b. Para que el ciudadano ejerza su derecho a elegir por medio del voto. c. A las autoridades de represen tación popu lar Estado.

del

2. Elementos de la estructura del sistema electoral El sistema electoral se halla integrado por los elementos 18 V E R D U G O , MARIO; PFEFFER, EMILIO Y N O G U E IR A ALCALÁ, HUM BERTO. Derecho Constitucional, Tomo I, 2a edición, Editorial Jurídica de Chile, pág. 161, 1997. 19 PEDICO NE D E VALLS. MARÍA G. Op. cit., pág. 105. !0 GATTAS, DANIEL. La Distorsión Políticas de las Elecciones, Editorial de la Universidad Católica de Córdoba, Córdoba, pág. 17, 2003.

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siguientes: delim itación de la capacidad electoral activa y pasiva, demarcación territorial o circunscripción electoral, las formas de las candidaturas, el método de adjudicación de los cargos electivos, el procedimiento de votación, el órgano de administración y control de las elecciones. A los efectos didácticos se puede señalar que los elementos que integran la estructura del sistema electoral se orientan a responder a las siguientes preguntas: ¿quiénes tienen capacidad para ser elector y ser elegido?, ¿dónde elegimos?, ¿a quiénes elegimos?, ¿cómo adjudicamos los cargos?, ¿cómo elegimos? y ¿quién administra y controla las elecciones?

2.1. Capacidad electoral El primer elemento del sistema electoral es la definición de las personas con capacidad para elegir (capacidad activa) y quiénes son las personas que pueden ser elegidas o presentarse como candidatos (capacidad electoral pasiva).

2.1.1. Los electores La capacidad electoral activa se adquiere cuando concurren en una determinada persona ciertos requisitos establecidos eñ la Constitución y en las leyes electorales, estas personas quienes cumplen los requisitos jurídicos integran el cuerpo electoral. En estas personas reside la capacidad de activar la soberanía popular, eligiendo a sus representantes o manifestando su voluntad en las consultas políticas por medio de mecanismos como consulta popular o referendos. Los requisitos de la capacidad electoral activa básicos, conforme con la mayoría de las legislaciones son: la ciudadanía, la edad, la inscripción en el Registro Electoral y la plenitud de los derechos civiles y políticos.

La ciudadanía. Es el vínculo jurídico establecido entre la persona y el Estado que le otorga el derecho a participar en los asuntos públicos de la ciudad o sociedad política estatal. Las normas jurídicas exigen el cumplimiento de determinados requisitos para el acceso a la ciudadanía, como en el caso de

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la Constitución paraguaya, que considera ciudadanos a: 1) Toda persona de nacionalidad paraguaya natural, desde los dieciocho anos de edad, y 2) Toda persona de nacionalidad paraguaya por naturalización, después de dos años de haberla obtenido (Art. 152 C.N.). La edad. El requ isito de la edad consta en todos los ordenamientos electorales. “Se establece una mayoría de edad electoral, como condición necesaria -aunque no suficientepara ejercitar el derecho al sufragio. La mayoría de edad electoral no suele coincidir con la mayoría de edad civil o penal. Los argumentos que justificaban esta separación encubrían posiciones ideológicas conservadoras, tendientes a reducir en lo posible el cuerpo electoral. En las legislaciones europeas, hasta la segunda guerra mundial, se establecía la edad de 25 años para la mayoría de edad electoral y las legislaciones progresistas han rebajado esta edad hasta hacerla coincidir con la mayoría civil. Algunas legislaciones tam bién establecían d iferen cia de la m ayoría electoral entre hombres y mujeres, por considerar que las mujeres accedían a la madurez política más tarde que los hombres. En la actualidad, la mayoría de las legislaciones establecen la mayoría electoral en 18 años sin distinción de géneros y en caso excepcional, la mayoría electoral se ha reducido a la edad de 16 años”21. La determinación de la edad electoral para el acceso a la calidad de elector tiene incidencia sobre la participación popular en la elección de las autoridades representativas porque tiene el efecto de restringir o ampliar el cuerpo electoral. La plen itu d de derechos civiles y políticos. Con esta exigencia, “se entiende que no puede intervenir en el proceso electoral aquel que ha visto negada su aptitud para participar en las relaciones sociales y económicas.

21 VALLES. JO SE P M „ págs. 42-43.

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En primer lugar, figuran en este grupo de excluidos los incapacitados y sometidos a tutela por razones de disminución m ental. Su falta de discernim iento -com probada con la necesaria garantía- les excluye de la actividad política, de manera semejante a la exclusión que padece en otros ámbitos sociales y económicos. En segundo lugar, se excluyen aquí los condenados a determinadas penas, los declarados quebrados y en algunos países, los defraudadores del fisco. La existencia de estás exclusiones se fundamenta en razones político-moral, que las 'convierte en “causa de indignidad”22. En la historia del proceso electoral se han presentado otros requ isitos para el acceso a la capacidad electoral activa, tales como: el género, la condición económ ica, el estatuto profesional, el nivel de instrucción o la pertenencia a determinadas confesiones religiosas, condiciones éstas que en la actualidad han desaparecido. También, en la actualidad, se han establecido otros requisitos para el acceso a la capacidad electoral activa como la inscripción en el Registro Electoral, que tiene la finalidad de comprobar el cumplimientos de los requisitos legales para el ejercicio de la capacidad electoral y la posesión del documento de identidad para otorgar confiabilidad al proceso electoral. En el orden jurídico paraguayo, la Constitución de 1992 establece tres requisitos para el acceso a la capácidad electoral activa que son: la ciudadanía, la edad y la residencia en el territorio nacional. El requisito de la residencia en el territorio nacional como condición para adquirir la capacidad electoral activa que establece la Constitución de 1992 constituye una modalidad de disminuir el electorado nacional al excluir a los miles de paraguayos residentes en el extranjero. Este requisito no tiene otra justificación que la decisión del sector mayoritario de la Convención de 1992 de excluir a los paraguayos residentes en el exterior por miedo al “voto castigo”. 22 VALLES. J O S E P M „ pág. 43.

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La normativa electoral amplía los requisitos señalados en los siguientes: inscripción en el registro electoral, no hallarse incurso en las causales de impedimento y la posesión de la cédula de identidad.

2.1.2. Los elegibles La capacidad electoral pasiva o la posibilidad de presentar una candidatura electoral depende de una situación jurídica definida por la elegibilidad y de los requisitos de presentación que figu ran en las norm as legales. Pero tam bién tiene dependencia de las condiciones sociopolíticas y económicas: apoyo partidario, capacidad de financiación, acceso a los medios de comunicación, etc. Las condiciones jurídicas exigidas a las personas para el acceso a la capacidad electoral pasiva, se pueden sintetizar en los siguientes puntos:

La ciudadanía. Este requisito puede variar conforme con el carácter de la nacionalidad originaria o por naturalización. En el Paraguay, los nacionales lo adquieren desde los 18 años y los paraguayos por naturalización, después de dos años de haberlo adquirido. La edad. Es el requisito adicional más frecuente. Para ser elegible, se suele exigir una edad superior a la exigida para acceder al derecho al voto. Esta exigencia puede variar conforme con el tipo de puesto electivo, fijándose generalmente edades más elevadas cuanto mayor es la responsabilidad para el cargo a proveer. Así para las candidaturas a cargos locales se establecen edades de elegibilidad menor qué los cargos presidenciales y parlamentarios. La condición profesional. En las legislaciones se suele establecer requisitos adicionales respecto a la actividad profesional de determinadas personas al declarar inelegible, a determinados profesionales que mantienen una especial relación con las instituciones públicas, sea porque forma parte de la propia Administración -magistrados, militares, policías, determinados funcionarios- y fuera de ella, a las personas que tienen relaciones contractuales con la Administración por

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medio de concesiones o subvenciones públicas. El fundamento es la suposición de que tales vinculaciones pueden impedir el desempeño imparcial de las funciones políticas atribuidas al cargo a elegir. La normativa constitucional paraguaya excluye la elegi­ bilidad de los propietarios de los medios de comunicación, los miembros de las fuerzas públicas en servicios activos, los no residentes en el territorio nacional, entre otros.

La condena penal. Algunos delitos conllevan como pena •accesoria la inelegibilidad, aunque no la privación del derecho al sufragio. Así, sucede, por ejemplo, en las condenas por determinados delitos electorales. 2.2. La circunscripción electoral o demarcación territorial Es el espacio o unidad dentro del cual se tom an en cuenta los votos emitidos para la adjudicación de los cargos electivos. La circunscripción electoral puede ser delimitada en base al territorio del Estado o en base a ciertas condiciones determinadas por la ley, tales como los nacionales residentes en el extranjero, los indígenas, entre otros. Se denomina distrito o circunscripción electoral “al conjunto de electores -gen eralm en te, agrupados sobre una base territorial-, a partir de cuyo voto se procede a la distribución entre los candidatos contendientes de los escaños que constituyen el órgano a elegir”23.

2.2.1. Base de delimitación de las circunscripciones electorales Las form as de delim itación de las circunscripciones o distritos electorales son esencialmente dos: 1) el territorio y 2) el espacio artificial o no territorial.

23 V A LL E S. J O S E P M. Y B O S C H . A G U S T I, Sistem as E lectorales y Gobierno Representativo, Editorial Ariel S.A., Barcelona, págs. 42-43, 1997.

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Base territorial Cuando se toma como base para la delimitación del grupo de electores cuyos votos determinan los cargos a ser proveídos el territorio del Estado, en la mayoría de los casos, utilizando la delimitación geográfica de dicho territorio estatal. Para la d elim ita ció n d el d is trito e le c to ra l sobre la base territorial se adoptan dos criterios: 1) La adopción de dem arcaciones territoriales preexistentes para otras funciones como los departamentos, municipios, comarcas, condados, etc., y 2) La creación de demarcaciones electorales específicas. Este segundo procedimiento configura distritos electorales específicos, diferentes de los existentes para las actividades administrativas u otras. En este caso, se procede a la delimitación de fronteras para cada uno de los distritos electorales en que se ha decidido dividir el territorio.

Base no territorial Cuando se delim ita un conjunto de electores con derecho a elegir, sin que su vínculo común sea el de la residencia en una misma área territorial. Por ejemplo, la legislación electoral portuguesa de 1974, que establece una representación parlamentaria específica para los emigrantes residentes en el extranjero, a los que corresponde elegir un determinado número de Diputados. Este sistema también se aplica en las elecciones legislativas italiana a partir del año 2005. Del mismo modo, la normativa electoral de Nueva Zelanda prevé la existencia de distritos personales -n o territoriales- a partir de los cuales se elige la representación de los habitantes aborígenes de raza naorí.

2.2.2. Elementos que inciden en la Circunscripción Electoral En la delim itación de la circunscripción electoral inciden los supuestos de: tamaño, el número de cargos a proveer en cada una de ellas y la form a de división de la Circunscripción Electoral.

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En relación al tamaño de la circunscripción electoral que puede ser considerado pequeño, m ediano o grande, existen dos criterios para configurar el tamaño. El criterio de Dieter Nohlen24, es la cantidad de cargos a proveer en una circunscripción electoral y el otro criterio es la extensión de la base territorial. En relación a los cargos a proveer en las circunscripciones electorales, uno de los criterios que define la cantidad de cargos a elegir es el número de electores residentes en la circunscripción. El elem ento de cantidad de cargos a proveer en una circu n scripción electoral, que se conoce tam bién como m agnitud electoral, es de singular im portancia para la efectividad de la representación de los diferentes sectores políticos existentes en la sociedad, porque cuando mayor es la cantidad de cargos elegidos dentro de un colegio electoral es mayor la posibilidad de representación de las minorías. Esta relación entre la cantidad de cargos por circunscripción y la representación de las minorías se puede verificar en el caso paraguayo con la representación alcanzada por los_ partidos políticos en las elecciones de la Cámara de Diputados en 2003, donde en Capital con 9 escaños y Departamento Central con 19 escaños, accedieron a la representación 5 partidos políticos mientras que en el resto de las circunscripciones 2 o 3 partidos. Por otra parte, la cantidad de cargos por circunscripción p u ed e d a r lu g a r a dos tip o s de c irc u n s c rip c io n e s : uninom inales y plurinom inales. Es decir, circunscripciones electorales en las que se eligen un solo cargo representativo y donde se eligen una determ inada cantidad de cargos. Esta determ inación de elegir uno o varios cargos dentro de la circunscripción será determ inante para la operatividad del

24 N O H LEN, DIETER. Sistemas Electorales del Mundo, Centro de Estudios C on s­ titucionales, M adrid, pág. 56, 1998.

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sistem a proporcional y la legitim idad popular de los elegidos para los cargos. Las circunscripciones que proveen un solo cargo se vincula a la fórm ula mayoritaria que favorece a los partidos políticos m ayoritarios y las pluripersonales pueden u tilizarse las fórmulas de mayoría o proporcionalidad, en donde este último sistema de distribución de los cargos es favorable a los sectores minoritarios en la medida en que aumente la cantidad de cargos a proveer en las circunscripciones. En relación a la forma de división de las circunscripciones existen dos criterios: 1) la división administrativa del territorio y 2) la división con criterio político. La división de la circunscripción o colegio electoral en base a la división adm inistrativa del territorio es la form a más objetiva de la división electoral, pero este criterio de división puede presentar el problem a de desequilibrio de representación entre las circunscripciones conocida en la literatu ra electoral como “m alapportionm ent” . Casos de desequilibrio representativo se presenta en Brasil que divide las circunscripciones electorales en form a estadual con número mínimo de 8 y máximo de 70 Diputados por lo que el Estado más poblado como San Pablo con 34.119.110 habitantes tiene derecho a 70 D iputados, el Estado de Roraima, con 247.131, tiene derecho a 8. Esto significa que San Pablo tiene un Diputado para cada 487.416 habitantes y Roraima tiene uno para cada 30.89125. La división asentada en criterio político es de carácter subjetivo, muchas veces, con la finalidad de fragmentar al electorado y sacar ventajas en las elecciones. El ejemplo de la división con criterio político de la división territorial, fúe dispuesta por el gobernador de Massachusetts, E lbridge G erry, en 1912, quien dividió el d istrito para concentrar su voto y dispersar los de sus adversarios. Esta práctica se conoce en Estados Unidos, como genymanderig, en 25 A FO N SO D A SILVA, LU IS VIRGILIO. Sistemas Eleitorais, M alheiros Editores, Sao Paulo, 1999, pág. 160.

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alusión al autor de esta primera división con criterio político de la circunscripción electoral.

2.2.3. Clases de Circunscripciones Electorales La clasificación de las C ircunscripciones Electorales, depende de los diferentes criterios utilizados para determinar dicha clasificación y en tal sentido, se puede sostener las clasificaciones siguientes: a. Conforme con la base de la determinación: Circunscripción electoral de base territorial y de base no territorial. b. Conforme con el criterio del tamaño de la circunscripción electoral, se clasifican en grande, mediano y pequeño. El tamaño de la circunscripción electoral está en función a la cantidad de escaños que se proveen en la misma. c. Conforme con la cantidad de circunscripciones electorales, se clasifican en circunscripción electoral única y pluralidad de distrito. La primera, se da cuando el territorio total del Estado se considera como una circunscripción única y la segunda, cuando se establece varias bases territoriales para la adjudicación de los cargos. En el caso paragu ayo, se establece circu n scripción electoral única para la elección de los cargos de Presidente y Vicepresidente de la República y los miembros de la Cámara de Senadores y pluralidad de circunscripciones para los demás cargos de representación popular.

2.2.4. Cantidad de cargos a elegir por Circunscripción o Prorrateo Electoral La demarcación de las circunscripciones electorales conlleva una decisión sobre el número de cargos a asignar o puestos a proveer en cada una de ellas y sobre el modo de hacerlo. Esta decisión se basa en criterios de población, fijando una relación entre el número de electores -o de habitantes- y cada puesto a proveer. Esta relación es la que permite denominar a esta decisión como prorrateo electoral.

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2.2.4.1. Modalidades del Prorrateo Electoral Los autores Josep M. Vallés y Agustí Bosch, señalan que “Esta asignación de escaños a cada distrito (circunscripción) se desarrolla de acuerdo con dos modelos altem ativós, según se adopte como distrito electoral alguna demarcación previa o según se delimiten distritos específicamente destinados para las elecciones. En el primer modelo - cuando se consideran como distritos electorales las demarcaciones previamente existentes (departamentos, municipios, condados) es necesario determinar posteriormente para cada una de ellas el número de Diputados (Senadores) que ha de corresponderle. Para ello, debe establecerse una determinada relación habitantes (electores) por escaño. En el segundo modelo -cuando se configuran demarcaciones territoriales específicas- es una relación habitantes/electores previam ente fijada por una disposición legal la que obliga la delimitación territorial de distritos específicam ente electorales. Por tanto, cuando se experimentan cambios poblacionales, lo que deberá modificarse son las fronteras del distrito, y no la magnitud o número de escaños de cada uno de ellos”26. La relación electores con número de puestos a proveer puede establecerse con arreglo a tres procedimientos. a. El primer procedimiento es el que fija inicialmente una cantidad de electores por cada puesto electivo. Se divide luego el número de electores de cada circunscripción por la relación elector/ escaño y el resultado se redondea hasta el número entero más próximo. De este modo, el total de escaños varía según varíe el electorado. Ejemplo. Se fija previamente que por cada 5.000 electores se adjudica 1 puesto de Diputado y un departamento tiene un cuerpo electoral de 30.000 electores por lo que habrá de adjudicarle como resultado de la operación 6 Diputados. b. En el segundo procedim iento, el dato de partida es el núm ero total de escaños que compone el parlam ento -u 26 VALLES. JO SE P M. Y BO SC H . AGUSTI, op. cit., págs. 79/80.

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órgano a elegir-. Se divide a continuación el número de electores entre el número total de escaños parlam entarios, con el fin de obten er la “relación electores/ esca ñ os” . Seguidam ente, sfe divide el número de electores de cada distrito por la relación para conocer los escaños o puestos que le corresponden. El resultado podrá redondearse por exceso o por defecto, según se fije las reglas adicionales. A diferencia del prim er procedimiento, los cambios de cantidad de electores llevarán a la variación de la “relación electores/ escaño” pero no del total de escaños en juego. Ejem plo. El núm ero total de escaños que com pone la Cám ara de Diputados es de 80 m iem bros y el número total de electores es de 2.000.000, por lo que dividido el número de escaños con la cantidad de electores, la relación electores/escaño es de 25.000 y en el caso de que una circunscripción electoral tenga 30.000 electores que se divide con la “relación ” de 25.í)00, el núm ero depuesto que se adju dicará a la Circunscripción electoral es de 1,2, por lo que se adjudicará un escaño y el porcen tu al que queda será adju dicado conform e con las reglas establecidas en la Ley. c. Además existe otro sistema, en el cual no todos los escaños se atribuyen con arreglo a criterios de población o electorado. Así sucede cuando el sistema adjudica un número fijo a todos los distritos o circunscripciones sin atender a su electorado.

2.3. La candidatura

.

(

Este elem ento guarda relación con la form a en que se instrumentan las candidaturas para la emisión del voto del elector. Giovanni Sartori afirm a que es “la forma en que se presentan a los votantes los nombres de los candidatos”27que • básicamente se presenta en dos formas: Candidatura Personal y Candidatura de Lista.

27 SARTORI, GIOVANNI. Ingeniería Constitucional Com parada, Fondo de C ultura Económica, México, pág. 22, 2000.

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2.3.1. Formas de candidaturas 2.3.1.1. Candidatura personal En esta form a de presentación de candidatura, el elector emite su preferencia electoral a nombre de una persona que se le presenta para el efecto y los votos se computan, para el reparto de los cargos, a favor del candidato por el cual el votanté ha emitido su voto. En esta modalidad se vota a la persona. Los efectos de la candidatura personal, por una parte, es la im portancia que adqqiere las cualidades personales del candidato, que puede convertirse en factor determinante en la decisión del elector, lo cual exige a los partidos y movimientos políticos a buscar un buen candidato y por otra parte, exige una relación más directa entre el candidato y elector.

2.3.1.2. Candidatura de Lista En esta m odalidad los nom bres de los candidatos se presentan en urna lista y los votos emitidos por los electores se computan a favor del conjunto de personas que integran la lista. En esta hipótesis, no se vota a personas individualizadas sino al conjunto que compone la lista que es presentada por el partido o movimiento político. En la candidatura de listas tienen mayor incidencia los partidos o emblemas partidarios antes que las cualidades o rasgos personales de los candidatos que integran las listas, circunstancia que favorece su integración con los “caballos de Calígula” expresión que “en política tiene el sentido de que cualquiera (incluso un caballo) puede lograr que se lo elija”28. Es una expresión utilizada en alusión al emperador romano Calígula que nombró Senador a su caballo. Las candidaturas de listas, conforme con las opciones que tiene el elector sobre la lista de candidatos, pueden presentar varias formas: 28 SARTORI, GIOVANNI, Op. cit., pág. 30.

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a. Lista Cerrada y Bloqueada. Significa que la lista de candidatos es presentada a los electores en forma completa y jerarquizada sin posibilidad de modificación por parte del elector. En este supuesto, el elector sólo puede votar por la lista, tal como se presenta; no se puede alterar los candidatos presentados ni el orden de ubicación de los mismos. La posibilidad de elección de los ciudadanos se lim ita a las listas presentadas por los partidos y movimientos políticos. b. Lista Cerrada no Bloqueada. En este caso, el elector puede m odificar el orden de ubicación de los candidatos presentados y/o tachar algunos nom bres. Es decir, la lista es cerrada porque el elector no puede introducir en la misma otro nom bre y no es bloqueada porque puede m odificar el orden de ubicación de los candidatos o tachar algunos nombres. c. Lista Abierta. En las candidaturas por lista abierta, el elector puede modificar el orden de ubicación de los candidatos, combinar en una nueva lista a candidatos de distintas listas e inclusive introducir nuevos candidatos en la lista. d. Lista Única. Es cuando el elector tiene una sola lista para votar. En este caso, el elector no tiene otra opción que aceptarla o rechazarla. Esta modalidad no es compatible con el sistema democrático que supone la existencia de varias opciones electorales. e. Lista unipartidista, pluripartidista o de coalición. Se vincula a la m odalidad de presentación de candidaturas por los partidos y movim ientos políticos. Estos órganos de canalización de las candidaturas pueden presentar listas individualm ente o formando alianzas electorales o coalición. Cuando el partido o m ovim iento político se presenta en form a individual se denomina lista unipartidista y cuando los partidos conforman una alianza electoral se denomina pluripartidista. f. Lista en bloque. Cuando la boleta de votación incluye a candidatos para ocupar distintos cargos. Ejemplo: Presidente, Senadores y Diputados, Gobernadores e Intendentes, etc. En

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la modalidad de lista en bloque, todas estas candidaturas se incluyen en una sola boleta de votación cuando la provisión para estos cargos representativos se realizan en form a simultánea. g. Listas nacionales, departamentales y municipales. Según el ámbito territorial que cubren las listas de candidatos. Ejemplo: Elección de Convencionales Constituyentes, se elige de una lista nacional un determinado número y una lista por departamentos, en la que se elige una cantidad determinada conform e con el caudal electoral de cada Departam ento; Elección de miembros del Congreso Nacional, Senadores por lista nacional y Diputados por lista departamental.

2.3.2. Presentación de candidaturas Las modalidades de presentación de candidaturas dependen de la legislación electoral de cada país. Existen básicamente dos modalidades: 1) las candidaturas presentadas por los partidos políticos y 2) las presentadas en forma independiente de los partidos políticos. En la modalidad de presentación de candidaturas de partidos o movimientos políticos, im plica conceder a los partidos y movimientos políticos el monopolio para la presentación de candidaturas con lo cual estos órganos se constituyen en los únicos canales de articulación de las candidaturas para los cargos electivos. En las candidaturas partidarias, el ejercicio del sufragio pasivo por parte del ciudadano exige, en algunos casos, la afiliación partidaria o el respaldo del partido con la inclusión dentro de sus listas de ciudadanos no afiliados a la entidad partidaria. En las candidaturas independientes se permite que los ciudadanos puedan presentar candidaturas con las exigencias de reunir el respaldo de una cantidad de electores. Ejemplo de esta modalidad se encuentra en la legislación electoral de Colombia que habilita la presentación de candidaturas a partidos políticos, movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos; También en Perú y Venezuela.

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En el orden jurídico paraguayo se admite lá presentación de candidatura por medio de los partidos políticos y las candidaturas independientes con la exigencia de ciertas condiciones para su inscripción.

2.3.3. Elección de candidaturas dentro de los órganos habilitados para la presentación de candidaturas Las modalidades de elección interna de las candidaturas son esencialmente dos y una tercera modalidad conocida como “Ley de Lemas” con particularidades que serán explicadas en 'el presente capítulo. a. Elección Cerrada. En este tipo de elecciones internas de selección de los candidatos de los órganos habilitados para presentar candidatos sólo participan los afiliados al partido político u órgano habilitado para presentar candidatos. b. Elección Abierta. Elecciones internas en la que pueden participar ciudadanos no afiliados al partido. c. Ley de Lemas. Es un procedim iento de votación y escrutinio que permite al elector votar en forma simultánea por un partido político denominado lema y dentro de él, por un grupo de candidatos que se agrupan en un sub-lema. El procedimiento de votación conocida como Ley de Lemas se caracteriza por el hecho de que el votante realiza en forma simultánea una doble manifestación: 1) de adhesión a un partido político y 2) dentro de éste au n candidato o una lista de candidatos. Es decir, en este procedimiento se evíta las elecciones internas dentro de los partidos políticos y organizaciones habilitados para la presentación de candidatos. Procedimiento de adjudicación de cargos en la Ley de Lemas. El procedimiento de adjudicación de los cargos dentro de esta modalidad son los siguientes: r -

Se acumulan los votos de todos los sub-lemas y listas que se hallan bajo un mismo lema paya determinar cual es el Lema ganador.

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Dentro del Lema, en caso de cargo unipersonal se adjudica al candidato del sub-lema más votado. En la provisión de órganos pluripersonales, los cargos se cubren por la fórmula mayoritaria o proporcional, conforme con las disposiciones legales vigentes. Ejemplo uilizado por Pedicone de Valls29:

Se presentan tres lem as identificados como Partido A, Partido B y Partido C. El primero se agrupa en tres sub-lemas: A - 1, A - 2, A - 3. El segundo se agrupa en cuatro sub-lemas: B - 1, B - 2, B - 3 ,

B - 4 .

El Tercero en dos sub-lemas: C - 1 y C - 2. Las elecciones producen el resultado siguiente: Lema A: Sub-lema A - 1

100 votos

Sub-lema A - 2

11O jotos

Sub-lema A - 3

20 votos

Total de votos obtenidos por el lema A = 230 votos Lema B: Sub-lema B - 1

120 votos

Sub-lema B - 2

5 votos

Sub-lema B - 3

10 votos

Sub-lema B - 4

10 votos

Total de votos obtenidos por el lema B = 145 votos Lema C: Sub-lema C - 1

125 votos

Sub-lema C - 2

10 votos

29 PEDICONE DE VALLS, MARÍA G„ Op. cit. págs. 112-113.

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Total de votos obtenidos por el lema C = 135 votos Conforme con la fórm ula de adjudicación de cargos en la ley de lema aplicada por largo tiempo en el Uruguay y en la Provincia de Santa Fe en Argentina, y en el supuesto de disputarse un cargo unipersonal, el ganador será el Lema A que obtuvo 230 votos y el titular del cargo será el sub-lema que obtuvo mayor cantidad de votos dentro del lema A, que en el ejemplo es el sub-lema A - 2, con 110 votos. De esta forma, el ganador con derecho a acceder al cargo unipersonal es un candidato que obtuvo individualm ente menor cantidad de votos que otras candidaturas como el del sub-lema B - 1, que obtuvo 120 votos y el sub-lema C - 1, que obtuvo 125 votos.

Críticas a la Ley de Lemas. De acuerdo con María G. Pedicone de Valls30, las críticas a la Ley de Lemas se puede sintetizar en los aspectos siguientes: -

Permite el acceso de candidato con menos respaldo popular que otros.

-

Facilita en la práctica la atomización de los partidos, aunque haya nacido con el objeto de aglutinar corrientes de opinión dentro de los partidos.

-

La finalidad de que este procedimiento podía desarticular el poder de las cúpulas partidarias que impiden el desarrollo de las corrientes internas, en los hechos ha demostrado que los enfrentamientos internos no desaparecen.

-

Desnaturaliza la voluntad del elector, al perm itir que su voto sea acumulado a favor del candidato que él desechó.

-

Las plataformas de los partidos de desdibujan para dar cabida a las más diversas corrientes ideológicas, en el afán de sumar votos para el lema.

-

La consolidación de los sublemas impiden la reunificación

30PEDICONE DE VALLS, MARÍA G. Op. cit., pág. 114.

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de los partidos e incide en la pérdida de identidad ideológica y de objetivos. - La oferta electoral se centra en los sublemas y el resultado electoral se define por los votos obtenidos por los lemas. - Produce una gran dispersión de votos por la multiplicación de candidaturas y de esta manera, los elegidos cuentan con bajo nivel de adhesión del electorado, lo cual perjudica la legitim idad de su mandato.

2.4. Reglas o fórmulas de adjudicación de los cargos Los votos emitidos por los ciudadanos deben ser traducidos en cargos, lo cual exige el recuento y una regla o fórmula de asignación de los cargos conform e con el resultado electoral. Las reglas o fórmulas de asignación de los cargos se clasifican fundamentalmente en dos tipos: mayoritarios y proporcionales. La fórmula electoral es “el procedimiento de cálculo que convierte las preferencias expresadas por los electores en una distribución de escaños entre los diversos candidatos o candidaturas contendientes en el distrito correspondiente”31. Conform e apuntan los autores citados, los resultados electorales nos ofrecen una agregación de preferencias de los ciudadanos expresadas en votos. Corresponde a la fórm ula electoral procesar estas preferencias individuales y convertirlas en una decisión colectiva que adjudica los escaños en disputa a una parte de los candidatos. Se deduce por lo mismo la importancia de este elemento, que merece particular consideración en las legislaciones electorales. La trascendencia que se le atribuye se revela en el hecho significativo de que ha sido la fórm ula electoral el factor que ha permitido adjetivar a los diferentes sistemas electorales, recibiendo la denominación de “mayoritario” o “proporcionales”, según incluyeran fórmulas de uno u otro tipo. 31 VALLES. JOSEP M. y BOSCH. AGUSTI. Op. cit., pág. 83.

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2.4.1. Tipos de fórmulas electorales Las fórmulas electorales, tradicionalmente, se han ordenado en dos grandes grupos: Las fórm ulas m ayoritarias y las fórmulas distributivas o proporcionales.

2.4.1.1. Las fórmulas mayoritarias Las fórmulas mayoritarias, son históricamente las más antiguas, y resuelven de form a aparentemente sencilla el problem a de traducir votos en distribución de escaños: el candidato o lista de candidatos, que entre todos los ' contendientes, consigue el mayor número de votos resulta ganador y por consiguiente, con el escaño o los escaños a proveer. Las fórmulas mayoritarias aspiran, en último término, a distinguir contundentemente entre ganadores y perdedores. Para ello tienden a reforzar la presencia parlamentaria del grupo que se manifieste electoralmente como más votado, sin consideración para el peso específico que puedan representar -en el conjunto del electorad o- las tendencia o grupos minoritarios. Para las fórmulas llamadas mayoritarias, la decisión sobre la atribución de los cargos corresponde en exclusiva a la mayoría de los electores, sin que sea obstáculo el hecho de que esa mayoría pueda ser muy exigua: basta la diferencia de un voto para ganar o perder.

Tipos de Fórmulas Mayoritarias Pueden presentarse en dos modalidades: Mayoría Simple o Relativa y Mayoría Absoluta. a. Mayoría Simple o Relativa. Es la fórmula en la que gana el candidato que reúne más votos, independientemente del número de votos conseguidos por los demás competidores. No tiene importancia o repercusión el margen de votos que separa al ganador de los perdedores. Sea esta diferencia de un voto o varios miles, los vencidos quedan igualmente apartados de la representación. De esta forma, buena parte

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de los votos es desperdiciado, al no tener ninguna incidencia en la distribución de los escaños. b. Mayoría Absoluta. Es la fórm ula que atribuye como ganador de la competencia electoral al candidato o lista de candidatos que ha obtenido al menos la mitad más uno de los votos emitidos. Este sistema refuerza la necesidad de mayor apoyo electoral para que el candidato o lista de candidaturas obtenga los puestos representativos a proveer.

Modalidades para acceder a la mayoría absoluta. En las legislaciones electorales se establecen dos modalidades para que el candidato pueda acceder a la mayoría absoluta: 1) la segunda vuelta electoral y 2) los sistemas de votación conocidos como “voto preferencial” y “voto alternativo”. El sistem a de segunda vuelta para la obtención de la mayoría absoluta significa que en caso de que ninguno de los candidatos en competencia obtiene la mayoría absoluta en las elecciones, se procederá a una segunda elección, generalmente, con la participación restringida a los candidatos que han obtenido un porcentaje de los votos o simplemente entre los dos candidatos más votados. Los efectos de este sistema, por una parte, incide en el comportamiento de los electores que en la primera elección podrá hacer uso del “voto sincero” votando por el candidato de su partido o signo ideológico y en la segunda vuelta hacer uso del “voto estratégico” votando a otro candidato para decidir sobre la nominación, con lo cual mantiene la utilidad de su voto. Por otra parte, incide sobre los candidatos o dirigentes de los partidos por la necesidad de articular alianzas con los sectores minoritarios con el fin de lograr la mayoría. Es decir, im plica la necesidad de una cultura de la negociación entre los actores políticos antes que la imposición como es posible ocurrir en el sistema de mayoría relativa. Los efectos señalados por el sistem a de segunda vuelta electoral se confirma con las afirmaciones del autor italiano Gianfranco Pasquino quien expresa: “Los objetivos perseguidos y en gran medida conseguidos por un sistem a electoral a

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segunda vuelta, incluso prescindiendo de sus cláusulas, son múltiples: -

Mayor información para los electores y mayor poder, ya que, en la segunda vuelta su voto decide;

-

Mejor información, no solamente sobre la popularidad de sus candidatos, sino también sobre la aceptabilidad de las políticas, para aquellos dirigentes de partidos que efectúan una obra general de coordinación entre los candidatos de sus partidos y los candidatos de los partidos potencialmente aliados /aliables;

- Y, justamente, acuerdos que pueden implicar incluso la esfera de la formación de gobierno”32. Los procedim ientos de votación conocidos como “voto preferencial” y “voto alternativo” también se utilizan para acceder a la mayoría absoluta en una sola votación sin necesidad de recurrir a la segunda vuelta. En estos procedimientos de votación se permite al elector marcar su primera preferencia y también sus segundas y terceras preferencias. Si un candidato obtiene la m ayoría requerida con la prim era preferencia resulta elegido y si no obtuviera ningún candidato la mayoría requerida se elim ina a los otros candidatos -salvo los dos prim eros- en el caso del voto preferencial y los votos de los candidatos eliminados se agregan sucesivamente a uno u otro candidato. En el “voto alternativo” sólo es diferente el procedimiento del escrutinio en donde se elimina en forma sucesiva al candidato ubicado en último lugar hasta que se alcance la mayoría requerida. La fórmula mayoritaria es aplicable tanto a la provisión de cargos unipersonales y pluripersonales. La aplicación de la fórmula mayoritaria a la provisión de los cargos pluripersonales, puede presentar dos variantes: 1) Al ganador se atribuye la totalidad de los cargos en disputa en un determinado colegio electoral y 2) la atribución al ganador de las dos terceras partes de los cargos en disputa. 32 PASQ UIN O , GIA N FR A NC O . Sistemas Políticos Com parados, Prometeo Libros Bononiae Libris, Buenos Aires, pág. 76, 2004.

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2.4.1.2. Las fórmulas distributivas o proporcionales Estas fórmulas responden al criterio de que los escaños o cargos electivos deben distribuirse en función a la cantidad de votos obtenidos por cada candidato. En otros términos, conforme con lo expresado por el autor argentino Alberto Natale, este sistema “consiste en distribuir los cargos a cubrir en forma proporcional a los votos obtenidos por cada partido. Su vigencia se afirma en una idea de justicia política, cual es la de asegurar en los cuerpos colegiados una representación que sea reflejo del cuerpo electoral”33. Los procedim ientos o técnicas de distribu ción de los cargos, en los cuerpos colegiados, conforme con las fórmulas proporcionales, pueden presentarse en las m odalidades siguientes: El sistema de cociente y el sistema divisor, que se expone en base a los autores Vallés y Agusti34. En la hipótesis, de quedar cargos a proveer, luego de practicado en cálculo con los números enteros, las legislaciones ofrecen soluciones a la misma, con fórmulas que reciben la denominación de resto mayor o media mayor.

2.4.1.2.1. El sistema de cociente Consiste en dividir la totalidad de los votos válidos emitidos por la cantidad de cargo a cubrir. El resultado que se obtiene de dicha relación es la cifra repartidora. Luego se dividen los votos obtenidos por cada candidatura, por la cifra repartidora o cociente y el resultado determinará la cantidad de cargos a distribuir a cada candidatura. El sistema de cociente electoral es conocido también como la cuota HARE. Por consiguiente, el procedimiento para la distribución de los puestos obtenidos por las candidaturas, por el sistema de cociente electoral, son los siguientes: a. Se realiza el cálculo correspondiente en función de tres variables que son: 1) la magnitud electoral (M) consistente 33 NATALE, ALBERTO. Derecho Político, 2a edición, Depalm á, Buenos Aires, pág. 12/1998. 34 VALLES, J O S E P M. y B O SC H , AGUSTI, Op. cit., págs. 89-96.

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£

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en el número de puestos a proveer en una determinada circunscripción electoral; 2) votos válidos en la circunscripción electoral (V); y 3) la cuota o número necesario para conseguir un puesto. Ejemplo. Voto válido en la Circunscripción es de 30.000 y el número de puestos es de 6, por lo que realizada la operación de dividir el número de votos por el número de escaños, arroja la cuota o número de votos necesarios para acceder a un puesto, que en este caso, es de 5.000 votos. Cuota = 30,000. = 5.000

6 b. Adjudicación del número de puestos a cada candidatura. En primer lugar, se procede a la división del voto obtenido por candidatura por la cuota electoral. Ejemplo: Voto obtenido por la candidatura A = 8.000, por lo que se divide 3:0QP = 1 ,6 c. Para resolver el resto, en la hipótesis de quedar cargos a proveer, en las legislaciones se ofrecen las siguientes alternativas:

- La fórmula del resto mayor. Conforme con este sistema, el procedimiento de adjudicación de los cargos electivos colegiados se realiza en dos fases: en primer lugar, se distribuye los cargos por los números enteros y el resto se distribuyen a las candidaturas que han obtenido el número decimal mayor hasta completar los cargos a proveer. - La fórmula de la media mayor. En este sistema cada uno de los escaños va siendo atribuido sucesivamente al partido o lista que presenta una media más elevada de votos por escaño. La versión más simple de esta fórmula opera de la siguiente forma: En una primera fase, se establece la cuota o cociente electoral (cuota Haré), dividiendo el total de votos emitidos en el distrito por el número de escaños a elegir (c = v/m). A continuación se procede a una primera atribución de escaños, otorgando a cada partido tantos escaños cuantas veces se contiene la cuota en su total de votos. Si, tras la primera fase, permanecen escaños sin provisión y los partidos conservan votos sobrantes -o no empleados en la primera asignación de

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escaños-, se procede a una segunda distribución. Para ello, los votos de cada partido se dividen por el número de puestos que ya ha conseguido en la primera fase más uno, con el fin de averiguar cuál sería ahora su media de votos por escaño si se le atribuyera el puesto pendiente de provisión. La lista o partido que presenta una media mayor se hace, entonces, con el escaño. Si permanece todavía algún escaño no provisto, se procede de nuevo a obtener la media de cada candidatura o lista, de acuerdo con la operación señalada.

2.4.1.2.1.1. El sistema HARE-NIEMEYER El proceso de cálculo es de la fórmula del resto mayor con cuota Haré. Para obtener la cuota, se multiplica primero el número de votos conseguidos por cada partido por la magnitud (número de escaños del distrito). A continuación, se divide la cantidad resultante de esta multiplicación por el total de votos válidos emitidos en el distrito o circunscripción. La cuota por partido así obtenida nos ofrece el número de escaños que se le asignan, distribuyendo primero los correspondientes a cuotas enteras, y asignando los restantes a los partidos con mayores fracciones de cuotas, equivalentes a los mayores restos.

2.4.1.2.1.2. El sistema HARE-ANDRAE Se trata de una variante de la fórmula distributiva del resto mayor que -debido a su asociación con una determinada modalidad preferencial de voto-, es conocida también como “voto único transferíble”. Los proponentes de este sistema fueron el danés Cari G. Andrae en 1855 y el abogado londinense Thomas Haré en 1857. Como todas las demás fórmulas distributivas, se aplica a circunscripciones plurinominales en las que están en juego varios escaños. El voto, sin embargo, no es de lista, sino personalizado: cada elector vota por su candidato preferido, aunque puede marcar a continuación un orden de preferencias entre los demás aspirantes. El procedimiento consiste en establecer, en primer lugar, la cuota necesaria para obtener el puesto. El recuento de

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67

las primeras preferencias obtenidas por cada uno de los candidatos dirá cuales de entre ellos alcanzan dicha cuota y resultan inmediatamente elegidos. Pero si en esta primera adjudicación siguen vacantes algunos puestos, los sufragios excedentes a favor de candidatos ya elegidos se adjudican a los candidatos que constaban en sus votos como segunda preferencia del elector.

2.4.1.2.1.3. El sistema de HAGENBACH-BISCHOFF Es una de las variantes del sistema de cociente más 'Conocido y lleva el nombre del matemático suizo que la difundió. La asignación de escaños se produce en dos fases. En primer lugar, se obtiene el cociente electoral, dividiendo el total de votos válidos emitidos por el número de escaños en disputa más uno: c = v/m + l . A continuación, el total de votos de cada partido es dividido por el cociente (c), obteniendo así el número de escaños qúe corresponden a cada lista de partido. Pero si, tras esta operación, no quedan asignados todos los escaños, el primero de los escaños pendientes se otorgará a la candidatura que presente el cociente más alto, tras dividir el número de votos obtenidos por el número de escaños que ya le hubieran sido asignado en la primera distribución incrementado en una unidad. Se procede nuevamente de este modo hasta completar la asignación de todos los puestos.

2.4.1.2.2. El sistema del divisor Este procedimiento de distribución de los cargos consiste en dividir los votos conseguidos por cada partido o lista en una serie de números sucesivos; completada esta tarea, cada partido o lista obtiene tantas bancas como veces los votos que han obtenido en la elección contenga el divisor. Las fórmulas o métodos del divisor se presenta en diferentes modalidades y generalmente, reciben el nombre de la persona que ha propuesto dicha fórmula y en tal sentido, se tienen los sistemas: DTlondt, Sainte-Lague y la variante conocida como Imperiali.

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2.4.1.2.2.1. Sistema de D’HONDT Este sistema divisor recibe su nombre del profesor belga Víctor D’Hondt que la propuso y la operación consiste en ordenar de mayor a menor en una columna los votos obtenidos por todas las listas y se divide los votos obtenidos por cada lista por 1, 2, 3, etc. hasta formar tantos cocientes como escaños por repartir existan. El Art. 258 de la Ley 834/96, que establece el Código Electoral Paraguayo, establece este sistema como modalidad para la distribución de los cargos pluripersonales y señala que el sistema D ’Hondt consiste en los siguientes: a) Se ordenan de mayor a menor en una columna las cifras de votos obtenidos, por todas las listas; b) Se divide el número de votos obtenidos por cada candidatura por 1, 2, 3, etc, hasta formar tantos cocientes como escaños por repartir existan, conforme con el siguiente ejemplo: División por

1

2

3

4

LISTA A

168.000

84.000

56.000

42.000

LISTA B

104.000

52.000

34.666

26.000

LISTA C

72.000

36.000

24.000

18.000

LISTA D

64.000

32.000

21.333

16.000

LISTA E

40.000

20.000

13.333

10.000

Los escaños se atribuyen a las candidaturas que hubieren obtenido los cocientes mayores en el cuadro, atendiendo a un orden decreciente. c) Cuando en la relación de cocientes coincidieran dos correspondientes a distintas candidaturas, el escaño se distribuirá a la que mayor número de votos hubiera obtenido, y si subsistiere el empate, se resolverá por sorteo.

2.4.I.2.2.2. Sistema SAINTE-LAGUE En este método los divisores son constituidos por una serie

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de números impares como: 1, 3, 5, 7, etc. De esta manera, al incrementar la diferencia entre divisores, se incrementa también la diferencia entre cocientes y con ello, los partidos mayores ven relativamente disminuida su ventaja, porque el costo de cada nuevo escaño es para ellos progresivamente más elevado.

2.4.I.2.2.3. Sistema IMPERIAL! En sentido opuesto al método Sainte-Lague y con el fin de dar cierta ventaja a los partidos mayores, se establece como ■divisores 2, 3, 4, 5, etc. Al excluir el primer divisor igual a 1, se hace muy difícil obtener el primer escaño a los partidos o candidaturas con menos votos y se aumenta el peso de los partidos mayores. La aplicación comparada de fórmulas distributivas35 que ofrecen los autores Valles y Agusti ilustra que un mismo resultado electoral arroja representación diferente conforme con las fórmulas aplicadas. Se desarrolla a continuación una hipotética aplicación de las fórmulas distributivas a un mismo supuesto, con las características siguientes: -

Magnitud del distrito: 8 escaños

-

Votos emitidos: 408.780

-

Partidos concurrentes: A, B, C, D y E.

Se comprobará que un mismo resultado electoral podría dar lugar a una diferente distribución final de escaños entre partidos, según la fórmula distributiva aplicada. 1. Fórmula de Haré con resto mayor. a)

Cálculo de la cuota (v/m): 408.780 / 8 = 51.098

b) Distribución de escaños según división de votos de cada partido por la cuota y según resto mayor.

35 VALLES, JOSEP y BOSCH, AGUSTI. Op. cit., págs. 96/99. .

70

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Partido

Nro. de votos

Nro. de votos/ cuota

Escaños Escaños cuota entera Resto mayor

Total de escaños

A

227.340

227.340/51.097=4,45

4

0

B

75.600

75.600/51.097= 1,48

1

0

1

4

C

54.000

54.000/51.097= 1,06

1

0

1

D

27.000

27.000/51.097= 0,53

0

1

1

E

24.840

24.840/51.097= 0.49

0

I

1

TOTAL

408.780

6

2

8

2.- Fórmula de Víctor D’Hondt (divisores 1-2-3-4-5-etc.) a) División del número de votos de cada partido por los divisores. b) Atribución de los escaños a los partidos que presentan los cocientes (o medias) mayores hasta proveer los 8 escaños. Los cocientes mayores aparecen en cursiva en el cuadro siguiente. Partido

Nro. de votos

Nro. de Nro. de Nro. de votos/1 votos/2 votos/3

Nro. de Nro. de votos/4 votos/5

Nro. de votos/6

Nro de Escaños votos/7 por Partido

A

227.340

227.340 113.670 75.780

56.835

37.890

32.477

B

75.600

75.600 37.800 25.200

45.468

6 1

C

54.000

54.000 27.000

1

D

27.000

27.000

0

E

24.840

24.840

0

3.- Fórmula Sainte-Lague (divisores : 1-3-5-7-, etc.) a) División del número de votos de cada partido por los divisores. b) Al igual que en la variante D’Hondt, atribución de los escaños a los partidos que presentan los cocientes (o media) mayores hasta proveer los 8 escaños. Los cocientes mayores aparecen en cursiva en el cuadro siguiente.

71

D erecho E i .ectoral

Partido

Nro. de votos

Nro. de votos/1

Nro. de votos/3

Nro. de votos/5

Nro. de votos/7

Nro. de votos/9

A

227.340

227.340

75.780

45.468

32.477

25.260

B

75.600

75.600

25.200

10.800

■ C

54.000

54.000

18.000 9.000

D

27.000

27.000

E

24.840

24.840

Escaños por Partido 4 2 1 1 0

4.- Fórmula Sainte-Lague corregida (divisores: l,4-3-5-7, etc.) a) División del número de votos de cada partido por los divisores. b) Al igual que en la fórmula anterior, atribución de los escaños a los partidos que presentan los cocientes (o medias) mayores hasta proveer los 8 escaños. Los cocientes mayores aparecen en cursiva en el siguiente cuadro. Nro. de votos

Nro. de votos/1,4

Nro. de votos/

Nro. de votos/5

Nro. de votos/7

Nro. de votos/9

Nro. de votos/11

Escaños por Partido

A

227.340

162.385

75.780

45.468

32.477

25.260

20.667

5

B

75.600

54.00

25.200

10.800

C

54.000

38.570

18.000

D

27.000

19.286

0

E

24.840

17.743

0

Partido

2 1

5.- Fórmula Imperiali (divisores: 2-3-4-5-6-7-8, etc.) a) División del número de votos de cada partido por los divisores. b) Al igual que en la fórmula anterior, atribución de los escaños a los partidos que presentan los cocientes (o medias) mayores hasta proveer los 8 escaños. Los cocientes mayores aparecen en cursiva en el siguiente cuadro.

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Nro. de votos/3

Nro. de votos/4

Nro. de votos/5

Nro. de votos/6

Nro. de votos/7

Escaños Nro. de votos/8 por Partido

113.670

75.780

56.835

45.468

37.890

32.477

28.417

37.800

25.200

Nro. de votos

Nro. de votos/2

A

227.340

B

75.600

C

54.000

27.000

0

D

27.000

19.286

0

E

24.840

17.743

0

Partido

7 1

Comparación de la distribución de escaños según las fórmulas aplicadas La aplicación de las diversas fórmulas distributivas puede producir, en un mismo resultado electoral, una diferente distribución de escaños, tal como se revela en el cuadro siguiente. Nro. de Escaño/ Partido

Según Haré Resto mayor

Según D’Hondt

Sainte Lague.

Sainte-Lague corregida

Imperiali

A

4

6

4

5

7

B

1

1

2

2

1

C

1

1

1

1

0

D

1

0

1

0

0

E

1

0

0

0

0

2.4.2. Las ventajas y desventajas de las fórmulas electorales Las fórmúlas electorales mayoritarias y distributivas se fundamentan en objetivos diferentes. La fórmula mayoritaria se fundamenta en el principio de la eficiencia del gobierno en función de la estabilidad que proporciona este sistema y la fórmula distributiva o proporcional se asienta en el principio de la representatividad o de justicia política porque permite que los cargos de representación popular sea equivalente a la voluntad expresada en la urna.

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73

Fórmulas electorales mayoritarias. Los defensores de las fórmulas electorales mayoritarias, conforme con lo señalado por Paulo Bonavides36, ofrecen las ventajas siguientes: Produce gobierno estable. Evita la fragmentación partidaria. Favorece la función democrática, cuando hace emerger con nitidez de las elecciones al partido ganador apto para gobernar por la mayoría parlamentaria obtenida por este sistema. Permite aproximar al elector con el candidato, el elector vota más al candidato por sus cualidades políticas antes que al partido o ideología. Aparta del Parlamento a los grupos de intereses a los que no permite organizarse o institucionalizarse bajo formas partidarias. Coloca al representante en una dependencia mayor al elector que al partido. Los inconvenientes que se atribuyen al sistema mayoritario son los siguientes: Produce gobierno minoritario, en el caso de mayoría simple, porque en este supuesto, puede atribuirse los cargos a candidaturas sin el respaldo del mayor número del electorado, generando la falta de legitimidad política del gobierno. Produce una sobre representación por atribuir todos los cargos electivos en disputa o las dos terceras partes de los mismos, aun cuando la misma no sea reflejo de la voluntad popular. Produce la subrepresentación de las minorías que acceden a un número de cargos menor a la cantidad de votos obtenidos. Genera falta de representatividad del elegido en relación al número total de electores que puede tener una preferencia mayoritaria distinta al electo. 36 B O N A V ID E S, PAULO. Ciencia Política, 10a edición, M alheiros Editores, Sao Paulo, pág. 248, 1998.

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Puede producir la frustración del electorado por la gran cantidad de votos sin eficacia representativa.

Fórmulas electorales distributivas o proporcionales Los efectos positivos que se atribuyen a las fórmulas electorales distributivas o proporcionales radican en los supuestos siguientes: Produce una mayor justicia en la representación de los electores por la eficacia de sus votos, porque dentro del sistema distributivo o proporcional, ningún elector será representado por una persona a quien no le haya votado. Produce la igualdad de la representación a las fuerzas minoritarias de acuerdo a su fuerza cuantitativa. Favorece la formación de partidos políticos con lo cual se aumenta el pluralismo político, tomando más dinámica la vida partidaria y se abre a la circulación de las ideas y opiniones. Permite la adecuada representación de grupos de intereses y facilita un cuadro político más auténtico y más compatible con el pluralismo democrático de las sociedades occidentales de nuestro tiempo. Las c rítica s que se fo rm u la n co n tra las fórm u las distributivas o proporcionales se pueden sintetizar en los supuestos siguientes: Perm ite la fragm en tación excesiva de los partido? políticos. No permite la elección de un gobierno efectivo. Estas críticas, tal como sostiene la autora argentina María G. Pedicone de Valls37, tiene su razón de ser, pero no son del todo correctas, pues la primera -relativa a la fragmentación de partidos- depende, muchas veces, más del sistema de partidos que del mismo sistema electoral y la segunda -vinculada a la gobemabilidad y el gobierno efectivo- tiene su fundamento en 37PEDICONE DE VALLS, MARÍA G. Op. cit., pág. 134.

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que con la representación proporcional casi todos los gobiernos resultan ser de coalición. En este sentido, el interrogante consiste en saber si los gobiernos de coalición pueden ser gobiernos eficientes; la respuesta es que depende: primero, del número de socios de la coalición -una de pocos partidos es más gobernable que una de muchos- y segundo, de la distancia ideológica que separa a los socios, si los partidos están muy polarizados, la coalición es menos gobernable que aquella en la cual no lo están. Es decir, las críticas formuladas al sistema distributivo o proporcional no dependen de la adopción de dicho sistema sino de otras variables que se pueden presentar en las coaliciones.

2.4.3. La fórmula intermedia o mixta Es cuando la fórm ula de distribución de los escaños se realiza por combinación de' las fórmulas mayoritarias y proporcionales. En este sistem a una cantidad de los integrantes de órganos colegiados u órganos pluripersonales se eligen por el sistema mayoritario y el resto por el sistema proporcional. Los sistemas electorales que aplican el sistema mixto, se encuentran en las leyes electorales de Alemania (Ley Electoral Federal del 7 de mayo de 1956), y en México (Código Federal de Instituciones y Procedimiento Electoral dé 1990). En Alemania la mitad de los Diputados del Bundestag se elige en votación directa en 248 distritos electorales en elección personalizada, según las reglas de la elección mayoritaria relativa. Los restantes 248 Diputados a través de listas de land de los partidos (elección de lista/partido), según las reglas de la elección proporcional. El método de distribución proporcional adoptado es el del matemático alemán Niemeyer. Cabe destacar que respecto al sistema electoral alemán existe en la literatura electoral autores importantes que lo ubica dentro del sistema proporcional y no dentro del sistema mixto. En este sentido, cabe apuntar los criterios de

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autores como Gianfranco Pasquino quien sostiene que “Por lo tanto, a pesar de las opiniones más o menos -diría “menos”argumentadas con cierta solidez, el sistema electoral alemán pertenece a la categoría de los sistemas proporcionales, y colocarlo, como lo hacen Shugart, Wattenberg, Scarrow, Klingemann y Wessels (2001) en la variopinta y heterogénea categoría de los sistemas electorales mixtos me parece un grave error”38. También el autor brasileño Luís Virgilio Afonso Da Silva al comentar el sistema electoral alemán señala: “Conocido por ser un sistema electoral mixto, por reunir elementos del sistema mayoritario y de sistemas proporcionales, en el presente trabajo será incluido en la categoría de proporcionales, visto que, con la adopción de la teoría de Dieter Nohlen sobre el principio representativo, no hay cómo hablar de un sistema electoral que sea mixto. El motivo de la inclusión del sistema alemán entre los proporcionales es simple: él se ajusta al principio representativo proporcional, esto es, el resultado del sistema y distribución de mandatos de acuerdo con la fuerza de cada partido...”39. El autor italiano Giovanni Sartori señala que “El sistema alemán (desde 1953) es un acuerdo muy peculiar que suele malinterpretarse. Para el Bundestag (Cámara Baja) se da a los electores dos papeletas: con una eligen, igual que los ingleses, a la mitad de los miembros de la Cámara (en distritos de pluralidad con un solo representante); con la otra eligen a la mitad restante del Bundestag basados en la RP nacional de listas partidarias cerradas. Sin embargo, la distribución general de escaños resulta (para los partidos que pasan la barrera del 5%) completamente proporcional. Sucede así porque la asignación de los escaños parlamentarios federales se calcula exclusivamente según los votos de las listas (los votos obtenidos por los partidos en la segunda papeleta). Los 38 PASQUINO, G IAN FR ANC O . Sistemas Políticos Com parados, Ed. Prometeo Libros - Bononiae Libris, B uenos Aires, pág. 59, 2004. 39 A F O N SO D A SILVA, L U IS VIRGILIO. Op. cit., pág. 81.

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más de los estudiosos consideran que la fórmula alemana consiste en un sistema “mixto” de mayoría y RP. Esto es así, pero a la vez, y de mayor consecuencia, no lo es. No lo es porque la combinación de sus elementos no implica un resultado mixto. Como dije, el resultado es totalmente proporcional... ”40. En México, conforme con el Art. 11 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales de 1990, La Cámara de Diputados se integra por 300 diputados electos •según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 200 Diputados serán electos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas regionales votadas en circunscripciones plürinominales. La Cámara de Senadores se integrará con 128 senadores, de los cuales, en cada Estado y en el Distrito Federal, dos serán electos según el principio de votación mayoritaria relativa y uno será asignado a la primera minoría. Los 32 senadores restantes serán elegidos por el principio de representación proporcional, votado en una sola circunscripción plurinominal nacional. En Venezuela una parte de su Poder Legislativo es elegido por el sistema D’Hondt y dos diputados en cada territorio federal se elige por el sistema de mayoría relativa. Es decir, 199 miembros de la Cámara de Diputados se eligen en 22 Estados y en el Distrito Federal, los cuales se constituyen como circunscripciones plürinominales, por listas bloqueadas y por el método D ’Hondt. Dos diputados se eligen por mayoría relativa en sendos territorios federales.

2.5. Procedimiento de votación Los procedimientos técnicos de votación pueden presentarse de las siguientes formas:

40 SARTORI, GIOVANNI. Op. cit., págs. 31/32.

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1. Voto único. Es cuando el elector emite un voto, sea por un candidato o una lista de candidatos. Este procedimiento de votación implica la existencia de una sola papeleta para emitir el voto y en la que figuran todos los cargos en disputa. 2. Voto múltiple. Es cuando el elector tiene la posibilidad de em itir tantos votos como cargos a elegir haya en la circunscripción electoral en la cual vota. Ejemplo. En las circunscripciones plurales que se dividen en nacional, departamental y municipal, vota por los cargos a proveer en cada una de ellas. El voto múltiple se presenta en las circunscripciones plurales o en las listas cerradas no bloqueadas. 3. Voto limitado o restringido. Es una variante del voto múltiple pero, en este caso, el elector dispone de menor cantidad de votos con relación a los cargos correspondientes a la circunscripción. Ejemplo. En una circunscripción en la que se elige cinco puestos puede emitir votos solo por tres de ellos. 4. Voto por lista o nominales. En el primero, el elector vota por una lista de candidatos que presentan los sujetos habilitados para la presentación de candidaturas y en el segundo, solo puede emitir su voto a favor de un candidato. 5. Voto preferencial. Es cuando la legislación habilita al elector a emitir su voto por una primera preferencia electoral y también si lo desea por una segunda o tercera preferencia. Es decir, se solicita al elector a marcar su primera, segunda o tercera preferencia indicándolo con los números “ 1”, “2” y “3” al lado de los nombres de los candidatos. Este sistema es utilizado en las elecciones presidenciales de Sri Lanka. Este sistema de votación implica que “si un candidato gana una mayoría absoluta de los votos de primera preferencia, es inmediatamente elegido. Si no la obtuviera, se elimina a todos los candidatos salvo a los dos primeros, y los segundos y terceros votos de los candidatos eliminados se agregan sucesivamente a uno u otro de los dos candidatos remanentes,

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de acuerdo al orden de preferencia marcado. Quienquiera que obtuviere el número más elevado de votos al concluir este proceso es declarado electo”41. Este sistema de votación presenta la ventaja de que en una sola votación obtiene el resultado que el sistema de dos vueltas obtiene en dos, con importantes ahorros de costo electoral. 6. Voto acumulativo. El elector tiene la posibilidad de otorgar varios votos a un candidato. Esta posibilidad tiene la finalidad de favorecer a la minoría para la obtención de la representación. 7. Voto alternativo o transferible. Es cuando se habilita al elector, en caso de que su primer candidato no logra alcanzar el número necesario de votos, a señalar a cual elegiría. Es decir, se solicita al elector a votar por un candidato y también marcar una o varias candidaturas alternativas en caso de que su candidato preferido no logra imponerse con la mayoría requerida para acceder al cargo en que generalmente se exige una mayoría absoluta. El procedimiento del escrutinio en este sistema de votación exige un ordenamiento completo de preferencias por parte de los votantes, indicando cada uno de ellos en la boleta su propia primera preferencia, la segunda, la tercera y así sucesivamente. Luego, la alternativa que ha obtenido el menor número de preferencia es eliminada del cómputo, quedando como primera preferencia la que se encontraba en segundo término de esos votantes y de allí en más se sigue con esa metodología hasta alcanzar una mayoría absoluta. El ejemplo que utiliza el autor argentino Daniel Gattas42 permite una mejor comprensión del procedimiento de votación analizado que lo hace en base a 1.000 votos con el siguiente resultado. 41 M an u al p a ra el Diseño de Sistemas Electorales de ID E A Internacional, págs. 111/ 112 .

42 GATTAS, DANIEL. Op. cit., págs. 44/45.

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400

200

250

150

A

B

C

D

B

C

D

C

C

P

B

A

D

A

A

B

En este caso, para cubrir una banca, de un total de 1.000 electores, 400 se inclinan por la alternativa A; pero este número no constituye mayoría absoluta, por lo que comienza a funcionar el mecanismo del “voto alternativo” o “eventual”. Esto implica que la alternativa D queda eliminada, apareciendo un nuevo cómputo: 400

200

250

150

A

B

C

C

B

C

B

A

C

A

A

B

Ahora la candidatura C tiene no sólo las 250 preferencias iniciales, sino que se le han sumado las 150 correspondientes a D que ha quedado eliminada. Esto es así, porque los votantes de D tenían a C como segunda alternativa. De todo modo sigue sin producirse la mayoría absoluta porque las candidaturas A y C tienen 400 votos. Por lo que resulta necesario repetir el procedimiento de eliminar el último ubicado que en este caso es B, por lo que el nuevo cómputo es el siguiente: 400

200

250

150

A

C

C

C

C

A

A

A

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En este cómputo la candidatura C alcanza la mayoría absoluta con 600 votos, de los cuales 250 se obtuvo en primera instancia, 150 votos provenientes de D y 200 proveniente de la candidatura B. Este procedimiento de votación es utilizado para la elección del Presidente de Irlanda en la que se pide al elector indicar al candidato de su preferencia y luego la cantidad de candidaturas alternativas en caso de que su candidato preferido no obtenga la mayoría absoluta y en el escrutinio se elimina al candidato ubicado en el último puesto, y sus votos se transfieren de acuerdo a la siguiente preferencia. Este proceso se repite hasta que un candidato alcanza la mayoría absoluta, o hasta que todas las preferencias han sido contadas. La diferencia entre el voto preferencial y el voto alternativo es que en el primero se eliminan a todos los candidatos salvo los dos primeros y en el procedimiento de voto alternativo se elimina sólo al candidato ubicado en el último puesto; es decir, la diferencia radica en la forma de realización del escrutinio. 8. Panachage. Permite al elector tachar de una lista y sustituirlo por otro. El elector puede dar su voto a candidatos de distintas listas hasta completar el número de cargos a cubrir componiendo su propia lista. Se aplica a los sistemas de listas abiertas. 9. Voto electrónico. Es cuando el voto se emite por medio de un instrumento electrónico o automatizado. La votación por este medio puede presentar varias modalidades, tales como: Las máquinas de tarjetas perforadas, el lector óptico y el registro electrónico directo. El voto denominado electrónico solamente remplaza a las papeletas como medio de emisión del voto del elector cuya configuración en cuanto al procedimiento de votación dependerá de la legislación electoral. Los sistem a s de vo ta c ió n por ta rje ta s p erfo ra d a s requieren que el elector marque su preferencia mediante perforaciones en tarjetas de papel. Estas tarjetas perforadas

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son introducidas en una máquina o en una central para el cómputo de los votos. Los sistemas de lector óptico consisten en boletas impresas que contienen las opciones o preguntas junto a casilleros, en los cuales los electores marcan su preferencia manualmente. Los equipos de registro electrónico directo consisten en terminales de computadoras que permiten a los electores emitir su voto, presionando algún botón o tocando alguna imagen en la pantalla. Las ventajas que se atribuyen a estos sistemas de votación electrónicos, conforme con la autora argentina María Pedicone de Valls43, son los siguientes: Permite ahorrar recursos económicos en el proceso de votación. Incrementar la rapidez y eficiencia de las tareas electorales. Hacer más veloz la obtención de los resultados de la elección. Mejorar la capacidad para identificar y prevenir situaciones de fraude. E levar la p recisió n de los resu lta d os de los actos eleccionarios. Aumentar la confianza pública en el proceso electoral.

2.6. Administración y control electoral “El término administración electoral tiene dos acepciones: la primera relativa a los órganos encargados de la conducción electoral; la segunda atinente a las actividades y procesos necesarios para lograr que las elecciones se lleven a cabo. Por un lado, se trata del orden político e institucional y, pór otro, de cuestiones de gestión y procedimiento rutinizado. En

43PEDICONE DE VALLS, MARÍA G. Op. cit., pág. 119.

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la acepción institucional, la Administración Electoral es el conjunto de órganos en el aparato del Estado responsables de la conducción de las elecciones”44. La estructura institucional encargada de la conducción de las elecciones se integra como elemento del sistema electoral como un instrumento de efectividad del proceso electoral destinado a la provisión de los cargos públicos de representación popular. Es decir, para tornar operante los derechos del pueblo de participar en el proceso de formación de las autoridades de representación popular se requiere del establecimiento de una estructura institucional destinada a organizar y controlar el proceso de elecciones.

2.6.1. Tipología de la Administración Electoral En la mayoría de los países de América Latina, la institución encargada de la administración electoral recibe la denominación de Justicia Electoral, pero estos órganos pueden ser objeto de clasificación conforme con dos criterios: 1) En razón de la distribución de las competencias en materia electoral y 2) en razón de su ubicación institucional dentro de la estructura del Estado.

Tipos de Administración Electoral, en razón de la distribución de competencias electorales, pueden ser: 1. Establecimiento de un solo órgano con competencia en cuestiones administrativas y jurisdiccionales en materia electoral. Ejemplo. La legislación paraguaya que atribuye a la Justicia Electoral competencia en materia administrativa y jurisdiccional. 2. Creación de dos órganos estatales competentes en materia electoral, una con funciones administrativas y otra con competencias jurisdiccionales. 44 LÓ PE Z PINTOR, RAFAEL. Diccionario Electoral, Tomo I, Instituto Interamericano de Derechos Hum anos, 2a edición, pág. 9, 2000.

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3. Atribución de las cuestiones electorales sean adminis­ trativas y jurisdiccionales, a órgano del Poder Judicial. Ejemplo. Legislaciones de Argentina, Brasil y Paraguay.

Tipos de Administración Electoral en razón de su ubicación institucional dentro de la estructura del Estado. 1. Administración Electoral dependiente del Poder Ejecutivo. Ejemplo. Ley 886/81 que rigió en el Paraguay hasta marzo de 1990. 2. Administración Electoral ubicada dentro de la estructura de dos poderes suprem os del E stado. El órgano con competencia administrativa dependiente del Poder Ejecutivo y la jurisdiccional dependiente del Poder Judicial. 3. Administración Electoral dependiente del Poder Judicial, como en el caso de la legislación Brasileña, Argentina, Paraguaya, entre otros. 4. Administración Electoral constituida en órgano extra­ poder, es decir, autónomo sin dependencia jerárquica ni funcional respecto a los poderes supremos del Estado.

2.6.2. Los principios informadores de los órganos de la administración electoral Los principios que deben inspirar la composición y actuación de los órganos encargados de la Administración Electoral, para constituirse en garante de la efectividad del proceso electoral, son los siguientes:

1. Independencia de partidos políticos y del gobierno establecido. El principio de independencia de los órganos de la administración electoral es esencial para asegurar que la voluntad del electorado se traduzca con fidelidad en la cantidad de puestos obtenida por cada candidatura. La independencia de la administración electoral tiene la finalidad de impedir que tanto los partidos políticos o el gobierno puedan ejercer influencias en las autoridades electorales sean en el proceso de design ación de los

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funcionarios o en la aprobación de sus presupuestos y que estas influencias se traduzcan en elementos de distorsión del resultado electoral. La finalidad de asegurar el principio de independencia del órgano encargado de la administración ele ctoral ha llevado que algunas constituciones hayan establ ecido que esté dotado de autonomía funcional, autarquía presupuestaria y de estabilidad de sus funcionarios superiores. El órgano de la administración electoral que carece de estos requisitos institucionales no puede actuar con la indeper idencia necesaria para asegurar la efectividad del proceso elec toral. 2. Imparcialidad respecto al resultad o electoral. El objetivo del órgano encargado del proceso electoral debe consistir en establecer un campo y reglas d^ juego tendiente a asegurar la competencia electoral; brindar la necesaria información a los electores para emitir sufragio informado y otorgar resultados electorales sin interés hacia ningún partido o candidatura. 3. Profesionalismo. La capacidad profesional de los responsables de adm inistrar el proceso electoral es un factor decisivo para el desempeño de estas funciones de alta responsabilidad política. La especialización es necesaria por la magnitud e importancia de las tareas y el tiempo que se requiere para este tipo de actividades. 4. Exactitud y conñabilidad. Estos principios deben ser de estricta observancia respecto al Registro Electoral y el resultado de la elección. Para asegurar la vigencia de estos principios resulta necesario que la administración electoral cuente con soporte magnético para el registro electoral para facilitar una rápida identificación del elector y la actualización de los registros. Para asegurar la confiabilidad de los resultados electorales es importante que el procedimiento de votación sea realizado por medio idóneo para evitar fraudes electorales.

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2.7. Barrera electoral Los autores españoles Vallés y Bosch45 también incluyen como elemento del sistema electoral la barrera electoral que significa que el partido o candidato para participar en la distribución de los escaños representativos deben obtener una cantidad mínima de respaldo electoral. Las legislaciones electorales de algunos Estados establecen la exigencia de que las candidaturas obtengan un determinado porcentaje de respaldo popular para participar de la distribución de los cargos representativos. Esta exigencia legal, conforme apuntan los autores citados, tiene el objetivo de “...evitar un excesivo fraccionamiento en la composición del parlamento o del órgano colegiado que se somete a elección”. La barrera m ínim a establecida en las legislacion es electorales, generalmente, es para acceder a la distribución de los cargos colegiados, por lo que se vincula en mayor medida con las fórmulas distributivas o proporcionales, aunque existen también fórmulas mayoritarias que establecen barreras mínimas.

3. Efectos de los sistemas electorales Existe coincidencia doctrinaria respecto a la influencia que ejercen los sistemas electorales sobre: la representación política, el sistema de partidos políticos, el comportamiento de los electores y sobre las características propias de la sociedad política en que se aplica. Por otra parte, existen autores como los españoles Josep Vallés y Agustí Bosch, quienes sostienen el criterio inverso; es decir, que el sistema electoral es resultado del sistema y cultura política vigente en la sociedad que, por medió de los actores políticos, han estructurado un determinado modelo de sistema electoral. 45VALLÉS, JOSEP M. y BOSCH, AGUSTI. Op. cit. pág. 105.

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3.1. Efectos sobre la representación política El sistema electoral influye sobre la representación política con las diferentes técnicas que componen los elementos del sistema electoral, como las circunscripciones electorales, la forma de presentación de candidaturas, el procedimiento de votación y los modos de distribución de los escaños. A modo de ejemplificar la incidencia del sistema electoral sobre la representación política, podemos tomar la variable de modo de distribución de los cargos representativos y se podrá apreciar que aplicando un sistema mayoritario o proporcional, a una misma cantidad de votos obtenidos por una candidatura o partido, la representación política que se traduce en la distribución de escaños presenta diferencias. 1. La fórmula de mayoría simple o relativa. Es e i sistema de distribución de escaños que produce el mayor índice de desproporción entre la cantidad de votos obtenidos y la cantidad de escaños que se obtiene. En este sistema el ganador lleva todos los puestos por más que la diferencia de votos entre los perdedores de la contienda electoral sea mínima. 2. La fórm ula de m ayoría absoluta. Este sistem a de distribución revela una mayor preocupación en el grado de representación política de los elegidos al exigir que obtenga la mitad más uno de los votos para ser elegido. 3. Las fórm ulas distributivas o proporcionales. Nace como resultado de la aspiración de las minorías a obtener la representatividad que le impide las fórmulas mayoritarias. Estas fórmulas persigue una mayor justicia política entre la cantidad de votos obtenidos y la cantidad de cargos conquistados. A modo de ejemplo se puede citar una hipótesis. En una circunscripción electoral con una magnitud electoral de 8 puestos a proveer, con un sistema mayoritario, un partido ganador, pero minoritario en relación al número total de votantes puede alzarse con los 8 puestos en disputa y aplicado el sistema proporcional, el ganador puede quedar en minoría en cuanto al numero de puestos obtenidos en relación con los

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demás partidos, de conformidad con el sistema proporcional aplicado.

3.2. Efectos sobre el sistema de partidos Existe coincidencia en la doctrina respecto a la influencia de los sistemas electorales con relación al sistema de partidos o cantidad de partidos políticos que producen un determinados sistema electoral, para algunos existe una relación directa entre el sistema electoral mayoritario con respecto al bipartidismo y el sistema proporcional con el multipartidismo, aunque para otro estas circunstancias se presenta sólo como una tendencia.

Las Leyes de Duverger. La asociación del sistema electoral con la fragmentación de los partidos políticos tuvo su primera expresión científica en las denominadas “Leyes de Duverger”, propuesta por el prestigioso autor francés Maurice Duverger, (1951) quien ha formulado dos leyes en relación a la influencia del sistema electoral respecto al sistema de partidos políticos. La primera expresa: el sistema de escrutinio mayoritario de una sola vuelta tiende al dualismo de partidos. La segunda: el escrutinio mayoritario de dos vueltas o la representación proporcional tienden al multipartidismo. Las Leyes tendenciales de Sartori. El autor italiano Giovanni Sartori, reformula las leyes de Duverger como leyes tendenciales, en los términos siguientes: Ley de tendencia uno: Las fórmulas electorales máyoritarias facilitan (son condiciones que facilitan) un formato bipartidista e inversamente, obstruyen (son condiciones que obstruyen) el multipartidismo. Ley de ten d en cia dos: Las fórm ulas electorales de representación proporcional facilitan el multipartidismo y, en forma inversa, difícilmente conducen al bipartidismo. Así mismo, el autor italiano46 presenta sus propias leyes de 46 SARTORI, GIOVAÑNI. Ingeniería Constitucional Com parada. U n a investigación de estructuras, incentivos y resultados, Fondo de C u ltu rá Económica, México, págs. 61/62, 1994.

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incidencia del sistema electoral sobre el sistema de partido en los siguientes términos: Ley 1: Con estructuración sistémica y dispersión similar en todos los distritos electorales (como dos condiciones conjuntamente necesarias), los sistemas pluralistas causan (son una condición suficiente de) un formato bipartidista. En cambio, una estructura sistémica particularmente fuerte es, por sí sola, la condición suficiente y sustitutiva necesaria para originar un formato bipartidista. Ley 2: Si hay estructuración sistémica, pero no dispersión similar en todos los distritos, los sistemas pluralistas causan (son una condición suficiente de) la eliminación de los partidos cuyo número de votos es menor que la pluralidad, pero no pueden eliminar y por consiguiente permiten tantos votos partidos, además de los dos con más votos, como lo hacen posible las concentraciones que superan la pluralidad. Ley 3: Dada la estructuración sistémica, la representación proporcional (RP) tiene un efecto reductor (como condición suficiente) causado por su falta de proporcionalidad. De esta manera, cuanto menos pura sea la RP, mayores serán los costos de ingreso para los partidos pequeños y más fuertes los efectos reductores, y, a la inversa, cuanto más puro sean, menor será el efecto reductor. Por jotro lado, una estructura sistémica particularmente fuerte es, por sí sola, la condición necesaria y suficiente para sostener cualquier formato de partidos que haya existido antes de la introducción de la RP. Ley 4: Si no existe la estructuración sistémica y se supone una RP pura (o casi pura), esto es, un costo de ingreso igual (o casi igual) para todos, el número de partidos puede ser tan grande como lo permita la cuota.

Posición de Dieter Nohlen. Distingue diferentes tipos de efectos de los sistemas electorales: directos e indirectos. Los primeros residen en la conversión de preferencias políticas en poder político, es decir en escaños. Los segundos influyen en la cantidad y en el formato de los sistemas de partidos. Por

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tanto, los efectos de los sistemas electorales son directos en la representación política e indirecto en el sistema de partidos, pero además alcanzan al sistema de gobierno. Aceptada la influencia del sistema electoral en el sistema de partido, como se ha apreciado en las posiciones de los autores citados, también el sistema de partido ejerce su influencia en el sistema electoral diseñado y en tal sentido, la autora argentina Pedicone de Valls47, expresa: “La existencia o aparición de esquemas bipartidistas hace más probable la adopción de sistemas electorales mayoritarios y la existencia o aparición de pluripartidismo hace más probable la adopción de sistemas proporcionales”.

3.3. Efectos sobre el comportamiento de los electores o legitimidad de los procesos electorales Además de los objetivos del proceso electoral de designar representantes y habilitar gobernantes, se debe añadir, la producción de legitimidad en el sistema, pues el elector al emitir su voto cada cierto tiempo expresa su confianza en el sistema de la democracia representativa como medio para la gestión de los asuntos públicos. Por consiguiente, la legitimidad del proceso electoral está dada por la participación del electorado en la designación de sus representan tes y en la p articip ación electoral ejercen influencias ciertas variables que dependen del sistema electoral. Estas variables son la relación electores representantes, la modalidad del voto, la integración de“ las m inorías, la com petencia electoral, los m edios de comunicación, la financiación a los sujetos del proceso electoral y la intervención de los electores en la designación del titular del ejecutivo. En la variable relación representante-elector, influye el colegio electoral, porque cuando se tiene un solo colegio electoral la relación entre el elector y el representante es

47PEDICONE DE VALLS, MARÍA G. Op. cit. pág. 139.

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más lejano que un sistema de colegio electoral múltiple; el sistema de votación personalizada favorece la relación entre el representante y el elector mientras que el sistema de listas no lo favorece. El sistema de distribución de cargos que permite la integración de las minorías favorece la participación de la ciudadanía por la posibilidad de la efectividad de los votos adherentes a dichas minorías. También la presencia efectiva de los medios de comunicación en la difu sión de las opciones electorales favorece la „ participación de los electores, como también, el financiamiento de los partidos políticos que le permite la difusión de las diferentes opciones electorales en igualdad de condiciones con todos los participantes de la contienda electoral, con lo cual se facilita la competencia electoral. En definitiva, cuanto mayor es el grado de participación de los electores en el proceso de designación de los representantes mayor será el grado de legitimidad popular de los elegidos y un sistema electoral podrá ser factor de incentivo o no de la participación electoral en la medida que el modelo diseñado sea un factor que facilite dicha participación.

3.4. Efectos sobre la sociedad política en la que se aplica En cuanto al efecto que pudiera producir un sistema electoral sobre la sociedad política en la que rige un determinado modelo, la opinión dominante en la doctrina es de efecto inverso; es decir, son las condiciones sociales y políticas preexistentes en la sociedad las que condicionan al sistema electoral por la que éste se convierte en una variable dependiente del sistema político. En este sentido, los autores Vallés y Bosch señalan que: “sería la fragmentación social y partidista preexistente la que daría lugar a la formación y conservación de un sistema electoral que lo favorece o, al menos, no lo reduce sustancialmente. Así lo indican los antecedentes históricos...”48. En igual sentido, la

48VALLÉS, JOSEP M. y BOSCH AGUSTI.Op. cit., pág. 157

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autora argentina María G. Pedicone de Valls, ha expresado que un sistema bipartidista tiende a la configuración del sistema electoral mayoritario y el multipartidismo tiende al sistema electoral proporcional.

CAPÍTULO III SISTEMA ELECTORAL EN EL PARAGUAY El desarrollo del sistema electoral en la República del Paraguay se realizará conforme con los elementos que integran el sistema electoral que incluyen las variables: electores, delimitación territorial o circunscripciones electorales, las candidaturas, las fórmulas electorales, procedimiento de votación y la administración electoral. Para demostrar el grado de evolución o involución del sistema electoral vigente diseñado a partir de la Constitución de 1992 y el Código Electoral individualizado como ley Nro. 834/96, se realiza un análisis de tres Códigos Electorales que le preceden como lo son las leyes Nro. 600/60 del 15 de julio de 1960; la Ley Nro. 886/81 del 11 de diciembre de 1981 y la Ley 1/90 del 2 de marzo de 1990, el primer Código Electoral dictado en la etapa post-dictatorial.

1. El Estatuto Electoral de 1960 (Ley 600/60) La Ley 600/60 que establece el Estatuto Electoral fue dictada como aprobación del Decreto-Ley Nro. 204 del 28 de julio de 1959, del Estatuto Electoral, con modificaciones.

1.1. Capacidad electoral Se integran con la definición de las personas quienes gozan

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de la calidad de electores (capacidad electoral activa) y los elegibles (capacidad electoral pasiva).

Los electores. Conforme con el Art. 2, de la Ley 600/60, es elector todo ciudadano desde los 18 años de edad, que se halle en el goce de los derechos de ciudadanía y que reúna los requisitos determinados en este Decreto-Ley. Los demás requisitos exigidos en la Ley son: la inscripción en el R egistro C ívico N a cio n al y p a ra las eleccion es municipales los extranjeros anotados en el Padrón Electoral y la identificación con la presentación de la Libreta Cívica o de empadronamiento. La capacidad electoral activa se suspende o se pierde conforme con las disposiciones de los Arts. 40 y 41 de la Constitución de 1940, vigente al dictarse el Estatuto Electoral comentado, en los supuestos siguientes: Suspensión: 1) Por ineptitud física o moral que le impida obrar libre y reflexivamente, 2) Por ser soldado, cabo o sargento de tropa de línea, guardia nacional o policía bajo cualquier denominación con que sirvieren, 3) Por hallarse procesado como reo que merezca pena corporal. Pérdida de la Ciudadanía: 1) Por quiebra fraudulenta, 2) por admitir subsidios y pensiones o usar distinciones de Gobierno extranjero sin permiso del Poder Ejecutivo, 3) Por atentar directamente o participar en cualquier tentativa contra la independencia y seguridad de la República, 4) Por haberse naturalizado en un país extranjero. *

Los elegibles. La capacidad electoral pasiva, se integra con los requisitos exigidos por la normativa para ser habilitado candidato a los diferentes cargos de representación popular. Los requisitos establecidos en la legislación son diferentes para cada cargo. Durante la vigencia de la Ley 600/60, los cargos elegidos por el pueblo eran los siguientes: Presidente de la República, Miembros de la Cámara de Representantes; Convencionales Constituyentes; Miembros de las Juntas Electorales y Miembros de las Juntas Municipales.

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Requisitos de elegibilidad para Presidente de la República. Estos requisitos se hallan establecidos en la Constitución de 1940, vigente hasta 1967, y son los siguientes: 1. Edad de 40 años. 2. Profesar la religión católica, apostólica, romana. 3. Reunir condiciones morales e intelectuales que le hagan digno de ejercer el cargo. Para ser elegido miembro de la Cámara de Representantes, .se debe reunir los requisitos siguientes: 1. Tener la edad de 25 años. 2. Ser paraguayo natural. Los requisitos para ser elegidos convencionales constituyentes no se hallan establecidos en la Constitución de 1940 ni en la Ley 600/60 que establece el Estatuto Electoral. Para ser elegido m iem bro de las Juntas Electorales Seccionales se requiere la calidad de elector y no reunir los requisitos negativos establecidos en el Art. 111 del Estatuto electoral que son los siguientes: 1. Los que no pueden inscribirse en el Registro Cívico Nacional de la Sección. 2. Los que no sepan leer y escribir, 3. Los militares en servicio activo. 4. Los miembros de los organismos policiales. 5. Los miembros del clero. Para ser miembros de las Juntas Municipales, conforme el Art. 25 de la Ley Orgánica Municipal Nro. 222 modificado, se requieren los requisitos siguientes: 1. Edad de 25 años. 2. Ciudadanos paraguayos. 3. Extranjeros con más de cinco años de residencia.

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4. Vecino del lugar. A los requisitos de elegibilidad citados para la titularidad de los diferentes cargos citados se debe agregar el de postulación por un Partido Político porque durante la vigencia de la ley comentada solamente los Partidos Políticos se hallaban habilitados para presentar candidatos.

1.2. Circunscripción Electoral Este elemento consistente en el agrupamiento de electores a los efectos de determinar la distribución de los escaños puede ser único o plural. El Estatuto Electoral de 1960 estableció los dos tipos según los cargos en disputa. Para los cargos nacionales se constituye el territorio de la República en un solo colegio electoral y para los cargos locales se constituye una pluralidad de colegios electorales para proveer los cargos de representación de dichas secciones electorales. La modalidad de configuración de los colegios electorales se halla establecida en los Arts. 4, 5 del Estatuto Electoral.

1.2.1. Unidad de Colegio Electoral El territorio de la República se constituye en un solo colegio electoral para la elección de los cargos de Presidente de la República, miembros de la Cámara de Representantes (Poder Legislativo) y miembros de la Asamblea Nacional Constituyente.

1.2.2. Pluralidad de Colegios Electorales Cada sección electoral respectiva se constituye en un colegio electoral separado para la elección de los cargos de miembros de la Junta Municipal y miembros de la Junta Electoral de la sección respectiva. El criterio utilizado para la delimitación de los colegios electorales es la territorial conforme con las delimitaciones territoriales preexistentes, pues se refiere al territorio de la República y a las secciones electorales respectivas para los cargos locales.

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1.3. Candidaturas Para la presentación de las candidaturas sólo se hallan habilitados los partidos políticos reconocidos por la Junta Electoral Central. En este sentido, el Art. 10 dispone: “Cada lista propiciada deberá contener un número de candidatos igual al de los cargos que deban llenarse y será presenfada por el Directorio de los partidos políticos organizados de acuerdo con este Decreto-Ley” . Los Partidos Políticos conforme con sus Estatutos escogen los candidatos por medio de listas cerradas y bloqueadas. Es cerrada porque no pueden introducirse otros candidatos a la presentada por los partidos en el acto de votación y bloqueadas porque no se puede modificar el orden de lista en el acto de votación.

1.4.

Fórmulas electorales para la distribución de los puestos de representación popular

Para p recisa r las fórm ulas electora les u tilizad as es importante distinguir entre cargos unipersonales y cargos pluripersonales. a. Para cargos unipersonales. El único cargo unipersonal elegido durante la vigencia de la ley 600/60. fue el de Presidente de la República y éste era electo por el sistema de m ayoría simple, conforme dispone el Art. 7 del Estatuto Electoral. b. Para cargos pluripersonales. Los cargos representativos pluripersonales a elegir eran: Los miembros de la Cámara de Representantes, m iem bros de la Asam blea Nacional C on stitu yente, m iem bros de las Juntas M unicipales y m iem bros de las Juntas E lectorales Seccionales. Estos eran elegidos por el sistema de representación proporcional que puede denominarse m ayoritario por el procedim iento adoptado.

1.4.1. Método proporcional adoptado El procedimiento de distribución proporcional adoptado

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por el Art. 8 de la Ley 600/60, consistía en asignar el dos tercio de los cargos al partido que hubiese obtenido el mayor número de votos válidos. Para integrar los cargos restantes, la proporción se determinará en la siguiente forma: se suma el total de los votos válidos emitidos a favor de los partidos minoritarios y se divide por el numero de cargos a llenar; el resultado será el primer cociente electoral para la minoría; este cociente servirá de divisor al número de votos válidos emitidos a favor de cada uno de los partidos minoritarios. Hecha la adjudicación respectiva, si quedaren uno o más cargos por proveer éstos se adjudicarán a la lista de partido minoritario que haya obtenido mayor número de votos.

1.5. Procedimiento de votación El procedimiento de votación establecido en el Estatuto Electoral es el voto por lista cerrada y bloqueada. Es voto por lista porque los electores solamente podían votar por la lista presentada por los partidos políticos. Estas listas eran cerradas porque no se podía introducir nombre de candidatos a las listas en el momento de la votación y eran bloqueadas porque no se podía m odificar el orden de la lista presentada. El Art. 11 del Estatuto disponía al respecto: “La votación será hecha por las listas presentadas debiendo em itirse cada voto por una lista completa. Los votos que se em itan en otra form a o que alteren una lista, serán anulados al practicarse el escrutinio”.

1.6. Administración electoral E l sistem a de ad m in istración electo ra l, en relación a la m ateria, es el de organización dual, las cuestiones administrativas electorales se atribuyen a la Junta Electoral Central y a las Juntas electorales seccionales y las cuestiones jurisdiccionales a la justicia ordinaria, es decir, a los Juzgados integrantes del Poder Judicial. Además, el juicio del resultado electoral se atribuye a la Cámara de Representantes en relación a las elecciones de Presidente y miembros de la Cám ara de Representantes,

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la junta saliente la de los miembros de la Junta Municipal electo, la Junta electoral central, la de los miembros de las Juntas electorales seccionales y respecto de los miembros de la Asamblea Nacional constituyente guarda silencio por lo que se supone que es la propia Asamblea Nacional Constituyente. La integración de los miembros de los órganos encargados de la Adm inistración electoral se realiza por dos vías: 1) La Junta Electoral Central por elección de la Cámara de Representantes, cuatro de los cuales corresponderán a la prim era m ayoría y los dos restantes a la segunda y tercera m ayoría y 2) Los m iem bros de la Juntas Electorales de cada Sección Electoral se elige por votos directos de los ciudadanos de la sección y los 6 miembros que integran la misma se distribuyen por el sistema proporcional mayoritario establecido en el Art. 8, de la Ley Nro. 600/60, por lo que 4 de los miembros se adjudicarán al partido ganador y los dos restantes se distribuyen por la fórm ula proporcional de cociente a las minorías. La integración de la Junta Electoral Central por la Cámara de Representantes, con mayoría absoluta a favor del partido mayoritario que integra dicho cuerpo colegiado no responde a los principios informadores que deben presidir la conformación y actuación de la administración electoral. El principio de la independencia de los partidos políticos y del gobierno no se puede lograr cuando todos los integrantes del órgano son designados por el Parlamento y menos se puede afirm ar la posibilidad de independencia respecto al partido m ayoritario cuando cuatro de los seis miembros deben pertenecer al partido que tiene la primera mayoría en el Parlamento. . Por otra parte, al no haber independencia de los miembros no puede existir el principio de la imparcialidad respectó a los resultados electorales. En relación a la conformación de las Juntas Electorales S eccion ales por vía de elección popu lar por m edio de candidaturas presentadas por los partjdos políticos, en la

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que el ganador lleva el 66 por ciento de los cargos, también excluye la posibilidad de la efectiva vigencia de los principios de Independencia, im parcialidad respecto a los resultados electorales y a la que habrá de agregar, la posible falta de profesionalismo de los elegidos.

2. El Estatuto Electoral de. 1981. (Ley 886/81) La Ley Nro. 886 del 11 de diciembre de 1981, que establece el Estatuto electoral y deroga la anterior individualizada como Ley Nro. 600/60, fue dictada bajo la vigencia de la Constitución de 1967, y ésta establecía la com posición bicám eral del Parlamento, por lo que se agrega un cargo electivo que es la de integrantes de la Cámara de Senadores. Esta ley, en lo sustancial no ofrece modificaciones respecto a los elementos del sistema electoral.

2.1. Capacidad electoral Los electores. Para acceder a la capacidad electoral activa, conforme con las disposiciones de la Constitución de 1967 y el Estatuto Electoral individualizado como Ley Nro. 886/81, son los siguientes: 1. Ciudadanía. El Art. 2 del Estatuto Electoral, establece que “Desde la edad de diez y ocho años es elector todo ciudadano que se halle en el goce de sus derechos de ciudadanía y reúna los requisitos exigidos por la Ley” . La Constitución de 1967, en su Art. 31, establecía que son ciudadanos: 1) Los que tienen nacionalidad paraguaya natural, desde la edad de 18 años; y 2) Los que tienen nacionalidad paraguaya por naturalización después de dos años de haberla obtenido, siempre que hayan cumplido diez y ocho años de edad”. 2. La edad. La edad requerida es de 18 años conforme con el Art. 112 de la Constitución y confirmada por el Art. 2, de la Ley.

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3. Gozar de los derechos de ciudadanía. Las personas a quienes se le impide ejercer los derechos emergentes de la ciudadanía sea por suspensión o pérdida no pueden ser elector. ; La ciudadanía se suspende, conforme con el Art. 32 de la Constitución de 1967, por los supuestos siguientes: 1) Por incapacidad física o mental, declarada en juicio, que impida obrar libre y reflexivam ente; 2) Por hallarse cum pliendo condena judicial con pena privativa de libertad. La ciudadanía se pierde, según el Art. 34 de la C.N. de 1967, por los supuestos de: 1) Pérdida de la nacionalidad y 2) Por aceptar de un gobierno extranjero función política de inteligencia, seguridad o de defensa, sin autorización del Poder Ejecutivo o por adquirir subsidio o pensión, que implique sumisión a aquel gobierno. La calidad de elector, también se suspende, para las personas quienes se hallan prestando el servicio m ilitar obligatorio, sea que sé halle prestando como soldado o cualquier otra denominación (Art. 114 de la C.N de 1967). 4. Inscripción en el Registro Cívico Permanente. (Art. 41 de la Ley 886/81). 5. Poseer la Libreta Cívica o Certificado de Inscripción con los cuales se acredita la calidad de elector (Art. 46 de la Ley 886/81).

Los elegibles. La capacidad electoral pasiva corresponde a todo elector que cumpla con los requisitos adicionales que se establecen para cada cargo electivo de representación popular, tales como: Presidente de la República. Los requisitos de elegibilidad conforme con el Art. 172 de la C.N. son los siguientes: 1) Ser paraguayo natural, 2) Haber cumplido cuarenta años de edad, 3) Profesar la religión Católica, Apostólica, Romana 4) Reunir las condiciones morales e intelectuales para el cargo, 5) Los militares en servicios activos no pueden hacer propaganda política ni influir de manera directa o indirecta hacia uno u

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otro de los partidos políticos en pugna ni celebrar reuniones y acaudillar electores a favor de los candidatos proclamados, conforme el art. 107 del Estatuto Electoral, por lo que dichas circunstancias le impiden ser candidatos y 6) Los que ejerzan determinadas actividades profesionales como los magistrados judiciales y los miembros del clero. M iem bro de las Cám aras de Senadores y Diputados. Los requisitos son: 1) Ser paraguayo natural, 2) la edad de cuarenta años para Senadores y veinte y cinco años para Diputados y 3) los que ejercen determ inadas actividades profesion ales no podrán ser candidatos a D iputados y Senadores, tales como: 1) Los m ilitares en servicio activo, 2) Los que formen parte de empresas que exploten servicios públicos o concesiones del Estado, 3) Los representantes o asesores de las mismas. Miembro de la Convención Nacional Constituyente. Para ser elegido integrante de este órgano se requiere: 1) Ser paraguayo natural y 2) haber cumplido 25 años de edad. . M iem bro de las Juntas E lectorales Seccionales. Los requisitos para acceder al cargo no están expresam ente establecidos en la Ley; por lo que deben ser: 1) Paraguayo natural, 2) la edad de 18 años, 3) los inscriptos en la sección electoral respectiva y 4) los que no están inhabilitados para acceder al cargo que son: 1) Los que no pueden inscribirse en el Registro Cívico Nacional de la sección, 2) los que no sepan leer y escribir, 3) los m ilitares en servicio activo, 4) los miembros de los organismos policiales y 5) los miembros del clero. -

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Miembros de las Juntas Municipales. Conforme con el Art. 25 de la Ley Orgánica M unicipal, Ley 1294/87, los requisitos para ser miembro de la Junta Municipal son: 1) Ser paraguayo natural, 2) mayor de 25 años de edad, 3) reconocida honorabilidad, 4) Ser natural del municipio o tener . 3 años de residencia en la misma, 5) No estar comprendida en las inhabilidades previstas en el Art. 27 de la Ley Orgánica

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Municipal y 6) Los extranjeros con una residencia mínima de 7 años en el municipio y reúnan las condiciones exigidas para los nacionales.

2.2. Circunscripción electoral Se establecen dos modalidades de colegios electorales. Para los cargos nacionales se constituye el territorio de la República en un solo colegio electoral y para los cargos locales se constituye una pluralidad de colegios electorales para proveer los cargos de representación de dichas secciones electorales. a. Unidad de Colegio Electoral. El territorio de la República se constituye en un solo colegio electoral para la elección de los cargos de Presidente de la República, Senadores, Diputados y Convencionales Constituyentes (Art. 4, de la Ley 886/81). b. Pluralidad de Colegios Electorales. Para la elección de miembros de las Juntas Municipales y Juntas Electorales, la sección electoral respectiva se constituirá en un colegio electoral separado. La Capital de la República formará un solo colegio electoral (Art. 5, de la Ley 886/81). El criterio utilizado para la delim itación de los colegios electorales es la territorial conforme con las delimitaciones territoriales preexistentes, pues se refiere al territorio de la República y a las secciones electorales respectivas para los cargos locales.

2.3. Candidaturas Para la presentación de las candidaturas sólo se hallan habilitados los partidos políticos reconocidos por la Junta Electoral Central. v

Los Partidos Políticos conforme con sus Estatutos escogen los candidatos por medio de listas cerradas y bloqueadas. Es lista cerrada porque el elector no puede introducir otro nombre a la lista presentada por los partidos en el acto de votación y es bloqueada porque no puede modificar el orden de lista presentada. El Art. 10 del Estatuto Electoral dispone: “Cada

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lista propiciada deberá contener un número igual de candidatos al de los cargos que deban llenarse y será presentada por el respectivo partido político, a través de su autoridad legalmente constituida y de acuerdo con esta Ley”.

2.4.

Fórmulas electorales para la distribución de los puestos de representación popular

Para p recisa r las fórm ulas electora les u tiliza d a s es importante distinguir entre cargos unipersonales y cargos pluripersonales.

2.4.1. Para cargos unipersonales Tam bién el único cargo unipersonal elegido durante la vigencia de la ley 886/81 fue el de Presidente de la República y éste era electo por el sistema de mayoría simple. En este sentido, dispone el Art. 7 del Estatuto Electoral, “El Presidente de la República será elegido en comicios generales directos, por simple mayoría de votos”.

2.4.2. Para cargos pluripersonales Los cargos representativos pluripersonales a elegir eran: Los miembros de las Cámaras de Senadores y Diputados, los Convencionales Constituyentes, miembros de la Juntas Municipales y miembros de las Juntas Electorales Seccionales. E stos eran elegidos por el sistem a de rep resen tación proporcional que puede denom inarse m ayoritario por el procedimiento adoptado.

2.4.3. Método proporcional adoptado El procedimiento de distribución proporcional adoptado por el Art. 8 de la Ley 886/81, consistía en asignar los dos tercios de los cargos al partido que hubiese obtenido mayor número de votos válidos. Para integrar los cargos restantes, la proporción se determinará en la siguiente forma: se suma el total de los votos válidos emitidos a favor de los partidos minoritarios y se divide por el número de cargos a llenar; el resultado será el primer cociente eléctoral pará lá minoría; este

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cociente servirá de divisor al número de votos válidos emitidos a favor de cada uno de los partidos minoritarios. Hecha la adjudicación respectiva, si quedaren uno o más cargos por proveer, éstos se adjudicarán a la lista de partido minoritario que haya obtenido mayor número de votos.

2.5. Procedimiento de votación El procedimiento de votación establecido en el Art. 11 del Estatuto Electoral es el voto por lista cerrada y bloqueada al disponér que “La votación será hecha por las listas presentadas debiendo emitirse cada voto por una lista completa. Los votos cuyos sobres se hallen vacíos, serán considerados en blanco. Los votos que se emitan en otra form a o que alteren una lista, serán anulados al practicarse el escrutinio”.

2.6. Administración electoral El sistem a de adm in istración electo ra l, en relación a la m ateria, es el de organización dual, las cuestiones administrativas electorales se atribuyen a la Junta Electoral Central y a las Juntas electorales seccionales y las cuestiones jurisdiccionales a la justicia ordinaria, es decir, a los Juzgados integrantes del Poder Judicial. Además, el juicio del resultado electoral se atribuye a la Cámara de Senadores y Diputados la elección dé sus miembros; al Congreso Nacional, reunión de ambas Cámaras, la elección del Presidente de la República; la Junta Municipal y Junta Electoral de la Sección cesante las de los nuevos y respecto de los miembros de la Convención Nacional Constituyente guarda sñencio por lo que se supone que es la propia Asamblea Nacional Constituyente.

2.6.1.

La integración de los miembros de los órganos encargados de la administración electoral se realiza por dos vías:

1) La Junta Electoral Central, compuesta de 9 miembros, por elección de la Cámara de Diputados, propuestos por los

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partidos políticos participantes de las últim as elecciones, que se distribuyen de la siguiente form a: 6 miembros al Partido que obtuvo mayoría para el Congreso Nacional y los 3 miembros corresponderán a los Partidos que obtuvieron la primera, segunda y tercera minoría respectivamente. 2) Los miembros de las Juntas Electorales de cada Sección Electoral se elige por voto directo de los ciudadanos de la sección y los 6 miembros que integran la misma se distribuyen por el sistema proporcional mayóritario establecido en el Art. 8, de la Ley Nro. 886/81, por lo que 4 de los miembros se adjudicarán al partido ganador y los dos restantes se distribuyen por la fórmula proporcional de cociente. •

2.6.2. La Jurisdicción Electoral La Ley del Estatuto Electoral, se refiere solamente a las cuestiones vinculadas con los delitos electorales que es competencia de los Juzgados del Crimen que integran el Poder Judicial y omite referirse al órgano competente para dirimir dicha contienda y el órgano judicial revisor de las resoluciones administrativas electorales.

3. El Código Electoral de 1990. (Ley 01/90) La Ley Nro. 1/90, promulgada el 2 de marzo de 1990, fue el primer Código Electoral dictado en la etapa de la transición democrática que se inicia con el golpe de Estado del 2 y 3 dé febrero de 1989. Fue un Código E lectoral extenso, en relación a sus precedentes, constaba de 369 artículos y contenía disposiciones electorales de fondo y la constitución del fuero electoral con sus estructuras y funciones. En cuanto a las normativas de fondo, contenía disposiciones que revelaba la inspiración democrática del primer Congreso de la transición, tales como el reconocimiento del voto de los paraguayos residentes en el extranjero, la presentación de candidaturas independientes, la elección de los Intendentes

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Municipales, el sistema de representación proporcional por el método ideado por Víctor D ’Hondt y el sistema de mayoría absoluta de más del 50% de los sufragantes para la elección de Presidente de la República, con la segunda vuelta electoral en el caso de que ningún candidato obtenga dicha mayoría absoluta. También, ha regulado por primera vez en nuestro país instituciones electorales como la propaganda política y el financiamiento electoral. En lo relativo al Derecho Procesal Electoral, se crea la „ Justicia Electoral integrada como un fuero más dentro de la estructura del Poder Judicial, para dirimir los conflictos de carácter contencioso electoral y establece los tribunales electorales como órgano judicial para dirimir dichos conflictos electorales. La vigencia de este Código Electoral sé extiende hasta 1996, pero la Constitución de 1992, ha modificado algunas de sus disposiciones como las relativas al voto de los paraguayos residentes en el extranjéro y el sistema de mayoría absoluta (segunda vuelta electoral), entre otros, por lo que las únicas elecciones que se realizaron durante su vigencia fueron las municipales de 1991. E ste C ódigo fu e prom u lgado bajo la vigen cia de la Constitución de 1967 y luego rigió durante la vigencia de la Constitución de 1992, por lo que en el desarrollo d el sistem a elec to ra l se h ará solam en te re fere n cia a las disp osicion es conten idas en el C ódigo, porque las disposiciones constitucionales de 1967 se han consignado en el sistem a electoral establecido por la Ley 886/81 y las referidas a la de 1992, serán mencionadas en el desarrollo del sistem a electoral establecido en la norm ativa electoral vigente (Ley 834/96).

3.1. Capacidad electoral Los electores. Los requ isitos para el ejercicio de la

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capacidad electoral activa conforme con el Código Electoral establecido por la Ley 1/90, son los siguientes: 1. La ciudadanía. El Art. 2, dispone que son electores los ciudadanos sin distinción de sexo, que reúnan los requisitos exigidos por la ley. Las constituciones vigentes durante su vigencia confería el carácter de ciudadanos a: 1) Toda persona de nacionalidad paraguaya natural, desde los dieciocho años de edad y 2) Toda persona de nacionalidad paraguaya por naturalización, después de dos años de haberla obtenido. 2. La edad de diez y ocho años. Es una condición que se establece en el Art. 120 de la Constitución. 3. Los extranjeros que hayan cumplido diez y ocho años y cumplan los mismos requisitos legales para los ciudadanos nacionales. 4. Los que no estén inhabilitados para el ejercicio de la capacidad electoral activa. Los inhabilitados para el ejercicio de su calidad de elector, conforme con el Art. 75 de la normativa electoral son los siguientes: -

Los interdictos declarados tales en juicio.

-

Los sordomudos que no sepan hacerse entender por escritos u otros medios.

-

Los soldados conscriptos y clases de las Fuerzas Armadas y Policiales, y los alumnos de Institutos de Enseñanzas Militares y Policiales.

-

Los detenidos o privados de su libertad por orden de Juez competente.

-

Los con den ados a pen a p riv a tiv a de lib e rta d o de inhabilitación electoral.

- Los declarados rebeldes en causa penal común o militar.

Los elegibles. La capacidad electoral pasiva se halla supeditada a los presupuestos positivos y negativos que se

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establecen en la normativa constitucional y electoral para cada cargo de elección popular. La n orm ativa electoral, establece dos supuestos de inhabilidades, la primera para el ejercicio de funciones electivas que se regulan en el Art. 80, que son los siguientes: - Los Magistrados Judiciales y los integrantes del Ministerio Público. - Los M inistros del Poder Ejecutivo, los Subsecretarios de Estado, los Secretarios Generales de los Ministerios, los D irectores G en erales de rep a rticion es pú blicas, los Delegados de Gobierno, Los Presidentes, Gerentes o D irectores Generales de los entes descentralizados, autárquicos o autónomos y entidades binacionales y los miembros de los directorios y consejos administrativos de los mismos y demás funcionarios a sueldo del Estado. - Los Jefes de Misión Diplomática, Agentes Diplomáticos y Cónsules. La segunda, son los inhábiles para cargos electivos que se establecen en el Art. 81 y son los siguientes: -

Los condenados por sentencia firme a pena privativa de libertad, mientras dure la condena.

- Los condenados a pena de inhabilitación para el ejercicio de la función pública. -

Los condenados por la comisión de delitos electorales, por el tiempo que dure la condena.

- Los representantes o mandatarios de empresas, corporaciones o entidades nacionales o extranjeras concesionarias de servicios públicos del Estado; o de ejecución de obras o provisión de bienes. - Los militares y policías en servicio activo. En definitiva, los supuestos establecidos en el Art. 80 del Código Electoral se refieren a incom patibilidades pero conforme con la normativa constitucional existen algunos

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funcionarios como los magistrados judiciales y agentes del Ministerio Público que son inhábiles para ser candidatos a cargos electivos. Los requisitos positivos para la elegibilidad dependen de cada cargo de representación popular, que durante la breve vigencia del Código Electoral de 1990 son los siguientes: Presidente de la República, Miembros del Congreso Nacional (Diputados y Senadores), Convencionales Constituyentes; Intendentes M unicipales, Juntas M unicipales, Miem bro de Junta Electoral Central y Junta Electoral Seccional. También los cargos de Gobernadores y Miembros de Juntas Departamentales desde 1992. Los requisitos positivos para la elegibilidad de los titulares de los cargos de representación popular durante la vigencia del Código Electoral de 199G son los siguientes: Presidente de la República: Conforme con el Art. 172 de la Constitución de 1967 eran los siguientes: nacionalidad paraguaya natural, 40 años cumplidos, profesar la religión Católica, Apostólica, Romana y reunir condiciones morales e intelectuales que le acrediten para el ejercicio del cargo. Miembro de Cámara de Senadores: Conforme con el Art. 150 de la Constitución de 1967 se requieren: nacionalidad paraguaya natural y haber cum plido cuarenta años de edad. Miembro de la Cámara de Diputados: Conforme con el Art. 152 de la Constitución de 1967 se requieren: nacionalidad paraguaya natural y haber cumplido veinticinco años de edad. Convencionales Constituyentes. Conforme dispone el Art. 225 de la Constitución de 1967 se requieren: nacionalidad paraguaya natural y haber cum plido veinticinco años de edad. Intendentes Municipales. Los requisitos positivos para el cargo de Intendente Municipal se hallan establecidos en el Art. 59 de la Ley Nro. 1294/87 “Orgánica Municipal” y son los siguientes: ciudadano paraguayo, mayor de veinte y cinco años

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de edad, reconocida honorabilidad, idoneidad para el ejercicio del cargo, natural del municipio o con residencia en él de por lo menos tres años y no estar afectado por las inhabilidades previstas por el Art. 27. El Art. 27 de la Ley Nro. 1294/87 “Orgánica Municipal” establece ocho supuestos de inhabilidad para ser electo miembro de Junta Municipal e Intendente Municipal. Miembro de Junta Municipal. Los requisitos de elegibilidad para miembro de la Junbta Municipal se hallan establecidos ..en el Art. 25 de la Ley Nro. 1294/87 y son los siguientes: Ser ciudadano paraguayo, mayor de veinte y cinco años de edad, reconocida honorabilidad, natural del municipio o con una residencia en él de por lo menos tres años. Los extranjeros con residencia mínima de siete años en el municipio y reúnan los requisitos exigidos a los nacionales. El artículo 27 de la Ley Orgánica Municipal establece los requisitos negativos para ser candidato a miembro de la Junta Municipal e Intendente Municipal y son los siguientes: 1. Los declarados incapaces. 2. Los que tengan procesos pendientes en que haya sido decretado auto de prisión o hayan sido condenados judicialm ente por delitos contra la Administración Pública o contra el patrimonio de las personas. 3. Los que hayan sido declarados en quiebra fraudulenta. 4. Los miembros en actividad de las Fuerzas Armadas, policiales y del clero. 5. Los directores y accionistas de empresas concesionarias de servicios municipales. 6. Los que tuvieren interés directo en cualquier contrato con La Municipalidad. 7. Los miembros y funcionarios de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, excepto el personal directivo y docente de los establecimientos públicos de enseñanza.

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8. Los funcionarios municipales. Miembro de Junta Electoral Central. Los requisitos positivos de elegibilidad de los miembros de la Junta Electoral Central se establecen en el Art. 88 del Código Electoral y son los siguientes: Ser ciudadano paraguayo natural; haber cumplido veinte y cinco años de edad; ser intelectualmente capaz y de reconocida probidad moral. El Art. 89 del Código Electoral establece los requisitos negativos para la elegibilidad de los miembros de la Junta Electoral Central que son los siguientes: los que no puedan inscribirse en el Registro Cívico Nacional; los miembros de las Fuerzas Armadas de la Nación y los de la Policía, en servicio activo; los sacerdotes, clérigos y ministros o pastores de las distintas religiones; los condenados por delitos electorales. Miembro de Juntas Electorales Seccionales. En relación a la elegibilidad de los miembros de las Juntas Electorales Seccionales, el Código Electoral en el Art. 103, establece solamente los requisitos negativos que son los siguientes: los que no pueden inscribirse en el Registro Cívico Nacional de la Sección; los que no sepan leer ni escribir; los militares y policías, en servicio activo; los sacerdotes, clérigos y ministros o pastores de las distintas religiones; los condenados por delitos electorales. Gobernador Departamental. Los requisitos positivos para la elegibilidad al cargo de Gobernador Departam ental s'e establecen en el Art. 162 de la Constitución de 1992 y son los siguientes: 1. Ser paraguayo natural. 2. Tener treinta años cumplidos.

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3. Ser nativo del Departamento y con radicación en el mismo por un año cuanto menos. 4. Radicación en el Departamento de cinco años como mínimo en el caso de persona no oriunda del Departamento.

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Los requisitos negativos para la titularidad del cargo son los mismos para el Presidente y Vicepresidente de la República. Junta Departamental. Los requisitos para ser miembro de la Junta Departamental se establecen en el Art. 162, última parte de la Constitución de 1992 y son los siguientes: 1. Edad de 25 años. |

2. Los mismos requisitos exigidos para el Gobernador, con excepción de la edad.

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3.2. Circunscripción Electoral

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El Código establece dos modalidades de agrupamiento de los electores para la asignación de los cargos de representación popular. Para los cargos nacionales se constituye el territorio de la República en un solo colegio electoral y para los cargos locales se constituye una pluralidad de colegios electorales para proveer los cargos de representación de dichas secciones electorales. -

3.2.1. Unidad de Colegio Electoral El territorio de la República se constituye en un solo colegio electoral para la elección de los cargos de Presidente de la República, Senadores y Diputados, Convencionales Constituyentes y miembro de la Junta Electoral Central. Cabe apuntar que desde la vigencia de la Constitución de 1992, también se constituye pluralidad de colegios electorales coincidentes con la Capital y los Departam entos para la provisión de los cargos de Diputados Nacionales.

3.2.2. Pluralidad de Colegios Electorales Para la elección de Intendentes Municipales, miembros de las Juntas Municipales, Juntas Electorales Seccionales, Gobernadores y Juntas Departamentales, se constituyen u n a p lu ra lid a d de colegios electo ra les tom ando com o base la estru ctu ra adm in istrativa de los m u nicipios y departamentos. La Capital de la República form ará un solo colegio electoral.

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Tam bién como se ha señalado precedentem ente, desde la vigencia de la Constitución de 1992, la elección de los miembros de la Cámara de Diputados se realiza en el colegio electoral de la Capital y departamentales. El criterio utilizado para la delim itación de los colegios electorales es el territorial conforme con las delimitaciones territoriales preexistentes, pues se refiere al territorio de la República para los cargos de Presidente de la República, Senadores y Convencionales Constituyentes y al territorio municipal para los cargos de Intendentes y Juntas Municipales y el territorio departamental para los cargos de Gobernador, Junta Departamental y Diputados.

3.3. Candidaturas Para la presentación de las candidaturas se habilita a dos sujetos: Los Partidos Políticos reconocidos por la Junta Electoral Central y las candidaturas independientes en los términos del Código Electoral y movimientos políticos en la normativa constitucional de 1992. La habilitación para la presentación de candidaturas a partidos políticos y candidatos independientes surge de la disposición del Art. 161 inciso a) del Código Electoral que expresa: “La presentación de candidatos o listas de candidatos contendrá: a) comunicación del partido o candidato independiente, en su caso”. De los Códigos Electorales analizados, el de 1990 es el que admite la presentación de candidatura independiente con lo cual se ha dejado de lado el monopolio de los partidos políticos en la presentación de las candidaturas. Esta modalidad de ampliación de la forma de presentación de candidatura facilita la participación de los ciudadanos en la formación de las autoridades electivas.

3.4. Fórmulas electorales para la distribución de los puestos de representación popular Para p recisar las fórm u las electora les u tiliza d a s es

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importante distinguir entre cargos unipersonales y cargos pluripersonales.

3.4.1. Para cargos unipersonales Los cargos unipersonales elegidos durante la vigencia de la ley 1/90 fueron el de Presidente de la República e Intendentes Municipales y desde 1992 el de Gobernador Departamental. El Presidente de la República es electo por el sistem a de mayoría absoluta; los Intendentes Municipales y Gobernadores Departamentales por el sistema de mayoría simple. El sistema de mayoría absoluta y la exigencia de la segunda vuelta electoral para la elección de Presidente de la República, en el supuesto de no alcanzar la mayoría absoluta en la primera votación, dispuesta en el Art. 252, numeral 2, de la Ley 1/90, no tiene precedente en la historia electoral de la República del Paraguay, aunque debe señalarse que el sistema señalado no fue implementado por ser contraria a las Constituciones de 1967 y 1992 que rigieron durante la vigencia de esta normativa electoral. El Art. 252 del Código Electoral de 1990 dispone “ 1. A los efectos de la elección de Presidente de la República el país se constituye en un Colegio Electoral Único. 2. Resultará electo el candidato que obtuviere más del cincuenta por ciento (50%) del total de los votos válidos emitidos. Si no alcanzare esa mayoría se realizará una nueva elección en el plazo de treinta (30) días, en la que únicamente participarán los dos candidatos más votados”. El sistema de segunda vuelta está vinculado a la fórmula de mayoría absoluta porque en la hipótesis de que ningún candidato obtenga la m ayoría requerida se procede a una segunda votación con los dos candidatos más votados, o más conforme dispone la legislación electoral. Este sistema se vincula técnicamente con circunscripciones uninominales; es decir, colegios electorales donde se elige a un candidato y a candidaturas personales. Sin embargo,

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también es aplicable a circunscripciones pluripersonales con candidatura de listas cerradas y bloqueadas, tal como se ha establecido en la legislación francesa. El sistem a de doble vu elta electoral tiene inciden cia sobre el comportamiento de los electores, habida cuenta de que en la primera votación puede ejercer el “voto sincero” optando por sus preferencias partidarias o ideológicas y en la segunda votación ejercer el “voto estratégico” optando por el candidato con posibilidad de ganar y tornar ú til su voto en caso de que su candidato favorito no haya accedido a la segunda vuelta. También, incide en el comportamiento de la clase dirigente dé los partidos que acceden a la segunda vuelta electoral, por la necesidad de articular alianzas, negociaciones con partidos pequeños para alcanzar la victoria en la segunda vuelta. Exige, generalmente, una cultura de negociación política y no la imposición como se puede dar en el sistema de mayoría relativa. Posteriormente, desde la vigencia de la Constitución de 1992, se incorpora el cargo unipersonal de Gobernador Departamental electo por sistema de mayoría simple.

3.4.2. Para cargos pluripersonales Los cargos representativos pluripersonales a elegir eran: Los miembros de las Cámaras de Senadores y Diputados, los Convencionales Constituyentes, miembros de las Juntas Municipales y miembros de las Juntas Electorales Central y Seccional. Estos eran elegidos por el sistema de representación proporcional ideado por Víctor D’Hondt. También, desde la vigencia de la Constitución de 1992, se incorpora el cargo de miembros de la Junta Departamental que se distribuye por el sistema proporcional ideado por Víctor D’Hondt.

3.4.3. Método proporcional adoptado

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El procedimiento de distribución proporcional adoptado por ■

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el Art. 273 de la Ley 1/90, consistía en: a) Ordenar de mayor a menor en una columna, las cifras de votos obtenidos por cada lista; b) Se divide el número de votos obtenidos por cada candidatura por (1), (2), (3), etc., hasta formar tantos cocientes homo escaños por repartir existan y los escaños se atribuyen a las candidaturas que hubieren obtenido los cocientes mayores , atendiendo a un orden decreciente; c) Cuando en la relación de cocientes coincidieren dos correspondientes a distintas candidaturas, el escaño se atribuirá a la que mayor número de votos hubiera obtenido y si el empate subsistiere sé resolverá por sorteo.

3.5. Procedimiento de votación El procedimiento de votación es el de voto de lista cerrada y bloqueada porque se vota a la lista presentada por los partidos políticos o movimiento político sin posibilidad de agregación de candidatos o alteración del orden de lista en el acto de votación.

3.6. Administración electoral El sistem a de administración electoral, en la normativa electoral de 199G, se distribuye entre dos óiganos del Estado, uno con funciones de carácter administrativo electoral y al Poder Judicial, las de carácter coptenciosQ creando el fuero electoral para el efecto. jj / ■ . ... Las funciones adm inistrativas de carácter electoral es com petencia de la Junta Electoral Central que conforme con el Art. 85 al expresar que “ 1. La organización, dirección, fiscalización de las elecciones quedan confiadas a la Junta Electoral Central, con sede en la Capital de la República. 2. A ella están confiadas las tareas de organización de los procesos electorales, del Registro Cívico Permanente y la Administración de los recursos asignados por el Estado a este fin”. En los distritos locales se establece el organismo electoral denominado Juntas Electorales Seccionales con las funciones de organizar la inscripción de los electores dentro de su

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jurisdicción y la organización de las elecciones dentro de su jurisdicción bajo la supervisión de las Junta Electoral Central. Las funciones ju risdiccionales en m ateria electoral se asignan al Poder Judicial y para el efecto se establece el fuero electoral dentro de la estructura del Poder Judicial. El Art. 281 del Código de 1990 dispone “Queda establecido el Fuero Electoral integrado al Poder Judicial de la República que estará compuesto de los siguientes organismos: a) los Tribunales Electorales, b) el Registro Electoral incorporado a la Dirección de los Registros Públicos. El Art. 282 del Código establece que la Justicia Electoral constituye un fuero jurisdiccional independiente y autónomo que entenderá en lo referen te a los partidos p olíticos, juzgam iento de los conflictos derivados del proceso electoral, fiscalización de los fondos patrimoniales, entre otros.

4. El Código Electoral de 1996 (Ley 834/96) El Código E lectorál establecido por Ley Nro. 834/96 prom ulgado en fecha 17 de abril de 1996, contiene 348 artículos y básicam ente sigue la misma estructura de su antecedente, con las m odificaciones introducidas en la normativa constitucional de 1992. Además se excluye de la normativa electoral, la referida a la organización de la Justicia Electoral que fue objeto de regulación por la Ley Nro. 635/95. En la exposición del Sistem a E lectoral que rige bajo esta normativa, será complementado con las disposiciones pertinentes de la Constitución de 1992.

4.1. Capacidad electoral Los electores. Los requisitos para el ejercicio de la capacidad electoral activa conforme con las disposiciones contenidas en

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la Constitución de 1992 y la normativa electoral en vigencia son los siguientes: 1. La ciudadanía. Conforme con el Art. 152 de la Constitución N acional de 1992, son ciudadanos: 1) Toda persona de nacionalidad paraguaya natural, desde los dieciocho años de edad y 2) Toda persona de nacionalidad paraguaya por naturalización, después de dos años de haberla obtenido. 2. La radicación en el territorio nacional. Es uno de los requisitos establecidos en el Art. 120 de la C.N. de 1992, al. disponer que “Son electores los ciudadanos paraguayos radicados en el territorio nacional...”. Este requisito constitucional se constituye en una técnica electoral para dism inuir la cantidad de electores, habida cuenta que con dicho requisito se excluye del ejercicio de la capacidad electoral activa a los miles de paraguayos residentes en el extranjero por razones políticas, en su momento, y económicas. Es importante señalar que el requisito de la residencia en el país no figuraba en las Constituciones anteriores y el Código Electoral de 1990 ha reconocido en forma expresa el derecho de los paraguayos residentes en el extranjero para el ejercicio de la capacidad electoral. 3. La edad de 18 años. Es una condición que se establece en el Art. 120 de la Constitución. 4. Los extranjeros con radicación definitiva. 5. Los que no estén inhabilitados para el ejercicio de la capacidad electoral activa. Los inhabilitados para el ejercicio de su calidad de elector, conforme con la Constitución y la normativa electoral son los siguientes: 1. Los que se hallan suspendido en su ciudadanía, que conforme con el Art. 153 de la normativa constitucional ocurre en los supuestos dé: 1) Por adopción de otra nacionalidad, salvo reciprocidad internacional, 2) Por incapacidad declarada en juicio, que impida obrar libremente y con discernimiento,

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3) Cuando la persona se hallara cumpliendo condena judicial, con pena privativa de libertad 2. Los inhabilitados por disposición legal establecidos en el Art. 91 del Código Electoral son los siguientes: a) los interdictos declarados tales en juicio; b) los sordomudos que no sepan hacerse entender por escrito u otros medios, c) los soldados conscriptos y clases de las Fuerzas Armadas y Policiales, y los alumnos de Institutos de Enseñanzas Militares y Policiales,, d) los detenidos o privados de su libertad por orden de Juez competente, e) los condenados a pena privativa de libertad o de inhabilitación electoral, f) los declarados rebeldes en causa penal común o militar.

Los elegibles. La capacidad electoral pasiva se halla supeditada a los presupuestos positivos y negativos que establecen la normativa constitucional y electoral para cada cargo de elección popular. Los cargos de representación popular conforme con la Constitución vigente son los de: Presidente y Vicepresidente de la R epú blica; los m iem bros del C ongreso N acion al (Senadores y Diputados); Convencionales Constituyentes; Gobernadores Departam entales; Intendentes Municipales; Juntas Departamentales y Juntas Municipales. Presidente y Vicepresidente de la República. Son requisitos positivos de elegibilidad, conforme dispone el Art. 228 de la Constitución, los siguientes: “ 1. Nacionalidad paraguaya natural. 2. Edad de treinta y cinco años. 3. Ejercicio pleno de los derechos civiles y políticos. Los requisitos negativos o causales de inhabilidad para ser candidato a Presidente y Vicepresidente de la República se establecen en varias disposiciones constitucionales que son los siguientes: El Art. 235 de la Constitución dispone que son inhábiles

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p ara ser ca n d id a tos a P resid en te de la R ep ú b lica o Vicepresidente: 1. Los ministros del Poder Ejecutivo, los viceministros o subsecretarios y los funcionarios de rango equivalente, los directores generales de reparticiones públicas y los presidentes de consejos, directores, gerentes o administradores generales de los entes descentralizados, autárquicos, autónom os, b in acion ales, m u ltin acion ales, y los de em presas con participación estatal mayoritaria. - 2. Los magistrados judiciales y los miembros del Ministerio Público. 3. El D efensor del Pueblo, el Contralor General de la República y el Subcontralor, el Procurador General de la República, los integrantes del Consejo de la Magistratura y los miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral. 4. Los rep resen tan tes o m an datarios de em presas, corporaciones o entidades nacionales o extranjeras, que sean concesionarias de servicios estatales, o de ejecución de obras o provisión de bienes al Estado. 5. Los ministros de cuálquier religión o culto. Los ministros de una determinada religión o culto son los que suministran los sacramentos propios de una religión determinada. Por consiguiente, quien ha renunciado al ejercicio del ministerio de una iglesia determinada se halla habilitado para la elegibilidad. El fundamento de la restricción para la elegibilidad de las personas que ejercen el ministerio de una iglesia o culto es por la posibilidad de influir por medio del ejercicio del ministerio religioso en los electores adherentes a dicha religión. 6. Los Intendentes Municipales y los Gobernadores. 7. Los miembros en servicio activo de las Fuerzas Armadas de la nación y de la Policía Nacional, salvo que hubiesen pasado a retiro un año antes, por lo menos, del día de los comicios generales.

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8. Los propietarios y copropietarios de los medios masivos de comunicación social. 9. El cónyuge o los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, de quien se encuentre en ejercicio de la Presidencia al realizarse la elección, o la haya desempeñado por cualquier tiempo en el año anterior a la celebración de aquella. 10. Los jefes militares o los caudillos civiles de un golpe de Estado, revolución armada o movimientos similares que atenten contra el orden establecido por esta Constitución, y que en consecuencia asuman el poder como Presidente de la República, Vicepresidente, Ministro del Poder Ejecutivo o m ando m ilita r propio de oficia les generales, quedan inhabilitados para el ejercicio de cualquier cargo público, por dos períodos constitucionales consecutivos (Art. 236 C.N.). 11. Los que ejercieron con anterioridad los cargos de Presidente y Vicepresidente de la República, originado en una elección popular para el efecto. Esta circunstancia de inelegibilidad se halla establecida en el Art. 229 de la Constitución que expresa: “El Presidente de la República y el Vicepresidente durarán cinco años improrrogables en el ejercicio de sus funciones, a contar desde el quince de agosto siguiente a las elecciones. No podrán ser reelectos en ningún caso”. Es importante señalar que la norma constitucional impide la posibilidad de que el Presidente de la República o él Vicepresidente pueda volver a presentarse para una nueva elección, pero no afecta a quien haya ejercicio el cargo de Presidente o Vicepresidente en forma temporal por designación como reemplazante del titular del cargo, tal como ocurre con el Vicepresidente que en ausencia del Presidente ejerce en forma temporal el cargo. El requisito negativo de elegibilidad por el ejercicio anterior del cargo de Presidente de la República que se conoce como la prohibición de la reelección se halla plenamente justificada porque la competencia electoral entre el candidato - Presidente

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y el candidato - ciudadano rompe el principio de la igualdad de la competencia electoral por las innumerables ventajas que tiene el candidato - Presidente, tales como: 1. D esigu aldad en la propagan da electoral. En una ■' com petencia electoral entre el candidato-presidente y el candidato ciudadano; el primero aparece en forma permanente en los medios de difusión masivo por sus actividades oficiales de Presidente de la República y el candidato ciudadano tiene que pagar enorme cantidad de dinero para aparecer en los . medios de prensa por breve tiempo. 2. Utilización de recursos financieros del Estado propaganda oficial. El candidato presidente dispone de recursos públicos para pagar la propaganda oficial a su favor tales como impresión de folletos, libros, carteles con lo cual promociona sus obras de gobierno. Tam bién por m edio d e las entidades públicas pagan publicidad con la finalidad de promocionar su figura y generar una dependencia económica de los medios de comunicación para favorecer su posición. Ejemplo: Publicidad de las binacionales, de los Ministerios, de las diferentes secretarias.

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Adem ás, dispone de profesion ales de los m edios de com unicación, con asign ación presu pu estaria en cada Ministerio como responsable de comunicación que puede ser utilizado a su favor como “asesores de imagen”. 3. Utilización de inauguración de obras para la propaganda política. El candidato Presidente con la inauguración de cada obra pública financiada con el dinero de todo el pueblo utiliza para realizar propaganda electoral que el candidato ciudadano no puede hacer. 4. U tilización de recursos hum anos del Estado en la campaña electoral. El candidato Presidente utiliza los recursos humanos del Estado para la realización de su cam paña electoral en los eventos electorales sean para la organización de los eventos o para aparentar masiva asistencia a los actos de propaganda electoral.

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5. Utilización de los recursos presupuestarios destinados a la contratación de personal para financiar salarios de sus operadores políticos. Es usual que en época electoral se aumente el rubro de los contratados, todos con la finalidad de dar salario a los operadores políticos del candidato a la reelección. Esto no puede hacer el candidato ciudadano. 6. U tiliza ció n d el ru bro p resu p u esta rio de ^gastos reservados” para financiar la propaganda oficial del candidato Presidente. 7. U tilización de los bienes m ateriales del Estado. El candidato Presidente utilízalos bienes patrimoniales del Estado como medios de transporte, tractores, equipos informáticos, teléfonos, energía eléctrica, entre otros, para su campaña electoral. Esto no puede hacer el candidato ciudadano. 1 8. Utilización de las contrataciones públicas para favorecer a sus adherentes y de esta forma inyectar recursos financieros a los adherentes de su pretensión de reelección. 9. Utilización de los créditos gerenciados por el Estado por medio de las instituciones financieras estatales para favorecer con préstamos a los adherentes de su reelección. 10. Utilización de los recursos del crédito público destinado a “consultoría” para favorecer a los consultores adherentes a su pretensión de reelección. Miembro de Cámara de Senadores: Conforme con el Art. 223 de la Constitución de 1992 se requieren: nacionalidad paraguaya natural y haber cumplido treinta y cinco años de edad. Miembro de la Cámara de Diputados: Conforme con e l Art. 221 de la Constitución de 1992 se requieren: nacionalidad paraguaya natural y haber cumplido veinticinco años de, edad. Los requisitos negativos para ser miembro del Congreso Nacional. El Art. 197 de la Constitución Nacional establece que no podrán ser candidatos a senadores ni a diputados los que se encuentran en las siguientes situaciones jurídicas:

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1. Los condenados por sentencia firme a penas privativas de libertad, mientras duré la condena. Es importante señalar que la circunstancia que inhabilita para ser candidato es la condena a pena privativa de libertad, por lo que alcanza a la persona condenada durante el tiempo de duración de la condena que alcanza a la condena de cumplimiento efectivo de la pena como a las personas que han sido favorecidas con la suspensión condicional de la ejecución de la condena. Pues en ambas situaciones ha existido condena a pena privativa de libertad. Por otra parte, una persona condenada a pena privativa de libertad pero sin haber adquirido estado de firm eza la resolución condenatoria por la interposición de recursos no se halla inhabilitada para ser candidato. En la h ipótesis de que un can didato con sen ten cia condenatoria sea electo para un cargo de miembro del Congreso Nacionaly durante el ejercicio del cargo su sentencia adquiera estado de firmeza deberá cumplir con la sentencia porque no existe impedimento legal alguno para el efecto. . La inmunidad de proceso penal de que goza el parlamentario sólo se vincula al inicio del proceso penal en su contra pero no afecta la continuidad de la iniciada antes de asumir el cargo, por lo que se debe concluir que en la hipótesis indicada el parlamentario debe cumplir con la condena de pena privativa de libertad. 2. Los condenados a penas de inhabilitación para el ejercicio de la función pública, mientras dure aquélla. 3. Los condenados por comisión de delitos electorales, por el tiempo que dure la condena. 4. Los m agistrados ju d iciales, los representantes del Ministerio Público, el Procurador General de la República, el Defensor del Pueblo, el Contralor General de la República, el Subcontralor y los miembros de la Justicia Electoral. 5. Los ministros o religiosos de cualquier credo.

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6. Los representantes o mandatarios de empresas, corpo­ raciones o entidades nacionales o extranjeras, que sean concesionarias de servicios estatales, o de ejecución de obras o provisión de bienes al Estado. 7. Los militares y policías en servicio activo 8. Los candidatos a Presiden te de la R epú blica o a Vicepresidente. 9. Los propietarios o copropietarios de los medios masivos de comunicación social. 10. Los funcionarios públicos indicados en el Art. 198 de la Constitución. Estos funcionarios podrán ser candidatos pero no electos si no presentan renuncia a sus cargos y son aceptadas sus renuncias en el plazo de 90 días antes de las elecciones. Convencionales Constituyentes. Conforme dispone el Art. 289 de la Constitución de 1992 las condiciones de elegibilidad serán establecidas en la Ley. El Art. 240 del Código Electoral de 1996 dispone al respecto “Son elegibles convencionales constituyentes los ciudadanos que reúnan los requisitos establecidos en la Constitución Nacional y se hallen en el ejercicio del derecho al sufragio pasivo”. Gobernador Departamental. Los requisitos positivos para la elegibilidad al cargo de Gobernador Departam ental se establecen en el Art. 162 de la Constitución de 1992 y son los siguientes 1. Ser paraguayo natural. 2. Tener treinta años cumplidos. 3. Ser nativo del Departamento y con radicación en el mismo, por un año cuanto menos. 4. Radicación en el Departamento de cinco años como mínimo en el caso de persona no oriunda del Departamento. Los requisitos negativos para lá titularidad del cargo son los

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mismos para el Presidente y Vicepresidente de la República. Los Gobernadores tampoco pueden ser reelectos. En el caso de la imposibilidad constitucional de la reelección del Gobernador, es importante distinguir tres situaciones: la prim era es el gobernador electo que ejerce un período constitucional de cinco años, la segunda el gobernador electo que completa el período de uno que fuera destituido (Art. 154 Código Electoral), en estos dos supuestos no puede presentarse para una reelección y el tercer supuesto es de un miembro de la Junta Departamental que es designado para completar un período por renuncia, impedimento definitivo o muerte del Gobernador. En este supuesto no se halla afectado por el impedimento constitucional por no haber sido electo para el cargo sino designado para completar el período. Junta Departamental. Los requisitos para ser miembro de la Junta Departamental se establecen en el Art. 162, última parte de la Constitución de 1992 y son los siguientes: 1. Edad de veinticinco años. 2. Los mismos requisitos exigidos para el Gobernador, con excepción de la edad. Intendentes Municipales. Los requisitos positivos para el cargo de Intendente Municipal se hallan establecidos en el Art. 59 de la Ley Nro. 1294/87 “Orgánica Municipal” y son los siguientes: ciudadano paraguayo, mayor de veinticinco años de edad, reconocida honorabilidad, idoneidad para el ejercicio del cargo, natural del municipio o con residencia en él de por lo menos tres años y no estar afectado por las inhabilidades previstas por el Art. 27. El Art. 27 de la Ley Nro. 1294/87 “Orgánica Municipal” establece ocho supuestos de inhabilidad para ser electo miembro de Junta Municipal e Intendente Municipal. También en la redacción originaria del Art. 257 del Código Electoral, los Intendentes Municipales electos por el voto popular no podían ser reelectos, situación que fue modificada

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con la nueva redacción del artículo citado por ley Nro. 1830/01 admitiendo la reelección de los Intendentes por un período más. Miembro de Junta Municipal. Los requisitos de elegibilidad para miembro de la Junta Municipal se hallan establecidos en el Art. 25 de la Ley Nro. 1294/87 y son los siguientes: Ser ciudadano paraguayo, mayor de veinticinco años de edad, reconocida honorabilidad, natural del municipio o con una residencia en él de por lo menos tres años. Los extranjeros con residencia mínima de siete años en el municipio y reúnan los requisitos exigidos a los nacionales. El artículo 27 de la Ley Orgánica Municipal establece los requisitos negativos para ser candidato a miembro de la Junta Municipal e Intendente Municipal y son los siguientes: 1. Los declarados incapaces. 2. Los que tengan procesos pendientes en que haya sido decretado auto de prisión o hayan sido condenados judicialm ente por delitos contra la Administración Pública o contra el patrimonio de las personas. Es im portante señalar que en el expediente “M artínez Correa, Víctor R. c/ Giménez, Luis Ramón s/ Pérdida de investidura e Inhabilitación para el ejercicio del cargo de Intendente Municipal de Pirayú”, en el Acuerdo y Sentencia Nro. 1, de fecha 5 de febrero de 2007, el Tribunal Electoral, Segunda Sala, Capital, ha rechazado la demanda promovida contra el Intendente electo de Pirayú sobre quien pesaba una sentencia condenatoria de 2 años y 6 meses, por delito contra la administración municipal, con el fundamento de que la sentencia condenatoria no se hallaba en estado de firmeza. . Por consiguiente, conforme con el precedente señalado, la inhabilidad solamente podrá ser aplicada ante la existencia de una sentencia condenatoria firme. 3. Los que hayan sido declarados en quiebra fraudulenta.

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4. Los miembros en actividad de las fuerzas armadas, policiales y del clero.

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5. Los directores y accionistas de empresas concesionarias de servicios municipales. .■ . 6. Los que tuvieren interés directo en cualquier contrato con la Municipalidad.

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7. Los miembros y funcionarios de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, excepto el personal directivo y docente de los establecimientos públicos de enseñanza.

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8. Los funcionarios municipales.

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Pero además de los requisitos de elegibilidad establecidos para cada cargo, existen otros aplicables a todos los cargos de representación popular que son los siguientes:

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1. Haber sido electo candidato para el cargo en las elecciones internas de una entidad política.

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Este requisito de elegibilidad, en relación a los partidos políticos, se halla establecido en el Art. 33 del Código Electoral que dispone “Los estatutos de los partidos políticos establecerán lo conducente para que los diversos organism os que lo representan a nivel nacional, departamental o local, resulten integrados por ciudadanos electos mediante el voto directo, libre, secreto e igual de los afiliados. Para ser candidato de un partido a un cargo electivo cualquiera, es requisito ser electo por el voto directo, libre e igual y secreto de los afiliados”. En el caso de los movimientos políticos, se establece en el Art. 153 inciso b) yen el Art. 154 del Código Electoral. 2. Inscripción de la candidatura ante la Justicia Electoral por una entidad política. Esta exigencia para la elegibilidad se establece en los artículos 155 y 157 inciso a) del Código Electoral. 3. No haber sido postu lado candidato en elecciones internas de otra entidad política. Este requisito negativo para la candidatura para un cargo representativo se establece en el Art. 166 del Código Electoral que dispone: “Tratándose

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de partidos políticos, movimientos políticos o alianzas será causal de impugnación el hecho de que el candidato haya participado como postulante en las elecciones internas de otro partido o haber propuesto candidaturas de otro movimiento político concerniente a cualquier cargo electivo nacional, departamental o municipal”. Esta causal de inhabilidad para la candidatura para los cargos electivos debe ser entendida como haber sido candidato en la interna de otro partido o movimiento político para cargos electivos para el mismo período electivo que la candidatura que se inscribe porque no resulta razonable impedir la candidatura de una persona por haber participado en elecciones internas de otro partido o m ovim iento en periodos electivos anteriores. Esta interpretación es más coherente desde el punto de vista sistemático porque el Art. 86 inciso a) exige para la candidatura por movimiento político “no haber participado como postulante en elecciones partidarias concernientes al cargo en cuestión” y con el principio favorable a la participación electoral establecido en el Art. 4 del Código Electoral.

4.2. Circunscripción Electoral La delim itación territorial se establece en base a dos criterios: 1) Unidad de colegio electoral del territorio de la República para determinados cargos y 2) Pluralidad de colegios electorales para ciertos cargos electivos. Para los cargos de Presidente y Vicepresidente de la República y Senadores se constituye el territorio de la República en un solo colegio electoral. Para los cargos de Diputado, Gobernadores y Miembros de las Juntas Departamentales se constituye en pluralidad de colegios.electorales departamentales. Para los cargos locales com o In ten den tes y Juntas Municipales se constituye una pluralidad de colegios electorales municipales para proveer los cargos de representación de dichas secciones electorales.

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El criterio utilizado para la delim itación de los colegios electorales es la territorial conforme con las delimitaciones territoriales adm inistrativas preexistentes, pues se refiere a todo el territorio de la República para algunos cargos y a las secciones electorales departamentales y municipales respectivas para los cargos locales. En relación al prorrateo electoral utilizado para determinar la cantidad de cargos a proveer para los cargos de Diputados y miembros de Juntas Departamentales se utiliza la cantidad de electores inscriptos en cada Departamento y en la Capital. Por consiguiente, la cantidad de cargos a proveer se determina para cada elección en cuestión conforme con la cantidad de electores inscriptos. El tamaño de las circunscripciones electorales se determina por la cantidad de cargos a proveer y cuanto mayor sea el tamaño de la circunscripción facilita la representación de las minorías disminuyendo de esta forma la cantidad de voto inútil. , El hecho de que el tamaño de la circunscripción electoral facilita la participación de las minorías se puede comprobar, en la elección de diputados en el 2003, con el acceso a los cargos de diputados por los partidos minoritarios en las circunscripciones electorales más grandes como Departamento Central con 19 diputados y Capital con 9 diputados. En estas circunscripciones electorales han accedido a los cargos cinco partidos políticos mientras que en las restantes circunscripciones solamente dos o tres partidos. También esta situación de facilidad de acceso de los partidos minoritarios a los cargos de representación popular en las circunscripciones grandes se confirm a con la integración del Senado en las elecciones de 2003, donde con 45 bancas han accedido a los cargos seis partidos políticos. El Partido Encuentro Nacional con el voto del 2,02% accede a la banca en el Senado.

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4.3. Candidaturas Para la presentación de las candidaturas se habilita a dos sujetos: Los Partidos Políticos reconocidos por la Justicia Electoral y los Movimientos políticos. Es decir, conforme con el orden jurídico electoral solamente se pueden presentar candidaturas por medio de partidos políticos y candidaturas independientes con el respaldo de tma cantidad de electores. Las can didatu ras son presen tadas, para los cargos plu riperson ales en listas cerradas y bloqueadas y los partidos políticos, conforme con sus Estatutos, escogen en sus elecciones internas los candidatos por medio de listas cerradas y bloqueadas. Los movim ientos políticos, tam bién deben elegir a sus candidatos conforme a las reglas aplicables a los partidos políticos, según la disposición contenida en el Art. 88 del Código Electoral que expresa “Se aplicarán a los movimientos políticos, en lo que fuere pertinente todas las disposiciones relativas a los partidos políticos”. .

4.4. Fórmulas electorales para la distribución de los puestos de representación popular Para p recisar las fórm u las electora les u tiliza d a s es importante distinguir entre cargos unipersonales y cargos pluripersonales. ■

4.4.1. Para cargos unipersonales Los cargos u n ip erson ales elegid os conform e con la Constitución de 1992 son el de Presidente y Vicepresidente de la República, los G obernadores D epartam entales e Intendentes Municipales. El Presidente de la República es electo por el sistema de mayoría simple, conforme con la disposición del Art. 230 de la Constitución. El Vicepresidente de la República es electo por el mismo sistema.

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El Art. 230 de la Constitución dispone “El Presidente de la República y el Vicepresidente serán elegidos conjunta y directam ente por el pueblo, por m ayoría simple de votos, en com icios generales que se realizarán entre noventa y ciento veinte días antes de expirar el período constitucional vigente”. El Gobernador Departamental es electo por el sistema de mayoría simple, conforme con la disposición del Art. 249 del Código Electoral, que expresa: “La elección de las Juntas D epartam entales y de Gobernadores se hará por sim ple riiayoría de votos...”. Esta disposición, en relación a las Juntas Departamentales, no se ajusta a la disposición constitucional y el Art. 258 del Código Electoral que dispone que los miembros de las juntas departamentales serán distribuidos por el sistema de representación proporcional. El Intendente Municipal es electo por el sistema de mayoría simple conforme con la disposición contenida en el Art. 253 del Código Electoral. El Artículo de referencia dispone “Los Intendentes Municipales serán electos por mayoría simple de votos de los electores inscriptos en el padrón del distrito respectivo...” .

4.4.2. Para cargos pluripersonales Los cargos representativos pluripersonales a elegir son: Los miembros de la Convención Nacional Constituyente. Los miembros de las Cámaras de Senadores y Diputados, los miembros de las Juntas Departamentales, los miembros de las Juntas Municipales. Todos éstos son elegidos por el sistem a de representación proporcional ideado por Víctor D’Hondt, conforme con la disposición del Art. 258 del Código Electoral, que fuera ejemplificado y explicado en el desarrollo del capítulo anterior.

4.4.3. Método proporcional adoptado El procedimiento de distribución proporcional adoptado por el Art. 258 consiste en: a) Ordenar de mayor a menor en

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una columna, las cifras de votos obtenidos por cada lista; b) Se divide el número de votos obtenidos por cada candidatura por (1), (2), (3), etc., hasta form ar tantos cocientes como escaños por repartir existan y los escaños se atribuyen a las candidaturas que-hubieren obtenido los cocientes mayores , atendiendo a un orden decreciente; c) Cuando en la relación de cocientes coincidieren dos correspondientes a distintas candidaturas, el escaño se atribuirá a la que mayor número de votos hubiera obtenido y si el empaté subsistiere se resolverá por sorteo. '

4.5. Procedimiento de votación Él procedimiento de votación es el de voto de lista cerrada y bloqueada presentada por los partidos políticos o movimiento político. Es de lista cerrada porque los electores en el acto de votación no pueden introducir candidatos a la presentada y bloqueada porque no se puede introducir modificaciones al orden de la lista presentada. y

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4.6. Administración Electoral El sistema de administración electoral, en la normativa constitucional de 1992, se confiere au n solo órgano integrante del Poder Judicial dotado de autonomía, que cumple la doble función administrativa y judicial. La Constitución de 1992, en el Capítulo III del Poder Judicial, Sección V crea la Justicia Electoral a la que atribuye la com petencia para la convpcatoriá, el juzgaíriiento, la organización, la dirección, la supervisión y vigilancia de los actos y de las cuestiones derivadas de las, elecciones generales, departamentales y municipales, así como de los derechos y de los títulos de quienes resulten elegidos. Por consiguiente, ha establecido un órgano de relevancia Constitucional incorporado dentro de la estructura del Poder Judicial para realizar las tareas administrativas y judiciales vinculadas al proceso electoral.

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Las funciones administrativas son realizadas por los órganos judiciales integrantes de la estructura de la Justicia Electoral o por órganos electorales dependientes de la misma. Las funciones jurisdiccionales en materia electoral se asignan a la Justicia Electoral que se integra por el Superior Tribunal Electoral, los Tribunales Electorales, los Jueces Electorales, cuyas competencias son establecidas por la Ley Nro. 635/95, que reglam enta la Justicia Electoral. Las decisiones de la Justicia Electoral son recurribles ante la Corte Suprema de Justicia por vía de la acción de inconstitucionalidad.

5. Normas especiales que rigen la elección de los cargos representativos El Código Electoral de 1996, en el título V, desde el Art. 240 al 258, con la denominación de “Normas Especiales” regula determinadas reglas de elección de los cargos representativos que se vinculan al sistema electoral que se ha desarrollado, tales como circunscripción electoral, fórmula de adjudicación de los cargos y normas de instalación. Las normas señaladas se transcriben a continuación por su directa vinculación con algunos elementos del sistema electoral.

5.1. Elección de Convencionales Constituyentes El Art. 240 establece la regla de la capacidad electoral pasiva para el cargo de convencionales constituyentes en los términos siguientes: “Son elegibles convencionales constituyentes los ciudadanos que reúnan los requisitos establecidos en la Constitución Nacional y se hallen en el ejercicio del derecho de sufragio pasivo”. E l A rt. 241 dispone sobre la can tidad de cargos de convencionales constituyentes en los términos siguientes: “La Convención Nacional Constituyente se integrará con el número de ciudadanos convencionales establecidos en la ley especial a dictarse para el efecto y no podrá exceder del total de los miembros del Congreso”.

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El Art. 242 establece la forma de instalación de la Convención Nacional Constituyente señalando que “A los efectos de la instalación de la Convención Nacional Constituyente, el ciudadano que figure en el prim er puesto de la lista que obtuviere el mayor número de votos decidirá su instalación hasta que la Convención designe sus propias autoridades y sancione su propia reglamentación”.

5.2. Elección del Presidente de la República El Art. 243 establece los requisitos de elegibilidad del Presidente de la República en los términos siguientes: “Es elegible Presidente de la República todo ciudadano que reúna los requisitos exigidos por la Constitución Nacional y este Código y se halle en ejercicio del derecho de sufragio pasivo”. El Art. 244 establece la circunscripción electoral para la elección y la fórmula de adjudicación del cargo al disponer que “A los efectos de la elección de Presidente y Vicepresidente de la República, el país se constituye en un colegio electoral único. Serán electos Presidente y Vicepresidente los candidatos que obtuvieren el mayor número de votos válidos emitidos”. E l A rt. 245 d isp o n e la s re g la s v in c u la d a s a la s incompatibilidades para el ejercicio del cargo señalando que “Las incompatibilidades para el ejercicio del cargo son las establecidas en la Constitución Nacional y en este Código”.

5.3. Elección de Senadores y Diputados El Art. 246 regula las condiciones de elegibilidad de los Senadores y Diputados al disponer que “Son elegibles para desempeñarse como senadores y diputados los que hallándose en ejercicio de su derecho de sufragio pasivo reúnan las condiciones establecidas en la Constitución Nacional y no se hallen comprendidos en las inhabilidades establecidas en la misma”. El Art. 247 establece reglas relativas a forma de candidaturas,

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fórmula de distribución de los cargos y colegios electorales al disponer lo siguiente: “Los Senadores serán electos por el sistema de lista completa y de representación proporcional de acuerdo con los términos del artículo 258 de este Código. Los ; Diputados serán electos en colegios electorales departamentales de acuerdo con el número de electores de cada departamento, incluida la ciudad de Asunción, con circunscripción electoral propia, de conformidad con lo establecido en el Artículo 221 de la Constitución y 6o inciso i) de la Ley Nro. 635/95”. ,

El Art, 248 establece la fecha de realización de las elecciones de senadores y diputados al expresar que “La elección para senadores y diputados tendrá lugar simultáneamente con la que se realice para la elección del Presidente y Vicepresidente de la República”.

5.4. E lecció n de las Jun tas D ep artam en tales y Gobernadores El Art. 249 dispone al respecto cuanto sigue “La elección de las Juntas Departamentales y de Gobernadores se hará por simple mayoría de votos y de acuerdo con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 161 de la Constitución, en boletines de votos separados”. Es importante señalar que esta disposición normativa, en relación a la fórmula de distribución de los cargos de miembros de Juntas Departamentales al disponer que la elección se hará por m ayoría sim ple presenta una antinom ia con la norma contenida en el Art. 258 del mismo cuerpo legal que dispone que los cargos pluripersonales como el de la Junta Departamental se distribuye por el sistema proporcional ideado por Víctor D ’Hondt. La antinomia que presentan las normas ' se resuelve a favor del sistema proporcional por aplicación de la norma constitucional del Art. 118 que establece el sistema de representación proporcional.

5.5. Elección de Juntas Municipales El Art. 250 establece las reglas relativas al colegio electoral, la

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forma de candidatura, la fórmula de adjudicación y la duración del mandato de los miembros de las Juntas Municipales al disponer que “Las autoridades de la Junta Municipal serán electas mediante comicios que se realizarán en el distrito electoral correspondiente a cada municipio en base a lista de candidatos que contemple la totalidad de los cargos a elegir e integrada por el sistema proporcional establecido en este Código y durarán cinco años en sus funciones”. El Art. 251 establece los requisitos dé elegibilidad de los miembros de la Junta Municipal y el requisito de elegibilidad del Intendente Municipal al cargo de miembro de la Junta Municipal al disponer que “Para ser candidato a miembro de las Juntas Municipales es necesario ser ciudadano nacional o extranjero, inscripto en los padrones respectivos, reunir los requisitos establecidos en la Ley “Orgánica Municipal” y hallarse en el ejercicio del derecho de sufragio pasivo. Los Intendentes Municipales o los que se hallaren desempeñando tales funciones por designación podrán ser candidatos a miembros de las Juntas Municipales siempre que hubieren renunciado al cargo tres meses antes de la fecha convocada para las elecciones”.

5.6. Elección de Intendentes Municipales El Art. 252 del Código Electoral dispone las reglas de elegibilidad de los Intendentes Municipales señalando que “El candidato a Intendente Municipal deberá reunir los requisitos establecidos en la Ley Orgánica M unicipal y hallarse en ejercicio del derecho de sufragio pasivo”. El Art. 253 establece las reglas de adjudicación del cargo, el colegio electoral y la duración del mandato en los términos siguientes: “Los Intendentes serán électos por mayoría simple de votos de los electores inscriptos en el padrón del distrito respectivo y durarán cinco años en sus funciones. La elección se hará mediante boletín de voto separado de aquél en que se sufrague para miembros de la Junta Municipal”. Por ley Nro. 2460/04 se establece que las autoridades municipales a ser

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electas en los comicios del 2006 durarán cuatro años en el ejercicio de sus funciones.

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El Art. 255 establece reglas relacionadas con la vacancia de la Intendencia Municipal disponiendo que “En caso de " ausencia no justificada por más de treinta días, renuncia, in habilitación o m uerte de un Intendente M unicipal, el Presidente de la Junta Municipal asumirá interinamente las funciones de aquél y convocará a sesión de' la misma, en la cual mediante el voto secreto de cada uno de sus miembros, se elegirá de entre los mismos un nuevo Intendente Municipal para completar el período, cualquiera sea el tiempo que haya transcurrido desde la elección”.

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El Art. 254 establece que “Las incompatibilidades para el ejercicio del cargo son las establecidas en la Constitución Nacional y en este Código. El ejercicio de funciones de miembros de la Junta Municipal no constituye causal de inhabilidad para la designación como Intendente Municipal”.

El Art. 256 regula la instalación y toma de posesión de las autoridades municipales en los términos siguientes: “Las autoridades electas en comicios municipales ordinarios, de no mediar contiendas judiciales, tomarán posesión de sus cargos treinta días después de realizadas las elecciones. El miembro que figure a la cabeza de la lista proclamada presidirá la sesión preliminar de instalación de la nueva Junta que, en dicha ocasión, constituirá su mesa directiva. En el mismo día el Intendente Municipal electo tomará posesión de su cargo ante la Junta Municipal”. El Art. 257 del Código Electoral a partir de su modificación . por Ley Nro. 1830/01 establece la posibilidad de reelección inmediata de los Intendentes Municipales en forma consecutiva por un período más, en los términos siguientes: “El Intendente podrá ser reelecto en el cargo por una sola vez en el período inmediato siguiente, siempre que hubiera renunciado al cargo tres meses antes de la fecha convocada para las elecciones. Los miembros de las Juntas Municipales podrán ser reelectos”.

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5.7. Distribución de escaños El sistema de distribución de los escaños en los órganos pluripersonales conforme con lo dispuesto en el Art. 118 de la Constitución Nacional es el proporcional y el Art. 258 del Código Electoral escoge uno de los métodos de distribución proporcional de los escaños entre las diferentes posibilidades de sistemas proporcionales existentes en el derecho electoral comparado. El Art. 258 escoge el sistem a proporcional denominado divisor ideado por Víctor D ’Hondt, al disponer lo siguiente: “Los convencionales constituyentes, senadores, diputados, miembros de las Juntas Departamentales y Municipales serán elegidos en comicios directos por medio del sistema de listas cerradas y de representación proporcional. Para la distribución de escaños en los cuerpos colegiados se aplicará el sistema D ’ Hont...”.

CAPÍTULO V EL PROCESO ELECTORAL 1. Concepto Es el conjunto de actividades de carácter electoral diseñado por la ley que realizan los sujetos del proceso con la finalidad de proveer los cargos de rep resen tación p opu lar o para la em isión de decisiones políticas fundam entales por m edio del referéndum. El proceso electoral se in icia form alm en te con el acto de convocatoria a elecciones y culm ina con el acto de proclam ación de los candidatos electos por parte del órgano encargado de la adm inistración electoral y dentro de este período se realizan una serie de activid ad es electorales, que con form e con la doctrina se pueden dividir en etapas preparatoria, constitutiva e integrativa.

2. Etapas del proceso electoral En la d o c trin a se d ivid e el p ro ceso en tres etap as que com prenden diferentes actividades electorales. Estas etapas son: 1) la etap a preparatoria, 2) la etapa constitutiva, y 3) la etapa in tegrativa de eficacia. a. La etapa preparatoria. C om pren d e activid ad es tales com o la inscripción de los partidos políticos y m ovim ientos

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p olítico s que aú n no se h a llan reco n ocid os por el órgano electora l com peten te, especialm en te, aqu ellas form acion es políticas nuevas que h abrán de p articipar por prim era vez dentro del proceso in scripción de electores, candidatu ras y la realización de la cam pañ a electoral. b. La etapa constitutiva. D e n tr o d e e s ta e ta p a se r e a liz a n la s a c tiv id a d e s d e c is iv a s d e n tr o d e l p ro c e s o y qu e trad u cen la m a n ifesta ción de la v o lu n ta d del cu erp o electoral y com prenden las actividades de: 1) elecciones que se m a teria liza en el acto p olítico de la v ota ción ; 2) el escru tin io por el cu al se cu a n tifica la volu n ta d exp resa d a en el acto de v ota ció n dentro de la jo rn a d a electora l y 3) la d ecla ració n del resu ltad o por p arte de las au torid a d es electorales d en tro de la jo rn a d a electoral. c. La etapa integrativa de eficacia. Es la d ecla ración form al realizad a por la au toridad electoral luego de realizada u n a serie de actividades que com prenden el ju zgam ien to de los docum entos electorales en los que con stan los resultados electorales, la realización de las operaciones de cálculos para la adjudicación de los cargos. E sta d eclaración form al, en el caso paraguayo, correspon de al T rib u n al Electoral, m ediante el acto de proclam ación de los candidatos electos, que otorga eficacia ju ríd ico -p olítica a las elecciones realizadas.

3. Los sujetos del proceso electoral Son las personas individuales y entidades que participan en form a directa o in d irecta en el proceso electoral que se destina a la designación de las personas quienes habrán de ejercer los cargos de represen tación popular. Los sujetos que tienen p articipación d irecta en el proceso son los electores, los partidos y m ovim ientos políticos, el órgano encargado de la adm inistración electoral y los protagonistas indirectos son los m edios de com unicación, la opinión pública y los observadores internacionales.

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Los sujetos que tienen participación d irecta en el proceso electoral son los siguientes:

3.1. Los electores Es el sujeto p rin cipal del proceso electoral en u n Estado que se con stitu ye en R epú b lica y que ad op ta com o form a de gobierno la dem ocracia representativa. En u n a R epú blica el elector es el dueño originario del poder público que lo ejerce, en la dem ocracia representativa, por m edio de sus representantes elegidos por m edio de las elecciones. Todo el proceso electoral se diseñ a para la m anifestación ordenada, lim pia y transparente, de la volu n tad p op u lar en la designación de sus rep resen tantes por m edio del sufragio. Por la im portan cia que reviste la soberanía p opu lar dentro de la estru ctu ra de los E stados dem ocráticos, el elector se constituye en la p ieza fu n d am en tal del proceso electoral que se destina para asegu rar la m áxim a eficacia a la expresión de su volu n tad en la elección de sus representantes.

3.2. Los partidos y movimientos políticos L os p a r tid o s y m o v im ie n to s p o lític o s son los su je to s habilitados para la p resentación de las candidatu ras a los cargos de elección popular, conform e con nuestro ordenam iento ju ríd ico, por lo que se con stitu ye en los sujetos obligados dentro del proceso electoral, es m ás, el ciudadan o no podrá ejercer la capacidad electoral pasiva sin la inscripción de su candidatu ra p or m edio de estas entidades públicas. Los partidos políticos son person as ju ríd ica s de carácter p ú b lico q u e se c o n stitu y en con la fin a lid a d e s en c ia l de participar en la form ación de las autoridades, aun cuando la propia C onstitución le confiere otras finalidades com o la orientación de la política nacional y la educación cívica de los ciudadanos. L a f i n a l i d a d p a r t i c i p a t i v a e n la f o r m a c ió n

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autoridades electivas que le atribuye la C onstitución N acional lo con vierte en el sujeto esen cial del p roceso electoral. Es im portante señalar que los partidos p ara ser parte del proceso electoral d eben p ro ced er a la in scrip ció n de sus resp ectivas can didatu ras. La participación de los partidos políticos en proceso electoral tiene incidencias ju ríd ica s sobre los m ism os, tales com o el derecho a acceder a los subsidios electorales, el derecho a la p rop agan d a electoral gratuita, el d erecho a la fiscalización del proceso electoral y el derecho a la p erm an en cia en calidad de partido político, h abid a cu en ta de que la no p articipación en el proceso electoral por u n determ in ad o período de tiem po es cau sal de extin ción de los partidos. Los m ovim ien tos p olíticos, tam b ién con stitu yen sujetos reconocidos con la fin alid ad de p articipar en la form ación de las au toridades electivas de carácter nacional, departam ental y m u nicipal, con las d iferencias esen ciales de que p odrán constituirse con carácter tem poral para la participación en una determ in ad a elección y p odrá ser de carácter departam ental o lo c a l, c u a n d o qu e lo s p a r tid o s p o lític o s d e b e r á n ser perm anen tes y de carácter nacional. La habilitación de los m ovim ien tos políticos com o sujeto habilitado para la presen tación de las candidaturas, surge n u ev a m e n te en el ord en ju r íd ic o e le c to ra l a p a rtir de la vigen cia de la Ley 1/90, con la finalidad de constituir un nuevo canal de p articipación de la ciu d ad an ía en la form ación de las autoridades electivas, que era m onopolio de los partidos políticos, con excepción de la Ley N° 878/27 que adm itió la can d id atu ra in d ep en d ien te p ara el Parlam en to y la Ley N° 100/28 para Intendente. P o r o tra p a rte, en ra zó n d el c a rá c te r te m p o ra l de los M ovim ientos Políticos y la posibilidad de su constitución a los efectos de p resentar candidatu ras departam entales o locales, los req u isitos exigid os p or la n o rm a tiva electoral p a ra su con stitu ción son m ás flexibles que las exigencias establecidas para los partidos políticos.

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3.3. Los órganos de la Administración Electoral Los órganos encargados de la Adm inistración Electoral, que en algunos países, com o el Paraguay, tienen a su cargo tanto las actividades adm inistrativas vin cu lad as a la organización del proceso electoral com o las cuestiones relativas al proceso contencioso electoral, son tam bién sujeto directo del proceso electoral que deben organizar y ju zg a r en cu an to a la validez de los actos que lo integran. La calid ad de sujeto del proceso electoral del órgano de la ad m in istración electoral surge de la com peten cia del mismo. En la n orm ativa ju ríd ic a electoral paragu aya, a la Ju sticia Electoral, órgano de la ad m in istración electoral, corresponde las sigu ientes funciones:

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La convocatoria. La con vocatoria a elecciones es el acto form al con la que se in icia el proceso electoral en la que establece la fech a de los com icios, los cargos que serán elegidos y los colegios electorales en que se desarrollarán los com icios.

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El juzgamiento. Es el acto de valoración de los resultados

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electorales que se realizan por m edio del escrutinio intermedio o defin itivo que com peten a los Tribu n ales Electorales de las respectivas circun scripciones y al Superior T rib u n al de J u sticia Electoral.

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La organización. La o rga n iza ció n del p roceso electoral c o m p re n d e la r e a liza c ió n de u n a s erie de a c tiv id a d e s adm inistrativas electorales por parte de los órganos judiciales u órgan os a d m in is tra tiv o s d ep en d ien tes de la J u s tic ia E le cto ra l. E sta s series de a c tiv id a d e s a d m in is tra tiv a s electorales com prenden desde la inscripción de los electores por parte de la Dirección del Registro Electoral, la inscripción de las candidatu ras, la d esignación de las autoridades de m esa, los veedores y apoderados y la provisión de los útiles electorales a ser utilizados durante la jo m a d a de votación y la recep ción de los m ism os luego de la realización del escrutin io provisorio.

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La dirección. Im p lica que todos los actos com prensivos del p roceso electoral deben ser realizados bajo las form as legales establecidas en el C ódigo E lectoral y las directivas em anadas de la J u sticia E lectoral a los diferentes órganos que d epen den de la m ism a para la corrección y lim pieza del proceso de elecciones.

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La su pervisión . I m p lic a q u e to d a s la s a c t iv id a d e s realizadas por los órganos de la adm inistración electoral y los fu ncionarios de dichos órganos deben estar som etidos a las directivas y con trol del Su perior T rib u n al de J u sticia Electoral.

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La vigilancia. Es el cuidado y con trol que debe ejercer la J u sticia E lectoral p ara la correcta realización de los actos electorales que com prenden el proceso electoral. .

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Los derechos y títulos de los elegidos. Es la com peten cia d e l T rib u n a l E le c to ra l d e p ro c la m a r las c a n d id a tu ra s electas y de dirim ir los conflictos que p u dieran surgir a con secu en cia de las elecciones.

La com p eten cia atrib u id a por el orden ju ríd ico electoral, precedentem ente consignada, lo convierte en uno de los sujetos directos del proceso electoral.

4. Sujetos indirectos del proceso electoral Los sujetos indirectos del proceso electoral, conform e con la d octrin a son: La op in ión pública, los m edios de com unicación social y los observadores de las elecciones.

4.1. La opinión pública La opin ión p ú b lica con stitu ye “ el m odo colectivo de sentir y de p en sar de u n grupo m ás o m enos gran de de personas, con respecto a u n hecho determ inado de interés p ú b lico”52. E ste sen tim ie n to de la c o le c tiv id a d sob re los asu n tos de interés colectivo se con stitu ye en u n a fuente de autoridad en 52 J U A N P A B L O II, L a fo r m a c ió n d e la o p in ió n p ú b lic a e n s e n tid o c r is tia n o . E l V a tic a n o 10 d e e n e ro d e 1989.

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la d em ocracia y al m ism o tiem po fuente de lim itación de la autoridad pública. La in flu en cia y p rotagon ism o de la opinión p ú b lica dentro del proceso electoral es elocuente habida cuenta de que perm ite conocer los intereses de la colectividad en el m om en to del proceso electoral; esta circu n stan cia ejercerá u n a in flu en cia notable en las propu estas de los candidatos y en los debates sobre los tem as de interés nacional durante el desarrollo de la cam pañ a electoral. La p a rticip a ció n in d ire cta de la op in ión p ú b lica dentro del proceso electoral, en u n a sociedad dem ocrática en donde los can d id atos p reten d en rep resen ta r a la colectivid ad en el e je rc ic io de las fu n c io n e s p ú b lica s rep re se n ta tiv a s , se encuentra en m arcada en los aspectos siguientes: 1. Determ ina los problem as nacionales que preocupan a la colectividad a cuyas soluciones debe propender las actividades de los elegidos. En u n a sociedad dem ocrática es de esperar que aquellos candidatos que propongan las m ejores vías de solución de estos problem as obtengan la preferen cia del electorado. Es por la circun stancia señalada que se sostiene que la opinión pública se constituye en u n a fuente de poder político. 2. Perm ite a los can d id atos con ocer las inqu ietu des del electorado cu ya p referen cia quiere obten er p or m edio del voto y dich a inform ación p roveíd a por la opinión p ú b lica habrá de servir de lím ites a sus propuestas de gobierno, porqu e en definitiva, su preten sión es servir a la colectividad desde el ejercicio de los cargos de rep resen tación popular.

4.2. Los medios de comunicación social Los m edios de com u nicación social se con stitu yen en la actualidad en uno de los sujetos indirectos m ás im portantes del proceso electoral por varias razones que a título de ejem plo, se en u m eran en los siguientes: 1. Los m edios de com unicación se constituyen en los canales m ás adecuados p ara la form ación y difusión de la opinión

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pública; es decir, con stituye el m edio de d ifu sión del sentir colectivo en u n determ inado m om en to sobre los asuntos de interés público. 2. La acción de los m edios de com unicación en la difusión de los m ensajes electorales puede ocasionar graves perjuicios a la igualdad en la com petencia electoral, cuando los responsables de dichos m edios u tilizan m ecanism os de discrim in ación para p erm itir el acceso a los candidatos a la u tilización de estos m edios de difusión. 3. Los m edios de com unicación constituyen los canales más idón eos para la difusión de la p rop agan d a electoral, por el alcance m asivo de los m ism os y por la cultura política que se ha im puesto en los últim os tiem pos, que el autor italiano Giovanni Sartori d enom ina el vídeo-poder; es decir, en la actualidad, el p od er político se con struye a través de la u tilización de los m edios m asivos de com u nicación social. 4. Los m edios de com unicación social a través de la difusión de las inform acion es sobre las tendencias electorales, tales com o en cu esta s de p re fe re n cia s ele cto ra le s o em isió n de resu ltado de boca de urna, pu ed en ejercer n otoria influen cia sobre la p articipación de la ciu d ad an ía en las elecciones. La im portan cia que adquiere la p resen cia de los m edios de com unicación social en el proceso político h a m otivado que las legislacion es electorales reglam enten su u tilización durante el p roceso electoral para p erm itir u n a m ayor igu aldad en la com p eten cia electoral. L a n o rm a tiv a e le c to r a l p a r a g u a y a , al r e g la m e n ta r la p ro p a ga n d a e lectora l estab lece a lg u n a s con diciones sobre el uso de los m edios de com u n icació n d u ran te el p roceso electoral tendiente a p reserva r la igu a ld a d de oportu nidades de las can d id atu ras en com petencia. A lgu n a s lim itaciones e s t a b le c id a s en la n o r m a t iv a e le c t o r a l te n d ie n t e a la p reservación del prin cipio de igu ald ad son las siguientes: -

La lim itación tem poral de la p rop agan d a electoral.

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La p ro h ib ició n de la d iscrim in a ción de tarifas p ara las candidatu ras en com petencia.

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La lim itación tem poral de los espacios televisivos y radiales durante la cam pañ a electoral.

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La c o n c e s ió n d e e s p a c io s g ra tu ito s en los m ed io s de com u nicación durante la cam pañ a electoral.

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La p ro h ib ic ió n de la p u b lic a c ió n d el re s u lta d o de las encuestas electorales los 15 días antes de las elecciones. E sta lim itación fue d eclarad a in con stitu cion al por Ac. y Sent. N° 232 de fecha 10 de abril de 2002 y con firm ada su con stitu cion alid ad p or Ac. y Sent. N° 1295 del 5 de diciem bre de 2007.

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Prohibición de la pu blicación del resultado de boca de u rna hasta u n a hora después del cierre de los com icios.

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La p ro h ib ic ió n de las ca n d id a tu ra s a P re s id e n te de la R epú blica a los propietarios de los m edios de com unicación social.

4.3. La observación internacional La internacionallización de los derechos hum anos, entre ellos, el derecho político de p articip a ción ciu d ad an a en la form ación de las autoridades electivas, ha extendido la práctica de la p re s e n c ia de los ob serva d o res in tern a cio n a les p a ra evalu ar el grado de cum plim iento de los derechos hum anos de carácter político en los procesos electorales de los países que se adhieren al sistem a de p rotección internacional de los derechos hum anos. La necesidad de vigilar el cum plim iento de los com prom isos in tern a cio n a les de los E stad os vin cu lad o s a los d erech os h u m a n o s, h a m o tiv a d o q u e las e le c c io n e s re a liza d a s en los d iferen tes E stados sean con trolad as u observadas por r e p r e s e n ta n te s de los o rg a n is m o s in te r n a c io n a le s p a ra evalu ar el cum plim iento de los E stados de sus com prom isos in tern a cion ales.

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E sta vigilan cia in tern acion al h a m otivado la p resencia de los O bservadores Internacion ales de los procesos electorales, que se con stitu yen en sujetos indirectos im portantes de los procesos electorales por las funciones que desem peñan. Las funciones de los O bservadores son la de evalu ar el grado de cu m plim iento de la n orm ativa in tern acion al relacion ad a con los derechos hu m anos y elevar inform es a los organism os internacionales que serán docum entos trascendentes para que el país evaluado goce de la cred ib ilid ad internacional.

CAPÍTULO VI LOS PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLÍTICOS 1. Los partidos políticos: Concepto L os p a r tid o s p o lític o s “ es u n a fo r m a de a g re m ia c ió n de u n grupo social qu e se p rop on e organizar, coord in ar e instrum entar la voluntad popular con el fin de asum ir el poder p ara realizar su program a de gob iern o”53. P a ra el Dr. J u sto José Prieto, los p artid os políticos son a socia cio n es con v o c a c ió n de pod er, vo lu n ta d de m an d o, de d om in io o señ orío q u e ca n a liza n la o p in ión p ú b lic a y tien en por ob jeto la organ ización , con d u cción e in tegración d el E stado. Si b ien estos son sus ob jetivos p rin cipales, los p artid os p olíticos tam b ién in fo rm a n y con d u cen a la op in ión p ú b lic a , a s í com o c o n tr o la n la m a rc h a d e las d iv e rs a s fu n cion es del E sta d o54. Los rasgos que definen a los partidos políticos, de acuerdo con el criterio del autor citado son los siguientes:

53 J O S É A F O N S O D A S IL V A . C u r s o d e D ir e ito C o n s t itu c io n a l P o s itiv o , p á g . 3 9 5 , M a lh e ir o s E d ito r a , 15a E d ic ió n , A ñ o 1998. 54 J U S T O J O S É P R IE T O . C o n s titu c ió n y R é g im e n P o lític o en e l P a ra g u a y . P á g. 93, E l L e c to r , A s u n c ió n P a r a g u a y , A ñ o 1987.

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1. U n a denom inación que sea su definición, el más breve resu m en de su ideología; 2. U n a declaración de principios que determ ine el lu gar que el individuo y el E stado ocuparán en la Nación; 3. U n p ro g ra m a de a cción qu e in d iqu e el p lan de sus realizaciones; 4. U n a carta orgánica que rija su funcionam iento interno y sus interrelaciones con los dem ás partidos políticos y las institu ciones económ icas y religiosas; 5. U n T rib u n al de disciplin a55.

2. Naturaleza jurídica de los partidos políticos El art. 124 de la C.N. establece que los partidos políticos son personas ju ríd ica s de d erecho público. La caracterización de los partidos políticos com o personas ju ríd ica s de derecho público im plica que la actuación de los m ism os debe ajustarse estricta m en te al p rin cip io de lega lid a d y no en b ase a la au ton om ía de la volu n tad de sus m iem bros com o ocurre con las personas ju ríd ica s de derecho privado. El carácter de p erson a ju ríd ica de derecho público de los partidos políticos, exige que la con du cta de sus órganos se ajuste a las disposiciones con stitucion ales y legales, así com o los E statutos de estos partidos políticos y las resoluciones dictadas por sus órganos internos deben ajustarse al principio de legalidad; legalidad que se con stitu ye de esta form a en u n lím ite a la volu n tad m ayoritaria de sus m iem bros. El principio de la legalidad para los partidos y m ovim ientos políticos, que surge com o consecuencia de su carácter de persona ju ríd ica de derecho público se reafirm a en el Art. 12 de la Ley 834/96, al disponer que “Los partidos y m ovim ientos políticos están subordinados a la C onstitución y a las leyes...” . 35 J U S T O J O S É P R IE T O . C o n s titu c ió n y R é g im e n P o lític o en e l P a ra g u a y . P á g . 93, E l L e c to r , A s u n c ió n P a r a g u a y , A ñ o 1987.

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E n la d octrin a se d iscu te la a trib u ción d el carácter de p erson a ju ríd ic a de derecho público a los partidos políticos, a s í el a u to r b ra sileñ o J o s é A fon so D a S ilv a e x p res a que “enten dem os artificial el en cu adram ien to legal, pues no es fácil encon trar las notas esenciales de las personas ju ríd ica s de derecho público en u n a organ ización asociativa form ada p o r la a d h e s ió n v o lu n ta ria de p a rticu la res d estin ad a, no p ropiam en te a realizar fines públicos, sino fines políticos. Los partidos políticos solam ente prestan servicios públicos en el ejercicio de las funciones gubernam en tales, m as ahí no son sino instrum entos de la prestación de esos servicios, que no son de ellos, sino del Estado y sus órganos gu bernam entales, que con ella, no se confunden. Agrega, que u n a de las notas de las person as ju ríd ica s de derecho pú blico es su creación directam en te p or la ley”56. No obstan te, la crítica señalada, con sid eram os ap rop iad a la c a r a c te r iz a c ió n c o n s titu c io n a l p o r q u e fa c ilita q u e el in s tru m e n to de c a n a liza c ió n d e la v o lu n ta d p o p u la r sea reglad o con form e con los p rin cipios d em ocráticos, que de esta form a v ien e a refo rza r la d efen sa del sistem a con la exigen cia de que los can d id atos que su rjan de los p artid os p olítico s tam b ién gocen de la legitim id a d d em ocrática, en el sentido, de que sean la fie l exp resión de la volu n tad de los m iem b ros de los p artidos con cu rren tes a la form a ción de las au torid a d es electivas.

3. Características de los partidos políticos Las p rin cip a les ca ra cterística s de los p artid os p olíticos dentro de nu estro ordenam iento ju ríd ico están contem pladas en la n orm a con stitucion al y legal; ellas son las siguientes: 1. Organización de carácter pluralista: La exigencia de que los partidos políticos deben expresar el p lu ralism o constituye 56 J O S É A F O N S O D A S IL V A . C u r s o d e D ir e ito C o n s t itu c io n a l P o s itiv o , p á g . 404/ 4 0 5 , M a lh e ir o s E d ito r a , 15a E d ic ió n , A ñ o 1998.

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u n desarrollo del carácter pluralista de la sociedad dem ocrática a la que debe servir de canal de expresión p olítica y en su dim en sión ju ríd ica im plica u n a lim itación im ped itiva para la con stitu ción de los partidos de u n a sola clase social. 2. Organización interna dem ocrática: L os p a rtid o s políticos deben tener una estru ctura interna dem ocrática, que con stituye u n a exigencia d efen siva del sistem a dem ocrático a la cual sirve com o instrum ento de can alización de la volu n tad popular. 3. Es una asociación instrumental democrática para la formación de las autoridades electivas: Los p artid os p olíticos, con form e con la con stitu ción , son in stru m en tos de p articipación p or m étodos dem ocráticos en la form ación de las autoridades electivas nacionales, d epartam entales y m unicipales. 4. Organización nacional: C on form e con el art. 16 de la Ley 834/96, los partidos políticos se organizarán a nivel nacion al, no siendo p erm itid a la organ iza ció n de p artidos políticos regionales. 5. Organización permanente: Los partidos políticos son organizaciones de carácter perm anente, pues su extin ción y caducidad solo puede operarse conform e con las disposiciones legales establecidas en la ley 834/96 y por sentencia ju d ic ia l d ictad a por el T rib u n al Electoral.

4. Funciones de los partidos políticos Las funciones que correspon den a los partidos políticos de acu erdo con la con stitución y el Código E lectoral son las siguientes:

1. Participar en la formación de las autoridades electivas nacionales, departamentales y municipales (art. 125 de la C.N.). E l incu m plim ien to de esta fu nción con stitucion al en dos elecciones gen erales de carácter plu riperson al es cau sal

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de caducidad, conform e con lo dispu esto en el art. 77 inciso b) de la Ley 834/96. 2. La orientación de la política nacional: que se realiza a tra v é s de la d ifu s ió n de sus p rin c ip io s , p ro g ra m a s de acción, adopción de p ostu ra institu cional en tem as de interés n acion al y la participación de sus m iem bros en los órganos gubernativos. 3. La formación cívica de los ciudadanos: im p lica la exigen cia a los partidos de realizar u n a activid ad pedagógica p a ra p rep arar a la ciu d ad an ía en el con ocim ien to de sus derech os y ob ligacion es en cuan to a la con du cción de los destinos de la sociedad estatal. 4. Defender el sistema democrático: acatando y haciendo resp etar las m anifestacion es de la soberanía popular com o fuente d el poder público (arts. 10/12 de la Ley 834/96). 5. La defensa de los Derechos Humanos: fin a lid a d establecida en los arts. 10/12 de la ley 834/96.

6. Hacer respetar el carácter no deliberante de la Fuerza Pública (art. 12 de la Ley 834/96).

5. Prohibiciones a los partidos políticos A los partidos políticos están exp resam ente prohibidos por la n orm ativa constitucional, los supuestos siguientes: 1. R e cib ir a u x ilio econ ó m ico , d ire c tiv a s o in stru ccion es de o rg a n iza cio n e s o E stad os e x tra n jero s: E s ta p ro h ib ición , a c rite r io de E u s e b io R am ón A y a la , “es p ro d u c to de u n n acion alism o exacerbado y de u n a notable con tradicción con la p o lític a de in teg ra c ió n y c o o p e ra c ió n e n tre los p aíses del m u n d o. Si b ien la c o n stitu ció n q u is o p ro te g e r la a u to n o m ía de los p a rtid o s y m o vim ien to s p olítico s, el m ed io elegid o, a d em á s de in ú til, p orqu e h a y m il form as de b u rla r esta p roh ib ición , p u ed e p restarse a in terp reta cio n es equ ivocad as q u e p o d r ía n p e r ju d ic a r la s r e la c io n e s d e c o o p e r a c ió n

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in tern a cio n a l. T a l es el caso de las b ecas, las in vita cio n es p agad as, las d on a cion es de m a teria les d id á cticos, e tc ”57. 2. E stab lecer estru cturas que, d irecta o indirectam ente, im pliqu en la u tilización o la apelación a la violen cia com o m etod ología del qu eh acer político. Es la exten sión del sistem a dem ocrático a la estru ctu ra interna de los partidos políticos y a los m edios de acción de los m ism os, que les im pone que su fu ncionam iento y actividades sean acordes con el principio dem ocrático. 3. C o n s titu irs e con fin es de s u s titu ir p o r la fu e rz a el régim en de libertad y de dem ocracia, o de p on er en peligro la existen cia de la República. Es otra prohibición defen siva del sistem a d em ocrático en cuanto a las finalidades de los partidos políticos, que tam bién deben tender a la protección del sistem a.

6. Procedimiento para constituir partido político E l p ro c e d im ie n to p a r a c o n s titu ir u n p a rtid o p o lític o , con fo rm e con el C ód igo E lectoral, exige la rea liza c ió n de v a rio s a cto s p ro c e s a le s qu e se d iv id e en dos e ta p a s: la p rim era den om in ada etap a p reparatoria y la segun da etapa de reconocim iento. La etapa preparatoria im plica la realización de los actos siguientes: 1) cantidad m ínim a de ciudadanos que propician la form ación del partido político, 2) la form alización en escritu ra p ú b lica de la decisión de con stituir u n p artido político, 3) la p resentación de las docum entaciones al T rib u n al E lectoral de la C apital y 4) la au torización del T rib u n al E lectoral para iniciar los trabajos de reconocim iento del partido político. La etapa de reconocim iento del partido político com prenden los actos siguientes: 1) escrito de petición de reconocim iento, 2) traslado de la petición al Fiscal E lectoral, 3) pu blicación

57 E U S E B IO R A M Ó N A Y A L A . L a C o n s titu c ió n N a c io n a l c o m e n ta d a , p á g. 116, N o tic ia s el d ia r io , A s u n c ió n - P a ra g u a y , A ñ o 1992.

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de edicto, que abre el plazo de trein ta días para la dedu cción de oposición, 4) resolu ción del T rib u n al E lectoral que puede ser objeto de recurso, 5) publicación en el R egistro O ficial y 6) p u b licación en diario de la nóm in a de directivos y resu m en de los docum entos exigidos para la inscripción. P ara co n stitu ir u n p artid o p olítico , el C ód igo E lectora l exige que los ciudadanos que lo propician cum plan ciertas condiciones dentro de un plazo de dos años, que la n orm ativa electoral denom ina etapa preparatoria para la form ación de los partidos políticos. Los requisitos exigidos son los siguientes:

1. Cantidad de electores. L a ca n tid a d de electores que deben p ro p icia r la con stitu ción de u n p artid o p olítico debe ser en u n n ú m ero no m enor de 100 ciu dadan os, con form e con el A rt. 17 de la Ley. Las p erson as qu ien es au sp ician la form ación del p a rtid o deben re u n ir las con dicion es p a ra el ejercicio de la c iu d a d a n ía en los térm in os del A rt. 152 de la C onstitución. 2. Formalización en escritura pública de la decisión de constituir un partido político. El Art. 17 del C ódigo Electoral exige que sea exten did a en escritu ra p ú b lica la d ecisión de los cien ciudadanos de form ar partido político y dich a escritura deberá contener: 1. N om b re y ap ellid o, d om icilio , n ú m ero de c é d u la de id e n tid a d , n ú m e ro de in s c r ip c ió n en el R e g is tr o C ív ic o Perm anente y firm a de los com parecientes. 2. D e c la r a c ió n d e c o n s t itu ir u n p a r tid o p o lít ic o en form ación. 3. D enom in ación , bases id eológicas y p rogram áticas de carácter d em ocrático que in d ivid u alicen al p artido político cuya con stitución se proyecta. 4. E statuto provisorio, la con stitución de las autoridades provisionales, el dom icilio del partido político en form ación y la design ación de sus apoderados.

3. Presentación de las documentaciones al Tribunal Electoral de la Capital. Las docum entaciones referidas en

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el Art. 17 del C ódigo E lectoral extendidas en u n a escritura p ú b lic a d eb erán ser p resen ta d a s al T rib u n a l E lectoral de la C apital p ara la rea lización de los trám ites previstos en la ley y la verificación de que las m ism as no se hallan en con tradicción con las disposiciones de la C onstitución y el C ódigo E lectoral.

4. Autorización del Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral de la C apital debe em itir un acto form al de autorización para que el partido en form ación inicie los trabajos de organización y proselitism o necesarios para su reconocim iento com o partido político dentro del plazo de dos años.

7. Efectos de la autorización La au torización otorgada p or el T rib u n al E lectoral de la C apital es la de con ced er el plazo de dos años para realizar los trabajos de organización y proselitism o necesarios para ob ten er el recon ocim ien to com o partido político y no para la p resentación de candidatu ras para elecciones nacionales, departam entales y m u nicipales (Art. 19 del C ódigo E lectoral) y el transcurso del plazo de dos años, sin reu nir los requisitos exigidos p ara el reconocim iento com o partido político im plica la cancelación de la au torización y la disolu ción de la entidad. Con la autorización referida se adquiere la cantidad de “partido político en form a ción ” .

8. Reconocimiento del partido político P ara el reco n ocim ien to d el P artid o Político, se abre un p roceso ju d ic ia l electoral, ante el T rib u n a l E lectoral de la Capital que tiene com o acto introductorio la petición form ulada por el partido político en form ación, el traslado a la fiscalía electoral, la deducción de oposición, si existiere, y la resolución del T rib u n al y en su caso, de la apelación con tra la resolución. Es d ecir, el re c o n o c im ie n to d el p a rtid o p o lític o d eb e ser tram itad o conform e con las etapas siguientes:

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1. Escrito de petición de reconocimiento. C onform e con el Art. 21 del C ódigo Electoral, el p artido político en form ación deberá presentar al Tribunal E lectoral de la Capital, por m edio de sus representantes, dentro del plazo de dos años de la autorización, la solicitud de reconocim iento con los recaudos siguientes: -

Acta de fundación del partido político, por escritura pública.

-

D eclaración de principios.

-

Estatutos.

-

N om bres, siglas, lem as, colores, em blem as, distintivos y sím bolos partidarios.

-

N óm ina de la directiva, con la indicación del nú m ero de inscripción en el R egistro C ívico Perm anente.

-

R egistro de afiliados, cuyo n ú m ero no sea inferior al 0,50% (cero cin cu en ta por ciento) de los votos válidos em itidos en las últim as elecciones p ara la C ám ara de Senadores, an teriores a la fecha en que se solicitó la inscripción en el citado registro.

-

P ru eb a de que cuentan con organizaciones en la C apital de la R epú blica y en por lo m enos cuatro ciudades capitales departam entales del país.

2. Traslado de la petición al Fiscal Electoral. C onform e con el Art. 22 del C ódigo E lectoral, recib id a la petición de reconocim iento, el Tribu n al E lectoral de la C apital correrá traslado al Fiscal Electoral, para dictam inar dentro del plazo de diez días, sobre la legitim idad y proced en cia de la petición. E l d ictam en fis ca l d eberá v e rs a r sobre el cu m p lim ien to de los requisitos con stitu cion ales del partido p olítico que solicita el reconocim iento tales com o: el carácter pluralista del partido p olítico, el carácter d em ocrático de su organ iza ció n interna, sobre la no con cu rren cia de cau sales im p ed itivas p a ra su fu n cio n am ien to y sobre la a d ecu ación al C ód igo E lectoral en lo rela tivo a: N om bre y sím b olos p a rtid a rio s, sobre la

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d ecla ració n de los p rin cipios y p rogram as, el con ten id o del E statuto. E m itido el dictam en de la F iscalía Electoral, se p rocede a la sigu iente etap a del proceso consisten te en la pu blicación del edicto.

3. - Publicación de edicto. E m itido el díctam e de la Fiscalía E lectoral, el T rib u n a l E lectoral de la C ap ital d ispon d rá la p u b lica ción de edictos, p or tres días con secu tivos en dos d iarios de c irc u la ció n n a cion al. E l ed icto c o n te n d rá u n a síntesis de los recaudos exigidos en el artículo 21. E l o b je tiv o d e la p u b lic a c ió n d e l e d ic t o es p o n e r a con ocim ien to de la ciu dadan ía del pedido de reconocim iento del partido político y facilitar la deducción de oposición a dicho reconocim iento por partido o m ovim ien to político.

Oposición al reconocimiento. E l A rt. 23 d e l C ód igo Electoral, facu lta a partido o m ovim ien to político existente, a deducir oposición si se considera con derecho a hacerlo, dentro del plazo de 30 días, contados desde la ú ltim a publicación, acom pañando las pruebas pertinentes. 4. Resolución del Tribunal Electoral. A l ven cer el plazo de trein ta días de la ú ltim a publicación del edicto, el T rib u n al deberá em itir resolu ción sobre el pedido de reconocim iento, dentro del plazo de 15 días. D entro d el p lazo de 15 d ías que tiene el T rib u n a l para em itir p ron u n ciam ien to, d eb erá escu ch ar a las p artes, en caso de oposición, y, requerir las docum entaciones que estim e pertinente. Las form alidades de la resolución son la de: fundam entación y la n otificación a las partes; es decir, a la agru pación política p e ticion a n te y a los im p u gn an tes, en caso de h a b er sido dedu cido oposición. La partes p od rán ap elar la resolución ante el Superior T rib u n al de Justicia.

5. Publicación en el Registro Oficial. C onform e con la parte final del Art. 23 del C ódigo Electoral, ejecu toriada la

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resolu ción de reconocim iento del p artido p olítico se p u blicará en el R egistro Oficial, por tal debe enten derse com o referido al D iario Oficial.

6. Publicación en diario de la nómina de directivos y resumen de los documentos exigidos para la inscripción. El Art. 31 del C ódigo Electoral exige que “dispu esta la inscripción en el R egistro respectivo, es ob ligación publicar, p or ló m e n o s u n a vez en dos diarios de circu lación nacional, la n óm in a de sus D irectivos y un resu m en de su acta de fundación, d e cla ra c ió n de p rin c ip io s , es ta tu to s y d e sc rip ció n de los sím bolos, colores, em blem as y distintivos. E sta p u blicación tiene la fin alidad de que los ciudadanos estén inform ados sobre la identidad del partido y los objetivos de su acción política.

9. Nombre y símbolo de partidos y movimientos políticos Los nom bres y los sím bolos de los p artid os o m ovim ientos políticos cum plen la función de identidad de estas entidades políticas. E l n om b re o la d en om in ación del p artido o m ovim ien to político, debe reflejar la ideología o la síntesis de los objetivos de la agru pación p olítica con lo cual se lo id en tificará y se p odrá d iferenciarlo de las otras agrupaciones. Los sím bolos se represen tan en algunas figu ras al pie de la cual se escribe algunas palabras o lem a que declaren el con cepto que encierra. El logotipo es u n distintivo form ado por letras, abreviaturas, etc., p ecu liar de u n a entidad. Los n om b res y sím bolos de los p artid os y m ovim ien tos p o lític o s tie n e n u n a tr a s c e n d e n c ia ju r íd ic a y p rá c tic a . D e s d e e l p u n to d e v is t a ju r íd ic o , su in s c r ip c ió n en el registro resp ectivo im pide que otras organ iza cion es p olíticas p u ed an u tiliza rlos y d esde el punto de vis ta p ráctico, fa cilita la id e n tid a d del p a rtid o y la c o m u n ic a c ió n d e n tro de la p ro p a ga n d a política.

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P o r la fu n c ió n d e id e n tific a c ió n q u e c u m p le y p o r la im portan cia que reviste en la p rop agan d a política, las norm as electorales regulan la u tilización de los nom bres y los sím bolos de los partidos o m ovim ientos políticos. En la Ley 834/96, que establece el C ódigo Electoral, se h a lla reglado en los Arts. 24 al 28, disponiendo la necesidad de expresarse claram ente en el acto con stitutivo del partido o m ovim ien to político, la exclu s iv id a d de los m ism os, el con ten id o de los m ism os, situación en caso escisión del partido, ju zgam ien to en caso de confusiones y la u tilización de los m ism os en caso de extinción o disolución del partido o m ovim ien to político.

9.1. Obligación de declarar y registrar E l n o m b re , las sigla s, lo s le m a s , c o lo re s , e m b le m a s , d istin tivos y sím b olos d eb en ser d eclarad os en el acto de constitución del partido o m ovim iento político (Art. 24) y serán inscriptos en el R egistro de partidos y m ovim ien tos políticos a cargo de la. D irección de R egistro E lectoral (Art. 25).

9.2. Exclusividad E l n o m b re , las s ig la s, lo s le m a s , c o lo re s , e m b le m a s , d istin tivo s y sím b olos in scrip tos en el registro resp ectivo con stitu yen atribu tos exclu sivos del p artido o m ovim ien to p o lític o y n o p o d rá se u s a d o p o r n in g ú n o tro p a rtid o o m ovim ien to político, asociación o en tid ad de derecho privado, dentro del territorio n acion al (Art. 24).

9.3. Contenido de los nombres y símbolos t

-

E l Art. 25 del C ódigo E lectoral con tiene las prohibicion es relativas al contenido de los nom bres y sím bolos de los partidos y m ovim ientos políticos, que son los siguientes: 1. No p od rá n con stitu irse con el n om b re o ap ellid o de personas o desin encias o derivaciones de los m ism os. 2. No podrán contener palabras que exterioricen antagonismos raciales, de clase, religión o induzcan a provocarlos.

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3. No podrán inducir a confusiones, por errores gram aticales, históricos o políticos, con los que se individualizan a un partido o m ovim ientos político y a constituido o recientem ente disuelto o p roscrito por la Ley. 4. N o p o d rá n u tiliz a r n o m b res, siglas, lem a s, colores, em blem as, distintivos y sím bolos que pertenecen al E stado o contrarios a la ley, la m oral y las buenas costum bres.

9.4. Escisión y confusión En el supuesto de escisión de u n partido o m ovim ien to político, la J u sticia E lectoral d eterm in ará qué grupo con serva el derecho a u tiliza r el nom bre y los sím bolos (Art. 26) y en el su p u esto de co n fu sio n e s , ta m b ié n c o rre s p o n d e rá a la J u sticia E lectoral d irim ir el con flicto teniendo com o criterio para resolver el con flicto las previsiones del C ódigo Civil y la ley de m arcas.

10. Principios y programas E n cu a n to a la e x ig e n c ia de la d e c la ra c ió n de p rin cip io s de los p a rtid o s o m o v im ie n to s p olítico s, se debe s e ñ a la r p re v ia m e n te qu e p o r p rin c ip io s d eb en e n te n d e rs e com o los v a lo re s m ás releva n tes de u n a d e te rm in a d a so c ie d a d o a c tiv id a d y en t a l s e n tid o , los p r in c ip io s d e c la ra d o s p or los p a rtid o s o m o v im ie n to s p o lític o s h a n de r e fle ja r aqu ellos v a lo re s qu e h a b rá n de in s p ira r su a c c io n a r d en tro de la s o c ie d a d p o lít ic a a la q u e h a b r á de s e r v ir co m o m ed io de c a n a liz a c ió n de c a n d id a tu ra s p a ra los cargos de rep re se n ta c ió n p o p u la r y p a ra la orie n ta ció n de la p o lític a n a cio n a l. P or otra p arte, la C o n stitu ción estab lece u n a gam a de principios que deben orientar la acción de los partidos políticos com o los de la d e m o cra c ia , la d ign id a d de las p erson a s hum anas, el E stado de D erecho, entre otros, que deben ser proclam ados com o gu ía de su acción política.

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Los p ro gra m a s de los p artid os p o lítico s co n stitu y en la declaración de los m edios de acción de su actividad política que deben ser orien tados e in form ad os p o r los p rin cip ios inspiradores de su actividad política. La n orm ativa electoral exige a los partidos o m ovim ien tos políticos expon er clara y públicam en te los principios políticos que in sp ira n su fu n cion am ien to, a través de d ocu m en tos fu ndam entales de su accionar, tales com o: D eclaraciones de principios, program as o bases que p erm itan a la ciu dadan ía hallarse perm anen tem ente in form ad a sobre los objetivos de su acción política. (Art. 29) y adem ás, u n a vez in scripta en el R egistro respectivo publicar en dos diarios de circulación n a c io n a l el re s u m e n de su d e c la r a c ió n de p rin c ip io s y program as (Art. 31).

11. Estatutos 11.1. Concepto Es el conjunto de norm as ju ríd icas dictadas por los partidos p olític o s p a ra reg la r la c o m p o s ic ió n de sus órgan o s y el funcionam iento de los m ism os qu e deben estar inspirados en los valores dem ocráticos.

11.2. Contenido E l E statuto deberá contener, con form e con el Art. 32 del C ódigo Electoral, com o m ínim o las reglas siguientes: 1. L a d en om in a ció n , siglas, colores, lem ás, sím b olos y distintivos. 2. La expresión de sus fines, en con cordan cia con sus bases ideológicas. 3. La d eterm in ación de los cargos y órganos ejecu tivos, d e lib era tivos y d iscip lin ario s, que eje rc e rá n el gob iern o y adm inistración del partido, y sus respectivas com petencias. 4.. La d ecla ración exp resa de que la A sam b lea G eneral,

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C onvención o C ongreso es el órgano suprem o de la asociación p o lític a , y q u e de e lla p a r tic ip a rá n los c o m p ro m is a rio s , con ven cionales o delegados electos por voto directo, secreto e ig u a l de todos los a filia d os, a gru p a d os en los d istrito s electorales o un idades de base d el respectivo partido político, en la prop orción que d eterm inen sus estatutos. 5. La d u ración del m andato de las autoridades partidarias d eberá ser de dos años y m edio o cinco años. La elección de las a u to rid á d e s de los órgan o s de d irecció n n a cion al, departam ental o distrital, d eberá realizarse p or el voto directo, igu al y secreto de todos sus afiliados. 6. La adopción del sistem a de represen tación proporcional, establecido en este C ódigo p ara la d istribu ción de escaños que garan tice la participación de las m inorías internas en el gobiern o partidario y en los cargos electivos. 7. L a s p r e v is io n e s q u e g a r a n t ic e n la e x is t e n c ia y fu ncionam iento de las corrientes o m ovim ien tos internos. 8. La garan tía de igualdad de todos sus afiliados para elegir y ser elegidos en cargos partidarios o candidaturas propuestas p or el partido político. 9. E l reconocim iento del derecho de sus afiliados a presentar iniciativas, m an ifestar su opinión, exp resar sus quejas ante los organism os pertinentes, ser inform ados de sus actividades y participar de las m ism as. 10. L a p a r tic ip a c ió n y c o n tr o l de lo s a filia d o s d e la ad m in istración y fiscalización del patrim onio y con tabilidad del p artido político a través de los organism os pertinentes, conform e a los estatutos, asegurándose la adecuada publicidad interna. 11. La h abilitación y actualización p erm anen te del R egistro de afiliad os y las p revision es p a ra que los p ad ron es sean entregados a los m ovim ien tos internos p or lo m enos treinta días antes de las elecciones. 12. Las p a u ta s p a ra la d e te rm in a c ió n de los a p o rte s económ icos que deben h acer sus afiliados para sufragar los

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gastos de fu ncionam iento. Los aportes económ icos obligados p ara quienes ejerzan cargos electivos no podrán exced er el cinco por ciento de la rem u n eración del cargo. 13. Las norm as de con du cta interna, las sanciones para q u ie n e s c o n tra v e n g a n y el ó rg a n o q u e las a p liq u e . Las sa n cio n es sólo serán im p u es ta s con o b serva n cia s de las garantías del debido proceso. 14. Las reglas para la reelegibilidad en los cargos partidarios, asegu ran do la alternan cia en los m ism os. 15. Las previsiones para la educación cívica de sus afiliados. 16. Las reglas para la proclam ación de candidatu ras del partido político p ara cargos electivos y p ara su sustitución en caso de im pedim en tos sobrevinientes. 17. M e c a n is m o s de e la b o r a c ió n y a p r o b a c ió n d e la p lataform a electoral. 18. M ecanism os adecuados para la prom oción de la m u jer en los cargos electivos en u n porcen taje no inferior al veinte p or ciento y el nom bram ien to de u n a p rop orción significativa de ellas en los cargos públicos de decisión. A los efectos de gara n tiza r la p articip a ción de la m u jer en los cuerpos colegiados a elegirse, su postu lación interna com o can d id ata s d eb erá darse a razón de u n a ca n d id a ta m u jer por cada cinco lugares en las listas, de suerte que este estam en to p od rá figu rar en cu alqu ier lu gar pero a razón de u n a candidata p or cada cinco cargos a elegir. C ada partido, m ovim ien to o alian za p rop iciador de lista qu ed a en libertad de fijar la precedencia. Los p artid os p olíticos, m ovim ien tos o alian zas, que no cu m plan en las postulaciones de sus elecciones internas con estas disposiciones, serán sancionados con la no inscripción de sus listas en los Tribu n ales electorales respectivos. Es im p o rta n te s e ñ a la r q u e el in c u m p lim ie n to de esta exigen cia de la “cuota fem en in a” con stitu ye u n a cau sal de im p u gn ación de las listas de candidatos p a ra los órganos colegiados.

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19. El qu oru m legal para el fu ncionam iento de los órganos deliberantes. 2 0 . E l p r o c e d im ie n t o p a r a la m o d ific a c ió n d e s u s estatutos. 21. E l procedim iento para la extin ción o fusión del partido político, y la m en ción del destin o que en tales casos deberá darse a sus bienes. 22. E stablecer la elección d irecta de los titulares de los órganos que lo represen tan. E l Art. 33 p rim er p árrafo del C ódigo E lectoral establece que “Los estatutos de los partidos políticos establecerán lo con du cen te p ara que los diversos organ ism os qu e lo rep resen tan a nivel nacion al, regional, departam en tal o local, resu lten integrados por ciudadanos electos m edian te el voto directo, libre,' secreto e igu al de los afiliad os”. 23. Elección directa de sus candidatos para cargos electivos. El Art. 33 segundo párrafo dispone que “Para ser candidato de un partido a un cargo electivo cualquiera, es requisito ser electo p or el voto directo, libre e igu al y secreto de los afiliad os” . T a m b ié n es im p o rta n te s e ñ a la r q u e c o n fo rm e c o n la disposición del Art. 34 del Código Electoral que las disposiciones e s ta tu ta ria s y los re g la m e n to s de los p a rtid o s p o lític o s con stituyen fuentes del D erecho E lectoral al establecer que en los casos no previstos en el C ódigo E lectoral serán aplicables dichas norm as internas de los partidos políticos.

12. Litigios internos de los partidos, movimientos políticos y alianzas electorales E n relación a los litigios internos de las entidades políticas el Art. 36 del C ódigo E lectoral dispone: “Las cu estiones y litigios in tern os de los partidos, m ovim ien tos p olíticos y alian zas electorales, no podrán ser llevad os a la J u sticia E lectoral sin antes agotar las vías estatutarias y reglam entarias internas de c ad a partido, m ovim ien to político o de las bases acordadas

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por las alianzas. Los interesados p odrán solicitar a la Ju sticia E lectoral la fijación de plazo dentro del cual deberán agotarse dicho procedim ientos; en caso de incu m plim ien to del m ism o, el T rib u n al respectivo podrá avocarse al con ocim iento de la causa, de oficio o a pedido de p arte” . Esta disposición n orm ativa establece tres consecuencias procesales en los litigios internos de los partidos, m ovim ientos políticos, alianzas electorales y desde la vigen cia de la Ley Nro. 3 2 1 2 / 0 7 las co n certacion es electorales, que son las siguientes: 1 . La n ecesidad de agotar las instancias internas antes de acu d ir a la J u sticia Electoral. 2. La posibilidad de solicitar a la Ju sticia Electoral la fijación de un plazo de conclu sión de la instancia interna en caso de no cu m plir las au toridades internas los plazos del procedim iento establecidos en su n orm ativa interna. el de en en

3. La com peten cia de la J u sticia E lectoral de avocarse en con ocim ien to de la causa sea en form a oficiosa o a pedido parte. Esta com p eten cia de la J u sticia E lectoral se ju stifica el principio de celeridad y la neu tralidad que debe im perar los litigios electorales.

13. Organización y funcionamiento Las reglas de organización de los partidos políticos deben establecerse en sus respectivos estatutos, q u e ^ e b e n definir los d iferen tes órgan os que lo com p on en y las resp ectivas com petencias de los m ism os, conform e lo establece el Art. 32 in ciso c) del C ódigo Electoral L a L ey electoral exige que los p artid os políticos ten gan obligatoriam ente determ inados órganos tales com o: 1) órgano su p re m o qu e s e rá la A s a m b le a G en e ra l, la C o n v e n c ió n , C ongreso; 2) los órganos de dirección del p artido que podrá rec ib ir cu a lq u ier d en om in a ció n com o D irectorio,' J u n ta o C om ité Central; 3) órgano directivo de base y 4) órgano de

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ap licación de las reglas de con d u cta interna. Los partidos políticos p od rán crear en sus estatutos otros organism os que estim en con ven ien tes para su adecuado funcionam iento. E l funcionam iento de los partidos políticos, tam bién debe estar reglado en sus respectivos estatutos, que a l d efin ir la com p eten cia de sus órganos; los derech os y ob ligacion es d e s u s a filia d o s e s tá n d e lim it a n d o la s p a u ta s d e su fu n cion am ien to.

14. Fusión Es la u n ific a c ió n de dos o m ás p artid os p o lítico s para con stitu ir uno nu evo o para que uno de ello se incorpore a la otra. Los efectos ju ríd ico s de la fu sión son: 1) E l partido incorporado desaparece com o partido político y 2) con la fusión se con stituye u n nuevo partido político.

14.1. Procedimiento de fusión Las actividades que deben realizar los partidos políticos que d esean la fu sión entre ellos son las siguientes: 1. La d ecisión del órgano suprem o de los partidos políticos p ara decidir sobre la incorporación o fusión de sus respectivas a s o c ia c io n e s p o lític a s . E s d e c ir , e l ó r g a n o p a r t id a r io com p eten te p a ra res o lve r la in c o rp o ra c ió n o fu s ió n es la C onvención, A sam b lea G eneral o C ongreso, conform e con la den om in ación que recib a el órgano suprem o de los partidos a ser fusionados. 2. Petición de reconocim iento de la n u eva entidad política a la J u sticia Electoral, con el cum plim iento de los requisitos exigidos p or el C ódigo Electoral.

14.2. Efectos de la fusión Los efectos de la fusión se p royectan ju ríd ica m en te sobre las entidades políticas fu sion ad as y sobre los afiliados. El efecto sobre los partidos fusionados im plica la desaparición del

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partido político incorporado y la creación de u n nuevo partido político. E n relación a los afiliados es que serán con siderados m iem bros de la nu eva entidad política, salvo com unicación escrita de su deseo de no ser parte de ella.

15. Alianza electoral L a a lia n za e le c to ra l “ es la u n ió n te m p o ra ria de dos o m ás p artid os políticos con el fin de con cu rrir u n idos a la com peten cia electoral, presentando la m ism a can d id atu ra en todo o algunos de los niveles de gobiern o y en todas o algunas de las categorías de cargos a elegir”58.

15.1. Partidos habilitados C onform e con la disposición con ten id a en el Art. 40 del C ódigo Electoral. “Los partidos políticos reconocidos podrán con certar alianzas transitorias para las elecciones nacionales, departam entales y m unicipales, para lo cual deberán solicitar de la J u s tic ia E lectora l el reco n o cim ien to re s p e c tiv o ” . Es d e c ir, se h a lla n e x c lu id o s p a r a la c o n fo rm a c ió n de las alianzas electorales, los partidos políticos en form ación y los m ovim ien tos políticos.

15.2. Órgano competente L a Justicia Electoral es el órgano com petente para reconocer las a lia n za s e le c to ra le s , e s p e c ífic a m e n te , los T rib u n a le s E lectorales de la C apital y de las circun scripciones electorales res p e c tiv a s . E n el su p u esto de alian zas’ e le cto ra le s p a ra elecciones nacionales será com petente el T rib u n al E lectoral de la Capital, de con form idad con la disposición del Art. 16 de la Ley 635/95 y las alianzas electorales departam entales y m u n icip ales el T rib u n al E lectoral de la C ircun scripción, conform e d isponen los Arts. 15 inciso g) de la Ley 635/95 y el 49 del C ódigo Electoral. 58 F E R R E 1 R A R U B IO , D E L IA . D ic c io n a r io E le c to r a l, T o m o I, 2 a e d ic ió n , S a n J o s é , p á g. 2 3 , 2 0 0 0 .

CAPEL,

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15.3. Requisitos para concertar alianzas C onform e con el Art. 42 del C ódigo Electoral, los partidos políticos que d esean con certar u n a alianza electoral deberán p reviam ente cum plir con los sigu ientes requisitos:

1. Obtener la aprobación de sus respectivas asambleas, convenciones o congresos, la decisión afirm ativa de concertar la alianza electoral. La d e c is ió n d e b e rá ser ap rob ad a con el voto favorable de la m ayoría de los m iem bros presentes en la asañiblea, con greso o con ven ción respectivo. E sta d ecisión del m áxim o órgano del partido será n ecesaria p ara con certar alianzas para las elecciones nacionales. L a a sa m b lea , c o n g re so o c o n v e n c ió n qu e c o n sid e re la con certación de alian zas electorales d eberá ser con vocada expresam ente para el efecto y tendrá carácter extraordinario. En caso de acuerdo de alianzas electorales departam entales o m u nicipales b astará con qu e la asam blea, con ven ción o con greso partidario habilite al órgano nacional de condu cción a con cretar alianzas electorales en los respectivos distritos, p u d ie n d o al e fe c to e s ta b le c e r los lin c a m ie n to s que e lla s habrán de seguir en toda la R epú b lica o en parte de ella. La h a b ilitación m en cion ada en este artículo no exon era a las entidades políticas que integran u n a alian za el cum plim iento de los requisitos establecidos en los artículos 42 n u m eral 2, 43, 44, 45 y 46 del presente Código.

2. Contenido de la decisión. El Art. 43 del Código Electoral d ispon e que “Para que la alian za quede perfeccionada, los partidos políticos que desean con certarla deberán acordar, a través del órgano nacional autorizado por sus respectivas asam bleas, con ven ciones o congresos, las condiciones de la m ism a, h acién dola con star p or escrito en un docum ento que contenga, cuanto m enos, los requisitos expresados en el Art. 46 del presente C ódigo” . El Art. 46, establece que la aprobación em an ad a del órgano p artidario com peten te deberá consignar los siguientes: 1. La elección p ara la cual se con cierta la alianza.

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2. El órgano nacional encargado de la im plem en tación de la resolu ción de la asam blea, con ven ción o congreso; aquél p od rá a su vez nom brar apoderados para el efecto, acordar el nom bre de la alian za y la p lataform a electoral de la m ism a.

3. Requisitos formales de la petición de reconocimiento. C onform e con el Art. 47 del Código Electoral, el reconocim iento de la alian za deberá solicitarse a la J u sticia E lectoral por los partidos p olíticos que la integren, en u n escrito conjunto que con tenga cu an to m enos los siguientes requisitos: 1. Los com icios que m otivan la alianza. 2. La con stancia de que la alian za fue resu elta con el voto favorable de la m ayoría en asam blea, con greso o convención partidaria. 3. El n om b re de la alianza. 4. E l s is te m a d e d is t r ib u c ió n d e la s c a n d id a t u r a s unipersonales y pluripersonales. La determ inación de las reglas de distribución de las candidaturas es m uy im portante para los casos de vacan cia que se p rodu zcan antes de la inscripción de las candidaturas porque en tal supuesto la norm ativa electoral se rem ite a las disposiciones estatutarias. T am bién resu lta de u tilidad la d eb id a determ inación de las form a de sucesión en los casos de vacancias que se produzcan durante el ejercicio del cargo. Este conflicto se h a producido en la v a c a n c ia d ejad a p or e l D ip u tad o E u clid es A ceved o, qu ien dejó el cargo p ara asu m ir el cargo de em bajador de la R epú b lica del P aragu ay ante el gobiern o español; el congreso tom ó ju ram en to a FE R N AN D O KURT, el prim er suplente de la alian za y m otivó la acción de am paro del prim er suplente de la lista d el Partido R evolu cion ario Febrerista, que integraba la alianza electoral con el E ncu en tro N acional, dado que el titu lar del cargo era p erten eciente al Partido R evolucion ario Febrerista. 5. La plataform a electoral com ún. 6. Los nom bres de los apoderados designados.

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7. La form a de distribución de los votos válidos em itidos a favor de la alianza, a los efectos del régim en de aporte estatal y subsidio electoral.

4. Elecciones internas de los integrantes de la alianza. Los partidos políticos que in tegren u n a alian za votarán en sus elecciones internas a los candidatos u n ipersonales que tuvieren en ella y al nú m ero de candidatos pluripersonales que le correspon diere en las listas de la m ism a (Art. 44 C.E.) y los candidatos electos en cada u n a de las internas partidarias se integrarán con los candidatos de las dem ás agru paciones políticas aliadas en u n a lista de alianza, de la m anera p revista en el docum ento por el cual se la acu erda (Art. 45 C.E.).

15.4. Caducidad de la alianza Conform e con la disposición del Art. 50 del Código Electoral, “Las alianzas caducan cuando la J u sticia E lectoral d eclara el resu ltad o de las elecciones que las hu bieran m otivado. Para la liquidación de sus bienes se estará a lo establecido por el C ódigo Civil para las asociacion es” .

16. Concertación electoral La in stitu ción p olítica d enom inada con certación electoral fu e in corp orad a al orden ju ríd ico electoral p aragu ayo por Ley Nro. 3212/07 del 24 de m ayo de 2007, por la que se am plía las disposiciones del C ódigo E lectoral y se crea la figu ra de las concertaciones.

16.1. Naturaleza jurídica E l Art. 1 de la ley citada exp resa que “La con certación es u n a organ iza ción p olítico-electoral, estab lecid a por tiem po d eterm inado, cread a en virtu d de u n acu erdo entre dos o m ás partidos o m ovim ien tos políticos reconocidos, p ara la p a rtic ip a c ió n en ele cc io n e s g en e ra le s y m u n ic ip a le s y la con sigu ien te form ación de gobiernos qu e resulten de éstas y la ejecu ció n de las accion es p olíticas corresp on d ien tes,

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m e d ia n te la p re s e n ta c ió n d e c a n d id a tu ra s p a r a c a rg o s nacionales, departam entales o m unicipales, y a sean para todos o algunos de los m ism os. G oza de au ton om ía adm inistrativa y n orm ativa p ara la gestión de sus intereses, dentro de los lím ites establecidos en la legislación electoral y el acuerdo resp ectivo” .

16.2. Formalización de la concertación El Art. 2 de la ley de la con certación establece las reglas a la que habrá de ajustarse para la form alización o con stitución de u n a concertación político-electoral, en los térm inos siguientes: “Para que la con certación qu ede perfeccionada, los partidos y m ovim ien tos políticos que d eseen integrarla, deberán acordar a través del órgano nacional autorizado por sus respectivas asam bleas, con ven ciones o congresos, las con diciones de la m ism a, haciéndolas constar en escritura pública que contenga, cuanto m enos, los siguientes requisitos: a) Las organizaciones que form an parte de ella. b) Los com icios en los cuales participará la concertación. c) El nom bre de la concertación, la designación de apoderados, la p la ta fo r m a e le c to r a l y e l ó rg a n o e n c a r g a d o d e su condu cción; así com o la form a y n ú m ero de m iem bros de que se com p on d rá el m ism o. d) L a d eterm inación de los titulares del derecho al sufragio a c tiv o y p a s iv o p a ra las c a n d id a tu ra s in te rn a s de la concertación. e) E l m e c a n is m o de elab oración * y c o n te n id o d el p a d ró n electoral a ser utilizado. f) La com posición y d esignación del trib u n al electoral interno de la con certación , el cu al elaborará el padrón electoral, o rg a n iza rá los com icios y será res p o n s a b le de tod o lo referen te a las elecciones internas de la m ism a. g) E l m é to d o d e e le c c ió n d e la s c a n d id a tu ra s a c a rg o s u n ip e r s o n a le s y p lu r ip e r s o n a le s y e l m e c a n is m o de

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sustitución para los casos de inhabilidad, renuncia o m uerte de los m ism os; y h) El régim en económ ico de la concertación, a los efectos de la distribución del aporte estatal y subsidio electoral previstos en la ley. L a con certación se exten derá p o r el período de du ración previsto para los cargos electivos, resu ltantes de los com icios para los qu e ella fu era cread a” .

16.3. Inscripción A los efectos de la inscripción del acuerdo entre los partidos y m ovim ien tos políticos que crea la con certación se d eberá p resentar ante la J u sticia E lectoral u n p ed id o escrito que con tenga u n a serie de requisitos previstos en el Art. 3 de la Ley Nro. 3212/07. E l Art. 3 de la ley referida dispone “Para su inscripción, el acuerdo por el que se crea la con certación será presentado a la J u sticia Electoral, a los efectos de su asiento en el registro correspondiente, en u n escrito con ju nto que con tenga cuanto m enos los siguientes requisitos: a) lo s p a r tid o s y m o v im ie n to s p o lític o s q u e in te g r a n la concertación; b) el nom bre de la con certación y el tiem po de duración del m ism o; c) los com icios en los que p articip a rá la concertación; d) la con stan cia de que la con certación fue au torizad a con el voto favorable de la m ayoría en la asam blea, con greso o con ven ción del partido o m ovim ien to político; e) el m ecan ism o adoptado p ara la elección de candidaturas un iperson ales y pluripersonales; f) la p lataform a electoral com ún; g) los nom bres de los apoderados designados; y,

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h) la form a de distribución de los votos válidos em itidos a favor de la concertación, a los efectos del régim en de aporte anual y subsidio electoral. A l escrito respectivo, se acom p añ ará copia au ten ticada de la E scritu ra P ú b lica m en cionada en el artículo anterior. El T rib u n al E lectoral se p ron u n ciará sobre la presentación dentro del plazo de cinco días h ábiles” .

16.4. Concertación departamental o distrital L os p a rtid o s y m o v im ie n to s p o lític o s p o d rá n a c o rd a r c o n c e r ta c io n e s p o lític a s e le c to r a le s p a r a la s e le c c io n e s d epartam entales o m unicipales y p ara el efecto la m áxim a a u to rid a d de las e n tid a d e s p o lític a s d e b e rá n re s o lv e r la volu n tad de con certación y habilitar a los órganos ejecutivos nacionales a acord ar la con certación en los ám bitos locales. El Art. 4 de la Ley Nro. 3212/07 dispone al respecto “Para la creación de concertaciones departam entales o distritales, bastará que la asamblea, convención o congreso de los partidos y m ovimientos políticos, habilite al órgano nacional de conducción de el o los partidos o m ovim ientos que la integren a concretar concertaciones en los respectivos departam entos o distritos, pudiendo al efecto establecer los lincam ientos que ellas habrán de seguir en toda la República o en parte de ella. Las con certacion es departam entales o distritales deberán p resentar al T rib u n a l E lectoral de la circu n scripción electoral correspondiente los docum entos que acrediten el cum plim iento de los requisitos establecidos en esta ley p a r a la creación de concertaciones, a los efectos de su inscripción en el registro resp ectivo” .

16.5. Requisitos para ser candidato de la concertación E l Art. 5 de la Ley Nro. 3212/07 dispone que “Para ser c a n d id a to de los p a rtid o s o m o v im ie n to s p o lític o s de la con certación , a u n cargo electivo cu alqu iera, es requ isito ser electo p or el voto directo, libre, igu al y secreto de los

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ciudadanos que sean titulares de ejercer el derecho al sufragio, según las disposiciones previstas en la legislación electoral y en el acuerdo de la con certación ” .

16.6. Diferencias con la alianza Las diferencias existentes entre las figuras de la concertación p o lític a e le c to r a l y la a lia n z a p o lític a e le c to r a l s o n las siguientes: -

1. En relación a los sujetos. La c o n certa ción p olítica electoral p odrá acordarse entre partidos políticos entre sí y estos con los m ovim ientos políticos y las alianzas electorales solam ente entre los partidos políticos, conform e dispone el Art. 40 del C ódigo Electoral. 2. En relación a la forma de elección de sus candidatos. En la con certación electoral, el acu erdo de creación acord ará la form a de elección in tern a de sus can d id atos p u d ien d o h a c e r lo e n u n a in te r n a ú n ic a d e n tro de los p a rtid o s y m ovim ien tos que lo in tegran y en las alian zas electorales cad a partid o p olítico d eb erá rea lizar su p rop ia in tern a de elección de sus candidatos, con form e d isp on e el Art. 44 del C ód igo Electoral.

3. En relación a la formación de las listas de candidatos. En la concertación electoral la form a de integración de las listas de candidatos es p rodu cto de las reglas acordadas que p uede ser la p resen ta ción de varias listas d en tro de la con certación y su in tegración p rop orcion al y en las alian zas electorales los can d id atos electos en las in tern as de los partidos se in tegran con los dem ás candidatos electos en las in tern as de los otros aliad os en la form a acord a d a en el docu m en to, con form e d isp on e el Art. 45 d el C ód igo Electoral.

4. Duración. La a lia n za ele cto ra l se e xtin gu e u n a vez fin a liza d a la elecció n p a ra la cu al se h a co n stitu id o y la c o n c e r ta c ió n e le c to r a l en el p la z o fija d o en e l a c u e rd o constitutivo.

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17. Afiliaciones Es e l a c to de m a n ife s ta c ió n e s c r ita r e a liz a d o p o r u n ciu dadan o p or la que exp resa su acep tación para adqu irir la calidad de m iem bro de u n determ inado partido o m ovim iento político. Es decir, por m edio del acto de afiliación u n ciudadano h abilitado para el efecto m anifiesta su con sen tim ien to para form ar parte de u n partido o m ovim ien to político en calidad de m iem bro que debe ser exteriorizad o en form a exp resa en u n form u lario im preso que reú ne las condiciones establecidas en la ley electoral y adquiere el carácter de m iem bro u n a vez a cep ta d a su afilia ción por las a u torid a d es resp ectivas del partido o m ovim ien to político.

17.1. Requisitos del formulario de afiliaciones E l Art. 51 del C ódigo E lectoral dispone que: “A partir de la vigen cia de este C ódigo, el form u lario de la solicitu d de afiliación y el de aceptación deberán contener, cu an to m enos, los siguientes datos: a) nom bre y apellido, dom icilio y nacionalidad; b) n ú m ero de céd u la de identidad; c) declaración, bajo fe de ju ram en to, de que tal solicitud es suscrita de libre y espontánea voluntad, sin condicionam iento de especie alguna; d) firm a o im presión dígito-pulgar; e) tod a o tra m en ció n que el p a rtid o p olítico resp ectivo con sidere necesaria. A l pie de las declaraciones del solicitante, las autoridades com peten tes del partido político asentarán: a) los detalles relativos a la con sideración y aceptación o rech azo de la solicitud; b) la certificación de que los datos y la firm a consignados en la solicitud son au tén ticos” .

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17.2. Falseamiento de la certificación de dato E l Art. 52 del C ód igo E lectoral d isp on e que: “Los que falsearen la certificación in d icad a en el inciso b) del párrafo 2 d el a rtícu lo a n te rio r serán p a sib les de las p en a lid a d es im pu estas a los fu n cion arios pú blicos por la com isión del delito de falsedad en instrum ento p ú b lico” .

17.3. Forma de impresión de los formularios El Art. 53 del C ódigo Electoral dispone que “Los form ularios de a filia ción serán im presos en p a p el co n sisten te de u n a densidad no m enor a setenta gram os o cartulina. El duplicado, o u n a copia fotoestática en su caso, será rem itido a la J u sticia E lectoral a su pedido. A los efectos de su conservación, estos form u larios podrán ser m icrofilm ados, teniendo la m ism a validez que los originales su re p ro d u c c ió n r e a liz a d a y a u te n tic a d a p o r la J u s tic ia E lectoral” .

17.4. Aceptación de la añliación La calid ad de afiliad o a u n p artid o p olítico se adqu iere a p a rtir d el acto de acep tación p or p arte de la a u torid a d c o m p e te n te d el p a rtid o . E l A rt. 54 d el C ó d ig o E le c to ra l d is p o n e a l r e s p e c to “ La c a lid a d d e a filia d o se a d q u ie re a p a r tir de la fe c h a en la q u e la a u to rid a d c o m p e te n te del p a rtid o p o lític o resp ectivo acep te a la p e rs o n a en tal carácter. El tratam ien to de las solicitu des de afiliación no d eb erá d em o rarse p or m ás de u n m es desde la fech a de su p resen tación . La com u n icació n de su acep tación o rech azo se h a rá p or cu alqu ier m od o au tén tico que d eterm in en las au torid a d es de los p artid os p o lític o s ” .

17.5. Sujetos inhabilitados para la añliación El Art. 55 del C ódigo Electoral establece las personas que no p odrán afiliarse a los partidos políticos y son las siguientes:

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1. Los m enores de dieciocho años; 2. Los inh abilitados p or sentencia ju d icial; 3. Los inh abilitados por incom patibilidades previstas en la ley o en los E statutos del partido político; 4. Los m iem bros de las Fuerzas Arm adas de la N ación y los de la Policía N acion al en servicio activo. 5. Los sacerdotes, clérigos y m inistros o pastores de las distintas religiones.

17.6. Pérdida de la calidad de afiliado Conform e dispone el Art. 57 del Código Electoral, “La calidad de afiliado se p ierd e por: a) ren u n cia asen tada en d ocu m en tación fehaciente; b) exp u lsión d isp u esta en virtu d de u n p roced im ien to que debe con star en los estatutos o reglam entos del partido político, en los que se acuerden suficientes garantías para el ejercicio de la defensa; y, c) p or afiliación a otro p artido político. Se prohíbe la afiliación simultánea a dos o más partidos políticos. A los efectos legales, prevalecerá la últim a afiliación’’.

17.7. Obligación de los partidos políticos El Art. 58 d el C ódigo E lectoral establece ciertas obligaciones a los partidos políticos resp ecto al registro de sus afiliados y que son las siguientes: 1. L le v a r el r e g is tro a c tu a liz a d o de sus a filia d o s , p o r localidad, de con form id ad con sus estru cturas internas de base. 2. M an ten er actu alizado el pre-padrón electoral preparado en base a tales registros hasta sesenta días antes de cualquier evento com icial. 3. Inclu sión in m ed iata en el pre-padrón partidario los datos de cad a nu evo afiliado.

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La J u s tic ia E lectoral p od rá verificar, a p edido de parte, el cu m p lim ien to de la ob ligación vin cu la d a a la in clu sión inm ediata de los datos de los nuevos afiliados en el pre-padrón partidario, conform e dispone el Art. 58, ú ltim a parte.

18. Funcionamiento interno El ca p ítu lo IV del Ó ódigo E lecto ra l que com p ren d e los artícu los 59 al 61, esta b lecen algu n a s reglas b ásicas del fu ncionam iento, organización y derechos de los afiliados de los partidos políticos. Las reglas son las siguientes: 1. F u n c io n a m ie n t o d e m o c r á t ic o . L a e x ig e n c ia d e l funcionam iento interno dem ocrático de los partidos políticos se con sagra en el Art. 59 del C ódigo E lectoral que dispone “El funcionam iento de los partidos políticos, al igual que su organización, deberán ajustarse a principios dem ocráticos...”. El p rin cip io d em ocrático com o reg la de fu n cion am ien to in te r n o se v in c u la a la le g itim id a d d e l e je r c ic io de las a c tiv id a d e s de los p a rtid os p o lític o s qu e im p lic a que las d ecisio n es d e sus órgan o s in tern o s d eben a ju s ta rs e a la ju ridicidad y a la participación de los sectores representados en el seno del partido conform e con las reglas de la representación estab lecid a en el orden jurídico. 2. O rgan ización dem ocrática. E ste principio se vin cu la a la legitim id ad de origen de los com ponen tes de los diferentes órganos que con form an la estru ctu ra interna de los partidos políticos. Es decir, los diferentes órganos internos partidarios d eb en te n e r o rig en en el v o to p o p u la r de los a filia d o s e integrados en form a proporcion al de acuerdo con el resultado de la votación interna. 3. L ib re a c c e s o a la in fo r m a c ió n de las a c tiv id a d e s partidarias por los afiliados. E l Art. 59 del C ódigo E lectoral en lo pertin ente dispone: “ ...Todos los m iem bros afiliados al partido p olítico tendrán libre acceso a la in form ación sobre sus activid ad es...” .

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E ste derecho de los afiliados al acceso a la inform ación p a rtid a ria y la o b lig a c ió n de los órgan os de los p artid os políticos a proveer tiene la fin alid ad de efectivizar la am plia p articipación de los afiliados en las actividades partidarias y p ara facilitar el con trol por parte de los m iem bros del partido sob re los m iem b ro s qu e e je rc e n la fu n c ió n de d ire c c ió n partidaria. 4. D erecho de los afiliados a elegir y ser elegidos para los cargos partidarios. El derecho de los afiliados al sufragio activo y pasivo en las internas partidarias para el acceso a los cargos p artidarios con sagrado en el Art. 59 del C ódigo E lectoral es u n a derivación d el prin cipio de organización d em ocrática que exige que los m iem bros de los órganos internos sean productos de la volu n tad de los afiliados. L a e fe c tiv id a d d e l d e re c h o a l su fra g io a c tiv o y p a s iv o p a ra el a cceso a los cargo s p a rtid a rio s tie n d e a refo rza r la le g itim id a d de orig en de los órgan os in tern o s de los p artid os p olítico s. 5. G aran tía del derecho a la p rop agan d a electoral de los afiliados para el acceso a la postu lación a candidatos a cargos electivos. El Art. 60 del C ódigo E lectoral dispone que “ Los e sta tu to s o reg la m e n to s d el p a rtid o p o lítico g a ra n tiza rá n adecuadam ente el derecho de los afiliados a realizar cam pañas electorales para obtener su postu lación com o candidato del partido político a cargos electivos” . E sta regla básica del funcionam iento interno de los partidos políticos consistente en la prom oción de candidaturas internas para los cargos electivos tiende al cu m plim iento de u n a de las funciones con stitu cion ales de los partidos políticos que es la de servir de can al de participación en la form ación de las autoridades electivas. Las cam pañas electorales que los partidos políticos deben garan tizar a sus afiliados con stitu yen m edios idóneos para la p ro v is ió n de in fo rm a c ió n sob re lás a c tiv id a d e s de los

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postulantes a cargos electivos y en su faceta de prop agan d a política com o m edio de prom oción de candidaturas y program as ■de acción gu b ern am en tal por lo que resu lta esen cial dentro de u n a com p eten cia electoral. Los titu lares de los órganos internos partidarios pu eden afectar esta garan tía electoral de varias form as tales com o la om isión de proveer el registro de afiliados en las diferentes secciones electorales'a los postulantes, la n egativa de proveer inform aciones oportunas a los postulantes sobre el calendario electoral, la n e g a tiv a de uso de los locales p artid arios, la n egativa de acceso a espacios inform ativos del partido, entre otros. 6.- Inhabilidades p ara ser candidatos a cargos partidarios. El Art. 61 d el C ód igo E le cto ra l e sta b lece la s con d icio n es negativas cuya con cu rren cia im pide que u n a p ersog a p u ed a postularse a los cargos partidarios Estas condiciones negativas establecidas en el orden jurídico electoral qu e afectan el derecho al ejercicio d el sufragio pasivo se conocen con la denom inación de inhabilidades que conform e con la disposición legal citad a son las siguientes: 1. Los que no están afiliados al partido. 2. Q u ie n e s s o p o r ta n s a n c io n e s o in c o m p a tib ilid a d e s establecidas en los estatutos o reglam entos del partido político. E sta d isp o sició n n orm ativa con sa gra dos sup u estos de inhabilidad; la p rim era que se vin cu la a la existencia de u n a sanción in tern a p artid aria estab lecid a en la legalidad interna y la segun da, vin cu la d a al régim en de in com p atib ilid ad es esta b lecid a s en el ord en ju ríd ic o in tern o d e l partid o. Las in com p atib ilid ad es se rela cion an con el ejercicio del cargo partidario por considerarse incom patible con algu n a actividad o cargo ejercido. 3. Q uienes, según los estatutos, no pu ed en ser electos. 4. Los in h abilitados por sen ten cia ju d icia l o p or las leyes.

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19. Libros y documentos de los partidos políticos 19.1.

Documentos obligatorios que deben llevar los partidos políticos

E l Art. 62 del C ódigo E lectoral dispone que “Todo partido p olítico in scrip to d eberá llevar los sigu ien tes docum entos, foliados y rubricados por la au toridad partidaria: a) registro de afiliados y pre-padrón actualizado en m atriz inform ática; b) de actas de Asam bleas, C ongresos o C onvenciones; c) de a c ta s d e s e s io n e s o re u n io n e s d e sus ó rg a n o s directivos; d) de asistencia a asam bleas, C ongresos o C onvenciones con la d ocu m entación que habilite a los partícipes; e) de resoluciones; í) de inventarios; y, g) de caja.

19.2. Registros contables de los partidos políticos Los p artidos políticos d eben llevar u n registro con tab le de sus ingresos y gastos que respalden el balan ce y cuadro d e m o s tr a tiv o d e in g r e s o s y e g r e s o s q u e d e b e n r e m itir an ualm ente a la Ju sticia Electoral. E l Art. 63 del C ódigo E lectoral dispone las form alidades que deben cum plir los registros contables de los partidos políticos, al señalar que “Los partidos políticos deberán asentar, en sus registros contables, todo ingreso ordinario y extraordinario de fondos, bienes o especies, con in d icación de la fech a en que se produce, del origen y del nom bre del receptor. D el m ism o m odo se asentarán los egresos” .

19.2.1. Plazo de conservación de la docum entación contable El Art. 64, p rim er párrafo, dispone que “Los com probantes

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y toda otra docu m entación relativa a los registros contables deberán ser conservados por la autoridad partidaria competente durante seis añ os” .

19.2.2. Registro de gastos de las internas partidarias El Art. 64, párrafo segundo, dispone “No será n ecesaria la contabilización de los gastos en que incurriesen los candidatos en ele cc io n e s iñ tern a s. Sólo se reg is tra rá n los g astos de organización y publicidad realizados p or el partido político. Está absolutam ente prohibido apoyar con recursos del partido político o del E stado a cu alqu ier candidato o m ovim iento en elecciones in ternas” . La n orm ativa electoral de referen cia distingue en los gastos de las internas partidarias entre: 1) gastos de los candidatos o m ovim ientos internos que no requ ieren de registro contable y 2) los gastos de organización y p u blicidad realizados por el partido político para realizar las internas partidarias que deben ser registrados. Es d e c ir, los g a s to s qu e r e a liz a n las c a n d id a tu ra s o m ovim ien tos in tern o s de los p artid os p olíticos d u ran te el d esarrollo de la cam p a ñ a electoral in tern a p artid aria sean p or g astos de tra sla d os de los c a n d id a to s, los gastos de com bustibles para el transporte de los respon sables de las diferentes circunscripciones electorales, gastos de propaganda política no serán contabilizados. Los gastos que realiza el partido político en la organización de la in t e r n a q u e p u e d e n c o m p r e n d e r la d is tr ib u c ió n de p a d ro n es electo ra les, en vío de u rn as a las d iferen tes circunscripciones electorales, gastos del personal del Tribunal E lectoral partidario, entre otros, deben ser registrados com o gastos del partido.

19.2.2.1. Prohibiciones en las internas partidarias El Art. 64, párrafo segundo, prohíbe el apoyo con recurso del p a rtid o o d el E stad o a los can d id a to s o m ovim ien tos internos en las elecciones internas. En este sentido, el artículo

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de referen cia en lo pertin ente dispone “E stá absolutam ente p roh ib id o a p oya r con recu rsos del p artid o o del E stado a cu alqu ier candidato o m ovim ientos en elecciones in tern a s” . E sta p rohibición es de singular im portan cia para preservar la igu aldad de la com peten cia electoral interna. Sin em bargo, la disposición legal pierde efectividad ante la inexisten cia de u n con trol externo eficiente sobre los gastos electorales de las internas partidarias y la fa lta de tipificación com o delito electoral p ara este tipo de irregularidad.

19.2.2.2. Control de gastos de las internas Los gastos en que in cu rren los candidatos o m ovim ientos dentro de las internas partidarias sólo ten d rán un control interno por parte del T rib u n al E lectoral partidario. El Art. 64, párrafo tercero del C ódigo E lectoral dispone al respecto “Los T rib u n ales E lectorales Partidarios con trolarán los gastos en que incu rrieren los candidatos y m ovim ien tos internos en sus cam pañas electorales, así com o el origen de sus fondos. A tal efecto, éstos presentarán u n balance de los m ism os dentro de los treinta días posteriores a los com icios resp ectivos” .

19.2.2.3. Registro contable de las organizaciones de base del partido L o s o r g a n is m o s lo c a le s o r e g io n a le s q u e in te g r a n la estru ctu ra de u n partido político tam b ién deben llevar los registros con tables correspon dien tes con la diferen cia de que los libros y docum entos pertin entes deben ser ru b ricad os y registrad os por el T rib u n al E lectoral de la circu n scripción ju d ic ia l com peten te m ientras que los libros" de los órganos centrales son rubricados p or las autoridades partidarias. E l Art. 65 del C ódigo E lectoral d isp on e al resp ecto que “ Las estru ctu ra s a d m in is tra tiv a s d e sc e n tra liza d a s de los p a rtid o s p o lític o s lle v a rá n r e g is tro s c o n ta b le s, lo c a le s o regionales. Los libros y registros respectivos serán rubricados y registrad os p or el T rib u n a l E lectoral de la circu n scrip ción c o m p eten te” .

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19.2.2.4. Remisión del cuadro de cuentas del partido al Tribunal Superior de la Justicia Electoral C onform e con la disposición del Art. 66 del C ódigo E lectoral “Los partidos d eberán rem itir a l T rib u n al Su perior de J u sticia E le cto ra l el b a la n ce y cu a d ro d em o stra tivo d e in g reso s y egresos, dentro de los cuatro m eses de finalizado el ejercicio an u al” . El objetivo de esta obligación de ren dición de cuentas anual ante la J u sticia E lectoral es el con trol que debe h acer este órgano del E stado sobre el p atrim onio d e los partidos políticos y en caso de detectar irregularidades com o la ocu rren cia de d elitos o faltas electorales rem itir a los órganos ju d icia les pertinentes los an tecedentes p ara la investigación y la sanción correspondientes. Es im portante señalar la existencia de conductas tipificadas com o delitos electorales vin cu lad as al m an ejo de los fondos partidarios, con especialidad, la falsificación de las cuentas destinadas a fin an ciar cam pañas electorales y las m edidas económ icas com o el cese del subsidio electoral cuya aplicación p u ed e d e p e n d e r d e l c o n tro l e fec tiv o qu e d e b e re a liza r el T rib u n al E lectoral sobre las cuentas partidarias.

20. Patrimonio de los partidos y movimientos políticos Las disposiciones norm ativas vincu ladas al patrim onio de los dos canales de participación política en la form ación de las autoridades electivas que son los partidos y m ovim ientos p o lít ic o s r e g u la n s o b r e lo s b ie n e s q u e c o n fo r m a n su patrim onio, las con tribu ciones prohibidas, la gu arda de los fondos financieros, el aporte estatal y las franquicias. E l Art. 67 d el C ód igo E le cto ra l d isp o n e lo rela tivo a la com p osición del p atrim on io de los p artidos o m ovim ientos políticos y que son las siguientes: 1. Los bienes que actualmente poseen. Es decir, los bienes que a la fech a de la vigen cia del C ódigo Electoral de 1996 se hallan registrados a nom bre del partido o m ovim iento político.

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2. Las con tribuciones de sus m iem bros. Los m iem bros de los partidos o m ovim ien tos políticos son sus afiliados, pero no existe im pedim ento alguno de que pueda recibir contribuciones de no afiliados. La expresión correcta debió ser contribuciones de sus m iem bros o cualquier otra persona dentro de los lím ites legales. 3. Los aportes y subsidios estatales. 4. O tros rec u rs o s qu e p re v e a n sus E s ta tu to s o A cta s Constitutivas. En el rubro de otros recursos previstos en los Estatutos es donde incorporan las contribuciones ciudadanas, las originadas en actividades realizadas por el partido entre otros.

20.1. Contribuciones prohibidas C onform e con la disposición con ten id a en el Art. 68 del C ódigo Electoral, “Los partidos o m ovim ien tos políticos no p odrán aceptar o recib ir directa o indirectam ente: a) con tribuciones o don aciones de entidades extranjeras, com o gobierno, fundaciones, partidos, m ovim ientos políticos, instituciones o person as físicas o ju ríd icas. b) con tribu ciones o donaciones de entidades autárquicas o descentralizadas nacionales, departam entales o m unicipales, o de em presas del Estado o con cesion arias del m ism o, o de los que explotan ju eg os de azar. c) c o n tr ib u c io n e s o d o n a c io n e s d e p e rs o n a s q u e se en cu en tran en condición de subordinación adm inistrativa o relación de dependencia, cuando aquellas se realicen a través de organism os oficiales o por dedu cciones del salario en las planillas de sueldos. d) con tribu ciones o don aciones de asociaciones sindicales, patronales, grem iales o em presas m ultinacionales.

20.2. Depósitos de los fondos partidarios E l Art. 69 del C ódigo E lectoral establece las reglas sobre d e p ó s ito , a d m in is tra c ió n y e x tra c c ió n d e los fo n d o s de

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los partidos o m ovim ien tos políticos, así com o los centros, fundaciones u otros organism os autónom os vincu lados a los m ism os. El Artícu lo referido dispone al respecto “Todos los fondos de los partidos y m ovim ien tos políticos se depositarán en B ancos o entidades financieras del país, y se adm inistrarán y se extraerán con form e a las prevision es y por las personas au torizadas en los estatutos o Actas C onstitutivas. Idén tico procedim iento se observará en el supuesto de que los partidos o m ovim ien tos-políticos establezcan centros, fundaciones u otros organism os autónom os, au n qu e vin cu lad os al partido o m ovim ien to p olítico en cu estión ” .

20.3. Derecho al recurso público Los partidos políticos tienen derecho a recibir financiam iento público para el desarrollo de sus actividades que conform e con la n orm ativa electoral se identifican en el presupuesto gen eral de gastos de la nación com o subsidio electoral y aporte estatal. E l Art. 70 d e l C ód igo E le c to ra l d is p o n e al res p e c to lo siguiente: “Los partidos políticos tendrán derecho, adem ás del su bsidio electoral, a los aportes anuales que el E stado les asigne de con form idad con este C ód igo”. E l rec u rs o p ú b lico p re v is to p a ra los p a rtid o s p olític o s d enom inado “ap orte estatal” es u n a p artida presu p u estaria qu e d eb e es ta r p re v is ta en el P re s u p u e s to G en era l de la N ación dentro d el presu p u esto in stitu cion al de la J u sticia E lectoral para ser d istribu ida a todos los partidos políticos reconocidos que hayan participado de las ú ltim as elecciones para el C ongreso en un m onto anual que represente el 15% del jorn a l m ínim o para actividades diversas no especificadas por cada voto obtenido en las últim as elecciones p ara el Congreso. E ste recu rso pú b lico a favor de los partidos políticos se halla reglad o en el Art. 71 del C ódigo Electoral. El recurso público previsto p ara los partidos o m ovim ientos políticos denom inado “su bsidio electoral” es u n a cu an tía de dinero público asignada a los partidos y m ovim ien tos políticos p a ra s u fra g a r los g a stos q u e d e m a n d en su s a c tiv id a d e s

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electorales y que se d istrib u yen de acu erdo a la cantidad de represen tantes populares que obtien en en las elecciones nacionales, departam entales o m u nicipales y la cantidad de votos obtenidos en las elecciones p ara el C ongreso N acional, con form e se h a lla reglado en los Arts. 276 y 277 del C ódigo Electoral.

20.3.1. Forma de distribución del aporte estatal El Art. 71 del C ódigo E lectoral dispone que “El Presupuesto G e n e ra l de la N a c ió n c o n te m p la rá u n a p a rtid a g lo b a l a nom bre del T rib u n al Superior de J u sticia Electoral, para ser distribuida en concepto de aporte del Estado entre los distintos partidos políticos reconocidos e inscriptos. El m onto de este aporte será el 15% (quince por ciento) del jo rn a l m ínim o para actividades diversas no especificadas por cad a voto obtenido en las ú ltim a s eleccion es p a ra el C on greso, y d eb erá ser íntegram en te entregados a los partidos políticos dentro de los prim eros sesen ta días de cada año. E n caso de las alianzas, este ap orte será distrib u id o p rop orcion alm en te al nú m ero de bancas que ocupe cada p artido que h u biera integrado la m ism a, en la C ám ara de Sen adores” . La n orm a de referen cia ofrece dos aspectos im portantes en relación al aporte estatal que son los siguientes: 1. E n tid ad h a b ilitad a para recib ir el aporte. E n p rim er lugar, es im porte señalar que se refiere a los partidos políticos recon ocid os e inscriptos, circu n stan cia que perm ite inferir dos con secu en cias ju ríd ica s que son: a) la exclusión de los m ovim ien tos políticos com o beneficiarios de este aporte del E stado y b) que no podrían recib ir todos los .partidos políticos reconocidos e inscriptos sin p articipar de las elecciones para el C ongreso Nacional. E n la h ip ó tesis de que el p artid o p o lítico reco n ocid o e in s c rip to no p a rtic ip e de las eleccio n es p a ra el C on greso N acion a l no p o d ría d eterm in arse el m on to del aporte que recib iría p or con stitu ir la ca n tid a d de voto s ob ten idos en las e le c c io n e s p a ra el C o n g res o N a c io n a l la b a se de su d e te rm in a c ió n , p o r lo que en v ir tu d d e l p rin c ip io de la

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le g a lid a d p re s u p u e s ta ria d eb e c o n c lu irs e qu e s ola m en te p o d r á n p e r c ib ir e l a p o r te e s ta ta l los p a r tid o s p o lític o s reconocidos, in scrip tos y que h ayan ob ten id o votos en las eleccion es p ara el C on greso N acional. 2. La cuantía anual que corresponde a cada partido político. El m on to que corresp on derá a cada p artido político es del 15% (quince por ciento) del jo rn a l m ínim o p ara actividades no especificadas p or cada voto que ob ten ga en las elecciones para el C ongreso Nacional. E n e l s u p u e s to de a lia n z a s e le c to r a le s , la su m a qu e rep resen ta e l 15% del jo r n a l m ín im o m u ltip lica d o p o r la cantidad de votos obtenidos en las elecciones p ara el Congreso N acional se divide en form a p rop orcion al por el nú m ero de bancas que h aya obtenido cad a partido que in tegra la alian za en la C ám ara de Senadores.

20.4. Las franquicias Son las exoneraciones del pago de los tributos establecidas a favor de los partidos y m ovim ien tos políticos en la norm ativa electoral. Las e x o n era cio n es im p o s itiva s c o n stitu y en u n a m odalidad de fin an ciam ien to pú b lico indirecto a los partidos y m ovim ien tos p olíticos p orqu e estos d ejan de p agar u n a determ inada sum a de dinero al Estado. La expresión fran qu icia es u n a d enom inación que en la d octrin a tributaria es u tiliza d a p ara referirse gen eralm ente a las exon eracion es ad u an eras, pero que en el caso de la norm ativa electoral se extiende no solam ente a los im puestos aduaneros.

20.4.1. Tributos exonerados Los tributos con stituyen ingresos del E stado que provien en de la riqu eza de los particulares que pu eden tener origen en im puestos, tasas, con tribu ciones y recursos parafiscales. Los partidos y m ovim ien tos políticos solam ente se hallan exonerados del pago de im pu estos sean ellos de percepción

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n a cion al o m u nicipal pero no de los dem ás tributos com o las tasas, con tribuciones, recu rsos parafiscales, entre otros, con excep ción de los tributos aduaneros. E l Art. 73, ú ltim a p a rte, d is p o n e qu e “ Los p a rtid o s y m ovim ien tos p olíticos se h a lla n exentos de todo im pu esto fiscal o m u n icip al” . Por consiguiente, los partidos y m ovim ien tos políticos no se hallan exonerados del pago de los tributos com o tasas, c o n trib u c io n e s , re c u rs o s p a r a fis c a le s y d em á s re c u rs o s públicos. En cuan to a los tributos aduaneros, la im portación de los bienes consignados en el Art. 74 del C ódigo E lectoral se hallan exentos de todos los tributos por lo que no solam ente alcan za a los im pu estos sino a cu alqu ier otro tributo aduan ero com o las tasas, recursos p arafiscales entre otros.

20.4.2. Alcance de la exoneración del impuesto Los partidos y m ovim ien tos políticos se hallan exonerados de todos los im pu estos nacionales y m unicipales, tal com o se prescribe en el Art. 73, ú ltim a parte del C ódigo Electoral. E sta e x o n e ra ció n de im p u esto s de cará cter n a cio n a l y m u nicipal com prende no solam ente a los bienes de propiedad de las entidades políticas sino tam bién los bienes de terceras person as arren dados o cedidos a los partidos y m ovim ientos políticos tod a vez que estén destinados exclu sivam en te a las actividades de los m ism os. P or con sigu ien te, la e xo n era ció n com p ren d e los bien es siguientes: 1. Los bienes m uebles, inm uebles o sem ovientes, propiedad de los p a rtid o s y m o v im ie n to s p o lític o s (Art. 73, p rim e r párrafo). 2. Los inm u ebles de terceras personas locados o cedidos en com odato a los partidos y m ovim ien tos políticos, toda vez que ellos estén destinados exclu sivam en te a actividades de los m ism os (Art. 73 segundo párrafo).

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3. L a im portación de m áquinas, equipos y m ateriales de im presión gráfica o produ cción audiovisual, con los insum os requeridos para su u tilización (Art. 74) 4. L a im portación de m áquin as y equipos de oficina o de in form ática necesarios para los trabajos desarrollados p or los partidos y m ovim ientos políticos, están exentos de tributos aduaneros y sus adicionales. C onform e con la disposición del Art. 74 del Código Electoral, cuando se trata de im portación de bienes la exoneración no solam ente com prende los im pu estos sino tam bién las tasas aduaneras y sus adicionales, pues la expresión u tiliza d a es de exon eración trib u taria y no im positiva. 5. Las actuaciones ju d iciales o adm inistrativas se hallan exentas del pago de im pu esto, con form e esta b lece el Art. 75 del C ódigo E lectoral. E n esta exoneración establecida a favor de los partidos y m ovim ien tos políticos existe u n error conceptual porque las actuaciones judiciales y adm inistrativas gen eralm ente no se gravan con im puestos sino con tasas, por lo que la expresión n orm ativa correcta debió h aber sido la de exoneración tributaria. 6. Los d ocu m entos de obligación, recibos, bonos y dem ás docum entos em itidos por los partidos y m ovim ientos políticos. (Art. 75 C.E.).

21.

Caducidad y extinción

La cadu cidad y extinción de los partidos y m ovim ientos políticos son dos supuestos ju ríd ico s que tienen el efecto de la pérdida de la personalidad ju ríd ica y el fin de la existencia legal de estas entidades políticas com o sujeto del proceso electoral que se distingu en p or tres circunstancias: 1. Las causales que m otivan la cadu cidad o la extinción. 2. Los sujetos, porque las causales de caducidad solam ente existen p ara los partidos políticos y n o para los m ovim ientos políticos.

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3. Los efectos porque la cadu cidad perm ite solicitar una n u eva inscripción com o partido político luego de la prim era elección y la extinción no perm ite u n nu evo reconocim iento pero sí se p od rá con stitu ir n u evam en te un p artido con el m ism o nom bre, carta orgánica, principios y program as luego de seis años.

21.1. Caducidad. Concepto La caducidad, conform e con la n orm ativa electoral, es la p érd id a de la p erson alidad política de los partidos políticos p o r in cu m p lim ien to de ob liga cion es lega les vin cu la d a s al fu n cion am ien to interno y a la finalidad con stitu cion al de los m ism os.

21.2. Causales de caducidad Las causales de caducidad de los partidos políticos se hallan previstas en el Art. 77 del Código Electoral y son las siguientes: 1. La falta de elecciones internas, en los partidos políticos, para la nom in ación de sus autoridades ejecu tivas nacionales durante dos períodos consecutivos, con form e con la previsión de sus estatutos. 2. L a n o c o n c u r r e n c ia a d o s e le c c io n e s g e n e r a le s plu ripersonales.

21.3. Forma de declaración de caducidad Para la declaración de cad u cid ad de u n partido político se debe in iciar un proceso ju d ic ia l electoral ante la Justicia E lectoral con la p articipación del partido político com o parte del proceso, con el respeto del debido proceso legal y sólo h abrá cadu cidad cuando exista u n a sentencia ju d ic ia l firm e y ejecutoriada.

21.4. Efectos de la caducidad La cad u cid ad de u n p artido político d eclarad a en sentencia ju d icia l firm e tiene los efectos siguientes:

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1. L a p é rd id a de la p e rs o n e ría p o lític a y el fin de su existencia legal com o partido político. Subsiste en carácter de person a ju ríd ica p rivad a siem pre que cu m pla los requisitos establecidos en el derecho civil. 2. La im posibilidad de solicitar nuevam ente su reconocim iento hasta después de realizada la prim era elección, con la exigencia de cu m plir las disposiciones contenidas en el Libro I, T ítu lo I, del C ódigo Electoral.

21.5. Causales de extinción Las causales de extinción se h allan previstas en los Arts. 76 y 78 del C ódigo Electoral, algunas aplicables a los partidos políticos en form ación, a los m ovim ien tos políticos y a los partidos políticos. Los p a rtid o s p o lític o s en fo rm a c ió n se e x tin g u irá n de pleno derecho si, al cabo de dos años de su constitución, no hu bieran obtenido su recon ocim ien to com o partido político (Art. 76 C.E.). Las causales de extinción de los m ovim ien tos políticos son las siguientes: 1. La no p articipación en las elecciones p a ra las cuales se h u bieran constituido (Art. 76 C.E.). 2. L a fin alización de las elecciones para la cual se h aya con stitu ido el m ovim ien to político (Art. 78 inciso d, C.E.) L as c a u sa les de e x tin c ió n a p lic a b le s s ola m en te a los partidos políticos, son las siguientes: 1. L a incorporación o la fu sión a otro partido político (Art. 78 in ciso a, C.E.). 2. La no obten ción de al m enos el 1% (uno p or ciento) del total de los votos válidos em itidos en cada u n a de las dos últim as elecciones plu ripersonales (Art. 78 in ciso c) C.E.). Las causales de extinción aplicables a partidos y movimientos políticos son las siguientes:

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1. La d ecisión libre y volu n taria de sus afiliados, adoptada de con form idad con sus estatutos y el C ódigo Electoral. (Art. 78 inciso a) C.E.). En el caso del m ovim ien to político que la n orm a n o tien e previsto, debe con sid erarse que el m ism o se extingue p or decisión del candidato inscrito de retirar su candidatura. 2. L a c o m p r o b a d a s u b o r d in a c ió n y d e p e n d e n c ia de organizaciones o gobiernos extranjeros. 3. La con stitu ción de organizaciones param ilitares o por no resp etar el carácter no deliberante de los m iem bros de las Fuerzas A rm adas y de la P olicía en servicio activo. 4. Las actu a cion es de p artid os y m ovim ien tos p olíticos q u e fu e re n a te n ta to ria s a los p rin c ip io s d e m o c rá tic o s y rep u b lican os con sagrad os p or la C on stitu ción P o lític a del Estado, a las disposiciones fundam entales establecidas en este C ódigo, a la D eclaración U n iversal de los D erechos Hum anos y a los Tratados sobre esta m ateria, aprobados y ratificados por la R epú b lica del Paraguay. 5. La com probada recepción de auxilio económ ico, directivas o instru ccion es de organizaciones o gobiern os extranjeros.

21.6. Forma de declaración de la extinción P ara la d eclaración de extin ción de u n p artido político, p artido político en form ación o m ovim ien to político se debe in iciar un proceso ju d icia l electoral ante la J u sticia E lectoral con la participación del partido o m ovim ien to político com o parte del proceso, con el respeto del debido proceso legal y sólo h abrá caducidad cuando exista urta sentencia ju d icial firm e y ejecutoriada.

21.7. Efectos de la extinción L a extin ción de un partido o m ovim ien to político declarada en sen tencia ju d icia l firm e tiene los efectos siguientes: 1. L a p é rd id a de la p e rs o n e ría p o lític a y el fin d e su existen cia legal com o partido político. Su bsiste en carácter de

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p erson a ju ríd ica privada siem pre que cu m pla los requisitos establecidos en el derecho civil. 2. L a im p o s ib ilid a d de c o n s titu ir u n n u ev o p a rtid o o m ovim ien to político con el m ism o nom bre, la m ism a carta orgánica, declaración de principios y program as, sino después de transcu rrido seis años.

21.8. Destino de los bienes E l Art. 84 del C ódigo E lectoral dispone al respecto que “Los bienes del partido o m ovim ien to político extin gu ido tendrán el d estin o estab lecid o en los E statutos y, en todo caso de que éstos no lo determ inen, ingresarán, previa liquidación, al T e s o ro N a cio n a l, sin p e rju ic io de los d ere c h o s d e los acreed ores. Los libros, a rch ivos, fich eros y em b lem as del partido o m ovim iento político extinguido, quedarán en custodia de la J u sticia Electoral, la que al cabo de seis años ordenará su d estru cción ” .

22. Movimientos políticos El m ovim iento político, es un canal abierto a los ciudadanos para concurrir, p or m étodos dem ocráticos, a la form ación de las autoridades nacionales, departam entales y m unicipales. E l m o v im ie n to p o lític o es u n in s tr u m e n to c iu d a d a n o p a ra c a n a liza r las c a n d id a tu ra s a los cargo s n a cio n ales, departam entales y m unicipales de representación popular por m edio de u n m ecan ism o ágil de in scripción de candidatu ras y exigencias organizacionales m ínim as, circun stancias fácticas que p erm iten diferenciarlos de los partidos políticos.

22.1. Naturaleza del movimiento político La naturaleza jurídica de los m ovim ientos políticos, conform e con el Art. 125 de la C onstitución es la de u n a asociación, porque el artículo de referencia expresa en lo pertinente “Todos

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los ciudadanos tienen el derecho de asociarse librem ente en partidos o m ovim ien tos p olíticos...” . La asociación im plica la decisión de dos o más personas de con stituir u n a person a ju ríd ica p ara desarrollar, en este caso, la a ctivid ad p olítica de co n cu rrir a la form a ció n de las a u to rid a d e s e le ctiva s n a c io n a le s , d e p a rta m e n ta le s o m unicipales. Sin em bargo, el C ódigo E lectoral no regula la existen cia de m ovim ientos políticos, sino el derecho individual del ciudadano d e p r o p ic ia r su c a n d id a tu r a p a r a lo s c a r g o s e le c tiv o s nacionales, departam entales o m unicipales sean nom inales o plu ripersonales. (Art. 85 del C ódigo E lectoral). Es d ecir, c o n fo rm e con la n o rm a tiv a e le c to ra l p a ra la p resentación de candidatu ras por m edio de los m ovim ientos p olíticos no se req u iere la con stitu ción de u n a asociación sino sim plem en te la decisión de u n ciudadano o u n grupo de ciudadanos que cuente con la adhesión de u n a cantidad determ inada. Esta decisión legal no afecta la constitucionalidad de las candidatu ras por m edio de m ovim ien to político porque, en d efin itiva, el derech o al su fragio activo es un d erech o hu m ano básico del ciudadano. Es decir, en la norm ativa electoral, el m ovim ien to político a la que se re fie re la C on stitu ción , es u n m eca n ism o de presentación de candidatu ras ciudadanas que no requiere la con stitución en form a de asociación sino el patrocinio de la candidatu ra por u n nú m ero determ inado de electores. P o r c o n s ig u ie n t e , e l m e c a n is m o d e p a r t ic ip a c ió n den om in ado “ M ovim ien to P o lític o ” , con form e con,1a fin alid ad del m ism o y la n orm ativa electoral vigen te es u n d erech o in d ivid u al del ciu d ad an o p ara p resen ta r u n a can d id atu ra y no u n derech o in d ivid u a l de asociación p a ra la p articip a ción p o lític a . Es d e c ir, p a ra la p re s e n ta c ió n de c a n d id a tu ra in d ep en d ien te no se req u iere la con stitu ción p revia de u n a entidad colectiva sino solam ente la decisión de form alizar una ca n d id a tu ra con la ad h esión de u n a ca n tid a d d eterm in ad a de electores.

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22.2.

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Requisitos positivos para las candidaturas de movimientos políticos

Las p erson a s qu e d eseen p re s e n ta rs e com o c a n d id a to de m ovim ien tos políticos d eben cu m plir con los requisitos establecidos en el Art. 86 del C ódigo E lectoral que son los siguientes: 1. Ser patrocinado por electores en n ú m ero no m en or al 0,50% (cero cincuenta por ciento) de votos válidos em itidos en las ú ltim as elecciones de que se trate, con in d icación exp resa de su dom icilio actual y n ú m ero de docum ento de identidad. N in gú n elector p od rá p atrocin ar m ás de u n a candidatu ra. (Art. 86, inciso c), C.E.). E l núm ero de electores patrocinante es del 0,50% de votos válid os em itidos en las ú ltim as elecciones de que se trate. Es decir, depende del cargo electivo para el cual se presenta la candidatura com o el cargo de Presidente de la República, Cám ara de Senadores, Cám ara de Diputados dependiendo del Departamento a la que pretende representar, Gobernador, Juntas Departam entales, Intendente M unicipal y Junta Municipal. Por ejem plo, si el ciudadano pretende presentar su candidatura para Intendente de la ciudad de Asunción debe contar con el patrocinio del 0,50% de votos válidos em itidos en las últim as elecciones para Intendente M unicipal de Asunción. 2. Llevar, p or d eclaración ju rad a, un detalle de todos los ingresos que recibieren p ara su cam paña electoral en un libro de contabilidad, donde deberá exp resar el origen y destino de los aportes que reciban, con clara indicación de nom bres y apellidos de los aportantes, su dom icilio actualizado, nú m ero de c é d u la de id e n tid a d , y n ú m e ro de R e g is tro Ú n ico de C ontribuyentes, en su caso.

22.3.

Requisitos negativos para la candidatura por movimientos políticos

S o n c ir c u n s ta n c ia s fá c tic a s p r e v is ta s en la le y q u e inhabilitan al ciudadano p a r a la presentación de candidaturas.

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Las in h a b ilid a d e s son r e q u is ito s n e g a tiv o s p re v is to s en la n orm ativa e lectora l cu ya con cu rren cia en el ciu dadan o im pide su habilitación para presen tarse com o candidato de un M ovim ien to Político. Los supuestos legales que im piden la can d id atu ra independiente se h allan previstos en el Art. 86 d el C ódigo E lectoral y son los siguientes: 1. h a b e r p a r tic ip a d o c o m o p o s tu la n te en e le c c io n e s partidarias con cernientes al cargo en cu estión (Art. 86 inciso a). 2. In te g ra r o h a b e r in te g ra d o cargo s d ire c tiv o s en los partidos políticos en los ú ltim os dos años an teriores (Art. 86, in ciso b).

22.4. Diferencia entre partidos y movimientos políticos Las diferencias en tre los m ovim ien tos y partidos políticos su rgen de las disposiciones de la Ley 834/96, que se pu eden resu m ir en las siguientes:

1. La dim ensión territo ria l de su actividad: L o s m ovim ien tos políticos p u ed en con stitu irse en m ovim ien tos reg ion a les p a ra la p resen ta ció n de can d id atu ras p ara los cargos electivos de carácter d epartam en tal o distrital, pero im pide la form ación de los partidos políticos regionales (art. 16 de la Ley 834/96). 2. La transitoriedad de los mismos: E l art. 16 de la L ey 834/96, dispone que “p od rá form arse transitoriam ente m ov im ie n to s p o lític o s reg ion a les p a ra la p re s e n ta ció n de c a n d id a tu ra s a G o b e rn a d o re s , J u n ta s D e p a rta m e n ta le s , Intendentes y Juntas M u n icip ales” , m ientras que los partidos políticos son organizaciones de carácter m ás estable. 3. Procedimiento para la constitución. E l procedim iento de form ación de los partidos p olíticos es m ás com plejo porque requ iere de u n a etap a prep aratoria en la que la entidad será autorizada en calidad de “partido en form ación” por un período que p odrá exten derse a dos años sin posibilidad de presentar c a n d id a tu r a s p a r a las e le c c io n e s p a r a p o s te r io r m e n te ,

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cu m plid o los requisitos, ser recon ocid o com o partido político y los m ovim ientos políticos son reconocidos com o tal con el sólo cu m plim ien to de los requ isitos exigidos por la ley sin n ecesidad de eta p a preparatoria. 4. Requisitos para la constitución. P ara la constitución de los partidos políticos en su etap a p rep aratoria se requiere de u n a cantidad de propiciadores y el cum plim iento de u n a serie de requisitos que se exten derá en escritu ra p ú b lica y lu ego se iniciarán los trabajos de organización y p roselitism o necesarios p ara su reconocim iento, tales com o organización de base en la cap ital y por lo m en os cu atro ciudades capitales departam entales, cantidad de afiliados, estatutos, entre otros requisitos exigidos en el Art. 21 del C ódigo Electoral. Los m ovim ien tos políticos o. candidatu ras independientes, en térm in os del C ódigo E lectoral solam en te req u ieren del patrocinio del 0,50% de los electores de las elecciones a la que se quiere presentar y la declaración ju ra d a de los ingresos de la cam pañ a electoral, con form e dispone el Art. 86 del C ódigo E lectoral. 5. Forma de extinción. Los partidos políticos se extin gu en por varias causas establecidas en el Art. 78 del Código Electoral y los m ovim ien tos políticos al fin alizar las elecciones para la cu al se h aya constituido, conform e el Art. 78 inciso d) del C ódigo Electoral. 6. Acceso al fínanciamiento público. Los partidos políticos acceden al fínan ciam ien to pú b lico por m edio de dos rubros p resu pu estarios que son el aporte estatal an u al y el subsidio electoral y los m ovim ien tos políticos solam ente al ru b ro de subsidio electoral.

CAPÍTULO VII PROPAGANDA ELECTORAL La p rop agan d a política es un instrum ento técnico utilizado por los sujetos del proceso electoral para difundir doctrina, inform acion es, program as de gobiern o y candidaturas. La p rop agan d a p olítica com prende una serie de actividades publicitarias realizadas por partidos y m ovim ientos políticos destinadas a inform ar a sus adherentes, captar sim patizantes, difu ndir program as de gobiern o y captar votos a favor de sus candidatos para los cargos electivos. ’ Estas actividades pu blicitarias son de sum a im portan cia dentro del p roceso electoral por p erm itir la efectivid ad de derechos fundam entales de los sujetos del proceso electoral, ta le s c o m o e l d e r e c h o a la lib e r ta d de e x p r e s ió n y de inform ación , porque perm ite por u n a parte, que en ejercicio de la libertad de expresión los candidatos a cargos electivos u tiliza r los diferentes m edios de expresión para hacer con ocer sus propuestas y p rom ocion ar sus candidatu ras y por otra parte, perm ite al elector recib ir la inform ación necesaria para ejercer u n voto inform ado. La prop agan d a electoral adem ás de efectivizar los derechos fundam entales citados, se con stituye en la actualidad, en uno de los factores determ inan tes del resultado electoral, sea por la in flu en cia que ejercen los m edios m asivos de com unicación en la población y por la facilidad que ofrece com o m edio de

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difusión de las candidatu ras en los países con alta densidad poblacional. En ra zón de las ven taja s que p ro p orcio n a n los m edios m asivos de com u nicación social en la com p eten cia electoral, lo s c a n d id a to s con p o d e r e c o n ó m ic o o p o lític o p u e d e n u tilizarlos p ara generar desequ ilibrios a su favor o los propios propietarios de los m edios favorecer ciertas candidaturas sean en form a ab ierta o sublim inal. Es decir, las candidatu ras con poder económ ico o político pu ed en con facilidad rom per el prin cipio de la igualdad de la com p eten cia electoral con la p rop agan d a electoral. Las candidatu ras con poder económ ico pu eden iniciar la cam pañ a de difusión con m ucha an ticipación a las elecciones, p u ed en ad qu irir can tidad de espacios p u b licitarios en los m edios radiales y televisivos, llen ar las calles con pasacalles, afiches y otros m edios de publicidad, con los cuales generan u n a verd ad era desigu aldad respecto a las candidatu ras de escasos recursos económ icos. Las candidaturas con poder políticos que son los candidatos con m andato represen tativo o con apoyo gu bernam ental, con facilidad gen eran desigualdad en la com peten cia electoral por m ed io de la d en om in a d a “p ro p a ga n d a in stitu cio n a l” . E sta p ro p a g a n d a se h a lla d e stin a d a a d ifu n d ir las activid ad es institucionales de las autoridades públicas pero en la p ráctica con facilidad se tradu cen en p rop agan d a electoral para los candidatos del gobierno. Las p rop agan d as p olíticas d isfraza d a s de “ p rop agan d as in stitu cion a les” son las que gen eran la m ayor d esigu alad en la com p eten cia electoral porqu e los titu lares de los poderes públicos cuentan con recursos presupuestarios-públicos p ara financiar el D epartam ento de C om unicación en cada M inisterio y en tid ad es d epen d ien tes del E jecu tivo, con u n a dotación de u n ejército de expertos en com u n icación en cada uno de ellos solventado con el dinero público. C on estos recursos disponibles, los candidatos oficiales h acen que sus asesores p ropagandísticos y los m edios utilizados sean pagados con el dinero del pueblo y no con sus propios recursos.

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L a s c a n d id a tu r a s c o n a p o y o p o lític o , a d e m á s de la p ro p a ga n d a in stitu cio n a l tien en otros m ed ios para torn ar qu e los m ed io s de c o m u n ic a c ió n sean fa v o ra b le s a sus intereses. Por u n a parte, las concesiones para la explotación de estacion es de radio y televisión dependen del gobierno por lo que gen eralm en te con ceden a sus operadores políticos y por otra parte, la u tilización de los recursos públicos para a u s p ic ia rlo s program as de radio y televisión. P o r las r a z o n e s s e ñ a la d a s , r e s u lta n e c e s a r io lim ita r ju ríd ica m en te la libertad de los candidatos en la u tilización de los d ife re n te s m ed io s de e x p re s ió n p a ra p re s e rv a r el prin cipio de la igu aldad en la com peten cia electoral porqu e la propaganda electoral puede constituirse en un m edio efectivo de d esigu aldad electoral a favor de candidatu ras con fuerte poder económ ico o político. Con la fin alidad de p reservar la igualdad de la com peten cia electoral, las norm as electorales establecen lim itaciones a la p rop agan d a electoral sean en relación al período, los m edios u tiliza d o s , lu g a res de d ifu s ió n , a cceso s a los m ed io s de difusión. T am b ién se lim ita el contenido de la p rop agan d a p olítica p ara preservar la lim pieza del proceso electoral que se puede afectar con propaganda dañin a a la im agen de los candidatos. Es im portante, que las lim itaciones legales de la propaganda e le c to r a l se a n p re c is a s y c la ra s , a los e fe c to s de e v ita r p ro p a g a n d a s e le c to r a le s d is fr a z a d a s com o “ p ro p a g a n d a in stitu cion al”, “prom oción p erson al” con las que se disfrazan verd ad eras propagandas electorales. A d em á s de las lim itacion es ju ríd ica s de la p ro p a ga n d a electoral, para que las norm as legales alcancen su finalidad de p re s e rv a r la ig u a ld a d y la lim p ie za de la com p eten c ia electoral, resu lta necesario que los órganos de control ejerzan su com peten cia dentro del m arco de la d ebida objetividad, h a b id a cu e n ta de la d ificu lta d existen te p a ra la c o rre c ta determ inación de diferentes form as de propagandas electorales

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que se disfrazan com o propaganda institucional o prom ociones personales.

1. Distinción entre campaña electoral, propaganda política y electoral Los térm in os ca m p a ñ a electoral, p ro p a ga n d a p o lítica y p rop agan d a electoral son u tilizados p or algunos autores com o sinónim os, pero se con sidera oportu no optar por la distinción, en p rim e r lu gar, p orqu e las cam p a ñ as ele cto ra le s tien en u n a m ayor am plitud que la propaganda p olítica y electoral y en segundo lugar, porque la legislación electoral paragu aya distingu e entre p rop agan d a p olítica y electoral. E l C ó d ig o E le c to r a l p a ra g u a y o no d e fin e la c a m p a ñ a electoral por lo que resulta necesario recurrir a la doctrina para delim itar las diferencias existentes entre estos térm inos. La cam pañ a electoral, conform e señala el au tor D elosm ar M e n d o n g a J ú n io r “ C o m p re n d e a cto s de o rg a n iza c ió n de com ités electorales, recau dación de recursos, form ación de m ilitantes, p articipación en debates, visitas a los electores y p rop agan d a electoral”59. Por su parte, el autor Ju lio B rea Franco en u n concepto m ás am plio expresa que la cam pañ a electoral “Es el conjunto de a c tivid a d es líc ita s lle v a d a s a cab o p or los su jetos del proceso electoral con el p ropósito de hacer con ocer y explicar sus prin cipios ideológicos y program as de gobierno, así com o p rom over los candidatos que han p ostu lado a los distintos cargos electivos con la fin alid ad de cap tar la p referen cia de los electores”60. * La p rop agan d a política, con form e con el au tor brasileño A rm an do An ton io Sobreiro N eto “es em p lead a para siginificar,

59 M E N D O N Q A J U N IO R , D E L O S M A R . M a n u a l d e D ire ito E le ito ra l, E d ito r a P o d iv m , S a lv a d o r - B a h ia , p á g. 113, 2 0 0 6 . 60 B R E A F R A N C O , J U L IO . D ic c io n a rio E lecto ra l, C A P E L , C o s ta R ica, pug. 73, 1989.

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en s ín te s is , to d a s las fo rm a s , p e rm itid a s p o r la ley, de realización de m edios publicitarios, tendientes a la obten ción de sim patizantes al ideario partidario o para la obten ción de v o to s ”61. La d efin ición del au tor com prende la p rop aga n d a p olítica y electoral con form e se define en n u estra legislación en los artículos 286 y 290 del C ódigo Electoral. La p rop agan d a p olítica se h alla defin id a en el Art. 286 del C ódigo E lectoral al d isponer que “Los partidos, m ovim ientos políticos y alianzas p odrán realizar tod a clase de actividades p ropagandísticas por los diversos m edios de com unicación social p ara hacer con ocer su doctrina, así com o inform aciones p ara su afiliados y la opin ión p ú b lica” . La p rop agan d a electoral se define en el Art. 290 del C ódigo E lectoral al disponer que “E l objeto de la p rop agan d a electoral es la difusión de la p lataform a electoral, así com o los planes y program as de los partidos, m ovim ien tos políticos y alianzas con la fin alid ad de con citar la adh esión del electorad o”. Las diferen cias entre la p rop aga n d a política y electoral, con form e con la n orm ativa electoral, son las siguientes: a. Objeto: L a p ro p a g a n d a p o lític a tie n e co m o o b je to la d ifu s ió n de d o c trin a e in fo rm a c io n e s de los p a rtid o s, m o vim ien to s p o lítico s y a lia n za a sus afiliad os y op in ión p ú b lica y la p rop agan d a electoral tiene por objeto la difusión de p lataform a electoral, planes y program as. b. Medios de propaganda: la p rop agan d a p olítica es por u tilización de m edios de com u nicación social y la p rop agan d a e le c to ra l, a d em á s de los m ed io s de c o m u n ic a c ió n s o c ia l com prende exposición en vías públicas de pasacalles, pintadas y afiches, entre otros. c. Limitación temporal. C onform e con nu estra legislación electoral, la p rop agan d a p olítica no tiene lím ite tem poral y la p rop agan d a electoral tiene lim itación tem poral en relación al 61 S O R R E IR O N E T O , A R M A N D O A N T O N IO . D ire ito EleitoraJ, 3 fl ed ic ió n , J u ru á Edi tora , C u ritib a , p á g 133, 2 0 0 6 .

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tipo de elecciones y m edios utilizados p ara la difusión de la p rop agan d a que se establece en el Art. 290.

2. Campaña electoral L a c a m p a ñ a e le c t o r a l q u e c o m p r e n d e u n a s e r ie de actividades destinadas a captar- la ad hesión de la ciu d ad an ía a fa vor de d eterm in ad as can d id atu ras p a ra los cargos en dispu tas dentro de las entidades políticas o para los cargos de rep resen tación popular no se h alla regu lad a en la n orm ativa e le c to r a l p a ra g u a y a q u e se lim ita a la re g u la c ió n de la p rop agan d a política y electoral que son partes de la cam paña electoral.

2.1. Concepto C onform e señala el autor Pedro Planas la cam paña electoral “ es el con ju n to de activid ad es y esfu erzos en cam in ad os a orientar las decisiones de la ciu d ad an ía en favor de cada partido, program as o can d id atu ras”62. Los esfuerzos y actividades que se realizan dentro de la cam pañ a electoral exceden el m arco de la difusión por los m ed ios o espacios p ú b licos de p rogram as y can d id atu ras e le c to ra le s p orq u e c o m p re n d e n d esd e la re c a u d a c ió n de recursos económ icos, form ación de cuadros de adherentes para la prom oción de las candidatu ras, instalación de oficinas en d ife re n te s lu g a res p a ra c o o rd in a c ió n de la ca m p a ñ a , provisión de m edios de transportes, realización d e visitas a los electores, entre otros.

2.2. Medios de la campaña electoral Los m edios de realización de la cam pañ a electoral están c o n fo rm a d o s p or u n a s e rie de a c tiv id a d e s te n d ie n te s a

62

P L A N A S , P E D R O . N o rm a s p a r a R e g u la r la C a m p a ñ a E lec to ra l, e n S im p o s io sob re R e fo rm a E le c to ra l, IF E S , U S A ID , p ág. 2 1 5 , 1997.

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m otivar a los afiliados y captar la preferen cia del electorado que con form e con la d octrin a se puede d ividir entre m edios tradicionales y m odernos. Los m ed ios tra d icion a les de rea lización de la cam p a ñ a electora l son las reu n ion es, las visitas. En estos tip os de activid ad es electorales el con tacto entre el can d id ato y el elector es m ás p erson a l y el m en saje electora l llega a un gru p o m ás red u cid o. La re a liza c ió n de estas té cn ica s de com u n ic a c ió n ele cto ra l se d eja a cargo de los afiliad os o adherentes. Los m edios m odern os de realización de la cam pañ a están constituidos p or u n a serie de técnicas para la difusión del m en saje electoral por los m edios m asivos de com unicación social com o la televisión, las radios y los m edios escritos u otros m edios audiovisuales. En la u tilización de estas técnicas el con tacto entre el candidato y el elector no es de carácter p erson al y cu an titativam en te se difunde a u n a gran cantidad de electores. La organización de la utilización de estas técnicas, gen eralm ente, se dejan a cargo de la central partidaria, que a su vez delega a un grupo de expertos. P o r c o n s ig u ie n te , las d ife re n c ia s e n tre estas té c n ic a s de ca m p a ñ a e lectora l son cu alita tivas, cu an titativas y de organización.

2.3.

Fundamentos de la regulación de las campañas electorales

Las razon es que ju s tific a n la regu lación de las cam pañas e le c to r a le s son: la n e c e s id a d de a s e g u ra r el p lu ra lis m o político, la lib erta d política, la igu ald ad de op ortu n id ad es de los e le c to r e s y p a r tid o s p o lític o s y la n e u tr a lid a d e im parcialidad de los organism os públicos, que constituyen las bases fu n d am en ta les p ara un p roceso electoral dem ocrático. La p resen cia de estas con d icion es ap u n ta a la celeb ración de e leccio n es lib res y c o m p etitiv a s que c a ra c te riza n a la d em ocracia.

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2.3.1. Pluralismo E l plu ralism o político e ideológico dentro de la cam paña electoral es esencial para asegu rar la libertad de opción del electorado. El p luralism o político tiene el objetivo de m otivar la com p eten cia electoral p or m edio de la plu ralidad de ofertas electorales que se ofrecen a los electores y favorece que las diferentes opciones existentes en la sociedad puedan tener una activa participación en el m anejo de las cosas públicas.

2.3.2. La libertad política E l ejercicio pleno de las libertades vincu ladas al proceso electoral es esencial p ara la existencia de elecciones libres y com petitivas. El elector para p articipar dentro del proceso electoral debe tener am plias libertades p ara constituir partidos o m ovim ien tos políticos e incluso, estar habilitad o p ara el ejercicio de la capacidad electoral pasiva sin n ecesidad del patrocin io de su candidatu ra p or los partidos o m ovim ientos p o lític o s ; lo s p a rtid o s p o lític o s d e b e n g o z a r de a m p lia s libertades p ara el desarrollo de sus actividades políticas; debe existir respeto a las libertades de prensa, opinión e inform ación para que los sujetos del proceso puedan ofertar sus program as y candidatos, y los electores puedan con ocer y eventualm ente, escoger entre las varias ofertas electorales existentes.

2.3.3. Igualdad de oportunidades de electores y partidos políticos Im p lica que los sujetos del proceso electoral deben tener iguales posibilidades; el elector la igual p osibilidad de escoger en tre las op cion es ofrecid as y los elegib les de ofertar sus candidatu ras sin d iscrim in ación por los distintos m edios de la prop agan d a electoral. • Las actividades que tienden a rom per el p rin cipio de la igualdad de oportunidades son: la desigualdad financiera entre las diferentes candidaturas, la parcialidad de los órganos del Estado, la reelección, entre otros. Por consiguiente, p ara p reservar el requisito de la igualdad de oportu nidades es que en las legislacion es electorales se

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establecen el financiam iento de la cam paña electoral, el control de los recursos de los partidos políticos y se asegu ra el acceso gratu ito de las candidatu ras en com p eten cia a los m edios de d ifu sión pública. La reelección c on stitu y e u n a fu en te de d esig u a ld a d en la com p eten cia electoral, en p rim er lugar p or la d iferen cia existente entre el candidato en ejercicio de u n cargo oficial por dos m otivos: E l candidato-Presiden te aparece en los m edios de difusión por sus actividades oficiales y el candidato-ciu dadano debe abon ar u n a cu an tiosa sum a de dinero p ara ap arecer en los m ism os y en segundo lugar, por la tendencia a la utilización de los recursos pú blicos a favor del candidato en ejercicio del cargo.

2.3.4. La neutralidad e imparcialidad de los órganos del Estado E ste requ isito tiene por objeto que los órganos del E stado no in terfieran en la cam pañ a electoral para favorecer con sus accion es a determ inadas opciones electorales. Con la finalidad de preservar este requisito, las legislaciones estab lecen u n a serie de requ isitos negativos para los titulares de los órgan o s esta ta les, tales com o la p ro h ib ic ió n a los funcionarios públicos a realizar actividades electorales durante la jo rn a d a laboral, la p u b licación de an uncios de actividades y obras estatales du rante el período electoral, la con tratación de espacios en los m edios de com u n icación que supere la m ed ia de los seis ú ltim o s m eses, la re a liza c ió n de actos oficiales vin cu lad os a las actividades p ropagandísticas com o inauguraciones de obras, la publicación de resultados positivos de sus gestiones; esto tiene especial relevancia, cuando existe la posib ilid ad de la reelección. P a ra p re s e rv a r estos re q u is ito s es en c ia le s d el p ro ceso electoral d em ocrático es que las norm as ju ríd ica s regu lan las ca m p a ñ a s e le cto ra le s, g en e ra lm e n te , en los asp ectos vin cu lad os a: sujetos legitim ad os para hacerlo, el contenido de los m en sajes em itidos en el m arco de la cam pañ a electoral,

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la inten sidad y cantidad de los m en sajes em itidos, lugares o m edios de realización y el plazo de la cam p a ñ a electoral.

3. Propaganda política La p ro p a g a n d a en térm in os g en erales, p u ed e d efin irse co m o “ la d ifu s ió n d e lib e ra d a y s is te m á tic a de m en s a je s destinados a u n determ inado auditorio y que apu n tan a crear u n a im agen p ositiva o n egativa de d eterm in ad o fen óm en o (persona, m ovim ientos, acon tecim ientos, instituciones, etc.) y a estim u lar determ inados com p ortam ien tos”63. C onform e con los elem entos defin itorios de la propaganda señalados p or los autores citados, se puede sostener que la p rop aga n d a política es la d ifu sión de m en sajes destinados al electorado con la fin alid ad de crear u n a im agen p ositiva o negativa hacia determ inados sujetos del proceso electoral para cap tar la adhesión. L a p ro p a g a n d a p o lític a es to d a p u b lic id a d que gu ard a en su n ú cleo u n ca rá cter p olítico, p or lo que com p ren d e la p ro p aga n d a electoral, p rop aga n d a in tern a p artidaria, la p rom oción person al y la institucional. La p rop agan d a p olítica es el género y las dem ás m odalidades de publicidad de carácter político especie de la m ism a. La am plitu d del con tenido de la p rop agan d a p olítica y la lim itación de su contenido en la legislación electoral paraguaya h acen que las definiciones doctrinarias no sean coincidentes con la estab lecid a en n u estra n orm ativa electoral. i

E n la doctrina brasileña, el autor Arm ando Antonio Sobreño N eto define la p rop agan d a p olítica com o “ todas las form as, perm itidas por la ley, de realización de m edios publicitarios, tendientes a la obtención de sim patizantes al ideario partidario

63

B O B B IO , N O R B E R T O ; M A T T E U C C I, N IC O L A ; P A S Q U IN O G IA N F R A N C O . D ic c io ­ n a rio d e P o lític a , 12a ed ic ió n , S ig lo V e in tiu n o e d ito re s , M é x ic o , p ág. 1298, 2 0 0 0 .

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o p ara la obten ción de v oto s”63. Esta defin ición com prende

tanto la p rop agan d a p olítica com o electoral en los térm inos de la legislación electoral paraguaya.

3.1. Propaganda política en la legislación paraguaya El .Código E lectoral estab lecid a por Ley Nro. 1/90 fue la p rim era en regu lar la p rop agan d a p olítica y electoral en el orden ju ríd ico electoral paraguayo, dedicando a la propaganda p olítica cinco artículos. E l C ó d ig o E le c t o r a l v ig e n t e (L e y 8 3 4 / 9 6 ) r e g u la la p rop agan d a política en cinco artículos en térm inos sim ilares a su p re c e d en te de 1990, en los que d is cip lin a asp ectos relacion ados al objeto, contenido, prohibiciones, m edios de pu b licidad y uso de m edios estatales.

3.1.1. Concepto El Art. 286 del C ódigo E lectoral dispone que “Los partidos, m ovim ien tos políticos y alian zas podrán realizar toda clase de actividades p ropagan dísticas por los diversos m edios de com u nicación social para hacer conocer su doctrina, así com o inform acion es para sus afiliados y la op in ión p ú b lica” , por lo que conform e con dicha disposición legal se puede con ceptuar a la p r o p a g a n d a p o lític a c o m o c o n ju n t o d e a c t iv id a d e s p r o p a g a n d ís tic a s e fe c tu a d a s p o r los p a rtid o s , m o v im ie n to s p o lític o s y a lia n z a s p o r los m e d io s de c o m u n ic a c ió n s o c ia l con la fin a lid a d d e h a c e r c o n o c e r s u d o ctrin a y p r o v e e r in fo rm a c ió n a s u s a filia d o s y a l a o p in ió n p ú b lica .

3.1.2. Objeto El Art. 286 d el C ód igo E le cto ra l lim ita la a c tiv id a d de prop agan d a política de los partidos, m ovim ientos políticos y alianzas electorales a dos objetivos que son los siguientes: 1) la actividad de p rop agan d a destinada a hacer con ocer la d octrin a y 2) b rin d ar in form acion es a sus afiliad os y a la opin ión pública. 6 3 63 S O B R E IR O N E T O , A R M A N D O A N T O N IO . O p . cit., p ág. 133.

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La actividad prop agan d ística de hacer con ocer la doctrina con sis te en la d ifu sión de los p rin c ip io s ’ orien ta d o res del partido o m ovim ien to político en los diferentes aspectos de la organ ización de la sociedad. Es la d ifu sión de la posición de las entidades políticas en cuestion es económ icas, sociales, culturales y políticas. L a actividad in form ativa p ara sus afiliados y público en gen eral es la de h acer con ocer sus actividades vincu ladas a la organ ización in tern a com o p osicion es asum idas sobre problem as de interés de la colectividad. Los objetivos definidos com o p rop agan d a p olítica perm ite d istingu ir de la p rop agan d a electoral y estab lecer que dichas actividades no se hallan lim itadas tem poralm ente, por lo que puede ser realizad a en form a perm anente.

3.1.3. Contenido de la propaganda política C onform e con la n orm ativa electoral, el con ten id o de la propaganda política se puede discrim inar en contenido positivo y negativo. Son positivos los valores que deben in sp irar los m ensajes publicitarios y negativos son aquellos elem entos que no deben con tener la actividad propagandística. Los elem entos positivos que deben con ten er la prop agan d a p o lític a se h a lla n e s ta b le cid o s en el Art. 285 d e l C ód igo E lectoral y son los siguientes: 1. E l fortalecim iento de la dem ocracia. 2. E l respeto a los derechos hum anos. 3. La edu cación cívica de los ciudadanos.

i

Los elem entos negativos que no deben con tener fa p rop a­ gan d a p olítica que se estab lecen en los Arts. 285 y 287 son los siguientes: 1. M ensajes que contengan alusiones personales injuriosas o denigran tes h a cia cu alqu ier ciu dadan o (Art. 285). 2. M ensajes que signifiquen ataques a la m oralidad pública y las buenas costum bres (Art. 285).

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3. H acer cu a lq u ier alu sión a n aciones, colectivid ad es o instituciones que pudieran generar discrim inaciones por razón de raza, sexo, y religión (Art. 287).

3.1.4. Medios de la propaganda política E n r e la c ió n a lo s m e d io s qu e p u e d e n ser u tiliz a d o s p a r a l a p rop aga n d a p olítica la n orm ativa electoral no es lo suficientem ente clara porque en la delim itación del objeto de la m ism a hace referencia solam ente a los m edios de com unicación social y en la parte de prohibicion es extien de a la u tilización de áreas del dom inio público y al uso de am plificadores de sonidos. P or con sigu ien te, se p u ed e sosten er qu e los m edios de la p ro p a g a n d a p o lític a c o m p re n d e n ta n to los m ed io s de com u n icación social com o las otras m odalidades de difusión de m ensajes p ublicitarios, tales como: 1. M edios de com u nicación social sean radiales, televisivos y p ren sa escrita. 2. E spacios públicos sean p ara exponer pasacalles, hacer pintada, p ega r afiches, calcom anías, entre otros. 3. U so de a m p lific a d o re s de son id os p a ra d ifu n d ir los m en sa jes a v o lu m e n qu e n o gen ere u n a a lte ra c ió n de la tran qu ilid ad pública. 4. R euniones con los electores.

3.1.5. Medios de propaganda prohibida Los m edios prop agan d ísticos no perm itidos a los partidos, m ovim ien tos políticos y alianzas electorales para la difusión de su d octrin a e inform acion es, conform e con la legislación electoral son los siguientes: 1. E l uso de áreas del d om inio público, salvo en períodos electorales (Art. 287 inciso b). 2. La u tiliza ción de am plificadores de sonidos cuando el volu m en de éste represen te u n a alteración de la tranquilidad p ú b lica (Art. 287 inciso c).

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3.1.6. Prohibiciones a los propietarios de los medios de comunicación La norm ativa electoral establece algunas restricciones a los propietarios de los m edios de com u nicación y a los m edios de com unicación del Estado p ara salvagu ardar los principios de igualdad electoral en el uso de los m edios de propaganda y evitar el abuso del poder económ ico y político. Las p ro h ib ic io n es a los p ro p ieta rio s de los m ed io s de com unicación social son las siguientes: 1. Los propietarios o directivos no p odrán realizar ningu na discrim in ación en las tarifas, en el sentido de que no serán m ás elevadas que las ordinarias para actividades com erciales (Art. 288 inciso a). 2. L os r e s p o n s a b le s d e lo s m e d io s n o p o d rá n h a c e r discrim inaciones tarifarias a favor o en contra de algún partido, m ovim ien to político o alian za (Art. 288 inciso b). 3. Los directivos de los m edios de com u nicación social del Estado que establezcan program as p ara la propaganda política no p odrán hacer discrim in ación a favor o en con tra de algún partido, m ovim ien to político o alian za (Art. 289).

3.1.7. Sanciones por violación de las restricciones E l C ó d ig o E le c t o r a l t ip if ic a c o m o f a lt a e le c t o r a l e l incum plim iento de las prohibiciones establecidas en m ateria de propaganda política y electoral im poniendo la sanción de m ulta para los infractores que pu eden ser los partidos, m ovim iento político o alian za electoral y los propietarios o responsables de m edios de com unicación. *

Sancion es a los partidos, m ovim ien to p olítico o alian za electoral: a. Por violar regla de uso de altavoces. Los partidos, m ovim ien tos políticos o alianzas electorales pu eden incurrir en la falta electoral prevista en el Art. 332, inciso c) del C ódigo E lectoral que tip ifica la in fracción de “violar las prohibiciones establecidas por la autoridad pública en m ateria de utilización de a lta v o c e s ” . E sta fa lta ele cto ra l se sa n cio n a con m u lta

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equ ivalen te de quince a 30 jorn a les m ínim os para actividades diversas no especificadas.

b. Por propaganda de contenido discriminatorio. E l Art. 333 del C ódigo E lectoral tipifica com o falta electoral la p rop agan d a con ceb id a en violación del Art. 292 del C ódigo que .en su inciso b) prohíbe la d iscrim in ación y en el inciso f) las in ju rias y calum nias que tam bién con stitu yen m ensajes prohibidos en la p rop agan d a política. Se sanciona con pena de m u lta de cien jo rn a les m ínim os para actividades diversas no especificadas. S a n c io n e s a lo s com unicación.

r e s p o n s a b le s

d e lo s

m e d io s

de

a. Por tarifas discriminatorias. El Art. 337 del C ódigo E le c to r a l tip ific a la fa lta e le c to r a l de d is c r im in a c ió n en las ta rifa s al s e ñ a la r qu e “ Los m ed io s de c o m u n ic a c ió n que alterasen el precio de sus tarifas norm ales durante el desarrollo de la cam pañ a electoral favorecien do a u n partido, m ovim ien to político o alian za y discrim in an do en p e iju ic io de otro, pagarán una m ulta equivalente a u n m il jornales m ínim os p ara actividades diversas no especificad as” . C o n e s ta d is p o s ic ió n se tip ific a la s d is c r im in a c io n e s realizadas dentro de la cam pañ a electoral, por lo que es de a p lica ción a la p ro p a ga n d a electoral, pero la p ro p a ga n d a p olítica se puede realizar durante todo el tiem po, por lo que la d iscrim in ación de tarifa que se h aga fu era del tiem po de cam pañ a no con stitu ye u n h ech o típico. Es decir, la p rohibición de discrim in ación de tarifas que tiene el objetivo de p reservar la igualdad en la p rop agan d a p olítica no cu m plirá con la finalidad legal por la au sen cia de sanción pertinente.

4. Propaganda electoral L a p r o p a g a n d a e le c t o r a l c o m p re n d e u n c o n ju n to de actividades realizadas p or los sujetos electorales para difundir

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c a n d id a tu ra y p ro g ra m a s e le c to ra le s con la fin a lid a d de con segu ir la adhesión de los electores. E sta activid ad de p rom oción de candidatu ras y difusión de program as es decisiva para la obtención de la victoria electoral, pero su realización exige la in versión de cuantiosas sum as de dinero sea para la defin ición de la estrategia prop agan d ística que, gen eralm ente, qu ed a a cargo de expertos en m arketin g político con tratados para el efecto y los costosos m edios de p u b licid a d de a lcan ce m asivo com o la p ren sa escrita, las em isoras radiales y los m edios televisivos. El elevado costo de la propaganda electoral puede constituirse en fuente de d esigu aldad dentro de la com peten cia electoral, habid a cu en ta de las facilidades que disponen los candidatos con poder económ ico y político para la realización de las tareas de d ifu sión ante candidatos de escasos recursos. La fa c ilid a d de c rea r s itu a cio n es de d e sig u a ld a d en la com p eten cia electoral h a m otivado la n ecesidad de establecer lím ites legales precisos a la realización de las actividades de p rop agan d a electoral y el con trol riguroso por las autoridades e le cto ra le s p or la fa c ilid a d de p ro m o c io n a r c a n d id a tu ra s p o r m e d io s im u la d o o d is fr a z a d o co m o la “ p ro p a g a n d a in stitu cion a l” o “prom oción p erson al” .

4.1. Concepto En la d octrin a electoral y en las leyes electorales existen coin cidencias en que la prop agan d a electoral es u n a actividad de d ifu sión de c a n d id a tu ra y p ro gra m a electoral y qu e la fin alidad es con segu ir el voto del elector. l

El autor brasileño N ew ton Lins expresa que “La propaganda electoral son todos los m ecan ism os utilizados p or partidos políticos, coaliciones y candidatos en período y condiciones d eterm in ad as en ley, con el p ro p ósito de con ven cer a los electores a vota r por ciertos can d id atos”64. M L IN S , N E W T O N . P ro p a g a n d a E le ito ra l. C o m e n ta r io s J u r íd ic o s , B ra s ilia J u r íd ic a , B ra s ilia , p á g. 4 2 , 2 0 0 6 .

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E n térm in os sim ilares, el au tor Arm ando An ton io Sobreiro Neto expresa que “La propaganda electoral busca la captación de votos, facultada a los partidos, coaliciones y candidatos. B usca a través de m edios p u blicitarios perm itidos en la ley electoral, influ ir en el proceso decisorio del electorado, divu lgándose el cu rrícu lu m de candidatos, sus propuestas o m ensajes, en el período d enom inado de cam pañ a electoral”65. El autor peru an o Pedro Planas señala que la propaganda electoral es la técnica “destinada a orientar m ensajes al elector m ed ian te el acceso a m edios de com u nicación de diversas estirp es”66. En la ju risp ru d en cia brasileña se ha definido la propaganda electoral en los térm inos siguientes: “entién dase com o acto de p ro p a g a n d a e le c to ra l a q u el que lle v a al c o n o c im ie n to general, aun en form a disim ulada, la candidatura, sea apenas postulada, la acción p olítica que se preten de d esarrollar o razones que in du zcan a con clu ir que el beneficiario es el m ás apto para el ejercicio de la función p ú b lica...”67. E l C ódigo E lectoral paragu ayo, en su Art. 290, define la p rop agan d a electoral en los térm inos siguiente: “ Se entiende por p rop agan d a electoral la exposición en la vía y espacios p ú b licos de p asacalles, p in ta d a s y afich es que con ten gan propuestas de candidatos o program as p ara cargos electivos; espacios rad iales o televisivos con m en sajes que llam en a vota r p or d eterm inados candidatos o propuestas; espacios en periódicos (diarios, revistas, sem anarios) con propuestas de candidatu ras o program as de gob iern o” . C onform e con la defin ición legal establecida en el Art. 290 d el C ód igo E le cto ra l se p u ed e señ alar que la p ro p a ga n d a e le c to ra l es: 1) la d ifu s ió n p ú b lic a de ca n d id a tu ra s p a ra 65 S O B R E IR O N E T O , A R M A N D O A N T O N IO . O p. cit., p á g. 137. 66 P L A N A S , P E D R O , op. cit., p á g. 2 3 0 . . 67 C Á N D ID O , J O E L J . D ire ito E le ito r a l B ra s ile iro , 11a e d ic ió n , E D IP R O , S a o P a u lo , 2 0 0 4 , p ág. 153; B A R R E T O , L A U R O . M a n u a l d e P ro p a g a n d a E le c to ra l, E D IP R O , S á o P a u lo , 2 0 0 0 , p á gs . 2 1 / 2 5 ; C O N E G L IA N , O L IV A R . P ro p a g a n d a E le ito ra l, 6 a e d ic ió n , J u r u a E d ito ra , C u ritib a , 2 0 0 4 , p á g. 53.

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cargos electivos y de propuestas de gobiern o y 2) la em isión de m en sajes que llam en a vota r por determ inados candidatos o propuestas, por los m edios adm itidos en la ley.

4.2. Principios de la propaganda electoral En la d octrin a electoral b rasilera existe coin cidencia en los prin cipios que deben inform ar la actividad propagandística que son los siguientes:

4.2.1. Principio de legalidad S ign ifica que la activid ad de p rom oción de can d id atu ra y d ifu sión de las propuestas de gobiern o debe ser realizada dentro de los lím ites de la autorización legal. Es u n a actividad som etida a los lím ites legales y no al prin cipio de la libertad ju rídica. Es decir, no con stitu ye u n a actividad que depende de la volu n tad de los sujetos del proceso electoral sino som etida a la volu n tad de la ley con la fin alid ad de evitar los abusos que p u dieran gen erar afectación de la igu aldad en la com peten cia electoral.

4.2.2. Principio de libertad E l p rin c ip io de lib e rta d g a ra n tiz a la r e a liz a c ió n de la propaganda dentro de los lím ites establecidos en la legislación. Es decir, en base al principio de la libertad se faculta a los sujetos del proceso electoral a realizar los actos de propaganda electoral por todos los m edios lícitos dentro de los térm inos perm itidos en la ley y la de no ser im pedido en su realización. L a p ro y e c c ió n d e l p rin c ip io de la lib e rta d en su .fase p ositiva y n egativa se halla estab lecid a en form a expresa en el Art. 300 del C ódigo E lectoral que dispone “La propaganda e le c to ra l es u n d e re c h o de todos los electo res, p artid os, m o vim ien to s p o lítico s y alian zas. N ad ie p o d rá im p ed ir la p rop agan d a electoral ni inu tilizar o alterar o p ertu rbar los m edios lícitos em pleados p ara su realización, so p en a de sufrir las sanciones m ás adelante estab lecid as” . La sanción por los actos im peditivos de la propaganda se establece en el Art. 328

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del C ódigo E lectoral que sanciona con p en a de privación de libertad, m u lta y reposición del valor del m ism o.

4.2.3. Principio de responsabilidad S ig n ific a q u e las p e rs o n a s q u e r e a liz a n los a c to s de p rop agan d a asu m en la respon sabilidad por los m ism os. El p rin cipio de respon sabilidad es de singular im portan cia para evitar abusos por m edio de las propagandas irregulares. La n orm ativa electoral paragu aya, en fu nción del prin cipio de res p o n s a b ilid a d , es ta b le ce en el Art. 290, qu e “Es de re s p o n s a b ilid a d de los p a rtid o s , m o v im ie n to s p o lític o s y a lia n za s q u e p ro p ic ia n las c a n d id a tu ra s , c u id a r q u e el c o n te n id o de los m en s a je s c o n s titu y a a lta e x p re s ió n de adh esión a los valores del sistem a republicano y dem ocrático y con trib u ya a la edu cación cívica del p u eb lo” . T am bién , fu n d ad o en dicho p rin cipio de resp on sab ilidad, e s ta b le c e la n e c e s id a d d e in d iv id u a liz a r la s le y e n d a s p a r tid a r ia s y c a n d id a tu r a s ; a s í c o m o e v ita r e n g a ñ o o con fu sión al electorad o. E n este sentido, el Art. 291, p rim er párrafo, dispone: “T od a p rop agan d a que realicen los partidos, m o v im ie n to s p o lític o s o a lia n za s d e b e rá n in d iv id u a liz a r c la r a m e n t e la le y e n d a p a r t id a r ia o in d iv id u a liz a r la can d id atu ra que la realice, cu id an d o no in d u cir a en gañ o o con fu n d ir al e le cto ra d o ” . Tam bién para hacer efectivo, el principio de responsabilidad, la n orm ativa electoral en el art. 291, exige que “Los m edios de com u nicación a los efectos de este artículo, en todo m om en to te n d rá n c o n s ta n c ia d o c u m e n ta l de la p e rs o n a o e n tid a d respon sable de la p rop aga n d a” .

4.2.4. Principio de igualdad El principio de igualdad en m ateria de propaganda electoral tiene el objetivo de asegurar a los sujetos del proceso electoral el acceso a los m edios de d ifu sión para la oferta de candidaturas y program as de gobiern o y la de evitar actos de discrim in ación que p roven ga del poder económ ico o político.

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El prin cipio de igualdad en m ateria de propaganda electoral se vin cu la a la igualdad de oportu nidades en la difusión de las propuestas electorales y se p royecta en norm as electorales que lim itan el período de tiem po para la rea lización de la propaganda, la prohibición de discrim in acion es por parte de los propietarios de los m edios de com unicación sea en las tarifas de sus servicios o en espacios otorgados a determ inados candidatos. Las norm as electorales, en la legislación com parada, con la finalidad de torn ar efectivo el principio de igualdad en la propaganda electoral, establecen u n a cantidad de lím ites a esta actividad, tales com o: -

Período de tiem po p ara la realización de la p rop agan d a con el p ropósito de que las candidatu ras con poder económ ico no puedan ejercer u n a actividad de difusión prolon gada que gen ere u n a verd ad era d esigu aldad en la com peten cia electoral.

-

La propaganda televisiva solam ente en form a gratuita dentro de u n período de tiem po, com o lo establece la legislación brasileña. E sta restricción es m u y im portante para evitar el abuso del poder económ ico por el alto costo de los espacios televisivos.

-

La p ro h ib ición de d iscrim in a ción ta rifa ria p or parte de los p ro p ieta rio s de los m ed io s de c o m u n ic a c ió n en la p rop agan d a electoral.

-

La lim itación tem poral en los espacios televisivos pagados para cada sujeto del proceso electoral.

-

La lim itación de espacios en la pren sa escrita para cada sujeto del proceso electoral.

-

La provisión de espacios por parte del Estado para la fijación de afiche a cada partido, com o se h a estab lecid o en la legislación francesa.

-

El acceso gratuito a los medios de com unicación del Estado.

-

L a p r o h ib ic ió n d e tr a to p r iv ile g ia d o a d e te r m in a d o s candidatos en los m edios de com unicación.

D erecho Electoral

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-

L a p ro h ib ició n de a p a rición p erm an en te en los m edios televisivos de los can d id atos oficiales en la p rop aga n d a institu cional en el año electoral.

-

La p rohibición de com entarios favorables o desfavorables a determ inados candidatos en la televisión.

E n el C ó d ig o E le c to r a l p a r a g u a y o , el p rin c ip io de la igu ald ad 'en la p rop agad a electoral se p royecta en norm as que establecen la prohibición de discrim inación tarifaria (Art. 288), la lim itación tem poral de la p rop agan d a electoral (Art. 290), lim itación tem poral de espacios pagados en televisión (Art. 301), la lim itación de espacios pagados en la pren sa escrita (Art. 301), espacio gratuito en la p ren sa escrita durante un período de tiem po (Art. 302) y el acceso gratuito en los m edios de com unicación estatal (Art. 289).

4.2.5. Principio de disponibilidad Este p rin cipio sign ifica que el propio E stado debe crear las condiciones necesarias p ara que los sujetos del proceso puedan realizar sus actividades propagandísticas en razón de que las m ism as con tribu yen al fortalecim iento del régim en dem ocrático. Es decir, en función del principio de disponibilidad, se busca que el Estado facilite o ponga a disposición de las candidaturas determ inados m edios para h acer su actividad de propaganda, para to m a r efectiva la libertad y la igualdad en la com petencia electoral. Las norm as electorales de algunos Estados, con la finalidad de to m a r operativo el prin cipio de disponibilidad establecen condiciones tales com o: -

E spacios gratuitos en determ inados m edios de publicidad. E n el caso de B rasil, el horario electoral gratu ito en la televisión y em isoras de radios.

-

E spacios gratuitos en la p ren sa escrita y m edios estatales com o en el caso paraguayo.

-

Provisión urgen te de líneas telefónicas durante el período electoral.

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M anuel D ejesús Ramírez Candía

-

Provisión de espacios para fijación de carteles en vía pública por parte del Estado.

-

Finan ciam iento público de gastos electorales.

En el C ód igo E lectoral de P aragu ay, se acoge en form a e x p r e s a e l p rin c ip io de d is p o n ib ilid a d al e s ta b le c e r los su p u estos de: espacio gratu ito en m ed io de p ren sa escrita (Art. 302) y m edio de com u n icació n estatal (Art. 289) y el fin an ciam ien to de los gastos de la cam p a ñ a electoral. (Art. 276).

4.2.6. Principio de control judicial S ignifica que la actividad de p rop agan d a electoral se halla som etida al control de las autoridades judiciales a los efectos de velar por el cum plim iento de las norm as legales que autorizan su rea liza c ió n d en tro del e sp a cio tem p o ra l y en la form a estab lecid a p ara resgu ardar la igu ald ad de la com peten cia electoral. E n el C ódigo E lectoral paragu ayo, la fu nción de control sobre la p rop agan d a electoral se confiere a distintos órganos del Poder Judicial. Los órganos ju d iciales com petentes para el ejercicio del control de la propaganda son los siguientes: -

El T rib u n al Electoral tiene com peten cia para ejercer control sobre p ro p a ga n d a a n ón im a y con con ten id o con fu so o engañoso, con posibilidad de ordenar su retiro en caso de com p ro b a ció n de las circu n sta n cia s m en cion a d a s (Art. 291); requ erir la reglam en tación de p rop agan d a en las vías públicas a las M unicipalidades (Art. 294); distribu ción de espacios gratu itos en los m edios de com u n icación oral, televisivo y periódicos (Art. 302); investigación y sanción de faltas electorales por los Ju zgados Electorales (Art. 18 inciso b) de la Ley 635/95).

-

Los Juzgados del fuero civil tienen com petencia en los juicios de in dem n ización de daños ocasionados por propaganda r e a liz a d a p o r m e d io d e c a rte le s u b ic a d o s en lu g a re s prohibidos (Art. 297).

D erecho Electoral

-

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Los jueces penales para la aplicación de los delitos electorales (Art. 338).

4.2.7. Principio de identidad S ig n ific a qu e todos los a cto s de p ro p a g a n d a e le c to ra l deben con tar con la id en tificación del candidato y la entidad que prom u eve la candidatu ra con la finalidad de asum ir las eventuales con secu en cias de la propaganda irregular. El Código Electoral contiene dos disposiciones que consagran el prin cipio de id en tid ad en la propaganda electoral. El Art. 291 dispone: “T od a p ro p aga n d a que realicen los partidos, m o v im ie n to s p o lític o s o a lia n za s d e b e rá n in d iv id u a liz a r claram ente la leyenda partidaria o individualizar la candidatura que la realice...” . Este m ism o artículo contiene un m andato dirigido a los m edios de com unicación para individualizar a los responsables de la propaganda al disponer que “Los m edios de com u nicación a los efectos de este artículo, en todo m om ento ten d rán con stan cia docu m en tad a de la person a responsable de la p rop aga n d a” .

4.2.8. Principio de neutralidad E ste prin cipio se dirige a las autoridades y propietarios de los m edios de com u nicación y tiene por objeto que estas p e rs o n a s n o r e a lic e n c o n d u c ta s con la s cu a le s p u e d a n favorecer o perju dicar a los candidatos o entidades políticas en la realización de sus actos de propaganda. Son m anifestaciones norm ativas del principio de neutralidad en m ateria de p rop agan d a electoral las siguientes: -

Prohibición de discrim inaciones tarifarias a favor o en contra del algún partido, m ovim ien to político o alianza (Art. 288 inciso b).

-

Prohibición a los directivos de los m edios de com unicación del E stado de realizar discrim in ación a favor o en contra de algún partido, m ovim ien to político o alian za electoral (Art. 289).

-

P ro h ib ición de fijación de carteles en ed ificios pú blicos

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nacionales, departam entales y m unicipales (Art. 296 inciso b).

5. Tipos de propaganda electoral La tip ología com o recurso didáctico se establece conform e con d e te rm in a d o c riterio, p o r lo qu e p a ra e s ta b le c e r los distintos tipos de propaganda electoral, se recurre aqu í a los criterios siguientes: 1) la au torización legal que da lu gar a la p rop agan d a regu lar e irregular; 2) los m edios utilizados para d is crim in a r en p ro p a ga n d a p or rad io y televisió n , p ren sa escrita, y otros m edios u tilizados; 3) el carácter de la elección p a ra d is tin g u ir la re a liza d a p a ra ele cc io n e s n a cio n a les o internas partidarias.

5.1. Propaganda electoral regular Es la p rop agan d a realizada con la fin alid ad de p rom over candidatos y difundir program a de gobierno dentro de los límites autorizados en la ley. La p rop agan d a será regular, conform e con la legislación electoral paragu aya si es realizad a dentro del período electoral fijado, sin violar las reglas vinculadas al con tenido del m en saje electoral y las reglas sobre utilización de los espacios públicos disponibles. T am bién sin apartarse de la cantidad de m inutos diarios en los espacios televisivos y la cantidad de espacios en los periódicos.

5.2. Propaganda irregular Es la realizada fuera de los lím ites de la autorización legal que puede com prender los supuestos siguientes: -

L a p ro p a ga n d a p rem a tu ra que es la in icia d a an tes del p e río d o e le c to r a l in d ic a d o p o r la ley, q u e en el c a so paraguayo, establece distintos períodos de tiem po para cada m odalidad de propaganda.

-

La realización de propaganda en violación de la exigencia de la identidad.

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-

La p rop agan d a con con tenido prohibido por la ley.

-

La p rop agan d a con fu sa o engañosa.

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5.2.1. Propaganda institucional Es la pu b licidad realizad a por los órganos públicos con el fin de inform ar sobre sus actividades. Según el Art. 37, nu m eral 1 de la C onstitución b rasilera de 1988, la publicidad in stitu cional debe tener carácter educativo, inform ativo o de orientación y en ella no p od rá aparecer nom bres, sím bolos o im agen que caractericen prom oción person al del servidor público. L a p ro p a ga n d a electoral, gen era lm en te es d is fra za d a o sim u lad a por p rop aga n d a in stitu cion al por los candidatos oficiales, que p or este m ed io rea lizan v e rd a d e ra activid ad de p rom oción de sus candidatu ras. Algunos supuestos de propaganda electoral en el m arco de la institu cional pueden con sistir en: -

E spacios televisivos en los que el candidato in form a de m odo positivo de su gestión pública con la que in sin ú a su com peten cia para el ejercicio del cargo en disputa.

-

Las inauguraciones de obras públicas que indican la gestión p ositiva del candidato.

-

La p rop agan d a en lugares no perm itidos.

-

La publicación en texto im preso del balance positivo de su gestión en el ejercicio de la función pública.

-

La publicidad radial o im presa para ponderar positivam ente la gestión p ú b lica del candidato.

La p u b lic id a d in s titu c io n a l qu e en fo rm a in d ir e c ta o sim u la d a p ro m o cion a ca n d id a tu ra con stitu ye la p rin cip a l fuente de desigu aldad dentro de la com peten cia electoral y con stituye un verd ad ero abuso del poder político. Las razon es p or las que esta m od alid ad de p u b licid a d electoral se con stituye en prin cipal fuente de desigualdad son las siguientes:

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-

Los órganos d el E stado cuentan con considerables recursos previstos en el p resu pu esto pú blico para la realización de la propaganda institucional, con lo cual el candidato oficial ca rga al p u eb lo los gastos de su p ro p a ga n d a electoral. A m od o de eje m p lo se p u ed e m e n c io n a r qu e el P o d e r E jecu tivo paragu ayo en el período 2003-2006 h a invertido la sum a de 18.000.000 de dólares en publicidad oficial y las binacionales Itaipú y Y acyretá la sum a de 8.000 de dólares, según datos del D iario AB C del 14 de diciem bre de 2006.

-

Las in stitu ciones oficiales cu entan con u n a d otación de expertos en com u nicación social que hacen la función de asesores de cam pañ a con salario pagado por el pueblo y no p or el candidato.

-

Las con cesion es de esp a cios e lectro m a g n ético s p ara la em isió n de rad ios y televisió n están a cargo d el P od er E jecu tivo que, gen eralm en te, con ced e a sus partidarios para obtener beneficios en la prop agan d a electoral.

E l C ódigo E lectoral paragu ayo no con tem pla la regulación de la p rop agan d a institu cional que con stituye u n verdadero abuso del poder político. Pero la Ley 1243/98 establece una serie de lim itaciones a la publicidad estatal, en las cuales se puede m encionar las siguientes: -

P rohibición de tod a p rop agan d a pagad a en los m edios de com u n icació n , salvo la p u b lic a c ió n de co n vo c a to ria de licitación, edictos en general, la p rom oción de cam pañ a de inform ación y edu cación ru ral y sanitaria, o de avisos de interés gen eral que tiendan a educar a la población o a orien tarla en tem as de interés general, sobre prestación de servicios públicos y d efen sa del consum idor.

-

La p ro h ib ic ió n de p ro p a ga n d a de em p resa s p ú b licas o m ixtas que sean m onopólicas de hecho o de derecho.

-

L a a d m is ió n de a u s p ic io de p ro g ra m a s q u e d ifu n d a n el fo lk lo re y la c u ltu ra n a cio n a l sólo h a sta u n a sum a equivalente a tres salarios m ínim os m ensuales, por entidad auspiciante, por m es y por m edio de com unicación.

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La sanción p revista en la ley por violación de las reglas establecidas p ara la publicidad oficial es la de reposición del gasto irregu lar p or parte del fu ncionario responsable. La sanción resarcitoria al fu ncionario respon sable de la entidad p ú b lica no es suficien te p ara evitar el abuso del poder político que con stituye la p rop agan d a electoral d isfrazada de in stitu cional porqu e no afecta al beneficiario y a su m andato con segu ido por m edio de dicho abuso.

5.2.2. Promoción personal La a c tiv id a d p ro p a g a n d ís tic a de p ro m o c ió n p e rs o n a l, gen eralm ente, con stituye u n a propaganda electoral in d irecta o sim ulada, que ocurre gen eralm ente cuando los candidatos o eventuales candidatos a cargos electivos em iten m ensajes en determ inadas fechas con m em orativas com o ocu rren en el día de la m ujer, de la ju v e n tu d o el aniversario fundacional de la ciudad, entre otros. L a a c t iv id a d d e p r o m o c ió n p e r s o n a l r e a liz a d a p o r funcionarios públicos que pretende u n cargo electivo gen era u n a verd ad era d esigu aldad porque los gastos son solventados con el dinero público y cuando es realizado por u n particu lar se con stitu ye en u n abuso económ ico, gen eran do tam bién d esigu aldad en la com peten cia electoral. En la ju rispru d en cia brasileña68, se establece que la difusión que no lleva a con ocim ien to público una can d id atu ra o no con tenga razones para in d u cir que el beneficiario es el m ás apto p ara el ejercicio de la fu nción pública no es propaganda electoral sino prom oción p erson al que con stituiría u n abuso de poder económ ico. El C ó d igo E le cto ra l p a ra g u a y o n o c o n tien e reg u la c ió n vin cu lad a a la prom oción p erson al con la que se sim ula la prop agan d a electoral que gen era abuso de poder económ ico y político.

68 A c u e rd o N ro. 1 6.183 d e l 1 7 / 2 / 2 0 0 0 .

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5.3. Propaganda televisiva L a s n o r m a s e le c t o r a le s , g e n e r a lm e n t e , e s t a b le c e n lim itaciones especiales a la p rop aga n d a electoral realizada por m edio de la televisión por dos razones que tienen fuerte in cid en cia sobre la igualdad en la com peten cia electoral: 1) el im pacto de la televisión com o instrum ento de form ación de la opinión p ú b lica por su uso m asivo en la pob lación y 2) el costo económ ico de los espacios televisivos. En la n o rm a tiv a e le c to ra l b ra s ile ñ a , en a te n c ió n a la enorm e im portancia de la televisión y la radio com o canal de com unicación h a establecido u n a serie de lim itaciones a la propaganda televisiva, entre las que cabe citar las siguientes: -

El carácter gratuito y por u n tiem po lim itado. La propaganda electoral por televisión es gratuita, por el plazo establecido en la ley, en espacio acordado conform e con la rep resen tación qu e tien en los p artid os. No es ad m itid a la p ro p a ga n d a electoral p agada por televisión. Esta lim itación favorece la igualdad en la com peten cia electoral.

-

La p rohibición de la p rop agan d a electoral indirecta, tales com o: 1) hacer com entarios favorables o desfavorables a determ inados candidatos en sus program as; 2) tratam iento privilegiado a determ inados candidatos en sus program as; 3) p resentación de program as con nom bres de candidatos.

-

La prohibición de program as presentados por candidatos dentro del año electoral.

-

Prohibición de propaganda que pueda degradar o ridiculizar a los candidatos.

El C ódigo E lectoral p aragu ayo con tiene lim itaciones para la p ro p a g a n d a por m ed io te le v is iv o en cu a n to al tiem p o de difusión, la cantidad de m inutos por d ía que puede ser a d q u irid a p or los su jetos d e l p ro c es o electoral. T a m b ié n e s ta b le c e la p ro p a g a n d a e le c to ra l g ra tu ita p or te le v is ió n que debe ser d istribu ida por la J u sticia E lectoral en form a igualitaria.

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E s ta s r e s tr ic c io n e s n o c o n te m p la n los s u p u e s to s de p rop agan d a electoral in d irecta en los espacios televisivos y tam poco establecen la propaganda electoral solam ente gratuita que genera u n a m ayor igualdad en la em isión de la propaganda electoral.

5.4. Propaganda radial Tam bién, por la im portan cia que tienen las em isoras de radios en la com unicación, las norm as electorales establecen lim itacion es ten d ien tes a p ro m o ver el acceso en igu ald ad de con d icio n es a estos m ed ios, las restriccio n es p a ra los propietarios de los m edios para preservar su n eu tralidad y evitar la p rop agan d a electoral indirecta. E n la legislación electoral b rasileñ a, la p rop aga n d a por m edio radial al igual que la televisiva es de carácter gratuito dentro del horario establecido y con las m ism as lim itaciones vincu ladas a la p rop agan d a indirecta. El Código Electoral de Paraguay establece lím ites en relación al período de la p rop agan d a electoral y la cantidad de m inutos diarios que debe ser vendida a los sujetos del proceso electoral. T a m b ié n se e s ta b le ce el h o ra rio de p ro p a ga n d a e lectora l gratuito que debe ser distribuido p or la Ju sticia E lectoral en form a igualitaria.

5.5. Propaganda en la prensa escrita La p rop aga n d a electoral por m edio de la p ren sa escrita com o los periódicos y revistas, tam bién es lim itada para to m a r accesible a las candidatu ras y evitar los abusos del poder económ ico. El C ódigo E lectoral paragu ayo con tiene las lim itaciones siguientes a la p rop agan d a electoral por la p ren sa escrita: 1) el tiem p o de d ivu lga ció n coin cid en te con el p eríod o de p ro p a g a n d a e lectora l; 2) el e sp a cio de m ed ia p á g in a p or edición en cada periódico a cada partido, m ovim iento político o a lia n za y 3) el espacio gratuito de u n a página durante diez días

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in m ed iatam en te anteriores al cierre de la cam paña p ara todos los partidos, m ovim ientos políticos o alian za para d ivulgación de sus program as.

5.6. Propaganda por otros medios E x is te u n a g ra n c a n tid a d de m e d io s de d ifu s ió n de can d id atu ra que las norm as electorales regulan en cuanto a su form a de realización dentro del plazo com pren dido com o período de propaganda. Estos m edios propagandísticos pueden ser los afiches, calcom anías, pasacalles, bolígrafos, llaveros, altavoces, carteles publicitarios de uso com ercial, Internet, entre otros. E n el c a s o de B ra s il, p o r R e s o lu c ió n Nro. 2 1 .6 1 0 / 0 4 d e l T r ib u n a l S u p e r io r E le c t o r a l, se e s ta b le c e q u e lo s can d id atos p u ed en h a cer p ro p a ga n d a electoral dentro del p eríod o ad m itid o p or In tern et a través d el sitio can.br, con exp resa p ro h ib ición a los p roveed ores de acceso de realizar p ro p a ga n d a electoral. T a m b ié n , en la le g is la c ió n b ra s ile ñ a se re g la m e n ta la propaganda electoral realizada por m edio de los carteles de uso com ercial de propiedad de las em presas publicitarias (autdoor), e s ta b le c ie n d o lím ite s re la tiv o s a la c a n tid a d qu e d e b e n atribuirse a las candidaturas, los tam añ os de los carteles y la distribu ción igualitaria de los carteles lum inosos. L a le g is la c ió n fra n c e s a e s ta b le c e la p ro v is ió n g ra tu ita de ca rte les p a ra la p ro p a g a n d a p o lític a p or p arte de las m unicipalidades, p revia solicitud de los candidatos.

5.7. Propaganda interna E s la p ro p a g a n d a e le c to ra l re a liza d a p or los p artid os, m ovim ientos políticos o alianzas electorales para la elección de sus candidatos en sus elecciones internas. Es u n a propaganda electoral dirigida a los adherentes de los partidos por lo que, generalm ente, se establece u n periodo de p rop agan d a m ás corto.

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E l C ód igo E lectora l p aragu ayo estab lece u n p erío d o de p rop agan d a electoral in tern a de trein ta días y p or los m edios m asivos de com u n icación social de diez días.

6.

Regulación de la propaganda electoral en el Código Electoral

6.1. Definición legal E l Art. 290 d el C ód igo d e fin e la p ro p a g a n d a e le c to ra l d ispon ien d o que “ Se en tien de por p rop aga n d a electoral la exposición en la vía y espacios públicos de pasacalles, pintadas y afiches que contengan propuestas de candidatos o program as p a ra cargo s e lectivo s; esp a cio s ra d ia le s o te le v isiv o s con m ensajes que llam en a vota r por determ inados candidatos o p ro p u e s ta s ; e s p a c io s en p e rió d ic o s (d ia rio s , r e v is ta s , sem anarios) con propuestas de candidatu ras o program as de gob iern o” .

6.2. Objeto de la propaganda electoral La p rim era parte del Art. 290 del C ódigo E lectoral d elim ita el objeto de la propaganda electoral en los térm inos siguientes: “E l ob jeto de la p ro p a ga n d a electora l es la d ifu sión de la p lataform a electoral, así com o los planes y program as de los partidos, m ovim ien tos políticos y alianzas, con la finalidad de con citar la adhesión del electorad o...” Es d ecir, con fo rm e con la n o rm a electoral referida, los ob jetivos de la a ctiv id a d de p ro p a ga n d a ele cto ra l son los siguientes: 1. D ifusión del program a de gobierno ofrecido a los electores por parte de los partidos, m ovim ien tos políticos y alianzas electorales. La d ifu sión con siste en la actividad de pon er a con ocim ien to de los electores, dar a p ublicidad el proyecto de acción gubernam ental de las entidades políticas que pretenden acceder a la gestión gubernativa. 2. P ara ganar la p referen cia de los electores.

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6.3. Periodo de propaganda electoral E l Art. 290 del Código Electoral establece períodos diferentes para la realización de la p rop agan d a electoral en razón de la n a tu raleza de la elección y los m ed ios de difusión. Por con siguiente, los períodos de p rop agan d a electoral previstos en la n orm a electoral son los siguientes: a. Por la naturaleza del acto electoral.

- Elecciones nacionales, departamentales y municipales. Período de 60 días. Para las actividades propagandísticas para la prom oción de candidatu ras y p rogram a de gobiern o para las elecciones de autoridades nacionales, departam entales y m unicipales. E l plazo de sesen ta días se com p u ta en form a retroactiva desde dos días an tes de los com icios. D urante el periodo de tiem po señalado se puede realizar a c tiv id a d e s p ro p a g a n d ís tic a s de d iv e rs a s e s p e c ie s com o fija c ió n d e c a r te le s , r e u n io n e s , v is it a s , e x p o s ic ió n de pasacalles, pintadas de m urales, adh esión de calcom anías, uso de Internet, entre otros. En este período, en los prim eros treinta días, no se perm ite la propaganda por los m edios m asivos de com unicación social.

- Elecciones internas. Período de 30 días. E n las elecciones internas de los partidos, m ovim ien tos políticos o alianzas electorales, el plazo de realización de las actividades de p rom oción de candidatu ras se extien de por el p lazo de treinta días. E n este período de tiem po p odrá realizar todo tipo de actividades destinadas a la prom oción de sus candidatos internos que fueron citadas precedentem ente. En los prim eros vein te días del p eríodo señalado no se adm ite la propaganda en los m edios m asivos de com unicación social.

- Referéndum. Período de 30 días. El Art. 304 del C ódigo E lectoral establece que “la cam pañ a de prop agan d a para el referén du m no p odrá tener u n a du ración superior a treinta días corridos y finalizará 48 horas antes de la fech a señalada p ara la vota ció n ” .

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b. Por el medio de comunicación utilizado.

- Propaganda por medio masivo de comunicación social en elecciones representativas. Período de 30 días. La p rop aga n d a electoral d ifu n d id a por los m edios m asivos d e c o m u n ic a c ió n s o c ia l, en la s e le c c io n e s p a r a c a rg o s rep resen tativos nacionales, departam entales y m unicipales, se pu ed e rea liza r solam en te d u ran te el p eríod o de trein ta días con tados en form a retroactiva desde dos días antes de los com icios.

- Propaganda por medio masivo de comunicación social en elecciones internas. Período de 10 días. La propaganda electoral por los m edios m asivos de com unicación social en las internas de los partidos, m ovim ien tos políticos o alianzas electorales se debe realizar en los diez días contados en form a retroactiva desde dos días antes de los com icios. Los m edios m asivos de com u nicación social, no se hallan definidos en la n orm ativa electoral, pero son enum erados en el Art. 302 del C ódigo E lectoral al regu lar el espacio gratu ito para la p rop aga n d a electoral. Los m edios com prendidos en el artículo referido son las em isoras radiales, la televisión y los periódicos. P o r c o n s ig u ie n t e , e l c a r á c t e r d e m e d io m a s iv o d e c o m u n ic a c ió n s o c ia l, en la n o rm a tiv a e le c to r a l no e s tá d eterm in ado por el alcan ce o cap acid ad de difusión del m edio sino en base a la selectividad efectu ad a en el artículo citado. E sto es im p o rta n te p orqu e existe m ed io de com u n icación que tiene m ayor alcance que los periódicos en el Paragu ay que no está com pren dido en la enum eración, com o el caso de Internet que tiene u n a cantidad de 85.000 usuarios, con lo cu al su p era la tirad a diaria del periódico de m ayor difusión en nu estro país que asciende a 32.500 ejem plares, conform e datos del suplem ento económ ico del D iario AB C color de fecha 18 de m arzo de 2007.

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6.4. Los medios de la propaganda electoral E l C ó d ig o E le c t o r a l c o n tie n e r e g u la c ió n r e fe r e n te a determ inados m edios de difusión, tales com o:

6.4.1. Propaganda por radio y televisión E l código E lectoral con tiene algunas disposiciones por las que d elim ita la realización de la p rop agan d a electoral p or las em isoras de radios y televisión que se dirigen a los usu arios y a los p ropietarios de los m edios. Las restricciones contenidas en el C ódigo E lectoral son las siguientes: -

Período de realización de la propaganda que en las elecciones para cargos representativos es de 30 días y en las elecciones internas de 10 días (Art. 290).

-

La lim itación de la p rop aga n d a por radio o televisión a u n m áxim o de cinco m inutos por d ía en cad a can al o radio p ara cada partido, m ovim ien to político o alianza. (Art. 301). Es decir, cad a en tid ad p olítica que con cu rre a u n acto eleccionario solam ente p odrá ad qu irir de cada em isora de radio o televisión el espacio de hasta cinco m inutos por día. E sta lim itación del espacio diario que pu eden adquirir las en tidades políticas tien e la fin alid ad de p reservar la igu ald ad en la com p eten cia electoral y evitar el abuso del p od er económ ico.

-

O bligación de individualizar claram ente la leyenda partidaria o in d ivid u alizar la can d id atu ra que realiza la p rop agan d a (Art. 291).

-

O bligación de los propietarios de los m edios de com unicación de tener con stan cia d ocu m en tal de la p erson a responsable de la prop agan d a (Art. 291).

-

La ob ligación de los p ropietarios de los m edios m asivos de com u n icación social de rem itir al T rib u n al E lectoral de la C ircu n scripción J u d icial sus tarifas ordinarias por los espacios de publicidad que venden, dentro del plazo de ocho días de con vocad a las elecciones (Art. 299).

-

L a proh ib ición de variar las tarifas norm ales de publicidad

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c o m e rc ia l p a ra la d ifu s ió n de la p ro p a g a n d a electoral, p or p arte de los p rop ietarios de los m edios m asivos de com u n icación social (Art. 299). -

La p ro h ib ic ió n a los res p o n s a b les de los m ed io s m asivo s de c o m u n ic a c ió n s ocia l de e s ta b le c e r d is crim in a c io n e s ta r ifa r ia s en la e m is ió n de la p ro p a g a n d a e le c to r a l a fa v o r o en c o n tra de d ete rm in a d o s p artid os, m ovim ien tos p o lític o s o a lia n z a e le c to ra l. (Art. 288, in c is o b) E s ta d isp o sició n , p or u n a p arte, tien e la fin a lid a d de p reserva r el p rin cip io de la igu ald ad en el u so de los m ed ios m asivos de com u n icación social p or parte de las entidades políticas y p o r o tra p arte, p re s e rv a r el p rin c ip io de n e u tra lid a d de los res p o n s a b les de los m ed ios m a sivo s de c o m u n ic a c ió n social, esp e c ia lm e n te , las em iso ra s de rad ios y televisió n que son exp lotad as bajo con cesión del E stado y otorgadas, g en e ra lm e n te , a los am igo s p o lítico s del g o b ie rn o y p or c o n s ig u ie n te , con p re d is p o s ic ió n a fa v o re c e r a l p o d e r p olítico.

6.4.2. Propaganda por la prensa escrita L a p ro p a ga n d a electoral que se d ifu n d e por los m edios escritos periódicos com o los diarios, sem anarios y revistas, tam b ién se h a lla reglad a en la n orm ativa electoral, en los aspectos siguientes: -

La lim itación del período de realización de p rop agan d a a 30 días en las elecciones p ara cargos represen tativos y a 10 días en las elecciones internas (Art. 290).

-

La lim itación del espacio de propaganda a m ed ia p ágina por edición o su equ ivalente en centím etros a cada partido, m ovim ien to político o alian za electoral, por parte de cada p eriódico (Art. 301). Es decir, el espacio que puede adquirir cada en tid ad p olítica en u n periódico para la difusión de su p rop agan d a electoral es de hasta m edia página. E sta restricción en cuanto a la cantidad de espacios que puede adqu irir cad a p artido en los m edios de pren sa escrita tiene la fin alid ad de evitar el abuso del poder económ ico que es gen erad ora de desigu ald ad en la com peten cia electoral.

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-

L a o b lig a c ió n de in d iv id u a liza r le y e n d a p a rtid a ria o la can d id atu ra que realiza la prop agan d a (Art. 291).

-

L a o b lig a c ió n de te n e r c o n s ta n c ia d o c u m e n ta d a de la person a responsable de la p rop agan d a (Art. 291).

-

La p ro h ib ición de v a ria c ió n de tarifas en rela ció n a la com ercial (Art. 299) y la de discrim inar entre las entidades políticas en los precios de los espacios (Art. 288 inciso b).

6.4.3. Propaganda en la vía pública La propaganda en la vía pública com prende u n a am plia form a de difusión de la candidatura y program a de gobierno que pueden consistir desde exposición de pasacalles, pintadas de m u ra les, p e g a tin a de a fich es, ca lcom a n ía , fija c ió n de carteles, altoparlantes fijos o móviles, distribución de materiales propagandísticos com o bolígrafos, rem eras, entre otros.

6.4.3.1. Reglamentación Municipal El Art. 294 del C ódigo E lectoral establece la com peten cia d e la s a u t o r id a d e s m u n ic ip a le s p a r a r e g la m e n t a r la propaganda en la vía pú b lica a los efectos de: 1) indicar los lugares autorizados para la fijación de carteles o m urales; 2) d eterm inar las m edidas tendientes a p reservar el ornato de la ciudad y la sanidad pública durante la época de realización de la propaganda.

6.4.3.2. Requisitos para hacer la propaganda C o n fo rm e d isp o n e el Art. 295 del C ód igo E le cto ra l, la p ro p a g a n d a p or m ed io de m u ra le s , a fic h e s o s im ila re s , d e b e r á h a c e rs e c u m p lie n d o las s ig u ie n te s c o n d ic io n e s : 1) la p ro p a ga n d a d ebe resp eta r los lu gares fijad os por la M u n icip alid ad y 2) debe con tar con la au torización de los propietarios de los inm uebles afectados. •

6.4.3.3. Lugares no habilitados para la propaganda en vía pública El Art. 296 del C ódigo E lectoral p roh íb e la colación de carteles o adh esión de letreros en los sigu ientes espacios: pu en tes, ed ificios p ú b licos n a cion ales, d ep a rta m en tales y

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m u n icip ales, m on u m en tos, señales de trán sito y leyen das sobre el p avim en to de las carreteras o calles urbanas. La proh ib ición de fijar carteles y letreros en los edificios pú blicos tiende a la p reservación del principio de neu tralidad de las a u to rid a d e s p ú b lica s, la refe rid a a las señ ales de tránsito p ara no afectar la orden ación del tráfico y las dem ás se vin cu lan a la estética de la ciudad. En las reglas para la realización de la p ropaganda en la vía p ú b lica con sagrad a en el C ódigo E lectoral no se con tem plan situaciones com o la provisión gratu ita de espacios para la fijación de carteles que se consagra en la legislación francesa; la lim itación de usos de los carteles de uso com ercial de propiedad de las em presas p ublicitarias, que son reglas destinadas a p reservar la igu aldad de la com p eten cia electoral.

6.4.4. Propaganda por medio de altavoces L a r e a liz a c ió n de p ro p a g a n d a e le c to r a l p o r m ed io de altavoces sean fijos o m óviles en determ inados lugares se halla reglad a en los Arts. 287 inciso c) y 298 del C ódigo Electoral; la p rim era establece la form a p roh ib id a del uso de altavoces y la segu n da las con diciones de su uso. Las con diciones de uso de altavoces son las siguientes: -

E m ita n su s s o n id o s en e l h o r a r io qu e e s ta b le z c a la reglam en tación m u n icip al en protección del descanso de la población.

-

No se propalen sonidos am plificados a m enos de doscientos m e tro s de e s c u e la s , b ib lio te c a s , ig le s ia s , h o s p ita le s , h o s p ic io s , o r fa n a to s , te a tr o s , c u a r te le s o c o m is a ría s policiales.

-

Los locales partidarios instalados en form a transitoria, para la em isión de sonidos, solam ente pueden instalarse fu era del radio de doscientos m etros de los locales señalados en el inciso anterior.

El uso p rohibido de los altavoces es cuando el volu m en de los am plificadores de sonido represen te u n a alteración de la

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tran qu ilid ad pública. Tales equipos solam ente se p erm itirán en locales cerrados, siem pre que no m olesten al vecin d ario y en los períodos electorales, en las horas y lugares establecidos por las autoridades respectivas (Art. 287 inciso c). L a lim ita c ió n d e l u s o de a m p lific a d o r e s d e s o n id o a espacios cerrados, del Art. 287 inciso c) no se com padece con la au torización del u so de altavoces en lugares fijos o m óviles previsto en el Art. 298 del m ism o cuerpo norm ativo. E s ta a n tin o m ia lega l d e b e re s o lv e rs e a fa v o r d e l u s o de a m p lific a d o re s de son id o s en es p a cio s c e rra d o y a b ie rto du rante el período de la p rop agan d a electoral por aplicación del criterio de la especialidad, habid a cu en ta que el Art. 287 se en cu en tra dentro del capítulo de la p rop agan d a política y el Art. 292 dentro del capítu lo de p rop aga n d a electoral.

6.5. Propaganda gratuita en la radio, televisión y periódico E l A rt. 302 d e l C ó d ig o E le c to r a l e s ta b le c e el e s p a c io g ra tu ito de p ro p a ga n d a e le cto ra l en la radio, televisió n y periódico, en el período de diez días an teriores al cierre de la cam pañ a electoral. La norm a citad a dispone al respecto “ ... Los m edios m asivos de com u nicación social oral y televisivo destinarán, sin costo alguno, el tres por ciento de sus espacios diarios p ara la divulgación de las bases program áticas de los partidos, m ovim ientos políticos y alianzas que participen en las elecciones, durante diez días inm ediatam ente anteriores al cierre de la cam paña electoral. A los m ism os efectos y du rante el m ism o lapso, los periódicos destinarán u n a p ágina por ed ición ” .

6.5.1. Período de la propaganda gratuita E l lapso de tiem po durante el cual pu ed en los partidos, m ovim ien tos políticos y alianzas electorales que participan de las elecciones pueden realizar p rop agan d a electoral gratu ita es de 10 días anteriores al cierre de la cam pañ a electoral.

6.5.2. Espacio para la propaganda gratuita Los espacios que deben ser con cedidos en form a gratu ita

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para la realización de la p rop agan d a electoral por los m edios m asivos de com u n icación social serán de la form a siguiente: a. Radio y televisión. Las em isoras radiales y televisivas deben con ced er en form a gratu ita a las entidades políticas en com p eten cia el tres por ciento de su espacio diario. E sto sign ifica que en la h ipótesis de que la program ación diaria de u n a em isora de radio o televisión es de 20 horas, la can tid a d de espacio gratu ito diario p ara la p rop aga n d a electoral debe ser de 36 m inutos por día. b. Periódicos. E s to s m e d io s de c o m u n ic a c ió n d e b e n conceder u n a página de su edición diaria para la divulgación de las bases program áticas de los partidos, m ovim ientos políticos y alian zas electorales que com piten en el acto electoral.

6.5.3. Forma de distribución del espacio gratuito La d is trib u c ió n de los e s p a cio s g ra tu ito s es en fo rm a igu alitaria y será realizad a por la Ju sticia E lectoral, conform e dispone el Art. 302, ú ltim a parte, del C ódigo Electoral. E sto im p lica que, en el caso de las radios y televisión , el T rib u n a l E lectoral debe h a cer u n a sim ple op eración de d ivid ir la can tid a d de m in u tos d isp on ib le con form e con el 3% del tiem po de p ro gra m a ción d iaria por la can tid a d de en tid a d es p olític a s p a rtic ip a n te s de las eleccion es. E n la h ip ótesis de que la p ro gra m a ción d iaria sea de 20 horas, que a rro ja u n tiem po de 36 m in u tos de espacio gratu ito y la can tid a d de p articip a n tes es de 9, al d ivid ir 36 m in u tos por 9 p articip a n tes, c o rresp on d erá a cada en tid ad p olítica el esp a cio gratu ito de 4 m in u tos p or día en cad a em isora de rad io y televisión. En el caso de los periódicos se debe proceder a la división del tam año de u n a p ágina por la cantidad de entidades políticas participantes del acto eleccionario.

6.5.4. Medios de comunicación afectados por el espacio gratuito Los m edios de com u n icación afectados a la obligación de

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con ced er espacio gratu ito p ara la p rop agan d a electoral, son los siguientes: a. Emisoras de radios. Se h a lla n a fe c ta d a s p o r e s ta ob ligación todas las em isoras que se em iten p or am plitu d m o d u la d a (AM ), fre c u e n c ia m o d u la d a (FM ) y las ra d io s com unitarias. La extensión a todas las em isoras radiales surge de la n orm ativa electoral que señala com o sujetos obligados a los m edios m asivos de com u n icación social oral. b. Canales de televisión. T a m b ién se h allan afectados todos los canales de televisión sean los que operan dentro del sistem a denom inado abierto o por cable. c. Periódicos. Los m edios escritos con siderados periódicos p or el Art. 290 del C ódigo E lectoral son los diarios, revistas, sem anarios, por lo que cu alqu iera de estas m odalidades se halla afectada por la obligación de con ceder espacios gratuitos p ara la p rop agan d a electoral.

6.5.5. Fundamento del espacio gratuito L a n o rm a tiv a e le c to ra l h a ju s tific a d o la c o n ce s ió n d el espacio gratuito por los m edios m asivos de com unicación social en la necesidad de con trib u ir al proceso de d em ocratización del país y la educación cívica del pueblo paraguayo. Es decir, tuvo en cu en ta el pap el que cum ple la propaganda electoral en u n a sociedad d em ocrática y su in flu en cia en la form ación cívica del elector. Por con siguiente, el ob jetivo del legislad or paragu ayo al con sagrar el espacio gratuito no fue la n ecesidad de preservar el p rin cipio de la igu ald ad en la com p eten cia electoral ni el prin cipio de la d isponibilidad, que son prin cipios elem entales que ju s tific a n las restricciones a la propaganda electoral.

6.6. Uso de medio estatal en la propaganda E l C ódigo E lectoral establece dos situaciones en relación a l u s o de los m e d io s m a s iv o s d e c o m u n ic a c ió n e s ta ta l en la p rop aga n d a electoral. La p rim era se vin cu la a la no d iscrim in ación en el u so de los m edios estatales y la segun da

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la c o n c e s ió n de e s p a c io g r a tu ito p a r a la c a m p a ñ a d e l referéndum . E l A rt. 2 8 9 d is p o n e qu e: “ Si los m e d io s m a s iv o s de com u nicación social del Estado establecen program as para la realización de p rop agan d a política, los directivos no podrán, por nin gú n concepto, establecer discrim in ación a favor o en con tra de algún partido, m ovim ien to político o alian za” . La disposición tiende a preservar el prin cipio de la igualdad en el acceso a los m edios estatales para las entidades políticas y tam b ién el p rin cip io de n eu tra lid a d de los em p lead os o autoridades públicas. El Art. 303 del C ódigo E lectoral dispone que “D urante la cam pañ a para el referén d u m los m edios de difusión estatal d eb erán con ced er espacios gratu itos igu ales p ara quien es apoyen las propuestas del “ sí” o del “ n o” . La n orm ativa electoral, no establece en form a expresa el espacio gratu ito en los m edios de com u nicación estatal, para la realización de la p rop agan d a electoral, para el acceso a los cargos electivos, tal com o exige a los m edios m asivos de com u nicación social de propiedad de los particulares. L a o m is ió n d e l le g is la d o r n o r e s u lt a c o m p r e n s ib le h a b id a cu en ta de que los m ed ios de com u n icación estatal p erten ecen a todos los p aragu ayos y en tal carácter ten d ría que estar a su d isp osición p a ra p reservar la igu ald ad en la c o m p eten cia e le ctora l y cu m p lir con los objetivos señalados p ara la con cesión del espacio gratu ito por parte de los m edios privados. Sin em bargo, aun cu an d o la n orm a electoral no estab lece u n m an d ato esp ecífico al E stad o p ara con ced er el espacio gratu ito, se pu ed e sosten er que con form e con los térm in os d el A rt. 30 2, la o b lig a c ió n de c o n c e d e r es p a cio g ra tu ito a lcan za a los m edios de p ro p ied a d del E stado p orqu e dich a d isp o sició n n orm a tiva tien e com o d estin ata rio a los m edios de com u n icació n social sin d istin gu ir entre p articu lares y estatales.

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6.7. Contenido de la propaganda L a p r o p a g a n d a e le c t o r a l tie n e p o r o b je tiv o d ifu n d ir p rogram as de gob iern o y p rop u estas de can d id atu ra para con seguir la adhesión electoral con el fin de obten er los cargos electivos en disputa. La im portancia de la p rop agan d a electoral para obten er la victoria electoral hace que los candidatos recurran a una serie de estrategias prop agan d ísticas que, según el au tor Favila R ib eiro69, pu eden con sistir en estrategia: 1) ofensiva, 2) de reacciones instintivas y 3) de con dicionam iento sicológico. E n la estra tegia ofensiva, el candidato se an ticip a a su adversario en la d eterm inación de los tem as de la cam paña, gen eralm ente atacando a su oponente en determ inados tem as con la clara finalidad de d esfigu rar al adversario y resaltar su figura. En la estrategia de b ú squ ed a de reacciones instintivas, el candidato o su partido bu sca d em ostrar que su adversario puede p atrocin a r m ed id as altam en te p erju d iciales p ara la sociedad, para gen erar la reacción con tra su oponente. En la estrategia de condicionam iento sicológico el candidato b u sca que el elector se identifiqu e con él, que lo acom pañe, u tilizan d o determ inados con dicionam ientos person ales o de situación política. B usca gen erar la com pasión del elector o reconocim iento a su favor por d eterm in ada situación. Por con sigu ien te, la e s tra tegia de p ro p aga n d a e lectora l escogida por los candidatos pueden denigrar a los adversarios, afectar valores im portantes de la sociedad dem ocrática, por lo que p ara preservar la lim pieza electoral por m edio de la p rop agan d a y con vertir la p rop agan d a en u n .in stru m en to de form ación cívica del ciudadan o es que las norm as electorales e s ta b le c e n lim ita c io n e s al c o n te n id o de la p ro p a g a n d a electoral. E l C ó d ig o E le c to r a l p a ra g u a y o c o n tie n e u n a s e rie de 69R IB E IR O , F A V IL A . O p. cit., p ágs. 2 9 1 / 2 9 3 .

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lim itaciones al con tenido de la propaganda electoral que se puede discrim in ar en positivo y negativo.

6.7.1. Requisito positivo de la propaganda electoral Los re q u is ito s p o s itiv o s de la p ro p a g a n d a p o lític a se vinculan a 1a orientación d el m en saje que debe difundirse por m edio de la propaganda. El Art. 285 del C ódigo E lectoral dispone: “El contenido de la p rop agan d a política estará inspirado en el fortalecim iento de la dem ocracia, el respecto a los derechos hum anos y la edu cación cívica de los ciu d ad an os...” . E l Art. 290 de la n o rm a tiv a ele cto ra l, d is p o n e que és re s p o n s a b ilid a d de los p a rtid o s , m o v im ie n to s p o lític o s y a lia n z a s q u e p ro p ic ia n las c a n d id a tu ra s , c u id a r q u e el contenido de los m ensajes con stitu ya u n a alta expresión de adhesión a los valores del sistem a republicano y dem ocrático, y con trib u ya a la edu cación cívica del pueblo. P o r c o n s ig u ie n t e , lo s v a lo r e s q u e d e b e n o r ie n ta r la p rop aga n d a electoral, con form e con la n orm ativa electoral son los siguientes: a. Los valores del sistema republicano y democrático. Los valores del sistem a repu blican o son la soberanía popular, la altern an cia en los cargos públicos, la separación de los poderes del Estado, la resp on sab ilidad de los funcionarios y la pu b licidad de los actos de los poderes públicos. Los valores del sistem a dem ocrático son la plena observancia del p rin cip io de la igu ald ad , la v ig e n c ia de las lib erta d es públicas y el objetivo del bienestar general com o guía de acción de los gobernantes. b. El respeto a los derechos humanos. Los m en sajes p ropagandísticos d eben p rom over el respeto a la dign idad de las personas hu m anas evitando situaciones discrim inatorias o denigrantes. c. Contribuir a la formación cívica de los ciudadanos. Los m ensajes deben prom over el interés ciudadano en la form ación

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de las au toridades electivas, la im portan cia de su decisión electoral p ara incidir en las políticas pú blicas ofertadas por las candidatu ras, entre otros. L a re s tr ic c ió n n o rm a tiv a de c o n te n id o p o s itiv o en los m ensajes de la p rop agan d a electoral, que aparece en el orden ju r íd ic o e le ctora l, d esd e la ley 1/90, h a m erecid o c rítica p o s itiv a en la d octrin a . E l a u to r p e ru a n o P ed ro P la n a s, al com en tar el con ten id o del Art. 310 de la Ley 1/90, ha señalado “ sería m uy positivo en el tratam iento norm ativo de la cam pañ a electoral u n a disposición sem ejante, que recuerde a los candidatos (y a sus publicistas) que no son m arcas de ja b ó n , sino poten ciales au toridades del país, que solicitan a los ciudadan os su p referen cia en fu nción de las opciones o p ro gra m a s qu e él rep resen ta . S im u ltá n e a m en te , si los con tenidos de las cam pañas se enm arcan en estos criterios, se lograría preservar cierto cariz cívico y pedagógico al proceso electoral, estim u lando el interés ciudadano por los asuntos p ú b licos”70.

6.7.2. Requisitos negativos de la propaganda electoral Los requisitos negativos del contenido de la p rop agan d a e le c to ra l está n co n stitu id o s p o r los m en s a je s p ro h ib id o s que se establecen en la n orm ativa electoral y ellos son los siguientes: r

1. M ensajes que contengan alusiones personales injuriosas o denigran tes hacía cu alqu ier ciudadano (Art. 285 y el Art. 292 inciso f). La p roh ib ición de la em isión de prop agan d a de contenido ca lu m n io so , d ifa m a n te o in ju rio s o tien d e a la p ro te c ció n de derechos básicos de las personas com o el d e 's u honor, rep u tación e im agen. Los m en sajes que a te n ía n con tra el h on or o la reputación de las person as se hallan tipificados com o hechos punibles en el C ódigo Penal.

70 P L A N A S , P E D R O . O p . cit. P á g. 2 48 .

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2. M ensajes que con tengan ataque a la m oralidad pública y las buenas costu m bres (Art. 285). 3. M ensajes que contengan alusión a naciones, colectividades o in stitu ciones que pudieran gen erar d iscrim in acion es por razón de raza, sexo o religión (Art. 287 inciso a) y el Art. 292 inciso 'b). 4. M en sajes q u e con ten gan in cita ció n a la g u erra o la violen cia (Art. 292, inciso a). 5. M ensajes que p rop u gn an la an im osidad y los estados em o cion a les o p asion ales que in citen a la d estru cción de bienes o aten ten con tra la integridad física de las personas (Art. 292 inciso c). 6. La instigación a la desobediencia colectiva al cum plim iento de la s le y e s o las d e c is io n e s ju d ic ia le s a d o p ta d a s p a ra salvaguardar el orden público (Art. 292, inciso d). 7. M ensaje que propagu e la creación de brigadas o grupos de com bate, arm ado o no. (Art. 292 inciso e). 8. M ensajes qu e tiendan a indu cir a engaño o con fu ndir al electorado (Art. 291).

6.8. Lugares prohibidos para la propaganda El Art. 296 del Código Electoral prohibe la fijación de letreros o adhesión o colocación de carteles en los lugares siguientes: -

Puentes.

-

E d ific io s p ú b lic o s n a c io n a le s , d e p a r t a m e n t a le s y m unicipales.

-

M onum entos.

-

Señales de tránsito.

-

L eyen das sob re el p avim en to de las carreteras o calles urbanas.

La prohibición de fijación de carteles en los edificios públicos tiene por objetivo preservar el prin cipio de n eu tralidad de las autoridades públicas en la com peten cia electoral.

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La p rohibición de fijar carteles en las señales de tránsito tiene el propósito de p reservar la segu ridad vial y las dem ás p ro h ib ic io n es se v in c u la n a la n e c e s id a d de p re s e rv a r la estética urbana.

6.9. Divulgación de encuestas electorales Las encuestas electorales no son clasificadas com o m edio de p rop agan d a electoral pero es u n elem ento de form ación de la opinión pública y en tal sentido, ejercen influ en cia en las decisiones de los electores. L a s e x p e r ie n c ia s e le c t o r a le s d e m u e s t r a n q u e la s encuestas ejercen u n a in flu en cia im portante en los electores, especialm ente, en aquellos que son con siderados indecisos. Es u su al que cada candidatu ra presente encuestas electorales favorables, lo cual hace p resu m ir que los datos son fácilm ente m anipu lados con la p reten sión de favorecer a determ inadas candidaturas. El efecto que puede gen erar la divu lgación de las encuestas e le c to r a le s h a in c id id o en su re g u la c ió n en las n o rm a s electorales exigiendo, com o en el caso de B rasil, el registro previo de las em presas encuestadoras, la divulgación de los m étodos de m edición, entre otros. E l C ódigo E lectoral p aragu ayo en el Art. 305 establece que “Q u eda p roh ib id a la difusión de resultados de encuestas de opin ión desde los quince días inm ediatam ente anteriores al d ía de las elecciones. Las p u blicaciones d eberán con tener la correspon dien te fich a técn ica” . E l Art. 305 del C ódigo E lectoral que prohíbe la p ub licación de en cu esta s de o p in ión los qu in ce días in m ed ia ta m en te anteriores a las elecciones y el Art. 329 que tipifica com o delito electoral la violación de la p roh ib ición de la pu blicación de las encuestas de opinión fueron declaradas inconstitucionales por A cu erdo y Sen tencia Nro. 232 de fech a 10 de abril de 2002, dictado en el expediente: “ E xcepción de In con stitu cion alidad opuesta por el Señor Dem etrio Rojas en el Expediente: Dem etrio Rojas s/ V iolación del Art. 305 de la Ley 8 3 4 /9 6 ” .

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Los fu n d a m e n to s e x p u e s to s en la r e fe r id a re s o lu c ió n ju d ic ia l para acoger la incon stitu cion alid ad de la prohibición de p u b lica r las en cu estas electorales se sin tetizan en los supuestos siguientes: a. El derecho que tiene el elector de recibir información que le facilite su decisión el día de las elecciones. En este sentido, exp resa el fallo ju d ic ia l “Pues bien en este caso, no en cu en tro n in g u n a re fe re n c ia a u n p rin c ip io c a rd in a l con trario a la p u blicación de encuestas. M uy por el contrario, lo que sí encu en tro es prin cipios a favor de esta publicación. Com o el que se refiere con cretam en te al derecho que tiene el elector de recib ir in form ación que le facilite su decisión el día de las elecciones. E l m ism o artículo 28 sobre el “derecho a inform arse” establece categóricam ente: “Se reconoce el derecho de las person as a recibir inform ación veraz, respon sable y ecuánim e. Las fuentes de in form ación pública son libres para todos” . b. El derecho a informarse es más valioso que el bien

jurídico protegido por la prohibición que es la eventual desinformación. E n e s te s e n tid o , el fa llo ex p res a : “ P or supuesto existe el tem or de la m anipulación, pero eso no es suficiente para ir contra los artículos 26 y 28 de la Constitución N acional, que en este caso, sobre todo el segundo represen ta adem ás u n interés valioso para la dem ocracia, frente al cual y o no logro u b icar nin gú n valor o interés defendible, salvo c o n sid e ra r el e fecto de d e sin fo rm a c ió n qu e p ro d u cen las encuestas m anipuladas y fraudulentas. Pero este efecto lo tiene desde el p rim er d ía en que se publican, en cu alqu ier m om en to” . c. La prohibición de publicar encuestas es inocua. El fallo de referen cia sostiene al respecto “Finalm ente, no puedo dejar de d ecir que esta disposición, adem ás de ser inconstitucional, es in ocu a por ob soleta y a que en la aldea global en la que vivim os en caso tod o el país, es m ás fácil v e r can ales de televisión extran jeros que nacionales y nada im pide publicar en ellos o en los diarios de los países vecinos. Sin hablar

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de In ternet, la cual, au n qu e ten ga alcan ce m u y selectivo, com b in ad a con el “ru m or” (que es el m edio m ás antiguo de la tierra) hace que de todos m odos, se con ozcan encuestas sin n in gu n a garantía de seried ad ” . Sin em b a rg o , en el A c u e rd o y S e n te n c ia N ° 1295 d el 5 de d ic ie m b r e d e 2 0 0 7 , en e l e x p e d ie n te : “ A c c ió n de In c o n s t it u c io n a lid a d .R a d io R o c k a n d P o p c / A r ts . 3 0 6 y 329 de la Ley N ° 8 3 4 / 9 6 (C ó d igo E le c to r a l)” , la C orte S u prem a de J u sticia cam bió de criterio y rech azó la acción de in con stitu cion alid ad , en base a los argu m entos que se resu m en en los siguientes: a) el espíritu de las norm as en cu estión es dar segu rid ad y tran q u ilid ad al acto com icial, d esp eja n d o cu alqu ier circ u n s ta n c ia qu e p u d iera p rovocar interferencias, confusiones o agravar las tensiones de electores y/ o seguidores de las listas en pugna; b) que el espíritu de las norm as im pu gn adas b u sca evitar la influ en cia indebida en el electorado, con siderando que a través del acto eleccionario se m anifiesta la volu n tad p olítica de los electores, la cu al debe en con trarse libre de atadu ras o injerencias provocadas por u n a libertad extrem a, inconducentes a los objetivos generales, superiores y razonables previstos por la norm a; c) las norm as im pu gn adas se lim itan a estab lecer u n plazo de interdicción breve, solo para la publicación de las encuestas o boca de urna y no u n a p rohibición para la realización de dichas encuestas, por lo que u n a vez transcurrido, nada ob sta que publiquen en form a am plia dichos resultados. Todo se basa en u n a cuestión de tem poralidad, con carácter relativo, y no de con tenido o de censu ra a la inform ación en sí m ism a.

6.10. Divulgación de resultado de boca de urna La encuesta de boca de u rn a es la m edición de la preferencia electoral realizada el día de las elecciones con los electores que han em itido sus respectivos votos. L a p rohibición de divu lgar el resultado de las encuestas realizadas el día de las elecciones tien e el objetivo de evitar que los electores sean pertu rbados en su libertad de elección

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por las tendencias que p u d ieran ofrecer las proyecciones de las encuestas. El Art. 306 del C ódigo E lectoral dispone al respecto: “Q ueda p rohibida la difusión de resultados de sondeos de b oca de urna, hasta u n a h o ra después de la señalada para el cierre de las m esas receptoras de v oto s” . E n la d o c trin a e xisten op in ion es con tra p u esta s a cerca de la con stitu cion alid ad de esta restricción al derecho a la inform ación. Los sectores que se oponen a la prohibición de divulgar los resultados d'e b oca de u rn a afirm an por u n a parte, que restrin gen indebidam en te la libertad de expresión y por otra parte, que se debe favorecer la difusión de los resultados e le c to ra le s p o rq u e es u n a de las b a rre ra s m ás c la ra s y co n tu n d e n te s fren te al fra u d e e le ctora l, la m a n ip u la c ió n in form ativa de los resultados, el carácter tendencioso de la com u nicación oficial por parte de los poderes públicos. E sta corriente de opinión con sidera que la divulgación de resultado de boca de u rna constituye u n instrum ento decisivo de control dem ocrático. Los autores argentinos Schifer y Porto con sideran que "... la lim itación a las encuestas en form a previa a los com icios en cu en tra m ás fundam entos ju ríd ico s que la restricción del denom inado “ B oca de u rn a”71. L a C o r te S u p r e m a d e J u s t ic ia p a r a g u a y a , a n te la in c o n s titu c io n a lid a d p la n te a d a c o n tra la r e s tr ic c ió n de p u b lica r los resu ltad os de b oca de u rn a esta b lecid a en el Art. 306 del C ód igo E lectoral se h a p ron u n ciad o sobre su c o n stitu cion a lid a d en el A cu erd o y S en ten cia Nro. 98 del 5 de m ayo de 1998, fu n d ad a en u n p reced en te de la Corte C on stitu cion a l de C olom b ia y el Art. 3 de la C on stitu cion a l N a c io n a l, en lo s té r m in o s s ig u ie n te s : “ E l c a s o d e lo s son deos de b o ca de urna. E l segu n d o fallo citad o de la Corte 71 S C H IF E R , C L A U D IO A. - P O R T O , R IC A R D O A . L a D ifu s ió n P o lític a en lo s M ed io s d e C o m u n ic a c ió n , E d ito r ia l A b a c o , B u e n o s A ire s , p ág. 145, 2 0 0 3 .

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C onstitucional de C olom bia, Sentencia Nro. 089/94 y a citado, donde se discute una con su lta constitucional preventiva sobre u n p royecto de ley electoral, se reitera el con ten id o del fallo 4 88/93 relativo a la p u b licación de en cu estas, antes del d ía de las eleccion es, pero se d a u n tratam ien to d iferen te al d ía de las eleccion es: se d ecla ra exequ ib le o lo que es lo m ism o, se rec h a za la im p u gn a c ió n de in c o n s titu c io n a lid a d en lo relativo a las encuestas del d ía de las elecciones. El fallo dice: “Es evid en te que la d ivu lga ción de en cu esta y p royeccion es sob re el com p ortam ien to electoral el d ía de las elecciones p u e d e in t e r fe r ir el d e s a r r o llo n o rm a l y e s p o n tá n e o d e l resp ectivo certam en y d ar lu g a r a equ ívocos e in form acion es qu e d eso rien ten o d esa lien ten a los v o ta n te s ” (hasta acá se tra ta del m ism o tem or de m a n ip u la ció n o d esin form ación qu e hem os d escartad o en el caso de los días an teriores a la elección ). Pero agrega “el d ía de las eleccion es en que los c iu d a d a n o s e je rc e n s e c re ta m e n te su d erech o a l s u fra gio (C on stitu ción P olítica de C olom b ia Art. 258) y se defin e el ru m b o d em o crá tico d e l p aís, d e b e rá n a ca lla rse todas las voces que no sean la v o z del p u e b lo ” . E ste prin cipio, que p od ríam os llam ar del “p rotagon ism o del electo r” , se fu n d a en m i concepto en el Art. 3 ¡ de la C onstitución (Del Poder Público) segú n el cu al “ el p u eb lo ejerce el P od er P ú b lico p or m edio d el su fra gio ” y se u b ic a en el con texto de la to ta l p rotección y p rotagon ism o que tien e el certa m en electora l el d ía de la v o ta ció n , lim itá n d o se otros d erech o s p a ra lo g ra r u n solo objetivo: favorecer y fa c ilita r el ejercicio d el s u fra gio” .

6.11. Litigio judicial por la propaganda electoral La realización de la p rop agan d a electoral irregular puede dar lu gar a conflictos que serán dirim idos, conform e con su naturaleza, ante varios órganos ju risdiccion ales. L o s ó r g a n o s j u d i c i a l e s c o m p e t e n t e s p a r a d ir im ir determ inados conflictos vin cu lados a la prop agan d a electoral son los siguientes:

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a. Juzgados penales ordinarios. Los delitos electorales se deben ju zg a r ante los ju eces penales del fuero ordinario. E l delito electoral vin cu lado a la realización de propaganda electora l e stá p revisto en el Art. 324 in ciso a) del C ódigo Electoral. b. Juzgados Electorales. Las faltas electorales son juzgados ante los Juzgados Electorales. Las faltas electorales vinculadas a la realización de p rop agan d a electoral se hallan tipificadas en los Arts. 332 inciso c) y 333. c. Tribunales Electorales. Los trib u n a le s e le c to ra le s son com peten tes en los litigios vinculados a la propaganda anónim a, en gañ osa y con fu sa conform e dispone el Art. 219 del C ódigo Electoral. En los supuestos previstos en el Art. 291, el Tribunal recibirá la denuncia del afectado y podrá correr vista al Fiscal Electoral p or el plazo de 24 horas y si con sid era eviden te el hecho denun ciado procederá a la su spensión de la propaganda. d. Juzgado Civil. Es el com p eten te p ara dirim ir en los ju icios de rep osición de los gastos causados por la realización de trabajos de restitu ción al estado an terior de los bienes indicados en el Art. 296, afectados por la realización de la p rop agan d a en dichos lugares.

CAPÍTULO VIII LA ELECCIÓN La elección es u n a técn ica de designación de la person a que será titu lar del ejercicio del poder público, dentro de los sistem as de d em ocracia representativa. El acto de elección, se con ecta de esta m an era en form a d irecta con la d em ocracia representativa, pues con stituye el m edio en que el dueño originario del poder, que es el pueblo, transfiere su p od er a quien h abrá de ejercerlo a su nom bre por u n espacio de tiem po. E xisten otras técnicas de designación de quienes habrán de ejercer el p od er pú blico com o la d esignación por derecho de progenitura, por sorteo, por nom bram iento. La elección se diferen cia de todas estas técnicas, por el procedim iento. En u n a elección, u n electorado p reviam ente determ inado em ite votos individuales, éstos se com pu tan y se convierten en escaños, m ed ian te el procedim iento de distribu ción fijado en el orden ju rídico. En u n a d em ocracia representativa, la elección tiene com o fu n ción servir de m edio p ara form a lizar la rep resen tación política del electorado p ara ejercer el poder público. La ele cc ió n , en sen tid o am p lio, c o m p re n d e las etap as de em isión del voto, el escru tin io o conteo de los votos y la

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d istribu ción de los cargos, con form e con el procedim iento de distribución. E l C ódigo E lectoral Paragu ayo, en el título III, regu la la r e a liza c ió n de las e le cc io n e s en d ifere n te s ca p ítu lo s que com p ren d en los actos preparatorios de las elecciones hasta el d ía de la jo m a d a electoral o acto de votación. Las re g u la c io n e s v in c u la d a s a los a ctos p re p a ra to rio s de la jo rn a d a electoral com prenden el acto de con vocatoria a e le c c io n e s , fo r m a liz a c ió n de c a n d id a tu r a s , ta c h a s e im p u gn acion es de can d id atu ras, las n orm as vin cu lad as a b oletas de su fragios, las m esas recep toras de votos y los fiscalizadores de las elecciones. E n este capítu lo, antes del d esarrollo n orm ativo de los diferentes aspectos de las etapas preparatorias de las elecciones con form e con la regu lación del C ódigo E lectoral se exponen cuestiones gen erales de las elecciones com o el concepto, las funciones y las condiciones de las elecciones com petitivas que exige u n sistem a dem ocrático.

1. Concepto En la d octrin a se u tiliza n dos con ceptos p ara d elim itar el térm ino elección, u n o en sentido neutro y otro en sentido ontológico. E l sign ificado neutro de las elecciones puede ser definido com o u n a técnica de d esignación de representantes. En este sentido no se introdu cen distinciones sobre los fundam entos en que se b asan los sistem as electorales, las norm as que reg u la n su v e rific a c ió n y las m o d a lid a d e s qu é tie n e n su m ateria lización . E l s ig n ific a d o o n to ló g ic o de las ele cc io n e s se b a s a en vin cu lar el acto de elegir con la existencia real de la posibilidad que el elector tiene de optar librem ente entre ofertas políticas diferen tes y con vige n cia efectiva de n orm as ju ríd ica s que

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g a ra n ticen el d erech o electora l, las lib erta d es y d erech os políticos. De la con flu en cia entre los sentidos técnico y on tológico de las elecciones, se lo puede d efin ir com o m étodo dem ocrático para designar a los represen tantes del pueblo.

2. Funciones Las elecciones, conform e apuntan los autores, Vallés -Bosch72 y la argen tin a Pedicon e73, dentro del sistem a de dem ocracia rep resen tativa cu m plen las funciones siguientes: a. Producir representación. De la aceptación del origen p opu lar de la soberanía dentro de un sistem a dem ocrático y la dificu ltad de la participación directa del electorado en la gestión pública, se im pone la necesidad de designar un cuerpo represen tativo que se ocupe de los asuntos públicos. De esta n ecesidad de d esignar a los representantes del pueblo para ejercer el poder público surge el proceso electoral com o técnica de designación de los representantes dentro del sistem a dem ocrático. E n la doctrin a existe u na d iscu sión acerca de la n atu raleza de la representación. Es decir, si los elegidos representan a la colectividad, al individu o o al partido que ha propiciado su candidatura. En el orden ju ríd ico nacional, el Art. 188 de la C onstitu ción se in clin a por la n atu raleza de la representación de la colectividad, pues señala que los m iem bros del C ongreso N a c io n a l d e b e r á n p ro m e te r d e s e m p e ñ a r su s fu n c io n e s conform e con la C onstitución Nacional y este cuerpo norm ativo es la sín tesis de u n p ro yecto n a cio n a l esta b lecid o p or el C o n stitu yen te con la fin a lid a d de a segu ra r d eterm in ad os valores colectivos com o la libertad, la igu aldad y la ju sticia. b. Producir gobierno. E l ob jetivo de las eleccion es de 72 V A L L E S , J O S E P M. Y B O S C H , A G U S T I. O p . cit., págs. 16-25. 73 P E D IC O N E D E V A L L S , M A R ÍA G . O p. cit., p á gs . 9 1-9 2.

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p ro d u cir gob iern o se refiere a la d esig n a ció n de líd eres y equipos con capacidad p ara llevar a la práctica u n program a de gestión pública viable. En el proceso electoral se ofertan una serie de propuestas de gobierno por las diferentes candidaturas y en el acto de votación u n determ inado p rogram a y equipo recibe el apoyo para llevarlo a la práctica. Por consiguiente, el acto eleccionario con firm a el apoyo del cuerpo electoral a u n a determ in ad a p rop u esta de gobierno. La p ro d u cció n de gob iern o por m ed io de las eleccion es im p lic a la d e fin ic ió n de p o lític a s qu e el e lectora d o d esea ver aplicadas y a la elección del equipo de personas que se encargarán de ello. Es la selección del equipo de gobierno. c. Producir legitimidad. El otro objetivo de las elecciones es p rod u cir legitim idad en beneficio de los titu lares del poder constituido. M ediante las elecciones se trata de con segu ir que quienes ejercen la acción de gobierno sean percibidos com o ju sto s titu lares del cargo ejercido. d. Lograr la participación de la mayoría y minoría en la gestión pública. Las elecciones, adem ás de elegir al equipo qu e h a b rá de im p le m e n ta r u n d eterm in a d o p ro g ra m a de gobierno, elige tam bién a los m iem bros del C ongreso Nacional, órgan o de ca rá cter colegiad o, cuyos m iem b ros h a b rán de integrarse a dicho órgano en p roporción a la cantidad de votos obtenidos. E n el C ongreso N acional se integran los exponentes de diferentes sectores que com pone la sociedad sean ellos ideológicos o de intereses. P o r m e d io d e la e le c c ió n de los m ie m b ro s d e l P o d e r Legislativo, se logra la participación plu ralista de la sociedad en la gestión de los asun tos públicos, sean ellos m ayoritarios o m inoritarios. e. Limitar el poder en el tiempo. En el sistem a dem ocrático las elecciones periódicas constituyen uno de sus presupuestos, por lo que las elecciones cu m plen u n a fu nción de lim itación te m p o ra l d e l e je rc ic io d el p o d e r p ú b lico p or p a rte de los designados p ara tal efecto.

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f. Garantizar jurídicamente la representación política. El proceso de d esignación de los titulares del p od er público por m edio de la elección p ara ser legitim ado debe surgir de u n proceso regulado ju ríd icam en te. Es decir, la n orm a ju ríd ica debe fijar los elem entos determ inan tes del proceso electoral com o el ejercicio del sufragio, el voto libre, igual, secreto, p erson al y universal, el escrutin io público y fiscalizado y la im parcialid ad del órgano de la adm inistración electoral. El cum plim iento de los requisitos indicados hace surgir un poder pú blico legítim o.

3. Las condiciones de la competencia electoral Las e le c c io n e s d e n tro d e l s is te m a d e m o c rá tic o d e b e n cu m plir con ciertas con diciones que perm itan con clu ir que las m ism as son com petitivas y libres. Conform e con la doctrina expuesta por los autores españoles J osep M. V allés y A gu stí B osch74, para que las elecciones sean com petitivas y lim pias com o lo exige el sistem a dem ocrático deben reu nir los requisitos siguientes: -

D erecho u n iversal al sufragio.

-

C on vocatoria regu lar y p eriódica de elecciones.

-

Libertad de asociación para presentar candidatos.

-

Igu aldad ten d en cia! de oportu nidades de los candidatos para el acceso a los m edios de inform ación y publicidad.

-

N eu tralid ad del gobiern o en la organ ización del proceso electoral.

-

G arantías p ara u n a libre em isión del voto (au sen cia de coacciones, protección del secreto).

-

R ecu ento público de los votos em itidos.

-

A p licación de las reglas preestablecidas para adjudicar los escaños entre candidatos.

74 V A L L E S , J O S E P M. - B O S C H , A G U S T I.

O p. cit., p á g. 15.

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E xisten cia de u n a in sta n cia in d ep en d ien te p ara d irim ir los conflictos suscitados por la aplicación de las norm as electorales.

T o d o s los r e q u is ito s p o s itiv o s e n u n c ia d o s tie n d e n a garan tizar la seguridad, la libertad y la igu ald ad de todos cuantos participan de las elecciones. La falta de cum plim iento de estos re q u is ito s en el p ro c es o e le c to ra l c o n d u ce a la realización de elecciones no com petitivas. Las elecciones no com petitivas se p resentan cuando dentro del proceso electoral ocurren circunstancias que im piden la com petitividad de las elecciones, tales com o: la desigualdad en el acceso a los m edios de in form ación y p u b licidad de los ca n d id a to s en co m p eten c ia que p u ed e p ro v en ir de la d esigu aldad fin an ciera de los candidatos o la discrim in ación que provien e de los titulares de los m edios de com unicación social, la falta de neutralidad de los órganos de adm inistración electoral, la falta de n eu tralidad del gobierno en el proceso electoral p erm itiendo el uso de los bienes del E stado a favor de ciertos candidatos y las restricciones a las actividades de determ inados candidatos.

4. Actividades preparatorias de la elección La norm ativa electoral regula una serie de actividades previas al día de la votación, acto m ediante el cual se m aterializa la d esignación de las personas que habrán de ejercer el poder p ú b lic o de re p re s e n ta c ió n p op u la r. E stas a c tiv id a d e s se inician con la con vocatoria de la elección, la form alización de candidaturas, tachas e im pu gnaciones de candidaturas, provisión de padrones electorales, la confección, de las boletas de sufragio, las m esas receptoras de votos, la designación de con troladores de las actividades electorales.

4.1. Convocatoria a elección Es u n acto ju ríd ico form al p or el cu al el órgano com petente

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establece la fecha, el horario, condiciones y m odalidades de la elección. La c o n v o c a to ria a ele cc io n e s , ta m b ién in cid e en otras in s titu c io n e s del d e re c h o e le c to r a l com o la p ro p a g a n d a e lectora l y el p ro ceso e le ctora l ju d ic ia l. E n rela ción a la p ro p a ga n d a electoral d eterm in a el p eríod o de la m ism a y d en tro del p roceso ju d ic ia l electoral d eterm in a la p osib ilid ad de la ap licación del trám ite de riesgo, p revisto en el Art. 38 de la Ley 635/95. El C ódigo E lectoral, en su Art. 153, dispone que el órgano com petente p ara em itir el acto de con vocatoria a elecciones es el T rib u n al Superior de Ju sticia E lectoral E l plazo para em itir la con vocatoria es de ocho m eses com o m ínim o antes de la fech a de realización de los com icios y debe reu nir los requisitos de form a y contenido siguientes:

Requisitos de forma de la convocatoria. La resolución de con vocatoria a elecciones em itida por el T rib u n al Superior de J u s tic ia E le cto ra l d eb e re u n ir los req u is ito s form a les siguientes: 1. D eberá em itirse en form a fundada. 2. Publicarse en la G aceta Oficial. 3. N otificarse a los tres Poderes del E stado y a la D irección de R egistro E lectoral 4. D ifu s ió n a m p lia de la c o n v o c a to ria p or p a rte de la D irección de R egistro Electoral.

Requisitos vinculados al contenido de la Resolución. La R esolu ción em itida por el T rib u n al Su perior de Ju sticia Electoral, conform e con el Art. 153 del Código Electoral, deberá contener: 1. Fech a de la elección nacional o m unicipal. 2. Fech a de la realización de las elecciones en los partidos y m ovim ien tos políticos para la elección de candidatos. C on fo rm e con el re q u is ito señ alad o, la c o n v o c a to ria a

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elecciones in tem a s de los partidos y m ovim ien tos políticos es com p eten cia del Superior T rib u n al de J u sticia Electoral. 3. C argos a ser llenados (clase y núm ero). 4. D istritos electorales en los que debe realizarse. 5. D eterm in ación de los colegios electorales de acuerdo con los cargos a ser llenados.

4.2. Períodos electorales para las elecciones de autoridades n a c io n a le s , d e p a rta m e n ta le s , m u n ic ip a le s y partidarias E l Art. 154 del C ód igo E lectoral estab lece el tiem po en que h abrá de realizarse las elecciones p ara la elección de las autoridades representativas y las autoridades partidarias. Los períodos electorales establecidos son los siguientes: a. Período electoral nacional. Las elecciones nacionales se realizarán en el m es de abril o m ayo del año respectivo. El año a que hace referen cia la ley, es el año de finalización del m andato de las au toridades que habrán de renovarse. b. Período electoral para las internas. Los p a rtid o s y m o v im ie n t o s p o lít ic o s e le g ir á n a s u s c a n d id a t o s a p re s id e n te y v ic e p r e s id e n te de la R e p ú b lic a , se n a d o re s , diputados, gobernadores, concejales departam entales y, según corresponda, autoridades partidarias, en elecciones que se realizarán en cu alqu ier dom ingo entre los n oven ta y ciento trein ta y cinco días antes de la fech a de elección señalada en la con vocatoria respectiva. c. Período electoral m unicipal. L a s e le c c io n e s de inten den tes y con cejales m u nicipales se realizarán en el m es de octu bre o de noviem bre del año correspondiente, treinta m eses después de las elecciones generales. d. Período electoral para las internas. Los p artidos y m ovim ien tos políticos elegirán sus candidatos a intendentes y con cejales m unicipales y, según corresponda, autoridades p a rtid a ria s, en eleccio n es q u e se rea liza rá n en cu a lq u ier

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dom ingo entre los n oven ta y ciento vein te días antes de la fech a señalada en la con vocatoria respectiva. e. Período electoral en vacancia definitiva de la Vicepresidencia. En caso de producirse vacan cia definitiva de la V icep resid en cia de la R epú blica durante los tres prim eros años del período constitucional, se convocará a elecciones para cubrirla dentro de los trein ta días de p rod u cida y la elección se realizará dentro de los ciento vein te días posteriores a la convocatoria. f. Período electoral para las internas. Los p a rtid o s y m o v im ie n to s p o lít ic o s e le g ir á n su s c a n d id a to s a la V icepresidencia de la R epública en elecciones que se realizarán en form a sim ultánea, el día dom ingo ubicado entre los sesenta y sesen ta y seis días antes de la fech a de elección señalada en la convocatoria. g. Período electoral en vacancia de gobernador e intendente. E n ca so de d e s titu c ió n de g o b e rn a d o re s e in te n d e n te s , la c o n v o c a to ria a e le c c io n e s p a ra c u b rir la v a c a n c ia d eb erá ser e fec tu a d a d en tro de los d iez días de producido el h echo y las elecciones deberán realizarse dentro de los och en ta días posteriores a la convocatoria. h. Período electoral para las internas. Los partidos y m ovim ientos políticos elegirán sus candidatos a gobernadores e in te n d e n te s en e le c c io n e s qu e se re a liz a r á n en fo rm a sim u ltán ea, el d ía d om in go u b ica d o en tre los cu a re n ta y cu aren ta y seis días antes de la fech a de la elección señalada en la resp ectiva convocatoria.

4.3. Formalización de candidaturas Es el acto p or m edio del cual los partidos, m ovim ientos políticos, alianzas electorales o concertación electoral realizan la p re s e n ta ció n fo rm a l de los can d id atos p a ra los cargos electivos consignados en el acto de con vocatoria ante el órgano com peten te p ara recibirlo.

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4.3.1. Órganos competentes para recibir las candidaturas C onform e con la Ley 635/95, que reglam en ta la J u sticia Electoral, los órganos de la Justicia Electoral com petentes para la inscripción de las candidatu ras son los siguientes: a. Tribunal Electoral de la Capital: P a ra los cargo s n a cio n ales y d ep a rta m en tales. E sta com p eten cia se h a lla establecida en el Art. 15 inciso e) de la Ley 635/95 que dispone al resp ecto “A los T rib u n ales E lectorales les com pete... e) in s crib ir las can d id atu ras a cargos electivos n a cion ales y departam entales así com o sus apoderados respectivos, com o com p eten cia exclu siva del T rib u n al E lectoral de la C ap ital”. b. Los Juzgados Electorales: la s c a n d id a tu r a s de in ten d en tes y con cejales m u nicipales. Se en tien de que su com petencia debe abarcar las candidaturas a estos cargos a ser elegidos dentro de los lím ites de su com peten cia territorial. Esta com petencia de los Juzgados Electorales para inscribir las candidatu ras a inten den tes y concejales m u nicipales y sus respectivos apoderados se halla estab lecid a en el Art. 18 inciso j) de la Ley 635/95.

4.3.2. Plazo de inscripción de candidaturas C onform e con la disposición con tenida en el Art. 155 del C ódigo E lectoral, las candidatu ras deberán presentarse en el plazo fijado por la J u sticia E lectoral o en el plazo de u n mes antes de las elecciones, en el caso de que la C onstitución estab lezca u n plazo inferior a la fijada por el órgano ju d icial. Por consiguiente, existen dos plazos para la presentación de las candidaturas: 1) el plazo fijado por resolución del Su perior Tribun al de Ju sticia Electoral y 2) el plazo de treinta días antes de las elecciones en el caso de que la C onstitución fije u n plazo inferior a la fijada por el Tribunal. La in scripción de candidatu ras en el plazo fijado y con los requ isitos form ales in d icad os en la ley resu lta im portan te p orqu e evita la p osib le im p u gn ación de las can d id atu ras y adem ás, al m om en to de la in scrip ció n no deben existir

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in h abilidades de las candidatu ras inscriptas para evitar las tachas de candidaturas.

4.3.3. Requisitos formales de la presentación de candidaturas Los requisitos que deben contener el escrito de presentación de candidatu ras, conform e con la d isposición del Art. 157 del C ódigo E lectoral son los siguientes: 1. C om u nicación del partido, m ovim ien to político o alianza electoral, en su caso. A p artir de la Ley N° 3212/07 se h a billita la C oncertación E lectoral para la presen tación de candidaturas. 2. N om inación y constitución de dom icilio de los apoderados del partido, m ovim ien to político o alianza. A tal dom icilio se rem itirán todas las notificaciones, citaciones o emplazamientos, enten dién dose que el m andato faculta al o los apoderados a actu ar en los p roced im ien tos ju d iciales a que p u d iera dar lu gar la candidatura. 3. A c e p ta c ió n de la c a n d id a tu ra s u s c rita p or e l o los postulados.

4.4. Las vacancias dentro de las candidaturas inscriptas Las va c a n c ia s en las ca n d id a tu ra s in s c rip ta s an te los órganos del T rib u n a l E lectoral pu eden produ cirse por causa de ren u n cia, in h a b ilid a d o m u erte de u n can d id ato y las circun stancias m en cionadas pueden ocurrir en situaciones tem porales diferentes com o: 1) antes de las elecciones, 2) con posterioridad a las elecciones pero antes de su incorporación o asun ción del cargo y 3) con posterioridad a su incorporación al órgano colegiado o con posterioridad a la asunción del cargo unipersonal. Es im portante señalar que la n orm ativa electoral, en esta parte, no reg u la las vaca n cia s qu e p u ed en p rod u cirse en relación a las candidatu ras electas en las internas partidarias antes de su inscripción. E n el supuesto de va can cia en las candidatu ras electas

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en las in tem a s antes de p rocederse a su inscripción com o candidatos oficiales del partido o m ovim ien to políticos debe solucionarse conform e con las reglas previstas en los Estatutos de los p artid os p olítico s y en el caso de los m ovim ien tos políticos rein iciar el procedim iento. La norm ativa electoral vigente, regula las diferentes hipótesis de vacan cias en las candidaturas, con form e con el carácter del cargo y el m om en to en que se producen las vacancias. Las soluciones norm ativas son las siguientes:

4.4.1. Vacancias para cargos unipersonales Los cargos unipersonales de carácter electivo en el Paraguay, son los siguientes: Presidente y Vicepresidente de la República, G obernadores e Intendentes M unicipales.

4.4.1.1. Vacancia antes de las elecciones En los Partidos Políticos y Alianzas Electorales. E l Art. 160 del C ódigo E lectoral dispone que “En el caso de renuncia, inh abilidad o m uerte de u n candidato a cargo u n ip erson a l lu ego de su oficialización , pero an tes de las elecciones respectivas, se estará a las disposiciones de los E sta tu tos de los p a rtid os p o lítico s y los a cu erd o s de las alian zas” . L a d is p o s ic ió n e s t a t u t a r ia de lo s p a r tid o s se h a lla c o n d ic io n a d a a la e le c c ió n in te r n a d e l c a n d id a to p a r a c u b rir la v a c a n c ia s e ñ a la d a c on fo rm e con la d is p o s ició n esta b lecid a en el Art. 33 del C ódigo E lectoral que d ispon e en lo p e rtin e n te : “ Los e s ta tu tos de los p a rtid o s p o lítico s estab lecerán lo con du cen te para que los diversos organism os que lo rep resen ten a n ivel n acion al, region al, d ep a rta m en tal o local, resu lten in tegrad os p or ciu d ad an os electos m edian te el voto directo, libre, secreto e igu al de los afiliados. P ara ser can d id ato de u n p artid o a u n cargo electivo cu alqu iera, es req u isito ser electo p or el voto directo, lib re e igu al y secreto de los a filia d o s ...” . Es im portante señalar, que la disposición estatu taria que

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om ite las elecciones in tem a s p ara llenar la vacan cia analizada es u n a candidatu ra inhábil, tal com o ocurre con la disposición con ten id a en el Art. 76 del Partido Liberal R adical Autén tico del 17 de m arzo de 2002, que establece la cobertu ra de la vacan cia p or decisión del C om ité partidario. L a aplicación del citado artículo por parte del Com ité del P LR A en la design ación de su candidato a Intendente por el m u n icip io de M b u ya p ey p a ra los com icios m u n icip ales de 2006, fue declarado nulo por el Tribun al Electoral de la Capital en A cu erdo y Sen ten cia Nro. 35 del 17 de noviem bre de 2006, expediente: “D istrito de M bu yapey - PLR A s/ Inscripción de C a n d id a tu ra a In te n d e n te ” , con el fu n d a m en to sigu ien te: “ Q ue con fo rm e se d esp ren d e de autos la ca n d id a tu ra del S eñ or H erm inio M ore no provien e de la in te m a partid aria del P.L.R.A. p ara la In ten d en cia M unicipal de M buyapey, sino por decisión del C om ité del P.L.R.A. de M buyapey, según acta Nro. 2 del 21 de octu bre de 2006 (Ver fs. 10/11) fu ndado en el Art. 76 de los E statutos del P.L.R.A., el que no se ajusta a lo establecido en el Art. 33 segu n d a parte d el C ódigo E lectoral en con cord an cia con los Arts. 1 1 8 y l l 9 d e l a C onstitución N acional. Q ue siendo así, el señor H erm inio M ore carece de le gitim id a d p ara p ostu la rse com o can d id ato a In ten d en te M u n ic ip a l p o r el P .L .R .A . en ra zó n de q u e el m ism o no proviene de Unas ju sta s electorales internas, constituyendo un requ isito fu n d am en tal participar en las internas partidarias p a ra a cc e d e r a la c a n d id a tu ra segú n el Art. 33 segu n d a parte del C ódigo E lectoral. Q ue en el m ism o sentido la Sala C on stitu cion al de la Corte S u prem a de J u sticia por A cuerdo y S en tencia Nro. 590 de fech a 17 de octu bre de 2000 en el expedien te caratulado: “A cción de In con stitu cion alidad en el ju icio: A N R s / Presentación de candidaturas para G obernador y D iputado N acional para el D epartam en to de Alto Paragu ay Año 2000 - Nro. 181” h a dejado sentado que “U n ciudadano no puede ser candidato en elecciones nacionales, departam entales o m u nicipales, si p reviam ente no resultó electo com o tal en las elecciones internas de u n partido político. O bviam ente,

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si está im posibilitado de ser candidato, no puede ser electo, es decir, está afectado en cuanto a su elegibilidad en unas elecciones determ inadas...” . Que consecuentem ente, la norm a estatu taria in vocada com o base para la in scripción del señor H erm inio M ore candidato a Intendente M unicipal del D istrito de M buyapey, se contrapone a las previsiones constitucionales y legales por su orden (Art. 120 C.N. 33, segun da parte, 95 prim era parte y 165 del C ódigo E lectoral)” . En los m ovim ien tos políticos. Los m ovim ientos políticos deberán reiniciar el procedim iento estab lecid o p ara su con stitu ción (Art. 160, ú ltim a parte).

4.4.1.2. Vacancia con posterioridad a las elecciones En la hipótesis de la vacancia producida en u n a candidatura u n iperson al electa, pero antes de asum ir el cargo, se debe seguir las disposiciones establecidas en la C onstitución y las leyes respectivas. Las hipótesis norm ativas previstas son las siguientes: a. Presidente de la República electo. E n la h ipótesis de p ro d u c irs e la v a c a n c ia d el P resid en te e lecto an tes de asu m ir el cargo d ebe reem p lazarlo el V icep resid en te electo. E l A rt. 2 3 4 de la C o n s titu c ió n d is p o n e al r e s p e c to “ E l V icep resid en te electo asu m irá la p resid en cia de la R ep ú b lica si ésta qu ed ase vacan te antes o d espu és de la p roclam a ción del P resid en te” . b. Vicepresidente de la República electo. En el caso de vacan cia p rodu cida en el cargo u n iperson al electo pero antes de asu m ir el cargo, el Art. 162 del C ódigo E lectoral dispone que “En caso de renuncia, inhabilidad o m uerte de un candidato u n iperson al electo, pero antes de h aber asum ido el cargo, se estará a lo dispu esto por la C onstitución y las leyes resp ectivas” . Sin em bargo, para el caso de un V icepresiden te electo que d eja vacan te el cargo antes de asum ir, no existe disposición c o n s titu c io n a l o le g a l qu e reg la m e n te la form a de lle n a r la v a c a n c ia , p o r lo q u e en a p lic a c ió n d el A rt. 234 de la

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C onstitución p ara el caso de vacan cia en los prim eros tres años del p eríodo con stitu cion al y el prin cipio republicano, procede con vocar a elecciones para el efecto. c. Gobernador electo. E sta hipótesis no se h alla prevista en la C onstitu ción ni en la Ley O rgánica D epartam ental. La solución que es con gruente con el prin cipio republican o es la con vocatoria a u n a nu eva elección. Sin em bargo, resu lta im portante señalar que la redacción del Art. 154, ú ltim a parte, del C ódigo E lectoral que dispone “En caso de renuncia, im pedim en to definitivo o m uerte del gob ern ad or, c u a lq u ie ra sea el tiem p o tra n s c u rrid o d esde su elección, la J u n ta D epartam ental, por m ayoría absoluta elegirá de entre ellos al m iem bro que cu m plirá las funciones de gob ern ad or hasta com pletar el período resp ectivo” , puede g en era r c on fu sió n sobre su a p licab ilid ad o no al caso de vacan cia p rodu cida por el gobern ador electo antes de asum ir el cargo. La d u d a pu ed e su rgir por la red acción de la n orm a en cuestión que refiere a la vacan cia p rodu cida cualqu iera sea el tiem po transcurrido desde su elección y en esta hipótesis estam os ante u n gob ern ad or electo. Sin em bargo, la red acción de referen cia no se com padece con -el título de la norm a que se vin cu la a vacan cia defin itiva de la gobern ación y la vacan cia definitiva de la gobern ación se produce por im pedim en to del gobern ador en ejercicio de funciones y adem ás, la n orm a refiere a la elección de m iem bro de la J u n ta D epartam en tal para com pletar el período y en la hipótesis de vacan cia antes de asum ir no se ha iniciado el período constitucional. d. Intendente electo. Este caso hipotético tam poco se halla previsto en la n orm ativa con stitu cion al y legal, por lo que en aplicación del principio republicano, tam bién debe convocarse a u n a nu eva elección.

4.4.1.3. Vacancia durante el ejercicio del cargo a. Presidente de la República. Conform e con la disposición I

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c o n te n id a en el A rt. 234 de la C o n s titu c ió n d e b e rá ser reem plazado por el V icepresiden te de la República. b. Vicepresidente de la República. E l Art. 234 de la Constitución prevé dos hipótesis: 1) V acancia definitiva durante los tres prim eros años del período constitucional, se convocará a elecciones para cubrirla, 2) V acan cia durante los dos últim os años del p eríodo con stitu cion al, el C ongreso, por m ayoría absolu ta de sus m iem bros, designará quien d eba desem peñar el cargo por el resto del período. La d esignación podrá recaer sobre cu alqu ier ciudadano que cu m pla con los requisitos de la capacidad electoral pasiva. c. Gobernador. En el caso de vacancia producida en el cargo de gob ern ad or departam ental, el Art. 13 de la Ley 426/94 y el Art. 154 del C ódigo E lectoral estab lecen las hipótesis siguientes:

- Temporal: en la que es reem plazado por el Presidente de la J u n ta D epartam ental, conform e dispone el Art. 13 de la Ley 426/94. - D efinitiva: E n el s u p u e s to de v a c a n c ia d e fin itiv a cu alqu iera sea el tiem po transcu rrido desde su elección, la J u n ta D epartam ental, por m ayoría absoluta, elegirá de entre ellos al m iem bro que cu m plirá las funciones de gobern ador hasta com pletar el período respectivo. E sta solución se halla prevista en el Art. 154 del C ódigo E lectoral, a partir de su m odificación por ley Nro. 1975/02, que altera la solución que tiene previsto el Art. 13 de la Ley 426/94.

- Vacancia por destitución: La vacan cia que se produce por destitución del gobernador se llena con u n a elección de un gob ern ad or p ara concluir el período constitucional, conform e dispone el Art. 154 del C ódigo Electoral. • d. Intendente: E n el caso de v a c a n c ia en el cargo de inten den te m unicipal, la n orm ativa electoral tiene previstas dos hipótesis:

- Vacancia por ausencia injustiñcada por más de treinta

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días, renuncia, inhabilitación o muerte: E l Art. 255 del C ódigo Electoral, dispone que en estos supuestos, la Ju n ta M unicipal elegirá de entre sus m iem bros al nuevo Intendente c u a lq u iera sea el tiem p o qu e h a ya transcurrido, d esd e la elección. La expresión correcta hu biera sido desde la asunción del cargo, porqu e se ejerce el cargo de Intendente recién desde la posesión del cargo.

- Vacancia por destitución: En este supuesto, el Art. 154 del C ódigo E lectoral dispone que se con vocará a elecciones para elegir al Intendente que com p letará el período respectivo. 4.4.2. Vacancia para cargos pluripersonales 4.4.2.1. Vacancia antes de las elecciones E s ta c irc u n s ta n c ia tá c tic a n o se h a lla p re v is ta en la legisla ció n electoral, p or lo qu e d ebe c on sid era rse que la v a c a n c ia d e b e ser lle n a d a p o r las re g la s d e l E s ta tu to y conform e con el resultado de las elecciones internas.

4.4.2.2. Vacancia de candidatura electa E l Art. 161 d e l C ó d ig o E le c to ra l d is p o n e qu e en esta circu n stancia que el candidato que d eja vacante la lista antes de su incorporación será sustituido por aquél que en la lista de titulares de su partido, m ovim ien to o alianza, lo siga en el orden respectivo. E n relación al acto de in corp oración del candidato electo p ara el ejercicio del cargo dentro del órgan o colegiado, se p e rc ib e dos m o d a lid a d es, la p rim e ra es la in c o rp o ra c ió n por m edio del acto de ju ra m en to ante el órgano colegiado y la segunda la in corporación tácita que ocurre, por ejem plo, cuando el órgano colegiado le concede perm iso al m iem bro electo por razones ju stificad as, tal com o surge del precedente dictado por el Tribu n al S u perior de J u sticia E lectoral en el expediente “Teresita G im énez de Dávalos c/ W ilfredo M etzinger y otros s/ N u lid ad de R esolu ción Nro. 91/2005, R eposición al cargo por pérdida de in vestid u ra” , en Acuerdo y Sentencia Nro. 5/2006 de fech a 25 de m ayo de 2006.

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El prim er supuesto de in corp oración por m edio del acto form al del ju ra m en to es la que coin cide con la disposición del Art. 188, prim er párrafo de la C onstitución que dispone “En el acto de in corp oración a las C ám aras, los Senadores y D iputados p restarán ju ra m en to o p rom esa de desem peñarse d eb id am en te >en el cargo y de ob rar con form e con lo que prescribe esta C on stitu ción ” .

4.4.2.3. Vacancia durante el ejercicio del cargo En el caso de un m iem bro de órgano colegiado ya incorporado al m ism o, será sustituido p or el suplente que en la lista de su partido o m ovim iento, figu re en el orden de prelación. El m ism o sistem a regirá para las alianzas electorales, salvo que las partes h ayan acordado otro diferente (Art. 163). L a c u e s tió n re fe r id a a la in te g ra c ió n d e su p le n te s en u n a alianza electoral fue objeto de litigio por m edio de una acción de am paro que fue resu elta en am bas instancias de la ju s tic ia electoral en el expedien te caratulado “ CAR LO S M ARÍA LJU B E TIC Y E L P.R.F. s/ A M P A R O ” . L o s a n te c e d e n te s d e l p r e s e n te a m p a ro , q u e r e s u lta op ortu n o para la m ejor com p ren sió n del litigio p resen tado an te la J u sticia E lectoral es la con fo rm ación de la A lian za E le cto ra l E n cu en tro N a c io n a l qu e p resen tó c a n d id a tu ra s p ara los cargos n a cion ales en las eleccion es de 1993, entre e l M o v im ie n to P o lític o E n c u e n tro N a c io n a l y e l P a rtid o R e v o lu c io n a rio F e b re ris ta . E l re s u lta d o e le c to r a l fa c ilitó la in c o rp o ra c ió n a u n a de las b an cas de la C á m a ra de D ip u ta d o s , d e l D r. E u c lid e s A c e v e d o d e l P .R .F ., q u ie n d u ra n te su m a n d a to p id ió p erm iso p a ra o c u p a r el cargo de E m b aja d or del P a ra gu a y an te el G ob iern o Español. La C ám ara de D ip u tad os por R eso lu ción d esign ó p ara ocu p ar d ich o cargo al p rim er su p len te de la Alian za, F ern an d o Kurz, del M ovim ien to E n cu en tro N acional. E l a cto r C A R L O S M A R ÍA L JU B E T IC , p rim e r can d id ato suplente del P artid o R evolu cion ario F ebrerista, reclam ó la b a n ca d e ja d a p o r el m iem b ro de su P artid o. E n p rim era Instancia, el Tribunal Electoral de la Capital rechazó el amparo,

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por A cu erdo y Sen tencia Nro. 13 del 28 de m ayo de 1995, fundado en los supuestos siguientes: 1) Que los candidatos propu estos por u n a alianza, son votados com o integrantes de esa alian za y no específicam en te com o afiliados a los partidos o m ovim ien tos aliados. De eso se desprende tam bién que la lista prop u esta p or la alianza, debe ser resp etad a en el m ism o orden en que fue votada. No podem os desconocer la volu n tad del elector. T al es así que nu estro C ódigo E lectoral establece el sistem a de listas cerrada y bloqu eada (Arts. 273, I o y 243, I o). E so sign ifica que la volu n tad del elector se m anifiesta e x c lu s iv a m en te d en tro de u n s istem a en c u y a v irtu d no se puede alterar el orden de “colocación ” de los titu lares y suplentes. 2) Que con form e con el sistem a de lista cerrada y bloqu eada establecido por el Código E lectoral y siendo dicha lista la expresión de la volu n tad del cuerpo electoral, debe ser respetada, 3) Q ue en el acuerdo de alian za debe establecerse la form a de distribu ción de los cargos que en el caso de autos, no se h a acreditado. El Su perior T rib u n al Electoral, por Acuerdo y Sentencia Nro. 2, de fecha 6 de noviem bre de 1995, hizo lugar al recurso de a p elación d ed u cid o y m od ificó el A cu erd o y S en ten cia recurrido y estableció que la banca dejada tem poralm ente por el D iputado Euclides Acevedo, debe ser ocupada por el Señor CARLO S M ARIA LJUBETIC. Los fundam entos de la resolución se sintetizan en los puntos siguientes: 1) Que el principio general establecido en el Art. 167 del C.E. es el de que los suplentes que sean llam ados a ocupar banca de organism os pluripersonales de elección popular, d eben perten ecer al m ism o p artido o m ovim iento político que el m iem bro que h a dejado la banca. La ap licación de u n p rin cipio d iferen te d ebe ser ad m itid a expresam ente por el texto legal, cosa que no se d a en el caso de autos; 2) En caso de dudas, el Art. 4 del C ódigo E lectoral textu alm en te expresa “En caso de duda en la interpretación de este C ódigo se estará siem pre a lo que sea m ás favorable a la valid ez del voto, a la vigen cia del régim en dem ocrático, rep resen ta tivo y p lu ra lista , en el cu al está in sp ira d o y a asegu rar la exp resión de la au tén tica volu n tad p op u la r” y

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tod a alian za electoral tien e por ob jetivo la d istrib u ción de las bancas entre cad a n u cleación política com ponen te de la coalición; 3) Q ue las bancas se adjudican a los partidos y no a los candidatos, es de lógica ju ríd ica, que cuando se produce u n a vacan cia debe cubrirla el suplente del m ism o partido del titu lar porque no tendría sentido u n a alianza, cubrien do la vacan cia con el suplente de otro partido. La decisión en m ayoría del S u perior Tribun al de Ju sticia e x p res a d a en la sen te n c ia p reced en te, es m ás c o h eren te con el ob jetivo de las alian zas electorales que con siste en que cad a partido que la in tegra para acceder a los cargos de rep resen tación p opu lar y en caso de vacan cia dejada por el titu lar de u n partido que la in tegra sea reem p lazad a por el suplente que perten ece al m ism o partido. T am b ién aun en la hipótesis de que el Art. 167 del Código E lectoral no se refiera al orden de sucesión en las alianzas electorales, el prin cipio gen eral es que el suplente del m ism o partido debe reem plazar al titu lar que d eja la vacancia. Este sistem a de sustitución por el suplente electo, puede afectar la volu n tad popular en el supuesto de que el núm ero de su plentes no coin cid a con el nú m ero de titu lares y un determ inado partido o m ovim ien to político h aya accedido al cargo represen tativo en los últim os lugares porque en este caso no tendría suplentes que lo sustituya. E ste caso hipotético puede presentarse en la sustitución que p u ed a darse en el Senado que tiene u n a com posición de 45 titu lares y 30 suplentes, conform e dispone el Art. 233 de la C onstitución. E sta situación con tra ria a la volu n tad p opu lar puede presentarse cuando un determ inado partido o m ovim ien to político h aya accedido a lugares .superiores a los treinta prim eros, porque no tendría suplente electo. En la hipótesis de que renunciara u n Senador ubicado en el nú m ero 45 no tendría suplente de su partido que lo sustituya, con lo cual se tendría que otorgar el cargo a represen tante de otro partido o m ovim ien to con lo cu al se afecta la volu n tad

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del electorado que había conferido la rep resen tación a otra entidad política.

4.4.2.4. Vacancia por retiro definitivo en bloque o bancada de partido, movimiento o alianza El Art: 164 del C ódigo E lectoral tiene previsto el sistem a de sustitución en caso de producirse la vacan cia por retiro d e fin itiv o d e l b lo q u e o b a n c a d a de u n o de los p a rtid o s, m ovim ien tos políticos o alianza, en los térm inos siguientes: 1. En p rim er lugar, se con vocará a los su plen tes de la m ism a bancada. 2. E n s e g u n d o lu g a r , s i lo s s u p le n t e s se n e g a r e n a in c o r p o r a r s e , se d is t r ib u ir á n la s b a n c a s e n tr e lo s candidatos suplentes m ás votados en las listas de las otras asociacion es p olíticas y en la p rop orción corresp on dien te. Igual procedim iento se seguirá en los casos de vacan cia de C onvencionales C onstituyen tes, de m iem bros de las Jun tas D epartam en tales y M unicipales. E ste s e g u n d o p ro c e d im ie n to , al in d ic a r la le y qu e se d istribu irá en la proporción correspondiente, im plica que será ap licad a la regla d istrib u tiva proporcional ideada por Víctor D ’Hondt.

4.5. Tachas e impugnaciones de candidaturas Las ta c h a s y las im p u g n a c io n e s de las c a n d id a tu ra s c o n s titu y e n v ía s p a ra re c la m a r c o n tra los d e fe c to s que p re s e n ta n las c a n d id a tu ra s in s c rip ta s que p u e d en ten er v in c u la c ió n con la ca p a c id a d ele cto ra l de los ca n d id a to s in s c r ip t o s o s im p le m e n t e e n d e fe c t o s fo r m a le s de la presentación de los m ism os. Las tachas de candidatos es el m edio para reclam ar a la autoridad com petente con tra vicios que afectan los requisitos de elegibilidad del candidato inscripto; es decir, en la hipótesis de que el candidato se halle afectado por incu m plim ien to de uno de los requisitos para el ejercicio de la capacidad electoral

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pasiva. Ejem plo. H allarse con suspensión de la ciudadanía; no tener la edad requerida para el cargo a que se postula; hallarse inh abilitado para ejercer la capacidad electoral p asiva por las circu n stancias person ales que establece la ley, tales com o el carácter de m ilitar o agente policial, el ejercicio de actividades profesionales que los in h ab ilita o el supuesto de no haber sido p ostu lado por partidos, m ovim ientos políticos o alianzas electorales, entre otros pu eden ser objeto de tacha. Las im pu gn aciones con stituyen los m edios para reclam ar c o n tr a lo s d e fe c to s fo r m a le s d e la p r e s e n ta c ió n d e la candidatu ra. Ejem plo: Presentación de la candidatu ra sin la firm a del postulado, la p resentación fu era del plazo previsto en la ley, entre otros pueden ser im pugnados. Es decir, se con sid era a la tach a de can d id atu ra com o m edio p ara reclam ar con tra las condiciones personales del candidato que afectan su capacidad electoral pasiva y a las im p u g n a c io n e s com o m ed io p a ra c u e s tio n a r los d efectos form ales de presentación de las candidaturas. La distinción entre am bos m edios de reclam ación con tra las candidatu ras inscriptas, se h alla d efin ida en el objeto de los m ism os, establecidos en el Art. 165 del C ódigo E lectoral que dispone al respecto “ ...Los partidos, m ovim ientos políticos y alian zas p u ed en tach ar a u n can d id ato por carecer del derecho al sufragio pasivo o im pu gn ar los procedim ientos de su in scripción ante la J u sticia E lectoral” .

4.5.1. Plazo para tachar o impugnar las candidaturas E l Art. 165 del C ódigo E lectoral dispone que las tachas e im p u g n a c io n e s d e b e rá n p re s e n ta rs e d e n tro d e l p la zo estab lecid o en el Art. 159 y el artícu lo referido, a su vez dispone que “R ecibida la presentación de candidaturas, se dará con stancia de la recepción de la docum entación y, todas ellas, se pondrán de m anifiesto en Secretaría, por el térm ino de cinco días corridos, a los efectos de las tachas e im pu gn acion es” . Es decir, el p lazo para dedu cir las tachas e im pu gn aciones es de cinco días corridos, desde la fech a en que las docum entaciones se pon en de m anifiesto en Secretaría.

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4.5.2. Órgano competente E l órgano com peten te para recib ir y resolver las tachas e im pu gn aciones es la J u sticia E lectoral y con especificidad, el T rib u n al E lectoral de la C apital para las candidaturas para los cargos nacionales y departam entales y los Juzgados Electorales para los cargos de Intendente M unicipal y M iem bros de las Ju n tas M unicipales.

4.5.3. Sujetos legitimados L o s s u je to s le g it im a d o s p a r a d e d u c ir la s ta c h a s e im pu gn aciones, con form e con el Art. 165 del C ódigo E lectoral son los sigu ien te s : 1) P a rtid o s P o lític o s, 2) M o vim ien to s políticos, 3) A lianzas E lectorales y 4) C oncertación Electoral. Es im portante señalar, que la norm ativa electoral vigente, al lim itar la legitim ación para efectuar las tachas e im pugnaciones solam ente a los cuatro sujetos colectivos del proceso electoral, excluye en form a inju stificada a los electores. En la legislación b rasileñ a adm ite que cu alqu ier elector p u ed a form u lar las tachas e im pu gn aciones de candidaturas.

4.5.4. Causales de tachas e impugnaciones Las causales por las que se puede tach ar a los candidatos son las siguientes: 1. Por carecer el candidato del derecho al sufragio pasivo (Art. 165). 2. P or h a b er p articip a d o el can d id ato en las elecciones internas de otros partidos políticos o haberse propuesto com o candidato de otro m ovim iento político a cualquier cargo electivo nacional, departam ental o m unicipal (Art. 166). 3. E l candidato independiente que h aya participado com o p ostu lante en elecciones partidarias con cernientes al cargo en cu estión (Art. 85 inciso a). 4. E l candidato independiente que haya integrado cargos directivos en los partidos políticos en los ú ltim os dos años (Art. 85 inciso b).

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Las causales por las que se puede im pugnar el procedim iento de inscripción de candidaturas son las siguientes: 1. Por defectos form ales en el procedim iento de constitución de los m ovim ientos políticos, alianzas electorales o concertación electoral. 2. Por falta de firm a del postulado p ara el cargo o los cargos respectivos. 3. Para la can d id atu ra indep en d ien te por no h aber sido p atrocinado por el nú m ero de electores previstos en el Art. 86 inciso c) del C ódigo Electoral. 4. Para la can d id atu ra independiente que no cu m pla con las form alidades previstas en relación a la con tabilidad de los aportes qu e recibe (Art. 86 inciso d).

4.5.5. Trámites D educidas las tachas e im pu gn aciones se correrá traslado al ap od erad o del partido, m ovim ien to político o alian za en cu estión p or el plazo de tres días. El plazo referido surge de la aplicación del trám ite especial, por expresa disposición del Art. 49 de la Ley 635/95 que reglam en ta la J u sticia Electoral.

Contestación de la tacha o impugnación. El apoderado del partido cuya can d id atu ra o p resentación form al se cuestiona, dentro del plazo de tres días, deberá subsanar el defecto form al o con testar la tach a presentada. Resolución de la Justicia Electoral. El órgano com petente de la J u s tic ia E le cto ra l p u ed e a su m ir dos p o sicion es: 1) C uando se trata de defectos subsanables, al correr traslado de la presen tación deberá indicar al partido, m ovim ien to o alianza cuestionada los defectos subsanables para que proceda a subsanar los defectos dentro del plazo para la con testación del reclam o y de hacerlo proced erá a la oficialización de la can d id atu ra en resolución m otivada y 2) C u ando no se trata de defectos subsanables, dictará resolución dentro del plazo de tres días, hacien do lu gar o rechazando las objeciones.

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5. Las boletas de sufragio Las boletas electorales o boletas de sufragio, en los térm inos del C ódigo E lectoral paragu ayo, se h allan vincu ladas con uno de los prin cipios básicos del sufragio que es el voto secreto. Las b oletas electorales cu m plen u n a serie de funciones dentro del p roceso electoral, siendo las m ás im portantes las siguientes: 1) Es el m edio por el cual el electorado expresa su p referen cia h a cia partidos o candidatura, 2) Es la prueba de la em isión del voto y 3) Es el m edio para la realización del escrutin io o recu en to del voto. L as im p o r ta n te s fu n c io n e s q u e c u m p le n la s b o le ta s e le c to ra le s , to rn a n e c e s a rio , c o n fo rm e con la d o c tr in a 75, in d agar sobre las cu estiones siguientes: ¿qu ién con feccion a las boletas electorales, cu ál es su form a, cóm o se utiliza, y qué con secu en cia tiene sobre el proceso de votación y sobre los resultados políticos? Las variables indicadas preceden tem en te serán objeto de análisis, conform e con la legislación electoral en lo relativo a la regu lación de las boletas del sufragio.

5.1. Concepto Las b oletas e le ctora les c o n stitu y en el in stru m en to p or m ed io d el cu al el v o ta n te exp resa su p re fe re n cia p o lítica y d e sig n a las p erson a s qu e h a b rán de e je rc e r los cargos rep resen tativos. Es u n in stru m en to d ocu m ental que cum ple la función de con stitu ir el m edio de expresión de la volu n tad popular en la d esignación de los cargos de represen tación popular, de la pru eba de la votación e instrum ento para la realización del recu en to de los votos em itidos.

75 C L E M E N T E , A N A C A T A R IN A . L as B o le ta s e le c to ra le s , e n T r a ta d o d e D e re c h o E le c to ra l C o m p a ra d o d e A m é r ic a L a tin a , F o n d o d e C u ltu ra E c o n ó m ic a , M éx ic o, p ág. 5 3 8 , 1998.

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5.2. Tipos de boletas L a t i p o l o g í a d e la s b o le t a s d e v o t a c ió n se p u e d e elaborar con form e con dos criterios básicos: el origen y su fra ccion am ien to. a. Según el origen de las boletas. Pueden ser estatales o partidario. Es estatal cuando el órgano com peten te para su con fección es u n órgano del E stado y es p artidario cuando las boletas son con feccion adas por los partidos habilitados para con cu rrir en las elecciones. b. Según la posibilidad de fraccionamiento. En este caso, existen boletas electorales no fraccionables y fraccionables. En el p rim er caso, el elector sólo puede em itir un solo voto por la lista en que existen candidaturas para los diferentes cargos de represen tación popular en disputa. Es decir, las candidaturas a p re s id e n te de la R e p ú b lica , sen ad ores, d ip u ta d os, etc. constan en u n a sola b oleta electoral sin posibilidad de que el elector p u ed a em itir un voto cruzado. Las boletas electorales fraccionables son aqu ellas en las que las candidatu ras para cad a cargo aparecen en form a separada.

5.3. Las boletas de votación en la normativa electoral En la n o rm a tiv a ele cto ra l, p or lo g en era l, se reg u la n aspectos vin cu lad os a las boletas de votación en lo referente al órgano com peten te para su em isión, las de segu ridad y con trol y, las norm as vincu ladas para otorgar transparencia al acto de votación. El C ódigo E lectoral Paraguayo, regula los aspectos vincu lados a la b oleta de votación en los Arts. 170 al 174, en la form a siguiente:

5.3.1. Órgano competente para su emisión C onform e con el Art. 174 del C ódigo Electoral, el órgano com peten te para la em isión de las boletas de votación es la Ju sticia Electoral. Es decir, la boleta de votación es de origen estatal, conform e con el criterio de clasificación p or su origen, que hem os señalado precedentem ente.

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5.3.2. Forma de las boletas de votación Las b o le ta s d e v o ta c ió n s e rá n fra c c io n a b le s c o n fo rm e con los diferentes cargos a proveer. El Art. 170 dispone al respecto: “H abrá u n solo boletín para el cargo de Presidente y de V icep resid en te de la R epú blica, u n o p ara la C ám ara de Senadores, otro p ara la de D iputados que se in tegrará conform e lo establece el Art. 221 de la C onstitución, u n o p ara C onvencionales C onstituyen tes, uno para G obernador, uno p ara la J u n ta D epartam ental, uno para Intendente M unicipal y uno para la J u n ta M unicipal, respectivam ente, con m ención de los cargos a llenarse y el período corresp on dien te” . Es decir, la n orm ativa electoral paragu aya con sagra las b o le ta s e le c to r a le s fra c c io n a b le s , p u es c o n fo rm e con la existencia de u n a b oleta de votos para cada cargo en dispu ta el elector p od rá realizar el voto cruzado.

5.3.3. Reglas para asegurar la transparencia Son reglas legales que perm iten que las boletas electorales sean claras y de fácil com prensión para el elector, y p u ed a con facilidad id en tificar al partido, m ovim ien to o alian za electoral o candidatu ras entre las cuales puede escoger. A los efectos de facilitar la com prensión del electorado de las opciones electorales en disputa, el Art. 171, establece algunos requisitos form ales de contenido de las boletas de votación, tales com o: Para las candidatu ras pluripersonales: 1. N om bre de cad a partido, m ovim ien to político o alian za electoral. 2. C olor y nú m ero de cad a partido, m ovim ien to político o alian za electoral. Para las candidatu ras p ara cargos u nipersonales. 1. N om bre de cad a partido, m ovim ien to político o alian za electoral. 2. C olor y nú m ero de cad a partido, m ovim ien to político o alian za electoral.

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3. N om bre y la fotografía del rostro de cada candidato. A los efectos, de d eterm in ar el con tenido de vota ció n , el T rib u n a l E le cto ra l c o n vo ca los apoderados de los candidatos en la que la elección de colores y nú m eros respectivos boletas.

de las boletas a a u d ie n c ia a se proced erá a a aplicar a las

E n caso de con flicto , se res o lve rá sin u lte rio r recu rso, tom ando com o criterio de solución del conflicto, para discernir respecto de colores, la cantidad de votos obtenidos para cada nu cleación p olítica nacional, en prim er lu gar y en su caso la an tigü edad de cad a partido o m ovim ien to político en la vid a p olítica nacional. (Art. 172).

5.3.4. Reglas de seguridad de las boletas de votación Las reglas de seguridad de las boletas de votación tienen relación con la posib ilid ad o no de su falsificación y en tal sentido es im portante estab lecer reglas vincu ladas al órgano de aprobación, em isión, distribución en las m esas de votación. Estos supuestos, conform e con nu estra legislación electoral, es com p eten cia del T rib u n al Electoral.

5.3.5. Reglas de control de las boletas E stas reglas se vin cu lan a la seguridad de que las boletas introdu cidas en las urnas electorales sean verdaderas o no y si se garan tiza el secreto del voto. E l m edio p ara asegu rar la au ten ticid ad de la b oleta de votación in trodu cid a en la u rn a electoral previsto en nu estra legislación son las firm as de las autoridades de la m esa (Art. 171) y el con trol de cum plim iento de este requisito qu ed a a cargo de los veedores de m esas de cada partido acreditado ante las respectivas m esas electorales.

5.4. Forma de instrumentación del voto en las urnas electrónicas E n la vota ción por m edio de la u tilización de las urnas electrónicas, el con tenido y la form a de las boletas electorales

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son program adas en el sistem a inform ático que será utilizado en la votación. El elector al accionar la m áquina, para votar por los cargos de carácter unipersonal, debe con ocer el núm ero de la can d id atu ra de su preferen cia y apretar dicho núm ero, con lo cu al aparece en la pantalla, la figu ra del candidato que se postula por dicha num eración y para confirm ar su preferencia, d eberá accion ar la tecla “ sí” . E n las candidatu ras p ara cargos plu ripersonales, tam bién d e b e c o n o c e r la n u m e ra c ió n de las c a n d id a tu ra s de su p referen cia y al accion ar dicha n u m eración aparecerá en la pantalla, el nú m ero, los sím bolos distintivos del partido o m ovim ien to político y la denom inación del cargo. E l elector para con firm ar su preferen cia deberá accion ar la tech a “ sí” .

6. Mesas receptoras de votos 6.1. Concepto Son ó rg a n o s p ú b lic o s tem p o ra les e s ta b le cid o s p a ra la recepción de los votos de los electores y realizar el prim er escrutin io de los votos em itidos.

6.2. Características de las mesas receptoras de votos Las características esenciales de la m esa receptora del voto son las siguientes: a. Es un órgano público. El órgano p úblico es u n centro de com petencias creadas por ley para que el Estado pueda cum plir con determ inadas funciones. C onform e con la defin ición del órgano público referido, es indudable que la M esa R eceptora de V otos, cum ple con todos los requisitos señalados. Es u n órgano creado por ley, en este sentido, su creación e m a n a d a de la le y e le c to r a l, en e l A rt. 175 d e l C ó d ig o Electoral. • E s u n ó r g a n o c r e a d o p a r a c u m p lir d e t e r m in a d a s c o m p e te n c ia s p ú b lic a s , en e ste c a so, la s c o m p e te n c ia s atribuidas a las m esas electorales son la de recibir el voto de

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los electores, cu id ar la correcta em isión de los votos y realizar el p rim er escrutin io de los votos em itidos. P or otra p arte, este c a rá c te r se h a lla reco n ocid o en la n orm ativa electoral al estab lecer que los m iem bros de la m esa recep tora de votos ejercen u n a fu nción pública (Art. 175). b. Es un órgano público temporal. 3orque sus m iem bros ejercen las funciones atribuidas solo el día de las votaciones. E n este d ía ejerce todos los atributos de la autoridad pública que le confiere la legislación electoral vinculados al control de votación, segu ridad e in clu so funciones adm inistrativas vin cu lad as a la m ateria electoral. c. Es un órgano jerarquizado. Porque entre los m iem bros se establece u n a estru ctu ra je rá rq u ica al ser sorteado entre los com ponen tes u n p residente y dos vocales. d. Es un órgano independiente. La ley electoral dispone que los m iem bros de m esa recep tora de votos actuarán con entera independencia de toda autoridad y no obedecerán orden algu n a que im pid a el ejercicio de sus funciones. (Art. 175).

6.3. Importancia de las funciones asignadas Las funciones que se les asignan a las m esas receptoras de votos con tribu yen a la legitim ación del proceso electoral por los siguientes m otivos, con form e con el criterio expuesto en la d octrin a76: 1) es u n m edio de vigilan cia de las condiciones del su fragio, 2) m ed io p a ra g a ra n tiza r la tra n s p a re n c ia y credibilidad del proceso dem ocrático, y 3) m edio de control con tra el fraude electoral. a. Función de vigilancia. Los m iem b ros de las m esas electorales ejercen u n a función de vigilan cia sobre el ejercicio de la capacidad electoral activa de los ciudadanos qúienes se presen tan ante ella p ara em itir su voto y en tal sentido, debe p erm itir que el elector que figu ra en el padrón electoral que 76 S O T T O L I, S U S A N A . L a s M e s a s E le c to ra le s , en T ra ta d o d e D e re c h o E le c to ra l C o m ­ p a ra d o d e A m é ric a L a tin a , F o n d o d e C u ltu r a E c o n ó m ic a , M éx ic o , p á gs . 5 1 9 / 5 2 0 , 1998.

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cu en ta con la cédu la de id en tid ad em ita su voto y en sentido contrario, si el elector no figu ra en el padrón de la m esa o no tiene la cédula de identidad no debe votar, salvo los apoderados y veedores debidam ente acreditados (Art. 186 inciso a y b) que pu eden figu rar en otro distrito electoral. b. Función de garantizar la transparencia y credibilidad. L as n o rm a s te n d ie n t e s a a s e g u r a r la tr a n s p a r e n c ia y c re d ib ilid a d d el p ro c es o ele cto ra l, en n u es tra le g is la c ió n se regulan com o obligaciones de los m iem bros de m esas y disponen las siguientes obligacion es que se vinculan a esta función: 1. La obligación de exh ibir sus credenciales. 2. L a o b lig a c ió n de c o m p ro b a r la a u te n tic id a d de las credenciales de los veedores de los partidos, m ovim ientos o alianzas electorales. 3. D ocu m en tar la apertura de la m esa electoral. 4. C olocar in d icad ores referen tes al nú m ero de m esa y exh ib ir las b oletas de votacion es en lu gares visibles, para ayu dar a la ráp id a y correcta em isión de los votos. 5. V erificar si el recinto de votación reú ne las condiciones de seguridad y garan tía p ara la em isión del voto. c. Función de control contra el fraude. E ntre las m edidas norm ativas tendientes a evitar el fraude electoral, se atribuye a los m iem bros de m esa las siguientes atribuciones: 1. A d m itir el voto de las personas habilitadas en el padrón e le c to ra l e id e n tific a d a s p o r el d o c u m e n to re s p e c tiv o y rech azar los de las person as qu ien es no cu m plen con los requisitos referidos. 2. M arcar con tinta indeleble el dedo del elector que ha em itido su voto. 3. Evitar que los veedores o los electores puedan realizar actividades propagandísticas dentro del recinto de la votación.

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6.4. Composición de la Mesa Electoral C onform e con el Art. 176 del C ódigo E lectoral, la m esa electoral se com pone de un p residente y dos vocales y para ser m iem bro de m esa la person a debe reu nir los requisitos siguientes: 1. Ser elector y resid ir en el distrito electoral. 2. Saber leer y escribir. 3. Ser de n otoria bu en a conducta. 4. No ser candidato en esa elección.

6.5. Forma de designación de los miembros de mesa C on fo rm e con la d is p o s ició n co n te n id a en el Art. 177, las reglas de design ación de los m iem bros de m esa son las siguientes: 1. Prop u esta de candidatos a in tegrar las m esas por parte de los partidos políticos con m ayor nú m ero de bancas en el con greso. E ste su pu esto fáctico, a p aren tem en te exclu ye a los partidos políticos que tienen escaso nú m ero de bancas, c irc u n s ta n c ia qu e no se co m p a d ec e con el criterio de la igu aldad para el ejercicio de funciones tan im portantes dentro del p roceso electora l y adem ás exclu ye a los m ovim ien tos políticos. El criterio del respeto al prin cipio de igu aldad es que todas las candidaturas participantes se hallen habilitadas para p resen tar los candidatos p ara la integración de la m esa. El T rib u n al E lectoral de C aaguazú y San Pedro, en el expediente:

“Presentación, designación, acreditación de miembros de mesa receptora de votos en el distrito de Cecilio Báez”, acogien d o los p rin cipios de la d em ocracia p articipativa, la igu ald ad y la im pa rcialid ad de los órgan os- electorales, ha concedido el derecho a u n m ovim iento político local a participar en la integración de la m esa de votación, por A.I. Nro. 13 de fecha 5 de noviem bre de 2001, en la que expresa: “El art. 177 de C.E. dispone que la m esa recep tora de votos estará integrada con represen tantes de Partidos Políticos con represen tación

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parlam entaria. E sta disposición es inaplicable al caso concreto, porque los m ovim ien tos políticos locales con form ados para la elección de inten den tes y ju n ta s m u nicipales (que no podrían ten er dicha rep resen tación p arlam en taria por la finalidad de estos m ovim ien tos políticos) tienen u n interés legítim o y un derecho que concede el citado artículo, habida cu en ta que al p resen ta r can d id atos p a ra in tegrar las m esas recep toras de votos, en tiem po op ortu n o (fs. 39) y a no se d a el p resu p u esto exigid o p or la Ley de “in su ficien cia de ca n d id a to s ” , por lo qu e corresp on d e ap licar el otro su pu esto, “los in tegran tes de m esas que faltaren serán sorteados entre los candidatos p rop u estos por los dem ás p artidos o m ovim ien tos políticos p a rtic ip a n te s en las e le c c io n e s c o n v o c a d a s a fin de d ar ig u a ld a d y tra n s p a re n c ia con el co n tro l recíp roco que no cau sa agravio a los p articip a n tes y con trib u ye a la equ id ad en la in te g r a c ió n de las m esas re c e p to ra s de v oto s. P or otra parte, los p rin cip io s in sp irad ores del p roceso electoral p aragu ayo son la igu a ld a d y p articip a ció n de los partidos y m ovim ien tos p olíticos y la im p a rcialid ad de los órganos electorales com o las m esas recep toras de votos, p or lo que otorgar la participación en la integración de la m esa receptora de votos a los m ovim ien tos p olíticos locales con stituye acto de a firm ació n de los p rin cip ios rectores del p roceso electoral... Por con sigu ien te, con form e a los p rin cip ios rectores de la d e m o c ra c ia p a r tic ip a tiv a (art. 1 C .N .), la ig u a ld a d de la p articip a ció n p o lític a (art. 47,2 C.N.) y la im p a rcialid ad de los órgan os electora les (Art. 5, C .E .) corresp on d e revoca r la reso lu ción cu estion a d a y ord en ar la rea liza ción de u n a n u eva a u d ien cia de d esign a ción de los in tegran tes de m esa recep tora de v oto s con la p articip a ción de los can d id atos del m ovim ien to rec u rren te ” . 2. S o r t e o e n t r e lo s c a n d id a t o s p r o p u e s t o s p a r a la in te g ra c ió n de la m esa. Si existe la ca n tid a d n e c e s a ria de c a n d id a to s p a ra la in te g ra c ió n de la m es a se p ro c e d e rá d ire c ta m e n te al sorteo y si la c a n tid a d fu ere in su ficien te, serán sortead os en tre los can d id atos p or los dem ás p artid os (se e n tie n d e p a rtid o sin re p re s e n ta c ió n p a rla m e n ta ria ) y m o vim ien to s p olítico s.

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E l sorteo será realizado p or el J u ez electoral, bajo el control de los apoderados de los candidatos y la m esa no podrá ser in tegrad a por dos represen tantes de u n m ism o partido. Practicado el sorteo m encionado el Ju ez electoral debe dictar resolu ción de n om bram ien to de los designados, a m ás tardar quince días antes de las elecciones.

6.6. Obligatoriedad de la integración de la mesa y causales de excusación El Art. 180 del C ódigo E lectoral establece que el ejercicio del cargo de m iem bro de la m esa recep tora de votos es obligatorio e irre n u n c ia b le y solo p o d rá n a d m itirs e las c a u sa les de excusación siguientes: 1. G rave im pedim en to físico com probado. 2. N ecesidad de ausentarse de la R epú b lica por el tiem po en que deba d esem peñ arse el cargo. 3. T en er m ás de sesen ta y c in c o años de edad. 4. No estar en el ejercicio de los derechos ciudadanos.

6.7. Funciones de las mesas electorales Las funciones generales de la m esa receptora de votos se pu ed en sintetizar en los sigu ientes supuestos: 1) garantizar el ejercicio del sufragio a aqu ellos ciudadanos facultados y habilitados p ara ello, 2) garan tizar el procedim iento para la correcta em isión del voto, y 3) garan tizar la transparencia y au ten ticidad del prim er escrutin io realizado al finalizar la jo m a d a de votación. Las funciones específicas asignadas por la n o rm a tiva electoral tien d en a asegu rar estas funciones generales, algunas de carácter positivo y otros negativos, que son los siguientes:

Funciones positivas 1. R ecibir el voto de las personas que figu ran en el padrón electora] y cuentan con la cédu la de identidad, y la de rechazar

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el voto de las personas que no cu m plan con estos requisitos (Art. 186 inciso a y b). 2. E xh ibir sus credenciales. 3. C o m p ro b a r la a u te n tic id a d de las c re d e n c ia le s de veed o res de los partidos, m ovim ien tos p olíticos y alian zas electorales. 4. In stalar las m esas electorales. 5. E lab orar y firm ar acta de ap ertu ra de la votación, en la que deben constar los datos siguientes: N úm ero de m esa, asiento electoral, lugar, fech a y hora del fu ncionam iento de la m esa, nom bre y apellido de los m iem bros presentes, de los veedores de los partidos, m ovim ien tos políticos y alianzas. 6. C olocar en lugar visible u n o o m ás carteles que lleven im p re s o el n ú m ero de m es a de su fra gio , p a ra su rá p id a u b ic a c ió n , a s í com o c a r te le s con los n o m b re s de to d o s los c a n d id a to s p a ra c a rg o s , ta n to u n ip e r s o n a le s c o m o p luripersonales, en igu al cantidad, separados por partidos, m ovim ien tos políticos y alianzas. 7. V erificar si el recinto reservado reú ne las condiciones de segu rid ad y garan tía p ara que el elector em ita su voto debidam ente. 8. D ecidir en el acto todas las reclam aciones, consultas y dudas que se susciten, m anten er el orden en el recinto del sufragio. 9. V ig ila r q u e los v o ta n te s d e p o s ite n sus re s p e c tiv o s boletin es en la u rn a correspondiente. 10. M arcar con tinta indeleble el dedo índice de la m ano derecha del elector, en la form a estab lecid a en el Art. 212 del C ódigo Electoral. 11. Hacer constar en las actas correspondientes las protestas de los apoderados o veedores de los partidos, m ovim ientos y alianzas. 12. R ealizar el escrutinio de los votos dentro del recinto electoral.

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Funciones negativas 1. R ech azar el voto de las personas que no cu m plan con los requisitos de figu rar en el padrón electoral y no cu enten con la cédu la de identidad. 2. E x p u ls a r, sin p e rju ic io de las s a n c io n e s de la ley, toda p erson a en estado de ebriedad, que porte arm as o que p reten da destru ir m aterial electoral, coaccionar, sobornar a los sufragantes, faltar al resp eto a los m iem bros de la m esa o que realice cu alqu ier acto o hecho que viole la libertad, p u reza y garan tía del sufragio. 3. No consentir la realización de propaganda electoral dentro del recin to electoral. 4. No influ ir de algu n a m an era en la volu n tad del elector. 5. No realizar el escru tin io fu era del recinto electoral.

6.8. Lugares de instalación de las mesas electorales Para la in stalación de las m esas receptoras de votos en los distintos lugares dentro d el distrito electoral se establece u n p ro ced im ien to ad m in istrativo electoral que im p lica las siguientes etapas: 1. Prop u esta de locales de votación. El órgano habilitado p ara la p rop osición de los locales de votación, con form e con el Art. 179 del C ódigo E lectoral, es la Ju n ta Cívica. E ste órgano, c o n ju n ta m e n te c o n la p ro p u e s ta de ca n d id a to s p a ra los integrantes de m esas receptoras de votos, deberán proponer los locales donde se in stalarán las m esas receptoras de votos. 2. A p rob ación de los lugares de votación. Los Ju zgados E lectorales resp ectivos; es decir, los Ju zgad o s que tien en com p eten cia territo rial en los distritos electorales, son los órganos habilitados p ara ap rob ar los lugares en que habrán de in stalarse las m esas receptoras de votos (Art. 178). Para la in stalación de las m esas receptoras de votos, serán u tilizados preferen tem en te los asientos de oficinas o servicios del E stado o las m unicipalidades.

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3. N otificación de los lugares de instalación de las mesas. La resolu ción por la que se aprueban los lugares de instalación de las m esas receptoras d eberá ser n otificad a a los m iem bros in teg ra n te s de la m esa, p o r lo m en os, con och o d ías de an telación a la fech a de los com icios.

6.9. Apoderados y veedores Los Apod erad os y V eedores son los represen tantes de los p artid os, m ovim ien tos p olítico s o alian zas electorales que ejercen la fu n ció n de p resen cia r y fisca liza r los actos del proceso electoral. Los apoderados y veedores cum plen funciones de garantizar la transparencia del proceso electoral a favor del candidato a quien rep resen ta en las actividades electorales vin cu lad as a la preparación de la jo rn a d a electoral, durante la jo rn a d a de votación y escrutin io de los resultados electorales. E l C ó d ig o E le c t o r a l P a r a g u a y o t ie n e p r e v is t o d o s representantes de los partidos, m ovim ientos políticos o alianzas electorales para el ejercicio d e l control de las actividades que se realizan dentro del proceso electoral, con las denom inaciones de apoderados y veedores.

6.9.1. Los apoderados S on las p e rs o n a s d e s ig n a d a s y a u to riz a d a s p o r c a d a can d id atu ra para ejercer la rep resen tación de la m ism a en los actos y operaciones electorales.

6.9.1.1. Procedimiento de designación de los apoderados La designación de los apodei ados deberá realizarse conform e con las form alidades establecidas en el C ódigo Electoral, que son las siguientes: a. Forma de designación. En cuan to al docu m en to en que se debe exteriorizar la d esignación de los apoderados de los partidos, m ovim ientos políticos o alianzas electorales que presentan candidatu ras p ara las elecciones en las que los designados habrán de ejercer la represen tación , existen dos

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m odalidades: 1) D esign ación en u n d ocu m ento au tenticado ante el J u zga d o E lectoral respectivo, con form e con el Art. 187 del C ódigo E lectoral y 2) La designación por escritu ra p ú b lica otorgad a por las autoridades inscriptas en el Registro de partidos, m ovim ien tos políticos y alianzas electorales. (Art. 40 de la Ley 635/95). La d esign a ció n p or m ed io de docu m en tos au ten ticad os c o n stitu y e in stru m en to su fic ien te p a ra que el ap od erad o p u ed a ejercer todos los actos de con trol de las diferentes actividades electorales y la m odalidad de la escritu ra pú b lica com o instrum ento de designación, adem ás, de habilitar para el ejercicio de las actividades de control, tam bién acredita la p erson ería para actu ar ante los órganos ju d iciales electorales en el proceso ju risd iccion al electoral. b. Aceptación de la designación. L a a c e p ta c ió n de la d esig n a ció n del ap od erad o p or el J u zg a d o E lectora l se op era con la e xp ed ició n de la au ten tica ción y en trega de los d ocu m entos al otorgan te dentro del plazo de tres días de su presentación. En caso de que el Ju zgad o no entregue los d ocu m entos au ten ticad os (aceptación), la acep tación o autenticación, en los térm inos del C ódigo Electoral, se opera de pleno derecho.

6.9.1.2. Tipos de apoderados C onform e con el Art. 187 del C ódigo Electoral, se puede deducir la existencia de cuatro tipos de apoderados: Apoderado nacional, apoderado departam ental, distrital y del local de votación. a. Apoderado nacional. Es la person a d esign ada por cada c a n d id a tu ra p a ra e je rc e r su rep re se n ta c ió n en todos los actos y operaciones electorales. Es el apoderado que tiene la legitim ación para actuar en nom bre de la candidatu ra que lo ha designado en el proceso electoral. b. Apoderado departamental. L a n o rm a tiv a tiene previsto el derecho de las candidatu ras para a a p od era d os d ep a rta m e n ta le s, que su p on e qu e efectos de ejercer su rep resen tación ante el colegio

e le c to ra l designar es a los electoral

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departam ental. Ejem plo: para las elecciones de las autoridades d ep a rta m en tales. c. Apoderado distrital. Es la p erso n a d esig n a d a p a ra ejercer la representación de la candidatura dentro del distrito o colegio electoral. Ejem plo para las elecciones de las autoridades m unicipales. d. Apoderado del local de votación. Es el representante de las candidatu ras ante cada local de votación p ara el ejercicio de las actividades de con trol durante la jo rn a d a electoral y p odrán ser habilitados dos titulares y dos suplentes por cada candidatura.

6.9.1.3. Funciones de los apoderados Las funciones de los apoderados, conform e con la norm ativa electoral son las siguientes: 1. E jercer la represen tación de la candidatu ra en los litigios electorales en el proceso electoral ju risdiccion al, conform e con las reglas establecidas en la ley reglam entaria de la Ju sticia Electoral. 2. E xam in ar el desarrollo de las operaciones de votación y escrutinio en cada local de votación. 3. Form u lar las reclam acion es correspon dien tes ante las autoridades electorales para preservar la corrección y lim pieza del proceso electoral. 4. Recibir las certificaciones previstas en el Código Electoral.

6.9.2. Los veedores Son las personas designadas por cada candidatu ra para ejercer su rep resen tación ante las m esas receptoras de votos. C a d a ca n d id a tu ra p od rá d e sig n a r u n v e ed o r titu la r y u n suplente ante cada m esa recep tora de votos.

6.9.2.1. Procedimiento de designación Las fases del procedim iento de la designación de los veedores son las siguientes: a. Presentación de la nómina de los veedores ante la

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Junta Cívica, con una antelación de por lo menos diez días de las elecciones. La presentación d eberá con tener la indicación del nú m ero de orden en el padrón electoral de cada uno de los propuestos. ' b. Verificación de la propuesta de veedor. La Ju n ta Cívica deberá verificar la calidad de elector de los veedores propuestos dentro de cinco días de su p resentación y expedir al veedor el docum ento habilitante. En caso de no hacerlo en el plazo señalado la verificación qu edará operada de pleno derecho y válidos los veedores propuestos. c. Expedición de documento habilitante. V erificad a la calidad de elector del ciudadan o propuesto com o veed o r u operada la verificación ficta por el transcurso del plazo de cinco días, la J u n ta C ívica d eberá expedir el docum ento habilitante de la calidad de veedor, que deberá con tener los siguientes datos: 1. N om bre y A p ellid o del veedor. 2. N úm ero de C édula de Identidad. 3. N úm ero de orden en el Padrón Electoral. 4. N ú m ero de M esa E lectoral en que cu m plirá su función. 5. F ech a de expedición. 6. F irm a del Presidente de la Ju n ta Cívica. 6.9.2.2. Funciones de los veedores Las fu n c io n e s d e lo s v e e d o re s de m es a s e le c to r a le s , conform e con la d isposición del Art. 190 del C ódigo E lectoral, son las siguientes: 1. E jercer el control del desarrollo de los com icios ante la m esa recep tora de votos en la cual fue designado. 2. P r e s e n ta r la s r e c la m a c io n e s e s c r ita s q u e ju z g u e convenientes, recibiendo constancia escrita de la presentación efectuada. 3. Su scribir las actas del com icio.

CAPÍTULO IX LA JORNADA ELECTORAL La jo rn a d a electoral o votación, en los térm inos del Código E le c to r a l P a ra g u a y o , c o n s titu y e u n a de las e ta p a s m ás im p o rta n tes d en tro d el p ro ceso electoral, al vin cu la r tres aspectos esenciales de la m ism a que son el sufragio, el voto y la elección, que a veces están m ezclados o confundidos en el p roceso electoral, pero que tienen objetivos distintos. D urante el desarrollo de la jo rn a d a electoral se m aterializan estos tres conceptos esenciales; el sufragio, que se constituye en el derecho del elector de exp resar u n a volu n tad en las decisiones políticas, sea eligiendo a una persona o simplem ente expresan do su volu n tad en u n referéndum ; el voto, que es el m edio por el cual esa volu n tad es expresada; y la elección, es la d ecisión exp resad a en u n a preferen cia m anifestada por m edio del voto. La circu n stan cia m en cion ada im pone hacer u n a referen cia al su fra gio y a l voto , en fo rm a g en era l, p a ra d e sa rro lla r p osteriorm ente la serie de actividades vin cu lad as a la jo m a d a electoral con form e con la n orm ativa electoral vigente.

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1. Sufragio 1.1. Concepto La p a la b ra su fragio (del latín su ffragiu m = ap rob ación , apoyo) es com o an ota C arlos S. Fayt, u n derech o pú b lico subjetivo de natu raleza política, que tienen los ciudadanos de elegir y ser elegidos y de p articipar en la organización y de las actividades del poder estatal. En térm inos de G erm án B idart Cam pos: “E s u n a té cn ic a o u n p ro c e d im ie n to in s titu c io n a liz a d o m e d ia n te e l c u a l e l cu e rp o e le c to ra l h a ce m a n ife s ta c ió n o e x p re s ió n d e o p in io n e s p o lític a s c o n d os fin a lid a d e s d is tin ta s : a ) p a r a e le g ir g o b e rn a n te s ; b) p a r a la a d o p c ió n d e d e cis io n e s p o lític a s ”77. E n térm in os del au tor portu gu és J.J. G om es C anotilho el sufragio “es u n in stru m ento fu n d am en tal de realización del prin cipio dem ocrático, pues a través de ella se legitim a d em ocráticam en te la con versión de la volu n tad política del p u eb lo en p osición de poder, se estab lece la organ ización legítim a de los poderes públicos, se procede a la creación del p erson al político y se m arca el ritm o de vid a de u n p aís”78. Por consiguiente, de conform idad con los conceptos expuestos y la s fo rm a s de p a r tic ip a c ió n p o lític a s in s tr u m e n ta d a s p or m ed io d el su fra gio en n u estro ord en am ien to ju ríd ico , se p u ed e s o s te n e r qu e el s u fra g io es u n d erech o de los ciudadanos para participar en la form ación de las autoridades electivas nacionales, departam entales y m u nicipales y para la adopción de decisiones políticas fu ndam entales por m edio del referéndum . La C on stitu ción paragu aya de 1992 no define el sufragio, pero en su Art. 118, establece la natu raleza ju ríd ica del m ism o y su base ideológica, al señalar que: “E l sufragio es derecho,

77 B ID A R T C A M P O S , G E R M A N J . L e c c io n e s E le m e n ta le s d e P o lítica , E d. E D IA R , 5a e d ic ió n , A ñ o 1995, p á g. 372. 78 G O M E S C A N O T IL H O , J .J . D ire ito C o n s titu c io n a l y te o ría d e la C o n s titu c ió n , E d. A lm e d in a , 3 a ed. A ñ o 1999, p ág. 294.

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deber y fu nción p ú b lica del elector. C onstituye la base del régim en d em ocrático y rep resen tativo” . E l Art. 1 de la Ley 834/96 que establece el C ódigo E lectoral define el sufragio en los térm in os siguientes: “E l sufragio es un derecho, d eber y función pú b lica que h abilita al elector a p articipar en la con stitución de las autoridades electivas y en los referendos, por in term ed io de los partidos, m ovim ientos políticos o alianzas, de con form id ad con la ley” .

1.2. Naturaleza jurídica del sufragio E n la d octrin a se h a sostenido varias posicion es resp ecto a la n atu raleza ju ríd ica del sufragio. Las posiciones dom inantes al respecto son las siguientes: a. Es un derecho: Desde esta p erspectiva es la facultad que tiene el ciudadano de participar o no en los asuntos públicos de su país. D esde esta posición resu ltaría totalm ente inadecuado im pon er sanciones a quienes no ejercen su derecho al voto. El Profesor Ju sto José Prieto, señala que “el sufragio es u n derecho porque el ciudadano que se siente im pedido de hacerlo librem ente puede exigirlo por m edio de la garan tía pertinente, la que en su form a ju d ic ia l es la acción de am p aro”79. b. Es un deber: Es u n deber ciudadano que em erge de su responsabilidad de participación en el proceso político com o sujeto originario del poder dentro de un régim en dem ocrático. c. Es una obligación : P a r a q u ie n e s s o s tie n e n q u e su in c u m p lim ie n to d e b e m e r e c e r u n a s a n c ió n p a r a el ciudadano. d. Es un derecho-deber: Es de carácter bidim en sion al o m ixto, porque adem ás de ser u n derecho a la participación im pone el deber de hacerlo. e. Es una función pública: Es u n a fu n c ió n p ú b lic a

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P R IE T O , J U S T O J O S E . E l E s ta tu to E le c to ra l C u e s tio n a d o , E d ito r ia l H is tó ric a , A s u n c ió n -P a r a g u a y , A ñ o 1988, p á g. 13.

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m om en tán ea y tran sitoria pero no estatal, porqu e su ejercicio es el acto político p or el cu al el dueño del p od er otorga el m andato para el ejercicio del p od er en su representación.

La Constitución paraguaya de 1992, en el Art. 118, reconoce triple naturaleza jurídica al sufragio al sostener que: a. Es un derecho: E l sufragio es u n d erecho político de los ciudadanos de p articipar en el poder com o parte del cuerpo político, organ iza n d o el p od er electoral, eligien do o siendo elegido en cargos de elección p opu lar y adoptando decisiones políticas en el referén d u m en los casos señalados en la ley. El sufragio de esta form a hace p osib le la con creción del gobierno del pueblo. b. Es un deber: Porqu e no sólo es derecho a p articipar en la form ación de la volu n tad p olítica del E stado y determ inar lo s r e p r e s e n ta n te s d e l p u e b lo en e l g o b ie rn o n a c io n a l, d e p a rta m e n ta l y m u n ic ip a l, sin o es ta m b ién el d e b e r de c o n trib u ir con la p ro p ia d e c is ió n a la d e te rm in a c ió n del futuro de la sociedad p olítica y del bien com ún. Es u n deber de respon sabilidad ciu d ad an a que em erge de su con dición de dueño originario del poder público. c. Es una función pública: Porque im plica el acto político de ejercicio del p od er público por parte del dueño del poder, sea al otorgar el m andato rep resen tativo o al tom ar decisiones políticas fu n dam en tales por m edio del referéndum . E l C ó d ig o E le c t o r a l q u e e n su A r t. 4 e s t a b le c e la obligatoriedad del sufragio, al expresar que: “ ... El ejercicio del sufragio con stitu ye u n a ob ligación p ara todos los ciudadanos h abilitad os, cu yo in cu m p lim ien to será san cion ad o con form e lo estab lece el artícu lo 332 de este C ó d igo ” ; se a p a rta de la n a tu r a le z a ju r íd ic a a tr ib u id a p o r la C o n s titu c ió n al sufragio. La obligatoriedad del sufragio no se aju sta a la naturaleza ju ríd ica atrib u id a por la C onstitución, que refiere que es un derecho, y en tal circun stancia, su ejercicio o no depende de

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la volu n tad del elector y su no ejercicio no puede ser objeto de sanción. L a n a t u r a le z a ju r íd ic a d e d e b e r q u e le a tr ib u y e la C onstitución al sufragio no puede ser in terp retada com o una obligación, porqu e dada la n a tu raleza facu ltativa que confiere al sufragio la C onstitución im pide dicha interpretación porque una conducta -e n este caso de sufragar- no puede ser al m ism o tiem po u n d erecho y u n a obligación p ara un m ism o sujeto por su eviden te contradicción. Por consiguiente, el Art. 4 del Código Electoral, que establece la ob ligatoried ad del sufragio, es inconstitucional.

1.3. Forma del sufragio El régim en político con dicion a la form a del sufragio, que a su vez revela el carácter d em ocrático o no de dicho régim en. E l s u fra g io u n iv e rs a l e ig u a lita rio es p ro p io d el rég im en dem ocrático, el restrictivo y desigu al revela el carácter elitista, au tocrático y oligárquico del m ism o. Las form as del sufragio pu eden clasificarse aten dien do a dos supuestos: su exten sión y la igualdad.

1.3.1. Según la extensión Se u b ican las siguientes form as del sufragio: u n iversal y restrictivo, dentro de esta ú ltim a se ubican los de carácter censitario y de capacidad. a. Sufragio universal: Se con sid era u n iversal al sufragio cuando otorga el derecho de vota r a todos los nacionales de u n país, sin restricciones derivadas de condiciones de nacim iento, de fortu n a o capacidad especial. b. Sufragio restrictivo: Se rep u ta restrictivo o calificado cu an d o sólo es o torga d o a in d ivid u os califica d os p or sus con diciones económ icas o capacidades especiales. c. Sufragio censitario: Se otorga el derecho al sufragio solo a los in d ivid u os que p oseen determ inadas cualidades econ óm icas: p o sesió n de b ien es inm u eb les, d eterm in ad as

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ren ta s , p a g o de d e te rm in a d a c a n tid a d de im p u es to s . El sufragio censitario estuvo vigen te en nu estro ordenam iento con stitu cion al durante la C onstitución de 1844. d. Sufragio de capacidad: Se otorga el derecho a votar a las personas dotadas de ciertas capacidades, generalm ente, de carácter intelectu al com o el grado de instrucción, excluyendo a los analfabetos. E ste sistem a con vierte el sufragio en un privilegio.

1.3.2. Según la igualdad Se clasifican en sufragio igu al y desigual, esta ú ltim a se clasifica a su vez en plural, m últiple y fam iliar. a. Sufragio igual: Es otra exigencia del régim en democrático. No basta que se recon ozca el derecho a votar, con form e con el prin cipio de universalidad. Es necesario que cada elector dispon ga de núm ero igual de votos que los dem ás. Se trata de la aplicación, en el cam po del derecho político, del principio de la igu aldad de todos ante la ley. La igualdad del derecho a votar se m anifiesta, en su sentido m ás riguroso, en recon ocer a cada hom bre, cada elector, u n único voto (one m an, one vote), pues cada ciu dadan o tiene el m ism o peso político y la m ism a influencia, cualqu iera sea su edad, sus cualidades, su instrucción o su papel en la sociedad. La igu aldad del voto se h a lla exp resam ente reconocida en la norm a con stitu cion al al caracterizar el voto en el Art. 118. L a ig u a ld a d d e l d erech o a ser v o ta d o , c o n stitu y e otra m an ifestación del derecho al sufragio igual, que im plica la interdicción de crear condiciones arbitrarias y discrim inatorias para la elegibilidad de las personas; las lim itaciones al derecho de la igualdad deben ser razon ables com o ocurre para el caso de la edad para ocu p ar ciertas funciones públicas. b. Sufragio desigual: C onsiste básicam ente en otorgar a determinados electores, por circunstancias especiales, el derecho de votar m ás de una vez o de disponer de más de un voto para proveer a u n m ism o cargo. Este tipo de sufragio se m anifiesta en el voto múltiple, en el voto plural y en el voto familiar.

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Por el sufragio m últiple el elector qu ed a con derecho de sufragar m ás de u n a vez, a sea, en m ás de u n a circunscripción electoral para u n m ism o cargo. Por el sufragio plural, el elector puede em itir m ás de un voto de u n a vez, pero en la m ism a circu n scripción electoral donde p od rá vota r dos o m ás veces. La diferencia entre el sufragio m ú ltiple y el plu ral con siste en que en el m últiple puede em itir votos en varias circu n scripciones y en el plural en u n a sola, pero en definitiva, am bos atribu yen a u n elector m ás de un voto. Por el sufragio fam iliar, el elector padre de fam ilia dispone de u n o o m ás votos en fu n ción del nú m ero de m iem bros del n ú cleo fam iliar. Se o b serva qu e este sistem a, adem ás de d esigu al en fu nción de circu n stancias especiales, es tam bién con trario al voto fem enino.

1.4. Titulares del derecho al sufragio Los titulares del derecho al sufragio son las personas que p u ed en elegir (su fra gio activo) y las p erson a s que tien en d erech o a ser elegid a s (su fra gio p asivo), el p rim ero es el elector, y el segundo, la person a h a bilitad a p ara ser elegida para determ inados cargos.

1.4.1. Capacidad para ser elector E l A r t . 1 2 0 d e la C .N . , e s t a b l e c e lo s r e q u i s i t o s con stitu cion ales p a ra a d q u irir la cap acid ad de elector, que com p ren d en tan to a los n a cion ales com o a los extran jeros; bajo cierta s con dicion es y p a ra d eterm in ad as eleccion es en el caso de los extran jeros. Los requisitos con stitu cion ales para la adqu isición de la calidad de elector de los paragu ayos, han sido consignados en capítulos anteriores, pero por su im portan cia y para u n a m ejor inform ación, en el capítulo en desarrollo se indican y son los siguientes: a. Nacionalidad paraguaya: im plica la no p érd id a de la nacionalidad paraguaya, pues dicha circunstancia lo inhabilita

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p ara el ejercicio del su fragio en sus d im en sion es a ctiva y pasiva. b. Radicación en el territorio nacional: L a e x ig e n c ia de la ra d ica ció n en el territo rio n a c io n a l p a ra la a d q u is ic ió n de la c a lid a d de e le c to r activo y p a sivo no tie n e o tra fin a lid a d que la de im p ed ir qu e los p aragu ayos resid en tes en los países fro n te rizo s p u ed a n p a rtic ip a r en los a su n tos p ú b licos de la so cied a d p a ra gu a ya . N o tien e u n fu n d a m e n to ra zon a b le, sino la d e c is ió n p o lític a del p a rtid o m a y o rita rio en el seno de la c o n s titu y e n te , r e s p o n s a b le en m u c h o s c a s o s d e l exilio e c o n ó m ic o o p o lític o de los p a ra gu a y o s, p a ra evita r u n res u lta d o a d verso en las e leccio n es p re s id e n c ia le s de 1993. c. Edad: La calidad de elector se adquiere a los 18 años cu m plidos, esta lim itación se fu n d a en el desarrollo de la cap acid ad in telectiva de la persona. Sin em bargo, no existe u n a n im id a d al resp ecto, h a b id a cu en ta que existen otras respon sabilidades que las personas pu eden asu m ir antes de cu m plir dich a edad, com o es el caso de la con stitu ción de la fam ilia y, en algunas legislaciones com paradas, son adm itidas la capacidad electoral con u n a edad m enor. L o s r e q u is ito s c o n s t itu c io n a le s s e ñ a la d o s se h a lla n c o n d ic io n a d o s , p o r los lím ites le g a les e s ta b le c id o s en el C ódigo Electoral, que en su Art. 2-dispone: “ Son electores los ciudadan os paragu ayos radicados en el territorio n acion al y los extran jeros con radicación d efin itiva que h ayan cum plido dieciocho años de edad, que reú nan los requisitos exigidos por la ley y que estén inscriptos en el R egistro C ívico Perm anente. E ntre los requ isitos legales se pu eden citar los siguientes: d. Inscripción en el Registro Cívico Permanente: Es la prim era exigencia im pu esta por la ley electoral para el ejercicio del derecho al sufragio y se halla con tem p lad a en los Arts. 2 y 90 de dicho cuerpo norm ativo, este últim o exp resa que: “Para ejercer el derecho a sufragar es preciso que el elector se halle inscripto en el R egistro C ívico P erm an en te” .

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e. No estar afectado de interdicción legal declarada en juicio: C onform e con esta exigencia, se hallan im pedidos para ejercer el derecho al sufragio las personas afectadas de insania m en tal declarad a ju d icialm en te. E sta exigencia surge de la falta de capacidad del elector p ara la em isión de su volu n tad (Art. 91, inciso a, de la Ley 834/96). f. Los sordomudos que no sepan darse a entender por escrito o por otros medios. E sta lim itación tam bién se halla fu n d ad a en la im posibilidad de expresar su volu n tad política (Art. 91, in ciso b, de la Ley 834/96). g. Los soldados Conscriptos y clases de las Fuerzas

Armadas y Policiales y los alumnos de institutos de enseñanzas m ilitares y policiales. L a in te r d ic c ió n d el ejercicio al d erech o al su fragio de estas p erson as se ju s tific a p or el p rin cip io de o b ed ien cia qu e los a fecta y que puede in terferir en su lib re d ecisió n (Art. 91, in ciso c, de la Ley 834/96). h. Los detenidos o privados de su libertad por orden de un juez competente. La interdicción del derecho al sufragio de estas personas no tiene un fundam ento razonable y representa u n a sanción adicion al para u n a p erson a que se encu en tra am p arada p or la p resu n ción de inocencia. i. Los condenados a penas privativas de libertad o de inhabilitación electoral. Esto tam bién represen ta u n a pena adicion al para los con den ados a pen a por delitos com unes, pero p ara los in h ab ilitad os p or delitos electorales se h alla ju s tific a d a por la vin cu lación entre el m otivo de la sanción y el derecho a sufragar. j. Los declarados rebeldes en causa penal común o militar. Se ju s tific a por la actitu d ad versa de la p erson a a som eterse a los m andatos de la ley.

1.4.2. Capacidad para ser elegido Las con d icion es de e le gib ilid a d se refieren a la cap acid ad p ara ejercer el su fragio electora l pasivo, la cap acid ad para ser electo. T ie n e e le g ib ilid a d , p o r tan to, q u ien reú n a las

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c o n d ic io n e s p a ra c o n c u rr ir o c o m p e tir p o r u n m a n d a to electivo. La elegib ilid ad con siste en el d erech o de p ostu la rse a la d esig n a ció n p or los electores a u n m an d ato legislativo o ejecu tivo. R e s p e c to a la s c o n d ic io n e s d e e le g ib ilid a d , el a u to r brasileñ o J osé Afon so D a Silva expresa: “ En u n a dem ocracia, la elegib ilid ad debe ten d er a la u n iversalid ad al igu al que el sufragio activo, sus lim itaciones no deben p erju d icar la libre elección de los electores, es m ás, deben ser dictadas apenas por con sideraciones prácticas, exentas de cu alqu ier con dicion am ien to político, económ ico, social o cultural. En teoría, p u ed en p resen ta rse tres solu cion es posib les: 1) la elegibilidad coincide con el electorado (todo elector es elegible); 2) restrictiva (no basta ser elector para ser elegible); 3) más am plia (puede ser elegible sin ser elector). Este últim o sistem a, b astan te ilógico, es raram ente aplicado. En com pensación, el prim ero, que d ebería ser el m ás norm al, pocos países la aplican. M ás es cierto que, por regla, es necesario ser elector para ser elegib le”80. En el sistem a paraguayo, com o en la m ayoría de los países, no b asta ser elector para gozar de elegibilidad. E l segundo sistem a es el más com ún, existiendo m ayor o m enor restricción con form e con la inten sidad del prin cipio dem ocrático. Las con d icio n es de elegib ilid a d v a ría n con fo rm e con la natu raleza del m andato electivo a la que p odrá con cu rrir el candidato y la con dición básica es que el p ostu lante debe estar en pleno goce de sus derechos políticos y la nacionalidad p aragu aya; citam os las con dicion es exigidas para algunas candidaturas: a. Presidente y Vicepresidente de la República: se requiere: 1) tener n acionalidad p aragu aya natural, 2) haber cu m plido treinta y cinco años, y 3) estar en pleno goce de derechos civiles y políticos (Art. 228 C.N.). 80 A F O N S O D A S IL V A , J O S É . C u rs o de D ire ito C o n s titu c io n a l P o s itiv o , M a lh eiro s E d ito ra , 15a E d ic ió n , A ñ o 1998, pág. 367.

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b. Miembros del Congreso Nacional: Para los senadores se requ ieren: 1) n a cion alid ad p aragu aya natural, 2) haber cum plido trein ta y cinco años (Art. 223 C.N.) . Para diputados se requieren: 1) n acionalidad p aragu aya natural, y 2) haber cu m plido vein ticin co años (Art. 221 C.N.). c. Para gobernador: Se requieren: 1) ser paraguayo natural; 2) tener treinta años cum plidos; 3) ser nativo del departam ento y con radicación en el m ism o por un año cuanto m enos. En el caso de que el candidato no sea oriu n do del departam ento, d eberá estar radicado en él durante cinco años com o m ínim o. A m b o s p la zo s se c o n ta rá n in m e d ia ta m e n te an tes de las elecciones (Art. 162 C.N.). d. Para miembros de la Junta Departamental: Se exigen los m ism os requisitos para ser gobernador, con excepción de la edad, que d eberá ser la de vein ticin co años cum plidos (Art. 162 C.N.). e. Para Intendente Municipal: Se requieren: 1) ciudadan ía paraguaya, 2) m ayor de 25 años, y 3) honorabilidad e idoneidad (Art. 58 de la Ley 1294/87). f. Miembros de la Junta Municipal: Pueden ser tanto paragu ayos com o extranjeros; los prim eros requieren: 1) ser m ayor de 25 años, 2) n atu ral del m unicipio o con residencia en él por lo m enos tres años, 3) recon ocid a honorabilidad. Los segundos requieren: 1) los requisitos exigidos a los nacionales, y 2) residen cia m ín im a en el m u nicipio de siete años (Art. 25 de la Ley 1294/87).

2. El Voto. Ejercicio del derecho de sufragio E l sufragio, en el ám bito político electoral, se ejerce por m edio del voto, por ello no debe con fu ndirse el sufragio que constituye un derecho de la persona a participar en los asuntos públicos con el acto del voto que es el ejercicio de dicho derecho a sufragar. E l sufragio, com o se h a señalado, es el derecho político que

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los ciudadan os tien en .d e participar en los asuntos públicos, directam ente o por m edio de sus representantes. Se trata de un derecho público subjetivo de n atu raleza política. Frente al sufragio, el voto, com o señala C arlos S. Fayt: “es u n a d eterm inación de volu n tad que com prende otras especies que el sufragio político. Se vota en las asam bleas legislativas, en los trib u n ales colegiados, en los cuerpos directivos, en seno de los órganos de d irección y deliberación de todo tipo de in stitu ciones públicas o privadas. El voto constituye, pues, una form a de expresión de la voluntad, y en relación al sufragio político, el voto con stituye el hecho de su ejercicio. La actividad que d esarrolla el elector cu an do vota, la acción de em itir el voto, con figu ra u n acto de volu n tad p olítica -q u e deriva del previo derecho subjetivo de su fra gio - m edian te el cual sin n ecesidad de u n a fu n dam entación explícita, expresa su respaldo hacia u n a determ inada opción, fórm u la o solución política, o m an ifiesta su d eseo de que u n os d eterm in ados candidatos ocupen ciertos puestos de autoridad; en definitiva, form aliza la propia voluntad u opinión en orden a u n a voluntad colectiva”81. E l voto es u n acto político que m aterializa en la p ráctica el ejercicio del derecho político subjetivo del sufragio; el voto es u n acto político y no u n derecho com o el sufragio.

2.1. Caracteres del voto El voto para que sea u n a au tén tica expresión de la voluntad del pueblo y fu nción efectiva de la soberanía p opu lar debe revestir de e fica cia p o lítica y rep resen tar la real v olu n ta d del pueblo, y p ara ello es n ecesario rod earlo de u n a serie d e g a ra n tía s . E n e s te s e n tid o , el Art. 118 de la n o rm a con stitu cion al establece que el voto debe ten er las siguientes características:

81 F A Y T , C A R L O S S. S u fra g io y R e p re s e n ta c ió n P olítica , B ib lio g rá fic a O m e b a , B u en o s A ire s - A r g e n tin a , A ñ o 1963, p ág. 10. i

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a. Voto personal: “La personalidad del voto es indispensable para la realización de los atributos de sinceridad y autenticidad. S ignifica que el elector deberá estar presente y em itir él m ism o su voto, no ad m itiéndose el voto por corresp on den cia o por m an d ato”82. Es m ás, las legislacion es establecen la regla de que el voto sea em itido en form a separada por cada elector p ara evitar presiones indebidas y de esta form a reforzar la p erson alid ad del voto. La p erson alid ad del voto no se halla exp resam en te recogid a en la n orm a del Art. 118 de la C.N., pero con stituye u n a característica im plícita que surge del voto directo. b. Voto libre: Es u n a c o n d ic ió n fu n d a m e n ta l p a ra su au ten ticid ad y eficacia. “ S ignifica garan tizar al elector un voto form ado sin cu alqu ier coacción física o psicológica exterior de entidades pú blicas o de entidades privadas. De este prin cipio de lib ertad de voto d eriva la doctrin a de la ilegitim idad de im posición legal del voto obligatorio. La libertad de votar abarca así: la libertad de vota r o no votar y la libertad de no votar. A sí la protección de la libertad de vota r es m ás am p lia que la protección del voto lib re”83. c. Voto directo: S ignifica que el voto tiene que resu ltar de la m an ifestación in m ed iata del elector sin in terven ción de “grandes electores” o cu alqu ier p erson a ajena. Es cuando lo s e le c to r e s e s c o g e n p o r sí, sin in te r m e d ia r io s , a sus rep resen tan tes. E l au tor José A fon so D a Silva sostiene que: “Eñ verdad, la calificación de directo correspon de m ás al sufragio que al voto en sí. El derecho de escoger (sufragio) es el que puede ser directo e indirecto, caracterizando las elecciones de directa e indirecta. M as, tam bién com o el voto es ejercicio del sufragio, se puede decir, com o gen eralm ente se dice: voto directo y voto in d irecto”84. 82 A F O N S O D A S IL V A , J O S É . C u rs o d e D ire ito C o n s titu c io n a l P o s itiv o , M a lh e iro s E d ito ra , 15a e d ic ió n , A ñ o 1998, p á g. 3 60 . 83 G O M E S C A N O T IL H O , J .J . D ire ito C o n s titu c io n a l y te o r ía d e la C o n s titu c ió n , 3 a E d ic ió n , A lm e d in a , A ñ o 1999, p á g. 2 96. 84 A F O N S O D A S IL V A , J O S É . O p . c it ., p á g. 361.

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d. Voto universal: S ign ifica otorgar el derecho al voto a todos los ciudadan os sin estab lecer con diciones de capacidad econ óm ica o de educación, im pon e la exten sión del derecho a em itir el voto a todos los ciudadanos, con excepción de las personas caren tes de capacidad electoral. E sta característica se p resen ta com o una p roh ib ición de discrim in ación ; y en sentido dinám ico de abarcar en la m ism a a los ciudadanos extra n jero s , com o lo h a ce n u e s tra C o n s titu c ió n p a ra las elecciones m unicipales. e. Voto secreto: Ello im plica que el voto del elector no puede in d ivid u alizarse conociendo la decisión de cada elector ni su p referen cia política. El secreto del voto con stitu ye u n m edio indisp en sab le para que el elector pu eda expresar su decisión p olítica con p len a autenticidad, sin tem or a represalias o posibles presiones. El secreto del voto es u n a garan tía de la lib ertad del voto. f. Voto informado: El elector debe ten er la p osib ilid ad de c o n o c e r las d is tin ta s a lte r n a tiv a s p o lític a s con sus r e s p e c t iv o s p r o g r a m a s , p a r a e v a lu a r la s v e n t a ja s y d esven tajas de cad a u n a de ellas y op tar con secu en tem en te p or una. La in fo rm ación sobre las d istin tas altern ativa s a elegir con stitu ye u n a exigen cia p a ra la legitim id a d del acto electoral d em ocrático. No se pu ed e elegir si no se con ocen las opcion es, p or lo que el voto in form ad o es u n a cara cterística im p líc ita del acto electoral.

3. Jornada electoral 3.1. Concepto E n la d octrin a se establecen dos con ceptos de la jo rn a d a electoral, uno denom inado restringido y otro am plio. D esde el punto de vista restringido, puede entenderse “por jo rn a d a electora l el p eríodo d u ran te el cu al tran scu rre la votación o, dicho de u n a m an era aún m ás sim ple, el núm ero

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total de horas que perm anecen abiertos los colegios electorales p ara recoger el voto de los electores”85. Aplicado el referido criterio a la norm ativa electoral paraguaya se puede definir, desde el punto de vista restringido, la jo m a d a e le c to ra l com o el p e río d o de tie m p o en qu e p e rm a n e c e n abiertas las m esas receptoras de votos p ara recoger el voto de los electores. D esde u n a p e rsp ectiva a m p lia se en tien d e por jo rn a d a electoral el d ía com pleto en que se celebran las elecciones. Este con cepto se h a lla ju stifica d o por el hecho de que la jo m a d a electoral no solam ente -comprende el acto de los electores de in trodu cir la b oleta de voto en la urna, sino que en glob a u n a serie de actuaciones, previas y posteriores a la votación, que son fu n dam en tales p ara que ésta se p rod u zca y que tienen com o fin alid ad esen cial salvagu ard a r la p u reza de todo el proced im ien to electoral. Así, por ejem plo, com o conjunto de actos previos a la votación está la in stalación de las m esas receptoras de votos, distribu ción de m ateriales, colocación de m ateriales inform ativos y com o actos posteriores, la realización del escrutinio, el p recintado de las urnas y la confección de los docum entos electorales, entre otros. El Código Electoral paraguayo al regular la jo m a d a electoral, con la den om in ación de la votación, acoge el criterio am plio referido, porque regula las actividades anteriores y posteriores del acto de em isión del voto.

3.2. Duración de la jornada electoral El Art. 197 del Código Electoral establece que a las seis horas de la m añ an a del día fijado p ara los com icios, el presidente y los dos vocales de cada m esa electoral y los suplentes, deberán reu nirse en el local de votación correspondiente. Por con sigu ien te, el h orario in d icad o debe con siderarse

85 G U T IE R R E Z C A S S IL L A S , IG N A C IO Y R U IZ N A V A R R O P IN A R , J O S É LU IS . D ic c io ­ n a rio E le c to ra l, C A P E L , T o m o II, 2 a e d ic ió n , p á g. 731.

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com o el inicio de la jo rn a d a electoral, conform e con el criterio am plio de la jo rn a d a electoral. C on form e con el criterio restringido, la jo rn a d a electoral se in iciará a las 06:30 horas de la m añana, que es el inicio del acto de votación, luego de la con stitución e instalación de las m esas receptoras de votos. El cierre de la jo m a d a , desde el criterio restringido es las 16:00 horas en invierno y a las 17:00 horas en verano. D e acu erdo con el criterio am plio acogido p or la n orm ativa e lectora l p aragu aya, el p erío d o de d u ración de la jo rn a d a electoral es desde las 06:00 horas hasta la finalización del escru tin io realizado ante la m esa recep tora de votos.

3.3. Etapas de la jornada electoral C onform e con la n orm ativa electoral paraguaya, se pueden diferen ciar tres etapas, com prensivas de la jo rn a d a electoral, que son las siguientes: 1) etap a p revia a la votación, 2) etapa de votación, y 3) etapa p osterior a la votación.

3.3.1. Etapa previa a la votación Es la etap a que se in icia a las 06:00 horas, con la reu nión en el local de votación de las au toridades de m esa receptora de voto designadas p ara el efecto y que debe con clu ir con la in stalación de la m esa recep tora de votos a las 06:30 horas. Las actividades que d eben realizar las autoridades de m esa du rante esta etapa son las siguientes: a. Integración efectiva de la mesa receptora de votos. La in tegración efectiva de la m esa im p lica que en caso de que u n a de las autoridades de m esa d esign ada no acudiere a la reu nión será su stitu ida por los suplentes, y en caso de au sen cia que sign ifique la im posibilid ad de su in tegración con los designados, la J u n ta C ívica arbitrará el m ecan ism o de sustitución, que se rea lizará por m edio de sorteo entre los electores del distrito que se en cu en tren en el lugar. b. Distribución de los útiles electorales. E l Art. 198 del

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C ódigo E lectoral establece que in tegrad a la m esa recep tora de votos, con la p resen cia del presidente y los dos vocales, se p r o c e d e r á a la d is tr ib u c ió n de los ú tile s e le c to r a le s siguientes: -

U n a u rn a de acrílico transparente, colocada en u n lugar bien visible para el depósito de los votos. La m ism a será cerrad a y p recin tad a con tira de papel en gom ad a y deberá ser su scrita por el presidente y los vocales.

-

U n a casilla, que servirá de cuarto reservado para, m arcar el voto.

-

C a n tid a d s u fic ie n te de b o le ta s d e s u fr a g io y d e m á s elem entos u sados en la votación. Si faltare cu alqu iera de estos elem entos, por cu alqu ier circu n stan cia o se advierta su posible agotam iento durante el desarrollo de la votación, los m iem bros de m esa deberán dar cuenta a la Ju n ta C ívica p ara la provisión que corresponda.

-

Un ejem p lar del padrón electoral de la m esa, que deberá ser colocado en lu gar visible y hallarse a disposición de los electores p ara cu alqu ier consulta.

-

C arteles im presos con los nom bres de todos los candidatos, con fo rm e lo e sta b lece el Art. 184, in ciso d) d el C ód igo Electoral.

c. V e rific a c ió n de los d o c u m e n to s que h a b ilita n a los veedores, p ara darle la interven ción ante la m esa recep tora de votos. d. V erificación de las con diciones de los útiles electorales com o la ca s illa d e stin a d a a c u m p lir la fu n ció n de cu arto oscuro, que la u rn a esté va cía para su posterior precintado y la colocación de la cantidad n ecesaria de boletas de sufragios en la m esa recep tora de votos y la provisión de tin ta indeleble p ara m arcar el dedo índice del elector que votó.

e. La con fección del acta de ap ertu ra de la votación. El Art. 213 del C ódigo E lectoral sólo prevé la causal de fu erza m ayor, com o im pedim en to para no iniciarse el período de votación.

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3.3.2. Etapa de votación En este p eríodo com p ren d id o entre el acto de in icio de la votación, desde las 06:30 horas hasta las 16:00 y 17:00 horas, según sean horario de invierno y de verano, que tiene com o fin alidad esen cial recoger los votos de los electores, pero du rante dicho período pu eden presentarse varias situaciones que requ ieren tom ar decisiones por parte de las autoridades de las m esas receptoras de votos para p reservar la seguridad y la tran sp aren cia del desarrollo de la votación. La n o rm a tiv a e lectora l p a ra gu a ya d u ran te este p eríodo tiene reglad a varias situaciones com o el orden de la votación, la com peten cia de las au toridades de m esa, los incidentes v in c u la d o s a la d u d a s o b re la id e n tid a d d e l e le c to r, la suspen sión de los com icios, la sustitución de las autoridades de m esa, la form a de votación de los electores y la p osibilidad de adicionar al cierre de votación el tiem po que se haya perdido en la apertura.

3.3.2.1. Orden de votación Los electores, a p a rtir de la a p ertu ra de la jo r n a d a de votación, a las 06:30 horas, em itirán sus votos por orden de llegada, para cuyo efecto d eberán form ar fila de a uno, pero la m esa p odrá ordenar la alteración del orden de votación, otorgan do p referen cia a los electores que se encu en tran en las sigu ientes situaciones: • -

M ujeres em barazadas y personas m inusválidas.

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Enferm os.

-

Electores m ayores de setenta y cinco años

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A u toridades electorales y candidatos.

3.3.2.2. Procedimiento de votación E l p rocedim iento de votación que se in icia con la llegada del elector ante la m esa recep tora de votos se com pleta con las siguientes actividades por parte del elector y las autoridades de m esa:

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a. Identificación del elector. E l e le c to r, c u a n d o le corresp on d a el tu rno de votar, d eb erá id en tificarse con la cédu la de id en tid ad que será en tregada a las autoridades de m esa, quien es proced erán a verificar su nom bre en el padrón electoral. b. Entrega de boletas del sufragio al elector. Identificado y verificado su nom bre en el padrón de la m esa, el elector recibirá las boletas de sufragio para dirigirse al cuarto oscuro. c. M arcación de la boleta del sufragio. E l e le c t o r p roced erá a m arcar las boletas del sufragio por los candidatos de su preferen cia en el cuarto oscuro y lo doblará p ara su in trodu cción en la urna. d. Firma de las autoridades de mesa. Del cuarto oscuro, el elector se c o n stitu irá n u evam en te an te las au toridades de m esa, a quien es en tregará las boletas del sufragio a los efectos de la firm a de las autoridades, luego d eberá proceder al entin tado del dedo. e. Introducción de la boleta en la urna y recepción de certificado. C um plidas las actividades precedentes, el elector in trodu cirá las boletas en la urna, y luego se le d evolverá su cédu la de id en tid ad y recib irá el certificado de haber em itido su voto. Este p roced im ien to in d icad o en el C ódigo E lectoral se ha m odificado en los aspectos relativos a la entrega de b oleta de sufragio, m arcación de boleta de sufragio con la im plem entación del voto electrónico. En el sistem a de voto electrónico, el elector debe m arcar con el “ sí” , el candidato o lista de su p referen cia que aparece en la p an talla electrónica.

3.3.2.3. Competencia de las autoridades de mesa D urante el desarrollo de la votación, las autoridades de la m esa receptora de votos, tienen las siguientes com petencias: 1. C om probar que el elector, antes de la em isión del voto, no ten ga el dedo índice de la m ano derech a u otros im pregn ados

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de tinta, grasa o algu n a su stan cia que h aga in ocu a la función de la tinta indeleble. 2. Identificar al elector por m edio de su cédula de identidad. 3. Rechazar el voto de las siguientes personas: 1) cuando los datos de la cédu la de id en tid ad no coin cidan m anifiestam en te con los del padrón electoral, 2) cuando la cédu la de identidad sea osten siblem en te falsa o m an ifiestam en te adulterada, 3) cu an do ten ga algún dedo de la m ano m anchado con tin ta indeleble u tiliza d a en el c om id o. 4. O rd e n a r la d e te n c ió n de la p e r s o n a p o r ta d o r a de céd u la de id en tid ad osten sib lem en te falsa o m anifiestam en te adulterada. 5. Preservar el orden de la votación, asegu rar la lib ertad de los electores y m an ten er la ob servan cia de la Ley. 6. V erificar que la en trad a al local de votación se m anten ga siem pre libre y accesible p ara las personas que tienen derecho a entrar en el recinto electoral. Por recinto electoral se en tien de el espacio físico dentro del cu al se in stalan las m esas receptoras de votos y el cuarto oscuro, en donde tienen libre acceso solam ente las autoridades de la m esa , los r e p re s e n ta n te s de las c a n d id a tu ra s , los funcionarios acreditados y los electores. Los agentes del orden sólo podrán acceder al recinto electoral por petición de las autoridades de la m esa recep tora de votos. '

3.3.2.4. Suspensión de la jornada electoral L a n orm ativa electoral prevé dos tipos de su spensiones de la votación: a) suspen sión tem poral por espacio m en or de u n a hora; y b) la suspen sión definitiva. L a s u s p e n s ió n te m p o r a l p o r m e n o s d e u n a h o r a es p ro c ed e n te sólo p o r c a u s a de fu e rza m a yo r y d eb erá ser c o m u n ic a d a de in m e d ia to a la J u n ta C ívica. En caso de su spensión tem poral p od rá rean u d arse la votación cuando la n atu raleza de la cau sal p erm ita la con tinu idad de la votación y no pu eda influ ir en el resu ltado de la votación. La votación

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con tin u ará tan to tiem po com o h u biera estado suspendida; es decir, se p rolon gará luego del horario de cierre por el tiem po en que ha estado su sp en d id a la votación. E n el caso de la su spen sión d efin itiva de la votación, los votos em itidos no se ten d rán en cu en ta n i se procederá al escru tin io y los integrantes de la m esa deben p roceder a su destrucción.

3.3.2.5. Sustitución de los integrantes de la mesa E n la h ipótesis de indisp osición del p residente de la m esa recep tora de votos o cu alqu iera de sus m iem bros, sea durante el desarrollo de la votación o el escrutinio, serán sustituidos por los su plentes de la can d id atu ra al que perten ece el integrante de m esa indispuesto; y en caso de au sen cia de los suplentes correspon dien tes, se p roced erá a sustituirlos con cualqu iera de los electores que figu ran en el padrón de la m esa que se encuen tre p resente en el lugar. La su stitu ción del integrante de m esa sé h ará con star en el acta de incidentes. No podrá fu n cion ar la m esa sin la totalid ad de sus m iem bros (Art. 216 del C ódigo E lectoral).

3.3.2.6. Derechos de los electores durante el desarrollo de la votación Los electores tien en los sigu ien tes derech os du ran te el desarrollo de la votación: a. D erecho a la p referen cia en el orden de votación cuando se encu en tran en las situaciones previstas en el Art. 207 del C ódigo Electoral. b. D erech o a ser asistid o p or p e rso n a de su con fia n za cuando pad ezca de defectos físicos que le im pidan m arcar las boletas del sufragio e in trodu cirlo en la urna.

3.3.2.7. Cierre de la jornada de votación . El período de votación se cerrará en el horario de 16:00 horas en in viern o y a las 17:00 horas en veran o, salvo la suspensión tem poral, en cuyo caso, se prolongará por el tiem po de du ración de la suspensión.

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Luego de cerrado el período de vota ción p odrán em itir sus votos las sigu ien tes personas: 1) Las p erson as quien es se en cu en tran en la ñla, en el horario de cierre y que todavía no han em itido sus votos; y 2) las autoridades de la m esa recep tora de votos, los apoderados y veedores, que aún no h a n em itid os sus votos, con esp ecificación en las casillas especiales habilitadas p ara el efecto, el nú m ero de inscripción y el distrito electoral al que p erten ecen y la función que cada u n o d esem p eñ a en la m esa. Los apoderados votarán en la ú ltim a m esa del local, conform e disponen los artículos 218 y 219 del C ódigo Electoral. C oncluida la votación, las autoridades de la m esa receptora de votos deberán asen tar en el p adrón electoral, las personas que h ayan em itido sus votos, con la firm a obligatoria de las autoridades de m esa y facultativo por parte de los veedores, de acuerdo con lo dispu esto en el Art. 220 del C ódigo Electoral.

CAPÍTULO X EL ESCRUTINIO El escrutinio es la fase final del proceso electoral, con el cual se con clu ye la serie de actividades electorales encam inadas a la m an ifestación del cuerpo electoral en la d esignación de las au toridades electivas o la decisión en u n referéndum . E l e s c r u tin io ta m b ié n se in te g r a p o r u n c o n ju n to de actividades por m edio del cual se contabiliza, va lora y califica el voto em itido por los electores. La m a y o ría de las legisla cio n es e le ctora les reg u la n las diferentes fases del escrutinio, los m ecan ism os de control de su realización y las m edidas de seguridad que se vin cu lan a la con fección del acta, la divulgación de las inform acion es y la rem isión de las docum entaciones a los órganos pertinentes p ara la rea liza ción del escru tin io defin itivo. Las reglas de referencia tienen la finalidad de preservar que el procedim iento de escrutin io sea efectu ado con las m áxim as garantías de la eficien cia y la objetividad para evitar que la volu n tad popular m an ifestad a por m edio del voto sea distorsionada.

1. Concepto En la d octrin a no existe coin cid en cia respecto al con cepto del escrutinio, algunos lo definen com o “recuento de los votos” , I

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“procedim iento para determ inar el resultado de las elecciones” , “con junto de actos electorales que regulan el resultado de las eleccion es” o “calificación del su fragio” . En térm inos de B eatriz Fran co C uervo se lo define com o: “conjunto de actos m ediante los cuales se contabiliza, se valora y se califica el voto y se derivan sus con secuencias ju ríd icop olíticas”86. E l autor paragu ayo Ju sto J osé Prieto lo define com o: “el acto electoral que tiene por objeto el recuento público de los votos y el de determ in ar los resu ltad os”87. L a a u to ra m ex ic a n a M a ría d el P ila r H ern án d ez, ofrece u n c o n ce p to d e sc rip tiv o d el e s cru tin io de co n fo rm id a d a la legislación de M éxico, en los térm inos siguientes: “Es el procedim iento por el cual los integrantes de las mesas directivas de casilla extraen de la u rna y com putan los sufragios em itidos en la casilla. M ediante este proced im ien to se determ ina: a) el nú m ero de electores que votó en la casilla; b) el núm ero de votos em itidos a favor de cada uno de los partidos políticos, candidatos o coaliciones; c) el núm ero de votos nulos y de votos en blanco; y d) el nú m ero de boletas sobrantes, no u tilizadas en cada elección ”88. C onform e con los con ceptos referidos, se puede definir el escrutinio, aplicado a la n orm ativa electoral paraguaya, com o e l p ro c e d im ie n to p o r m ed io d el cu a l las a u to rid a d e s co m p e te n te s re a liz a n e l có m p u to y la v a lo ra ció n d e los v otos e m itid o s en lo s c o m ic io s p a r a d e te r m in a r la a d ju d ic a c ió n d e los c a rg o s d e re p r e s e n ta c ió n p o p u la r d e c o n fo rm id a d c o n la v o lu n ta d e x p re s a d a p o r m e d io d e l voto d e los electo res .

Los elem entos que integran el con cepto de referen cia son los siguientes:

86 F R A N C O C U E R V O . B E A T R IZ . D ic c io n a rio E le c to ra l, T o m o I, C A P E L , p ág. 500. 87 P R IE T O , J U S T O J O S É . E l C ó d ig o E le c to ra l a l A lc a n c e d e T o d o s , C E R P A , A s u n c ió n , p ág. 28. 88 H E R N Á N D E Z , M A R ÍA D E L P IL A R . D ic c io n a rio E le c to ra l d e l D is trito F e d e ra l, E d i­ to r ia l P o r rú a y U N A M , M é x ic o ,2 0 0 1 , p á gs . 1 03 /1 0 4 .

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a. Es un procedimiento. Porqu e el acto de escrutin io se integra con u n conjunto de actividades electorales, que en form a prelim inar realizan las autoridades de la m esa receptora de voto con sisten tes en extraer las boletas electorales, com putarlos y com pararlos con la cantidad de votos em itidos en el Padrón E lectoral de la m esa, destruir los sobrantes y asentar en el acta de escru tin io los resultados, recib ir los reclam os de los con troladores de las candidatu ras, entre otros. b. Es un procedimiento efectuado por las autoridades competentes. E l escrutinio no se realiza en ú n ica instancia, porqu e con form e con los cargos en dispu ta pu eden existir hasta tres autoridades que realizan los escrutinios prelim inar, interm edio y definitivo. Ejem plo: E l escrutin io p relim in ar lo realizan las au toridades de las m esas receptoras de votos en' el m ism o lu gar de votación y las fases siguientes se realizan ante las autoridades superiores de la J u sticia Electoral. c. El cómputo de los votos emitidos. Es la actividad de recuento de los votos válidos em itidos por los electores ante la m esa recep tora de votos. d. Valoración de los votos. Los votos em itidos deben ser valorados por las au toridades de m esa para d eterm inar los votos válidos, los votos anulados y la no adju dicación a las candidatu ras de los votos en blanco.

2. Fases del escrutinio C onform e con las disposiciones de la n orm ativa electoral paragu aya se pu eden diferenciar tres fases del procedim iento del escrutinio, que son las siguientes: 1) escrutinio prelim inar, realizado p or las autoridades de las m esas receptoras de votos en el lu gar de votación, 2) el escrutin io interm edio, que es com p eten cia de los Tribu n ales E lectorales para los cargos de rep resen tación n acion al y departam ental, y 3) el escrutinio definitivo que realiza el Superior Tribu n al de Ju sticia Electoral para los cargos nacionales y departam entales y el Tribu n al E lectoral de la ju risd icción p ara los cargos m unicipales.

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2.1. El escrutinio preliminar Se con sid era escru tin io p relim in a r al efectu ad o por las autoridades receptoras de votos, en el recinto electoral en que se ha desarrollado la votación, en form a pública, en presencia de los electores que ten gan interés en observar el desarrollo del m ism o. El escru tin io de m esa establece los resultados parciales de las elecciones, porqu e sólo puede p rop orcion ar los resultados de cada m esa recep tora de votos que se hayan instalado en cada local de votación, pero adquiere im portancia esencial, porqu e en esta fase del escru tin io se d eben p resen ta r los in cid en tes vin cu lad o s a la va lid e z de los votos em itid os y asentarse en las actas pertinentes. Las actas con feccion ad as d u ran te el escru tin io p relim in ar s ir v e n d e b a s e p a r a la r e a liz a c ió n d e lo s s ig u ie n t e s escru tin ios.

2.2. El escrutinio intermedio Es el escrutin io realizado por los Tribu n ales E lectorales en relación a todas las m esas receptoras de votos que han fu ncionado dentro del ám bito territorial de su com petencia. El escru tin io in term ed io es realizad o por los Tribu n ales E le c to ra le s so b re la b a se de las actas, de e s c ru tin io de las m esas que fu n cio n a ron en los com icios, d en tro de su ju risd icción y será efectuado bajo el control de los apoderados de los partidos, m ovim ien tos políticos o alianzas electorales.

2.3. El escrutinio definitivo La n orm ativa electoral establece dos órganos de la Ju sticia E le c to r a l c o m p e te n te s p a ra la r e a liz a c ió n d e l e s c ru tin io definitivo: 1) el S u perior T rib u n al de Ju sticia E lectoral para los cargos nacionales y departam entales; y 2) los Tribunales E lectorales de las C ircu n scrip cion es Judiciales respectivas para los cargos m unicipales.

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3. Procedimiento del escrutinio de mesa o preliminar La n o rm a tiv a electoral p a ra gu a y a estab lece, lugar, en el Art. 221, el lu g a r y el carácter del y en segu n d o lugar, regu la las form a lid a d es de del escru tin io p o r las au toridades de las m esas de votos.

en p rim er escru tin io, rea lización recep toras

En relación al lu gar de celebración establece que será en el m ism o lu gar de votación u n a vez term in ad a la m ism a y en cuanto al carácter del escru tin io que será público ante la p resen cia de.los electores que deseen presen ciar el acto desde u n a d istan cia pru den cial y en form a silenciosa. La secu en cia de actos que com prenden la realización del escrutin io de m esa es la siguiente: 1. E l p resid en te p roced erá a retirar la p recin ta firm ada con la que cerró la u rn a y p roced erá a su ap ertu ra (Art. 222 inciso a). 2. E l conteo de las boletas de sufragio que con tiene la urna. Las boletas del sufragio que se aparten del m odelo que se u tiliza para la votación o no estuviere firm ado por el presidente y los vocales serán anulados. 3. C otejo entre el nú m ero de boletas del sufragio extraídos por cargos con el nú m ero de votantes registrados en el padrón de la m esa. 4. E qu ip aración entre la cantidad de boletas y el nú m ero de votan tes registrados en la m esa. Para el efecto si existiere sobrante de boletas de sufragio se p roced erá a su destrucción sin abrirlo, en igu al cantidad al nú m ero de excedente. Si el nú m ero de votan tes conform e con el padrón fuere m ayor que las boletas extraídas se con signará esta circu n stancia en el acta. 5. In trod u cción en la u rn a y conteo de los votos. Realizadas las o p eracion es p reced en tes se p ro ced erá a in tro d u cir de nu evo las boletas en la u rn a y luego el p residente de la m esa p roced erá a extraer y desdoblar cad a uno de los boletines de

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votos y leer en voz alta el con tenido de ellos. Si se trata de elecciones m últiples, a m edida que se vaya leyendo el contenido de los boletin es se los irá separan do de acuerdo a los cargos y por partidos, m ovim ien tos o alianzas. 6. Su m a de los votos obtenidos. Para la sum a de los votos obtenidos se p roced erá en form a separada para cada uno de los cargos en disputa, com en zan do con el de Presidente de la R epú b lica y V icepresiden te de la R epública. E l presidente de m esa deberá exhibir el contenido de las boletas, u n a vez leídos, a los vocales, veedores de m esa y apoderados de la m ism a. 7. V aloración de los votos. Los votos em itidos podrán tener los efectos ju ríd ico s siguientes: 1) votos válidos son aquellos que se em iten en la boleta im presa conform e con el m odelo aprobado p or las au toridades com petentes, que contengan la firm a de las autoridades de m esa y la expresión de la decisión respecto a determ inados candidatos; 2) votos nulos son los que se em iten en boletas diferentes al m odelo oficial, que tengan m arcadas m ás de u n a p referen cia o que no lleven las firm as de las autoridades de m esa; 3) votos en blanco son los que no tengan m arca. _ 8. R e cu en to de los votos. T e rm in a d a la le c tu ra de los boletin es de votos se p roced erá al recuento de los m ism os. 9. R ecepción de las protestas. T erm in ad o el recuento de los votos, el p residente p regu n tará si hay algu n a protesta que hacer contra el escrutinio; no habiendo ningu na o después que la m esa resu elva las que se h u bieren presentado, anu nciará en voz alta el resu ltado del escrutinio. 10. R e d a c c ió n d e l a c ta d e e s c r u tin io . A n u n c ia d o el resultado, se p roced erá a la redacción del acta de escrutinio en el que se asen ta rán los resu ltad os obten idos por cada p artid o, m ovim ien to p o lítico o a lia n za electoral, por cad a clase de cargo y los votos an ulados y en blanco. T am b ién se con signarán en la m ism a las reclam acion es o im pu gnaciones que form u laron electores, veedores, apoderados o candidatos, las cuales se anexarán a la m ism a, así com o toda otra m ención que con trib u ya a esclarecer los hechos sucedidos.

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11. E ntrega de certificado de resultado. El presidente deberá otorgar certificado sobre los resu ltados de la elección a los veedores que lo solicitasen. El certificado d eberá llevar la firm a de las autoridades de mesa. 12. E n tre g a del res u lta d o d el escru tin io . C o n c lu id o el escrutin io el presidente de m esa d eberá entregar a la J u n ta C ív ic a e l so b re de las d o c u m e n ta c io n e s e le c to r a le s qu e contendrá: - Padrones de electores utilizados en la mesa. - A cta de con stitución de la m esa (apertura de la votación), a la que se an exarán todas las reclam acion es deducidas. - Las actas de todas las incidencias que h u bieren ocurrido durante la votación. - A cta de escrutin io a la que an exarán todos los reclam os y objeciones.

4. Nulidades de las elecciones en la mesa electoral La nu lidad de la votación realizad a ante la m esa receptora con stituye u n a sanción por u n a irregu laridad ocu rrida ante u n a d eterm in ad a m esa electoral. El C ódigo Electoral, en su Art. 222, ú ltim a parte, establece u n a causal de n u lidad de las votaciones realizadas ante la m esa electoral, con sistente en que la cantidad de boletas de sufragios introdu cidas en la u rn a exced a del 10% de los votos em itidos conform e con lo anotado en el p adrón electoral. La n orm a referida expresa: “ Si el exceden te de boletines fuere m ayor al diez por ciento del total de votos em itidos p ara cu alqu iera de los cargos, la votación de la m esa será n u la” .

5. Procedim iento del escrutinio interm edio El T rib u n al E lectoral de la circunscripción, que es el órgano com petente para efectuar el escrutinio interm edio o provisorio,

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de con form idad con la disposición con tenida en los Arts. 15, inciso d), de la Ley 635/95 y el Art. 234 del C ódigo Electoral, c u a n d o se tra te de e le c c io n e s p a ra c a rg o s n a c io n a le s y departam entales. El T rib u n al al recib ir las docum entaciones c o rre s p o n d ie n te s a to d a s las m esa s rec e p to ra s de v o to s habilitadas en la circunscripción, deberá realizar las siguientes operaciones: 1. C om probar la en trega de todos los padrones y actas de todas las m esas habilitadas en la ju risd icción y observar el estado en que llegaron los sobres, p ara com probar si existen indicios de que h ayan sido violen tad os (Art. 233, C.E.). Esta operación deberá realizarse previo al cóm puto de los resultados de la votación. 2. C óm pu tos de los votos em itid os en todas las m esas habilitadas. R ecepcion adas las docum entaciones electorales c o r r e s p o n d ie n te s a to d a s la s m e s a s h a b ilit a d a s en la ju risd icció n del T rib u n al Electoral, p roced erá a efectu ar el cóm puto de los votos em itidos en todas las m esas receptoras de votos de la ju risdicción , que con sistirá en la sum a total de los resultados que arrojan las actas de escrutinio de las m esas que fun cion aron en los com icios. E n esta operación, el T rib u n al Electoral, deberá establecer los siguientes: 1) la cantidad de votos logrados por cada uno de los partidos, m ovim ien tos políticos y alianzas, en cada uno de los cargos, si la elección es m últiple; 2) la cantidad de votos nulos y votos en blanco; y 3) debe en tregar los certificados c o r r e s p o n d ie n te s a lo s a p o d e r a d o s d e la s r e s p e c tiv a s candidaturas. E s im p o r ta n te s e ñ a la r q u e la a c tiv id a d de c ó m p u to in term ed io que rea liza n los T rib u n ales E lectorales es sobre la base de las d ocu m en tacion es electorales rem itid as por las au torid a d es de m esa, p or lo que los ap od erad os y veed ores d e b e n p r e s e n ta r los r e c la m o s p e r tin e n te s a n te d ic h a s au torid a d es de m esa p ara su ju zg a m ie n to en el escru tin io defin itivo.

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3. E stab lecer el cóm puto p rovisorio de la ju risdicción . El T rib u n al Electoral, al fin alizar el cóm puto de referencia, por resolu ción d eb erá estab lecer los sigu ien tes: 1) el cóm puto provisorio con signando el nú m ero de votos válidos, nu los y en blanco; 2) las decisiones de las autoridades de las m esas receptoras de votos; y 3) la d iscrim in ación de los resultados por cargos y por listas o candidatu ras.

6. Procedimiento del escrutinio definitivo Los ó rg a n o s c o m p e te n te s p a ra e fe c tu a r el e s c r u tin io d e fin itiv o son d os: 1) e l S u p e r io r T r ib u n a l de J u s tic ia Electoral, de todas las elecciones y consu ltas populares, salvo los com icios m unicipales; y 2) los Tribunales E lectorales de las circu n scrip cion es resp ectivas, en los com icios m un icip ales.

6.1. Escrutinio definitivo en las elecciones nacionales y departamentales ■ E l escru tin io defin itivo, con form e con las d isposicion es c on ten id a s en la n o rm a tiv a ele cto ra l re g la m e n ta ria de la Ju sticia Electoral, com prende tres actividades esenciales: 1) el ju zgam ien to de las elecciones, 2) el cóm puto de los resultados de las elecciones, y 3) la proclam ación de quienes resulten electos. 1. Ju zgam iento de las elecciones. E sta actividad com prende la resolución de las im pugnaciones y reclam os deducidas ante las m esas receptoras de votos que se vin cu lan a las supuestas irregularidades producidas durante el desarrollo de la votación y d u ran te el d esarrollo del escru tin io, que con sten en las d ocu m entaciones electorales. 2. C óm p u to de los resu lta d os. Es el recu en to fin a l de las v o ta c io n e s rea liza d a s en todas las m esas ele cto ra le s h a b ilitad as en el com icio realizad o p ara la in tegración de los cargos n a cion ales y d ep a rta m en tales, así com o en las con su ltas populares.

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E l S u perior T rib u n al al finalizar el cóm puto de referencia, por resolución, deberá establecer los siguientes: 1) el cóm puto defin itivo con signando el nú m ero de votos válidos, nulos y blancos; 2) la d iscrim in ación de los resultados por cargos y por listas o candidatu ras; y 3) la integración de los cargos p lu rip e rs o n a les , c o n fo rm e c o n el m étod o de d is trib u c ió n proporcional ideado p or V íctor D T íon dt, con los candidatos de las listas respectivas en el orden de colocación de los titulares y suplentes. 3. E m itir u n a resolución de proclam ación de los candidatos electos en los com icios realizados para los cargos nacionales y departam entales.

6.2. Escrutinio deñnitivo en las elecciones municipales E n las elecciones m u nicipales el órgano com petente para efectu ar el escrutin io definitivo es el T rib u n al E lectoral de la ju risd icció n respectiva, por lo que este órgano deberá realizar las cuatro operaciones com prensivas del escrutinio definitivo que se ha señalado preceden tem en te. Ejem plo: El T rib u n al E lectoral de la C ircu n scripción Ju d icial de C aaguazú y San Pedro debe efectu ar el escru tin io defin itivo de los distritos m unicipales que com prenden am bos departam entos. En las eleccio n es m u n icip a les rea liza d a s en el d istrito de C a p iib a iy del D ep artam en to de San Pedro, el T rib u n al E lectoral de la C ircu n scrip ción ju d ic ia l de C aaguazú y San Pedro, órgano com peten te para efectu ar el cóm puto definitivo, recib ió seis sobres abiertos con indicios de ad u lteración y adem ás com probó que las actas de escrutin io de dos m esas receptoras de votos no tenían las firm as de las autoridades de m esa, por lo que por A.I. Nro. 121 de fech a 23 de noviem bre de 1996, procedió a d eclarar la nu lidad de los votos em itidos ante dichas m esas receptoras de votos. El auto In terlocu torio dictado p or el T rib u n al E lectoral fue atacado de in con stitu cion alid ad por los Señores E PIFAN IO C E N TU R IÓ N R O D R ÍG U E Z, en carácter de Intendente electo y D O M IN G O BER N AR D O PE R ALTA y LUIS ALB ERTO GALEANO

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en carácter de p rim ero y segu n d o C on cejales M unicipales electos. La Corte Su prem a de Justicia, por m ayoría acogió la acción de In con stitu cion alid ad p rom ovida, por A cu erdo y S en ten cia Nro. 198, de fe ch a 23 de a b ril de 1997. Los fun d am en tos de la ad m isión de la acción se sin tetizan en los sigu ientes puntos: 1) que los electores cu m plieron con la em isión de su voto y en tal supuesto no pueden ser sancionados sin m ed iar m otivos para ello. No es posible an teponer razones ajenas al acto electoral p a ra m an ip u lar los resu ltad os; 2) que la su pu esta irregularidad que m otiva la an ulación de los resultados de la m esa no se halla con sign ada en el Art. 307 del C ódigo E lectoral com o cau sal de nulidad; 3) aunque exista irregularidad, si el acto h a cum plido con su finalidad, el órgano ju d ic ia l debe reconocer la eficacia de la m ism a. E l voto en m inoría, fu n d am en ta el rech azo de la acción en los supuestos siguientes: 1) que con form e con la disposición del Art. 228 del C.E. exp resa que el acta de escrutinio debe ser firm ad a por las autoridades de m esa; 2) que con form e con el Art. 313 del C.E. las actas con stitu yen instrum entos públicos y éstos con form e con el Art. 376, inciso c), del C ódigo Civil deben llenar las form as legales para su validez, y el Art. 377 del m ism o cuerpo legal determ ina que son nulos los instrum entos p ú b licos qu e n o llen a n los req u isito s form a les; 3) que el Art. 309 del C.E., fulm ina de n u lidad el acta de escrutinio que no reú ne las form alidades legales al disponer que: “ Son causales de n u lidad de las elecciones realizadas ante la m esas electorales: a) la ausencia, destru cción o desaparición de la d ocu m entación p revista en el Art. 230 de este C ódigo...(inciso d), el acta de escrutinio. E n la sen ten cia referid a debe d estacarse las sigu ien tes cuestiones: 1) la adm isión de la acción de inconstitucionalidad a candidatos, cu an do que la ley reglam en taria de la Ju sticia Electoral, sólo confiere legitim ación activa a los apoderados de los partidos, m ovim ientos políticos o alianzas que prom ovieron la c a n d id a tu ra y con fiere el carácter de coayu van te a los candidatos; 2) se h a desform alizado el acto de escrutinio, que con form e con la Ley Electoral, en su Art. 228, exige que las

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actas de escrutinio sean firm adas por las autoridades de m esa; 3) ha establecido que la falta de firm a de las autoridades de m esa en el acta de escrutin io no con stitu ye cau sal de n u lidad de las elecciones realizadas ante la m esa electoral. Es im portante señalar que las form alidades legales previstas en el C ódigo E lectoral deben ser de estricta observancia dentro d el p ro c es o ele cto ra l, p or el c a rá c te r de d erech o p ú b lico que in tegra la n orm ativa electoral y por la exigencia de que las au toridades p ú b licas tem porales -m iem b ro s de m esas electora les- adecú en su con du cta al prin cipio de legalidad. Pero la om isión del deber form al de las autoridades de m esa no puede afectar el resultado de la volu n tad popular, salvo p ru eb a con creta de que h a sido m anipulada.

7. Convocatoria a nuevas elecciones C on fo rm e con la d is p o s ic ió n c o n te n id a en el Art. 239 del C ódigo Electoral, “ cuando en u n distrito electoral no se hu bieran realizado las elecciones en el 51% (cincuenta y un por ciento) por lo m enos de las m esas receptoras de votos, se con vocará a nuevas elecciones en el m ism o” . T am b ién existe otro supuesto no previsto en la norm ativa electoral que requiere u n a nu eva elección. Este supuesto se da cuando u n a elección arroja com o resultado u n em pate entre dos candidatos.

CAPÍTULO XI INSTITUCIONES DE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

La crisis de la dem ocracia rep resen tativa ha m otivado la adm isión de m ecan ism os institu cionales p ara hacer posible la p a rticip a ció n ciu d a d a n a en la g estió n p ú b lica p or vías alternativas a la representación. En las legislaciones com paradas existen varios m ecanism os institucionales abiertos para p erm itir al ciudadan o participar en la gestión pública por v ía directa, a los efectos de tom ar decision es políticas fu n d am en tales referidas a los asuntos públicos de la sociedad en la qu e vive. E x is te n v a r ia s m o d a lid a d e s d e p a r tic ip a c ió n d ir e c ta del ‘p u eb lo en los asu n tos pú b licos, com o el plebiscito, el referéndum , la in iciativa p opu lar y la revocatoria de m andato. La C on stitu ción de 1992, con secu en te con el carácter de dem ocracia p articipativa que ad op ta com o form a de gobierno, institu ye dos de ellas: el referén du m y la iniciativa popular. La recepción de estas dos instituciones em ana del principio fu n d am en tal de la dem ocracia participativa, pues son canales de e x p r e s ió n de la v o lu n ta d c iu d a d a n a e in s tru m e n to s de legitim a c ió n de las d ecisio n es p olíticas fu n d am en ta les adoptadas por los representantes del pueblo. Son instituciones com plem entarias de la dem ocracia representativa para facilitar m ayor dinam ism o al proceso político.

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La recep ción de estas dos m odalidades de p articipación directa del pueblo en la gestión pública no tiene precedentes en la h istoria con stitu cion al de nu estro país, pero el referén dum no es ajeno a la cultura política del país, pues fue utilizado para la aprobación del tratado de Paz del Chaco y de la C onstitución de 1940, pero su recepción con stitu cion al no tiene preced en te en la h istoria constitucional. Estos dos m ecanism os de participación p opu lar d irecta en los asun tos públicos se desarrollan en el C ódigo Electoral, en cuanto a las condiciones y p rocedim iento para su realización, que con stitu ye el objeto del p resente capítulo.

1. El referéndum L a exp resió n p rovien e d el la tín referen d u m , de referre: refe rir. Es u n p ro c e d im ie n to m ed ia n te el c u a l e l c u erp o electoral, a través del sufragio de sus integrantes, ratifica o desapru eb a decisiones de carácter norm ativo adoptadas por órganos representativos. El autor Germ án Bidart Cam pos sostiene que “El referéndum es la consulta al cuerpo electoral para que m anifieste su opinión sobre u n acto n orm ativo (reform a de la con stitu ción , ley, etc.). En su m a se som ete a votación del cuerpo electoral u n a norm a”89. La definición citada es coincidente con la disposición del Art. 259, de la Ley 834/96, C ódigo E lectoral, que señala: “E l referén d u m es u n a form a de con su lta p op u lar que se celeb rará de acuerdo con las condiciones y procedim ientos regu lados en el presente cód igo” . A clarad o el con cep to d el referén d u m , res u lta op ortu n o señalar que el plebiscito se parece al referén d u m en cuanto tam bién im plica u n a con su lta al cuerpo electoral, pero no sobre u n acto de índole norm ativa, sino sobre u n a cuestión

89 B ID A R T C A M P O S , G E R M Á N J. L e c c io n e s E le m e n ta le s d e P o lític a , F.DIAR, 5a ed. A ñ o 1995, p á g. 256.

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p olítica qu e es vital p ara el Estado; por ejem plo: adhesión a u n gobernante, an exión o in d ep en d en cia de u n territorio, el otorgam iento de ciertos poderes a un gobernante, cuestiones fu n d a m e n t a le s ta le s c o m o a d m is ió n d e l d iv o r c io , la s privatizacion es de em presas públicas, etc.

1.1. Clase de referéndum El referéndum puede clasificarse en atención a los siguientes supuestos: a. Por la naturaleza del acto normativo que se somete a con sid eración del electorado. P u e d e c o n s is t ir en referéndum constitucional, cuando tiene por objeto una norm a constitucional o la reform a constitucional; legislativo cuando se som ete a con sideración u n a n orm a legal; y m unicipal cuando el objeto de la m ism a con stitu ye u n a n orm a m unicipal.

b. Por la extensión de la norma sometida a consideración del cuerpo electoral puede ser parcial o general. Parcial cuando tiene por objeto una parte del acto norm ativo; y general cuando ab arca todo el cu erpo norm ativo. c. Por el efecto del referéndum puede ser vinculante, facultativo y consultivo. Es vin cu lan te cuando el resultado de la con su lta ob liga al órgano em isor del acto norm ativo a hacer lo resuelto p or el cuerpo electoral. Es facultativo cuando la m ism a no tiene el carácter de la obligatoriedad, quedando librada a la volu n tad del órgano com peten te hacer o no hacer la decisión del electorado. Es con su ltivo cuando el objetivo del referén du m es con ocer la opin ión del cuerpo electoral sobre la decisión asu m id a por el órgano estatal. En n u estra legislación, el efecto del referén du m podrá ser vin cu lan te o facultativo, de acuerdo con la n orm a legal que decide la realización del acto de referén du m (art. 121 de la C.N.). Es con su ltivo cuando la con su lta se realiza solam ente para con ocer la opin ión del cu erpo electoral. d. Por el momento de la consulta puede ser post-legem y ante-legem. Es p ost-legem cuando se realiza después de

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sancionada la norm a, y a sea para que adqu iera vigen cia si la m ayoría se pron u n cia afirm ativam ente, o para que la pierda si tam bién la m ayoría se expide por su d erogación (en este últim o caso fu n cion a com o u n veto popular); es an te-legem cuando se realiza antes de que la n orm a sea sancionada, a m odo de consulta. C onform e con el Art. 121 de la C.N. y su reglam entación p revista en los Arts. 259 al 265 inclusive, del C ódigo E lectoral (Ley 834/96), el referén du m puede ten er cu alqu iera de estas clasificaciones referidas, tod a vez que así lo disponga el acto legislativo que con voca a referén d u m al cuerpo electoral.

1.2. Iniciativa para el referéndum Los sujetos habilitados p ara p roponer al C ongreso N acional la con su lta vía referén du m son: a) el Poder Ejecutivo, b) los m iem b ro s del C on greso N a cion a l; cin co sen ad ores o d iez diputados (art. 260, Ley 834/96). La disposición legal referida no debe ser en ten did a com o u n a im posibilidad p ara que cu alqu ier ciudadano, en ejercicio de su derecho de p eticion ar a las autoridades p u ed a form ular, sea al Poder Ejecutivo o al C ongreso N acional, la realización de la con su lta vía referéndum , en cuyo caso el Poder E jecu tivo o los cinco senadores o diez diputados, d eberán hacerse cargo de dich a iniciativa para que sea som etida al tratam iento del C ongreso N acional, que es el ú n ico órgano habilitado para au torizar la realización de la con su lta popular.

1.3. Procedimiento para su realización El procedim iento de realización de la con su lta popular por vía del referén du m se h a lla regulado en la Ley 834/96, que en la parte pertin ente dispone los trám ites siguientes: .

a. Remisión de la ley de referéndum a la Justicia Electoral: A p rob ad a la resolu ción legislativa que dispone la realización del referéndum , el Presidente del Congreso Nacional d eberá rem itir la copia de la m ism a a la J u sticia E lectoral a los efectos de la con vocatoria al cuerpo electoral.

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b. Fecha de realización del referéndum: El referén dum será rea lizad o d en tro del p lazo m ín im o de sesen ta días y m áxim o de ciento vein te días, desde la fech a de recepción de la resolu ción en la sede de la J u sticia Electoral. c. Publicación de la convocatoria: E l Art. 264 del C.E. exige la d ifu sión de la con vocatoria en los diarios de m ayor circulación del país, por tres veces, dentro de los diez días de su em isión. Aquí, el artículo 264, del C.E. en form a errón ea refiere: “ley de con vocatoria” cuando el acto de con vocatoria lo em ite la Ju sticia E lectoral y es dicho acto el que debe ser objeto de publicación.

2. Referéndum constitucional C u a n d o de c o n fo r m id a d c o n lo d is p u e s to en el A rt. 290 d e la C o n s titu c ió n N a c io n a l, el C o n g re s o N a c io n a l ap rob are la e n m ien d a del texto con stitu cion al, p or m ayoría a b s o lu ta en am b as cám ara s del con greso , se rem itirá el texto al T rib u n a l S u p erior de J u sticia E lectoral, p ara que d en tro del p lazo de cien to o ch en ta días, se con voqu e a u n referéndum . Si el resu ltad o de éste es afirm ativo, la enm ienda qu ed ará san cio n ad a y p rom u lgad a, in co rp orán d o se al texto con stitu cion al. E l referén d u m con stitu cion al, no sólo tien e el carácter vincu lan te en el sentido de incorporar al texto con stitucional la enm ienda ap rob ad a sino que constituye la etapa conclusiva del p roceso de la en m ien d a constitucional.

3. Objeto del referéndum Las m aterias que p odrán ser objeto del referén dum son todas a qu ella s qu e no estén com p ren d id a s d en tro de las e x c lu id a s e x p re s a m e n te p o r el Art. 122 de la C .N ., qu e d isp o n e: “ N o p o d rá n ser m a te ria de refe rén d u m : 1) las relaciones in tern acion ales, tratados, con ven ios o acuerdos I

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internacionales; 2) las expropiaciones; 3) la d efen sa nacional; 4) la lim itación de la propiedad inm obiliaria; 5) las cuestiones relativas a los sistem as tributarios, m onetarios y bancarios, la con tratación de em préstitos, el Presu pu esto G eneral de la Nación; y 6) las elecciones nacionales, las departam entales y m unicipales. Es im p o rta n te s e ñ a la r qu e c o n fo rm e con la e v o lu c ió n d octrin aria del instituto y las m aterias objeto de exclusión en los térm inos del Art. 122 de la C.N., los actos norm ativos que p odrán ser som etidos a referén du m son los actos legislativos, departam entales, m u nicipales y la en m ien d a constitucional; aunque en los casos de los actos departam entales y municipales, la decisión debe proven ir del C ongreso Nacional.

4. La iniciativa popular 4.1. Concepto “C onsiste en acordar al cuerpo electoral, o u n a fracción del m ism o, la facu ltad de p rop on er la sanción de u n a ley, su m odificación o derogación. Reviste dos formas: a) iniciativa con form u lación de un proyecto articulado; b) in iciativa sobre la m ateria de la ley, pero sin elaborar el proyecto articu lad o”90.

4.2. Sujeto de la iniciativa popular

.

La prop ia denom inación de esta institución de participación del pueblo en la gestión p ú b lica revela su atribución a una colectivid ad de electores. En este sentido, el Art. 123 de la C on stitu ción dispone el recon ocim ien to del derecho a la in iciativa p opu lar a los electores y el C ódigo E lectoral que reglam en ta la institución confiere el derecho a la iniciativa popular al 2% del núm ero total de electores inscriptos en el R egistro C ívico Perm anente.

90 B ID A R T C A M P O S , G E R M A N J. O p. cit., p ág. 2 5 6 / 7 .

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4.3. Objeto de la iniciativa popular La in iciativa p op u lar habilita a u n nú m ero determ inado de electores a p rop on er proyectos de leyes y en tal sentido, tiene la virtu alid ad ju ríd ic a de am p liar los sujetos de la iniciativa legislativa. Las m aterias excluidas de la iniciativa popular, conform e con las disposiciones del Art. 267 del C ódigo E lectoral, son las siguientes: 1. Las cu estion es relativas a la legislación m u n icip al y d ep á rta m en tal. 2. Las cu estiones relativas a la aprobación de tratados y acuerdos internacionales. 3. Las m aterias excluidas del referéndum , de conform idad con las disposiciones del Art. 122 de la Constitución.

4.4. Procedimiento de la iniciativa popular E l procedim iento establecido en los Arts. 261 al 275 inclusive, de la Ley 834/96, C ódigo Electoral, exige la realización de los supuestos siguientes: 1. L a c o n fo rm a c ió n de u n a c o m is ió n p ro m o to ra de la in iciativa, in teg ra d a p o r cin co electores, con la exp resión de sus datos p erson ales y la con stitu ción de d om icilio de la com isión . E sta com isión ten d rá la rep resen tación legal exclu siva p a ra todos los trám ites referen tes al p royecto (Art. 268). 2. P re s e n ta ció n p re v ia del texto ín teg ro de la ley y su exposición de m otivos para verificar la existencia de cuestiones que im pidan la con tinu idad de la iniciativa. E sta exigencia es solo facu ltativa de los prom otores. En la hipótesis de su p resentación prelim inar y ante la ocu rren cia de supuestos le g a le s q u e im p e d ir ía n la v ia b ilid a d de la in ic ia tiv a , el Presidente del C ongreso la rech azará por resolu ción fundada, que no adm ite recursos. 3. Adm isión del proyecto presentado: Si no existe im pedim ento

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para la viab ilid ad del proyecto, el P residente del C ongreso expedirá u n a con stan cia y en la m ism a d ispondrá que dicho proyecto de ley ten d rá tratam iento de preferencia, hasta el plazo de 180 días, dentro del cu al se d eberá p resentar todos los recau dos exigidos en el Art. 266 del C ódigo Electoral. 4. Presentación form al: Los requisitos form ales del proyecto de ley son los siguientes: 1) texto articulado del proyecto de ley dotado de un idad sustantiva, precedido de u n a exposición de m otivos, 2) la firm a de por lo m enos el 2% (dos por ciento) de los electores inscriptos en el R egistro C ívico Perm anente, id e n t ific a d o s c o n su s d a to s p e r s o n a le s y n ú m e r o de docum entos, que deberán ser rubricados por escribano público e in sertad a en pliegos proveídos por la J u sticia Electoral. La presentación form al puede hacerse conform e con dos m odalidades: a) presen tación p revia del proyecto de ley, que perm ite verificar la viab ilid ad de la iniciativa y la concesión del plazo de 180 días para com pletar los recau dos form ales y la even tu al exten sión de dicho plazo h a sta sesen ta días; y b) la p resentación directa del p royecto con el cum plim iento de los recau dos form ales. 5. C ontrol por la J u sticia electoral del cum plim iento del requisito del 2% de electores proponentes. 6. D evolu ción por parte del E stado de los gastos incurridos por los prom otores, en razón de 2.000 gu araníes (dos m il gu a ra n íes) p or la firm a de ca d a e le cto r p ro p on en te, si el proyecto se con vierte en Ley.

CAPÍTULO XII FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS, MOVIMIENTOS POLÍTICOS Y ALIANZA

L o s p a r t id o s y m o v im ie n t o s p o lít ic o s c o n s t it u y e n instrum entos de canalización de las candidatu ras para los cargos de rep resen ta ción p op u lar. El acceso a los cargos referidos exige la rea lización de cam pañas electorales que c a d a d ía im p o n e n la m o v iliza c ió n de m a y o r c a n tid a d de recursos finan cieros p or los costos de las diferentes form as de difusión de las propuestas de gobiern o o la prom oción de los candidatos. E l e je rc ic io de los d e re c h o s p o lític o s , la p a rtic ip a c ió n c iu d a d a n a y la e x p re s ió n d e l p lu ra lis m o de la so cied a d c o n stitu y en e lem en to s es en c ia le s de la d e m o cra c ia y los partidos políticos a través de las elecciones son los canales institu cionales para to m a r efectivos los valores dem ocráticos señalados. El proceso electoral, por su parte, exige la inversión de con sid erab les recu rsos econ óm icos que se m ovilizan a través de la actividad política. L a n e c e s id a d de c o n ta r con re c u rs o s e c o n ó m ic o s p o r

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parte de los partidos políticos se vin cu la con la efectividad del prin cipio de igualdad en la com p eten cia electoral, porque la p osesión de dichos recu rsos afecta en gran m ed id a las posibilidades electorales de los candidatos p or las facilidades de difusión de las propuestas y candidaturas. El alto costo que representa p ara los partidos y m ovim ientos p o lítico s m a n ten er su fu n c io n a m ie n to p e rm a n en te y sus c a m p a ñ a s e le c to ra le s h a ce q u e las a c tiv id a d e s d e estas entidades no puedan ser finan ciadas con los fondos captados de los trad icion a les p ro veed ores de recu rsos que son sus sim patizantes, por lo que deben recurrir a otras fuentes de finan ciam ien to con u n a desigu al capacidad de captación de recurso por la posición que p u eda ocupar u n partido dentro de la estru ctu ra estatal. R esu lta eviden te que un p artido de gobiern o tiene m ayor capacidad de captación de recursos por la posibilidad que tiene de “com pen sar” a sus proveedores, sea por m edio de d esignación en los cargos públicos o por m edio de los contratos con el Estado. E n m uchas ocasiones la n ecesidad de recursos financieros de los partidos políticos hacen que recu rran a candidaturas de personas con poder económ ico con lo cu al se con vierte en u n a especie de “partido de alqu iler” o al finan ciam ien to de determ inados sectores económ icos con lo que se desnaturaliza la fin alid ad de los partidos de servir al bien colectivo, para r e p re s e n ta r los in te re s e s de los s e cto res qu e le b rin d a n fin an ciam ien to. Tam bién, con frecuencia se recurre a formas de financiamiento que riñen con la legalidad, con fondos que provienen de abusos del p od er público, de actividades com o el narcotráfico y otras actividades ilícitas, con las cuales se ponen en riesgo la calidad del sistem a dem ocrático. Es decir, la depen d en cia del éxito electoral a la posesión de los recursos económ icos p ara fin an ciar sus actividades ha m otivado el acceso a fuentes de finan ciam ien tos viciados de irregularidad, ilegalidad o actos de corrupción, en la tipología

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de Jorge F. M alem Señ a91, con im pacto fu ertem ente negativo sobre el sistem a dem ocrático. C on la fin alid ad de superar los graves problem as del costo de la actividad p olítica que genera, por u n a parte, una enorm e d esigu aldad en la com p eten cia electoral por la caren cia de recursos entre los partidos políticos en com peten cia y por otra parte, los vinculados al origen de los recursos captados por los partidos, las legislaciones han establecido algunos m ecanism os para preservar, por u n a parte la necesaria igu aldad financiera en la com p eten cia electoral y por otra parte, la necesidad de preservar la tran sp aren cia en la captación de los fondos. De esta form a, ante la necesidad de preservar la igualdad fin an ciera de los partidos políticos se h a establecido en la m ayoría de las legislacion es el fin an ciam ien to público; las restricciones al fin an ciam ien to privado con el fin de preservar la in d ep en d en cia de los partidos; y la lim itación de los gastos, la proh ib ición de determ inados tipos de aportes, el control del origen de los fondos y sanciones a la captación irregular de fon d os con el fin de p re s e rv a r la tra n s p a re n c ia en la fin an ciación de la actividad política. Algunos de los tem as referidos, se hallan regulados en la n orm ativa electoral de fondo y de form a de nu estro país, que serán objeto del p resente capítulo.

1. Concepto La norm ativa electoral paraguaya no contiene una definición del fin an ciam ien to de los partidos políticos por lo que se debe recu rrir a la literatu ra especializada a los efectos de precisar el concepto. El autor Hugo Alfonso M uñoz sostiene que el financiam iento de los partidos políticos “con siste en u n con junto de recursos 91 M A L E M S., J O R G E F. L a C o rru p c ió n . A s p e c to s é tic o s , e c o n ó m ic o s , p o lítico s y ju r íd ic o s , G e d is a E d ito ria l, B a rc e lo n a , 2 0 0 2 , p ág. 109.

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económ icos para el cu m plim iento de los fines previstos en el ordenam iento ju ríd ic o ”92. Sin em bargo, esta definición se refiere al patrim onio de las entidades políticas, pues conform e con la d octrin a , el fin a n c ia m ie n to de los p a rtid o s p u ed e provenir, en form a indirecta, de desgravaciones im positivas y otros m edios que con stitu yen m odalidades de finan ciam ien to que no ingresan al patrim onio de los partidos políticos. El autor argentino D aniel Zovatto lo define com o “política de ingresos y egresos de los partidos tanto para sus actividades electorales com o p erm an en tes”93. En la doctrina nacional, A lberto R am írez Z am bonini señala que: “E l financiam iento de un partido político com prende todo lo que recibe, por cu alqu ier título, y tam bién todo aquello que no gasta por su m era con dición de tal. Así, a p esar de que no ingrese u n a sum a de dinero determ inada, la obten ción de un precio especial, u n a tarifa prom ocional o un descuento im plica con cretam ente la existen cia de un ahorro económ icam ente cu an tifica b le”94. Por consiguiente, con form e con los criterios expuestos por los autores citados, se puede señalar que el finan ciam ien to de los p artidos y m ovim ien tos p olíticos se in tegra con los recu rsos p a trim o n iales recau d a d os p ara la rea liza ción de sus actividades, las exoneraciones im pu estas por disposición legal y los servicios gratuitos que reciben para cum plir con sus fines. Los elem entos com ponentes del concepto de financiam iento de los partidos y m ovim ien tos políticos son los siguientes: a. Conjunto de recursos económicos. El con ju n to de recursos económ icos de los partidos políticos está integrado

92 M U Ñ O Z , H U G O A L F O N S O . D ic c io n a r io E le c to ra l, T o m o I, C A P E L , 2 0 0 0 , p ág. 570, 93 Z O V A T T O , D A N IE L . D in e ro y C o n tie n d a P o lític o -E le c to ra l. R eto d e la D e m o c ra c ia , F o n d o d e C u ltu ra E c o n ó m ic a , M é x ic o , 2 0 0 3 , p á g. 36, 94 R A M ÍR E Z Z A M B O N IN I, A L B E R T O . F in a n c ia m ie n to d e lo s P a rtid o s P o lític o s , T es is d o c to ra l p re s e n ta d a en la U N A , p ág. 196, 2 0 0 0 .

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por los bienes propios adquiridos por estas entidades, que c o m p re n d e n b ien es m u e b le s e in m u e b le s y los recu rso s finan cieros recibidos con form e con las disposiciones legales. E l con junto de bienes que pu eden integran el patrim onio e c o n ó m ic o de los p a rtid o s p o lític o s, a títu lo de ejem p lo, se p u e d e n c ita r lo s s ig u ie n te s : 1) in m u e b le s s ea n qu e corresp on dan a las sedes o locales p artidarios o destinados a otro s fin es; 2) em p resa s c o m e rc ia le s ; 3) ed ito ria le s ; 4) au tom óviles, sean p ara u sos p artid arios o com erciales; 5) m uebles, útiles o m aquinarias, sean p ara uso partidario o com ercial; 6) ingresos de C entros de Estudios; y 7) derechos de autor y otros. E stos recursos que sirven para finan ciar las actividades de las entidades políticas pu ed en denom inarse recursos originarios. Tam bién integran el patrim onio de las entidades políticas los recursos finan cieros que reciben del E stado y de las personas físicas y ju ríd ica s privadas p ara fin an ciar sus actividades. Estos recursos pu eden d enom inarse recursos derivados de los partidos y m ovim ien tos políticos. b. Los recursos ahorrados por los partidos y movimientos políticos. T am bién se finan cian las actividades políticas por m edio de m ecan ism os que perm iten a estas entidades no gastar sus recu rsos p ara rea lizar sus actividades. E n este sentido, existen varias m odalidades de ah orro de recursos se a n p or d is p o s ic io n e s le g a le s , c om o las e x o n e ra c io n e s tr ib u ta r ia s ; d is p o s ic io n e s a d m in is tr a tiv a s qu e p e rm ite n recibir prestaciones de servicios públicos, com o la provisión gratu ita de com u nicaciones telefónicas, de en ergía eléctrica, correos entre otros, espacios gratuitos en m edios estatales p ara la d ifu sión de p rop agan d a electoral, espacios gratuitos en m edios de com u n icación privada, p rovisión gratu ita de carteles para la propaganda, tarifas preferen ciales en m edios de com u nicación p rivad a du ran te el período electoral, entre otros. Estas son m odalidades de finan ciam ien to indirecto de los partidos políticos porque perm iten ah orrar sus recursos.

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Por tanto, los recursos que ah orran las entidades políticas p ara la realización de sus actividades pu eden denom inarse fuentes indirectas de financiam iento. c. Destinados para el cumplimiento de sus fines. Los fines de los p artidos políticos, con form e con la n orm ativa con stitu cion al son: 1. P articipar en la form ación de las autoridades electivas nacionales, departam entales y m u nicipales. Es decir, para cu m plir con esta fin alidad los partidos utilizan sus recursos p ara fin an ciar las cam pañas electorales de prom oción de las candidatu ras, preparación de las elecciones y la d ifu sión de las propuestas de gobierno. 2. Form ación C ívica de los C iudadanos. Para cum plir con este fin los partidos políticos deben organizar cam pañas de edu cación de los ciudadan os por m edio de cursos, sem inarios y otras form as de incentivo de la capacitación ciudadana. 3. O rien tar la p olítica nacional. C on esta finalidad debe in v e r tir sus rec u rs o s en la d ifu s ió n de su p ro g ra m a de gobierno, propuestas ideológicas, entre otros.

2. Justificación del financiamiento de los partidos políticos L a s r a z o n e s q u e ju s t if ic a n e l fin a n c ia m ie n t o d e la activid a d p olítica son d iversas p orqu e com o señ ala el au tor argen tin o A lejan d ro T u llio: “ Sin recu rsos econ óm icos, los p artid os p olíticos no p od rían organ izarse, n i sus dirigen tes form a rse tal y com o se recla m a actu alm en te; sus ideas no p od rían difu n d irse, p rivan d o a la ciu d a d a n ía de con ocer y e v en tu a lm en te ap oyar o rech a za r las m ism as. Sin din ero no h a b ría cam pañ as y la d em o cra cia p erd ería su p rin cip a l sustento, la com p eten cia p or el apoyo del p u eb lo que p erm ita altern ativa s de g o b iern o ”95. 95

T U L L IO , A L E J A N D R O . F in a n c ia m ie n to d e los P a rtid o s P o lític o s , F a c u lta d d e D e ­ re c h o d e la U n iv e r s id a d N a c io n a l d e L o m a s d e Z a m o ra , 2 0 0 2 , p ág. 65.

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Por con siguiente, las razon es que ju stifica n la obten ción de recursos para fin an ciar las actividades políticas se puede sintetizar en las siguientes: a. Competir, en igualdad de condiciones, para acceder a los cargos de representación popular. La com peten cia electoral por los cargos electivos de representación popular, en la actualidad, es sum am en te costosa por lo que para asegu rar la igu aldad de la com p eten cia electoral los partidos políticos deben con tar con los recursos para finan ciar sus actividades de p rop agan d a electoral destinadas a con segu ir la adhesión de los ciudadanos. b. Preservar su organización para cumplir con sus labores de dirección y organización partidaria. L as entidades políticas deben tener u n a estru ctu ra organizativa p erm an en te que requiere de u n a fuerte inversión de recursos en locales, equipam iento de los m ism os, personal perm anente, entre otros. E l fu n cion am ien to perm anen te de los partidos políticos requiere de recursos económ icos. c. Cumplir con sus fines de educación cívica de la ciudadanía y la orientación de la política nacional. En el orden ju ríd ico paraguayo, adem ás de la finalidad de participar en la form ación de las au toridades represen tativas se exige la edu cación cívica y la orientación de la p olítica nacional a los partidos políticos. E stas actividades tam bién requieren de in versión de recursos económ icos.

3. Objetivos de la regulación del ñnanciamiento de los partidos políticos Los o b je tiv o s b á s ic o s de la r e g u la c ió n ju r íd ic a de los fondos captados o exonerados a los partidos políticos para la realización de sus actividades, sean de origen privado o público, son los siguientes: a. Asegurar su independencia frente a los grupos económicos o grupos de interés. La necesidad de dinero que

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tienen los partidos políticos p ara fin an ciar sus actividades y el dinero que busca tener in flu en cia p olítica puede con clu ir con la com p ra de la volu n tad política p or parte de quienes d etentan el poder económ ico. Con el objetivo de preservar la independencia de los partidos políticos de los grupos económ icos se establecen los lím ites a los aportes de personas físicas y ju ríd ica s, y la lim itación del tiem po de la p rop agan d a electoral. b. Facilitar una mayor igualdad de oportunidades entre los partidos políticos en la competencia electoral. La com p eten cia electoral en igu a ld a d de con dicion es depen de en gran m ed id a de la p osesión de recu rsos p ara fin an ciar la s c a m p a ñ a s e le c to r a le s . E s ta c ir c u n s ta n c ia s u rg e de d o s fa c to r e s im p o rta n te s : en p r im e r lu g a r, lo s m e d io s p rop aga n d ísticos m ás efectivos son los m edios m asivos de com u n ica ció n por su a m p lia c ob ertu ra y su in flu en cia en la form a ció n de la v olu n ta d p olítica; y en segu n d o lugar, p or el alto costo que rep resen ta la u tiliza ció n de los m ed ios m asivos de com u n icación social. Por consiguiente, con la finalidad de facilitar el acceso de los partidos a los m edios m asivos de com u n icación social se regu lan form as de fin an ciam ien to in d irecto a los partidos políticos com o la con cesión de espacios gratuitos en períodos ele cto ra le s, el su b sid io p a ra los g astos electo ra le s, en tre otros. • c. Disminuir la influencia de los grupos de interés sobre los órganos del Estado. Tien e por fin alid ad asegu rar que sus decisiones estén inspiradas en los intereses de la colectividad y no en los grupos que financian las actividades de los candidatos electos en los cargos de rep resen tación popular. El fuerte financiam iento de los partidos políticos por parte de grupos de intereses sectoriales puede gen erar en el partido en fu nción de gobiern o u n a d istorsión de su fin alid ad de servir al interés colectivo p ara servir a los intereses de sus proveedores de fondos.

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C on la fin alid ad de evitar la d istorsión de la finalidad de los órganos de gobierno, se estab lecen m edidas tales com o las prohibicion es en la cantidad de los aportes y, en algunos casos, las restriccion es a los aportes de ciertas corporaciones que rep resen tan intereses sectoriales.

E v ita r el in g re so de re c u rso s ile g a le s en el financiamiento de los partidos políticos. L a p osib ilid ad d.

eviden te de los p artidos de cap tar recursos ilegales que afecta la calidad de la d em ocracia y la cred ib ilid ad de los partidos com o actores principales del p roceso d em ocrático es m otivo p ara regu lar diferentes m ecan ism os de con trol del origen de los fondos partidarios y la regulación de sanciones que pueden llevar, en algunas legislacion es, hasta la p érd id a de los cargos representativos. El fin an ciam ien to de activid ad es políticas originadas en recu rsos p roven ien tes del n a rcotráfico y otras actividades ilícitas, gen eralm en te tiene com o efecto facilitar la im pu nidad de estos delitos con lo cual se afecta la calidad de la dem ocracia y la cred ib ilid ad de los actores políticos.

4. Principios orientadores de la utilización de los recursos El financiamiento de los partidos políticos, independientemente d el o rig en de los fo n d o s, d e b e su je ta rs e a los p rin c ip io s siguientes: a. Legalidad. Los ingresos y gastos de los fondos partidarios d eb en aju sta rse a la ju rid ic id a d , en p rim er lugar, p or su carácter de p erson a ju ríd ic a de derecho p ú b lico y en segundo lugar, por la necesidad de evitar la utilización de fondos ilegales en su actividad. E l c a rá c te r de p e rs o n a ju r íd ic a de d erech o p ú b lico de lo s p a r tid o s p o lític o s , q u e le a tr ib u y e el o r d e n a m ie n to con stitu cion al paraguayo, im p lica que to d a su actividad debe aju starse a la ju rid icid a d qu e se extien de al m anejo de su patrim onio.

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E n segundo lugar, resu lta im portan te que u n a institución que cu m ple u n a función trascen d en te en la dem ocracia no u tilice fon dos p ro ven ien tes de activid ad es ilícitas com o la corru pción pública, desvío de fondos, tráfico de influencias o coim as originadas en las estructuras estatales; o de actividades privadas ilícitas com o el narcotráfico, entre otros. E n re la c ió n a los g a stos de los p a rtid o s, ellos d eb en vin cu larse a las actividades propias de los m ism os, conform e con las finalidades que se le atribuye por el orden ju ríd ico, con la d ebida explicación de los rubros en que han invertido los fondos de los partidos. b. Publicidad. L o s p a r tid o s p o lític o s d e b e n .p o n e r a con ocim ien to de la ciu d ad an ía su con tab ilid ad y el origen de los fondos adqu iridos p ara d em ostrar la tran sp aren cia de los recursos obtenidos y facilitar el con trol efectivo sobre el patrim onio del partido. L a im p o rta n c ia de la p u b lic id a d , c u a n d o se tr a ta de finan ciam ien to público, radica en la necesidad de con ocer el uso racional del dinero de los con tribuyentes, en el sentido de que los fondos públicos proveídos sean u tilizados para el cu m plim iento de los fines del partido. E n relación al finan ciam ien to privado, el con ocim ien to de quiénes son los p roveedores de fondos es de vital im portancia por el efecto que dicha circu n stan cia puede tener sobre la con du cta de los candidatos del partido en el ejercicio 'de las fu n cion es represen tativas por la ten d en cia de los m ism os de favorecer los intereses de los proveedores de fondos antes que a la colectividad. P or otra parte, la p u b licid a d del origen del p atrim o n io de los p artid os p olíticos refu e rza la con fia n za ciu d ad an a en los m ism os, porqu e u n p artid o que tien e u n a ad m in istración fin a n ciera ord en ad a h ace su p on er que tam b ién p ro ced erá de la m ism a fo rm a en la a d m in istra ción de los bienes del Estado. c. Transparencia. Es la exigen cia de la m áxim a claridad

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en las fuentes de fin an ciam ien to y en los gastos que realizan los partidos políticos, con lo que se preten de que las cuentas de los partidos d em u estren la legitim id ad de sus recursos y la racion alidad de los gastos que realizan. d. Austeridad. E ste p rin cipio se vin cu la a los gastos de cam p a ñ as electora les de los p artid os p olítico s que d eben re a liza rs e en p la zo s cortos y que el p ro c es o e le c to ra l no se con vierta en u n derroch e irresp on sab le y exagerado de dinero. .e. Control. El con trol interno y externo de los fondos de los partidos políticos com o m ecan ism o para garantizar a la ciu d ad an ía que la actividad política se realiza con equilibrio entre el gasto razon able y los ingresos suficientes y lícitos puede lograrse con facilidad por m edio de los instrum entos de co n tro l in te rn o y exte rn o qu e las le g is la c io n e s d eb en arbitrar. f. Igualdad. E ste p rin cip io se vin cu la al fin an ciam ien to público de los partidos políticos, en el que se debe preservar la igu ald ad en la com p eten cia electoral, éste con stitu ye el objetivo esen cial del finan ciam ien to con fondos públicos. Para lograr la igu ald ad fin an ciera de los partidos, tam bién deben arbitrarse los m edios para el acceso al fondo público de los partidos nuevos.

5. Formas de financiamiento E n la doctrin a y en las legislacion es com paradas aparecen, esencialm ente, tres form as de financiam iento de las actividades de los partidos políticos de acu erdo al origen de los fondos: 1) F inan ciam iento ú n icam en te privado. 2) F in an ciam ien to solam ente público. 3) Financiam iento m ixto, que perm ite a los partidos acceder a recursos provenientes de los agentes privados y de los fondos públicos.

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5.1. Financiamiento privado El finan ciam ien to privado a las entidades políticas existe cuando los recursos para la realización de sus actividades provien en de personas físicas o ju ríd ica s privadas o cuando éstas d ejan de p ercibir los costos de servicios que p restan a los partidos y las que gen eran los partidos políticos con sus propios recursos o actividades. L a s m o d a lid a d e s d e l fin a n c ia m ie n t o p r iv a d o , e n e l d erech o com p a ra d o de A m é ric a L atin a, con fo rm e a p u n ta el au tor argen tino D an iel Z ovatto96, son las siguientes: a) m em b resía de los afiliad os; b) d on acion es in d ivid u ales; c) don aciones de grupo de interés o instituciones económ icas (em p resas, corp oracion es, asociacion es, sin d icatos, u n ión de com erciantes); d) créditos; y e) actividades del partido que gen eran algún tipo de utilidad. P or c o n sig u ie n te, se p u e d en in d ic a r com o fu e n te s d el finan ciam ien to privado de los partidos políticos, los recursos q u e in g re s a n a su p a trim o n io o rig in a d o s en a p o rte s de personas privadas, las que ob tien en del ren dim iento de su p atrim on io o actividades realizadas y las que dejan de gastar por servicios que les proveen las p erson as privadas. L a s fu e n te s p r iv a d a s d e f in a n c ia m ie n t o se p u e d e n d iscrim in ar en las m odalidades siguientes: a. Aportes de personas físicas. Son fondos incorporados al patrim onio de los partidos y m ovim ien tos políticos por los afiliados o sim patizantes p ara ser utilizados en el desarrollo de sus actividades. En cuanto a las m odalidades de realización de los aportes por parte de las personas físicas cabe distinguir las situaciones siguientes:

- Aportes anónimos. S ign ifica que la id en tid ad de las p erson as físicas y ju ríd ic a s qu e rea lizan los ap ortes para

96 Z O V A T T O , D A N IE L . O p . cit., p á gs . 6 5 / 6 6 .

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fin a n c ia r las a c tiv id a d e s de los p a rtid o s se d e sco n o cen . Algunas legislacion es p rohíben los aportes anónim os y otros establecen u n lím ite m áxim o a este tipo de aportes. En la legislación paraguaya no es adm itida este tipo de aporte porque el Art. 282, al referirse a la recau dación de aportes de personas físicas o ju ríd ica s, exige la ind ivid u alización de las m ism as. Los aportes an ónim os con spiran con tra la pretensión de tran sp aren cia en cuanto al origen de los bienes, pero quienes la defien den sostienen que la m ism a se fu n d am en ta en el derecho a la intim idad del proveed or de los fondos y preserva el secreto del voto. Sin em b argo, los ap ortes an ón im os afectan los prin cipios de la p u b licid a d y la tra n sp a ren cia de los recu rsos de los partidos políticos, es por ello que la ju risp ru d en cia de algunos países, com o E stados U n idos y A lem an ia, se h a p ron u n ciad o a fa vor de la n ecesid a d de la in d ivid u a liza ció n de quienes a p ortan p ara la form a ció n de los recu rsos de los partidos políticos.

- Aportes nominativos. Son los ap ortes realizados por personas físicas d ebidam ente individualizadas. Este tipo de aporte con stitu ye la form a ideal de fín an ciam ien to privado porque asegu ra la tran sp aren cia del origen de los fondos al perm itir conocer la existencia del proveedor de fondos, la licitud del origen de los bienes, entre otros. A lgunas legislaciones, com o la paragu aya, establecen un lím ite m áxim o a los ap ortes n o m in a tivos con la fin alid ad de p reservar la in d ep en d en cia de los partidos políticos y su fidelidad a los intereses de la colectivid ad y no a los sectores que proveen de fondos para fin an ciar sus actividades.

- A p o rte s o rd in ario s. E s tá n c o n s t it u id o s p o r lo s d en om in a d os ap ortes p artid arios. O cu rre cu an d o el partido p o lític o e s ta b le c e u n a c u o ta q u e d e b e n p a g a r en fo rm a regu lar los afiliad os, sea en form a volu n ta ria u obligatoria, o los afiliad os que ejercen cargos de rep resen ta ción p op u lar

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p or n om in ación del p artid o com o los m iem b ros del C on greso N a c io n a l, lo s m ie m b r o s d e J u n ta s D e p a r ta m e n ta le s y M u n icip ales, el P resid en te y V icep resid en te de la R ep ú b lica y lo s G o b e rn a d o re s D e p a rta m e n ta le s y los In te n d e n te s M un icip ales.

- Aportes extraordinarios de personas físicas. Son los recursos proveídos por person as físicas, en form a no regalar, que p u ed en con sistir en la en trega de fon dos para ciertas actividades a ser realizadas p or los partidos políticos, com o los siguientes: cesión en form a gratu ita de lugares para que el partido pu eda realizar sus actividades partidarias, cesión de p ro p ie d a d e s m u eb les o in m u e b le s p a ra d e stin a rlo s a activid ad es lucrativas, ap orte de d eterm in ad a can tidad de din ero, ap ortes p erson a les con sisten tes en rea liza c ió n de actividades personales en form a gratu ita a favor del partido o aportes de actividades profesionales. b. Aportes de personas jurídicas. Son los fondos proveídos p o r p e rs o n a s ju r íd ic a s n o e s ta ta le s co m o las e m p re sa s privadas, corporaciones, sindicatos, sociedades de cu alqu ier naturaleza jurídica. Incluso dentro de esta categoría se pueden in clu ir los aportes de entidades públicas extranjeras. En la legislación electoral paraguaya se prohíben los aportes de em presas pú blicas y los fondos provenientes de gobiernos e instituciones extranjeras. c. Financiamiento con los recursos provenientes de la realización de determinadas actividades. Los partidos p olíticos p u ed en p ro cu ra r la cap tación de recu rsos con la rea liza ción de u n a gran can tid a d de activid ad es lícitas, com o la v e n ta de bonos de ad hesión , las activid ad es de colecta p ú b lica, la rea lización de festiva les, peñas artísticas,, cenas y otros. d. Financiamiento por medio del acceso al crédito. Los partidos políticos pu eden captar recursos por m edio de los com prom isos finan cieros, accedien do a los créditos otorgados por las entidades financieras que operan en el país. El acceso

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a los créditos financieros con stituye en la actualidad la form a m ás utilizada para la provisión de fondos por las organizaciones partidarias. E sta m odalidad de finan ciam ien to puede gen erar el riesgo de hacer d epen der a los partidos de las entidades financieras y de con vertir a los bancos en u n p od er decisorio sobre la viab ilid ad de algunas fuerzas políticas con la concesión o no de créditos a determ inados partidos. e. F in an ciam ien to privado in d irecto. O p e r a e s ta m od alid ad de fin an ciam ien to en dos form as: a) cu an do las person as física s ceden, en form a gratu ita, lu gares para que el p artid o p u ed a rea liza r sus activid ad es p artidarias, cesión de p ro p ie d a d e s m u eb les o in m u e b le s p a ra d estin a rla s a activid ad es lu crativas, ap ortes p erson ales con sisten tes en rea liza c ió n de a ctiv id a d e s en fo rm a g ra tu ita a favor del p artid o o ap ortes de activid ad es p rofesion ales; y b) cuando las e m p re sa s b e n e fic ia n a los p a rtid o s con d e sc u e n to s , p recios p rom ocion a les o tarifas p referen cia les, con lo que p erm iten que los m ism os p u ed an ah orrar u n a gran cantidad de recu rsos p atrim on iales.

5.2. Financiamiento público Es el fin an ciam ien to de las activid ad es de los partidos políticos que se origina en los recursos del Estado, que pueden clasificarse en directa e indirecta. La asignación directa de recursos públicos ocurre cuando el Estado provee recursos dinerarios a los partidos o m ovim ientos p o lític o s a s ig n a d o s en el p re s u p u e s to p ú b lico , sea p ara finan ciar cam pañas electorales, gastos de funcionam iento o actividades específicas. El destino de los fondos proveídos por el E stado puede tener tres finalidades, conform e se establece en el derecho com parado de Am érica Latina: 1) gastos de cam pañas electorales; 2) gastos de operaciones perm anentes; y 3) la investigación y educación ciudadana.

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La asignación de recursos en form a in d irecta op era por m ed io de las e x e n c io n e s im p o s itiv a s , a c c e s o g ra tu ito a m edios de com u nicación del Estado, exenciones im positivas a los particu lares que realizan aportes p ara los fondos de los partidos políticos, provisión de transportes, apoyo para la d ivu lga ción de m ateriales, uso gratu ito de inm u ebles e in fraestru ctu ra del Estado. E l financiam iento público indirecto ocurre cuando el partido político ahorra recursos económ icos que tendrían que ingresar en el tesoro público, sea en con cepto de im pu estos o por los servicios prestados a las entidades políticas.

5.2.1. Formas de ñnanciamiento público Las distintas m odalidades en que el E stado puede proveer de fondos para la realización de las actividades de los partidos políticos pu eden con sistir en los siguientes supuestos: a. Financiamiento directo. Im plica la provisión de recursos d inerarios p ara los p artid os p olíticos qu e pu ed en ten er el carácter de ordinario o extraordinario. E l finan ciam ien to ordinario con siste en el aporte regular en dinero de fondos públicos p ara que los partidos puedan d e s a rro lla r sus a c tiv id a d e s en la c a n tid a d y tie m p o que determ inan las leyes. E l financiam iento extraordinario, generalm ente, constituye provisión de fondos estatales p ara destinarlos a los gastos de las cam pañas electorales. Los criterios de asignación de los fondos pú blicos para el finan ciam ien to directo de las entidades políticas en A m érica Latina, conform e an ota D an iel Z ovatto97, son los siguientes: 1) la fórm u la qu e se rige p or la fu erza electoral, es d ecir p or el nú m ero de votos obtenidos por los partidos políticos en las eleccion es n acion ales gen erales o en las elecciones p re sid en cia les, p a rla m e n ta ria s o m u n icip a les; 2) fórm u la

97 Z O V A T T O , D A N IE L . O p. cit., p á g. 59.

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de d istribu ción de los fondos por partes igu ales entre todos los partidos; 3) fórm u la m ixta que com bina la distribución de los fondos p or partes igu ales entre todos los partidos y la fu erza electoral; 4) fórm u la m ixta en la que u n a parte del fin an ciam ien to se otorga de acuerdo a la fu erza electoral y la otra de acu erdo a la fu erza parlam entaria. A estas fórm ulas cabe agregar la que distribuye de acuerdo a la cantidad de afiliados. El criterio de asign ación que adopta la legislación electoral p aragu aya es la fórm u la m ixta de fu erza electoral; es decir, en rela ció n a la c a n tid a d de v oto s ob te n id o s y la fu e rza rep resen tativa de cad a partido, con form e con la cantidad de represen tantes populares electos por cada partido. En la asign ación de los recursos públicos, en la legislación paraguaya, existe u n a diferen cia en relación a los partidos y m ovim ientos políticos. Los partidos políticos acceden al aporte estatal anual y los subsidios electorales que deben ser gastados en cam pañas electorales y los m ovim ientos políticos solam ente acceden al subsidio electoral. E n rela ció n al m om en to de d is trib u c ió n de los fon dos públicos a los partidos políticos se pueden identificar varias m o d a lid a d e s, tales com o: 1) d is trib u c ió n p o s te rio r a los com icios en base al resu ltado electoral; 2) distribución de fondos p revia a las elecciones sobre la base del resultado de la elección anterior; 3) distribución de un porcentaje antes de las elecciones y otro p orcen taje con posterioridad; y 4) la entrega m ensual de los fondos a los partidos políticos. E n el Paragu ay, la en trega de los fon dos pú b licos a las entidades políticas se realiza en dos m om entos: 1) distribución an u al a los p artid os p olíticos de fon dos, d en om in ados aporte estatal, en base a votos ob ten idos en las ú ltim as elecciones p a ra el C o n g res o N a c io n a l y; 2) e n tre g a de fon d o s a los p artid os y m ovim ien tos p o lítico s con p o steriorid a d a las elecciones, del rubro d enom inado subsidio electoral, en base a la cantidad de votos obten idos y los cargos representativos conseguidos.

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b. Financiam iento público indirecto. E l E s ta d o no sola m en te a p orta al fin a n c ia m ie n to de las activid ad es de los partidos políticos por m edio de la provisión de recursos d in erarios, con form e con las reglas p resu p u estarias, sino tam bién puede facilitar la no u tilización de sus recursos por m edio de exoneraciones im positivas, los bienes o servicios estatales que se prestan en form a gratuita a los partidos. Entre las diferentes form as de finan ciam ien to público indirecto se pu eden enum erar las siguientes:

Exoneraciones impositivas. Es cu an do el Estado, por disposición legal, exim e a los partidos políticos del pago de las obligaciones tributarias sobre los bienes o las operaciones realizadas que con stitu yan hechos gen eradores de im puestos nacionales y m unicipales. El Art. 73 del C ódigo E lectoral paragu ayo dispone: “Los partidos y m ovim ientos políticos se hallan exentos de todo im puesto fiscal y m unicipal” . Los fundam entos que ju stifican la exención im positiva a los partidos y m ovim ientos políticos son: la im portan cia del papel que desem p eñ an estas asociaciones públicas dentro del sistem a d em ocrático y por las finalidades que persiguen.

Tarifas diferenciadas. Es cuando las legislaciones perm iten que los servicios proveídos por el E stado sean otorgados para el uso de los partidos o m ovim ien tos políticos a un precio preferencial. Ejem plo: los servicios de agua, com unicaciones o electricidad. Gratuidad. O cu rre cu an d o ciertos servicios b rin d ad os p or el E stado se proveen en form a gratu ita a los partidos y m ovim ien tos p o lítico s com o la p ro visió n de becas p ara los dirigentes o afiliados, la provisión gratu ita de cursos de capacitación propiciada por el Estado. Tam bién puede consistir en la provisión gratu ita de ciertos servicios estatales com o correo, servicios básicos, entre otros. Espacios gratuitos cedidos en los medios de comunicación de propiedad estatal. Es cuando los m edios de com unicación de p ro p ie d a d d e l E s ta d o son ced id o s en fo rm a g ra tu ita ,

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dentro de cierto período, a los partidos para la difusión de sus propuestas o prom oción de candidaturas.

5.3. Financiamiento mixto Es el sistem a que perm ite que las actividades de los partidos y m ovim ientos políticos sean financiados por fuentes privadas y públicas.

6. Financiamiento de los partidos y movimientos políticos en la legislación nacional E n la legislación electoral paragu aya, se adm ite que las fu en tes de fin a n c ia m ie n to de los p a rtid os y m ovim ien tos políticos sean privadas y públicas. Se h allan reguladas en el capítu lo que se d en om in a “Patrim onio de los partidos y m ovim ien tos p o lític o s ” , que com p ren d e los Arts. 67 al 75 inclusive, y el capítulo referido al “Finan ciam iento E statal” que com prende los Arts. 276 al 284.

6.1. Financiamiento privado Com o se ha señalado precedentem ente, el financiam iento privado se origina en recursos aportados por personas físicas o ju rídicas sean m iem bros o no de las organizaciones políticas. La ad m isión del fin a n cia m ien to p rivad o de los p artidos y m ovim ien tos p olíticos d en tro de la legislación n a cio n al surge exp resam en te d el Art. 67 del C ód igo E lectoral que dispone que el p atrim o n io de los p artid os y m ovim ien tos p olíticos se in teg ra “ ...con las con trib u cion es de sus m iem b ros... y otros recu rsos qu e p rovea n sus E statu tos y actas con stitu tiva s” ; y el 280 qu e exp resa: “ E n las cu en ta s an tes exp resad as d eb erá n d e p o s ita rse to d a s las ca n tid a d es afectad as p a ra su fragar gastos electorales, sean de origen público o p rivad o” ; y el 282 qu e p roh íb e la p ercep ció n de ap ortes in d ivid u ales su p erio res a l e q u iv a le n te a 5.000 jo rn a le s m ín im os sean de p erson as físicas o ju ríd ica s. E sta p ro h ib ición im p lica la

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ad m isió n de aportes in d ivid u ales in feriores al lím ite m áxim o estab lecid o.

6.1.1. Modalidades del financiamiento privado C on form e con la legislación n acion al, el fin an ciam ien to p riv a d o de los p a r tid o s y m o v im ie n to s p o lític o s p u e d e originarse de las siguientes form as: 1. C ontribuciones de sus m iem bros. Es decir, los m iem bros o afiliados de los partidos o m ovim ien tos políticos pueden rea lizar con trib u cion es, sea en din ero o en otras especies de bienes m u ebles o in m u eb les; o rea lizar con trib u cion es c o n s is te n te s en u n tra b a jo p e rs o n a l p a ra fin a n c ia r las actividades políticas o electorales. 2. A portes de las personas físicas o ju ríd ica s, que en este caso, no sean m iem bros de la agru pación p olítica hasta el lím ite m áxim o de 5.000 jorn a les m ínim os. 3. R e c u r s o s p r o v e n ie n te s de la s a c tiv id a d e s d e lo s c e n tro s , fu n d a c io n e s y o tro s o rg a n is m o s v in c u la d o s al partido o m ovim ien to político, que gen eran recursos para el sostenim iento de estas organizaciones (Art. 69 C.E.). 4. O tros m edios de obten ción de recursos previstos en los E statutos o acta con stitu tiva (Art. 67 C.E.).

6.1.2. Financiamiento privado indirecto La legislación electoral, en su Art. 302 d ispon e que los m ed ios m asivos de com u n ic a c ió n social, o ra l y televisivo destinarán, sin costo alguno, el tres por ciento de sus espacios diarios, p ara la divulgación de las bases program áticas de los partidos, m ovim ien tos políticos o alianzas que participen en las elecciones, durante los diez días inm ediatam ente anteriores al cierre de la cam paña electoral.

6.2.

Financiamiento público

La n orm ativa electoral paragu aya regu la las m odalidades de finan ciam ien to público directo e indirecto a los partidos y m ovim ien tos políticos.

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La p rim era m odalidad con siste en la provisión de recursos financieros a las entidades políticas provenientes de los fondos públicos, previstos en el presu pu esto público bajo dos rubros que tienen finalidades específicas, que son los siguientes: 1. El aporte estatal anual destinado a los partidos políticos en base a su fu erza electoral resu ltan te de las elecciones para el C ongreso Nacional. Este rubro presupuestario, a los efectos de proveer fondos públicos a los partidos políticos, se consagra en el Art. 71 del Código Electoral, que dispone: “El Presupuesto G eneral de G astos de la N ación con tem plará anualm ente u n a p artid a glob al a n om b re del T rib u n al S u perior de J u sticia E lectoral, p a ra ser d is trib u id a en c on cep to de aporte del E stad o entre los d istintos partid os políticos reconocidos e inscriptos...”. 2. El subsidio electoral que constituye el rubro presupuestario destinado a la provisión de fondos públicos a los partidos y m ovim ientos políticos para hacer frente a los gastos electorales. Este rubro se halla previsto en el Art. 276 del C ódigo Electoral, que dispone: “El Estado subsidiará a los partidos, m ovim ientos políticos y alianzas, los gastos que originen las actividades electorales...” . La m od alid ad del fin an ciam ien to pú b lico in d irecto está constituida por la sum a de dinero que el Estado deja de percibir en con cepto de tributos u otros servicios que prestan a los partidos y m ovim ien tos políticos que de esta m anera ah orra sus recursos. P o r c o n s ig u ie n te , las m o d a lid a d e s d el fin a n c ia m ie n to público en el Paragu ay se pu eden discrim in ar de la form a siguiente:

6.2.1. Financiamiento público directo Los artículos de referencia establecen el financiamiento directo de los partidos, m ovim ientos políticos y alianzas electorales al asignar u n a sum a global de recursos dinerarios públicos para el fin an ciam ien to de las activid ad es de las organizaciones políticas previsto en el presupuesto bajo el rubro de “aporte

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estatal anual”; y los fondos proveídos para los gastos electorales asignados en el rubro de “ subsidio electoral” .

6.2.2. Financiamiento público indirecto E l ñ n a n cia m ien to p ú b lico in d irecto, ocu rre en n u estro ordenam iento ju ríd ico en los supuestos siguientes: a. Exoneraciones impositivas. Los Arts. 73 y 74 del Código Electoral establecen las exoneraciones de im puestos nacionales y m u nicipales a los sigu ientes hechos generadores: -

L o s b ie n e s m u e b le s e in m u e b le s de lo s p a r tid o s y m ovim ien tos políticos.

-

Los bienes inm uebles de terceras personas locados o cedidos en com odato a los partidos y m ovim ientos políticos, toda vez que ellos estén destinados exclusivam ente a actividades de los m ism os.

-

L a im p o rta c ió n de m a q u in a s, e q u ip os y m a te ria les de im presión gráfica o producción audiovisual, con los insum os req u erid os p ara su u tiliza c ió n , así com o las m áqu in as y equipos de oficinas o inform ática, n ecesarios para los tra b a jo s d e sa rro lla d o s p o r los p a rtid o s y m o vim ien to s p o lític o s , e s ta r á e x e n ta de tr ib u to s a d u a n e ro s y sus adicionales.

En definitiva, la en u m eración legal resu lta superflua, por la exp resa disposición con ten id a en el Art. 37, últim a parte, que expresa: • “Los partidos y m ovim ien tos políticos se h allan exentos de todo im pu esto fiscal o m u n icip al” ; por lo que la exención de im pu estos com prende todos los im pu estos nacionales y m unicipales. La exon eración solo com prende a los im puestos y n o a lo s o tro s r e c u r s o s tr ib u t a r io s c o m o la s ta s a s , con tribu ciones y recursos parafiscales. b. Espacios gratuitos en Medios de Comunicación Estatal. O curre con la asignación de espacios gratuitos en los m edios de com unicación social del E stado durante la cam paña e le cto ra l p a ra la d ifu sión de las p ro p u esta s de gob iern o.

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E ste m edio de fin an ciam ien to indirecto está establecido en el Art. 302 del C ódigo Electoral, para todos los m edios de com u n icación social, por lo que tam bién se extiende a los m edios de propiedad del Estado, com o en la actualidad es la R adio N acional.

6.2.3. Reglas para acceder al aporte anual del Estado E l Art. 71 del C ódigo Electoral, dispone: “E l Presupuesto G eneral de G astos de la N ación con tem p lará anualm ente u n a partid a glob al a n om b re del T rib u n al S u perior de J u sticia Electoral, p ara ser distribuida en concepto de aporte del Estado entre los distintos partidos políticos reconocidos e inscriptos. E l m onto de este aporte será del 15% (quince por ciento) del jo rn a l m ínim o para actividades diversas no especificadas por cad a voto obtenido en las últim as elecciones para el C ongreso y d eberá ser ín tegram en te entregado a los partidos políticos dentro de los prim eros sesenta días del añ o” . Las características del ap orte an u al del E stad o son las siguientes: 1. Los sujetos h abilitad os para recib ir el im porte anual son los p artidos políticos reconocidos e inscriptos; es decir, reconocidos p or la Ju sticia E lectoral e inscriptos en el Registro de Partidos, órgano depen dien te de la J u sticia Electoral. 2. La cuantía del aporte anual. C onsiste en el 15% del jorn a l m ínim o diario p ara actividades diversas no especificadas por cad a voto obten ido en las últim as elecciones para el Congreso. A l referirse la ley a elecciones del C ongreso, supone la sum a de los v oto s ob ten id o s p ara las C ám aras de D ip u tad os y Senadores. 3. Fech a de en trega del aporte. Los prim eros sesenta días de cada año.

6.2.4. Reglas para acceder al subsidio electoral E l aporte del E stado en con cepto de subsidio electoral se establece en el Art. 276 del C ódigo E lectoral, conform e con las con diciones siguientes:

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a. Los sujetos habilitados para recibir los aportes del Estado en concepto de subsidio electoral son: los partidos, m ovim ien tos políticos y alianzas electorales.

b. Reglas de distribución del subsidio electoral. Las reglas de distribu ción de la subven ción estatal establecido en el Art. 276, son las siguientes: 1. E l equivalente a cincu enta m il jorn a les m ínim os para a c tiv id a d e s d iv ers a s no e s p e c ific a d a s p or la e le c c ió n de Presidente y V icepresiden te de la República. 2. E l e q u iv a le n t e a d o s m il jo r n a le s m ín im o s p a r a activid ad es diversas no esp ecificad as por cada dipu tado y senador electos. 3. El equivalente a 200 jorn a les m ínim os para actividades diversas no especificadas p or cada con cejal m u nicipal de cada m unicipio del tercer y cuarto grupo; con el equivalente a 400 jorn a les m ínim os para actividades diversas no especificadas por cad a con cejal m u n icip al de cada m u nicipio de p rim er y segundo grupos; y con el equ ivalente a 600 jo rn a les m ínim os para actividades diversas no especificadas por cada con cejal del m u nicipio de Asunción. 4. E l equivalente a 6.000 jorn a les m ínim os para actividades d iversas no esp ecifica d a s p or el in ten d en te m u n icip a l de A s u n c ió n ; con el e q u iv a le n te a 1.500 jo r n a le s m ín im o s para actividades diversas no especificadas por el intendente de cad a m u n icip io del p rim e r y segu n d o gru po; y con el equ ivalen te a 750 jo rn a les m ínim os para actividades diversas no especificadas por el inten den te de cada m unicipio de tercer y cuarto grupo. 5. E l equivalente a 5.000 jorn a les m ínim os para actividades diversas no especificadas por cada gob ern ad or electo y con el e q u iv a le n te a 500 jo r n a le s m ín im o s p a ra a c tiv id a d e s diversas no especificadas por cada m iem b ro de las ju n ta s departam entales 6. El equivalente a 15% de u n jorn al m ínim o para actividades diversas no especificadas p or cada voto válido obtenido por los

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partidos, m ovim ien tos políticos o alianzas p ara el C ongreso N acion al en las ú ltim as elecciones e igu al porcen taje para los m ovim ien tos políticos por cada voto válid o obtenido para las ju n ta s d epartam en tales o m u n icip ales en las últim as elecciones para dichos cargos. La últim a parte de la disposición referida a los m ovim ientos políticos supone la no participación en las elecciones del C ongreso N acional

6.2.4.1. Gastos comprendidos en el subsidio electoral El Art. 277 dispone que se con sideran gastos electorales lós que realicen los partidos, m ovim ien tos políticos y alianzas electorales participantes de las elecciones, desde sesenta días antes hasta el d ía de la celebración de las elecciones y que versen sobre: 1. P ro p a g a n d a y p u b lic id a d , d ire c ta o in d ire c ta m e n te dirigidas a prom over el voto a sus candidaturas, sea cual fuere la form a y el m edio utilizado. 2. A lqu iler de locales p ara la celebración de actos de la cam pañ a electoral. 3. R em u n eraciones del p erson al que p resta servicios para las candidaturas. 4. Gastos de transporte y desplazam iento de los candidatos, dirigentes de los partidos, m ovim ien tos políticos y alianzas que propician candidatu ras y del p erson al afectado a tales servicios. 5. C orre s p o n d e n c ia , fra n q u eo s y servicios telegrá ficos, telefón ico s y otros que u tilicen la red n a cio n a l de te le c o ­ m unicaciones. 6. Lo necesario p ara la organ ización y funcionam iento de la cam paña, hasta la recepción de la su bvención estatal. 7. Los intereses de los créditos obtenidos para el financiam ien to de la cam pañ a hasta la recepción de la subvención estatal.

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La enu m eración legal de los rubros com prendidos dentro de los gastos de cam pañ a electoral es porqu e los subsidios electorales con cedidos por el E stado tienen la fin alidad de fin a n c ia r los gastos de cam p a ñ as y no otras a c tivid a d es políticas.

6.2.4.2. Determinación del objeto del gasto en los subsidios electorales La en u n ciación legal de los ru bros com p ren d id os com o g astos de cam p a ñ as e le ctora les tien e la fin a lid a d de que los su b sid ios electora les sean ap licad os a dich os ru b ros, b a jo la res p o n s a b ilid a d p e rs o n a l de los a d m in istra d ores, subadm in istradores o delegados y éstos se equ iparan a los funcionarios públicos que m an ejan fondos del Estado, a los efectos de las sanciones penales en que p u dieran incurrir por su gestión indebida (Art. 279 C.E.).

6.2.4.3. Administradores de los fondos públicos C on la fin alid ad de e jercer u n con tro l efectivo sobre la aplicación de los fondos proveídos por el E stado en concepto de subsidio electoral, por parte de la J u sticia E lectoral, cada partido, m ovim ien to político o alian za electoral que propicien candidatos están obligados a: -

D esign ar un adm in istrad or de la cam pañ a electoral, con quien la J u sticia E lectoral en ten derá todas las cuestiones atinentes al flujo y con trol de los cóm putos. Se entiende flujo y cóm puto de los recursos proveídos.

-

E l a d m in is tr a d o r p o d rá d e s ig n a r s u b a d m in is tra d o re s d epartam entales y locales de las respectivas cam pañas, q u ien es, a su vez, d e b e rá n c o m u n ic a r ta l n o m in a c ió n al T r ib u n a l E le c t o r a l d e la C ir c u n s c r ip c ió n J u d ic ia l correspondiente.

-

Abrir cuentas en bancos, en los que se depositarán los fondos recau dados con indicación de las personas autorizadas a girar con tra los m ism os. Los can d id atos no pu eden ser adm inistradores locales.

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6.2.4.4. Obligaciones de los administradores de la campaña electoral L a s o b lig a c io n e s d e la s p e r s o n a s d e s ig n a d a s c o m o adm inistradores de la cam p a ñ a electoral son los siguientes: 1. Llevar una contabilidad ordenada de los fondos recibidos, con in d icación del origen de los m ism os y el destino de los gastos que realicen. 2. C on servar la d ocu m en tación que acredite el m ovim iento de los ingresos y egresos de los fondos. 3. R endición de cuentas docu m en tad a de todos los gastos de la cam pañ a electoral a la J u sticia E lectoral dentro de los sesenta días siguientes a las elecciones. El incum plim iento de la rendición de cuentas se sanciona, independientem ente de otras sanciones, con la cesación de todo aporte E statal, conform e con lo dispu esto en el Art. 281 del C ódigo Electoral.

7. Financiamiento prohibido La norm ativa electoral paraguaya, en dos artículos, establece las p rohibicion es en m ateria de recau dación de fondos a los partidos y m ovim ien tos políticos. E l Art. 68 al regu lar las reglas relativas al patrim onio de los partidos y m ovim ien tos políticos establece: “Los partidos o m ovim ien tos políticos no podrán aceptar o recibir directa o in d irectam en te: 1. C ontribucion es o don aciones de entidades extranjeras, com o gobiernos, fundaciones, partidos, m ovim ientos políticos, in stitu ciones y person as físicas o ju ríd icas. 2. C ontribucion es o donaciones de entidades autárquicas o d escentralizadas nacionales, departam entales o m unicipales, o de em presas del E stado o con cesion arias del m ism o, o de las que explotan ju eg os de azar. 3. C o n tr ib u c io n e s o d o n a c io n e s d e p e rs o n a s qu e se

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en cu en tran en relación de su b ord in ación ad m in istrativa o relación de dependencia, cuando aqu ellas se realicen a través de organism os oficiales o por dedu cciones del salario en la plan illa de sueldo. 4. C ontribuciones o don aciones de asociaciones sindicales, patronales, grem iales o em presas m ultinacionales. E n las p ro h ib ic io n e s de re c ib ir re c u rs o s de p e rs o n a s físicas o ju ríd ica s extran jeras no se con tem p lan situaciones com o la de com parar espacios publicitarios en los periódicos, revistas u otros m edios de com u n icación de p rop ied ad de los partidos y m ovim ien tos políticos o com p ra de boletos de acceso a eventos realizad os p or los p artidos p olíticos, por lo que puede even tu alm en te incorporarse por estos m edios los recu rsos p ro ven ien tes de p erson a s física s o ju ríd ic a s extranjeras, dando lu gar a lo que Jorge M alem 98 d enom ina finan ciam ien to irregu lar porque en su form a de recau dación no violan la ley pero en su ejecu ción tam poco cum ple con la form a de finan ciación legalm ente establecida. E l Art. 282 del Cód. E lectoral regu la las prohibicion es de las recaudaciones de fondos destinados a la cam paña electoral al d isponer que: “En la recau dación de fondos destinados a la cam pañ a electoral les está absolu tam en te prohibido a los partidos, m ovim ientos políticos y alianzas: 1. Aportes de cualquier oficina de la Adm inistración Pública, de e n tes d e s c e n tra liza d o s , a u tó n o m o s o a u tá rq u ic o s , de em presas de econom ía m ixta, entidades binacionales, así com o de em presas que p resten servicios o su m inistros a cu alqu ier entidad pública. 2. R ecibir aportes de entidades o personas extranjeras. 3. R ecib ir aportes de sindicatos, asociaciones em presarias o e n tid a d e s r e p r e s e n t a t iv a s d e c u a lq u ie r o tr o s e c t o r económ ico. 98 M A L E M S E Ñ A , J O R G E F. L a C o rru p c ió n , A s p e c to s é tic o s , e c o n ó m ic o s , p o lític o s y ju r íd ic o s , E d ito ria l G e d is a , B a rc e lo n a , 2 0 0 2 , p ág. 112.

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4. R ecib ir aportes in dividu ales superiores al equivalente de 5 .000 jo rn a le s m ín im os, y a sea de p erson a s física s o em p resas” . Este lím ite de aporte in d ivid u al alcan za a los candidatos a cargos rep resen tativos de los partidos, lím ite que adquiere su im portancia a los efectos de evitar los partidos de “alquiler” . Es decir, partidos u tilizados p ara la prom oción de candidaturas de person as con p od er económ ico. Las p ro h ib ic io n e s p re v is ta s en la n o rm a tiv a e le c to ra l son. escasas, por lo que no tendría la posib ilid ad de evitar las d is tin ta s m o d a lid a d e s de fin a n c ia m ie n to irre g u la r de las en tid a d es p o lítica s qu e son e stra tegia s u tiliza d a s p or las en tid ad es p olíticas que sin ser form as de recau dación p roh ib id as no cu m p len con las fin alid ad es p revistas o no deseadas por la ley. .

8. Sanciones por la obtención de ñnanciamiento ilegal El Art. 336 del C ódigo E lectoral tip ifica com o falta electoral las tran sgresion es a las norm as prohibitivas vinculadas al finan ciam ien to, en los térm in os siguientes: “Los responsables de los entes públicos m encionados en el Art. 68 de este Código, los sindicatos y person as físicas que realizan aportes violando dicha disposición abon arán una m u lta equivalente al aporte y al doble de la ap ortación realizad a si se tratare de fondos proven ientes del extranjero; y el partido, m ovim ien to político o alianza, que se b enefició con tal aporte abon ará la m ism a m u lta d ispu esta en este artícu lo” . P o r c o n s ig u ie n t e , la s s a n c io n e s p o r tr a n s g r e d ir las prohibiciones en m ateria de recaudación de fondos establecidos en los artícu los 68 y 282 del C ód igo e lectora l es la p en a p ecu n iaria de m ulta. Es im portante señalar que la norm a san cion ad ora tipifica com o falta electoral solam en te las con du ctas previstas en el Art. 68 del C ódigo E lectoral pero las norm as prohibitivas

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p revistas en el Art. 282 del m ism o cuerpo legal se refieren a con du ctas idénticas. Los sujetos activos de las faltas electorales son los donantes y las entidades políticas por lo que no alcanzan a los candidatos q u e ta m b ié n son b e n e fic ia rio s y los q u e e v e n tu a lm e n te acceden a los cargos rep resen tativos con el finan ciam ien to prohibido. Por otra parte, las sanciones previstas en la norm a electoral no afectan los cargos rep resen tativos obtenidos por m edio del finan ciam ien to ilegal. T a m b ié n cabe señ alar qu e la le gis la c ió n p a ra gu a y a no tip ifica com o hecho pu nible electoral los actos de corru pción com etidos por m edio del financiam iento a los partidos políticos. Los actos de fin an ciam ien to corru ptos en los térm in os de Jorge M alem Seña, ocurre cuando: “aquellos que contribuyen a las arcas del p artido de u n m odo irregu lar o ilegal esperan ob ten er u n beneficio a cam bio y los partidos receptores de tales con tribuciones acu erdan con ello”99 Es decir, cu an do se violan los deberes institucionales que com o políticos tienen quienes venden decisiones políticas o in flu en cia sobre ellas a cam bio de recursos. Es decir, en la legislación electoral no se h alla previsto com o h ech o punible electoral la con du cta del político que vende decisiones o influ en cia y m enos p ara el que com pra por m edio del fin an ciam ien to a los p artidos políticos b eneficios tales como: leyes favorables a sus intereses, m edidas adm inistrativas com o contratos adm inistrativos p ara p rovisión de bienes o con stru cción de obras públicas. Las prácticas corru ptas de finan ciam ien to de los partidos y m ovim ientos políticos tienen efectos graves sobre el sistem a de gob iern o dem ocrático porqu e d esn atu ralizan la fu nción de servir el interés colectivo de los gobiernos para ponerse al servicios de los proveedores de fondos; se desprenden de

99 M A L E M S E Ñ A , J O R G E F. O p. cit., p ág. 115.

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la volu n tad de los electores p ara servir a los proveedores de fondos.

9. Lugar de depósito y entrega de los fondos Los fondos proveídos por el E stado en con cepto de subsidio electoral serán depositados en u n a cu en ta del B anco C entral del P aragu ay a la cu en ta del S u perior T rib u n al de Ju sticia E lectoral y transferidos en cheque a la cu en ta abierta por los partidos, m ovim ien tos o alianzas electorales dentro de los 90 días de realizadas las elecciones. La entrega anticipada de los fondos públicos en concepto de subsidio electoral es m ás coherente con la finalidad del m ism o que es la de p reservar u n a cierta igualdad en la com peten cia electoral, pero la p ro visió n a n ticip a d a de fon dos pú blicos trop ieza con dificu ltades de la cantidad que correspon de p ara cada can d id atu ra y m ayor aún la dificu ltad p ara los casos de los m ovim ien tos políticos que se extin gu en luego de las elecciones. Pero, au n con las d ificu ltad es m en cion adas, es posible a rb itra r el m eca n ism o p a ra la p ro visió n a n tic ip a d a a los partidos p olíticos, dado el carácter p erm anen te de los m ism os y la p osibilidad de dedu cir cu alqu ier exceso en el anticipo por m edio del aporte anual.

10. Órgano de control C onform e con n u estra legislación electoral, el órgano que ejerce el control de las cuentas de los partidos y m ovim ientos políticos es el S u perior T rib u n al de Ju sticia Electoral. El Art. 6, inciso o), de la Ley 635/95 establece la com petencia del S u p erior T rib u n a l de J u s tic ia para: “ejercer el con trol y fis c a liz a c ió n p a tr im o n ia l de los p a rtid o s , m o v im ie n to s p olíticos y alian zas electorales, m ed ian te el exam en de la docum entación, libros y estados con tab les” .

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L a atribu ción de la com p eten cia del con trol patrim on ial a trib u id a a los T rib u n ales E lectorales es critica d a p or los autores argentinos P ierin i y L oren ces100, por con siderar que este control es em in en tem en te con table y ap arta a los órganos ju d icia les de sus funciones propias.

100 P IE R IN I, A L IC IA Y L O R E N C E S , V A L E N T IN . F in a n c ia m ie n to d e lo s P a rtid o s P o lí­ tic o s , E d ito r ia l U n iv e r s id a d , B u e n o s A ir e s , 1999, p ág. 221.

CAPÍTULO XIII NULIDADES DE LAS ELECCIONES

L a n u lidad con stitu ye u n a sanción estab lecid a por el orden ju ríd ico que p riva de eficacia a los actos que con tengan vicios que afecten la regu larid ad de los m ism os. El proceso electoral se halla integrado por u n a serie de actos electorales que pu eden estar afectados de vicios que pueden ser im pu gn ados y sancionados de nulidad. Las sanciones de nu lidad de los actos electorales prevista en las leyes electorales tienen el propósito de garan tizar la con stitu cion alid ad y legalidad de los actos y procedim ientos electorales. Las causales de n u lidad de los actos que integran el proceso e le c to ra l son m u ch o m ás a m p lia s qu e la n u lid a d de las elecciones -a c to de vota ció n - que se establecen en la norm ativa electoral, en el Libro V, en los artículos 307 al 311. Las c a u sa les de n u lid a d d e l p ro c es o e le c to ra l p u e d en com prender la inscripción de las candidaturas, la resolución de con vocatoria a elecciones, la constitución de la m esa receptora

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de votos, entre otros. E stas nu lidades serán objeto de análisis en u n apartado del presente capítulo. L a n o rm a tiva electora l paragu aya, en el lib ro VI de las sanciones, títu lo I, establece las causales de n u lidad que se refieren específicam en te a las nulidades de las elecciones, que com prenden a los vicios que pu eden presentarse durante el acto de votación y el d esarrollo del escrutinio. Por con siguiente, en esta parte de la n orm ativa electoral, se establecen solam ente las causales de nu lidad vincu ladas a los vicios que se p rodu cen durante el desarrollo de la votación y el escrutin io y se om iten las referidas a las irregularidades producidas en las etapas previas a la votación, com o las que se refieren a la con vocatoria y la inscripción de candidaturas.

1. Concepto “ Se entien de por nulo el acto, que por carecer de eficacia, d eja de p rod u cir los efectos que le son propios, al aplicar el concepto a los procesos electorales, se puede indicar que serán nulos, aquellos actos que integran el m ism o, y a sea por razones que afecten la con cu rren cia de la volu n tad de las personas que in terven gan en los m ism os, y a sea p or la inobservancia de las form alidades que exijan las norm as ju ríd ica s propias del acto de que se trate” 101. E l c o n c e p to d e l a u to r r e fe rid o se c o n s id e ra co m o u n con cepto am plio de la nu lidad de las elecciones, al abarcar todo el proceso electoral, y el con cepto restringido es el que ab arca solam ente los actos viciados que se p rodu cen dentro de la jo rn a d a electoral, regu lad a por la n orm ativa electoral p aragu aya desde el Art. 307 al 310. E l con cep to restrin gid o de la n u lidad de las elecciones, con form e con la n o rm a tiva electoral paragu aya, es el que sostiene que son los actos ineficaces producidos durante el 101 A R C H IL A , L U IS A R T U R O . N u lid a d d e E le c c io n e s , D ic c io n a rio E le c to ra l, T o m o II, C a p e l, S a n J o s é , 2 0 0 0 , p ág. 876.

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desarrollo de la jo rn a d a electoral que afectan el desarrollo de la votación y el escrutinio.

2. Causas de nulidades electorales C onform e con el autor m exicano Jesús Orozco H enríqu ez102, las causas de nu lidades de las elecciones se pu eden clasificar de la form a siguiente:

2.1. Nulidad de un voto Es nulo el voto em itido por el elector en form a distinta a la p revista legalm ente. La n u lidad del voto em itido se halla previsto en el capítulo del escru tin io en el C ódigo E lectoral Paraguayo. El Art. 225 del C ódigo E lectoral establece tres supuestos de n u lid a d d el voto em itido: 1) el voto em itid o en b oletín diferente del m odelo oficial; 2) que ten ga m arcad a m ás de una preferencia; o 3) que no lleve las firm as de las autoridades de m esa. La nu lidad de u n voto, que puede p rodu cirse cuando se em ite con boleta del sufragio, desaparece con el uso de las urnas electrónicas.

2.2. Nulidad de una votación Es la n u lidad que afecta a los votos em itidos ante una m esa recep tora de votos, que se pu ed e p rod u cir por las causas siguientes:

2.2.1. Irregularidad en la constitución de la mesa receptora de votos Esta irregularidad com o causal de n u lidad de las elecciones

102 O R O Z C O H E N R IQ U E Z , J E S Ú S . Las c a u s a s d e N u lid a d E lecto ra l en A m é ric a L atin a, J u s tic ia E le c to ra l en e l U m b ra l d e l S ig o X X I, T o m o III, In s titu to d e In v e s tig a c io n e s J u r íd ic a s , M é x ic o , 1999, p á g. 1183.

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se h alla p revista en el Art. 307 inciso b) nu m eral 3 del C ódigo E le c to ra l qu e d is p o n e : “ S on c a u s a le s de n u lid a d de las elecciones... b) 3. la recepción de votos por personas distintas a la d esign adas” . E l p ro c e d im ie n to de d e s ig n a c ió n de los m ie m b ro s de m esas receptoras de votos se halla previsto en el Art. 177 del C ódigo E lectoral y la sustitución de los m ism os en el Art. 216 del C ódigo E lectoral, por lo que la recep ción de votos por p erson as que no fueron designadas o sustituidas conform e con las disposiciones legales citadas es causa de n u lidad de las votacion es realizadas ante dicha m esa electoral.

2.2.2. Irregularidades en el desarrollo de la votación Son irregu laridades que se p rodu cen du rante el desarrollo de la jo rn a d a electoral, y pu ed en con sistir en los supuestos siguientes: -

R e c e p c ió n d e v o to s en fe c h a y lu g a r d is tin to s a los establecidos en la con vocatoria (Art. 307, inciso b, nu m eral

2 ). -

V iolen cia física o presión de personas físicas o autoridades sobre los integrantes de las m esas (Art. 307, inciso c).

-

U tilización de padrones o boletines de votos falsos o falta de habilitación de los boletines de voto de algún candidato (Art. 307, inciso e).

-

Ausen cia, d estru cción o d esaparición de la docu m entación prevista en el Art. 320 del C ódigo (Art. 309, inciso a).

Los docum entos previstos en el Art. 230 son los siguientes: 1. los padrones utilizados en la m esa; 2. el acta de constitución de la m esa (apertura de la votación), a la que se anexarán todas las reclam acion es que se h u bieren deducido; 3. las actas de toda la in cid en cia que h u biere ocurrido durante la votación; y 4. el acta de escrutinio a la que se anexarán todos los reclam os y objecion es que se h u bieran presentado. -

A d u lteración frau d u len ta de los d ocu m entos indicados en el Art. 320 del C ódigo E lectoral (Art. 309, inciso b).

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La causal de nulidad de las elecciones ante la m esa receptora de votos por ad u lteración frau d u len ta de acta de escrutinio con stitu ye u n a de las m ás invocadas en nu estro país, con la fin alid ad de d istorsion ar el resultado electoral. Los s u p u e s to s fá c tic o s q u e se in v o c a n se v in c u la n a au sen cia de firm a de u n a de las autoridades de la m esa en el acta de escrutinio, la ad u lteración de los votos conseguidos por las candidatu ras, entre otros. E n estos su p u estos, la p o s e s ió n de los c e rtifica d os de resultado electoral de la m esa p or parte de los apoderados de los partidos con stitu ye un requ isito esen cial para evitar las n u lid a d es de los resu ltad os electorales, p orqu e pu ed e d em ostrar con facilidad la volu n tad em itid a por el elector ante la m esa. -

A d m isión del sufragio m últiple, o el de personas que no figu ran en el p ad rón de la m esa y no ejercen función ante ella (Art. 309, inciso c).

-

Negar el derecho a fiscalización a representantes de partidos, m ovim ien tos políticos o alianzas (Art. 310, inciso a).

-

No exigir la presen tación de docum entos de identidad a los electores (Art. 310, inciso b).

-

V arios electores h u biesen padecido coacción de parte de autoridad o éstas h ayan incu rrido en cohecho (Art. 310, inciso c).

E l coh ech o es u n tipo pen al previsto en el Art. 300 del C ódigo P en al que en el caso señalado consiste en la com pra de votos. -

Violación grave del secreto del voto (Art. 310, inciso d).

2.2.3. Irregularidades en el escrutinio o actas respectivas Son vicios que afectan la realización del escrutinio o los d ocu m en to s qu e a c red ita n su rea liza ció n . Los su p u estos previstos en n u estra legislación electoral son los siguientes:

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-

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Realización generalizada del escrutinio y cóm puto en lugares distintos a los establecidos (Art. 307, inciso b), nu m eral

2 ). -

D istorsión gen eralizad a de los escru tin ios p or cau sa de error, dolo o violen cia (Art. 307, inciso d).

-

E xceso de boletas de sufragio introdu cidas en la u rn a que su p era el 10% de los votos em itidos conform e lo anotado en el padrón electoral (Art. 222).

2.3. Nulidad de una elección Son causas que pu eden provocar la pérdida de un m andato electivo resu ltan te de u n a elección, com o la del Presidente de la R epú blica, m iem bros del C ongreso N acional, gobernador, m iem bros de Ju n tas D epartam en tal, in ten den te y concejales m unicipales. Las causas que pueden afectar la eficacia de un m andato electivo determ inado son las siguientes: La existen cia de u n estado de violen cia gen eralizada en el país, trad u cid o en existen cia com p rob a d a de grupos a rm a d o s q u e h a y a n p ro ta g o n iz a d o h e c h o s de s e d ic ió n , ason ad a o m otines que im pid an la libre y p acífica em isión del sufragio (Art. 307, inciso a). E s e v id e n te q u e la c a u s a l m en c io n a d a , c o n fo rm e con la exten sión territo rial d el con flicto, que d em u estra h aber ocasion ad o la in terferen cia en la libre em isión de los votos debe in valid ar el resu ltado de la votación que es la elección de las autoridades. L a p é r d i d a d e e f i c a c i a j u r í d i c a d e lo s m a n d a t o s rep resen tativos que resu ltan en las circu n stan cias indicadas en la legisla ción se h a lla ju s tific a d a en el h ech o de qu e el resu ltad o electora l no es p rod u cto de la lib re em isión de los votos de los electores. No es resu ltad o de la lib re volu n tad popu lar. E s im p o rta n te s e ñ a la r q u e la n u lid a d d e la e le c c ió n d epen d erá de la exten sión de los actos de violen cia indicada en el Art. 307, in ciso c), del C ódigo Electoral. En este sentido,

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el Art. 308 del C ód igo E lectoral d ispon e la n u lidad de la elección si afecta a m ás del vein te por ciento del total de los electores. E l 20% de los electores afectados por los actos de violen cia que im piden la libre em isión de los votos puede com prender a los electores p ara cargos nacionales, p ara la procedencia de la n u lidad de u n a elección nacional; 20% de los electores departam entales o m unicipales, p ara la nu lidad de la elección departam en tal o m unicipal. - %Las violaciones su stanciales de las garantías establecidas en el C ód igo qu e afecten al 20% de los electores. E sta causal de nu lidad de las elecciones se p rodu ce cuando los supuestos indicados en el Art. 307, inciso b), del C ódigo E lectoral afecta al 20% de los electores, conform e se señala en el Art. 308 del m ism o cuerpo norm ativo. Las causales son las siguientes: 1. R ealización gen eralizad a del escru tin io y cóm puto en lugares distintos a los establecidos. 2. R e c e p c ió n de v o to s en fe c h a y lu g a r d is tin to s a lo establecidos en la convocatoria. 3. R e c e p c ió n de v o to s p o r p e r s o n a s d is tin ta s a las designadas. 4. V iolencia física o presión de personas físicas o autoridades sobre integrantes de las m esas. 5. La d istorsión gen eralizad a de los escrutinios por causa de error, dolo o violencia. 6. U tiliza c ió n de p a d ro n e s o b o le tin e s de v o to s fa ls o s o cu an do no se h a bilitaren los b oletin es de voto de algú n candidato. Es decir, p ara que p roced a la n u lid a d de u n a elección, las causales indicadas deben afectar a m ás del 20% de los electores, sean en elecciones nacionales, departam entales o m unicipales, p ara in valid ar d ich a elección. -

P or c a u s a de in e le g ib ilid a d de u n ca n d id a to o lis ta de

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candidatos. Las causales de inhabilidades son circunstancias p revistas en la C onstitu ción y en las leyes que im piden la elección de u n a p erso n a para un d eterm in ad o cargo íep resen tativo. La in h ab ilid ad que afecta a u n a p erson a im pide su registro com o candidato para el cargo en cuestión, por lo que en el supuesto de registrarse la candidatura debe ser objeto de tacha dentro del térm in o previsto en la ley. P e ro ta m b ié n e x is te la p o s ib ilid a d de q u e se te n g a con ocim ien to de la cau sa de inh abilidad con posterioridad a su elección o h a ya accedido a la elección p ara u n m andato e le c tiv o , en ra zó n d e m e d id a s ju d ic ia le s d ic ta d a s en la tram itación de la tach a de su candidatura. En estos supuestos, cu an do se trata de u n a candidatu ra unipersonal o cuando todos los integrantes de la lista incurran en la cau sal de inhabilidad, será procedente la n u lidad de las elecciones o m ejor, la p érd id a de eficacia ju ríd ica del m andato obtenido por el candidato o los candidatos inhábiles. La in h ab ilid ad que afecta a u n candidato electo dentro de u n cuerpo colegiado, no afecta las elecciones realizadas porque en este supuesto es reem plazado por u n suplente electo en rep resen tación del m ism o p artido o m ovim ien to político. Por otra parte, es im portante m encionar que las inhabilidades con stitu yen restricciones al derecho al sufragio pasivo por lo qu e d eb en ser a p lica d a s sola m en te a qu ella s lim ita cio n es establecidas en la C onstitu ción y en las leyes, en virtu d del prin cipio de legalidad o libertad ju ríd ica estab lecid a en el Art. 9 de la C onstitu ción Nacional. El principio de legalidad de las inhabilidades p ara el ejercicio del sufragio pasivo se halla expresam ente reconocido en el Art. 7 de la Ley 834/96, que dispone: “Las causales de inh abilidad e in com p atib ilid ad son de in terp reta ción restringida. Tod o ciudadan o puede elegir y ser elegido, m ientras la ley no lim ite exp resam ente ese d erech o” .

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Por lo tanto, las inhabilidades establecidas en los E statutos partidarios no pu eden cau sar la nu lidad de las elecciones o p érd id a de m andatos representativos.

2.4. Nulidad general de las elecciones Es la n u lid a d qu e a fe c ta a u n acto e leccio n a rio en su totalidad, sin ten er en cu en ta los m andatos represen tativos electos. Es decir, afecta al acto electoral de votación realizad a en todas las circu n scripciones electorales. ‘ E n n u estra legislación electoral, la n u lidad gen eral de las e leccio n es p u ed e p ro d u c irs e p or d os situ acio n es lá ctic a s que afecten a m ás del 20% del nú m ero total de electores con cu rrentes al acto eleccionario en cuestión. Las causales legales que pu eden m otivar la n u lidad gen eral de las elecciones son las siguientes: 1. E l im p e d im e n to de la lib re e m is ió n d e l v o to p o r la existen cia de u n estado de violen cia gen eralizad a en el país, tradu cido en existen cia com p robada de grupos arm ados que h ayan protagon izad o hechos de sedición, asonada o m otines (Art. 307, inciso a). 2. La violación de las garantías electorales vincu ladas a los supuestos siguientes: - R ealización gen e ra liza d a d el escru tin io y cóm p u to en lugares distintos a los establecidos. - R e c e p c ió n d e v o to s en fe c h a y lu g a r d is tin to s a los establecidos en la convocatoria. - R e c e p c ió n d e v o to s p o r p e r s o n a s d is t in t a s a la s designadas. - V iolen cia física o presión de personas físicas o autoridades sobre integrantes de las m esas. - La d istorsión gen eralizad a de los escrutinios por causa de error, dolo o violencia. - U tiliza ció n de p ad ron es o b oletin es de votos falsos o

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c u a n d o n o se h a b ilita re n los b o le tin es de v o to de a lg ú n candidato. 3. L a c o n v o c a t o r i a a e le c c io n e s p o r a u t o r id a d e s in c o m p e te n te s . E s ta c ir c u n s ta n c ia tá c tic a c o m o c a u s a l de n u lid a d de las eleccion es se h a lla p revista en algunas legislacion es electorales com o la de P an a m á y V en ezu ela, vigen tes en 1998. En el Paraguay, la con vocatoria a elecciones es com petencia del Superior Tribun al de Ju sticia Electoral, conform e disponen los Arts. 273 de la C onstitu ción y 153 del C ódigo Electoral. E n e l su p u e s to de que se e fe c tu a ra la c o n v o c a to ria a elecciones por u n órgano diferente al T rib u n al Su perior de J u sticia E lectoral se tienen dos vías p ara atacar de nu lidad las elecciones. La acción de n u lid a d del acto de con vo catoria ante los órganos com peten tes de la J u sticia Electoral, en cuyo caso el accion ante d eberá acreditar la existencia de u n perju icio eviden te p ara él, con form e con el principio de que no existe la n u lidad por la n u lidad m ism a, que se con sagra en el Art. 311, inciso b), del C ódigo Electoral. La otra vía es la acción de incon stitu cion alid ad con tra el acto de con vocatoria realizad a por otra autoridad que no sea el T rib u n al Superior de Ju sticia Electoral. En este supuesto, se tuvo que haber dictado la convocatoria por un órgano público porque la acción de inconstitucionalidad p ro c e d e s o la m e n te c o n tra a c to s n o rm a tiv o s p ú b lic o s y resoluciones ju d iciales. P ero el p ro b le m a qu e p re s e n ta la v ía de la a c c ió n de incon stitu cion alid ad es el efecto de la sentencia, porque si la acción es resu elta solam ente p or la Sala C onstitu cional de la Corte S u prem a de Justicia, el efecto de la sen tencia será ín te r p a rte s , con lo cu al la nu lidad será solam ente para el accionante. La otra p osib ilid ad es que la acción sea resu elta p or el

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pleno de la Corte Su prem a de J u sticia y sea aplicada la escasa ju r is p r u d e n c ia e x is te n te en la m ateria , de o to rga r efecto gen eral a la sentencia de inconstitucionalidad. Solam ente en este supuesto h abrá n u lidad gen eral de las elecciones por con vocatoria por un órgano incom petente. Es im portante señalar que el efecto gen eral de la sentencia de inconstitucionalidad ha sido aplicada por la Corte Suprem a de Justicia en algunos fallos, atendiendo a un criterio orgánico, que sign ifica que cuando la acción de incon stitu cion alid ad es resu elta p or el pleno de la C orte Su prem a de Justicia, éste le puede otorgar efecto general o particular, por aplicación del Art. 259, num eral 5), de la Constitución el cual dispone que es de su com petencia: “con ocer y resolver sobre incon stitu cion alid ad ” sin especificar el efecto de la sentencia.

3. Principios de las nulidades electorales El Art. 311 del C ódigo E lectoral establece dos principios que deben ser tenidos en cu en ta por los órganos de la Ju sticia E le c to ra l p a ra la d e c la ra c ió n de la n u lid a d de los actos electorales, que son los siguientes:

3.1. Principio de protección Este prin cipio indica que la nu lidad de los actos electorales sólo será d eclarad a a petición de la parte perjudicada por el acto cu an do no ha con trib u id o para la realización del acto viciado. El prin cipio de protección se fu n d am en ta en la m oralidad de los actos, por lo que qu ien h a m otivado o participado del acto viciad o no puede ob ten er b eneficio de dicho acto. El prin cipio referido se h alla exp resam ente consagrado en el Art. 311, inciso a), del C ódigo E lectoral que dispone: “ En el ju zga m ien to de las nulidades, la J u sticia E lectoral tendrá en cuenta: ...a) que no p od rá ser d eclarad a la n u lidad reclam ada por qu ien dio cau sa o m otivo p ara ello” .

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3.2. Principio de trascendencia E ste p rin c ip io in d ic a q u e la n u lid a d só lo p u e d e ser d e cla ra d a cu an d o h a ya u n fin que tra s c ien d a la n u lid a d m ism a. Es la c o n sa g ra c ió n del p rin cip io fra n cés “n o h a y nu lidad sin p erju icio” . El au tor paragu ayo H ern án C asco Pagano al referirse a este p rin cip io señala: “ P ara que el p edid o de n u lid a d sea procedente, al solicitarse su declaración d eberá expresarse el perjuicio sufrido y el interés p erson al de la parte en obten er su d eclaración ” 103. Conform e con el principio de trascendencia, los elementos que hacen p rocedente la nu lidad solicitada son los siguientes: 1. A legación de daño o p erju icio sufrido. 2. P ru eb a del perju icio sufrido. 3. Interés ju ríd ico que se procu ra subsanar. E l C ódigo E lectoral en el Art. 311, inciso b), con sagra en form a expresa el principio de trascendencia al señalar que: “En el Juzgam iento de las nulidades, la Justicia Electoral tendrá en cuenta: ...b) que no se dará la nu lidad por la nu lidad m ism a, sin existir perju icio eviden te” .

4. Irregularidades no previstas como causa de nulidad de mandato electivo El Código Electoral ha previsto varias causales de nulidad de los actos electorales que p u eden tener incidencia en la pérdida de eficacia ju ríd ic a de los m andatos electivos resultantes de los actos electorales viciados. La n orm ativa electoral h a puesto énfasis en los vicios que ocu rren dentro de la jo rn a d a de votación y en la etap a de

103 C A S C O P A G A N O , H E R N A N . C ó d ig o P ro c e s a l Civil, C o m e n ta d o y C o n co rd a d o , T o m o I, E d ito r ia l L a L e y P a ra g u a y a , A s u n c ió n , 1995, p á g. 212.

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escrutin io pero h a om itido con figu rar com o cau sal de nulidad de un m andato electivo con du ctas irregulares de candidatos que igu alm en te pueden cau sar distorsión en la volu n tad de los electores. E n este sentido, es preciso señalar que en la legislación e le c to r a l b ra s ile ñ a se tie n e n p re v is ta s v a ria s c o n d u c ta s irregulares de los candidatos, que al com probarse ocasiona la pérdida del m andato electivo. Las con du ctas irregulares de los candidatos, constitutivas de a b u so de p o d e r e c o n ó m ic o o p o lític o , son cau sas de nu lidad del m andato electivo e im plican pérdida o casación del m andato, en caso de com probarse en el proceso ju d icia l pertinente.

4.1. Abuso de poder económico D e acuerdo con la legislación electoral brasileña, abuso de p od er económ ico se con figu ra con la u tilización de recursos económ icos que sean de em presas privadas, personas físicas o recursos propios del candidato fuera de los lím ites fijados por la ley con la fin alid ad de in terferir en la libre em isión del voto de los electores. • Las c on d u cta s qu e p u ed en c o n fig u ra r ab u so de p od er económ ico pu ed en consistir en: -

U so de recu rsos m ateria les no p erm itid os d en tro de la cam pañ a electoral o el día de la votación. E n la legislación brasileña se prohíbe el alquiler de vehículo para el transporte de los electores el día de las elecciones, el reparto de com idas a los electores por las candidaturas.

-

La com p ra de votos de los electores.

-

La p rop agan d a electoral fu era de los lím ites perm itidos por la legislación.

4.2. Abuso de poder político O curre cuando u n a determ in ad a can d id atu ra u tiliza los recursos del E stado a su favor para in terferir en la voluntad de los electores.

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Para el au tor brasileñ o Adriano Soares d a Costa: “el abuso de p o d e r p o lític o es el u so in d eb id o d el cargo o fu n ció n pública, con la fin alid ad de obtener votos para determ inado can d id ato” 104. Estas con du ctas constitutivas de abuso de p od er político pueden consistir en desvío de recursos públicos para financiar la cam pañ a electoral, con tratacion es de funcionarios públicos en ép oca electoral con la fin alidad de apoyar d eterm in ad a ca n d id a tu ra , fin a n c ia m ie n to de p ro p a g a n d a ele cto ra l con recursos del Estado, entre otros. E n el Paraguay, algunas conductas con stitu tivas de abuso de poder económ ico son configuradas com o delito, tales com o: coerción al elector (Art. 278 CP), y el soborno al elector (Art. 280 CP); pero no inciden en form a directa sobre el m andato electivo. Es decir, en el supuesto de que qu ien haya incu rrido en abuso de p od er económ ico, tipificado en el C ódigo Penal, sea u n a a u torid a d con in m u n id a d de p rocesam ien to penal, la posib ilid ad de sanción depen d erá de la d iscrecionalidad del órgano de desafuero. La sanción correspon dien te será, en su caso, de m u lta porqu e am bos tipos penales se sancionan con p en a p rivativa de lib ertad o m ulta, por lo que será aplicable esta ú ltim a conform e al Art. 321, inciso 4, del C ódigo Penal que dispone: “ C uando la ley p revea com o sanción ú n ica o altern ativa u n a m ulta, sea ella facu ltativa o acum ulativa, la san ción sólo será de m u lta” . . Por con sigu ien te, los hechos con stitu tivos de abuso del p od er económ ico en el ám bito electoral no tendrán incidencia sobre el m andato electivo.

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