Summa procesal civil 2018 [Primera ed.]

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SUMMA PROCESAL CIVIL ■

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Toda la ju ris p ru d e n c ia p ro c e s a l c iv il v in c u la n te , re le v a n te y a c tu a l en un so lo v o lu m e n

SUMMA PROCESAL CIVIL Toda la jurisprudencia procesal civil vinculante, relevante y actual en un solo volumen Haría Elena Guerra-Cerrón P rofesora en ia U nive rsida d N acional M a yo r de San M arcos y en la U nive rsida d de Lima

Prólogo de

Juan Monroy Gálvez P ro fe so r en la P o n tific ia U nive rsida d C atólica del Perú

P resentación de

Daniel Yacolca Estares P ro fe so r de T utela C au telar en la U nive rsida d de San M a rtin de P orres

Acceso en línea al texto completo de toda la jurisprudencia vinculante y a más

4500 casaciones y sentencias Plenos casatorios Plenos jurisdiccionales Precedentes de observancia obligatoria Doctrina jurisprudencial

mJF J1 « j Jurisprudencia vinculante, relevante y actual Totalmente actualizada

SUMMA PROCESAL CIVIL autora

:

María Elena G uerra-C errón

© Editorial Momos & Thesis, 2018 SERIE: S U M M A ,

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PRÓLOGO

Juan M onroy Gálvez PR ESEN TAC IÓ N

Daniel Yacolca Estares C O LA BO R AD O R ES

Lisbeth Escudero Del Pezo, Gerardo Kong Curaca, Yoel Lobato Gálvez y Ernesto Sánchez Calderón A S IS T E N T E ED ITO R IAL

Jasm ín Guiííén Arévalo EDITOR JE F E

Carlos A tocsa García

Editorial Nomos & Thesis E.I.R.L. Av. Brasil N.° 3068, Of. 1101, M agdalena del Mar, Lim a-P erú Ventas: 5553380 / 979768775 / 9401 62462 / info@ nom os.pe / w w w .nom os.pe RUC: 20509431273 D ISEÑO Y D IA G R A M A C IÓ N

Glenn M ontoya Veiasco P rim era edición: diciem bre de 2018 Tiraje: 1500 ejem plares Im preso por Á tico Editores E.I.R.L. Av. Brasil N.° 3068, Of. 1108, Magdalena del Mar, Lim a-P erú Teléfono: 4600359 / Mail: editorial.atico@ gm ail.com N oviem bre de 2018 IS B N :9 7 8 -6 1 2 -4 7 4 0 5 -8 -9 R egistro de Proyecto Editorial N,° 31501201801185 Hecho el D epósito Legal en ¡a B iblioteca Nacional del Perú N,° 2018-17673-, P ublicado en el mes de diciem bre de 2018. DERECHOS RESERVADOS. Prohibida su reproducción parcial o to ta l (D. Leg. 822),

PRÓLOGO El 2 de agosto de 1993 — hace 25 años—- entró en vigencia el Código Procesal C ivil (en adelante C P C ), en una época de desplazam iento del poder de los Estados emergentes a los mercados, lo que im plicó una claudicación política y económ ica paradójicam ente1 intencional de estos. Fiel al m om ento, nuestro G obierno facilitó la entrega de los recursos naturales del país y tam bién la titularidad de nuestros servicios productivos al m ercado m undial. Fue el furor de las concesiones y las privatizaciones. Esto explica, por ejem plo, que la telefonía y las pensiones de jubilación se incorporaran al “m ercado libre”. En tal escenario, un código que aspiraba a convertirse en un agente de transform ación social, colocando al juez como instrum ento esencial del cam bio, estaba condenado desde su origen al abandono de un Gobierno decidido a “m odernizar” el país entregándolo a los “vencedores” de la lucha ideológica, aquellos que siguiendo a Fukuyam a celebraron el fin de la historia.

Reforma filosófica Entonces, para desm itificar los datos, la reform a propuesta por el C P C fue de filosofía política, u n a propuesta ideológica opuesta a la contenida en el código derogado de 1912. De este suele decirse que era privado porque las partes controlaban su desarrollo. En realidad, era un código burocrático. M e explico. Cuando el joven M arx era director de la G aceta d e l Rin, describió en un artículo los rasgos de un burócrata. D ecía que es aquel funcionario que desarrolla un culto por la autoridad, una tendencia a la obediencia pasiva, una fe acrítica y u n a rigidez en el cum plim iento de las formas. El juez del Código de Procedim ientos Civiles de 1912 era un juez pasivo que garantizaba a las partes su neutralidad (que no es im parcialidad, pero sí la seguridad de que el lobo se com erá a la oveja 4con arreglo a ley”) y ejercía una obediencia fanática a los aspectos formales de la ley. Era, sin duda, un juez burócrata. Entonces, el m ensaje de transform ación del C P C trasciende con creces el m anido dilem a privado/públíco. Si se aprecia con atención, pretendió coadyuvar al tránsito de un Estado

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Una paradoja es una situación que confronta el sentido común. Que un Estado claudique en su soberanía -—fije lo que ocurrió— es una paradoja y además un oxímoron.

♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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PRÓLOGO

de derecho liberal a un Estado de derecho social. Intentarlo durante un Gobierno dedicado a insertarse en la globalizaclón neoliberal — por tanto, indiferente al funcionam iento de los servicios públicos, como el judicial— era contrariar el viento de la historia. Y aunque no todos los que elaboraron el C P C pensaban igual, conviene recordar que había congresistas que debatían y m ejoraban las propuestas legislativas. Javier Alva, Lourdes Flores o Pedro C ateriano, para citar a algunos, asistían a las sesiones sin descuidar sus otras funciones. Com o es evidente, aprobar una norm a como el C P C en el Parlam ento actual sería im pensable, la m ayoría de los congresistas actuales desperdician su tiem po averiguando — se inform an al oído como si intercam biaran chismes— so pretexto de investigar, es decir, presum en ser Poirot o M arlow e, cuando solo están capacitados p ara ser Viernes. El Gobierno de la década de la infam ia y, por desgracia, los que lo siguieron, no asum ieron su responsabilidad con el servicio judicial. Se requería de locales especiales para audiencias, entonces el Gobierno les entregó edificios revejidos, recién desocupados por instituciones que se m udaban a flamantes construcciones. La m arginación a locales indecorosos expresa la paradoja de gobiernos económ icam ente exitosos pero que han decidido que la vigencia del ordenam iento jurídico y la im portancia de la justicia jurídica — no la filosófica— no son socialm ente relevantes. A hora sufrimos el descuido.

El Código Procesal Civil y el servicio de justicia Por eso, cuando se hace escarnio del servicio de justicia a partir de escándalos, sin duda ciertos y penosos, contem plam os con estupor el grado de ignorancia de la m ayoría sobre las causas y los responsables del estropicio; y el nivel de cinism o de otros — alguna vez con poder de decisión— , que durante décadas ni siquiera insinuaron actos para revertir la situación. Lo expresado es presupuesto para referirm e al proceso. Este, en tanto fenómeno social de masas, torna eficiente el sistem a jud icial o coadyuva a su disfunción. U n rasgo actual de los estudios procesales es que suelen ser puram ente descriptivos, tanto que algunas propuestas parecen hechas para m ejorar un ordenam iento inexistente. Es obvio que investigar solo con conceptos abstractos conduce a extravíos; sin em bargo, es lo que usualm ente ocurre. Se evade la realidad. Importó m ucho erradicar al juez burócrata porque los conflictos que este resuelve no son siempre producto de desinteligencias en la com prensión del enunciado norm ativo o de la institución jurídica, como ingenuam ente se cree. Los conflictos surgen, m uchas veces, porque la ley está construida defectuosam ente; suele ser un producto semielaborado que, com únm ente, se form aliza como un hom enaje al consenso. Un aporte de aquí; otro de allá. Si fuese un gato tendría cola de caballo y cuerpo de cigüeña. A unque otras veces es im pecable, ello ocurre cuando su m andato está al servicio de quienes ejercen el poder, entonces con ella se “legaliza” la explotación, la discrim inación, en fin, las condiciones de la sociedad 90/10. Sin embargo, como el proceso garantiza al ordenam iento jurídico y no solo al sistema legal, la opción por un juez que interprete el enunciado desde la perspectiva de los valores en disputa lo convierte en un garante de la justicia. Si burocratiza su ejercicio, pasa a ser un n o m o s & t h e s is

PROLOGO

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instrum ento que asegura la vigencia de un sistem a social injusto y desigual. Para esto últim o solo necesita ser fiel a un procedim iento ‘ racional”, como reclam a Luhm ann, uno donde su criterio, sentim iento o arbitrio no cuentan. Con un juez soldado de la ley, ganará siempre quien “form alm ente” tenga la razón. Para ser lo prim ero, el juez necesita independencia y, por cierto, una adm inistración razonable de su carga y de sus tiempos. Si el núm ero de procesos que ingresan a su juzgado en un año es superior a los que acaban en el m ism o período, el desastre tiene form a de aluvión. M u y rápidam ente el juez queda sobrepasado en sus deberes y frustrado en sus expectativas, no solo profesionales sino personales. No olvidemos que un sistem a que es ineficiente para la m ayoría es eficiente para alguien. R educir las consecuencias del dram ático abandono que soporta el juez peruano es el com promiso m ayor de un procesalista; lo demás son fla tu s vocis.

Las alternativas al proceso Cuando un sistem a jud icial es ineficiente, se produce una fuga para resolver el conflicto hacia dos ámbitos. El peor es la “acción directa”, es decir, la solución por m ano propia (se usurpa el bien, se secuestra, se m ata, etcétera), con lo cual se invierte la figura, es el despojado o los deudos quienes activan el sistem a inoperante. El otro es el arbitraje, una excelente alternativa — así empezó el proceso en la Rom a republicana e inclusive fue propuesta como reemplazo al judicial por la Asam blea revolucionaria francesa en 1789— , teóricam ente eficiente, veloz y discreta. Podría ser de gran ayuda si no fuera porque h ay algunos presupuestos p ara su uso que, en sede nacional por lo menos, no interesa cum plirlos. Son presupuestos una equiparidad de capacidades entre los contendientes; una reglam entación que im pida una excesiva onerosidad de los honorarios (se dice que son outrageous fees) y una im prescindible im parcialidad en la decisión final. La ausencia de este últim o presupuesto es lo más peligrosa. Elegir árbitros en ámbitos restringidos predispone el intercam bio de favores. A veces, los árbitros elegidos por una parte son abogados de la otra en otro arbitraje; o presidentes del tribunal en un arbitraje distinto donde alguna de las partes antes referidas tiene algún interés. Cuando los intereses de los estudios, de los abogados y de los clientes se cruzan — no im porta si es intencional— , se crea un a pequeña sociedad anónim a cerrada donde los hilos form an, con el tiem po, u n a red casi invisible y obviam ente agraviante para la deontología forense. Si a lo dicho se agrega un Estado con una soberanía tan frágil que el mercado lo obliga a renunciar a su derecho a la tutela jurisdiccional (es decir, le im pone el arbitraje), lo insólito se vuelve cotidiano.

El Código Procesal Civil y su reforma o sustitución Un código que cum ple un cuarto de siglo necesita cam bios, sobre todo si en ese lapso su sistem ática se h a desguazado. No está en duda de que h a perdido coherencia, lo necesario es determ inar si ello es tan grave como para haberlo convertido en un ordenam iento irracional. La respuesta im porta porque de ella depende decidir si debe ocurrir una reform a (parcial) o una sustitución (to tal). ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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PRÓLOGO

Por un lado, n ad a de lo m alo que ha ocurrido en nuestro sistem a ju d ic ia l en los 25 años de vigen cia del C P C le es atrib uib le a este. Si esa afirm ación fuera cierta, así lo creo, es evidente que la sustitución no es u n a necesidad actual. Por otro, es in d ud ab le que el C P C h a m arcado ten d en cia en otros ordenam ientos procesales. No solo m e refiero a que es el ordenam iento supletorio de cu alq uier otro procesal por ley expresa, sino que cuando en estos años se han producido reform as procesales en otros ám bitos, expresa o tácitam en te, las nuevas leyes tienen el A D N del C P C , p ara bien o para m al. A sí, por ejem plo, sin descuidar las variantes propias del derecho m aterial que in strum en ta, es posible encontrar coincidencias en la estructura procesal acogida por el N uevo C ódigo Procesal Penal con el C P C , aun cuando las instituciones tengan nom bres distintos. Pero tam bién h ay defectos transm itidos. Los ordenam ientos posteriores al C P C han com prom etido su éxito a la oralidad, hasta le otorgan — como algunos doctrinarios— la calidad de principio. La oralidad solo es una técnica para hacer efectivo el principio de inm ediación. Su empleo en estados constitucionales periféricos ■ — como el nuestro— es lo más parecido al uso de esteroides anabólicos por algunos deportistas. Cuando un ordenam iento procesal signado por la técnica de la oralidad entra en vigencia, los resultados durante los primeros años son notables. El juez prepara sus audiencias, las dirige y hasta puede resolver al final de ellas. Pero el tiem po, el Gran Escultor como le llam a Yourcenar, presenta su factura, lenta, pero inexorablem ente. En diciem bre pasado fui notificado por un juzgado laboral — que em plea la novísim a Ley Procesal del Trabajo— para una audiencia en noviem bre próximo. A quí no h ay culpables. Com o el atleta, tenemos el pecho con m edallas, pero habiendo soportado dos infartos y en silla de ruedas. La oralidad es un lujo prohibido para sociedades emergentes. D ifícil encontrar m ejor ejem plo para confirm ar que la problem ática judicial tiene tantas aristas que solo un iluso podría creer que u n a reform a norm ativa sea suficiente para producir el cam bio que necesitamos. *** La obra que prologamos ahora es im portante porque realiza una investigación jurisprudencial com pleta sobre el C P C , que incluye además a la Ley que regula el Proceso Contencioso A dm inistrativo, el Decreto legislativo que norm a el Arbitraje, la Ley G eneral del Sistem a Concursal, la Ley O rgánica del Poder Jud icial, entre otros. El libro pretende poner al alcance de los profesionales del Derecho el estado actual de la jurisprudencia procesal civil en el Perú, abarcando más de 45 00 sentencias y resoluciones vinculantes, relevantes y actuales. Felicitamos a la profesora M aría Elena G uerra Cerrón por esta feliz iniciativa que estamos seguro será de gran u tilid ad en el ejercicio diario del Derecho.

Juan F. Monroy Gálvez Profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú n o m o s & t h e s is

PRESENTACIÓN

El conocim iento y acceso a la jurisprudencia procesal civil resulta de vital im portancia para la aplicación del Derecho por parte de profesores, jueces, fiscales, abogados y cualquier estudioso o profesional del Derecho. En este libro se expone ordenada y sistem atízadam ente la doctrina jurisprudencial vinculante de la Corte Suprem a, particularm ente de todos los plenos casatorios civiles en m ateria civil y procesal. Se incorpora tam bién toda la jurisprudencia vinculante del Tribunal C onstitucional, y todos los precedentes vinculantes del Tribunal Registra! y del Tribunal de Defensa de la Com petencia del Indecopi en m ateria procesal y concursa! Incluye además la jurisprudencia más im portante del Consejo del N otariado en m ateria de com petencia notarial en asuntos no contenciosos. La obra contiene tam bién todos los plenos j urisdiccionales nacionales, regionales y distritales en m ateria civil, procesal, contencioso adm inistrativo, com ercial y de fam ilia celebrados por las Corte Superiores del país. Pero la obra se sostiene principalm ente en la num erosa jurisprudencia actual y relevante de las Salas Civiles y de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema; de las salas, juzgados civiles y de paz de letrados de las distintas Cortes Superiores del país; así como de la jurisprudencia más selecta del T ribunal C onstitucional y hasta de la Corte Interam ericana de Derechos H um anos (en m ateria plazo razonable, debido proceso y probatorio). C ada sentencia aparece con un resum en o sum illa de su contenido principal. Se reproducen íntegram ente sus fundam entos jurídicos más im portantes, recogiendo lo esencial de la sentencia y se realiza una transcripción fiel del texto original. C ada sentencia está precedida de un título que describe breve y a acertadam ente el contenido de la sum illa. Es u n a obra de vital im portancia para m agistrados, fiscales, abogados, profesores universitarios, estudiantes y demás profesionales del Derecho. Sirve para estar al día en cada una de las m aterias objeto de com entario y para utilizar como herram ienta válida en la solución de los problemas jurídicos cotidianos, con rigor y 'desde el lente de la práctica de nuestros tribunales.

* SUMMA PROCESAL CIVIL

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PRESENTACIÓN

M is felicitaciones y enhorabuena a la profesora M aría Elena G uerra-Cerrón por esta im portante contribución al derecho procesal peruano.

D aniel Irwin Yacolca Estares Profesor de Tutela C autelar en la U niversidad de San M artín de Porres

n o m o s & t h e s is

PALABRAS DE LA AUTORA S um m a P rocesal C ivil es un libro de jurisprudencia procesal que sigue en su com posición la estructura del Código Procesal C ivil. A barca toda la jurisprudencia vinculante, relevante y actual en m ateria procesal, contencioso adm inistrativo, arbitraje, concursal y conciliación. La obra pone al alcance de la teoría y la práctica procesal el estado actual de la jurisprudencia peruana sobre estas m aterias. Por su carácter de com pendio, se han seleccionado las sentencias más im portantes, las más citadas y las que han tenido más im pacto en estos 25 años de jurisprudencia procesal, que se in icia en 1993 con la puesta en vigencia del Código Procesal C ivil peruano. Sem ejante esfuerzo de com pilación solo es posible gracias al apoyo de un equipo m uy com petente que m e ha acom pañado en esta aventura. M i reconocim iento a lis b e th Escudero Del Pezo, Gerardo Kong C uraca, Yoel Lobato Gálvez y Ernesto Sánchez Calderón, jóvenes estudiantes de San M arcos, quienes han contribuido enorm em ente en esta titánica labor que hoy ofrecemos a la com unidad juríd ica del país. M i agradecim iento tam bién al profesor Juan M onroy Gálvez, por el generoso prólogo que nos alcanzó; al profesor D aniel Yacolca Estares, por sus palabras de presentación; así como al señor Carlos Atocsa, director de la editorial, por confiar otra vez en m í y por el cuidado escrupuloso de la presente edición. Lim a, noviembre de 2018

* SUMMA PROCESAL CIVIL

ABREVIATURAS

A quo

Indica el juez (de primera instancia) que emitió una resolución que es impugnada para que sea resuelto por el superior jerárquico.

Ad quem

Indica el juez o tribunal (corte superior) al cual se recurre contra una resolución determinada de otro inferior.

art. / arts.

artículo / artículos

Cas.

Casación

Cas. Lab.

Casación Laboral

CC

Código Civil (Decreto Legislativo N.° 295, de 25-07-1984)

CP

Código Penal (Decreto Legislativo N.° 635, de 08-04-1991)

CPC

Texto Unico Ordenado del Código Procesal Civil (Resolución M inisterial N.° 010-93-JU S, de 23-04-1993)

CPConst.

Código Procesal Constitucional (Ley N.° 28237, de 31-05-2004)

CADH

Convención Americana sobre Derechos Humanos. Firmada en San José el 28-111969.

CEDH

Corte Europea de Derechos Humanos

CIDH

Corte Interamericana de Derechos Humanos

Const.

Constitución Política del Perú

DC

disposición complementaria

DCD

disposición complementaria derogatoria

D CD U

disposición complementaria derogatoria única

DCF

disposición complementaria y final

DCFU

disposición complementaria final única

D CM U

disposición complementaria modificatoria única

DCTF

disposición complementaria, transitoria y final

DD

disposición derogatoria

DDF

disposición derogatoria y final

* SUMMA PROCESAL CIVIL

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ABREVIATURAS

DDSF

disposición derogatoria, sustitutoria y final

DF

disposición final

DFTD

disposición final, transitoria y derogatoria

D. Leg.

Decreto Legislativo

D. Ley / DL

Decreto Ley

DM

disposición modificatoria

DMD

disposición modificatoria y derogatoria

D. S.

Decreto Supremo

DT

disposición transitoria

DTU

disposición transitoria única

ed.

edición

EP

Diario oficial El Peruano

et a i

Del latín et alii, que significa “y otros”

Exp.

Expediente

f./ff.

fundamento / fundamentos fundamento jurídico / fundamentos jurídicos

fs.

fojas

inc. / ines.

inciso / incisos

LOPJ / LoPJ

Ley Orgánica del Poder jud icial (Decreto Supremo N.° 017-93-JU S, de 02-061993)

NLPT

Nueva Ley Procesal del Trabajo (Ley N.° 29497)

p. / pp.

página / páginas

párr. / párrs.

párrafo / párrafos

R. A.

Resolución Administrativa

Res.

Resolución

R. M .

Resolución Ministerial

RTF

Resolución del Tribunal Fiscal

s. / ss.

siguiente / siguientes

n o m o s & t h e s is

BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA A ctualidad C ivil

A ctualidad C ivil (seguido del número del volumen y del año de edición correspondiente). Publicación de Instituto Pacífico, Lima.

Anales Ju diciales

Anales Ju diciales d e la Corte Suprema d e Justicia de la República (seguido del número del tomo y del año judicial correspondiente). Publicación oficial, Lima.

Anulación d e laudos

M artel C hang , Rolando A., La anulación d e laudos arbitrales en la jurisprudencia , Gaceta Jurídica, Lima, 2018.

Cobranza

T orpes C arrasco , M anuel Alberto, Guía práctica d e cobranza ju d icia l de

créditos , Gaceta Jurídica, Lima, 2008/f. CPC Bibliogr.

Código Procesal C ivil , anotado con bibliografía y jurisprudencia, edición preparada por Carlos Atocsa, 4a ed., Grijley, Lima, 2002.

D iálogo

D iálogo con la Jurisprudencia (seguido del número del tomo y del año de edición correspondiente). Publicación de Gaceta Jurídica, Lima,

El proceso cautelar

P eláez Bardales, Mariano, El proceso cautelar , Grijley, Lima, 2005.

EP

D iario OJicial El Peruano.

Espinoza , Introducción E spinoza Espi noza , Juan , Introducción a l derecho privado. Los principios

contenidos en el Titulo P relim inar d el Código C ivil peruan o de 1984, Instituto Pacífico, Lima, 2015-

Gaceta C ivil

Gaceta C ivil ó 1P rocesal C ivil (seguido del número del tomo y del año de edición correspondiente). Publicación de Gaceta Jurídica, Lima.

GJ

Gaceta Ju rídica (seguido del número del tomo y del año de edición correspondiente). Publicación de Gaceta Jurídica, Lima.

JReg.

Jurisprudencia Registral, SUNARP-ORLC, Lima, 1996-2001 (seguido del número de volumen y del tom o).

M edidas cautelares

M edidas cautelares y los procesos d e ejecución en la jurisprudencia 20092010, estudio introductorio de Eugenia Ariano Deho, Gaceta Jurídica, Lima, 2012.

Plenos Jurisdiccionales

Plenos Jurisdiccionales Superiores 2007-2011: C onclusiones plenarias, Fondo Editorial del Poder Judicial, Lima, 2012.

Proceso cautelar ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

P eláez Bardales, Mariano, Elproceso cautelar , Grijley, Lima, 2005.

BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA

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Proceso d e ejecución

T orees A ltez, Dante y Alexander R ío ja B ermúdez , El proceso único

d e ejecución: m ecanism os de ejecución y de defensa, Gaceta Jurídica, Lima, 2014.

Teoría im pugnatoria

C avani, Renzo, Teoría im pugnatoria: recursos y revisión d e la cosa juzgada en el proceso civil , Gaceta Jurídica, Lima, 2018.

Tutela cautelar

L edesma N arváez, M arianella, Tutela cautelar en el proceso civil\ Gaceta Jurídica, Lima, 2013.

n o m o s & th e s is

PRINCIPALES NORMAS CON JURISPRUDENCIA INCLUIDAS EN LA PRESENTE OBRA

Constitución............................................................................................................................................

21

Código Procesal Civil (R. M . N.° 010-93-JU S).........................................................................

57

Ley que regula el proceso contencioso administrativo (TUO aprobado por el D. S. N.° 013-2 00 8-JU S)..............................................................................................................................

1323

Ley de competencia notarial en asuntos no contenciosos (Ley N.° 2 6 6 6 2 )...................

1367

Ley que regula el proceso de filiación judicial de paternidad extramatrimonial (Ley N.° 2 8 4 5 7 ).......................................................................................................................................................

1371

Ley que regula el procedimiento no contencioso de la separación convencional y divorcio ulterior en las municipalidades y notarías (Ley N.° 2 9 2 2 7 )..................................

1374

Decreto legislativo que norma el Arbitraje (D. Leg. N.° 1 0 7 1 )............................................

1375

Ley de Conciliación (Ley N.° 2 6 8 7 2 ).........................

1403

Ley General del Sistema Concursa!(Ley N.° 2 7 8 0 9 ).................................................................

1417

Ley Orgánica del Poder Judicial (TUO aprobado por D. S. N.° 017-93-JU S)...............

1447

* SUMMA PROCESAL CIVIL

MARCO CONSTITUCIONAL DEL PROCESO CIVIL

TÍTULO I DE LA PERSONA Y DE LA SOCIEDAD CAPÍTULO I DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA

Artículo 2: Derechos fundamentales de la persona Toda persona tiene derecho: 1. A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. 2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, reli­ gión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole. 3. A la libertad de conciencia y de religión, en forma individual o asociada. No hay persecución por razón de ideas o creencias. No hay delito de opinión. El ejercicio público de todas las confesiones es libre, siempre que no ofenda la moral ni altere el orden público. 4. A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos, bajo las responsabilidades de ley Los delitos cometidos por medio del libro, la prensa y demás medios de comunicación social se tipifi­ can en el Código Penal y se juzgan en el fuero común. Es delito toda acción que suspende o clausura algún órgano de expresión o le impide circular libremen­ te. Los derechos de informar y opinar comprenden los de fundar medios de comunicación. 5. A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pú­ blica, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional. El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del Juez, del Fiscal de la Nación, o de una comisión investigadora del Congreso con arreglo a ley y siempre que se refieran al caso investigado. 6. A que los servicios informáticos, computarízados o no, públicos o privados, no suministren informa­ ciones que afecten la intimidad personal y familiar. 7. Al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar, así como a la voz y a la imagen propias. Toda persona afectada por afirmaciones inexactas o agraviada en cualquier medio de comunicación social tiene derecho a que este se rectifique en forma gratuita, inmediata y proporcional, sin perjuicio de las responsabilidades de ley. 8. A la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto. El Estado propicia el acceso a la cultura y fomenta su desarrollo y difusión. * SUMMA PROCESAL CIVIL

Alt 2

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MARCO CONSTITUCIONAL

9. A la inviolabilidad del domicilio. Nadie puede ingresar en él ni efectuar investigaciones o registros sin autorización de la persona que lo habita o sin mandato judicial, salvo flagrante delito o muy grave peligro de su perpetración. Las excepciones por motivos de sanidad o de grave riesgo son reguladas por la ley. 10. Al secreto y a la inviolabilidad de sus comunicaciones y documentos privados. Las comunicaciones, telecomunicaciones o sus instrumentos solo pueden ser abiertos, incautados, interceptados o intervenidos por mandamiento motivado del juez, con las garantías previstas en la ley. Se guarda secreto de los asuntos ajenos al hecho que motiva su examen. Los documentos privados obtenidos con violación de este precepto no tienen efecto legal. Los libros, comprobantes y documentos contables y administrativos están sujetos a inspección o fis­ calización de la autoridad competente, de conformidad con la ley. Las acciones que al respecto se tomen no pueden incluir su sustracción o incautación, salvo por orden judicial. 11. A elegir su lugar de residencia, a transitar por el territorio nacional y a salir de él y entrar en él, salvo limitaciones por razones de sanidad o por mandato judicial o por aplicación de la ley de extranjería. 12. A reunirse pacíficamente sin armas. Las reuniones en locales privados o abiertos ai público no requieren aviso previo. Las que se convocan en plazas y vías públicas exigen anuncio anticipado a la autoridad, la que puede prohibirlas solamente por motivos probados de seguridad o de sanidad públicas. 13. A asociarse y a constituir fundaciones y diversas formas de organización jurídica sin fines de lucro, sin autorización previa y con arreglo a ley. No pueden ser disueltas por resolución administrativa. 14. A contratar con fines lícitos, siempre que no se contravengan leyes de orden público. 15. A trabajar libremente, con sujeción a ley. 16. A la propiedad y a la herencia. 17. A participar, en forma individual o asociada, en la vida política, económica, social y cultural de la Nación. Los ciudadanos tienen, conforme a ley, los derechos de elección, de remoción o revocación de autoridades, de iniciativa legislativa y de referéndum. 18. A mantener reserva sobre sus convicciones políticas, filosóficas, religiosas o de cualquiera otra índole, así como a guardar el secreto profesional. 19. A su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la Nación. Todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma ante cualquier autoridad mediante un intérprete. Los extranjeros tienen este mismo derecho cuando son citados por cualquier autoridad. 20. A formular peticiones, individual o colectivamente, por escrito ante la autoridad competente, la que está obligada a dar al interesado una respuesta también por escrito dentro del plazo legal, bajo responsa­ bilidad. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional solo pueden ejercer individualmente el derecho de petición. 21. A su nacionalidad. Nadie puede ser despojado de ella. Tampoco puede ser privado del derecho de obtener o de renovar su pasaporte dentro o fuera del territorio de la República. 22. A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambien­ te equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. 23. A la legítima defensa. 24. A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia: a. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. b. No se permite forma alguna de restricción de la libertad personal, salvo en los casos previstos por la ley. Están prohibidas la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en cualquiera de sus formas. c. No hay prisión por deudas. Este principio no limita el mandato judicial por incumplimiento de deberes alimentarios. n o m o s & t h e s is

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CONSTITUCIÓN / DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA

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d. Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previa­ mente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con pena no prevista en la ley. e. Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabi­ lidad. f. Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. La detención no durará más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las investigaciones y, en todo caso, el detenido debe ser puesto a disposición de! juzgado correspondiente, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas o en el término de la distancia. Estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo, espionaje, tráfico ilícito de drogas y a los delitos cometidos por organizaciones criminales. En tales casos, las autoridades policiales pueden efectuar la detención preventiva de los presuntos implicados por un término no mayor de quince días naturales. Deben dar cuenta al Ministerio Público y al juez, quien puede asumir jurisdicción antes de vencido dicho término.(1) g. Nadie puede ser incomunicado sino en caso indispensable para el esclarecimiento de un delito, y en la forma y por el tiempo previstos por la ley. La autoridad está obligada bajo responsabilidad a señalar, sin dilación y por escrito, el lugar donde se halla la persona detenida. h. Nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a tortura o a tratos inhuma­ nos o humillantes. Cualquiera puede pedir de inmediato el examen médico de la persona agraviada o de aquélla imposibilitada de recurrir por sí misma a la autoridad. Carecen de valor las declaraciones obtenidas por la violencia. Quien la emplea incurre en responsabilidad. NOTA DE ACTUALIZACIÓN

(1) Literal f) modificado por el artículo único de la Ley N.° 30558 (EP, 09-05-2017).

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, DE LA CORTE SUPREMA Y DE LAS CORTES SUPERIORES DERECHO A LA IGUALDAD (INCISO 2)

§ I. La igualdad ante la ley como principio constitucional. Im plicancia (inc. 2). 6. La igualdad ante la ley es un principio constitucional a la vez que un detecho subjetivo que garantiza el trato igual de ios iguales y el desigual de los desiguales. En ese sentido, y con el objeto de determinar cuándo se está frente a una medida que implica un trato desigual no válido a la luz de cláusula de la igualdad, la medida diferenciadora no solo debe sustentarse en una base objetiva, sino, además, encontrarse conforme con el test de razonabilidad. Mediante este test se controla si el tratamiento diferenciado está provisto de una justificación. En segundo lugar, si entre la medida adoptada y la finalidad perseguida existe relación. Y, finalmente, determinar si se trata de una medida adecuada y necesaria, esto es, si respeta el principio de proporcionalidad. (Exp. N.° 649-2002-AA/TC, del 20-08-2002 [Web: 05-042003 / EP: 05-04-2003], f. j. 6. Texto completo: ). § 2. Conceptualización de la igualdad (inc. 2). 2. [...] [La] igualdad es un principio-derecho que instala a las personas, situadas en idéntica condición, en un plano de equivalencia. Ello involucra una conformidad o identidad por coincidencia de naturaleza, circunstancia, calidad, cantidad o forma, de modo tal que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a una persona de los derechos que se conceden a otra, en paridad sincrónica o por concurrencia de razones. Por consiguiente, supone la afirmación a p riori y apodíctica de la homologación entre todos los seres humanos, por la identidad de naturaleza que el derecho estatal se limita a reconocer y garantizar. [...] (Exp. N.° 018-2003-AI/TC [Demanda de inconstitucionaüdad contra el articulo 1° de la Ley N.1327633, modificatoria de la Ley N.0 27143], de 26-04-2004, f. j. 2. Texto completo: ). ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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§ 3. El principio de igualdad no se encuentra reñido con el reconocimiento legal de ía diferencia de trato, en tanto este se sustente en una base objetiva, razonable, racional y proporcional (inc. 2). 4. [...] [La] igualdad es un principio derecho que instala a las personas, situadas en idéntica condición, en un plano de equivalencia. Ello involucra una conformidad o identidad por coincidencia de naturaleza, circunstancia, calidad, cantidad o forma, de modo tal que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a una persona de los derechos que se conceden a otra, en paridad sincrónica o por concurrencia de razones. 5. Como ya lo ha señalado anteriormente este Colegiado en la sentencia recaída en el Exp. N.° 018-2003-AI/TC [§ 2], “[...] el principio de igualdad no se encuentra reñido con el reconocimiento legal de la diferencia de trato, en tanto este se sustente en una base objetiva, razonable, racional y proporcional. El tratamiento jurídico de las personas debe ser igual, salvo en lo atinente a la diferencia de sus “calidades accidentales” y a la naturaleza de las cosas que las vinculan coexistendalmente.” “El principio de igualdad no impide al operador del derecho determinar, entre las personas, distinciones que expresamente obedezcan a las diferencias que las mismas circunstancias prácticas establecen de manera indubitable”. [...] (Exp. N.° 1875-2004-AA/TC, de 05-10-2004, ff. jj. 4 y 5. Texto completo: ). § 4. No toda desigualdad constituye una discrim inación, ni vulnera el principio de igualdad (inc. 2). 61. [La] igualdad, además de ser un derecho fundamental, es también un principio rector de la organización del Estado Social y Democrático de Derecho y de la actuación de los poderes públicos. Como tai, comporta que no toda desigualdad constituye necesariamente una discriminación, pues no se proscribe todo tipo de diferencia de trato en el ejercicio de los derechos fundamentales; la igualdad solamente será vulnerada cuando el trato desigual carezca de una justificación objetiva y razonable. La aplicación, pues, del principio de igualdad, no excluye el tratamiento desigual; por ello, no se vulnera dicho principio cuando se establece una diferencia de trato, siempre que se realice sobre bases objetivas y razonables. (Exp. N.° 0048-2004-PI/TC [Acción de inconstitucionalidad contra algunos artículos de la Ley N.ú28258 - Ley de RegalíaMinerá\, de 01-04-2005 [Web: 01-04-2005 / EP: 07-04-2005], f. j. 61. Texto completo: ). § 5. Remisión. Véase también, sobre la igualdad procesal, la jurisprudencia del artículo VI (§ 295 ss.) y 50° inciso 2 del Código Procesal Civil (§ 572 ss.). § 6. Remisión. Véase también, sobre la socialización del proceso, la jurisprudencia del artículo VI del Código Procesal Civil (§ 292 ss.). IGUALDAD PROCESAL (INCISO 2)

§ 7. Noción del derecho de igualdad procesal (inc. 2), 5. El derecho de igualdad procesal o de igualdad de armas se deriva de la interpretación sistemática del arríenlo 2, inciso 2 (igualdad) y del artículo 139, inciso 3 (debido proceso), de la Constitución. En tal sentido, todo proceso, judicial, administrativo o en sede privada, debe garantizar que las partes del proceso detenten las mismas oportunidades de alegar, defenderse o probar, de modo que no se ocasione una desventaja en ninguna de ellas respecto a la otra. Tal exigencia constituye un componente del debido proceso ya que ningún proceso que inobserve dicho imperativo puede reputarse como “debido”. (Exp. N.° 06135-2006-PA/ TC, del 19-10-2007, b j. 5. Tribunal Constitucional. Texto completo: ).

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TÍTULO IV DE LA ESTRUCTURA DEL ESTADO

CAPÍTULO ¥111 PODER JU D IC IA L

Artículo 138: Administración de Justicia. Control difuso La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes. En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente, prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior.

Artículo 139: Principios de la función jurisdiccional Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 1. La unidad y exclusividad de la función jurisdiccionál. No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la militar y la arbitral. No hay proceso judicial por comisión o delegación. 2. La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución. Estas disposiciones no afectan el derecho de gracia ni la facultad de investigación del Congreso, cuyo ejercicio no debe, sin embargo, interferir en el procedimiento jurisdiccional ni surte efecto jurisdiccional alguno. 3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a proce­ dimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación. 4. La publicidad en los procesos, salvo disposición contraria de la ley. Los procesos judiciales por responsabilidad de funcionarios públicos, y por los delitos cometidos por medio de la prensa y los que se refieren a derechos fundamentales garantizados por la Constitución, son siempre públicos. 5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan. 6. La pluralidad de la instancia. 7. La indemnización, en la forma que determine la ley, por los errores judiciales en los procesos penales y por las detenciones arbitrarias, sin perjuicio de la responsabilidad a que hubiere lugar. 8. El principio de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley. En tal caso, deben aplicarse los principios generales del derecho y el derecho consuetudinario. 9. El principio de inaplicabilidad por analogía de la ley penal y de las normas que restrinjan derechos. 10. El principio de no ser penado sin proceso judicial. ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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11. La aplicación de la ley más favorable al procesado en caso de duda o de conflicto entre leyes pe­ nales. 12. El principio de no ser condenado en ausencia. 13. La prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada. La amnistía, el indulto, el sobreseimiento definitivo y la prescripción producen los efectos de cosa juzgada. 14. El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. Toda persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa o las razones de su detención. Tiene derecho a comunicarse personalmente con un defensor de su elección y a ser asesorada por este desde que es citada o detenida por cualquier autoridad. 15. El principio de que toda persona debe ser informada, inmediatamente y por escrito, de las causas o razones de su detención. 16. El principio de la gratuidad de la administración de justicia y de la defensa gratuita para las perso­ nas de escasos recursos; y, para todos, en los casos que la ley señala. 17. La participación popular en el nombramiento y en la revocación de magistrados, conforme a ley. 18. La obligación del Poder Ejecutivo de prestar la colaboración que en los procesos le sea requerida. 19. La prohibición de ejercer función judicial por quien no ha sido nombrado en la forma prevista por la Constitución o la ley. Los órganos jurisdiccionales no pueden darle posesión del cargo, bajo responsa­ bilidad. 20. El principio del derecho de toda persona de formular análisis y críticas de las resoluciones y senten­ cias judiciales, con las limitaciones de ley. 21. El derecho de los reclusos y sentenciados de ocupar establecimientos adecuados. 22. El principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincor­ poración del penado a la sociedad.

PRECEDENTE DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 9. Debido proceso y cosa juzgada fraudulenta (me. 3). P rim ero. [CJuando la controversia en sede judicial se relacione con el estadio de la cosa juzgada fraudulenta, no cabe duda [de] que esta se vincula de manera categórica con el debido proceso, que en nuestro sistema legal está relacionada de la misma manera con la tutela jurisdiccional efectiva a tenor de lo establecido en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado. (Casación N.° 288-2005-Cusco, de 05-05-2005 [EP, 0205-2006], f. j. 1, que constituye precedente de observancia obligatoria en el modo y forma previsto en la ley. Sala Transitoria de Derecho Constitucional y Social. Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, DE LA CORTE SUPREMA, DE LAS CORTES SUPERIORES Y DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS___________________ PRINCIPIO DE UNIDAD Y EXCLUSIVIDAD DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL (INCISO 1)

§ 10. El órgano jurisdiccional que emitió decisión respecto a un punto m edular del proceso, no puede cambiar su criterio posteriormente aun cuando exista una nueva conformación de colegiados. Q uinto. [La] unidad jurisdiccional es aquel principio constitucional aplicable al ejercicio de la potestad jurisdiccional por el cual le compete solo a los órganos -jueces y tribunales- judiciales, en su función aplicativa, determinar lo que es derecho en caso concreto y en forma irrevocable, esto es, con fuerza de cosa juzgada, a través del proceso y dentro del ámbito constitucionalmente demarcado. Sexto. [En] efecto, una de las manifestaciones de este principio señala que un órgano jurisdiccional no

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puede contravenir una decisión consentida de otro órgano judicial por una cuestión de criterio, habida cuenta que ello desnaturalizaría la esencia misma del proceso, dicha situación supone entonces que cualesquiera que sean los juzgados y tribunales que apliquen el derecho al caso en concreto deberán ejercerlo no solo como un órgano jurisdiccional unitario sino también bajo una unidad de criterio. Sétim o. [En] el caso de autos, se advierte que habiendo la Sala de mérito establecido en un primer pronunciamiento que la pretensión demandada era de naturaleza civil y que por consiguiente los juzgados civiles resultaban competentes, no podía con posterioridad la misma Sala Superior razonar de una manera distinta, independientemente que se tratase de distintos colegiados, pues se trataba de una decisión que había quedado consentida; por consiguiente, dicha situación no podía ser materia de un nuevo pronunciamiento. (Casación N.° 3582-2009-La Libertad, de 16-08-2010, ff. jj. 5-7. Sala Civil Transitoria [EP, 31-01-2011, Sentencias en Casación N.° 636, p. 29436]. Texto completo: )._ JURISDICCION ARBITRAL (INCISO 1}

§ 11. Reglas de procedencia e improcedencia del amparo arbitral. Objeto del ejercicio de! control difuso de constitucionalidad en la jurisdicción arbitral (inc. 1). Véase la jurisprudencia del artículo 3o del Decreto Legislativo N.° 1071, Decreto Legislativo que norma el arbitraje [§ 4479]. (Exp. N.° 00142-2011-PA/TC, del 21-09-2011 [Web: 26-09-2011 / EP: 05-10-2011], que declara que los criterios previstos en ios ff. jj. 20, 21 y 26, constituyen precedente vinculante inmediato]. Texto completo: ). § 12. Supuestos de procedencia del proceso constitucional contra la jurisdicción arbitral (inc. 1). Véase la jurisprudencia del artículo 3o del Decreto Legislativo N.° 1071, Decreto Legislativo que norma el arbitraje [§ 4480]. (Exp. N.° 4972-2006-PA/TC, del 04-08-2006 [Web: 18-10-2007 / EP: 11-04-2008], que declara que los criterios previstos en los ff. jj. 17 al 20, entre otros, constituyen precedente vinculante inmediato. Texto completo: ). § 13. Naturaleza de la jurisdicción arbitral. Dimensiones subjetiva y objetiva del proceso arbitral. Principio de k om peten z -k om peten z y el control constitucional en la jurisdicción arbitral (inc. 1). Véase la jurisprudencia del artículo 3o del Decreto Legislativo N.° 1071, Decreto Legislativo que norma el arbitraje [§ 4481]. (Exp. N.° 6167-2005-PHC/TC, del 28-02-2006 [Web: 09-032006 / EP: 23-03-2006], que declara que los criterios previstos en el ff. jj. 8, 11, 12, 13, 14, 17 y 18, constituyen precedente vinculante inmediato]. Texto completo: ). FUNCIÓN JURISDICCIONAL (INCISO 2)

§ 14. Las anteriores resoluciones emitidas por la sala civil no resultan vinculantes para los magistrados por tratarse de diferentes miembros (inc. 2). P rim ero „ [...] [La] impugnante [alega]: [...] (iii) que la Sala Superior, incurre en errores al contradecirse, al haber emitido pronunciamiento hasta en tres oportunidades contra la misma pretensión en este proceso, ordenando al Juez de Primera Instancia que admita la demanda y le dé el trámite correspondiente [...]. [...] Sétim o. [En] cnanto a lo señalado en el punto (iii), debemos indicar que las anteriores resoluciones emitidas por la [...] Sala Civil [...], no resultan vinculantes para los magistrados que suscriben la recurrida, en razón de [...] tratarse de diferentes miembros de dicho órgano jurisdiccional. (Casación N.° 1321-07-Lambayeque, de 14-06-2007, ff. jj. 1 y 7. Sala Civil Permanente [EP, 02-01-2008, p. 21256]. Texto completo: ).

* SUMMA PROCESAL CIVIL

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COSA J UZGADA (INCISO 2)

§ 15. Vulneración al principio de cosa juzgada producto de una reforma constitucional (inc. 2). 116. [...] [No] es que la reforma constitucional acarree la nulidad de resoluciones judiciales ni mucho menos que desconozca el principio de cosa juzgada. Lo que ocurre es que algunos de los fundamentos jurídicos que condicionaron que las resoluciones judiciales a las que hacen alusión los demandantes sean estimatorias, han sido modificadas, e incluso, expresamente proscritos constitucionalmente (así resulta del nuevo contenido de los artículos 103 y primera disposición final y transitoria de la Constitución). En consecuencia, han devenido en inejecutables (Exp, N.° 050-2004-AJ/TC y otros [Proceso de Inconstitucíonaüdad contra la Ley N.0 28389 y la Ley N. ° 28449] del 03-06-2005 [Web: 06-06-2005], f. j. 116. Pleno Jurisdiccional. Texto completo: ). § 16. El juez está impedido de contradecir el contenido de una decisión firme dictada por sí mismo o por cualquier otro órgano jurisdiccional, sobre un proceso seguido a los mismos sujetos (inc. 2). 9. [Lo] que corresponde a los órganos jurisdiccionales es ajustarse a lo juzgado en un proceso anterior cuando tengan que decidir sobre una relación o situación jurídica respecto de la cual existe una sentencia firme, derivada de un proceso seguido entre las mismas partes (perfecta identidad), respecto de los mismos hechos y tramitado ante la misma autoridad jurisdiccional. Dicho pronunciamiento constituye, en consecuencia, un antecedente lógico respecto a aquello que nuevamente se pretende someter a juzgamiento. (Exp, N.° 3789-2005-PHC/TC, de 09-11-2005 [Web: 03-02-2006 / EP: 15-02-2006], f. j. 9. Texto completo: ).

DERECHO A LA TUTELA J URISDICCIONAL EFECTIVA (INCISO 3) GENERALIDADES

§ 17. La tutela judicial efectiva permite también que lo que ha sido decidido judicialmente mediante una sentencia, resulte eficazmente cumplido (inc. 3). 6. [...] [La] tutela judicial efectiva es un derecho constitucional de naturaleza procesal en virtud del cual toda persona o sujeto justiciable puede acceder a los órganos jurisdiccionales, independientemente del tipo de pretensión formulada y de la eventual legitimidad que pueda, o no, acompañarle a su petitorio. En un sentido extensivo, la tutela judicial efectiva permite también que lo que ha sido decidido judicialmente mediante una sentencia, resulte eficazmente cumplido. En otras palabras, con la tutela judicial efectiva no solo se persigue asegurar la participación o acceso del justiciable a los diversos mecanismos (procesos) que habilita el ordenamiento dentro de los supuestos establecidos para cada tipo de pretensión, sino que se busca garantizar que, tras ei resultado obtenido, pueda verse este último materializado con una mínima y sensata dosis de eficacia. (Exp. N.° 763-2005-PA/TC, d.el 13-04-2005 [Web: 23-01-2006 / EP: 01-02-2006], f. j. 6. Texto completo: ). § 18. Diferencia entre tutela jurisdiccional y debido proceso (inc. 3). 6. No se trata naturalmente de que el juez constitucional, de pronto, termine revisando todo lo que hizo un juez ordinario, sino, específicamente, que fiscalice si uno o algunos de los derechos procesales con valor constitucional están siendo vulnerados. Para proceder de dicha forma existen dos referentes de los derechos de los justiciables: la tutela judicial efectiva como marco objetivo y el debido proceso como expresión subjetiva y específica, ambos previstos en el artículo 139, inciso 3, de la Constitución Política del Perú. Mientras que la cútela judicial efectiva supone tanto el derecho de acceso a los órganos de justicia como la eficacia de lo decidido en la sentencia, es decir, una concepción garantista y tutelar que encierra todo lo concerniente al derecho de acción frente al poder-deber de la jurisdicción, el derecho al debido proceso, en cambio, significa la observancia de los derechos fundamentales esenciales del n o m o s & t h e s is

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CONSTITUCIÓN / PRINCIPIOS PROCESALES Y JURISDICCIONALES

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procesado, principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso como instrumento de tutela de los derechos subjetivos. El debido proceso tiene, a su vez, dos expresiones: una formal y otra sustantiva; en la de carácter formal, los principios y reglas que lo integran tienen que ver con las formalidades estatuidas, tales como las que establecen el juez natural, el procedimiento preestablecido, el derecho de defensa, la motivación; en su faz sustantiva, se relaciona con los estándares de justicia como son la razonabilidad y proporcionalidad que toda decisión judicial debe suponer. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha reconocido estas dos manifestaciones del debido proceso en sus sentencias recaídas en los expedientes 2192-2002-HC/TC (EJ 1); 2169-2002-HC/TC (FJ 2), y 3392-2004-HC/TC (FJ 6). (Exp. N.° 8 123-2005-PHC/TC, de 14-11-2005 [Web: 15-06-2006 / 26-05-2006], f. j. 6. Texto completo: ). § 19. Diferencias entre el debido proceso y la tutela judicial efectiva (inc. 3). Véase la jurisprudencia del inciso 3 del artículo 139° de la Constitución [§ 49]. (Exp. N.° 8 125-2005-PHC/ TC, del 14-11-2005 [Web: 25-01-2006 / EP: 01-02-2006], f. j. 6. Texto completo: § 20. La tutela jud icial efectiva no está referida a la obligación del órgano jurisdiccional de adm itir a trám ite toda demanda, ni que, adm itida a trámite, tenga necesariamente que declararse fundada dicha demanda (inc. 3). 8. [...] [Cuando] el ordenamiento reconoce el derecho de todo justiciable de poder acceder a la jurisdicción, como manifestación de la tutela judicial efectiva, no quiere ello decir que la judicatura, prim a facie, se sienta en la obligación de estimar favorablemente toda pretensión formulada, sino que simplemente, sienta la obligación de acogerla y brindarle una sensata como razonada ponderación en torno a su procedencia o legitimidad. No es, pues, que el resultado favorable esté asegurado con solo tentarse un petitorio a través de la demanda, sino tan solo la posibilidad de que el órgano encargado de la administración de Justicia pueda hacer del mismo un elemento de análisis con miras a la expedición de un pronunciamiento cualquiera que sea su resultado. En dicho contexto, queda claro que si, a contrario sensu de lo señalado, la judicatura no asume la elemental responsabilidad de examinar lo que se le solicita y, lejos de ello, desestima, de plano, y sin merituación alguna lo que se le pide, en el fondo lo que hace es neutralizar el acceso al que, por principio, tiene derecho todo justiciable, desdibujando el rol o responsabilidad que el ordenamiento le asigna. La tutela judicial efectiva no significa, pues, la obligación del órgano jurisdiccional de admitir a trámite toda demanda, ni que, admitida a trámite, tenga necesariamente que declararse fundada dicha demanda. Cabe también puntualizar que, para la admisión a trámite, el juez solo puede verificar la satisfacción de los requisitos formales de admisibilidad y procedencia señalados en la ley procesal; exigencias relacionadas con la validez de la relación procesal que, como sabemos, se asientan en los presupuestos procesales y en las condiciones de la acción; es decir, exigencias que tienen que ver con la competencia absoluta del juez, la capacidad procesal del demandante o de su representante, los requisitos de la demanda, la falta de legitimidad del demandante o del demandado e interés para obrar (asimila la voluntad de la ley-caso justiciable). Se trata del ejercido del derecho a la acción que no se identifica con la pretensión que constituye el elemento de fondo basado en las razones de pedir y que ha de significar la carga de ia prueba. Es en la sentencia donde el juez declara (dice) el derecho y no liminarmenre; por ello, puede haber proceso con demanda desestimada en el fondo [...]. (Exp. N.° 763-2005-PA/TC, del 13-04-2005 [Web: 23-01-2006 / EP: 01-02-2006], f. j. 8. Texto completo: ). § 21. Tutela jurisdiccional efectiva está referida también a la proporcionalidad y razonabilidad que deben contener las sanciones impuestas (inc. 3). 2. El derecho a la tutela procesal efectiva [...] no solo se refiere al conjunto de garantías del que debe estar revestido todo procedimiento restrictivo de derechos, sino también a que la sanción que eventualmente pueda ser impuesta guarde razonabilidad y proporcionalidad con ia conducta imputada, y que la conducta que es causal de sanción no suponga la restricción de derecho constitucional alguno del sancionado [...]. (Exp. N.° 5477-2005-PA/TC, de 27-06-2006 [Web: 14-07-2006 / EP: 13-09-2006], f. j. 2. Texto completo: ). § 22. Remisión. Véase también, sobre el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, la jurisprudencia del artículo I del Código Procesal Civil {§ 1X5 ss.). ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA

§ 23. El derecho de acceso a la justicia se encuentra condicionado, entre otros factores, a la existencia de legitim idad e interés para obrar (inc. 3). 8. [...] El derecho de acceso a la justicia como manifestación del derecho a ia tutela judicial efectiva, previsto en el artículo 139 inciso 3) de la Constitución, como todo derecho fundamental, es un derecho relativo y, en su caso, específico, de configuración legal, toda vez que el acceso al proceso y el derecho a la expedición de una sentencia sobre el fondo de la cuestión, se encuentran condicionados, entre otros factores, a la existencia de legitimidad e interés para obrar, conforme a lo dispuesto por los incisos 1 y 2 del artículo 427 del Código Procesal Civil [...]. (Exp. N.° 0009-2004-AI/TC, de 02-08-2004 [Web: 21-03-2005 / EP: 28-03-2005], fi j. 8. Texto completo: ). § 24. El acceso a la justicia es un componente esencial del derecho a la tutela jurisdiccional que no ha sido expresamente enunciado en la Constitución, pero ello no significa que carezca del mismo rango (inc. 3). 10. [Elj derecho de acceso a la justicia es un componente esencial del derecho a la tutela jurisdiccional reconocido en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución, este derecho no ha sido expresamente enunciado en la Carta de 1993, pero ello no significa que carezca del mismo rango, pues se trata de un contenido implícito de un derecho expreso. Mediante el referido derecho se garantiza a todas las personas el acceso a un tribunal de justicia independiente, imparcial y competente para la sus tan dación “de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”, como lo señala el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Sin embargo, su contenido protegido no se agota en garantizar el “derecho al proceso”, entendido como facultad de excitar la actividad jurisdiccional del Estado y de gozar de determinadas garantías procesales en el transcurso de él, sino también garantiza que el proceso iniciado se desarrolle como un procedimiento de tutela idóneo para asegurar la plena satisfacción de los intereses accionados. [...] (Exp. N.° 010-2001-AI/TC, de 26-08-2003 [Web: 28-10-2003], f. j. 10. Texto completo: ). § 25. Restricciones al derecho de acceso a ía justicia (inc. 3). 11. Como sucede con todos los derechos fundamentales, el de acceso a la justicia tampoco es un derecho ilimitado cuyo ejercicio no pueda restringirse; sin embargo, siendo posible establecer restricciones a su ejercicio, ellas no pueden afectar su contenido esencial. La exigencia del respeto del contenido esencial de los derechos fundamentales no se deriva de la existencia de una cláusula que, ex profeso , lo señale así, sino, básicamente, del diverso nivel en el que opera el Poder Constituyente (que los reconoce en normas constitucionales) y los poderes constituidos (que solo pueden limitarlos en virtud de leyes cuya validez depende de su conformidad con la Norma Suprema del Estado). (Exp. N.° 010-2001-AI/TC, de 2608-2003 [Web: 28-10-2003], f. j. 11. Texto completo: ). § 26. El derecho de acceso a la justicia no comporta obtener una decisión acorde con las pretensiones que se formulen (inc. 3). 12. [...] [El] establecimiento de cualquier requisito para poder iniciar un proceso judicial importa, p er se, una limitación del derecho de acceso a la justicia. Este derecho, como se ha dicho, garantiza, en su contenido inicial, el poder de acceder a un tribunal de justicia. Este derecho, como se ha dicho, garantiza, en su contenido inicial, el poder de acceder a un tribunal de justicia. Sin embargo, la garantía de acceso a un tribunal de justicia no “comporta obtener una decisión acorde con las pretensiones que se formulen, sino el derecho a que se dicte una resolución en Derecho, siempre que se cumplan los requisitos procesales” [...]. (Exp. N.° 010-2001-AI/TC, de 26-08-2003 [Web: 28-10-2003], f. j. 12. Texto completo: ). § 27. Vertiente subjetiva de la tutela jurisdiccional efectiva (inc. 3). 14. El derecho a la tutela judicial efectiva está reconocido en nuestro ordenamiento constitucional en el artículo 139, inciso 3, donde si bien aparece como “principio y derecho de la función jurisdiccional”, es claro que se trata de un derecho constitucional que en su vertiente subjetiva supone, en términos generales, un derecho a favor de toda persona de acceder de manera directa o a través de representante ante los órganos judiciales; de ejercer sin ninguna interferencia los recursos y medios de defensa que franquea la ley; de n o m o s & th e sis

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obtener una decisión razonablemente fundada en derecho; y, finalmente, de exigir la plena ejecución de la resolución de fondo obtenida. (Exp. N.° 4080-2004-AC/TC, de 28-01-2005 [Web: 26-10-2005 / EP: 08-11-2005], f. j. 13. Texto completo: ). § 28, El derecho al acceso a la ju sticia de tribunales internacionales (inc. 3), 24. [El] derecho fundamental de acceso a la justicia frente a toda vulneración de los derechos humanos, como manifestación del derecho al debido proceso reconocido en el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución, no solo se reduce al acceso a los tribunales internos, sino también a los internacionales, tal como se tiene previsto en el artículo 205 de la Constitución [...]. (Exp. N.° 5854-2005-PA/TC, de 08-11-2005 [Web: 08-11-2005], f. j. 24. Texto completo: ). § 29. Derecho a ser oído en audiencia pública. Derecho de defensa. Nueva convocatoria de vista de causa si esta se frustró por huelga jud icial (inc, 3). Véase la jurisprudencia del inciso 14 del artículo 139° de la Constitución [§ 102], (Casación N.° 2420-2012-Lima, de 03-07-2013, £ j. 10. Sala Civil Transitoria [EP, 02-01-2014, Sentencias en Casación N.° 687, p. 46773]. Texto completo: ). § 30. Remisión. Véase también, sobre el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, la jurisprudencia del artículo I del Código Procesal Civil (§ 115 ss.). § 31. Remisión. Véase también, sobre el principio pro actione , la jurisprudencia del artículo III del Código Procesal Civil (§ 179 ss.). DERECHO AL JUEZ NATURAL

§ 32. Derecho al juez n atu ral. Características (inc, 3). 8. El segundo párrafo del inciso 3) del artículo 139° de la Constitución consagra el derecho al “juez natural” o, como expresh ver bis allí se señala, el derecho a no ser desviado de la jurisdicción predeterminada por la ley. Dicho derecho es una manifestación del derecho al “debido proceso legal” o, lo que con más propiedad, se denomina también “tutela procesal efectiva1. Mediante él se garantiza un diverso haz de atributos, que si inicialmente surgieron como garantías del individuo dentro de un proceso, ahora se ha convertido en una institución que asegura la eficacia de la potestad jurisdiccional del Estado. [...] El derecho a la jurisdicción predeterminada por la ley está expresada en términos dirigidos a evitar que se juzgue a un individuo en base a “órganos jurisdiccionales de excepción” o por “comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación”. En ese sentido, exige, en primer lugar, que quien juzgue sea un juez o un órgano que tenga potestad jurisdiccional. Se garantiza, así, la interdicción de ser enjuiciado por un juez excepcional, o por una comisión especial creada exprofesamente para desarrolla funciones jurisdiccionales, o que dicho juzgamiento pueda realizarse por comisión o delegación [...]. En segundo lugar, exige que la jurisdicción y competencia del juez sean predeterminadas por la ley. Ello, por un lado, comporta la predeterminación (y no solo la determinación) del órgano judicial y también la de su competencia. Desde esta última perspectiva, la asignación de competencia judicial necesariamente debe haberse establecido con anterioridad al inicio del proceso, garantizándose así que nadie pueda ser juzgado por un juez ex p ostfacto o por un juez ad hoc. Y por otro, que tales reglas de competencia, objetiva y funcional, sean previstas en una ley orgánica, conforme se desprende de la interpretación sistemática de los artículos 139°, inciso 3), y 106° de la Constitución. [...] (Exp. N.° 0290-2002-HC/TC, de 06-01-2003, £ j- 8 [Web: 24-072003]. Texto completo: ). § 33. El juez natural, como director del proceso, es el sujeto principal de la relación jurídica procesal (inc. 3). S egundo. [La] tesis doctrinaria de mayor aceptación sobre la naturaleza jurídica del proceso, concibe al proceso como una relación jurídica procesal, en la que los sujetos de la misma son el actor, el demandado y el Juez -entendiéndose el juez natural-, que como director del proceso es el sujeto principal de dicha relación [...]. (Casación N.° 476-97-Lima, de 19-12-1997, £ j. 2. Sala Civil Transitoria [EP, 12-04-1998, p, 659]. Texto completo: ). ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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§ 34. El respeto de la garantía del juez natural importa que se respete en cada caso concreto, el juez competente. 15- [...] [El] contenido constitucionalmente protegido del derecho al juez predeterminado por la ley o “juez natural” alude principalmente a aquellas condiciones que debe reunir en abstracto el órgano encargado de im partir justicia en cada caso concreto, siendo por tanto la constatación de su agravio un asunto de mero análisis normativo. (Exp. N.° 008132 0 1 1-PA/TC, de 05-07-2011 [Web: 07-07-2011 / EP: 23-07-2011], f. j. 15. Texto completo: ). § 35. Principio del juez natural: cuando un juez distinto del que ha tramitado el proceso debe expedir sentencia, es preciso que se avoque al conocimiento de la causa (inc. 3). Véase la jurisprudencia del artículo I del Código Procesal Civil [§ 145]. (Casación N.° 2732-2001-Canchis/ Sicuani, de 18-01-2002, ff. jj. 3 y 4. Sala Civil Transitoria [EP, 02-05-2002], Texto completo: ). § 36. Infracción del principio de juez natural. Sala civil que indebidamente absuelve el grado de apelación de la sentencia de primera instancia pese a que existía prevención de otra sala civil del mismo distrito judicial. Véase la jurisprudencia del artículo 31° del Código Procesal Civil [§ 546], (Casación N.° 1966-2010-Ica, de 31-08-2011, ff, jj. 5 y 6. Sala Civil Transitoria [EP, 02-01-2012, Sentencias en Casación N.° 658, p. 32570], Texto completo: ). § 37. Remisión. Véase también, sobre el principio del juez natural, la jurisprudencia del artículo I del Código Procesal Civil (§ 145 ss.). DERECHO AL DEBIDO PROCESO

§ 38. Alcances del derecho al debido proceso (inc. 3). 25. [...] [El] derecho al debido proceso comprende, a su vez, un haz de derechos que forman parte de su estándar mínimo. Entre estos derechos constitucionales, especial relevancia para el presente caso adquieren los derechos de razonabilidad, proporcionalidad, interdicción de la arbitrariedad y motivación de las resoluciones [...]. (Exp. N.° 0090-2004-AA/TC, de 05-07-2004 [Web: 12-07-2004], f. j. 25. Texto completo: ). § 39. Delimitación del derecho al debido proceso (inc. 3). 4. [El] derecho al debido proceso, reconocido en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución, es un derecho cuyo ámbito de irradiación no abarca exclusivamente el campo judicial, sino que se proyecta, con las exigencias de su respeto y protección, sobre todo órgano, público o privado, que ejerza funciones formal o materialmente jurisdiccionales. Así, por ejemplo, hemos subrayado que su respeto y protección, además del ámbito estrictamente judicial, debe observarse en todos los procesos o procedimientos en los que se diluciden los derechos e intereses de las personas, sean estas personas jurídicas de derecho privado, órganos y tribunales administrativos, Tribunal Constitucional, Jurado Nacional de Elecciones, Consejo Nacional de la Magistratura, Congreso de la República, tribunales arbitrales, etc. (Exp. N.° 7289-2005-PA7TC, de 03-05-2006 [Web: 28-08-2006 / EP: 20-10-2006], f. j. 4. Texto completo: ). § 40. Es deber del órgano jurisdiccional observar el debido proceso (inc. 3). 12. La norma suprema consagra la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Es decir, garantiza al justiciable, ante su pedido de tutela, el deber del órgano jurisdiccional de observar el debido proceso y de impartir justicia dentro de los estándares mínimos establecidos por los instrumentos internacionales. (Exp. N.° 3789-2005-PHC/TC, de 09-11-2005 [Web: 03-02-2006 / EP: 15-02-2006], f. j. 12. Texto completo: ). § 41. El debido proceso tiene dos expresiones: una formal y otra sustantiva (inc. 3). 6. [...] El debido proceso tiene [...] dos expresiones: una formal y otra sustantiva; en la de carácter formal, los principios y reglas que lo integran tienen que ver con las formalidades estatuidas, tales como las que establecen el juez natural, el procedimiento preestablecido, el derecho de defensa, la motivación; en su n o m o s & t h e s ís

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fax sustantiva, se relaciona con los estándares de justicia como son la razonabüidad y proporcionalidad que toda decisión judicial debe suponer [...]. (Exp. N.° 8125-2005-PHC/TC, del 14-11-2005 [Web: 25-01-2006 / EP: 01-02-2006], £ j. 6, Texto completo: § 42. Las dimensiones del debido proceso se orientan a la preservación de los estándares o criterios de justicia sustentables de toda decisión (inc. 3). 4. [...] [Las] dimensiones del debido proceso no solo responden a ingredientes formales o procedimentales, sino que se manifiestan en elementos de connotación sustantiva o material, lo que supone que su evaluación no solo repara en las reglas esenciales con las que se tramita un proceso (juez natural, procedimiento preestablecido, derecho de defensa, motivación resolutoria, instancia plural, cosa juzgada, etc.), sino que también, y con mayor rigor, se orienta a la preservación de los estándares o criterios de justicia sustentables de toda decisión (juicio de razonabüidad, juicio de proporcionalidad, interdicción de la arbitrariedad, etc.). Así las cosas, el debido proceso es un derecho de estructura compleja, cuyos alcances corresponde precisar a la luz de los ámbitos o dimensiones en cada caso comprometidas [...]. (Exp. N.° 3075-2006PA/TC, del 02-05-2006 [Web: 20-09-2006], f. j. 4. Texto completo: ). § 43. El debido proceso forma parte del “modelo constitucional del proceso”, lo cual no solo es un derecho de connotación procesal, sino también una institución compleja que desborda el ámbito meramente jurisdiccional (inc. 3). 5. En lo que respecta al derecho al debido proceso, reconocido en el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución, cabe señalar que dicho atributo fundamental forma parte del “modelo constitucional del proceso”, cuyas garantías mínimas deben ser respetadas para que el proceso pueda considerarse debido. En ese sentido, la exigencia de su efectivo respeto no solo tiene que ver con la necesidad de garantizar a todo justiciable determinadas garantías mínimas cuando este participa en un proceso judicial, sino también con la propia validez de la configuración del proceso, cualquiera que sea la materia que en su seno se pueda dirimir, como puede ser la actividad investigatoria que desarrolla el fiscal penal en sede prejurisdiccional. De esta forma, el debido proceso no solo es un derecho de connotación procesal que se traduce [,..] en el respeto de determinados atributos, sino también una institución compleja que desborda el ámbito meramente jurisdiccional. (Exp. N.° 2521-2005-PHC/TC, de 24-10-2005 [Web: 16-01-2006 / EP: 22-02-2006], f. j. 5. Texto completo: ). § 44. Cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal (inc. 3). 1. {sic\ [...] [El] debido proceso está concebido como el cumplimiento de todas las garantías, requisitos y normas de orden público que deben observarse en las instancias procesales de todos los procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal. Uno de los atributos del debido proceso lo constituye el derecho de defensa, que tiene como presupuesto, para su ejercicio, la debida notificación de las decisiones que pudieran afectar una situación jurídica. (Exp. N.° 2508-2004-AA/TC, de 12-11-2004 [Web: 30-112004], f. j. 1. Texto completo: ). § 45. El debido proceso constituye, antes que un principio de la función jurisdiccional, un derecho fundamental, por lo tanto, se manifiesta como tal en cualquier proceso y procedimiento, al margen de la naturaleza de que se trate (inc. 3). 37. El artículo 139°, inciso 3 de la Constitución establece que: “[s]on principios y derechos de la función jurisdiccional (...) 3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional (...)”. Sobre esta disposición constitucional debe realizarse dos precisiones interpretativas. En primer lugar, pareciera desprenderse de la literalidad del texto de la disposición constitucional aludida que el debido proceso constituye, antes que un derecho fundamental, un principio de la función jurisdiccional. El Tribunal Constitucional no asume esta interpretación, pues desde la perspectiva de la interpretación constitucional de los derechos fundamentales, y a la luz del principio pro hom ine (artículo V del Código Procesal Constitucional), es ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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conforme con la Constitución que se interprete también que en dicha disposición constitucional se reconoce el derecho fundamental al debido proceso. 38, [Si] se ha reconocido que en el artículo 139, inciso 3 de la Constitución está implícito el derecho fundamental al debido proceso, tal interpretación debe ser integrada con aquella otra que extiende la vigencia y eficacia de este derecho fundamental más allá del ámbito de los procesos judiciales. Es decir, el debido proceso en tanto derecho fundamental también se manifiesta como tal en los procesos y procedimientos al margen de la naturaleza de que se trate. Esto es, en el ámbito judicial, parlamentario, militar, laboral, administrativo e incluso entre particulares, dado que los derechos fundamentales tienen una eficacia vertical -frente a ios poderes públicos- y una eficacia horizontal -entre particulares-. (Exp. N.° 5156-2006-PA/TC, de 29-08-2006 [Web: 21-09-2006 / EP: 13-10-2006], flf. jj. 37 y 38. Texto completo: ). § 46. El derecho fundam ental a l debido proceso es un derecho inherente que ha de ser observado en todo tipo de procesos y procedimientos (inc. 3). 6. [...] Una interpretación literal [del artículo 139, inciso 3 de la Constitución] podría llevar a afirmar que el debido proceso se circunscribe estrictamente a los procesos de naturaleza jurisdiccional, Sin embargo, una interpretación en ese sentido no es correcta. El derecho fundamental al debido proceso es un derecho que ha de ser observado en todo tipo de procesos y procedimientos, cualquiera que fuese su naturaleza. Ello es así en la medida en que el principio de interdicción de la arbitrariedad es un principio inherente a los postulados esenciales de un Estado constitucional democrático y a los principios y valores que la propia Constitución incorpora. [...] (Exp. N.° 4241-2004-AA/TC, de 10-03-2005 [Web: 28-062005] , f. j. 6. Texto completo: ). § 47. ES debido proceso debe entenderse como aquellas garantías procesales que deben ser respetadas durante el desarrollo del proceso (inc. 3). 13. [Por] debido proceso debe entenderse, en términos latos y conforme ha sido expuesto en reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, a aquellas garantías procesales que deben ser respetadas durante el desarrollo del proceso, para no afectar su decurso y convertirlo en irregular. (Exp, N.° 3789-2005-PEÍC/TC, de 09-11-2005 [Web: 03-022006 / EP: 15-02-2006], f. j. 13. Texto completo; ). § 48. El debido proceso y los derechos que lo conforman, resultan aplicables al interior de la actividad institucional de cualquier persona jurídica, máxime si ha previsto la posibilidad de imponer una sanción tan grave como la expulsión (inc. 3). 3. [El] derecho al debido proceso, consagrado en el artículo 139, inciso 3, de ía Constitución, tal como lo ha recordado este Tribunal en reiterada jurisprudencia, es una garantía que, si bien tiene su ámbito natural en sede judicial, también es aplicable en el ámbito de los procedimientos administrativos sanciónatenos. En ese sentido, el debido proceso -y los derechos que lo conforman, p.ej. el derecho de defensa y la debida motivación de las resoluciones administrativas- resultan aplicables al interior de la actividad institucional de cualquier persona jurídica, máxime si ha previsto la posibilidad de imponer una sanción tan grave como la expulsión. (Exp. N .ü 5514-2005-PA/TC, del 13-03-2007 [Web: 29-03-2007 / EP: 31-05-2007], f. j. 3. Texto completo: ). § 49. Diferencias entre el debido proceso y la tutela jud icial efectiva (inc. 3). 6. [...] Mientras que la tutela judicial efectiva supone tanto el derecho de acceso a los órganos de justicia como la eficacia de lo decidido en la sentencia, es decir, una concepción garantista y tutelar que encierra todo lo concerniente al derecho de acción frente al poder-deber de la jurisdicción, el derecho al debido proceso, en cambio, significa la observancia de los derechos fundamentales esenciales del procesado principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso como instrumento de tutela de los derechos subjetivos [...]. (Exp. N.° 8125-2005-PHC/TC, del 14-11-2005 [Web: 25-01-2006 / EP: 01-022006] , f. j. 6. Texto completo: § 50. El debido proceso im plica el respeto de los derechos y garantías m ínim as con que debe contar todo justiciable, para que una causa pueda tram itarse y resolverse en ju sticia (inc. 3). 3. El debido proceso implica el respeto, dentro de todo proceso, de los derechos y garantías mínimas con que debe contar rodo justiciable, para que una causa pueda tramitarse y resolverse en justicia. Tal es el n o m o s & th e s is

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caso de los derechos al juez natural, a la defensa, a la pluralidad de instancias, [al] acceso a los recursos, a probar plazo razonable, ere. (Exp. N.° 0200-2002-AA/TC, de 15-10-2002 [Web: 07-03-2003 / EP: 07-03-2003], f. j. 3. Texto completo: ). § 51. La dimensión sustancial del debido proceso implica que cualquier decisión judicial puede ser evaluada por el juez constitucional (inc. 3). 31. [A] partir de la dimensión sustancial del debido proceso, cualquier decisión judicial puede ser evaluada por el juez constitucional no solo con relación a los derechos enunciativamente señalados en el artículo 4 del CPConst. sino a partir de la posible afectación que supongan en la esfera de los derechos constitucionales. En consecuencia el argumento de [la empresa demandante en el proceso civil], en el sentido de que el derecho a la libertad de empresa, comercio e industria no deben merecer análisis por este Colegiado al no tratarse de derechos incluidos en el ámbito de la tutela procesal efectiva, carece de sustento y en consecuencia se debe proseguir a su análisis. (Exp. N.° 1209-2006-PA/TC, de 14-03-2006 [Web: 23-10-2006 / EP: 30-11-2006], f, j, 31. Texto completo: ). § 52, Diferencia entre tutela jurisdiccional y debido proceso (inc. 3). Véase la jurisprudencia del inciso 3 del artículo 3° de la Constitución [§ 18]. (Exp. N.° 8123-2005-PHC/TC, de 14-11-2005 [Web: 15-06-2006 / 26-05-2006], f. j. 6. Texto completo: ). § 53. Remisión. Véase también, sobre el derecho al debido proceso, la jurisprudencia del artículo I del Código Procesal Civil (§ 126 ss.). DERECHO A UN JUEZ IMPARCIAL

§ 54. El derecho al juez imparcial: contenido, imparcialidad subjetiva y objetiva (inc. 3). 48. [El] derecho a ser juzgado por jueces imparciales no se encuentra reconocido expresamente en la Constitución. Ello, sin embargo, no ha impedido a este Tribunal reconocer en él a un derecho implícito que forma parre de un derecho expreso. A saber, del derecho al debido proceso, reconocido en el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución. [...] 54, En tanto que derecho fundamental, el derecho a un juez imparcial tiene un contenido constitucionalmente protegido. Ese contenido está relacionado con aquello que el Tribunal ha identificado como las dos vertientes de la imparcialidad. A saber, la subjetiva y la objetiva. 55. Por lo que se refiere a la imparcialidad subjetiva, este Tribunal tiene declarado que ella se refiere a cualquier tipo de compromiso que pudiera tener el juez con las partes procesales o en el resultado del proceso [...]. Desde esta perspectiva, el derecho a un juez imparcial garantiza que una persona no sea sometida a un proceso o procedimiento en el que el juez, o quien está llamado a decidir sobre la cuestión litigiosa, tenga algún tipo de compromiso con alguna de las partes o con el resultado del mismo. 56. Al lado de la dimensión subjetiva, el Tribunal también ha destacado en el principio de imparcialidad una dimensión objetiva, [...] referida a la influencia negativa que puede tener en el juez la estructura del sistema, restándole imparcialidad, es decir, si el sistema no ofrece suficientes garantías para desterrar cualquier duda razonable. 57. Conforme a ella, toda persona tiene el derecho a ser juzgada por un juez, o quien está llamado a resolver la cuestión litigiosa, dentro de determinadas condiciones de carácter orgánico y funcional que le aseguren la inexistencia de cualquier duda razonable sobre la parcialidad del juzgador. (Exp. N.° 6149-2006-PA/TC y otro, de 11-12-2006 [Web: 14-12-2006], ff. jj. 48, 54, 55, 56 y 57. Texto completo: ). § 55. La teoría de la apariencia aplicada a la imparcialidad de los jueces (inc. 3). 3.3.7. [La] teoría de la apariencia aplicada a la imparcialidad de los jueces, es perfectamente aplicable, también, a la independencia con que deben contar los mismos al momento de impartir justicia. En este sentido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos estima que “es preciso recordar que para poder establecer sin un tribunal puede ser considerado “independíente” debe tenerse en cuenta, entre otras cosas, la forma de designación de sus miembros y la duración de su mandato, la existencia de garantías frente a presiones externas y la cuestión relativa a la apariencia de independencia que presenta el colegiado. En lo que se refiere a la “imparcialidad”, existen dos aspectos que deben tenerse en cuenta con relación a este requisito. En primer lugar, el tribunal debe hallarse subjetivamente libre de cualquier prejuicio * SUMMA PROCESAL CIVIL

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o tendencia personal. En segundo lugar, debe ser imparciaí también desde el punto de vista objetivo, es decir, debe ofrecer las suficientes garantías para excluir cualquier duda legítima al respecto (...). Los conceptos de independencia e imparcialidad objetiva están estrechamente vinculados y (...) la Corte los considerará de manera conjunta en relación al presente caso” (subrayado nuestro) [Caso Morris vs. Reino Unido}. 3.3.8. Bajo la teoría de la apariencia, ha de exigirse que el juez se encuentre en una relación lo razonablemente equidistante de ambas partes, de manera que el proceso judicial cumpla mínimamente con las exigencias derivadas del derecho a un juez independiente e imparcíal. (Exp. N.° 005 i 2-2013-PHC/TC, de 19-06-2013 [Web: 05-08-2013 / EP: 03-07-2014], ff. jj. 3.3.7 y 3.3.8. Texto completo: ). § 56. El derecho a ser juzgado por un juez o tribunal imparcial es una garantía fundamental del debido proceso (inc. 3). 171. La Corte considera que el derecho a ser juzgado por un juez o tribunal imparcial es una garantía fundamental del debido proceso. Es decir, se debe garantizar que el juez o tribunal en el ejercicio de su función como juzgador cuente con la mayor objetividad para enfrentar el juicio. Esto permite a su vez, que los tribunales inspiren la confianza necesaria a las partes en el caso, así como a los ciudadanos en una sociedad democrática. (Caso Herrera UUoa vs. Costa Rica, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia del 2 de julio de 2004, párrafo 171. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Texto completo: ). DERECHO A UN PROCESO SIN DILACIONES INDEBIDAS

§ 57. Contenido constitucional del derecho a ser juzgado sín dilaciones indebidas (inc. 3). 8. [...] [Si] bien el derecho de ser juzgado dentro de un plazo razonable no se encuentra expresamente contemplado en la Constitución, tal derecho está implícito en ios derechos al debido proceso y la tutela y, por lo tanto, guarda relación con el pleno respeto de los principios de proporcionalidad, razonabilidad, subsidian edad, necesidad, provisionalidad y excepcionalidad que se deben observar durante y al interior de un proceso constitucional. 9. Este Tribunal reconoce la existencia implícita del referido derecho en la Constitución, Cuarta Disposición Final y Transitoria que establece que las normas relativas a los derechos y las libertades que reconoce se interpreten de conformidad con los tratados sobre derechos humanos ratificados por el Perú. 10. Entre ios instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, ratificados por el Estado, que reconocen expresamente este derecho, se encuentran la Convención Americana, que establece que “ [tjoda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”, (Exp. N.° 618-2005-HC/TC, de 08-03-2005 [Web: 04-08-2005], ff. jj. 8-10. Texto completo: ). § 58. Reglas para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso (inc. 3). 11. Este Tribunal, siguiendo el criterio de la Corte Interamericana, ha señalado que “[s]e debe tomar en cuenta tres elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado, y c) la conducta de las autoridades judiciales”. 12. Este Colegiado, en relación con la complejidad del asunto, ha sostenido, en reiterada jurisprudencia, que “[p]ara su valoración, es menester tomar en consideración factores tales como la naturaleza y gravedad del delito, los hechos investigados, los alcances de la actividad probatoria para el esclarecimiento de ios eventos, la pluralidad de agraviados o inculpados, o algún otro elemento que permita concluir, con un alto grado de objetividad, que la dilucidación de una determinada causa resulta particularmente complicada y difícil”. 13. En cuanto a la actividad procesal del interesado, se ha subrayado que “[rjesulta importante distinguir entre el uso regular de los medios procesales que la ley prevé y la llamada defensa obstruccionista, caracterizada por todas aquellas conductas intencionaímente dirigidas a obstaculizar la celeridad del proceso, sea la interposición de recursos que, desde su origen y de manera manifiesta, se encontraban condenados a la desestimación, sea las constantes y premeditadas faltas a la verdad que desvíen el adecuado curso de las investigaciones, entre n o m o s & th e s is

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otros. En todo caso, corresponde ai juez penal demostrar la conducta obstruccionista del procesado”. 1 4 Finalmente., con relación a la actuación de los órganos judiciales, “[s]erá materia de evaluación el grado de celeridad con el que se ha tramitado el proceso, sin perder de vista, en ningún momento, el especial celo que es exigidle a todo juez encargado de dilucidar una causa en la que se encuentra un individuo privado de su libertad”. (Exp. N.° 618-2005-HC/TC, de 08-03-2005 [Web: 04-08-2005], ff. jj. 31-14. Texto completo: ). § 59. Derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Vulneración al debido proceso (inc. 3). 5- [El] artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos dispone que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente. Sobre este derecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido, en criterio que compartimos, que el derecho al plazo razonable tiene como finalidad impedir que los acusados permanezcan largo tiempo bajo acusación y asegurar que esta se decida prontamente (Caso Sudrez Rosero contra. Ecuador , sentencia sobre el fondo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fundamento 70). 6. Del mismo modo la Corte, siguiendo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha declarado que Con respecto al plazo razonable de que trata el artículo 8.1, este Tribunal ha establecido que es preciso tomar en cuenta tres elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el que se desarrolla un proceso: a) complejidad del asunto, b) actividad procesal del interesado y c) conducta de las autoridades judiciales”. (Caso Hilaire, Constantine, Benjam ín y otros contra Trinidad y Tobago, sentencia sobre el fondo, fundamento 143). 7. Por tanto, el Tribunal Constitucional del Perú estima que, conforme a la regla de interpretación constitucional de los derechos y libertades, anteriormente citada, el derecho a un plazo razonable en la duración de los juicios constituye una de las manifestaciones del debido proceso reconocido por nuestra Constitución en los términos antes expuestos. (Exp, N.° 5291-2005-PHC/TC [Caso Heriberto Benítez Rivas y otra], de 21-10-2005 [Web: 22-11-2005], f. j. 5. Texto completo: ). DERECHO A LA EJECUCIÓN O EFECTIVIDAD DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES

§ 60. Derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales (inc. 3). 8. El derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales que han pasado en autoridad de cosa juzgada, es una manifestación del derecho a la tutela jurisdiccional, reconocido en el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución. También se encuentra aludido en el segundo párrafo del inciso 2) del mismo artículo 139°, cuando se menciona que “ninguna autoridad puede (...) dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada (...) ni retardar su ejecución. (Exp. N.° 0015-2001-AI/TC [Caso Ejecución de sentencias que ordenan el pago de sumas de dinero contra el Estado], de 29-01-2004 [Web: 30-012004], f. j. 12. Texto completo: ). § 61. Contenido constitucional del derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales (inc. 3). 12. El contenido constirucionalmenre protegido de este derecho [a la efectividad de las resoluciones judiciales] impone especiales exigencias a ios sujetos pasivos del derecho, es decir, a los que se encuentran en principio vinculados y, en particular, a quienes participaron en calidad de partes en el proceso y, desde luego, al propio juez. Pero también lo está el Presidente de la República, a quien, en su condición de titular del Poder Ejecutivo, conforme establece el inciso 9) del artículo 118 de la Constitución, le corresponde “Cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales”. Respecto de los jueces, el glosado derecho exige un particular tipo de actuación. Y es que si el derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales garantiza que lo decidido en una sentencia o en una resolución judicial sea cumplido, es claro que quienes las dictan, o quienes resulten responsables de ejecutarlas, tienen la obligación de adoptar, según las normas y procedimientos aplicables -y con independencia de que la resolución a ejecutar haya de ser cumplida por un ente público o no- las medidas necesarias y oportunas para su estricto cumplimiento. (Exp. N.° 00152001-AI/TC [Caso Ejecución de sentencias que ordenan el pago de sumas de dinero contra el Estado], de 29-01-2004 [Web: 30-01-2004], f. j. 12. Texto completo: ). ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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§ 62. Eí afectado con el incum plim iento de una ejecución de sentencia puede solicitar la adopción de las m edidas y providencias necesarias para que esta se ejecute (inc. 3). 14. [,..] [Eí] Tribunal considera que cuando eí obligado -sea un particular o el Estado- no cumple lo ordenado por la sentencia o la resolución judicial firme, el derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales autoriza al afectado con el incumplimiento a pedir del órgano jurisdiccional competente la adopción de las medidas y providencias necesarias para que se ejecute lo dispuesto. (Exp. N.° 0015-2001-AI/TC [Caso Ejecución de sentencias que ordenan el pago de sumas de dinero contra el Estado], de 29-01-2004 [Web: 30-01-2004], f. j. 12. Texto completo: ). § 63. Los lím ites al derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales deben tener una justificación constitucional (inc. 3). 15. [Como] sucede con todos los derechos fundamentales, el de efectividad de las resoluciones judiciales tampoco es un derecho absoluto, es decir, que esté exento de condiciones, límites o restricciones en su ejercicio. Al margen de los requisitos y la presencia de una serie de circunstancias generales que la ley pueda prever, como puede ser que la ejecución deba llevarla adelante el órgano jurisdiccional competente; que se trate de una resolución firme; que la ejecución se realice respetando el contenido del fallo, etc., siendo legítimo que, tomando en cuenta al sujeto procesal vencido en juicio y, en concreto, cuando el vencido en juicio sea el Estado, el legislador pueda establecer ciertos límites o restricciones al derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales firmes, en la medida en que estas tengan una justificación constitucional. (Exp. N.° 0015-2001-AI/TC [Caso Ejecución de sentencias que ordenan el pago de sumas de dinero contra el Estado], de 29-01-2004 [Web: 30-01-2004], f. j. 12. Texto completo: ). § 64. El plazo razonable en la ejecución de sentencias debe entenderse tam bién como una exigencia para lograr la efectividad del pronunciam iento jud icial en un plazo que no exceda lo que la naturaleza del caso am erita (inc. 3). 19. [...] [El] derecho a una decisión sobre el fondo y al cumplimiento de la misma en un plazo razonable es extrapolable a todo tipo de procesos jurisdiccionales. El plazo razonable no solo debe entenderse referido al trámite que existe entre la presentación de una demanda y la decisión sobre el fondo, sino que resulta indispensable que dicho concepto se entienda también como una exigencia para lograr la efectividad del pronunciamiento judicial en un plazo que no debe exceder lo que la naturaleza del caso y sus naturales complicaciones de cumplimiento ameriten, sin que en ningún caso su ejecución se difiera por dilaciones indebidas. (Exp. N.° 4080-2004-AC/TC, de 28-01-2005 [Web: 26-10-2005 / EP: 08-11-2005], £ j. 19. Texto completo: ). § 65. El retardo innecesario al cum plim iento pleno de lo que m ediante una sentencia jud icial firme se ha ordenado constituye una vulneración a la tutela jud icial efectiva. 20. [Toda] dilación indebida que retarde innecesariamente el cumplimiento pleno de lo que mediante una sentencia judicial firme se ha ordenado, debe entenderse como vulneratoria del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que la Constitución reconoce. (Exp. N.° 4080-2004-AC/TC, de 28-01-2005 [Web: 26-10-2005 / EP: 08-11-2005], f. j. 20. Texto completo: ). § 66. El derecho a la ejecución de las sentencias como m anifestación de la independencia jud icial y como m andato a su cum plim iento pleno y oportuno. 16. El derecho a la ejecución de las decisiones jurisdiccionales resulta de especial relevancia no solo por su manifestación de derecho de tutela judicial, sino porque constituye una garantía sine qua non para que pueda evidenciarse, en la práctica, el principio de independencia judicial [...]. SI las sentencias de los jueces no se cumplen, simplemente no podría hablarse de un Poder Judicial independiente que es capaz de hacer valer su ju ris dictio con plena eficacia respecto de lo que decide, y de este modo, los ciudadanos no tendrían un garante real para la protección de sus derechos. 17. El cumplimiento pleno de lo establecido en una decisión judicial supone, por otro lado, la satisfacción real y efectiva, en tiempo oportuno, de lo decidido por el poder jurisdiccional. No es posible admitir como alegato que, si lo que se ordena mediante una sentencia judicial es la realización de uno o más actos administrativos previos a la asignación de un monto que se ha dejado de pagar, cuando correspondía hacerlo, y debido a que en n o m o s & th e s is

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la medida que en la sentencia no se ha ordenado el pago de una suma líquida, tal obligación no es atendible en la etapa de ejecución. Es como pretender que para el cumplimiento de las obligaciones de la administración, haya que pasar previamente por el Poder Judicial, en una suerte de intermediación jurisdiccional permanente. (Exp, N.° 4080-2004-AC/TC, de 28-01-2005 [Web: 26-10-2005 / EP: 08-11-2005], ff. jj. 16 y 17. Texto completo: ). § 67. El derecho a la tutela jurisdiccional no solo im plica el derecho de acceso a la justicia y el derecho al debido proceso, sino tam bién el derecho a la “efectividad” de las resoluciones judiciales. 16. El derecho a la tutela jurisdiccional es un atributo subjetivo que comprende una serie de derechos, entre ios que destacan el acceso a la justicia, es decir, el derecho de cualquier persona de promover la actividad jurisdiccional del Estado, sin que se le obstruya, impida o disuada irrazonablemente; y el derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales. El derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales que han pasado en autoridad de cosa juzgada, es una manifestación del derecho a la tutela jurisdiccional, reconocido en el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución. Si bien la citada norma no hace referencia expresa a la “efectividad” de las resoluciones judiciales, dicha cualidad se desprende de su interpretación, de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos [...]. 17. De este modo, el derecho a la tutela jurisdiccional no solo implica el derecho de acceso a la justicia y el derecho al debido proceso, sino también el derecho a la “efectividad” de las resoluciones judiciales; busca garantizar que lo decidido por la autoridad jurisdiccional tenga un alcance práctico y se cumpla, de manera que no se convierta en una simple declaración de intenciones. (Sentencia del Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional. Exp. N.° 0015-2005-PI/TC [Caso Proceso de inconstitucionalidadL ey que modifica la Ley de Procedim iento de Ejecución Coactiva ], del 0501-2006 [Web: 20-01-2006 / EP: 02-02-2006], ff. jj. 16 y 17. Texto completo: ). § 68. Es deber del juzgador hacer efectivos los derechos sustanciales m ediante sentencias que resulten ejecutables. Sexto. [...] [S]iendo el fin del proceso resolver un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre ambas con relevancia jurídica, es el deber del juzgador hacer efectivos los derechos sustanciales y no emitir resoluciones que resulten inejecutables [...]. (Casación N.° 1337-2007-Lambayeque, de 21-06-2007, f. j. 6. Sala Civil Permanente [EP, 01-10-2007, p. 20490], Texto completo: ). DERECHO A LA PRUEBA

§ 69. El derecho a la prueba goza de protección constitucional. 148. En primer término, este Tribunal Constitucional debe recordar que el derecho a la prueba goza de protección constitucional, pues se trata de un contenido implícito del derecho al debido proceso, reconocido en el artículo 139°, inciso 3), de la Constitución Política del Perú. [...] (Exp. N.° 010-2002-AI/TC [Caso M arcelino Tineo Silva y otros], de 03-01-2003 [Web: 04-01-2003 / EP: 04-01-2003], f. j. 148. Texto completo: ). § 7 0 . El derecho a la prueba. Principios de la actividad probatoria. C onsiderando : [...] 2 .5 . [.,,] [El] derecho a la prueba se encuentra sujeto a determinados principios, como que su ejercicio se realice de conformidad con los valores de pertinencia, utilidad, oportunidad y licitud. Ellos constituyen principios de la actividad probatoria y, al mismo tiempo, límites a su ejercicio, derivados de la propia naturaleza del derecho. (Exp. N.° 2333-2004-HC/TC, de 12-08-2004 [Web: 29-10-2004], f. j. 2.5. Texto completo: ).

§ 71. Elementos que forman parte del contenido del derecho a la prueba. 6. [El] derecho a la prueba apareja la posibilidad de postular, dentro de los límites y alcances que la Constitución y las leyes reconocen, los medios probatorios pertinentes para justificar los argumentos que el justiciable esgrime a su favor. Por ello, no se puede negar la existencia del derecho fundamental a la/prueba. Constituye un derecho básico de los justiciables producir la prueba relacionada con los h^bhos que configuran su pretensión o su defensa. Según este derecho, las partes o un tercero legitimado en un proceso o procedimiento tienen el derecho de producir la prueba necesaria con la finalidad de * SUMMA PROCESAL CIVIL

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acreditar los hechos que configuran su pretensión o defensa. [...] 8. [De] los elementos que forman parte del contenido del derecho a la prueba uno está constituido por el hecho de que las pruebas actuadas dentro del proceso penal sean valoradas de manera adecuada y con la motivación debida. De lo cual se deriva una doble exigencia para el juez: en primer lugar, la exigencia del Juez de no omitir la valoración de aquellas pruebas que son aportadas por las partes al proceso dentro del marco del respeto a los derechos fundamentales y a lo establecido en las leyes pertinentes; en segundo lugar, la exigencia de que dichas pruebas sean valoradas motivadamente con criterios objetivos y razonables. (Exp. N.° 4831-2005-PHC/TC, del 08-08-2005 [Web: 06-09-2006 / EP: 20-10-2006], ff. jj. 6 y 8. Texto completo: ) § 72. El derecho constitucional a probar está compuesto por el derecho a ofrecer medios probatorios y que estos sean valorados de m anera adecuada y con la m otivación debida. 15. Existe un derecho constitucional a probar, aunque no autónomo, que se encuentra orientado por los fines propios de la observancia o tutela del derecho al debido proceso. Constituye un derecho básico de los justiciables de producir la prueba relacionada con los hechos que configuran su pretensión o su defensa. Según este derecho, las partes o un tercero legitimado en un proceso o procedimiento, tienen el derecho a producir la prueba necesaria con la finalidad de acreditar los hechos que configuran su pretensión o defensa. Así, por ejemplo, el artículo 188° del Código Procesal Civil establece que los medios probatorios tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el juez respecto de los puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones. Se trata de un derecho complejo que está compuesto por el derecho a ofrecer medios probatorios que se consideren necesarios, a que estos sean admitidos, adecuadamente actuados, que se asegure la producción o conservación de la prueba a partir de la actuación anticipada de los medios probatorios y que estos sean valorados de manera adecuada y con la motivación debida, con el fin de darle el mérito probatorio que tenga en la sentencia. La valoración de la prueba debe estar debidamente motivada por escrito, con la finalidad de que el justiciable pueda comprobar si dicho mérito ha sido efectiva y adecuadamente realizado. [...] (Exp. N.° 6712-2005-HC/TC [Caso Magaly jesú s M edina Vela y Ney Guerrero Orellana\, del 17-10-2005 [Web: 20-01-2006 / EP: 01-022006], f. j. 15- Texto completo: ). § 73. Límites al derecho a la prueba. 149. Como todo derecho constitucional, el de la prueba también se encuentra sujeto a restricciones o limitaciones, derivadas tanto de la necesidad de que sean armonizados en ejercicio con otros derechos o bienes constitucionales, como de la propia naturaleza del derecho en cuestión. En términos generales, el derecho a la prueba se encuentra sujeto a determinados principios, como son que su ejercido se realice de conformidad con los valores de pertinencia, utilidad, oportunidad y licitud. Ellos constituyen principios que informan la actividad probatoria y, al mismo tiempo, límites inmanentes a su ejercicio, esto es, derivados de la propia naturaleza del derecho. 150. Sin embargo, lo anterior no quiere decir que no puedan establecerse otra clase de límites, derivados esta vez de la necesidad de armonizarse su ejercicio con otros derechos o bienes constitucionales, siempre que con ellos no se afecte su contenido esencial o, en su caso, los principios de razonabilidad y proporcionalidad. En cualquier caso, la posibilidad de justificar válidamente estos otros límites debe basarse en la necesidad de proteger otros derechos y bienes de la misma clase que aquel que se limita [.,,]. (Exp. N.° 010-2002-AI/TC [Caso M arcelino Tineo Silva y otros] , de 03-01-2003 [Web: 04-012003 / EP: 04-01-2003], ff. jj. 149-150. Texto completo: ).

§ 74. El derecho fundamental a la prueba está sujeto a restricciones o limitaciones: límites extrínsecos y lím ites intrínsecos. 4. Este Tribunal Constitucional ha señalado (cfr. STC 010-2002AI/TC [§ 73], FJ 133-135) que el derecho fundamental a la prueba tiene protección constitucional, en la medida en que se trata de un contenido implícito del derecho al debido proceso, reconocido en el artículo 139, inciso 3, de la Constitución. En este sentido, una de las garantías que asisten a las partes del proceso es la de presentar los medios probatorios necesarios que posibiliten crear convicción en

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el juzgador sobre la veracidad de sus argumentos. Sin embargo, como todo derecho fundamental, el derecho a la prueba también está sujeto a restricciones o limitaciones, derivadas tanto de la necesidad de que sean armonizados con otros derechos o bienes constitucionales -límites extrínsecos-, como de la propia naturaleza del derecho en cuestión -límites intrínsecos-, (Exp. N.° 4831-2005-PHC/TC, del 08-08-2005 [Web: 06-09-2006 / EP: 20-10-2006], £ j. 4. Texto completo: ) § 75. Justificación de los lím ites ai derecho a la prueba. 154. [...] [Si] bien la realización de un proceso con las debidas garantías es un derecho que se debe respetar en toda circunstancia, también lo es que, la limitación de determinados contenidos, como el de interrogar a los que elaboran el atestado policial, se encuentra perfectamente justificada si es que, con tal limitación, el legislador persigue proteger derechos fundamentales tan valiosos como la vida y la integridad personal. (Exp. N.° 0102002-AI/TC [Caso M arcelino Ttneo Silva y otros], de 03-0.1-2003 [Web: 04-01-2003 i EP: 04-012003], £ j. 154. Texto completo: ). DERECHO A LA INDEPENDENCIA JUDICIAL

§ 76. El derecho a la independencia jud icial forma parte del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. 22. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, reconocido en el artículo 139, inciso 3, de la Constitución, implica que cuando una persona pretenda la defensa de sus derechos o intereses legítimos, ella deba ser atendida por un órgano jurisdiccional mediante un proceso dotado de un conjunto de garantías mínimas. Como tal, constituye un derecho, por decirlo de algún modo, “genérico” que se descompone en un conjunto de derechos específicos enumerados, principalmente, en el mencionado artículo, o deducidos implícitamente de él. Entre estos derechos cabe destacar, entre otros, el derecho a un juez independiente e imparcial. 23. La independencia y la imparcialidad del juzgador no solo constituyen principios y garantías de la administración de justicia, sino también una garantía para quienes acuden a los órganos jurisdiccionales en busca de justicia. Al respecto, el Tribunal Constitucional sostuvo en una anterior oportunidad, que “Debe tomarse en cuenta que si bien, prim a fa cie, la imparcialidad e independencia son garantías consustanciales y necesarias para una correcta Administración de justicia, estas deben entenderse, a su vez, como garantías para los imputados (garantía a ser juzgado por un Tribunal independiente e imparcial), configurándose, de este modo, su doble dimensión’. Ello coincide con lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos que en su artículo 8.1 dispone que “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. (Sentencia del Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional. Exp. N.° 0004-2006-PI/TC [Caso Demanda de inconstitucionatidad contra la Ley N.° 28665, de

Organización, Funciones y Competencia de la Jurisdicción Especializada en M ateria Penal M ilitar Policial], del 29-03-2006 [Web: 18-04-2006 / EP: 21-04-2006], ff. jj. 22 y 23. Texto completo: ). § 77. El derecho a la ejecución de las sentencias como manifestación de la independencia jud icial y como mandato a su cum plim iento pleno y oportuno. Véase la jurisprudencia del inciso 3 del artículo 139° de la Constitución [§ 66]. (Exp. N.° 4080-2004-AC/TC [Caso Mario Fernando Ramos Hostia], de 28-01-2005 [Web: 26-10-2005 / EP: 08-11-2005], ff. jj. 16 y 17. Texto completo: ). REMISIÓN

§ 78. Sobre el principio p r o actione. Véase la jurisprudencia del artículo III del Código Procesal Civil (§ 179 ss.).

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MOTIVACIÓN DJE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES (INCISO 5)

§ 79. Derecho a la motivación de las resoluciones judiciales (inc. 5). 7. El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso. Sin embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente la violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. (Exp. N.° 728-2008-PHC/TC [Caso Giuliana Llamoja Hilares], del 13-10-2008 [Web: 23-10-2008 / EP: 08-11-2008], f. j. 7. Texto completo: ). § 80. La tutela del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no debe ni puede servir de pretexto para someter a un nuevo examen las cuestiones de fondo ya decididas por los jueces ordinarios (inc. 5). 2. El derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que los jueces, al resolver las causas, expresen las razones o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. [...] Sin embargo, la tutela del derecho a ía motivación de las resoluciones judiciales no debe ni puede servir de pretexto para someter a un nuevo examen las cuestiones de fondo ya decididas por los jueces ordinarios. [...] [El] análisis de si en una determinada resolución judicial se ha violado o no el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales debe realizarse a partir de los propios fundamentos expuestos en la resolución cuestionada, de modo que las demás piezas procesales o medios probatorios del proceso en cuestión solo pueden ser evaluados para contrastar las razones expuestas, mas no pueden set objeto de una nueva evaluación o análisis. [...] (Exp. N.° 01480-2006-AA/TC [Caso Caja d e Beneficios y Seguridad Social d el Pescador], de 27-03-2006 [Web: 20-07-2007-EP, 02-10-2007], f. j. 2. Texto completo: ). § 81. El contenido esencial de la motivación se respeta siempre que exista fundam entación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por sí misma, exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si esta es breve o concisa, o se presenta el supuesto de motivación por remisión (inc. 5). 11. Uno de los contenidos del derecho al debido proceso es el derecho de obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes en cualquier clase de procesos. La exigencia de que las decisiones judiciales sean motivadas en proporción a los términos del inciso 5) del artículo 139° de ía Norma Fundamental, garantiza que los jueces, cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, expresen el proceso mental que los ha llevado a decidir una controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de administrar justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la ley; pero también con la finalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa de los justiciables. La Constitución n o garantiza una determinada extensión de la motivación, por lo que su contenido esencial se respeta siempre que exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por sí misma, exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si esta es breve o concisa, o se presenta el supuesto de motivación por remisión. Tampoco garantiza que, de manera pormenorizada, todas las alegaciones que las partes puedan formular dentro del proceso sean objeto de un pronunciamiento expreso y detallado. [...] (Exp. N.° 1230-2002-HC/TC [Caso César Humberto Tinco Cabrera], del 2006-2002 [Web: 29-08-2002], f. j. 11. Texto completo: ). § 82. Los jueces deben expresar la argumentación jurídica que los h a llevado a decidir una controversia (inc. 5). 35. [Uno] de los contenidos esenciales del derecho ai debido proceso es el derecho de obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes en cualquier clase de procesos. La exigencia de que las decisiones judiciales sean motivadas en proporción a los términos del inciso 5 del artículo 139 de la Constitución, garantiza que los jueces, cualquiera que sea la instancia a la que pertenezcan, expresen n o m o s & th e s is

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la argumentación jurídica que los ha llevado a decidir una controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de administrar justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la ley; pero también con la finalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa de los justiciables. En suma, garantiza que el razonamiento empleado guarde relación y sea suficiente y proporcionado con los hechos que al juez penal corresponde resolver. (Exp, N.° 8123-2005-PHC/TC, de 14-11-2005 [Web: 15-06-2006 / 26-05-2006], f. j. 35. Texto completo: ). § 83. Requisitos p ara que el contenido constitucional del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales se respete (inc. 5). 2. [Debe] precisarse, en primer lugar, que la exigencia de que las decisiones judiciales sean motivadas en los términos del artículo 139 inciso 5) de la Constitución, garantiza que los jueces, cualquiera sea la instancia en la que se encuentren, deban expresar claramente los argumentos que los han llevado a la solución de la controversia o incertidumbre jurídica, asegurando que el ejercicio de la función jurisdiccional se realice con sujeción a la Constitución y a la ley expedida conforme a esta. Como lo ha precisado este Colegiado en reiterada jurisprudencia, el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no garantiza una determinada extensión de la motivación, por lo que su contenido constitucional se respeta, prim a facie, siempre que exista: a) fundamentación jurídica, que no implica la sola mención de las normas a aplicar al caso, sino la explicación y justificación de por qué tal caso se encuentra o no dentro de los supuestos que contemplan tales normas; b) congruencia entre lo pedido y lo resuelto, que implica la manifestación de los argumentos que expresarán la conformidad entre los pronunciamientos del fallo y las pretensiones formuladas por las partes; y c) que por sí misma exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si esta es breve o concisa, o se presenta el supuesto de motivación por remisión. (Exp. N.° 4348-2005-PA/TC, de 21-07-2005 [Web: 02-02-2006 / 15-02-2006], f. j. 2. Texto completo: ). § 84. La motivación debe estar bien fundam entada, formal y lógicamente, para que se pueda controlar (por las partes o por el juez superior) si el razonamiento ha sido correcto y h a observado las leyes del pensar (inc. 5). Undécimo. [Cabe] destacar que mediante el control de logicidad, este Supremo Tribunal, puede examinar el razonamiento que realizaron los jueces inferiores para conocer si fue formalmente correcto desde el punto de vista lógico; de ello se deriva que, no solo la sentencia tiene que ser fundamentada sino que debe ser, en primer lugar, bien fundamentada, formal y lógicamente, esto es, que se muestre el itinerario del razonamiento para que se pueda controlar (por las partes o por el juez superior) si el razonamiento ha sido correcto y ha observado las leyes del pensar. (Casación N.° 4039-2007-Piura, de 06-11-2007, f. j. 11. Sala Civil Permanente [EP, 30-05-2008, p. 22200]. Texto completo: ). § 85. Se vulnera el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales si el juez omite pronunciarse respecto el pedido de control difuso (inaplicación de la modificación al art. 732 CPC, realizada por el Decreto Legislativo N.° 1069) por parte del recurrente (inc. 5). 5. Como ha precisado este Tribunal, el ámbito garantizado por este derecho a la motivación de las resoluciones judiciales exige la: a) fundamentación jurídica, que no implica la sola mención de las normas a aplicar ai caso, sino la explicación y justificación de por qué tal caso se encuentra dentro de los supuestos que contemplan tales normas; b) congruencia entre lo pedido y lo resuelto, que implica la manifestación de los argumentos que expresarán la conformidad entre los pronunciamientos del fallo y las pretensiones formuladas por las partes; y, c) que por sí misma exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si esta es breve o concisa, o se presenta el supuesto de motivación por remisión (Cfr. Sentencia 4348-2005-PA/TC [§ 83]). Por consiguiente, toda decisión que carezca de una motivación adecuada, suficiente y congruente constituirá una decisión arbitraria y, en consecuencia, será inconstitucional. 6. Pues bien, de lo actuado, este Tribunal aprecia que: a) A través de la Resolución N.° 64 [,..], el Sétimo Juzgado Civil de la Corte Superior de Arequipa estableció la suma de cuatro URP (unidades de referencia procesal) como honorarios profesionales del actor por su concurso como martiliero público en el proceso de ejecución de garantías subyacente, b) Contra dicha resolución, el demandante interpuso recurso de apelación argumentando, entre otras cuestiones, que la modificación al artículo 732 del Código Procesal Civil, realizada por el Decreto Legislativo N.° 1069, ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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debe ser inaplicada porque es inconstimciónal. A su juicio, dicha modificación no guarda relación alguna con los compromisos asumidos por el Estado en el Acuerdo de Promoción Comercial que suscribió con los Estados Unidos de Norteamérica, c) Sin embargo, la Cuarta Sala Civil de Arequipa no emitió pronunciamiento respecto de tal cuestión, a pesar de que la propia Sala lo consignó como alegato del recurrente en dicha resolución [...], 7. Así las cosas, el Tribunal considera que la Cuarta Sala Civil de Arequipa vulneró el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales al no pronunciarse respecto del control difuso solicitado por el demandante en el recurso de apelación formulado contra la Resolución N.° 64 [...]. No se trata de un mero punto omitido o que carezca de trascendencia, en la medida que precisamente lo pretendido por el recurrente es la inaplicación de la modificación introducida por el Decreto Legislativo N.° 1069 al artículo 732 del Código Procesal Civil. 8, Por ello, independientemente de que la inconstitucionalidad formal denunciada por el accionante tenga asidero o no, tal cuestión no puede quedar sin respuesta como ha ocurrido en eí caso de autos. Si no se dan las condiciones necesarias para aplicar el control difuso o si lo esgrimido carece de asidero, ello debe ser debidamente motivado. Al no haber ocurrido así, el Tribunal Constitucional estima que se ha violado el derecho fundamental a la motivación de las resoluciones judiciales del demandante. (STC Exp. N.° 00966-2014-PA/TC, de 01-07-2016, ff. jj. 5, 7 y 8. Tribunal Constitucional. Texto completo: ). § 86. Remisión, Sobre motivación de las resoluciones judiciales, véase también la jurisprudencia de los artículos 50° inciso 6 [§ 582 ss.], 121° [§ 1142 ss.] y 122° inciso 3 del Código Procesal Civil [§ 1218 ss.]; y del artículo 12° de la Ley Orgánica del Poder Judicial [§ 4589 ss,]. PLURALIDAD DE INSTANCIA (INCISO 6)

§ 87. El derecho a la pluralidad de instancias como garantía del derecho al debido proceso (inc. 6). 4. El derecho a la pluralidad de instancias constituye una garantía consustancial del derecho al debido proceso, con la cual se persigue que lo resuelto por un juez de primera instancia pueda ser revisado por un órgano funcionalmente superior y, de esa manera, permitir que lo resuelto por aquel, cuando menos, sea objeto de un doble pronunciamiento jurisdiccional. (Exp. N.° 0282-2004-AA/ TC, de 29-10-2004 [Web: 18-01-2005], f. j. 4. Texto completo: ). § 88. El derecho a la doble instancia no es absoluto, sino que admite excepciones (inc. 6). 11. [En] relación al derecho de pluralidad de instancias, previsto en el inciso 6) del artículo 139° de la Constitución, no se advierte su vulneración, dado que respecto de la resolución que inicialmente pretende cuestionar en autos la parte demandante [...], no solo se pretendió cuestionar vía un pedido de nulidad, sino también mediante un recurso de queja de derecho. En ese sentido, cabe señalar que dicho derecho, al igual que otros contenidos en la Constitución, no es de naturaleza absoluta, por lo que puede ser objeto de límites, que en el caso concreto se traducen en la reglamentación que para el acceso a los medios impugnáronos, se ha establecido en los códigos procesales, en los que se establecen los requisitos a cumplir para cada caso. La violación a este derecho tiene lugar cuando habiéndose cumplido tales requisitos, se deniega el medio impugnatorio impidiendo que la resolución cuestionada sea revisada por la instancia superior, cuando corresponda; en ese sentido, no puede considerarse una vulneración de dicho derecho cuando, por la inactividad o negligencia de la parte, se incumplen tales requisitos, como la resolución cuestionada lo ha señalado en el presente caso. (Exp. N.° 01210-2010PA/TC, de 12-08-2010 [Web: 20-08-2010], f. j. 11. Texto completo: ). § 89. No pueden existir actos de alguna entidad estatal cuya validez constitucional no puede ser objeto de control (inc. 6). 5. Es inherente a la dimensión jurídica de la Constitución la capacidad de exigir, jurisdíccionalmente su cumplimiento. Afirmar que existen actos de alguna entidad estatal cuya validez constitucional no puede ser objeto de control, supone sostener, con el mismo énfasis, que en tales ámbitos la Constitución ha perdido su condición de norma jurídica para volver a ser n o m o s & th e s is

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una mera carta política referencial, incapaz de vincular al poder. En definitiva, una sociedad con una Constitución a la que no se suma el control jurisdiccional orientado ad hoc a asegurar su plena vigencia, en realidad, no tiene Constitución. (Exp. N.° 2730-2006-PA/TC [Caso Jurado Nacional de Elecciones], de 21-07-2006 [Web: 27-07-2006 / EP: 05-08-2006], f. j. 5. Texto completo: ). § 90. Los ciudadanos tienen derecho a que cualquier instancia decisoria esté sometida a controles judiciales que permitan determinar si sus actos han sido adoptados al amparo de los derechos y garantías mínimas (inc. 6). 174. Si bien la Constitución de Nicaragua ha establecido que las resoluciones del Consejo Supremo Electoral en materia electoral no son susceptibles de recursos ordinarios o extraordinarios, esto no significa que dicho Consejo no deba estar sometido a controles judiciales, como lo están los otros poderes del Estado. Las exigencias derivadas del principio de independencia de los poderes del Estado no son incompatibles con la necesidad de consagrar recursos o mecanismos para proteger los derechos humanos. 175. Independientemente de la regulación que cada Estado haga respecto del órgano supremo electoral, este debe estar sujeto a algún control jurisdiccional que permita determinar si sus actos han sido adoptados al amparo de los derechos y garantías mínimas previstos en la Convención Americana, así como los establecidos en su propia legislación, lo cual no es incompatible con el respeto a las funciones que son propias de dicho órgano en materia electoral. Ese control es indispensable cuando los órganos supremos electorales, como el Consejo Supremo Electoral en Nicaragua, tienen amplias atribuciones, que exceden las facultades administrativas, y que podrían ser utilizados, sin un adecuado control, para favorecer determinados fines partidistas. En este ámbito, dicho recurso debe ser sencillo y rápido, tomando en cuenta las particularidades dei procedimiento electoral [...]. 176. Por todo lo expuesto, la Corte concluye que el Estado violó el derecho a la protección judicial consagrado en el artículo 25.1 de la Convención Americana, en perjuicio de los candidatos propuestos por Yatama para participar en las elecciones municipales de 2000, en relación con los artículos 1,1 y 2 de la misma. (Caso Yatama vs. N icaragua , Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia del 23 de junio de 2005, párrafos 174-176. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Texto completo; ). § 91. Remisión. Véase, sobre el principio de doble instancia, la jurisprudencia del artículo X del Código Procesal Civil [§ 400 ss.]. DERECHO DE DEFENSA / PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN (INCISO 14}

§ 92. El derecho de defensa (inc. 14). 12. E l artículo 139, inciso 14, de la Constitución reconoce En la STC 26592003-AA/TC, este Tribunal tuvo oportunidad de precisar que el derecho de defensa (...) se proyecta (...) como un principio de contradicción de los actos procesales que pudieran repercutir en la situación jurídica de algunas de las partes de un proceso o de un tercero con interés (fundamento 4). 13. La observancia y respeto del derecho de defensa es consustancial a la idea de un debido proceso, propio de una democracia constitucional que tiene en el respeto de la dignidad humana al primero de sus valores. Por su propia naturaleza, el derecho de defensa es un derecho que atraviesa transversal mente a todo el proceso judicial, cualquiera sea su materia. La posibilidad de su ejercicio presupone, en lo que aquí interesa, que quienes participan en un proceso judicial para la determinación de sus derechos y obligaciones jurídicas tengan conocimiento, previo y oportuno, de los diferentes actos procesales que los pudieran afectar, a fin de que tengan la oportunidad de ejercer, según la etapa procesal de que se trate, los derechos procesales que correspondan (v.g. interponer medios impugnatorios). (Exp. N.° 5871-2005-PA/TC, dei 27-01-2006 [Web: 06-11-2006], ff. jj. 12 y 13. Texto completo: ).

El principio de no ser privado d el derecho d e defensa en ningún estado del proceso

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§ 93. Doble dim ensión del derecho de defensa: una m aterial y otra formal. No cualquier im posibilidad de ejercer los medios legales para la defensa produce un estado de indefensión (inc. 14), 2. [...] [El] derecho de defensa comporta en estricto el derecho a no quedar en estado de indefensión en cualquier etapa del proceso penal. Este derecho tiene una doble dimensión: una material-, referida al derecho del imputado o demandado de ejercer su propia defensa desde el mismo instante en que toma conocimiento de que se le atribuye la comisión de determinado hecho delictivo; y otra form al, que supone el derecho a una defensa técnica; esto es, al asesoramiento y patrocinio de un abogado defensor durante todo el tiempo que dure el proceso (Cfr. STC N.° 06260-2005-HC/ TC). 3. Asimismo, ha precisado que el derecho a no quedar en estado de indefensión se conculca cuando los titulares de los derechos e intereses legítimos se ven impedidos de ejercer los medios legales suficientes para su defensa, pero que no cualquier imposibilidad de ejercer esos medios produce un estado de indefensión que atenta contra el contenido constitucionalmente protegido del derecho, sino que es constitucionalmente relevante cuando se genera una indebida y arbitraria actuación del órgano que investiga o juzga al individuo. Tal hecho se produce cuando al justiciable se le impide, de modo injustificado, argumentar a favor de sus derechos e intereses legítimos (Exp. N.° 0582-2006-PA/TC; Exp. N.° 5175-2007-HC/TC, entre otros). (Exp. N.° 05159-2011-PA/TC, del 10-08-2012 [Web: 01-07-2013 / EP: 13-04-2014], ff. jj. 2 y 3. Texto completo: ). § 94. Se conculca la legítim a defensa cuando los titulares de derechos e intereses legítimos se ven im posibilitados de ejercer los medios legales suficientes p ara su defensa (inc. 14). 4. [El] derecho de defensa en el ámbito del procedimiento administrativo de sanción se estatuye como una garantía para la defensa de los derechos que pueden ser afectados con el ejercicio de las potestades sancionatorias de la administración. En ese sentido, garantiza, entre otras cosas, que una persona sometida a una investigación, sea esta de orden jurisdiccional o administrativa, y donde se encuentren en discusión derechos e intereses suyos, tenga la oportunidad de contradecir y argumentar en defensa de tales derechos e intereses, para cuyo efecto se le debe comunicar, previamente y por escrito, los cargos imputados, acompañando el correspondiente sustento probatorio, y otorgarle un plazo prudencial a efectos de que -mediante la expresión de los descargos correspondientes- pueda ejercer cabalmente su legítimo derecho de defensa. Se conculca, por tanto, dicho derecho cuando los titulares de derechos e intereses legítimos se ven imposibilitados de ejercer los medios legales suficientes para su defensa. (Exp. N ° 5514-2005-PA/TC, del 13-03-2007 [Web: 29-03-2007 / EP: 31-05-2007], f. j. 4. Texto completo: ). § 95. Interdicción de la reform atio in p eiu s y su relación con el derecho de defensa y el derecho de interponer recursos im pugnatorios (inc. 14). 4. La interdicción de la reformatio in peius es una garantía del debido proceso implícita en nuestro texto constitucional. Si bien tal interdicción se identifica íntimamente con el derecho de defensa, es indudable que la proscripción de la reformatio in peius también tiene una estrecha relación con el derecho de interponer recursos impugnatorios. En efecto, [...] admitir que el Tribunal que decide el recurso tiene facultad para modificar de oficio, en perjuicio y sin audiencia del recurrente, la sentencia íntegramente aceptada por la parte recurrida, sería tanto como autorizar que el recurrente pueda ser penalizado por el hecho mismo de interponer su recurso, lo que supone introducir un elemento disuasivo del ejercicio del derecho a los recursos legalmente previstos. (Exp. N.° 1918-2002-HC/TC, de 10-09-2002 [Web: 31-10-2003], f. j. 4. Texto completo: ). § 96. El derecho de defensa se proyecta como principio de interdicción para afrontar cualquier indefensión y como principio de contradicción de los actos procesales que pudieran repercutir en la situación ju ríd ic a de algunas de las partes, o en el caso de un tercero con interés (inc. 14). 5. Es así que el derecho de defensa (de naturaleza procesal) se constituye como fundamental y conforma el ámbito del debido proceso, siendo presupuesto para reconocer la garantía de este último. Por ello, en tanto derecho fundamental, se proyecta como principio de interdicción para afrontar cualquier indefensión y como principio de contradicción de los actos procesales que pudieran repercutir en la situación jurídica de algunas de las partes, sea en un proceso o procedimiento, o en el caso de n o m o s & th e s is

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un tercero con interés. 6. Sobre el particular, [en autos] obran las cartas de pre aviso y de despido, respectivamente, mediante las cuales se le imputa al recurrente el incumplimiento de las obligaciones de trabajo con el correspondiente quebrantamiento de la buena fe laboral, la inobservancia del Reglamento Interno de Trabajo, [...] grave indisciplina y el daño intencional ocasionado en los bienes y actividades económicas contra [la entidad empleadora], faltas graves previstas en los incisos a), f) y g) del artículo 25° del Decreto Supremo N.° 003-97-TR. 7. Sin embargo, luego que la empresa demandada le notificara al recurrente la carta notarial de preaviso, de fecha 14 de enero de 2008, donde se le hace de conocimiento la comisión de la falta grave, otorgándole el plazo previsto de acuerdo a ley para que efectúe el descargo correspondiente (que no realizó), el recurrente se apersonó a su centro de trabajo con fecha 18 de enero de 2008, pero se le impidió el ingreso, conforme se aprecia en el acta de verificación de despido arbitrario y con el Infórme [...] de fechas 18 y 21 de enero, respectivamente [...]; posteriormente, la demandada, mediante la carta notarial de fecha 24 de enero de 2008, manifestó su voluntad de dar por extinguida la relación laboral con el actor. (Exp. N.° 00832-2009-PA/TC, de 29-09-2010 [Web: 21-10-2010 / EP: 21-12-2010], ff. jj. 5, 6 y 7. Texto completo; ). § 97. El derecho de defensa constituye un derecho fundam ental de naturaleza procesal, que conforma el ám bito del derecho al debido proceso (inc, 14). 13. [El derecho al] debido proceso y los derechos que conforman su contenido esencial están garantizados no solo en el seno de un proceso judicial, sino también en el ámbito del procedimiento administrativo. El debido procedimiento administrativo supone, en toda circunstancia, el respeto, [tanto] por parte de la administración pública [como la] privada, de todos los principios y derechos normalmente protegidos en el ámbito de la jurisdicción común o especializada, a los cuales se refiere el artículo 139 de la Constitución. 14. Bajo esa premisa, el derecho de defensa constituye un derecho fundamental de naturaleza procesal que conforma, a su vez, el ámbito del debido proceso, y sin el cual no podría reconocerse la garantía de este último. Por ello, en tanto derecho fundamental, se proyecta como principio de interdicción para afrontar cualquier indefensión y como principio de contradicción de los actos procesales que pudieran repercutir en la situación jurídica de algunas de las partes, sea en un proceso o procedimiento, o en el caso de un tercero con interés. (Exp. N.° 8605-2005-AA/TC, de 14-11-2005 [Web: 23-01-2006 / EP: 01-02-2006], ff. jj. 13-14. Texto completo: ). § 98. No perm itir el acceso al correo electrónico del trabajador, significa que el empleador ha lim itado el derecho de defensa (inc. 14). Q uinto. [...] En cuanto a la sustentación del recurso, denuncia como supuestos de infracción normativa: a) La vulneración de su derecho constitucional a un debido proceso, en el extremo de la debida motivación de las resoluciones, por inaplicación de los artículos 139 inciso 5 de la Constitución Política del Estado, 122 del Código Procesal Civil y 12° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, alegando que la Sala Superior únicamente ha tomado como referencia para dilucidar la presente controversia las afirmaciones y los hechos descritos por la demandante, pues, sin mediar medio probatorio alguno que acredite sus afirmaciones, la Sala de mérito las ha dado por ciertas de plano. Agrega que, no existe conexión lógica en las afirmaciones de la Sala Superior, en tanto que la misma considera que el no permitir el acceso al correo electrónico de la demandante, significa que la demandada ha limitado el derecho de defensa de esta [...]. Sexto. [Con] relación al agravio contenido en el literal a), de los fundamentos de la recurrida aparece que para declarar fundada la demanda, el Colegiado Superior ha merituado, entre otros, la carta de imputación de cargos [...], en la que se le atribuye a la demandante el supuesto uso indebido de los servicios de taxi, así como la carta de descargo de la demandante [...], en la que se deja constancia que no puede acceder a su cuenta de correo electrónico y que tampoco se le permitió el ingreso a las oficinas para acceder a la computadora que tenía asignada para su trabajo diario, lo cual le hubiera permitido acopiar información para elaborar su defensa y presentar su descargo; concluyendo la resolución impugnada en que el empleador lejos de realizar actos de facilitación probatoria, obstaculizó el ejercicio del derecho de defensa de la actora, siendo de vital importancia que la actora acceda a los correos electrónicos, pues, a través de los mismos se iba a demostrar que usó los servicios de taxi con la autorización respectiva, de donde se ♦ SUMMA PROCESAL CÍVÍL

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advierte que además de encontrarse debidamente motivada la sentencia impugnada, la Sala Superior ha tenido en consideración los medios de prueba ofrecidos por ambas parces, a lo que se añade que en relación al audio de la reunión de fecha 8 de noviembre de 2012, la Sala de mérito ha concluido en que a la demandante le ofrecieron renunciar a cambio de no entregarle la carta de imputación de cargos, habiéndose respetado irrestrictamente el derecho de las parces a la motivación escrita de las resoluciones judiciales, en tal sentido, al no cumplirse con los requisitos de procedencia previstos en el artículo 36 numerales 2 y 3o de la Ley N.° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, este extremo del recurso interpuesto deviene en improcedente. (Casación N.° 604-2014-Lima, de 27-06-2014, ff. jj. 5-6. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 30-01-2015, Sentencias en Casación N.° 700, p. 60140]. Texto completo: ). § 99, Es inconstitucional el despido de un trabajador que no pudo ejercer adecuadamente su derecho de defensa, al no habérsele concedido el plazo de ley para el descargo respectivo (inc. 14). 6. [Cjonforme lo expresan los demandados en sus escritos de contestación de la demanda, estos no han considerado necesario emplazar al demandante para que dentro del plazo de seis días establecido por la ley y durante las investigaciones practicadas, tuviera la oportunidad de comparecer, a ser oído, a exponer sus descargos y a ofrecer y actuar las pruebas que más convengan a su interés como trabajador de la citada empresa -entre otros aspectos- razón por la que se encuentra acreditada la violación del fundamental derecho de defensa que tiene toda persona, y a ejercerlo en un debido proceso. (Exp. N.° 795-98-AA/TC, de 06-11-1998 [Web: 17-08-1999], f- j. 6. Texto completo: ). § 100. Deber de realizar una debida notificación para garantizar el derecho a la defensa (inc, 14). 5. [El] Tribunal hace notar que la pretensión planteada consiste en evaluar si, dentro del proceso civil de obligación de dar suma de dinero (Exp. N.° 2946-2012-17), los jueces emplazados notificaron válidamente a la ahora demandante, lo cual tiene relevancia constitucional, ya que existe la incertidumbre de si se habría intervenido el contenido esencial del derecho de defensa, que debió ser analizado en sede de la justicia ordinaria, (Exp. N.° 01735-2014-PA/TC, auto de 18-03-2015, £ j. 5 [Web: 06-09-2017]. Texto completo: ). § 101. La no identificación de los hechos que configuran la supuesta comisión de la falta grave, atenta contra el principio de tipicidad y el derecho a la defensa (inc. 14). 6. [La] circunstancia de que las respectivas cartas de imputación que la demandada notificó a los demandantes no identificaran los hechos que configuraban la supuesta comisión de la falta grave, así como la ausencia de medios probatorios que los acrediten, atentaron contra el derecho a la defensa de los demandantes amparado por eí artículo 2 inciso 23) y del artículo 139 inciso 14) de la Constitución [...]. 7. [La] tipicidad de la falta y el derecho de defensa, son aspectos constitutivos del debido proceso amparado por el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución, en la medida que garantizan estándares mínimos de justicia que, junto a otros que ío conforman, hacen posible una tutela judicial válida y legítima. Por consiguiente, si conforme se afirmó en fundamentos anteriores, el acto de la demandada resultó lesivo de la tipicidad de la falta y del derecho de defensa, es además el derecho al debido proceso, el que ha resultado conculcado. Circunstancia esta que permite, a este supremo intérprete de la Constitución, reiterar la plena eficacia, erga omnes , de los derechos fundamentales es de orden procesal, constitutivos del denominado Derecho Constitucional Procesal, también en el seno de las instituciones privadas -como es el caso de la demandada- en mérito a la eficacia ínterprivatos o eficacia frente a terceros, del que ellos se hallan revestidos, como todo derecho constitucional; por lo que, en consecuencia, cualquier acto que, dentro de aquel ámbito, pretenda conculcar o desconocerlos, como el de la demandada, resulta inexorablemente inconstitucional. (Exp. N.° 1112-98-AA/TC, de 21-01-1999 [Web: 17-08-1999], £F. jj. 6-7. Texto completo: ). § 102. Derecho a ser oído en audiencia pública. Derecho de defensa. Nueva convocatoria de vista de causa si esta se frustró por huelga jud icial (inc. 14). D écim o . [...] [La] Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima al expedir sentencia de vista, confirmando la resolución de n o m o s & th e s is

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primera instancia que desestima la demanda, vulnera el derecho de defensa de la actora específicamente el derecho a ser oída en audiencia pública por cuanto si bien es cierto con decreto de fecha 29 de marzo de 2012 se señaló fecha para la vista de la causa el 8 de mayo de dicho año también lo es que por la huelga de los trabajadores del Poder judicial llevada a cabo desde el día 3 al 14 de mayo de 2012, como es de público conocimiento, las partes procesales no pudieron ingresar a los recintos de la sala de audiencia consecuentemente al dictarse sentencia sin reprogramar la fecha de la vista de la causa a fin de que ios interesados puedan rebatir el tema controvertido se ha vulnerado lo dispuesto por el artículo 131 primer párrafo del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial en razón a que este acto judicial es una forma de control respecto a las decisiones judiciales toda vez que va a permitir a la parte procesal dirigirse ante el tribunal o juez competente sobre cada uno de los extremos controvertidos conocido como el “derecho a defenderse” y evidenciándose una clara afectación al derecho de acceso a la tutela judicial de la empresa demandante así como la vulneración del derecho al debido proceso consagrado en el artículo 139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política de Estado debe declararse fundado el recurso y expedirse nueva resolución. (Casación N.° 2420-2012-Lima, de 03-072013, f. j. 10. Sala Civil Transitoria [EP, 02-01-2014, Sentencias en Casación N.° 687, p. 46773]. Texto completo: ). § 103. Derecho a la defensa. La impugnación de la obligación del pago de intereses por el banco quien no es parte de la relación jurídico-procesal original, debe ser objeto de otro proceso. 5- Este Colegiado considera que la obligación de pago de intereses exigido por el IPSS, actualmente ESSAL'UD, debe ser necesariamente materia de un proceso en el que sea debidamente emplazado el Banco de la Nación y en el que se determine, mediante sentencia firme, la procedencia de dicha obligación. 6. Uno de los derechos constitucionales que forman parte del debido proceso es el derecho de defensa, reconocido en el inciso 14) del artículo 139° de la Constitución. El Tribunal ha declarado que “El debido proceso está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deban aplicarse a todos los casos y procedimientos existentes en el Derecho” (STC 071-2002-AA/TC), y que “Por virtud de él se garantiza que las personas, en la determinación de sus Derechos y Obligaciones cualquiera [que] sea su naturaleza (civil, mercantil, penal, laboral etc.), no queden en estado de indefensión” (STC 1230-2002-AA/TC). Dicho derecho garantiza, entre otras cosas, que las personas que intervienen en un proceso tengan la posibilidad de poder presentar las pruebas necesarias para acreditar los hechos que sirven de base a su pretensión. (Exp. N.° 11502004-AA/TC [Caso Banco de la Nación ], del 29-04-2005 [Web: 03-05-2005], que declara que los criterios previstos en los ff. jj, 5 y 6, entre otros, constituyen precedente vinculante inmediato]. Texto completo: ).

TÍTULO V DE LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Artículo 200: Acciones de garantía constitucional Son garantías constitucionales: 1. La Acción de Hábeas Corpus, que procede ante el hecho u omisión, por parte de cualquier autori­ dad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales conexos. 2. La Acción de Amparo, que procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los demás derechos reconocidos por la Constitución, con excepción de los señalados en el inciso siguiente. No procede contra normas leales ni contra Resoluciones Judiciales emanadas de procedimiento regular. ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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3. La Acción de Hábeas Data, que procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los derechos a que se refiere el artículo 2 o, incisos 5) y 6) de la Constitución. 4. La Acción de inconstitucional idad, que procede contra las normas que tienen rango de ley: leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, reglamentos del Congreso, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales que contravengan la Constitución en la forma o en el fondo. 5. La Acción Popular, que procede, por infracción de la Constitución y de la ley, contra los reglamentos, normas administrativas y resoluciones y decretos de carácter general, cualquiera sea la autoridad de la que emanen. 6. La Acción de Cumplimiento, que procede contra cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar una norma legal o un acto administrativo, sin perjuicio de las responsabilidades de ley. Una ley orgánica regula el ejercicio de estas garantías y los efectos de la declaración de inconstitucionalidad o ilegalidad de las normas. El ejercicio de las acciones de hábeas Corpus y de amparo no se suspende durante la vigencia de los regímenes de excepción a que se refiere el artículo 137° de la Constitución. Cuando se interponen acciones de esta naturaleza en relación con derechos restringidos o suspendi­ dos, el órgano jurisdiccional competente examina la razonabilidad y la proporcionalidad del acto restricti­ vo. No corresponde al juez cuestionar la declaración del estado de emergencia ni de sitio:

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, DE LA CORTE SUPREMA Y DE LAS CORTES SUPERIORES AMPARO {INCISO 2)

§ 104. No procede el proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta en contra de las sentencias dictadas en los procesos de amparo, pues ello im plicaría hacer ilusoria la adm inistración de justicia en m ateria de garantías constitucionales (inc. 2). Cuarto. [Los] derechos que tutela la acción de amparo, requieren necesariamente de un procedimiento sumario y expeditivo como el procedimiento especial [...] habida cuenta que “la vía procesal ordinaria frustraría el derecho a ía jurisdicción, resolvería el caso fuera de sus circunstancias, en forma [no] idónea e ineficaz” [...] que bajo estos conceptos de orden lógico y legal las demandas sobre nulidad de cosa juzgada fraudulenta, que se tramitan en la vía de conocimiento, orientadas a dejar sin efecto las sentencias que declaran fundada una demanda de amparo, en el supuesto de ser admitidas a trámite, hacen ilusoria la administración de justicia en materia de garantías constitucionales, razón por la que deben ser rechazadas liminarmente. (Casación N.° 2490-98-Junín, de 12-04-1999, f. j. 4. Sala Civil Transitoria [EP, 14-07-1999, p. 2991]. Texto completo: ). § 105. Reglas de procedencia e im procedencia del amparo arbitral. Objeto del ejercicio del control difuso de constitucionalidad en la jurisdicción arbitral (inc. 2). Véase ía jurisprudencia del artículo 3o del Decreto Legislativo N.° 1071, Decreto Legislativo que norma el arbitraje [§ 4479]. (Exp. N.° 00142-2011-PA/TC, del 21-09-2011 [Web: 26-09-2011 / EP: 05-10-2011], que declara que los criterios previstos en los ff. jj. 20, 21 y 26, constituyen precedente vinculante inmediato]. Texto completo: ). § 106. Carece de interés para obrar en un proceso de im pugnación de acto o resolución adm inistrativa, el actor que por los mismos hechos ha interpuesto acción de amparo (inc. 2). Véase la jurisprudencia del artículo 57° del Código Procesal Civil [§ 665]. (Exp. N.° 23-95, de 12-05-1995, ff. jj. 3 y 5. Tercera Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ). n o m o s & th e s is

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§ 107. Amparo en contra de un auto de im procedencia del recurso de casación. Recurrente aduce que la S ala dem andada, a! declarar la im procedencia de su recurso de casación, no podía ni debía efectuar análisis alguno sobre el fondo de la controversia (indicar sí la norma es no aplicable al caso), y a que ello solo podía efectuarse luego de realizada la vista de la causa (inc. 2). Véase la jurisprudencia del artículo 392° del Código Procesal Civil [§ 2568]. (Exp. N.° 02522-2009PA/TC, de 06-11-2009 [Web: 15-12-2009], fF. jj. 1-3. Texto completo: ). PRINCIPIO DE RAZO HABILIDAD (ÚLTIMO PÁRRAFO)

§ 108. La razonabilidad comporta una adecuada relación Iógico-axiológica entre la circunstancia motivante, el objeto buscado y eí medio empleado (último párrafo). 35. [...] [Según] el principio de razonabilidad [...], las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de ios límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que se deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. La razonabilidad implica que el acto estatal debe mantener su justificación lógica y axiológica en los sucesos o circunstancias que fueran. Así, la doctrina exige que se produzca una consonancia entre el hecho antecedente “creador” o “motivador” del acto estatal y el hecho consecuente derivado de aquél. En consecuencia, la razonabilidad comporta una adecuada relación iógico-axiológica entre la circunstancia motivante, el objeto buscado y el medio empleado. Por otro lado, la razonabilidad puede ser analizada desde una doble perspectiva: cuantitativa y cualitativa. La razonabilidad cuantitativa pondera el contenido del proceso discursivo o inferente que concluye con una proposición lógica y axiológicamente válida. Su fundamentación apuesta a la adecuación entre el hecho desencadenante del acto estatal y eí resultado de este en cuanto a su magnitud numérica, dineraria, aritmética, etc. La razonabilidad cualitativa pondera el proceso discursivo o inferente que concluye con una regla simétrica o asimétrica de asignación de facultades, derechos, deberes, deberes o servicios, según sean iguales o diferentes los hechos generados por las personas. Así, su objeto será la determinación de consecuencias jurídicas homologas para aquellos que se encuentren en idénticas circunstancias, y distintas para los que se hallen en disímiles circunstancias. Eí acto estatal debe acreditar la necesaria disposición o correspondencia entre la causa que lo origina y el efecto buscado. Existe, entonces, la necesidad de acreditar coherencia y equilibrio entre el antecedente que origina el acto estatal y la consecuencia derivada de aquél. La doctrina plantea la verificación Iógico-axiológica de una proposición jurídica bicondicional; esto es, que se justifique la asignación de derechos, facultades, deberes o sanciones, si y solo sí guardan armonía y sindéresis con los hechos, sucesos o circunstancias predeterminantes. [...] (Exp. N.° 0090-2004-AA/TC, de 05-07-2004 [Web: 12-07-2004], £ j. 35. Texto completo: ). § 109. Razonabilidad y arbitrariedad (último párrafo). 12. El requisito de razonabilidad excluye la arbitrariedad. La idea que confiere sentido a la exigencia de razonabilidad es la búsqueda de la solución justa de cada caso. Por lo tanto, [...] “una decisión arbitraria, contraria a la razón (entendiendo que en un sistema de derecho positivo la razonabilidad de una solución está determinada por las normas y principios que lo integran, y no solo por principios de pura razón), es esencialmente antijurídica”. Por lo mismo, las determinaciones administrativas que se fundamentan en la satisfacción del interés público son también decisiones jurídicas, cuya validez corresponde a su concordancia con el ordenamiento jurídico. En ese orden de ideas, tales decisiones, incluso cuando la ley las configure como “discrecionales”, no pueden ser “arbitrarias”, por cuanto son sucesivamente “jurídicas” y, por lo tanto, sometidas a las denominadas reglas de la “crítica racional”. El concepto de arbitrario apareja tres acepciones igualmente proscritas por el derecho: a) lo arbitrario entendido como decisión caprichosa, vaga e infundada desde la perspectiva jurídica; b) lo arbitrario entendido como aquella decisión despótica, tiránica y carente de toda fuente de legitimidad; y c) lo arbitrario entendido como contrario * SUMMA PROCESAL CÍViL

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a los principios de razonabilidad y proporcionalidad jurídica. De allí que, desde el principio del Estado de Derecho, surgiese el principio de interdicción de la arbitrariedad, el cual tiene un doble significado: a) En un sentido clásico y genérico, la arbitrariedad aparece como el reverso de la justicia y el derecho. b) En un sentido moderno y concreto, la arbitrariedad aparece como lo carente de fundamentación objetiva; como lo incongruente y contradictorio con la realidad que ha de servir de base a toda decisión. Es decir, como aquello desprendido o ajeno a toda razón de explicarlo. En consecuencia, lo arbitrario será todo aquello carente de vínculo natural con la realidad. [...] (Exp. N.° 0090-2004-AA/ TC, de 05-07-2004 [Web: 12-07-2004], f. j. 12. Texto completo: ). § 110. Determinación del nivel de justicia o razonabilidad de una decisión. 11. Determinar el nivel de justicia o razonabilidad de una decisión no es, sin embargo, y cualquiera que sea el ámbito de donde provenga, algo que pueda medirse conforme a un juego o interpretación sustentada en la libre discrecionalidad. En realidad, depende de varios factores que, aunque en ocasiones pueden darse por separado, también pueden presentarse de modo concurrente, siendo pertinente mencionar, como supuestos en los que procedería el control en salvaguarda del debido proceso sustantivo: a) el respeto o sujeción a los derechos y valores constitucionales, b) la interdicción a la arbitrariedad, c) la exigencia de sentido común o racionalidad en la toma de decisión. (Exp. N.° 02698-2012-AA/TC, de 12-10-2012 [Web; 10-07-2012], f. j. 11, Texto completo: ). PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD (ÚLTIMO PÁRRAFO)

§ 111. Principio de proporcionalidad: estructura (último párrafo). 18. El principio de proporcionalidad [...] está estructurado por tres subprincipios: de necesidad, de adecuación y de proporcionalidad en sentido estricto. “De la máxima de proporcionalidad en sentido estricto se sigue que los principios son mandatos de optimización con relación a las posibilidades jurídicas. En cambio, las máximas de la necesidad y de la adecuación se siguen del carácter de los principios como mandatos de optimización con relación a las posibilidades fácticas". Esto supone que cuando el Tribunal se enfrenta a un caso donde existe conflicto entre dos principios constitucionales, deberá realizar no solo un ejercicio argumentativo enjuiciando las disposiciones constitucionales en conflicto (ponderación), sino también deberá evaluar también todas las posibilidades fácticas (necesidad, adecuación), a efectos de determinar si, efectivamente, en el plano de los hechos, no existía otra posibilidad menos lesiva para los derechos en juego que la decisión adoptada. (Exp. N.° 2192-2004-AA/TC, de 11-10-2004 [Web: 09-02-2005], f. j. 18. Texto completo: ). § 112. El principio de proporcionalidad constituye un test o canon de valoración para evaluar actos estatales que inciden sobre derechos subjetivos (último párrafo). 3. En primer lugar, cabe precisar que el principio de proporcionalidad constituye un test o canon de valoración para evaluar actos estatales que inciden sobre derechos subjetivos (constitucionales o simplemente legales). Se trata de una técnica a partir de la cual el juzgador puede evaluar si la intromisión estatal en el ámbito de los derechos resulta, o no, excesiva. [...] (Exp. N.° 0760-2004-AA/TC, de 29-12-2003 [Web: 02-032006], f. j. 3. Texto completo: ). § 113. La proporcionalidad exige la existencia indubitable de una conexión directa, indirecta relacional entre causa y efecto. La proporcionalidad es una modalidad más de la razonabilidad (razonabilidad instrumental) (último párrafo). 35. [...] La proporcionalidad exige la existencia indubitable de una conexión directa, indirecta y relacional entre causa y efecto; vale decir, que la consecuencia jurídica establecida sea unívocamente previsible y justificable a partir del hecho ocasionante del acto estatal. En consecuencia, la proporcionalidad lo será cuando la razón del efecto sea dedudble de la causa, o previsible a partir de ella. Ahora bien, más allá de la convención doctrinaria y

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que admite su autonomía como concepto, en puridad, la proporcionalidad es una modalidad más de la razonabilidad (razoHabilidad instrumental). (Exp. N.° 0090 -2 004-AA/TC, de 05-07-2004 [Web: 12-07-2004], f. j. 35. Texto completo: ).

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CÓDIGO PROCESAL CIVIL

TÍTULO PRELIMINAR Artículo I: Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva Toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso.

PRECEDENTE DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 114. Debido proceso y cosa juzgada fraudulenta. P rim ero. [Cjuando la controversia en sede judicial se relacione con el estadio de la cosa juzgada fraudulenta, no cabe duda [de] que esta se vincula de manera categórica con el debido proceso, que en nuestro sistema legal está relacionada de la misma manera con la tutela jurisdiccional efectiva a tenor de lo establecido en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado. (Casación N.° 288-2005-Cusco, de 05-05-2005 [EP, 02-05-2006], f. j. 1, que constituye precedente de observancia obligatoria en el modo y forma previsto en la ley. Sala Transitoria de Derecho Constitucional y Social. Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA, DE LAS CORTES SUPERIORES Y DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL A. DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA

§ 115. La tutela jurisdiccional efectiva forma parte del conjunto de garantías de las cuales goza el justiciable en función de su derecho al debido proceso. P rim ero. [El] derecho al debido proceso es un conjunto de garantías de las cuales goza el justiciable, que incluyen, la tutela jurisdiccional efectiva, la observancia de la jurisdicción y de la competencia predeterminada por Ley, la pluralidad de instancias, la motivación y la logicidad de las resoluciones, el respeto a los derechos procesales de las partes (derecho de acción y de contradicción, entre otros. (Casación N.° 4683-2007-Santa, de 24-012008, f. j. 1. Sala Civil Permanente [EP, 03-09-2008, p. 22899]. Texto completo: ). § 116. Contenido complejo y omnicomprensivo del derecho ala tutela jurisdiccional efectiva.

P rim ero. [El] debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva constituyen derechos fundamentales de la persona reconocidos en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política [...], por cuanto el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva tiene un contenido complejo y omnicomprensivo que está integrado por el derecho de acceso a la jurisdicción y al proceso, el derecho al debido proceso y a la efectividad de las decisiones judiciales. (Casación N.° 864-07-Huaura, de 22-10-2007, f. j. 1. Sala Civil Transitoria [EP, 02-12-2008, p. 23504]. Texto completo: ). § 117. La legitimidad para obrar se encuentra ínsita en el artículo VII CC y guarda relación con el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Véase la jurisprudencia del artículo IV del Código Procesal Civil [§ 219]. (Casación N.° 1470-2014-Arequipa, de 03-06-2015, f. j. 8. Sala Civil Transitoria [EP, 02-05-2016, Sentencias en Casación N.° 713, p. 76072]. Texto completo: ). ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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§ 118. El derecho a látatela jurisdiccional efectiva no exime del cumplimiento de los presupuestos procesales y las condiciones de acción. Primero. [El] derecho a la tutela jurisdiccional efectiva no exime del cumplimiento de los presupuestos procesales y las condiciones de la acción, a fin de poder establecer una relación procesal válida y emitirse un pronunciamiento sobre el fondo del asunto. [.„] Cuarto. [El] artículo 3 del Código adjetivo dispone que el ejercicio del derecho de acción es sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos procesales, dentro de los cuales se encuentran los presupuestos procesales; en ese sentido, al no haberse verificado cumplimiento de dichos requisitos, el agravio referido a la vulneración deí derecho de acción carece de base real. (Casación N.° 1169-99-Lima, de 09-12-1999, ff. jj. 1 y 4. Sala Civil [EP, 20-012000, p. 4608], Texto completo: ). § 110. El derecho a la tutela jurisdiccional se agota cuando las partes, m ediante el derecho de acción, hacen valer sus pretensiones al incoar la demanda, contestar la m ism a o reconvenir. N oveno . [El] derecho a la tutela jurisdiccional es un concepto abstracto distinto a la relación material discutida en el proceso, y se agota cuando las partes mediante el derecho de acción hacen valer sus pretensiones al incoar la demanda, contestar la misma, al reconvenir, y de acuerdo a otras formas procesales para hacerla valer conforme prevé la ley procesal, por tanto el sentido de fallo justo o injusto no depende de esta institución procesal sino de otras categorías sustanciales y procesales que se desenvuelven en el proceso y terminan con la sentencia [...]. (Casación N.° 1864-96-Lima, de 24-021998, f. j. 9. Sala Civil [EP, 16-05-1998, p. 1043]. Texto completo: ). § 120. Irregular actuación del órgano jurisdiccional han colocado a la actora en una indefinida situación de indefensión atentando contra su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Q uinto. [Esta] Suprema Sala estima que ha sido el propio órgano jurisdiccional que, en virtud a una errada interpretación de la naturaleza del proceso de amparo y del contenido de la sentencia dictada en él, motivó a que la actora acudiera a la vía común para hacer valer el derecho reconocido por la sentencia de amparo y si bien es verdad aposteriori el proceso de amparo, en su etapa de ejecución de sentencia, parece reordenarse, ello no puede enervar el proceso promovido por la demandante en busca ciara del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva prevista en el artículo 139° inciso 3 de la Constitución Política del Estado; y, el artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil, que inicialmente, en ejecución de una sentencia de amparo, se le denegó; máxime si no deja de parecer en cierta forma irregular, en el campo del derecho procesal, que las últimas resoluciones de los Jueces de amparo contravengan resoluciones anteriores de igual nivel jerárquico y que además ya habían adquirido la calidad de cosa juzgada formal, no siendo extraño entonces que eventualmente, a través de nuevas resoluciones en dicho proceso, nuevamente se deniegue a la demandante su petición de requerimiento de entrega de bien; colocando a la actora en una indefinida situación de indefensión por parte de este mismo Poder del Estado quien, por el contrario, por imperio de la Constitución Política del Estado está llamado a proteger sus derechos; consecuentemente, existió en la actora interés para obrar al presentar la presente demanda; de tal modo que corresponde que la Sala Revisora dicte nueve sentencia sobre el fondo d éla pretensión. (Casación N.° 2052-2007-Ica, de 05-05-2008, f. j. 5. Sala Civil Transitoria [EP, 04-02-2009, p. 24293]. Texto completo; ). § 121. Tutela jurisdiccional efectiva; el hecho de que adm inistrativam ente se reconozca el mejor derecho de posesión a los demandantes, no im pide que también obtengan dicho reconocimiento a través de un proceso judicial. T ercero . [La] circunstancia de que administrativamente se haya reconocido a los demandantes el mejor derecho de posesión, no puede impedir que también obtengan dicho reconocimiento a través de un proceso judicial, porque ello sería negar el derecho a la tutela jurisdiccional a que se refiere el artículo I del Título Preliminar del Código [Procesal Civil]. (Casación N.° 3082-98-Lima, de 18-06-1999, f. j. 3. Sala Civil Permanente. Texto completo; ). § 122. La paralización de las labores judiciales por una huelga no puede atribuirse a las partes, de lo contrario vulneraria la tutela jurisdiccional efectiva. O ctavo. [En] este caso, la demanda fue presentada antes de los dos años de su prescripción liberatoria, inclusive el auto admisorio data del 19 n o m o s & th e s ís

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de noviembre de 2007.- pero el emplazamiento de la demanda recién se realizó el 16 de enero de 2008, debido a la huelga de los trabajadores del Poder Judicial, según se precisa en el considerando tercero. La paralización de labores judiciales no es atribuible a las partes, configurándose un supuesto de fuerza mayor, caso contrario se infringe el principio de la tutela jurisdiccional efectiva. (Casación N.° 39952009-Lima, de 07-10-2010, f. j. 8. Sala Civil Permanente [EP, 03-05-2011, Sentencias en Casación N.° 640, p. 30128]. Texto completo: ). § 123. Derecho a la tutela jud icial efectiva: los derechos subjetivos de los justiciables solo pueden ser válidam ente determinados por el juez jurisdiccional y no por la autoridad adm inistrativa. [El] derecho a la tutela judicial efectiva de los Jueces y Tribunales constituye parte del debido proceso legal como garantía de la Administración de Justicia prevista en los artículos 138 y 139 de la Constitución del Estado y artículo 7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; que, de conformidad con el artículo 1 de la citada ley especial, la potestad de administrar justicia, esto es, de hacer la determinación de los derechos subjetivos de los justiciables solo puede ser detenida por la autoridad judicial dentro del proceso de conocimiento que sea sometida su decisión; que, la decisión administrativa de demolición que contiene la Resolución N.° 184-87 sin duda alguna afecta los derechos de los demandantes, los que solo pueden ser válidamente determinados por el Juez Jurisdiccional y no por la autoridad administrativa; que, siendo esto así, el acto jurídico que contiene la resolución que se impugna, es nulo, por cuanto el fondo de la controversia es eminentemente civil, entre dos particulares sobre una relación jurídica de derecho privado legislada por el ordenamiento jurídico sustantivo. (Exp. N.° 1250-94, de 17-01-1996. Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: GJ, 38, 1997, p. 29-A). ^ _ § 124. El derecho al debido proceso y el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva son dos derechos distintos entre sí. Véase infra [§ 137]. (Casación N.° 2329-00-Huánuco, de 26-10-2000, f. j. 2. Sala Civil Permanente [EP, 02-01-2001, p. 6664]. Texto completo: ). § 125. Remisión. Véase también la jurisprudencia del inciso 3 del artículo 139° de la Constitución: derecho a la tutela jurisdiccional efectiva (§ 17 ss.), derecho de acceso a la justicia (§ 23 ss.), derecho al debido proceso (§ 38 ss.), derecho a un juez imparcial (§ 54 ss.), derecho a un proceso sin dilaciones indebidas (§ 57 ss.), derecho a la ejecución de las sentencias (§ 60 ss.) y derecho a la prueba (§ 69 ss.). B. DEBIDO PROCESO

§ 126. Definición de debido proceso. P rim ero. [El] derecho a un debido proceso se entiende como el derecho fundamenta! de los justiciables, el cual no solo les permite acceder al proceso ejercitando su derecho de acción, sino también el usar mecanismos procesales preestablecidos en la ley con el fin de defender su derecho durante el proceso y conseguir una resolución emitida con sujeción a la ley. (Casación N.° 799-99-Arequipa, de 30-09-1999, f, j. 1. Sala Civil [EP, 20-11-1999, p. 4030]. Texto completo: ). § 127- Función del debido proceso. P rim ero . [El] debido proceso tiene por función asegurar los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Estado, dando a toda persona la posibilidad de recurrir a la justicia para obtener la tutela jurisdiccional de los derechos individuales a través de un procedimiento legal en el que se dé oportunidad razonable y suficiente de ser oído, de ejercer el derecho de defensa, de producir prueba y de obtener una sentencia que decida la causa dentro de un plazo preestablecido en la ley procesal. (Casación N.° 1772-2010-Lima, de 20-06-2011, f. j. 1. Sala Civil Transitoria [EP, 02-11-2011, Sentencias en Casación N.° 653, p. 31930]. Texto completo: ). § 128. Supuestos que vulneran el debido proceso. D écim o S egu n do , [La] vulneración del debido proceso se configura entre otros supuestos en casos en los que no se han respetado en el desarrollo del proceso los derechos procesales de las partes, se han obviado o alterado actos de procedimiento o * SUMMA PROCESAL C IV ll

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si ia tutela jurisdiccional no ha sido efectiva y/o se deja de motivar las decisiones o esta se realiza en forma incoherente en clara transgresión de la normativídad vigente y de los estadios superlativos del procedimiento [...]. (Casación N.° 3027-2014-Puno, de 31-08-2015, £ j. 12. Sala Civil Transitoria [EP, 02-05-2016, Sentencias en Casación N.° 713, p. 76129]- Texto completo: ). § 129. El derecho al debido proceso en su dimensión formal. S egundo. El derecho a un debido proceso supone desde su dimensión formal ia observancia rigurosa por todos los que intervienen en un proceso, de las normas, de los principios y de las garantías que regulan el proceso como instrumento de tutela de derechos subjetivos, cautelando sobre todo el ejercicio absoluto del derecho de defensa de las partes en litigio. Desde su dimensión sustantiva se le concibe cuando la decisión judicial observa ios principios de razonabilidad y proporcionalidad. (Casación N.° 178-2009-Huancavelica, de 17-012011, ff. jj. 5 y 6. Sala Civil Transitoria [EP, 30-06-2011, Sentencias en Casación N.° 643, p. 30356]. Texto completo: ). § 130. Violación a la tutela jurisdiccional y al debido proceso por la nueva valoración del juez de lo actuado. [De] la revisión de lo actuado se observa que la demanda [...] interpuesta por [los demandantes] fue admitida por el Juzgador [...]; que [...] la [inmobiliaria] demandada [...] contesta la demanda; posteriormente los demandantes mediante [...] escrito [..,] solicitan que la demanda se entienda con los terceros, ocupantes del predio sublitis, motivando que [..,] el Juez proceda a calificar nuevamente ía demanda declarando su improcedencia, para lo cual prejuzga el valor de la prueba presentada, violando así, la ordenación de los actos procesales que corresponden al proceso de conocimiento, con lo cual se ha infringido lo previsto en el artículo I del Título Preliminar del citado código adjetivo [...]. (Casación N.° 87-96-Lima, de 09-05-1997. Sala de Derecho Constitucional y Social [EP, 04-12-1997, p. 165]. Texto completo: ). § 131. Si la sentencia se fundamenta en una norma derogada, se vulnera el derecho al debido proceso. Q uinto. [El] Reglamento General de los Registros Públicos [...] publicado el 29 de mayo de 1968, fue derogado por la Tercera Disposición Final de la Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N.° 195-2001-SUNARP-SN, que entró en vigencia el 1 de octubre, de 2001; en tal sentido al haber fundamentado el Superior Colegiado su fallo de fecha 13 de diciembre de 2001 de conformidad con el citado Reglamento invocando sus artículos 122 y 123, que versan sobre el procedimiento registral, se ha vulnerado el debido proceso al erguirse la sentencia recurrida sobre una norma legal que ha perdido eficacia al haber sido derogada con arreglo a Ley. (Casación N.° 207-2002-Camaná, de 17-06-2003, f. j. 5. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 30-06-2004], Texto completo: ). § 132. El debido proceso: derecho a ser oído. P rim ero. [El] debido proceso tiene la función de asegurar los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, otorgándole a toda persona la posibilidad de recurrir a la justicia para obtener la tutela jurisdiccional de los derechos individuales, a través de un procedimiento legal en que se dé oportunidad razonable y suficiente de ser oído, ejercer el derecho de defensa, producir prueba y de obtener una sentencia que decida la cansa con arreglo a Ley. S egundo. [La] contravención al derecho al debido proceso, entendida como aquel estado de anormalidad del acto procesal, originado en la carencia de algunos de sus elementos constitutivos o en vicios existentes sobre ellos, que potencialmente lo colocan en situación de ser declarado judicialmente inválido es sancionado ordinariamente con la nulidad procesal. (Casación N.° 828-2007-Lima, de 1909-2007, ff. jj. 1 y 2. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 01-04-2008, p. 21897]. Texto completo: ). § 133. Integración de la relación jurídica procesal como garantía del debido proceso. Cuarto. [La] resolución recurrida, al emitir el pronunciamiento cuestionado, no incurre en el agravio alegado [violación del debido proceso], y más bien garantiza el debido proceso, cautelando el derecho de defensa de quienes necesariamente deben integrar ía relación procesal, en atención a lo previsto en

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TÍTULO PRELIMINAR

Art. I

los artículos I del Título Preliminar del Código Procesal Civil y 279, en su segunda parte del Código Civil. (Casación N.° 567-95-La Libertad, de 04-12-1997, f. j. 4 [EP, 30-12-1997, p. 224]. Texto completo: ). § 134. La contravención al debido proceso es sancionada ordinariam ente por el Juzgador con la nulidad procesal. N oveno. [La] contravención al debido proceso es sancionada ordinariamente por el juzgador con la nulidad procesal, y se entiende por esta, aquel estado de anormalidad del acto procesal, originado en la carencia de alguno de los elementos constitutivos, o en vicios existentes sobre ellos, que potencialmente los coloca en situación de ser declarado judicialmente inválido; existiendo la posibilidad de la sanción de nulidad de oficio cuando el vicio que se presenta tiene el carácter de insubsanable. (Casación N.° 2190-2010-Lambayeque, de 25-05-2011, f. j. 9. Sala Civil Transitoria [EP, 03-11-2011, Sentencias en Casación N.° 654, p. 31955]. Texto completo: ). § 135. La falta de motivación es un agravio que debe ser denunciado a través de la causal de afectación al derecho a un debido proceso y no de inaplicación de normas de derecho material. 3.° [La] falta de motivación jurídica en la sentencia de vista es un agravio que debe ser denunciado a través de la causal de afectación al derecho a un debido proceso, no siendo posible denunciar tal agravio a través de la causal de inaplicación de normas de derecho material. (Casación N.° 2335-99-Lamabayeque, de 03-11-1999, f. j. 3. Sala Civil [EP, 23-12-1999]. Texto completo: ). § 136. Omisión de poner en conocimiento de alguna de las partes las resoluciones recaídas en el proceso constituye una afectación al debido proceso. C uarto . [Se] contraviene el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio de la defensa con arreglo a un debido proceso cuando se omite poner en conocimiento de alguna de las partes las resoluciones recaídas en el proceso [...]. (Casación N.° 2340-97-Lima, de 05-06-1998, f. j. 4 [EP, 02-10-1998, p. 1723]. Texto completo: ). § 137. El derecho al debido proceso y el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva son dos derechos distintos entre sí. 2.° [El] derecho al debido proceso y el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva son dos derechos distintos entre sí, teniendo cada uno de ellos su propio contenido, por ende, no se puede alegar que ha existido contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso por haberse afectado el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, estando este último referido al derecho de toda persona a acceder a los órganos jurisdiccionales, tal como se ha establecido en la Casación N.° 1864-96 [§ 110], de fecha 24-02-1998, en donde se señala que el derecho a la tutela jurisdiccional se agota cuando las partes mediante el derecho de acción hacen valer sus pretensiones al incoar la demanda, contestar la misma, al reconvenir y de acuerdo a otras formas procesales para hacerla valer conforme prevé la ley procesal, en ese sentido, además que la recurrente ha confundido ambos derechos, ella ha contestado la demanda planteada en su contra, por lo que no se ha visto afectado su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva [...]. (Casación N.° 2329-00-Hnánuco, de 2610-2000, f. j. 2. Sala Civil Permanente [EP, 02-01-2001, p. 6664], Texto completo: ). § 138. Las normas que garantizan el derecho a un debido proceso son de naturaleza trascendente. Sexto. [Las] normas que garantizan el derecho a un debido proceso son de naturaleza trascendente, cuya trasgresión no solo debe atentar contra las reglas esenciales del procedimiento preestablecido sino también contra las garantías de la administración de justicia, que a su vez garantiza ia eficacia y validez del propio proceso [...]. (Casación N.° 109-94-Lima, de 10-11-1994, f. j. 6. Sala Civil. Texto completo: ). C. DERECHO A LA PRUEBA

§ 139. Derecho a la oportunidad de probar los hechos que alega como una faceta del debido proceso. Dentro de las facetas procesales del debido proceso debe considerarse el derecho * SUMMA PROCESAL CIVIL

A lt i

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que tiene todo justiciable a tener la oportunidad de probar los hechos que alega. En un proceso de conocimiento, si el juez en la Audiencia de Conciliación (saneamiento probatorio) no admitió las pruebas del demandado y este no concurrió a tal audiencia, al encontrarse impedido por razones de salud acreditado en autos, se ha violado el debido proceso al privarse al demandado el derecho a tener oportunidad probatoria, de consiguiente existe suficiente causal de nulidad inconvalidable según el principio de finalidad incumplida previsto en el art. 171 primer párrafo, in fin e, del Código Procesal Civil. (Exp. N.° 699-95-N, Res. N.° 5, de 31-10-1995, sumilla. Primera Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Arequipa. Texto completo: ). § 140. Remisión. Véase también, sobre los alcances constitucionales del derecho al debido proceso, la jurisprudencia del inciso 3 del artículo 139° de la Constitución (§ 38 ss.). D. DERECHO DE DEFENSA

§ 141. El derecho de defensa, como principio y garantía de la tutela jurisdiccional. B ilateralidad de audiencia (a u d ita r e t a ltera p a rís). S egundo. [El] derecho de defensa, como principio y garantía de la tutela jurisdiccional, en esencia se basa en el tradicional brocárdico “auditur et altera pa rís” o bilateralidad de audiencia, que se sustenta en el principio de igualdad procesal, el cual asegura a ambos contendientes que participan en el proceso la oportunidad de ser oídos y producir pruebas [...]. (Casación N.° 626-97-Áncash, de 12-08-1998, f. j. 2. Sala Civil Permanente [EP, 15-10-1998, p. 1927]. Texto completo: ). § 142. El derecho de defensa como principio y garantía de la tutela jurisdiccional se sustenta en el principio de la igualdad procesal. S egundo. [El] derecho de defensa como principio y garantía de la tutela jurisdiccional se sustenta en el principio de la igualdad procesal, el cual asegura a las partes que participan en el proceso a ser oídos y presentar pruebas. (Casación N.° 124l-97-Lim a, de 18-091998, f. j. 2. Sala Civil [EP, 26-11-1998, p. 2119]. Texto completo: ). § 143. La falta de notificación de la resolución que fija la fecha de la vista de la causa no necesariamente afecta el derecho a la defensa. El proceso contencioso administrativo es primordialmente escrito, no siendo parte de su naturaleza la oralidad. N oveno. [...] [El] proceso contencioso administrativo se ha establecido como uno primordialmente escrito, no siendo parte de su naturaleza la oralidad, la cual es considerada por la norma procesal que lo rige como una facultad y no una obligación de las partes. Si bien es deber del órgano jurisdiccional poner en conocimiento de los interesados la oportunidad en que pueden ejercer dicha facultad, cierto es también que el no ejercicio de la misma o inconcurrencia de la parte a la diligencia donde pueda exponer oralmente los argumentos que considere convenientes a sus intereses, no acarrea por sí mismo la nulidad de los actuados; más aún si tenemos en consideración que en estos procesos el pronunciamiento jurisdiccional se limita a lo actuado en sede administrativa y a los hechos nuevos ocurridos o conocidos con posterioridad al inicio del proceso, los cuales evidentemente deben ser comunicados al órgano jurisdiccional correspondiente. D écim o. [...] [Si] bien la resolución de fecha 25 de marzo de 2014, mediante la cual la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República fijó fecha para la realización de la vista de la causa para el 24 de abril de 2014, no fue notificada al litisconsorte casacionista, cierto es también que ello no aparece como vulnerador del derecho de defensa del recurrente, desde que lo que era materia de análisis y pronunciamiento por parte del órgano revisor no era otra cosa que lo expuesto en el Recurso de Apelación confrontado con lo actuado en sede administrativa y judicial, y el apelante a lo largo del proceso ejercitó de modo efectivo el derecho que reclama vulnerado. (Casación N.° 11132-2015-Lima, de 09-08-2017, ff. jj. 9 y 10. Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria [EP, 30-042018, Sentencias en Casación N.° 745, p. 107372]. Texto completo: ). § 144. Remisión. Véase también, sobre los alcances constitucionales del derecho de defensa, la jurisprudencia del inciso 14 del artículo 139° de la Constitución {§ 92 ss.}. n o m o s & th e s is

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Art. II

E. DERECHO AL JUEZ NATURAL

§ 145- Principio del juez natural: cuando un juez distinto del que ha tram itado el proceso debe expedir sentencia, es preciso que se avoque al conocimiento de la causa. Tercero. [U]no de los principios fundamentales del proceso es el del juez natural, es decir, que las partes conocen qué Juez va a tramitar su proceso y en todo caso quién es el Juez que lo va a sentenciar. C uarto. [P]or ello, cuando un Juez distinto del que ha tramitado el proceso debe expedir sentencia, es preciso que se avoque al conocimiento de la causa, para que los justiciables sepan quién será su juez natural que va a resolver la controversia. (Casación N.° 2732-2001-Canchis/Sicuaní, de 18-01-2002, ff. jj. 3 y 4. Sala Civil Transitoria [EP, 02-05-2002]. Texto completo: ), § 146. Las anteriores resoluciones em itidas por la sala civil no resultan vinculantes para los magistrados por tratarse de diferentes miembros. Véase la jurisprudencia del inciso 2 del artículo 139° déla Constitución [§ 14]. (CasaciónN.° 1321-07-Lambayeque, de 14-06-2007, ff. jj. 1 y 7. Sala Civil Permanente [EP, 02-01-2008, p. 21256]. Texto completo: ). § 147. Infracción del principio de juez natural. Sala civil que indebidamente absuelve el grado de apelación de la sentencia de prim era instancia pese a que existía prevención de otra sala civil del mismo distrito judicial. Véase la jurisprudencia del artículo 31° del Código Procesal Civil [§ 546]. (Casación N.° 1966-2010-Ica, de 31-08-2011, ff. jj. 5 y 6. Sala Civil Transitoria [EP, 02-01-2012, Sentencias en Casación N.° 658, p. 32570]. Texto completo: ). § 148. Remisión. Véase también, sobre el principio del juez natural, la jurisprudencia del inciso 3 del artículo 139° de la Constitución (§ 32 ss.).

Artículo II: Principios de dirección e impulso del proceso La dirección del proceso está a cargo del Juez, quien la ejerce de acuerdo a lo dispuesto en este Código. El Juez debe impulsar el proceso por sí mismo, siendo responsable de cualquier demora ocasionada por su negligencia. Están exceptuados del impulso de oficio los casos expresamente señalados en este Código.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 149. El juez como director del proceso debe actuar los m edios probatorios necesarios p ara llegar a esclarecer los hechos afirmados por las partes. U ndécim o. [Sin] perjuicio de lo expresado hasta este punto, no se puede dejar de recalcar que conforme a lo previsto en el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Civil, el juez como director del proceso, está no solo facultado, sino en alguna medida razonablemente compelido a agotar todos los medios que le permitan esclarecer los hechos y resolver el conflicto, obviamente, sin que esto signifique sustituirse a las partes. En tal sentido, el juzgador debe actuar los medios probatorios necesarios para llegar a esclarecer los hechos afirmados por las partes. (Casación N.° 530-2016-Loreto, de 25-08-2016, f. j. 11. Sala Civil Permanente [EP, 02-05-2017, Sentencias en Casación N.° 727, p. 91633]. Texto completo: ). § 150. Impulso de oficio del proceso. P rim ero. [Acorde] con la orientación publicista del Código Procesal se establece en su artículo II del Título Preliminar que el impulso del proceso está a cargo del juez, no se puede dejar de lado el carácter dispositivo del Proceso Civil. S egundo. [En tal sentido] la norma bajo comentario restringe el monopolio que antes tenían las partes para el impulso del proceso, pero no se los exime del mismo. (Casación N.° 957-96-Lima, de 31-10-1997, ff. jj. 1 y 2. Sala Civil Permanente [EP, 23-04-1998, p. 753]. Texto completo: ). ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

Art. II

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§ 151. ES juez no puede disponer de oficio la continuación del proceso si las partes no muestran interés. La inconcurrencia de ambas partes a la audiencia de pruebas acarrea la conclusión del proceso sin pronunciamiento sobre el fondo. C uarto. [La] declaración de conclusión del proceso en eí presente caso resulta ajustada a derecho, pues sí bien el juez es el director del proceso y como tal tiene el deber de disponer de todas las medidas que resulten necesarias para la efectiva solución del conflicto intersubjetivo de intereses; no es menos cierto que la disposición prevista en el artículo II del Título Preliminar del Código Procesal Civil, no autoriza al Organo Jurisdiccional a disponer la continuación de la litis aun cuando las partes no muestren interés por continuarla; antes bien, debe tenerse en cuenta que en el proceso civil la iniciativa procesal corresponde básicamente a los justiciables, de tal modo que si las partes no demuestran interés en sustanciar la litis o inasisten a las audiencias programadas, no hay razón alguna para que la autoridad jurisdiccional m otu prop rio realice nuevas convocatorias o prescinda de la Audiencia de Pruebas ya convocada, por ende, constituyendo la asistencia a la audiencia de pruebas un deber procesal de las partes. La inasistencia a la misma acarrea la declaración de conclusión del proceso sin pronunciamiento sobre el fondo del asunto. (Casación N.° 1196-2010-Lima, de 13-04-2011, f. j- 4. Sala Civil Transitoria [EP, 01-09-2011, Sentencias en Casación N.° 649, p. 31325]. Texto completo: )._ § 152. Principio de dirección del proceso. Juez no puede arrogarse la calidad de parte: el principio rector del proceso civil es el principio dispositivo. Q uinto. [...] [Si] bien el juez es el director del proceso, el principio recto[r] del proceso civil es el principio dispositivo, por lo que el juez no puede arrogarse la calidad de parte y aducir argumentos que no fueron hechos valer por las partes a través de los recursos que les franquea la ley. (Casación N.° 2935-98-Apurímac, de 26-04-1998, f. j. 5. Sala Civil Permanente [EP, 04-09-1999, p. 3428], Texto completo: ). § 153. La facultad del juez -como director del proceso- de rechazar la demanda no se lim ita al inicio del proceso, sino que incluso puede realizarse al momento de emitirse la decisión final. Tercero. [En] principio, conviene dejar establecido que eí último párrafo del artículo 121 -in fin e - del Código Procesal Civil concede al juez la facultad de pronunciase en la sentencia, excepcionalmente, respecto de la validez de la relación jurídico-procesal. Cuarto. [De] lo anterior se colige que, la facultad de rechazar la demanda en nuestro ordenamiento procesal civil, no se limita al inicio del proceso, sino que incluso puede realizarse al momento de emitirse la decisión final, inhibiéndose eí juzgador de emitir un pronunciamiento respecto del fondo de la controversia puesta a su consideración. Esta facultad es coherente con las nuevas tendencias de la teoría general del proceso que conciben al juez como director del mismo y no como un mero espectador, mostrándose como una manifestación contralora de la actividad jurisdiccional, razón por la cual puede el juzgador examinar -en cualquier estado del proceso- que la demanda puesta a su consideración sea adecuada para obtener un pronunciamiento final. {Casación N.° 1534-03-Lima, de 15-10-2003, ff. jj. 3 y 4. Sala Civil Transitoria. Texto completo: ). § 154. Si bien el juez es el director del proceso, este no puede sustituirse en el lugar de una de las partes y anular actos procesales que han sido consentidos por esta. O ctavo. [Si] bien es cierto el artículo II del Título Preliminar del Código Procesal Civil, establece que el Juez es el director del proceso, ello no invalida que la naturaleza esencial del proceso civil es de ser dispositivo, y por lo tanto, el Colegiado no puede sustituirse en el lugar de una de las partes y anular actos procesales que han sido consentidos por esta; máxime si en autos dicho sujeto procesal no ha sufrido de indefección, porque ello implicaría vulnerar el principio de igualdad entre las partes. (Casación N.° 671-99-Chincha, de 09-07-1999, f. j. 10. Sala Civil Permanente [EP, 01-09-1999, 3409]. Texto completo: ). § 155. El juez, como director del proceso, es el sujeto principal de la relación ju ríd ica procesal. S egundo. [La] tesis doctrinaria de mayor aceptación sobre la naturaleza jurídica del proceso, concibe al proceso como una relación jurídica procesal, en la que los sujetos de la misma son el n o m o s & th e s is

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actor, el demandado y el Juez -entendiéndose el juez natural-, que como director del proceso es el sujeto principal de dicha relación [...]. (Casación N.° 476-97-Lima, de 19-12-1997, f. j. 2. Sala Civil Transitoria [EP, 12-04-1998, p. 659]. Testo completo: ), § 156. El sistem a publicístico adoptado por nuestra ley procesal se ve reflejado en el impulso de oficio. D écim o S egundo. [...] b) La concepción en el sentido que necesariamente debe existir un pedido de parte para la emisión de la sentencia es ajena a la concepción publicística del proceso a la que se adhiere nuestra ley procesal, estando ello instituido en la norma del artículo II del Título Preliminar del Código Procesal Civil. [...] (Casación N.° 1938-2014-Lima Norte, de 03-08-2015, £ j. 12. Sala Civil Transitoria [EP, 01-02-2016, Sentencias en Casación N.° 711, p. 74338]. Texto completo: ). § 157. Si bien es cierto que el im pulso del proceso está a cargo del juez, no se puede dejar de lado el carácter dispositivo del proceso. Impulso de oficio del proceso en la apelación sin efecto suspensivo. P rim ero. [Si] bien es cierto que [...] el impulso del proceso está a cargo del juez, no se puede dejar de lado el carácter dispositivo del proceso civil. [...] Cuarto. [El] artículo 346 del Código Procesal Civil impone a las partes la carga de impulsar el proceso, sancionando la falta de cumplimiento de dicha carga con la declaración de abandono. [...] Sexto. [...] [En] la apelación conferida sin efecto suspensivo, ia eficacia de la resolución impugnada se mantiene; en consecuencia la tramitación del proceso en primera instancia ha debido seguir impulsándose. (Casación N.° 2198-97Ica, de 13-11-1998, ff. jj. 1, 4 y 6. Sala Civil Transitoria [EP, 03-01-1999, p. 2348], Texto completo: ). § 158. La discrecionalidad de la actuación de pruebas de oficio se convierte en deber para el juez cuando, en su condición de director del proceso, debe im pulsarlo por sí mismo. Sexto. [La] actuación de pruebas de oficio, si bien no constituye un deber del juez sino una facultad discrecional, en aquellos casos en que las pruebas existentes resultan insuficientes para causar convicción, puede ordenar en decisión motivada e inimpugnable la actuación de medios probatorios adicionales. Sin embargo, esta discrecionalidad se convierte en deber, cuando el Magistrado, en su condición de director del proceso debe impulsarlo por sí mismo conforme lo establece el artículo II del Título Preliminar del Código Procesal Civil debidamente concordado con el artículo 5 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder judicial, que enuncia: “Los Magistrados, cualquiera sea su rango, especialidad o denominación ejercen la dirección de los procesos de su competencia y están obligados a impulsarlos de oficio, salvo reserva procesal expresa” [...]. (Casación N.° 2298-2009-Piura, de 15-12-2010, f. j. 6. Sala Civil Transitoria [EP, 02-08-2011, Sentencias en Casación N.° 647, p. 30960]. Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DE LAS CORTES SUPERIORES

§ 159. Impulso del proceso. Recepción de la notificación por el abogado. S egundo. [La] recepción, por el abogado del demandante, del edicto mandado a publicar por el juzgado, [,..] no configura acto que impulse el proceso, pues no tiene como fin activar el mismo, sino únicamente cumplir con lo ordenado por el juzgado. (Exp. N.° 207-02, de 05-08-2002, f, j. 2. Cuarta Sala Civil. Corte Superior de justicia de Lima. Texto completo: ). § 160. Carga procesal e impulso del proceso. Si bien el Código Procesal Civil contiene una antinomia entre el artículo II del Título Preliminar y el numeral 346°, sin embargo, lo que realmente se sanciona con el abandono, dentro de las posibilidades que el propio Código prevé, es la negligencia manifiesta del litigante, que con su inactividad deja paralizado el proceso, si a ello se agrega que es una realidad la carga procesal que soportan los Juzgados, en donde la magnitud de ella no permite el control riguroso del desarrollo del proceso para ejercitar el impulso de oficio. (Exp. N.° 1004-97, de 23-09-1997. Tercera Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Ponentes: Cardón Lugo, Alvarez Guillen y Betancour Bossio. Referencia: CPC Bibliogr., p. 11). ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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REMISIÓN

§ 161. Sobre el juez como director del proceso. Véase también la jurisprudencia del inciso 1 del artículo 50° del Código Procesal Civil (§ 566 ss.).

Artículo III: Fines del proceso e integración de !a norma procesal El Juez deberá atender a que la finalidad concreta del proceso es resolver un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia jurídica, haciendo efectivos los derechos sustanciales, y que su finalidad abstracta es lograr la paz social en justicia. En caso de vacío o defecto en las disposiciones de este Código, se deberá recurrir a los principios generales del derecho procesal y a la doctrina y jurisprudencia correspondientes, en atención a las cir­ cunstancias del caso.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA, DE LAS CORTES SUPERIORES Y DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

A. FINES DEL PROCESO CIVIL

§ 162. Etim ología y definición del proceso civil. Cuarto. [El] proceso, del latín processus, etimológicamente significa avanzar, marchar, proceder en cierto orden, y desde el punto de vista jurídico, es conjunto ordenado y sucesivo de actos y formas, determinados por el Estado, destinados a asegurar en orden los debates; que protegen a las partes por igual, y que deben ser cumplidos a fin de obtener un pronunciamiento jurisdiccional que solucione un conflicto intersubjetivo de intereses o una incertidumbre con relevancia jurídica. Q uinto. [Cuando] se falta a alguna de las formalidades establecidas se incurriría en vicio, pues conforme al artículo IX, segundo párrafo, del Código adjetivo, las formalidades previstas son imperativas, mas el juez adecuará su exigencia al logro de los fines del proceso, por el interés social de que cumpla sus fines, determina que solo se declare la nulidad cuando se afecta las reglas esenciales del debido proceso. (Casación N.° 225-98-Cusco, de 24-11-1998, ff. jj. 4-5. Sala Civil [EP, 03-01-1999, p. 2338]. Texto completo: ). § 163. Finalidad del proceso civil. Tercero. [El] proceso es un conjunto ordenado y sucesivo de actos y formas, determinados por el Estado, que deben ser cumplidos a fin de obtener un pronunciamiento jurisdiccional válido que resuelva un conflicto intersubjetivo de intereses o una incertidumbre jurídica [...]. (Casación N.° 975-97-Lima, de 04-09-1998, f. j. 3. Sala Civil Permanente [EP, 06-10-1998, p. 1794], Texto completo: ). § 164. El juez deberá atender la finalidad concreta del proceso, el cual es resolver un conflicto de intereses o elim inar una incertidumbre, por tanto, debe proceder la acum ulación de la pretensión de suscripción de un contrato y la pretensión de otorgamiento de escritura pública. Cuarto. El juez de la causa ha declarado improcedente la demanda de Otorgamiento de Escritura Pública considerando que las pretensiones incoadas por el demandante [sobre la suscripción de un contrato de compraventa de acciones y derechos de un inmueble] no pueden ser señaladas como obligación de hacer y otorgamiento de escritura pública de conformidad con lo establecido por el artículo 1148 del Código Civil; en cuanto al ejercicio del otorgamiento de escritura pública se orienta a dar formalidad a los actos jurídicos con la finalidad de otorgarles seguridad, de tal modo que se requiere indispensablemente de la existencia de un negocio jurídico cuya solemnidad se persigue, siendo así no existe correspondencia entre los hechos expuestos y el petitorio, encuadrándose la incoada dentro de la causal de improcedencia prevista por el artículo 427 inciso 5 [hoy inciso 4] del Código Procesal Civil. [...] Sexto. El artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Civil, prescribe que el juez deberá atender a que la finalidad n o m o s & th e s ls

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concreta del proceso es resolver un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia jurídica, haciendo efectivos los derechos sustanciales, y que su finalidad abstracta es lograr la paz social en justicia. Sétim o. De lo expuesto, se advierte que las instancias de mérito arriban a una conclusión errada y niegan el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva que le asiste al recurrente, con sujeción a un debido proceso [...]. (Casación N.° 5022-201 1-Lima, de 28-11-2012, ff. jj. 4, 6 y 7. Sala Civil Transitoria [EP, 30-04-2013, Sentencias en Casación N.° 687, p. 40444], Texto completo: ). § 165- Finalidad del proceso im plica un necesario pronunciam iento sobre lo que es m edular en la litis. Sexto. [Las] normas procesales no pueden ser aplicadas ni interpretadas rígidamente porque se estaría omitiendo el principio procesal previsto en el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Civil, según el cual la finalidad del proceso que es la de resolver un conflicto Inrersubjedvo de intereses o la eliminación de una incertidumbre jurídica; esto implica un necesario pronunciamiento sobre lo que es medular en la litis [...]. (Casación N.° 454-01-Tacna, de 26-07-2001, £ j. 6. Sala Civil Transitoria [EP, 05-11-2001, p. 7846]. Texto completo: ). § 166. Finalidad concreta del proceso. P rim ero. [...] [La] finalidad concreta del proceso es resolver un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia jurídica, siendo su finalidad abstracta lograr la paz social en justicia. (Exp. N.° 411-96, de 17-05-1996, f. j. 1. Quinta Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ). § 167. El proceso no es un fin en sí mismo sino un medio p ara resolver los conflictos de intereses. P rim ero. [D]ebe tenerse presente que el proceso no es un fin en sí mismo sino un medio para resolver los conflictos de intereses; [...] de allí, que si bien existen los principios de vinculación y de formalidad de las normas procesales, también se contempla el principio de elasticidad en virtud del cual las exigencias de las citadas normas se adecuarán a los fines del proceso [...]. (Casación N.° 27872009-Lima, de 10-12-2009, f. j. 1. Sala Civil Permanente [EP, 30-07-2010, Sentencias en Casación N.° 628, p. 28219]. Texto completo: ), § 168. El logro de los fines del proceso prevalece sobre otras consideraciones. Preclusión y facultades del juez. C uarto. [La] preclusión está vinculada a la autorresponsabilidad de las partes, [...] pero no limita en este caso la facultad discrecional del Juzgador de mérito para disponer la renovación de un acto procesal, tanto si el recurso de apelación importa el de nulidad, como establecen los artículos 356, segunda parte, y 382 del Código Procesal Civil. Q uinto. [En] el caso de autos, si bien ya precíuyó la etapa probatoria, entendida como el tiempo que tienen las partes para solicitarlas y actuarlas, nada impide que el Juzgador disponga que se actúen las pruebas ofrecidas oportunamente y admitidas, pues en este caso, el logro de los fines del proceso prima sobre otras consideraciones. (Casación N.° 720-97-Lima, de 03-12-1998, ff. jj. 4 y 5. Sala Civil [EP, 01-02-1999, p. 2565]. Texto completo: ). § 169. Principio de elasticidad procesal. El proceso no es un fin en sí mismo: el juez debe adecuar la exigencia de las form alidades al logro de los fines del proceso. C uarto. [El] proceso no es un fin en sí mismo, sino el medio para obtener un pronunciamiento, y si bien sus formalidades son imperativas, el juez debe adecuar su exigencia al logro de los fines del proceso [...]. (Casación N.° 97597-Lima, de 04-09-1998, f. j. 4. Sala Civil Permanente [EP, 06-10-1998, p. 1794], Texto completo: ). § 170. La finalidad concreta del proceso es resolver el conflicto de intereses que tiene como correlato la búsqueda de la verdad histórica o real más que la verdad legal. C uarto. [Si] bien resulta incongruente haber fallado sobre una causa o hecho no alegado por las parres, resulta qué el juicio al que llega la sentencia recurrida se debe a una valoración de la prueba actuada en el proceso; y atendiendo a que la finalidad concreta del proceso es resolver el conflicto de intereses que tiene como correlato la búsqueda de la verdad histórica o real más que la verdad legal, la impugnada llega a la conclusión de que existe la filiación de paternidad entre el recurrente y la menor solicitante, sin afectar ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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el objeto de la pretensión deducida por la acción reconvencional de la demandada, ni el contexto específico por el cual se ha delimitado la materia de la controversia en la audiencia [...] en el que el juzgador señala como punto controvertido si el demandante es padre o no de la menor, lo que ha sido consentido por ambas partes. (Casación N.° 315-96-Junín, de 06-10-1997, ff. jj. 1-2. Sala Civil [EP, 23-04-1998, p. 753]. Texto completo: ). § 171. Las normas procesales no pueden servir de sustento para la solución de la litis pues no deciden el derecho. Tercero. [Las] normas procesales no pueden servir de sustento para la solución de la litis pues no deciden el derecho, sino simplemente regulan la conducta de las partes que intervienen en el proceso. (Casación N.° 1870-98-Cono Norte, de 27-11-1998, f. j. 3. Sala Civil Transitoria [EP, 13-01-1999, p. 2463]. Texto completo: ). § 172. El juez está facultado a intervenir durante todo el desarrollo del proceso para que este se lleve de acuerdo a ley. S egu n do , [El] artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Civil prescribe que son fines del proceso el resolver un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre jurídica y además lograr la paz social en justicia; facultándose por ello al Juez a intervenir durante todo el desarrollo del proceso para que este se lleve de acuerdo a ley y poder contar con elementos de convicción suficientes al momento de decidir la controversia. (Casación N.° 799-99-ArequÍpa, de 3009-1999, f. j. 2. Sala Civil [EP, 20-11-1999, p. 4030]. Texto completo: ). § 173. El fallo que determina la caducidad del derecho no puede ser cuestionado por no lograr los fines del proceso, en tanto al haberse extinguido el derecho no existirá proceso tendiente a lograr sus fines. S étim o, La [demandante] recurrente alega que no se ha logrado los fines del proceso, en tanto no se ha tenido en cuenta los actos lesivos y el aprovechamiento de su estado de necesidad [apremiante en el que se encontraba, pues no contaba con ingresos económicos necesarios para costear los gastos médicos de su hijo, por lo que se vio obligada a vender el único inmueble que tenía con un precio desproporcional, por lo que solicita la rescisión del contrato de compraventa]. [...] O ctavo. [Sin embargo,] las instancias de mérito han determinado que ha operado el plazo de caducidad de la acción por lesión [...]; al respecto corresponde precisar que la caducidad es la pérdida del derecho que opera por el transcurso del tiempo y la inacción del titular del derecho y en situaciones expresamente establecidas en la norma (como es el caso del artículo 1454 del Código Civil) la cual debe ser declarada de oficio, justamente en virtud a la seguridad jurídica que persigue; por lo que al haberse determinado la extinción del derecho no existirá proceso y por ende será imposible lograr sus fines; de allí que la improcedencia de una demanda por caducidad del derecho no puede ser cuestionada por no lograr fines de un proceso. [...] D écim o. La recurrente alega que “[es] nula la renuncia a la acción por lesión” [...]; sin embargo, dicho argumento no puede merecer amparo, en tanto en el proceso no se discute, ni se determina que la accionante haya renunciado a la acción por lesión, sino que las instancias han determinado que ha operado la caducidad del derecho de la demandante, la cual merecerá pronunciamiento de este Supremo Colegiado en el siguiente considerando. D écim o P rim ero. La recurrente alega [...] que la instancia de mérito ha interpretado erróneamente el artículo 1454 [CC], según el cual [la] “[...] acción por lesión caduca a los seis meses de cumplida la prestación a cargo del lesionante, pero en todo caso a los dos años de la celebración del contrato”; sin embargo, no ha cumplido con sustentar en qué habría consistido la interpretación errónea y cuál sería la correcta; sin perjuicio de ello, este Supremo Tribunal advierte que dicha norma ha sido aplicada correctamente por el Ad Quem , en tanto que al advertirse [...] que la lesionante cumplió con la prestación el 29 de setiembre de 2012 y que la fecha de interposición de la demanda data del 19 de marzo de 2014, ha excedido en demasía el plazo de caducidad contemplando en la norma referida en el presente considerando. [...] (Casación N.° 3333-2015-Tacna, de 17-042017, ff. jj. 7, 8, 10 y 11. Sala Civil Transitoria [EP, 31-07-2018, Sentencias en Casación N.° 752, p. 112809]. Texto completo: ). § 174. Eines del proceso. Es un exceso de formalismo declarar n u la la sentencia de vista con el fin de m odificar el fallo de infundado a improcedente. Q uinto. [Esta] decisión de declarar infundado el presente recurso de casación, dando por entendido que la pretensión de Nulidad del n o m o s & th esis

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TÍTULO PRELIMINAR

Alt. III

Título de Propiedad otorgado por eí Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - c o f o p r i es improcedente, encuentra sustento en los principios de economía, celeridad procesal e informalismo, pues con esta medida no solo se evita la postergación innecesaria de la resolución del conflicto, sino que, a la par, se impide la sobrecarga de la labor de las instancias jurisdiccionales competentes, ya que resulta inútil e inoficioso declarar nula la sentencia de vista a fin de que la Sala Superior modifique su fallo de infundado a improcedente, dado que la Cuarta Disposición Transitoria, Complementaria y Final del Decreto Supremo N.° 039-2000-MTC es clara y contundente al señalar que en casos como el presente, donde se cuestiona la validez de un título otorgado por el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - c o f o p r i , la demanda es improcedente; además, porque una declaración de nulidad de la sentencia de vista por el solo hecho de servir a una formalidad establecida en la ley devendría en un exceso de ritualismo procesal incompatible con los fines que persigue el proceso civil, consagrado en el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Civil. (Casación N.° 1361-2014-La Libertad, de 22-05-2015, f. j. 5. Sala Civil Transitoria [EP, 02-05-2017, Sentencias en Casación N.° 727, p. 91711]. Texto completo: ). § 175. El hecho que no exista un reglamento de grados y títulos no es argumento para desconocer el derecho del estudiante de obtener un grado académico. 5. [Como] puede advertirse, el acto administrativo mantiene un mandato vigente, ya que no se acredita que haya sido revocado, modificado o anulado; es cierto y claro, pues de su lectura se infiere de manera indudable que se debe expedir el título de Especialista en Enfermería en Cuidados Críticos a favor de la actora; no está sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares, porque no ha sido cuestionado por ninguna de las partes; es de ineludible y obligatorio cumplimiento; es incondicional, porque la propia resolución reconoce que la recurrente ha cumplido con todos los requisitos necesarios para la obtención del referido título; y, asimismo, la resolución permite individualizar a su beneficiada, 6. [El] argumento de la autoridad demandada, mediante el que se ratificó en su incumplimiento bajo la excusa de que no existe un reglamento de grados y títulos por cuanto es responsabilidad del Consejo Universitario, debe ser desestimado toda vez que ello no puede desconocer el derecho que la propia universidad ha reconocido a favor de la actora, más aún cuando las Resoluciones Rectorales [...] de [...] 20 de junio de 2005 y [...] 3 de febrero de 2010, aprobaron el dictado de la Especialización en Enfermería en Cuidados Críticos y oficializaron el ingreso de 25 enfermeros para seguir la citada segunda especialidad, respectivamente; lo que supone la realización de una serie de actos para su implementación. (Exp. N.° 02480-2014-PC/TC, de 01-06-2016 [Web: 16-07-2018], ff. jj. 5 y 6. Texto completo: ). § 176. De presentarse dudas sobre la ausencia evidente de alguno de los presupuestos procesales de forma o de fondo, debe preferirse resolver el fondo de la litis buscando la solución del conflicto de intereses. C uarto. [El] último párrafo del artículo 121 del Código Procesal señala que con la sentencia el juez pone fin a la instancia pronunciándose sobre la cuestión controvertida, declarando el derecho de las partes o excepcionalmente la validez de la relación procesal; cabe precisar que la excepcionalidad prevista, solo procede por la carencia evidente de alguno de los presupuestos procesales de forma o de fondo que le impidan al juzgador emitir pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión controvertida; de presentarse duda, al respecto debe preferirse resolver el fondo de la litis buscando la solución del conflicto de intereses, en virtud de lo dispuesto por el arríenlo III del Título Preliminar del Código Procesal Civil. (Casación N.° 1565-2008-Lambayeque, de 24-06-2008, f. j. 4. Sala Civil Permanente [EP, 01-12-2008, p. 23397]. Texto completo: ). § 177. El juez puede adecuar la exigencia de las form alidades procesales a los fines del proceso.

4.a [...] [El] proceso y los actos procesales no son formalismos rígidos o pétreos pues conforme al perfil ideológico de nuestra ley procesal, el Juez puede adecuar la exigencia de las formalidades procesales a los fines del proceso [...]. (Casación N.° 1817-2000-Lima, de 31-08-2000, f. j. 4. Sala Civil Permanente [EP, 02-01-2001, p. 6649]. Texto completo: ). § 178. Es deber del juzgador hacer efectivos los derechos sustanciales mediante resoluciones que resulten ejecutables. Sexto. [...] [S]Íendo el fin del proceso resolver un conflicto de intereses o ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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eliminar una incertidumbre ambas con relevancia jurídica, es el deber del juzgador hacer efectivos los derechos sustanciales y no emitir resoluciones que resulten inejecutables [...]. (Casación N.° 1337-2007-Lambayeque, de 21-06-2007, f. j. 6. Sala Civil Permanente [EP, 01-10-2007, p. 20490], Texto completo: ). B. PRINCIPIO P R O A C T IO N E

§ 179. Alcances del principio p r o a ctio n e. 3. [...] Según el principio pro actione , invocado por este Tribunal en anteriores oportunidades, se impone a los juzgadores la exigencia de interpretar los requisitos y presupuestos procesales en el sentido más favorable a la plena efectividad del derecho a obtener una resolución válida sobre el fondo, con lo cual, ante la duda, la decisión debe dirigirse por la continuación del proceso y no por su extinción (STC 1049-2003-AA/TC [§ 184]), (Exp. N.° 2302-2003-AA/TC, de 13-04-2005 [Web: 30-06-2005], f. j. 3. Texto completo: ). § 180, El principio p r o a ctio n e impone que el juez acoja aquellas alternativas procesales que im pliquen una optimización o mayor eficacia del derecho referido. 2. [...] [El] principio pro actione impone que el juez, en lugar de optar por alternativas que supongan el estrechamiento del derecho de acceso a la justicia, máxime, a la justicia constitucional, como sería la de declarar improcedente una demanda por un error del recurrente respecto a la competencia territorial, deba acoger aquéllas que impliquen, por el contrario, una optimización o mayor eficacia del derecho referido. [..,] (Exp, N.° 933-00-AA/TC, de 12-06-2002 [Web: 14-08-2002], f. j. [5], Texto completo: ), § 181. El principio p r o a ctio n e consiste en interpretar las normas en un sentido favorable que posibilite el acceso a la tutela jurisdiccional y, consiguientemente, excluya toda opción interpretativa que sea contraria a ese propósito. 3. [...] c. [...] Considerando que el agotamiento de la vía previa constituye un presupuesto procesal de cuya satisfacción depende el acceso a la tutela jurisdiccional, las normas que la regulan y, en particular, como concierne al caso, las que regulan el sistema recursivo, deben interpretarse de conformidad con el principio pro actione . Es decir, en sentido favorable para posibilitar el acceso a la tutela jurisdiccional y, consiguientemente, con exclusión de toda opción interpretativa que sea contraria a ese propósito. Tal es el caso, justamente, de la interpretación anterior del Tribunal. (Exp. N.° 1003-98-AA/TC, de 06-08-2002 [Web: 22-09-2002], f. j. 3.c. Texto completo: ). § 182. Según el principio p r o a ction e, tratándose del derecho de acceso a un tribunal de justicia, el operador jud icial debe interpretar las restricciones im puestas a tal derecho del modo que m ejor se optimice su ejercicio. 2. Este Tribunal debe recordar que, en materia de interpretación de los derechos fundamentales, uno de los principios a los que debe apelarse cada vez que se trata de determinar los alcances de la limitación o restricción del ejercicio de un derecho constitucional de naturaleza procesal, es el denominado principio pro actione , según el cual, tratándose, del derecho de acceso a un tribunal de justicia, el operador judicial debe interpretar las restricciones impuestas a tal derecho del modo que mejor se optimice su ejercicio. (Exp. N.° 2214-2004-AA/TC, de 26-10-2004 [Web: 30-11-2004], f. j. 2. Texto completo: ). § 183. El principio p r o a ctio n e como m anifestación del “derecho de acción” o “derecho de acceso a la jurisdicción”. 3. [...] [El] derecho de obtener una sentencia que se pronuncie sobre una pretensión es una manifestación del derecho a la tutela judicial y, como tal, si bien exige que el justiciable previamente satisfaga las condiciones de la acción que la Ley establece, no puede perder de vista que esta debe ser interpretada y aplicada de tal forma que se haga efectivo el “derecho de acción” o “derecho de acceso a la jurisdicción” (principiopro actione). (Exp. N.° 112-2002-AC/TC, de 21-102002 [Web: 14-04-2003 / EP: 14-04-2003], f. j. 3. Texto completo: ). § 184. La inaplicación del principio pro a ctio n e im plicaría convertir, erróneamente, una duda interpretativa respecto de las formalidades propias del instrum ento de tutela en un elemento n o m o s & th esls

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determinante para permitir el acceso a la tutela constitucional de los derechos. Huelga judicial. [5.] [No] solo en el campo del derecho material, es deci r, en el ámbito del derecho cuya tutela se solícita, se privilegia la protección de la situación jurídica reclamada por el sujeto requirente, sino que en el plano propio del instrumento predispuesto para la tutela, es decir, del proceso constitucional a que da lugar la acción de amparo, se configura también otro principio que refuerza la decisión de preferir la continuación del proceso antes que su extinción, frente a una eventual duda de carácter interpretativo. En efecto, se trata del principio fa v o r actionis o p ro actione, según el cual “se impone a los j u'zgadores la exigencia de interpretar los requisitos y presupuestos procesales en el sentido más favorable a la plena efectividad del derecho a obtener una resolución válida sobre el fondo” [Picó i Junoy], y donde se establece, a su vez, que “los requisitos formales -en el presente proceso, el cálculo del plazo para interponer ia demanda- se interpreten y apliquen de modo flexible y atendiendo a su finalidad y de que a su incumplimiento no se anuden consecuencias desproporcionadas o excesivamente gravosas” [Picó i junoy]. Por esta razón, si bien el Tribunal considera que los días transcurridos durante la huelga del Poder Judicial no deben ser incluidos en el cálculo del plazo para la interposición de la demanda de amparo, en la hipótesis de una duda interpretativa, puede igualmente ratificarse en dicho parecer, toda vez que, en virtud del principio p ro a ctio n e, la decisión igualmente debe dirigirse por la continuación del proceso y no por su extinción. Téngase en cuenta, finalmente, que la alternativa opuesta supondría invertir el funcionamiento y el propósito de los procesos en general, y de los procesos constitucionales en particular, pues implicaría convertir, erróneamente, una duda interpretativa respecto de las formalidades propias del instrumento de tutela en un elemento determinante para permitir el acceso a la tutela constitucional de los derechos, cuando, en realidad, es el instrumento procesal el que debe ser adecuado e interpretado decididamente - siempre y cuando no se restrinjan los derechos constitucionales de la contraparte- a fin de consolidar una tutela constitucional más eficaz, oportuna y plena. (Exp. N.° 1049-2003-AA/TC, de 30-01-2004 [Web: 31-03-2004 1 EP: 13-04-2004], f. j. [5]. Texto completo: ). § 185. Excepción de caducidad. Excepcionalmente, deberá admitirse a trámite una demanda que se haya presentado luego de vencido el plazo para su presentación e incluso después de transcurrido el primer día hábil siguiente al levantamiento de una huelga judicial. Principio p r o a ctio n e o f a v o r p rocessu m . Véase la jurisprudencia del inciso 11 del artículo 446° del Código Procesal Civil [§ 3063]. (Casación N.° 1260-2016-Arequipa, de 28-03-2017, ff. jj. 8-11. Sala Civil Permanente [EP, 30-01-2018, Sentencias en Casación N.° 742, p. 104396], Texto completo: ).

Artículo IV: Principios de iniciativa de parte y de conducta procesal El proceso se promueve solo a iniciativa de parte, ia que invocará interés y legitimidad para obrar. No requieren invocarlos el Ministerio Público, el procurador oficioso ni quien defiende intereses difusos. Las partes, sus representantes, sus Abogados y, en general, todos los partícipes en el proceso, adecúan su conducta a los deberes de veracidad, probidad, lealtad y buena fe. El Juez tiene el deber de impedir y sancionar cualquier conducta ilícita o dilatoria.

PLENOS JURISDICCIONALES

§ 186. La legitimidad para obrar cuando la demandada es la Administración Pública. La legitim id a d p a ra obrar pasiva en e l proceso contencioso adm inistrativo cuando e l adm inistrado dem anda la invalidez o ineficacia d e una actuación adm inistrativa, ¿corresponde a todos los órganos o unidades adm inistrativas que em iten las resoluciones objeto d e im pugnación , o solo contra e l órgano o u n id a d adm inistrativa q u e em itió la resolución en últim a instancia? El Pleno acordó p o r m a y o r í a : “Cuando el administrado ejerce la acción contencioso administrativa, pretendiendo la invalidez o ineficacia ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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de una actuación administrativa, corresponde la impugnación contra la entidad administrativa que emitió la resolución cuestionada en última instancia”. (Pleno jurisdiccional Nacional Contencioso Administrativa, realizado en Trujiílo, el 19-11-2011. Tema N.° 4. [La legitimidad para obrar cuando la demandada es la Administración Pública]. Texto completo: ). § 187. La indem nización por daños, en casos de separación de hecho, es siempre a pedido de parte. El Pleno acordó p o r m a y o r í a : “El Juez al dictar sentencia, no puede resolver de oficio una pretensión que no ha sido postulada, sobre hechos que no han sido alegados ni señalados como controvertidos y menos probados; debiéndose interpretar el artículo 345-A del Código Civil en armonía con el principio de congruencia (artículo VII del Título Prelim inar del Código Civil) como una de las garantías del debido proceso (Casación N.° 2548-03-Lima [bit.ly/2x6dlAi], EP, 30/11/04 y N.° 2449-06-Cusco [bit.Iy/2vZpPrW], EP, 30/11/06)”. (Pleno Jurisdiccional Distrital en Materias Civil, Familia, Constitucional y Contencioso Administrativo, realizado en Arequipa, los días 18, 20, 27, 28 de setiembre, 02, 15 y 25 de octubre de 2007. Tema N.° 3. [La indemnización por daños en casos de separación de hecho: ¿es siempre a pedido de parte o puede ser de oficio?]. Texto completo: cbit.ly/2wOq7Q5>). § 188. La legitim idad para obrar del demandante puede ser decidida en cualquier etapa del proceso. La legitim ación en la causa (o legitim id a d p a ra obrar), ¿debe ser d ecidida necesariam ente en la sentencia o p u ed e decidirse en la etapa postulatoria o d e sa n ea m ien toi El Pleno acordó por u n a n i m i d a d : “La legitimidad para obrar del demandante puede ser decidida en cualquier etapa del proceso”. (Pleno Jurisdiccional Nacional Civil, realizado en lea, 1998. Acuerdo N.° 5.2, Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA, DE LAS CORTES SUPERIORES Y DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL A. PRINCIPIO DISPOSITIVO / INICIATIVA DE PARTE

§ 189. Características esenciales del principio dispositivo. S egundo. El proceso civil se caracteriza porque en él se discuten relaciones jurídico-privadas, dado que las partes que intervienen tienen la disponibilidad jurídico material de los derechos subjetivos en conflicto. Por ello se dice que el derecho procesal está regido por el principio dispositivo. Tercero. La doctrina procesal predominante considera que tres son las notas esenciales del principio dispositivo: a) Que las partes son dueñas de los derechos e intereses materiales que se discuten en el proceso, y al tener poder de disposición sobre el derecho material ostentan también la plena titularidad del derecho de acción, por tanto a nadie se le puede obligar a pedir tutela judicial o a ejercitar su defensa ante los tribunales si no desea. Esto se concreta en el axioma Kn ep ro ced a t iudex ex o f f i c i o b) Las partes son dueñas absolutas de la pretensión y por ende de la continuación del proceso, pudiendo disponer de él a través de una serie de actos que pueden ocasionar la terminación del proceso, con sentencia o con anterioridad a ella, como es no impugnar, allanarse, transar, desistirse, etc.; c) Las partes vinculan mediante sus pretensiones la actividad decisoria del juez, quien tiene la obligación de resolver de modo congruente con respecto a la pretensión del actor y la resistencia del demandado, lo que se manifiesta en el aforismo Me ea t iudex ultra p etita p a r tiu m '. [...] (Casación N.° 2798-99-A_requÍpa, de 21-01-2000, ff. jj. 2 y 3- Sala Civil Transitoria [EP, 07-04-2000, p, 4996], Texto completo: ). § 190. Se atenta contra el principio dispositivo cuando el juez actúa de oficio sobre aquello que no fue m ateria de im pugnación oportuna y y a quedó convalidado o precluido. Quinto. Cuando una resolución [...] falla declarando nula la resolución impugnada [...], ordenando que se expida un nuevo fallo, lo que está señalando es que en la elaboración de la sentencia cuestionada se ha configurado un error in p roced en d o , por lo que el juzgador de mérito debe limitarse a realizar un nuevo examen de la apelada a fin de subsanar el vicio o error in p roced en d o alegado, y así cumplir con absolver debidamente el grado. Cuando el juzgador de instancia [,..] dispone actuaciones procesales diferentes n o m o s & th e s is

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TITULO p r e l im in a r

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a las ordenadas por el superior, no solo está desconociendo las funciones que cumple el recurso de casación y la labor desempeñada por la sala casatoria, sino también está demostrando desconocimiento de los principios que rigen el proceso civil -como el principio dispositivo-, pues está actuando de oficio sobre aquello que no fue materia de impugnación oportuna y ya quedó convalidado o precluido [...]. (Casación N,° 2798-99-Arequipa, de 21-01-2000, f, j. 5. Sala Civil Transitoria [EP, 07-04-2000, p. 4996]. Texto completo: ). § 191. El juez no puede arrogarse la calidad de parte: el principio rector del proceso civil es el principio dispositivo. Q uinto. [...] [Si] bien el juez es el director del proceso, el principio recto[r] del proceso civil es el principio dispositivo, por lo que el juez no puede arrogarse la calidad de parte y aducir argumentos que no fueron hechos valer por las partes a través de los recursos que les franquea la ley. (Casación N.° 2935-98-Apurímac, de 26-04-1998, f. j. 5. Sala Civil Permanente [EP, 04-09-1999, p. 3428]. Texto completo: ). § 192. Cuando se pide la intervención del Estado para solucionar un conflicto intersubjetivo de intereses, surge para la parte actora la obligación de activar el proceso, 4 o, [C]uando ocurre un conflicto intersubjetivo de intereses y, en ejercicio del derecho a la tutela jurisdiccional, se pide la intervención del Estado para solucionarlo, surge para la parte actora la obligación de activar el proceso, para que se cumpla sus etapas, hasta alcanzar la sentencia, que es la forma ordinaria de concluirlo [...]. (Casación N.° 1399-97-Lambayeque, de 05-08-1998, f. j. 4o del voto del señor Sánchez Palacios. Sala Civil Transitoria [EP, 15-09-1998, p. 1590]. Texto completo: ). § 193. Es im posible que la voluntad del pretensor sea m odificada por decisión jurisdiccional.

T ercero. [...] [Rjesulta imposible que la voluntad del pretensor sea modificada por decisión jurisdiccional, en razón de tratarse de un derecho inherente a la persona como justiciable, no podiendo resolverse en función a intereses particulares distintos al invocado, situación que reafirma la disposición contenida en el artículo VII del Título Preliminar del [...] Código Procesal Civil en cuanto concierne a la función correctora y supletoria del juez, respecto a la aplicación de la norma que corresponda al derecho discutido, no refiriéndose a la persona que invoca la titularidad del mismo, máxime que la demanda solo puede ser modificada antes que esta sea notificada conforme lo estatuye el artículo 428 de la norma adjetiva. (Exp. N.° 4301-98, de 18-01-1999, f. j. 3. Sala de Procesos Abreviados y de Conocimiento. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ). § 194. El proceso se promueve solo a iniciativa de parte, la que invocará (no necesariamente debe probar plenamente) legitim idad para obrar. Conforme al artículo IV del Título Preliminar del Código Procesal Civil el proceso se promueve solo a iniciativa de parte, la que invocará (no necesariamente debe probar plenamente) legitimidad para obrar. En el presente caso, del texto de la demanda fluye claramente que la demandante ha cumplido con invocar la legitimidad para obrar; a que, no obstante, el Juez, al sentenciar la causa, tiene la obligación procesal de evaluar los elementos probatorios aportados al proceso para determinar si la actora tiene la propiedad del bien materia de autos y si la demandada tiene la condición de ocupante precaria. (Exp. N.° 140-7-97, de 10-04-1997. Primera Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Ponentes: Carrión Lugo, Sáez Palomino y Medel Herrada. Referencia: CPC Bibliogr., p. 16). § 195. Cuando los jueces ejercitan la facultad de declarar de oficio la anulabilidad de un acto jurídico estamos ante una excepción del principio dispositivo. No se incurren en ninguna infracción del principio de congruencia procesal. Véase la jurisprudencia del artículo VII del Código Procesal Civil [§ 355]. (Casación N.° 135-2010-Arequipa, de 20-01-2011, f. j. 8. Sala Civil Permanente [EP, 01-08-2011, Sentencias en Casación N.° 646, p. 30802], Texto completo: ). § 196. El Juez puede declarar de oficio la nulidad manifiesta aunque no haya sido alegada en el petitorio. Esta declaración de oficio no atenta contra el principio de congruencia procesal y constituye una excepción del principio dispositivo. Véase la jurisprudencia del artículo VII del Código Procesal Civil [§ 354], (Casación N.° 1864-2000-San Román, de 07-03-2001, ff. jj. 3 y 4. Sala Civil Transitoria [EP, 31-07-2001, p, 7430]. Texto completo: ). * SUMMA PROCESAL CfVÍL

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§ 197. Principio tu ra n o v it cu ria y principio dispositivo del proceso civil (contenidos en el art. VII CC) no son excluyentes. Véase la jurisprudencia del artículo VII del Código Procesal Civil [§ 321], (Casación N.° 1331-2005-Cono Norte de Lima, de 23-03-2006, ff. jj. 1-4. Sala Civil Permanente. Texto completo: ). B. INTERÉS PARA OBRAR

§ 198. Definición de interés para obrar. O ctavo. [El] interés para obrar, como condición de la acción, es un estado actual y concreto de necesidad de tutela jurisdiccional en que se encuentra una persona determinada y que lo obliga a solicitar por vía única, y sin tener otra alternativa eficaz, la intervención del órgano jurisdiccional con la finalidad de que resuelva el conflicto de intereses dei cual es parte. (Casación N.° 2440-2003-Líma, de 21-07-2004, £ j. 8. Sala Civil Transitoria [EP, 31-052005, p. 14160]. Texto completo: ). § 199. Definición de interés para obrar. Q uinto. [Esta] necesidad de acudir al órgano jurisdiccional, como único medio capaz de procesar y posteriormente declarar una decisión respecto del conflicto que están viviendo, es pues lo que se conoce como el interés para obrar. Sexto. [Esta] condición de la acción, conocida también con el nombre de interés procesal, se caracteriza y se diferencia de la otra forma que toma el interés jurídico en el derecho material en que es abstracto, es decir, no tiene contenido jurídico, no se sustenta en la presencia o no de otro derecho material, no requiere de contenido patrimonial o moral, como podría ser el caso de los intereses expresados como consecuencia de la titularidad de un derecho material. (Casación N.° 1955-2007-Lima, de 09-08-2007, f. j. 5. Sala Civil Permanente [EP, 30-01-2008, p. 21412]. Texto completo: ). § 200. Existe interés para obrar cuando la parte actora invoca una utilidad directa, manifiesta

y legítima, de índole material o moral, que lo lleve a proteger un derecho mediante el ejercicio de la acción. Sexto. Existe interés para obrar procesalmente, cuando la parte actora invoca una utilidad directa, manifiesta y legítima, de índole material o moral, que lo lleve a proteger un derecho mediante el ejercicio de la acción. El juicio de utilidad debe referirse, en cada caso, a los efectos del acto jurisdiccional que se pide, o también en sentido inverso, el perjuicio o daño que pueda causar al actor, la falta del pronunciamiento requerido. En suma, el interés para obrar tiene contenido procesal al significar un presupuesto del derecho de acción y supone un estado de necesidad que se busca sea atendido por el Estado a través del órgano jurisdiccional. (Casación N.° 5003-2007-Lima, de 06-05-2008, f. j. 6. Sala Civil Permanente [EP, 03-09-2008, p. 22951]. Texto completo: ). § 201. Interés para obrar como una actitud para accionar. S e g u n d o . [...] [La] rescisión de un contrato solo la pueden interponer los intervinientes en el contrato, sus sucesores o causahabientes, mas la nulidad de un acto jurídico puede interponerla cualquier persona que tenga interés, esto es, que le afecte directa o indirectamente su derecho, o el de la persona o grupo de personas que representa, o exista un interés difuso [..,]. (Casación N.° 2381-97-Tacna, de 07-12-1998, f. j. 2. Sala Civil Permanente [EP, 31-01-1999, p. 2560], Texto completo: ). § 202. Solo al titular del derecho se le reconoce una razón de ser suficiente para poder accionar: la fuerza del derecho subjetivo no proviene de su titular, sino del ordenamiento jurídico. Q u i n t o . [El] derecho subjetivo se halla constituido por un poder de actuar, atribuido a la voluntad del sujeto y garantizado por el ordenamiento jurídico para satisfacer sus intereses jurídicamente protegidos, de donde resulta que solo al titular del derecho se le reconoce una razón de ser suficiente para poder accionar, que la fuerza del derecho subjetivo no proviene de su titular sino del ordenamiento jurídico y el contenido de este está constimido por las facultades jurídicas reconocidas. (Casación N.° 62-T-97-Huaura, de 2309-1997, f. j. 5. Sala Civil Transitoria [EP, 27-02-1998, p. 460]. Texto completo: ). § 203. El derecho de acceso a la justicia se encuentra condicionado, entre otros factores, a la existencia de legitimidad e interés para obrar. 8. [...] El derecho de acceso a la justicia como manifestación del derecho a la tutela judicial efectiva, previsto en el artículo 139 inciso 3) de la n o m o s & th e s is

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Constitución, como todo derecho fundamental, es un derecho relativo y en su caso, específico, de configuración legal, toda vez que el acceso al proceso y el derecho a la expedición de una sentencia sobre el fondo de la cuestión, se encuentran condicionados, entre otros factores, a la existencia de legitimidad e interés para obrar, conforme a lo dispuesto por los incisos 1 y 2 del artículo 427 del Código Procesal Civil [...]. (Exp. N.° 0009-2004-AI/TC [Caso Colegio de Abogados de Ica\, de 02-082004 [Web: 21-03-2005 / EP: 28-03-2005], f j. 8. Texto completo: ). § 204. El interés para obrar es el interés sustancial que deben tener las partes que actúan en el proceso. Tercero. [El] interés para obrar puede ser definido como el [...] interés sustancial que deben tener las partes que actúan en el proceso, es decir, el motivo o razón de carácter jurídica material, serio y particular que lleva a una persona (en el caso del demandante) a procurar la intervención de los órganos jurisdiccionales del Estado a fin de que se acceda a las pretensiones formuladas en la demanda; y en el caso del demandado, la razón por la cual se opone o contradice tales pretensiones [...]. (Casación N.° 884-2003-Lambayeque, de 12-08-2003, f. j. 3. Sala Civil Transitoria [EP, 31-03-2004, p, 11687]. Texto completo: ). § 205. No se acredita el interés económico para legitimar su actuación. D é c im o . [Aun] cuando las demandantes invocaran el simple interés económico para legitimar su actuación, aquél no se evidencia de forma alguna, [...] ni existe indicio alguno que así lo manifieste o que pueda hacer dudar sobre la probable existencia de algún remoto perjuicio, por lo que el amparo de la excepción de falta de legitimidad para obrar por parte de las instancias de mérito, resulta ajustado a derecho y a lo actuado. (Casación N.° 1494-2007-Lima, de 12-12-2007, fi j. 10. Sala Civil Transitoria [EP, 03-12-2008, p. 23650]. Texto completo: ). § 206. La impugnación es una manifestación del derecho de acción y, como tal, la parte que la plantea debe demostrar un interés personal y legítimo, pero no respecto de otros sujetos procesales. Sexto. [...] [La] recurrente no respeta el principio de personalidad de los medios impugna torios, en tanto, de los fundamentos de su escrito emerge la exteriorización de agravios, pero a favor de la codemandada Junta de Propietarios [...], la que no ha cuestionado la sentencia; por lo que se entiende que existe su consentimiento tácito frente a lo resuelto por el juzgador. Sétim o. [Se] debe tener en cuenta que la impugnación es una manifestación del derecho de acción, y como cal, la parte que la plantea debe demostrar un Interés personal y legítimo, pero no respecto de otros sujetos procesales; todo lo cual, conlleva a que la facultad del órgano jurisdiccional quede delimitado para pronunciarse sobre los agravios que debieron ser alegados por ía Asociación de Propietarios recurrente; sin embargo, al no haber sido propuestas en esa forma, origina que se deba desestimar los argumentos planteados en la pretensión principal y accesoria. (Casación N.° 1052-2014-Lima, de 06-06-2014, ff. jj. 6 y 7. Sala Civil Permanente [EP, 30-10-2014, Sentencias en Casación N.° 697, p. 57562], Texto completo: ). § 207- El interés no es más que la relación de tensión existente entre un sujeto que padece una necesidad y el bien idóneo para satisfacerla. El interés que faculta la ley para accionar la nulidad de un acto jurídico, es el legítimo interés económico y moral y no el que cualquier tercero simplemente invoque sin existir. S e x to . [..,] [El] interés que faculta ia ley para accionar la nulidad de un acto jurídico, es el legítimo interés económico y moral y no el que cualquier terceto simplemente invoque sin existir tal. [...] N o v e n o . [En] efecto, la legitimación para solicitar la declaración judicial de nulidad le corresponde a quienes tengan interés en que se reconozca la verdadera situación jurídica del negocio. En general, el interés no es más que la relación de tensión existente entre un sujeto que padece una necesidad y el bien idóneo para satisfacerla. En este caso concreto, el interés exigido por el artículo 220 del Código Civil supone la necesidad de que la accionante demuestre que el reconocimiento judicial de la invalidez absoluta del negocio le proporcionará un beneficio (lícito) de orden patrimonial o extrapatrímonial, por lo que no solo las partes (cuyo interés en saber a ciencia cierta si están o no jurídicamente vinculadas es evidente) están legitimadas para demandar la declaración judicial de nulidad del negocio sino también todos aquellos terceros que obtengan un provecho (lícito) con la ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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declaración judicial de nulidad (piénsese en los acreedores de una de las partes que necesitan embargar los bienes enajenados por esta última mediante el negocio nulo); en consecuencia la condición de ex­ conviviente que sostiene tener la actora no la habilita a demandar la nulidad de acto jurídico. (Casación N.° 3576-2014-Cusco, de 18-09-2015, ff. jj. 6 y 9. Sala Civil Transitoria [EP, 01-08-2016, Sentencias en Casación N.° 716, p. 80533]. Texto completo: ). C. LEGITIMIDAD PARA OBRAR ACTIVA / L E G IT IM A T IO A D CA USAM

§ 208. Acepciones de la legitim idad p ara obrar. Sexto. [La] legitimidad para obrar es una de las condiciones del ejercicio válido de la acción y [...] ba sido conceptuada de distintos modos: a) como la relación lógica de correspondencia que existe o debe existir entre el demandante concretamente considerado y la persona a quien en abstracto la norma jurídica confiere el derecho (legitimidad activa), o entre el demandado concretamente considerado y la persona que en abstracto debe cumplir una obligación (legitimidad pasiva); b) también como la posición habilitante para formular una pretensión o para contradecirla, y que surge de la afirmación de ser titular de un derecho (legitimidad activa) o de la imputación de una obligación o deber jurídico (legitimidad pasiva). En consecuencia, cuando el Juez examina si el demandante tiene o no legitimidad para obrar, debe verificar si existe esa relación formal de correspondencia; o, en la otra acepción, si es la persona habilitada para formular la pretensión que demanda, (Casación N.° 1494-2007-Lima, de 12-12-2007, £ j. 6. Sala Civil Transitoria [EP, 03-12-2008, p. 23650], Texto completo: ). § 209. L a legitim idad para obrar está dada por el título que tiene un litigante para reclamar algún derecho. S ep in d o . [...] La legitimidad para obrar [...] está dada por el título que tiene un litigante para reclamar algún derecho que haya sido afectado en su perjuicio y que justifique su petición. Tercero. En el presente proceso la actora, adjunta a su demanda instrumentales [...] en las que acredita que a don JHAC le ha seguido un juicio de alimentos a favor de la hija de ambos de las cuales fluye claramente que la actora tiene no solo legitimidad para proponer la demanda de nulidad del contrato de compraventa contenida en la escritura pública tanto por simulación como por su fin ilícito, sino también interés para obrar, pues lo que ella pretende es defender el derecho preferencia! que pudiera tener para adquirir el otro cincuenta por ciento de los derechos y acciones que pertenecen a don JHAC sobre el inmueble materia de la nulidad. [,..] (Casación N.° 2346-00Lima, de 16-11-2000, fF. jj. 2 y 3. Sala Civil Transitoria [EP, 30-04-2001, p. 7181], Texto completo: ). § 210. La legitim ación no puede consistir en la existencia del derecho y de la obligación, que es el tem a de fondo que se debatirá en el proceso y se resolverá en la sentencia, sino simplemente en las afirmaciones que realiza el actor. Véase la jurisprudencia del artículo 2o del Código Procesal Civil [§ 425], (Casación N.° 3756-2014-Lima, de 02-10-2015, £ j. 9. Sala Civil Transitoria [EP, 3009-2016, Sentencias en Casación N,° 718, p. 83228], Texto completo: ). § 211. La legitim idad para obrar es la aptitud que la tiene quien afirm a ser el sujeto de la relación juríd ica. C uarto . [La] legitimidad para obrar o legitimatio ad causam consiste en la aptitud para ser sujeto de derecho en una determinada controversia judicial y poder actuar en ella eficazmente, aptitud que la tiene quien afirma ser el sujeto de la relación jurídica o que se encuentra en situación de reclamar o de ser destinatario del reclamo. (Casación N.° 2704-2007-Arequípa, de 11-03-2008, £ j. 4. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 04-09-2008, p. 23068], Texto completo; ). § 212. Existe falta de legitim idad p ara obrar cuando no m edia coincidencia entre las personas que efectivamente actúan en el proceso y las personas a las cuales la ley h ab ilita especialmente p ara pretender o para contradecir. D écim o P rim ero . [La] legitimidad para obrar es la cualidad emanada de la ley para requerir una sentencia favorable respecto del objeto litigioso, situación que coincide en la mayoría de los casos, con la titularidad de la relación jurídico-sustancial; en consecuencia, existe n o m o s & th e s is

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falta de legitimidad para obrar cuando no media coincidencia entre las personas que efectivamente actúan en el proceso y las personas a las cuales la ley habilita especialmente para pretender o para contradecir, respecto de la materia sobre la cual versa el proceso. (Casación N.° 3954-2001-Santa Chimbóte, de 03-05-2002, f. j. 11. Sala Civil Transitoria [EP, 31-07-2002, p. 9043]. Testo completo: ). § 213. La legitim idad para accionar se establece con la sim ple constatación de que el actor ha deducido en juicio una relación juríd ica afirmando que él y el demandado son los sujetos de ella. P rim ero. [La] legitimidad activa para obrar corresponde a quien es titular de un derecho, ya sea para ejercitarlo o para defenderlo, correspondiendo al actor invocar interés y legitimidad para obrar [...]. S egu n do. [En] consecuencia, hay legitimidad para obrar cuando la relación jurídica sustancial corresponda respectivamente con la relación jurídica procesal que se forme, pues la legitimación deviene del derecho sustancial, lo que es fundamental para evitar la actividad jurisdiccional carente de contenido inútil. Tercero. En otros términos, la legitimidad para accionar se establece con la simple constatación de que el actor ha deducido en juicio una relación jurídica afirmando que él y el demandado son los sujetos de ella, puesto que la legitimación en causa es una condición para la fundamentación material del derecho en la persona del actor. (Casación N.° 303-2004-Arequipa, de 07-06-2005, íE jj. 1-3. Sala Civil Permanente [EP, 30-11-2005, p. 14970], Texto completo: ). § 214. La legitim idad p ara obrar constituye uno de los elementos esenciales que debe tenerse en cuenta p ara efecto del saneamiento procesal y establecimiento certero por el juez de la causa. Tercero. [...] [La] legitimidad para obrar del demandante es una condición de la acción y como tal constituye uno de los elementos esenciales que deben tenerse en cuenta para efecto del saneamiento procesal y establecimiento certero por el juez de la causa, acerca de la existencia en el proceso [...] de una relación jurídica procesal válida, entendida esta como la correcta relación jurídica que debe existir entre las partes que intervienen en el proceso y el juez de la causa (capacidad procesal, competencia, requisitos de la demanda, legitimidad e interés para obrar). Solo cuando ello sea así, el Juez del proceso, llegado el momento, puede expedir un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia, declarando el derecho de las partes. (Casación N.° 2936-2006-Piura, de 25-04-2007, f. j. 3. Sala Civil Transitoria [EP, 02-10-2007, p. 20816], Texto completo: ). § 215. La legitim idad p ara obrar será evaluada ai resolver el fondo de la causa, salvo que a criterio del juzgador el demandante careciera evidentemente de ella. S egundo. [...] [El] proceso se promueve solo a instancia de parte, la que invocará interés y legitimidad para obrar. Dicho precepto legal no exige la probanza rigurosa con la demanda de la legitimidad para obrar invocada. En todo caso, ese requisito de fondo de la demanda deberá ser evaluado al resolver el fondo de la causa, salvo que a criterio del juzgador el demandante careciera evidentemente de legitimidad para obrar (artículo 427, inciso 1, del Código Procesal Civil), lo que no es del caso. (Casación N.° 3419-2001-Lanibayeque, de 27-09-2002, f. j. 2. Sala Civil Permanente [EP, 31-01-2003, p. 9912]. Texto completo: ). § 216. El juez puede efectuar control de oficio tanto de los presupuestos procesales como de las condiciones del ejercicio válido de la acción, al haberse examinado y pronunciado de oficio por las instancias de m érito sobre la m anifiesta falta de legitim idad p ara obrar activa. Tercero. [...] b) En forma excepcional, en la sentencia el Juez se puede pronunciar sobre la validez de la relación procesal, emitiendo una resolución inhibitoria, c) La falta de legitimidad para obrar del demandante (así como del demandado), si bien debe ser examinada al calificarse la demanda, vía excepción o en el saneamiento del proceso, también cabe la posibilidad de que el juzgador la examine de oficio, al momento de expedir sentencia de primera y segunda instancia, en atención a la facultad legal señalada; por consiguiente, el juez puede efectuar control de oficio tanto de los presupuestos procesales como de las condiciones del ejercicio válido de la acción, tal como ocurre en el presente caso, al haberse examinado y pronunciado de oficio por las instancias de mérito sobre la * SUMMA PROCESAL CIVIL

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manifiesta falta de legitimidad para obtar activa. Además, la declaración de oficio de la nulidad de un acto jurídico constituye una facultad que asiste al Magistrado, por lo que su empleo es potestativo de aquél. (Casación N.° 1662-04-Callao, de 03-08-2004, £ j. 3. Sala Civil Transitoria [EP, 01-12-2004, p. 13285]. Texto completo: ). § 217- Cada parte tiene su propia legitim idad para obrar, en razón de su situación personal, respecto a las pretensiones que se discuten en un proceso. S étim o . [R] especto a la llamada legitimidad para obrar es necesario señalar que un sujeto puede gozar de esta aun cuando no tenga el derecho o la obligación sustancial, ya que el derecho a poner en actividad la jurisdicción y a recibir sentencia de mérito no corresponde solo al titular del derecho sustancial. Cada parte tiene su propia legitimidad para obrar, en razón de su situación personal, respecto a las pretensiones que se discuten en un proceso; se trata de una condición concreta que se tiene para ejercer válidamente la acción o la contradicción. (Casación N.° 3006-2007, de 12-11-2008, f. j. 7. Sala Civil Transitoria [EP, 04-12-2009]. Texto completo: ). § 218. El juez debe definir la existencia de la legitim idad para obrar del demandado en la calificación de la demanda. O ctavo . [Al] calificar la demanda el juez debe definir la existencia de la legitimidad para obrar de la parte demandante, debiendo tenerse en cuenta que la norma procesal exige que invoque tener legitimidad para obrar como titular del derecho conforme lo señala el artículo IV del Título Preliminar del Código Procesal Civil. (Casación N.° 2855-2014-Lima, de 21-08-2015, f. j. 8. Sala Civil Transitoria [EP, 03-07-2017, Sentencias en Casación N.° 731, p. 95123]. Texto completo: ). § 219. La legitim idad para obrar se encuentra ín sita en el artículo VII CC y guarda relación con el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. D écim o p rim ero . El legislador ha previsto en el artículo 220 del Código Civil que: “la nulidad a que se refiere el artículo 219 puede ser alegada por quienes tengan interés o por el Ministerio Público”, en el mismo sentido el artículo VII del Título Preliminar de la norma sustantiva refiere: “Para ejercitar o contestar una acción es necesario tener legítimo interés económico o moral...”, de lo cual se puede extraer como conclusión que la legitimidad para obrar se encuentra ín[s]ita en los acotados artículos; además de ello este supuesto normativo guarda relación con el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en el artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil. (Casación N.° 1470-2014-Arequipa, de 03-06-2015, f. j. 8. Sala Civil Transitoria [EP, 02-05-2016, Sentencias en Casación N.° 713, p. 76072]. Texto completo: ). § 220. La legitim id ad p ara obrar requiere el examen de la titularid ad del derecho cuya tutela jurisdiccional se aspira, por lo que de prim era intención debe calificarse la pretensión procesal que se h aya propuesto. La legitimidad pata obrar requiere el examen de la titularidad del derecho cuya tutela jurisdiccional se aspira, por lo que de primera intención debe calificarse la pretensión procesal que se haya propuesto, que como es natural tiene su sustento en la relación material o sustantiva del derecho. Analizada la demanda, se ha establecido que en ella se proponen una pretensión procesal principal (que se establezca judicialmente que existe responsabilidad de la demandante en el aludido accidente de tránsito), una pretensión procesal subordinada (que se establezca que la responsabilidad a cargo de la actora es de naturaleza contractual), una primera pretensión procesal accesoria a la subordinada (consistente en fijar el monto de la indemnización) y una segunda pretensión procesal accesoria a la subordinada (que la indicada indemnización no genera intereses legales). No se trata, pues, de un proceso en el que el perjudicado reclama el pago de una indemnización. De las anotadas pretensiones procesales fluye claramente que dentro de la relación jurídica material, originaria del evidente conflicto de intereses existente entre las partes, hay una incertidumbre jurídica que la actora solicita se dilucide judicialmente, supuesto en el cual a esta no se le puede negar la legitimidad que tiene para proponer judicialmente la eliminación de tal incertidumbre. En su oportunidad se establecerá especialmente el tipo de responsabilidad que corresponda a la empresa demandante y la magnitud de ella, sujeto naturalmente a la probanza. Conforme al numeral IV deí Código Procesal n o m o s & thesis

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Civil el actor solo está obligado a invocar la legitimidad para obrar, pues, en todo caso, al momento de decidir la causa el Juzgador tendrá también la oportunidad de volver a calificar la legitimidad para obrar (última parte del artículo 121° del Código Procesal Civil), por la naturaleza saneadora que tiene el proceso civil nacional. (Exp. N.° 1302-97, de 25-09-1997. Tercera Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Ponentes: Quirós Amayo, Cardón Lugo y Hasembank Armas. Referencia: CPC Bibliogr., p. 16). § 221. El reconocimiento judicial de la unión de hecho, debidamente ejecutoriada, otorga legitimidad para obrar en un proceso en el que se demanda la nulidad del contrato de transferencia de bienes sociales celebrado entre el ex conviviente y un tercero. U ndécim o. [Es] verdad jurídica que al haberse verificado la concurrencia de los presupuestos y requisitos previstos en el artículo 326 del Código Civil, es decir, al poseer las características del concubinato strictu sensu, se declaró [judicialmente, mediante sentencia debidamente ejecutoriada] la existencia de una unión de hecho entre [la demandante] y [el demandado], desde enero de 1996. En consecuencia, se constituye una sociedad de bienes sujeta al régimen de la sociedad de gananciales, esto es, la comunidad de bienes constituida por la unión entre [ambos] corresponde al régimen de sociedad de gananciales [..,]. D uodécim o. [Con] dicho fundamento j urídico se verifica que la casacionista tienen legítimo intetés para solicitar la nulidad de los actos jurídicos que invoca en su pretensión [contrato de transferencia de bienes sociales celebrado entre el ex conviviente demandado y un tercero.], por cuanto los bienes de los contratos cuestionados son inmuebles sociales por haber sido adquiridos durante la vigencia de la unión de hecho, es decir, se tiene la declaración judicial de convivencia o unión de hecho para efectos del presente proceso, con lo cual se acredita la legitimidad para obrar activa de la casacionista, en la medida que con ello está facultada para el ejercicio de la defensa de los derechos de la concubina sobre los bienes adquiridos durante la unión de hecho. (Casación N.° 1717-2014-San Martín, de 14-04-2015, ff. jj. 11 y 12. Sala Civil Permanente [EP, 30-06-2016, Sentencias en Casación N.° 715, p. 78667]. Texto completo: ). § 222. Si el contrato materia de resolución ha quedado sin efecto, el actor carece de legitimidad para obrar por sustracción de la materia. S egundo. [C] on los documentos obrantes [...], presentados por el propio actor, se acredita que el contrato [.,.] cuya resolución se está demandando en este proceso, quedó resuelto, de pleno derecho, al haber sido requerido por el ahora demandado, en virtud de los documentos precitados. Tercero. [En] consecuencia, al haber quedado sin efecto el glosado contrato, se ha producido la sustracción de la materia respecto a las pretensiones demandadas. C uarto, [S] iendo esto así, se evidencia que el actor carecía de legitimidad para obrar [,..]. (Exp. N.° 722-95, de 20-02-1996, ff. jj. 2-4. Quinta Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ). § 223. El derecho de acción y la legitimidad para obrar: diferencias. No es posible que uno de ios cónyuges (por carecer de legitimidad para obrar) defienda el patrimonio social cuando este se encuentra constituido por acciones que su consorte posee en calidad de socio. P rim ero. [El] derecho de acción es el derecho subjetivo que tienen todas las personas para hacer valer una pretensión jurídica ante el órgano jurisdiccional y obtener de este la tutela jurisdiccional efectiva a través de un pronunciamiento judicial. S egundo. [La] legitimidad para obrar en cambio es la coincidencia que debe existir entre las partes del derecho materia] y las partes de la relación jurídica procesal. Tercero. [A] pesar que ambos conceptos no aparecen claramente diferenciados en las resoluciones impugnadas, resulta evidente que estas se basan en la falta de legitimidad para obrar de la demandante, ya que apoyándose en normas de la Ley General de Sociedades, se ha estimado que la demandante carece de legitimidad para obrar, pues no es la sociedad conyugal a quien le corresponde el ejercicio de los derechos de socio si no la persona designada para tal efecto. Cuarto. [El] juez al calificar la demanda puede determinar la falta de legitimidad para obrar de la demandante conforme al inciso 1 del artículo 427° del Código Procesal Civil. (Casación N.° 2499-98-Lima, de 03-03-1999, ff. jj. 1-4. Sala Civil Permanente. Texto completo: ). ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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§ 224. La legitimidad para obrar no necesita probanza. Cuarto, [La] legitimidad para obrar [es una] cualidad [que] no necesita probarse, pues la exigencia contenida en el artículo IV del Título Preliminar del Código Procesal Civil dice que basta que la parte invoque interés y legitimidad para obrar a efectos de promover el proceso, en consecuencia, no se requiere “probar” dicha legitimidad, lo cual no se contrapone con el requisito considerado en el artículo 284 del Código. (Exp. N.° 32389-99, de 07-04-2000, £ j. 4. Sala de Procesos Sumarísimos y No Contenciosos. Texto completo: ). § 225. Definición de la leg itim a d o a d causam . S egundo. [...] [La legitimatio ad causam es] la facultad legal de los sujetos del proceso, demandantes o demandados, para formular una pretensión determinada o contradecirla, o a ser llamados al proceso para hacer posible una declaración de certeza eficaz o a intervenir en el proceso por asistirle un interés en su resultado [...]. (Casación N.° 1751-96-Piura, de 12-05-1998, ff. jj. 1 y 2. Sala Civil [EP, 07-06-1998, p. 1263]. Texto completo: ). § 226. La legitim a tio a d ca u sam constituye un requisito fundam ental p ara el ejercicio de la acción. N oveno. [...] [La] denominada “legitimatio a d causam constituye un requisito fundamental para el ejercicio de la acción, y es la cualidad emanada de la ley para requerir una resolución favorable respecto del objeto litigioso, situación que debe coincidir con la titularidad de la relación jurídicosustancial; contrario sensu , la falta de legitimación para obrar consiste en la ausencia de esa cualidad, porque no existe identidad entre la persona del demandado y aquella a favor de quien la acción está concedida o entre la persona del demandante y aquella contra la cual se concede; es decir, cuando no media coincidencia entre las personas que efectivamente actúan en el proceso y las personas a las cuales la ley habilita especialmente para pretender o para contradecir respecto de la materia sobre la cual versa el proceso. [...] (Casación N.° 5425-2007-Ica, de 20-05-2008, f. j. 9. Sala Civil Permanente [EP, 0112-2008, p. 23369]. Texto completo: ). § 227. La legitim ación procesal como un elemento propio de la sentencia ya que la legitim ación determ ina la persona que tiene el derecho para dem andar o ser dem andado. S egu n d o . [...] [La] legitimidad para obrar, legitimación procesal o legitimación ad causam puede conceptuarse como “la posición de un sujeto respecto del objeto litigioso, que le permite obtener una providencia eficaz” [...]; siendo ello así, la legitimación procesal es un elemento propio de la sentencia ya que la legitimación determina ia persona que tiene el derecho para demandar o ser demandado. (Casación N.° 26022000-La Libertad, de 05-03-2001, f. j. 2. Sala Civil Transitoria [EP, 01-10-2001, p. 7775]. Texto completo: ). § 228. La legitim a tio a d ca u sam solo significa tener derecho a exigir que se resuelva sobre las peticiones propuestas en la demanda. O ctavo. [La] legitimatio a d causam está ligada al legítimo interés económico y moral que exige el artículo IV del Título Preliminar del Código Procesal Civil para poder ejercitar una acción, la cual a su vez, activa el derecho a la tutela judicial para que se resuelva el conflicto jurídico generado entre las partes. N oveno. [El] interés para obrar está constituido por la necesidad de acudir ante un Juez cuando se han agotado todas las posibilidades de solucionar el conflicto en vía o forma distinta, de allí que la comprobación al inicio del proceso de la coincidencia de la relación jurídica procesal con la relación de derecho sustantivo no es condición ni presupuesto de la acción, pues solo se establecerá ello en el momento en que se pronuncie la sentencia, por ende estar legitimado en la causa significa tener derecho a exigir que se resuelva sobre las peticiones propuestas en la demanda. (Casación N.° 2315-02-Puno, de 29-09-2004, ff. jj. 8 y 9. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 30-06-2005, p. 14329]. Texto completo: ). § 229. La legitim idad activa o legitim a tio a d ca u sam se refiere a la licitud juríd ica de accionar y no debe confundirse con la titularidad m ism a del derecho m aterial. Q uinto. [La] legitimidad para obrar está referida a los sujetos a quienes, ya sea en la posición de demandante o demandados, la Ley Ies autoriza a formular una pretensión determinada o a contradecirla, o a ser llamados al proceso para hacer posible una declaración de certeza eficaz o a intervenir en el proceso por asistirles un interés en el resultado [...]. Sexto. [La] legitimidad activa, denominada legitim atio ad causam , prevista en el n o m o s & th e s is

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TITULO PRELIMINAR

Art. IV

artículo IV del Título Preliminar del Código Procesal Civil, se refiere a la licitud jurídica de accionar, que corresponde a quien afirma ser titular de derechos, lo que constituye un concepto procesal, que no debe confundirse con la titularidad misma del derecho material [...]. (Casación N.° 3218-98Lima, de 16-06-1999, ffi jj. 5 y 6. Sala Civil Transitoria [EP, 18-10-1999, p. 3763]. Texto completo: ). § 230. En virtud de la l e g i t i m a t i o a d c a u s a m debe m ediar una coincidencia entre las personas que actúan en e! proceso y las personas a las cuales la ley h ab ilita para pretender (legitim ación activa) y para contradecir (legitim ación pasiva). S é p t im o . La legitimidad activa o la denominada “legitimatio a d causam ’ es un requisito esencial para el ejercicio de la acción; en cuya virtud debe mediar una coincidencia entre las personas que actúan en el proceso y las personas a las cuales la ley habilita para pretender (legitimación activa) y para contradecir (legitimación pasiva) respecto de la materia que sobre la cual versa el proceso; por tanto dicha legitimación de las partes corresponde a la cualidad que les asiste para accionar y que los habilita legalmente para asumir su posición procesal [...]. (Casación N.° 2581-2007-Arequipa, de 23-08-2007, f. j. 12. Sala Civil Permanente [EP, 30-05-2008, p. 22208], Texto completo: ). § 231. La legitim idad a d c a u s a m es un presupuesto sustancial entre el sujeto dem andante o demandado y el interés perseguido en el juicio. En un proceso de desalojo, no resulta viable que se ponga nuevamente en debate esta legitim idad del propietario, m ediante recurso im pugnatorio, si dicho cuestionam iento y a fue desestimado en una audiencia anterior. Q u i n t o . [La] legitimatio ad causam es un presupuesto sustancial, es decir, un presupuesto de la pretensión para la sentencia de fondo, pues contempla la relación sustancial que debe existir entre el sujeto demandante o demandado y el interés perseguido en el juicio. De lo antes expuesto, se llega a la conclusión de que evidentemente la actora sí ostenta legitimidad parar obrar en este juicio, pues, al resultar la propietaria del bien sub­ litis está facultada por el artículo 586 del Código Procesal Civil a incoar la presente acción. Por lo demás, en el desarrollo del proceso la parte demandada cuestionó la legitimidad activa de la actora y dicho medio de defensa fue desestimado por infundado en la audiencia única. Consiguientemente, no resulta viable que se ponga nuevamente en debate el cumplimiento del indicado requisito de la acción. Por lo que no evidenciándose la violación al debido proceso en los términos denunciados, el recurso impugnatorio propuesto por la referida causal debe desestimarse por infundado. (Casación N.° 5123-2007-Lima, de 13-03-2008, f. j. 5. Sala Civil Permanente [EP, 30-06-2008, p. 22414], Texto completo: ). § 232. La l e g i t i m a t i o a d c a u s a m del poseedor de un bien en un contrato de arrendamiento financiero. Q u i n t o . [La] legitimidad para accionar de la demandante tiene su esencia en su calidad de poseedora del vehículo, con posibilidad de convertirse en propietaria del mismo y por las responsabilidades que sobre el cuidado del vehículo asumió al celebrar el contrato de arrendamiento financiero [...], que se encuentran especificadas en sus diversas cláusulas. S e x to . [Sin] embargo las instancias de mérito han tenido una equivocada apreciación y han hecho una valorización inadecuada de la escritura pública de arrendamiento financiero de autos, que los ha hecho concluir erradamente que la actora no tiene legitimidad para interponer esta demanda indemnizatoria, conculcándole su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, consagrada en el artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil, al eludir emitir un pronunciamiento sobre el fondo de la materia en controversia. (Casación N.° 306-2002-Chincha, de 24-06-2002, ff. jj. 5-6. Sala Civil Transitoria [EP, 01-10-2002], Texto completo: ), § 233. Para que exista legitim ación para obrar no es necesario que exista identidad entre la relación jurídica m aterial y procesal. Estar legitim ado en la causa significa tener derecho a exigir que se resuelva sobre las peticiones propuestas en la demanda. S e g u n d o . [La] legitimatio ad causam es requisito fundamental para el ejercicio de la acción y en doctrina se aprecian dos corrientes unos que sostienen que hay legitimidad para accionar cuando hay coincidencia con la titularidad del derecho sustancial y otros que aceptan que pueda existir la primera sin que exista la segunda, de tal manera * SUMMA PROCESAL CIVIL

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que la existencia del derecho sustancial no es condición de la acción, sino del éxito de la pretensión. T ercero. [El] primer criterio obedece al concepto romano que consideraba a la acción como el derecho sustancial en actividad o como un elemento del mismo. De la “legis actio sacramentó ”, que era la forma general para hacer valer en juicio los derechos propios [...]. Cuarto. [El] segundo criterio considera que la comprobación al inicio del proceso de coincidencia de la relación jurídica procesal con la relación de derecho sustantivo no es condición ni presupuesto de la acción, pues eso se establecerá en el momento en que se pronuncie la sentencia; y que estar legitimado en la causa significa tener derecho a exigir que se resuelva sobre las peticiones propuestas en la demanda, que es la corriente que acepta este Tribunal Supremo. (Casación N.° 2992-99-Lima, Lima, 05-04-2000, ff. jj. 2-4. Sala Civil Transitoria [EP, 3011-2000, p. 6445]-Texto completo; ). § 234. La legitim a tio a d causam es un elemento sustancial de la litis y, por lo tanto, no constituye un presupuesto procesal. Sexto. [...] [La] legitim atio a d causam [...] no es condición ni presupuesto de la acción, porque no la condiciona ni la limita en ningún sentido [por el contrario] la legitimatio ad causam es un elemento sustancial de la litis y, por lo tanto, no constituye un presupuesto procesal, pero la carencia de dicha calidad por su íntima relación con el interés sustancial de la pretensión impide obviamente una decisión de fondo [...], (Casación N.° 2296-98-Cajamarca, de 22-01-1999, f. j. 6. Sala Civil Transitoria [El] 19-03-1999, p. 2836]. Texto completo: ). § 235, Tiene legitim idad para obrar para adquirir la propiedad vía prescripción adquisitiva el poseedor no propietario. No puede accionar la prescripción adquisitiva el propietario poseedor. Cuarto. [El] demandante alega que es propietario del inmueble, por ello, tal como acusa el recurrente no tiene legitimidad para obrar porque es el poseedor no propietario y no el propietario poseedor el que puede demandar para que se le declare propietario vía prescripción adquisitiva de dominio. (Casación N.° 2037-T-96-Lima, de 18-11-1997, f. j. 4. Sala Civil Transitoria [EP, 03-04-1998, p. 591]. Texto completo; ). § 236. No tiene falta de legitimidad para obrar la persona que no determ ina su situación jurídica. Actora que interpone primero demanda en calidad de “sucesora procesal” de su fallecido esposo y luego como “cónyuge supérstite”. Véase la jurisprudencia del artículo 60° del Código Procesal Civil [§ 678]. (Casación N.° 2570-2014-Lima, de 14-08-2015, f. j. 7. Sala Civil Transitoria [EP, 30-12-2015, Sentencias en Casación N.° 710, p. 73386]. Texto completo: ). D. DEBERES DE VERACIDAD, PROBIDAD, LEALTAD Y BUENA FE

§ 237. Manifiesta falta de lealtad, probidad, veracidad y buena fe de la letrada patrocinante. [Está acreditado que el] [co]demandado habría fallecido el 11 de junio de 1988, hecho que la [co] demandada ha ocultado en todo momento, a pesar de haber sido requerida con apercibimiento de detención para que presente la partida de defunción [.,.]; que en consecuencia todo lo actuado deviene nulo por haberse demandado a un difunto [...]; [por lo tanto,] es manifiesta la falta de lealtad, probidad, veracidad y buena fe en que ha incurrido la letrada patrocinante de la demandada y esta misma, faltas que deben ser sancionadas [...]. (Exp. N.° 2257-94, de 15-05-1995. Quinta Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ), § 238. Recusación interpuesta en represalia contra el Juez que ya ha expedido sentencia. Actuación con desmedro a la probidad, buena fe y ponderación con que debe actuar el defensor. [Evidentemente, el abogado] hace valer [la recusación interpuesta contra el Juez], como una reacción de represalia, con falta de probidad y buena fe, ante la sentencia expedida, apoyándose incluso [,,.] en la forma y considerandos de la misma; que, de otro lado, se usa en ese escrito de recusación conceptos directos o encubiertos que afectan el respeto al Juez y a la función judicial, con desmedro a la probidad y ponderación con que debe actuar el defensor [...]; [..,] el juez tiene el deber de impedir y sancionar cualquier conducta ilícita o dilatoria (Exp. N.° 2428-93, de 14-03-1994. Primera Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo; ). n o m o s & th e s ís

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Art. V

E. SANCIÓN DE LAS CONDUCTAS ILÍCITAS O DILATORIAS

§ 239. Sanción al litigante y a su abogado que faltan a la verdad y no guardan respeto y moderación hacia la autoridad judicial. Cuarto. [El] demandado y su abogado patrocinante faltan a la verdad y [...] proceden con falta de respeto y [...] moderación hacia la autoridad judicial, ya que como se aprecia [...] tanto al demandante como tú demandado se les rechazaron sus respectivos escritos por no venir con la firma de los litigantes. (Exp. N.° 698-95, de 13-06-1995, f. j. 4. Segunda Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ). REMISIÓN

§ 240. Sobre la falta de legitimidad para obrar. Véase también la jurisprudencia del inciso 1 del artículo 427° del Código Procesal Civil (§ 2777 ss,). § 241. Sobre la excepción de falta de legitimidad para obrar. Véase también la jurisprudencia del inciso 6 del artículo 446° del Código Procesal Civil {§ 2987 ss.). § 242. Sobre la legitimidad para obrar pasiva. Véase la jurisprudencia del inciso 6 del artículo 446° del Código Procesal Civil (§ 3011 ss.).

Artículo y Principios de inmediación, concentración, economía y celeridad procesales Las audiencias y ia actuación de medios probatorios se realizan ante el Juez, siendo indelegables bajo sanción de nulidad. Se exceptúan las actuaciones procesales por comisión. El proceso se realiza procurando que su desarrollo ocurra en el menor número de actos procesales. El Juez dirige el proceso tendiendo a una reducción de los actos procesales, sin afectar el carácter imperativo de las actuaciones que lo requieran. La actividad procesal se realiza diligentemente y dentro de los plazos establecidos, debiendo el Juez, a través de los auxiliares bajo su dirección, tomar las medidas necesarias para lograr una pronta y eficaz solución del conflicto de intereses o incertidumbre jurídica.

PLENOS JURISDICCIONALES

§ 243. Uso efectivo de nuevos medios tecnológicos para garantizar la celeridad en la justicia.

¿Es técnica y legalm ente viable, el uso de nuevos medios tecnológicos para la celeridad en la justicial (notificación electrónica , video audiencia), ¿qué se requiere para su uso efectivo en la especialidad civill El Pleno acordó p o r u n a n i m i d a d : “Sí es técnica y legalmente viable, el uso de medios tecnológicos para la celeridad de la justicia. Para su uso efectivo se requiere, la decisión de los magistrados y mayor conocimiento del tema, garantizando seguridad jurídica en las diligencias y coordinando con las autoridades en el extranjero”. (Pleno jurisdiccional Distrital en Materia Civil, realizado por la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, los días 17 y 18-05-2007. Tema N.° 2, Caso N.° 1 [Celeridad procesal y uso de nuevas tecnológicas]. Texto completo: ). § 244. La presentación de demandas por la vía electrónica. ¿Es técnica y legalmente posible, la presentación d e demandas p o r la vía electrónica? ¿En qué casos civiles sería posible su em pleo? El Pleno acordó p o r m a y o r í a : “Si es técnica y legalmente posible. Un antecedente es el artículo 27 del Código Procesal Constitucional que lo permite. ¿En qué casos civiles sería posible su empleo? En los procesos no contenciosos, en el exequátur y otros procesos en que ambas partes estén de acuerdo”. (Pleno Jurisdiccional Distrital en Materia Civil, realizado por la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, los días 17 y 18-05-2007. Tema N.° 3. Texto completo: ).

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JURISPRUD ENCIA DE LA CORTE SUPREMA, DE LAS CORTES SUPERIORES Y DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL A. PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN O INMEDIATEZ

§ 245. Noción del principio de inm ediación. S egu n d o . [I]ntermediación [sic] es el principio procesal que informa el proceso, recogido en los artículos V del Título Preliminar, 127 y 202 del acotado, que propone la intervención del propio juez en la audiencia de actuación de medios probatorios, y significa que el juez debe encontrarse en un estado de relación directa con las partes y recibir personalmente las pruebas, mientras que la conducta de las partes puede constituirse en un elemento de convicción. (Casación N.° 1695-97-Lima, de 21-09-1998, f. j. 2. Sala Civil Permanente [EP, 18-10-1998, p. 1976]. Texto completo: ). § 246. El principio de inm ediación compele al juez a no ingresar al juicio solo cuando hayan terminado las actuaciones y se halle en estado de sentencia, es decir, cuando haya perdido su dinamismo y sea solo letra m uerta. S egundo, [...] [El] “principio de inmediación” [...] le impone al juez el deber de proximidad al litigio, comunicación con las partes, intervención en la actuación de la prueba, con el fin de investigar la verdad con sus propios medios, y no ingresar al juicio solo cuando hayan terminado las actuaciones y se halle en estado de sentencia, es decir, cuando haya perdido su dinamismo y sea solo letra muerta. Tercero. [La] importancia del principio de inmediación traduce la exigencia del mayor contacto del juez con las partes y con los hechos del proceso. (Exp. N.° 112695, de 18-01-1996, f. j. 2. Quinta Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima.-Texto completo: ). § 247. El juez que en definitiva va a resolver el conflicto de intereses o la incertidum bre jurídica tiene que tener m ayor contacto posible con todos los elementos subjetivos (partes, terceros) y objetos (documentos, lugares), que conformen el proceso. Juez superior reemplazante que emite su voto sin haber escuchado el informe oral. S étim o. [C]omo es de verse de autos, se tiene que el [Juez Superior que reemplazó al juez que estaba al momento de la vísta de la causa] [...] ha emitido su voto sin haber escuchado el Informe Oral [...], siendo esto así la Sala Superior debió haber declarado nula dicha vista de la causa y señalar con ello nueva fecha con los [nuevos] Vocales conformados [...], lo que no ocurrió; por lo que se estaría vulnerando el Principio de Inmediatez, que tiene por objeto que el Juez, quien en definitiva va a resolver el conflicto de intereses o la incertidumbre jurídica, tenga mayor contacto posible con todos los elementos subjetivos (partes, terceros) y objetos (documentos, lugares), que conformen el proceso, por esta razón el Juez puede participar en la realización de todos los actos procesales y es que la cercanía puede proporcionar mayores y mejores elementos de convicción. O ctavo. [En] consecuencia, lo argumentado por el demandante [...] tiene asidero legal, ya que se estaría recortando el derecho de defensa. (Casación N.° 2848-2003-Amazonas, de 23-06-2004, ff, jj. 7 y 8. Sala Civil Transitoria [EP, 31-01-2005, p. 13459]. Texto completo: ). § 248. Conforme al principio de inm ediación, es el mismo colegiado superior el que, agotando los instrumentos jurídicos que le otorga la ley, debe encargarse de actuar los medios probatorios. Debe tenerse en cuenta también los principios de economía y celeridad procesal. Q uinto. [.,.] [De] acuerdo al principio de inmediación, consagrado en el artículo V del Título Preliminar, ab initio , del Código Procesal Civil, las audiencias y ía actuación de los medios probatorios se realizan ante el juez, siendo, en principio indelegables tales funciones, bajo sanción de nulidad. Ello implica que debe haber una inmediata comunicación entre el juez y las personas que intervienen en el proceso, los hechos que en él deban hacerse constar y los medios de prueba que se utilicen. [...] Sexto. [En] el caso de autos, si bien es necesario que se recaben pruebas tales como la declaración de la demandada, la entrevista a la menor y la evaluación psicológica de ambas, también debe atenderse a que, en aplicación del principio de inmediación [...], sea el mismo Colegiado Superior el que agotando los instrumentos jurídicos que le otorga la ley se encargue de actuar los medios probatorios mencionados. Ello en razón de que debe tenerse en cuenta no solo el principio de inmediación, sino también los n o m o s & th e s is

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de economía y celeridad procesal [...]. (Casación N.° 684-2009-Lima, de 10-12-2009, ff. jj. 5 y 6. Sala Civil Transitoria [EP, 30-06-2010, Sentencias en Casación N.° 627, p. 27971]. Texto completo: ). § 250. Principio de inm ediación y del juez natural: cuando un juez distinto de! que ha tram itado el proceso debe expedir sentencia, es preciso que se avoque al conocimiento de la causa. Tercero, [U]no de los principios fundamentales del proceso es el del juez natural, es decir, que las partes conocen qué Juez va a tramitar su proceso y en todo caso quién es el Juez que lo va a sentenciar. C uarto. [P]or ello, cuando un Juez distinto del que ha tramitado el proceso debe expedir sentencia, es preciso que se avoque al conocimiento de la cansa, para que los justiciables sepan quién será su juez natural que va a resolver la controversia. (Casación N.° 2732-2001-Canchis/Sicuaní, de 18-01-2002, ff. jj. 3 y 4. Sala Civil Transitoria [EP, 02-05-2002]. Texto completo: ). § 251. Relación entre el principio de inm ediación y el derecho a la prueba. 5. [...] [La] actuación y la valoración de la prueba personal en su relación con el principio de inmediación presenta dos dimensiones: una personal y otra estructural- La primera, que se refiere a ios datos relacionados con la percepción sensorial del juez: lenguaje, capacidad narrativa, expresividad de las manifestaciones, precisiones en el discurso, etc., no es susceptible de supervisión y control en apelación, es decir no puede ser variada. La segunda, cuyos datos se refieren a la estructura racional del contenido de la prueba, ajenos en sí mismos a la percepción sensorial del juzgador, sí puede ser fiscalizada y variadas. En este contexto, el relato fáctico que el juez asume como hecho probado no siempre es inmutable, pues a) puede ser entendido o apreciado con manifiesto error o de modo radicalmente inexacto; b) puede ser oscuro, impreciso, dubitativo, ininteligible, incompleto, incongruente o contradictorio en sí mismo; o, c) ha podido ser desvirtuado por pruebas practicadas en segunda instancia. En este segundo conjunto de supuestos, se encuentra constitucionalmente justificada la variación del valor de la prueba personal otorgada por el juez de primera instancia sobre la base del principio de inmediación, y, por tanto, no seria preciso declarar la inconstitucionalidad del acto procesal que lo contiene. (Exp. N.° 02201-2012-PA/TC, de 17-06-2013 [Web: 11-11-2013 / EP: 30-01-2015], f. j. 5. Texto completo: ). § 252. Infracción del principio de inm ediación por intervención de distintos jueces en la actuación de la prueba y la sentencia. Q uinto. [Se] aprecia que la audiencia de pruebas fue celebrada ante [un] Vocal Superior [que] no intervino en la resolución de vista, no verificándose que haya existido avocamiento alguno por parte de otro vocal; infringiéndose así el principio de inmediación recogido por el artículo V del Título preliminar del Código Procesal Civil. (Casación N.° 815-99Lima, de 19-07-1999, f. j. 5. Sala Civil Permanente [EP, 02-11-1999, p. 3844], Texto completo: ). § 253. El juez competente para sentenciar es quien h a llevado la audiencia de prueba. III. a) [...] El juez sustituto continuará el proceso, pero puede ordenar, en resolución debidamente motivada, que se repitan las audiencias, si lo considera indispensable. [...] [El] juez competente para sentenciar la causa es quien ha llevado la audiencia de pruebas [...]. b) [...] [El] legislador al establecer que el juez que inicie la audiencia de pruebas concluya el proceso ha tenido en consideración el principio de inmediación, de modo que el juez que resuelve la causa sea aquel que haya estado en la actuación de pruebas, en base a los cuales debe sentenciar la causa. [.,.] (Exp. N.° 2642-98, de 20-11-1998, £ j. III. Sala de Procesos Abreviados y de Conocimiento. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ). § 254. La inm ediación requiere que el juez de la sentencia sea el mismo que actuó las pruebas, pero adm ite excepciones. S étim o. [La] inmediación requiere que el juez de la sentencia sea el mismo que actuó las pruebas, pero no es un principio absoluto y admite excepciones, que son señaladas en artículo 50° in fin e del Código adjetivo, de tal manera que el juez que se hace cargo de un proceso, ya en estado de sentencia, está facultado, y no obligado, a repetir las audiencias y solo si * SUMMA PROCESAL CIVIL

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ío considera indispensable, precisamente por la vigencia del principio de la preclusión del proceso. (Casación N.° 1053-97-Callao, de 03-07-1998, £ j. 7. Sala Civil Permanente. Texto completo: ). § 255- Nulidad de sentencia emitida por juez que reemplazó temporalmente por vacaciones al titular. S egundo. [La] sentencia apelada fue expedida por el juez que reemplazó temporalmente por vacaciones al titular del juzgado, razón por la cual carece de los requisitos mínimos para lograr su finalidad [...]. (Casación N.° 1089-96-Lima, de 12-09-1997, £ j. 2. Sala Civil. Texto completo: ). § 256. Es imprescindible que el juez sentenciador sea el mismo que ha dirigido el proceso en la actuación de las pruebas, sin que pueda interferir el carácter imperativo de esta disposición el principio de elasticidad que prevé el art. 201 CPC. Principio de inmediación. Véase la jurisprudencia del artículo 50° dei Código Procesal Civil [§ 623]. (Casación N.° 270-T-97-Lima, de 21-11-1997, £ j. 3. Sala Civil Transitoria [EP, 03-04-1998, p. 606]. Texto completo: ). § 257. Remisión. Véase también, sobre el principio de inmediación, la jurisprudencia del artículo 50°, in fin e , del Código Procesal Civil (§ 621 ss.). B. PRINCIPIO DE ECONOMÍA PROCESAL

§ 258. Principio de economía procesal. Contenido. Cuarto. [El] principio de economía procesal, como principio del procedimiento, está referido en cuanto a la esfera temporal a la prudencia con que ios jueces deben llevar a cabo los actos procesales, tratando de encontrar el justo medio entre la celeridad y el respeto a las formalidades que resulten imprescindibles, a fin de poder solucionar adecuadamente la controversia que es de su conocimiento. (CasaciónN.0 1266-2001-Lima, de 12-092001, f. j. 4. Sala Civil Transitoria [EP, 02-01-2002, p. 8222], Texto completo: ). § 259. Alcances de los principios de economía y celeridad procesales. Tercero, [Los] principios [de economía y celeridad procesales] regulan el proceso no solo como un conjunto de actividades que deben realizar los jueces y que se encuentran regulados por la ley, entendiéndose que el Juez debe atender a que la finalidad concreta del proceso es resolver el conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre jurídica, buscando el mayor resultado con el mínimo empleo de la actividad procesal [...]. (Casación N.° 646-96-La Libertad, de 22-10-1997, fi j. 3. Sala de Derecho Constitucional y Social [EP, 04-07-1998, p. 1381], Texto completo: ). § 260. El principio de economía procesal esta edificado bajo tres aspectos: de economía de tiempo, de esfuerzos y de gastos. Sexto. [El artículo 190 del Código Procesal Civil] se sustenta en el principio de economía procesal, pues importa que los fines del proceso se desarrollen evitando un despliegue innecesario de actividades procesales que pueden cumplirse eficazmente con otra actuación procesal, de ahí que el anotado principio esté edificado bajo tres aspectos, de economía de tiempo, de esfuerzo y de gastos; por consiguiente, la infracción de la norma antes acorada es insubsanable pues es trascendente que el proceso se desarrolle al vigor del principio comentado, en sustento de un interés público y distanciado del mero interés de las partes, de ahí que, pese a que el recurrente no ha alegado haber sufrido perjuicio directo con lo resuelto por el colegiado, el vicio materia de la denuncia devenga en insubsanable, pues la economía en el proceso es más trascendente de lo que comúnmente puede significar que el Juez inferior actúe la prueba por él denegada, toda vez que ello, puede ser practicado por el Juez superior ai amparo dei contenido axíológico del principio comentado y contenido en la norma materia de la infracción. (Casación N.° 1289-99-Lima, de 27-12-1999, £ j. 6. Sala Civil [EP, 19-02-2000, p. 4643]. Texto completo: ). § 261. El principio de economía procesal no puede justificar el atentado contra la garantía de la doble instancia. Cuarto. [..,] [La] resolución impugnada incurre en exceso de pronunciamiento al declarar n o m o s & th e s is

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improcedente la demanda, cuando el proceso fue elevado a su conocimiento exclusivamente para que resuelva el conflicto negativo de competencia suscitado entre los juzgados civil y de trabajo [...]. Quinto. [La] economía procesal no puede justificar el atentado contra la garantía de la doble instancia para calificar o rechazar una demanda cuya competencia es del juzgado especializado, de manera que se ha incurrido en una omisión de la obligación de absolver el conflicto elevado y en uso indebido de facultades extra petita que la ley no concede [...]. (Casación N.° 428-98-Píura, de 14-07-1.999, ff. jj. 4 y 5. Sala de Derecho Constitucional y Social [EP, 21-03-2000, p. 4816], Texto completo: ). § 262. Principio de economía procesal no le faculta al juez a afectar el carácter imperativo de las actuaciones que así lo requieran. S egundo. [Si] bien el juzgador puede optar por la reducción de los actos procesales, esta atribución no le faculta para afectar el carácter imperativo de las actuaciones que lo requieran ni para no respetar los plazos establecidos [...]. (Exp, N.° 58-95, de 06-04-1995, f. j. 2. Cuarta Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ). § 263. En aplicación de los principios de economía y celeridad procesal, al no encontrarse afectado el derecho de defensa de las partes, se resuelve en sede de instancia la controversia a efecto de poner fin a la litis. 5.10. [Se] debe precisar que aunque los Jueces Superiores al revocar la apelada emitieron un pronunciamiento declarando improcedente la demanda, su fundamentación se basó en el análisis de los hechos, las pruebas y con aplicación de normas sustantivas que corresponden a una decisión sobre el fondo de la controversia; por lo que, al no encontrarse afectado el derecho de defensa de las partes, es decir, no les causa indefensión, en aplicación de los principios de economía y celeridad procesal contemplados en el artículo V del Título Preliminar deí Código Procesal Civil, es menester resolver en Sede de Instancia la presente controversia a efecto de poner fin a la litis. (Casación N.° 1389-2014-Lima, de 25-05-2015, £ j. 5-10. Sala Civil Transitoria [EP, 30-03-2016, Sentencias en Casación N.° 712, p. 75360]. Texto completo: ). § 264. Si bien el cuaderno de apelación existen errores de foliación e inserción de piezas procesales, por economía procesal, no cabe declarar la nulidad del mismo. En todo caso, el Juez de la causa tiene facultades suficientes para sancionar las conductas maliciosas al interior del proceso. P rim ero. [El] principio de transcendencia invocado por la parte demandante como causal de improcedencia de la nulidad deducida por la codemandada [...], contenido en su escrito de absolución de traslado de nulidad [...] y reproducidos en su escrito de apelación [...], no son aplicables a casos como el presente, donde no solo está en debate el derecho de las partes en conflicto, sino normas y principios generales de orden público, como son las garantías constitucionales del derecho al debido proceso y al derecho de defensa, los cuales no pueden ser socavados bajo ningún supuesto, por su condición de derechos fundamentales. S egundo. [C] ada vez son más frecuentes los errores de foliación e inserción de piezas procesales en la elevación de los cuadernos de apelación sin efecto suspensivo, cuya responsabilidad recae directamente en los especialistas legales, como en el caso de autos, en lo que se refiere al escrito número 4 [...], donde se dice adjuntar como anexo 4-A documentos que demostrarían que el demandante tenía conocimiento de que los codemandados [...] residían en el extranjero, y que son merituados por el a quo para declarar fundada la nulidad en análisis, los cuales no han sido insertados en el presente cuaderno, y que por ende acarrearían la nulidad de la elevación por ancos diminutos. T ercero. [No] obstante lo expresado en el considerando anterior, y por economía procesal, no cabe declarar la nulidad del mismo, en todo caso el Juez de la causa tiene facultades suficientes para sancionar las conductas maliciosas al interior del proceso. (Exp. N.° 3324-98, de 1510-1998, ff. jj. 1-3. Sala de Procesos Abreviados y de Conocimiento. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ). § 265. Si bien la omisión de la valoración de una prueba esencial ha ocurrido tanto en la sentencia de prim era instancia como en la de segunda instancia, por economía procesal solo se anula la sentencia de segunda instancia. Tercero. [Si] bien la omisión [de la valoración de una prueba esencial] ha ocurrido tanto en la sentencia de primera instancia como en la vista, esta última

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está facultada para la revisión del proceso de primera instancia y emitir un pronunciamiento, por lo que por economía procesal solo se anula la sentencia de vista. (Casación N.° 950-99-Lima, de 08-091999, f. j. 3- Sala Civil Transitoria [EP, 12-11-1999, p. 3910J. Texto completo; ). § 266. Contravención del principio de economía procesal: no se toma en cuenta que no obstante que se trata de dos contratos distintos estos han sido liquidados como una sola obligación. P rim ero. [E]xaminado el error ín procedendo denunciado, en relación a la contravención al principio de economía procesal al establecerse que pese a la conexión, mismo origen de la relación jurídica y proceso en la misma vía, se debería accionar por separado en relación a los dos títulos ejecutivos anexados, cuando está visto que se obtendría una sentencia que atañería a ambos demandados de manera directa, [por lo que se ha contravenido el artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Civil al generar un despliegue innecesario de actividades procesales, limitando y perjudicando su derecho de pago favoreciendo la morosidad]. [...] S étim o. [En] consecuencia, no se ha tenía en cuenta que no obstante que se trata de dos contratos distintos estos han sido liquidados como una sola obligación [...]. (Casación N.° 2314-2008-Piura, de 06-07-2009, ff. jj. 1 y 7. Sala Civil Transitoria [EP, 04-12-2009, p. 26787]. Texto completo: . § 267. En aplicación del principio de economía procesal, se aprueba el nombramiento de curador con anterioridad a su interdicción. [Aun] cuando el nombramiento de curador para una persona mayor, relativamente incapaz es posterior a su interdicción, en aplicación del principio de economía procesal [...] [se aprueba el nombramiento de curador con anterioridad a su interdicción]. (Exp. N.° 101-95, de 20-02-1995. Primera Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo; ). § 268. Principio de economía procesal y acum ulación procesal. Tercero. [S]egún indican los principios del derecho procesal, para el ejercicio de cada pretensión debe seguirse un proceso independiente, sin embargo por razones de economía, es procedente tramitar y decidir una pluralidad de pretensiones dentro de una unidad de proceso. (Casación N.° 21 1-94-La Libertad, de 20-08-1997, f. j. 3. Sala Civil [EP, 01-05-1998, p. 826], Texto completo: ). § 269. Se infringe el principio de economía procesal cuando las pretensiones no son conexas entre sí. Sétim o. Del análisis de las tres pretensiones principales demandadas, no existe conexidad entre ellas, cada una de ellas se refiere a hechos diversos y separables unos de otros, que responde a relaciones jurídicas diversas cada una, no presentándose elementos comunes entre ellas, ni siquiera afines, siendo que en caso se mantuviera la validez de la relación jurídico-procesal se tergiversaría el principio de economía procesal. (Casación N.° 2340-2009-Lima, de 17-05-2010, f. j. 7. Sala Civil Transitoria [EP, 04-07-2011, Sentencias en Casación N.° 645, p. 30646]. Texto completo: ). § 270. Omisión de lo dispuesto en el artículo 396 del CPC en aplicación de los principios de economía y celeridad procesal. Véase la jurisprudencia del artículo 396° del Código Procesal Civil [§ 2575]. (Casación N.° 3586-2013-Lima, de 27-05-2014, f. j. 5.10. Sala Civil Permanente [EP, 01-062015, Sentencias en Casación N.° 704, p. 64021]. Texto completo: ). C. PRINCIPIO DE CELERIDAD PROCESAL

§ 271. El juez debe, en la m edida de lo posible, resolver oportunamente controversias como el de la tenencia de menor (donde está de por medio el interés superior del niño), absteniéndose de em itir sentencias inhibitorias innecesarias que no tienen mayor sustento láctico n i jurídico. D écim o. [...] [Se] advierte que el presente proceso ha sido iniciado ante el órgano jurisdiccional hace más de cinco años; razones por las que se debe tener en cuenta lo expuesto respecto del plazo razonable en el que se deben de resolver los procesos judiciales y en consideración que conforme a lo previsto en el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Civil, el Juez debe atender que la finalidad concreta del proceso es resolver un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia jurídica; haciendo efectivos los derechos sustanciales, contexto dentro del cual deben ser examinados los n o m o s & th e sis

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fundamentos del recurso de casación a fin de no seguir alargando innecesariamente el proceso, por lo que se recomienda a la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, resolver el presente proceso teniendo en cuenta la naturaleza de la pretensión (tenencia de menor y otros), donde está de por medio el interés superior del niño; el ad quem debe en la medida de lo posible resolver oportunamente este tipo de controversias, absteniéndose de emitir sentencias inhibitorias innecesarias que no tienen mayor sustento fáctico ni jurídico; razones por las cuales, en atención al principio de Economía y Celeridad Procesales contemplado en el artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Civil, el Colegiado Superior debe emitir pronunciamiento de fondo, sobre los agravios expuestos en la apelación interpuesta contra la sentencia de primera instancia. [...] (Casación N.° 1682-2008-Huánuco, de 14-07-2009, f. j. 10. Sala Civil Transitoria. Texto completo: ). § 272. La falta de capacidad procesal para accionar está convalidada con la presentación de escritos de fechas posteriores y la nulidad que podría acarrear tales hechos no altera el sentido del fallo, por lo que resulta aplicable el principio de celeridad procesal. [La] demandante ha practicado válidamente el acto jurídico del reconocimiento de su menor hija, conforme aparece del acta marginal de la partida [...]; que la omisión de la firma de la accionante en la demanda [...], así como la falta de capacidad procesal para accionar, está convalidada con la presentación de escritos de fechas posteriores y que la nulidad que podría acarrear tales hechos no alteraría el sentido del fallo, por lo que resulta aplicable al caso de autos los principios de la celeridad procesal, sin perjudicar el interés de las partes [...]. (Exp. N.° 747-95-Lima, de 26-04-1996. Sala Civil. Texto completo: ). § 273. El vicio procesal que es advertido en segunda instancia, no am eritará la declaración de improcedencia si es posible subsanarla, en cumplimiento del principio de celeridad procesal. Véase la jurisprudencia del artículo 121° del Código Procesal Civil [§ 1176]. (Casación N.° 38562016-Lima Norte, de 24-08-2017, ffi jj. 3, 4, 5 y 7. Sala Civil Permanente [EP, 03-07-2018, Sentencias en Casación N.° 750, p. 111107]. Texto completo: ). § 274. Conforme a los principios de celeridad y economía procesal, juez deberá reconducir proceso a la vía correcta si error no es im putable al demandante. Corresponde a los jueces rem itir los actuados para su respectiva redistribución al órgano jurisdiccional competente. Véase la jurisprudencia del artículo 12° del TUO de la Ley que regula el proceso contencioso administrativo [§ 4428], (Casación N.° 1153-2014-Tacna, de 19-07-2015, f. j. 11. Sala Transitoria de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema [EP, 30-10-2015, Sentencias en Casación N.° 708, p. 69382]. Texto completo: ). D. PRINCIPIO DE PRECLUSIÓN

§ 275. No puede sustentarse la sentencia en un medio probatorio que fue declarado inadm isible por extemporáneo. Principio de preclusión procesal. C uarto . La sentencia debe emitirse atendiendo únicamente a los medios probatorios ofrecidos en la etapa postulatoria que han sido admitidos por el órgano jurisdiccional, en consecuencia, si la sentencia recurrida se sustenta en un medio probatorio que en su oportunidad ha sido declarado inadmisible por extemporáneo, se vulnera el principio de preclusión procesal y el debido proceso, (Casación N.° 931-2002-Arequipa, de 13-102003, íf. jj. 4. Sala Civil Permanente [EP, 02-02-2004, p. 11388], Texto completo: ). § 276. La facultad deí juez de declarar la im procedencia de la dem anda en la sentencia no afecta al principio de preclusión. C uarto. [No] se ba afectado el principio de preclusión del proceso, pues la facultad del Juez de declarar la improcedencia de la demanda en la sentencia está expresamente concedida por el último párrafo del artículo 121 del Código Adjetivo. (Casación N.° 1019-2000Cono Norte - Lima, de 06-12-2000, £ j. 4. Sala Civil Permanente [EP, 01-03-2001, p. 7068]. Texto completo: ). * SUMMA PROCESAL CIVIL

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§ 277. Principio de preclusión procesal. El juez superior no puede revisar la sentencia declarando improcedente la demanda una vez que existe auto de saneamiento. Sexto. [Al] haber precluido la etapa postulatoria del proceso, y al haber dispuesto el superior colegiado que el juez de la causa expida nuevo pronunciamiento respecto al fondo de la materia controvertida; al revocarse la sentencia apelada y reformándola declarar improcedente la demanda en todos sus extremos, por estimarse que no existe conexión lógica entre los hechos y el petitorio de la demanda, la Sala Superior ha incurrido en nulidad insubsanable que es necesario declarar, pues se ha pronunciado sobre un aspecto procesal que ya había quedado firme, vulnerando el principio de preclusión procesal. (Casación N.° 1854-2004-Pnerto Maldonado, de 17-05-2006, f. j. 6. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 31-07-2006]. Texto completo: ). § 278. Se desecha la tolerancia para el inicio de las diligencias procesales, teniendo en cuenta el derecho que igualm ente reclaman las otras diligencias que el juzgado tiene programadas. P rim ero. [El] ejercicio de la función jurisdiccional y el de la defensa ante el Poder Judicial no son antagónicos; “la abogacía es una función social al servicio de la justicia y el Derecho”, tal como lo establece el artículo 284 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. [...] S egu n d o [H]abiéndose desechado la “tolerancia” para el inicio de las diligencias procesales, estas deben realizarse con sujeción a los principios contenidos en el artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Civil, teniendo en cuenta, sobre todo, el derecho que igualmente reclaman las otras diligencias que el juzgado tiene programadas. (Exp. N.° 256-02-Lima, de 27-03-2002, ff. jj. 1 y 2, Cuarta Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: }, § 279. En vía de im pugnación no puede alegarse hechos nuevos que no hayan sido discutidos en grados inferiores. Principio de preclusión. 3.° [En] vía de impugnación no pueden alegarse hechos nuevos no discutidos en las instancias inferiores puesto que la absolución del grado respectivo solamente está referido a lo que es materia del proceso; ello en aplicación de los principios dispositivo y de preclusión en materia procesal civil, (Casación N.° 2749-99-Lima, de 10-12-1999, £ j. 3. Sala Civil [EP, 21-01-2000, p. 4622]. Texto completo: ). § 280. Si la emplazada cumplió con absolver el traslado de la dem anda sin haber deducido excepciones ni defensas previas, concluyó la etapa postulatoria, por lo cual correspondía, en virtud al principio de preclusión procesal, el saneamiento del proceso. O ctavo . [En] el presente caso, [...] la emplazada cumplió con absolver el traslado de la demanda, sin haber deducido excepciones ni defensas previas; al concluir la etapa postulatoria, correspondía, en virtud al principio de preclusión procesal, que se saneara el proceso, acto procesal que constituye un deber del juez de la cansa, quien de oficio debe pronunciarse mediante resolución motivada sobre la validez de la relación jurídicoprocesal, tal como lo dispone el ya glosado inciso 1 del artículo 465 del Código Procesal Civil. N oveno. [Siendo] esto así, la demora en la tramitación de la causa se debió, en el presente caso, a una inactividad imputable al órgano jurisdiccional en la realización de un acto procesal al que estaba obligado; consecuentemente, al haberse declarado el abandono del proceso, se han vulnerado normas de procedimiento de cumplimiento obligatorio, lo cual a su vez contraviene la garantía del debido proceso [...], (Casación Previsional N.° 030-1999-Lima, de 04-11-2003, ff. jj, 8-9. Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria [EP, 01-03-2004]. Texto completo: ). § 281. Principio de preclusión no lim ita la facultad discrecional del juzgador para disponer la renovación de un acto procesal o se actúen las pruebas ofrecidas oportunamente y adm itidas. Véase la jurisprudencia del artículo 189° del Código Procesal Civil [§ 1688]. (Casación N.° 72097-Lima, de 03-12-1998, ff. jj. 2, 4 y 5. Sala Civil [EP, 01-02-1999, p. 2565]. Texto completo: ). § 282. Invalidez de una prueba que no fue oportunamente ofrecida n i mucho menos adm itida o actuada en la etapa procesal correspondiente. Toda resolución debe sujetarse al m érito de lo n o m o s & th e s is

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actuado. Principio de preclusión. Véase k jurisprudencia del artículo 189° del Código Procesal Civil [§ 1685]. (Casación N.° 3067-00-Cañete, de 05-09-2002, ff. jj. 4-6. Sala de Derecho Consdtucional y Social Permanente [EP, 31-03-2003]. Texto completo: ). § 283. Si la sentencia se sustenta en un documento ofrecido extemporáneamente, se afecta el principio de preclusión. S egundo . [C]omo se puede verificar [...], el a quo toma como sustento un documento presentado por el demandante [...] en una constancia extemporánea [...], Tercero . [Dicho] documento fue proveído por el magistrado de instancia, con un “téngase presente lo expuesto en lo que fuere de ley al momento de sentenciar1 [...]; constancia que no fue ofrecida como medio probatorio por el accionante en ningún momento y menos se llegó a actuar como tal a lo largo del proceso, si ello fuera posible. Cuarto. [Sjiendo así, al haber concluido la probatoria, por el principio de preclusión procesal, ya no cabría la admisión de otras pruebas y menos considerarlas como sustento de la sentencia. (Exp. N.° 4192-98, de 18-08-1999, ff. jj. 2-4. Sala de Procesos Abreviados y de Conocimiento. Corte Superior de justicia de Lima. Texto completo: ). § 284. Los apelantes no puedan cuestionar la validez de la relación procesal m ediante la apelación de la sentencia, en aplicación del principio de preclusión procesal. Véase la jurisprudencia del artículo 466° del Código Procesal Civil [§ 3270], (Exp. N.° 3306-98, de 12-11-1998, f. j. III. Sala de Procesos Abreviados y de Conocimiento. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ). § 285. Si la actora no ha hecho atingencia alguna respecto a la transgresión de su derecho de defensa en el proceso principal, aquella circunstancia no puede sustituirse en vía de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, en virtud del principio de preclusión procesal. Véase la jurisprudencia del artículo 178° del Código Procesal Civil [§ 1643]. (Exp. N.° 36526, de 19-01-1999, ff. jj. 1, 2 y 4. Sala de Procesos Abreviados y de Conocimiento. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ). § 286. No es posible aplicar la excepción de prescripción en el recurso de casación, en virtud del principio de preclusión. Véase la jurisprudencia del inciso 12 del artículo 446° del Código Procesal Civil [§ 3082]. (Casación N.° 2519-2000-Lima, de 07-05-2001, ff. jj. 5 y 6. Sala Civil Permanente [EP, 30-11-2001]. Texto completo: ). § 287. No se puede deducir excepción de prescripción en cualquier estado de la causa, l a prescripción no alegada en la etapa de composición de la litis, no puede ser objeto de pronunciam iento sin vulnerar el principio de preclusión. Véase la jurisprudencia del inciso 12 del artículo 4 46° del Código Procesal Civil [§ 3084], (Casación N.° 2255-98-Lima, de 13-05-1999, ff. jj. 1 y 2. Sala Civil Permanente [EP, 14-09-1999, p. 3514]. Texto completo: ). § 288. Si el juez de la causa admitió el medio probatorio de cotejo en la audiencia respectiva, no puede rechazarlo luego con argumentos que antes no tuvo en cuenta, por el principio de preclusión. Véase ía jurisprudencia del artículo 257° del Código Procesal Civil [§ 1957]. (Exp, N.° 4213-98, de 08-03-1000, ff. jj. 3 y 4. Sala de Procesos Abreviados y de Conocimiento. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ). § 289. Diferencia entre cosa juzgada y preclusión. Véase ía jurisprudencia del artículo 123° del Código Procesal Civil [§ 1353]. (Casación N.° 1195-2004-Ica, de 08-09-2005, f. j. 6. Sala Civil Transitoria [EP, 28-02-2006, p. 15436], Texto completo: ). § 290. Distinción entre cosa juzgada y preclusión. Véase la jurisprudencia del artículo 123° del Código Procesal Civil [§ 1354], (Casación N.° 2056-98-Lima, de 13-01-1999, f. j. 4. Sala Civil Transitoria [EP, 19-03-1999, p. 2832], Texto completo: ). § 291. Remisión. Sobre el principio de preclusión procesal, véase también la jurisprudencia del artículo 121° del Código Procesal Civil [§ 1184 s.]. ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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Artículo VI: Principio de socialización del proceso. Igualdad procesal El Juez debe evitar que la desigualdad entre las personas por razones de sexo, raza, religión, idioma o condición social, política o económica, afecte el desarrollo o resultado del proceso.

TERCER PLENO CASATORIO CIVIL

§ 292. En los procesos de fam ilia, como en los de alimentos, divorcio, filiación, violencia fam iliar, entre otros, el Juez tiene facultades tuitivas y, en consecuencia, se debe flexibilizar algunos principios y normas procesales. Véase ía jurisprudencia del artículo IX del Código Procesal Civil [§ 382], (Tercer Pleno Casatorio Civil [Tema: Divorcio por causal de separación de hecho], realizado el 18-03-2011, Casación N.° 4664-2010-Puno [EP, 13-05-2011], que establece seis reglas (entre ellas esta) como doctrina jurisprudencial vinculante. Texto completo: ). JURISPRUDENCIA PE LA CORTE SUPREMA

§ 293. Se vulnera el principio de socialización cuando solo se califica los medios probatorios aportados por el demandante y no los del demandado. C uarto . [...] [La] parte recurrente argumenta que se ha afectado el debido proceso al solo merituar lo invocado por la parte demandante, basando sus resoluciones de primera instancia y la expedida por la Sala en revisión que confirma la sentencia, en el principio de primacía de la realidad, y no se ha dado validez, ni tomado en cuenta los medios probatorios ofrecidos por el demandado [...], en el sentido que el demandante firmó contratos de locación de servicios con IRTE Las resoluciones de primera y segunda instancia han contravenido lo normado en el Título Preliminar del Código Procesal Civil, artículos VI y VII, en lo referente a los principios de socialización o igualdad en el proceso, y en lo referente a que el Juez conoce el derecho. (Casación N.° 1438-2010-Lima, de 08-04-2011, f. j. 4. Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria [EP, 30-01-2014, Sentencias en Casación N.° 688, p. 48150]. Texto completo: ). § 294. Por el principio de socialización del proceso, las dependencias públicas no tienen privilegios en m ateria procesal civil. P rim ero . [Si] bien es cierto [el artículo 23 de la Ley N.° 17537 señala que "no procede el abandono ni el recurso de deserción contra el Estado”, y que] este dispositivo no ha sido expresamente derogado, debe entenderse que sí lo ha sido tácitamente, conforme al numeral 13 de la Primera Disposición Derogatoria del Código Procesal Civil, ya que la Sétima Disposición Final del Código Procesal Civil es clara al señalar que ha quedado suprimido cualquier privilegio que puedan tener las dependencias públicas en materia procesal civil; así lo entiende también el artículo VI del Título Preliminar deí mismo Código, que consagra el principio de socialización del proceso [...]. (Casación N.° 3912-2001-Arequipa, de 27-12-2002, f. j. 2, Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 02-12-2003]. Texto completo: ). § 295. El juez debe im pedir que la desigualdad en que las partes concurren al proceso sea un factor determ inante para que los actos procesales o la decisión tengan un a orientación que repugne el valor justicia. C uarto. [..,] [Para] dilucidar la controversia debe rodearse de todos los elementos de juicio que determinen a cabalidad si efectivamente la parte demandada incumplió en el pago de la acreencia y en esa línea de pensamiento, al disponerse la incorporación al proceso de los medios probatorios pertinentes, debe darse oportunidad a la parte demandante a fin que exprese lo conveniente a sus intereses, lo contrario implicaría infringir asimismo el principio de igualdad de las partes en el proceso o principio de socialización, según el cual el Juez debe impedir que la desigualdad en que las partes concurren al proceso sea un factor determinante para que los actos procesales o la decisión tenga una orientación que repugne el valor justicia. [...] (Casación N.° 5116-2010-Cusco, de 04-01-2012, f. j. 4. Sala Civil Transitoria [EP, 04-07-2012, Sentencias en Casación N.° 668, p. 35601]. Texto completo: ). n o m o s & th e s ís

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§ 296. Las normas que regulaban privilegios en m ateria procesal civil a favor del Estado han sido suprim idas. T e rc e ro . [...] [Cuando] el Estado y sus dependencias o las empresas públicas o privadas con participación económica determinante de aquél, intervienen en un proceso civil, cualquiera sea su calificación o ubicación procesal que se les asigne, se someterán al Poder Judicial sin más privilegios que los expresamente señalados en [la ley procesal], quedando suprimidos todos los privilegios en materia procesal civil a favor del Estado, sus respectivas reparticiones y demás entidades de derecho público o privado. C u a r t o . [Lo] dispuesto por el artículo 23° de la Ley N.° 17537 [que señala que no procede el abandono ni el recurso de deserción contra el Estado] constituye un privilegio procesal a favor del Estado, el mismo que ha quedado suprimido por las normas del Código Procesal Civil [...], ya que dicho privilegio expresamente no se otorga por el Código en favor del Estado, (Casación N.° 1049-98-Loreto, de 19-05-1999, ff jj. 3 y 4. Sala Civil Transitoria [EP, 14-06-2000, p. 5487]. Texto completo: ). § 297. Igualdad entre las partes. El Estado se encuentra en igual situación que cualquier litigante. T e rc e ro . [El] Código Adjetivo no otorga ningún privilegio aí Estado, con respecto ai abandono, por lo que el Estado se encuentra en igual situación que cualquier litigante. (Casación N.° 892-98-Loreto, de 17-08-1998, f. j. 3. Sala Civil Transitoria [EP, 02-10-1998, p, 1726], Texto completo: ). § 298. El principio de igualdad de las partes en el proceso se fonda en la igualdad ante la ley. [El] derecho de defensa, como principio y garantía de la tutela jurisdiccional, en esencia se basa en el tradicional brocárdico “auditur et altera p a rís”o bilateralidad de audiencia, que se sustenta en el principio de igualdad procesal, el cual asegura a ambos contendientes que participan en el proceso la oportunidad de ser oídos y producir pruebas [...]. [...] [El] principio de igualdad de las partes en el proceso, no es otra cosa que una expresión particular del principio, esencialmente político, de igualdad de los individuos ante la ley [...]. (Casación N.° 626-97-Áncash, de 12-08-1998, f. j. 2. Sala Civil Permanente [EP, 15-10-1998, p. 1927]. Texto completo: ). S egundo.

§ 299. Eí derecho de defensa como principio y garantía de la tutela jurisdiccional se sustenta en el principio de la igualdad procesal. S e g u n d o . [El] derecho de defensa como principio y garantía de la tutela jurisdiccional se sustenta en el principio de la igualdad procesal, el cual asegura a las partes que participan en el proceso a ser oídos y presentar pruebas. (Casación N.° 1241-97-Lkna, de 18-091998, f. j. 2. Sala Civil [EP, 26-11-1998, p. 2119]. Texto completo: ). § 300. Conforme al principio de igualdad procesal de las partes, debe descartarse la utilización de argumentos como “el interés social” y “eí interés de la víctima”. D é c im o q u in t o . [...] [Debe] descartarse la utilización de argumentos como “el interés social” y “el interés de la víctima” para pretender soslayar lo normado en el artículo 1361° del Código Civil, en razón de que conforme al artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Civil, el Juez debe evitar que la desigualdad entre las personas por razones de sexo, raza, religión, idioma o condición social, política o económica, afecte el desarrollo o resultado del proceso, eliminándose cualquier forma de discriminación, ya sea a favor o en perjuicio de alguna de las partes. (Casación N.° 3241-2007-Lima Norte, de 13-09-2007, f. j. 15. Sala Civil Permanente [EP, 02-01-2008, p. 21283]. Texto completo: ). § 301, La concesión de plazo especial a una so lap arte procesal viola el principio de igualdad. [La] concesión de un plazo adicional en favor de [solo] una de las partes, atenta [...] contra el principio de igualdad procesal de estas al interior del proceso. (Casación N.° 303-96-Lambayeque, de 30-05-1997, f. j. 7. Sala Civil [EP 30-12-1997, p. 230]. Texto completo: ). S é t im o .

§ 302. Principio de igualdad y protección de los derechos de los litigantes ( t u s li g a t o r is ) . [La] salvaguarda de los principios de igualdad ante la ley y seguridad jurídica cobran sentido y plena eficacia, cuando coinciden en la protección de los derechos de los litigantes, que constituye T e rc e ro .

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el concepto del ius ligatoris, es decir, el derecho de los justiciables a que su petitorio sea decidido con justicia. (Casación N.° 467-95-Lima, de 09-06-1998, f. j. 3. Sala Civil [EP, 17-07-1998, p, 1461]. Texto completo: ). REMISIÓN

§ 303. Sobre el derecho a la igualdad y el derecho a la igualdad procesal. Véase también la jurisprudencia del inciso 2 del artículo 2o de la Constitución (§ 1 ss. y § 7 ss., respectivamente) y artículo 50° inciso 2 del Código Procesal Civil (§ 572 ss.).

Artículo Vil: Juez y derecho El Juez debe aplicar el derecho que corresponda a! proceso, aunque no haya sido invocado por las par­ tes o lo haya sido erróneamente. Sin embargo, no puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes.

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§ 304. La Corte de Casación puede advertir una nulidad manifiesta aun cuando las instancias de mérito no la hayan advertido en su oportunidad, y aun cuando no haya sido invocada como agravio en el recurso de casación. V I I I . D e c i s i ó n . [...] S egundo. Asimismo, declararon que c o n s t i t u y e n p r e c e d e n t e j u d i c i a l v i n c u l a n t e las siguientes reglas: [...] 7- Se modifica la ratio decidendi contenida en el fundamento 39 del Primer Pleno Casatorio Civil (Casación N.° 1465-2007-Cajamarca [§ 337]), de fecha 22 de enero de 2008, debiendo entenderse en lo sucesivo que la Corte de Casación puede advertir una nulidad manifiesta aun cuando las instancias de mérito no la hayan advertido en su oportunidad, y aun cuando no haya sido invocada como agravio en el recurso de casación, en cuyo caso, en decisión motivada y con expresa indicación de la causal de nulidad que podría haberse configurado en la celebración del negocio jurídico, se declarará la nulidad de la sentencia de vista, la insubsistencia de la sentencia apelada y se ordenará que el Juez de primera instancia, previa promoción del contradictorio entre las partes, emita pronunciamiento sobre la posible nulidad manifiesta. [...] (Noveno Pleno Casatorio Civil [Tema: Proceso de otorgamiento de escritura publica], realizado el 0908-2016. Casación N.° 4442-2015-Moquegua [EP, 18-01-2017], que establece ocho reglas -entre ellas esta- como doctrina jurisprudencial vinculante. Texto completo: ). PLENOS JURISDICCIONALES

§ 305. El juez puede declarar la nulidad de un acto jurídico por una causal distinta a la invocada por la parte demandante. ¿Es posible que elJuez declare la nulidad de un acto ju rídico p o r una causal distinta a la invocada en el petitorio de la demanda? El Pleno acordó por m a y o r í a : “Sí es posible que el Juez declare la nulidad de un acto jurídico por una causal distinta a la invocada por la parte demandante, pues en aplicación de lo dispuesto por el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil, que precisa que el Juez debe aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente, debiendo en tal caso, no fundar su decisión en hechos diversos a los alegados por las partes”. (Pleno Jurisdiccional Distrital Civil 2009 Corte Superior de Justicia de Lima Norte, realizado en Lima, los días 12 y 13-11-2009. Tema N.° 2: Nulidad de acto jurídico por causal no peticionada. Texto completo: ). § 306. El juez de los procesos de nulidad o divorcio no puede aplicar una causal distinta a la invocada porque dicha causal forma parte del petitorio. Tampoco el de responsabilidad civil no puede aplicar un régim en legal distinto a l invocado. Principio de congruencia procesal. El Pleno acordó p o r m a y o r í a : “El Juez de los procesos de: a) nulidad o divorcio no puede aplicar una causal distinta a la invocada, porque dicha causal forma parte del petitorio; b) responsabilidad civil n o m o s & th e s ls

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no puede aplicar un régimen legal distinto al invocado; en ambos casos, en aplicación del principio de congruencia procesal”. (Pleno Jurisdiccional Distrital en Materias Civil, Familia, Constitucional y Contencioso Administrativo, realizado en Arequipa, los días 18, 20, 27, 28 de setiembre, 02, 15 y 25 de octubre de 2007. Tema N.° 2. [La aplicación del principio del ‘Hura novit curia”. Los lím ites]. Texto completo; ). § 307. Sí es procedente resolver el mejor derecho de propiedad dentro de un proceso de reivindicación a fin de no vulnerar el principio de congruencia procesal. ¿En un proceso de reivindicación , pu ede discutirse el m ejor derecho de propiedad cuando el demandado también alega ser propietario del bien inmueble? El Pleno acordó por m a y o r í a : “[Que] sí es procedente resolver el mejor derecho de propiedad dentro de un proceso de reivindicación cuando el demandado al absolver la demanda se opone presentando su título de propiedad, obligando al demandante a pronunciarse sobre este hecho nuevo, y al Juez a fijar como punto controvertido en la audiencia respectiva: “determ inar el m ejor derecho d ep rop ied a d j [...] que deberá ser materia de debate probatorio y posterior pronunciamiento por parte del Juez al momento de expedir sentencia, a fin de no vulnerar el Principio de Congruencia Procesal previsto en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil y privilegiar de ese modo los principios de economía y celeridad procesal regulados en el artículo V del Título Preliminar del código antes glosado, así como los principios registrales contenidos en el Libro X del Código Civil; logrando de ese modo tanto la finalidad concreta como abstracta del proceso civil, que son resolver el conflicto de intereses con paz social en justicia”, (Pleno Jurisdiccional Distrital en Materia Civil, realizado por la Corte Superior de Justicia de La Libertad, los días 22, 23 y 24-08-2007. Tema N.° 3. Texto completo: ). § 308. En los procesos de divorcio por causal el juez puede declarar de oficio los alimentos.

¿En los procesos d e divorcio p or causal, p u ed e el ju ez declarar de oficio los alimentos? Al respecto, esta circunstancia debe ser una excepción, fundada en el supuesto que el cónyuge inocente no tenga medios para subsistir; en este sentido la aplicación del acotado artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil, exige una limitación, que puede ejercitarse cuando no afecta ni el derecho de la defensa, ni el principio contradictorio, vale decir cuando no altera en nada las pretensiones planteadas por las partes ni los hechos alegados sometidos a probanza. De lo expuesto, debemos tener en cuenta que la finalidad del proceso es lograr la paz social en justicia, por lo que no resultaría equitativo que luego de un proceso de divorcio en el que la parte emplazada si bien mantenga el hogar y cuente con los medios económicos suficientes, a la vez que se resuelva la disolución del vínculo matrimonial, ello pueda conllevar a la extinción de la obligación alimentaria para con su cónyuge, máxime si este último no cuenta con los medios económicos suficientes para subsistir (dado que se dedicó al cuidado de los hijos y del hogar, lo que la sitúa en una posición de desventaja), por lo que a fin de no mermar el derecho del cónyuge inocente, el juzgador debe necesariamente emitir una declaración respecto al derecho alimentario del mismo, a fin de que se le permita llevar una vida decorosa. El Pleno acordó por m a y o r í a : “[El] el Juez sí puede declarar de oficio los alimentos de la cónyuge”. (Pleno Jurisdiccional Nacional de Familia, realizado en Cajamarca, 1998. Acuerdo N.° 9.2. Texto completo: ). § 309. En la separación de cuerpos convencional, el juez no puede declarar de oficio los alimentos. ¿Puede el ju ez declarar de oficio los alimentos, si los cónyuges no lo han acordado? En principio la separación convencional resulta una separación de consuno, en la que uno de los requisitos de la acción consiste en acompañar el convenio correspondiente, siendo en este convenio donde se fija el régimen de los alimentos, tenencia de los hijos, régimen de los hijos, etc. Por lo que estando el acuerdo de voluntades plasmado en él, este no puede ser afectado por intervención de un tercero (el Estado) por lo que el juez no podría ir más allá de lo que las partes han fijado en dicho convenio, deviniendo en aplicable el principio procesal contenido en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil por el cual “el Juez no puede ir más allá del pedido, ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes”. Que de otro lado, debe tenerse en cuenta que la fijación de alimentos de oficio para la cónyuge, en procesos de separación de cuerpos o divorcio, atentaría contra ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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el espíritu de la ley, por cuanto está prescrito es por el divorcio cesa la obligación de prestar alimentos, y en la práctica vemos que si los cónyuges no han señalado régimen alimenticio entre sí, ello responde a su capacidad económica. Por consiguiente, se exige, por parte del Juez, un estudio prolijo de los casos a fin de establecer si las partes en el convenio adjuntado a la demanda, han fijado el régimen alimenticio que les concierne. El Pleno p o r m a y o r í a acuerda: El Juez no puede declarar de oficio los alimentos para la cónyuge, si los cónyuges no lo han acordado. (Pleno Jurisdiccional Nacional de Familia, realizado en Cajamarca, 1998. Acuerdo N.° 9.1. Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA, DE LAS CORTES SUPERIORES Y DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL A. IU RA N O V IT CURIA

§ 310, Función supletoria y correctiva del principio iura n ovit cu ria. Sexto . [...] [El] artículo V il del Título Preliminar del Código Procesal Civil [...] cumple dos funciones: 1) una supletoria, cuando las partes han omitido los fundamentos de derecho o la invocación de la norma jurídica que sustente la demanda y demás acros postulatorios; y, 2) una correctiva, cuando las partes han invocado equivocadamente una norma jurídica como sustentatoria de sus peticiones, en cuyo caso el juez debe corregir el error aplicando la norma jurídica pertinente. (Casación N.° 554-04-Cusco, de 07-06-2005, f. j. 6. Sala Civil Transitoria [EP, 30-09-2005, p. 14775]. Texto completo: . § 311. Iura n o v it cu ria y control constitucional del proceso. Tercero. [El] control constitucional del proceso está referido al control que el órgano jurisdiccional superior (sea en vía de apelación, de casación, de revisión, de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, etc.) reexamina el proceso, verificando si el juzgador de la instancia inferior ha infringido o no las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, vulnerado alguno de sus elementos; es decir, en el control constitucional del proceso no hay un cuestionamiento del juez al legislador, sino que se cuestiona la conducta procesal del propio juez en la dirección y resolución del proceso, imputándosele infracciones a las normas imperativas del debido proceso. [...] Q uinto. [Es] evidente que ía recurrida causa perjuicio al recurrente, toda vez que se ha privilegiado una norma de rango inferior (Resolución Administrativa del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial), en vez de aplicar el numeral 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, que señala como un principio y derecho de la función jurisdiccional: la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva [...]. (Casación N.° 1562-03-Piura, de 31-03-2004, ff. jj. 3 y 5. Sala Civil Transitoria [EP, 02-08-2004, p. 12501]. Texto completo: ). § 312. Deber de los jueces de pronunciarse sobre una incertidum bre jurídica en casos de vacío legal. C uarto. [La] pretensión demandada persigue que el órgano jurisdiccional partiendo de lo resuelto por el Tribunal Constitucional conceda los plazos propuestos para la adecuación de la Ley N.° 27153, teniendo en cuenta las recomendaciones propuestas por dicho órgano en el referido proceso sobre inconstitucionalidad, respecto a los principios de razonabilidad y proporcionalidad al no haberse expedido norma alguna por el Poder Legislativo sobre tal materia a la fecha de interposición de la demanda por lo que en dicho período legal se produjo una incertidumbre jurídica y el vacío legal alegado, concluyendo de ello que se trata de una cuestión justiciable ante el Poder Judicial por considerar las accionantes que sus derechos serán lesionados con la existencia de dicha incertidumbre lo que debía ser dilucidado ai amparo de las normas que contienen los artículos I y III del Título Preliminar del Código Procesal Civil. (Casación N.° 1179-2004-Junín, de 09-08-2005, f. j. 4. Sala Civil Permanente [EP, 30-01-2006, p. 15389]. Texto completo: ). § 313. El juez debe aplicar el derecho que corresponda al proceso: en la presente sentencia se ha omitido em itir pronunciamiento respecto de ía excepción de incum plim iento, asunto que tiene incidencia directa en el tem a que es m ateria de controversia (la resolución de un contrato). N oveno . [De] la revisión de la sentencia apelada se advierte que se ha omitido emitir pronunciamiento respecto de la excepción de incumplimiento (prevista en el artículo 1426 del Código Civil) que viene n o m o s & thesis

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alegando la parte demandada desde que contestó la demanda [...], y que vuelve a invocarla al formular apelación contra la sentencia de primera instancia [...], asunto que puede tener incidencia directa en el tema que es materia de controversia (la resolución de un contrato), pues uno de los presupuestos para que esta última prospere consiste precisamente en que no existan circunstancias que justifiquen el incumplimiento (ausencia de circunstancias justificantes). Cabe recordar que una debida motivación de las resoluciones constituye una de las garantías del proceso judicial, por la cual se hace posible conocer y controlar las razones por las cuales el juez ha decidido una controversia en un sentido determinado. [...] (Casación N.° 2368-2014-Lima Norte, de 24-07-2015, f. j. 9. Sala Civil Transitoria [EP, 30-09-2016, Sentencias en Casación N.° 718, p. 83206], Texto completo: ). § 314. Juez resuelve el petitorio aunque no haya sido expresamente solicitado: validez del acta mediante la cual la dem andada se hizo declarar heredera sí fue cuestionada por la demandante al interponer su demanda. Q u i n t o . [De] la revisión de los autos, este Supremo Tribunal concluye que la validez del Acta [...], mediante la cual la [demandada] recurrente se hizo declarar heredera de TYV y PCC sí fue cuestionada por la demandante al interponer su demanda, aunque esta no haya solicitado expresamente se declare su nulidad en el petitorio, más aún si el examen de la vocación hereditaria de la demandada fue fijado como primer punto controvertido del proceso, [...] por lo que los magistrados, circunscribiéndose a los hechos alegados por las parres y aplicando el derecho que corresponde al proceso, aunque las partes no lo hayan invocado expresamente, estimó viable proceder en concordancia con las facultades de oficio que le concede la ley material, específicamente el segundo párrafo del artículo 220 del Código Civil, razón por la cual no existe transgresión de lo normado en el artículo VTI del Título Preliminar del Código Civil, y en consecuencia este extremo del recurso debe declararse infundado, correspondiendo por tanto emitir pronunciamiento sobre la causal material [...]. (Casación N.° 1324-2005-Puno, de 03-04-2006, f. j. 5. Sala Civil Transitoria. Texto completo: ). § 315. El Juez no puede subsanar en base al principio de t u r a n o v i t c u r i a la causal no invocada por el ejecutado en su contradicción. T e rc e ro . [...] [Es] carga procesal del ejecutado invocar la causal que sustenta su contradicción, por lo que no puede alegar en su favor la infracción de un acto procesal cuando con su conducta ha propiciado su propia indefensión, que no puede ser subsanado por el tura novit curia ya que no es un error de derecho o de nomen inris sino la posición del justiciable que tiene en el proceso que debe ser cumplida conforme a la ley procesal, pues de lo contrario debe soportar el efecto de su incumplimiento, como es el rechazo liminar de la contradicción, por lo que el cargo adolece de base real de conformidad con e! artículo 175 del Código Procesal, además, la impugnante señala que invocó la causal de inexigibilidad de la obligación, sin embargo, los defectos del protesto no caben denunciarse al amparo de dicha causal. (Casación N.° 3568-00-Ica, de 12-01-2001, f. j. 3. Sala Civil Transitoria [EP, 30-04-2001, p. 7249]. Texto completo: ). § 316. En aplicación del principio i u r a n o v i t c u r i a , el juez no incurre en exceso alguno cuando aplica una norm a legal que no fue invocada en el petitorio n i en la contestación. O c t a v o . Establecidos los hechos, el Juez procede a su valoración jurídica, con cuyo propósito los ubica dentro de las hipótesis de la ley, en la labor denominada subsunción, lo que le conduce a la determinación de la norma aplicable, para lo cual no tiene limitación, sobre la base del principio iura novit curia antes mencionado. N o v e n o . En consecuencia, no incurre en exceso alguno el Juez que aplica una norma legal que no fue invocada en ei petitorio ni en la contestación, pues está plenamente facultado para ello [...]. (Casación N.° 2786-99-Lima, de 20-01-2000, ff. jj. 8 y 9. Sala Civil Transitoria [EP, 07-04-2000, p, 4996]. Texto completo: ). § 317. El aforismo i u r a n o v i t c u r i a se refiere a la invocación o no invocación de las normas jurídicas que sirven de fundamento a las pretensiones esgrimidas por las partes dentro de un proceso. 5- Distinto, pero también importante para una eficiente protección de derechos, es el caso del aforismo iura novit curia, contemplado en ios artículos VII del Título Preliminar del Código Civil y del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente a los procesos constitucionales, conforme « SUMMA PROCESAL CIVIL

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al artículo 63 la Ley N.° 26435. Aquel precepto establece que “el juez debe aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente”. Dicho aforismo, literalmente significa “el Tribunal conoce el derecho” y se refiere a la invocación o no invocación de las normas jurídicas que sirven de fundamento a las pretensiones esgrimidas por las partes dentro de un proceso. (Exp. N.° 0569-2003-AC/TC, de 05-04-2004 [Web: 07-04-2004 / EP: 11-04-2004], f. j. 5. Texto completo: ). § 318. D a m ih i fa ctu m , dab o tib í ius. El juez es por definición un conocedor del derecho y de su técnica y está obligado a conocer en cada caso la norma objetiva aplicable a la situación concreta que se le plantea. Cuarto. [Es] evidente el error en la motivación que objeta la recurrente, pues el órgano jurisdiccional es por definición un conocedor del derecho y de su técnica y está, por tanto, obligado a conocer en cada caso la norma objetiva aplicable a la situación concreta que se le plantea, de donde se sigue que las partes no vinculan al Juez de mérito en cuanto a las alegaciones que formulen sobre la existencia o interpretación de determinados preceptos y también que por regla general, no están sujetas a la carga de la prueba de tal existencia o interpretación, pues es deber del Juez examinar de oficio a demanda bajo todos los aspectos jurídicos posibles y, por consiguiente, la mejor doctrina establece que el Juez puede, en la esfera del derecho puro suplir a las partes, que es lo que se denomina el principio de "iiira n ovit curia" [...]. También recogido en los aforismos: “Da m ihi fa ctu m , dabo tibi ius” y “Los abogados al hecho, los jueces al derecho”. (Casación N.° 2162-98-Loreto, de 1203-1999, f. j. 4, Sala Civil Transitoria [EP, 16-04-1999, p. 2906]. Texto completo: ). § 319. El juez puede fundar la decisión en hechos distintos a los alegados. Q uinto. [...] [Los] jueces deben aplicar el derecho que corresponda al proceso, que es la materialización dei aforismo iura n ovit curia, por lo que la aplicación de la referida disposición en la sentencia de vista, en virtud del principio señalado, no importa fundar la decisión en hechos distintos a los alegados, por lo que no se ha incurrido en el vicio denunciado. (Casación N.° 1165-98-Lima, de 30-11-1998, £ j. 5. Sala Civil. Texto completo: ). § 320, Principio iura n o v it curia. Se puede adaptar una demanda de nulidad de acto jurídico a una de ineficacia si se invocan las causales de esta. Q uinto. En el presente caso, [..,] los demandantes [...] peticionan la nulidad del acto jurídico contenido en la escritura pública del contrato particular de fideicomiso de fecha 27 de junio de 2006, así como deí acto jurídico contenido en la escritura pública de dación en pago de fecha 7 de julio de 2006, invocando para ello las causales de nulidad contempladas en los incisos 3, 4 y 8 del artículo 219 del Código Civil, referidas al objeto jurídicamente imposible, fin ilícito y por ser contrarios a las leyes que interesan al orden público; sin embargo, dentro de los fundamentos de hecho de la demanda alegan que la demandada [...], mediante los actos jurídicos materia de nulidad y dentro de un procedimiento concursal (periodo de sospecha), habría transferido [un] inmueble [...], infringiendo así el artículo 19 de la Ley General del Sistema Concursal, Ley N.° 27809, norma que regula la ineficacia de las transferencias celebradas con un ano anterior a la solicitud del procedimiento concursal. Sexto. Ahora bien, examinado el proceso, se tiene que tanto el juez como la Sala Superior declararon improcedente la demanda, bajo el sustento de que está incursa en la causal de improcedencia prevista en el artículo 427 inciso 6 [hoy inciso 5] del Código Procesal Civil, esto es, por ser el petitorio jurídicamente imposible, en razón a que se peticiona la nulidad del acto jurídico sustentada en un supuesto de ineficacia, es decir, no cuestiona los requisitos de validez del acto jurídico, sino solo sus efectos; sin embargo, del análisis deí material fáctico de la demanda es evidente que si bien los hechos expuestos no se subsumen dentro de la causal de nulidad del acto jurídico, no obstante, se advierte que los demandantes sí alegaron el caso de ineficacia contemplado en el artículo 19 de la Ley N.° 27809; por lo que, de conformidad con el principio iura n ovit curia, el Juez de la causa debió calificar adecuadamente la demanda, pese a que la parte actora invocó erróneamente la norma de derecho material, pues dicho principio así lo permite. (Casación N.° 1347-2015-Tacna, de 26-112015, ff. jj. 5 y 6. Sala Civil Permanente [EP, 28-02-2017, Sentencias en Casación N.° 724, p. 89151]. Texto completo: ). n o m o s & thesis

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§ 321. Principio iu ra n o v i t c u r i a y principio dispositivo del proceso civil no son excluyentes. [El] artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil establece que el juez debe aplicar el derecho que corresponde al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente. Sin embargo, no puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes. S e g u n d o . [La] norma acotada contiene dos principios: por un lado el aforismo aiura n ovit curia”, en virtud del cual el juez conoce el derecho y debe aplicar la norma correspondiente al proceso aunque no haya sido invocada o lo haya sido en forma errónea; y por otro lado, el principio dispositivo del proceso civil en mérito del cual los hechos y el petitorio corresponden a las partes, no pudiendo el juez ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos distintos a los que han sido alegados por ellas. T e rc e ro . [Los] citados principios no son excluyentes, sino más bien se complementan, porque de esta manera si bien el juez tiene la facultad para aplicar la norma que corresponde al proceso, ello será en base a los hechos y al petitorio que han sido fijados expresamente por las partes, no pudiendo exceder estos límites por cuanto ello conllevaría a una afectación del derecho a un debido proceso. C u a r t o . [El] fundamento de la prohibición de que ei juez pueda ir más allá del petitorio o de los hechos invocados por las partes, reside no solamente en el hecho que estos extremos corresponden a las partes, quienes tienen disposición para poder postularlos o no dentro de un proceso, sino también a la garantía del derecho de defensa, porque los hechos y el petitorio van a fijar los límites del debate probatorio en el que se afectaría el referido derecho si el juez emite pronunciamiento en base a hechos respecto de los cuales las partes no han tenido la oportunidad de poder pronunciarse y formular sus alegaciones correspondientes. (Casación N.° 1331-2005-Cono Norte de Lima, de 23-03-2006, ff. jj. 1-4. Sala Civil Permanente. Texto completo: ).

P r im e r o .

§ 322. No se vulnera la congruencia cuando el juez aplica eí derecho correspondiente al no haber sido expuesto en forma clara y evidente por la parte demandante, en uso de la facultad que le confiere el principio iura n o v i t c u r i a . Q u i n t o . [..,] [La] Sala Civil Superior al confirmar la apelada no ha modificado el p etitu m y la causa p eten d i planteada, toda vez que sí bien el demandante no sustentó su pretensión, de nulidad en la causal contenida en el inciso 4 del artículo 219 del Código Civil (fin ilícito), no obstante, alegó la infracción del artículo 110 de la Ley N.° 26887, por tanto, dicho órgano jurisdiccional calificó jurídicamente los hechos expuestos por las partes sin modificarlos, pues solo aplicó el derecho correspondiente al no haber sido expuesto en forma clara y evidente por la parte demandante, en uso de la facultad que le confiere el principio iura n ovit curia, no advirtiéndose por ende la incongruencia procesal denunciada. (Casación N.° 255 9-2010-Li ma, de 26-047-2011, f. j. 5. Sala Civil Permanente [EP, 30-07-2012, Sentencias en Casación N.° 669, p. 36520]. Texto completo: ). § 323. D iferencia entre el principio de suplencia de queja deficiente y la aplicación del i u r a 3. [...] [A] diferencia de las situaciones resueltas sobre la base de la aplicación del principio de suplencia de queja deficiente, por aplicación del aforismo iura n ovit curiai el juez tiene el poderdeber de identificar el derecho comprometido en la causa, aun cuando no se encuentre expresamente invocado en la demanda. De este modo el juez, como director del proceso, dice el derecho antes de emitir sentencia, lo que no implica, en ningún caso, la modificación del objeto de la pretensión o de los términos de la demanda; es decir, que ello no puede suponer fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes. (Exp. N.° 0569-2003-AC/TC, de 05-04-2004 [Web: 0704-2004 i EP: 11-04-2004], f. j. 3. Texto completo: ). n o v it c u r ia .

§ 324. No h ay impedimento para que el juez que conoce la causa pueda aplicar causal de nulidad distinta a la solicitada por el demandante en aplicación del principio i u r a n o v i t c u r i a . S é t im o . [Si] bien a los hechos no resultaba aplicable la causal de nulidad establecida en el artículo 219 inciso 1 del Código Civil (falta de manifestación de voluntad) nada impedía que los órganos jurisdiccionales que conocieron la litis en las instancias de origen, analicen los hechos a la luz de las demás causales de nulidad previstas en el mismo artículo 219 del Código Civil, teniendo los jueces de mérito en aplicación del [principio iura n ovit curia ] , el deber de aplicar el derecho que corresponda [...]. (Casación N.° 2698-2011-Amazonas, de 25-05-2012, f. j. 7. Sala Civil Transitoria [EP, 01-10-2012, Sentencias en Casación N.° 671, p. 37724]. Texto completo: ). ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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§ 325. Si no se advierten elementos que perm itan concluir que los accionantes hayan sustentado su pretensión en una determinada causal de nulidad del acto jurídico, se vulnera el principio i u r a n o v i t c u r i a . D u o d é c im o . [La] Sala Superior al absolver la apelación interpuesta [...] ha modificado el debate procesal, introduciendo el análisis de una causal no invocada por la parte demandante [...] señalando que en aplicación del principio iura n ovit curia es que la demanda debe resolverse al amparo del mencionado dispositivo, toda vez que de la fundamentación de la demanda no se observa que se haya alegado la falta de voluntad declarada o la voluntad de declarar (cuestiones necesarias para determinar la falta de manifestación de voluntad) [...]. D é c im o te r c e r o . [En] dicho accionar el órgano superior vulneró el artículo V il del Título Preliminar del Código Procesal Civil, pues de la demanda no se advierte elementos que permitan concluir que los accionantes hayan sustentado su pretensión en que el acto jurídico era contrario a las leyes que interesan al orden público o a las buenas costumbres, lo que en todo caso habría justificado la aplicación del principio iura n ovit curia en la sentencia de vista [...]. (Casación N.° 1897-2014-Lima Norte, de 07-05-2015, ff. jj. 12 y 13. Sala Civil Permanente [EP, 02-05-2016, Sentencias en Casación N.° 713, p. 77160]. Texto completo: ). § 326. El juez, en ejercicio del principio i u r a n o v i t c u r i a , puede am parar la dem anda de nulidad de acto jurídico por alguna causal diferente a la invocada por el demandante, siempre y cuando tal adecuación se desprenda estrictamente de los supuestos lácticos alegados por esta. S e x to . [El] principio iura novit curia es aquel por el cual corresponde al juez la aplicación del derecho con prescindencla del invocado por las partes, constituyendo tal prerrogativa un deber para el juzgador, a quien incumbe la determinación correcta del derecho, debiendo discernir los conflictos litigiosos y dirimirlos según el derecho vigente. Este principio, traducido como “el juez conoce el Derecho” le da libertad al juez a la hora de elegir la norma aplicable al caso, pero teniendo como limite la plataforma fáctica proporcionada por las partes en la demanda y contestación. El principio sub examine no está justificado solo por la notoriedad pública de las leyes, sino que también incumbe al concepto de jurisdicción, ya que el juez no puede sufrir limitaciones en la investigación y en el conocimiento de la norma jurídica, cuya actuación es el específico cometido de su función. Cumplir este cometido significa en primer lugar encontrar en el ordenamiento jurídico la regla abstracta con la cual el hecho concreto debe ser juzgado, para hacer después una simbiosis de congruencia y exacta aplicación de aquel; todo aquello puede ocurrir cuando el juez ejerza verdaderamente las facultades que la Constitución y la ley le otorgan y, sobre todo, cuando ponga en práctica su independencia y libertad que corresponde a un deber inherente a la facultad que el Estado le ha investido. S é p t im o . [En] tal orden de ideas se advierte que al haber declarado el a d quem la pertinencia al caso de autos de la norma contenida en el artículo 219, inciso 8, del Código Civil, en vez de los incisos 1 y 5 invocados por la parte demandante como sustento jurídico de su demanda, se ha ceñido estrictamente a la facultad que le confiere el principio iura n ovit curia, según se ha glosado anteriormente. Cabe precisar que del examen de la sentencia impugnada se advierte que en modo alguno el a d quem ha modificado los términos tácticos alegados por la demandante; sino que, dentro de la facultad discrecional que le confiere el principio anotado, ha creído pertinente invocar en abono de su fallo normas jurídicas distintas a las señaladas en la demanda. (Casación N.° 2148-2007-Callao, de 07-05-2008, f. j. 4. Sala Civil Transitoria [EL 30-07-2009]. Texto completo: ). § 327. La aplicación del principio i u r a n o v i t c u r i a tiene como lím ites tanto el contenido del petitorio como los hechos alegados por las partes: el pedido del dem andante consiste en la n ulidad por sim ulación absoluta, en cambio, en la recurrida se ha resuelto por la anulabilidad por sim ulación relativa. Q u i n t o . [El] pedido concreto del demandante consiste en la nulidad del acto jurídico por la causal de simulación absoluta, en cambio, en la recurrida se ha resuelto por la anulabilidad del acto jurídico por la causal de simulación relativa [...], aplicando para ello el principio ‘Hura n ovit curia ” , S e x to . Teniendo en cuenta que, se está ante un supuesto de simulación absoluta cuando el acuerdo símulatorio prevé que, en lugar de la relación derivada del contrato simulado, no se constituya entre las partes ninguna relación contractual, y se está ante un supuesto de simulación relativa, cuando el acuerdo símulatorio prevé que en lugar de la relación derivada del contrato simulado, n o m o s & th e s is

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se constituya entre las partes una relación contractual diversa [...]. Entonces, si el juzgador consideraba que, de acuerdo a los hechos expuestos en la demanda, advertía un supuesto de anulabilidad por simulación relativa, mas no de nulidad por simulación absoluta, debió de haber cuidado de verificar que tal calificación no afecte el derecho de defensa de las partes. S étim o. [La] aplicación del principio “¿wrd novit curia ’ tiene como límites tanto el contenido del petitorio como los hechos alegados por las partes (pues el juzgador no puede incorporar otros hechos), así lo dispone el artículo VII in fin e del Título Preliminar del Código Procesal Civil; por ello en los supuestos en los que el juzgador advierta una disconformidad o discrepancia entre lo que se solicita (petitorio) y los hechos en los que se funda ese pedido, tendrá la posibilidad de tomar las medidas que le autoriza el ordenamiento procesal, mas no podrá variar el petitorio de la demanda. O ctavo. Siendo así, [...] se ha incurrido en un supuesto de nulidad procesal, [...] habiendo ello causado indefensión al demandante, ai no haber sido, materia del contradictorio las diversas figuras propias de un supuesto de anulabilidad, entre ellos, la posibilidad de haberse configurado un supuesto de confirmación del acto jurídico. (Casación N.° 2511-2007-Arequipa, de 09-08-2007, ff jj. 5-8. Sala Civil Permanente [EP, 30-10-2007, p. 20839]. Texto completo: ). § 328. Aplicación del principio iura n o v it curia', no se puede dejar sin protección jurídica al propietario originario de un inm ueble con derecho inscrito, cuando respecto a ese bien exista posteriormente concurrencia de acreedores sin la preexistencia de un deudor. M ejor derecho de propiedad. 6. [Sobre] la infracción normativa al artículo 1135 del Código Civil, se debe señalar que la sentencia de vista hace un desarrollo sobre la pertinencia de la aplicación de la citada disposición normativa, determinando [...] que dicho artículo en puridad no sería de aplicación al caso de autos por cuanto prevé la concurrencia de un deudor para la concurrencia de acreedores de un bien inmueble, no obstante ello, refiere que en virtud a dicha norma lo que se pretende es hacer prevalecer el principio del “primer derecho es mejor derecho”, por lo que en aplicación del artículo VII del Título Preliminar del Código Civil que dispone que en caso de vacío se deberá recurrir a los principios generales del derecho, es que recoge el principio contenido en el artículo 1135 para concluir que no se puede dejar sin protección jurídica al titular originario del derecho de propiedad del bien sub litis, esto es, a la demandante Municipalidad Distrital de La Punta, quien tiene su derecho reconocido por inscripción de su título con anterioridad al de los demandados. En ese sentido quedan desestimados los agravios expuestos en la presente causal, pues los Jueces de la Sala Superior han hecho uso de las facultades previstas en el artículo VIII del Título Preliminar del Código Procesal Civil con la finalidad de resolver la controversia con base en la aplicación de un principio general del derecho, lo cual no implica la aplicación de una determinada norma, sino el ejercicio de un derecho. (Casación N.° 3565-2012-Callao, de 04-07-2013, f. j. 6. Sala Civil Permanente [EP, 30-05-2014, Sentencias en Casación N.° 692, p. 51561], Texto completo: ). § 329. Siendo que la accionante h a invocado normas de m anera inadecuada, es el juez quien debe aplicar el derecho que corresponda (calificación de una acción de responsabilidad extracontractual por una de responsabilidad contractual). N oveno. [La] actúa] regulación de nuestro Código Civil no puede ser impedimento para estudiar el sistema de la responsabilidad civil desde una óptica unitaria. Por consiguiente, estando a tal concepción, carece de relevancia el hecho que en la sentencia de vista ahora impugnada se haya establecido la existencia de responsabilidad contractual; tanto más si revisados los actuados se advierte que no se ha configurado la causal de improcedencia de la demanda prevista en el artículo 427 inciso 5 del Código Procesal Civil, porque la parte demandante ha señalado en forma clara y precisa el petitorio de su demanda y los fundamentos que la sustentan, al solicitar una Indemnización por Daños y Perjuicios por el fallecimiento del padre de sus hijos en ejecución de labores para las cuales no había sido contratado; y si bien la accionante ha invocado normas sobre responsabilidad extracontractual, es el juez quien debe aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente, en aplicación del artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil [...]. (Casación N.° 3449-2014-lea, de 0708-2015, f j. 9. Sala Civil Transitoria [EP, 30-03-2016, Sentencias en Casación N.° 712, p. 75396]. Texto completo: ). + SUMMA PROCESAL CIVIL

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§ 330. Deviene válido y arreglado a ley que el juez promueva el reconocimiento tutelar de aquellas situaciones incorrectamente planteadas. Juez que modifica la calificación de una acción de responsabilidad extracontractual por una de responsabilidad contractual. Tercero, [En] el presente caso, la sentencia recurrida confirmó la apelada declarando fundada en parte la demanda sobre daños y perjuicios, [...] fundamentando su decisión en que el presente caso está referido a uno de responsabilidad contractual, por lo que si bien el actor en su demanda hizo referencia a la responsabilidad extracontractual, ello resulta modificable por el Juez en virtud al [principio iura n ovit curia]. C uarto . [..„] [Siendo] obligación [del Poder Judicial] brindar tutela jurisdiccional y judicial efectiva ante los derechos lesionados o amenazados, deviene válido y arreglado a ley promover el reconocimiento tutelar de aquellas situaciones que, estando presentes, pero incorrectamente planteadas, ameritan su intervención como real guardián deí derecho, máxime si la tutela judicial efectiva no solo se limita a garantizar el acceso a ía jurisdicción, sino también que el órgano jurisdiccional resuelva sobre las pretensiones formuladas, lo que a su vez, exige al juez que al pronunciarse sobre una causa, no omita, altere o exceda las peticiones contenidas en el proceso a resolver, sin embargo, ello no lo exime de que en casos como el de autos, donde se ha invocado erróneamente la norma de derecho aplicable, el juez luego del análisis fáctico, reconozca el trasfondo o el núcleo de lo solicitado y se pronuncie respecto de él, sin que ello represente una extralimitación de sus facultades. (Casación N.° 3153-2009-Piura, de 2704-2010, £ j. 12. Sala Civil Permanente [EP, 03-05-2011, Sentencias en Casación N.° 640, p. 30109]. Texto completo: ). § 331. No se puede modificar el petitorio de una demanda por pago de una indemnización por daños y perjuicios por responsabilidad contractual por una responsabilidad extracontractual sin tener en cuenta que la m isma no se condice con los fundamentos de hecho esbozados en la pretensión. S egundo. [...] [El] defecto que pueda haberse producido en el procedimiento de conciliación extrajudicial resulta irrelevante porque el acta de conciliación presentada a este proceso no ha modificado en nada la situación jurídica de ía recurrente y si bien en el petitorio de la demanda se señala que la indemnización reclamada es por responsabilidad contractual, ello no se condice de los fundamentos fácticos que la sustentan pues los mismos configuran una indemnización por responsabilidad extracontractual, sin embargo, corresponde al juzgador aplicar la norma jurídica pertinente aunque no haya sido invocada por las partes o lo haya sido erróneamente conforme al principio iura n ovit curia recogido por el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil; siendo que en este proceso no se encuentra en discusión si el actor paga o no sus cuotas a la Cooperativa demandada ni mucho menos si ha incurrido en faltas frente a la institución demandada, resultando por ende irrelevante emitir pronunciamiento al respecto y en cuanto a la naturaleza extracontractual de la indemnización demandada [...]. [...] D écim o. [...] [La] Sala Superior [ha] modifica[do] el petitorio expuesto en la demanda, esto es, el pago de una indemnización por daños y perjuicios por responsabilidad contractual por una responsabilidad extracontractual sin tener en cuenta que la misma no se condice con los fundamentos de hecho esbozados en la demanda ya que de los mismos no se aprecia la alegación de incumplimiento o cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de la obligación propiamente dicha pues la relación jurídica existente entre el demandante y la Cooperativa demandada no es de tipo obligacional por cnanto el objeto de la misma no se encuentra constituida por una prestación de carácter patrimonial nacida de un derecho de crédito ya que se encuentra enmarcado dentro del objeto social previsto en el estatuto de la Cooperativa el cual de acuerdo a lo consignado en el artículo 8 es de edificar y mantener un mercado de abastos en el que cada socio haga uso del puesto que la Cooperativa le designe según la actividad comercial que tuviere así como el de ofrecer un servicio de mantenimiento y conservación de los puestos así como del mercado en general [...]. (Casación N.° 189-2015-Lima, de 09-11-2015, íf. jj. 2 y 10. Sala Civil Transitoria [EP, 30-09-2016, Sentencias en Casación N.° 718, p. 83260], Texto completo: ). § 332. Iura n o v it curian no es posible aplicar las normas de la responsabilidad extracontractual a uno de inejecución de obligaciones, pues en este caso específico el hecho controvertido es la existencia de un contrato. De lo contrario se generaría indefensión a la parte demandada. Sexto. n o m o s & th e s is

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En lo que acañe a la posibilidad que el juez aplique la norma correcta aunque no haya sido invocada por las partes, se tiene: 1, La recurrente asegura que el juez debió aplicar el derecho correspondiente a los hechos que había expuesto; en el caso en particular, aplicar las normas de la responsabilidad extracontractual y no de la inejecución de obligaciones, dada la inexistencia de contrato. 2. No es ese el criterio de este Tribunal Supremo, pues en el caso específico el hecho controvertido era precisamente la existencia del referido contrato; por consiguiente, no era posible emitir otra decisión porque ello hubiera significado modificar los hechos constitutivos de la demanda, generando indefensión a la parte demandada. 3. Hay que precisar que las instancias han determinado que el contrato no se celebró y que las relaciones entre demandante y demandada quedaron en la órbita de las negociaciones previas, sin que se formara voluntad contractual. Esto, además, dada la denuncia casatoria planteada, es lo que acepta ahora la recurrente. En tal virtud, no se advierte infracción normativa al artículo VTI del Título Preliminar del Código Procesal Civil, sino resolución que se ciñe a los hechos expuestos en la demanda. (Casación N.° 4407-2015-Piura, de 05-05-2016, f. j. 6. Sala Civil Permanente [EP, 28-022017, Sentencias en Casación N.° 724, p. 89283]).Texto completo: ). § 333. En caso que por error se invoque erradamente la formulación de pretensiones en la demanda, esta no debe rechazarse. Acumulación objetiva originaria. D écim o P rim ero. [Si] bien del escrito postulatorio de la parte demandante, se aprecia que esta invoca expresamente dos tipos de despido “nulo” y “fraudulento”; esta Sala Suprema considera que ello no ameritaba el rechazo de la demanda, pues para tal efecto, debe tenerse en cuenta que el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia ha definido claramente cuando nos encontramos frente cada tipo de despido [Sentencia N.° 976-2001-AA/TC, Caso Eusebio Llanos Huasco] [...]. D écim o segu n d o. Teniendo en cuenta ello, se determina que las instancias de mérito efectuando una calificación severa y excesiva deí escrito de demanda, han rechazado la misma, privilegiando un aspecto formal, como es la errada formulación de pretensiones y no el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva; pese a que el [,..] Código Procesal Civil -de aplicación supletoria al proceso laboral- en ios artículos 83 a 90 prevé la figura procesal de acumulación objetiva originaria de pretensiones, señalando que esta puede ser subordinada, alternativa o accesoria, estableciendo además los requisitos de procedencia de dicha acumulación; normatividad que ha sido inobservada por las instancias de mérito, al momento de calificar la demanda; y que ante una errada formulación de pretensiones, debió ser aplicada en virtud del principio iura n ovit curia [ . . . ] . (Casación N.° 8798-2013-Moquegua, de 02-12-2013, ff. jj. 11 y 12. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 30-01-2014, Sentencias en Casación N.° 688, p. 48279]. Texto completo: ). § 334. Aplicación del principio iu ra n o v it cu ria por referencia a una norma equivocada. P rim ero. [El] inciso 7 del artículo 132 de la Ley General de Sociedades no establece ninguna relación de causalidad entre este y su contenido [por cuanto equivocadamente arguye el recurrente que dicha norma concede mérito ejecutivo a los saldos deudores que emitan las empresas, en concordancia con el actual inciso 11 del artículo 688 del Código Procesal Civil]; sin embargo, en aplicación del artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil se determina que la inaplicación del inciso 7 del artículo 132 a que se refiere [realmente] el recurso es el que corresponde a la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros [que sí contiene esa previsión]. (Casación N.° 1634-2000-Cajamarca, de 20-09-2002, f. j. 1. Sala de Derecho Constitucional y Social. Texto completo: ). § 335. En virtud al principio de especialidad de la norma, es de aplicación aquella cuya hipótesis encuentre identidad con la relación factica deí petitorio. Tercero. [Establecida la premisa mayor corresponde realizar el juicio de subsunción respecto de las normas en que se encuadra la relación fáctica descrita. [...] O ctavo. [Si] bien el Código Civil acoge un sistema consensualista respecto de la transmisión de la propiedad inmueble, generando la compraventa una obligación de enajenar por parte del vendedor, según lo establece el artículo 1529 del Código Civil, no cabe ampliar el marco del análisis a la validez del acto jurídico -que no ha sido cuestionada en la demanda- ya que en vÍr|Cd al * SUMMA PROCESAL CIVIL

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principio de especialidad de la norma, es de aplicación aquella cuya hipótesis encuentre identidad con la relación fáctica [del petitorio] [...]. (Casación N.° 2632-99-Callao, de 15-02-2000, ff. jj. 3 y 8. Sala Civil Transitoria [EP, 20-06-2000, p, 5498], Texto completo: ), § 336. Aplicación del principio i u r a n o v i t c u r i a en sede casatoria: si bien la demandada recurrente no cuestiona el tema de la representación insuficiente de la demandante, la Corte lo adiciona, entra en su análisis y resuelve sobre este punto. S é t im o . [Esta] Sala Suprema considera que en el caso que nos ocupa no se presentan los presupuestos [...] para sancionarla con nulidad respecto a las causales denunciadas [por la demandada recurrente sobre violación del principio procesal de contradicción], toda vez que como se aprecia en la demanda se señaló un domicilio de la demandada indicado por la propia recurrente [...] al contestar la demanda en el proceso de exoneración de alimentos [...] y es en dicho domicilio que se realizaron las notificaciones de la demanda, más aún si tenemos en cuenta que la resolución que declaraba la improcedencia de la nulidad planteada por la demandada no fue materia de impugnación, por lo que tal emplazamiento quedó firme. O c t a v o . [Conforme a la] norma prevista en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil “el juez debe aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente [...]” es preciso indicar que se observa que [...] la demanda [...] se formuló por [la señora] MIV de L, señalando en su primer párrafo que se apersonó en calidad de apoderada de su esposo JES; sin embargo, pese a lo manifestado, es de observar que en el proceso se viene considerando en algunas oportunidades como demandante a MIV de L y en otras oportunidades como demandante a su esposo JLS; en cuyo trámite se observa por parte de los juzgados que no existe una definición de quién es el demandante. Asimismo, debemos indicar que, de la revisión del poder que se adjunta en la demanda, [...] se observa que el poder otorgado por JLS a favor de MIV de L en cuanto a las facultades especiales se encuentra otorgada solo para el proceso [...] referido a la prueba del ADN. no así referida a la impugnación de la paternidad; en ese sentido consideramos que al no tener poder suficientes para accionar en nombre de otro la representación que ostenta no se encuentra definida. [...] (Casación N.° 1819-2012-La Libertad, de 19-09-2013, ff. jj. 7 y 8. Sala Civil Permanente [EP, 30-06-2014, Sentencias en Casación N.° 693, p. 53813]. Texto completo: ). § 337. Siendo la casación un recurso extraordinario, no es adm isible la aplicación del principio 39. [...] De igual guisa, tampoco podría actuarse de manera oficiosa puesto que (aun existiendo pareceres en sentido diferente) en sede casatoria nacional no es admisible la aplicación del principio jurídico del iura novit curia , al ser la Casación un recurso extraordinario que solo permite a la Corte de Casación la revisión de los casos denunciados específicamente bajo los supuestos del artículo 386° del Código Procesal Civil, especificidad que impide el ejercicio de la facultad general del juez de aplicar e! citado principio. (Primer Pleno Casatorio Civil [Tema: Indemnización por daños y perjuicios derivados de responsabilidad extracontractual], realizado el 22-01-2008, Casación N.° 1465-2007-Cajamarca [EP, 21-04-2008], f. j. 39. Texto completo: ). iu r a n o v it c u r ia .

N o t a d e l e d i t o r : La sétima regla del IX Pleno Casatorio Civil ha modificado la vatio decidendi de este fundamento 39. Véase supra: § 304.

§ 338. En casación no es de aplicación el principio i u r a n o v i t c u r i a . N o v e n o . En casación no es de aplicación el principio “iura novit curia” [...], y no es posible exceder la causapetendi del recurso. (Casación N.° 1815-2006-Callao, de 26-01-2007, f. j. 9. Sala Civil Permanente [EP, 31-05-2007]. Texto completo: ). § 339. Cuando se expide una sentencia inhibitoria, invocando un supuesto de improcedencia, se atenta contra el principio i u r a n o v i t c u r i a . D é c im o s e g u n d o . [Cuando] la Sala expide una sentencia inhibitoria, invocando un supuesto de improcedencia, no solo atenta contra lo dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil, que lo faculta a aplicar el derecho que corresponde al proceso, sino además el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, en tanto no ha realizado un debido juicio de proporcionalidad de la eficacia de la decisión, y principalmente de los fundamentos fácticos en que se sustenta la demanda, y lo aportado en el proceso, más aún, si como órgano de segunda instancia, n o m o s & th e s is

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está facultado a revisar las decisiones de primera instancia, de tal forma que la decisión que adopte pueda constituir un medio de certidumbre que satisfaga las esperanzas de justicia de las partes y de la sociedad, teniendo siempre como eje la observancia del debido proceso, el cual desde el punto de vista del procedimiento significa que el proceso se dinamiza mediante procedimientos preestablecidos de modo que garantice el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva. (Casación N.° 3693-2010-Cusco, de 21-06-2011, f. j. 12. Sala Civil Permanente [EP, 31-01-2013, Sentencias en Casación N.° 675, p. 38899]. Texto completo: ). § 340. Aplicación del principio i u r a n ovit curia para la procedencia de la casación. Cuarto . [La] recurrente no ha invocado ninguna de las causales contenidas en el artículo 386 del Código Adjetivo, empero del texto del recurso de casación se aprecia que ha fundamentado con claridad y precisión los agravios que le ha ocasionado la resolución de vista, los cuales se encuentran contemplados en los incisos 2 y 3 del artículo antes mencionado de la legislación procesal; en consecuencia, el Magistrado por el imperio de lo dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil, debe aplicar el derecho que corresponda, al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente. (Casación N.° 543-95-Lima, de 20-11-1995, f. j. 4. Sala Civil. Texto completo: ). § 341. El juez, aplicando el principio i u r a n ovit cu ria , puede invocar la causal adecuada m ateria de la demanda de divorcio cuando la actor a no lo hizo. Véase la jurisprudencia del artículo 480° del Código Procesal Civil [§ 3329]. (Casación N.° 1500-2007-Lima, de 10-12-2007, f£ jj. 8, 14, 15 y 16. Sala Civil Transitoria [EP, 03-12-2008, p. 23652], Texto completo: ). B. PRINCIPIO DE CONGRUENCIA

§ 342. Principio de congruencia procesal. Contenido. Tercero, [Por] el principio de congruencia procesal, los jueces, por un lado, no pueden resolver más allá de lo pedido ni cosa distinta a la pretensionada ni menos fundar su decisión en hechos que no han sido alegados por las partes y, por otro lado, implica que los jueces tienen la obligación de pronunciarse respecto a todas las alegaciones efectuadas por los sujetos procesales tanto en sus actos postulatorios como, de ser el caso, en los medios impugnatorios planteados; adicionalmente la congruencia procesal implica la obligación de los magistrados de guardar coherencia con lo resuelto por ellos mismos en casos similares, salvo que medie fundamentación que sustente el apartamiento del criterio ya adoptado, coherencia que también debe existir al momento de revisar los argumentos de las resoluciones impugnadas. (Casación N.° 12662001-Lima, de 12-09-2001, £ j. 3. Sala Civil Transitoria [EP, 02-01-2002, p. 8222]. Texto completo: ). § 343. Conforme al principio de congruencia procesal, el juez no debe omitir, alterar o exceder las peticiones contenidas en el proceso que resuelve. Tercero . [Se] evidencia del petitum y la causa petendi que la pretensión de la actora se circunscribe a exigir el pago de los frutos por la suma aludida por la posesión de la emplazada que de mala fe ejerce en el bien sublitis, desde la fecha de la celebración de la minuta hasta la fecha de la interposición de la demanda, mas no, hasta la fecha de la restitución del predio. [...] Noveno. [...] [Nuestro] sistema procesal se basa en el principio dispositivo, pues el Juez puede brindar tutela jurídica solo a iniciativa de parte {nema iudex sitie actore) y, por lo mismo, resulta vigente el principio de congruencia procesal, por el cual [...] “se exige al juez que no omita, altere o exceda las peticiones contenidas en el proceso que resuelve” [...]. (Casación N.° 145399-Cono Norte, de 06-12-1999, ff. jj. 3 y 9. Sala Civil Permanente [EP, 20-01-2000, p. 4603]. Texto completo: ). § 344. La congruencia se establece entre la sentencia, las acciones que se ejercen, las partes que intervienen y el objeto del petitorio. Tercero. [La] congruencia se establece entre la sentencia, las acciones que se ejercen, las partes que intervienen y el objeto del petitorio, de tal manera que el pronunciamiento jurisdiccional tiene que referirse a estos elementos y no a otros. Cuarto. [Esto] * SUMMA PROCESAL CIVIL

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significa que los fundamentos de hecho deben ser respetados, en el sentido de que además de servir de base a la pretensión, la limitan, y que en este aspecto el proceso se rige por el principio dispositivo; en cambio en lo que se refiere a los fundamentos de Derecho, el juez está ampliamente facultado para sustituirlos, en aplicación al principio iura n ovit curia. (Casación N.° 932-2000-Loreto, de 11-07-2000, ff. jj. 3 y 4. Sala Civil Transitoria [EP, 30-10-2000, p. 6378]. Texto completo: ). § 345. Por el principio de congruencia procesal, el juez que resuelve la controversia tiene la obligación de interpretar el título del accionante asi este adolezca de una “confusa redacción”. Q uinto. [...] [El] colegiado, para resolver la controversia de su competencia, debía, en principio, determinar si le asistía o no a la parte accionante derecho de propiedad sobre el bien materia de litis; sin embargo, lejos de determinar ello, la Sala se limita a indicar que tal precisión no le resulta posible por una supuesta “confusa redacción del contrato”, y que el derecho de propiedad o no deberá ser determinado en la vía correspondiente, lo cual constituye un error porque el Colegiado tiene la obligación de interpretar el título del accionante ya sea aplicando el método objetivo, sistemático o teleológico, y previsto en los artículos 168°, 169° y 170° del Código Civil, a fin de determinar si le asiste o no el derecho de propiedad, porque solo así se estará pronunciando adecuadamente sobre uno de los puntos controvertidos fijados en la audiencia correspondiente. Caso contrario, no se estaría resolviendo dicho punto, lo que implicaría una contravención del principio de congruencia procesal establecido en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil e inciso 4 del artículo 122° del Código acotado. Sexto, [A] lo expuesto debe añadirse que lo que no es materia de un proceso de desalojo por ocupación precaria, es la determinación a cuál de las partes le asiste mejor derecho de propiedad, para lo cual se requiere evidentemente que dichos sujetos procesales hayan acreditado derecho de propiedad sobre el mismo predio, pero ello ni siquiera ha sido determinado ni en forma positiva ni negativa en este proceso respecto al accionante, pese a que ello constituye uno de los elementos centrales de la discusión jurisdiccional en este tipo de litis. (Casación N.° 2080-2001-Lima, Lima, 19-10-2001, ff. jj. 5 y 6. Sala Civil Transitoria [EP, 02-02-2002, p. 8297]. Texto completo: ). § 346. Principio de congruencia procesal: las resoluciones judiciales deben proferirse de acuerdo con el sentido y alcance de las peticiones formuladas por las partes para que exista identidad jurídica entre lo resuelto y las pretensiones. Tercero. [El] principio de congruencia en sede procesal, conforme lo señala la doctrina es la sujeción “de las resoluciones judiciales que deben proferirse, de acuerdo con el sentido y alcance de las peticiones formuladas por las partes (...) para que exista identidad jurídica entre lo resuelto y las pretensiones [...]; en ese mismo sentido “se denomina congruencia a la adecuación precisa entre lo pedido en la demanda y lo otorgado por la sentencia” [...]. (Casación N.° 1428-99-Tacna, de 12-10-1999, f. j. 3. Sala Civil Transitoria [EP, 18-12-1999, p. 4330]. Texto completo: ). § 347. Se incurre en una incongruencia procesal cuando se resuelve sobre un punto que no ha sido m ateria de la apelación, dado que la cónyuge del ejecutado no aparece participando del título valor puesto a cobro, por lo que resulta inoficiosa que se le notifique a esta. C uarto. [En] virtud del principio de congruencia, las resoluciones judiciales deben expedirse de acuerdo con el sentido y alcance de las peticiones formuladas por las partes, es decir, debe existir identidad entre las pretensiones y la sentencia. Q uinto. [El] recurrente señala que la Sala revisora ha incurrido en una incongruencia procesal al resolver sobre un punto que no ha sido materia de la apelación, dado que la cónyuge del ejecutado no aparece participando dei título valor puesto a cobro, por lo que la declaración de nulidad de la resolución de primera instancia, a fin de que se le notifique a la cónyuge del ejecutado, resulta inoficiosa. [..,] Sétim o. [S]iendo esto así, resulta que la Sala se ha pronunciado sobre un extremo que no constituye punto controvertido infringiéndose de este modo los artículos VII y IX dei Título Preliminar del Código Procesal Civil en concordancia con el inciso 6) del artículo 50° del mismo cuerpo legal. (Casación N.° 3728-2001-Cajamarca, de 22-04-2002, ff. jj. 4, 5 y 7. Sala Civil Transitoria [EP, 31-07-2002, p. 9038]. Texto completo: ). n o m o s & t h e s ís

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§ 348. El término “congruencia (procesal) debe reservarse para aludir a la correspondencia que debe existir entre los puntos m ateria del petitorio y lo resuelto por la sentencia. Prim ero. Cuando el recurrente denuncia -utilizando terminología italiana- la falta de “congruencia’ entre los distintos considerandos de la resolución recurrida, en realidad está señalando la falta de coherencia, de conexión o relación íntima de un razonamiento con otro, y de estos con el sentido de la resolución impugnada. Debe precisarse que reiteradas ejecutorias expedidas por esta Sala Casatoría tienen establecido que el término “congruencia (procesal) debe reservarse para aludir a la correspondencia que debe existir entre los puntos materia del petitorio y lo resuelto por la sentencia. (Casación N.° 2474-99-La Libertad, de 10-12-1999, f. j. 1. Sala Civil Transitoria [EP, 11-01-2000, p. 4526], Texto completo: ). § 349. Por el principio de congruencia procesal, el juzgador tiene la obligación de pronunciarse respecto a todos los puntos controvertidos y alegaciones efectuadas por los sujetos procesales tanto en sus actos postulatorios como en sus medios im pugnatorios. Véase la jurisprudencia del inciso 4 del artículo 122° del Código Procesal Civil [§ 1258]. (Casación N.° 1408-2001-Lima, de 1709-2001, f. j. 4. Sala Civil Transitoria [EP, 01-04-2002, p, 8504], Texto completo: ). § 350. Resulta incongruente que en la sentencia se mande pagar intereses sin determ inar si en el presente caso se está frente a una responsabilidad contractual o extracontractual. Tercero. [...] g) [Rjesulta incongruente que en la sentencia materia del presente recurso se mande pagar intereses sin determinar si en el presente caso se está frente a una responsabilidad contractual o extracontractual y sin tomar en cuenta si su pago ha sido o no materia de la demanda, (Casación N.° 529-2001-Cusco, de 24-10-2001, f. j. 3. Sala Civil Permanente [EP, 31-05-2002, p. 8860], Texto completo: ). § 351. Vicios que vulneran el principio de congruencia: p lu s petita^ in fr a p etita y ex tra p etita .

Quinto. [La] vulneración del principio de congruencia, da lugar a tres vicios: a) plus p etita cuando se concede más de lo pedido por las partes; b) in fia p etita cuando se omite resolver algunos de los pedidos; y, c) extra p etita cuando se resuelve algo diferente a lo pedido o la decisión se refiere a persona ajena al proceso. (Casación N.° 932-2000-Loreto, de 11-07-2000, f. j. 5. Sala Civil Transitoria [EP, 30-10-2000, p. 6378]. Texto completo: ). § 352. No constituye fallo extra p e tita cuando el superior jerárquico agrega fundamentos a la resolución apelada sin afectar la parte dispositiva de la citada resolución. C uarto. [No] se incurre en incongruencia por fallo extra p etita cuando la Sala Superior, además de reproducir los fundamentos de la apelada, introduce los suyos propios sin modificar la parte dispositiva de la citada resolución. (Casación N.° 2673-99-Lima, de 03-12-1999, f. j. 4. Sala Civil Permanente [EP, 21-01-2000, p. 4623]. Texto completo: ). § 353. Por el principio de congruencia procesal, el juez está en la obligación de em itir pronunciam iento respecto a todo aquello que ha sido planteado por las partes como objeto de sus pretensiones y no puede fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes. Cuarto. En cuanto a la construcción efectuada sobre el lote sub materia, es pertinente precisar previamente que el artículo VTI del Título Preliminar del Código Procesal Civil prescribe: “El Juez debe aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente. Sin embargo, no p u ed e ir más allá d el p etitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de ios que han sido alegados por las partes.” El citado dispositivo contiene el principio de congruencia procesal, que, basado en la influencia del sistema dispositivo en nuestro proceso civil, impone al órgano jurisdiccional la obligación de emitir pronunciamiento respecto a todo aquello que ha sido planteado por las partes como objeto de sus pretensiones (petitu m ). En otras palabras, el juzgador no puede emitir resoluciones en las que no se tomen en cuenta todos los extremos postulados por las partes (pronunciamiento ínfra p etita ); así, tampoco es posible la emisión de resoluciones que versen sobre extremos no reclamados (pronunciamiento extra petita). Lo contrario implicaría SUMMA PROCESAL CIVIL

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la existencia de un defecto de motivación conocido como motivación incongruente. (Casación N.° 3741-2015-Arequipa, de 27-09-2016, £ j. 4. Sala Civil Permanente [EP, 02-05-2017, Sentencias en Casación N.° 727, p. 91921]. Texto completo: ). § 354. El Juez puede declarar de oficio la n ulidad m anifiesta aunque no haya sido alegada en el petitorio. Esta declaración de oficio no atenta contra el principio de congruencia procesal y constituye una excepción del principio dispositivo. Tercero. [La] declaración de nulidad de oficio [...] es una consecuencia inherente a la nulidad ipso iu re del acto nulo; se trata de una facultad conferida a los jueces en forma excepcional y le permite declarar en la sentencia, aunque no haya sido alegada en el petitorio de la demanda, en el de la reconvención, ni en las contestaciones mediante las cuales se ejercita el derecho de contradicción [...]. C uarto. [Como] se advierte del sentido del artículo 220 segundo párrafo del Código Civil no se comete ninguna infracción del principio de congruencia procesal previsto en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil pues [se] trata de una excepción del principio dispositivo ya que el juzgador está facultado para apartarse de este principio por el cual las partes definen el objeto de la pretensión y declarar la nulidad de un acto nulo ipso ju r e (nulidad absoluta) que no fue impetrado por aquellas, independientemente de la vía procedimental de los procesos de cognición (conocimiento, abreviado o sumarísimo). (Casación N.° 1864-2000-San Román, de 07-03-2001, ff. jj. 3 y 4. Sala Civil Transitoria [EP, 31-07-2001, p. 7430]. Texto completo: ). § 355. Cuando íos jueces ejercitan la facultad de declarar de oficio la anulabilidad de un acto jurídico estamos ante una excepción del principio dispositivo. No se incurren en ninguna infracción del principio de congruencia procesal. O ctavo. [La] declaración de nulidad de oficio [...] “[e]s una consecuencia inherente a la nulidad ipso ju r e del acto nulo; se trata de una facultad conferida a los jueces en forma excepcional y le permite declarar en la sentencia, aunque no haya sido alegada en el petitorio de la demanda, en el de la reconvención, ni en las contestaciones, mediante las cuales se ejercita el derecho de contradicción”. Por tanto, como se advierte del sentido del artículo 220 segundo párrafo del Código Civil, cuando los Jueces ejercitan dicha facultad, no se incurren en ninguna infracción del principio de congruencia procesal previsto en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil pues trata de una excepción del principio dispositivo ya que el Juzgador está facultado para apartarse de este principio por el cual las partes definen el objeto de la pretensión y declarar la nulidad de un acto nulo ipso ju r e (nulidad absoluta) que no fue impetrado por aquéllas, independientemente de la vía procedimental de los procesos de cognición, (conocimiento, abreviado o sumarísimo). (Casación N.° 135-2010-Arequipa, de 20-01-2011, f. j. 8. Sala Civil Permanente [EP, 01-08-2011, Sentencias en Casación N.° 646, p. 30802], Texto completo: ). § 356. Falta de logicidad en los fundamentos atenta contra el principio de congruencia. La resolución im pugnada desarrolla distintos procesos lógicos para analizar los actos jurídicos objeto de la litis. Q uinto. [C]omo se aprecia en la parte expositiva de la resolución impugnada, esta desarrolla distintos procesos lógicos para establecer la legalidad de [algunos] actos jurídicos [...], por no cumplir con los requisitos de validez del acto jurídico contemplado en el artículo 140 del Código Civil, para lo cual se analizan no solo los asientos regístrales sino también los antecedentes que los motivan, no efectuándose el mismo procedimiento para calificar como legal [otro acto jurídico], en cuyo caso basta para el Colegiado el análisis de los asientos regístrales y el principio de la fe registral establecido en el artículo 2014 del Código Civil. Sexto. [S]Íendo ello así, es claro que la aplicación por parte de la Sala de mérito de criterios distintos para calificar actos jurídicos estrechamente vinculados entre sí, evidencian la existencia de falta de logicidad en los fundamentos de la decisión, que se trasunta en la motivación contradictoria establecida, razón por la cual se encuentra viciada por violación al principio de congruencia [...]. (Casación N.° 149-2001-Cañete, de 10-10-2001, ff. jj. 5 y 6. Sala Civil Permanente [EP, 02-12-2002]. Texto completo: ). § 357. No procede la reposición de trabajador si no se peticiona la nulidad del despido. Principio de congruencia procesal. D écim o. [...] [En] la sentencia apelada se advierte que no se ha n o m o s & th e s is

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respetado el principio de congruencia procesal dado que se ha resuelto más allá de lo peticionado en la demanda, pues del petitorio de la demanda [...] la demandante solicita que “la demandada cumpla con dar cumplimiento a las normas laborales sobre contratación de personal a plazo indeterminado y con Registrarle en el Registro de Planillas de Remuneraciones de la empresa como trabajadora permanente y con todos los derechos y beneficios que por ley le corresponden”; mientras que en la sentencia de vista [...], que confirmando la apelada se ha ordenado: “(...) a Ia demandada a que cumpla con registrar a la demandante dentro del Libro de Planillas de Remuneraciones en calidad de contrato indeterminado, con los beneficios que al efecto la ley señale y que correspondan a tal condición y como consecuencia lógica de ello se reponga en el mismo nivel de su puesto de labores, bajo la remuneración que venía percibiendo o en caso de haber sido actualizada a la que corresponde a un trabajador en similar puesto”; sin tener en cuenta que la actora no demandó la nulidad de despido que pudiera otorgar como consecuencia de ello la reposición de la actora en su antiguo puesto de trabajo, por lo que, y atendiendo además que la empleadora demandada es una empresa estatal que presta un servicio público como es el de agua potable y alcantarillado, el ad quem debe resolver ateniéndose a lo peticionado en la demanda y lo actuado en el proceso, observando lo previsto en el principio de congruencia procesal regulado en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil aplicado supletoriamente. (Casación N.° 2973-2009-Madre de Dios, de 14-05-2010, f. j. 10. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 01-08-2011, Sentencias en Casación N.° 646, p. 30921]. Texto completo: ). § 358, Para que exista propiam ente incongruencia e x t r a p e t i t a se requiere que el juzgador conceda algo no pedido o cuando, concediendo lo pedido, lo hace en base de una c a u s a p e t e n d i distinta de la invocada en la dem anda. S e x to . [...] [Para] que exista propiamente la infracción del principio [de congruencia], que daría lugar en este caso, a la incongruencia extra petita , se requiere que el juzgador conceda algo no pedido o cuando concediendo lo pedido, lo hace en base de una causa peten di distinta de la invocada en la demanda [...], siendo menester aclarar que para que sea congruente lo resuelto por la Sala de Revisión con los hechos alegados en la demanda, lo resuelto por el juez inferior sobre tales hechos tienen que haber sido impugnados, habilitándola para conocer de los mismos y fallar lo que corresponda [...]. (Casación N.° 3265-99-Lima, de 13-06-2000, £ j. 6. Sala Civil Permanente [EP, 24-08-2000, p. 6074]. Texto completo: ). § 359. Ordenar el cum plim iento en dólares del pago de una suma de dinero que en la dem anda y en el m andato ejecutivo se encontraba en soles es ir más allá del petitorio. S e g u n d o . [En] el caso de autos, la pretensión principal de la demanda [,..] consiste en el pago 35-500 nuevos soles, cantidad que se mandó pagar en el mandato ejecutivo. No obstante ello, en las sentencias expedidas en las instancias de mérito se ha ordenado que los ejecutados paguen al banco ejecutante la suma de 35.500 dólares americanos. T e rc e r o . [En] consecuencia, se desprende que las sentencias mencionadas se ha ordenado pagar una suma distinta a la solicitada, por lo que se ha ido más allá del petitorio, contraviniendo [el artículo VTI deí Título Preliminar del Código Procesal Civil]. (Casación N.° 465-99-Lima, de 22-06-1999, ££ jj. 2 y 3. Sala Civil [EP, 31-08-1999, p. 3378], Texto completo: ), § 360. Fallo e x t r a p e t it a x se ordena el cum plim iento de u n a obligación distinta a la pretendida por el demandante. T r í m e r o . [De] la demanda [...] aparece que en ella se solicita la entrega del certificado en moneda extranjera n.° 86307 de fecha 4 de julio de 1985 por la suma de US$ 5356.56, así como una indemnización no menor de US$ 18.000, y alternativamente, el pago de US$ 5356.56 y sus intereses en caso que el demandado no estuviera en posibilidad de devolver el certificado a que se refiere la pretensión principal. [...] T e rc e r o . [En] la sentencia impugnada [...] se ordena la devolución de los certificados bancarios en moneda extranjera o su valor en dólares americanos, obligación que necesariamente debe entenderse respecto de certificados n.° 18717 por US$ 2695.66 y el n.° 18716 por US$ 2695.66. C u a r t o . Que de los considerandos precedentes se puede concluir que en la recurrida se ordena el cumplimiento de una obligación distinta de la pretendida por la demandante, y a las materias controvertidas tal como estas quedaron fijadas en la audiencia [...], por lo que se ha ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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infringido lo dispuesto en los artículos VII del Título Preliminar, 121 e inciso 4 del artículo 122 del Código Procesal Civil. (Casación N.° 506-95-Lima, de 08-05-1996, ff. jj. 1, 3 y 4. Sala Civil. Texto completo: ). § 361. Los jueces no pueden pronunciarse sobre decisiones no im pugnadas, de lo contrario afectarían la cosa juzgada. O ctavo. [...] [Debe] señalarse que el extremo referido a la demanda de divorcio por causal de separación de hecho, el cual fue revocado y reformándolo se declaró infundado conforme a la sentencia de fecha 7 de diciembre de 2012, quedó consentido al no haber sido objeto de impugnación por parte del demandante, por su parte la demandada cuestionó vía recurso de casación [...] únicamente el extremo de la aludida sentencia que declaró infundada la reconvención, sin embargo la Sala Superior al emitir nuevo fallo se excedió respecto de lo ordenado por esta Suprema Corte, pronunciándose también por el extremo de la demanda de divorcio por causal de separación de hecho, no obstante que ya se encontraba consentido y había adquirido la calidad de cosa juzgada, lo cual implica inimpugnabilidad, inmutabilidad y coercibilidad, por tal motivo la Sala se encontraba impedida de pronunciarse en ese extremo y únicamente debió pronunciarse respecto de la reconvención desestimada (Casación N.° 4305-2014-Cajamarca, de 21-10-2015, f j. 8. Sala Civil Transitoria [EP, 02-05-2017, Sentencias en Casación N.° 727, p. 91736], Texto completo: ). § 362. Los jueces están obligados, por el principio de congruencia, a no ir más allá del petitorio. Q uinto. [Se] advierte que la recurrida se limitó a establecer que la pretensión no tenía el elemento fáctico que la haga estimable, por lo que los artículos 791 y 788 del Código Civil derogado, referidos a la rescisión y rectificación de partición no eran pertinentes para tal efecto, ,ya que dichas pretensiones no eran el objeto de la demanda y menos aún los artículos 901 y 902 de esta misma norma, referidos a la no prescripción de la acción de partición, toda vez que en el presente caso no se ha cuestionado la validez de la pretensión por los efectos del transcurso del tiempo que se haría valer mediante excepción, sino por cuestiones de fondo, a partir del análisis probatorio y teniendo en cuenta la posibilidad legal de efectuarse la partición mediante acuerdo privado cuando se trate de bienes no inscritos, como los que son materia de controversia. Sexto. [Este] pronunciamiento además respeta el principio de congruencia, que obliga a los jueces a fundar sus fallos sin ir más allá del petitorio, por lo que el sentido en que se denuncia la inaplicación del Código Civil de 1936 resulta ajeno al debate de fondo del presente proceso. (Casación N.° 2022-97-Juíiaca, de 02-08-1999, ff. jj. 5 y 6 Sala de Derecho Constitucional y Social [EP, 30-04-2001, p. 7150]. Texto completo: ). § 363. La sentencia no puede resolver una pretensión que no formaba parte del proceso, como es el pago total del saldo deudor a favor de los demandados. Pronunciamiento extra p e tita . S egundo. [...] 2.1. Resulta que la norma contenida en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil, contiene el principio de Juez y derecho; que consagra a su vez el principio tura n ovit curia,, que en su traducción significa “el tribunal conoce el derecho”, obligando al juez aplicar el derecho que corresponde aún no haya sido invocado por las partes y lo hayan realizado en forma deficiente; en este caso para resolver la denuncia casatoria, interesa una de las expresiones del principio de Juez y Derecho, que impide al Juez ir más allá del petitorio y de los hechos alegados por las partes {ne ea tju d ex ultra p etita p a rtiu m ), implicando que el Juez no puede ir más allá de lo pedido por las partes, bajo pena de incurrir en incongruencia positiva, ni omitir pronunciamiento sobre aquellas admitidas {ne ea t ju d ex citra p etita p artium ) pues ello significa incurrir en incongruencia negativa, y cuando se concede algo diferente a lo solicitado por las partes {ne ea t ju d ex cifra p etita partiu m ) se incurre en incongruencia mixta; la exigencia del pronunciamiento debido en el proceso civil {no infra, citra ni extra p etita ), se vincula con la exigencia de motivación coherente, adecuada y suficiente, contribuyendo a la seguridad jurídica, en razón de la congruencia de la decisión judicial por la adecuación y correspondencia con las pretensiones de las partes y el contenido de la sentencia. [...] 2.7. [..,] [En] consecuencia, la sentencia al resolver una pretensión que no formaba parte del proceso, como es el pago total del saldo deudor a favor de los demandados, presenta un pronunciamiento extra p etita , infringiendo el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil, en cnanto impide que el Juez pueda ir más allá de las pretensiones postuladas en el proceso [...]. (Casación N.° n o m o s & th e s is

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15652-2014-Arequipa, de 02-08-2016, ff. jj. 2.1 y 2.7. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 31-03-2017, Sentencias en Casación N.° 726, p. 90859]. Texto completo: ). § 364, El término congruencia debe entenderse como la conformidad entre lo resuelto y lo pretendido. Fallo e x t r a p e t i t a . T e rc e r o . [El] término congruencia debe entenderse como la conformidad entre lo resuelto y lo pretendido, por lo que todo fallo no arreglado a esta disposición vulnera el principio aludido, siendo que el denominado fallo extra petita es aquel que se configura cundo se concede algo diferente a lo pedido o la decisión se refiere a persona ajena al proceso. (Casación N.° 1482-2000-Cusco, de 06-09-2000, f. j. 3. Sala Civil Transitoria [EP, 30-04-2001, p. 7158]. Texto completo: ). § 365. No se configura un fallo e x t r a p e t i t a si la sentencia se pronuncia, pero solo en su parte considerativa, sobre un extremo que no forma parte del petitorio. P r im e r o . [El] impugnante [..,] denuncia que la sentencia de vista se ha pronunciado por la validez de su título de propiedad, no obstante que dicho extremo no fue materia del petitorio de ía demanda. [...] T e rc e ro . [Eí] tercer considerando de la sentencia de vista, utiliza una expresión referida a la conclusión a la que llega respecto al título que ostentan los demandados, que es “mal hizo la Dirección General de Reforma Agraria en expedir el título de propiedad”; pronunciándose respecto a este documento como uno de los factores que propiciaron la nulidad del asiento registra! respectivo, en consecuencia, no mentira ni resuelve la validez de mencionado instrumento, por lo que no ha emitido un pronunciamiento diferente a lo solicitado en el petitorio, no advirtiéndose por lo tanto .que haya ido más allá del mismo, no existiendo consecuentemente contravención alguna a la última parte del artículo V il del Título Preliminar del Código Procesal Civil. (Casación N.° 3523-2000-Callao, de 28-05-2002, ff. jj. 1 y 3. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 21-12-2003]. Texto completo: ). § 366. La sentencia ha ido más allá del petitorio incurriendo en e x t r a p e t i t a porque no se demandó la devolución del predio rústico a la accionante. C u a r t o . [El] E1 artículo VII del Título Preliminar deí Código Procesal Civil permite al juez aplicar el derecho que corresponda al proceso aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente, peto le prohíbe ir más allá del petitorio, ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes. Q u i n t o . [En] este caso, la sentencia de vista ha ido más allá del petitorio incurriendo en “extra perita” porque no se demandó la devolución del predio rústico a ía accionante, este hecho invalida la recurrida en virtud de lo establecido por la primera parte del artículo 171° y [del artículo] 177° del Código Procesal Civil. (Casación N.° 1557-2000-Lambayeque, de 19-10-2001, ff. jj. 4 y 5. Sala Civil Permanente [EP, 31-05-2002, p. 8821]. Texto completo: ). § 367. Un fallo e x t r a p e t i t a solo puede presentarse en tanto la causa haya sido resuelta en su aspecto de fondo. S e x to . [Se] ha denunciado [...] la vulneración del artículo VII deí Título Preliminar del Código Procesal Civil, a entender del impugnante existe un fallo extra petita. tal pronunciamiento no puede presentarse en tanto la causa no haya sido resuelta en su aspecto de fondo. (Casación N.° 2809-2000-Lima, de 23-05-2001, f. j. 6. Sala Civil Permanente [EP, 30-11-2001, p. 8005]. Texto completo: ). § 368. Si se invoca, en un recurso de apelación, un nuevo hecho que no fue presentado en el escrito de contestación a la demanda, por lo que no fue tomado en cuenta al momento de expedirse la sentencia de primera instancia, el juez no puede admitir dicha alegación. T e rc e ro . [M]ediante recurso de apelación [...], el recurrente invoca como un nuevo hecho, no estar en posesión de una hectárea del predio sub litis, anomalía que no fue tomada en cuenta al momento de expedirse la sentencia de primera instancia, supuesto vicio que es reproducido en el recurso de casación. C u a r t o . [Sin] embargo, dicho argumento, al no haber sido invocado en el escrito de contestación a la demanda, no puede ser materia de pronunciamiento por las instancias de mérito, en atención a la expresa prohibición prevista en el artículo VII del Título Preliminar deí Código Procesal Civil que señala que * SUMMA PROCESAL CIVIL

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el Juez no puede fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes en los actos postulatorios del proceso. (Casación N.° 101-2002-Lima, de 04-10-2002, ff. jj. 3-4. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 30-07-2003]. Texto completo: ). § 369. No se vulnera la congruencia procesal cuando el juez dilucida casos en los cuales la pretensión no resulta clara y evidente, o esta planteada de manera incorrecta. 15. [...] [Según] el principio de congruencia judicial [se] exige al juez que, al pronunciarse sobre una causa, no omita, altere o exceda las peticiones contenidas en el proceso a resolver. Sin embargo, como ya se ha visto, existen casos en los cuales la pretensión no resulta clara y evidente, o está planteada de manera incorrecta, o se ha invocado erróneamente la norma de derecho aplicable, frente a lo cual el juez luego del análisis fáctíco, tiene el deber de reconocer el trasfondo de lo solicitado y pronunciarse respecto de él, sin que ello represente una extralimitación de sus facultades. (Exp. N.° 0569-2003-AC/TC, de 05-04-2004 [Web: 07-04-2004 / EP: 11-04-2004], f. j. 15. Texto completo: ). § 370. La declaratoria de heredero debe determinarse previamente en la petición de herencia, aunque no haya sido postulada en la demanda. Esta decisión no atenta contra el principio de congruencia. Sétim o, [La] alegación de la recurrente en el sentido que se ha vulnerado el principio de congruencia procesal, ya fue expuesta en el recurso de apelación [...] [donde se estableció] que la decisión impugnada resulta congruente con los hechos debatidos y lo que es materia de la controversia, si se tiene en cuenta que en el petitorio de la demanda el accionante señaló que con el ejercicio de la presente acción pretendía “se declare el derecho del recurrente, para concurrir en el dominio del inmueble conjuntamente con los herederos de MMCr, hijo y a su vez heredero de JMCo, hijo y heredero del propietario CMA, respecto [de un] inmueble [...], por ser el recurrente hijo y heredero de LMCo, hija del referido CMA”. Por lo canto resulta evidente que al ampararse la demanda debía determinarse previamente si el ahora impugnante tenía derecho respecto de la herencia de su extinta madre [...] lo cual ha sido dilucidado en el desarrollo del proceso, por lo tanto admitirse la tesis de la recurrente en el sentido de no esclarecer dicha situación jurídica (porque según se afirma no ha sido postulada en la demanda) conllevaría a emitir un pronunciamiento diminuto que no se compadece con el mérito de lo actuado y que afectada el principio de motivación de las resoluciones judiciales. (Casación N.° 2290-2012-Tacna, de 15-11-2012, f. j. 7. Sala Civil Transitoria [EP 30-04-2013, Sentencias en Casación N.° 678, p. 40657]. Texto completo: ). § 371. No estamos ante una incongruencia por fallo in fr a p etita si la sentencia está referida a la falta de pronunciam iento sobre las alegaciones esgrim idas por las partes. 3. ° [La] denuncia por incongruencia en la resolución derivada de lo que en doctrina se conoce como infra petita debe estar referida a la falta de pronunciamiento sobre uno de los petitorios concretos en la parte dispositiva del fallo, y no sobre las alegaciones esgrimidas por las partes. (Casación N.° 846-95-Lima, de 24-01-1996, f. j. 3. Sala Civil. Texto completo: ). § 372. Debe declararse la nulidad del nombramiento de curador no solicitado por ser un exceso en el pronunciam iento del Juez. Véase la jurisprudencia del artículo 61° del Código Procesal Civil [§ 3719]. (Exp. N.° 1579-95, de 21-06-1995. Sexta Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ). § 373. Es im posible que la voluntad del pretensor sea m odificada por decisión jurisdiccional. Véase la jurisprudencia del artículo IV del Código Procesal Civil [§ 193]. (Exp. N.° 4301-98, de 1801-1999, f. j. 3. Sala de Procesos Abreviados y de Conocimiento. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ). § 374. Principio de incongruencia procesal. M anifestaciones de los vicios de la m otivación: falta de motivación y defectuosa motivación. Véase la jurisprudencia del inciso 4 del artículo 122° del Código Procesal Civil [§ 1257]. (Casación N.° 86-01-Santa-Chimbote, de 18-04-2001, ff. jj. 7-8. Sala Civil Transitoria [EP, 01-10-2001], Texto completo: ). n o m o s & th e s is

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TÍTULO PRELIMINAR

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§ 375. Remisión. Véase también, supra, la jurisprudencia, sobre iura novit curia , en este mismo artículo [§ 3 1 0 ss.]. § 376. Remisión. Véase también, sobre el principio de congruencia procesal, la jurisprudencia del inciso 6 del artículo 50° del Código Procesal Civil [§ 582 ss.] y del inciso 4 del artículo 122° del Código Procesal Civil [§ 1256 ss.].

Artículo VIH: Principio de gratuidad en el acceso a la justicia El acceso ai servicio de justicia es gratuito, sin perjuicio del pago de costos, costas y multas establecida en este Código y disposiciones administrativas del Poder Judicial.(1) N O TA D E A C T U A L IZ A C IÓ N

(1) Artículo modificado por el artículo 2 de la Ley N.° 26846 (EP, 27-07-1997).

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 377. Si bien el recurrente es una persona de escasos recursos económicos, al momento de solicitar el auxilio judicial debe adjuntar el formato exigido como requisito por la ley: su omisión será causa de denegación. N oveno. [...] [Las] personas de escasos recursos económicos pueden solicitar auxilio judicial para lo cual deben cumplir con las exigencias o requisitos contenidos en el artículo 180 del Código Procesal Civil, debiéndose presentar un formato con carácter de declaración jurada; y el segundo supuesto de gratuidad de acceso a la justicia se encuentra recogido por la Ley Orgánica del Poder Judicial en su artículo 24, que enumera diversos supuestos de exoneración de tasas judiciales. D écim o. [En] eí presente caso, el recurrente alegó [...] ser una persona de escasos recursos económicos [..,]; [sin embargo], de la revisión de los actuados, se observa que ai momento de solicitar el auxilio judicial, omitió adjuntar el formato exigido como requisito por el Código Adjetivo, siendo causante de su denegación. (Casación N.° 1040-2004-Lima, de 20-07-2005, ff. jj. 9 y 10. Sala Civil Transitoria [EP, 28-02-2005, p. 15425]. Texto completo: ). § 378. El principio de gratuidad y el uso del derecho al auxilio judicial. S egundo. [El] recurrente interpone recurso de casación contra la resolución de vista que declara nulo el concesorio e inadmisible su recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia al no haber adjuntado el arancel judicial por dicho concepto. Tercero. [El] artículo 3 d éla Ley N.° 26846 que modifica el artículo 24 del Texto Unico Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, establece que la administración de justicia es gratuita para las personas de escasos recursos económicos, y para todos los casos expresamente previstos por Ley, encontrándose exonerados del pago de tasas judiciales, entre otros los litigantes a los que se les concede auxilio judicial. Cuarto. [S] iendo el auxilio judicial un beneficio que debe solicitarlo aquél que se considere necesario y no desprendiéndose de los autos que el recurrente haya hecho uso de su derecho que le franquea la Ley, no se puede denunciar la violación del principio constitucional del derecho a la gratuidad de la administración de justicia ya que es el mismo recurrente quien no ha solicitado, no pudiendo pretender que la instancia judicial y mucho menos la casatoria se sustituya y vaya más allá de sus pretensiones. (Casación N.° 935-98-Piura, de 01-10-1999, ff. jj. 2-4. Sala de Derecho Constitucional y Social [EP, 03-06-2000], Texto completo: ). § 379. La defensa gratuita para las personas de escasos recursos en m ateria procesal civil se garantiza a través del auxilio judicial. 2.° [El] principio de la gratuidad de la administración de justicia y de la defensa gratuita para las personas de escasos recursos en materia procesal civil se garantiza a través del auxilio judicial el que debe tramitarse conforme a las normas del Título VII de la Sección Tercera del Código Procesal Civil lo que no ha ocurrido en e! presente caso. (Casación N.° 704-96-Lima, de 23-09-1996, f. j. 2. Sala Civil [EP, 12-09-1996, p. 2487]. Texto completo: ). ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

§ 380. El principio de gratuidad en el acceso a la ju sticia contiene dos disposiciones diferentes: por un lado, garantiza el principio de la gratuidad de la adm inistración de justicia para las personas de escasos recursos; y por otro, consagra la gratuidad de la adm inistración de justicia para todos. 5. [La] Constitución establece que uno de los principios que informa el ejercicio de la función jurisdiccional es “El principio de la gratuidad de la administración de justicia y de la defensa gratuita para las personas de escasos recursos; y, para todos, en los casos que la ley señala”. Dicho precepto constitucional, en lo que al caso importa resaltar, contiene dos disposiciones diferentes: Por un lado, garantiza “El principio de la gratuidad de la administración de justicia...para las personas de escasos recursos”; y, por otro, consagra “... la gratuidad de la administración de justicia... para todos, en los casos que la ley señala”. 6, La primera disposición comporta una concretización del principio de igualdad en el ámbito de la administración de justicia. Según este, no se garantiza a todos los justiciables la gratuidad en la administración de justicia, sino solo a aquellos que tengan escasos recursos [económicos]. Como en diversas oportunidades ha advertido este Tribunal, el principio de igualdad, que subyace en los términos de la gratuidad en la administración de justicia aquí analizada, no obliga a tratar igual a todos siempre y en todos los casos, sino a tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Dicho principio contiene un mandato constitucional que exige la remoción de los obstáculos que impidan el ejercicio pleno de los derechos fundamentales. En el ámbito judicial ese mandato se traduce en asegurar, a las personas de escasos recursos, el acceso, el planteamiento y la obtención de un fallo judicial que resuelva sus diferencias dentro de un proceso judicial gratuito. La gratuidad en la administración de justicia, en los términos constitucionalmente establecidos, ha sido desarrollada por el artículo 24 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modificado por la Ley N.° 2684 6, según el cual, se encuentran exonerados del pago de las tasas judiciales, entre otros, los litigantes a los cuales se les ha concedido auxilio judicial, institución que, por otro lado, está regulada por el artículo 173 y siguientes del Código Procesal Civil. En el caso de autos, se declaró inadmisible el recurso de apelación propuesto, pues el recurrente no sufragó el importe total de la tasa judicial por la interposición de dicho medio impugnatorio, y tampoco solicitó acogerse al auxilio judicial; por lo que no puede compartirse la tesis de que con ello se han violado los derechos constitucionales a la gratuidad de la administración de justicia y a la igualdad procesal. (Exp. N.° 1607-2002-AA/TC, del 17-03-2004 [Web: 30-03-2004], ff. jj. 5 y 6. Texto completo: ). § 381. Principio de gratuidad en el acceso a la justicia y la exoneración de tasas judiciales. 4. [...] [En] aquellos supuestos en los que por propio derecho se solicita la expedición de copias certificadas de un expediente tramitado en la vía penal, resulta inconstitucional la exigencia de tasas judiciales o cargas impositivas de algún tipo. Tal criterio, por lo demás, se desprende del derecho a la gratuidad de la administración de justicia en cuanto componente fundamental del debido proceso, derecho que, como lo reconoce la propia Constitución Política del Perú, no solo opera para las personas de escasos recursos económicos, sino para aquellos supuestos que la ley señala, significando ello que si el Texto Unico Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo N.° 017-93-JUS, precisa en el Inciso d) de su artículo 24 que, entre las exoneraciones en el pago de las tasas judiciales, se encuentran los procesos penales, con la única excepción de las querellas, no puede habilitarse ninguna disposición administrativa ni legal que permita distinguir donde la norma referida no distingue. (Exp. N.° 2206-2002-AA/TC, de 19-12-2003 [Web: 05-03-2004], f. j. 4. Texto completo: ).

Articuló IX: Principios de vinculación y de form alidad Las normas procesales contenidas en este Código son de carácter imperativo, salvo regulación permisiva en contrarío. Las formalidades previstas en este Código son imperativas. n o m o s & th e s is

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TÍTULO PRELIMINAR

A lt IX

Sin embargo, el Juez adecuará su exigencia al logro de los fines del proceso. Cuando no se señale una formalidad específica para la realización de un acto procesal, este se reputará válido cualquiera sea la empleada.

TERCER PLENO CASATQRIO CIVIL

§ 382. En ios procesos de familia, como en los de alimentos, divorcio, filiación, violencia familiar, entre otros, el Juez tiene facultades tuitivas y, en consecuencia, se debe flexibilizar algunos p rin cip io s y norm as procesales. IV . Fallo: Por las razones expuestas, este Pleno Casatorio de la Corte Suprema de Justicia de ía República, declara que c o n s t i t u y e p r e c e d e n t e j u d i c i a l las siguientes reglas: 1. En los procesos de familia, como en los de alimentos, divorcio, filiación, violencia familiar, entre otros, el Juez tiene facultades tuitivas y, en consecuencia, se debe flexibilizar algunos principios y normas procesales como los de iniciativa de parte, congruencia, formalidad, eventualidad, preclusión, acumulación de pretensiones, en atención a la naturaleza de los conflictos que debe solucionar, derivados de las relaciones familiares y personales, ofreciendo protección a la parte perjudicada, ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4 y 43 de la Constitución Política del Estado que reconoce, respectivamente, la protección especial a: el niño, la madre, el anciano, la familia y el matrimonio, así como la fórmula política del Estado democrático y social de Derecho. [...] (Tercer Pleno Casatorio Civil [Tema: Divorcio por causal de separación de hecho], realizado el 18-03-2011, Casación N.° 4664-2010-Puno [EP, 13-05-2011], que establece seis reglas (entre ellas ésta) como doctrina jurisprudencial vinculante. Texto completo: ).

v in c u l a n t e

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 383. Principios de vinculación, fo rm alidad y de conservación. D écim o. [De] ]os principios que informan el proceso civil nacional, el de vinculación exige que el órgano jurisdiccional se active justificadamente, para resolver un real conflicto intersubjetivo de intereses o una incertidumbre jurídica, para lo cual se debe presentar un petitorio con arreglo a ley, el mismo que puede ser observado hasta en las tres oportunidades señaladas, el principio de formalidad respalda el cumplimiento de las formas y etapas establecidas en el proceso, pues el proceso está formado por actos sucesivos, encadenados entre sí, de tai manera que cada uno es antecedente del siguiente y consecuente del anterior, y el principio de conservación reclama que no se anule el proceso innecesariamente, por lo que precluida ía etapa procesal, esta ya no se puede invalidar. (Casación N.° 802-97-Ica, de 21-08-1998, f. j. 10. Sala Civil [EP, 16-10-1998, p. 1938], Texto completo: ). § 384. Principio de formalidad. Convalidación de los actos procesales. Tercero. [Ejxisten actos procesales que, atendiendo a los elementos o presupuestos que se hayan transgredido, no son susceptibles de convalidarse cuando las formas preservan la garantía del debido proceso. (Casación N.° 1204-96-Líma, de 06-12-1996, £ j. 3. Sala Civil [EP, 04-05-1998, p. 871]. Texto completo: ). § 385. Principio de form alidad. Forma específica de los actos procesales. S egundo. [Las] normas procesales caben interpretarse en su conjunto y cuando este Código [Procesal Civil] no señale una forma específica de realizar un acto procesal, este se reputa válido cualquiera sea la forma empleada [...]. (Casación N.° 934-95-Lima, de 21-10-1996, f. j. 2. Sala Civil [EP, 30-12-1997, p. 191]. Texto completo: ). § 386. Clasificación de las normas. Normas de orden público o de interés privado. P rim ero. [Las] normas procesales pueden ser “rígidas” o “flexibles” para el juez y “absolutas” o “dispositivas” para las partes, según se encuentre en juego el orden público o el interés privado, de ahí que no todas las normas de procedimiento son de orden público; asimismo, no existe un criterio definido para determinar en qué medida se encuentra comprometido el orden público o para distinguir una norma de interés público de la de interés privado, solo queda resolver teniendo en cuenta la naturaleza y el ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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objeto de cada disposición; [...] determinar si una norma es de orden público tiene vital importancia para el proceso, puesto que el proceso como instrumento de tutela del derecho constituye una garantía de justicia. Segundo. [La] violación de una disposición de orden público entraña una nulidad que debe ser declarada de oficio [...]. (Casación N.° 2400-98-Lima, de 24-03-1999, ff. jj. 1 y 2. Sala Civil Transitoria [EP, 03-05-1999, p. 2947]. Texto completo; ). § 387. Existen normas procesales que pueden ser “rígidas” o “flexibles” para el juez o “absolutas” o “dispositivas” para las partes, según se encuentre en juego el orden público o el interés privado. Undécimo. [El] artículo IX del Título Preliminar del [...] Código Procesal, recoge ios principios de vinculación y formalidad, para lo cual debe tenerse presente que existen normas procesales que pueden ser “rígidas” o “flexibles” para el juez o “absolutas” o “dispositivas” para las partes, según se encuentre en juego el orden público o el interés privado, de ahí que no todas las normas procesales son de orden público, por lo que se deberá resolver teniendo en cuenta la naturaleza y objeto de cada disposición y la violación de una norma de orden público entraña la nulidad y deberá ser declarada de oficio. D uodécim o. [Lo] mencionado en el considerando precedente concuerda con lo resuelto por esta Sala en la Casación N.° 554-00 [§ 388] [...]. D écim o Tercero. [Los] artículos invocados por el recurrente y que fueron amparados por esta Sala, no trascienden los fines del proceso ni vulneran normas de orden público, ni se lesiona el interés jurídico del impugnante; por lo que no existe causal para declarar la nulidad de todo o parte de lo actuado. (Casación N.° 1040-2004-Lima, de 20-07-2005, ff. jj. 11-13. Sala Civil Transitoria [EP, 28-02-2005, p. 15425]. Texto completo; ). § 388. Si bien la norm a procesal algunas veces tiene carácter imperativo, los jueces no deben ser aplícadores mecánicos de la ley y dejar de lado la equidad. Sexto. [La] norma procesal contiene una regla de conducta que atañe, unas veces al juez y otras a las partes; en algunos casos tiene carácter imperativo, de tal manera que todos los actores en el proceso deben someterse a ella, mientras que en otros, sea que se faculta al juez o porque la norma no trasciende la finalidad del proceso, se puede adecuar o eximir su cumplimiento, sin incurrir en sanción de nulidad. [...] Octavo. [Los] jueces no deben ser aplícadores mecánicos de la ley y dejar de lado la equidad, virtud específica del magistrado, que no es sino la prudencia actuando en el ámbito de la justicia, en función de encontrar y decidir la medida concreta de lo justo. Noveno. [En] consecuencia, se afecta el derecho al debido proceso y se niega la tutela jurisdiccional, cuando se rechaza una demanda, sin que previamente se haya declarado su inadmisibilidad. (Casación N.° 554-00-Lima, de 09-06-2000, ff. jj. 6 y 8. Sala Civil Transitoria [EP, 17-09-2000, p. 6277]. Texto completo: ). § 389. Cuando no h ay argumentación suficiente respecto a la decisión de im procedencia de la dem anda de tercería, el recurso de casación debe declararse fundado. Vicios de la motivación. Sexto. Finalmente, se tiene que existe motivación aparente cuando en una determinada resolución judicial parece que se justifica la decisión pero su contenido no explica las razones del fallo; que existe motivación insuficiente cuando no hay un mínimo de motivación exigible y que existe m otivación incongruente cuando se dejan incontestadas las pretensiones o se desvía la decisión del marco del debate judicial. Se aprecia que tales incorrecciones se encuentran en la sentencia recurrida, pues no se advierte que haya aplicado los artículos 535 y 537 del código adjetivo, así, no se ha justificado la decisión tanto en el aspecto de los hechos como en el normativo, no hay argumentación prolija respecto a la decisión de declarar improcedente la demanda de tercería preferente, por tanto en atención al principio de vinculación y de formalidad contenido en el artículo IX del Título Preliminar del citado cuerpo normativo, el recurso de casación debe ser declarado fundado. (Casación N.° 2162-2015-San Martín, de 06-09-2016, f. j. 6. Sala Civil Permanente [EP, 02-05-2017 Sentencias en Casación N.° 727, p. 91904]. Texto completo: ). § 390. Conforme al principio de elasticidad, las exigencias del principio de vinculación y formalidad de las normas y actos procesales se adecuarán a los fines del proceso. Quinto, [E] sta Sala Suprema considera que la resolución impugnada contraviene las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, concretamente, de los principios de celeridad y economía procesal, n o m o s & th e s is

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contemplados en el numeral V del Título Preliminar del Código Procesal Civil, porque si bien es cierto que el artículo IX de dicho Título Preliminar recoge el principio de vinculación y formalidad de las normas y actos procesales; sin embargo, también se contempla el principio de elasticidad, en virtud del cual las exigencias de las citadas normas se adecuarán a los fines del proceso. Sexto, [La] Sala Superior debió tener en cuenta el principio de elasticidad [...] en concordancia con los principios que integran la teoría de las nulidades procesales, entre ellos, el principio de convalidación, contemplado en el artículo 172 del Código Procesal Civil, según el cual “tratándose de vicios en la notificación, la nulidad se convalida si el litigante procede de manera que ponga de manifiesto haber tomado conocimiento oportuno del contenido de la resolución”; pues, examinado lo actuado en el presente proceso, tenemos que el Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Trabajo y, Promoción del Empleo se apersonó a la instancia y contestó la demanda [...] intervención que fue admitida [...] e inclusive dicha parte demandada interpuso recurso de apelación contra la sentencia apelada [...] no expresando como agravio vicios en la notificación de la demanda, demostrando plena conformidad con su emplazamiento. S éptim o [Se] llega a la conclusión que la Sala Superior ha infringido las normas procesales precedentes [arts. IX y 172 CPC], contraviniendo el derecho al debido proceso de la impugnante [...]. (Casación N.° 2536-2007-Jun ín, de 31-07-2008, ff. jj. 5-7. Sala Civil Transitoria. Texto completo: ). § 391. Si bien el principio de vinculación establece que las formalidades previstas en la ley procesal son im perativas, el juez puede adecuar su exigencia al logro de los fines el proceso. N oveno. [...] [Aun] cuando según la norma del artículo IX del Título Preliminar del Código Procesal Civil, las formalidades previstas en este cuerpo normativo son imperativas, el juez puede adecuar su exigencia al logro de los fines el proceso, razón por la cual el ad quem deberá hacer la valoración pertinente, aclarándose que no existe vulneración del derecho de defensa del demandante, en razón de que fue notificado con el medio probatorio [presentado de forma extemporánea por el demandado], habiendo, inclusive, emitido pronunciamiento al respecto en su escrito [correspondiente]. (Casación N.° 877-2015-Lambayeque, de 11-04-2016, f. j. 9. Sala Civil Transitoria [EP, 30-09-2016, Sentencias en Casación N.° 718, p. 83278]. Texto completo: ). § 392. Principio de vinculación. Las disposiciones procesales son normas de orden público y, en consecuencia, de obligatorio cum plim iento. C uarto . [De] acuerdo con el artículo IX del Título Preliminar del Código Procesal Civil las normas procesales que contiene son de carácter imperativo, salvo regulación permisiva en contrario; lo que quiere decir que las disposiciones procesales son normas de orden público y, en consecuencia, de obligatorio cumplimiento [...]. (Casación N.° 3772-00-LÍma, de 04-07-2001, f. j. 4. Sala Civil Transitoria [EP, 05-11-2001]. Texto completo: ). § 393. Las formalidades previstas son im perativas, mas el juez adecuará su exigencia al logro de los fines del proceso. C uarto. [El] proceso, del latín processus , etimológicamente significa avanzar, marchar, proceder en cierto orden, y desde el punto de vista jurídico, es conjunto ordenado y sucesivo de actos y formas, determinados por el Estado, destinados a asegurar en orden los debates; que protegen a las partes por igual, y que deben ser cumplidos a fin de obtener un pronunciamiento jurisdiccional que solucione un conflicto intersubjetivo de intereses o una incertidumbre con relevancia jurídica. Q uinto. [Cuando] se falta a alguna de las formalidades establecidas se incurriría en vicio, pues conforme al artículo IX, segundo párrafo, del Código adjetivo, las formalidades previstas son imperativas, mas el juez adecuará su exigencia al logro de los fines del proceso, por el interés social de que cumpla sus fines, determina que solo se declare la nulidad cuando se afecta las reglas esenciales del debido proceso. (Casación N.° 225-98-Cusco, de 24-11-1998, ff. jj. 4-5. Sala Civil [EP, 03-01-1999, p. 2338]. Texto completo: ). § 394. Principio de form alidad: el juez debe adecuar la exigencia de las formalidades al logro de los fines del proceso. T ercero. [El] proceso es un conjunto ordenado y sucesivo de actos y formas, determinados por el Estado, que deben ser cumplidos a fin de obtener un pronunciamiento jurisdiccional válido que resuelva un conflicto intersubjetivo de intereses o una incertidumbre jurídica ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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[...]. Cuarto. [El] proceso no es un fin en sí mismo, sino el medio para obtener un pronunciamiento, y si bien sus formalidades son imperativas, el Juez debe adecuar su exigencia al logro de los fines del proceso (Casación N.° 975-97-Lima, de 04-09-1998, ff. jj. 3 y 4. Sala Civil Permanente [EP, 0610-1998, p. 1794], Texto completo: ). § 395. El proceso no es un fin en sí mismo: el respeto por la form alidad h a de ser guardado en cuanto sirva de protección y amparo frente al ejercicio precipitado o desmedido d el j u s liga toris. Sexto . [El] proceso no es un fin en sí mismo, ni los trámites pueden convertirse en ritos sacramentales, disociados tanto en su realización como en su omisión, de los efectos que produzcan, toda vez que el culto a la forma ha de ser guardado en cuanto sirva de protección y amparo frente al ejercicio precipitado o desmedido del ju s ligatoris. Su finalidad abstracta es lograr la paz social en justicia y el juez puede adecuar las exigencias de las formalidades al logro de los fines del proceso. (Casación N.° 733-98-Lima-Cono Norte, de 14-10-1998, f. j. 6. Sala Civil [EP, 22-11-1998, p. 2078], Texto completo: ). § 396. Principio de preclusión no lim ita la facultad discrecional del juzgador para disponer la renovación de un acto procesal o se actúen las pruebas ofrecidas oportunamente y adm itidas. Véase la jurisprudencia del artículo 189° del Código Procesal Civil [§ 1688], (Casación N.° 72097-Lima, de 03-12-1998, ff. jj. 2, 4 y 5. Sala Civil [EP, 01-02-1999, p. 2565]. Texto completo: ). § 397. La notificación es válida si se realiza en el dom icilio procesal fijado por la parte siempre

y cuando no se solicite la variación de este. No corresponde notificarse al dom icilio real en caso de devolución de cédulas notificadas al dom icilio procesal dado la perentoriedad de los plazos de apelación. Véase la jurisprudencia dei artículo 146° del Código Procesal Civil [§ 1405]. (Casación N.° 2260-2009-Lima, de 15-03-2010, ff. jj. 3-7. Sala Civil Transitoria [EP, 30-09-2010, Sentencias en Casación N.° 629, p. 28324]. Texto completo: ). § 398. Excepción de caducidad. Excepcionalmente, deberá adm itirse a trám ite una dem anda que se haya presentado luego de vencido el plazo para su presentación e incluso después de transcurrido el prim er día hábil siguiente al levantamiento de una huelga judicial. Principio p r o a ctio n e o f a v o r p rocessu m . Véase la jurisprudencia del inciso 11 del artículo 446° del Código Procesal Civil [§ 3063]. (Casación N.° 1260-2016-A_requipa, de 28-03-2017, ff. jj. 8-11. Sala Civil Permanente [EP, 30-01-2018, Sentencias en Casación N.° 742, p. 104396]. Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

§ 399. La inaplicación de una norma procesal no supone necesariamente una afectación a un derecho fundamental. 10. [La] ausencia de un razonamiento para dilucidar la aplicación de la norma procesal pertinente en el proceso subyacente e incluso la interpretación o aplicación incorrecta de dicha norma procesal, no supone necesariamente una afectación al derecho de defensa. Y es que la aplicación de la norma procesal o su] Interpretación por parte de los jueces puede representar una opción más garantista de los derechos de las partes o más eficiente de cara al objeto dei proceso de que se trate, sin que ello signifique que algunas de dichas opciones pueda resultar lesiva de derechos fundamentales. [...] (Exp. N.° 04048-2013-PA/TC, de 29-04-2016 [Web: 09-06-2016 / EP: 11-07-2016], f. j. 10. Texto completo: ),

Artículo X: Principio de doble instancia El proceso tiene dos instancias, salvo disposición legal distinta.

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§ 400. Definición del derecho a la doble instancia. Noción. Tercero. [Eí] derecho a la doble instancia consiste en la posibilidad que tiene el justiciable de poder recurrir, de una decisión judicial, ante una autoridad judicial de mayor jerarquía y con facultades de dejar sin efecto lo originariamente dispuesto, tanto en la forma como en el fondo. (Casación N.° 151-98-Arequipa, de 17-12-1998, f. j. 3. Sala Civil [EP, 21-01-1996, p. 2519]. Texto completo: ). § 401. Principio de doble instancia. 52. [...] [El] principio de doble instancia, en el inciso 6 del artículo 138 de la Constitución Política del Estado: “Son principios y derechos de la función jurisdiccional: [...] 6. La pluralidad de la instancia”; y en el artículo X del Título Preliminar del Código Procesal Civil que dice: “El proceso tiene dos instancias, salvo disposición legal distinta”. Este principio garantiza que las decisiones emitidas por un juez puedan ser materia de revisión por un órgano jerárquico superior. (Noveno Pleno Casatorio Civil [Tema: Proceso de otorgamiento de escritura pública], realizado el 09-08-2016, f. j. 52. Casación N.° 4442-2015-Moquegua [EP, 18-012017]. Texto completo: ). § 402. Requisitos mínimos que debe respetar el órgano jurisdiccional superior para que el impugnante baga uso del derecho a la doble instancia. N oveno , [,..] [La] Sala Superior declaró improcedente el recurso de apelación propuesto por la impugnante, bajo el fundamento de que no habría indicado claramente el error de hecho y de derecho en los que habría incurrido el Juez; sin embargo, tal fundamento no tiene base real, pues examinado el recurso anotado, se desprende que este sí contiene la fundamentación y la precisión del agravio, requisitos mínimos cuya observancia debe ser respetada por el órgano jurisdiccional superior, toda vez que la recurrente cumple con indicar que la apelada incurre en errores de hecho, precisando textualmente que el agravio consiste en el hecho que la operadora

jurisdiccional le quita o anula el derecho que posee la demandada de heredar el porcentaje que como hija le corresponde legalm ente fren te a l deceso de su progenitora, agravio que consecuentemente es de naturaleza jurisdiccional y de orden patrimonial. D écim o . En suma, esta Sala Suprema liega a la conclusión de que en el presente caso la resolución recurrida infringe el derecho a la impugnación de la parte demandada, derecho contenido en el principio de la doble instancia, previsto en el artículo 139°, inciso 6 de la Constitución Política del Perú, concordado con el artículo X del Título Preliminar del Código Procesal Civil y lo dispuesto en eí artículo 366° del mismo Código [...]. (Casación N.° 1805-2009-Cajamarca, de 15-10-2009, ff. jj. 9 y 10. Sala Civil Permanente [EP, 02-02-2010, Sentencias en Casación N.° 623, p. 27412]. Texto completo: ). § 403. El derecho a la pluralidad de instancias permite que lo resuelto por un juez de prim era instancia pueda ser revisado por un órgano fim cionaím ente superior. Tercero. [El] principio de la doble instancia se encuentra consagrado en el artículo 139 inciso 6 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo X del Título Preliminar del Código Procesal Civil; que el derecho a la pluralidad de instancia es una garantía consustancial del derecho al debido proceso jurisdiccional; mediante dicho derecho se persigue que lo resuelto por un juez de primera instancia pueda ser revisado por un órgano funcionalmente superior, lo que implica un nuevo examen del caso por parte del ad quem, tanto del aspecto fáctico como del aspecto jurídico [...]. (Casación N.° 3493-2015-Cusco, de 05-04-2016, f. j. 3. Sala Civil Permanente [EP, 30-09-2016, Sentencias en Casación N.° 718, p. 83412], Texto completo: ). § 404. La pluralidad de instancias nace a partir de u n a doble realidad: la comprobación de la falibilidad hum ana y al hecho, consustancial a la pretensión de las partes, de no aceptar la resolución que sea desfavorable a sus propios intereses. O ctavo . [En] cuanto al derecho a la recurribiíidad de las sentencias o pluralidad de instancias, este se encuentra consagrado en el inciso 6 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, y nace a partir de una doble realidad: por un lado, la comprobación de la falibilidad humana, que en el ámbito judicial recae en la persona del juzgador, y por el otro, el hecho, consustancial a la pretensión de las partes de no aceptar la resolución que sea desfavorable a sus propios intereses. En ese sentido, la pluralidad de instancia es un derecho * SUMMA PROCESAL CIVIL

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de orden constitucional que tiene por objeto garantizar que las personas, naturales o jurídicas, que participen en un proceso judicial tengan la oportunidad de que lo resuelto por el órgano jurisdiccional sea revisado por un órgano superior de la misma naturaleza, siempre que se baya hecho uso de los medios impugnatorios pertinentes, formulados dentro del plazo de ley. (Casación N.° 876-2015Lima, de 30-09-2015, f. j. 8. Sala Civil Transitoria [EP, 30-09-2016, Sentencias en Casación N.° 718, p. 83276], Texto completo: ). § 405- El derecho de la doble instancia se hace efectivo con el pronunciam iento del órgano superior sobre la resolución que es objeto de im pugnación. S egundo. [El] derecho de la doble instancia [...] constituye una de las garantías del debido proceso y se hace efectivo con el pronunciamiento del órgano superior sobre la resolución que es objeto de impugnación, por lo que habiéndose omitido resolver la apelación concedida con la calidad de diferida se incurre en afectación al principio constitucional a que se refiere el inciso 3 del artículo 139 déla Constitución (Casación N.° 1184-98-íca, de 30-09-1999, f. j. 2. Sala de Derecho Constitucional y Social [EP, 30-04-2000, p. 5248]. Texto completo: ). § 406. Las instancias de mérito efectúan el análisis conjunto y pormenorizado de los elementos probatorios incorporados al proceso. N oveno. [La] deficiencia en la motivación y la ausencia de análisis idóneo de las pruebas aportadas trae como consecuencia que el Supremo Tribunal no pueda pronunciarse sobre la causal material alegada, pues la verificación de los presupuestos citados importa haber efectuado previamente el análisis conjunto y pormenorizado de los elementos probatorios incorporados al proceso, labor que es ajena a esta Sede casatoria y que corresponde realizar a las instancias de mérito, las que deben emitir pronunciamiento respectivo en salvaguarda del principio de doble instancia previsto en el artículo X del Título Preliminar del Código Procesal Civil, y consagrado en el artículo 139 inciso 6 de la Constitución Política. (Casación N.° 1256-05-Amazonas, de 30-03-2006, f. j. 9. Sala Civil Transitoria [EP, 02-10-2006, p. 17080], Texto completo: ). § 407. La falta de pronunciam iento sobre la apelación diferida, priva al recurrente del derecho a la doble instancia. Sexto. [Al] dictarse la sentencia de vista, no se pronuncia sobre esta apelación [concedida en calidad diferida] e incidiendo dichas articulaciones sobre la relación jurídica procesal, debió ser materia de pronunciamiento en la instancia superior, omisión que acarrea una indefensión a los demandados, afectando el derecho a un debido proceso al privársele de la doble instancia. (Casación N.° 2322-2000-Moquegua, de 09-02-2001, f. j. 6. Sala Civil Transitoria [EP, 31-07-2001, p. 7432]. Texto completo: ). § 408. El juez superior no puede pronunciarse sobre m ateria que no h a sido analizada en la recurrida. S egundo. [El] juez superior no puede pronunciarse sobre materia que no ha sido analizada en la recurrida porque ello importaría violar el principio de la doble instancia a que se refieren los artículos X del Título Preliminar del Código Procesal Civil y 139 numeral 6 de la Constitución Política del Estado. (Casación N.° 1031-95-Callao, de 17-10-1996, f. j. 2. Sala Civil [EP, 21-12-1996, p. 2586]. Texto completo: ). § 409. Falta de pronunciam iento del juez sobre la apelación concedida sin efecto suspensivo y con la calidad de diferido vulnera el principio de la doble instancia. Tercero. [...] [La] demandada interpuso recurso de apelación contra la resolución [...], el cual fue concedido [...] sin efecto suspensivo y con la calidad de diferido. C uarto. [S]in embargo, el colegiado no se ha pronunciado sobre este extremo, vulnerando la garantía del principio de la doble instancia reconocida por el artículo X del Título Preliminar del Código Procesal Civil. (Casación N.° 180-96-Cajamarca, de 28-02-1997, íf. jj. 3 y 4. Sala Civil. Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DE LAS CORTES SUPERIORES

§ 410. Instancia plural: el hecho de que se haya planteado al mismo tiempo la nulidad de la sentencia y la apelación de la misma, no debe determ inar al juzgador denegar ambas. Atendiendo n o m o s & th e s is

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a que el hecho de que [se] haya planteado al mismo tiempo la nulidad de la sentencia y la apelación de la misma, no debe determinar al juzgador denegar ambas, tanto porque se contraría el principio de que todos tienen derecho a la tutela jurisdiccional cuanto porque la instancia plural y la revisibilidad de los fallos son principios y derechos de la administración de justicia [...]. (Exp. N,° 182-95, de 20-021995- Primera Sala Civil. Corte Superior de justicia de Lima. Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

§ 411. El derecho a la pluralidad de la instancia es un derecho fundamental que se ejerce siempre que se haya hecho uso de los medios im pugnatorios pertinentes, formulados dentro del plazo legal. 9. Con relación al contenido del derecho a la pluralidad de la instancia, este Colegiado tiene establecido que se trata de un derecho fundamental que “tiene por objeto garantizar que las personas, naturales o jurídicas, que participen en un proceso judicial tengan la oportunidad de que lo resuelto por un órgano jurisdiccional sea revisado por un órgano superior de la misma naturaleza, siempre que se haya hecho uso de los medios impugnatorios pertinentes, formulados dentro del plazo legal” (Cfr. RRTC 3261-2005-PA, F. J. 3; 5108-2008-PA, F. J. 5; 5415-2008-PA, E J. ó; y STC 06072009-PA, E J. 51). En esa medida, el derecho a la pluralidad de la instancia guarda también conexión estrecha con el derecho fundamental a la defensa, reconocido en el artículo 139°, inciso 14, de la Constitución. (Exp. N.° 4235-2010-PHC/TC [Caso Alberto Fujimori Fujimori], del 11-08-2011, f. j. 9 [Web: 11-08-2011 / EP: 21-09-2011]. Texto completo: ). § 412. Contenido esencial del derecho fundam ental a la pluralidad de la instancia. S i el órgano de prim era instancia es un órgano colegiado puede no haber segunda instancia. 25- [A] criterio del Tribunal Constitucional, prima, fa cie y sin perjuicio de ulteriores precisiones jurisprudenciales que pueda ser de recibo realizar, pertenece al contenido esencial del derecho fundamental a la pluralidad de la instancia, el derecho de toda persona a un recurso eficaz contra: a) La sentencia que le imponga una condena penal, b) La resolución judicial que le imponga directamente una medida seria de coerción personal, c) La sentencia emitida en un proceso distinto del penal, a menos que haya sido emitida por un órgano jurisdiccional colegiado y no limite el contenido esencial de algún derecho fundamental, d) La resolución judicial emitida en un proceso distinto del penal, con vocación de poner fin al proceso, a menos que haya sido emitida por un órgano jurisdiccional colegiado y no limite el contenido esencial de algún derecho fundamental. (Exp. N.° 4235-2010-PHC/TC [Caso Alberto Fujimori Fujimori], del 11-08-2011, f. j. 25 [Web: 11-08-2011 / EP: 21-09-2011], Texto completo: ). REMISIÓN

§ 413. Sobre el principio de doble instancia. Véase la jurisprudencia del inciso 6 del artículo 139° de la Constitución [§ 87 ss.].

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SECCIÓN PRIMERA JURISDICCIÓN, ACCIÓN Y COMPETENCIA TÍTULO 1 JURISDICCIÓN Y ACCIÓN Artículo 1: Órganos y alcances de ia potestad jurisdiccioncilcivii La potestad jurisdiccional del Estado en materia civil, la ejerce el Poder Judicial con exclusividad. La función jurisdiccional es indelegable y su ámbito abarca todo el territorio de la República.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 414. Un conflicto de intereses puede ser resuelto por eí Poder Judicial, por las partes en disputa pero de m anera conjunta o solo el demandante, pero nunca el demandado solo. Prim ero. [La] potestad de administrar justicia es ejercida única y exclusivamente por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos, de conformidad con el artículo 138 de la Constitución, de forma tal que ante un conflicto de intereses o una incertidumbre jurídica, es este poder quien concluye el proceso entablado con declaración sobre el fondo o sin él, pudiéndolo también hacer lógicamente las partes en disputa pero de manera conjunta o solo el demandante pero nunca el demandado [solo], tal como fluye de los artículos 321 y 322 del Código Procesal Civil. (Casación N.° 44l-96-Lambayeque, de 2306-1998, £ j. 1. Sala de Derecho Constitucional y Social [EP, 20-10-1998, p. 2007]. Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DE LAS CORTES SUPERIORES

§ 415. Nadie puede ser desviado de la jurisdicción predeterm inada por la ley, ni sometido a procedimiento distinto de los previamente establecidos. M unicipalidad que m anda trabar embargo definitivo contra otra m unicipalidad. [...] [El] Código Procesal Civil, en su artículo 616, prohíbe las medidas cautelares para futura ejecución forzada, contra, entre otros organismos públicos, los gobiernos locales, es decir, las municipalidades; que, pese a esta prohibición, [„.] la Municipalidad Distrital de Villa M aría del Triunfo, mediante su Ejecutor Coactivo, [...] ha mandado trabar embargo definitivo, en forma de retención y hasta por la suma de S/. 207.000.20, sobre las cuentas comentes, fondos, valores y depósitos que pudiera tener la ejecutada Municipalidad Distrital de Santiago de Surco; que siendo esto así, tal proceder, evidentemente infringe [...] derechos constitucionales [...], así como también conculca el principio y derecho de la función jurisdiccional a la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional [...], [ya] que nadie puede ser desviado de la jurisdicción predeterminada por ia ley, ni sometido a procedimiento distinto de los previamente establecidos [...]. (Exp, N.° 1932-94, de 19-06-1995. Cuarta Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ).

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JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

§ 416. Concepto de jurisdicción. 2, [...] [[Jurisdicción es la potestad y/o poder que otorga el Estado a determinadas instituciones para “decir”, resolver o aplicar el derecho que corresponde en un conflicto de intereses con el carácter especial que sus decisiones son irrevisables; es decir, tienen la calidad de cosa juzgada. Aquellos órganos cuyas resoluciones son revisables no tienen jurisdicción sino competencia. El límite de la jurisdicción es la competencia por razón de grado, materia, turno, territorio, etc. (Exp. N.° 584-98-HC/TC, de 06-08-1998 [Web: 29-09-1998], f. j. 2. Texto completo: ). § 417. Principio de unidad de la función jurisdiccional. 16. La unidad [de la función jurisdiccional] ha de ser comprendida, en principio, como la negación de la idea de la fragmentación jurisdiccional; y esto porque, por motivaciones derivadas de la esencia, carácter y calidad de la función de dirimir en los conflictos interindividuales de contenido estrictamente jurídico, se hace patente la necesidad, dentro de lo razonable, de asegurar la individualidad y unidad de dicho atributo soberano a favor del Poder Judicial. [...] 18. Ahora bien, el principio de unidad no obsta que el legislador pueda establecer, al interior del Poder judicial, juzgados especializados; siempre que dichos órganos intrajurisdiccionales aseguren al justiciable todas las garantías vinculadas al debido proceso y a la tutela judicial efectiva. (Exp, N.° 0023-2003-AI/TC [Caso D efensorio d el Pueblo], de 09-06-2004 [Web: 2810-2004 / EP: 30-10-2004], ff. jj. 16 y 18. Texto completo: ). § 418. Requisitos para el ejercicio de la jurisdicción. Facultades de la función jurisdiccional. 13. El ejercido de la jurisdicción implica cuatro requisitos, a saber; a) Conflicto entre las partes, b) Interés social en la composición del conflicto, c) Intervención del Estado mediante el órgano judicial, como tercero imparcial, d) Aplicación de la ley o integración del derecho. El concepto “jurisdicción” se encuentra regulado por dos clases de facultades: las primeras relativas a la decisión y ejecución que se refieren al acto mismo; y las segundas concernientes a la coerción y documentación que, de un lado, tienden a remover los obstáculos que se oponen a su cabal ejercicio, y de otro, a acreditar de manera fehaciente la realización de los actos jurisdiccionales, otorgándoles permanencia, así como una fijación indubitable en el tiempo, es decir, el modo y forma en que se desarrollan. (Exp. N,° 0023-2003-AI/ TC [Caso Defensorio, d el Pueblo], de 09-06-2004 [Web: 28-10-2004 / EP: 30-10-2004], f, j. 13. Texto completo: ). § 419. Función constitucional de la actividad jurisdiccional del Poder Judicial. 1. [...] a) La actividad jurisdiccional del Poder judicial tiene por función constitucional el viabilizar la intervención del Estado mediante órganos de fallo adscritos a una terceridad imparcial y compositiva, tendentes a dirimir los conflictos interindividuales de naturaleza jurídica con el objeto de restablecer la convivencia pacífica mediante la resolución de dichas controversias por la vía de la recta aplicación o integración de la ley en sentido lato. [...] (Exp, N.° 2409-2002-AA7TC, de 07-11-2002 [Web: 10-12-2002], f. j, 1. Texto completo: ). § 420. La función jurisdiccional constituye la garantía últim a para la protección de la libertad de las personas. 7- [...] [La] función jurisdiccional merece una especial atención, toda vez que constituye la garantía última para la protección de la libertad de las personas frente a una actuación arbitraria del Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo. (Exp. N,° 0023-2003-AI/TC [Caso Defensorio del Pueblo], de 09-06-2004 [Web: 28-10-2004 / EP: 30-10-2004], f. j. 7. Texto completo: ). § 421. La función jurisdiccional debe entenderse como aquel fin prim ario del Estado consistente en d irim ir los conflictos interindividuales. 11. [La] función jurisdiccional debe entenderse como aquel fin primario del Estado consistente en dirimir los conflictos interindíviduales. En efecto, ante el impedimento de hacerse justicia por propia mano (salvo en los casos de legítima defensa o de derecho de retención), es el Estado el encargado de resolver las controversias legales que surgen entre los hombres. En dicho contexto, el justiciable tiene la facultad de recurrir ante el órgano n o m o s & th e s is

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JURISDICCIÓN, ACCIÓN Y COMPETENCIA

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jurisdiccional del Estado para ejecutar una acción, a lo que corresponde como correlato la jurisdicción, que es, además, un poder-deber, (Exp. N.° 0023-2003-AI/TC [Caso Defensoría del Pueblo] , de 09-062004 [Web: 28-10-2004 / EP: 30-10-2004], £ j. 11. Texto completo: ). § 422. Órganos de jurisdicción absoluta y jurisdicción relativa. 3. [Dentro] del contexto general de la Constitución Política del Estado, según los artículos 154, 181 y 182, los órganos que tienen jurisdicción absoluta son: el jurado Nacional de Elecciones, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal Constitucional y los que tienen jurisdicción relativa, según el artículo 139 inc. 1) de la Ley Fundamental, son el Poder Judicial, el Fuero M ilitar y Arbitral. Es relativa la jurisdicción del Poder judicial porque el artículo 200 inc. 2) de la Constitución anotada prescribe que sus decisiones son revisables, vía acción de amparo, cuando estas emanan de un procedimiento irregular. (Exp. N.° 58498-FiC/TC, de 06-08-1998 [Web: 29-09-1998], f. j. 3. Texto completo: ).

Artículo 2: Ejercicio y alcances del derecho de acción. Derecho de contradicción Por el derecho de acción todo sujeto, en ejercicio de su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y en forma directa o a través de representante legal o apoderado, puede recurrir al órgano jurisdiccional pidiendo la solución a un conflicto de intereses intersubjetivo o a una incertidumbre jurídica. Por ser titular del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, el emplazado en un proceso civil tiene derecho de contradicción.

PLENOS JURISDICCIONALES

§ 423. Prescripción de la acción. En el caso de la interposición de la. demanda dentro d el plazo legal de prescripción , pero notificada luego de transcurrido el mismo, p e produce o no la prescripción de la acción? El Pleno acordó por m a y o r í a : “En el caso de interposición de la demanda dentro del plazo prescriptorio que establece la ley, pero notificada después de trascurrido el mismo, no se produce ia prescripción de la acción”. (Pleno Jurisdiccional Nacional Civil y Procesal Civil, realizado en Lima, los días 8 y 09-07-2016. Tema N.° 2 [La prescripción de la acción]. Texto completo: ), JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 424. Derecho de acción y debido proceso. P rim ero. [Ei] derecho a un debido proceso se entiende como el derecho fundamental de los justiciables, el cual no solo les permite acceder al proceso ejercitando su derecho de acción, sino también el usar mecanismos procesales preestablecidos en la ley con el fin de defender su derecho durante el proceso y conseguir una resolución emitida con sujeción a la ley. (Casación N.° 799-99-Arequipa, de 30-09-1999, f. j. 1. Sala Civil [EP, 20-11-1999, p. 4030]. Texto completo: ). § 425. La legitim ación no puede consistir en la existencia del derecho y de la obligación, que es el tem a de fondo que se debatirá en el proceso y se resolverá en la sentencia, sino simplemente en las afirmaciones que realiza el actor. N oveno. [Según] lo regulado por eí artículo 2 del Código Procesal Civil y acorde a lo señalado por la doctrina, la legitimidad para obrar viene a ser la posición habilitante para formular la pretensión o para rechazar la que contra alguien se formule y ha de radicar necesariamente en la afirmación de la titularidad del derecho subjetivo material y en la imputación de la obligación. La legitimación, pues, no puede consistir en la existencia del derecho y de la obligación, que es el tema de fondo que se debatirá en el proceso y se resolverá en la sentencia, sino simplemente en las afirmaciones que realiza el actor. Es decir, a través de la legitimidad para obrar, el demandante afirma ser el titular de un derecho lesionado y dirige su pretensión contra quienes él considera han lesionado ese derecho. (Casación N.° 3756-2014-Lima, de 02-10-2015, f. j. 9. Sala Civil Transitoria [EP, 30-09-2016, Sentencias en Casación N.° 718, p. 83228]. Texto completo: ). ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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§ 426. La legitim ación no deviene en presupuesto procesal ni en condición de la acción, sino más propiamente, en requisito del éxito de la pretensión. Las partes pueden estar legitimadas para la causa inclusive sin tener el derecho o la obligación sustanciales. C uarto. [.,.] [La] comprobación al inicio del proceso de coincidencia de la relación jurídica procesal con la relación de derecho sustantivo no es condición ni presupuesto de la acción, pues eso solo se establecerá en el momento en que se pronuncie la sentencia; y que estar legitimado en la causa significa tener derecho a exigir que se resuelva sobre las peticiones propuestas en la demanda, que es la corriente que acepta este Tribunal Supremo. Q uinto. [El] derecho a poner en actividad la jurisdicción y a acceder a la sentencia que resuelva en el fondo sobre las pretensiones incoadas no debe estimarse que incumbe solo al titular del derecho sustancial, porque, en fin, la legitimación no deviene en presupuesto procesal ni en condición de la acción, sino más propiamente, en requisito del éxito de la pretensión [...]. Sexto. [La] legitimidad de la parte actora corresponde a la cualidad que le asiste para accionar, sin limitación ni restricción para su ejercicio, por efecto de lo normado en ios numerales I del Título Preliminar, 2 y 3 del Código Procesal Civil, que la habilitan legalmente para asumir su posición procesal, toda vez que las partes pueden estar legitimadas para la causa inclusive sin tener el derecho o la obligación sustanciales. (Casación N.° 2992-99-Lima, Lima, 05-04-2000, ff. jj. 4-6. Sala Civil Transitoria [EP, 30-11-2000, p. 6445]. Texto completo: ). § 427. El ejercicio de la acción representa la facultad o el poder jurídico del justiciable de acudir al órgano jurisdiccional en busca de tutela efectiva, independientemente de que cum pla los requisitos formales o que su derecho sea fundado. S egundo. [Es] materia de interpretación el sentido del término “ejercicio de la acción” que contiene [el artículo 92 CC] [...]. Cuarto. [Sin] embargo, la norma no se refiere a la demanda ni a su calificación procesal, sino simplemente al ejercicio de la acción, el cual representa la facultad o el poder jurídico del justiciable de acudir al órgano jurisdiccional en busca de tutela efectiva, independientemente de que cumpla los requisitos formales o que su derecho sea fundado. Q uinto. [En] ese sentido, se ejercita la acción con la sola interposición de la demanda, promoviendo la actividad jurisdiccional, [...] dentro del término de sesenta días establecido en la norma interpretada por lo que no resulta extemporánea como señala la recurrida. (Casación N.° 1778-97-Callao, de 20-05-1998, ff. jj. 2, 4 y 5. Sala Civil Transitoria [EP 14-10-1998, p. 1912], Texto completo: ). § 428. Requisitos sustanciales p ara la configuración de la pretensión declarativa: el interés y la relación jurídica. Sexto. [La] dogmática procesal se ha detenido en precisar que la pretensión declarativa tiene además de otros requisitos dos sustanciales para su configuración: el interés y la relación jurídica; el interés se dirige hacia la protección judicial que de no seguirse se producirá un daño (material o subjetivo), pues la incertidumbre jurídica debe derivar de circunstancias de hecho que objetivamente apreciadas revisten aptitud para causar un perjuicio; y la relación jurídica, que constituye el objeto de la pretensión, en él no cabe plantear cuestiones jurídicas abstractas (verbigracia: sí tal o cual ley está o no vigente) ni tampoco la existencia o inexistencia de hechos simples (verbigracia: si un matrimonio llegó o no a consumarse) [...]; por consiguiente, [...] se verifica que la recurrente tiene un interés en la pretensión solicitada que se traduce en una necesidad de tutela jurídica al señalar que los terceros que contrataron con ella han manifestado su preocupación acerca de la legitimidad contractual de la actora para suscribir avisos publicitarios en la empresa televisora [...]; por la misma razón, la relación jurídica es concreta y no abstracta que sustenta la pretensión declarativa al solicitar la validez y eficacia de la obligación de [la empresa televisora] a transmitir los avisos publicitarios y la programación suministrada por la emplazante. (Casación N.° 2121-99-Lima, de 23-01-2001, f. j. 6. Sala Civil [EL 17-09-2000, p. 6222], Texto completo: ). § 429. Principio de contradicción o bilateralidad. Sexto. [,..] “Al principio de contradicción también se le conoce con el nombre de principio de bilateralidad y como su nombre lo indica, consiste en que todos los actos del proceso deben realizarse con conocimiento de las partes, aun cuando más específicamente queremos decir que todo acto procesal debe ocurrir con la información previa y oportuna a la parte contraria (...). Esta es la razón por la que el principio en estudio está directam ente n o m o s & th e s is

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ligado al objeto de la notificación procesal”. Tanto es así, que las resoluciones judiciales solo producen efectos en virtud de notificación hecha con arreglo a ley; [...] “Una providencia judicial es procesalmente inexistente mientras no se le ponga en conocimiento de los interesados (...)”. (Casación N.° 10982014-Lima, de 27-04-2015, fi j. ó. Sala Civil Transitoria [EP, 31-10-2016, Sentencias en Casación N.° 719, p. 84259]. Texto completo: ). § 430. El avocamiento del Juez al proceso debe ser notificado a las partes para el efectivo ejercicio del principio de bilateralidad de la audiencia. D ecim ocu a rto. [El] acto procesal por ei cual el juez se avoca al proceso debe ser notificado a las partes para garantizar el principio de bilateralidad de la audiencia y el que las partes puedan ejercitar sus derechos y deberes procesales, (Casación N.° 2127-99-Tumbes, de 04-07-2000, f. j. 14. Sala Civil [EP, 01-09-2000, p, 6200]. Texto completo: ). § 431. El principio de contradicción constituye una forma que tienen las partes de ejercer control sobre las resoluciones judiciales. Sétimo. [.,.] [La] preservación del derecho de defensa [...] se encuentra íntimamente vinculado con el principio de contradicción, el que a su vez constituye no solo una forma que tienen las partes de ejercer control sobre las resoluciones judiciales; sino, que, además, permite al justiciable exponer sus alegaciones e impulsar la actividad probatoria a efectos de acreditar a través de prueba pertinente, suficiente, legal o idónea la veracidad de sus afirmaciones; además de poder impugnar las resoluciones que le causen agravio (Cas. N.° 680-2000-Ica, de 16-06-2000, £ j. 7. Sala Civil Transitoria [EP, 30-11-2000, p. 6447]. Texto completo: ). § 432. Se contraviene el principio de contradicción cuando se resuelve no adm itir como medio probatorio la copia simple de un documento, sin otorgar la posibilidad de subsanar dicha deficiencia. Q uinto. [...] [El] a quo, al resolver la no admisión como medio probatorio del documento [señalado], por haber sido adjuntado en copia simple, [...] y que guarda relación con el objeto principal del litigio, sin otorgarle la posibilidad de subsanar dicha deficiencia, evidentemente contraviene el principio de contradicción contenido en el inciso 14 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado. (Casación N.° 3475-2000-La Libertad, de 12-11-2002, £ j. 5. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 02-12-2003]. Texto completo: ). § 433. El derecho de acción y la legitim idad para obrar: diferencias. No es posible que uno de los cónyuges (por carecer de legitim idad para obrar) defienda el patrimonio social cuando este se encuentra constituido por acciones que su consorte posee en calidad de socio. Véase la jurisprudencia del artículo IV del Código Procesal Civil í§ 223]. (Casación N.° 2499-98-Lima, de 03-03-1999, ff. jj. 1-4. Sala Civil Permanente. Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

§ 434. No todos los requisitos procesales que se puedan establecer a fin de ejercerse el derecho de acción, por el solo hecho de estar previstos en ía ley o en una norma con rango de ley, son de suyo restricciones a b in itio plenamente justificadas. 12. [...] Los requisitos procesales o las condiciones legales que se puedan establecer a fin de ejercerse el derecho de acción, constituyen, prim a fa cie, límites al derecho de acceso a la justicia. Para que estos sean válidos es preciso que respeten su contenido esencial. Evidentemente, no están comprendidos en los límites justificados por el ordenamiento, aquellos requisitos procesales que, so pretexto de limitar el derecho de acceso a la justicia, introduzcan vías y mecanismos que impidan, obstaculicen o disuadan, irrazonable y desproporcionadamente, el acceso al órgano judicial. Lo que significa que si el derecho de acceso a la justicia “no comporta obtener una decisión acorde con las pretensiones que se formulen, sino el derecho a que se dicte una resolución en Derecho, siempre que se cumplan los requisitos procesales”, no todos los requisitos procesales que la ley prevea, por el solo hecho de estar previstos en la ley o en una norma con rango de ley, son de suyo restricciones ab initio plenamente justificadas. (Exp. N.° 010-2001-AI/TC [Caso Defensoria d el Pueblo], de 26-08-2003 [Web: 28-10-2003], f. j. 12. Texto completo: ). « SUMMA PROCESAL CIVIL

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REMISIÓN

§ 435. Sobre el principio p r o a ction e. Véase la jurisprudencia del artículo III del Código Procesal Civil (§ 179 ss.). § 436. Sobre el principio de contradicción. Véase también la jurisprudencia del artículo 2o del Código Procesal Civil (§ 429 ss.) y del inciso 14 del artículo 139° de la Constitución (§ 92 ss.).

Artículo 3: Regulación de los derechos de acción y contradicción Los derechos de acción y contradicción en materia procesal civil no admiten limitación ni restricción para su ejercicio, sin perjuicio de los requisitos procesales previstos en este Código.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 437. El ejercicio del derecho de acción es sin perjuicio del cum plim iento de los requisitos procesales, dentro de los cuales se encuentran los presupuestos procesales. P rim ero. [El] derecho a la tutela jurisdiccional efectiva no exime del cumplimiento de los presupuestos procesales y las condiciones de la acción, a fin de poder establecer una relación procesal válida y emitirse un pronunciamiento sobre el fondo del asunto. [...] C uarto. [El] artículo 3 del Código adjetivo dispone que el ejercicio dei derecho de acción es sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos procesales, dentro de los cuales se encuentran los presupuestos procesales; en ese sentido, al no haberse verificado cumplimiento de dichos requisitos, el agravio referido a la vulneración del derecho de acción carece de base real. (Casación N.° 1169-99-Lima, de 09-12-1.999, ff. jj. 1 y 4. Sala Civil [EP, 20-01-2000, p. 4608], Texto completo: ), § 438. El ejercicio del derecho de acción no puede tener lim itaciones ni restricciones: las demoras en las notificaciones no pueden ser de responsabilidad del justiciable. Q uinto. [...] [Debe] tenerse en cuenta [que] las demoras en que incurra el personal encargado de las notificaciones no pueden ser de responsabilidad del justiciable debido a que afecta el ejercicio del derecho de acción, el mismo que no puede tener limitaciones, ni restricciones conforme así lo establece el artículo 3 del Código Procesal Civil porque se trata de un derecho humano, y por tal merece total protección. (Casación N.° 774-2011-Huánuco, de 27-01-2012, f. j. 5. Sala Civil Transitoria [EP, 30-11-2012, Sentencias en Casación N.° 673, p. 38256], Texto completo: ). § 439. Al am parar irregularm ente la excepción de falta de legitim idad para obrar p asiv ay darse por concluido el proceso, se está restringiendo el derecho de acción y la tutela jurisdiccional. D écim o. [El] vicio denunciado se configura, puesto que al amparar la excepción de falta de legitimidad para obrar pasiva y darse por concluido el proceso, se está restringiendo el derecho de acción y la tutela jurisdiccional que atañe a todo ciudadano, en contravención del artículo 3 del Código Procesal Civil. D écim o P rim ero. Finalmente es menester recordar que conforme io tiene señalado esta Suprema Corte, al resolver una excepción de falta de legitimidad para obrar no se debe juzgar la justicia de la pretensión ni el fondo de la litis, ni nmcho menos si el demandado es la persona obligada en la relación sustantiva controvertida en el proceso, ya que dichos aspectos de la pretensión deben ser objeto de pronunciamiento en la sentencia, mediante el respectivo juicio de fundabilidad y luego de haberse desarrollado la actividad probatoria sobre los hechos controvertidos en lo principal. (Casación N.° 5055-2012-Lima, de 25-11-2013, ff. jj. 10-11. Sala Civil Transitoria [EP, 30-04-2014, Sentencias en Casación N.° 691, p. 51074]. Texto completo: ). § 440. El principio de contradicción o bilateralidad exige que todos los actos del proceso se realicen con conocimiento oportuno de las partes. O ctavo. [El] principio de contradicción o bilateralidad exige que todos los actos del proceso se realicen con conocimiento oportuno de las partes, n o m o s & th e s is

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lo que se vincula con la finalidad y efecto de las notificaciones; y el principio de publicidad del proceso rechaza los actos ocultos. (Casación N.° 890-99-Lima, de 25-08-1999, £ j. 8. Sala Civil Transitoria [EP, 20-10-1999, p. 3786], Texto completo: ). § 441. Remisión. Sobre el principio de contradicción, véase también la jurisprudencia del artículo 2o del Código Procesal Civil (§ 429 ss.) y del inciso 14 deí artículo 139° de la Constitución (§ 92 ss.).

Articulo 4: Consecusncias del ejercicio irregular del derecho de acción civil Concluido un proceso por resolución que desestima la demanda, si el demandado considera que el ejercicio del derecho de acción fue irregular o arbitrario, puede demandar el resarcimiento por los daños y perjuicios que haya sufrido, sin perjuicio del pago por el litigante malicioso de las costas, costos y multas establecidos en el proceso terminado.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 442. La desestimación de la demanda no necesariamente evidencia el ejercicio irregular del derecho. S e x to . [Se] observa que las instancias de mérito han motivado sus resoluciones de manera suficiente, con sujeción al mérito de lo actuado y al derecho, respetando el debido proceso, el derecho de defensa deí recurrente, los puntos controvertidos fijados en autos, siendo que durante todo el iter procesal se le ha permitido al impugnante ejercer todos los medios impugnatorios que la ley le confiere sin restricción alguna, resolviéndose la causa conforme a ley y de acuerdo a los señalado en el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Civil, pues se advierte en cuanto lo que es materia de casación que la Sala de mérito ha determinado [...] que [de] la Carpeta Fiscal [...] se advierte que los demandados denunciaron al demandante, la comisión de la destrucción de su cerco y la construcción de una columna dentro de su propiedad. (...) Independientemente de que tal denuncia fue archivada y que la demanda de indemnización [..,] haya sido desestimada por insuficiencia probatoria [e]llo no evidencia el ejercicio irregular d el derecho de denunciar. (...) Recuérdese que el titular de la acción es el Fiscal, esto quiere decir, que este funcionario tiene el poder para disponer el archivamiento o no, de un caso. El rol del denunciante se limita a poner en conocimiento del fiscal actos que presuntamente constituyen delitos. En efecto, es el fiscal quien determina la seriedad de la denuncia, cuando califica los hechos y emprende una investigación. [...]. (Casación N.° 3713-2017-Cusco, de 02-10-2017, f. j. 6. Sala Civil Permanente [EP, 30-01-2018, Sentencias en Casación N.° 742, p. 104613]. Texto completo: ). § 443. Si el demandado considera que el actor h a errado en el planteamiento de su demanda, solo a él le está perm itido y no al órgano jurisdiccional denunciarlo al momento de ejercer su derecho de contradicción. Segundo . [Si] el demandado considera que el actor ha errado en [el] planteamiento [de su demanda], solo a él le permite nuestro sistema procesal y no al órgano jurisdiccional denunciarlo al momento de ejercer su derecho de contradicción, lo que no ha sucedido en el presente caso [en el que se demanda una indemnización de daños por responsabilidad extracontractual pero se ha amparado la pretensión pero por responsabilidad contractual], razón por la que no obstante la denuncia formulada por el demandado, la acción incoada tiene que prosperar, tanto más si ambas acciones [de responsabilidad] tienden al mismo fin, esto es, obtener el resarcimiento del daño causado, que, es más, la necesidad de mantener en el proceso la acción que se ejercita prohibiendo la “mutatio libelli” cuando los demandantes han optado por una de ellas, tiene una justificación social y práctica, evitar nuevas demandas con los inevitables gastos de tiempo y de dinero. (Casación N.° 1112-98-Ucayali, de 07-09-1999, f. j. 2. Sala Civil Transitoria [EP, 30-11-1999, p. 4189]. Texto completo: ).

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TÍTULO II COMPETENCIA CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 5: Competencia civil Corresponde a los órganos jurisdiccionales civiles el conocimiento de todo aquello que no esté atribui­ do por la ley a otros órganos jurisdiccionales.

PLENOS JURISDICCIONALES

§ 444. La competencia del juez en la pretensión de nulidad de reconocimiento basada en causales del Código Civil. C o n s u l t a : Si la preten sión d e n u lid ad d e n u lid ad d e reconocim iento basada en causales d e l C ódigo C ivil d eb e ser d e com peten cia d e los ju eces civiles o d e fa m ilia. Ei Pleno acordó por m a y o r í a : “La pretensión de nulidad de reconocimiento basada en causales del Código Civil, debe ser de competencia de los juzgados de familia debido a la naturaleza de la pretensión, que en este caso tiene que ver con el derecho de familia, debiendo prevalecer la especialidad de dicho derecho en concordancia con la LOPJ”. (Pleno Jurisdiccional Distrital de Arequipa. Materia Civil y Familia, Corte Superior de Justicia de Arequipa, realizado los días 04 y 11-11-2013. Acta N.° 002, Tema N.° 1 [La competencia del juez en la pretensión de nulidad de reconocimiento basada en causales del Código Civil (Juez de Familia o Juez Civil]. Texto completo: ). § 445. L a indem nización de daños y perjuicios se puede presentar en la vía civil, aun cuando el agraviado se haya constituido en parte civil en el proceso penal. El Pleno acordó p o r u n a n i m i d a d : “Es la obligación de los magistrados- en la vía civil- amparar la pretensión de indemnización de daños y perjuicios, independientemente de que en la vía penal se haya fijado reparación civil o absuelto al causante del perjuicio”. (Pleno Jurisdiccional Distrital en Materia Civil, realizado por la Corte Superior de Justicia de Piura, el 06-07-2007. Tema N.° 2. [La indemnización de daños y perjuicios se puede presentar en la vía civil, aun cuando el agraviado se haya constituido en parte civil en el proceso penal]. Texto completo: ). § 446, Sí procede la demanda por indem nización de danos y perjuicios por despido arbitrario en la vía civil. ¿P rocede en la vía civil, una dem anda p o r indem nización d e daños y perjuicios, p o r despido arbitrario, a l haber sido el trabajador repuesto en virtu d d e una dem anda d e am paro? en su caso ¿qué daños y perju icios d eb e considerarse ? El Pleno acordó por m a y o r í a : “a) Sí procede. Respecto a los daños que pueden ser indemnizados, b) Todos los daños a condición que sean probados”. (Pleno Jurisdiccional Distrital en Materia Civil, realizado por la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, los días 17 y 18-05-2007. Tema N.° 1, Caso N.° 2 [Tutela procesal efectiva y debido proceso]. Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 447. Competencia absoluta y competencia relativa. En el saneamiento procesal es deber del juez, examinar su propia competencia. Q uinto. [D] entro del saneamiento procesal el Juzgador debe examinar su propia competencia; y según, la doctrina, los criterios que sirven para determinar la competencia son esencialmente: la materia, la cuantía, la función, el turno y el territorio, siendo ios cuatro primeros absolutos e improrrogables, y el cuarto relativo y, por tanto, prorrogable. El carácter absoluto de la competencia responde a un interés público, en razón a la estructura y funciones

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esenciales de ios órganos jurisdiccionales; mientras que la competencia relativa rige en función a las necesidades, conveniencia e intereses de las partes. (Casación N.° 2108-03-Huánnco, de 25-05-2004, f. j. 5. Sala Civil Transitoria [EP, 30-09-2004, p. 12727]. Texto completo: ). § 448. Com petencia del órgano jurisdiccional en casos de nulidad de los asientos regístrales, pues está referida a la derivada de derechos reales y derecho de obligaciones, m aterias propias de la competencia civil y no adm inistrativa. C uarto . A fin de definir si [en un caso de nulidad de asientos registrales] se está ante materia administrativa o civil, se aprecia que ambos elementos pueden estar presentes en la calificación registral que se realiza, instituciones civiles como la hipoteca, la cesión de derechos, etcétera, y por otro lado figuras de orden administrativo derivadas de las normas propias de la calificación de títulos, dentro del ámbito deí denominado procedimiento registral; sin embargo, es la propia norma especial, el Texto Unico Ordenado del Reglamento General de los Registros Públicos, aprobado por Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N.° 079-2005-SUNARP-SN, que en sus artículos 90 y 107, definen la competencia de los autos, de donde queda establecido que la invalidez (como figura genérica de la nulidad y anulabiiidad) de los asientos registrales es una competencia exclusiva del Organo Jurisdiccional; a ello se debe añadir que la materia involucrada para el análisis de los autos, está referida a la derivada de los derechos reales y derecho de obligaciones principalmente (advirtiendo los supuestos de hecho y normas jurídicas que se presentan en la demanda), materias propias de la competencia civil, con la consecuente aplicación de los artículos I del Título Preliminar, 3, 5, 6 y 9 del Código Procesal Civil; en ese sentido, el análisis de la nulidad de los asientos de inscripción corresponde al Organo Jurisdiccional, y dentro de este, le corresponde a la competencia civil, pues se trata de temas que no son propios del derecho administrativo, en cuyo caso la competencia por razón de la materia sería otra, de acuerdo a los artículos 1 y 4 de la Ley N.° 27584. (Casación N.° 380-2010-Líma, de 31-01-2011, f. j. 4. Sala Civil Transitoria [EP, 31-08-2011, Sentencias en Casación N.° 648, p. 31069]. Texto completo; ). § 449. Los órganos jurisdiccionales civiles tienen competencia p ara conocer los procesos que no estén atribuidos por ley. Cuando no existan otros órganos situados en un mismo territorio, es competencia de los órganos jurisdiccionales civiles. Competencia solo puede ser establecida por la ley. Q uinto. [Los] artículos V y VI del Código Procesal Civil disponen que corresponde a los órganos jurisdiccionales civiles el conocimiento de todo aquello que no esté atribuido por la Ley a otros órganos jurisdiccionales y que la competencia civil no puede renunciarse ni modificarse, salvo en aquellos casos expresamente previstos en la Ley o en los convenios internacionales respectivos. Sexto. [En] consecuencia, el proceso sumarísimo de impugnación de acuerdos, de conformidad con las disposiciones antes citadas del Código Procesal Civil, era de competencia de los Jueces Civiles, al no existir Jueces Comerciales [en ese momento]. [...] O ctavo. [Al] declararse improcedente la demanda de impugnación de acuerdos, se ha afectado a la actora su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, contemplado en el artículo I del Código Procesal Civil [.,.]. (Casación N.° 504-99-Lima, de 10-08-1999, ff. jj. 5, 6 y 8. Sala Civil Transitoria [EP, 19-10-1999, p. 3771]. Texto completo: ). § 450. Si en la vía penal se otorga indemnización como consecuencia del ilícito pena!, también es posible demandar indemnización en la vía civil. S egundo. [...] [El] artículo 1985 del Código Civil delimita los conceptos indemnizables que surgen como consecuencia de la producción de un daño. Desde esa perspectiva, es claro que la indemnización comprende ios daños patrimoniales y extra patrimoniales. Sin embargo, si bien en la vía penal, se puede otorgar una indemnización como consecuencia de un daño causado por un ilícito penal, debe considerarse la naturaleza distinta de estas dos vías. En ese sentido, esta Corte Suprema, ha establecido que “en el proceso penal (...) se busca la sanción al infractor de la ley penal ante la comisión de un hecho que la sociedad y la ley consideran repudiable y reprimible, mientras que en el proceso civil la responsabilidad responde a una lógica distinta, pues se busca determinar quién debe asumir el daño ocasionado producto de determinada situación jurídica” (Casación N.° 1221-2010-Amazonas [§ 2908]), criterio reiterado en la Casación N.° 3824-2013-Ica [§ 451a], Téngase presente además que este tema no se incluyó explícitamente * SUMMA PROCESAL CIVIL

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como punto controvertido por el Juez de la causa, ni las partes solicitaron su inclusión. (Casación N.° 2092-2016-Lima, de 16-05-2017, £ j. 2. Sala Civil Permanente [EP, 03-07-2018, Sentencias en Casación N.° 750, p. 111054]. Texto completo: ). § 45 la . La reparación civil en ía vía penal no es impedimento para demandar la indemnización por daño moral, social y fam iliar m ediante un pronunciamiento de fondo. O ctavo. [En] el caso de autos conforme es de verse del escrito de demanda [...] la recurrente pretende se le conceda indemnización por daños y perjuicios por responsabilidad extracontractual derivada de accidente de tránsito [atropello por homicidio culposo] del que fue víctima su menor hijo, en tal sentido la demandante haciendo uso de su derecho de acción promueve la presente acción a fin de que se la indemnice por el daño moral, social y familiar resultando por ende necesario un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión advirtiéndose que la resolución materia de casación infringe el principio de motivación de las resoluciones judiciales al considerar que la pretensión invocada ya fue satisfecha por cuanto lo que se busca a través del proceso penal es que se sancione al infractor de la Ley penal por la comisión de un hecho que la sociedad y la ley consideran repudiable y reprimible mientras en el proceso civil la responsabilidad responde a una lógica distinta pues lo que se pretende es que se determine quién asume el daño ocasionado más aún si en el proceso penal no se ha analizado el daño moral demandado en el presente proceso configurándose por ende la infracción normativa procesal del artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del Perú. (Casación N.° 3824-2013-Ica, de 12-11-201.4, ff jj. 8. Sala Civil Transitoria [EP, 02-03-2015, Sentencias en Casación N.° 701, p. 60766]. Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DE LAS CORTES SUPERIORES

§ 451. Los jueces civiles son competentes para conocer acciones indem nizatorias relacionadas con actividades laborales. [La] demanda de indemnización de daños y perjuicios [derivados de actividades laborales], interpuesta, tiene carácter civil, por consiguiente la excepción de incompetencia no tiene asidero legal [.,.]. (Exp. N.° 491-95, de 06-06-1995. Quinta Sala Civil, Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ). § 452. La ejecución de un laudo arb itral derivado de la Ley de Contrataciones del Estado se tram ita en la vía civil. Q uinto. En el presente caso, el laudo arbitral materia de ejecución se deriva de un Convenio de Prestación de Servicios de Reparación y Mantenimiento de Flota Vehicular [celebrado por una empresa con una municipalidad] [...]. Sexto. Ai respecto, los contratos que las empresas proveedoras de bienes y servicios celebran con el Estado, de acuerdo a lo normado por la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, son contratos adm inistrativos sujetos a la normatividad especial mencionada. Asimismo, estos contratos confieren tanto al Estado como a su contraparte una serie de facultades y obligaciones extrañas a la regulación civil o comercial [...]. S étim o. Consecuentemente, conteniendo el laudo arbitral materia de ejecución una materia no comercial, no corresponde su conocimiento a esta Sala Subespecializada en lo Comercial, resultando de aplicación lo dispuesto en el artículo 5 del Código Procesal Civil. (Exp. N.° 300-2006, de 2303-2006, ff. jj. 5-7. Primera Sala Civil con Subespecialidad Comercial. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ). § 453. Com petencia civil y laboral. [Cforresponde disponer [en la vía civil] la restitución del accionante [..,] en todos sus derechos como socio de [la] cooperativa [demandada]; [...] en cambio, no procede hacer lugar a su reclamación para que le restituyan sus derechos y pagos, en calidad de trabajador de la [referida] cooperativa, en tanto esos temas no son de competencia del fuero civil sino del fuero laboral [...]. (Exp. N.° 744-95, de 19-05-1995. Cuarta Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ). n o m o s & th e s is

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A rtículo 6: Principio de legalidad e irrenunciabilidad de la com petencia La competencia solo puede ser establecida por la ley. La competencia civil no puede renunciarse ni modificarse, salvo en aquellos casos expresamente pre­ vistos en la ley o en los convenios internacionales respectivos.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 454. La competencia es una institución procesal irrenunciabíe e inmodificabíe. Sexto. [La] competencia es una institución procesal cuyo objetivo es determinarla capacidad o aptitud del juzgador para ejercer la función jurisdiccional en determinados conflictos, fijando los límites de la jurisdicción a fin de hacer más efectiva y funcional la administración de justicia. Es irrenunciabíe e inmodificabíe, conforme lo dispone el artículo ó del Código Procesal Civil, salvo los casos expresamente permitidos por ley. Séptim o. En ese sentido, la competencia es una institución procesal cuyo objetivo es hacer más efectiva y funcional la administración de justicia, surgiendo a partir de la necesidad de un Estado de distribuir el poder jurisdiccional entre los distintos jueces con los que cuenta y por la evidente imposibilidad de concentrar en uno solo o en un grupo de ellos tan importante función pública; por tanto, las disposiciones que hacen objetivo el ejercicio de la referida facultad por parte del Estado, deben interpretarse de manera sistemática y, básicamente, en orden a la necesidad de la resolución pronta e integral de los conflictos que permita lograr un razonable grado de paz social que, a su vez, coadyuve al desarrollo armonioso y sostenido de la comunidad. (Casación N.° 2705-2007-Lima, de 28-08-2007, ff. jj. ó y 7. Sala Civil Permanente [EP, 31-01-2008, p, 21482], Texto completo: ), § 455. Principio de legalidad. Juez civil es el competente para conocer la pretensión relativa a im pugnación de acuerdos de cooperativas. S éptim o. [El] juez competente es aquel señalado expresamente por ley, para resolver el conflicto (competencia absoluta, irrenunciabíe e improrrogable) o aquel a quien las partes se hubieran sometido expresa o tácitamente (competencia relativa, renunciable y prorrogable) [...]. La competencia absoluta no puede ser variada por acuerdo entre las partes, lo que disponen las leyes es lo que se cumple, las reglas de juego de la competencia absoluta las dicta y modifica solo la Ley; en cambio la competencia relativa puede ser modificada por acuerdo de las partes y puede quedar preestablecida por ellas. Forman parte de la competencia absoluta, la competencia por razón de la materia. [...] D écim o segu n d o. Este Supremo Tribunal determina que la posición de la Sala Superior resulta congruente, teniendo en cuenta que ni la pretensión principal de impugnación de asamblea universal de la Cooperativa, ni las pretensiones accesorias referidas a dejarse sin efecto de la elección de los miembros del Consejo de Administración [...] así como cualquier otra inscripción registra! generada a partir de dicha Asamblea, corresponden a la subespecialidad comercial, considerando que el artículo 116 de la Ley General de Cooperativas, es ciato al señalar que en los casos que no se encuentren previstos en la referida Ley se regirán por los principios generales del Cooperativismo, o en su defecto por las normas del derecho común, que efectivamente son las normas generales del Código Civil [...]. (Casación N.° 3655-2012-Lima, de 24-05-2013, ff. jj. 7 y 12. Sala Civil Transitoria [EP, 30-04-2014, Sentencias en Casación N.° 691, p. 51053]- Texto completo: ). § 456. Si bien es una facultad de los jueces de las instancias de mérito, evaluar y declarar en cada caso concreto la existencia o no de la competencia funcional, también lo es que dicba declaración tiene que estar fundada en el principio de legalidad. Q uinto. [El] artículo 178 del [...] Código [Procesal Civil], que regula la acción de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, no prevé ningún criterio que disponga que si las causales de fraude procesal frieran cometidas por los magistrados de segunda instancia tenga que accionarse ante la Sala Superior. Sexto. [Si] bien constituye una facultad de los jueces de las instancias de mérito, evaluar y declarar en cada caso concreto la existencia o no de ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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la competencia funcional, también lo es que dicha declaración tiene que estar fundada en ley expresa, en mérito al principio de legalidad, lo que no ocurre en la resolución materia del presente recurso. (Casación N.° 725-97-Arequipa, de 24-08-1998, ff. jj. 5 y 6. Sala Civil [EP, 05-10-1998, p. 1773]. Texto completo: ). § 457. Principio de irrenunciabilidad. La petición de evitar que se aplique una sanción adm inistrativa es de competencia del ente administrativo, y una vez que se em ita resolución recién será recurrible al Poder Judicial mediante el contencioso-administrativo. D écim o. [Sobre] la base de lo expuesto se puede colegir que lo peticionado en la demanda, es de competencia exclusiva [...] [de] OSINERG, pues dicha entidad deberá atender y resolver los intereses de la empresa actora en su calidad de administrada y, una vez concluido el cauce administrativo y expedida que sea, la resolución administrativa que causa estado, solo de esta manera será recurrible ante el Poder Judicial mediante la acción contenciosa administrativa de conformidad con [la] Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, en aplicación del principio de especialidad de la norma, que implica la existencia de una norma específica para un caso concreto, lo que es suficiente por sí misma para desplazar a toda otra norma que también exija su aplicación, siempre que esta última tenga un alcance general; lo cual es corroborado con los principios rectores de la competencia como son: a) la legalidad y, b) la irrenunciabilidad; siendo el primero de ellos el que establece la vigencia de aquella únicamente por disposición de la ley y el segundo determine que la competencia civil no será objeto de renuncia ni modificación por decisión judicial, excepto si la propia ley lo dispone de conformidad con el artículo 6 del Código Procesal Civil. (Casación N.° 3867-2008-Lima, de 02-12-2008, f. j. 10. Sala Civil Permanente. Texto completo: ). § 458. Los órganos jurisdiccionales civiles tienen competencia para conocer los procesos que no estén atribuidos por ley. Cuando no existan otros órganos situados en un mismo territorio, es competencia de los órganos jurisdiccionales civiles. Competencia solo puede ser establecida por la ley. Véase la jurisprudencia del artículo 5o del Código Procesal Civil [§ 449]. (Casación N.° 504-99-Lima, de 10-08-1999, ff. jj. 5, 6 y 8. Sala Civil Transitoria [EP, 19-10-1999, p. 3771]. Texto completo: ). § 459. La competencia se rige por el principio de legalidad. La competencia por la m ateria es improrrogable. Véase la jurisprudencia del artículo 9o del Código Procesal Civil [§ 478]. (Casación N.° 1496-97 -Lima, de 20-04-1998, ff. jj. 6-9. Sala Civil Transitoria [EP, 07-07-1998, p. 1408], Texto completo: ). § 460. Infracción del principio de juez natural. Sala civil que indebidamente absuelve el grado de apelación de la sentencia de prim era instancia pese a que existía prevención de otra sala civil del mismo distrito judicial. Véase la jurisprudencia del artículo 31° del Código Procesal Civil [§ 546], (Casación N.° 1966-2010-Ica, de 31-08-2011, ff. jj. 5 y 6. Sala Civil Transitoria [EP, 02-01-2012, Sentencias en Casación N.° 658, p. 32570]. Texto completo: }. § 461. Ambito de competencia general del proceso contencioso-administrativo habida cuenta que se advierte que la demandada resulta ser una entidad que forma parte de la adm inistración pública. Véase la jurisprudencia del artículo 3o del TUO de la Ley que regula el proceso contencioso administrativo [§ 4404], (Casación N.° 1910-2009-Lima, de 01-08-2011, ff. jj. 2 y 3. Sala Civil Transitoria [EP, 29-02-2012, Sentencias en Casación N.° 663, p. 33876]. Texto completo: ). § 462. Excepción de incom petencia por disposición de la ley. Principios de legalidad e irrenunciabilidad de la competencia. D em anda a persona jurídica (m unicipalidad). Véase la jurisprudencia del inciso 1 del artículo 446° del Código Procesal Civil [§ 2958]. (Casación N.° 25812005-Cono Norte de Lima, de 21-04-2006, £ j, 4. Sala Civil Permanente [EP, 02-10-2006, p. 17133]. Texto completo: ). n o m o s & th e s ís

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JURISDICCIÓN, ACCIÓN Y COMPETENCIA

Art.7

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

§ 463* El respeto de la garantía del juez natural Importa que se respete en cada caso concreto, el juez competente. 15* [...] [El] contenido constitucionalmente protegido del derecho al juez predeterminado por la ley o “juez natural” alude principalmente a aquellas condiciones que debe reunir en abstracto el órgano encargado de impartir justicia en cada caso concreto, siendo por tanto la constatación de su agravio un asunto de mero análisis normativo. (Exp. N.° 00813-2011-PA/TC, de 0507-2011 [Web: 07-07-2011 / EP: 23-07-2011], f. j. 15. Texto completo: ).

Artículo 7: Indelegabilidad de la competencia Ningún Juez Civil puede delegar en otro la competencia que la ley le atribuye. Sin embargo, puede comisionar a otro la realización de actuaciones judiciales fuera de su ámbito de competencia territorial.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 464. Redistribución de expediente a otro juzgado no constituye una desviación de la jurisdicción predeterm inada. C uarto. [...] [La] recurrente denuncia [...] que [...] se ha recortado el procedimiento en trámite al redistribuir el proceso y enviar el expediente a otro juzgado al que uo le correspondía interferir ni avocarse en una causa pendiente. [...] [Alega que] el Décimo Quinto Juzgado Civil interfiere sobre el proceso y sobre lo que estaba juzgándose a través del Vigésimo Primer Juzgado Civil de Lima, no respetándose el derecho de defensa ni la tutela jurisdiccional efectiva y por lo tanto atenta contra el debido proceso. [Sostiene que la] Administración Judicial que se atribuyó la redistribución del proceso no tiene esa facultad ni la autoridad pata “redistribuir’1 un expediente a otro juzgado que es ajeno y que desconoce cómo se ha llevado a cabo las incidencias en el proceso materia de litis. Q uinto. [Esta] denuncia debe ser declarada improcedente [...], [pues] no se advierte que la recurrente haya sido desviada de la jurisdicción predeterminada, sino que por el contrario en virtud a la redistribución de expedientes a nivel de la Corte Superior de Lima mediante Resolución Administrativa N .w 319-08-CE-PJ, [...] se dispuso que los autos sean tramitados por el Décimo Quinto Juzgado Especializado Civil de Lima, lo que no atenta contra el derecho al debido proceso, más aún si no cuestionó dicho agravio en su oportunidad. (Casación N.° 4982-2012-Lima, de 16-122013, ff. jj. 4 y 5 - Sala Civil Permanente [EP, 30-05-2014, Sentencias en Casación N.° 692, p, 52678]. Texto completo: ). § 465. Carácter riguroso del código adjetivo para la delegación de competencia. Q uinto. En lo referente a la competencia, debe señalarse que conforme lo establece el artículo 6 del Código Procesal Civil, la competencia solo puede ser establecida por la Ley, no puede renunciarse ni modiñcarse, salvo en aquellos casos expresamente previstos en la ley o en los convenios internacionales respectivos. La rigurosidad de nuestro Ordenamiento Procesal Civil en cnanto a la competencia, se evidencia de lo normado en el artículo 7 del Código Adjetivo, el cual señala en su primera parte que ningún Juez Civil puede delegar en otro, la competencia que la Ley le atribuye, estableciendo la única excepción para casos de realización de actuaciones judiciales fuera de su ámbito de competencia territorial. Sexto. Mientras la jurisdicción es la potestad de los órganos judiciales de juzgar los conflictos sometidos a su conocimiento y decisión con carácter definitivo, la competencia es el ejercicio de la potestad de la jurisdicción en el caso puntal. El legislador, mediante el instituto de la competencia, distribuye la potestad jurisdiccional entre los distintos tribunales. (Casación N.° 956-2010-Lima, de 23-10-2012, ff. jj. 5 y 6. Sala Civil Permanente [EP, 01-07-2013, Sentencias en Casación N.° 680, p. 41418], Texto completo: ). § 466. Elementos (renunciables e irrenunciables) que determ inan la competencia del juez. Véase la jurisprudencia del artículo 8 o del Código Procesal Civil [§ 467]. (Casación N.° 1901-2005Lima, 28-04-2006, f. j. 3. Sala Civil Permanente [EP, 01-08-2006, p. 16872]. Texto completo: ). * SUMMA PROCESAL CIVIL

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Artículo 8: Determinación de la competencia La competencia se determina por la situación de hecho existente al momento de la interposición de la demanda o solicitud y no podrá ser modificada por los cambios de hecho o de derecho que ocurran poste­ riormente, salvo que la ley disponga expresamente lo contrario.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 467. Elementos (renunciables e irrenunciables) que determ inan la competencia del juez.

Tercero. [D]entro de los elementos que determinan la competencia del juez unos son renunciables por las partes y otros no; los elementos de naturaleza o materia, grado, monto de la causa y grado constituyen leyes de orden público que no son renunciables (competencia absoluta) y contra los cuales no vale la voluntad de las partes; en cambio, la territorialidad, o sea la división de la competencia por razón de territorio, se ha establecido por una razón práctica en beneficio de los propios litigantes, y por eso estos pueden renunciar a este beneficio, constituyendo esto la prórroga de la competencia (competencia relativa). (Casación N.° 1901-2005-Lima, 28-04-2006, £ j. 3. Sala Civil Permanente [EP, 01-08-2006, p. 16872]. Texto completo: ). § 468. La competencia es im prorrogable y se caracteriza por ser de orden público. Segundo. [...] Respecto a la competencia puede señalarse que esta importa el conjunto de facultades que la ley reconoce a los órganos jurisdiccionales para ejercer sus funciones en un determinado territorio y sobre determinadas materias. Conviene decir que las regias que regulan la competencia se caracterizan por ser de orden público, pues, los criterios en que se sustentan son de interés general; asimismo, es improrrogable, pues las reglas que establecen y modifican la competencia se encuentran sustraídas de la voluntad de las partes, debiendo atenerse a la competencia predeterminada por la ley, a excepción, claro está, el caso de la competencia territorial cuando es prorrogable. (Casación N.° 1910-2014-Ancasfi, de 16-04-2015, £ j. 2, Sala Civil Permanente [EP, 30-05-2016, Sentencias en Casación N.° 714, p. 77867]. Texto completo: ). § 469. Competencia absoluta y competencia relativa. Q uinto. [...] Los criterios que sirven para determinar la competencia son esencialmente: la materia, la cuantía, la función, el tumo y el territorio; siendo los cuatro primeros absolutos e improrrogables, y el cuarto relativo, y, por lo tanto, prorrogable. El carácter absoluto de la competencia responde a un interés público, en razón a la estructura y funciones esenciales de los órganos jurisdiccionales; mientras que la competencia relativa rige en atención a las necesidades, conveniencia e intereses de las partes (Casación N.° 114-2007Lima, de 07-11-2007, £ j. 5. Sala Civil Transitoria [EP, 03-12-2008, p. 23590], Texto completo: ). § 470. Elementos renunciables e irrenunciables que determinan la competencia. Tercero. [Resulta] determinante tener en cuenta el elemento de la competencia por razón de la materia, la que se determina por la naturaleza de la pretensión y por las disposiciones legales que la regulan (según lo establece el artículo 9o del Código Procesal Civil), es decir, implica identificar la relación jurídica de donde deriva el conflicto (de orden civil, familiar, laboral, comercial, administrativo, etc.) y establecer la naturaleza de la pretensión que de ella deriva, de acuerdo a sus especiales características. (Casación N.° 2 8 1 1-2006-Moquegua, de 02-10-2006, £ j. 3. Sala Civil Permanente [EP, 05-01-2007, p. 18372]. Texto completo: ). § 471. La competencia por razón de m ateria establecida im perativam ente por un a norma, no es susceptible de allanam iento. Véase la jurisprudencia del artículo 9o del Código Procesal Civil [§ 477]. (Casación N.° 750-2002-Lima, de 22-08-2002, £ j. 5. Sala Civil Transitoria [EP, 02-12-2002, p. 9631]. Texto completo: ). n o m o s & thesis

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§ 472. Para ía determ inación de la competencia se debe verificar la situación de hecho existente al momento de interponerse la demanda. Si en el contrato las partes han convenido la competencia, estas están sometidas conforme a lo dispuesto en dicho acto jurídico. S egu n d o. [La] competencia que debió ser declarada por el Colegiado tuvo que tener en consideración la situación existente previa a la interposición de la demanda. T ercero. La situación de hecho existente al momento de interponerse la demanda se encuentra referida a lo acordado en los últimos actos jurídicos, es decir, a lo convenido en el contrato de garantía hipotecaria de cuyo tenor se aprecia un sometimiento de las partes a los jueces y tribunales de Lima; de manera que, al haberse tomado en cuenta una situación de hecho inexistente al momento de interponerse la demanda, se ha contravenido el artículo 8o del Código Procesal Civil, por lo que la denuncia debe ser amparada. {Casación N.° 15432001-Lima, de 22-03-2002, ff. jj. 2 y 3- Sala Civil Permanente [EP, 02-09-2002]. Texto completo: ). JU RISPRUDENCIA DE LAS CORTES SUPERIORES

§ 473. La competencia se determina por la situación de hecho existente al momento de la interposición de la demanda. P rim ero. [...] [La] competencia se determina por la situación de hecho existente al momento de la interposición de la demanda. [...] Cuarto. [..,] [La] competencia inicial no podrá ser modificada, aunque posteriormente varíen las circunstancias que la determinaron. (Exp. N.° 1489-94, de 10-10-1994, ff. jj. 1 y 4. Quinta Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ).

Artículo 9: Competencia por materia La competencia por razón de ia materia se determina por la naturaleza de la pretensión y por las dispo­ siciones legales que la regulan.

PLENO JURISDICCIONAL

§ 474. Competencia por m ateria en casos de nulidad de acto jurídico de reconocimiento de paternidad. El pleno acordó por m a y o r í a : “El Juzgado de Familia es el competente por la materia, para tramitar la demanda de Nulidad de acto jurídico de reconocimiento de paternidad, porque involucra la filiación”. (Pleno Jurisdiccional Nacional de Familia 2018, realizado en lea. Tema N.° 4: Juez competente en los casos de nulidad de acto jurídico de reconocimiento de paternidad. Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 475. Com petencia por razón de la m ateria. Qué se entiende por “naturaleza de la pretensión”. Sexto. [La] competencia por razón de la materia, conforme lo establece el artículo 9 del Código Procesal Civil, se determina por ía naturaleza de la pretensión y por las disposiciones legales que la regulan. Por “naturaleza de la pretensión” entendemos a la naturaleza del litigio o conflicto de intereses; entonces, es la naturaleza del conflicto de intereses que se lleva al órgano jurisdiccional, así como las normas jurídicas materiales que regulan su desenvolvimiento y solución, las que determinan la competencia por razón de la materia. (Casación N.° 2030-03-Lima, de 11-05-2004, f. j. 6. Sala Civil Transitoria [EP, 30-09-2004, p. 12718]. Texto completo: ). § 476. Criterios p ara determ inar la competencia por m ateria. C uarto. Las reglas de competencia tienen por finalidad establecer a qué Juez le debe ser propuesta una litis, reglas que se fijan y determinan por ley, y que constituyen una expresión más del derecho al Juez natural, pues, uno de los elementos que conforman el contenido de este derecho fundamental es que el Juez que conozca un caso debe ser el predeterminado por ley, con el fin de asegurar su plena independencia en el ejercicio de la potestad ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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jurisdiccional. Quinto, De acuerdo a la doctrina procesal la competencia por razón de la materia “tiene que ver con el modo de ser del litigio”, es decir la competencia por razón de la materia se determina en función de la relación jurídica que subyace al conflicto de intereses o a la incertidumbre jurídica que sirven de sustrato al proceso y, en especial, por la pretensión yfo pretensiones que, respecto de ese conflicto o esa incertidumbre, se plantean en el proceso. Por ello, para proceder a la determinación de este criterio de la competencia, se hace preciso analizar los elementos de la pretensión planteada en el proceso, es decir, tanto el petitum como la causa petendi. El petitum a fin de establecer qué efecto jurídico es el que busca el demandante que le otorgue el órgano jurisdiccional y la causa peten di a fin de establecer los hechos que delimitan el contenido de la pretensión, entre los cuales está, por cierto, la relación jurídica que subyace al conflicto. Ese es, en cierta forma, el criterio que adopta el Código Procesal Civil, al momento de establecer qué se entiende por este criterio de determinación de competencia. (Casación N.° 5323-2011-Lima, de 27-11-2012, ff. jj. 4-5 del voto en discordia del juez Castañeda Serrano. Sala Civil Permanente [EP, 02-09-2013, Sentencias en Casación N.° 682, p. 42827]. Texto completo: ). § 477. La competencia por razón de m ateria establecida im perativam ente por una norma, no es susceptible de allanam iento. Q uinto . [Si] bien la parte demandada se allanó a tres de las pretensiones mediante recurso presentado el 14 de agosto del 2000, dentro de las que se encontraban la pretensión que persigue la impugnación de un Acuerdo de Junta de Acreedores, sin embargo dicho acto procesal no es oponible a la Ley N.° 27295 porque la competencia por razón de materia establecida imperativamente en esta norma, no es susceptible de allanamiento; que si bien la competencia se determina por la situación de hecho existente al momento de la demanda, si la ley ordena lo contrario se aplicará lo que esta disponga, como ocurre en el presente caso, según reza el artículo 8 in fin e del Código Procesal Civil. (Casación N.° 750-2002-Lima, de 22-08-2002, f. j. 5. Sala Civil Transitoria [EP, 02-12-2002, p. 9631]. Texto completo: ). § 478. La competencia se rige por el principio de legalidad. La competencia por la m ateria es im prorrogable. Sexto. [...] [Se ha acreditado que] compañía actora [...] está comprendida dentro de las denominadas empresas públicas de economía mixta, sin embargo, no goza de los atributos propios de la administración pública, como son las funciones de gobierno central, regional o local, ni legislativas, ejecutivas, jurisdiccionales, electorales, de control fiscal, ni servicios básicos. Séptimo. [D]ebe concluirse que la empresa demandante no es el Estado, por lo que la causa en examen no debió remitirse a la Sala Contenciosa-Administrativa [,..]. Octavo. [La] competencia de los órganos jurisdiccionales se rige por el principio de legalidad. Noveno. [La] competencia por la materia es improrrogable. (Casación N.° 1496-97-Líma, de 20-04-1998, ff. jj. 6-9. Sala Civil Transitoria [EP, 07-07-1998, p. 1408]. Texto completo: ). § 479. Supuesto de determinación de la competencia: la pretensión de la entidad pública demandante es de naturaleza estrictamente civil y no laboral, pues se trata de recuperar fondos del Estado confiados a un servidor demandado. Prim ero. [El] procurador público a cargo de los asuntos judiciales del Poder Legislativo, de la Oficina de la Presidencia del Consejo de Ministros y del Jurado Nacional de Elecciones, acciona contra don FPE, para que se declare la nulidad de la autoíiquidarión realizada por este y se le ordene devolver al Estado la suma de SI. 60.185 nuevos soles, indebidamente apropiados [sustentando su petitorio en las normas sobre nulidad del acto jurídico del Código Civil], así como el pago de una indemnización por los daños y perjuicios irrogados que los estima en la cantidad de S/. 70.000 nuevos soles. Segundo. [Ajdmitida a trámite, la parte demandada [...] deduce la excepción de incompetencia, señalando que el Juez competente para conocer de la presente causa es el Juez Especializado en lo Laboral de Lima, argumentando que los hechos en que se apoya se originan en una relación laboral que el emplazado mantuviera con FOPTUR [...]. [.,.] Quinto. [Se ha acreditado que] la pretensión del demandante es de naturaleza estrictamente civil y no laboral, [pues] se trata de recuperar [...] fondos del Estado confiados al demandado y por los que debe rendir cuentas, sin discutir los derechos laborales que este pudiera tener [...]. (Casación N.° 1596-2000-Lima, de 03-11-2000, ff. jj. 1, 2 y 5. Sala Civil Transitoria [EP, 01-03-2001, p. 7002]. Texto completo: ). n o m o s & thesis

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§ 480. Com petencia por razón de ia m ateria: resolución dictada por un juez incompetente.

Prim ero. El recurrente [...] sostiene que [se le ha obligado] indebidamente a acudir a su cónyuge con una pensión alimenticia mediante resolución dictada por un Juez incompetente. Segundo. Por la Ley N.° 27155 [de fecha, 11-07-1999] [...] se modificó, entre otros, el artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el sentido de que los Juzgados de Paz Letrado conozcan en materia de familia, entre otros, las acciones relativas al derecho alimentario, siempre que exista prueba indubitable del vínculo familiar y no estén acumuladas a otras pretensiones en la demanda. Tercero, La demandante [...] interpuso demanda de alimentos contra su cónyuge el 12 de noviembre de 1999 por ante [un] Juzgado de Familia [...], esto es, con posterioridad a la modificación del artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial antes mencionado. [...] Cuarto. [Considerando] que en el presente caso no se ha respetado la regla de la competencia por razón de la materia, evidentemente se ha infringido una de las normas que garantizan el derecho al debido proceso. (Casación N.° 3009-2000-Junín, de 03-09-2001, ff. jj. 1-4. Sala Civil Permanente [EP, 01-07-2002, p. 8900], Texto completo: ). § 481. Las pretensiones que cuestionan la actuación de la entidad pública en la lase de formación del contrato es de competencia del juez en lo contencioso-administrativo, en tanto que las pretensiones referidas a la fase de ejecución del contrato son de competencia del juez civil. P rim ero . [...] [Se trata de] establecer si el conflicto de intereses originado en la ejecución del contrato de compraventa, celebrado entre [una] Universidad Nacional [...] (vendedor) y [una] Universidad Privada [...] (comprador), debe ser resuelto por la justicia común o por la justicia contencioso-administrativa. Segundo. [Cuando] se presenta un asunto litigioso la competencia es establecida por una serie de factores: por la materia, la cuantía, el turno, el territorio y la función que desempeña el juez (grado). [...] Sexto. Se debe indicar que, la Administración Pública realiza actos tanto de naturaleza administrativa como de naturaleza privada, siendo trascendente establecer qué tratamiento sustantivo y adjetivo deben recibir y así establecer la naturaleza de la pretensión; debiendo establecerse que, en los contratos que celebra la Administración Pública, en muchos casos es patente la mezcla del derecho administrativo y del derecho privado, por lo que no corresponde establecer una genérica calificación como contrato administrativo o como contrato privado. Sétimo. Para hacer la disquisición antes mencionada, el tema debe ser tratado a través de la denominada “doctrina de los actos separables” [...], dado que a través de ella es posible distinguir la fase de la formación de la voluntad (fase preparatoria, de realización de una serie de actos eminentemente administrativos), de la fase de celebración del contrato mismo. Entonces, si el tema litigioso surge en la etapa de la formación de la voluntad, la litis deberá ser resuelta según las reglas sustantivas y adjetivas del derecho administrativo; en cambio, si la litis surge en la ejecución del contrato mismo, deberá ser tratada por las reglas propias del derecho común. Queda así expuesto cómo es posible separar un acto de otro, dependiendo en qué etapa del “iter negó cial" se desarrolla, apreciándose además, que si un acto preparatorio de la voluntad es declarado inválido por las reglas propias del derecho administrativo, ello acarreará efectos jurídicos en el contrato ya celebrado, Octavo. Por ello, conforme lo mencionó la sentencia de Primera Instancia [..,], en el proceso de otorgamiento de escritura pública de un contrato de compraventa, la que se limita a llenar una formalidad aadprobationem del contrato, no es posible analizar la validez del mismo, al estar frente a un proceso sumarísimo, debiendo ello ser discutido en una vía más lata. Noveno. Atendiendo a lo expuesto, de autos se aprecia que la litis surgida entre las partes se desarrolla en la etapa de ejecución del contrato de compraventa, por tanto su regulación se encuentra en las normas de contratación privada y en las normas adjetivas previstas en el Código Procesal Civil. Así se puede apreciar que tal contrato, en sí, no es un acto administrativo [...] y, siendo que la pretensión demandada no tiene su base en el derecho administrativo. D écim o. Entonces, se llega a la conclusión que, los de la materia son de competencia de los jueces civiles, por lo que, la casación debe ser declarada fundada. (Casación N.° 2811-2006-Moquegua, de 02-10-2006, ff. jj. 1, 2, 6, 7, 8, 9 y 10. Sala Civil Permanente [EP, 05-01-2007, p. 18732]. Texto completo:. ). § 482. En base a la naturaleza de la p reten sión , resulta necesario que sea el Juez de Fam ilia quien tramite y resuelva las demandas por interdicción que buscan proteger a las personas y * SUMMA PROCESAL CIVIL

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a ía fam ilia. Q uinto. [...] [El] presente proceso de interdicción y cúratela se encuentra provisto de una tutela especial a favor de las partes. Esta especial tutela se manifiesta también en la necesidad de que la causa sea tramitada ante un Juez Especializado, conocedor del Derecho de Familia y de la naturaleza especialmente tuitiva de sus instituciones. En este orden de ideas, resulta necesario que sea el Juez de Familia quien tramite y resuelva este tipo de pretensiones que buscan proteger a las personas y a la familia. En tal sentido, es aplicable el artículo 9 del Código Procesal Civil que prescribe que la competencia por la materia se determina en base a la naturaleza de la pretensión. Sexto. [Cabe] precisar que el Código Procesal Civil ha fijado una regla de competencia expresa y clara respecto a los procesos de interdicción [...]. Recordemos que la competencia puede ser definida como aquella aptitud legalmente establecida que permite a determinado Juez conocer un proceso específico en mérito a especiales circunstancias de materia, territorio, grado y cuantía. La legalidad se erige como la principal característica de la competencia de los Jueces, por tanto, únicamente la Ley puede fijar el Juez competente para determinado caso; y, al existir una regia expresa en nuestro ordenamiento j ur ídi co-p roces al, no cabe duda que el Juez competente para conocer la pretensión postulada en este caso es el Juez Especializado de Familia. (Casación N.° 3385-2013-Suliana, de 06-03-2014, ff. jj. 5 y 6. Sala Civil Permanente [EP, 30-09-2014, Sentencias en Casación N.° 696, p. 56909]. Texto completo; ). § 483. L a determ inación de la competencia debe tom ar en cuenta el principio p r o a ction e. 5.6. [En] el análisis de las reglas de competencia prevista en el artículo 9 del Código Procesal Civil, se debe tener en cuenta la aplicación del principio a favor del desarrollo del proceso (también conocido como pro actione ), el que constituye una manifestación del derecho de tutela jurisdiccional efectiva; por lo que, ante la duda sobre si un proceso debe declararse concluido porque la materia de la pretensión es de naturaleza civil y no comercial “la decisión de la autoridad judicial debe dirigirse por la continuación del proceso y resolver las controversias que sean sometido a su conocimiento y no por su extinción”; por lo que, la causa debe seguir su trámite conforme a su estado. (Casación N.° 161-2014-Lima, de 04-09-2014, f. j. 5.6. Sala Civil Permanente [EP, 30-06-2015, Sentencias en Casación N.° 705, p. 65942]. Texto completo: ). § 484. Rem isión. Sobre el principio pro actione , véase la jurisprudencia del artículo III del Código Procesal Civil (§ 179 ss.).

Artículo 10: Competencia por cuantía La competencia por razón de la cuantía se determina de acuerdo al valor económico del petitorio conforme a las siguientes reglas: 1. De acuerdo a lo expresado en la demanda, sin admitir oposición al demandado, salvo disposición legal en contrario; y 2. Si de la demanda o sus anexos aparece que la cuantía es distinta a la indicada por el demandante, el Juez, de oficio, efectuará la corrección que corresponda y, de ser el caso, se inhibirá de su conocimiento y la remitirá al Juez competente.

PLENOS JURISDICCIONALES

§ 485. Los Jueces de Paz letrado sí tiene competencia para conocer los procesos sobre indem nización por responsabilidad contractual y extracontractual, atendiendo a la cuantía establecida en la norm a procesal. Para determ inar la com petencia de los ju eces de paz letrado en los

casos de indem nización p or responsabilidad civil contractual o extracontractual debe tenerse en cuenta la com plejidad de la materia o el monto indemnizatorio ( cuantía) establecida en la norma procesal. El Pleno acordó p o r m a y o r í a : “ L o s Jueces de Paz letrado sí tiene competencia para conocer los procesos sobre indemnización por responsabilidad contractual y extracontractual (artículo 57°, inciso 1, n o m o s & th e s is

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Ley Orgánica del Poder Judicial), atendiendo a la cuantía establecida en la norma procesar’. (Pleno Jurisdiccional Distrital en Materias Civil y Familia, realizado por la Corte Superior de Justicia de lea, el día 08-09-2008. Tema N.° 2. Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 486. Criterios para determ inar la competencia por razón de cuantía. En el presente caso, los jueces de m érito infringieron el derecho al debido proceso toda vez que si bien determinaron su incom petencia por razón de cuantía, debieron rem itir los actuados al juez competente, y no ordenar la devolución de los anexos al actor. T ercero. [...] [La] competencia por razón de la cuantía [...] se determina en función al valor económico del petitorio, la que se justifica en la necesidad de asignar los asuntos de menor cuantía a los juzgados y tipos de procesos que representen menor costo para el Estado y los particulares; con esta medida se busca que ni los particulares ni el Estado tengan que soportar un mayor costo que aquél que representa en sí el conflicto de intereses que con él se quiere resolver. El artículo 10 del Código Procesal Civil contempla que la competencia por razón de la cuantía se determina en función del valor económico del petitorio. El criterio de cuantía es determinante para la competencia de un juzgado, pues si esta cuantía es mínima tendrá la competencia el Juez de paz, y si sobrepasa el límite establecido por la ley será competencia del Juez de Primera Instancia. [...] Q uinto. En el presente caso, analizada la resolución impugnada en casación, se aprecia que los juzgadores declararon improcedente la demanda, de modo liminar, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 475, inciso 2, del Código Procesal Civil, norma que establece que se tramitarán en proceso de conocimiento, ante los Juzgados Civiles, los asuntos contenciosos cuya estimación patrimonial del petitorio sea mayor de mil Unidades de Referencia Procesal y, en efecto, el petitorio de esta demanda no sobrepasa la suma de $!. 60.000 nuevos soles, monto que no alcanza las mil Unidades de Referencia Procesal; en tal virtud, los Jueces de mérito concluyeron que no era competente, por razón de la cuantía, el Juez Mixto [...], sino el Juez de Paz; por lo que dispusieron la devolución de los anexos al actor. Sexto. No obstante ello, debe anotarse que los juzgadores no contemplaron la norma contenida en el inciso 2 del artículo 10 del Código adjetivo, toda vez que si bien determinaron su incompetencia por razón de la cuantía, debieron remitir los autos al Juez competente, de conformidad con el precitado inciso 2 del artículo 10, esto es, debieron remitirlo al Juez de Paz Letrado correspondiente, de acuerdo con el artículo 488 del citado texto procesal, y no ordenar la devolución de los anexos al actor. (Casación N.° 1910-2014-Ancash, de 16-04-2015, ff. jj. 3, 5 y 6. Sala Civil Permanente [EP, 30-05-2016, Sentencias en Casación N.° 714, p. 77867]. Texto completo: ).

Artículo 11: Cálculo de la cuantía Para calcular la cuantía, se suma el valor del objeto principal de la pretensión, los frutos, intereses y gastos, daños y perjuicios, y otros conceptos devengados al tiempo de la interposición de la demanda, pero no los futuros. Si una demanda comprende varias pretensiones, la cuantía se determina por la suma dei valor de todas. Si se trata de pretensiones subordinadas o alternativas, solo se atenderá a la de mayor valor. Si son varios los demandados, la cuantía se determina por el valor total de lo demandado.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 487. La ley procesal no contem pla el monto de la reconvención, al calcular la cuantía.

Tercero. De conformidad con el artículo 11 del Código adjetivo, para calcular la cuantía, se suma el valor del objeto principal de la pretensión, los frutos, intereses y gastos, daños y perjuicios, y otros conceptos devengados al tiempo de la interposición de la demanda, pero no los futuros. Asimismo, si una demanda comprende varias pretensiones, la cuantía se determina por la suma del valor de todas. * SUMMA PROCESAL CIVIL

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Si se trata de pretensiones subordinadas o alternativas, solo se atenderá a la de mayor valor. Si son varios ios demandados, la cuantía se determina por el valor total de lo demandado. C uarto. Conforme se desprende del considerado precedente, la norma no contempla el monto de la reconvención, al calcular la cuantía. (Casación N.° 3453-2002-Cono Norte, de 02-07-2004 ff, jj. 3 y 4. Sala Civil Permanente [EP, 02-11-2004, p. 12790]. Texto completo: ). § 488. Cálculo de ía cuantía. C uarto. [La] parte recurrente no cumple con adjuntar ía tasa judicíai que corresponde por la interposición del presente recurso de casación, atendiendo a ía cuantía contenida en el petitorio de la demanda [...], que asciende a US$ 60.000 dólares americanos, lo que equivale a Sí. 174.000 nuevos soles según la demanda, de conformidad con el numeral 11 del Código Procesal Civil que regula el cálculo de la cuantía. Consecuentemente corresponde un pago ascendente a Sí. 720 nuevos soles, de conformidad con [...] el Cuadro de Aranceles Judiciales [...], por tanto en aplicación de los principios de economía y celeridad procesal [...], es que se debe disponer que el Juez de la presente causa, en la erapa de ejecución de sentencia, ordene al recurrente el pago de la tasa judicial antes expuesta. (Casación N.° 241-2012-Arequipa, de 25-04-2012, f. j. 4. Sala Civil Permanente [EP, 31-01-2013, Sentencias en Casación N.° 675, p. 38929]. Texto completo: ). § 489. Si una dem anda comprende varias pretensiones, la cuantía se determ ina por la suma del valor de todas. Resulta incorrecto que los importes de varias letras de cambio sean accionados en forma individual y ante juzgados diferentes. Tercero. Conforme lo establece el artículo 11 del Código formal, si una demanda comprende varias pretensiones, la cuantía se determina por la suma del valor, de todas; asimismo, si se trata de pretensiones subordinadas o alternativas, solo se atenderá a la de mayor valor. C uarto. Siendo ello así, es evidente que la demanda ha sido interpuesta en estricta observancia de la norma adjetiva acotada, ya que el monto de su cuantía ha sido determinado por la suma del valor de todas las pretensiones; por ende, resulta erróneo lo señalado por la Sala de mérito, respecto a que en atención de los importes de las letras de cambio, las mismas debieron ser accionadas en forma individual y ante Juzgados diferentes. (Casación N.° 957-2001-Ica, de 09-11-2001, ff. jj. 3-4. Sala Civil Permanente [EP, 01-03-2002, p. 8477). Texto completo: ). § 490. Calculo de la cuantía en los procesos ejecutivos. C uarto. [La] competencia por la cuantía en los procesos ejecutivos se determina por el monto contenido en el título valor presentado a ejecución [y] por ios intereses y gastos que se liquiden sobre dicho monto, ello en virtud a ía naturaleza de los procesos de ejecución. (Casación N.° 2398-01-Lima, de 23-11-2001, f. j. 4. Sala Civil Transitoria [EP, 02-05-2002, p. 8739]. Texto completo: ).

Artículo 12: Cuantía en las pretensiones sobre inmueble En las pretensiones relativas a derechos reales sobre inmueble, la cuantía se determina en base al valor del inmueble vigente a la fecha de interposición de la demanda. Sin embargo, el Juez determinará la cuantía de lo que aparece en la demanda y su eventual anexo. Si estos no ofrecen elementos para su estimación, no se aplicará el criterio de la cuantía y será competente el Juez Civil.

JU RISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 491. Estimación de bien inm ueble p ara cálculo de la cuantía. P rim ero. [...] [El recurrente expresa] que por haber vencido el contrato de arrendamiento del inmueble que conduce ha puesto a disposición de [la arrendadora] el mencionado inmueble [...], pero como quiera que esta se niega a recibirlo, y ante su negativa, consigna dicho inmueble con la entrega de las llaves a favor de la nombrada propietaria. [...] Tercero, [En] casos como el presente, la cuantía para determinar la competencia de los n o m o s & th e s is

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órganos jurisdiccionales no queda establecida con la suma de dinero dado en garantía sino por el valor estimado del bien arrendado. (Casación N.° 1042-99-Lam bayeque, de 21-09-1999, ff. jj. 1 y 3. Sala Civil Transitoria [EP, 28-11-1999, p. 4180], Texto completo; ).

Artículo 13: Costas, costos y multa por excaso en la cuantía Si como consecuencia de una manifiesta alteración de la cuantía se declara fundado un cuestionamiento de la competencia, el demandante pagará las costas, costos y una multa no menor de una ni mayor de cinco Unidades de Referencia Procesal.

Artículo 14: Demanda a persona natural Cuando se demanda a una persona natural, es competente el Juez del lugar de su domicilio, salvo disposición legal en contrarío. Si el demandado domicilia en varios lugares puede ser demandado en cualquiera de ellos. Si el demandado carece de domicilio o este es desconocido, es competente el Juez del lugar donde se encuentre o el del domicilio del demandante, a elección de este último. Si el demandado domicilia en el extranjero, es competente el Juez del lugar del último domicilio que tuvo en el país. Si por la naturaleza de la pretensión u otra causa análoga no pudiera determinarse la competencia por razón de grado, es competente el Juez Civil.

PLENOS JURISDICCIONALES

§ 492, Prevalece la dirección dom iciliaría contenida en el DNI para determ inar la competencia por territorio. ¿Para determ inar la com petencia p o r territorio de una demanda de amparo debe atenderse únicam ente a l docum ento nacional de identidad o p u ed e valerse una certificación domiciliaria? El Pleno acordó p o r m a y o r í a ; “Se rechace las certificaciones domiciliarias para determinar la competencia territorial en las demandas de amparo y, como segundo acuerdo, que prevalezca la dirección domiciliaria contenida en el DNI. Finalmente, que los Magistrados tengan la facultad de disponer constataciones en caso de ser necesario”. (Pleno Jurisdiccional Distrital en Materias Civil, Familia, Laboral y Penal, realizado por la Corte Superior de justicia de lea, los días 3 y 10-12-2007. Conclusión N.° 7. Texto completo: ). § 493. No procede la designación de curador procesal si se desconoce el dom icilio del demandado o se desnaturaliza el proceso. Véase la jurisprudencia del artículo 61° del Código Procesal Civil [§ 682]. (Pleno Jurisdiccional Distrital en materia Civil, Laboral y Familia, realizado por la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, los días 14 y 15-06-2007. Conclusión N.° 16. Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 494. Si el demandado dom icilia en varios lugares puede ser demandado en cualquiera de ellos.

S egundo. [Cjorresponde, en principio, hacer un breve recuento de los hechos relevantes del proceso. En tal sentido, es de apreciar que [...] el Banco [...] interpone demanda de obligación de dar suma de dinero, a fin de que [la empresa demandada] cumpla con pagarle [una] suma [...] proveniente de tres letras de cambio giradas contra el saldo deudor de cuentas corrientes, al amparo de lo preceptuado en los artículos 227 y 228 de la [...] Ley N.° 26702. En dicho escrito de demanda, la entidad ejecutante indicó como domicilio de la demandada “Carretera Panamericana Sur Kilómetro [...], Distrito de Villa El Salvador, Provincia y Departamento de Lima”. [...] S éptim o. [A]bsolviendo el extremo in * SUMMA PROCESAL CIVIL

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procedencia alegado por la recurrente en su recurso de casación, cabe señalar, en principio que cuando un título valor no ha circulado no se reputa que tenga un carácter abstracto, ya que le resulta oponible la acción cambiaría o la acción causal. Este concepto ha sido consagrado en el artículo 19.2 de la Ley de Títulos Valores, [...] según el cual el deudor puede contradecir un acción cambiaria proponiendo las defensas que deriven de sus relaciones personales con el tenedor del título valor. En el caso de autos, se advierte del examen de las cambiales puestas a cobro, [.„] que no han sido endosadas, esto es, no han sido puestas en circulación. En tal orden de ideas, es perfectamente posible, con miras a resolver la controversia de los autos, tomar en cuenta la relación causal que ha dado origen a las cambiales sub examine; dicha relación está constituida por los contratos de cuenta corriente y de tarjeta de crédito celebrados entre las mismas partes del presente proceso, habiéndose girado las letras contra el saldo deudor de las mismas, de conformidad con el artículo 228 de la [...] Ley N.° 26702. En los contratos de cuenta corriente [...] la empresa ahora demandada consignó como dirección “Avenida Javier Prado Este N.° [...], San Isidro Lima”, es decir, la misma dirección en la que fue notificada con la demanda y sus anexos [...]. Cabe puntualizar que esta notificación no ha sido devuelta, por lo que debe surtir sus efectos, de acuerdo a nuestra normativa procesal. En consecuencia, al haber señalado la demandada en la relación causal sostenida con el Banco demandante domicilio en la ciudad de Lima, el juez de la Corte Superior de Justicia de Lima es competente para conocer la materia de controversia del presente proceso, por lo que no existe el vicio denunciado por la recurrente. (Casación N.° 2832-2007-Lima, de 07-07-2008, ff. jj. 5 y 6. Sala Civil Transitoria. Texto completo: ). § 495. Acumulación subjetiva pasiva. Si bien las partes acordaron someterse a determinada jurisdicción para cualquier conflicto que derivara de un convenio de reconocimiento de deuda, dicho sometimiento está referido al cum plim iento de las obligaciones de dicho negocio jurídico mas no a la presente controversia, en la que se cuestiona la ineficacia de otro acto jurídico. Prórroga tácita. Véase la jurisprudencia dei artículo 15° del Código Procesal Civil [§ 499]. (Casación N.° 333-2004-Loreto, de 07-06-2005, ff. jj. 5 y 6. Sala Civil Permanente [EP, 04-01-2006, p. 15277]. Texto completo: ). § 496. Indeterm inación de la competencia por grado. Véase la jurisprudencia del artículo 28° del Código Procesal Civil [§ 538]. (Casación N.° 2265-99-Lambayeque, de 26-09-2000, f. j. 10. Sala Civil Permanente [EP, 02-01-2001, p. 6700]. Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

§ 497. N otificación en el dom icilio consignado en el DNI. 21. [En] el caso de la notificación al contribuyente que está siendo objeto de una fiscalización tributaria, constituye una obligación para la Administración Tributaria tener la certeza absoluta de que este ha tomado conocimiento de la existencia de dicho procedimiento y, para ello, atendiendo el independientemente de lo dispuesto en eí artículo 104 del Texto Unico Ordenado del Código Tributario, la Sunat en ejercicio razonable de su facultad discrecional reconocida legalmente debe tomar las medidas complementarias y necesarias que le permitan cumplir con tal cometido de manera efectiva, vale decir, con el objeto de garantizar el derecho constitucional a la defensa del contribuyente. De ahí que, a juicio del Tribunal, una de las medidas complementarias que la Sunat está obligada a tomar frente a escenarios como el que el presente caso plantea, será notificar también en el domicilio que el contribuyente haya consignado en su DNI. (Exp. N.° 07279-2013-PA/TC, de 09-12-2015 [Web: 08-01-2018 / EP: 19-05-2018], f. j. 21. Texto completo: ).

Artículo 15: Acumulación subjetiva pasiva Siendo dos o más los demandados, es competente el Juez del lugar del domicilio de cualquiera de ellos.

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JURISPRUDENCIA PE LA CORTE SUPREMA

§ 498. A cum ulación subjetiva pasiva. La competencia del juez será siempre el del dom icilio de cualquiera de los demandados. S éptim o. [...] Ninguna de las pretensiones materia del proceso de nulidad de acto jurídico deriva del contrato de compraventa que habría suscrito la demandante con la Federación [codemandada]. - Además atendiendo a las pretensiones de la demanda, la resolución de vista ha determinado que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15° y 16° del Código Procesal Civil, la competencia del j uez será siempre el del domicilio de cualquiera de los demandados, lo que quiere decir que el juez competente para la presente causa es el del domicilio de la [otra] Asociación [codemandada] y del Notario Público J. O. B. A., domicilio el cual se encuentra ubicado en la ciudad de Cusco [...]. (Casación N.° 2423-2013-Líma, de 11-09-2013, f. j. 7. Sala Civil Permanente [EP, 02-01-2014, Sentencias en Casación N.° 687, p. 47436], Texto completo: cbit.ly/2v4iZQg>). § 499. A cum ulación subjetiva pasiva. Si bien las partes acordaron someterse a determ inada jurisdicción p ara cualquier conflicto que derivara de un convenio de reconocimiento de deuda, dicho sometim iento está referido al cum plim iento de las obligaciones de dicho negocio jurídico mas no a la presente controversia, en la que se cuestiona la ineficacia de otro acto jurídico. Prórroga tácita. C uarto . [...] [La] competencia se determina por la situación de hecho existente al momento de la interposición de la demanda o solicitud conforme lo establece el artículo 8 del Código Procesal Civil y que cuando se emplaza a una persona natural es competente el juez del lugar de su domicilio y sí se tratase de dos o más demandados lo será el del domicilio de cualquiera de ellos conforme lo disponen los artículos 14 y 15 del mismo código. Q uinto. [Es] de apreciarse de las resoluciones aludidas que hacen referencia al convenio de reconocimiento de deuda celebrado entre la [empresa] demandante LP y las empresas LI, LII y el codemandado E M. E. para destacar que acordaron someterse a la jurisdicción de los Jueces de Lima para cualquier controversia o conflicto que derivaran de él, coligiéndose de ello que dicho sometimiento está referido al cumplimiento de las obligaciones del negocio jurídico de su propósito mas no a la presente controversia en la que se cuestiona la ineficacia de los anticipos de legítima otorgados por el ahora codemandado E M. E. a favor de sus hijos con la finalidad de disminuir su patrimonio para perjudicar el crédito de la actora. Sexto. [Al] haber tomado en cuenta las instancias de mérito una situación de hecho inexistente al momento de interponerse la demanda se ha configurado la contravención denunciada debiendo decretarse la nulidad de la recurrida puesto que la demanda fue incoada ante el juez del domicilio de los demandados dos de los cuales no aparecen haber cuestionado su competencia produciéndose su prórroga tácita según lo dispuesto por el artículo 26 del Código Adjetivo, resultando, por tanto, competente el Juez de Maynas conforme a la regla prevista en los artículos 14° y 15° del Código Procesal Civil, (Casación N.° 333-2004-Loreto, de 07-06-2005, ff. jj. 5 y 6. Sala Civil Permanente [EP, 04-01-2006, p. 15277]. Texto completo: ). JURISPRUDENCIA PE LAS CORTES SUPERIORES

§ 500. D om iciliando los dem andados en dos ciudades distintas, es competente el Juez deí lugar del dom icilio de cualquiera de ellos. T ercero. [C]uando son dos o más los demandados, es competente el Juez del lugar del domicilio de cualquiera de ellos [...]. C uarto. [La demandante] reclama una indemnización, por responsabilidad extracontractuaí contra don AAOR, domiciliado en la ciudad de Huacho y contra VP S.A., domiciliada en [Lima]. [...] Sexto. [Tampoco] deviene improcedente por [.,.] no existir conexión lógica entre ios hechos y el petitorio, toda vez que, por haber fallecido el hijo de la accionante [...] en un accidente de tránsito, ella demanda [indemnización] al piloto y a la propietaria del vehículo que ocasionó el daño. (Exp. N.° 92-95, de 10-02-1995, ff. jj. 3, 4 y 6. Primera Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ). * SUMMA PROCESAL CIVIL

Art. 16

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CÓDIGO PROCESAL CIVIL

Artículo 16; Acumulación subjetiva de pretensiones Cuando por razón de conexión se demanden varias pretensiones contra varios demandados, será competente el Juez del domicilio de cualquiera de ellos.

Artículo 1 7: Demanda a persona jurídica Si se demanda a una persona jurídica, es competente el Juez del domicilio en donde tiene su sede principal, salvo disposición legal en contrario. En caso de contar con sucursales, agencias, establecimientos o representantes debidamente autoriza­ dos en otros lugares, puede ser demandada, a elección del demandante, ante el Juez del domicilio de la sede principal o el de cualquiera de dichos domicilios en donde ocurrió el hecho que motiva la demanda o donde sería ejecutable la pretensión reclamada.

DOCTRINA CONSTITUCIONAL VINCULANTE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

§ 501. Derechos que pueden ser invocados por las personas jurídicas. Véase la jurisprudencia del artículo 64° del Código Procesal Civil [§ 714]. (Exp. N.° 4972-2006-PA/TC, del 04-08-2006 [Web: 18-10-2007 / EP: 11-04-2008], que declara que los criterios previstos en el ff. jj. 13 ai 14, entre otros, constituyen doctrina constitucional vinculante. Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 502. La norma procesal hace referencia a un supuesto genérico en el que se demanda a una persona jurídica, pero no de m anera exclusiva o única, pudiendo concurrir como parte dem andada junto a ella, personas naturales u otras personas jurídicas, tal como h a acontecido en el presente proceso. Q uinto. [...] [La] Sala Mixta de Ate interpreta que el artículo 17° del Código Procesal Civil es aplicable únicamente cuando se demanda a una sola persona jurídica, mas no cuando son dos o más personas jurídicas demandadas. La disposición contenida en el artículo 17 del Código adjetivo hace referencia a un supuesto genérico en el que se demanda a una persona jurídica, pero no de manera exclusiva o única, pudiendo concurrir como parte demandada junto a ella, personas naturales u otras personas jurídicas, tal como ha acontecido en el presente proceso. Además la Sala Superior interpreta incorrectamente la Ley N.° 27333, según la cual la recurrente solo podría demandar la nulidad de las prescripciones adquisitivas de dominio sub litis dentro de la competencia correspondiente al domicilio del Notario Público de Cusco. En ninguna parte de la referida ley se indica que los cuestionamientos a dicho trámite tengan que ser demandados exclusivamente en el lugar donde se desarrolló el trámite. La Sala no puede aseverar situaciones que no están reguladas en dicho dispositivo legal. (Casación N.° 2423-2013-Lima, de 11-09-2013, f. j. 5. Sala Civil Permanente [EP, 02-01-2014, Sentencias en Casación N.° 687, p. 47436]. Texto completo: ). § 503. En los procesos de resolución de contrato de adquisición de inmuebles situados en el país, celebrado entre una empresa peruana y otra extranjera, la competencia es exclusiva de los tribunales peruanos. U ndécim o . [Las] referidas instancias [de mérito] no han examinado que los contratos celebrados entre las partes fueron no solamente respecto de una empresa extranjera, sino de una empresa peruana cuyo patrimonio se encontraría en el país, y que en todo caso correspondía examinar razonadamente el supuesto de competencia exclusiva en relación a dicha empresa peruana, conforme al artículo 2058 inciso 1 del Código Civil, en cuanto a la competencia sobre predios ubicados en el país, respecto de acciones reales. D uodécim o. [Si] bien en el presente caso se ha demandado la resolución de los contratos de compromiso de contratar y de hecho de un tercero, y del contrato privado de compraventa, así como la devolución de lo pagado e indemnización por daños y perjuicios, no se ha examinado los efectos jurídicos de la resolución de un contrato que conlleva a la restitución n o m o s & th e s is

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JURISDICCIÓN, ACCIÓN Y COMPETENCIA

Art. 19

de las prestaciones que pueden afectar bienes y el patrimonio respecto de una empresa y los bienes con efectos reales, en cuyo caso correspondía analizar la finalidad de lo preceptuado en el artículo 2058 inciso 1 del Código Civil, en cuanto a la competencia exclusiva [de los tribunales peruanos, cuando se ventilen acciones relativas a derechos reales sobre bienes situados en la República], al margen dei nomen juris de la pretensión, considerando los efectos jurídicos de la misma. (Casación N.° 1609-2007-Lima, de 05-07-2007, ff. jj. 11 y 12. Sala Civil Permanente [EP, 30-11-2007, p, 21094], Texto completo: ). § 504. En las demandas interpuestas contra las personas jurídicas no se establece un supuesto de competencia territorial im prorrogable. Prórroga tácita de la competencia territorial se produjo por no interponer una excepción. S étim o . [La] improrrogabilidad debe derivar del propio contenido normativo, siendo que en el artículo 17 del citado Código Adjetivo, que prevé el supuesto de las demandas interpuestas contra las personas jurídicas, no se establece un supuesto de competencia territorial improrrogable [...]. O ctavo. [S]iendo así, la demandada tuvo la posibilidad de cuestionar la competencia a través de la interposición de la excepción correspondiente, lo que al no haber sido realizado, ha originado que se esté ante un supuesto de prórroga tácita de la competencia territorial. (Casación N.° 4007-2007-La Libertad, de 18-12-2007, ff. jj, 7 y 8. Sala Civil Permanente [EP, 31-032008, p. 21752], Texto completo: ). § 505. Excepción de incom petencia por disposición de la ley. Principios de legalidad e irrenunciabilidad de la competencia. Demanda a persona juríd ica (m unicipalidad). Véase la jurisprudencia del inciso 1 del artículo 446° del Código Procesal Civil [§ 2958]. (Casación N.° 25812005-Cono Norte de Lima, de 21-04-2006, f. j. 4. Sala Civil Permanente [EP, 02-10-2006, p. 17133]. Texto completo: ).

Arííctíló 18: Persona jurídica irregular Tratándose de demandas contra asociaciones, fundaciones, comités y sociedades no inscritas o de cualquier otra entidad cuya constitución, inscripción o funcionamiento sea irregular, es competente el Juez def lugar en donde realizan la actividad que motiva la demanda o solicitud. Se aplica la misma regla en caso de demandarse directamente a su representante, administrador, director u otro sujeto por actos realizados en nombre de la persona jurídica.

Artículo 19: b atería sucesoria En materia sucesoria, es competente el Juez del lugar en donde el causante tuvo su último domicilio en el país. Esta competencia es improrrogable.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 506. Para los procesos de partición jud icial de la herencia, es competente el juez del último dom icilio del causante. C uarto . [Los] recurrentes sostienen en su recurso que tanto la resolución de vista como la apelada incurren en grave error al aplicar el artículo 19 del Código Procesal Civil por considerar a la presente acción como un conflicto sucesorio, ya que la materia controvertida es la división y partición de dos inmuebles, tratándose en consecuencia de una acción real y que por tanto el juez natural para conocer el proceso es el del lugar donde se encuentran los referidos inmuebles. Sin embargo es menester señalar que si bien es cierto que la acción de división y partición está legislada en el libro de los Derechos Reales, esta se refiere al régimen real de la copropiedad, que es aplicable supletoriamente al régimen de la indivisión de la masa hereditaria en lo que no esté previsto en la Sección Cuarta, Título II Capítulo Primero del Libro del Derecho de Sucesiones, según lo dispone el artículo 845 del Código * SUMMA PROCESAL CIVIL

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CÓDIGO PROCESAL CIVIL

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Civil, y en materia del estado de indivisión de la masa hereditaria la partición está regulada en el artículo 854° del Código sustantivo, que establece que si no existe régimen de indivisión la partición judicial de la herencia puede ser solicitada por cualquier heredero o por cualquier acreedor, en consecuencia el título del cual deriva la presente acción de partición es un título sucesorio y por tanto el Juez Natural llamado a conocer la causa es el del último domicilio del causante en aplicación del artículo 19o del Código Procesal Civil. (Casación N.° 1294-2008-Ancash, de 02-09-2008, £ j. 4. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 02-02-2009, p. 23994]. Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DE LAS CORTES SUPERIORES

§ 507. Competencia en sucesión intestada. Acum ulación. [No] resulta procedente acumular en una misma solicitud el pedido de sucesión intestada de las personas fallecidas en distinta fecha, que corresponda a distinto orden y sin precisar si ambos tuvieron el mismo domicilio a efectos de determinar la competencia [...]. (Exp. N.° 826-95, de 25-09-1995. Tercera Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ). § 508. La competencia en m ateria sucesoria es una excepción la regía general que establece que la competencia es prorrogable; por ende, la interpretación de la norm a debe ser restrictiva, sin que pueda aplicarse a supuestos ajenos a su texto. [El] artículo 19 establece que en materia sucesoria, es competente el Juez del lugar en donde el causante tuvo su último domicilio en el país, y que este es improrrogable, es decir, que si el de cujus domiciliaba en determinado distrito judicial, no puede solicitarse en otro; que dicho numeral constituye una excepción a la competencia territorial, que por su naturaleza es prorrogable; que, por ende, la interpretación de la norma debe ser restrictiva, sin que pueda aplicarse a supuestos ajenos a su texto [...]. (Exp. N.° 211-95, de 26-06-1995. Tercera Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ). § 509. En m ateria sucesoria en general es competente el juez del lugar en donde el causante tuvo su últim o dom icilio en el país, competencia que es im prorrogable. P rim ero. [En] materia sucesoria en general es competente el juez del lugar en donde el causante tiene su último domicilio en el país, competencia esta que es improrrogable. S egu n do. [Cjonforme [a] la partida de defunción [...] el de cujus a la fecha de su fallecimiento, vivía en el distrito de Comas, jurisdicción de la Corte Superior de Justicia de Lima, Cono Norte. (Exp. N.° 1738-95, de 14-09-1995, ff. jj. 1 y 2. Cuarta Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ).

Articuló 20: Expropiación " Tratándose de bienes inscritos, es competente el Juez del lugar en donde el derecho de propiedad se encuentra inscrito. Si la expropiación versa sobre bienes no inscritos, es competente el del lugar donde el bien está situado, aplicándose, en su caso, lo dispuesto en el artículo 24, inciso 1. Artículo21; Regulación dé ja capacitad ju rid if» ' En materia de patria potestad, tutela, cúratela y designación de apoyos, se trate o no de asuntos contenciosos, es competente el Juez del lugar donde se encuentra las personas con discapacidad y aquellas contempladas en los artículos 43 y 44 del Código Civil. Para instituir las cúratelas de bienes a que se refieren los artículos 597 al 600 del Código Civil, es competente el Juez del lugar donde se encuentren todos o la mayor parte de los bienes, observándose, en su caso, la regla establecida en el artículo 47 del Código Civil. Para las cúratelas especiales a que se refiere el artículo 606 del Código Civil se observará lo dispuesto en el artículo 23 de este Código. n o m o s & th e s is

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JURISDICCIÓN, ACCIÓN Y COMPETENCIA

Art. 22

NOTA DE ACTUALIZACIÓN

(1) Artículo modificado por e! artículo 4 del Decreto Legislativo N.° 1384 (EP, 04-09-2018), que reformó el primer párrafo.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 510. Para que exista falta de discernimiento no es necesario que previamente exista declaración de interdicción, pues lo que se tiene en cuenta es esa ausencia de discernimiento y no la interdicción declarada. En procesos de este tipo hay que recurrir a pruebas indiciarías. [Antecedente: Hija que demanda la nulidad del contrato de compraventa de un inmueble realizado por su fallecida madre por falta de manifestación de voluntad. Acredita probatoriamente que a la fecha de celebración del citado contrato, su madre contaba con 70 años de edad y que estaba delicada de salud por padecer demencia senil y crisis hipertensiva. Los compradores demandados alegan que no existe resolución judicial que la declare incapaz, razón por la cual no estaba imposibilitada para la celebración del contrato, poniendo su huella digital] C uarto. [...] 1. La incapacidad absoluta a la que alude el artículo 219.2 del Código Civil se encuentra vinculada con lo expuesto en el artículo 43 del mismo cuerpo legal, fundamentalmente, en este caso, con su inciso 2, que prescribe que es incapaz absoluto quien se encuentra privado por cualquier causa de discernimiento. 2. Conforme reiterada doctrina ha señalado, discernir jurídicamente es diferenciar entre hacer o no hacer algo y conocer si ese “algo” es bueno o malo, o distinguir entre el bien y el mal, lo lícito o lo ilícito, lo que está o no permitido, lo que beneficia o es perjudicial. La norma aludida no precisa alguna específica causa, de allí que Fernández Sessarego considere que la falta de discernimiento puede deberse no solo por enfermedad mental, sino que puede ser ocasionado por cualquier causa, siendo lo relevante que el agente no pueda discernir. 3. En esa perspectiva, para que exista dicha incapacidad no es necesario que previamente exista declaración de interdicción, pues lo que se tiene en cuenta es la falta de discernimiento y no la interdicción declarada. 4. Así las cosas, si bien es cierto no existe declaración de interdicción respecto a la [madre vendedora], no es menos verdad que obran en el expediente [...] medios probatorios [que acreditan su falta de discernimiento al momento de suscribir el acto jurídico cuya nulidad se deduce]. [...] 6. Además, [existen] indicios [de que la anciana vendedora se encontraba] imposibilitada físicamente de firmar [, que uno de los compradores] y no la propia vendedora [fue el que contó el dinero en la notaría]. Hay que recordar que [...] en procesos de este tipo hay que recurrir a pruebas indiciarias y que ello supone la existencia de: (i) un hecho conocido; (ü) un hecho desconocido; y (iii) “una inferencia lógica por medio de la cual partiendo del hecho conocido se logre con certeza o probabilidad, deducir el hecho que pretendíamos conocer1. [...] (Casación N.° 683-2016-Callao, de 08-11-2016, f. j. 4. Sala Civil Permanente. Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DE LAS CORTES SUPERIORES

§ 511. Discapacitados tienen capacidad de ejercicio al igual todas las demás personas no discapacitadas, en concordancia con la Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad. Interdicción de dos hermanos que padecen esquizofrenia paranoíde. Inaplicación por control difuso de los artículos 43.2, 44.2 y 44.3 CC. Véase la jurisprudencia del artículo 581° del Código Procesal Civil [§ 3716]. (Exp. N.° 01305-2012-0-1001-JR-FC-03, de 15-06-2015, fifi jj. 1, 2, 3 y 5 del fallo. Tercer Juzgado Familia de Cusco. Corte Superior de Justicia del Cusco. Texto completo; ).

Artículo 22: Quiebra y concurso de acreedores D erogado . (1) NOTA DE ACTUALIZACIÓN

(1) Artículo derogado por el inciso 2) de la primera disposición final del Decreto Legislativo N.° 845 (EP, 21/09/1996). ♦ s ü m m A p r ó c e s a l CÍVIL

A lt 23

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CODIGO PROCESAL CIVIL

Artículo 23: Proceso no contencioso En e! proceso no contencioso es competente el Juez del lugar del domicilio de la persona que Eo pro­ mueve o en cuyo interés se promueve, salvo disposición legal o pacto en contrario.

PLENOS J URISDICCIONALES

§ 5X2. La vía procedim ental en los procesos de reconocimiento de convivencia es eí proceso no contencioso. ¿Cuál es la vía procedim ental en los procesos de reconocim iento de convivencia o declaración ju d icia l de convivencia? El Pleno acordó por m a y o r í a : “Considera que la vía procedimental es el de Proceso No Contencioso”. (Pleno Jurisdiccional Distrital en Materia Constitucional y Familia, realizado por la Corte Superior de Justicia de Huancaveüca, el día 11-12-2009. Tema N.° II. Texto completo: ). § 513. Juez competente para conocer los procesos de rectificación de partida. ¿Cuál es el Juez com petente para conocer los procesos de rectificación de partida así com o cam bio y modificación de nom bre? ¿Cuál es la vía procedim ental a seguirse? El Pleno acordó p o r m a y o r í a : “El proceso de rectificación de partida por error material es competencia del Juez de Paz Letrado en la vía No Contenciosa. Asimismo, el Pleno acuerda por unanimidad, solicitar al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, emita una resolución administrativa fijando la competencia en los casos de rectificación de partida por error material y cambio de nombre, por encontrarse dentro de sus atribuciones.” (Pleno Jurisprudencial Regional Civil, realizado en Arequipa, los días 28 y 29-03-2008. Tema N.° 3. [Competencia para el trámite de Rectificación de Partida (Cambio de nombre, apellido, rectificación de datos de partidas de nacimiento, matrimonio y defunción)]. Texto completo: ).

Artículo 24: Competencia facultativa Además del Juez del domicilio del demandado, también es competente, a elección del demandante: 1. El Juez del lugar en que se encuentre el bien o bienes tratándose de pretensiones sobre derechos reales. Igual regla rige en los procesos de retracto, título supletorio, prescripción adquisitiva y rectificación o delimitación de áreas o linderos, expropiación, desalojo, cúratela y designación de apoyos. Si la demanda versa sobre varios inmuebles situados en diversos lugares será competente el Juez de cualquiera de ellos; 2. El Juez del último domicilio conyugal, tratándose de nulidad del matrimonio, régimen patrimonial del matrimonio, separación de cuerpos, divorcio y patria potestad; 3. El Juez del domicilio del demandante en las pretensiones alimenticias; 4. El Juez del lugar señalado para el cumplimiento de la obligación; 5. El Juez del lugar en donde ocurrió el daño, tratándose de pretensiones indemnizatorias por responsabilidad extracontractual; 6. El Juez del lugar en que se realizó o debió realizarse el hecho generador de la obligación, tratándose de prestaciones derivadas de la gestión de negocios, enriquecimiento indebido, promesa unilateral o pago indebido; y 7. El Juez del lugar donde se desempeña la administración de bienes comunes o ajenos al tiempo de interponerse las demandas de rendición, de aprobación o de desaprobación de cuentas o informes de gestión. (1> NOTA DE ACTUALIZACIÓN

(1) Artículo modificado por el artículo 4 del Decreto Legislativo N.° 1384 (EP, 04-09-2018), que reformó el inciso 1.

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JURISDICCION, ACCION Y COMPETENCIA

Árt. 24

PLENOS JU RISDICCIONALES

§ 514. Criterios de competencia funcional en los procesos de reivindicación, m ejor derecho de propiedad, prescripción adquisitiva de dominio, títulos supletorios y rectificación de áreas o linderos (inc. 1). Establecer la com petencia fu n cion a l en los procesos de reivindicación, m ejor derecho de propiedad, prescripción adquisitiva de dominio, títulos supletorios y rectificación de áreas o linderos. El Pleno acordó: “Corresponde conocer este tipo de procesos, a los Juzgados Especializados o Mixtos por contener una pretensión incuantificable y por mandato de la ley”. (Pleno Jurisdiccional Distrital en Materias Civil, Laboral y Familia, realizado en Caj amarca, los días 14 y 15-06-2007. Conclusión N.° 6. Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 515. La certificación del domicilio de las personas expedida por el RENIEC no acredita de m anera indubitable que los cónyuges realizan vida m arital en el mismo inm ueble (inc. 2). N oveno . [...] [C]abe precisar que el artículo 2 del Decreto Supremo N.° 022-99-PCM prevé que las personas están en la obligación de registrar su dirección domiciliaria así como los cambios de este en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, siendo que el artículo 3 del Decreto Supremo N.° 022-99-PCM establece que la certificación del domicilio de las personas, expedida por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, surte pleno efecto jurídico, salvo lo previsto en el artículo 40 del Código Civil [...] En el caso de autos, teniendo en cuenta los hechos expuestos por las partes, las instancias de mérito han concluido que ambos cónyuges coinciden que se encuentran separados de hecho desde el mes de setiembre [...] hasta la fecha en que se interpuso la presente demanda [...]; es decir, que no realizan vida marital en el mismo inmueble hecho que se acredita con los procesos de alimentos y aumento de alimentos donde se emplaza aTLL en domicilios distintos y no en el que se señala en el certificado expedido por el Reniec. D écim o . Si bien la certificación del domicilio de las personas, expedida por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, surte pleno efecto jurídico, conforme a lo previsto en el citado artículo 3 del Decreto Supremo N.° 022-99-PCM, también lo es que las Instancias de mérito han apreciado que la parte demandada expresó su conocimiento respecto al domicilio del demandante emplazándolo en procesos judiciales precedentes en dirección distinta a la consignada en el Reniec [...]; que la instancia revisora, en relación a los documentos presentados por la impugnante en su recurso de apelación, los que aparecen dirigidos al demandante a la citada dirección y con los cuales pretende invocar la interrupción del plazo de separación de los cónyuges, han sido valorados por el ad quem , siendo considerados insuficientes para acreditar que el actor domicilia en la dirección consignada en el referido registro; prefiriendo el domicilio real acreditado en autos respecto al formal reportado en el Registro Nacional; siendo así, corresponde desestimar también este extremo denunciado. (Casación N.° 3499-2013-Lambayeque, de 07-11-2014, ff. jj. 9 y 10. Sala Civil Transitoria [EP, 30-04-2015, Sentencias en Casación N.° 703, p. 61863]. Texto completo: ). § 516. Com petencia del juez del lugar señalado para el cum plim iento de la obligación (inc. 4).

Tercero. Mediante auto de primera instancia [...] se declaró infundada la excepción de incompetencia por cuestión de territorio formulada por la demandada [...]; tras concluir que: 1) Conforme al artículo 24 inciso 4 del Código Procesal Civil relativo a la competencia facultativa, además del juez del domicilio del demandado, también es competente, a elección del demandante el juez del lugar señalado para el cumplimento de la obligación; y 2) De las copias legalizadas de las facturas [...], la guía de remisión [...], cartas notariales [...] y correos electrónicos [...], puede verse que las partes pactaron que la entrega de la mercadería se realizaría en diversos domicilios ubicados en la ciudad de Lima y no en el Callao; por consiguiente, habiéndose pactado que el cumplimiento de la obligación sería en la ciudad de Lima, a elección del demandante, esta Judicatura resulta competente para conocer la pretensión demandada, por lo que la excepción debe declararse infundada. (Casación N.° 397-2014Lima, de 14-01-2015, f. j. 3. Sala Civil Transitoria [EP, 30-06-2015, Sentencias en Casación N.° 705, p. 65661], Texto completo: ).

♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

Art. 25

CODIGO PROCESAL CIVIL

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§ 517. Cuando se dem anda como única pretensión la indem nización por daños y perjuicios, no es aplicable la competencia facultativa (inc. 4). C uarto. [De] conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Código Procesal Civil concordado con el artículo 1428 del Código Civil, solamente cuando se demanda como pretensión accesoria la indemnización por daños y perjuicios resulta aplicable la competencia facultativa de la pretensión principal de cumplimiento de la obligación o contrato. Q uinto. [En] sentido contrario, cuando se demanda como única pretensión la indemnización por daños y perjuicios derivados del cumplimiento defectuoso de una obligación no resulta aplicable la competencia facultativa del lugar del cumplimiento de la obligación. Sexto. [En] el caso submateria, no se ha demandado acumulativamente la indemnización por daños y prejuicios, sino que esta ha sido planteada como única pretensión; por lo tanto no es aplicable la competencia facultativa prevista en el artículo 24 inciso 4 deí Código Procesal Civil. (Casación N.° 2365-99- Lima, de 23-05-2000, ff. jj. 4-6. Sala Civil [EP, 18-08-2000, p. 5983]. Texto completo: ). § 518. Competencia del juez del lugar donde ocurrió el daño (inc. 5). Tercero. [...] [El] Juez de la causa declara fundada la excepción de incompetencia por razón de territorio; por tanto, nulo todo lo actuado y concluido el proceso, sin declaración sobre el fondo y sin pronunciamiento respecto a la excepción de falta de legitimidad para obrar del demandado. Como fundamentos de su decisión el A quo señaló que por regla general la demanda debió ser interpuesta en la ciudad de Lima, por ser de competencia del Juez civil de esa ciudad y por ser el lugar donde tienen su domicilio los demandados, y conforme a la competencia facultativa contemplada en el inciso 5 del artículo 24 del Código Procesal Civil, resulta competente para el conocimiento por razón territorial el Juzgado Civil de la ciudad de Huaraz. (Casación N.° 1440-2010-Del Santa, de 20-04-2011, f. j. 3. Sala Civil Transitoria [EP, 0211-2011, Sentencias en Casación N.° 653, p. 31924], Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DE LAS CORTES SUPERIORES

§ 519. El actor debe precisar su pretensión procesal para determ inar ía competencia que le corresponde. Tratándose de un reclamo sobre indemnización debe señalarse sí ella se origina en una responsabilidad contractual o extracontractual y debe exponerse con claridad los daños y perjuicios que haya sufrido la víctima. Sin embargo, si al fijarse el monto del petitorio se enumeran como componentes del mismo conceptos relativos a remuneraciones dejadas de percibir, a compensación por tiempo de servicios, a pérdida de derecho a la jubilación, etc., los que, por su naturaleza, son de carácter laboral, es pertinente que el actor precise su o sus pretensiones procesales, cumpliendo con los requisitos antes mencionados, para de ese modo determinar, incluso, la competencia del organismo que debe conocer legítimamente de la demanda y evitar con ello seguir un proceso inútil. (Exp. N.° 1375-97, de 02-11-1997- Tercera Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Ponentes: Carrión Lugo, Alvarez Guilíén y Hasembank Armas. Referencia: CPCBibliogr. , p. 46).

Artículo 25: Prórroga convencional de la competencia territorial Las partes pueden convenir por escrito someterse a la competencia territorial de un Juez distinto al que corresponde, salvo que la ley la declare improrrogable.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 520. Prórroga de competencia territorial. C uarto. [...] [El] contrato de trabajo suscrito con el actor señala [...] que las partes sí acordaron someterse a la competencia de los jueces y tribunales del Cercado de Lima; en tal sentido, si bien en la Ley Procesal del Trabajo no se encuentra regulado la prórroga de competencia territorial, le resultan aplicables las normas deí Código Procesal Civil, por así haberlo acordado las partes. [...]. Q uinto. [...] [Las] instancias de mérito han determinado con suficiencia y basándose en los actuados, que la competencia en el presente caso es correcta, atendiendo al contenido de las boletas de pago e información domiciliaria de la demandada, de las que se aprecia n o m o s & th e s is

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JURISDICCIÓN, ACCIÓN Y COMPETENCIA

Art. 26

que la dirección consignada es en Faucett (Callao), y en tal distrito judicial demandó el actor; no variando ello el hecho que las partes hayan pactado en el contrato de locación de servicios y contrato modal la prórroga de competencia [...]. (Casación N.° 9173-2012-Callao, de 17-05-2013, ff, jj. 4 y 5. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 01-12-2014, Sentencias en Casación N.° 698, p. 57962]. Texto completo: ). § 521. La competencia por territorio es de carácter relativo, de ahí que sea susceptible de ser renunciada. O ctavo. [...] La competencia por razón de territorio tiene un carácter relativo en razón de haberse dispuesto en atención al interés de las partes, de ahí que sea susceptible de ser renunciada, según se desprende de lo dispuesto por el artículo 25 del Código Procesal Civil [...]. (Casación N,° 4683-2007-Santa, de 24-01-2008, f. j. 8. Sala Civil Permanente [EP, 03-09-2008, p. 22899]. Texto completo: ). § 522. Prórroga convencional de la competencia territorial mediante novación. N oveno. [En] cuanto a la alegada incompetencia que sostienen los recurrentes, respecto del juez ante quien se ha tramitado el presente proceso, corresponde señalar que [...] por documento de novación de la obligación, documento cuya validez no ha sido enervada en el presente proceso, las partes contratantes, en este caso el demandante y los demandados, renunciaron a la jurisdicción de los jueces de su territorio, sometiéndose expresamente a la jurisdicción de los jueces de Lima; con lo cual, las partes procesales han convenido a la prórroga convencional de la competencia territorial conforme a lo establecido por el artículo 25° del Código Procesal Civil [...]. (Casación N.° 1970-2004-Lima, de 11-10-2005, f. j. 9. Sala Civil Transitoria [EP, 02-06-2006, p. 16269]. Texto completo: ). § 523. Se convalida cualquier defecto de la competencia territorial cuando el recurrente se somete de manera voluntaria. S egundo. [...] [El recurrente en casación acusa] b) La contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, ya que su domicilio se encuentra en la ciudad de Lima, y la demanda que les fue notificada por exhorto se les notificó en forma incompleta pues fue subsanada adjuntando nuevos medios de prueba, lo que implica que por mandato del Código Adjetivo se les debió notificar tanto la primigenia demanda, el escrito de subsanación y los anexos de cada uno de ellos, lo que fue incumplido; que al no haber un correcto emplazamiento o la efectiva notificación con la demanda que de garantía de un proceso válido debe estarse a favor del demandado, toda vez que sobre sn parte pesa la carga de contestar la demanda, atentándose contra el debido proceso y el derecho de defensa al no habérseles notificado de manera completa; que dedujeron una excepción de incompetencia que no fue resuelta oportunamente, lo que motivó que se sometieran a la jurisdicción del Juez de juliaca, solicitando la nulidad de los actuados, siendo desatendidos por no haberse planteado dentro de tres días, pero no se tuvo en cuenta que estaba pendiente de resolverse la excepción de incompetencia [...]. Tercero. [La] fundamentación del recurso no satisface el requisito de fondo del inciso 2 del artículo 388 [...], toda vez que: II) Lo alegado respecto a la notificación de la demanda ya fue resuelto en definitiva por [otra] resolución [,..], siendo de aplicación el artículo 175 inciso 3 del Código Procesal Civil; III) El recurrente de manera voluntaria se sometió a la competencia del Juez de Juliaca por escrito [...], con lo que se convalidó cualquier defecto por la competencia territorial. [,..] (Casación N.° 702-2002-Pnno, de 26-04-2002, ff. jj. 2-3. Sala Civil Transitoria [EP, 31-07-2002, p. 9067]. Texto completo: ).

Artículo 26; Prórroga tácita de la competencia terntoríal Se produce la prórroga tácita de la competencia para el demandante por el hecho de interponer la demanda y para el demandado por comparecer al proceso sin hacer reserva o dejar transcurrir eí plazo sin cuestionar la competencia. JURISPRUD ENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 524. El demandado puede someterse tácitam ente a la jurisdicción por no haber deducido excepción de incompetencia. T ercero . [...] A) [En] el contrato de arrendamiento [...], ambas partes * SUMMA PROCESAL CIVIL

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CÓDIGO PROCESAL CIVIL

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renuncian al fuero de sus domicilios y se someten a la jurisdicción de los jueces de Lima para cualquier controversia que surgiera sobre el cumplimiento de las obligaciones de dicho contrato: por lo que al haberse sustanciado la presente causa ante el Juez especializado en lo civil del Cono Norte y no por ante el Juez especializado de Lima, se ha incurrido en causal de nulidad prevista en el artículo 176 in fin e del Código Procesal Civil; sin embargo, esta motivación tampoco justifica la revisión del fallo, puesto que implica en el fondo una excepción de incompetencia que no ha sido deducida y porque además el demandado se ha sometido tácitamente a la jurisdicción del Juez de Lima por no haber deducido dicha excepción. [...] (Casación N.° 3332-00-Cono Norte, de 13-12-2000, f. j. 3. Sala Civil Transitoria [EP, 01-03-2001, p. 7063]. Texto completo: ). § 525. Prorroga tácita de la com petencia territo rial en el contexto de una excepción de convenio arb itral. O ctavo. [El] artículo 26 del Código Procesal Civil, regula la prórroga tácita de la competencia territorial para el demandante y para el demandado, institución que resulta ajena al tema que nos ocupa, como es la excepción de la convenio arbitral, deviniendo por ende en impertinente la invocación de tal precepto normativo, además el hecho de que la parte emplazada haya propuesto en primer orden las excepciones a las que ha hecho referencia el impugnante, no implica el sometimiento al fuero judicial, pues lo cierto y concreto es que la excepción de convenio arbitral sí fue propuesta para cuestionar la vía judicial en que se ha promovido la acción civil correspondiente, razonar en contrario significaría exigir un riguroso formalismo que la garantía de orden constitucional del derecho a la defensa consagrada en el inciso 14) del artículo 139 de la Carta M agna no admite. (Casación N.° 2699-2016-Lim a, de 28-04-2017, f. j. 8. Sala Civil Transitoria [EP, 02-04-2018, Sentencias en Casación N.° 743, p. 105593]. Texto completo: ). § 526. El som etim iento a la jurisdicción de los jueces del distrito ju d icial, im p lica una prórroga de la com petencia. S egundo. [El] recurrente denuncia: [...] a.3) [...] [Que] es una persona jurídica cuya sede se ubica en el Callao; en consecuencia, el domicilio se encuentra fuera de la jurisdicción del distrito judicial de Lima por lo que es competente para conocer de este proceso los jueces del Callao [...]. [...] S éptim o. [..,] [Respecto] a la competencia, el vicio es irreal porque la propia recurrente, de acuerdo con la escritura pública, se sometió a la jurisdicción de los jueces del distrito judicial de Lima lo que implica una prórroga de la competencia. (Casación N.° 308-01Lima, de 01-03-2001, ff. jj. 2 y 7. Sala Civil Transitoria [EP, 31-07-2001, p. 7468]. Texto completo: ). § 527. Acumulación subjetiva pasiva. Si bien las partes acordaron someterse a determinada jurisdicción para cualquier conflicto que derivara de un convenio de reconocimiento de deuda, dicbo sometimiento está referido al cumplimiento de las obligaciones de dicho negocio jurídico mas no a la presente controversia, en la que se cuestiona la ineficacia de otro acto jurídico. Prórroga tácita. Véase la jurisprudencia del artículo 15° del Código Procesal Civil [§ 499]. (Casación N.° 333-2004-Lorero, de 07-06-2005, ff. jj. 5 y 6. Sala Civil Permanente [EP, 04-01-2006, p. 15277]. Texto completo: ). § 528. En las demandas interpuestas contra las personas jurídicas no se establece un supuesto de competencia territorial im prorrogable. Prórroga tácita de la competencia territorial se produjo por no interponer una excepción. Véase la jurisprudencia del artículo 17° del Código Procesal Civil [§ 504], (Casación N.° 4007-2007-La Libertad, de 18-12-2007, ff. jj. 7 y 8. Sala Civil Permanente [EP, 31-03-2008, p. 21752]. Texto completo: ).

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JURISDICCIÓN, ACCIÓN Y COMPETENCIA

Art. 27

Artículo 27: Competencia del Estado Es Juez competente el del lugar donde tenga su sede la oficina o repartición del Gobierno Central, Regional, Departamental, Local o ente de derecho público que hubiera dado lugar al acto o hecho contra el que se reclama. Cuando el conflicto de intereses tuviera su origen en una relación jurídica de derecho privado, se aplican las reglas generales de la competencia. Las mismas reglas se aplican cuando la demanda se interpone contra órgano constitucional autónomo o contra funcionario público que hubiera actuado en uso de sus atribuciones o ejercicio de sus funciones.

PLENOS JURISDICCIONALES

§ 529. Com petencia de los Juzgados de Paz Letrado p ara conocer procesos civiles contra el Estado. ¿ Quién es com petente para tramitar los procesos civiles contra el Estado, el Juzgado Civil o el Juzgado de Paz Letrado? El Pleno acordó por m a y o r í a : “Que los Juzgados Civiles en aplicación del artículo 49° inciso 4) LOPJ, si bien son competentes sin embargo, en vigencia de los artículos 27° y 28° del Código Procesal Civil por razones de competencia por materia y funcional y en asuntos complejos que la ley establece, también son competentes los Juzgados de Paz Letrado por razones de cuantía que no exceda las 100 unidades de referencia procesal pueden conocer en asuntos donde el demandado sea el Estado, así como las materias precisadas en el artículo 57° de la LOPJ”. (Tercer Pleno Jurisdiccional Distrital de Familia, Civil y Procesal Penal, realizado por la Corte Superior de Justicia de Apurímac, el 05-11 -2011. Tema N.° 1. Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 530. Com petencia del Estado: es juez competente el del lugar donde tiene su oficina el ente de derecho público. S étim o. Respecto a la competencia del Estado, el primer párrafo del artículo 27 del Código Procesal Civil, señala: “Es Juez competente el del lugar donde tenga su sede la oficina o repartición del Gobierno Central, Regional, Departamental, Local o ente de derecho público que hubiera dado lugar al acto o hecho contra el que se reclama (,..)”. Que, siendo así, se debe concluir, que es válido el avocamiento del Juez del Juzgado Mixto [...] al conocimiento del presente proceso en Primera Instancia, en la medida que ía Zona Registra! [...] tiene una oficia en dicho distrito [...], según la Información vertida por la propia SUNARP en su página web, por lo que también resulta de aplicación lo establecido por el artículo 35 del Código Civil que prescribe: “A la persona que vive alternativamente o tiene ocupaciones habituales en varios lugares se le considera domiciliada en cualquiera de ellos.” (Casación N.° 956-2010-Lima, de 23-10-2012, f. j. 7. Sala Civil Permanente [EP, 01-07-2013, Sentencias en Casación N.° 680, p. 41418], Texto completo: ). § 531. La competencia se rige por sus reglas generales, salvo norma legal expresa. Tratándose de entidades públicas, cuando el conflicto de intereses tuviera su origen en una relación jurídica de derecho privado, se aplican las reglas generales de la competencia. P rim ero . [Cjontra la demanda interpuesta por [la empresa demandante], por la cual solicita que la Municipalidad Distrital de San isidro, en cumplimiento del Acuerdo de Transacción Extrajudicial suscrito el 17 de diciembre del 2003, se abstenga de ejecutar [una] Resolución de Alcaldía [...], la citada Comuna Edil formuló la excepción de incompetencia, tanto por razón del territorio como de la materia, sustentando la primera de ellas en que siendo la Municipalidad un gobierno local, de conformidad con lo previsto en el artículo 27 del Código Procesal Civil, la demanda debió ser interpuesta ante los jueces deí lugar donde esta tiene su sede, esto es [en el] Distrito de San Isidro, por lo que es competente el juez Civil de Lima y no el del Cono Este. Tercero. [La] Sala Superior, reproduciendo los fundamentos pertinentes de la apelada, estimó [...] que al ser la parte emplazada una entidad estatal con domicilio en el Distrito

♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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CODIGO PROCESAL CIVIL

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de San Isidro, la demanda debía interponerse ante el Juzgado Civil de Lima y no ante el Juzgado Civil del Cono Este [...]; no obstante ello, el Colegiado revocó la resolución apelada que disponía la remisión de los autos al Juez competente para que continúe el proceso, y reformándolo ordenó que el A quo cumpla con lo dispuesto en el inciso 5 del artículo 451 del Código Procesal Civil, [.,.] S étim o. [El recurrente] [...] cuestiona la motivación cifrapetita del auto recurrido, al no haberse pronunciado sobre todos los extremos del recurso de apelación interpuesto por la recurrente, principalmente sobre la aplicación a los autos del segundo párrafo del artículo 27 del Código Procesal Civil, La acotada norma procesal establece el supuesto de determinación de la competencia territorial especial para el caso de las demandas dirigidas contra los Gobiernos Central, Regional, Departamental, Local o ente de derecho público que hubiera dado lugar ai acto o hecho contra el que se reclama, así como las dirigidas contra el órgano constitucional autónomo o funcionario público que hubiera actuado en uso de sus atribuciones o ejercicio de sus funciones; en su primer párrafo, la norma señala que es competente el Juez del lugar donde tenga su sede la oficina o repartición respectiva; no obstante, esta regla tiene una excepción, que es la prevista en el segundo párrafo de la norma sub examen, según la cual cuando el conflicto de intereses tuviera su origen en una relación jurídica de derecho privado, se aplican las reglas generales de la competencia. [...] D écim o. [En] el caso de autos, el Colegiado Superior ha determinado la competencia del Juez Civil de Lima sobre la base de lo normado en el primer párrafo del artículo 27 del Código Procesal Civil, esto es, estableciendo el lugar donde tiene su sede ei gobierno local demandado, sin entrar al análisis de la excepción prevista en el segundo párrafo del mismo numeral, tal como lo proponía la empresa demandante, en virtud de lo cual esta podría acceder a la competencia del juez de su domicilio, es decir, del Juez del Cono Este de Lima, donde interpuso la demanda, en virtud a la aplicación de las regias generales de la competencia. D écim o P rim ero. Que, esta circunstancia ha dado lugar a que se expida una decisión que contiene un pronunciamiento infia petita, pues no se pronuncia sobre todos los extremos de la pretensión impugnatoria formulada en el recurso de la alzada, y con ello incumple la formalidad prevista en el artículo 122 incisos 3 y 4 Código Procesal Civil, vulnerando el principio de motivación de las resoluciones judiciales y, particularmente, el principio de congruencia procesal. (Casación N.° 4548-06-Lima, de 09-07-2006, ff. jj, 1, 3, 7, 10 y 11. Sala Civil Transitoria [EP, 01-04-2008, p. 21950]. Texto completo: ). § 532. Para conocer del proceso contencioso-administratívo, es competente el juez, del lugar en que se produjeron las actuaciones adm inistrativas impugnables que dieron lugar al acto administrativo m ateria de la demanda. Sétim o. [Con] relación al tema de la competencia territorial en los procesos contencioso administrativos en los que se demande al Estado [...] este Colegiado, en reiteradas ocasiones, ha sostenido que [...] es competente para conocer el proceso contencioso administrativo, a elección del demandante, eí Juez del lugar del domicilio del demandado o del lugar donde se produjo la actuación impugnable; y que lo previsto en la norma in fine, con relación a la competencia territorial, debe ser interpretado, en ei sentido de que es competente para conocer este tipo de procesos el Juez del lugar en que se produjeron las actuaciones administrativas impugnables que dieron lugar al acto administrativo, que es materia de la demanda; pues interpretar en sentido contrario esta norma, conduciría al absurdo de que casi todos los procesos contenciosos administrativos, se tramiten ante los jueces y tribunales de Lima, lugar donde tienen su sede los organismos públicos y en donde culminan, por lo general, todos los procedimientos administrativos. (Casación N.° 2422-2008-Amazonas, de 11-12-2008, f, j. 7. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente. Texto completo: ). § 533. Excepción de incom petencia por disposición de la ley. Principios de legalidad e irrenunciabilidad de la competencia. D em anda a persona juríd ica (m unicipalidad). Véase la jurisprudencia del inciso 1 del artículo 446o del Código Procesal Civil [§ 2958]. (Casación N.° 25812005-Cono Norte de Lima, de 21-04-2006, f. j. 4. Sala Civil Permanente [EP, 02-10-2006, p. 17133]. Texto completo: ).

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JURISDICCIÓN, ACCIÓN Y COMPETENCIA

Art. 28

JU RISPRUDENCIA DE LAS CORTES SUPERIORES

§ 534. Competencia en la capital de ía República, tratándose de organismos públicos que no tienen personería propia individualizada. C uarto. [...] [Encontrándose la Dirección de la Unidad de Servicios Educativos N.° 26 de Provincia de Barranca del departamento de Lima y la Dirección Departamental de Educación de Lima, a la que pertenece., representados por el Ministerio Educación del Gobierno Central, como ente rector, por no tener tales organismos personería propia individualizada, resulta competente el juez especializado en lo civil de la capital. (Exp. N.° 832-95, de 24-11-1995, £ 4. Segunda Sala Civil. Corte Superior de justicia de Lima. Texto completo: ).

Artículo 28: Determinación de ía competencia funcional La competencia funcional queda sujeta a las disposiciones de la Constitución, de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de este Código.

PLENOS JURISDICCIONALES

§ 535. Criterios de competencia funcional en los procesos de reivindicación, m ejor derecho de propiedad, prescripción adquisitiva de dominio, títulos supletorios y rectificación de áreas o linderos (inc. 1). Establecer la com petencia fu n cion a l en los procesos de reivindicación, m ejor derecho de propiedad, prescripción adquisitiva de dominio, títulos supletorios y rectificación de áreas o linderos. El Pleno acordó: “Corresponde conocer este tipo de procesos, a los Juzgados Especializados o Mixtos por contener una pretensión incuantificable y por mandato de la ley”. (Pleno jurisdiccional Distrital en Materias Civil, Laboral y Familia, realizado en Cajamarca, los días 14 y 15-06-2007. Conclusión N.° 6. Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 536. La competencia funcional permite establecer en qué casos una m isma m ateria puede ser conocida por Jueces de distinta especialidad o grado. Sexto. [Qonforme lo establece ai artículo 28 del Código Procesal Civil, la competencia por razón de la función queda sujeta a las disposiciones de la Constitución, de la Ley Orgánica del Poder judicial y del citado Código; este criterio permite establecer en qué casos una misma materia puede ser conocida por Jueces de distinta especialidad o grado. (Casación N.° 2108-03-Huánuco, de 25-05-2004, f. j. 6. Sala Civil Transitoria [EP, 30-092004, p. 12727]. Texto completo: ). § 537. La com petencia funcional sirve para llegar a establecer cuándo un litigio concreto queda o no dentro de los que puede conocer un juzgador. P rim ero. [Para] llegar a establecer cuándo un litigio concreto queda o no dentro de los que puede conocer un juzgador, las leyes procesales señalan ciertos factores a los que se conoce comúnmente como criterios o factores para determinar la competencia, como son la materia, la cuantía, el grado y el territorio. S egundo. [Los] dos últimos criterios que se aluden, esto es, grado y territorio, se les conoce también como competencia funcional, pues dependen de la organización del servicio de justicia mediante los cuales se atribuye a un Juzgador el conocimiento de una litis en una determinada instancia o grado y respecto de un territorio concreto. T ercero. [El] grado o ía instancia es un criterio para determinar ía competencia según que un litigio haya sido sometido o no al conocimiento de un Juez; en tal sentido, el artículo 28 del Código Procesal Civil prescribe que la competencia funcional queda sujeta a las disposiciones de la Constitución, de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de este Código. (Casación N.° 2265-99-Lambayeque, de 26-09-2000, ff. jj. 2 y 3. Sala Civil Permanente [EP, 02-01-2001, p. 6700]. Texto completo: ). * SUMMA PROCESAL CIVIL

Art. 29

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§ 538. Indeterm inación de la competencia por grado. D écim o. [Si] bien resulta cierto el mismo ordenamiento procesal ha regulado una fórmula ancha para los casos de duda de determinación de competencia, como es el caso del artículo 14 in fin e del citado Código adjetivo, eí cual señala que sí por la naturaleza de la pretensión u otra causa análoga no pudiera determinarse la competencia por razón de grado, es competente el Juez civil, en el caso de autos tal disposición no es aplicable ya que no se trata de un problema de complejidad de la pretensión o de su naturaleza, sino de una cuestión de determinación de la competencia en el que se discuten situaciones donde el órgano que expidió la resolución impugnada es similar o de mayor implicancia jurídica que la que está regulada en la ley, lo que por consiguiente no justifica que la competencia de grado que conocen ambas resoluciones sean diferentes, pues sería ilógico concebir la competencia del Juez Civil cuando la resolución es expedida por una autoridad unipersonal de carácter nacional pese a que la Sala Civil es competente para conocer una situación similar e incluso de menor entidad jurídica que aquella. (Casación N.° 2265-99-Lamb ayeque, de 26-09-2000, f. j. 10. Sala Civil Permanente [EP, 02-01-2001, p. 6700]. Texto completo: ). § 539. Si bien los jueces pueden evaluar y declarar en caso concreto, la existencia o no de la competencia funcional, también lo es que dicha declaración tiene que estar fundada en le y expresa. Q uinto. [Es] menester precisar que si bien constituye una facultad de los jueces evaluar y declarar en caso concreto, la existencia o no de la competencia funcional, también lo es que dicha declaración tiene que estar fundada en ley expresa, en mérito al principio de legalidad, previsto en el artículo 28 del Código Procesal Civil, que establece que la competencia funcional queda sujeta a las disposiciones de la Constitución, de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del mismo código adjetivo. [...] (Casación N.° 8335-2016-San Martin, de 31-10-2017, f. j. 5. Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria [EP, 03-04-2018, Sentencias en Casación N.° 744, p. 105827]. Texto completo: ).

Artículo 29: Casos de prevención Previene el Juez que emplaza en primer lugar al demandado. En caso de pluralidad de demandados en el mismo o en diferentes procesos, previene el órgano jurisdiccional que efectuó el primer emplazamiento.

J URISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 540. Es nula la sentencia de segunda instancia que no observó las reglas de pret ención del proceso. Previene el Juez que notifica primero al recurrente. Sétim o. [El] recurrente [..,] denunció que la Sétima Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima previno en el proceso en segunda instancia, debido a que resolvió el recurso de queja que presentó contra la resolución denegatoria de su recurso de apelación [...]; la decisión de la Sala Superior mencionada fríe emitida eí 04 de junio de 2012, [...] en tanto que la sentencia de revisión del presente proceso fue dictada por la Cuarta Sala Civil el 4 de septiembre de 2012, es decir, en fecha posterior a la decisión emitida por la Sétima Sala Civil, en ese sentido, conforme a lo dispuesto por los artículos 29, 30 y 31 del Código Procesal Civil, la competencia para emitir la sentencia de vista era de la Sétima Sala Civil. Pues se debe tener presente que la Sétima Sala Civil (que resolvió la queja de derecho por denegatoria del recurso de apelación) notificó primero al recurrente, esto es, en fecha 18 de julio de 2012 [...], en tanto que la Cuarta Sala Civil (que emitió la sentencia de vista) lo notificó el 1 de agosto de 2012 [...]. (Casación N.° 4335-2012-Lima, de 0905-2013, f. j. 7. Sala Civil Permanente [EP, 30-05-2014, Sentencias en Casación N.° 692, p. 51581]. Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DE LAS CORTES SUPERIORES

§ 541. Improcedencia de la prevención. Tiene lugar la prevención cuando el juez emplaza en primer lugar al demandado como lo dispone el artículo 29 del Código Procesal Civil. No hay prevención n o m o s & th e s is

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JURISDICCIÓN, ACCIÓN Y COMPETENCIA

si un juez conoce de un proceso de ejecución de garantía y posteriormente otro juez conoce de una demanda en donde se acumulan las pretensiones de nulidad de acto jurídico de cesión de derechos de hipoteca (garantía que es objeto de ejecución en el primer proceso), nulidad de escritura pública que lo contiene y cancelación de asiento registra!. (Exp. N.° 561-95-N, de 31-07-1995, sumílía. Primera Sala Civil. Corte Superior de justicia de Arequipa. Texto completo: ).

Artículo 30: Efectos de la prevención

;i.

cf í|

La prevención convierte en exclusiva la competencia del Juez en aquellos casos en los que por disposición de la ley son varios los Jueces que podrían conocer el mismo asunto.

Artículo 3 Í: Prevención de la competencia funcional En primera instancia la prevención solo es procedente por razón de territorio. En segunda instancia previene el órgano jurisdiccional que conoce primero el proceso. Este conoci­ miento se tiene efectuado por la realización de la primera notificación.

JURISPRUDENCIA PE LA CORTE SUPREMA

§ 543. Prevención de la competencia funcional. C uarto . [...] [En] el caso de la prevención regulada en el artículo 31 del Código Procesal Civil, esta se aplica cuando encontrándose en trámite un proceso judicial existen más de dos órganos jurisdiccionales de segunda instancia en aptitud legal de conocer, vía apelación, las incidencias que se produzcan en el proceso, previniendo aquel que conoce primero dicho proceso; siendo que en el caso sub materia no se presenta este supuesto por cuanto la acción de tercería de propiedad se tramita en distinto proceso y en una vía procedimental diferente a proceso en donde se afectó el bien; en tal sentido, carece de sustento fáctico y legal la denuncia del recurrente que se ha afectado el principio de prevención. (Casación N.° 425-2002-Lambayeque, de 19-08-2002, f. j. 4. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 30-09-2003, p. 10904], Texto completo: ), § 544. No se puede pretender cuestionar los presupuestos procesales del proceso prim igenio en sede casatoria invocando la infracción normativa de la competencia funcional. Tercero. La empresa recurrente invoca como causal de su recurso en la infracción normativa procesal, señalando que se ha rechazado la demanda cuando en realidad el escrito contenía el apersonamiento como litisconsorte al proceso civil [...] de tercería de propiedad seguido por [doña] A. S. A. contra [doña] B. C. P. que se sigue por ante el Quincuagésimo Octavo Juzgado Civil de Lima, proceso que en segunda instancia estaba siendo conocido por la Cuarta Sala Civil, por tanto, existe infracción normativa del artículo 31 del Código Procesal Civil, que establece que en segunda instancia previene el órgano jurisdiccional que conoce primero el proceso; por esta razón, ios autos debieron ser remitidos a la Cuarta Sala Civil, sin

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CPC

§ 542. El juez que em plaza en prim er lugar al demandado previene en el conocimiento de una causa, lo que im porta necesariamente la coexistencia de dos procesos idénticos. El juez que emplaza en primer lugar al demandado previene en el conocimiento de una causa, lo que importa necesariamente la coexistencia de dos procesos idénticos. No hay prevención si el primer proceso se declaró concluido al haber incurrido ambas partes a la audiencia de conciliación (arts. 472 y 203), de consiguiente el nuevo proceso debe seguirse ante el Juez que corresponda según las reglas de competencia y distribución de labor jurisdiccional (mesa de partes única), (Exp. N.° 710-95-N, Res. N.° 1, de 25-10-1995, sumilla. Primera Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Arequipa. Texto completo: ).

Art. 32

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embargo, la Sala de origen ha ignorado por completo su pedido de inhibitoria por prevención de fecha 13 de abril del 2009, el cual tampoco ha sido resuelto en el auto de vista que es materia del recurso, lo que vicia de nulidad lo resuelto. Cuarto. El recurso así sustentado no puede resultar viable en sede de casación, pues resulta evidente que la impugnante en esencia no denuncia la nulidad de la sentencia de vista, por infracción del artículo 31 del Código Procesal Civil, sino que cuestiona lo establecido en las instancias de origen acerca del incumplimiento de los presupuestos procesales de la demanda de tercería de propiedad, pretendiendo generar un debate que conduzca a la revisión en tercera instancia de lo que fue materia del pronunciamiento jurisdiccional en las instancias de origen; propósito que como ha sostenido este colegiado resulta contrario a la naturaleza y fines del recurso extraordinario de casación. (Casación N.° 3679-2009-Lima, de 04-11-2009, f. j. 4. Sala Civil Permanente [EP, 31-052010, Sentencias en Casación N.° 626, p. 27683]. Texto completo: ). § 545. La declaración sobre la competencia fon cío nal tiene que estar fondada en ley expresa.

Sexto. [Si] bien constituye una facultad de los jueces de las instancias de mérito, evaluar y declarar en cada caso concreto la existencia o no de la competencia funcional, también lo es que dicha declaración tiene que estar fundada en ley expresa, en mérito al principio de legalidad [...]. (Casación N.° 725-97-Arequipa, de 24-08-1998, ff. jj. 5 y 6. Sala Civil [EP, 05-10-1998, p. 1773]. Texto completo: ), § 546. Infracción del principio de jaez natural. Sala civil que indebidamente absuelve el grado de apelación de la sentencia de primera instancia pese a que existía prevención de otra sala civil del mismo distrito judicial. Q uinto. [...] [Las] reglas que rigen la competencia se inscriben dentro de la garantía constitucional del juez natural, que es entendida como el derecho que tienen las partes a que el conflicto de intereses o la incertidumbre jurídica sean resueltos por un tercero impardal e independiente predeterminado por ley; derecho que, a su vez, integra el contenido del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. [...] Sexto. [En] el caso en particular, al emitirse la recurrida se ha infringido el citado principio de juez natural [...] pues se aprecia de lo actuado que el órgano jurisdiccional que indebidamente absolvió el grado de apelación de la sentencia de primera instancia fue la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia [...] pese a que existía prevención de la Primera Sala Civil del mismo distrito judicial, tal como se aprecia de las resoluciones emitidas [...] siendo que dicha infracción de carácter insubsanable torna en nulo lo resuelto por dicha Sala Superior por resultar incompetente para asumir conocimiento del asunto que se discute [...]. (Casación N.° 1966-2010-Ica, de 31-08-2011, ff. jj. 5 y 6. Sala Civil Transitoria [EP 02-01-2012, Sentencias en Casación N.° 658, p. 32570]. Texto completo: ).

Artículo 32: Pretensiones de garantía, accesorias y complementarías Es competente para conocer la pretensión de garantía, así como de la pretensión accesoria, comple­ mentaria o derivada de otra planteada anteriormente, el Juez de la pretensión principal, aunque conside­ radas individualmente no alcancen o excedan el límite de la cuantía establecida para la competencia del Juez o de su competencia territorial.

PLENOS JU RISDICCIONALES

§ 547. Sí es posible demandar como pretensión principal o autónoma la indemnización por daños y perjuicios por inejecución de obligaciones. Véase la jurisprudencia del artículo 87° del Código Procesal Civil [§ 884]. (Pleno Jurisdiccional Distrital en Materia Civil, realizado en La Libertad, los días 22, 23 y 24-08-2007. Tema N.° 2. [Indemnización por daños y perjuicios por responsabilidad contractual]. Texto completo: ).

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JURISDICCION, ACCION Y COMPETENCIA

Art. 32

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 548. El juez competente para conocer una demanda de tercería de propiedad es aquel que dictó la medida cautelar que grava la propiedad del tercero. Conforme a la teoría del desplazamiento de la competencia, un mismo juez puede resolver varias pretensiones, aun cuando ana de ellas no sea de su competencia, produciendo una modificación de la regla general de la competencia, haciendo competente a un juzgado que no lo era inicialmente. 3.4. [...] [C] orresponde analizar la causal de infracción normativa procesal relacionada con la indebida aplicación del artículo 32 del Código Procesal Civil al caso de autos. Al respecto decimos lo siguiente: [...] b) [S] obte la base de la relevancia constitucional del Juez competente, corresponde analizar el contenido y alcances del artículo 32 del Código Procesal Civil a efecto de determinar si el Juez competente para conocer de la demanda de tercería de propiedad debe ser o no el Juez que dictó la medida cautelar con que se afectó el bien cuya propiedad invoca el tercerista, c) Sobre el particular, dicha norma procesal prevé que [...] es competente para conocer la pretensión de garantía, así como de la pretensión accesoria, complementaria o derivada de otra planteada anteriormente, elJuez de lapretensión principal, aunque consideradas individualmente no alcancen o excedan ei límite de la cuantía establecida para la competencia del Juez o de su competencia territorial d) Bajo dicho contexto normativo, tenemos que la disposición disgrega varias pretensiones a ser tomadas en cuenta al momento de determinar la competencia, a decir: a) Pretensión de garantía. - Mecanismo que utiliza el demandante a fin de obtener en forma anticipada tutela judicial, teniendo esta pretensión el carácter de principal, generando con su planteamiento la interposición de otras demandas también con carácter de principal, no contradictorias entre sí; b) Pretensión accesoria.- Se da cuando el demandante propone varias pretensiones advirtiendo que una de ellas tiene la calidad de principal y las otras constituyen pretensiones que dependen de la propuesta principal; y, c) Pretensión complementaria o derivada.- Las partes [demandante, demandado, tercero, litisconsorte] tienen interés en lo que se decida en el proceso, por cuanto van a ser afectados o favorecidos con el mismo. Es en esta última clasificación, que encuadra la pretensión del accionante, por cuanto la demanda de Tercería de Propiedad deriva del Expediente Principal [...] que se viene tramitando ante el Primer Juzgado Laboral de Lima, en el proceso laboral seguido por F. V. Q., sobre pago de beneficios sociales, cuyo resultado va a afecta)' de manera directa o indirecta al accionante, e) Cabe agregar que la norma cuya aplicación indebida se denuncia regula lo que en doctrina se denomina “desplazamiento de la competencia’ que permite que un mismo juez resuelva varias pretensiones, aun cuando una de ellas no sea de su competencia, produciendo una modificación de la regla general de la competencia, haciendo competente a un juzgado que no lo era inicialmente. La razón de ese desplazamiento busca evitar sentencias contradictorias y realizar el principio de economía procesal, f) Por tanto, resultará competente el juzgado laboral para conocer de la demanda; concluyéndose que lo resuelto por las instancias de mérito se ajusta a Derecho, y al no advertirse infracción alguna a las disposiciones denunciadas, el recurso de casación debe desestimarse. (Casación N.° 1734-2012-Lima, de 24-05-2013, f. j. 3.4. Sala Civil Transitoria [EP, 31-03-2014, Sentencias en Casación N.° 690, p. 49825]. Texto completo: ). § 549. Cuando se interponga una demanda con pretensión accesoria, el juez de la pretensión principal es el competente para dirimir en el proceso. D écim o P rim ero. [...] [En] nuestro ordenamiento jurídico-procesal se dan situaciones en las que la competencia del juez se determina también en virtud a aquellos procesos iniciados con anterioridad a la formulación de la pretensión principal y en ese contexto debemos indicar que el artículo 32 del Código Procesal Civil preceptúa que es competente para conocer la pretensión de garantía así como de la pretensión accesoria complementaria o derivada de otra planteada anteriormente el juez de ia pretensión principal aunque consideradas individualmente no alcancen o excedan el límite de la cuantía establecida para la competencia del juez o de su competencia territorial configurándose eí desplazamiento de la competencia permitiéndose que un mismo juez resuelva varias pretensiones aun cuando una de ellas no sea de su competencia pues la razón de ser de dicho dispositivo es evitar la expedición de sentencias contradictorias y aplicar el principio de economía procesal al tratarse de repetir los mismos actos, producir las mismas pruebas y ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

Art. 33

CÓDIGO PROCESAL CIVIL

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requerir idéntica actividad de juzgados diferentes. (Casación N.° 1734-2012-Lima, de 24-05-2013, f. j. 11 del voto en minoría de la señora jueza Valcárcel Saidaña. Sala Civil Transitoria [EP, 31-03-2014, Sentencias en Casación N.° 690, p. 49825]. Texto completo: ). § 550. Puede aplicarse la competencia facultativa del cum plim iento de la obligación o contrato cuando la indem nización se dem anda como pretensión accesoria. C uarto. [De] conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Código Procesal Civil concordado con el artículo 1428 del Código Civil, solamente cuando se demanda como pretensión accesoria la indemnización por daños y perjuicios resulta aplicable la competencia facultativa de la pretensión principal de cumplimiento de la obligación o contrato. Q uinto. [En] sentido contrario, cuando se demanda como única pretensión la indemnización por daños y perjuicios derivados del cumplimiento defectuoso de una obligación no resulta aplicable la competencia facultativa del lugar del cumplimiento de la obligación. Sexto. [En] el caso submateria, no se ha demandado acumulativamente la indemnización por daños y prejuicios, sino que esta ha sido planteada como única pretensión; por lo tanto no es aplicable la competencia facultativa prevista en el artículo 24 inciso 4 del Código Procesal Civil. (Casación N.° 2365-99-LÍnia, de 23-05-2000, ff. jj. 4-6. Sala Civil [EP 18-08-2000, p. 5983]. Texto completo: ).

Artículo 33: Medida cautelar y prueba anticipada Es competente para dictar medida cautelar antes de la iniciación del proceso y para la actuación de la prueba anticipada, el Juez competente por razón de grado para conocer la demanda próxima a interpo­ nerse.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 551. Es competente para conocer la prueba anticipada el juez de la demanda próxima.

C uarto . [...] [De] conformidad con el artículo 33 del Código Procesal Civil, es competente para conocer la prueba anticipada el juez de la demanda próxima a interponerse; y habiéndose actuado la prueba anticipada ante el juez de la Corte Superior de Justicia de lea correspondía a los órganos jurisdiccionales de esa sede conocer la demanda, a lo que se agrega que el Banco de la Nación tiene oficinas descentralizadas a nivel nacional [...]. (Casación N.° 4140-2013-Ica, de 17-11-2014, f. j. 4. Sala Civil Transitoria [EP, 02-03-2015, Sentencias en Casación N.° 701, p. 60780]. Texto completo: ).

Artículo 34: Procesos de ejecución Los procesos de ejecución se someten a las reglas generales sobre competencia, salvo disposición distinta de este Código.

CAPÍTULO II CUEST10NAMIENT0 DE LA COMPETENCIA Artículo 35: Incompetencia La incompetencia por razón de materia, cuantía, grado, turno y territorio, esta última cuando es improrrogable, se declarará de oficio al calificar la demanda o excepcionalmente en cualquier estado y grado del proceso, sin perjuicio de que pueda ser invocada como excepción.(1) n o m o s & th e s is

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JURISDICCIÓN, ACCIÓN Y COMPETENCIA

Art. 35

NOTA DE ACTUALIZACIÓN

(1) Artículo modificado por el artículo 2 de la Ley N.° 30293 {EP, 28-12-2014), que entró en vigencia a los 30 días hábiles de su publicación en el diario E l P e ru a n o . Anteriormente había sido modificado por el artículo 1 de la Ley N.° 28544 (EP, 16-06-2005).

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 552. La incom petencia puede ser declarada de oficio en cualquier estado del proceso, siendo no necesaria que sea invocada por las partes. Sexto. [Examinado] el proceso se advierte que las instancias de mérito se han sujetado a lo actuado y al derecho, no verificándose falta de fundamento ni motivación que amerite amparar la infracción por la cual se declaró procedente el recurso de casación, al haber sustentado adecuadamente el colegiado superior que el juzgado competente para tramitar el presente proceso de obligación de dar suma de dinero debió ser el mismo que tramitó el proceso no contencioso de prueba anticipada, esto es el juzgado comercial, competencia que puede ser declarada de oficio en cualquier estado del proceso conforme así lo establece el artículo 35 del Código Procesal Civil, por lo que no resultaba necesario que esta sea invocada por las partes [...]. (Casación N.° 2612012-Lima, de 17-01-2013, fi j. 6. Sala Civil Transitoria [EP, 30-09-2013, Sentencias en Casación N.° 683, p. 44063]. Texto completo: ). § 553. Con posterioridad a la etapa de saneamiento, el a q u o puede tam bién declarar su incom petencia por razón de m ateria; en el presente caso, el Juzgador no lo hizo. S egundo. [La] Ley N.° 27295 [...] vigente desde el 29 de junio del 2000, [...] referida a la competencia para resolver impugnaciones a decisiones de INDECOPI o de la junta de Acreedores, no permite que los Juzgados Civiles conozcan o continúen conociendo una acción como la planteada como pretensión principal en autos -que persigue impugnar un acuerdo de Junta de acreedores- la misma que se reserva solo a las Comisiones Ad hoc, la Comisiones de Reestructuración Patrimonial o el Tribunal del INDECOPI en la sede administrativa, y a la Corte Suprema de Justicia de la República en sede jurisdiccional en la vía del proceso Contencioso Administrativa, siendo las disposiciones procesales de la acotada Ley de aplicación a los procedimientos en trámite, sea cual fuere la etapa en la que se encuentren, como lo contempla la Segunda Disposición Transitoria y Final de esa misma Ley. T ercero . [La] competencia es un presupuesto procesal de las demandas y resulta ser un requisito indispensable para establecer una correcta relación jurídico-procesal que permita luego una sentencia válida, siendo que al emitirse el auto de saneamiento procesal es el momento principal en el que se examinarán los referidos presupuestos; que con posterioridad a la etapa de saneamiento el a quo puede también declarar su incompetencia en aplicación de lo dispuesto por el artículo 35 del Código Adjetivo, pero sin embargo en el presente caso el Juzgador no lo hizo. (Casación N.° 750-2002-Lima, de 22-08-2002, ff. jj, 2 y 3. Sala Civil Transitoria [EP, 02-12-2002, p. 9631], Texto completo: ). § 554. Eí único supuesto previsto por la ley para que el órgano jurisdiccional declare su incompetencia de oficio es cuando esta sea de carácter im prorrogable. O ctavo. [En] lo relativo a la competencia territorial, el único supuesto previsto por la ley para que eí órgano jurisdiccional declare su incompetencia de oficio es cuando esta sea de carácter improrrogable, según se desprende de lo dispuesto en el artículo 35 del Código Procesal Civil, sin perjuicio de que pueda ser invocada como excepción. [...] (Casación N.° 4683-2007-Santa, de 24-01-2008, f. j. 8. Sala Civil Permanente [EP, 03-09-2008, p. 22899]. Texto completo: ). § 555- Eí juez de oficio puede declarar su incompetencia en cualquier estado del proceso.

D écim o. El artículo 35 del Código Procesal Civil establece que la incompetencia por razón de la materia se declara de oficio en cualquier estado y grado del proceso, pues es indudable que está prohibido a un órgano jurisdiccional conocer materias que no le competen; por lo que, dentro del marco constitucional de respeto al principio del juez natural, el vicio por incompetencia resulta de tal trascendencia que el órgano jurisdiccional al advertir su existencia no debe analizar nuevas actuaciones procesales sino cumplir inmediatamente el mandato legal, al encontrarnos frente a un caso de nulidad absoluta que ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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CODIGO PROCESAL CIVIL

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se presenta siempre que un acto procesal adolezca de una circunstancia fijada en las leyes procesales como necesaria para que el acto produzca sus efectos. (Casación N.° 1153-2014-Tacna, de 19-07-2015, f. j. 10. Sala Transitoria de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema [EP, 30-10-2015, Sentencias en Casación N.° 708, p. 69382]. Texto completo: ). § 556. La com petencia funcional y la com petencia por el grado se caracterizan por ser absolutos, no siendo factible que opere la prórroga convencional o tácita de la competencia. Juzgado de Paz es un órgano incompetente en una pretensión que resulta inapreciable en dinero. C uarto. [,..] [El] artículo 488 del Código Procesal Civil prevé que los Jueces de Paz Letrados son competentes para conocer asuntos relativos a derechos reales, siempre y cuando la cuantía de la pretensión no sea superior a las cincuenta Unidades de Referencia Procesal; no siendo posible de modo alguno que tales órganos jurisdiccionales se avoquen al conocimiento de procesos civiles cuya pretensión sea inapreciable en dinero o cuando haya duda sobre su monto, en cuyos casos la competencia está reservada a los Jueces Civiles o Mixtos como ha quedado establecido en el inciso 3 del artículo 475 del citado Código [Procesal] Civil. Q u i n t o . [En] el presente caso, conforme se desprende de los documentos anexados a la demanda y los demás que obran en autos, la sentencia [...] ha sido dictada por [un] Juez de Paz Letrado [...] [en una] litis [en la que] se ha debatido una pretensión que resulta inapreciable en dinero, [pese a que dicho] Juzgado de Paz Letrado [es un] órgano jurisdiccional que resultaba Incompetente para conocer aquel proceso. Sexto. [Es] preciso tener en cuenta que la competencia funcional o competencia por el grado está sujeta a las disposiciones establecidas en la Constitución Política del Estado; la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Código Procesal Civil, por tanto esta competencia tiene carácter absoluto, ello quiere decir que no es factible que haya operado la prórroga convencional o tácita de la competencia, ni menos puede admitirse la posibilidad de que haya mediado la delegación de la competencia en beneficio del Juez de Paz Letrado; en consecuencia, al haberse tramitado la litis por ante un Juez incompetente, se ha afectado gravemente el debido proceso, toda vez que por mandato del artículo 35 del Código Procesal Civil es nulo todo lo actuado por ante juez incompetente. (Proceso de Amparo Exp. N.° 959-2005-La Libertad, de 08-09-2005, ff. jj. 4-6. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 28-042006, Procesos Constitucionales, p. 5634], Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DE LAS CORTES SUPERIORES

§ 557. Competencia improrrogable por razón del territorio. Q u i n t o . [Cuando] la competencia es improrrogable por razón del territorio, el cuestionamiento de ella puede declararse de oficio en cualquier estado y grado del proceso [..,]. (Exp. N.° 1738-95, de 14-09-1995, f. j. 5. Cuarta Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

§ 558. Si en sede de casación no se cuestiona la incompetencia por razón de materia, no puede ser declarada de oficio por el juez, dado el carácter excepcional del recurso de casación. 12. De autos se desprende que, en su recurso de casación, la empresa [demandada] alegó -entre otras causalesla contravención de las normas que garantizan el derecho al debido proceso y la infracción de las formas esenciales para la eficacia y validez de los actos procesales. Sin embargo, entre los fundamentos que motivaron dichas alegaciones no se cuestionó, en ningún momento, la competencia por razón de la materia de las instancias judiciales que conocieron el referido proceso. 13. Más aún, [..,] la empresa [demandada] no cuestionó -ni pretendió cuestionar- la competencia de las instancias judiciales para conocer el procese como uno de naturaleza civil dadas las características de la materia controvertida (entrega de acciones, pago de dividendos). 14. [Sin embargo, se ha] constatado que la Sala demandada se pronunció sobre [una excepción de incompetencia que no había sido alegada por ninguna de las partes y declaró la nulidad de todo lo actuado, aplicando indebidamente el principio íura novit curia en sede de casación] [...] 15. Al respecto, el Tribunal Constitucional tiene dicho que, por su propia naturaleza, el recurso de casación es un medio impugnatorio de carácter excepcional [...]. De ahí n o m o s & th e s is

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JURISDICCIÓN, ACCIÓN Y COMPETENCIA

Alt

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que, por regla general, el principio iura novit curia no pueda ser invocado en sede casatoria. (Exp. N.° 7022-2006-PA/TC, de 19-06-2007 [Web: 31-07-2007 / EP: 02-10-2007], ff. jj. 12-15. Texto completo: ).

Artículo 36: Efectos de la incompetencia Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 35 el Juez al declarar su incompetencia lo hace en resolución debidamente motivada y dispone la inmediata remisión del expediente al órgano jurisdiccional que considere competente. Si en los casos indicados en el artículo 35 el Juez a quien se remite el proceso se declara incompetente, se observan las siguientes reglas: 1. Tratándose de un conflicto por la materia, se remite el proceso al órgano jurisdiccional superior de la especialidad. Si los órganos jurisdiccionales en conflicto pertenecen a distintos distritos judiciales, se remite a la sala correspondiente de la Corte Suprema. 2. Tratándose de la cuantía, se remitirá el proceso a la Sala Civil de la Corte Superior correspondiente. 3. Tratándose del territorio, se remite el proceso a la Sala Civil correspondiente de la Corte Superior o de la Corte Suprema, según corresponda.(1) NOTA DE ACTUALIZACIÓN

(1) Artículo modificado por el artículo 2 de la Ley N.° 30293 (EP, 28-12-2014), que entró en vigencia a los 30 días hábiles de su publicación en el diario E l P e ru a n o . Anteriormente había sido modificado por el artículo 1 de ía Ley N.° 28544 (EP, 16-06-2005).

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 559. ES juez puede declarar de oficio su incompetencia y declarar nulo todo lo actuado en el proceso. O c t a v o . [...] Nuestro Código Procesal Civil, en su artículo 35 establece: “La incompetencia por razón de materia, cuantía, grado, turno y territorio, esta última cuando es improrrogable, se declarará de oficio, en cualquier estado y grado del proceso, sin perjuicio de que pueda ser invocada como excepción”, además el artículo 36 del acotado Código, dispone “al declarar su incompetencia, el juez declarará asimismo la nulidad de lo actuado y la conclusión del proceso, con excepción de lo dispuesto en el inciso 6) del artículo 451”. (Casación N.° 3655-2012-Líma, de 24-05-2013, f. j. 8. Sala Civil Transitoria [EP, 30-04-2014, Sentencias en Casación N.° 691, p. 51053]. Texto completo: ).

Artículo 37: Cuestionamiento exclusivo La competencia de los Jueces de Paz Letrados y de Paz solo se cuestiona mediante excepción. (1> NOTA DE ACTUALIZACIÓN

(1) Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley N.° 28544 (EP, 16-06-2005). De conformidad con la única disposición transitoria de la Ley N.° 28544 (EP, 16-06-2005), las normas contenidas en la citada Ley rigen para los procesos judiciales que se inicien a partir de su vigencia.

Artículo 38: Contienda de competencia La incompetencia territorial relativa puede ser invocada, excluyentemente, como excepción o como contienda. La contienda de competencia se interpone ante el Juez que el demandado considere competente, dentro de los cinco días de emplazado y ofreciendo los medios probatorios pertinentes. ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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CODIGO PROCESAL CIVIL

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El Juez rechazará de plano Ea contienda propuesta extemporáneamente o cuando es manifiestamente improcedente o temeraria. Cuando la temeridad consista en Ea creación artificiosa de una competencia territorial, la parte responsable será condenada al pago del monto máximo de la multa prevista por el artículo 46, y el Juez, de oficio o a pedido de parte, oficiará al Ministerio Público, de ser el caso. Si el Juez admite la contienda oficiará al Juez de la demanda, pidiéndole que se inhiba de conocerla y solicitando, además, la remisión del expediente. Con el oficio le anexa copia certificada del escrito de contienda, de sus anexos, de la resolución admisoria y de cualquier otra actuación producida. Adicionalmente al oficio, el Juez de la contienda dará aviso inmediato por fax u otro medio idóneo.(1) N O TA DE A C T U A L IZ A C IÓ N

{1) Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley N.° 28544 (EP, 16-06-2005). De conformidad con la única disposición transitoria de la Ley N.° 28544 (EP, 16-06-2005), las normas contenidas en la citada Ley rigen para los procesos judiciales que se inicien a partir de su vigencia.

Si recibido el oficio y sus anexos, el Juez de la demanda considera que es competente el Juez de la contienda, le remitirá el expediente para que conozca del proceso. Esta decisión es inimpugnable.(1) N O TA DE A C T U A L IZ A C IÓ N

(1) Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley N.° 28544 (EP, 16-06-2005). De conformidad con la única disposición transitoria de la Ley N.° 28544 (EP, 16-06-2005), las normas contenidas en la citada Ley rigen para los procesos judiciales que se inicien a partir de su vigencia.

Artículo 40: Conflicto de competencia Si el Juez de la demanda se considera competente suspenderá el proceso y remitirá todo lo actuado, inclusive el principal, al superior que deba dirimir la competencia, oficiando al Juez de la contienda.(1) N O TA D E A C T U A L IZ A C IÓ N

(1) Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley N.° 28544 (EP, 16-06-2005). De conformidad con la única disposición transitoria de la Ley N.° 28544 (EP, 16-06-2005), las normas contenidas en la citada Ley rigen para los procesos judiciales que se inicien a partir de su vigencia.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 560. Resolución im pugnada incurre en exceso de pronunciam iento al declarar improcedente la dem anda, cuando el proceso fue elevado a su conocimiento exclusivamente para que resuelva el conflicto negativo de competencia. P rim ero. [E]sta Sala de Derecho Constitucional y Social ha asumido jurisdicción por remisión hecha por la Sala Civil de este Supremo Tribunal, dada la materia en controversia. S egundo. [Pjara absolver el grado debe definirse el recurso que corresponde, ya que pese a que el demandante interpone uno de apelación, la Sala de mérito lo concede como de casación, entendiendo que se trata de un auto que pone fin al proceso. Tercero. [S]Ín embargo, de acuerdo al artículo 358 del Código Procesal Civil es el impugnante el que debe adecuar el medio que utiliza al acto procesal que impugna, no el Organo Jurisdiccional, como ha ocurrido en este caso, en que incluso se determina erróneamente que debe concederse un recurso de casación contra un auto que no es expedido en revisión sino en primera instancia, al resolver una recusación y un supuesto saneamiento del proceso. C uarto. [Corresponde], por tanto, resolver el recurso de apelación interpuesto; debe n o m o s & th e s is

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JURISDICCION, ACCION Y COMPETENCIA

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observarse también que la resolución impugnada incurre en exceso de pronunciamiento al declarar improcedente la demanda, cuando el proceso fue elevado a su conocimiento exclusivamente para que resuelva ei conflicto negativo de competencia suscitado entre los Juzgados Civil y de Trabajo de Talara. Q uinto . [La] economía procesal no puede justificar ei atentado contra la garantía de la doble instancia para calificar o rechazar una demanda cuya competencia es del Juzgado Especializado, de manera que se ha incurrido en una omisión de la obligación de absolver el conflicto elevado [...]. (Casación N.° 83-98-Piura, de 24-06-1999, ffi jj. 1-5. Sala de Derecho Constitucional y Social [EP, 27-04-2000, p. 5219]. Texto completo: ).

Artículo 41: Resolución de la contienda ante el superior La contienda de competencia entre Jueces Civiles del mismo distrito judicial la dirime la Sala Civil de la Corte Superior correspondiente. En los demás casos, la dirime la Sala Civil de la Corte Suprema. El superior dirimirá la contienda dentro de cinco días de recibido los actuados, sin dar trámite y sin conceder el informe oral. El auto que resuelve la contienda ordena la remisión del expediente al Juez declarado competente, con conocimiento del otro Juez, 0) NOTA D E A C T U A L IZ A C IÓ N

(1) Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley N.° 28544 (EP, 16-06-2005). De conformidad con la única disposición transitoria de la Ley N.° 28544 (EP, 16-06-2005), las normas contenidas en la citada Ley rigen para los procesos judiciales que se inicien a partir de su vigencia.

Artículo 42: Conservación de la eficacia cautelar La medida cautelar otorgada por ei Juez de la demanda, antes de recibir el oficio del Juez de la contienda, conserva su eficacia aunque se suspenda el proceso. Suspendido el proceso, no se otorgarán medidas cautelares.(1) NOTA DE A C T U A L IZ A C IÓ N

(1) Artículo modificado por el artículo 1 de ía Ley N.° 28544 (EP, 16-06-2005). De conformidad con la única disposición transitoria de la Ley N.° 28544 (EP, 16-06-2005), las normas contenidas en la citada Ley rigen para los procesos judiciales que se inicien a partir de su vigencia.

JU RISPRUDENCIA DE LAS CORTES SUPERIORES

§ 561. Suspensión de la tram itación civil cuando una sentencia penal pueda influir en la que debe dictarse sobre el pleito civil. [El] artículo 3o del Código de Procedimientos Penales [...] [establece que] el Juez suspenderá la tramitación civil siempre que juzgue que la sentencia penal puede influir en la que debe dictarse sobre el pleito civil; [...] cabe señalar que la ley concede amplia protección a la defensa de los derechos mientras estén en tela de juicio, mas una vez que la ley ha declarado el derecho de una de las partes por el órgano de los jueces, toda dilación inmotivada en el cumplimiento del fallo, es un ataque a ese derecho y causa de alarma para todos [...]. (Exp. N.° 231-95, de 15-051995. Quinta Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ).

Artículo 43: Continuación del proceso principa! Recibido el expediente, el Juez competente continuará el trámite del proceso volviendo a conceder el plazo para contestar la demanda.{1)

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CÓDIGO PROCESAL CIVIL

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M O TA DE A C T U A L IZ A C IÓ N

(1) Artículo modificado por el articulo 1 de la Ley N.° 28544 (EP, 16-06-2005). De conformidad con la única disposición transitoria de la Ley N.° 28544 (EP, 16-06-2005), las normas contenidas en la citada Ley rigen para los procesos judiciales que se inicíen a partir de su vigencia.

Artículo 44: Convalidación de la medida cautelar A pedido de parte, y siempre que la competencia fuera decidida a favor del Juez de la contienda, este deberá efectuar, como Juez de primer grado, un reexamen de los presupuestos de la medida cautelar preexistente. El pedido de reexamen es procedente cuando no se ha apelado la medida, o cuando la parte se ha desistido de dicho recurso.(1) N O TA DE A C T U A L IZ A C IÓ N

(1) Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley N,° 28544 (EP, 16-06-2005). De conformidad con la única disposición transitoria de la Ley N.° 28544 (EP, 16-06-2005), las normas contenidas en la citada Ley rigen para los procesos judiciales que se inicien a partir de su vigencia.

Artículo 45; Costas y costos Si el incidente se resuelve a favor del Juez de la contienda, las costas y costos debe pagarlas el demandante. Si se dirime a favor del Juez de la demanda, serán pagadas por quien promovió la contienda.{1) N O TA DE A C T U A L IZ A C IÓ N

(1) Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley N.° 28544 (E P 16-06-2005). De conformidad con la única disposición transitoria de la Ley N.° 28544 (EP, 16-06-2005), las normas contenidas en la citada Ley rigen para los procesos judiciales que se inicien a partir de su vigencia.

Artículo 46: Multas La parte que, con mala fe, promueve una contienda será condenada por el órgano jurisdiccional dirimente a una multa no menor de cinco ni mayor de quince Unidades de Referencia Procesal.(1) N O TA DE A C T U A L IZ A C IÓ N

{1} Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley N.° 28544 (EP, 16-06-2005). De conformidad con la única disposición transitoria de la Ley N,° 28544 (EP, 16-06-2005), las normas contenidas en la citada Ley rigen para los procesos judiciales que se inicien a partir de su vigencia.

CAPITULO III COMPETENCIA INTERNACIONAL Articuló 47: Competencia dél Juez peruano Es competente el Juez peruano para conocer los procesos en los casos señalados en el Título il del Libro X del Código Civil. n o m o s & th e s ís

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JURISDICCIÓN, ACCIÓN Y COMPETENCIA

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JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 562. El cuestionamiento de la competencia no es apreciable en sede casatoria. Séptim o. [La] denuncia referida en el ítem b) del fundamento cuarto de la presente resolución tampoco cumple con los requisitos de procedencia dispuestos en los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código Procesal Civil, pues lo que se cuestiona (artículos I del Título Preliminar y 47 del Código Procesal Civil; 2057 y 2062 del Código Civil) son asunto de competencia de Juzgado, tema ajeno a sede casatoria y que ya ha sido resuelta por el órgano de grado, más aún si la agraviada domicilia en territorio nacional y si los hechos también se han practicado en el país. [...] (Casación N.° 1587-2015-Lima Este, de 15-06-2015, f. j. 7. Sala Civil Permanente [EP, 30-12-2015, Sentencias en Casación N.° 710, p. 73311]. Texto completo: ).

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SECCIÓN SEGUNDA SUJETOS DEL PROCESO TÍTULO S ÓRGANOS JUDICIALES Y SUS AUXILIARES CAPÍTULO I JUZGADOS Y CORTES Artíbulo 48: Finalidad Las funciones del Juez y de sus auxiliares son de Derecho Público. Realizan una labor de conjunto des­ tinada a hacer efectiva la finalidad del proceso. El incumplimiento de sus deberes es sancionado por la ley.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA *I

§ 563. El órgano jerárquico superior está facultado y debe orientar al juez de la causa sobre la forma de determ inar el monto por concepto de reembolso. El juez debe prim ar la necesidad de un pronunciam iento sobre el fondo y no d ilatar el proceso excesivamente. S egundo. [Doña] ELWS y otros, en la condición de herederos de don GTWV, demandan el pago de la suma de SI. 138.000 nuevos soles, por concepto de reembolso por disfrute indebido y exclusivo de diversos bienes de la masa hereditaria dejada por su causante, acción que la dirige contra sus hermanos MAWC, YMWC, sustentándola en que aproximadamente desde el año 1994 sus hermanos han venido disponiendo y obteniendo provechos de los bienes comunes dejados por su padre, sin hacer partícipes a los demás herederos. Tercero. Que, mediante sentencia [...] el Colegiado de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huaura, al revocar la sentencia apelada y declarar improcedente la demanda, concluyó que esta no podía prosperar en tanto no se establezca primeramente el porcentaje de acciones y derechos que le asiste a cada uno de los herederos, lo que solo podrá determinarse a través de un proceso de partición judicial o extrajudicial. C uarto. [No] obstante ello, conforme a lo dispuesto en el artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil, norma concordante con el artículo 48 del mismo cuerpo de leyes, todo justiciable tiene el derecho de obtener un pronunciamiento sobre el fondo de las pretensiones deducidas, correspondiendo al juzgador hacer efectiva la finalidad del proceso, encontrándose facultado incluso para ordenar los actos procesales necesarios al esclarecimiento de los hechos controvertidos, tal y como se lo faculta el artículo 51 del anotado Código Procesal. Q uinto. [Si] bien el Colegiado de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huaura, a efectos de dar solución a la litis, concluyó acerca de la necesidad de que los accionantes inicien previamente un proceso de división y partición, no menos cierto es, que dado el tiempo transcurrido desde el inicio del presente proceso, tal decisión solo generaría una dilación innecesaria, la qué es contraria a los fines del proceso. Sexto. [En] tal sentido, correspondía al órgano de vista, en uso de la facultad conferida en el artículo 51 del Código Procesal anotado, dictar las orientaciones necesarias a fin de que el juez de la causa realice una pericia valorativa de los frutos que por concepto de reembolso se demandan ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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Art. 49

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[...]. (Casación N.° 1886-2009-Huaura, de 25-03-2010, íf. jj. 2-6. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 31-01-2011, Sentencias en Casación N.° 636, p. 29422], Texto completo: ), § 564. El Poder Judicial debe tomar conciencia de la im portancia de cada una de las expresiones contenidas en una resolución, especialmente cuando se incorporan en ellas frases inexpresivas, ajenas a lo que se entiende como la auténtica convicción del juzgador (inc. 4). III. [...] 3. [...] Analizados cada uno de los aspectos involucrados en los fundamentos cuestionados por el impugnante, esta Sala debe reconocer que, (1) en efecto, las sentencias de primera y segunda instancia incurren en errores conceptuales y graves contradicciones arguméntales; (2) que todo aquello deriva en un acto arbitrario, pues se niega una debida respuesta jurisdiccional al pedido de tutela del justiciable, llegando a sostenerse que “la desposesión no la hace sujeto para el reclamo jurisdiccional de reposición5y que “la decisión en tal sentido resultaría impracticable por no encontrarse en uso directo de la cosa5; (3) que, ante tales evidencias, es necesario que el Poder Judicial en su conjunto tome conciencia de la importancia de cada una de las expresiones contenidas en una resolución, pues no se cumple con la garantía judicial que contiene la Constitución, referida a la debida motivación de las resoluciones, cuando se incorporan en ellas frases inexpresivas, ajenas a lo que se entiende como la auténtica convicción del Juzgador. En consecuencia, existe agravio en cada una de las expresiones cuestionadas. (Casación N.° 166-94-Lima, de 19-04-1995, f. j. III.3. Sala Civil. Texto completo: ). § 565. La om isión de los relatores de suscribir resoluciones no constituye transgresión al derecho del debido proceso. Tercero. [...] [En] cuanto a la alegada omisión de los relatores de suscribir resoluciones, se trata de una deficiencia de estos auxiliares de justicia que no constituye una transgresión al derecho al debido proceso. (Casación N.° 2208-2002-Líma, de 12-08-2002, f. j. 3. Sala Civil Transitoria [EP, 02- 12-2002, p. 9628]. Texto completo: ).

Artícuio 49: Órganos judiciales en el área civil La justicia civil es ejercida por los Jueces de Paz, de Paz Letrados, Civiles, de las Cortes Superiores y de la Corte Suprema.

CAPÍTULO II DEBERES, FACULTADES Y RESPONSABILIDADES DE LOS JUECES EN EL PROCESO

Son deberes de los Jueces en el proceso: 1. Dirigir el proceso, velar por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para impedir su paralización y procurar la economía procesal; 2. Hacer efectiva la igualdad de las partes en el proceso, empleando las facultades que este Código les otorga; 3. Dictar las resoluciones y realizar los actos procesales en las fechas previstas y en el orden que ingresan al despacho, salvo prelación legal u otra causa justificada; 4. Decidir el conflicto de intereses o incertidumbre jurídica, incluso en los casos de vacío o defecto de la ley, situación en la cual aplicarán los principios generales del derecho, la doctrina y la jurisprudencia; 5. Sancionar aj Abogado o a la parte que actúe en el proceso con dolo o fraude; 6. Fundamentar los autos y las sentencias, bajo sanción de nulidad, respetando los principios de jerarquía de las normas y el de congruencia. n o m o s & th e s is

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El Juez que inicia la audiencia de pruebas concluirá el proceso, salvo que fuera promovido o separado. El Juez sustituto continuará el proceso, pero puede ordenar, en resolución debidamente motivada, que se repitan las audiencias, si lo considera indispensable. JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA, DE LAS CORTES SUPERIORES Y DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL_________ ___________________________ ______________________ _______ DIRECCIÓN DEL PROCESO: RÁPIDA SOLUCIÓN Y PARALIZACIÓN DEL PROCESO (INCISO 1)

§ 566. La declaración de rebeldía no requiere de la petición de la parte contraria, el juez debe declararlo de oficio, conforme al principio de dirección e impulso del proceso (inc. 1). 8. [Es] preciso indicar que la doctrina nacional más autorizada señala lo siguiente: “La declaración de rebeldía no requiere de la petición de la parte contraria; el juez debe declararlo de oficio en aras de impulsar el proceso por sí mismo, a fin de evitar la demora de este [...] La rebeldía se justifica en la necesidad de evitar que el proceso, a consecuencia de la inactividad de una de las partes, quede detenido y se frustre la tutela jurisdiccional del Estado. Para que opere esta declaración de rebeldía se requiere que existan los siguientes presupuestos: a) una oportuna y válida citación; b) la inactividad a la realización del acto requerido; y c) la declaración de oficio” [Ledesma]. 9. Habiéndose determinado que la correspondiente declaración de rebeldía de los demandados podría ser solicitada por la parte accionante; no obstante ello, se trata de un deber procesal del juzgador, el cual debe ser ejercido conforme al principio de dirección e impulso del proceso, cuya omisión no puede ser imputable a la demandante. (Casación N.° 2594-2014-Arequipa, de 22-07-2015, ff. jj. 8 y 9- Sala Civil Permanente [EP, 31-08-2016, Sentencias en Casación N.° 717, p. 82204], Texto completo: ). § 567. El juzgador puede verificar la correcta calificación de los hecbos denunciados en uso de su facultad de velar por una rápida solución del conflicto: el demandado en el fondo h a deducido la excepción de representación defectuosa o insuficiente del demandante y no la de incapacidad del dem andante. P rim ero. [Si] bien la actividad casatoria debe circunscribirse estrictamente a los fundamentos expuestos por el recurrente, no menos cierto es que tal exigencia formal no impide al juzgador a verificar una correcta calificación de los hechos denunciados en uso de la facultad que le confiere el inciso 1) del artículo 50° del Código Procesal Civil. [...] C uarto. [Por] lo que queda dicho en los considerandos precedentes [...], lo que el demandado en el fondo ha deducido es la excepción de representación defectuosa o insuficiente del demandante [...] y no la incapacidad procesal de actor. (Casación N.° 20-94-Ayacucho, de 21-11-1994, ff. jj. 1 y 4. Sala Civil [EP, 21-03-1995, p. 1899]. Texto completo: ). § 568. La discrecionalidad de la actuación de pruebas de oficio se convierte en deber p ara el juez cuando, en su condición de director del proceso, debe impulsarlo por sí mismo (inc. 1). Véase la jurisprudencia del artículo II del Código Procesal Civil [§ 158], (Casación N.° 2298-2009-Piura, de 15-12-2010, f. j. 6. Sala Civil Transitoria [EP, 02-08-2011, Sentencias en Casación N.° 647, p. 30960], Texto completo: ). § 569. El tiempo que d ura la inactividad del proceso causado por huelga judicial no puede ser computado para la declaración de abandono (inc. I). Véase la jurisprudencia del artículo 350° del Código Procesal Civil [§ 2303]. (Casación N.° 3855-2010-Moquegua, de 21-06-2011, ff. jj. 6 y 7Sala Civil Permanente [EP, 30-07-2012, Sentencias en Casación N.° 669, p. 36547]. Texto completo: ). § 570. El Juez como director del proceso tiene el deber de resolver el litigio conforme a la norm a sustantiva o m aterial e incluso contra las normas invocadas por las partes. Véase la jurisprudencia dei inciso 4 del artículo 50° del Código Procesal Civil [§ 576]. (Casación N.° 3164-03-Cusco, de 30-11-2004, f. j. 7. Sala Civil Transitoria [EP, 31-03-2005, p. 13841]. Texto completo: ). * SUMMA PROCESAL CIVIL

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§ 571. Remisión. Véase también, sobre el principio de dirección, la jurisprudencia del artículo II del Código Procesal Civil (§ 149 ss.), IGUALDAD DE LAS PARTES (INCISO 2)

§ 572. Deber de hacer efectiva la igualdad de las partes en el proceso y prueba de oficio (inc. 2). Q uinto. [El] recurrente vincula el deber de hacer efectiva ia igualdad de las partes en el proceso con la prueba de oficio que permita la equidad procesal; al respecto debe tenerse presente que el artículo 194° del Código Procesal Civil deja al criterio discrecional del juez, que en aquellos casos donde las pruebas aportadas no le causen convicción pueda ordenar la actuación de otras pruebas adicionales que considere convenientes: en el caso sub examine , tanto al A quo como a la Sala les causan suficiente convicción la minuta de compraventa con firmas legalizadas, de fecha 30 de octubre de 1999, [...] para probar uno de los puntos controvertidos, esto es, que los actores son propietarios del inmueble. Sexto. [La] igualdad de las partes contenida en al artículo 50° inciso 2 del Código Adjetivo, no se encuentra afectada, toda vez que las mismas dentro de la etapa postulatoria, ofrecieron y presentaron los medios probatorios como parte de su derecho de acción y contradicción, respectivamente; sin que alguno goce de algún privilegio o se le dé un trato diferenciado en base a criterios subjetivos, más aún si las partes son personas naturales [...]. (Casación N.° 1040-2004-Lima, de 20-07-2005, ff. jj. 5 y 6. Sala Civil Transitoria [EP, 28-02-2005, p. 15425]. Texto completo: ). § 573. El juez tiene el deber de confrontar las versiones tanto del accionante como del emplazado, y no solo de un a parte (ínc. 2). Sexto. [...] [Es] necesario precisar que los argumentos de defensa de las partes antagónicas en un proceso, salvo que exista allanamiento, siempre se encaminarán a desvirtuar aquellos fundamentos de su parte contraria, siendo precisamente función del Juez el resolver dicho conflicto de intereses, sin embargo, para cumplir con dicha función, el juzgador no puede basarse únicamente en una parte de lo dicho por alguna de las partes, sino que debe confrontar la versión completa de la parte accionante y de la emplazada [...]. (Casación N.° 3581-2007Lima, de 18-10-2007, f. j. 6. Sala Civil Permanente [EP, 31-03-2008, p. 21677]. Texto completo: ). § 574. Si bien el juez es el director del proceso, este no puede sustituirse en el lugar de una de las partes y anular actos procesales que han sido consentidos por esta, porque ello im plicaría vulnerar el principio de igualdad entre las partes. O ctavo. [Si] bien es cierto el artículo II del Título Preliminar del Código Procesal Civil, establece que el Juez es el director del proceso, ello no invalida que la naturaleza esencial del proceso civil es de set dispositivo, y por lo tanto, el Colegiado no puede sustituirse en el lugar de una de las partes y anular actos procesales que han sido consentidos por esta, máxime si en autos dicho sujeto procesal no ha sufrido de indefección, porque ello implicaría vulnerar el principio de igualdad entre las partes. (Casación N.° 671-99-Chincha, de 09-07-1999, f. j. 10. Sala Civil Permanente [EP, 01-09-1999, 3409]. Texto completo: ). § 575. Remisión. Véase también, sobre el derecho a la igualdad, la jurisprudencia del inciso 2 del artículo 2o de la Constitución (§ 1 ss.) y del artículo VI del Código Procesal Civil (§ 295 ss.), DEBER DEL JUEZ DE DECIDIR EL CONFLICTO DE INTERESES O INCERTIPUMBRE JURÍDICA. JU RA N O V IT CU M A (INCISO 4)

§ 576. El Juez como director del proceso tiene el deber de resolver el litigio conforme a la norm a sustantiva o m aterial e incluso contra las normas invocadas por las partes. S éptim o. [El] Juez como director del proceso tiene el deber de resolver el litigio conforme a la norma sustantiva o material que verdaderamente corresponda, a fin de efectivizar una justa composición del litigio,

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con arreglo a derecho; por tanto, si la finalidad del proceso contencioso [...] es no solo la simple resolución de conflictos intersubjetivos de intereses sino esencialmente la justa composición de este conflicto, entonces el Juez resuelve la controversia inclusive en contra de las normas invocadas por las partes, porque además de conocer el derecho, interpreta y aplica el pertinente. (Casación N.° 3164-03-Cusco, de 30-11-2004, f. j. 7. Sala Civil Transitoria [EP, 31-03-2005, p. 13841], Texto completo: ). § 577. Ante la dificultad para acreditar con exactitud la cuantía del lucro cesante, el juez puede aplicar criterios de equidad y las reglas de la experiencia. 10. [...] [El] lucro cesante es la renta o ganancia frustrada o dejada de percibir o, como lo ha encendido esta Suprema Corte, “aquello

que la víctim a deja de p ercib ir p o r del daño en determ inado bien es decir que p or efectos d el daño no ha ingresado cierto bien a su patrim onio”; y, en consecuencia, al encontrarse propuesto en términos de aquello “dejado de percibir”, este último aveces podrá establecerse en término de certeza (v. g., cuando la percepción de la ganancia solo depende de la producción de un evento futuro cierto -plazo-), pero otras se encontrará ligado a la incertidumbre que usualmente acompaña a los eventos futuros (v.g., las rentas que pudieran recibirse del arrendamiento de un inmueble o la cosecha que pudieran obtenerse de un predio dedicado a la actividad agrícola). Por esta causa, se ha sostenido que la diferencia más trascendental entre daño emergente y lucro cesante está en la mayor dificultad de prueba inherente a este último , con el resultado de que esta figura se presta másfácilm en te par ser sometida a una apreciación equitativa” 11. No obstante, esta circunstancia no impide que el órgano jurisdiccional pueda aplicar al caso criterios que, sobre la base de la equidad V las reglas de la experiencia, permitan arribar a una determinación razonada del lucro cesante cuando, a pesar de haberse probado su existencia, existan circunstancias que razonablemente impidan al demandante acreditar con exactitud la cuantía a la que esta asciende (no por causa de negligencia o insuficiencia probatoria, debe precisarse). Estos criterios deben tomar como punto de partida el modo en que la ahora demandante [...] y su fallecido esposo habían distribuido los roles dentro de su familia (pues se ha evidenciado que mientras ella se mantenía a cargo del cuidado del hogar, este procuraba el sustento económico para toda la familia) y deberían, además, dirigirse a determinar, mínimamente, i) qué parte de los ingresos del fallecido hubieran sido destinados efectivamente para el mantenimiento de los integrantes de la parte actora, ii) cuál es el periodo por el que es presumible que cada uno de ellos lo hubieran percibido, üi) sí existe algún beneficio económico que los demandantes hayan recibido como consecuencia -directa o indirecta- del evento dañoso, etcétera. Empero, una decisión que se límite únicamente a obviar cualquier criterio para reconstruir hipotéticamente el lucro frustrado, incumplirá necesariamente con las exigencias de justificación razonada que impone el deber de motivación, en los términos descritos en esta resolución. (Casación N.° 3499-2015-La Libertad, de 05-04-2016, ff. jj. 10 y 11. Sala Civil Permanente [EP, 30-01-2017, Sentencias en Casación N.° 722-B, p. 87495]. Texto completo: ). § 578. Remisión. Véase también, sobre el principio iura novit curia., la jurisprudencia del artículo VII del Código Procesal Civil (§ 310 ss.). ACTUACIÓN DOLOSA DEL ABOGADO O PE LA PARTE (INCISO 5)

§ 579. D ilatar innecesariamente el proceso constituye conducta m aliciosa y temeraria. Octavo. [Las] partes y sus abogados tienen el deber de actuar con veracidad, probidad, lealtad y buena fe en todos sus actos e intervenciones en el proceso conforme lo establece el artículo 109 del Código Procesal Civil; sin embargo, ello no se cumplió en el presente caso toda vez que se pone de manifiesto la conducta maliciosa y temeraria con la que ha actuado tanto la recurrente como el letrado que patrocina, ya que sí bien dicha parte al momento de interponer el recurso de casación ha adjuntado la tasa judicial correspondiente, sin embargo, esta ha sido presentada en forma diminuta, dilatando innecesariamente * SUMMA PROCESAL CIVIL

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el trámite del presente recurso. (Casación N.° 662-2013-La Libertad, de 18-12-2013, £ j. 8. Sala Civil Permanente [EP, 30-05-2014, Sentencias en Casación N.° 692, p, 51620]. Texto completo: ). § 580. Sanción al litigante y a su abogado que faltan a la verdad y no guardan respeto y moderación hacia la autoridad judicial. C uarto. [El] demandado y su abogado patrocinante faltan a la verdad y [...] proceden con falta de respeto y [...] moderación hacia la autoridad judicial, ya que como se aprecia tanto al demandante como al demandado se les rechazaron sus respectivos escritos por no venir con la firma de los litigantes. (Exp. N.° 698-95, de 13-06-1995, f. j. 4. Segunda Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ). § 581. M anifiesta falta de lealtad, probidad, veracidad y buena fe de la letrada patrocinante. [Está acreditado que el] [co]demandado habría fallecido el 11 de junio de 1988, hecho que la [co] demandada ha ocultado en todo momento, a pesar de haber sido requerida con apercibimiento de detención para que presente la partida de defunción [...]; que en consecuencia todo lo actuado deviene nulo por haberse demandado a un difunto [...]; [por lo tanto,] es manifiesta la falta de lealtad, probidad, veracidad y buena fe en que ha incurrido la letrada patrocinante de la demandada y esta misma, faltas que deben ser sancionadas [...]. (Exp. N.° 2257-94, He 15-05-1995. Quinta Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ).

\ MOTIVACIÓN DE LOS AUTOS Y SENTENCIASPRINCIPIO PE CONGRUENCIA PROCESAL. PRINCIPIO DE JERARQUÍA NORMATIVA (INCISO 6)

§ 582. Función de la motivación según la doctrina (inc. 6). 13. [En] doctrina se suele mencionar que la función de la motivación puede ser en su dimensión endoprocesal o en su dimensión extraprocesal; se dará la primera cuando esté encaminada a permitir un control técnico jurídico, que sucesivamente desarrollarán los litigantes (control privado) y los órganos jurisdiccionales superiores (control institucional); en tanto que la segunda engloba el conjunto de funciones que cumple la motivación fuera del ámbito del proceso dado que hace referencia a las consecuencias e impacto que el dictado de una resolución jurisdiccional tiene a nivel social, puesto que, como dice Igartua Salaverría, ni las partes, ni sus abogados, ni los jueces que examinan los recurso agotan el destino de las motivaciones de las sentencias, dado que estas también van dirigidas al público. En suma, motivar significa indicar el motivo por el que ha sido dictada una decisión, por lo que siendo obligación de los jueces dictar decisiones que sean conformes al derecho, se debe presumir que el motivo por el que ha sido dictada una determinada decisión, en vez de otra distinta, consiste en que el juez que la ha dictado de tal modo, considera que la misma es conforme con el derecho. Por lo tanto, cuando el derecho establece que el juez que dicta una decisión debe motivarla, lo que él considera que dicha decisión es conforme al derecho. (Segundo Pleno Casatorio Civil [Tema: Prescripción adquisitiva de dominio], realizado el 23-10-2008, f. j. 13. Casación N.° 2229-2008-Lambayeque [EP, 22-08-2009]. Texto completo: ). § 583. Es un principio constitucional garantista que el juez motive sus resoluciones (inc. 6) . S egundo. [Es] un principio garantista recogido por nuestra Constitución que el juez motive sus resoluciones, pues ello permitirá a las partes conocer las razones de su decisión; verificar que la misma responda a una determinada interpretación y aplicación del derecho a los hechos estimados y que se pueda impugnar de la misma. (Casación N.° 2890-99-Lima, de 25-02-2000, £ j. 2. Sala Civil Transitoria [EP, 07-07-2000, p. 5566], Texto completo: ). § 584. Fines de la motivación de las resoluciones judiciales (inc. 6). T ercero. [La] doctrina reconoce como fines de la motivación: a) Que el juzgador ponga de manifiesto las razones de su n o m o s & th e s is

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decisión, por el legítimo interés del justiciable y de la comunidad en conocerlas, siendo el instrumento que garantiza el control democrático sobre el fundamento y legalidad de la decisión; b) Que se pueda comprobar que la decisión judicial adoptada responde a una determinada interpretación y aplicación del Derecho, por lo que resguarda el principio de legalidad; c) Que las partes y aun la comunidad tengan la información necesaria para recurrir, en su caso, la decisión; y, d) Que los tribunales de revisión tengan la información necesaria para vigilar la correcta interpretación y aplicación del derecho. (Casación N.° 912-99-Ucayali, de 14-09-1999, f. j. 3. Sala Civil Transitoria [EP, 12-11-1999, p. 3906]. Texto completo: ). § 585. Construcción del razonamiento ju d icial (inc. 6). T ercero . [Mediante el] principio [de la motivación y fundamentación de las resoluciones judiciales], el juzgador debe exponer las consideraciones que fundamentan la subsunción de los hechos en los supuestos hipotéticos de las normas jurídicas que fueron aplicadas, dando lugar a la actividad denominada construcción del razonamiento judicial, la misma que sirve de punto de apoyo a la declaración jurisdiccional; de otra manera, la sentencia no podría operar en el convencimiento de las partes ni de los ciudadanos en general, ni podría permitir el control correspondiente de los órganos de instancia superior, por la vía de los recursos previstos en la ley procesal, instados por los justiciables. (Casación N.° 3007-98-Tacna, de 04-05-1999, f. j- 3. Sala Civil [EP, 01-09-1999, p. 3396], Texto completo: ). § 586. El juez tiene la obligación de exponer las razones que justifican su decisión (inc. 6).

Cuarto. [...] [El] principio de motivación de las resoluciones judiciales [...] tiene rango constitucional, y [...] exige al juzgador exponer las razones que justifican su decisión, la que debe ser cierta, coherente y verificable, la que debe respectar el principio de congruencia procesal [...]. (Casación N.° 250-2007-Callao, de 28-08-2007, f. j. 4. Sala Civil Transitoria [EP, 30-09-2008, p. 23128]. Texto completo: ). § 587. Una sentencia válidam ente em itida es aquella que cumple con los requisitos de forma y contenido (inc. 6), Tercero. [U]no de los presupuestos para determinar si una sentencia ha sido válidamente emitida es que reúna todos los requisitos exigidos por el ordenamiento procesal tanto en su forma como en su contenido. (Casación N.° 1196-2000-Lima, de 20-09-2000, £ j. 3. Sala Civil Transitoria [EP, 01-03-2001, p. 7001]. Texto completo: ). § 588. Una vez determinados los hechos con relación a la s pretensiones procesales propuestas, el juez tiene que subsum irlos dentro del supuesto fáctico del derecho de orden m aterial aplicable al caso concreto (inc. 6). Q uinto. [...] [Los] jueces previamente antes de resolver un conflicto de intereses deben establecer los hechos aportados en el proceso examinando los medios probatorios. Una vez determinados los hechos con relación a las pretensiones procesales propuestas, tiene que subsumirlos dentro del supuesto fáctico de! derecho de orden material aplicable al caso concreto; que puede haber sido invocado por el demandante o por el demandado y, en todo caso, por el propio juez en aplicación del principio iura novit curia consagrado en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil [...]. (Casación N.° 3695-2007-Lima, de 11-10-2007, £ j. 5. Sala Civil Permanente [EP, 30-05-2008, p. 22209]. Texto completo: ). § 589. La motivación es esencial en los fallos porque los justiciables deben saber por qué razón ganan o pierden los procesos (inc. 6). N oveno. [La] motivación es esencial en los fallos porque los justiciables deben saber por qué razón ganan o pierden los procesos y si dicha motivación no existe en uno de los extremos demandados, la sentencia materia del recurso adolece de nulidad [...]. (Casación N.° 1478-99-Lambayeque, de 04-05-2000, f. j. 9. Sala Civil Transitoria [EP, 26-08-2000, p. 6108]. Texto completo: ). § 590. Los jueces deben sustentar sus pronunciam ientos en el derecho, para lo cual aplica las normas que regulan la m ateria del proceso a la base fáctica establecida en el mismo (inc. 6). P rim ero. [Mediante] la sentencia el Juzgador da solución a un conflicto jurídico o dilucida una incertidumbre jurídica, emitiendo un pronunciamiento sustentado en el derecho, para lo cual aplica * SUMMA PROCESAL CIVIL

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las normas que regulan la materia del proceso a la base fáctica establecida en el mismo. (Casación N.° 2890-99-Lima, de 25-02-2000, f. j. 1, Sala Civil Transitoria [EP, 07-07-2000, p. 5566]. Texto completo: ). § 591. El juzgador cuando sentencia aplica el derecho según lo probado por las partes (inc. 6). Q uinto. [...] [En] general, el juzgador cuando sentencia aplica el derecho al caso concreto, según lo probado por las partes; que así la recurrida se ha pronunciado de conformidad con lo opinado por el representante del Ministerio Público, según dictamen [...] donde se ha evaluado si la pretensión se adecuó a los presupuestos de las normas sustantivas denunciadas; que en tal sentido no resulta procedente la inaplicación de las normas de derecho material invocadas, porque tanto en la apelada y en la recurrida se ha estimado que no existe inejecución de las obligaciones, pues las averías imputadas a la demandada son posteriores a la entrega y recepción de las obras contratadas [...]. (Casación N.° 2344-2000-Líma, de 21-09-2000, f. j. 5. Sala Civil Transitoria [EP, 30-04-2001, p. 7181]. Texto completo: ).

§ 592. A los jueces íes asiste el deber de fundamentar los autos y sentencias, tanto de hecho como de derecho (inc. 6). D écim o. [...] [A] los jueces les asiste el deber de fundamentar los autos y sentencias, tanto de hecho como de derecho, respetando los derechos de jerarquía de las normas y el de congruencia, bajo sanción de nulidad; siendo esta una garantía de la administración de justicia que es trascendente, pues tiende a preservar tanto el derecho de defensa como la eficacia y validez de los actos procesales. (Casación N.° 1147-2008-Ucayali, de 12-06-2008, f. j. 10. Sala Civil Permanente [EP, 03-09-2008, p. 22885]. Texto completo: ). § 593. El juez tiene la obligación de señalar en forma expresa la ley que aplica al razonamiento jurídico aplicado, así como los fundamentos fácticos que sustentan su decisión (inc. 6). Cuarto. [...] [La] motivación de las resoluciones judiciales es un principio con garantía constitucional [...] [por el que] se establece la obligación del juzgador de señalar en forma expresa la ley que aplican al razonamiento jurídico aplicado, así como los fundamentos fácticos que sustentan su decisión, respetando el principio de jerarquía de las normas y de congruencia, lo que significa que el principio de motivación garantiza a los justiciables que las resoluciones jurisdiccionales no adolecerán de defectuosa motivación. (Casación N.° 4452-2006-Piura, de 12-11-2007, f. j. 4. Sala Civil Transitoria [EP, 03-12-2008, p. 23597]. Texto completo: ). § 594. Sí bien eí juzgador está en la obligación a fundam entar las razones de su decisión de hecho y de derecho, ello no im plica la obligación de sustentar por qué no aplica las demás normas (inc. 6). Q uinto. [...] [El] Juzgador está obligado a sustentar suficientemente las razones de su decisión, exponiendo los fundamentos de hecho y de derecho en los que basa su fallo; sin embargo, ello no le impone la obligación de sustentar por qué no aplica las demás normas del ordenamiento jurídico, las que se entienden excluidas a través de una operación lógica elemental [...]. (Casación N.° 076-2000-Chincha, de 09-04-2001, f. j. 5. Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria [EP, 02-07-2001, p. 7416]. Texto completo: ). § 595. La motivación de los fallos judiciales tiene como vicio procesal dos manifestaciones: la falta de motivación y la defectuosa motivación (inc. 6). O ctavo. [...] [La] motivación de los fallos judiciales tiene como vicio procesal dos manifestaciones: 1) la falta de motivación y 2) la defectuosa motivación, la cual a su vez se divide en tres agravios procesales: a) motivación aparente; b) motivación insuficiente; y c) motivación defectuosa en ese sentido estricto; en ese orden de ideas y coincidiendo con la doctrina, la motivación aparente se da cuando la decisión se basa en pruebas no actuadas o en hechos no ocurridos; la motivación insuficiente, que se presenta cuando vulnera el principio de la razón suficiente y la motivación defectuosa propiamente dicha, se presenta cuando el razonamiento del juez viola los principios lógicos y las regias de la experiencia. (Casación N.° 4556-2015-Cusco, de 12-052016, f. j. 8. Sala Civil Permanente [EP, 31-08-2017, Sentencias en Casación N.° 732, p. 95661]. Texto completo: ). n o m o s & th e s is

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§ 596. La motivación aparente se da cuando la decisión se basa en pruebas no actuadas o en hechos no ocurridos. La arbitraria evaluación de la prueba por la instancia inferior, origina un fallo con una motivación aparente que no corresponde a Sos criterios legales n i para la selección del m aterial factico ni para la apreciación lógica y razonada de la prueba (inc. 6). O ctavo. [La] motivación de las sentencias como vicio procesal tiene dos manifestaciones: 1) la falta de motivación: y 2) la defectuosa motivación, la cual a su vez se divide en tres agravios procesales: a) motivación aparente; b) motivación insuficiente; y c) motivación defectuosa en sentido estricto; en ese sentido y coincidiendo con la doctrina, la motivación aparente se da cuando la decisión se basa en pruebas no actuadas o en hechos no ocurridos; la motivación insuficiente, que se presenta cuando vulnera el principio de la razón suficiente, y la motivación defectuosa propiamente dicha se presenta cuando el razonamiento del juez viola los principios lógicos y las reglas de la experiencia. N oveno. En ese orden de ideas, se puede colegir que si bien no está dentro de la esfera de facultades de la Corte de Casación provocar un nuevo examen crítico de los medios probatorios que han dado base a la sentencia recurrida y formaron la convicción del Tribunal de mérito; no es menos cierto que en algunos casos, la arbitraria evaluación de la prueba por la instancia inferior, origina un fallo, como se ha expresado, con una motivación aparente que no corresponde a los criterios legales ni para la selección del material fáctico ni para la apreciación lógica y razonada de la prueba o en algunos casos se vulnera el derecho subjetivo de las partes a intervenir en la actividad probatoria para demostrar sus afirmaciones, lo que faculta a la Sala de Casación a revisar la actividad procesal en materia de prueba [...]. (Casación N.° 4194-2008-Lima, de 17-08-2009, ff. jj. 8 y 9. Sala Civil Transitoria. Texto completo: ). § 597. El deber de motivación de los órganos de segunda instancia no se entiende cumplido con poner la expresión “por sus fundamentos que se reproducen” (inc. 6). Cuarto. Según el artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, desde la modificación producida por Ley N.° 28490, publicada el 12 de abril del 2005, ha quedado establecido que el deber de motivación para los órganos de segunda instancia no se entiende cumplida con poner la expresión “por sus fundamentos que se reproducen”. Q uinto. Siendo así, la Sala Superior tenía el deber de pronunciarse, atendiendo a los agravios formulados en el recurso de apelación con la debida motivación jurídica, lo que al no haber efectuado ba incurrido en el supuesto de nulidad procesal [...]. (Casación N.° 103-2009-Lambayeque, de 09-06-2009, f. j. 4. Sala Civil Permanente [EP, 02-12-2009, p. 26305]. Texto completo: ). § 598. Contraviene con el principio de motivación de las resoluciones judiciales cuando el colegiado ratifica lo resuelto utilizando solamente la frase “en lo demás que contiene” (inc. 6). Q uinto. [...] [El] Colegiado, además de revocar la apelada en cuanto a otro aspecto contenido en la demanda, procede a confirmarla respecto a las pretensiones formuladas por la demandante en la citada ampliación de la demanda, en base al uso de la frase “en lo demás que contiene”, es decir, realiza un acto de ratificación de lo resuelto por la sentencia apelada, sin precisar los fundamentos de hecho, el mérito de la prueba que los fija, así como el derecho que los sustentan, y menos, sin hacer suyos las razones por las que el A quo desestimó tales extremos; infringiendo, de esta manera, su deber legal y constitucional de motivar la sentencia. (Casación N.° 3161-98-Callao, de 03-06-1999, f. j. 5. Sala Civil Permanente [EP, 23-09-1999, p. 3579]. Texto completo: ). § 599. Los jueces superiores pueden reproducir en su totalidad o en parte los fundamentos de la im pugnada, sin embargo, ello solamente es posible cuando exista una sentencia confirmatoria (inc. 6). S egundo. [La] Sala de revisión ha revocado la sentencia apelada basándose en que el convenio colectivo de trabajo celebrado con [la entidad empleadora] no obliga al Sindicato a sufragar los gastos que por servicios genera el comedor; sin embargo, no ha expresado las normas jurídicas que sustentan esa decisión, simplemente se a limitado ba reproducir los fundamentos pertinentes de la recurrida lo cual resulta contradictorio puesto que las normas que cita la apelada sustentan un fallo distinto. Tercero. [La] motivación jurídica de las resoluciones judiciales es una exigencia constitucional y procesal que obliga a los Jueces a citar expresamente la ley aplicable, pudiendo los Superiores reproducir en su totalidad o en parte los fundamentos de la impugnada, tal como lo establece el artículo 12 de la * SUMMA PROCESAL CIVIL

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Ley Orgánica del Poder judicial, sin embargo, ello solamente es posible cuando exista una sentencia confirmatoria. (Casación N.° 843-2000-Callao, de 10-11-2000, ff. jj. 2 y 3. Sala Civil Permanente [EP, 02-01-2001, p. 6708], Texto completo: ). § 600. La motivación de las resoluciones judiciales es im portante no solo para los justiciables, sino también para que el juez superior, al absolver el grado, se encuentre en condiciones de rebatir dichos argumentos si fuera de distinto parecer (inc. 6). Cuarto. [El] hecho de haber sido elevada esta obligación procesal de los órganos jurisdiccionales [la motivación escrita de las resoluciones judiciales] al rango de garantía constitucional, pone en evidencia la importancia que tiene motivar las resoluciones judiciales, no solo porque los justiciables necesitan conocer las razones que ha tenido el Juez para rechazar sus pretensiones y poderse defenderse, sino también para que el superior al absolver el grado se encuentre en condiciones de rebatir dichos argumentos si fuera de distinto parecer, obviamente en armonía con el interés de una administración de justicia predecible. (Casación N.° 1242-99-Lima, de 29-09-1999, f. j. 4. Sala Civil [EP, 28-11-1999, p. 4185]. Texto completo: ). § 601. Principio de congruencia procesal (inc. 6). 51. [...] De acuerdo con [el] principio [de congruencia procesal] debe existir correspondencia o identidad entre las pretensiones formuladas por las partes y lo resuelto por el Juez, de manera que no se incurra en una sentencia extra petita : cuando se concede algo distinto a lo pedido, es decir, cuando se resuelve sobre una pretensión que no ha sido discutida en el proceso; infra petita : cuando se omite resolver alguna pretensión; o ultra petita : cuando se concede más de lo pedido; pues cualquiera de estas situaciones conllevará la invalidez del pronunciamiento. (Noveno Pleno Casatorio Civil [Tema: Proceso de otorgamiento de escritura pública], realizado el 09-08-2016, £ j. 51. Casación N.° 4442-2015-Moquegua [EP, 18-01-2017]. Texto completo: ). § 602. El juez en aplicación de principio tura n ovit curia no puede variar el petitorio de la demanda mediante la sentencia (inc. 6). Séptimo. [La] aplicación del principio iura novit curia tiene como límites tanto el contenido del petitorio (pues este no puede ser variado por el juzgador) como los hechos alegados por las partes (pues el juzgador no puede incorporar otros hechos), así lo dispone el artículo VII in fin e del Título Preliminar del Código Procesal Civil; por ello, en los supuestos en los que el juzgador advierta una disconformidad o discrepancia entre lo que se solicita (petitorio) y los hechos en los que se funda ese pedido, tendrá la posibilidad de tomar las medidas que le autoriza el ordenamiento procesal, mas no podrá variar el petitorio de la demanda. Octavo. [En] la recurrida se ha incurrido en un supuesto de nulidad procesal [...] habiendo ello causado indefensión al demandante, al no haber sido materia del contradictorio las diversas figuras propias de un supuesto de anulabilidad, entre ellos, la posibilidad de haberse configurado un supuesto de confirmación del acto jurídico. Noveno. [El] Colegiado Superior deberá pronunciarse nuevamente, respetando las limitaciones del principio iura novit curia, atendiendo al principio de congruencia procesal [...]. (Casación N,° 2511-2007-Arequipa, de 09-08-2007, ff. jj. 7-9. Sala Civil Permanente [EP, 30-10-2007, p. 20839]. Texto completo: ). § 603. Al vulnerarse el principio de no contradicción (esto es, que dos juicios contradictorios no pueden ser al mismo tiempo verdaderos), la resolución im pugnada incurre en una incoherencia externa que afecta el principio de congruencia (inc. 6). Octavo. [El] principio de congruencia se encuentra dentro del contenido constitucional del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, encontrándose regulado tanto en el artículo 50 inciso 6 del Código Procesal Civil, como en el artículo VII del Título Preliminar de ese mismo cuerpo normativo [...]. Entonces, en virtud de dicho principio, el juez debe dictar sus resoluciones de acuerdo con el sentido y alcances de las peticiones formuladas por las partes. Adicionaímente, este principio también abarca un requisito lógico de conexidad que debe haber en toda sentencia lo cual se materializa que entre lo razonado y lo resuelto debe existir congruencia, de manera que no se presenten contradicciones, [...] D écim o Prim ero. [Para] constatar la existencia de una incoherencia externa, resulta necesario analizar ios argumentos n o m o s & th e s is

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jurídicos esgrimidos en la resolución cuestionada con la parte resolutiva. En tal sentido, se observa de la resolución impugnada, [...] que carece de toda conexidad lógica, vulnerando el principio de no contradicción (esto es, que dos juicios contradictorios no pueden ser al mismo tiempo verdaderos, es decir, no se puede negar y afirmar a la vez la existencia de un hecho) por cuanto argumenta que los demandantes no han ofrecido medios probatorios científicos que corrobore su posición, para luego, en su parte resolutiva, estimar la demanda planteada por esa parte. Esto es, sostiene que los demandantes no han probado sus afirmaciones para luego estimar sus pretensiones, incurriendo la resolución impugnada, en consecuencia, en una incoherencia externa que afecta el principio de congruencia, así como el principio de no contradicción [...]. (Casación N.° 1688-201O-Lima, de 25-01-2011, ff. jj. 8 y 11. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 30-05-2012, Sentencias en Casación N.° 665, p. 34397]. Texto completo: ). § 604. Es n ula la sentencia que tiene falta de coherencia entre el fallo y los considerandos en las que se sustenta. La infracción del principio lógico de no contradicción (inc. 6). Sexto. [La] garantía del debido proceso en su aspecto formal o adjetivo, consiste en el curso regular de la administración de justicia por los tribunales, conforme a las reglas y formas que han sido establecidas para la protección de los derechos individuales, es por eso que la ley ha determinado entre los motivos de la casación la inobservancia de las normas esenciales y el quebrantamiento de las formas procesales establecidas en ellas. S éptim o. [Al] adolecer la recurrida de falta de coherente entre el fallo y los considerandos en que se sustenta, se ha incurrido en la infracción del principio lógico de no contradicción, lo que acarrea su nulidad. (Casación N.° 1383-2000-Callao, de 06-11-2006, ff. jj. 6 y 7. Sala Civil Permanente [EP, 02-01-2001, p. 6696]. Texto completo: ). § 605. Si una dem anda se desestima por ausencia de un requisito intrínseco, la parte decisoria no puede juzgar el fondo de la pretensión. Principio de congruencia procesal (inc. 6). Sexto. [Para] efectos de otorgar a la parte que resulte vencida la tutela efectiva de sus derechos, con sujeción a un debido proceso, la resolución que expida el Colegiado Superior necesariamente debe respetar el principio de congruencia procesal, y en ese sentido, la parte considerativa debe guardar perfecta concordancia con la parte resolutiva; razón por la cual, si una demanda se desestima por ausencia de un requisito intrínseco, la parte decisoria no puede juzgar el fondo de la pretensión, y al existir tal divergencia, la misma debe ser enmendada. Sétim o. [En] consecuencia, al verificarse la contravención de normas que garantizan el derecho a un debido proceso, y particularmente, al haberse conculcado el principio de congruencia procesal previsto en el inciso 6 del artículo 50 del Código Procesal Civil, debe ampararse el recurso de casación [...]. (Casación N.° 2424-05-Junín, de 18-05-2006, ff. jj. 6 y 7. Sala Civil Transitoria [EP, 31-10-2006, p. 17509]. Texto completo: ). § 606. La sentencia indebidam ente m otivada infringe el principio de congruencia procesal (inc. 6). D écim o T ercero. [La] sentencia impugnada no está debidamente motivada, por lo que el vicio denunciado determina que la Resolución de Vista infringe el principio de congruencia procesal, con lo cual se produce la infracción al derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. (Casación N.° 2690-2012-Amazonas, de 12-07-2013, f. j. 13. Sala Civil Transitoria [EP, 02-01-2014, Sentencias en Casación N.° 687, p. 47615]. Texto completo: ). § 607. El juez no puede pronunciarse respecto de la prescripción de la acción si el demandado renunció tácitam ente a ella bajo sanción de declararse la n ulidad de la decisión por violar el deber de congruencia (inc. 6). Cuarto. [En] el presente caso, contra la demanda de interdicto de recobrar por despojo judicial, la comunidad campesina [...] no dedujo excepción de prescripción extintiva de la acción [...] ni tampoco la invocó como fundamento de contradicción; por lo que no fue punto controvertido, ni objeto de probanza; y mucho menos materia de pronunciamiento en la sentencia de primera instancia ni tampoco constituyó extremo impugnado por la comunidad demandada en su recurso de apelación; por consiguiente, habiendo renunciado tácitamente la citada comunidad a la prescripción ganada, el Colegiado Superior estaba absolutamente prohibido de fundar su sentencia en supuesta revisión, en la prescripción no invocada; violándose así flagrantemente el principio de ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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congruencia cuya contravención está expresamente sancionada con nulidad en el artículo 50, inciso 6, del Código Procesal Civil, concordante con el artículo 122, inciso 4 del mismo Ordenamiento Procesal; acto que evidentemente constituye violación del derecho al debido proceso. (Casación N.° 745-98-Cusco, de 23-08-1999, f. j. 4. Sala de Derecho Constitucional y Social [EP, 10-05-2000, p. 5298]. Texto completo; ), § 608. Contraviene con el principio de congruencia procesal cuando se considera un hecho que no fue alegado por las partes (inc, 6). Tercero. [La] Sala Civil, al confirmar la apelada incurre en el mismo error que la sentencia de primera instancia, al expedir una resolución que infringe el principio de congruencia, porque no obstante establecer el derecho del demandado con relación al bien que ocupa, luego considera que dicho bien no es el materia de demanda, pronunciándose sobre un hecho no alegado por las partes, sin percatarse que los sujetos de la relación procesal habían coincidido en la identificación del inmueble materia de desalojo, de que solo existía signación distinta en función de la variación de la nomenclatura en razón del replanteo efectuado. (Casación N.° 32822000-Lima, de 22-06-2001, f. j. 3. Sala Civil Transitoria [EP, 01-10-2001, p. 7779]. Texto completo; ). § 609. Cuando el juez decide sobre una pretensión no propuesta por las partes, se altera la relación procesal válida (inc. 6). Quinto. [La] decisión del Juez debe ser congruente con las cuestiones planteadas por las partes y cuando se decide sobre una pretensión no deducida en el juicio, se altera la relación procesal válida. (Casación N.° 761-95-Lima, de 15-10-1996, f. j. 5. Sala de Casación [EP, 03-12-1996, p. 2523]. Texto completo: ). § 610. La sentencia que resuelve una causal de nulidad de acto jurídico diferente a la im pugnada en apelación incurre en una incongruencia injra o cifra p etita (inc. 6). Sétimo. [Existe] una contravención al debido proceso, por cnanto el Colegiado Superior no ha cumplido con pronunciarse sobre el extremo apelado (inciso 3 del artículo 219 del Código Civil), sino que ha desviado su sustento en otra causal no impugnada (inciso 4 del artículo 219 del Código Civil) incurriendo en una incongruencia infra o cifra petita , por no haberse pronunciado por el objeto litigioso o controvertido, trasgrediendo los principios constitucionales de pluralidad de instancias y debida motivación en la resoluciones judiciales [...]. Octavo. El principio de congruencia que informa la actividad jurisdiccional y que debe aparejar toda resolución consiste en la adecuación, correlación o armonía entre las peticiones de tutela realizadas por las partes, y lo decidido en el fallo de las sentencias, esto es, que el fallo debe recaer sobre todas las pretensiones de los litigantes [...]. (Casación N.° 2171-2013-Lima, 27-11-2014, ff. jj. 7 y 8. Sala Civil Transitoria [EP, 02-03-2015, Sentencias en Casación N.° 701, p. 60680]. Texto completo: ). § 611. La falta de identidad entre las pretensiones y la sentencia da lugar al fallo extra p etita (inc. 6). Cuarto. [...] [En] virtud del principio de congruencia, las resoluciones deben expedirse de acuerdo con el sentido y alcance de las peticiones formuladas por las partes, por lo que debe existir identidad entre las pretensiones y la sentencia, pues la vulneración a dicho principio da lugar al fallo extra petita , esto es, cuando se concede algo diferente de lo pedido en la demanda; en el presente caso, según lo apreciado en autos se ha emitido pronunciamiento sobre cada uno de los extremos de la demanda y puntos controvertidos, sin ir más allá del petitorio; siendo así, la denuncia formulada debe ser desestimada. (Casación N.° 237-2003-Lambayeque, de 14-08-2003, f. j, 4, Sala Civil Permanente [EP, 01-12-2003]. Texto completo: ). § 612. Si el juez resuelve una pretensión distinta a la demanda, contraviene con el principio de congruencia procesal y el deber de motivación puesto que resuelve más allá del petitorio (inc. 6). Sétimo. De otro lado, en cuanto a la vulneración del deber de motivación y deí principio de congruencia procesal denunciado en el recurso de casación planteado por DCBT, debe señalarse que la demanda de nulidad de acto jurídico planteada por JVLC se sustentó en las causales de nulidad de acto jurídico correspondientes a la falta de manifestación de voluntad y a los supuestos en los cuales la ley lo declara nulo (incisos 1 y 7 del artículo 219 del Código Civil), por lo que correspondía que los órganos n o m o s & th e s is

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jurisdiccionales se pronuncien respecto a si se incurrió, o no, en alguna de esas causales de nulidad. Sobre este punto, el recurrente DCBT ha denunciado en su recurso de casación que en la sentencia de vista no se resolvió la causal de falta de manifestación de voluntad, siendo que al respecto, si bien la Sala Superior ingresó al análisis respecto a la necesidad de que los actos de disposición sobre un bien sujeto a copropiedad sean adoptado por todos los copropietarios, y que cada uno de ellos solo puede realizar actos de disposición respecto a su cuota ideal, no evalúa ni determina si a consecuencia de ello debe ampararse la causal de falta de manifestación de voluntad, sino que por el contrario, resuelve la nulidad del acto jurídico cuestionado en mérito a la trasgresión del orden público, esto es, una causal distinta a la que sustentó la demanda y que no fue materia de debate dentro del presente proceso, evidenciando una flagrante afectación del principio de congruencia procesal y del deber de motivación [...], dado que la Sala Superior fue más allá del petitorio demandado y dejó de resolver una de las causales de nulidad de acto jurídico planteadas, por lo que debe ampararse el recurso de casación planteado por DCBTT en cuanto a la infracción normativa procesal que denunció. (Casación N.° 1911-2015, de 04-07-2015, f. j. 7* Sala Civil Transitoria [EP, 02-10-2017, Sentencias en Casación N.° 734, p. 97281]. Texto completo: ). § 613. Principio de incongruencia procesal. M anifestaciones de los vicios de la motivación: falta de motivación y defectuosa motivación (inc. 6). Véase la jurisprudencia del inciso 4 del artículo 122° del Código Procesal Civil [§ 1257]. (Casación N.° 86-01 -Santa-Chimbote, de 18-04-2001, ff, jj. 7-8. Sala Civil Transitoria [EP, 01-10-2001], Texto completo: ). § 614. El deber de fundam entación de las sentencias impone el respeto a las jerarquías de las normas y la congruencia, basándose en las cuestiones de hecho y de derecho (inc. 6). Noveno. [E] xiste [...] contradicción en el fallo, cuando por una parte se declara improcedente la demanda de pago de mejoras interpuesto por la Municipalidad demandante, disponiéndose asimismo la restitución del terreno y la edificación a la demandada; y en el propio fallo se declara infundada ía reconvención en el extremo que la demandada reconviniente solicita que se declare que la construcción pertenece al dueño y que no está obligada a reembolso alguno. D écimo. [El] deber de fundamentación de las sentencias impone el respeto a las jerarquías de las normas y la congruencia, basándose en las cuestiones de hecho y de derecho. (Casación N.° 3267-2007-Lambayeque, de 03-06-2008, ff. jj. 9 y 10. Sala Civil Permanente [EP, 04-09-2008, p. 22975]. Texto completo: ). § 615. Conforme al principio de congruencia procesal, el juez no debe omitir, alterar o exceder las peticiones contenidas en el proceso que resuelve (inc. 6). Tercero. [Se] evidencia del petitum y la cam a peten di que la pretensión de la actora se circunscribe a exigir el pago de los frutos por la suma aludida por la posesión de la emplazada que de mala fe ejerce en el bien sublitis, desde la fecha de la celebración de la minuta basta la fecha de la interposición de la demanda, mas no, hasta la fecha de la restitución del predio. [...] Noveno. [...] [Nuestro] sistema procesal se basa en el principio dispositivo, pues el juez puede brindar tutela jurídica solo a iniciativa de parte (nemo iudexsine adore) y, por lo mismo, resulta vigente el principio de congruencia procesal, por el cual [...] “se exige al juez que no omita, altere o exceda las peticiones contenidas en el proceso que resuelve” [...]. (Casación N.° 1453-99-Cono Norte, de 06-12-1999, ff. jj. 3 y 9. Sala Civil Permanente [EP, 20-01-2000, p. 4603]. Texto completo: ). § 616. Principio de jerarquía normativa. Las disposiciones estatutarias no tienen naturaleza de norma ju ríd ica en sentido estricto, por ío que no se pueden someter al criterio de especialidad normativa. Es un error concebir al estatuto como una “norm a especial” y preferirla sobre la “norma general”, que supuestamente vendría a ser el Código C ivil (inc. 6). Sexto. [,..] [Cuando] en un proceso judicial se presenta un conflicto de incompatibilidad o antinomia entre normas jurídicas de cualquier rango jerárquico sobre determinado asunto, supuesto o hipótesis jurídica, los Jueces tienen el deber constitucional y legal de solucionar dicha incompatibilidad o antinomia aplicando el principio de jerarquía normativa antes que cualquier otro criterio. Sobre este argumento casatorio cabe realizar ciertas precisiones; En primer lugar, es necesario dejar establecido que las estipulaciones contractuales * SUMMA PROCESAL CJVIL

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o pactos privados no constituyen normas jurídicas, como erradamente entiende el denunciante. Es cierto que un contrato o incluso un pacto social vinculan a las partes que lo han celebrado y refleja la voluntad de las mismas, pero ello no lo convierte en una norma jurídica de alcance general [...], En tal cometido, no podemos referirnos a la infracción del principio de jerarquía normativa regulado en el inciso 6 del artículo [50] del Código Procesal Civil, que se denuncia en sede casatoria, porque los estatutos no constituyen normas jurídicas que, en contraposición con el Código Civil, pueda plantear al juzgador la necesidad de superar la incompatibilidad del ordenamiento jurídico, recurriendo a los criterios establecidos en la doctrina para superar tales contradicciones, como son precisamente los criterios (o principios) de especialidad (¿ex specialis derogat legígeneral/), de jerarquía (¿ex superior derogat íegi inferiori) y cronológico (/ex posterior derogat ¿ex anteriori). Sétim o. [Existe] incongruencia en la decisión del Ad quem cuando, para resolver el conflicto de intereses, aplica el criterio o principio de especialidad previsto para el caso de incompatibilidad de normas, para luego concluir que, por ser el estatuto la “norma especial”, debe preferiría sobre la “norma general”, que vendría a ser el Código Civil, premisa totalmente errada pues, como se tiene señalado, el estatuto no constituye norma jurídica que dé lugar a generar incompatibilidad alguna entre sus estipulaciones y el ordenamiento jurídico vigente. (Casación N.° 74-2014-La Libertad, de 14-05-2014, £ j. 6. Sala Civil Transitoria [EP, 01-09-2014, Sentencias en Casación N.° 695, p. 54472]. Texto completo: ). § 617. Se declara nula la sentencia por no aplicar criterios establecidos como precedente judicial vinculante en el OI Pleno Casatorio Civil. Véase la jurisprudencia del artículo 400° del Código Procesal Civil [§ 2592]. (Casación N.° 1570-2015-Lima Sur, de 28-03-2016, f. j. 12. Sala Civil Transitoria [EP, 03-07-2017, Sentencias en Casación N.° 731, p. 95138], Texto completo: ). § 618. Remisión. Sobre motivación de las resoluciones judiciales, véase también la jurisprudencia del inciso 5 del artículo 139° de la Constitución [§ 79 ss.]; de los artículos 121° [§ 1142 ss.] y 122° inciso 3 del Código Procesal Civil [§ 1218 ss.]; y del artículo 12° de la Ley Orgánica del Poder Judicial [§ 4589 ss.]. § 619. Remisión. Véase también, sobre el principio de congruencia procesal, la jurisprudencia del artículo VII del Código Procesal Civil [§ 342 ss.] y del inciso 4 del artículo 122° del Código Procesal Civil [§ 1256 ss.]. PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN, JUEZ SUSTITUTO. REPETICIÓN DE AUDIENCIAS (ÚLTIMO PÁRRAFO)

§ 621. Conforme al principio de inmediación, es el mismo colegiado superior el que, agotando los instrumentos jurídicos que le otorga la ley, debe encargarse de actuar los medios probatorios. Debe tenerse en cuenta también los principios de economía y celeridad procesal (último párrafo). Quinto. [...] [De] acuerdo al principio de inmediación, consagrado en el artículo V del Título Preliminar, ab initio, del Código Procesal Civil, las audiencias y la actuación de los medios probatorios se realizan ante el juez, siendo, en principio indelegables tales funciones, bajo sanción de nulidad. Ello implica que debe haber una inmediata comunicación entre el juez y las personas que intervienen en el proceso, los hechos que en él deban hacerse constar y los medios de prueba que se utilicen. [...] Sexto. [En] el caso de autos, si bien es necesario que se recaben pruebas tales como la declaración de la demandada, la entrevista a la menor y la evaluación psicológica de ambas, también debe atenderse a que, en aplicación del principio de inmediación [...], sea el mismo Colegiado Superior el que agotando los instrumentos jurídicos que le otorga la ley se encargue de actuar los medios probatorios mencionados. Ello en razón de que debe tenerse en cuenta no solo el principio de inmediación, sino también los de economía y celeridad procesal [..,]. (Casación N.° 684-2009-Lima, de 10-12-2009, ff. jj. 5 y 6. Sala Civil Transitoria [EP, 30-06-2010, Sentencias en Casación N.° 627, p. 27971]. Texto completo: ). n o m o s & th e s is

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§ 622. Principio de inm ediación: se incurre en causal de invalidez cuando no se notifica a la dem andada con los pedidos de autos para sentenciar suscritos por el nuevo juez (último párrafo). C uarto. [Aun] cuando el principio de inmediación no es absoluto, como lo ha hecho notar este Supremo Tribunal en anteriores oportunidades, por el propio contenido de la última parte del [...] artículo [50 del Código Procesal Civil], concretamente en el presente caso se ha incurrido en causal de invalidez, debido a la falta de notificación a la entidad recurrente [la demandada] con los pedidos de autos para sentenciar [...], suscritos por el nuevo juez. Q uinto. [En] consecuencia, se ha configurado en el presente caso la causal de contravención de norma que garantizan el derecho a un debido proceso, porque la recurrente, como se ha visto, no aparece notificada con las resoluciones glosadas y solo cuando es notificada con la sentencia, se entera de la referida omisión, razón por la que recién al apelar denuncia dicha irregularidad, que no ha merecido por parte de la Sala Civil pronunciamiento alguno [...]. (Casación N.° 328-00-Lima, de 19-05-2000, ff. jj. 4 y 5. Sala Civil Transitoria [EP, 25-08-2000, p. 6101]. Texto completo: ). § 623. Es im prescindible que el juez sentenciador sea el mismo que ha dirigido el proceso en la actuación de las pruebas, sin que pueda interferir el carácter imperativo de esta disposición el principio de elasticidad que prevé el art. 201 CPC. Principio de inm ediación (último párrafo). Tercero. [El] artículo 50 del Código Procesal Civil, prescribe, el Juez que inicia la Audiencia de Pruebas concluirá el proceso, salvo que fuera promovido o separado; el Juez sustituto continuará el proceso, pero puede ordenar, en resolución debidamente motivada, que se repitan las Audiencias, si lo considera indispensable, que, las razones que han dado origen a esta norma se encuentran en el enunciado principio de inmediación, conforme al cual el Juez debe'mantenerse en relación directa con las partes y recibir personalmente las pruebas, lo que indefectiblemente resulta de la mayor importancia; pues, solo así tendrá la oportunidad de conocer y apreciar las condiciones morales de los litigantes, cuando dicen la verdad o cuando se abstienen de hacerlo, para llegado el caso, no solo ejercer con eficacia sus facultades de conciliación, sino también valorar su conducta durante el proceso, adquiriendo los elementos que le van a permitir formar convicción para un fallo justo, lo que no sería posible si el Juez sentenciador es distinto al que ha dirigido el proceso en la actuación de las pruebas, de ahí que conforme al principio contenido en el artículo V del Título Preliminar del Código Procesal, las audiencias y la actuación de medios probatorios se realizan ante el Juez, siendo indelegables bajo sanción de nulidad, sin que pueda interferir el carácter imperativo de esta norma el principio de elasticidad que prevé el numeral 201 de citado Código, por la trascendencia que envuelve la necesidad de tener al Juez frente al material de conocimiento. (Casación N.° 270-T-97-Lima, de 21-11-1997, f. j. 3. Sala Civil Transitoria [EP, 03-041998, p. 606], Texto completo: ). § 624. Se vulnera el principio de inm ediación cuando el juez que dicta la sentencia de prim era instancia no es el mismo que actúa las pruebas. Fundamentos del recurso : [Se denuncia que] a) se ha vulnerado el principio de inmediación procesal [...], porque el juez que expidió resolución de primera instancia no fue el juez que actúo el casete en la audiencia de pruebas, siendo este defecto advertido en el recurso de apelación, pero la Sala superior no lo ha analizado al expedir la sentencia de vista; además, indica que no se levantó un acta en la que se dejará constancia de lo que se estaba escuchando, lo que demuestra que la Audiencia fue indebidamente llevada [...]. D écim o P rim ero. [...] [H]abiéndose evaluado los actos procesales desarrollados, resulta evidente que [...] el A Quo no solo, objetivamente, no convoco a una audiencia especial para escuchar el audlo, ni fue el juez que actuó todas los medios probatorios, sino que además, admitió correr traslado a la parte emplazada sobre el pedido del actor de convocar a una audiencia especial; sin embargo, no esperó a que esta parte procesal se pronuncie, ni se pronunció el A Quo sobre este incidente, antes de expedir sentencia, lo cual afecta, indudablemente, el derecho al debido proceso no solo del recurrente sino de todos los sujetos procesales [...]. (Casación N.° 3592-02-Lkna, de 02-07-2013, £ j. 11. Sala Civil Transitoria [EP, 01-12-2003, p. 11138], Texto completo: ). § 625. El órgano jurisdiccional que emitió decisión respecto a un punto m edular del proceso, no puede cam biar su criterio posteriormente aun cuando exista una nueva conformación de * SUMMA PROCESAL CIVIL

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colegiados. Q uinto. [La] anidad jurisdiccional es aquel principio constitucional aplicable al ejercicio de la potestad jurisdiccional por el cual le compete solo a los órganos -jueces y tribunales- judiciales, en su función aplicativa, determinar lo que es derecho en caso concreto y en forma irrevocable, esto es, con fuerza de cosa juzgada, a través del proceso y dentro del ámbito constitucionalmente demarcado. Sexto . [En] efecto, una de las manifestaciones de este principio señala que un órgano jurisdiccional no puede contravenir una decisión consentida de otro órgano judicial por una cuestión de criterio, habida cuenta que ello desnaturalizaría la esencia misma del proceso, dicha situación supone entonces que cualesquiera que sean los juzgados y tribunales que apliquen el derecho al caso en concreto deberán ejercerlo no solo como un órgano jurisdiccional unitario sino también bajo una unidad de criterio. S étim o. [En] el caso de autos, se advierte que habiendo la Sala de mérito establecido en un primer pronunciamiento que 3a pretensión demandada era de naturaleza civil y que por consiguiente los juzgados civiles resultaban competentes, no podía con posterioridad la misma Sala Superior razonar de una manera distinta, independientemente que se tratase de distintos colegiados, pues se trataba de una decisión que había quedado consentida; por consiguiente, dicha situación no podía ser materia de un nuevo pronunciamiento. (Casación N,° 3582-2009-La Libertad, de 16-08-2010, ff. jj. 5-7. Sala Civil Transitoria [EP, 31-01-2011, Sentencias en Casación N.° 636, p. 29436], Texto completo: )._ § 626. El juez competente para sentenciar es quien h a llevado la audiencia de prueba (último párrafo). III. a) [...] El juez sustituto continuará el proceso, pero puede ordenar, en resolución debidamente motivada, que se repitan las audiencias, si lo considera indispensable. [...] [El] juez competente para sentenciar la causa es quien ha llevado la audiencia de pruebas' [...]. b) [...] [El] legislador al establecer que el juez que inicie la audiencia de pruebas concluya el proceso ha tenido en consideración el principio de inmediación, de modo que el juez que resuelve la causa sea aquel que haya estado en la actuación de pruebas, en base a los cuales debe sentenciar la causa. [...] (Exp. N.° 2642-98, de 20-11-1998, f. j. III. Sala de Procesos Abreviados y de Conocimiento. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ). § 627. L a inm ediación requiere que el juez de la sentencia sea el mismo que actuó las pruebas, pero adm ite excepciones (ultimo párrafo). Sétim o. [La] inmediación requiere que el juez de la sentencia sea el mismo que actuó las pruebas, pero no es un principio absoluto y admite excepciones, que son señaladas en artículo 50° in fin e del Código adjetivo, de tal manera que el juez que se hace cargo de un proceso, ya en estado de sentencia, está facultado, y no obligado, a repetir las audiencias y solo si lo considera indispensable, precisamente por la vigencia del principio de la preclusión del proceso. (Casación N.° 1053-97-Callao, de 03-07-1998, f. j. 7- Sala Civil Permanente. Texto completo: ). § 628. Infracción del principio de inm ediación: audiencia de pruebas fue celebrada ante un juez superior que no intervino en la resolución de vista (último párrafo). Q uinto. [Se] aprecia que la audiencia de pruebas fue celebrada ante [un] Vocal Superior [que] no intervino en la resolución de vista, no verificándose que haya existido avocamiento alguno por parte de otro vocal; infringiéndose así el principio de inmediación recogido por el artículo V del Título preliminar del Código Procesal Civil. (Casación N.° 815-99-Lima, de 19-07-1999, f. j. 5. Sala Civil Permanente [EP, 02-11-1999, p. 3844], Texto completo: ). § 629. La repetición de las audiencias por el juez sustituto es una facultad discrecional del juzgador (último párrafo). Q uinto. [Del] análisis del último párrafo del artículo 50 del Código Procesal Civil, se evidencia claramente que la repetición de las audiencias por el juez sustituto es una facultad discrecional del juzgador [.,.]. (Casación N.° 2166-2006-Sicuani, de 04-12-2006, f. j. 5. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 02-04-2007, p. 19142], Texto completo: ). § 630. El avocamiento del Juez al proceso debe ser notificado a las partes para el efectivo ejercicio del principio de bilateralidad de la audiencia (último párrafo). D ecim ocu a rto . [El] acto n o m o s & th e s is

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procesal por el cual el juez se avoca al proceso debe ser notificado a las partes para garantizar el principio de bilateralidad de la audiencia y el que las partes puedan ejercitar sus derechos y deberes procesales. (Casación N.° 2127-99-Tumbes, de 04-07-2000, f. j. 14. Sala Civil [EP, 01-09-2000, p. 6200]. Texto completo: ). § 631. Si un juez se avoca en la m isma sentencia, no h ay nulidad si la subsanación del vicio no ha de influir en el sentido de la resolución (ultimo párrafo). Véase la jurisprudencia del artículo 172° del Código Procesal Civil [§ 1538], (Casación N.° 1230-2008-Junín, de 26-08-2008, ff. jj. 3, 4 y 5. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 02-02-2009]. Texto completo: ). § 632. Un Juez de Prim era Instancia puede ser llam ado p ara completar la Sala Superior, aun cuando sea tem poral. Véase la jurisprudencia del inciso 7 del artículo 122° del Código Procesal Civil [§ 1308], (Casación N.° 5941-2007-Cusco, de 16-01-2008, f. j. 4. Sala Civil Permanente [EP, 31-032008, p. 21764]. Texto completo: ). § 633. Remisión. Véase también, sobre el principio de inmediación procesal, la jurisprudencia del artículo V del Código Procesal Civil (§ 245 ss.).

Artículo 51: Facultades genéricas Los Jueces están facultados para: 1. Adaptar la demanda a la vía procedimental que considere apropiada, siempre que sea factible su adaptación; 2. Ordenar los actos procesales necesarios al esclarecimiento de los hechos controvertidos, respetando el derecho de defensa de las partes; 3. Ordenar en cualquier instancia la comparecencia personal de las partes, a fin de interrogarlas sobre los hechos discutidos. Las partes podrán concurrir con sus Abogados; 4. Rechazar liminarmente el pedido que reitere otro propuesto por cualquier litigante y por la misma razón, o cuando a pesar de fundarse en razón distinta, este pudo ser alegado al promoverse el anterior; 5. Ordenar, si lo estiman procedente, a pedido de parte y a costa del vencido, la publicación de la parte resolutiva de la decisión final en un medio de comunicación por él designado, si con ello se puede contribuir a reparar el agravio derivado de la publicidad que se le hubiere dado al proceso; 6. Ejercer la libertad de expresión prevista en el artículo 2, inciso 4., de la Constitución Política del Perú, con sujeción a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial; y 7. Ejercer las demás atribuciones que establecen este Código y la Ley Orgánica del Poder Judicial.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA, DE LAS CORTES SUPERIORES Y DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ADAPTAR LA DEMANDA A LA VÍA PROCEDIMENTAL (INCISO 1)

§ 634. Los jueces están facultados para adaptar la vía procedim ental m ediante resolución que lo justifique siempre que sea posible su adaptación y antes del saneamiento del proceso. Sexto . [Si] bien los jueces están facultados para adaptar la vía procedimental como lo anota el artículo 51 inciso j del Código Procesal Civil, ello debe ser mediante resolución que lo justifique siempre que sea posible su adaptación y antes del saneamiento del proceso, pues luego de ello se declara la existencia de una relación jurídico-procesal válida. (Casación N,° 2506-2001-lea, de 28-11-2001, f. j. 6. Sala Civil Transitoria [EP, 01-04-2002, p. 8519]. Texto completo: ). * SUMMA PROCESAL CIVIL

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§ 635. El juez que decide que no es competente en determinado proceso, tiene que derivar al juez correspondiente (inc. V). Sétim o. [Si] el Juez estima que no le incumbe tramitar determinado tipo de procedimiento, obviamente lo que debe hacer no es anularlo, ya que ello significa desconocer todo principio procesal, sino necesariamente derivarlo al Juez habilitado administrativamente, recurriendo a la atribución que otorga el punto 1 del numeral 5Í° del [Código Procesal Civil], (Exp. N.° 37695, de 30-05-1995, £ j. 7. Cuarta Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ). § 636. La facultad del juez de adaptar las demandas a las vías procedimentales que considere apropiada no puede ser ejercida arbitrariam ente. Tratándose de asociaciones, toda im pugnación se tram ita en el proceso abreviado. Tercero. [Si] bien, conforme al punto 1 del artículo 51 del [...] texto adjetivo, el juez está facultado para adaptar las demandas en las vías procedimentales que considere apropiadas, tal potestad no puede ser ejercitada arbitrariamente, porque aparte de su obligación de fundamentar sus decisiones (segundo párrafo del numeral 121 del ordenamiento procesal en mención), la íey le obliga a considerar la factibilidad de la adaptación. C uarto , [No] obstante tan claros preceptos, que son de carácter imperativo [...] el a quo no motivó su auto admisorio [...] pese a que adoptaba la vía de proceso de conocimiento, reservada para las acciones sin vía procedimental propia y, además, cuando por su naturaleza o complejidad de la pretensión, el juez considera atendible su empleo [..,]. Q uinto. [El] proceder del inferior deviene así desatinado e injustificado, tanto porque no cabe atribuir complejidad a una elección de una asociación cuanto porque dicho asunto no es cierto que no tenga vía procedimental propia, como se aduce en la resolución que es materia de grado. Sexto. [En] efecto, el artículo 92 del Código Civil, no ha sido derogado, dispone que, en lo que atañe a asociaciones, toda impugnación se sujeta al trámite del juicio de menor cuantía. (Exp. N.° 1647-95, de 04-09-1995, ff. jj. 3-6. Cuarta Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ). ORDENAR LOS ACTOS PROCESALES NECESARIOS AL ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS CONTROVERTIDOS (INCISO 2)

§ 637. El juez puede realizar los actos procesales necesarios para el esclarecimiento de los hechos controvertidos u ordenar en cualquier instancia la comparecencia personal de las partes, a fin de interrogarlas sobre los hechos discutidos (inc. 2). O ctavo. [...] [En] materia probatoria debe distinguirse entre actos de demostración y actos de verificación. En los primeros se incluyen los originados por las partes y en los segundos los provenientes de la iniciativa del juez, aunque al final tanto los unos como los otros confluyan en un solo punto: probar los hechos de las pretensiones. Así, nuestro ordenamiento procesal le ha conferido ciertas facultades al juez para que la etapa probatoria del proceso civil sea una auténtica comunidad de esfuerzos, de este y de las partes. Los incisos 2 y 3 del artículo 51 del Código Procesal Civil permiten al juez realizar actos procesales para el esclarecimiento de los hechos controvertidos u ordenar en cualquier instancia la comparecencia personal de las partes, a fin de interrogarías sobre los hechos discutidos. (Casación N.° 4465-2012-Lima, de 11-11-2013, f. j. 8. Sala Civil Transitoria [EP, 31-03-2014, Sentencias en Casación N.° 690, p. 49896], Texto completo: ). § 638. Corresponde a la sala de mérito dictar las orientaciones necesarias a fin de que el juez de la causa realice una pericia valorativa de los frutos que por concepto de reembolso se dem anda (inc. 2). Q uinto. [Si] bien el Colegiado de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huaura, a efectos de dar solución a la litis, concluyó acerca de la necesidad de que los accionantes inicien previamente un proceso de división y partición, no menos cierto es, que dado el tiempo transcurrido desde el inicio del presente proceso, tal decisión solo generaría una dilación innecesaria, la que es contraria a los fines del proceso. Sexto. [En] tal sentido, correspondía al órgano de vista, en uso de la facultad conferida en el artículo 51 del Código Procesal anotado, dictar las orientaciones necesarias a fin de que el juez de la causa realice una pericia valorativa de los frutos que por concepto de reembolso n o m o s & th e s is

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se demandan [...]. (Casación N.° 1886-2009-Huaura, de 25-03-2010, ff. jj. 5 y 6. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 31-01-2011, Sentencias en Casación N.° 636, p. 29422], Texto completo: ). § 639. Eos jueces cuentan con determinados poderes de iniciativa probatoria, independientem ente de ía carga de la prueba que incumbe a las partes, para el esclarecimiento de los hechos (inc. 2). S ép tim o. [...] [Los] magistrados cuentan con determinados poderes inquisitivos para el esclarecimiento de la certeza de los hechos controvertidos, poderes de iniciativa probatoria que son independientes de la carga de la prueba que incumbe a las partes, y que se encuentran previstos en ios artículos 51 inciso 2 y 194 del Código Procesal Civil, los que debe ejercitar de ser necesario. (Casación N.° 772-06-Chincha, de 26-09-2006, f. j. 7- Sala Civil Transitoria [EP, 01-02-2007, p. 18780], Texto completo: ). § 640. Las facultades que la ley otorga a los jueces en su apreciación y criterio razonado para resolver las causas justificadas, no constituye vulneración alguna al debido proceso (inc. 2). Tercero. [La] apreciación y criterio razonado utilizado por los jueces para resolver las causas es una de las facultades que la ley les otorga y su aplicación no constituye vulneración alguna al debido proceso, por lo que no se ha configurado violación o transgresión al haberse expedido las resoluciones materia del presente recurso, y por cuanto el recurrente ha hecho uso de los medios impugnatorios que la ley le concede, (Casación N.° 3073-200O-Lima, de 11-01-2001, f, j, 3- Sala Civil Permanente [EP, 01-032001, p, 6994], Texto completo: ). § 641. Autorización a los jueces de actuar las pruebas que consideren pertinentes p ara el esclarecimiento de los hechos controvertidos (ines. 2 y 3). Tercero. [.,.] [El] artículo 51 en sus incisos 2 y 3, así como el artículo 194 de ía norma procesal autorizan a los jueces a actuar las pruebas que consideren pertinentes para el esclarecimiento de los hechos controvertidos. C uarto. [A] sí, la Sala Superior, al advertir situaciones descritas en la impugnada y considerar que los medios probatorios actuados en el proceso no son suficientes para crear en el juez convicción sobre la materia en controversia, ha hecho uso de la facultad mencionada [...]. (Casación N.° 799-99-Arequipa, de 30-09-1999, ff. jj. 3 y 4. Sala Civil [EP, 20-11-1999, p. 4030], Texto completo: ). § 642. Facultad del Juez para actuar pruebas de oficio y ordenar los actos procesales necesarios al esclarecimiento de los hechos controvertidos. C uarto. [Cuando] el Código Procesal Civil, en sus artículos 194 e inciso 2 del artículo 51, faculta al juez para actuar pruebas de oficio y ordenar los actos procesales necesarios al esclarecimiento de los hechos controvertidos, lo hace para que se fije con precisión cuáles son los medios probatorios adicionales que deben actuarse, pero no como lo ha hecho la resolución de vísta, que no señala ninguna prueba complementaria, sino que lo hace en forma genérica. (Casación N.° 316-95-Piura, de 06-09-1996, f. j. 4. Sala Civil [EP, 25-11-1996, p. 2427]. Texto completo: ). § 643. La] invocación de ía facultad genérica a que se refiere el inciso 2 del articulo 51° del Código Procesal Civil no puede servir de fundamento para invocar la contravención de las normas que garantizan del derecho a un debido proceso (inc. 2). 3. [...] a) [La] invocación de la facultad genérica a que se refiere el inciso 2 del artículo 51° del Código Procesal Civil, no puede servir de fundamento para invocar la contravención de las normas que garantizan del derecho a un debido proceso [...]. 4. [...] [En] la sentencia se ha apreciado equivocadamente el contenido del escrito de contestación a la demanda para extraer del mismo la conclusión de que la recurrente “ha reconocido expresamente la existencia de la deuda” y estando a lo dispuesto por el artículo 221 del Código Procesal que asimila a lo manifestado por las partes a la declaración de parte, se debe concluir necesariamente que el extremo reclamado se refiere a cuestionar apreciación sobre hechos y no de derecho [...]. (Casación N.° 1012-95-Lambayeque, de 22-04-1996, ff. jj. 3 y 4. Sala Civil. Texto completo: ).

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OTRAS ATRIBUCIONES (INCISO 7)

§ 644. En los procesos de fam ilia, el juez tiene facultades tuitivas por lo que puede flexibilizar principios y normas procesales (inc. 7). Sexto. [...] [Si] bien es cierto, nos encontramos dentro de un Proceso de Interdicción, sin embargo, dentro de este se ha solicitado el nombramiento de un curador (derecho de familia), por lo tanto, resulta aplicable al caso de autos la Segunda Regla Procesal establecida en el Tercer Pleno Casatorio Civil que [...]: “Establece que en los procesos de familia el juez tiene facultades tuitivas, por lo que debe flexibilizar algunos principios y normas procesales como los de iniciativa de parte, congruencia, formalidad, eventualidad, preclusión, acumulación de pretensiones en atención a los conflictos que debe solucionar, de las relaciones familiares y personales, ofreciendo protección a la parte perjudicada1’. (Casación N.° 2693-2015-Lima, de 17-08-2016, f. j. 6. Sala Civil Transitoria [EP, 03-10-2017, Sentencias en Casación N.° 735, p. 99086]. Texto completo: ). § 645. El juez puede declarar de oficio la n ulidad cuando esta sea m anifiesta (inc. 7).

T ercero. [...] [Sin] embargo, no se advierte que dicho acto jurídico de anticresis se haya otorgado y celebrado por escritura pública, conforme lo exige el artículo 1092 del Código Civil, por tanto la inobservancia de la forma (escritura pública) es sancionada con nulidad; y habiéndose advertido que el referido acto jurídico adolece de nulidad manifiesta corresponde declarar su nulidad conforme al artículo 220 del Código Civil. (Casación N.° 4198-2012-Junín, de 14-10-2013, ff. jj. 3. Sala Civil Transitoria [EP, 30-01-2014, Sentencias en Casación N.° 688, p. 48490], Texto completo: ).

Artículo 52: Facultades disciplinarias del Juez A fin de conservar una conducta procesal correspondiente a la importancia y respeto de la actividad judicial, los Jueces deben: 1. Ordenar que se suprima la frase o palabra expresada o redactada en términos ofensivos o vejatorios; 2. Expulsar de las actuaciones a quienes alteren su desarrollo. Si se trata de una de las partes, se le impondrá además los apercibimientos que hubieran sido aplicables de no haber asistido a la actuación; y 3. Aplicar las sanciones disciplinarias que este Código y otras normas establezcan.

JURISPRUDENCIA DE LAS CORTES SUPERIORES

§ 646. Sanción al litigante y a su abogado que faltan a la verdad y no guardan respeto y moderación hacia la autoridad judicial. C uarto. [El] demandado y su abogado patrocinante faltan a la verdad y [...] proceden con falta de respeto y [...] moderación hacia la autoridad judicial, ya que como se aprecia [...] tanto al demandante como al demandado se les rechazaron sus respectivos escritos por no venir con la firma de los litigantes. (Exp. N.° 698-95, de 13-06-1995, f. j. 4. Segunda Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ). § 647. Si bien el cuaderno de apelación existen errores de foliación e inserción de piezas procesales, por economía procesal, no cabe declarar la nulidad del mismo. En todo caso, el Juez de la causa tiene facultades suficientes para sancionar las conductas maliciosas al interior deí proceso. Véase la jurisprudencia del artículo V del Código Procesal Civil [§ 264]. (Exp. N.° 3324-98, de 15-10-1998, ff. jj. 1-3. Sala de Procesos Abreviados y de Conocimiento. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ),

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SUJETOS DEL PROCESO / ÓRGANOS JUDICIALES

Alt 54

Artículo 53: Facultades coercitivas del Juez En atención al fin promovido y buscado en el artículo 52, el Juez puede: 1. Imponer multa compulsiva y progresiva destinada a que la parte o quien corresponda, cumpla sus mandatos con arreglo ai contenido de su decisión. La multa es establecida discrecionalmente por el Juez dentro de los límites que fija este Código, pudiendo reajustarla o dejarla sin efecto si considera que la desobediencia ha tenido o tiene justificación; y 2. Disponer la detención hasta por veinticuatro horas de quien resiste su mandato sin justificación, produciendo agravio a la parte o a la majestad del servicio de justicia. En atención a la importancia y urgencia de su mandato, el Juez decidirá la aplicación-sucesiva, individual o conjunta de las sanciones reguladas en este artículo. Las sanciones se aplicarán sin perjuicio del cumplimiento del mandato.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 648. El juez tiene la facultad de imponer m ultas a las partes a fin que se cum pla con algún mandato, mas no es una obligación (inc. 1 ) . Tercero. [...] b) La imposición de multa a las partes a fin de que se cumpla con algún mandato es solo una facultad que tiene el Juez mas no una obligación, por lo que no se advierte contravención al artículo 53 [del Código Procesal Civil] [...]. (Casación N.° 3094-2001-lea, de 24-10-2001, £ j. 3. Sala Civil Transitoria [EP, 02-02-2002, p. 8330], Texto completo: ). § 649. El juez tiene la facultad de denunciar ante el M inisterio Público la comisión de un delito mientras existan ciertos indicios razonables. P rim ero. [...] [El] recurrente [...] denuncia que: [...] c) se ha contravenido la norma contenida por el artículo 3 del Código de Procedimientos Penales que faculta al Juez poner en conocimiento del representante del Ministerio Público de la existencia de indicios razonables de la comisión de un delito, por lo que debió haber suspendido la tramitación del proceso. [...] T ercero . [El] cargo contenido eri el apartado c) no es amparable, pues la facultad otorgada al Juez de denunciar ante el Ministerio Público la comisión de un delito, tiene como premisa la existencia de indicios razonables del hecho en el proceso civil, lo que no ocurre en autos, en el que no obstante, el Colegiado ha dejado a salvo el derecho de la parte de hacerlo valer como corresponde. (Casación N.° 3-2000-Lima, de 14-03-2000, £ j. 3. Sala Civil Permanente [EP, 01-06-2000, p. 5451], Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DE LAS CORTES SUPERIORES

§ 650. Imposición de m ulta a procesado que ha actuado con falta de veracidad. [En] el caso de autos, el ejecutado ha actuado con falta de veracidad; no es menos cierto que la multa a imponerse debe ser calculada prudencialmente por el Juez, en función a ía cuantía de la suma ejecutada. (Exp. N.° 410-95, de 30-05-1995- Primera Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ).

CAPITULO III AUXILIARES JURISDICCIONALES Y ÓRGANOS DE AUXILIO JUDICIAL Artículo 54: Auxiliares de la jurisdicción civil Son auxiliares de la jurisdicción civil: los Secretarios de Sala, los Relatores, los Secretarios de Juzgado, los Oficiales Auxiliares de Justicia y los Órganos de Auxilio Judicial. ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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JURISPRUD ENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 651. El perito como un órgano de auxilio judicial. Séptim o. [CJorresponde señalar que, si bien la Sala Superior refiere en la resolución recurrida que, el perito no es un auxiliar jurisdiccional, no obstante, no ha tenido en consideración al resolver que, en el artículo 54 del Código Procesal Civil, se reconoce que: “Son auxiliares de la jurisdicción civil: los secretarios de sala, los relatores, los secretarios de juzgado, los oficiales auxiliares de justicia y los órganos de auxilio judicial” (subrayado agregado); siendo que, en ese sentido, el artículo 55 de la citada norma procesal precisa que: “Son órganos de auxilio judicial: el perito, el depositario, el interventor, el martiliero público, el curador procesal, la policía y los otros órganos que determine la ley” (subrayado agregado); de lo que se colige que, el concepto auxiliares de la jurisdicción civil, incorpora también a los órganos de auxilio judicial, entre los que se encuentra el perito. (Casación N.° 2062-2014-Lima, de 01-09-2015, f. j. 7. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 30-06-2016, Sentencias en Casación N.° 715, p. 79639], Texto completo: ).

Artículo 55: Órganos de auxilio Judicial Son órganos de auxilio judicial: el perito, el depositario, el interventor, el martiliero público, el curador procesal, la policía y los otros órganos que determine la ley.

PLENOS JURISDICCIONALES

§ 652. Concesorio de apelación a los órganos de auxilio judicial y al tercero no parte. ¿Es procedente conceder apelación a los órganos de auxilio ju d icia lllá m ese perito, depositario, martiliero; asimismo, a l tercero no parte como es el caso de los testigos? El Pleno acordó p o r m a y o r í a : “ L o s órganos de auxilio judicial tienen derecho al concesorio de apelación sin efecto y sin la calidad de diferida; porque, les favorece ei Principio de la Doble Instancia, al formar parte del proceso”. (Pleno Jurisdiccional Nacional Civil, realizado en Lima, 6 y 07-06-2008. Tema N,° 3. Subtema N.° 1 [Actuaciones Procesales respecto a los Organos de Auxilio Judicial], Texto completo: ). § 653. Factdtad del juez para fijar la retribución del m artiliero público. ¿En los remates judiciales, el Juez se encuentra en la facultad de fija r la retribución del Martiliero Público de acuerdo a la tabla de honorarios que refiere el artículo 13, num eral 1, de la Ley d el Martiliero Público, Ley N.° 27728, sin regular esta? Ei Pleno acordó por m a y o r í a : “N o obstante el artículo 18° del reglamento de la ley del Martiliero público señala un porcentaje sobre el valor del Bien, el juez puede regularla atendiendo a la naturaleza y Complejidad de la labor que baya desplegado”. (Pleno jurisdiccional Nacional Civil, realizado en Lima, el 06 y 07-06-2008. Tema N.° 3. Subtema N.° 2 [Actuaciones procesales respecto a órganos de auxilio judicial]. Texto completo: ). JURISPRUD ENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 654. El curador como un órgano de auxilio judicial. D écim o P rim ero. [La] cúratela es la institución supletoria de amparo establecida, a favor de los mayores de edad que se encuentran privados de discernimiento, siendo que en el caso de autos, se demanda la interdicción civil por incapacidad absoluta de ejercicio [...]. En tal senado, cabe señalar que el curador procesal, es un órgano de auxilio judicial, conforme lo señala el artículo 55 del Código Procesal Civil; el curador procesal se designa por el juez en los casos previstos por ley como una garantía para los justiciables a fin de proteger sus derechos al interior de un proceso judicial. (Casación N.° 2690-2012-Amazonas, de 12-07-2012, f. j. 11. Sala Civil Transitoria [EP, 02-01-2014, Sentencias en Casación N.° 687, p. 47615]. Texto completo: ). § 655. Los órganos de auxilio judicial proporcionan información profesional al juez del proceso. D écim o P rim ero. [...] [No] debe olvidarse que el artículo 55 del Código Procesal Civil faculta n o m o s & th e s is

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SUJETOS DEL PROCESO / ORGANOS JUDICIALES

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al juzgador a poder contar con información de profesionales dotados de conocimientos especializados que pueda coadyuvar a la solución de un proceso sometido a su conocimiento. (Casación N.° 4159-2011 -Lambayeque, de 17-09-2013, £ j. 11. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 30-06-2015, Sentencias en Casación N.° 705, p. 65176], Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DE LAS CORTES SUPERIORES

§ 656. El depositario como un órgano de auxilio judicial. El depositario es un sujeto que puede ser: 1) titular del bien embargado o ejercer por él algún tipo de representación o 2) un tercero cuando opera inicialmente como retenedor de los bienes embargados, supuestos que no se advierten en autos en la persona de la impugnante tanto más si aquella no es parte en el proceso y no ha acreditado fehacientemente ser titular de los demás bienes afectados. (Exp, N.° 1847-2005, de 26-01-2005. Sala Comercial. Corte Superior de justicia de Lima). § 657. El depositario jud icial es un auxiliar jurisdiccional, por lo que en tal calidad no tiene las mismas atribuciones que las partes de un proceso. El depositario judicial es un auxiliar jurisdiccional, por lo que en tal calidad no tiene las mismas atribuciones que las partes de un proceso, no pudíendo así impugnar la resolución que le ordena entregar el bien. (Exp. N.° 1512-97. Segunda Sala Civil. Corte Superior de Lima. Texto completo: Proceso cautelar , p. 882). § 658. Consentimiento del depositario. [No] habiendo prestado su consentimiento como depositario, no tiene la calidad de depositario y, por ende, no cabe requerirle para que haga entrega alguna y menos dictar contra él orden de detención. (Exp. N.° 252-95, de 02-05-1995. Segunda Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ).

Artículo 56: Deberes y responsabilidades de los auxiliares jurisdiccionales Los deberes y responsabilidades de los auxiliares de la jurisdicción civil se rigen por lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en las normas respectivas. Los órganos de auxilio judicial se rigen por las leyes y demás disposiciones pertinentes.

JURISPRUDENCIA DE LAS CORTES SUPERIORES

§ 659. El depositario judicial es un auxiliar jurisdiccional, por lo que en tal calidad no tiene las mismas atribuciones que las partes de un proceso. Véase la jurisprudencia del artículo 55° del Código Procesal Civil [§ 657]. (Exp. N.° 1512-97. Segunda Sala Civil. Corte Superior de Lima. Texto completo: Proceso cautelar , p. 882). § 660. El curador no puede adoptar, respecto a la parte demandante, una actitud que sin ser de allanam iento a la pretensión, im porte, en el fondo, el reconocimiento de los derechos que este reclama. Véase ía jurisprudencia del artículo 61° del Código Procesal Civil [§ 705]. (Exp. N.° 186595, de 14-11-1995, ff. jj. 1 y 2. Cuarta Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ).

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TÍTULO SI COMPARECENCIA AL PROCESO CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 57: Capacidad para ser parte material en un proceso Toda persona natural o jurídica, los órganos constitucionales autónomos y la sociedad conyugal, la sucesión indivisa y otras formas de patrimonio autónomo, pueden ser parte material en un proceso.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 661. Parte en el proceso es aquel que pide tutela jurisdiccional y pretende la actuación de una norma legal a un hecho determinado y aquel respecto del cual se form ula esa pretensión. Cuarto. [PJarte en el proceso es aquel que pide tutela jurisdiccional y pretende la actuación de una norma legal a un hecho determinado y aquel respecto del cual se formula esa pretensión, los que quedan individualizados en la demanda, fuera de los cuales y de acuerdo con las reglas del derogado Código de Procedimientos Civiles, no se admitía otra intervención; más el proceso actual permite la intervención de terceros, no incluidos en la demanda, debiendo el Juez identificar la'presencia actual o eventual, de todos aquellos sujetos imprescindibles para el logro de una sentencia válida (litisconsorcio necesario) en cuyo caso el Juez integra la relación procesal, sea a petición de parte o de oficio. (Casación N.° 983-98-Lima, de 13-10-1998, f. j. 4. Sala Civil [EP, 18-11-1998, p. 2056], Texto completo: ). § 662. La capacidad para ser parte m aterial en un proceso. Noción. D écim o. [Como] consecuencia de la facultad que les compete a las personas al haberse vulnerado su derecho aparece la intención de recuperarlo, actuación que no solo resulta del agravio sino de sentirse como propietaria, es decir, como titular del derecho que ha sido mellado por un tercero y conforme a lo previsto por los artículos [IV] del Título Preliminar y 57 del Código Procesal Civil el interés para obrar constituye un elemento de fondo para los efectos que la demanda sea admitida por lo que debe ser cuidadosamente elaborado permitiendo cuando exista la presencia de un acto doloso que sea racionalmente posible que el juez brinde tutela [...]. (Casación N.° 4681-2013-Lima, de 21-11-2014, f. j. 10. Sala Civil Transitoria [EP, 30-04-2015, Sentencias en Casación N.° 703, p. 61888]. Texto completo: ). § 663. Principio de igualdad y protección de los derechos de los litigantes (ius liga toris). T ercero . [La] salvaguarda de los principios de igualdad ante la ley y seguridad jurídica cobran sentido y plena eficacia, cuando coinciden en la protección de los derechos de los litigantes, que constituye el concepto del ius ligatoris, es decir, el derecho de los justiciables a que su petitorio sea decidido con justicia. (Casación N.° 467-95-Lima, de 09-06-1998, f. j. 3. Sala Civil [Eí> 17-07-1998, p, 1461]. Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DE LAS CORTES SUPERIORES

§ 664. La parte civil que se constituyó en el proceso penal, respecto de solo uno de los hechos investigados, tiene interés para obrar por su propio derecho y en representación de sus menores hijos. [Del] expediente penal aparece la constitución de doña MA viuda de V como parte civil, pero solo respecto del delito cometido en su agravio y no por la muerte de su cónyuge, hecho que es objeto de la presente acción indemnizatoria; [...] luego, al ampliarse el auto apertura de instrucción [..,] para investigar el delito de lesiones culposas en agravio de la referida demandante es que recién se constituye en parte civil solo respecto de este hecho investigatorio; [...] por consiguiente, tiene interés n o m o s & th e s is

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SUJETOS DEL PROCESO / COMPARECENCIA

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para obrar por su propio derecho y en representación de sus menores hijos en este proceso [...]. (Exp. N.° 1430-94, de 07-08-1995. Tercera Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ). § 665. Carece de interés para obrar en un proceso de im pugnación de acto o resolución adm inistrativa, el actor que por los mismos hechos ha interpuesto acción de amparo. Tercero. [En] el caso de autos, [...] se evidencia que la pretensión procesal del actor es la restitución del derecho pensionario que le ha sido suspendido, accionando contra los actos administrativos a través de los cuales se dispuso tal suspensión; importando ella la impugnación de los mismos. [...] Q uinto . [Por] otro lado, [aparece también que] el actor acredita que por los mismos hechos ha interpuesto acción de amparo, pretensión que viene siendo tutelada a su favor y, por consiguiente, carece de interés para obrar en este proceso. (Exp. N.° 23-95, de 12-05-1995, ff. jj. 3 y 5. Tercera Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ). § 666. Remisión. Véase también, sobre el interés para obrar, la jurisprudencia de los artículos ÍV (§ 198 ss.) y 427° (§ 2788 ss.) deí Código Procesal Civil. § 667. Remisión. Véase también, sobre la legitimidad para obrar, la jurisprudencia de los artículos IV (§ 208 ss.) y 427° (§ 2777 ss.) del Código Procesal Civil.

Artículo 58: Capacidad para comparecer en un proceso Tienen capacidad para comparecer por sí a un proceso o para conferir representación designando apoderado judicial, las personas que pueden disponer de los derechos que en él se hacen valer, así como aquellas a quienes la ley se lo faculte. Las demás deben comparecer por medio de representante legal. También pueden comparecer en un proceso, representando a otras personas, las que ejercen por sí sus derechos. Puede continuar un proceso quien durante su transcurso cambia de nombre, sin perjuicio de la causa que motivó tal hecho.

JURISPRUDENCIA PE LA CORTE SUPREMA

§ 668. Cum plir la m ayoría de edad faculta comparecer al proceso. Q uinto. [Se] advierte que el impugnante denuncia: que se ha contravenido normas que garantizan el derecho a un debido proceso, alega la afectación del artículo 58, 93, 95 y 98 del Código Procesal Civil, denunciando que durante el trámite del proceso y antes de que se emita sentencia de primera instancia su hijo [...] cumplió la mayoría de edad, sin embargo no compareció al proceso ni ha ejercido su derecho de acción contra su padre, siendo que las instancias de mérito omitieron incorporarlo al proceso a pesar de tener la condición de litisconsorte necesario activo, con lo que se vulnera el derecho de defensa y debido proceso, máxime si se condena al demandado a otorgar pensión de alimentos a favor de su hijo que no ha reclamado judicialmente dicha pretensión contra su padre demandado, evidenciándose una falta de legitimidad para obrar del demandante con respecto a la pretensión de alimentos de su hijo mayor de edad. (Casación N.° 110-2010-La Libertad, de 13-05-2010, f. j. 5. Sala Civil Transitoria [EP, 31-122010, Sentencias en Casación N.° 635, p. 29246]. Texto completo: ). § 669. U tilizar los recursos impugnatorios no otorga capacidad para comparecer al proceso.

Cuarto. El artículo 58° del Código Procesal Civil señala que tienen capacidad para comparecer por sí a un proceso o para conferir representación designando apoderado judicial, las personas que pueden disponer de los derechos que en él se hacen valer, así como aquellas a quienes la ley se lo faculte. Las demás deben comparecer por medio de representante legal. Q uinto. [Se] aprecia del escrito [...], que [el] Banco [...] interpuso recurso de apelación contra la resolución de primera instancia que declara infundadas las excepciones propuestas por el ejecutado e improcedente la demanda; empero, esta ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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entidad no tenía capacidad para comparecer a este proceso, ya que es LSH Sociedad Anónima quien interpone ia presente demanda de ejecución de garantías: más aún si se tiene en cuenta que la propia recurrente manifiesta en su escrito [...], que la cuenta materia de cobro no fue trasladada al Banco WS: por tanto, no se evidencia la aludida contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso por lo que el recurso no merece ser amparado. (Casación N.° 429-2004-Lima, de 23-10-2003, ff. jj. 4-5. Sala Civil Permanente [EP, 14-06-2005]. Texto completo: ).

Artículo 59: El Estado como parte Cuando el Estado y sus dependencias, o las empresas públicas y privadas con participación económica determinante de aquél intervienen en un proceso civil, cualquiera sea la calificación o ubicación procesal que se les asigne, se someterán al Poder Judicial sin más privilegios que los expresamente señalados en este Código.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 670. El Estado como parte. Fundamento. Cuarto. [El] artículo 413 del Código Procesal Civil, prescribe de manera expresa que cuando el Estado es vencido en el proceso, está exento de la condena de costos. Q uinto. [Tal] privilegio surge del propio mandato legal y es compatible con lo expuesto en el numeral 59 del Código Procesal Civil que prescribe que: “el Estado debe someterse al Poder Judicial sin más privilegios que los expresamente señalados en este código”. Sexto. [Estando] a lo expuesto, cuando las instancias de mérito han condenado al Estado al pago de costos, han infringido lo dispuesto en las normas antes señaladas, por lo que debe enmendarse esta anomalía, sin que ello signifique modificación de la sentencia, por ser este asunto incidental a la misma, (Casación N.° 447-2013-Lima, de 15-102013, ff. jj. 4 y 5. Sala Civil Permanente [EP, 30-05-2014, Sentencias en Casación N.° 692, p. 51613]. Texto completo: ). § 671. Cuando el Estado y sus dependencias actúan en un proceso civil se someterán al proceso judicial sin más privilegios que los del Código Procesal Civil. Es procedente la declaración de abandono en el proceso en contra del Estado. Tercero. [En] el Código Procesal Civil existen dos normas relacionadas con el caso y son el artículo 59 y la Sétima Disposición Complementaria, que señalan que cuando el Estado y sus dependencias o las empresas públicas o privadas con participación económica determinante de aquél, intervienen en un proceso civil, cualquiera sea su calificación o ubicación procesal que se les asigne, se someterán al Poder Judicial sin más privilegios que los expresamente señalados en este Código, quedando suprimidos todos los privilegios en materia procesal civil a favor del Estado, sus respectivas reparticiones y demás entidades de derecho público o privado. Cuarto. [Lo] dispuesto por el artículo 23 del D. Ley N.° 17537, constituye un privilegio procesal a favor del Estado, el mismo que ha quedado suprimido, por las normas deí Código Procesal Civil antes señaladas, ya dicho privilegio expresamente no se otorga por el Código a favor del Estado. (Casación N.° 693-98-Loreto, de 19-051999, ff. jj. 3 y 4, Sala Civil [EP 23-05-2000], Texto completo: ). § 672. El Estado, como parte en un proceso civil, se somete al Poder Judicial sin más privilegios que señala la ley. S egundo. [El] Estado como parte, con sujeción a lo previsto en el artículo 59 del Código Procesal Civil, al intervenir en el proceso civil, se somete al Poder Judicial sin más privilegios que los que expresamente señala dicho Código. Tercero. [El] recurso de casación debe estar fundamentado y circunscribirse estrictamente a las causales contenidas en el artículo 386 del citado Código [...]. (Casación N.° 174-94-Cajamarca, de 28-11-1994, ff. jj. 2 y 3. Sala Civil. Texto completo: ). § 673. El Estado se encuentra en igual situación que cualquier litigante. Tercero. [El] Código Adjetivo no otorga ningún privilegio al Estado, con respecto al abandono, por lo que el Estado se encuentra en igual situación que cualquier litigante. (Casación N.° 892-98-Loreto, de 17-08-1998, f. j. 3. Sala Civil Transitoria [EP, 02-10-1998, p. 1726]. Texto completo: ). n o m o s & th e s is

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§ 674. Por el principio de socialización del proceso, las dependencias públicas no tienen privilegios en m ateria procesal civil. Véase la jurisprudencia del artículo VI del Código Procesal Civil [§ 294]. (Casación N.° 3912-2001 -Arequipa, de 27-12-2002, f. j. 2. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 02-12-2003]. Texto completo: ). § 675. Las normas que regulaban privilegios en m ateria procesal civil a favor del Estado han sido suprim idas. Véase la jurisprudencia del artículo VI del Código Procesal Civil [§ 296]. (Casación N.° 1049-98-Loreto, de 19-05-1999, ff. jj. 3 y 4. Sala Civil Transitoria [EP, 14-06-2000, p. 5487]. Texto completo: ). REMISIÓN

§ 676. Remisión. Véase también, sobre el principio de igualdad de las partes, la jurisprudencia del artículo VI del Código Procesal Civil (§ 295 ss.).

Artículo 60: Sustitución procesal En el caso previsto en el inciso 4 del artículo 1219 del Código Civil y en los demás que la ley permita, una persona puede iniciar un proceso o coadyuvar la defensa del ya iniciado cuando tenga interés en su resultado, sin necesidad de acreditar derecho propio o interés directo en la materia discutida.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 677. No es necesario que el ejercicio de la acción de rescisión por lesión sea hecho por un acreedor que tenga a n a deuda judicialm ente reconocida a su favor respecto de sus deudores. D écim o tercero. [Se] aprecia que al interpretar la norma del artículo 1219, inciso 4, del Código Civil, el Superior Colegiado ha concluido que “la parte demandante no ha acreditado tener una deuda reconocida judicialmente a su favor de parte de los supuestos [cónyuges] deudores [...]”. Sin embargo, haciendo una rigurosa interpretación, este Supremo Colegiado estima que ni la letra ni el espíritu de la citada norma exigen que el ejercicio de la acción de rescisión por lesión sea hecho por un acreedor que tenga una deuda judicialmente reconocida a su favor respecto de sus deudores. Por el contrario, de la norma en estudio fluye claramente que el acreedor (genéricamente considerado) puede ejercer los derechos de su deudor, sea en vía de acción o para asumir su defensa, salvo en los derechos intuito personae o cuando lo prohíba la ley “la acción de lesión puede ser promovida por los acreedores del vendedor, porque este no es un derecho inherente” es decir, para ejercitar los derechos a que refiere esta norma no se requiere otra calidad que la de ser acreedor y en el caso de autos esta calidad se vislumbra de los documentos adjuntados a la demanda y en todo caso, es en el proceso donde se debe determinar finalmente si la empresa demandante es acreedora o no y si, por tanto, le asiste o no el derecho para ejercitar las acciones a que se refiere el susodicho artículo 1219, inciso 4 del Código Civil. (Casación N.° 3528-2007-Lima, de 01-09-2008, £ j. 13. Sala Civil Transitoria [EP, 03-12-2009, p. 26544]. Texto completo: ). § 678. No tiene falta de legitim idad para obrar la persona que no determina su situación jurídica. Actora que interpone primero demanda en calidad de “sucesora procesal” de su fallecido esposo y luego como “cónyuge supérstite”. Séptim o. [...] [La] Sala Superior para declarar la improcedencia de la demanda por falta de legitimidad para obrar de la demandante, no se ajusta al mérito de lo actuado, pues si bien es cierto que en un primer momento la actora señaló que interpuso la presente demanda en calidad de “sucesora procesal” de su fallecido esposo [...], en aplicación del inciso 1 del artículo 108 del Código Procesal Civil; sin embargo, en un segundo momento aclaró que presentó la demanda como “cónyuge supérstite” de su causante, en aplicación del artículo 60 del Código Procesal Civil que señala lo siguiente: “En el caso previsto en el inciso 4 del artículo 1219 del Código Civil y en los demás que la ley permita, una persona puede iniciar un proceso o coadyuvar ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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la defensa del ya iniciado cuando tenga interés en su resultado, sin necesidad de acreditar derecho propio o interés directo en la materia discutida”; y del articulo 1218 del Código Civil, señala que; “La obligación se trasmite a los herederos, salvo cuando es inherente a la persona, lo prohíbe la ley o se ha pactado en contrario”, normas que deben ser concordadas con el artículo 660 del Código sustantivo que prescribe que; “Desde el momento de la muerte de una persona, los bienes, derechos y obligaciones que constituyen la herencia se trasmiten a sus sucesores”; por lo que no se ha configurado una falta de legitimidad para obrar de la demandante. (Casación Ñ.° 2570-2014-Lima, de 14-08-2015, f. j. 7. Sala Civil Transitoria [EP, 30-12-2015, Sentencias en Casación N.° 710, p. 73386], Texto completo: ).

Artículo 61: Curaduría procesa! El curador procesal es un abogado nombrado por el Juez a pedido de interesado, que interviene en el proceso en los siguientes casos: 1. Cuando no sea posible emplazar válidamente al demandado por ser indeterminado, incierto o con domicilio o residencia ignorados, según lo dispuesto por el artículo 435; 2. Cuando no se pueda establecer o se suspenda la relación procesal por restricción de la capacidad de ejercicio de la parte o de su representante legal; 3. Cuando exista falta, ausencia o impedimento del representante de la persona con capacidad de ejercicio restringida, según lo dispuesto por el artículo 66; o 4. Cuando no comparece el sucesor procesal, en los casos que así corresponda, según lo dispuesto por e! artículo 108. Concluye la actuación del curador procesal si la parte o su representante legal comparecen al haber adquirido o recuperado su capacidad procesal.(1) NOTA DE A C T U A L IZ A C IÓ N

(1) Artículo modificado por el artículo 4 del Decreto Legislativo N.° 1384 (EP, 04-09-2018), que reformó ios incisos 2 y 3.

PLENOS JURISDICCIONALES

§ 679. Nombramiento de curador procesal en procesos de violencia familiar. En los procesos derivados de Violencia Familiar, ¿Procede la designación do un curador procesal cuando el demandado no es habido ó teniendo en consideración que dictada la sentencia estimatoria p u ed e resultar ineficaz p or cuanto este no podrá cum plir lo dispuesto, p o r el operador judicial', o ¿La tramitación d el proceso deberá suspenderse hasta que se notifique personalm ente al dem andado? El Pleno acordó por u n a n i m i d a d : “Sí procede la designación de un curador procesal, toda vez, que se trata de un proceso de naturaleza civil, cuya sentencia estimatoria, necesariamente concluirá con sanciones para el agresor, medidas de protección y tratamiento para la víctima; en consecuencia, no acarrea su ineficacia porque el cumplimiento se reservará hasta que el agresor sea notificado personalmente”. (Pleno jurisdiccional Distrital de Familia, realizado en Amazonas, el 20-09-2014. Tema N.° 1: Curador procesal en procesos de violencia familiar. Texto completo: ). § 680. Designación de curador especial p a ra la defensa de los intereses del menor en las acciones de n ulidad de reconocimiento de filiación o en las adopciones. El derecho a ser oído en los procesos

de emplazamiento y desplazamiento de filiación d el niño>niña y ¡o adolescente. ¿Es posible la designación de un curador especial que defienda los intereses de un m enor para el caso de las acciones de impugnación de paternidad, en las acciones de nulidad de reconocim iento de filiación o en las adopciones, aunque no esté previsto en la norm al El Pleno acordó por u n a n i m i d a d : “En los procesos de desplazamiento (negación de paternidad, contestación de paternidad, impugnación de paternidad, nulidad de acto jurídico de reconocimiento) debería nombrarse un curador especial de la defensa pública y no cualquier abogado, n o m o s & th e s is

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a fin de que represente los intereses del menor, específicamente su derecho a la identidad y derecho de defensa. Si bien es cierto, no existe un mandato legal para el nombramiento del curador especial para los casos referidos, así como tampoco no existe una norma expresa que requiera la presencia del niño, niña o adolescente, debe tenerse en cuenta que el Código Civil, así como el Código Procesal Civil y las normas nacionales sobre el tema, son normas preexistentes a la Convención sobre los Derechos del Niño, siendo que a partir de la Convención citada, para el Perú está incorporada a la Constitución y por tanto se convierten en mandato imperativo; la visión de estas acciones cambian de naturaleza y dejan de verse como una acción o conflicto de intereses dado entre los padres para pasar a ser visto como la necesidad de protección de los Derechos de Nombre, Identidad y Filiación del niño. Desde ese punto de vista los artículos 4o, 7° y 12° de la Convención, referidos a las facultades de todas las autoridades del Estado que tengan intervención directa relacionados con los derechos-de los niños y adolescentes, al derecho a la opinión de los niños y adolescentes y la obligación de contar con ella en todas las decisiones que lo afecten directamente, hacen necesario dos cosas: Que exista la aplicación del Principio del Interés Superior del Niño, como un criterio de interpretación, que tiende a la protección efectiva de los derechos del niño. En ese marco, existiendo la posibilidad de un conflicto entre el niño y sus padres debe existir un tercero que represente sus intereses frente a los de sus padres. Que sí se considera necesario contar con la opinión de los niños en caso de los regímenes de visita y tenencia con mayor razón en una acción que discute el despojamiento de su filiación. En los procesos de emplazamiento (adopción y reconocimiento) consideramos que no es necesario que se designe a un curador especial toda vez que el menor está representado por los padres y el proceso no implica la pérdida de ningún derecho”. (Pleno jurisdiccional Distrital de Familia, realizado en Callao, el 2110-2011. Tema N.° I: El derecho a ser oído en los procesos de emplazamiento y desplazamiento de filiación del niño, niñay/o adolescente. Texto completo: ). § 681. Procedencia del nombramiento del curador procesal en los procesos de interdicción. El Pleno acordó p o r m a y o r í a : “Que, debe nombrarse curador procesal al presunto interdicto a fin de salvaguardar su derecho de defensa, ello en atención a que a la demanda se anexa el correspondiente certificado médico, la cual si bien será materia de ratificación al interior del proceso no es menos cierto que va adelantado el estado de incapacidad en que se encontraría dicho demandado, más aún si dicho nombramiento - de curador procesal - no incurre en causal de nulidad alguna”. (Pleno Jurisdiccional Distrital en Materias Civil, Familia, Laboral y Penal, realizado por la Corte Superior de Justicia de lea, los días 3 y 10-12-2007. Conclusión N.° 12. Texto completo: ). § 682, No procede la designación de curador procesal si se desconoce el dom icilio del demandado o se desnaturaliza el proceso. ¿Qué ocurre si se desconoce el domicilio del demandado,

procede la designación de curador procesal o se desnaturaliza el proceso? ¿Cuáles son los efectos de la notificación edictal'? El Pleno acordó por u n a n i m i d a d : “Se llegó a establecer que no se puede designar curador procesal en caso que la demandante manifieste desconocer su domicilio por cuanto desnaturalizaría el proceso. En lo referido a los efectos de la notificación edictal, por unanimidad se llegó a establecer que en caso se presenten demandas de esta naturaleza, es decir que se desconozca el domicilio del demandado, no procede realizar la notificación por edictos y la demanda se declarara inadmisible requiriendo a la demandante que precise el domicilio o la dirección domiciliaria del demandado”. (Pleno Jurisdiccional Distrital en materia Civil, Laboral y Familia, realizado por la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, los días 14 y 15-06-2007. Conclusión N.° 16. Texto completo: ). § 683. Supuestos en los que procede exigir nombrar curador procesal en un proceso de interdicción civil. ¿Procede exigir que se nom bre curador procesal al demandado en un proceso de interdicción civil? El Pleno acordó por c o n s e n s o : “No procede exigir que se nombre curador procesal al demandado en un proceso de interdicción civil, salvo que sea evidente su discapacidad”. (Pleno Jurisdiccional Civil, realizado en Cusco, los días 22 al 25-09-1999. Acuerdo N.° 8. Texto completo: ). ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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§ 684. Curador procesal. Definición. N oveno, [Como] lo define el artículo 61 del Código Procesal Civil, el “curador procesal” es aquel abogado nombrado por el juez a pedido de interesado, el cual interviene en el proceso por distintas situaciones siendo una de ellas cuando no sea posible emplazar válidamente al demandado por ser indeterminado, incierto o con domicilio o residencia ignorados, según lo dispuesto por el artículo 435 del mismo cuerpo normativo, siendo considerado como un órgano de auxilio judicial conforme al artículo 55 de la normatividad antes indicada. (Casación N.° 4135-2012-Piura, de 28-05-2013, f. j. 9. Sala Civil Permanente [EP, 30-04-2014, Sentencias en Casación N.° 691, p. 50720], Texto completo: ). § 685. Nombramiento del curador procesal. El fallecimiento del demandante o de uno de los codemandantes origina el nombramiento del curador procesal. (Casación N.° 591-95-Lima, de 11.-091995, sumiíla. Sala Civil. Texto completo: ). § 686. L a muerte de la persona suspende el trám ite del proceso. [Lo] La muerte de una persona, que es parte en un proceso judicial, suspende el trámite de esta hasta designarse al curador procesal. (Casación N.° 172-95, de 25-09-1995, sumilla. Sala Civil. Texto completo: ). § 687. Se contraviene al debido proceso si el curador procesal nombrado no cumplió con asistir a una audiencia única, lo que conllevó finalmente a la expedición de un a sentencia adversa a los intereses de sus representados, la m ism a que tampoco cumplió con apelarla. Tercero. [El] curador procesal es aquel abogado designado por el Juez para comparecer en un proceso en lugar de la parte o de su representante legal por no tener éstos capacidad procesal o no poder hacerla efectiva, ejercitando de esta manera, en su representación, el ejercicio pleno del derecho constitucional de defensa que le asiste a todo justiciable. [...] Q uinto. [En] el presente caso, si bien el juez de la causa cumplió con designar Curador Procesal conforme a las formalidades exigidas en el artículo 165 del Código Procesal Civil, al haber declarado el demandante [...] desconocer el domicilio de los integrantes de la sucesión demandada y haber agotado las gestiones para conocer dicho domicilio, sin embargo se advierte del Acta de Audiencia Unica [...], que el [,,,] Curador Procesal nombrado en autos para defender los intereses de los codemandados, no cumplió con asistir a tan importante acto procesal, incumpliendo de esta manera con las funciones encomendadas por mandato judicial y que de manera imperativa le atribuye la Ley a su cargo, generándole a esta parte un estado de indefensión que conllevó finalmente a la expedición de una sentencia adversa a los intereses de sus representados, la misma que tampoco cumplió con apelarla, Sexto. [En] consecuencia, de lo expuesto, debe concluirse que en el presente proceso no solo se han contravenido los numerales 3 y 14 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, sino también los artículos I del Título Preliminar del Código Procesal Civil y 61 de la misma norma. (Casación N.° 2756-2002-Lambayeque, de 25-06-2004, ffi jj. 3 y 5- Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 03-01-2005, p. 13325]. Texto completo: ). § 688. El curador procesal no está facultado para formular allanamiento a la pretensión del demandante, de lo contrario renunciando a la defensa de los intereses de su representado. Deber de veracidad, probidad, lealtad y buena fe. S egundo. [...] D) [...] [El] curador procesal se extralimitó en las funciones que le corresponden al allanarse a la pretensión del demandante, por cuanto no existe norma alguna que lo faculte expresamente a formular allanamiento; por tanto, este resulta improcedente. Tercero. [La] referida actuación del [...] mencionado [curador] no se condice con el deber de veracidad, probidad, lealtad y buena fe, a que está obligado por mandato del artículo 109 del Código Procesal Civil, puesto que su actitud implica una renuncia a la defensa de los intereses de su representada, aun antes de la actuación de los medios probatorios [...]; por consiguiente, [...] corresponde al juez de la causa determinar la sanción correspondiente al mencionado curador procesal, al amparo de lo preceptuado en los artículos 50 y 51 del Código Procesal Civil. (Casación N.° 2324-2006-Arequipa, de 28-03-2007, ffi jj. 2 y 3. Sala Civil Transitoria [EP, 02-10-2007, p. 20762], Texto completo: cbit.ly/2J Q6gVX>). n o m o s & thesis

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§ 689. El curador procesal concluye su ejercicio cuando comparece la parte. P r im e r o . [...] El Curador procesal es un representante legitimado para actuar en el proceso, con los deberes y obligaciones que la ley y la ética le imponen a las partes. La actuación del curador procesal concluye si la parte o su representante legal comparecen al haber adquirido o recuperado su capacidad procesal. (Casación N.° 1631-2005-Ancash, de 02-12-2005, f. j. 1. Sala Civil Permanente [EP, 01-08-2006, p. 16893]. Texto completo: ). § 690. El curador procesal es nombrado solo para efectos de representación en el proceso, mas no para representarla fuera del proceso, en la celebración de actos jurídicos sustantivos. P r im e r o . El recurrente acusa: [...] d) Conculcación de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, sosteniendo que si el criterio del Juzgado hubiera sido que las obligaciones de la demandada son intuito personae y por tanto intransmisibles, debió dar por concluido el proceso en forma inmediata a su fallecimiento y no esperar el nombramiento de curador procesal y la finalización de la actuación de todas las pruebas, para con una aplicación de normas de derecho material exonerarla de responsabilidad, y permitiendo que sus hijos continúen usufructuando los bienes que pertenecen a su causante. [...] Q u i n t o . La alegación prevista en el punto d) [...] es desestimada, pues [...] el curador procesal es nombrado solo para efectos de representación en el proceso, mas no para representarla fuera del proceso, en la celebración de actos jurídicos sustantivos [...]. (Casación N,° 502-2007-Ica, de 09-04-2007, ff jj. 1 y 5. Sala Civil Permanente [EP, 02-07-2007, p. 19646]. Texto completo: ). § 691. El curador procesal tiene la calidad de órgano de auxilio judicial que actúa en defecto del demandado. No puede tener la calidad de parte en el proceso. P r im e r o . [Tal] como lo dispone el artículo 55 y el inciso 1 del artículo 61 del Código Procesal Civil el curador procesal es un órgano de auxilio judicial que interviene en caso que no sea posible emplazar válidamente al demandado por ser indeterminado e incierto o con domicilio o residencia ignorada. S e g u n d o . [Teniendo] el curador procesal la calidad de órgano de auxilio judicial que actúa en defecto del demandado, no puede tener la calidad de parte en el proceso, pues esa calidad solamente le corresponde al emplazado, el cual en caso que se encuentre indeterminado o se ignore su domicilio se entiende que ha sido emplazado válidamente transcurrido el plazo de emplazamiento a que se refiere el artículo 435 in fin e del Código Adjetivo o los plazos especiales de emplazamiento establecidos para cada proceso. T e rc e ro . [Cuando] el artículo 435 del Código adjetivo habla del plazo de emplazamiento del demandado indeterminado o con domicilio ignorado, se está refiriendo al momento en que se entiende que este demandado resulta válidamente notificado, para lo cual se requerirá que venza efectivamente este plazo o el que se establezca de acuerdo a cada procedimiento. (Casación N.° 184-01-Lima, de 06-06-2001, ff. jj. 1-3. Sala Civil Transitoria [EP, 30-11-2001, p. 8112], Texto completo: ). § 692. El juez no puede declarar rebelde al curador procesal por no haber contestado la demanda. S e g u n d o . [...] [El] Código Procesal Civil establece [...] que cuando el demandante ignore el domicilio del demandado, el emplazamiento se hará mediante edicto, bajo apercibimiento de nombrarse curador procesal [...]. T e rc e ro . [De autos] se advierte la Resolución N.° 4 [...] por la que se dispone se notifique por edictos a los demandados [...], publicándose por tres días hábiles en la Diario Oficial El Peruano y en [un] diario local [...]. C u a r t o . [Pese] a que la citada Resolución N.° 4 no conlleva el apercibimiento correspondiente [señalado en el fundamento segundo], mediante los edictos [...] y las publicaciones [correspondientes] se exhorta a los emplazados a absolver el traslado de la demanda en el plazo especial de sesenta días, bajo apercibimiento de nombrarse curador procesal; y por [otra] resolución [...] el Juez de la causa, haciendo efectivo un apercibimiento no decretado, lleva a cabo el acto procesal de designar [a un letrado] como curador procesal de los demandados [...]; a quien se le declarará rebelde mediante auto [...] por no haber contestado la demanda dentro del plazo de ley. Q u i n t o . [Los] hechos antes descritos evidencian la concurrencia de actos que transgreden las normas esenciales del procedimiento, y conllevan la nulidad de actuados que alcanza hasta la Resolución N.° 4 [...]. (Casación N.° 220-2002-Cañete, de 27-05-2003, ff. jj. 2, 4 y 5. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 02-02-2004, p. 11364]. Texto completo: ). * SUMMA PROCESAL CIVIL

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§ 693. No existe razón para nombrar un curador procesal al fallecimiento de una persona que deja sus bienes, porque estos pasan automáticamente a sus herederos. Cuarto. [...] [El] recurrente señala que la contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, se debe a que en el proceso de división y partición a que se contrae la cosa juzgada fraudulenta se omitió emplazar al testador [...], a cuyo efecto, habiendo fallecido correspondía nombrársele un curador procesal, y con que esa omisión se pretende hacer tabla rasa del testamento que otorgó. Q uinto. [...] [Al] fallecimiento de una persona sus bienes pasan automáticamente a sus herederos, luego no existe razón para que se siga el juicio de partición con un curador que lo represente, quedando debidamente compuesta la causa con el emplazamiento de todos los herederos designados [...]. (Casación N.° 1084-99-Buancavelica, de 18-10-1999, f. j. 5. Sala Civil [EP, 07-01-2000, p. 4506]. Texto completo: ). § 694. La falta del nombramiento de un curador procesal vulnera el derecho de defensa de la sucesión. Tampoco se ha acreditado la condición de heredero tínico o que se tenga la representación de los demás integrantes de la sucesión. Q uinto . [El] Juez de la causa emitió la resolución [...] mediante la cual declaró procedente la devolución de la cédula dirigida al [...] codemandado, concediéndole un plazo a la citada accionada para que se apersone al proceso como sucesora [...], bajo apercibimiento de nombrarse curador procesal. Sexto. [La] parte resolutiva de la citada resolución se desprende que en ella se ha considerado a la codemandada aludida como única sucesora del causante, sin tener la certeza de que ello sea así, pues no obra en autos la sentencia recaída en el proceso de declaratoria de herederos, en la que se establezca quién o quiénes han sido declarados como herederos, o que tenga la representación de los demás integrantes de la citada sucesión. Séptim o. [La] irregularidad anotada, tampoco se ha cumplido con nombrar curador procesal conforme al apercibimiento consignado en la resolución aludida. O ctavo. [Siendo] esto así, se ha vulnerado el derecho de defensa de la sucesión [...]. (Casación N° 1473-2000-Santa, de 17-11-2000, ff. jj. 5- 8. Sala Civil [EP, 02-01-2001, p. 6697]. Texto completo: ). § 695- El reconocimiento de un documento privado solo puede ser efectuado por su otorgante o sus herederos, mas no por un curador procesal. Cuarto. [Como] lo establece el artículo 292 del Código Adjetivo, el reconocimiento de un documento privado solo puede ser efectuado por su otorgante o sus herederos, lo que ha sido reconocido en la resolución expedida en la prueba anticipada, que admite la imposibilidad jurídica de que el reconocimiento de la letra de cambio sea efectuado por el curador procesal. (Casación N.° 2640-2001-Lima, de 30-11-2001, f. j. 4. Sala Civil Transitoria [EP, 01-04-2002, p, 8521]. Texto completo: ). § 696, La prueba anticipada que consiste en el reconocimiento de un documento privado no puede notificarse al curador procesal. Sexto. [La] resolución [...] de dicha prueba anticipada [reconocimiento de una letra de cambio] por la que se señala día y hora para la audiencia de actuación y declaración judicial, donde el representante legal de la [empresa demandada] debía practicar el reconocimiento solicitado, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el inciso 1 del numeral 296 del Código Procesal Civil, no fue notificada a dicha obligada ni por edictos ni por cédula, habiéndose notificado solamente ai curador procesal, que no podía practicar el reconocimiento. Séptim o. [A] pesar de ello se ha hecho efectivo el apercibimiento y se ha tenido por reconocida la letra de cambio en su contenido y firma, afectando la garantía constitucional del debido proceso, lo que determina que la prueba anticipada no se ha tramitado con arreglo a ley y por lo tanto no tiene mérito ejecutivo. (Casación N.° 2640-2001-Lima, de 30-11-2001, ff. jj. 6 y 7. Sala Civil Transitoria [EP, 01-04-2002, p, 8521]. Texto completo: ). § 697. El curador procesal representa a los herederos y no al causante. No existe un perjuicio cuando una de las partes fallece y no se apersonan sus sucesores siendo luego representados por un curador procesal. O ctavo. [Lo] expresado por el impugnante [...] sobre el nombramiento de curador procesal para un supuesto que no es el de autos, ya que no se está ante un caso de sucesión procesal, lo que se encuentra corroborado por lo actuado en el proceso y lo señalado por el artículo 61 deí Código Procesal Civil, concordado con eí artículo 108 inciso 1 del acotado Código, por cuanto n o m o s & thesis

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[la causante] nunca pudo formar parte del proceso, al haber fallecido antes de su inicio; por lo tanto, no puede hablarse de un sucesor procesal de una parte que nunca existió. N oveno. Al respecto, cabe anotar que la actuación de la curadora es favorable a los miembros de tal sucesión, los que nunca se apersonaron a formular contradicción; por lo que no se evidencia un perjuicio para lo actuado en primera instancia; pues ante la falta de contradicción oportuna correspondía se ordene el remate de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 723° del Código Procesal Civil; sin embargo, se advierte que el perjuicio se da cuando el auto definitivo declara infundada la contradicción formulada por la curadora procesal, solo fue notificado a don A. F. M. [esposo de la causante], mas no así a los otros miembros de la sucesión; lo que conlleva al recorte de sus derechos de defensa, irregularidad que resulta de sanción de nulidad al ser un vicio insubsanable. (Casación N.° 2 l4l-2001-L a Libertad, de 08-02-2002, ff. jj. 8 y 9. Sala Civil Permanente [EP, 01-10-2002, p. 9276]. Texto completo: ) § 698. Sujetos legitim ados para interponer recurso de apelación. Véase la jurisprudencia del artículo 364° del Código Procesal Civil [§ 2344], (Casación N.° 15676-2014-Cajamarca, de 04-072017, f. j. 5. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 03-01-2018, Sentencias en Casación N.° 741, p. 103528], Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DE LAS CORTES SUPERIORES

§ 699. Supuestos para nombrar curador procesal. [...] [El] curador procesal es un abogado nombrado por el juez, a pedido del interesado, que interviene en el proceso cuando no sea posible emplazar válidamente al demandado por indeterminado, incierto o con domicilio o residencia ignorados [...]; [...] cuando el demandante ignore el domicilio del demandado, el emplazamiento también se hará mediante el edicto, bajo apercibimiento de nombrársele curador procesal; que al no haberse procedido así, se ha privado ai demandado de hacer uso de su legítimo derecho de defensa [...]. (Exp. N.° 816-95, de 16-06-1995. Sexta Sala Civil. Corte Superior de justicia de Lima. Texto completo: ). § 700. No es posible nombrar curador para los incapaces sin que preceda la declaración judicial de interdicción. No es viable el nombramiento de curador en un proceso de interdicción. [...] [La] demanda de interdicción de un incapaz se dirige contra este, así como contra las personas que teniendo derecho a solicitarla, no lo hubieran hecho; que adicionalmente [...] debe acompañarse a la demandada, la certificación médica sobre el estado del presunto interdicto, la que se entiende expedida bajo juramento o promesa de veracidad, certificación que debe, asimismo, ser ratificada en la audiencia respectiva, según lo prescrito por el inciso 2 del artículo 582 del [Código Procesal Civil]; que ninguna de estas prescripciones ha sido cumplida pues, el presunto interdicto no ha sido notificado con la demanda, ni se ha procedido a la ratificación respectiva, sino a la facción de una pericia no prevista en el procedimiento; que según el criterio que informa el artículo 566 del Código Civil, no es posible nombrar curador para los incapaces, sin que preceda declaración judicial de interdicción, por lo que, en este procedimiento, no es viable el nombramiento de curador, nombramiento que, formulada la declaración puede hacerse en la forma prescrita por los artículos 572 y 573 del citado Código Sustantivo [...]. {Exp. N.° 86-95, de 10-02-1995- Sexta Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ). § 701. Es obligación del Juez, cuando declare la interdicción de un incapaz, fijar la extensión y lím ites de la cúratela, según el grado de incapacidad del interdicto. [La] demanda de interdicción se dirige contra la persona del presunto interdicto, así como contra aquellas que teniendo derecho a solicitarla no lo hubieren hecho; [...] que según el criterio que informa el artículo 566 del Código Civil, no es posible nombrar a curador para los incapaces sin que preceda declaración judicial de interdicción [...]; que es obligación del Juez, cuando declare la interdicción de un incapaz, fijar la extensión y límites de la cúratela, según el grado de incapacidad del interdicto [...]. (Exp. N.° 95-95, de 10-02-1995. Primera Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ). * SUMMA PROCESAL CIVIL

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§ 702. La cúratela procede después de la declaración de interdicción. Constituye exceso el pronunciam iento sobre la cúratela que no se solicitó. [Una madre] pretende la interdicción civil de su hijo [...] quien a la fecha de la demanda es mayor de edad y haber nacido con retardo mental con privación de discernimiento, impedido de hablar y de valerse por sí mismo; que dicha pretensión es amparable por el mérito de las pruebas aportadas, por lo que la interdicción civil resulta procedente; que la actora no ha solicitado la cúratela de su hijo, la que procede después de la declaración de interdicción, por lo que existe un exceso en el pronunciamiento de parte del juez, al haber declarado también la cúratela, incurriendo en causal de nulidad [...]. (Exp. N.° 1553-95, de 21-06-1995* Sexta Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ), § 703. Debe declararse la nulidad del nombramiento de curador no solicitado por ser un exceso en el pronunciamiento del Juez. [Está] acreditado que [la interdicta padece] de demencia degenerativa: enfermedad de Alzheimer, demencia a multiinfartos; que en tal sencido resulta procedente amparar la petición del esposo solicitante [...]; que el accionante no ha solicitado en el petitorio la cúratela de su cónyuge, la que procede después de la declaración de interdicción [...], por lo que existe un exceso en el pronunciamiento por parte del juez, al haber declarado también la cúratela, incurriendo en causal de nulidad [...]. (Exp. N.° 1579-95, de 21-06-1995* Sexta Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ). § 704. L a defensa que debe ejercer el curador procesal, no se ha de agota con la formulación de la contradicción, sino que la representación ha de extenderse hasta la conclusión del proceso en su etapa de cognición. El curador tiene las mismas atribuciones en los procesos ejecutivos. Sexto. [...] [La] defensa que debe ejercer la curadora procesal respecto de su representado ausente, no se ha de agotar ni concluir con el acto procesal de contestación de la demanda (o más, precisamente, en el caso que nos ocupa, ai formular contradicción), sino que la representación que ejerce ha de extenderse hasta la conclusión del proceso en su etapa de cognición [...]. Sétim o. [Además] de lo expuesto, [...] siendo el presente un proceso especial por tramitarse en la vía ejecutiva, es evidente que la actuación de la defensa se encuentra limitada por la ley procesal, atendiendo a la brevedad de los plazos, el reducido número de actuaciones judiciales y las restricciones que establece la ley para la contradicción a la acción; no obstante ello, la representación que ejerce el curador procesal cuenta con las mismas responsabilidades que si se tratare de un proceso más lato y con mayor actividad jurisdiccional [...]. (Exp. N.° 709-2001, de 19-11-2001, ff. jj, 6 y 7. Cuarta Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ). § 705- El curador no puede adoptar, respecto a la parte demandante, una actitud que sin ser de allanam iento a la pretensión, im porte, en el fondo, el reconocimiento de los derechos que este reclama. P rim ero. [El] curador procesal tiene, en general, los deberes y las obligaciones que la Ley y la ética imponen a los señores abogados defensores [...]. S egundo. [Dicho] curador no puede [...] adoptar respecto a la demandante una actitud que sin ser de allanamiento a la pretensión, importe, en el fondo, el reconocimiento de los derechos reclamados, aun antes de actuar la prueba ofrecida, a cuyas resultas debió atenerse en todo caso. (Exp. N.° 1865-95, de 14-11-1995, ff. jj. 1 y 2. Cuarta Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ). § 706. N ula actividad de la curadora procesal, que se ha despreocupado de interesarse por las pruebas ordenadas de oficio por el juez. D icha negligencia no debe permitirse. Sexto. [Se] extraña la nula actividad de la curadora procesal, quien se ha limitado a presentar un escrito [...] y lograr únicamente que se actúen tres pruebas: la inscripción judicial, la ficha registral y la constancia de posesión, pero se ha despreocupado de interesarse por las pruebas ordenadas de oficio por el juzgado, negligencia que no debe permitirse por cuanto, en vía de ejemplo, la antigua jurisprudencia de la Corte Suprema, obligaba al defensor de herencia, que para el caso guarda perfecta similitud con el curador procesal, a interponer los recursos legales contra las resoluciones adversas a los intereses que representa y que el juez o tribunal deben reemplazar al que no cumple con esa obligación [,..]. (Exp. N,° 306-96-Lima, de 06-06-1996, f. j. 6. Quinta Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ). n o m o s & t h e s is

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SUJETOS DEL PROCESO / COMPARECENCIA

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§ 707. El órgano de auxilio procesal está constituido por el curador procesal. Prim ero, [...] [El] órgano de auxilio procesal constituido por el curador procesal tiene, en general, los deberes y las obligaciones que la ley y la ética imponen a los señores Abogados defensores; por esta razón el letrado que ejerce el cargo de curador procesal está sujeto a las previsiones especificas contenidas en los artículos 109, 110 y 111 del [...] Código [Procesal Civil], (Exp. N.° 1865-95, de 14-11-1995, f. j. 1. Cuarta Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ). § 708. Cuando el demandante ignore el dom icilio del demandado, el emplazamiento también se b ata m ediante el edicto, bajo apercibimiento de nombrársele curador procesal. Es nula la sentencia dictada sin emplazamiento, pues se h a privado al demandado de su legítim o derecho de defensa. [...] [El] curador procesal es un abogado nombrado por el juez, a pedido del interesado, que interviene en el proceso cuando no sea posible emplazar validamente al demandado por indeterminado, incierto o con domicilio o residencia ignorados [...]; [...] cuando el demandante ignore el domicilio del demandado, el emplazamiento también se hará mediante el edicto, bajo apercibimiento de nombrársele curador procesal; que al no haberse procedido así, se ha privado al demandado de hacer uso de su legítimo derecho de defensa [...]. (Exp. N.° 816-95, de 16-06-1995. Sexta Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ). REMISIÓN

§ 709. Sobre emplazamiento a demandado indeterminado o incierto o con dom icilio o residencia ignorados. Véase la jurisprudencia del artículo 435° del Código Procesal Civil (§ 2870 ss.).

Artículo 62: Supleioriedad de la representación y mandato civil En todo lo no previsto en este Título, se aplicarán supletoriamente las normas sobre representación y mandato contenidas en el Código Civil.

CAPÍTULO II REPRESENTACIÓN PROCESAL Artículo 63: Necesidad de la representación procesal Las personas naturales que no tienen el libre ejercicio de sus derechos, comparecen al proceso repre­ sentados según dispongan las leyes pertinentes.

JURISPRUDENCIA PE LA CORTE SUPREMA

§ 7X0. Tiene la calidad de representantes legales los padres respecto al menor hijo. Octavo. Interpuesta la apelación por la parte demandante, la Sala [...] confirma la resolución recurrida manifestando: “ Q u i n t o : Respecto a la alegación del apelante en el sentido de que la acción está vigente hasta que el menor de edad alcance su mayoría de edad; el colegiado considera que contradice abiertamente las instituciones de la patria potestad y representación legal, prevista en el artículo 419 del Código Civil, que establece: “La patria potestad se ejerce conjuntamente por el padre y la madre durante el matrimonio, correspondiendo a ambos la representación legal del hijo [...]”; en concordancia con el artículo 423.6 del mismo Código y los artículos 57, 58 y 63 del Código Procesal Civil, que regulan la capacidad de las personas naturales para comparecer a un proceso, que no excluyen a los menores de edad, quienes deben comparecer por medio de su representante legal -se entiende- para * SUMMA PROCESAL CIVIL

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hacer valer sus derechos. (Casación N.° 13316-2014-Cusco, de 07-07-2016, £ j. 8. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 03-07-2017, Sentencias en Casación N.° 731, p. 95392], Texto completo: ).

§ 711. El representante legal no tiene calidad de parte en el proceso. Diferencia entre legitimidad para obrar y representación procesal. Tercero. [...] [D]ebe distinguirse previamente ios conceptos de legitimidad para obrar y representación procesal; la primera se verifica con la afirmación de la titularidad de un derecho subjetivo, que otorga la calidad de parte procesal; en cambio el representante legal actúa en nombre del titular de un derecho subjetivo, por tanto no tiene la calidad de parte; siendo esto así, la falta de legitimidad para obrar es un requisito de procedencia de la demanda; por el contrario la representación es un requisito subsanable, que puede ser cuestionado mediante la excepción de representación insuficiente del demandante, que solamente tiene por efecto, en caso de declararse bandada, conceder un plazo a fin de que el representante subsane su representación insuficiente (Casación N.° 1205-99-Lambayeque, de 08-09-1999, £ j. 3. Sala Civil Permanente [EP, 24-11-1999, p. 4170], Texto completo: ).

§ 712. Solo cuando en un proceso, los padres tengan intereses opuestos al de los hijos, se nombrará curador procesal. En caso de no verificarse este supuesto, son los padres los que representan legalmente a los hijos menores de edad. Prim ero. [De] acuerdo con lo dispuesto en los incisos 6 y 7 del artículo 423 del Código Civil son deberes y derechos de los padres que ejercen la patria potestad representar a los hijos en los actos de la vida civil y administrar sus bienes. Segundo. [De] acuerdo con el artículo 460 del Código acotado solo cuando el padre o la madre tengan un interés opuesto al de sus hijos se nombrará a estos un curador especial. Quinto. [C]omo los padres tienen la representación legal de sus menores hijas, ellos son los que tendrían que representarlos en este proceso, más aún cuando no tienen interés opuesto a ellas. Sexto. [Si] bien en el petitorio de la demanda no se ha mencionado expresamente a las menores hijas como demandadas, ello no implica que la defensa de sus padres no las comprenda. {Casación N.° 256-2000-Santa, de 22-08-2000, ff. jj. 4 al 6. Sala Civil Transitoria [EP, 30-11-2000, p. 6446], Texto completo: ).

§ 713. En caso de defecto procesal (por vicio o error) de representación se puede interponer medio impugnatorio. Sin embargo, no hay nulidad si la subsanación del vicio no ha de influir en el sentido de la resolución o en las consecuencias del acto procesal. Prim ero. [La] ejecutada [...] dedujo la nulidad de la resolución [...] que dio por cumplido el mandato que disponía que la ejecutante subsane el defecto en la representación. Segundo. [El juez] [...] declara infundada la nulidad, entre otros argumentos, porque la [mencionada] resolución [...] se encontraba consentida. Tercero. [El] artículo 355 del Código Adjetivo establece que mediante los medios impugnatorios las partes o terceros legitimados solicitan que se anule o revoque total o parcialmente, un acto procesal presuntamente afectado por vicio o error. Cuarto. [La] recurrente no ha hecho uso de ningún medio impugnatorio contra la [citada] resolución [...] y ello no puede ser sustituido por un pedido de nulidad. Quinto. [En] consecuencia, en este caso es aplicable el cuarto párrafo del artículo 172 del Código Procesal Civil, que dispone que no hay nulidad sí la subsanación del vicio no ha de influir en el sentido de la resolución o en las consecuencias del acto procesal. (Casación N.° 3200-99-La Libertad, de 18-04-2000, ££ jj. 1-5. Sala Civil Transitoria [EP, 21-07-2000, p. 5644]. Texto completo: ).

Artículo 64: Representación procesal de la persona jurídica Las personas jurídicas están representadas en el proceso de acuerdo a lo que dispongan la Constitu ción, la ley o el respectivo estatuto.

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DOCTRINA CONSTITUCIONAL VINCULANTE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

§ 714. Derechos que pueden ser invocados por las personas jurídicas. 13. Siendo constitucionalmente legítimo el reconocimiento de derechos fundamentales sobre las personas jurídicas, conviene puntualizar que tal consideración tampoco significa ni debe interpretarse como que todos los atributos, facultades y libertades reconocidas sobre la persona natural sean los mismos que corresponden a la persona jurídica. En dicho nivel resulta evidente que los derechos objeto de invocación solo pueden ser aquellos compatibles con la naturaleza o características de cada organización de individuos, incidencia que, por de pronto, impone en el juez constitucional el rol de merituador de cada caso, según las características o particularidades que le acompañan. No se trata, en otras palabras, de una recepción automática, sino de una que toma en cuenta la particularidad del derecho invocado, su incidencia a nivel de la persona jurídica y las circunstancias especiales propias de cada caso concreto. 14. En medio del contexto descrito y aun cuando no se pretende ensayar aquí una enumeración taxativa de los derechos que puedan resultar compatibles con la naturaleza o estatus de las personas jurídicas, cabe admitirse, entre otros, y desde una perspectiva simplemente enunciativa, los siguientes: a) El derecho a la igualdad ante la ley {artículos 2, incisos 2, 60, 63). b) Las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento. El derecho a fundar medios de comunicación (artículo 2, inciso 4). c) El derecho de acceso a la información pública (artículo 2, inciso 5). d) El derecho al secreto bancario y la reserva tributaria (artículo 2, inciso 5, párrafo segundo), e) El derecho a la autodeterminación informativa (artículo 2, inciso 6). f) El derecho a la buena reputación (artículo 2, inciso 7). g) La libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica (artículo 2, inciso 8). h) La inviolabilidad de domicilio (artículo 2, inciso 9). i) El secreto e inviolabilidad de las comunicaciones y documentos privados (artículo 2, inciso 10). j) La libertad de residencia (artículo 2, inciso 11). k) El derecho de reunión (artículo 2, inciso 12) 1) El derecho de asociación (artículo 2, inciso 13). m) La libertad de contratación (artículo 2, inciso 14). n) La libertad de trabajo (artículo 2, inciso 15, y artículo 59). o) El derecho de propiedad (artículo 2, inciso 16). p) El derecho a la participación en la vida de la nación (artículo 2, inciso 17). q) El derecho de petición (artículo 2, inciso 20). r) El derecho a la nacionalidad (artículo 2, inciso 21). s) El derecho a la inafectación de todo impuesto que afecte bienes, actividades o servicios propios en el caso de las universidades, institutos superiores y demás centros educativos (artículo 19). t) La libertad de iniciativa privada (artículo 58). u) La libertad de empresa, comercio e industria (artículo 59). v) La libre competencia (artículo 61). w) La prohibición de confiscatoriedad tributaria (artículo 74). x) El derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional (artículo 139°, inciso 3). (Exp, N.° 4972-2006-PA/TC, del 04-08-2006 [Web: 18-10-2007 / EP: 1104-2008], que declara que los criterios previstos en el ff. jj. 13 al 14, entre otros, constituyen doctrina constitucional vinculante. Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 715. Requisitos para representar a una persona jurídica. S egundo. [El] artículo 64 deí Código Procesal Civil establece que las personas jurídicas están representadas en el proceso de acuerdo a lo que dispongan la Constitución, la ley o el respectivo estatuto. Tratándose de representantes de las sociedades o asociaciones deben justificar tal carácter mediante presentación del testimonio de constitución o del acta de la asamblea o reunión de socios que los hayan designado. (Casación N,° 3420-2014-Ucayali, de 16-06-2015, f. j. 2. Sala Civil Permanente [EP, 30-05-2016, Sentencias en Casación N.° 714, p. 78386], Texto completo: ). § 716. La representación procesal de las personas jurídicas (en este caso, las cooperativas) tiene un régimen especial. La representación ejercida por los gerentes es de carácter legal, y no de carácter voluntario, como es el caso de ios apoderados judiciales. T ercero. [...] [La ley] le concede a los gerentes de las cooperativas, facultades ejecutivas y de representación general, por el solo hecho de su nombramiento, sin más limitaciones que las que establezca la Constitución, la Ley o el respectivo estatuto. C uarto. [A]simÍsmo, debe tenerse presente que la representación de los mencionados gerentes es de carácter legal, y no de carácter voluntario, como es el caso de los apoderados judiciales. Q uinto. ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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[...] [El] artículo 75° del Código Procesal Civil no resulta aplicable al caso de autos, por estar referida solo para el caso de los apoderados judiciales, que no es el caso de los gerentes aludidos que son los representantes legales; máxime si la representación procesal de las personas jurídicas tiene un régimen especial, conforme lo establece el artículo 64° del aludido Código Procesal Civil. (Casación N.° 586-97-Huaura, de 06-08-1998, ff. jj. 3-5. Sala Civil [EP, 15-10-1998, p. 1926], Texto completo: ). § 717. Los representantes legales de las personas jurídicas pueden a su vez delegar representación a fin de que la persona juríd ica sea representada en un proceso judicial. Tercero. [Los] representantes legales de las personas jurídicas pueden a su vez delegar representación a sus mandatarios o apoderados judiciales a fin de que la persona jurídica sea representada en un proceso judicial, de modo tal, que el poder de representación se ejercita dentro de los límites conferidos en el acto de apoderamiento [...]. {Casación N.° 2483-99-Amazonas, de 08-06-2000, fi j. 3. Sala Civil Permanente [EP, 19-08-2000, p. 6007]. Texto completo: ).

§ 718. Para que se efectúen actos procesales válidos en nombre de una persona jurídica, esta debe de encontrarse debida y suficientemente representada en el proceso. T rím ero. [Las] personas jurídicas, por su propia naturaleza, actúan dentro de un proceso judicial a través de representantes conforme a la ley y a sus estatutos; así, el artículo 64 del Código adjetivo, establece que las personas jurídicas están representadas en el proceso de acuerdo a lo que dispongan la Constitución, la Ley o el respectivo estatuto; S egundo. [En] tal sentido, para que se efectúen actos procesales válidos en nombre de una persona jurídica, esta debe de encontrarse debida y suficientemente representada en el proceso; desde el inicio de este, ya sea interponiendo la demanda o contestándola, así como durante todo el proceso; dado que los actos procesales efectuados con falta o insuficiencia de dicha representación, sin que haya sido subsanado el vicio, resultarán nulos por no responder a la voluntad de la persona jurídica, afectando su derecho al debido proceso [...]. (Casación N.° 1868-2002-Lima, de 12-12-2002, ff. jj. 1 y 2. Sala Civil Transitoria [EP, 28-02-2003, p. 10205]. Texto completo: ). § 719. Las personas jurídicas no están im pedidas para otorgar poder procesal. Para su eficacia procesal, el poder por escritura pública no requiere estar inscrito en los Registros Públicos. Sexto. [...] [Según] el artículo 64 del Código Procesal Civil, las personas jurídicas no están impedidas para otorgar poder procesal, y, en tal sentido, el último párrafo del artículo 72 del precitado Código, prescribe que para su eficacia procesal el poder por Escritura Pública no requiere estar inscrito en los Registros Públicos. (Casación N.° 3480-2000-Loreto, de 18-12-2000, f. j. 6. Sala Civil Permanente [EP, 30-04-2001, p. 7239]. Texto completo: ).

§ 720. El acta de acuerdo válidamente adoptado legitima la representación procesal. Sexto. [...] [La] Ley General de Sociedades [...] establece como única formalidad para el otorgamiento de poderes, que se extiendan en acta donde conste el acuerdo válidamente adoptado por el órgano social competente bastando copia certificada de la parte pertinente para su inscripción. (Casación N.° 1856-98-La Libertad, de 25-11-1998, f. j. 6. Sala Civil Transitoria [EP, 13-01-1999, p. 2463]. Texto completo: ). § 721. Las sociedades comerciales pueden conferir representación mediante acuerdos que adopten sus organismos de gobierno, bastando para ello la presentación de copia notarialmente certificada. Tercero, Tratándose de sociedades comerciales, como es el caso del Banco ejecutante, de acuerdo al artículo 14 de la Ley General de Sociedades, que es una norma de connotación netamente procesal en cuanto se refiere a la forma de conferir poderes para intervenir en los procesos judiciales, dichas entidades pueden conferir representación mediante acuerdos que adopten sus organismos de gobierno y las inscripciones de tales acuerdos se realizan en el lugar del domicilio de la sociedad por el mérito de la copia certificada de la parte pertinente del acta, donde conste el acuerdo válidamente adoptado por el órgano social competente, en concordancia con lo previsto por el artículo 2028 del Código Civil, que a su vez señala que la inscripción del nombramiento de representantes, mandatarios y otorgamiento de poderes de una persona jurídica no requiere de escritura pública, bastando la n o m o s & th e s is

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presentación de copia notarialmente certificada de la parte pertinente del acta en que consta el respectivo acuerdo. [...] (Casación N.° 2327-2000-Lambayeque, de 02-05-2001, £ j. 3. Sala Civil Permanente [EP, 01-10-2001, p. 7701]. Texto completo: ).

§ 722. En las sociedades anónimas, quien ejerce su representación es el gerente general, ello no impide la posibilidad que se confiera facultades de representación al presidente del directorio. Cuarto. [...] [La] contradicción fue rechazada [...] por considerar que dichas instrumentales no acreditan suficientemente su representación; el recurrente interpuso recurso de apelación contra la resolución anotada, el que fue desestimado por no encontrarse válidamente apersonado. [...] Sexto. [Si] bien tratándose de sociedades anónimas, quien ejerce su representación según disposición legal es el gerente general, ello no excluye la posibilidad de que se confiera facultades de representación al presidente del directorio en caso de ausencia del primero, tal como ocurre en el presente caso [...]. Séptim o. [C] onsecuentemente, el Colegiado Superior ha soslayado dicha disposición social, con lo que se ha afectado el derecho de defensa del recurrente. (Casación N.° 1798-2000-Tacna, de 12-10-2000, ff. jj. 4, 6 y 7. Sala Civil Transitoria [EP, 01-03-2001, p. 7004]. Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DE LAS CORTES SUPERIORES

§ 723. El representante legal de una persona jurídica es su órgano de actuación, formando parte de su estructura jurídica. [El] representante legal de una persona jurídica es su órgano de actuación, formando parte de su estructura jurídica, por lo que la demandante incurre en falta de legitimidad para obrar pasiva cuando dirige su pretensión contra el presidente de la institución demandada a título personal [...]. (Exp. N.° 1110-94, de 08-05-1995. Tercera Sala Civil. Corte Superior de justicia de Lima. Texto completo: ). § 724. El gerente tiene las facultades de representación legal. C uarto. [...] [El] gerente general tiene las facultades de representación legal y sin restricción [sic] las facultades para la representación judicial. (Exp. N.° 157-95, de 02-05-1995, f. j. 4. Segunda Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ).

§ 725. Las facultades de representación judicial de los gerentes no pueden ser limitadas. Tercero. [La] promulgación del Código Procesal Civil [...] no determina, ni podía hacerlo, que todas las sociedades mercantiles cambien de estatutos y, por tanto, los poderes de sus gerentes; [más aún] la Ley [LGS, art. 179] Índica que sus facultades de representación judicial no pueden ser limitadas. (Exp. N.° 803-95, de 04-07-1995, £ j. 3. Segunda Sala Civil. Corte Superior de justicia de Lima. Texto completo: ).

§ 726. Mientras la remoción de gerente no se encuentre inscrita, el contenido de la inscripción se presume cierto y produce todos sus efectos mientras no se rectifique o se declare judicialmente su invalidez. P rim ero. [...] [El] gerente [es] quien ejerce la representación de la sociedad. Segundo. [Debe] advertirse que la remoción de gerente [...] no se encuentra inscrita, y mientras no sea así [...] el contenido de la inscripción se presume cierto y produce todos sus efectos mientras no se rectifique o se declare judicialmente su invalidez [...]. (Exp. N.° 977-98, de 18-08-1998, ff jj. 1 y 2. Primera Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ).

Artículo 65: Representación procesal del patrimonio autónomo Existe patrimonio autónomo cuando dos o más personas tienen un derecho o interés común respecto de un bien, sin constituir una persona jurídica. La sociedad conyugal y otros patrimonios autónomos son representados por cualquiera de sus partícipes, si son demandantes. Si son demandados, la representación recae en la totalidad de los que la conforman, siendo de aplicación, en este caso, el artículo 93. ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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Sí se desconociera a uno o más de los integrantes del patrimonio autónomo, se estará a lo dispuesto en el artículo 435. El que comparece como demandado y oculta que el derecho discutido pertenece a un patrimonio autónomo del que forma parte, se le impondrá una multa no menor de diez ni mayor de cincuenta Unidades de Referencia Procesal, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 4 .(1) NOTA DE ACTUALIZACIÓN

(1) Artículo modificado por el artículo 2 de la Ley N.° 26827 (EP, 29-06-1997). Anteriormente había sido modificado por la décima disposición final del Decreto Legislativo N.° 861 (EP, 22/10/1996).

PLENOS JURISDICCIONALES

§ 727. Procedencia del emplazamiento del cónyuge para el pago de la obligación. ¿Esprocedente que el cónyuge del obligado principal en una cam bial expedida a l amparo del artículo 228° de la Ley N. ° 26702y que no era titular de la cuenta corriente cancelada, sea emplazado para el pago de la obligación? El Pleno acordó por mayoría: “Sí es procedente y debe ser emplazado. El artículo 227° de la Ley de Bancos dispone que se presume el consentimiento de la cónyuge del cuentacorrentista, lo que lleva a concluir que la deuda que asume este último es de carácter social, por lo tanto debe también emplazarse a la cónyuge del obligado principal”. (Pleno Jurisdiccional Civil, realizado en Cusco, los días 22 al 25-09-1999. Acuerdo N.° 9. Texto completo: ). JURISPRUD ENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 728. Patrimonio autónomo. Definición. Q uinto. Patrimonio autónomo . [...] [El] patrimonio autónomo es una ficción jurídica que tiene existencia propia sin necesidad de estar vinculado a un determinado sujeto, y que tiene un conjunto de derechos y obligaciones distintos a las personas que lo conforman. El patrimonio autónomo se presenta cuando dos o más personas tienen un derecho o interés común respecto de un bien sin constituir una persona jurídica, por lo tanto, es un ente abstracto que no está sujeto a división, d istinto a la copropiedad, en donde cada condomino conserva los derechos de disposición y administración sobre el bien en proporción a su cuota. (Casación N.° 3019-2012Lima, de 26-07-2013, f. j. 5. Sala Civil Transitoria [EP, 31-03-2014, Sentencias en Casación N.° 690, p. 49838], Texto completo: ).

§ 729. En el patrimonio autónomo la titularidad y la calidad de parte material recaen en una entidad jurídica distinta a quienes la integran. T ercero. [...] [De] acuerdo con el numeral 65 del [...] Código [Procesal Civil] existe patrimonio autónomo cuando dos o más personas tienen un derecho o interés común respecto de un bien, sin constituir una persona jurídica; en tal circunstancia, en el patrimonio autónomo la titularidad y la calidad de parte material recae en una entidad jurídica distinta a quienes la integran [...]. (Casación N.° 3333-99-Junín, de 02-08-2000, £ j. 3. Sala Civil Permanente [EP, 17-09-2000, p. 6314], Texto completo: ).

§ 730. La representación del patrimonio autónomo la realizan sus conformantes bajo la figura del litisconsorcío necesario. S egundo. [La] impugnante, al contestar la demanda, [...] refiere que el inmueble materia de la litis constituye un patrimonio autónomo, toda vez que es casada [...], conforme se desprende de la partida de matrimonio [...] ocurrido [...] con anterioridad a la compraventa [objeto de la litis]. Tercero. [C]onforme lo ordena el artículo 93 del Código Procesal Civil, tratándose de lítisconsorte necesario, debe emplazarse a los que lo conforman, a fin de obtener una decisión válida. Cuarto. [E]sta norma procesal debe concordarse con el articulo 65 del referido Código Procesal que prescribe la representación procesal [de] ambos cónyuges cuando son demandados. (Casación N.° 1450-98-Chincha, de 02-11-1998, ff. jj. 2-4. Sala Civil [EP, 10-12-1998, p. 2213]. Texto completo: ). n o m o s & t h e s is

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§ 731. Los patrimonios autónomos no constituyen personas jurídicas por lo que deben ser representados por la totalidad de los que la conforman. Sexto. [De] conformidad con el artículo 65 del Código Procesal Civil, los patrimonios autónomos, tales como las sucesiones, deben ser representados por ía totalidad de los que la conforman si son demandados, sin embargo, no señala que la demanda deba dirigirse a la sucesión como tal, ya que como expresamente lo señala el primer párrafo de dicho artículo los patrimonios autónomos no constituyen personas jurídicas [...]. (Casación N.° 853-99-Arequipa, de 16-10-2001, f. j. 6. Sala de Derecho Constitucional y Social [EP, 31-07-2002, p, 9103]. Texto completo: ).

§ 732. La representación de la sociedad conyugal es ejercida conjuntamente por Sos cónyuges. Tercero. [...] [La] representación de la Sociedad conyugal, es ejercida por los cónyuges conjuntamente, por consiguiente al no haber ejercitado (el esposo de la demandada) su derecho de defensa (al no haberse precisado el nombre del esposo de la demandada para su emplazamiento) no ha existido un debido proceso. (Casación N.° 201-95-Cañete, de 13-05-1996, f j, 3. Sala de Derecho Constitucional y Social [EP, 07-08-1996, p. 2266].Texto completo: ).

§ 733. Cualquiera de los herederos en forma individual o conjunta puede ser parte en un proceso. Q uinto. [...] [Cjualquiera de [los herederos], sea en forma individual o conjunta pueden representar a la sucesión del cual son partícipes, la misma que constituye un patrimonio autónomo con capacidad para ser parte en el proceso. (Casación N.° 3333-99-Junín, de 02-08-2000, f. j. 5. Sala Civil Permanente [EP, 17-09-2000, p. 6314], Texto completo: ).

§ 734. No son aplicables las normas de copropiedad sobre el patrimonio autónomo. Q uinto. [...] [El] inmueble objeto de ía litis es un bien social, por io tanto constituye un patrimonio autónomo distinto del patrimonio de cada cónyuge, no resultándole aplicable las normas sobre copropiedad puesto que los cónyuges no son propietarios de alícuotas ni tienen derechos hasta que se produzca la liquidación de la sociedad de gananciales, tal como lo establece el artículo 323 del Código Civil. (Casación N.° 3169-2001 -Cono Norte-Lima, de 29-01-2002, f, j, 5. Sala Civil [EP, 01-07-2002, p. 9001], Texto completo: ).

§ 735. La copropiedad es un tipo de patrimonio autónomo. Cuarto. [...] [El] estado de copropiedad constituye patrimonio autónomo, y conforme al artículo 65 del Código Procesal Civil, cualquiera de los integrantes de dicho patrimonio se encuentra habilitado para ejercitar directamente la pretensión [...]. (Casación N.° 3176-07-Lima, de 02-10-2007, f. j. 4. Sala Civil Transitoria [EP, 30-092008, p. 23165). Texto completo: ). § 736. Eí patrimonio autónomo está conformado por la totalidad de sus miembros. Q uinto. [...] [De] conformidad con el segundo párrafo del artículo 65 del Código Procesal Civil, la defensa del patrimonio autónomo, para el caso de los demandados, debe recaer ineludiblemente sobre la totalidad de los miembros que la conforman [,..]. (Casación N.° 4628-2010-Piura, de 16-12-2011, f. j. 5. Sala Civil Transitoria [EP, 04-07-2012, Sentencias en Casación N.° 668, p. 35921], Texto completo: ).

§ 737. No puede exigirse el pago de la tasa judicial por apelación a cada uno de los integrantes que constituyen un patrimonio autónomo. Sétim o. [...] [Los] intervinientes de la sucesión emplazada [...] no pueden ser considerados como partes intervinientes en forma Independiente sino como integrantes de un patrimonio autónomo que constituye una sucesión indivisa, es decir, como una sola parte con capacidad para ser ello. O ctavo . [La] resolución impugnada exige el pago de la tasa judicial por cada una de las apelantes, como si se tratara de personas cuya titularidad de la relación material correspondería a cada uno de ellos, olvidando que “la titularidad y calidad de parte material recae en un ente jurídico (patrimonio autónomo) distinto a quienes lo conforman y eventualmente lo representan” [...]. N oveno. [En] consecuencia, se ha menoscabado ía naturaleza jurídica del patrimonio autónomo al exigirse el pago de la tasa judicial por cada uno de los impugnantes, siendo suficiente, que

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como parte material del proceso se abone el pago de dicha tasa solo por el derecho de impugnación del citado patrimonio autónomo, (Casación N.° 3333-99-Junín, de 02-08-2000, ff. jj. 7-9. Sala Civil Permanente [EP, 17-09-2000, p. 6314], Texto completo: ).

§ 738. No puede exigirse la presentación de dos tasas judiciales a la sociedad conyugal puesto que actúan de forma conjunta bajo una sola unidad. Cuarto. [L]os cónyuges demandados, conforman una misma parte, teniendo derecho e interés común respecto del bien que defienden (patrimonio autónomo) y, actúan en forma conjunta, representando a la sociedad conyugal, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 292 y 315 del Código Civil; que asimismo, el artículo 65 del Código Procesal Civil determina que la sociedad conyugal y otros patrimonios autónomos es representada por cualquiera de sus partícipes si son demandantes y si son demandados la representación recae en la totalidad de los que la conforman; siendo así, no se puede exigir que se recaude una tasa judicial por cada cónyuge, pues el hacerlo constituiría un exceso de parte de la administración de justicia, al exigir mayores requisitos que los que la Ley señala. (Casación N.° 1835-99-Junín-Huancayo-Pampas, de 0509-2001, f. j. 4. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 02-01-2002, p. 8198]. Texto completo: ).

§ 739. La sociedad de gananciales constituye el régimen general, de acuerdo al cual se constituye un estado patrimonial, con bienes, derechos, obligaciones, cargas y régimen específico, sin atribución de cuotas, en lo que el artículo 65 CPC denomina patrimonio autónomo, que permanece hasta su disolución. U ndécim o. Es evidente que el matrimonio produce una modificación en la capacidad de obrar de los cónyuges y una alteración de la legitimación de ambos para realizar actos patrimoniales, siendo que la sociedad de gananciales constituye el régimen general, de acuerdo al cual se constituye un estado patrimonial, con bienes, derechos, obligaciones, cargas y régimen específico, sin atribución de cuotas, en ío que el artículo [65] del Código Procesal Civil denomina patrimonio autónomo, que permanece hasta su disolución. (Casación N.° 2150-98Lima, de 20-01-1999, ff. jj. 6, 7, 9, 10 y 11, Sala Civil Transitoria [EP, 19-03-1999, p. 2834]. Texto completo: ).

§ 740. Litisconsorcio necesario en la representación procesal del patrimonio autónomo de la sociedad conyugal. O ctavo . [...] [C]uando se trata de patrimonios autónomos, como en el presente caso [tratándose de dos cónyuges], la representación como demandados debe recaer en la totalidad de los que la conforman, por ser litisconsorcios necesarios, en tai sentido resulta de aplicación lo dispuesto por el artículo 93 del [Código Procesal Civil], el cual establece que la decisión a recaer en el proceso, solo será expedida válidamente si todos comparecen o son emplazados [...]. (Casación N.° 5l4-99-Lambayeque, de 29-08-2001, f. j. 8. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 31-05-2002, p. 8814]. Texto completo: ),

§ 741. Si bien la esposa no formó parte del contrato materia de resolución, este hecho no impide que la demanda se haga extensiva contra su persona, pues el proceso debe comprender a ambos cónyuges, por constituir la sociedad conyugal un patrimonio autónomo. O ctavo. [Respecto] a la interposición de la demanda contra una persona que no ha sido parte en el contrato materia de resolución; de los recaudos de la demanda [...] se observa que este hecho no constituye un vicio procesal que acarreé la nulidad de todo lo actuado, pues aun cuando [la cónyuge] no formó parte del contrato materia de resolución, este hecho no impide que la demanda se haga extensiva contra su persona, al tratarse de la esposa del codemandado [...], quien sí suscribió dicho contrato consignando expresamente su estado civil de casado e identificando a [la mencionada esposa] como su cónyuge, por lo que al haberse interpuesto la presente demanda en contra de estas personas no se ha hecho más que observar lo dispuesto en el artículo 65° del Código Procesal Civil, según el cual la demanda debía comprender a ambos cónyuges, por constituir la sociedad conyugal un patrimonio autónomo cuya representación al ser demandada recae en la totalidad de los que la conforman [...]. (Casación N.° 1573-2008-Ica, de 16-09-2008, £ j. 8. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 02-02-2009, p. 23956], Texto completo: ). n o m o s & th e s ls

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§ 742. La sociedad de gananciales genera un patrimonio autónomo diferente de ía copropiedad: solo con la liquidación de la sociedad se podrá determinar la cuota que corresponde a cada uno de los cónyuges en el bien común. Tercero. [Las] instancias de mérito apreciando la prueba han establecido que el inmueble embargado pertenece a la sociedad conyugal formada por los esposos H-G; que el régimen de la sociedad de gananciales genera un patrimonio autónomo conforme a lo previsto en el artículo 65 del Código Procesal, diferente al régimen de copropiedad, por lo que solo con la liquidación de la sociedad se podrá determinar la cuota que corresponde a cada uno de los cónyuges en el bien común y así identificar su derecho de propiedad exclusiva en uno de los varios bienes que integran el universo del patrimonio conyugal [...]. (Casación N.° 282-2000-Pucallpa, de 10-02-2000, f. j. 3. Sala Civil Transitoria [EP, 26-05-2000, p. 5422], Texto completo: ).

§ 743. La naturaleza jurídica de la sociedad de gananciales es la de un patrimonio autónomo en el que no existen cuotas ideales. Sétim o. [...] [La] naturaleza jurídica de la sociedad de gananciales es la de un patrimonio autónomo e indivisible que goza de garantía institucional, integrado por un universo de bienes, en el que no existen cuotas ideales las cuales son propias al instituto jurídico de copropiedad o condominio. (Casación N.° 3928-2006-Lima, de 06-06-2007, £ j. 7. Sala Civil Transitoria [EP, 03-01-2008], Texto completo: ).

§ 744. Los bienes sociales son de propiedad de la sociedad de gananciales, constituyendo un patrimonio autónomo distinto del patrimonio de cada cónyuge. P rim ero. [...] [H]asta que no fenezca y se liquide la sociedad de gananciales, no resulta procedente embargar ni rematar supuestas acciones y derechos respecto de bienes sociales, pues sobre estos no existe un régimen de copropiedad. S egundo. [La] Sala ha establecido en diversas Ejecutorias que los bienes sociales son de propiedad de la sociedad de gananciales, constituyendo un patrimonio autónomo distinto del patrimonio de cada cónyuge, no resultando aplicable las normas sobre copropiedad porque los cónyuges no son propietarios de alícuotas respecto a los bienes sociales. (Casación N.° 911-99-Ica, de 07-12-1999, ff. jj. 1 y 2. Sala Civil [EP, 22-02-2000, p. 4684], Texto completo: ).

§ 745. Los bienes que pertenecen a una sociedad de gananciales deben considerarse como un todo indivisible y protegido hasta su fenecimiento como una comunidad patrimonial especial. Q uinto. [La] sociedad de gananciales [...] sigue vigente, por tanto, los bienes que la integran conforman el patrimonio autónomo a que se refiere el artículo 65 del Código Procesal Civil y no puede asignarse a cada cónyuge determinado porcentaje de propiedad sobre ellos. A los bienes que pertenecen a una sociedad de gananciales no se les puede atribuir la calidad de condominio o de copropiedad, sino deben considerarse como un todo indivisible y protegido hasta su fenecimiento como una comunidad patrimonial especial. Es más, el indicado artículo del Código Procesal Civil establece que cualquiera de los consortes puede representar válidamente a ía sociedad conyugal. [...] (Casación N.° 3515-2001-Arequipa, de 30-09-2002, f. j. 5. Sala Civil Permanente [EP, 03-02-2003, p. 10102], Texto completo: ).

§ 746. La sociedad conyugal y otros patrimonios autónomos son representados por cualquiera de sus partícipes. N oveno. [...] [El] artículo 65 del Código Procesal Civil contempla el caso de los patrimonios autónomos, que son aquellos constituidos por dos o más personas con un derecho o interés común respecto de un bien, sin constituir una persona jurídica; y un claro ejemplo de ello es la sociedad conyugal y en su segundo párrafo menciona que: “La sociedad conyugal y otros patrimonios autónomos son representados por cualquiera de sus partícipes, si son demandantes...” ello se debe a que son actos tendientes a conservar, proteger o preservar su patrimonio común [...], (Casación N.° 1096-2004-Puno, de 08-08-2005, f. j. 9. Sala Civil Transitoria [EP, 28-02-2006, p. 15428], Texto completo: ).

§ 747. La sociedad de gananciales es un régimen de patrimonio común, para realizar actos de disposición de los bienes sociales será necesaria la voluntad coincidente de ambos cónyuges. Q uinto. La sociedad de gananciales es un régimen de patrimonio común, administrado por ambos cónyuges. Al constituir la sociedad de gananciales un patrimonio autónomo distinto a un régimen ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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de copropiedad, para realizar actos de disposición de los bienes sociales que la integran será necesaria la voluntad coincidente de ambos cónyuges que constituye la voluntad de la sociedad de gananciales. (Casación N.° 2021-2004-Lima, de 26-08-2005, f. j. 5. Sala Civil Permanente [EP, 30-03-2006, p. 15866], Texto completo: ). § 748. Si un cónyuge contrae una obligación patrim onial sin el conocimiento y consentimiento del otro cónyuge, dicha obligación no le será exigible a la sociedad de gananciales (que constituye un patrimonio autónomo) si es que no le hubiera representado algún beneficio. Cuarto. [La] sociedad de gananciales constituye un patrimonio autónomo que no está dividido en partes alícuotas, y que es distinto al patrimonio de cada cónyuge que la integra, de forma tal que tanto para realizar actos de administración como de disposición que recaigan sobre bienes sociales será necesaria la voluntad coincidente de ambos cónyuges, tal como lo establecen los artículos 313 y 315 del Código Civil, puesto que la voluntad coincidente de ambos cónyuges constituye la voluntad de la sociedad de gananciales; en tal sentido, al constituir la sociedad de gananciales un patrimonio autónomo, este solo responderá por obligaciones asumidas por esta y no por obligaciones asumidas personalmente por cada uno de los cónyuges, salvo que el objeto de la obligación hubiese tenido como beneficiario a dicha sociedad, contrario sensu a lo dispuesto por el artículo 317 del Código Civil, que establece “Que los bienes sociales y, a falta o por insuficiencia de estos, los propios de ambos cónyuges, responden a prorrata de las deudas que son de cargo de la sociedad". Q uinto. En el presente caso, [...] se advierte que [la] obligación [exigida] solo fue asumida por el [esposo] demandado [..,], sin intervención de la [esposa], es decir, no se trata de una obligación a cargo de la sociedad de gananciales, no habiéndose acreditado que esta haya sido la beneficiarla del objeto de la obligación en mención. (Casación N.° 2421-2002-La Libertad, de 21-06-2002, ff. jj. 4 y 5. Sala Civil Permanente [EP, 30-09-2004, p. 12685]. Texto completo: ). § 749. Judicialm ente no se puede rem atar acciones y derechos de un bien perteneciente a una sociedad conyugal hasta que se ponga fin al régimen de sociedad de gananciales. Tercero. [...] [No] se puede rematar judicialmente acciones y derechos de un bien perteneciente a una sociedad conyugal que constituye un patrimonio autónomo e indivisible hasta que se ponga fin ai régimen de sociedad de gananciales de acuerdo con el artículo 318 del Código Civil. (Casación N.° 665-2002-Tacna, de 09-05-2003, f. j. 3. Sala Civil Permanente [EP, 30-07-2003, p. 10792], Texto completo: ). § 750. Es suficiente con que uno de los cónyuges ejerza la acción reivindicatoría con el fin de favorecer al patrimonio conyugal. P rim ero. [,..] [La] representación legal conjunta de marido y mujer que indica el artículo 292 [del Código Civil] es obligatoria cuando se trata de actos de disposición o constitución de gravámenes y de actos de administración para necesidades no ordinarias del hogar y otros de esa índole, pues esa es la garantía de conservación del patrimonio conyugal; que tratándose de actos de otra naturaleza, como demandar la reivindicación o desalojo del bien, esto es, de actos que se dirigen a incrementar, mantener, reconstituir o recuperar el patrimonio conyugal, no existe racionalidad en exigir que sea la sociedad conyugal la que interponga la acción, bastando que sea uno de los cónyuges [...]. (Casación N.° 81-94-Arequipa, de 21-12-1995, f. j. T Sala de Derecho Constitucional y Social [EP, 26-04-1996, p. 2189], Texto completo: ). § 751. La sociedad de gananciales es un patrimonio autónomo que responderá por obligaciones asumidas por esta y no por obligaciones asumidas personalmente. Cuarto. [Al] constituir la sociedad de gananciales, un patrimonio autónomo, este solo responderá por obligaciones asumidas personalmente por cada uno de los cónyuges, salvo que el objeto de la obligación hubiese tenido como beneficiario a dicha sociedad. (Casación N.° 3109-98-Cusco/Madre de Dios, de 28-05-1999, f. j. 4. Sala Civil Permanente [EP, 27-09-1999, p. 3582], Texto completo: ). § 752. La herencia constituye un patrimonio autónomo distinto a los herederos que integran la sucesión. C uarto. [La] herencia, entendida como la universalidad de bienes que deja el causante, n o m o s & t h e s is

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tiene su origen a raíz de la muerte de este y constituye un patrimonio autónomo distinto a los herederos que integran la sucesión. (Casación N.° 608-04-Lima, de 08-06-2005, £ j. 4. Sala Civil Transitoria [EP 30- 09-2005, p. 14778]. Texto completo: ). § 753. Los herederos de un patrimonio autónomo conforman una sola parte, para ello debieron designar un apoderado común. Tercero. [...] [Tratándose] de varios demandados que litigan en defensa de un patrimonio que sostienen es común, por haberlo recibido en herencia de su señora madre, aquellos conforman una sola parte tal como lo dispone el artículo 65 del mencionado Código Procesal [Civil], por lo que en cumplimiento del artículo 76 de la misma norma debieron designar un apoderado común, no habiéndolo hecho ni habiéndoseles requerido para ello es aplicable lo dispuesto por el artículo 93 del aludido cuerpo normativo, conforme al cual la expedición de una decisión válida está condicionada al emplazamiento de todos ellos. (Casación N.° 1625-97-Arequipa, de 04-03-1999, f. j. 3. Sala de Derecho Constitucional y Social [EP, 30-12-1999, p. 4430]. Texto completo: ). § 754. No corresponde a los coherederos la calidad de sujetos pasivos cuando fuesen demandados por un m iembro de la sucesión. O ctavo. [La] recurrente ha demandado la nulidad del contrato de compraventa, de la escritura pública y de los asientos regístrales de los departamentos sub materia, en su calidad de miembro de la Sucesión [,..], de acuerdo al artículo 65 del citado Código [Procesal Civil] y el artículo 979 del Código Civil, no correspondiéndoles a sus coherederos la calidad de sujetos pasivos. (Casación N.° 3248-2000-Lima, de 05-03-2001, f. j. 8. Sala Civil Transitoria [EP, 31- 07-2001, p. 7440]. Texto completo: ). § 755. Lasociedad conyugal es representada por cualquiera de los partícipes si son demandantes, y por los dos cónyuges si son demandados. Cuarto. [Conforme] al cuarto parágrafo del artículo 65 del Código Procesal Civil, [...] la sociedad conyugal es representada por cualquiera de los partícipes si son demandantes y por los dos cónyuges si son demandados. Si se desconociera a uno de los integrantes de la sociedad conyugal, en todo caso, debe procederse conforme al artículo 435 del Código citado. Q uinto. [...] [La disposición del artículo 65] constituye una garantía al debido proceso en favor de los patrimonios autónomos y sus integrantes [...]. (Casación N.° 01-94-La Libertad, de 02-05-1994, ff. jj. 4 y 5. Sala Civil. Texto completo: ). § 756. La representación por consuno en la sociedad conyugal solo se realiza cuando existe perjuicio, no siendo considerado cuando existe beneficio. [No] existe discusión respecto a la representación de la sociedad conyugal que corresponde a ambos cónyuges, conforme se establece en el artículo 292 del Código Civil; que sin embargo, interpretando con criterio sistemático debe entenderse que tal representación por consuno es para los casos en que existe perjuicio a la sociedad, que de ninguna manera puede considerarse cuando existe un posible beneficio, como es el que se pretende con la demanda [...]; que corroborando este criterio, es que el mismo artículo 292 del Código Civil, concede acción por abuso de las facultades de cualquiera de los cónyuges, tanto más que de manera expresa en el artículo 65 del Código Procesal Civil ya contempla tal situación. (Exp. N.° 779-95-Junín, de 22-031996. Sala Civil. Texto completo: ). § 757. Cualquiera de los copropietarios puede interponer acciones de desalojo en interés del patrimonio autónomo. Cuarto. [Si] bien es cierto el artículo 979 del Código Civil faculta a cualquiera de los copropietarios a interponer acciones de desalojo en interés del patrimonio autónomo, de concordar esta norma con lo dispuesto en el artículo 971 del mismo Código aparece que esta facultad no puede ser ejercida contrariando la voluntad de los otros condóminos, que en el presente caso representan un porcentaje mayor al que tiene el copropietario demandante. Q uinto. [Resulta] claro entonces, que el actor actúa en interés propio y no en interés común del patrimonio autónomo respecto de un bien en concordancia con lo dispuesto en el artículo 65 del Código Procesal Civil, por lo que esta ausencia de interés común produce la improcedencia de la demanda. (Casación N.° 919-2000Lima, de 23-10-2000, ff. jj. 4 y 5. Sala Civil Permanente [EP, 02- 01-2001, p. 6709]. Texto completo: ). * SUMMA PROCESAL CIVIL

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§ 758. La facultad del copropietario de para demandar desalojo. La sociedad conyugal y otros patrimonios autónomos son representados por cualquiera de sus partícipes, si son demandantes. Tercero. [El] cuestionamiento del recurrente orientado a sustentar que el demandante no se encuentra facultado para demandar el desalojo por cuanto no es propietario sino copropietario, carece de todo fundamento legal, toda vez que el artículo 979 del Código Civil, claramente establece que cualquier copropietario (calidad reconocida al actor por la propia recurrente) puede reivindicar el bien común, así como promover -entre otras- las acciones de desahucio, en tanto que conforme al segundo párrafo del artículo 65 del Código Procesal Civil, la sociedad conyugal y otros patrimonios autónomos (entre ellos la copropiedad) son representados por cualquiera de sus partícipes, si son demandantes. (Casación N.° 280-2001-La Libertad, de 04-10-2002, f. j. 3. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 31-03-2003]. Texto completo: ). § 759- Es nulo el proceso de desalojo en el cual no se em plaza al cónyuge del demandado a pesar de tenerse conocimiento del m atrim onio. Sétim o. [...] [Es] claro que el actor conocía la condición de casado del demandado, no obstante ello, solo emplazó a su cuñado, mas no a su cónyuge (hoy impugnante), quien forma parte de la sociedad conyugal, debiendo acotarse que si el artículo 587 del Código Procesal Civil garantiza el emplazamiento a los terceros ajenos a la relación establecida entre el demandante y la persona a quien este cedió la posesión, con mucha más razón debe emplazarse a la cónyuge que ejerce la posesión del predio en litis [...], [debido a que se ha] violado el derecho de defensa de la recurrente. (Casación N.° 2166-2009-Lima, de 03-08-2010, f. j. 7. Sala Civil Permanente. Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DE LAS CORTES SUPERIORES

§ 760. El interés común de los conformantes del patrim onio autónomo les otorga legitim idad para accionar. [...] [Las] sucesiones configuran patrimonio autónomo, desde que todos los causahabientes tienen un interés común, sin constituir una persona jurídica, por lo que el accionar [de] don WBY, como demandante, en representación de su padre, don FBC, posee legitimidad para obrar [...]. (Exp. N.° 2016-94, de 25-11-1994. Quinta Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ). § 761. La sociedad conyugal constituye patrim onio autónomo. Si es demandada, la representación recae en la totalidad de los que la conforman. P rim ero. [...] [La sociedad conyugal constituye un] patrimonio autónomo [y] son representados por cualquiera de sus partícipes, si son demandantes y si son demandados, la representación recae en la totalidad de los que la conforman [...]. (Exp. N.° 1017-95, de 17-07-1995, £ j. 1. Segunda Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ). § 762, Los bienes que integran la sociedad de gananciales pertenecen a la sociedad conyugal, que es titular de un patrimonio autónomo. Los bienes adquiridos dentro de la sociedad conyugal no pueden responder por la deuda adquirida solo por el marido, pues los bienes que integran la sociedad de gananciales pertenecen a la sociedad conyugal que es distinta a los cónyuges que la integran y es titular de un patrimonio autónomo. (Exp. N.° 1145-94, de 17-05-1995. Tercera Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ). § 763. Existe patrim onio autónomo cuando dos o más personas tienen un derecho e interés común respecto de un bien, sin constituir una persona jurídica. P rim ero. [...] [Ejxiste patrimonio autónomo cuando dos o más personas tienen un derecho e interés común respecto de un bien, sin constituir una persona jurídica [...]. [...] Tercero. [En] el caso de autos, en la letra que se acompaña como anexo de la demanda es de verse que la misma ha sido aceptada tanto por el girador como por la cónyuge de este y en el texto de la demanda el actor no emplaza a esta, motivando que la causa se sustancie sin el emplazamiento con la demanda. (Exp. N.° 413-95, de 05-05-1995, ff. jj. 1 y 3. Quinta Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ). n o m o s & th e s is

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SUJETOS DEL PROCESO / COMPARECENCIA

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§ 764. No es necesario poder de la cónyuge si se interpone acción de desahucio en defensa del patrim onio de la sociedad conyugal, pues no se está causando detrimento alguno. [El] inmueble sublitis le fue dado en arrendamiento al demandado por los mismos apoderados accionantes en mérito al poder que en este proceso se cuestiona; que no se trata de la enajenación del inmueble para el cual sí es necesario el poder de la cónyuge [...], sino que dichos accionantes están actuando [demandando el desahucio] en defensa del patrimonio de la sociedad conyugal, por tanto no causa detrimento alguno [...]. (Exp. N.° 1139-94, de 14-12-1994. Primera Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ).

Artículo 66: Falta, ausencia o impedimento del representante deja persona con capacidad de ejercicio restringida En caso de falta, ausencia o impedimento del representante de la persona con capacidad de ejercicio restringida, se aplican las siguientes regias: 1. Cuando la persona con capacidad de ejercicio restringida no tenga representante legal o este estuviera ausente y surja la necesidad de comparecer en un proceso, lo expondrá así ai Juez para que le designe curador procesal o confirme al designado por él, si lo considera idóneo. 2. Cuando la demanda se dirija contra una persona con capacidad de ejercicio restringida que carece de representante o este se halle ausente, el Juez le nombrará un curador procesal o confirmará el propuesto por la persona con capacidad de ejercicio restringida, si lo considera idóneo. 3. El Juez nombrará curador procesal para la persona con capacidad de ejercicio restringida que pretenda demandar a su representante legal, o que sea demandado por este, o confirmará el propuesto por la persona con capacidad de ejercicio restringida, si fuere idóneo. 4. También se procederá al nombramiento de curador procesal cuando el Juez advierta la aparición de un conflicto de intereses entre la persona con capacidad de ejercicio restringida y su representante legal, o confirmará el propuesto por la persona con capacidad de ejercicio restringida.(1) MOTA DE ACTUALIZACIÓN

(1) Artículo modiiicado por el artículo 4 del Decreto Legislativo N.° 1384 (EP, 04-09-2018),

PLENOS JURISDICCIONALES

§ 765. Designación de curador especial para la defensa de los intereses del menor en las acciones de n ulidad de reconocimiento de filiación o en las adopciones. Véase la jurisprudencia del artículo 61° del Código Procesal Civil [§ 680], (Pleno Jurisdiccional Distrital de Familia, realizado en Callao, el 21-10-2011. Tema N.° I: El derecho a ser oído en los procesos de emplazamiento y desplazamiento de filiación del niño, niñay/o adolescente. Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 766. Actuación procesal del curador devela una ausencia total en la representación del recurrente, afectando su derecho de defensa. O ctavo . [De] la revisión de autos se advierte que el curador fue designado desde el emplazamiento con la demanda; sin embargo, su actuar en todo el proceso se ha visto muy carente, habiendo solo contestado la demanda [...] y pese a que la decisión de primera instancia desfavorecía a su representante, no recurrió a los apremios establecidos por Ley para impugnarla; es decir, su actuación procesal develó una ausencia total en la representación del recurrente; y, por ende en su defensa. N oveno. [No] obstante el proceso fue elevado en consulta conforme al artículo 408 del Código Procesal Civil, a fin de revisar de oficio irregularidades, malas prácticas legales, o erróneas interpretaciones jurídicas; ello no subsana la indefensión que tuvo el demandado, en todo el proceso; siendo así y a fin de garantizar el consagrado derecho a la defensa, la infracción planteada ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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debe estimarse, para lo cual se deberá renovar el acto procesal, a fin de lograr un emplazamiento válido en el domicilio real consignado en el documento de identidad del recurrente [...], (Casación N.° 1855-2010-Huánuco, de 17-05-2011, ffi jj. 8 y 9. Sala Civil Permanente [EP, 02-11-2011, Sentencias en Casación N.° 653, p. 31829]. Texto completo: ). § 767. Se contraviene al debido proceso si el curador procesal nombrado no cumplió con asistir a una audiencia única, lo que conllevó finalmente a la expedición de una sentencia adversa a los intereses de sus representados, la m isma que tampoco cumplió con apelarla. Véase la jurisprudencia del artículo 61° del Código Procesal Civil [§ 687]. (Casación N.° 2756-2002-Lambayeque, de 25-062004, ff. jj. 3 y 5. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 03-01-2005, p. 13325]. Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DE LAS CORTES SUPERIORES

§ 768. N ula actividad de la curadora procesal, que se ha despreocupado de interesarse por las pruebas ordenadas de oficio por el juez. D icha negligencia no debe permitirse. Véase la jurisprudencia del artículo 61° del Código Procesal Civil [§ 706]. (Exp. N.° 306-96-Lima, de 06-06-1996, f. j. 6. Quinta Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ). § 769. El curador no puede adoptar, respecto a la parte demandante, una actitud que sin ser de allanam iento a la pretensión, im porte, en el fondo, el reconocimiento de los derechos que este reclama. Véase la jurisprudencia del artículo 61° deí Código Procesal Civil [§ 705]. (Exp. N.° 186595, de 14-11-1995, ff. jj. 1 y 2. Cuarta Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ). REMISIÓN

§ 769a. Sobre la consulta como mecanismo de revisión de la actuación de los representantes. Véase también la jurisprudencia del artículo 408° del Código Procesal Civil (§ 2629 ss.).

Artículo 67: Representación de personas jurídicas extranjeras Las personas jurídicas extranjeras, sus sucursales, agencias o establecimientos, que realicen actividad en el Perú, están sujetas a las mismas exigencias de representación que la ley señala para las personas jurídicas nacionales, salvo convenio internacional o disposición legal en contrario.

CAPÍTULO III APODERADO JUDICIAL Artículo 68: Designación de apoderado judicial Quien tiene capacidad para comparecer por sí al proceso y disponer de los derechos que en él se discuten, puede nombrar uno o más apoderados. Si son varios, lo serán indistintamente y cada uno de ellos asume la responsabilidad por los actos procesales que realice. No es válida la designación o actuación de apoderados conjuntos, salvo para los actos de allanamiento, transacción o desistimiento.

n o m o s & th e s ís

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SUJETOS DEL PROCESO / COMPARECENCIA

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§ 770. El apoderado judicial: fundamento. Sexto. [La] representación para actuar dentro de un proceso está regulado en el artículo 68 del Código Procesal Civil, norma que consagra la representación voluntaria, para lo cual, la persona que tenga capacidad para comparecer por sí al proceso y disponer los derechos que en él se discuten, puede conferir a otra el poder de representarla en el proceso. En tal caso, la legitimación formal del representante será el efecto de la voluntad del representado, expresada en un negocio jurídico (poder), el mismo que deberá realizarse mediante escritura pública de conformidad con lo establecido en los artículos 72 y 75 del acotado Código Procesal. (Casación N.° 445-2011-Puno, de 23-10-2012, f. j. 6. Sala Civil Permanente [EP, 01-07-2013, Sentencias en Casación N.° 680, p. 42071]. Texto completo: ). § 771. La transcendencia de la dem anda exige que eí apoderado que proponga una demanda esté premunido de un poder especial. N oveno. [...] [La] demanda constituye uno de los actos procesales fundamentales, con la que el proponente no solo acciona para hacer valer su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, sino también plantea su pretensión procesal, con cuya admisión a trámite se va a generar el proceso y consecuentemente una relación jurídico-procesal entre el actor y demandado. D écim o. [La] trascendencia de dicho acto ha conducido a nuestro legislador para estatuir tal rigurosidad, para exigir que el apoderado que proponga una demanda esté premunido de un poder especial que confiera esas facultades. (Casación N.° 1183-2006-Lima, de 12-06-2007, ff. jj. 9 y 10. Sala Civil Permanente [EP, 01-10-2007, p. 20509]. Texto completo: ). § 772» El apoderado judicial puede participar en la audiencia de conciliación extrajudicial.

Cuarto. [No] existiendo norma en la Ley [de Conciliación] que expresamente prohíba la actuación de las personas naturales domiciliadas en eí país y con pleno ejercicio de sus derechos, mediante apoderados en la Audiencia de Conciliación, debe interpretarse que sí están facultados para ello; máxime sí conforme a la Primera Disposición Final del Código Procesal Civil, las disposiciones de dicho Código se aplican supletoriamente a los demás ordenamientos procesales. (Casación N.° 632-2002-Lima, de 01-10-2002, f. j. 4. Sala Civil Transitoria [EP, 01-10-2002, p. 9315]. Texto completo: ). § 773. El hecho que el apoderado, en su escrito de apersonamiento, haya defendido los intereses de sus representados, no se puede tomar como una convalidación de la notificación de la demanda. D uodécim o. [El] hecho que el apoderado, en su escrito de apersonamiento, haya defendido los intereses de sus representados, alegando que no tiene relación directa obligacional con el actor, no se puede tomar como una convalidación de la notificación de la demanda, porque esta únicamente procede en cuanto al propio obligado o si es que el apoderado hubiera tenido la facultad expresa para poder ser emplazado con una demanda en nombre de su poderdante [...]. (Casación N.° 2828-2004-Lima, de 28-11-2005, f. j. 12. Sala Civil Transitoria [EP, 03-07-2006, p. 16452], Texto completo: ).

Artículo 69: Apoderados de las entidades de derecho público El Estado y las demás entidades de derecho público, incluyendo los órganos constitucionales autóno­ mos, pueden designar apoderados judiciales especíales para los procesos en que sean parte, siempre que lo estimen conveniente por razón de especialidad, importancia del asunto discutido, distancia o circuns­ tancias análogas, conforme a la legislación pertinente.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 774. L a sola delegación legitim a la representación del Estado. Sexto. [Corresponde] verificar si las instancias de mérito impidieron arbitrariamente el acceso de la abogada de la Procuraduría Pública del Poder Judicial a la realización de la audiencia [...]; en tal sentido, se observa [...] que ante el llamado ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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de ley para la realización de la audiencia de pruebas, se hizo presente la [mencionada abogada] en representación de la Procuraduría Pública del Poder Judicial, sin embargo, no se permitió su participación por ausencia de delegación, lo cual implica una clara transgresión al principio constitucional al derecho de defensa, ya que debió tenerse en cuenta el escrito de fecha 15 de setiembre de 2009 [...], presentado con esa fecha, esto es, el mismo día de la diligencia referida, mediante eí cual se delegaba representación a favor de la abogada [...]. (Casación N.° 5173-2010-Lima, de 08-09-2011, £ j, 6, Sala Civil Permanente [EP, 31-01-2012, Sentencias en Casación N.° 662, p. 33521]. Texto completo: ). § 775. Las facultades que delegan los funcionarios públicos son en su calidad de tales y no como personas naturales. C uarto. [...] [Las] facultades que otorgan o delegan los funcionarios públicos es en su calidad de tales y no como personas naturales, por lo que la renuncia de los mismos no puede afectar la designación que hubieren realizado durante la vigencia de su nombramiento [...]. (Casación N.° 3843-2001-La Libertad, de 16-04-2002, £ j. 4. Sala Civil Permanente [EP, 31-102002, p. 9449]. Texto completo: ). § 776. Los Procuradores Generales de la República tienen la plena representación del Estado ya sea como demandado, denunciante o parte civil. S egundo. [Los] Procuradores Generales de la República tienen la plena representación del Estado en juicio y ejercitan su defensa en todos ios procesos y procedimientos en los que actúe como demandante, demandado, denunciante o parte civil. (Casación N.° 2451-98-Tumbes, de 07-09-2000, £ j. 2. Sala de Derecho Constitucional y Social [EP, 30-04-2001, p. 7143]. Texto completo: ).

Artículo 70: Capacidad del apoderado La persona designada como apoderado, debe tener capacidad para comparecer por sí en un proceso.

Artículo 71: Aceptación del poder El poder se presume aceptado por su ejercicio, salvo lo dispuesto en el artículo 73.

Artículo 72: Formalidad para el otorgamiento de poder El poder para litigar se puede otorgar solo por escritura pública o por acta ante el Juez del proceso, salvo disposición legal diferente. Para su eficacia procesal, el poder no requiere estar inscrito en los Registros Públicos.

PLENOS JURISDICCIONALES

§ 777. No debe exigirse al apoderado jud icial de una sociedad la inscripción de su mandato.

¿Debe exigirse al apoderado ju d icia l de una persona la inscripción del mandato o es suficiente copia legalizada d el acta de ju n ta de accionistas o de directorio, para que surta efecto su representación? El Pleno acordó por m a y o r í a : “Que no debe exigirse al apoderado judicial de una sociedad la inscripción de su mandato en los Registros Públicos”. (Pleno jurisdiccional Nacional Civil, realizado en lea, 1998. Acuerdo N.° 5.1. Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 778. El poder que confiere representación procesal, no requiere estar inscrito para su eficacia. C uarto. [El] artículo 72 distingue las clases de poder atendiendo a la formalidad empleada, estableciendo que solo pueden ser otorgados por Escritura Pública o por acta ante el Juez, salvo n o m o s & t h e s is

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SUJETOS DEL PROCESO / COMPARECENCIA

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disposición legal diferente, no requiriéndose la inscripción registral para su eficacia personal. Q uinto. [Es] evidente que la salvedad a que se hace referencia la norma procesal antes citada, deja abierta la posibilidad de la existencia de otras formalidades establecidas por la ley para el otorgamiento del poder para litigar. (Casación N.° 1856-98-La Libertad, de 25-11-1998, ffi jj, 4 y 5. Sala Civil Transitoria [EP, 13-01-1999, p. 2463]. Texto completo: ). § 779. Las facultades generales y especiales de representación judicial otorgadas por las sociedades. O ctavo. [Las] facultades generales y especiales de representación judicial a que hacen [referencia] los artículos 74 y 75 de! Código Procesal [Civil], cuando deban ser otorgados por las sociedades, se sujetan a la formalidad que establece su normatividad especial, pues así lo permite la salvedad que contiene el artículo 72 del Código Adjetivo indicado. N oveno. [La] Sala Civil al considerar que el artículo 14 de la Ley General de Sociedades no se refiere ni regula el otorgamiento de poderes procesales, negando por tanto la validez al poder presentado por el apoderado de la demandante, ha interpretado erróneamente la indicada norma, pues este regula el otorgamiento de todos aquellos poderes que sean necesarios para el desarrollo de la sociedad en la esfera jurídica, incluso el poder de orden procesal [...]. (Casación N.° 1856-98-La Libertad, de 25-11-1998, ffi jj. 8 y 9. Sala Civil Transitoria [EP, 13-01-1999, p. 2463]. Texto completo: ). § 780. No procede recurso de casación si no se acredita el poder del representante. Q uinto. [El] recurso de casación propuesto no puede prosperar por cuanto los agravios que alega la [empresa demandada] recurrente carecen de base cierta pues si bien planteó el pedido de nulidad respecto a todo lo actuado en el proceso también lo es que [...] el juez de mérito dispuso que la [empresa] cumpla con acreditar ios poderes de su representante para actuar en el presente proceso conforme a lo dispuesto en el artículo 72 del Código Procesal Civil. (Casación N.° 4757-2012-Lima, de 02-04-2013, f. j. 5- Sala Civil Transitoria [EP, 01-07-2013, Sentencias en Casación N.° 680, p. 41806], Texto completo: ). § 781. El defecto del acto de apoderamiento no Hace ineficaz el acto impugnativo del apoderado cuando la propia representada ratifica el m edio im pugnatorio. Q uinto. [...] [P]ese a que, en efecto, en materia de representación procesal rige el principio de literalidad del poder por el cual las facultades especiales no se presumen sino deben conferirse expresamente, debe considerarse que el apoderamiento de quien tuvo a cargo la interposición de! recurso de apelación y que la Sala inferior reputa como defectuosa o insuficiente para conseguir los efectos de la impugnación, es un fenómeno jurídico dentro del proceso judicial orientado a perseguir la realización de un acto procesal (impugnar la sentencia) en nombre de su representada, por consiguiente, el defecto del acto de apoderamiento no hace ineficaz el acto impugnativo del apoderado cuando la propia representada, en este caso, la empresa demandada [...], ratifica el medio impugnatorio, tal como prescribe el artículo 162 del Código Civil, norma aplicable al caso, por su carácter supletorio respecto de la representación procesal regulado por el ordenamiento procesal. [...] N oveno. [La] representación procesal es un acto procesal que tiene una forma, y como tal, para el caso concreto, la forma requerida para que la impugnación del representante se repute eficaz es que en el poder se precise que está facultado también a apelar, sin embargo, dicha forma no constituye un fin en sí mismo sino que se explica en la medida en que el acto procesal alcance su finalidad [...]. (Casación N.° 2483-99-Amazonas, de 08-06-2000, ff. jj. 5 y 9. Sala Civil Permanente [EP, 19-08-2000, p. 6007]. Texto completo: ). § 782. El defecto en el otorgamiento de poder para representación en juicio da lugar a la excepción de representación defectuosa o insuficiente. P rim ero . [Cjonforme al artículo 72 del Código Procesal Civil, el poder para representación en juicio se otorga en escritura pública o por acta ante el juez del proceso, y su defecto da lugar a la excepción de representación defectuosa o insuficiente como prescriben los artículos 446 inciso 3 y 451 inciso 2 del acotado. (Casación N.° 1751-96-Piura, de 12-05-1998, f. j. 1. Sala Civil [EP, 07-06-1998, p. 1263]. Texto completo: ).

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CÓDIGO PROCESAL CIVIL

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§ 7S3. Las personas jurídicas no están im pedidas p ara otorgar poder procesal. Para su eficacia procesal, el poder por escritura pública no requiere estar inscrito en los Registros Públicos. Sexto. [...] [Según] el artículo 64 del Código Procesal Civil, las personas jurídicas no están impedidas para otorgar poder procesal, y, en tal sentido, el último párrafo del artículo 72 del precitado Código, prescribe que para su eficacia procesal el poder por Escritura Pública no requiere estar inscrito en los Registros Públicos. (Casación N.° 3480-200 0 - Loreto, de 18-12-2000, f. j. 6. Sala Civil Permanente [EP, 30-04-2001, p. 7239]. Texto completo: ).

Artículo 73: Poder otorgado en él extranjero El poder otorgado en el extranjero, debidamente traducido de ser el caso, debe ser aceptado expresa­ mente por el apoderado en el escrito en que se apersona como tal.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 784. No hay suspensión de la prescripción si ía parte, pese a ser un ciudadano extranjero, estaba en posibilidades de otorgar poder en el país. D écim o cu arto. [Si] bien el demandante [recurrente, un ciudadano extranjero] ha acreditado que no se encontraba en el país, conforme aparece del certificado de movimiento migratorio [...]; sin embargo, tal situación no le impedía designar a un apoderado en el Perú para que en su nombre inicie las acciones legales pertinentes para el reclamo de su derecho, acorde con lo preceptuado en el artículo 73 del Código Procesal Civil; tanto más, si se aprecia que el recurrente estuvo en el país en el periodo comprendido del 9 de abril de 1990 hasta el 23 del mismo mes y ano, pudiendo ejercer válidamente sus derechos en dicho momento. (Casación N.° 53832009-Lima, de 07-04-2011, f. j. 14, Sala Civil Permanente [EP, 02-11-2011, Sentencias en Casación N.° 653, p- 31904]. Texto completo: ).

Artículo 74: Facultades generales La representación judicial confiere al representante las atribuciones y potestades generales que corres­ ponden al representado, salvo aquellas para las que la ley exige facultades expresas. La representación se entiende otorgada para todo el proceso, incluso para la ejecución de la sentencia y ei cobro de costas y costos, legitimando al representante para su intervención en el proceso y realización de todos ios actos del mismo, salvo aquellos que requieran la intervención personal y directa del representado.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§. 785. El abogado con facultades generales puede interponer el recurso de apelación aun si el escrito no h a sido suscrito por la to talid ad de dem andantes. D écim o. [...] [Aun] cuando el recurso de apelación [...] haya sido suscrito solo por dos de los [más de 70] demandantes, ello no obsta para sostener que no haya sido impugnado por el resto de los actores, desde que al haber autorizado a la letrada las facultades generales de representación previstas en el artículo 74° del Código Adjetivo, es evidente que igualmente han autorizado su interposición, más aún si a mérito de dicha facultad solo se requería que el aludido medio impugnatorlo sea suscrito por el letrado que ejerza la defensa del litigante, en este caso de los demandantes; razón por la que, no se advierte incongruencia alguna ni afectación a las normas procesales que se denuncian, por lo que este agravio igualmente debe ser desestimado. (Casación N.° 4235-2009-LÍma, de 11-05-2010, f. j. 10. Sala Civil Permanente [EP, 28-02-2011, Sentencias en Casación N.° 637, p. 29591]. Texto completo: ). n o m o s & t h e s is

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§ 786. Aunque el estatuto estipule que no es de observancia obligatoria la inscripción del representante, ta l es necesaria a fin de publicitar tanto las facultades generales como las especiales. P rim ero. [La] Ley N.° 26789 establece en su artículo único que, el administrador, representante legal o presidente del consejo directivo, según corresponda, de las personas jurídicas reguladas en la Sección Segunda del Libro 1 del Código Civil -entre las que se encuentra la demandada' gozan de las facultades generales y especíales de representación procesal señalada en los artículos 74 y 75 del Código Procesal Civil, por el solo mérito de su nombramiento inscrito en el registro correspondiente, salvo disposición estatutaria en contrario. S egundo. [El] vicio denunciado no se configura, pues la recurrente acepta que a la fecha en que se llevó a cabo la diligencia de la Audiencia Unica aún no se había inscrito su representación legal; acto que por mandato de la ley antes glosada resulta indispensable, para considerar debidamente representada a la demandada; deviniendo en intrascendente el extremo del recurso en la que hace alusión a que en su estatuto haya dispuesto que no es necesaria la inscripción de la representación. (Casación N.° 359-99-Lima, 24-06-1999, ff, jj. 172. Sala Civil Permanente. Texto completo: ). § 787. El presidente del directorio no tiene las facultades de representación procesal de la sociedad, p ara ello requiere que se le otorgue poder expreso. T ercero . El artículo 1.4 de la Ley General de Sociedades dispone que el nombramiento de representantes y el otorgamiento de poderes deben inscribirse, y en su último párrafo establece que el gerente general goza de las facultades generales y especiales de representación señaladas en el Código Procesal Civil, lo que concuerda con lo dispuesto en los artículos 185 y 188 inciso 2 de la misma Ley, donde señala que, salvo disposición distinta del Estatuto o acuerdo expreso de la Junta General de Accionistas o del Directorio, se presume que el Gerente General goza de la facultad de representar a la sociedad con las facultades generales y especiales previstas en el Código Procesal Civil; C uarto . Al Directorio corresponden las facultades de gestión y representación legal necesaria para ¡a administración de la sociedad dentro de su objeto, como prescribe el artículo 172 de la misma ley, lo que no incluye la representación procesal, toda vez que no se encuentra dentro del ámbito del objeto social. Dicha norma señala cuál es el ámbito de competencia del Directorio, el que se desdobla en dos aspectos: uno externo y otro interno, el primero concierne a las facultades de representación; y el segundo a los deberes de gestión; la norma contiene la limitación que resulta del objeto social y exceptúa aquellos asuntos que la ley o el estatuto atribuyen a la junta general. Q uinto. El Presidente del Directorio, en los términos de la ley, no tiene las facultades de representación procesal de la Sociedad, y para ello requiere que se le otorgue poder expreso. [...] (Casación N.° 1008-2006-Lambayeque, de 1004-2007, ff. jj. 3, 4 y 5. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 02-07-2007, p. 19644], Texto completo: ). § 788. El abogado representante no requiere poder especial para interponer medios impugnatorios. Quinto. [La] [...] Ley Orgánica del Poder Judicial [ha establecido que en] los procesos, sin necesidad de intervención de su cliente, el abogado puede presentar, suscribir y ofrecer todo tipo de escritos, con excepción de aquellos para los que se requiere poder especial con arreglo a ley. El abogado no requiere poder especial para interponer medios impugnatorios, en representación de su cliente [...]. Sexto. [A] mayor abundamiento, cabe indicar que el artículo 75 de) Código Procesal Civil no dispone que para Ja interposición de medios impugnatorios se requiera del otorgamiento de facultades especiales. (Casación N.° 2674-2000-Ica, de 25-01-2001, f. j. 5- Sala Civil Transitoria [EP, 30-04-2001, p. 7208], Texto completo: ). § 789. El abogado se encuentra facultado, sin necesidad de la intervención de sn cliente, para subsanar la omisión en que se hubiera incurrido en la demanda. Si la ley le permite a un letrado el poder im pugnar una resolución, en mayor razón, puede también presentar escritos de subsanación. Véase la jurisprudencia del artículo 80° del Código Procesal Civil [§ 834]. (Casación N.° 4020-2012-Lima, de 09-05-2013, ff. jj. IV.5 y IV.6. Sala Civil Permanente [EP, 28-02-2014, Sentencias en Casación N,° 689, p. 48778]. Texto completo: ). ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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§ 790. Las facultades generales y especiales de representación judicial otorgadas por las sociedades. Véase la jurisprudencia del artículo 72° del Código Procesal Civil [§ 779]. (Casación N.° 185ó-98-La Libertad, de 25-11-1998, ff. jj. 8 y 9- Sala Civil Transitoria [EP, 13-01-1999, p. 2463]. Texto completo: ). § 791. La apelación del abogado sin facultades es inválida. Véase la jurisprudencia del artículo 80° del Código Procesal Civil [§ 829]. (Casación N.° 3811-2002-San Martín, de 14-07-2004, ff. jj. 4, 8, 9 y 10. Sala Civil Permanente [EP, 3T 0 8-2004, p. 12682], Texto completo: ). § 792. El su pu esto fallecim iento del abogado de una de las partes no interrum pe el término del abandono. Véase la jurisprudencia del artículo 80° del Código Procesal Civil [§ 831]. (Casación N.° 1238-2003-Cajamarca, de 25-06-2003, f. j. 3. Sala Civil Transitoria [EP, 01-12-2003, p. 11170]. Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DE LAS CORTES SUPERIORES

§ 793. Dado que el mandato es un acto jurídico que corresponde al derecho privado, solo por voluntad del mandante o del mandatario pueden ser extinguidos. Quinto. [Los] poderes generales y especiales otorgados conforme al Código de Procedimientos Civiles abrogado, no han quedado revocados por el nuevo Código Procesal Civil, dado que el mandato es un acto jurídico que corresponde al derecho privado y solo por voluntad del mandante o del mandatario, pueden ser extinguidos. (Exp. N.° 701-95, de 23-06-1995, f. j. 5. Segunda Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ), § 794. Debe declararse infundada la excepción propuesta si la persona jurídica accionante está representada de acuerdo a sus estatutos. [La] persona jurídica accionante está representada en el presente proceso por su abogado defensor de acuerdo a lo que dispone su estatuto; a que [...] el directorio de la empresa podrá otorgar poder a cualquier persona; a que, en ese sentido, la bolera [...] contiene el otorgamiento de poder con las facultades generales y especiales del mandato, contenidas en los artículos 74 y 75 del Código Procesal Civil [...] [por lo que se declara] infundada dicha excepción deducida [...]. (Exp. N.° 789-94, de 20-09-1994. Primera Sala Civil. Corte Superior de justicia de Lima. Texto completo: ). § 795. No se necesitan facultades especiales para so licitarla disolución del vínculo m atrimonial, bastando que se hayan otorgado las facultades generales. P rim ero. [CJonforme a lo que dispone el artículo 290 del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial [...] en los procesos, sin necesidad de la intervención de su diente, el “abogado” puede presentar, suscribir y ofrecer todo tipo de escritos, con excepción de aquellos para los que se requiere poder especial [...]; no requiriendo inclusive poder especial para interponer medios impugnatorios en representación de aquél. Q uinto. [El] artículo 354 del Código Civil no exige en forma expresa el otorgamiento de facultades especiales para poder solicitar la disolución del vínculo del matrimonio. (Exp. N.° 558-98, de 16-11-1999, ff jj. 1 y 5- Sala de Familia. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ). § 796. El reconocimiento de la representación procesal del gerente o adm inistrador de una sociedad mercantil por el solo mérito de su nombramiento. Quinto. [Nuestro] ordenamiento sustantivo exige el cumplimiento de formalidades para atribuir la representación legal de la persona jurídica -artículo 2028 del Código Civil- la inscripción del nombramiento de representantes a efectos que la misma produzca los “efectos” a que hace referencia el artículo 2013 del mismo cuerpo legal, esto es opuesta válidamente a terceros, además la Ley N.° 26789 en su artículo único reconoce al Gerente o Administrador de Sociedades Mercantiles o Civiles, o Presidente del Consejo Directivo, según corresponda las facultades de representación procesal señalada en los artículos 74 y 75 del Código Procesal Civil, por el solo mérito de su nombramiento correspondiente, salvo disposición estatutaria en contrario. (Exp. N.° 2906-98, de 20-10-1998, f. j. 5. Sala de Procesos Abreviados y de Conocimiento. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ). n o m o s & th e s fs

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§ 797. Es válida la representación judicial por una colectividad de abogados del mismo estudio. Véase la jurisprudencia del artículo 291° del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial [§ 4665] ■(Exp. N.° 1471-98 (Q), de 29-10-1998, ff, jj. 4-6. Sala Civil Corporativa Subespecialízada en Procesos Sumarísimos y No Contenciosos. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ).

Artículo 75: Facultades especiales Se requiere el otorgamiento de facultades especiales para realizar todos los actos de disposición de derechos sustantivos y para demandar, reconvenir, contestar demandas y reconvenciones, desistirse del proceso y de la pretensión, allanarse a la pretensión, conciliar, transigir, someter a arbitraje las pretensiones controvertidas en el proceso, sustituir o delegar la representación procesal y para los demás actos que exprese la ley. El otorgamiento de facultades especiales se rige por el principio de literalidad. No se presume la exis­ tencia de facultades especiales no conferidas explícitamente.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 798. Si bien es cierto que el otorgamiento de facultades especiales se rige por el principio de literalidad y que no se presume la existencia de facultades no conferidas explícitamente, esto no im plica que se deba otorgar un poder específico para que el apoderado conteste determinada demanda. S egu n d o. [Si] bien es cierto que el artículo 75 del Código Procesal Civil establece que el otorgamiento de facultades especiales se rige por el principio de literalidad y que no se presume la existencia de facultades no conferidas explícitamente, esto no implica que se debe otorgar un poder específico para que el apoderado conteste determinada demanda judicial, siendo suficiente pata ello que se le hubiera conferido expresamente la facultad genérica de contestar demandas que se presentan contra su representado. (Casación N.° 175-95-Pucallpa, de 10-10-1996, f. j. 2. Sala Civil [EP, 21-121996, p. 2595]. Texto completo: ). § 799. Si bien las facultades especiales de representación se rigen por el principio de literalidad, aparece que al representante de la demandante se le otorgó las facultades especiales de representación, lo cual incluye tam bién la facultad especial para demandar. P rim ero. [El] error in p roced en d o que denuncia, el recurrente se sustenta en que [el apoderado de la demandante] carece de representación suficiente para demandar en nombre de la empresa [...], puesto que en el poder que se le confiere no aparece que expresamente se le haya otorgado la facultad especial para demandar. S egundo. [Al] respecto, en el testimonio de poder [...] aparece que en la reunión de directorio de la empresa [demandante] los asistentes acordaron otorgar poder [al apoderado], concediéndole las facultades generales del mandato y las facultades especiales contenidas en ios artículos 74 y 75 del Código Procesal Civil. Tercereo. [En] ese sentido, si bien las facultades especiales de representación se rigen por el principio de literalidad, en la citada acta de directorio aparece que al representante de la demandante se le otorgó las facultades especiales de representación contenidas en el artículo 75 del Código Procesal Civil, lo cual incluye también la facultad especial para demandar. (Casación N.° 3034-00-Lima, de 16-02-2001, ff. jj. 1, 2 y 3. Sala Civil Permanente [EP, 02-07-2001, p. 7345]. Texto completo: ), § 800. Facultades especiales para demandar y principio de literalidad. Si resulta insuficiente el poder, la relación procesal no es válida. S e g u n d o . [Con] arreglo a lo preceptuado en el artículo 75° del Código Procesal Civil, pata demandar, se requiere de facultades especiales conferidas explícitamente con ese fin, debiéndose advertir que el otorgamiento de dichas facultades se rige por el principio de literalidad. [...] Q uinto. [Rjesultando insuficiente el poder [...], obviamente tampoco es posible lograr una relación procesal válida, en razón de no haberse cumplido con acompañar el [documento ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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que contiene el poder de iniciar el proceso, cuando se actúe por apoderado] [...]. (Casación N.° 20-94-Ayacucho, de 21-11-1994, ff. jj. 2 y 5. Sala Civil [EP, 21-03-1995, p. 1899]. Texto completo: ). § 8 0 1 . De acuerdo a ia literalidad de las facultades especiales, no es posible suponer una determ inada facultad, más aún si se trata del em plazamiento de un acto que debe ser notificado de forma personalísima. D écim o. [El] apoderado cuenta con facultades para interponer demandas y contestarlas, siendo que, esto no implica, de ninguna manera, que puedan ser emplazados con una demanda dirigida al poderdante. U ndécim o. [De] acuerdo a la literalidad de las facultades especiales no es posibles suponer una determinada facultad, más aún si se trata del emplazamiento de un acto que debe ser notificado de forma personalísima. (Casación N.° 2828-2004-Lima, de 28-11-2005, ff. jj. 10 y 11. Sala Civil Transitoria [EP, 03-07-2006, p. 16452]. Texto completo: ). § 802. El principio de literalidad busca proteger tanto a los terceros que pueden ser demandados por representantes desprovistos de facultades y al representado que ignora que su representante esté accionando sin facultades expresas para ello. Sexto. [Conviene] precisar el hecho que la accionante -en vía de subsanadón- presentara la vigencia de poder de su gerente general sin que este se apersonara o intervenga en el proceso, no puede considerársele procesalmente representada, ya que ei gerente general no está ejercitando tal cargo dentro de este proceso, ni ha convalidado los actos procesales efectuados por la representante [...]. Sétim o. [La] regulación establecida en el artículo 75 del Código Procesal Civil, busca proteger tanto a los terceros que pueden ser demandados por representantes desprovistos de facultades y al representado que ignora que su representante esté accionando sin facultades expresas para ello, por lo que el incumplimiento de dicha norma legal acarreará un vicio que de no ser adecuadamente subsanado genera el rechazo de la acción, (Casación N.° 4995-2007 -Lima, de 25-03-2008, ff. jj. 6-7. Sala Civil Permanente [EP, 30-06-2008, p. 22439]. Texto completo: ). § 803. Por el principio de literalidad los poderes especiales deben ser determinados. Tercero. [...] De acuerdo a la literalidad de las facultades especiales no es posible suponer una determinada facultad, más aún si se trata del emplazamiento de un acto que debe ser notificado de forma personalísima. (Casación N.° 2678-99-Lima, de 11-02-2000, f. j, 3- Sala Civil [EP, 20-06-2000, p. 5498]. Texto completo: ). § 804. Si bien los representantes cuentan con facultades para interponer demandas y contestarlas, esto no im plica necesariamente que puedan ser emplazados con una dem anda dirigida a su representado. Segundo. [Del] otorgamiento de poderes del [representado] a los señores [representantes] se aprecia que no existe facultad expresa y literal a favor de los apoderados para ser emplazados en representación del otorgante con la demanda, contraviniendo el principio de la literalidad del poder especial. Tercero , [Los] apoderados cuentan con facultades para interponer demandas y contestarlas, esto no implica de ninguna manera que puedan ser emplazados con una demanda dirigida ai poderdante. De acuerdo a la literalidad de las facultades especíales no es posible suponer una determinada facultad, más aún si se trata del emplazamiento de un acto que debe set notificado de forma personalísima. Cuarto. [El] hecho que el apoderado haya formulado una contradicción en forma extemporánea no se puede tomar como una convalidación de la notificación de la demanda, porque esta únicamente procede en cuanto al propio obligado o si es que el apoderado hubiera tenido la facultad expresa para poder ser emplazado con una demanda en nombre de su poderdante, supuestos que no existen. (Casación N.° 2678-99-Lima, de 11-02-2000, ff. jj. 2-4. Sala Civil [EP, 20-06-2000, p. 5498]. Texto completo: ). § 805. Poder especial para demandar la nulidad de matrimonio. Sexto. [,..] [La] recurrente [se ha limitado] a cuestionar el criterio asumido por las instancias de mérito, al señalar que el poder otorgado a favor de [un apoderado B] no lo faculta expresamente para interponer la presente demanda de nulidad de matrimonio [...]; en ese sentido cabe precisar que [el demandante ha otorgado] poder indistintamente a varias personas entre Jas que se encuentra el [apoderado A], para que en mérito al artículo 74 y 75 del Código Procesal Civil, puedan entre las distintas facultades poder demandar en forma general contra n o m o s &

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SUJETOS DEL PROCESO / COMPARECENCIA

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cualquier persona; el mismo que [posteriormente] a su vez delegó facultades [al apoderado B] con las mismas prerrogativas; en consecuencia, el poder a favor del demandante se encuentra amparado por el ordenamiento jurídico (artículo 74 y 75 del Código Procesal Civil) con lo cual no se ha producido ninguna infracción al calificar la demanda porque dicho poder para demandar [...] se encuentra vigente; por lo tanto la presente denuncia casatoria deviene en improcedente, (Casación N.° 4510-2012-Lima, de 25-01-2013, f. j. 6. Sala Civil Transitoria [EP, 01-07-2013, Sentencias en Casación N.° 680, p. 42295]. Texto completo; ). § 806. Prohibición de representación procesal. O ctavo, [La solicitud de divorcio en base a la sentencia de separación convencional o separación por causal] debe set ejercido de forma personal por los cónyuges, no estando facultado eí abogado patrocinante para ejercer tal derecho en representación de su patrocinado a menos que se le hubiera otorgado expresamente dicha facultad conforme al artículo 75 del Código Procesal Civil. (Casación N.° 957-99-Ica, de 15-11-1999, f. j, 8. Sala Civil Permanente [EP, 26-12-1999, p. 4408], Texto completo; ). § 807. El poder otorgado que no cumple co n los requisitos es causal de nulidad: corresponde al juez antes de adm itir y dar trámite a la demanda verificar si el actor contaba con poder para demandar. D écim o Tercero. [De] lo expuesto anteriormente es de apreciarse que la Sala Superior confirma la resolución de primera instancia sin advertir que la demanda incumple las exigencias de formalidad previstas por el artículo 75 del Código Procesal Civil toda vez que el ejecutante [...] no cuenta con legitimidad para obrar en razón a que la obligación que pretende hacerse efectiva a través de la ejecución del título [letra de cambio] fue contraída por la empresa [titular del derecho reconocido en la letra de cambio objeto de ejecución] apareciendo en dicho documento el ejecutante como representante de dicha empresa por ende correspondía al juez antes de admitir y dar trámite a la demanda verificar si el actor contaba con poder para demandar lo que no se ha dado [...]. (Casación N.° 3277-2012-Loreto, de 16-08-2013, f. j. 13. Sala Civil Transitoria [EP, 02-01-2014, Sentencias en Casación N.° 687, p. 47628]. Texto completo: ). REMISIÓN

§ 838. Sobre deberes y autorización del abogado. Véase también la jurisprudencia de los artículos 109° [§ 1084 ss.] y 132° del Código Procesal Civil [§ 1389 ss.], respectivamente.

Artículo 81: Procuración oficiosa

Se puede comparecer en nombre de persona de quien no se tiene representación judicial, siempre que concurran los siguientes requisitos: 1. Que la persona por quien se comparece se encuentre impedida de hacerlo por sí misma, estuviera ausente del país, tenga razones de fundado temor o amenaza, se trate de una situación de emergencia o de inminente peligro o cualquier otra causa análoga y desconociera la existencia de representante con poder suficiente.

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SUJETOS DEL PROCESO / COMPARECENCIA

Art. 8 2

2. Que cuando la parte contraria lo pida, el procurador preste garantía suficiente a criterio del Juez de que su gestión será ratificada por el procurado, dentro de ios dos meses siguientes de comparecer este. Si no se produce la ratificación, se declarará concluido el proceso y se podrá condenar al procurador al pago de daños y perjuicios, así como a las costas y costos, siempre que, a criterio del Juez, la intervención oficiosa haya sido manifiestamente injustificada o temeraria. Se presume con carácter absoluto la ratificación de la procuración cuando el interesado comparece por sí o debidamente representado y no rechaza expresamente la actuación del procurador. Es inválida la ratificación parcial o condicional. La ratificación tiene efectos retroactivos a la fecha de comparecencia del procurador, sin perjuicio del derecho de terceros.

JU RISPRUD EN CIA P E LA CORTE SU PREMA

§ 839. Los actos realizados por el procurador oficioso deben ser ratificados por el procurado.

T ercero. [...] [Se] debe tener en cuenta que el procurador oficioso, previsto en el artículo 81 del Código Procesal Civil, es un supuesto de legitimación extraordinaria, pues una persona no teniendo poder, comparece en nombre de otra, alegando que esta se encuentra impedida de hacerlo por sí misma, estuviera ausente deí país, tenga razones de fundado temor o amenaza, se trate de una situación de emergencia o de inmínente peligro o cualquier otra causa análoga. Los actos procesales que realice el procurador oficioso deben ser rarificados por quien se comparece, dentro de los dos meses siguientes de su participación. Si no se produce la ratificación, se declarará por concluido el proceso. (Casación N." 2559-2011.-Lima, de 24-05-2012, £ j. 3. Sala Civil Permanente [EP, 01-07-2013, Sentencias en Casación N.° 680, p. 41478], Texto completo: ).

Interés difuso es aquel cuya titularidad corresponde a un conjunto indeterminado de personas, respecto de bienes de inestimable valor patrimonial, tales como el medio ambiente o el patrimonio cultural o histórico o del consumidor. Pueden promover o intervenir en este proceso, el Ministerio Público, los Gobiernos Regionales, los Gobiernos Locales, las Comunidades Campesinas y/o las Comunidades Nativas en cuya jurisdicción se produjo el daño ambiental o al patrimonio cultural y las asociaciones o instituciones sin fines de lucro que según la Ley y criterio del Juez, este último por resolución debidamente motivada, estén legitimadas para ello. Las Rondas Campesinas que acrediten personería jurídica, tienen el mismo derecho que las Comunidades Campesinas o las Comunidades Nativas en los lugares donde estas no existan o no se hayan apersonado a juicio. Si se promueven procesos relacionados con la defensa del medio ambiente o de bienes o valores culturales, sin la intervención de los Gobiernos Locales indicados en el párrafo anterior, el Juez deberá incorporarlos en calidad de litisconsortes necesarios, aplicándose lo dispuesto en los artículos 93 a 95. En estos casos, una síntesis de la demanda será publicada en el Diario Oficial El Peruano o en otro que publique ios avisos judiciales del correspondiente distrito judicial. Son aplicables a los procesos sobre intereses difusos, las normas sobre acumulación subjetiva de pretensiones en lo que sea pertinente. En caso que la sentencia no ampare la demanda, será elevada en consulta a la Corte Superior. La sentencia definitiva que declare fundada la demanda, será obligatoria además para quienes no hayan participado del proceso. La indemnización que se establezca en la sentencia, deberá ser entregada a las Municipalidades Distrital o Provincial que hubieran intervenido en el proceso, a fin de que la emplee en la reparación del daño ocasionado o la conservación del medio ambiente de su circunscripción, w

♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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NOTA DE A C T U A L IZ A C IÓ N

(1) Artícuío modificado por el artículo 1 de la Ley N.° 27752 (EP, 08-06-2002).

PRIMER PLENO CASATORIO CIVIL

§ 840. Legitimación parar obrar activa, en defensa de los intereses difusos. IX. F a l l o : [El] Pleno Casatorio de la Corte Suprema de Justicia de la República, de conformidad con lo normado por el artículo 400° del Código Procesal Civil, por mayoría: [...] b) D e c l a r a q u e c o n s t i t u y e n d o c t r i n a j u r i s p r u d e n c i a l los siguientes precedentes vinculantes: [...] 2 . La legitimación parar obrar activa, en defensa de los intereses difusos, únicamente puede ser ejercida por las entidades señaladas expresamente en el artículo 82 del Código Procesal Civil (voto p or unanimidad), (Primer Pleno Casatorio Civil [Tema: Indemnización por daños y perjuicios derivados de responsabilidad extracontractual], realizado el 22-01-2008, Casación N.° 14 65-2 007-Cajamarca [EP, 21-04-2008], que constituyen como doctrina jurisprudencia] dos precedentes vinculantes, siendo para el presente caso el primero de ellos. Texto completo: ). J URISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 8 4 l. P a ra la defensa de los intereses difusos solo están legitim adas las instituciones públicas y privadas mencionadas en la ley. N oveno . [..,] Para la defensa de [los] intereses [difusos], que son de naturaleza colectiva -pues pertenecen en abstracto a una pluralidad de sujetos indeterminados o indiferenciados- el legislador ha optado por establecer quiénes son los llamados a ejercer y representar su tutela, estableciendo en la norma procesal en comento que pueden promover o intervenir en este proceso, el Ministerio Público, los Gobiernos Regionales, los Gobiernos Locales, las Comunidades Campesinas y/o las Comunidades Nativas en cuya jurisdicción se produjo el daño ambiental o al patrimonio cultural y las asociaciones o instituciones sin fines de lucro que según la Ley y criterio del Juez, este último por resolución debidamente motivada, estén legitimadas para ello. D écim o. Como puede advertirse, cuando la norma en comento alude a las instituciones públicas y privadas antes referidas, lo hace para efectos de establecer que solo a aquéllas les asiste legitimidad para obrar en esta dase de procesos. Por tanto, cuando las instancias de mérito amparan la excepción de falta de legitimidad para obrar de las demandantes respecto de la pretensión de indemnización por el daño ambiental, sustentada en que solo corresponde promover tal acción a las acotadas instituciones públicas y privadas, expide una decisión que se ajusta a los alcances del artículo 82 del Código Procesal Civil [...]. (Casación N.° 2932-2006-Cajamarca, de 28-05-2007, ff. jj. 9 y 10. Sala Civil Transitoria [EP, 30-05-2008, p, 22063]. Texto completo: ). § 842. La legitim ación activa, respecto al daño am biental, únicamente les corresponde de manera exclusiva y excluyente a las entidades señaladas por ley y no puede ser ejercida por una persona natural. 63. [En] lo que concierne a la denuncia referida al amparo de la excepción de falta de legitimidad para obrar de la demandante respecto al daño ambiental, no vislumbramos, en primer lugar, contradicción alguna en las decisiones de ambas Salas Civiles, puesto que concuerdan, como lo hace este Pleno, que la legitimación únicamente les corresponde de manera exclusiva y excluyente a las entidades que se mencionan en el artículo 82° del Código Procesal Civil; por ende no puede ser ejercida por una persona natural, salvo que represente a una de las entidades señaladas en el mencionado artículo, tanto en su versión original como en su versión modificada. 64. En cuanto a la alusión que hace la accionante respecto a la sentencia expedida por el Tribunal Constitucional en el Expediente N.° 0221-1997-AA/TC, donde se hace mención que la legitimación en la defensa de los intereses difusos alcanza también a las personas naturales, cabe precisarse que [...] el artículo 40° del Código Procesal Constitucional vigente le otorga legitimación a cualquier persona para interponer demanda de Amparo, lo cual debe entenderse que es para efectos de solicitar esa garantía constitucional en defensa de los intereses difusos, pero ello no nos puede llevar a colegir que así como en el Amparo también en la vía ordinaria la legitimación es irrestricta para la defensa de los intereses difusos; por lo que se n o m o s & t lie s is

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SUJETOS DEL PROCESO / COMPARECENCIA

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debe diferenciar el ejercicio de una acción de Amparo frente a una acción ordinaria, puesto que en uno y otro caso se persiguen fines totalmente diferentes [...]■ (Primer Pleno Casatorio Civil [Tema: Indemnización por daños y perjuicios derivados de responsabilidad extracontractual], realizado el 22-01-2008, Casación N.° 1465-2007-Cajamarca [EP, 21-04-2008], ff. jj. 63 y 64. Texto completo: ). § 843. El M inisterio Publico o las ONG’s están legitim adas a promover la acción para el patrocinio de intereses difusos. O ctavo. [En] cuanto a la indemnización por daño ambiental, debe señalarse que la norma del artículo 82 del Código Procesal Civil es clara y señala quiénes pueden promover acción para el patrocinio de intereses difusos, y su titularidad corresponde precisamente a dicho grupo no determinado o al Ministerio Público u ONG s (Organizaciones No Gubernamentales) debidamente autorizadas. (Casación N.° 2927-2006-Caj amarca, de 19-10-2006, f. j. 8. Sala Civil Permanente [EP, 05-01-2007, p. 18374]. Texto completo: ).

CAPÍTULO V ACUMULACIÓN Artículo 83: Pluralidad de pretensiones y personas En un proceso puede haber más de una pretensión, o más de dos personas. La primera es una acumulación objetiva y la segunda una acumulación subjetiva. La acumulación objetiva y la subjetiva pueden ser originarias o sucesivas, según se propongan en la demanda o después de iniciado el proceso, respectivamente.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 844. La acum ulación originaria. Concepto. Cuarto. [La] acumulación originaria es un fenómeno recogido en el artículo 83 del Código Procesal Civil, que permite que en un proceso existan varias pretensiones y/o varias personas; para su validez se requiere que se respeten los requisitos señalados para la acumulación subjetiva de pretensiones [...]. (Casación N.° 1155-2012-Lima, de 19-09-2013, f. j. 4. Sala Civil Permanente [EP, 30-04-2014, Sentencias en Casación N.° 691, p. 50704], Texto completo: ). § 845. La acum ulación. Definición. S egundo. [La] acumulación es la institución procesal que explica la naturaleza de aquellos procesos (llamados en doctrina procesal como complejos) en los que se advierte la presencia de más de una pretensión (acumulación objetiva) o más de dos personas (acumulación subjetiva) en un proceso. (Casación N.° 1079-98-Puno, de 10-12-1998, f. j. 2, Sala Civil Permanente [EP, 31-01-1999, p. 2560], Texto completo: ), § 846. Acum ulación objetiva y acum ulación subjetiva. C uarto. [Por] acumulación se entiende, entonces, la unión de varias pretensiones en un solo procedimiento de demanda (acumulación objetiva); o la agregación de dos o más procesos a fin de que formen uno solo y en él se decidan aquellas (acumulación subjetiva). (Casación N.° 211-94-La Libertad, de 20-08-1997, f. j. 4. Sala Civil [EP, 01-05-1998, p. 826], Texto completo: ). § 847. A través de la acumulación se resuelve más de un proceso. Q uinto. [...] [A] través de la acumulación es posible que en un mismo proceso se pueda resolver más de una litis, siempre y cuando estas reúnan ciertas condiciones que lo hagan viable, y se sustente en el principio de economía procesal, según se infiere del texto y espíritu del artículo 83 del Código Procesal Civil. (Casación N.° 3426-2010-Junín, de 20-09-2011, f. j. 5. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 3103-2014, Sentencias en Casación N.° 690, p. 49483]. Texto completo: ). ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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§ 848. En caso que por error se invoque erradamente la formulación de pretensiones en la demanda, esta no debe rechazarse. Acumulación objetiva originaria. Véase la jurisprudencia del artículo VII del Código Procesal Civil [§ 333]. (Casación N,° 8798-2013-Moquegua, de 02-12-2013, ff. jj. 11 y 12. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 30-01-2014, Sentencias en Casación N.° 688, p, 48279]. Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DE LAS CORTES SUPERIORES

§ 849. Acum ulación de pretensiones. V ía procedim ental. Pretensión de otorgamiento de escritura publica. La pretensión de otorgamiento de escritura pública (u otra formalidad) se tramita en la vía de proceso sumarísimo, salvo que el tirulo de cuya formalidad se trata, tenga la calidad de ejecutivo, en cuyo caso se sigue el trámite del proceso correspondiente (artículo 1412° del Código Civil ampliado por el D. Leg. 768). Sin embargo, si en la demanda se ha acumulado varías pretensiones: a) otorgamiento de escritura pública; b) entrega de posesión del fondo rústico; y c) pago de daños y perjuicios, debe tramitarse en la vía de proceso de conocimiento. No obstante que el propio demandante solicitó seguirse la vía de proceso de conocimiento, el Juez dispuso seguirse como proceso sumarísimo, afectando el derecho de defensa y el debido proceso incurriéndose en causal de nulidad inconvalidable (por finalidad incumplida) estando al artículo 171 °, primer párrafo, del Código Procesal Civil. (Exp. N.° 200-95-AG-N, de 21-08-1995, sumiila. Primera Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Arequipa. Texto completo: ).

Artículo 84: Conexidad Hay conexidad cuando se presentan elementos comunes entre distintas pretensiones o, por lo menos, elementos afines en ellas.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 850. Existe conexidad entre pretensiones cuando estas presentan elementos comunes o por lo menos elementos afines. Tercero. La acumulación de procesos es una institución creada en beneficio del justiciable, evitándole seguir varios juicios con la consiguiente economía, también a favor de la administración de justicia, para impedir la posibilidad que se expidan resoluciones contradictorias o implicantes así como para favorecer el trabajo procesal y jurisdiccional. Cuarto. El artículo 84 del Código Adjetivo establece que exisre conexidad entre pretensiones cuando estas presentan elementos comunes o por lo menos elementos afines, con lo cual el código acotado adopta tanto el concepto de conexidad propia como el de impropia, exigiendo el primero, la identidad de elementos de las pretensiones relacionadas, y el segundo, la afinidad de ellas. (Casación N.° 163-2006-Lima, de 15-112007, ff. jj. 3 y 4. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 30-06-2008, p. 22352]. Texto completo: ). § 851. La conexidad no im plica que las pretensiones sean idénticas. D écim o O ctavo. [El artículo 84 del Código Procesal Civil] no exige, de manera estricta, que ei título del que derivan las pretensiones sea idéntico para afirmar que exista conexidad, sino de que existan suficientes elementos comunes [...] que hagan concluir que existe vinculación entre las pretensiones. (Casación N.° 2478-2002-Lima, de 03-12-2002, f, j. 18. Sala Civil Transitoria [EP, 28-02-2003]. Texto completo: ). § 852. La conexidad es el requisito necesario para admitir la acumulación. O ctavo. [De] lo expuesto se colige que no existen elementos comunes attibuibies a los diferentes actos jurídicos, los mismos que, tal como se expresa en la demanda, han sido celebrados por una diversidad de personas de manera particular, constituyendo cada uno de ellos en actos jurídicos que conllevan títulos independientes, concluyéndose por tanto que no se pueden acumular las diferentes nulidades de actos n o m o s & t h e s is

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jurídicos por cuanto no hay conexidad, requisito necesario para que se pueda admitir la acumulación peticionada. (Casación N.° 974-2002-Puno, de 04'10-2002, f. j. 8. Sala Civil Transitoria [EP, 02-012003, p. 9774]. Texto completo: ). § 853. Prescripción adquisitiva, reivindicación y conexidad de procesos. Tercero. [Debe] indicarse que el proceso de reivindicación, incoado por el propietario contra el poseedor no propietario y el de usucapión interpuesto por el poseedor que pretende la declaración judicial de propiedad dirigiéndola contra el propietario original, del mismo inmueble, sí bien pueden resultar conexas, conforme al artículo 84 del Código Procesal Civil, y arreglado a ley la acumulación si se hubiera dispuesto en su momento, ambos pueden, no obstante lo anterior, pacíficamente seguir siendo sustanciados en procesos independientes; dado que precisamente la defensa de la parte demandada en el proceso de reivindicación es ía de estimarse el nuevo propietario del inmueble y que la declaración judicial en ese sentido lo obtendrá en el proceso que se encuentra tramitando y el juzgador seguirá estimando solo como poseedor al demandado en tanto y en cuanto no existe sentencia judicial que declare a su favor la propiedad por prescripción adquisitiva. C uarto . [En] tal sentido, en este y en cualquier proceso, será a solicitud de las partes o por decisión debidamente motivada por el juez, atendiendo a las circunstancias especiales que emerjan, que se ordene la acumulación, mas en caso de haberse dictado ya sentencia sin acumulación, la sala por el solo hecho de la existencia de procesos conexos no podrá legalmente anular la sentencia del a quo , salvo que exista motivo razonado debidamente fundamentado. (Casación N.° 2338-2002'La Libertad, de 27-11-2002, ff. jj. 3 y 4. Sala Civil Transitoria. Texto completo: ). § 854. No se presenta ausencia de conexidad si las pretensiones pueden ser válidamente acumulables. Sexto. [Ejste Supremo Tribunal advierte que si bien el demandante plantea como pretensiones “accesorias”: a) nulidad despido; y b) pago de remuneraciones y beneficios sociales; de los fundamentos de hecho esgrimidos en la demanda se advierte que las mismas no tenían tal condición de pretensiones “accesorias”, sino pretensiones principales “autónomas” que, válidamente, podían ser acumuladas y cuyo pronunciamiento en sentencia no resultaba contradictorio. En efecto, el demandante solicita el pago de beneficios sociales -y otros derechos- por todo el periodo en el que estuvo sometido a contratos de servicios no personales en los que no se le reconocieron estos derechos; y además de ello, pide su reposición por existencia de despido nulo, con el consecuente pago de sus remuneraciones devengadas; sin embargo, en la sentencia de primera instancia se declara improcedente las pretensiones “accesorias”, por no cumplir con lo previsto en el artículo 84 del Código Procesal Civil, que señala: “hay conexidad cuando se presentan elementos comunes entre distintas pretensiones o, por lo menos, elementos afines en ellas”. Sétim o. [La] sentencia de vista no se pronuncia por el mismo, incurriendo así en motivación insuficiente; pues atendiendo a los hechos expuestos en el considerando precedente, la tramitación de ambas pretensiones en el presente caso no presenta la ausencia de “conexidad” denunciada por el a quo; quien además no puede eximir de pronunciarse por las mismas al haberse tramitado estas y producido, en el marco del proceso lab omi seguido entre las partes, defensas procesales y de fondo por parte de la demandada [...]. (Casación N.° 3084-2012-Lima, de 09-11-2012, ff. jj. 6-7. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 31-03-2014, Sentencias en Casación N.[> 690, p. 50298]. Texto completo: ), § 855. Se infringe el principio de economía procesal cuando las pretensiones no son conexas entre sí. S étim o . Del análisis de las tres pretcnsiones principales demandadas, no existe conexidad entre ellas, cada una de ellas se refiere a hechos diversos y separables unos de otros, que responde a relaciones jurídicas diversas cada una, no presentándose elementos comunes entre ellas, ni siquiera afines, siendo que en caso se mantuviera la validez de la relación jurídico-procesal se tergiversaría el principio de economía procesal. (Casación N.° 2340-2009-Lima, de 17-05-2010, f. j. 7. Sala Civil Transitoria [EP, 04-07-2011, Sentencias en Casación N.° 645, p- 30646], Texto completo: ). § 856. La conexidad debe ser entendida como el nexo entre dos o más elementos de las pretensiones. Sexto. [...] [El] demandante formuló sus pretensiones en forma principal y subordinada, ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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advirtiéndose de dichas pretensiones que existe conexidad entre ellas, pues, si mediante la pretensión principal se cuestiona derechos sucesorios; mientras la pretensión subordinada, cuestiona los requisitos de validez de un acto jurídico celebrado respecto de uno de los bienes de la masa hereditaria cuyos herederos están siendo cuestionados; en tal sentido, se desprende que existe una afinidad entre dichas pretensiones, esto es, se presenta el elemento de la conexidad impropia. Es más, debemos tener presente que los juzgadores debieron tener en cuenta que, al tratarse de una pretensión subordinada, si se ampara la principal, ya no procedería pronunciarse respecto de la subordinada. (Casación N.° 4922-2007- Ucayal i, de 30-10-2008, f. j. 6. Sala Civil Transitoria [EP, 03-12-2009, p. 26634]. Texto completo: ). § 857. En la acum ulación subjetiva de pretensiones, la conexidad se da cuando se presentan elementos comunes entre distintas pretensiones o, por lo menos, elementos afines en ellas. S egu n d o. [La recurrente alega que] existe una indebida acumulación de pretensiones [...] hecha en base a diferentes títulos y contra varios demandados, contraviniendo el artículo 86 del Código Procesal Civil. Tercero. [C]onforme] a [lo señalado por el artículo 86], procede la acumulación subjetiva de pretensiones, cuando estas provengan de un mismo título, se refieran a un mismo objeto, o exista conexidad entre ellas, y además se cumplan los requisitos del artículo 85 del mismo Código, y en el presente caso, si bien existen dos demandados y tres conocimientos de embarque, que serian los títulos, se advierte la conexidad, la que se da cuando se presentan elementos comunes entre distintas pretensiones o, por lo menos, elementos afines en ellas y debe entenderse, en ese sentido, que la norma procesal no exige, de manera estricta, que el título del que derivan las pretensiones sea idéntico para afirmar que exista conexidad, sino de que existan suficientes elementos comunes, como en el caso de autos, que bagan concluir que existe vinculación entre las pretensiones. (Casación N.° 237-2005-Callao, de 19-09-2005, fF. jj. 2 y 3. Sala Civil Permanente [EP, 01- 08-2006, p, 16830]. Texto completo: ). § 858. Además del vínculo de conexidad entre las pretensiones que exige ía ley, la proveniencia del mismo título es elemento concurrente para una debida acum ulación. P rim ero. [...] Los artículos 85 y 86 del [Código Procesal Civil] imponen como exigencias para la acumulación subjetiva que las pretensiones sean competencia del mismo juez, no sean contrarias entre si y sean tramitadas en una misma vía procedimental, además que estas provengan de un mismo título, se refieran a un mismo objeto y exista conexidad entre ellas [...]. S egundo. [A]demás del vínculo de conexidad entre las pretensiones que exige la ley, la proveniencia del mismo título es elemento concurrente para una debida acumulación de pretensiones, entendido tal concepto como el derecho de donde emana la facultad de accionar jurisdiccionalmente. (Casación N.° 1546-2005-Lima, de 08-11-2006, ff. jj. 1 y 2. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 02-04-2007, p. 19123]. Texto completo: ). § 859- La conexidad se presenta cuando existen pretensiones con elementos comunes o elementos afines» S egundo. [...] [Existe] conexidad entre pretensiones cuando estas presentan elementos comunes o por lo menos elementos afines, con lo cual el Código [Procesal Civil] adopta tanto el concepto de conexidad propia como el de conexidad impropia, exigiendo el primero la identidad de ios elementos de las pretensiones relacionadas y el segundo únicamente la afinidad de los mismos. (Casación N.° 208I-97-Cono Norte, de 09-09-1998, f. j. 2. Sala Civil Permanente [EP, 19-10-1998, p. 1987]. Texto completo: ).

Artículo 85: Requisitos de la acumulación objetiva Se pueden acumular pretensiones en un proceso siempre que estas: 1. Sean de competencia del mismo Juez; 2. No sean contrarías entre sí, salvo que sean propuestas en forma subordinada o alternativa; n o m o s & th e s is

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3. Sean tramitabies en una misma vía procedimental. Se exceptúan de estos requisitos los casos expresamente establecidos en este Código y leyes especiales. También son supuestos de acumulación los siguientes: a. Cuando las pretensiones sean tramitadas en distinta vía procedimental, en cuyo caso, las pretensiones acumuladas se tramitan en la vía procedimental más larga prevista para alguna de las pretensiones acumuladas. b. Cuando las pretensiones sean de competencia de Jueces distintos, en cuyo caso la competencia para conocer las pretensiones acumuladas corresponderá al órgano jurisdiccional de mayor grado.(1) N O TA DE A C T U A L IZ A C IÓ N

{1} Artículo modificado por el artículo 2 de la Ley N.° 30293 (EP, 28-12-2014), que entró en vigencia a los 30 días hábiles de su publicación en el diario E l P e ru a n o . Anteriormente había sido modificado por ei artículo 2 de la Ley N.° 29821 {EP, 28-12-2011),

PLENOS JURISDICCIONALES

§ 860. Acum ulación de procesos sobre reivindicación y prescripción adquisitiva de propiedad. ¿Resulta procedente la acumulación de procesos en donde se discuta la reivindicación y la prescripción adquisitiva de un determinado bien inmueble? El Pleno acordó por unan im id ad : “Resulta procedente la acumulación de procesos en donde se discuta la reivindicación y la prescripción adquisitiva de un bien inmueble, toda vez que el artículo 90° del Código Procesal [Civil], para la acumulación sucesiva de procesos no exige la concurrencia de los requisitos del artículo 85°, y porque existe conexidad entte ambos procesos. Debiendo acumularse al que realizó el primer emplazamiento”. (Pleno jurisdiccional Distrital Civil, realizado por la Corte Superior de Justicia de La Libertad, los días 20 y 21-08-2010. Tema N.° Y [Acumulación de procesos sobre reivindicación y prescripción adquisitiva de propiedad]. Texto completo: ). J URISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 861. La acum ulación de pretensiones. Fundamento. P rim ero. [La] acumulación de pretensiones es una institución creada en beneficio del justiciable evitándole seguir varios juicios con la consiguiente economía, también en favor de la administración de justicia, para evitar la posibilidad que se expidan resoluciones contradictorias o implicantes, y en pro del ahorro del trabajo procesal y jurisdiccional. S egundo. [La] acumulación objetiva de acciones, vale decir, de varias pretensiones así como la subjetiva, contra varias personas, surge como un derecho del justiciable cuando se dan ios requisitos previstos por los artículos 85 y 86 del Código Procesal Civil. (Casación N.° 1087-97-Lima, de 28-10-1998, ff. jj. 1 y 2. Sala Civil Permanente [EP, 10-12-1998, p. 2198]. Texto completo: ). § 862. Acumulación objetiva: condiciones. Q uinto. [La] acumulación objetiva o agregación de varias pretensiones en una sola demanda, que expresamente autoriza el código, depende de la voluntad del demandante, porque este tiende en tal caso reunir en un solo proceso dos o más pretensiones con el propósito que se tramite conjuntamente y se decida en sentencia única, (Casación N.° 211-94-La Libertad, de 20-08-1997, f. j. 5. Sala Civil [EP, 01-05-1998, p. 826]. Texto completo: ). § 863. La acum ulación objetiva puede ser originaria o sucesiva. Prim ero. [Por] la acumulación objetiva pueden demandar dentro de un proceso más de una pretensión, acumulación que puede ser originaria o sucesiva según se proponga en la demanda o después de iniciado el proceso [...]. S egundo. [La] acumulación objetiva originaria puede ser subordinada, alternativa o accesoria; es subordinada cuando la pretensión queda sujeta a la eventualidad de que la propuesta como principal se desestime; es alternativa cuando el demandado elige cuál de las pretensiones va a cumplir, y accesoria ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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cuando habiendo varias pretensiones, ai declararse fundada la principal, se ampara también las demás. (Casación N.° 1125-2000-Huánuco, de 30-10-2000, ff. jj. 1 y 2. Sala Civil Permanente [EP, 02-012001, p, 6689]-Texto completo: ), § 864. Im posibilidad de acum ular pretensiones contrarias entre sí: no se puede solicitar como pretensión principal la resolución de un contrato y accesoriamente su cumplimiento, salvo como lo dice la propia ley, sea propuesta en forma subordinada o alternativa (inc. 2). D écim o. [...] [Una] de las finalidades principales de la acumtiiación de pretensiones es que en un solo proceso se discuta más de una pretensión o que dos procesos iniciados por separado se unan para su trámite común, tanto por razones de economía y celeridad procesal, de una correcta administración de justicia e incluso para evitar la expedición de fallos contradictorios entre procesos donde se discuten controversias derivadas de un mismo hecho o de hechos vinculados. La finalidad de los procesos acumulativos no es solamente concentrar el debate sobre pretensiones relacionadas, sino también reducir la inversión de tiempo y dinero en la activación del servicio de administración de justicia. El Código Procesal Civil vigente regula dicha figura de la acumulación a través de los artículos 83 a 91 - El artículo 8 5 de dicho Código establece los requisitos para la acumulación de pretensiones, estipulando que se pueden acumular pretensiones en un proceso siempre que estas sean de competencia del mismo juez, no sean contrarias entre sí, salvo que sean propuestas en forma subordinada o alternativa, y que sean tramitabíes en una misma vía procedimental. Entonces, uno de los requisitos que el numeral antes glosado exige es que no se traten de pretensiones contrarias entre sí; sin embargo, tal requisito debe ser entendido en el sentido de que la causapetendí, esto es, lo que se pide no puede ser contrario entre sí, pues no se puede solicitar como pretensión principal la resolución de un contrato y accesoriamente su cumplimiento, salvo como lo dice la propia ley, sea propuesta en forma subordinada o alternativa, (Casación N.° 1333-2009-Lima, de 06-10-2009, f- j. 10. Sala Civil Permanente [EP, 31-05-2010, Sentencias en Casación N.° 626, p. 27727]. Texto completo: ). § 865. Para que proceda una acum ulación objetiva de pretensiones, los fundamentos de hecho de la pretensión principal deben ser necesariamente los mismos que los de la pretensión acum ulada, no im portando si se trata de una pretensión subordinada, accesoria o alternativa (inc. 2). Q uinto. [Debe] tenerse presente que tratándose de una acumulación objetiva, el requisito a que se refiere el inciso 2 del artículo 85 del Código Procesal [Civil] se encuentra relacionado al elemento que se ha denominado “el objeto”, estableciéndose que la pretensión subordinada pueda ser contraria a la principal. No obstante lo anterior, debe tenerse presente que el segundo elemento mencionado (en relación a los fundamentos de hecho) debe set necesariamente el mismo para la pretensión principal como para la pretensión acumulada, no importando si se trata de una pretensión subordinada, accesoria o alternativa. Sexto . [T]al como se puede apreciar del escrito de demanda, los fundamentos de hecho en los que se sustenta la pretensión principal son totalmente distintos a los fundamentos de hecho en los que se basa la pretensión subordinada, al punto de que los mismos han sido expuestos de manera independíente, por lo que se puede apreciar que no se da el presupuesto básico para que pueda darse una acumulación objetiva originaria subordinada, siendo esto así, resulta impertinente entrar al análisis de si se ha cumplido o no con los requisitos previstos en el artículo 85 del Código Procesal [Civil], (Casación N.° 73-99-Callao, de 21-06-1999, ff jj. 5 y 6. Sala Civil Permanente [EP, 26-10-1999, p. 3814], Texto completo: ). § 866. La pretensión accesoria referida al pago de una indem nización por daños y perjuicios puede ser acum ulada a una pretensión tram itada en la vía de conocimiento (inc. 3). Cuarto. [Nuestro] Código Procesal Civil, en su artículo 85, faculta a las partes (a través de la demanda o de la reconvención) a acumular pretensiones, para lo cual se requiere que estas sean: a) de competencia del mismo juez, b) no contrarias entre sí y, c) tramitabíes en la misma vía procedimental. [„.] [...] Sexto. [Las] instancias de mérito básicamente desestiman la demanda porque el demandante, ai subsanar y precisar el monto de su pretensión accesoria de indemnización, lo hizo por debajo de la cuantía que le permitiría ubicarlo dentro de la vía deí proceso de conocimiento asignado para resolver la pretensión principal y las demás pretensiones accesorias, y por este motivo existe una indebida n o m o s & th e s ís

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acumulación de pretensiones la cual infringe lo dispuesto en el inciso 3, artículo 85 del Código Procesal Civil. Ciertamente, no se ha cuestionado la conexidad existente entre la nulidad del acto jurídico de otorgamiento de poder contenido en la escritura pública [...] y el pedido índemnizatorio en sí mismo, por lo cual implícitamente tanto el Juez de la Causa como la Sala Superior estiman que ambas pretensiones pueden ser acumuladles, pero es necesario establecer si -como se afirma- existe un conflicto el cual impide válidamente a Jos Magistrados pronunciarse en el trámite de un proceso de conocimiento sobre una pretensión que, por su cuantía, correspondería tramitarse en una vía distinta. [...] O ctavo. [En] el caso concreto, debe tenerse en cuenta que la pretensión principal de nulidad de acto jurídico se tramitará en la vía del proceso de conocimiento, por lo tanto, aun cuando se estime que la pretensión accesoria de indemnización -por la cuantía- debe tramitarse en la vía del proceso abreviado, ello no justifica razonablemente que la demanda deba ser desestimada por acumulación indebida de pretensiones, no solo porque la admisión para el trámite de una pretensión accesoria como la descrita, en una vía más lata, favorece y no causa perjuicio a las partes del proceso, sino además en atención ai aforismo jurídico A maiori ad minus (quien puede lo más, puede lo menos) y, en tal sentido, si tanto la pretensión principal de nulidad de acto jurídico como la pretensión accesoria de cancelación o aclaración de asiento registral pueden tramitarse en la vía del proceso de conocimiento, tanto más puede hacerlo la pretensión accesoria de indemnización que se formula. N oveno. [Siendo] así, no existe razón válida que justifique la declaración de improcedencia de la demanda en la etapa postulatoria, por lo cual corresponde declarar la nulidad de la recurrida [...]. (Casación ND1 1556-2009-Ica, de 25-01-2010, ff. jj. 4, 6 y 8. Sala Civil Transitoria [EP, 30-07-2010, Sentencias en Casación N.° 628, p. 28094]. Texto completo: ). § 867. No existe prohibición legal alguna para acum ular a la pretensión de reivindicación, la de demolición de lo construido de m ala fe por el poseedor. O ctavo., [La] Sala Revisora yerra notoriamente, toda vez que: i) la recurrente en ningún momento fia peticionado la restitución del área reclamada juntamente con la edificación levantada en dicha porción sino precisamente, ante dicha imposibilidad fáctica y jurídica, es que exige la demolición de lo edificado; ii) no existe prohibición legal alguna para acumular a la pretensión de reivindicación la de accesión sino que por el contrario se cumple perfectamente los requisitos de ser de competencia del mismo juez, no ser contrarias entre sí y tramitables en la misma vía procedimental, contemplados en el artículo 85 del Código Procesal Civil; iii) que la citada pretensión accesoria de demolición de lo edificado se sustenta en el presunto actuar de mala fe de ios demandados previsto en el artículo 943 y no en un obrar de buena fe a que se contrae el artículo 941 del Código Civil, como equivocadamente cita también el Superior Colegiado, aplicando así una norma impertinente para resolver la litis. (Casación N.° 1230-2006-Lima, de 19-10-2006, f. j, 8. Sala Civil Transitoria [EP, 31-05-2007, p. 19581], Texto completo: ). § 868. Acumulación objetiva de pretensiones y distinción de pretensiones. Sétimo. [El] ad quem expide la resolución de vista recurrida [...] confirmando la apelada sustentando su decisión en: i) Que las accionantes están solicitando la invalidez de los acuerdos societarios [,..] por adolecer de nulidad legal absoluta y ser absolutamente simulados, lo cual se tramitaría en un proceso de conocimiento conforme al artículo 150 de la Ley General de Sociedades. Asimismo, han referido que los acuerdos societarios son contrarios a la ley, lo cual se tramitaría en un proceso abreviado conforme al artículo 143 de la ley societaria antes mencionada. Siendo así, las causales por las que pretenden las accionantes la invalidez de los acuerdos societarios son tramitables ante vías procedimental es diferentes, circunstancia que desde ya impide la tramitación del presente proceso; ii) Las pretensiones de nulidad de compraventa, nulidad de constitución de garantía hipotecaria y nulidad de asientos de inscripción registral son pretensiones que conforme a las reglas del Código Procesal Civil se tramitan en un proceso de conocimiento, por lo que existe una divergencia en cuanto a la vía procedimental ante la cual han de tramitarse las pretensiones de las demandantes; y, iii) Adicionalmente, de conformidad con la disposición de orden procesal contenida en el artículo 146 de la Ley General de Sociedades, no se permite que una impugnación en proceso sumarísimo o abreviado se acumule a otro de daños o con reconvenciones por lo mismo que deben seguirse en uno de conocimiento. De tal manera que en el presente proceso es evidente la presencia ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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de pretensiones tramitables ante vías procedimentales distintas, resultando una indebida acumulación de pretensiones que imposibilita su tramitación dentro de un mismo proceso, por lo que la demanda es improcedente por acumulación indebida de pretensiones. O ctavo. [La] resolución venida en grado sustenta la improcedencia de la demanda, en mérito a los artículos 139 7 143 de la Ley General de Sociedades pues refiere que la impugnación de acuerdos societarios corresponde ser ventilados en la vía del proceso abreviado; sin embargo aplica indebidamente los mismos, dado que estos no fian sido invocados por las accionantes en la demanda, quienes fundan su pedido de declaración judicial de invalidez de acuerdos societarios invocando la nulidad absoluta de los mismos, tal como se advierte de los ítems “1”, “ii” y 7 de la demanda [...] nulidad que se encuentra regulada en el artículo 150 de la mencionada Ley, prescribiendo que el proceso a seguir para dicha nulidad es el de conocimiento, de lo que se infiere que no existe acumulación indebida de pretensiones, por lo que debe declararse fundado el recurso de casación al haberse aplicado indebidamente las normas denunciadas, vulnerando así el derecho de las actoras a ía tutela jurisdiccional efectiva, pues se ha restringido el acceso a ia justicia calificando su petitum en causales no invocadas por estas. (Casación N.° 2166-201 1-Huánuco, de 13-04-2012, ff. jj. 7 y 8 . Sala Civil Transitoria [EP, 30-11-2012, Sentencias en Casación N.° 673, p. 38393]. Texto completo: ). § 869. Acumulación de pretensiones y proceso contencioso-administrativo. Cuarto. [Conforme] aparece de autos [...] lo que peticiona la demandante que se declare ía nulidad de la Resolución [,..] por la que se otorga pensión de jubilación al demandado [...] y como pretensión accesoria que el demandado cancele a ia demandante la suma de [...] con sus intereses legales, costas y costos. Q uinto. [La] desestimación de la demanda por la Sala Superior se sustenta básicamente en: “{...) Sétimo: Que, el artículo 5 de la Ley N.027584 , establece que, en el proceso contencioso-administrativo pueden plantearse pretensiones con el objeto de obtener lo siguiente: 1. La declaración de nulidad, total o parcial o ineficacia de actos administrativos (...) 5. La indemnización por el daño causado con alguna actuación impugnable, conforme al artículo 238 de la Ley N.02744.4, siempre y cuando seplantee acumulativamente a alguna de laspretensiones anteriores (...). Así, respecto de la demanda tenemos que la pretensión principal se enmarca dentro del inciso l de la norma en referencia (...) mas no así lapretensión accesoria [...] es decir en proceso contencioso administrativo se pretende que un particular abone la cantidad demandada (...) no siendo ¡a vía para demandar dicha pretensión. Octavo: Que, el artículo 85 del Código Procesal Civil, establece que sepueden acumularpretensiones en unproceso siempre que, sean de competencia de un mismojuez, no sean contrarias entre sí salvo que sean propuestas en forma subordinada o alternativa, (...) sin embargo, de las pretensiones planteadas (..) si bien se pretende acumular dos pretensiones, una principal y otra accesoria dichas pretensiones se tramitan en distinta vía procedimental, por tanto no se cumple con el requisito que exige el inciso 3) del artículo 85 del Código Procesal Civil (...)”. [...] Sétim o. [Se] verifica de autos que no se ha cumplido con fundamentar porque se considera que la pretensión accesoria debe ser tramitada en una vía procedimental distinta a ia pretensión principal, habiéndose limitado a aplicar lo dispuesto en el artículo 6o de la Ley N.° 27584: “(■..) “Artículo 6a.- Acumulación de pretensiones. Las pretensiones mencionadas en el articulo 5°, pueden acumularse, sea de manera originaria o sucesiva, siempre que se cumplan los requisitosprevistos en lapresente Ley7 “Artículo 6°-A. - Requisitos de la Acumulación de pretensiones. La acumulación de pretensiones procede siempre que se cumplan los siguientes requisitos: (...) 3. Sean tramitables en una misma vía procedimental; y, (..)”. O ctavo. [Se] aprecia que la resolución de mérito ha incurrido en deficiente motivación, por lo que, se encuentra inmersa en causal insalvable de nulidad al lesionar evidentemente el contenido esencial de la garantía constitucional de la debida motivación y con ello el debido proceso legal [...]. (Casación N.° 1441-2009-Ica, de 24-08-2011, ff. jj. 4, 5, 7 y 8. Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria [EP, 31-08-2012, Sentencias en Casación N.° 670, p. 36716], Texto completo: ). § 870. Procede acum ular la pretensión de cobro de honorarios como adm inistrador ju d icial y como abogado. Sexto. [...] [La] sentencia apelada declara improcedente ia demanda [...] por contener una indebida acumulación de pretensiones, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 85 del Código Adjetivo. S étim o. [El] citado dispositivo prevé que se puede acumular pretensiones en n o m o s & th e s is

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SUJETOS DEL PROCESO / COMPARECENCIA

Alt 85

un proceso, siempre que no sean contrarias entre sí, salvo que sean propuestas en forma subordinada o alternativa. O ctavo . [En] este caso, la pretensión de cobro de honorarios como administrador judicial y por los servicios profesionales como abogado no son contrarias entre sí, porque en este caso el demandante sostiene que ha ejercido conjuntamente dichas labores. (Casación N.° 209403-Lima, de 11-05-2004, ff. jj. 6-8. Sala Civil Transitoria [EP, 30-09-2004]. Texto completo: ). § 871. La pretensión de indemnización de daños y perjuicios no puede acumularse válidamente a la pretensión nulificante o nulificatoria de la autoridad de cosa juzgada. Tercero. [La] demanda materia de autos contiene una acumulación objetiva originaria por cuanto condene más de una pretensión, es decir, la nulidad de cosa Juzgada fraudulenta y la indemnización de daños y perjuicios; pues bien, esta última pretensión es accesoria, en razón al criterio lógico por el que se proponen, ya que lo que el Juez decida sobre la pretensión principal determinará la suerte de la accesoria. Cuarto. [El] artículo 85 del Código Procesal Civil señala que, para acumular pretensiones, se requiere que estas cumplan los siguientes requisitos: a) sean de competencia del mismo Juez; b) no sean contrarias entre sí, salvo que sean propuestas en forma subordinada o alternativa, y c) sean tramitadles en una misma vía procedimental. Q uinto. [Las] pretensiones alegadas en la demanda reúnen los requisitos antes mencionados, toda vez que la pretensión indemniza torra dirigida contra los demandados no tiene vía procedimental propia, por ende, puede acumularse válidamente a la pretensión nulificante o nulificatoria de la autoridad de cosa juzgada. Sexto. [Constituye] una situación distinta aquella acumulación por la cual se pretende además de la nulidad de cosa juzgada la indemnización de daños cuando el juzgador es demandado con respecto a esta segunda pretensión, en tal supuesto, el artículo 509 y siguientes del citado Código adjetivo ha previsto una competencia y vía procedimental, propias y específicas, por lo que la acumulación propuesta en el sentido indicado es indebida, aspecto que obviamente no es materia de autos, pero sí importante de resaltar, en mérito a la función uniformizadora y nomofiláctica del Recurso de Casación. (Casación N.° 1079-98-Puno, de 10-12-1998, ff. jj. 3-6. Sala Civil Permanente [EP, 31-01-1999, p. 2560], Texto completo: ). § 872. La acum ulación de pretensiones no se lim ita a los supuestos establecidos en el artículo 85 CPC. Se pueden acum ular pretensiones autónomas entre sí que tengan en común el mismo hecho generador. D écim o Tercero. [...] [La] acumulación objetiva que se presenta en el presente caso no es ninguna de las previstas en [el artículo 85 del Código Procesal Civil] no siendo estas las únicas formas de acumulación objetiva, ya que la misma norma señala expresamente que tal acumulación puede ser subordinada, alternativa o accesoria, es decir, no la restringe solo a estos supuestos, pudiendo ocurrir que en un acto postulatorio se demande pretensiones autónomas entre sí que tengan en común el mismo hecho generador, como ha ocurrido en el presente caso. (Casación N.° 244-2001-Cusco, de 15-08-2001, f. j. 13. Sala Civil Transitoria [EP, 02-01-2002, p. 8216], Texto completo: ). § 873. N ulidad de la acum ulación indebida de pretensiones por exceder el monto máximo de la cuantía de la vía sum arísím a. Véase la jurisprudencia del artículo 426° del Código Procesal Civil [§ 2741]. (Casación N.° 55-98-Lambayeque, de 24-02-1999, fF. jj. 1, 4 y 6. Sala de Derecho Constitucional y Social [EP, 16-08-1999, p. 3194]. Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DE LAS CORTES SUPERIORES

§ 874. No resulta procedente acum ular en una m isma solicitud el pedido de sucesión intestada de las personas fallecidas en distinta fecha. [No] resulta procedente acumular en una misma solicitud el pedido de sucesión intestada de las personas fallecidas en distinta fecha, que corresponda a distinto orden y sin precisar si ambos tuvieron el mismo domicilio a efectos de determinar la competencia [...]. (Exp. N.° 826-95, de 25-09-1995. Tercera Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ). ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

Art. 86

CODIGO PROCESAL CIVIL

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Artículo 86: Requisitos de la acumulación subjetiva de pretensiones Esta acumulación es procedente siempre que las pretensiones provengan de un mismo título, se refieran a un mismo objeto o exista conexidad entre ellas; además, se deben cumplir con los requisitos del artículo 85, en cuanto sean aplicables. Se presenta cuando en un proceso se acumulan varías pretensiones de varios demandantes o contra varios demandados.(1) NOTA DE ACTUALIZACIÓN

(1) Artículo modificado por el artículo 2 de la Ley N.° 30293 (EP, 28-12-2014), que entró en vigencia a los 30 días hábiles de su publicación en el diario E l P e ru a n o .

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 875. Requisitos para que proceda la acum ulación subjetiva. P rim ero. [...] Los artículos 85 y 86 del [Código Procesal Civil] imponen como exigencias para la acumulación subjetiva que las pretensiones sean competencia del mismo juez, no sean contrarias entre si y sean tramitadas en una misma vía procedimental, además que estas provengan de un mismo título, se refieran a un mismo S egundo. [A]demás del vínculo de conexidad entre las objeto y exista conexidad entre ellas pretensiones que exige la ley, la proveniencia del mismo título es elemento concurrente para una debida acumulación de pretensiones, entendido ral concepto como el derecho de donde emana la facultad de accionar jurisdiccionalmente. (Casación N.° 1546-2005-Lima, de 08-11-2006, fF. jj. 1 y 2. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 02-04-2007, p. 19123]. Texto completo: ). § 876. Procede la acumulación subjetiva de las hipotecas que se constituyen en títulos distintos en beneficio de un mismo deudor principal. D écim o Cuarto. [En] el presente proceso se presentó una acumulación subjetiva de pretensiones, la misma que no resulta indebida, contrariamente a lo sostenido por el Colegiado Superior; pues se aprecia que sí cumple con el requisito de conexidad que exige el artículo 86 del Código Procesal Civil, siendo el elemento vinculante el hecho de que ambas garantías han sido otorgadas en beneficio de un mismo deudor principal, cuyo incumplimiento en el pago originó el inicio del presente proceso. D écim o Quinto. [RJesultaría atentatorio contra los principios de economía y celeridad procesal contenidos en el artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Civil, el sostener que la acumulación subjetiva de pretensiones postulada en la demanda es indebida, pues implicaría para los acreedores el inicio de diferentes procesos para exigir, a cada garante de una sola obligación, el cumplimiento de la obligación asumida, lo que a su vez llevaría a un encarecimiento del crédito mismo [...]. (Casación N.° 1534-03-Lima, de 15-10-2003, ff, jj. 14-15. Sala Civil Transitoria. Texto completo: ). § 877. En la acum ulación subjetiva de pretensiones, la conexidad se da cuando se presentan elementos comunes entre distintas pretensiones o, por lo menos, elementos afines en ellas. Véase la jurisprudencia del artículo 84° del Código Procesal Civil [§ 857]. (Casación N.° 237-2005-Callao, de 19-09-2005, fF. jj. 2 y 3. Sala Civil Permanente [EP, 01- 08-2006, p. 16830]. Texto completo: ). § 878. La acum ulación subjetiva no modifica la situación de cada deudor solidario frente al ejercicio de la acción. Véase la jurisprudencia del artículo 89° del Código Procesal Civil [§ 932], (Casación N.° 1451-96-Lima, de 17-12-1997, fF. jj. 2-4. Sala Civil [EP, 04-05-1998, p. 874]. Texto completo: ). § 879. Contravención del principio de economía procesal: no se toma en cuenta que no obstante que se trata de dos contratos distintos estos han sido liquidados como una sola obligación. Véase n o m o s & th e s is

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SUJETOS DEL PROCESO / COMPARECENCIA

Art. 8 7

la jurisprudencia del artículo V del Código Procesal Civil [§ 266 ]. (Casación N.° 2314-2008-PiLira, de Ü6'07'2009, ff. jj. 1 y 7. Sala Civil Transitoria [EP, 04-12-2009, p. 26787]. Texro completo: . JURISPRUDENCIA DE LAS CORTES SUPERIORES

§ 880. Si las obligaciones no provienen de un mismo título se considera una indebida acum ulación de pretensiones. S egundo. [La] acumulación subjetiva de pretensiones procede, entre otros supuestos, cuando las mismas provengan de un mismo título, se refieran a un mismo objeto, y exista conexidad entre ellas. Tercero. [En] la demanda interpuesta es de advertir que las obligaciones reales no provienen de un mismo título, por lo que se advierte una indebida acumulación de pretensiones. (Exp. N.° 2001-32407, de 12-12-2001, ff. jj. 2 y 3. 30° Juzgado Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: Diálogo 51, 2002, p. 57). § 881. La acum ulación subjetiva de pretensiones es válida cuando provenga de un mismo título. S egundo. [...] La acumulación subjetiva de pretensiones originarias es procedente, entre otros requisitos, siempre que las pretensiones provengan del mismo título lo que como se ha expresado, no ocurre en el caso de autos. Tercero. [La] indebida acumulación de pretensiones, acarrea la improcedencia de la demanda [...]. (Exp. N.° 21 56-95, de 15-01-1996, ff. jj. 2 y 3. Cuarta Sala Civil, Corte Superior de justicia de Lima. Texto completo: ). § 882. Se constituye una indebida acum ulación de pretensiones cuando se plantea la nulidad de cosa juzgada fraudulenta, el otorgamiento de escritura pública y la indemnización por daños y perjuicios. Conforme al numeral 86° del Código Procesal Civil, para la procedencia de una acumulación subjetiva de pretensiones, se requiere, entre otros, que las pretensiones provengan de un mismo título y se refieran a un mismo objeto. En el presente caso, el título, la calidad jurídica con que se plantean cada una de las tres pretensiones contenidas en la demanda es diferente una de otra, pues la nulidad de la cosa juzgada fraudulenta se basa en el agravio que presuntamente le haya causado a la actora la sentencia a que se hace referencia, el otorgamiento de escritura pública en su calidad de compradora del inmueble a que se hace alusión y la indemnización en la calidad de víctima de los supuestos daños y perjuicios sufridos, de donde se deduce que el objeto de las pretensiones son diferentes. (Exp. N.° 5100-97, de 28-11-1997. Tercera Sala Civil. Corte Superior de justicia de Lima. Ponentes: Camón Lugo, Betancour Bossio y Eyzaguirre Cátate. Referencia: CPCBibhogr. , p. 98).

Artículo 87: Acumulación objetiva originaria La acumulación objetiva originaria puede ser subordinada, alternativa o accesoria. Es subordinada cuando la pretensión queda sujeta a la eventualidad de que la propuesta como principal sea desestimada; es alternativa cuando el demandado elige cuál de las pretensiones va a cumplir; y es accesoria cuando habiendo varias pretensiones, al declararse fundada la principal, se amparan también las demás. Si el demandado no elige la pretensión alternativa a ejecutarse, lo hará el demandante. Si no se demandan pretensiones accesorias, solo pueden acumularse estas hasta antes del saneamiento procesal. Cuando la accesoriedad está expresamente prevista por la ley, se consideran tácitamente integradas a la demanda.{1) NOTA DE ACTUALIZACIÓN

(1) Artículo modificado por la única disposición modificatoria del Decreto Legisiativo N.° 1070 (EP, 28-06-2008), la misma que de conformidad con su Primera Disposición Final, entrará en vigencia progresivamente en ios diferentes Distritos Conciliatorios según el Calendario Oficial que será aprobado mediante Decreto Supremo. Se exceptúa de dicho Calendario a los distritos conciliatorios de Lima, Trujillo y Arequipa, así como el Distrito Judicial del Cono Norte de Lima, salvo la provincia de Canta, en ios cuales será aplicado a ios sesenta (60) días calendario de su publicación.

* SUMMA PROCESAL CIVIL

Art. 87

CÓDIGO PROCESAL CIVIL

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PRECEDENTE DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 883. Es dable la acumulación de las pretensiones de nulidad de despido e indemnización por despido arbitrario. Sétimo. [A]demás al haber propuesto en forma acumulativa originaria subordinada, el actor, la pretensión de nulidad de despido a fin que se ordene su reincorporación a su empleo con el pago de las remuneraciones devengadas y solo en caso que no se acoja la pretensión de pago de indemnización por despido arbitrario, la Sala Laboral debió en cautela de la garantía de la pluralidad de instancias reconocido como principio y derecho de la función jurisdiccional por el inciso 6 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado reenviar los autos al Juez de la causa a fin que se pronuncie respecto a la pretensión subordinada (indemnización por despido arbitrario) en proporción a los térm inos de su decisión desestioratoria de la pretensión principal (nulidad de despido) pues lo contrario importaría irrogarse la calidad de instancia de mérito única y definitiva en relación a la pretensión de pago de indemnización por despido arbitrario vaciando de este modo de contenido a dicho principio que forma parte del derecho al debido proceso judicial que dentro del Estado Constitucional de Derecho garantiza que las reclamaciones y conflictos intersubjetivos de los particulares sean resueltos por un Juez independiente, imparcial y competente con la apertura de la posibilidad que lo resuelto en un primer momento pueda ser ulteriormente revisado, cuando menos, por un órgano judicial superior. (Casación N.° 1757-2005-Lima, de 19-04-2006, £ j. 7, que constituye precedente de observancia obligatoria en el modo y forma previsto en la ley. Sala Transitoria de Derecho Constitucional y Social. Texto completo: ). PLENOS JURISDICCIONALES

§ 884. Sí es posible demandar como pretensión principal o autónoma la indemnización por daños y perjuicios por inejecución de obligaciones. ¿La indem nización p o r daños y p erju icios p o r responsabilidad contractual d eb e ser propuesta necesariam ente com o preten sión acum ulada de carácter accesoria a la preten sión d e resolución d e contrato en atención a la interpretación d e l artículo 1428 Código Civil, o p u ed e ser form u la d a com o preten sión p rin cip a l o autónom a? El Pleno acordó por unan im id ad : “Si es posible demandar como pretensión principal o autónoma la indemnización por daños y perjuicios por inejecución de obligaciones, puesto que no surge del texto artículo 1428 del Código Civil, exigir como presupuesto de la pretensión indemni zato ría por incumplimiento de contrato, la resolución previa del mismo; más aún si el texto del artículo 1321 regula el derecho a ser indemnizado por el incumplimiento de una obligación previamente pactada, el mismo que puede provenir de un cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. Posición que refuerza el criterio que el daño a indemnizar no deriva sino del incumplimiento de la obligación, y no tiene vinculación alguna con el contrato el cual desaparece una vez que crea la relación obligacional, por lo que la indemnización por inejecución de obligaciones constituye en esencia una pretensión autónoma, principal o independiente. La norma no condiciona que la indemnización por inejecución de obligaciones se tenga que postular necesariamente como pretensión accesoria, sino simplemente que puede hacerse valer de manera autónoma o independiente o como pretensión única en una demanda, o que se haga valer de manera acumulada con otras pretensiones como podría ser la de cumplimiento o resolución de contrato, pero siempre con el carácter de pretensión autónoma, mas no como accesoria; bastando con precisarse que quien interponga la demanda cumpla con acreditar o probar la existencia de un hecho ilícito, la producción del daño, el nexo causal y el factor de atribución”. (Pleno Jurisdiccional Distrital en Materia Civil, realizado en La Libertad, los días 22, 23 y 24-08-2007. Tema N.° 2. [Indemnización por daños y perjuicios por responsabilidad contractual]. Texto completo: ). § 885. Sí procede la acum ulación subordinada de pretensiones de nulidad de despido e indemnización por despido arbitrario, en aplicación supletoria del art. 87 CPC. La acumulación subordinada de las pretensiones de nulidad de despido, y subordinadamente la indemnización por despido arbitrario, es procedente, por aplicación supletoria del artículo 87 del Código Procesal Civil, al no estar regulada en la Ley N.° 26636, Ley Procesal del Trabajo. (Pleno Jurisdiccional Distrital Laboral 2006, realizado en Arequipa. Tema N.° 4: La acumulación de pretensiones de nulidad de despido e indemnización por despido arbitrario. Texto completo: ). n o m o s & th e s rs

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SUJETOS DEL PROCESO / COMPARECENCIA

Art. 8 7

J URISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 886. Clases de acum ulación objetiva de pretensiones. Octavo. [Resulta] pertinente acotar que acorde a lo regulado por el artículo 87 del Código Procesal Civil la acumulación objetiva de pretensiones es la reunión -en una misma demanda- de las distintas pretensiones que el actor tenga contra el demandado realizadas a fin de que sean sustanciadas y decididas en un proceso único pudiendo la misma tener cuatro subclases: subordinada, alternativa, simple y accesoria. Noveno. [Siendo] esto así debe tenerse en cuenta que una pretensión principal es aquella que puede subsistir por sí sola mientras las pretensiones accesorias son aquellas que no pueden subsistir sin la principal por cuanto opera bajo el supuesto de que si resulta fundada la principal las otras son secuencíales. (Casación N.° 4452-2013-Callao, de 21-11-2014, ff. jj. 8 y 9. Sala Civil Transitoria [EP, 01-06-2015, Sentencias en Casación N.° 704, p. 63740]. Texto completo: ). § 887. L a acum ulación objetiva o rigin aria puede ser subordinada, alternativa o accesoria.

N oveno. [El] artículo 87 del Código adjetivo establece que la acumulación objetiva originaria, la que se presenta cuando en el acto postulatorio el accionante exige a otra persona el cumplimiento de más de una pretensión, puede ser subordinada, alternativa o accesoria, siendo subordinada cuando se propone más de dos pretensiones, una de las cuales se la califica de principal, debiendo el juez pronunciarse respecto a las otras pretensiones en la eventualidad de que la principal sea desestimada; será alternativa , cuando no existe subordinación entre las pretensiones, y será el demandado quien, en el caso de que ambas sean amparadas, escogerá cuál de ellas va a cumplir; y será accesoria cuando existan varias pretensiones, una de las cuales tiene la calidad de principal y en cuanto esta sea amparada o no, las demás pretensiones correrán igual suerte. (Casación N.° 244-2001-Cusco, de 15-08-2001, £ j. 9. Sala Civil Transitoria [EP, 02-01-2002, p. 8216], Texto completo: ). § 888. La acum ulación subordinada o la alternativa proceden cuando se trata de pretensiones contrarias entre sí. D uodécim o. [De] lo establecido por el inciso 2 del artículo 85 del Código Procesal Civil se infiere que la acumulación subordinada o la alternativa proceden cuando se trata de pretensiones contrarias entre sí, lo cual no sucede con las pretensiones demandadas por el accionante, porque a partir del abandono que alega haber sufrido por parte de los emplazados, solicita por un lado que este se encargue de brindarle el tratamiento necesario para obtener su total recuperación, y por otro lado que se le indemnice los daños causados por tal actuar; en consecuencia tampoco se trata de una acumulación subordinada ni de una acumulación alternativa. (Casación N.° 244-2001-Cusco, de 15-08-2001, f. j. 12. Sala Civil Transitoria [EP, 02-01-2002, p. 8216], Texto completo: ). § 889. Acumulación objetiva originaria: ejecución de dos garantías hipotecarias y una prenda constituidas para responder por las obligaciones de un mismo deudor, sometidas al mismo procedimiento. Quinto. [No] es conforme que en el presente caso exista una indebida acumulación de pretensiones, pues, se trata simplemente de la ejecución de dos garantías hipotecarias y una prenda constituidas para responder por las obligaciones de un mismo deudor, obviamente sometidas al mismo procedimiento, (Casación N.° 2408-2000-Suliana, de 24-11-2000, £ j. 6. Sala Civil Transitoria [EP, 01-03-2001, p. 7019]. Texto completo: ), § 890. Pretensión principal es la nulidad del acto jurídico y la accesoria la reivindicación: si se am para la principal debe ser acogida la accesoria, y de no ser am parada la principal la accesoria corte la m isma suerte. Segundo. La demanda pretende la nulidad de acto jurídico de compraventa [...]; además en forma de acumulación objetiva originaria pretenden ia reivindicación del inmueble consistente en [un] predio rústico [...]; adviniéndose que se trata de una acumulación accesoria, esto es, la pretensión principal es la nulidad del acto jurídico y la accesoria la reivindicación, de tal manera que si se ampara la principal debe ser acogida la accesoria, y de no ser amparada la principal la accesoria corre la misma suerte. (Casación N.° 719-2006-Puno, de 21-03-2007, £ j. 2. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 31-08-2007, p. 20103]. Texto completo: ), ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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§ 8 9 1 - Incurre en error procesal cuando las pretensiones no son idénticas entre sí. Q uinto. [...] [Se] verifica que el petitorio contiene ia misma norma de planteamiento de acumulación de pretensiones refetido en el escrito de subsan ación, tal es así, que se plantean las siguientes pretensiones: como principal, a) la nulidad del acto de inscripción de primera de dominio hecha a favor de la sociedad conyugal conformada por los emplazados así como del acto que lo contiene; y como accesorias a) la nulidad de escritura pública de hipoteca, b) la nulidad del acto de inscripción de hipoteca así como de los actos jurídicos que lo contiene; c) se inscriba en favor de los demandantes la primera de dominio respecto al inmueble sub litis (siendo esta pretensión accesoria calificada indebidamente como idéntica a la pretensión principal); d) entrega física y real del inmueble mencionado; y e) el pago por el concepto de frutos; así corno una indemnización de daños y perjuicios. Sexto. [Siendo] así se advierte que no se ha examinado debidamente el contenido del petitorio de la demanda ni del escrito de subsanación, pues no pueden ser pretensiones idénticas la de la nulidad del acto de inscripción de primera de dominio hecha a favor de los demandados y el acto que lo contiene sobre el bien sub litis (pretensión principal) y ia de solicitud de inscripción de primera de dominio a favor de los accionantes sobre el mismo bien; por consiguiente las instancias incurren en error procesal al advertir o extraer del petitorio una acumulación de pretensiones que no han sido invocadas como se estima, infringiendo de esta manera el derecho de acción de la impugnante y su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. (Casación N.° 2923-99-San Román, de 14-07-2000, ff. jj. 5-6. Sala Civil [EP, 17-09-2000, p. 6272], Texto completo: ). § 892. Si la pretensión de divorcio es declarada infundada, no corre la misma suerte las pretensiones accesorias sobre alimentos, régimen de visitas y tenencia de los hijos, en aras de salvaguardar el “interés superior del niño”. Sétim o. [Teniendo] en cuenta los parámetros fijados en el Tercer Pleno Casatorio [..,] en los procesos de familia, como en los de alimentos, divorcio, filiación, violencia familiar, entre otros, el [uez tiene facultades tuitivas y, en consecuencia, se debe flexibilizar algunos principios y normas procesales como los de iniciativa de parte, congruencia, formalidad, eventualidad, preclusión y acumulación de pretensiones, en atención a la naturaleza de los conflictos que debe solucionar, derivados de las relaciones familiares y personales, ofreciendo protección a la parte perjudicada [...]. Asimismo, el “interés superior” garantiza la satisfacción de los derechos del menor, lo que significa que en toda decisión que afecta al niño o adolescente, deberá primar el respeto a sus derechos, lo cual tiene asidero normativo y supranacional; es decir, la Convención sobre los Derechos del Niño [...]. En dicho contexto jurisprudencial, normativo supranacional y nacional, este Supremo Tribunal considera que la medida dispuesta en sede de instancia; es decir, al ordenar una pensión de alimentos a favor de los menores hijos de ambas partes, se ha flexibilizado el Principio de Congruencia Procesal y se ha respetado los derechos del niño y del adolescente. (Casación N.° 2887-2016-La Libertad, de 08-11-2017, £ j. 7. Sala Civil Transitoria [EP, 02-05-2018, Sentencias en Casación N.° 746, p, 107999]. Texto completo: ). § 893. Requisitos necesarios en un proceso con acum ulación de pretensiones. Cuarto. [...] [El] artículo 85 del Código Procesal Civil [...] ha fijado como requisitos para [la] procedencia [de la acumulación objetiva de pretensiones], que estas: a) sean de competencia del mismo juez; b) no sean contrarias entre sí, salvo que sean propuestas en forma subordinada o alternativa, y, c) sean tramitables en una misma vía procedimental; a lo que se agrega que en el caso de una acumulación objetiva originaria de carácter accesoria, como es el caso de autos; el artículo 87 del mismo Cuerpo Adjetivo ha previsto que esta es amparable cuando habiendo varias pretensiones, al declararse fundada la principal, se amparan también las demás, en virtud del aforismo Jurídico de que “lo accesorio sigue la suerte del principal”. En cuanto a la acumulación subjetiva de pretensiones es aquella que se configura cuando en un proceso se acumulan pretensiones de varios accionantes o contra diversos demandados, teniendo como requisitos: a) que las pretensiones materia de acumulación provengan de un mismo título; b) que las pretensiones materia de acumulación versen sobre un mismo objeto; c) que exista conexidad entre las pretensiones materia de acumulación; d) que las pretensiones materia de acumulación sean de competencia de un mismo órgano jurisdiccional; y, e) que las pretensiones materia de acumulación n o m o s & thesis

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no sean contrarias entre sí, salvo que se propongan en forma subordi nada. (Casación N.° 2509-2007Lima, de 16-08-2007, f. j. 4. Sala Civil Permanente [EP, 31-03-2008, p. 21665]. Texto completo: ). § 894. Acumulación objetiva accesoria. Séptim o. [La] acumulación objetiva originaria como es el caso de autos puede ser accesoria, cuando habiendo varias pretensiones, a! declararse fundada la principal, se amparan también las demás, obviamente si la pretensión ha sido probada. (Casación N.° 211-94-La Libertad, de 20-08-1997, f. j. 7. Sala Civil [EP, 01-05-1998, p. 826], Texto completo: ). § 895. No se considera indebida acum ulación de pretensiones cuando no se m enciona el tipo de acum ulación. Tercero. [Manifiesta] el recurrente que al no precisarse el tipo de acumulación se ha incurrido en la causal de improcedencia del inciso 7 de) artículo 427 del [...] Código Procesal [Civil; hoy inciso 4 del artículo 426], sin embargo, debe preciarse que este dispositivo legal se aplica cuando la solicitud de acumulación de pretensiones no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 85 de la norma adjetiva mencionada, y no cuando no se precisa el tipo de acumulación, a pesar que a ello se dio cumplimiento como se Índica en el considerando anterior, por lo que este extremo tampoco resulta amparadle. (Casación N.° 1688-98-Ucayalí, de 22-03-2000, f. j. 3. Sala de Derecho Constitucional y Social [EP, 09-08-2000, p. 5798]. Texto completo: ). § 896. La pretensión principal y la alternativa acum ulada en el petitorio de una demanda no pueden resolverse como si se tratase de pretensiones absolutamente independientes. Sétim o. [Conforme] lo establece el artículo 87 del Código Procesal Civil la acumulación de pretensiones originaria puede ser subordinada, alterna o accesoria; y se entiende que se está ante una acumulación alternativa cuando el demandado elige cuál de las pretensiones va a cumplir, y si el demandado no elige la pretensión alternativa a ejecutarse, lo hará el demandante. Este elemento no fue considerado en la sentencia de vista, llegándose a la contradicción de estimarse la primera pretensión principal y declararse improcedente su pretensión alternativa, como si se tratara de pretensiones absolutamente independientes, sin ninguna vinculación, sin considerar la propia argumentación que la parte demandante había señalado al respecto, dando lugar con ello a presentar una motivación que no se encuentra acorde a la norma procesal antes indicada, dando lugar a un virio procesal cuya consecuencia es la nulidad de la resolución [...]. (Casación N.° 3517-2010-Lima, de 17-01-2012, f. j. 7. Sala Civil Permanente [EP, 31-08-2012, Sentencias en Casación N.° 670, p. 36826], Texto completo: ). § 897. Por más accesoria que sea una acum ulación de pretensiones, siempre requieren ser sustentadas con los respectivos fundamentos de hecho y de derecho. N oveno. [La] recurrida no ha motivado jurídicamente las pretensiones accesorias como la nulidad de la inscripciones regístrales ni la pretensión indemnizatoria, pues como lo tiene resuelto este Supremo Tribunal, pese a la accesoriedad de la acumulación de pretensiones, estas requieren ser sustentadas en los respectivos fundamentos de hecho y de derecho, aspectos que la Sala de revisión ha descuidado no obstante ser principios elementales a los que está obligado a observar todo Juez, exigencia constitucional que el juez de la causa sí ha cumplido al expedir un fallo con arreglo a derecho. (Casación N.° 743-2000-Puno, de EP, 13-10-2000, f. j. 9- Sala Civil Permanente [EP, 02-01-2001]. Texto completo: ). § 898. El juez debe considerar la autonom ía e independencia de las pretensiones a pesar de que son interpuestas de manera accesoria. Sétim o. [Debe] señalarse que si bien es cierto, la Sala Superior desestima la pretensión de nulidad de acto jurídico, bajo el argumento de set una pretensión accesoria y por tanto sigue la suerte deí principal, sin embargo, ello parte de un análisis limitado de la naturaleza de la pretensiones demandadas, en tanto lo pretendido por los demandantes constituyen dos pretensiones principales autónomas e independientes y ello se ve reflejado con el pronunciamiento emitido por el a quo, quien si bien desestima la pretensión de mejor derecho de propiedad, ampara la segunda pretensión de nulidad de acto jurídico, lo que determina su independencia respecto de la primera. Ahora bien, el hecho de que el a quo haya invocado, a efectos de estimar la pretensión de nulidad de acto jurídico, el ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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segundo párrafo del artículo 220 del Código Civil, ello no le impedía a que se pronuncie respecto a la nulidad invocada por los demandantes, lo que en todo caso corresponde ser merituado por la Sala Superior al momento de emitir pronunciamiento respecto del fondo de la controversia. (Casación N.° 2473-2010-Ancash, de 26-05-2011, £ j. 7. Sala Civil Permanente [EP, 02-11-2011, Sentencias en Casación N,° 653, p. 31844]. Texto completo: ). § 899. Es ilógico que se tenga en cuenta la im prescriptibilidad de la pretensión accesoria para no hacer viable el abandono. Tercero. El articulo 87 del Código Procesal Civil establece que la acumulación objetiva originaria puede ser accesoria, la cual ocurre cuando habiendo varias pretensiones, al declararse fundada la principal, se amparan también las demás. Es decir, que la suerte de la pretensión principal determina la suerte de las pretensiones accesorias. [...] Q uinto. Debe precisarse que la pretensión de reversión (reivindicación) ha sido planteada como una pretensión accesoria, pues esta solo es factible como consecuencia de la declaración de nulidad de los actos antes mencionados. Por tanto, no es lógico que se tenga en cuenta su imprescriptibilidad (de la pretensión accesoria) para no hacer viable el abandono. En todo caso, el abandono del proceso no imposibilita la propuesta de las pretensiones que se han hecho valer en el presente proceso generándose uno nuevo. (Casación N.° 2380-2002-Puerto Maldonado-Madre de Dios, de 05-04-2005, ff. jj. 3 y 5. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 01-09-2005]. Texto completo: ). § 900. Estamos ante una acum ulación subordinada cuando en un proceso de declaración de la propiedad se solicita también el pago de lo edificado. Cuarto. [...] [Del] escrito postulatorio [...] se desprende que el petitorio se contrae a que se declare a los codemandantes propietarios del [inmueble]; y en forma acumulativa, objetiva, originaria y accesoria, que se les pague el valor de la construcción [...] a que asciende lo edificado. Q uinto. [En] la resolución de vista, el Colegiado ha precisado que la acumulación de pretensiones propuesta no tiene el carácter de accesoria sino de subordinada; al respecto, debemos tener en cuenta que el artículo 87 del Código Procesal Civil, señala que la acumulación objetiva originaria puede ser subordinada, alternativa o accesoria; es subordinada cuando la pretensión queda sujeta a la eventualidad de que la propuesta como principal sea desestimada, y es accesoria cuando habiendo varias pretensiones, al declararse fundada la principal se amparan también las demás. Sexto. [Del] estudio del petitorio y estando a la naturaleza de lo solicitado tenemos que la pretensión de declaración de propiedad y la de pago de lo edificado no pueden concurrir de modo accesorio, ya que en el supuesto de ampararse la pretensión principal, carecería de objeto que se ordene el pago de lo edificado a los demandantes, ya que esto último solo sería posible en el supuesto de no declararse el derecho de propiedad que ¿riegan tener los actores sobre el inmueble sub litis; quedando obligada a dicho pago la parte emplazada; dicho esto queda claro que las pretensiones planteadas solo podrían concurrir de modo subordinado. (Casación N.° 222-2004-Lima, de 22-02-2005, ff. jj. 4-6. Sala Civil Transitoria [EP, 31-08-2005]. Texto completo: ). § 901. La pretensión subordinada y ía principal son autónomas pero guardan conexión con los hechos de la demanda. N oveno. [...] [La] pretensión subordinada ha de ser analizada siempre que la pretensión principal no sea amparada; lo que no quiere decir, en absoluto que de plano tenga que ampararse la pretensión subordinada por el solo hecho de haberse desestimado la pretensión principa!, lo que se desprende más bien que en el fondo ambas pretensiones (tanto principal como subordinada) son autónomas, pero que guardan conexión con los hechos evocados en la demanda. En consecuencia, la pretensión subordinada deberá ser evaluada también en relación a los hechos y al derecho que corresponda. (Casación N.° 2592-2015-Lima, de 30-05-2016, f. j. 9. Sala Civil Transitoria fEP, 02-102017, Sentencias en Casación N.° 734, p. 97046]. Texto completo: ). § 902. Es inválido el acto procesal cuando se integra a los litisconsortes al proceso pero no se discute sobre el punto controvertido respectivo. Sexto. [La] validez de los actos jurídicos por los cuales los litisconsortes adquirieron secciones del predio sub litis no fue introducida como punto controvertido, por tanto las instancias de mérito no podían pronunciarse sobre ello en respeto al principio de congruencia procesal antes anunciado. Además, en el caso que nos ocupa el principio de n o m o s & th e s ls

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accesoriedad contenido en el artículo 87° del Código Procesal Civil, no habilita al Tribunal de alzada pronunciarse sobre la validez de los títulos de propiedad de los litisconsortes, pues la nulidad del acto jurídico por el cual su transferente adquiere la propiedad del predio sub litis no suponen la inmediata nulidad de esos títulos, por lo que no existe una relación de accesoriedad entre aquellos actos jurídicos, con lo cual no se verifica la infracción normativa denunciada por la recurrente del citado artículo 87°. Por otro lado, respecto al artículo 98° del Código Procesal Civil, esta norma regula el derecho de terceros a intervenir en un proceso por el cual pueden verse afectados por el resultado del mismo, como puede ser el caso de los compradores de un predio que son llamados al proceso donde se discute la validez del acto jurídico por el cual su vendedor adquirió el predio transferido, como ocurre en autos; sin embargo, ello no supone que en el proceso donde han sido llamados los compradores se tenga que discutir necesariamente la validez de los actos jurídicos de adquisición de estos últimos, más aún cuando la validez de estos no fue introducida como pretensión en el proceso por la demandante. En consecuencia, la intervención litisconsorcial de los patrimonios autónomos [...] y [...] no supone que se deba discutir en el presente proceso la validez de los títulos de propiedad que alegan tener estos respecto a seccio n es del bien materia de litis, pues esta discusión no fue parte de los puntos controvertidos de los procesos acumulados, ni tampoco la dilucidación de esas pretensiones se deriva de los artículos 87° y 98° del Código Procesal Civil. Por lo que se debe desestimar el recurso de casación en este extremo. Dejando a salvo el derecho de la recurrente de acudir al órgano jurisdiccional competente para discutir y dilucidar esas pretensiones. (Casación N.° 5479-2009-Cajamarca, de 19-10-2010, £ j. 6. Sala Civil Permanente [EP, 01-07-2011, Sentencias en Casación N.° 644, p. 30631]. Texto completo: ). § 903. En una acum ulación objetiva originariá no estamos ante una única demanda, sino ante varias demandas planteadas en un mismo escrito, sin perjuicio del tipo de acum ulación. P rim ero. [...] [Un] proceso puede contener varias pretensiones, instituto que recibe el nombre de acumulación objetiva; y si tales son interpuestas conjuntamente al momento de plantearse la demanda se conocerá como acumulación objetiva originaria; en tal sentido, en estricto, no estamos ante una única demanda, sino ante varias demandas planteadas en un mismo escrito, lo que significa también que cada una de ellas tiene existencia y naturaleza propias, contando con los fundamentos de hecho y de derecho que las justifiquen; luego, si bien dado el tipo de acumulación objetiva originaria que se tenga unas pueden estar subordinadas o dependientes accesoriamente del principal y otras ten er la misma categoría (alternativa), todas respecto a los medios de defensa, como son las excepciones, deben tomarse en forma independíente. (Casación N.° 59-96-Huánuco, de 25-02-1997, f. j. 1. Sala de Derecho Constitucional y Social [EP, 03-12-1997, p. 150], Texto completo: ). § 904. En la acum ulación objetiva originaria, cada una de las pretensiones tiene existencia y naturaleza propia. S étim o. [Si] bien es cierto el demandante el demandante no señaló qué clase de pretensión objetiva de pretensiones se trataba, esto es, si es una subordinada, alternativa o accesoria; en su caso correspondía determinarse la aplicación o inaplicación de lo dispuesto en la cuarta disposición transitoria complementaria y final del Reglamento de Normas que regulan la organización y funciones de los órganos de COFOPRI responsables del conocimiento y solución de medios impugnatorios [...]. O ctavo. [...] [Un] proceso puede contener varias pretensiones, instituto que recibe el nombre de acumulación objetiva; y si tales son interpuestas conjuntamente al momento de plantearse la demanda, se conocerá como acumulación objetiva originaria; en tal sentido, en estricto, no estamos ante una única demanda, sino antes varias pretensiones planteadas en un mismo escrito, lo que significa también que cada una de ellas tiene existencia y naturaleza propias, contando con los fundamentos de hecho y de derecho que las justifiquen [...]. (Casación N.° 2393-2003-Lambayeque, de 11-11-2004, ff. jj. 7 y 8. Sala Civil Permanente [EP, 03-05-2005, p. 14036]. Texto completo: ). § 905. No procede declarar improcedente la demanda por una indebida acumulación de pretensiones, en el cual el juzgador lim ite su pronunciamiento a la pretensión principal con prescindencia de las accesorias. O ctavo. [En] el presente caso se aprecia que la Sala Superior al emitir la resolución impugnada en casación declaró improcedente la demanda, amparándose en la causal de la indebida acumulación de pretensiones, pues, en primer lugar, señala en la cuarta consideración que * SUMMA PROCESAL CIVIL

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no es viable que las pretensiones accesorias deriven de la pretensión principal, las que por su contenido -considera- debieron ser planteadas de modo autónomo. Al respecto, es menester reparar que la Sala de mérito no tuvo en consideración que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 87 del Código adjetivo, las pretensiones accesorias están sujetas al amparo o desestimación de la principal y no viceversa, es decir, el juzgador, en primer lugar, deberá analizar la pretensión que tiene la calidad de principal, y luego de ello revisar para verificar si procede o no el amparo de la accesoria. Sobre este tema, es pertinente traer a colación la posición asumida por este Supremo Tribunal al señalar que: “El hecho de que existan circunstancias que -a consideración de los jueces- impiden que se pueda emitir un pronunciamiento amparando o desestimando tales pretensiones accesorias, no importa que la demanda contenga ipso fa d o una indebida acumulación de pretensiones y que por ello no pueda pronunciarse resolviendo en definitiva la litis; en todo caso, se trata de una situación que daría lugar a que el juzgador limite su pronunciamiento a la pretensión principal con prescindencia de las accesorias, las cuales devendrían en improcedentes” [Consideración sexta de la Sentencia Casatoria N.° 3952-2009 (§ 907)]. (Casación N.° 343-2014-Lima, de 07-08-2014, f, j. 8. Sala Civil Permanente [EP, 30-06-2016, Sentencias en Casación N.° 715, p. 78647]. Texto completo: ). § 906. La pretensión principal debe ser desestimada para que sea objeto de análisis la pretensión subordinada. S egundo . [La] actora demandó: como pretensión principal, la nulidad del acto jurídico y del documento que lo contiene, consistente en la Escritura Pública de compraventa celebrada por [el codemandado] con [el demandado] [...], ante eí notario de Jauja, [...], respecto del inmueble [materia de litis]; como pretensión subordinada, que se declare su mejor derecho de propiedad del predio sub materia frente a [el demandado]; y como pretensión accesoria pretende una indemnización por daños y perjuicios. [...]. Q uinto . [La] valoración de! documento denominado promesa de compraventa a favor de la actora, que se formalizo me dimite la Escritura Pública de compraventa [...], según testimonio notarial [...], que da lugar a la conclusión que la recurrente no es propietaria del inmueble materia de controversia, no ha sido sostenida por las partes. El debate principal en este proceso es la nulidad de la Escritura Pública celebrada entre los demandados, pues el pronunciamiento de la pretensión subordinada está supeditada a que la pretensión principal fuese desestimada. (Casación N.° 1935-2006-Junín, de 03-09-2007, ff. jj. 2 y 5. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 03-09-2007, p. 20434]. Texto completo: ).

§ 907. El hecho de que existan circunstancias que im piden que se pueda em itir un pronunciamiento amparando o desestimando determinadas pretensiones accesorias, no im porta que la demanda contenga ipso fa cto una indebida acumulación de pretensiones y que por ello no pueda pronunciarse resolviendo en definitiva la litis. Sexto. [La] sentencia de vista considera que existe una indebida acumulación de pretensiones, porque estima que la revisión de los temas que tratan las pretensiones accesorias no pueden ser de competencia del juez de este proceso y deben ser abordadas en una vía procedimental distinta. Sin embargo, tal afirmación no resulta exacta, pues lo que en puridad se persigue a través de las pretensiones accesorias es la cancelación de unos asientos regístrales y no la revisión de los actos administrativos o judiciales que dieron lugar a la inscripción de los asientos regístrales cuestionados. El hecho de que existan circunstancias que -a consideración de los jueces- impiden que se pueda emitir un pronunciamiento amparando o desestimando tales pretensiones accesorias, no importa que la demanda contenga ipso fácto una indebida acumulación de pretensiones y que por ello no pueda pronunciarse resolviendo en definitiva la litis; en todo caso, se trata de una situación que daría lugar a que el juzgador limite su pronunciamiento a la pretensión principal con prescindencia de las accesorias, las cuales devendrían en improcedentes. Sétim o. [Siendo] así, atendiendo a los fines de] proceso [...] y a la excepcionalidad de los poderes que otorga a los Jueces el último párrafo del artículo 121 del Código Procesal Civil, se concluye que la sentencia de vista adolece de una motivación debida que contraviene el derecho de los demandantes al debido proceso [...]. (Casación N.° 3952-2009-Lima, de 22-09-2010, ff. jj. 6 y 7. Sala Civil Transitoria [EP, 28-02-2011, Sentencias en Casación N.° 637, p. 29692], Texto completo: ). n o m o s & tliesis

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§ 908. La pretensión subordinada está sujeta a la eventualidad de la pretensión principal.

Q uinto . [El] artículo 87 del Código Adjetivo dispone que en la acumulación objetiva originaria, la pretensión subordinada queda sujeta a ia eventualidad de que la propuesta como principal sea desestimada, es decir, que en ese caso tiene que haber pronunciamiento sobre las pretensiones subordinadas. (Casación Nf.° 272-98-Lima, de 09-07-1998, f. j. 5. Sala Civil Transitoria [EP, 01-101998, p. 1703]. Texto completo: ). § 909. En caso que la pretensión principal no sea acogida, existe la posibilidad de que la pretensión subordinada pueda ser am parada por eí juzgador. S egundo. [La] parte inicial del primer párrafo del artículo 87 del Código Procesal Civil prescribe que la acumulación objetiva originaria puede ser subordinada, alternativa o accesoria; siendo subordinada cuando la pretensión queda sujeta a la eventualidad de que la propuesta principal sea desestimada, es decir, en el caso de que la propuesta principal no sea acogida existe la posibilidad de que la pretensión subordinada pueda ser amparada por el juzgador, teniendo como elementos de configuración básica la posibilidad de que sean pretensiones contrarias pero que exista conexión estrecha entre sus fundamentos de hecho. (Casación N,° 5192008-lea, de 20-05-2008, f. j. 2. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 03-092008, p. 22838]. Texto completo: ). § 910. El pago de intereses legales propuesto como pretensión accesoria sigue la suerte de la principal. Q uinto. [...] El pago de intereses legales ha sido propuesto como pretensión accesoria y por tanto sigue la suerte de la pretensión principa! [demanda sobre restitución de dinero], cuyo amparo ha sido debidamente motivado [...]. (Casación N.° 3849-2000-Lima, de 02-03-2001, f. j. 5. Sala Civil Permanente [EP, 31-07-2001, p. 7 5 8 4 ].'texto completo: ). § 911. Si el juez am para la pretensión principal, no cabe la posibilidad de pronunciarse sobre la pretensión subordinada. Sexto. [...] [El] artículo 87 del Código Procesal Civil dispone que la acumulación objetiva es subordinada cuando la pretensión queda sujeta a la eventualidad de que la propuesta como principal sea desestimada; es decir, solo si el juez considera que la pretensión principal no merece amparo alguno, procederá a pronunciarse sobre la pretensión subordinada [...]. Séptim o. [No] obstante, de la revisión de la sentencia de primera instancia, este Supremo Tribunal advierte que el A quo, pese a emitir su fallo amparando la pretensión principal, a continuación se pronuncia desestimando la pretensión subordinada, lo cual no correspondía, pues solo cabía pronunciarse sobre esta última en caso de set desestimada la primera de las nombradas. Tai proceder contraviene lo dispuesto en la parte pertinente del artículo 87 del citado Código Procesal y, además, causa indefensión al demandante, toda vez que la Sala Superior tampoco podría emitir una sentencia válida respecto a la pretensión subordinada, que al haber sido declarada infundada por el A quo, el Colegiado [Superior] podría considerar consentido al no haber sido recurrido. En ese sentido, este Colegiado Supremo estima que la nulidad no solo alcanza a la sentencia de vista sino que igualmente se extiende a la apelada, por lo que el Juez de la causa deberá expedir nueva resolución conforme a derecho, disgregando debidamente las pretensiones y resolviéndolas atendiendo a los alcances del artículo 87 del Código Procesal Civil. (Casación N.° 2646-04-Ica, de 17-11-2005, ff. jj. 6 y 7. Sala Civil Transitoria [EP, 03-07-2006, p. 16445]. Texto completo: ). § 912. Si la pretensión principal es declarada infundada o improcedente, no obsta que la pretensión subordinada pueda ser am parada. Tercero . [El] artículo 87 del Código Procesal Civil señala que la pretensión subordinada es aquella en la que la pretensión queda sujeta a la eventualidad de que la propuesta como principal sea desestimada; en tal sentido, si la pretensión principal es declarada infundada o improcedente, ello no obsta que la pretensión subordinada pueda ser amparada. (Casación N.° 742-2004-San Román, de 25-05-2005, f. j. 3. Sala Civil Transitoria [EP, 30-11-2005, p. 15031]. Texto completo: ). § 913. La pretensión accesoria sigue la suerte de la principal, pese a que pronunciamiento de fondo de la pretensión principal resulta insuficiente para expedir un pronunciamiento sobre la pretensión accesoria. Cuarto. [La] sentencia de vista revocando la sentencia apelada declara infundada ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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la demanda en todos sus extremos por considerar que la aseveración del demandante de que jamás mantuvo relaciones amorosas con la demandada, fueron desvirtuadas por el mérito del informe del propietario [de un] hostal [...] y por las afirmaciones de la demandada en su escrito de contestación a la demanda que no fueron cuestionados por el recurrente. Q uinto. [En] ese orden de ideas se tiene que sí bien el sustento de la sentencia de vista serviría para emitir un pronunciamiento de fondo de la pretensión principal sobre impugnación de paternidad, resulta insuficiente para expedir un pronunciamiento sobre la pretensión de exclusión de nombres y apellidos. [...] Séptim o. [S]in embargo, y atendiendo a que la pretensión de exclusión de nombres y apellidos ha sido propuesta en forma accesoria, al haber sido declarada infundada la pretensión principal, la accesoria sigue la suerte del principa), de acuerdo con lo prescrito en el segundo párrafo in fin e del artículo 87 de la Ley adjetiva. (Casación N.° 1125-2000-Huánuco, de 30-10-2000, ff. jj. 4, 5 y 7. Sala Civil Permanente [EP, 0201-2001, p. 6689]. Texto completo: ). § 914. Al desestimarse la pretensión principal, no es necesario explicar por qué motivo se declaran infundadas las pretensiones accesorias. Cuarto. [Con] arreglo a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 87 del [...] Código Procesal [Civil], al declararse fundada la pretensión principal, se amparan también las accesorias, según sea el caso y obviamente al desestimarse la primera, corresponde igualmente desestimar las accesorias, sin que sea necesario explicar por qué motivo se declaran infundadas las pretensiones accesorias que fundamentalmente tienen como conclusión amparar la principal. (Casación N.° 1360-98-Cono Norte, de 28-09-1998, f. j. 4. Sala Civil Transitoria [EP, 2511-1998, p. 2099]. Texto completo: ). § 915. La acumulación accesoria solo se am para cuando se declara fundada la principal. La accesoriedad depende de lo que se resuelva en la principal. Cuarto. [La] acumulación objetiva originaria accesoria solo se ampara cuando se declara fundada la principal. Quinto. [En] este caso la acción principal es la impugnación del acuerdo, la nulidad del mismo, así como del acta que la contiene y para que se deje sin efecto ni valor legal alguno la designación y/o constitución del consejo directivo demandado, en la que no forma parte ni tiene ninguna intervención la Oficina Registra!. Sexto. [La] acción accesoria depende de lo que se resuelva en lo principal y es una consecuencia de ella, por lo que la Oficina Registral no tenía porque [sic] ser emplazada con la demanda y la resolución del Juez [que] corrió traslado de la misma solo al Consejo Directivo de la Asociación demandada se encontraba arreglada a Ley. (Casación N.° 1332-2001-La Libertad, de 12-09-2001, ff. jj. 4-6. Sala Civil Transitoria [EP, 02-01-2002, p. 8224]. Texto completo: ). § 9X6. Si se plantea una acum ulación alternativa debe precisarse la fundam entación de cada una de las pretensiones. P rim ero. Como señala el artículo 388 del Código Procesal Civil, tratándose de la acumulación de pretensiones procesales, el justiciable debe observar rigurosamente las reglas contenidas en los artículos 86 y 87 del Código Procesal Civil, de modo tal que si se plantea una acumulación alternativa debe precisarse la fundamentación de cada [una] de las pretensiones, reservándose el proponente su elección, la que debe cumplir en el supuesto de que ambas fuesen amparadas en la sentencia. (Casación N.° 299-2004-Arequipa, de 07-09-2005, f. j. 1. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 04-01-2006, p. 15209]. Texto completo: ). § 917. Tratándose de acum ulación alternativa de pretensiones, es el demandado quien debe elegir cuál de las pretensiones va a cumplir. Si no lo hace, lo hará el demandante. Esto obliga al juzgador a resolver, am parando, en su caso, las dos pretensiones alternativas. S egundo. [El] artículo 87 del Código Procesal Civil prescribe que cuando se trata de la acumulación alternativa de pretensiones, es el demandado quien debe elegir cuál de las pretensiones va a cumplir y solo en el caso que el demandado no elija, lo hará el demandante, esto como es obvio obliga al juzgador a resolver, amparando, en su caso, las dos pretensiones alternativas. (Casación N.° 220-2000-La Merced, de 0905-2000, f. j. 2, Sala Civil Transitoria [EP, 30-08-2000, p. 6142]. Texto completo: ).

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§ 918. Cuando se trate de la acumulación alternativa de pretensiones, solo en caso que el demandado no elija o pacto en contrario, lo hará el demandante. Q uinto. [Es] preciso concordar la disposición del artículo 87 del Código Procesal con lo dispuesto en el Título IV de las “Obligaciones Alternativas y Facultativas’1 del Libro de las Obligaciones del Código Civil (Sección Primera del Libro VT del Código Civil.), cuyas normas establecen que el obligado alternativamente a diversas prestaciones solo debe cumplir por completo una de ellas; que la elección corresponde al deudor, salvo pacto en contrario; que la elección se realiza por la ejecución de alguna de las prestaciones, con la declaración de elección o por el Juez; y establece reglas precisas para el caso de elección por el deudor y en su caso, por el acreedor. (Casación N.° 2378-98-Callao, de 05-05-1999, f. j. 5. Sala Civil Transitoria [EP, 1808-1999, p- 3224]. Texto completo: ). § 919. Si la pretensión principal es declarada infundada o improcedente, no obsta que la pretensión subordinada pueda ser amparada. Q uinto. [...] [La] sentencia apelada se pronuncia sobre la pretensión subordinada y su accesoria, argumentando que al haberse amparado la pretensión principal carecería de objeto el pronunciamiento de las otras pretensiones; sin embargo la Sala de Mérito al haber revocado la apelada y desamparar la pretensión principal tenía que pronunciarse sobre la subordinada y su accesoria, precisamente en aplicación de lo dispuesto en el artículo 87 del [...] Código Procesal [Civil] [...]. (Casación N.° 99-2005-Moquegua, de 20-12-2005, f. j. 5. Sala Civil Permanente [EP, 01-02-2007, p. 18886], Texto completo: ).

§ 920. La acumulación de pretensiones no se lim ita a los supuestos establecidos en el artículo 85 CPC. Se pueden acumular pretensiones autónomas entre sí que tengan en común el mismo hecho generador. Véase la jurisprudencia del artículo 85° del Código Procesal Civil [§ 872] . (Casación N.° 244-2001-Cusco, de 15-08-2001, £ j. 13. Sala Civil Transitoria [EP, 02-01-2002, p. 8216]. Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DE LAS CORTES SUPERIORES

§ 921. Al ampararse la pretensión principal, se amparan también las accesorias, según sea el caso, y obviamente al desestimarse la primera, corresponde igualmente desestimar las accesorias. D écim o n oven o. [Con] relación al último agravio relativo a la pretensión accesoria de indemnización, propuesto por la recurrente, debemos señalar que el artículo 87° del Código Procesal Civil, prescribe que: “La acumulación objetiva originaria puede ser subordinada, alternativa o accesoria. Es subordinada cuando la pretensión queda sujeta a la eventualidad de que la propuesta como principal sea desestimada; es alternativa cuando el demandado elige cuál de las pretensiones va a cumplir; y es accesoria cuando habiendo varias pretensiones, al declararse fundada la principal, se amparan también las demás.” En ese sentido, como se advierte, de ampararse la pretensión principal, en este caso de nulidad, ello no conlleva el inexorable amparo de la pretensión accesoria, y así lo ha establecido acertadamente nuestra jurisprudencia, cuando señala: “Al ampararse la pretensión principal, se amparan también las accesorias, según sea el caso, y obviamente al desestimarse la primera, corresponde igualmente desestimar las accesorias, sin que sea necesario explicar por qué motivo se declaran infundadas las pretensiones accesorias que fundamentalmente tienen como conclusión amparar la principar. (Exp. N.° 01018-2008-0-2402-SP-CI-01, Resolución N.° 7, de 12-03-2009, £ j. 19. Sala Especializada en lo Ovil y Afínes. Corte Superior de Justicia de Ucayaii. Texto completo ).

§ 922. En una acumulación accesoria, si se ampara la pretensión principal necesariamente se amparan las pretensiones accesorias. Dentro del marco del artículo 87° del Código Procesal Civil, la parte actora ha indicado que su demanda contiene una acumulación objetiva originaria. Sin embargo, por la forma cómo han sido propuestas las pretensiones procesales, se llega a la conclusión de que ella contiene una acumulación objetiva originaria accesoria, pues si se ampara la pretensión procesal (la nulidad del contrato de compraventa del vehículo materia de autos), las accesorias necesariamente correrían la misma suerte que la principal. (Exp. N.° 300-97, de 30-07-1997. Primera Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Ponentes: Camón Lugo, Betancour Cossio y Aguirre Salinas. Referencia: CPC Bibliogr., p. 100). * SUMMA PROCESAL CIVIL

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La acumulación objetiva sucesiva se presenta en los siguientes casos: 1. Cuando el demandante amplía su demanda agregando una o más pretensiones; 2. Cuando el demandado reconviene; 3. Cuando de oficio o a petición de parte, se reúnen dos o más procesos en uno, a fin de que una sola sentencia evite pronunciamientos jurisdiccionales opuestos; y 4. Cuando el demandado formula el aseguramiento de la pretensión fu tu ra.(1) N O TA DE A C T U A L IZ A C IÓ N

(1) Artículo modificado por el artículo 2 de ia Ley N.a 30293 (EP, 28-12-2014), que entró en vigencia a los 30 días hábiles de su publicación en el diario Ei Peruano.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTESUPREMA

§ 923. El juez está facultado a desestimar las pretensiones acum uladas si advierte que las mismas resultan inviables o no pueden prosperar. O ctavo. [...] El actor sostiene que por tratarse de una pretensión accesoria el cese de la obligación alimentaria, esta debió seguir necesariamente la suerte del principal y que, por lo tanto, también debió ser amparada; tal razonamiento sín embargo no resulta ajustado a derecho, ya que el juez no se encuentra en la obligación de amparar otras pretensiones acumuladas solo por el hecho de tener carácter accesorio; sino por el contrario, está facultado a desestimarlas si advierte que las mismas resultan invíables o no pueden prosperar. [...] (Casación NT 1608-2007- lea, de 12-12-2007, f. j. 8. Sala Civil Transitoria [EP, 03-12-2008, p. 23666], Texto completo: ). § 924. Cabe la nulidad cuando no se evalúa los demás procesos que guarden relación con la pretensión para evitarse pronunciamientos contradictorios. 5.8. [Dada] la existencia de un proceso instaurado con fecha anterior al presente en el cual se discute la nulidad de la compraventa del mismo inmueble materia de litis, celebrado el 04 de mayo de 2010, entre los demandantes [...] como vendedores y el demandado [...] como comprador; y por tanto, guarda relación con la controversia que se ventila en este proceso, se debe analizar si cabe la acumulación de ambos procesos, [,,,], a fin de evitar pronunciamientos contradictorios; y determinar en base a lo actuado, si los codemandados crearon una apariencia de vinculación jurídica a £n de producir eí acto simulado consistente en el contrato de compraventa cuestionado, o por el contrario, establecer que el citado acto jurídico no adolece de la causal de nulidad por simulación absoluta. 5.9. [El] a d quem debió realizar una apreciación conjunta y razonada de los medios probatorios a tenor de lo dispuesto en el artículo 197 del Código Procesal Civil, así como tuvo la posibilidad de actuar pruebas de oficio conforme a lo dispuesto en el artículo 194 del mismo cuerpo de leyes, a fin de esclarecer los puntos descritos en los considerandos precedentes, y generar convicción y certeza respecto a la pretensión y los hechos invocados. (Casación N.° 13142015-Del Santa, de 29-03-2016, ff. jj. 5-8 y 5-9. Sala Civil Permanente [EP, 28-02-2017, Sentencias en Casación N.° 724, p. 89148], Texto completo: ). § 925. La pretensión acum ulada adm itida como pretensión accesoria se configura como una indebida acum ulación de pretensiones. Segundo. Al admitirse a trámite ia demanda, la pretensión acumulada es admitida como pretensión accesoria, lo cual origina que los demandados deduzcan una nulidad procesal [...] argumentando la indebida acumulación de pretensiones, nulidad que fue declarada infundada [...] la que luego de ser apelada, ha sido concedida sín efecto suspensivo y con la calidad de diferida [...]. [...] Q uinto. Se enriende por accesorio a lo que depende de algo que es principal, y en el ámbito procesal, un pedido accesorio es el que se encuentra estrechamente ligado a un pedido principal, sin el cual no puede subsistir, de allí que el artículo 87 del Código adjetivo

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glosado hace referencia a que, si la accesoriedad está expresamente prevista por la ley, se considera tácitamente integrada a la demanda. [...] N oveno. Según los argumentos expuestos, se está ante una indebida acumulación de pretensiones, [...] empero, esta improcedencia debe alcanzar únicamente al extremo de la demanda relativo al pedido de anulación de asiento registral [...]. (Casación N.° 5059-2007-Amazonas, de 01-04-2008, f. j. 2, 5 y 9. Sala Civil Permanente [EP, 30-06-2008, p. 224521. Texto completo: ). § 926. Las pretensiones acum uladas dependen de la principal: sí el juez de la dem anda puede resolver la pretensión principal, podrá hacer lo mismo con las acumuladas. Tercero. [El] accionante ha interpuesto en forma acumulativa objetiva originaria demanda de otorgamiento de escritura pública y reivindicación, y de manera accesoria la indemnización por daños y perjuicios, [...] por lo que se advierte que se tratan de diferentes pretensiones pero sustentadas en fundamentos que guardan conexión entre sí y si bien no se tramitan en la misma vía, nada impide la acumulación objetiva a una de conocimiento en donde se da la plenitud de la defensa. (Casación N.° 519-2008Ica, de 20-05-2008, f. j. 3. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 03-09-2008, p. 22838]. Texto completo: ). § 927. Carece de objeto examinar las demás pretensiones que fueron acumuladas accesoriamente, si la principal fue desestimada. Quinto. [...] En la resolución de vista se ha emitido un pronunciamiento sobre el fondo del asunto sobre la base de que no es posible declarar la nulidad de una sentencia que tiene la autoridad de cosa juzgada, lo que difiere ostensiblemente del razonamiento empleado para desestimar el medio de defensa antes mencionado. Siendo que habiéndose desestimado por infundada la pretensión principal carece de objeto examinar las demás pretensiones que fueron acumuladas accesoriamente a la pretensión principal. Por lo demás, si bien es cierto que en la resolución de vista se precisa en su parte inicial “por sus propios fundamentos y además”; también lo es, que los argumentos expresados en la indicada resolución resultan congruentes con su parte resolutiva, evidenciándose que se trata de un error meramente material, que no influye en el sentido de la decisión impugnada. (Casación N.° 4879-2007-Lambayeque, de 08-04-2008, f. j. 5. Sala Civil Permanente [EP, 03-09-2008, p. 22839]. Texto completo: ). § 928. No se puede continuar el proceso con acumulación de pretensiones cuando la pretensión principal fue desestimada. Primero. [Es] principio de derecho que lo accesorio signe la suerte de lo principal; en tal sentido, habiéndose determinado en la demanda, que la acumulación de pretensiones es de tipo objetivo originario accesorio, al haberse desistido de la pretensión autónoma, comprende también a las pretensiones accesorias. S egundo . [El] actor pretende que el proceso continúe únicamente con las pretensiones accesorias; manifestación de voluntad que resulta incompatible con lo señalado por el inciso sétimo del artículo 427 del Código Procesal Civil, al existir una indebida acumulación de pretensiones, incumpliéndose con el segundo requisito que exige el numeral 85 del Código precitado. (Casación N.° 3774-2000-Uma, de 23-04-2001, ff. jj. 1-2. Sala Civil Transitoria [EP, 01-10-2001, p. 7784]. Texto completo: ). § 929. En las pretensiones procesales en forma alternativa el demandante plantea por lo menos dos pretensiones, de prosperar estas, el demandado tiene la potestad de elegir cual va a cumplir. S egundo. Conforme al Código Procesal Civil, tratándose de la acumulación objetiva originaria de pretensiones procesales, concretamente el artículo 87 de dicho ordenamiento señala cómo deben proponerse las pretensiones en forma subordinada, alternativa y accesoria. Si se proponen pretensiones procesales en forma alternativa [.,.] su planteamiento supone que el demandante plantea por lo menos dos pretensiones, de modo que de prosperar estas el demandado tiene la potestad de elegir cuál de las pretensiones procesales va a cumplir en ejecución de sentencia. La propuesta de pretensiones procesales en forma subordinada es totalmente de ía que se propone en forma alternativa. (Casación N.° 1693-2002-Lima, de 03-12-2003, £ j. 2. Sala Civil Permanente [EP, 01-06-2004, p. 12120]. Texto completo: ).

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CÓDIGO PROCESAL CIVIL

Artículo 89: Acumulación subjetiva de pretensiones originaria y sucesiva La acumulación subjetiva de pretensiones originaria se presenta cuando la demanda es interpuesta por varías personas o es dirigida contra varias personas. La acumulación subjetiva de pretensiones sucesiva se presenta en ios siguientes casos: 1. Cuando un tercero legitimado incorpora al proceso otra u otras pretensiones; o 2. Cuando dos o más pretensiones intentadas en dos o más procesos autónomos, se reúnen en un proceso único. En este último caso, atendiendo a la conexidad y a la eventual diferencia de trámite de los procesos acumulados, el Juez puede disponer su desacumulación en el trámite, reservándose el derecho de expedir una sola sentencia.

J URISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 930. La acum ulación de pretensiones en el proceso. Fundamento. Tercero. La acumulación de procesos es una institución creada en beneficio del justiciable, evitándole seguir varios juicios con la consiguiente economía, también a favor de la administración de justicia, para impedir la posibilidad que se expidan resoluciones contradictorias o implicantes así como para favorecer el trabajo procesal y jurisdiccional. (Casación N.° 163-2006-Lima, de 15-11-2007, £ j. 3. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 30-06-2008, p. 22352]. Texto completo: ). § 931. Criterio para determinar la acum ulación subjetiva originaria. Cuarto. [Hay] acumulación subjetiva originaria cuando una demanda es interpuesta por varias personas o es dirigida contra varios demandados, lo que debe relacionarse necesariamente con la institución procesal del litisconsorcio en sus distintas situaciones. Q uinto. [Es] evidente que cuando se afecta los bienes de una sociedad conyugal, ambos cónyuges deben ser emplazados, pues lo que se resuelve afectará a ambos, y en el presente caso [la esposa] se apersonó al proceso [...], sin observación respecto de su emplazamiento. (Casación N.° 2150-99-Lambayeque, de 23-11-1999, ff. jj. 4 y 5. Sala Civil Transitoria [EP, 08-012000, p. 4520], Texto completo: ). § 932. La acum ulación subjetiva no m odifica la situación de cada deudor solidario frente al ejercicio de la acción. S egundo. [...] [El] juicio seguido entre el acreedor y uno de los deudores solidarios, o entre el deudor y uno de los acreedores solidarios, no surte efecto contra los demás codeudores o coacreedores, respectivamente, sin embargo los demás codeudores pueden oponérsela al acreedor cuando no se funde en las relaciones personales del deudor que litigó. Tercero. [El] ejercicio de la excepción contenida en la norma citada supone la existencia de cosa juzgada respecto de la obligación solidaria y su invocación oportuna en los escritos rectores del proceso. C uarto. [El] ejercido dei derecho a la acumulación subjetiva por el que se dirigen simultáneamente pretensiones contra varios demandados en un mismo proceso, no modifica la situación de cada deudor solidario frente al ejercido de la acción contra él incoada. (Casación N.° 145 í-96-Lima, de 17-12-1997, ff. jj. 2-4. Sala Civil [EP, 04-05-1998, p. 874]. Texto completo: ). § 933. La acum ulación subjetiva evita la expedición de pronunciamientos contradictorios no resultando factible lim itar la facultad de peticionar dicha acum ulación solo a la parte dem andada, debiendo reconocerse también dicha facultad a la parte demandante. Q uinto. [El] fundamento de la acumulación subjetiva es doble toda vez que responde a un principio de economía procesal y a la finalidad de evitar la expedición de sentencias contradictorias, sustituyendo las decisiones separadas por una sola decisión de un Juez único, y siendo la conexidad uno de los requisitos indispensables en la acumulación de pretensiones esta se da cuando se presentan elementos comunes entre las diversas pretensiones o por lo menos elementos afines a ellas. [...] O ctavo. [Siendo] el fundamento principal de la acumulación subjetiva evitar la expedición de pronunciamientos contradictorios no resulta factible n o m o s & th e s is

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SUJETOS DEL PROCESO / COMPARECENCIA

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limitar la facultad de peticionar dicha acumulación solo a la parte demandada, debiendo reconocerse también dicha facultad a la pane demandante. (Casación N.° 2673-02-Santa, de 26-10-2004, fF. jj. 5 y 8. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 30-06-2005, p. 14330]. Texto completo: ). § 934. La acumulación subjetiva impropia supone la existencia de varias relaciones jurídicas sustanciales con elementos comunes a distintos sujetos. Sexto. [La] figura de la acumulación subjetiva impropia, reconoce la existencia de un vínculo de mera afinidad entre las diversas pretensiones demandadas, es decir, supone la existencia de varias relaciones jurídicas sustanciales con elementos comunes a distintos sujetos pudiendo referirse estos tanto a la causa o al objeto de la pretensión configurándose con ello una conexidad jurídica entre las diversas pretensiones. (Casación N.° 2673-02-Santa, de 26-10-2004, f, j, 6. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 30-06-2005, p. 14330], Texto completo: ).

Artículo 90: Requisitos y trámite de la acumulación sucesiva de procesos La acumulación sucesiva de procesos debe pedirse antes que uno de ellos sea sentenciado. El pedido impide la expedición de sentencia hasta que se resuelva en definitiva la acumulación. La acumulación sucesiva de procesos se solicita ante cualquiera de ios Jueces, anexándose copia certificada de la demanda y de su contestación, si la hubiera. Si el pedido es fundado, se acumularán ante el que realizó el primer emplazamiento. De la solicitud de acumulación se confiere traslado por tres días. Con la contestación o sin ella, el Juez resolverá atendiendo al mérito de los medios probatorios acompañados al pedido. La decisión es apelable sin efecto suspensivo. Esta acumulación será declarada de oficio cuando ios procesos se tramitan ante un mismo Juzgado.

PLENOS JURISDICCIONALES

§ 935. Acumulación de procesos sobre reivindicación y prescripción adquisitiva de propiedad. ¿Resulta p roced en te la a cum ulación d e procesos en don d e se discuta la reivin dicación y la prescripción adquisitiva d e un determ in ado bien in m u eb le ? El Pleno acordó por u n a n i m i d a d : “Resulta procedente la acumulación de procesos en donde se discuta la reivindicación y la prescripción adquisitiva de un bien inmueble, toda vez que el artículo 90° del Código Procesal [Civil], para la acumulación sucesiva de procesos no exige la concurrencia de los requisitos del artículo 85°, y porque existe conexidad entre ambos procesos. Debiendo acumularse al que realizó el primer emplazamiento”. (Pleno Jurisdiccional Distrital Civil, realizado por la Corte Superior de Justicia de La Libertad, los días 20 y 21-08-2010. Tema N.° V [Acumulación de procesos sobre reivindicación y prescripción adquisitiva de propiedad]. Texto completo: ). § 936. Cabe disponer la acumulación sucesiva en aquellos casos de identidad procesal, en el supuesto en que el resultado de uno de ellos afecte gravemente el resultado de otro, con grave riesgo de contradicción o imposibilidad en la ejecución fuera del instituto de la cosa juzgada. Dos procesos en que no exista iden tid a d procesal, en e l supuesto en que el resultado d e uno d e ellos a fecte gra vem en te e l resultado d e otro , con gra ve riesgo d e contradicción o im posibilidad en la ejecu ción fu era d el instituto d e la cosa juzgada. El Pleno acordó por u n a n i m i d a d : “Cabe disponer la acumulación sucesiva, teniendo en consideración los requisitos previstos en el artículo 90° del Código Civil, en aquellos casos de identidad procesal, en el supuesto en que el resultado de uno de ellos afecte gravemente el resultado de otro, con grave riesgo de contradicción o imposibilidad en la ejecución fuera del instituto de la cosa juzgada”. (Pleno Jurisdiccional Distrital en Materia Civil, realizado en Piura, el 11-07-2008. Tema N.° 5. Texto completo: ). * SUMMA PROCESAL CIVIL

Art. 91

CÓDIGO PROCESAL CIVIL

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JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 937. Interpretación del artículo 90 del CPC referente a la palabra “sentencia”. Segundo. [Según] lo dispone en forma, textual la última parte del primer párrafo del artículo 90 del Código Procesal Civil, bajo análisis, “El pedido (de acumulación de procesos) impide la expedición de sentencia hasta que se resuelva en definitiva la acumulación’1. Tercero. [Dicha] norma cita la palabra “sentencia” en forma singular, por lo que debe interpretarse que el sentido de esta norma es que se encuentra referido a la sentencia que en el futuro pueda emitirse dentro del mismo proceso donde fue presentada la solicitud de acumulación, estableciéndose una correcta relación de causalidad entre ambos. (Casación N.° 0421-99-Lima, de 11-10-2000, ff. jj. 2 y 3. Sala de Derecho Constitucional y Social [EP, 30-052001, p. 7312]. Texto completo: ). § 938. En un proceso con acumulación de pretensiones no se exige conocer los demás procesos. Sexto. [El] artículo 90° del Código Procesal Civil no exige como requisito que para resolver la acumulación de procesos se deba tener a la vista expedientes judiciales, máxime si el expediente de prescripción adquisitiva [...] no ha sido admitido en autos; y, en cuanto, al expediente acompañado seguido entre las mismas partes sobre desalojo [,..], si bien es verdad que ha sido admitido como medio probatorio en la continuación de la audiencia única [.,.] y no ha sido valorado en la sentencia de primera instancia, sin embargo, dicha irregularidad no ha sido sustentada como agravio en el recurso de apelación interpuesto por la recurrente contra la sentencia de primera instancia, no habiendo realizado una protesta previa, esto es, un reclamo oportuno y diligente que no haya prestado aquiescencia al acto viciado; por lo tanto ha quedado convalidado tácitamente al amparo del artículo 172°, tercer párrafo del Código Procesal Civil, no resultando viable que el recurrente pretenda ahora denunciarlo como vicio procesal en sede casatoria, máxime si el citado proceso no resulta relevante para la solución del conflicto de intereses. (Casación N.° 708-2004-Arequipa, de 22-06-2005, f. j. 6. Sala Civil Transitoria [EP, 30-11-2005, p. 15037]. Texto completo: ). § 939. Es necesario que antes de emitir nueva sentencia, el a q uo evalúe la conveniencia de efectuar una acumulación de procesos. S e x to . [Debe] señalarse que en aras del cumplimiento efectivo del principio consagrado en el artículo 111 del Título Preliminar del Código Procesal Civil, es necesario que antes de emitir nueva sentencia, el a quo evalúe la conveniencia de efectuar una acumulación de procesos, de conformidad con lo previsto por el artículo 90 del Código Procesal Civil, en caso de que existiera algún otro proceso sobre violencia familiar originado en los hechos que según la demanda habrían acaecido con fecha 11 de setiembre de 2011. (Casación N.° 3917-2012-Arequipa, de 23-092013, f j. 6. Sala Civil Transitoria [EP, 30-01-2014, Sentencias en Casación N.° 688, p. 48480], Texto completo: ).

Cuando el Juez considere que la acumulación afecte el Principio de Economía procesal, por razón de tiempo, gasto o esfuerzo humano, puede separar los procesos, los que deberán seguirse independiente­ mente, ante sus Jueces originales.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 940. La desacumulación procede cuando una de las partes obtiene una sentencia favorable y se desea evitar el trámite de ejecución. D écim o. [Se advierte] que uno de los demandantes [...] obtuvo sentencia favorable en segunda instancia, y a fin de no impedir el trámite de ejecución respecto de lo decidido a su favor, en aplicación de lo previsto en el artículo 91 del Código Procesal Civil, corresponde al juez de origen disponer la desacumulación de los procesos, a efecto de que respecto de los accionantes LARG y HOC se siga el proceso en forma independiente, a efectos que se los pueda n o m o s & t h e s is

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SUJETOS DEL PROCESO / COMPARECENCIA

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notificar válidamente de la sentencia [...]. (Casación N.° 508-2015-Piura, de 20-07-2015, £ j. 10. Sala Civil Transitoria [EP, 01-02-2016, Sentencias en Casación N.° 711, p. 74200], Texto completo: ). CAPÍTULO V i

L1TISC0NS0RCI0

Artículo 92: Lítísconsorcio activo y pasivo Hay litisconsorcio cuando dos o más personas litigan en forma conjunta como demandantes o de­ mandados, porque tienen una misma pretensión, sus pretensiones son conexas o porque la sentencia a expedirse respecto de una pudiera afectar a la otra.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 941. Definición de lítísconsorcio. S e x to . [El] vocablo litisconsorcio, que etimológicamente proviene de litis -litigio, conflicto-, con -conjunto- y son -suerte-, implica “la situación jurídica en que se hallan diversas personas que actúan en juicio conjuntamente, como actores o demandados”. El litisconsorcio es un instituto procesal que permite una acumulación subjetiva, es decir, la presencia en el proceso de dos o más personas [...]. (Casación N.° 2211-2014-Arequipa, de 19-05-2015, £ j. 6, Sala Civil Permanente [EP, 30-06-2016, Sentencias en Casación N.° 715, p. 78687]. Texto completo: ). § 942. Clases de litisconsorcio. S e x to . [De] acuerdo con [la] posición de las partes, el litisconsorcio se clasifica en activo -cuando existen varios demandantes-, pasivo -cuando existen varios demandados-, y mixto -cuando existen varios demandantes y demandados-, Al momento de su formación se clasifica en originario , cuando existe pluralidad de sujetos desde el inicio del proceso, y sucesivo, cuando se produce durante el desenvolvimiento del proceso -sucesión procesal, integración de la litis, acumulación de procesos e intervención adhesiva litisconsorcial-. Por úldmo, el litisconsorcio, atendiendo a su fuente de origen, es facultativo cuando la pluralidad de sujetos obedece a criterios de ocasional idad o economía; y, por ende, surge por voluntad de las partes, y en modo alguno por una exigencia legal; y será necesario cuando la presencia de una pluralidad de partes en el proceso se imponga por la naturaleza de la propia pretensión discutida o por las implicancias de la resolución judicial que ha de recaer en el proceso. (Casación N.° 2906-2Ü06-A.requipa, de 17-04-2007, £ j. 6. Sala Civil Transitoria [EP, 02-10-2007, p. 20814], Texto completo: ). § 943. El litisconsorcio es un instituto procesal que permite una acumulación subjetiva que constituye en una parte procesal única, aunque compleja. El efecto principal del litisconsorcio consiste en que todas las pretensiones se discuten en un mismo proceso y se resuelven en una sola sentencia. C u a r t o . [...] El litisconsorcio es un instituto procesal que permite una acumulación subjetiva; es decir, la presencia en el proceso de dos o más personas. Al respecto, el artículo 92 del Código Procesal Civil señala que: “Hay litisconsorcio cuando dos o más personas litigan en forma conjunta como demandantes o demandados, porque tiene una misma pretensión, sus pretensiones son conexas o porque la sentencia a expedirse respecto de una pudiera afectar a la otra”. Permite, entonces, la presencia de varias personas como parres que, por obligaciones directas o intereses comunes, están unidas en una determinada posición y piden al órgano jurisdiccional el pronunciamiento de una decisión lógica y jurídicamente unitaria. Este conjunto de personas integradas en una misma posición constituye una parte procesal única, aunque compleja. Q u i n t o . [La] doctrina considera que dicha figura se presenta cuando en una relación procesal, ya sea en la parte demandante o en k parte demandada, o en ambas, aparecen varios sujetos que, independientes jurídicamente unos de otros, son unificados procesalmente por tener un interés común. En un proceso litisconsorcial aparecen tantas ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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pretensiones u oposiciones como sujetos lidsconsortes existan enfrentados. [...] [El] efecto principal del litisconsorcio consiste en que todas las pretensiones se discuten en un mismo proceso y se resuelven en una sola sentencia. (Casación N.° 2906-2006-Arequipa, de 17-04-2007, ff. jj. 4 y 5. Sala Civil Transitoria [EP, 02-10-2007, p. 20814]. Texto completo: ).

§ 944. El juez esta en la obligación de resolver en primer término el pedido de intervención litisconsorcial formulado por las recurrentes a fin de que se establezca correctamente la relación procesal, y luego de ello, dictar sentencia. Sétim o. [...] [El] A quo declaró improcedente la solicitud de intervención litisconsorcial necesaria pasiva e incorporó a las recurrentes como terceras coadyuvantes de la parte demandada, señalando en la parte in fin e de dicha resolución lo siguiente: “en consecuencia, al haberse emitido sentencia: n o t i f í q u e s e l e s , a fin de que hagan valer su derecho ( . . . ) ” , es decir, ordenó que las recurrentes fueran notificadas con la sentencia de primera instancia [...] lo que se corrobora con los cargos de notificación [...], las recurrentes fueron notificadas en un solo acto con la sentencia y con la Resolución [...]. O ctavo. [A] pesar que las recurrentes solicitaron su intervención litisconsorcial antes de que se dictara la sentencia de primera instancia, el A quo dictó dicha sentencia vía juzgamiento anticipado del proceso pata luego resolver el pedido de intervención litisconsorcial, lo que imposibilitó que estas pudieran informar oralmente e incluso impugnar la Resolución que declaró improcedente su intervención como lidsconsortes necesarias pasivas, pues el juez las incorporó como coadyuvantes luego de dictar sentencia, vulnerando con ello, el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales y el derecho de defensa, pues si bien las recurrentes apelaron la sentencia [...], lo cierto es que no pudieron hacer uso de su derecho de defensa en primera instancia debido a que el escrito de intervención litisconsorcial no mereció un pronunciamiento oportuno. N oveno. [Estando] a lo señalado en los artículos 92 y siguientes del Código Procesal Civil, el juez estaba en la obligación de resolver en primer término el pedido de intervención litisconsorcial formulado por las recurrentes a fin de que se establezca correctamente la relación procesal, y luego de ello, dictar sentencia; tanto más si un día antes de emitida la misma, el juez dictó la Resolución N.° 8, declarando improcedente un pedido de abandono dei proceso solicitado por [...], oportunidad en la que bien pudo resolver el pedido formulado por las recurrentes. (Casación N.° 2649-2015-La Libertad, de 13-06-2016, ff. jj. 7-9. Sala Civil Transitoria [EP, 02-10-2017, Sentencias en Casación N.° 734, p. 97050], Texto completo: ).

§ 945. La intervención litisconsorcial no supone ía exclusión ni el reemplazo del titular de la relación jurídica contra el cual se ha incoado la demanda, sino la inclusión del litisconsorte como un sujeto procesal más. N oveno. [...] [La] intervención litisconsorcial no supone la exclusión ni el reemplazo del titular de ia relación jurídica contra el cual se ha incoado ía demanda, sino la inclusión del litisconsorte como un sujeto procesal más, que pasa a integrar una de las partes; razón por ía cual, el órgano jurisdiccional se encuentra en la obligación de pronunciarse respecto de todos y cada uno de los intervinientes en el proceso, declarando cuales son los derechos o las obligaciones que les asiste. (Casación N.° 1336-02-Cajamarca, de 10-10-2002, f. j. 9. Sala Civil Transitoria [ER 03-02-2003, p. 9995]. Texto completo: ).

§ 946. La intervención litiscorsorcial, en forma y modo alguno, implica la ampliación de la demanda, siendo ella una modificación en cuanto a los sujetos procesales. Séptim o. [De] acuerdo al desarrollo del proceso, han solicitado su intervención litisconsorcial activa doce sujetos procesales. O ctavo. [La] primera intervención litisconsorcial es la de la Sucesión de don MAC, la misma que fue admitida [...], habiendo quedado establecido que la intervención litiscorsorcial, en forma y modo alguno, implica la ampliación de la demanda, siendo ella una modificación en cuanto a los sujetos procesales. N oveno. [Las] demás solicitudes de intervención litisconsorcial fueron admitidas, incorporándoseles a la litis a los intervinientes en el estado en que se encontraba el proceso, habiendo quedado consentidas todas las resoluciones admisorias de los litisconsortes, (Casación N.° 4290-2001Lima, de 20-05-2002, ff. jj. 7-9. Sala Civil Transitoria [EP, 30-09-2002, p. 9224], Texto completo: ). n o m o s & t h e s is

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§ 947. Litisconsorcio procesal o proceso complejo. P rim ero. [El] proceso como concepto jurídico va indisolublemente unido al principio de bilateralidad; lo que supone la presencia de dos personas confrontadas, como actor y demandado, al que se llama proceso simple, sin embargo, existen relaciones intersubjetivas complejas en las que en cada parte participa más de una persona, sea como actor o demandado, al que se llama proceso complejo. (Casación N.° 179-98-Lima, de 14-06-1999, f. j. 1. Sala Civil Permanente [EP, 29-08-1999, p. 3370]. Texto completo: ). § 948. No se puede responsabilizar por la acción u omisión del litisconsorte cuando no genera perjuicio. P rim ero. La recurrente [...] denuncia: a) Contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, pues la Sala Superior no ha tenido en cuenta que al fallecimiento del codemandado [...], se le nombró curador procesal, quien no ha apelado la sentencia adversa, lo que ha generado un estado de indefensión al demandado [...]. S egundo. [La] denuncia referida en el literal a) del considerando anterior no puede ser acogida, toda vez que no es viable fundar la defensa en actos procesales efectuados o dejados de realizar por el litisconsorte, su codemandado, los que no generan perjuicio a la recurrente [...]. (Casación N.° 1799-2008-lea, de 06-06-2008, f. j. 2. Sala Civil Permanente [EP, 04-09-2008, p. 22981]. Texto completo: ).

§ 949. Los Utisconsortes son partes de ía relación jurídica procesal, a diferencia del tercero. O ctavo . [Los] litisconsortes son partes, en sentido estricto, de la relación jurídica procesal, a diferencia del tercero, que “(...) es el sujeto procesal eventual no necesario para ia prestación de la prestación de la actividad jurisdiccional que, sin ser parte, tiene la “chance” de participar en una relación procesal pendiente en la medida del interés jurídico que ostenta y a través del instituto técnicamente denominado intervención de terceros” [...]. (Casación N.° 2906-2006-Arequipa, de 17-04-2007, f. j. 8. Sala Civil Transitoria [EP, 02-10-2007, p. 20814]. Texto completo: ).

§ 950. No reconocer la intervención del litisconsorte contraviene el debido proceso. O ctavo. [El] pedido de intervención íitisconsorcial no obtuvo respuesta alguna -ya sea positiva o negativa- pese a que el artículo 98 del Código Procesal Civil dispone que dicho tipo de intervención puede ocurrir, incluso, durante el trámite en segunda instancia. Este proceder, como es evidente, colisiona con el derecho al debido proceso reconocido en el inciso 3o del artículo 139 de la Constitución Política del Estado. (Casación N.° 3191-2007-Lima, de 11-09-2007, f. j. 8. Sala Civil Permanente [EP, 02-012008, p. 21281], Texto completo: ).

§ 951. El litisconsorte tiene la facultad de interponer medios impúgnalo ti os. Segundo. [...] [El] litisconsorte de una parte goza de las mismas facultades de esta, lo que implica que puede interponer medio impugnatorio. [...] Cuarto. [Al] incorporarse a doña LCN como litisconsorte, porque presumiblemente deban extenderse a ella los efectos de una sentencia, la circunstancia de que vendedores y compradoras no haya impugnado la sentencia de primera instancia, no impide que ella haya hecho valer su derecho interponiendo la apelación ni que se ha reformado en peor para k parte recurrente, porque al haberse concedido la apelación la Sala Superior estaba facultaba para revocar la sentencia apelada. (Casación N.° 3774-2002-Cusco, de 26-05-2003, ff. jj. 2 y 4. Sala Civil Transitoria [EP, 30-10-2003, p. 11007]. Texto completo: ).

§ 952. Resulta antiprocesal que en un solo proceso existan dos pronunciamientos dictados por cada instancia, pues aun cuando la parte emplazada sea un litisconsorcio pasivo, esta circunstancia fáctica no obsta para que se emita una sola decisión. Principio de unicidad del proceso. C uarto . [...] [En] cada instancia los organismos de mérito han emitido dos resoluciones distintas mediante las cuales se ha resuelto [...] la contradicción propuesta por la empresa [demandada] y, asimismo, de otro lado [...] se ha resuelto la contradicción planteada por los herederos legales de doña FTP [los codemandados]. Los indicados pronunciamientos, además de contravenir el mandato de esta Sala Suprema [...], atentan contra el principio de unicidad del proceso. Según este principio procesal el proceso es único y por ende, se desarrolla mediante un conjunto de actos procesales orientados a la solución de un determinado conflicto de intereses o la eliminación de una incertidumbre, ambas de connotación jurídica. Siendo ello así, resulta antiprocesal que en un solo proceso existan dos pronunciamientos dictados por cada + SUMMA PROCESAL CIVIL

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instancia, pues aun cuando la parte emplazada sea un iitisconsorcio pasivo, esta circunstancia Láctica no obsta para que se emita una sola decisión que resuelva en definitiva la controversia surgida en autos que comprenda a todos los demandados unitariamente. (Casación N.° 2766-2005-Cusco, de 01-12-2006, £ j. 4. Sala Civil Transitoria [EP, 01-12-2006, p. 18075]. Texto completo: ). § 953. En el proceso de nulidad del acto jurídico relativo al contrato de compraventa resultan necesariamente legitimados pasivos tanto el vendedor como el comprador que han participado en dicho acto jurídico. Sétim o. [En] el presente proceso se pretende la nulidad del contrato de compraventa de un inmueble [...] resultan necesariamente legitimados pasivos, tanto el vendedor como el comprador que han participado en tal acto jurídico, pues lo que se decida en la sentencia los podría afectar a ambos. Que por lo tanto, al subsumir las denuncias casatorias del recurrente respecto de los artículos [92 y 93 del Código Procesal Civil] se verifica que tienen base real, porque dada la naturaleza de la relación jurídico sustancial esta determina que la relación jurídico-procesal de los sujetos que litigan bajo la condición de parte demandada está ligada de modo cal, que a todos les afectará el sentido de la resolución a dictarse; por lo que al haberse calificado el desistimiento de la pretensión de la actora respecto del coemplazado [...] no se ha previsto las consecuencias de la decisión a recaer en el presente proceso, incurriéndose así en nulidad procesal insanable que no ha permitido emitir resoluciones que contengan una motivación adecuada, coherente y suficiente, por lo que, debe ampararse el recurso de casación. O ctavo. [Por] los fundamentos jurídicos expuestos, se verifica que las decisiones emitidas por las sentencias de mérito, no observan el derecho al debido proceso, derecho de la motivación de las resoluciones judiciales y aplicación de las normas jurídicas pertinentes; por lo que, resulta necesario reponer la causa al estado en que se ha cometido la anomalía procesal que ha impedido emitir pronunciamiento válido, esto es, el de calificar adecuadamente el pedido de desistimiento presentado por la parte actora. (Casación N.° 2211-2014-Arequipa, de 19-05-2015, f£ jj. 7-8. Sala Civil Permanente [EP, 30-06-2016, Sentencias en Casación N.° 715, p. 78687]. Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPERIOR

§ 954. Se atenta contra la garantía del debido proceso, si al dem andar la nulidad del título de propiedad otorgado por una entidad publica, no se ha emplazado a esta. Tercero. [En] el caso de autos, es de verse que uno de los extremos de la demandada está referido a la nulidad del título de propiedad otorgado por la Municipalidad de Lima Metropolitana, al demandado MCS, por lo que debió emplazarse a la precitada Municipalidad y no habiéndose dispuesto así se ha atentado contra la garantía del debido proceso [...], incurriéndose, por tanto, en causal de nulidad [...]. Cuarto. [De] otro lado, evidenciándose del recurso [...] la legítima pretensión del mismo, el a q u o debió administrarlo en su calidad de litisconsorte, máxime si es previsible que la decisión a recaer en el proceso lo afectaría en forma ineludible [...]. (Exp. N.° 388-95, de 28-06-1995, ff. jj. 3 y 4. Quinta Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ).

Artículo 93: Lítisconsorcio necesario Cuando la decisión a recaer en el proceso afecta de manera uniforme a todos los litisconsortes, solo será expedida válidamente si todos comparecen o son emplazados, según se trate de Iitisconsorcio activo o pasivo, respectivamente, salvo disposición legal en contrario.

PLENOS JURISDICCIONALES

§ 955. Ejecución de hipoteca en la etapa de ejecución del proceso. Tercero garante hipotecario de deudor como litisconsorte necesario. Véase la jurisprudencia del artículo 720° del Código Procesal Civil [§ 4151]. (Pleno Jurisdiccional Regional Comercial, realizado en Chachapoyas, los días 27 y 28-06-2014. Tema N.° 3 [Ejecución de hipoteca en la etapa de ejecución del proceso]. Texto completo: ). n o m o s & t h e s is

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§ 956. El em plazam iento de los hijos menores de edad en los proceso de d e s a l o j o por ocupación precaria no constituyen litisconsortes necesarios por tener la calidad de servidores d e la posesión. El Pleno acordó por m a y o r í a : “Que, los hijos (menores de edad) de los padres demandados en un proceso de desalojo por ocupación precaria, que ocupan el inmueble materia de desalojo, no constituyen litisconsortes necesarios por tener la calidad de servidores de la posesión al tener una relación de dependencia con los padres y por tanto no necesitan ser integrados a proceso ni emplazados al amparo del artículo 897° del Código Civil, salvo que tengan intereses contrapuestos”. (Pleno Jurisdiccional Distrital de Arequipa. Materia Civil y Familia, Corte Superior de Justicia de Arequipa, realizado el 04-11-201.3- Acta N.° 001, Tema N.° 2 [Emplazamiento de ios hijos (menores de edad) en los procesos de desalojo por ocupación precaria]. Texto completo: ). § 957. Es considerado litisconsorte necesario al nuevo propietario que no constituyó la nueva garantía, pero si su derecho no está inscrito se reincorporará al proceso en el estado en que se encuentre sin afectar lo actuado en el p r o c e s o . ¿Los nuevos propietarios d e inmuebles hipotecados q u e n o c o n s t it u y e r o n la g a r a n t ía r e a l d e b e n s e r c o n s id e r a d o s lit is c o n s o r t e s n e c e s a r io s ? El Pleno acordó por u n a n i m i d a d : “La ley procesal ha establecido que es litisconsorte necesario el que constituyente de la garantía; si este transfiere el inmueble hipotecado el nuevo dueño tendrá legítimo interés para intervenir en el proceso, sin embargo la condición de propietario debe tener una publicidad equivalente a la de la hipoteca para ser considerado parte procesal pasiva; por lo que la propiedad oculta, desconocida no puede ser impedimento para que el acreedor pueda iniciar válidamente la ejecución de la garanda, sin la incertídumbre, inseguridad o riesgo de que este aparezca al final del proceso invocando ser “litisconsorte necesario” con el objeto de invalidar io actuado; si la propiedad del nuevo dueño no se encuentra inscrita se incorporará al proceso en el estado en que se encuentre, en caso solicite su apersonamiento, pudiendo ser incorporado incluso en la etapa de ejecución propiamente dicha, sín afectar lo actuado”. (Pleno Jurisdiccional Nacional Comercial, realizado en Piura, el 28-09-2013. Tema N.° 4 [Garantías reales]. Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 958. Definición de litisconsorcio n e c e s a r i o . Sexto. [...] [La] “figura procesal del litisconsorte necesario surge cuando la relación del derecho sustancial, sobre la cual debe pronunciarse el juez, está integrada por una pluralidad de sujetos, bien sean activos o pasivos, en forma tal que no es susceptible de escindirse en tantas relaciones aisladas como sujetos activos o pasivos individualmente considerados existan, sino que se presenta como una, única e indivisible fuente al conjunto de tales sujetos” [Ledesma], (Casación N.° 2211-2014-Arequipa, de 19-05-2015, f. j. 6. Sala Civil Permanente [EP, 30-06-2016, Sentencias en Casación N.° 715, p. 78687]. Texto completo: ). § 959. D efinición de litisconsorte n e c e s a r i o : su ausencia o r i g i n a la invalidez de la relación procesal. T ercero. El litisconsorcio necesario permite la integración de varías personas en la posición de una sola parte, requiriéndose que todos los sujetos de la relación jurídico material subyacente al proceso estén presentes en el proceso, bajo pena de que no pueda proferirse una sentencia de fondo realmente útil. Su participación implica que los sujetos integren una sola parte, que actúen unidos, por lo que las peticiones procesales que realice un litisconsorte con independencia de los otros, incluyendo los recursos interpuestos, favorecerán a toda la parte y no de forma exclusiva a la persona que realice la actuación correspondiente. De otra parte, la disposición del Derecho no es posible si no proviene de todos los litisconsortes necesarios, por ejemplo ei allanamiento, renuncia, transacción, etc. Se trata del litisconsorcio por antonomasia, ya que la idea es, no de una posible reunión de sujetos, sino de la exigencia de convocar a todos los interesados en el mismo fallo, por la eficacia que para ellos tiene lo resuelto en un solo proceso. La ausencia de un litisconsorte necesario origina la invalidez de la relación procesal. (Casación N.° 719-2006-Puno, de 21-03-2007, f. j. 3. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 31-08-2007, p. 20103]. Texto completo: ). ♦ SUMMA PROCESAL CfVIL

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§ 960. Concepto de litisconsorte necesario: Sa decisión jurisdiccional recae sobre todos sus miembros que integran una misma parte. T ercero , [La] figura del litisconsorcio necesario [...] es el que resulta de la integración de la litis impuesta por el orden y el interés público con el objeto de dar solución plena y eficaz al conflicto cuando la relación jurídica, en torno de la que gira, muestra pluralidad de sujetos que, de acuerdo a las características de la misma, no pueden ser excluidos del juicio sin dar lugar a un fallo sin valor jurídico para alcanzar tal solución [...]; en efecto, el origen del litisconsorcio se encuentra en una relación jurídica sustancial “concreta”, que es materia u objeto del proceso, que pertenece de modo indivisible a más de un titular, por lo que, no es jurídicamente posible decidirla sino de un modo uniforme respecto de cada uno de esos titulares y con la presencia o, al menos, la posibilidad de que estén presentes en el proceso (para que los alcance la cosa juzgada) todos esos titulares. (Casación N.° 179-98-Lima, de 14-06-1999, f. j. 3. Sala Civil Permanente [EP, 29-081999, p. 3370], Texto completo: ).

§ 961. Tipos de litisconsorcios necesarios. Resolta inválida la sentencia que no integra al proceso a los litis consortes necesarios. Q uinto. [...] [El] litis'consorcio necesario permite la integración de varias personas en la posición de una sola parte, requiriéndose que todos los sujetos de la relación jurídico material subyacente al proceso estén presentes en el proceso, bajo pena de que no pueda proferirse una sentencia de fondo realmente útil. Sexto. [Pueden] distinguirse dos tipos de litisconsorcios necesarios, el procesalmente y el jurídico-materialmente necesario, cuya presencia es posible advertir tanto en procedimientos declarativos como en los ejecutivos. El primero de ellos se da en virtud de una norma procesal expresa; el segundo hace referencia a los casos en que deben involucrarse en el proceso a todos los sujetos participantes en un determinado acto o hecho jurídico y que dada la naturaleza de la relación material han de participar en el proceso bajo una conducción común (activa o pasiva), como ocurre en el caso de las pretensiones de resolución, de nulidad, de rescisión de un contrato, entre otras. (Casación N.° 130-2004-Tumbes, de 07-12-2004, ff. jj. 5 y 6. Sala Civil Transitoria [EP, 01-08-2005, p. 14411]. Texto completo: ).

§ 962. Es una facultad del Juez integrar al proceso al litisconsorte necesario. Tercero. El artículo 95 del Código Procesal Civil [,,.] establece como facultad del Juez respecto del litisconsorcio necesario, el poder “integrar la relación procesal emplazando a una persona, si de la demanda o contestación aparece evidente que la decisión a recaer en el proceso le va a afectar”; además de establecer que “si el defecto se denuncia o el Juez lo advierte después de notificada la demanda, suspenderá la tramiración del proceso hasta que se establezca correctamente la relación procesal”. Cuarto. La norma citada establece una potestad del Juez, no pudiéndose pretender que su no aplicación conlleve a una contravención dei debido proceso, toda vez que no se trata de una norma imperativa sino de índole facultativa, respecto de la cual el Juez está en condición de aplicarla o no conforme a su recto criterio. (Casación N.° 677-2002-Huánuco, de 09-05-2003, ff. jj. 3-4. Sala Civil Permanente [EP, 30-07-2003, p. 10797]. Texto completo: ). § 963. Tiene calidad de litisconsorte necesario el representante que realiza un acto que excede sus facultades. Q uinto. [El] artículo 161 del Código Civil establece que el acto jurídico celebrado por el representante, excediendo los límites de las facultades que se le hubiere conferido o violándolas, es ineficaz con relación ai representado; sin perjuicio de las responsabilidades que resulten frente a este y a terceros. Sexto. [De] los considerandos, precedentes fluye que [el recurrente] don AGG [el representante], cuyas facultades en el acto materia de controversia son cuestionadas por la acrora, ha sido parte en la relación jurídica sustantiva, siendo evidente que los resultados del presente proceso van a afectarlo de manera directa generándole responsabilidad; pues de declararse fundada la demanda incoada, tal como ha resuelto las instancias de mérito, quien tendría la obligación de asumir la deuda contenida en la cambial en referencia sería el sindicado recurrente. [...] O ctavo. [Al] respecto, debe señalarse que las instancias de mérito se encontraban obligadas no solo a integrar al mencionado impugnante como litisconsorte a la presente relación jurídica procesal; sino también a ordenar su emplazamiento con la demanda y ello no responde únicamente ai hecho de que sus argumentos servirían de aporte para el logro de una sentencia válida en tanto que el recurrente tuvo n o m o s & th e s is

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SUJETOS DEL PROCESO / COMPARECENCIA

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participación directa en el acto cuestionado, sino además al derecho que tiene toda persona de obtener tutela jurisdiccional efectiva a fin de ejercer su derecho de defensa [...]. (Casación N.° 3651-2001Lima, de 18-10-2002, ff. jj. 5, 6 y 8. Sala Civil Permanente [EP, 30-06-2003]. Texto completo: ). § 964. Los medios de defensa realizados por uno de los litisconsortes benefician a Sos demás.

S egundo. [En] cuanto ai argumento que una de las codemandadas no ha deducido excepción, razón por la cual el proceso debería continuar para ella, se observa que ello no es cierto. En efecto, al existir litisconsorcio necesario, los medios de defensa deducidos por uno de ellos benefician a los demás. (Casación N.° 4187-2001-Junín, de 06-12-2002, f, j. 2. Sala Civil Permanente [EP, 31-03-2003, p. 10416]. Texto completo: ). § 965. La declaración de insolvencia del demandado no lo excluye del proceso ni supone que su litisconsorte necesario asuma toda la responsabilidad. El juez debe pronunciarse respecto de todas las partes que actúen como litisconsortes. O ctavo. [...] [En] relación al extremo denunciado que se sustenta en la exclusión de los fallos de la empresa demandada [...], respecto de la cual las instancias de mérito han omitido pronunciarse, no obstante ser la parte demandada en el proceso, es de advertirse que, en efecto, tanto la sentencia de Vista como la sentencia apelada, cuyos fundamentos reproduce, sustentan taí omisión en el hecho de que la empresa [demandada] es insolvente y que, en tal circunstancia, es la recurrente la llamada a asumir las obligaciones dejadas por aquélla, por ser la deudora primigenia del demandante. N oveno. [A]sí sustentado el fallo recurrido, se tiene que el mismo contraviene el debido proceso, pues además de omitir señalar las pruebas en las que se sustenta para llegar a la conclusión que la empresa [...] es insolvente, tampoco toma en consideración el hecho de que la [recurrente] tiene la calidad de litisconsorte necesario pasivo de la citada demandada, habiendo sido integrada al proceso [..,] al advertir el Juzgado que la resolución que se expidiera contra esta última podía afectarla, tal como lo regulan los artículos 93 y 98 del Código Procesal Civil, siendo el caso que la intervención litisconsorcial no supone la exclusión ni el reemplazo del titular de la relación jurídica contra el cual se ha incoado la demanda, sino la inclusión del litisconsorte como un sujeto procesal más, que pasa a integrar una de las partes; razón por la cual, el órgano jurisdiccional se encuentra en la obligación de pronunciarse respecto de todos y cada uno de los intervinientes en el proceso, declarando cuáles son los derechos o las obligaciones que les asiste. (Casación N.° 1336-02-Cajamarca, de 10-10-2002, ff. jj. 8 y 9. Sala Civil Transitoria [EP, 03-02-2003, p. 9995]. Texto completo: ). § 966. Los menores de edad que son propietarios de un inm ueble m ateria de ejecución de garantías pueden ser comprendidos en el proceso como litisconsortes necesarios. Q uinto. [Al] interponer su apelación la recurrente, insistió nuevamente en que teniendo derecho de propiedad en el inmueble sus menores hijas no se les había considerado como litisconsortes necesarias. Sexto. [Todo] esto determina que se ha afectado el derecho de defensa de las menores [...], garantizados por el inciso 14 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, ya que teniendo derecho de propiedad en el inmueble materia de la ejecución de garantías no han sido comprendidas en el proceso, como litisconsorte necesarias de acuerdo con el artículo 93 del Código Procesal Civil, por lo que se ha incurrido en la causal de nulidad contemplada en el artículo 171 del Código [Procesal Civil]. (Casación N.° 404-2002-Piura, de 05-11-2002, ff. jj. 5-6. Sala Civil Transitoria [EP, 03-02-2003]. Texto completo: ). § 967. Se Íntegra al proceso como litisconsorte necesario a los terceros-propietarios afectados por la ejecución de la hipoteca. S egundo. [Por] escritura pública [.,,] los demandados constituyen primera y preferencial hipoteca hasta por US$ 50.000 dólares americanos sobre [una parcela rústica]. Tercero. [Por] Resolución Directoral [...] se han elaborado proyectos definitivos de habilitación urbana y aprobado un total de 52 lotes independizados. Cuarto. [Está] acreditado que los lotes que forman parte integrante del predio hipotecado, han sido vendidos e inscritos a favor de terceros conforme a los certificados de gravámenes que acompaña la actora, por lo que es menester integrarlos * SUMMA PROCESAL CIVIL

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al proceso como litisconsortes necesarios, por cuanto afectaría su derecho de propiedad. (Casación N.° 3202-2000-Arequipa, de 09-03-2001, £F. jj. 2-4. Sai a Civil Transitoria [EP, 31-07-2001]. Texto completo: ), § 968. Si se interpone la demanda de tercería antes del remate, pero esta es adm itida luego de la adjudicación del bien i nmueble objeto de la demanda, debe integrarse al proceso al adjudicatario en calidad de litis consorte pasivo necesario. Cuarto. [...] [Si] bien la demanda de tercería fue admitida [...] con posterioridad al remate del inmueble efectuado [...] en donde [...] se adjudicó el mismo en favor de doña LGM [tercera adjudicataria], también lo es que dicha demanda fue interpuesta cuando aún no se había producido el remate del inmueble submateria, por lo que la demanda se interpuso en forma oportuna Q uinto. [...] [Conforme] ya se ha señalado, en el proceso de ejecución de garantías [...] doña LGM ha resultado adjudicataria del inmueble submateria [...] de lo que puede inferirse que, estando a que la presente demanda de tercería refiere ai bien que le fue adjudicado, la resolución a expedirse en la presente causa va a tener incidencia respecto del derecho de la citada. [...] Sétim o. [En] este caso, doña LGM tiene la calidad de litisconsorte necesario pasivo conforme al artículo 93 del Código Procesal Civil, toda vez que adquirió el dominio sobre el predio a consecuencia del proceso de ejecución de garantías iniciado por el acreedor hipotecario [la empresa] hoy demandad [a], de manera tal que resulta evidente que la decisión a recaer en ei proceso de tercería va a incidir directamente en su derecho de adjudicataria y podría producir afectación; por lo tanto, dicha persona debe ser emplazada con la demanda a fin de lograr una sentencia válida en los presentes autos [...]. (Casación N.° 484-2003-Cono Norte, de 02-07-2003, ff. jj. 4, 5 y 7. Sala Civil Transitoria [EP, 01-12-2003]. Texto completo: ). § 969. Es necesario el emplazamiento de los litisconsortes para que la sentencia sea válida, tanto más si se consigna a la demandada como casada. Sexto. [Se] advierte que la Sala de mérito no ha tomado en cuenta que para que la sentencia sea expedida válidamente se ha debido emplazar a todos los litisconsortes necesarios, de conformidad con lo establecido en el artículo 93 del Código Procesal Civil; tanto más si de la demanda y ia contestación se consigna a la demandada como casada, como se verifica del documento nacional de identidad en donde se consigna el nombre [...]. (Casación N.° 3877-2014-Cusco, de 11-08-2015, f j. ó. Sala Civil Permanente [EP, 01-08-2016, Sentencias en Casación N.° 716, p. 80970]. Texto completo: ). § 970. Incurre en causal de nulidad cuando en el proceso no se emplaza al litisconsorte necesario. Sétim o. [Ei] artículo 93 del Código [Procesal Civil], establece que la decisión a recaer en el proceso, solo será expedida válidamente sí todos ios litisconsortes activos o pasivos comparecen o son emplazados. O ctavo. [El] artículo 95 del mencionado Código, faculta al Juez a integrar la relación procesal emplazando a una persona, sí de la demanda o de la contestación aparece evidente que la decisión a recaer en el proceso le va a afectar. N oveno. [Al] no haberse integrado al Estado, en la relación procesal, se ha infringido lo dispuesto en los artículos 92, 93 y 95 del Código Adjetivo y se ha incurrido en la causal de nulidad contemplada en el artículo 171 del mismo Código. (Casación N.° 1958-200 T Ica, de 26-10-2001, ff. jj. 7-9. Sala Civil Transitoria [EP 02-02-2002, p, 8295]. Texto completo: ). § 971. No procede el recurso im pugnatorio de un litisconsorte necesario luego de haberse emitido sentencia. S egundo. [...] [Habiendo] quedado firme la sentencia de primera instancia, no cabe conceder el recurso de apelación al litisconsorte necesario que es incorporado con posterioridad a la resolución que declara consentida ia sentencia, la misma que sigue causando efectos al no haber sido anulada [...]. (Casación N,° 2981-2006-Ica, de 29-08-2006, fi j. 2. Sala Civil Permanente [EP, 30-112006, p. 17813]. Texto completo: ), § 972. El M inisterio Público como parte en un proceso donde se debate sobre intereses difusos.

S egundo. [Respecto] a los requisitos de fondo, la recurrente invoca la causal contenida en el inciso 3 del artículo 386 del citado Código Procesal, esto es la contravención de las normas que garantizan el derecho al debido proceso; denunciando que se ha inobservado el artículo 14 y 25 de la Ley N.° n o m o s & th e sis

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27584, al no haberse remitido los actuados para la emisión del dictamen fiscal; la infracción del artículo 14 inciso 2 de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo, concordante con el artículo 93 del Código Procesal Civil, al no haberse incorporado al Ministerio Público como parte en el proceso, pese a debatirse sobre intereses difusos; y la infracción del artículo 139 inciso 5 de la Constitución Política del Estado, al haberse pronunciado sobre la existencia o no del derecho de la empresa para solicitar el cambio de uso y adjudicación [...]. Tercero. [La] causal en análisis deviene en manifiestamente improcedente por cuanto la recurrente viene cuestionando la inobservancia e infracción de normas contenidas en la Ley del Proceso Contencioso Administrativo, alegando una supuesta vulneración, que no objetó en la primera oportunidad que tuvo para hacerlo, y que, en modo alguno, le genera afectación por no ser titular de dicho derecho. Y asimismo porque del recurso casatorio no se aprecia la debida fundara en tación respecto a la infracción al artículo 139 inciso 5 de la Constitución (Casación N.° 2360-2006-Del Santa, de 09-01-2007, ff. jj. 2 y 3. Sala Civil Permanente [EP, 03-09-2007, p. 20300]. Texto completo: ). § 973. En el presente caso, resulta de imperiosa necesidad un pronunciamiento judicial sobre la comparecencia de todos los litisconsortes, toda vez que, la decisión a recaer afectará de manera uniforme a estos. Tercero. [...] [En] mérito de lo establecido, por el artículo 93 del referido Código, para expedir una decisión válida [...] resulta necesaria la comparecencia de todos los litisconsortes, coda vez que, la decisión a recaer afectará de manera uniforme a estos. Si bien conforme a lo establecido por el artículo 95 del mismo cuerpo legal es “potestad5’ del Juez integrar la relación procesal, en el presente caso resulta de imperiosa necesidad un pronunciamiento judicial en este sentido, máxime, cuando el derecho discutido es uno elevado a rango constitucional, razón por la cual el Juez al declarar la existencia de una relación jurídico-procesal válida dota a la causa de la debida tutela procesal efectiva (Casación N.° 1981-2006-La Libertad, de 02-05-2007, f. j. 3. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 30-10-2007]. Texto completo: ). § 974. Cuando la decisión a recaer en el proceso afecta de m anera uniforme a todos los litisconsortes, solo será expedida válidam ente si todos comparecen o son emplazados. Sexto. [El] artículo 93 del Código Procesal Civil, referido al lirisconsorcio necesario, señala que cuando la decisión a recaer en el proceso afecta de manera uniforme a todos los litisconsortes, solo será expedida válidamente si todos comparecen o son emplazados, figura que supone la existencia de una relación jurídica sustancial concreta, que es materia u objeto dei proceso, y que pertenece de modo indivisible a más de un titular, por lo que no es jurídicamente posible decidirla de un modo uniforme respecto de cada uno de esos titulares y con la presencia o, al menos, la posibilidad de que estén presentes en el proceso. S éptim o. Consecuentemente, al no haberse cumplido con integrar a doña EBM [adjudicataría del bien materia de litis] en la condición de litisconsorte necesario a efecto de que ejerza su derecho a la defensa, es evidente que lo actuado en el presente proceso resulta ser nulo, en atención a la inobservancia que las instancias de mérito han mostrado respecto al artículo 93 del Código Procesal Civil, cuya imperatividad se sustenta, no solo en el artículo IX del Título Preliminar de este mismo cuerpo de leyes, sino también en la garantía del debido proceso [...]. (Casación N.° 1026-2005-Huánuco, de 21-06-2006, ff. jj. 6 y 7. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 03-10-2006, p. 17212]. Texto completo: ). § 975. El Juez debe identificar a los litisconsortes para el logro de una sentencia válida. El acceso a un proceso entablado, debe atender a finalidades razonables, por ello cuando el Juez niega ese acceso, necesariamente debe hacerlo fundamentándolo. Cuarto. [P]arte en el proceso es aquel que pide tutela jurisdiccional y pretende la actuación de una norma legal a un hecho determinado y aquel respecto del cual se formula esa pretensión, los que quedan individualizados en la demanda, fuera de los cuales y de acuerdo con las reglas del derogado Código de Procedimientos Civiles, no se admitía otra intervención; más el proceso actual permite la intervención de terceros, no incluidos en la demanda, debiendo el juez identificar la presencia actual o eventual, de todos aquellos sujetos imprescindibles para el logro de una sentencia válida (litisconsorcio necesario) en cuyo caso el Juez integra la relación procesal, sea a petición de parte o de oficio. Q uinto. [F]uera del supuesto de la ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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integración procesal, el acceso a un proceso entablado, debe atender a finalidades razonables, y está íntimamente vinculado al derecho a la tutela jurisdiccional, por ello cuando el Juez niega ese acceso, necesariamente debe hacerlo fundado en una causa legal aplicada razonadamente, de tal manera que no se lesione ese derecho fundamental. Sexto. [El] fundamento de la negatoria de intervención litisconsorcial en el caso de autos, aplica un criterio de la antigua jurisprudencia, niega el acceso a los litisconsortes pasivos y con ello el derecho a la tutela jurisdiccional, lo que resulta agravado por el hecho de que el demandado [...] se allanó a la demanda [...] aun cuando, previamente a la sentencia [...] se declaró insubsistente dicho allanamiento, precisamente por existir litisconsorcio necesario, y los hijos aducen domiciliar en el inmueble sublitis. (Casación N.° 983-98-Lima, de 13-10-1998, ff. jj. 4 y 6. Sala Civil [EP, 18-11-1998, p. 2056], Texto completo: ). § 976. La decisión jurisdiccional debe ser uniforme en un proceso con litisconsortes necesarios.

Q uinto. [El] origen del litisconsorcio necesario se encuentra en una relación jurídica sustancial concreta que es materia u objeto del proceso, que pertenece de modo indivisible a más de un titular, por lo que no es jurídicamente posible decidirla sino de un modo uniforme respecto de cada uno de estos titulares y con la presencia o al menos la posibilidad de que estén presentes en el proceso para que los alcances de la cosa juzgada recaiga en la totalidad de estos, pues lo contrario significaría crear una incertidumbre jurídica al expedirse de alguna manera un juzgamiento anticipado que incluso podría resultar contradictorio respecto a un proceso que persigue una finalidad común. (Casación N.° 109602- San Martín, de 08-08-2005, f. j. 5. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 3003- 2005, p. 13781], Texto completo: ). § 977. Se vulnera el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva cuando el litisconsorte no es integrado al proceso. D écim o. [...] [Fuera] del supuesto de la integración, el acceso a un proceso iniciado debe atender a finalidades razonables y estar íntimamente vinculado al derecho de la tutela jurisdiccional efectiva; por ello, cuando el juez niega ese acceso, necesariamente debe hacerlo fundado en una causa legal aplicada razonablemente, de tal forma que no lesione ese derecho fundamental [...]. (Casación N.° 5599-2007-Cajamarca, de 08-04-2008, f. j. 10. Sala Civil Permanente [EP, 03-09-2008, p. 22911]. Texto completo: ). § 978. Se atenta contra el debido proceso cuando no se aceptan los medios probatorios del litisconsorte necesario. Q uinto. [La] resolución impugnada es violatoria del debido proceso, en atención a que, efectivamente, las instancias de mérito han desconocido en el presente juicio la calidad de litisconsorte activo de la empresa [...], pues pese a que la misma ostenta tal calidad no se le admitió su apersonamiento al proceso, ni tampoco se le dio trámite a los medios probatorios aportados a los autos [...]. (Casación N.° 30-2006-Llma, de 06-03-2007, f j- 5- Sala Civil Transitoria [EP, 03-09-2007, p. 20269]. Texto completo: ). § 979. Se considera nulidad insubsanable cuando no fue emplazado debidamente al litisconsorte necesario. Séptim o. [.,.] [La] Municipalidad [,..] tiene la condición de litisconsorcio necesario, razón por la que, a falta de denuncia, el juez debió integrar la relación procesal con su emplazamiento para obtener un acto procesal válido, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 95 del Código Procesal Civil de modo que por no haber procedido en la forma indicada se ha incurrido en nulidad insubsanable, que es necesario corregir de acuerdo con lo dispuesto en la última parte del artículo 176 del acotado. (Casación N.° 2718-98-Lima, de 28-04-1999, f. j. 5. Sala Civil Transitoria [EP, 22-071999, p. 3098], Texto completo: ). § 980. Incurre en causal de nulidad insubsanable cuando no se considera a íos íitisconsortes necesarios dentro del proceso. Q uinto. [Evidentemente] la resolución [...] afecta a la compañía y personas que el juzgado consideró que debían ser litisconsorte necesario, por lo que debieron ser notificados con arreglo a Ley, para que ejercitaran su derecho de defensa si lo consideraban necesario. Sexto. [A] pesar de ello dicha resolución no ha sido notificada a dichas personas, por lo que se ha incurrido en la causal de nulidad contemplada en el artículo 171 del Código Procesal Civil, ya que se trata de una nulidad insubsanable. (Casación N.° 2990-2000-Lima, de 14-02-2001, ff. jj. 5-6. Sala Civil Transitoria [EP, 02-07-2001, p. 7343]. Texto8 completo: ). n o m o s & thesi s

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§ 981. Es necesaria ía participación de todos los condominios como litisconsortes necesarios en un proceso de desalojo. C uarto. [Sí] bien es cierto el artículo 979 del Código Civil faculta a cualquiera de los copropietarios a interponer acciones de desalojo en interés el patrimonio autónomo, de concordar esta norma con lo dispuesto en el artículo 971 del mismo Código aparece que esta facultad no puede ser ejercida contrariando la voluntad de los otros condominos, que en el presente caso representan un porcentaje mayor al que tiene el copropietario demandante. [...] Sexto. [Siendo] que de autos aparece que existe discrepancia entre los condominos respecto de la acción incoada, se ha debido emplazar a todos los condominos como litisconsortes necesarios conforme al artículo 93 del Código Procesal Civil. (Casación N.° 919-2000-Lima, de 23-10-2000, ff. jj. 4 y 6. Sala Civil Permanente [EP, 02- 01-2001, p. 6709]. Texto completo: ), § 982. La figura del litisconsorte necesario está prevista para decisiones que afecten de m anera uniforme a todos sus integrantes (en este caso, en un proceso de desalojo por ocupante precario). Q uinto. [La] figura del litisconsorte necesario [...] está prevista para cuando la decisión a recaer en el proceso afecta de manera uniforme a todos los que conllevan tal calidad, ya sea como demandados o como demandantes, siendo que si uno de los demandados interpone un medio impugnatorio respecto de un pronunciamiento que considera le desfavorece, ello va a surtir efecto sobre cualquiera de los iitisconsorciados, lo que constituye una razón coadyuvante que legitima al demandado en el presente proceso para interponer el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia que declaró fundada la demanda de desalojo por ocupante precario, pronunciamiento que resultaba desfavorable a su persona como al de su hermana consanguínea litisconsorte necesaria [...]. (Casación N.° 6l6-2004-Cusco, de 08-06-2005, f. j. 5. Sala Civil Transitoria [EP, 30-09-2005, p. 14780]. Texto completo: ). § 983. La incorporación al proceso (en este caso, de uno de desalojo) del litisconsorte necesario pasivo, en segunda instancia, se produce en el estado en que este se halle al momento de su intervención. Sétim o. [Se] advierte de autos que la Sala Civil Superior al absolver el grado ha omitido pronunciarse sobre la nulidad de actuados y la conclusión del proceso peticionada por el litisconsorte necesario pasivo A. E. O. en sus [respectivos] recursos [...]; debiéndose tener presente, que conforme lo establece el artículo 101 del Código Procesal Civil, al integrarse al proceso en segunda instancia A. E. O., su incorporación se produce en el estado en que este se halle al momento de su intervención. (Casación N,° 3930-2009-Lima, de 22-10-2010, f. j. 7. Sala Civil Transitoria [EP, 02-05-2011, Sentencias en Casación N.° 639, p. 29963]. Texto completo: ). § 984, Si ía dem anda recae sobre un bien que correspondía a una sociedad conyugal, al fallecer uno de los cónyuges, los herederos del causante se convierten en litisconsortes necesarios del el cónyuge supérsttte. P rim ero. [...] [Al] haber fallecido el esposo de la demandada ha dejado de existir el patrimonio autónomo, siendo los derechos tanto de esta como de los demás herederos del causante en copropiedad. S egundo. [El] artículo 93 del Código Proceso Civil trata acerca del litisconsorcío necesario, cuando la decisión a recaer en el proceso, afecta de manera uniforme a todos los litisconsortes, solo será expedida válidamente si todos comparecen o son emplazados, según se trata de litisconsorte activo o pasivo. (Casación N.° 891-99-Lima, de 04-10-1999, ff. jj. 1-2. Sala Civil Permanente [EP, 2211-1999, p. 4097]. Texto completo: ). § 985- El proceso no está al servicio de los negligentes, menos aún cuando no se utilizan los mecanismos que la ley prescribe para convocar a terceros en el proceso. Sociedad conyugal y litisconsorcío necesario pasivo. N oveno. [La] [esposa] demandada expresa que habría patrimonio autónomo, que su esposo es litisconsorte necesario pasivo y que debió haber sido notificado con la demanda. Ninguna de las supuestas infracciones deben ser amparadas, por lo siguiente: 1. El patrimonio autónomo, conforme al artículo 65 del Código Procesal Civil “existe cuando dos o más personas tienen un derecho o interés común respecto de un bien, sin constituir una persona jurídica. La sociedad conyugal y otros patrimonios autónomos son representados por cualquiera de sus partícipes, si son demandantes. Si son demandados, la representación recae en la totalidad de los que la conforman, ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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siendo de aplicación, en este caso, el artículo 93”. 2, El patrimonio autónomo al que se alude es el que correspondería a la sociedad conyugal, por ser titular del inmueble en litigio. Sin embargo, ello no es así; el bien fue transferido por la referida sociedad a [una tercera] y luego por esta al demandante, de forma tal que el referido patrimonio no existe y por ello no se está demandando a la recurrente como propietaria del bien, sino como poseedora precaria del mismo, al haber fenecido el título que tenía. 3. De otro lado, el artículo 92 del Código Procesal Civil conceptúa la institución de litisconsorte necesario pasivo en estos términos: “Hay litisconsorcio cuando dos o más personas litigan en forma conjunta como demandantes o demandados, porque tienen una misma pretensión, sus pretensiones son conexas o porque la sentencia a expedirse respecto de una pudiera afectar a la otra”. 4. En este punto, se advierte que la recurrente no trae agravio propio, sino el que presuntamente correspondería a su esposo. Tal punto es rechazado por nuestro sistema procesal que prescribe como requisito de procedencia de la impugnación el agravio. 5. Por lo demás, la demanda se dirigió al domicilio [...] donde supuestamente habita el esposo de la demandada (lo que descartaría defectos en la notificación), y fue él quien debió apersonarse al proceso; constituyendo su actuar uno por lo menos negligente. Hay que indicar aquí que el proceso no está al servicio de la negligencia, menos aun cuando no se utilizan los mecanismos que la ley prescribe para convocar a terceros en el proceso y lo que se pretende es el uso de resoluciones nulificantes que no resuelvan la materia controvertida y mantengan el conflicto favoreciendo a quien no supo hacer uso de los recursos que la ley le franquea. (Casación N.° 3959-2Ü15- Lo reto, de 14-042016, £ j. 9. Sala Civil Permanente [EP, 31-08-20.16, Sentencias en Casación N.° 717, p. 82314]. Texto completo: ). § 986. En un proceso que intervenga una sociedad conyugal, es necesaria la concurrencia de ambos esposos en el proceso. Séptim o. [Conforme] lo ordena el artículo 93 del [...] Código [Procesal Civil] tratándose de litisconsorcio pasivo necesario debe emplazarse con la demanda a los que lo conforman, tanto más si [...] conforman una sociedad conyugal, a fin de obtener una decisión legal válida [,..], O ctavo. [Al] no haberse entendido la demanda con el cónyuge de la demandada [...] se ha atentado contra los derechos de aquel a la tutela jurisdiccional efectiva y a la defensa, principios de la administración de justicia consagrados constitucionalmente que no se pueden desconocer; [...] dicha conducta procesal se encuentra incursa en el supuesto del último párrafo del artículo 176 del Código Procesal [Civil] por tratarse de nulidad insubsanable [...]. (Casación N.° 10ó0-01-Huaura, de 18-09-2000, ff. jj, 7-8. Sala Civil Transitoria [EP, 02-02-2002, p. 8280], Texto completo: ). § 987. No se requiere el emplazamiento del cónyuge por tratarse el inm ueble m ateria de litis de un bien propio adquirido por herencia. S egundo. [F] undamentando con relación a la primera causal, expresa que [la] Sala Civil interpreta en forma errónea lo dispuesto en el artículo 93 del Código Procesal Civil, al sostener que el inmueble materia de otorgamiento de escritura pública, es un bien propio adquirido por la demandada en herencia, por lo que no es necesaria la intervención de su cónyuge para disponer del mismo, sin tomarse en cuenta la manifestación de voluntad de su cónyuge que ha intervenido en la celebración de los actos cuyo cumplimiento se solicita [...]. T ercero. [R] especto a la segunda causal, acusa la contravención de normas que garantizan el derecho a un debido proceso, expresando que la interpretación errónea del artículo 93 del Código glosado, ha conllevado a la violación de las normas que consagran el principio del debido proceso ai no haberse demandado [al] cónyuge de la impugnante, recortándosele el derecho de defensa y transgrediendo las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, lo que hace nulo e ineficaz todo lo actuado; [...] al respecto cabe señalar que la impugnante no señala en forma expresa qué normas procesales han sido afectadas, limitándose a indicar que se afecta el debido proceso por no haberse emplazado a su cónyuge, sin advertir [...] que el perjudicado con una resolución es el único que puede denunciar el supuesto agravio, pretendiendo en el fondo cuestionar una resolución adversa a sus intereses; [...] no obstante lo anterior, ya la propia Sala ha determinado analizando la prueba actuada en el proceso, que no se requiere dicho emplazamiento por tratarse el inmueble materia del otorgamiento de escritura pública n o m o s & th e s is

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[...] de un bien propio adquirido por herencia, por lo que [...] la demandada puede disponer del mismo, razonamientos por ios cuales se advierte que no existe afectación alguna del debido proceso. (Casación N.° 1424-2001-Junín, de 06-07-2001, ff. jj. 2 y 3. Sala Civil Transitoria [EP, 05-11-2001, pág. 7926], Texto completo: ). § 988. Cuando se efectué el emplazamiento a los litisconsortes necesarios, debe realizarse con todos los actos procesales. S egundo. [Tratándose] de un litisconsorcio necesario la exigencia que se efectúe el emplazamiento a todos los litisconsortes, resulta también extensiva a la notificación de los demás actos procesales señalados por ley puesto que solamente de esta manera se emitirá una decisión válida que resulte oponible a dichos litisconsortes. (Casación N.° 753-01-lea, de 27-12-2002, f, j. 2. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 02-12-2003, p. 11238], Texto completo: ). § 989. La otorgante del anticipo de legítim a debe incorporarse al proceso como litisconsorte necesario. Sexto. Cabe anotar que para establecer válidamente una relación jurídica procesal, esta debe encontrarse integrada por las personas que intervinieron en la relación jurídica sustantiva, y que en el presente caso, uno de los actos materia de nulidad es el anticipo de legítima ya mencionado, por lo que resulta necesaria la inclusión en la presente relación procesal de la otorgante de dicho acto [...], aun cuando no haya sido considerada expresamente como demandada; no advirtiéndose de autos, ni de los considerados en las sentencias de mérito, la condición en que se encuentra esta última y; si bien las instancias hacen referencia a su masa hereditaria, no se precisa si se ha producido su fallecimiento; por lo que resulta necesario que se renueve el acto procesal de saneamiento para establecer válidamente la relación jurídica procesal en referencia. (Casación N.° 2373-2001-Cusco, de 17-07-2002, f. j. 6. Sala Civil Permanente [EP, 02-12-2002], Texto completo: ). § 990. Para que la sentencia sea válida debe emplazarse a todos sus miembros en el caso que el patrimonio fuera común. Tercero. [...] [Tratándose] de varios demandados que litigan en defensa de un patrimonio que sostienen es común, por haberlo recibido en herencia de su señora madre, aquellos conforman una sola parte [,,,], por lo que en cumplimiento del artículo 76 [del Código Procesal Civil] debieron designar un apoderado común, no habiéndolo hecho ni habiéndoseles requerido para ello es aplicable lo dispuesto por el artículo 93 del aludido cuerpo normativo, conforme al cual la expedición de una decisión válida está condicionada al emplazamiento de todos ellos. (Casación N.° 1625-97-Arequipa, de 04-03-1999, f. j. 3. Sala de Derecho Constitucional y Social [EP, 30-12-1999, p. 4430]. Texto completo: ). § 991. Litisconsorcio necesario. La condición de pobreza del padre de una menor no obliga al abuelo paterno a prestar alimentos. Q uinto. [Este] es el caso, porque se trata de una hija extramatrimonial no reconocida ni declarada, la causa de pobreza del padre no puede obligar al abuelo paterno a prestar alimentos, cuando tai obligación no se extiende a él, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 480° del Código Civil, por lo que resulta inaplicado este dispositivo. Sexto. [El] padre de la menor, don MAAC, comprendido en el proceso como lkísconsorte necesario, ha consentido en la sentencia que declaró fundada la demanda en su contra, sin que se le haya señalado la pensión alimenticia, por considerar que esta había pasado al codemandado abuelo paterno, pero como este no se encuentra obligado a prestar alimentos y la Sala Casatoria no puede examinar prueba y en virtud de ella fijar la pensión alimenticia, en ejecución de sentencia debe procederse a establecer el monto de la pensión alimenticia que debe abonar don MAAC. (Casación N.° 854-2000-Puno, de 29-08-2000, ff. jj. 5-6. Sala Civil Transitoria [EP, 30-04-2001, p. 7153]. Texto completo: ). § 992. ES representante que realiza un acto que excede sus facultades tiene calidad de litisconsorte necesario. La sentencia que deniega tal calidad es nula de oficio por presentar un vicio de nulidad insubsanable. Véase la jurisprudencia del artículo 176° del Código Procesal Civil [§ 1578]. (Casación N.° 3651-2001-Lima, de 18-10-2002, ff. jj. 7-10. Sala Civil Permanente [EP, 30-062003]. Texto completo: ). ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

Art. 93

CODIGO PROCESAL CIVIL

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§ 993. La representación del patrimonio autónomo la realizan sus conformantes bajo la figura del litisconsorcio necesario. Véase la jurisprudencia del artículo 65° del Código Procesal Civil [§ 730], (Casación N.° 1450-98-Chincha, de 02-11-1998, ff. jj. 2-4. Sala Civil [EP, 10-12-1998, p. 2213]. Texto completo: ), § 994. Litisconsorcio necesario en la representación procesal del patrimonio autónomo de la sociedad conyugal. Véase la jurisprudencia del artículo 65° del Código Procesal Civil [§ 740], (Casación N.° 514-99-Lambayeque, de 29-08-2001, f. j. 8. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 31-05-2002, p, 8814], Texto completo: ). § 995. El plazo para efectuar la contestación de la demanda por parte de la litisconsorte necesaria pasiva no interrum pe el plazo para declarar el abandono procesal. Véase la jurisprudencia del artículo 346° del Código Procesal Civil [§ 2257]. (Casación N.° 1781-2005-Cajamarca, de 12-092005, f j. 4. Sala Civil Permanente [EP, 02-05-2006]. Texto completo: ). § 996. Sujetos legitimados para interponer recurso de apelación. Véase la jurisprudencia del artículo 364° del Código Procesal Civil [§ 2344]. (Casación N.° 15676-2014-Cajamarca, de 04-072017, f. j. 5. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 03-01-2018, Sentencias en Casación N.° 741, p. 103528], Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

§ 997. De afectarse un derecho fundamental, el afectado debe de integrarse al proceso como litisconsorte necesario. 1. [El] objeto de la demanda es que se deje sin efecto el despido arbitrario del cual fue objeto el recurrente, ordenado por la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión, y que se lo restituya en el puesto de trabajo que venía desempeñando hasta antes de producirse dicho acto lesivo, así como que se le abonen las remuneraciones dejadas de percibir. [...] 6. [De] la demanda interpuesta [...] se aprecia que el mismo demandante reconoce que el puesto de trabajo reclamado le ha sido otorgado a don JAC, cuyos derechos podrían verse afectados de emitirse un fallo esrimatorio por parte del juzgador constitucional. En este caso nos encontramos frente a la figura de un litisconsorte necesario, quien puede ser integrado de oficio a la relación jurídica procesal, en aplicación supletoria de los artículos 93 y 95 del Código Procesal Civil. [...] 8. [Al] no haberse emplazado al litisconsorte necesario en ninguna de las instancias judiciales, se ha incurrido en el quebrantamiento de forma previsto en el segundo párrafo del artículo 42 de la Ley N.° 26435, Orgánica del Tribunal Constitucional, debiéndose enmendar este vicio procesal de la forma pertinente. (Exp. N.° 0961 -2004-AA/TC-La Libertad, de 02-07-2004 [Web: 15-07-2004], ff. jj. 1, 6 y 8. Tribunal Constitucional. Texto completo: ). J URISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPERIOR

§ 998. Tiene la calidad de litisconsorte necesario el cónyuge de una de las partes. Segundo. [Los] demandados [...] han alegado tener la condición civil de casados, consecuentemente conforman indistintamente un patrimonio autónomo, situación que se encuentra corroborado con las partidas de matrimonio adjuntadas en esta instancia, hecho que sin embargo no se puso en conocimiento en forma oportuna a efectos que se produzca el emplazamiento correspondiente a sus respectivas cónyuges, [...]. Tercero. [En] consecuencia, es indispensable integrar la relación procesal respectiva emplazándose con la demanda a doña SMMP y [doña] TOR, cónyuges de los demandados a tenor de la disposición imperativa señalada en el epígrafe precedente, por lo que el saneamiento del proceso [...], [el] cual es materia de apelación con efecto diferido, así como la sentencia materia de absolución, devienen nulas de conformidad con lo dispuesto por el artículo 171 y última parte del artículo 176 del Código Procesal Civil. (Exp, N.° 439-99, de 21-07-1999, ff. jj. 2-3. Sala de Procesos Abreviados y de Conocimiento. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ). REMISIÓN

§ 999. Sobre las facultades del juez respecto del litisconsorcio necesario. Véase también la jurisprudencia del artículo 95° del Código Procesal Civil [§ 1007]. n o m o s & thesi s

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SUJETOS DEL PROCESO / COMPARECENCIA

Art. 94

Artículo 94: Litisconsorcio facultativo Los litssconsortes facultativos serán considerados como litigantes independientes. Los actos de cada uno de ellos no favorecen ni perjudican a los demás, sin que por ello se afecte la unidad del proceso.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 1000. El litisconsorcio facultativo. Definición. Q uinto. [...] [El] litisconsorcio facultativo o llamado también voluntario se presenta cuando una persona que tiene interés propio y particular interviene en el proceso ya sea como demandante o como demandado, proponiendo sus pretensiones procesales, sin embargo, dichas pretensiones no obligan al litisconsorte voluntario a intervenir en el proceso, aunque pueden ser afectados con la decisión del Juez. [...] (Casación N.° 2418-2006-Callao, de 23-03-2007, f. j. 5. Sala Civil Transitoria. Texto completo: ). § 1001, Los que conforman una parte en un proceso con litisconsorcio facultativo son considerados independientes. S egundo. El litisconsorcio facultativo corresponde a una acumulación subjetiva, mediante la cual voluntariamente una pluralidad de sujetos actúa como parte demandante o demandada, siendo considerados como litigantes independientes, conforme lo precisa el artículo 94 del Código Procesal Civil. [...] Tercero. [En] un litisconsorcio facultativo los sujetos que la conforman tienen diversa legitimidad e interés para obrar, motivo por el cual en esta acumulación subjetiva cada litigante actúa independientemente. [...] (Casación N.° 857-2002-La Libertad, de 16-06-2004, ff. jj. 2-3. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 31-01-2005, p. 13519]. Texto completo: ). § 1002. Se configura un fallo extra p e tita si el recurso im pugnatorio de un litisconsorte facultativo favorece a los codemandados. Cuarto. [...] [En] el presente caso, dado que los demandados afirman poseer el bien en virtud de contratos individuales suscritos con el Ministerio de Agricultura, de los cuales algunos personalmente han transigido la litis con el actor civil, se advierte que se trata de un típico caso en el cual, habiendo pluralidad de demandados, estos actúan en forma conjunta; por tanto, estamos ante nn supuesto de litisconsorcio facultativo, ello quiere decir que las actuaciones individuales de cada litisconsorte no favorecen ni perjudican a los demás. [...] Séptim o. [En] el presente caso, la sentencia materia del recurso evidentemente se ha pronunciado de manera extrapetita, sobre extremos que no han sido objeto del recurso de apelación, y aún más sobre el derecho de sujetos procesales que no han interpuesto el recurso de apelación en contra de la sentencia [...], vulnerándose de este modo [...] lo previsto en el artículo VII dei Título Preliminar del Código Procesal Civil en cuanto a la prohibición de los Jueces de fundar sus decisiones en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes y de ir más allá del petitorio; por lo que el recurso extraordinario debe ser amparado por esta causal; toda vez que se ha pronunciado en forma extra petita otorgando el derecho a quienes no han hecho uso del recurso de apelación. (Casación N.° 2477-2003-Chimbote-Santa, de 31-05-2005, ff. jj. 4 y 7. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 01-09-2005, p. 14679]. Texto completo: ). § 1003. El recurso im pugnatorio interpuesto por un litisconsorte facultativo que favorece a los demás es mérito para declarar nulo la sentencia. Q uinto. [...] En el presente caso, el recurrente denuncia la siguiente causal: [...] iii. Infracción normativa de los artículos VIIdel Título Preliminar, 50 inciso 6, 94 y 122 incisos 3 y 7 del Código Procesal Civil. Arguye que la Sala Superior ha vulnerado el mérito de lo actuado, ya que si bien se indica en el escrito de apelación [...], que este fue interpuesto por “E M. A. y otros”, el juzgado mediante resolución [...], señaló que el escrito fue presentado por el prenombrado y que no es suficiente señalar la palabra “otros” para invocar representación de otras personas, ordenando que, en todo caso, la mencionada persona “cumpla con individualizar quiénes son los que interponen apelación, además del citado recurrente”; sin embargo, al subsanar la omisión advertida, no se individualizó absolutamente nada, por ello, el juzgado afirmó que el escrito de * SUMMA PROCESAL CIVIL

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subsanación fue presentado por el referido demandante y luego concedió la apelación interpuesta por este; que la Sala Superior procede de manera contraria a las resoluciones en donde se estableció que el apelante era F. M. A.; que se ba reformado todo el daño moral, beneficiando a quienes no recurrieron la sentencia de primera instancia, obviando que el artículo 94 del Código Procesal Civil prevé que los actos de cada lltisconsortes facultativo no favorecen ni perjudican a los demás; por tal motivo, la Sala Superior debió pronunciarse solo respecto al mencionado demandante. (Casación N.° 1004-2016Lima, de 08-02-2017, f. j. 5. Sala Civil Transitoria [EP, 02-10-2017, Sentencias en Casación N.° 734, p. 97350], Texto completo: ). § 1004. Omisión de poner en conocimiento del litis consorte facultativo las resoluciones recaídas en el proceso constituye una afectación al debido proceso. T ercero. [Conforme] dispone el artículo 94 del Código Procesal Civil el litisconsorte facultativo debe ser considerado como un litigante independiente, es decir, que adquiere la calidad de parte en el proceso. C uarto . [Se] contraviene el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio de la defensa con arreglo a un debido proceso cuando se omite poner en conocimiento de alguna de las partes las resoluciones recaídas en el proceso [...]. (Casación N.° 2340-97-Líma, de 05-06-1998, ff. jj. 3 y 4 [EP, 02-10-1998, p. 1723]. Texto completo: ). § 1005. En un proceso con litisconsorcio facultativo, el efecto del recurso im pugnatorio solo favorece a quien lo interpuso. S egundo. [...] [El] recurrente dejó consentir la resolución apelada; [...] quien interpuso el recurso de apelación fue su codemandante, y no el recurrente; que en el presente caso, la parte accionante formó un litisconsorcio facultativo, razón por la cual los efectos de la apelación solo beneficia a quien lo interpuso. [...] (Casación N.° 3321 -2001-Madre de Dios, de 14-03-2002, f. j. 2„ Sala Civil Permanente [EP, 01-07-2002, p. 8996], Texto completo: ). J URISPRUDENCIA DE LAS CORTES SUPERIORES

§ 1006. Litisconsorcio facultativo y ejecución. S egundo. [La] acumulación subjetiva de pretensiones procede, entre otros supuestos, cuando las mismas provengan de un mismo título, se refieran a un mismo objeto, y exista conexidad entre ellas. Tercero. [En] la demanda interpuesta [ejecución de garantías] es de advertir que las obligaciones reales no provienen de un mismo título, por lo que se advierte una indebida acumulación de pretensiones. (Exp. N.° 2001-32407, de 12-122001, ff. jj. 2 y 3. 30° juzgado Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: Diálogo 5T

2002, p. 57). Artículo 95: Facultades del Juez respecto del litisconsorcio necesario En caso de litisconsorcio necesario, el Juez puede integrar la relación procesal emplazando a una persona, si de la demanda o de la contestación aparece evidente que la decisión a recaer en el proceso le va a afectar. Si carece de la información necesaria, devolverá la demanda y requerirá ai demandante los datos para el emplazamiento al litisconsorte. Si el defecto se denuncia o el Juez lo advierte después de notificada la demanda, suspenderá la trami­ tación del proceso hasta que se establezca correctamente la relación procesal.

PRECEDENTE DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 1007. Despido ejecutado por los representantes de la SBS y la integración de esta a la relación procesal, para ejercer su derecho a la defensa. Sétim o. [...] [Si] su despido fue ejecutado por los representantes de la Superintendencia de Banca y Seguros designados transitoriamente hasta el nombramiento de la persona jurídica que en definitiva se encargue del proceso de liquidación del Banco [...], en uso de la facultad conferida por el artículo 95 del Código Procesal Civil, esto es, la posibilidad n o m o s & t h e s ís

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de integrar la relación procesal emplazando a una persona si de la demanda o de la contestación aparece evidencia que la decisión va a recaer en el proceso le pudiera afectar, correspondía integrar a esta relación procesal en la Superintendencia de Banca y Seguros a fin que pueda ejercer su derecho constitucional de defensa en cautela de un debido proceso legal, (Casación N.° 602-2004-Lima, de 04-07-2006, f. j, 7, que constituye precedente de observancia obligatoria en el modo y forma previsto en la ley. Sala Transitoria de Derecho Constitucional y Social [EP, 31-05-2007], Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 1008. Eí Juez debe integrar al proceso al litisconsorte necesario, en su defecto, puede suspender el proceso para establecer la relación jurídica válida. Cuarto. [Debe] tenerse en cuenca lo dispuesto en el artículo 95 de Ja Ley procesal, cuando señala que en caso de litisconsorcio necesario, el juez puede integrar la relación procesal emplazando a una persona, sí de la demanda o de la contestación aparece evidente que la decisión a recaer en el proceso le va a afectar; si carece de la información necesaria, devolverá la demanda y requerirá al demandante los datos para el emplazamiento al litisconsorte; si el defecto se denuncia o el Juez lo advierte después de notificada la demanda, suspenderá la tramitación del proceso hasta que se establezca correctamente la relación procesal. Q uinto. [Entonces], [...] el Juez debió integrar la relación procesal comprendiendo a la sucesión del esposo de la demandada [...]; al no disponerlo de ese modo, se ha contravenido una disposición de orden público e insubsanable de acuerdo a lo previsto en los artículos 75 y 93 del acotado. (Casación N.° 891-99-Lima, de 04-10-1999, íf. jj. 4-5. Sala Civil Permanente [EP, 22-11-1999, p. 4097]. Texto completo: ). § 1009. En un proceso donde se pretenda la ineficacia de un acto jurídico, el juez debe integrar a todos los intervinientes, en su calidad de litisconsortes necesarios, de lo contrario será nulo todo lo actuado. N oveno. Del contrato de transferencia materia de nulidad, se advierte -que en efecto- las partes que suscribieron el acto jurídico cuestionado son: [doña] PMLC corno compradora y de la otra parte, la empresa de transportes “I” [...] debidamente representado por su presidente de directorio, el señor FQV y su gerente general el señor ESGC. D écim o. Se evidencia que aun cuando la relación sustantiva está conformada por el [ahora] ex-presidente de directorio [FQV], el [boy] ex-gerente general [ESGC] y doña PMLC, la demanda estuvo dirigida solo contra FQV y PMLC, omitiéndose integrar a la relación jurídica a don ESGC, en su calidad de ex-gerente general de la empresa demandante, por cuanto su participación en la presente causa es obligatoria, teniendo en cuenta la naturaleza de la relación controvertida. D écim o P rim ero. Siendo esto así, el juez debió tomar en cuenta las disposiciones establecidas en el artículo 95 del Código Procesal Civil a efectos de integrar a la relación jurídica procesal, en su calidad de litisconsorte necesario a don ESGC, ello teniendo en cuenta que la integración de un litisconsorte necesario es obligatoria, para establecer correctamente la relación jurídica procesal válida; lo que no ha sucedido en eí presente caso. (Casación N.° 3531-2015Lima, de 03-11-2016, ff. jj. 9-11. Sala Civil Permanente [EP, 02-05-2017, Sentencias en Casación N.° 727, p. 91595]. Texto completo: ). § 1010. No em plazar debidamente al litisconsorte necesario contraviene con el debido proceso. Quinto. [El] juez debió integrar la relación procesal comprendiendo a la sucesión del esposo de la demandada, fallecido [...] de acuerdo a la partida de defunción [...]; al no disponerlo de ese modo, se ha contravenido una disposición de orden público e insubsanable de acuerdo a lo previsto en los artículos 95 y 93 del acotado. Sexto. [Sin] embargo, aparece de autos que [...] se apersona don L.C.Z., hijo de la codemandada recurrente e invocando la nulidad de actuados, denuncia la omisión del emplazamiento a la sucesión de su padre fallecido, acompañando a su pedido, copias de la partida de defunción y de la sentencia de declaratoria de herederos; por tanto] la Sala debió haberse pronunciado sobre este pedido, en aplicación del citado artículo 95 in fin e del Código Procesal Civil, Sétim o. [Al] no haberse emplazado a los representantes esto es, a la sucesión de [...], en la recurrida se ha afectado el derecho al debido proceso. (Casación N.° 891-99-Líma, de 04-10-1999, ff. jj. 5-7. Sala Civil Permanente [EP, 22-11-1999, p. 4097]. Texto completo: ). ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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§ 1011. Debe suspenderse el proceso o realizar una audiencia complementaria para la incorporación del litisconsorte necesario. U ndécim o. [En] el caso de autos, si bien [la empresa C, la arrendataria], fue incorporada con la calidad de litisconsorte necesario pasivo, ello fue en segunda instancia luego de haberse concedido la apelación que fuera interpuesta contra la sentencia de primera instancia, advirtiéndose de autos que luego la Sala emitió pronunciamiento contradictorio al momento de resolver como segunda instancia de mérito, desestimando la denuncia civil en cuanto al pedido de incorporación al proceso de [la empresa C] respecto de a quien anteriormente calificó como litisconsorte necesario -al considerar que citada parte podía ser afectada con la decisión a recaer en el presente proceso de desalojo- asimismo, no ha cumplido con emitir pronunciamiento respecto del citado litisconsorte necesario incurriendo por ello en pronunciamiento insuficiente en cuanto a las partes que tienen legitimidad para intervenir en la controversia jurídica planteada. Finalmente, se advierte que en el caso de [la empresa C], quien ya había sido calificada como litisconsorte necesario al momento en que solicitó su incorporación al proceso acompañó medios probatorios, los mismos que no pudieron ser actuados al haberse admitido su petición en la etapa procesal posterior a la audiencia de pruebas, siendo que tales actos procesales permiten concluir que no se ha cumplido con el trámite procesal que correspondía, en cuanto a la incorporación de un litisconsorte necesario pues resultaba pertinente que fuera emplazado con la demanda, correspondiendo de ser el caso suspenderse el proceso u ordenarse la audiencia complementaria a fin de que sus medios probatorios sean calificados y de considerarlo pertinente permitiéndosele el pleno ejercicio de su derecho a producir prueba, sin embargo no se ha cumplido [...] con la observancia de lo expresamente establecido en los artículos 93, 95 y 96 del Código Procesal Civil, [...] razones por las cuales corresponde amparar el recurso de casación. [...] y declarar la nulidad de la sentencia de vista por adolecer de nulidad insubsanable a tenor de la parte in fine [del] artículo 176 del Código Procesal Civil, correspondiendo ordenar el reenvío del proceso. (Casación N.° 176-2007-Lima, de 20-08-2007, f. j. 11. Sala Civil Transitoria [EP, 30-09-2008, p. 23122]. Texto completo: ). § 1012. Es necesario el emplazamiento de la Beneficencia Pública como litisconsorte en el proceso citando el demandado fallece y no tiene herederos. Y [...] 6. [Era] evidente que la demandante no debió considerar, de modo genérico, como único sujeto legitimado para actuar pasivamente a la “Sucesión de don VFD”, puesto que, tal como lo acreditan el certificado negativo de sucesión intestada y el certificado negativo de inscripción de testamento [...] al no existir herederos legales instituidos ni conocidos, era razonable considerar la posibilidad de la “Sucesión del Estado y de las Beneficencias Públicas” que regula el artículo 830 del Código Civil. 7. Por tal razón, en este caso concreto, para garantizar la efectiva vigencia del derecho al debido proceso de la demandante y de quienes por imperio de disposiciones legales resultan tener interés para intervenir en el proceso para que expongan lo que a tales intereses corresponda, este Supremo Tribunal determina que las instancias de mérito incurrieron en vicio insubsanable causal de invalidez al momento de emitir sus sentencias, toda vez que no solo decidieron el caso sin considerar ei mérito de lo actuado sino que también decidieron negar a la demandante un derecho sin, previamente, darle oportunidad de intervenir a la Sociedad de Beneficencia de Lima, que tiene un interés en ei resultado del proceso y en el destino del inmueble que se pretende adquirir por prescripción. Por esa razón, conforme a lo dispuesto en los artículos 93, 95 y 96 del Código Procesal Civil, que son las regias que orientan la integración de íitisconsortes en casos [de] advertir la necesidad de su emplazamiento, debe dejarse sin efecto las sentencias de mérito y ordenarse la notificación de la demanda a la Sociedad Beneficencia de Lima. (Casación N.° 4086-2012-Lima, de 30-05-2013, £F. jj. 6 y 7. Sala Civil Permanente [EP 30-07-2014, Sentencias en Casación N.° 694, p. 54319]. Texto completo: ). § 1013. Si bien es “potestad” del Juez integrar la relación procesal, en el presente caso resulta de im periosa necesidad un pronunciamiento judicial en este sentido, máxime, cuando el derecho discutido es uno elevado a rango constitucional. P rim ero. [Los] presentes autos versan sobre mejor el derecho de propiedad [...]. [...] Tercero. [...] [Ei] Colegiado Superior ha determinado que el recurrente no es exclusivo propietario del bien; no obstante, a ello, no se reparó en que si la sentencia podía afectar n o m o s & t h e s is

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a terceros, el juez estaba facultado para emplazar a los litisconsortes; pero a pesar de todo se declaró la improcedencia de la demanda, restringiendo su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva [.,.], Ahora bien, revisados los autos se aprecia que en efecto, recién en la sentencia de mérito se ha analizado la existencia de un litisconsorcio necesario activo, de tal manera que, en mérito de lo establecido, por el artículo 93 del referido Código, para expedir una decisión válida (que en el caso sublitis dado el conflicto de intereses necesariamente debe expedirse sobre el fondo), resulta necesaria la comparecencia de todos los litisconsortes, toda vez que, la decisión a recaer afectará de manera uniforme a estos. Si bien conforme a lo establecido por el artículo 95 del mismo cuerpo legal es “potestad” del Juez integrar la relación procesal, en el presente caso resulta de imperiosa necesidad un pronunciamiento judicial en este sentido, máxime, cuando el derecho discutido es uno elevado a rango constitucional, razón por la cual el Juez al declarar la existencia de una relación jurídico-procesal válida dota a la causa de la debida tutela procesal efectiva, por lo cual este extremo de la denuncia casatoria resulta fundada. (Casación N.° 1981-2006-La Libertad, de 02-05-2007, fF. jj. 1 y 3. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 30-10-2007]. Texto completo: ).

§ 1014. Si uno de los actos materia de nulidad es el anticipo de legítima resulta necesaria la inclusión en el proceso del otorgante de dicho acto. Sexto. [Para] establecer válidamente una relación jurídica procesal, esta debe encontrarse integrada por las personas que intervinieron en la relación jurídica sustantiva, y que en el presente caso, uno de los actos materia de nulidad es eí anticipo de legítima ya mencionado, por lo que resulta necesaria la inclusión en la presente relación procesal de la otorgante de dicho acto [...] aun cuando no haya sido considerada expresamente como demandada [.,.] por lo que resulta necesario que se renueve el acto procesal de saneamiento para establecer válidamente la relación jurídica procesal en referencia. Séptim o. [Resulta] de aplicación lo dispuesto por el artículo 95 del Código Procesal Civil, a tenor del cual en caso de litisconsorcio necesario, el juez puede integrar la relación procesal emplazando a una persona si de la demanda o de la contestación de la misma, aparece evidente que la decisión de recaer en el proceso le va a afectar, acotándose al respecto que toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses con sujeción a un debido proceso, conforme dispone el artículo I del Título Preliminar del acotado código. (Casación N.° 2373-2001-Cusco, de 17-07-2002, ff. jj. 6 y 7. Sala Civil Permanente [EP, 02-12-2002], Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPERIOR

§ 1015. Es necesario integrar al proceso como litisconsorte necesario al cónyuge del demandado para la ejecución de la hipoteca. Cuarto. [Si] bien es cierto del certificado de gravamen [,..], aparece que el ejecutado adquirió un “terreno” en condición de soltero: también lo es, que en el contrato de mutuo con constitución de hipoteca [...], manifiesta set casado con doña VOBG, quien no ha sido emplazada en los presentes autos. Q uinto. [Si] bien del contrato de mutuo aparece que el inmueble snb-litis constituye bien propio del ejecutado; no se ha probado dicha condición, por no aparecer en el referido contrato inserto alguno que lo acredite, tazón por la cual resulta de aplicación la presunción que establece el inciso 1 del artículo 311 del Código Civil. (Exp. N.° 1195-98, de 14-09-1998, ff. jj. 4-5. Sala de Procesos Ejecutivos. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ).

§ 1016. Aplicación del principio de economía procesal en la integración de la relación procesal. S egundo. [A] efecto de dar cumplimiento al principio del tracto sucesivo, previsto en eí artículo 2015° del Código Civil, es necesario comprender en la demanda a todos los intervinientes en las transferencias efectuadas del inmueble materia del proceso, en calidad de litisconsortes necesarios. Tercero. [El] a quo, por economía procesal, debe integrar la relación procesal emplazando a los referidos litisconsortes en aplicación del artículo 95 del Código Procesal Civil. (Exp. N.° 28317-98, de 23-03-1999, ff. jj. 2 y 3. Sala de Procesos Abreviados y de Conocimiento. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ). ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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§ 1017- Debe integrarse a la relación procesal a Sa parte que de tina u otra forma le afectará la sentencia que se dicte, [Como] consta del certificado de inscripción [...], el inmueble sublitis se encuentra registrado a nombre de la cooperativa [...], entidad que ha debido ser emplazada como litisconsorte necesario [...]; que no habiéndose integrado a la relación procesal a la entidad que de una u otra forma afectará la sentencia que recaiga en estos autos, se ha incurrido en causal de nulidad [...]. (Exp. N.° 489-95, de 02-06-1995. Primera Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ), § 1018. En la obligación que tiene el Juez de esclarecer debidamente los extremos de la relación jurídica procesal, le corresponde la actuación de los medios de prueba que considere pertinente. Facultad del juez de incorporar una parte al proceso mediante litisconsorcio necesario. Véase la jurisprudencia del artículo 194° del Código Procesal Civil [§ 1.738], (Casación N.° 2573-2009-Ancash, de 06-04-2010, ff. jj. 3 y 4. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 30-03-2011, Sentencias en Casación N,° 638, p. 29803]. Texto completo: ).

Artículo 96: Audiencia complementaria Si al momento de la integración ya se ha realizado la audiencia de pruebas y alguno de los incorporados ofreciera medios probatorios, el Juez fijará el día y la hora para una audiencia complementaria de pruebas que debe realizarse dentro de un plazo que no excederá de veinte días.

PLENOS JURISDICCIONALES

§ 1019. El tercero que ocupa el predio puede ser incorporado después de audiencia única. ¿Interviene el tercero que ocupa elpredio solo desde la audiencia única, o debe ser emplazado con la demandad El Pleno acordó por c o n s e n s o : “El juez puede decidir q u e el tercero se incorpore al proceso como litisconsorte necesario, si las circunstancias del caso lo indican. En el proceso de desalojo, cuando el tercero se incorpore con posterioridad a la audiencia única, el juez debe ordenar la realización de una audiencia complementaria, a fin de no vulnerar los derechos de dicho tercero, ello en aplicación de lo dispuesto en el artículo 96° del Código Procesal Civil/”. (Pleno Jurisdiccional Civil, re Tizado e n Cusco, los días 22 al 25-09-1999. Acuerdo N.° 7. Texto completo: ). J URISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 1020. Los argumentos que no resulten trascendentes del recurrente litisconsorte necesario pasivo no modifica el fallo. Sexto. El recurso de casación planteado no puede prosperar por cuanto los argumentos de la recurrente no resultan trascendentales en la decisión emitida por la Sala Superior, es decir, no modifica el fallo, más aún cuando, por su condición de litisconsorte necesario pasivo, los efectos de la sentencia recaerán en su persona de conformidad con el artículo 96 del Código Procesal Civil. (Casación N.° 1842-2014-Lima, de 11-08-2014, f. j. 6. Sala Civil Transitoria [EP, 30-10-2014, Sentencias en Casación N.0 697, p. 57432], Texto completo: ). § 1021. La incorporación de un denunciado civil supone la continuación del proceso en la etapa que se encuentre. Véase la jurisprudencia del artículo 102° del Código Procesal Civil [§ 1061]. (Casación N.° 3762-2006-Moquegua, de 04-06-2007, f. j. 6. Sala Civil Transitoria [EP, 30-05-2008]. Texto completo: ).

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CAPÍTULO VII INTERVENCIÓN DE TERCEROS, EXTROMSSIÓN Y SUCESIÓN PROCESAL

Quien tenga con una de las partes una relación jurídica sustancial, a la que no deban extenderse los efectos de la sentencia que resuelva las pretensiones controvertidas en el proceso, pero que pueda ser afectada desfavorablemente si dicha parte es vencida, puede intervenir en el proceso como coadyuvante de ella. Esta intervención puede admitirse incluso durante el trámite en segunda instancia. El coadyuvante puede realizar los actos procesales que no estén en oposición a la parte que ayuda y no impliquen disposición del derecho discutido.

PLENOS JURISDICCIONALES

§ 1022. Personas incorporados al proceso como terceros coadyuvantes. En caso de nulidad de acto jurídico demandadojudicialmente, y donde seproducen con posterioridad nuevos actosjurídicos traslativos: ¿Con que calidad procesal debe incorporarse al proceso a terceros personas que tengan relación jurídica con una de las partes materiales o que invoquen interés legítimo con posterioridad del acto impugnado? El Pleno acordó por m a y o r í a : “En la medida que el acto jurídico celebrado con una parte material forma una relación jurídica diferente a la que se impugna en el proceso d e b e s e r i n c o r p o r a d o a s u s o l i c i t u d c o m o t e r c e r o c o a d y u v a n t e , no constituyendo en ningún caso litisconsorcio necesario, pues la sentencia que se expida en el proceso no le afecta de manera directa”. (Pleno Jurisdiccional Distrital en Materia Civil 2009, realizado por la Corte Superior de Justicia de La Libertad, el día 0409-2009- Tema N.° 3 [El litisconsorcio (en especial el necesario), la intervención de terceros y la labor jurisdiccional en los procesos civiles]. Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 1023- Principio de personalidad del recurso tratándose del tercero coadyuvante. 4.3. [En] el presente caso se advierte dos temas que deben ser abordados para responder a los agravios del recurrente, tales como (i) las Eme iones del tercero coadyuvante, y (ii) el principio de personalidad del recurso. 4.4. En ese sentido, en cuanto al primer punto, respecto a las facultades que le corresponden al recurrente como tercero coadyuvante; se debe entender que de acuerdo con el artículo 97 del Código Procesal Civil, el tercero “coadyuvante” está autorizado a realizar toda clase de actos procesales, en la medida que no sean incompatibles y/o perjudiquen el interés de la parte principal, incluso tiene la posibilidad de impugnar los actos procesales, por más que la parte asistida no la quiera ejercitar, pues su misión es ejercer su defensa, en atención al interés jurídico que tiene con la coadyuvada. 4.5. Asimismo, hay que tener en cuenta el segundo punto, referido al principio de personalidad del recurso, pues se debe entender, que la impugnación al ser una manifestación del derecho de acción, y como tal, la parre que la plantea, debe demostrar un interés personal y legítimo para cuestionar una decisión judicial, pero no puede alegar agravios respecto de otros sujetos procesales o terceros, pues en modo alguno tendría interés sobre aquellos aspectos que no le pertenecen ni se la ha autorizado que los defienda; todo lo cual, conlleva a que la facultad del órgano jurisdiccional quede delimitado para pronunciarse solo sobre los agravios que debieron ser alegados por el recurrente y que íe competen. 4.6. En este orden de ideas, en este caso, el tercero coadyuvante, es sobrino del demandante, e igualmente copropietario, del área de dominio en litigio; y si bien es cierto, ha sido considerado para colaborar a los intereses de la demandada, también lo es, que el resultado de este proceso no le perjudica, pues no pierde el título

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de condomino dei inmueble indiviso que comparte con su copropietario. (Casación N.° 3073-2015' Lima, de 17-03-2016, ff. jj. 43-4.6. Sala Civil Permanente [EP, 28-02-2017, Sentencias en Casación N.° 724, p. 89194], Texto completo: ), § 1024, El tercero coadyuvante al interponer medio ímpugnatorio debe invocar el mismo interés que el coadyuvado y no uno propio o distinto. C uarto . [...] [El] tercero coadyuvante puede intervenir en el proceso solo para ayudar a una de las partes del proceso, pues el interés que tiene el tercero no lo legitima a actuar de manera autónoma en el proceso frente al adversario de la parte ayudada, es decir, tiene que estar supeditado al interés de la parte ayudada; por consiguiente, el interés del tercero coadyuvante no puede ser otro que el de la parte que ayuda. Esta conclusión también es aplicable al interés para recurrir, pues el tercero coadyuvante al interponer medio ímpugnatorio debe invocar el mismo interés que el coadyuvado y no uno propio o distinto. [...] Sétim o. [El] recurrente no tiene interés para recurrir toda vez que debemos recordar que al tener la calidad de tercero coadyuvante se encuentre limitada su actuación a la defensa del interés de la parte que ayuda; sin embargo [...] el mencionado tercero invoca un interés propio y no de su coadyuvado [...] no obstante, conforme se ha anotado, un tercero coadyuvante no puede disponer del derecho discutido por no ser parte del proceso, conforme dispone el numeral 97 del Código Procesal Civil. (Casación N.° 2333-2009-Lima, de 31 -082009, ff. jj. 4 y 7. Sala Civil Permanente. Texto completo: ). § 1025- La función de la intervención coadyuvante es tratar de evitar el perjuicio que podría ocasionarle al interviniente la sentencia si resulta desfavorable a una de las partes originarias; en consecuencia, este se encuentra facultado para interponer medios im pugnatorios en salvaguarda de los derechos que le confiere la ley. Sétim o, [Si] bien [el artículo 97 del Código Procesal Civil] no hace alusión ni restringe el derecho del tercero coadyuvante a interponer los medios impugnatorios que estime conveniente, en defensa de sus intereses, la doctrina ha adoptado dos posiciones o posturas al respecto. Una primera posición considera que el coadyuvante no es parte en el proceso, ya que su participación tiene por objeto ayudar a una de las partes, en este caso al demandado, a fin de colaborar con el litigio, sin incorporar pretensión alguna al proceso, por lo que no se encontraría facultado para interponer medios impugnatorios en defensa de derechos de su coadyuvado; en este contexto, la intervención coadyuvante es calificada como accesoria en atención a que ella no importa la inclusión al proceso de una pretensión propia del tercero, sino que su tarea se concreta a defender el derecho que sustenta la pretensión de la parte a quien coadyuva en la defensa, esta intervención servirá asimismo para evitar que el actor y el demandado acudan al fraude procesal. [...] Carlos Alberto Matheus López concluye en lo siguiente: “El interviniente adhesivo carece de otro remedio que no sea su actuación en el curso del proceso para contribuir a la formación de una sentencia que puede constituir un presupuesto del nacimiento o la extinción de un deber o de un derecho hacia la parte vencida; o puede convertir en ineficaz el derecho poseído respecto de la parte vencida. De ahí el interés en contribuir a la defensa de dicha parte para evitar que se forme en el proceso una sentencia que por su apariencia externa y no por su carácter coactivo es susceptible de perjudicarle, no siendo por ello su fin ni la economía procesal, ni el evitar sentencias contradictorias, como en los otros casos de intervención voluntaria. Por esta misma causa, se encuentra fuera de discusión la admisibilidad en apelación de toda forma de intervención por adhesión” [...]. Sin embargo, otro sector de la doctrina mantiene una posición contraria, según la cual si. bien el coadyuvante no es parte en la relación material que se viene discutiendo en el proceso, sí puede serlo en la relación procesal, más aún, la redacción del tipo en el código permite señalar que la intervención del coadyuvante como parte, a pesar de que no tenga nada que ver con el derecho en litigio, tiene un interés tutelado por el derecho, ya que implícitamente se le otorga legitimidad para intervenir en menor grado, respecto al que goza la parte principal, por ello, también puede interponer recursos impugnatorios, a favor de la parte que asiste a pesar de que la propia parte afectada no lo realice. Para esta posición doctrinaria se adhieren autores nacionales como Pedro Zumaeta Muñoz y Marianella Ledesma Narváez, para quienes el artículo 97 debe interpretarse en forma concordada con el artículo 355 del Código Procesal Civil, que faculta a las partes o terceros legitimados a promover los recursos impugnatorios. De este modo concluye Zumaeta: “Finalmente, se debe aclarar que existe discusión doctrinal, respecto a que si el tercero coadyuvante, puede impugnar la n o m o s & th e s is

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sentencia a pesar de que el coadyuvado ha renunciado a ello. Nosotros afirmamos que sí, en la hipótesis de que el defendido estuviera obrando con fraude en perjuicio del tercero. No olvidemos que la solicitud del interviniente es similar a la demanda; esto quiere decir que, el tercero tendrá que esgrimir su petitorio, los fundamentos de hecho que sustente su ingreso, adjuntar sus medios probatorios y finalmente esgrimir el interés que tiene para ello” [...]. Además, el artículo 355 del Código Procesal Civil dispone que mediante los medios impugnatorios las partes o terceros legitimados solicitan que se anule o revoque, total o parcialmente, un acto procesal presuntamente afectado por vicio o error. O ctavo. [Ejste Supremo Tribunal, realiza una interpretación sistemática de los artículos 97 y 355 del Código Procesal Civil, y aun del artículo 11 del Texto Unico Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial (que cita en forma aislada el Colegiado Superior como sustento de su decisión) estimando que la postura doctrinaria que acoge el derecho del tercero coadyuvante fue la que tácitamente, y por su inacción, renuncia la parte a la cual coadyuva, siendo la más adecuada e idónea para garantizar el derecho constitucional a un debido proceso y, particularmente, al derecho de defensa que asiste a las partes, ya que en el caso concreto, al declararse fundada la demanda, y consecuentemente la nulidad del acto jurídico contenido en el Acta de Asamblea de Socios de fecha 19 de marzo del año 2000, en la cual se otorga poder al demandado [...] para que negociara o diera en venta los lotes a favor de terceros y la nulidad de su inscripción registra! perjudicaría el derecho de propiedad del tercero coadyuvante quien adquirió la propiedad del lote que ocupan precisamente en virtud deí poder que le fuera otorgado al demandado, más aún, si de autos se observa que el demandado [...] tiene la calidad de rebelde en el presente proceso, en razón de no haber contestado la demanda, ni haber ejercido su derecho de defensa o apersonarse en el transcurso .de! proceso, en consecuencia el recurrente en su calidad de tercero coadyuvante del demandado se encontraría facultado para interponer medios impugnatorios en salvaguarda de los derechos que le confiere la ley. (Casación N.° 5264-2009-Lima, de 27-10-2010, ff, jj. 7 y 8. Sala Civil Transitoria [EP, 30-05-2011, Sentencias en Casación N.° 642, p. 30246]. Texto completo: ). § 1026, La apelación interpuesta por el tercero coadyuvante no constituye acto de oposición respecto a la parte que ayuda, aun si esta últim a no ha impugnado el contenido de la resolución m ateria de apelación. Tercero. [En] cuanto al segundo extremo de la citada causal, respecto a la supuesta infracción del artículo 97 del Código Procesal Civil, no se ha demostrado la referida infracción, habida cuenta que la interposición del recurso de apelación a cargo del tercero coadyuvante no constituye un acto de oposición a la defensa de la parte demandada ni un acto de disposición; siendo que en todo caso, de no haberse interpuesto el recurso de apelación, correspondía elevarse en consulta la sentencia de primera instancia, al encontrarse la parte demandada representada por curador procesal; rigiendo en dicha situación lo previsto en el artículo 172 -cuarto párrafo- del citado Código, en cuanto establece que no hay nulidad si la subsanación del vicio no ha de influir en el sentido de la resolución o en las consecuencias del acto procesal; no habiéndose configurado por tanto la causal de contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, por lo que corresponde examinar las causales sustantivas invocadas. (Casación N.° 1795-2006-Puno, de 15-12-2006, f. j. 3. Sala Civil Permanente [EP, 28-02-2007]. Texto completo: ). § 1027. Un hijo puede no ser declarado litisconsorte necesario. Cuarto. El recurrente [...] denuncia como agravio: Que ía [...] resolución [...] que declara consentida la sentencia, constituye fraude procesal, ya que al recurrente, como hijo de los demandados, tenía que haberle declarado litisconsorte necesario y/o como tercera persona para intervenir en el proceso como coadyuvante, como lo disponen ios artículos 95 y 97 del Código Procesal Civil. Q uinto. [Sin embargo, en] relación al agravio denunciado, el recurrente no ha cumplido con describir con claridad y precisión la Infracción normativa que adolece la sentencia. (Casación N.° 10663-2012-Callao, de 27-05-2013, ffi jj. 4 y 5. Sala Civil Permanente [EP, 30-04-2014, Sentencias en Casación N.° 691, p. 50932], Texto completo: ). § 1028. La decisión jurisdiccional que resuelve el fondo de la m ateria controvertida no puede directamente recaer dañosamente en la situación juríd ica de aquel que viene interviniendo en ♦

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calidad de coadyuvante. Extralim itación de la potestad oficiosa nulificatoria del juez. III. [...] 2.2. En tal sentido, como premisa base, debe entenderse que la intervención coadyuvante, como acumulación subjetiva sucesiva, constituye aquella figura procesal que permite la intervención en ei proceso de quien, teniendo una relación material con una de las partes, busca obtener una sentencia favorable porque puede verse afectada con la misma de manera refleja; de tal forma que, su participación es como parte accesoria, auxiliar o secundaria en el proceso, al no haber incoado pretensión propia, haciendo suya la pretensión de quien coadyuva, es decir, actúa subordinadamente para defender las razones de un derecho ajeno. [...] 2.3. Siendo así, el tercero coadyuvante carece de legitimación procesal para litigar frente al adversario de la parte con quien se adhiere o coadyuva; razón por la cual, la decisión jurisdiccional que resuelve el fondo de la m ateria controvertida, no podrá directamente recaer dañosamente en la situación jurídica de aquel que viene interviniendo en calidad de coadyuvante [...]. [...] 2.5. Asimismo, en base a lo expuesto, el pronunciamiento revisor ordinario antes expuesto, constituye de por sí una extralimitación a la potestad oficiosa nulificatoria que le confiere a todo magistrado el artículo 2204 del Código Civil; pues, el ad quem al haber resuelto en contra la situación jurídica de quien en el presente proceso carece de legitimación procesal para litigar frente al adversario de la parte con quien se adhiere o coadyuva, no ha tomado en cuenta que, con tal decisión, ha vulnerado el derecho a un debido proceso de la recurrente [...] quien, a partir de su incorporación en el trámite del presente proceso, solamente ha efectuado los actos procesales concernientes a su propia condición de tercero coadyuvante, esto es, no ha tenido la oportunidad de efectuar la defensa correspondiente a fin de evitar que la materia puesta en controversia le afecte directamente, como ha ocurrido en el presente caso. (Casación N.° 3657-2012-Cusco, de 01-04-201.4, ff. jj. 2.2, 2.3 y 2.5. Sala Civil Permanente [EP, 3101-2013, Sentencias en Casación N.° 675, p. 58129]. Texto completo: ). § 1029. El tercero coadyuvante no puede apelar si el coadyuvado no lo hace. 3.® [La] legitimidad del tercer coadyuvante se encuentra limitada a aquellos actos que no se opongan a los de la parte que apoya [...]. 4.° [La] intervención del tercero coadyuvante tiene el carácter de accesoria o adhesiva y está subordinada a la voluntad de la parte a quien ayuda. 5.° [La] falta de impugnación contra la sentencia por parte del coadyuvado impide que la Corte pueda conocer del recurso [...]. 6.° El coadyuvante carece de legitimidad para interponer recursos impugnáronos de defecto de su coadyuvado [...]. (Casación N.° 1.535-96-Lima, de 19-05-1997, ff. jj. 3-6. Sala Civil Permanente [EP, 30-12-1997. p. 206]. Texto completo: ). § 1030. Oportunidad para la integración del tercero coadyuvante en el proceso. 5-° [...] [D] ebe tenerse en cuenta que el proceso versa sobre otorgamiento de escritura pública, dentro del cual el tercero interviniente no tiene la calidad de obligado a otorgar dicha formalidad, por ende no puede ser considerado como parte, sino simplemente como tercero coadyuvante de una de las partes principales; consecuentemente, la incorporación del citado tercero puede producirse en cualquier momento, sujetándose al estado en que se encuentre el proceso. 6.° [En] consecuencia, el emplazamiento inicial con la demanda se realiza a las partes, no al tercero interviniente en la calidad de coadyuvante. (Casación N.° 3 137-99-Lima, de 21-01-2000, ff. jj. 5 y 6. Sha Civil Permanente [EP, 22-02-2000, p. 4680]. Texto completo: ). § 1031. El tercero coadyuvante puede realizar cualquier acto procesal salvo cuando perjudica el interés de la parte principal. 4.3. [...] [De] acuerdo con el artículo 97 del Código Procesal Civil, el tercero “coadyuvante” está autorizado a realizar roda clase de actos procesales, en la medida que no sean incompatibles y o perjudiquen el interés de la parte principal, incluso tiene la posibilidad de impugnar los actos procesales, por más que la parte asistida no la quiere ejercitar, pues su misión es ejercer su defensa, en atención al interés jurídico que tiene con ei coadyuvado. [...] (Casación N.° 255-2014-Ica, de 12-01-2015, f j. 4.3, Sala Civil Transitoria [EP, 30-07-2015, Sentencias en Casación N.° 706, p. 67265]. Texto completo: ). § 1032. El M inisterio Público, al ser tercero coadyuvante en los procesos sobre violencia fam iliar, no cuenta con legitim ación para im pugnar. Véase la jurisprudencia del artículo 364° del no m o s

& tltesis

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Código Procesal Civil [§ 2350]. (Casación N.° 3973-2012-Huánuco, de 25-04-2013, f. j. 13. Sala Civil Permanente [EP, 30-10-2014, Sentencias en Casación N.° 697, p. 57442], Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPERIOR

§ 1033. Los efectos de la sentencia no pueden alcanzar al tercero coadyuvante. De ser así, se estaría frente a la figura del litisconsorte. S egundo. [La] intervención coadyuvante exige como elementos concurrentes que: el pretendiente tenga con la parte una relación jurídica sustancial que genere un interés propio de ese, de lograr la satisfacción de pretensiones existentes fuera del proceso o redunde en esa relación extrajudicial, entre la parte y el interviniente adhesivo; que no se extiendan a él los efectos de la sentencia; de lo contrario su intervención derivaría en un litisconsorcio [...]. (Exp. N.° 3434-98, de 17-11-1998, f. j. 2. Sala de Procesos Abreviados y de Conocí miento-Lima. Texto completo: ). § 1034. Puede intervenir en un proceso de im pugnación de acuerdo societario, en calidad de tercero coadyuvante, el accionista que hubiese votado a favor del acuerdo im pugnado. Cuarto. [Es] menester advertir que el artículo 146 de la derogada Ley General de Sociedades, vigente en la fecha de la demanda índica que el accionista que hubiese votado a favor del acuerdo impugnado, puede intervenir a su costa en el proceso para coadyuvar en el mantenimiento de la validez del acuerdo; siendo que dicha norma se repite en la nueva Ley General de Sociedades, Ley N,° 26887, en su artículo 141; y en tal sentido, dicha norma sustantiva especial pertinente al caso de autos, prescribe la participación del accionista que hubiese votado a favor del acuerdo impugnado, no como quien es susceptible de ser emplazado como demandado, sino más bien, como tercero que puede intervenir a su costa en el proceso con el fin de coadyuvar a ja defensa de la validez del acuerdo impugnado; por lo que es de aplicación a dicho caso su participación no como litisconsorte sino como coadyuvante, de acuerdo a lo previsto en el artículo 97 del Código Procesal Civil, (Exp. N,° 1368-99, de 07-09-1999, f. j. 4. Sala de Procesos Abreviados y de Conocimiento. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ). § 1035. La no citación al tercero que pudiese tener interés en el proceso, de oficio por el juez, no acarrea la nulidad de lo actuado. S egundo. [A]pareciendo en el contrato con garantía hipotecaría que el garantizado pudiera tener interés en el proceso, pudiendo ser común o jurídicamente relevante, el juez debió integrarlo a la relación procesal, no como litisconsorte sino como coadyuvante; pues, el decisorio no le afectará de manera directa. No obstante, la omisión en la citación, no acarrea la nulidad de lo actuado [...]. (Exp. N.° 37087-667-98, de 14-05-1999, f. j. 2. Sala de Procesos Ejecutivos. Corre Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ). § 1036. El adquirente de un bien inm ueble hipotecado tiene solo derecho a participar en el proceso de ejecución de la referida garantía en calidad de litisconsorte coadyuvante. P rim ero. [En] el presente proceso, la pretensión consiste en el pago de la acreencia o la consiguiente ejecución de la garantía. S egundo. [La] transferencia de un inmueble hipotecado, no importa la subrogación o sustitución de las partes de la relación obligatoria. Tercero. [Los] ejecutados tienen la calidad invariable de deudores, por lo que el adquirente del bien hipotecado tiene solo derecho a participar en el proceso concurrentemente con aquéllos, derecho que en todo caso será el de litisconsorte coadyuvante, no dándose lugar a una sucesión procesal. (Exp. N.° 98-8649-1652, de 12-08-1999, ff. jj. 1-3. Sala de Proceso Ejecutivos. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ). § 1037. El tercero coadyuvante no puede im pugnar algún acto procesal realizado por el coadyuvado. Q uinto. [...] [El] coadyuvante puede realizar los actos procesales que no estén-en oposición a la parte que ayuda y no impliquen disposición del derecho discutido. Sexto. [...] El tercero coadyuvante no tiene capacidad para impugnar una resolución que da amparo a un pedido formulado por la parte que supuestamente aquel viene coadyuvando. (Exp. N.° 944-2002, de 08-07-2002, ff. jj. 5 y 6. Tercera Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ). * SUMMA PROCESAL CIVIL

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§ 1038. Intervención de terceros solo se posibilita cuando aún no ha concluido el proceso.

S egundo. [La] intervención de terceros en el proceso se halla legislada por el artículo 97 y siguientes del Código Procesal Civil y en todas las modalidades en que está normada, solo se posibilita cuando aún no ha concluido el proceso, salvo lo previsto en el artículo 100 del Código acotado, referente a la tercería concluyente de dominio y la tercería de derecho preferente que se tramitan con sujeción al artículo 533 y siguientes del Código acotado. (Exp. N.° 226-99, de 31-05-1999, £ j. 2, Sala de Proceso Ejecutivos. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ). § 1039. Diferencias entre coadyuvante y litisconsorte. C uarto. [R] especto de la intervención de terceros, que reguía el Código Procesal Civil en sus artículos 97 y 98, queda definido con absoluta claridad que la intervención voluntaria de un tercero dentro de un proceso ya iniciado puede ser como coadyuvante o como litisconsorte, determinándose de ello que el tercero coadyuvante no puede ser considerado como litisconsorte. Q uinto. [El] artículo 97 del citado Código establece como presupuesto para la intervención coadyuvante que el tercero tenga con una de las partes una relación jurídica sustancial a la que no deban extenderse los efectos de la sentencia que resuelva las pretensiones controvertidas en el proceso, pero que pueda ser afectada desfavorablemente si dicha parte es vencida. Sexto. [A] diferencia de ello, la intervención litisconsordal que regula el artículo 98 del Código adjetivo exige que el tercero se considere titular de una relación jurídica sustancial a la que presumiblemente deban extenderse los efectos de una sentencia, y por tal razón estuviera legitimado para demandar o haber sido demandado en el proceso, (Exp. N.° 929-2002, de 19-06-2006, ff. jj. 4-6. Tercera Sala Civil, Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ), § 1040. Intervención de hermanos como terceros coadyuvantes. [...] [Qjuien tenga con una de las partes una relación jurídica sustancial, a la que no deban extenderse los efectos de la sentencia que resuelva las pretensiones controvertidas en el proceso, pero que pueda ser afectada desfavorablemente si dichaparte es vencida, puede intervenir en el proceso como coadyuvante de ella [en el presente] caso [se trata de dos personas que] son hermanos de la codemandada [...]. (Exp. N.° 1454-95, de 14-11-1995. Primera Sala Civil, Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ). JU RISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

§ 1041. En los procesos constitucionales, carece de legitim idad para interponer recurso de reposición el tercero coadyuvante. 2. [El] recurso de reposición ha sido planteado por la fundación [en su calidad de tercero coadyuvante], la que sin embargo, conforme se estableció en la resolución de fecha 4 de abril de 2012, carece de legitimidad para interponer recursos, de acuerdo a lo establecido en el propio artículo 121 del CP Const. (Exp. N.° 01750-2011-PA/TC, del 18-06-2012, f. j. 2 [Web: 10-07-2012], Texto completo: ). § 1042. El interviniente adhesivo o coadyuvante no tiene legitim ación para im pugnar: en los procesos de adjudicación de terrenos de propiedad fiscal por parte de la Superintendencia de Bienes Nacionales, solo tienen legitim idad para im pugnar los gobiernos regionales o m unicipalidades provinciales. Véase la jurisprudencia del artículo 364° del Código Procesal Civil [§ 2354], (Exp. N.° 3833-2004-AA/TC, del 26-01-2005 [Web: 08-09-2005], ff. jj. 1 y 2. Texto completo: ).

Artículo 98: Intervención litisconsorcíal Quien se considere titular de una relación jurídica sustancial a la que presumiblemente deban extenderse los efectos de una sentencia, y que por tal razón estuviera legitimado para demandar o haber sido demandado en el proceso, puede intervenir como litisconsorte de una parte, con las mismas facultades de esta. Esta intervención puede ocurrir incluso durante el trámite en segunda instancia. n o m o s & t h e s is

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SUJETOS DEL PROCESO / COMPARECENCIA

Art. 98

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 1043. Cuando no se integra al proceso la intervención litisconsorcial se colisiona contra el debido proceso. D uodécim o. [Las] instancias de mérito han desconocido en el presente proceso la calidad de lidsconsorte necesario pasivo de la casacionista, pues pese a que la misma ostenta tal calidad no se admitió su apersonamiento al proceso, ni tampoco se le dio trámite a los medios probatorios que aportó al proceso, es decir, el pedido de intervención litisconsorcial no obtuvo respuesta alguna -ya sea positiva o negativa- pese a que el artículo 98 del Código Procesal Civil dispone que el referido tipo de intervención puede ocurrir, incluso, durante el trámite en segunda instancia. Este proceder, como es evidente, colisiona con el derecho ai debido proceso. [...]. (Casación N.° 495-2014-Apurimac, de 2201-2015, f. j. 12, Sala Civil Permanente [EP, 02-05-2016, Sentencias en Casación N.° 713, p. 77125], Texto completo: ). § 1044. Se debe emplazar a ambos cónyuges aunque no conformen una sociedad de gananciales.

Q uinto. [...] [El] hecho de que la sociedad conyugal de la que forma parte el demandado se encuentre sujeta al régimen de separación de patrimonios, no implica que deba dejar de emplazarse a su cónyuge, pues, dicha obligación surge a partir de lo afirmado por la [entidad actora] en su demanda, respecto de que el demandado es un ocupante precario. Si el artículo 587° del Código Procesal Civil garantiza el emplazamiento a los terceros ajenos a la relación establecida entre el demandante y la persona a quien este cedió la posesión, con mucha más razón debe emplazarse a la cónyuge de quien vino ejerciendo o ejerce dicha posesión. [...] O ctavo. [El] pedido de intervención litisconsorcial no obtuvo respuesta alguna -ya sea positiva o negativa- pese a qtie el artículo .98 del Código Procesal Civil dispone que dicho üpo de intervención puede ocurrir, incluso, durante el trámite en segunda instancia. Este proceder, como es evidente, colisiona con el derecho al debido proceso reconocido en el inciso 3o del artículo 139 de la Constitución Política del Estado [...]. (Casación N.° 319T2007-Lima, de 11-09-2007, ff. jj. 5 y 8. Sala Civil Permanente [EP, 02-01-2008, p. 21281], Texto completo: ). § 1045. Es inválido el acto procesal cuando se integra a los litisconsortes al proceso pero no se discute sobre el punto controvertido respectivo. Sexto. [La] validez de los actos jurídicos por los cuales los litisconsortes adquirieron secciones del predio sub litis no fue introducida como punto controvertido, por tanto las instancias de mérito no podían pronunciarse sobre ello en respeto al principio de congruencia procesal antes anunciado. Además, en el caso que nos ocupa ei principio de accesoriedad contenido en el artículo 87° del Código Procesal Civil, no habilita al Tribunal de alzada pronunciarse sobre la validez de los títulos de propiedad de los litisconsortes, pues la nulidad del acto jurídico por el cual su transferente adquiere la propiedad del predio sub litis no suponen la inmediata nulidad de esos títulos, por lo que no existe ana relación de accesoriedad entre aquellos actos jurídicos, con lo cual no se verifica la infracción normativa denunciada por la recurrente del citado artículo 87°. Por otro lado, respecto al artículo 98° del Código Procesal Civil, esta norma regula el derecho de terceros a intervenir en un proceso por el cual pueden verse afectados por el resultado del mismo, como puede ser el caso de los compradores de un predio que son llamados al proceso donde se discute la validez del acto jurídico por el cual su vendedor adquirió el predio transferido, como ocurre en autos; sín embargo, ello no supone que en el proceso donde han sido llamados los compradores se tenga que discutir necesariamente la validez de los actos jurídicos de adquisición de estos últimos, más aún cuando la validez de estos no fue introducida como pretensión en el proceso por la demandante. En consecuencia, la intervención litisconsorcial de los patrimonios autónomos [...] y [...] no supone que se deba discutir en el presente proceso la validez de los títulos de propiedad que alegan tener estos respecto a secciones del bien materia de litis, pues esta discusión no fue parte de los puntos controvertidos de los procesos acumulados, ni tampoco la dilucidación de esas pretensiones se deriva de los artículos 87° y 98° del Código Procesal Civil. Por lo que se debe desestimar el recurso de casación en este extremo. Dejando a salvo el derecho de la recurrente de acudir al órgano jurisdiccional competente para discutir y dilucidar esas pretensiones. (Casación N.° 5479-2009-Cajamarca, de 19-10-2010, f. j. 6. Sala Civil Permanente [EP, 01-07-2011, Sentencias en Casación N.° 644, p. 30631]. Texto completo: ). ♦ SUMMA PROCESAL CIVÍL

Art. 99

CODIGO PROCESAL CIVIL

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§ 1046. Sujetos legitimados para interponer recurso de apelación. Véase la jurisprudencia del artículo 364° del Código Procesal Civil [§ 2344]. (Casación N.° 15676-2014-Cajamarca, de 04-072017, £ j. 5- Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 03-01-2018, Sentencias en Casación N.° 741, p. 103528], Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPERIOR

§ 1047. Intervención litisconsorcial. Tercero. [En] la intervención litísconsorcial la pretensión del interviniente es propia, pero jurídicamente conexa y paralela con la de la parte consorcial (demandante o demandada), por emanar de la misma causa jurídica o título o por ser el interviniente titular de la misma relación jurídica; pues obviamente dehe de existir legitimidad para obrar en el peticionante que se encuentre corroborada precisamente en el título con que pretende acceder a la relación jurídica procesal. (Exp. N.° 1505-99, de 20-08-1999, £ j. 3. Sala de Procesos Abreviados y de Conocimiento. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ).

Artículo 99: Intervención excluyente principal Quien pretenda, en todo o en parte, ser declarado titular del derecho discutido, puede intervenir formulando su exigencia contra demandante y demandado. Esta intervención solo será admisible antes de la expedición de sentencia en primera instancia. El excluyente actuará como una parte más en el proceso. Si ofreciera prueba, ésta se sujetará al trámite propio del proceso en que comparece, otorgándose similares facultades probatorias a las partes. La intervención del excluyente no suspende el proceso, pero sí la expedición de la sentencia.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 1048. El medio im pugnatorio por parte del tercero excluyente principal debe estar orientado a defender su pretensión procesal y no la de algunas de las partes. D écim o P rim ero. [La] figura del tercero excluyente principal es regulada por el artículo 99 del Código Procesal Civil, el cual prescribe que quien pretenda en todo o en parte, ser declarado cítular del derecho discutido, puede intervenir formulando su exigencia contra demandante y demandado, asegurándose que esta intervención solo será admisible antes de la expedición de sentencia en primera instancia, debiendo actuar el excluyente como una parte más en el proceso; en caso de ofrecer prueba, esta se sujetará al trámite propio del proceso en que comparece, otorgándole similares facultades probatorias a las partes, no suspendiendo la intervención del excluyente el proceso, pero sí la expedición de la sentencia. D écim o S egundo. [...] [El] tercero excluyente principal tiene la calidad de parte en el proceso, pues pretende su incorporación al proceso a fin de hacer valer dentro de él, su propia pretensión procesal, la que es opuesta a las pretensiones de las partes en el mismo, correspondiendo a dicha parte, al interponer un medio impugnatorio, invocar su propío interés para recurrir, el que debe estar orientado a defender su pretensión procesal y no la de alguna de las partes. (Casación N.° 3447-2009-Lima, de 20-05-2010, ffi jj. 11 y 12. Sala Civil Permanente [EP 01-12-2010, Sentencias en Casación N.° 633, p. 28931]. Texto completo: ), § 1049. Sujetos legitimados para interponer recurso de apelación. Véase la jurisprudencia del artículo 364° del Código Procesal Civil [§ 2344]. (Casación N.° 15676-2014-Cajamarca, de 04-072017, f. j. 5. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 03-01-2018, Sentencias en Casación N.° 741, p. 103528]. Texto completo: ). J URISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPERIOR

§ 1050. Solicitud de intervención excluyente principal: es irregular que no se resuelva con la sola presentación y que se postergue su dilucidación hasta el acto de la sentencia. P rim ero. [...] n o m o s & th e sis

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SUJETOS DEL PROCESO / COMPARECENCIA

Art. 100

[Más de] quince personas [...] solicitan su intervención excluyen te principal argumentando que son propietarios de puestos en [un] centro comercial [...] y que les fueron transferidos por el demandante. S egundo. [Sin embargo, el] Juzgado [...], con término procesal no idóneo, admitió a trámite el petitorio y corrió traslado a las partes, sin resolver la incidencia hasta el acto de la sentencia, lo que es irregular por la naturaleza de la figura de la intervención excluyeme principal. Tercero. [El] artículo 99 del Código Procesal Civil previene en su parte final que la expedición de la sentencia queda suspendida hasta que se resuelva el petitorio, entiéndase para que -en caso se ampare- la relación jurídico-procesal se recomponga con los favorecidos, o en contrario, se pueda apelar de ella conforme a ley (Exp. N.° 1558-97, de 13-04-1998, f. j. 3. Tercera Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ).

Artículo 100: Intervención excluyante de propiedad o de derecho preferente Puede intervenir en un proceso quien pretende se le reconozca su derecho en oposición a los litigantes, como consecuencia de alguna medida cautelar ejecutada sobre un bien de su propiedad o sobre el cual tuviera un mejor derecho que el titular de la medida cautelar. También puede intervenir en un proceso quien pretenda se le reconozca derecho preferente respecto de lo obtenido en la ejecución forzada. Las intervenciones descritas en este artículo se tramitarán de acuerdo a lo dispuesto en el Subcapítulo 5, Capítulo II, Título II, Sección Quinta de este Código.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 1051. La intervención en un proceso de quien pretende se le reconozca su derecho en oposición a los litigantes como consecuencia de alguna m edida cautelar se tram ita como tercería. D écim o Cuarto. [...] [La] intervención en un proceso acorde a lo prescrito por el artículo 100 del Código Ptocesal Civil de quien pretende se le reconozca su derecho en oposición a los litigantes como consecuencia de alguna medida cautelar ejecutada sobre el bien de su propiedad sobre el cual tuviera un mejor derecho que el del titular de la medida cautelar se tramitará como tercería de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 533 y siguientes del acotado y atendiendo a las disposiciones generales previstas en los artículos 486 y siguientes del acotado siendo competentes pata conocer dicho proceso los jueces civiles y los de paz letrados salvo en aquellos casos en que la ley le atribuye su conocimiento a otros órganos jurisdiccionales permitiendo el referido artículo 100 del Código que el sujeto principal denominado tercerista pueda esgrimir una pretensión propia a través de una nueva demanda contra quienes son parte originaria del proceso en el que se ha ejecutado la medida cautelar y no obstante que este ostenta la condición de parte actora es innegable que continúa siendo un tercero indiferente en relación al proceso principal sin que ello implique que no tenga facultad de intervenir en el mismo a fin de formular peticiones relacionadas con lo que es objeto de la tercería pues una de sus características es que tiene un interés econ óm ico que se agota cuando se libere su p rop ied a d mas no tiene interés en el derecho que se defina en e l p roceso originario. (Casación N.° 1734-2012-Lima, de 24-05-2013, fi j. 14 del voto en minoría de la señora jueza Valcárcel Saldada. Sala Civil Transitoria [EP, 31-03-2014, Sentencias en Casación N.° 690, p. 49825]. Texto completo: ). § 1052. En la tercería de derecho preferente se debe determinar si el tercerista tiene preferencia sobre el crédito del ejecutante. Cuarto. [El recurrente] interpone recurso de casación invocando: [...] b) Infracción normativa del artículo 4 del Decreto Legislativo 856; expone que la Sala Superior ha realizado una interpretación aislada y literal de la norma invocada, concluyendo que del texto de la norma no se desprende la exigencia legal para el tercerista de acreditar haber solicitado en el proceso donde se le ha reconocido el crédito laboral, el señalamiento infructuoso de bien de libre gravámenes por parte del deudor laboral ejecutado, no obstante que esta norma establece una carga para el titular ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

Art. 101

CÓDIGO PROCESAL CIVIL

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de un crédito laboral que tiene que cumplir a fin de poder hacer eféctiva la preferencia o prioridad de su crédito. Lo contrario supondría, como lo ha establecido la Corte Suprema en la Casación N.° 4475-2007-La Libertad [§ 3984], la vulneración de derechos de terceros quienes se verían impedidos de hacer efectivo el cobro de su crédito con el producto del bien que han ejecutado, porque un acreedor laboral sin haber exigido oportunamente que su empleador señale la existencia de bienes con lo que pueda responder por su crédito laboral, esto es, sin haber agotado los mecanismos legales para hacer efectivo su derecho, y en consecuencia, sin que se haya verificado oportunamente que el empleador solo podría haber respondido por dicho crédito laboral con el bien ejecutado por su otro acreedor. La norma invocada regula que el tercerista a fin de acreditar su interés para obrar, tendrá que acreditar el cumplimiento de esta carga si lo que pretende es ejercer la preferencia o prioridad en su crédito laboral, pues en el proceso de tercería, no se busca determinar si existe un derecho reconocido a favor del tercerista, sino que sobre la base de dicho derecho ya reconocido lo que debe determinarse es si el mismo tiene preferencia respecto del crédito del acreedor ejecutante. Ello se sustenta también en ios artículos 100, 533 y 537 del Código Procesal Civil, normas que regulan la tercería de derecho preferente, con lo cual lo que debe dilucidarse en este proceso es si el tercerista tiene preferencia a ser pagado con el precio del bien ejecutado frente al derecho del acreedor ejecutante. El derecho reconocido en el artículo 24 de la Constitución Política del Estado se encuentra armonizado con la regulación del Decreto Legislativo 856, que impone una carga al tercerista, para acreditar su interés para obrar. Siendo así, la Sala Superior infringe el artículo 4 del citado Decreto Legislativo al declarar fundada la demanda sin que el tercerista haya cumplido con acreditar que cumplió con lo establecido en dicha norma que precisa cuando el titular de un crédito laboral puede ejercer la preferencia de su crédito. (Casación N.° 4499-2010-Lima, de 06-04-2011, f. j. 4. Sala Civil Permanente [EP, 02-11-2011, Sentencias en Casación N.° 653, p. 31885]. Texto completo: ). J URISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPERIOR

§ 1053. Supuestos en los que no procede calificar, en el proceso sobre ejecución de garantías, la intervención excluyente de propiedad o de derecho preferente. P rim ero . [En] el caso de autos, de la lectura del escrito [...] es de verse que don R. S. M . solícita el amparo de la norma contenida en el artículo 100 del Código Procesal Civil, dada su condición procesal de intervención excluyente de propiedad, se admita su intervención excluyente de derecho preferente en el proceso, para que se declare fundada la oposición que formula al mandato [...] por el que se dispone que, haciéndose efectivo el apercibimiento decretado, se proceda al lanzamiento del ejecutado y demás ocupantes del inmueble materia de adjudicación; alegando que no obstante tener la calidad de ocupante, poseedor y adquiriente del predio en cuestión que le sirve de vivienda y domicilio real, nunca fue notificado con el mandato ejecutivo expedido. S egundo . [Se] advierte que el recurrente ha hecho uso de las dos intervenciones previstas en el artículo 100 del [Código Procesal Civil], las que acorde a lo señalado en el propio numeral, se tramitan de acuerdo alo dispuesto en el Subcapítulo atinente a la Tercería. (Exp. N.° 80-99, de 19-03-1999, f. j. 2. Sala de Procesos Ejecutivos. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ).

Artículo 101: Requisitos y trámite común de las intervenciones Los terceros deben invocar interés legítimo. La solicitud tendrá la formalidad prevista para la demanda, en lo que fuera aplicable, debiendo acompañarse los medios probatorios correspondientes. El Juez declarará la procedencia o denegará de plano el pedido de intervención. En el primer caso, dará curso a las peticiones del tercero legitimado. Solo es apelable la resolución que deniega la intervención. Los intervinientes se incorporan al proceso en el estado en que este se halle al momento de su interven­ ción.

n o m o s & th e s is

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SUJETOS DEL PROCESO / COMPARECENCIA

Art. 102

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 1054. El interviniente puede incorporarse en cualquier estado del proceso pero no puede cuestionar su no incorporación cuando no estaba en el proceso. Q uinto. [...] [El recurrente no] acredita la incidencia directa que tendría sus alegaciones, en tanto su pedido fue acogido en segunda instancia, al declarar procedente su intervención como litisconsorte de los demandados, y en aplicación de lo previsto en el artículo 101 del Código Procesal Civil, se dispuso que dicha incorporación se efectúe en el estado en que se encuentre el proceso, incorporación que le permitió interponer el presente recurso de casación contra la decisión de la Sala Civil, no obstante ello, lejos de cuestionar la decisión arribada sobre el fondo, está cuestionando su falta de incorporación en primera instancia, pretendiendo con ello, obtener un emplazamiento de la demanda, lo que no se condice con lo dispuesto en la norma prevista en el artículo 101 del Código Procesal glosado, que faculta a incorporar al proceso a terceros intervinientes en el estado en que se encuentre el proceso [...]. (Casación N.° 2713-2012-Moquegua, de 06-08-2012, f. j. 5. Sala Civil Permanente [EP, 01-07-2013, Sentencias en Casación N.° 680, p. 41215]. Texto completo: ). § 1055. La incorporación ai proceso (en este caso, de uno de desalojo) del litisconsorte necesario pasivo, en segunda instancia, se produce en el estado en que este se halle al momento de su intervención. Sétim o. [Se] advierte de autos que la Sala Civil Superior al absolver el grado ha omitido pronunciarse sobre la nulidad de actuados y la conclusión del proceso peticionada por el litisconsorte necesario pasivo A. E. O. en sus [respectivos] recursos [...]; debiéndose tener presente, que conforme lo establece el artículo 101 del Código Procesal Civil, al integrarse al proceso en segunda instancia A. E. O., su incorporación se produce en el estado en que este se halle al momento de su intervención. (Casación N.° 3930-2009-Lima, de 22-10-2010, f. j. 7. Sala Civil Transitoria [EP, 02-052011, Sentencias en Casación N.° 639, p. 29963]. Texto completo: ).

Artículo 102: Denuncia civil El demandado que considere que otra persona, además de él o en su lugar, tiene alguna obligación o responsabilidad en el derecho discutido, debe denunciarlo indicando su nombre y domicilio, a fin de que se le notifique del inicio del proceso.

J URISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 1056. La denuncia civil: concepto. O ctavo. [...] El artículo 102 del Código Procesal Civil consagra la figura procesal de la denuncia civil que permite incorporar al proceso a un tercero que, no habiendo sido demandado expresamente, asuma las obligaciones o responsabilidades que surjan del derecho discutido; de tal manera que sean emplazados con la demanda y entablen relación procesal con el demandante. [...] (Casación N.° 3608-2015-Lambayeque, de 14-09-2016, f. j. 8. Sala Civil Transitoria [EP, 02-10-2017, Sentencias en Casación N.° 734, p. 97082], Texto completo: ), § 1057. Si no se form ula la denuncia civil en su oportunidad, se aplica la convalidación del acto procesal. Tercero. [El] demandado no ha formulado la denuncia civil, conforme lo establece el artículo 102 del Código Procesal Civil, en la primera oportunidad que tuvo conforme lo precisa el artículo 176 de la Norma procesal ya citada; que al no haberse procedido así es de aplicación al caso de autos el principio de la convalidación que establece el artículo 172, tercer parágrafo de la legislación procesal antes citada. [...] Q uinto. [En] la presente demanda de desalojo por ocupante precario no se ha emplazado a la sociedad conyugal formada por el demandado con doña C. D. U., sino al demandado personalmente en cuanto este posee en forma precaria el inmueble objeto de la litis, es decir, sin título alguno conforme a lo normado por el artículo 911 del Código Civil. (Casación N.° 388-95-Lambayeque, de 05-06-1996, ff. jj. 3 y 5. Sala Civil. Texto completo: ). * SUMMA PROCESAL CIVIL

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CÓDIGO PROCESAL CIVIL

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§ 1058. Quien estuvo en las condiciones de denunciar dentro del trám ite del proceso y no lo hace, carece de legitim idad para denunciar la falta de emplazamiento de un tercero. D écim o P rim ero. [La] recurrente no tiene “legitimidad” para denunciar la falta de emplazamiento de un tercero [...] constituyéndose un agravio ajeno -tercero- quien en todo caso estuvo en condiciones de denunciarlo dentro del trámite del presente proceso en las instancias pertinentes y no esperar para denunciarlo ante esta Sala Suprema, afectándose la excepclonalidad del recurso de casación, (Casación N.° 1591-2011Puno, de 12-11-2002, f. j. 11. Sala Civil Transitoria [EP, 30-09-2013, Sentencias en Casación N.° 683, p. 44041], Texto completo: ). § 1059. La denuncia civil puede estar contenida en la contestación de la demanda o en un escrito aparte. Sexto . [No] existiendo prohibición alguna de que la denuncia civil se encuentre contenida en la contestación de demanda, ni mucho menos mandato imperativo de que deba formularse en escrito aparte, esta debe entenderse como válidamente efectuada en la forma realizada en autos, máxime si es obligación de los Magistrados analizar, evaluar y merituar cada uno de los fundamentos expuestos por las partes en litigio. (Casación N.° 1805-2000-Ayacucho, de 01-10-2003, f. j. ó. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 30-07-2003], Texto completo: ). § 1060. Integración indebida de la apelada respecto de una denuncia civil. Tercero. [C] ons catado por la Corte Superior el hecho de que el juez de la causa había omitido pronunciarse sobre la relación sustancial entre el denunciante y el denunciado civil conforme al artículo 103 de la ley procesal debió proceder a declarar la nulidad de la resolución impugnada, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 122 inciso 4 de la citada ley procesal civil y disponer que se expida nuevo fallo pronunciándose sobre este extremo. (Casación N.° 1031-95-Callao, de 17-10-1996, £ j. 3. Sala Civil [EP, 21-12-1996, p. 2586], Texto completo: ). § 1061. La incorporación de un denunciado civil supone la continuación del proceso en la etapa que se encuentre. Sexto. [Si] bien el Colegiado Superior consideró que al tratar el presente proceso uno de indemnización por daños y perjuicios en contra de la [empresa] ETF se debía integrar -a pedido de la empresa demandada- a la relación jurídica procesal en calidad de litisconsorte necesario pasivo a don J. M. V., por ser el conductor del vehículo de propiedad de la empresa a quien se le atribuye haber realizado una mala maniobra; sin embargo no puede considerar que tai incorporación supone que se vuelvan a realizar todos los actos procesales realizados con posterioridad a su incorporación, porque según señala se limita su derecho al contradictorio, si se tiene en cuenta que ia incorporación supone la continuación del proceso en la etapa que este se encuentre, en el presente caso, al haberse saneado el proceso y llevado a cabo las audiencias de conciliación y de pruebas, solo se debió ordenar una audiencia complementaria de pruebas en el caso que se hubiera ofrecido medios probatorios conforme lo establece el artículo 96 del Código Adjetivo. (Casación N.° 3762-2006-Moquegua, de 04-06-2007, £ j. 6. Sala Civil Transitoria [EP, 30-05-2008], Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DE LAS CORTES SUPERIORES

§ 1062. Si los demandados tomaron conocimiento del proceso hace un año, resulta extemporáneo que en segunda instancia formulen denuncia civil. P rim ero. [...] [Si] el desistimiento no se refiere a todas las pretensiones o si solo es deducido por uno de los demandantes, el proceso condnuará respecto de las pretensiones y personas no comprendidas en él. [...] C uarto, [Se aprecia que] las demandadas tomaron conocimiento del proceso hace más de un año atrás, [...] razón por ia cual la denuncia civil que formulan en esta segunda instancia, [,.,] resulta a todas luces extemporáneo. (Exp. N.° 512-95, de 05-06-1995, ff. jj. 1 y 4. Segunda Sala Cívíl. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ).

Artículo 103: Trámite y efectos de la denuncia Si el Juez considera procedente la denuncia, emplazará al denunciado con las formalidades establecidas para la notificación de la demanda, concediéndole un plazo no mayor de diez días para n o m o s & th e s is

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SUJETOS DEL PROCESO / COMPARECENCIA

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que intervenga en el proceso, el cual quedará suspendido desde que se admite la denuncia hasta que se emplaza al denunciado. Una vez emplazado, el denunciado seré considerado como litisconsorte del denunciante y tendrá las mismas facultades que este. La sentencia resolverá, cuando fuera pertinente, sobre la relación sustancial entre el denunciante y el denunciado.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 1063. Suspensión del trámite del proceso hasta que se efectúe el efectivo emplazamiento del denunciado civil. El tiempo que dura una suspensión legal no es efectivo para el cómputo del plazo previsto para solicitar la declaración de abandono del proceso. Sexto. [Se] desprende que las instancias de mérito al amparar el pedido de abandono [...] infringieron lo dispuesto en las normas procesales [...] referidas a la suspensión del proceso, las cuales no admiten discusión alguna al respecto, al tratarse de una norma de carácter imperativo, ya que el Juez al admitir la intervención del denunciado civil, automáticamente, en virtud del mandato contemplado en el artículo 103 del mencionado Código Procesal, suspendió el trámite del proceso hasta que se efectuara el efectivo emplazamiento de dicho denunciado [...]. Sétim o. [Abundando] en argumentos a favor de las conclusiones antes expuestas, debemos tener presente lo dispuesto en el artículo 346 del Código Procesal Civil que estipula “Cuando el proceso permanezca en primera instancia durante cuatro meses sin que se realice acto que lo impulse, el juez declarará su abandono de oficio o a solicitud de parte o de terceto legitimado. Para el cómputo del plazo del abandono se entiende iniciado el proceso con la presentación de la demanda. Para el mismo cómputo no se toma en cuenta el periodo durante el cual el proceso hubiera estado paralizado por acuerdo de partes aprobado por el juez”. [...] O ctavo. [...] [Si] bien el numeral 346 regula respecto del no cómputo del plazo para la declaración de abandono en el caso de la suspensión convencional, esto es, aquella suspensión acordada por las partes y aprobada por el juez; entonces, con mayor razón resulta aplicable dicha consecuencia jurídica a la suspensión legal del proceso por provenir esta de un mandato legal de carácter imperativo como es el numeral 318 del mencionado Código Procesal. (Casación N.° 4651-2008-Ica, de 31-03-2009, ff. jj. 6-8. Sala Civil Permanente [EP, 01-10-2009, p. 25834], Texto completo: ). § 1064. Demandado que omite hacer la denuncia civil. Q uinto. [...] [El] demandado en ningún momento ha cumplido con acreditar ser servidor de la posesión, ni mucho menos ha cumplido con denunciar civilmente a los poseedores, tampoco ha cumplido con señalar el domicilio de aquellos; por lo que no se evidencia omisión alguna al respecto que sea atribuible al juzgador [...]. [.„] N oveno. [Al] formular el recurso de casación, la impugnante alega que se ha vulnerado su derecho al debido proceso, por cuanto \prim ero, la demanda se dirige contra R. C. R. [el demandado] quien al contestar la misma señaló que la posesión la ostentaba por encargo de la apelante y su esposo, pese a ello no se procedió conforme a lo previsto en los artículos 103 y 105 del Código Procesal Civil; lejos de set emplazada se fijó fecha para la audiencia única, sin embargo para subsanar el vicio procesal incurrido se emplazó a la apelante y a su esposo como litisconsortes y sin más trámite se les declaró rebeldes, para luego expedir sentencia; segundo, refiere que ostenta la posesión con la constancia de transferencia [...] expedida por la cooperativa [...] con fecha [...], la constancia policial [...] y los recibos de pago de consumo de agua expedidos por la Junta Administradora de Servicio de Saneamiento, así como del pago de impuesto de autoavalúo. D écim o. [R]especto al primer agravio, de autos se advierte: [...] 1) [...] [Lal impugnante no puede pretender desconocer la existencia de un proceso de desalojo por ocupación precaria interpuesto por la actora y solicitar la nulidad de todo lo actuado como lo alega en su recurso de apelación y casación, toda vez que a pesar de tener conocimiento del proceso iniciado no ha hecho valer su derecho en la etapa correspondiente, conforme a ley, esto es, en la primera oportunidad que tuvo para hacerlo, saliendo a juicio recién cuando interpone su recurso de apelación; por lo tanto, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 171 del Código Procesal Civil, se convalida un acto procesal a pesar de carecer de ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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algún requisito formal, cuando se ha logrado la finalidad para la que estaba destinada, en consecuencia no hay nulidad si la subsanación del vicio no ha de influir en el sentido de la resolución o en las consecuencias del acto procesal. [...] (Casación N.° 2206-2012-Ica, de 14-06-2013, fh jj. 5, 9 y 10. Sala Civil Transitoria [EP, 02-12-2013, Sentencias en Casación N,° 686, p. 44639]. Texto completo: ). § 1065. La suspensión como efecto de la denuncia civil busca la integración de la relación procesal con el denunciado civil. P rim ero. [Conforme] al artículo 103 del Código Procesal Civil, es efecto de la denuncia civil una vez admitida aquella, la suspensión del proceso. S egundo. [La] suspensión a la que alude la ley busca la integración de la relación procesal con el denunciado civil, por lo que hasta que no se integre dicho litisconsorte, el proceso se encuentra suspendido. (Casación N.° 2805-99-Callao, de 25-05-2000, ff. jj. 1-2, Sala Civil Permanente [EP, 19-08-2000, p. 6005]. Texto completo: ).

Artículo 104: Aseguramiento de pretensión futura La parte que considere tener derecho para exigir de un tercero una indemnización por el daño o perjuicio que pudiera causarle el resultado de un proceso, o derecho a repetir contra dicho tercero lo que debiera pagar en ejecución de sentencia, puede solicitar el emplazamiento del tercero con el objeto de que en el mismo proceso se resuelva además la pretensión que tuviera contra él. El llamamiento queda sujeto al trámite y efectos previstos en el artículo 103. Artículo 105: Llamamiento posesorio Quien teniendo un bien en nombre de otro, es demandado como poseedor de él, debe expresarlo en la contestación a la demanda, precisando el domicilio del poseedor, bajo apercibimiento de ser condenado en el mismo proceso a pagar una indemnización por los daños y perjuicios que su silencio cause al demandante, además de la multa prevista en el artículo 65. Para el emplazamiento ai poseedor designado se seguirá el trámite descrito en el artículo 103. Si el citado comparece y reconoce que es el poseedor, reemplazará al demandado, quien quedará fuera del proceso. En este caso, el Juez emplazará con la demanda al poseedor. Si el citado no comparece, o haciéndolo niega su calidad de poseedor, el proceso continuará con el demandado, pero la sentencia surtirá efecto respecto de este y del poseedor por él designado. Lo normado en este artículo es aplicable a quien fue demandado como tenedor de un bien, cuando la tenencia radica en otra persona.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 1066. Para que e! llamamiento posesorio produzca sus efectos se necesita de la resolución pertinente expedida por el Juez. Sexto. [El] segundo párrafo del artículo 105 del Código Procesal Civil establece respecto del llamamiento posesorio que sí el citado comparece y reconoce que es el poseedor, reemplazará al demandado, quien quedará fuera del proceso y, en este caso, el juez emplazará con la demanda al poseedor. Sétim o. No obstante lo dispuesto [...] y pese a que el [citado] ha comparecido formalmente al proceso, el juez ha omitido expedir la resolución pertinente, decidiendo o no sobre su incorporación al proceso en reemplazo de los codemandados, pese a la trascendencia que este acto procesal revista para efectos del cumplimiento de la decisión final [...]. (Casación N.° 622-2002-Arequipa, de 06-09-2002, ff. jj. 6-7. Sala Civil Transitoria [EP, 02-01-2003, p. 9764], Texto completo: ).

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SUJETOS DEL PROCESO / COMPARECENCIA

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§ 1067. Demandado que omite hacer la denuncia civil. Véase la jurisprudencia del artículo 103° del Código Procesal Civil [§ 1064]. (Casación N.° 2206-2012-Ica, de 14-06-2013, ff. jj. 5, 9 y 10. Sala Civil Transitoria [EP, 02-12-2013, Sentencias en Casación N.° 686, p. 44639]. Texto completo: ).

Artículo 106: Llamamiento en caso de fraude o colusión Cuando en cualquier etapa del proceso se presuma fraude o colusión entre las partes, el Juez, de oficio, ordenará la citación de las personas que pueden resultar perjudicadas, a fin de que hagan valer sus dere­ chos. Para tal efecto, el Juez puede suspender el proceso por un plazo no mayor a treinta días.

PLENO JURISDICCIONAL

§ 1068. Si el juez presume la existencia de fraude o colisión en los procesos ejecutivos de acta de conciliación puede solicitar prueba de oficio con la finalidad de dilucidar los hechos materia de controversia y también el emplazamiento de las personas que puedan resultar perjudicadas c o n l a e j e c u c i ó n . El pleno acordó por m a y o r ía : El juez en caso que presuma fraude o colusión en los procesos ejecutivos de ejecución de acta de conciliación celebradas ante la Autoridad Administrativa de Trabajo, tal es el caso de contener sumas irrazonables, debe disponer la actuación de prueba de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28° de la Ley Procesal del Trabajo, para verificar la relación causal (relación laboral); y/u ordenar el emplazamiento de las personas que pueden resultar perjudicadas con la ejecución, de conformidad con lo establecido en el artículo 106 del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente al proceso laboral. (Pleno Jurisdiccional Distrital Laboral 2006, realizado en Arequipa. Tema N.° 6: La prueba de oficio en los procesos ejecutivos, por actas de conciliación administrativa. Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 1069. No se considera fraude o colusión entre las partes cuando estamos en un proceso de ejecución en el que, propiamente, no existe hecho controvertido, pues el derecho de crédito ya está reconocido en el título ejecutivo. Q uinto. [El] recurrente denuncia la [...] Infracción normativa de los artículos 103 y 106 del Código Procesal Civil, y 139 numeral 3 de la Constitución Política del Perú. Argumenta que el Juez debió suspender el proceso, pues denunció que el título ejecutivo es un acto de simulación elaborado por las partes; sin embargo, sin mayor fundamento jurídico se rechazó este pedido y se continuó con la ejecución de la garantía hipotecaria; con todo lo cual se han transgredido sus derechos al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva. [...] [...] N oveno. [...] [No] hay contravención a las normas reguladas en ios artículos 103 y 106 del Código acotado, toda vez, que estamos en un proceso en el que, propiamente, no existe hecho controvertido, pues el derecho de crédito ya está reconocido en el título ejecutivo; por lo que, el alegato de un fraude entre las partes, no puede servir para suspender el proceso, por cnanto, resulta impertinente para oponerse a la ejecución de la obligación. (Casación N.° 612-2016-Lima, de 01-07-2016, ff. jj. 5 y 9. Sala Civil Permanente [EP 28-02-2017, Sentencias en Casación N.° 724, p. 89413]. Texto completo: ). § 1070. Cuando se produce la colusión en un proceso se afecta el debido proceso, por lo que resulta amparable la demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Véase la jurisprudencia del artículo 178° del Código Procesal Civil [§ 1630], (Casación N.° 931-95-Pucallpa, de 16-10-1996, ff. jj. 6-7. Sala Civil. Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DE LAS CORTES SUPERIORES

§ 1071. Llamamiento en caso de presunción de fraude. Dentro del régimen de una sociedad de gananciales todos los bienes se presumen que tienen el carácter de sociales, salvo prueba en contrallo. Si * SUMMA PROCESAL CIVIL

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se ha demandado reconocimiento de verdadera compradora al cónyuge vendedor, es razonable presumir fraude entre vendedor y compradora, sí concurren circunstancias que hagan llegar a tal presunción, en cuyo caso el juzgador debe citar a la cónyuge que no intervino en la compraventa (y además donación a favor de los nietos, cuya tutora es precisamente la compradora) porque ella puede resultar perjudicada con lo que se resuelva en el proceso, conforme a la norma contenida en el art. 1ü6° del Código Procesal Civil. (Reg. N.° 214-94-P-N, de 14-02-1995, sumida. Primera Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Arequipa. Texto completo: ).

Artículo 107: Extromisión Excepcional mente, en cualquier momento el Juez por resolución debidamente motivada, puede separar del proceso a un tercero legitimado, por considerar que el derecho o interés que lo legitimaba ha desapa­ recido o haber comprobado su inexistencia.

PLENOS JURISDICCIONALES

§ 1072. El litisconsorte puede apelar la resolución que declara fundada su extromísión. ¿ E l litisconsorte, incluido en segunda instancia (Sala Superior), y luego se le excluye delproceso; puede apelar la resolución que declara fundada su extromísión? Eí Pleno acordó por m a y o r í a : “S í puede apelar la resolución emitida por la Sala Superior, mediante el cual se declara fundado, su extromísión5. (Pleno Jurisdiccional Distrital Civil, Procesal Civil y Contencioso Administrativo, realizado en Huancavelica, eí 02-09-2010. Materia Civil y Procesal Civil: Tema N.° 3. Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 1073. La extromísión opera a pedido de parte o de oficio. En cualquier etapa del proceso,

y de manera excepcional, puede el órgano jurisdiccional disponer la extromísión cuando estime que el derecho o interés que legitimaba al tercero se ha extinguido, III. [...] 4) [En] cuanto al artículo 107 del Código Procesal Civil, en esta disposición se reconoce el derecho de un tercero a ser incorporado al proceso cuando invoque interés legítimo, así como a ser expulsado cuando el interés que lo legitimaba, ha desaparecido o se ha comprobado su inexistencia, esta última situación se le denomina extromisión, que puede operar de oficio o a pedido de parte. Solo los terceros legitimados pueden ser separados a través de la extromísión. En cualquier etapa del proceso, y de manera excepcional, puede el órgano jurisdiccional disponer la extromisión cuando estime que el derecho o interés que legitimaba al tercero se ha extinguido (se dice posteriormente porque el juez admite la intervención del tercero precisamente por demostrar este su derecho o interés para intervenir en el proceso, pero es en momento posterior al indicado que el juez se cerciora de que ese derecho o interés no existe). (Casación N.° 29282012-Lima, de 21-03-2013, f. j. 4. Sala Civil Permanente [EP, 02-11-2011, Sentencias en Casación N.° 653, p. 46213]. Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DE LAS CORTES SUPERIORES

§ 1074, La extromisión está reservada para los terceros legitimados y no para las partes originarias de un proceso. P rim ero. [La] figura procesal de la extromísión, prevista en el artículo 107 del Código Procesal Civil está reservada expresamente pata los terceros legitimados y no para las partes originarias de un proceso, de manera que la compañía de seguros recurrente carece de derecho de acción para proponerla. (Exp. N.° 333-98, de 16-03-1998, f. j. 1. Tercera Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ).

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SUJETOS DEL PROCESO / COMPARECENCIA

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Artículo 108: Sucesión procesal Por la sucesión procesal un sujeto ocupa el lugar de otro en un proceso, a! reemplazarlo como titular activo o pasivo del derecho discutido. Se presenta la sucesión procesal cuando: 1. Fallecida una persona que sea parte en el proceso, es reemplazada por su sucesor, salvo disposición legal en contrario; 2. Al extinguirse o fusionarse una persona jurídica, sus sucesores en el derecho discutido comparecen y continúan el proceso; 3. El adquirente por acto entre vivos de un derecho discutido, sucede en el proceso al enajenante. De haber oposición, el enajenante se mantiene en el proceso como litisconsorte de su sucesor; o 4. Cuando el plazo del derecho discutido vence durante el proceso y el sujeto que adquiere o recupera el derecho, sucede en el proceso al que lo perdió. En ios casos de los incisos 1 y 2, la falta de comparecencia de los sucesores, determina que continúe el proceso con un curador procesal. Será nula la actividad procesal que se realice después que una de las partes perdió la capacidad o titularidad del derecho discutido, siempre que dicho acto le pueda haber generado indefensión. Si transcurridos treinta días no comparece el sucesor al proceso, el Juez debe designar a un curador procesal, de oficio o a pedido de parte.{1) N O TA DE A C T U A L IZ A C IÓ N

(1) Artículo modificado por el artículo 2 de la Ley N.° 30293 (EP, 28-12-2014). que entró en vigencia a los 30 días hábiles de su publicación en el diario E l P e ruan o.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 1075. Reconocimiento implícito de la sucesión procesal al recurrente al concederle el recurso de apelación pertinente. Tercero. [Si] bien es cierto que expresamente [a la recurrente] no se le admitió como sucesora procesal de la demandada, empero sí se ha hecho implícitamente al concederle el recurso de apelación pertinente, pues de lo contrario ello no habría ocurrido. Cuarto. [No] obstante lo anterior, debe tenerse presente que al caso de autos le es aplicable el principio de la trascendencia, por cuanto dicha omisión no acarrea perjuicio alguno a la recurrente y el acto procesal cumple la finalidad al que estaba destinado, esto es, el de resolver un conflicto de intereses, tanto más si la citada omisión no ha sido observada en su oportunidad. (Casación N.° 1935-99-Lima, de 02-12-1999, ff. jj■3 y 4. Sala Civil Permanente [EP, 20-01-2000, p. 4603]. Texto completo: ). § 1076. El demandante debe informar sobre el f a l l e c i m i e n t o de una de l a s p a r t e s para realizarse la sucesión procesal. Sexto. [De] los actuados se advierte que no se ha conformado la sucesión procesal prevista en el inciso 1 del artículo 108 del Código Procesal Civil, y que no obstante haber acaecido el fallecimiento del codemandante [...] el 28 de abril de 2013 como se verifica del certificado de defunción [...] la demandante [...] y el letrado patrocinador de la demandante no cumplió con el deber de informarlo a las instancias jurisdiccionales y continuó el proceso sin acreditar en autos tener facultades de representación de los presuntos herederos y, por ende, legitimidad para seguir formando parte de este proceso, así como para presentar los escritos, alegatos e informes correspondientes. (Casación N.° 389T2014-Lim a Norte, de 21-07-2015, f j. 6. Sala Civil Permanente [EP, 30-06-2016, Sentencias en Casación N.° 715, p. 78747]. Texto completo: ). § 1077. Es nula la conclusión del proceso si no se ba establecido la sucesión procesal del demandante fallecido. D écim o Tercero. [...] [Al] haberse acreditado que los hijos del demandante [,.,] [sí cumplieron con presentar las partidas de nacimiento respectivas], la declaración de conclusión del proceso [...] resulta nula, tanto más si la propia Sala Superior ha establecido que en estos casos, el A quo debió decretar la designación de un curador procesal para que continúe con el trámite del ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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proceso en reemplazo del demandante. [...] (Casación N.° 957-2014-Tumbes, de 20-04-2015, £ j. 7Sala Civil Transitoria [EP, 30-07-2015, Sentencias en Casación N.° 706, p. 67585]. Texto completo: ).

§ 1078. Si la sucesión procesal no se presenta al proceso, se debe nombrar curador procesal y no declarar el abandono del proceso. S egundo. [Las] normas que regulan las figuras jurídicas del abandono, la curaduría y sucesión procesal son normas de carácter imperativo, a diferencia de las normas relativas al desistimiento del proceso que son permisivas. [...] C uarto. [En el presente caso], vencido el [...] plazo sin que se apersonara la sucesión procesal, en aplicación del artículo 61°, inciso 4, concordante con el artículo 108°, último párrafo, del Código Procesal Civil el a-quo debía nombrar curador procesal para que ejerza la defensa de los derechos de la parte accionante; empero, contrariamente a ello, en el presente caso el juez dictó el auto que declara el abandono del proceso, sín tener en cuenta que tratándose de un proceso inactivo con anterioridad al transcurso del plazo para la declaración de abandono, dicha sanción carece de objeto porque la falta de nombramiento del curador procesal es imputable al a-quo, razones por las cuales corresponde declarar sin lugar la solicitud de abandono del proceso. (Casación N.° 4917-2009-La Libertad, de 19-08-2010, ff jj. 2 y 4, Sala Civil Permanente [EP, 01-07-2011, Sentencias en Casación N.° 644, p. 30618]. Texto completo: ). § 1079. La sucesión procesal a través de la cesión derechos. Desconocer la cesión de derechos contraviene el debido proceso. P rim ero. [La] cesión de derechos dentro de un proceso civil, se produce por escrito presentado ante el Juez con firma legalizada y el Juez lo admite, por resolución que es notificada por nota. S egundo. [En] esta forma se hizo la cesión del crédito por parte de la demandante a don W.A.S.M., lo que satisface las formalidades que para la cesión de créditos prescriben los artículos 1206 y 1215 del Código Civil, y la sucesión del actor previsto en el artículo 108 del Código Procesal Civil. Tercero, [En] el caso de autos, además se apersonó con ese carácter, por decreto que también fue notificado a los demandados como deudores y en la audiencia respectiva, dio por válida la relación procesal por auto que quedó ejecutoriado. Cuarto. [La] Sala de mérito al objetar y desconocer la legalidad de esa cesión, evidentemente está interpretando erróneamente los artículos citados del Código Civil y además afecta las normas que regulan el debido proceso, en decisión que es reprobable. (Casación N.° 1427-97-Cono Norte, de 18-09-1998, ff. jj. 1 al 4. Sala Civil Permanente [EP, 18-10-1998, p. 1974], Texto completo: ).

§ 1080. No puede hablarse de un sucesor procesal de una parte que nunca existió. T ercero. [...] [La] sucesión procesal solo se da en los casos en que una de las partes fallece dentro del proceso; por lo que en caso de autos, la mencionada codemandada falleció antes de que este se inicie [...]. [...] O ctavo. Por consiguiente, [..,] no se está ante un caso de sucesión procesal, lo que se encuentra corroborado por lo actuado en el proceso y lo señalado por el artículo 61 del Código Procesal Civil, concordado con el artículo 108 inciso 1 del acotado Código, por cuanto [la causante] nunca pudo formar parte del proceso, al haber fallecido antes de su inicio; por lo tanto, no puede hablarse de un sucesor procesal de una parte que nunca existió. (Casación N.° 2l4l-2001-L a Libertad, de 08-02-2002, ff. jj. 3 y 8. Sala Civil Permanente [EP, 01-10-2002, p. 9276]. Texto completo: ).

§ 1081. En el presente caso, la hipoteca materia de cesión respalda no solamente los créditos del cedente sino también del cesionario. Sexto. [La] cesión de derechos es un medio de transmisión de derechos en virtud del cual el cedente transmite al cesionario el derecho a exigir la prestación a cargo de su deudor, que se ha obligado a transferir por un título distinto, conforme lo establece el artículo 1206 del Código Civil; constituyendo en este caso una forma de sucesión “ínter vivos” por el que el cesionario ocupa el mismo lugar del cedente, con los mismos privilegios y garantías reales y personales, así como demás accesorios, según lo establece el artículo 1211 del Código Civil, lo cual resulta concordante con el artículo 108 inciso 3) del Código Procesal Civil que considera a la cesión de derechos una forma de sucesión procesal por acto entre vivos [...]. Sétim o. [E]n ese sentido, teniendo en cuenta que la cesión de derechos constituye una forma de sucesión “ínter vivos” por el que se transmite el derecho con los n o m o s & t h e s is

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mismos privilegios y garantías, se debe considerar en el presente caso que la hipoteca materia de cesión respalda no solamente los créditos del cedente sino también del cesionario, más aun cuando en el presente caso las hipotecas han sido constituidas bajo los alcances del texto original del artículo 172 de la Ley N.° 26702 que permitía la constitución de hipotecas para respaldar las obligaciones presentes o futuras del deudor. O ctavo. [En] consecuencia, se ha incurrido en inaplicación del artículo 1211 del Código Civil al haberse considerado que las hipotecas materia de cesión no respaldan los créditos del cesionario, cuando conforme a la norma acotada la cesión de derechos constituye una transmisión de derechos con los mismos privilegios y garantías; habiendo incurrido también las instancias de mérito en aplicación indebida del artículo 1 de la Ley N.° 27851 que modificó el artículo 172 de la Ley N.° 26702, al denegar ia ejecución respecto de los créditos del cesionario, sin tener en cuenta que las hipotecas fueron constituidas con anterioridad a la vigencia de la referida norma modificatoria, (Casación N,° 3073-2005-Lima, de 04-05-2006, ff. jj. 6-8, Sala Civil Permanente [EP, 03-10-2006, p. 17255], Texto completo: ).

§ 1082. Es deber, bajo sanción de multa, comunicar el fallecimiento de uno de los codemandados. Véase la jurisprudencia del artículo 109° del Código Procesal Civil [§ 1085], (Casación N.° 39062011-Lima Norte, de 26-09-2012, ff. jj. 6 y 7. Sala Civil Transitoria [EP, 31-01-2013, Sentencias en Casación N.° 675, p. 39747]. Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

§ 1083. Ante el fallecimiento del demandante, el juez debe convocar a la sucesión procesal antes de emitir pronunciamiento. 3. [Este] Tribunal considera que antes de emitir un pronunciamiento es necesario convocar a los sucesores procesales del recurrente, a efectos de que se establezca una relación jurídica procesal válida a partir del fallecimiento [del demandante] y poder continuar con el trámite del proceso. (Exp. N.° 0 1 131-2015-PA/TC, Auto de 24-01-2017, f. j. 3 [Web: 05-06-2017]. Texto completo: ).

CAPÍTULO VIII DEBERES Y RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES, DE SUS ABOGADOS Y DE SUS APODERADOS EN EL PROCESO Artículo 109: Deberes de las partes, Abogados y apoderados Son deberes de las partes, Abogados y apoderados: 1. Proceder con veracidad, probidad, lealtad y buena fe en todos sus actos e intervenciones en el proceso; 2. No actuar temerariamente en el ejercicio de sus derechos procesales; 3. Abstenerse de usar expresiones descomedidas o agraviantes en sus intervenciones; 4. Guardar el debido respeto al Juez, a las partes y a los auxiliares de justicia; 5. Concurrir ante el Juez cuando este los cite y acatar sus órdenes en las actuaciones judiciales; y 6. Prestar al Juez su diligente colaboración para las actuaciones procesales, bajo apercibimiento de ser sancionados por inconducta con una multa no menor de tres ni mayor de cinco Unidades de Referencia Procesal.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 1084. Dilatar innecesariamente el proceso constituye conducta maliciosa y temeraria. O ctavo. [Las] partes y sus abogados tienen el deber de actuar con veracidad, probidad, lealtad y buena * SUMMA PROCESAL CIVÍL

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fe en todos sus actos e intervenciones en el proceso conforme lo establece el artículo 109 del Código Procesal Civil; sin embargo, ello no se cumplió en el presente caso toda vez que se pone de manifiesto la conducta maliciosa y temeraria con la que ha actuado tanto la recurrente como el letrado que patrocina, ya que si bien dicha parte al momento de interponer el recurso de casación ha adjuntado la tasa judicial correspondiente, sin embargo, esta ha sido presentada en forma diminuta, dilatando innecesariamente el trámite del presente recurso. N oveno. [Tal] conducta procesal de la recurrente atenta contra la recta Administración de Justicia, lo que no es permisible, debiendo ser sancionado por esta Sala Suprema en uso de la facultad. (Casación N.° 662-2013-La Libertad, de 18-12-2013, ff. jj. 8 y 9. Sala Civil Permanente [EP, 30-05-2014, Sentencias en Casación N.° 692, p. 51620], Texto completo: ). § 1085. Es deber, bajo sanción de m ulta, comunicar el fallecimiento de uno délos codemandados.

Sexto. [Al] resultar objetivamente comprobable el fallecimiento de una de las partes del proceso cuando la causase encontraba en trámite pendiente de resolución final este Tribunal Supremo no puede dejar de aplicar a los hechos la nulidad textual prevista en el artículo 108 del Código Procesal Civil que sanciona con la misma todo lo actuado después que una de las partes del proceso ha perdido la titularidad del derecho que invoca razón por la que debe ampararse el recurso de casación por la causal de infracción normativa procesal correspondiendo que se declare la nulidad de todo lo actuado hasta la sentencia de primera instancia inclusive y ordenar que en primera instancia se incorpore a la litis a los sucesores procesales de la extinta demandada y hecho se continúe la causa con arreglo a su estado. Sétim o. [La] codemandada fallecida fue cónyuge del ahora impugnante y como refiere en el recurso impugnatorio falleció [...] víctima de una penosa enfermedad no comunicando tal deceso en su oportunidad ni en ninguna otra etapa del proceso guardando reprochable silencio hasta interponer el recurso de casación, omisión que evidentemente constituye vulneración de los deberes de lealtad y buena fe en el proceso, por lo que corresponde sancionar la inconducta procesal con el máximo de la multa prevista en el artículo 109 del Código Procesal Civil. (Casación N.° 3906-2011-Lima Norte, de 26-09-2012, ff. jj. 6 y 7. Sala Civil Transitoria [EP, 31-01-2013, Sentencias en Casación N.° 675, p. 39747]. Texto completo: ). § 1086. El abogado patrocinante debe cum plir ciertos requisitos para su ejercicio en el proceso. Véase la jurisprudencia del artículo 80° del Código Procesal Civil [§ 824]. (Casación N.° 1363-99-Lima, de 09-11-1999, ff. jj. 3 y 12. Sala Civil [EP, 23-12-1999, p. 4403]. Texto completo: ). § 1087. El curador procesal no está facultado para form ular allanam iento a la pretensión del demandante, de lo contrario renunciando a Sa defensa de los intereses de su representado. Deber de veracidad, probidad, lealtad y buena fe. Véase la jurisprudencia del artículo 61° del Código Procesal Civil [§ 688], (Casación N.° 2324-2006-Arequípa, de 28-03-2007, ff. jj. 2 y 3. Sala Civil Transitoria [EP, 02-10-2007, p. 20762], Texto completo: ), JURISPRUDENCIA DE LAS CORTES SUPERIORES

§ 1088. M anifiesta falta de lealtad, probidad, veracidad y buena fe de la letrada patrocinante. [Está acreditado que el] [codemandado] habría fallecido el 11 de junio de 1988, hecho que la [co] demandada ha ocultado en todo momento, a pesar de haber sido requerida con apercibimiento de detención para que presente la partida de defunción [...]; que en consecuencia todo lo actuado deviene nulo por haberse demandado a un difunto [...]; [por lo tanto,] es manifiesta la falta de lealtad, probidad, veracidad y buena fe en que ha incurrido la letrada patrocinante de la demandada y esta misma, faltas que deben ser sancionadas [...]. (Exp. N.° 2257-94, de 15-05-1995. Segunda Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ). § 1089. Sanción al litigante y a su abogado que faltan a la verdad y no guardan respeto y moderación hacia la autoridad judicial. C uarto. [El] demandado y su abogado patrocinante faltan a la verdad y [...] proceden con falta de respeto y [...] moderación hacia la autoridad judicial, ya que n o m o s & th e s á s

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SUJETOS DEL PROCESO / COMPARECENCIA

Art. 1 11

como se aprecia [...] tanto al demandante como al demandado se les recliazaron sus respectivos escritos por no venir con la firma de los litigantes. (Exp. N.° 698-95, de 13-06-1995, f. j. 4. Segunda Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ). REMISIÓN

§ 1090. Sobre la representación judicial por abogado. Véase también la jurisprudencia del artículo 80° del Código Procesal Civil [§ 821 ss.].

Artículo 110: Responsabilidad patrimonial de las partes, sus Abogados, sus apoderados y los terceros legitimados Las partes, sus Abogados, sus apoderados y los terceros legitimados responden por los perjuicios que causen con sus actuaciones procesales temerarias o de mala fe. Cuando en el proceso aparezca Sa prueba de tal conducta, el Juez, independientemente de las costas que correspondan, impondrá una multa no menor de cinco ni mayor de veinte Unidades de Referencia Procesal. Cuando no se pueda identificar al causante de los perjuicios, la responsabilidad será solidaria.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 1091. No acompañar la tasa judicial respectiva con la finalidad de entorpecer el proceso por lo que se sancionará con m ulta. Q uinto. [...] [I]nterpuesto el recurso de casación el recurrente volvió a reiterar la conducta que tuvo cuando en su momento intentó apelar, pues no acompañó la respectiva tasa judicial, originando con ello la inadmisibilídad del recurso y la dilación del proceso, para que una vez subsanado recién se procediera a calificar los requisitos de procedencia con el resultando que ahora se Índica; de todo ello se advierte que el citado recurrente a través de su conducta procesal ha entorpecido de manera reiterada el desarrollo normal del proceso, por lo que en aplicación de la facultad concedida en el artículo 110 del Código Procesal Civil, se le debe sancionar con una multa de diez Unidades de Referencia Procesal. (Casación N.° 2879-2009- Lima, de 10-11-2009, f. j. 5. Sala Civil Permanente [EP, 30-06-2010, Sentencias en Casación N.° 627, p. 27862]. Texto completo: ).

Artículo 111: Responsabilidad de los Abogados Además de lo dispuesto en el artículo 110, cuando el Juez considere que el Abogado actúa o ha ac­ tuado con temeridad o mala fe, remitirá copia de las actuaciones respectivas a la Presidencia de la Corte Superior, ai Ministerio Público y al Colegio de Abogados correspondiente, para las sanciones a que pudiera haber lugar.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 1092. El patrocinio simultáneo entre ambas partes por parte de un abogado, se debe sancionar con m ulta. D écim o S egu n d o . [,..] Cuando en el proceso aparezca la prueba de tal conducta, el Juez independientemente de las costas que correspondan, impondrá una multa no menor de cinco, ni mayor de veinte Unidades de Referencia Procesal. Cuando no se pueda identificar ai causante de los perjuicios, la responsabilidad será solidaria5, mientras que el artículo 11 Io del mismo Código señala que: “Además de lo dispuesto por el artículo 110, cuando el Juez considere que el abogado actúa o ha actuado con temeridad o mala fe, remitirá copia de las actuaciones respectivas a la Presidencia de la Corte Superior, al Ministerio Público y al Colegio de Abogados correspondiente, para las sanciones a que pudiera haber lugar1’. Por lo tanto, no advirtiéndose del recurso interpuesto que las partes involucradas hayan * SUMMA PROCESAL CIVIL

Art. 112

CÓDIGO PROCESAL CIVIL

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formulado un consentimiento expreso para que eí abogado [...] las asesore simultáneamente, tal conducta debe ser sancionada con el pago de una multa ascendente a cinco (05) Unidades de Referencia Procesal (URP), que deberá ser pagada por el citado letrado, sin perjuicio de cursarse oficio al respectivo Colegio de Abogados para que actúe conforme a sus atribuciones. (Casación N.° 3771-2015-Lima, de 24-06-2016, f. j. 12, Sala Civil Transitoria [EP, 03-01-2018, Sentencias en Casación N.° 741, p. 104194]. Texto completo: ).

Artículo 112: Temeridad o mala fe Se considera que ha existido temeridad o mala fe en ios siguientes casos: 1. Cuando sea manifiesta la carencia de fundamento jurídico de la demanda, contestación o medio impugnatorio; 2. Cuando a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad; 3. Cuando se sustrae, mutile o inutilice alguna parte del expediente; 4. Cuando se utilice el proceso o acto procesal para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos; 5. Cuando se obstruya la actuación de medios probatorios; y 6. Cuando por cualquier medio se entorpezca reiteradamente el desarrollo normal del proceso; 7. Cuando por razones injustificadas las partes no asisten a la audiencia generando dilación . m N O TA DE A C T U A L IZ A C IÓ N

(1) Inciso 7 agregado por el artículo 2 de la Ley N.° 26635 (EP, 23-06-1996).

JURISPRUDENCIA DE LAS CORTES SUPERIORES

§ 1093. Temeridad o m ala fe cuando por razones injustificadas, las partes no asisten a la audiencia. Q uinto. [Se] considera que ha existido temeridad o mala fe, cuando por razones injustificadas, las partes no asisten a la audiencia generando una evidente dilación en el proceso, conforme lo dispone el numeral 7 del artículo 112° deí Código adjetivo [...]. (Exp. N.° 68-2000, de 21-04-2000, f. j. 5. Sala Subespecializada en Procesos Sumarísimos y No Contenciosos. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

§ 1094. Constituye conducta temerosa o de m ala fe cuando una de las partes en colusión con su abogado no acreditan los fundamentos que alegan. 15. [Resulta] pertinente invocar los artículos IV del Título Preliminar y 112° deí Código Procesal Civil, de aplicación supletoria, que regulan la conducta, deberes y responsabilidades de las partes y sus abogados, estableciendo que estos deberán adecuar su conducta a los deberes de veracidad, probidad, lealtad y buena fe en todos sus actos e intervenciones en el proceso, no debiendo actuar temerariamente en el ejercicio de sus derechos procesales, existiendo temeridad o mala fe, entre otros supuestos, cuando sea manifiesta la carencia de fundamento jurídico de la demanda, contestación o medio impugnatorio. Se advierte, en el presente caso, que tanto el demandante como su abogado patrocinante han actuado con palmaria temeridad, toda vez que la pretensión debió sustentarse, necesariamente, en la acreditación de la incapacidad laboral deí demandante, adquirida a consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad profesional, (Exp. N.° 2016-2005-PA/TC, del 09-03-2007 [Web: 16-04-2007], f. j. 15. Texto completo: ).

n o m o s & t h e s is

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SUJETOS DEL PROCESO / MINISTERIO PÚBLICO

Art 114

TÍTULO 191 MINISTERIO PÚBLICO Artículo 113: Atribuciones El Ministerio Público ejerce las siguientes atribuciones: 1. Como parte; 2. Como tercero con interés, cuando la ley dispone que se le cite; yr 3. Como dictaminados

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 1095. En un proceso de divorcio el M inisterio Público interviene como parte, y como tal no emite dictamen, es por ello que no se configura la existencia de contradicción entre los fundamentos de la recurrida y su parte resolutiva. C uarto. [El] artículo 113 del Código Procesal [Civil] dispone que el Ministerio Público interviene en el proceso como parte; como tercero con interés, cuando la ley dispone que se le cite, y como dictaminador; en consecuencia, únicamente cuando la ley establezca que la intervención del Ministerio Público sea como dictaminador, sus representantes se encontrarán en la obligación de emitir dictámenes debidamente fundamentados, los mismos que podrán ser acogidos por las Salas Superiores o Salas Supremas como parte de su fundamentación, si fallan de conformidad o con lo expuesto en el mismo, estando a lo dispuesto en el artículo 142 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Q uinto. [En] el caso que nos ocupa, la materia controvertida versa sobre divorcio por causal, pretensión que se tramita en la vía de proceso de conocimiento y en la cual el Ministerio Público interviene como parte, y como tal no emite dictamen; de acuerdo con el artículo 481 de la Ley Adjetiva; consecuentemente, no se configura el agravio denunciado, esto es, la existencia de contradicción entre los fundamentos de la recurrida y su parte resolutiva. (Casación N.° 2090-01-Fluánuco, de 13-12-2001, ffi jj. 4 y 5- Sala Civil Transitoria [EP, 01-04-2002, p. 8570], Texto completo: ), § 1096. La opinión del M inisterio Público es ilustrativa, su omisión no causará nulidad procesal en los casos que expresamente señala la ley. Tercero. [En] este caso la intervención del Fiscal Provincial en lo Civil es como dictaminador, conforme al artículo 113 inciso 3 del Código Procesal Civil, siendo su opinión ilustrativa, y como señala el artículo 89° inciso 13 de la Ley Orgánica del Ministerio Público su omisión no causará nulidad procesal en los casos que expresamente señala la ley; el mismo principio rige para el caso del Fiscal de Familia según el artículo 89°-A incorporado por la Ley N.° 27536. C uarto. A esto se añade que no hay nulidad sin causa expresamente establecida en la ley y que la recurrente, representante de la menor, no ha demostrado perjuicio por la omisión en el dictamen fiscal, por lo que son de aplicación los artículos 171° y 174° del Código Procesal Civil. (Casación N.° 1239-2004-Lima, de 15-08-2005, ff. jj. 3 y 4. Sala Civil Permanente [EP, 01-03-2006, p. 15620], Texto completo: ).

Artículo 114: Dictamen Cuando la ley requiera dictamen fiscal, este será fundamentado.

JURISPRUDENCIA PE LA CORTE SUPREMA

§ 1097. El dictamen fiscal no puede ser utilizado como un medio de prueba. Tercero. [...] [El] dictamen fiscal no constituye un medio probatorio que, como tal, se encuentre destinado a acreditar los ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

Art. 114

CÓDIGO PROCESAL CIVIL

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hechos expuestos por las partes, produciendo certeza en el Juez respecto de los puntos controvertidos, conforme a los términos que se exponen en el artículo 188 del Código Procesal Civil, toda vez que el dictamen fiscal es solo una opinión que emite el representante del Ministerio Público en materias de interés público [...]; y si bien sus opiniones deben ser tomadas en cuenta por los magistrados al emitir sentencia, estos no se encuentran obligados a sentenciar conforme a lo opinado en el dictamen respectivo. [...] (Casación N.° 1694-2006-Piura, de 06-03-2007, £ j. 3. Sala Civil Transitoria [EP, 0207-2007, p. 19704], Texto completo: ). § 1098. La n ulidad de la sentencia por la omisión del dictam en fiscal infringe las formas esenciales para la eficacia y validez de los actos procesales. T ercero. [...] [El] dictamen fiscal será meramente ilustrativo y su omisión no causará nulidad procesal en ios casos que expresamente señala la ley, en ese sentido reiterada jurisprudencia ha establecido que no existe nulidad en los casos en que se omite el dictamen fiscal en primera instancia. [...] Q uinto. [...] [Al] declararse la nulidad de la sentencia de primera instancia por la omisión del dictamen del Fiscal Provincial se infringe las formas esenciales para la eficacia y validez de los actos procesales, porque al no resolverse sobre la materia controvertida, se atenta contra los principios de finalidad del proceso, celeridad y economía procesal previstos en los artículos III y V del Título Preliminar del Código Procesal Civil. (Casación N.° 3316-2000-Lima, de 14-06-2001, ff. jj. 3 y 5. Sala Civil Transitoria [EP, 01-10-2001, p. 7779]. Texto completo: ). § 1099. La falta de emisión del dictamen fiscal no es causal de nulidad por su carácter ilustrativo. S egundo. [...] [El] dictamen fiscal si bien debió emitirse, su omisión no es causal de nulidad, por su carácter ilustrativo y no determinante del criterio judicial [...]. (Casación N.° 411-07-Arequipa, de 15-03-2007, f. j. 2. Sala Civil Permanente [EP, 31-05-2007, p. 19398]. Texto completo: ), § 1100. La omisión del dictamen fiscal Superior al igual que el Fiscal Provincial no general la nulidad del proceso, por la m isma naturaleza de ser meramente ilustrativo. Quinto. [El] dictamen fiscal constituye una opinión emitida por los fiscales respecto al fondo de la controversia o a la tramitación del proceso y por tanto es meramente ilustrativo al no resolver la controversia planteada ante sede judicial. Sexto. [Atendiendo] a la naturaleza del dictamen fiscal, [...] la Ley Orgánica del Ministerio Público refiriéndose a los fiscales superiores en lo civil, prevé que “El dictamen será meramente ilustrativo y su comisión no causara nulidad procesal...”, norma que si bien no está recogida expresamente en [...] la mencionada Ley Orgánica [,..], es de plena aplicación para este caso, ya que si la omisión del dictamen del Fiscal Superior no acarrea nulidad procesal, en consecuencia la omisión del dictamen del Fiscal Provincial, que comparte la misma naturaleza de ser meramente ilustrativo, tampoco genera la nulidad del proceso. (Casación N.° 381-99-Cono Norte, de 25-06-1999, ff. jj. 5 y 6. Sala Civil Permanente [EP, 28-09-1999, p. 3607]. Texto completo: ), § 1101. El juez puede tom ar o no en consideración la opinión del fiscal. Cuarto. [...] b) La Sala no merituó el dictamen fiscal superior; que sobre el particular es de tenerse en cuenta que el dictamen fiscal es la opinión ilustrativa que emite el representante del Ministerio Público y que el Juzgador toma en consideración pero que no lo obliga [...]. (Casación N.° 2426-01-LÍma, de 18-09-2001, f. j. 4. Sala Civil Permanente [EP, 02-02-2002, p. 8301]. Texto completo: ). § 1102. La falta del dictamen fiscal puede acarrear la nulidad de la sentencia. Tercero. [La] causal adjetiva se sustenta en [...] c) que se ha incumplido con lo dispuesto en los artículos 113 y 114 del Código Procesal Civil al no emitirse el respectivo dictamen fiscal, por lo que existe negación a la tutela jurisdiccional efectiva. [...] O ctavo. En cuanto al agravio c), referido a la vulneración de los artículos 113 y 114 deí Código Procesal Civil que refieren, respectivamente, a las atribuciones del Ministerio Público y al dictamen expedido por este. Sobre el particular, en este caso al igual que el anterior, la denuncia referida a la falta de dictamen del Fiscal Provincial antes de la expedición de sentencia de primera instancia, no fue formulada por el recurrente en la primera oportunidad que tenía para n o m o s & thesis

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SUJETOS DEL PROCESO/ MINISTERIO PÚBLICO

Art. 115

hacerlo, que era en escrito de apelación, luego de que la sentencia ya había sido expedida, conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 176 del Código Procesal Civil, produciéndose igualmente la convalidación tácita de la nulidad, por lo que este extremo tampoco resulta atendible. (Casación N.° 3744-2006-Arequipa, de 24-09-25007, ff. jj. 3 y 8. Sala Civil Transitoria [EP, 30-09-2008, p. 23145]. Texto completo: ). § 1103. El juez se encuentra facultado para apartarse del dictamen fiscal, sin que ello signifique una afectación al debido proceso. S egundo. [...] [La] recurrente denuncia lo siguiente: a) Contravención déla normas que garantizan el derecho a un debido proceso, pues, pese al contenido del dictamen del Fiscal Superior, se ha omitido emitir pronunciamiento respecto de la nulidad planteada en autos [.,.]. T ercero. [...] No puede considerarse que el dictamen del Fiscal [...] haya tenido fuerza vinculante para el Colegiado Superior, pues, este se encuentra facultado para apartarse de lo que se pueda haber opinado en el mencionado dictamen, sin que ello signifique una afectación al debido proceso [...]. (Casación N.° 2421-2006-Lima, de 11-07-2006, ff. jj. 2 y 3. Sala Civil Permanente [EP, 30-10-2006, p. 17390], Texto completo: ). § 1104. Existen casos en donde es obligatoria la emisión de dictamen fiscal previo a la decisión final, dado el interés económico que tienen los menores, a fin de cautelar sus derechos y en observancia del principio del interés superior del niño. N oveno. [En] el presente caso resultaba obligatoria la emisión de dictamen previo a la decisión final, dado el interés económico que tienen los menores involucrados en el presente proceso, a fin de cautelar sus derecho y en observancia del principio del interés superior del niño, consagrado en el artículo IX del Título Preliminar del ordenamiento precitado, debiendo precisarse que al no haberse emitido dictamen previo desde primer grado, corresponde al juez encargado emitir nueva decisión, previa emisión del dictamen, en atención a la normarividad que garantiza el derecho de los menores. (Casación N.° 1305-2010-Cusco, de 1005-2011, f. j. 9. Sala Civil Permanente [EP, 03-07-2012, Sentencias en Casación N.° 667, p. 35215]. Texto completo: ). § 1105. El contenido del voto singular no constituye la sustentación jurídica de la sentencia; en cambio, el dictamen fiscal sí es sustentación suficiente. Véase la jurisprudencia del inciso 7 del artículo 122° del Código Procesal Civil [§ 1299]. (Casación N.° 132-2000-Lima, de 16-05-2000,1. j. 4. Sala Civil Transitoria [EP, 30-08-2000], Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DE LAS CORTES SUPERIORES

§ 1106. Al no solicitarse el dictam en antes de fallar en prim era instancia, al ser normas de carácter procesal, se h a infringido el principio de legalidad, incurriéndose en causal de invalidez. S egundo. [EnJ el presente caso, no se ha solicitado ese dictamen antes de fallar en Primera Instancia. T ercero. [Las] normas procesales son de carácter imperativo, salvo regulación permisiva en contrario, según el artículo IX del Título Preliminar del glosado cuerpo de leyes. C uarto. [Al] omitir un trámite especial se ha infringido el principio de legalidad, incurriéndose en causal de invalidez, de acuerdo a los numerales 171, 176, infiney 177 del Código Procesal Civil. (Exp. N.° 1615-94, de 20-01-1995, ff. jj. 2-4. Cuarta Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ).

Artículo 115: Plazos Los representantes del Ministerio Público cumplirán los plazos establecidos en la ley, bajo responsabilidad. Cuando la ley no fije plazo para determinado acto, este no será mayor que el que corresponde al Juez.

♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

Art. 116

CÓDIGO PROCESAL CIVIL

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Artículo 116: Oportunidad El dictamen del Ministerio Público, en los casos en que proceda, será emitido después de actuados los medios probatorios y antes que se expida sentencia.

Artículo 117: Causales de excusación y abstención Los representantes del Ministerio Público deben excusarse o abstenerse de intervenir en el proceso por las causales que afectan a los Jueces. No pueden ser recusados.

Artículo 118: Responsabilidad El representante del Ministerio Público es responsable civilmente cuando en el ejercicio de sus funciones actúa con negligencia, dolo o fraude. El proceso se sujeta al trámite que corresponde ai de responsabilidad civil de los Jueces.

n o m o s & t h e s is

SECCIÓN TERCERA ACTIVIDAD PROCESAL TÍTULO S FORMA DE LOS ACTOS PROCESALES CAPÍTULO I ACTOS PROCESALES DEL JUEZ

Artículo 119: Forma de los actos procesales En las resoluciones y actuaciones judiciales no se emplean abreviaturas. Las fechas y las cantidades se escriben con letras. Las referencias a disposiciones legales y a documentos de identidad pueden escribirse en números. Las palabras y frases equivocadas no se borrarán, sino se anularán medíante una línea que permita su lectura. Al final del texto se hará constar la anulación. Está prohibido interpolar o yuxtaponer palabras o frases.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 1107. Forma del acto procesal. P rim ero . [El] acto procesal es un acontecer que se produce en el mundo de la realidad; al modo como se manifiesta el contenido de dicho acto, es decir, como aparece exteriormente, se le denomina forma. S egu n do. [Nuestro] ordenamiento procesal, siguiendo las legislaciones modernas, ha recogido en el segundo párrafo del arríenlo 162 del Código Procesal Civil el principio de instrumentalidad o finalista de las formas, que en concepción del jurista Roberto Berizonce, es el acto en virtud del cual los actos procesales son válidos en tanto se hayan realizado de cualquier modo apropiado para la obtención de su finalidad [...]. Tercero. [Sin] embargo, existen actos procesales que atendiendo a los elementos o presupuestos que se hayan transgredido no son susceptibles de convalidarse cuando las formas preservan la garantía dei debido proceso. (Casación N.° 1204-96-Lima, de 06-12-1996, S. jj. 1-3. Sala Civil [EP, 04-05-1998, p. 871]. Texto completo: ). § 1108. Es am ilable por quebrantamiento de la forma de los actos procesales. S egu n do . [Cuando] se Invocan motivos por quebrantamiento de forma y también por infracción de la ley, corresponde examinar primero aquél, porque de resultar fundado obligará a reponer la causa al estado en que se encontraba antes de cometerse el defecto procesal, anulándose los actos posteriores. (Casación N.° 508-97-Piura, de 24-07-1998, f. j. 2. Sala Civil Permanente [EP, 17-09-1998, p. 1597]. Texto completo: ).

♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

Art. 119-A

CÓDIGO PROCESAL CIVIL

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Artículo 119-A: Derecho a ajustes en el proceso Todo acto procesal debe ser accesible a las partes. Las personas con discapacidad tienen derecho a contar con ajustes razonables y ajustes de procedimiento, de acuerdo a sus requerimientos, para facilitar su participación en todos los procedimientos judiciales.{1) NOTA DE ACTUALIZACIÓN

(1) Articulo incorporado por el artículo 5 del Decreto Legislativo N,° 1384 (EP, 04-09-2018).

Artículo 120: Resoluciones Los actos procesales a través de los cuales se impulsa o decide al interior del proceso o se pone fin a este, pueden ser decretos, autos y sentencias.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 1109. Los actos procesales para interrum pir el plazo del abandono son los decretos, autos o sentencias. 2) [El] artículo 346 de la ley procesal, que establece que cae en abandono el proceso cuando transcurra el plazo de cuatro meses sin que realice acto que lo impulse, debe'ser concordado con el texto claro e inequívoco del artículo 120° del mismo ordenamiento legal que indica cuáles son los actos procesales a través de los que se impulsa el proceso, los mismos que pueden ser decretos, autos y sentencias. (Casación N.° 769-96, de 02-10-1996, £ j. 2. Sala Civil. Texto completo: ). § 1110. Resoluciones judiciales: motivación. D écim o P rim ero. [Habrá] motivación de las resoluciones judiciales siempre que exista: a) fundamentadón jurídica, es decir no basta la sola mención de las normas que resultan aplicables ai caso, sino la debida explicación y justificación del porque se aplican esas normas; b) congruencia entre lo peticionado y lo resuelto, haciendo mención sucesiva de los fundamentos de hecho tomados como sustento de la decisión; y c) una suficiente justificación de la decisión emitida, de modo que de su lectura se entiendan las razones por las que el órgano jurisdiccional ha decidido en un sentido o en otro. [...] (Casación N.° 1945-2014-Lima, de 03-08-2015, £ j. 11. Sala Civil Transitoria [EP, 30-03-2016, Sentencias en Casación N.° 712, p. 75373]. Texto completo: ).

Artículo 121: Decretos, autos y sentencias Mediante los decretos se impulsa el desarrollo del proceso, disponiendo actos procesales de simple trámite. Mediante los autos el Juez resuelve la admisibilidad o el rechazo de la demanda o de la reconvención, el saneamiento, interrupción, conclusión y las formas de conclusión especial del proceso; el concesorio o denegatorio de los medios impugnatorios, la admisión, improcedencia o modificación de medidas cautelares y las demás decisiones que requieran motivación para su pronunciamiento. Mediante la sentencia el Juez pone fin a la instancia o al proceso en definitiva, pronunciándose en decisión expresa, precisa y motivada sobre la cuestión controvertida declarando el derecho de las partes, o excepcionalmente sobre la validez de la relación procesal.

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ACTIVIDAD PROCESAL / FORMA DE LOS ACTOS PROCESALES

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JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA, DE LAS CORTES SUPERIORES Y DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL A. DECRETOS

§ 1111. No puede interponerse recurso de apelación contra un decreto yaque el cuestionamiento de estos solo procede con el recurso de reposición. Quinto. [...] [La] sentencia impugnada declaró la nulidad del concesorio de la apelación concedida sin efecto suspensivo y con calidad diferida [...], interpuesta contra el extremo de la resolución [...] que denegó la solicitud de la recurrente de suspender ei proceso; a este respecto, debe señalarse que tal situación fue resuelta mediante un decreto, el cual solo es pasible de impugnación mediante el recurso de reposición conforme lo señala el artículo 362° del Código Procesal Civil; en consecuencia, al haberse decretado la nulidad del concesorio de la apelación contenida en ia resolución de fojas 95, la Sala de vista no ha incurrido en ninguna causal de contravención por cuanto advirtió el error material en el que incurrió el a quo y procedió a subsanarlo conforme a su facultad de órgano revisor, por lo que este extremo de la casación no merece amparo. (Casación N.° 2605-2002-Arequípa, de 01-06-2004, f. j. 5. Sala Civil Permanente [EP, 31-08-2004, p. 12635]. Texto completo: ). B. AUTOS

§ 1112. Se debe distinguir los autos que no deciden el fondo de la contradicción de aquellos que, resolviendo un conflicto de intereses, de orden jurídico, ponen fin al proceso. Q uinto. [El] artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial [...] establece que en las Cortes Superiores tres votos conformes hacen resolución, tratándose de las resoluciones que ponen fin a la instancia; mientras que en los demás casos, bastan dos votos conformes. El artículo 121 del Código Procesal Civil, en su parte principal señala que, mediante los autos, eí juez resuelve la admisibilidad o el rechazo de la demanda o de la reconvención, el saneamiento, la interrupción, la conclusión en general y las demás formas de conclusión especial del proceso. La doctrina jurisprudencial, en su orientación mayoritaria, asume que debe distinguirse los autos que no deciden el fondo de la contradicción, de aquellos que, resolviendo un conflicto de intereses, de orden jurídico, ponen fin al proceso; y que, por ende, en las Cortes Superiores se requiere de tres votos conformes cuando se trata de resoluciones que ponen fin a la instancia; en cambio, los dos votos que hacen resolución por mayoría relativa, son suficientes cuando se trata de las demás situaciones incidentales o de trámite procesal relevante, sin perjuicio de la motivación correspondiente en cada caso. (Casación N.° 5619-2007-Lima, de 17-04-2008, f. j. 5. Sala Civil Permanente [EP, 01-12-2008, p. 23359]. Texto completo: ). § 1113. Una resolución es un auto porque debe expedirse en forma motivada con indicación de las razones por las que el Juzgador considera el rechazo de la defensa. Tercero. [La] resolución que declara el rechazo ab initio de la contradicción al mandato ejecutivo, en los procesos de ejecución, siempre es un auto, y ello se debe a que tal resolución debe expedirse en forma motivada con indicación de las razones por las que el Juzgador considera el rechazo de la defensa. Cuarto. [Es] pertinente discriminar que cuando el rechazo liminar trata de la omisión o defecto en el cumplimiento de requisitos formales es de aplicación el último párrafo del artículo 426 del Código Procesal Civil, norma que es aplicable por analogía y en virtud de los principios [de igualdad procesal y del derecho de defensa], debiendo en consecuencia declararse la inadmisibilidad y otorgar el plazo respectivo con el objeto de que se subsane el defecto o la omisión, por otro lado, si la contradicción no reúne requisitos de fondo, esto es, cuando esta no se funda en las causales o supuestos del artículo 700 del mismo Código, da lugar a declarar limínarmente la improcedencia de la contradicción [...]. Q uinto. [En] ambos casos, resulta que la única resolución cuya naturaleza se adecúa a la función jurisdiccional de calificar la contradicción es el auto, previsto en el segundo párrafo del artículo 121 de la precitada Ley procesal, siendo así resulta que el Juez de la presente causa, no debió declarar la improcedencia de la contradicción sino su ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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inadmisíbilidad a efecto de que se subsane el defecto formal consistente en la prueba que acredita la representación legal de la demandada. (Casación N.° 626-97-Ancash, de 12-08-1998, ff. jj. 3-5. Sala Civil Permanente [EP 15-10-1998, p. 1927]. Texto completo: ).

§ 1114. No procede la nulidad de cosa juzgada contra los autos que dan por concluido el proceso. Cuarto. Las respectivas instancias ban coincidido en declarar [...] improcedente la demanda interpuesta [...] sobre nulidad de cosa juzgada fraudulenta por afectación al debido proceso; sustentando principalmente su decisión el ad quem en el artículo 178 del Código Procesal Civil, y absolviendo los argumentos del recurso de apelación establece que es posible que una demanda sea declarada improcedente en la sentencia cuando se determina que carece de un requisito de fondo, lo que no afecta el debido proceso. Por otro lado, señala que atendiendo al petitorio de la presente demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, si se demanda la nulidad de la Resolución Judicial [...] que declara fundada las excepciones acumuladas de prescripción extintiva y se da por concluido el proceso y además se demanda la nulidad del auto de vista [...] que declara fundadas las excepciones de prescripción extintiva del proceso de reivindicación y cobro de frutos y del proceso de nulidad de contratos de compraventas y otros, y da por concluido el proceso acumulado [...] en tal sentido, tratándose de las resoluciones que declaran fundadas las excepciones de prescripción extintiva y que son materia de litis, no constituyen cosa juzgada material; por lo que no puede compararse a una sentencia definitiva. Además, advierte que dichas resoluciones están debidamente motivadas; por ello, la revisión de los fundamentos de las resoluciones materia de litis daría lugar a una nueva revisión de los medios probatorios actuados y valorados en el proceso materia de litis, lo que no es procedente en eí presente proceso. [...] Sexto . Bajo ese contexto, se debe agregar que la nulidad de cosa juzgada fraudulenta tiene como características principales: a) Que es excepcional, es decir, solo procede su utilización frente a causales específicas tipificadas en el ordenamiento jurídico, no cabiendo interpretación extensiva o integración analógica a materias distintas de las reguladas por el ordenamiento procesal civil; [...] Consecuentemente, para la procedencia de la presente acción, deben concurrir los siguientes requisitos: a) una sentencia de mérito o sentencia definitiva; b) una sentencia emitida en un proceso seguido con fraude o colusión afectando el derecho a un debido proceso, o un fallo producto de una conducta fraudulenta; c) que con dicha sentencia se haya causado un perj uicio efectivo; [...] S étim o. Atendiendo las alegaciones del recurso de casación, se tiene que las resoluciones materia de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, [...] no equivalen a una sentencia definitiva, dado que el demandante tiene la posibilidad latente de plantear nuevamente su demanda, siendo susceptible de contradicción y posible modificación en otro proceso, y ello porque no se ha extinguido el derecho, sino solo la acción. (Casación N.° 3132-2008-Puno, de 07-09-2009, ff. jj. 4, 6 y 7. Sala Civil Transitoria. Texto completo: ). C. SENTENCIAS

§ 1115. La sentencia es un acto procesal único. D écim o p rim ero . [...] [En] virtud al sentido de la presente sentencia casatoria y a la extensión de la nulidad declarada, de acuerdo al artículo 173 del Código adjetivo; se está procediendo a anular la sentencia de vista y apelada en su integridad, dado que la sentencia es un acto procesal único, conforme se infiere del artículo 121 del acotado Código y debe correr en un solo cuerpo, máxime si la causa versa sobre una sola pretensión [...]. (Casación N.° 2626-2001-Santa, de 08-04-2002, f. j. 11, Sala Civil Transitoria [EP, 01-07-2002, p. 8931]. Texto completo: ). § 1116. La sentencia es el acto en cuya virtud el Juez, en un proceso de cognición, declara la conformidad o disconformidad de una pretensión con el derecho objetivo. P rim ero. La sentencia es el acto en cuya virtud el Juez, en un proceso de cognición, declara la conformidad o disconformidad de una pretensión con el derecho objetivo, para proceder en su caso a su actuación. La sentencia no contiene otra voluntad que la de la ley, traducida en forma concreta por obra del juez. Esto requiere la definición en forma previa del juicio de hecho, y luego la determinación del Derecho aplicable, lo n o m o s & t h e s is

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que debe ser expresado en forma clara. Por tanto el juicio lógico es elemento esencial y característico de la sentencia, (Casación N.° 3973-2006-Lima, de 06-11-2006, £ j. 1. Sala Civil Permanente [EP 01-02-2007, p. 18864]. Texto completo: ). § 1117. Las sentencias se clasifican en declarativas, constitutivas y de condena, según la naturaleza de la pretensión. C uarto. Como, se ha establecido en las sentencias de casación 19 [6]0-96 [§ 1118a] del 18 de marzo de 1998, y 1516-97 [§ 1130] del 11 de mayo del mismo año, las sentencias, según la naturaleza de la pretensión, pueden ser declarativas de derechos, constitutivas de derechos y de condena. Las dos primeras (declarativas y constitutivas de derechos), con solo declarar fundada una demanda, llenan la finalidad del proceso, pues con tal declaración el orden jurídico alterado queda restablecido, mientras que la sentencia de condena al imponer al vencido una prestación -dar, hacer, no hacer- crea un título ejecutivo judicial que puede ser ejecutado, aun por la fuerza (en ejercicio del ius im perium ) contra el condenado. (Casación N.° 1752-99-Cajamarca, de 14-12-1999, f. j. 4. Sala Civil Transitoria [EP, 07-04-2000, p. 4968], Texto completo: ). § 1118. Sentencia de pura declaración. Q uinto. [Las] acciones declarativas tienen por finalidad declarar la existencia o inexistencia de un derecho (o derechos) sustantivo (una relación jurídica sustancial o una situación jurídica) invocada en la demanda por el actor; persigue, por tanto, eliminar la incertidumbre que obstaculiza o traba el ejercido regular de aquel derecho sustantivo, o la efectividad o consecuencia de aquellas relaciones o situaciones jurídicas, brindando la seguridad jurídica que no existe o existe precariamente en las relaciones humanas, con relevancia para el derecho. La acción de declaración positiva de certeza tiene por finalidad obtener una sentencia que declare la existencia de un derecho, relación jurídica o situación jurídica, del cual el actor es titular o le favorece; de otro lado, la acción de declaración negativa de certeza tiene por finalidad obtener una sentencia que declare la inexistencia de supuestos derechos, relaciones o situaciones jurídicas que podrían afectar los intereses tutelados por la ley a favor del actor y su libertad jurídica en general. (Casación N.° 127404-Lima, de 22-08-2005, f. j. 5. Sala Civil Transitoria [EP 02-06-2006, p, 16255]. Texto completo: ). § 1118a. Sentencias declarativas, constitutivas y de condena. Segundo. [L]as sentencias, según la naturaleza de la pretensión, pueden ser declarativas de derecho, constitutivas de derecho y de condena, de las cuales esta última precisa de un proceso de ejecución porque las otras dos llenan la finalidad del proceso con el solo hecho de declarar fundada la demanda; que con tal declaración el orden jurídico alterado queda restablecido, en cambio no ocurre igual con la sentencia de condena, que impone al demandado la obligación de cumplir el tallo ejecutoriado. Tercero. [La] resolución judicial que se pretende ejecutar no es una sentencia condenatoria sino una sentencia ejecutoriada declarativa de derechos, porque sólo se ha limitado a realizar una declaración de certeza al pronunciarse sobre la caducidad del testamento otorgada por el causante [...], la nulidad de la adaptación hecha por éste al demandado [...], y la declaración en favor de la actora como única y universal heredera, garantizando el fallo por sí mismo el derecho invocado en su demanda. (Casación N.° 1960-96-Lambayeque, de 18-03-1998, ff. jj. 2 y 3. Sala Civil Transitoria [EP, 20-05-1998, p. l i l i ] . Texto completo: ). § 1119. D iferencia entre la sentencia declarativa y la sentencia constitutiva. D écim o quinto. [La] acción de prescripción adquisitiva es evidentemente declarativa, pues busca el reconocimiento de un derecho, a partir de una situación de hecho determinada, o un pronunciamiento de contenido probatorio, que adquirirá certidumbre mediante la sentencia, de tal forma que la norma abstracta de la ley se convierte en una decisión concreta, estableciendo una relación de derecho entre las partes, lim itándose la sentencia a declarar o negar la existencia de una situación jurídica, vale decir que no es susceptible de ejecución, pues la declaración judicial basta para satisfacer el interés del actor. D écim o sexto. [Los] efectos de la sentencia declarativa se proyectan hacia el pasado, hasta el momento de la constitución del derecho, a diferencia de la sentencia constitutiva que proyecta sus efectos hacia el futuro. (Casación N.° 2092-99-Lambayeque, de 13-01-2001, ff. jj. 15 y 16. Sala Civil Transitoria [EP, 07-04-2000, p. 4975]. Texto completo: ). ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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§ 1120. Toda sentencia es declarativa en cuanto reconoce el derecho que el actor tenía antes o cuando se inició la demanda. Q uinto. [T]oda sentencia es declarativa, en cuanto reconoce el derecho que el actor tenía cuando inició la demanda y que la parte demandada le había desconocido, y como consecuencia de lo cual sus efectos se proyectan hacia el pasado, porque el transcurso del tiempo durante la tramitación del juicio no debe perjudicar a quien tenía derecho, sino a quien obligó al litigio para reconocerlo (Casación N.° 3157-2003-Cusco, de 03-12-2004, f. j. 5. Sala Civil Permanente [EP, 03-05-2005, p. 14048], Texto completo: ). § 1121. La sentencia es un acto jurisdiccional que pone fin al proceso en nombre del Estado.

P rim ero. [El] proceso formativo de la sentencia tiene un iter procedí mental lógico, cronológico y teleológico, el mismo que tiene su base en la Ley Orgánica del Poder Judicial, el cual es ineludible y de estricta observancia; en sede civil, la sentencia es un acto jurisdiccional que pone fin al proceso, la cual tiene como objetivo reconocer, modificar o extinguir una situación jurídica así como formular órdenes y prohibiciones, y como tai, por la importancia social que cumple, es regida por normas de derecho público ya que es emanado por una autoridad pública en nombre del Estado y que se impone no solo a las partes litigantes sino a todos los demás órganos del poder público; y por normas de derecho privado en cuanto constituye una decisión respecto de una controversia de carácter privado, cuyas consecuencias se producen en relación a las partes litigantes. (Casación N.° 678-2005-LÍma, de 08-032006, £ j. 1. Sala Civil Transitoria [EP, 30-10-2006, p. 17436], Texto completo: ). § 1122. La Sala Superior no puede condicionar el pronunciam iento de fondo a las resultas de otro proceso. C uarto. [S]in obrar en autos resolución admisoria de la prueba ofrecida por el demandado en forma extemporánea [consistente en copia legalizada de otra sentencia], el a-quo emite sentencia declarando improcedente la demanda sustentándola en dicha prueba sin valorar las pruebas aportadas por la demandante, siendo confirmada por el Colegiado bajo el mismo criterio, evidenciándose así la causal de contravención [de las normas que garantizan el derecho al debido proceso] [...]. [La] Sala [Superior] no puede condicionar el pronunciamiento de fondo a las resultas de otro proceso, no admitido por el a-quo [ . . . ] . (Casación N.° 3083-2007-Cajamarca, de 06-09-2007, f. j, 4. Sala Civil Permanente [EP, 31-01-2008, p. 21487], Texto completo: ). § 1123. La sentencia exterioriza una decisión jurisdiccional del Estado de obligatorio cum plim iento. S egundo. [La] sentencia exterioriza una decisión jurisdiccional del Estado, consta en un instrumento público y es la materialización de la tutela jurisdiccional que llena su función al consagrar un derecho mediante una declaración afirmada de que la relación sustancial discutida se encuentra en los presupuestos legales abstractos y como consecuencia de lo cual, establece en la sentencia [...] una norma concreta para las partes, de obligatorio cumplimiento. (Casación N.° 1383-2000-Callao, de 06-11-2006, f. j. 2. Sala Civil Permanente [EP, 02-01-2001, p. 6696], Texto completo: ). § 1124. La expedición de una sentencia es el resultado de una valoración conjunta, lógica y razonada de los medios probatorios, con arreglo a los hechos y petitorios aportados por las partes. N oveno. [.,.] [La] expedición de una sentencia es el resultado de una valoración lógica, conjunta y razonada de los medios probatorios aportados al proceso por las partes, conforme a las normas constitucionales y legales, así como con arreglo a los hechos y petitorios formulados por las mismas [...], (Casación N.° 4942-2006-Cajamarca, de 13-08-2007, £ j. 9. Sala Civil Transitoria [EP, 02-09-2008, p. 22680], Texto completo: ). § 1125. Es deber del juzgador hacer efectivos los derechos sustanciales m ediante sentencias que resulten ejecutables. Sexto. [...] [S]íendo el fin del proceso resolver un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre ambas con relevancia jurídica, es el deber del juzgador hacer efectivos los derechos sustanciales y no emitir resoluciones que resulten inejecutables [...]. (Casación N.° 1337-2007-Lambayeque, de 21-06-2007, £ j. 6. Sala Civil Permanente [EP, 01-10-2007, p. 20490], Texto completo: ). n o m o s & tfiesis

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§ 1126. Para la emisión válida de la sentencia es indispensable la existencia previa de un procedimiento completo sin vicios. S egundo. [C]onstituye un presupuesto indispensable para la emisión válida de la sentencia, la existencia previa de un procedimiento completo en su forma y grado, que no debe verse afectado por un mal ejercicio de la acción u otros vicios que lo invaliden. (Casación N.° 2016-2000-Lima, de 27-10-2000, f. j. 2. Sala Civil Transitoria [EP, 01-03-2001, p. 7009]. Texto completo: ). § 1127. La parte expositiva de la sentencia consiste en la narración de los hechos y actos sucedidos hasta el momento de emitirse. S egundo. [...] [La] parte expositiva de una sentencia conlleva la narración de los hechos y actos sucedidos en la instancia respectiva hasta el momento de emitirse pronunciamiento [...], (Casación N.° 518-02-Ucayali, de 15-07-2002, f, j. 2. Sala Civil Transitoria [EP, 01-10-2002, p. 9311]. Texto completo: ). § 1128. La parte considerativa de la sentencia consiste en la relación enum erada de los fundamentos. S egundo. [,.,] [La parte] considerativa [de la sentencia] implica la relación correlativamente enumerada de los fundamentos de hecho y los respectivos de derecho que sustentan ia decisión. (Casación N.° 518-02-Ucayali, de 15-07-2002, f. j. 2. Sala Civil Transitoria [EP, 01-102002, p. 9311]. Texto completo: ). § 1129. La sentencia, al consignar el vocablo “vistos”, reproduce la parte expositiva. C uarto. [La recurrente] acusa la contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso y la infracción de las formas esenciales para la eficacia y validez de los actos procesales y se señala como vicio que la impugnada carece de parte expositiva, lo que viola el artículo 122 del Código Procesal [Civil], Quinto. [Sin embargo, es] claro que la sentencia impugnada, al consignar el vocablo vistos, reproduce la parte expositiva de la sentencia de primera instancia [...]. (Casación N.° 506-99-Lambayeqne, de 09-04-1999, f. j. 5. Sala Civil Transitoria [EP, 14-06-1999, p. 2993]. Texto completo: ). § 1130. Las sentencias, según la naturaleza de la pretensión, pueden ser declarativas de derecho, constitutivas de derechos y de condena. Presupuestos de las sentencias que contienen una decisión de condena. Tercero. [...] [Las] sentencias, según la naturaleza de la pretensión, pueden ser declarativas de derecho, constitutivas de derechos y de condena, y solo esta última precisa de un proceso de ejecución, porque las otras dos llenan la finalidad del proceso con el solo hecho de declarar fundada la demanda, ya que con la declaración del orden jurídico alterado queda restablecido, lo que no ocurre con la sentencia de condena, que impone al demandado la obligación de cumplir el fallo ejecutoriado. (Casación N.° 1516-97-Lambayeque, de 11-05-1998, f. j. 3. Sala Civil Transitoria [EP, 14-10-1998, p. 1907]. Texto completo: ). § 1131. La parte resolutiva de una sentencia es la exteriorización de una decisión jurisdiccional, además debe ser el resultado de la parte considerativa. O ctavo. [La] parte resolutiva o fallo de una sentencia, siendo en este caso revocatoria de la de primera instancia, además de que exterioriza una decisión jurisdiccional debe ser el resultado o consecuencia lógica de los aspectos tomados en cuenta por el juzgador en la parte considerativa de la misma, lo que no ocurre con la impugnada, en lo que se reñere a los actos que considera declarar nulos, así también, ia parte del fallo está incompleto y con omisiones de aspectos de fondo como el que menciona el Colegiado en el quinto considerando, adolece de falta de coherencia entre el fallo y los considerandos en que se sustenta. (Casación N.° 2881-99-Tumbes, de 02-11-2000, f. j. 8. Sala Civil Permanente [EP, 30-01-2001, p. 6839-6840], Texto completo: ). § 1132. La decisión contenida en la sentencia debe tener un nexo éntrelos puntos controvertidos y el razonamiento jurídico. Tercero. [...] e) En la sentencia de vista [no] se advierte motivación alguna respecto a la pretensión de indemnización en tanto ha sido formulada como pretensión accesoria de la pretensión principal y también de la pretensión subordinada de reivindicación, f) [...] La decisión contenida en la sentencia debe pronunciarse en forma clara y no ambigua sobre todos los puntos ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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controvertidos, debiendo tener un nexo de causalidad con el razonamiento lógico jurídico esgrimido en su parte considerativa. [...] (Casación N.° 2733-2002-Lima, de 04-06-2004, f. j. 3. Sala Civil Permanente [EP, 31-08-2004, p. 12637]. Texto completo: ). § 1133. El nacimiento de la decisión en una sentencia es de interés público por ello solo será válida si observa el iter descrito por la Ley O rgánica del Poder Judicial. S egundo. [C]uando la sentencia deriva de un órgano o tribunal, son las normas de derecho público las que regulan el modo como se forma y producen sus efectos; así, de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Judicial, se pueden advertir dos niveles de formación de sentencia de un órgano colegiado: a) aquella emitida en el mismo día de la votación o vista de la causa, conforme prevé el artículo 133 de la citada norma, y b) cuando es emitida una vez que el Colegiado decide dejar al voto en otro momento para mayor estudio del caso de acuerdo al artículo 139 [cfr. art. 140 LOPJ] de la misma ley. Tercero. [En] ambos casos, se puede producir el acto de discordia por el cual un miembro del Colegiado estima no estar de acuerdo con el voto del ponente, expone su voto y las razones que lo motivan, el mismo que según el artículo 144 de la citada Ley se notifica el punto que determina la discordia y en la misma resolución se llama al vocal dirimente expedito y se señala día y hora para la vista de la causa que será conocido por bajo su dirección. C uarto. [En] tal sentido, las normas citadas describen el iter formativo de la decisión de un órgano Colegiado, así los actos que se desarrollan en dirección al nacimiento de la sentencia se promueven en una dinámica concatenada de actos vinculados el uno al otro (lógico), en un espacio temporal (cronológico) y orientado a [un] fin (teleológico): el nacimiento de la decisión a través de la cual esta solo será válida si observa el iter descrito que, por el significado social que tiene al resolver el conflicto de intereses y asegurar la paz social en justicia es de interés público. (Casación N.° 678-2005Lima, de 08-03-2006, ff. jj. 2-4. Sala Civil Transitoria [EP, 30-10-2006, p. 17436], Texto completo: ). § 1134. Es un presupuesto de validez de la sentencia la actuación de los presupuestos procesales conforme a ley. Sexto. [Las] alegaciones expresadas al amparo de la causal de contravención de normas que garantizan el derecho a un debido proceso, están referidas al extremo de la sentencia que resuelve las tachas deducidas por el propio recurrente [...]; al respecto, debe tenerse en cuenta que el recurso de casación procede contra las resoluciones que pongan fin al proceso, siendo esto así, la discusión sobre las referidas tachas ha quedado agotada con la resolución de vista; sin embargo, es preciso señalar, que es presupuesto de validez de toda sentencia que los actos procesales que le preceden hayan sido actuados conforme a ley; en tal sentido, del examen de autos, no se advierte vicio alguno en el procedimiento, y menos aún en los actos referidos a la actividad probatoria en que se sustenta la sentencia. (Casación N.° 1138-2004-Ica, de 08-06-2004, f. j. 6. Sala Civil Transitoria [EP, 03-112004, p. 12943]. Texto completo: ). § 1135. Para que se constituya válidam ente una sentencia es necesaria la concurrencia de los denominados presupuestos procesales. S egundo, [U]no de los presupuestos necesarios para que pueda producirse válidamente una sentencia, es la concurrencia de los denominados presupuestos procesales, es decir, aquellas condiciones indispensables para que la relación procesal tenga existencia legítima y válida como vínculo jurídico. (Casación N.° 1798-2000-Tacna, de 12-10-2000, f. j. 2. Sala Civil Transitoria [EP, 01-03-2001, p. 7004], Texto completo: ). § 1136. Los fundamentos de hecho de las sentencias son determ inantes para verificar la realidad. C uarto. [L]os fundamentos de hecho de las sentencias consisten en las razones y en la explicación de las valoraciones esenciales y determinantes que han llevado a la convicción de que los hechos que sustentan la pretensión han sido verificados o no en la realidad, en cambio los fundamentos de derecho consisten en las tazones esenciales que han llevado al juez a subsumir o no un hecho dentro del supuesto hipotético de la norma jurídica, lo que supone también que debe hacerse mención a la norma que resulta o no aplicable al caso sub litis. [...] (Casación N.° 1201-2002-Moquegua, de 24-10-2003, f. j. 4. Sala Civil Permanente [EP, 01-06-2004, p. 12085]. Texto completo: ). n o m o s & t h e s is

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§ 1137. Al em itirse u n a sentencia, las demandas pueden ser declaradas fundadas en su totalidad o solo en parte. Sexto. [Al] emitirse sentencia, las demandas pueden ser declaradas fundadas en su totalidad o solo en parte o infundadas o improcedente y en este caso al declararse fundada en parte la acción no se ha incurrido en contravención al debido proceso, porque precisamente ha recogido lo que la demanda había reconocido como venta efectuada y le ha dado la razón en cuanto no existía acuerdo sobre la venta de los derechos de los menores. (Casación N.° 2512-99-Lima, de 08-02-2000, f. j. ó. Sala Civil Transitoria [EP, 07-04-2000, p. 4986-4987]. Texto completo: ). § 1138. El órgano de segunda instancia no puede confirmar la resolución de prim era instancia si ordena algo distinto en su parte resolutiva. Cuarto. [...] [Si] bien la resolución de vista reproduce ios fundamentos de la apelada, tal circunstancia no le exime de la obligación procesal de fundamentar correctamente su fallo, sí la resolución que confirma no apoya su decisión en norma de derecho material alguna, tanto más si como sucede en el presente caso lo que ordena es distinto a lo que manda la resolución que confirma [...]. (Casación N.° 1678-97-Cono Norte, de 06-05-1998, f. j. 4. Sala Civil Transitoria [EP, 10-06-1998, p. 1275]. Texto completo: ). § 1139. Carácter vinculante de las decisiones judiciales. Prim ero. [CJonfbrme lo dispone el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial las sentencias deben cumplirse de acuerdo a sus propios términos, sin poder ser calificado su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo responsabilidad. Segundo. [La] sentencia [...] dispone textualmente en su parte resolutiva que los demandados restituyan a la Asociación demandante los terrenos que ocupan, previo pago de su valor arancelario “fijado por el Consejo Nacional de Tasaciones del Perú y mejoras introducidas’1. Tercero. [De] autos aparece que la valorización indemnízatoria aludida no ha sido efectuada por el Consejo Nacional de Tasaciones del Perú, sino por perito ajeno a dicha entidad, con lo que se ha desnaturalizado el proceso de ejecución y contravenido la disposición anotada, incurriéndose en causal de nulidad sancionada por eí artículo 171 del Código Procesal Civil [...]. (Exp. N.° 1454-796, de 03-06-1996, ff. jj. 1-3. Primera Sala Civil., Corre Superior de justicia de Lima. Texto completo: ). § 1140. Toda decisión contenida en una sentencia debe ajustarse no solo a las normas jurídicas sino tam bién a los hechos acaecidos dentro o fuera del proceso. Véase la jurisprudencia del inciso 3 del artículo 122° del Código Procesal Civil [§ 1221], (Casación N.° 3202-2002-Arequipa, de 21-04-2003, ff. jj. 4 y 5. Sala Civil Transitoria [EP, 01-09-2003, p. 10805]. Texto completo: ). § 1141. Remisión. Véase también, sobre el derecho a la ejecución o efectividad de las resoluciones judiciales, la jurisprudencia del inciso 3 del artículo 139° de ia Constitución (§ 60 ss.). D. MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES

§ 1142. La m otivación de las resoluciones cum ple esencialmente dos funciones: endoprocesal

y extraprocesal. O ctavo . [La] motivación de las resoluciones cumple esencialmente dos funciones: endoprocesal y extraprocesal. La primera 1endoprocesal]. tiene lugar al interior del proceso, respecto de las partes, terceros legitimados y de los propios órganos jurisdiccionales, y comprende las siguientes precisiones: I) Tiene por función específica convencer y persuadir a las partes de la razonabilidad de los argumentos y la justicia de la decisión adoptada, tratando de eliminar la sensación que pudieran tener las partes sobre la presunta arbitrariedad o irracionabilidad de la decisión judicial: II) Permite 1a viabilidad y efectividad de los recursos ímpugnatorios, haciendo posible su análisis crítico y expresión de errores de hecho y de derecho, así como agravios, vía apelación o casación; y, III) Permite el control del órgano jurisdiccional superior, quien deberá establecer si se han cumplido las normas imperativas que garantizan el derecho a un debido proceso, y particularmente, con el deber constitucional de la motivación adecuada y suficiente, verificando la razonabilidad de los argumentos fácticos y jurídicos que sustentan su decisión. La segunda fundón -extraprocesal-, tiene lugar en el ámbito externo del ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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proceso y está dirigida al control del comportamiento funcional de los órganos jurisdiccionales, y se expresa de las siguientes formas: 1) Haciendo accesible el control de la opinión pública sobre la función jurisdiccional, a través del principio de publicidad de los procesos, conforme ai postulado contenido en el inciso 20, del artículo 139, de la Constitución Política del Perú, el cual prescribe que toda persona tiene derecho a formular análisis y críticas a las resoluciones y sentencias judiciales con las limitaciones de Ley; y, 2) Expresa la vinculación del Juez independiente a la Constitución y a la Ley, derivándose responsabilidades de carácter administrativo, civil y penal por el ejercicio irregular o arbitrario de su función. (Casación N.° 1717-2014-San Martín, de 14-04-2015, f. j. 8. Sala Civil Permanente [EP, 30-06-2016, Sentencias en Casación N.° 715, p. 78667]. Texto completo: ). § 1143. Al observar la debida motivación de las resoluciones judiciales, el juez expone las consideraciones que fundamentan la subsunción de los hechos en los supuestos hipotéticos de las normas jurídicas que fueron aplicadas, dando lugar a la actividad denominada construcción del razonamiento judicial. S egundo. El inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, recoge el principio derecho de la función jurisdiccional de observar la debida motivación de las resoluciones judiciales, mediante el cual el juzgador debe exponer las consideraciones que fundamentan la subsunción de los hechos en los supuestos hipotéticos de las normas jurídicas que fueron aplicadas, dando lugar a la actividad denominada construcción del razonamiento judicial, la misma que sirve de punto de apoyo a la declaración jurisdiccional; de otra manera, la sentencia no podría operar en ei convencimiento de las partes ni de los ciudadanos en general, ní podría permitir el control correspondiente de los órganos de instancia superior por la vía de los recursos previstos en la ley procesal, instados por los justiciables. (Casación N.° 5290-2006-Pasco, de 05-11-2007, f. j. 2. Sala Civil Transitoria [EP, 03-12-2008], Texto completo: ). § 1144. No es suficiente que el juzgador, en la m otivación de la sentencia, solo cum pla con citar normas jurídicas. S egundo. [...] [La] estructura interna de la sentencia se manifiesta a través de un silogismo, en donde el hecho real o acreditado debe ser subsumido en ei supuesto de hecho de la norma jurídica, de tai manera que se produzca una consecuencia jurídica por lo que no es suficiente que el Juzgador solo cumpla con citar normas jurídicas, sino que es obligatorio que estas estén en relación con los hechos expuestos en la resolución [...]. (Casación N.° 3049-2006-Arequipa, de 16-052007, £ j. 2. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 31-08-2007, p. 20132]. Texto completo: ). § 1145. El cumplimiento del deber de motivación exige necesariamente la existencia de una exposición clara y coherente en la sentencia que no solo explique, sino que justifique lógicamente la decisión adoptada. C uarto. [...] [El] cumplimiento del deber de motivación no se satisface con la sola expresión escrita de las razones internas o psicológicas que han inclinado al juzgador a decidir la controversia de un modo determinado, sin importar cuáles sean estas; sino que, por el contrario, exige necesariamente la existencia de una exposición clara y coherente en la sentencia que no solo explique, sino que justifique lógicamente la decisión adoptada, en base a i) las pruebas y demás hechos acontecidos en el proceso, y ii) en Mención a las normas aplicables al caso. (Casación N.° 5566-2013Lima, de 25-09-2014, £ j. 4. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 30-03-2015, Sentencias en Casación N.° 702, p. 61791]. Texto completo: ). § 1146. L a resolución recurrida carece de motivación juríd ica a pesar de confirmar la sentencia de prim era instancia si no ha recogido sus fundamentos de hecho y de derecho. Tercero. [En] concordancia con dichas normas, el Texto único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece en su artículo 12 que codas las resoluciones deben ser motivadas -salvo las de mero trámite-, y que los fundamentos en que se sustentan pueden ser reproducidos en todo o en parte solo en segunda instancia, al absolver el grado. Cuarto. [La] resolución recurrida carece de motivación jurídica y a pesar de confirmar la sentencia de Primera Instancia, no ha recogido sus fúndamentos de hecho y n o m o s & th e s is

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de derecho; contraviniendo las normas que garantizan el derecho al debido proceso antes referidas. (Casación N.° 664-99-Canchís Sicuani, de 20-07-1999, ff. jj, 3 y 4. Sala Civil Transitoria [EP, 06-101999, p. 3681]. Texto completo; ). § 1147. La sentencia que dicta el juzgador debe ser expresa, precisa y motivada. [...] [La] sentencia que dicta el juzgador debe ser expresa, precisa y motivada, conteniendo la relación correlativamente enumerada de los fundamentos de hecho y los de derecho que la sustentan, la que se sujeta al mérito de lo actuado y al derecho, bajo sanción de nulidad [...], (Exp, N.° 500-95, de 21-061995* Primera Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo; ). § 1148. La sentencia de vista puede recoger los fundamentos de la apelada y agregar otros adicionales. Tercero. [...] [La] sentencia de vista recoge los fundamentos de la apelada y agrega otros adicionales, con lo que cumple la garantía constitucional de la fundamentación en los hechos y en el derecho. (Casación N.° 3170-99-Cusco, de 29-12-1999, f. j. 3- Sala Civil Transitoria [EP, 08-042000, p. 5024], Texto completo; ). § 1149. Falta de motivación. Defectuosa motivación. M otivación aparente. Motivación insuficiente. M otivación defectuosa. D écim o. [El] principio [...] de motivación de los fallos judiciales tiene como vicio procesal dos manifestaciones: 1) La falta de motivación; y, 2) La defectuosa motivación, la cual a su vez se divide en tres agravios procesales: a) motivación aparente; b) motivación insuficiente; y c) motivación defectuosa en sentido estricto; en ese sentido y coincidiendo con la doctrina, la motivación aparente se da cuando la decisión se basa en pruebas no actuadas o en hechos no ocurridos; la motivación insuficiente, que se presenta cuando vulnera el principio de la razón suficiente y la motivación defectuosa, se presenta cuando el razonamiento del juez viola los principios lógicos y las reglas de la experiencia. (Casación N.° 4890-2013-Lima, de 02-06-2014, f. j. 10. Sala Civil Transitoria [EP, 01-09-2014, Sentencias en Casación N.° 695, p. 54467]. Texto completo: ). § 1150. Si el juez omite pronunciarse sobre el punto controvertido del proceso transgrede las formas esenciales, debiendo reponerse al estado donde se cometió el vicio o error (inc. 5). Sexto. [La] nulidad absoluta se presenta siempre que un acto procesal (o actos procesales cuyo conjunto hacen el proceso) adolezca de una circunstancia fijada en las leyes procesales como necesaria para que el acto produzca sus efectos normales; en tal sentido, cabe advertir que frente a un vicio de tal consideración, cualquier órgano jurisdiccional por el solo hecho de serlo tiene lo que en doctrina se llama potestad nulificante del juzgador y que ha sido acogida en el artículo 176 in fin e del Código Procesal Civil. Séptim o. [El] inciso 4 del artículo 122 del Código Adjetivo, de aplicación supletoria, establece que las resoluciones contienen la expresión clara y precisa de lo que se decide y ordena, respecto de todos ios puntos controvertidos, caso contrario se incurre en causal de nulidad, según lo prevé expresamente el segundo párrafo de la citada norma procesal. O ctavo. [El] a quem ha omitido pronunciarse sobre el curso de apelación en el extremo sobre la compensación que dedujera la emplazada por los préstamos otorgados al demandante, transgrediendo, de esta manera, formas esenciales, debiendo reponerse al estado donde se cometió el vicio o error. N oveno. Consecuentemente, la resolución de mérito al no responder a lo actuado en el proceso, transgrede la garantía constitucional contemplada en el artículo 139 inciso 5 de la Carta Magna. (Casación N.° 744-2002-Lima, del 01-07-2004, ff. jj. 6-9. Sala Transitoria de Derecho Constitucional y Social [EP, 01-07-2004], Texto completo: ). § 1151. Error in co gita n d o o de incoherencia. N oveno. [La] motivación escrita de las resoluciones judiciales constituye un principio y un derecho de la función jurisdiccional y debe ser el resultado del razonamiento jurídico que efectúa el juzgador sobre la base de los hechos acreditados en el proceso (los que forman convicción sobre la verdad de ellos) y la aplicación del derecho objetivo. Sin embargo, cuando dicho razonamiento jurídico viola las reglas de la lógica en su estructura se incurre en lo que se denomina como “error in cogitando’5 o de incoherencia. (Casación N.° 4890-2013-Lima, de 02-062014, f. j. 9. Sala Civil Transitoria [EP, 01-09-2014, Sentencias en Casación N.° 695, p. 54467]. Texto completo: ).

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§ 1152. Cuando se evidencia el error in cap tan d o al resolver la excepción de prescripción extintiva, deviene en nula la sentencia. Cuarto . [La] Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de lea al resolver la excepción de prescripción extintiva, ha considerado que la minuta de donación no reúne los requisitos legales y al sentenciar sostiene que dicha minuta constituye título para poseer el inmueble. Quinto. [El] error “in cogitando” se presenta cuando en una sentencia no se guarda logicidad en las motivaciones; es decir, cuando estas no se apoyan en un proceso deductivo lógico. Sexto. [Eso] ocurre en este caso, por la contradicción evidente que existe en el fundamento de la excepción de prescripción extintiva y en el sustento de la sentencia de vista, por lo que se ha incurrido en la causal de nulidad contemplada en el artículo 171 del Código Procesal Civil, por lo que ya no cabe tampoco pronunciamiento sobre la otra causal invocada en la casación. (Casación N.° 2002-99-lea, de 23-111999, ff, jj. 4-6. Sala Civil Transitoria [EP 08-01-2000, p. 4515]. Texto completo; ). § 1153, El a d quem incurre en error in cogita ndo } a! inferir que los títulos valores puestos a cobro forman parte de una unidad obligacional y que por tanto la nulidad de los unos influye en los que no han sido nulificados. D écim o Tercero. La Sala Superior, al expedir la recurrida, ha infringido el marco jurídico aquí delimitado, al no haber compulsado adecuadamente de manera conjunta y razonada las pruebas presentadas por la accionante; pues no ha valorado adecuadamente los títulos valores puestos a cobro, al omitir considerar que dos de ellos no han sido declarados nulos en el proceso judicial sobre nulidad de títulos valores [...] y por el contrario incurre en error in cogitando , al inferir que todos forman parte de una unidad obligacional y que por tanto la nulidad de los unos influye en los que no han sido nulificados; error en que se incurre por cuanto, la nulidad declarada en el referido proceso [sobre nulidad de títulos valores] no se pronuncia sobre la existencia o no de la deuda, sino que se pronuncia sobre la validez del título valor. (Casación N.° 3480-2012-Del Santa, de 28-032014, £ j. 13. Sala Civil Transitoria [EP, 01-09-2014, Sentencias en Casación N.° 695, p. 54436], Texto completo: ). § 1154. M otivación deficiente de los fallos judiciales: se ha otorgado una indem nización por daños y perjuicios sin distinguir si dicha indem nización corresponde a un daño emergente o lucro cesante. D écim o Segundo. [...] [Constituye] el principio denominado motivación de los fallos judiciales un valor jurídico que rebasa el interés de ios justiciables por cuanto se fundamenta en principios de orden jurídico pues la declaración del derecho en un caso concreto es una facultad del Juzgador que por imperio del artículo 138 de la Constitución Política del Perú impone una exigencia social que consiste en que la comunidad sienta como un valor jurídico la denominada fundamentación o motivación de la sentencia [...], siendo asimismo la motivación de las resoluciones judiciales una garantía constitucional que asegura la publicidad de las razones que los Jueces tuvieron en cuenta para pronunciar sus sentencias resguardando a los particulares y a la colectividad de las decisiones arbitrarias [...]. D écim o Tercero. [E]stando a lo antes expuesto y atendiendo a la finalidad de la causal procesal examinada se colige que tanto la sentencia de primera instancia como la de vista contienen una motivación deficiente, al haber otorgado una indemnización por daños y perjuicios a favor de los demandantes sin distinguir si dicha indemnización corresponden a un daño emergente o lucro cesante, conforme a las pretensiones formuladas en las demandas acumuladas. (Casación N.° 30272014-Puno, de 31-08-2015, ff. jj. 12 y 13. Sala Civil Transitoria [EP, 02-05-2016, Sentencias en Casación N.° 713, p. 76129]. Texto completo: ). § 1155. La falta de motivación es un agravio que debe ser denunciado a través de la causal de afectación al derecho a un debido proceso y no de inaplicación de normas de derecho m aterial. 3.° [La] falta de motivación jurídica en la sentencia de vista es un agravio que debe ser denunciado a través de la causal de afectación al derecho a un debido proceso, no siendo posible denunciar tal agravio a través de la causal de inaplicación de normas de derecho material, (Casación N.° 2335-99-Lamabayeque, de 03-11-1999, f. j. 3. Sala Civil [EP, 23-12-1999]. Texto completo: ). § 1156. La falta de motivación de las resoluciones contraviene los principios de dirección e impulso del proceso. Cuarto. [P] asando a resolver el agravio indicado en el acápite 1), referidos a n o m o s & th e s is

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vicios en la motivación de las resoluciones, [la recurrente] manifiesta que la Sala Superior realiza una motivación defectuosa en la sentencia en tanto en ninguno de sus fundamentos se determina cuál es la razón fáctica jurídica para desestimar las pretensiones de nulidad de acto jurídico [...], pues si bien ambas partes solicitaban la nulidad de los actos jurídicos, sin justificación solo declara fundada la pretensión de nulidad de los demandantes [...], mas no de la recurrente, lo que contraviene lo dispuesto en el artículo II del Título Preliminar del Código Procesal Civil, toda vez que en el proceso acumulado de autos no se fia eliminado una incertidumbre, además se condena al pago de las costas y costos; por ello congruente con la decisión adoptada hubiese sido declarar fundadas las pretensiones de la casante; en consecuencia la sentencia carece de motivación, (Casación N.° 2299-2014-Huánuco, de 20-07-2015, f. j. 4. Sala Civil Transitoria [EP, 02-05-2017, Sentencias en Casación N,° 727, p. 91815]. Texto completo: ).

§ 1157. Los argumentos no jurídicos, subjetivos e ilógicos no constituyen una debida motivación. P rim ero. [Tjoda resolución debe ser debidamente motivada como garantía constitucional. S egundo. [Los] argumentos no jurídicos, subjetivos e ilógicos no constituyen una debida motivación, pues este colegiado no logra apreciar ia virtualidad jurídica de expresiones como “trascendencia de la materia controvertida” o “para mejor resolver”, tanto más si ellos omiten apreciar el estado procesal de la causa [...]. (Exp. N.° 336-95, de 04-04-1995, ff. jj. 1 y 2. Segunda Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ).

§ 1158. Si la sentencia omite pronunciarse en forma clara y precisa sobre lo que decida u ordena respecto de todos los puntos controvertidos, merece declarar ía nulidad de esta. Octavo. [En] la apelada, el Juez no ha merituado en la parte considerativa ni ha emitido pronunciamiento en la parte resolutiva sobre el extremo demandado referente al pago por los daños ocasionados, según alega la demandante, a su buen nombre y prestigio [por lo que ha incurrido en causal de nulidad], (Exp. N.° 548-95, de 09-06-1995, f. j. 8. Quinta Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ).

§ 1159. Adolece de nulidad ía sentencia que se encuentra indebidamente motivada por haber omitido pronunciarse de acuerdo a los alcances fijados por los precedentes judiciales vinculantes (Plenos Casatorios Civiles). S egundo. [La] Sala de mérito arriba a ia conclusión que se ha acreditado la existencia del acto jurídico de compraventa que se pretende elevar a escritura pública y siendo que el proceso de otorgamiento de escritura pública procura la simple formalización o, mejor dicho, la protocolización de un acto jurídico, estima la demanda [...] sin embargo, no expone los fundamentos sobre la existencia del referido contrato y si dicho título le genera convicción para estimar la demanda; máxime aun si en el presente caso se cuestiona la existencia de dicho contrato y sobre el cual el a d quem ha obviado pronunciarse. T ercero. [R] esuka relevante para la solución de ía controversia que la concepción del proceso de otorgamiento de escritura pública como ia simple formalización o, mejor dicho, la protocolización de un acto jurídico en que sustenta la de vista el a d q u em difiere ostensiblemente de lo establecido en el Noveno Pleno Casatorio Civil Casación N.° 4442-2015-Moquegua [§ 3668], en el cual se precisa que el proceso sumarísimo de otorgamiento de escritura pública es un proceso plenario rápido, en tanto no presenta limitaciones en torno a las alegaciones que podrían formular las partes o a los medios probatorios que podrían aportar en relación al fondo de la controversia. Tan es así, que inclusive en los casos de nulidad manifiesta el juez puede declararla de oficio, siempre que se baya promovido el contradictorio entre las partes. C uarto. De lo analizado se colige que la Sala Superior ha emitido una resolución que adolece de una debida motivación, en sus manifestaciones del derecho a probar y de la debida valoración probatoria, no inobservando ciertos criterios o principios lógicos del razonamiento, lo que determina la nulidad insubsanable de la recurrida, a tenor de lo dispuesto en el artículo 171 del Código Procesal Civil. (Casación N.° 635-2016-Lambayeque, de 09-03-2017, ff. jj. 2-4. Sala Civil Permanente [EP, 30-01-2018, Sentencias en Casación N.° 742, p. 104371]. Texto completo: ). ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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§ 1160. Excepción de prescripción extintiva. El juez debe establecer desde cuándo está expedito el derecho de la parte actora para ejercitar la acción indem nizatoria, en caso contrario no estaría respetando el principio de debida motivación de las resoluciones judiciales. Las resoluciones judiciales no solo deben estar motivadas, sino también la argumentación que ella contiene debe ser coherente, precisa y debe sustentarse en los actuados judiciales correspondientes; que, en el presente caso, se ha deducido la excepción de prescripción extintiva, que por su naturaleza es de cómputo de tiempo; a que la Jueza, al efecto, ha debido establecer con claridad y precisión desde cuándo debe computarse el plazo de prescripción deducida frente a la demanda sobre indemnización, es decir, desde cuándo estaba expedito el derecho de la parte actora para ejercitar la acción indemnizatoria; a que no habiéndose procedido en la forma anotada la resolución impugnada se halla afecta de nulidad, corriendo igual suerte la denegatoria del medio probatorio relativo a la declaración de parte ofrecido. (Exp, N.° 1053-97, de 11-09-1997. Tercera Sala Civil. Corte Superior de justicia de Lima. Ponentes: Carrión Lugo, Alvarez Guillén y Hasembank Armas. Referencia: CPC Bibliogr., p, 387). § 1161. Cuando no hay argum entación suficiente respecto a la decisión de im procedencia de la dem anda de tercería, el recurso de casación debe declararse fundado. Vicios de la motivación. Véase la jurisprudencia del artículo IX del Código Procesal Civil [§ 389]. (Casación N.° 2162-2015San Martín, de 06-09-2016, f. j. 6. Sala Civil Permanente [EP, 02-05-2017 Sentencias en Casación N.° 727, p. 91904], Texto completo: ). § 1162. Principio de incongruencia procesal. M anifestaciones de los vicios de la motivación: falta de motivación y defectuosa motivación. Véase la j urisprudencia del inciso 4 del artículo 122° del Código Procesal Civil [§ 1257]. (Casación N.° 86-01-Santa-Chimbote, de 18-04-2001, ff. jj. 7-8. Sala Civil Transitoria [EP, 01-10-2001]. Texto completo: ). § 1163. Remisión. Sobre motivación de las resoluciones judiciales, véase también la jurisprudencia del inciso 5 del artículo 139° de la Constitución [§ 79 ss.]; de los artículos 50° inciso 6 [§ 582 ss.] y 122° inciso 3 del Código Procesal Civil [§ 1218 ss.]; y del artículo 12° de la Ley Orgánica del Poder Judicial [§ 4589 ss.]. E. VALIDEZ DE LA RELACIÓN PROCESAL. SENTENCIA INHIBITORIA (ÚLTIMO PÁRRAFO)

§ 1164. El juez tiene la facultad de revisar de oficio la construcción procesal del proceso. l.° [...] [Se] denuncia como contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso derivado de haberse resuelto respecto a punto no controvertido al disponer que no se había agotado la vía administrativa ni recurrido en acción contencioso administrativa [...]. 2.° [Este] agravio no puede prosperar, pues es facultad del juzgador revisar de oficio la construcción procesal del proceso conforme al inciso 4 del artículo 426 y 121 último párrafo del Código Procesal Civil. (Casación N.° 1604-96-Piura, de 20-06-1997, ff. jj. 1 y 2. Sala Civil [EP, 31-12-1997, p. 244], Texto completo: ). § 1165. El juez tiene la facultad para pronunciarse sobre el fondo de la litis o eventualmente sobre la validez de la relación procesal. Cuarto. [...] [El recurrente] sostiene que se ha infringido la última parte del artículo 121 del Código Procesal Civil, indicando que la sentencia recurrida además de no pronunciarse sobre el fondo de la litis, consigna argumentos extraños que conducen a una decisión de la misma índole, sin embargo, es necesario precisar que la norma que invoca define lo que es una sentencia, y la facultad del juzgador para pronunciarse sobre el fondo de la litis o eventualmente sobre la validez de la relación procesal, siendo esto último lo que realizó el superior colegiado, por lo que no se observa que se hubiese incurrido en causal de nulidad alguna [...]. (Casación N.° 1667-99Lima, de 25-09-2000, f, j. 4. Sala de Derecho Constitucional y Social [EP, 01-03-2001, p. 6957]. Texto completo: ). n o m o s & thesí s

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§ 1166. La facultad excepcional del juzgador de revisar nuevamente, en sentencia, una resolución consentida ejecutoriada. Prim ero. [...] [Si] bien es verdad que, como dispone el artículo 466 del Código Procesal Civil, consentida o ejecutoriada la resolución que declara el saneamiento procesal precluye toda petición referida a impugnar la validez de la relación jurídica procesal, esto no limita la facultad del juzgador, concedida por el artículo 121 “in fin e ” del mismo Código, para en sentencia, excepcional mente, revisar nuevamente dicha relación y pronunciarse sobre ella, por lo que habiendo el juzgador de mérito obrado en ejercicio de sus facultades, no se contraviene el derecho del recurrente al debido proceso. (Casación N.° 1136-99-La Libertad, de 10-09-1999, L j. 1. Sala Civil Transitoria [EP, 12-11-1999, p. 3914]. Texto completo: ). § 1167. Nada debe im pide al Juez pronunciarse en la sentencia respecto de la validez de la relación procesal. Cuarto. [En] cuanto al error ínprocedendo , la recurrente señala que la recurrida: [...] viola la cosa juzgada y el principio de congruencia pues desconoce la resolución [...] que declara nulo el auto que declaró improcedente la demanda [..,], Quinto. [D]icha denuncia debe desestimarse pues [...] presume una vulneración inexistente pues, conforme al artículo 121 del Código Procesal Civil, nada impide al Juez pronunciarse en la sentencia respecto de la validez de la relación procesal [...]. (Casación N.° 254-2008-Lima Norte, de 17-03-2008, fE jj. 4 y 5. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 30-10-2008, p. 23201], Texto completo: ). § 1168. La facultad del juez -como director del proceso- de rechazar la demanda no se lim ita al inicio del proceso, sino que incluso puede realizarse al momento de emitirse la decisión final. Tercero. [En] principio, conviene dejar establecido que el último párrafo del artículo 121 -in fin e- deí Código Procesal Civil concede al juez la facultad de pronunciase en la sentencia, excepcionalmente, respecto de la validez de la relación jurídico-procesal. Cuarto. [De] lo anterior se colige que, la facultad de rechazar la demanda en nuestro ordenamiento procesal civil, no se limita al inicio del proceso, sino que incluso puede realizarse al momento de emitirse la decisión final, inhibiéndose el juzgador de emitir un pronunciamiento respecto del fondo de la controversia puesta a su consideración. Esta facultad es coherente con las nuevas tendencias de la teoría general del proceso que conciben al juez como director del mismo y no como un mero espectador, mostrándose como una manifestación contralora de la actividad jurisdiccional, razón por la cual puede el juzgador examinar -en cualquier estado del proceso- que la demanda puesta a su consideración sea adecuada para obtener un pronunciamiento final. (Casación N.° 1534-03-Lima, de 15-10-2003, ff. jj. 3 y 4. Sala Civil Transitoria. Texto completo: ). § 1169. El examen de la relación jurídico-procesal corresponde al juez en diversas etapas previstas dentro del proceso. Las partes pueden poner en evidencia la falta de condiciones para la acción. Cuarto. [...] [La] facultad saneadora del juez se encuentra prevista en diversos estadios dentro de cada proceso, en los cuales las mismas partes o el Juez pueden poner en evidencias la falta de los requisitos o condiciones de la acción. Quinto. [Tjales actos procesales se realizan normalmente en el saneamiento procesal pues en ella se resuelven las excepciones planteadas, de haberse propuesto, y/o se declara el saneamiento procesal; tal como lo establece el artículo 449 del Código Procesal Civil, concordante con el numeral 465 de la misma norma, aplicables en cuanto al proceso de conocimiento; en el artículo 443, en cuanto al proceso abreviado; y, en el artículo 555, respecto al proceso sumarísimo. Sexto. [La] actividad saneadora del Juez no se limita a dicho acto procesal, sino que extraordinariamente puede ponerse de manifiesto incluso al emitirse la sentencia [...]. (Casación N.° 156l-98-LÍma, de 17-04-2001, ff. jj. 3 y 4. Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria [EP, 30-04-2001, p, 7143]. Texto completo: ). § 1170. Pronunciamiento sobre la validez de la relación procesal cuando el juez advierta la falta de conexidad entre lo peticionado, los fundamentos fácticos y medios probatorios que lo sustentan. Cuarto. [La] norma denunciada consagra el principio del iiira novit curia , que autoriza al Juzgador a calificar la acción interpuesta pero no cambiarla por otra en base a hechos no invocados. Quinto. [La] sentencia de mérito no contraviene dicho principio, pues de conformidad con el ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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artículo 121 in fin e del Código Adjetivo, [se] permite excepcionalmente pronunciarse en la sentencia sobre la validez de la relación procesal, cuando advierta la falta de conexidad entre lo peticionado, los fundamentos fácticos y medios probatorios que lo sustentan. (Casación N.° 3402-2000-Cono Norte, de 23-03-2001, ff. jj. 4 y 5- Sala Civil Transitoria [EP, 3T08-2001, p. 7609]. Texto completo: ).

§ 1171. Cuando se expide una sentencia inhibitoria, invocando un supuesto de improcedencia, se atenta contra el principio iura n o v it cu ria . D écim o segu n d o. [Cuando] la Sala expide una sentencia inhibitoria, invocando un supuesto de improcedencia, no solo atenta contra lo dispuesto en el artículo V il del Título Preliminar dei Código Procesal Civil, que lo faculta a aplicar el derecho que corresponde al proceso, sino además el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, en tanto no ha realizado un debido juicio de proporcionalidad de la eficacia de la decisión, y principalmente de los fundamentos fácticos en que se sustenta la demanda, y lo aportado en el proceso, más aún, si como órgano de segunda instancia, está facultado a revisar las decisiones de primera instancia, de tal forma que la decisión que adopte pueda constituir un medio de certidumbre que satisfaga las esperanzas de justicia de las partes y de la sociedad, teniendo siempre como eje la observancia del debido proceso, el cual desde el punto de vista del procedimiento significa que el proceso se dinamiza mediante procedimientos preestablecidos de modo que garantice el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva. (Casación N.° 3693-2010-Cusco, de 21-06-201.1, f. j. 12. Sala Civil Permanente [EP, 31-01-2013, Sentencias en Casación N.° 675, p. 38899]. Texto completo: ).

§ 1172. Casos en los que el Juez puede excepcionalmente pronunciarse en ía sentencia, sóbrela validez de la relación jurídico-procesal. Q uinto. [Si] bien el artículo 121 in fin e del Código Procesal Civil faculta al Juzgador a que excepcionalmente se pronuncie en la sentencia, sobre la validez de la relación jurídico-procesal; [...] tal previsión está señalada únicamente pata aquellos casos en los que la relación jurídica procesal no se haya entablado adecuadamente o cuando no obstante el saneamiento procesal se advierta que el demandante carece de interés o legitimidad para obrar, que el derecho ha caducado o que el órgano jurisdiccional resulte absolutamente incompetente. (Casación N.° 12672006-La Libertad, de 17-04-2007, f. j. 5. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 01-10-2007, p. 20458]. Texto completo: ).

§ 1173. La facultad de! Juez para pronunciarse excepcionalmente sobre la validez de ía relación jurídico-procesal, resulta extensiva al Colegiado Superior que absuelve el grado de apelación. Tercero. [...] [El] Código Procesal Civil [...] establece en su artículo 121 parte in fin e la facultad que tiene el Juez para pronunciarse en la sentencia excepcionalmente sobre la validez de la relación jurídico-procesal. C uarto. [Dicha] facultad del Juez de la causa resulta extensiva al Colegiado Superior que absuelve el grado de apelación de la sentencia, coligiéndose de ello que si bien el artículo 466 del Código Procesal Civil establece que saneado el proceso precluye el cuestíonamiento a la validez de la relación jurídica procesal, sin embargo el artículo 121 parte in fin e establece una excepción en mérito del cual los jueces de mérito tienen la facultad de pronunciarse excepcionalmente sobre la validez de la relación jurídica procesal en la sentencia. (Casación N.° 1866-2004-La Libertad, de 03-10-2005, ff. jj. 3 y 4. Sala Civil Transitoria [EP, 02-06-2006, p. 16267]. Texto completo: ).

§ 1174. La excepcional!dad prevista en el último párrafo del art. 121 CPC solo procede por la carencia evidente de alguno de los presupuestos procesales de forma o de fondo que le impidan al juzgador emitir pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión controvertida. C uarto. [El] último párrafo del artículo 121 del Código Procesal señala que con la sentencia el juez pone fin a la instancia pronunciándose sobre la cuestión controvertida, declarando el derecho de las partes o excepcionalmente la validez de la relación procesal; cabe precisar que la excepcionalidad prevista, solo procede por la carencia evidente de alguno de los presupuestos procesales de forma o de fondo que le impidan al juzgador emitir pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión controvertida; de presentarse duda, al respecto debe preferirse resolver el fondo de la litis buscando la solución del n o m o s & t h e s is

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conflicto de intereses, en virtud de lo dispuesto por el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Civil. (Casación N.° 1565-2008-Lambayeque, de 24-06-2008, £ j. 4. Sala Civil Permanente [EP, 01-12-2008, p. 23397]. Texto completo: ). § 1175. Cuando el juez, en una sentencia se pronuncia de m anera excepcional sobre la validez de la relación procesal, debe indicar las razones que justifican la expedición de su fallo. S e g u n d o . [El] artículo 121 in fin e del Código Procesal Civil dispone que mediante la sentencia el juez pone fin a la instancia o al proceso en definitiva, pronunciándose en decisión expresa, precisa y motivada sobre la cuestión controvertida declarando el derecho de las partes, o excepcionaimente sobre la validez de la relación procesal; en consecuencia, cuando el órgano jurisdiccional de instancia quiere hacer uso de la facultad conferida en la precitada norma adjetiva al expedir la sentencia definitiva -pronunciarse de manera excepcional sobre la validez de la relación procesal- debe motivar debidamente sn fallo, esto es, indicar las razones que justifican la expedición de un fallo excepcional. (Casación N.° 2747-2007lea, de 01-04-2008, f. j. 2. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 04-09-2008, p. 23073]. Texto completo: ). § 1176. El vicio procesal que es advertido en segunda instancia, no am eritará la declaración de improcedencia si es posible subsanarla, en cumplimiento del principio de celeridad procesal. Tercero. [Lo] que se discute [en el presente proceso] son las facultades que tiene el órgano de revisión al momento de conocer la causa. Este Tribunal Supremo estima que en principio ellas se ciñen a las que han sido materia de impugnación, pues en un sistema dispositivo de impugnación el agravio es la medida de la apelación, lo que se encuentra vinculado con el viejo principio tantas veces enunciado: “tantum devolutum quantum apellatum”, razón por la cual, como ha señalado Vescovi “la expresión de agravios limita los poderes del tribunal a d quem , puesto que fija el objeto de la alzada, ya que lo que no es objeto de impugnación adquiere autoridad de cosa juzgada”. C uarto. Sin embargo, el mismo autor ha hecho alusión que como la sentencia lleva implícito el pedido de nulidad, los poderes de la Sala Revisora se extienden también a su conocimiento, de forma tal, que, si considera que existe un vicio procesal esencial, aunque no haya sido materia de agravio, puede pronunciarse sobre el punto. Eso es, además, lo que permite el artículo 121 del Código Procesal Civil, que faculta al juez a pronunciarse sobre la validez de la relación procesal [,..]. Q uinto. Empero, debe tenerse en cuenta que la razón de ser de las disposiciones procesales es que se pueda emitir pronunciamiento de fondo para solucionar la controversia existente; por ello, la labor del juez es evitar que problemas formales impidan emitir la decisión que corresponda, más aún si el defecto que se proclama no fue advertido de inmediato en el momento de la calificación de la demanda, no fue objeto de impugnación y ha sido detectado luego de tres años y medio de desarrollo del proceso. A criterio de este Tribunal Supremo, en estos casos, y siempre que la anomalía sea salvable, debe preferirse la corrección procesal que permita subsanar los errores y solucionar el conflicto, en atención al principio de celeridad procesal y teniendo como norte el propio fin del proceso. S étim o. Por lo expuesto, en el caso en cuestión, se observa una formalidad excesiva que afecta el debido proceso y, por tanto, debe ampararse el recurso de casación presentado, debiéndose precisar que si hubiera formalidad que cumplir la Sala Superior deberá requerir su cumplimiento a efectos de emitir decisión de fondo. (Casación N.° 3856-2016-Lima Norte, de 24-08-2017, ff. jj. 3, 4, 5 y 7. Sala Civil Permanente [EP, 03-07-2018, Sentencias en Casación N.° 750, p. 111107]. Texto completo: ), § 1177. Los jueces excepcionalmente pueden expedir sentencia inhibitoria, solo para aquellos casos en los que al momento de expedir sentencia se advierta la existencia de vicios insubsanables. Sexto. [Si] bien el artículo 121 del Código Procesal Civil in fin e ha previsto que los Jueces excepcionalmente pueden expedir sentencia inhibitoria, pronunciándose acerca de la validez de la relación jurídico-procesai, tal posibilidad debe entenderse que está prevista solo para aquellos casos en los que al momento de expedir sentencia se advierta la existencia de vicios insubsanables que afecten gravemente la validez de la relación jurídico-procesai [...]. (Casación N.° 557-2008-junín, de 12-06-2008, £ j. 6. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 30-10-2008, p. 23227]. Texto completo: ). * SUMMA PROCESAL CIVIL

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§ 1178. Sentencias inhibitorias solo resuelven sobre aspectos de la relación procesal. C uarto. [Las] sentencias como acto procesal se clasifican, atendiendo al alcance del fallo, en sentencias de mérito y en sentencias inhibitorias, siendo estas últimas cuando las instancias de mérito no resuelven sobre las pretensiones demandadas sino sobre aspectos de la relación procesal. (Casación N.° 244-2001-Cusco, de 15-08-2001, f. j, 4, Sala Civil Transitoria [EP, 02-01-2002, p. 8216], Texto completo: ). § 1179. Una resolución inhibitoria resuelve la validez de la relación juríd ica procesal y declara improcedente la demanda. Sexto. Una sentencia inhibitoria se caracteriza porque no contiene pronunciamiento sobre el fondo de la controversia, sino que se resuelve sobre la validez de la relación jurídica procesal y entonces declara improcedente la demanda. En el presente caso, no se ha emitido una sentencia inhibitoria, porque la recurrida confirma la apelada, que declara infundada la demanda, En suma, no se corrobora la infracción a las normas que garantizan el derecho a un debido proceso. (Casación N.° 1338-2006-Cono Norte, de 11-09-2007, £ j. ó. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 02-01-2008, p. 21162]. Texto completo: ). § 1180. Para que el juez se pronuncie sobre la validez de la relación procesal y declarar improcedente la demanda, debe declarar n ula la apelada o revocarla. T ercero. [Si] bien de acuerdo con el artículo 121 del Código Procesal Civil, la sentencia de vista podía pronunciarse sobre la validez de la relación procesal y declarar improcedente la demanda, como se ha hecho en este caso, para ello tenía que declarar nula la apelada o revocarla, lo que implica que la apelada contenía una causal de nulidad o la Sala modificaba la misma, pero al declarar improcedente la demanda, sin anular o revocar la apelada, se mantiene la misma, lo cual importa un absurdo jurídico y no existé pronunciamiento en la parte resolutiva sobre la sentencia apelada, incumpliendo lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 122 del Código acotado e incurriendo en la causal de nulidad contemplada en el artículo 171 de dicho Código. (Casación N.° 3016-99-Huaura, de 23-02-2000, f. j. 3. Sala Civil Transitoria [EP, 04-07-2000, p. 5528], Texto completo: ). § 1181. La legitim idad para obrar requiere el examen de la titularidad del derecho cuya tutela jurisdiccional se aspira, por lo que de prim era intención debe calificarse la pretensión procesal que se haya propuesto. La legitimidad para obrar requiere el examen de la titularidad dei derecho cuya tutela jurisdiccional se aspira, por lo que de primera intención debe calificarse la pretensión procesal que se haya propuesto, que como es natural tiene su sustento en la relación material o sustantiva del derecho. Analizada la demanda, se ha establecido que en ella se proponen una pretensión procesal principal (que se establezca judicialmente que existe responsabilidad de la demandante en el aludido accidente de tránsito), una pretensión procesal subordinada (que se establezca que la responsabilidad a cargo de la actora es de naturaleza contractual), una primera pretensión procesal accesoria a la subordinada (consistente en fijar el monto de la indemnización) y una segunda pretensión procesal accesoria a la subordinada (que la indicada indemnización no genera intereses legales). No se trata, pues, de un proceso en el que el perjudicado reclama el pago de una indemnización. De las anotadas pretensiones procesales fluye claramente que dentro de la relación jurídica material, originaria dei evidente conflicto de intereses existente entre las partes, hay una incertidumbre jurídica que la actora solícita se dilucide judicialmente, supuesto en el cual a esta no se le puede negar la legitimidad que tiene para proponer judicialmente la eliminación de tal incertidumbre. En su oportunidad se establecerá especialmente el tipo de responsabilidad que corresponda a la empresa demandante y la magnitud de ella, sujeto naturalmente a la probanza. Conforme al numeral IV del Código Procesal Civil el actor solo está obligado a invocar la legitimidad para obrar, pues, en todo caso, al momento de decidir la causa el Juzgador tendrá también la oportunidad de volver a calificar la legitimidad pata obrar (última parte del artículo 121° del Código Procesal Civil), por la naturaleza saneadora que tiene el proceso civil nacional. (Exp. N.° 1302-97, de 25-09-1997. Tercera Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Ponentes: Quirós Amayo, Carrión Lugo y Elasembank Armas. Referencia: CPCBíbliogr., p. 16). § 1182. El juez puede pronunciarse sobre la im procedencia de la dem anda aun cuando en la etapa de saneamiento procesal se h a declarado la validez de la relación procesal, dictando una n o m o s & th e s is

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sentencia inhibitoria cuando corresponda. Q uinto. [...] iíi) El devenir del proceso de acuerdo a lo regulado por nuestro ordenamiento procesal importa, evidentemente, que para llegar a la etapa resolutiva, en que se dicta la sentencia, se debe haber transitado, entre otras, por la fase del saneamiento procesal, en [la] que el juzgador se pronuncia sobre la validez de la relación jurídica procesal, iv) No obstante, este Supremo Colegiado, aplicando un criterio de orientación sistemática, estima [que] la existencia de la norma que faculta al juez a pronunciarse sobre la validez de la relación jurídica en la sentencia, [...] comporta que tal pronunciamiento de improcedencia de la demanda puede hacerse aun cuando en la etapa de saneamiento procesal se ha declarado la validez de la relación procesal, ello por cuanto la expedición de la sentencia, al ser el acto que, en principio, pone fin al proceso, implica aún antes de hacer el examen sobre las pretensiones, los hechos probados y las pruebas aportadas al proceso, un nuevo juicio sobre la validez de la relación jurídica procesal, dictando una sentencia inhibitoria cuando corresponda. [...] (Casación N.° 824-2007-Lima, de 19-08-2010, £ j. 5. Sala Civil Transitoria [EP, 02-12-2008, p. 23566]. Texto completo: ).

§ 1183. El juez puede efectuar control de oficio tanto de los presupuestos procesales como de las condiciones del ejercicio válido de la acción, al haberse examinado y pronunciado de oficio por las instancias de mérito sobre la manifiesta falta de legitimidad para obrar activa. T ercero . [...] b) En forma excepcional, en la sentencia el Juez se puede pronunciar sobre la validez de la relación procesal, emitiendo una resolución inhibitoria, c) La falta de legitimidad para obrar del demandante (así como del demandado), si bien debe ser examinada al calificarse la demanda, vía excepción o en el saneamiento del proceso, también cabe la posibilidad de que el Juzgador la examine de oficio, al momento de expedir sentencia de primera y segunda instancia, en atención a la facultad legal señalada; por consiguiente, el Juez puede efectuar control de oficio tanto de los presupuestos procesales como de las condiciones del ejercicio válido de la acción, tal como ocurre en el presente caso, al haberse examinado y pronunciado de oficio por Jas instancias de mérito sobre la manifiesta falta de legitimidad para obrar activa. Además, la declaración de oficio de la nulidad de un acto jurídico constituye una facultad que asiste al Magistrado, por lo que su empleo es potestativo de aquél. (Casación N.° 1662-04-Callao, de 03-08-2004, f. j. 3. Sala Civil Transitoria [EP, 01-12-2004, p. 13285]. Texto completo: ).

§ X184. El juez de segunda instancia no puede declarar la nulidad la nulidad de la sentencia de primera instancia y luego, ante la apelación de la nueva sentencia, reformarla y declararla improcedente. Principio de preclusión. S egundo. [AJsimismo, por el principio de preclusión procesal el proceso se va desarrollando por etapas, de modo que si se supera una etapa o fase procesal, se pasa a la siguiente y no existe posibilidad de retroceder. En el presente caso, la etapa procesal para sanear el proceso ha precluido en la primera oportunidad en que la Sala Superior examinó el proceso y em itió la sentencia de vista [...] que declaró nula [...] Ja sentencia emitida por el juez de primera instancia por haber omitido pronunciamiento respecto al extremo de pago de intereses y condenando a la demandada al pago de costas y costos. T ercero. [Al] absolver el grado de apelación de la nueva sentencia de primera instancia, la Sala Superior debía en principio examinar si el a quo ha cumplido las directivas contenidas en su mandato [...] para luego emitir pronunciamiento sobre el fondo de la controversia, pues teniendo en cuenta los alcances del principio de preclusión procesal ya no correspondía revisar la etapa de la fijación de puntos controvertidos, acto procesal que en su oportunidad no ha sido cuestionado por ninguna de las partes asistentes a dicha audiencia; dado que el proceso ya se encuentra en la etapa resolutoria. C uarto. [Sin] embargo, la Sala Superior indebidamente retrocede a la fase procesal anterior y declara nuevamente nula la sentencia, decisión que contiene vicio de nulidad que afecta a la sentencia recurrida, la misma que debe ser declarada en aplicación del artículo 122, incisos 3 y 4 del Código Procesal Civil. (Casación N.° 2259-2009-Lima, de 19-01-2010, ff. jj. 2-4. Sala Civil Permanente [EP, 28-02-2011, Sentencias en Casación N.° 637, p. 29577]. Texto completo: ).

§ 1185- La facultad del juez de declarar la improcedencia de la demanda en la sentencia no afecta al principio de preclusión. C uarto. [No] se ha afectado el principio de preclusión del proceso, * SUMMA PROCESAL CIVIL

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pues la facultad del Juez de declarar la improcedencia de la demanda en la sentencia esta expresamente concedida por el último párrafo del artículo 121 del Código Adjetivo. (Casación N.° 1019-2000Cono Norte - Lima, de 06-12-2000, f. j. 4, Sala Civil Permanente [EP, 01-03-2001, p. 7068]. Texto completo: ). § 1186. Cuando el juez se pronuncia sobre la invalidez de la relación procesal por encontrar la existencia de un vicio insubsanable no contraviene el carácter dispositivo del proceso civil. P rim ero. [La] última parte del artículo 121 del Código Procesal Civil autoriza al Juez para que emita sentencia pronunciándose sobre la validez de la relación procesal. S egu n do, [DJicha norma debe ser concordada con el último párrafo del artículo 176 del Código Procesal Civil, que establece que los jueces solo declararán de oficio las nulidades insubsanables, mediante resolución motivada, reponiendo el proceso al estado que corresponde. Tercero. [P]or lo tanto, cuando el Juez o la Corte se pronuncia sobre la invalidez de la relación procesal por encontrar la existencia de un vicio de naturaleza insubsanable no contraviene ni el principio de congruencia, ni el carácter dispositivo del proceso civil, ni desconoce las etapas preelusivas del proceso ni el efecto del saneamiento. (Casación N.° 84l-99-Cusco, de 14-07-1999, ff. jj. 1-3. Sala Civil Permanente [EP, 01-09-1999, p. 3407]. Texto completo: ). § 1187. Preclusión de cualquier cuestionamiento referido a la validez de la relación jurídica procesal solo está referida a los pedidos que hagan las partes, pero no respecto del juez. Véase la jurisprudencia del artículo 466° del Código Procesa) Civil [§ 3263]. (Casación N.° 2108-03-Huánuco, de 25-05-2004, f. j. 11. Sala Civil Transitoria [EP, 30-09-2004, p. 12727]. Texto completo: ). § 1188. No se debe confundir el instituto de la cosa juzgada con la preclusión. La adm isión de la dem anda no im pide ni que el demandado replantee la cuestión y a resuelta afirmativamente de oficio por el juez al inicio, a través de excepciones procesales (en este caso, de caducidad). Solo el auto de saneamiento consentido o ejecutoriado precluye la posibilidad de las partes de objetar la relación juríd ica procesal. Véase la jurisprudencia del inciso 3 del artículo 427° del Código Procesal Civil [§ 2796]. (Casación N.° 724-99-Lambayeque, de 10-08-1999, ff. jj. 4, 5, 6 y 9. Sala Civil Transitoria [EP, 12-11-1999, p. 39 02 ].Texto completo: ). § 1189. Las resoluciones inhibitorias son aquellas que resuelven aspectos de la relación jurídica procesal. D uodécim o. [Las] resoluciones como actos procesales se clasifican, atendiendo al alcance del fallo, en sentencias o autos de mérito y en sentencias o autos inhibitorios, siendo estas últimas cuando las instancias de mérito no resuelven sobre las pretensiones demandadas sino sobre aspectos de la relación jurídica procesal [...]. (Casación N.° 2581-2007-Arequipa, de 23-08-2007, £ j. 12. Sala Civil Permanente [EP, 30-05-2008, p, 22208], Texto completo: ). § 1190. Los pronunciamientos inhibitorios son aquellos que se pronuncian respecto a un obstáculo de carácter procesal. 2o) [...] [Los pronunciamientos] de naturaleza inhibitoria [...] son aquellos que se pronuncian respecto a un obstáculo de carácter procesal, ya sea por la ausencia de algún presupuesto procesal o de alguna condición de la acción, como ha ocurrido en el caso de autos [...]. (Casación N.° 2421-2000-Lima, de 02-11-2000, £ j, 2. Sala Civil Permanente [EP, 02-01-2001, p. 6670], Texto completo: ), § 1191. En una resolución inhibitoria, al no existir pronunciam iento sobre el fondo de la controversia, no requiere de una fundam entación jurídica. Tercero. [La] denuncia por vicio in procedendo [...] debe ser desestimada, pues la recurrida es una resolución inhibitoria; por lo que, al no existir pronunciamiento sobre el fondo de la controversia, no requiere de una fundamentación jurídica, ni tampoco de valorización de los hechos ni de las pruebas actuadas en el proceso. [...] (Casación N.° 775-2007-Lima, de 03-04-2007, f. j. 3. Sala Civil Permanente [EP, 03-07-2007, p. 19924]. Texto completo: ).

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§ 1192. Al haberse em itido una sentencia inhibitoria no es posible sostener que existe una deficiente apreciación de los medios probatorios, porque no ha existido pronunciamiento sobre el fondo de la controversia. Quinto. [Excepcionalmente] se puede emitir una sentencia inhibitoria, cuando se trate de establecer la validez de la relación jurídica procesal, según io regula el artículo 121 in fin e del Código Procesal Civil. En consecuencia, al haberse emitido una sentencia inhibitoria no es posible sostener que existe una deficiente apreciación de los medios probatorios, como se alega en el recurso de casación, porque no ha existido pronunciamiento sobre el fondo de la controversia. (Casación N.° 2190-2006-Cusco, de 06-09-2007, f. j. 5. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 29-02-2008, p. 21624], Texto completo: ). § 1193. La resolución inhibitoria es aquella en cuya virtud el juez pone fin a una etapa del proceso, sin penetrar en la m ateria del asunto que se le plantea, “resolviendo” apenas formalm ente. Tercero. [La] resolución objeto del presente recurso [de casación] declara improcedente la demanda, básicamente porque el acto jurídico cuya nulidad se pretende no es uno cualquiera sino es un acto administrativo, por lo que su impugnación corresponde efectuarse en vía de acción contencioso administrativa y no en vía de nulidades civiles. Cuarto. En tal sentido, estamos frente a lo que en doctrina procesal se denomina “resolución inhibitoria”, es decir, aquella en cuya virtud, por diversas causas, el juez pone fin a una etapa del proceso, pero en realidad se abstiene de penetrar en la materia del asunto que se le plantea, dejando de adoptar resolución de mérito, esto es, “resolviendo” apenas formalmente. (Casación NT 1056-2006-Arequipa, de 06-03-2007, ff. jj. 3 y 4. Sala Civil Transitoria [EP, 03- 09-2007, p. 20273], Texto completo: ). § 1194. En una resolución inhibitoria resulta inviable que los juzgadores analicen o examinen las pruebas ofrecidas por las partes en el decurso del proceso. Quinto. Por otro lado, examinado los argumentos precisados por los impugnantes en su recurso casatorio [...], se constata que a través de la causal in procedendo se cuestiona la falta de valoración de sus medios probatorios ofrecidos, los que incluso mencionan. Sexto, [La] resolución materia de impugnación [...] no se trata de una sentencia que se haya pronunciado sobre el fondo del asunto, por io que resulta invíable que los juzgadores analicen o examinen las pruebas ofrecidas por las partes en el decurso del proceso relacionadas con el asunto en controversia [...]. (Casación N.° 1056-2006-Arequipa, de 06-03-2007, ff. jj, 5 y 6. Sala Civil Transitoria [EP, 03- 09-2007, p. 20273], Texto completo: ). § 1195. Sentencia inhibitoria. El pronunciado sobre los medios probatorios aportados al proceso, no constriñe necesariamente a em itir pronunciam iento sobre el fondo del asunto. Sexto, [...] [El] hecho [de] que la Sala de vista se haya pronunciado sobre los medios probatorios aportados ai proceso, ello no lo constriñe necesariamente a emitir pronunciamiento sobre el fondo del asunto cuando advirtiera en su calidad de director del proceso, como en el presente caso, alguna formalidad procesal imperativa incumplida por las partes que impida continuar con la prosecución normal del proceso; en tal sentido, la alegada incapacidad del apoderado de la entidad demandante para no concurrir a la audiencia de pruebas no se compadece con lo actuado, dado que del testimonio de delegación de poder, efectuado con anterioridad a la audiencia de pruebas, se verifica que la entidad demandante había otorgado poder a otras personas para representar al banco demandante, por lo que estos últimos muy bien pudieron apersonarse al proceso y continuar con las posteriores diligencias procesales, representando así a dicha entidad frente a la eventual incapacidad de su representante regular [...]. (Casación N.° 1320-2006-Lima, de 06-12-2006, f, j, 6, Sala Civil Transitoria [EP, 02-072007, p. 19797], Texto completo: ). § 1196. Una dem anda puede ser declarada improcedente en la sentencia sin afectar el derecho de fondo. Segundo. [...] [Una] demanda puede ser declarada improcedente en sentencia, cuando se determina que carece de un requisito de fondo, lo que no afecta el derecho al debido proceso [...]. (Casación N.° 1030-99-Líma, de 27-05-1999, f. j. 2. Sala Civil Transitoria [EP, 29-08-1999, p. 3363]. Texto completo: ).

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§ 1197. La decisión de las instancias de mérito es inhibitoria y no impide a la recurrente volver a demandar la misma pretensión. C uarto. [...] [La] decisión de las instancias de mérito es inhibitoria y no impide a la entidad recurrente volver a demandar la misma pretensión, una vez superado el hecho que impide su viabilidad. (Casación N.° 2724-2007-Ucayali, de 17-09-2007, f. j. 4. Sala Civil Transitoria [EP, 02-09-2008, p. 22742], Texto completo: ).

§ 1198. La sentencia inhibitoria no contiene una decisión sobre el fondo de la litis, por lo que no constituye cosa juzgada. Sexto. [...] [La] recurrida se encuentra arreglada a lo actuado y el derecho, porque el último párrafo del artículo 121 del Código adjetivo, permite excepcionalmente resolver sobre la validez de la relación procesal, lo que es conocido en la doctrina como la sentencia inhibitoria, y que se caracteriza por no contener una decisión sobre el fondo de la litis; que la sentencia inhibitoria no constituye cosa juzgada, pues [...] el “Juez se limita a declarar que está inhibido para resolver sobre la existencia del derecho material pretendido, por lo cual no niega ni afirma que ese derecho exista, es imposible que se produzca cosa juzgada sobre un punto que no ha sido objeto de decisión” [...]. (Casación N.° 2072-2000-.Ayacucho, de 31-08-2000, £ j. 6. Sala Civil Transitoria [EP, 30-01-2001, p, 6854], Texto completo: ).

§ 1199. Sentencias inhibitorias no tienen la calidad de cosa juzgada. Segundo. i - ] M resolución [recurrida es] una sentencia inhibitoria que no se pronuncia sobre el fondo de la materia controvertida y, por lo tanto, no tiene la calidad de cosa juzgada [...]. (Casación N.° 5277-06Lima, de 29-03-2007, £ j. 2. Sala Civil Permanente [EP, 02-10-2007, p. 20643]. Texto completo: ).

§ 1200. El juez está facultado mediante la sentencia a revisar la construcción procesal del proceso. Cuarto. [El] juez está facultado mediante la sentencia a revisar la construcción procesal del proceso conforme lo establece el último párrafo del artículo 121 del Código adjetivo, en consecuencia no puede argumentarse que se han contravenido las normas que garantizan el derecho al debido proceso por el hecho de haberse declarado improcedente la demanda. (Casación N.° 423-95-Lima, de 12-081996, f. j. 4. Sala Civil. Texto completo: ).

§ 1201. Momentos para calificar la demanda. Sentencia inhibitoria. N oveno. Al respecto, nuestro ordenamiento procesal civil en materia de verificación del cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la demanda, ha fijado tres momentos claramente diferenciados para que ello ocurra: el primero, al momento de calificarse la demanda; el segundo, en la etapa del saneamiento; y, el tercero, en la etapa decisoria, emitiéndose, en su caso y de modo excepcional, una sentencia inhibitoria, por advertencia de una relación procesal inválida, conforme lo señala el artículo 121 última parte del Código Procesal Civil, lo que ocurrió en el caso que nos ocupa. (Casación N.° 1746-2015-Huánuco, de 02-04-2016, £ j. 9. Sala Civil Transitoria [EP, 03-07-2017, Sentencias en Casación N.° 731, p. 95145]. Texto completo: ). § 1203. La improcedencia de la demanda al considerarse que la pretensión era un imposible jurídico no impide que la demandante inicie un nuevo proceso. Sentencia inhibitoria. Cosa juzgada formal. Proceso idéntico. Véase la jurisprudencia del inciso 5 del artículo 427° del Código Procesal Civil [§ 2812], (Casación N.° 2372-2006-Apurímac, de 24-04-2007, f£ jj. 4-6. Sala Civil Transitoria [EP, 02-01-2008, p. 21324]. Texto completo: ).

§ 1204. El examen de las condiciones de acción y de los presupuestos procesales puede realizarse en etapa de calificación de demanda, de saneamiento procesal y excepcionalmente, en la emisión de sentencia. Véase la jurisprudencia del artículo 465° del Código Procesal Civil [§ 3237]. (Casación N.° 5425-2007-Ica, de 20-05-2008, ff. jj. 7 y 8. Sala Civil Permanente [EP, 01-12-2008, p. 23369]. Texto completo: ).

§ 1205. El análisis de la admisibilidad y procedibilidad déla demanda se puede realizar en tres momentos; calificación de la demanda, saneamiento procesal y en la emisión de sentencia. Véase n o m o s & thesis

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la jurisprudencia del inciso 5 del artículo 426° del Código Procesal Civil [§ 2723]. (Casación N.° 1012-2003-Lambayeque, de 20-08-2003, f. j. 6. Sala Civil Transitoria [EP, 31-03-2004, p. 11643]. Texto completo: ).

§ 1206. No puede declararse la improcedencia de un proceso de otorgamiento de escritura pública por la existencia de un proceso de nulidad de acto jurídico referido al mismo acto. La causal que motiva la improcedencia debe estar subsum ida en alguna de las causas previstas en la ley. Véase la jurisprudencia del inciso 4 del artículo 122° del Código Procesal Civil [§ 1276]. (Casación N.° 5674-2011 -Lima, de 21-12-2012, ff. jj. 7, 8 y 10. Sala Civil Transitoria [EP, 30-042013, Sentencias en Casación N.° 687, p. 40651]. Texto completo: ).

§ 1207. La resolución que admite la demanda no causa cosa juzgada, pues su validez puede ser analizada por el Juzgador en etapas posteriores. Véase la jurisprudencia del artículo 123° del Código Procesal Civil [§ 1357]. (Casación N.° 1769-99-Santa, de 01-12-1999, £ j. 2. Sala Civil Permanente [EP, 20-01-2000, p. 4600], Texto completo: ). § 1208. Remisión, Véase también la jurisprudencia del artículo 466° (Efectos de la declaración de la existencia de una relación procesal válida) del Código Procesal Civil [§ 3255 ss.].

§ 1209. Remisión. Véase también la jurisprudencia del artículo 427° (Improcedencia de la demanda) del Código Procesal Civil [§ 2745 ss.]. § 1210. Remisión. Sobre el principio de preclusión procesal, véase también la jurisprudencia del artículo V del Código Procesal Civil [§ 275 ss.].

Artículo 122: Contenido y suscripción de las resoluciones Las resoluciones contienen: 1. La indicación del lugar y fecha en que se expiden; 2. El número de orden que les corresponde dentro del expediente o del cuaderno en que se expiden; 3. La mención sucesiva de los puntos sobre los que versa la resolución con las consideraciones, en orden numérico correlativo, de los fundamentos de hecho que sustentan la decisión, y los respectivos de derecho con la cita de la norma o normas aplicables en cada punto, según el mérito de lo actuado;(1) 4. La expresión clara y precisa de lo que se decide u ordena, respecto de todos los puntos controvertidos. Si el Juez denegase una petición por falta de algún requisito o por una cita errónea de la norma aplicable a su criterio, deberá en forma expresa indicar el requisito faitante y la norma correspondiente.(1) 5. El plazo para su cumplimiento, si fuera el caso; 6. La condena en costas y costos y, sí procediera, de multas; o la exoneración de su pago; y, 7. La suscripción del Juez y del Auxiliar jurisdiccional respectivo. La resolución que no cumpliera con los requisitos antes señalados será nula, salvo los decretos que no requerirán de los signados en los incisos 3 ,5 y 6, y los autos del expresado en el inciso 6. La sentencia exigirá en su redacción la separación de sus partes expositiva, considerativa y resolutiva. En primera y segunda instancias así como en la Corte Suprema, ios autos llevan media firma y las sentencias firma completa del Juez o Jueces, si es órgano colegiado. Cuando los órganos jurisdiccionales colegiados expidan autos, solo será necesaria la conformidad y firma del número de miembros que hagan mayoría relativa. Los decretos son expedidos por los Auxiliares jurisdiccionales respectivos y serán suscritos con su firma completa, salvo aquellos que se expidan por el Juez dentro de las audiencias. N O TA DE A C T U A L IZ A C IÓ N

(1) Incisos 3 y 4 modificados por ei artículo 1 de ia Ley N.° 27524 (EP, 06/10/2001).

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JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA, DE LAS CORTES SUPERIORES Y DEL TRIBUNAL CONSTIT U C I O N A L _____________________________________________________ INDICACIÓN DEL LUGAR Y FECHA DE LAS RESOLUCIONES INCISO 1

§ 1211. La denuncia sobre la precisión de la fecha es un excesivo tributo al ritualism o o formalismo: su subsanación no va a cam biar el sentido de la resolución (inc. 1). 2. [...] [Si] bien en la resolución expedida en la audiencia única no alude al número que le correspondería y no se precisa la fecha de su expedición, resulta que pese a que dichas formas se inobservan, el acto ha cumplido su finalidad y aun cuando se subsane el vicio ello no va a cambiar el sentido de la resolución, debiendo advertirse además que la exigencia sobre la precisión de la fecha como se denuncia es un excesivo tributo al ritualismo o formalismo por cuanto se ha expedido dentro de la audiencia única en cuya acta y en el exordio aparece la fecha correspondiente. (Casación N.° 3323-99-Lima, de 09-03-2000, f. j. 2. Sala Civil Permanente [EP, 11-04-2000, p. 5072], Texto completo: ). NÚMERO DE ORDEN DE LAS RESOLUCIONES INCISO 2

§ 1212. Si la sentencia de vista reproduce el resultado final del informe pericial contable sin hacer ningún análisis de los conceptos y las cantidades que está aprobando, no se cumple con fundamentar debidamente la forma de cálculo de las obligaciones de pago que se ampara; por lo que, se estaría configurando una causal de nulidad (inc. 2). Q uinto. [...] [Bajo] ese contexto se observa que la sentencia de vista para confirmar la apelada obtiene un nuevo informe pericial contable cuyo resultado final reproduce sin hacer ningún análisis de los conceptos y las cantidades que está aprobando, asumiendo los errores que condene dicha pericia a través de consideraciones que incluso difieren de la sustentación empleada por aquella, por lo que no se habría cumplido con fundamentar debidamente la forma de cálculo de las obligaciones de pago que ampara, lo cual es causal de nulidad, según el segundo párrafo del artículo 122 del Código Procesal Civil. Sexto. [...] [Este] defecto importa la necesidad de que se emita un nuevo pronunciamiento desde primera instancia, que es donde se genera la indebida aplicación de la Ley [...]. (Casación N.° 1405-98-Chíncha, de 06-07-1999, £ j. 5. Sala de Derecho Constitucional y Social [EP, 30-05-2001], Texto completo: ). § 1213. La carencia de número de orden de una resolución dentro del proceso no acarrea su nulidad (inc. 2). Q uinto. [...] [Si] bien se verifica que la sentencia de vista [...] carece de número de orden dentro del proceso, dicha circunstancia no acarrea su nulidad a tenor de lo previsto en el artículo 122 del Código Procesal Civil [...]. (Casación N.° 1675-2001-Lima, de 09-08-2001, f. j. 5. Sala Civil Permanente [EP, 30- 11-2001, p. 8044], Texto completo: ). § 1214. El número de orden que le corresponde a cada resolución no compromete el derecho al debido proceso (inc. 2). Q uinto. [...] [El] recurrente ha invocado [el artículo 122 inciso 2 del Código Procesal Civil], cuya inobservancia no compromete el derecho al debido proceso que se pretende proteger [...]. (Casación N.° 3093-2000-Lima, de 12-01-2001, f. j. 5. Sala Civil Permanente [EP, 31-08-2001, p. 7671]. Texto completo: ). § 1215. La falta del número de una resolución ni parte expositiva en forma no afecta el sentido del fallo (inc. 2). C uarto. [...] [No] se afectan los artículos 122 y 123 del Código Procesal Civil, porque si bien la recurrida no contiene número de resolución ni parte expositiva en forma, ello no ocasiona la nulidad de la resolución, porque no afecta el sentido del fallo, siendo aplicable en este extremo el artículo 172 precitado en su cuarto párrafo [...]. (Casación N.° 3188-01-Lima, de 09-112001, f. j. 4. Sala Civil Transitoria [EP, 01-04-2002, p. 8527]. Texto completo: ). n o m o s & t h e s is

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§ 1216. La errónea enum eración de una resolución no constituye nulidad insubsanable (inc.

2). S egundo. [...] [La] errónea numeración de una resolución no constituye nulidad insalvable que afecte su contenido, ni el proceso, de conformidad con lo preceptuado en el cuarto párrafo del artículo 172 del Código Procesal Civil [...]- (Casación N.° 2717-2006-Lima, de 09-08-2006, f. j. 2. Sala Civil Permanente [EP, 30-10-2006, p. 17421]. Texto completo: ). § 1217. La subsanación de la num eración de la resolución no puede influir en el sentido de lo resuelto (inc. 2). S egundo. [No] cabe la declaración de nulidades superfinas o sin interés si se tiene en cuenta que la subsanación en la numeración que íe corresponde al auto de vista dentro del proceso no ha de influir en el sentido de lo resuelto, siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 172, cuarto párrafo, del Código Procesal Civil [...]. (Casación N.° 1633-2006-Lima, de 24-05-2006, f. j. 2. Sala Civil Permanente [EP, 30-10-2006, p. 17347]. Texto completo: ). MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES: MENCIÓN SUCESIVA DE LOS PUNTOS Y FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN INCISO 3

§ 1218. Los fines de la motivación (inc. 3), Sexto. La doctrina reconoce como fines de la motivación: a) Que el juzgador ponga de manifiesto las razones de su decisión, por el legítimo interés del justiciable y de la comunidad en conocerlas; b) Que se pueda comprobar que la decisión judicial adoptada responde a una determinada interpretación y aplicación del detecho; c) Que las partes, y aún la comunidad, tengan la información necesaria para recurrir, en su caso, la decisión; y d) Que los tribunales de revisión tengan la información necesaria para vigilar la correcta interpretación y aplicación del derecho. (Casación N.° 1346-2001-lea, de 09-11-2001, f, j. 6. Sala Civil Transitoria [EP, 01-032002, p. 8462], Texto completo: ). § 1219. Las diversas funciones de la motivación de las resoluciones judiciales (inc. 3). S éptim o. [La] motivación de las resoluciones judiciales cumple diversas funciones, siguiendo la doctrina y la casuística, debido al rol que cumple la decisión jurisdiccional en el Estado de Derecho, entre ellas: a) permite el control de la actividad jurisdiccional por parte de la opinión pública, cumpliendo así con el requisito de publicidad; b) logra el convencimiento de las partes, eliminando la sensación de arbitrariedad y estableciendo su razonabiíidad, al conocer el por qué concreto de ía resolución; c) permite la efectividad de los recursos; y, d) pone de manifiesto la vinculación del Juez de ley. (Casación N.° 2634-0O-Arequipa, de 19-01-2001, f. j. 7. Sala Civil Transitoria [EP, 30-04-2001, p. 7204], Texto completo: ). § 1220. Constituye un deber del juzgador incorporar en sus decisiones los fundamentos de derecho: dicha obligación no solo constituye una exigencia de carácter formal sino una garantía constitucional que integra el debido p r o c e s o (inc. 3). P rim ero. [Cjonstituye un deber del juzgador incorporar en sus decisiones los fundamentos de derecho, de acuerdo con el o con los cuales ha resuelto la controversia tal como lo prescribe el inciso 3 del artículo 122 del Código Procesal Civil. Segundo. [La] citada norma no solo constituye una exigencia de carácter formal sino una garantía constitucional que integra el debido proceso, y que se funda en el principio de motivación y fundamentación de las resoluciones judiciales [...]. (Casación N.° 3007-98-Tacna, de 04-05-1999, ff. jj. 1 y 2. Sala Civil [EP, 01-09-1999, p. 3396]. Texto completo: ). § 1221. Toda decisión contenida en una sentencia debe ajustarse no solo a las normas jurídicas sino también a los hechos acaecidos dentro o fuera del proceso (inc. 3). Cuarto. ■[El] ordenamiento jurídico exige a todo magistrado que, al momento de resolver el conflicto intersubjetivo de intereses, expida una sentencia que se encuentre ajustada no solo a las normas jurídicas pertinentes sino que también se ajuste a los hechos acaecidos tanto dentro como fuera del proceso. Q uinto. [Estos] argumentos se encuentran positivizados en el inciso 3 de artículo 122 del Código Procesal ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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Civil, ya glosado, el mismo que reconoce, como contenido de la resolución, el que se ajuste a lo actuado y al derecho, esto es, que se presente una perfecta coherencia entre los hechos acaecidos y las normas aplicadas con lo resuelto en el proceso. (Casación N.° 3202-2002-Arequipa, de 21-04-2003, ff. jj. 4 y 5. Sala Civil Transitoria [EP, 01-09-2003, p. 10805]. Texto completo: ). § 1222. Por el principio de motivación de las resoluciones judiciales, el juzgador expone las consideraciones que sustentan la subsunción de los hechos a los supuestos hipotéticos de las normas jurídicas (inc. 3). Q uinto. [...] [Por] el principio de motivación de las resoluciones judiciales, el juzgador debe de exponer las consideraciones que sustentan la subsunción de los hechos a los supuestos hipotéticos de las normas jurídicas emitiendo pronunciamiento jurisdiccional de manera clara y congruente al resolver la controversia jurídica con sujeción a la Constitución y a la Ley, resolviendo respecto de lo que es la materia en controversia y que son expuestos por las partes procesales, de tal manera que los justiciable estén en la posibilidad de conocer las razones de cómo se resolvió en un determinado sentido a fin de realizar los actos necesarios para la defensa de su derecho y posibilitándose además el control correspondiente por los órganos de instancia superior a que se accede a través de los recursos previstos en la ley procesal. (Casación N.° 4452-2006-Piura, de 12-11-2007, f. j, 5. Sala Civil Transitoria [EP, 03-12-2008, p. 23597]. Texto completo: ). § 1223. La debida m otivación de la sentencia no se cumple con la simple cita de dispositivos legales o jurisprudencia invocada, sino que tiene que exponerse argumentos idóneos que permitan a las partes conocer los motivos que le con-llevaron al Juez a la conclusión arribada (inc. 3). Séptim o. [,.,] [La] motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias se trasluce en la mención expresa que se debe realizar de la ley aplicable y los fundamentos de hecho en que se sustenta, es decir, que la motivación o fiindamentación de las resoluciones judiciales se traduce en la explicación detallada que debe realizar el juez de los motivos o razones que han conllevado a la decisión final, la forma como llegó a formarse una convicción sobre los puntos controvertidos. No es suficiente la simple cita de dispositivos legales o jurisprudencia invocada, sino que tiene que exponerse argumentos idóneos que permitan a las partes conocer los motivos que le con-llevaron al Juez a la conclusión arribada. (Casación N.° 6095-2015-Huánuco, de 20-10-2016, f. j. 7. Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria [EP, 28-02-2017, Sentencias en Casación N.° 724, p. 89507]. Texto completo: ). § 1224. En la sentencia debe citarse de m anera obligatoria la norm a legal que fundam enta la decisión (inc. 3). S egundo. [La] sentencia exterioriza una decisión jurisdiccional del Estado, consta en un instrumento público, y es la materialización de la tutela jurisdiccional que llena su función al consagrar un derecho mediante una declaración afirmada de que la relación sustancial discutida se encuentra en los presupuestos legales abstractos y como consecuencia de lo cual establece en la sentencia una norma concreta para las partes, de obligatorio cumplimiento. [...] Cuarto. Por eso es fundamental conocer cuál es la norma que el Juez aplica, y por eso mismo tal obligación del Juzgador se ha elevado al rango de garantía constitucional. [...] Sétim o. [Por tal motivo] constituye una irregularidad pronunciar sentencia sin indicar cuál es la obligación legal que se cita, pues como se ha señalado, se falta a una garantía constitucional. (Casación N.° 2188-99-Lima, de 26-11-1999, ff. jj. 2, 4 y 7. Sala Civil Transitoria [EP, 08-01-2000, p. 4521]. Texto completo: ). § 1225. Los fundamentos deben estar apoyados en alguna cita legal (inc. 3). S egundo. [De] la lectura de la sentencia recurrida [...], se advierte que ella incurre en nulidad, toda vez que sus fundamentos -sin calificar el valor de estos- no se encuentran apoyados en ninguna cita legal, o en su defecto en la doctrina jurisprudencial aplicable, lo que invalida todo el cuerpo de la sentencia. (Casación N.° 283-95-Cañete, de 02-10-1996, f. j. 2. Sala de Derecho Constitucional y Social [EP, 13-12-1996, p. 2534], Texto completo: ). § 1226. La falta de citas no siempre puede significar la carencia de fundamentos de derecho (inc, 3). Cuarto. [No] siempre la falta de citas en números o guarismos puede significar la carencia de fundamentos de derecho, cuando en los criterios legales que sustentan un fallo, subyace inexorablemente n o m o s & th e s is

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ia norma material de su referencia, que en consecuencia no es exacta la afirmación que con la recurrida se han infringido normas que garantizan el derecho a un debido proceso. (Casación N.° 194896-Lima, de 07-10-1997, f. j. 4. Sala Civil Transitoria [EP, 16-03-1998, p. 545]. Texto completo: ). § 1227* Deber de motivación de las resoluciones judiciales. No se puede ratificar lo resuelto por la sentencia apelada con el simple uso de la frase “en lo demás que contiene” (inc. 3). P rim ero. [CJonstituye un deber del Juzgado, incorporar en sus decisiones los fundamentos de derecho, de acuerdo con el o los cuales ha resuelto la controversia, tal como prescribe el inciso 3 del artículo 122 del Código Procesal Civil. S egundo. [La] citada norma, no solo constituye una exigencia de carácter formal, sino una garantía constitucional que integra el debido proceso, y que se funda en el principio de motivación y fundamentación de las resoluciones judiciales, conforme ha sido recogido por el inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política. [...] Cuarto. [La] demandante [...] interpone recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, expresando su disconformidad, solo en la parte de dicha resolución, mediante la cual desestima las pretensiones contenidas en su escrito de ampliación de demanda, [...] de modo tal que el Colegiado al momento de reexaminar el fallo apelado estaba obligado a pronunciarse en su parte considerativa sobre aquellos extremos, ya sea revocando o confirmando sus fundamentos, y en este último caso, por lo menos reproduciendo ios de la apelada de conformidad con el artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Q uinto. [Sin] embargo, el Colegiado además de revocar la apelada en cuanto a otro aspecto contenido en la demanda, procede a confirmarla respecto a las pretensiones formuladas por la demandante en la citada ampliación de la demanda, en base al uso de la frase “en lo demás que contiene”, es decir, realiza un acto de ratificación de lo resuelto por la sentencia apelada, sin precisar los fundamentos de hecho, el mérito de la prueba que los fija, así como el derecho que los sustentan, y menos, sin hacer suyos las razones por las que el A quo desestimó tales extremos; infringiendo, de esta manera, su deber legal y constitucional de motivar la sentencia. (Casación N.° 3161-98-Callao, de 03-06-1999, ff. jj. 1, 2, 4 y 5. Sala Civil Permanente [EP, 23-09-1999, p. 3579]. Texto completo: ). § 1228. Sí la sala no enumera los fundamentos no acarrea causal de nulidad en aplicación del principio de subsanación (inc. 3). P rim ero. [El] extremo del recurso referido a la contravención del artículo 122 del Código Procesal Civil, no resulta viable por cuanto el hecho de que la Sala no haya enumerado los fundamentos de la sentencia impugnada no puede acarrear 1a nulidad de la misma, en aplicación del principio de subsanación que consagra el artículo 172 del Código Adjetivo. (Casación N.° 1631-99-Tumbes, de 10-12-1999, f. j. 1. Sala Civil [EP, 21-01-2000, p. 4628]. Texto completo: ). § 1229. Una equivocación en ía enumeración de los considerandos constituye un error m aterial que no acarrea la n ulidad de la resolución (inc. 3). S egundo. [...] [El recurrente] sostiene que 1a resolución impugnada omitió resolver su punto “sexto”, por lo que la misma resulta incompleta, violándose así las normas que garantizan el derecho al debido proceso de conformidad con lo dispuesto en los incisos 3 y 4 del artículo 122 del Código Procesal [...]. Tercero. [...] [Si] bien úA -quem del considerando quinto se pasó al sétimo, ello constituye tan solo un error material que no acarrea en absoluto la nulidad de la impugnada. (Casación N.° 2024-2001-Lima, de 10-08-2001, ff. jj. 2 y 3. Sala Civil Transitoria [EP, 05-11-2001, p. 7885]. Texto completo: ). § 1230. No puede modificarse el monto indemnizatorio sin expresar las causas que la motivan (inc. 3). S egundo. [En] este caso, la sentencia de vista ha revocado la apelada en el monto indemnizatorio y reformándola lo ha fijado en la suma de tres mil dólares americanos, sin exponer ningún fundamento de hecho y de derecho, para fijar dicho monto indemnizatorio. Tercero. [El] recurrente al apelar de la sentencia de primera instancia, impugnó dicho fallo entre otros aspectos en lo relativo al monto indemnizatorio, porque la actora no había demostrado haber sufrido daño económico y moral alguno y porque dicha indemnización tiene que regularse por las normas genéricas de la responsabilidad sometido obviamente a las demás exigencias que el caso requiere, principalmente a su identificación y * SUMMA PROCESAL CIVIL

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su cuantificadón, pero como no existe daño la asignación de la indemnización devenía en nula. Cuarto. [Al] insistir la sentencia de vista en un monto indemniza torio, aunque menor que el señalado en la sentencia apelada, lo ha hecho -como se ha expresado anteriormente- sin ningún fundamento de hecho y de derecho y sin refutar ninguno de los argumentos expuestos por el apelante, por lo que ha incurrido en las causales de nulidad contempladas en los artículos 122 y 171 del Código Procesal Civil. (Casación N.° 3486-2002-Cajamarca, de 07-05-2003, ff. jj. 2-4. Sala Civil Transitoria [EP, 01-09-2003]. Texto completo: ). § 1231. La falta de un considerando obedece a un error m aterial que no afecta el contenido y sentido de la resolución (inc. 3). Cuarto. [...] Revisada la recurrida se aprecia que la falta de su sexto considerando obedece a un error material que no afecta el contenido y sentido de la resolución, pues tiene coherencia lógica y suficiente motivación fáctíca y jurídica que sustenta la decisión de la Sala Superior [.,.], guardando correspondencia con el mérito de lo actuado [...]. (Casación N.° 435-2003Lima, de 27-08-2003, f. j. 4. Sala Civil Permanente [EP, 02-02-2004, p. 11407]. Texto completo: ). § 1232. La motivación escrita de las resoluciones judiciales es aplicable a todas las instancias judiciales con mención expresa de la ley aplicable (inc. 3). Segundo. El artículo 122, inciso 3, del Código sustantivo señala que las resoluciones deben contener, entre otros, la relación correlativamente enumerada de los fundamentos de hecho y los respectivos de derecho que sustentan la decisión, la que se sujeta al mérito de lo actuado y al derecho. Del mismo modo, el artículo 139, inciso 5, de la Constitución señala que son principios y derechos de la fundón jurisdiccional la motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan. T ercero. Conforme se constata de la resolución de vista, materia del recurso, la Sala Superior hizo mención únicamente de la Ley del Notariado -Ley N.° 2Ó002-, sin señalar el numeral correspondiente que habría sido aplicable. Por consiguiente se concluye que se ha incurrido en la causal de casación prevista por el inciso 3 del artículo 386 del Código Procesal Civil, debiendo ampararse el recurso. (Casación N.° 1231-2001-Cajamarca, de 15-11-2001, ff. jj. 2 y 3. Sala Civil Permanente [EP, 31-05-2002, p. 8856], Texto completo: ). § 1233. La sala revisora está facultada p ara m otivar de form a escueta y sim ple su sentencia, dada la carencia de fundam entos del apelante (inc. 3). Sexto. [Debe] destacarse que aun cuando el razonamiento del ad quem sea escueto, este se sostiene en una quaestio fa cti del juez que no ha sido materia de una contradicción coherente y clara en la apelación por el recurrente, por lo que a la luz de tal contexto, [...] la fundamentacíón de la sala de vista resulta acorde y conforme a Derecho, dado que es tal la carencia de fundamentos del apelante, que la remisión hecha a lo resuelto por el juez de primera instancia satisface la exigencia de motivación suficiente. S étim o . [...] [Es] de precisar, [...] que la cláusula penal puede ser, de acuerdo al artículo 1346 del Código Civil, reducida cuando sea manifiestamente excesiva o cuando la obligación principal hubiese sido en parte o irregularmente cumplida. Se aprecia de la resolución de vista, que esta cuestión no ha sido puesta en debate ante la sala revisora, esto es, la parte y su abogado, responsable de la defensa, no lo esgrimió, por lo tanto este Tribunal no puede conocer sobre tal punto, menos cuando no ha sido planteado en el recurso de casación. (Casación N.° 1571-2009-Lima, de 10-12-2009, ff. jj. 6 y 7. Sala Civil Permanente [EP, 30-06-2010, Sentencias en Casación N.° 627, p. 28043]. Texto completo: ). § 1234. Constituye infracción procesal que en la resolución de segundo grado no aparezca análisis alguno respecto de los argumentos de la apelación (inc. 3). Segundo. [En] la resolución de vista, el colegiado consigna los fundamentos para desestimar la apelación formulada por el demandado [...], comprobándose que confirma la decisión del a quo. T ercero . [Del] texto de la resolución de vista no aparece análisis alguno respeto de los argumentos de la apelación que interpusiera el Banco [...], incumpliéndose así el deber que impone al Colegiado el artículo 12° del Texto Unico Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, concordante con el numeral 1.22, inciso 3 del Código Procesal n o m o s & iiie s is

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Civil, con lo que ha quedado acreditada la infracción denunciada. (Casación N.° 117-2001-Cusco, de 05-10-2001, ff. jj. 2 y 3. Sala Civil Permanente [EP, 02-0-2-2002, p. 8456], Texto completo: ). § 1235. En las resoluciones no se requiere una respuesta pormenorizada de cada una de las alegaciones de las partes, sino que el Juez deberá indicar en sus resoluciones los fundamentos de hecho y derecho que sustenten su decisión (inc. 3). Cuarto. [C]omo se ha señalado en la Sección III referida al Recurso de Casación, la parte demandante ha denunciado infracción normativa in procedencia , señalando en los agravios expuestos que la Sala Superior ha vulnerado el deber de Motivación de las Resoluciones Judiciales, ya que no se han valorado los medios probatorios de importancia ofrecidas por el recurrente, ni ha empleado criterio de conciencia, ni ha interpretado adecuadamente el Contrato de Subarrendamiento de acuerdo a su finalidad, lo que generado que la sentencia de vista contenga defectos de motivación. Q uinto. [En] ese sentido, el artículo 122 del Código Procesal Civil, prevé los requisitos mínimos que debe contener toda resolución judicial para su validez, puesto que su incumplimiento acarrea la nulidad de dicha resolución, de otro modo no es posible que sean pasibles de cuestionamiento por quien se sienta afectado por la misma; sin embargo, ello no quiere decir que se requiera al Juzgador una respuesta pormenorizada, de cada una de las alegaciones de las partes, sino que el Juez deberá indicar en sus resoluciones aquellos fundamentos de hecho y de derecho que sustenten su decisión, los mismos que deberán ser congruentes entre lo pedido y lo resuelto. (Casación N.° 65-2016-Líma, de 24-10-2016, ff. jj. 4 y 5. Sala Civil Transitoria [EP, 03-10-2017, Sentencias en Casación N.° 735, p. 98879]. Texto completo: ). § 1236. Las resoluciones contienen los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan la decisión (inc. 3). O ctavo. [...] [La] resolución impugnada incumple la formalidad prevista en el artículo 122 inciso 3 del Código Procesal Civil, el cual señala que las resoluciones contienen los fundamentos de hecho que sustentan la decisión, y ios respectivos de derecho, según el mérito de lo actuado, razón por la cual aquella se encuentra afectada de nulidad. (Casación N.° 4460-06-LÍma, de 10-07-2007, f. j. 8. Sala Civil Transitoria [EP, 30-05-2008, p. 22084]. Texto completo: ). § 1237. Todas las resoluciones que expidan los jueces deberán contener los fundamentos de hecho y de derecho que la fundamentan, bajo sanción de nulidad (inc. 3). Quinto. [...] [De] la resolución impugnada que el Colegiado Superior no ha cumplido con la disposición que contienen los incisos 3 y 4 del artículo 122 del Código Procesal Civil, los cuales establecen que todas las resoluciones que expidan los jueces deberán contener, bajo sanción de nulidad, los fundamentos de hecho que sustentan la decisión, y los respectivos de derecho con la cita de la norma o normas aplicables en cada punto, según el mérito de lo actuado; y la expresión clara y precisa de lo que decide u ordena, respecto de los puntos controvertidos. Sexto. [...] [La] actuación de ios jueces del Colegiado Superior contraviene lo previsto en los dispositivos procesales antes referidos, afectando el derecho al debido proceso del demandante [...]. (Casación N.° 1053-2008-Junín, de 10-06-2008, ff, jj. 5 y 6. Sala Civil Permanente [EP, 04-09-2008, p. 22985]. Texto completo: ). § 1238. Un pronunciam iento judicial debe contener fundamentos de hecho y derecho (inc. 3). Tercero. En un pronunciamiento judicial, se debe distinguir el juicio de hecho del de Derecho. El primero corresponde a la reconstrucción de lo acaecido que hace el magistrado en base al caudal probatorio, y el segundo al Derecho que estima pertinente a esos hechos, en ejercicio de la facultad iu r a n o v i t c u r i a recogida en los artículos VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil, y VII del Título Preliminar del Código Civil. [...] (Casación N.° 1231-2007-Huaura, de 09-07-2007, f. j. 3. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 01-10-2007, p. 20449]. Texto completo: ). § 1239. El juicio de hecho y el juicio de derecho (inc. 3). Tercero. [El] juicio de hecho consiste en una declaración histórica, que el Juez de instancia elabora sobre la base de los hechos alegados y la prueba actuada por las partes, y que por tanto es particular del caso y hasta irrepetible; mientras que * SUMMA PROCESAL CIVIL

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el juicio de derecho corresponde a la subsundón de la norma que el Juzgador considera aplicable a los hechos que se han determinado. (Casación N.° 582-99-Cusco, de 16-07-1999, f. j. 3. Sala Civil Transitoria [EP, 19-10-1999, p. 3774]. Texto completo: ). § 1240. Los fundamentos de hecho y de derecho no necesariamente deben concurrir en forma sim ultánea en un mismo considerando (inc. 3). Tercero. [...] [La] sentencia de vista recurrida contiene sus propios fundamentos de hecho y de derecho, los cuales no necesariamente deben concurrir en forma simultánea en un mismo considerando; por ende, dicha resolución ha sido emitida dentro de los cauces que exige nuestra normatividad constitucional y procesal [...]. (Casación N.° 4389-2007-Lima, de 11-10-2007, £ j. 3. Sala Civil Permanente [EP, 31-01-2008, p. 21548], Texto completo: ). § 1241. Definición de fundam entos de hecho (Inc. 3). Tercero. Los fundamentos de hecho de una resolución judicial consisten en las razones y en la explicación de las valoraciones esenciales y determinantes que han llevado al juez, a la convicción de que los hechos que sustentan la pretensión se han verificado o no en la realidad [,..]. (Casación N.° 2177-2007-La Libertad, de 16-01-2008, f. j. 3. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 01-09-2008, p. 22489]. Texto completo: ). § 1242. Es nula la sentencia que omite subsum ir los hechos relevantes en las normas jurídicas pertinentes (inc. 3). Tercero. [...] [Se] omite la motivación in iiire, omitiendo el Colegiado Superior subsumir los hechos relevantes en las normas jurídicas pertinentes, lo cual resulta una insuficiente motivación in iure. Cuarto. [S]iendo así se concluye que la resolución de vista impugnada es nula, en aplicación de lo previsto en el artículo 122 inciso 3 del Código Procesal Civil, según el cual toda resolución debe contener la mención sucesiva de los puntos sobre los que versa la resolución con las consideraciones, en orden numérico correlativo, de los fundamentos de hecho que sustentan la decisión, y los respectivos de derecho con la cita de la norma o normas aplicables en cada punto, según el mérito de lo actuado, al no reunir a plenitud tales requerimientos. (Casación N.° 267-2009-Lima, de 18-062009, f£. jj. 3 y 4. Sala Civil Permanente. Texto completo: ). § 1243. Se incurre en motivación deficiente si la Sala Superior no h a tomado en cuenta lo resuelto mediante sentencia casatoria en el mismo proceso. Las decisiones em itidas en un proceso por la Corte Suprema son de obligatoria observación por las instancias inferiores (inc. 3). Sexto. [...] [De] lo actuado en los presentes autos se tiene que [la] motivación no expresa para el caso en concreto, una plena justificación, pues la Sala Superior ha omitido los siguientes aspectos: i) no ha considerado la naturaleza del embargo trabado sobre el inmueble sublitis, ii) no se ha referido al motivo por el cual se llevó a cabo el remate y su posterior adjudicación y, iii) no ha tenido en cuenta lo resuelto por este Supremo Tribunal mediante sentencia casatoria [...], en la cual se establece que el órgano revisor contradice una resolución superior consentida; por tanto, al omitir pronunciarse respecto a los puntos observados, la Sala de mérito incurre en una motivación deficiente. Sétim o. [Las] decisiones emitidas por esta Corte de Casación tienen fuerza obligatoria para el órgano jurisdiccional inferior, conforme lo establece el último párrafo del artículo 396 del Código Procesal Civil; por lo que, ia Sala de vista deberá cuidar de absolver los aspectos anotados precedentemente, mediante una fundamentación debidamente razonada en hecho y en derecho, además de dilucidar los alcances de los artículos 533 y 534 del Código Procesal Civil, analizándolos o interpretándolos en su integridad, dando así una respuesta motivada a las alegaciones formuladas por el apelante así como a las observaciones de esta Sala Suprema. (Casación N.° 2347-2009-Lima, de 30-03-2010, ff. jj. 6 y 7. Sala Civil Permanente [EP, 30-12-2010, Sentencias en Casación N.° 634, p, 29105]. Texto completo: ). § 1244. Existe indebida aplicación de la ley cuando se invoca una norm a a un hecho inexistente o cuando se niega la aplicación de una norma a un hecho existente (inc. 3). Q uinto. [No] es posible alcanzar una decisión justa si esta se sustenta en una deficiente apreciación de los hechos, puesto que no se puede perder de vista que hay violación o falsa aplicación de la ley cuando se invoca una norma a n o m o s & th e s is

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un hecho inexistente, como lo hay también cuando se niega su aplicación a un hecho existente. Sexto. [En] el caso de autos, aparece de la resolución impugnada que el Colegiado Superior no se pronuncia en forma clara y precisa respecto de todos los puntos controvertidos, en especial de los que han sido objeto del recurso de apelación, no señalando de modo alguno cuáles son los fundamentos de hecho que sustentan su decisión y los respectivos de derecho aplicables a cada punto según el mérito de lo actuado. [...] D écim o. [La] actuación del Colegiado Superior contraviene lo previsto en el artículo 122 inciso 3 del Código Procesal Civil, afectando el derecho al debido proceso de los impugnantes, por lo que la causal examinada debe ampararse. (Casación N.° 4915-2007-Arequipa, de 17-04-2009, ff. jj. 5, ó y 10. Sala Civil Permanente. Texto completo: ). § 1245. El juez tiene el deber de reconstruir los hechos. Establecidos los hechos, el Juez procede a su valoración ju ríd ica, con cuyo propósito los ubica dentro de las hipótesis de la Ley, en la labor denom inada subsunción (inc. 3). P rim ero . [...] [El] Juez, en la sentencia, debe proceder a la reconstrucción de los hechos, con cuyo propósito actúa como lo haría un historiador, analiza las declaraciones, examina los documentos, aprecia las pericias, establece presunciones, utiliza los estándares jurídicos, aplicando para ello su apreciación razonada o las reglas de la sana critica, a fin de comprobar la existencia o inexistencia de los hechos alegados por la parte actora y la demandada. Establecidos los hechos, el Juez procede a su valoración jurídica, con cuyo propósito los ubica dentro de las hipótesis de la Ley, en la labor denominada subsunción, lo que le conduce a la determinación de la norma aplicable, para lo cual no tiene limitación, sobre la base del principio “iura n ovit cu ria ’ antes mencionado, en ese sentido, la impugnada está de acuerdo a lo señalado en el artículo 122 incisos 3 y 4 del Código Procesal Civil. (Casación N.° 2550-99-La Libertad, de 22-02-2000, f. j. 1. Sala Civil Transitoria [EP, 1 1-07-2000, p. 5585]. Texto completo: ), § 1246. Definición de fundamentos de derecho (inc. 3). T ercero. [...] [Los] fundamentos de derecho [...] consisten en las razones esenciales que el juez ha tenido en cuenta para subsumir o no, un hecho dentro de un supuesto hipotético de la norma jurídica, para lo cual requiere hacer mención de la norma aplicable o no al caso sub litis. (Casación N.° 2177-2007-La Libertad, de 16-01-2008, f. j. 3- Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 01-09-2008, p. 22489]. Texto completo: ). § 1247. Contenido de los fundamentos de derecho (inc. 3). S egu n do . [Los] fundamentos de derecho deben contener tanto el análisis y pronunciamiento[s] de las cuestiones de derecho relevantes para la solución del caso, como la identificación de las normas jurídicas objetivas y/o principios generales del derecho a partir de las cuales se elaboró dicha decisión. (Casación N.° 597-97-Tacna, de 10-02-1999, f. j. 2. Sala de Derecho Constitucional y Social [EP, 07-09-1999, p. 3488]. Texto completo: ). § 1248. Los fundamentos de derecho son resultado del análisis de los hechos (inc. 3). Tercero. [...] [La] motivación de los fundamentos de derecho es el resultado del análisis de los hechos que se da en forma conjunta y no de modo independiente por cada considerando [...]. (Casación N.° 178-2000-Arequipa, de 01-02-2000, f. j. 3. Sala Civil Transitoria [EP, 26-05-2000, p. 5419]. Texto completo: ). § 1249. Un hecho no alegado por la partes, es una cuestión no debatida en el proceso, de tal m anera que su utilización para fundar el fallo resulta sorpresiva e inopinada (inc. 3). S étim o. [Un] hecho no alegado por las partes es una cuestión no debatida en el proceso, de tal manera que su utilización para fundar el fallo resulta sorpresiva e inopinada, importa indefensión para una de las partes, y por tanto afecta el derecho al debido proceso y configura un vicio de nulidad que debe ser sancionado conforme a los artículos 122 inciso 3 y segundo párrafo, y 171 del Código Procesal Civil [...]. (Casación N.° 3134-98-Arequipa, de 15-06-1999, f. j. 7. Sala Civil Transitoria [EP, 20-09-1999]. Texto completo: ). ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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§ 1250. Los errores en la transcripción de la resolución no contravienen el debido proceso (inc. 3). Sétimo. [...] Si bien existen errores en la transcripción de la resolución de vista, se tratan de errores mecanografíeos pero no de errores sustantivos, ios que no invalidan el sentido de la resolución, por ende no se advierte la contravención al debido proceso que alega el impugnante, por el contado se advierte de los fundamentos de la sentencia materia de impugnación que se ha pronunciado sobre los agravios expuestos por el impugnante [...]. (Casación N.° 850-2012-Lima, de 08-06-2012, f. j. 7* Sala Civil Transitoria [EP, 30-11-2012, Sentencias en Casación N.° 673, p. 38440]. Texto completo: ). § 1251. Las resoluciones judiciales constituyen un solo cuerpo, unitario, siendo improcedente su fragmentación (inc. 3). S étim o , [R]esulta evidente que la Sala Revisora viola el principio de no contradicción, dado que no puede ser que afirme que la causal de divorcio de violencia física y psicológica se encuentra acreditada en autos; y, al mismo tiempo indique que no se encuentra probada; y, que con dicha argumentación confirme la apelada que desestimó la demanda de divorcio por la referida causal; incurriéndose en motivación defectuosa y si es así en violación del principio de motivación escrita de las resoluciones judiciales lo cual acarrea la nulidad de la resolución de vista en su integridad dado que las resoluciones judiciales constituyen un solo cuerpo, unitario, siendo improcedente su fragmentación. (Casación N.° 1598-2006-Huaura, de 20-11-2006, f. j. 7. Sala Civil Transitoria [EP, 31-05-2007, p. 19600]. Texto completo: ). § 1252. M otivación escrita de las resoluciones. El Colegiado Superior no h a tenido en cuenta que la declaración de m ejor derecho de propiedad es una pretensión declarativa, por lo que el juez se debe lim itar a declarar quién tiene el m ejor derecho sobre la propiedad, por lo que debe em itir nueva sentencia y pronunciarse sobre varios puntos que no fueron objeto de pronunciam iento en la sentencia de vista (inc. 3). S étim o. [Es] principio de la función jurisdiccional la motivación escrita de las resoluciones en todas las instancias, tal como dispone [entre otros] el [...] inciso 3 del artículo 122 del Código Procesal Civil, [...] según el cual las resoluciones judiciales deben contener los fundamentos de hecho que sustentan la decisión y los respectivos de derecho con la cita de la norma o normas aplicables en cada punto, según el mérito de lo actuado; motivación que, de acuerdo al inciso 4 de la precitada norma procesal, debe incidir respecto de todos los puntos controvertidos en el proceso, no pudiendo el juzgador fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes [...]. O ctavo. [De] lo expuesto precedentemente se advierte que el Colegiado Superior no ha tenido en cuenta que la declaración de mejor derecho de propiedad es una pretensión declarativa, por lo que el juez se debe limitar a declarar quién tiene el mejor derecho sobre la propiedad o ser considerados propietarios conforme lo establece el artículo 923 del Código Civil; en consecuencia, el a d quem , a ñn de declarar quién de las partes del presente proceso tiene mejor derecho de propiedad, deberá [...] [emitir nueva sentencia y pronunciarse sobre varios puntos que no fueron objeto de pronunciamiento en la sentencia de vista]. (Casación N.° 1494-2015-lca, de 13-04-2016, ff. jj. 7 y 8. Sala Civil Transitoria [EP, 03-07-2017, Sentencias en Casación N.° 731, p. 95136], Texto completo: ). § 1253. Toda resolución debe sujetarse al mérito de lo actuado. Invalidez de una prueba que no fue oportunamente ofrecida n i mucho menos adm itida o actuada en la etapa procesal correspondiente. Principio de preclusión. Véase la jurisprudencia del artículo 189° del Código Procesal Civil [§ 1685]. (Casación N.° 3067-00-Cañete, de 05-09-2002, ff. jj. 4-6. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 31-03-2003]. Texto completo: ). § 1254. Si surgen irregularidades en la variación de la demanda, es el a quo quien debe renovar el acto procesal y proveer el escrito de variación de la demanda para dictar nueva resolución en que se pronuncie de forma clara y precisa sobre todos los puntos controvertidos vinculados a las nuevas causales invocadas. Véase la jurisprudencia del artículo 428° del Código Procesal Civil [§ 2819]. (Casación N.° 1230-2005-Callao, de 29-03-2006, ff. jj. 8, 14, 15 y 16. Sala Civil Transitoria [EP, 02-10-2006]. Texto completo: ). n o m o s & t h e s is

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§ 1255. Remisión. Sobre motivación de las resoluciones judiciales, véase también la jurisprudencia del inciso 5 del artículo 139° de la Constitución [§ 79 ss.J; de los artículos 50° inciso 6 [§ 582 ss,] y 121° [§ 1142 ssd del Código Procesal; y del artículo 12ú de la Ley Orgánica del Poder judicial [§ 4589 ss.]. EXPRESIÓN CLARA Y PRECISA DE LO QIJE SE DECIDE U ORDENA, RESPECTO DE TODOS LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS INCISO 4

§ 1256. Alcances del principio de congruencia procesal (itic. 4). Tercero. [De] acuerdo a lo establecido en el artículo V il del Título Preliminar del Código Adjetivo, así como en lo establecido en los incisos 3 y 4 del artículo 122 del acotado, el principio de congruencia procesal implica por un lado que el juez no pueda ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes y por otro lado la obligación de los magistrados es de pronunciarse respecto a todos los puntos controvertidos establecidos en el proceso, a todas las alegaciones efectuadas por las partes en sus actos postuíatorios o medios impugnáronos. (Casación N.° 1308-200I-Callao, de 0609-2001, f. j. 3. Sala Civil Transitoria [EP, 02-01-2002, p. 8224], Texto completo: ). § 1257. Principio de congruencia procesal. Manifestaciones de los vicios de la motivación: falta de motivación y defectuosa motivación (inc. 4). Séptimo. [La] motivación de las sentencias, como vicio procesal, tiene dos manifestaciones; por un lado se ubica la falta de motivación y por el otro la defectuosa motivación la cual, a su vez, se divide en tres agravios procesales: el de la motivación aparente, en el de la motivación insuficiente y el de la motivación aparente, en el de la motivación defectuosa en sentido estricto [...] O ctavo. [La] motivación defectuosa en sentido estricto, es la que desarrolla el principio de incongruencia procesal el cual tiene por función “delimitar las facultades resolutorias del órgano jurisdiccional” [...] buscando la identidad entre los resueltos y lo controvertido e incluso, entre lo expuesto por el magistrado, como sustento de su sentencia, y lo resuelto por este en su fallo. (Casación N.° 86-01-Santa-Chimbote, de 18-04-2001, ff. jj. 7 y 8. Sala Civil Transitoria [EP, 01-10-2001]. Texto completo: ). § 1258. Por el principio de congruencia procesal, el juzgador tiene la obligación de pronunciarse respecto a todos los puntos controvertidos y alegaciones efectuadas por los sujetos procesales tanto en sus actos postuíatorios como en sus medios im pugnatorios (inc. 4). [...] P rim ero. [Por] el principio de congruencia procesal, [...] el Juzgador tiene la obligación no solo de no resolver más allá del petitorio ni cosa distinta a lo pretensionado ni de fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes; sino además de pronunciarse respecto a todos los puntos controvertidos y alegaciones efectuadas por los sujetos procesales tanto en sus actos postuíatorios como de ser el caso en sus medios impugnatorios. [...] C uarto. [...] [T]anto el Juez como la Sala han efectuado una división porcentual tanto del terreno como de la fábrica sub litis en forma separada, es decir, no considerándolo como una unidad inmobiliaria, que era objeto de la pretensión demandada, de forma tal que con la decisión meramente declarativa de las instancias de mérito no se ha resuelto definitivamente el estado de indivisión del Inmueble materia de autos, considerando este, como ya se ha indicado, como una sola unidad inmobiliaria, lo que implica que no se ha resuelto el principal punto controvertido del presente proceso. (Casación N.° 1408-2001-Lima, de 17-09-2001, ff. jj. 1 y 4. Sala Civil Transitoria [EP, 01-04-2002, p. 8504]. Texto completo: ). § 1259. Al no haber sido m ateria del contradictorio un supuesto de anulabilidad, se vulneraria el principio de congruencia procesal en caso se pronuncie el juez. Séptimo. [...] [La] aplicación del principio ju ra novit curia tiene como límites tanto el contenido del petitorio (pues este no puede ser variado por el juzgador) como los hechos alegados por las partes (pues el juzgador no puede incorporar otros hechos), así lo dispone el artículo V il in fin e del Título Preliminar del Código Procesal Civil; por ello, en los supuestos en los que el juzgador advierta una disconformidad o discrepancia entre lo * SUMMA PROCESAL CIVIL

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que se solicita (petitorio) y los hechos en los que se funda ese pedido, tendrá la posibilidad de tomar las medidas que le autoriza el ordenamiento procesal, mas no podrá variar el petitorio de la demanda. O ctavo. [En] la recurrida se ha incurrido en un supuesto de nulidad procesal [...] habiendo ello causado indefensión al demandante, al no haber sido materia del contradictorio las diversas figuras propias de un supuesto de anulabilidad, entre ellos, la posibilidad de haberse configurado un supuesto de confirmación del acto jurídico. N oveno. [...] [El] Colegiado Superior deberá pronunciarse nuevamente, respetando las limitaciones del principio tura novit curia , atendiendo al principio de congruencia procesal [...]. (Casación N.° 2511-2007-Arequipa, de 09-08-2007, ff. jj. 7-9. Sala Civil Permanente [EP, 30-10-2007, p. 20839]. Texto completo: ). § 1260. Debe concurrir congruencia y coherencia entre lo solicitado por una de las partes y lo resuelto por el Juez. D écim o Tercero. El “principio de congruencia procesal” se encuentra íntimamente relacionado con el principio de motivación de las resoluciones judiciales y se encuentra regulado por el artículo VII del Título Preliminar, inciso 6 del artículo 50, inciso 4 del artículo 1 [22] del Código Procesal Civil, alude a que en toda resolución judicial debe existir: 1) coherencia entre lo solicitado por las partes y lo finalmente resuelto, sin omitirse, alterarse o excederse dichas peticiones (congruencia externa); y 2) armonía entre la motivación y la parte resolutiva (congruencia interna); en suma, la congruencia en sede procesal, es el “[...] principio normativo que delimita el contenido de las resoluciones Judiciales que deben proferirse de acuerdo con el sentido y alcance de las peticiones formuladas por las partes [...] para que exista identidad jurídica entre lo resuelto y las pretensiones [...]”; de donde los jueces tienen el deber de motivar sus resoluciones como garantía de un debido proceso; no están obligados a darle la razón a la parte pretendiente, pero sí a indicarle las razones de su sin razón y a respetar todos los puntos de la controversia fijados por las partes, respetando así el principio de congruencia. (Casación N.° 4702-2013-Lima, de 26-11 -2014, f. j. 13. Sala Civil Transitoria [EP, 3004-2015, Sentencias en Casación N.° 703, p. 61893]. Texto completo: ). § 1261. Es nula la sentencia que tiene falta de coherencia entre el fallo y los considerandos en las que se sustenta. La infracción del principio lógico de no contradicción (inc. 4). Sexto. [La] garantía del debido proceso en su aspecto formal o adjetivo, consiste en el curso regular de la administración de justicia por los tribunales, conforme a las reglas y formas que han sido establecidas para la protección de los derechos individuales, es por eso que la ley ha determinado entre los motivos de la casación la inobsetvancia de las normas esenciales y el quebrantamiento de las formas procesales establecidas en ellas, S éptim o. [Al] adolecer la recurrida de falta de coherente entre el fallo y los considerandos en que se sustenta, se ha incurrido en la infracción del principio lógico de no contradicción, lo que acarrea su nulidad. (Casación N.° 1383-2000-Callao, de 06-11-2006, ff. jj. 6 y 7. Sala Civil Permanente [EP, 02-01-2001, p. 6696]. Texto completo: ). § 1262. Las resoluciones contienen la expresión clara y precisa de lo que se decide u ordena (inc. 4). Tercero. [El] inciso 4 del artículo 122 del Código Procesal Civil, establece que las resoluciones contienen la expresión clara y precisa de lo que se decide u ordena, respecto de todos los puntos controvertidos, norma que también contiene la congruencia que debe de existir entre lo resuelto en la sentencia, el petitorio y la actividad desarrollada por las partes que se refleja fundamentalmente en ios puntos controvertidos. (Casación N.° 4908-2006-Lima, de 01-08-2007, f. j. 3. Sala Civil Transitoria [EP, 02-09-2008, p. 22671]. Texto completo: ). § 1263. En toda resolución judicial debe existir coherencia entre lo solicitado por las partes y lo finalmente resuelto» sin omitirse, alterarse o excederse dichas peticiones. D écim o. El “principio de congruencia procesal” se encuentra íntimamente relacionado con el principio de motivación de las resoluciones judiciales y se encuentra regulado por el [...] inciso 4 del artículo 1 [22] del Código Procesal Civil, alude a que en toda resolución judicial debe existir: 1) coherencia entre lo solicitado por las partes y lo finalmente resuelto, sin omitirse, alterarse o excederse dichas peticiones (congruencia externa); y 2) armonía entre la motivación y la parte resolutiva (congruencia interna); en suma, la congruencia en sede procesal, es el “[...] principio normativo que delimita el contenido de las resoluciones judiciales n o m o s & thesi s

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que deben proferirse de acuerdo con el sentido y alcance de las peticiones formuladas por las parces [...] para que exista identidad jurídica entre lo resuelto y las pretensiones [...]”; de donde los Jueces tienen el deber de motivar sus resoluciones como garantía de un debido proceso; no están obligados a darle la razón a la parce pretendiente, pero sí a indicarle las razones de su sin razón y a respetar todos los puntos de la controversia fijados por las partes, respetando así el principio de congruencia. (Casación N.° 3720-2012-Del Santa, de 26-11-2014, £ j. 10. Sala Civil Transitoria [EP, 31-03-2014, Sentencias en Casación N.° 690, p. 49852], Texto completo: ). § 1264. Es causal de nulidad cuando se omite la expresión clara y precisa de lo que se decide (inc. 4), C uarto. [...] [Si] bien es cierto se incurre en causal de nulidad cuando se omite la expresión clara y precisa de lo que se decide u ordena respecto de todos los puntos controvertidos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 122 del Código Procesal Civil; no es menos cierto que desaparece legalmente la misma, cuando tales puntos se encuentran debidamente apreciados por las instancias de mérito o subyacen de lo allí resuelto, conforme se evidencia de autos. (Casación N.° 2002-2005-Lambayeque, de 11-11-2006, f, j. 4. Sala CivilTransitoria [EP, 04-12-2006, p. 18238]. Texto completo: ). § 1265. Al vulnerarse el principio de no contradicción (esto es, que dos juicios contradictorios no pueden ser al mismo tiempo verdaderos), la resolución im pugnada incurre en una incoherencia externa que afecta el principio de congruencia (inc, 4). O ctavo. [El] principio de congruencia se encuentra dentro del contenido constitucional del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, encontrándose regulado tanto en el artículo 50 inciso 6 del Código Procesal Civil, como en el artículo VII del Título Preliminar de ese mismo cuerpo normativo [...]. Entonces, en virtud de dicho principio, el juez debe dictar sus resoluciones de acuerdo con el sentido y alcances de las peticiones formuladas por las partes. Adicionalmente, este principio también abarca un requisito lógico de conexidad que debe haber en toda sentencia lo cual se materializa que entre lo razonado y lo resuelto debe existir congruencia, de manera que no se presenten contradicciones. [...] D écim o P rim ero. [Para] constatar la existencia de una incoherencia externa, resulta necesario analizar los argumentos jurídicos esgrimidos en la resolución cuestionada con la parte resolutiva. En tal sentido, se observa de la resolución impugnada, [...] que carece de toda conexidad lógica, vulnerando el principio de no contradicción (esto es, que dos juicios contradictorios no pueden ser al mismo tiempo verdaderos, es decir, no se puede negar y afirmar a la vez la existencia de un hecho) por cuanto argumenta que los demandantes no han ofrecido medios probatorios científicos que corrobore su posición, para luego, en su parte resolutiva, estimar la demanda planteada por esa parte. Esto es, sostiene que los demandantes no han probado sus afirmaciones para luego estimar sus pretensiones, incurriendo la resolución impugnada, en consecuencia, en una incoherencia externa que afecta el principio de congruencia, así como el principio de no contradicción [...]. (Casación N.° 1688-2010-Lima, de 25-01-2011, ff. jj. 8 y 11. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 30-05-2012, Sentencias en Casación N.° 665, p. 34397]. Texto completo: ). § 1266. Las resoluciones judiciales deben proferirse de acuerdo con el sentido y alcance de las peticiones formuladas por las partes para que exista identidad jurídica entre lo resuelto y las pretensiones (inc. 4). Tercero. [El] principio de congruencia en sede procesal, conforme lo señala la doctrina es la sujeción “de las resoluciones judiciales que deben proferirse, de acuerdo con el sentido y alcance de las peticiones formuladas por las partes (...) para que exista identidad jurídica entre lo resuelto y las pretensiones [...]; en ese mismo sentido “se denomina congruencia a la adecuación precisa entre lo pedido en la demanda y lo otorgado por la sentencia” [...]. (Casación N.° 1428-99-Tacna, de 12-10-1999, f. j. 3. Sala CivilTransitoria [EP, 18-12-1999, p. 4330]. Texto completo: ). § 1267. El contenido de la resolución es expresión clara y precisa de lo que se decide u ordena, respecto de todos los puntos controvertidos (inc. 4). Séptim o. [Del] contenido de la resolución de vista [...] resulta evidente que el fallo no contiene pronunciamiento expreso y motivado acerca de la pretensión contenida en el escrito de la demanda [...]; esta omisión, desde luego, vulnera lo establecido en el artículo ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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122 inciso 4o del Código Procesal Civil que exige que las resoluciones judiciales necesariamente contengan “la expresión clara y precisa de lo que se decide u ordena, respecto de todos los puntos controvertidos”, por tanto se incurre en contravención de normas que garantizan el derecho al debido proceso. (Casación N.° 11/4-2007-Lima, de 05-06-2008, f. j. 7. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 04-09-2008, p. 23100], Texto completo: ). § 1268. Si se apela la totalidad de la sentencia de prim era instancia, el a d quem no puede pronunciarse parcialm ente sobre tal resolución, pues contraviene al principio de plenitud (inc. 4). Sexto. En el caso de autos, se constata de la resolución impugnada que su parte resolutiva contraviene flagrantemente el [...] principio de plenitud, pues, es un hecho incuestionable que el impugnante apeló contra la totalidad de la sentencia [de] primera instancia por no encontraría conforme y no solo sobre algunos aspectos de la misma, como equívocamente ha considerado la Sala Superior al absolver el grado. Es que, de la parte resolutiva de la sentencia de vista no aparece que se haya confirmado, revocado o anulado la sentencia apelada, no bastando para ello que se declare la improcedencia del recurso de apelación para concluir en que el organismo revisor ha emitido una resolución en plena observancia de lo prescrito en el artículo 122 inciso 4o del Código Procesal Civil. [...] (Casación N.° 4301-2007-Puno, de 22-11-2007, £ j. 6. Sala Civil Permanente [EP, 31-03-2008, p. 21704j . Texto completo: ). § 1269. La omisión de alguno de los puntos de la controversia altera la relación procesal válida dando lugar a la n ulidad del fallo (inc. 4). S egundo. [La] sentencia es el resultado de un proceso dialéctico sujeto a la observancia de las normas establecidas en la ley y exterioriza una decisión jurisdiccional, por tanto, la omisión o falta de pronunciamiento de alguno de los puntos de la controversia altera la relación procesal válida dando lugar a la nulidad del fallo. (Casación N.° 1921-2000-Lambayeque, de 12-12-2000, f. j. 2, Sala Civil Permanente [EP, 30-01-2001, p. 6838], Texto completo: ). § 1270. Nulidad de sentencia por omisión de pronunciamiento de las pretensiones accesorias: el a quo no se pronuncia en forma clara y precisa con respecto a todos los puntos controvertidos (inc. 4). Cuarto. [La] sentencia de primera instancia [...] que declara fundada en parte la demanda [...] interpuesta por [el sobrino de la causante] contra las demandadas [sobrinas nietas de la causante] sobre petición de herencia, en consecuencia, declara que el actor tiene la calidad de único heredero [...]; sin embargo, se advierte que el a quo no se pronuncia en forma clara y precisa con respecto a todos los puntos controvertidos, es decir, con respecto a las pretensiones accesorias; por lo que se incumple con lo previsto en el artículo 122 inciso 4 del Código Procesal Civil. Quinto. Asimismo, resulta pertinente anotar que dicha omisión configura la contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso al no haberse resuelto sobre todos los extremos de la demanda conforme dispone el anotado numeral; en tal sentido, dicha infracción impide a este Supremo Tribunal pronunciarse sobre el recurso de casación interpuesto referido a la causal sustantiva consistente en la interpretación errónea de una norma de Derecho material. Sexto. En este orden de ideas y a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Civil, que establece que “el juez deberá atender a que la finalidad concreta del proceso es resolver un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia jurídica, haciendo efectivo los derechos sustanciales (...)”, este Supremo Tribunal considera que debe declararse fundado el recurso de casación por la contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso; y, a su vez, ordenar al juez de primera instancia expida nuevo fallo resolviendo sobre todos los extremos de la demanda. (Casación N.° 28612002-Lima, de 11-06-2004, ff. jj. 4-6. Sala Civil Permanente [EP, 30-09-2004], Texto completo: ). § 1271. Un fallo in jra p etita (o citra p etitd ) se presenta cuando el órgano jurisdiccional omite pronunciarse sobre la viabilidad de alguno de los pedidos deducidos (inc. 4). C uarto. [La] sentencia recurrida no se pronuncia sobre la pretensión subordinada sobre devolución de precio y la pretensión accesoria a ella sobre indemnización de daños y perjuicios, no obstante que de acuerdo al artículo 122 n o m o s & t h e s is

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inciso 4 del Código Procesal Civil, estaba en la obligación de que la decisión alcance a todos los puntos controvertidos de la litis, en concordancia con el artículo V il del Título Preliminar del mismo Código, que regula el principio de congruencia procesal, pues se trata de un fallo in fra p etita o también llamado cifra p etita que se presente cuando el órgano jurisdiccional omite pronunciarse sobre la viabilidad de al uno de los pedidos deducidos, que da lugar a la invalidez de la sentencia por cuanto infringe el derecho a un debido proceso. (Casación N.° 627-9 9-Cono Ñor te-Lima, de 05-10-1999, f. j. 4. Sala Civil [EP, 20-11-1999, p. 4031]. Texto completo: ). § 1272. El fallo in fr a p e tita se da cuando se omite pronunciam iento respecto de un petitorio, mas no sobre una alegación (inc. 4). 3. ° [La] denuncia por incongruencia en la resolución derivada de lo que en doctrina se conoce como infra p etita debe estar referida a la falta de pronunciamiento sobre uno de los petitorios concretos en la parte dispositiva del fallo, y no sobre las alegaciones esgrimidas por las partes. (Casación N.° 846-95-Lima, de 24-01-1996, f. j. 3. Sala Civil. Texto completo: ). § 1273. Constituye contravención a las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, cuando se expide un fallo que se pronuncia in fr a p etita (inc. 4), S egu n d o . [E]xpedida sentencia [...] esta es apelada por el recurrente [...] concediéndose la apelación con efecto suspensivo [...]. Tercero. Elevados los autos a la Sala Civil Transitoria [sic] de la Corte Superior de Piura expide sentencia [...], omitiendo pronunciarse sobre el extremo relativo a la apelación conferida sin efecto suspensivo y con carácter de diferido a que se refiere el considerando primero, infringiéndose así el inciso 4 del artículo 122 del Código Procesal Civil. (Casación N.° 427-95-Piura, de 22-05-1996, ff. jj. 2 y 3. Sala Civil, Texto completo: ). § 1274. Fallo ex tra p etita i se ordena el cum plim iento de una obligación distinta a la pretendida por el demandante (inc. 4). P rim ero. [De] la demanda [,.,] aparece que en ella se solicita la entrega del certificado en moneda extranjera n.° 86307 de fecha 4 de julio de 1985 por la suma de US$ 5356.56, así como una indemnización no menor de US$ 18.000, y alternativamente, el pago de US$ 5356.56 y sus intereses en caso que el demandado no estuviera en posibilidad de devolver el certificado a que se refiere la pretensión principal. [...] Tercero. [En] la sentencia impugnada [...] se ordena la devolución de los certificados bancarios en moneda extranjera o su valor en dólares americanos, obligación que necesariamente debe entenderse respecto de certificados n.° 18717 por US$ 2695.66 y el n.° 18716 por US$ 2695.66. Cuarto, [De] los considerandos precedentes se puede concluir que en la recurrida se ordena el cumplimiento de una obligación distinta de la pretendida por la demandante, y a las materias controvertidas tal como estas quedaron fijadas en la audiencia [...], por lo que se ha infringido lo dispuesto en los artículos VII del Título Preliminar, 121 e inciso 4 deí artículo 122 del Código Procesal Civil. (Casación N.° 506-95-Lima, de 08-05-1996, ff. jj. 1, 3 y 4. Sala Civil. Texto completo: ). § 1275. Sentencia im pugnada contiene cita de una sentencia casatoría, pero no indica, en ninguno de sus fundamentos, qué norm a legal es la que invoca para declarar improcedente la dem anda (inc. 4). Tercero. Estando a lo expuesto, debe señalarse que la sentencia impugnada contiene cita de una sentencia casatoria, pero no Índica, en ninguno de sus fundamentos, qué norma legal es la que invoca para declarar improcedente la demanda, lo que supone infracción al artículo 122, inciso 4, del Código Procesal Civil. (Casación N.° 2162-2015-San Martín, de 06-09-2016, f. j. 3. Sala Civil Permanente [EP, 02-05-2017 Sentencias en Casación N.° 727, p. 91904]. Texto completo: ). § 1276. No puede declararse la improcedencia de un proceso de otorgamiento de escritura pública por la existencia de un proceso de nulidad de acto jurídico referido al mismo acto. La causal que motiva la improcedencia debe estar subsum ida en alguna de las causas previstas en la ley (inc. 4). Sétim o. [En] los [...] fundamentos deí recurso de casación [...] la recurrente denuncia la infracción de normas de carácter procesal sustentado en nn denominador común: La declaración de improcedencia de la demanda, la misma que no se adecuaría en ninguno de los supuestos previstos ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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en el artículo 427 del Código Procesal Civil, además que no justifica las razones por las cuales esta causa debe supeditarse al resultado del proceso de nulidad del acto jurídico, pues en esta vía [proceso de otorgación de escritura pública] no se discuten los requisitos para la validez del acto, sino solo revestir de determinada formalidad al mismo [...]. O ctavo . [A]tendíendo a esta premisa, este Supremo Colegiado advierte la total ausencia de fundamentos jurídicos procesales que avalen la declaratoria de improcedencia de la demanda, toda vez que la resolución de vista no se sustenta en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 427 del acotado texto procesal. Si bien es cierto que el tercer párrafo del artículo 121 del Código Procesal Civil, dispone que, excepcionalmente, el juez a través de la sentencia puede pronunciarse sobre la validez de la relación jurídica procesal, se exige para ello que la decisión así expedida sea expresa, precisa y motivada, y en tal circunstancia, que se funde en una causal expresamente prevista por ley; entonces, debe concluirse que la facultad del juzgador para emitir una resolución inhibitoria se circunscribe a criterios de razonabilidad debidamente justificados [...]. [...] D écim o . [Si] lo que pretendía el Colegiado Superior, por razones válidas, era propender a la economía procesal y evitar fallos contradictorios pudo haber hecho uso de otras figuras procesales previstas en nuestro ordenamiento procesal civil, peto de ninguna manera correspondía declarar la improcedencia de la demanda sobre la base de un proceso cuyo resultado era incierto para el Colegiado Superior. En consecuencia, el argumento empleado por la Sala Superior para desestimar la pretensión incoada, no se ajusta al mérito de lo actuado ni a derecho, niega la tutela jurisdiccional efectiva y contraviene lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 122 del Código Procesal Civil, por lo que el auto superior se encuentra incurso en nulidad insalvable que motiva el amparo de la causal denunciada. (Casación N.° 5674-201 I-Lima, de 21-12-2012, ff. jj. 7, 8 y 10. Sala Civil Transitoria [EP, 30-04-2013, Sentencias en Casación N.° 687, p. 40651]. Texto completo: ). § 1277. No se puede declarar la prescripción de la acción si el juez no se pronuncia respecto al informe solicitado al jefe de personal del Poder Jud icial sobre las huelgas ocurridas dentro del cómputo del plazo (inc. 4 ) , O ctavo, [C]omo puede advertirse en autos, tanto el a quo como el a d quem han emitido resoluciones ínjra p etita , pues en ninguna de ellas los jueces han cumplido con pronunciarse sobre todos y cada uno de los extremos que sustentaron la defensa del actor respecto a la suspensión e interrupción del plazo prescriptorio, ya sea para ampararlos o desestimarlos, lo que acarrea la nulidad de las citadas resoluciones, por contravenir expresamente lo dispuesto en el artículo 122 inciso 4 del Código Procesal Civil, puesto que adolecen de la expresión clara y precisa de lo que se decide u ordena respecto de todos los puntos controvertidos. Esta contravención resulta más evidente cuanto el juez de la causa omite referirse a uno de los medios probatorios ofrecidos por el recurrente en su escrito de absolución de la excepción; como es el informe que debía remitir el jefe de personal del Poder Judicial sobre las huelgas de los trabajadores ocurridas en el periodo comprendido entre los años dos mil uno y dos mil tres; esto es, el a, quo no admite ni rechaza el referido medio probatorio, con lo que vulnera el derecho de defensa del recurrente, y particularmente su derecho a ofrecer pruebas; por tanto, advertida en autos esta circunstancia, corresponderá al juez de la causa pronunciarse con arreglo a lo actuado y a lo expresamente señalado por las partes en sus escritos de formulación de excepción y absolución de la misma. (Casación N.° 696-04-Piura, de 21-06-2005, f. j. 8. Sala Civil Transitoria [EP, 01-12-2005]. Texto completo; ). § 1278. Sí se hace referencia a los títulos que originaron la trasferencia de parte del inm ueble matriz, sin embargo, estos no han sido razonable y debidamente analizados, se incurre en motivación aparente (inc. 4 ) . Sexto . [De] la revisión de la recurrida, se aprecia que no [se ha realizado una correcta motivación de ia sentencia], pues, sí bien se ha hecho referencia a los títulos que originaron la trasferencia de parte del inmueble matriz, sin embargo, estos no han sido razonable y debidamente analizados, produciéndose una “motivación aparente”, toda vez que no se han tenido en cuenta lo que debe entenderse por individualización del bien en este tipo de acciones. Sétim o. [Los] presupuestos para que proceda la acción de mejor derecho a la propiedad así como el de reivindicación es la individualización del bien, entendiéndose que esta acción versará sobre cosas o bienes concretos y tratándose de bienes inmuebles, no necesariamente debe ser identificado o individualizado con una n o m o s & th e s is

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exacta y absoluta determinación en el área y linderos, sino más propiamente el establecimiento del vínculo de relación entre los títulos y el predio, por eso se dice que la presente acción puede ejercitarse siempre que el bien quede perfectamente individualizado e identificado, aunque no absolutamente delimitado, pues, para este último se ha previsto procesalmente la acción de rectificación de áreas y linderos, y de no evidenciarse individualización del bien se debe declarar improcedente la acción, mas no infundada. (Casación N.° 293-2008-Junín, de 20-05-2008, ff. jj. 6 y 7. Sala Civil Permanente. Texto completo: ). § 1279. N ulidad de la sentencia que declara ineficaz un acto jurídico cuando la actora ha demandado la nulidad del acto jurídico (inc. 4). N oveno. [En] el presente caso, acorde a lo expuesto en el considerando cuarto de la presente resolución se advierte de manera evidente que la actora ha demandado la nulidad del acto jurídico por la causal de falta de manifestación de la voluntad, así como por no revestir la forma prescrita por la Ley y por ser contrario a ley y las buenas costumbres invocando la aplicación de lo previsto por el artículo 219 incisos 1, 6 y 8 del Código Civil (ineficacia estructural); no obstante, en la sentencia superior establece que el acto jurídico materia de la demanda no Incurre en causal de nulidad pero sí resulta ineficaz para la actora de conformidad a lo previsto por el artículo 315 del Código Civil (ineficacia funcional), por lo tanto al pronunciarse el órgano jurisdiccional sobre un petitorio que no fue materia de la demanda y que no ha sido fijado como punto controvertido en la audiencia respectiva [...] se ha incurrido en vicio de incongruencia procesal, infracción que acarrea la nulidad de la sentencia impugnada de conformidad a lo previsto por el artículo 122 inciso 4 del Código Procesal Civil, al haberse expedido un fallo extrapetita. (Casación N.° 912-2010-Lima, de 2803-2011, f. j. 9- Sala Civil Transitoria [EP, 01-09-2011, Sentencias en Casación N.° 649, p. 31.315]. Texto completo: ). § 1280. El Poder Judicial debe tomar conciencia de la im portancia de cada una de las expresiones contenidas en una resolución, especialmente cuando se incorporan en ellas frases inexpresivas, ajenas a lo que se entiende como la auténtica convicción del juzgador (inc. 4). III. [...] 3. [...] Analizados cada uno de los aspectos involucrados en los fundamentos cuestionados por el impugnante, esta Sala debe reconocer que, (1) en efecto, las sentencias de primera y segunda instancia incurren en errores conceptuales y graves contradicciones arguméntales; (2) que todo aquello deriva en un acto arbitrario, pues se niega una debida respuesta jurisdiccional al pedido de tutela deí justiciable, llegando a sostenerse que “la desposesión no la hace sujeto para el reclamo jurisdiccional de reposición” y que “la decisión en tal sentido resultaría impracticable por no encontrarse en uso directo de la cosa”; (3) que, ante tales evidencias, es necesario que el Poder Judicial en su conjunto tome conciencia de la importancia de cada una de las expresiones contenidas en una resolución, pues no se cumple con la garantía judicial que contiene la Constitución, referida a la debida motivación de las resoluciones, cuando se incorporan en ellas frases inexpresivas, ajenas a lo que se entiende como la auténtica convicción del Juzgador. En consecuencia, existe agravio en cada una de las expresiones cuestionadas. (Casación N.° 166-94-Lima, de 19-04-1995, f. j. III.3. Sala Civil. Texto completo: ). § 1281. El juez no puede pronunciarse respecto de la prescripción de la acción si el demandado renunció tácitam ente a ella bajo sanción de declararse la nulidad de la decisión por violar el deber de congruencia. Véase la jurisprudencia del inciso 6 del artículo 50° del Código Procesal Civil [§ 607]. (Casación N.° 745-98-Cusco, de 23-08-1999, f j. 4. Sala de Derecho Constitucional y Social [EP, 10-05-2000, p. 5298]. Texto completo: ). § 1282. El juez tiene el deber de reconstruir los hechos. Establecidos los hechos, el Juez procede a su valoración jurídica, con cuyo propósito los ubica dentro de las hipótesis de la Ley, en la labor denom inada subsunción (inc. 3). Véase la jurisprudencia del inciso 3 del artículo 122° del Código Procesal Civil [§ 1245]. (Casación N.° 2550-99-La Libertad, de 22-02-2000, f. j. 1. Sala Civil Transitoria [EP, 11-07-2000, p. 5585]. Texto completo: ).

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§ 1283. Remisión. Véase también, sobre el principio de congruencia procesal, la jurisprudencia del artículo VII del Código Procesal Civil [§ 342 ss.] y del inciso 6 del artículo 50° del Código Procesal Civil [§ 582 ss,]. PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES INCISO 5

§ 1284. Excepción de prescripción extintiva. El juez debe establecer desde cuándo está expedito el derecho de la parte actora para ejercitar la acción inderanizatoria, en caso contrario no estaría respetando el principio de debida motivación de las resoluciones judiciales. Las resoluciones judiciales no solo deben estar motivadas, sino también la argumentación que ella contiene debe ser coherente, precisa y debe sustentarse en los actuados judiciales correspondientes; que, en el presente caso, se ha deducido la excepción de prescripción extintiva, que por su naturaleza es de cómputo de tiempo; a que la Jueza, al efecto, ha debido establecer con claridad y precisión desde cuándo debe computarse el plazo de prescripción deducida frente a la demanda sobre indemnización, es decir, desde cuándo estaba expedito el derecho de la parte actora pata ejercitar la acción índemnizatoria; a que no habiéndose procedido en la forma anotada la resolución impugnada se halla afecta de nulidad, corriendo igual suerte la denegatoria del medio probatorio relativo a la declaración de parte ofrecido. (Exp. N.° 1053-97, de 11-09-1997. Tercera Sala Civil, Corte Superior de Justicia de Lima. Ponentes; Carrión Lugo, Aivarez Guillén y Hasembank Armas. Referencia: CPC Bibliogr., p. 387). CONDENA EN COSTAS Y COSTOS INCISO 6

§ 1285. Remisión. Véase la jurisprudencia de los artículos 410° y ss. del Código Procesal Civil [§ 2647 ss.]. SUSCRIPCIÓN DEL JUEZ Y DEL AUXILIAR JURISDICCIONAL INCISO 7

§ 1286. La. resolución de vista que pone fin a la instancia es n u la si no contiene al menos tres votos conformes. Tercero. El A quo declara infundada la contradicción [...], resolución que es apelada por ia Municipalidad demanda; y [en] la [...] Sala Civil [...], dos vocales se pronuncian porque se confirme la apelada y uno porque se declare nula. C uarto. Conforme a lo dispuesto por el artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial se requiere de tres votos conformes para hacer resolución. Q uinto. En consecuencia, siendo manifiesta la infracción de las formas esenciales para eficacia y validez de los actos procesales, la resolución impugnada de vista debe ser declarada nula. (Casación N.° 5455-2007-LÍma, de 17-07-2008, ff. jj. 3-5. Sala Civil Permanente [EP, 02-12-2008, p. 23438]. Texto completo: ). § 1287. La sentencia en segunda instancia debe ser firm ada por los tres miembros del tribunal. Tercero. [Los] magistrados antes de pronunciarse sobre el asunto materia de ía controversia, advirtieran la omisión de los trámites prescrito por la ley y que ocasionarían la nulidad de ios actos procesales, están facultados a declarar de oficio ía nulidad mediante resolución motivada, reponiéndose el proceso al estado que corresponda [...]. C uarto. [La] resolución materia del grado [...], aparece suscrita solo por uno de los miembros deí colegiado, cuando dicha resolución debía ser firmada por los tres miembros del Tribunal conforme lo establece el artículo 122 [deí Código Procesal Civil], y que el incumplimiento de los requisitos establecidos en el numeral antes citado ocasiona que la resolución sea nula. (Casación N.° 734-95-Piura, de 12-09-1996, ff. jj. 3 y 4. Sala Civil Permanente [EP, 23-121996, p. 2608]. Texto completo: ). n o m o s & t h e s is

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§ 1288. La sentencia im pugnada se encuentra viciada de nulidad toda vez que h a sido suscrita por un Vocal que no ha intervenido en la vista de la causa ni escuchado los argumentos de defensa de la parte dem andada. S éptim o. [La] expedición de la sentencia impugnada se encuentra viciada de nulidad, en atención a lo dispuesto en los artículos 171 y 122 inciso 7 del Código Procesal Civil, toda vez que ha sido suscrita por un Vocal que no ha intervenido en la vista de la causa ni escuchado los argumentos de defensa de la parte demandada, con transgresión de las formas esenciales para su validez y eficacia; siendo así no cumple con su finalidad, como es el de otorgar garantías mínimas que le aseguren un juzgamiento imparcial y justo. (Casación N.° 2448-03-La Libertad, de 14-07-2004, f, j. 7. Sala Civil Transitoria [EP, 30-11-2004, p. 13118]. Texto completo: ). § 1289. El magistrado con licencia no puede suscribir resolución alguna (inc. 7). Sexto. [...] [Aun] cuando todos los jueces poseen la facultad de ejercitar la función jurisdiccional, no todos son competentes para resolver las controversias que se presentan entre particulares, existiendo con tal fin reglas que delimitan la competencia de los jueces. Séptim o. [No] habiendo ejercido función jurisdiccional el magistrado citado con motivo de la licencia que se le concediera [...], es obvio que no podía suscribir resolución alguna, máxime si a dicha fecha ejercía funciones otro magistrado, resultando nula la resolución acotada por no haberse expedido por el Juez respectivo, conforme lo dispone el inciso 7 del artículo 122 del Código Procesal Civil [...]. (Casación N.° 3856-01-JaénLambayeque, de 07-05-2004, f. j. 7. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 28-022005, p. 13639]. Texto completo: ). § 1290. No será necesaria la firm a del Vocal en la resolución respectiva, ello es siempre y cuando obre en el expediente el voto por escrito del Vocal respectivo. Si la sentencia de vista no cumple con el número m ínim o de firmas necesarias para hacer resolución sería causal de nulidad, a pesar de no haber sido alegada por el recurrente. S egundo. [El] artículo 141 del Texto Unico Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que en las Cortes Superiores tres votos conformes hacen resolución, tratándose de las resoluciones que ponen fin a la instancia, estableciendo ese mismo artículo que todos los votos se emiten por escrito, máxime cuando se trata de la ponencia del Vocal Ponente que a tenor de lo previsto en el artículo 1 3 8 in fin e de la acotada ley debe constar por escrito, con la fecha de emisión, de entrega y la firma respectiva Tercero. [En] ese sentido, si bien el artículo 1 4 9 del Texto Unico Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que no será necesaria la firma del Vocal en la resolución respectiva, ello es siempre y cuando obre en el expediente el voto por escrito del Vocal respectivo, toda vez que será ese voto el que formará parte de la resolución a emitir, no siendo necesario en este caso nuevamente la firma del Magistrado referido. C uarto . [En] el caso sub-lids, del contenido de la sentencia de vista [...] fluye que solo se encuentra sustentada en dos votos certificados por el Secretario de la Sala, esto es, que aparece que solamente lleva la firma de dos vocales, no constando en ella la firma del vocal Ponente [...], ni se ha acompañado su voto por escrito; siendo así, la acotada resolución no está comprendida dentro del supuesto previsto en el artículo 1 4 9 segundo párrafo del Texto Unico Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; por ende ella ha sido emitida en contravención de lo dispuesto en los artículos 1 3 8 i n f i n e y 1 4 1 de la citada ley. Q u i n t o . La sentencia de vista no cumple con la exigencia de contener el número de firmas necesarias para hacer resolución, incurriendose por tanto en causal de nulidad prevista en el artículo 122 del Código Procesal Civil, por lo que corresponde declarar la nulidad de la citada resolución a pesar de no haber sido alegada por el recurrente, ello en virtud a que se trata de una nulidad insubsanable que atenta contra las normas de orden público, siendo por ello aplicable la facultad de declarar de oficio las nulidades insubsanables a que se contrae el artículo 176 in f i n e concordante con el artículo IX del Título Preliminar del Código Adjetivo. (Casación N.° 1660-01-Amazonas, de 30-10-2001, ff. jj. 2-5. Sala de Civil Transitoria [EP, 02-02-2002, p. 8338], Texto completo: ). § 1291. De no hacerse público el nombre del magistrado ello no im plica la transgresión de la Ley O rgánica del Poder Judicial. C uarto. [...] [El] hecho de no hacerse público el nombre el magistrado sobre el cual recae la ponencia de la sentencia impugnada no implica la transgresión del artículo 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pues esta norma no lo exige y tampoco se considera ♦ SUMMA PROCESAL CÍVIL

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como causal de nulidad; aún más, la carencia de tal publicidad no impide a la recurrente iniciar las acciones que crea conveniente contra el Vocal ponente de la mencionada sentencia. [...] (Casación N.° 3674-2002-Lima, de 08-01-2003, £ j. 4. Sala Civil Transitoria [EP, 31-03-2003, p. 10324], Texto completo: ). § 1292. Es válido el voto de un magistrado que no suscribe la sentencia, si en la misma resolución se deja constancia de que tal situación corresponde a que dicho magistrado fue trasladado a otra dependencia jud icial. 3.° [...] [Si] bien es cierto que la sentencia de vista no ha sido suscrita por el Vocal NM, sin embargo, en la misma resolución se deja constancia que tal situación responde a que dicho Magistrado fue trasladado a [otra] Corte Superior [,..], pero es el caso que cumplió con emitir su voto escrito, en consecuencia se ha cumplido con lo establecido por el artículo 149 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, consecuentemente no existe la irregularidad denunciada. (Casación N.° 2835-2000-San Román, de 13-12-2000, f. j. 3. Sala Civil Permanente [EP, 30-012001, p. 6801]. Texto completo: ). § 1293. La ponencia debe estar escrita y firm ada por el vocal designado, aun en caso de impedimento. Tercero. [...] [La] resolución de vista [...], que pone fin a la instancia, tiene la calidad de sentencia y se pronuncia sobre el fondo de la pretensión controvertida; sin embargo aparece suscrita solamente por dos magistrados señores LL y AG, no apareciendo el voto del vocal ponente VC, tal como lo exige el artículo 138 de la Ley Orgánica del Poder judicial que establece que la ponencia debe estar escrita y firmada por el vocal designado; asimismo el artículo 149 del Texto Unico Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial precitada establece que aun en el caso de impedimento, traslado, licencia, vacaciones, cese o promoción, los vocales tienen la obligación de emitir su voto por escrito en las causas que hubieren Intervenido el que forma parte de la resolución, no siendo necesario la firma de esta por el vocal referido, supuesto que tampoco se produce en el caso de autos en el que no obra agregado a sus antecedentes, el voto escrito del vocal VC. C uarto. [B]ajo dicho aspecto, la sentencia de vista no cumple con el requisito esencial que establece el artículo 122, inciso 7, del Código Procesal Civil concordado con el artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial [...]. Q uinto . [En] consecuencia, se ha incurrido en las causales de nulidad previstas en los incisos 4 y 7 del artículo 122 del Código Procesal Civil [...]. (Casación N.° 1547-00-Arequipa, de 23-04-2002, ff. jj. 3-5. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 30-04-2003, p. 10459]. Texto completo: ). § 1294. Toda conclusión que no sea m ateria de im pugnación por el recurrente es intangible para la Corte que no puede conocer de oficio agravios no denunciados. 3) [La] competencia de la Corte se encuentra limitada a las cuestiones que le son sometidas a su consideración, no pudiendo la Corte conocer oficiosamente de las cuestiones que no se le hayan planteado concretamente, de modo tal que toda conclusión contenida en la resolución recurrida que no sea materia de impugnación es intangible para la Corte. 4) [No] se ha dado en el presente caso la infracción del artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por cuanto la resolución impugnada ha sido firmada por el número de Vocales que hacen la mayoría relativa conforme a lo prescrito en la parte pertinente del artículo 122 del Código Procesal Civil. (Casación N.° 926-95-Cono Norte-Lima, de 01-04-1996, ff. jj. 3 y 4. Sala Civil. Texto completo: ). § 1295. No se exige una nueva motivación p ara la adhesión al voto de un vocal dirim ente.

Sexto. [...] [El] vocal dirimente se adhiere al voto de los señores MF y PS, conforme se aprecia en la sentencia [...], haciendo suyos ios fundamentos que contiene la citada resolución, por consiguiente, resulta improcedente esta causal; más aún que la Ley Orgánica del Poder Judicial en sus artículos 144 y 145, no exige una nueva motivación para la adhesión al voto de otro vocal [...]. (Casación N.° 1396-2007-C usco, de 19-11-2007, £ j. 6. Sala Civil Transitoria [EP, 02-12-2008, p. 23533]. Texto completo: ). § 1296. Si el proceso sin resolver por el vocal ponente fuese rotado a otra Sala, ello no es m érito suficiente p ara declarar vía casación la n u lid ad de la sentencia expedida. T ercero. [Si] bien n o m o s & t h e s is

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es cierto [...] la vista de la causa en segunda instancia se llevó a cabo el 16 de marzo de 1999, pero sin embargo, mediante resolución [...] se señaló nueva fecha para la vista de la causa por haber sido devuelto el proceso sin resolver por el vocal ponente que fue rotado a otra Sala, ello no es mérito suhciente para declarar vía casación la nulidad de la sentencia expedida, pues si bien dicha irregularidad origina la aplicación de sanciones disciplinarias contra el Vocal que omitió expedir su voto conforme a ley, el proceso no se supedita a la voluntad del Vocal que incumple sus obligaciones, pues ante tal omisión el Presidente de la Sala está facultado a integrar el Colegiado con los llamados por ley, conforme lo establece el segundo párrafo del artículo 149 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. (Casación N.° 1330-99-Tumbes, de 18-10-2001, f, j, 3. Sala de Derecho Constitucional y Social [EP, 02-02-2002, p. 8665]. Texto completo: ). § 1297. La figura del voto concordante es una figura establecida de manera excepcional en la Ley O rgánica del Poder Judicial. Sexto, [Del] texto de la sentencia aparece una constatación de la secretaría de la Sala de Familia que certifica que la vocal discordante ha emitido un voto llamado “concordante” por el cual su posición ha dado lugar a la discordia, esta vez en base a que tomado en cuenta los nuevos argumentos que sobre la materia ha emitido la Corte Suprema es de opinión se confirme la sentencia en todos sus extremos, variando el sentido de su posición. Séptim o, [Cjomo se advierte, la posición por la Vocal dirimente constituye una modificación de su voto anterior emitido en calidad de discordia; sin embargo, por excepción la misma Ley Orgánica del Poder Judicial, en su artículo 143, segundo párrafo, [...] permite emitir voto concordante que se produce antes de la emisión del voto dirimente cuando el discordante concuerde con el voto del ponente; así, [...] la vocal dirimente [...] al cambiar su voto tomando en cuenta [.,.] nuevos' elementos [...], ha concordado con el voto del ponente, lo que constituye una variación razonable de formación del fallo; por consiguiente, ha operado la regia excepcional antes descrita, y como tal, no se ha producido infracción al debido proceso. O ctavo, Por último, la figura del voto concordante es una figura establecida de manera excepcional en la Ley Orgánica del Poder Judicial, por ello, su aplicación debe ser solo de manera restringida y en tanto se justifique razonablemente la modificación del voto. (Casación N.° 678-2005-Lima, de 08-03-2006, ff. jj. 6-8. Sala Civil Transitoria [EP, 30-10-2006, p. 17436]. Texto completo: ). § 1298. El voto singular no forma parte de la sentencia. S egundo, [,.,] [El recurrente aduce que] e) se recusó al Vocal ECG y sin que se haya resuelto dicho magistrado ha intervenido en el proceso [...]. [...] S étim o. [Sin embargo,] el voto del doctor ECG no forma parte de la sentencia de vista, sino es un voto singular y en todo caso favorece a la recurrente [por lo que se declara la improcedencia del recurso], (Casación N.° 2732-2000-Ayacucho, de 25-10-2000, ff. jj. 2 y 7. Sala Civil Transitoria [EP, 30-04-2001, p. 7213]. Texto completo: ). § 1299. El contenido del voto singular no constituye la sustentación jurídica de la sentencia; en cambio, el dictamen fiscal sí es sustentación suficiente. Cuarto. [...] b) [Las] normas legales que cita el [juez] MN en su voto singular [...] no pueden constituir la sustentación jurídica de la glosada resolución debido a que el voto singular opera, precisamente, cuando los fundamentos de la resolución son insuficientes o discrepa de ellos aun cuando no de su sentido, como prevé el artículo 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; c) sin embargo, cabe destacar que la recurrida ha sido expedida de conformidad con lo opinado en el dictamen fiscal [...] y este sí tiene fundamentos de derecho que la Sala hace suyos, sustentación suficiente que la ley permite; razón por lo que no habiéndose acreditado la causal de contravención de normas que garantizan el derecho a un debido proceso, como tampoco vicio nulidad alguno que afecte su validez, de conformidad con lo dispuesto en la segunda parte del artículo 397 del Código Procesal Civil. (Casación N.° 132-2000-Lima, de 16-05-2000, f. j. 4. Sala Civil Transitoria [EP, 30-08-2000]. Texto completo: ). § 1300. De existir discordia en los votos, se pública y notifica el punto que la motiva, bajo sanción de nulidad, llam ándose al vocal dirim ente. S egundo. [Los] artículos 141 y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial señalan que en las Cortes Superiores tres votos conformes hacen resolución, precisando que en caso de existir discordia, se publica y notifica el punto que la motiva, ♦ SUMMA PROCESAL CIViL

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bajo sanción de nulidad, llamándose al vocal dirimente. Tercero. [En] el caso de autos, se aprecia que con la expedición del voto suscrito por el [juez] PR, la opinión de confirmar la sentencia apelada en el extremo que declaraba infundada la demanda de nulidad de acto jurídico, contaba con tres votos válidos que hacían resolución, de conformidad con el artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. C uarto. [Sin] embargo al subsistir la discordia en cuanto al extremo de la reconvención formulada por la recurrente, el vocal llamado por ley para dirimir dicho aspecto, omitió pronunciarse sobre dicho punto, y contrariamente se adhirió a la opinión de que la apelada sea declarada nula, lo que trajo consigo que se expidieran dos resoluciones con decisiones contradictorias. Q uinto. [S] iendo ello así, es evidente que la Sala de mérito ha incurrido en infracción de las formas esenciales contenidas en los artículos 141 y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial [...]. (Casación N.° 1389-2001-Callao, de 26-11-2001, ff. jj. 2-5. Sala Civil Permanente [EP, 01-03-2002, p. 8485]. Texto completo: ). § 1301. Los considerandos contenidos en el voto dirim ente no son parte integrante de los fundamentos de ía resolución im pugnada. Tercero. [...] III) [...] [La sentencia] de vísta confirma la apelada por sus propios fundamentos, por lo que no requiere fundamento adicional, y que la sentencia representa la decisión del Colegiado integrado por los tres vocales; b) los considerandos contenidos en el voto dirimente no son parte integrante de los fundamentos de la resolución impugnada, por lo que no existe la contradicción o incoherencia aludida por la recurrente [...]. (Casación N.° 2256-2000-Callao, de 14-09-2000, f. j. 3. Sala Civil Transitoria [EP, 30-01-2001, p. 6866]. Texto completo: ), § 1302. La discordia se puede producir sobre uno o más puntos de lo resuelto en la sentencia im pugnada. P rim ero. [De] acuerdo al artículo 141 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en las Cortes Superiores tres votos conformes hacen resolución, tratándose de las que ponen fin a la instancia, y en los demás casos bastan dos votos conformes; estableciendo el artículo 122 quinto párrafo del Código Procesal Civil, que cuando los órganos jurisdiccionales colegiados expidan autos, solo será necesaria la conformidad y firma del número de miembros que hagan mayoría relativa; preceptos estos de los cuales se concluye indubitablemente que en las Salas Civiles de las Cortes Superiores se requieren de tres votos conformes para arribar a una sentencia. S egundo. [En] ese orden, el artículo 144 de la misma Ley Orgánica, prescribe que: “Si resulta discordia, se publica y notifica el punto que la motiva, bajo sanción de nulidad. En la misma resolución se llama al Vocal dirimente expedito y se señala día y horapara la vista de la causapor éE\ lo que significa que la discordia se puede producir sobre uno [o] más puntos de lo resuelto en la sentencia impugnada; y si ello es así, la discordia en uno de dichos puntos puede ser superada si se produce un voto conforme con otros dos anteriores, haciendo resolución en ese punto o extremo, sin perjuicio de continuar con la discordia respecto del otro u otros puntos hasta que la discordia desaparezca en definitiva. (Casación N.° 1758-2005Ica, de 24-04-2006, ff. jj, 1 y 2. Sala Civil Transitoria [EP, 01-12-2006, p. 18046], Texto completo: ). § 1303. El voto discordante no puede dejar sin efecto ía votación de la m ayoría. Cuarto. [...] [En] cuanto al voto discordante del vocal BC, tal voto no es susceptible de dejar sin efecto la votación en mayoría que ha dado lugar a la resolución cuestionada, siendo esto así, esta denuncia debe ser desestimada (Casación N.° 3224-2006-Cusco, de 23-05-2007, f j. 4. Sala Civil Transitoria [EP 0301-2008, p. 21372], Texto completo: ). § 1304. No pueden ser modificados los votos discordantes, salvo que concuerde con el voto del ponente. Q uinto. [...] [Se] evidencia que la Sala Superior no ha tenido en cuenta los principios [del debido proceso y derecho de defensa], puesto que se aprecia que por resolución [,,,] se corrigieron los votos discordantes [...] pero sin sustento alguno, toda vez que de lo actuado no aparecen los fundamentos de dichos votos, más aún si se tiene en cuenta que esta resolución no ha sido notificada a ninguna de las partes procesales. Sexto. [Se] debe agregar a ello, que el artículo 143, segundo párrafo, del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial señala que: “ Una vez emitidos los n o m o s & t h e s is

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votos, no pueden ser modificados salvo que el voto discordante concuerde con el voto del ponente, antes que emita su voto el dirimente, de lo que se deja constancia en autos"; empero, en el presente caso no se advierte que se haya presentado dicha situación a fin de que se justifique la alteración de los votos tantas veces citados. S é p t im o . [En] tal sentido, se concluye que las graves irregularidades incurridas por la Sala Superior importan afectación al derecho de defensa y al debido proceso de la recurrente, los que determinan la nulidad de la resolución. (Casación N.° 2924-2004-Lima, de 10-03-2006, ff. jj. 5-7. Sala Civil Transitoria [EP, 01-12-2006, p. 18036], Texto completo: ). § 1305. Al haber coincidido los señores vocales respecto de uno de los extremos de la demanda y habiendo discordia sobre el otro extremo, cuando se resuelva la discordia se complementan ambos fallos. T ercero. [En] el presente caso no se trata de que hay dos sentencias, sino que al haber coincidido los señores vocales respecto de uno de los extremos de la demanda y habiendo discordia sobre el otro extremo, cuando se resuelve esta discordia, se complementa el fallo y constituye uno solo y en él se han resuelto todos los puntos controvertidos, por lo que no existe infracción a las formas esenciales para la eficacia y validez de los actos procesales. (Casación N.° 4024-2001-Arequipa, de 0404-2002, f. j. 3. Sala Civil Transitoria [EP, 01-07-2002, p. 8951]. Texto completo: ). § 1306. Invalidez de las resoluciones sobre discordias cuando han sido suscritas únicamente por el relator y no por todos los integrantes de la Sala. S e g u n d o . [E]sta Sala Suprema ha señalado que hay infracción de las formas esenciales para la eficacia y validez de los actos procesales, cuando las resoluciones sobre discordias han sido suscritas únicamente por el relator y no por todos los integrantes de la Sala. (Casación N.° 438-96-Lambayeque, de 10-07-1997, f. j. 2. Sala Civil [EP, 30-01-1998, p. 375]. Texto completo: ). § 1307. En las resoluciones que emitan las Salas deben consignarse expresamente los votos discordantes y los singulares. Cuaf'to. [Cjonforme lo establece el penúltimo párrafo del artículo 138 de la citada Ley Orgánica del Poder Judicial, en las resoluciones que emitan las Salas deben consignarse expresamente los votos discordantes y los singulares. Tal mandato legal, sin embargo, no se ha cumplido en autos, no obstante su transcendencia en este caso en particular [,..J. Q uinto. [En] ese orden de ideas, se concluye que la sentencia impugnada se encuentra viciada de nulidad, en atención a lo dispuesto en el artículo 171 del Código Procesal Civil, roda vez que ha sido emitida en forma incompleta, con transgresión de las formas esenciales para su validez y eficacia; siendo así no cumple con su finalidad, como es el de otorgar garantías mínimas que aseguren un juzgamiento imparcial y justo. (Casación N.° 1554-04-Piura, de 20-09-2005, ff. jj. 4 y 5. Sala Civil Transitoria [EP, 01-062006, p. 16085]. Texto completo: ). § 1308. Un Juez de Primera Instancia puede ser llamado para completar la Sala Superior, aun cuando sea temporal. C u a r t o . En el cargo sustantivo se afirma que se afectó el artículo 50 del Código Procesal Civil y el debido proceso, pues la magistrada titular que conoció el proceso y lo dejó expedito para sentenciar, fue llamada para completar Sala en la Corte Superior, y la juez provisional se avocó al proceso y resolvió, sin previamente disponer la renovación de las diligencias y actuación de prueba. Aun cuando el recurso se plantea defectuosamente, se advierte que este cargo fue también el argumento de la apelación y la sentencia de vista analiza y desestima el planteamiento de nulidad, con fundamentos adecuados, a lo que se agrega, que el llamamiento de un juez de Primera Instancia para completar Sala Superior, aun cuando sea temporal, es una promoción, por lo que el cargo igualmente, carece de base real. (Casación N.° 5941-2007-Cusco, de 16-01-2008, £ j. 4. Sala Civil Permanente [EP, 31-03-2008, p. 21764]. Texto completo: ). § 1309. No es causal de nulidad cuando se confirme la sentencia previamente al hecho del fallecimiento de un vocal. T e rc e r o . [De] los actuados y de las copias solicitadas por este Supremo Tribunal [...] ser advierte que [...] el señor vocal GS dejó su voto escrito y firmado en el sentido de que se confirme la semencia apelada que declara infundada la demanda en donde se advierte también los votos de los señores vocales RB y YZ, en donde se adhieren al voto del aludido magistrado; con lo que se evidencia que se dio cumplimiento a lo estipulado en el artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder * SUMMA PROCESAL CfVIL

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Judicial. C uarto. [Eli hecho que el señor vocal GS no firmara la resolución que hace sentencia final por motivo de su fallecimiento, no la invalida por cuanto la Sala de mérito al sobrevenir tal hecho, dio estricto cumplimiento a lo normado en el artículo 149 primer párrafo del Texto Unico Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Q uinto. [A] demás, es de acotar que los votos de los señores vocales son archivados en Relatoría, votos que solo son consignados en el expediente principal hasta que se dirima la causa, luego de lo cual son sacados los originales y archivados; por lo que la Relatora cuando señala que el señor vocal [..,] ha dejado suscrito su voto se encuentra de acuerdo a ios hechos [...]. Sexto. Siendo así, la resolución [...] se encuentra de acuerdo a ley y al proceso, no siendo susceptible de causal de nulidad prevista en el numeral 7 del artículo 122 del Código Procesal Civil. (Casación N.° 1621-2004-Lima, de 01-06-2006, ff. jj. 3-6. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 30-10-2006, p. 17329]. Texto completo: ). § 1310. El secretario judicial no puede autorizar resolución judicial con anterioridad a su nombramiento (inc. 7). S egundo. [M]ediante resolución [...] de fecha 7 de abril del 2001, se declaró nulo e Insubsistente todo lo actuado desde fojas 36, reponiendo el proceso al estado de calificar la demanda de tercería de propiedad interpuesta por los recurrentes y otros contra el Banco [...] y otros, la que fue declarada improcedente: resolución que fue emitida por el doctor NP, en su condición de Juez del [...] Juzgado Civil [...], autorizando dicha resolución el secretario judicial EB. Tercero. [Dficha resolución fue objeto de apelación por los recurrentes, sustentando dicho medio impugnatorio, entre otros argumentos, que la resolución había sido redactada con antelación, pues a dicha fecha, esto es, el 7 de abril del 2001, el Juez se encontraba gozando de licencia y el auxiliar jurisdiccional EB estaba encargado de la Secretaria Penal. [...] Sétim o. [En] tal sentido, [se ha acreditado que] no habiendo ejercido función jurisdiccional el magistrado citado con motivo de la licencia que se le concediera a que se hace referencia la instrumental glosada, es obvio que no podía suscribir resolución alguna [...]. O ctavo. [En] cuanto a la actuación del Secretario Judicial [...], se advierte que dicho funcionario judicial ha ejercido a partir del 02 de mayo del 2001, en consecuencia, tampoco podía autorizar resolución judicial con anterioridad a su nombramiento como auxiliar judicial, incurriéndose igualmente en la causal de nulidad. (Casación N.° 3856-01-JaénLambayeque, de 07-05-2004, ff. jj. 2, 3, 7 y 8. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 28-02-2005, p. 13639]. Texto completo: ). § 1311. La sentencia de prim era instancia contiene la firm a y el nombre del Juez, con la suscripción del respectivo auxiliar jurisdiccional. S egu n d o . [Analizada] íntegramente la denuncia [...] [esta] está referida a un cargo de índole procesal, el cual carece de sustento real porque la sentencia de primera instancia [...] contiene la firma y el nombre del Juez, con la suscripción del respectivo auxiliar jurisdiccional, conforme al artículo 122 inciso 7o del Código Procesal Civil, resultando que para los fines de la notificación se acompañó una copia de la referida sentencia solamente con la firma del especialista legal, lo cual no afecta la validez de la citada resolución. (Casación N.° 2233-2007-Lambayeque, de 06-06-2001, f. j. 2. Sala Civil Transitoria [EP, 03-09-2007, p. 20364], Texto completo: ). § 1312. Ante el incum plim iento de los llam ados a em itir su voto im porta la nulidad de la vista de la causa por lo que correspondía al Colegiado suplir el vacío previsto en la ley. D écim o p rim ero . [...] [Tfirnto la parte demandante como la demandada [...] solicitaron se les conceda el uso de la palabra a fin de que sus abogados informen oralmente el día que se señale para la vista de la causa, pedido que fue acogido [...] concediéndoles el uso de la palabra que en efecto hicieron ante el Colegiado integrado por los señores [vocales] FA, RM y CG, siendo que posteriormente [...] los dos primeros fueron reemplazados por vocales suplentes, quienes sin escuchar a las partes expidieron sus votos concordantes con el del vocal ponente CG formando sentencia que es materia de impugnación. Entonces, si se tiene en cuenta que a los abogados defensores de las partes les fue concedido eí derecho de informar oralmente ante el Colegiado primigenio, igual derecho les asiste para exponer sus alegatos de defensa ante los nuevos magistrados que, por impedimento sobreviviente de los llamados por ley, se avocaron al conocimiento de la presente causa, tanto más si se advierte que el segundo párrafo del artículo 149 del Decreto Supremo N.° 017-93-JUS no prevé expresamente que la integración de los n o m o s & th e s is

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nuevos magistrados ante el incumplimiento de los llamados a emitir su voto importe la nulidad de ía vísta de la causa, por lo que correspondía al Colegiado suplir el vacío previsto en la ley, a fin de salvaguardar el derecho de defensa y al debido proceso que asiste a las partes, por lo cual este extremo del recurso sí resulta amparable. (Casación N.° 2728-03- Amazo n as, de 12-10-2004, f. j. 11. Sala Civil Transitoria [EP, 31-01-2005, p. 13397]. Texto completo: ). § 1313. La resolución que no es suscrita por el juez, pero sí por el secretario, es nula de forma insubsanable (inc. 7). Tercero. Según el artículo 122 [del] Código [Procesal Civil], los autos llevan media firma del Juez. C uarto. [En] este caso, la resolución [...] que deniega la contradicción al ejecutado no ha sido suscrita por el Juez, sino por el Secretario de Juzgado por disposición del A quo, lo cual constituye una seria irregularidad procesal que origina una nulidad insubsanable, que puede declararse de oficio de acuerdo con la última parte del artículo 176 del Código Procesal Civil, porque el auto carece de la media firma del Juez y el Secretario del Juzgado no está facultado para sustituir al Juez en esta obligación. (Casación N.° 1954-98-Tacna, de 25-11-1998, ff. jj, 3 y 4. Sala Civil Transitoria [EP, 13-01-1999, p. 2465]. Texto completo: ). § 1314. No es v á lid a la sentencia que no aparece firm ada por el juez y secretario (inc. 7). [...] [No] puede tener validez alguna un procedimiento judicial en el que la sentencia no aparece firmada por el Juez y Secretario como se aprecia de ía fotocopia autenticada por notario [...], repetida por la diligencia de exhibición [...] [en un proceso sobre formación de título supletorio de dominio]. (Casación N.° 327-96- lea, de 19-11-1996, f. j . C o n s i d e r a n d o s . Sala de Derecho Constitucional y Social [EP, 13-01-1997, p.' 2793]. Texto completo: ). C o n s id e r a n d o s .

§ 1315. No es causal de nulidad cuando se confirme la sentencia previamente al hecho del fallecim iento de un vocal. Véase la jurisprudencia del artículo 14Io de la Ley Orgánica del Poder Judicial [§ 4627]. (Casación N.° 1621-2004-Lima, de 01-06-2006, ff. jj, 3-6. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 30-10-2006, p. 17329]. Texto completo: ).

Artículo 123: Cosa juzgada Una resolución adquiere la autoridad de cosa juzgada cuando: 1. No proceden contra ella otros medios impúgnatenos que los ya resueltos; o 2. Las partes renuncian expresamente a interponer medios impúgnatenos o dejan transcurrir los plazos sin formularlos. La cosa juzgada solo alcanza a las partes y a quienes de ellas deriven sus derechos. Sin embargo, se puede extender a los terceros cuyos derechos dependen de los de las partes o a los terceros de cuyos derechos dependen los de las partes, si hubieran sido citados con la demanda. La resolución que adquiere la autoridad de cosa juzgada es inmutable, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 178 y 407.

DOCTRINA CONSTITUCIONAL VINCULANTE OBLIGATORIA

§ 1316. Improcedencia de medidas cautelares ordinarias contra sentencias judiciales ordinarias con calidad de cosa juzgada. Véase la jurisprudencia del artículo 608° del Código Procesal Civil [§ 3841], (Exp. N.° 00978-2012-PA/TC, del 28-05-2013 [Web: 24-01-2014 / EP: 03-02-2015], que declaró que el £ j. 6 constituye doctrina constitucional vinculante obligatoria para todos los jueces y tribunales del país. Texto completo: ). PLENOS JURISDICCIONALES

§ 1317. Los nuevos actos de violencia fam iliar en ejecución de sentencia no deben considerarse como cosa juzgada. En las sentencias estimatorias enfase de ejecuciónfrente a las medidas deprotección y * SUMMA PROCESAL CIVIL

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sancionatorias dictadas, deproducirse nuevos actos de violenciafamiliar entre las mismaspartes; ¿Devienen estas en cosajuzgada o constituyen nuevos actos de violenciafamiliary por ende deben ser tramitadas en un nuevoproceso? El Pleno acordó por m a y o r í a : “En las sentencias estimatorias en fase de ejecución frente a las medidas de protección y sancionatorias dictadas, de producirse nuevos actos de violencia familiar entre las mismas partes, no deben ser consideradas como cosa juzgada, puesto que se trata de nuevos hechos que serán tramitados en otro proceso”. (Pleno Jurisdiccional Distrital de Familia, realizado por la Corte Superior de Justicia de Amazonas, el 20-09-2014. Tema N.° 3. [Nuevos actos de violencia familiar en ejecución de sentencia]. Texto completo: ). § 1318. La decisión con autoridad de cosa juzgada no puede verse afectada por el inicio de un procedimiento adm inistrativo. El inicio delprocedimiento concursal¿puede evitar la ejecución de la decisión que ha adquirido la autoridad de cosajuzgada? El Pleno acordó p o r m a y o r í a : “No, el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el inciso 2 del artículo 139 de la Constitución impiden que la ejecución de una decisión con autoridad de cosa juzgada puede verse frustrada por el inicio de un simple procedimiento administrativo”. (Pleno Jurisdiccional Nacional Comercial, realizado en Chiclayo, el 25-08-2012. Tema N.° 1. [Relaciones entre el proceso de ejecución y el procedimiento concursal iniciado respecto a alguno de los ejecutados]. Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 1319. La cosa juzgada es un principio de alcance constitucional. S e x to . Al expedirse la resolución recurrida se advierte que se ha vulnerado el principio constitucional de cosa juzgada, mediante el cual el Estado protege la eficacia e inamovilidad que adquiere la sentencia o resolución que pone fin a un litigio o controversia y contra el cual no cabe nuevo pronunciamiento o recurso impugnatorio alguno, porque ya se agotaron los que procedían o se dejaron pasar los plazos legales para interponerlos. (Casación N.° 3901-2000-Junín, de 17-09-2001, f. j. 6. Sala Civil Permanente [EP, 31-05-2002, p. 8835]. Texto completo: ). § 1320. Acepciones de la cosa juzgada. P rim ero. [En] materia procesal el principio de la cosa juzgada tiene dos acepciones: la cosa juzgada formal entendida como preclusión, es decir que una resolución no puede ser atacada más dentro de un proceso, sea auto o sentencia; y la cosa juzgada material o verdadera cosa juzgada que solamente produce la sentencia que se pronuncia sobre el fondo del asunto y respecto de la cual la decisión contenida en ella resulta irrevocable y supone la vinculación con respecto a otro proceso. (Casación N.° 3426-00-Huánuco, de 29-05-2002, f. j. 1. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 30-04-2003, p. 10480], Texto completo: ). § 1321. La triple identidad para ía configuración de la cosa juzgada. O ctavo. [Para] que una decisión alcance el valor de cosa juzgada se requiere la concurrencia conjunta de los siguientes elementos: i) Identidad de objeto, es decir, la demanda debe versar sobre la misma pretensión material o inmaterial sobre la cual se predica la cosa juzgada; ii) Identidad de causa petendi (eadem causa petendi), es decir, la demanda y la decisión que hacen tránsito a cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos o hechos como sustento; y iii) Identidad de partes, es decir, al proceso deben concurrir las mismas partes e intervinientes que resultaron vinculadas y obligadas por la decisión que constituye cosa juzgada, aspecto que guarda relación con lo previsto por el Tribunal Constitucional en la sentencia n° 4587-2004-AA/TC [§ 1379] de fecha 29 de noviembre de 2005, aspecto que guarda relación con lo consagrado en el artículo 4 del Texto Unico Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. (Casación N.° 80-2014-Ayacucho, de 15-12-2014, f. j. 8. Sala Civil Transitoria [EP, 01-06-2015, Sentencias en Casación N.° 704, p. 63780], Texto completo: ). § 1322. H ay identidad de procesos cuando las partes o quienes de ellas deriven sus derechos, el petitorio y el interés para obrar sean los mismos. Tercero. [...] [El] principio de la cosa juzgada [...] consiste en revestir a las sentencias de una calidad especial, en virtud de la cual no se permite que las partes frente a quienes se profiere puedan volver a instaurar un segundo proceso con base en ios mismos pedimentos y sobre iguales hechos. Este principio obedece a la necesidad de darles el carácter

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de definitivo a las sentencias y evitar así que se susciten por las mismas cuestiones otros procesos. [...] En tal sentido, para que se presenten los supuestos de esta excepción [cosa juzgada] se requiere la presencia de la denominada triple identidad o identidad de procesos. Hay identidad de procesos cuando las partes o quienes de ellas deriven sus derechos, el petitorio y el interés para obrar sean ios mismos. (Casación N.° 3210-2005-Puno, de 18-09-2006, £ j. 3. Sala Civil Transitoria [EP, 02-07-2007, p. 19745]. Texto completo: ). § 1323. Triple identidad de los procesos. Noción del principio de cosa juzgada. Segundo. Uno de los principios que conforman el derecho procesal es el principio de la cosa juzgada, que consiste en revestir a las sentencias de una calidad especial, en virtud del cual no se permite que las partes frente a quienes se profiere puedan volver a instaurar un segundo proceso con base en los mismos pedimentos y sobre iguales hechos. Este principio obedece a la necesidad de darles el carácter de definitivo a las sentencias y evitar así que se susciten por las mismas cuestiones otros procesos. El ordenamiento procesal civil ha previsto un medio de defensa para atacar los procesos que atenta contra la cosa juzgada, esto es, la excepción contemplada por el artículo 446, inciso 8, del Código Procesal Civil. Para que se presente los supuestos de esta excepción se requiere la presencia de la denominada triple identidad o identidad de procesos. Son procesos idénticos aquellos en que las partes a quienes de ellas deriven sus derechos, el petitorio y el interés para obrar sean los mismos. En tal sentido, conforme se ha anotado, para que se configure la presente excepción debe presentarse los siguientes supuestos: i) identidad de personas; debe tratarse del mismo demandante y demandado, jurídicamente hablando; i i) identidad de cosa pedida; el objeto o beneficio jurídico que se solicita (no el objeto material) debe ser el mismo, o sea, lo que se reclama, iii) identidad de la causa a pedir; es decir, el hecho jurídico o material que sirve de fundamento al derecho reclamado debe ser el mismo, o sea, el por qué se reclama y iv) Que exista una sentencia consentido o ejecutoriada anterior. (Casación N.° 2212-2006-Pluánuco, de 19-12-2006, f. j. 2. Sala Civil Transitoria [EP, 03-07-2007, p. 19861]. Texto completo: ). § 1324. La excepción de cosa juzgada im plica la presencia de la triple identidad. Sétimo. [En] atención a lo expuesto debe señalarse en primer término que la cosa juzgada es un instituto procesal que constituye uno de los fundamentos de la seguridad jurídica consistiendo en la inmutabilidad de las ejecutorias judiciales, la excepción de cosa juzgada o “res iudicata ’ implica la presencia de la triple identidad entre el proceso anterior que ha quedado consentido o ejecutoriado y el nuevo que se pretende intentar sobre la “cadem res” y que son: “Idem corpus", que es el mismo objeto o derecho ventilado; “Eadem causa personarum ” que viene a ser el interés para obrar de ios sujetos; y “res Ínter partes ” o identidad de las partes. (Casación N.° 1370-03-Cusco, f. j. 7. Sala Civil Transitoria [EP, 0305-2004, p. 11952], Texto completo: ). § 1325. La triple identidad en la cosa juzgada. Cuarto. [...] a) [La] excepción de cosa juzgada supone la existencia de un proceso que ha terminado con decisión firme y de otro que se halla en trámite, en los que las partes o quienes de ellos deriven sus derechos, los petitorios (como elemento esencial da las pretensiones procesales propuestas) y el interés para obrar son los mismos. El artículo 452 del Código Procesal Civil señala esas tres identidades. Habrá identidad jurídica de los sujetos cuando una misma persona es parte demandante y una misma persona es parte demandada en los dos procesos. Hay identidad del petitorio cuando en una primera demanda la petición concreta como elemento constitutivo de la pretensión procesal es la misma que la de la segunda demanda, esto es, que la motivación fáctica y jurídica con que se han propuesto las pretensiones procesales y su respectivo petitorio son las mismas en ambas demandas. Hay identidad de interés para obrar cuando en ambos procesos se constata la existencia de la misma necesidad ineludible del titular de la pretensión procesal de acudir al organismo jurisdiccional en busca de la tutela judicial. El artículo 453 prevé que la excepción de cosa juzgada es fundada cuando se inicia un proceso idéntico a otro que ya fue resuelto y cuenla con sentencia firme. [...] (Casación N.° 2817-2001-Piura, de 01-04-2002, f. j. 4. Sala Civil Permanente [EP, 30-09-2002, p. 9197]. Texto completo: ). $ SDMMA PROCESAL CIVIL

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§ 1326. El principio de cosa juzgada es uno de los fundamentos de la seguridad jurídica.

Cuarto. [...] [La] cosa juzgada es la excepción que se deduce en un proceso, en virtud de existir una sentencia judicial que haya culminado un proceso anteriormente sobre la misma acción, por la misma cosa y entre las mismas personas. Q uinto. [La] cosa juzgada es uno de los fundamentos de la seguridad jurídica y consiste en la inmutabilidad de las ejecutorias judiciales; la excepción de cosa juzgada no permite que se siga nuevo juicio entre las mismas partes y sobre el mismo objeto. (Casación N.° 28392007-Lima, de 28-08-2007, ff. jj. 4 y 5. Sala Civil Permanente [EP, 02- 01-2008, p. 21274], Texto completo: ). § 1327. La cosa juzgada es una garantía procesal que atiende a la seguridad jurídica. Cuarto. [La] cosa juzgada es una garantía procesal por la cual se dota a ciertas resoluciones, generalmente sentencias, de una autoridad especial que impide que entre las mismas partes se vuelva a debatir sobre el mismo asunto (igual causa o hechos o igual objeto o pretensión), y dictarse una nueva resolución también sobre lo mismo que pueda resultar contradictoria, atentando y alterando la seguridad jurídica. (Casación N.° 1933-2007-Cañete, de 20-11-2007, f. j. 4. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 01-04-2008, p. 21913]. Texto completo: ). § 1328. La res in d icia o cosa juzgada es un principio del debido proceso que da seguridad a las decisiones judiciales. P rim ero , [La] res iudicata es una garantía procesal mediante la cual se dota a ciertas resoluciones generalmente sentencias de una especial calidad que impide que entre las mismas partes se vuelva a debatir sobre el mismo asunto, igual causa (hechos) y objeto (pretensión), y dictarse nueva resolución; este es un principio del debido proceso que da seguridad a las decisiones judiciales. S egu n do . [La] sentencia de vista impugnada ha contravenido ese principio y transgredido el debido proceso pues anteriormente la Sala se pronunció declarando infundada la excepción de caducidad interpuesta contra la acción y confirmó lo resuelto por el juez en ese sentido; sin embargo, en la sentencia contraviniendo la cosa juzgada resuelve declarar -revocando la sentencia del Juez- nulo todo lo actuado e improcedente la demanda por haber caducado la acción ejercida; y que resulta extraño que uno de los vocales interviene desaprensivamente en las dos resoluciones contradictorias. (Casación N.° 3338-98-Lima, de 16-06-1999, ff. jj. 1 y 2. Sala Civil Transitoria [EP, 27-10-1999, p. 3825]. Texto completo: ). § 1329. Caracteres de la sentencia con calidad de cosa juzgada: inm utabilidad y certeza.

P rim ero . Una sentencia expedida en juicio contradictorio adquiere la calidad de cosa juzgada, cuando ya no es posible recurriría, o cuando las partes no la impugnan, como establece el artículo 123 del Código Procesal Civil. La cosa juzgada otorga a la sentencia dos caracteres que ía cualifican: la inmutabilidad y la certeza. La inmutabilidad impone a los órganos j urisdiccionales la prohibición de revivir un proceso fenecido; la certeza le confiere al contenido de la sentencia el carácter de verdad, haciéndola indiscutible en nuevos procesos, La cosa juzgada cubre lo deducido y lo deducible, y por ello los antiguos establecieron la regia pro veritate habebitur. (Casación N.° 1077-2007-Ica, de 27-092007, f. j. 1. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 29-02-2008, p. 21635]. Texto completo: ). § 1330. Consecuencias de la cosa juzgada. Sexto. [R] especio a la cosa juzgada resulta menester acotar que esta constituye un efecto procesal de la resolución judicial firme que impide que lo que ya se ha resuelto sea nuevamente revisado en el mismo proceso o en otro proceso; encontrándose reconocido este instituto procesal en el artículo 139 inciso 13 de la Constitución Política del Perú que establece “la prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada”, consecuentemente la cosa juzgada constituye una garantía constitucional de la Administración de Justicia según la cual el objeto de un proceso que ha concluido con una resolución firme no puede ser nuevamente juzgado en el mismo proceso o mediante uno nuevo. Sétim o. [De] esta definición se derivan dos consecuencias importantes: a) En primer lugar: que los efectos de la cosa juzgada se imponen por mandamiento constitucional o legal derivado de la voluntad del Estado impidiendo al juez su libre determinación; y b) En segundo lugar: el objeto de la cosa juzgada consiste en dotar de un valor definitivo e inmutable a las providencias n o m o s & thesis

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que determine el ordenamiento jurídico, es decir, seprohíbe a losfuncionarios judiciales, a las partes y eventualmente a la comunidad volver a entablar el mismo litigio. (Casación N.° 80-2014-Ayacucho, de 15' 12-2014, ff. jj. 6-7* Sala Civil Transitoria [EP, 01-06-2015, Sentencias en Casación N.° 704, p, 63780], Texto completo: ). § 1331. Criterio p ara identificar la existencia de la cosa juzgada. S egundo. [Para] identificar la existencia de la autoridad de la cosa juzgada es menester analizar el criterio denominado de la triple identidad por el cual se entiende que entre el proceso juzgado y el nuevo tiene que existir una identidad de sujetos, el mismo petitorio y el mismo interés para obrar, es decir, la misma causa petendr, como se advierte de autos, tales requisitos no se cumplen en el presente caso, toda vez que por el lado de los sujetos se identifica que estos no son los mismos [...]; por otro lado, el objeto o petitorio del proceso anterior versa sobre nulidad de acto jurídico, mientras que el presente versa sobre acción reconvencional de inejecución y extinción de obligaciones, así como de daños y perjuicios; y finalmente, ambos procesos también difieren en cuanto a su causa. (Casación N.° 2345-2001-Junín, de 17-07-2002, f. j, 2. Sala Civil Permanente [EP, 02-09-2002, p. 9178]. Texto completo: ), § 1332. Los límites de la c o s a juzgada. P r im e r o . [La] declaración de cosa juzgada está sujeta a límites objetivos y subjetivos, los primeros referidos al objeto y la causa del que deriva la pretensión constituidos por la identidad del objeto de la pretensión y la identidad de la causapetendi, en tanto que el límite subjetivo está referido a la identidad de las partes intervínientes, los que deben constituirse de manera concurrente para alegarse la pretendida calidad de cosa juzgada, conforme a lo preceptuado en el artículo 452 del Código Procesal Civil. (Casación N.° 2678-2002-lea, de 23-06-2004, £ j. 1. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 30-05-2005, p. 14087]. Texto completo: ). § 1333. Por el principio de cosa juzgada, el juez no puede anular o revocar sus propias resoluciones. T ercero. [La] Sala Civil [...] declara nulo e insubsistente el concesorio de la apelación, que ella misma había ordenado vía queja, aplicando el tercer parágrafo del artículo 377 del código adjetivo, que permite al superior declarar inadmisible o improcedente la apelación si advierte que no se ha cumplido con los requisitos para su concesión, declarando además nulo el concesorio. Cuarto. [Sin embargo, es] principio de derecho que el Juez no puede anular o revocar sus propias resoluciones por contrario imperio, y que por lo demás es una garantía de la cosa juzgada formal, (Casación N.° 794-94Ica, de 21-07-1997, f. j. 4. Sala Civil [EP, 20-04-1998, p. 727]. Texto completo: ). § 1334. Cosa juzgada formal y cosa juzgada material. C uarto. [En] materia de cosa juzgada se distingue la [cosa juzgada] formal de la material. La primera se refiere a la imposibilidad de reabrir la discusión en el mismo proceso; la segunda en cambio se produce cuando a la irrecurribilidad de la sentencia se agrega la inmutabilidad de la decisión; debiendo significarse que un conflicto de intereses con relevancia jurídica adquiere la autoridad de cosa juzgada material cuando aquella ha sido objeto de jurisdicción definitiva y cobra fuerza obligatoria respecto a la materia contenida en la sentencia. (Casación N.° 354-02-Ayacucho, de 16-06-2004, f, j. 4. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 30-03-2005, p. 13807]. Texto completo: ). § 1335. Diferencias entre cosa juzgada material y cosa juzgada formal. Q uinto. [La] doctrina ha distinguido la cosa juzgada material de la cosa juzgada formal. Esta última se puede definir como la decisión judicial que se cumple y es obligatoria tan solo en relación al proceso en eí cual se ha dictado y al estado de cosas que se tuvo en cuenta en el momento de decidir; pero nada obsta para que en un procedimiento posterior, mudado el estado de cosas que se tuvo presente al tomar la decisión, la cosa juzgada pueda modificarse. En cambio, existe cosa juzgada material, cuando a la condición de inimpugnable en el mismo proceso, se une la inmutabilidad de la sentencia en otro proceso posterior. Sexto. [El] pronunciamiento inhibitorio de las instancias de mérito emitido en [un] proceso [anterior] seguido entre las mismas partes, sobre la misma materia, respecto del presente proceso, que declaró * SUMMA PROCESAL CIVIL

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improcedente la demanda al considerar que su pretensión era un imposible jurídico, constituye un fallo que ha adquirido la autoridad de cosa juzgada formal, no contando con la nota de inmutabilidad anteriormente señalada; por tanto nada impide que la demandante inicie un nuevo proceso. (Casación N.° 2372-2006-Apurímac, de 24-04-2007, ff. jj. 5 y 6. Sala Civil Transitoria [EP, 02-01-2008, p. 21324], Texto completo; ). § 1336, La cosa juzgada formal produce sus consecuencias en relación al proceso en que ha sido em itida, mientras la cosa juzgada m aterial (la verdadera cosa juzgada) se refiere cuando la resolución es inim pugnable. Sexto. [En] materia de cosa juzgada [...] debe distinguirse la cosa juzgada formal y la cosa juzgada material; entendida la primera, cuando produce sus consecuencias en relación al proceso en que ha sido emitida, pero que no impide su revisión en otro distinto, en el cual puede reabrirse el debate; y la segunda, sustancial, cuando la resolución es inimpugnable, produciendo sus efectos tanto en el proceso en que ha sido emitida, como en cualquier otro distinto o posterior, impidiendo que el tema de fondo se someta a nueva discusión. [,..] [Según] Montero Aroca [...] la cosa juzgada formal está referida a la firmeza, a la calidad firme de una resolución, y que ello es un efecto propio de todas las resoluciones judiciales, no solamente las sentencias; empero, [...] la cosa juzgada material, la verdadera cosa juzgada, no la producen todas las resoluciones judiciales, sino, en principio, las sentencias sobre el fondo, y por tanto supone la vinculación en otro proceso, y tiene un carácter interno y externo para cualquier otro tipo de proceso [...]. (Casación N.° 771-2007-Lima, de 17-052007, f. j. 6. Sala Civil Permanente [EP, 03-09-2007, p. 20401]. Texto completo: ). § 1337* La calidad de cosa juzgada m aterial solo la tienen las sentencias que se pronuncian sobre el fondo deí asunto. Séptim o. [Se] debe tener en cuenta que ia calidad de cosa juzgada material solamente la tienen las sentencias que se pronuncian sobre el fondo del asunto; no teniendo esa calidad la resolución que alude el recurrente [que cuestiona el mérito probatorio del título de posesión]; por lo que siendo así el agravio denunciado carece de sustento real. (Casación N.° 1047-2004-La Libertad, de 24-05-2004, f. j. 7. Sala Civil y Social Permanente [EP, 01-12-2004, p. 13216], Texto completo: ). § 1338. Una resolución adquiere la autoridad de cosa juzgada m aterial cuando ha sido objeto de jurisdicción definitiva. Séptim o. [Un] conflicto de intereses con relevancia jurídica adquiere ía autoridad de cosa juzgada material cuando aquella ha sido objeto de jurisdicción definitiva y cobra fuerza obligatoria respecto a la materia contenida en la sentencia, y al adquirir la categoría de irreversibilidad, no procede contra ella otros medios impugnáronos que los ya resueltos. O ctavo. [S] iendo así, la Sala ha calificado como procedente el recurso extraordinario de casación interpuesto, de un proceso seguido sobre obligación de dar suma de dinero en estado de ejecución de sentencia; calidad que no es óbice para enmendar el [supuesto] error incurrido [cedente que se apersona en un proceso de ejecución forzosa para hacer valer su derecho de titular de la cambial], pues lo contrario sería traslucir un poder omnímodo, lo que sería una contrariedad con la fundón de órgano delimitado al control de la aplicación debida e interpretación correcta del derecho objetivo. (Casación N.° 1971-98-Lambayeque, de 24-05-1999, ff. jj. 7 y 8. Sala Civil Permanente [EP, 18-10-1999, p. 3760], Texto completo: ). § 1339. El principio de cosa juzgada está excluido d élas llamadas resoluciones interlocutorias.

Sexto. [...] [La] cosa juzgada es entendida como el efecto característico de las sentencias que deciden la pretensión hecha valer en el proceso, excluyendo la cosa juzgada de las llamadas resoluciones interlocutorias. S éptim o. [...] [Se] desprende que en el caso de autos no se ha afectado el principio [de cosa juzgada], puesto que la resolución [de autos] no es una sentencia. (Casación N.° 1075-2000-Callao, de 25-10-2000, ff. jj. 6-7. Sala Civil Permanente [EP, 30-01-2001, p. 6804]. Texto completo: ).

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§ 1340. El principio de cosa juzgada no constituye una forma procesal. 3. [...] [El] principio de cosa juzgada constituye uno de los principios de la función jurisdiccional, cuya observancia se encuadra dentro del respeto a un debido proceso, y por lo tanto no constituye una forma procesal. (Casación N.° 3047-99-Piura, de 13-01-2000, f. j. 3. Sala Civil Permanente [EP, 22-02-2000, p. 4666]. Texto completo: ), § 1341. La cosa juzgada se circunscribe en la parte resolutiva de una resolución y no en su parte considerativa. S egundo. [...] [En] un proceso de otorgarnienlo de escritura pública [...] no se discute el derecho que les pueda corresponder a las partes en el acto efectuado, sino únicamente se analiza el fiel cumplimiento de las formalidades requeridas para dicho otorgamiento, por lo que no puede configurarse la vulneración al principio de cosa juzgada consagrado en el artículo 139 inciso 13 de la Carta Magna, concordado con el artículo 123 del Código Procesal Civil, más aún si la amplia doctrina procesal está orientada a establecer que la cosa juzgada se circunscribe en la parte resolutiva de una resolución y no en su parte considerativa y, en este caso, la resolución que alude el recurrente ha declarado tan solo la improcedencia de la demanda. (Casación N.° 3812-02-Lambayeque, de 19-052003, £ j. 2. Sala Civil Transitoria [EP, 30-10-2003, p. 11009]. Texto completo: ). § 1342. Inm utabilidad y coerclbilidad de la sentencia con calidad de cosa juzgada. Tercero. [La] autoridad de cosa juzgada reside en la sentencia y sus caracteres son la inmutabilidad y la coercibilidad, es decir, que proyecta sus efectos hacia el pasado y hacia el futuro, y las partes se encuentran obligadas a cumplir y hacer cumplir el pronunciamiento judicial sobre el caso juzgado, lo que además queda protegido por la excepción "res iudicata”. (Casación N.° 2056-98-Lima, de 13-01-1999, f j. 3. Sala Civil Transitoria [EP, 19-03-1999, p. 2832], Texto completo: ). § 1343. La inm utabilidad de la cosa juzgada. S egundo. [La] referida sentencia tiene la calidad de cosa juzgada, lo que significa que es inmutable jurídicamente por aplicación estricta del artículo [4o] del Texto Unico Ordenado del Poder Judicial; y la que debe acatarse y cumplirse en sus propios términos, sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances bajo la responsabilidad civil, penal o administrativa. (Casación N.° 234-95-Huaura, de 2012-1996, f. j, 2. Sala de Derecho Constitucional y Social [EP, 11-02-1997, p. 2834], Texto completo: ). § 1344. La cosa juzgada protege la inm utabilidad de las ejecutorias judiciales. Q uinto. [La] cosa juzgada es uno de los fundamentos de la seguridad jurídica, y consiste en la inmutabilidad de las ejecutorias judiciales, como establece el artículo 139 incisos 2 y 13 de la Constitución Política del Estado, y se protege con la excepción de cosa juzgada, que no permite se siga nuevo juicio entre las mismas partes y con el mismo objeto, la que debe ser deducida por la parte interesada como establecen los artículos 446 y 123 de Código Procesal Civil. (Casación N.° 1023-96-Lima, de 12-07-1998, f. j. 5. Sala Civil [EP, 09-09-1998, p. 1565]. Texto completo: ). § 1345. Los efectos de la cosa juzgada solo pueden ser extensibles a las partes y a quienes de ellas deriven sus derechos, si ha mediado un debido emplazamiento. O ctavo. [...] [Es] evidente que la verificación de los alcances de la cosa juzgada [...] no se agota con establecer si los que participaron en el proceso de prescripción adquisitiva fueron los mismos que aparecían anotados en los registros públicos como titulares del predio sub judice, sino que resulta indispensable que se establezca si se ha producido el debido emplazamiento de la parte a quien ahora se pretende hacerle extensible los efectos de la decisión emitida en el mencionado proceso [...]. N oveno. [IJguahnente es el caso indicar que la disposición contenida en el artículo 123 del Código Procesal Civil en el sentido de que la cosa juzgada alcanza a las partes y a quienes de ellas derivan sus derechos, conforme se ha razonado, solo puede ser entendida en el caso que haya existido un debido emplazamiento a dichas partes, lo que determinará que los efectos de la cosa juzgada sean extensibles a quienes de ellas deriven sus derechos. (Casación N.° 1227-2015-Lima, de 28-12-2015, ff. jj. 8-9. Sala Civil Transitoria [EP, 30-09-2016, Sentencias en Casación N.° 718, p. 83286]. Texto completo; ). * SUMMA PROCESAL CIVIL

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§ 1346. Los efectos de una sentencia, así tenga calidad de cosa juzgada, no pueden ser vinculantes a un tercero extraño al proceso. S egundo. [El] principio [de cosa juzgada] no es universal, ni erga ornnes, pues como establece el mismo artículo 123 [del Código Procesal Civil], en su segundo párrafo, la cosa juzgada solo alcanza a las partes y a quienes de ellas deriven sus derechos, y es posible extender sus efectos a los terceros, cuyos derechos dependan de las partes, si hubieran sido citados con la demanda. Es que, al igual que un contrato, una sentencia es jurídicamente indiferente para los terceros extraños al acto. La sentencia es res ínter alias iudicata, y los terceros son, todos aquellos que no han sido parte en el proceso y que tengan una acción propia que ejercitar, o una excepción propia que proponer sobre la misma cosa, pero que están fuera de la esfera subjetiva de la acción ya ejercitada. Todo sistema procesal está pensado para resolver un conflicto entre dos intereses opuestos: entre dos partes, aun cuando en cada parte puede haber pluralidad de sujetos, por tanto, será tercero, quien no es parte en el proceso, por no ser demandante ni demandado. [...] S éptim o. En consecuencia, es forzoso concluir que la demandante es un tercero [extraño] en el proceso [...] pues no fue citada con esa demanda [...] y es fundada la causal de casación interpuesta, por inaplicación del segundo párrafo del artículo 123 del Código Procesal Civil. (Casación N.° 1077-2007-Ica, de 27-09-2007, íf. jj. 2 y 7. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 29-02-2008, p. 21635]. Texto completo: ). § 1347. Los efectos de cósala juzgada prohíbe a toda autoridad dejar sin efecto dicho principio, salvo excepción legal expresa. Principios en los que se asienta la cosa juzgada. Tercero. La cosa juzgada se asienta en dos principios: a) l a extinción de la acción con su ejercicio,, lo que impide su renovación en otro proceso, salvo excepción legal expresa; y b) La seguridad jurídica, a fin de dar estabilidad a las relaciones de Derecho. Por eso los efectos de la cosa juzgada obligan a toda autoridad y el artículo 139 de la Carta Política, en sus incisos 2 y 13, prohíbe dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada y revivir procesos fenecidos. De aquí sigue que son caracteres de la cosa juzgada, la inmutabilidad y la coercibilidad. (Casación N.° 724-2006-Lambayeque, de 22-032007, f. j. 3- Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 02-07-2007, p. 19647]. Texto completo: ). § 1348. Los efectos de la cosa juzgada no se extienden a los hechos. Q uinto. [...] [Los] efectos de la cosa juzgada solamente afectan al fallo en sí mismo, pero no se extienden a los hechos, de ahí que mal puede sostener el recurrente que lo resuelto en un proceso de prescripción adquisitiva afecte a un proceso distinto como es el de desalojo. (Casación N,° 1696-01-Lima, de 18-07-2001, f. j. 5, Sala Civil Transitoria [EP, 05-11-2001, p. 7862], Texto completo: ). § 1349. No constituye cosa juzgada la resolución que contravenga las normas procesales y ai debido proceso. D écim o P rim ero. [Es] adecuado destacar que una resolución [...] no puede quedar firme si ha sido expedida contraviniendo la ley y afectando el derecho de toda persona a un debido proceso; máxime si el señalamiento de la Corte Superior respecto ai plazo que consideró suspendido por el periodo de vacaciones es un argumento de tipo procesal que resulta pasible de ser sancionado con nulidad al existir un error insubsanable conforme a la Ley N.° 26735 acotada, por cuanto nunca se presentó la interrupción referida. (Casación N.° 2372-2001-Callao, de 14-12-2001, f. j. 11, Sala Civil Transitoria [EP, 01-04-2002, p. 8576]. Texto completo: ). § 1350. Pronunciarse sobre una sentencia que y a había adquirido la calidad de cosa juzgada constituye una violación a las normas que garantizan el debido proceso. Cuarto. [La] Sala de revisión, lejos de corregir el error incurrido por e\.A-quo, argumentando la observancia al principio de tutela jurisdiccional efectiva, declara nulos e insubsistentes los actos procesales contenidos en su propia resolución [...], tiene por interpuesta la apelación y señala fecha para la vista de la cansa, vulnerando flagranteniente el principio de cosa juzgada al anular una resolución consentida y ejecutoriada, de cuyo contenido no se evidenciaba ningún acto fraudulento que pudiese constituir; una excepción al principio de cosa juzgada, y procediendo luego a pronunciarse sobre el fondo de una controversia que, n o m o s & t lie s fs

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como repetimos, había sido resuelta y pasado a la calidad de cosa juzgada, afectándose así gravemente las normas que garantizan el derecho a un debido proceso. (Casación N.° 2467-98-Chincha, de 22-021999, £ j. 4. Sala Civil Permanente. Texto completo: ). § 1351. No puede haber cosa juzgada en un procedimiento irregular (persona incapaz que no pudo ejercer su defensa en forma alguna) infringiendo la garanda constitucional de la observancia del debido proceso. N oveno. [Sjiendo la demandada en dicho proceso persona absolutamente incapaz, el ejercicio de su defensa debió ser efectuado por su representante legal, es decir nombrarle un curador, lo que no se efectuó sino que se tramitó todo el juicio directamente contra la demandada, quien no ejerció en forma alguna su defensa. D écim o. [Laj cosa juzgada supone un proceso regular, en que las partes puedan ejercitar libremente su derecho de defensa, por lo que no puede haber cosa juzgada en un procedimiento irregular, seguido contra una persona absolutamente incapaz y que posteriormente fue declarada interdicta, infringiendo la garantía constitucional de la observancia del debido proceso consagrada en el inciso tercero del artículo 139 de la Constitución Política del Estado. (Casación N.° 636-2002-Arequipa, de 25-09-2002, ff. jj. 9 y 10. Sala Civil Transitoria [EP, 02-012003, p. 9754], Texto completo: ). § 1352. Perm itir una subsanación no prevista en ía le y efectuada después de vencido el plazo para la interposición del recurso im plica una violación al principio de la inm utabilidad de la cosa juzgada. Tercero. [...] [Una] resolución adquiere k calidad de cosa juzgada cuando la parte interesada deja transcurrir el plazo de impugnación sin interponer el recurso correspondiente. Cuarto. [P]ermiti.r la mejora o la posibilidad de subsanación no prevista expresamente en la ley efectuada después de vencido el plazo para la interposición del recurso implica una violación al principio de la inmutabilidad de la cosa juzgada. (Casación N.° 303-96-Lambayeque, de 30-05-1997, ff. jj. 3 y 4. Sala Civil [EP, 3012-1997, p. 230], Texto completo: ). § 1353. Diferencia entre cosa juzgada y preclusión. Sexto. [,,.] [El] principio de la cosa juzgada [...] se configura cuando existe un pronunciamiento sobre el fondo del asunto que tenga el carácter de definitivo en un proceso; lo cual no se advierte que se hubiera dado en el presente caso; siendo que no debe confundirse la cosa juzgada con el principio de preclusión, por cnanto la primera está referida a la existencia de una sentencia definitiva o un auto que produzca esos efectos, en cambio la preclusión implica que transcurrido una etapa del proceso no se puede regresar a otra etapa, lo cual no impide que se pueda declarar de oficio la nulidad de los actos procesales cuando se advierte la existencia de nulidades insubsanables [,..]. (Casación N.° 1195-2004-1ca, de 08-09-2005, f. j. 6. Sala Civil Transitoria [EP, 2802-2006, p. 15436], Texto completo: ). § 1354. D istinción entre cosa juzgada y preclusión. C uarto. [No] se debe confundir la cosa juzgada con la preclusión, pues la primera solo corresponde a la sentencia definitiva, mientras que la segunda es un estado que también puede referirse a las resoluciones interlocutorias y que no permite discutir de nuevo la cuestión procesal decidida, pero no produce cosa juzgada, porque sus efectos no son extraprocesales. (Casación N.° 2056-98-Lima, de 13-01-1999, f. j. 4. Sala Civil Transitoria [EP, 19-03-1999, p. 2832], Texto completo: ). § 1355. La cosa juzgada puede recaer sobre un auto de prim era instancia. En el presente caso, se trata de im pugnar una resolución em itida por el a quo que señala no ha habido error en la dirección dom iciliaria o identidad del domicilio para la notificación. Tercero. [...] [La] cuestión puesta a debate por el recurrente, es que se habría vulnerado el principio de cosa juzgada, y con ello, ciertamente los principios de seguridad jurídica, entre otros, que nuestra Constitución reconoce, dado que el Ad quem se habría vuelto a pronunciar sobre a un hecho respecto del cual ya habría emitido fallo con anterioridad. Es necesario precisar [...] que la cosa juzgada, para su configuración se sustenta en la concreción de una necesaria triple identidad, o concurrencia de los siguientes tres aspectos: identidad de sujeto, hecho y fundamento. [...] Sexto. [La] resolución [emitida por el a quo que adquirió condición de cosa juzgada] se ampara en que no ha habido error en la dirección domiciliaria o identidad del domicilio para la notificación, que es justamente la cuestión sobre la que se pronuncia el Tribunal Ad quem en la ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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resolución impugnada vía casación, a pesar de que ello ya ha sido materia de pronunciamiento por el a-quo, resolución que en todo caso ha sido consentida por el demandado. Con este modo de proceder por el Colegiado de mérito, aunque con el propósito, adecuadamente motivado, de corregir una presunta vulneración del derecho de defensa del demandado, se ha incurrido en una vulneración del principio de cosa juzgada, por tanto en un vicio in procedendo, que debe ser corregido por este Tribunal de casación [...], (Casación N." 43-2009-Lima, de 08-09-2009, ff. jj- 3 y 6. Sala Civil Permanente [EP, 31-05-2010, Sentencias en Casación N.° 626, p. 27699]. Texto completo: ). § 1356. El auto admisorio de la dem anda no tiene calidad de cosa juzgada. D écimo. [La] doctrina procesal ha establecido que: “(...) el rechazo liminar de la demanda está condicionado a su manifiesta^ improcedencia. Ella tiene que aparecer con toda claridad y sin dejar lugar a dudas pues de existir estas el proceso debe continuar con cargo a un análisis posterior que se dará al momento de sanear el proceso y aun posteriormente, ya que la improcedencia advertida en cualquier estado puede ser declarada por el juez (...)” [...]; siendo ello así, [...] carece de asidero real considerar que el auto admisorio [de la demanda] tiene la calidad de cosa juzgada, puesto que constituye la resolución que reconoce, formalmente, que la demanda reúne los requisitos mínimos [para] iniciar el proceso, esto es, que reúne los requisitos de admisibilidad y procedibilídad, y de que la demanda puede ser debatida dentro de un proceso, sin que ello constituya un impedimento para que los jueces puedan volver a calificar la demanda. (Casación N.° 1068-2002-Arequipa, de 09-08-2002, f. j. 10. Sala Civil Transitoria [EP, 02-12-2002, p. 9620], Texto completo: ), § 1357. La resolución que admite la dem anda no causa cosa juzgada, pues su validez puede ser analizada por el Juzgador en etapas posteriores. Segundo. [Si] bien la resolución que admite la demanda no causa cosa juzgada en los términos del artículo 123 del Código Procesal Civil, pues su validez puede set analizada por el Juzgador con oportunidad del saneamiento conforme al artículo 465 del mismo Código, e inclusive, excepcionalmente al momento de sentenciar, en virtud de lo dispuesto por el artículo 121 del Código Adjetivo, no es menos cierto que la Corte Superior carecía de competencia para pronunciarse sobre un extremo que no fue materia de apelación, en aplicación del principio tant-um devoíutum quantum appelatum. (Casación N.° 1769-99-Santa, de 01-12-1999, f. j. 2. Sala Civil Permanente [EP, 20-01-2000, p. 4600]. Texto completo: ). § 1358. Al sostenerse una cosa juzgada inexistente se estaría lim itando el derecho del recurrente para acceder a la jurisdicción. Séptimo. [...] [La] Sala de mérito ai declarar improcedente la demanda, por determinar que se ha configurado la cosa juzgada, ha analizado erróneamente los elementos de identidad del actual proceso con un proceso anterior, por lo que ha incurrido en afectación del derecho del demandante a la tutela jurisdiccional efectiva, pues al sostenerse una supuesta cosa juzgada inexistente se estaría limitando el derecho del recurrente para acceder a la jurisdicción, lo que constituye contravención del inciso 3 dei artículo 139 de la Constitución Política del Estado y, por ende, determina la nulidad de la resolución de vista, a tenor del artículo 171 del Código Procesal Civil. (Casación N.° 1188-2007-Ica, de 19-11-2007, fi j. 7. Sala Civil Transitoria [EP, 03-12-2008, p. 23608], Texto completo: ). § 1359. Para que una sentencia pueda adquirir calidad de cosa juzgada no puede ser inhibitoria, sino, debe pronunciarse sobre el fondo de la controversia. Sétimo. [...] [La] cosa juzgada a que hace referencia el artículo 123 del Código Procesal Civil y que es pasible de oponerse en vía de excepción, expresa la característica de inmutabilidad e irrevocabílidad que adquiere los efectos de una sentencia definitiva, cuando contra ella no procede ningún tipo de medio impugnatorio susceptible de modificarla; debiendo agregarse que para que prospere como medio de defensa no solo habrá de concurrir la identidad entre las partes, el objeto del proceso y que el proceso haya concluido por sentencia ejecutoriada, sino que además esta ultima no debe ser inhibitoria, por el contrario, habrá de pronunciarse sobre el fondo de la materia controvertida. (Casación N.° 2106-2005-Ayacucho, de 13-10-2006, f. j. 7. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 31-05-2007, p. 19385]. Texto completo: ). n o m o s & t h e s ís

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§ 1360. Será nula la resolución que deja sin efecto una sentencia con la calidad de cosa juzgada. P rim ero. [En] atención a la segunda parte del artículo 4 del Texto Unico ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial no se puede dejar sin efecto las resoluciones judiciales con autoridad de cosa juzgada. [...] C uarto. [La] resolución recurrida en casación al dejar sin efecto una sentencia con la calidad de cosa juzgada por medio de un auto, ha incurrido en causal de nulidad. (Casación N.° 1999-2000-Piura, de 30-11-2000, £F. jj. 1 y 4. Sala Civil Permanente [EP, 30-01-2001, p. 6813]. Texto completo: ). § 1361, Es nula la sentencia que se pronuncia respecto a las valoraciones de las pruebas efectuadas en los considerandos de una sentencia con calidad de cosa juzgada. Sexto. [La] Sala Civil al momento de emitir sentencia, en el sexto considerando se pronunció respecto de las valoraciones de las pruebas efectuadas en los considerandos de la sentencia recaída en el Expediente N.° 2002-371, de Acción de Amparo acompañado, resolución que había quedado consentida y no fue apelada por la demandada en dicho proceso, que es la misma en este proceso [...]; que, la sentencia recurrida emitida por la Sala Civil de la Corte Superior [...], no estaba facultada para revisar dicha sentencia por ser cosa juzgada y por no ser punto controvertido en el presente caso. Séptim o. [Por] consiguiente, se ha contravenido lo dispuesto por el artículo 323 del Código Procesal Civil, norma que regula la cosa juzgada y concordante con el tercer párrafo del artículo 121 del Código Adjetivo, referido a que las sentencias deberán pronunciarse en decisión expresa, precisa y motivada sobre la cuestión controvertida, no cumpliéndose con lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 122 y de conformidad con lo señalado por el artículo 171 del Código Procesal Civil y al afectarse el derecho al debido proceso la sentencia de vísta deviene en nula. (Casación N.° 1214-2004-Huaura, de 22-08-2005, ff. jj. 6-7. Sala Civil Transitoria [EP, 28-01-2006, p. 15441], Texto completo: ). § 1362. Los jueces n o pueden pronunciarse sobre decisiones no im pugnadas, de lo contrario afectarían la cosa juzgada. O ctavo. [Debe] señalarse que el extremo referido a la demanda de divorcio por causal de separación de hecho, el cual fue revocado y reformándolo se declaró infundado conforme a la sentencia de fecha 7 de diciembre de 2012, quedó consentido al no haber sido objeto de impugnación por parte del demandante, por su parte la demandada cuestionó vía recurso de casación [...] únicamente el extremo de la aludida sentencia que declaró infundada la reconvención, sin embargo la Sala Superior al emitir nuevo fallo se excedió respecto de lo ordenado por esta Suprema Corte, pronunciándose también por el extremo de la demanda de divorcio por causal de separación de hecho, no obstante que ya se encontraba consentido y había adquirido la calidad de cosa juzgada, lo cual implica inimpugnabilídad, inmutabilidad y coercibüidad, por tal motivo la Sala se encontraba impedida de pronunciarse en ese extremo y únicamente debió pronunciarse respecto de la reconvención desestimada [...]. (Casación N.° 4305-2014-Cajamarca, de 21-10-2015, f. j. 8, Sala Civil Transitoria [EP, 02-05-2017, Sentencias en Casación N.° 727, p. 91736], Texto completo: ). § 1363. La sola valoración de la prueba de un proceso anterior seguido por las mismas partes no se puede considerar como ia revisión de un proceso fenecido. Cuarto. [...] c) [El recurrente denuncia] que la Sala habría revivido procesos fenecidos cuestionando una sentencia que ha adquirido la calidad de cosa juzgada con el fin [de] fundamentar su decisión; analizando la recurrida se aprecia que el Colegiado ha valorado la sentencia dictada en el proceso [...] sobre nulidad de acto jurídico seguido entre las mismas partes [...], por cuanto fue admitida como prueba en el [actual] proceso [sobre desalojo], lo que de ninguna manera se puede considerar como la revisión de un proceso fenecido, sino como la valoración de una prueba en forma razonada, tal como lo dispone el ordenamiento procesal. (Casación N.° 997-2003-Huánuco, de 17-10-2003, f. j. 4. Sala Civil Permanente [EP, 01-03-2004, p. 11564], Texto completo: ). § 1364. No estamos frente a un supuesto de cosa juzgada si la nueva pretensión se sustenta en hechos con contenidos y efectos diferentes a los planteados en el proceso anterior. 67. [...] [Toda] sentencia surte los efectos de cosa juzgada únicamente, en cuanto al ámbito de la pretensión procesal, ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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cuyo contenido hubiere sido materia de conocimiento, debate, prueba y decisión, en la jurisdicción. Así, interpuesta una demanda, en la que la nueva pretensión consignada se sustente en hechos con contenido y efectos diferentes a los planteados en el proceso anterior, no estaremos frente a identidad de pretensiones, presupuesto que se exige para que se produzca la cosa juzgada. Por ejemplo, si en el caso de la usucapión, de la resolución o nulidad del acto o título, situaciones en las cuales sustentó la parte ganadora (o perdedora) su derecho a poseer, hubieren variado, con posterioridad a la demanda y sentencia de desalojo, por la expedición de una sentencia, expedida por el órgano jurisdiccional, en el cual se decidió la usucapión, resolución, nulidad de acto jurídico, etc., no existe impedimento alguno para que quien obtuvo una sentencia favorable, alegando estos hechos nuevos y diferentes a los alegados en la oportunidad anterior, insista en la interposición de una demanda nueva en la que se discuta y decida el desalojo por ocupación precaria, si es que se exponen como fundamentos fácticos estos nuevos hechos y se ofrecen las correspondientes pruebas. (Cuarto Pleno Casatorío Civil [Tema: Desalojo por ocupación precavida, realizado el 13-08-2012, f. j. 67. Casación N.° 2195-2011-Ucayaíi [EP, 14-082013]. Texto completo: ). § 1365. Lo decidido en un proceso de reivindicación no genera calidad de cosa juzgada sobre la pretensión en una demanda de mejor derecho de propiedad. Sétim o. [Si] bien es cierto, la demandante anteriormente ha interpuesto contra los demandados un proceso de reivindicación respecto del bien sub litis, el mismo que fue declarado infundado, este no guarda similitud alguna con el presente proceso de mejor derecho de propiedad, por cuanto, en dicho proceso de reivindicación lo que se buscaba era la recuperación de la posesión del predio sub litis. Por tanto, teniendo dichos procesos pretensiones de naturaleza jurídica diferente, siendo la fundamen ración fáctica en que se ampara la pretensión de mejor derecho de propiedad diferente a la de reivindicación, no se configura la triple identidad que requiere este tipo de excepción, ya que el objeto litigioso del anterior proceso (reivindicación) no es el mismo que el del actual, siendo además que las cuestiones fácticas en que se sustentan son diferentes; siendo esto así, la causales denunciadas deben ser amparadas. O ctavo . [C] onsecuentemente, no advirtiéndose en autos que exista una sentencia judicial que haya culminado un proceso anteriormente sobre la misma acción (mejor derecho de propiedad), por la misma cosa y entre las mismas personas, la recurrida debe ser revocada, debiendo de continuarse con la prosecución del proceso. (Casación N.° 2937-2011-Arequipa, de 24-09-2013, ff. jj. 7 y 8. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 31-10-2016, Sentencias en Casación N.° 719, p. 84198], Texto completo: ). § 1366. La actualización del monto indemnizatorio no vulnera la autoridad de cosa juzgada de la sentencia que la fijó. [La] actualización de importe de la indemnización fijada en el fallo no compromete, sino que presérvala autoridad de la cosa juzgada, pues lo que se busca fijar definitivamente no es tanto el texto formal del pronunciamiento cuanto la solución real adoptada por el juez en el fallo, lo cual resultaría frustrado de no efectuarse el reajuste cuando, por culpa dei deudor aquél no es cumplido a su debido tiempo [...]. (Exp. N.° 371-96-LÍma, de 31-01-1997. Sala Civil. Texto completo: ). § 1367. Las sentencias emitidas en los procesos de alimentos sí pueden adquirir la calidad de cosa juzgada, en su manifestación de cosa juzgada formal. Sexto. [...] [R]especto de la cosa juzgada se advierten dos funciones diversas; así, según nos dice Eduardo Couture [...] determinadas decisiones judiciales tienen, aun agotada la vía de los recursos, una eficacia meramente transitoria. Se cumplen y son obligatorias tan solo con relación al proceso en que se han dictado y al estado de cosas que se tuvo en cuenta al momento de decidir, peto no obstan a que, en un procedimiento posterior, mudado el estado de cosas que se tuvo presente al decidir, la cosa juzgada pueda modificarse. Esto es lo que la doctrina -según el citado autor- denomina cosa juzgada formal, siendo el ejemplo más frecuente de este género el referido a juicio de alimentos. Existe en cambio, cosa juzgada sustancial, cuando a la condición de inimpugnable en el mismo proceso se une la inmutabilidad de la sentencia aun en otro juicio posterior. Al respecto, [..,] se dice que la cosa juzgada formal es un presupuesto de la cosa juzgada sustancial, ya que constituye un antecedente necesario sin el cual no se puede llegar a esta. Séptim o. Aclarados los conceptos anteriormente referidos, resulta evidente que los pronunciamientos de ambas n o m o s & t h e s is

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instancias contienen una indebida motivación, pues han proclamado que las sentencias emitidas en los procesos de alimentos no pueden adquirir la calidad de cosa juzgada, no obstante que, dada la especial naturaleza de dicho procesos, resulta evidente que las sentencias de ese tipo sí pueden llegar a adquirir la calidad de cosa juzgada, en su manifestación de cosa juzgada formal, en razón de que pueden ser objeto de modificación en un proceso de reducción, aumento o exoneración de alimentos. (Casación N.° 2784-06-Lima, de 09-04-2007, ff. jj. 6-7. Sala Civil Transitoria [EP, 02-10-2007, p. 20800]. Texto completo: ). § 1368, Las resoluciones em itidas en ejecución de sentencia no constituyen cosa juzgada.

Tercero, [..,] c) En el presente proceso lo que se resuelve es el mejor derecho de propiedad conforme a lo que se ha demandado, no habiéndose cuestionado el proceso a que se refiere el impugnante; máxime si las resoluciones indicadas en el recurso no constituyen cosa juzgada pues son emitidas en ejecución de sentencia. (Casación N.° 254-01-Ica, de 26-02-2001, f. j. 3. Sala Civil Transitoria [EP, 02-07-2001, p. 7379]. Texto completo: ), § 1369, Los procedimientos no contenciosos (en este caso, uno de comprobación del testamento ológrafo) tienen caracteres especiales que no constituyen cosa juzgada- Tercero. [La] recurrente sostiene que se ha infringido lo dispuesto en el artículo 178 del Código formal, al señalarse en la sentencia de vista que la presente acción de nulidad de cosa juzgada fraudulenta resulta improcedente porque las resoluciones que dan término a un proceso no contencioso no constituyen cosa juzgada; siendo el caso de autos, que lo decidido mediante la sentencia recaída en el proceso no contencioso, sobre comprobación del testamento ológrafo, no es posible de impugnación en otra vía y, por ende, ha adquirido el carácter de inmutabilidad a que hace referencia el artículo 123 del Código adjetivo acotado. Al respecto, es necesario señalar que si bien es cierto no hay norma específica que defina si la cosa juzgada se da en todos los procedimientos jurisdiccionales, tanto contenciosos como no contenciosos, no es menos cierto que [...] los procedimientos no contenciosos tienen caracteres especiales que los distinguen de los contenciosos ya que en el primero las resoluciones que dan término a un procedimiento de este tipo no constituyen cosa juzgada, habida cuenta que no obligan o vinculan a determinada persona o personas, advirtiéndose la falta del carácter sustancial de la cosa juzgada a que se refiere la segunda parte del artículo 123 del Código formal, conforme lo ha establecido la Sala Civil Superior. Asimismo, debe indicarse que la demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta por tener el carácter excepcional o de última ratio, sólo procede en casos excepcionales en ios cuales el accionante ha agotado en otras acciones el derecho que invoca; sin embargo, conforme a lo señalado por el Colegiado Superior en la recurrida, los demandantes tienen expedito su derecho para hacerlo valer en las acciones civiles correspondientes, sea a través de una demanda de petición o de reivindicación de la misma [...]. (Casación N.° 1111-2001-Lima, de 26-06-2001, f. j. 3. Sala Civil Permanente [EP, 05- 11-2001, p. 7986]. Texto completo: ). § 1370. En. materia de fijación de pensión alimenticia no existe cosa juzgada. Tercero . [- ] [Es] un principio universalmente aceptado que no existe cosa juzgada en materia de la fijación de pensiones alimentarías, en ese sentido, si se reducen las posibilidades de uno de los obligados y subsisten las necesidades del alimentista, el Juez de la causa está plenamente facultado a establecer o aumentar la obligación a cargo del otro obligado, mediando las pruebas y sustentos suficientes [...]. (Casación N.° 725-99-Lambayeque, de 19-07-1999, f. j, 3. Sala Civil [EP, 31-08-1999, p. 3388], Texto completo: ). § 1371. Las resoluciones que dan término a un procedimiento no contencioso, no constituyen cosa juzgada, pues no obligan o vinculan a determ inada persona o personas. C uarto, [Aunque] se considere que la función del juez en un procedimiento no contencioso no deja de ser jurisdiccional, como así lo es, es forzoso concluir que las resoluciones que dan término a un procedimiento de este tipo, no constituye cosa juzgada pues no obligan o vinculan a determinada persona o personas, faltando ese carácter substancial de la cosa j nzgada a que se refiere incluso la segunda parte del artículo 123 [...]. (Casación N.° 1464-99-Tumbes, de 20-10-1999, f. j. 4. Sala Civil Transitoria [EP, 06-042000, p, 4964]. Texto completo: ). * SUMMA PROCESAL CIVIL

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§ 1372. La tenencia de la menor a cargo de su progenitor es, por su naturaleza, de carácter provisoria; por tanto, no es cosa juzgada. Cuarto. [...] [La] tenencia de la menor a cargo de su progenitor es por naturaleza de carácter provisoria, supeditada a la buena formación, enseñanza, educación y buenos modales que se le implanta y como tal no causa cosa juzgada. (Casación N.° 1909-97-Ica, de 23-10-1998, f. j. 4. Sala Civil [EP, 05-12-1998, p. 2151]. Texto completo: ). § 1373. Es improcedente la casación si se denuncia la errón ea interpretación de la cosa juzgada.

Tercero. [...] [No] existe en nuestra ley procesal como causal de casación la “errónea interpretación de la cosa juzgada’ que se invoca por la recurrente, la fundamentación ciara y precisa exigida en el inciso 2 del artículo 388 del Código [Procesal Civil], debe referirse a la violación que se hubiera producido en la resolución impugnada, lo que no ocurre en el presente caso, en el que se señala que la no aplicación de las mencionadas normas de derecho material se ha producido en los procesos seguidos entre las mismas partes sobre divorcio y reducción de pensión alimenticia, en los que se declaró “sin régimen alimentario” y “sin efecto la pensión alimenticia” con la que el demandado le venía acudiendo a la demandante, respectivamente. (Casación N.° 122-95-Cusco, de 13-09-1995, f. j. 3. Sala Civil. Texto completo: ). § 1374. No se puede oponer la excepción de cosa juzgada en base a un proceso de ejecución donde se declaró fundada la contradicción, si el ejecutante presenta títulos diferentes para am parar su derecho. No se cumple el requisito de identidad de la pretensión. Sétimo. [C]omo puede apreciarse, la causa petendi en el proceso de ejecución de garantía anterior estaba compuesto por una obligación dinerada [...] y en relación a dicho fundamento el a quo emitió pronunciamiento estimando la inexigibilidad de la obligación por incumplimiento del procedimiento previsto en el referido dispositivo; pronunciamiento que, al margen de su fundabilidad o no que resulta irrevisable, consiste únicamente en una imputación negativa sobre el valor probatorio de un documento usado para acreditar una obligación, pero no expone consideración alguna sobre la inexistencia de la obligación, cancelación de la misma u otra. Octavo. [A]hora bien; a través del presente proceso de ejecución de garantía, sobre la base de la misma escritura pública de hipoteca, el banco ejecutante peticiona el pago [...] sustentándolo en la existencia de un sobre giro [...] en la misma cuenta corriente [...] de la empresa [...] pretensión que parecería ser similar a la pretensión anterior, empero la causa petendi tiene un elemento distinto que la distancia del anterior, toda vez que en esta oportunidad no se recurre a la letra de cambio [...] sino que la existencia aún de la obligación dinerada se afirma acreditar con el contrato de cuenta corriente suscrito por la empresa ejecutada [...], el extracto de la referida cuenta corriente [...] y el estado de cuenta de saldo deudor [...]. Noveno. [P]or consiguiente, presentándose en esta oportunidad títulos diferentes que, a entender del banco, acreditan la obligación cuya satisfacción reclama, y sin perjuicio de lo que las instancias de mérito puedan concluir sobre el fondo de la controversia, no se cumple el requisito de identidad de la pretensión [...] para el amparo de la excepción de cosa juzgada, como han procedido las instancias inferiores, conculcando así el derecho al debido proceso del banco recurrente. (Casación N.° 1266-2005-Arequipa, de 30-03-2006, ff, jj. 7-9. Sala Civil Transitoria [EP, 30-10-2006], Texto completo: ). § 1375. No puede declararse la nulidad de una sentencia m ediante una acción jud icial en proceso distinto, porque ello atentaría contra la cosa juzgada. [No] es posible, mediante una acción judicial, declarar la nulidad de la sentencia expedida en otro juicio, porque ello atentaría contra la cosa juzgada reconocida constimdonalmente, por lo que solo en el propio proceso judicial debe hacerse valer cualquier irregularidad procesal o causal de nulidad que pudiera existir [...]. (Exp. N.° 619-95-Ica, de 13-03-1996. Sala Civil. Texto completo: ). § 1376. No se debe confundir el instituto de la cosa juzgada con la preclusión. La adm isión de la demanda no im pide ni que el demandado replantee la cuestión y a resuelta afirmativamente de

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oficio por el juez al inicio, a través de excepciones procesales (en este caso, de caducidad). Solo el auto de saneamiento consentido o ejecutoriado precluye la posibilidad de las partes de objetar la relación juríd ica procesal. Véase la jurisprudencia del inciso 3 del artículo 427° del Código Procesal Civil [§ 2796], (Casación N.° 724-99-Lambayeque, de 10-08-1999, ff. jj. 4, 5, 6 y 9. Sala Civil Transitoria [EP, 12-11-1999, p. 3902], Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DE LAS CORTES SUPERIORES

§ 1377. La resolución que autoriza el rem ate en un proceso de ejecución de garantías no tiene la calidad de cosa juzgada. Q u in to . [...] [El] juez le atribuye a la Resolución N.° 3 [...] [que] dispone se proceda al remate del bien mueble dado en garantía, el carácter de cosa juzgada [...]. Sexto. [La] presente controversia es una que versa sobre ejecución de garantías, siendo la peculiaridad en procesos de esta índole que lo [que] pretende el actor o ejecutante es precisamente ejecutar un título, que en el presente caso está dado por el contrato de prenda vehicular [...] recayendo pronunciamiento final únicamente en el caso de haberse formulado contradicción al mandato de ejecución, decisión que no va a consagrar o desestimar el derecho reclamado sino que declarará fundada o infundada una eventual contradicción basada en la nulidad formal del título, inexigibilidad de la obligación o que la misma ha sido pagada o ha quedado extinguida de otro modo, de donde se tiene pues que la resolución [que] dispone al remate, no constituye en modo alguno cosa juzgada. (Exp. N.° 1163-01, de 26-03-2002, ff. jj. 5-6. Tercera Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

§ 1378. Vulneración al principio de cosa juzgada producto de una reforma constitucional. 116. [...] [No] es que la reforma constitucional acarree la nulidad de resoluciones judiciales ni mucho menos que desconozca el principio de cosa juzgada. Lo que ocurre es que algunos de los fundamentos jurídicos que condicionaron que las resoluciones judiciales a las que hacen alusión los demandantes sean estimatorias, han sido modificadas, e incluso, expresamente proscritos constitucionalmente (así resulta del nuevo contenido de los artículos 103 y primera disposición final y transitoria de la Constitución). En consecuencia, han devenido en inejecutables [...]. (Exp. N.° 050-2004-AI/TC y otros [Proceso de Inconstitua onalidad contra la Ley N.° 28389 y la Ley N.0 28449] del 03-06-2005 [Web: 06-06-2005], f. j. 116. Pleno Jurisdiccional. Texto completo: ). § 1379. Prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada. La resolución que haya adquirido calidad de cosa juzgada no puede ser dejada sin efecto o m odificada por acto de otros poderes públicos, de terceros e incluso de los mismos órganos j uñsdiccionales que resolvieron la controversia. 26. [..,] [Al] igual que lo que sucede con el derecho a la tutela jurisdiccional, el derecho al debido proceso es un derecho que tiene la propiedad de albergar en su seno una serie de derechos fundamentales de orden procesal. Uno de esos derechos es el derecho a que no se revivan procesos fenecidos con resolución ejecutoriada. [...] 38. En opinión del Tribunal Constitucional, mediante el derecho a que se respete una resolución que ha adquirido la autoridad de cosa juzgada se garantiza el derecho de todo justiciable, en primer lugar, a que las resoluciones que hayan puesto fin al proceso judicial no puedan ser recurridas mediante medios impugnatoríos, ya sea porque estos han sido agotados o porque ha transcurrido el plazo para impugnaría; y, en segundo lugar, a que el contenido de las resoluciones que hayan adquirido tal condición, no pueda set dejado sin efecto ni modificado, sea por actos de otros poderes públicos, de terceros o, incluso, de los mismos órganos jurisdiccionales que resolvieron el caso en el que se dictó. (Exp. N.° 4587-2004-AA/TC [Caso Santiago Martín Rivas], del 29-11-2005 [Web: 15-02-2006], ff. jj. 26 y 38. Texto completo: ).

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Artículo 124: Plazos máximos para expedir resoluciones En primera instancia, los decretos se expiden a los dos días de presentado el escrito que los motiva y los autos dentro de cinco días hábiles computados desde la fecha en que el proceso se encuentra expedito para ser resuelto, salvo disposición distinta de este Código. Las sentencias se expedirán dentro del plazo máximo previsto en cada vía procedimental contados desde la notificación de la resolución que declara al proceso expedito para ser resuelto. En segunda instancia, los plazos se sujetarán a lo dispuesto en este Código. Los plazos en la Corte Suprema se sujetan a lo dispuesto en este Código sobre el recurso de casación. El retardo en la expedición de las resoluciones será sancionado disciplinariamente por el superior jerár­ quico, sin perjuicio de las responsabilidades adicionales a las que hubiera lugar.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 1380. El órgano judicial debe pronunciarse respecto del pedido de uso de la palabra para informar en audiencia de vista de causa realizado por el abogado de una de las partes. Sétimo. [...] [De autos] obra el escrito presentando por [el demandado], por medio del cual señaló [su] domicilio procesal [...]; solicitando en el primer otrosí de su escrito informar oralmente el día de la vista de la causa, documento que fue recepcionado por ante la mesa de parres de la citada Sala Superior, hecho con el cual se acredita que el recurrente se vio afectado en el ejercicio de su derecho de defensa, pues su petición no fue materia de pronunciamiento, como tampoco se ie notificó con la sentencia de vista en el domicilio antes indicado, vulnerándose lo dispuesto en los artículos 124 y 155 del código adjetivo así como lo señalado en el artículo 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial [...]. (Casación N.° 2897-2009-Areqtripa, de 28-01-2010, f. j. 7. Sala Civil Permanente [EP, 30-09-2010, Sentencias en Casación N.° 629, p. 28419]. Texto completo: ).

Artículo 125: Numeración Las resoluciones judiciales serán numeradas correlativamente en el día de su expedición, bajo responsabilidad.

Artículo 126: Indelegabilidad El Juez atenderá personalmente el Despacho judicial, durante el horario que establece la ley.

Artículo 127: Actuaciones El Juez dirigirá las actuaciones y ordenará que las partes, sus apoderados y Eos Abogados observen las disposiciones legales.

JU RISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

§ 1381. Relación entre el principio de inm ediación y el derecho a la prueba. 5. [...] [La] actuación y la valoración de la prueba personal en su relación con el principio de inmediación presenta dos dimensiones: una personal y otra estructural. La primera, que se refiere a los datos relacionados con la percepción sensorial del juez: lenguaje, capacidad narrativa, expresividad de las manifestaciones, precisiones en el discurso, etc., no es susceptible de supervisión y control en apelación, es decir no puede ser variada. La segunda, cuyos datos se refieren a la estructura racional del contenido de la n o m o s & t h e s is

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prueba, ajenos en sí mismos a la percepción sensorial del juzgador, sí puede ser fiscalizada y variadas. En este contexto, el relato fáctico que el juez asume como hecho probado no siempre es inmutable, pues a) puede ser entendido o apreciado con manifiesto error o de modo radicalmente inexacto; b) puede ser oscuro, impreciso, dubitativo, ininteligible, incompleto, incongruente o contradictorio en sí mismo; o, c) ha podido ser desvirtuado por pruebas practicadas en segunda instancia. En este segundo conjunto de supuestos, se encuentra constitucionalmente justificada la variación del valor de la prueba personal otorgada por el juez de primera instancia sobre la base del principio de inmediación, y, por tanto, no sería preciso declarar la inconstítucionalidad del acto procesal que lo contiene. (Exp. N.° 02201-2012-PA/TC, de 17-06-2013 [Web: 11-11-2013 / EP: 30-01-2015], f. j. 5. Texto completo: ). § 1382. Remisión. Véase también, sobre el principio de inmediación, la jurisprudencia de los artículo V del Código Procesal Civil (§ 245 ss.)-

Artículo 128: Admisibilidad y procedencia El Juez declara la inadm¡sibilidad de un acto procesal cuando carece de un requisito de forma o este se cumple defectuosamente. Declara su improcedencia si la omisión o defecto es de un requisito de fondo.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 1383. La omisión de un requisito de fondo es causal de improcedencia del acto procesal.

Q uinto. [...] 4. [...] [La] copia legalizada del título valor podrá servir como medio probatorio que escolte otro tipo de procesos, pero no tiene eficacia en un proceso de ejecución, en tanto, el título valor no es la copia legalizada, sino el propio documento suscrito que se quiere ejecutar. Sexto. Siendo ello así, el hecho que la parte ejecutada no haya realizado alegación respecto al no cumplimiento de la presentación del pagaré original, no impide que la Sala Superior obvie la exigencia que la norma contempla; más aún: (i) si se trata de un presupuesto procesal, esto es, de un requisito de obligatorio cumplimiento al estar ligado intrínsecamente al proceso de ejecución; y (ii) constituye un requisito prescrito por el Sexto Pleno Casatorio Civil. En tal virtud, como se ha expuesto en la sentencia impugnada, ba de estarse a lo dispuesto en el artículo 128 del Código Procesal Civil que declara la improcedencia de la demanda por defecto de un requisito de fondo, en tanto solo puede emitirse pronunciamiento de fondo cuando existe una relación jurídica procesal válida y solo puede constituirse esta cuando se cumple con los presupuestos procesales y las condiciones de la acción. (Casación N.° 4730-2015-Lima, de 06-092016, ff. jj. 5 y 6. Sala Civil Permanente [EP, 28-02-2017, Sentencias en Casación N.° 724, p. 89303]. Texto completo: ).

CAPÍTULO II ACTOS PROCESALES DE LAS PARTES

Artículo 129: Objetivo de los actos procesales Los actos procesales de las partes tienen por objeto la constitución, modificación o extinción de dere­ chos y cargas procesales.

JURISPRUD ENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 1384. Actos procesales. Principio de prechisión. Sexto. [El] proceso se construye mediante una serie de actos, vinculados en orden sucesivo, de tal manera que cada uno de ellos es una consecuencia del ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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que le precede y un antecedente del que le sigue, y aun cuando en apariencia son actos independientes, su vinculación resulta, en primer lugar, del principio de predusión, según el cual determinados actos procesales pueden realizarse únicamente en el supuesto de la existencia de una situación procesal previa y en segundo lugar, por la finalidad común, que establece entre ellos una relación de interdependencia. (Casación N.° 1908-T-96-íea, de 02-10-1997, £ j. 6. Sala Civil Transitoria [EP, 15-03-1998, p. 542], Texto completo: ). § 1385- Objeto de los actos procesales. S egu n do. [...] 2.4 [...] [CJuando el Juez motive la sentencia resolviendo sobre el fondo, debe pronunciarse congruentemente sobre la pretensión contenida en la demanda; así también el artículo 122 inciso 3 del [...] código adjetivo, establece como requisito esencial para la validez de las resoluciones judiciales que contengan los fundamentos de hecho y derecho de la decisión los que deben guardar conformidad con las actuaciones procesales; entre aquellas se encuentra la demanda, que constituye un acto procesal de la parte actora, cuyo objeto puede ser la constitución, modificación o extinción de derechos, conforme se desprende de lo previsto en el artículo 129 del código acotado. (Casación N.° 634-2013-Lima, de 25-07-2013, f. j. 2. Sala de Derecho Constitucional y Permanente [EP, 30-01-2015, Sentencias en Casación N.° 700, p. 59914]. Texto completo: ).

Artículo 130: Forma del escrito El escrito que se presente al proceso se sujeta a las siguientes regulaciones: 1. Es escrito en máquina de escribir u otro medio técnico; 2. Se mantiene en blanco un espacio de no menos de tres centímetros en el margen izquierdo y dos en el derecho; 3. Es redactado por un solo lado y a doble espacio; 4. Cada interesado numeraré correlativamente sus escritos; 5. Se sumillará el pedido en la parte superior derecha; 6. Si el escrito tiene anexos, estos serán identificados con el número del escrito seguido de una letra; 7. Se usa el idioma castellano, salvo que la ley o el Juez, a pedido de las partes, autoricen el uso del quechua o del aymara; 8. La redacción será clara, breve, precisa y dirigida al Juez del proceso y, de ser el caso, se hará referencia al número de la resolución, escrito o anexo que se cite; y, 9. Sí el escrito contiene otrosíes o fórmulas similares, estos deben contener pedidos independientes del principal.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 1386. Los “otrosí digo” referidos a circunstancias diversas al sustento de la causal que motiva el recurso de casación no son consideradas en la calificación del referido recurso. Sexto. [...] [De] acuerdo a la norma procesal del artículo 130 numeral 9 del Código Procesal Civil, los “otrosíes y fórmulas similares” deben contener pedidos independientes del principal; y estando referentes el primero y segundo otrosí a circunstancias, diversas al sustento de la causal que motiva el recurso de casación, no corresponde que las mismas sean consideradas a efectos de calificar el presente recurso impugnatorio; y al tercero y cuarto otrosí digo, los mismos se han tenido en consideración para la calificación, sin que enerven los sustentos de improcedencia antes señalados. (Casación N.° 8692-2013-Cañete, de 1612-2013, £ j. 6. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 30-04-2015, Sentencias en Casación N.° 703, p. 62546], Texto completo: ),

n o m o s & t h e s ís

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ACTIVIDAD PROCESAL / FORMA DE LOS ACTOS PROCESALES

Art. 131

Artículo 131: Firma Los escritos serán firmados, debajo de la fecha, por la parte, tercero legitimado o Abogado que lo pre­ senta. Si la parte o tercero legitimado no sabe firmar, pondrá su huella digital, la que será certificada por el Auxiliar jurisdiccional respectivo.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 1387. Firm a a ruego. D u od écim o. [En el presente proceso sobre noli dad de compraventa de inmueble, al] resultar infundada la infracción normativa procesal, se debe pasar a la procedencia dei recurso de casación por la causal [...] sobre [...] infracción normativa del artículo 219 inciso 1 del Código Civil, pues arguyen que la doctrina señala que la conjunción de la voluntad y su manifestación es el resultado de un proceso que va de la voluntad interna a la voluntad manifestada, y como se advierte del caso de autos [la vendedora, doña] RAMB era analfabeta por tanto no podía manifestar su voluntad y menos declararla si no conocía los alcances del documento (minuta) peor aún sin testigos que así lo acreditaran. En tanto, en la hipótesis de que el sujeto hubiese colocado voluntariamente la marca de sus dedos en un papel, su desconocimiento del contenido del acto instrumentado hace que las impresiones digitales no sirvan para exteriorizar la voluntad de efectuar una declaración en tal sentido, para ello la ley ha previsto soluciones como el artículo 107 de la Ley del Notariado, Decreto Legislativo N.° 1049, concordante con el artículo 131 del Código Procesal Civil, conocida como firma a ruego, normas que la Sala ha ignorado al emitir su fallo. D écim o T ercero. [...] Ahora bien, al analizar la primera causal de nulidad de acto jurídico invocada, corresponde establecer si la existencia de dicha huella digital en los referidos documentos evidencian la voluntad de la demandante de transferir su propiedad, se verifica que [doña] RAMB, pretendió desconocer la compraventa, pues existe discordancia en los documentos con ios que las partes pretenden demostrar la existencia de voluntad de la compraventa, ya que los recurrentes se basan en la declaración unilateral de la vendedora, en tanto que los demandados en la existencia de la huella digital de los mismos, así se tiene que los demandados pretendieron adquirir un bien inmueble, a diferencia del comportamiento de la vendedora RAMB; lo que permite señalar que la huella inserta en las dos fotocopias simples de compraventa representan la voluntad de transferir la propiedad a favor de los demandados, por lo que no se configura la nulidad del mismo por causal de falta de manifestación de voluntad dei agente. En consecuencia este extremo del recurso de casación también deviene en infundado. (Casación N.° 4778-2012-Lima, de 30-07-2014, ff. jj. 12-13. Sala Civil Permanente [EP, 30-07-2014, Sentencias en Casación N.° 694, p. 54332] Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DE LAS CORTES SUPERIORES

§ 1388. Todo escrito será firmado por la parte y autorizado por eí abogado colegiado. [El] escrito de [autos] no acredita la autorización de la accionante [doña] HJHB para que el abogado que lo suscribe asuma su patrocinio; que en tal sentido, no constando en autos que la accionante sea su cliente, el letrado que aparece no puede presentar, suscribir y ofrecer escritos en su nombre, máxime si la propia coaccionante otorgó poder [...] para que la represente en eí presente proceso en favor de [doña] RHBF y en esa calidad dicha apoderada procedió a solicitar sentencia de separación; que, asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 131 del Código Procesal Civil todo escrito será firmado por la parte y estar autorizado por abogado colegiado, con arreglo a los dispuesto en el artículo 132 del acotado Código adjetivo [...]. (Exp-1608-95, de 28-06-1995. Sexta Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ).

* SUMMA PROCESAL CIVIL

Alt 132

CODIGO PROCESAL CIVIL

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Artículo 132: Autorizado por Abogado El escrito debe estar autorizado por Abogado colegiado con indicación ciara de su nombre y número de registro. De lo contrario no se le concederá trámite.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 1389. El abogado inhábil no puede autorizar escritos. 2.°) [C] onforme al inciso 2 del artículo 286 de la Ley Orgánica del Poder Judicial no puede patrocinar eí abogado que no se halle hábil conforme al estatuto del respectivo colegio; a que, en el presente caso, el recurso de casación [...] ha sido presentado a la Sala Civil Superior el 13 de setiembre de 1994 y que se haya autorizado por el letrado A. R. M. 3.°) [D] icbo profesional, como consta de [autos] (oficios cursados por el director secretario del Colegio de Abogados de Lima al 13 de setiembre de 1994, inclusive, no se encontraba hábil para el ejercicio de la profesión, pues solo había cotizado hasta diciembre de 1993. 4.°) [De] acuerdo con el artículo 7 del Estatuto del Colegio de Abogados de Lima [...], los miembros ordinarios del Colegio se consideran como activos si cumplen con pagar las cuotas correspondientes. 5.°) [Por] consiguiente, se concluye que el recurso de casación planteado por la demandada no cumple con un requisito formal de carácter genérico de todo escrito. 6.°) [C]onforme al artículo 132 del Código Procesal Civil el escrito que se presenta en un proceso civil debe estar autorizado por abogado colegiado hábil, si se concuerda con el numeral 286, inciso 2, de la Ley Orgánica del Poder judicial. (Casación N.° 240-94-Callao, de 13-12-1994, ff. jj. 3-6. Sala Civil. Texto completo: ). § 1390. La falta de firm a del apelante y de la autorización del abogado son defectos subsanables y por lo tanto no es viable declarar la improcedencia de plano. Q uinto, [El] Juez de la causa concedió el recurso de apelación y el expediente fue elevado ante la Segunda Sala Civil de Lambayeque la que declaró nulo el concesorio de la apelación e improcedente el citado recurso, considerando que dicho medio impugnatorio no tiene la firma del apelante ni la autorización de abogado, invocando los alcances de los artículos 132° del Código Procesal Civil y 288 inciso 10° de la Ley Orgánica del Poder Judicial [...]. Sexto. [El] Colegiado de mérito procedió a declarar improcedente el recurso de apelación sin tener en cuenta que las referidas omisiones son subsanables conforme a lo preceptuado en el artículo 367° deí Código Procesal Civil, modificado por la Ley N.° 27703, no habiendo concedido el plazo previsto en la norma citada para efectos de que se subsanen las referidas omisiones, ni tenido en cuenta que los citados requisitos son de carácter subsanable, por cuanto se trara de requisitos de admisibilidad. (Casación N.° 3349-2006-Lima, de 26-10-2006, ff. jj. 5 y 6. Sala Civil Permanente [EP, 31-07-2006, p. 15620]. Texto completo; ). § 1391. La om isión de la firm a del abogado en la contestación de la dem anda o contradicción acarrea nulidad. P rim ero . [...] [El] a quo emite el auto de primera instancia [...] declarando improcedente la contradicción formulada al mandato de ejecución; el cual es apelado por el ejecutado, siendo concedida con efecto suspensivo; no obstante haberse omitido consignar la firma del citado ejecutado y su abogado patrocinante en el escrito de contradicción. Que, la omisión precedente es advertida por el Colegiado emitiendo el auto de vista que rechaza la contradicción formulada por el recurrente, siendo a su vez impugnada dicha resolución mediante el presente recurso de casación. [...] C uarto. [Las] normas procesales referidas en el considerando precedente [sobre garantía deí derecho al debido proceso] son de carácter imperativo y por ende de obligatorio cumplimiento de conformidad con ei principio de formalidad establecido en el artículo IX deí Título Preliminar del Código Procesal Civil; siendo algunas de ellas reglas de conducta que atañen, unas veces al juez y otras a las partes; las cuales en algunos casos tienen carácter imperativo, de tal manera que todos los actores en el proceso deben someterse a ellas, mientras que en forma excepcional en otros casos, sea que se faculta al juez o porque la norma no trasciende la finalidad del proceso, se puede adecuar o eximir su cumplimiento, sin incurrir en sanción de nulidad. Q uinto. [En] el presente caso según lo n o m o s & th e s is

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ACTIVIDAD PROCESAL / FORMA DE LOS ACTOS PROCESALES

Art 133

establecido en la última parte del artículo 132 del Código Procesal Civil, y en el artículo 288, inciso 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, nos encontramos ante normas que por su naturaleza son estrictamente imperativas, en consecuencia su omisión generaría el rechazo de la contestación de la demanda o la contradicción, en su caso, por ende acarrea sanción de nulidad. (Casación N.° 11032002-La Libertad, de 20-10-2003, ff. jj. 1, 4 y 5. Sala Civil Permanente [EP, 01-03-2004], Texto completo: ). § 1392. La autorización por un abogado inhábil no perjudica la tutela jurisdiccional de la parte demandante. Véase la jurisprudencia del artículo 80° del Código Procesal Civil [§ 827]. (Casación N.° 3456-2007-Lima, de 16-10-2007, f. j. 4. Sala Civil Transitoria [EP, 30-09-2008, p. 23185]. Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DE LAS CORTES SUPERIORES

§ 1393. Todo escrito será firmado por la parte y autorizado por el abogado colegiado. [Véase la jurisprudencia del artículo 131° del Código Procesal Civil [§ 1388], (Exp-1608-95, de 28-06-1995. Sexta Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ). REMISIÓN

§ 1394. Sobre la representación jud icial por abogado. Véase también la jurisprudencia de los artículos 80° [§ 821 ss.] y 109° del Código Procesal Civil [§ 1084 ss.].

Artículo 133: Copia de escrito y anexo Tratándose de escritos y anexos sobre los que deba recaer alguna de las resoluciones citadas en el artículo 157, quien los presente debe acompañar tantas copias simples de ambos como interesados deba notificarse. El Auxiliar jurisdiccional correspondiente verificará la conformidad y legibilidad de las copías. Sí no las encuentra conformes, ordenará su sustitución dentro de veinticuatro horas, bajo apercibimiento de tenerse por no presentado el escrito. Todo reclamo sobre la idoneidad de las copias será resuelto por el Juez en el día, por resolución inimpugnable.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 1395. El incum plim iento de un mandato judicial para cum plir con proporcionar el número correcto de copias deí escrito de demanda y sus anexos acarrea el rechazo de esta. No puede alegarse perjuicio por causa propia. Q uinto. [..,] [La] ejecución de las resoluciones implica, entre otras cosas, la sujeción a los ciudadanos y de la Administración Pública al ordenamiento jurídico y a las decisiones que adopta la jurisdicción. Sexto. [En] el caso de autos el Juez ordena: “Para el nuevo emplazamiento de las partes [...] cumpla con proporcionar copia del escrito de demanda y de sus anexos en número suficiente, dentro del plazo de diez días de notificada con la presente resolución bajo apercibimiento de ley” [..,] mandatos judiciales que fueron manifiestamente incumplidos por la parte recurrente [..,] En ese orden de ideas, el mandato de rechazo de demanda no es más que la consecuencia del incumplimiento reiterado del mandato judicial efectuado por la recurrente, por lo que carece de fundamento la denuncia de parcialízación del Juzgador, y vulneración de su derecho a la defensa; esto es, la actora no puede alegar perjuicio por causa propia, pues por su propia conducta de rebeldía se ha rechazado la demanda [...]. (Casación N.° 2435-2009-Cusco, de 29-04-2010, ff. jj. 5 y 6. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 01-08-2011, Sentencias en Casación N.° 646, p. 30910]. Texto completo: ). ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

A lt 134

CÓDIGO PROCESAL CIVIL

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Artículo 134: Entrega de copias En el acto de notificarse la resolución respectiva, se hará entrega a la parte contraria de las copias a que se refiere la primera parte del artículo 133.

Artículo 135: Constancia de recepción La parte o tercero legitimado puede exigir que el auxiliar de justicia le devuelva una copia sellada del escrito y sus anexos, con indicación del día y la hora de su presentación.

TITULO II FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE Artículo 136: Expedientes Los Auxiliares jurisdiccionales son responsables de la formación, conservación y seguridad de los expedientes. Cuidarán, además, de la numeración correlativa y sin interpolación de los folios, que las actas que contienen actuaciones judiciales sean suscritas por el Juez y por los que intervengan en ellas, dando fe de la veracidad de su contenido y las demás responsabilidades que la ley les señala. La interpolación en la numeración correlativa solo es procedente por resolución autoritativa del Juez y bajo su responsabilidad.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 1396. La variación de la numeración de las fojas del proceso no influye en el sentido de la resolución o en las consecuencias del acto procesal. Tercei'o. [El] artículo 136 del Código Procesal Civil que se refiere a la formación del expediente y a la foliación del mismo, no contempla como causal de nulidad la variación de la numeración de las fojas del proceso, por lo que resulta aplicable el cuarto párrafo del artículo 172 del Código acotado, porque no hay nulidad si la subsanación del vicio no ha de influir en el sentido de la resolución o en las consecuencias del acto procesal. (Casación N.° 26862001-Lima, de 24-09-2001, f. j. 3. Sala Civil Transitoria [EP, 02-01-2002, p. 8264], Texto completo: ). § 1397. La actuación de pruebas de oficio no está entre las responsabilidades de los auxiliares judiciales. Tercero. [El] recurrente [en un proceso de desalojo], denuncia como agravios: a) La afectación del artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil, así como del derecho al debido proceso, argumentando que la demandante ha actuado con dolo y fraude, al no haber solicitado que se notifique a tercetos que cuentan con títulos de propiedad, tal es el caso de don L. S. C. quien, en representación de una Asociación de Vivienda, lia instaurado una demanda de nulidad de acto jurídico, por lo que es evidente que se le ha recortado su derecho de defensa; añade que se ha transgredido el artículo 136 del Código Procesal Civil, que regula la actuación de pruebas de oficio. [...] Cuarto. [Con] relación al literal a), de sus propios argumentos se desprende que el [demandado] impugnante sustenta su denuncia casatoria en agravios que no le atañen, razón por la cual, este extremo del recurso deviene en improcedente; tanto más, si aun cuando el artículo 136 del Código Procesal Civil solo regula la responsabilidad de los auxiliares j urisdiccionales respecto a la formación, conservación y seguridad de los procesos judiciales, debe precisarse que la facultad de actuar pruebas de oficio es una potestad conferida al juzgador, por lo que, si se considera no hacerlo, tal decisión no constituye vicio procesal n o m o s & th e s is

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ACTIVIDAD PROCESAL / FORMACION DEL EXPEDIENTE

Art. 140

alguno. (Casación N.° 10478-2012-Tacna, de 13-05-2013, ff. )]. 3 y 4. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 30-12-2015, Sentencias en Casación N.° 710, p. 72174], Texto completo: ).

Artículo 137: Custodia del expediente El expediente se conserva regularmente en la oficina del Secretario de Juzgado o de la Secretaría de la Sala o en la oficina del Juez. El expediente podrá ser trasladado a un lugar distinto solo en los casos previstos por la ley o por resolución autoritativa del Juez, fijándose el plazo respectivo.

Artículo 138: Examen de los autos Las partes, sus Abogados y sus apoderados pueden examinar los expedientes judiciales en el local en que se conservan, pudiendo tomar nota de su contenido.

Artículo 139: Expedición de copias Los Secretarios de Sala y de Juzgado entregan copias simples de las actas de las actuaciones judiciales concluidas a los intervinientes en ellas que. lo soliciten. En cualquier instancia, a pedido de parte y previo pago de la tasa respectiva, el Juez ordenará de plano la expedición de copias certificadas de los folios que se precisen. La resolución que ordena la expedición de copias certificadas precisará el estado del proceso y formará parte de las copias que se entregan. En la misma resolución el Juez podrá ordenar se expidan copias certificadas de otros folios. Concluido el proceso, cualquier persona podrá solicitar copias certificadas de folios de un expediente. El Juez puede denegar el pedido en atención a la naturaleza personalísima de la materia controvertida.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 1398. Las copias autenticadas de piezas deí expediente pueden ser ofrecidas como prueba. [...] [C]omo se desprende de las razones expresadas por la entidad actora, [...] quien en su oportunidad ofreciera los procesos de su referencia en calidad de prueba, existen en autos suficientes elementos de j uido, derivados del conjunto de copias autenticadas de piezas de tales autos, para declarar el derecho de las partes; que, por lo demás, como aparece de lo actuado con posterioridad la investigación sobre el paradero de los expedientes de su referencia ha resultado infructuosa y nada persuade de lo contrario, por lo que, no es del caso insistir en la ubicación de tales expedientes, tanto más cuanto que la propia parte oferente de la indicada prueba, estima suficientes, para la debida determinación de los derechos en litigio las copias referidas. (Exp. N.° 563-96-Lima, de 19-05-1997. Sala Civil. Texto completo: ).

Artículo 140: Recomposición de expedientes En caso de pérdida o extravío de un expediente, el Juez ordenará una investigación sumaria con conocimiento de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial. De ser el caso, ordenará su recomposición de oficio o a pedido de parte, quedando estas obligadas a entregar, dentro de tercer día, copias de los escritos y resoluciones que obren en su poder. Vencido el plazo y con las copias de los actuados que tenga en su poder, el Juez las pondrá de manifiesto por un plazo de dos días, luego del cual declarará recompuesto el expediente. Si apareciera el expediente, será agregado al rehecho. ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

Art. 141

CÓDIGO PROCESAL CIVIL

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TÍTULO I I I TIEMPO EN LOS ACTOS PROCESALES Artículo 141: Días y horas hábiles Las actuaciones judiciales se practican puntualmente en el día y hora hábil señalados, sin admitirse dilación. Son días hábiles los comprendidos entre el lunes y el viernes de cada semana, salvo los feriados. Son horas hábiles las que determina la Ley Orgánica del Poder Judicial. Para las actuaciones que deban actuarse fuera del despacho judicial, son horas hábiles las que están comprendidas entre las siete y las veinte horas, salvo acuerdo distinto del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 1399. L a ley procesal solo regula los plazos de las actuaciones judiciales realizadas al interior del proceso y no a aquellas que tienen por finalidad regular los plazos en los que se efectiviza el derecho de acción mediante una determ inada pretensión computados antes del inicio del proceso. Q uinto. [...] [D]ado que [el artículo 92 Código Civil] regula un plazo de caducidad cuyo fundamento es el orden público y la seguridad jurídica para definir o resolver una situación jurídica y con ello dar firmeza o carácter definitivo a un determinado asunto que interesa al derecho, este plazo se computa en días calendario, en tanto no admite suspensión ni interrupción, salvo el caso previsto en el inciso 8 del artículo 1994 del Código Civil, conforme lo establece el artículo 2005 del mismo cuerpo legal mencionado. Por su parte el artículo 141 del Código Procesal Civil es claro en determinar que las actuaciones judiciales se realizan en días hábiles que comprenden los días de lunes a viernes de cada semana, exceptuando los feriados, en consecuencia, se refiere a las actuaciones judiciales realizadas al interior del proceso y no a aquellas que tienen por finalidad regular los plazos en los que se efectiviza el derecho de acción mediante una determinada pretensión computados antes del inicio del proceso. Sexto. [Sí] bien la Sala Superior yerra en determinar que las normas denunciadas como infraccionadas deben concordarse a efectos de determinar que el plazo de caducidad para interponer las pretensiones de impugnación judicial de acuerdos que violen las disposiciones legales o estatutarias de una asociación es de sesenta días hábiles y no calendarios, ello en virtud de lo establecido en el artículo 141 del Código Procesal Civil, interpretación que no puede ser amparada [...]. (Casación N.° 2997-2011-Moquegua, de 31-05-2012, ff. jj. 5 y ó. Sala Civil Permanente [EP, 02-01-2014, Sentencias en Casación N.° 687, p. 47016], Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DE LAS CORTES SUPERIORES

§ 1400. Para que ios actos procesales tengan validez debe realizarse dentro del espacio de tiempo que la ley ha señalado para la ejecución de los mismos. La extemporaneidad en la realización de los actos procesales es causal de ineficacia. [...] [Las] normas de derecho procesal son de orden público, y por ende, de ineludible cumplimiento; que el término procesal es el tiempo durante el cual, en forma imperativa deben ejecutarse los actos procesales para así tener eficacia y validez; que en consecuencia, para que los actos procesales tengan validez debe realizarse dentro del espacio de tiempo que la ley ha señalado para la ejecución de los mismos, de lo que se concluye que la extemporaneídad en su ejecución los hace susceptibles de ineficacia; que la razón de ser de los términos procesales está dada por la necesidad de evitar la arbitrariedad de las partes y por la necesidad de que el proceso avance, puesto que si la ley no fijara prudencialmente el plazo que ordinariamente suele requerirse para absolver distintos trámites de un proceso, las partes tratarían de obtener los plazos más o menos dilatados según su conveniencia, lo que impediría la preciusión y con ello el avance del proceso ya que es necesario el n o m o s & thesis

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ACTIVIDAD PROCESAL / TIEMPOS PROCESALES

Art. 146

cierre de ana etapa para proseguir con la siguiente y de ese modo impulsar el proceso [...]. (Exp. N.° 2115-94, 21-04-1995, Segunda Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ).

Artículo 142: Habilitación De oficio o a pedido de parte, el Juez puede habilitar días y horas en aquellos casos que no pueda realizarse una actuación judicial dentro del plazo que este Código establece o cuando se trate de actuaciones urgentes cuya demora puede perjudicar a una de las partes.

Artículo 143: Habilitación implícita La actuación judicial iniciada en día y hora hábiles, podrá continuar hasta su conclusión en tiempo inhábil, sin necesidad de que previamente se decrete la habilitación.

Artículo 144: Actuación diferida Cuando la actuación judicial requiera más tiempo del previsto, podrá ser suspendida para su continuación al siguiente día hábil o cuando el Juez lo fije. Tal decisión se hará constar en el acta.

Artículo 145: Falta grave Incurre en falta grave el Juez que, sin justificación, no cumple con realizar la actuación judicial en la fecha señalada o dentro del plazo legal respectivo.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 1401. Eí emplazamiento con la demanda es una actuación judicial que el Juez no puede prescindir. Tercero. [Como] fundamento de la denuncia, [la recurrente] sostiene que se ha producido la infracción de las formas esenciales para la eficacia y validez de los actos procesales al no cumplirse con emplazarle debidamente, formalidad exigida bajo sanción de nulidad en el artículo 145 del Código Procesal Civil. C uarto. [Sin embargo,] examinada la citada denuncia, se tiene que la recurrente no señala qué actos procesales se le habrían emplazado indebidamente, en consecuencia, al no precisar en qué hechos sustenta la alegada infracción de las formas esenciales para la eficacia y validez de los actos procesales, debe desestimarse esta denuncia [...]. (Casación N.° 268-2009-Lima de 30-04-2009, ff. jj. 3 y 4. Sala Civil Transitoria [EP, 07-12-2009, p. 26901]. Texto completo: ). Artículo 146: Perentoriedad del plazo Los plazos previstos en este Código son perentorios. No pueden ser prorrogados por las partes con relación a determinados actos procesales. La misma regla se aplica al plazo judicial. A falta de plazo legal, lo fija el Juez.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 1402. El juez no puede otorgar, de m anera injustificada, plazos adicionales a los contemplados en el Código Procesal C ivil. Sétim o. [En] eí artículo 146 del Código Procesal Civil, se establece que: ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

A lt 146

CODIGO PROCESAL CIVIL

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“Los plazos previstos en este Código son perentorios. No pueden ser prorrogados por las partes con relación a determinados actos procesales. La misma regla se aplica al plazo judicial. A falta de plazo legal, lo fija el Juez”, ello significa que el solo transcurso del tiempo ptoduce la caducidad de la facultad que se ha dejado de usar, de modo que, el Juez no puede otorgar plazos adicionales a los contemplados en el Código Procesal Civil, debido a que son perentorios. (Casación N.° 1028-2014-Ica, de 15-01-2015, f. j. 7- Sala Civil Permanente [EP, 30-05-2016, Sentencias en Casación N.° 714, p. 78349]. Texto completo: ). § 1403. Los plazos previstos en el Código Procesal Civil son perentorios y no pueden ser prorrogados por las partes. S egundo. [...] [Se] advierte que [la denuncia deí recurrente] carece de base real, porque al haberse desestimado la solicitud de prórroga no se afecta el derecho a probar del recurrente, si el a-quo hace efectivo el apercibimiento decretado rechazando la demanda por no haber sido subsanada la inadmisibilidad dentro del plazo fijado por el Juzgador, que es perentorio y no puede ser prorrogado por las partes conforme lo establece el artículo 146 del ordenamiento procesal civil. Tercero. En cuanto a la segunda denuncia, al haberse concedido un plazo de tres días para subsanar la inadmisibilidad de la demanda, no se contraviene el artículo 426 in fin e del Código Procesal Civil, pues el plazo no mayor de diez días previsto en dicha norma procesal es el plazo máximo a contarse desde el primer día, respecto del cual el juez como director del proceso fija el que considera adecuado para que las partes absuelvan la carga procesal respectiva, no advirtiéndose la irregularidad procesal que se denuncia [..,]. (Casación N.° 3465-2006-Lima, de 28-09-2006, ff. jj. 2 y 3. Sala Civil Permanente [EP, 31-01-2007, p. 18708], Texto completo: ). § 1404. La incapacidad física temporal del abogado patrocinante no es situación que justifique la interposición extemporánea del recurso de casación, ya que tal situación no constituye un impedimento insalvable para accionar judicialm ente. Q uinto. Sobre el particular, si bien las atribuciones señaladas a la Sala de Casación se encuentran definidas en el artículo 384 deí Código Procesal Civil, este Supremo Tribunal considera necesario que en el caso que nos ocupa, al estar vinculadas las aludidas alegaciones de los casasionistas al cómputo del plazo para interponer el medio impugnatorio, así como al cuestionamiento a la notificación de la sentencia de vista, corresponde absolverlas, dentro de la función de calificación de los requisitos de admisibilidad del recurso. En ese sentido, los artículos IX del Título Preliminar, 146 y 147 del Código Procesal Civil regulan, en el mismo orden, que: “Las normas procesales contenidas en este código son de carácter imperativo, salvo regulación permisiva en contrario [...]”, que: “Los plazos previstos en este código son perentorios. No pueden ser prorrogados por las partes con relación a determinados actos procesales [...]”, y que: “El plazo se cuenta desde el día siguiente de notificada la resolución que lo fija y, cuando es común, desde la última notificación [...]”. Por ello, al encontrarse fijado como plazo el de diez días para interponerse un recurso de casación, las partes no pueden prorrogarlo a su libre arbitrio, debiendo por lo mismo iniciarse el cómputo de su propósito a partir del día siguiente de notificada la sentencia de vísta, sin tener amparo jurídico ni merecer atención jurisdiccional la presentación de un certificado médico que intente acreditar incapacidad física temporal del abogado patrocinante de los casacionistas, desde que ello no limitaba la posibilidad para que la defensa ocurra a través de otro profesional en derecho, en sustitución del impedido y a elección de los propios interesados, decisión y consecuencias que son estrictamente atribuibles a los justiciables. Por ello, apreciándose que la sentencia de vista se notificó a ios codemandados [.,.] eí 14 de octubre de 2015 [...] y que el medio impugnatorio bajo calificación se interpuso el 23 de noviembre del mismo año, es nítido que su presentación ocurrió fuera del plazo de 10 días previsto por ley, por lo que debe set rechazado, sin que ese hecho objetivo se haya visto afectado por la paralización de labores de los trabajadores de este Poder del Estado, iniciada el 2 de noviembre de 2015, pues a aquella data el tantas veces mencionado plazo para interponer el recurso ya había vencido. (Casación N.° 3-2016-Tumbes, de 29-03-2016, £ j. 5. Sala Civil Transitoria [EP, 03-07-2017, Sentencias en Casación N.° 731, p. 95164]. Texto completo: ). § 1405. La notificación es válida si se realiza en el dom icilio procesal fijado por la parte siempre y cuando no se solicite la variación de este. No corresponde notificarse al dom icilio real n o m o s & thesi s

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en caso de devolución de cédulas notificadas al dom icilio procesal dado la perentoriedad de los plazos de apelación. T ercero. De autos aparece que la sentencia de primera instancia, la cual declara fundada la demanda de obligación de dar suma de dinero, sustanciada en vía abreviada, fue notificada a la demandada CBTM, [...] en el [...] domicilio procesal que fuera fijado por la citada emplazada en su escrito de contestación de la demanda [...] procediendo dicha parte a interponer recurso de apelación [...] dentro del plazo de ley, suscribiendo como abogado que autoriza el recurso, jel letrado] JMB. Cuarto. Debido a que el recurso de apelación no fue acompañado con la tasa judicial correspondiente, el juez de la causa [...] otorgó a la demandada el plazo de tres días para que cumpla con subsanar el defecto advertido; requerimiento este que fue notificado a la demandada en su domicilio procesal, con fecha 18 de octubre del año 2006 [...] sin embargo, con fecha 27 de octubre del año en cuestión, [el abogado] VAVD [extraño al proceso], devuelve la cédula de notificación indicando: “(...) que los [abogados] APD y JMB han extinguido su relación contractual en esta oficina por falta de pago de la merced conductiva frente a lo cual, el juez ordena [...] que el requerimiento de subsanación sea notificada a la demandada en su domicilio real, hecho ocurrido el 13 de noviembre del año 2006 [,,,] procediendo la indicada demandada con presentar la respectiva tasa judicial, el 14 de noviembre del mismo año [...] lo que da lugar a que el a quo [...] conceda el recurso de apelación con efecto suspensivo. Q uinto. Expuestos así los actos procesales, es de advertir diversos hechos que resultan irregulares. En efecto, la resolución [...] del requerimiento de subsanación de tasa fue debidamente notificada a la demandada en el domicilio procesal que ella fijara expresamente en su escrito de contestación de demanda y en donde regularmente se le venía notificando a lo largo del proceso; no habiendo en ningún momento dicha parte variado su domicilio procesal; y, si bien es cierto, la cédula de notificación con la Resolución N.° 14 fue devuelta bajo el argumento de que los abogados de la demandada, APD y JM B ya no laboraban en dicho estudio, ello en lo absoluto comporta una alteración en el domicilio procesal, toda vez que el referido domicilio corresponde a la parte en litigio y no al abogado; siendo de total y entera responsabilidad de la parte, la forma y modo como el letrado que los patrocina se desenvuelve dentro del proceso. Sexto. Se observa también que habiéndose notificado la Resolución N.° 14 en forma correcta en el domicilio procesal de la demandada el 28 de setiembre del año 2006, el plazo de subsanación de tres días vencía el 3 de octubre del mismo año; empero, la devolución de la cédula de notificación por parte de una tercera persona ajena al proceso se produce el 5 de octubre, cuando el plazo ya se encontraba completamente vencido; siendo evidente entonces que la devolución de la cédula producida dos días después de transcurrido el plazo comporta una maniobra para eludir los efectos del incumplimiento de la subsanación en el plazo otorgado; lo que fuera seguido erradamente por el a quo quien con su accionar prorrogó un plazo de tres días a uno de más de cuarenta días, pues la subsanación recién se produce el 14 de noviembre del año 2006, pese a que la notificación válida con la Resolución N.° 14 se produjo el 28 de setiembre del año 2006, conforme ya se ha indicado reiteradamente; violándose así claramente los artículos IX del Título Preliminar y 146 del Código Procesal Civil. Sétim o. No correspondía en nombre de una supuesta tutela del derecho al debido proceso de la demandada ordenar que la Resolución N.° 14 le sea notificada en su domicilio real, pues la notificación se hizo debidamente en el domicilio procesal que ella fijara y no modificara, debiendo la emplazada soportar las consecuencias de su negligencia procesal; sin embargo, pese a que la demandante denunció expresamente estas irregularidades en su escrito de absolución al recurso de apelación [...] el ad quem no sancionó con nulidad ios actos procesales cuestionados; con lo cual se afecta el derecho al debido proceso de la [demandante] recurrente, por cuanto ella tiene el derecho de que la sentencia ía cual le ha sido favorable, sea impugnada cumpliendo debidamente los requisitos de forma y fondo que establecen los artículos 364 y siguientes del Código Procesal Civil, lo cual no ha sucedido en el presente caso. (Casación N.° 2260-2009-Lima, de 15-03-2010, ff. jj. 3-7. Sala Civil Transitoria [EP, 30-09-2010, Sentencias en Casación N.° 629, p. 28324], Texto completo: ). § 1406. Los medios im pugnatorios deben ser interpuestos en los plazos previstos por ley. No se puede solicitar en sede casatoria que se renueven los actos procesales que se dejó precluir. Véase la ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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jurisprudencia del artículo 357° del Código Procesal Civil [§ 2329]. (Casación N.° 2272-2016-Cusco, de 23-03-2017, £ j. 12. Sala Civil Permanente [EP, 02-05-2018, Sentencias en Casación N.° 746, p. 108163]. Texto completo: ).

Artículo 147: Cómputo El plazo se cuenta desde el día siguiente de notificada ia resolución que lo fija y, cuando es común, desde la última notificación. No se consideran para el cómputo los días inhábiles. Entre la notificación para una actuación procesal y su realización, deben transcurrir por lo menos tres días hábiles, salvo disposición distinta de este Código.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 1407. Puede realizarse una actuación procesal en un lapso menor a tres días desde su notificación, si no constituye una violación a las regías del debido proceso. Q uinto. [...] [En] el presente caso se denuncia en vía de casación ía infracción normativa procesal que incide directamente sobre la decisión de la resolución impugnada. Sexto. [...] La Sala Superior acepta en la resolución 5 [...] que entre la notificación que se le hizo de la fecha de la vista de la causa y su realización no habían transcurrido los tres días que requiere el artículo 147° del Código Procesal Civil y justifica el incumplimiento de dicho plazo señalando que la parte recurrente no expresa cuál es la defensa que no ha podido realizar ni el agravio, lo que implica que no observa el plazo determinado por ley y atenta el principio de legalidad. Séptim o. [...] [Se] advierte que el escrito de la recurrente solicitando se reprograxne la vista de la causa [,.,] intrínsecamente contiene uno de nulidad donde no se precisa el estado de indefensión o agravio, por tanto, no se ha considerado que el estado de nulidad procesal no podría afectar el debido proceso ya sea por ser subsanable el vicio, por convalidación, o porque el acto ha cumplido su finalidad y además porque el agravio que se produzca en el proceso a las partes debe ser trascendente, toda vez que el núcleo de la nulidad es el perjuicio cierto e irreparable. En ese sentido el criterio de las nulidades procesales deber ser restrictivo ya que la declaración de nulidad es un remedio excepcional de última vatio y solo debe ser aplicado cuando aparezca una infracción insubsanable de algún elemento esencial de un acto procesal, lo cual no fia sucedido en el presente caso, pues el acto procesal -vista de la causa- ha logrado su finalidad al expedirse la sentencia recurrida que resuelve el presente conflicto de intereses; no siendo atendibles sus alegaciones. (Casación N.° 717-2010-Lima, de 05-07-2010, ff. jj. 5-7. Sala Civil Permanente [EP, 28-02-2011, Sentencias en Casación N.° 637, p. 295712], Texto completo: ). § 1408. Derecho a ser oído en audiencia pública. Derecho de defensa. Nueva convocatoria de vista de causa si esta se frustró por huelga jud icial (inc. 3). Véase la jurisprudencia del inciso 14 del artículo 139° de la Constitución [§ 102], (Casación N.° 2420-2012-Lima, de 03-07-2013, f. j. 10. Sala Civil Transitoria [EP, 02-01-2014, Sentencias en Casación N.° 687, p. 46773]. Texto completo: ). § 1409. La paralización de las labores judiciales por una huelga no puede atribuirse a las partes, de lo contrario vulneraria la tutela jurisdiccional efectiva. Véase la jurisprudencia del artículo I del Código Procesal Civil [§ 122]. (Casación N.° 3995-2009-Lima, de 07-10-2010, f. j. 8. Sala Civil Permanente [EP, 03-05-2011, Sentencias en Casación N.° 640, p. 30128], Texto completo: ). § 1410. La incaplicación del principio p r o a ctio n e im plicaría convertir, erróneamente, una duda interpretativa respecto de las form alidades propias del instrumento de tutela en un eíemento determ inante para perm itir el acceso a la tutela constitucional de los derechos. H uelga n o m o s & thesis

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ACTIVIDAD PROCESAL / TIEMPOS PROCESALES

M. MJ

judicial. Véase la jurisprudencia del artículo III del Código Procesal Civil [§ 184]. (Exp. N.° 10492003-AA/TC, de 30-01-2004 [Web: 31-03-2004 / EP: 13-04-2004], £ j. [5]. Texto completo: ). § 14 11. No se puede declarar la prescripción de la acción si el juez no se pronuncia r e s p e c t o al informe solicitado al jefe de personal del Poder Judicial sobre las huelgas ocurridas dentro del cómputo del plazo. Véase la jurisprudencia del inciso 4 del artículo 122° del Código Procesal Civil [§ 1277]- (Casación N.° 696-04-Piura, de 21-06-2005, £ j. 8. Sala Civil Transitoria [EP, 01-12-2005]. Texto completo: ). § 1412. La incapacidad física temporal del abogado patrocinante no es situación que justifique la interposición extemporánea del recurso de casación, y a que tal situación no constituye un impedimento insalvable para accionar judicialmente. Véase la jurisprudencia del artículo 146° del Código Procesal Civil [§ 1404]. (Casación N.° 3-2016-Tumbes, de 29-03-2016, £ j. 5. Sala Civil Transitoria [EP, 03-07-2017, Sentencias en Casación N.° 731, p. 95164]. Texto completo: ). § 1413. El tiempo que dura la inactividad del proceso cansado por huelga judicial no puede ser computado para la declaración de abandono. Véase la jurisprudencia del artículo 350° del Código Procesal Civil [§ 2303]. (Casación N,° 3855-2010-Moquegua, de 21-06-2011, ff. jj. 6 y 7Sala Civil Permanente [EP, 30-07-2012, Sentencias en Casación N.° 669, p. 36547]. Texto completo: ). § 1414. Excepción de caducidad. Excepcionalmente, deberá admitirse a trámite una demanda que se haya presentado luego de vencido el plazo para su presentación e incluso después de transcurrido el primer día hábil siguiente al levantamiento de una huelga judicial. Principio p ro action e o fa v o r processum . Véase la jurisprudencia del inciso 11 del artículo 446° del Código Procesal Civil [§ 3063]. (Casación N.° 1260-2016-Arequipa, de 28-03-2017, ff. jj. 8-11. Sala Civil Permanente [EP, 30-01-2018, Sentencias en Casación N.° 742, p. 104396]. Texto completo: ). § 1415. El plazo de caducidad no se suspende a raíz de huelga en el Poder Judicial si esta concluye en el devenir interior del referido plazo, ya que no limita al accionante de interponer demanda en los días posteriores de culminada la imposibilidad de acudir al órgano jurisdiccional. Véase la jurisprudencia del inciso 11 del artículo 446° del Código Procesal Civil [§ 3062]. (Casación N.° 2094-2004-Pinra, de 23-01-2007, ff. jj. 3 y 4. Sala Transitoria de Derecho Constitucional y Social [EP, 30-11-2007].Texto completo: ). § 1416. La huelga judicial no interrumpe el plazo de la prescripción extintiva si no se prueba que no se pudo accionar el derecho ante el órgano judicial correspondiente. Véase la j nrisprudencia del inciso 12 del artículo 446° del Código Procesal Civil [§ 3108]. (Casación N.° 2034-2004-Callao, de 21-06-2006, ff. jj. 2, 3, 14, 15 y 16. Sala Civil Transitoria [EP, 04-12-2006]. Texto completo: ). § 1417. No se puede declarar la prescripción de la acción si el juez no s e pronuncia respecto al informe solicitado al jefe de personal del Poder Judicial s o b r e las huelgas ocurridas dentro del cómputo del plazo. Véase la jurisprudencia del inciso 12 del artículo 446° del Código Procesal Civil [§ 3109]. (Casación N.° 696-04-Piura, de 21-06-2005, £ j. 8. Sala Civil Transitoria [EP, OÍ-12-2005]. Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DE LAS CORTES SUPERIORES

§ 1418. La huelga de trabajadores del Poder Judicial suspende el plazo para la presentación del recurso de subsanación. Prim ero. [Del] estudio de autos aparece que el demandado no pudo presentar el recurso de subsanación dentro del término normal, debido a que los trabajadores del Poder ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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Judicial se habían declarado en huelga hecho públicamente conocido. S egu n do . [HJabiéndose suspendido los plazos por esta causa, debe proveerse con arreglo a ley el recurso de subsanación aludido [...] presentado por el demandado [...]. (Exp. N.° 1743-94, de 03-11-1994, ff. jj. 1 y 2. Quinta Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ). § 1419. Los plazos comienzan a contar desde el d ía siguiente de notificada la resolución. Para computar el plazo del abandono se debe tom ar como fecha de inicio el día siguiente de la notificación de la últim a resolución que dio im pulso al proceso. [Si] bien es verdad que conforme al artículo 346 del Código Procesal Civil debe declararse el abandono de un proceso cuando permanezca en primera instancia durante cuatro meses sin que se realice acto que lo impulse; no es menos cierto que, siendo perentorios los plazos, estos deben computarse desde el día siguiente de notificada cada resolución, según se infiere del numeral 147 del acotado, por lo que, al haberse notificado a la parte actora de la resolución [...] de 25 de abril pasado, recién el 17 de mayo siguiente [...] el plazo de cuatro meses para la declaración del abandono no se cumplía sino el 18 de septiembre, de manera que la petición [...] de cinco de ese mes, resulta prematura [...]. (Exp. N.° 1717-94, de 24-10-1994. Quinta Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

§ 1420. Principio p r o a ction e. Los días transcurridos durante la huelga del Poder Judicial no deben ser incluidos en el cálculo del plazo para la interposición de la demanda. Véase la jurisprudencia del inciso 11 del artículo 446° del Código Procesal Civil [§ 3064], (Exp. N.° 10492003-AA/TC, de 30-01-2004 [Web: 31-03-2004 / EP: 13-04-2004], f. j. [5]. Texto completo: ).

TITULO IV OFICIOS Y EXHORTOS Artículo 148: Oficios a otros Poderes y a funcionarios públicos A los fines del proceso, los Jueces se dirigen mediante oficio a los funcionarios públicos que no sean parte en él. La comunicación entre Jueces se hace también mediante oficios o por notificación electrónica de acuerdo a lo regulado en la Ley N.° 30229 en lo pertinente, teniendo la misma validez. De realizarse la notificación electrónica, se deja constancia de tal hecho en el expediente, anexándose el reporte que acredite la recepción de la comunicación, fecha que se considerará para el cómputo de los plazos a que hubiere lugar.(1) NOTA DE A C T U A L IZ A C IÓ N

(1) Artículo modificado por el artículo 2 de la Ley N.° 30293 (EP, 28-12-2014), q u e e n tró e n vigencia a los 30 días hábiles de su publicación en el diario El Peruano,

Artículo 149: Trámite y certificación del envío del oficio El oficio se remitirá por facsímil oficial u otro medio. El Secretario respectivo agregará al expediente el original del oficio y certificará la fecha de remisión. Cuando el trámite no se realice a través de facsímil, el auxiliar entregará el original ai interesado dejando copia de este en el expediente, con certificación de su fecha de entrega.

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ACTIVIDAD PROCESAL / OFICIOS Y EXHORTOS

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Los Jueces se dirigen a los funcionarios públicos extranjeros y a los miembros de embajadas o consulados peruanos en el exterior, por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores y conforme a las disposiciones de los convenios internacionales y de la ley.

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Cuando una actuación judicial debe practicarse fuera de la competencia territorial del Juez del proceso, este encargará su cumplimiento al que corresponda, mediante exhorto. El Juez exhortado tiene atribución para aplicar, de oficio, los apremios que permite este Código. El exhorto puede ser dirigido a los cónsules del Perú, quienes tienen las mismas atribuciones del Juez, salvo el uso de apremios.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 1421. El exhorto constituye un acto de im pulso procesal. D eclaración indebida de abandono del proceso. S egu n d o . [El] exhorto librado al Juez de Iquitos para emplazar a [la empresa demandada] en su domicilio real constituye un acto de impulso procesal, como resulta del cargo de entrega del exhorto [...] y del diligenciamiento del exhorto [...],'así como de las copias de [...] del cuaderno de apelación sin efecto suspensivo. Tercero. [D]esde la fecha del oficio de devolución del exhorto hasta la de la solicitud de su propósito no ha transcurrido el término legal para la declaración de abandono. C uarto. [En] consecuencia, aí declararse ei abandono se ha contrariado ío dispuesto en los artículos 346 y 348 del Código Procesa! Civil y por tanto el derecho al debido proceso. (Casación N.° 1399-97-Lambayeque, de 05-08-1998, fiP. jj. 2-4. Sala Civil Transitoria [EP, 15-09-1998, p. 1590], Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DE LAS CORTES SUPERIORES

§ 1422. El exhorto como un modo de em plazar al dem andado dom iciliado fuera de la com petencia territo rial del juzgado. La form a en que debe computarse el plazo para los térm inos de la distancia es en días calendario. P rim ero. [...] [Para] el emplazamiento del demandado domiciliado fuera de la competencia territorial del juzgado se hará por exhorto; en este caso, el plazo para contestar la demanda se aumentará con arreglo al cuadro de distancias. S egundo. [En] el caso de autos, las partes en litigio están de acuerdo en que el término de la distancia es de 11 días, habiendo discrepancia en si estos días son días hábiles o calendarios. T ercero. [En] el actual código adjetivo no está regulada la forma en que debe computarse el plazo para los términos de la distancia, por tanto deviene en aplicación el inciso 1 del artículo 183 del Código Civil, es decir, que el plazo en discrepancia debe entenderse como días calendario. (Exp. N,° 385-7-97, Res. N.° 6, de 15-05-1997. Primera Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ).

El exhorto contiene el escrito en que se solicita, la resolución que lo ordena, las piezas necesarias para Ea actuación judicial y el oficio respectivo.

* SUMMA PROCESAL CIVIL

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CODIGO PROCESAL CIVIL

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Artículo 153: Trámite del exhorto Los exhortas se tramitan y devuelven a través del facsímil oficial. Los documentos originales se mantienen en posesión de cada Juez, formando parte del expediente en un caso y agregándose al archivo del Juez exhortado en el otro. Cuando el uso del facsímil no sea posible, los originales son tramitados por correo oficial.

Artículo 154: Intervención de las partes ■

.............

Las partes o sus Abogados pueden intervenir en las actuaciones materia del exhorto, señalando para el efecto el domicilio correspondiente.

TITULO V NOTIFICACIONES Artículo 155: Objeto de la notificación El acto de la notificación tiene por objeto poner en conocimiento de los interesados el contenido de las resoluciones judiciales. El Juez, en decisión motivada, puede ordenar que se notifique a persona ajena al proceso. Las resoluciones judiciales solo producen efectos en virtud de notificación hecha con arreglo a lo dis­ puesto en este Código, salvo los casos expresamente exceptuados.

PLENOS JURISDICCIONALES

§ 1423. Es válida la notificación efectuada al demandado en el dom icilio cartular o contractual, aún si el demandado y a no dom icilia ahí. ¿Es válida la notificación efectuada al demandado en el domicilio cartular o contractual es evidente que en dicho lugar ya no domicilia? El Pleno acordó por m a y o r ía : “Es válida la notificación efectuada ai demandado en el domicilio cartular o contractual, [aun] si es evidente que en dicho lugar ya no domicilia”. (Pleno Jurisdiccional Regional Civil, realizado en Arequipa, los días 26 y 27-09-2014. Tema N.° 10. [Notificación en el domicilio cartular o contractual]. Texto completo: ). § 1424, Notificación al demandado que evidentemente ya no dom icilia en el dom icilio contractual. ¿Es válida la notificación efectuada al demandado en el domicilio cartular o contractual, es evidente que en dicho lugar ya no domicilia? Ei Pleno acordó por m a y o r í a : “Es válida la notificación efectuada al demandado en el domicilio cartular o contractual, [aun] si es evidente que en dicho lugar ya no domicilia”. (Pleno jurisdiccional Civil 2000, realizado en Tacna, del 23 al 26-08-2000. Tema N,° 10. Texto completo: [p. 13]). JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 1425. Fines de la notificación. Diferencia entre notificación, citación y emplazamiento.

U ndécim o. [...] [La] notificación constituye un acto de comunicación procesal que busca poner en conocimiento de las partes y demás interesados las providencias judiciales a fin de materializar el derecho de defensa. La notificación es el acto más importante del proceso, pues sin ella las providencias o resoluciones serían secretas y las partes no tendrían la oportunidad pata contradecirlas o impugnarías. Tal importancia se infiere del artículo 155 del Código Procesal Civil cuando establece que las resoluciones judiciales solo tendrán efecto en virtud de la notificación realizada con arreglo a lo dispuesto en el Código n o m o s & thesis

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ACTIVIDAD PROCESAL / NOTIFICACIONES

Art.

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Procesal Civil, salvo los casos exceptuados. Finalmente, debe indicarse que no debe confundirse el acto de notificación con el emplazamien to, citación o requerimiento, toda vez que la notificación constituye un acto de comunicación, mientras que la citación es el llamamiento que se hace a una persona para que comparezca al proceso en un determinado momento, y el emplazamiento es el llamado también a una persona para que forme parte del proceso. Si bien es cierto que dichos actos de intimación se realizan mediante la notificación; sin embargo, no pueden ser considerados como especies de la notificación. El artículo 160 del Código adjetivo regula el procedimiento para la notificación por cédula, señalando que el encargado de la notificación deberá entregar copia de la cédula, indicando el día y hora del acto, suscrito por el notificador y el interesado, salvo que este se negare o no pudiere firmarla, de lo cual se dejará constancia. (Casación N.° 3157-2013-Lima, de 30-06-2016, f. j. 11. Sala Civil Permanente [EP, 30-06-2016, Sentencias en Casación N.° 715, p. 78617]. Texto completo: ), § 1426. Se vulnera el derecho de defensa al notificar la reprogramación del informe oral a un domicilio errado. S egundo. [P]osteriormente, a solicitud de la otra parte, mediante resolución [...] se decidió adelantar el informe oral señalándose al efecto nuevo día y hora para el 18 de febrero [...]. Tercero. [Sin] embargo, el recurrente no fue notificado de ía variación de la diligencia mencionada, conforme es de verse del cargo de notificación [...] donde costa que dicha notificación no fue realizada en el último domicilio procesal del recurrente sino que por equivocación se verificó en el de la otra parte, no existiendo en autos elemento alguno que permita suponer que el demandante tuvo conocimiento de la variación de fecha para el informe oral solicitado, a tenor de lo prescrito en el primer párrafo del artículo 172 del Código Procesal Civil. Cuarto. [En] consecuencia debe ampararse el recurso al haberse recortado el derecho de defensa [...]. (Casación N.° 2048-97-Lima, de 01-06-1998, ff. jj. 2-4, Sala Civil Transitoria. Texto completo: ), § 1427. El vicio en la notificación no anula todo lo actuado si los actos procesales que informaban no tienen incidencia alguna en el derecho de defensa de la parte afectada. La falta de notificación de un segundo pedido de nulidad manifiestamente improcedente no contraviene de ninguna forma al derecho de defensa del presunto afectado. Sétim o. [...] [Se] advierte vicio en la notificación a la recurrente -no fueron notificados en su domicilio procesal vigente- las resoluciones números: 21 (que declara improcedente, su pedido de nulidad contra la resolución 20 que desestimó su pedido de nulidad), 22 (que -entre otros- dispuso se solicite el expediente acompañado), 23 (que luego de recibido el expediente acompañado, dispuso que los autos pasen a despacho para emitir sentencia) y 24 (que tuvo por recibido un oficio). En tal sentido, habiéndose determinado la existencia de vicios procesales, corresponde dilucidar si ellos son capaces de anular lo actuado y los demás actos procesales verificados durante el desarrollo del proceso, para cuyo efecto es necesario hacer un análisis -a la luz de los principios de conservación y trascendencia de las nulidades-, esto es, establecer si los actos procesales antes descritos tienen alguna incidencia o enervan de alguna manera al derecho de defensa de ía parte afectada. O ctavo. Así tenemos la Resolución N.° 21 por la que se desestimó un segundo pedido de nulidad formulado por la recurrente; su no notificación al domicilio procesal correcto en modo alguno influye o limita el derecho de defensa de la recurrente, debido a que dicha decisión fue emitida a raíz de un segundo pedido de nulidad contra un mismo acto procesal, por lo que en aplicación de lo dispuesto por el inciso 3 del artículo 175 del Código Procesal Civil, la nulidad resultaba manifiestamente improcedente, en tal sentido no se evidencia perjuicio alguno al derecho de defensa de ía recurrente, más bien -con este segundo pedido de nulidad- se advierte un ánimo dilatorio en la prosecución del proceso, conducta contraria a los deberes de lealtad, veracidad, probidad y buena fe. Igualmente el hecho que no le fueron notificadas correctamente las resoluciones números 22, 23 y 24 tampoco en modo alguno ha limitado el derecho de defensa de la recurrente, dado que estos actos procesales son de mero trámite o de impulso del proceso que no contienen mandatos, obligaciones o limitaciones a los derechos de las partes, por lo que en nada inciden en su derecho de defensa; además, como se advierte a lo largo del proceso la recurrente ha tenido oportunidad de formular las alegaciones que considere pertinentes respecto al fondo de la controversia [...]. (Casación N.° 4856-2008-Tacna, de 05-05-2009, ff, jj, 7 y 8. Sala Civil Permanente. Texto completo: ). ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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§ 1428. Las resoluciones judiciales solo toman efecto a partir del acto de notificación, a pesar que se haya tenido conocimiento anterior del contenido de esta. O ctavo. [...] [NoJ corresponde la aplicación del artículo 155 del Código Procesal Civil al caso de autos, por cuanto dicha norma opera cuando el notificado toma conocimiento de la existencia del proceso recién a partir del diligenciamiento de este acto procesal, lo que no ha ocurrido en el caso sub examine, en el que la recurrente tomó conocimiento de la existencia del proceso de manera antelada al acto de notificación de la resolución que ordenó la suspensión del pago. (Casación N.° 3520-2013-La Libertad, de 07-11-2014, £ j. 8. Sala Civil Transitoria [EP, 02-03-2015, Sentencias en Casación N.° 701, p. 60744]. Texto completo: ). § 1429. El juez debe actuar medios probatorios de oficio para establecer cois total certeza la ubicación y domicilio real del demandado. Cuarto. Si bien el artículo 40° del Código Civil establece que: “el deudor deberá comunicar al acreedor el cambio de domicilio señalado para el cumplimiento de la prestación obligacionaí, dentro de los treinta días de ocurrido el hecho, bajo responsabilidad civil y/o penal a que hubiere lugar. El deudor y los terceros ajenos a la relación obligacionaí con el acreedor, están facultados para oponer a este el cambio de su domicilio. La oponibilidad al cambio de domicilio se efectuará mediante comunicación indubitable”; al respecto, no debe perderse de vista que el título con el cual se recauda la demanda no son las cambiales sino la prueba anticipada de reconocimiento de documentos y absolución de posiciones que actuada con las formalidades exigidas por las normas procesales, otorga mérito ejecutivo a las referidas cambiales y habilita al referido título (prueba anticipada) para promover el ejercicio de la acción cambiaría; por tanto, conforme a lo establecido por el artículo 155° del Código Procesal Civil a través de las notificaciones judiciales, se pone en conocimiento de los interesados las resoluciones judiciales [...]. Para este Colegiado Supremo no queda claro si el demandado ha tomado oportuno conocimiento del inicio del proceso no contencioso promovido en su contra, a fin que pueda ejercer su derecho de defensa con arreglo a ley, derecho que es una garantía constitucional prevista en el inciso 14 del artículo 139° de la Constitución Política del Estado; por tanto, resulta necesario que la Sala de mérito en uso de la facultad conferida por el artículo 194° del Código Procesal Civil a efecto de causar convicción acerca de la ubicación y domicilio real del demandado al momento de solicitarse la actuación anticipada, lleve a cabo medios probatorios de oficio, como solicitar el certificado de movimiento migratorio del demandado [...], para los efectos de verificar el domicilio del obligado y lo demás que considere conveniente para resolver con arreglo a derecho la controversia. (Casación N.° 3806-2009-Lima, de 15-09-2010, f. j. 4. Sala Civil Transitoria [EP, 28-02-2011, Sentencias en Casación N.° 637, p. 29687]. Texto completo: ). § 1430. La falta de notificación de la resolución que fija la fecha de la vista de la causa no necesariamente afecta el derecho a la defensa. El proceso contencioso administrativo es prim ordialm ente escrito, no siendo parte de su naturaleza la oralidad. Véase la jurisprudencia del artículo 29° del TUO de la Ley que regula el proceso contencioso administrativo [§ 4450], (Casación N.° 11132-2015-Lima, de 09-08-2017, ff. jj. 9 y 10. Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria [EP, 30-04-2018, Sentencias en Casación N.° 745, p. 107372], Texto completo: ). § 1431. El órgano judicial debe pronunciarse respecto del pedido de uso de la palabra para informar en audiencia de vista de causa realizado por el abogado de una de las partes. Véase la jurisprudencia del artículo 124° del Código Procesal Civil [§ 1380]. (Casación N.° 2897-2009-Arequipa, de 28-01-2010, f. j. 7. Sala Civil Permanente [EP, 30-09-2010, Sentencias en Casación N.° 629, p. 28419]. Texto completo: ). § 1432. La notificación es válida si se realiza en el dom icilio procesal fijado por la parte siempre y cuando no se solicite la variación de este. No corresponde notificarse al dom icilio real en caso de devolución de cédulas notificadas al dom icilio procesal dado la perentoriedad de los plazos de apelación. Véase la jurisprudencia del artículo 146° del Código Procesal Civil [§ 1405]. (Casación N.° 2260-2009-Lima, de 15-03-2010, ff. jj. 3-7. Sala Civil Transitoria [EP, 30-09-2010, Sentencias en Casación N.° 629, p. 28324]. Texto completo: ). c o r n o s & t m e s is

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§ 1433. La variación del dom icilio procesal del abogado debe im pugnarse dentro del proceso y en la prim era oportunidad que se tenga para ello. Véase la jurisprudencia del artículo 160° del Código Procesal Civil [§ 1448]. (Casación N,° 1056-2015-Ica, de 29-09-2015, f. j. 10. Sala Civil Permanente [EP, 01-08-2016, Sentencias en Casación N.° 716, p. 81008]. Texto completo: ). § 1434. Error en la fecha de la notificación de la demanda y cómputo del término del plazo de prescripción extintiva de la acción. Véase la jurisprudencia del inciso 12 del artículo 446° del Código Procesal Civil [§ 3096]. (Casación N.° 445-2010-Cusco, de 14-04-2011, ff. jj. 8-10. Sala Civil Permanente [EP, 30-01-2012, Sentencias en Casación N.° 661, p. 32933]. Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DE LAS CORTES SUPERIORES

§ 1435. Es garantía del debido proceso ser notificado oportunamente. P rim ero . [Como] consecuencia directa de la falta de notificación del auto apertorio de la instancia, el accionante no pudo realizar su defensa en la etapa procesal oportuna. Segundo. [Este] hecho lo ha perjudicado, pues le ha impedido accionar al inicio del proceso. Tercero. [Tal] situación está contemplada en el artículo 174 del Código Procesal Civil. Cuarto. [El] acto procesal omitido que es materia de la apelación ha limitado el derecho de defensa del demandado. [...] D écim o prim ero. [Es] garantía del proceso el ser notificado oportunamente. (Exp. N.° 609-95, de 07-06-1995, ff. jj. 1, 2, 3, 4 y 11. Segunda Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ). § 1436. Es inválido el emplazamiento que se realiza consignando un nombre erróneo, más aún si las constancias reflejan que no se ha notificado en el dom icilio correcto. Prim ero. [De la] fotocopia [del documento de identidad] fluye que el nombre del demandado apellidado VZ no es Apolinario sino Apolinar. Segundo. [A] par te de esta distorsión, las notificaciones del mandato ejecutivo [...] no han cumplido el objeto que señala el artículo 155 del Código Procesal Civil y no producen efectos, por no haberse efectuado de conformidad con sus numerales 160 y 161, ya que las constancias de haberse dejado bajo la puerta de fierro de su domicilio, queda desvirtuada con las fotografías no objetadas [...] en las que puede apreciarse que el inmueble que habitan no tiene puerta de fierro alguno. (Exp. N.° 328-95, de 25-04-1996, ff. jj. 1 y 2. Cuarta Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ). § 1437. La notificación de una resolución en un dom icilio diferente al dom icilio procesal fijado, acarrea la nulidad de todo lo actuado hasta la emisión de tal resolución. Prim ero. [...] [El] demandado señaló como domicilio procesal para los efectos de las notificaciones en la dirección de la Avenida GB [...]. Segundo. [Sin] embargo, la notificación del citatorio a la audiencia única le fue dirigida a su parte a la dirección del Jirón P [...] como se ve de la constancia de [autos], la misma que en el reverso carece de la firma del notificador, con infracción de lo supuesto por artículo 160 del Código Procesal Civil. Tercero. [Las] precitadas irregularidades atentan contra el principio de legalidad, y acarrean la nulidad de lo actuado, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 171 del acotado. (Exp. N.° 1172-95, de 24-07-1995, ff. jj. 1-3. Cuarta Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ). § 1438. Si se notifica a uno de los codemandados, que dom icilia en la m ism a dirección que el otro, se entiende que la notificación fue conocida por ambos. [Cjonforme lo dispone el artículo 171 del Código Procesal Civil, en su segundo párrafo el acto procesal será válido si habiéndose realizado de otro modo ha cumplido su propósito; a que si bien de lo actuado aparece que la cédula de notificación con ia sentencia fue dirigida al domicilio del demandado don CVC, no recibiéndola en forma personal, empero la misma fue recepcionada personalmente por el hijo de este quien además de ser codemandado en la presente Litis, domicilia en esa misma dirección conjuntamente con su padre, de donde puede inferirse que sí tuvo conocimiento oportuno de la expedición de la sentencia de su referencia [...]. (Exp. N.° 1369-94, de 05-01-1995, Tercera Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ). ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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CODIGO PROCESAL CIVIL

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§ 1439* M ediante la ■efectiva notificación jud icial se protege el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva. P rim ero . [De] acuerdo a lo dispuesto por el artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil, toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses con sujeción a un debido proceso. [...] Tercero. [Es] garantía de la administración de justicia el derecho de defensa del que nadie puede ser privado, de manera que la notificación judicial cobra virtualidad, pues con ella se cautela aquel derecho elevado a rango constitucional observándose de ese modo el debido proceso. (Exp. N.° 1177-95, de 14-12-1995, íf. jj. 1 y 3. Quinta Sala Civil, Corte Superior de Justicia de Urna. Texto completo: ). § 1440. Cuando se alega que la notificación se realizó en domicilio incorrecto, el afectado debe ofrecer los medios adecuados para acreditar que el lugar donde se realizó la precitada notificación no le correspondía. Segundo. [C]onforme lo dispone el segundo párrafo del artículo 155 del Código Procesal Civil, las resoluciones judiciales solo producen efectos en virtud de notificación hecha con arreglo a lo dispuesto en este Código, salvo los casos expresamente exceptuados. Tercero. [Del] cargo de notificación que en copia certificada obra [...], aparece que el demandado MRB, ha sido notificado con el auto de admisorio de la demanda de conformidad con la disposición contenida en el artículo 161 del citado Código Procesal Civil, advirtiéndose que dicho acto procesal realizado en segundo oportunidad se ha entendido con persona determinada, esto es doña ERB, quien recepcionó aquella notificación sin objeción alguna, persona a quien el demandado MRB no ha negado desconocer, menos aún se ha producido devolución de cédula alguna conforme fluye de la fundamentación de la resolución venida en grado. Cuarto. [A] si mismo, el referido demandado no ha aportado medio probatorio conducente a demostrar que el lugar donde se realizó la precitada notificación no le corresponda. (Exp. N.° 3970-98, de 19-01-1998, íf. jj. 2-4. Corte Superior de justicia de Lima. Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

§ 1441. La notificación defectuosa afecta directamente el derecho a defenderse. 14. [De] los actuados del proceso sobre obligación de dar suma de dinero, se aprecia que la entonces demandada fue notificada por debajo de la puerta en el domicilio que al efecto señaló, dicho acto procesal carece de validez pues no encontrándose la actual recurrente en el territorio del Estado, no se pudo garantizar su derecho de defensa en la forma prevista por la ley. Conviene, además, precisar que, según el documento de préstamo de dinero y el compromiso de devolución de préstamo, anexados al proceso constitucional, la demandante del proceso ordinario tenía pleno conocimiento de que la emplazada no se encontraba residiendo en el país. Por otro lado, debe señalarse que tales documentos nunca fueron firmados por la demandada, ya que únicamente consta la firma de su señora madre. [...] 16. El Tribunal estima que, en el contexto descrito y siendo evidente que la amparista no ñivo conocimiento alguno de la demanda sobre obligación de dar suma de dinero interpuesta en su contra, no se le ha dado la oportunidad de oponerse ni mucho menos de interponer los mecanismos impugnatorios previstos por la ley, afectándose de este modo y de manera directa su derecho a defenderse, por lo que debe estimarse la presente demanda. (Exp. N.° 07238-2013-PA/TC, de 20-04-2016, ff. jj. 14 y 16 [Web: 17-10-2017 / EP: 15-12-2017]. Texto completo: ).

Artículo 155: Motificaclón por nota Derogado. (1) N O T A D E A C T U A L IZ A C IÓ N

(1) Artículo derogado por el artículo 3 de la Ley N.° 27524 (EP, 06/10/2001).

.Articulé 1 57: La notificación de las resoluciones Judiciales La notificación de las resoluciones judiciales, en todas las instancias, se realiza por vía electrónica a través de casillas electrónicas implementadas, de conformidad con lo establecido en el Texto Único n o m o s & thesis

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ACTIVIDAD PROCESAL / NOTIFICACIONES

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Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado con Decreto Supremo 017- 93-JUS, con las excepciones allí establecidas.(1) N O TA D E A C T U A L IZ A C IÓ N

(1) Artículo modificado por la segunda disposición complementaria modificatoria de la Ley N.° 30229 (EP, 12-07-2014). Anteriormente había sido modificado por el artículo 2 de la Ley N.° 27524 (EP, 06/10/2001) y por el artículo único de la Ley N.° 26808 (EP, 15-06-1997).

PLENOS JURISDICCIONALES

§ 1442. Uso efectivo de nuevos medios tecnológicos p ata garantizar la celeridad en la justicia.

¿Es técnica y legalm ente viable, el uso de nuevos medios tecnológicos para la celeridad en la ju sticia l (notificación electrónica, video audiencia), ¿qué se requiere para su uso efectivo en la especialidad civil? El Pleno acordó p o r u n a n i m i d a d : “Sí es técnica y legalmente viable, el uso de medios tecnológicos para la celeridad de la justicia. Para su uso efectivo se requiere, la decisión de los magistrados y mayor conocimiento del tema, garantizando seguridad jurídica en las diligencias y coordinando con las autoridades en el extranjero”. (Pleno Jurisdiccional Distrital en Materia Civil, realizado por la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, los días 17 y 18-05-2007. Tema N.° 2, Caso N.° 1 [Celeridad procesal y uso de nuevas tecnológicas]. Texto completo: ). JURISPRUDENCIA PE LA CORTE SUPREMA

§ 1443. Puede señalarse un domicilio procesal común cuando existe pluralidad de demandados.

Q uinto. [...] [Se] infringieron lo dispuesto en los artículos 157 y 158 del Código Procesal Civil, pues las comunicaciones se hicieron en una sola cédula de notificación a cinco demandados -sin indicarse los nombres completos de cada uno- lo que determina un atentado contra lo reglamentado en el artículo 158 del acotado Código Procesal, glosado que indica que debe contener el contenido de la comunicación, y como debe hacerse la entrega de las cédulas de notificación, consignando el nombre de la persona a notificar; sin embargo, no existe cargo de la cédula de notificación efectuada a la recurrente. Donde se le haga de conocimiento el contenido de la resolución que señala fecha para la vista de la causa [...]. [...] S étim o. Del análisis de autos, cabe precisar que el recurso propuesto no puede prosperar, habida cuenta que la recurrente cuestiona dicho acto procesal realizado en segunda instancia, mas no precisa cual sería la incidencia directa que va a repercutir o trascender sobre el fallo, teniendo en cuenta que recién ante la Sala Superior, cuestiona los supuestos vicios procesales relativos a la notificación de las resoluciones; no obstante ello, es de observarse que dicha parte procesal fite debidamente notificada - desde que se admitió la demanda - mediante una sola cédula de notificación, la misma que fue dirigida al domicilio procesal señalado en forma conjunta por los demandantes (entre ellos, la impugnante), acto que fue consentido y no impugnado por la recurrente en la primera oportunidad que tenía para hacerlo; resultando de aplicación lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 172 del Código Procesal Civil, esto es, opera el principio de la convalidación tácita, no existiendo entonces la indefensión invoca por la recurrente. (Casación N.° 3777-2009-Puno, de 09-11-2009, ff. jj. 5 y 7. Sala Civil Permanente [EP, 31-05-2010, Sentencias en Casación N.° 626, p. 27689]. Texto completo: ).

Artículo 158: Contenido y entrega de la cédula La forma de la cédula se sujeta al formato que fija el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. En los demás casos y considerando la progresiva aplicación de la notificación electrónica que determine en cada especialidad el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, la cédula se entrega únicamente en la casilla física correspondiente del abogado patrocinante en la oficina de casillas judiciales del distrito judicial o del colegio de abogados respectivo. Para este efecto, el abogado patrocinante, debe contar con la respectiva casilla. ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

Art. 158

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Esta disposición no rige para los casos en los que no se requiera defensa cautiva o el litigante se apersone al proceso sin abogado. ó) N O TA DE A C T U A L IZ A C IÓ N

(1) Artículo modificado por el artículo 2 de la Ley N.Q30293 (E R 28-12-2014), que entró en vigencia a los 30 días hábiles de su publicación en el diario E l P e ru a n o .

PLENOS JURISDICCIONALES

§ 1444. Notificación segunda instancia por cédula. Los Órganos de Apelación se encuentran obligados a notificar p o r cédula a las partes todas las resoluciones que se expidan en dicha instancia, incluso en los casos en que estas no se apersonan en la segunda instancia; o si p o r el contrario, solo debe ser notificada la p a rte que se apersona en dicha instancia y señala su dom icilio dentro delperím etro de la avenida América, tal como lo dispuso la Sala Plena de la Corte Superior de La Libertad p or Resolución Administrativa, y lo prescribe el segundo párrafo d el artículo 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El Pleno acordó p o r m a y o r í a : “Todas las resoluciones judiciales expedidas en segunda instancia deben ser notificadas en la forma prevista en el Código Procesal Civil, por medio de cédula”. (Pleno Jurisdiccional Distrital en Materia Civil, realizado en La Libertad, los días 22, 23 y 24-08-2007. Tema N.° 4. [La notificación en segunda instancia]. Texto completo: ).

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 1445. ES solo hecho de señalar en la demanda un domicilio donde notificar al demandado, no quiere decir que efectivamente se trate del domicilio real. Tercero. [...] Se infringe el artículo 158 del Código Procesal Civil, toda vez que la notificación se ha realizado en el domicilio indicado en la demanda porque se afirma que el demandado domicilia en él, pero no porque así lo constate el notificador y el hecho de que la especialista de actos externos haya realizado la diligencia de notificación no acredita que se hubiera encontrado ai demandado en el inmueble sub litis y asimismo la referida especialista no puede dar fe de que el recurrente se negó a recepcionar la cédula de notificación. Asimismo, ni el a quo ni la Sala Civil han resuelto uno de sus principales cuestionamientos acerca de la pretensión incoada por la demandante, consistente en que esta hace referencia a que se notifique de manera indistinta al demandado en los inmuebles ubicados en el Jirón Z N.° 423 [...], Cercado o Jirón Z, local M-2 [...], denotando con ello que se trataría de un mismo inmueble o como si uno contuviera al otro, siendo dichos inmuebles distintos; en todo caso se debió disponer de oficio la realización de una inspección judicial, a efectos de determinar si el recurrente ocupa el inmueble sub litis teniendo en consideración el piano de independización del primer piso del Jirón Z N.° 423. (Casación N.° 35662013-Lima, de 18-11-2013, f. j. 3. Sala Civil Transitoria [EP, 31-03-2014, Sentencias en Casación N.° 690, p. 50078]. Texto completo: ). § 1446. En los procesos de desalojo, en caso el domicilio m ateria de la pretensión y el domicilio del demandado fuesen distintos, Sa demanda se deberá notificar en ambos lugares. Séptim o. [...] [Al] no haberse notificado al demandado en su domicilio real, esto es, en Calle S N.° 281, Callao, la demanda ni los demás actuados del proceso, se ha violentado el artículo 15 8o del Código Procesal Civil, concordante con eí artículo 139°, inciso 14, de la Constitución Política del Estado, más aún si se tiene en cuenta que la omisión en la notificación ha producido su declaración de rebeldía (del demandado), con las consecuencias que ello acarrea para sus intereses. Por tanto, habiéndose verificado la causal denunciada, el juez de la causa deberá renovar los actos procesales viciados [...]. [El] A quo, al resolver mediante resolución [...] la nulidad planteada por el demandado en su escrito de apersonamiento, no solo no tomó en cuenta los argumentos del demandado sino que señaló (equivocadamente) que “se aprecia del escrito [del demandado] en ningún extremo fia negado que ocupa el inmueble sito en Calle S N.° 291, sección A, Callao”, siendo esta afirmación totalmente contrapuesta a lo que realmente consta en autos, tal como ha quedado explicitado (es decir, el demandado negó que su domicilio fuera n o m o s & t h e s is

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ACTIVIDAD PROCESAL / NOTIFICACIONES

Art.

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el señalado por la parte demandante y lo demostró con los recaudos que obran en autos. Octavo. [C] abe agregar que de acuerdo al espíritu de la norma contenida en el artículo 589 del Código Procesal Civil, en caso de que fueran distintos el predio materia d e la pretensión (de desalojo) y el domicilio del demandado, la demanda debe notificarse en ambos lugares, lo cual abona en favor de la decisión emitida en la presente resolución, debiendo el juez de la causa tomar en cuenta lo dispuesto en esta norma al realizar las notificaciones. Noveno, [El] juez, haciendo uso de las facultades que le confiere nuestro ordenamiento procesal deberá tomar medidas a fin de que se determine con precisión el bien materia de desalojo. (Casación N.° 3302-2007-Callao, de 21-05-2009, ff. jj. 7-9. Sala Civil Transitoria [EP, 04-12-2009, p. 26735]. Texto completo: ). § 1447. La prueba anticipada debe ser notificada por cédula. Octavo . [La] resolución que hace efectivos los apercibimientos en una prueba anticipada, debe ser notificada por cédula, [...] por lo que habiéndose omitido en el presente caso dicha notificación, el recaudo acompañado para la acción ejecutiva adolece de nulidad, por haberse incumplido esta formalidad procesal. (Casación N.° 802-95Lima, de 25-09-1996, f. j. 8. Sala Civil [EP, 23-12-1996, p. 2598], Texto completo: ).

'A ttim l© 159: Diligenciamienío de la cédula Las cédulas se enviarán a la oficina de notificaciones dentro de las veinticuatro horas de expedida la resolución, debiendo ser diligenciadas y devueltas en la forma y en los plazos que disponga el reglamento correspondiente.

Artículo T60: Entrega de fe cédula al interesado Si la notificación se hace por cédula, el funcionario o empleado encargado de practicarla entrega al interesado copia de feeédüia; haciendo constar, con su firma, el día y hora del acto. El original se agrega al expedienté con nota de lo actuado, lugar, día y hora del acto, suscrita por el notificador y él interesado, salvo que este se negaré o no pudiere firmar, de lo cual se dejará constancia.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 1448. La variaei'óñ fiel dom icilio procesal del abogado debe im pugnarse dentro del proceso y en lá píiffiera oportunidad que se tenga p ara ello. D écim o. [T] ampoco se advierte que haya existido fraude o colusión entre los codemandados FiR.UA y JFIGC, si como se determinó líneas arriba, la notificación de la demanda y demás actuados se realizó válidamente en el domicilio procesal señalado por el entonces abogado de la recurrente, el cual posteriormente a la celebración de la Audiencia de Conciliación de fecha 11 de enero de 2010 fue variado y se designó nuevo abogado, no verificándose de autos que su parte impugnó o cuestionó dicho emplazamiento oportunamente; pretendiendo ahora postularlos mediante el presente proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, sin tener en consideración que su admisión en esta clase de proceso es restrictiva, excepcional, residual y extraordinaria; de lo qüe se colige que el impugnante no ha cumplido con acreditar en qué consistió el fraude y/o colusión en que habrían incurrido ios codemandados en el proceso de obligación de dar suma de dinero que se pretende anular, ni mucho menos ha acreditado que no tuvo conocimiento oportuno de los hechos o no pudo hacer uso de los medios de defensa que la ley le franquea para cuestionar el acuerdo conciliatorio. (Casación N.° 1056-2015-Ica, de 29-09-2015, f j. 10. Sala Civil Permanente [EP, 01-08-2016, Sentencias en Casación N.° 716, p. 81008]. Texto completo: ). § 1449. Es válida la notificación que se realiza dejando la cédula en el buzón del edificio donde se encuentra el departamento donde dom icilia la demandada, en lugar de dejarlo debajo * SUMMA PROCESAL CIVIL

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CODIGO PROCESAL CIVIL

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de su puerta. Véase la jurisprudencia del artículo 161° del Código Procesal Civil [§ 1457]. (Cas N.° 672-2005-Lima, de 31-03-2006, ff. jj. 1-3. Sala Civil Transitoria [EP, 02-04-2007]. Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DE LAS CORTES SUPERIORES

§ 1450, La entrega de la cédula al interesado debe hacerse constar con la firma del encargado, señalando d ía y hora del acto; en caso contrario, no produce efectos. P rim ero. [De] acuerdo a la última parte del artículo 155 del Código Procesal Civil, las resoluciones judiciales solo producen efectos en virtud de notificación hecha con arreglo a lo dispuesto en dicho Código. [„.] Tercero. [La] entrega de la cédula al interesado debe hacerse constar con la firma del encargo, señalando el día y hora del acto. Cuarto. [La] notificación [a la litisconsorte] [...] no parece haberse cumplido en la forma indicada, ya que la constancia [...] no aparece firmada por el notificador, por lo que la resolución [...] no fia podido producir efectos. (Exp. N.° 1191-95, de 18-07-1995, ff. jj. 1-4. Cuarta Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ). § 1451. Las resoluciones judiciales solo producen efectos en virtud de la notificación hecha con arreglo a lo dispuesto por la ley procesal, bajo sanción de declarase nulo todo lo posteriormente actuado. T ercero . [En] el caso de autos, conforme es de verse de la Resolución N.° 3 [...] el a-quo ordenó notificar al demandado con dicha resolución, mediante cédula a entregarse a través del ilustre Colegio de Abogados de Lima. C uarto. [Sin] embargo, de acuerdo a lo que es de verse de la cédula de notificación [...], dicha notificación no ha sido efectuada con arreglo a lo que disponen los artículos 160 y 161 del Código adjetivo. [...] Séptim o. [E]srando a lo dispuesto por los artículos 171 y 177 del código adjetivo, declararon nula la sentencia [...]. (Exp. N.° 379-95, de 08-08-1995, ff. jj. 3, 4 y 7. Quinta Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ). § 1452. La notificación de una resolución en un domicilio diferente al dom icilio procesal fijado, acarrea la nulidad de todo lo actuado hasta la emisión de tal resolución. Véase la jurisprudencia del artículo 155° del Código Procesal Civil [§ 1437]- (Exp. N.° 1172-95, de 24-07-1995, ff. jj. 1-3. Cuarta Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ).

Artículo 161: Entrega de la cédula a personas distintas Si el notificador no encontrara a la persona a quien va a notificar la resolución que admite la demanda, le dejará aviso para que espere el día indicado en este con el objeto de notificarlo. Si tampoco se le hallara en la nueva fecha, se entregará (a cédula a la persona capaz que se encuentre e ií la casa, departamento u oficina, o al encargado del edificio, procediendo en la forma dispuesta en el artículo 160; Si no pudiera entregarla, la adherirá en la puerta de acceso correspondiente a los lugares citados o la dejará debajo de la puerta, según sea el caso. Esta norma se aplica a la notificación de las resoluciones a que se refiere el artículo 459.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 1453. Notificación bajo la puerta: se advierte del cargo de notificación que la descripción de la casa notificada no corresponde con lo señalado allí (color de la lachada y m aterial de la puerta son distintos). Sétim o. [...] [Se] advierte del cargo de notificación que se deja constancia que al no encontrarse nadie en el domicilio a notificar, la cédula de notificación se dejó bajo la puerta; indicándose la descripción del inmueble de fachada de color amarillo y fierro blanco; sin embargo, el domicilio del ejecutado es de color blanco y su puerta es de madera de lo que se infiere que no se ha notificado conforme a ley, vulnerándose con ello el derecho de defensa y el debido proceso del ejecutado al no poder formular su contradicción; lo que determina la nulidad insubsanable de la recurrida y de lo n o m o s & t h e s is

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actuado a tenor de lo dispuesto en el artículo 171 del Código Procesal Civil. (Casación N.° 1098-2014Lima, de 27-04-2015, f. j. 6. Sala Civil Transitoria [EP, 31-10-2016, Sentencias en Casación N.° 719, p. 84259]. Texto completo: ). § 1454. El ejecutado es el que debe comunicar al acreedor el cambio de domicilio. C uarto. [El] recurrente [...] señala que conforme se consigna en [...] la sentencia impugnada no se tuvo en cuenta la devolución de cédulas efectuada por el tercero ajeno al proceso [...] quien denunció oportunamente que el impugnante no domiciliaba en la dirección en la que se había notificado la demanda lo cual resulta trascendental y de suma importancia pues corroboraba y reforzaba la tesis fáctica desplegaba en el pedido de sobrecarte esgrimida por escrito [...] pues al indicar que ya no domiciliaba en la dirección en la que se le había emplazado el acto de notificación no había cumplido su finalidad lo que hubiese alterado el sentido de la decisión adoptada; [...] de la sentencia impugnada se aprecia que la Sala Superior a efectos de desestimar los agravios que invoca en su recurso de apelación se limitó a observar que la demanda había sido notificada en segunda visita y bajo puerta en el mismo domicilio consignado en su diligenciamiento con las formalidades exigidas por el artículo 161 del Código Procesal Civil por ende no se había afectado el derecho al debido proceso agregando [...] la Sala Superior considera que no se ha realizado cuestionamiento alguno a la notificación judicial pues el recurrente se habría limitado a observar la entrega de un sobre en su centro laboral no obstante representar esta observación un cuestionamiento expreso al acto de notificación de la demanda [...]. Q uinto. [A]nalizadas las alegaciones contenidas en el considerando precedente se advierte que si bien el recurrente describe la infracción normativa también lo que no demuestra que la misma incida directamente en la decisión contenida en el fallo al observarse que las alegaciones que esgrime se encuentran orientadas a cuestionar la decisión emitida por la Sala Superior al confirmar la resolución [...] que dispone tener por bien notificado al ejecutado con la demanda, anexos y auto admisorio la cual acorde a lo dispuesto por el artículo 387 inciso 1 del Código Procesal Civil no se trata de una resolución expedida por la Sala Superior como órgano de segundo grado que ponga fin al proceso no siendo por tanto atendible el recurso propuesto respecto a las argumentaciones [...] advirtiéndose del análisis de las mismas que lo que en realidad cuestiona es el criterio jurisdiccional expuesto por la instancia superior al absolver el grado en el sentido que la única posibilidad que tiene el deudor de oponer al acreedor el cambio de domicilio es mediante la comunicación del mismo de manera indubitable arguyendo el recurrente al respecto que el acto de notificación se rige por las disposiciones del Código Procesal Civil y no por el artículo 4 0 del Código Civil no habiéndose acreditado en el presente caso que dicha comunicación haya sido alegada ni efectuada no obstante que correspondía al ejecutado comunicar al tenedor del título valor su nuevo domicilio aspecto que resulta ajeno al debate casatorio atendiendo a la finalidad del recurso de casación [...]. (Casación N.° 3361-2013-Lima, de 14-01-2014, ff. jj. 4 y 3Sala Civil Transitoria [EP, 31-03-2014, Sentencias en Casación N.° 690, p. 50059]. Texto completo: ). § 1455. L a notificación debe realizarse siguiendo las formalidades previstas en la le y procesal, en caso contrario se estaría violando las reglas del debido proceso. L a notificación defectuosa invalida las actuaciones subsiguientes. S egundo. [La] notificación con la demanda al demandado al no haber sido encontrada en su domicilio, debió hacérsele con las formalidades señaladas en el artículo 161 del Código Procesal Civil [...] agregándose al expediente con nota de lo actuado, lugar, día y hora del acto, lo que no ha ocurrido en el presente caso [...]. Tercero. [AI] no procederse del modo indicado en el considerando que antecede, se ha contravenido lo dispuesto en el precitado artículo 161 del Código Procesal Civil, que constituye una garantía del debido proceso. C uarto. [Siendo] de orden público y preceptivo cumpliendo el emplazamiento del demandado, si este se hace en forma defectuosa invalida las actuaciones subsiguientes y retrotrae el proceso al momento en que se produce la nulidad. (Casación N.° 080-94-Lima-Cono Norte, de 01-12-1994, ff. jj. 2-4. Sala Civil. Texto completo: ). ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

Art. 161

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§ 1456. Notificación por “debajo de la puerta” del domicilio procesal sin la constancia de preaviso. P rim ero. [El] debido proceso conocido también en la doctrina como el proceso justo, es una garantía constitucional y un principio procesal, donde todo lo justiciable tiene derecho a la defensa, con pleno respeto de las normas procesales preestablecidas. Segundo. [En] efecto, de los cargos de notificación [...] se advierte que fueron efectuados “debajo de la puerta’, sin la constancia de preaviso, tal como lo exige el artículo 161 del Código adjetivo, afectándose con ello el debido proceso; que además tal diligenciamiento constituye una situación reprobable, pues toda entidad pública tiene una Mesa de Partes. Tercero. [El] objeto de las notificaciones es comunicar el contenido de las resoluciones judiciales, no cumpliendo su propósito si no se satisfacen las formalidades para su real conocimiento; que, en el caso sub materia era necesaria la notificación mediante cédula, porque la resolución [a notificar] resuelve entre otros, admitir a trámite la contestación de la demanda y cita a las partes a Audiencia [...]. (Casación N.° 646-2000-Puno, de 11-07-2000, ff. jj. 1-3. Sala Civil Transitoria [EP, 14-12-2009, p. 26735]. Texto completo; ). § 1457. Es válida la notificación que se realiza dejando la cédula en el buzón del edificio donde se encuentra el departamento donde dom icilia la demandada, en lugar de dejarlo debajo de su puerta. P rim ero. [En] relación al agravio a), el artículo 161 del Código Procesal Civil, establece que si el notificador no encontrara a la persona a quien va a notificar la resolución que admite la demanda, le dejará aviso para que espere el día indicado en este con el objeto de notificarlo; que si tampoco se le hallara en la nueva fecha, se entregará la cédula a la persona capaz que se encuentre en la casa, departamento u oficina, o al encargado del edificio, procediendo en la forma dispuesta en el artículo 160; y, que si no pudiera entregaría, la adherirá en la puerta de acceso correspondiente a los lugares citados o la dejará debajo de la puerta, según sea el caso. S egundo . [En] el presente caso, Huye de autos que la notificación a la recurrente y su coejecutado, JCC, con el mandato de ejecución [...] se ha realizado conforme al citado artículo 161, toda vez que a cada uno se le cursó el preaviso de notificación con fecha 12 de marzo de 2003, al domicilio real que ambos fijaron en el contrato de hipoteca, [...] y luego ante la ausencia de estos para la segunda fecha, las notificaciones se efectuaron bajo puerta el 13 de marzo de 2003 [...] Tercero. [La] recurrente pretende enervar estas notificaciones señalando que las mismas no se efectuaron en la puerta de su domicilio sino en la entrada del edificio compuesto por cinco blocks y que no se adhirió ni se dejó bajo dicha puerta principal sino en el buzón de metal creado para el edificio; afirmaciones que no contribuyen a su propósito, puesto que tratándose de edificio el citado artículo 161 faculta a que, al no existir persona con quien entenderse, la notificación se realice ante la puerta de acceso al edificio, que es lo que efectuó el notificador en el presente caso; y, en cuanto a que no se dejó la notificación adherida a la puerta ni debajo de ella, ello, al margen de no acreditarse suficientemente, tampoco enérvala notificación dado que, siguiendo la hipótesis de la recurrente, el buzón fue puesto precisamente para que se dejara en él toda misiva, carta, notificación, etcétera, dirigida a los residentes de dicho Edificio y de este buzón la misma impugnante afirma que el Presidente de la Asociación de Propietarios [...] lo retiró y se los alcanzó [...] lo que significa que la notificación cumplió su propósito no siendo responsabilidad del órgano jurisdiccional, la poca diligencia de los ejecutados de revisar el buzón o de tener un sistema no idóneo para la revisión del buzón. (Cas N.° 672-2005-Lima, de 31-03-2006, ff. jj. 1-3. Sala Civil Transitoria [EP, 02-04-2007]. Texto completo; ). JURISPRUDENCIA DE LAS CORTES SUPERIORES

§ 1458. Cuando se alega que la notificación se realizó en domicilio incorrecto, el afectado debe ofrecer los medios adecuados para acreditar que el lugar donde se realizó la precitada notificación no le correspondía. Véase la jurisprudencia del artículo 155° del Código Procesal Civil [§ 1440], (Exp. N.° 3970-98, de 19-01-1998, ff. jj. 2-4. Corte Superior de justicia de Lima. Texto completo; ).

nomos

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Artículo» 162: Notificación por comisión La notificación a quien domicilia fuera de la competencia territorial del juzgado dentro del país se realiza por la central de notificaciones del distrito judicial correspondiente al domicilio donde se efectúa dicho acto por el servicio de notificaciones que se hubiera contratado, sin perjuicio de que el Juez disponga un medio de notificación diferente* El Poder Judicial puede instaurar, en estos casos, mecanismos para la certificación digital de la documentación remitida. Si la parte a notificar se halla fuera del país, la notificación se realiza mediante exhorto, el cual se tramita por intermedio de los órganos jurisdiccionales del país en que reside o por el representante diplomático o consular del Perú en e s te .(1) NOTA DE ACTUALIZACIÓN

(1) Artículo modificado por el artículo 2 de la Ley N.° 30293 (EP, 28-12-2014), que entró en vigencia a ios 30 días hábiles de su publicación en el diario E l Peruano,

Artículo 163: Notificación por telegram a o facsím il, correo electrónico u otro medio En los casos del artículo 157, salvo el traslado de la demanda o de la reconvención, citación para absolver posiciones y la sentencia, las otras resoluciones pueden, a pedido de parte, ser notificadas, además, por telegrama, facsímil, correo electrónico u otro medio idóneo, siempre que ios mismos permitan confirmar su recepción. La notificación por correo electrónico solo se realizará para la parte que lo haya solicitado. Los gastos para la realización de esta notificación quedan incluidos en la condena de costas.(1) NOTA DE ACTUALIZACIÓN

(1) Artículo modificado por ei artículo único de la Ley N,° 27419 {EP, 07-02-2001).

Artículo 164: Diligenciamiento de la notificación por facsím il, correo electrónico u otro medio El documento para la notificación por facsímil, correo electrónico u otro medio, contendrá los datos de la cédula. El facsímil u otro medio se emitirá en doble ejemplar, uno de los cuales será entregado para su envío y bajo constancia al interesado por el secretario respectivo, y el otro con su firma se agregará al expediente. La fecha de la notificación será la de la constancia de la entrega dei facsímil a! destinatario. En el caso del correo electrónico, será, en lo posible, de la forma descrita anteriormente, dejándose constancia en el expediente del ejemplar entregado para su envío, anexándose además el correspondiente reporte técnico que acredite su envío. Ei Consejo Ejecutivo del Poder Judicial podrá disponer la adopción de un texto uniforme para la redacción de estos documentos.(1) NOTA DE ACTUALIZACIÓN

(1) Artículo modificado por el artículo único de la Ley N.° 27419 (EP, 07-02-2001).

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CÓDIGO PROCESAL CIVIL

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La notificación por edictos procederá cuando se trate de personas inciertas o cuyo domicilio se ignore. En este últim o caso, la parte debe m anifestar bajo juramento o promesa que ha agotado las gestiones destinadas a conocer el domicilio de la persona a quien se deba notificar. Si la afirm ación se prueba falsa o se acredita que pudo conocerla empleando la diligencia norma!, se anulará todo lo actuado, y el Juez condenará a la parte al pago de una multa no menor de cinco ni mayor de cincuenta Unidades de Referencia Procesal, que impondrá atendiendo a la naturaleza de la pretensión y a la cuantía del proceso.

PLENOS JURISDICCIONALES

§ 1459. No procede la designación de carador procesal si se desconoce el dom icilio del demandado o se desnaturaliza el proceso. Véase la jurisprudencia del artículo 61° del Código Procesal Civil [§ 682], (Pleno Jurisdiccional Distrital en materia Civil, Laboral y Familia, realizado por la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, los días 14 y 15-06-2007- Conclusión N.° 16. Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 1460. Si la notificación por edictos se realiza de forma defectuosa no puede, convalidarse la notificación, por cuanto la dem andada no pude tom ar conocimiento del inicio del proceso. Quinto. [.„] [La] parte recurrente [...] alega que el supuesto del artículo 165 del Código Procesal Civil resulta aplicable también en ios casos en que no obra dirección y también en aquellos casos en que se consigna una dirección pero que no permite dejar constancia de una efectiva notificación, por lo que se puede considerar como un domicilio que se ignora. En ese mismo sentido, el artículo 82 del Texto Unico Ordenado aprobado el por el Decreto Supremo N.° 002-94-JUS [hoy derogado; efe. artículo 27 de la vigente Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General], señala que se tendrá por bien notificado si se presume que el interesado tuvo conocimiento de su contenido, pues la sentencia de vista ha considerado que en virtud a lo dispuesto en la norma en comentario solo ha tomado en consideración las notificaciones efectuadas en la [dirección que se consignó en el expediente], sin tomar en consideración las notificaciones posteriores efectuadas mediante publicaciones, las mismas que conforme a ley se consideran puestas en conocimiento del demandante y por ello la inacción del demandante frente al conocimiento de la misma convalida cualquier defecto de las notificaciones iniciales [...]. [...] Sétimo. Esta Sala Suprema advierte que de la revisión del expediente administrativo y en sede judicial la entidad demandada no ha acreditado que dichas notificaciones se hayan efectuado con arreglo a ley, pues de las constancias de notificación se evidencian que las cédulas fueron dejadas bajo puerta, y algunas fueron devueltas, por lo que la supuesta notificación efectuada a la secretaria del demandante [...] no resulta válida por cuanto aparece el nombre y el numero de documento de identidad ilegible; de lo que se infiere que no se efectuó notificaciones que surtan efectos legales. Respecto a la convalidación se precisa que no podría efectuarse ella, toda vez que las notificaciones fueron efectuadas en el Diario Oficial El Peruano, por cuanto la parte demandante tenía que tomar conocimiento del inicio del proceso concursa! a efectos de que ejerza su derecho de defensa, pues aceptar esta hipótesis estaría vulnerando derechos constitucionales así como disposiciones de orden legal [...], por lo que se trata de una notificación defectuosa, por lo tanto no podría convalidarse dichas notificaciones, tal como pretende la parte demandada; por todo ello, se evidencia que el recurso no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 388 del Código Procesal Civil, modificado por el artículo 1 de la Ley N.° 29364. (Casación N.° 2482-2013-Lima, de 22-07-2013, íf. jj. 5 y 7. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [ER 31-03-2014, Sentencias en Casación N.° 690, p. 50295]. Texto completo: ). n o m o s & th e s is

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§ 1461. Si después del emplazamiento con la demanda deviene en incierto el domicilio del demandado, el juez podrá notificar por edicto las resoluciones posteriores. Sétimo. [No] necesariamente debe considerarse que la notificación mediante edictos deba realizarse para el emplazamiento con la demanda, pues, durante el desarrollo del proceso el domicilio de alguna de las partes es pasible de devenir en incierto -como sucedió en el caso de autos al habferse enajenado el inmueble donde domiciliaba la demandada- en cuyo caso es obligación de la parte interesada comunicar el cambio de domicilio, de lo contrario se le dará por bien notificado con los actos procesales; o, a petición de parte, el juez ordenará se notifique mediante edictos las actuaciones procesales posteriores; tal como sucedió en el caso de autos, por lo que la forma empleada por el a ¿fuo -al notificar por edictos las resoluciones posteriores- le ofreció a la parte demanda más garantías de las previstas en el ordenamiento procesal; hecho que en modo alguno constituye afectación al derecho a un debido proceso. (Casación N.° 1503-2008-Arequipa, de 26-06-08 £ j. 7. Sala Civil Permanente [EP, 01-122008, p. 23402], Texto completo: ).

§ 1462. Si después de ordenarse la notificación por edictos, el juez deja sin efecto dicho apercibimiento y no nom bra curador procesal se vulnera el derecho a la defensa. Cuarto. [...] [Al] no haberse notificado a los demandados (obligados principales) con el mandato de ejecución, el A quo resolvió [...] notificar por edictos a los referidos deudores, bajo apercibimiento de nombrárseles curador procesal. Q uinto . [Sin embargo] después de ordenarse la notificación por edictos, de manera inmotivada y contraria a ley, se deja sin efecto el apercibimiento decretado, dejando en indefensión a los referidos deudores principales; toda vez que se debió nombrar curador procesal [...]. [...] Séptimo. [S]iendo esto así y habiéndose configurado la contravención alegada, a partir de la omisión que ha llevado a la transgresión del derecho a la defensa del recurrente [...]. (Casación N.° 1750-2003-Lima, de 07-04-2004, fif. jj. 4, 5 y 7. Sala Civil Transitoria [EP, 30-09-2004, p. 12711]. Texto completo: ). § 1463. Se contraviene al debido proceso si el curador procesal nombrado no cumplió con asistir a u n a audiencia única, lo que conllevó finalm ente a la expedición de u n a sentencia adversa a los Intereses de sus representados, la m ism a que ta m p oco cumplió co n apelarla. Véase la jurisprudencia del artículo 61° del Código Procesal Civil [§ 687]. (Casación N.° 2756-2002-Lambayeque, de 25-062004, ff jj. 3 y 5. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 03-01-2005, p. 13325]. Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DE LAS CORTES SUPERIORES

§ 1464. Cuando el dem andante ignore el dom icilio del demandado, el emplazamiento también se h ará m ediante el edicto, bajo apercibim iento de nombrársele curador procesal. [...] [El] curador procesal es un abogado nombrado por el Juez, a pedido del interesado, que interviene en el proceso cuando no sea posible emplazar válidamente al demandado por indeterminado, incierto o con domicilio o residencia ignorados [...]; [...] cuando el demandante ignore el domicilio del demandado, el emplazamiento también se hará mediante el edicto, bajo apercibimiento de nombrársele curador procesal; que al no haberse procedido así, se ha privado al demandado de hacer uso de su legítimo derecho de defensa [...]. (Exp. N.° 816-95, de 16-06-1995. Sexta Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Tima. Texto completo: ). § 1465. S i el dem andante puede conocer el dom icilio del demandado m ediante indagación en los registros públicos, no debe hacerse la notificación por edictos. Quinto. [...] [Con] normal diligencia, ía parte actora, mediante una simple indagación en los Registros Públicos, pudo conocer la actual situación y domicilio de la codemandada, una sociedad anónima, presumiblemente en liquidación, según el documento [...] aportado por la propia actora con su demanda. (Exp. N.° 220695-Lima, de 25-01-19% , f. j. 5- Cuarta Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ).

* SW &W PROCESAL CiVIL

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§ 1466. No puede declararse la rebeldía si no se ha cumplido con agotar todos los medios posibles p ara notificar válidamente al demandado. Q uinto, [Tal] como lo prescribe expresamente el artículo 165 del Código adjetivo acotado, concordante con el artículo 435 del propio código, cuando se trata del emplazamiento a persona cuyo domicilio se ignora, la notificación correspondiente debe efectuarse por edictos, bajo apercibimiento de nómbrese curador procesal, caso en el cual la parte, debe manifestar bajo juramento o promesa que ha agotado las gestiones destinadas a conocer el domicilio de la persona a quien se va a notificar; si la afirmación se prueba falsa o se acredita que el domicilio en cuestión pudo conocerse empleando la diligencia normal, se anulará todo lo actuado. [...] Séptim o. [En] estas circunstancias, la rebeldía declarada en cuanto al codemandado VD, no surte efecto desde que este, como se ha expresado, no ha sido notificado válidamente, no tiene dirección domiciliaria, debe también notificarse por edictos, de igual modo, debe notificársele también la resolución que declara saneado el proceso, la citación para sentencia, la sentencia misma y la que requiera su cumplimiento, lo que en el caso de autos tampoco se ha hecho. (Exp. N.° 981-95, de 06-11-1995, ff. jj. 5 y 7. Cuarta Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ). § 1467. Recepción por el abogado del dem andante del edicto mandado publicar por el juzgado. S egundo. [La] recepción, por el abogado del demandante, del edicto mandado a publicar por el juzgado, [...] no configura acto que impulse el proceso, pues no tiene como fin activar el mismo, sino únicamente cumplir con lo ordenado por el juzgado. (Exp. N.° 207-02, de 05-08-2002, f. j. 2. Cuarta Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ).

Artículo 166: Notificación especial por edictos Si debe notificarse a más de diez personas que tienen un derecho común, el Juez, a pedido de parte, ordenará se las notifique por edictos. Adicionalmente se hará la notificación regular que corresponda a un número de litigantes que estén en proporción de uno por cada diez o fracción de diez, prefiriéndose a los que han comparecido.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 1468. Omisión de la notificación por edictos. C uarto. [...] El demandante ha omitido solicitar el emplazamiento y notificación por edicto de los codemandados y demás posesionarlos legítimos del predio sub litis en la forma como establece el artículo 166 del Código Procesal Civil pues solo se ha solicitado se notifique por edicto la Resolución N.° 1 mas no las posteriores resoluciones. El juzgador ha omitido notificar a los codemandados y demás posesionados legítimos del predio sub litis mediante edicto, además ha omitido fijar dichas publicaciones en la tablilla del juzgado y en los sitios que aseguren su mayor difusión conforme ío establece el artículo 167 in fin e del Código Procesal Civil; la demanda está dirigida contra personas inciertas, por tanto se ha debido notificar el auto admisorio mediante edicto, consignando el apercibimiento de nombrarse curador procesal conforme establece el artículo 435 del Código Procesal Civil. [...] (Casación N.° 864-2009-Lambayeque, de 11-05-2009, f. j. 4. Sala de Derecho Constitucional Social y Permanente [EP, 04-12-2009, p. 26719]. Texto completo: ).

Artículo 167: Notificación por edictos La publicación de los edictos se hace en el portal web oficial del Poder Judicial. Si ello no fuera posible por las condiciones tecnológicas o lejanía del órgano jurisdiccional, el edicto se publica en el diario de mayor circulación de la circunscripción. A falta de diarios, la publicación se hace en la localidad más próxima que los tuviera, debiéndose además fijar el edicto en la tablilla del Juzgado y en los sitios que aseguren su mayor difusión. n o m o s & th e s ls

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ACTIVIDAD PROCESAL / NOTIFICACIONES

A irt 188

En todos los casos, la publicación debe efectuarse por un período de tres días hábiles acreditándose su realización, agregando al expediente la constancia de su publicación web emitida por el especialista o secretario judicial respectivo y la impresión de la publicación realizada en el portal institucional! o, de ser el caso, el primer y el último ejemplar de las publicaciones realizadas en los diarios.(1) N O TA D E A C T U A L IZ A C IÓ N

(1) Artículo modificado por ei artículo 2 de ia Ley N.° 30293 (EP, 28-12-2014), que entró en vigencia a los 120 d ía s hábiles de su publicación en el diario E l P e ru a n o . (2 ) La Resolución Administrativa N ° 242-2018 -C E -P J (EP, 15-08-2018) ha aprobado la Directiva N.° 006-2018-CE-PJ, “Normas para reguiar la publicación de edictos judiciales electrónicos en el portal web d e l Poder Judicial". Véase el texto completo de estas normas aquí: .

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 1469. Si se dispuso que la sentencia fuera notificada por edicto, :1a cual no fue jpmblicada conforme a la ley procesal, se incurre en nulidad por vulnerar el derecl i o a la defensa. Segundo. [El] Colegiado Superior no ha tenido presente que en el caso de autos, se e: í pidió sentenci a con fecha dos de octubre del año dos mil la misma que por resolución Número catorc :e se dispuso sea notificada por edictos; notificación que no ha sido realizada conforme a lo previsto por t :1 artículo 167° del Código Procesal Civil, pues no ha sido publicada en el Diario Oficial y menos cump le con la forma establecida en el artículo 168° de ese mismo cuerpo legal pues como lo Índica el Juez d e los edictos que obran en autos se advierte que no contienen prescripciones de la cédula; de lo que se concluye que la sentenciar no fue notificada de acuerdo a ley, incurriéndose por tanto en nulidad. [...] ó 'étimo. [...] [La] resolución de vista al declarar nulo el concesorio de la apelación e improcedente la mi: sma, vulnera el derecho de defensa del recurrente previsto en el artículo X del Título Preliminar del (Código Procesal Civil [...]. (Casación N.° 1526-2002-Sullana, de 30-10-2002, ff. jj. 2 y 7. Sala Civil Tnirrsitoria [EP, 03-02-2003, p. 10025]. Texto completo: ). § 1470. Omisión de la notificación por edictos. Véase la jurisprudencia del artículo 166° del Código Procesal Civil [§ 1468]. (Casación N.° 864-2009-Lambayeque, de 11-05-2009, f. j. 4. Sala de Derecho Constitucional Social y Permanente [EP, 04-12-2009, p. 26719]. Texto completo: ). J URISPRUDENCIA DE LAS CORTES SUPERIORES

§ 1471. En el caso de la cuantía reducida, el juez puede exonerstr de la obligación de la publicación de los edictos, pero deberá adoptar las medidas adecuadas para asegurar la difusión. Tercero. [...] [Solo] en atención a una cuantía reducida puede el Juez facultativamente exonerar de la obligación de estas publicaciones, caso en el cual deberá adoptar las medidas adecuadas, [...] a fin de asegurar la difusión del emplazamiento. C uarto . [...] [La Ley procesal] pone a disposición de los litigantes un mecanismo orientado a asistir a aquel que probablemente careciera ele medios económicos suficientes para litigar. (Exp. N.° 577-95, de 19-09-1995, ff. jj. 3-4. Tercera Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ).

Artículo 168: Forma de los edictos Los edictos contendrán, en síntesis, las mismas prescripciones de la cédula, con transcripción sumaria de la resolución. La publicación se hará por tres días hábiles, salvo que este Código establezca número distinto. La resolución se tendrá por notificada el tercer día contado desde la última publicación, salvo disposición legal en contrario.

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El Conseje Ejecutivo del Poder Judicial podrá disponer ¡a adopción de un texto uniforme para la redac­ ción de edictos.

JURISPRUDENCIA DE LA COSTE SUPREMA

§ 1472. Si el demandado toma conocimiento de la sentencia mediante edicto y solicita que se le notifique el texto íntegro de esta, es a partir de su notificación m ediante cédula que se computa el plazo para interponer recurso de apelación. P rim ero. [El] artículo 168 del Código Procesal Civil establece que los edictos con Tendrán, en síntesis, las mismas prescripciones de la cédula, con transcripción sumaría déla resolución. [...] Tercero, [C]omo podrá advertirse [...], con una transcripción sumaria de la sentencia no se pueden conocer todos los fundamentos de ella, los que tendrían que ser materia de apelación por el impugnante, señalando los errores de hecho y de derecho del fallo. Cuarto. [Por] ello, cuando el recurrente conoció por los edictos que se había expedido sentencia, dentro del tercer día solicitó se le notifique el texto íntegro de la sentencia, el juzgado accedió a dicha petición y notificó la sentencia completa [...]. Quinto. [Al] haberse interpuesto ei recurso de apelación [...] el término debe contarse desde el día en que d juzgado notificó por cédula el texto íntegro de la sentencia. (Casación N.° 426-2001-Piura, de 20-06-2001, ff. jj. 1,3, 4 y 5. Sala Civil Transitoria [EP, 01-10-2001, p. 7731]. Texto completo: ).

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En todos los casos en que este Código autoriza la publicación de edictos, de o ficio o a pedido de parte, el Juez puede ordenar que además se hagan por radiodifusión. Las transmisiones se harán por una emisora oficial o las que determine el Consejo Ejecutivo de cada Corte Superior. El número de veces que se anuncie será correspondiente con el número respecto de la notificación por edictos. Esta notificación se acreditará agregando al expediente declaración jurada expedida por la empresa radiodifusora, en donde constará el texto del anuncio y los dias y Noras en que se difundió. La resolución se tendrá por notificada ei día siguiente de la última transmisión radiofónica. Los gastos que demande esta notificación quedan incluidos en la condena en costas.

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Al quedar firm e la resolución que declara infundada la nulidad de una notificación, esta surte efecto desde la fecha en que se realizó.

TÍTULO VI NULIDAD DE LOS ACTOS PROCESALES Artículo 1T I: Principio ds legalidad La nulidad se sanciona solo por causa establecida en la ley. Sin embargo, puede declararse cuando el acto procesal cam elen de los requisitos indispensables para la obtención de su finalidad. Cuando la ley prestribe form alidad determinada sin sanción de nulidad para la realización de un acto procesal, este será raido si habiéndose realizado de otro modo, ha cum plido su propósito. n o m o s & th e s is

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PLENOS JURISDICCIONALES

§ 1473. Naturaleza de la nulidad procesal. Se puede plantear indistintam ente nulidad o apelación sin que esto im plique interponer doble recurso. Véase la jurisprudencia del artículo 356" del Código Procesal Civil [§ 2325]. (Pleno Jurisdiccional Regional Civil, realizado en Arequipa, los días 26 y 27-09-2014. Tema N.° 3. Subtema N.° 2 [Improcedencia del recurso de apelación presentado en contra de la resolución que resuelve la articulación]. Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 1474. Principios de legalidad. S egundo. [Por] regla general, cuando se falta a alguna de las formalidades establecidas se incurre en vicio, mas este no siempre acarrea una nulidad, pues conforme al segundo párrafo del artículo IX del Título Preliminar del Código Procesal Civil, las formalidades previstas son imperativas, mas el Juez adecuará su exigencia al logro de los fines del proceso, por el interés social de que cumpla sus fines y se restablezca la paz social, por causas expresamente señaladas (principios de legalidad y de trascendencia) y siempre que se den los principios de convalidación, subsanadón, integración, interés y oportunidad. T ercero , [La] aplicación automática de la sanción de la nulidad por el solo hecho de su constatación, obligaría a declarar la nulidad por causas secundarias, aun cuando el proceso se encuentra sentenciado y precluido en sus etapas previas, proporcionando con ello un arma al litigante de mala fe, que le permitiría demorar indefinidamente el proceso. (Casación N.° 738-97-LÍma, de 03-11-1998, ff. jj. 2 y 3. Sala Civil [EP, 03-01-1999, p. 2342]. Texto completo: ). § 1475. Principio de legalidad o de especificidad. S éptim o . [La] nulidad es la sanción por la cual la ley priva a un acto procesal de sus efectos normales, debiendo diferenciarse la violación de las disposiciones de orden público, que entrañan siempre una nulidad absoluta, de aquellas que solo afectan al interés privado, y que deben ser alegadas por aquel a quien perjudican. (Casación N.° 1908-T-96-Ica, de 02-10-1997, f. j. 7. Sala Civil Transitoria [EP, 15-03-1998, p. 542], Texto completo: ). § 1476. Definición de nulidad del acto procesal. Tercero. [La] nulidad es la sanción por la cual se priva a un acto jurídico-procesal de sus efectos normales, y se declara cuando se ha afectado la forma establecida, lo que comprende tanto la estructura y modo de exteriorización del acto como el orden que le corresponde en el desarrollo de la relación procesal [...]. (Casación N.° 1054-99-Lima, de 07-091999, f. j. 3. Sala Civil Transitoria [EP, 12-11-1999, p. 3911]. Texto completo: ). § 1477. Análisis excepcional para determinar si algún acto o actos procesales invalidan el proceso. Q uinto. [...] Revisada la resolución materia de casación, se aprecia que en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 364 del Código Procesal Civil, la Sala Superior además de haber emitido pronunciamiento sobre los agravios expuestos por la demandada, en su recurso de apelación, excepcionalmente ha analizado si algún acto u actos procesales invalidan el proceso, conforme se advierte del considerando tercero de la recurrida; por lo tanto, no se advierte que la misma se encuentre afectada en causal de nulidad, prevista en el artículo 171 de Código Procesal Civil; por consiguiente, esta denuncia debe desestimarse. (Casación N." 1551-2015-Suílana, de 21-09-2016, f. j. 5. Sala Civil Permanente [EP, 02-05-2017, Sentencias en Casación N,° 727, p. 91895]. Texto completo: ). § 1478. Cuando se evidencia el error in co gita n d o al resolver la excepción de prescripción extintiva, deviene en nula la sentencia. Cuarto. [La] Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de lea al resolver la excepción de prescripción extintiva, ha considerado que la minuta de donación no retine los requisitos legales y al sentenciar sostiene que dicha minuta constituye título para poseer el inmueble. Q uinto . [El] error “in cogitando’1se presenta cuando en una sentencia no se guarda logicidad en las motivaciones; es decir, cuando estas no se apoyan en un proceso deductivo lógico. Sexto. [Eso] ocurre en este caso, por la contradicción evidente que existe en el fundamento de la excepción de

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prescripción extintiva y en ei sustento de la sentencia de vista, por lo que se ha incurrido en la causal de nulidad contemplada en el artículo 171 del Código Procesal Civil, por lo que ya no cabe tampoco pronunciamiento sobre la otra causal invocada en la casación. (Casación N.° 2002-99-Ica, de 23-111999, ff. jj. 4-6. Sala Civil Transitoria [EP, 08-01-2000, p. 4515]. Texto completo: ). § 1479. El no pronunciam iento en la sentencia de segunda instancia sobre el pedido de nulidad formulado contra la apelación de la sentencia de prim era instancia no am erita declarar la nulidad de todo lo actuado, si en base al principio de transcendencia, la subsanarían del vicio no h a de influir en el sentido de la sentencia. D écim o Prim ero. Con relación a la denuncia por errores in procedendo , debe mencionarse que si bien existe un pedido [...] por los demandados solicitando la nulidad de la resolución [...] que concede el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia de primera instancia, que declaró infundada la presente demanda, también lo es que dicho pedido de nulidad se centra en una falta de precisión del agravio expuesto en el recurso de apelación de sentencia, no observándose de ese recurso algún tipo de imprecisión al momento de formularse, más bien el demandante sí señala los agravios incurridos en la sentencia de primera instancia, por lo que atendiendo al principio de trascendencia de las nulidades contemplado en el artículo 172 del Código Procesal Civil que señala “no hay nulidad si la subsanación del vicio no ha de influir en el sentido de la resolución o en las consecuencias del acto procesal”, razón por la cual este extremo del recurso debe desestimarse por no existir vulneración a los artículos I del Título Preliminar y 176 del Código Procesal Civil. [...] (Casación N.° 4573-2010-Lima, de 17-10-2013, f. j. 11 del voto en discordia de los magistrados Távara Córdova, Huamaní Llamas y Calderón Castillo. Sala Civil Permanente [EP, 28-022014, Sentencias en Casación N.° 689, p. 48709]. Texto completo: ). § 1480. Los fundamentos de la sentencia que son complementarias del principal sustento, pese a ser incongruentes con el tema controvertido de la causa, no pueden causar su nulidad. Sexto. [...] [Los] fundamentos contenidos en los considerandos octavo y noveno de la sentencia de primera instancia constituyen obiter dicta, ya que son solo consideraciones complementarias del principal sustento de la misma, y por ello su inclusión en una resolución, aun cuando hiera indebida o incongruente con el tema controvertido de la cansa, no puede causar la nulidad de la misma por indebida motivación. [...] (Casación N.° 2490-2016-Lambayeque, de 19-05-2017, f. j. 6. Sala Civil Transitoria [EP, 03-01-2018, Sentencias en Casación N.° 741, p. 103454]. Texto completo: ). § 1481. El pronunciamiento jud icial sobre un punto no controvertido es declarado nulo.

P rim ero. [En] atención a la denuncia planteada por los recurrentes es de observarse que la Resolución impugnada estableció a la letra en su considerando cuarto “...de todo lo glosado anteladamente puede afirmarse que si bien es cierto el recurrente aparentemente tiene derecho al pago de un justiprecio como producto de haberse mermado parte del terreno de su propiedad para vías de tránsito rápido, también resulta cierto que esto aún habría operado en el plano fácrico, careciendo todavía la Municipalidad de una declaración judicial de propiedad o título alguno que lo legitime como propietario, por consiguiente el pedido de justiprecio sin tal declaración carecía de causa jurídica, dado que el justiprecio es por definición la contraprestación que realiza el Estado por transferencia de un bien cuando media la expropiación...”. S egundo. [Del] análisis del antes transcrito considerando se desprende que la impugnada se pronuncia sobre la no procedencia del pago del justiprecio del terreno materia de litis, puesto que aún no se ba declarado judicialmente su expropiación. [...] C uarto. [Se] desprende claramente que los recurrentes pretenden el pago del valor del terreno utilizado por la municipalidad demandada, mas no el pago del justiprecio, ello en base a que nunca se inició la expropiación de dicho terreno, por lo tanto al haberse pronunciado la recurrida sobre el pago del justiprecio se ba emitido pronunciamiento respecto de un punto no demandado, por lo que se ha incurrido en la causal de nulidad contemplada en el artículo 171 del Código Procesal Civil. (Casación N.° 3346-01-Lima, de 12-04-2002, ff. jj. 1, 2 y 4. Sala Civil Transitoria [EP, 01-07-2002]. Texto completo: ). § 1482. Si la Sala advertía prueba que desvirtuara el derecho de la demandante, lo que le correspondía era em itir un pronunciam iento de fondo y no sancionar una nulidad. Sétim o. [...] n o m o s & t h e s is

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[Si] el Colegiado Superior advertía prueba que desvirtuara el derecho de la demandante, lo que le correspondía era emitir un pronunciamiento de fondo y no sancionar una nulidad, máxime si [en] la apelada [se sostiene] que “la no mención de los demás medios probatorios no enerva la valoración conjunta de los mismos y la conclusión a la que este juzgado arriba”. (Casación N.° 257-2005-Lima, de 14-07-2006, f. j. 7. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 01-12-2006, p. 18014]. Texto completo: ). § 1483. La demanda de nulidad del acto jurídico en el cual participó la causante, debe interponerse en representación de la sucesión y no a titulo personal, de lo contrario adolecerá de nulidad. C uarto. [Si] bien es cierto que por sentencia [...] emitida en el proceso de sucesión intestada de JZR, [...] se ha declarado como sus herederos legales a sus hijos: MA, RE, SY y NM; también es verdad que SY ha interpuesto la presente demanda a título personal y no en representación de la sucesión intestada, lo que constituye un defecto en la constitución de la relación jurídica procesal que debe ser sancionada con nulidad en aplicación del artículo 171 del Código Procesal Civil, nulidad que afecta todo lo actuado en el proceso hasta el auto de saneamiento [...], y reponiendo la cansa a la etapa en que se cometió el vicio, corresponde al a quo emplazar a la sucesión de JZR. (Casación N.° 39232009-La Libertad, de 05-08-2010, f. j. 4. Sala Civil Permanente. Texto completo: ). § 1484. El auto admisorio del recurso de anulación suscrito por los magistrados de una Corte Superior es válido aun si en él consta ía firm a de un magistrado que estuviese impedido de ver la causa, y a que en este tipo de resoluciones de instancia solo se necesitan dos votos conformes. D écim o C u a r t o . [...] [El] recurrente sustenta que él auto admisorio del recurso de anulación deviene en nulo por cuanto fue suscrito por un Juez Superior que se abstuvo por decoro, y que por tanto todo lo actuado suscrito por él estaría afectado de nulidad. Sobre el particular es de precisar que conforme al artículo 141 Texto Unico Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial “En las Salas de la Corte Suprema, cuatro votos conformes hacen resolución. En las Cortes Superiores tres votos conformes hacen resolución, tratándose de las que ponen fin a la instancia, y en los demás casos bastan dos votos conformes [...]. De lo que se colige que, aun cuando el Juez Superior AGR hubiere firmado el auto admisorio de la demanda pese a estar incurso en una causal de abstención, dicha causa no acarrea la nulidad de la resolución en tanto estaríamos ante una omisión intrascendente; conforme a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 171 del Código Procesal Civil, el cual establece que: “Cuando la ley prescribe formalidad determinada sin sanción de nulidad para la realización de un acto procesal, este será válido si habiéndose realizado de otro modo, ha cumplido su propósito”, pues el voto de los dos magistrados integrantes del Colegiado que suscribe dicho auto admisorio la valida, al constituir el cumplimiento del requisito de validez expresamente establecido en la norma, el cual es, al ser un auto que no pone fin al proceso requiere el voto de dos magistrados para su validez. (Casación N.° 350-2016-Huánuco, de 29-11-2016, f. j. 14. Sala Civil Permanente [EP, 02-01-2018, Sentencias en Casación N.° 740, p. 102954]. Texto completo: ). § 1485. Es nula la sentencia inhibitoria am parada en la aplicación de un artículo impertinente al caso en concreto. Q uinto. [...] [El] Colegiado de la Sala Civil de Lima, al revocar la apelada y declarar improcedente la demanda ha emitido un pronunciamiento inhibitorio impropio a la tramitación seguida en los presentes autos, habida cuenta que de la pretensión de la demanda y de la fijación de los puntos controvertidos se advierte que correspondía emitir un pronunciamiento de fondo acorde a la naturaleza del proceso, más aún, cuando el argumento sostenido por la Sala de haberse omitido emplear el mecanismo que establece el artículo 92 del Código Civil deviene en inviable en tanto que el discernimiento esbozado por la Sala difiere de lo peticionado expresamente por la accionante en su escrito de demanda, esto es, establecer si las Asambleas Generales [...], se encuentran incursos en las causales de nulidad prevista en los incisos 4, 7 y 8 del artículo 219 del Código Civil [...]. Sexto. [Siendo] ello así, es evidente que la sentencia impugnada ha sido expedida contraviniendo el numeral 3 del artículo 122 del Código Procesal Civil, incurriendo en causal de nulidad prevista en el artículo .171 del mismo Código. (Casación. N.° 4938-2009-Lima, de 20-10-2010, ff. jj. 5-6. Sala Civil Transitoria [EP, 02-05-2011, Sentencias en Casación N.° 639, p. 29972], Texto completo: ). * SUMMA PROCESAL CIVIL

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§ 1486. Si hay demora en la emisión de la resolución judicial, estaño puede ser sancionada con nulidad, debido a que la sanción no puede incidir sobre las decisiones que los magistrados tomen en el ejercicio de sus funciones. D écim o. [...] [Si] bien el artículo 376 in fin e del Código Procesal Civil, establece que la resolución definitiva tratándose de autos, debe expedirse dentro de los cinco días siguientes a la vista de la causa, lo que según el actor ha ocurrido al noveno día hábil, esto es, fuera del plazo que prevé la norma procesal acotada; sin embargo, ello en modo alguno afecta de nulidad la resolución cuestionada, en tanto que la nulidad solo puede ser sancionada por causa expresamente establecida en la ley según prevé el artículo 171 del Código Procesal Civil, tanto más si la demora o retardo en la emisión de las resoluciones judiciales es una situación que corresponde denunciar a los justiciables si lo consideran conveniente a través de órganos controladores correspondientes, pero no puede incidir sobre las decisiones que estos tomen en el ejercicio de sus funciones los magistrados, por lo que este agravio debe ser desestimado. (Casación N.° 5161-2008-Lima, de 19-01-2010, f. j. 10. Sala Civil Permanente [EP, 01-12-2010, Sentencias en Casación N.° 633, p. 28963]. Texto completo: ).

§ 1487. Si el a d quem consideraba trascendente la valoración del medio probatorio, dicho órgano pudo valorar el mismo sin necesidad de anular la sentencia apelada, no siendo necesario para ello declarar la nulidad de la sentencia de primera instancia. Q uinto . [Del] análisis del caso de autos, se advierte que las razones vertidas en [...] la sentencia de vista, en cuanto refiere que la apelada no habría efectuado “una valoración sistemática de los medios probatorios que obran en autos”, resultan insuficientes para declarar la nulidad de la sentencia apelada, pues no se encuentra especificado qué medios probatorios no fueron valorados adecuadamente o en su conjunto en la sentencia apelada, ni tampoco se ha puntualizado la trascendencia de estos para la solución de la controversia; razones por las cuales y teniendo en cuenta la declaración de nulidad, es un recurso de última ratio que solo procede en determinados casos cuando se advierta la existencia de vicios insubsanables o establecidos en la ley, condiciones que no se aprecian en el caso de autos. Sexto. Si la Sala Superior consideraba trascendente la valoración del medio probatorio consistente en la declaración testimonial [...] dicho órgano como instancia de mérito pudo valorar el mismo sin necesidad de anular la sentencia apelada, no siendo necesario para ello declarar la nulidad de la sentencia de primera instancia. (Casación N.° 1682-2008-Huánuco, de 14-07-2009, ff. jj. 5 y 6. Sala Civil Transitoria. Texto completo: ).

§ 1488. Si el que demanda la nulidad no ha agotado antes otros medios iinpugnáronos para suprimir el fraude, el juez debe declarar improcedente tal demanda. Tercero. [...] [Para] la procedencia de la demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, entre otros, se requiere que el nulidicente haya utilizado y agotado los medios impugnatorios que la ley concede para remover el fraude, colusión o la infracción al debido proceso. Si no utilizó y agotó tales medios impugnatorios (pudiéndolo hacer) ha consentido en la sentencia y sus extremos que aduce la agravian; y por consiguiente estableciéndose plenamente la carencia de interés para obrar por parte del demandante, el juez debe declarar improcedente la demanda conforme a lo dispuesto en el artículo 171°, última parte del Código Procesal Civil. (Casación N.° 2690-2001-Cusco, de 25-09-2001, f. j. 3. Sala Civil Transitoria [EP, 02-01-2002, p. 8265]. Texto completo: ).

§ 1489. No es anulabíe la apelación realizada por un abogado inhabilitado. Finalidad de la apelación. Sétim o. [Es] preciso referirse al principio basado en la finalidad de las formas, que [...] es aquel en virtud del cual los actos procesales son válidos en tanto se hayan realizado de cualquier modo apropiado para la obtención de su finalidad [...] es decir, que las formas procesales no constituyen un fin en sí mismas, de ahí que la validez de los actos del proceso debe juzgarse atendiendo a la finalidad que en cada caso concreto están destinados a conseguir, no procediendo la nulidad cuando aun siendo defectuosos han logrado cumplir su objeto. O ctavo. [En] consecuencia, si el Abogado que autorizó el recurso de Apelación no estuvo habilitado para el patrocinio judicial por falta de pago de cuotas gremiales, ello no es razón suficiente para anular el acto procesal y los efectos que de él hayan derivado aun cuando el vicio resulta manifiestamente reprochable por la conducta del letrado, resulta de mayor n o m o s & th e s is

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interés considerar que la parte procesal o patrocinado (sea actor o demandado) no se vea perjudicada en su derecho a la doble instancia por la irregularidad administrativa anotada, pues el objeto o fin del medio impugnatorio referido es que el juez (Colegiado) superior revise el fallo apelado, pues pese a que el recurso es defectuoso al estar autorizado por el letrado inhabilitado, ha cumplido con satisfacer la vigencia o tutela del derecho a impugnar las resoluciones judiciales consagrado en la Constitución Política del Estado como principio del debido proceso. (Casación N.° 1363-99-LÍma, de 09-11-1999, ff. jj. 7 y 8. Sala Civil [EP, 23-12-1999, p. 4403]. Texto completo: ). § 1490. No es viable que la Sala declare la n ulidad de una resolución por el hecho de tener una apreciación diferente de los hechos. D écim o. [...] Si el Colegiado Superior considera que la conclusión a la que arribó el Juez de la causa es errada, [...] debe resolver conforme a lo que indique su criterio jurisdiccional y a lo que aparezca de las pruebas incorporadas al proceso, pero no es viable declarar la nulidad de una resolución por el hecho de tener una apreciación diferente de los hechos. (Casación N ° 3672-2006-Lima, de 05-06-2007, f. j. 10. Sala Civil Transitoria [EP, 03- 01-2008, p. 21395]. Texto completo: ). § 1491. No procede declararse la nulidad del auto que declara fundada la excepción al haberse presentado esta sin anexar la correspondiente tasa judicial. O ctavo. [T]odo acto procesal está destinado a producir efectos, los cuales podrían ser interrumpidos ante la declaración de nulidad de este; sin embargo, a pesar que es una garantía procesal constitucional el derecho a un debido proceso, dentro del cual se incluya, el respeto por las formas procesales, no todos los actos procesales pueden ser declarados nulos, aun cuando presenten, dentro de su estructura, una irregularidad; por ello, dentro de la doctrina procesal moderna y de acuerdo con el artículo 171 del Código Procesal Civil se aplica el principio de trascendencia de las nulidades procesales, con la cual pretende enunciar que no todos los actos procesales devienen en nulos, sino solo aquellos cuya trascendencia para el proceso, sea relevante [...]. N oveno. [En] el caso de autos, y con relación al vicio antes deducido, se está ante un supuesto en el que, a pesar de haberse denunciado un agravio procesal contra una resolución admisoria de una excepción, el cual es claramente objetivo, las instancias de mérito han procurado resolver el fondo de la controversia antes que la formalidad arancelaria del escrito presentado; es así que, se ha declarado fundada la excepción de convenio arbitral, alejando de la jurisdicción civil común este caso y remetiéndosele a la jurisdicción arbitral; por ende, esta particular circunstancia procesal, hace devenir en irrelevante el agravio denunciado, deviniendo en infundado el recurso de casación [...]. (Casación N.° 4878-2006-Lima, de 29-04-2008, ff. jj. 8 y 9. Sala Civil Transitoria [EP, 04-02-2009]. Texto completo: ). § 1492. Es nula la sentencia que no precisa la forma en que en que se debe efectuar la división de un inmueble. Sexto. [...] [El] juez de la causa como el ad quem, que reproduce los fundamentos de la apelada, [...] ordenando la división del inmueble [...], pero otorgando a la actora el lado derecho del inmueble sin justificar la razón de tai decisión, ni menos precisar en qué forma o manera se efectuaría materialmente la división de un bien [...], situación esta que debe ser necesariamente dilucidada; tanto más si ambas partes en conflicto asignan un mayor valor a la sección derecha del predio; lo que se repite en el caso de los otros dos inmuebles, en los que tampoco se considera la posibilidad real de división sino que se concede a cada parte una proporción que equivale al 50 % de los bienes; a lo que debe agregarse la omisión de valorizar la mercadería existente en el local comercial y la nula referencia a las obligaciones y cargas que afectan los bienes sociales denunciadas como agravios en la apelación del demandado [...]. Sétim o. [Siendo] esto así, se evidencia la vulneración del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva consagrado en el artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil, afectándose el debido proceso por la omisión en despejar la incertidumbre con relevancia jurídica al emitirse una resolución cuya motivación deviene en defectuosa por no ajustarse a lo actuado y al derecho [...], lo que acarrea su nulidad a tenor del artículo 171 del Código Formal [...]. (Casación N.° 133-2003-Ucayali, de 20-072004, ff. jj. 6-7. Sala Civil Permanente [EP, 03-11-2004]. Texto completo: ). ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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§ 1493. Si se evidencia un vicio en la constitución de la relación procesal, el juez no puede anular todo lo actuado en relación a uno de los demandados, debido que resultaría una duplicidad de etapas dentro de un mismo proceso. Sexto. [La] nulidad es la sanción por la cual la ley priva a un acto procesal de sus efectos normales, de tal manera que si el juez determina que a uno de los demandados no se le notificó con la demanda, y pone en evidencia un defecto en la constitución de la relación jurídica procesal, debe anular todo lo actuado y reponer la causa a la etapa en que se cometió el vicio [...] [Resulta, por ello], impropio y contrario a los principios de unidad procesal y de la preclusión, que se anule lo actuado solo con relación a uno de los demandados, lo que llevaría a que este pueda plantear su propia contradicción que tendría que ser resuelta independientemente, resultando en una duplicidad de etapas dentro de un mismo proceso. (Casación N.° 1094-99-La Libertad, de 08-091999, f. j. 6. Sala Civil Transitoria [EP, 28-11-1999, p. 4182]. Texto completo: ).

§ 1494. Si una acción (en este caso, una de exclusión de nombre) no tiene una vía procedimental específica, la decisión del a q uo de tramitar la causa en la vía de Conocimiento no acarrea nulidad procesal alguna. P rim ero. [N]inguna de las 23 disposiciones transitorias finales del Código Procesal Civil prevé que la acción de exclusión de nombre se tramita en la vía abreviada. S egundo. [E]sta acción no tiene una vía procedimental específica, por lo cual la decisión del a quo de tramitar la causa en la vía de Conocimiento no acarrea nulidad procesal alguna. Tercero. [Más] aún, la vía de Conocimiento, por su naturaleza, permite un mejor ejercicio del derecho de acción y contradicción a las partes. (Casación N.° 3570-2002-Ucayali, de 04-07-2003, ff. jj. 1-3. Sala Civil Transitoria [EP, 31-03-2004, p. 11664], Texto completo: ).

§ 1495. No es causal de nulidad si no se acompaña la tasa judicial al allanamieuto, pudiéndose convalidar posteriormente. P rim ero. [La] recurrente ampara su recurso de casación, en base a las siguientes alegaciones: [...] c) otra causal de nulidad de proceso es el allanamiento, el cual no cuenta con las correspondientes tasas judiciales, la cual es obligatoria para cada uno de los demandados allanados [,,.], Tercero. [Respecto] a los cargos denunciados [...] en el punto c), resulta de aplicación los principios de convalidación y trascendencia, pues la recurrente convalidó el acto que ahora viene cuestionando; además, no se advierte que con el mencionado acto procesal se haya cansado perjuicio a una de las partes. (Casación N.° 1104-2004-Puno, de 28-02-2006, f. j. 1 y 3. Sala Civil Transitoria [EP, 28-022006]. Texto completo: ).

§ 1496. La falta de la realización de una inspección judicial dispuesta por el juzgado, genera nulidad insubsanable. Cuarto. [La] Sala Superior, al momento de emitir pronunciamiento, no ha evaluado ni tomado en consideración, que el a quo no ha cumplido con lo ordenado en la resolución [...] en la que se dispone la realización de la inspección judicial en el predio materia de litis, diligencia procesal, que, además de contar con la presencia del juez de la causa, debió realizarse con intervención de dos peritos inscritos en el Registro de Peritos judiciales (REPEJ), obviándose un acto procesal y de sus efectos establecidos en la parte in fin e del artículo 606 del Código Procesal Civil [...]. Incurriendo en la causal de nulidad contemplada por el artículo 171 del citado Código; toda vez que las normas procesales son de carácter imperativo, salvo regulación permisiva en contrario. (Casación N.° 3891-2010-Lambayeque, de 06-09-2011, f. j. 4. Sala Civil Permanente [EP, 30-07-2012, Sentencias en Casación N.° 669, p. 36548]. Texto completo: ).

§ 1497. El juez no puede variar sus resoluciones, sin haber anulado la alterada. T ercero . [Cuando] el juzgador altera sus resoluciones en forma expresa o tácita, expidiendo otra resolución en abierta contradicción con la anterior, sin haber anulado con arreglo a ley la alterada, incurre en una causal de nulidad prevista en el artículo 171, primer párrafo del Código Procesal Civil; toda vez que quiebra la seguridad que garantiza el debido proceso. (Casación N.° 198-T-97-Lima, de 28-11-1997, f. j. 3. Sala Civil Transitoria [EP, 03-04-1998, p. 598]. Texto completo: ). § 1498. Se incurre en nulidad cuando se niega validez a la declaración de un adolecente en un proceso de adulterio cuando ba sido testigo de los hechos y sirven para producir certeza en el juez. T ercero. [H]abiendo sido el adolescente testigo de los hechos invocados como adulterio por n o m o s & th e s is

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el demandante, su declaración era necesaria en el proceso para producir certeza en el Juez respecto de los puntos controvertidos y fundamentar su decisión, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 188 del Código Adjetivo. C uarto. [Al] no haber admitido, ni merituado la resolución de vista, la declaración del adolescente a pesar de que existía la convalidación tácita de la nulidad, ha incurrido a su vez en la causal de nulidad contemplada en el artículo 171 del Código Procesal Civil, porque ha negado validez a una declaración que debe ser merituada en el proceso. (Casación N.° 2540-97-Lima, de 20-07-1998, ff. jj. 3-4. Sala Civil Transitoria [EP, 02-10-1998, p. 1724], Texto completo: ).

§ 1499. Eí logro de los fines del proceso prevalece sobre otras consideraciones. Preclusión y facultades del juez. Véase la jurisprudencia del artículo III del Código Procesal Civil [§ 168], (Casación N.° 720-97-Lima, de 03-12-1998, ff. jj, 4 y 5. Sala Civil [EP, 01-02-1999, p. 2565]. Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DE LAS CORTES SUPERIORES

§ 1500. El saneamiento del proceso no impide al juez declarar la nulidad de oficio. [...] [Si] bien el presente proceso ha sido saneado tal como consta de la audiencia [...], esto no significa que de encontrarse una causal de nulidad no pueda ser declarada de oficio; pues los dispositivos legales son de interés público y de cumplimiento obligatorio. (Exp. N.° 1293-94, de 15-02-1995. Tercera Sala Civil, Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ). § 1501. Se incurre en nulidad cuando el juez decide prescindir de una prueba que resulta importante para la decisión de la litis. P rim ero. [Para] una justa solución del litigio, eí juzgador debe contar con los elementos de convicción necesarios y a tal finalidad debe hacer uso de la facultad prevista en el artículo 194 del Código Procesal Civil. [...] Tercero. [No] obstante ello, el a quo [...] decide prescindir de [la] pericia [grafotécnica], sin haber agotado todos los medios legales para su actuación, máxime que tal prueba fue admitida como pertinente por el propio Juez, y de los actuados 110 aparece motivos razonables para prescindir de aquella pericia que resulta importante en la decisión de la litis; de consiguiente, se ha incurrido en causal de nulidad y estando a lo dispuesto por los artículos 171 y 176, infine, del Código [Procesal Civil], (Exp. N.° 787-95-N, Res. N.° 5, de 31-01-1996, sumilla. Primera Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Arequipa. Texto completo: ).

§ 1502. Es nula la resolución que contiene el acto procesal que carece de los requisitos indispensables para la obtención de su finalidad. [...] [No] es materia de la alzada [...], la necesaria unidad procesal impide el pronunciamiento parcial al respecto, desde que dicha resolución [..,] está atacada de manifiesta nulidad pues ciertamente el acto procesal contenido en la referida resolución, carece de los requisitos indispensables para la obtención de su finalidad; por lo que en aplicación de lo previsto por los artículos 171 y 177 del Código Procesal Civil; se d e c l a r a r o n n u l a s las resoluciones [...]. (Exp. N.° 1914-94, de 06-01-1995. Cuarta Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ),

§ 1503. Si el juez decide sobre un punto ajeno a la controversia, se declara nula la sentencia. [...] [No] se ha emplazado con la demanda [...] a las personas que tienen interés en la presenten causa y deben ser emplazadas con arreglo a ley; además la sentencia decide [sobre un] punto ajeno a la controversia, por lo que los actos procesales efectuados carecen de los requisitos indispensables para la obtención de su finalidad de conformidad con el artículo 171 del Código Procesal Civil y con la facultad que otorga la última parte del artículo 176 del acotado; declararon n u l a la sentencia apelada [...]. (Exp. N.° 309-95, de 08-05-1995. Quinta Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ).

§ 1504. Las objeciones expresadas por eí juez que carecen de fundamento debido a la lectura ligera de la demanda o a una actitud displicente en la solución del conflicto, determinan que la sentencia devenga en nula. Tercero. [Las] objeciones expresadas por el juzgador en la sentencia recurrida carecen de fundamento, apreciándose que, o son el fruto de una lectura ligera de la demanda

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y sus anexos o, en todo caso de una actitud displicente en la solución de ios conflictos sometidos a su competencia, hipótesis ambas que son igualmente cuestionables [conlleva a declarat la nulidad de la sentencia]. (Exp, N.° 481-95, de 12-06-1995, fl j. 3. Cuarta Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ). § 1505= Si el juez se pronuncia sobre la partición de la herencia y el pago de legado cuando la demanda es sobre la acción de pago por los funerales del padre, dicha sentencia contraviene el principio de legalidad e incurre en invalidez. Q uinto. [...] [El] juez de la causa no podía recalificar la demanda [de acción de pago en dólares por el gasto del funeral de su padre] y mucho menes determinar que la actora solo tenía derecho de oposición que señala el numeral 875° del Código Civil, contra la partición de la herencia, que no se discute y al pago o entrega de los legados que tampoco es punto de controversia, para concluir, con tales premisas, que es improcedente la demanda. Sexto. [Dicho] pronunciamiento infringe el principio de legalidad e incurre en la causal de invalidez [...]. (Exp. N.° 311-95, de 06-06-1995, íf jj. 5 y 7. Cuarta Sala Civil. Corte Superior de justicia de Lima. Texto completo: ). § 1506. La sentencia es nula, si no se declara la prescindencia del expediente y aun así se emite sentencia. [...] [H]abÍéndose emitido una sentencia, sin tener a la vista dicho expediente, cuya prescindencia no se dispuso, ni menos se compulsó en el fallo el hecho de haberse rechazado la acción ejecutiva en dichos actuados [...] se ha incurrido en causal de nulidad [.,.]. (Exp. N.° 836-95, de 2905-1995- Cuarta Sala Civil. Corte Superior de justicia de Lima. Texto completo: ). § 1507. Es nula la sentencia que se expide sin tomar en cuenta las pruebas que previamente no se declararon su prescindencia. Q uinto. [El] juez de la causa ha procedido a expedir la resolución venida en grado sin tener a la vista dichos actuados no habiéndose declarado la prescindencia de dicha prueba. S e x to . Estando a lo dispuesto por los artículos 171 y 277 del Código Procesal Civil, declararon nula la sentencia apelada [,..]. (Exp. N.° 317-94, de 03-04-1995, ff. jj. 5-6. Quinta Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ). § 1508. Es nula la sentencia cuando el juez no se pronuncia sobre la procedencia o improcedencia de la denuncia formulada. Cuarto. [...] [El] a -q u o no se ha pronunciado sobre la procedencia e improcedencia de la denuncia formulada, a pesar de haber puesto en conocimiento de la actora la referida denuncia y haber admitido el escrito del denunciado [...]. S é tim o . Estando a lo dispuesto por los dispositivos legales antes señalados y a lo preceptuado en los artículos 171 y 177 del Código Adjetivo, declararon n u l a la sentencia apelada [...]. (Exp. N.° 570-95, de 05-06-1995, ff. jj. 4 y 7. Quinta Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima.Texto completo: ). § 1509. Es nula la sentencia si antes de resolver la nulidad se efectuó la audiencia de saneamiento, conciliación y pruebas. [Los] demandados adujeron [...] la nulidad de la resolución [...] por no haber sido notificados [...] con arreglo a ley; que esa incidencia se admitió a trámite y quedó expedita para resolverla [...], pero no se dictó la resolución pertinente, sino que se efectuó la Audiencia de Saneamiento, Conciliación y pruebas [...], no pudiendo aplicarse en este caso los principios de convalidación, subsanación o integración; declararon nula la sentencia apelada [...]. (Exp. N.° 352-95, de 12-05-1995. Quinta Sala Civil. Corte Superior de justicia de Lima. Texto completo: ). § 1510. Es nula la sentencia que no establece el inicio del cómputo del plazo de prescripción frente a la demanda de indemnización, debido a que no se puede determinar desde cuando está expedito el derecho para ejercitar la acción indemnizatoria. Las resoluciones judiciales no solo deben estar motivadas, sino también la argumentación que ella contiene debe ser coherente, precisa y debe sustentarse en los actuados judiciales correspondientes; que, en el presente caso, se ha deducido la excepción de prescripción extintiva, que por su naturaleza es de cómputo de tiempo; a que la jueza, al efecto, ha debido establecer con claridad y precisión desde cuándo debe computarse el plazo de prescripción deducida frente a la demanda sobre indemnización, es decir, desde cuándo estaba expedito n o m o s & fhesís

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el derecho de la parte actora para ejercitar la acción indemnízate» ría; a que no habiéndose procedido en la forma anotada la resolución impugnada se halla afecta de nulidad, corriendo igual suerte la denegatoria dei medio probatorio relativo a la declaración de parte ofrecido. (Exp. N.° 1053-97, de 11-09-1997. Tercera Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Ponentes: Carrión Lugo, Álvarez Guillen y Hasembank Armas. Referencia: CPC Bibiiogr., p. 170). § 15 11. El hecho de que se haya planteado al mismo tiempo la nulidad de la sentencia y la apelación de la misma, no debe determinar al juzgador denegar ambas. [El] hecho de que [se] haya planteado al mismo tiempo la nulidad de la sentencia y la apelación de la misma, no debe determinar al juzgador denegar ambas, tanto porque se contraría el principio de que todos tienen derecho a la tutela jurisdiccional cuanto porque la instancia plural y la revisibilidad de los fallos son principios y derechos de la administración de justicia [...]. (Exp. N.° 182-95, de 20-02-1995. Primera Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ). § 1512. No es procesalmente viable sustituir los medios impugnatorios previstos en la ley procesal por la nulidad. La resolución que ampara la excepción de falta de legitimidad para obrar, ha sido debidamente notificada a la parte demandante como aparece de la cédula de notificación. En tal virtud, contra dicha resolución lo que ha debido proponerse es el recurso de apelación y no su nulidad, no siendo procesalmente viable sustituir los recursos impugnatorios previstos por el Código Procesal Civil por artículos de nulidad. Por lo demás, la primera la resolución mencionada, se ha dictado dentro de la doctrina que se orienta el proceso civil nacional del permanente saneamiento procesal desde la calificación de la demanda hasta la decisión final, (Exp. N.° 843-97, de 09-09-1997. Tercera Sala Civil, Corre Superior de Justicia de Lima. Ponentes: Carrión Lugo, Aguirre Salinas y Hasembank Armas. Referencia: CPC Bibiiogr., p. 171). § 1513. La ley procesal no prohíbe que se pueda plantear una pretensión que persigue una decisión declarativa. La pretensión procesal principal planteada en la demanda se refiere a la declaración de ineficacia de títulos valores hecha valer dentro del proceso lato previsto por el Código Procesal Civil; no existe prohibición expresa en el mencionado ordenamiento procesal para plantear una pretensión procesal como la anotada, que persigue una decisión declarativa. (Exp. N.° 1232-97, de 31-10-1997. Tercera Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Ponentes: Carrión Lugo, Betancour Bossio y Hasembank Armas. Referencia: CPC Bibiiogr., p. 170).

Artículo 172: Principios de convalidación, subsanación o integración Tratándose de vicios en la notificación, la nulidad se convalida si el litigante procede de manera que

ponga de manifiesto haber tomado conocimiento oportuno del contenido de la resolución. Hay también convalidación cuando el acto procesal, no obstante carecer de algún requisito formal, logra la finalidad para la que estaba destinado. Existe convalidación tácita cuando el facultado para plantear la nulidad no formula su pedido en la primera oportunidad que tuviera para hacerlo. No hay nulidad si la subsanación del vicio no ha de in flu ir en el sentido de la resolución o en las consecuencias del acto procesal. El Juez puede integrar una resolución antes de su notificación. Después de la notificación pero dentro del plazo que las partes dispongan para apelarla, de oficio o a pedido de parte, el Juez puede integrarla cuando haya omitido pronunciamiento sobre algún punto principal o accesorio. El plazo para recurrir la resolución integrada se computa desde la notificación de la resolución que la integra. El Juez superior puede integrar la resolución recurrida cuando concurran los supuestos del párrafo anterior.

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JURISPRUD ENCIA DE LA CORTE SUPREMA, DE LAS CORTES SUPERIORES Y DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL A. PRINCIPIO DE CONVALIDACIÓN

§ 1514. Principios de convalidación y elasticidad. Q uinto. [Esta] Sala Suprema considera que la resolución impugnada contraviene las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, concretamente, de los principios de celeridad y economía procesal, contemplados en el numeral V del Título Preliminar del Código Procesal Civil, porque si bien es cierto que el artículo IX de dicho Título Preliminar recoge el principio de vinculación y formalidad de las normas y actos procesales; sin embargo, también se contempla el principio de elasticidad, en virtud del cual las exigencias de las citadas normas se adecuarán a los fines del proceso. Sexto. [La] Sala Superior debió tener en cuenta el principio de elasticidad [...] en concordancia con los principios que integran la teoría délas nulidades procesales, entre ellos, el principio de convalidación, contemplado en el artículo 172 del Código Procesal Civil, según el cual “tratándose de vicios en la notificación, la nulidad se convalida si el litigante procede de manera que ponga de manifiesto haber tomado conocimiento oportuno del contenido de la resolución”; pues, examinado lo actuado en el presente proceso, tenemos que el Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Trabajo y, Promoción del Empleo se apersonó a la instancia y contestó la demanda [...] intervención que fue admitida [.,.] e inclusive dicha parte demandada interpuso recurso de apelación contra la sentencia apelada [...] no expresando como agravio vicios en la notificación de la demanda, demostrando plena conformidad con su emplazamiento. S éptim o [Se] llega a la conclusión que la Sala Superior ha infringido las normas procesales precedentes [arts. IX y 172 CPC], contraviniendo el derecho al debido proceso de la impugnante [...], (Casación N.° 2536-2007-Junín, de 31-07-2008, ff. jj. 5-7. Sala Civil Transitoria. Texto completo: ). § 1515. Principio de convalidación: el colegiado no puede sustituirse en el lugar de una de las partes y anular actos procesales que han sido consentidos por esta. O ctavo. [Si] bien es cierto el artículo II del Título Preliminar del Código Procesal Civil, establece que el Juez es el director del proceso, ello no invalida que la naturaleza esencial del proceso civil es de ser dispositivo, y por lo tanto, el Colegiado no puede sustituirse en el lugar de una de las partes y anular actos procesales que han sido consentidos por esta, máxime si en autos dicho sujeto procesal no ha sufrido de indefección, porque ello implicaría vulnerar el principio de igualdad entre las partes. (Casación N.° 671-99-Chincha, de 09-07-1999, f. j. 10. Sala Civil Permanente [EP, 01-09-1999, p. 3409]. Texto completo: ). § 1516. Aplicación del principio de convalidación tácita: no existen razones suficientes para declarar la nulidad del supuesto acto procesal viciado, toda vez que la im pugnante no planteó la nulidad de este en la prim era oportunidad que tenía para hacerlo. O ctavo. [Este] Tribunal Supremo considera que no existen razones suficientes para declarar la nulidad del supuesto acto procesal viciado, toda vez que la entidad impugnante no planteó la nulidad de este en la primera oportunidad que tenía para hacerlo, pues, se advierte que la resolución [...] que declara saneado el proceso y dispone que las partes propongan los puntos controvertidos, no fue impugnada oportunamente, pese a que fue debidamente notificada según consta del cargo de notificación [...]; más aún la propia entidad recurrente mediante escrito [...] propuso los puntos controvertidos respectivos; por tal razón, resulta de aplicación el principio de convalidación tácita del acto viciado contemplado en el artículo 172, tercer párrafo, del Código Procesal Civil. N oveno. [No] es posible declarar la nulidad del presunto acto procesal viciado, pues este no resulta ser de tal trascendencia, ya que inclusive la propia recurrente lo dejó consentir, lo que evidencia que no se ha afectado la garantía esencial del derecho de defensa de la impugnante, componente del derecho al debido proceso, siendo esto así, el recurso así propuesto no resulta atendible. (Casación N.° 237-2013-Junín, de 12-09-2013, ff. jj. 8-9. Sala Civil Permanente [EP, 30-05-2014, Sentencias en Casación N.° 692, p. 52684], Texto completo: ). s & th e s is

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§ 1518. Cuando se form ula contradicción en el mismo escrito en que se deduce la nulidad de actuados, pero el acto afectado de nulidad es el de la notificación defectuosa de la demanda, mas no la absolución a su traslado, no puede ser aplicada la convalidación tácita. Sexto. [...] [El] Colegiado Superior refiere -en el segundo considerando de la recurrida- que en razón a que los coejecutados formularon contradicción en el mismo escrito en que dedujeron la nulidad de actuados, se habría producido la convalidación tácita de los mismos, por lo que resuelve confirmar el auto apelado. Al respecto, debe tenerse en cuenta que si bien en virtud al principio de convalidación no es procedente declarar la nulidad si se ha convalidado el acto procesal que se pretende nulificar, sin embargo en autos el acto afectado de nulidad es el de la notificación defectuosa de la demanda de ejecución de garantías y del respectivo mandato de ejecución, mas no la absolución a su traslado [la contradicción], por lo que no puede ser aplicada ía convalidación acotada al presente caso, más aún si en atención al principio de la finalidad incumplida, la nulidad debe declararse y sancionarse si el acto procesal no ha cumplido su finalidad, por carecer de uno de los requisitos esenciales para su validez, tal como lo reconoce el artículo 171 del Código Procesal Civil, y no habiendo cumplido la notificación de la demanda de ejecución la finalidad para la cual estaba destinada -a tenor del artículo 155 del anotado Código; vulnerando el derecho de defensa de los coejecutados recurrentes, resultaba fundado el pedido de nulidad [...]. (Casación N.° 340-04-íca, de 10-05-2005, f. j. 6. Sala Civil Transitoria [EP, 30-09-2005]. Texto completo: ). § 1519. De m anera excepcional, no se debe disponer el reenvío de la causa al inferior jerárquico, cuando el vicio no incide sustancialm ente en el sentido de la resolución, sino más bien, se debe anular el fallo únicam ente en el extremo im pugnado. Sexto. Conforme al artículo 396, inciso 2 del Código Procesal citado, además de declarar la nulidad del fallo corresponde ordenar a la Sala Superior la expedición del nuevo pronunciamiento, con las correspondientes indicaciones y alcances que según sea el caso disponga la Sala Suprema. Empero, en el caso de autos, no obstante es materia de grado la tercera causal de contravención a las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, relativo al pago de las costas y costos del proceso, extremo que no incide de manera sustancial con todo el sentido deí fallo, por lo que, de manera excepcional y en virtud del principio de economía procesal contemplado en el artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Civil, este Tribunal Supremo conviene no disponer el reenvío de la presente causa al inferior jerárquico, sino actuar como

♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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CPC

§ 1517. La omisión de! juez de pronunciarse sobre determinados medios probatorios en ía sentencia puede ser convalidada por la inacción del afectado. S egundo. [...] [N]uestro Ordenamiento Procesal Civil ha contemplado en su artículo 172, principios tales como el de convalidación, subsanación e integración, que enervan una aparente sanción de nulidad por la pura formalidad, a efectos de lograr más bien los fines concretos y abstractos del proceso; consistiendo el principio de convalidación la no configuración de nulidad, por algún vicio relevante, en virtud a que el acto procesal afectado ha logrado su finalidad o el facultado para plantearlo no formula su pedido en la primera oportunidad que tuviera para hacerlo, o procede de manera que pone de manifiesto haber tomado conocimiento oportuno del contenido de las resolución, respecto de vicios en la notificación; asimismo, por el principio de subsanación no hay nulidad si la subsanación del vicio no ha de influir en el sentido de la resolución o en las consecuencias del acto procesal. Tercero. [En] el presente caso, el recurrente denuncia como afectación del derecho al debido proceso el hecho de que el juez de la causa no se haya pronunciado en su sentencia sobre la oposición a un medio probatorio que este formulara oportunamente y que en la audiencia de conciliación expresamente el juzgador se obliga a resolverlas conjuntamente con la sentencia; sin embargo, del análisis de los autos fluye que si bien, en efecto, el a quo omitió pronunciarse sobre dicha cuestión probatoria en su sentencia, también lo es que, este vicio no fue denunciado en modo alguno como agravio por el recurrente en su recurso de apelación [..,] conforme ai artículo 366 deí Código adjetivo [...]. (Casación N.° 2164-2004-Ucayali, de 24-10-2005, ffi jj. 2 y 3. Sala Civil Transitoria [EP, 02-06-2006], Texto completo: ).

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sede de instancia y anular el fallo únicamente en el extremo impugnado [...]. (Casación N.° 51362007-Lima, de 07-08-2009, f. j. 6. Sala Civil Transitoria [EP, 01-02-2010, Sentencias en Casación N.° 622, p. 27224]. Texto completo: ). § 1520. El vicio m aterial que no influye en el sentido de la resolución o en las consecuencias del acto procesal, debe ser subsanado por corrección. Sétim o. [...] [El] principio de trascendencia reconocido en el artículo 171 del Código Procesal Civil, el cual se refiere a que no basta que aquella se encuentre enmarcada en los supuestos establecidos en el primer párrafo de la norma citada, sino, además, que aquella sea esencial para el proceso. En tal sentido, se ha sostenido que: “cuando se realice un acto procesal infringiendo un requisito formal esencial, nos encontraremos ante un acto en principio nulo, pero si se trata de un requisito formal intrascendente, el acto devendrá solamente en irregular, pero no perderá su eficacia (...). Asimismo, también se encuentra enmarcado el principio de subsanación de los actos procesales por el cual, a tenor de lo establecido en el artículo 172 de ese mismo Código, en su cuarto párrafo, “no hay nulidad si la subsanación del vicio no ha de influir en el sentido de la resolución”. [...] N oveno. [En] ese sentido, se aprecia que el presente conflicto de intereses se centra en la petición de herencia solicitada por los demandantes [...], la misma que ha sido materia de debate en el proceso, concluyendo la Sala de mérito en declarar improcedente la demanda dejando a salvo el derecho de los demandantes para que procedan conforme a ley, siendo aquel extremo de la resolución recurrida lo que resuelve el presente conflicto de intereses; empero, la subsunción del vicio observado [...] respecto al cargo de costas y costos por parte de los demandantes, no influye en el sentido de la resolución o en las consecuencias de ese acto procesal, razones por las cuales el presente recurso de casación debe desestimarse, sin perjuicio de corregir la irregularidad procesal descrita. D écim o. [En] conclusión, al no configurarse la causal denunciada, el recurso de casación deviene en infundado, debiendo procederse conforme a lo dispuesto en el artículo 397 del Código Procesal Civil, sin embargo, corresponde rectificar la resolución recurrida en el extremo que impone las costas y costos a cargo de los demandantes. (Casación N.° 657-2009-La Libertad, de 2209-2009, ff. jj. 7, 9 y 10. Sala Civil Permanente [EP, 31-05-2010, Sentencias en Casación N.° 626, p. 27712]. Texto completo: ). § 1521. Si el recurrente no sustenta cómo el supuesto acto procesal viciado le ha causado agravio, por el principio de convalidación, el acto procesal no acarrea la n ulidad de los actuados y queda consentido. C uarto. [La] normatividad procesal prevé [la] nulidad de los actos procesales cuando estos carezcan de los requisitos indispensables para la obtención de su finalidad; sin embargo, [...] [se debe tener presente] el principio de convalidación, como requisito sustancial el agravio que pudiera ocasionar un acto procesal viciado. Q uinto. [...] [Sin] embargo, el actor [agraviado] no ha sustentado en qué le pueda ocasionar agravio este hecho, y por el principio arriba invocado, este acto procesal no puede acarrear la nulidad de actuados, pues en todo caso el agraviado [...] lo ha consentido, resultando inviable esta causal. (Casación N.° 1852-97-Huánuco, de 05-05-1999, ff. jj. 4-5. Sala de Derecho Constitucional y Social [EP, 24-11-1999, p. 4144]. Texto completo: ). § 1522. Si no se denuncia la falta de firma en el escrito de dem anda en el momento oportuno en el que debió hacerse, se colige que se ha convalidado la causal de nulidad. Tercero. [El] recurso no merece ser amparado por cuanto se exponen argumentos reiterativos del recurso de apelación los mismos que han sido analizados por el Ad quenr, siendo el caso que la validez o invalidez de los medios probatorios aportados por la parte demandante, debe discutirse en la etapa procesal correspondiente a través de las cuestiones probatorias que prevé la ley y no en el presente recurso casatorio. Asimismo, sobre el agravio que refiere sobre falta de firma de la demanda no ha sido denunciado en el momento oportuno que se tenía para hacerlo y habiendo la parte recurrente contestado la demanda dentro del plazo de ley se colige que ha convalidado la supuesta nulidad de los actos procesales conforme lo acota el artículo 172 del Código Procesal Civil. (Casación N.° 1022-2003-Cono Norte, de 02-06-2003, f j. 3. Sala Civil Transitoria [EP, 31-10-2003]. Texto completo: ). n o m o s & t h e s is

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§ 1523. Se convalida la nulidad, si se deduce de lo actuado que el demando tomó conocimiento del adm isorio de la demanda, pese a la falta de notificación. S egundo. [Sí] el proceder del ejecutado denota conocimiento del admisorio de la instancia, pese alo cual recién se apersona mediante escrito [...] para formular apelación contra la sentencia siendo de aplicación lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 1 7 2 del Código Procesal Civil. S e n t e n c i a : estando a las conclusiones que anteceden se declara infundado el recurso de casación. (Casación N.° 315-94-Ancash, de 23-01-1996, f. j. 2, Sala Civil. Texto completo: ). § 1524. Si a consecuencia de vacaciones judiciales se cam biara a quienes integran el colegiado o el juez que resolverá los procesos en trám ite, el fallo será plenamente válido. D écim o Quinto, [Las] vacaciones judiciales de los órganos jurisdiccionales, es de público conocimiento a través de las Resoluciones Administrativas de la Presidencia de cada Corte Superior publica en cada sede o en diario oficial El Peruano, lo que permite a la defensa y a los justiciables acudir a las secretarías correspondientes de los órganos jurisdiccionales para informarse sobre quiénes integran el Colegiado o el juez que resolverá los procesos en trámite; por lo que mal puede argumentar el denunciante que no pudo ejercer el derecho de recusación a los magistrados de la Primera Sala Civil que alega; fundamento por el cual es de aplicación el principio de convalidación procesal prescrito en el artículo 172 del Código Procesal Civil, a razón que el denunciante tomó conocimiento oportuno de la variación del Colegiado, fundamento por el cual la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional prescrito en el numeral 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, ha sido respetado por el Colegiado Superior. (Casación N.° 1140-2004-Piura, de 10-08-2005, f. j. 15. Sala Civil Transitoria [EP, 28-022006]. Texto completo: ). § 1525. Procedencia del principio de convalidación. S egu n do , [...] [O]pera el principio de convalidación cuando el acto procesal no obstante carecer de algún requisito formal, logra la finalidad para la que está destinado (Exp. N.° 1621-94, de 08-11-1994, f. j, 2. Tercero Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ). § 1526. Se convalida la sentencia pese a carecer de un requisito formal, puesto que, la parte resolutiva y expositiva de la m isma guardan relación con lo actuado en el proceso. Tercero. [El] error indicado no invalida la sentencia apelada, pues la parte resolutiva y expositiva de esta guarda relación con lo actuado en el proceso, siendo de aplicación lo establecido en el segundo párrafo del artículo 172 del Código Procesal Civil. (Exp. N.° 342-97, de 19-11-1997, £ j. 3. Segunda Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ). § 1527. H ay convalidación tácita cuando el demandado no ha deducido la nulidad de la sentencia, que no se pronuncia sobre el pedido de conclusión del proceso por sustracción de la m ateria, en la prim era oportunidad que tuvo. F u n d a m e n t o s d e l r e c u r s o : [...] a, 5) [Se alega que la] sentencia de vista deviene en nula, al no haberse pronunciado sobre el pedido de conclusión del proceso por sustracción de la materia. [...] O ctavo, [...] [Se] observa que el pedido de sustracción de la materia formulado por la recurrente mediante escrito de [autos], originó la resolución [...] mediante la cual el órgano revisor proveyó: “Dado cuenta con el escrito que antecede: Téngase presente en cuanto fuere de ley”, la misma que fue debidamente notificada según es de verse de los cargos de notificación [...], por lo que ha convalidado tácitamente dicho acto procesal, al no haber deducido la nulidad en la primera oportunidad que tuvo para hacerlo de conformidad con el tercer párrafo del artículo 172° del Código Procesal Civil; siendo así, esta denuncia deviene infundada. (Casación N,° 3379-2009-Lima, de 2303-2010, f. j. 8. Sala Civil Permanente [EP, 30-03-2011, Sentencias en Casación N.° 638, p, 29925]. Texto completo: ). § 1528. El Juez que no realizó la conciliación correspondiente, no cabe la nulidad porque ha sido convalidado por las partes. S egundo. [El] principal objetivo de la conciliación, es concederle al Juez la oportunidad de propiciar y obtener una autocomposición dirigida de lo que es materia de la ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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controversia. Tercero. [En] el nuevo ordenamiento procesal se considera tan importante la conciliación, que eí Código la impone como trámite obligatorio en una audiencia especial 7 permite al mismo tiempo, como tramite facultativo, en cualquier estado del proceso, en primera o segunda instancia, a pedido de las partes o promovido por el Juez. (Exp. N.° 697-95, de 17-07-1995, ff. jj. 2-3. Quinta Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ). § 1529. Pese a que el Juez ha om itido proponer la conciliación, no se incurre en nulidad por la convalidación tácita entre las partes. S egundo. [En] el caso de autos, [...] se encuentra acreditado que el Juez provisional incumplió la exigencia contenida en dicho artículo, al no describir la formula conciliatoria planteada ni tampoco dejar constancia de la parte que no prestó su conformidad a la misma. T ercero . [Sin] embargo, de acuerdo a lo que se dispone eí artículo 172, segundo y tercero párrafo del Código Adjetivo, las partes han convalidado tácitamente dicha nulidad al no plantear su pedido de nulidad en la primer oportunidad que tuvieron para hacerlo, esto es, en la propia sentencia; existiendo también convalidación, por cuanto que si bien es cierto el acto procesal carece de este requisito formal, ha logrado su finalidad para la que estaba destinado y porque además su subsanación no ha de influir en el sentido de la resolución o en las consecuencias del acto procesal. (Exp. N.° 368-95, de 29-05-1995, ff. jj. 2-3. Quinta Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ). § 1530. Supuesto donde se evidencíala convalidación tácita. Prim ero. [...] [Existe] convalidación tácita cuando el facultado para plantear la nulidad no formula su pedido en la primera oportunidad que tuviera para hacerlo. Segundo. [...] [Qonforme manifiesta la empresa apelante en su recurso [...] se encuentra debidamente acreditado que [.,.] tomó conocimiento de esta acción,- razón por la cual resulta de aplicación el dispositivo legal antes citado por cuanto que en dicha oportunidad no solicitó la nulidad, sino únicamente al formular su apelación contra la sentencia [...]. (Exp, N.° 464-95, de 18-05-1995, ff. jj. 1-2. Quinta Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ). § 1531. El allanamiento es susceptible de subsanar por convalidación el incumplimiento de la formalidad. Tercero. [Si] bien no se ha cumplido con la formalidad de la legalización de firma del ejecutado, a efectos de su allanamiento, esta diligencia se omitió por desatención del juzgado al no proveer correctamente eí escrito de allanamiento como se ha indicado; sin embargo, no se ha incurrido en nulidad insubsanable, conforme lo indica el segundo párrafo del artículo 172 [Código Procesal Civil] pues pese a la carencia del requisito formal antes indicado, el allanamiento ha quedado convalidado, por lo que corresponde exonerar al ejecutado por las costas y costos del proceso. (Exp. N.° 518-97, de 03-12-2007, f. j. 3. Segunda Sata Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ). § 1532. Sí el Juez no cumple con la obligación de proponer la conciliación, no cabe la nulidad si esta omisión se ha convalidado o subsanado. Q uinto. [...] [Qonforme es de verse [de autos], el a quo no ha cumplido con su obligación de proponer la fórmula de conciliación, habiendo procedido a fijar los puntos materia de la controversia luego de escuchar las razones expuestas por las partes. Sexto. [Sin] embargo, dicha omisión de parte del juzgador, en el presente caso, no produce la nulidad de lo actuado en razón de las provisiones que contiene el artículo 172, segundo, tercer y cuarto párrafo del Código Adjetivo. (Exp. N.° 987-95, de 18-09-1995, ff. jj. 5-6. Quinta Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ). § 1533. Realizada la audiencia, los intervinientes no pueden plantear n ulidad puesto que se entiende convalidado tácitam ente. [,,.] [Los] apoderados con facultad para hacerlo se encuentran capacitados para intervenir, es claro que, una vez realizada la audiencia, los intervinientes no pueden impugnarla, en base a la supuesta incapacidad del apoderado de su contraparte, toda vez que, aunque aquel acto procesal hubiese carecido de algún requisito formal, por no haber planteado la parte actora la nulidad correspondiente, al inicio de ese acto, hay convalidación tácita y, por consiguiente, al presente, no hay causal de invalidez [.„]. (Exp. N.° 1825-95, de 19-10-1995. Cuarta Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ), n o m o s & t h e s is

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§ 1534. Los actos jurídicos procesales se gobiernan por disposiciones j principios propios como la subsanación, convalidación y trascendencia de la nulidad, por tanto, no se puede aplicar las formas solemnes a los actos típicam ente procesales como el remate judicial. [La] sentencia apelada incurre en infracción de la ley al aplicar una norma que regula los actos jurídicos privados a ios actos jurídicos procesales que se gobiernan por disposiciones y principios propios, como lo son las subsanación, convalidación y trascendencia de la nulidad para que sea amparable, en tal sentido no es posible aplicar las formas sustanciales solemnes a un acto de ejecución típicamente procesal como lo es el remate judicial de un bien [...]. (Exp. N.° 122-95, de 12-06-1995. Segunda Sala Civil. Corte Superior de justicia de Lima. Texto completo: ). B. PRINCIPIO DE SUBSANACIÓN O CONSERVACIÓN

§ 1535. Principio de subsanación o conservación. Décimo* [...] [La] nulidad procesal se encuentra también sometida a distintos principios, entre los cuales se reconoce pacíficamente la vigencia del denominado principio de subsanación o conservación, por el cual se busca que el Juzgador únicamente declare la nulidad de un determinado acto procesal cuando la subsanación del vicio que lo afecta esté en capacidad de modificar su sentido. De este modo se busca cubrir a los actos procesales con un principio de preservación, que obliga al juzgador a preferir su eficacia, cuando los vicios que lo perjudican no tienen posibilidad de influir en el sentido de lo resuelto en ellos o en sus consecuencias. En este sentido, el cuarto párrafo del artículo 172 del Código Procesal Civil preceptúa: “No hay nulidad si la subsanación del vicio no ha de influir en el sentido de la resolución o en las consecuencias del acto procesal”, {Casación N.° 5566-2013-Lima, de 25-09-2014, f, j. 10. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 30-03-2015, Sentencias en Casación N.° 702, p. 61791]. Texto completo: ). § 1536, Principio de conservación de los actos procesales. P rim ero. [...] El criterio de las nulidades procesales debe ser restrictivo. Este criterio deriva del principio de conservación de los actos procesales, que consagra la conveniencia de preservar la eficacia, la validez de los actos frente a la posibilidad de anulación o pérdida, lo que llevaría a un resultado disvalioso para el proceso. (Casación N.° 3571-2001-Cañete, de 04-10-2002, £ j. 1. Sala Civil Permanente [EP, 31-03-2003, p. 10402]. Texto completo: ). § 1537. Principio de conservación de los actos procesales: el uso de las nulidades procesales debe ser restrictivo ya que la declaración de nulidad es un remedio excepcional. S é t im o . [El] criterio de las nulidades procesales debe ser restrictivo ya que la declaración de nulidad es un remedio excepcional de última ratw, que este criterio deriva del principio de conservación de los actos procesales, que [...] es aquel que consagra la conveniencia de preservar la eficacia, la validez de los actos frente a la posibilidad de su anulación o pérdida, lo que llevaría a un resultado disvalioso para eí proceso [...]; en este contexto doctrinal es preciso señalar que el presente proceso ha culminado con satisfacer su fin inmediato y concreto, esto es la solución del conflicto de intereses entre las partes, sin que se baya afectado el derecho de defensa de las mismas, por lo que el agravio denunciado no puede afectar su resultado. (Casación N.° 1759-96-Lima, de 12-05-1998, f. j. 7. Sala Civil Permanente [EP, 11-061998, p. 1277]. Texto completo: ). § 1538. Si un juez se avoca en la m isma sentencia, no hay nulidad si la subsanación del vicio no ha de influir en el sentido de la resolución (cuarto párrafo). T e rc e r o . [En] el presente caso [...] la Segunda Sala Mixta [...] declaró nula la sentencia apelada que declaró fondada en parte la demanda, sosteniendo que la misma fue dictada por un Juez distinto del que se había abocado al conocimiento del proceso, incurriendo en la causa] de nulidad conforme al artículo 171 del Código Procesal Civil, al haberse acreditado la trasgresión del derecho fundamental al debido proceso. Cuarto. [Si] bien es cierto, el Juez que resolvió la presente causa no se avocó al conocimiento del proceso antes de expedir sentencia, sino que lo hizo en ese mismo acto; sin embargo, analizada la base láctica y el marco jurídico ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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en que se sustenta la sentencia de primera instancia y los agravios expresados por los demandados en sn recurso de apelación [...] así como la decisión adoptada en la sentencia de vista se advierte que la snbsanación del vicio denunciado no ha de influir en lo que ha sido resuelto por el juzgado Mixto [...] que declara fundada en parte la demanda. Q u i n t o . [Por] estas razones, en aplicación del principio de subsanación previsto en el cuarto párrafo del artículo 172 del Código Procesal Civil, según el cual no hay nulidad si la subsanación del vicio no ha de influir en el sentido de la resolución o en las consecuencias del acto procesal, el sustento contenido en la resolución impugnada relativo a la trasgresión al debido proceso debe desestimarse [...]. (Casación N.° 1230-2008-Junín, de 26-08-2008, ff. jj. 3, 4 y 5. Sala Constitucional y Social [EP, 02-02-2009]. Texto completo: ). § 1539. Aplicación supletoria del principio de subsanación previsto en el artículo 172 del CPC, la subsanación no ha de influir en el sentido del acto procesal. S egundo. [...] [Por] auto de fecha 18 de junio de 1997 [...] se ha declarado, a solicitud de la demandada, Nulo el auto de fecha 29 de mayo de 1997 que declaraba improcedente su recurso de apelación interpuesto, disponiéndose su admisión a trámite, sin que previamente se haya puesto en conocimiento del demandante la articulación formulada. Tercero. [...] [Si] bien es cierto se ha incurrido en eí vicio procesal antes indicado, también lo es que, en aplicación del principio de subsanación previsto en el artículo 17[2] del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria al caso de autos, su subsanación no ha de influir en el sentido de la resolución o en las consecuencias del acto procesal, toda vez que esta Suprema Sala ya ha observado que en casos similares que corren ante este Tribunal, la Sala de su procedencia ha admitido a trámite el referido recurso sin que sea exigible a la demandada el pago del arancel judicial por dicho concepto, criterio que las Salas Superiores han variado con posterioridad a la interposición del recurso de apelación por lo que mal podría pretenderse su aplicación al caso de autos. Cuarto, [...] [A]demás debe tenerse en cuenta que, respecto del fondo de la materia, ya existen Ejecutorias Supremas emitidas por esta Sala Constitucional que unifican la jurisprudencia nacional en el sentido que, teniendo en cuenta que de conformidad con el artículo 57 de la Constitución Política de 1979 las resoluciones de amparo sentarán jurisprudencia obligatoria solo cuando de ellas se pueda desprender principios de alcance general y, aún en este caso permite a los Jueces que el faltar en nuevos casos puedan apartar del precedente explicando las razones de hechos en que sustentan la nueva resolución, por lo que utilizando esta facultad, la Corte Suprema de Justicia de la República ha variado su criterio en atención a que con posterioridad a las referidas ejecutorias sobre acción de amparo, se dictaron los Decretos Leyes N.° 25872 y 25876 del 18 de noviembre de 1992 que establecen la prevaíencia de los Decretos Supremos que suspendieron o limitaron los sistemas de reajustes de remuneraciones en función a índices de inflación o mecanismos similares, disponiendo que estos sistemas han concluido definitivamente el 13 de diciembre de 1991 en que se expide el Decreto Legislativo N.° 757, de maneta que no hay lugarpara seguir desconociendo el Decreto Supremo N.° 057-90-TR ni las disposiciones posteriores que tuvieron como finalidad estabilizar la economía del país, resolviendo la controversia no amparando pretensiones similares a las del demandante. (Casación N.° 2429-97-Santa, de 05-07-1999, ff. jj. 2-4. Sala de Derecho Constitucional y Social [EP, 03-06-2000], Texto completo: ). § 1540. En caso de defecto procesal (por vicio o error) de representación se puede interponer medio impugnatorio. Sin embargo, no hay nulidad si la subsanación del vicio no ha de influir en el sentido de la resolución o en las consecuencias del acto procesal. P rim ero. [La] ejecutada [...] dedujo la nulidad de la resolución [...] que dio por cumplido el mandato que disponía que la ejecutante subsane el defecto en la representación. S egundo. [El juez] [...] declara infundada la nulidad, entre otros argumentos, porque la [mencionada] resolución [...] se encontraba consentida. Tercero. [El] artículo 355 del Código Adjetivo establece que mediante los medios impugnatorios las partes o terceros legitimados solicitan que se anule o revoque total o parcialmente, un acto procesal presuntamente afectado por vicio o error. C uarto. [La] recurrente no ha hecho uso de ningún medio impugnatorio contra la [citada] resolución [...] y ello no puede ser sustituido por un pedido de nulidad. Q uinto. [En] consecuencia, en este caso es aplicable el cuarto párrafo del artículo 172 del Código Procesal Civil, que dispone que no hay nulidad si la subsanación del vicio no ha de influir n o m o s & t h e s is

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en ei sentido de la resolución o en las consecuencias del acto procesal. (Casación N.° 3200-99-La Libertad, de 18-04-2000, ff. jj. 1-5. Sala Civil Transitoria [EP, 21-07-2000, p. 5644]. Texto completo: ). § 1541. Principio de subsanación. Si en la sentencia de segunda instancia no se pronunció sobre lo impugnado, no incurre necesariamente en nulo. Q u i n t o . [El] recurrente con el pronunciamiento del a quo, este lo consideró contradictorio refiriendo que con tales argumentos el juez por el contrario debió haber amparado su articulación de nulidad; por lo que denunció dicha contradicción en su recurso de apelación [...]; sin embargo, del análisis de la sentencia de vista aparece que el Superior Colegiado se limitó a reproducir los fundamentos de la apelada y a agregar otros argumentos similares a los ya expuestos por el a quo mas no se pronunció sobre la contradicción alegada por el recurrente. [...] S é t im o . [Si] bien es cierto, conforme ya se indicó, no existe un pronunciamiento expreso por parte de la Sala Revisora respecto del fundamento expuesto por la recurrente en su recurso de apelación; también lo que es que en aplicación del principio de subsanación, el saneamiento del vicio no ha de influir en el sentido de la sentencia de vista. (Casación N.° 216-2003-Cusco, de 18-07-2003, ff. jj. 5 y 7. Sala Civil Transitoria [EP, 31-03-2004]. Texto completo: ). § 1542. No habrá nulidad de la sentencia si la subsanación del vicio no habrá de influir en el sentido de la resolución. D écim o. En el presente caso, aun cuando se advierta en la parte resolutiva de la sentencia de vista una omisión material al no haberse consignado el nombre del conductor [...] como responsable solidario en el pago de la indemnización declarada fundada, dicha omisión no resulta de tal intensidad que deba afectar el derecho al debido proceso o que en su caso pueda constituir una falta de motivación, ello por cuanto de la parte considerativa de la citada resolución de vista se advierte que el a d quem ha establecido de manera nítida la corresponsabilidad del citado conductor en solidaridad con sus demás codemandados; resultando por consiguiente de aplicación lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 172 del Código Procesal Civil, en cuanto establece que no habrá nulidad si la subsanación del vicio no habrá de influir en el sentido de la resolución o en las consecuencias del acto procesal; por cuyas razones la causal procesal denunciada en este extremo deviene en desestimable. (Casación N.° 4700-2015-Amazonas, de 21-10-2016, f. j, 10. Sala Civil Transitoria [EP, 02-10-2017, Sentencias en Casación N.° 734, p. 97119]. Texto completo: ). § 1543. La nulidad procesal se encuentra ligada al principio de subsanación o conservación. C u a r t o . [...] [La] nulidad procesal se encuentra también sometida a distintos principios, entre los cuales se reconoce pacíficamente la vigencia del denominado principio de subsanación o conservación, por el cual se exige que el juzgador solo declare la nulidad de un determinado acto procesal cuando la subsanación del vicio que lo afecta esté en capacidad de modificar su sentido o sus consecuencias. De este modo, se busca cubrir a los actos procesales con un principio de preservación, que obliga al juzgador a preferir su eficacia, cuando los vicios que lo perjudican no tienen posibilidad de influir en las consecuencias producidas por él. En este sentido, el cuarto párrafo del artículo 172 del Código Procesal Civil preceptúa: wNo hay nulidad si la subsanación del vicio no ha de influir en el sentido de la resolución o en las consecuencias del acto procesaf’. (Casación N,° 2011-2015-La Libertad, de 05-04-2016, f. j. 14. Sala Civil Permanente [EP, 31-08-2016, Sentencias en Casación N.° 717, p. 82233]. Texto completo: ).

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§ 1544. No procede declarar la nulidad de una sentencia por defecto de motivación insuficiente cuando la subsanación de esta no influirá en el sentido de la resolución. C u a r t o . [C]abe indicar que [...] el Tribunal Constitucional ha establecido que el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial [..,]; sin embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente la violación del contenido constítucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. [...]. S e x to . [Si] bien es cierto, la Sala de mérito no ha emitido pronunciamiento respecto al agravio expuesto en los recursos de apelación de los recurrentes en casación, referido a que resulta aplicable a la presente causa el Decreto Ley N.° ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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21938, al encontrarse inmersos en el supuesto normativo que regula, por lo que el arrendamiento que celebraron con los propietarios anteriores a la accionante se encontraría prorrogado (único agravio que los recurrentes denuncian no lia sido rebatido por el Colegiado de mérito), lo cual implicaría la existencia de una motivación aparente de acuerdo a lo expresado en el cuarto considerando de la presente resolución; también lo es que, conforme al artículo 172 del Código Procesal Civil: “No hay nulidad si la subsanación del vicio no ha de influir en el sentido de la resolución o en las consecuencias del acto procesar, y estando a que el Decreto Ley N.° 21938 aludido en las apelaciones, se encuentra derogado [...] esto es, no forma parte del ordenamiento jurídico vigente según el artículo 1 de la Ley N.° 29477 [...], [en consecuencia] el precitado Decreto Ley no resulta aplicable para la resolución de la presente controversia, por lo que no corresponde declarar la nulidad de la sentencia recurrida, en tanto la subsanación del vicio, consistente en la omisión de responder al agravio de los apelantes, no ha de influir en el sentido del fallo. (Casación N.° 2114-201 5-ArequÍpa, de 15-10-2015, ff. jj. 4 y 5. Sala Civil Permanente [EP, 30-01-2018, Sentencias en Casación N.° 742, p. 104351]. Texto completo: ). § 1545. La valoración del juez de un medio probatorio ofrecido fuera de plazo para sustentar su fallo no es causal de nulidad, siempre y cuando tal prueba no influya de ningún modo en el sentido de la sentencia. S e x to . [Si] bien es cierto que tanto la sentencia de primera instancia como la recurrida han sustentado además su decisión en un medio probatorio que ha sido ofrecido fuera del plazo establecido por el artículo 189 del Código Procesal Civil; también lo es que dichas resoluciones ciertamente y sobre todo se apoyan en los documentos [...] que sí han sido debidamente ofrecidos por el demandante en la etapa postul atería. Sétim o. Se debe tener en cuenta que es criterio jurídico sostener que frente a la nulidad debe anteponerse la subsanación del defecto; este criterio deriva del principio de conservación regulado en el segundo párrafo del artículo 172 del Código Procesal Civil en el que se impone la necesidad de preservar la eficacia y la validez de los actos procesales, frente a la posibilidad de su anulación o pérdida, lo que llevaría a un resultado no acorde respecto a los fines del proceso. O ctavo. Siendo ello así, se debe aplicar el principio contenido en el artículo 172 cuarto parágrafo del Código Procesal Civil, que prescribe que no hay nulidad si la subsanación del vicio no ha de influir en el sentido de la resolución o en las consecuencias dei acto procesal, cuya vatio legis en el ahorro o economía para no repetir actos procesales en forma innecesaria o inconducente; en consecuencia si bien el documento [...] ha sido presentado después de la etapa postulatoria y adicionalmente se le ha tenido en cuenta en la sentencia; empero ello no constituye causal de nulidad que se pretende en vía, de casación, porque en nada influye en el sentido de la sentencia. (Casación N.° 2169-2003-Lima, de 05-11-2004, ff. jj. 6-8. Sala Civil Permanente [EP, 03-05-2005]. Texto completo: ). § 1546. Si no se formula la denuncia civil en su oportunidad, se aplica la convalidación del acto procesal. T e rc e ro . [El] demandado no ha formulado la denuncia civil, conforme lo establece el artículo 102 del Código Procesal Civil, en la primera oportunidad que tuvo conforme lo precisa el artículo 176 de la Norma procesal ya citada; que al no haberse procedido así es de aplicación al caso de autos el principio de la convalidación que establece el artículo 172, tercer parágrafo de la legislación procesal antes citada. [...] Q uinto. [En] la presente demanda de desalojo por ocupante precario no se ha emplazado a la sociedad conyugal formada por el demandado con doña C. D. U., sino al demandado personalmente en cuanto este posee en forma precaria el inmueble objeto de la litis, es decir, sin título alguno confórme a lo normado por el artículo 911 del Código Civil. (Casación N.° 388-95-Lambayeque, de 05-06-1996, ff. jj. 3 y 5. Sala Civil. Texto completo: ). § 1547. Se aplica el principio de conservación si la valoración de la prueba extemporánea sin audiencia contradictoria no causa perjuicio a la defensa contraria. C uarto. [La] regla del artículo 429 del Código Procesal [Civil] toma sentido en cuanto el Juez valora prueba ofrecida extemporáneamente, sin audiencia de la contraria, mas si no lo hace, no causa perjuicio a la defensa contraria ni afecta el derecho aí debido proceso, por lo que son de aplicación los principios de n o m o s & t h e s is

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conservación y subsanación previsto en el artículo 172 cuarto párrafo del mismo Código, (Casación N.° 982-97-Lima, de 02-09-1998, f. j. 4. Sala Civil Permanente (EP, 16-10-1998, p. 1940], Texto completo: ). § 1548. No hay nulidad posible cuando la subsanación del vicio no va a influir en el sentido del fallo. 2. [Con] el escrito [...] la recurrente invocando el inciso 3 del artículo 386 interpone recurso de casación contra la sentencia de segunda instancia [...] que declara fundada la demanda de pago de dólares [...] sustentándolo en las siguientes consideraciones: que no se ha debido admitir la demanda, toda vez, que conforme al artículo 425, inciso 1 del Código Procesal Civil se debe acompañar la copia [del documento de identidad] presentada carece de valor, que en esa forma se ha violentado una formalidad esencial. 3. [Lo] que se impugna es la resolución que admite la demanda y que frente a este no se intentó recurso alguno conforme al artículo 700 del [.,.] Código Procesal [Civil], quedando de ese modo consentida, que de otro lado [..,] la omisión denunciada por la demandada proviene de un defecto de la copia y no del incumplimiento del representante de la demandante con sus obligaciones electorales; que conforme al artículo 702 del acotado y obrando en autos original de la libreta electora, no hay nulidad posible, ya que la subsanación de la copia impugnada no va a influir en el fallo [,..]. (Casación N.° 450-95-Lima, de 30-10-1995, ff. jj. 2-3. Sala Civil. Texto completo: ). § 1549. No se afecta el debido proceso pese a que el juez no se pronuncia sobre la tacha formulada, pues no hay nulidad si la subsanación del vicio no ha de influir en el sentido de la resolución. S egundo. [En] ía Audiencia el Juzgado, a pedido del Ministerio Público, autorizó la denominada prueba de ADN encargándola [en una] institución privada [.,.]. Tercero. [En] dicho acto procesal el demandado presente no impugnó tal decisión judicial; sin embargo diecisiete días después formuló tacha contra aquella institución, articulación que fue desestimada por el Juzgado mediante resolución que fue objeto de apelación, concedida sin efecto suspensivo y con calidad de diferida. [...] Q uinto. [En] consideración a lo expuesto no puede el demandado sostener infracción al debido proceso y porque es además de aplicación al caso el principio de subsanación procesal previsto en el artículo 172 del Código Procesal Civil en virtud del cual no hay nulidad si la subsanación del vicio no ha de influir en el sentido de ía resolución o en las consecuencias del acto procesal. (Casación N.° 770-98-Lima, de 24-05-1999, ff. jj. 2, 3 y 5. Sala Civil Transitoria [EP, 28-09-1999, p. 3612], Texto completo: ). § 1550. Anular una sentencia cuyos defectos son subsanables, afecta el debido proceso.

Q uinto. [Existe] una afectación del debido proceso, cuando indebidamente la Sala pretende anular una sentencia cuyos defectos son subsanables [...]. (CasaclónN.0 1466-2005-Lima, de 06-04-2006, f. j. 5. Sala Civil Transitoria [EP, 30-11-2006, p. 17897]. Texto completo: ). § 1551. La errónea enumeración de una resolución no constituye nulidad insubsanable.

S egundo. [...] [La] errónea numeración de una resolución no constituye nulidad insalvable que afecte su contenido, ni el proceso, de conformidad con lo preceptuado en el cuarto párrafo del artículo 172 del Código Procesal Civil [...]. (Casación N.° 2717-2006-Lima, de 09-08-2006, f. j. 2. Sala Civil Permanente [EP, 30-10-2006, p. 17421]. Texto completo: ). § 1552. La inobservancia del plazo para presentar los alegatos no puede ser sancionado con nulidad. D écim o P rim ero. [En] cuanto a la afectación del procedimiento previo a la emisión de la sentencia de primera instancia y al incumplimiento de los plazos para presentar los alegatos, cabe precisar que de acuerdo con el artículo 212 del Código Procesal Civil los abogados de las partes pueden entregar alegatos escritos dentro de un plazo común de cinco días desde concluida la audiencia. Si bien de los actuados se desprende que tal plazo no se ha respetado al haberse notificado en la misma fecha la disposición que ordena “pasen los autos a despacho para emitir sentencia” y la propia sentencia [...], se advierte también que tal norma no sanciona con nulidad la inobservancia del plazo contenido en ella, así tampoco la impugnante ha precisado la defensa que dejó de efectuar con el incumplimiento antes descrito tal como lo dispone el artículo 174 de la norma procesal citada, pues antes se advierte que la demandada no ha presentado medios probatorios que sustenten su posición, por el contrario ha sido ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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declarada rebelde en eí proceso, de manera que la inobservancia del plazo contenido en el artículo 212 del Código Procesal Civil respecto a la decisión emitida carece de relevancia, pues su presentación u omisión no han de variar el sentido de la sentencia apelada, siendo aplicable el artículo 171 del Código Procesal Civil que regula el principio de trascendencia de la nulidad, así como lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 172 del mismo Código Adjetivo [...]. (Casación N.° 57-2014-Lima, de 15-122014, f. j. 11. Sala Civil Transitoria [EP, 30-04-2015, Sentencias en Casación N.° 703, p. 61915]. Texto completo: ). § 1553. Los vicios de la notificación quedan subsanados si la parte demandada concurre al proceso. Véase la jurisprudencia del artículo 437° del Código Procesal Civil [§ 2887]. (Casación N.° 3423-2007-Lima Norte, de 02-08-2007, £ j. 5. Sala Civil Permanente (EP, 02-01-2008, p. 21259]. Texto completo: ). C. PRINCIPIO DE INTEGRACIÓN

§ 1554. Debe integrarse el fallo si el Juez ha omitido imponer la multa al accionante que rechazó la fórmula conciliatoria. P rim ero. [...] [La] juez de la causa propone como fórmula conciliatoria que la pretensora haga valer su derecho en otra vía, fórmula que fue rechazada por la accionante, por lo que [...] corresponde que se imponga una multa a la actora, integrando el fallo de primera instancia [...]. (Exp. N.° 701-95, de 02-05-1995, £ j. 1. Cuarta Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ). § 1555. Integración de la recurrida cuando ha omitido consignar el adeudo puesto a cobro por la actora que debe ser abonado solidariamente por la codemandada. S egundo. [En] la recurrida se ha omitido consignar que el adeudo puesto a cobro por la actora debe ser abonado solidariamente por la codemandada [...], por lo que debe integrarse este punto, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 172 del Código Procesal Civil. (Exp. N.° 700-95, de 28 abril 1995. Cuarta Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ). § 1555 -a. Integración por omisión del juez en el pronunciamiento sobre la contradicción.

Cuarto. [...] [La] Jueza ha omitido pronunciarse sobre la contradicción, ha formulado las consideraciones respectivas, por lo que procede completar el fallo con la facultad conferida por el artículo 172 del Código Procesal Civil in fine. (Exp. N.° 692-95, de 28-04-1995, £ j. 4. Cuarta Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ).

Artículo 173: Alcances de la nulidad La declaración de nulidad de un acto procesal no alcanza a los anteriores ni a ios posteriores que sean independientes de aquél. La invalidación de una parte del acto procesal no afecta a las otras que resulten independientes de ella, ni impide la producción de efectos para ios cuales el acto es idóneo, salvo disposición expresa en contrario.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 1556. La preclusión de un acto nulo acarreará la nulidad de los actos subsiguientes. D écim o sexto. [El] proceso es un Instituto jurídico constituido a base de una serie de actos procesales que se encuentran concatenados entre sí, lo que nos hace arribar a la conclusión de que la preclusión de un acto nulo acarreará la nulidad de los actos subsiguientes. (Casación N.° 2127-99-Tumbes, de 04-072000, £ j. 16. Sala Civil [EP, 01-09-2000, p. 6200]. Texto completo: ). n o m o s & thesis

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§ 1557. No es posible declarar la n ulidad parcial de una sentencia. Q uinto . [...] [Djebiendo indicarse al respecto que la Sala Superior confirma la sentencia apelada en el extremo que ordena el pago de la obligación principal y la declara nula en cuanto a los intereses, ordenando al Juez de la causa que expida un nuevo fallo. [...] N oveno. [...] [La] sentencia de vista al pronunciarse confirma en un extremo y anula en otro la apelada mandando a expedir un nuevo fallo, lo que constituye una aberración jurídica pues genera una duplicidad de sentencia que atenta contra toda lógica afectando el deber de expresión claro y preciso que sobre todos los puntos controvertidos debe contener una resolución [...]. (Casación N.° 1846-2000-Tacna, de 12-10-2000, ff. jj. 5 y 9. Sala Civil Transitoria [EP, 01-03-2001, p. 7005]. Texto completo: ). § 1558. Dado que el sentencia im pugnada adolece de motivación aparente y motivación defectuosa en sentido estricto, resulta insubsanable y trascendente, por lo que elA d quem deberá em itir un nuevo fallo. Véase la jurisprudencia del artículo 177° del Código Procesal Civil [§ 1589]. (Casación N.° 183-2015-Arequipa, de 18-03-2016, ff. jj. 13-14. Sala Civil Transitoria [EP, 02-052017, Sentencia en Casación N.° 727, p. 91740], Texto completo: ). § 1559. N ulidad de la acum ulación indebida de pretensiones por exceder el monto máximo de la cuantía de la vía sam arísim a. Véase la jurisprudencia del artículo 426° del Código Procesal Civil [§ 2741]. (Casación N.° 55-98-Lambayeque, de 24-02-1999, ff. jj. 1, 4 y 6. Sala de Derecho Constitucional y Social [EP, 16-08-1999, p. 3194]. Texto completo: ).

Artículo 174: interés para pedir la nulidad. Principio de trascendencia Quien formula nulidad tiene que acreditar estar perjudicado con el acto procesal viciado y, en su caso, precisar la defensa que no pudo realizar como consecuencia directa del acto procesal cuestionado. Asi­ mismo, acreditará interés propio y específico con relación a su pedido.

JURISPRUDENCIA PE LA CORTE SUPREMA

§ 1560, Las nulidades procesales deben ser analizadas a la luz de los principios procesales que las inspiran. Sexto. [En] materia del proceso civil, las nulidades procesales deben ser analizadas a la luz de los principios procesales que las inspiran, tales como el principio de la trascendencia, en virtud al cual no es dable admitir la declaración de nulidad por la nulidad misma o para satisfacer pruritos formales, debiendo tenerse en cuenta además que en virtud al criterio de la esencialidad, la declaración de nulidad del vicio debe influir de manera decisiva sobre la sentencia [...]. (Casación N.° 3637-2000-Cajamarca, de 07-09-2000, f. j. 6. Sala Civil Permanente [EP, 02-02-2002, p. 8447]. Texto completo: ). § 1561. Principio de trascendencia. No bay nulidad sin perjuicio. S egundo. [El artículo] 174 del Código Procesal Civil recoge el principio que la doctrina denomina de "trascendencia”, y se basa en el principio de que las nulidades procesales solo proceden cuanto se ba lesionado el interés jurídico del impugnante, que recogía el antiguo derecho francés en la regla “pos de niillité sans g r ie f ”, y, como ya lo ha establecido esta Sala en numerosas ejecutorias, no hay nulidad cuando este interés no existe. (Casación N.° 475-95-Huánuco, de 12-06-1998, f. j. 2. Sala Civil [EP, 17-07-1998, p. 1462], Texto completo: ). § 1562. Ei principio de la trascendencia enseña que la nulidad solo puede ser declarada cuando haya un fin que trascienda la nulidad misma, es decir, la nulidad no procede si la desviación no tiene trascendencia sobre las garantías esenciales de la defensa. Sexto. [...] [Uno de] los principios básicos para que proceda la declaración de nulidad es la existencia de perjuicio y el interés jurídico en su declaración. Este presupuesto Índica que no puede admitirse el pronunciamiento de la nulidad por la

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nulidad misma, si bien el objetivo de esta figura es asegurar el cumplimiento de las formas prescritas por ia ley, en garantía para las partes, no pueden ocasionarse perjuicios innecesarios, declarándose nulidades intrascendentes o sin interés, por lo que también el mencionado cuerpo legal establece limitaciones o excepciones a ia declaración de las nulidades, entre ellas, este el principio de la trascendencia, el cual enseña que la nulidad solo puede ser declarada cuando haya un fin que trascienda la nulidad misma, es decir, la nulidad no procede si la desviación no tiene trascendencia sobre las garantías esenciales de la defensa. (Casación N.° 1819-2012-La Libertad, de 19-09-2013, f. j. 6. Sala Civil Permanente [EP, 30-06-2014, Sentencias en Casación N.° 693, p. 53813]. Texto completo: ). § 1563. Transcendencia de la nulidad del acto procesal. Sexto. [La] contravención del derecho al debido proceso es sancionada ordinariamente con la nulidad procesal, y se entiende por esta, aquel estado de anormalidad del acto procesal, originado en la carencia de algunos de los elementos constitutivos, o en vicios existentes sobre ellos, que potencial mente lo coloca en la situación de ser declarado judicialmente inválido. Sétim o. [Ese] estado de nulidad potencial no puede afectar el debido proceso ya sea por ser subsanable el vicio, por convalidación, o porque el acto ha cumplido su finalidad, y porque además el agravio que se prodoxea en el proceso a las partes debe ser trascendente, toda vez que el núcleo de la nulidad es el perjuicio cierto o irreparable. (Casación N.° 2050-2000-ArequÍpa, de 24-10-2000, ff. jj. 6 y 7. Sala Civil Transitoria [EP, 30-04-2001, p. 7170], Texto completo: ). § 1564. Condiciones para la configuración del principio de trascendencia de nulidad. P rim ero. [Para] que se configure el principio de trascendencia de nulidades [...] se requiere el cumplimiento de tres condiciones [...]: a) Alegación del perjuicio sufrido debiendo precisar con claridad cuál es el vicio que le causa agravio; b) Acreditación dei perjuicio y c) Interés jurídico que se intenta subsanar. (Casación N.° 1076-2000-CaIlao, de 08-08-2000, f j, 1. Sala Civil Transitoria [EP, 30-04-2001, p. 7155]. Texto completo: ). § 1565- La nulidad no solo se analiza cuando se contraviene ley, sino también cuando se causa indefensión en alguno de los justiciables. C uarto. [,..] [La] nulidad de un acto jurídico-p roces al debe ser analizada no solo por contravenir el texto de la ley, sino cuando dicha omisión haya trascendido en la parte resolutiva de la decisión impugnada, produciéndose una situación de [indefensión], respecto de uno de los justiciables; que, en dicho sentido, quien formula nulidad debe acreditar estar perjudicado con el acto procesal viciado (Casación N.° 1210-98-Piura, de 06-11-1998, f. j. 4. Sala Civil [EP, 04-01-1999, p. 2350]. Texto completo: ). § 15 : 6, La omisión de un acto procesal del cual se pretende declarar la nulidad, debe tener la cuaiid; le poder causar un perjuicio concreto. S egundo. [No] basta la sola omisión de algún acto ■roce;: era declarar la nulidad del proceso, tampoco la alegación en forma genérica de la generación de ,,ún perjuicio, sino que dicha omisión deberá tener ia cualidad de poder causar un perjuicio concreto, ue manera tal que genere indefensión en alguna de las partes, conforme al principio de trascendencia asumido por el artículo 174° del Código [Procesal Civil], hechos concretos que no han sido alegados ni descritos por la recurrente. (Casación N.° 2228-01-La Libertad, de 28-01-2002, f. j. 2. Sala Civil Transitoria [EP, 01-07-2002, p. 8929]. Texto completo: ). § 1567. Supuesto en el que actor tiene interés para que se deje sin efecto la sentencia homologada en un proceso fraudulento. C uarto. [El] interés para obrar se define como el interés a la tutela jurídica que induce al demandante a reclamar la intervención del órgano jurisdiccional, a fin de que mediante sentencia resuelva sobre las pretensiones invocadas; siendo esto así, es obvio que aun en los casos en que la resolución todavía no haya sido ejecutada, el actor tiene interés pata que se rescinda o deje sin efecto la sentencia o auto homologado expedido en un proceso fraudulento. (Casación N.° 3217-98-Lima, de 06-09-1999, f. j. 4. Sala Civil Permanente [EP, 21-01-2000, p. 4632], Texto completo: ). § 1568. El apersonamiento del apoderado que no cuenta con las debidas facultades para dicho acto transgrede el derecho fundamental a un debido proceso y al de defensa, por tanto no se debe n o m o s & t h e s is

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aplicar lo dispuesto en el artículo 174 CPC, referido al interés para pedir la nulidad. Quinto. [E1J codemandado EBC en su escrito de apelación [...] solicitó la nulidad de todo lo actuado hasta la resolución admisoria por cuanto sus codemandados HALB y CCRV no han sido debidamente emplazados con la demanda puesto que se encuentran fuera del país, con lo que se les priva de su derecho de defensa; pedido que no fue materia de pronunciamiento por la Sala de Mérito, que de autos se desprende que los ce-demandados HALB y CCRV fueron notificados con la demanda [...] en el domicilio de su apoderado RLB, domicilio que aparecía como suyo en la escritura pública [...] cuya nulidad se persigue [...]. Sexto. [Los] codemandados [...] a la fecha de la notificación de la demanda no se encontraban en el país, y si bien [...] [el] apoderado de la sociedad conyugal conformada por ios codemandados se apersonó al proceso en representación de dicha sociedad [...] según poder inscrito en la Ficha [...] del registro de Mandatos de Lima, se advierte de dicho poder [...] que el mencionado apoderado no se encontraba facultado para contestar demandas, por lo que siendo así, de conformidad con el artículo 75° del Código Procesal Civil que señala que el otorgamiento de facultades especíales se rige por ei principio de literalidad por el cual la existencia de facultades especiales no se presumen sino que deben conferirse explícitamente, el apersonamiento a autos de don RLB como apoderado de la sociedad conyugal antes mencionada carece de efecto legal, por no encontrarse premunido de dicha facultad de lo que resulta que los codemandados principales anteriormente nombrados no han sido válidamente notificados con la demanda y demás actos procesales, siendo trascendente que dichas personas sean válidamente notificadas con la demanda y auto admisorio por ser los propietarios primigenios del inmueble materia de litis, habiéndose transgredido de modo visible sus derechos constitucionales a un debido proceso y al de defensa, consagrado en ei artículo 139° inciso 14 de la Constitución Política del Estado lo que no se puede dejar de advertir; por lo que solo en este caso por su particular configuración no se aplica el artículo 174 del Código Procesal Civil referido al interés para pedir la nulidad, por ser de menor jerarquía al artículo constitucional glosado. (Casación N.° 1963-2003-Lima, de 02-11-2004, fif. jj. 5-6. Sala Civil Permanente [EP, 03-05-2005, p. 14027]. Texto completo: ). § 1569. El recurrente no acredita un perjuicio real: inexistencia de pronunciamiento definitivo en el proceso de prescripción adquisitiva, no es motivo para la suspensión del desalojo. C uarto. [...] [De] acuerdo al artículo 174 del Código Procesal Civil, quien formula nulidad tiene que [acreditar] estar perjudicado con el acto procesal viciado [...] Sin embargo, el recurrente no acredita un perjuicio real, debiendo señalarse que para declarar la nulidad de un acto procesal no basta que se haya faltado a una formalidad, sino que es necesario que quien formula el pedido acredite estar perjudicado con el acto viciado. Nuestra normativa no permite el culto al rito ni a la forma por sí mismas. Q uinto . [...] [Debe] señalarse que en el presente proceso el objeto de debate consiste en determinar si a ia parte demandante le asistía el derecho a la restitución en mérito del título que exhibió y si el demandado ostentaba algún título que justificara su posesión. Por otro lado, en el proceso de prescripción adquisitiva, al que el recurrente alude, este pretende que se le declare propietario; sin embargo, no ha acreditado que exista algún pronunciamiento definitivo sobre tal pretensión, por lo que en tal circunstancia no hay motivo para suspender el presente proceso. Por consiguiente, no existe vicio alguno, al haberse pronunciado las instancias de mérito en el sentido que no hay lugar a la suspensión del proceso. (Casación N.° 1120-2008-Lima, de 13-06-2008, ff. jj. 4 y 5. Sala Civil Transitoria [EP, 30-01-2009]. Texto completo: ). § 1570. Las nulidades alegadas para atacar la cosa juzgada no solo deben ser nominales o formales sino que deben afectar la garantía del debido proceso en forma real y efectiva. Sétim o. [...] [En] virtud al principio de conservación de los actos procesales y de relatividad de la nulidad, no resulta factible recurrir a esta acción extraordinaria si el interesado no acredita estar perjudicado con el acto procesal viciado, tal como se reconoce incluso en el artículo 174 del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente; en consecuencia, no hay lugar a declarar la nulidad si la subsanación del vicio no ha de influir en el sentido de la resolución o en las consecuencias del acto procesal, debiendo tenerse en cuenta que las nulidades alegadas para atacar la cosa juzgada no solo deben ser nominales o

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formales sino que deben afectar la garantía del debido proceso en forma real y efectiva. (Casación N,° 2096-2013-Del Santa, de 28-05-2014, £ j. 7- Sala Civil Transitoria [EP, 01-09-2014, Sentencias en Casación N.° 695, p. 54448]. Texto completo: ).

Artículo 175: Inadmisibilidad o improcedencia del pedido de nulidad El pedido de nulidad será declarado inadmisible o improcedente, según corresponda, cuando: 1. Se formule por quien ha propiciado, permitido o dado lugar al vicio; 2. Se sustente en causal no prevista en este Código; 3. Se trate de cuestión anteriormente resuelta; o 4. La invalidez haya sido saneada, convalidada o subsanada.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 1571. Es improcedente el pedido de nulidad cuando el demandante ha permitido el vicio (inc. 1). O ctavo. [En] cuanto a la denuncia procesal, de que la demandante no tenía ningún derecho para iniciar el presente proceso ya que los documentos con los que ha acreditado su titularidad sobre el inmueble adolecen de nulidad absoluta por ser documentos apócrifos inmersos en la causal de imposibilidad jurídica prevista en el inciso 3 del artículo 219 del Código Civil; ,debe señalarse que conforme lo dispone el artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil, toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso; cabe agregar que si bien la recurrente señala que los documentos que tiene a su favor la demandante son documentos nulos, debe señalarse que un documento solo puede ser declarado nulo por el órgano jurisdiccional una vez cuestionado en un proceso judicial; que si bien la recurrente aduce la nulidad de estos, sin embargo, en autos no obra sentencia alguna que declare dicha nulidad. N oveno. [En] cuanto al extremo de la denuncia de que se debió emplazar a la Cooperativa de VSIL, debe señalarse que dicho pedido se debió formular en la primera oportunidad que tuviera para hacerlo conforme lo prevé el artículo 176 del Código Procesal Civil y no recién a través del presente recurso; por ello, la propia Sala Mixta en el numeral 19 de la impugnada ha aplicado, para desestimar dicho pedido, el artículo 175 del citado Código que señala que la nulidad será declarada improcedente cuando se formule por quien ha propiciado, permitido o ha dado lugar al vicio [...]. (Casación N.° 3777-2013-Junín, de 12-11-2014, ff. jj. 8-9. Sala Civil Transitoria [EP, 30-04-2015, Sentencias en Casación N.° 703, p. 61865]. Texto completo: ). § 1572. Improcedencia de la nulidad por convalidación de la invalidez en un proceso de desalojo (inc. 4). Cuarto. [Si] bien es cierto [...] tratándose de procesos de desalojo además de la dirección domiciliaria indicada en la demanda, debe asimismo notificarse en el mismo predio objeto de la demanda; también lo es que esta omisión puede ser convalidada cuando la parte demandada se apersona al proceso y no formula la nulidad en la primera oportunidad que tuvo para hacerlo, resultando de aplicación lo previsto por el artículo 172° del Código Procesal Civil que consagra el principio de “convalidación de las nulidades procesales”, más aún si se sostiene que desde el 18 de enero de 2013, tuvo conocimiento del presente proceso de desalojo (conforme es de verse de su pedido de nulidad de fecha 30 de enero de 2013 [...]); incluso al apersonarse al proceso el 22 de enero de 2013, [...] no dedujo la respectiva nulidad de los actuados procesales. Q uinto. [...] En el caso de autos conforme se encuentra acreditado la parte demandada no formuló su pedido en la primera oportunidad que tuvo para hacerlo, por lo que resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 175 numeral 4) del Código Procesal Civil que prescribe que la nulidad será declarada improcedente cuando la invalidez haya sido convalidada. (Casación N.° 2965-2013-Lima, de 30-04-2014, f. j. 5- Sala Civil Permanente [EP, 30-06-2015, Sentencias en Casación N.° 705, p. 65895]. Texto completo: ). n o m o s & th e s is

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JURISPRUDENCIA DE LAS CORTES SUPERIORES

§ 1573. La n ulidad no se puede sustentar en una causal que no está prevista en la ley procesal, de lo contrario será improcedente. [...] [La] nulidad es improcedente cuando se sustenta en causal no prevista en el [Código Procesal Civil]; que en todo caso, el hecho de estar ya embargado un bien, no da lugar a la nulidad de nuevo embargo, desde que esta nueva medida se estime como reembargo. (Exp. N.° 1777-94, de 15-02-1995. Cuarta Sala Civil. Corte Superior de justicia de Lima. Texto completo: ),

Artículo 176: Oportunidad, trámite y de oficio El pedido de nulidad se formula en la primera oportunidad que el perjudicado tuviera para hacerlo, antes de la sentencia. Sentenciado el proceso en primera instancia, solo puede ser alegada expresamente en el escrito sustentatorio del recurso de apelación. En el primer caso, el Juez resolverá previo traslado por tres días; en el segundo, la Sala Civil resolverá oyendo a la otra parte en auto de especial pronunciamiento o al momento de absolver el grado. Las nulidades por vicios ocurridos en segunda instancia, serán formuladas en la primera oportunidad que tuviera el interesado para hacerlo, debiendo la Sala resolverlas de plano u oyendo a la otra parte. Los Jueces solo declararán de oficio las nulidades insubsanables, mediante resolución motivada, repo­ niendo el proceso al estado que corresponda.

PRECEDENTE DE OBSERVANVIA OBLIGATORIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 1574, Potestad nulificante del juez laboral opera de oficio por contravención al debido proceso. Sétim o. [...] [La] nulidad absoluta se presenta siempre que un acto procesal o actos procesales cuyo conjunto hacen el proceso, adolezca de una circunstancia fijada en las leyes procesales como necesaria para que el acto produzca sus efectos normales; en tal sentido, cabe advertir que frente a un vicio de tal consideración, cualquier órgano jurisdiccional por el solo hecho de serlo tiene lo que en doctrina se llama potestad nulificante del juzgador y que ha sido acogido en la parte in fine del artículo 176 del Código Procesal Civil, entendida como aquella facultad de declarar la nulidad aun cuando no haya sido solicitada, si considera que el acto viciado (incluso todo el proceso) puede alterar sustancialmente los fines abstracto y concreto del proceso y la decisión que en él va a recaer. (Casación N.° 475-05-Lima, de 03-08-2005, f. j. 7, que constituye precedente de observancia obligatoria en el modo y forma previsto en la ley. Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria. Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 1575. La potestad nulificante del juzgador. Sexto. Siendo así, sí un proceso está afectado por uno o más vicios que lo invalidan, “cualquier órgano jurisdiccional por el solo hecho de serlo tiene lo que en doctrina se llama potestad nulificante del juzgador y que ha sido acogido en el último párrafo del artículo 176 del Código Procesal Civil, entendida como aquella facultad de declarar una nulidad aun cuando no haya sido solicitada, si y la decisión que en él va a recaer”. (Casación N.° 532-2005-La Libertad, de 23-01-2006, f. j. 6. Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria [EP, 3107-2006, p. 16681], Texto completo: ). § 1576. La nulidad de oficio se aplica solo a aquellos actos que no sean susceptibles de convalidación por inacción de la parte que debió denunciarlo oportunamente. Tercero. [Cjuando el Juez o la Corte se pronuncia [de oficio] sobre la invalidez de la relación procesal por encontrar la existencia de un vicio de naturaleza insubsanable no contraviene ni el principio de congruencia, ni el carácter dispositivo del proceso civil, ni desconoce las etapas preelusivas deí proceso ni el efecto ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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del saneamiento. Cuarto. [Sin] embargo, esta facultad se encuentra limitada a aquellos vicios de naturaleza insubsanable, es decir, aquellos que no sean susceptibles de convalidación por inacción de la parte que debió denunciarlo oportunamente. (Casación N.° 841-99-Cusco, de 14-07-1999, ff. jj. 3 y 4. Sala Civil Permanente [EP, 01-09-1999, p. 3407]. Texto completo: ). § 1577. El recurso de o p o rtu n a m e n te .

c a s a c ió n

no puede suplir al recurso de apelación que no se interpuso

S egundo, [En] relación al literal a), se observa que el a quo [...] declaró improcedente

las devoluciones de las cédulas de notificación que efectúa la recurrente dirigida a los demás ejecutados, y, tiene por válidas estas notificaciones; que la parte ejecutada no apeló contra lo resuelto en el precitado auto, siendo de aplicación el artículo 176 del Código Procesal Civil. En efecto, a través de este recurso extraordinario no se puede suplir el recurso de apelación que oportunamente no se interpuso. (Casación N.° 4721-2008-Lima, de 19-01-2009, f. j. 2. Sala Civil Permanente. Texto completo: ). § 1578. El representante que realiza un acto que excede sus facultades tiene calidad de litisconsorte necesario. La sentencia que deniega tal calidad es nula de oficio por presentar un vicio de nulidad insubsanable. Séptim o, [No] obstante que [...] don AGG solicitó la nulidad de actuados sustentada en que su persona es un litisconsorte necesario de la demandada, que tiene el derecho de ejercer su defensa, el Juez mediante resolución [...], si bien admitió la calidad de litisconsorte necesario deí mencionado recurrente, declaró infundada la nulidad; y, la Sala Superior confirmó dicha decisión, pero a diferencia del juzgador negó al recurrente la calidad indicada. O ctavo. [Al] respecto, debe señalarse que las instancias de mérito se encontraban obligadas no solo a integrar al mencionado impugnante como litis consorte a la presente relación jurídica procesal; sino también a ordenar su emplazamiento con la demanda y ello no responde únicamente al hecho de que sus argumentos servirían de aporte para el logro de una sentencia válida en tanto que el recurrente tuvo participación directa en el acto cuestionado, sino además al derecho que tiene toda persona de obtener tutela j urisdiccional efectiva a fin de ejercer su derecho de defensa, conforme señala el artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil, concordado con el artículo 139 inciso 14) de la Constitución Política del Perú. N oveno. [El] debido proceso tiene por función asegurar los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política, dando a toda persona la posibilidad de recurrir a la justicia a fin de obtener la tutela jurisdiccional de los derechos individuales, a través de un procedimiento legal en el que se dé oportunidad razonable y suficiente de ser oído, ejercer el derecho de defensa, de producir prueba y de obtener una sentencia que decida la causa dentro de un plazo preestablecido en la ley procesal. D écim o. [En] consecuencia, habiéndose presentado un vicio de nulidad insubsanable y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 infine Código Procesal Civil, se configuran la causal relativa a la contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso. (Casación N.° 3651-2001-Lima, de 18-10-2002, ff. jj. 7-10. Sala Civil Permanente [EP, 30-06-2003]. Texto completo: ). § 1579. La sentencia adolece de nulidad insubsanable cuando el juez no analiza la acción postulada. Q uinto. [Los] impugnantes [...] señalan que la acción postulada por la actora es de reivindicación de herencia mas no de reivindicación de la propiedad lo cual no ha sido analizado principalmente la presencia de un heredero aparente con quien el tercero habría celebrado un contrato oneroso por lo que la sentencia adolece de nulidad insubsanable insalvable al haberse vulnerado flagrantemente el principio de la motivación escrita de las resoluciones judiciales así como el principio de congruencia lo que en doctrina se conoce como decisión extra petita lo que origina la nulidad de ía resolución judicial conforme lo prescriben los artículos 171 y 176 del Código Procesal Civil [,..]. (Casación N.° 3540-2013-Huancavelica, de 03-12-2013, f. j. 5. Sala Civil Transitoria [EP 31-03-2014, Sentencias en Casación N.° 690, p. 50075]. Texto completo: ). § 1580. No pronunciarse en la sentencia de segunda instancia sobre el pedido de nulidad formulado contra ía apelación de la sentencia de prim era instancia, constituye un pronunciamiento incongruente. D écim o. [Hay] incongruencia procesal, cuando existe un desajuste entre la sentencia y los n o m o s & t h e s is

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términos en que las partes plantearon sus pretensiones, por lo que pata establecer si existe incongruencia en una resolución judicial, es preciso confrontar su parte dispositiva con el objeto del proceso, circunscrito por sus elementos subjetivos -partes- y objetivos -petitum y causa petendi-, de manera que la adecuación debe entenderse tanto a la petición como a los hechos esenciales que la fundamentan. U ndécim o. [E]Lectivamente al haber omitido resolver el pedido de nulidad de actuados, se evidencia un pronunciamiento incongruente, que afecta la validez del fallo, al infringir expresamente lo dispuesto en el artículo 176 del Código Procesal Civil, lo que conlleva de por sí solo la nulidad de la sentencia de vista. (Casación N.° 4573-2010-Lima, de 17-10-2013, ff. jj. 10 y 11. Sala Civil Permanente [Ep 28-02-2014, Sentencias en Casación N.° 689, p. 48709]. Texto completo: ). § 1581. La inasistencia a la audiencia de conciliación im pide a la parte im pugnar algún vicio de nulidad ocurrido en el desarrollo de esta. La nulidad de un acto procesal necesariamente debe formularse en la prim era oportunidad que el perjudicado tuviera para hacerlo. Tercero. [.,.] [A] parece del acta de audiencia de conciliación [...] que el Juez de la causa comunica a las partes, acerca de la imposibilidad de llegar a un acuerdo conciliatorio en razón a la naturaleza indisponible de los derechos discutidos, acto procesal que se lleva a cabo sin la presencia del representante de la empresa impugnante, y con la sola participación del accionante [...] y el representante de la Procuraduría Pública del Ministerio de Agricultura. Cuarto. [Si] bien el derecho discutido en el presente proceso no tiene la naturaleza de derecho indisponible, conforme así lo declaró el Juez de la causa, no menos cierto es que, la inasistencia de la recurrente a tan importante acto procesal, le impidió ejercer de manera oportuna su derecho a impugnar el vicio que alega, resultando pertinente señalar que conforme a lo dispuesto en el artículo 176 del Código Procesal Civil, la nulidad de un acto procesal necesariamente debe formularse en la primera oportunidad que el perjudicado tuviera para hacerlo, resultando inviabie que en sede de casación se pretenda abrir el debate sobre un aspecto preclnido, (Casación N.° 1883-2009-Tumbes, de 21-01-2010, ff. jj. 3-4. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 31-01-2011, Sentencias en Casación N.° 636, p. 29422]. Texto completo: ). § 1582. El juez puede declarar la nulidad de un acto procesal, aun cuando no haya sido solicitada, si considera que el acto viciado puede alterar sustancialmente los fines abstracto y concreto del proceso. D écim o. [La] nulidad absoluta se presenta siempre que un acto procesal o actos procesales cuyo conjunto hacen el proceso, adolezca de una circunstancia fijada en las leyes procesales como necesaria para que eí acto produzca sus efectos normales; en tal sentido, cabe advertir que frente a un vicio de tal consideración, cualquier órgano jurisdiccional por el solo hecho de serlo tiene lo que en doctrina se llama potestad nulificante del juzgador y que ha sido acogido en la parte in fine del artículo 176 del Código Procesal Civil, entendida como aquella facultad de declarar la nulidad aun cuando no haya sido solicitada, si considera que el acto viciado (incluso todo eí proceso) puede alterar sustancialmente los fines abstracto y concreto del proceso y la decisión que en él va a recaer. (Casación N.° 1714-2006-I.ima, de 05-06-2007, f. j. 10. Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria [EP, 01-09-2008]. Texto completo: ). § 1583. Adolece de nulidad insalvable el proceso cuando el juzgador tram ita y resuelve irregularm ente el recurso de apelación como uno de tercería, pues dicho hecho desnaturaliza el proceso. T ercero. [El artículo 539 del Código Procesal Civil] ha previsto que contra la resolución que deniega la suspensión de la medida cautelar el interesado puede promover la tercería correspondiente y cuya resolución final expedida en revisión si es susceptible de ser recurrida en casación. Cuarto. [Sin] embargo, en la presente causa se ha tramitado y resuelto irregularmente la apelación Sexto. [En] consecuencia el proceso está viciado de nulidad insalvable desde la expedición [...] que concede sin efecto suspensivo la apelada presentada contra el auto [...] cuya nulidad debe ser declarado de oficio por esta Corte. (Casación N.° 1035-96-Ucayali, de 19-11-1997, ff. jj. 3, 4 y 6. Sala Civil [EP, 25-041998, p. 764]. Texto completo: ). § 1584. En la sentencia de vista, el juez debe pronunciarse sobre todos los agravios contemplados en el recurso. Sexto . [La] impugnante al haber propuesto no solo la revocatoria de la sentencia de ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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primera instancia, sino también su anulatoria, se observa que existe omisión en ia sentencia de vista de pronunciarse sobre ios agravios que sustentan la nulidad de la apelada. En efecto, el artículo 176 del Código Procesal Civil prescribe que sentenciado el proceso en primera instancia, solo puede ser alegada expresamente en el escrito sustentatorio del recurso de apelación. (Casación N.° 2668-2009-Callao, de 05-12-2010, £ j. 6. Sala Civil Permanente [EP, 30-03-2011, Sentencias en Casación N.° 638, p. 29920]. Texto completo: ). § 1585. Invalidez de una prueba que no fue oportunam ente ofrecida n i mucho menos adm itida o actuada en la etapa procesal correspondiente. Toda resolución debe sujetarse al mérito de lo actuado. Principio de preclusión. Véase la jurisprudencia del artículo 189° del Código Procesal Civil [§ 1685]. (Casación N.° 3067-00-Cañete, de 05-09-2002, f£. jj. 4-6. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 31-03-2003]. Texto completo: ). § 1586, Cuando el juez se pronuncia sobre la invalidez de la relación procesal por encontrar la existencia de un vicio insubsanable no contraviene el carácter dispositivo del proceso civil. Véase la jurisprudencia del último párrafo del artículo 121° del Código Procesal Civil [§ 1186]. (Casación N.° 84l-99-Cusco, de 14-07-1999, ff. jj. 1-3- Sala Civil Permanente [EP, 01-09-1999, p. 3407]. Texto completo: ). § 1587. La resolución que no es suscrita por el juez, pero sí por el secretario, es n u la de forma insubsanable (ínc. 7). Véase la jurisprudencia del inciso 7 del artículo 122° del Código Procesal Civil [§ 1313]. (Casación N.° 1954-98-Tacna, de 25-11-1998, ff. jj. 3 y 4. Sala Civil Transitoria [EP, 1301-1999, p. 2465].Texto completo: ). § 1588. La corte superior no puede calificar un recurso de casación, solo le corresponde rem itir a la Corte Suprema. Véase la jurisprudencia del inciso 2 del artículo 387° del Código Procesal Civil [§ 2540], (Casación N.° 2936-2009-Líma, de 12-10-2009, £ j. 8. Sala Civil Transitoria [EP, 30-06-2010, Sentencias en Casación N.° 627, p. 27934]. Texto completo: ).

[Artículo 177: Contenido de la resolución que declara la nulidad La resolución que declara la nulidad ordena la renovación del acto o actos procesales afectados y las medidas efectivas para tal fin, imponiendo el pago de las costas y costos al responsable. A pedido del agraviado, la sentencia puede ordenar el resarcimiento por quien corresponda de los daños causados por la nulidad.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 1589. Dado que el sentencia im pugnada adolece de motivación aparente y motivación defectuosa en sentido estricto, resulta insubsanable y trascendente, por lo que el Ad quem deberá em itir un nuevo fallo. D écim o Tercero. [La] infracción normativa advertida por este Supremo Tribunal debe ser amparada, toda vez que, conforme se ha expuesto se verifica la concurrencia de vicios insubsanables que afectan el debido proceso y deben ser superados, pues no se cumple con garantizar el Derecho al Debido Proceso, toda vez que no es una decisión que se sustenta en la evaluación, valoración conjunta y razonada de los medios probatorios aportados por las partes al proceso; por lo que se ha incurrido en infracción de la norma que aféctala tramitación del proceso y/o los actos procesales que lo componen; y, conforme a lo preceptuado en el artículo 396, primer párrafo del Código Procesal Civil [...], correspondería emitir un fallo en sede de instancia; no obstante, la labor de explicar y motivar las consideraciones de los fundamentos jurídicos presupone la valoración de las pruebas y de los hechos, lo cual resulta ajeno a la labor casatoria, que debe circunscribirse a los fines establecidos por el artículo 384 del Código Procesal Civil; por lo que el Ad quem deberá emitir un nuevo fallo conforme a lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 396 del Código Procesal Civil. D écim o Cuarto. En consecuencia, dado que n o m o s & t h e s is

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el auto de vista impugnado adolece de motivación aparente y motivación defectuosa en sentido estricto, resulta insubsanable y trascendente y hace que los alcances de la nulidad se extiendan hasta dicho estado procesal conforme al artículo 173 y 177 del Código Procesal Civil. (Casación N.° 183-2015-Arequipa, de 18-03-2016, ff. ]). 13-14, Sala Civil Transitoria [EP, 02-05-2017, Sentencia en Casación N.° 727, p. 91740]. Texto completo: ). § 1590. Implicancias de la nulidad de los actos procesales. Sexto. [...] [Debe] tenerse presente los distintos efectos de la nulidad y de la revocación; la nulidad es una rescisión de los actos procesales que implica renovarlos al estado en que se cometió el vicio ral como lo establece el artículo 177 del Código Adjetivo; en cambio, la revocación implica sustituir la decisión del Juez inferior por una nueva [...]. (Casación N.° 1193-2000-Moquegua, de 23-10-2000, £ j. 6. Sala Civil Permanente [EP, 02-01-2001, p. 6691]. Texto completo: ).

Artículo 178: Nulidad de cosa juzgada fraudulenta Hasta dentro de seis meses de ejecutada o de haber adquirido la calidad de cosa juzgada, si no fuere ejecutable puede demandarse, a través de un proceso de conocimiento la nulidad de una sentencia o la del acuerdo de las partes homologado por el Juez que pone fin al proceso, alegando que el proceso que se origina ha sido seguido con fraude, o colusión, afectando el derecho a un debido proceso, cometido por una, o por ambas partes, o por el Juez o por este y aquellas. Puede demandar la nulidad la parte o el tercero ajeno al proceso que se considere directamente agraviado por la sentencia, de acuerdo a los principios exigidos en este Título. En este proceso solo se pueden conceder medidas cautelares inscribibles. Si la decisión fuese anulada, se repondrán las cosas al estado que corresponda. Sin embargo la nulidad no afectará a terceros de buena fe y a título oneroso. Si la demanda no fuera amparada, el demandante pagará las costas y costos doblados y una multa no menor de veinte unidades de referencia procesal.(1) NOTA DE ACTUALIZACIÓN

(1) Artículo modificado por el artículo único de la Ley N.° 27101 (EP, 05/05/1999).

PRECEDENTE DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 1591. Debido proceso y cosa juzgada fraudulenta. P rim ero . [Cjuando la controversia en sede judicial se relacione con el estadio de la cosa juzgada fraudulenta, no cabe duda [de] que esta se vincula de manera categórica con el debido proceso, que en nuestro sistema legal está relacionada de la misma manera con la tutela jurisdiccional efectiva a tenor de lo establecido en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado. (Casación N.° 288-2005-Cusco, de 05-05-2005 [EP, 02-05-2006], f. j. 1, que constituye precedente de observancia obligatoria en el modo y forma previsto en la ley. Sala Transitoria de Derecho Constitucional y Social. Texto completo: ). PLENOS JURISDICCIONALES

§ 1592. El plazo de caducidad para declarar la n ulidad de la cosa juzgada fraudulenta. ¿Con que acto procesal se debe entender concluida la etapa de ejecución de sentencia en un proceso de ejecución de garantías, a efectos del cómputo delplazo de caducidadprevisto en el artículo 178 del Código Procesal Civil? El Pleno acordó por mayoría: “El acto procesal con que concluye la ejecución es el pago al ejecutante, con el monto obtenido en el remate”. (Pleno Jurisdiccional Civil y Procesal Civil, realizado en Arequipa, los días 16 y 17-10-2015. Tema N.° 4 [El plazo de caducidad para declarar la nulidad de la cosa juzgada fraudulenta]. Texto completo: ). ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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§ 1593. La demanda de nulidad de c o s a juzgada fraudulenta debe interponerse después de la ejecución de sentencia. ¿Se debe esperar a la ejecución de una sentencia ejecutable para interponer la demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta? El Pleno acordó por M ayoría: “S í se debe esperar”. (Pleno Jurisdiccional Civil, realizado en Cusco, los días 22 al 25-09-1999. Acuerdo N.° 13. Texto completo: ). § 1594. Inicio del cómputo del plazo para que un tercero interponga la demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta. ¿Cuándo empieza a correr el plazo para que un tercero ajeno al proceso interponga la demanda de nulidad de cosa juzgada ¿fraudulenta? El Pleno acordó por consenso: “El plazo empieza a correr desde que toma conocimiento de la sentencia que tiene la calidad de cosa juzgada”. (Pleno Jurisdiccional Civil, realizado en Cusco, los días 22 al 25-09-1999. Acuerdo N.° 14. Texto completo: ), § 1595. Naturaleza del plazo previsto en el artículo 178 CPC. ¿Elplazo previsto en el artículo 1 7 8 ° del Código Procesal Civil es de caducidad o deprescripción.? El Pleno acordó por consenso: “Es un plazo de caducidad porque extingue el derecho y además porque no admite suspensión ni interrupción”. (Pleno Jurisdiccional Civil, realizado en Cusco, los días 22 al 25-09-1999. Acuerdo N.° 15. Texto completo: ). § 1596. Competencia para conocer la demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Juez competente. El Pleno acordó por consenso: “[El] juez competente para conocer de la demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, en tanto no se dé una ley que confiera competencia sobre dicha materia a otros órganos, es el Juez especializado en lo Civil y de igual jerarquía que el emplazado”. (Pleno Jurisdiccional Nacional Civil, realizado en lea, 1998. Acuerdo N.° 5.3. Subtema N.° 1 [Nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Juez competente]. Texto completo: ). § 1597. Si en la demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta se fe im puta al M agistrado la comisión de alguna de las causales previstas por el artículo 178 CPC, este tiene legitim idad p ara obrar pasiva. El Pleno acordó por consenso: “[D]ebe emplazarse con la demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta al magistrado si se le impura dolo, fraude o colusión”. (Pleno Jurisdiccional Nacional Civil, realizado en lea, 1998. Acuerdo N.° 5.3. Subtema N.° 2 [Legitimidad Pasiva], Texto completo: ). § 1598. O portunidad para plantear la demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta en caso de sentencias no ejecutables. Oportunidadpara la interposición de la demanda, ¿puede ser antes de la ejecución? El Pleno acordó por unanimidad : “[T]ratándose de sentencias no ejecutables (sentencia declarativa) la oportunidad para plantear la demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta corre desde cuando queda firme la resolución y vence a los seis meses de ejecutada la decisión”. (Pleno Jurisdiccional Nacional Civil, realizado en lea, 1998. Acuerdo N.° 5.3. Subtema N.° 3 [Oportunidad para la interposición de la demanda]. Texto completo: ). § 1599. Alcances de la n ulidad de cosa juzgada fraudulenta. Quedó expuesto por unanimidad: “[La] nulidad de cosa juzgada fraudulenta no pretende la revisión sobre eí fondo de lo resuelto en la sentencia firme, sino tan solo evaluar y pronunciarse sobre si la reproducción de dicha sentencia a consecuencia de una conducta fraudulenta, de colusión o con violación del debido proceso [es] legal”. (Pleno Jurisdiccional Civil 1997, realizado en Lima, el 18-11-1997. Tema N.° 8. Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 1600. Noción de fraude procesal. Sexto. La vigente doctrina precisa que el “fraude procesal” es un acto doloso destinado a desnaturalizar el normal desarrollo de un proceso, provocando situaciones injustas que afecten los intereses de una o ambas partes y eventuaímente de terceros. Nuestro Código Procesal Civil, como se ha anotado, señala como requisitos para la procedencia de una demanda de n o m o s & t h e s is

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nulidad de cosa juzgada fraudulenta, la existencia de fraude o colusión que afecten a un debido proceso. Por consiguiente, para decidir la presente controversia, debe determinarse si en el desarrollo del proceso judicial cuestionado ha existido o no “fraude procesal” y si el mismo ba afectado el debido proceso. (Casación N.° 2615-2015-Lima, de 02-11-2016, f. j, 6. Sala Civil Transitoria [EP, 02-10-2017, Sentencias en Casación N.° 734, p. 97353]. Texto completo: ). § 1601. Objeto de la nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Q uinto. [La] recurrida interpreta erróneamente las normas sub examine al restringir ios alcances de la resolución; no obstante ello debe anotarse que la pretensión materia de autos es sobre nulidad de cosa juzgada fraudulenta, cuyo objeto es dejar sin efecto una resolución que revestida de cosa juzgada se estima que ha sido expedida con fraude procesal, entendida ésta “como toda conducta, activa o omisiva, unilateral (juez) o concentrada (colegiado), proveniente de las partes de terceros, del Juez o de sus auxiliares, que produce el apartamiento dañoso de una etapa del proceso o del proceso todo de los fines asignados por el ordenamiento jurídico; desviación que, por cualquier circunstancia y sin que medie culpa del afectado, no puede ser subsanada mediante los remedios legales que establece la ley para preservar la validez del proceso” [...]. Sexto. [AJsimismo, conforme a lo previsto en el artículo 178 del Código Procesal Civil, así como del aporte de la doctrina procesal, la nulidad de la cosa juzgada fraudulenta tiene como característica principal la de ser residual, lo que implica que no puede ser usada si existen mecanismos internos y ordinarios en el proceso que puedan subsanar el vicio incurrido a raíz de la comisión del fraude procesal; así como la de ser extraordinario, por cuanto su finalidad es cuestionar la autoridad de cosa juzgada de la resolución que ha sido obtenida en base al fraude procesal (ya sea con dolo o colusión) afectando el derecho del justiciable o a un debido proceso, pero en ningún modo significa el reexamen de la prueba como si se tratara de una instancia más para discutir el fondo de la litis. (Casación N.° 1867-98-Lambayeque, de 07-05-1999, ff. jj. 5 y 6. Sala Civil [EP, 14-09-1999, p. 3515]- Texto completo: ). § 1602. Características principales de la n ulidad de cosa juzgada fraudulenta. O ctavo. La nulidad de la cosa juzgada fraudulenta tiene como características principales: a) Que es excepcional, es decir, solo procede su utilización frente a causales específicas tipificadas en el ordenamiento jurídico, no teniendo lugar interpretaciones extensivas o integración analógica a materia distintas de las reguladas por el ordenamiento procesal civil; b) Que es residual, es decir, no puede ser usada si en un proceso existen mecanismos internos y ordinarios que puedan subsanar el vicio ocurrido a propósito de la comisión del fraude procesal; c) Que es extraordinario, es decir, solo se puede cuestionar la autoridad de la cosa juzgada recaída en una sentencia judicial, cuando esta decisión ha sido obtenida sobre la base de un engaño o simulación o acto fraudulento que agravie a tal punto el espíritu de la justicia; y que mantener la cosa juzgada sería una aberración; y d) Que es de extensión limitada, es decir, que si se debe declarar fundada la demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, esta solo alcanza a los actos viciados de fraude. (Casación N.° 1634-2014-Piura, de 10-06-2015, f. j. 8. Sala Civil Transitoria [EP, 02-05-2016, Sentencias en Casación N.° 713, p. 76075]. Texto completo: ). § 1603. Características de la nulidad de cosa juzgada fraudulenta. P rim ero. [La] nulidad de cosa juzgada fraudulenta tiene como características: a) El de tratarse de un remedio excepcional, pues procede solo para las causales establecidas por Ley; b) El de ser residual, pues no puede ser utilizado si existen otros mecanismos internos y ordinarios con los cuales se subsane el vicio, de donde se tiene que es imprescindible el haber agotado todos los mecanismos previos dentro de un proceso para su cuestionamiento; c) El ser extraordinario, pues la decisión judicial que se cuestiona debe haber sido obtenida con fraude, agraviando el espíritu de justicia; reconociéndose en doctrina que cuando exista duda en torno a la existencia del fraude, el pronunciamiento deberá ser contrario a la pretensión de anulación; y d) El ser limitado, pues su declaración solo afectará los actos viciados de fraude. (Casación N.° 160-2000-Cono Norte, de 09-05-2000, f. j. 1. Sala Civil Transitoria [EP, 30-08-2000, p. 6 l4 0 ], Texto completo: ).

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§ 1604. La nulidad de cosa juzgada fraudulenta como remedio excepcional. Quinto. [La] nulidad de cosa juzgada fraudulenta regulada por el artículo 178 del Código Procesal Civil, constituye en nuestro sistema procesal un remedio excepcional, de naturaleza residual y extraordinario, que permite efectuar un nuevo examen de la sentencia definitiva que adquirió la autoridad de cosa juzgada, obtenida en base a un engaño o a una simulación que agravie a tal punto el espíritu de justicia que mantener la cosa juzgada sería una aberración [...]. (Casación N.° 3225-2015-Lima Norte, de 27-06-2016, £ j. 5. Sala Civil Transitoria [EP, 02-10-2017, Sentencias en Casación N.° 734, p. 97068]. Texto completo: ). § 1605. No procede n ulidad de cosa juzgada fraudulenta en relación a las resoluciones que dan término a un procedimiento no contencioso. Tercero. [...] [La] jurisdicción voluntaria o no contenciosa se ejercita a solicitud de una o más personas para “darle legalidad a una actuación o certeza a un derecho”, “sin que exista desacuerdo entre ellas al hacer tal solicitud y sin que se pretenda vincular u obligar a otra persona con la declaración que haga la sentencia”, por lo que no es necesario que haya un demandado, incluso pueden estar de acuerdo los intervinientes y la sentencia no va dirigida a obligar o vincular a determinada persona, por eso concluye que en estos procedimientos no hay cosa juzgada [...]. Cuarto. [A] corde con estos conceptos, aunque se considere que la función del juez en un procedimiento no contencioso no deja de ser jurisdiccional, como así lo es, es forzoso concluir que las resoluciones que dan término a un procedimiento de este tipo, no constituye cosa juzgada pues no obligan o vinculan a determinada persona o personas, faltando ese carácter substancial de la cosa juzgada a que se refiere incluso la segunda parte del artículo 123 [...]. (Casación N.° 1464-99-Tumbes, de 20-10-1999, £ j. 4. Sala Civil Transitoria [EP, 06-04-2000, p. 4964], Texto completo: ). § 1606. Si en el recurso de casación no se dedujo denuncia alguna referente al pronunciamiento

extra petita, no se puede pretender alegar dicho vicio en un proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta. S egundo, [El] presente proceso versa sobre la declaración de nulidad de la cosa juzgada fraudulenta y el sustento por el cual se recurre y seria el sustento para el amparo de la presente acción es el fallo extra petita cuya existencia declara la impugnada. Tercero. [El] recurrente en el proceso que se cuestiona, interpuso recurso de casación impugnando la sentencia de vista cuya nulidad pretende con la presente acción, y en el mismo, no dedujo denuncia alguna referente al pronunciamiento extmpetita ahora alegado, por lo que no puede pretender su renovación mediante este proceso, por ser de carácter residual. (Casación N.° 160-2000-Cono Norte, de 09-05-2000, ff jj. 2 y 3. Sala Civil Transitoria [EP, 30-08-2000, p. 6140], Texto completo: ). § 1607. No procede el proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta en contra de las sentencias dictadas en los procesos de amparo, pues ello im plicaría hacer ilusoria la adm inistración de justicia en m ateria de garantías constitucionales. Cuarto. [Los] derechos que tutela la acción de amparo, requieren necesariamente de un procedimiento sumario y expeditivo como el procedimiento especial [...] habida cuenta que “la vía procesal ordinaria frustraría el derecho a la jurisdicción, resolvería el caso fuera de sus circunstancias, en forma [no] idónea e ineficaz” [...] que bajo estos conceptos de orden lógico y legal las demandas sobre nulidad de cosa juzgada fraudulenta, que se tramitan en la vía de conocimiento, orientadas a dejar sin efecto las sentencias que declaran fundada una demanda de amparo, en el supuesto de ser admitidas a trámite, hacen ilusoria la administración de justicia en materia de garantías constitucionales, razón por la que deben ser rechazadas liminarmente. Quinto. [A] demás cuestionar en la vía de conocimiento la validez de una sentencia recaída en un proceso sobre Acción de Amparo imposibilitaría la adecuada efectividad del fallo, cuando se trata de pretensiones que exigen una respuesta inmediata frente a la amenaza o violación de derechos constitucionales por acción u omisión de parte de cualquier autoridad, funcionario o persona; que en consecuencia, si esto es así, resulta inútil detenerse a examinar si la demanda [...] cumple con ios requisitos que señala el artículo 178 del acotado. (Casación N.° 2490-98-junín, de 12-04-1999, ff. jj. 4 y 5. Sala Civil Transitoria [EP, 14-07-1999, p. 2991]. Texto completo: ). n o m o s & t h e s is

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§ 1608. Excepción de cosa juzgada y la nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Tercero. [En] el presente caso, como consta del texto del escrito [...] por el que se deduce la excepción de cosa juzgada, el anterior proceso al presente se refiere a una demanda sobre reivindicación de un inmueble, en tanto que este juicio se refiere a una demanda sobre nulidad de la cosa juzgada fraudulenta, apoyada en el artículo 178 del Código Procesal Civil, constatándose que las pretensiones procesales son totalmente diferentes, no dándose, por tanto, para el amparo de la citada excepción, la identidad que exige el artículo 453 del aludido Código. Cuarto. [La] alegación que hace el demandado [...] en el sentido de que en el presente proceso sobre nulidad de la cosa juzgada fraudulenta subliminalmente se pretende dejar sin efecto la ejecutoria suprema emitida en el proceso sobre reivindicación, violándose la prohibición de revivir procesos fenecidos estatuido por el inciso 11 del artículo 233 de la Constitución de 1979, vigente a la fecha de interposición de la demanda sobre nulidad de la. cosa juzgada fraudulenta, no tiene amparo en atención a que el Código Procesal Civil permite demandar la nulidad de una sentencia alegándose que en el proceso donde se haya emitido el fallo se han producido alguna de las causales señaladas por el artículo 178 del citado cuerpo normativo, si quien lo propone se siente agraviado con la sentencia. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. Q uinto. [Esta] Sala Suprema ha establecido la viabilidad de la demanda sobre nulidad de la cosa juzgada prevista por el artículo 178 del anotado Código tratándose de sentencias emitidas en procesos seguidos tanto conforme a las reglas del derogado Código de Procedimientos Civiles como por las reglas del Nuevo Código Procesal Civil. (Casación N.° 15-94-Ayacucho, de 08-09-1994, ff. jj. 3-5. Sala Civil. Texto completo: ). § 1609. En el caso de las sentencias ejecutables, el cómputo del plazo para dem andar cosa juzgada fraudulenta es desde el inicio de la ejecución notificada; tratándose de las sentencias declarativas, desde la declaración jud icial puesta en conocimiento del afectado. Tercero. En principio, la posibilidad que un tercero presente demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta está permitida por la ley, tal como se advierte de la lectura del segundo párrafo del artículo 178 del Código Procesal Civil. Que ello sea así, trae como consecuencia, dado que dicho tercero no fue parte del proceso que cuestiona, que el inicio del cómputo para presentar la demanda se deba iniciar desde el momento en que a este le es conocida la sentencia que pretende anular. Ello puede ocurrir con la notificación que se le efectúa en ejecución de la resolución obtenida en el proceso que se dice fraudulento o mediante cualquier otro medio por el que se le noticie del mismo. C uarto. De otro lado, el artículo 178 del Código Procesal Civil establece un plazo de caducidad de seis meses. Tal plazo es uno de caducidad dada la propia naturaleza del proceso caracterizado por ser residual y extraordinario, en tanto controvierte resolución judicial que debería tener la calidad de inmutable. El dispositivo aludido establece una distinción, ya se trate de sentencia ejecutable o sentencia declarativa. En el primer caso, el cómputo debe efectuarse desde el inicio de la ejecución notificada; en el segundo supuesto, desde la declaración judicial puesta en conocimiento del afectado. Q u i n t o . En el presente caso se advierte que el proceso cuya nulidad se solicita es uno de carácter declarativo, esto es, en el que se pide expresamente se declare la nulidad de una sentencia que modifica los linderos de su propiedad. En tal sentido, siendo que la propia demandante expresa que conoció del proceso, vía notificación y que recibió esta el 28 de mayo de 2012, el cómputo debe iniciarse desde el día siguiente de la referida notificación. Sexto. Debe distinguirse entre el plazo señalado por días y el señalado por meses. En el primero, se tienen en cuenta los días hábiles; en cambio, en el segundo, el inicio y término del plazo se computa de fecha a fecha, lo que implica que concluye el día igual al del mes con que se inició y, en el peor de los casos, ai primer día siguiente hábil. Ello fluye de lo señalado en el artículo 183 del Código Civil, numerales 2 y 5, lo que además ha sido recogido en el artículo 139 de la Ley del Procedimiento Administrativo. Hay una razón para ello sea así: los plazos por meses son lo suficientemente extensos para que un ciudadano diligente pueda presentar su demanda de manera adecuada, siendo que si se computaran los días inhábiles que pudieran existir, se complicaría el cómputo respectivo, creando un estado de incertidumbre que provocaría inseguridad para realizar los actos procesales. Eso no acontece con los plazos por días, que, por su propia brevedad, son factibles de ser contados con facilidad. S étim o. En tal sentido, el cálculo a efectuar deberá tener en cuenta lo siguiente: 1. Como se trata de un ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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plazo señalado por meses [...] se cumple en el mes de vencimiento y en el día de este correspondiente. 2. Si el referido día fuera inhábil, el plazo vence el primer día siguiente hábil, conforme lo prescrito en el artículo 183 [inciso] 4. Esta inhabilidad debe ser u na extraordinaria que se coloque en el supuesto de los artículos 1994 [inciso] 8 y 2007 del Código Civil, es decir, cuando sea imposible recurrir a tribunal peruano [...]. 3. Si el referido día fuera ordinariamente inhábil, como por ejemplo en feriados establecidos con antelación o sábados o domingos, la caducidad se producirá transcurrido el último día del plazo, aunque sea inhábil, tal como lo prescribe el artículo 2007 del Código Civil. (Casación N.° 1260-2016-Arequipa, de 28-03-2017, ff. jj. 3-7. Sala Civil Permanente [EP, 30-01-2018, Sentencias en Casación N.° 742, p. 104396]. Texto completo: ). § 1610. El cómputo del plazo, para interponer el pedido de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, se inicia desde la resolución que dispone que se cumpla lo ejecutoriado. O ctavo. [...] [En] nuestro ordenamiento procesal anterior, regulaba la condena de costas y el pago de una multa, para los casos en que la decisión del Supremo Tribunal, declaraba “No haber Nulidad”, esto es, que la decisión del órgano superior, se mantuviera firme, verificándose que en el caso de autos, uno de los extremos de la ejecutoria cuestionada, efectivamente declaró no haber nulidad en el fallo de la Sala Superior, sin embargo, también declaró haber nulidad en el extremo de la sentencia de la Sala Superior, que precisamente revocó lo dicho por el juez, que declaró infundada en todos sus extremos la demanda. N oveno. [Si] bien la decisión que se cuestiona a través del presente proceso, [...] al haber sido expedida en última instancia jurisdiccional por el máximo Tribunal del Poder Judicial, también es verdad, que solo y en tanto el proceso llegue al juez de la demanda, que notifica a las partes la bajada de autos, con el decreto “cúmplase lo ejecutoriado” es a partir de la resolución que así lo dispone, debe computarse el plazo previsto en el artículo 178° del Código Procesal Civil, por tanto a la fecha de interposición de la demanda, que ocurrió el 18 de diciembre de 2002, el derecho de la demandante aún no se encontraba caduco, dado que el juez cumplió con notificarlo recién el 22 de octubre de 2002, la mencionada devolución, correspondiendo por tal motivo amparar la primera denuncia invocada, al haberse configurado la afectación del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva de la impugnante prevista en el artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil, reconocida también como garantía constitucional en el inciso 3} del artículo 139° de nuestra Carta Política, argumento que resulta suficiente para casar el fallo recurrido [,..]. (Casación N.° 5161-2008-Lima, de 19-01-2010, ff. jj. 8 y 9. Sala Civil Permanente [EP, 01-12-2010, Sentencias en Casación N.° 633, p. 28963]. Texto completo: ). § 1611. Cómputo del plazo para demandar nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Sétim o. [Para] el cómputo del plazo de las sentencias declarativas y constitutivas en materia de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, se efectúa desde que la sentencia se encuentra firme, pues ellas no ameritan propiamente ejecución; no ocurre así en las sentencias de condena, donde la existencia del proceso fraudulento va paralelo a su ejecución, por lo que el plazo de caducidad corre simultáneamente [.,.]. (Casación N.° 1360-2000-La Libertad, de 26-06-2000, f. j. 7. Sala Civil Transitoria [EP, 30-10-2000, p. 6390]. Texto completo: ). § 1612. El plazo para la interposición de la acción de nulidad de cosa juzgada fraudulenta contra el auto que resuelve la contradicción en un proceso de ejecución debe computarse a partir de la fecha en que se hizo pago al ejecutante. Tercero. [La] ejecución forzada concluye cuando se hace pago al interesado con el producto del remate o con la adjudicación, o si el ejecutado paga en su integridad la obligación e intereses exigidos y las costas y costos conforme al artículo 727 del Código Procesal Civil. C uarto , [Se] concluye que el plazo para la interposición de la acción de nulidad de cosa juzgada fraudulenta contra el auto que resuelve la contradicción debe computarse a partir de la fecha en que se hizo pago con el producto del remate al ejecutante [...]. (Casación N.° 1365-96-La Libertad, de 17-11-1997, ff. jj. 3 y 4. Sala Civil [EP, 25-04-1998, p. 764]. Texto completo: ). § 1613. De realizarse lanzamiento, este sería el acto que pone fin al proceso de ejecución de sentencia y, por lo tanto, a partir de esta fecha es que comienza a correr el plazo de seis meses para interponer la demanda de cosa juzgada fraudulenta. Tercero. El artículo 178° del Código Procesal n o m o s & t h e s is

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Civil señala que puede demandarse nulidad de cosa juzgada fraudulenta hasta dentro de seis meses de ejecutada la sentencia respectiva. [...] [En] la recurrida, se ha considerado como fecha de inicio del cómputo de seis meses, el día de la cancelación del pago del remate efectuado [...]. Cuarto. [...] [En] la sentencia [...] se ordenó [...] el reembolso de una suma [de dinero] por concepto de mejoras, pago que al no ser satisfecho originó el remate y posterior lanzamiento del actor del bien materia del proceso, es en consecuencia con el acto del referido lanzamiento que se terminó de ejecutar la sentencia. Quinto. [...] [S]iendo ello así, habiéndose efectuado el lanzamiento [...] es a partir de dicha fecha que debe iniciarse el cómputo legal correspondiente. (Casación N.° 574-2000-Lima, de 12-10-2001, ff. jj. 3-5. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 02-05-2002], Texto completo: ). § 1614. El plazo del tercero para interponer la nulidad de cosa juzgada fraudulenta debe computarse desde que conoce de la resolución con calidad cosa juzgada. Quinto. [El] recurrente señala que se ha contravenido el debido proceso al haberse declarado improcedente su demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta [...] cuya pretensión está dirigida a que se declare la nulidad de la sentencia [..,] emitida en el [...] sobre Otorgamiento de Escritura Pública, con argumentos de errada interpretación del artículo 178 del Código Adjetivo, ya que el cómputo del plazo para interponer dicha demanda en casos de terceros con legítimo interés que no fueron citados con la demanda, debe computarse a partir de que tomó conocimiento del fallo controvertido, mas no desde que se pone a conocimiento a las partes la Escritura Pública presentada por el Notario Público ante el juzgado, por cuanto no ha sido parte en el proceso. [...] Sétim o. [Del] [...] (auto admisorio) se advierte que el hoy recurrente, no ha sido parte en el aludido proceso judicial, en el cual solo se apersonó la madre del actor, declarándose rebelde a los demás emplazados, quien incluso mencionó en su contestación [...] no haberse considerado a dos de los herederos de su cónyuge, entre ellos el ahora demandante; en tal sentido, si bien el numeral 178 del Código Procesal Civil, dispone que puede demandarse la nulidad de cosa juzgada fraudulenta de un proceso, dentro del plazo de seis meses de ejecutada o de haber adquirido la calidad de cosa juzgada sino fuere ejecutable, es evidente que dicho plazo está referido a los justiciables de ese proceso, es decir, a los que han sido parte del mismo. O ctavo. [Por] ello, cuando se trata de una persona natural o jurídica que no ha sido parte en el proceso pero a la que pueden extenderse los efectos de una sentencia, no se le puede exigir el plazo antes anotado, de lo que se tiene que la interpretación efectuada por la Sala respecto a la mencionada norma procesal resulta errada, y contraviene el debido proceso al negarle ai actor el acceso a la tutela jurisdiccional efectiva, bajo supuestos no valederos, por tal motivo, debe acogerse el agravio expuesto en el punto i) de la denuncia casatoria. (Casación N.° 3623-2010-Huánuco, de 16-06-2011, ff. jj. 5, 7 y 8. Sala Civil Permanente [EP, 30-07-2012, Sentencias en Casación N.° 669, p. 36542]. Texto completo: ). § 1615. Se puede demandar la nulidad de cosa juzgada fraudulenta aun cuando la sentencia de carácter ejecutable no haya sido ejecutada. El plazo que impone la ley es un plazo lím ite (“hasta”) y no un plazo para el inicio del cómputo. Cuarto. [Este] Supremo Tribunal debe señalar que la primera parte del primer párrafo del artículo 178 del Código Procesal Civil [...] contiene una disposición destinada a regular el plazo en virtud al cual hasta cuándo el agraviado con una sentencia o un acuerdo homologado por el juez está habilitado para incoar la demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Así, se advierte que el dispositivo procesal dispone: “Hasta dentro de seis meses de ejecutada o de haber adquirido la calidad de cosa juzgada, si no fuere ejecutable puede demandarse, a través de un proceso de conocimiento la nulidad de una sentencia o la del acuerdo de las partes homologado por el juez que pone fin al proceso (...)”, Como puede advertirse, el plazo que impone la ley es un plazo límite (“hasta”) y no un plazo para el inicio del cómputo, pues en ningún extremo de la norma acotada [...] se establece que sea requisito indispensable para interponer la demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta que la decisión final de carácter ejecutable deba haber sido ejecutada previamente para recurrir a la vía judicial, limitándose la norma -como se ha dicho- a establecer el plazo máximo de seis meses para la interposición de esta acción. [...] O ctavo. Estando a lo expuesto y aun cuando en el presente caso estamos frente a una sentencia condenatoria que no ha sido ejecutada en todos sus extremos, no existe norma jurídica alguna que impida que el agraviado con el fraude pueda ejercitar su derecho de acción * SUMMA PROCESAL CIVIL

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y, por lo tanto, dé inicio a este proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, aun cuando el artículo 178 del Código Procesal Civil, ya aludido, introduzca aparentemente como condición para que el plazo de caducidad inicie su decurso que se haya ejecutado la sentencia, porque ello implicaría la afectación del derecho de acción, como manifestación del derecho a la tutela jurisdiccional. (Casación N.° 53972008-Puno, de 16-07-2009, ff. jj. 4 y 8. Sala Civil Transitoria. Texto completo: ). § 1616. Si no se ha determinado en las instancias inferiores que el fallo sobre nulidad de matrimonio es una sentencia ejecutable o no ejecutable, debe ordenarse al Juez a que vuelva a em itir una nueva resolución pronunciándose sobre ello. Q uinto. En el presente caso, el Juez de la causa al rechazar la presente demanda [de cosa juzgada fraudulenta], bajo el fundamento que las sentencias expedidas en el proceso de nulidad de matrimonio han sido expedidas el 12 de jtmio y 3 de diciembre del año 2002, respectivamente, mientras que la presente demanda ha sido presentada el 24 de mayo del 2006, y que por ío tanto ha transcurrido en exceso el plazo de seis meses previsto por el numeral 178 dei Código Procesal Civil, no ha tenido en cuenta si la sentencia expedida en dicho proceso es una ejecutable o no ejecutable. Sexto. En igual sentido, la Sala Superior decide confirmar la sentencia apelada, agregando que la sentencia cuya nulidad se pretende es una constitutiva, la que busca originar una nueva situación jurídica, por tanto, no es ejecutable, ni capaz de ejecución; sin embargo, dicho Colegiado no ha tenido en cuenta la distinción que el numeral en comentario hace sobre las sentencias ejecutables y no ejecutables. Séptim o. En tal virtud, esta Sala Suprema concluye que las instancias de mérito han contravenido las normas que garantizan el derecho a un debido proceso al no haber resuelto de acuerdo a lo prescrito por el numeral 178, primer párrafo, del Código Procesal Civil; por tal razón, el presente medio impugnatorio merece ser amparado. [...] ordenaron al juez que vuelva a emitir resolución de acuerdo a lo expuesto en la presente decisión. (Casación N.° 1420-2007-Puno, de 05-12-2007, ff. jj. 5 al 7. Sala Civil Transitoria. Texto completo: ). § 1617. No procede la demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta que se sustenta en el agravio que produce la sentencia a la parte vencida. 5.12. [No] puede constituir dolo o fraude la expedición de una sentencia por el solo hecho que produce agravio a la parte vencida, pues si bien se evidencia que no hubo desembolso de suma alguna a favor de la sociedad conyugal [...], como afirma la casante [demandante], la suscripción del pagaré por los [cónyuges] ejecutados, tuvo como finalidad asumir parte de la obligación pendiente de pago que tenía la empresa A [con el banco demandado], lo cual no se contrapone con la figura de la novación; advirtiéndose que lo que pretende la recurrente es un nuevo juicio de valor sobre el tema resuelto en el proceso objeto de nulidad. (Casación N.° 14752014-LÍma, de 13-05-2015, f. j. 5.12. Sala Civil Transitoria [EP, 30-09-2016, Sentencias en Casación N.° 718, p. 83195]. Texto completo: ). § 1618. El que ocasiona el fraude procesal no puede demandar la nulidad de la cosa juzgada fraudulenta. Séptim o. En virtud de lo expuesto anteriormente, se desprende que el segundo párrafo del [artículo 1.78 del Código Procesal Civil] establece quiénes pueden ser los legitimados activos para demandar, señalándose que lo son la parte y el tercero ajeno al proceso que se considere directamente agraviados co n la sentencia; en tal orden de ideas, fluye que solo puede demandar nulidad de cosa juzgada fraudulenta la parte o el tercero ajeno al proceso que se consideran directamente agraviados por la resolución judicial que pretenden nulificar y no el causante del fraude; por tal razón, siendo un hecho probado por las instancias de mérito que el proceso de dar suma de dinero seguido por GMM [el demandado en el presente proceso sobre nulidad de cosa juzgada fraudulenta] contra JGLM [el demandante] ha sido tramitado con colusión entre dichas partes; por consiguiente, se concluye que dicha pretensión de nulidad de cosa juzgada fraudulenta no puede prosperar. (Casación N.° 3852-2006-Loreto, de 29-05-2007, f. j. 7. Sala Civil Transitoria [EP, 02-09-2008]. Texto completo: ). § 1619. Definición de fraude procesal. En el proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta no se puede dar una nueva valoración de las pruebas, debido a que tiene por objeto acreditar las causales que se invocan al proponerla p ara obtener finalmente la nulidad de la sentencia n o m o s & t h e s is

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§ 1620. En materia de fijación de pensión alimenticia no existe cosa juzgada. T ercero. [...] [Es] un principio universalmente aceptado que no existe cosa juzgada en materia de la fijación de pensiones alimentarias, en ese sentido, si se reducen las posibilidades de uno de los obligados y subsisten las necesidades del alimentista, el Juez de la causa está plenamente facultado a establecer o aumentar la obligación a cargo del otro obligado, mediando las pruebas y sustentos suficientes [...]. (Casación N.° 725-99-Lambayeque, de 19-07-1999, f. j. 3. Sala Civil [EP, 31-08-1999, p. 3388]. Texto completo: ). § 1621, En la m edida que el proceso de ejecución de garantía concluyó ordenando el remate del bien dado en garantía esta se encuentra comprendida dentro de los presupuestos de la nulidad de cosa juzgada fraudulenta. C uarto . [Se] puede poner fin a la instancia o al proceso en definitiva, mediante una sentencia o un auto que ponga fin a dicho proceso; que los procesos de ejecución de garantía concluyen definitivamente con el auto, homologando a una sentencia, que declara infundada la contradicción, en su caso y ordena llevar adelante el remate del bien. Q uinto, [Aun] cuando no se han tenido a la vista para resolver los expedientes fenecidos ofrecidos como prueba [...], es probable que el proceso de ejecución de garantía concluyó ordenando el remate de! bien dado en garantía y en tal virtud es obvio que la demanda se encuentra comprendida dentro de los presupuestos que prevé el [artículo 178 del Código Procesal Civil], claro está si no se ha operado la caducidad. (Casación N.° 306-99-Líma, de 19-10-1999, ff. jj. 4-5. Sala Civil Transitoria [EP, 18-12-1999]. Texto completo: ). $ 1622. Q uien om ite el cumplimiento de lo ordenado en el fallo, no puede recurrir a demandar la n ulidad de cosa juzgada, porque no h a acatado lo resuelto en el Poder Judicial. P rim ero. [El] artículo 178 del Código Procesal en mención es m uy claro al establecer que hasta dentro de seis meses de ejecutada o de haber adquirido la calidad de cosa juzgada, sí no fuere ejecutable, puede demandar la nulidad de cosa juzgada fraudulenta [...]. S egu n do . [Si] la sentencia fuera ejecutable, es requisito indispensable para interponer la demanda que previamente haya sido ejecutada. Tercero. [Ello] se debe ♦ SU M U A PROCESAL CIVIL

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cuestionada. D écim o P rim ero. [El] fraude procesal constituye la causa genérica por la cual se puede impugnar una sentencia definitiva y se entiende por ella [...] como toda conducta activa u omisiva) unilateral o concentrada) proveniente de los litigantes) de terceros, del juez o de sus auxiliares, que produce un apartamiento de parte del proceso o de todo el proceso, de los fines asignados, desviación que, por cualquier circunstancia y sin que medie culpa del afectado, no puede ser subsanada mediante los remedios legales instrumentados a otros efectos por el ordenamiento respectivo D écim o S egundo. [C]ompone el concepto de fraude procesal todos los artificios, maquinaciones, ardides y engaños que la malicia humana puede introducir en el proceso con la finalidad de violar alevosamente la ley, amparándose en la autoridad de la sentencia o en la estabilidad de los actos procesales; en suma, comprende toda desviación del proceso a la no utilización de éste como medio eficaz para obtener la actuación de la ley, al corromperlo mediante maquinaciones, maniobras, y ardidas, destinados a obtener un resultado que la ley no permite o que prohíbe, o que no podría obtenerse utilizando normal y correctamente la complicada maquinaria judicial. [...] D écim o Cuarto. [La] demanda de cosa juzgada fraudulenta no da lugar a la revalorización de las pruebas que se hubieran actuado en el proceso anterior para dar lugar a una nueva decisión sustentatoria, sino que tiene por objeto acreditar las causales que se invocan al proponerla para obtener finalmente la nulidad de la sentencia cuestionada. Del análisis que realiza el A quo y la Sala se concluye en la práctica del fraude procesal, el cual no se demuestra cómo ocurrió sino en base a una nueva valoración de los medios probatorios, los mismos que habiendo sido aportados por el actor (demandado en el proceso acompañado) fueron objeto de pronunciamiento en el proceso cuestionado; por consiguiente las instancias inferiores declaran la nulidad de la sentencia emitida en dicho proceso y levantan su calidad de cosa juzgada. Entonces, la sentencia recurrida vulnera la finalidad del proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, al que se le ha convertido en un proceso revisor de causas fenecidas y con carácter de cosa juzgada. (Casación N.° 1300-2001-Ancash, de 07-11-2001, fifi jj. 11, 12 y 14. Sala Civil Transitoria [EP, 01-04-2002, p. 8501], Texto completo: ).

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a que tratándose de una sentencia que ha adquirido la condición de cosa juzgada, quien omite el cumplimiento de lo ordenado en el fallo, no puede recurrir al Poder Judicial a demandar la nulidad de él, porque no ha acatado lo resuelto en el Poder Judicial, (Casación N.° l486-98-Lima, de 14-10-1998, ff. jj, 1, 2 y 3. Sala Civil Transitoria [EP, 11-12-1998, p. 2222], Texto completo: ). § 1623. No se requiere la ejecución de la sentencia de condena para la interposición de la demanda, porque la nulidad de cosa juzgada fraudulenta es una pretensión impugnatoria que no suspende los efectos de la sentencia o auto homologado por el Juez. Tercero. [En] los casos en que se considera que la interposición de la demanda es prematura al no haberse ejecutado la sentencia, implícitamente se está considerando que el actor carece de interés para solicitar la nulidad de la sentencia expedida en el proceso fraudtdento. C uarto. [El] interés para obrar se define como el interés a la tutela jurídica que induce al demandante a reclamar la intervención del órgano jurisdiccional, a fin de que mediante sentencia se resuelva sobre las pretensiones invocadas; siendo esto así, es obvio que aún en los casos en que la resolución todavía no haya sido ejecutada, el actor tiene interés para que se rescinda o deje sin efecto la sentencia o auto homologado expedido en un proceso fraudulento. Q uinto. [Del] mismo modo, no se requiere la ejecución de la sentencia de condena para la interposición de la demanda, porque la nulidad de cosa juzgada fraudulenta es una pretensión impugnatoria que no suspende los efectos de la sentencia o auto homologado por el Juez, por eso la norma procesal acotada solamente ha previsto la concesión de medidas cautelares inscribibles. (Casación N.° 3217-98Lima, de 06-09-í 999, ff. jj. 3-5. Sala Civil Permanente [EP, 21-01-2000, p. 4632], Texto completo: ). § 1624. La transacción judicial homologada por el juez solo puede ser cuestionada en el proceso de cosa juzgada fraudulenta. Tercero. [En] este caso concreto, la resolución recurrida confirma la apelada declarando improcedente la demanda de nulidad de acto jurídico interpuesta por la sucesión de JCTG, por considerar que siendo la materia en controversia la impugnación a la transacción extrajudiciaí homologada por el Juez en virtud a lo dispuesto en los artículos 334, 335 y 337 del Código Procesal Civil, su impugnación corresponde realizarse bajo los alcances del artículo 178 del Código Procesal Civil. [...] Q uinto. [La] controversia radica en que la sucesión de JCTG pretende se declare la nulidad de la transacción extrajudicial [...] homologada por el Juez, en el marco de un proceso de división y partición de bienes, celebrada entre la apoderada del causante JCTG con los demandantes [...] en ese sentido, se debe tener en cuenta ^1 marco jurídico señalado precedentemente, con lo cual se colige que la pretensión sublitis se encuentra en los supuestos para ser impugnado bajo los alcances de la nulidad de cosa juzgada fraudulenta; por otro lado debe precisarse que los supuestos previstos en el artículo 1308 y siguientes corresponden a las transacciones que versan sobre responsabilidad civil que provenga de delito, lo cual es ajeno a lo que se discute en el presente proceso. (Casación N.° 3435-2009-Arequipa, de 08-04-2010, ff. jj. 3 y 5. Sala Civil Permanente [EP, 03-05-2011, Sentencias en Casación N.° 640, p. 30119]. Texto completo: ). § 1625. El procedimiento por cosa juzgada fraudulenta, al no ser motivado por una pretensión de indemnización no es óbice para solicitar la indemnización por enriquecimiento sin causa. En la misma línea, tampoco constituye obstáculo el que la parte haya obtenido un monto indemnizatorio por la vía penal. Sexto. [El] artículo 1955° del Código Civil señala que la acción por enriquecimiento indebido no es procedente cuando la persona que ha sufrido el perjuicio puede ejercitar otra acción para obtener la respectiva indemnización. [...] [La] Sala de Vista también incurre en error al considerar que la acreditación del fraude procesal (en clara alusión al proceso sobre nulidad de cosa juzgada fraudulenta) es la única vía que daría lugar a la indemnización por enriquecimiento sin causa, y que el pago de la reparación civil en la vía penal enerva el ejercicio de la presente causa. Sin embargo, la nulidad de la cosa juzgada fraudulenta que regula el artículo 178° del Código Procesal Civil no constituye una acción dirigida a obtener una indemnización a favor del proponente, pues solo persigue la nulidad de una decisión que ha adquirido la calidad de cosa juzgada, a fin de reponer las cosas al estado que corresponda; por su parce, si bien la reparación civil fijada en un proceso penal tiene por finalidad indemnizar por los daños y perjuicios, así como la restitución del bien o el pago de su valor, conforme lo establece el artículo n o m o s & t h e s is

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93° del Código Penal, ello no impide que aquel a favor del cual se disponga el pago de la reparación civil fijada en la vía penal se encuentre impedido de recurrir a la vía civil para obtener el pago de una indemnización acorde con la magnitud del daño causado, si advierte que el monto fijado no es suficiente para resarcir los daños y perjuicios ocasionados. (Casación N.° 366-2002-Santa, del 06-08-2002, £ j. 6. Sala Civil Transitoria [EP, 03-12-2002]. Texto completo: ). § 1626. La sola acreditación de una relación de compadrazgo entre el Juez y el ejecutante no ampara la nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Tiene que demostrarse fehacientemente la colusión en el caso en concreto. Sexto. [De] los fundamentos de la resolución impugnada, se infiere que la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia deí Cusco, ha confirmado la apelada que declara fundada la demanda, básicamente debido a que en la presente litis, se habría acreditado que entre el juez demandado [...] y, el apoderado del Banco [...] existe una relación de carácter espiritual (compadrazgo) por haber apadrinado el segundo al hijo del juez de la causa [...] acreditarían la existencia de una relación estrecha de amistad entre el juez y el apoderado del banco, y que por tanto estas circunstancias denotarían también la colusión entre el juez y una de las partes del proceso de ejecución de garantías que es materia de la demanda. Sétim o. [Sin] embargo la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Cusco no ha sustentado en qué ha consistido la pretendida colusión entre el juez que tuvo a su cargo la conducción deí proceso de ejecución de garantías y el entonces apoderado del banco y ejecutante; menos se ha puntualizado en la sentencia, cómo es que los medios probatorios actuados en el proceso demuestran que efectivamente se ha producido la aludida colusión. O ctavo. [No] debe de perderse de vista, que si bien los medios de prueba que se han hecho referencia en el considerando precedente, demuestran la existencia de una relación religioso-espiritual (compadrazgo) entre el juez de la causa y el abogado del banco, tales medios de prueba per sé no demuestran que en la tramitación del proceso judicial [...] se hayan coludido el juez y una de las partes del proceso, con el objeto de obtener una sentencia judicial contraria a la voluntad de la ley; por tanto, es preciso que la sala de origen dilucide este extremo y emita pronunciamiento sobre el particular [...]. (Casación N.° 2106-2005-Cusco, de 06-11-2006, ff. jj. 6-8. Sala Civil Transitoria [EP, 02-04-2007, p. 19171]. Texto completo: ). § 1627. No es posible iniciar un proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta contra un proceso de amparo. Tercero. [La] nulidad de cosa juzgada fraudulenta tiene como características principales: a) Que, es excepcional, es decir, solo procede su utilización frente a causales específicas tipificadas en el ordenamiento jurídico, no cabiendo interpretación extensiva o integración analógica a materias distintas de las reguladas por el ordenamiento procesal civil; b) Que, es residual, es decir, no puede ser usada si en un proceso existen mecanismos internos y ordinarios que puedan subsanar el vicio ocurrido a propósito de la comisión del fraude procesal; c) Que, es extraordinario, es decir, solo se puede cuestionar la autoridad de la cosa juzgada recaída en una sentencia judicial cuando esta decisión ha sido obtenida en base a un engaño o simulación que agravie a tal punto el espíritu de la justicia, que mantener la cosa juzgada sería una aberración; y d) Es de extensión limitada, es decir, que de ser declarada Fundada la demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, esta solo alcanza a los actos viciados de fraude. Cuarto. [Si] bien es cierto que las normas del Código Procesal Civil son de aplicación supletoria a los procesos constitucionales, como sería el caso de la Acción (proceso) de Amparo, esta aplicación supletoria solo es posible cuando la naturaleza de los procesos constitucionales así lo permitan, por lo que atendiendo a las características de cada uno de los procesos antes aludidos, se concluye que no es posible iniciar un proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta contra uno de amparo, dado que ambos procesos gozan del carácter extraordinario y residual, que implica de modo inevitable que se excluyan mutuamente. (Casación N.° 365-T-97-Ancash-ChÍmbote, de 04-12-1997, ff. jj. 3-4. Sala Civil Transitoria [EP, 10-04-1998, p. 648] .Texto completo: ). § 1628. La resolución que declara improcedente el recurso de casación no puede ser m ateria de proceso de n ulidad de cosa juzgada fraudulenta. T ercero . [El] artículo 178 del Código Adjetivo, modificado por la Ley N.° 27101 permite la demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, a través de un proceso de conocimiento la nulidad de una sentencia o la del acuerdo de las partes homologado ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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por el Juez que pone fin al proceso. C uarto. [La] resolución de la Sala Civil Permanente que declaró improcedente el recurso de casación no es una sentencia, sino un auto, porque no se pronuncia sobre el fondo de la materia controvertida, sino solo el cumplimiento de los requisitos de forma y de fondo de la casación, y solamente cuando se declara procedente dicho recurso se expide sentencia. Q uinto. [Tjampoco se trata de un acuerdo de las partes homologado por el Juez que pone fin al proceso. Sexto. [Por] ello, la resolución que declara improcedente un recurso de casación no puede ser materia del proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta. (Casación N.° 286-2001-Lima, de 06-07-2001, ff. jj. 3-6. Sala Civil Transitoria [EP, 05-11-2001]. Texto completo: ). § 1629. El acuerdo conciliatorio se puede impugnar a través de una acción de nulidad de cosa juzgada fraudulenta. S éptim o, [El] acuerdo conciliatorio contra el cual se dirige la presente acción de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, tiene la calidad de una sentencia, de conformidad con lo prescrito en el artículo 328 del Código Procesal Civil, en consecuencia es posible su impugnación a través de la presente acción. (Casación N.° 96-2000-Lambayeque, de 13-07-2000, £ j. 7. Sala Civil Transitoria [EP, 30-11-2000], Texto completo: ).

§ 1630. Cuando se produce la colusión en un proceso se afecta el debido proceso, por lo que resulta amparable la demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Sexto. [RJesulta evidente la colusión producida [...] en el proceso de cambio de régimen de sociedad de gananciales, porque sin contar con título de propiedad, sino con certificado de posesión que también se ha otorgado a otra persona, existe allanamiento de la demanda y cesión de derechos entre esposos, que la demandante es propietaria del bien, cuyo dominio no se ha acreditado y se lance a una persona [doña AZM] que no ha sido parte en el juicio que también es casada con el demandado. Sétimo. [En] consecuencia y existiendo no solamente colusión sino afectación del debido proceso, respecto de doña AZM, la demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, de devolución del inmueble y daños y perjuicios resulta amparable [...]. (Casación N.° 9 3 1-95-PucalIpa, de 16-10-1996, ff. jj. 6-7. Sala Civil. Texto completo: ).

§ 1631. La aplicación supletoria del Código Procesal Civil en la ley procesal laboral no permite la incorporación de la nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Quinto. [Si] bien la [...] Ley Procesal del Trabajo establece que en lo no previsto por esta ley, son de aplicación supletoria las normas del Código Procesal Civil, ello debe entenderse como una forma de facilitar el normal desarrollo de los procedimientos que le son propios, pero no para incorporar [la nulidad de cosa juzgada fraudulenta] una institución orientada a invalidar sentencias firmes con un ordenamiento no adecuado a los derechos [laborales] que en esta materia se discuten, máxime ante un organismo jurisdiccional que no tiene la especialidad [...], (Casación N.° 2188-97-Callao, de 21-09-1998, £ j. 5. Sala Civil Transitoria [EP, 0812-1998, p. 2156]. Texto completo: ).

§ 1632. La circunstancia de que no se interpusiera recurso de impugnación por ser un proceso regulado por el fenecido Código de Procedimientos Civiles, no le da a la sentencia, cuya nulidad se ha planteado, una validez superior, ni la sustrae para incoar la acción de nulidad de cosa juzgada fraudulenta. P rim ero, [La] acción de nulidad de cosa juzgada fraudulenta persigue anular una sentencia de mérito, que ha adquirido la calidad de cosa juzgada, expedida mediando vicios substanciales causados por dolo, fraude, colusión o afectando el derecho a un debido proceso y que en consecuencia, no refleja la verdadera voluntad del ordenamiento jurídico para el caso; es acción principal y autónoma, y su finalidad es distinta de la de aquella que culminó con el pronunciamiento sujeto a revisión o nulificación y, definitivamente, no es la contradicción de lo resuelto en el juicio anterior, ni un nuevo proceso sobre los mismos derechos; la prueba debe recaer exclusivamente sobre la existencia de los vicios sustanciales denunciados. [...] Tercero. [La] posibilidad de demandar la nulidad de la cosa juzgada, por las causales señaladas en el artículo 178 del Código Procesal Civil, recae en toda clase de sentencias judiciales de mérito, afectadas por graves vicios que no debían convalidarse, ni cubrirse por el manto protector de la cosa juzgada; por lo que la circunstancia de que no se interpusiera recurso de nulidad ante la Corte Suprema por ser un proceso regulado por el fenecido Código de Procedimientos Civiles, n o m o s & t h e s is

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no le da a la sentencia, cuya nulidad se ha planteado, una validez superior, ni la sustrae al nuevo control jurisdiccional. (Casación N.° 1886-96-San Martín, de 02-03-1998, ff. jj. 1 y 3. Sala Civil Permanente [EP, 16-05-1998, p. 1044]. Texto completo; ). § 1633. Nulidad de cosa juzgada fraudulenta. No se puede aplicar una institución del nuevo código en un proceso seguido con el antiguo código. Segundo. [La] sentencia [de primera instancia] se apoya en que dicho dispositivo legal [artículo 178 del Código Procesal Civil] no es aplicable a los procesos iniciados bajo la vigencia del [...] Código de Procedimientos Civiles, sino únicamente a los juicios seguidos cuando ya estaba en vigencia el nuevo Código Procesal Civil, porque la ley no tiene efecto retroactivo. T ercero . [Los] actores fundamentan su recurso de casación en la aplicación indebida e interpretación errónea [del artículo 178 del Código Procesal Civil] porque cuando se planteó dicha demanda, el proceso en el cual ha recaído la sentencia cuya nulidad se pide se encontraba terminado. Cuarto. [Las] normas procesales son de aplicación inmediata como lo establece la Segunda Disposición Final del Código Procesal Civil, sin que el caso materia del petitorio se halle en las excepciones señaladas por dicha norma, que determina que seguirán aplicándose las normas del Código de Procedimientos Civiles a los juicios en trámite iniciados bajo su vigencia, pero no a los procesos que se plantean bajo la vigencia del nuevo Código Procesal Civil [...]. (Casación N.° 93-95-Cuzco, de 03-05-1995, ff. jj. 2-4. Sala Civil Transitoria. Texto completo; ). § 1634. No puede declararse la nulidad de una sentencia mediante una acción judicial en proceso distinto, porque ello atentaría contra la cosa juzgada. [No] es posible, mediante una acción judicial, declarar la nulidad de la sentencia expedida en otro juicio, porque ello atentaría contra la cosa juzgada reconocida constitucionalmente, por lo que solo en el propio proceso judicial debe hacerse valer cualquier irregularidad procesal o causal de nulidad que pudiera existir [...]. (Exp. N.° 619-95-Ica, de 13-03-1996. Sala Civil. Texto completo: ). § 1635. No se debe confundir el instituto de la cosa juzgada con la preclusión. La admisión de la demanda no im pide n i que el demandado replantee la cuestión ya resuelta afirmativamente de oficio por el juez al inicio, a través de excepciones procesales (en este caso, de caducidad). Solo el auto de saneamiento consentido o ejecutoriado precluye la posibilidad de las partes de objetar la relación jurídica procesal. Véase la jurisprudencia del inciso 3 del artículo 427° deí Código Procesal Civil [§ 2796]. (Casación N.° 724-99-Lambayeque, de 10-08-1999, ff. jj. 4, 5, 6 y 9. Sala Civil Transitoria [EP, 12-11-1999, p. 3902], Texto completo: ). § 1636. La pretensión de indemnización de danos y perjuicios no puede acumularse válidamente a la pretensión nulificante o nulificatoria de la autoridad de cosa juzgada. Véase la jurisprudencia del artículo 85° del Código Procesal Civil [§ 871]. (Casación N.° 1079-98-Puno, de 10-12-1998, ff. jj. 3-6. Sala Civil Permanente [EP, 31-01-1999, p. 2560]. Texto completo: ). § 1637. No procede la nulidad de cosa juzgada contra los autos que dan por concluido el proceso. Véase la jurisprudencia del artículo 121° del Código Procesal Civil [§ 1114]. (Casación N.° 3132-2008-Puno, de 07-09-2009, ff. jj. 4, 6 y 7. Sala Civil Transitoria. Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DE LAS CORTES SUPERIORES

§ 1638. Naturaleza de la nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Q u i n t o . [La] naturaleza excepcional de la acción prevista en el artículo 178° del Código Procesal Civil [nulidad de cosa juzgada fraudulenta] hace que su admisión sea restrictiva, sin que puedan calificarse como dolo, fraude o colusión aquellos hechos que han sido discutidos, resueltos y no impugnados, pues lo contrario supondría que las negligencias pueden subsanarse mediante esta acción, conclusión inaceptable que desnaturaliza la labor jurisdiccional. (Exp. N.° 205-95, 09-03-1995, f. j. 5. Segunda Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ).

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§ 1639. Alcances de la nulidad de la cosa jugada fraudulenta. [...] [Por la nulidad de la cosa jugada fraudulenta se] permite al justiciable una nueva revisión de su caso sin que ello impida la ejecución del fallo revis able, por lo que únicamente se permiten medidas cautelares en forma de inscripción [...]. (Exp. N.° 1184-95, de 17-11-1995. Primera Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ). § 1640. Requisitos de procedencia de la nulidad de cosa juzgada fraudulenta. P rim ero . [...] [P]ara la procedencia de la pretensión de nulidad de cosa juzgada fraudulenta se requiere: a) una sentencia de mérito, es decir una sentencia que se haya pronunciado sobre el fondo de la litis, b) que tal sentencia se haya emitido en un proceso seguido con dolo, fraude, colusión y afectando el derecho a un debido proceso, c) que con aquella sentencia firme se haya ocasionado un daño o perjuicio al nulidicente, d) que exista una adecuada relación causal entre aquellas consecuencias dañosas o perjudiciales y la sentencia cuestionada, y e) que el afectado y nulidicente haya utilizado y agotado los medios impugnatorios (apelación, casación); y, respecto a este último requisito [...], “[...] parece evidente que si el afectado por el entuerto -dolo, fraude o colusión- no ha utilizado (podiendo hacerlo) los remedios legales ordinarios (por ejemplo, la interposición del recurso de apelación) aptos para removerlos, no puede luego deducir la pretensión [...] que nos ocupa”. (Reg. N.° 437-95-N, de 31-10-1995, f. j. 1. Primera Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Arequipa. Texto completo: ). § 1641. Supuesto de improcedencia de la demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta. [...] [No] se refieren para nada [los hechos] a la actuación dolosa, fraudulenta o de colusión cometido por una o por ambas partes o por el Juez [...], requisitos exigibles por el artículo 178 [del Código Procesal Civil] acotado como base para una pretensión de esta naturaleza; que la causal de error del juez en la calificación del hecho perturbatorio que justifique la pretensión interdicta!, tampoco se identifica con la de afectación del derecho a un debido proceso, que es otra de las causales para amparar una nulidad de cosa juzgada fraudulenta; que en tal virtud si bien el Juez está facultado para aplicar el derecho por el principio iura novit curia [...], no procede ir más allá del petitorio ni fundar sus decisiones en hechos diversos de los invocados por las partes, de conformidad con el mismo numeral precitado [...] revocaron la sentencia apelada [...]. (Exp. N.° 611-95, de 26-06-1995- Quinta Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ). § 1642. Nulidad de cosa juzgada fraudulenta: medida cautelar. En un proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta y mediante medida cautelar no se puede enervar y dejar sin efecto, provisionalmente, la transacción judicial celebrada entre las mismas partes, pues, únicamente proceden las medidas cautelares inscribibles de conformidad con lo dispuesto por el art. 178, tercer párrafo, del Código Procesal Civil. (Reg. N.° 177-95-AG-N, Res. N.° 4, de 25-09-1995, sumilla. Primera Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Arequipa. Texto completo: ). § 1643. Si la actora no ha hecho atingencia alguna respecto a la transgresión de su derecho de defensa en el proceso principal, aquella circunstancia no puede sustituirse en vía de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, en virtud del principio de predusión procesal. P rim ero . [...] [La] nulidad de cosa juzgada fraudulenta [...] no constituye una instancia de revisión de otro proceso culminado, sino básica y fundamentalmente cautela el derecho supuestamente afectado, en tanto y en cuanto se encuentre circunscrita en las causales que precisa [el artículo 178 deí Código Procesal Civil], S egundo. [De] los fundamentos de hecho que contiene la demanda fluye que esta tiene como basamento esencial el hecho de que según afirma la sentencia de mérito que ahora se cuestiona referido a una acción de garantía [...], no se ha pronunciado sobre el plazo de caducidad [...], en virtud del cual sostienen que [en] el proceso se ha seguido afectando el derecho a un debido proceso. [...] C uarto . [...] [Si] la actora no ha hecho atingencia alguna respecto a la transgresión de su derecho de defensa, ello en virtud a que no se ha planteado en dicho proceso de garantía la correspondiente excepción de caducidad, por lo que aquella circunstancia no puede sustituirse en esta vía en virtud del principio de precíusión procesal. (Exp. N.° 36526, de 19-01-1999, ff. jj. 1, 2 y 4. Sala de Procesos Abreviados y de Conocimiento. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ). n o m o s & thesls

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§ 1644. La contingencia de no haber sido apelada la sentencia, no es obstáculo para la improcedencia de la demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta por no distinguirlo asi la legislación. S egundo. [La] contingencia de no haber sido apelada la sentencia a que se hace referencia no es obstáculo de orden procesal para la improcedencia de la demanda por no distinguirlo así la legislación de su propósito. {Exp. N.° 1544-98, de 04-05-1998, £ j. 2, Tercera Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ). § 1645. No es procedente hacer valer contra la acción de nulidad de cosa juzgada fraudulenta la excepción de cosa juzgada. [...] [No] es procedente [hacer valer contra la acción de nulidad de cosa juzgada fraudulenta] la excepción de cosa juzgada porque de lo contrario devendría inaplicable y sin efecto legal [el artículo 178 del Código Procesal Civil] y la importante innovación que contiene el nuevo Código adjetivo; [esta] nueva acción de nulidad está sujeta a un término perentorio de caducidad, así como a un supuesto procedimental de fraude o connivencia y al darse el caso de inadecuación de la acción de nulidad a estos supuestos de tiempo y substancia, no es la excepción de cosa juzgada la que puede hacerse valer [...]. (Exp. N.° 1Ü2-94, de 10-02-1994. Primera Sala Civil. Corte Superior de justicia de Lima. Texto completo: ). § 1646. Es competencia del juez civil determ in ar la invalidez de un proceso por causal de nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Tercero. [La] postulación para que se revise un proceso aduciendo que ha sido seguido con dolo, fraude, colusión o afectado el derecho a un debido proceso, cometida por una, o por ambas partes, o por el juez, o por este y aquellas, no tiene porqué remitirse al juez de la especialidad en que se debatió ese proceso toda vez que lo que debe ser materia del nuevo debate no es otra cosa que determinar si dicho proceso originario resulta o no invalido, por las causales alegadas, lo que evidentemente no es competencia del fuero privativo, sino del fuero civil [...]. (Exp. N.° 2094-94, de 13-11-1994, f j. 3. Quinta Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ).

§ 1647. Las irregularidades de orden procesal que pudieran afectar resoluciones dictadas en un proceso deben ser corregidos en el mismo proceso, mas no en vía de acción. Tratándose de irregularidades de orden procesal que se hayan producido en un proceso, esto es, de vicios y errores que pudieran afectar resoluciones dictadas en un proceso, ellas deben reclamarse y corregirse en el mismo proceso y no en vía de acción. En el presente caso, se constata que el actor ha dejado consentir la resolución del juez de Paz, pues el Juez superior declaró nulo el concesorio de apelación por haber el ahora demandante interpuesto el recurso correspondiente en forma extemporánea, de donde se concluye que el accionante ha desaprovechado la oportunidad procesal para hacer valer cualquier derecho relacionado con el denominado debido proceso o proceso lícito. (Exp. N.° 2490-97, de 28-111997. Tercera Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Ponentes: Carrión Lugo, Betancour Bossio y Eyzaguirre Gárate. Referencia: CPC Bibliogr., p. 187).

TÍTULO VII AUXILIO JUDICIAL Artículo 179: Titular del auxilio Se concederá auxilio judicial a las personas naturales que para cubrir o garantizar los gastos del proceso, pongan en peligro su subsistencia y la de quienes ellas dependan.(1) D O T A DE A C T U A L IZ A C IÓ N

(1) Artículo modificado por el artículo 5 de la Ley N.° 26846 (EP, 27-07-1997).

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PLENOS JURISDICCIONALES

§ 1648. Denegación del auxilio judicial y la exigencia de tasa por apelación de auto. Si se deniega el auxilio ju d icia l y la parte afectada apela de la resolución, ¿debe exigirse tasa p o r apelación de auto ? El Pleno acordó por unanimidad: “Se estableció que, no se debe exigir el pago de tasa judicial por derecho de apelación de la resolución que deniega el derecho a la concesión del auxilio judicial”. (Pleno Jurisdiccional Distrital en Materias Civil, Laboral y Familia, realizado en Caj amarca, los días 14 y 15-06-2007. Conclusión N.° 2. Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 1649. El auxilio judicial es un derecho que se les concede a las personas carentes de recursos.

Cuarto. [Si] bien el auxilio judicial es una institución jurídica creada para ayudar a quien no puede cubrir o garantizar los gastos del proceso, es a su vez un derecho que se les concede a las personas carentes de recursos, en determinadas circunstancias para litigar en forma absolutamente gratuita, para ello es imprescindible que la persona acredite indubitablemente que no cuenta con los recursos necesarios para cubrir los gastos del proceso [...]. (AP N.° 27-2003-Huánuco, de 14-07-2003, f. j. 4. Sala Civil Permanente. Texto completo: ), § 1650. Para el beneficio del auxilio judicial debe existir medio probatorio idóneo que acredite que el litigante se encuentra en pobreza. Tercero. [...] [El] beneficio del auxilio judicial, conforme lo establece el artículo 179 del Código Procesal Civil, se concede ante una situación de hecho concreta: que se encuentre en peligro la subsistencia del litigante y de sus dependientes, por el hecho de cubrir o garantizar ios gastos del proceso. Siendo así debe acreditarse de manera fehaciente el estado de desmedro económico, es decir, que debe existir medio probatorio idóneo que acredite que el litigante se encuentra en pobreza [...]. (Casación N.° 2698-2006-Lima, de 09-04-2007, f. j. 3. Sala Civil Transitoria [EP, 0309-2007, p. 20314]. Texto completo: ). § 1651. El auxiliado está exonerado de todos los gastos del proceso, entendiéndose como tales los montos los correspondientes a cédulas de notificación y aranceles judiciales. D écim o Segundo. [Este] colegiado considera importante precisar que el auxilio judicial, a que se refiere el artículo 179 del Código Procesal Civil, es el beneficio concedido por la dependencia judicial correspondiente a las personas naturales que para cubrir o garantizar los gastos del proceso, pongan en peligro su subsistencia y la de quienes de ellas dependan. Entiéndase por dependencia judicial a los órganos jurisdiccionales competentes por razón de territorio, materia, grado o cuantía, para conocer los procesos para los cuales se está requiriendo el beneficio de auxilio judicial. El auxiliado está exonerado de todos los gastos del proceso, entendiéndose como tales los montos que el Poder Judicial deja de percibir por la concesión de dicho beneficio, es decir, los correspondientes a cédulas de notificación y aranceles judiciales [...], (Casación N.° 1050-2012-Tacna, de 10-05-2013, £ j. 12. Sala Civil Transitoria [EP, 30-09-2013, Sentencias en Casación N.° 683, p. 43470], Texto completo: ), JURISPRUDENCIA DE LAS CORTES SUPERIORES

§ 1652. En caso de interponerse demanda con un petitorio de cuantía reducida el juez puede exonerar de la obligación de la publicación de los edictos. S egundo. [El] artículo 435 del Código Procesal Civil establece que cuando el demandante ignore el domicilio del demandado, el emplazamiento se hará por edictos conforme a las reglas contenidas en el artículo 167 del precitado ordenamiento procesal. Tercero. [La] norma contenido en el artículo citado en la consideración precedente establece, además, que sólo en atención a una cuantía reducida puede el Juez facultativamente exonerar de la obligación de estas publicaciones, caso en el cual deberá adoptar las medidas adecuadas, como la publicación en tabillas, a fin de asegurar la difusión del emplazamiento. Cuarto. [Los] artículos 179 y siguientes del precitado código adjetivo, ponen a disposición de los litigantes un mecanismo orientado a

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asistir a aquél que probadamente careciera de memos económicos suficientes para litigar, (Exp. H.° 57795, de 19-09-1995, ff. jj. 3-4. Tercera Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ).

Artículo 180: Requisitos del auxilio El auxilio puede solicitarse antes o durante el proceso mediante la presentación en la dependencia judicial correspondiente, de una solicitud en formatos aprobados por el Órgano de Gobierno y Gestión del Poder Judicial. La solicitud de auxilio judicial tiene carácter de declaración jurada y su aprobación de cumplirse con los requisitos del artículo 179 de este Código, es autom ática.(1) NOTA DE A C T U A L IZ A C IÓ N

(1) Artículo modificado por el artículo 5 de la Ley N.° 26846 (EP, 27-07-1997).

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§ 1653. El auxilio judicial debe ser solicitado oportunamente. 2. [El] principio de la gramidad de la administración de justicia y de la defensa gratuita para las personas de escasos recursos en materia procesal civil se garantiza a través del auxilio judicial el que debe tramitarse conforme a las normas del Título VII de la Sección Tercera del Código Procesal Civil lo que no ha ocurrido en el presente caso. 3.° [Qonforme al artículo 146 de la ley procesal los plazos previstos en dicha norma son perentorios, no pueden ser prorrogados por las partes con relación a determinados actos procesales y la misma norma se aplica al plazo judicial. (Casación N.° 704-96-Lima, de 23-09-1996, ff. jj. 2 y 3. Sala Civil [EP, 1209-1996, p. 2487]. Texto completo: ). § 1654. Si al momento de presentar el recurso de apelación se presenta también el pedido de auxilio judicial, no se exige la presentación del recibo de tasa, pese a que el auxilio es concedido con posterioridad. Tercero. [El] Juez concedió la apelación mediante Resolución N.° 16-98, porque los demandados gozaban de auxilio judicial concedido en la misma fecha; es decir después de haberse interpuesto el recurso de apelación, razón por la cual el Colegiado declaró insubsistente el concesorio e Inadmisible el recurso de apelación. C uarto. [Se] advierte dei cuaderno de auxilio judicial que los demandados solicitaron dicho auxilio el mismo día en que interpusieron la apelación, esto es, el 16 de noviembre de 1998; y el concesorio de dicho auxilio judicial se emitió el 23 de noviembre del mismo año; tal como ha ocurrido en autos, y por tanto se ha cumplido con la formalidad descrita en el primer considerando. Q uinto. [La] segunda parte del artículo 180 el Código Procesal Civil establece que la solicitud de auxilio judicial tiene carácter de declaración jurada y su aprobación es automática; por lo que sus efectos se retrotraen a la fecha de la presentación del recurso. (Casación N.° 1652-99-Arequipa, de 05-11-1999, ff. jj. 3-5. Sala Civil Transitoria [EP, 18-12-1999, p. 4336], Texto completo: ). § 1655. La solicitud de auxilio judicial tiene carácter de declaración jurada. Tercero. [El] juez ha declarado fundada la demanda, considerando que lo manifestado por la demandada ante el Primer Juzgado Civil de Lima al solicitar auxilio judicial tiene carácter de declaración jurada, a tenor de lo previsto por el artículo 180 del Código Procesal Civil, y como ral su mérito prevalece frente a otros documentos; sin embargo, en el presente proceso, al existir contradicciones en la versión de ia demandada, los medios probatorios ofrecidos para acreditar su argumento de defensa, quedan totalmente desvirtuados respecto de que mantenga un vínculo laboral de guardián con ia ahora demandante, y que por tal razón tenga un título para permanecer en el inmueble cuya desocupación se demanda, deviniendo su ocupación en precaria; en consecuencia, la demanda resulta amparable, al haberse determinado de manera fehaciente la situación de precariedad de la demandada; que al no existir indicios razonables respecto de la existencia de dolo por parte de la demandada, y de aquellas ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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personas que formularon declaración jurada respecto a la relación laboral de guardián existente entre la demandada respecto del inmueble sublitis, y su declaración jurada hecha por esta ante un órgano judicial tal situación deberá ser puesta en conocimiento del juez del primer juzgado civil de lima, así como el Colegio de Abogados y del Ministerio Público [...]. (Casación N.° 3111-2012-Lima, de 09-082013, f. j. 3. Sala Civil Transitoria [EP, 02-01-2014, Sentencias en Casación N.° 687, p. 46801], Texto completo: ). § 1656. Si bien el recurrente es una persona de escasos recursos económicos, al momento de solicitar el auxilio jud icial debe adjuntar el formato exigido como requisito por la ley; su omisión será causa de denegación. Véase la jurisprudencia del artículo VTII del Código Procesal Civil [§ 377]. (Casación N.° 1040-2004-Lima, de 20-07-2005, ff. jj. 9 y 10. Sala Civil Transitoria [EP, 28-02-2005, p. 15425], Texto completo: ). JURISPRUDENCIA PE LAS CORTES SUPERIORES

§ 1657. Se deniega el pedido de auxilio jud icial cuando el pedido no reúne los requisitos exigidos por la ley y tampoco se acredita en autos que se pone en peligro la subsistencia del demandado, ni la de quienes de él dependen. Q uinto. [El] extremo referido ai auxilio judicial solicitado por el demandado [...] debe ser denegado pues tal pedido no reúne los requisitos del artículo 180 del Código Adjetivo y tampoco se acredita en estos autos que se pone en peligro la subsistencia del demandado, ni la de quienes de él dependen. (Exp. N.° 1163-97, de 25-07-1997, f. j. 5. Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ).

Artículo 181: Procedimiento Quien obtenga auxilio judicial pondrá en conocimiento de tal hecho al juez que deba conocer del proceso o lo conozca, mediante la presentación de un escrito en el que incluirá la constancia de aprobación de la solicitud a la que se hace referencia en el artículo anterior y la propuesta de nombramiento de abogado apoderado. El Juez tomará conocimiento y dará trámite a la indicada documentación en cuaderno separado. El pedido de auxilio no suspende la tramitación del principal.(1) NOTA DE ACTUALIZACIÓN

(1) Artículo modificado por e! artículo 5 de ía Ley N.° 26846 (EP, 27-07-1997).

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§ 1658. No se puede denunciar la violación del principio del derecho a la gratuidad de la adm inistración de justicia y a que es el mismo recurrente quien no ha solicitado el auxilio judicial, no pudiendo pretender que ía instancia jud icial lo otorgue de oficio. Tercero. [El] artículo 3 de la Ley N.° 26846 que modifica el artículo 24 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, establece que la administración de justicia es gratuita para las personas de escasos recursos económicos, y para todos ios casos expresamente previstos por Ley, encontrándose exonerados del pago de tasas judiciales, entre otros los litigantes a los que se les concede auxilio judicial. Cuarto. [S]iendo el auxilio judicial un beneficio que debe solicitarlo aquél que se considere necesario y no desprendiéndose de los autos que el recurrente haya hecho uso de su derecho que le franquea la Ley, no se puede denunciar la violación del principio constitucional del derecho a la gratuidad de 1a administración de justicia ya que es el mismo recurrente quien no ha solicitado, no pudiendo pretender que la instancia judicial y mucho menos la casatoria se sustituya y vaya más allá de sus pretensiones. (Casación N.° 935-98-Piura, de 01-10-1999, ff. jj. 3 y 4. Sala de Derecho Constitucional y Social [EP, 03-06-2000, p. 5464], Texto completo: ).

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§ 1659. En la modificación de la pensión alim entaria no cabe la posibilidad de otorgar auxilio judicial. S egundo. [,..] [En] el caso se ha tenido en cuenta únicamente la carga familiar del demandante, mas no el supuesto deterioro de sus posibilidades, pues los medios probatorios adjuntados a su demanda no acreditan su real capacidad económica y la simple declaración jurada de ingresos no es prueba indubitable sino un requisito formal de la demanda; que en la impugnada existe una mala interpretación del artículo 482 del Código Sustantivo, pues no se ha tenido en cuenta que desde que se fijó la pensión han transcurrido cinco años, lo que implica que las necesidades de los dos menores alimentistas han aumentado ya que en esa época estudiaba uno de ellos y ahora lo hacen ambos, mas si se considera que el costo de vida ha sufrido varios incrementos; habiéndose interpretado erróneamente el que se haya otorgado auxilio judicial al demandante pues a ello se acude muchas veces para evadir el pago de aranceles judiciales, máxime si no existe un procedimiento para verificar la real situación económica del demandante que no ha acreditado su supuesta precariedad [..,], (Casación N.° 1543-200 VLambayeque, de 23-08-2005, £ j. 2. Sala Civil Permanente. Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DE LAS CORTES SUPERIORES

§ 1660. La existencia de un conflicto de inejecución de obligaciones no prueba por sí sola el estado de insolvencia de la empresa para el otorgamiento del auxilio judicial. [...] [Si] bien es de público conocimiento el conflicto suscitado por la inejecución de las obligaciones de parte [de la empresa de asesoría empresarial], ello no prueba por sí solo la insolvencia o la imposibilidad económica temporal que alega el actor, debiendo procederse conforme lo exige el art. 181° del Código Procesal Civil [...]. (Exp. N.° 2490-93, de 08-02-1994. Primera Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ).

Artículo 182: Efectos del Auxilio El auxiliado está exonerado de todos los gastos del proceso. El pedido de auxilio antes de la demanda suspende la prescripción, salvo que concediéndose, transcurran treinta (EP, 30) días de notificado sin que se interponga la demanda. Una copia de la solicitud de auxilio judicial será remitida por la dependencia judicial correspondiente a la Corte Superior de dicho Distrito Judicial. Periódicamente se realizará un control posterior y aleatorio de las solicitudes de auxilio judicial presentadas en todo el país a fin de comprobar la veracidad y vigencia de la información declarada por el solicitante. Contra el resultado de este control no procede ningún medio ímpugnatorio. En caso de detectarse que la información proporcionada no corresponde a la realidad en todo o en parte, la dependencia encargada pondrá en conocimiento de tal hecho al Juez para que se proceda conforme al segundo párrafo del artículo 1 8 7 .(1) NOTA DE ACTUALIZACIÓN

(1) Artículo modificado por el artículo 5 de la Ley N.° 26846 (EP, 27-07-1997).

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§ 1661. Si el recurrente goza del beneficio de auxilio jud icial no le corresponde pagar las costas y costos del proceso. N oveno. [RJespecto a la vulneración del artículo 182 del Código Procesal Civil cabe señalar que las costas están constituidas por las tasas judiciales, los honorarios de los órganos de auxilio judicial y los demás gastos judiciales realizados en el proceso estableciendo en ese sentido el artículo 182 del Código Procesal Civil que el auxiliado está exonerado de todos los gastos del proceso (...) mientras que el artículo 412 del acotado en mención señala que el reembolso de las costas y costos del proceso no requiere ser demandado y es de cargo de la parte vencida salvo declaración judicial » SUMMA PROCESAL CIVIL

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expresa y motivada de exoneración consiguientemente y atendiendo a lo antes indicado debe tenerse en cuenta al momento de emitir nuevo pronunciamiento el cuadernillo de auxilio judicial que corre como acompañado a la presente causa en el que por resolución de fecha veintiséis de marzo de dos mil cuatro se concedió a la impugnante el beneficio de auxilio judicial. (Casación N.° 1572-2013-Arequipa, de 1403-2014, £ j. 9. Sala Civil Transitoria [EP, 30-06-2014, Sentencias en Casación N:° 693, p. 53728], Texto completo: ). § 1662. Efectos del auxilio judicial en un proceso de divorcio por causal de separación de hecho. Séptim o. [No] es suficiente el argumento de las instancias inferiores de que los efectos del divorcio son el cese de la obligación alimentaria entre marido y mujer, pues conforme se ha explicado precedentemente por el especialísimo efecto de dicha causal [separación de hecho], que conlleva el rompimiento familiar, se tiene que identificar al cónyuge perjudicado a quien se le protegerá, entre otros, con una pensión alimenticia, lógicamente considerando el artículo 350° del Código Civil. [...] N oveno. [...] [Se] le concedió a la parte demandada el auxilio judicial respectivo, y por consiguiente está exonerada del pago de costas y costos, con los efectos que condene la parte infine del artículo 182° del Código Adjetivo. (Casación N.° 2214-2003-Cajamarca, de 23-09-2004, ff. jj. 7 y 9. Sala Civil Transitoria [EP, 31-05-2005, p. 14158], Texto completo: ).

Artículo 183: Apoderado del auxiliado Habiendo tomado conocimiento de la aprobación del auxilio judicial, el Juez mediante resolución, podrá acceder a la solicitud del interesado designando al abogado que actuará como su apoderado. Caso contrario el Juez nombrará apoderado eligiéndolo de la lista que el Colegio de Abogados de la sede de la Corte enviará a la Presidencia de la misma. Ningún abogado está obligado a patrocinar más de tres procesos con Auxilio Judicial al año. Los honorarios del apoderado son fijados por el Juez. Son cubiertos íntegramente por el perdedor, sino fuera auxiliado. Si este fuera el perdedor, los paga el Colegio respectivo. Si el apoderado no reside donde va a continuar el proceso, sea segunda instancia o casación, el órgano jurisdiccional encargado le nombrará un sustituto. Lo mismo ocurrirá si el apoderado cambia de lugar de residencia.(1) NOTA DE A C T U A L IZ A C IÓ N

(1) Artículo modificado por el artículo 5 de la Ley N.° 26846 (EP, 27-07-1997).

Artículo 184: Abstención del apoderado por impedimento o recusación El apoderado debe abstenerse si se encuentra incurso en alguna de las causales de impedimento o recusación aplicables al Juez. El impedimento o recusación dei apoderado se manifestará dentro de tres días de notificado el nombramiento, acompañando los medios probatorios. El Juez resolverá de plano, siendo su decisión inimpugnable.

Artículo 185: Facultades del apoderado El apoderado tiene las facultades del curador procesal y las que le conceda el auxiliado. Sin perjuicio de ello, el apoderado podrá delegar la representación en otro Abogado, bajo su responsabilidad.

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Artículo 186: Responsabilidad del apoderado El dolo o negligencia en el ejercicio de su función, constituyen falta grave del apoderado contra la ética profesional. Si ocurre tal hecho, el Juez lo pondrá en conocimiento del Colegio de Abogados, sin perjuicio de sancionarlo con una multa no menor de cinco ni mayor de veinte Unidades de Referencia Procesal, que serán compartidas por igual entre el auxiliado y el Poder Judicial.

Artículo 187: Fin del Auxilio durante el proceso En cualquier estado del proceso, si cesaran o se modificaran las circunstancias que motivaron la concesión de auxilio judicial, el auxiliado deberá informar de tal hecho al Juez, debiendo este sin otro trámite que el conocimiento del hecho indicado declarar su finalización. En caso que la dependencia judicial encargada de realizar las verificaciones sobre los pedidos de auxilio judicial informase al Juez del cese de las circunstancias que motivaron el auxilio o la falsedad de las mismas, este declarará automáticamente finalizado el auxilio concedido y condenará a quien obtuvo el auxilio judicial al pago de una multa equivalente al triple de las tasas dejadas de pagar, sin perjuicio de iniciarse las acciones penales correspondientes. Adicionalmente el Juez puede declarar de oficio o a pedido de parte no auxiliada, el fin del Auxilio dentro del tercer día de vencido el plazo concedido para la presentación del descargo, siempre que los medios probatorios acompañados al pedido o los documentos obrantes, acreditan la terminación del estado de hecho que motivó su concesión sin perjuicio de la aplicación de la última parte del artículo anterior. En estos casos la resolución que ampara el pedido es apelable, la que lo deniega es impugnable quien la formuló será condenado al pago de costas y costos del procedimiento y a una multa no mayor de una unidad de referencia procesal. (1> N O TA O E A C T U A L IZ A C IÓ N

(1) Articulo modificado por el artículo 5 de la Ley N.° 26846 (EP, 27-07-1997).

TITULO VIII MEDIOS PROBATORIOS CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES Artículo 188: Finalidad Los medios probatorios tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el Juez respecto de los puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 1663. Derechos específicos que conforman el derecho a la prueba. C uarto. [El] derecho de prueba es un elemento del debido proceso y comprende cinco derechos específicos: a) El derecho de ofrecer las pruebas en las etapas correspondientes, salvo las excepciones legales; b) El derecho a que se admitan las pruebas pertinentes ofrecidas en la oportunidad de ley; c) El derecho a que se actúen los medios probatorios de las partes admitidos oportunamente; d) El derecho a impugnar (oponerse ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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o tachar) las pruebas de la parte contraria y controlar la actuación regular de estas; y e) El derecho a una valoración conjunta y razonada de las pruebas actuadas, esto es, conforme a las reglas de la sana crítica. Se advierte, por tanto, que el derecho de prueba no solo comprende derechos sobre la propia prueba, sino además contra la prueba de la otra parte y aun la actuada de oficio, y asimismo el derecho a obtener del órgano jurisdiccional una motivación adecuada y suficiente de su decisión, sobre la base de una valoración conjunta y razonada de la prueba. (Casación N.° 128-2008-Apurímac, de 29-092008, f. j. 4. Sala Civil Transitoria. Texto completo: ). § 1664. Contenido del derecho a la prueba y principios aplicables. O ctavo. [El] contenido esencial del derecho a probar consiste en el derecho de todo sujeto procesal legitimado para intervenir en la actividad probatoria, a que se admitan, actúen y valoren debidamente los medios probatorios aportados al proceso para acreditar los hechos que configuran su pretensión o defensa y cuyo actuar se encuentra delimitado por una serie de principios, tales como pertinencia, idoneidad, utilidad, preclusión, licitud, contradicción y debida valoración, que se encuentran regulados a través de los artículos 188 y 197 del Código Procesal Civil, correspondiendo a las instancias de mérito el análisis de los medios probatorios que corresponda a fin de determinar los hechos materia de controversia. (Casación N.° 1970-2004-I.ima, de 11-10-2005, f. j. 8. Sala Civil Transitoria [EP, 02-06-2006, p. 16269]. Texto completo: ). § 1665. Según la finalidad de los medios de prueba, si estos no producen certeza para acreditar los hechos, el juez no podrá em itir un pronunciamiento válido. O ctavo. [...] [Los] medios probatorios tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el juez respecto de los puntos controvertidos y fundar sus decisiones, inobservancia que determina que la resolución materia de casación se encuentre afectada de nulidad, al haberse infringido el deber de motivación de las resoluciones judiciales [...] debiendo la Sala Superior emitir una nueva resolución, contando con mayores elementos de prueba que sustenten adecuadamente la decisión teniendo en cuenta que el artículo 194 del Código Procesal Civil, faculta al Juez de manera excepcional a ordenar la actuación de medios probatorios adicionales [...] y los que considere necesarios para formar convicción y resolver la controversia [...]. (Casación N.° 2464-2015-La Libertad, de 26-05-2016, f. j. 8. Sala Civil Permanente [EP, 30-01-2017, Sentencias en Casación N.° 722-B, p. 87460]. Texto completo: ). § 1666. Atendiendo a la finalidad de los medios probatorios eí juez debe valorarlos de manera conjunta y razonada. Q uinto. [...] [D]ebe señalarse que la [sentencia] impugnada no solo se ha sustentado en la inspección judicial e informe pericial ordenados realizar por el a quo dentro del presente proceso, sino también ha apreciado en su integridad la Diligencia Preparatoria, aportada por el accionante y admitida por eí Juzgador, en virtud de los artículos 188 y 197 el Código Procesal Civil, esto es, atendiendo a que la finalidad de los medios probatorios es la de producir certeza en el Juez, quien deberá valorarlos de manera conjunta y razonada, no evidenciándose por tanto la vulneración del debido proceso. (Casación N.° 325-2002-ica, de 15-05-2002, f. j. 5. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 02-12-2002]. Texto completo: ). § 1667. En m ateria probatoria debe distinguirse entre actos de demostración y actos de verificación. En los primeros se incluyen los originados por las partes y en los segundos los provenientes de la iniciativa del juez, aunque al final tanto los unos como los otros confluyan en un solo punto: probar los hechos de las pretensiones. O ctavo. [...] [En] materia probatoria debe distinguirse entre actos de demostración y actos de verificación. En los primeros se incluyen los originados por las partes y en los segundos los provenientes de la iniciativa del juez, aunque al final tanto los unos como los otros confluyan en un solo punto: probar los hechos de las pretensiones. Así, nuestro ordenamiento procesal le ha conferido ciertas facultades al juez para que la etapa probatoria del proceso civil sea una auténtica comunidad de esfuerzos, de este y de las partes. Los incisos 2 y 3 del artículo 51 del Código Procesal Civil permiten al juez realizar actos procesales para el esclarecimiento de los hechos controvertidos u ordenar en cualquier instancia la comparecencia personal de las partes, n o m o s & t h e s is

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a fin de interrogarlas sobre los hechos discutidos. (Casación N.° 4465-2012~Lima, de 11-11-2013, f. j. 8. Sala Civil Transitoria [EP, 31-03-2014, Sentencias en Casación N.° 690, p. 49896], Texto completo: ). § 1668. Actos de demostración y actos de verificación en m ateria probatoria. Sétim o. [En] materia probatoria debe distinguirse entre actos de demostración y actos de verificación incluyéndose en los primeros los originados por las partes y en los segundos los provenientes de la iniciativa del Juez aunque al final tanto los unos como los otros confluyen en un solo punto, esto es, en probar los hechos de las pretensiones; siendo esto así el ordenamiento procesal confiere al Juez ciertas facultades a efectos de que la etapa probatoria del proceso civil constituya una auténtica comunidad de esfuerzos tanto de este como de las partes, de tal manera que acorde a lo dispuesto por el artículo 51 inciso 2 del Código Procesal Civil, el Juez está facultado a realizar los actos procesales necesarios para el esclarecimiento de los hechos controvertidos, respetando el derecho de defensa de las partes. (Casación N.° 2434-2010Del Santa, de 13-06-2011, f. j. 7. Sala Civil Transitoria [EP, 02-01-2012, Sentencias en Casación N.° 658, p. 32572], Texto completo: ), § 1669. Resulta propicio solicitar el informe correspondiente al órgano jurisdiccional correspondiente sobre el resultado de otro proceso a fin de producir mayor convicción sobre el asunto. Sexto . En el presente caso, en cuanto a determinar la titularidad del bien, se aprecia que los órganos de instancia no han efectuado un correcto razonamiento, en tanto se afirma que el accionante es el titular del bien submareria a su vez se señala que dicha titularidad viene siendo cuestionada en otro proceso judicial seguido entre las mismas partes, sobre nulidad de acto jurídico, el mismo que según afirman las instancias inferiores se encuentra en curso. Debe tenerse en cuenta que el Principio de Independencia Jurisdiccional [...] prescribe que: “Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución" [...]. Por lo que, en tanto las instancias de mérito no constaten en el caso en particular la existencia de una decisión judicial con autoridad de cosa juzgada que invalide los efectos jurídicos del título de propiedad del demandante, resulta contrario a la lógica jurídica y al citado precepto constitucional que se efectúe un juicio categórico sobre la validez de dicho título, lo cual -tal como los propios órganos de instancia han verificado- se viene discutiendo en otro proceso judicial; en todo caso resulta propicio para los fines del proceso solicitar el informe correspondiente al órgano jurisdiccional correspondiente sobre el resultado de dicho proceso a fin de producir mayor convicción sobre el asunto. (Casación N.° 3998-2010-Lima Norte, de 12-10-2011, f. j. 6. Sala Civil Transitoria [EP, 29-02-2012, Sentencias en Casación N.° 663, p. 33912]. Texto completo: cbit.ly/2KPG£Xe>). § 1670. No resulta razonable que la carga de la prueba recaiga en los demandantes, conforme afirma erradamente el Juez de la causa. Q uinto. En el [presente] caso [sobre indemnización de daños y perjuicios] se advierte que las instancias de mérito no han tenido en consideración las siguientes cuestiones: i) Si bien los demandantes [padres de un trabajador de un aeropuerto fallecido en un accidente laboral] ofrecen el mérito del expediente de la investigación realizada por la Comisión de la Dirección General de Transporte Aéreo en donde debe obrar la transcripción de la cinta magnetofónica, donde se encontrarían grabadas las comunicaciones radiales tanto de su hijo como del piloto y la torre de control, no obstante, no se advierte que el Juez de la causa hubiese desplegado o agotado todos los mecanismos procesales a su alcance a fin de tener a la vista los audios correspondientes a dichas comunicaciones o en su caso, la transcripción magnetofónica respectiva a fin de dilucidar adecuadamente la presente controversia; ii) Asimismo, no resulta razonable que en este caso la carga de la prueba recaiga en los demandantes, conforme afirma erradamente el Juez de la causa, pues es de necesidad sustancial verificar en el presente caso si existieron o no motivos razonables para que el hijo de los recurrentes ingresara a la pista de aterrizaje al momento de aterrizar el avión [,.,] o sí existía alguna disposición expresa de la citada torre de control al respecto; iii) No se advierte de autos que ni el Juez de la causa o el ad quem hubiesen emitido resolución judicial alguna prescindiendo de dicha ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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prueba solicitada por los demandantes, por lo que se deduce que las instancias de mérito debieron emitir un pronunciamiento acorde a la trascendencia del presente caso y en atención a la complejidad del mismo. (Casación N.° 4212-2010-Callao, de 26-10-2011, f. j. 5. Sala Civil Transitoria [EP, 31-012012, Sentencias en Casación N.° 662, p. 33391]. Texto completo: ).

§ 1671. El derecho a probar como un derecho fundam ental de toda persona dentro del proceso. P rim ero. [El] contenido esencial del derecho a probar consiste en el derecho de todo sujeto procesal legitimado para intervenir en la actividad probatoria a que se admitan, actúen y valoren debidamente los medios probatorios aportados al proceso para acreditar los hechos que configuran su pretensión o su defensa; ciertamente es menester mencionar que dicho derecho es mirado contemporáneamente como un auténtico derecho fundamental, porque forma parte de otros dos derechos fundamentales como son la tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso, y su infracción afectaría el orden constitucional, pues [...] “el derecho a probar aparece como un elemento garantista presente, sustancialmente en el panorama de la diversas convenciones internacionales sobre derechos humanos” [...]. S egundo. [El] mismo derecho, por tratarse de un instrumento que se materializa dentro de un proceso, está delimitado por una serie de principios que delimitan su contenido, entre los cuales, pueden mencionarse, los principios de pertinencia, idoneidad, utilidad, preclusión, licitud, contradicción, debida valoración, entre otros, que se hallan regulados algunos de forma explícita y otros de modo implícito, en ios artículos 188 y siguientes del Código Procesal Civil. (Casación N.° 26l-99-Ica, de 20-07-1999, ff. jj. 1 y 2. Sala Civil Permanente [EP, 31-08-1999, p. 3387]. Texto completo: ). § 1672. Es innecesaria la actuación de los medios probatorios de oficio cuando los ofrecidos por las partes son suficientes para producir certeza en el juez respectos a los hechos alegados. Tercero. [Los] medios probatorios tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el Juez respecto de los puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones [...]. [...] Q uinto. [C]onstituye un principio procesal que los medios probatorios deban ser ofrecidos por las partes [...] además, la posibilidad de la actuación de pruebas de oficio solo cuando los demás medios probatorios ofrecidos por las partes sean insuficientes para crear convicción en el juez, a contrario sensu, si estos le han bastado para sustentar su decisión es innecesaria tal actuación de oficio. (Casación N.° 2601-98-Lima, de 19-04-1999, ff. jj. 3 y 5- Sala Civil [EP, 12-06-1999, p. 2987]. Texto completo: ). § 1796, Los medios probatorios son valorados en forma conjunta, explicando por qué se llega a determ inada conclusión de su apreciación. C uarto. [Según] lo prevé el artículo 197° del Código Procesal Civil, los medios probatorios son valorados en forma conjunta por el Juez, utilizando su apreciación razonada, expresándose solo las valoraciones esenciales y determinantes que sustentan su decisión; que la recurrida solo hace referencia a determinadas pruebas, omitiendo pronunciarse sobre las demás, y respecto de las primeras, se limita a mencionar que son insuficientes para amparar la pretensión de prescripción sin expresar porque llega a dicha conclusión afectando de dicho modo la norma glosada. (Casación N.° 1394-01-Lima, de 18-09-2001, f. j. 4. Sala Civil Transitoria [EP, 02-022002, p. 8283]. Texto completo: ). n o m o s & t h e s is

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§ 1797. El juzgador debe sustentar por qué determinados medios probatorios no resultan pertinentes o son insuficientes para acreditar los hechos. Sétim o. [La] Sala de vista no sustenta la causa por la cual determinados medios probatorios no resultan pertinentes o son insuficientes para acreditar los hechos en los que se funda la acción, en consecuencia, ha omitido pronunciarse sobre las pruebas obrantes en autos, lo que demuestra que no se ha efectuado una valoración conjunta de los medios probatorios aportados al proceso [...]. (Casación N.° 4262-2001-Lima, de 03-07-2002, £ j. 7. Sala Civil Transitoria. Texto completo: ).

§ 1798. El valor otorgado a los medios probatorios que han motivado una decisión debe señalarse de manera clara y precisa. C uarto. [En] la sentencia de mérito se ha establecido de manera genérica “...que analizadas todas las pruebas aportadas por la demandante no acreditan que la gestante en este caso haya tenido relación sexual durante la época de concepción que contradiga o enerve lo sostenida por el demandado”, que siendo ello así no se advierte que el colegiado haya cumplido con señalar de manera clara y precisa el valor otorgado a los medios probatorios esenciales que han motivado su decisión; omisión que contraviene el derecho al debido proceso, (Casación N.° 1814-2001 -Huánuco, de 14-11-2001, £ j. 4. Sala Civil Transitoria [EP, 01-04-2002, p. 8507]. Texto completo: ).

§ 1799. Valoración integral de los medios probatorios y declaración de parte. Quinto. [...] [Los] órganos judiciales de instancia, para desestimar la demanda no solo han valorado la escritura pública de compraventa, en la que se acredita la transferencia de los bienes materia de la litis a favor de los padres de los ahora demandados, sino que también aprecian en forma integral la declaración de parte del demandante, quien sostiene que tuvo conocimiento de la venta antes mencionada, y que incluso, interpuso una acción de nulidad de acto jurídico, no obstante que en su escrito de demanda afirmó todo lo contrario, al sostener que recién tomaba conocimiento de dicho acto jurídico de transferencia. Sexto. En consecuencia, no resulta cierta la invocación relativa a los vicios ín procediendo que se acusan, esto es, que no se ha reconocido valor probatorio a su prueba documental consistente en la sentencia de división y partición, pues la misma ha sido apreciada en las instancias, siendo distinta la situación que no haya producido convicción para que la demanda sea amparada. (Casación N.° 2525-2000-Apurímac, de 26-11-2001, f£ jj. 5 y 6. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 02-05-2002, p. 8664]. Texto completo: ). § 1800. Por el principio de adquisición procesal, los medios probatorios deben ser objeto de valoración pues al ingresar al proceso ya no pertenecen a las partes sino a este. Q uinto. [I] ndependientemente de quien haya sido la parte que ofreció el citado medio probatorio, ya que por el principio de adquisición procesal los medios probatorios deben ser objeto de valoración pues al ingresar al proceso ya no pertenecen a las partes sino a este, debe tenerse en cuenta que el consentimiento de las partes respecto de la decisión de prescindir del [medio probatorio] [...] opera en perjuicio de estas, pues su comportamiento al no cuestionarla “confiere (...) una señal de aquiescencia respecto al acto procesal y a su validez” [...]. (Casación N.° 2152-00-Piura, de 23-01-2001, £ j. 5. Sala Civil Transitoria [EP, 30-04-2001], Texto completo: ).

§ 1801. El juez debe valorar todos los medios probatorios presentados ante él de forma conjunta, en tanto estos forman una unidad y como tal deben ser examinados y valorados en su totalidad, confrontándolos entre ellos. Tercero. [El] inciso 5 del artículo 139 de la Constitución como el artículo 197 del Código Procesal Civil, en concordancia con los incisos 6 y 3 de los artículos 50 y 122, respectivamente, del mismo Código Adjetivo, imponen al juzgador la obligación procesal de valorar todos los medios probatorios en forma conjunta, utilizando su apreciación razonada y es obvio que no se cumple con esta obligación haciendo genérica referencia de los mismos, sin un análisis crítico y comparativo de la prueba presentada por ambas partes. Cuarto. [La] Sala Civil al expedir la [sentencia], incurre en una deficiente motivación que no permite ver con exactitud las razones que ha tenido para revocar la apelada, declarando infundada la demanda [...]. (Casación N.° 3240-99Ica, de 13-04-2000, f£ jj. 3 y 4. Sala Civil Transitoria [EP, 21-07-2000, p. 5646], Texto completo: ). ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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§ 1802. El juzgador procede a reconstruir los hechos, analizándolos aplicando su apreciación razonada o las reglas de la sana crítica, a fin de comprobar la existencia o inexistencia de los hechos alegados por las partes. P rim ero. [...] [El] Juez, en la sentencia, debe proceder a la reconstrucción de los hechos, con cuyo propósito actúa como lo haría un historiador, analiza las declaraciones, examina los documentos, aprecia las pericias, establece presunciones, utiliza los estándares jurídicos, aplicando para ello su apreciación razonada o las reglas de la sana crítica, a fin de comprobar la existencia o inexistencia de los hechos alegados por la parte actora y la demandada. Establecidos los hechos, el Juez procede a su valoración jurídica, con cuyo propósito los ubica dentro de las hipótesis de la Ley, en la labor denominada subsunción, lo que le conduce a la determinación de la norma aplicable, para lo cual no tiene limitación, sobre la base del principio "Hura n ovit curia antes mencionado, en ese sentido, la impugnada está de acuerdo a lo señalado en el artículo 122 incisos 3 y 4 del Código Procesal Civil. (Casación N.° 2550-99-La Libertad, de 22-02-2000, f. j. 1. Sala Civil Transitoria [EP, 11-07-2000, p. 5585]. Texto completo: ). § 1803. Los medios probatorios forman una unidad por lo que deben ser examinados y valorizados conjunta puntualizando su concordancia y discordancia. O ctavo. [...] [Los] medios probatorios forman una unidad, y que, como tal, deben ser examinados y valorados por el juzgador en forma conjunta, confrontando uno a uno todos los diversos medios de prueba, puntualizando su concordancia o discordancia, para finalmente concluir sobre el convencimiento que a partir de ellas se forme, (Casación N,° 261-99-Ica, de 20-07-1999, £ j. 8. Sala Civil Permanente [EP, 31-08-1999, p. 3387]. Texto completo: ). § 1804. Si bien la omisión de la valoración de una prueba esencial ha ocurrido tanto en la sentencia de primera instancia como en la de segunda instancia, por economía procesal solo se anula la sentencia de segunda instancia. T ercero. [Si] bien la omisión [de la valoración de una prueba esencial] ha ocurrido tanto en la sentencia de primera instancia como en la vista, esta última está facultada pata la revisión del proceso de primera instancia y emitir un pronunciamiento, por lo que por economía procesal solo se anuía la sentencia de vista. (Casación N.° 950-99Lima, de 08-09-1999, f. j. 3. Sala Civil Transitoria [EP, 12-11-1999, p. 3910]. Texto completo: ). § 1805. Cuando hay prueba insuficiente el juez puede recurrir a la valoración equitativa, el cual, debe estar basado en el daño ocasionado y no en la capacidad económica del dañante. Sexto. [En] cuanto a la causal sustantiva denunciada en el literal: e) Infracción normativa por incorrecta aplicación del artículo 1332 del Código Civil. La Sala ha interpretado erróneamente la norma mencionada, de acuerdo al cual cuando el resarcimiento no pudiera ser probado en su monto preciso, deberá fijarlo el juez con valoración equitativa. Lo que indica esta norma son dos cosas: Que haya prueba insuficiente o imprecisa sobre la cuantía del daño, que en tal caso el juez recurrirá a una evaluación equitativa. Siendo ello así, es claro que el presupuesto para que el juez pueda aplicar la valoración equitativa para fijar el resarcimiento en caso de daño moral, es que previamente se haya desarrollado una actividad probatoria de la cual se derive la imposibilidad de probar el monto preciso de la indemnización. Sin embargo, en el presente caso no se ha realizado tal actividad probatoria sobre la cuantía del daño, tazón por la cual el juez no puede proceder a fijar la indemnización de un modo arbitrario, sin considerar los medios probatorios pertinentes para determinar el monto preciso de la indemnización. En tal sentido, es innegable que el daño moral es de difícil probanza, sin embargo, nuestro ordenamiento jurídico no prevé qué este tipo de daño se encuentre exento de un mínimo de prueba razonable, en tal sentido el juez solo podrá recurrir a la valoración equitativa si así se desprende de la imposibilidad de probar efectivamente los alcances del daño ocasionado; circunstancia que no ha ocurrido en el presente caso. No basta que el demandante invoque el daño moral para pedir una reparación, sino que debe probarlo. [...] O ctavo. [En] conclusión el juez en mérito del artículo denunciado puede generar equidad entre las partes, cuando advierte que a pesar que de los medios probatorios aportados al proceso, se demuestra la responsabilidad por parte del demandado, el monto indemnizatorio no ha sido aplicado de manera equitativa, de acuerdo al daño ocasionado; n o m o s & t h e s ls

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en ese sentido, advirtiéndose que en la sentencia de vista, si bien existe responsabilidad por parte del banco [demandado], solamente se considera la capacidad económica de la entidad demandada, para amparar la pretensión en todos sus extremos, no habiéndose fijado la indemnización en base al daño ocasionado por el demandado B.I.R contra el demandante [...]. (Casación N.° 635-2012-Lima, de 15-11-2012, ff. jj, 6 y 8. Sala Civil Permanente [EP, 30-09-2013, Sentencias en Casación N.° 683, p. 44069]. Texto completo: ).

§ 1806, En sede casatoria no corresponde la valoración de los medios probatorios, no obstante sí es factible el control casatorio tratándose de infracción de las reglas que regulan la actividad probatoria. D écim o S egundo. [Si] bien es cierto en materia casatoria no corresponde a esta Sala Suprema analizar las conclusiones relativas a la valoración de la prueba examinada en instancia, sin embargo, es factible el control casatorio tratándose de la infracción de las reglas que regulan la actividad probatoria, entre ellas, las que establecen que el Juez tiene la obligación procesal de valorar todos los medios probatorios en forma conjunta, utilizando su apreciación razonada conforme lo prevé el artículo [197] del Código Procesal Civil. (Casación N.° 1776-2015-Santa, de 13-10-2015, f. j. 12. Sala Civil Permanente [EP, 01-08-2016, Sentencias en Casación N.° 716, p. 81029]. Texto completo: ).

§1807. No es competencia de la Corte Suprema la revaloración de los medios probatorios, sino en su motivación, en el recurso de casación. C uarto. La motivación probatoria en las resoluciones judiciales es una garantía procesal que vincula a los jueces y les impone eí deber de expresar el valor y eficacia que le ha otorgado a un determinado medio de prueba, esto “supone que la motivación [en cuanto a la apreciación de la prueba] debe dar cuenta de los datos empíricos asumidos como elementos de prueba, de las inferencias que partiendo de ellos se han formulado y de los criterios utilizados para extraer sus conclusiones probatorias (.,.)”, exigencia que resulta plasmada en el artículo 197 del Código Procesal Civil cuando precisa que “en la resolución solo serán expresadas las valoraciones esenciales y determinantes que sustentan su decisión”, así como en eí artículo 122, inciso 3 del mismo cuerpo de leyes [...]. [...] Sétim o. Es claro que las competencias de la Corte Casatoria no inciden en la valoración de la prueba sino en su motivación, en cuanto implica una garantía procesal y un ejercicio esencial de la jurisdicción que consiste en explicitar las razones que permitieron a los jueces de mérito dar valor y eficacia, o en su caso, negarles valor a determinados medios probatorios. (Casación N.° 1752-2016-Lima, de 16-03-2017, ff. jj. 4 y 7. Sala Civil Permanente [EP, 30-01-2018, Sentencias en Casación N.° 742, p. 104413]. Texto completo: ).

§ 1808. La no valoración de un medio probatorio admitido en el proceso puede no ser causal de nulidad de lo actuado, si tal subsanación no influirá en la decisión. Sétim o. Así también, dicho Tribunal ha considerado que se vulnera el derecho a probar cuando habiéndose dispuesto en el propio proceso la actuación o incorporación de determinado medio probatorio, ello no es llevado a cabo (Expedientes N.° 6075-2005-PHC/TCy N,° 00862-2008-PHC/TC), No obstante el criterio referido, el Tribunal Constitucional advirtió que si bien dicha omisión resulta p rim a fa cie atentatoria del debido proceso, puede darse el caso de que el medio probatorio no tenga una relevancia tal que amerite la anulación de lo actuado, en atención, por ejemplo, a la valoración de otros medios de prueba, lo que no es más que una manifestación del principio de trascendencia que informa la nulidad procesal (Expedientes N.° 027T2003-AA/TC Aclaración, N.° 0294-2009-AA/TC fundamento quince, entre otros). (Casación N.° 2432-2015-Callao, de 10-03-2016, f. j. 7. Sala Civil Permanente [EP, 31-082016, Sentencias en Casación N.° 717, p. 82244]. Texto completo: ).

§ 1809. El juez no puede en todos los casos dejar de valorar todos los medios probatorios aduciendo que la demandada debe hacer valer su derecho en otro proceso. N oveno . [M]al hace la Sala Superior al afirmar [...] que no puede atender a argumentos que corresponden a un proceso de nulidad de acto jurídico en que se discute la validez o invalidez de un acto jurídico, pudiendo la demandada hacer valer su derecho en otro proceso. [...] En todo caso, al analizar la validez o invalidez del acto jurídico contenido en el documento [...] las instancias de mérito deben tomar en cuenta que ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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existe un proceso de otorgamiento de escritura pública [...] seguido ante el Décimo Quinto Juzgado Civil de Lima, respecto del cual este Colegiado Supremo ha tomado conocimiento a través del sitio web del Poder judicial- Corte Superior de Justicia de Lima, el mismo que a la fecha no cuenta con sentencia fírme. D écim o. [Se] advierte una clara vulneración del principio de motivación de las resoluciones judiciales [...] así como del principio de valoración de la prueba contenido en el artículo 197 del Código Procesal Civil; ello implica que debe declararse la nulidad de la sentencia recurrida, así como de la apelada es necesario que las directivas formuladas en esta sentencia observadas inclusive por el juez de la causa, de conformidad con lo establecido por el artículo 396, inciso 3 del Código Procesal Civil, correspondiendo al a quo renovar el acto procesal viciado, es decir, emitir nueva sentencia, de conformidad con las consideraciones previamente vertidas [...]. (Casación N.° 1286-2016-Lima, de 15-03-2016, ff. jj. 9 v 10. Sala Civil Transitoria [EP, 02-10-2017, Sentencias en Casación N.° 734, p. 97363]. Texto completo: ).

§ 1810. La inobservancia de la doctrina jurisprudencial vinculante en el razonamiento del Juez configura una motivación insuficiente. Cuando el Juez que conoce del proceso de desalojo advierte la invalidez absoluta y manifiesta del título posesorio, está obligado a valorar tal prueba en la parte considerativa de la sentencia. C uarto. [...] [Se] demanda la restitución de la posesión del inmueble [...] [se] argumenta que su derecho de propiedad sobre el citado predio emana de la escritura pública de adjudicación de bien inmueble [...] celebrada a su favor por la referida asociación luego de que cumpliera con abonar la totalidad de la cuotas establecidas en su condición de socio; y que el demandado [,..] ingresó al inmueble como guardián en virtud del contrato [...] a cuyo vencimiento, este manifestó mediante carta notarial [...] que desocuparía el bien [...], compromiso que al no haber sido honrado configura su condición de precario. Q uinto. Efectuado el traslado respectivo, [...] el demandado [...] se apersona al proceso y contesta la demanda, señalando entre otras razones que no ostenta la condición que se le atribuye, toda vez que por Resolución de Alcaldía [...] la Municipalidad Distrital de Las Piedras dispuso la adjudicación del predio sub judice a su favor [...]. Sexto . El juez del Primer juzgado Mixto de Tambopata [.,,] declaró fundada la demanda y en consecuencia dispuso que el demandado desocupe y entregue la posesión del inmueble sub judice, tras concluir que conforme es de verse de las fichas regístrales [...], con anterioridad a la Resolución de Alcaldía [...] ya se encontraba inscrito el derecho de propiedad de la Asociación [...j sobre el predio sub judice -agrupación que adjudicó el bien al actor- por lo que la Municipalidad [...] generó de manera ilegal una adjudicación de un predio que tenía propietario debidamente registrado. S étim o . Apelada [...] dicha decisión [...] la Sala Mixta de la misma Corte Superior al revocar la apelada y declarar infundada la demanda, estableció que la supuesta nulidad del que adolecería el título de adjudicación del inmueble en litigio a favor del demandado debe ser dilucidado en otra vía, por tanto, no cabe amparar la pretensión de desalojo que se ha instaurado. O ctavo . No obstante, el Colegiado Superior no ha tenido en cuenta que el Cuarto Pleno Casatorio Civil plasmado en la Casación N.° 2195-2011/Ucayali [§ 3725] ha establecido como doctrina jurisprudencial vinculante que si el juez que conoce el proceso de desalojo advirtiera la invalidez absoluta y evidente del título posesorio con arreglo a lo previsto en el artículo 220 del Código Civil, que regula la nulidad oficiosa cuando esta resulta manifiesta, solamente analizará dicha situación en la parte considerativa de la sentencia y declarará fundada o infundada la demanda únicamente sobre el desalojo, dependiendo de cuál de los títulos presentados por las partes en litigio es el que adolece del vicio antes acotado. N oveno. Por consiguiente, al no haber incluido en el razonamiento de la Sala Revisora un aspecto que resulta de plena observancia para los órganos jurisdiccionales de la República, es indudable que la recurrida contiene una motivación insuficiente que genera la violación a las garantías del debido proceso y la adecuada motivación de las resoluciones judiciales [...]. (Casación N.° 37-2015-Madre de Dios, de 05-10-2016, ff. jj. 4-9. Sala Civil Transitoria [EP, 02-10-2017, Sentencias en Casación N.° 734, p. 97000]. Texto completo: ).

§ 1811. Los casos de arbitrariedad en la valoración de la prueba se pueden reflejar en una motivación aparente o en la vulneración del derecho subjetivo de las partes. Sexto. [...] [En] n o m o s & t h e s ís

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algunos casos la arbitraria evaluación de la prueba por la instancia inferior, origina un fallo, con una motivación aparente que no corresponde a los criterios legales ni para la selección del material fáctico ni para la apreciación lógica y razonada de la prueba o en algunos casos se vulnera el derecho subjetivo de las partes a intervenir en la actividad probatoria para demostrar sus afirmaciones, lo que faculta a la Sala de Casación a revisar la actividad procesal en materia de prueba [...]. (Casación N.° 3731-2009Lima, de 06-04-2010, f. j. 6. Sala Civil Permanente [EP, 28-02-2011, Sentencias en Casación N.° 637, p. 29585]. Texto completo: ).

§ 1812. La falta de advertencia que el contrato de compraventa carecía de precio configura tina Indebida valoración de la prueba. C uarto . Conforme a lo disciplinado en el artículo 197 del Código Procesal Civil, los magistrados tienen el deber de valorar íntegramente los medios probatorios actuados. Ello comporta que al constituir estos una unidad, deben ser examinados y valorados por el juzgador en forma conjunta, confrontándolos uno por uno, puntualizando su concordancia o discordancia, para finalmente concluir sobre el convencimiento que a partir de ellas se forme. Q uinto . [Este] Colegiado Supremo cree conveniente precisar que el documento que consiste, por propia declaración de la parte demandante [...] en una cláusula adicional del contrato [...] en el cual ambas partes acuerdan que el monto [...] servirá como parte de pago de la oficina [...]. Es decir, mediante la cláusula adicional las partes habrían acordado aplicar dicho precio a la compraventa de otro bien inmueble distinto al cual se señala en el contrato [...]; en consecuencia, este acto jurídico ya no calificaría como contrato de compraventa, al carecer del elemento precio. Por consiguiente, se aprecia qne, en rigor, el Colegiado Superior no ha hecho una valoración de los medios probatorios, conforme al principio del artículo 197 del Código Procesal Civil; más aún, no ha acatado el mandato conferido por esta Suprema Sala, mediante la sentencia de casación [...]. (Casación N.° 2654-2007-Lima, de 23-06-2008, ff. jj. 4 y 5. Sala Civil Transitoria. Texto completo: ).

§ 1813. En la acumulación el juez está obligado a merituar las pruebas de todos los procesos, debe valorar todos los medios probatorios en forma conjunta, confrontándolos uno por uno, puntualizando su concordancia o discordancia. Q uinto . [...] [El] ad quem , en clara vulneración del Principio de Congruencia, ha tenido en cuenta solo las actuaciones procesales del Expediente N.° 3201-2006 a las cuales alude en los párrafos precitados, obviando las del Proceso N.° 3122-2006 no obstante que, como queda dicho, la acumulación de los procesos le obligaba a considerar las actuaciones de ambos procesos; inclusive ha invocado la sanción contemplada en el artículo 282 del Código Procesal Civil, de manera incongruente, sin verificar si el Proceso N.° 3122-2006 acusaba rebeldía, ni tampoco si se había apersonado a las Audiencias de Pruebas y de Conciliación del mismo. Sexto . [...] [El] artículo 197 del Código Procesal Civil [.,.] prevé que “todos los medios probatorios son valorados por el juez en forma conjunta, utilizando su apreciación razonada”. Tal disposición comporta que los magistrados tienen el deber de valorar íntegramente los medios probatorios actuados, por lo cual, al constituir estos una unidad deben ser examinados y valorados por el juzgador en forma conjunta, confrontándolos uno por uno, puntualizando su concordancia o discordancia, para finalmente concluir sobre el convencimiento que a partir de ellas se forme. (Casación N.° 534-2010-Lima, de 22-06-2011, ff. jj. 5 y 6. Sala Civil Transitoria [EP, 30-11-2011, Sentencias en Casación N.° 655, p. 23136]. Texto completo: ).

§ 1814. El desestimar una tacha no le otorga eficacia plena al medio probatorio cuestionado. O ctavo . [...] [La] empresa demandada denuncia en casación que dicha Sala no ha valorado de manera conjunta y con apreciación razonada todos los medios probatorios puesto que no han considerado las cinco facturas presentadas por la recurrente que tienen el sello y firma de canceladas y que su validez y eficacia probatoria no ha podido ser desvirtuada dado que la tacha formulada contra ellas por la empresa demandante fue desestimada en la sentencia apelada N o v e n o . [En] principio corresponde destacar que las cinco facturas presentadas por la impugnante [...] sí han sido valoradas por la Sala Revisora, [...] siendo muy distinto que no haya producido suficiente convicción en ios juzgadores. En este punto es necesario realizar una precisión, la parte recurrente, al parecer tiene la tesis de que como la tacha dirigida contra sus cinco facturas ha sido desestimada estos documentos tienen “eficacia probatoria ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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plena”, esto es, ya probaron plenamente que fueron canceladas por la recurrente deudora. D écim o. [La] desestimación de una cuestión probatoria, como la tacha prevista en el artículo 300 del Código Procesal Civil, trae como única consecuencia que el medio probatorio cuestionado pueda ser valorado por el juzgador en virtud de que es válido y por ende eficaz como tal dentro del proceso; empero, en modo alguno convierte automáticamente a este de medio probatorio a prueba, puesto que dicho resultado solo puede ser producto de la valoración del juzgador utilizando su apreciación razonada, conforme al artículo 197 del Código Procesal Civil; estimar lo contrario, conduciría al absurdo de que si en un proceso las tachas dirigidas contra los medios probatorios de ambas partes son desestimadas, estas constituirían prueba plena de los hechos que invocan empero en sentidos opuestos respecto de un mismo punto. (Casación N.° 5031-2008-Lima, de 19-05-2009, ff. jj. 8-10. Sala Civil Permanente. Texto completo: ). § 1815. En un proceso de nulidad de sucesión intestada, la acreditación de que el demandado (tío del causante) conocía de la existencia de otro potencial heredero (el demandante, en su condición de supuesto hijo), no exime al juez de valorar los medios probatorios ofrecidos por este demandado (como la sentencia que declara la nulidad del acta de nacimiento del supuesto hijo). D écim o. Entre las reglas que regulan la actividad probatoria, tenemos las que establecen que el juez tiene la obligación procesal de valorar todos los medios probatorios en forma conjunta, utilizando su apreciación razonada conforme lo prevé el artículo [197] del Código Procesal Civil [...]. U ndécim o. De la revisión de los autos se advierte que, la instancia de mérito ha infringido el marco jurídico aquí delimitado, en tanto únicamente se limita a determinar, que el acto es nulo por cuanto el demandado [tío del causante], a sabiendas [de] que el demandante tenía la condición de heredero forzoso del cansante en su condición de hijo, acudió a un notario a tramitar la sucesión intestada haciéndose declarar heredero universal; sin valorar los documentos adjuntados ai recurso de apelación, tales como la sentencia que declara fundada la demanda en el proceso [...] sobre nulidad del acta de nacimiento del demandante, 10 cual resulta relevante para el proceso, pues en él se habría declarado la nulidad del documento con el que el demandante pretende acreditar su entroncamiento familiar y sustentar la pretensión materia del proceso. (Casación N.° 3255-2016-Apurímac, de 05-07-2017, ff. jj. 10 y 11. Sala Civil Transitoria [EP, 02-05-2018, Sentencias en Casación N.° 746, p. 107854]. Texto completo: ). § 1816. Aspectos que debe valorar el juez en los procesos de tenencia y custodia. D écim o P rim ero. Ahora bien, al analizar la sentencia de vista objeto de impugnación, este Colegiado observa la Sala ha sustentado su fallo en el hecho que la demandante ha mantenido contacto continuo y muy cercano con sn hija sin descuidarla, lo cual incluso fue ratificado por el demandado; sin embargo, se ha omitido analizar las pruebas en función a la naturaleza del proceso que nos ocupa, en el que si bien uno de los aspectos a valorar ha de ser con qué progenitor ha convivido la menor por mayor tiempo; lo más relevante es determinar cuál de los progenitores reúne las mejores condiciones emocionales, afectivas, sociales y personales para garantizar el pleno desarrollo del menor, en función al Interés Superior del Niño. Por otro lado, si bien la Sala ha valorado la opinión de la menor brindada en la instancia judicial, no la ha valorado de manera integral, pues [en autos] se dejó constancia que la menor primero dijo querer vivir con sn papá, al referirle que sn papá vive solo y en otro lugar y repetírsele la pregunta se quedó callada indicando que no sabe, y al ser preguntada sí en caso viviera con su mamá le gustaría que su padre la visite y viceversa dijo que sí. D écim o S egundo. En este orden de ideas, se hace evidente que, al encontrarse sustentada en razones que resultan claramente escasas para justificar lo decidido en atención a la naturaleza del proceso que nos ocupa, en el que en aras deí interés superior del niño y el adolescente, corresponde determinar qué es lo mejor para la niña y justificar en forma clara por qué motivos la tenencia de uno de los progenitores es más beneficiosa para la niña; por lo que la resolución de vista objeto de impugnación ha vulnerado el contenido normativo del artículo 139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Perú, por infracción al debido proceso, a la motivación de las resoluciones judiciales y a la valoración de la prueba, (Casación N.° 1303-2016-Cajamarca, de 06-03-2017, ff. jj. 11 y 12. Sala Civil Transitoria [EP, 31-07-2018, Sentencias en Casación N.° 752, p. 112875]. Texto completo: ). n o m o s & th e s is

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§ 1817. El a d q u e m incurre en error i n c o g it a n d o , al inferir que los títulos valores puestos a cobro forman parte de una unidad obligacional y que por tanto la nulidad de los unos influye en los que no han sido nulificados. Las pruebas en el proceso están mezcladas formando una secuencia integral. D é c i m o S e g u n d o . [El] legislador ha optado por imponer al juez, en los términos que señalan los artículos 188 y 197 del Código Procesal Civil, en atención a la finalidad de la prueba la obligación de valorar en forma conjunta y razonada todos los medios de prueba, dado que, las pruebas en el proceso, sea cual fuera su naturaleza, están mezcladas formando una secuencia integral; por lo que, es responsabilidad del Juzgador reconstruir, en base a los medios probatorios, los hechos que den origen al conflicto, por lo tanto, ninguna prueba deberá ser tomada en forma aislada, tampoco en forma exclusiva, sino en su conjunto, toda vez, que solo teniendo una visión integral de los medios probatorios se puede sacar conclusiones en busca de la verdad que es el fin del proceso. D é c im o T e rc e ro . La Sala Superior al expedir la recurrida, ha infringido el marco jurídico aquí delimitado, al no haber compulsado adecuadamente de manera conjunta y razonada las pruebas presentadas por la accionante; pues no ha valorado adecuadamente los títulos valores puestos a cobro, al omitir considerar que dos de ellos no han sido declarados nulos en el proceso judicial sobre nulidad de títulos valores 2002779 y por el contrario incurre en error in cogitando , al inferir que rodos forman parte de una unidad obligacional y que por tanto la nulidad de los unos inhuye en los que no han sido nulificados; error en que se incurre por cuanto, la nulidad declarada en el referido proceso n.° 2002-779 no se pronuncia sobre la existencia o no de la deuda, sino que se pronuncia sobre la validez del título valor. [...] D é c im o Q u i n t o . Lo expuesto, constituye razón más que suficiente para que la Corte de Casación no pueda estar impedida de revisar la actividad procesal en materia de la prueba cuando se ignoran hechos relevantes de la controversia, como ha sucedido en el presente caso, en el que se ha ingresado a un estadio de ilegitimidad por inobservancia integral, conjunta y razonada del material probatorio de la litis, que conecta uno de los parámetros insoslayables en materia casatoria, es decir, el poder advertir en una prospección teleológica de la litis si ha habido o no una adecuada y respetuosa observancia de la norma adjetiva en relación a la controversia. (Casación N.° 3480-2012-Del Santa, de 28-03-2014, ff. jj. 12, 13 y 15. Sala Civil Transitoria [EP, 01-09-2014, Sentencias en Casación N.° 695, p. 54436]. Texto completo: ). § 1818. El monto de! resarcimiento por eí daño moral, por su difícil probanza, está sujeto al reconocimiento del juez de manera discrecional. Q u i n t o . [En] el presente caso, la recurrente denuncia la infracción normativa al artículo 1332 del Código Civil, en el extremo que prescribe que el resarcimiento del daño cuando no es probado en un monto preciso, debe ser fijado por el Juez con valoración equitativa. La [...] recurrente refiere que eí monto fijado por la Sala Superior se encuentra muy alejado de la finalidad que persigue una indemnización, como agente paliativo de un daño y que, por el contrario, se ha convertido en una sanción, lo que no se puede admitir, porque eí monto por daño moral no puede ser un capricho del Juzgador. S e x to . [Respecto] de la infracción contenida en el considerando anterior de la presente resolución, cabe señalar que el sustento vertido por la recurrente no contiene la descripción clara de la infracción normativa denunciada ni demuestra la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada por lo que este extremo del recurso es improcedente. En efecto, la recurrente cuestiona únicamente el monto indemn ¡zatorio señalado por la Sala Superior por el daño moral producido a la demandante, alegando para ello la infracción del artículo 1332 de la norma sustantiva civil. La parte impugnante no tiene en cuenta que ante el difícil tema de la probanza del daño moral y la falta de regulación en nuestro ordenamiento jurídico de criterios en cuanto al monto resarckorio, dicho problema encuentra solución en la discrecionaíidad que se le otorga al Juez para fijar estos montos indemnizatorios. Sin embargo, su decisión no puede ser arbitraria, por el contrario, debe obedecer a criterios de proporcionalidad y razonabilidad y a un adecuado análisis de los medios de prueba que obran en el caso concreto [...]. (Casación N.° 4363-2013-Junín, de 02-06-2014, ff. jj. 5 y 6. Sala Civil Permanente [EP, 30-10-2014, Sentencias en Casación N.° 697, p. 57518]. Texto completo: ).

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§ 1819. El informe policial es una prueba determinante en los casos de lesiones por violencia familiar. Cuarto. [El] artículo 197 del Código Procesal Civil [...] contiene el principio de la unidad de la prueba, según el cual la actividad probatoria debe desenvolverse mediante una mecánica de confrontación y constatación de los elementos probatorios incorporados al proceso, con el objeto de obtener la más acertada elaboración de la idea de cómo se desarrollaron los hechos sobre los cuales versa el mismo. Ello implica que las pruebas incorporadas al proceso sean evaluadas en su conjunto, lo cual permite que se llegue a un mayor grado de certeza, ya que existirán algunas que sirvan de respaldo, asimismo otras desvirtuarán las menos creíbles. Esta actividad valorativa de las pruebas brinda mayores garantías al procedimiento probatorio en sí, pues, no solo protege a las partes sino también al juez. El principio de la unidad de la prueba indica que todos los medios probatorios representan a efecto de su valoración una unidad; en consecuencia, son apreciados en su conjunto, debiendo el juez examinar cada uno de ellos, confrontarlos señalando su concordancia y discordancia, ver la orientación probatoria de unos y otros, para posteriormente extraer sus conclusiones de la generalidad de ios medios de prueba ofrecidos y establecer la correcta apreciación de los hechos. Quinto. [Se] aprecia [en el presente proceso sobre lesiones por violencia familiar] que ambas instancias de mérito han omitido la valoración del Informe Policial [...] en clara vulneración del principio contenido en el artículo 197 del Código Procesal Civil [...] lo cual implica la nulidad de la sentencia recurrida, así como la insubsistencia de la apelada, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 396 inciso 3 del Código Procesal Civil, por lo que el A quo debe renovar el acto procesa! viciado, es decir, emitir nueva sentencia, cumpliendo con valorar el medio probatorio en cuestión. Cabe agregar que el A quo debe atender a que el reenvío es la oportunidad para que se dé pleno cumplimiento al principio en mención; además, que carece de objeto pronunciarse sobre los demás extremos denunciados en el recurso de casación sub examine. (Casación N.° 3917-2012-Arequipa, de 23-09-2013, ff. jj. 4 y 5. Sala Civil Transitoria [EP, 30-012014, Sentencias en Casación N.° 688, p. 48480], Texto completo: }.

§ 1820. Valoración de la prueba genética. El principio de interés superior del menor no puede aplicarse de forma aislada, el cual permite exonerar el deber de prestar alimentos. Sétimo. [La] norma especial se circunscribe únicamente a la prueba científica, cabría preguntarnos si pueden existir otras pruebas distintas capaces de suplir su valor, y la respuesta es negativa, precisamente porque la norma material a través de la presunción juris tantum de paternidad pretende proteger al menor y vigilar su primerísimo derecho a los alimentos, por lo que solo es admisible la prueba cuyo valor sea difícilmente cuestionable o controvertible debido al alto grado de certeza que brinda. Por tales razones, este Supremo Tribunal discrepa del razonamiento de la Sala Superior cuando concluye que si bien no se actuó la prueba genética de ADN “(••■) el demandante ha tenido la posibilidad jurídica de ofrecer otros medios probatorios que la ley procesal le asigna para desvirtuar o destruir la presunción de paternidad de la que viene gozando el niño alimentista para efectos alimentarios toda vez que dicha conclusión, además de no especificar cuáles serían los otros medios probatorios que se podrían actuar, no tiene en cuenta que el segundo párrafo del artículo 415 del Código Civil solo contempla como prueba a favor del obligado a prestar los alimentos, aquella prueba científica -y no otra- que desvirtúe la presunción y'wrá tantum de paternidad a favor del menor alimentista, por lo que las demás pruebas que pudieran esrar contempladas en el Código Procesal Civil resultarían inocuas, carentes de valor e ineficaces para sustentar la pretensión de cese de la obligación alimentaria declarada a favor de un menor no reconocido ni declarado. [...] Noveno. [Este] Supremo Tribunal advierte también que la Sala Superior invoca el principio del Interés Superior del Niño para efectos de valorar -a favor del menor- la conducta obstructiva de la madre [referido a la falta de colaboración de someterse a la prueba] y la presunta omisión del demandante en la presentación de otras pruebas, distintas a la genética, para acreditar su derecho [a] solicitar el cese de la prestación alimentaria; sin embargo, no cabe la aplicación aislada de este principio, Sino que el mismo debe contrastarse con otros principios y derechos como lo serían, por ejemplo, el principio de proscripción del abuso de derecho, específicamente del ejercicio abusivo de los derechos procesales, y el derecho de prueba que asiste al actor, el cual no solo comprende el derecho a ofrecer las pruebas en la etapa correspondiente, sino también el derecho a que tales pruebas n o m o s & th e s is

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se admiran, se actúen y valoren de forma conjunta. (Casación N.° 5540-2009-La Libertad, de 19-112010, ff. jj. 7 y 9. Sala Civil Transitoria [EL 30-05-2011, Sentencias en Casación N.° 642, p. 30252], Texto completo: ). § 1821. El demandante reconoció la relación de naturaleza civil que tenía con el demandado, por la cual no resulta necesaria la valoración de más medios probatorios sobre este hecho. Sétim o. Del análisis de la sentencia impugnada, se evidencia que eí Colegiado Superior llegó a la conclusión asumida por el a quo así como por las partes, que no se advierte violación alguna a lo dispuesto por el artículo 197 del Código Procesal Civil, esto en mérito a que como se puede apreciar [...] de la resolución impugnada, el demandado ha reconocido expresamente que la relación jurídica que lo ligaba directamente con la demandada consistía en una relación de naturaleza civil; por lo tanto, resulta evidente que el hecho antes mencionado no fue contradicho en el desarrollo de la litis; por el contrario, fue aceptado por las partes, razón por la cual no resulta necesaria la valoración o verificación de más medios probatorios, no siendo necesario efectuarse un análisis amplío por parte del juzgador. [...] D écim o P rim ero. [Está] acreditado que el demandante prestó efectivamente sus servicios [...] habiendo demandado el pago de los mismos [...] aspecto que fue reconocido en la sentencia apelada, la misma que ha quedado firme. También se demandó el pago de la “gratificación”; sin embargo, teniendo en cuenta que la relación entablada por las partes es una de naturaleza civil, y no habiendo el demandado acreditado haber prestado sus servicios [...] no le corresponde el pago doble por este periodo, no obstante que al referido pago se le denominó gratificación, pues en una relación de naturaleza civil ello no es posible, más aún si de una relación derivada de un contrato de locación de servicios profesionales la retribución se paga después de prestado el servicio por ser la oportunidad en que la misma ha quedado totalmente ejecutada y se adquiere plenamente el derecho a la contraprestación, o sea el pago de la retribución. (Casación N.° 3903-2008-Lima, de 27-01-2009, ff. jj. 7 y 11. Sala Civil Permanente. Texto completo: ).

Artículo 242: Ineficacia por falsedad de documento Si se declara fundada la tacha de un documento por haberse probado su falsedad, no tendrá eficacia probatoria. Si en proceso penal se establece la falsedad de un documento, este carece de eficacia probatoria en cualquier proceso civil.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 1920. Al carecer la parte emplazada de un título de propiedad oponible a la parte demandante, la demanda de reivindicación resulta fundada, p u es el accionante ha acreditado ser el propietario del inmueble materia de litis, no encontrándose en posesión y quien ejerce la posesión es la contraparte. Sexto. [...] [Según] lo previsto en el segundo párrafo del artículo 242 del Código Procesal Civil: “Si en proceso penal se establece la falsedad de un documento, este carece de eficacia probatoria en cualquier proceso civil”. En ese contexto, el título de la parte demandada consistente en el contrato privado del 07 de febrero de 2002, elevado a escritura pública el 29 de abril de 2011 (por mandato judicial), a través del cual habría adquirido el inmueble [...], objeto de reivindicación, al haberse determinado en sede penal su falsedad, no puede ser opuesto al título del demandante. En ese orden n o m o s & thesis

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de ideas, al carecer la parte emplazada de un título de propiedad oponible a la parte demandante, la demanda de reivindicación resulta fundada, pues el accionante ha acreditado ser el propietario del inmueble materia de litis, no encontrándose en posesión y quien ejerce la posesión es la contraparte; siendo ello así, carece de sustento lo alegado por el recurrente. (Casación N.° 1269-2016-Lima, de 2012-2016, f. j. 6. Sala Civil Permanente [EP, 31-08-2017, Sentencias en Casación N.° 732, p. 95709]. Texto completo: ).

§ 1921. La falsedad de documentos que se establece en un proceso penal no tiene mayor relevancia en un proceso civil si no se demuestra que la valoración del documento incida directamente en el fallo. C uarto . [El] recurrente sustenta el recurso de casación en lo siguiente [...] 3) Infracción normativa del artículo 242 del Código Procesal Civil al dar valor legal al contrato de importación [.,,] cuando en el proceso penal se ha comprobado la falsedad del mismo inaplicando el artículo 220 del Código Civil [...]. Q uinto. [Examinadas] las alegaciones contenidas en el considerando precedente es del caso anotar que si bien el recurrente describe la infracción normativa también lo es que no demuestra que la misma incida directamente en el fallo correspondiendo precisar en relación a las alegaciones consignadas en el punto 1) que mal puede el recurrente denunciar la inaplicación de normas de carácter procesal pues la causal de inaplicación debe estar orientada a las de carácter sustantivo a efectos que se analice si la aplicación de la misma resulta pertinente a los hechos establecidos por las instancias de mérito lo cual no ha sido observado por el recurrente al sustentar la referida causal debiendo por tanto desestimarse este extremo; en relación a lo expresado en el punto 2) debe señalarse que acorde a lo previsto por el artículo 197 segundo párrafo del Código Procesal Civil los Jueces no tienen la obligación de referirse a todas las pruebas sino a las que dan sustento a su decisión lo cual no significa que las instancias de mérito no hayan valorado el proceso penal que invoca el impugnante correspondiendo también desestimar dicho punto [...]. (Casación N.° 3938-2012-Tacna, de 12-032012, ff. jj. 4-5- Sala Civil Transitoria [EP, 01-07-2013, Sentencias en Casación N.° 680, p. 41385]. Texto completo: ).

Artículo 243; Ineficacia por nulidad de docatnento Cuando en un documento resulte manifiesta la ausencia de una formalidad esencial que la ley prescribe bajo sanción de nulidad, aquel carece de eficacia probatoria. Esta declaración de ineficacia podrá ser de oficio o como consecuencia de una tacha fundada.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 1922. Para que se declare la ineficacia probatoria de un documento por causal de nulidad, el yicio debe estar referido a una formalidad esencial y no a un requisito de fondo. Q uinto. [Para] establecer el cumplimiento de los incisos 2o, 3o y 4o del precitado artículo 388°, el recurrente debe señalar en qué consisten las infracciones normativas denunciadas: En el presente caso, el recurrente denuncia: Infracción normativa del artículo 248 del Código Procesal Civil y artículo 139 inciso 5o de la Constitución Política del Estado concordante con el artículo 243 del Código Procesal Civil; refiere que de la revisión de la supuesta minuta de compraventa [...] aparece una supuesta huella digital del vendedor y las firmas ilegibles de dos supuestos testigos a ruego, por consiguiente el juzgador debió haber rechazado la demanda, mientras no se haya practicado un reconocimiento. Así, al haberse obviado el análisis del documento mencionado, se ha desnaturalizado el proceso, incurriendo en causal de nulidad por expresa disposición del artículo 139 inciso 5o de la Constitución Política del Estado, concordante con el artículo 243 del Código Procesal Civil que señala que cuando en un documento resulte manifiesta la ausencia de una formalidad esencial que la ley prescribe, bajo sanción de nulidad, aquél carecerá de eficacia probatoria. Esta declaración de ineficacia podrá ser de oficio o como consecuencia de una tacha, como el presente caso, donde se ha hecho caso omiso a la ley previamente establecida en nuestro ordenamiento procesal civil al darle validez a la copia legalizada de un documento denominado minuta ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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de compraventa de lote de terreno inscrito, solo con una huella digital aparente, de un hombre con educación secundaria completa, quien sabía firmar y no tenía ninguna lesión o impedimento en el brazo derecho. Agrega que no se han verificado los requisitos formales para la validez del acto jurídico de compraventa. Sexto. [Del] examen de la argumentación expuesta por el recurrente, se advierte que esta no cumple con los requisitos exigidos en los numerales 2o y 3o de la norma acotada, en razón a que no describe con claridad y precisión la infracción normativa denunciada; por otro lado, del sustento esgrimido por el impugnante no se advierte la incidencia directa de la infracción denunciada, limitándose a cuestionar la minuta de compraventa [...] y aspectos de su formalidad tales como la huella del vendedor y las firmas a ruego de los testigos; al respecto este Supremo Tribunal verifica que lo alegado implica una fundamentación fáctica orientada a cuestionar el criterio asumido por la instancia de mérito sin tener en cuenta que la Sala Superior sustentó su decisión señalando “4.3.2 La Minuta de Compraventa de Lote de Terreno inscrito que obra a fojas dos del expediente, en principio es un documento válido y contiene un acto jurídico también válido. Es por ello que quien niegue tales atributos tendría que demostrarlo, pero no en este proceso sino en vía de acción (idónea); como podría ser un proceso de nulidad de acto jurídico, por ejemplo”. [...] (Casación N.° 3701-2013-Lima Norte, de 28-10-2013, ff. jj. 5 y 6. Sala Civil Permanente [EP, 31-03-2014, Sentencias en Casación N.° 690, p. 50271]. Texto completo; ).

§ 1923. El informe en el que se declara la inexistencia de la escritura pública en el archivo notarial no acredita una causal de nulidad manifiesta que fúnde el pedido de tacha del título. C uarto. [...] [Debe] precisarse que conforme lo prescribe el artículo 243 del Código Procesal Civil la ineficacia por nulidad de documento, se configura cuando resulte manifiesta la ausencia de una formalidad esencial; es decir, solo se refiere a aspectos circunscritos a la forma del acto cuyo incumplimiento se sanciona con nulidad [.,.] el hecho que -según refiere- el Colegiado Superior, ha servido de sustento para declarar fundada la tacha contra el título de propiedad de los demandados, es la Constancia otorgada por el Director del Archivo Regional [...], quien certifica que la escritura pública de compraventa en referencia, otorgada ante el Notario Público [...], no se encuentra en el indicado archivo; sin embargo, no se advierte de lo hasta aquí actuado que se haya declarado judicialmente la nulidad del contrato de compraventa celebrado a favor de los demandados o del contrato correspondiente, no siendo una nulidad manifiesta, si se tiene en cuenta que el Informe Notarial resulta insuficiente para determinar la ineficacia de los efectos del título de propiedad que ostentan los demandados, más aún si para tal declaración, se necesitan valorar otros medios probatorios, los que no han sido aportados al proceso; se destaca además que no es esta la vía para dilucidar la validez y eficacia del título que ostenta la parte demandada, por tanto no se configura la precariedad que requiere la ausencia absoluta de cualquier circunstancia que justifique la posesión de los demandados en el bien inmueble materia de controversia. (Casación N.° 4296-2011-Puno, de 1910-2012, f. j. 4. Sala Civil Transitoria [EP, 31-01-2013, Sentencias en Casación N.° 675, p- 39433]. Texto completo; ).

§ 1924. Aunque no haya sido invocada por las partes la ineficacia del acta de asamblea o lo haya sido erróneamente, el juez puede declarar de oficio. O ctavo . [...] [La] norma se refiere al ejercicio abusivo que puede realizar una de las partes intervinientes en el proceso. De ningún modo se refiere a la actuación del Juez, que como Director del proceso y al amparo del artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil, está facultado a aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente; siendo que en el proceso, el Juez se sustentó para declarar de oficio, la ineficacia del acta de asamblea de fecha 28 de agosto de 1995, [...] en el artículo 243° in fin e del Código Procesal Civil, y a su vez la Sala Superior consideró que la declaración de ineficacia mencionada, constituye un acto jurisdiccional regular amparado por el artículo 243° antes citado en concordancia con lo establecido en el artículo 220° segundo párrafo del Código Civil; de lo que se concluye que o resulta aplicable el artículo II del Título Preliminar del Código Civil [...]. (Casación N.° 2831-2006-Amazonas, de 15-05-2007, f. j. 8. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 01-10-2007, p. 20455]. Texto completo: ). n o m o s & th esis

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ACTIVIDAD PROCESAL / MEDIOS PROBATORIOS

Art. 244

§ 1925. La sustentación de la nulidad de un documento evidentemente debe deducirse en vía de acción. S egundo. [La] sustentación de la nulidad de un documento evidentemente debe deducirse en vía de acción, tratándose el presente proceso de uno brevísimo, no sería posible sustentarlo en esta acción; únicamente es posible en este tipo de proceso referirse a la nulidad formal del título, mas no a la nulidad sustancial. (Casación N.° 2550-99-La Libertad, de 22-02-2000, f. j. 2. Sala Civil Transitoria [EP, 11-07-2000, p. 5585]. Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DE LAS CORTES SUPERIORES

§ 1926. El título de propiedad es ineficaz cuando se sustenta en una norma jurídica cuya vigencia ya caducó. 3.5. [...] [El] título de propiedad otorgado a favor de la sociedad demandada no se ha otorgado conforme al texto normativo del D.L. 17776 y D.S. N.° 0159-74-AG, pues si bien se realizó sobre la base del Decreto Supremo N.° 035-80-AA que aprobaba el plano definitivo de afectación del predio, sin embargo, como consecuencia del abandono del proceso de expropiación en el Expediente [...], dicho Decreto Supremo devino en caduco, sin valor legal alguno, y con igual resultado para todo el procedimiento administrativo iniciado como consecuencia de la misma norma, que correspondía al proceso de afectación y expropiación iniciado, que no llegó incluso al estado de adjudicación. Tai como se ha determinado en la resolución judicial [...], derivada del Expediente [...] sobre Expropiación arriba descrita, [...] el Título de adjudicación a favor de la Cooperativa Agraria [...], resulta ser una consecuencia del D.S. N.° 035-85-AA caduco, por lo tanto dicho Título como auto administrativo derivado, resulta asimismo ser inválido nulo de pleno derecho, como así lo ha expresado el Decreto Supremo N.° 035-911, [...] que deja sin efecto e inválidos al U.S. N.° 035-85-AA y todos sus efectos, Por ello, resulta de aplicación el artículo 243 del Código Procesal Civil, conforme al cual, cuando en un documento resulta manifiesta la ausencia de una formalidad esencial que la ley prescribe, aquel carece de eficacia probatoria. Ineficacia probatoria que en este acto el Colegiado determina, respecto del documento en análisis. Consecuentemente, la sociedad demandada, formalmente no tiene título válido que respalde el derecho de propiedad que se atribuye, (Exp. N.° 2009-0331, de 20-04-2009, f. j. 3.5. Primera Sala Superior Especializada en lo Civil. Corte Superior de Justicia de La Libertad. Texto completo: Diálogo 133, 2009, p. 188).

Artículo 244: Falsedad o inexistencia de la m atriz La copia de un documento público declarado o comprobadamente falso o inexistente, no tiene eficacia probatoria. La misma regia se aplica a las copias certificadas de expedientes falsos o inexistentes.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 1927. Las copias certificadas de expedientes inexistentes no tienen eficacia probatoria. Q uinto. Examinado el agravio denunciado sobre el error in procedendo, se advierte que la discusión de fondo se plantea como un problema probatorio, respecto a la acreditación o no del despojo, aspecto que es contrario al recurso extraordinario de casación, que por su propia naturaleza, es de cognición limitada y no puede set utilizado para realizar una nueva valoración de los medios probatorios; a ello debe agregarse que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 244 del Código Procesal Civil, las copias certificadas de expedientes inexistentes no tienen eficacia probatoria. (Casación N.° 3011-2012-Huánuco, de 16-01-2013, f. j. 5. Sala Civil Permanente [EP, 31-03-2014, Sentencias en Casación N.° 690, p. 49444], Texto completo: aan iw sa V 1’ílf.OÜil.OU

Se tiv.iiia-i á í..i'■ii por l -isii.

En tal medida, al haberse ordenado el monto de Sl 59,121.01 soles, confirmado en la presente instancia, el monto ponderado por honorarios profesionales será de S/ 8,000.00 soles, que variará de acuerdo a las incidencias del proceso, siempre que así lo justifique, caso contrario dicho monto ♦ SUMMA PROCESA! CIVIL

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proporcional comprenderá los demás criterios analizados, b) Duración del proceso: se ha iniciado en diciembre de 2017, a la fecha (agosto 2018) se ha emitido sentencia de segunda instancia, es decir menos de un año. Resultando razonable la duración del proceso, c) Participación del abogado: la abogada ha presentado dos (2) escritos que son la demanda y el recurso de apelación y ha participado en tres (3) diligencias, audiencia de conciliación, juzgamiento y vista. Obteniendo un resultado favorable, siendo el esfuerzo desplegado lo previsto en este tipo de procesos, no entrañando un esfuerzo adicional, d) Complejidad del caso: El tema versa sobre pago por bono por función jurisdiccional, del cual tanto primera instancia como la Sala tienen criterio determinado, por lo que se cataloga como caso fácil. Máxime si la abogada en la audiencia de la vista de la causa informó al Colegiado que existe una decisión casatoria en la Suprema Corte que declara improcedente el recurso de la demandada. En vista de ello, este colegiado estima que los costos procesales fijados en primera instancia, debe ser revocado y reformándolos establecerlos en la suma de S/ 8,000.00 soles, más el 5% para el Fondo Mutual del Ilustre Colegio de Abogados de junín [...]. (Exp, N.° 04209-2017-0-150l-JR-LA-02, Resolución N.° 6, de 14-08-2018, £ j. 31. Primera Sala Labora! Permanente de Huancayo. Corte Superior de justicia de Junín. Texto completo: ). § 2654. Determinación de honorarios cuando el accionante a s u m e su propia defensa. I - ] [El] accionante ha asumido personalmente su defensa y por tal razón no puede acreditar los gastos por concepto de honorarios profesionales; de modo que dichas costas deben regularse prudencialmente; y al efecto, es pertinente fijarlas en diez mil doscientos nuevos soles, en armonía con la solicitada en el recurso [...]. (Exp. N.° 117-94, Primera Sala Civil, de 15-08-1994. Corte Superior de justicia de Lima, Texto completo: ). § 2655. El pago de los honorarios del abogado no puede ser inferior a una UIT. [...] [En] ningún caso el honorario [profesional del abogado] puede ser inferior a una Unidad Impositiva Tributaria; que el a -quo al fijar las costas personales no ha precisado la Unidad Impositiva Tributaria del año que debe ser aplicada; que teniendo en cuenta que la demanda ha sido entablada en abril de 1992, debe aplicarse la que estuvo vigente en ese año [...]. (Exp. N.° 2453-94, Primera Sala Civil, de 09-05-1994. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ).

Artículo 412: Principios de la condena en costas! y costos La imposición de la condena en costas y costos no requiere ser demandada y es de cargo de la parte vencida, salvo declaración judicial expresa y motivada de la exoneración. La condena en costas y costos se establece por cada instancia, pero si la resolución de segunda revoca la de primera, la parte vencida es condenada a reembolsar las costas y costos de ambas instancias. Este criterio se aplica también para lo que se resuelva en casación. Si en un proceso se han discutido varias pretensiones, Eacondena incide únicamente sobre las que han sido acogidas para el vencedor. En los casos en que se hubiera concedido auxilio judicial a la parte ganadora, la vencida es condenada a reembolsar las tasas judiciales al Poder Judicial. La parte vencida en un incidente debe reembolsar a la vencedora las tasas judiciales, los honorarios de los órganos de auxilio judicial y demás gastos judiciales incurridos durante su tramitación. No se considera los honorarios del abogado. La liquidación correspondiente se realiza al finalizar el proceso.(1) NOTA DE A CTUALIZACIÓ N (1) Artículo modificado por el artículo 2 de la Ley N.° 30293 (EP, 28-12-2014), que entró en vigencia a los 30 días hábiles de su publicación en el diario El Peruano. Anteriormente había sido modificado por el artículo 7 de ía Ley N.° 26846 (EP, 27-07-1997).

n o m o s & thesis

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ACTIVIDAD PROCESAL / COSTAS Y COSTOS

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PLENO JURISDICCIONAL

§ 2656. La condena de costos y costas en contra de las empresas del Estado. El pleno acordó costos conforme al artículo 412 del Código Procesal Civil, salvo que se encuentren sujetas a un régimen excepcional que determine su exención en el pago de dichos conceptos”. (Pleno Jurisdiccional Distrital Laboral 2008, realizado en Arequipa. Tema N.° 4: La condena de costos y costas en contra de las empresas del Estado. Texto completo: ), | unanimidad: “Las empresas del Estado, si están sujetas a la condena de costas y

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 2657. Al considerarse que la persona tenía motivos atendibles para litigar, debe exonerársele del pago de las costas y costos del proceso. 5.9. [Si] bien el artículo 412 del Código Procesal Civil establece la imposición de condena de costas y costos a la parte vencida, también establece su exoneración debidamente motivada, por tanto, dada la naturaleza del presente proceso, y que la parte demandante hizo uso de lo establecido por el artículo 139 inciso 3) de la Constitución Política del Perú, que dispone como principio y derecho de la administración jurisdiccional, la Tutela Jurisdiccional, por la cual se entiende, que toda persona como integrante de la sociedad puede acceder a los órganos jurisdiccionales para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a un proceso que ofrezca las garantías mínimas para su efectiva realización; al considerar que tenía motivos atendibles para litigar, debe exonerársele del pago de las costas y costos del proceso, debiendo reformarse este extremo. (Casación N.° 517-2016-lea, de 06-09-2016, f. j. 5.9. Sala Civil Permanente [EP, 02-052017, Sentencias en Casación N.° 727, p. 91979]. Texto completo: ). § 2658. No se configura la refo rm a tio in p e iu s cuando se integra a la sentencia apelada el pago de costos y costas del proceso. O ctavo. [El] vicio denunciado [...] por el recurrente carece de base cierta, puesto que no se ha afectado el artículo 370 del Código Procesal Civil, el mismo que prescribe que: el Juez superior no puede modificar la resolución impugnada en perjuicio del apelante, salvo que la otra parte también haya apelado o se haya adherido. Sin embargo, puede integrar la resolución apelada en la parte decisoria, si la fundamentación aparece en la parte considerativa, puesto que no se ha resuelto en perjuicio del apelante. N oveno, [Cjonforme con la primera parte del numeral IX del Título Preliminar del Código Procesal Civil, las normas procesales son de orden público, y por ende, de obligatorio cumplimiento; siendo esto así, se debe precisar que conforme el artículo 412 del Código acotado, es obligatorio -por mandato de la ley procesal- el reembolso de costas y costos, por la parte vencida, siendo únicamente sustentable dentro de la sentencia o auto definitivo que resuelva el conflicto, la exoneración del mismo; ergo, la aplicación y ejecución de una disposición legal, accesoria al proceso, no puede configurar la institución de la reformatio in peius , ni considerarse un vicio que afecte al debido proceso; esto es, el reconocimiento de una obligación legal, como consecuencia del resultado del proceso, no puede ser entendido, co m o un ítem no resuelto; es más, en todo caso, la titularidad del presunto vicio, no recae en el recurrente, sino en el Banco vencedor, puesto que la conducta procesal del recurrente, al ser la parte vencida, se limita, únicamente, a pagar las costas y costos, por lo que este vicio deviene en infundado. (Casación N.° 2208-2005-Lima, de 16-07-2007, ff. jj. 8-9. Sala Civil Permanente [EP, 30-05-2008]. Texto completo: ). § 2659. Las costas y costos solo tienen lugar cuando existe una parte vencida, es decir cuando se ha resuelto el conflicto de intereses jurídicos o se ha elim inado una incertidumbre. Séptim o. [Las] costas y costos procesales son consecuencias legales que se imputan a la parte, vencida en un proceso y cuyo contenido se encuentra establecido por los artículos 410° y 411° del Código Procesal Civil, respectivamente. O ctavo. [Una] parte procesal solo puede ser considerada como vencida cuando ha existido un pronunciamiento sobre el fondo de la litis, es decir cuando se ha resuelto el conflicto de intereses jurídicos o se ha eliminado una incertidumbre de igual calidad [...]. N oveno. [Existiendo] una parte vencida en este proceso y no siendo atendibles las razones de exoneración alegadas, la condena en costas y costos se establece por cada instancia, efe conformidad con el segundo párrafo del artículo 412° del Código Adjetivo. (Casación N.° 1781-99-Callao, de 15-11-1999, ff. jj. 7-9. Sala Civil Permanente [EP, 26-12-1999, p. 4405]. Texto completo: ). ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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§ 2660. El pago de las costas y costos del proceso se encuentra a cargo de la parte vencida salvo declaración jud icial expresa y motivada. N oveno. [CJonforme a lo regulado en el artículo 412 del Código Procesal Civil, el reembolso de las costas y costos del proceso no requiere ser demandado y es de cargo de la parte vencida, salvo declaración judicial expresa y motivada de exoneración. Sobre el particular, es menester precisar que cuando la citada norma alude a que el pago de las costas y costos del proceso se encuentra a cargo de la parte vencida salvo declaración judicial expresa y motivada, refiere que además de la exención contemplada en el artículo 413 del citado Código Adjetivo, se regula una exoneración adicional que en este caso solo podrá verificarse, según los alcances del referido artículo 412 del acotado Código, en tanto la Sala Superior fundamente las razones del porqué considera que la parte vencida debe ser exonerada del pago por los referidos conceptos; situación que en efecto se aprecia en el caso de autos pues del considerando décimo sétimo de la sentencia de vista, la Sala Superior ha establecido las razones por las que considera que el pago de tales conceptos no deben ser de cargo de la demandada; por cuyas razones la causal denunciada en este extremo deviene también en desestimable por infundada. (Casación N.° 1000-2014-Lima, de 20-04-2015, f j. 9. Sala Civil Transitoria [EP, 3110-2016, Sentencias en Casación N.° 719, p. 84257]. Texto completo: ). § 2661. Si el recurrente goza del beneficio de auxilio judicial no le corresponde pagar las costas y costos del proceso. Véase la jurisprudencia del artículo 182° del Código Procesal Civil [§ 1661]. (Casación N.° 1572-2013-Arequipa, de 1403-2014, f. j. 9. Sala Civil Transitoria [EP, 30-06-2014, Sentencias en Casación N:° 693, p. 53728], Texto completo: ). § 2662. La sentencia en segunda instancia no puede exonerar del pago de costos y costas al vencido que no solicitó tal exoneración en su escrito de apelación. Cuando en segunda instancia se confirma íntegram ente la sentencia im pugnada, las costas y costos corren íntegram ente por cargo del apelante. Véase la jurisprudencia del artículo 381° del Código Procesal Civil [§ 2458]. (Casación N.° 3791-2009-Lima, de 27-04-2010, ff. jj. 4 y 5. Sala Civil Permanente [EP, 28-02-2011, Sentencias en Casación N.° 637, p. 29586], Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DE LAS CORTES SUPERIORES

§ 2663. Cuando la parte dem andada ha tenido motivos para atendibles para litigar, se le debe eximir del pago de costas y costos. Tercero. [La] parte demandada ha tenido motivos atendibles para litigar por lo que es equitativo que se le exima de la obligación de pagar costas y costos [...]. (Exp. N.° 1030-95, de 26-07-1995, f. j. 3- Sexta Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ). § 2664. La demandante b a tenido motivos atendibles para litigar, por lo que se le debe exonerar del pago de costas y costos. [...] [Con] los documentos legalizados notarialmente y exentos de tacha o impugnación [...] el banco demandado ha probado que cumplió la obligación de emitir la carta de creidito solicitada por la entidad ahora actora [demandante] dentro del plazo señalado por esta, por lo tanto y a tenor de lo prescrito por el artículo 314 del Código Civil, el Banco demandado no debe la indemnización que se le reclama, que la demandante ha tenido motivos atendibles para litigar, por lo que en aplicación de lo prescrito por el primer párrafo del artículo 412 del Código Procesal Civil, se le debe exonerar del pago de costas y costos [.,.]. (Exp. N.° 1477-94, de 14-02-1995. Primera Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ).

Artícufo 413: Exención y exoneración de costas y costos Están exentos de la condena en costas y costos los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, e! Ministerio Público, los órganos constitucional mente autónomos, los gobiernos regionales y locales. Están exoneradas de los gastos del proceso las Universidades Públicas, quienes obtengan Auxilio Judicial y la parte demandante en los procesos de alimentos dentro de los limites establecidos en la ley pudiendo ser condenados al pago de costas y costos. n o m o s & th esis

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ACTIVIDAD PROCESAL / COSTAS Y COSTOS

Art. 413

También está exonerado quien reconoce o se allana a la demanda dentro del plazo para contestarla.(1) NOTA DE ACTUALIZACIÓN (1) Artículo modificado por el artículo 5 de la Ley N.° 26846 (EP, 27-07-1997).

PLENOS JURISDICCIONALES

§ 2665. N ulidad de la sentencia a consecuencia de la exoneración de las costas y costos sin motivación. El Pleno acordó por unanimidad : “Si se exonera los costos y costas sin motivación y el perjudicado impugna en este extremo, se declarará la nulidad de la sentencia”. (Pleno Jurisdiccional Distrital en Materia Civil, realizado en Cusco, el 20-07-2007. Tema N.° 4. Conclusión N.° 1 [Costas y costos]. Texto completo: ). § 2666. Im pugnación de la exoneración de costas y costos sin motivación. El Pleno acordó por “Si se exonera los costos y costas sin motivación, pero no se impugna en este extremo. La sentencia se convalida51. (Pleno Jurisdiccional Distrital en Materia Civil, realizado en Cusco, el 20-072007. Tema N.° 4. Conclusión N.° 2 [Costas y costos]. Texto completo: ). mayoría:

§ 2667. Inexistencia del pronunciam iento en la sentencia respecto a los costos y costas. El Pleno acordó por mayoría: “Si no existe ningún pronunciamiento en la sentencia respecto a los costos y costas: se integre en segunda instancia la sentencia, pronunciándose sobre ellas”. (Pleno Jurisdiccional Distrital en Materia Civil, realizado en Cusco, el 20-07-2007. Tema N.° 4. Conclusión N.° 3 [Costas y costos]. Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 2668. O bligación de fundam entar la exoneración del pago de costas y costos. S ép tim o . [En] el caso de autos, la Sala resuelve exonerar del pago de costas y costos a la parte vencida en el proceso; en consecuencia, en salvaguarda del derecho a la igualdad de las partes y de la legítima defensa, el Colegiado revisor quedaba obligado, por mandato expreso de la Ley Procesal, a motivar, jurídica y fácticamente, las razones que lo llevaron a adoptar su decisión. O ctavo. [La] Sala ha inobservado la disposición procesal que, taxativamente, lo obligaba a sustentar su decisión causándole una afectación al derecho al debido proceso de la parte recurrente, que deberá ser resuelto expidiéndose una nueva sentencia en donde se tenga en cuenta los argumentos expresados por este Supremo Tribunal y por el recurrente, en su recurso de casación. (Casación N.° 3772-00-Lima, de 04-07-2001, ff. jj. 7 y 8. Sala Civil Transitoria [EP, 05-11-2001]. Texto completo: ). § 3169- En aplicación de la analogía, ía transacción extrajudicial tiene calidad de cosa juzgada (inc. 4). Véase la jurisprudencia del artículo 337° del Código Procesal Civil [§ 2211]. (Casación N.° 1801-2007-Cajamarca, de 27-09-2007, £ j. 6. Sala Civil Permanente [EP, 30-01-2008, p. 21429]. Texto completo: ), § 3170. La excepción de cosa juzgada presupone necesariamente la existencia de dos procesos: uno en curso y en el cual se interpone la mencionada excepción y un segundo proceso idéntico en el cual y a se emitió sentencia firme. Requisitos p ara considerar a los procesos como idénticos. Véase la jurisprudencia del inciso 8 del artículo 446° del Código Procesal Civil [§ 3037]. (Casación N.° 2817-2001-Piura, de 01-04-2002, £ j. 4. Sala Civil Permanente [EP, 30-09-2002, p. 9197]. Texto completo: ), JURISPRUDENCIA DE LAS CORTES SUPERIORES

§ 3171. Diferencias entre el derogado Código de Procedimientos Civiles y el actual Código Procesal Civil respecto de la excepción de cosa juzgada. [...] [El] Código de Procedimientos Civiles estable[ció] que en la cosa juzgada las personas que siguieron el juicio anterior sean las mismas que en el actual [proceso], por derecho propio o transmitido legalmente, y el Código Procesal Civil establece en su artículo 453°, Inciso 2, concordante con el penúltimo acápite del artículo 123 del acotado, que una ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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resolución adquiere ía autoridad de cosa juzgada cuando la materia del mismo proceso ya fue resuelta y cuenta con sentencia firme, cuyos efectos alcanzan a las mismas partes y a quienes deriven sus derechos de dichas partes. (Exp. N.° 1084-94, de 31-08-1994. Primera Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ).

Artículo 454: Improcedencia de la excepción como nulidad Los hechos que configuran excepciones no podrán ser alegados como causal de nulidad por el deman­ dado que pudo proponerlas como excepciones.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 3172. El recurrente no puede buscar por la vía indirecta, lo que no supo señalar en el momento oportuno en la vía de excepción, más aún sí su pedido es uno de carácter anulatorio. T ercero. El sustento de cada una de las normas procesales denunciadas consiste en argumentar que la demandante no ha acreditado ser la titular exclusiva del derecho sobre el bien materia del proceso, ni que esta propiedad se encuentre independizada, identificada, determinada y sea singular, careciendo por tanto de legitimidad para obrar. Sobre tales puntos debe indicarse lo que signe: 1. Con respecto a la falta de legitimidad para obrar activa, la falta de interés para obrar y el petitorio física o jurídicamente imposible, se advierte que estos hechos no fueron cuestionados por la vía de excepción, de forma tal que el recurrente no puede buscar por la vía indirecta, lo que no supo señalar en el momento oportuno, más aún si su pedido es uno de carácter anulatorio y el artículo 454 del Código Procesal Civil prescribe que “los hechos que configuran excepciones no podrán ser alegados por causal de nulidad por el demandado que pudo proponerlos como excepciones” [...]. (Casación N.° 1218-2016-Lima Norte, de 14-03-2017, f. j. 3. Sala Civil Permanente [EP, 30-01-2018, Sentencias en Casación N.° 742, p. 104395]. Texto completo: ). § 3173. La vía casatoría no es la vía idónea para resolver la competencia que pudo ser cuestionadas a través de la excepción correspondiente y no se hizo oportunamente. Sexto. [...] [En] principio cabe señalar que [el demandado] tuvo oportunidad de cuestionar la competencia a través de la excepción correspondiente; sin embargo, no lo hizo en su oportunidad, no siendo la vía casatoría la idónea para ventilar tal hecho, por cuanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 454 los hechos que configuran excepciones no pueden ser alegados como causal de nulidad por el demandado que pudo proponerlas como tales. En tal sentido, en las denuncias sub examine tampoco existe infracción alguna, por lo cual deben desestimarse, por la razón antes indicada. (Casación N.° 27742013-Lima, de 04-10-2013, f. j. ó. Sala Civil Transitoria [EP, 30-01-2014, Sentencias en Casación N.° 688, p. 48510]. Texto completo: ). § 3174, No es posible alegar la existencia de convenio arbitral en sede casatoría cuando la invocación de convenio arbitral debió realizarse vía excepción. Octavo. [...] [Las] excepciones forman parte inherente del derecho de contradicción y permiten al demandado denunciar la existencia de defectos en los presupuestos procesales, proponiéndose dentro del plazo establecido en la norma procesal. Así dentro de las excepciones se encuentra el de convenio arbitral contemplado en el Código Procesal Civil en su artículo 446 inciso 13, el que también se halla normado en el artículo 16 del Decreto Legislativo N.° 1071 cuyo texto es el siguiente: 1. Si se interpone una demanda judicial respecto de una materia sometida a arbitraje, esta circunstancia podrá ser invocada como excepción de convenio arbitral aun cuando no se hubiere iniciado el arbitraje (..,), N oveno. Siendo así, y no habiendo el deducido demandado ía correspondiente excepción, resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 454 del Código Procesal Civil, que establece que los hechos que configuran excepciones no podrán ser alegados como causal de nulidad por el demandado que pudo proponerlas como tal, hecho que n o m o s & th e s is

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POSTULACIÓN DEL PROCESO / EXCEPCIONES

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también sería desarrollado por el adquern. (Casación N.° 1291-2011 -Lima, de 15-12-2012, ff. jj. 8 y 9. Sala Civil Permanente [E1J 31-08-2012, Sentencias en Casación N 670, p. 36881]. Texto completo: ). § 3175 - Eí cuestionamiento a la ausencia o insuficiencia de ía representación procesal se realiza vía excepción. Esta cuestión no puede dilucidarse m ediante la nulidad del acto procesal. S egu n do . La institución jurídica adecuada pata denunciar la ausencia (defecto) o la insuficiencia (imperfección) de la representación procesal con la que está actuando alguien a nombre del demandante es la excepción de representación defectuosa o insuficiente del demandante y no la nulidad de acto procesal. [...] Q uinto. [C]uando la resolución de vista declara nulo el auto [...] que declara improcedente la nulidad deducida [...] y nulo todo lo actuado desde eí mandato de ejecución, e improcedente la demanda y por concluido el proceso, se incurre en contravención al debido proceso al admitir un cuestionamiento de la representación procesal que solo cabe hacerse en vía de excepción. (Casación N.° 3855-2001-Junín, de 20-03-2002, ff. jj. 2 y 5. Sala Civil Permanente [EP, 02-01-2003, p. 9878], Texto completo: ). § 3176, No puede alegarse la oscuridad o am bigüedad en el modo de proponer la demanda como causal de nulidad sino file propuesta como excepción en la etapa procesal adecuada. Q uinto. [En] cuanto al primer agravio [referido a la no determinación clara del objeto del petitorio] se tiene que este pudo haber motivado el ejercicio de algún medio técnico de defensa [excepción de oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda], el cual no fue deducido por el recurrente en el estadio procesal pertinente, de allí que no pueda ser invocada como nulidad, en atención a lo previsto en el artículo 454 del Código Procesal Civil. (Casación N.° 033-2000-Lima, de 20-03-2001, £ j. 5. Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria [EP, 02-07-2001, p. 7390]. Texto completo: ).

Artículo 455: Propuesta y trámite de las defensas previas Las defensas previas como el beneficio de inventario, el beneficio de excusión y otras que regulen las normas materiales, se proponen y tramitan como excepciones.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 3177. El derecho de retención solo podrá ser ejercitado vía excepción y no en vía de acción.

D écim o P rim ero. [El] artículo 1127 del Código Civil regula el ejercicio extrajudicial y judicial del derecho de retención de la siguiente manera: “El derecho de retención se ejercita: 1. Extra]udicialmente, rehusando la entrega del bien hasta que no se cumpla la obligación por la cual se invoca; 2. Judicialmente, como excepción que se opone, a la acción destinada a conseguir la entrega del bien. El juez puede autorizar que se sustituya el derecho de retención por una garantía suficiente”. D écim o S e g u n d o . [En] tal sentido, se advierte que el inciso 2 del anotado numeral es claro y preciso en cuanto prevé que judicialmente el derecho de retención solo podrá ser planteado como medio de defensa (excepción) y no vía de acción, conforme han pretendido los demandantes a través de la demanda [...] (Casación N.° 2074-2004-Lambayeque, de 02-12-2005, ff. jj. 11 y 12, Sala Civil Transitoria. Texto completo: ). § 3178. Cuando el accionante exige una prestación nacida de una relación obligacional, en la cual tampoco él ha cumplido con realizar la prestación a su cargo, entonces el demandado puede desbaratar esta pretensión m ediante la excepción de incum plim iento. S egundo. [...] [La] excepción de incumplimiento (exceptio non adimpleti contractas) [...] puede ser ejercitada como defensa previa ya que está vinculada a la ausencia de una de las condiciones de la acción, es decir, ausencia del interés para obrar del demandante, ya que el cumplimiento de la obligación que este exige en su * SUMMA PROCESAL CIVIL

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pretensión debe ser resistida, en tanto, el mismo ha incumplido con la prestación a su cargo y mientras no la satisfaga o garantice su cumplimiento no puede alegar necesidad de tutela jurisdiccional, por consiguiente, no habiéndose formulado dicha defensa en la forma y oportunidad que la ley procesal exige, ha precluido la posibilidad de discutir el mismo cargo en esta sede. (Casación N.° 56-01Lima, de 09-02-2001, f. j. 2. Sala Civil Transitoria [EP, 02-07-2001, p. 7364]. Texto completo: ). § 3179. Análisis de la excepción de incum plim iento contractual en el proceso. D écim o. En el mismo contexto fáctico y normativo, este Supremo Tribunal advierte que la Sala Superior no ha analizado con suficiencia el documento que contiene ai contrato de compraventa materia de resolución a efectos de determinar los alcances de lo pactado por las partes y la implicancia de ello en la pretensión planteada, por cuanto de un lado el demandante alega incumplimiento del contrato por falta de pago y del otro el recurrente sostiene que tuvo motivos para incumplir con su obligación. En efecto, en el escrito de contestación a la demanda el accionado señaló que dejó de pagar el saldo del precio, pues el demandante lo estafó, al venderle un terreno litigioso cuya titularidad se discute judicialmente en el proceso sobre nulidad de acto jurídico [.,.] seguido ante el juzgado Mixto de Matucana, órgano que expidió sentencia que declara fundada la demanda y nula la Asamblea General Extraordinaria en la que aparece la compraventa del inmueble sujeto a materia, siendo el sustento de dicha afirmación la cláusula tercera de la minuta de compraventa [...] en la que el vendedor declara que: “(...) las acciones y derechos materia del presente contrato son de libre disposición y sobre las mismas no pesa hipoteca, embargo, carga o gravamen que limite su derecho de propiedad lo que también fue argumento de su recurso de apelación, en cuanto cuestionó el fallo de primera instancia por no haberse considerado su contestación de la demanda y, en concreto, los motivos por los que incumplió con el pago de las cuotas acordadas. La Sala Superior, a este respecto, menciona en su octavo considerando que: el “carácter litigioso1’ del bien sublitis fue publicitado en la ficha registra! correspondiente [...] desde fecha anterior a la celebración del contrato de compraventa, presumiéndose que el demandado tenía pleno conocimiento de este hecho al celebrar el contrato en aplicación del principio de publicidad recogido en el artículo 2013 del Código Civil, por lo que, si existía alguna presunta situación irregular del predio, debió el interesado realizar las averiguaciones pertinentes y no utilizarlo como justificación para incumplir el pago (...)”, lo que de modo alguno agota el examen de la “excepción de incumplimiento contractual” que recoge el artículo 1426 del Código Civil, y que era imprescindible desarrollar desde que el propio demandante reconoce que el contrato celebrado con su contraparte era uno con prestaciones recíprocas, cuando invoca como fundamentos de derecho lo disciplinado por el artículo 1428 del mismo cuerpo legal. (Casación N.° 185-2015-EimaEste, de 21-03-2016, f. j. 10. Sala Civil Transitoria [EP, 02-05-2017, Sentencias en Casación N.° 727, p. 91742]. Texto completo: ). § 3180. Las defensas previas se proponen y se tram itan como las excepciones. Quien ha sido declarado en rebeldía, no podrá cuestionar la exigíbilidad de la audiencia de conciliación extrajudicial previa. Véase la jurisprudencia del artículo 447° del Código Procesal Civil [§ 3122]. (Casación N.° 2816-2016-lea, de 28-06-2017, ff. jj. 7-9. Sala Civil Transitoria [EP, 03-04-2018, Sentencias en Casación N.° 744, p. 106114]. Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DE LAS CORTES SU P E R IO R E S

§ 3181. Improcedencia de defensa previa. Es procedente una defensa previa cuando no se ha cumplido el tiempo o el acto previsto como antecedente para el ejercicio del derecho de acción, tales como el beneficio de excusión, entre otros. En consecuencia, es improcedente oponer defensa previa bajo el argumento de que el demandante no ba cumplido con indicar su domicilio real en la demanda, tal como lo exige el artículo 424 inciso 4 del Código Procesal Civil. Si se declara fundada la excepción de prescripción en contra de una de las pretensiones, el proceso debe continuar su trámite respecto de las otras pretensiones no cuestionadas por ningún medio de defensa. (Exp. N.° 850-95-N, Res. N.° 6, de 24-07-1996, sumilla. Primera Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Arequipa. Texto completo: ). n o m o s & th e s is

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POSTULACIÓN DEL PROCESO / EXCEPCIONES

Art. 457

§ 3182. Las defensas previas como antecedentes naturales de orden civil. C o n s i d e r a n d o : [...] [Las] defensas previas previstas por los artículos 455 y 456 del Código Procesal Civil constituyen antecedentes naturales de orden civil que deben observarse previamente para el ejercido del derecho de acción [...] (Exp. N.° 936-94, de 14-06-1995. Tercera Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ).

Artículo 456: Efectos del amparo de una defensa previa Declarada fundada una defensa previa tiene como efecto suspender el proceso hasta que se cumpla el tiempo o el acto previsto como antecedente para el ejercicio del derecho de acción.

JURISPRUDENCIA DE LAS CORTES SUPERIORES

§ 3183. La defensa previa es un obstáculo temporal. P rim ero. [La] defensa previa constituye un obstáculo temporal, de orden legal, para la prosecución del proceso y, por tanto, es necesario que exista consecuencia entre una y otro [,..]. (Exp. N.° 809-95, de 23-06-1995, f . ). 1. Segunda Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ). § 3184. No puede ampararse la paralización del proceso a través de una defensa previa apoyada en supuestas omisiones de tipo formal. [SJegún el texto del escrito de [autos], el [demandado] pretende la paralización del proceso a través de una defensa previa que apoya en supuestas omisiones de tipo formal que, de haber sido ciertas, hubieran llevado a la inadmisibilidad de la demanda y que, por tanto, resultan absolutamente extrañas al instituto procesal esgrimido por la citada emplazada [...]. (Exp. N.° 405-94, de 21-09-1994. Primera Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ).

Artículo 457: Costas, costos y multas do las excepciones y defensas previas Las costas, costos y multas del trámite de las excepciones y defensas previas serán de cargo de la parte vencida. Adicionalmente y atendiendo a la manifiesta falta de fundamento, el Juez puede condenarla al pago de una multa no menor de tres ni mayor de cinco Unidades de Referencia Procesal.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 3185. Se condena a una m ulta adicional en el caso de que se interponga una excepción con manifiesta falta de fundamento. Cuarto. El juez de la causa, mediante auto (Resolución N.° 23) [...], declara infundada la excepción de caducidad deducida por el demandado, e impone una multa de tres Unidades de Referencia Procesal; al considerar que los plazos de caducidad establecidos en el artículo 339 del Código Civil, para este caso en concreto no se aplican, porque estamos ante un adulterio continuado, cuyos efectos no han cesado a la fecha de interposición de la demanda. Y advirtiéndose falta de un fundamento cierto para deducir la excepción formulada por el emplazado cónyuge en aplicación de lo dispuesto por el artículo 457 del Código Procesal Civil se ha de imponer una multa a favor del Poder Judicial. (Casación N.° 321-2013-Lima, de 02-12-2013, £ j. 4. Sala Civil Transitoria [EP, 31-03-2014, Sentencias en Casación N.° 690, p. 49965]. Texto completo: ).

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TÍTULO IV REBELDÍA Artículo 458: Presupuesto para la declaración de rebeldía Si transcurrido el plazo para contestar la demanda, el demandado a quien se le ha notificado válida­ mente esta no lo hace, se le declarará rebelde. También será declarado rebelde el litigante que notificado con la conclusión del patrocinio de su Abo­ gado o la renuncia de su apoderado, no comparece dentro del plazo fijado en el artículo 79.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 3186. La declaración de rebeldía es una norm a procesal de carácter imperativo y su inobservancia acarrea la nulidad. Q uinto. [R] especto a la falta de declaración de rebeldía de la codemandada AVM, dicha omisión no es convalidabie pues [...] las normas procesales son de carácter imperativo y su inobservancia acarrea la nulidad. (Casación N.° 1137-2001-Lima, de 14-11-2001, f. j. 5. Sala Civil Permanente [EP, 02-01-2003, p. 9875]. Texto completo: ). § 3187. La declaración de rebeldía no requiere de la petición de la parte contraria, el juez debe declararlo de oficio, conforme al principio de dirección e impulso del proceso. 8. [Es] preciso indicar que la doctrina nacional más autorizada señala lo siguiente: “La declaración de rebeldía no requiere de la petición de la parte contraria; el juez debe declararlo de oficio en aras de impulsar el proceso por sí mismo, a fin de evitar la demora de este [...] La rebeldía se justifica en la necesidad de evitar que el proceso, a consecuencia de la inactividad de una de las partes, quede detenido y se frustre la tutela jurisdiccional del Estado. Para que opere esta declaración de rebeldía se requiere que existan los siguientes presupuestos: a) una oportuna y válida citación; b) la inactividad a la realización del acto requerido; y c) la declaración de oficio” [Ledesma]. ^. Habiéndose determinado que la correspondiente declaración de rebeldía de los demandados podría ser solicitada por la parte accionante; no obstante ello, se trata de un deber procesal del juzgador, el cual debe ser ejercido conforme al principio de dirección e impulso del proceso, cuya omisión no puede ser imputable a la demandante. (Casación N.° 2594-2014-Arequipa, de 22-07-2015, ff. jj. 8 y 9. Sala Civil Permanente [EP, 31-08-2016, Sentencias en Casación N.° 717, p. 82204]. Texto completo: ). § 3188. No puede declararse el abandono del proceso si el Juez tenía pendiente declarar la rebeldía de uno de los codemandados. Cuarto. [La] Sala de mérito arriba a la conclusión que el actor no había realizado ninguna actuación procesal que impulse el trámite del proceso, por más de cuatro meses, por lo que habría operado el abandono; empero, no ha tomado en cuenta que estaba pendiente de resolverse la situación del codemandado [don] ORPY, a quien le había notificado el auto admisorio de la demanda [...] y a la fecha en que se declaró el abandono del proceso [...] ya se había vencido el plazo para contestar la demanda; por tanto se encontraba pendiente que el Juez declarara su situación de rebeldía, de conformidad con el artículo 458 del Código Procesal Civil que contiene una norma de carácter imperativo. Sobre el tema Marianella Ledesma señala: “La declaración de rebeldía no requiere de la petición de la parte contraría, el juez debe declararlo de oficio en aras de impulsar el proceso por sí mismo a fin de evitar la demora de este Asimismo, estaba pendiente de resolver el apersonamiento de la empresa D, a raíz que se le había notificado, en su propiedad el auto admisorio dirigido al nombrado codemandado ORPY siendo ello así, no opera el abandono como erradamente lo establecieron las instancias de mérito, infringiendo con ello los artículos I I del Título Preliminar, 50 y 350 inciso 5o del Código Procesal Civil. (Casación N.° 2372-2016-Tacna, de 07-12-2017, f. j. 4. Sala Civil Permanente [EP, 03-07-2018, Sentencias en Casación N.° 750, p. 111068], Texto completo: ). n o m o s & th e s is

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POSTULACIÓN DEL PROCESO ¡ REBELDÍA

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§ 3189. El cómputo del plazo para contestar la demanda solo puede configurarse desde el momento en el que el demandado es notificado válidamente con esta. La rebeldía declarada por un mal cómputo del plazo para contestar la demanda, constituye una violación al derecho de defensa. Séptim o. De la revisión de autos [...] obra la Resolución N.° 1 [...] mediante la cual se admite a trámite la demanda interpuesta [...] sobre obligación de hacer- otorgamiento de escritura pública, disponiéndose se corra traslado a los demandados por el plazo de diez días, con el escrito de demanda y anexos. Dicha resolución les fue notificada a los demandados el 29 de octubre de 2014 [...]. Octavo. Asimismo, mediante Resolución N.° 2 [...] se corrige la Resolución N.° 1 en el extremo que concede el plazo de diez días para absolver la demanda, siendo lo correcto el plazo de cinco días. La notificación de la resolución antes referida a ios demandados, se realizó el 28 de octubre de 2014 [...]. N oveno. El juez de primera instancia emitió la Resolución N.° 4 [...] declarando rebeldes a los demandados por considerar que su contestación de demanda fue presentada de manera extemporánea, el 6 de noviembre de 2014, computando el plazo de absolución desde la fecha de la notificación con la Resolución N.° 2. La Sala Civil Permanente de la Corte Superior de Justicia de Junín, mediante Resolución N,° 25[...] confirmó el extremo apelado, bajo los mismos argumentos que señaló el juez de instancia, coligiendo que no se ha vulnerado el debido proceso, en tanto los demandados tuvieron la oportunidad de defenderse durante la tramitación del presente proceso. D écim o. Sin embargo, este Tribunal Supremo considera que en el caso de autos se ba vulnerado el derecho de defensa y por ende el derecho al debido proceso de los demandados, al habérseles declarado rebeldes como consecuencia de un cómputo erróneo del plazo de absolución por parte del juzgador; ello en virtud a que si bien la Resolución N.° 2, que corrige la Resolución N.° 1, les fue notificada a ios recurrentes el día 28 de octubre de 2014, lo cierto es que el escrito de demanda y anexos fueron recién notificados mediante la Resolución N.° 1, el día 29 de octubre de 2014, y lógicamente, es a partir de esta en que se hace efectivo el derecho de los demandados de contradecir la demanda y ofrecer los medios probatorios que consideren pertinentes. Por tanto, el plazo de absolución de demanda debió computarse desde el 29 de octubre de 2014, lo que lleva a concluir que la contestación de demanda presentada el ó de noviembre de 2014 se encontraba dentro del plazo, considerando el término de la distancia (Casación N.° 2144-2016-Junín, de 23-03-2017, ff. jj. 7-10. Sala Civil Permanente. Texto completo: ). § 3190. La recurrente no puede en sede casatoria invocar su propia negligencia para solicitar la nulidad de los actuados, que consintió en el efecto propio de no contestar la demanda. Cuarto. [En] esa perspectiva, se observa que la recurrente denuncia que no se Kan valorado “todas las pruebas que obran en eí expediente”; es decir, su pedido se centra en que se valore nuevamente la partida de bautismo, declaraciones ante el Juez de Paz [...], el Acta de Nacimiento, fotografías y declaraciones testimoniales, no cuestionando la subsunción realizada en el silogismo judicial ni el control lógico probatorio. Ello es inaceptable, como se ba dicho, pues el recurso impugnatorio no puede ser una exposición de hechos “como si fuera un recurso de nulidad”, esto es, no puede constituir en una enumeración de hechos y pruebas, con olvido del carácter propio de la casación, cuyos fines son la uniformización de k jurisprudencia y la correcta aplicación del derecho objetivo [...]. [...] N oveno. [...] [Se] observa de la lectura del expediente que eí escrito de contestación de demanda fue rechazado mediante Resolución N.° 8 [...] habiéndose mediante Resolución N.° 9 [...] declarado rebeldes a los demandados; esta resolución fue apelada, declarándose nula [...]; sin embargo mediante Resolución N,° 17 [. .] se volvió a rechazar la contestación de demanda, al no subsanar la observación realizada, resolución que quedó consentida [...] Posteriormente, [...] el juzgado señaló que se convalidaba “los extremos de la Resolución N.° 9 [...] que declara rebeldes a [los demandados]”. Esta resolución nuevamente no fue impugnada. Por consiguiente, la recurrente no puede en sede casatoria invocar su propia negligencia para solicitar la nulidad de actos que consintió, siendo que además estos carecen de trascendencia dado que no van a influir en el sentido del proceso, pues el efecto propio de no contestar la demanda es la rebeldía de los demandados, en mérito a la propia disposición legal (artículo 458 del Código Procesal Civil). (Casación N.° 4980-2012-Apurímac, de 13-06-2013, ff. jj, 4 y 9. Sala Civil Permanente [EP, 30-05-2014, Sentencias en Casación N.° 692, p. 51593]. Texto completo: ). * SUMMA PROCESAL CIVIL

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§ 3191. No puede imputársele la falta de declaración de oficio de la rebeldía al juez, ya que este es un acto procesal que también corresponde ser impulsado por la parte interesada. Sexto. [El] artículo 458 del Código Procesal Civil dispone que, si transcurrido el plazo para contestar la demanda, el demandado no lo hace, se le declarará rebelde; como puede advertirse, dicha norma no establece expresamente que el Juez deba declarar la rebeldía de oficio, sino que se limita a señalar un presupuesto para la declaración de rebeldía, como es la falta de contestación de la demanda. La verificación del estado del proceso para la declaración de rebeldía no puede ser imputada únicamente al Juez, sino que corresponde ser incoado también a la parte interesada, a cuyo mérito e interés se fia iniciado y viene tramitando la causa para dar solución a sus pretensiones; en consecuencia, junto al deber de impulso oficial corre el deber de impulso a instancia de las partes y -particularmente en este últim o- la carga procesal del demandante de impulsar la evolución del proceso a través de sus diversas y sucesivas etapas; y siendo, esto así, no corresponde aplicar lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 350 del Código Procesal citado, desde que el a (¡no no le puede ser imputada la falta de expedición de la resolución que declare la rebeldía, pues correspondía a la parte interesada coadyuvar en la preclusíón de las etapas procesales. (Casación N.° 1066-2007-Arequipa, de 29-10-2007, £ j. 6. Sala Civil Transitoria [EP, 0312-2008], Texto completo: ).

§ 3192. Si el juez no declara la rebeldía de oficio es obligación del recurrente de impulsar el proceso y solicitar la declaración de rebeldía del demandado. Cuarto. [...] [En] el artículo 458 del Código [Procesal Civil] no se menciona que el Juez de oficio declara la rebeldía. Q uinto. [Por] ello el recurrente estaba obligado a impulsar el proceso solicitando se declare la rebeldía del demandado, por lo que no es aplicable en este caso el inciso 5 de artículo 350 del Código Adjetivo. Sexto. [Como] el proceso estuvo paralizado por más de cuatro meses, sin que se haya impulsado por el recurrente, se había producido el abandono de conformidad con el artículo 346 del Código Procesal Civil. (Casación N.° 2ó24-2000-Lima, de 18-01-2001, ff. jj. 4-6. Sala Civil Transitoria [EP, 30-04-2001, p, 7203]. Texto completo: ).

§ 3193. No proceden los pedidos de declarar rebelde al demandado si este ba cumplido con contestar la demanda a través de un procurador público. Séptim o. [...] [D]ebe señalarse que resulta impertinente la invocación del artículo 460 del Código Procesal Civil por cuanto el [demandado] a través del Procurador Público [...] fia cumplido con contestar la demanda, por lo que no procede declararlo como rebelde en este proceso. (Casación N.° 656-2009-Madre de Dios, de 18-08-2009, f. j. 7- Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 31-05-2010, Sentencias en Casación N.° 626, 27639]. Texto completo; ). JURISPRUDENCIA DE LAS CORTES SUPERIORES

§ 3194. No puede declararse la rebeldía si no se ba cumplido con agotar todos los medios posibles para notificar válidamente al demandado. Q uinto. [Tal] como lo prescribe expresamente el artículo 165 del Código adjetivo acotado, concordante con el artículo 435 del propio código, cuando se trata del emplazamiento a persona cuyo domicilio se ignora, la notificación correspondiente debe efectuarse por edictos, bajo apercibimiento de nómbrese curador procesal, caso en el cual la parte, debe manifestar bajo juramento o promesa que fia agotado las gestiones destinadas a conocer el domicilio de la persona a quien se va a notificar; si la afirmación se prueba falsa o se acredita que el domicilio en cuestión pudo conocerse empleando la diligencia normal, se anulará todo lo actuado. [...] Séptim o. [En] estas circunstancias, la rebeldía declarada en cuanto al codemandado VD, no surte efecto desde que este, como se ha expresado, no ha sido notificado válidamente, no tiene dirección domiciliaría, debe también notificarse por edictos, de igual modo, debe notificársele también la resolución que declara saneado el proceso, la citación para sentencia, la sentencia misma y la que requiera su cumplimiento, lo que en el caso de autos tampoco se ha hecho. (Exp. N.° 981-95, de 06-11-1995, ff. jj. 5 y 7. Cuarta Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ).

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POSTULACIÓN DEL PROCESO / REBELDÍA

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Artículo 459: Notificación de la rebeldía La declaración de rebeldía se notificará por cédula si el rebelde tiene dirección domiciliaria. En caso contrario, se hará por edictos. De la misma manera se le notificarán las siguientes resoluciones: la que declara saneado el proceso, las que citen a audiencia, la citación para sentencia, la sentencia misma y la que requiera su cumplimiento. Las otras resoluciones se tendrán por notificadas el mismo día que lo fueron a la otra parte.

J URISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 3195. La declaración de rebeldía se puede notificar por cédula o por edictos. El juzgado no puede señalar fecha para la audiencia sin haber notificado antes la declaración de rebeldía. Q uinto. [S]egún lo dispone el artículo 459 del Código Procesal Civil, la declaración de rebeldía se le notificará ai rebelde por cédula o por edictos, según corresponda, de igual manera se le notificará la resolución de saneamiento y las que citen a audiencia, por consiguiente, el juzgado no podía señalar fecha para audiencia sin notificar previamente la declaración de rebeldía [...]. (Casación N.° 968-2006-Lambayeque, de 29-03-2007, £ j. 5. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 01-10-2007, p. 20466].Texto completo: ). § 3196. La declaración de rebeldía no im pide que se le notifique al rebelde la resolución de la sentencia. O ctavo. [...] [El] artículo 459 del [...] Código Procesal Civil, que dispone que la declaración de rebeldía se notificará por cédula si el rebelde tiene dirección domiciliaria, en caso contrario, se hará por edictos; de la misma manera, se le notificarán las siguientes resoluciones: la que declara saneado el proceso, las que citan a audiencia, la citación para sentencia, la sentencia misma y la que requiera su cumplimiento [...] [de lo contrario] se contraviene el derecho al debido proceso que tiene todo justiciable. (Casación N.° 2393-2001-La libertad, de 11-09-2002, f. j. 8. Sala Civil Permanente [EP, 02-01-2003]. Texto completo: ). § 3197. La declaración de rebeldía y la notificación de la resolución que la declara, solo resulta aplicable en el proceso de cognición, pero no en eí proceso de ejecución. Sétim o. [En] cuanto a la denuncia de contravención del artículo 459 del Código Procesal Civil, sobre declaración de rebeldía y la notificación de la resolución que la declara, cabe precisar que esta norma resulta aplicable en el proceso de cognición que prevé la contestación de la demanda, pero tratándose de un proceso de ejecución de garantías en el que se despacha ejecución no resulta de aplicación la declaración de rebeldía, toda vez que en este caso existe la figura de la contradicción, y si esta no se formula dentro del plazo o no se cancela la obligación, el Juez de inmediato, sin trámite previo, ordena el remate de los bienes dados en garantía, tai como lo establece el artículo 723 del Código Procesal Civil. (Casación N.° 753-01-Ica, de 27-12-2002, f. j. 7. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 02-12-2003, p. 11238]. Texto completo: ). § 3198. Eí artículo 459 del CPC es aplicable, cuando la parte demandada no se hubiera apersonado al proceso ni contestado la demanda, es decir, carece de domicilio procesal conocido. Q uinto. [La] empresa demandada denuncia: [...] c) [...] [Los] jueces superiores no señalan cuál es el amparo legal que determina que se le deniegue el primer argumento de su escrito de apelación, consistente en la falta de notificación de la declaración de rebeldía, toda vez que la empresa recurrente no tuvo conocimiento de ello, ni se le notificó con arreglo a lo establecido en el artículo 459 del Código Procesal Civil, que dispone la notificación al rebelde, en la dirección domiciliaria y no en el domicilio procesal, dado el carácter personal [...]. [...] U ndécim o. [R] especio a la causal señalada en el literal c), tampoco resulta de recibo, toda vez que el supuesto señalado en el artículo 459 del Código Procesal Civil es aplicable, cuando la parre demandada no se hubiera apersonado al proceso ni contestado la demanda respectiva; es decir, carece de domicilio procesal conocido, que no es el caso de autos, en tanto la empresa recurrente se apersonó a la instancia contestando la demanda mediante escrito de fecha 12 ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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de diciembre de 2011 [...], consignando su domicilio procesal; sin embargo, al no haber subsanado lo ordenado por las resoluciones números tres [...] y cuatro [...], mediante las cuales se le otorgó el plazo de tres días para que cumpla con adjuntar el arancel judicial por concepto de ofrecimiento de pruebas, se le declaró rebelde [...]; en ese sentido, la empresa demandada sí fue debidamente notificada por el órgano jurisdiccional, con las resoluciones cuestionadas, del 28 de octubre de 2011 que admite la demanda [...], y del 2 de julio de 2011 que la declara en situación de rebeldía [...], al domicilio procesal consignado en su escrito de contestación; por tal razón, no se advierte la citada vulneración al debido proceso, mucho menos al derecho de defensa invocados por la empresa demandada, (Casación N.° 637-2014-Lima, de 05-05-2014, ff. jj. 5 y 11. Sala Civil Permanente [EP, 30-10-2014, Sentencia en Casación N.° 697, p. 57544], Texto completo: ).

Artículo 460: Proceso y rebeldía Declarada la rebeldía, el Juez se pronunciará sobre el saneamiento deS proceso. Si lo declara saneado, procederá a expedir sentencia, salvo las excepciones previstas en el artículo 461.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 3199. Luego de declarada la rebeldía del demandado y declarado saneado el proceso, el juez debe em itir sentencia. Si el juez omite expedir sentencia y en su lugar im pulsa otros actos procesales, deberá motivar adecuadamente la razón de su decisión. Sexto. [El] artículo 460° del Código Procesal Civil establece que declarada ¡a rebeldía, eí juez se pronunciará sobre el saneamiento del proceso. Si lo declara saneado, procederá a expedir sentencia, salvo las excepciones previstas en el artículo 461°. En tal sentido, tal como se ha referido anteriormente, de lo actuado en el proceso se advierte que el juez de la causa, mediante resolución de fojas 17, su fecha 27 de octubre del 2004, declaró la rebeldía de los demandados (ahora recurrentes); posteriormente, mediante resolución de fecha 12 de enero del 2005, obrante a fojas 47, declaró saneado el proceso, por lo cual de conformidad con la norma glosada, correspondía que a continuación emitiera la respectiva sentencia. No obstante, tal como se aprecia de la lectura del Acta de Audiencia de Saneamiento Procesal y Conciliación, de fojas 47 y siguientes, el a quo se avocó a fijar los puntos controvertidos y a continuación al saneamiento probatorio. S éptim o. [Si] bien es cierto, la parte final del glosado artículo 460° del Código Procesal Civil, autoriza al juez a omitir la formalidad precisada, es decir, lo autoriza a no expedir sentencia inmediatamente después de la declaración de saneamiento; en tal supuesto el juez está obligado a motivar su proceder, invocando alguno de los presupuestos regulados en el artículo 461° del Código Procesal Civil. Sin embargo, del examen de los autos se advierte que el a q u o no ha cumplido con tal exigencia; es decir, no ha cumplido con motivar la razón de su proceder, lo cual importarla la nulidad de todo lo actuado en autos a partir de la resolución de saneamiento del proceso. No obstante, esto último atentaría contra ei principio de economía procesal, consagrado en el artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Civil, por lo cual, este Supremo Colegiado estima que, en vía de renovación de los actos viciados, es necesario que el juez de la causa, luego de motivar debidamente la razón por la cual ha determinado actuar en la forma que lo hizo -omitiendo la formalidad establecida en el artículo 460° del Código Procesal Civil-, proceda a emitir sentencia, debiendo quedar en vigor la Audiencia de fojas 47, así como la Audiencia de Pruebas de fojas 56. Además, si su prudente arbitrio considera pertinente deberá valorar el Dictamen Pericial [...] emitido por la perito nombrada en autos, (Casación N.° 4300-2007-Puno, de 10-11-2008, ff- jj- 6 y 7. Sala Civil Transitoria [EP, 02-12-2009, p. 26369]. Texto completo: ). § 3200. Una vez declarada la rebeldía y saneado el proceso, el juez puede optar por un juzgam iento anticipado del proceso, salvo las excepciones previstas en el artículo 461 CPC. Tercero. [...] [C] onsentída o ejecutoriada la resolución que declara la existencia de una relación judicial procesal válida, precluye toda petición referida directa o indirectamente, a la validez de la relación

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citada. C uarto. [En] consecuencia, la sentencia de vista no podía declarar nulo todo lo actuado e inadmisible la demanda, cuando las partes habían convenido en que existía una relación procesal válida, por lo que al hacerlo ha infringido lo dispuesto en el artículo 466 del Código Adjetivo [...]. (Casación N.° 166-95-Lima, de 20-03-2001, ff jj. 3 y 4. Sala Civil [EP, 19-10-1996, p. 2349]. Texto completo: ). § 3201 ♦El M inisterio Público interviene en el proceso de prescripción adquisitiva para cautelar el derecho de los rebeldes. 3. [La] intervención del Ministerio Público en el proceso de prescripción adquisitiva se hace para cautelar el derecho de los rebeldes o de aquellos cuya citación se efectúa a través de publicaciones [...] 4. [...] [La] falta de apelación del auto de saneamiento expedido en la audiencia [...] precluye la posibilidad de cuestionar la validez de la relación procesal [...]. (Casación N.° 381-96-Piura, de 26-07-1996, ff. jj. 3 y 4. Sala Civil [EP, 25-11-1996, p. 2427]. Texto completo: ).

Artículo 461: Efecto dé la declaración de rebeldía La declaración de rebeldía causa presunción legal relativa sobre la verdad de los hechos expuestos en la demanda, salvo que: 1. Habiendo varios emplazados, alguno contesta la demanda; 2. La pretensión se sustente en un derecho indisponible; 3. Requiriendo la ley que la pretensión demandada se pruebe con documento, este no fue acompañado a la demanda; o 4. El Juez declare, en resolución motivada, que no le producen convicción.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 3202. La declaración de rebeldía no supone que deba ampararse la demanda, pues el juzgador aún debe hacer un análisis de las pruebas para formarse una convicción total. Noveno. [S]obre la declaración de rebeldía debe señalarse que ella tan solo causa presunción relativa de verdad [de los hechos expuestos en la demanda], pero que no necesariamente debe suponer eí amparo de la demanda, como puede entenderse además del artículo 461 inciso 4o del Código Procesal Civil, pues son los juzgadores quienes, de acuerdo a su apreciación conjunta de la prueba en atención a lo dispuesto por el artículo 197 del Código Formal, se deben formar convicción de la veracidad de los hechos que sustentan la demanda y de no considerarlos acreditados deben desestimar la misma de acuerdo a lo que anota el artículo 200 del Código Procesal Civil [...]. (Casación N.° 2007-2003Ica, de 03-11-2004, f. j. 9. Sala Civil Permanente [EP, 28-02-2005, p. 13579]- Texto completo: ). § 3203. La declaración de rebeldía solo causa presunción relativa de verdad, por lo tanto la decisión debe tener fundamento en la valoración de todos los medios probatorios admitidos en el proceso. D écim o p rim ero. En atención a lo antes señalado tenemos que la Sala de Revisión cuando señala que: i) La demandada no ha informado oportunamente la existencia de otros herederos como la conviviente y el otro hijo del causante FCG; y, ii) La apelante al invocar su estado de rebeldía procesal, no indica de qué forma debió proceder el Juez; constituye una motivación que resulta insuficiente puesto que la misma no ha tenido en consideración que si bien se ha declarado rebelde a la demandada, dicha presunción legal sobre la verdad de los hechos es relativa, más aun cuando —la propia Sala Superior —de conformidad al artículo 374 del Código Procesal Civil ha admitido pruebas en apelación que de alguna forma podrían incidir en la presente, siendo necesarios valorarlos y en resguardo del artículo I del Título Preliminar de la norma adjetiva de tutela jurisdiccional efectiva y para un mejor pronunciamiento —de ser necesario- hacer suyas las providencia del artículo 320 del Código Procesal Civil; siendo evidente ♦ SUMMA PROCESAL CÍVÍL

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así la violación del Principio Constitucional de Motivación Escrita de las Resoluciones Judiciales. (Casación N.° 1370-2016-Lima Sur, de 13-09-2017, f. j. 11. Sala Civil Transitoria [EP, 02-05-2018, Sentencias en Casación N.° 746, p. 107893]. Texto completo: ). § 3204. L a presunción relativa es iu ris tantu m y por lo tanto admite prueba en contrario. Si el juez emite resolución declarando la presunción legal relativa y se acoge a la figura del juzgamiento anticipado del proceso, al emitir sentencia no puede ignorar lo decidido en la mencionada resolución. S egundo. [La] declaración de rebeldía causa presunción legal relativa sobre la verdad de los hechos expuestos en la demanda, salvo que el Juez en resolución motivada adopte otro criterio, como exige el inciso 4 del artículo 461 del Código Adjetivo, de donde resulta: a) que la presunción legal es una consecuencia de la declaración de rebeldía, que no requiere de resolución expresa y que corresponde apreciar en sentencia; b) que la presunción relativa es "juris ta n tu m '’, esto es, sujeta a probanza y por tanto no exime al juzgador de examinar la prueba y de verificar los fundamentos de la pretensión, y c) que si el Juez opta por expedir resolución declarando la presunción legal relativa y dispone el juzgamiento anticipado del proceso, aplicando el inciso 2 del artículo 473 del mismo Código, al momento de pronunciar sentencia, no puede ignorar ni prescindir de su anterior resolución, de tal manera que si después de analizado el proceso para emitir sentencia, obtiene una conclusión distinta a la presunción establecida, necesariamente debe referirse a ella. (Casación N.° 1868-98-Cailao, de 12-04-1999, f. j. 2. Sala Civil Transitoria [EP, 22-07-1999, p. 3093]. Texto completo: ). § 3205- La presunción relativa es sobre los hechos expuestos en la demanda y no sobre los hechos expuestos en la contradicción. Q uinto. [En] cuanto a la denuncia II), respecto a que la impugnada ha convalidado la declaración de rebeldía de la Resolución N.° 3, debe señalarse que ello no acarrea la nulidad de lo actuado, sí se tiene en cuenta que el artículo 461 del Código Procesal Civil establece como efecto de la declaración de rebeldía, la presunción relativa sobre los hechos expuestos en la demanda, no así sobre los hechos expuestos en la contradicción, ya que estos resultan la respuesta a los hechos afirmados en la demanda; asimismo cabe señalar que si bien el Colegiado Superior ha establecido que el estado de cuenta del saldo deudor tiene su fuente en el pagaré ello se debe a que para la procedencia de la acción de ejecución de garantía solo se requiere la existencia de una deuda exigible garantizada por el documento que contiene la garantía. (Casación N.° 338-2007-Cusco, de 05-062007, f. j. 5. Sala Civil Permanente [EP, 03- 01-2008, p. 21394], Texto completo: ). § 3206. La presunción que nace con la declaración de rebeldía, es iu ris ta n tu m , y por lo tanto admite prueba en contrario. Sexto. [...] [La] presunción contenida en el artículo 461 del Código Procesal Civil, respecto a la veracidad de los hechos expuestos en la demanda una vez declarada la rebeldía de los demandados, es “iuris tantum”, esto es, sujeta a probanza y, por tanto, no exime al juzgador de examinar la prueba y de verificar los fundamentos de la pretensión [...], (Casación N.° 683-2008-Apurímac, de 28-04-2008, f. j, 6. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 03-09-2008, p. 22827]. Texto completo: ). § 3207. La presunción relativa se desvirtúa con la presentación de medios probatorios que acredítenlo contrario a lo presumido. Sétim o. [R]especto al segundo punto expresado en la sentencia de vista, referido a que la condición de rebeldía de los codemandados no genera la presunción absoluta sino relativa de los hechos expuestos en la demanda; debe tenerse en cuenta que ello se desprende de lo dispuesto en el artículo 461 del Código Procesal Civil, no obstante, resulta menester precisar que la presunción relativa se desvirtúa con la presentación de medios probatorios que acrediten lo contrario a lo presumido, no habiendo precisado la Sala Superior cuales serían dichos medios probatorios en sentido contrario a la presunción establecida en el citado artículo 461 del Código Adjetivo, lo cual ta m b ién se califica c o m o motivación insuficiente. (Casación N.° 4587-2013-Lima Norte, de 13-012015, f j. 7. Sala Civil Permanente [EP, 01-06-2015, Sentencias en Casación N.° 704, p. 64042], Texto completo: ). § 3208. La presunción legal relativa sobre la verdad de los hechos no prevalece frente a la convicción formada por el juzgador al m erituar las pruebas insertadas al proceso. Tercero, n o m o s & th e s ís

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[...] La presunción relativa de la declaración de rebeldía [sobre la verdad de los hechos expuestos en la demanda] no prevalece frente al juicio de hecho establecido en la instancia [...]. (Casación N.° 2765-2008-Ancash, de 11-08-2008, f. j. 3. Sala Civil Permanente [EP, 02-12-2008, p. 23464]. Texto completo: ). § 3209. La presunción legal relativa no puede ir más allá de lo reconocido por el demandante.

Q uinto. [Si] bien el artículo 461 del Código Procesal Civil, la declaración de rebeldía causa presunción legal relativa sobre la verdad de los hechos expuestos en la demanda, [...] la presunción legal no puede ír más allá de lo reconocido por el demandante. (Casación N.° 2260-2002-Loreto, de 03-12-2002, £ j. 5. Sala Civil Transitoria [EP, 28-02-2003, p. 10181]. Texto completo: ). § 3210. La declaración de rebeldía no producirá presunción legal relativa si la pretensión se sustenta en un derecho indisponible. 3. [S]iendo la pretensión de alimentos indisponible en los términos del inciso 2 del artículo 461 del citado Código Procesal y 487 del Código sustantivo no es de aplicación la presunción legal relativa de la veracidad de los hechos afirmados en la demanda que origina la declaración de rebeldía [...]. (Casación N.° 547-2000-La Libertad, de 25-04-2000, £ j. 3. Sala Civil Permanente [EP, 03-08-2000, p. 5709]. Texto completo: ). § 3211. Excepciones a la presunción legal relativa sobre la verdad de los hechos. Sexto. [...] [Debe] tenerse en cuenta que la declaración de rebeldía origina la presunción legal relativa sobre la verdad de los hechos expuestos en la demanda conforme ai artículo 461 del Código Procesal Civil, no obstante, ello admite excepciones, entre ellas, que el juez declare, en resolución motivada, que no le producen convicción, como ha sucedido en el caso de autos; y, contrariamente a lo sostenido en el recurso, se aprecia que dicha sentencia resuelve los puntos controvertidos, concluyendo que el demandante no ha probado su pretensión [...], (Casación N.° 4105-2014-Moquegua, de 20-11-2014, £ j. 6 Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 30-04-2015, Sentencias en Casación N.° 703, p. 62592], Texto completo: ). § 3212. El declarado rebelde en el proceso no está impedido de interponer recursos im pugnatorios. Q uinto. [...] [N]uestro ordenamiento procesal no prohíbe, en modo alguno, que la parte declarada en rebeldía pueda interponer recursos impugnatorios, no siendo necesario que [su representante] ostente poder especial [...]. (Casación N.° 3780-2006-junín, de 01-12-2008, f. j. 5. Sala Civil Transitoria [EP, 01-12-2008, p. 23322]. Texto completo: ). § 3213. La declaración de rebeldía no im pide que el juez fije los puntos controvertidos afirmados en la dem anda con el objetivo que las pruebas giren en torno a dichos extremos. Q uinto . [En] la audiencia de saneamiento y conciliación [...] la Juez de la causa, una vez propiciado el avenimiento de las partes y luego de que el demandado no acepta la fórmula conciliatoria, concluyó que al haberse declarado la rebeldía del indicado demandado no existen puntos controvertidos que precisar; lo cual en puridad y literalmente es cierto, por cnanto, en virtud del efecto de la declaración de rebeldía, esta causa una presunción legal relativa sobre la verdad de los hechos expuestos en la demanda, por lo que tales hechos no habiendo sido negados o contradichos por el demandado en forma oportuna, no existirían en estricto afirmaciones encontradas. Sexto. [No] obstante, ello no implica que el Juzgador ampare por sí lo expuesto en la demanda, toda vez que la prueba que se acompañe, pude no ser idónea para declararla fundada o no promueva suficientemente convicción para ampararla, siendo así, y con el objeto de que el demandado pueda oponerse a la admisión de las pruebas o que este estime que la pretensión es un derecho indisponible, se exige que el Juzgador, a fin de no causar agravios innecesarios, no renuncie a precisar, por lo menos, los hechos o puntos principales afirmados en la demanda, con el objeto de que la prueba gire sobre tales extremos, y por ende, no se afecte la defensa de la paites. (Casación N.° 83-98-Lima, de 18-11-1998, ff. jj. 5 y 6. Sala Civil Permanente [EP, 03-01-1999, p. 2345] Texto completo: ). § 3214. La presunción legal relativa no exime a la parte demandante de la obligación de probar su pretensión. Cuarto. [.,.] [El] artículo 461 del Código Procesal Civil establece que la * SUMMA PROCESAL CIVIL

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consecuencia, de la declaración de rebeldía es causar la presunción legal relativa sobre la verdad de los hechos [expuestos en la demanda]; empero, no exime a la parte demandante de la obligación de probar su pretensión [...]. (Casación N.° 4489-2007-Arequipa, de 16-10-2007, f. j, 4. Sala Civil Permanente [EP, 31-01-2008, p. 21500]. Texto completo: ). § 3215. L a aplicación de la presunción legal relativa referida a la veracidad de los hechos, no excluye el análisis de las pruebas actuadas en el proceso. C uarto. [...] [La] demandada al no haber cumplido con contestar la demanda fue declarada rebelde, aplicándosele a su parte la presunción relativa sobre la verdad de los hechos expuestos en la demanda de naturaleza y « r á ta n tu m a tenor de lo dispuesto en el artículo 461 del Código Procesal Civil, sujeta a la valoración del juzgador en cuanto a las pruebas presentadas por la parte no rebelde y a las actuadas en el proceso [...]. (Casación N.° 53962006-Lima Norte, de 07-11-2007, f. j. 4. Sala Civil Transitoria [EP, 01-12-2008, p. 23323]. Texto completo: ). § 3216. No se aplica la presunción legal sobre la verdad de los hechos si no se acredita con medios probatorios las pretensiones contenidas en la demanda, por lo que la presunción legal no produce convicción. Q uinto. [Las] sentencias de mérito, han establecido que no es factible aplicar la presunción legal relativa sobre la verdad de los hechos expuestos en la demanda por haber sido declarado rebelde el demandado, porque era necesario acreditar los extremos de la pretensión con documento acompañado a la demanda o con medios probatorios, por lo que la presunción legal no produce convicción y eso está permitido por el 4 inciso del citado artículo 46 l del Código Procesal Civil, que por ello también no existe contravención al artículo 121 del Código Adjetivo. (Casación N.° 1804-2002-San Román, de 18-07-2002, f. j, 5- Sala Civil Transitoria [EP, 01-10-2002, p. 9363]. Texto completo: ). § 3217. La declaración de rebeldía no exime al juez de valorar las pruebas presentadas en la demanda. C uarto. [...] [Si] bien los demandados fueron declarados rebeldes y ello causa una presunción legal relativa sobre la verdad de los hechos expuestos en la demanda, ello no sustrae de efectuar un examen de los instrumentos públicos con los que se recauda la demanda [...], lo que importa que la declaración de rebeldía no le produce al Juzgador convicción sobre la verdad de los hechos expuestos en la demanda, por lo que no hay afectación al debido proceso. (Casación N.° 140-2001-Tacna, de 23-02-2001, f. j. 4. Sala Civil Transitoria [EP, 02-07-2001], Texto completo: ). § 3218. La declaración de rebeldía no excluye la labor del juzgador para examinar la prueba a fin de formarse convicción de ios hechos. Tercero. [...] [La] declaración de rebeldía no exime al Juzgador a examinar la prueba y verificar los fundamentos de la pretensión para formarse convicción [...]. (Casación N.° 3026-2000-Ancash, de 15-11-2000, f. j. 3. Sala Civil Transitoria [EP, 01-03-2001, p. 7041], Texto completo: ). § 3219. No se vulnera ningún derecho cuando no se declara fundada total o parcialmente una demanda en que la parte dem andada fue declarada rebelde. La presunción legal relativa no vincula al órgano jurisdiccional. D écim o P rim ero. [...] [La] presunción derivada de la declaración de rebeldía de la emplazada no vincula al órgano jurisdiccional, el que puede amparar o desamparar la [demanda] incoada, luego de valorar debidamente los medios probatorios. En consecuencia, no existe contravención alguna derivada del hecho de que en el presente caso se haya declarado fundada en parte la demanda, no obstante que la demandada ha sido declarada rebelde. (Casación N.° 1893-2007Lima, de 27-07-2007, f j. 11. Sala Civil Permanente [EP, 30- 10-2007, p. 20831]. Texto completo: ). § 3220. La declaración de rebeldía no constituye cosa juzgada. Q uinto. [...] [No] debe confundirse la cosa juzgada que tiene que ver con la resolución que resuelve el fondo del asunto, con la preclusión que implica el transcurso del proceso de una etapa a otra; la declaración de rebeldía no constituye cosa juzgada, solamente causa una presunción relativa e la verdad de los hechos, cuya n o m o s & th e s is

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eficacia puede ser exceptuada si es que ei juez considera que los hechos no le producen convicción, a tenor de lo dispuesto en el artículo 461 inciso 4 del Código Adjetivo [...]. (Casación N.° 538-2001Cono Norte, de 29-03-2001, £ j. 5. Sala Civil Transitoria [EP, 31-07-2001, p. 7491]. Texto completo: ). § 3221. La declaración de rebeldía surte sus efectos aún si eí rebelde se incorpora de m anera posterior al proceso. Sexto. [La] rebeldía, de acuerdo a los artículos 458, 461 y 462 del Código Procesal Civil, aun cuando el recurrente se haya apersonado al proceso y asistido a la audiencia única, no impide que se le aplique la presunción legal relativa establecida en la norma como una sanción por no haber contestado la demanda dentro del plazo determinado por la Ley. (Casación N.° 16001-Puno, de 20-02-2001, £ j. 6. Sala Civil Transitoria [EP, 02-07-2001, p. 7373]. Texto completo: ), § 3222. Una vez declarada la rebeldía y saneado el proceso, el juez puede optar por un juzgamiento anticipado del proceso, salvo las excepciones previstas en el artículo 461 CPC. D écim o Tercero. [El] artículo 460 del Código [Procesal Civil] permite al juez, declarada la rebeldía y saneado el proceso expedir sentencia, salvo las excepciones previstas en el artículo 461 [Código Procesal Civil], D écim o Cuarto. [Como] el proceso se encontraba en la excepción prevista en el inciso 4 del artículo 461 antes referido, el juez no podía expedir sentencia, sino realizar la audiencia de prueba. (Casación N.° 532-95-Lima, de 22-10-1996, ff. jj. 13 y 14. Sala Civil [EP, 20-12-1996, p. 2550]. Texto completo: ), § 3223. Si la emplazada acredita su condición de cónyuge más perjudicada con la separación de hecho, pese a tener la condición de rebelde, puede acceder a la indemnización. 5.7. [...] [Sí] bien la emplazada tenía la condición de rebelde, esta cumplió con introducir hechos al proceso a través de su declaración durante la Audiencia de Pruebas, ios cuales en estricto ponen en evidencia que eí motivo del retiro del bogar conyugal por parte del accionante, se debió a la relación sentimental con otra mujer, advirtiéndose también que a pesar de existir un acuerdo conciliatorio del año 2004, en el que fijaron una pensión de alimentos diminuta de trescientos cincuenta soles (S/350.00) por sus dos menores hijos, el actor solo acreditó haber cumplido durante los años 2010 y 2011, empero, el monto acordado no era depositado en forma regular ni completa, 5.8. [Aunado] a lo anterior, debe tenerse en cuenta que, los dos hijos menores nacieron en los años 1999 y 2003, esto es, el retiro del hogar conyugal se produjo cuando los niños aún tenían uno (01) y cuatro (04) años de edad, aproximadamente, y es desde esa fecha que la progenitora emplazada tuvo que retirarse primero al distrito de Comas (Lima) y luego al norte del país (Chiclayo), debiendo ejercer el rol de padre y madre, y a la vez la conducción del hogar; así como, asumir todos los gastos de manutención de los dos menores, motivo por el cual, resulta evidente que la emplazada es la cónyuge más perjudicada con la separación, de acuerdo a lo previsto en el artículo 345-A del Código C ivil 5.10, [Con] referencia a la Sentencia N.° 0782-2013-PA/TC emitida por el Tribunal Constitucional, debe señalarse que en el citado pronunciamiento, se determinó que la cónyuge demandada tenía la condición de rebelde y en ninguna etapa del proceso alegó acto o hecho alguno que lleve a la convicción de ser la cónyuge más perjudicada por la separación de hecho, motivo por el cual, al habérsele fijado una indemnización se incurre en vulneración tú principio de congruencia procesal; sin embargo, en el presente caso, si bien los hechos fueron introducidos por la cónyuge demandada en la etapa probatoria (Audiencia), debe tenerse en cuenta la flexibilización de los principios procesales en materia de familia, tal como se ha señalado en el Tercer Pleno Casatorio, por lo que este extremo del recurso casatorio debe ser desestimado. (Casación N.° 810-2016-Lima, de 10-112016, ff. jj. 5.7, 5.8 y 5-10. Sala Civil Permanente [EP, 02-05-2017, Sentencias en Casación N.° 727, p. 9l646].Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DE LAS CORTES SU PERIORES

§ 3223. Cuando el demandado está rebelde, el juez podría prescindir de pedir el concurso de las partes para fijar el tem a de prueba, y hacerlo directamente él, poniendo en conocimiento * SUMMA PROCESAL CIVIL

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de ambas partes esa decisión. Véase la jurisprudencia del artículo 468° del Código Procesal Civil [§ 3291]. (F.xp. N,° 8597-2007, de 30-09-2008, ff. jj. 3-6. Décimo Quinto Juzgado Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ).

Artículo 462: Ingreso del rebelde al proceso El rebelde puede incorporarse al proceso en cualquier momento, sujetándose ai estado en que este se encuentre.

JURISPRUDENCIA PE LA CORTE SUPREMA

§ 3224. El recurrente que había sido declarado rebelde no puede denunciar infracción normativa referida a la no actuación de pruebas de oficio, debido a que la actuación de pruebas de oficio constituye una facultad del Juez y no una obligación más aún si a criterio de los jueces la prueba que h a sido adm itida en la demanda resulta suficiente para acreditar el petitorio. Quinto. [El] recurrente susrenta el presente medio impugnatorio en la inaplicación de los artículos 320 y 462 del Código Procesal Civil; sostiene que la sentencia de vista considera que si bien el suscrito no ha contestado la demanda también lo es que oportunamente purgó la rebeldía siendo facultad discrecional del juez adquirir los argumentos y los medios probatorios ofrecidos en la contestación de la demanda como medios probatorios de oficio pues la finalidad de un proceso judicial es llegar a la verdad de los hechos lo cual evidentemente le causa un estado de indefensión material total toda vez que acorde a la uniforme y abundante jurisprudencia la rebeldía no implica allanamiento ni libera al demandante de probar los hechos constitutivos de la demanda; afirma que pese a haberse puesto en conocimiento del juez y de la Sala Superior la existencia de un proceso contencioso administrativo [...] solicitando la declaración de nulidad de la inscripción registra! del bien materia de litis lo cual obligaba a suspender la presente causa hasta que se resuelva dicho proceso lo que no ha sido tomado en consideración por ostentar la calidad de rebelde vulnerándose así sus derechos de defensa, debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva. Sexto. [De] la lectura del recurso se aprecia que el impugnante si bien denuncia la infracción normativa consistente en la inaplicación de las normas denunciadas también lo es que no demuestra que las mismas incidan directamente en el fallo no estando facultada esta Sala Suprema para sustituir a las partes por las omisiones en que estas pudieran haber incurrido correspondiendo anotar que la causal de inaplicación se configura cuando no se ha aplicado la norma pertinente a los hechos establecidos por las instancias de mérito advirtiéndose que lo que en realidad pretende el recurrente es que se admitan los medios probatorios que han sido ofrecidos en el escrito de contestación de la demanda sin tener en cuenta que la prueba de oficio constituye facultad del Juzgador y no una obligación más aún si a criterio de los jueces la prueba que ha sido admitida resulta suficiente para acreditar el petitorio como ha sucedido en el caso de autos advirtiéndose [...]. (Casación N.° 4032-2013-Lima, de 13-12-2013, ff. jj. 5 y 6. Sala Civil Transitoria [EP, 31-03-2014, Sentencias en Casación N.° 690, p. 50108], Texto completo: ). § 3225. El declarado rebelde en el proceso no está impedido de interponer recursos im púgnatenos. Cuarto. [En] el presente proceso el Juez de primera instancia expidió sentencia amparando la demanda, pronunciamiento que fue objeto de apelación por parte del demandado [...], parte procesal que si bien tenía la condición de rebelde podía incorporarse al proceso sujetándose al estado en que este se encontrase, conforme a lo establecido por el artículo 462 del Código Procesal Civil, con la consiguiente posibilidad de interponer los medios impugnatorios pertinentes que la ley procesal prevé en ejercicio irrestricto de su derecho de defensa. (Casación N.° 616-2004-Cusco, de 08-06-2005, f. j. 4. Sala Civil Transitoria [EP, 30-09-2005, p. 14780]. Texto completo: ).

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§ 3226. La declaración de rebeldía surte sus efectos aún si el rebelde se incorpora de manera posterior al proceso. Véase la jurisprudencia del artículo 461° del Código Procesal Civil [§ 3221], (Casación N.° 160-01-Puno, de 20-02-2001, f. j. 6. Sala Civil Transitoria [EP, 02-07-2001, p. 7373]. Texto completo: ).

Artículo 463: Rebeldía y medidas cautelares Declarada la rebeldía, pueden concederse medidas cautelares contra el emplazado para asegurar el resultado del proceso, o contra el demandante en caso de reconvención. Artículo 464: Costas y costos de la rebeldía Son de cargo del rebelde las costas y costos causados por su rebeldía.

TÍTULO V SANEAM1EMTO DEL PROCESO Artículo 465: Saneamiento dei proceso Tramitado el proceso conforme a esta Sección y atendiendo a las modificaciones previstas para cada vía procedí mental, el Juez, de oficio y aun cuando el emplazado haya sido declarado rebelde, expedirá resolución declarando: 1. La existencia de una relación jurídica procesal válida; o, 2. La nulidad y consiguiente conclusión del proceso por invalidez insubsanable de la relación, preci­ sando sus defectos; o, 3. La concesión de un plazo, si los defectos de la relación fuesen subsanables, según lo establecido para cada vía procedimentaE. Subsanados los defectos, el Juez declarará saneado el proceso por existir una relación procesal válida. En caso contrario, lo declarará nulo y consiguientemente concluido. La resolución que declara concluido el proceso o la que concede plazo para subsanar los defectos, es apelable con efecto suspensivo. PLENOS JURISDICCIONALES

§ 3227- Etapa en el proceso en el que debe ser decidida la legitim idad para obrar del demandante (ínc. 1). La legitim a ció n en la causa (o leg itim id a d p a ra obrar ) ¿ d eb e ser d ecid id a n ecesa ria m en te en la sen ten cia o p u e d e d ecid irse en la etapa p o stu la toria o d e sa n ea m ien to ? El Pleno acordó por u n a n i m i d a d : “Que la legitimidad para obrar del demandante puede ser decidida en cualquier etapa del proceso’1. (Pleno Jurisdiccional Nacional Civil, realizado en lea, 1998. Acuerdo N.° 5.2, Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 3228. El saneamiento procesal es un acto esencial del proceso. P rim ero. [El] saneamiento procesal es un acto esencial para evitar que el proceso carezca de algún presupuesto procesal que lo invalide; o esté privado de alguna condición de la acción, que impida al Juez resolver sobre el fondo de la controversia. (Casación N.° 3203-2000-Puno, de 18-06-2002, f. j. 1. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 31-03-2003, p. 10390], Texto completo: ). ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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§ 3229. El saneamiento procesal tiene como finalidad detectar cualquier nulidad que im pida establecer una relación jurídico-procesal válida. P rim ero. Son fines del saneamiento procesal: detectar preventivamente las nulidades y establecer una relación jurídica procesal válida, para de esta manera lograr que el proceso cumpla su principal finalidad: resolver el conflicto de intereses o una incertidumbre jurídica. El saneamiento persigue inmacular el proceso. (Casación N.° 4981-2007Lima, de 18-03-2008, f, j, 1. Sala Civil Permanente [EP, 30-06-2008, p. 22423]. Texto completo: ). § 3230. El saneamiento constituye una actividad decisoria del juez referido a la validez de la relación j urídico-procesal. M etodología que sigue el saneamiento legal en nuestro ordenamiento jurídico. Q uinto. [...] [El] saneamiento del proceso constituye una actividad razonada y decisoria del juez, en donde este debe pronunciarse sobre si tiene ante sí un proceso existente, válido y útil; para tal efecto, la doctrina ha propuesto diversas metodologías, sin embargo, la metodología de saneamiento integral y funcional que inspira a nuestro Código se resume en las siguientes fases sucesivas: a) análisis del proceso existente, en la que el Juez verifica si la relación jurídica procesal tiene los presupuestos necesarios para considerarse existente, como por ejemplo, si la persona que se desempeña como Juez tenga efectivamente jurisdicción; b) de los presupuestos procesales, en donde el Juzgador efectúa el examen de: la competencia del juez, la capacidad procesal de las partes y los requisitos esenciales de la demanda; c) de las condiciones del ejercicio válido de la acción, analizándose en esta fase la legitimidad y el interés para obrar de las partes; d) del debido proceso, en la que el Juez constata si en el decurso de la causa se han observado -hasta ese estado- las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, tal como por ejemplo el emplazamiento válido, el procedimiento prescrito por ley, etc.; y, e) la existencia de posibles nulidades subsanables o insubsanables, y que se establece atendiendo a los defectos, vicios u omisiones que se pueda haber incurrido en la constitución y desarrollo de la relación jurídica procesal. (Casación N.° 1288-05-Lima, de 28-04-2006, f. j. 5. Sala Civil Transitoria [EP, 3010-2006, p, 17454], Texto completo: ). § 3231. La declaración de saneamiento del proceso constituye una nueva revisión de los aspectos formales del proceso por parte del juez. Sexto. [La] declaración de saneamiento del proceso constituye una nueva revisión que el Juez hace a los aspectos formales del proceso a fin de permitir que en su posterior desarrollo y avance, estos aspectos no retrasen ni obsten la decisión sobre el fondo del asunto. Es que, en virtud del principio de preclusión procesal luego de emitido el auto de saneamiento ya no es posible retrotraer el proceso a una etapa procesal anterior que ya fue superada [...]. (Casación N.° 1789-2007-Lima, de 20-09-2007, f. j. 6. Sala Civil Permanente [EP, 30- 01-2008, p, 21428], Texto completo: ). § 3232. En el saneamiento el juez vuelve a efectuar un examen de los presupuestos procesales y condiciones para la acción. 4. [...] [A] través del saneamiento el Juez vuelve a revisar la concurrencia de los presupuestos procesales y de las condiciones de la acción, a fin de que se emita una sentencia válida sobre el fondo del asunto [...], (Casación N.° 3071-99-Lambayeque, de 14-01-2000, f, j. 4. Sala Civil Permanente [EP, 19-02-2000, p, 4655]. Texto completo: ). § 3233. Funciones de las audiencias de saneamiento y de conciliación. P rim ero. [La] estructura moderna del Código Procesal Civil ha regulado en sus artículos 465 y 468 las audiencias de saneamiento y de conciliación, que tienen por genuina función “purgar” el proceso de obstáculos procedimentales, a través de un mecanismo concentrado, posibilitando que el objeto del proceso (la pretensión) ingrese a la fase probatorio y decisoria purificado y exento de irregularidades; entre dichos mecanismos, se encuentra la fijación de puntos contravenidos. (Casación N.° 83-98-Lima, de 18-11-1998, f. j. 1. Sala Civil Permanente [EP, 03-01-1999, p. 2345] Texto completo: ). § 3234. Mecanismos para determinar la existencia de una relación procesal válida. C uarto. [..,] [El] ordenamiento jurídico-procesal contempla hasta tres mecanismos para verificar la existencia de una relación jurídica procesal válida: i) al momento de calificar la demanda, mediante la facultad de declararira lim ine la improcedencia de la demanda, conforme al artículo 427 del Código adjetivo; ii) la defensa n o m o s & th e s ís

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formal como las excepciones, a disposición de las partes en la etapa postulatoria del proceso, conforme al artículo 446 y siguientes del referido Código; y iii) en la etapa de saneamiento procesal de acuerdo al artículo 465 del mismo Código. (Casación N.° 2442-2003-Huaura, de 21-09-2004, f. j. 4. Sala Civil Transitoria. Texto completo: ). § 3235» Le corresponde al juez de oficio pronunciarse respecto de! saneamiento del proceso, caso que no es im putable al demandante. Tercero. [Le] correspondía al juez de oficio declarar saneado el proceso si este cumplía con todos los requisitos, caso contrario declarar la nulidad y conclusión del proceso, o conceder un plazo para que las partes subsanen las omisiones correspondientes, de conformidad con lo establecido por ei artículo 465 del Código Procesal Civil, esto en concordancia con lo dispuesto por el artículo II del Título Preliminar del Código Adjetivo, que establece lo siguiente: “La dirección del proceso está a cargo del Juez, quien la ejerce de acuerdo a lo dispuesto en este código. El juez debe impulsar el proceso por sí mismo, siendo responsable de cualquier demora ocasionada por su negligencia. Están exceptuados del impulso de oficio los casos expresamente señalados en este código”. Cuarto. [El] inciso 5 del artículo 350 del Código Procesal Civil, señala lo siguiente: “No hay abandono: en los procesos que se encuentran pendientes de una resolución si la demora en dictarla fuera imputable al juez, o la continuación del trámite dependiera de una actividad que la ley le impone a los auxiliares jurisdiccionales o al Ministerio Público o a otra autoridad o funcionario público que deba cumplir un acto procesal requerido por el juez”; que, en el presente caso le correspondía al juez de oficio pronunciarse respecto del saneamiento del proceso, y esto no es imputable al demandante. (Casación N.° 2360-2004-Líma, de 14-11-2006, ff. jj. 3-4. Sala Civil Transitoria. Texto completo: ). § 3236. El saneamiento del proceso por el juez puede realizarse en tres momentos diferentes: en la calificación de demanda, en Sa etapa de saneamiento procesal y, excepcionalmente, en la emisión de sentencia. Segundo. [El] saneamiento del proceso importa la facultad del juzgador de pronunciarse sobre el fondo de la controversia por haber verificado la concurrencia de las condiciones de la acción y de los presupuestos procesales; sin embargo, cabe acotar que nuestro ordenamiento jurídicoprocesal faculta al juzgador a que realice dicha labor en tres momentos diferentes: en la calificación de la demanda, en la etapa del saneamiento del proceso y , de manera excepcional, cuando se expide la correspondiente sentencia. [...] (Casación N.° 2747-2007-Ica, de 01-04-2008, f. j. 2. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 04-09-2008, p. 23073]. Texto completo: ). § 3237. El examen de las condiciones de acción y de los presupuestos procesales puede realizarse en etapa de calificación de demanda, de saneamiento procesal y excepcionalmente, en la emisión de sentencia. Sétim o. [...] [N]uestro ordenamiento procesal, en materia de verificación del cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y procedibilidad de la demanda, ha dispuesto tres momentos claramente diferenciados, los que constituyen filtros para que se presente una relación jurídico-procesal válida. El primero de ellos se presenta en la calificación de la demanda, momento en que el juez debe verificar si se cumplen con las exigencias de ley para admitirla; el segundo momento se encuentra dado por la etapa de saneamiento, en el que ya sea por existir cuestionamientos de parte como por advertirlo de oficio, puede decretar la existencia de un defecto que invalida la relación procesal, con las consecuencias que decreta el artículo 465 del Código Procesal Civil; y, un tercer momento, que es en la emisión de la sentencia, en el cual, ya contando con los medios probatorios que han ofrecido las partes, advierte que existe un defecto que conlleva a la invalidez de la relación jurídico-procesal, el que podrá sancionar conforme lo permite el último párrafo del artículo 121 del Código Procesal Civil. O ctavo. [En] el presente caso se ha presentado el segundo de los supuestos antes expuestos, lo que no constituye una negación a la tutela jurisdiccional efectiva; por cuanto si el debido proceso es el conjunto de garantías que protegen a los ciudadanos sometidos a cualquier proceso, con el fin de asegurarles una oportuna y recta administración de justicia, en orden a procurar seguridad jurídica y que las decisiones se pronuncien conforme a derecho; entonces es debido aquel proceso que satisface todos los requerimientos, condiciones y exigencias necesarias para garantizar la efectividad del derecho material, lo cual se ha cumplido en el presente caso; siendo improcedente ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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revisar la cuestión de fondo, porque las instancias respectivas han cumplido con el deber de declarar la nulidad y consiguiente conclusión del proceso por invalidez insubsanable de la relación procesal, precisando sus defectos, al amparo de la facultad que le confiere el inciso 2o del artículo 465 del Código Procesal Civil; lo que no constituye una negación a la tutela jurisdiccional efectiva, pues esta se debe solicitar cumpliendo los requisitos y presupuestos que establece la ley procesal para la admisión de la demanda. (Casación N.° 5425-2007-íca, de 20-05-2008, ff. jj. 7 y 8. Sala Civil Permanente [EP, 01-12-2008, p. 23369]. Testo completo: ). § 3238. El examen para el establecimiento de una relación jurídica procesal válida se da en distintas oportunidades: en calificación de ía demanda, al deducir excepción y al em itir sentencia. O ctavo. [...] [Con] relación a la procedencia de la demanda y al establecimiento de una relación jurídica procesal válida, nuestro Código Adjerivo ha establecido distintas oportunidades para su apreciación; así, la primera es la calificación de la demanda, en la que no se da audiencia a la parte demandada; la segunda es cuando la parte demandada deduce excepción, que se debe resolver por el juez antes de dictar el auto de saneamiento y finalmente en sentencia, de conformidad con los artículos 427, 446, 465 y 121 Kin fin é ’ del cuerpo legal acotado [...], (Casación N.° 2313-2003-Arequípa, de 10-11-2004, f. j. 8. Sala Civil Permanente [EP, 30-03-2005, p. 13750]. Texto completo: ). § 3239. La validez de ía relación juríd ica procesal puede examinarse en la calificación de demanda, en la etapa de saneamiento procesal y en la sentencia. Tercero. [...] [La] validez de la relación jurídica procesal puede ser revisada en el auto admisorio, en la correspondiente audiencia o auto de saneamiento, y en la sentencia, como autoriza el artículo 121 del Código Procesal Civil [...]. (Casación N.° 2499-2008-Junín, de 21-07-2008, £ j. 3- Sala Civil Permanente [EP, 02-12-2008, p. 23443]. Texto completo: ). § 3240. Es una sentencia inhibitoria la que se pronuncia sobre la validez de la relación jurídica. P rim ero. [...] Uno de los mecanismos para establecer la validez de la relación jurídica procesal, verificando los presupuestos de forma y de fondo del proceso, es el saneamiento procesal. En virtud del saneamiento, el Juez excepción alíñente en la sentencia puede pronunciarse sobre la validez de la relación jurídica procesal, conforme lo prevé el artículo 121 in fin e del Código Procesal citado, configurándose lo que la doctrina denomina una sentencia inhibitoria [...]. (Casación N.° 23892001-Ica, de 19-07-2002, f. j. 1. Sala Civil Permanente [EP, 02-12-2002, p. 9571]. Texto completo: ). § 3241, Pronunciamiento excepcional sobre la validez de la relación procesal en ejecución de sentencia, cuando el demandado no im pugna el mandato ejecutivo, no form ula contradicción ni apela el auto de saneamiento. S egundo. [Los] jueces de mérito aprecian la procedencia de la demanda en el momento de calificarla, al resolver las excepciones si se han deducido, y nuevamente al momento de pronunciar ei auto de saneamiento [...]. Tercero. [E] xcep ció cálmente, como autoriza el artículo 121° ín fin e del [Código Procesal Civil], los jueces en sentencia pueden pronunciarse sobre la validez de la relación procesal, lo que quiere decir que pueden hacerlo no obstante haber precluido las etapas anteriores. Cuarto. [Esta] facultad, [...] no se refiere a los hechos sino a la aplicación del derecho, no queda limitada ni disminuida por el hecho de que el demandado no impugnara el mandato ejecutivo, no formulafr]a contradicción ni apelara del auto de saneamiento, pues los jueces de mérito, en primera y segunda instancia, como directores del proceso, aplican la norma pertinente [...]. (Casación N.° 1304-99-Cusco, de 30-09-1999, ff. jj. 2-4. Sala Civil Transitoria [EP, 18-12-1999, p. 4326], Texto completo: ). § 3242. Sí la emplazada cumplió con absolver el traslado de la dem anda sin haber deducido excepciones ni defensas previas, concluyó la etapa postulatoria, por lo cual correspondía, en virtud al principio de preclusión procesal, el saneamiento del proceso. O ctavo. [En] el presente caso, [,..] la emplazada cumplió con absolver el traslado de la demanda, sin haber deducido excepciones ni defensas previas; al concluir la etapa postulatoria, correspondía, en virtud al principio de preclusión procesal, que se saneara el proceso, acto procesal que constituye un deber del juez de la causa, quien n o m o s & th e s is

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de oficio debe pronunciarse mediante resolución motivada sobre la validez de la relación jurídicop roces al, tal como lo dispone el ya glosado inciso 1 del artículo 465 del Código Procesal C iv il N oveno. [Siendo] esto así, la demora en la tramitación de la causa se debió, en el presente caso, a una inactividad imputable al órgano jurisdiccional en la realización de un acto procesal al que estaba obligado; consecuentemente, al haberse declarado el abandono del proceso, se han vulnerado normas de procedimiento de cumplimiento obligatorio, lo cual a su vez contraviene la garantía del debido proceso [...]. (Casación Previsional N.° 030-1999-Lima, de 04-11-2003, ff. jj. 8-9. Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria [EP, 01-03-2004], Texto completo: ). § 3243- En el saneamiento procesal tam bién se puede analizar las causales de inadm isibilidad o im procedencia de la demanda. Cuarto. [...] En el saneamiento procesal deben analizarse no solo los presupuestos procesales sino también las condiciones de la acción, examinándose la presencia de causales de inadmisíbílidad o improcedencia de la demanda (Casación N.° 2157-2002-La Libertad, de 21-11-2002, £ j. 4. Sala Civil Permanente [EP, 03-02-2003, p. 10117]. Texto completo: ). § 3244. En el acto de saneamiento procesal el juez también debe analizar su p ro p ia competencia respecto de la pretensión procesal invocada. Q uinto. [...] [D]entro del saneamiento procesal el Juzgador debe examinar su propia competencia y según la doctrina, los criterios que sirve para determinar la competencia son esencialmente: la materia, la cuantía, la función, el turno y el territorio, siendo los cuatro primeros absolutos e improrrogables, y el cuarto relativo y, por tanto, prorrogabíe. [...] (Casación N.° 2108-03-Huánuco, de 25-05-2004, f. j. 5. Sala Civil Transitoria [EP, 30-09-2004, p. 12727]. Texto completo: ). § 3245. El juez puede declarar la nulidad de lo actuado por la vía de saneamiento cuando el demandante no haya cumplido con subsanar los requerimientos hechos a su demanda. Tercero. [...] [La] resolución de vista confirmó la apelada, que declaró nulo lo actuado y dio por concluido el proceso, pues la parte actora no cumplió con aclarar el petitorio de su demanda, no siendo válida la aclaración hecha por el abogado sin tener facultad para ello, siendo facultad del juzgador de mérito prevista en el artículo 465 del Código Procesal Civil, declarar la nulidad en vía de saneamiento. (Casación N.° 2661-2008-Puno, de 01-08-2008, f. j. 3. Sala Civil Permanente [EP, 02-12-2008, p. 23456].Texto completo: ). § 3246. El requerimiento del juez a las partes para que subsanen los defectos del proceso no constituye en ninguna m edida una vulneración al debido proceso. Tercero. [...] [El] inciso 3 del artículo 465 del Código Procesal Civil confiere aí Juez la facultad de poder requerir a las partes a que subsanen los defectos a efectos de sanear el proceso, siendo en ese estadio que dispone que el demandante adecúe su demanda, por lo que no se ha vulnerado el debido proceso de la recurrente. (Casación N.° 04-2001-Huánuco, de 05-02-2001, £ j. 3. Sala Civil Permanente [EP, 02-07-2001, p. 7359]. Texto completo: ). § 3247. No puede haber pronunciamiento sobre el fondo en eí auto de saneamiento. Cuarto. [No] es el saneamiento, la oportunidad procesal para pronunciarse sobre el derecho de la parte actora. Q uinto. [Es] en la sentencia donde el Juzgador aprecia si la pretensión ha sido acreditada luego de analizar los fundamentos de las partes y merituar la prueba actuada, para luego proceder a establecer si el supuesto de la norma de derecho invocada es aplicable al caso concreto en examen. (Casación N.° 2028-97-Puno, de 15-05-1998, ff. jj. 4 y 5. Sala Civil Transitoria [EP, 02-10-1998, p. 1723]. Texto completo: ). § 3248. Es n u la la sentencia que se dicte en un proceso en el cual el juez h a obviado em itir el correspondiente auto de saneamiento del proceso. Q uinto. [Se] evidencia que el juez de la causa ha obviado emitir el correspondiente auto de saneamiento del proceso, lo cual corresponde a la naturaleza de la presente vía procedimental, auto que constituye presupuesto indispensable para em itir un pronunciamiento de fondo que resuelva la litis. Por consiguiente, la omisión anotada constituye ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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un vicio que anula La sentencia dictada por el A quo, y por ende, todo lo actuado con posterioridad. (Casación N.° 2324-2006-,Arequipa, de 28-03-2007, f. j. 5. Sala Civil Transitoria [EP, 02-10-2007, p. 20762], Texto completo: ). § 3249. No puede existir pronunciamiento sobre el fondo si la relación juríd ica procesal no se encuentra debidamente saneada. O ctavo . Si bien toda demanda tiene como finalidad que el órgano jurisdiccional emita un pronunciamiento con relación al fondo de la litis para declarar el derecho redamado a favor del demandante o para denegar el mismo, debe de tomarse en cuenta que para ello es necesario que exista una relación jurídica procesal válida, ya que la no existencia de la misma impide que se efectúe dicho pronunciamiento, (Casación N.° 897-02-Arequipa, de 20-06-2002, f. j. 8. Sala Civil Permanente [EP, 03-02-2003, p. 10074], Texto completo: ). § 3250. Los principios de convalidación o subsanación no operan respecto del acto de saneamiento procesal, por ser este un acto procesal esencial para establecer una relación jurídica procesal válida. C uarto . [...] [Siendo] el saneamiento un acto procesal que fija las bases para que se establezca una relación jurídica procesal válida, el mismo dada su trascendencia no puede ser subsanado en los términos del artículo 172 del Código Procesal Civil, pues es aplicable el artículo IX del Título Preliminar del Código acotado que establece que las normas procesales contenidas en este Código son de carácter imperativo, salvo regulación permisiva en contrario, que para el caso sub examen no existe [..,]. (Casación N.° 833-2004-Callao, de 20-10-2004, f. j, 4, Sala Civil Permanente [EP, 03-05-2005, p. 14053], Texto completo: ). § 3251. Casos en los que el Juez puede excepcionaímente pronunciarse en la sentencia, sobre la validez de la relación jurídico-procesal. Véase la jurisprudencia del artículo 121° del Código Procesal Civil [§ 1X72], (Casación N.° 1267-2006-La Libertad, de 17-04-2007, f, j. 5. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 01-10-2007, p, 20458], Texto completo: ), § 3252. El análisis de la adm isibilidad y procedibilidad de la demanda se puede realizar en tres momentos: calificación de la demanda, saneamiento procesal y en la emisión de sentencia. Véase ia jurisprudencia del artículo 426° del Código Procesal Civil [§ 2723], (Casación N.° 1012-2003-Lambayeque, de 20-08-2003, f. j. 6. Sala Civil Transitoria [EP, 31-03-2004, p, 11643], Texto completo: ). § 3253. La resolución que adm ite la dem anda no causa cosa juzgada, pues su validez puede ser analizada por el Juzgador en etapas posteriores. Véase la jurisprudencia del artículo 123° del Código Procesal Civil [§ 1357], (Casación N.° 1769-99-Santa, de 01-12-1999, f. j. 2. Sala Civil Permanente [EP, 20-01-2000, p. 4600], Texto completo: ). § 3254. Remisión. Véase también la jurisprudencia del artículo 12 Io in fin e (Validez de la relación procesal) del Código Procesal Civil [§ 1164 ss.].

Artículo 466: Efectos de la declaración de la existencia de una relación procesal valida Consentida o ejecutoriada la resolución que declara la existencia de una relación jurídica procesal váli­ da, precluye toda petición referida, directa o indirectamente, a la validez de la relación citada.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 3255. Con la resolución firme de saneamiento precluye toda referencia a la validez de la relación procesal. C uarto . [,..] [En] aplicación del artículo 466 del Código adjetivo se entiende que con la resolución firme de saneamiento [...] precluye toda referencia a la validez de la relación procesal. Q uinto. [E] ncontrándose saneado el proceso, el Ad Quem debió limitarse a emitir un pronunciamiento de fondo, por tanto la decisión de este, de eludir tal decisión, contraviene el principio de economía n o m o s & th e s is

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y celeridad procesal, y aún vulnera la tutela jurisdiccional efectiva del actor [...]. (Casación N.° 3570-2002-Ucayall, de 04-07-2003, ff. jj. 4 y 5. Sala Cívíl Transitoria [EP, 31-03-2004, p. 11664], Texto completo: ). § 3256, Una vez concluida la etapa de saneamiento procesal, las partes ya no pueden alegar cualquier vicio procesal que no esté referido al fondo de la pretensión. Cuarto. En el presente caso, habiéndose declarado el saneamiento del proceso, ya precluyó cualquier alegación sobre la relación procesal entablada con la demanda y además, sobre cualquier vicio procesal que no trascienda sobre el fondo de la pretensión [...]. (Casación N.° 4721-2007-Ancash, de 26-10-2007, f j. 4. Sala Civil Permanente [EP, 31-01-2008, p. 21519]. Texto completo: ). § 3257. Luego de declararse saneado el proceso y a no puede cuestionarse el acto de notificación de la demanda. 3* [...] [D]espués de declarado saneado el proceso, conforme a la doctrina procesal mayoritaria, ya no cabe la denuncia de un vicio que invalide la relación jurídica procesal, como lo sería el acto de notificación de la demanda. (Casación N.° 199-2000-Lima, de 29-03-2000, f. j. 3. Sala Civil Permanente [EP, 03-08-2000, Sentencias en Casación N.° 436, p. 5697]. Texto completo: ). § 3258. Con la declaración de saneamiento del proceso precluye la oportunidad para cuestionar la validez de la relación procesal vía Casación. 5. [No] habiéndose deducido en su momento la excepción respectiva y al haberse declarado saneado el proceso, ha precluido la oportunidad para cuestionar la validez de la relación procesal en vía de casación. (Casación N.° 2738-99-Lima, de 21 -121999, f. j. 5. Sala Civil Permanente [EP, 07-04-2000, p. 4995]. Texto completo: ). § 3259. Principio de preclusión procesal. Si el superior jerárquico dispone que el juez de la causa expida un nuevo pronunciamiento sobre el fondo de la demanda y este la reforma declarándola improcedente, se incurre en nulidad insubsanable. Sexto. [...] [Al] haber precluido la etapa postulatoria del proceso, y al haber dispuesto el superior colegiado que el juez de la causa expida nuevo pronunciamiento respecto al fondo de ia materia controvertida; al revocarse la sentencia apelada y reformándola declarar improcedente la demanda en todos sus extremos, por estimarse que no existe conexión lógica entre los hechos y el petitorio de la demanda, la Sala Superior ha incurrido en nulidad insubsanable que es necesario declarar, pues se ha pronunciado sobre un aspecto procesal que ya había quedado firme, vulnerando el principio de preclusión procesal. (Casación N.° 1854-2004-Puerto Maldonado, de 17-05-2006, £ j. 6. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 31-072006], Texto completo: ). § 3260. Si la dem andada no cuestiona oportunamente la supuesta representación defectuosa, una vez declarada la relación jurídico-procesal válida, pierde la posibilidad de hacerlo. Q uinto. [,.,] [La] recurrente en ningún momento cuestionó la supuesta representación defectuosa o insuficiente de la demandante, y tampoco interpuso apelación contra el auto que declaró saneado el proceso por lo que ha precluido roda posibilidad de cuestionamiento al respecto. (Casación N.° 1248-2002-Callao, de 03-06-2002, f. j. 5. Sala Civil Transitoria [EP; 01-10-2002]. Texto completo: ). § 3261. Después de precluida la etapa de saneamiento procesal existe la posibilidad de analizar la validez de la relación jurídica procesal, esto es al momento de em itir pronunciamiento sobre el fondo. Q uinto . [Cuando] el Juzgado Mixto [...] emitió la Resolución N.° 26 [que declara la nulidad de todo lo actuado e improcedente ia demanda], ya había sido emitido el auto [...] que declaró saneado el proceso y [la] existencia de una relación jurídica procesal válida. Siendo así, al emitir la Resolución N.° 26 no se tuvo en cuenta lo dispuesto en el artículo 466 del Código Procesal Civil, que prescribe: “Consentida o ejecutoriada la resolución que declara la existencia de una relación jurídica procesal válida, precluye toda petición referida, directa o indirectamente, a la validez de la relación citada”. En consecuencia, no podía apercibir a la demandante con declarar la nulidad de todo lo actuado e improcedente la demanda por incumplimiento de los requisitos de admisibilidad de la demanda contenida en el artículo 424 inciso 4 del Código Procesal Civil, por cuanto, ya se había declarado * SUMMA PROCESAL CIVIL

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saneado el proceso. Sexto. En ese marco, cuando se emite la Resolución N.° 28 [que declaró infundada la nulidad deducida contra la Resolución N.° 26] confirmada por la Resolución de Vista N.° 6, materia de casación, y se hace efectivo el apercibimiento dictado en la Resolución N.° 26, declarándose nulo todo lo actuado e improcedente la demanda por incumplimiento de los requisitos de admisibilidad de la demanda contenida en el artículo 424 inciso 4 del Código Procesal Civil, sin tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 466 del mismo cuerpo normativo, se incurre en la infracción normativa del artículo 139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Estado, pues ya había precluido todo examen sobre la validez de la [relación] jurídica procesal por parte del juzgador, salvo claro está, la posibilidad de analizar la misma al emitir pronunciamiento sobre el fondo conforme al artículo 121 del Código Procesal Civil. [...] (Casación N.° 1159-2010-Lima, de 10-05-2011, £F. jj. 5 y 6. Sala Civil Permanente [EP, 31-08-2012, Sentencias en Casación N.° 670, p. 36808], Texto completo: ). § 3262. La preclusión de la petición referida a la validez de la relación jurídico-procesal y la improcedencia de la excepción como nulidad. Sexto. [En] el primer extremo de los fundamentos del recurso de casación [...], la demandada cuestiona su actuación en el proceso como parte pasiva de la relación jurídica procesal, pues estima que era su ex cónyuge, y no ella, quien debió set emplazado con la demanda [de desalojo por ocupación precaria], en razón que fue a aquél a quien se le entregó el [...] bien y, como tal, es el obligado a devolverlo. No obstante, esta defensa que se esgrime en sede casatoria ya fue objeto de pronunciamiento por parte deí juez de la causa al resolver el pedido de nulidad que fuera formulado por la demandada en los mismos términos que ahora expone, emitiendo para ello la resolución N.° 4 [...], la misma que se llevó a cabo sin la concurrencia de esa parte, declarándose infundada la nulidad formulada y saneado el proceso, decisión que quedó consentida al no haber sido impugnada por la interesada, siendo que en aplicación de lo dispuesto en el artículo 466 del Código Procesal Civil, consentida o ejecutoriada que sea la resolución que declara la existencia de una relación jurídica procesal válida, precluye toda petición referida, directa o indirectamente, a la validez de la relación citada. Cabe resaltar, además, el hecho de que la demandada en ningún momento formuló la defensa de forma respectiva, cuestionando la validez de la relación jurídica procesal, pretendiendo por el contrario hacer valer ese derecho vía nulidad de actuados, no obstante que ello se encuentra expresamente proscrito por el artículo 454 del Código Procesal Civil. (Casación N.° 946-2013-Ica, de 11-12-2013, f. j. 6. Sala Civil Transitoria [EP, 30-04-2014, Sentencias en Casación N.° 691, p. 51090], Texto completo: ). § 3263. Preclusíón de cualquier cuestionamiento referido a la validez de la relación juríd ica procesal solo está referida a los pedidos que hagan las partes, pero no respecto del juez. U ndécim o. [Si] bien es cierto el actor señala que, en atención al artículo 370 del Código Procesal [Civil], la Sala Superior solo debía pronunciarse respecto de la apelación concedida en el extremo que declaraba nulo eí proceso en cuanto a las menores E y J, por haberse dispuesto en el auto de saneamiento que continúe el proceso respecto del menor Y, sin embargo, debe tenerse presente que la competencia funcional, por ser de carácter absoluta, es irrenunciable, inmodificable e indelegable, conforme lo disponen los artículos 6 y 7 del Código Procesal Civil; por tanto, si bien es cierto el artículo 466 del Código Procesal Civil, establece que precluye cualquier cuestionamiento referido a la validez de la relación jurídica procesal una vez declarada la existencia de la misma, dicho dispositivo solo está referido a los pedidos que hagan las partes relacionados directa o indirectamente con la validez de la relación citada, pero no limita la facultad discrecional del juzgador de analizarla y pronunciarse conforme a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 121 del Código Procesal Civil [.,.]. (Casación N.° 2108-03-Huánuco, de 25-05-2004, f. j. ÍI, Sala Civil Transitoria [EP, 30-09-2004, p. 12727]. Texto completo: ). § 3264. Ane cuando el proceso se encuentre saneado, el Juez puede pronunciarse excepcionalmente sobre la validez de la relación jurídica procesal. Una vez emitido un pronunciamiento sobre la validez de la relación jurídico-procesal después de la etapa de saneamiento procesal, el juez y a podrá em itir otro pronunciamiento sobre el mismo extremo en un momento posterior. P rim ero. [C] onforme lo dispone la parte final del artículo 121 del Código n o m o s & t lie s is

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POSTULACIÓN DEL PROCESO/SANEAMIENTO DEL PROCESO

Art. 466

Procesal Civil, al momento de dictar sentencia el Juez puede pronunciarse excepcionalmente sobre la validez de la relación procesal, supuesto normativo que debe ser concordado con lo dispuesto en el artículo 466 del citado Código. Por ello, a pesar de estar el proceso saneado, sí resulta posible que el Juez pueda pronunciarse (de manera excepcional) sobre la validez de la relación procesal al momento de sentenciar, podría también hacerlo en un momento anterior, como ha sucedido en autos, procedimiento este que se concilla con la función jurisdiccional del juzgador. S egundo. [Sin] embargo, una vez emitido un pronunciamiento respecto a la validez de la relación procesal en un momento posterior al saneamiento del proceso, ya no podría emitir otro pronunciamiento sobre el mismo extremo en un momento posterior, pues ello supondría pretender dejar sin efecto una resolución judicial que ya ha quedado consentida, contravención que se ha suscrito en autos. (Casación N.° 4007-2007-La Libertad, de 18-12-2007, ff. jj. 1 y 2. Sala Civil Permanente [EP, 31-03-2008, p, 21752], Texto completo: ). § 3265. Si después del saneamiento procesal se declara válida la relación jurídica procesal - y no es observada por las partes-, la decisión queda consentida y ejecutoriada. S egundo. [- I [H] abiéndose llevado a cabo el saneamiento del proceso, y declarado válida la relación jurídica procesal, conforme lo establece el artículo 466 del Código adjetivo, la cual no fue observada por ninguna de las partes, quedó consentida y ejecuto riada; y alega que en consecuencia precluye toda petición referida a la validez de la relación procesal; y que al declarar la Sala Superior la nulidad de todo lo actuado ha contravenido lo dispuesto en el artículo 400 del Código Procesal Civil, sin que sea aplicable al caso de autos los principios de convalidación, subsanación, o integración a que se refiere el artículo 172 del mismo cuerpo de leyes. (Casación N.° 256-94-Lima, de 03-10-1995, f. j. 2. Sala Civil. Texto completo: ). § 3266. Para atacar la preclusión que opera con la declaración de saneamiento del proceso, debe demostrarse la nulidad del auto que declaró saneado el proceso. P rim ero. [La] sentencia de vista declara improcedente la demanda en razón de que, en el proceso acompañado, donde se ventiló una acción similar a ia presente, se había declarado fundada la excepción de prescripción extíntiva, lo que impide que proceda una nueva demanda sobre el mismo tema, incluyendo todas las demás pretensiones que se derivan de la rescisión del contrato de fusión. S egundo. [Sin] embargo, en este proceso los demandados dedujeron también la excepción de prescripción, entre otras, las mismas que fueron declaradas infundadas en la resolución de fojas dictada en la audiencia de saneamiento, a consecuencia de lo cual se declaró saneado el proceso, resolución que no fue impugnada en ningún momento, por lo que quedó consentida. Tercero. [La] prescripción solo extingue la acción, mas no el derecho, de modo que la declarada en otro proceso, concluye la acción que le dio origen, no podiendo servir de base para declarar la improcedencia de una nueva demanda, mucho menos de oficio, por lo que lo resuelto en el acompañado no es sustento para rechazar la que es materia de autos, sobre todo porque el otro proceso ha sido declarado en abandono y en tal situación se extinguen todas las resoluciones que se hayan expedido en él, incluyendo las medidas cautelares o los efectos de la interrupción de la prescripción, como lo señalan los artículos 347 y 354 dei Código Procesal Civil. Cuarto. [...] [La] preclusión procesal que opera con ei saneamiento, no puede ser removida por argumentos distintos, a los que han motivado la resolución que declara infundadas las excepciones, sino que tiene que fundamentarse en forma especial, detectando la existencia de nulidad en esta, para hacer aplicable la última parte del artículo 176 del Código Procesal Civil ya que, de lo contrario, prevalece lo dispuesto en su numeral 466 [del Código Procesal Civil]. (Casación N.° 2197-98-Huaura, de 20-03-2003 , f. j. 4. Sala de Derecho Constitucional y Social [EP, 30-04-2001, p. 7141]. Texto completo: ). § 3267. La facultad excepcional de! juzgador de revisar nuevamente, en sentencia, una resolución consentida ejecutoriada. P rim ero. [...] [Si] bien es verdad que, como dispone el artículo 466 del Código Procesal Civil, consentida o ejecutoriada la resolución que declara el saneamiento procesal precluye toda petición referida a impugnar la validez de la relación jurídica procesal, esto no limita la facultad dei juzgador, concedida por el artículo 121 “in f i n e ’ del mismo Código, para en ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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sentencia; excepcionalmente, revisar nuevamente dicha relación y pronunciarse sobre ella, por lo que habiendo el juzgador de mérito obrado en ejercicio de sus facultades, no se contraviene el derecho del recurrente ai debido proceso. (Casación N.° 1136-99-La Libertad, de 10-09-1999, f j. 1. Sala Civil Transitoria [EP, 12-11-1999, p. 3914]. Texto completo: ). § 3268. El Juez puede pronunciarse sobre la im procedencia de la demanda aun cuando en la etapa de saneamiento procesal se ha declarado la validez de la relación procesal, dictando una sentencia inhibitoria cuando corresponda. Véase la jurisprudencia del artículo 121° del Código Procesal Civil [§ 1182], (Casación N.° 824-2007-Lima, de 19-08-2010, f. j. 5. Sala Civil Transitoria [EP, 02-12-2008, p. 23566]. Texto completo: ). § 3269. Remisión. Véase también la jurisprudencia del artículo 121° in fin e (Validez de la relación procesal) del Código Procesal Civil [§ 1164 ss.]. JURISPRUDENCIA DE LAS CORTES SUPERIORES

§ 3270. Los apelantes no puedan cuestionar la validez de la relación procesal m ediante la apelación de la sentencia, en aplicación del principio de preclusión procesal. III. [...] a) [El] artículo 466 del Código Procesal Civil establece que consentida o ejecutoriada la resolución que declara la existencia de una relación jurídica procesal válida, preciuye roda petición referida, directa o indirectamente, a la validez de la relación citada, b) [En] atención a lo que la norma citada prescribe, resulta obvio que los apelantes no puedan cuestionar la validez de la relación procesal mediante la apelación de la sentencia, alegando que existiría una indebida acumulación de pretensiones, en aplicación del principio de preclusión procesal, c) [C]onforme lo ha fundamentado debidamente el a quo las pretensiones de la demanda han resultado probadas, ante la ilicitud del acto jurídico materia de litis, siendo de aplicación el inciso 4 del artículo 219 del Código Civil que establece que el acto jurídico es nulo cuando su fin sea ilícito. (Exp. N.° 3306-98, de 12-11-1998, f. j. III. Sala de Procesos Abreviados y de Conocimiento. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ).

Artículo 467; Efectos de la declaración de invalidez de la relación procesal Consentida o ejecutoriada la resolución que declara la invalidez de la relación procesal o vencido el plazo sin que el demandante subsane los defectos que la invalidan, el Juez declarará concluido el proceso imponiendo al demandante el pago de las costas y costos.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 3271. Ante ía existencia de una causal de invalidez insubsanable de la relación jurídica procesal, el juez puede disponer la conclusión del proceso en la etapa del saneamiento procesal. 4. [...] [Tratándose de una acción contenciosa administrativa el A quo debe también revisar si la demanda cumple con el requisito de admisibilidad de haberse agotado los recursos previstos en el procedimiento administrativo respectivo; por consiguiente la declaración de conclusión del proceso por invalidez insubsanable de la relación procesal es una de las facultades que otorga [la] norma procesal al Juzgador en la etapa de saneamiento del proceso. (Casación N.° 3071-99-Lambayeque, de 14-012000, £ j. 4. Sala Civil Permanente [EP, 19-02-2000, p. 4655]. Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DE LAS CORTES SUPERIORES

§ 3272. El juez está obligado a subsanar la legitim idad para obrar pasiva en un proceso donde no se ha demandado a todos los intervinientes en la relación sustantiva. [...] [Al] no haberse demandado a todos los intervinientes en la relación sustantiva, no existe esa correspondencia e nom os

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POSTULACIÓN DEL PROCESO / AUDIENCIA CONCILIATORIA

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identidad con las personas que deben intervenir en la relación procesal, consecuentemente se está frente a una ausencia de legitimidad para obrar pasiva, que el juzgador está obligado a subsanar [...]. (Exp. N.° 1565-94, de 06-01-1995. Tercera Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ).

TÍTULO VI AUDIENCIA CONCILIATORIA, 0 DE FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS Y SANEAMIENTO PROBATORIO Artículo 468: Fijación de puntos controvertidos y saneamiento probatorio Expedido el auto de saneamiento procesal, las partes dentro del tercero día de notificadas propondrán al Juez por escrito los puntos controvertidos. Vencido este plazo con o sin la propuesta de las partes el Juez procederá a fijar los puntos controvertidos y la declaración de admisión o rechazo, según sea el caso, de los medios probatorios ofrecidos. Solo cuando la actuación de los medios probatorios admitidos !o requiera, el Juez señalará día y hora para la realización de la Audiencia de Pruebas. La decisión por la que se ordena la realización de esta au­ diencia o se prescinde de ella es impugnable sin efecto suspensivo y con la calidad de diferida. Al prescin­ dir de esta Audiencia el Juez procederá al juzgamiento anticipado, sin perjuicio del derecho de las partes a solicitar la realización de informe oral.(1) NOTA DE ACTUALIZACIÓN (1) Artículo modificado por la única disposición modificatoria del Decreto Legislativo N .- 1070 (E P r 28-06-2008), la misma que de conformidad con su Primera Disposición Final, entrará en vigencia progresivamente en ios diferentes Distritos Conciliatorios según el Calendario Oficial que será aprobado mediante Decreto Supremo. Se exceptúa de dicho Calendario a los distritos conciliatorios de Lima, Trujíllo y Arequipa, así como el Distrito Judicial del Cono Norte de Lima, salvo la provincia de Canta, en los cuales será aplicado a los sesenta (60) días calendario de su publicación.

PLENOS JURISDICCIONALES

§ 3273. El juez puede incluir un nuevo punto controvertido después de la fijación de los puntos controvertidos. ¿Es p osib le que luego d e fija d os los p u n tos controvertidos p o r el Juez, en un auto p revio a la sentencia, p u ed e in clu ir un nuevo p u n to controvertido, o ello atentaría contra los P rincipios d e Preclusión y C ongruencia Procesal ? El Pleno acordó por u n a n i m i d a d : “Si es posible adicionar y fijar un nuevo punto controverddo luego de agotado el estadio correspondiente, adoptando, pautas metodológicas que se deje sin efecto el decreto que ordena pasar los autos a despacho del Juez para sentenciar, que se realice a través de un auto a d h oc previo a la sentencia, y que se otorgue a las partes la posibilidad del contradictorio correspondiente, debido a que toda cuestión oficiosa en el proceso civil debe efectuarse con el traslado o contradictorio respectivo”. (Pleno Jurisdiccional Distrital Civil, realizado por Corte Superior de Justicia de La Libertad, los días 04 y 05-11-201 1. Tema N.° 2 [Principio de congruencia procesal y fijación de puntos controvertidos a cargo del juez después del estadio correspondiente]. Texto completo: ). § 3274. Criterios para la determinación de los puntos controvertidos. P rim ero. Identificación de Hechos. Hechos que son alegados en la postulación del proceso, constituye el primer elemento que debemos tener en cuenta para fijar ios puntos controvertidos, para lo cual debe existir por parte de los operadores de justicia una adecuada comprensión de los componentes fácticos, expuestos tanto en el escrito de demanda, contestación de la demanda, reconvención y contestación de la reconvención. S egundo. Identificación de los Puntos en Contradicción. Efectuando el análisis de ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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los fundamentos fácticos o de hecho, se procederá a identificar aquellos que han sido afirmados en la demanda, reconvención y negados, opuestos y/o contradichos en la contradicción de la demanda y/o de la reconvención. (Pleno Jurisdiccional Distrital en Materias Procesal Civil y Penal, realizado en Amazonas, los días 06 y 20-07-2007- Conclusión N.° 1. [Criterios para la determinación de los puntos controvertidos]. Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 3275- Noción de puntos controvertidos de la demanda. Sexto [...] [Los] puntos controvertidos son aquellos que resultan de los hechos expuestos por las partes y guardan relación necesariamente con lo que es materia del proceso, esto es, con el petitorio de la demanda [...]. (Casación N.° 3057-2007-Lambayeque, de 03-06-2008, £ j. 6. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 04-09-2008, p. 23099]. Texto completo: ). § 3276. Finalidad de la fijación de los puntos controvertidos. Tercero. [La] fijación [de puntos controvertidos] tiene como propósito [...] obtener la reducción de la controversia, de tal modo que ilustrado el Juez sobre la materia controvertida, podrá resolver sobre la pertinencia y relevancia de las pruebas que se ofrezcan y consecuentemente, se admite o deseche, según proceda [...]. (Casación N.° 83-98-Lima, de 18-11-1998, f. j. 3. Sala Civil [EP, 03-01-1999, p. 2345]. Texto completo: ). § 3277. Los puntos controvertidos son las controversias surgida entre las partes sobre los hechos que dieron lugar al proceso. Q uinto. La fijación de los puntos controvertidos es aquella etapa procesal en la que [...] deben incluirse todas las controversias surgidas entre las partes sobre los hechos relevantes para la solución de la litis [...]. (Casación N.° 1732-2006-Lima, de 27-11-2006, £ j, 5. Sala Civil Transitoria [EP, 02-07-2007, p. 19816]. Texto completo: ). § 3278. Los puntos controvertidos son aquellas cuestiones que serán m ateria de prueba en el proceso. C uarto. [En] relación a la fijación de los puntos controvertidos cabe señalar que ello se ha cumplido en la audiencia de saneamiento y conciliación [...] en donde ha intervenido la recurrente demandada, no habiendo formulado cuestiona miento alguno; debiendo tenerse en cuenta, además, que los puntos controvertidos son ios que van a ser materia de prueba conforme al artículo 471, concordante con el artículo 190 del citado Código Procesal Civil, resultando una situación diferente la pretensión demandada, que es la consecuencia o efecto jurídico que se pretende luego de haberse acreditado los puntos controvertidos que son materia de prueba; por lo que en ese sentido el cargo denunciado relativo a este extremo no resulta amparable. (Casación N.° 395-2007-El Santa, de 27-04-2007, £ j. 4. Sala Civil Permanente [EP, 03-09-2007, p. 20392], Texto completo; ). § 3279. Los puntos controvertidos son las contradicciones a las pretensiones fijadas por el demandante. No puede existir punto controvertido respecto a un hecho que no haya sido demandado expresamente por el actor. Cuarto. [Son] puntos controvertidos las contradicciones a las pretensiones fijadas por el demandante, en el petitorio de la demanda; por consiguiente, no puede haber punto controvertido si este no ha sido demandado expresamente por el actor y no ha sido fijado en el petitorio de la demanda. (Casación N.° 3052-2003-Piura, de 17-11-2004, £ j. 4. Sala Civil Transitoria [EP, 31-05-2005, p. 14180], Texto completo: ). § 3280. Los puntos controvertidos sirven como lincam ientos que el Juzgador tom ará en cuenta al momento de dictar sentencia. Sexto. [Los] puntos controvertidos son utilizados por los magistrados como los lincamientos sobre los cuales deberá pronunciarse en la sentencia que resuelve el conflicto intersubjetivo de intereses. (Casación N.° 1470-02-Lambayeque, de 27-09-2002, £ j. 6. Sala Civil Transitoria [EP, 31-01-2003, p. 9950]. Texto completo: ). § 3281, La fijación de puntos controvertidos no determ ina la litis, sino la pretensión y la oposición a esta. C uarto. [...] [La] fijación de puntos controvertidos no determina la litis, sino la pretensión y la n o m o s & th e s is

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oposición a esta, por ello, aun cuando no se haya fijado [...] el Juez debe limitarse a resolver la defensa de las partes [...]. (Casación N,° 1466-2005-Lima, de 06-04-2006, f j. 4. Sala Civil Transitoria [EP, 30-11-2006, p. 17897]. Texto completo: ). § 3282. El juez ajusta su decisión a resolver los puntos controvertidos fijados en la demanda.

D écim o . [...] [Las] partes han estado presentes en la fijación de los puntos controvertidos, la cual se da en el proceso “(•■•) como una form a de dar concreción en el debate por ende, la fijación de los puntos controvertidos no son sino lincamientos que el juzgador debe reparar, para cuando tenga que valorar los medios probatorios, ajuste su decisión a estos. (Casación N.° 2 1 14-2004-Cusco, de 18-102005, fi j. 10. Sala Civil Transitoria [EP, 02-06-2006, p. 1627ó].Texto completo: ). § 3283. En caso las partes no cumplan con proponer los puntos controvertidos, será el juez quien deberá fijarlos. Quinto. [...] [Ajunque el ordenamiento procesal ha establecido que la tarea de proponer los puntos controvertidos del proceso, recae en las partes; también se ha previsto que en caso de incumplimiento de dicha obligación, será el juez quien deberá fijar los puntos en controversia. Por lo que, si bien en el presente caso, ha existido una evidente dejación tanto del demandante como del demandado en el cumplimiento del trámite regulado en la norma procesal al no alcanzar al juzgado sus respectivas propuestas debe tenerse en cuenta que también hubo negligencia procesal por parte del órgano jurisdiccional e Inobservancia del mandato contenido en el artículo 468 del Código Procesal Civil, siendo precisamente la inactividad del juez la que causó la paralización del proceso por más de cuatro meses; subsumiéndose el caso de autos en el supuesto de improcedencia de abandono regulado en el numeral 5 del artículo 350 del Código Procesal Civil, en tanto que, al momento de declararse el abandono procesal la causa se encontraba pendiente de la resolución de fijación de puntos controvertidos, siendo evidente que la demora incurrida resulta imputable al juzgador; en consecuencia, el abandono fue decretado irregularmente. (Casación N.° 359-2015-Ica, de 08-092015, f. j. 5. Sala Civil Permanente [EP, 02-05-2017, Sentencias en Casación N.° 727, p. 91578], Texto completo: ). § 3284, La fijación de un punto controvertido no lim ita aí juzgador para pronunciarse sobre otros extremos de la dem anday contestación no considerados. Es erróneo sostener que los puntos controvertidos estén referidos únicamente a hechos que serán m ateria de probanza. Cuarto. [...] [La] estación procesal en la que se fijan los puntos controvertidos busca establecer los extremos de la demanda y la contestación que van a ser necesariamente objeto de pronunciamiento por el juez de la causa, sean estos fácticos o de derecho, derivados de los hechos que motivaron la litis o de la interpretación y aplicación de las normas en el caso concreto, por lo que resulta erróneo sostener que cuando se fijan los puntos controvertidos aquellos corresponden únicamente a los que serán materia de probanza. [...] [La] fijación de un punto controvertido no impide ni limita al juzgador pronunciarse sobre los demás extremos de la demanda y contestación no considerados, siendo su único límite el previsto en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil, según el cual el juez no puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos a los que han sido alegados por las partes. (Casación N.° 838-06-Lima, de 11-10-2006, f. j. 4. Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria [EP, 02-04-2007, p. 19222], Texto completo: ). § 3285. La fijación del punto controvertido no condiciona de manera absoluta la forma en la que se resolverá el conflicto, sino que cumple la función de directriz del proceso. Séptimo. [La] fijación del punto controvertido no es, procesalmente, un condicionante absoluto e inmodificable de la litis, sino una línea directriz que permita a los magistrados no desvincularse del tema central de la controversia [...]. (Casación N.° 2460-2006-Santa, de 20-03-2007, f. j. 7. Sala Civil Transitoria [EP, 03-09-2007, p. 20308]. Texto completo: ). § 3286. La fijación de puntos controvertidos está referida a la enumeración de aquellos puntos en los cuales existe discrepancia entre las posiciones de las partes. Octavo. U ] M fijación de puntos controvertidos no constituye la exposición de las pretensiones de las partes en el proceso; por el contrario de conformidad con lo establecido en el artículo 471 del [...] Código

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Procesal Civil la fijación de los pantos controvertidos, consiste en la enumeración de los pantos sobre los cuales existe discrepancia, o no existe acuerdo entre las partes; precisión que resulta fundamental en el proceso a efectos del desarrollo de la actividad probatoria [...]. (Casación N.° 2642-2006-Madre de Dios, de 16-01-2007, £ j. 8. Sala Civil Permanente [EP, 02-07-2007, p. 19662], Texto completo: ). § 3287. C ualquier pronunciamiento que haga el juez sobre un extremo de la demanda que rao se encuentre fijada como punto controvertido deberá ser debidamente motivado. Tercero. [...] [Si] bien este Tribunal Supremo ha establecido en la Casación N.° 838-2006-Lima que la fijación de puntos controvertidos no impide al Juzgador pronunciarse sobre los demás extremos de la demanda y la contestación, que no fueron considerados en los puntos controvertidos, ello no quiere decir que el razonamiento explicado en aquel proceso deba aplicarse en abstracto a la generalidad de los casos que son sometidos al control casatorio. Por el contrario, en aplicación del deber de motivación de las resoluciones judiciales [...] y a efecto de resguardar la congruencia procesal, el Juzgador necesariamente deberá exponer las razones por las que emite pronunciamiento respecto de un extremo de la demanda, o de la contestación, que no ha sido considerado como punto controvertido en ia etapa correspondiente. (Casación N.° 2428-2006-La Libertad, de 04-12-2006, f. j. 3- Sala Civil Transitoria [EP, 31-05-2007, p. 19611]. Texto completo: ). § 3288. La fijación de puntos controvertidos no lim ita al juez a pronunciarse solo sobre cuestiones de fondo de la demanda. El Juez aún salvaguarda su facultad de pronunciarse sobre la validez de la relación jurídico-procesal en las etapas que la ley tiene previstas. Tercero. [...] [La] ley procesal faculta al Juez, pronunciarse sobre la relación procesal, ya sea en el auto de calificación de la demanda, con el auto de saneamiento, o en la misma sentencia, por lo que mal puede alegarse que por haberse fijado los puntos controvertidos, el Juez se encuentre obligado a pronunciarse sobre el fondo de la litis. (Casación N.° 2793-2006-Lambayeque, de 14-08-2006, £ j. 3. Sala Civil Permanente [EP, 30-11-2006, p. 178041. Texto completo: ). § 3289- Un pronunciamiento que no resuelva aquello que fue fijado como punto controvertido es nulo. Sétim o. [,..] [Se] advierte que las instancias de mérito no han resuelto los puntos fijados como controvertidos en la audiencia de [autos], incurriendo en la causal de nulidad prevista y sancionada por el artículo 122, segundo párrafo, del Código adjetivo. (Casación N.° 1803-2006-San Martín, de 25-09-2006, f. j. 7- Sala Civil Permanente [EP, 31-01-2007, p. 18620]. Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DE LAS CORTES SUPERIORES

§ 3290. Nada obsta a que el juez decida fijar los puntos controvertidos antes de pedir el concurso de las partes. C uarto . [Si] bien la parte demandada ha cumplido con contestar la demanda, negándola y contradiciéndola, este despacho no estima necesario notificar a las partes para que propongan los puntos controvertidos, porque el caso en trámite no reviste mayor complejidad, y porque de lo expuesto en la demanda y contestación fluyen con claridad los hechos en controversia. En consecuencia, los puntos controvertidos serán fijados en esta resolución, pudiendo las partes mostrar su conformidad expresa o tácita, o su disconformidad, sea solicitando la complementación o impugnando dentro del tercero día de notificadas. Es importante señalar que la práctica que se ímplementa en esta resolución no afecta derecho alguno de las partes, pues acorde con el artículo 468° también con esta práctica se les permite su intervención a la hora de fijar los puntos controvertidos. De esta forma, con la praxis en comentario, se evitan traslados innecesarios y sobre todo no se alarga la duración del proceso más allá de lo necesario, tanto más si, finalmente, es siempre el juez quien fija ios puntos controvertidos. (Exp. N.° 22263-2006, de 15-10-2008, f. j. 4. Décimo Quinto Juzgado Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ). § 3291. Cuando el demandado ha sido declarado rebelde, el juez podría prescindir de pedir el concurso de las partes para fijar el tem a de prueba, y hacerlo directamente él, poniendo en n o m o s & th e s is

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POSTULACIÓN DEL PROCESO / AUDIENCIA CONCILIATORIA

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conocimiento de ambas partes esa decisión. T ercero . En el caso de autos, la parte demandada ha sido declarada rebelde, [...] motivo por el cual no hay puntos controvertidos que fijar, y por ende la intervención de las partes en este tema carece de objeto. C uarto. Así las cosas, no corresponde notificar a las partes para que propongan los puntos controvertidos, pues al no existir estos no se justifica dicha notificación. Q uinto. No obstante lo anterior, es importante indicar que si bien no hay puntos controvertidos que fijar, ello no implica que el demandante quede liberado de cumplir con la carga probatoria que atañe a su pretensión. Sexto. De otro lado, advirtiéndose que los medios probatorios ofrecidos en la demanda tienen carácter documental, no cabe su actuación, precisándose respecto al medio probatorio consistente en el reconocimiento que deberá efectuar el notario público [...] sobre la autenticidad del documento que obra anexo a la demanda [...], que en su lugar se cursara oficio al citado Notario para que informe si la minuta [...] ha sido ingresada a su oficio en el kárdex [correspondiente], debiendo precisar la techa de este ingreso. Por ende, no habiendo medio probatorio que actuar carece de objeto convocar a la audiencia de pruebas; debiendo declararse por tanto el juzgamiento anticipado del proceso, de conformidad con el mismo artículo 468°, quedando los autos para sentenciar, según el artículo 473° inciso 1 del mismo Código. (Exp. N.° 8597-2007, de 30-092008, ff. jj. 3-6. Décimo Quinto Juzgado Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ).

Artículo 469: Finalidad de la audiencia

Derogado. (1) NOTA DE ACTUALIZACIÓN (1) Artículo derogado por la Única Disposición Derogatoria del Decreto Legislativo N.- 1070 (EP, 28-06-2008), la misma que de conformidad con su Primera Disposición Final, entrará en vigencia progresivamente en los diferentes Distritos Conciliatorios según el Calendario Oficial que será aprobado mediante Decreto Supremo. Se exceptúa de dicho Calendario a los distritos conciliatorios de Lima, Trujiilo y Arequipa, así como el Distrito Judicial del Cono Norte de Lima, salvo la provincia de Canta, en los cuales será aplicado a los sesenta (60) días calendario de su publicación. Posteriormente mediante el Decreto Supremo N.s 005-2010-JUS (EP, 30-04-2010), se aprueba el Calendario Oficial para el año 2010, señalando la fecha de entrada en vigencia del Decreto Legislativo N.a 1070 en diversos distritos conciliatorios; mediante Decreto Supremo N.fi 008-2011-JUS (EP, 06-07-2011), se aprueba e! Calendario Oficial para el año 2011 de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N.e 1070, en diversos distritos conciliatorios del país; mediante Decreto Supremo N.a 015-2012-JU S (EP, 21/10/2012), se aprueba ei Calendario Oficial para los años 2012 y 2013 de la entrada en vigencia dei Decreto Legislativo N.s 1070, en diversos distritos conciliatorios del país; y mediante Decreto Supremo N.s 008-2014-JUS (EP, 30/09/2014), se aprueba el Calendario Oficia! para el año 2014 de la entrada en vigencia de la obíigatoriedad del intento conciliatorio previo a un proceso judicial, en distintos distritos conciliatorios del país.

JURISPRUDENCIA DE LAS CORTES SUPERIORES

§ 3292. Si el Juez no cumple con la obligación de proponer la conciliación, no cabe la nulidad si esta omisión se ha convalidado o subsanado. Q uinto. [...] [Cjonforme es de verse [de autos], el a quo no ha cumplido con su obligación de proponer la fórmula de conciliación, habiendo procedido a fijar los puntos materia de la controversia luego de escuchar las razones expuestas por las partes. Sexto, [Sin] embargo, dicha omisión de parte del juzgador, en el presente caso, no produce la nulidad de lo actuado en razón de las provisiones que contiene el artículo 172, segundo, tercer y cuarto párrafo del Código Adjetivo. (Exp. N.° 987-95, de 18-09-1995, ff. jj. 5-6. Quinta Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ). § 3293. Todos los procesos corresponden al enfrentamiento de posiciones antagónicas, hecho que de ninguna m anera debe im pedir propiciar la conciliación de las partes antagónicas y de proponer su fórm ula conciliatoria. Q uinto. [...] [En] ía audiencia [...], a pesar de consignarse en el acta ‘A continuación se procede a propiciar la conciliación entre las partes”, el a quo no ha cumplido con tai propiciación, solo porque el representante de la parte demandada adujo no estar facultado » SUMMA PROCESAL CIVIL

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contra lo que fluye de la copia certificada [...], y no obstante que el representante de la accionante expusiera que sí estaba con ánimo de conciliar, por considerar que “siendo la posición de ambas partes antagónica, resulta imposible la conciliación’, en cuya virtud obvió proponer fórmula conciliatoria alguna. Sexto. [TIal argumento carece de toda significación, en tanto todos los procesos corresponden al enfrentamiento de posiciones antagónicas, hecho que de ninguna manera debe dar lugar al incumplimiento de la ley sino que, por el contrario, impone el deber de propiciar la conciliación de las partes antagónicas y de proponer su fórmula. (Exp. N.° 58-95, de 06-04-1995, ff. jj. 5 y 6. Cuarta Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ).

Artículo 470: Audiencia con conciliación D e rogado . (1) NOTA DE ACTUALIZACIÓN (1) Artículo derogado por la Única Disposición Derogatoria del Decreto Legislativo N.° 1070 (EP, 28-06-2008), la misma que de conformidad con su Primera Disposición Final, entrará en vigencia progresivamente en los diferentes Distritos Conciliatorios según el Calendario Oficial que será aprobado mediante Decreto Supremo. Se exceptúa de dicho Calendario a los distritos conciliatorios de Lima, Trujillo y Arequipa, así como el Distrito Judicial del Cono Norte de Lima, salvo !a provincia de Canta, en los cuales será aplicado a los sesenta (6 0 ) días calendario de su publicación. Posteriormente mediante el Decreto Supremo N.e 005-2010-JU S (EP, 30-04-2010), se aprueba e! Calendario Oficial para el año 2010, señalando la techa de entrada en vigencia de! Decreto Legislativo N.s 1070 en diversos distritos conciliatorios; mediante Decreto Supremo N.® 008-2011-JUS (EP, 06-07-2011), se aprueba ei Calendario Oficia! para el año 2011 de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N.° 1070, en diversos distritos conciliatorios del país; mediante Decreto Supremo N.s 015-2012-JU S (EP, 21/10/2012), se aprueba el Calendario Oficial para los años 2012 y 2013 de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N.2 1070, en diversos distritos conciliatorios del país; y mediante Decreto Supremo N.® 008-2014-JUS (EP, 30/09/2014), se aprueba el Calendarlo Oficial para el año 2014 de la entrada en vigencia de la obligatoriedad del intento conciliatorio previo a un proceso judicial, en distintos distritos conciliatorios del país.

Artículo 471: Audiencia sin conciliación Derogado.(1} NOTA DE ACTUALIZACIÓN (1) Artículo derogado por la Única Disposición Derogatoria del Decreto Legislativo N.a 1070 (EP, 28-06-2008), la misma que de conformidad con su Primera Disposición Final, entrará en vigencia progresivamente en los diferentes Distritos Conciliatorios según el Calendario Oficial que será aprobado mediante Decreto Supremo. Se exceptúa de dicho Calendario a los distritos conciliatorios de Lima, Trujillo y Arequipa, así como el Distrito Judicial del Cono Norte de Lima, salvo la provincia de Canta, en los cuales será aplicado a los sesenta (60) días calendario de su publicación.

JURISPRUDENCIA DE LAS CORTES SUPERIORES

§ 3294. Si el demandado no concurre a la audiencia de conciliación por razones de salud acreditada y el juez no admite las pruebas del demandado se vulnera el debido proceso. Segundo. [El] a q u o , no se ha pronunciado sobre [...] los medios probatorios [ofrecidos por el demandado] tanto en la resolución de [autos] (dándolos en su caso por ofrecidos), ni en el saneamiento probatorio efectuado en la Audiencia [de conciliación] [...]. Tercero. [En] consecuencia, se ha infringido el debido proceso, en su faceta de oportunidad probatoria [...]. Cuarto. [S]egún el certificado médico [,..] ei ejecutado por su ancianidad se encontraba en mal estado de salud, lo que le impidió asistir a la citada audiencia, sin embargo, el a q u o da por válida esa diligencia judicial en ausencia del ejecutado impedido, (Exp. N.° 699-95-N, Res. N.° 5, de 31-10-1995, sumilla. Primera Sala Civil. Corte Superior de justicia de Arequipa. Texto completo: ). nom os

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POSTULACION DEL PROCESO / JUZGAMIENTO ANTICIPADO

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§ 3295. Si no hay conciliación, el juez fija los puntos controvertidos que van a ser m ateria de prueba* [...j [E1J Juez debe proceder a enumerar los puntos controvertidos y en especial los que van a ser materia de pruebas, si no hay conciliación [...]. (Exp. N.° 1299-94, de 30-06-1995. Tercera Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ).

Artículo 472: Regulación supletoria D erogado . (1) NOTA DE ACTUALIZACIÓN (1) Artículo derogado por la Única Disposición Derogatoria del Decreto Legislativo N.e 1070 (EP, 28-06-2008), la misma que de conformidad con su Primera Disposición Final, entrará en vigencia progresivamente en los diferentes Distritos Conciliatorios según el Calendario Oficial que será aprobado mediante Decreto Supremo. Se exceptúa de dicho Calendario a los distritos conciliatorios de Lima, Trujillo y Arequipa, así como el Distrito Judicial de! Cono Norte de Lima, salvo la provincia de Canta, en los cuales será aplicado a los sesenta (60) días calendario de su publicación. Posteriormente mediante el Decreto Supremo N.e 005-2010-JU S (EP, 30-04-2010), se aprueba el Calendario Oficial para el año 2010, señalando la fecha de entrada en vigencia del Decreto Legislativo N.fi 1070 en diversos distritos conciliatorios; mediante Decreto Supremo N.E 008-2011-JUS (EP, 06-07-2011), se aprueba el Calendario Oficial para el año 2011 de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N,s 1070, en diversos distritos conciliatorios del país; mediante Decreto Supremo NT 015-2012-JUS (EP, 21/10/2012), se aprueba el Calendario Oficial para los años 2012 y 2013 de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo NT 1070, en diversos distritos conciliatorios del país; y mediante Decreto Supremo N.fi 008-2014-JU S (EP, 30/09/2014), se aprueba ei Calendario Oficial para el año 2014 de la entrada en vigencia de la obligatoriedad de! intento conciliatorio previo a un proceso judicial, en distintos distritos conciliatorios del país.

TITULO VIS JUZGAMIENTO ANTICIPADO DEL PROCESO CAPÍTULO I JUZGAMIENTO ANTICIPADO DEL PROCESO Artículo 473: Juzgamiento anticipado del proceso El Juez comunicará a las partes su decisión de expedir sentencia sin admitir otro trámite que el informe oral: 1. Cuando advierte que la cuestión debatida es solo de derecho o, siendo también de hecho, no hay necesidad de actuar medio probatorio alguno en la audiencia respectiva; o, 2. Queda consentida o ejecutoriada la resolución que declara saneado el proceso, en los casos en que la declaración de rebeldía produce presunción legal relativa de verdad. 9) NOTA DE ACTUALIZACIÓN (1) Artículo modificado por la única disposición modificatoria del Decreto Legislativo N.° 1070 (EP, 28-06-2008), la misma que de conformidad con su Primera Disposición Final, entrará en vigencia progresivamente en los diferentes Distritos Conciliatorios según el Calendario Oficial que será aprobado mediante Decreto Supremo. Se exceptúa de dicho Calendario a los distritos conciliatorios de Lima, Trujillo y Arequipa, así como el Distrito Judicial del Cono Norte de Lima, salvo la provincia de Canta, en los cuales será aplicado a los sesenta (60) días calendario de su publicación.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 3296. Si la cuestión debatida es solo de derecho o si las pruebas ingresadas al proceso 110 requieran actuación, entonces no habrá necesidad de convocar a una audiencia de pruebas. El ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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juez com unicará a las partes su decisión de expedir sentencia, sin adm itir otro trámite más que el informe oral. Tercero. [...] [La] audiencia de pruebas tiene como finalidad la actuación de las pruebas admitidas, en el orden que señala el artículo 208 del Código Procesal Civil, de tal manera que si las pruebas no requieren de actuación, esta carece de objeto, por lo que conforme a lo dispuesto en el artículo 473 inciso 1 del mismo Código, no habiendo necesidad de actuar medio probatorio alguno, el Juez comunicará a las partes su decisión de expedir sentencia, sin admitir otro trámite [excepto el informe oral, conforme a la modificación efectuada por el Decreto Legislativo N.° 1070]. (Casación N.° 225-98-Cnsco, de 24-11-1998, f. j. 3. Sala Civil [EP, 03-01-1999, p. 2338], Texto completo: ). § 3297. Cuando alguna de las partes ha aportado suficientes medios probatorios que generan convicción en el juez, no siendo necesaria la actuación en audiencia de pruebas, el juez puede com unicar su decisión de em itir sentencia. Tercero. [El] artículo 473 inciso 2 del Código Procesal Civil establece que queda consentida o ejecutoriada la resolución que declara saneado el proceso en los casos en que la declaración de rebeldía produce presunción legal relativa de verdad. C uarto. [En] ese contexto es del caso señalar que la “rebeldía” es una modalidad de inacción del demandado que se configura no con la ausencia de este en el proceso sino con la omisión en que incurre al no contestar la demanda dentro del plazo señalado por ende y tomando como referencia que la ausencia de una de las partes implica una falta de cooperación que afecta la estructura normal del proceso y el ejercicio de la actividad judicial los modernos sistemas judiciales acuden al hecho de crear presunciones con relación a la incomparecencia al proceso tendiente a superar las dificultades que de tales contingencias emergen. Q uinto. [Sobre] el particular corresponde indicar que el artículo 461 del Código Procesal Civil establece que la declaración de rebeldía cansa presunción legal relativa sobre la verdad de los hechos expuestos en la demandada estando el juez de la causa facultado para obviar la etapa probatoria normal cuando cualquiera de las partes ha aportado elementos de juicio suficientes que generan su convencimiento igualmente cuando la prueba aportada sea exclusivamente documental y por tanto no hay necesidad de su actuación en audiencia correspondiendo al juez en tales casos comunicar su decisión de emitir sentencia. (Casación N.° 3399-2012-Ica, de 16-08-2013, ff. jj. 3-5. Sala Civil Transitoria [EP, 02-01-2014, Sentencias en Casación N.° 687, p. 47630], Texto completo: ). § 3298. El juez puede prescindir de la realización de la Audiencia de pruebas en el caso que ún icamente se hayan aportado pruebas documentales. Tercero. [...] [R] especio de la causal de infracción de las normas procesales debe precisarse que el hecho de prescindir de la realización de la Audiencia de Pruebas constituye una facultad del Juez prevista en el artículo 473 del Código Procesal Civil [sobre juzgamiento anticipado del proceso]; más aún cuando han sido aportados al proceso únicamente pruebas documentales [...]. (Casación N.° 1302-2003-La Libertad, de 30-06-2003, f. j. 3- Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria [EP, 31-03-2004, p. 11650], Texto completo: ). § 3299. Si e! Juez dispone el juzgam iento anticipado del proceso donde hubo declaración de rebeldía que produjo la presunción relativa de veracidad de los hechos y al em itir sentencia se aparte de esta presunción, debe exponer necesariamente los motivos que lo llevaron a decidir en tal sentido. N oveno. [C]on£orme al artículo 461 del Código adjetivo, la declaración de rebeldía causa, entre otros, presunción relativa sobre la verdad de los hechos expuestos en la demanda; [...] si el juez opta por expedir resolución declarando la presunción legal relativa [sobre la verdad de los hechos expuestos en la demanda] y dispone el juzgamiento anticipado del proceso, aplicando el inciso segundo del artículo 473 del Código Procesal Civil, al momento de pronunciar sentencia, no puede ignorar ni prescindir de su anterior resolución, de tal maneta que si después de analizado el proceso para emitir sentencia obtiene una conclusión distinta a la presunción establecida, necesariamente debe referirse a ella. (Casación N.° 3062-2002-Lima, de 07-04-2003, f. j. 9. Sala Civil Transitoria [EP, 3006-2003, p. 10713], Texto completo: ). n o m o s & th e s ís

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POSTULACIÓN DEL PROCESO / JUZGAMIENTO ANTICIPADO

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§ 3300. ES juez puede disponer eí juzgam iento anticipado del proceso en el caso que quede consentida la resolución que declara saneado el proceso y la parte dem andada ha sido declarada rebelde. C uarto. [...] [Al] haber sido declarada rebelde la [...] demandada, el a quo al amparo del artículo 460 del Código Procesal Civil dispuso el juzgamiento anticipado del proceso, lo que implica que no sea necesaria la fijación de puntos controvertidos, ni la admisión y actuación de medios probatorios. (Casación N.° 4296-01-La Libertad, de 28-01-2002, f. j. 4. Sala Civil Transitoria [EP, 31-05-2002, p. 8781]. Texto completo: ). § 3301. La declaración de rebeldía que produce presunción legal relativa a los hechos de la demanda, no impide que la parte accionante actúe los medios probatorios que dispone para crear convicción de su posición ante el juez. Cuarto. [Djespués de expedida una resolución declarando la presunción legal relativa de los hechos expuestos en la demanda, en la sentencia se ha desestimado la demanda, entre otras razones, porque no se han probado sus preces, lo que resulta un contrasentido, pues el Juzgado con el juzgamiento anticipado prescindió de las audiencias correspondientes a las pruebas y no permitió al demandado actuar las que ofreció, lo que evidentemente viola su derecho a un debido proceso. (Casación N.° 1868-98-Callao, de 12-04-1999, f. j. 4. Sala Civil Transitoria [EP, 22-07-1999, p. 3093]. Texto completo: ).

CAPÍTULO II CONCLUSIÓN ANTICIPADA DEL PROCESO Artículo 474: Conclusión anticipada del proceso El Juez declarará concluido el proceso si durante su tramitación se presentan cualquiera de los casos previstos en el artículo 321 y los incisos 2,4 y 5 del artículo 322.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 3302. Conclusión del proceso por sustracción de la materia. Q uinto. [...] [Se] debe tener en cuenta que la resolución de primera instancia le fue desfavotable al declarar fundada la demanda, la cual fue apelada por la recurrente, siendo confirmada por la recurrida, por lo que se cumple con el primer requisito de procedencia. En cuanto a la sustentación del recurso, denuncia como infracciones normativas los siguientes: [...] b)se ha tenido en cuenta las antecedentes jurisprudenciales constitucionales, como son la sentencia de los expedientes N.° 01458-2010-PA/TC y N.° 02540-2010PA/TC, debido a que en el caso de autos, el demandante no ha estado sujeto a un horario de trabajo y además no se ha determinado la existencia del poder de dirección que haya ejercido la demandada; c) Infracción de los artículos 321 y 474 del Código Procesal Civil, los cuales señalan la figura jurídica de conclusión del proceso debido a la sustracción de la materia, dichas normas expresan taxativamente que concluye el proceso sin declaración sobre el fondo cuando: 1) Se sustrae la pretensión del ámbito jurisdiccional; siendo dicha norma aplicable supletoriamente ai proceso laboral conforme a la primera disposición complementaria de la Ley N.° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo [...]. [...] Sétim o. [En] lo referente al agravio señalado en el literal b), de la revisión de las sentencias recaídas en los expedientes N.° 01458-20i 0-PA/TC y N.° 02540-2010-PA/TC, se advierte que dichas sentencias expedidas por el Tribunal Constitucional no tiene la calidad de precedente vinculante, por lo que no se configura ia causal contemplada en el artículo 34 de la Ley N.° 29497 - Nueva Ley Procesal del Trabajo, respecto al apartamiento de los precedentes vinculantes dictados por el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema de Justicia de la República, por lo que dicha causal deviene en improcedente. Por tales consideraciones, al no haberse satisfecho las exigencias de fondo a que hace referencia el artículo 36 de la Ley N.° 29497 —Nueva Ley Procesal del Trabajo, en ejercido de la facultad conferida por el primer párrafo del artículo 37 de la anotada Ley, declararon: improcedente el recurso de casación interpuesto * SUMMA PROCESAL CIVIL

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por el demandado [...], (Casación Laboral N.° 10866-2013-Del Santa, de 20-11-2013, ff. jj. 5 y 7. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 30-05-2014, Sentencias en Casación N.° 692, p. 51740]. Texto completo: ).

§ 3303. La sustracción de la materia está referida a una situación de hecho que tiene como co n s e cu e n cia despojar al proceso de un elemento esencial sin el cual no tiene sentido que el órgano jurisdiccional se pronuncie en sentencia. P rim ero. [De] conformidad con el artículo 321 inciso 1 del Código Procesal Civil: “Concluye el proceso sin declaración sobre el fondo cuando: Se sustrae la pretensión del ámbito jurisdiccional”; que se entiende por sustracción de la materia a una situación de hecho derivada de la naturaleza de las cosas, en virtud del cual el proceso de pronto carece de un elemento esencial lo cual produce que carezca de objeto que el Organo Jurisdiccional emita pronunciamiento sobre el fondo de la materia controvertida; que esta sustracción de la materia puede darse por diversos motivos, presentándose uno de ellos cuando lo que se peticiona judicialmente a la parte demandada es satisfecho de modo completo antes de que se dicte sentencia firme en el proceso; no teniendo así el Poder Judicial nada que ordenar al demandado que cumpla, puesto que este ya lo ha cumplido. (Casación N.° 1580-2006-Lima, de 22-11-2006, f. j. 1, Sala Civil Transitoria [EP, 3105-2007, p. 19599]. Texto completo: ).

§ 3304. La solicitud de conclusión del proceso por sustracción de la materia debe ser atendida por el Juez, caso contrario estaría vulnerando el derecho de defensa del peticionante. C uarto. [...] [El] recurrente [...], solicit[a] se declare la conclusión por haber operado la sustracción de la pretensión de conformidad con el inciso 1 del artículo 321 del Código Procesal [Civil], pedido que es proveído a fojas 600 resolviéndose que se tenga presente lo expuesto al momento de resolver. [,,,] Sétim o. [La] impugnada al no resolver un pedido la Ley procesal contempla, presentado oportunamente, ha afectado el derecho de defensa y el principio de igualdad de las partes en el proceso. (Casación N.° 1180-99-Lima, de 07-10-1999, íf. jj. 4 y 7. Sala Civil Transitoria [EP, 28-11-1999, p. 4184]. Texto completo: ).

§ 3305. El desistir del proceso judicial iniciado mediante una cláusula obligacional que co n sta en instrumento público, sustrae el objeto litigioso del ámbito jurisdiccional, dándose por concluido el proceso sin declaración sobre el fondo de la demanda. N oveno. [La] recurrente al señalar expresamente en el contrato de compraventa, ya mencionado, que se desiste del reclamo judicial o extrajudicial, iniciado (como es el caso de autos) o por iniciarse, respecto a cualquier tipo de merced conductiva, lo que se ha producido en sí es la sustracción del objeto litigioso del ámbito jurisdiccional en virtud de la renuncia del derecho a reclamar la suma puesta a cobro plasmado en un contrato elevado a escritura pública que en virtud del artículo 1361 es obligatorio y responde a la voluntad común de las partes. (Casación N.° 1653-97-Lima, de 18-09-1998, f. j. 9. Sala Civil [EP, 17-11-1998, p. 2048], Texto completo: ).

n o m o s ■& t h e s i s

SECCIÓN QUINTA PROCESOS CONTENCIOSOS TÍTULO S PROCESO DE CONOCIMIENTO CAPÍTULO! DISPOSICIONES GENERALES Artículo 475: Procedencia Se tramitan en proceso de conocimiento, ante los Juzgados Civiles, los asuntos contenciosos que: 1. No tengan una vía procedí mental, no estén atribuidos por ley a otros órganos jurisdiccionales y, ade­ más, cuando por su naturaleza o complejidad de Ea pretensión, el Juez considere atendible su tramitación; 2. la estimación patrimonial del petitorio sea mayor de mil Unidades de Referencia Procesal; 3. son inapreciables en dinero o hay duda sobre su monto, y siempre que el Juez considere atendible su procedencia;

4. el demandante considere que Eacuestión debatida solo fuese de derecho; y, 5. los demás que la ley señale.(1) NOTA DE A C T U A L IZ A C IÓ N (1) Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley N.a 29057 (EP, 29-06-2007). Anteriormente 'había sido modificado por el artículo 3 de ia Ley N.g 27155 (EP, 11 -07-1999),

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 3306. Puede acumularse en la vía de conocimiento la pretensión de nulidad de acto jurídico y la de restitución de posesión de inmueble. D écim o . [...] [La] pretensión de nulidad de acto jurídico se desarrolla generalmente en la vía del proceso de conocimiento (artículo 475 del Código Procesal Civil) y la de restitución del posesión de inmueble en la vía procedimental sumarísima (artículo 546 del mismo Código), pudiendo ambas, no obstante, conocerse, debatirse y resolver en la vía procedimental más larga, como es posible en el caso planteado y lo informa el artículo 85 segundo párrafo del indicado Código, por lo que nada obsta para la resolución de la causa a través de una decisión de fondo por la Sala Superior. (Casación N.° 2301-2015-Ayacucho, de 07-10-2016, £ j. 10. Sala Civil Transitoria [EP, 02-10-2017, Sentencias en Casación N.° 734, p. 97034]. Texto completo: ). § 3307. En un proceso de conocimiento no se puede declarar lim inarm ente la improcedencia de la demanda que pretende un cobro de obligaciones contenida en una m inuta de arrendamiento financiero. S egundo. [Las] resoluciones de mérito han declarado liminarmente improcedente la demanda, por cuanto la minuta con la que se recauda la acción no reviste la formalidad de naturaleza ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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imperativa que exige el numeral ocho del Derecho Legislativo N.° 299 Ley de Arrendamiento Financiero. Tercero. [No] se trata de un proceso ejecutivo, sino una acción causal de conocimiento, donde se pretende cobrar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en una minuta de arrendamiento financiero. Cuarto. [T] talándose de una acción causal, no se puede rechazar liminarmente la demanda, sin tramitar el proceso con arreglo a ley y en el que solo en la sentencia deberá definirse si es posible el cobro o no de una suma de dinero derivada de una minuta de arrendamiento financiero, lo cual no puede constituir un petitorio jurídica o físicamente imposible. (Casación N.° 3594-2002-Lima, de 09-07-2003, ff. jj. 2-4. Sala Civil Transitoria [EP, 01-12-2003]. Texto completo: ). § 3308. Proceso de conocimiento. En la acción de reivindicación también procede determinar eí mejor derecho de propiedad. Sexto. [Nada] impide que en un proceso sobre reivindicación, se determine también el mejor derecho de propiedad cuando ambas partes tengan dicho título; siendo así, de acuerdo a lo expuesto, la recurrida ha contravenido las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, pues debe tomarse en cuenta que si bien el mejor derecho de propiedad puede solicitarse en vía de acción, esta no es una acción reai estricto sensu , sino que se puede discutir al interior de la acción reivindicatoría, en consecuencia no es necesariamente una acción aparte o independiente de la reivindicatoría, sino que está incursa dentro de ella como una cuestión probatoria; motivo por el cual el Colegiado Superior debe proceder a emitir nuevo fallo. (Casación N.° 500-2010-Cajamarca, de 14-03-2011, £ j. 6. Sala Civil Transitoria [EP, 02-08-2011, Sentencias en Casación N.° 647, p. 30977]. Texto completo: ), § 3309. Proceso de conocimiento. Declaración de propiedad como un requisito previo y autónomo al proceso de reivindicación. Cuarto. [Si] bien la acción reivindicatoría la interpone el propietario no poseedor contra el poseedor no propietario, también lo es, que nada obsta para que en dicho proceso pueda discutirse el mejor derecho de propiedad en caso de que la parte contraria también alegue la titularidad respecto del mismo bien; tal como ya quedara establecido en reiteradas Ejecutorias Supremas [...]. [...] O ctavo. [Existiendo] por tanto, controversia respecto de la titularidad de la edificación, las Instancias de mérito debieron pronunciarse al respecto, toda vez que no se puede reivindicar respecto de lo que no se ha acreditado la titularidad. N oveno, [Al] no haberse dilucidado tal discusión respecto de lo construido en el bien sub litis, las sentencias de mérito están viciadas de nulidad a tenor del artículo 171 del Código Procesal Civil. (Casación N.° 3134-2001-La Libertad, de 11-02-2002, ff. jj. 4, 8 y 9. Sala Civil Transitoria [EP, 02-05-20002, p. 8758]. Texto completo: ). § 3310. En el proceso de reivindicación se puede discutir el m ejor derecho de propiedad entre el actor y la parte demandada. Tercero. [Para] el ejercicio de la acción reivindicatoría deben concurrir los siguientes elementos: a) que se acredite la propiedad del inmueble que se reclama; b) que el demandado posea la cosa de manera ilegítima o sin derecho a poseer; y, c) que se identifique el bien materia de restitución. Cuarto. [T]emendo en cuenta que la acción reivindicatoría tiene como uno de sus efectos que se reconozca el derecho del propietario frente al demandado y que dicha acción constituye el medio por excelencia para la defensa de la propiedad, dentro de la misma se puede discutir el mejor derecho de propiedad o la oponibilidad de derechos que existen entre las partes respecto del mismo bien, a efectos de determinar la ausencia del derecho del demandado para poseer el citado bien. (Casación N.° 729-2006-Lima, de 18-07-2006, ff. jj. 3 y 4. Sala Civil Permanente [EP, 30-10-2006]. Texto completo: ). § 3311. En la dem anda de reivindicación puede acum ularse la pretensión de accesionar al terreno el bien construido sobre él. No es requisito para la acción de reivindicación que en un proceso jud icial anterior se h alla demandado la accesión. Q uinto. [En] el presente caso, la recurrente [...] pretende a través de su demanda de reivindicación ia restitución, en vía de conocimiento, [...] del inmueble [.,,] y, como pretensión accesoria, la demolición del cuarto de adobe levantado por los demandados en el área reclamada, sosteniendo gozar del derecho de propiedad respecto del inmueble subjudice [...] que los demandados pretenden apoderarse del bien y que la n o m o s & th e s ís

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edificación levantada por estos ha sido de mala fe. Sexto. Que, ral como se puede apreciar, resulta evidente que la actora ha acumulado a su pretensión reivindicatoría, aun cuando así no lo haya denominado, la pretensión de accesión en la modalidad de edificación de mala fe a que se contrae el artículo 943 del Código Civil [...] de tal modo que para el amparo de esta demanda acumulada resulta indispensable la acreditación plena del derecho de propiedad de la actora sobre el inmueble sub materia y su prevalencia, de ser el caso, sobre cualquier otro título que la parte demandada oponga, así como el obrar de mala fe de los referidos demandados en el levantamiento de la edificación. S étim o. [La] referida demanda es declarada fundada en su integridad por el a q u o \empero, la sala revisora, revocando la apelada, declara improcedente la demanda bajo el argumento de que existiendo una edificación sobre el lote de terreno sublitis no corresponde iniciar la reivindicación del mismo sino hasta que se determine previamente la situación jurídica de la construcción efectuada, la que conforme a la relación controversia! pasará en tomo a que se verifique si aquella se efectuó de buena fe o mala fe, conforme a lo previsto por ios artículos 941 y 943 del Código Civil: Por tanto, habiendo interpuesto la reivindicación como pretensión principal y la demolición de lo construido como pretensión accesoria, cuando esta no puede ser peticionada en dicha calidad por los motivos expuestos, la presente demanda deviene en improcedente conforme a la causal prevista en el artículo 427 inciso 7 del Código Procesal Civil”. O ctavo. [La] sala revisora yerra notoriamente, toda vez que: 1) la recurrente en ningún momento ha peticionado la restitución del área reclamada juntamente con la edificación levantada en dicha porción sino precisamente, ante dicha imposibilidad fáctica y jurídica, es que exige la demolición de lo edificado; II) no existe prohibición legal alguna para acumular a la pretensión de reivindicación la de accesión sino que por el contrario se cumple perfectamente los requisitos de ser de competencia del mismo juez, no set contrarias entre sí y tramitables en la misma vía procedimental. (Casación N.° 1230-2006-Lima, de 19-10-2006, ib jj. 5-8. Sala Civil Transitoria [EP, 31-05-2007, p. 19581], Texto completo: ). § 3312. Sí el juez considera atendible la pretensión, puede conocer de ella sea en la vía de conocimiento o en la vía abreviada. Sexto. [Se] acusó también en el recurso la desnaturalización del proceso por deber tramitarse el mismo en la vía de conocimiento y no en la abreviada como se ha hecho, lo que se sustenta en que por no tener las pretensiones tramitación propia corresponde la vía de conocimiento conforme al artículo 475° dei Código Procesal Civil; empero si bien esta norma permite en su inciso 1 la tramitación en la vía de conocimiento de aquellos asuntos contenciosos que no tengan una tramitación propia, ello es cuando el juez considere atendible así su empleo de acuerdo a la complejidad, permitiendo el artículo 486° del propio Código Formal que en igual circunstancias pueda tramitarse en la vía abreviada siempre que el juez considera atendible su empleo; debiendo anotarse que en cualquier caso no corresponde sanción de nulidad a tenor del artículo 487° del Código Procesal Civil; menos si no fue cuestionada la vía procedimental en su oportunidad, de modo que se habría producido la convalidación que prescribe el artículo 172° del tercer párrafo del Código Procesal Civil. [...] D écim o Segundo. [...] [En] la demanda nunca se estableció como pretensión principal el otorgamiento de escritura pública, y como accesoria la devolución de dinero, toda vez que el petitorio está constituido por los puntos expuestos en el considerando noveno de esta resolución, sobre los que deben versar las sentencias para emitir su decisión de fondo; o, de ser el caso, para pronunciarse sobre la existencia dé la indebida acumulación o de cualquier otro defecto en la relación jurídico-procesal; por lo que es necesario se anulen las sentencias emitidas en autos a efectos de que el a q u o emita nuevo fallo con el que se otorgue oportunidad a las partes a impugnarlo en respeto a su derecho a la doble instancia recogido en el artículo X del Título Preliminar del Código Procesal Civil [...]. (Casación N.° 1885-2002-Lambayeque, de 17-06-2004, ff, jj. 6 y 12, Sala Civil Permanente [EP, 03-11-2004, p. 13005]. Texto completo: ). § 3313. Cuando la ley prevé vía procedim ental propia, no procede accionar la pretensión en vía de conocimiento (inc. 1). Q uinto. [...] [S] en alando la ley una vía procedimental propia, no es procedente recurrir al proceso de conocimiento, como establece el artículo 475 inciso 1 del

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Código Procesal Civil, y aun en esa hipótesis, de que se pueda recurrir a otra vía, no se modifica la naturaleza de la acción interpuesta [...]. (Casación N.° 228-95-Callao, de 27-01-1998, f. j. 5. Sala Civil Permanente [EP, 13-05-1998, p. 1023]. Texto completo: ). § 3314. Si una acción (en este caso, una de exclusión de nombre) no tiene una vía procedimental específica, la decisión del a q uo de tram itar la cam a en la vía de Conocimiento no acarrea nulidad procesal alguna (inc. 1). P rim ero: [Njinguna de las 23 disposiciones transitorias finales del Código Procesal Civil prevé que la acción de exclusión de nombre se tramita en la vía abreviada. Segundo. [E]sta acción no tiene una vía procedimental específica, por lo cual la decisión del a quo de tramitar la causa en la vía de Conocimiento no acarrea nulidad procesal alguna. Tercero. [Más] aún, la vía de Conocimiento, por su naturaleza, permite un mejor ejercicio del derecho de acción y contradicción a las partes. (Casación N.° 3570-2002-Ucayali, de 04-07-2003, ffi jj. 1-3. Sala Civil Transitoria [EP, 31-03-2004, p. 11664], Texto completo: ). § 3315. Criterios para determ inar la competencia por razón de cuantía. En el presente caso, los jueces de mérito infringieron el derecho al debido proceso toda vez que si bien determinaron su incompetencia por razón de cuantía, debieron rem itir los actuados al juez competente, y no ordenar la devolución de los anexos al actor (inc. 2). Véase la jurisprudencia del artículo 10° del Código Procesal Civil [§ 486]. (Casación N.° 1910-2014-Ancash, de 16-04-2015, ff. jj. 3, 5 y 6. Sala Civil Permanente [EP, 30-05-2016, Sentencias en Casación N.° 714, p. 77867]. Texto completo: ). § 3316. Nada im pide que, en un proceso sobre reivindicación, se determine también el mejor derecho de propiedad cuando ambas partes tengan dicho título. Si las instancias de mérito se negaron a pronunciarse sobre tal confrontación de derechos, procede el reenvío del expediente para que dicten sentencia tomando en cuenta tal punto. Véase la jurisprudencia del artículo 396° del Código Procesal Civil [§ 2584], (Casación N.° 2376-2001-Torero, de 23-11-2001, ff. jj. 3 y 6. Sala Civil Transitoria [EP, 01-03-2002], Texto completo: ).

Artículo 476: Requisitos de la actividad procesal El proceso de conocimiento se inicia con la actividad regulada en la Sección Cuarta de este Libro, suje­ tándose a ios requisitos que allí se establecen para cada acto.

Artículo 477: Fijación del proceso por el Juez En los casos de los incisos 1 y 3 del artículo 475, la resolución debidamente motivada que declara aplicable el proceso de conocimiento en sustitución al propuesto, será expedida sin citación al demandado yes inimpugnable.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 3317. Adecuación de la vía procedimental propuesta en la demanda por parte del Juez. N oveno. [...] [En] lo referente al agravio descrito en el literal b) [sobre la vía de procedencia, la recurrente sostiene que la demanda debió tramitarse en la vía de conocimiento, y no en la víasumarísima], debe establecerse p r im a fa c í e que el ordenamiento procesal civil permite al juzgador adecuar la vía procedimental propuesta en la demanda, en cuyo supuesto exige que se exprese la motivación correspondiente cuando opte por el proceso de conocimiento, de acuerdo a lo previsto por el artículo 477 del Código Procesal Civil. En el caso bajo revisión, la parte accionante propuso como vía procedimental la del proceso sumarísimo, lo que fue acogido por la respectiva instancia de mérito, según los términos del auto admisorío de la instancia y al amparo de los artículos 546 inciso 6) del acotado Código y 200 del Código Civil, por n o m o s & th e s is

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ío que la vía procedimental era adecuada para la dilucidación de la controversia planteada. El monto de la donación, que según el recurrente alcanza la suma de veinticinco mil soles (S/ 25.000.00), no es relevante en la fijación de la vía procedimental, atendiendo a la pretensión demandada (Ineficacia de acto jurídico) y a lo que manda la disposición sustantiva arriba señalada. Por lo demás, la Sala Superior sobre el reclamo bajo examen, que también fue denunciado en el recurso de apelación, expresó que: “Respecto a la vía procedimental que se cuestiona, esta fue pronunciada mediante Resolución N.° 1, auto, y esta resolución no fue cuestionada mediante mecanismos legales que franquea la ley, sin embargo debemos señala que la vía procedimental con la que se tramitó la causa es la que corresponde, por tratarse de una causa, sin mayor complejidad”, por cuya razón el agravio examinado es inconsistente. (Casación N.° 831-2016-Moqnegua, de 05-05-2016, f. j. 9. Sala Civil Transitoria [EP, 03-07-2017, Sentencias en Casación N.° 731, p. 95175]. Texto completo: ).

Artículo 478: Plazos Los plazos m áxim o s aplicables a este proceso son: 1. Cinco días para interponer ta ch as u oposiciones a los m edios probatorios, contados desde la n otificación de la resolución que los tienen por ofrecidos, 2. Cinco días para absolver las ta ch as u oposiciones. 3. D iez días para interponer excepciones o defensas previas, contados desde la n o tific a ­ ción de la dem an d a o de la reconvención. 4. D iez días para absolver el tras la d o de las excepciones o defensas previas. 5. Treinta días para c o n te star la dem an d a y reconvenir. 6. D iez días para ofrecer m edios probatorios si en la contestación se invoca hechos no expuestos en la dem anda o en la reconvención, conform e al artícu lo 4 4 0 . 7. Treinta días para absolver el traslado de la reconvención. 8. D iez días para subsanar los d efectos advertidos en la relación procesal, conform e al artícu lo 4 6 5 .

9. Derogado . (1) 10. C incuenta días para la realizació n de la audiencia de pruebas, conform e al segundo párrafo del artícu lo 4 7 1 . 11. D iez días contados desde realizad a !a audiencia de pruebas, para la realización de las audiencias especial y c o m plem entaria, de ser el caso. 12. C incuenta días para expedir sentencia, conform e al artícu lo 2 1 1 . 13. D iez días para apelar la sentencia, co n fo rm e al artícu lo 3 7 3 . N O T A DE ACTUALIZACIÓ N

(1) Inciso 9 derogado por la Única Disposición Derogatoria del Decreto Legislativo N.a 1070 (EP, 28-06-2008), la misma que de conformidad con su Primera Disposición Final, entrará en vigencia progresivamente en los diferentes Distritos Conciliatorios según ei Calendario Oficial que será aprobado mediante Decreto Supremo, Se exceptúa de dicho Calendario a ios distritos conciliatorios de Urna, Trujilio y Arequipa, así como eí Distrito Judíciaí del Cono Norte de Lima, salvo la provincia de Canta, en ios cuales será aplicado a los sesenta (60) días calendario de su publicación. Posteriormente mediante el Decreto Supremo N.s 005-2010-JUS (EP, 30-04-2010), se aprueba el Calendario Oficial p a ra el a ñ o 2010, señalando la fecha de entrada en vigencia del Decreto Legislativo N.B 1070 en diversos distritos conciliatorios; mediante Decreto Supremo N.a 008-2011-JUS (EP, 06-07-2011), se aprueba el Calendario Oficial para el año 2011 de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N.e 1070, en diversos distritos conciliatorios del país; mediante Decreto Supremo N.a 015-2012-JU S (EP, 21/10/2012), se aprueba el Calendario Oficial para los años 2012 y 2013 de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N.E 1070, en diversos distritos conciliatorios del país; y mediante Decreto Supremo N.° 008-2014-JUS (EP, 30/09/2014), se aprueba el Calendario Oficial para el año 2014 de la entrada en vigencia de la obligatoriedad del intento conciliatorio previo a un proceso judicial, en distintos distritos conciliatorios del país.

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§ 3318. Plazo pajra interponer excepciones en proceso de conocimiento. 5.12. [...] [Si] bien las instancias de mérito no han emitido pronunciamiento respecto a la prescripción exdntiva, expuesta por la ahora casante como argumento de defensa en la contestación de demanda y apelación de sentencia, debe precisarse que la emplazada fue notificada con la demanda con fecha 10 de junio de 2014, tal como se acredita con el cargo comente a folios treinta y cinco, empero, esta contestó el día 21 de julio de 2014, esto es, a los treinta días hábiles; en tal sentido, siendo que el plazo para deducir excepción en el proceso de conocimiento es de 10 días, tal como lo dispone el artículo 478 inciso 3) del Código Procesal Civil, se advierte que el término para interponerla precluyó, por tanto, dicha omisión no resulta ser trascendente. (Casación N.° 4842-2015-Tumbes, de 01-09-2016, f, j. 5.12. Sala Civil Permanente [EP, 02-05-2017, Sentencias en Casación N.° 727, p. 91616], Texto completo: ),

Artículo 479: Plazo especial del emplazamiento Para los casos previstos en el tercer párrafo del artículo 435, los plazos serán de sesenta y noventa días, respectivamente.

CAPÍTULO II DISPOSICIONES ESPECIALES SUBCAPÍTULO 1 SEPARACIÓN DE CUERPOS 0 DIVORCIO POR CAUSAL Artículo 480: Tramitación Las pretensiones de separación de cuerpos y de divorcio por las causales señaladas en los numerales 1 al 12 del artículo 333 del Código Civil, se sujetan al trámite del proceso de conocimiento, con las parti­ cularidades reguladas en este subcaprtuio. Estos procesos solo se impulsarán a pedido de parte. Cuando haya hijos menores de edad, tanto el demandante como el demandado deberán anexar a su demanda o

contestación una propuesta respecto a las pretensiones de tenencia, régimen de visitas y alimentos. El Juez evalúa las coincidencias entre las propuestas y atendiendo a la naturaleza de las pretensiones, puede citar a una audiencia complementaría conforme lo establece el artículo 326 del Código Procesal Civil, en la cual oirá a los niños, niñas y adolescentes sobre los cuales versa el acuerdo. El Juez evalúa las coincidencias entre las propuestas atendiendo a un criterio de razonabiiidad, asi­ mismo tomará en consideración la conducta procesal de aquel que haya frustrado el acto conciliatorio respecto a dichas pretensiones.(1) NOTA DE ACTUALIZACIÓN (1) Artículo modificado por el artículo 2 de la Ley N,s 30293 (EP, 28-12-2014), que entró en vigencia a los 30 días hábiles de su publicación en el diario E l P e ru a n o . Anteriormente había sido modificado por el artículo 7 de la Ley N.° 27495 (EP, 07-07-2001).

TERCER PLENO CASATORIO CIVIL

§ 3319. Criterios para fijar la indemnización del cónyuge más perjudicado en los procesos de divorcio. 2. En los procesos sobre divorcio -y de separación de cuerpos- por la causal de separación de hecho, el Juez tiene el deber de velar por la estabilidad económica del cónyuge que resulte más perjudicado por la separación de hecho así como la de sus hijos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 345-A del Código Civil, En consecuencia, a pedido de parte o de oficio señalará una indemnización por n o m o s & th e s ís

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daños, el que incluye el daño a la persona, u ordenará la adjudicación preferente de bienes de la sociedad conyugal, independientemente de la pensión de alimentos que pudiera corresponderle. El daño moral es indemnizable y se halla comprendido en el daño a la persona. 3- Respecto a la indemnización por daños o la adjudicación preferente de bienes de la sociedad conyugal: 3-1- A. pedido de parte, podrá formularse tal pretensión en los actos postulatorios, ya sea en la demanda como pretensión accesoria o en la reconvención, según sea el caso, salvo renuncia expresa del interesado. El pedido también es procedente después de los actos postulatorios. 3.2. De oficio, el Juez de primera instancia se pronunciará sobre estos puntos, siempre que la parte interesada haya alegado o expresado de alguna forma hechos concretos referidos a ios perjuicios resultantes de la separación de hecho o del divorcio en sí. Aquellos hechos pueden ser alegados o expresados incluso después de los actos postulatorios. En estas hipótesis, el Juez concederá a la otra parte la oportunidad razonable de pronunciarse sobre aquellos hechos y de ofrecer la prueba pertinente. Si ya se llevó a cabo la audiencia de pruebas, los medios probatorios que se ofrezcan serán de actuación inmediata. 3.3. En el estado correspondiente del proceso, y de ser el caso, el Juez debe fijar como parte de los puntos controvertidos los extremos ya mencionados. 3.4. En todo caso el Juez se pronunciará sobre la existencia de la condición de cónyuge más perjudicado de una de las partes según se haya formulado - y probado- la pretensión o la alegación respectiva, o sobre la inexistencia de aquella condición, si no existiera elementos de convicción necesarios para ello. 3.5- En el trámite señalado, se garantizará el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso, particularmente el derecho de defensa de las partes, el principio de contradicción y el derecho a la instancia plural. 4. Para una decisión de oficio o a instancia de parte sobre ia indemnización o adjudicación de bienes, del proceso debe verificarse y establecerse las pruebas, presunciones e indicios que acrediten la condición de cónyuge más perjudicado a consecuencia de la separación de hecho o del divorcio en sí. El Juez apreciará, en el caso concreto, si se ha establecido algunas de las siguientes circunstancias: a) el grado de afectación emocional o psicológica; b) la tenencia y custodia de hecho de sus hijos menores de edad y la dedicación al hogar; c) si dicho cónyuge tuvo que demandar alimentos para él y sus hijos menores de edad, ante el incumplimiento del cónyuge obligado; d) si ha quedado en una manifiesta situación económica desventajosa y perjudicial con relación al otro cónyuge y a la situación que tenía durante el matrimonio, entre otras circunstancias relevantes. 5. El Juez Superior integrará la resolución impugnada de primera instancia cuando se haya omitido pronunciamiento expreso sobre la existencia o inexistencia deí cónyuge más perjudicado, siempre que la fundamentadon respectiva aparezca de alguna forma en la parte considerativa de la sentencia apelada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 370 del Código Procesal Civil. 6. La indemnización o la adjudicación de bienes tiene la naturaleza de una obligación legal, cuya finalidad es corregir un evidente desequilibrio económico e indemnizar el daño a la persona, resultante de la separación de hecho o del divorcio en sí; su fundamento no es la responsabilidad civil contractual o extracontractual sino la equidad y la solidaridad familiar. (Tercer Pleno Casatorio Civil [Tema: Divorcio por causal de separación de hecho], realizado el 18-03-2011, Casación N.° 4664-2010-Puno [EP, 13-05-2011], que establece seis reglas (entre ellas estas) como doctrina jurisprudencial vinculante. Texto completo: ). PLENOS JURISDICCIONALES

§ 3320. La aplicación del principio tura n ovit curia en los procesos de divorcio por causal. El Pleno acordó por mayoría: “en la demanda de divorcio por causal, si se invoca erróneamente una determinada causal prevista en el artículo 333 del Código Civil, el juez al momento de resolver aplicando el principio iu r a n o v i t c u r i a puede resolver por otra causal de divorcio, siempre y cuando previamente se baya garantizado el ejercicio del derecho de defensa de las partes”. (Pleno Jurisdiccional Distrital de Arequipa. Materia Civil y Familia, Corte Superior de Justicia de Arequipa, realizado los días 04 y 11-11-2013. Acta N.° 002, Tema N.° 2 [La aplicación del principio iu r a n o v i t c u r ia en los procesos de divorcio por causal]. Texto completo: ). § 3321. Variación de pretensiones en caso de divorcio. ¿E n lo s ca so s d e d i v o r c i o p r o c e d e p r o n u n c i a r s e s o b r e la v a r i a c i ó n d e p r e t e n s i o n e s : a u m e n t o , r e d u c c ió n , cese, v a r i a c i ó n d e t e n e n c i a o v is ita s o d e b e n d is c u t ir s e ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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en p r o c e s o u p a r t e ? £1 Pleno acordó: “En los casos de separación de cuerpos j divorcio por causal; sí procede variar las pretensiones que tuvieren decisión firme, porque así lo establece el artículo 483° siendo innecesaria la discusión al respecto”. (Pleno Jurisdiccional Distrital de Familia, realizado en La Libertad, 30-1 1-2007 y 01-12-2007. Tema N.° 7. Texto completo: ). § 3322. El cum plim iento de la obligación alim entaria constituye un requisito de procedencia de la demanda de separación de hecho. E l c u m p l i m i e n t o d e la o b li g a c i ó n a li m e n t a r ia c o m o r e q u is ito d e la c a u s a l ¿ S e t r a ta d e u n r e q u is ito d e a d m i s i b i l i d a d o p r o c e d e n c i a d e la d e m a n d a ? El Pleno acordó por u n a n i m i d a d : “El cumplimiento de la obligación alimentaria constituye un requisito de procedencia de la demanda de separación de hecho como causal de divorcio”. (Pleno Jurisdiccional Regional de Familia, realizado en Lima, el 07-09-2007. Tema N.° 1. Subtema N.° 1 [Separación de hecho como causal de divorcio]. Texto completo: ). § 3323. Divorcio y reconvención por la m isma causal. El Pleno acordó: “Separación de hecho: Si se declara fundada la demanda ya carecería de objeto pronunciarse sobre la reconvención por la misma causal por tenor este el carácter objetivo, salvo que se haya acumulado la pretensión indemnizatoria, la que requiere necesariamente pronunciamiento y probanza”. (Pleno Jurisdiccional Distrital en Materias Civil, Laboral y Familia, realizado en Cajamarca, los días 14 y 15-06-2007. Tema N.° 18. [Divorcio y reconvención por la misma causal]. Texto completo: ). § 3324. Divorcio y reconvención por diferente causal. El Pleno acordó: “Si se demanda por alguna causal y se reconviene por otra necesita pronunciamiento de ambas pretensiones”. (Pleno Jurisdiccional Distrital en Materias Civil, Laboral y Familia, realizado en Cajamarca, los días 14 y 15-06-2007. Tema N.° 19. [Divorcio y reconvención por diferente causal]. Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA Y DE LAS CORTES SUPERIORES

§ 3325. Impulso de parte en los procesos de divorcio. Tercero. [Cjuando el segundo párrafo del artículo 480 del Código Procesal Civil, [.,.] señala que los procesos de separación de divorcio solo se impulsan a pedido de parte, está indicando que los procesos de divorcio no pueden ser iniciados de oficio, sino a instancia de parte. Por lo tanto, nadie puede ser coaccionado a promover este tipo de procesos; además, cabe precisar que la regla general se haya contenida en el artículo IV del Título Preliminar del Código acotado, que consagra el principio de iniciativa de parte, el cual postula, como regla general, que las partes son dueñas de los derechos e intereses materiales que se discuten en el proceso, y al tener poder de disposición sobre el derecho material ostentan también la plena titularidad del derecho de acción; consecuentemente, a nadie se le puede obligar pedir tutela judicial o a ejercitar su defensa ante los órganos jurisdiccionales [...]. (Casación N.° 2497-2003-Cajamarca de 16-11-2004, f. j. 3. Sala Civil Permanente [EP, 03-05-2005, p. 14039]. Texto completo: ). § 3326. Es viable accionar (conjunta o sucesivamente) por más de una causal de divorcio.

N oveno. [Se] debe tener en cuenta el hecho que los cónyuges, moral y jurídicamente, están sujetos a determinadas reglas o deberes que posibilitan la vida en común, tales como el de cohabitación, fidelidad, asistencia y demás establecidos en el Código Civil. En ese contexto de recíproco respeto y fiel cumplimiento de las obligaciones matrimoniales, el cónyuge culpable causante del decaimiento del vínculo matrimonial, con su conducta es pasible de infringir uno o más deberes consustanciales al matrimonio, deberes que se encuentran reflejados en las causales previstas en el artículo 333 del Código Civil, siendo ello así, nada impide accionar conjuntamente (al demandarse) o sucesivamente (con motivo de la reconvención) por una o más causales de divorcio, más aún si legislativamente no se ha establecido su exclusión. D écim o. Por las razones expuestas, las instancias de mérito al emitir decisión por ambas causales de divorcio antes aludidas [separación de hecho y adulterio], en modo alguno han contravenido las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, específicamente el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, pues se ha emitido pronunciamiento sobre n o m o s & th e s is

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todas las cuestiones puestas a debate las mismas que no son excluyentes. (Casación N.° 5079-2007Lima, de 15-04-2008, ff jj. 9-10. Sala Civil Permanente [EP, 03-09-2008, p. 22841], Texto completo: ). § 3327. Es improcedente demandar divorcio por causal derivada de un hecho propio. S egu n do. [Al] resolverse el recurso de casación debe definirse si al expedirse la sentencia de vista se ha inaplicado el artículo 335 del Código Sustantivo, el cual prohíbe a los cónyuges amparar su demanda de divorcio en hecho propio. Tercero. [D]icha norma supone que el cónyuge demandante haya propiciado la causal sustento de su pretensión [...]. (Casación N.° 1431-2000-Cajamarca, de 21-11-2000, ff. jj. 2 y 3. Sala Civil Permanente [EP, 02-01-2001, p. 6697]. Texto completo: ). § 3328. En los procesos de divorcio por causales el juez no se encuentra impedido de ordenar pruebas de oficio, especialmente si se ha acreditado la existencia de un cónyuge perjudicado. Cuarto. [.,.] [La] recurrente denuncia la causal de infracción normativa [...] señalando [...] b) La Sala en vez de ponderar las pruebas actuadas y de enmendar el error del a quo , acumula sobre un error sumamente grave como el de señalar que los hechos de indemnización no han sido expuestos en la demanda reconvencional, no se fijó en los puntos controvertidos y que no ha probado la existencia de daños, sin embargo se trata de un divorcio por la causal de sanción, debió tener en cuenta su estado emocional y las pruebas aportadas, y que este fue generándose paulatinamente cuando se enteró de la demanda, de una nueva relación y de un hijo extramatrimonial. Asimismo, el artículo 480 del Código Procesal Civil dispone que los procesos de separación de cuerpo y divorcio por causales solo debe impulsarse a pedido de parte, esta norma no impide en modo alguno que el juez pueda ordenar pruebas de oficio, y con mayor razón tratándose de este tipo de procesos, donde se ha acreditado la cónyuge perjudicada y que dicha naturaleza se encuentra amparada por nuestra Constitución Política del Estado. [...] Sexto. En lo que respecta a los agravios contenidos en los literales a), b) y c), debemos tener en cuenta que si bien es procedente la indemnización para el cónyuge inocente conforme lo prevé nuestra normatividad sustantiva, lo cierto es que esta debe ser probada conforme a las reglas del artículos 196 de la norma adjetiva, lo que no ha ocurrido en la presente litis, aunado a que dicha peüción [de indemnización] no ha sido parte del contradictorio al no haberse fijado como punto contradictorio menos haberse consignado en el escrito de reconvención, por lo tanto, insistir en un tema que ya ha sido agotado por las instancias de mérito [su no probanza] es incidir en un reexamen probatorio no viable a nivel Casatorio. (Casación N.° 4949-2013-Lima Norte, de 01-04-2014, ff. jj. 4 y 6. Sala Civil Transitoria [EP, 30-05-2014, Sentencias en Casación N.° 692, p. 52308], Texto completo: ). § 3329. El jaez, aplicando el principio iura n o v it cu ria , puede invocar la causal adecuada m ateria de la demanda de divorcio cuando la actora no lo hizo. O ctavo. [...] [La] Sala Superior no había fundamentado su decisión, de acuerdo a lo que las partes han declarado y había afectado su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva al omitir tener en cuenta el que nuestro sistema procesal se rija, entre otros principios, por el de iniciativa de parte, el mismo que se encuentra circunscrito dentro del Sistema Garantista, según el cual, el objeto discutido, dentro del proceso, es de interés, prioritariamente, de las partes; puesto que son estas las que han recurrido a la Administración de Justicia para resolver su conflicto intersubjetivo de intereses, esto, es, han planteado una demanda y una contestación a ella; por lo que es lógico y coherente, considerar que la respuesta de los magistrados debe estar acorde a sus pretensiones y no recurrir a formalismos innecesarios para proteger un matrimonio que, según las partes; está total y absolutamente disuelto en la vía de los hechos; por ello, al actuar en sentido contrario a las partes, y valerse de ambigüedades o deficiencias legales, es desconocer la función social que tiene todo Juez respecto del lugar donde ejerce su función, y pretender someter a las personas, no a la ajusticia del caso concreto, sino -en este caso- al mantenimiento de una situación matrimonial inexistente, en donde se han presentado denuncias gravísimas de agresión [...]. D écim o C uarto. [Es] por esta razón, que este Supremo Tribunal entiende que las disposiciones procesales, a pesar de ser de orden público, y consecuentemente de obligatorio cumplimiento, no pueden entenderse o interpretarse en perjuicio de las partes y del proceso mismo; es así que, oponerse ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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-como lo hace la Sala Superior- a la aplicación del principio de iura novit curia, en casos en donde es evidente la configuración de los argumentos que sustentan una demanda de divorcio y estos no reciben cuesrionamiento alguno por el otro sujeto procesal, implica, para este Supremo Tribunal, un contrasentido y un manifiesto perjuicio en contra de las partes que litigan y someten a los jueces sus conflictos. D écim o Quinto. [En] la aplicación del iura novit curia, como ha señalado el jurista mencionado “(...) lo importante es que el juzgador no puede modificar los Aechos narrados por las partes. Ese terreno le está vedado al juez. Lo que debe hacer el Juez, conociendo los hechos narrados es encontrar la justa solución aplicando la norma jurídica pertinente (...) puede ocurrir que la calificación jurídica de la pretensión (petitorio) esté equivocada [...]. D écim o sexto. [...] [R] esulta evidente, para este Supremo Tribunal que en este caso se presenta un conflicto intersubjetivo de intereses en donde debe de aplicarse el principio del iura novit curia , puesto que si bien es cierto se ha errado en la invocación de la causal de divorcio, no se han cambiado los hechos que sustentan el mismo, sino que estos mismos hechos sustentan otra causal de divorcio, prevista taxativamente en la ley, y que el A quo ha aplicado correctamente, sustentando su decisión y valorando todos los medios probatorios ofrecidos por las parres procesales legitimadas y naturalmente interesadas en el resultado del proceso, sino que la oposición ha provenido de la Sala de Familia, perjudicándose así los derechos e intereses comunes (y no controvertidos) de los litigantes. (Casación N.° 1500-2007-Lima, de 1012-2007, ff. jj. 8, 14, 15 y 16. Sala Civil Transitoria [EP, 03-12-2008, p. 23652], Texto completo: ). § 3330. El divorcio cesa la obligación alim enticia siempre que se hubiera prestado mutuamente y sin coerción alguna. Si ha sido dispuesta en un proceso judicial, ía obligación continúa. Noveno . [Es] de advertirse que el demandante viene abonando a la demandada una pensión de alimentos en virtud a un mandato judicial [...], el mismo que, por su naturaleza, no constituye cosa juzgada; en tal contexto, las instancias de mérito no podían pronunciarse sobre el cese de una obligación que ya fue determinada por otro órgano jurisdiccional en un proceso que aún se encuentra en trámite; y si bien a tenor de lo dispuesto en el artículo 350 del Código Civil, es efecto del divorcio respecto de los cónyuges -entre otros-, el cese de la obligación alimenticia entre marido y mujer, dicha norma debe ser interpretada dentro de un contexto en que los cónyuges se hubieran prestado mutuamente, y sin coerción alguna, los citados alimentos, circunstancia que no se presenta en este caso, pues fue la demandada quien, ante el cese unilateral del aporte de parte del demandante, tuvo que recurrir al Poder Judicial para efectos de obtener un fallo que lo compela a cumplir con prestarlos. D écim o . [I] nterpretar lo contrario implicaría contravenir abiertamente lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, ya que se estaría ordenando el cese de la pensión de alimentos dispuesta en un proceso judicial distinto al que nos ocupa, vulnerando la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional, pues es en dicho proceso, y no en este, que el actor debe hacer valer las razones por las cuales estima que no le corresponde seguir abonando los alimentos ordenados por el Juez a favor de su cónyuge. (Casación N.° 4670-2006-La Libertad, de 07-01-2008, ff. jj. 9 y 10. Sala Civil Transitoria [EP, 01-12-2008], Texto completo: ). § 3331. Una vez declarado el divorcio, el cónyuge culpable pierde los gananciales que proceden de los bienes del otro. La pérdida de los gananciales debe ser peticionada por el accionante. Quinto. [...] [Las] instancias inferiores han resuelto declarando disuelto eí vínculo matrimonial ordenando la pérdida de la sociedad de gananciales por parte de la cónyuge culpable así como la pérdida del derecho alimentario por ser la causante del divorcio. Sexto. [De] lo anterior se colige que las instancias se han excedido en su pronunciamiento toda vez que no fue peticionada la pérdida de la sociedad de gananciales, con lo cual se ha afectado el derecho al debido proceso que tiene la recurrente, pues se ha contravenido lo dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar del Código adjetivo, siendo de considerar además que el artículo 352 del Código Civil solo dispone que eí cónyuge divorciado por su culpa perderá los gananciales que procedan de los bienes del otro. (Casación N.° 2554-00-Ica, de 16-01-2001, ff. jj. 5 y 6. Sala Civil Transitoria [EP, 30-04-2001, p. 7195]. Texto completo: ). n o m o s & th e s is

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§ 3332. Elementos constitutivos de la sanción de pérdida de derechos hereditarios del cónyuge culpable. Diferencia entre la pérdida de derechos hereditarios p o r separación de hecho y pérdida de derechos hereditarios en eí caso de divorcio. S étim o . [Analizando el artículo 343 del Código Civil] se puede concluir que dicha disposición contiene un mandato imperativo, cuya constitución (configuración) requiere de estar perfectamente establecida, en el caso al cual se le aplica, a fin de cautelar los derechos de las partes, dado que constituye una sanción establecida por el legislador para aquel cónyuge que ha incumplido los deberes propios del matrimonio. O ctavo, [Previamente a la determinación de la pertinencia o no de la aludida norma, se debe aclarar que ella exige, expresamente, como elementos constitutivos de la sanción, la cual es la pérdida de los derechos hereditarios, los siguientes: a) la separación de uno de los cónyuges; b) que esta separación haya sido por su culpa, esto es, el legislador le establece dos elementos, uno objetivo, el alejamiento de los cónyuges y uno subjetivo, la culpa, los mismos que deben de concurrir copulativamente, por así establecerlo la norma. N oveno, [Con] relación al punto a), esto es, la separación de uno de los cónyuges, es preciso esclarecer que este requisito -separación- debe entenderse como el distanciamiento físico y permanente, que efectúa uno de las partes, respecto de la relación matrimonial, esto es, no configura este elemento, el simple distanciamiento o alejamiento de dos personas, temporalmente, sino el prolongado y continuo alejamiento de las partes, lo cual implica la inobservancia flagrante y actual de los deberes propios del matrimonio. D écim o. [Con] relación al punto b), el cónyuge culpable es aquel que con su conducta en forma deliberada, motivada o no, se aleja de la otra parte, esto es, la culpa es el elemento atributivo que se le imputa o atribuye al cónyuge, cuyo comportamiento fia generado el distanciamiento de laspartes, por ende, solo se toma en cuenta el hecho de,que uno de los cónyuges aparece como causante de la separación acontecida en la relación matrimonial. U ndécim o. [La] norma antes aludida, pareciera reproducir o reiterar lo dispuesto por el artículo 353 del Código Sustantivo, sin embargo, se está ante dos supuestos de pérdida de derechos hereditarios, que deben de contextualizarse en su debido momento. En el primer caso, esto es, en el artículo 343 del Código acotado, el contexto dentro del cual se desarrolla, esta sanción, es que debe haberse producido la separación de hecho, el cónyuge culpable pierde los derechos hereditarios que le corresponden (por el tiempo de la separación o totales). En el segundo caso, regulado en el artículo 353 del Código Civil, el cónyuge divorciado no tiene derecho a heredar, como lógica consecuencia a la disolución completa y definitiva de la relación matrimonial; por ende, en este caso, la pertinencia o no de la norma invocada estará sujeta estrictamente a la configuración de la sanción contenida en dicha norma. (Casación N.° 1406-2005-Lima, de 24-07-2006, ffi jj. 7-11. Sala Civil Transitoria [EP, 02-10-2007, p. 20735]. Texto completo: ). § 3333. Para fijar un monto indem nizatorio a favor deí cónyuge inocente por concepto de reparación por daño m oral, tiene que acreditarse en el proceso la existencia del hecho generador deí perjuicio. Q uinto. [...] [Si] bien es verdad el artículo 351 del Código Civil prescribe que: “Si los hechos que han determinado el divorcio comprometen gravemente el legítimo interés personal del cónyuge inocente, el Juez podrá concederle una suma de dinero por concepto de reparación del daño moral”, cierto es también, que la aplicación de la indemnización por daño moral está sujeta precisamente a la acreditación dentro deí proceso de la existencia de tales hechos que generaron dicho daño; de tal modo que de no acreditarse los mismos, no hay lugar a la condena de pago de dicha indemnización [...]. (Casación N.° 1484-2007-Huaura, de 05-12-2007, f. j. 5. Sala Civil Transitoria [EP, 03-12-2008, p. 23646], Texto completo: ). § 3334. Debe de probarse el desconocimiento de la causal de divorcio alegado por el plazo de caducidad legalm ente establecido, de lo contrario la demanda será desestimada. [El] artículo 339 del Código Civil señala que la acción basada en el inciso 1 del artículo 333 del mismo código caduca a los 6 meses de conocida la causa por el ofendido y, en todo caso, a los cinco anos de producida; que, la demandante no ha demostrado fehacientemente en autos que durante estos lapsos establecidos por la norma a priori haya desconocido que el demandado mantenía relaciones con doña MRR y con ella procreado los 3 hijos a que se refieren las partidas de [autos] [...]. (Exp. N.° 4890-94, de 20-01-1995Sexta Sala Civil. Corte Suprema de Justicia de Lima. Texto completo: ). * SUMMA PROCESAL CIVIL

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§ 3335. La prohibición de la “reform a rlo u n p eiu s ” no es aplicable en los procesos de divorcio. Véase la jurisprudencia del artículo 370° del Código Procesal Civil [§ 2412]. (Casación N.° 6332008-Lima, de 20-05-2008, ff. jj. 5 y 6. Sala Civil Permanente [EP, 03-09-2008, p. 22966], Texto completo: ). § 3336. La elevación en consulta al superior en los procesos de divorcio no puede ser resuelta como si se tratase de un recurso de apelación. Véase la jurisprudencia del artículo 408° del Código Procesal Civil [§ 2638]. (Casación N.° 3154-98-La Libertad, de 24-11-2004, ff. jj. 1-3. Sala Civil Transitoria [EP, 21-09-1999, p. 3567]. Texto completo: ). § 3337. La elevación en consulta al superior en los procesos de divorcio constituye una norma de carácter imperativo que solamente consiste en un examen de conformidad sobre lo resuelto por el Juez inferior. Véase la jurisprudencia del artículo 408° del Código Procesal Civil [§ 2639]. (Casación N.° 230-96-La Libertad, de 20-11-1997, ff. jj. 3 y 4. Sala Civil [EP, 12-05-1998, p. 1008], Texto completo: ). § 3338. En los procesos de fam ilia, el juez tiene facultades tuitivas por lo que puede flexibilizar principios y normas procesales. Véase la jurisprudencia del inciso 7 del artículo 51° del Código Procesal Civil [§ 644]. (Casación N.° 2693-2015-Lima, de 17-08-2016, f. j. 6. Sala Civil Transitoria [EP, 03-10-2017, Sentencias en Casación N.° 735, p. 99086]. Texto completo: ). ADULTERIO

§ 3339. La sola tentativa es insuficiente para declarar fundada la dem andada de separación de cuerpos o divorcio por causal de adulterio. Octavo. [La] causal de adulterio [,..] se funda en la violación de fidelidad que origina la desarmonía conyugal cuyo elemento objetivo, se encuentra constituido por la consumación del acto sexual de un cónyuge con persona distinta de su consorte, de ahí que la simple tentativa resulte insuficiente para que produzca la disolución del vínculo matrimonial. (Casación N.° 2090-01-Huánuco, de 13-12-2001, f. j. 8. Sala Civil Transitoria [EP, 01-04-2002, p. 8570]. Texto completo: ). § 3340. La demanda de separación de cuerpos o divorcio por causal de adulterio solo puede ser interpuesta por el cónyuge agraviado. Sétim o. [La] causal de divorcio por adulterio es una de naturaleza subjetiva o inculpatoria, consistente en la violación deliberada del deber de fidelidad por el hecho de mantener una relación sexual extramatrimonial, esta causal solo puede ser ejercitada por el cónyuge agraviado; doctrinariamente se le ha denominado divorcio sanción, ya que las consecuencias del divorcio por esta causal se reflejan en el recorte de ciertos derechos del cónyuge culpable, tales como la pérdida al derecho de heredar, la pérdida de ios gananciales, entre otros. (Casación N.° 5079-2007Lima, de 15-04-2008, f. j. 7. Sala Civil Permanente [EP, 03-09-2008, p. 22841], Texto completo: ). § 3341. El adulterio no es causal de divorcio con efectos permanentes sino de constitución inmediata. Transcurrido el plazo de caducidad para interponer la dem anda de separación de cuerpos o divorcio por causal de adulterio sin haberse accionado judicialm ente, se entiende que eí deber de fidelidad entre cónyuges se recupera. D écim o. [...] [El] adulterio no es causal de divorcio con efectos permanentes sino de constitución inmediata, por lo que si se denuncian hechos adulterinos posteriores a los que se reclaman y se reputan extinguidos por caducidad, por perdón o por consentimiento, es posible admitir ía configuración de la violación del deber de fidelidad, pues este se recupera como deber fundamental de las relaciones conyugales tan pronto se haya extinguido la causal anterior por caducidad. D écim o p rim ero . [La] demanda, como se ha manifestado, solo se sustenta como causa petendi del adulterio en el hecho del nacimiento de una hija extramatrimonial de la emplazada, no haciendo mayores afirmaciones respecto a la existencia de relaciones adulterinas, pues, aun cuando el actor, señala en el punto noveno de su demanda, que la “demandada vive con el padre del menor”, tal afirmación es insuficiente para ser considerada como otra “causa peten di” de adulterio, n o m o s & th e s is

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pues no se precisan circunstancias de lugar y oportunidad de la configuración de los elementos del adulterio, estando en todo caso, expedito el derecho del actor, para ejercitar su derecho de ser el caso respecto de otros hechos constitutivos del adulterio distintos al de la presente causa. (Casación N.° 1744-00-Santa, de 09-01-2001, ff. jj. 10 y 11. Sala Civil Transitoria [EP, 30-04-2001], Texto completo: ). § 3342. En el divorcio por causal de adulterio se debe acreditar la existencia de la relación sexual entre el cónyuge y un tercero. No puede interpouerse la acción si el demandante provocó, consintió o perdonó el adulterio. Tercero. [El] divorcio por la causal de adulterio a que se refiere el artículo 333 inciso 1 del Código Civil [...], procede cuando uno de los cónyuges tiene relaciones sexuales con un tercero, requniéndose que se acredite la existencia de cópula sexual, sexual; siendo que conforme a lo dispuesto en el artículo 336 del Código Civil, no puede interponerse la acción basada en la causal de adulterio si el ofendido lo provocó, consintió o perdonó, precisando la norma acotada que la cohabitación posterior al conocimiento del adulterio impide iniciar o proseguir la acción. (Casación N.° 550-2004-Chímbote, de 01-07-2005, f. j. 3. Sala Civil Transitoria [EP, 30-09-2005, p. 14713]. Texto completo: ). § 3343. La prueba del adulterio debe estar referida a un hecho concreto que revista gravedad.

P rim ero. [El] trato sexual con tercera persona, sostenida por quien contrajo matrimonio civil, violando el deber de fidelidad que nace del matrimonio constituye la causal de adulterio prevista en el inciso 1 del artículo 333 del Código Civil. El cónyuge ofendido debe acreditar esta causal con medios de prueba idóneos que revistan gravedad y-se refieran a hechos concretos. (Casación N.° 1647-2001-Lambayeque, de 25-03-2002, f. j. 1. Sala Civil Permanente [EP, 02-09-2002, p. 9133]. Texto completo: ). § 3344. Para la determinación de la caducidad de la causal de adulterio debe determinarse en prim er lugar la fecha en que el cónyuge perjudicado tomó conocimiento del hecho. De no ser posible acreditar la fecha en la que eí demandante tomó conocimiento del adulterio, se optará por el plazo de caducidad amplío previsto en la ley. Q uinto . [Para] poder determinar si hubo caducidad o no de la causal de adulterio prevista en el artículo 339 del Código Civil es preciso determinar la fecha en que el cónyu. ge ofendido tomó conocimiento del adulterio y si la acción se ha interpuesto dentro de los seis meses o en todo caso a los cinco años de haberse producido esta causal, lo que no ha sido establecido en autos, por lo que se comete un grave error en la sentencia de vísta al preferir aplicar el plazo mayor de cinco años sin haber establecido la fecha en que se produjo la causal de adulterio, incurriendo con ello en error “A p r o c e d e n d d ’ por contravención al artículo 339 del Código Civil, como producto de una errónea apreciación de la prueba [...]. (Casación N.° 1647-2001-Lambayeque, de 25-03-2002, f. j. 5. Sala Civil Permanente [EP, 02-09-2002, p. 9133]. Texto completo: ). § 3345. Debe ampararse la demanda por divorcio si se acredita que el demandado ha procreado un hijo con persona distinta a su cónyuge durante la vigencia del m atrimonio. [...] [La] causal de adulterio en que se funda la demanda, se encuentra plenamente acreditada con el mérito de la partida de nacimiento de [autos] que acredita que el demandado ha procreado al menor titular de la misma con doña CZLCB, persona distinta de su cónyuge estando vigente el matrimonio contraído con doña MEMB, siendo esto así debe ampararse la demanda. (Exp. N.° 12-95, de 28-02-1995. Sexta Sala Civil. Corte Suprema de Justicia de Lima. Texto completo: ). VIOLENCIA

§ 3346. No es necesaria la existencia de una sentencia condenatoria en la que se atribuyan actos de violencia al demandado en contra de su cónyuge para poder analizar si se verifica o no la presencia de la causal de violencia física o psicológica. S egundo. [A] diferencia de lo que sucede con ía causal de divorcio por la condena por delito doloso establecida en el inciso décimo del artículo 333 ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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del Código C ivil en la que se requiere necesariamente la existencia de una sentencia condenatoria, en la causal de sevicia o violencia física no se requiere esta exigencia, pues el Juez Civil tiene la facultad de apreciar si el hecho denunciado califica como sevicia, no obstante que no hubiera seguido la acción civil o penal correspondiente. T ercero . [Enj ese sentido, el plazo de caducidad en el caso de la causal de divorcio por sevicia o violencia física debe ser computado a partir de la fecha en que se produce la causal o el hecho que configura la sevicia, no siendo por ello factible que se interrumpa este plazo por el hecho de que en otra vía se hubiera seguido la acción correspondiente por las lesiones ocasionadas, por cuanto el artículo 339 del Código Civil contiene un plazo de caducidad que no admite suspensión o interrupción alguna, tal como lo establece el artículo 2005 del Código Civil. (Casación N.° 112-01Lima, de 17-08-2001, ff. jj. 2 y 3. Sala Civil Transitoria [EP, 30-11-2001, p. 8111]. Texto completo: ). § 3347. La causal de violencia física puede accionarse respecto a una sola agresión o una pluralidad de estas. Sexto. [En] cuanto ai cargo de interpretación errónea del inciso segundo del artíctdo 333 del Código Civil, hay que comenzar por señalar que la causal de Sevicia, fue sustituida por la Primer Disposición Modificatoria del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo número 768, Código Procesal Civil [...] por el siguiente texto: “la violencia física o psicológica, que el Juez apreciará según las circunstancias1’, y ya esta misma Sala Suprema [...] ha establecido que la causal de violencia se configura con un hecho intencional, objetivamente constatable, de una acción de fuerza de un cónyuge sobre el otro, que le cause un daño y que determine la imposibilidad de la vida en común que impone el matrimonio, de tal manera que para que dicha causal se configure, no requiere, .como proponer el recurrente, una pluralidad de agresiones, por lo que la interpretación que han realizado las sentencias de mérito es correcta. (Casación N.° 675-98-Amazonas, de 15-10-1998, £ j. 6. Sala Civil [EP, 20-111998, p. 2069]- Texto completo: ). § 3348. No es necesario probar la gravedad ni la reincidencia de la agresión en los procesos de divorcio por causal de violencia. S egundo. [Al] denunciar sus agravios señala que la Sala ha hecho una interpretación errónea del artículo 333 inciso segundo del Código Civil, respecto al concepto de violencia psicológica, puesto que para que se configure ello tiene que haber un malestar permanente, manifestación continua de los actos de excesiva crueldad que afecten la psiquis del sujeto y en el caso de autos, no existen las características de una violencia psicológica y por tanto no puede dar lugar al divorcio por dicha causal, siendo que una simple riña no puede ser considerado como violencia psicológica. Tercero, [En] vía de casación no se puede volver a merituar las pruebas actuadas durante el proceso, como pretende la recurrente al interponer el recurso de casación; que, de otro lado, resulta erróneo requerir la reiterancia y gravedad para acreditar la existencia de la causal aludida. (Casación N.° 3174-01 -San Román, de 06-11-2001, ff. jj. 2 y 3. Sala Civil Transitoria [EP, 02- 02-2002, p, 8360]. Texto completo: ). INJURIA GRAVE

§ 3349. No es necesaria la reiterancia de la in juria para que se configure como causal de separación. Elementos de la injuria grave. Tercero. La injuria debe entenderse como toda ofensa dirigida a afectar el honor del otro cónyuge, lo que quiere decir que no se trata de cualquier ofensa sino que esta debe ser de tal magnitud que haga imposible ía vida en común, y si los cónyuges se hallan separados, esta dificulte o imposibilite que se vuelvan a unir, no siendo necesaria la reiterancia de la injuria [...]. Cuarto. [La] injuria grave tiene dos elementos, uno objetivo que está dado por la exteriorización de la ofensa y otro subjetivo que está tipificado por la intención deliberada de ofender al otro cónyuge. [...] Sétim o. [...] [Y no se requiere reiterancia] porque el Código [Civil] no lo exige y además porque para afectar el honor de una persona no se requiere que existan ofensas sucesivas [...]. (Casación N.° 01-99-Sullana, 13-07-1999, ff, jj. 3, 4 y 7. Sala Civil Permanente [EP, 31-08-1999, p. 3386], Texto completo: ). n o m o s & th e s is

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§ 3350. La in ju ria en m ateria de divorcio puede configurarse por dolo o culpa. La in juria debe im posibilitar la vida en común o la reconciliación en caso de cónyuges separados. Tercero. [La] injuria debe entenderse como toda ofensa grave dirigida a afectar el honor del otro cónyuge, lo que quiere decir que no se trata de cualquier ofensa sino que esta debe ser de tal magnitud que haga imposible la vida en común, y si los cónyuges se hallan separados esta dificulte o imposibilite que se vuelvan a unir, no siendo necesaria la reiterancia de la injuria. C uarto . [La] injuria grave tiene dos elementos, uno objetivo que se manifiesta por la exteriorización de la ofensa y otro subjetivo que se tipifica por la intención deliberada de ofender al otro cónyuge. De acuerdo a la doctrina moderna el “animus injuriandi” exige conciencia de que el acto es ultrajante para el honor del cónyuge agraviado. La injuria en materia de divorcio no supone necesariamente la intención de dañar, pues la imputabilidad puede derivar del dolo o de la culpa; no es necesario que el acto se ejecute a sabiendas y con intención de dañar, sino, basta que lo sea voluntariamente, es decir, con discernimiento y libertad, lo que es suficiente para responsabilizar de las consecuencias de los actos ilícitos a su autor. (Casación N.° 2562-2005-Lima, de 24-05-2006, ff. jj. 3 y 4. Sala Civil Transitoria [EP, 30-11-2006, p. 17926], Texto completo; ). § 3351. La in juria en m ateria de divorcio no supone necesariamente la intención de dañar. La pluralidad de la ofensa tampoco es requisito esencial: un solo hecho de particular gravedad puede ser suficiente para motivar el divorcio. Cuarto. La injuria grave tiene dos elementos, uno objetivo que se manifiesta por la exteriorización de la ofensa y otro subjetivo que se tipifica por la intención deliberada de ofender al otro cónyuge. De acuerdo a la doctrina moderna el a n im u s i n ju r i a n d i exige conciencia de que el acto es ultrajante pata el honor del cónyuge agraviado. La injuria en materia de divorcio no supone necesariamente la intención de dañar, pues la imputabilidad puede derivar del dolo o de la culpa; no es necesario que el acto se ejecute a sabiendas y con intención de dañar, sino, basta que lo sea voluntariamente, es decir, con discernimiento y libertad, lo que es suficiente pata responsabilizar de las consecuencias de los actos ilícitos a su autor [..,], Q uinto. Las injurias graves por su intensidad y trascendencia hacen imposible al cónyuge ofendido el mantenimiento de la convivencia, la pluralidad de la ofensa no es requisito esencial, un solo hecho de particular gravedad puede ser suficiente pata motivar el divorcio. A la inversa, la reiteración puede tornar graves las ofensas que aisladamente serían leves, cuando tal reiteración hace intolerable la vida en común de los esposos [...]. (Casación N.° 22392001-LÍma, de 11-10-2002, ff. jj. 4 y 5. Sala Civil Permanente [EP, 31-01-2003]. Texto completo: ). § 3352. La negativa a hacer vida en común no constituye in ju ria grave. Sexto. [R]especto a los supuestos de inaplicación invocados, la fundamentación del artículo 288 del Código Civil, se desarrolla esgrimiendo hechos que difieren de la recurrida, lo cual no es procedente, como es sostener que se quebranta la fidelidad al domiciliar la emplazada en un lugar lejano a su cónyuge; que tampoco es cierto que el artículo 289 del precitado Código [CC] establezca que la negativa a hacer vida en común constituya injuria grave, lo que implica más bien una tergiversación del recurrente. (Casación N.° 3242-2000-Junín, de 06-12-2000, f. j. 6. Sala Civil Transitoria [EP, 30-04-2001, p. 7229]. Texto completo: ). § 3353. La negativa de llevar el apellido del marido agregado al suyo no constituye in juria grave. Séptim o. [Eí] artículo 24 del Código sustantivo prescribe el derecho de la mujer casada a llevar el apellido del marido agregado al suyo, por consiguiente, el no hacer uso de esta facultad no configura la causal de divorcio invocada [...]. (Casación N.° 3242-2000-Junín, de 06-12-2000, f. j. 7- Sala Civil Transitoria [EP, 30-04-2001, p. 7229], Texto completo: ). § 3354. Para determinar el inicio del cómputo del plazo de caducidad, se deberá establecerse cuál es a juicio de la demandante -y no del juzgador- el hecho que ultraja su dignidad. Cuarto. [...] Para determinar el inicio del cómputo del plazo de caducidad [de la causal de injuria grave], lo que debe establecerse es cuál es a juicio de la demandante -y no del juzgador- el hecho que ultraja sus sentimientos y su dignidad, pues se trata de una calificación eminentemente subjetiva y de orden moral ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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[...] N oveno. [...] [El] hecho que la cónyuge considera injurioso y que pretende acreditar es que su esposo la denunció penalmente por un delito del que salió absueka, [esto] determina que [...] el plazo de caducidad se computa [...] desde que quedó ejecutoriada la sentencia [que] absuelve a la [cónyuge] demandante del delito denunciado. (Casación N.° 1232-99-Lima, de 19-10-1999, ff. jj. 4 y 9. Sala Civil Transitoria [EP, 18-12-1999, p. 4324]. Texto completo: ). ABANDONO INJUSTIFICADO DE LA CASA CONYUGAL

§ 3355. La prueba para acreditar la existencia de ía causal de divorcio o separación de cuerpos por abandono injustificado del hogar conyugal. P rim ero. [El] inciso 5 del artículo 333 del Código Civil, aplicable al caso por remisión del artículo 349 del mismo Cuerpo de Leyes, dispone como causal para demandar el divorcio, el abandono injustificado del hogar conyugal por un período de más de dos arios o cuando la duración sumada de los períodos de abandono exceda dicho plazo; de donde restdta que deben acreditarse: a) El lugar en que se ha fijado el domicilio conyugal; b) La intención deliberada de abandonar el hogar conyugal, con el fin de evadir las responsabilidades propias del matrimonio; y c) La prolongación del abandono por los plazos anteriormente citados. (Casación N.° 2554-00-Ica, de 16-01-2001, f. j. 1. Sala Civil Transitoria [EP, 30-04-2001, p. 7195]. Texto completo: ). § 3356. El abandono injustificado de la casa conyugal se verifica con la ausencia por más de dos años de forma continua o si la sum a del plazo de ausencias intermitentes excede este mismo periodo. C uarto. El inciso 5 del artículo 333 del Código Civil, precisa la causal de abandono injustificado de la casa conyugal por más de dos años continuos o cuando la duración sumada de los períodos de abandono excede de este plazo; es en esta causal donde se encuentra inmerso el incumplimiento de la obligación de cohabitación, debidamente regulada en el artículo 289 del Código Civil. (Casación N.° 3006-01-Lima, de 06-02-2002, f. j. 4. Sala Civil Transitoria [EP, 02-05-2002, p. 8753]. Texto completo: ). § 3357- La acción de divorcio por causal de abandono injustificado puede interponerse mientras subsista la situación de hecho que la motiva. Séptim o. [Se] debe rectificar (...) la resolución de vista que señala que la acción de divorcio por la causal de abandono injustificado de la casa conyugal, tiene el plazo de caducidad de dos años, lo cual no resulta exacto, por cuanto el artículo 339 del Código Civil en los demás casos no señala dicho plazo de caducidad, sino que la acción está expedita mientras subsistan los hechos que la motivan. (Casación N.° 2862-99-Cajamarca, de 22-022000, £ j. 7. Sala Civil Transitoria [EP, 04-07-2000, p. 5526], Texto completo: ). § 3358. No es requisito p ara interponer la acción de separación de cuerpos o divorcio por causal por abandono injustificado, ía existencia de una declaración de ausencia cuando no se conoce e! paradero del demandado. Tercero, [El] Código [Civil] no establece como requisito para interponer la acción de divorcio por abandono injustificado que previamente tenga que existir la declaración de ausencia del cónyuge culpable, cuando el abandono dura más de dos años continuos y no se conoce el paradero del demandado, como lo afirma la actora. (Casación N.° 1486-97-Loreto, de 13 -05-1998, £ j. 3. Sala Civil Transitoria. Texto completo: ). § 3359. Puede acumularse subordinadamente las pretensiones de separación de cuerpos o divorcio por causal de abandono injustificado del hogar conyugal o por separación de hecho. Cuarto. [...] [T]anto la causal de abandono injustificado del hogar conyugal como la de separación de hecho de los cónyuges, guardan relación estrecha para ser acumuladas como pretensiones subordinadas, pues ambas importan el alejamiento físico entre el marido y ía esposa por un determinado período de tiempo, siendo que en el primer caso se analiza principalmente el aspecto subjetivo, esto es, el ánimo deliberado de uno de los cónyuges (propiamente del cónyuge emplazado) de poner fin a la relación conyugal, mientras que en la segunda causal, tal aspecto subjetivo no resulta relevante para amparar la demanda sino solo el aspecto temporal, salvo para determinar cuál es el cónyuge perjudicado con la n o m o s & th e s is

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separación. Sea por una u otra vía, el divorcio tiene por objeto poner fin a la sociedad de gananciales y el cese de las obligaciones habidas entre los cónyuges, entre otros, por lo que no se da la figura de la acumulación indebida de pretensiones que se alega [...]. (Casación N.° 1608-2007-Ica, de 1.2-122007, f. j. 4. Sala Civil Transitoria [EP, 03-12-2008, p. 23666], Texto completo: ). CONDUCTA DESHONROSA

§ 3360. Precisiones sóbrela conducta deshonrosa. 2, [...] Que la conducta deshonrosa como causal de separación de cuerpos y de divorcio exigida por el artículo 337, debe necesariamente concordarse con el inciso 6 del artículo 333 y con el artículo 349 del Código Civil, es decir que no constituye causal cualquier conducta deshonrosa, sino únicamente la que “haga insoportable la vida en común”. En esta causal debe apreciarse por el juzgador no solo el honor interno sino el honor externo de la víctima, es decir, la opinión que tengan los terceros sobre su anterior, o presente, o futura aceptación de la conducta deshonrosa de su cónyuge; que el requisito adicional de que “haga insoportable la vida en común” para constituir causal, la hace incidir sobre valores y derechos fundamentales de la persona, reconocidos en la Constitución, cuya defensa no debe quedar al arbitrio del juez. Una vez probados los dos extremos del inciso 6 del artículo 333° del Código Civil, es decir que existe conducta deshonrosa por parte de uno de los cónyuges y que dicha conducta hace razonablemente insoportable la vida en común, queda configurada la violación objetiva al derecho constitucional que toda persona tiene al honor, a la buena reputación y a la vida en paz, derechos que deben ser reconocidos, independientemente del grado de instrucción de la persona o del estrato social o cultural al que pertenezca. Que, en lo que concierne a la costumbre, si bien el término “conducta” sugiere una “serie” de hechos que pueden suponer una costumbre entre los cónyuges, y por ende, una situación aceptada tácitamente por el agraviado, tal presunta aceptación no “constitucionaliza” la violación a la dignidad y al honor de la víctima. El requisito adicional a la conducta deshonrosa, de “hacer insoportable la vida en común” supone de modo razonablemente objetivo que, llegado determinado momento, la víctima en la relación conyugal ya no está dispuesta ni puede soportar más la conducta deshonrosa de su cónyuge, a costa de sí mismo y de sus derechos personales básicos: la interposición de la demanda debe considerarse, entonces, como presunción de derecho, de que ese momento ha llegado y la conducta deshonrosa una vez comprobada fáctícamente en el proceso, pasa a constituir causal de separación de cuerpos o de divorcio. (Sentencia del Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional. Exp. N.° 018-96-I/TC [Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 337° del Código Civil], de 29-04-1997 [Web: 13-05-1997], f j. 2. Texto completo: ). § 3361. Elementos que deben concurrir para configurarse la causal de separación de cuerpos o divorcio por conducta deshonrosa. No se configura la causal de conducta deshonrosa si los cónyuges se encuentran separados de hecho. P rim ero. [...] [De] acuerdo al artículo 333 inciso 6 del Código Civil, concordado con el artículo 349 del mismo Código, es causal de divorcio: “La conducta deshonrosa que haga insoportable la vida en común”; apreciándose entonces que para la configuración de esta causal se requiere la presencia de dos elementos: a) la existencia de una conducta deshonrosa por parte de uno de los cónyuges; y, b) que dicha conducta sea de tal magnitud que haga insoportable la vida en común. S egundo. [Para] efectos del presente proceso, esta Sala de Casación estima que debe detenerse en el segundo de los requisitos; que, en efecto, este último significa que la conducta de la que uno de los cónyuges está siendo víctima por parte del otro ha llegado a un punto en k que no puede ser soportada por la víctima, convirtiendo la vida en común en insostenible; lo que significa que el resultado final de la conducta deshonrosa es el quebrantamiento de la vida en común que es propia, lógicamente, del matrimonio, de conformidad con el artículo 234 deí Código Civil, empero, si entre cónyuges ya no existe vida en común, es decir, si no se realiza uno de los fines del matrimonio, sino que por el contrario, están separados de hecho, resulta evidente que no puede configurarse la causal en análisis [conducta deshonrosa que hace insoportable la vida en común]; vale decir, un hecho no puede convertir en insoportable una vida en común que ya no existía. (Casación N.° 4362-2006Lima, de 10-07-2007, ff. jj. 1 y 2. Sala Civil Transitoria [EP, 01-04-2008, p. 21953]. Texto completo: ). * SUMMA PROCESAL CIVIL

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§ 3362. El cónyuge afectado puede interponer la dem anda de separación de cuerpo o divorcio por cam al de conducta deshonrosa aun cuando los hechos denunciados se hayan producido cuando los cónyuges vivían separados y siempre que subsista el vínculo m atrim onial. Tercero. [La] sentencia de vista ha establecido en su segundo considerando que la causal de conducta deshonrosa puede ser incoada válidamente por el cónyuge agraviado, aun cuando al momento de producirse los hechos denunciados como deshonestos e inmorales los cónyuges se encuentren viviendo separadamente, en razón de que encontrándose vigente el vínculo matrimonial, subsiste la obligación de los cónyuges a mantener el respeto mutuo, sin afectar el derecho que ambos tienen al honor y buena reputación, de tal manera que si el cónyuge agraviado por el comportamiento deshonesto del otro da por concluida cualquier posibilidad de llevar la vida en común con este, tiene expedito su derecho para invocar válidamente la causal (Casación N.° 2626-2000-Lima, de 17-10-2002, f. j. 3. Sala Civil Transitoria [EP, 30-04-2001, p. 72031, Texto completo: ). § 3363. La declaración de haber tenido intim idad sexual con un tercero constituye una conducta deshonrosa. N oveno . [Al] haber quedado establecido en [...] la recurrida la declaración de la demandada de haber [tenido] intimidad sexual con un tercero, resulta evidente que dicha conducta deshonesta [...] haga insoportable la vida en común pues con dicha declaración se trastoca el honor de su cónyuge [...]. (Casación N.° 2090-01-Huánuco, de 13-12-2001, f. j. 9. Sala Civil Transitoria [EP, 01-04-2002, p. 8570]. Texto completo: ). § 3364. No constituye causal de separación de cuerpos y divorcio cualquier conducta deshonrosa sino solo aquella que im posibilite la vida en común. S egundo. [...] [La] conducta deshonrosa consiste en la realización de actos continuos y permanentes de parte de uno de los cónyuges, que sobrepasen los límites del mutuo respeto y la consideración que debe existir entre ambos, no constituyendo causal de separación de cuerpos y de divorcio cualquier conducta deshonrosa, sino únicamente la que “haga insoportable la vida en común”. (Casación N.° 2307-2000-Ayacucho, de 3004-2001, £ j. 2. Sala Civil Permanente [EP, 05-11-2001, p. 7975]. Texto completo: ). § 3365. La prueba de la conducta deshonrosa no se encuentra circunscrita a la probanza de un hecho determinado, sino a la probanza de hechos reincidentes y constantes que serán evaluados en conjunto. No puede aplicarse analógicamente la norma sobre adulterio a la causal de conducta deshonrosa. P rim ero. [La] denuncia formulada tiene los extremos claramente diferenciados, siendo el primero de ellos que los hechos perdonados no figuran conducta deshonrosa. S egundo. [Más] que la interpretación errónea del inciso 6 del artículo 333° del Código Civil lo que se pretende es la aplicación analógica del artículo 336° del Código Civil para el caso de la causal de conducta deshonrosa. Tercero. [A] efecto de determinar la existencia de la conducta deshonrosa se requiere que la persona que la cometa proceda de forma tal que habitualmente deje de observar las reglas de la moral o las reglas sociales, es por ello que la causal no se configura por un hecho determinado, sino por un constante proceder. Cuarto. [Desde] ese punto de vista no puede aplicarse analógicamente la norma del artículo 336° del Código Civil, pues dicha norma se refiere a un acto determinado, el de adulterio cometido por uno de los cónyuges, mientras que en el caso de la conducta deshonrosa es la sucesión de actos que apreciados en su conjunto configura la causal y justamente en base a ello harían insoportable la vida en común. (Casación N.° 1431-98-Tacna, de 29-04-1999, ff. jj. 1-4. Sala Civil [EP, 28-08-1999, p. 3597]. Texto completo: ). § 3366. No es necesario acreditar la vida en co m ú n cuando se pretende la separación de cuerpos o el divorcio por causal de conducta deshonrosa. La conducta deshonrosa im posibilita la vida en com ún posterior al acaecim iento de esta. N oveno. [Rjesuka evidente que cuando la esposa le atribuye al esposo un hijo que no es suyo a sabiendas de esra situación, está dirigiendo su acción a causar vergüenza y deshonor a su marido. D écim o. [Más] aún esta conducta no constituye un hecho aislado, sino permanente, porque ha durado hasta que el esposo, consiguió que por sentencia de juicio de impugnación de paternidad se declara que él no era el padre y todo ello contra la oposición de la esposa que en dicho proceso continuó insistiendo que el marido era el progenitor, n o m o s & th e s is

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por lo que ella actuando de esta manera ha atentado contra su fama, su honor, su estima y respeto de la dignidad. D écim o P rim ero . [La] circunstancia de que ios esposos se encontraran separados de hecho, no impide que esta conducta deshonrosa haga insoportable la vida en común, porque no se puede concebir que viven en común el esposo, con la cónyuge, que le ha atribuido un hijo que no es su yo y que ha tenido que seguir una acción judicial para que se declare que no es el progenitor. D écim o segu n d o. [C]uando el Código Civil señala como causal de divorcio la conducta deshonrosa que haga insoportable la vida en común, no se refiere a que, si los cónyuges anteriormente han estado separados o unidos, sino si después de la conducta deshonrosa pueden o no vivir juntos. (Casación N.° 447-97-Lima, de 22-12-1997, ff. jj. 9-12. Sala Civil Transitoria [EP, 11-04-1998, p. 655]. Texto completo: ). § 3367. La convivencia de un cónyuge con un tercero ajeno al matrimonio constituye conducta deshonrosa. Tercero. [Los] cónyuges se deben recíprocamente fidelidad y asistencia [...]. [...] Sétim o. [M]ientras el matrimonio se mantiene, los cónyuges se deben fidelidad y respeto mutuo y al vivir la esposa con otro varón, está quebrantando los deberes matrimoniales, lo que también constituye conducta deshonrosa. (Casación N.° 83-96-Cono Norte, de 12-12-1996, ff. jj. 3 y 7. Sala Civil [EP, 30-12-1997, p. 200], Texto completo: ). IMPOSIBILIDAD DE HACER VIDA EN COMÚN

§ 3368. La causal de im posibilidad de hacer vida en común solo puede ser invocada por el cónyuge agraviado; no procede si las agresiones han provenido de ambas partes. Tampoco puede fundarse en la incom patibilidad de caracteres. Sexto. [Debe] tenerse presente que los hechos con los que se pretende acreditar la causal de imposibilidad de hacer vida en común introducida por la Ley N.° 27495, solo pueden ser invocados por el cónyuge agraviado, y no por el que los cometió. Asimismo, a pesar que la raído legis de la norma fue la de identificar y encasillar esta nueva causal con la incompatibilidad de caracteres o de personalidades, se comprueba que ella no puede ser invocada de esa manera, por cuanto los factores que determinan la incompatibilidad no son exclusivamente de uno de los cónyuges sino de la pareja, por lo que, no puede pretenderse la incompatibilidad de caracteres, pues se estaría vulnerando el artículo 335 del Código Civil. Séptim o. En ese sentido, se advierte de las declaraciones testimoniales y de las denuncias policiales, que las agresiones han sido de ambas partes; y que en junio del 2001, tal como consta en el acta de la audiencia de conciliación, ambos manifiestan su deseo de seguir viviendo separados, no obstante ello, meses después viajaron juntos al exterior. [...] Por las consideraciones anotadas [se declara infundada la demanda de divorcio por la causal de imposibilidad de hacer vida en común], (Casación N.° 4895-2007-Lima, de 25-03-2008, ff. jj. 6 y 7. Sala Civil Permanente [EP, 30-06-2008], Texto completo: ). § 3369. La causal de im posibilidad de hacer vida en común solo puede ser invocada por el cónyuge agraviado. D écim o octavo. [...] [De] acuerdo co n el principio de la invocabilidad contemplado en el artículo 335 del Código [Civil], ia mencionada causal [imposibilidad de hacer vida en común] solo puede ser invocada por el cónyuge agraviado, no por el que cometió los hechos que dan lugar a la imposibilidad de hacer vida en común. D écim o n oven o. [Se] trata de una nueva causal incuípatoria y, en consecuencia, se deben analizar los motivos que originan la imposibilidad de hacer vida en común y quien los provocó a fin de atribuir los efectos de la separación de cuerpos o del divorcio al cónyuge culpable o inocente, según corresponda. (Casación N.° 1500-2007-Lima, de 10-12-2007, ff. jj- 18 y 19. Sala Civil Transitoria [EP, 03-12-2008, p. 23652], Texto completo: ). § 3370. La im posibilidad de hacer vida en común es una causal incuípatoria y por lo tanto debe probarse la im putabilidad del cónyuge culpable. Vigésimo. [La] imposibilidad de hacer vida en común importa gravedad en la intensidad y trascendencia de los hechos producidos que hace imposible al cónyuge ofendido el mantenimiento de la convivencia y su imputabilidad al otro consorte; quien con discernimiento y libertad, frustra el fin del matrimonio; por eso y por tratarse o SUMMA PROCESAL CIVIL

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de una causal Inculpatoria deben exponerse los hechos que, imputados al otro consorte, provoca la imposibilidad de continuar o reanudar la vida en común. (Casación N.° 1500-2007-LÍma, de 10-122007, f. j. 20. Sala Civil Transitoria [EP, 03-12-2008, p. 23652], Texto completo: ). SEPARACIÓN DE HECHO

§ 3371. La sola existencia de un proceso de alimentos (como requisito para interponer la demanda por separación de hecho), no demuestra la existencia de una deuda líq uida a favor del cónyuge demandante. Sétim o. [...] [Es] evidente la existencia del proceso de alimentos [en] cuanto al requerimiento establecido por el artículo 345-A primer párrafo del Código Civil, efectuando una interpretación contrario sensu de esta norma, debe entenderse que si no consta la existencia de una deuda líquida a cargo de uno los cónyuges, esto es, debidamente cuantificada, por concepto de alimentos a favor del otro cónyuge o de los hijos de ambos, aquél tiene expedito su derecho para ejercitar la acción invocando la causal contenida en el inciso 12 del artículo 333 del Código Civil. Por consiguiente, no tiene relevancia la sola existencia de un proceso de alimentos, si es que no existe requerimiento de pago al demandante por dicho concepto. De lo cual se concluye que el demandante [...] ha cumplido con la exigencia de la norma en comentario [...]. (Casación N.° 4310-2014-Lima, de 21-10-2015, f. j. 7. Sala Civil Transitoria [EP, 30-09-2016, Sentencias en Casación N.° 718, p. 83249]. Texto completo: ). § 3372. El distanciamiento entre Sos cónyuges, a fin de configurar la causal de separación de hecho, debe realizarse por decisión m utua o unilateral, sin que exista decisión judicial previa. S egundo. [El] artículo 333 inciso 12° del Código Civil -incorporado por la Ley N.° 27495- regida la causal de separación de hecho, la que se presenta como el incumplimiento del deber marital de convivencia y de la vida en común que tienen los cónyuges, a fin de apartarse el uno del otro, ya sea por decisión mutua o unilateral; sin que exista una decisión judicial previa. A través esta causal, nuestra legislación recoge la teoría del divorcio remedio. (Casación N.° 157-2004-Cono Norte - Lima, de 0206-2005, f. j. 2. Sala Civil Permanente. Texto completo: ). § 3373. Puede configurarse la separación de hecho cuando ambos cónyuges vivan en el mismo inm ueble pero incumpliendo el deber de cohabitación. Elemento objetivo, subjetivo y temporal. Tercero. Nuestro ordenamiento civil establece que la causal de separación de hecho contiene tres elementos configurativos que son los siguientes: a) el objetivo o material; b) subjetivo o psíquico; y c) temporal. En cuanto al elemento objetivo, este se presenta cuando se evidencia el resquebrajamiento permanente y definitivo de la convivencia, lo que sucede no solo con el alejamiento físico de uno de los cónyuges del hogar conyugal sino también cuando ambos esposos viven en el mismo inmueble pero incumpliendo con el deber de cohabitación o vida en común. En cuanto al elemento subjetivo, este viene a ser la falta de intención para renormalizar la vida conyugal, poniendo fin a la vida en común por más que algún deber se cumpla, lo que supone que esta separación debe haberse producido por razones que no constituyan verdaderos casos de estado de necesidad o fuerza mayor, En cuanto al elemento temporal se presenta con la exigencia del transcurso ininterrumpido de dos años, si ios cónyuges no tuviesen hijos menores de edad; y, de cuatro, a ios que tuvieran. (Casación N.° 157-2004-Cono Norte - Lima, de 02-06-2005, f j. 3. Sala Civil Permanente. Texto completo: ). § 3374. La separación de hecho no se sustenta en la existencia de un cónyuge-culpable y de un cónyuge-perjudicado. Sexto. [Este] Supremo Tribunal ya ha señalado que la separación de hecho es la interrupción de la vida en común de los cónyuges, que se produce por voluntad de uno de ellos o de ambos; en segundo término, que ya se haya producido la desunión por decisión unilateral o conjunta, la naturaleza de esta causal no se sustenta en la existencia de un cónyuge-culpable y de un cónyugeperjudicado y, en tercer lugar, que a través de esta causal es posible que el accionante funde su pretensión en hechos propios, pues en este caso expresamente no resulta aplicable el artículo 335 del Código Civil [..,]. (Casación N.° 3362-2006-Lima, de 28-05-2007, f. j. 6. Sala Civil Transitoria [EP, 02-01-2008, p. 21187]. Texto completo: ). n o m o s & th e s is

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§ 3375. En ía dem anda de divorcio por causal de separación de hecho solo se otorgará indem nización cuando el cónyuge inocente lo peticione en la demanda o en la reconvención y ofrezca los medios probatorios pertinentes que acrediten el estado de necesidad. Q uinto. [...] Con relación al agravio sobre omisión de fijar indemnización por ser inocente la cónyuge demandada en causal de separación objetiva [separación de hecho], pues este Colegiado Supremo tiene fijado su criterio en el sentido de que tal derecho solo cabe otorgarlo cuando el cónyuge que se considere inocente solicita formalmente indemnización por tal concepto, sea en la demanda o en la reconvención, y, en su caso, acredita con medio probatorio idóneo su estado de necesidad; exigencia que en este caso la parte recurrente no ha cumplido. Además, el segundo párrafo del artículo 345-A del Código Civil, se refiere al deber del juzgador de velar por la estabilidad económica del cónyuge que resulte más perjudicado por la separación fáctica, respecto a lo cual el Tribunal A dquem se ha pronunciado en el considerando sétimo, en el sentido que la demandada trabaja y percibe remuneración económica, esto es, que no se encuentra en estado de necesidad [...]. (Casación N.° 1557-2008-Loreto, de 20-05-2008, f j. 5. Sala Civil Transitoria [EP, 01-12-2008, p. 23367]. Texto completo: ). § 3376. Cualquiera de los dos cónyuges tiene legitim ación activa para interponer la demanda de separación de cuerpos o divorcio por causal de separación de hecho. C uarto. [En] el divorcio por la causal de separación de hecho, cualquiera de los cónyuges puede accionar en busca de solucionar una situación conflictiva, caso que contempla el inciso 12° del artículo 333 del Código Civil y que pertenece a la teoría del divorcio remedio, en el que se busca no nn culpable sino enfrentar una situación en que se incumplen los deberes conyugales. Q uinto. [Este] caso, en el que cualquiera de los cónyuges puede ser quien active el aparato jurisdiccional, es el de la separación de hecho [...] (Casación N.° 709-2008-Lima, de 27-05-2008, ff. jj. 4 y 5. Sala Civil Permanente [EP, 03-09-2008, p. 22872]. Texto completo: ). § 3377. La sola presentación por parte de una de las partes de un informe psicológico en un proceso de divorcio por causal de separación de hecho, por sí misma, no es una prueba contundente para determ inar el daño. Séptim o. [De] la revisión y análisis de la resolución de la Sala de mérito, se desprende, con claridad y objetividad, que esta no se encuentra debidamente motivada, puesto que, en principio, las instancias de mérito han concluido que a la emplazada no le son aplicables lo alimentos; sin embargo, no han mencionado cual es la incidencia del proceso judicial que han seguido las partes en este proceso, por otro lado, con relación a la indemnización por daños y perjuicios derivada del proceso de separación de hecho, no existe una sustentación sólida sobre los parámetros para la determinación del daño, puesto que, efectivamente, nn solo informe psicológico no puede ser determinante, más aún si este es de parte. (Casación N.° 1750-2007-Arequipa, de 21-112007, f. j. 7. Sala Civil Transitoria [EP, 02-12-2008, p. 23532], Texto completo: ). § 3378. El juez debe pronunciarse necesariamente y aun cuando no haya sido solicitado, sobre la existencia de un cónyuge más perjudicado respecto al otro, en base a los medios probatorios ingresados al proceso. S egundo. [Mjediante escrito [...] OSRV interpuso demanda de divorcio por la causal de separación de hecho prevista en el inciso 12 del artículo 333 del Código Civil, para los efectos de que se disuelva el vínculo matrimonial, que contrajo con doña DCV [...]. [...] S éptim o. [Por] lo general todo decaimiento del vínculo matrimonial implica perjuicio para ambos cónyuges que no lograron consolidar una familia estable; de modo tal que en procesos como el de autos los juzgadores deben pronunciarse necesariamente, aun cuando no se haya solicitado, sobre la existencia o no de un cónyuge que resulte más perjudicado de acuerdo a su apreciación de los medios probatorios en los casos concretos, de existir fijará una indemnización a cargo de la parte menos afectada, salvo que existan bienes que estime puedan adjudicársele de modo que compense su mayor perjuicio. (Casación N.° 764-2007-Amazonas, de 17-10-2007, ff. jj. 2 y 7- Sala Civil Transitoria [EP, 02-12-2008, p. 23502]. Texto completo: ). § 3379. En ía causal de separación de hecho no es necesario exponer las razones de la separación. Basta con acreditar el cum plim iento de los plazos. Q uinto. [Las] alegaciones precedentes carecen ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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de asidero lega] y fáctico por cuanto el divorcio por la causal de separación de hecho no exige la expresión de razones por la cuales la separación se ha materializado, pues solo basta acreditar los plazos establecidos en la norma denunciada, lo que se ha cumplido; en todo caso, no sucedería lo mismo por la causal de abandono injustificado del hogar conyugal; no siendo atendible sus alegaciones. (Casación N.° 2597-2006-El Santa, de 03-08-2006, £ j. 5- Sala Civil Permanente [EP, 30-11-2006, p. 17801]. Texto completo: ). § 3380. Puede fijarse la obligación de abonar un monto indem nizatorio al demandante en el proceso de divorcio por causal de separación de hecho. D écim o cu arto. [El] demandante ha afirmado en su demanda que se tuvo que redrar del hogar conyugal debido al comportamiento injurioso de la demandada; sin embargo en la secuela del proceso, en modo alguno ha demostrado tal comportamiento de la emplazada, por lo que tal hecho debe calificarse como un abandono. [De] otro lado, la demandada ha sostenido que recién a partir del año dos mil dos el demandante le abona una pensión de alimentos. Sobre el particular el demandante ha admitido tácitamente tal afirmación de la demandante. De otro lado, debe señalarse que la recurrente asumió sola la responsabilidad de criar y educar a los hijos de ambos, así como la conducción del hogar, una vez separados ambos cónyuges. Por tanto, estos son elementos conducentes a determinar la existencia de un perjuicio sufrido por la demandante a causa de la separación, el que incluye la frustración de su proyecto de vida personal. En tal sentido, acreditada la existencia de un daño moral y personal, atribuible al demandante, causado a resultas de la separación, el Juez está en la obligación de fijar un monto indemnizatorio. [,,,] (Casación N.° 3090-2006-Lima, de 02-05-2007, f. j. 14. Sala Civil Transitoria [EP, el 03-01-2008, p. 21333]. Texto completo: ). § 3381. Es requisito de procedibilidad de la dem anda de separación de cuerpos o divorcio por causal de separación de hecho, la acreditación por parte del demandante de encontrarse al día en el pago de sus obligaciones alim entarias y otras que hayan sido pactadas de común acuerdo en favor del demandado. Q uinto. [Debe] analizarse lo dispuesto en el artículo 345-A glosado [del Código Civil], del cual se desprende como requisito de procedibilidad para interponer la presente acción [sobre divorcio por causal de separación de hecho], el que la parte demandante acredite encontrarse al día en el pago de sus obligaciones alimentarias u otras que hayan sido pactadas de común acuerdo, a favor del cónyuge demandado. Sexto. Sobre el particular, cuando la norma alude a que el demandante se encuentre "al d ía1 en el pago por el concepto indicado, se desprende que previamente haya existido una sentencia o mandato judicial que le conmine al pago periódico de determinada suma por concepto de alimentos o, que el actor haya acordado con su contraparte la forma (que incluye la periodicidad del pago) y el monto por el referido concepto; de maneta tal que si la parte actora al momento de interponer su demanda no logra acreditar venir acudiendo con el pago en la fecha pre establecida (sea en vía judicial o mediante acuerdo) por concepto de alimentos a favor del cónyuge demandado y perjudicado (sea mujer u hombre), acarrearía sin lugar a dudas la improcedencia de su demanda. (Casación N.° 630-2007-Loreto, de 15-10-2007, ff. jj. 5 y 6. Sala Civil Transitoria [EP, 02-12-2008, p. 23497]. Texto completo: ). § 3382. Medidas aplicables a favor del cónyuge inocente en el proceso de divorcio por causal de separación de hecho. S egundo. [P]ara la verificación de la existencia del cónyuge e hijos perjudicados resulta evidente que el Juez apreciará los medios probatorios actuados en el proceso respectivo; lo que significa que el solo amparo de una demanda de divorcio por la causal de separación de hecho no convierte automáticamente a uno de ellos en cónyuge perjudicado sino que tal calificación será producto de una correcta valoración de los medios probatorios dentro de una debida motivación fáctica y jurídica, de acuerdo al principio constitucional de motivación escrita de las resoluciones judiciales previstas en el artículo 139 inciso 5 de la Constitución; de tal modo que de no existir suficientes medios probatorios que acrediten cuál cónyuge es el perjudicado el juzgador no está obligado a declararlo así ni aplicar las medidas de estabilidad económica que contempla más adelante el mismo dispositivo. Tercero. [De] hallarse debidamente el cónyuge e hijos perjudicados, el artículo 345-A del Código Civil faculta al Juez a aplicar tres grupos de medidas a favor de ellos: a) una pensión de alimentos; b) n o m o s & th e s is

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indemnización por los daños sufridos y adjudicación preferente de bienes de la sociedad conyugal; y, c) las demás medidas contempladas en los artículos 323, 324, 343, 351 y 352 del mismo Código, en cuanto sean pertinentes; debiendo precisarse que el Juez no está obligado a indefectiblemente aplicar las tres citadas medidas, sino que queda a su criterio razonado aplicar la más conveniente al cónyuge perjudicado en función también a los tipos de perjuicio que se evidencien de acuerdo a los medios probatorios, pudiendo ser incluso las dos o tres medidas simultáneamente, ello dependiendo del caso concreto. (Casación N.° 1484-2007-Huaura, de 05-12-2007, ff. jj. 2 y 3. Sala Civil Transitoria [EP, el 03-12-2008, p. 23646], Texto completo: ). § 3383. En caso de preexistencia de una pensión de alimentos fijada entre los cónyuges que participan en un proceso de divorcio por causal de separación de hecho, esta solo puede ser extinguida siempre y cuando el cónyuge alim entario acredite el cese del estado de necesidad del cónyuge alim entista. Sexto. [...] [En] el caso específico de la pretensión de divorcio por causal de separación de hecho, no rige la regla general por la cual el divorcio pone fin a la obligación alimentaria entre los cónyuges, sino por el contrario debe entenderse que en este supuesto subsiste la obligación alimentaria, en favor del cónyuge perjudicado con la separación, siempre y cuando estuviera imposibilitado de trabajar o de subvenir a sus propias necesidades por otros medios; conforme lo establece el artículo 350 del Código Civil; en esta parte, es necesario precisar que el divorcio por causal de separación de hecho, que es materia de la demanda, tiene origen, no en el acuerdo voluntario de los cónyuges para poner fin al vínculo matrimonial, sino que tal divorcio se produce básicamente por causa atribuibíe al cónyuge demandante, quien estando vigente el matrimonio, de hecho formó un nuevo hogar y procreó hijos con otra pareja. Séptim o. [H] abien do quedado establecido en las instancias de mérito, que la demandada viene siendo asistida por el demandante con una pensión alimentaria ordenada en la tramitación de un proceso judicial de alimentos; para que esta obligación de pasar alimentos, establecida por sentencia judicial, se extinga, es preciso que el demandante en la presente cansa desvirtúe el estado de necesidad alimentaria que fue establecido en la sentencia de alimentos; por tanto, al no haberse demostrado este extremo indispensable del proceso, la demanda deviene en infundada en cuanto a la extinción de la obligación alimentaria, debiendo continuar percibiendo la demandante ia pensión de alimentos establecida en proceso judicial regular. (Casación N.° 2126-2005-Lambayeque, de 09-05-2006, ff. jj. 6-7. Sala Civil Transitoria [EP, el 30-10-2006, p. 17498]. Texto completo: ). § 3384. La declaración de rebeldía de la parte dem andada en un proceso de divorcio por causal de separación de hecho no constituye im pedim ento p ara que se fije una pensión de alim entos y/o una indem nización a su favor. C uarto. [A] preciándose de autos que la recurrida tiene suficiente motivación desde el punto de vista adoptado por la Sala Civil pata aprobar la sentencia consultada que deciara fundada en parte la demanda de divorcio por la causal de separación de hecho, no se aprecia vulneración alguna al debido proceso, además, el haber seguido el proceso en rebeldía de la demandada no constituye impedimento alguno para proceder a la liquidación de la sociedad de gananciales y fijarse una pensión de alimentos y una indemnización a favor de la emplazada por establecerlo así los artículos 345 y 345-A del Código Civil [.,.] (Casación N.° 1965-2002-Piura, de 31-10-2002, f. j. 4. Sala Civil Permanente [EP, 31-01-2003, p. 9917]. Texto completo: ). § 3385. No es m ateria conciliable la suspensión de la patria potestad impuesta por sentencia en un proceso de separación de cuerpos o divorcio por causal. Séptim o. [AJmbas partes, demandante y demandada, han celebrado un acuerdo de conciliación respecto a la patria potestad y otras pretensiones acumuladas; sin embargo, por aspectos de fondo, dicho acuerdo no puede infringir la naturaleza indisponible del derecho sustancial y someterse a un acuerdo o avenimiento de las partes, por cuanto la declaración de suspensión de la patria potestad, en los casos de separación o divorcio por culpa de uno de los cónyuges, constituye un efecto o consecuencia de tales supuestos cuyo cumplimiento no admite pactarse en sentido contrario, ya que además, no se trata de una separación convencional. O ctavo. [Aun] cuando la conciliación extrajudicial practicada por las partes, ha sido presentado al proceso e ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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incluso ratificado por las partes en la audiencia respectiva, ello no enerva el significado imperativo de la norma antes acotada. (Casación N.° 719-97-Lima, de 23-10-1998, ff. jj, 7 y 8. Sala Civil Permanente [EP, 10-12-1998, p. 2205]. Texto completo: ), § 3386. La acreditación de la unión de hecho no se realiza en trám ite exclusivo, sino que puede probarse tal condición en algún otro proceso en el cual se discutan derechos sobre bienes de la sociedad de gananciales que se pretende acreditar. S egundo. [La] recurrida sostiene que el artículo 326 del Código Civil exige que para que la unión convivencial origine una sociedad de gananciales y produzca efectos patrimoniales, debe haber una declaración judicial que así lo establezca, mientras tanto la demandada no puede reputarse copropietaria del bien sub litis. Tercero. [Si] bien la norma material utilizada no contiene con exactitud el requerimiento que hace la de vista, sí establece que la unión de hecho necesita la posesión constante de estado, la cual debe probarse a través de cualquier medio admitido por la Ley Procesal, siempre que exista un principio de prueba escrita. Cuarto. [E]llo significa que la prueba tiene que actuarse dentro en un proceso judicial, pero no necesariamente distinto a aquél en el que deba sustentarse el derecho, es decir que no siempre debe seguirse un trámite exclusivo para obtener la declaración judicial de existencia de la sociedad de bienes derivada de la unión de hecho, sino que en un proceso como este puede probarse dicha existencia, utilizando principalmente prueba escrita, (Casación N.° 2279-98-Arequípa, de 12-07-1999, ff. jj. 2- 4. Sala de Derecho Constitucional y Social [EP, 08-08-2000, p. 5778]. Texto completo: ). § 3387. O cultar ía no paternidad de la pareja es causal de divorcio. O ctavo. [...] [Se] ha establecido que el cónyuge demandante no es el padre del menor hijo de la demandada con el resultado del informe pericial de ADN ordenado por el juez de la causa, [..,] lo que lleva a concluir que la cónyuge emplazada incurrió en conducta deshonrosa que hace imposible la vida en común, consistente en la falsedad mantenida durante la vida matrimonial, conducta que está contra la moral y el respeto a la familia; por lo que la gravedad del hecho hace imposible moral y materialmente la vida en común de los esposos, pues al tener la certeza de que el menor no es hijo biológico del demandante crea entre los cónyuges una situación imposible de ser sobrellevada con dignidad. En tal sentido, al señalar la sala superior de vista que tal circunstancia no constituye un acto deshonesto realizado dentro del matrimonio por cuanto el menor nadó en el año 2001, esto es, antes de efectuarse el mismo, no ha tenido en cuenta que en el presente caso no se trata de un acto aislado, sino permanente, pues si bien se originó antes del matrimonio ha sido ocultado por la cónyuge demandada durante su vida matrimonial hasta que mediante la prueba de ADN han sido revelados. (Casación N.° 5517-2009-Cajamarca, de 18-01-2011, f. j. 8. Sala Civil Permanente [EP, 02-11-2011, Sentencias en Casación N.° 653, p. 31906], Texto completo: ).

Artículo 481: Intervención del Ministerio Público El Ministerio Público es parte en los procesos a que se refiere este Subcapítulo, y, como tal, no emite dictamen.

PLENOS JURISDICCIONALES

§ 3388. Supuestos en los que los representantes del M inisterio Público no deben dictam inar en ninguna de las dos instancias de m érito. En los procesos sobre nulidad y anulabilidad d el matrimonio,

separación de los casados y divorcio ; Deben dictam inar los representantes d el M inisterio Público en las dos instancias de m érito? El Pleno acordó por m a y o r í a : “En los procesos sobre nulidad y anulabilidad del matrimonio, separación de los casados y divorcio, los representantes del Ministerio Público no deben dictaminar en ninguna de las dos instancias de mérito”. (Pleno Jurisdiccional Nacional de Familia, realizado en Lima, 1999. Acuerdo N.° 02. Subtema N.° I. Texto completo: ). n o m o s & th e s is

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PROCESOS CONTENCIOSOS / PROCESO DE CONOCIMIENTO

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JURISPRUD ENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 3389. La falta de intervención del M inisterio Publico en los procesos de divorcio y separación de cuerpos debe cuestionarse en la prim era oportunidad que se tenga. D écim o Cuarto. Respecto de la alegación a que se refiere el punto a), debe tenerse en cuenta que la recurrente al apelar de la sentencia de primera instancia no cuestionó la falta de intervención del Ministerio Público como parte en la presente litis. En ese sentido, aun cuando el artículo 481 del Código Procesal Civil prescriba que la mencionada entidad es parte en este tipo de procesos, en aplicación del principio de elasticidad a que se refiere la última parte del artículo IX del Título Preliminar del Código Procesal Civil, el juez debe adecuar la exigencia de las formalidades al logro de los fines del proceso y en tal virtud, la eventual nulidad no puede tener lugar, conforme a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 172 del Código Procesal Civil, porque su subsanacíón no va a modificar el sentido de la decisión, en atención a que el propio Ministerio Público no fia expresado cuál sería la defensa que no pudo realizar [...]. (Casación N.° 290-2009-Lima, de 28-04-2009, f. j. 14. Sala Civil Permanente [EP, 07-12-2009, p. 26893]. Texto completo: ).

Artículo 432: Variación de la pretensión En cualquier estado del proceso antes de la sentencia, el demandante o el reconviniente, pueden modi­ ficar su pretensión de divorcio a una de separación de cuerpos.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 3390. El Juez no puede variar el petitorio y declarar la separación de cuerpos si el dem andante no ha probado la pretensión de divorcio interpuesta. Tercero. [La] presente Litis versa sobre divorcio por las causales de violencia física y psicológica e injuria grave, las cuales durante la secuela del proceso no fian sido probadas indubitablemente conforme se desprende de la recurrida, sin embargo al momento de absolvet el grado, el colegiado confirmando la apelada dispone la separación de los cónyuges, en aplicación de los dispuesto en el artículo 358 del Código Civil, C uarto. [La] norma antes citada establece que aunque la demanda o la reconvención tenga por objeto el divorcio, el Juez solo puede declarar la separación [en lugar del divorcio], sí parece probable que los cónyuges se reconcilien, empero en la presente causa el demandante no ha probado los hechos que alega para la obtención del divorcio; que, al no haberse probado el actor su pretensión, no puede disponerse la separación de los cónyuges, máxime aún que no fue solicitada. (Casación N,° 454-96-La Libertad, de 26-08-1996, ff. jj. 3 y 4. Sala Civil [EP, 21-12-1996, p. 2593]. Texto completo: ).

Artículo 483: Acumulación originaría de pretensiones Salvo que hubiera decisión judicial firme, deben acumularse a la pretensión principal de separación o de divorcio, las pretensiones de alimentos, tenencia y cuidado de los hijos, suspensión o privación de la patria potestad, separación de bienes gananciales y las demás relativas a derechos u obligaciones de los cónyuges o de estos con sus hijos o de la sociedad conyugal, que directamente deban resultar afectadas como consecuencia de la pretensión principal. No es de aplicación, en este caso, lo dispuesto en los incisos 1. y 3. del artículo 85. Las pretensiones accesorias que tuvieran decisión judicial consentida, pueden ser acumuladas propo­ niéndose su variación.

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PLENOS JURISDICCIONAX.e s

§ 3391. Acumulación de pretensiones de divorcio por causal sanción y por causal remedio.

¿Puede acumularse pretensiones de divorcio p o r causales sanción y causales remedio, atendiendo a que cada uno tiene distinta naturaleza y genera diferentes efectos? EJ Pleno acordó por u n a n i m i d a d : “Es viable la acumulación, pues la normativa no ha contemplado su prohibición; asimismo, es factible que se inobserven uno o más deberes consustanciales al matrimonio, lo cual daría lugar a que de manera simultánea se configuren distintas causales”. (Pleno Jurisdiccional Distrital en Materia de Familia, realizado en Lima Norte, el 2013. Tema N.° 1. [Acumulación de pretensiones de divorcio por causal sanción y por causal remedio]. Testo completo: ). § 3392. En el proceso de divorcio no hay declaración de cese automático de la prestación alim enticia. Al declararse fu ndada la dem anda de divorcio, acorde a lo presento p or el artículo 350° del

Código Civil, ; cesa la pensión alim entaria entre marido y m ujer fija d o en anterior proceso de alimentos, o es que debe solicitarse el cese de dicha pensión alim entaria ante el Juez d el proceso de alim entos? El Pleno acordó p o r m a y o r í a : “En los procesos de divorcio, no hay declaración de cese automático de la prestación alimentaria preestablecida judicialmente. Sin embargo, el Juez del proceso de divorcio debe emitir pronunciamiento cuando en el proceso bajo su conocimiento se haya pretendido expresamente su cese en la demanda o en la reconvención. Sin perjuicio de ello, la parte obligada tiene expedito su derecho para solicitar dicha pretensión ante el Juez competente en materia alimentaria”. (Pleno Jurisdiccional Nacional de Familia, realizado en Lima, 24-10-2009. Tema N.° 2. [La consecuencia accesoria del cese del “derecho alimenticio entre cónyuges determinado judicialmente”, al declararse la disolución del vínculo matrimonial en ios procesos de divorcio]. Texto completo: cbit.ly/2NiTAToz>). § 3393. Obligación alim entaria entre cónyuges no subsiste ai divorcio, salvo existencia de proceso de alimentos. La consecuencia accesoria de cese del "derecho alimenticio entre cónyuges

determinado judicialm ente”, al declararse la disolución del vínculo matrimonial en los procesos de divorcio. El Pleno acordó por u n a n i m i d a d : “El divorcio trae como consecuencia automáticamente el cese de la obligación alimentaria, conforme al artículo 350° del Código Civil, salvo que preexista un proceso de alimentos, en el que se fijó una pensión alimenticia; en cuyo caso, podrá resolverse en el proceso de divorcio, siempre que haya sido pretendido por las partes, conforme a lo establecido en el artículo 483°, parte final del Código Procesal Civil”, (Pleno Jurisdiccional Distrital del Area de Familia, realizado por la Corte Superior de Justicia de Arequipa, el día 19-10-2009. Segundo Tema. Texto completo: ). § 3394, Pronunciamiento sobre las pretensiones accesorias, aun cuando la pretensión principal h a sido desestimada. En la demanda de divorcio infundada: amparo de pretensiones accesorias d e tenencia, alimentos, régimen de visitas y ejercicio de la patria potestad. El Pleno acordó por m a y o r í a : “En los procesos sobre divorcio por causal, sí es posible pronunciarse sobre las pretensiones accesorias cuando se desestima la principal, siempre que exista conflicto o incertidumbre respecto a ellas y se garanticen los intereses y derechos de los hijos”. (Pleno Jurisdiccional Distrital de Familia, realizado en La Libertad, 30-11-2007 y 01-12-2007. Tema N.° 2. Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 3395. En los procesos de separación de cuerpos o divorcio por causal específica el actor debe proponer en la demanda la acumulación de las pretensiones que, en relación con la principal de separación o divorcio, tien en la calidad de accesorias. Sétim o. [Según] el análisis del artículo 483 del Código Procesal Civil se puede establecer que en los procesos de separación de cuerpos o divorcio por causal específica el actor debe proponer en la demanda la acumulación de las pretensiones que, en relación con la principal de separación o divorcio, tienen la calidad de accesorias, tales como: alimentos, tenencia, suspensión o privación de la patria potestad, distribución de gananciales y otras pretensiones concernientes a derechos y obligaciones de los cónyuges o de estos con sus hijos o de la sociedad n o m o s & th e s is

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PROCESOS CONTENCIOSOS / PROCESO DE CONOCIMIENTO

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conyuga^ que directamente deban resultar afectadas como consecuencia de la pretensión principal de separación de cuerpos y/o divorcio. (Casación N.° 2753-2006-La Libertad, de 29-09-2006, £ j. 7. Sala Civil Permanente [EP, 31-01-2007, p. 18693]. Texto completo: ). § 3396. La acum ulación originaria de pretensiones en los procesos de separación de cuerpos o divorcio por causal serán viables siempre y cuando no exista sentencia judicial firme en un proceso referido a tales pretensiones, empero si Sas hubiese, podrán ser acumuladas a la pretensión principal siempre que se proponga su variación. O ctavo. [...] [En] los procesos de separación de cuerpos o divorcio por causal específica, la acumulación originaria de las pretensiones accesorias indicadas en el considerando precedente serán viables siempre y cuando no exista sentencia firme en aquellos procesos en que se ventilen en forma autónoma tales pretensiones; empero, si respecto de dichas pretensiones accesorias debatidas en forma autónoma en otros procesos hubiere recaído una sentencia judicial que quedó consentida, entonces, será posible su acumulación originaria -en la demanda respectiva- a la pretensión principal de separación de cuerpos o divorcio por causal específica, siempre que se proponga la variación de las indicadas pretensiones accesorias [...]. (Casación N.° 2753-2006-La Libertad, de 29-09-2006, £ j. 8. Sala Civil Permanente [EP, 31-01-2007, p. 18693]. Texto completo: ). § 3397. La acum ulación originaria de pretensiones en los procesos de separación de cuerpos o divorcio por causal constituye un deber y no una facultad de las partes, letr er o . [El] artículo 483 del [Código Procesal Civil] dispone que, salvo que existiera decisión judicial firme, deben acumularse a la pretensión principal de separación o divorcio, las pretensiones de alimentos, tenencia y cuidado de los hijos, suspensión o privación de la patria potestad, separación de bienes gananciales y las demás relativas a derechos u obligaciones de los cónyuges o de estos con sus hijos o de la sociedad conyugal, que directamente deban resultar afectadas como consecuencia de la pretensión principal. Cuarto. [La] norma citada es una norma imperativa que se encuentra directamente relacionada con la afectación de derechos de los menores habidos dentro del matrimonio y el estado de los bienes gananciales, y cuya finalidad es salvaguardar del libre albedrío de las partes la decisión que debe adoptarse respecto del destino de aquellos, de tal forma que constituye un deber y no una facultad su acumulación en calidad de pretensiones accesorias a la demanda principal de divorcio o de separación de cuerpos, según corresponda y, por tanto, deben tener su correlato en ei pronunciamiento final que ampare la demanda. [...] (Casación N.° 1940-03-Piura, de 21-04-2004, ff. jj. 3 y 4. Sala Civil Transitoria [EP, 02-08-2004, p. 12521], Texto completo: ). § 3398. Excepción al principio dispositivo en los procesos de fam ilia. O ctavo. [Al] respecto, es menester señalar que en pretensiones en materia de familia, es una característica el de ser una excepción al principio dispositivo o de iniciativa de parte, y en tal sentido el juzgador tiene facultades extraordinarias para concretar las finalidades del proceso y dar solución efectiva al caso, siendo una de esas potestades el integrar el petitorio con pretensiones sobre las cuales es necesario emitir un pronunciamiento porque afectan a los hijos o al régimen patrimonial que se pretende resolver, ello por disposición legal contenida en el artículo 483 del Código Procesal Civil, como en el presente caso el de indemnización al cónyuge perjudicado [...]. (Casación N.° 1643-2011-Puno, de 08-03-2012, £ j, 8. Sala Civil Permanente [EP, 31-01-2013, Sentencias en Casación N.° 675, p. 38993]. Texto completo: ). § 3399. El divorcio cesa la obligación alim enticia siempre que se hubiera prestado mutuamente y sin coerción alguna. Si ha sido dispuesta en un proceso judicial, Sa obligación continúa. Véase la jurisprudencia del artículo 480° del Código Procesal Civil [§ 3330]. (Casación N.° 4670-2006La Libertad, de 07-01-2008, ff. jj. 9 y 10. Sala Civil Transitoria [EP, 01-12-2008], Texto completo: ).

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Artículo 484: Acumulación sucesiva Los procesos pendientes de sentencia respecto de las pretensiones accesorias citadas en el artículo

483, se acumulan al proceso principal a pedido de parte. La acumulación se solicitará acreditando la existencia del expediente, debiendo el Juez ordenar se remita este dentro de tercer día, bajo responsabilidad. El Juez resolverá su procedencia en decisión inímpugnable.

Artículo 485: Medidas cautelares Después de interpuesta la demanda son especialmente procedentes las medidas cautelares sobre se­ paración provisional de Sos cónyuges; alimentos; tenencia y cuidado de los hijos por uno de ios padres, por ambos, o por un tutor o curador provisionales; y administración y conservación de los bienes comunes.

TÍTULO II PROCESO ABREVIADO CAPÍTULO 1 DISPOSICIONES GENERALES Artículo 486: Procedencia Se tramitan en proceso abreviado los siguientes asuntos contenciosos: 1. Retracto; 2. título supletorio, prescripción adquisitiva y rectificación de áreas o linderos; 3. responsabilidad civil de los Jueces; 4. expropiación; 5. tercería; 6. impugnación de acto o resolución administrativa; 7. la pretensión cuyo petitorio tenga una estimación patrimonial mayor de cien y hasta mil Unidades de Referencia Procesal; 8. los que no tienen una vía procedimental propia, son inapreciables en dinero o hay duda sobre su monto o, por la naturaleza de la pretensión, el Juez considere atendible su empleo; y, 9. los demás que la ley señale.(1) NOTA DE ACTUALIZACIÓ N (1) Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley N.- 29057 (EP, 29-06-2007).

PLENOS JURISDICCIONALES

§ 3400. En un proceso de división y partición el juez no puede pronunciarse en ía sentencia sobre la división física de un inmueble, dicha precisión debe darse en la etapa de ejecución. ¿En

un proceso de división y partición donde no se haya propuesto con la demanda el espacio físico que va ocupar cada una de las partes, el juez deberá pronunciarse sobre ello con la sentencia? El Pleno acordó por m a y o r í a : “Cuando la división física de ambientes de un inmueble haya sido objeto de debate entre las partes, el juez no debe pronunciarse sobre el mismo al emitir sentencia; correspondiendo toda precisión a la etapa n o m o s & th e s is

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de ejecución; así, su sentencia debe resolver solo sobre porcentajes”. (Pleno Jurisdiccional Distrital en materia Civil y procesal Civil, realizado por la Corte Superior de Lima Este, el 24-11-2017. Tema N,° 3 [División y partición: alcances de la sentencia respecto a ambientes físicos de un bien inmueble]. Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 3401. No procede ía prescripción adquisitiva de un bien social a favor de uno de los cónyuges (inc. 2). D écim o S egundo. [Este] Supremo Tribunal considera que la causal objeto de estudio resulta infundada, toda vez que, de la revisión de la sentencia emitida en primera instancia, se determina que el A quo , en el fundamento undécimo, no ha declarado la infundabilidad de la demanda, en base a la no exclusividad de la posesión, tal como arguye la parte recurrente; sino en la consideración de que la demandante no puede usucapir un bien inmueble que es de copropiedad de su cónyuge, al no poseerlo de manera independiente y excluyente; criterio que resulta acertado, al verificarse que ía actora, respecto del bien inmueble sub litis, ostenta un derecho de habitación, entendido como aquel derecho de uso recae sobre una casa o parte de ella para servir de morada, ello si se tiene en cuenta que aquel sirve como hogar conyugal; en tanto que el cónyuge de ía accionante, accedió a la posesión del bien, en virtud de un contrato de compraventa, de lo que se colige que este ostenta la posesión como un ejercicio inherente al derecho de propiedad. (Casación N.° 3249-2014-Del Santa, de 18-08-2015, £ j. 12. Sala Civil Permanente [EP, 30-06-2016, Sentencias en Casación N.° 715, p. 78722], Texto completo: ). § 3402. La posesión ejercida en virtud de una autorización de uso por parte del propietario deí bien inm ueble no puede ser utilizada a efectos deí cómputo del plazo para adquirir la propiedad vía prescripción adquisitiva (inc. 2). Cuarto. [Se] aprecia de las sentencias emitidas por las instancias de mérito que se han calificado los actos de posesión ejercidos por la demandante conjuntamente con su fallecido esposo, posterior a la fecha de cesión que se desarrolló como si fueran propietarios, de modo, que aunado al requisito de publicidad de la posesión y al tiempo transcurrido, se resuelve declararlas fundadas; sin embargo, no se ha reparado en los alcances de la posesión ejercida sobre el inmueble por la citada actora y antes con su fallecido esposo, puesto que, incluso en el acta de conciliación adoptada en el proceso de interdicto de retener [...] seguido por la actora contra los mismos demandados en este proceso, aparece que estos últimos dejan constancia que permitirán a la demandante continuar ejerciendo derecho de posesión en tanto sus nietos tienen establecida su residencia habitual en el inmueble sublitis. Q uinto. [Con] estos presupuestos, la Sala de Vista y el A quo han debido evaluar las condiciones de la posesión ejercida por la actora sobre el bien subjudice. Sexto. [La] posesión reconocida y ejercida por la demandante sobre el bien de propiedad de los esposos demandados, al ser consecuencia de un acto de cesión de uso, deviene en una posesión autorizada por los propietarios, por lo que resulta innegable que la posesión ejercitada por dicha parte deviene en una posesión inmediata en razón de qne los legítimos propietarios le han concedido uno de los atributos de la propiedad; en tal sentido, la posesión que ha venido ejerciendo esta ha sido con pleno reconocimiento a los derechos de propiedad de los codemandados. Al darse este reconocimiento, está descartado cualquier intento de pretender que su posesión se encuentra dentro de los requisitos previstos para usucapir que consigna el artículo 950 del Código Civil. (Casación N.° 1545-2000-Cusco, de 17-11-2006, ff. jj. 4-6, Sala Civil Permanente [EP, 30-01-2001, p. 6836], Texto publicado: ). § 3403. No resulta viable la prescripción adquisitiva vía excepción (inc.2). Tercero. demandada sobre reivindicación [...] por la que se declara concluido el proceso ante la inasistencia de las partes a la audiencia de conciliación, por lo que teniendo en cuenta la fecha de la Resolución Administrativa por la cual se declara beneficiaría a ía demandada!...] se observa que no ha transcurrido el término prescriptorio [...], pero en todo caso debe tenerse presente que el contenido o fundamentación de la excepción de prescripción que le ha dado la demandada al contestar la demanda es el referido a la prescripción adquisitiva, que no resulta viable vía excepción. (Casación N.° 1182-98-Huánuco, de 01-10-1999, £ j. 3. Sala de Derecho Constitucional y Social [EP, 21-04-2000, p. 5186], Texto publicado: ). * SUMMA PROCESAL CIVIL

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§ 3404. La acción para adquirir vía prescripción adquisitiva no se encuentra sujeto a los plazos de la prescripción extintiva (inc. 2). T ercero . [El] artículo 952 del Código Procesal Civil [Debiese ser del Código Civil] señala que quien adquiere un bien por prescripción puede entablar juicio para que se le declare propietario, de lo que se infiere que la acción de prescripción adquisitiva es evidentemente declarativa, orientada al reconocimiento de un derecho por lo que dada su naturaleza no es susceptible de prescripción extintiva pues el plazo que transcurre solo afirma el derecho de quien ha adquirido el bien por prescripción y continúa poseyendo. (Casación N.° 1479-2007-Lima, de 0611-2007, fi j. 3. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 29-02-2008, p. 21657]. Texto publicado: ). § 3405. La Interrupción de la prescripción adquisitiva. Interrupción natural y civil (inc. 2).

P rim ero. [E]xisten dos clases de interrupción de la prescripción adquisitiva: la natural y la civil, la primera corresponde ai caso del abandono o la pérdida de la posesión y la segunda al caso en el que el deseo de continuar poseyendo se ve perturbado por presentarse a hacer valer sus derechos quien se considera como verdadero dueño. S egundo. [La] interrupción natural se encontraba recogida en el artículo 875 del Código Civil de 1936 cuyo texto transcribe literalmente el artículo 953 del Código Civil vigente. Tercero. Que, el Código Civil de 1936 contenía en su artículo 876 una norma que establece que regía para la prescripción adquisitiva las reglas de la prescripción extintiva en cuanto sean aplicables. Cuarto, Que, en virtud de esta norma resultaban de aplicación a la prescripción adquisitiva las normas pertinentes sobre interrupción civil, en especial las contenidas en los artículos 1163 incisos 2 y 6s, que regulan la interrupción de la prescripción por reconocimiento en el caso de usucapión de la existencia del derecho de propiedad del tercero o la citación judicial, así lo señala el doctor Eleodoro Romero citado por el doctor Jorge Avendaño Valdez en Derechos Reales [...]. Q uinto. Que, aunque el Código Civil vigente haya omitido consignar una disposición similar a la contemplada en el artículo 876 del Código Civil de 1936, resulta evidente que la prescripción adquisitiva también es susceptible de interrupción civil, mediante el ejercicio de una acción conducente a cuestionar la posesión que se ejerce sobre el predio. Sexto. Que, en ese sentido debe tomarse en cuenta que para que proceda la prescripción adquisitiva de dominio no basta la posesión continua, sino la indiferencia de aquel que se cree con mejor derecho al predio, de modo que si se altera esta situación porque el propietario se hace presente se interrumpe k posesión, esta deja de ser pacífica. (Casación N.° 253-2000-Lambayeque, de 08-11-2000, ff. jj. 1-6. Sala Civil Permanente [EP, 02-01-2001, p. 6701]. Texto completo: ). § 3406. La ineficacia de la interrupción de la prescripción solo se configura por la causal de nulidad del emplazamiento, cuando hay desistimiento o ante el abandono del proceso. El declararse infundada una dem anda que cuestiona el derecho del poseedor del bien, no es una causal para declarar ineficaz la interrupción del plazo prescriptorio (inc. 2). O ctavo. La interrupción de la prescripción por citación con la demanda conducente a recuperar la posesión del bien, solo deja de surtir efectos en los casos del artículo 1997 del Código Civil actual y en los casos del artículo 1174 del Código Civil de 1936, que se refieren a la nulidad del emplazamiento, al desistimiento y al abandono. N oveno. En ese sentido no se encuentra dentro de los supuestos en los que queda sin efecto la interrupción de la prescripción adquisitiva el caso en que una demanda de desalojo interpuesta por quien alega propiedad hubiera sido declarada infundada, no solo porque esta posibilidad no ha sido expresamente prevista en la Ley, sino porque la acción de desalojo no es la vía en la que se define el derecho de propiedad sobre un bien. D écim o. La existencia de una sentencia de desalojo, no impide el ejercicio de una ulterior acción reivindicatoría en el que se discuta con mayor amplitud la existencia del derecho real alegado. (Casación N.° 253-2000-Lambayeque, de 08-112000, ff. jj. 8-10. Sala Civil Permanente [EP, 02-01-2001, p. 6701], Texto completo: ). § 3407. No puede existir adición de plazos posesorios cuando m edie interrupción por parte de un tercero. La adición de los plazos posesorios solo puede hacerse respecto de quien transfiere la propiedad y no de los antiguos propietarios. Para adicionarse los plazos posesorios, ambas posesiones deben llevar im plícitam ente la posibilidad de que el bien sea adquirido por n o m o s & th e s is

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prescripción adquisitiva (inc. 2). Q uinto. [La] sentencia de Primera Instancia ha desestimado la demanda del actor, por considerar que entre la posesión de la Empresa [...] desde el 26 de abril de 1990 hasta el 23 de diciembre de 1994, al de la actora, a partir del 29 de diciembre de 1995 a la fecha de interposición de la demanda, ha existido un intervalo de tiempo entre ambos períodos posesorios de 1 año 5 días, tiempo en el cual estuvo en posesión de la Municipalidad Provincial [...], en virtud a la reversión efectuados [...] decisión que al ser apelada ha sido confirmada por la Sala Civil por su fundamentos y considerando además que de conformidad con el artículo 898 del Código Civil, solo puede adicionarse su plazo posesorio de quién le transfirió la propiedad y no a los anteriores propietarios, por lo que concluye que la posesión que tuvo la Empresa [...] con anterioridad no puede ser adicionada al del actor, Sexto. [Cjonforme expresa el artículo 898 del Código Civil, el poseedor puede adicionar a su plazo posesorio el de aquél que le transmitió válidamente el bien; debiendo significarse que la doctrina ha establecido la coexistencia de ciertos requisitos para la adición de posesiones, estableciendo como uno de ellos “existencia de continuidad en ambas posesiones”, de lo que se colige, que no puede existir adicción cuando medie interrupción por parte de un tercero. Séptim o. [En] tal sentido, habiendo establecido la recurrida luego del análisis de la prueba actuada en el proceso, que la adición de posesión está referida respecto de quién transfirió válidamente el bien, la interpretación que se ha hecho del artículo 898 del Código Civil, es la correcta, en virtud a que la actora solicita se adicione a su posesión la que ejerciera la Empresa [..,] cuando quién le transfirió el predio válidamente, no fue la aludida empresa sino el Municipio Provincial [...] que le adjudico en venta el predio en litis, entidad que ejerció el dominio del predio entre ambas, habiendo operado un periodo de interrupción de la posesión, como bien lo ha establecido las instancias, no siendo factible adicionarse tampoco la posesión que ejerciera el Municipio, como hace notar en su recurso casatorio, toda vez, para que proceda la suma de ambas posesiones - en este caso del Municipio a la suya - ambas posesiones deben llevar implícitamente la posibilidad de que el bien sea adquirido por prescripción adquisitiva, lo que no sucede en el caso de autos debido a que la posesión de la entidad municipal es a título de propietaria y no de posesionaría, razón por la que ejerciendo dicho atribuido [ha] adjudicado en propiedad a la demandante [...]. {Casación N.° 1694-03-Santa, de 19-11-2003, ff. jj. 5-7- Sala Civil Transitoria [EP, 03-05-2004, p. 11955]. Texto publicado: ). § 3408- A efectos de adicionar el plazo posesorio, puede considerarse a ía transm isión

m ortis causa como forma válida de transmisión (inc. 2). P rim ero. [En] relación a la denuncia de interpretación errónea del artículo 898 del Código Civil debe señalarse que [.,.] la norma glosada no contiene una disposición incondicional para el caso en que un nuevo poseedor pretenda adicionar a su plazo posesorio el de aquél que se encontraba poseyendo anteriormente el mismo bien. Segundo. En efecto, la mencionada norma de derecho material establece como un requisito para que opere la adición del plazo posesorio del anterior poseedor al nuevo, el hecho de que se haya transmitido válidamente el bien. Tercero. Siendo ello así, no se advierte que el Colegiado Superior haya incurrido en interpretación errónea del artículo 898 del Código Civil, al concluir que resulta exigible la declaración de herederos respectiva para que el recurrente pueda adicionar a su plazo posesorio aquél lapso de tiempo que poseyó su difunta madre, pues acreditando su calidad de heredero se podría demostrar una transmisión válida del predio sub-litis, lo cual constituye una condición [...] para la adición del plazo posesorio del antiguo al nuevo poseedor. [...] (Casación N.° 1047-02-La Libertad, de 30-04-2004, ff. jj. 1-3. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 31-08-2004, p. 12649]. Texto completo: ). § 3409. Puede dem andar prescripción adquisitiva de dominio tanto el poseedor mediato como el inm ediato (inc. 2). Sexto. [...] [Se] encuentra habilitado para demandar prescripción adquisitiva de dominio quien alegue una posesión mediata o inmediata de un bien inmueble, pues el ordenamiento legal vigente no distingue si la posesión para adquirir ía propiedad, vía prescripción adquisitiva, deba tener las características mencionadas por la impugnante, sino que solo exige que ía posesión sea continua, pacífica y pública. Además, cuando el artículo 950 del Código Civil señala que se deba poseer el inmueble como propietario, significa que existe el animus dom ini como elemento * SUMMA PROCESAL CIVIL

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subjetivo, lo que equivale a la intención de poseer como propietario [...]. (Casación N.° 2609-2007Lima, de 21-07-2007, f. j. 6. Sala Civil Permanente [EP, 01-10-2007, p. 20499]. Texto publicado: ). § 3410. Al momento de interponer la dem anda de prescripción adquisitiva de dominio el accionante debe encontrarse en posesión del bien (inc. 2). Cuarto. [En] los procesos de prescripción [adquisitiva], el demandante debe encontrarse poseyendo el bien al momento de interponer la demanda, porque de haber perdido la misma por una u otra razón ya no puede alegar la prescripción [...]. Sexto. [En] efecto, cuando la recurrente interpuso la demanda ya no era poseedora de la totalidad del inmueble materia de la prescripción, porque parte de él se encontraba poseído por doña ECMT, en su condición de propietaria, conforme a las copias certificadas de los contratos [...] que se mencionan en los fallos. [...] Sétim o. [E]xistiendo un propietario poseedor de parte del inmueble no puede otorgarse la propiedad del mismo a la recurrente, quien en codo caso debió demandar la prescripción de la parte del inmueble que ocupaba y no de la totalidad del predio. (Casación N.° 412-2003Cono Norte, de 27-06-2003, ff. jj. 4, 6 y 7. Sala Civil Transitoria [EP, 01-12-2003, p. 11129]. Texto publicado: ). § 3411. Puede dem andar la prescripción adquisitiva de dominio el poseedor que no tenga título para poseer o aquel que si lo tenga (inc. 2). S egundo. [En] el presente caso no se ha admitido la demanda de prescripción adquisitiva, porque los actores tienen en su favor una escritura pública de compraventa de sus anteriores propietarios, considerando las instancias que no se da el supuesto que establece el artículo 504 inciso segundo del Código Procesal Civil. T ercero. [D]icho dispositivo concede legitimidad para obrar al poseedor de un bien, para que se le declare propietario por prescripción, lo que puede ocurrir en cualquiera de las dos hipótesis previstas en la norma sustantiva, esto es, que el poseedor no tenga título para poseer y que lo tenga. C uarto. [En] el presente caso se requiere la declaración judicial para obtener la inscripción registra! del inmueble, pues si bien la parte actora tiene un título, en la instancia se apreciará si es justo. (Casación N.° 374-2000-Callao, de 22-09-2000, ff. jj. 2-4. Sala Civil Transitoria [EP, 30-04-2001, p. 7152], Texto publicado: ). § 3412. AI propietario no le es aplicable las normas referidas a la prescripción adquisitiva. Debe hacer valer su pretensión por medio de otra vía procesal (inc. 2). S egundo. [C]onforme lo señala la Sala Superior la propia demandante asume la calidad de propietaria por lo que no le es aplicable las normas atinentes a la prescripción adquisitiva, entre ellas el artículo 950 del Código Civil referente a la propiedad inmueble. Tercero. [En] situaciones como la presente están expeditos los procesos de otorgamiento de escritura o la de títulos supletorios, según sea el caso, (Casación N.° 1012-98-Callao, de 24-05-1999, ff. jj. 2 y 3. Sala Civii Transitoria [EP, 17-09-1999, p. 3546], Texto publicado: ). § 3413. El demandante en el proceso de prescripción adquisitiva de dominio no puede ser el propietario del bien que se pretende usucapir (inc. 2). C uarto. [...] [El] demandante ya es propietario del inmueble materia del litigio, ai haberlo adquirido mediante remate público, como consta en las copias certificadas del acta de remate [de autos], en la que se constata que el demandante obtuvo la buena pro, esto es, se le adjudicó en propiedad el bien materia de autos, de lo que se deduce que no requiere o necesita adquirir dicha propiedad por usucapión [...] (Casación N.° 1493-2002-Callao, de 10-09-2002, £ j. 4. Sala Civil Permanente [EP, 02-12-2002, p. 9586]. Texto publicado: cbit.ly/2LQXdcl>). § 3414. Puede interponerse la acción de prescripción adquisitiva incluso cuando el justo título del poseedor baya sido otorgado en virtud de un proceso jud icial y tenga la calidad de imperfecto (inc. 2). S egundo. [La] adquisición de la propiedad mediante prescripción la declara el Juez a pedido de parte, de conformidad con el artículo 952 del Código Civil y mediante el proceso abreviado a que se contraen los artículos 504 y siguientes del Código Procesal Civil. Tercero. [...] [Q] uien tiene justo título, cualquiera que sea el origen de este, aunque haya sido otorgado por el Juez en un proceso de otorgamiento de escritura, puede seguir la acción de prescripción para consolidar ese nom os

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título que tiene deficiencias estructurales relativas a la propiedad. (Casación N.° 698-99-Callao, de 23-07-1999, ff. jj. 2 y 3. Sala Civil Transitoria [EP, 19-10-1999, Sentencias en Casación N.° 331, p. 3777]. Texto publicado: ). § 34X5. Es viable dem andar la prescripción adquisitiva cuando el accionante es un propietario con un título de propiedad imperfecto (inc. 2). Séptimo. [...] [El] recurrente refiere que resulta un imposible jurídico que los demandantes pretendan ser declarados propietarios por prescripción, cuando estos ya son propietarios del bien sub Litis, al haberlo adquirido mediante compraventa. Sobre tal supuesto, este Supremo Tribunal ha tenido oportunidad de pronunciarse [...] estableciendo que resulta perfectamente viable demandar la declaración de propiedad por prescripción de aquel que ostenta un título de propiedad, cuando dicho título es imperfecto. Se entiende como título imperfecto a aquel que se encuentra destinado a transferir la propiedad, pero que por circunstancias ajenas al adquírente, y propias deí enajenante, impide que la citada transferencia se haga efectiva, esto es, llegue a concretarse; por tanto, quien detenta tal instrumento puede reclamar de quien es propietario inscrito en los Registros Públicos, la prescripción adquisitiva a su favor. Octavo. [En] autos el título traslativo por sí solo hubiera bastado para establecer la existencia de una compraventa perfectamente configurada, pero a falta de concurrencia de la calidad de propietario en la persona del vendedor [...], aquélla no puede operar efectivamente ni producir sus efectos legales, razón por la cual la ley material faculta a los interesados interponer la demanda de prescripción adquisitiva para que legalmente se los declare propietarios y obtener así la cancelación de la inscripción a favor del antiguo dueño que les permita acceder al registro de su título de dominio. Es por ello incorrecto afirmar que la pretensión así incoada sea jurídicamente imposible, pues los demandantes detentan un título imperfecto, el cual los faculta a recurrir al órgano jurisdiccional para que sea este quien declare el derecho que corresponda, tanto más si los actores no demandan bajo el supuesto de la prescripción corta (con justo título) sino que invocan la prescripción larga (posesión continua, pacífica y pública como propietarios durante diez años) [...]. (Casación N.° 1272-06-Lima Norte, de 05-12-2006, ff. jj. 7 y 8. Sala Civil Transitoria [EP, 31-05-2007, p. 19582]. Texto publicado: ). § 3416. No hay im pedim ento legal al propietario para accionar la prescripción adquisitiva de dominio cuando se tiene un título de propiedad dudoso o imperfecto (inc. 2). Primero. [La] sentencia de vista interpretando el artículo 950 del Código Civil sostiene que resulta jurídicamente imposible solicitar la prescripción adquisitiva si se afirma ser propietario al haber adquirido la propiedad por contrato de compraventa, por lo que revocando la apelada declaró improcedente la demanda. Segundo. [La] sentencia apelada ha establecido que el contrato de compraventa presentado por el demandante no constituye justo título al haber sido transferido por quien no acredita ser legítimo propietario. [...] Cuarto. Si el título de propiedad deí que alega la prescripción es dudoso o adolece de algún defecto que impida la inscripción de la compraventa en los Registros Públicos, no existe inconveniente legal en demandar la prescripción adquisitiva de propiedad sustentada en el artículo 950 del Código Civil, porque de otra manera no podría obtener la prescripción. Quinto. [El] artículo 950 del Código Civil no contiene ninguna limitación para adquirir por prescripción a quien se considere propietario del inmueble y además de acuerdo con el artículo 951 del mismo Código, la posesión tiene que ser continua, pacífica y pública como propietario. Sexto. [De] acuerdo con el criterio de la sentencia de vísta de que resulta jurídicamente imposible solicitar la prescripción adquisitiva si se afirma ser propietario al haber adquirido la propiedad por contrato de compraventa, no se establecería en la parte final del artículo 950 al referirse a la prescripción corta que se adquiere a los cinco años cuando media justo título y buena fe. (Casación N.° 672-2001-Lima, de 13-07-2001, ff. jj. 1, 2, 4, 5 y 6. Sala Civil Transitoria [EP, 05-11-2001, p. 7907]. Texto completo: ). § 3417. Procede la dem anda de prescripción adquisitiva del propietario contra los titulares regístrales del bien (inc. 2). Tercero. [La] sentencia de vista [...] ha estimado que resulta jurídicamente imposible solicitar la declaración de propiedad por prescripción adquisitiva si se afirma haber adquirido esta por compraventa, puesto que si ello es así, el actor ya es propietario, lo que no era materia controvertida. Cuarto. [Precisamente el demandante, aunque alega tener un derecho de propiedad, ♦ SUMMAPROCESAl CIVIL

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ha interpuesto la demanda de prescripción adquisitiva, porque los demandados tienen su título de propiedad inscrito en los Registros Públicos y no hay impedimento para invocar la prescripción en esa situación, porque si tuviera un título de propiedad válido e inscrito en los Registros Públicos, no tendría necesidad de interponer la demanda de prescripción. (Casación N.° 2432-2000- Lima, ff. jj. 3 y 4. Sala Civil Transitoria [EP, 01-03-2001]. Texto completo: ). § 3418. No es jurídicamente posible que uno de los copropietarios adquiera la totalidad de los bienes por prescripción (inc, 2). Cuarto. [Ha] quedado establecido en la sentencia de vista [...], que los predios materia de litis, [...], por sucesión hereditaria, [...] pasaron a ser propiedad de los herederos del causante, vale decir demandantes y demandada, por tanto, queda claro que tales bienes están sujetos a régimen de copropiedad [...]. Quinto. [Tratándose] de bienes sujetos al régimen de copropiedad, que no han sido objeto de división y partición, no es jurídicamente posible que uno de los copropietarios que conduce directamente los inmuebles adquiera la totalidad de los bienes por prescripción, puesto que, su posesión no está materialmente circunscrita a un área determinada, además que el bien es de su propiedad, resultando absolutamente contraproducente pretender adquirir la propiedad de un bien sobre el cual ya se tiene el dominio; con mayor tazón si se tiene en cuenta que por la copropiedad cada copropietario puede ejercer la posesión sobre la totalidad del bien, con tal que ello no implique la exclusión de los demás. (Casación N.° 1695-2004-La Libertad, de 08-06-2005, ff. jj. 4 y 5. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 31-10-2005, p. 14902]. Texto completo: ). § 3419. El requerimiento judicial para desocupar el bien interrumpe el plazo de prescripción (inc. 2). Quinto. En autos ba quedado establecido que los actores vienen poseyendo el inmueble sub materia desde 1985, conforme puede apreciarse de las pruebas aportadas por ellos [...], teniendo en cuenta la fecha en que tomaron posesión y la de interposición de la presente demanda. Debe indicarse que no se ha acreditado que los accionantes hayan sido declarados propietarios, pues no existe resolución judicial que así lo demuestre, toda vez que el hecho de estar en posesión y conducir el inmueble por varios años, no les otorga la calidad de propietarios mientras no hayan hecho valer su derecho conforme a ley en la acción correspondiente, habiendo efectuado tal circunstancia recién con la interposición de la presente demanda. Sexto. También se encuentra acreditado que la emplazada inscribió su derecho de propiedad sobre el predio sublitis en 1997, como se verifica del asiento registral cuya cancelación se pretende, promoviendo inmediatamente contra los actores acción de desalojo por ocupación precaria, en la que solicito la restitución del predio snblitis, proceso que, si bien es cierto concluye con resultado favorable a los ahora demandantes, también es verdad que se rompió con el requisito de pacificidad, pues desde dicha data hasta la de interposición de la presente demanda - 27 de diciembre de 1999, la parte emplazada les ha requerido la devolución del bien de su propiedad. Sétimo. En efecto, como se advierte del expediente acompañado [.,.], el 25 de agosto de 1999 se admitió a trámite la demanda promovida [,..] contra los accionantes sobre reivindicación y nulidad del acto jurídico, contenido en la referida Escritura Pública, documento considerado por los actores como justo título en el que amparan su derecho, conjuntamente con los demás requisitos que alegan haber cumplido para acogerse a los supuestos previstos en la Novena Disposición Complementaría del Decreto Legislativo N.° 653. Asimismo, el 30 de diciembre de 1999, la citada emplazada denunció penalmente a los actores [...] por los delitos de estelionato y falsificación de documentos en su agravio, infiriéndose de ello, que desde la fecha en que inscribió su derecho, estuvo cuestionando el documento por el que supuestamente les fue transferida la propiedad a los demandantes del inmueble sublitis. Octavo. Por tanto, es forzoso concluir que, cuando los actores interponen su demanda se encontraba en pleno trámite la acción reivindicatoría, siendo evidente que el presente proceso se interpuso en respuesta a esta última y las sentencias recaídas en esa acción fueron adversas a los intereses de los actores, habiendo sido acompañadas en autos con anterioridad a la expedición de la sentencia de primera instancia, esto es, fueron puestas en conocimiento oportuno de los juzgadores, como también la circunstancia de que la posesión del inmueble fue restituida a la emplazada, como se advierte del acta de lanzamiento. Noveno, Siendo esto así, ha quedado de manifiesto que al incoarse la presente n o m o s & th e s is

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demanda los accionantes ya no ostentaban una posesión pacífica, pues no puede considerarse tal, la que se ve perturbada por la acción judicial de reivindicación a la que se fia hecho referencia, careciendo por ello de relevancia la alegación de los demandantes de haber poseído por más de catorce años el inmueble respecto deí cual omitieron oportunamente haberlo ganado dominialmente vía usucapión, {Casación N.° 1500-2006-Arequipa, de 28-08-2007, ffi jj. 5-9. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 29-02-2008], Texto completo: ). § 3420. Cuando el bien este justo a un régim en de copropiedad, el emplazamiento con la demanda de prescripción adquisitiva debe entenderse contra la totalidad de los copropietarios (inc. 2). [Por] el mérito de la prueba actuada el predio [materia de litis] pertenece a los herederos de doña GBEL y el documento de fojas 13 está escrito solo por uno de los ocho herederos, lo que permite ver que en tanto no se comprenda a los demás copropietarios del inmueble en la relación jurídico-procesal, no es posible extender los efectos de una sentencia a estos si no han sido citados con la demanda (de prescripción adquisitiva) que motiva el fallo [...] (Casación N.° 268-95-Lambayeque, de 02-10-1996. Sala de Derecho Constitucional y Social [EP, 21-12-1996, p. 2592], Texto publicado: ). § 3421. Emplazamiento a demandado indeterminado propietario de bien rústico (inc. 2). 4. [La] norma prevista en el artículo 506 del Código Adjetivo, dispone copulativamente que se efectuará la notificación por radiodifusión siempre y cuando se trate de predios rústicos y el demandado sea incierto o indeterminado; sin embargo, este último requisito no [se] cumple en el presente caso, por lo que no era necesario efectuar la notificación en la forma señalada. (Casación N.° 2211-99-Sullana, de 27-101999, f. j. 4. Sala Civil Transitoria [EP, 23-12-1999, p. 4389]. Texto publicado: ), § 3422. Cuando el bien inm ueble haya pasado a propiedad de los sucesores, debe entenderse contra todos ellos la demanda de prescripción adquisitiva de dominio (inc. 2). Segundo. El artículo 436 del Código Procesal Civil establece que el emplazamiento podrá hacerse al apoderado, siempre que tuviera facultad para ello y el demandado no se hallara en el ámbito de competencia territorial del juzgado. Del mismo modo, el artículo 437 deí citado ordenamiento prevé que será nulo el emplazamiento si se hace contraviniendo lo dispuesto en artículo antes citado (artículo 437 del Código Procesal Civil), salvo que la forma empleada para el emplazamiento le ofrezca al demandado las mismas o más garantías que las que el Código regula. Tampoco habrá nulidad si el emplazado comparece y no la formula dentro del plazo previsto, o si se prueba que tuvo conocimiento del proceso y omitió reclamarla oportunamente. Tercero. De la revisión de autos se advierte que los demandantes dirigen la demanda contra ARZ, informando [...] que este había fallecido (...] por lo que solicitan que la demanda se entienda con su sucesión [...] De estos documentos fluye que el inmueble es de propiedad de la sucesión de GRV, por lo que la demanda de prescripción adquisitiva de dominio debe entenderse con todos los integrantes de dicha sucesión. (Casación N.° 3875-2000-Huaura, de 26-09-2001, ff. jj. 2 y 3. Sala Civil Permanente [EP, 02-02-2002, p, 8442], Texto publicado: ). § 3423. Es imposible jurídicamente que el poseedor inmediato adquiera la propiedad vía prescripción adquisitiva de dominio (inc. 2). Quinto. [...] [Se] aprecia que la sentencia de vista permite que una poseedora inmediata adquiera el bien por usucapión, evidenciándose un error patente, con el agravante que en los fundamentos de hecho de la demanda no se indica que la actora esté poseyendo como feudataria (arrendataria) eso es como poseedora inmediata indicando, por el contrario, que posee como “auténtica dueña, sin ninguna relación de vinculación”; sin embargo, de acuerdo a lo actuado, se concluye que esta ha sido poseedora inmediata. Sexto. [El] artículo 905 del Código Civil define la posesión inmediata y mediata de la siguiente manera: Es poseedor inmediato el poseedor temporal en virtud de un título. Corresponde la posesión mediata a quien confirió el título. Sétimo. [...] [Se] ha incurrido en la interpretación errónea del artículo 950 del Código Procesal Civil, pues es imposible jurídicamente que un poseedor inmediato adquiera la propiedad mediante la usucapión. [...] (Casación N.° 2272-2003-Callao, de 17-08-2004, ff. jj. 5-7. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 28-02-2005, p. 13616]. Texto publicado: ). ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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§ 3424. Es im posible jurídicam ente que el servidor de la posesión adquiera la propiedad vía prescripción adquisitiva de dominio (inc. 2). Cuarto. Acusa asimismo, la inaplicación de los artículos 1150, 1351 y 1352 del Código sustantivo, afirmando que tiene derecho a la posesión merced a un contrato de guardianía sobre el terreno controvertido; asimismo, alega que el Colegiado Superior ha dejado de aplicar los artículos 815,816, 818 y 822 del Código Civil, arguyendo que de acuerdo al expediente acompañado de desalojo, existen otros herederos además de la emplazada originaria. Al respecto, debe señalarse que el empleo de los artículos 1150, 1351 y 1352 del Código sustantivo, en nada variarían el sentido de la decisión final adoptada en la de vista, pues es imposible jurídicamente que el servidor de la posesión adquiera la propiedad por prescripción adquisitiva, según la interpretación sistemática del artículo 897 del Código Civil [...] (Casación N.° 623-2003-Huánuco, de 11-09-2003, f. j. 4. Sala Civil Permanente [EP, 31-05-2004, p. 12046], Texto publicado; ). § 3425. La im pugnación de acto o resolución adm inistrativa solo es aplicable a los casos posteriores de la prom ulgación de la Ley del proceso contencioso-administrativo (inc. 6). Sétimo. [...] [La] pretensión de impugnación de acto o resolución administrativa, se encuentra actualmente regulada en el numeral 6 del artículo 486 del Código Procesal Civil y se tramita en la vía del proceso abreviado; en tal sentido, lo resuelto por las instancias de mérito no se ajusta a derecho por cuanto no se ha tenido en cuenta; a) La presente demanda ha sido interpuesta antes de entrar en vigencia la ley que regula el proceso contencioso administrativo; b) Ante la omisión de orden formal que condiciona la admisión a trámite de la demanda, corresponde declararla inadmisible otorgando el plazo correspondiente para la subsanación, en aplicación del artículo 426 del Código Procesal Civil; y c) En virtud a lo dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil, el Juez tiene el deber de aplicar el derecho que corresponda al proceso, por tanto debe restablecer el derecho y la justicia por encima de lo que las partes propongan. (Casación N.° 2491 -2009-Líma Norte, de 19-012010, f. j. 7. Sala Civil Permanente [EP, 28-02-2011, Sentencias en Casación N.° 637, p. 29577]. Texto completo: ). § 3426. La ejecución de sentencia del proceso de división y partición es la etapa idónea en la cual las partes deben determinar cómo se dividirá el inmueble del cual son copropietarios (inc. 9). Sexto. [...] 1. La Sala Superior ha valorado el Informe Técnico de División y Partición, pues llega a la conclusión que existe imposibilidad de realizar una división equitativa y justa tanto al demandante como al demandado, y por tanto, conforme lo estipula el artículo 988 del Código Civil, expresa que las partes deben acordar el modo de adjudicación o venta del inmueble, 2. Asimismo, de los actuados se observa que tanto el demandante como el demandado expresan su deseo de que el lote A íes corresponda, pues sus características le otorgarían un mayor valor comercial [...] 4. Es por esa razón que la Sala Superior ha concluido, a fin de no perjudicar a ninguno de los copropietarios, que en ejecución de sentencia procedan a ponerse de acuerdo por los mecanismos que consideren adecuados y, en caso de no ser posible, a fin de terminar con la copropiedad -tema en el que las partes están de acuerdo- que se sujeten a lo dispuesto en el artículo 988 del Código Civil, salida que otorga el legislador cuando existen dificultades para dividir el bien. 5. En efecto, aunque lo ideal sería la división misma del bien, a veces no es posible hacerlo por la diferencia en el valor de los lotes. En esos casos se está ante una indivisión jurídica que debe ser enmendada ya sea por acuerdo de partes o mediante la venta del bien. 6. En el presente caso, el propio informe pericial [...] indica que los lotes tienen diferente valor comercial. Si ello es así, nada hay más congruente para concluir con la controversia, salvo el acuerdo de las partes, que la venta del mismo, pues la finalidad de la división y partición de inmuebles es extinguir la copropiedad “mediante la asignación de derechos exclusivos sobre partes materializadas del bien o bienes comunes o mediante la asignación de dinero o de créditos a cambio de derechos individuales de copropiedad que hasta entonces eran ostentados por cada copropietario”. (Casación N.° 2088-2016-Sullana, de 16-052017, f. j. 6. Sala Civil Permanente [EP, 03-07-2018, Sentencias en Casación N.° 750, p. 111052]. Texto completo: ). § 3427. N inguna de las disposiciones transitorias finales del Código Procesal C ivil prevé que la acción de exclusión de nombre se tram ita en la vía abreviada (ínc. 9). Primero: [Nfinguna n o m o s & th e s is

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de las 23 disposiciones transitorias finales del Código Procesal Civil prevé que la acción de exclusión de nombre se tramita en la vía abreviada. Segundo. [E]sta acción no tiene una vía procedimental específica, por lo cual la decisión deí a quo de tramitar la causa en la vía de Conocimiento no acarrea nulidad procesal alguna. Tercero. [Más] aún, la vía de Conocimiento, por su naturaleza, permite un mejor ejercicio deí derecho de acción y contradicción a las partes. (Casación N.° 3570-2002-Ucayali, de 04-07-2003, ib. jj. 1-3. Sala Civil Transitoria [EP, 31-03-2004, p, 11664]. Texto completo: ). § 3428. Los jueces civiles son competentes para conocer acciones indem nízaterias relacionadas con actividades laborales (inc. 7). [La] demanda de indemnización de daños y perjuicios [derivados de actividades laborales], interpuesta, tiene carácter civil, por consiguiente la excepción de incompetencia no tiene asidero legal [...]. (Exp. N.° 491-95, de 06-06-1995. Quinta Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ). § 3429. Si el juez considera atendible la pretensión, puede conocer de ella sea en la vía de conocimiento o en la vía abreviada. Véase la jurisprudencia del artículo 475° del Código Procesal Civil [§ 3312]. (Casación N.° 1885-2002-Lambayeque, de 17-06-2004, ff. jj. 6 y 12. Sala Civil Permanente [EP, 03-11-2004, p. 13005]. Texto completo: ). § 3430. La dem anda de prescripción adquisitiva de dominio por parte del poseedor, interpuesta con anterioridad, no puede perturbar su propia posesión. Véase la jurisprudencia del artículo 504° del Código Procesal Civil [§ 3469]. (Casación N.° 887-99-Santa, de 29-09-1999, f. j. 8. Sala Civil Permanente [EP, 21-11-1.999, p. 4047]. Texto publicado: ),

Artículo 487: Fijación del proceso por el Juez En el caso del inciso 8 del artículo 486, la resolución que declara aplicable el proceso abreviado, será expedida sin citación al demandado y es inimpugnable.

Artículo 488: Competencia Son competentes para conocer los procesos abreviados los Jueces Civiles, los de Paz Letrados, salvo en aquellos casos en que la ley atribuye su conocimiento a otros órganos jurisdiccionales. Los Juzgados de Paz Letrados son competentes cuando la cuantía de la pretensión es mayor de cien y hasta quinientas Unidades de Referencia Procesal; cuando supere este monto, ios Jueces Civiles. NOTA DE A CTUALIZACIÓ N (1) Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley N ° 29057 (EP, 29-06-2007). Anteriormente 'había sido modificado por el artículo 3 de la Ley N.e 27155 (EP, 11-07-1999).

PLENOS JURISDICCIONALES

§ 3431. Com petencia del juez en la pretensión de prescripción adquisitiva de dom inio. El Pleno acordó por mayoría : “El Juez competente para conocer la pretensión de prescripción adquisitiva de dominio es única y exclusivamente el Juez Especializado Civil o Mixto; el Juez de Paz Letrado no tiene competencia para conocer la prescripción adquisitiva de dominio, por su naturaleza declarativa y set inapreciable patr ¡moni al ni ente”. (Pleno Jurisdiccional Distrital de Arequipa, Materia Civil y Familia, Corte Superior de Justicia de Arequipa, realizado los días 04 y 11-11-2013. Acta N.° 001, Tema N.° 3 [La competencia del juez en la pretensión de prescripción adquisitiva de dominio (juez de paz letrado o juez civil)]. Texto completo: ), ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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§ 3432. Reglas p ara determ inar la competencia en demandas de indem nización por daños y perjuicios. El Pleno acordó por mayoría : “El juez competente para conocer demandas sobre

Indemnización por daños y perjuicios (daño emergente, lucro cesante y daño moral) es el Juez Especializado Civil o Mixto”. (Pleno Jurisdiccional Distrital en Materia Civil y Familia, realizado en Huancavelica, el 02-09-2013. Tema N.° III. [Reglas para determinar la competencia en demandas de indemnización por daños y perjuicios]. Texto completo: ). § 3433. Los procesos de Prescripción A dquisitiva de D ominio, Retracto, Resolución de Contrato, Otorgamiento de Escritura Pública, no pueden ser conocidos por los Jueces de Paz Letrado, ¿Es competente un Juez de Paz Letrado para conocer procesos de prescripción adquisitiva de dominio, retracto, resolución de contrato, otorgamiento de escritura pública, etc. ? B) ¿Es posible la aplicación de la regla de competencia por cuantía a todo tipo de procesos o solo a procesos que contienen pretensiones de Obligación de Dar Suma de Dinero y!o Indemnización. El Pleno acordó por mayoría : “a) Los procesos de Prescripción Adquisitiva de Dominio, Retracto, Resolución de Contrato, Otorgamiento de Escritura Pública, etc., no pueden ser conocidos por los Jueces de Paz Letrado, ya que de conformidad con el artículo 5 o del Código Procesal Civil, dichas materias deben ser conocidas por los Jueces Especializados, b) El Código Procesal Civil le otorga competencia a los Jueces de Paz Letrado para conocer pretensiones por razón de cuantía (pretensiones de condena), dejando los otros tipos de pretensiones para conocimiento de los Juzgados Especializados, tal como se puede inferir de los artículos 488° y 547° del Código Procesal Civil. Además, no es factible aplicar la regla de la competencia por cuantía a todo tipo de procesos, sino únicamente a los que contienen pretensiones de condena”. (Pleno Jurisdiccional Distrital Paz Letrado, realizado por Corte Superior de Justicia de Lima, los días 3 y 04-11-2011. Tema N.° 1 [Competencia de los Jueces de Paz Letrado en materia Civil y/o Comercial], Texto completo: ). § 3434. V ía procedim ental p ara tram itar el cambio de nombre. El Pleno acordó po r mayoría : “La pretensión de cambio de nombre se tramite en la vía del proceso abreviado”. (Pleno Jurisdiccional Distrital en Materia Civil, realizado en Cusco, el 20-07-2007. Tema N.° 5. Conclusión NA 2 [Cambio de nombre]. Texto completo: ), JU RISPRUD EN CIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 3435. Cuando el proceso se realice en un juez incompetente, se consideranulo todo lo actuado. Segundo. [,..] [Rjespecto de los requisitos de fondo, cumple con señalar que se funda en la causal de infracción normativa del artículo 1 del Título Preliminar y 488 del Código Procesal Civil; expresando como fundamentos: la Municipalidad recurrente ha denunciado claramente que la competencia de la pretensión invocada por el demandante corresponde, por razón de cuantía, al Juzgado de Paz Letrado y no al Juez Civil, dado que la pretensión de autos no supéralas cincuenta Unidades de Referencia Procesal conforme ai artículo 488 del Código Procesal acotado; por consiguiente todo lo actuado ante el juez incompetente resulta nulo [...]. Tercero. De la revisión de los autos y de la fundamentación expuesta en casación fluye: que la Sala Revisora no ha sustentado su sentencia en ningún medio probatorio no admitido por el a quo, sino que se ha basado en el propio Informe número cero uno - cero siete, en el cual expresamente el actor recurrente declara que el Municipio demandado le remitió una carta notarial que fue recepcionada por el demandante con fecha ocho de enero del año dos mil siete; reconocimiento de recepción de la mencionada carta en la que sustenta su fallo el Colegiado Superior; en tal virtud, la infracción denunciada no tiene existencia alguna [...]. (Casación N.° 4732-2009-Cusco, de 05-042009, ff. jj. 2 y 3. Sala Civil Transitoria [EP, 01-10-2010, Sentencias en Casación N.° 630, p. 28553]. Texto completo: ). § 3436. Juzgados de Paz son incompetentes en una pretensión que resulta inapreciable en dinero. Cuarto. [...] [El] artículo 488 del Código Procesal Civil prevé que los Jueces de Paz Letrados son competentes para conocer asuntos relativos a derechos reales, siempre y cuando la cuantía de la pretensión no sea superior a las cincuenta Unidades de Referencia Procesal; no siendo posible nom os

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de modo alguno que tales órganos jurisdiccionales se avoquen al conocimiento de procesos civiles cuya pretensión sea inapreciable en dinero o cuando haya duda sobre su monto, en cuyos casos la competencia está reservada a los Jueces Civiles o Mixtos como ha quedado establecido en el inciso 3 del artículo 475 del citado Código [Procesal] Civil. Q u i n t o . [En] el presente caso, conforme se desprende de los documentos anexados a la demanda y los demás que obran en autos, la sentencia [.,,] ha sido dictada por [un] Juez de Paz Letrado [...] [en una] litis [en la que] se ha debatido una pretensión que resulta inapreciable en dinero, [pese a que dicho] Juzgado de Paz Letrado [es un] órgano jurisdiccional que resultaba incompetente para conocer aquel proceso. Sexto. [Es] preciso tener en cuenta que la competencia funcional o competencia por el grado está sujeta a las disposiciones establecidas en la Constitución Política del Estado; la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Código Procesal Civil, por tanto esta competencia tiene carácter absoluto, ello quiere decir que no es factible que haya operado la prórroga convencional o tácita de la competencia, ni menos puede admitirse la posibilidad de que haya mediado la delegación de la competencia en beneficio del Juez de Paz Letrado; en consecuencia, al haberse tramitado la litis por ante un Juez incompetente, se ha afectado gravemente el debido proceso, toda vez que por mandato del artículo 35 del Código Procesal Civil es nulo todo lo actuado por ante juez incompetente. (Proceso de Amparo Exp. N.° 959-2005-La Libertad, de 08-09-2005, ff. jj. 4-6. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 28-04-2006, Procesos Constitucionales, p. 5634]. Texto completo: ), § 3437* Criterios p ara determ inar la competencia por razón de cuantía. En el presente caso, los jueces de mérito infringieron el derecho al debido proceso toda vez que si bien determ inaron su incompetencia por razón de cuantía, debieron rem itir los actuados al juez competente, y no ordenar la devolución de los anexos al actor. Véase la jurisprudencia del artículo 10° del Código Procesal Civil [§ 486]. (Casación N.° 1910-2014-Ancash, de 16-04-2015, ff. jj. 3, 5 y 6. Sala Civil Permanente [EP, 30-05-2016, Sentencias en Casación N.° 714, p. 77867]. Texto completo: ).

Artículo 489: Normatividad supletoria Es aplicable a este proceso lo dispuesto en el articulo 476, con las modificaciones establecidas en este Capitulo.

Artículo 490: Improcedencia de la Reconvención Es improcedente la reconvención en los asuntos referidos en los incisos 1., 2., 3., 5 y 6. del artículo 486.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA*8

§ 3438. No procede la reconvención en los procesos de retracto, título supletorio, prescripción adquisitiva y rectificación de área o linderos, responsabilidad civil de los jueces, tercería e im pugnación de acto o resolución adm inistrativa. Séptimo. Con referencia a la Resolución N.° 8, el ad quem, declara nula la citada resolución; estableciendo que: 1) mediante el otrosí de su escrito presentado con fecha siete de noviembre del dos mil cinco, que obra de fojas ciento cuarenta y cuatro a ciento cincuenta, la codemandada formula reconvención con la finalidad de que se reduzcan equitativamente las penalidades acordadas; 2} si bien el a quo para denegar la mencionada pretensión reconvencional en la resolución apelada señala que, la reconvención procede en los procesos de retracto, título supletorio, prescripción adquisitiva y rectificación de área o linderos, responsabilidad civil de los jueces, tercería e impugnación de acto o resolución administrativa, ello lo considera erróneo, al amparo del artículo 490 del Código Procesal Civil que establece lo contrario; no obstante agrega que, la nulidad * SUMMA PROCESAL CIVIL

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que afecta la Resolución N.° 8 no puede conllevar la nulidad de la sentencia apelada contenida en la Resolución N.° 27, debido a que ia demandada apelante sustenta su contestación a la demanda, en los mismos hechos en que fundamenta 1a reconvención; más aún, cuando la demandante en su escrito de fojas ciento noventa y ocho, ha contradicho tales argumentos; siendo de aplicación el cuarto párrafo del artículo 171 del Código Procesal Civil, pues el a quo se ha pronunciado en la sentencia apelada sobre la reducción de la penalidad alegada por la codemandada, en su reconvención. (Casación N.° 36602008-Lima, de 10-08-2009, f. j. 7. Sala Civil Transitoria [EP, 31-12-2009, p. 27163]. Texto completo: ). J URISPRUDENCIA DE LAS CORTES SUPERIORES

§ 3439. La reconvención en el proceso de otorgamiento de escritura pública es válida. [La] reconvención formulada por la parte demandada en su escrito de [autos], importa el cumplimiento de una obligación de otorgar, por parte del demandante en favor de aquel, una escritura pública de compra-venta de un inmueble cuyo valor estimado, según consta en la demanda, asciende a US$ 8.200 dólares americanos; que siendo esto así devine en aplicación al caso materia de grado el numeral 7 del artículo 486° del Código Procesal Civil [...]. (Exp. N.° 1370-94, de 04-01-1995. Tercera Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima, Texto completo: ).

A rtículo 491: Plazos Los plazos máximos aplicables a este proceso son: 1. Tres días para interponer tachas u oposiciones a los medios probatorios, contados desde la notifica­ ción de las resoluciones que los tienen por ofrecidos. 2. Tres días para absolver las tachas u oposiciones. 3. Cinco días para interponer excepciones o defensas previas, contados desde la notificación de la demanda o de la reconvención. 4. Cinco días para absolver el traslado de las excepciones o defensas previas. 5. Diez días para contestar la demanda y reconvenir. 6. Cinco días para ofrecer medios probatorios si en la contestación se invocan hechos no expuestos en la demanda o en la reconvención, conforme al artículo 440. 7. Diez días para absolver el traslado de la reconvención. 8. Diez días para la expedición del auto de saneamiento contados desde el vencimiento del plazo para contestar la demanda o reconvenir. 9. Veinte días para la realización de la audiencia de pruebas, conforme al segundo párrafo del artículo 471. 10. Cinco días para la realización de las audiencias especial y complementaria, de ser el caso. 11. Veinticinco días para expedir sentencia, conforme al artículo 211. 12. Cinco días para apelar la sentencia, conforme al artículo 373.9) NOTA DE ACTUALIZACIÓN (1) Inciso 8 modificado por la única disposición modificatoria dei Decreto Legislativo N.a 1070 (EP, 28-06-2008), la misma que de conformidad con su Primera Disposición Final, entrará en vigencia progresivamente en los diferentes Distritos Conciliatorios según el Calendario Oficia! que será aprobado mediante Decreto Supremo. Se exceptúa de dicho Calendario a los distritos conciliatorios de Lima, Trujillo y Arequipa, a sí como el Distrito Judiciai del Cono Norte de Lima, salvo la provincia de Canta, en los cuales será aplicado a los sesenta (60) días calendario de su publicación.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 3440. Si se alega la infracción normativa respecto de la forma de proponer excepciones en el proceso abreviado, deberá acreditarse de m anera precisa tal alegación y su incidencia en el n o m o s & th e s is

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proceso. En sede casatoria no se puede evaluar los hechos que ya fueron determinados por las otras instancias. Décimo Primero. [...] [La] parte recurrente cuestiona la legitimidad para obrar de la demandante, básicamente por considerar que no es la persona que ha suscrito el contrato y dudar que sea hija de la vendedora ya fallecida, por lo cual considera que se han infringido ios artículos 446, 447, inciso 3 del artículo 448 y artículo 491 del Código Procesal Civil. En este punto se observa que los recurrentes no han descrito, con claridad y precisión, de qué manera se habrían infringido los artículos 446, 447, 448 y 491 del Código Procesal Civil, normas que respectivamente regulan cuáles son las excepciones proponibles, el plazo y forma de proponerlas, los medios probatorios de las excepciones y los plazos establecidos para realizar diversas actuaciones procesales; asimismo, tenemos que la debida aplicación de dichas normas no tendrían incidencia en la decisión impugnada puesto que la desestimación de la excepción de falta de legitimidad para obrar de la parte demandante no se sustentó en su falta de previsión legal, en la aplicación de plazos o inobservancia de formas al proponer dicha excepción, o en la infracción a las reglas probatorias establecidas respecto a los medios probatorios ofrecidos para sustentar una excepción. A mayor abundamiento, debe indicarse que el artículo 448 del mencionado Código, no contiene un inciso 3 -cuya infracción también se alega- y que en sede casatoria no se pueden volver a evaluar o desvirtuar hechos cuya existencia ya fue determinada por las instancias de mérito, como lo constituye la calidad de hija y de sucesora hereditaria de la demandante respecto a quien fue vendedora en el contrato de compraventa materia de resolución contractual. (Casación N.° 2250-2017, de 27-11-2017, f. j. 11. Sala Civil Transitoria [EP, 03-04-2018, Sentencias en Casación N.° 744, p. 106115]. Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DE LAS CORTES SUPERIORES

§ 3441. Es nula la sentencia apelada cuando el juez no se pronuncia oportunamente sobre la validez o invalidez de la relación jurídica procesal y realiza actos procesales incumpliendo los plazos para ello. Tercero. [En] el caso de autos, de la audiencia [...] aparece acreditado que el Juez de la causa no se ha pronunciado sobre la existencia de una relación jurídica procesal válida entre las partes, es decir no ha declarado el saneamiento procesal. Cuarto. [Sin] embargo, de la propia audiencia aparece acreditado que el a quo procedió a propiciar la conciliación entre las partes, a pesar de no haber precluido toda petición referida, directa o indirectamente, a la validez de la relación antes citada. Quinto. [A] mayor abundamiento, las audiencias de Saneamiento Procesal y Conciliación y de Pruebas, se han actuado sin cumplir los plazos a que se refieren los incisos 8, 9 y 10 del artículo 491 del Código Procesal Civil. (Exp. N.° 244-95, de 15-05-1995, ff. jj. 3-5. Quinta Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima, Texto completo: ).

A rtículo 492: Plazo especial del emplazamiento Para los casos previstos en el tercer párrafo del artículo 435, los plazos serán de treinta y cuarenticinco días, respectivamente.

JU RISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 3442. Luego de realizarse el emplazamiento, si no se realiza ningún acto de impulso procesal se declarará el abandono del proceso. Segundo. [...] [El] juez dispuso, entre otros, notificar a los demandados por edictos observándose el plazo previsto en el artículo 492 del Código Procesal Civil, bajo apercibimiento de nombrárseles curador procesal y que para tal efecto se publique en el diario oficial El Peruano y en el diario de avisos judiciales, un extracto de la Resolución admisoria y de ía dictada por el término de tres días hábiles con intervalo de tres días, de conformidad con lo dispuso en el artículo 168 del Código Procesal Civil; empero, luego de notificada dicha Resolución a la recurrente, no se observa acto de impulso procesal, esto es que en el supuesto caso de no haberse facilitado los extractos de la resolución admisoria, se baya presentado nueva solicitud o requerimiento, alegando * SUMMA PROCESAL CIVIL

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tal situación recién al apelar la resolución que declara el abandono del proceso [...], {Casación N.° 1075-2008-Piura, de 18-04-2008, f. j. 2. Sala Civil Permanente [EP, 03-09-2008, p. 22931]. Texto completo: ).

Artículo 493: Abreviación de! procedim iento Absuelto el traslado o transcurrido el plazo para hacerlo, el Juez procederá conforme a los artículos

449 y 468. w NOTA DE ACTUALIZACIÓN (1) Artículo modificado por la única disposición modificatoria del Decreto Legislativo N.a 1070 (EP, 28-06-2008), la misma que de conformidad con su Primera Disposición Final, entrará en vigencia progresivamente en los diferentes Distritos Conciliatorios según el Calendario Oficial que será aprobado medíante Decreto Supremo. Se exceptúa de dicho Calendario a los distritos conciiiatorios de Lima, Trujiüo y Arequipa, así como el Distrito Judicial del Cono Norte de Lima, salvo ia provincia de Canta, en los cuales será aplicado a los sesenta (60) días calendario de su publicación.

A rtículo 494: Apelación En este proceso tendrá efecto suspensivo la apelación de la resolución que declara improcedente la demanda, la que declara la invalidez de la relación procesal con carácter insubsanable, la que declara fundada una excepción o defensa previa y de la sentencia. Las demás apelaciones se concederán sin efec­ to suspensivo y tendrán la calidad de diferidas, salvo que el Juez decida su trámite inmediato, mediante resolución debidamente motivada.

CAPÍTULO II DISPOSICIONES ESPECIALES SUBCAPÍTULO 1 RETRACTO Artículo 495: Requisitos y anexos especiales Además de cumplir con los artículos 424 y 425, la demanda debe estar anexada con el certificado de depósito en dinero del equivalente de ia prestación recibida por el enajenante, los tributos y los gastos pagados por el adquirente y, en su caso, los intereses debidos por este y que se hubieran devengado. Sí en la transferencia se pactó plazo para el pago del saldo, el retrayente otorgará garantía suficiente, a criterio del Juez, dentro de segundo día.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 3443. Requisitos de la demanda en el proceso de retracto. Octavo. [Si] bien es cierto que el artículo 495 del Código Procesal Civil, señala que es un requisito de procedencia de la demanda de retracto que el demandante anexe el certificado de depósito en dinero del equivalente de la prestación recibida por el enajenante, los tributos y los gastos pagados por el adquirente y, en su caso, los intereses debidos por este y que se hubieran devengado; también lo es que en el caso de autos, los demandantes cumplieron por presentar las consignaciones por los conceptos que conocían cuando interpusieron la demanda, tales como el precio de la venta de los derechos y acciones y alcabala, consignando incluso un n o m o s & th e s is

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monto adicional por otros conceptos; por lo que no se advierte una conducta negligente de estos, tanto más sí [...] los demandantes cumplieron con el mandato del juez contenido en la sentencia de primera instancia de fojas novecientos treinta y cinco, esto es inmediatamente después de haber sido notificados con dicha sentencia, y no en ejecución de la misma como ordenó el magistrado, lo que demuestra la conducta de los demandantes de querer cumplir con lo dispuesto en el artículo 495 del Código Procesal Civil. (Casación N.° 3153-2015- Cu seo, de 22-08-2016, f. j. 8. Sala Civil Transitoria [EP, 03-10-2017, Sentencias en Casación N.° 735, p. 98945]. Texto completo: ). § 3444. Necesidad de anexar el certificado de depósito de dinero del equivalente de la prestación recibida por el enajenante. Tercero. [Ejxisten determinados procesos en los que la propia norma adjetiva establece requisitos especiales [para la interposición de la demanda]; tal es el caso de la separación convencional, en el que deberá adjuntarse una propuesta de convenio, o el de retracto, en el que se debe anexar el certificado de depósito de dinero del equivalente de la prestación recibida por el enajenante. (Casación N.° 2809-2000-Lima, de 23-05-2001, f. j. 3. Sala Civil Permanente [EP, 30-11-2001, p. 8005]. Texto completo: ). § 3445. Si se establece que el retrayente debe reembolsar al adquirente los intereses pactados es porque estamos ante una compraventa a plazos o al crédito; sin embargo, en el presente caso, el precio se pagó al contado. Octavo. [Por] otro lado, en cuanto a los intereses, debe entenderse que cuando la norma del artículo 495° del Código Procesal Civil (en concordancia con el artículo 1592° del Código Civil) hace referencia a los intereses se refiere al caso en que el precio abonado por el comprador se hubiese pagado en cuotas, lo cual, indudablemente, implica una compraventa a plazos o al crédito. Sin embargo, en el caso de autos, tal como han establecido las instancias de mérito el precio se pagó al contado, razón por la cual, no hay lugar al pago de intereses. Por consiguiente, [...] la concepción de la Sala Superior en cuanto al concepto de intereses es correcta, advirtiéndose una adecuada aplicación de tales normas a la relación fáctica del proceso. (Casación N.° 2953-2013-Arequipa, de 24-09-2014, f. j. 8. Sala Civil Transitoria [EP, 30-12-2014, Sentencias en Casación N.° 699, p. 59778], Texto completo: ). § 3446. En el proceso de retracto, no es suficiente desestimar la demanda cuando el demandante no tuvo conocimiento del monto pagado por los adquirentes. Noveno. [En] el presente proceso, la sentencia emitida por la Sala Civil de origen no fue debidamente motivada, debido a que su fundamentación no es suficiente para justificar la decisión judicial que se emitió, pues a la demanda de retracto, como requisito (artículo 495 del Código Procesal Civil), se debe aparejar el certificado de depósito de dinero que sea igual a la prestación que recibió el enajenante, los tributos y los gastos pagados por el adquiriente y cuando corresponda los intereses; es así que en el presente proceso, de los medios probatorios, se verifica que cuando la demandante interpuso su demanda no tuvo conocimiento del monto pagado por los adquirientes (ahora recurrentes), por lo que se debía aplicar lo dispuesto en el artículo 498 del Código Procesal Civil. (Casación N.° 4348-2012-Lima, de 09-07-2013, £ j. 9 del voto de la juez suprema señora Huamanl Llamas. Sala Civil Permanente [EP, 31-03-2014, Sentencias en Casación N.° 690, p. 50204]. Texto completo: ). § 3447. El retracto opera como una excepción. Tercero. [El inciso 3 del artículo 1599 del Código Civil] se refiere al litigio del bien materia del retracto, el que debe interpretarse en el sentido que el litigio debe comprender el íntegro del inmueble o la mayor parte de él, dado que el retracto es acción de excepción que va contra la voluntad de los contratantes y su procedencia debe admitirse en forma restrictiva [...]. (Casación N.° 2251-97-Lima, de 05-10-1998, £ j. 3. Sala Civil Permanente [EP, 20-111998, p. 2068]. Texto completo: ), § 3448. En un proceso de retracto es necesario que el retractante realice el pago para la adm isibilidad de la demanda. Sétimo. [...] [Tratándose] del pago del precio de compraventa de un inmueble en un proceso de retracto, el retrayente tiene la obligación de pagar el precio al momento de interponer la demanda conforme a lo dispuesto en el artículo 495° del Código Procesal Civil (artículo 149° del derogado Código de Procedimientos Civiles); encontrándose por su parte el demandado ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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adquiriente dei bien materia de dicho proceso, en ia posibilidad de ejercitar la acción desde la fecha de expedición de la sentencia definitiva, en caso el demandante no haya cumplido con efectuar el depósito total del precio de la compraventa, no obstante que ello incluso es materia de improcedencia o rechazo de la demanda. Octavo. [...] [En] el Proceso de Retracto es requisito de la demanda, que el retractante empoce previamente el monto de la suma pagada en el contrato del bien materia de retracto u ofrezca pagarlo inmediatamente de conocido el monto conforme al artículo 495° del Código Procesal Civil; de manera como también lo establecía el derogado Código de Procedimientos Civiles de 1912; desde el 14 de julio de 1982 a la fecha de interposición de la demanda (14 de setiembre del 2004) han transcurrido en efecto m is de 10 años, a que se refiere el artículo 2001° inciso 1 del Código Civil; puntualizando, que los argumentos vertidos por el apelante en su escrito de apelación no tienen mayor trascendencia respecto a lo señalado y que constituye en esencia, el reclamo; de manera que la recurrida ha sido dictada conforme a Ley [...]. (Casación N.° 2962-2006-Ayacucho, de 18-04-2007, ff. jj. 7-8. Sala Civil Transitoria [EP, 02-10-2007, p. 20817]. Texto completo: ). § 3449. El plazo para el ejercicio del retracto es resolutorio, pues tiene que ver con una potestad del interesado, que puede ejercer o no en un determinado lapso. Sexto. [...] “El plazo establecido en [el artículo 1596 del Código Civil] es resolutorio para el ejercicio del retracto por el beneficiario de dicho derecho. Es un plazo que no puede ser tomado como suspensivo, y no regula relaciones de tipo obligacional. No extingue las acciones correspondientes a ios supuestos de hecho, por lo que tampoco puede ser tomado como un plazo de caducidad o prescripción” [Rubio Correa], Sétimo. [Se] tiene que el plazo señalado en el artículo 1597 no es uno de caducidad ni de prescripción, sino que es uno que tiene que ver con una potestad del interesado, que puede ejercer o no en un determinado lapso, es decir, se trata de un plazo resolutorio, en el presente caso, por excepción contenida en la norma, la presunción del artículo 2012 solo es oponible después de un año de la inscripción de la transferencia, es decir, se da al comprador el beneficio de hacer valer la transferencia realizada e impugnada por el retrayente, para que la oponga una vez que esta se halle inscrita por más de un año; quiere decir que el legislador interrumpe por el plazo de un año el conocimiento que pueda imputarse al retrayente de que tiene conocimiento de las inscripciones de Registro Público, como lo establece el artículo 2012 del Código Civil. Octavo. [En] el presente caso, es fundamental establecer desde cuando la retrayente tuvo conocimiento de la transferencia para hacer valer su derecho, y dado que el artículo 1597 señala la excepción de la presunción contenida en el artículo 2012 del Código Civil, solo para efectos de oponer el derecho del comprador, se tiene que opera dicho principio después del año de inscrita la transferencia; es decir, en caso que la transferencia haya sido inscrita, el retrayente tiene el plazo de 30 días después de cumplido el año de dicha inscripción, para accionar válidamente su derecho de retracto, después de este plazo el derecho del retrayente se ha resuelto ya que el comprador podrá oponer su transferencia, debidamente inscrita, la razón estriba en la naturaleza y fines de los Registros Públicos sujeta a los principios de legalidad, publicidad y la fe pública registra!. (Casación N.° 3845-2000-Líma, de 24-09-2001, ff. jj. 6-8. Sala Civil Permanente [EP, 31-05-2002, p. 8833]. Texto completo: ). § 3450. El certificado de depósito en dinero equivalente a los gastos realizados por el adquirente en la compraventa constituye un requisito de procedibilidad de la demanda. Primero. [El] artículo 495 del Código Procesal Civil dispone que a la demanda de retracto debe anexarse el certificado de depósito en dinero equivalente a la prestación recibida por el enajenante, los tributos y los gastos pagados por el adquirente y, en su caso, los intereses debidos por este y que hubieran devengado mientras que, por otro lado, el artículo 498 del mismo Cuerpo Legal establece que si la retrayente desconoce la contraprestación pagada o debida por el adquirente, ofrecerá hacer el depósito u otorgar la garantía que corresponda, según el caso, dentro del segundo día de su conocimiento. [...] Tercero. [Tal] conclusión se refuerza por el hecho que el artículo 495 señala expresamente que el importe del certificado de depósito en dinero debe ser realizado por el “equivalente” a ios conceptos que allí mismo se precisan, no siendo suficiente la suma aritmética de sus valores nominales como en el caso materia de autos donde se pactó el precio en un signo monetario que ya no estaba vigente a la fecha de la demanda. n o m o s & th e s is

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[...] Quinto. [...] [No] es el objeto principal de la controversia el monto del precio de venta, sino el de derecho del actor a retraer la transferencia ejecutada por su anterior propietario, constituyendo un requisito de procedibilidad de la demanda, la consignación del precio, como expresión de voluntad del retrayente de sustituirse como comprador del bien. (Casación N.° 1488-97-Ayacucho, de 06-05-1998, ff. jj. 1, 3 y 5. Sala Civil Transitoria [EP, 07-07- 1998, p. 1408]. Texto completo: ). § 3451. Ante el fallecim iento del accionante del juicio de retracto, su heredero tiene legitim idad para obrar incluso p ara interponer la nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Cuarto. [Se] ha aplicado erróneamente esa norma de derecho material [referido al artículo 1595 del Código Civil] por haberse interpretado erróneamente sus alcances, pues prescribe que el derecho de retracto es intransferible entre vivos, lo que evidentemente excluye por su propio contenido textual la transmisión mortis causa. Quinto. [En] el caso de autos don JSR, acciona como sucesor hereditario de su madre según lo acredita con el auto de declaratoria de herederos [...] y así como tiene legitimidad para seguir el juicio de retracto iniciado por ella, lo tiene también para interponer esta acción de nulidad de la cosa juzgada recaída en ese juicio de retracto invocando que es fraudulenta. (Casación N.° 1123-94-Tacna, de 04-07-1995, ff. jj. 4 y 5. Sala Civil [EP, 17-10-1995, p. 1]. Texto completo: }. § 3452. La consignación del monto de las prestaciones realizadas tiene que realizarse necesariamente m ediante un certificado de depósito. No procede acreditar la consignación del monto con un cheque de gerencia. Sexto. [Los] artículos 495 al 503 del Código Procesal Civil regulan el proceso de Retracto, precisando la primera de estas normas, que la demanda sobre tal materia, además de cumplir con los requisitos de los artículos 424 y 425 del Código acotado, debe estar anexada con el certificado de depósito en dinero equivalente de la prestación recibida por el enajenante, los tributos y los gastos pagados por el enajenante, y en su caso, los intereses debidos por este y que se hubieran devengado; precisando el artículo 500 de dicho Código que la demanda será rechazada si el retrayente no cumple con alguno de los requisitos establecidos en el artículo 495 o en su caso con el artículo 498 del citado Código, dentro del plazo establecido. Séptimo. [En] consecuencia el proceso de retracto es uno de naturaleza formal, en el que necesariamente deben cumplirse con todos y cada uno de los requisitos establecidos en el artículo 495 del Código Procesal Civil para su admisión a trámite, ya que de faltar uno solo la demanda será rechazada, sin embargo en el caso de autos las sentencias de mérito han establecido que el demandante ha cumplido con el requisito del depósito de los montos de las prestaciones recibidas por los enajenantes con un cheque de gerencia del Banco de crédito del Perú; lo que no se ajusta a lo dispuesto en la indicada norma, que por ser de orden público es de obligatorio e ineludible cumplimiento, al no haberse consignado el dinero en el modo establecido en la norma, mediante un certificado de depósito. (Casación N.° 1408-2005-Tumbes, de 11-07-2006, ff. jj. 6 y 7- Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 31-01-2007, p. 18634].Texto completo: ). § 3453. No puede haber pronunciam iento respecto al orden de prelación de los titulares del derecho de retracto si tal controversia no h a sido postulada al proceso en la interposición de la dem anda o en la reconvención. Tercero. [...] [El] orden de prelación establecido en el artículo 1599 del Código [Civil] (específicamente el referido a la preferencia que tiene el usufructuario respecto al colindante para reclamar para sí el derecho de retracto) hubiera podido ser aplicado al resolver la presente litis solamente en el caso de que los demandados hubiesen formulado reconvención para que se declare la existencia del derecho de retracto en su favor. Cuarto. [A]dvirtÍéndose de autos que los codemandados [,..] no han formulado reconvención alguna para que se declare en su favor el derecho de retracto materia de controversia, ni menos aún han alegado tener la calidad de usufructuarios (sino que Indican ser propietarios del predio en litis en atención a la compraventa anteriormente mencionada), resulta evidente que efectivamente - y tal como afirman los demandantes - la resolución de vista ha incurrido en exceso al resolver más allá de lo peticionado por las partes. Encontrándose incursa en causal de nulidad, pues dicha resolución no ha sido emitida sujetándose al mérito de lo actuado ni al derecho, contraviniendo de esta forma el mandato expreso contenido en el inciso tercero ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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del artículo 122 del Código Procesal Civil. (Casación N.° 4 00-00-Cajamarca, de 08-03'2002, ff. jj. 3 y 4. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 31-05-2002, p. 8811], Texto completo: ). § 3454. No es posible ejercitar el derecho de retracto por el propietario de la tierra colindante en los casos de venta de una finca rústica, cuando su propiedad posee un área m ayor al de la unidad agrícola o ganadera m ínim a. Primero. [El] artículo 1599 del Código Civil es claro al establecer los sujetos del derecho a retracto y, entre ellos, ha determinado en su inciso 7, que también goza de él el propietario de la tierra colindante, cuando se trate de la venta de una finca rústica cuya cabida no exceda de la unidad agrícola o ganadera mínima respectiva, o cuando aquella y ésta reunida no excedan de dicha unidad. Segundo. [C]omo se puede apreciar de los requisitos establecidos para el ejercicio del derecho de retracto en el colindante, la Ley no le concede tal derecho por el simple hecho de ser colindante, sino porque desea que su predio rústico, al ser inferior a la unidad agrícola mínima, llegue a alcanzar o se acerque a la dimensión de dicha unidad con la adquisición del predio de su colindante, en caso de encontrarse en venta, pero que, al final, reunida con la adquisición futura no supere tampoco la unidad; puesto que la limitación al derecho de libre enajenación del propietario, se justifica únicamente en la contribución a favor de su colindante para que este alcance dicha unidad agrícola, pero lógicamente no puede hablarse de contribución cuando se ostenta un área mayor, desapareciendo la referida limitación. (Casación N.° 0721-99-Ica, de 17-04-2000, ff. jj. 1 y 2. Sala de Derecho Constitucional y Social [EP, 02-01-2001, p. 6777]. Texto completo: ).

Artículo 496: Legitimidad pasiva La demanda se dirigirá contra el enajenante y el adquirente del bien que se intenta retraer.

JURISPRUDENCIA DE I A CORTE SUPREMA

§ 3455. N otificada la demanda de retracto a los otorgantes de dicho contrato, estos no pueden rescindirlo a fin de burlar los derechos del retrayente. Cuarto. [El] derecho de retracto previsto por el artículo 1592 del Código Civil, es aquel otorgado por la ley a determinadas personas en una especial situación (según sea el caso previsto en el artículo 1599 del Código Civil) a fin de sustituirse en el lugar de la persona que ha adquirido la propiedad de un determinado bien [...]. Sexto. [Conforme] fluye de autos, [...] cuando la demandante [...] interpuso la presente demanda [de retracto], [...] la misma que fue [debidamente] notificada a los demandados [...], aun no existía la transacción extrajudicial y resolución convencional de compraventa a que hace alusión las instancias de mérito, debiéndose tener presente que notificada la demanda de retracto los otorgantes del contrato que da nacimiento a la acción del retrayente, no pueden rescindirlo a fin de burlar sus derechos [..,]. (Casación N.° 23522012-Lima, de 03-07-2013, ff. jj, 4 y 6. Sala Civil Transitoria [EP, 02-12-2013, Sentencias en Casación N.° 686, p. 44641]. Texto completo: ). § 3456. La obligación de reembolsar los gastos inherentes al contrato de venta es ejecutada por el tercero retrayeiate a favor del comprador. El vendedor salvaguarda el derecho de hacer valer legalm ente el cum plim iento de las prestaciones contenidas en el contrato al nuevo obligado. Noveno. [...] [En] el retracto, el contrato de venta original permanece inatacable, sin sufrir rescisión ni resolución alguna, ya que el vendedor no devuelve el precio al comprador, sino que es el tercero retrayente, que reemplaza al comprador y ocupa su lugar vía subrogación, quien debe reembolsar al adquirente el precio, tributos y demás gastos pagados por este, de modo que son las sumas abonadas por el subrogado las que deben ser satisfechas por quien demanda el retracto; contando siempre el vendedor con los me dioí; legales para que el nuevo obligado en los hechos cumpla con ejecutar las prestaciones que le corresponden. (Casación N.° 2514-02-Lo reto, de 15-01-2003, f. j. 9. Sala Civil Transitoria [EP, 30-06-2003, p. 10701]. Texto completo: ). n o m o s & th e s is

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Alt. 497

Artículo 497: Improcedencia La demanda será declarada improcedente si se interpone fuera del plazo de treinta días naturales com­ putados a partir dei conocimiento de la transferencia.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 3457- Im procedencia del retracto en casos de propiedad horizontal. Octavo. [...] [El] derecho de retracto no procedería en los casos de propiedad horizontal, no obstante, en la [...] Exposición de Motivos se deja entrever la posibilidad de que los propietarios en dicho régimen puedan pactar, de mutuo acuerdo, las reglas comunitarias pertinentes; por ello es conveniente analizar si en el reglamento interno del edificio objeto de litigio, los propietarios han pactado el derecho a retraer, toda vez que, de conformidad con el artículo 39° de la Ley N.° 27157, Ley de Regularización de Edificaciones, del Procedimiento para la Declaratoria de Fábrica y del Régimen de Unidades Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común, las edificaciones bajo el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común (propiedad horizontal) deben contar necesariamente con un Reglamento Interno, mientras que el artículo 42° de la comentada Ley regula el contenido de dicho documento, el cual tiene carácter obligatorio. (Casación N.° 502-2014-Junín, de 09-092014, f. j. 8. Sala Civil Permanente [EP, 30-06-2016, Sentencias en Casación N.° 715, p. 78649]. Texto completo: ), § 3458. Para efectos del plazo en que deba ejercitarse el retracto, resulta irrelevante si los efectos de la carta notarial, que informa sobre la operación de compraventa, Kan producido sus efectos o no. Octavo. [En] cuanto al plazo hábil para interponer la demanda de retracto el artículo 1596 del Código Civil en su primer párrafo, establece claramente que “[...] el derecho de retracto debe ejercerse dentro del plazo de treinta días contados a partir de la comunicación de fecha cierta a la persona que goza de este derecho51; lo que implica que constituye un requisito sine qua non para el ejercicio del derecho de retracto la existencia previa de un contrato de compraventa; y producido este contrato, el plazo para hacer uso o ejercicio legítimo de este derecho, se empieza a computar recién desde que el titular del mismo, es decir el potencial retrayente, toma conocimiento de dicha transferencia; en el caso sub litis, en este caso concreto el plazo para ejercer este derecho, empezó a operar a partir del día 22 de abril del año 2013, fecha en que el comprador y codemandado [...] le cursa a la copropietaria [...], la carta vía notarial informándole la operación de compraventa de las acciones y derechos ya precisadas; por lo que al presentarse la demanda con fecha 30 de abril de 2013, esta se interpuso dentro del plazo de los treinta días naturales que establece la norma glosada, la que concuerda con el artículo 497 del Código Procesal Civil, que regula la improcedencia del retracto cuando se interpone fuera del plazo fijado. Así, precisado el plazo en que debe ejercitarse este derecho, resulta irrelevante discutir la eficacia de la carta notarial de fecha 7 de febrero del año 2013, que comunicaba una oferta de venta; pues nuestro ordenamiento sustantivo y procesal, han regulado que esta institución de retracto, es viable una vez producida la compraventa o dación en pago si fuera el caso. (Casación N.° 2875-2016-Arequipa, de 17-08-2017, fi j. 8. Sala Civil Permanente [EP, 02-05-2018, Sentencias en Casación N.° 746, p. 108171]. Texto completo: ). § 3459- La procedencia del retracto se admite en forma restrictiva. No puede extenderse la titularidad de este derecho por analogía a otros sujetos a los que la ley no confiere tal calidad. S e g u n d o . [...] [El] retracto es una acción de excepción que va contra la voluntad de los contratantes, por lo que su procedencia debe admitirse en forma restrictiva, esto es, que los titulares del derecho solo pueden invocar las causales contenidas en el artículo 1599 del [Código Civil], pues, al ser un derecho de excepción, no puede extenderse por analogía a titulares distintos a los indicados en dicha norma. (Casación N.° 815-2005-Puno, de 1L-07-2006, f. j. 2. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 30-10-2006, p. 17320]. Texto completo: ). * SUMMA PROCESAL CIVIL

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§ 3460. El derecho de retracto es considerado un derecho de subrogación. El cómputo de los plazos de caducidad supone considerar el decurso desde su inicio hasta su vencimiento, sin adm itir suspensión ni interrupción. Primero. [El] derecho de retracto es considerado como un derecho de subrogación, por el cual el comprador es sustituido por un tercero ajeno al contrato de compraventa que le da origen y debe ser interpuesto dentro del plazo de treinta días contados a partir de la comunicación de fecha cierta. [...] Cuarto. [A] si mismo, la versión de los demandantes en el sentido que recién tomaron conocimiento de la citada transferencia el 1 de octubre de 2004, fecha en que solicitan copia certificada del testimonio de compraventa (al no encontrarse inscrita la transferencia de los derechos y acciones a favor del demandado en los Registros de la Propiedad Inmueble, como se advierte de ia Ficha Registral [...] acompañada a la demanda) no desvirtúan los fundamentos expuestos; que el cómputo de los plazos de caducidad supone considerar el decurso desde su inicio hasta su vencimiento, sin admitir suspensión ni interrupción. (Casación N.° 945-2007-Arequipa, de 22-05-2007, ff. jj. 1 y 4. Sala Civil Permanente [EP, 03-09-2007, p. 20404], Texto completo: ).

Artículo 498: Prestación desconocida Si el retrayente desconoce la contraprestación pagada o debida por el adquirente, ofrecerá hacer el depósito u otorgar la garantía que corresponda, según el caso, dentro de segundo día de su conocimiento.

J URISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 3461. Condiciones para que opere el retracto cuando la prestación es desconocida. Octavo. [...] [El] artículo 498 del Código adjetivo, establece que si el retrayente desconoce el precio de la contraprestación pagada o debida por el adquirente, ofrecerá hacer el depósito u otorgar la garantía que corresponda, según sea el caso, dentro del segundo día de su conocimiento; dicho dispositivo, tiene como premisa el desconocimiento o ignorancia por parte del retrayente del precio pagado por el bien -en concordancia con el artículo 495 del citado Código- debe incluirse también dentro de esta premisa el desconocimiento de lo pagado por el adquirente por concepto de tributos, gastos y eventuales intereses; entonces conocida, por el retrayente, dichas erogaciones, este dentro del término de dos días debe pagar los conceptos antes señalados u otorgar garantía; cabe señalar que la garantía que presta el retrayente debe ser una suficiente o idónea, es decir, capaz de no dejar desprotegido o en incertidumbre al adquirente, que ofrezca inmediatas posibilidades de realización o la que tenga inmediata disponibilidad de la cantidad de dinero líquido de que se trate, con el cual el adquirente vea inmediatamente satisfecho su acreencia, evitando se cause perjuicios a este; no es posible considerar garantía suficiente una de naturaleza quirografaria o personal, salvo que sea otorgada por una entidad del sistema financiero; en ese sentido, de no cumplirse con los deberes impuestos por la norma en comento debe rechazarse la demanda, en concordancia con lo dispuesto por el mencionado artículo 500; el cumplimiento por parte del retrayente de los presupuestos antes mencionados resultan razonables en la medida que el retracto es un mecanismo jurídico que de alguna manera incide en el libre intercambio de bienes, en tal sentido, su ejercicio no puede ser promovido como un mecanismo dilatorio o entorpecedor en un sistema de libre transmisión de la riqueza. (Casación N.° 599-2009-Lima, de 21-007-2009, f. j. 8. Sala Civil Permanente [EP, 30-12-2009, p. 27050]. Texto completo: ).

Artículo 499: Requisito especial de la contestación Si en la demanda se expresa que se desconoce el precio de 9a contraprestación pagada o debida por el bien que se intenta retraer, en la contestación se deberá indicar expresamente esta circunstancia.

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§ 3462, Si en la demanda de retracto se expresa que se desconoce el precio de la contraprestación pagada, en la contestación se deberá indicar de manera precisa, el precio de la compraventa. Quinto. [Siendo] eí derecho de retracto una acción de excepción que va contra la voluntad de los contratantes, su trámite requiere que el retractante deposite previamente el monto de la suma pagada en el contrato del bien materia de retracto u ofrezca pagarlo inmediatamente de conocido el monto conforme al artículo 495 del Código Procesal Civil. Si en la demanda se expresa que se desconoce el precio de la contraprestación pagada o debida por el bien que se intenta retraer, se dará lugar a lo establecido en el artículo 499 de la norma adjetiva, que prevé un requisito especial en la contestación de la demanda, consistente en la presentación del monto del precio del bien materia de retracto. En efecto, si bien es cierto, este artículo se limita a señalar que si en la demanda se expresa que se desconoce el precio de la Contraprestación pagada o debida, en la contestación se deberá indicar esta circunstancia; es decir, informar de manera precisa, el precio de la compraventa sobre el bien materia de retracto; su omisión implicaría el rechazo de la contestación, a menos que eí argumento de fondo de la contestación sea la falta de enajenación del bien, pues en este caso el cumplimiento de este requisito sería contraproducente para su propia defensa. (Casación N.° 2505-2010-Lima, de 26-05-2011, f. j. 5- Sala Civil Permanente [EP, 02-11-2011, Sentencias en Casación N.° 653, p. 31845]. Texto completo; ).

Artículo 500: Improcedencia especial de ia demanda Además de los supuestos del artículo 427, la demanda será rechazada si el retrayente no cumple con alguno de los requisitos previstos en el artículo 495 o con el señalado en el artículo 498, dentro del plazo allí establecido.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 3463. Es improcedente la demanda de retracto si el retrayente no cumple con alguno de los requisitos especiales señalados en la ley procesal. Sexto. [Del] examen de la argumentación expuesta por la recurrente, se advierte que esta no cumple con los requisitos exigidos en los numerales 2) y 3) de la norma acotada [referido al artículo 388 del Código Procesal Civil], al no describir con claridad y precisión la infracción normativa denunciada; asimismo tampoco demuestra ía incidencia directa de los argumentos que expone sobre la decisión impugnada, limitándose a señalar lo que considera constituye una afectación del derecho al debido proceso y la tutela jurisdiccional y a cuestionar la decisión emitida por la instancia de mérito, pretendiendo se revise lo resuelto por el ad quem en la sentencia de vista, y se evalúen nuevamente cuestiones fácticas y medios probatorios, con la finalidad de que esta Sala Casatoria cambie el sentido de la decisión emitida por las instancias, lo que no se condice con los fines de la casación. De otro lado, se advierte que el presente proceso es uno sobre retracto, eí mismo que de conformidad con el artículo 495 dei Código Procesal Civil, tiene requisitos y anexos especiales, y tal como lo señala el artículo 500 del mismo cuerpo legal, la demanda será improcedente si el retrayente no cumple alguno de ellos; además se aprecia que la demanda contiene una indebida acumulación de pretensiones; en tal sentido eí auto de vista está motivado adecuadamente, no verificándose la vulneración alegada. Por consiguiente, corresponde desestimar el presente recurso [...]. (Casación N.° 1603-2014-Cusco, de 25-07-2014, f. j. 6. Sala Civil Permanente [EP, 01-12-2014, Sentencias en Casación N.° 698, p. 58241], Texto completo: ).

Articulo 501: Carga probatoria La carga de la prueba del conocimiento de la transferencia corresponde a los demandados.

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§ 3464. Para la acreditación del conocimiento del retrayente, es posible demostrarse haciendo uso de los medios probatorios o de los sucedáneos probatorios que establece el Código Procesal Civil. Octavo. [...] [El] recurrente ha sostenido que nunca se le notició de la compraventa que pretende retraer, por tanto, conforme lo han sostenido las instancias de mérito, el asunto queda determinado por lo dispuesto en la norma antes citada, y siendo ello así, el artículo 501 del Código Procesal Civil que dispone que la “la carga de la prueba del conocimiento de la transferencia corresponde a los demandados” ya no se limita a que se acredite la comunicación de fecha cierta (que el demandante reduce a la existencia de un “instrumento - carta notarial”) sino a cualquier medio probatorio que permita verificar que el retrayente tuvo conocimiento del acto jurídico, lo que significa que el adquirente puede hacer uso de cualquiera de los medios probatorios que establece el Código Procesal Civil, o de los sucedáneos probatorios que dicho Código recoge [...]. (Casación N.° 147-2014-Cusco, de 07-08-2014, £ j. 8. Sala Civil Permanente [EP, 30-04-2015, Sentencias en Casación N.° 703, p. 62664], Texto completo: ).

Artículo 502: Conclusión especial del proceso En cualquier estado del proceso el Juez puede declarar su conclusión si, habiendo indicado el retra­ yente desconocer la prestación pagada o debida, se acredita que la conocía o que estaba en razonable actitud de conocerla. En la misma resolución el Juez le impondrá una multa no menor de veinte ni mayor de cuarenta Unidades de Referencia Procesal, sin perjuicio de las costas y costos del proceso. La resolución es apelable con efecto suspensivo.

JURISPRUDENCIA DE LAS CORTES SUPERIORES

§ 3465. En el proceso de retracto, es posible la conclusión del proceso cuando el retrayente no consigna eí precio pagado por el comprador respecto al bien. El artículo 502° del Código Procesal Civil prevé la posibilidad de que en cualquier estado del proceso de retr acto el Juez puede declarar su conclusión si, habiendo indicado el retrayente desconocer la prestación pagada o debida, se acredita que la conocía o que estaba en razonable aptitud de conocerla. Esta declaración de conclusión especial del proceso de retracto solo es viable cuando el retrayente no consigna absolutamente el precio que baya pagado el comprador demandado respecto ai bien materia del proceso. (Exp. N.° 1369-98, de 27-04-1998. Tercera Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Ponentes: Carrión Lugo, Carbajal Portocarrero y Palacios Tejada. Referencia: CPC Bibliogr., p. 428).

Artículo 503: Acumulación sucesiva de procesos En el caso del artículo 1600 del Código Civil, procede la acumulación sucesiva de procesos.

SUBCAPÍTULO 2 TÍTULO SUPLETORIO, PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA Y RECTIFICACIÓN 0 DELIMITACIÓN DE ÁREAS 0 LINDEROS Articulo 504: Tramitación Se tramita como proceso abreviado la demanda que fórmula: n o m o s & th e s is

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1. El propietario de un bien que carece de documentos que acrediten su derecho, contra su inmediato transferente o los anteriores a este, o sus respectivos sucesores para obtener el otorgamiento del título de propiedad correspondiente; 2. El poseedor para que se le declare propietario por prescripción; y 3. El propietario o poseedor para que se rectifiquen el área o los linderos, o para que se limiten estos mediante deslinde. Este proceso solo se impulsará a pedido de parte.

TERCER PLENO CASATORIO CIVIL

§ 3466. Es válida la prescripción adquisitiva de dos o más coposeedores. VI. C onclusiones: [...] 3. Este Pleno Casatorio considera necesario precisar que la correcta interpretación del artículo 950 del Código Civil debe hacerse en el sentido que nada obsta para que dos o más coposeedores homogéneos puedan usucapir, puesto que de ver amparada su pretensión devendrían en copropietarios, figura jurídica que está prevista en nuestra legislación. (Segundo Pleno Casatorio Civil [Tema: Prescripción adquisitiva de dominio], realizado el 23-10-2008, f. j. 13. Casación N.° 2229-2008-Lambayeque [EP, 22-08-2009], que establece como doctrina jurisprudencial vinculante esta regla de interpretación. Texto completo: ). PLENOS JURISDICCIONALES

§ 3467. Com petencia por jerarq uía para conocer pretensiones de prescripción adquisitiva. La competencia de los juzgados de paz letrados y los juzgados civiles o mixtos en cuanto a la prescripción adquisitiva de bienes muebles e inmuebles. El Pleno acordó por unanim idad : '‘En los casos de prescripción adquisitiva son competentes únicamente los jueces civiles y/o mixtos, se trate de bienes muebles o inmuebles, ya que se debe tener en cuenta la competencia por la materia así mismo considerando el artículo 504° del Código Procesal Civil; debiendo interpretarse en forma sistemática la norma para que no exista contradicción, además debe intervenir el Ministerio Público cuando se trata de rebeldía y predios rústicos y que el problema es de jerarquía. Para determinar la competencia por jerarquía de la pretensión de declaración del derecho de propiedad mediante prescripción adquisitiva de dominio, debe de tenerse en consideración lo siguiente: a. La pretensión de declaración del derecho de propiedad por prescripción adquisitiva de dominio es una pretensión declarativa, por cuanto tiende a establecer la certidumbre de que si el actor ha venido poseyendo el bien como propietario; entonces, el derecho material sustancial sobre el que se ha de pronunciar es el de la propiedad; b. La posesión se protege por los interdictos y las pretensiones posesorias se tramitan ante el Juez Civil o Mixto, como lo determinan los artículos 597°, 601° del Código Procesal Civil, y el articulo 921° del Código Civil; c„ Entonces, sí el juez Civil o Mixto es competente para conocer las pretensiones interdíctales, que protegen la posesión como atributo del derecho de propiedad, ello por disposición normativa expresa, por lo que es razonable que las pretensiones referidas a determinar la declaración del derecho de propiedad, a través de la prescripción adquisitiva de dominio sea de conocimiento del Juez Civil o Mixto, por ser un derecho fuente”. (Pleno Jurisdiccional Distrital Constitucional, Civil y Familia, realizado en Apurímac, el 31-10-2009. Tema N.° 2 [La competencia de los Juzgados de Paz Letrados o Mixtos en cuanto a la prescripción adquisitiva de bienes inmuebles]. Texto completo; ). § 3468. Criterios de competencia funcional en los procesos de reivindicación, m ejor derecho de propiedad, prescripción adquisitiva de dom inio, títulos supletorios y rectificación de áreas o linderos (inc. 1). Establecer la competencia funcional en los procesos de reivindicación, mejor derecho de propiedad, prescripción adquisitiva de dominio, títulos supletorios y rectificación de áreas o linderos. El Pleno acordó: “Corresponde conocer este tipo de procesos, a los Juzgados Especializados o Mixtos por contener una pretensión incuantificable y por mandato de la ley”. (Pleno Jurisdiccional Distrital en Materias Civil, Laboral y Familia, realizado en Cajamarca, los días 14 y 15-06-2007. Conclusión N.° 6. Texto completo: ). * SUMMA PROCESAL CIVIL

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§ 3469. La dem anda de prescripción adquisitiva de dominio por parte del poseedor, interpuesta con anterioridad, no puede perturbar su propia posesión. Octavo. [La] posesión de buena fe no es un requisito propio de la prescripción larga u ordinaria [...] por otro lado, efectivamente el hecho de que sea el propio poseedor quien anteriormente haya demandado la prescripción adquisitiva de dominio no constituye un acto perturbatorio de la posesión, sino que más bien evidencia la posesión pública del bien. (Casación N.° 887-99-Santa, de 29-09-1999, f.j. 8. Sala Civil Permanente [EP, 2111-1999, p. 4047]. Texto publicado: ). § 3470. La sentencia en un proceso de prescripción adquisitiva de dom inio es de naturaleza declarativa. D écim o Tercero. [Es] preciso establecer el momento en que la posesión se convierte en propiedad y si la sentencia que la ampara tiene efecto constitutivo de la propiedad, o es solo declarativa de un derecho ya adquirido. [...] D écim o quinto . [La] acción de prescripción adquisitiva es evidentemente declarativa, pues busca el reconocimiento de un derecho, a partir de una situación de hecho determinada, o un pronunciamiento de contenido probatorio, que adquirirá certidumbre mediante la sentencia, de tal forma que la norma abstracta de la ley se convierte en una decisión concreta, estableciendo una relación de derecho entre las partes, limitándose la sentencia a declarar o negar la existencia de una situación jurídica, vale decir que no es susceptible de ejecución, pues la declaración judicial basta para satisfacer el interés del actor. D écim o sexto. Los efectos de la sentencia declarativa se proyectan hacia el pasado, hasta el momento de la constitución del derecho, a diferencia de la sentencia constitutiva que proyecta sus efectos hacia el futuro. (Casación N.° 2092-99-Lambayeque, de 13-01-2001, ff. jj. 13, 15 y 16. Sala Civil Transitoria [EP, 07-04-2000, p. 4975]. Texto completo: ). § 3471. En el proceso de prescripción adquisitiva, el impulso procesal se realiza a pedido de parte y también de oficio al haberse producido por la propia negligencia del recurrente. D écim o noveno. [El] artículo 504 del Código Procesal Civil, al regular sobre el trámite de los procesos de Prescripción Adquisitiva de Dominio, entre otros procesos allí mencionados, señala expresamente en su último párrafo que: “Este proceso solo se impulsará a pedido de parte”, por lo que si bien el deber de coadyuvar de oficio a que el proceso no continúe paralizado y con ello la controversia irresoluta no es únicamente atribuidle al Juez, sino de igual modo a las partes, también lo es que en causas como la aquí planteada dicha obligación estaba reservada de manera exclusiva a la pretensora / casante, quien tenía la obligación legal de solicitar el requerimiento para que el perito designado acepte el cargo conferido o que se le tenga por rehusado, a efectos que se designe a un nuevo perito. Por tanto, el Comité actor no puede atribuir el abandono del proceso a la judicatura, cuando dicha causa no le es imputable por presentarse uno de los casos de excepción al Principio de Impulso Procesal de oficio y haberse producido por la propia negligencia del recurrente. Vigésimo. En esa medida, los órganos de mérito han aplicado el derecho que corresponde al caso concreto, de acuerdo a la situación fáctica existente y, particularmente, a la especialidad del conflicto en debate, esto es la declaración de propiedad vía Prescripción Adquisitiva de Dominio, habiéndose determinado correctamente que el abandono del proceso solicitado no solo operaba por el simple transcurrir del tiempo con nula actividad procesal, sino también porque la continuación del mismo dependía de la actuación de las partes, por lo que desde dicha óptica no solo se ha respetado el debido proceso sino también los demás derechos que derivan de este, como son el de defensa, que también se invoca como vulnerado, permitiendo todo ello concluir que las denuncias que sustentan la infracciones procesales del Recurso de Casación que origina el presente control carecen de sustento legal, por lo que deben desestimarse. (Casación N.° 2869-2015-Tacna, de 17-08-2016, ff. jj. 19 y 20. Sala Civil Transitoria [EP, 03-10-2017, Sentencias en Casación N.° 735, p. 98739]. Texto completo: ). § 3472. El plazo de prescripción por responsabilidad extracontractual se interrum pe con la intim ación ante el Xndecopi. Noveno. [Es] evidente que cuando INDECOPI notificó a la parte demandada le comunicó claramente que el demandante consideraba que el emplazado había cometido n o m o s & t h e s ls

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un daño injusto en su contra, ya que le puso en conocimiento de la existencia de una denuncia basada en la supuesta afectación al derecho subjetivo del honor del demandante. Décimo. [La] prescripción y su interrupción son fenómenos de trascendencia estrictamente procesal, que no implican un prejuzgamiento respecto del fondo de la controversia, de manera que basta la comunicación respecto de la invocación que hace el demandante de un supuesto daño, por lo que en el caso concreto el plazo de prescripción que empezó a correr [...] cuando índecopi notificó a la parte demandada, hecho ya acreditado en autos. Undécimo. [El] artículo 1998 del Código Civil establece que, si la prescripción se interrumpe por las causas previstas en el artículo 1996, incisos 3) y 4), la prescripción comienza a correr nuevamente desde la fecha en que la resolución que pone fin al proceso queda ejecutoriada, norma que aplicada al presente caso se refiere a la resolución que pone fin efectivamente a la serie de procesos legales iniciados con la denuncia ante INDECOPI. (Casación N.° 3991-2009-LÍma, de 09-04-2010, ff. jj. 9, 10 y 11. Sala Civil Permanente [EP, 28-02-2011, Sentencias en Casación N.° 637, p. 29586], Texto completo: ). § 3473. El arrendatario no puede solicitar la formación de títulos supletorios. Noveno. [La] Sala de mérito ha declarado improcedente la demanda de nulidad de título supletorio indicando que ello debió reclamarse dentro del mismo proceso; sin embargo, no ha tenido en cuenta el hecho que los miembros de la sucesión [...] no habían sido notificados de la existencia de dicho proceso a fin de que ejerzan su derecho de defensa, no pudiendo resultarles oponibles lo resuelto en el mismo, porque el artículo 123 del Código Procesal Civil fija los límites subjetivos de la cosa Juzgada estableciendo que esta solo alcanza a las partes y a quienes de ellas deriven sus derechos. Décimo. [Siendo] así, la sentencia de vista no se encuentra arreglada a Ley, no habiéndose tenido en cuenta al resolver la causa lo dispuesto en el artículo 1296 del Código de Procedimientos Civiles, norma vigente cuando se tramitó el proceso sobre formación de títulos supletorios, la misma que indica que no se puede solicitar la formación de títulos supletorios referentes a inmuebles ya inscritos a nombre de determinada persona; no pudiendo un arrendatario solicitar la formación de títulos supletorios por cuanto este tiene la calidad de poseedor inmediato ejerciendo la posesión a nombre del poseedor mediato conforme a lo preceptuado en [...] el artículo 905 del Código Civil vigente. (Casación N.° 3290-02-Arequipa, de 12-11-2004, ff. jj. 9 y 10. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 30-05-2005, p. 14065]. Texto completo: ). § 3474. La nulidad del título supletorio no tiene valor irrevocable. Primero. [Si] bien la nulidad de resoluciones judiciales necesariamente debe formularse incidentalmente, dentro del proceso de su referencia y no en vía de acción; no menos cierto es también que la nulidad de un título supletorio, apreciado como cualquier otro título de dominio, no tiene valor irrevocable; pues, incluso, deben ser calificados en su legalidad y suficiencia para su correspondiente inscripción en los Registros Públicos. (Casación N.° 294-95-íca, de 27-09-1996, f. j. 1. Sala Civil [EP, 13-12-1996, p. 2527]. Texto completo: ). § 3475. El título supletorio surte todos sus efectos mientras no se anule judicialm ente. Segundo. [Si] bien es cierto que el título supletorio formado sobre el terreno materia de litis es dudoso, por tratarse de terrenos eriazos y de propiedad del Estado, conforme lo dispone el artículo 23 del Decreto Legislativo número 653, su autenticidad sería resuelta en el proceso correspondiente, no siendo [este proceso de tercería de propiedad] la vía para determinarla, ya que el citado título supletorio surte todos sus efectos legales mientras no se anule judicialmente. (Casación N.° 109-97lea, de 15-09-1998, f. j. 2. Sala de Derecho Social y Constitucional [EP, 13-11-1999, p. 3962], Texto completo: ). § 3476. El propietario de un bien al que se le baya extraviado o deteriorado el título que acredita su derecho, no se encuentra obligado a interponer única y exclusivamente la pretensión de título supletorio. Puede optar tam bién por cualquier mecanismo que otorgue la ley p ara el reconocimiento de su derecho de propiedad, bajo su propia responsabilidad (inc. 1). Segundo. [...] [Cuando] el propietario con el título respectivo desee una mayor formalización del mismo y « SUMMA PROCESAL CIVIL

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obtenga un pleno efecto erga omnes, peticionará entonces el Otorgamiento de Escritura Pública correspondiente, de conformidad con los artículos 1412 y 1549 del Código Civil; sin embargo, si el título comprobativo de su derecho se pierde, extravía o deteriora al punto de hacerlo inútil, desapareciendo así el documento que acredita su derecho, no obstante la condición de propietario puede elegir por ejercer la pretensión de títulos supletorios, para que supla el anterior; así lo establece el artículo 504 inciso 1 del Código Adjetivo, cuando prescribe que puede interponer la demanda “el propietario de un bien que carece de documentos que acrediten su derecho, contra su inmediato transferente o los anteriores a este, o sus respectivos sucesores para obtener el otorgamiento del título de propiedad correspondiente”. Tercero. [El] propietario de un bien con título extraviado, perdido o deteriorado, está obligado a interponer única y exclusivamente la pretensión de título supletorio: toda vez que, siendo el fin defender, cautelar o preservar el derecho de propiedad, ei titular del derecho, puede hacer uso de todos los mecanismos que le franquee la Constitución Política del Perú y la ley para la obtención de dicho fin; en tal virtud, si una persona que se considera propietaria de un inmueble ha extraviado su título de propiedad, esta se encuentra perfectamente legitimada para optar por interponer demanda de prescripción adquisitiva de dominio respecto del bien, con lo cual estará renunciando a la acreditación de su derecho mediante el título que obtuvo pero se perdió y se sujetará a la acreditación de los requisitos de la usucapión establecidos por el artículo 950 del Código Civil, con el riesgo latente de resultar vencido dentro de un debido proceso: pero que será de cargo suyo, puesto que por dicha vía se decidió. (Casación N.° 2750-2003-La Libertad, de 23-11-2004, ff. jj. 2 y 3. Sala Civil Transitoria [EP, 30-03-2005]. Texto completo: ). § 3477. Se debe declarar infundada la pretensión de otorgamiento de título supletorio a todo propietario que cuente con título perfecto (inc. 1). 8. Conforme lo ha indicado el a quo el título supletorio es el mecanismo jurídico puesto a disposición del propietario de un inmueble no inscrito para regularizar su situación cuando carece de documentos escritos comprobadores del dominio, por tanto, la finalidad de este proceso es obtener un título formal que sustituya al que se ha extraviado, perdido o al que simplemente nunca se tuvo. Conforme lo Índica el artículo 2018 del Código Civil: “Para la primera inscripción de dominio se debe exhibir títulos por un periodo ininterrumpido de cinco años o en su defecto título supletorio”. 9. Estando a lo indicado los títulos supletorios son necesarios para aquel propietario de un bien no inscrito que no cuenta con título que pruebe su propiedad y requiera de un instrumento subsidiario que reemplace el que le falta. Por tanto, para la procedencia de este proceso el titular no debe contar con título que acredite su dominio. 10. [Conforme] lo han determinado las instancias de mérito los actores adquirieron el predio sublitis del anterior propietario [...] suscribiendo un contrato de compraventa, legalizando sus firmas ante notario público, formalizándose la respectiva escritura pública [...] documento que no puede ser considerado imperfecto como indebidamente lo ha calificado el funcionario de la Sunarp, sino que al no haber cumplido el requisito de antigüedad de cinco años que exige el artículo 2018 del Código Civil no se permitió la primera inscripción de dominio, presupuesto que una vez superado no es óbice para obtener la respectiva inscripción en los Registros Públicos. 11. [AI] haberse establecido que el proceso de formaíización de título supletorio solo puede ser incoado por el titular que carece de documentos que acrediten su dominio sobre el predio cuya inscripción pretende, es evidente que la presente acción es infundada, en tanto los actores si cuentan con un título perfecto en virtud del cual pueden obtener la respectiva inscripción en los Registros Públicos, una vez superado el plazo que exige el artículo 2018 del Código Civil, razón por la cual su demanda deviene en infundada, como correctamente lo han declarado las instancias de mérito, razón por la cual tampoco se acredita la infracción del artículo 504 inciso 1 del Código Procesal Civil. (Casación N.° 693-2015-Huaura, de 01-08-2015, ff. jj. 8-11. Sala Civil Permanente [EP, 30-01-2017, Sentencias en Casación N.° 722-B, p. 87410]. Texto completo: ). § 3478. Lo que debe hacer un propietario para obtener la escritura pública cuando ha extraviado el documento que acredita su derecho (inc. 1). Segundo. [Cuando] el propietario con el título respectivo desee una mayor formaíización del mismo y obtenga un pleno efecto erga omnes, n o m o s & th e s is

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peticionará entonces el Otorgamiento de la Escritura Pública correspondiente, de conformidad con los artículos 1412 y 1549 del Código Civil; sin embargo, si el título comprobativo de su derecho se pierde, extravía o deteriora al punto de hacerlo inútil, desapareciendo así el documento que acredita su derecho pero no la condición de propietario, puede optar por ejercer la pretensión de Títulos Supletorios, para que supla el anterior; así lo establece el artículo 504 inciso 1 del Código Procesal Civil cuando prescribe que puede interponer demanda “el propietario de un bien que carece de documentos que acrediten su derecho, contra su inmediato transferente o los anteriores a este, o sus respectivos sucesores para obtener el otorgamiento del título de propiedad correspondiente”. Tercero. [Sin] embargo, lo anterior no significa que el propietario de un bien con título extraviado, perdido o deteriorado, está obligado a interponer única y exclusivamente la pretensión de Título Supletorio; toda vez que, siendo el fin defender, cautelar o preservar el derecho de propiedad, el titular del derecho, puede hacer uso de todos los mecanismos que le franquee la Constitución y la ley para la obtención de dicho fin; en tal virtud, si una persona que se considera propietaria de inmueble ha extraviado su título de propiedad, esta se encuentra perfectamente legitimada para optar por interponer demanda de Prescripción Adquisitiva de Dominio respecto del bien, con lo cual estará renunciado a la acreditación de su derecho mediante el título que obtuvo pero se perdió y se sujetará a la acreditación de los requisitos de la usucapión establecidos por el artículo 950 del Código Civil, con el riesgo latente de resultar vencido dentro de un debido proceso; pero que será de cargo suyo, puesto que por dicha vía se decidió. (Casación N.° 1006-2006-Lima, de 12-03-2007, ff. jj. 2 y 3. Sala Civil Transitoria [EP, 02-07-2007]. Texto completo: ). § 3479. El presupuesto para la acción de otorgamiento de título supletorio es la ausencia de documento que acredite el derecho del propietario demandante (inc. 1). Sexto. [Es] preciso señalar que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 504 inciso 1 del Código Procesal Civil, está facultado para demandar título supletorio el propietario de un bien que carece de documento que acredite su derecho -sea por ejemplo por supuestos de deterioro, pérdida o destrucción- contra su inmediato transferente o los anteriores a este o sus respectivos sucesores para obtener el otorgamiento del título de propiedad correspondiente, debiendo el actor cumplir para ello con los requisitos especiales que establece el artículo 505 del mismo Cuerpo Procesal. [...] Octavo. [Se] advierte de manera liminar que los actores cuentan con un documento privado de compraventa, por lo que no se presenta el presupuesto de “ausencia de documento que acredite la propiedad de quien reclama el otorgamiento de títulos supletorios”; el mismo que constituye requisito esencial para acceder a una demanda como la de autos, razón por la cual no existe conexión lógica entre los hechos y el petitorio de la demanda, deviniendo esta en improcedente de acuerdo al artículo 427 inciso 5 del Código Procesal Civil. Noveno. [...] [Los] recurrentes no requieren del otorgamiento de título supletorio en tanto cuentan ya con documento privado de compraventa con firmas legalizadas mediante el cual se les transfiere la propiedad del predio [.,.] teniendo además acceso a otros mecanismos o vías legales para satisfacer su pretensión [...]. (Casación N.° 3692-2006-Ucayali, de 15-08-2007, ff. jj. 6, 8 y 9. Sala Civil Transitoria [EP, 30-052008, p. 22166]. Texto completo: ). § 3480. Un propietario con título imperfecto puede recurrir ai proceso de formación de título supletorio a fin de sanear su título de propiedad. No es necesario que solo in terp ó n gala acción el propietario que carezca de documentos que acrediten su derecho (inc. 1). Cuarto. [El] demandante y por ende propietario en el presente proceso, ha sustentado su derecho, en los contratos de compraventa celebrados con sus transferentes, cuya probanza se apareja con las instrumentales (contratos privados de compraventa) [...] los mismos que no constituyen mérito suficiente para su inscripción en el registro de propiedad inmueble, por carecer de las formalidades exigidas de conformidad con el Reglamento General de Los Registros Públicos. Ahora bien, es de verse que la Sala de Mérito, se ha limitado a realizar una interpretación literal del artículo 504 del Código Procesal Civil, que refiere que solo aquel propietario que carezca de documentos que acrediten su derecho puede demandar título supletorio a su inmediato transferente; siendo que, realizando una interpretación teleológica, de dicha norma, se puede apreciar que no existe obstáculo alguno (ni menos afectación de derechos de terceros), para que ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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un propietario con título imperfecto, pueda procurar el presente, toda vez que la finalidad de este, es sanear el título de la propiedad, a fin de que mediante sentencia judicial, se obtenga el mérito de un documento publico susceptible de inscripción registra!, para con ello constituir la primera de dominio o inmatriculación toda vez que, se aprecia del certificado de búsqueda catastral obrante a fojas seis, que el inmueble materia de litis no se encuentra registrado. Asimismo, debe tenerse en cuenta que, el ordenamiento jurídico propende a encontrar una solución viable, a fin de satisfacer prontamente la pretensión procesal, y con ello dar cumplimiento a la finalidad concreta del proceso, esto es, eliminar una incertidumbre con relevancia jurídica. Por tanto, la interpretación restrictiva de la norma adjetiva acotada, incide en la deficiencia de valoración de la prueba aportada en el proceso (máxime si se tiene en cuenta que la Sala de Mérito ha observado únicamente la forma, sin apreciar las instrumentales obrantes en autos) y por ende en la debida motivación de la sentencia materia de examen. (Casación N.° 2598-2006-Cañete, de 05-06-2007, f. j. 4. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 30-10-2007, p. 20 89 0].Texto completo: ). § 3481. En el proceso de prescripción adquisitiva, el propietario ya no puede solicitar la prescripción al tener un título que lo legitim a (inc. 1). Segundo. [En] el presente caso no se ha admitido la demanda de prescripción adquisitiva, porque los actores tienen en su favor una escritura pública de compraventa de sus anteriores propietarios, considerando las instancias que no se da el supuesto que establece el artículo 504 inciso 2 del Código Procesal Civil. Tercero. [Dicho] dispositivo concede legitimidad para obrar al poseedor de un bien, para que se le declare propietario por prescripción, lo que puede ocurrir en cualquiera de las dos hipótesis previstas en la norma sustantiva, esto es, que el poseedor no tenga título para poseer y que lo tenga. Cuarto. [En] el presente caso se requiere la declaración judicial para obtener la inscripción registral del inmueble, pues si bien la parte actora tiene un título, en la instancia se apreciará si es justo. (Casación N.° 374-2000-Callao, de 22-09-2000, ff. jj. 2-4. Sala Civil Transitoria [EP, 30-04-2001, p. 7152]. Texto completo: ). § 3482. No es necesaria la posesión permanente en el bien p ara acreditar la posesión continua deí bien (inc. 2). Sexto, [Para] que se cumpla el requisito de la posesión continua no es necesario que el poseedor tenga un ejercicio permanente de posesión sobre el bien, basta que se comporte como cualquier propietario lo haría, para lo cual el artículo 915 del Código Civil establece una presunción iuris tantum de continuidad. (Casación N.° 3317-2007-Tumbes, de 24-07-2008, f. j. 6. Sala Civil Permanente [EP, 02-12-2008, p. 23449]. Texto publicado: ). § 3483. En un nuevo proceso de prescripción adquisitiva de dominio debe analizarse la decisión final que se emitió en el proceso idéntico anterior (inc. 2). Tercero. [Respecto] a los errores in procedendo, la recurrente alega que la sentencia de vista ha incurrido en la infracción normativa del artículo 123 del Código Procesal Civil referido a la autoridad de cosa juzgada que adquiere una resolución; lo que en suma resultaría atentatorio al debido proceso. [...] Noveno. En ese sentido, corresponde precisar que si bien se ha declarado procedente el recurso de casación por la infracción normativa del artículo 123 deí Código Procesal Civil, que como se ha dicho guarda relación con el debido proceso; este Supremo Colegiado advierte que existe afectación al debido proceso, pero no por los hechos que expone la parte recurrente, sino por afectación al principio denominado motivación de los fallos judiciales, por cuanto los Jueces Revisores al analizar el proceso sobre Prescripción Adquisitiva de Dominio seguido por los hoy demandantes con su madre [...] respecto del mismo inmueble sublitis, cuyas copias certificadas de sentencias y calificación de recurso de casación [...] toma como referencia de análisis la sentencia de primera instancia [...] emitida en dicho proceso; los que constituye una motivación defectuosa, por cuanto para valorar dicho proceso corresponde remitirse a la sentencia de vista [...] por constituir el fallo final; por lo que corresponde exhortar al ad quem que cumpla con motivar debidamente la sentencia de vista valorando adecuadamente el referido proceso de prescripción adquisitiva, debiendo analizar exhaustivamente si existen o no implicancias de dicho fallo en el proceso que nos ocupa; así como para concurrencia o no de los requisitos del artículo 950 del Código Civil para n o m o s & th e s is

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el proceso que nos ocupa; así como analizar de manera conjunta y razonada las pruebas aportadas por las partes en autos [...]. (Casación N.° 116-2013-Lima, de 27-01-2014, ff. jj. 3 y 9. Sala Civil Transitoria [EP, 30-04-2014, Sentencias en Casación N.° 691, p. 51074]. Texto completo: ). § 3484. M ediante sentencia jud icial puede variarse lo decidido en un proceso de prescripción adquisitiva adm inistrativa (ínc. 2). Cuarto. [Al] respecto, si bien ba quedado establecido que la actora logró inscribir su derecho en los registros públicos a consecuencia del procedimiento administrativo que siguiera ante el PETT (Proyecto Especial de Titulación de Tierras) también lo es que ella no puede tener preferencia frente al derecho no inscrito que ostenta la sucesión demandada materializado en la Escritura Pública de Compraventa [...] por cuanto de los acompañados que se tienen a la vísta se llega a establecer de manera cierta que: a) la Prescripción Adquisitiva de Dominio interpuesta por la actora en sede judicial respecto del referido inmueble fue declarada infundada, sentencia que al quedar hrme adquirió la calidad de cosa juzgada. En ese contexto, a guisa de comentario, nada impediría que en la eventualidad de obtenerse la propiedad de un inmueble por Prescripción Adquisitiva Administrativa, pueda dicha decisión ser variada posteriormente por sentencia judicial; en tal supuesto, la obtenida en sede judicial resultará prevalente, puesto que una resolución administrativa no puede encontrarse por encima de una resolución judicial, estando además al hecho constitucionalmente reconocido que la potestad de administrar justicia la ejerce solo el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos correspondientes [...] (Casación N.° 1779-2003-Ica, de 18-10-2005, f. j. 4. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 28-02-2006, p. 15516], Texto completo: ). § 3485. El juez no puede fundar sus fallos en una prescripción adquisitiva si esto no fue alegado por una de las partes (inc. 2). Décimo cuarto. [La] prescripción debe ser invocada, pues el juez no puede fundar sus fallos en ella si no ha sido alegada, de tal manera que se necesita de una acción, a fin de que en sentencia se declare que se ha adquirido por prescripción el derecho de propiedad del bien en que incide. Décimo quinto. [La] acción de prescripción adquisitiva es evidentemente declarativa, pues busca el reconocimiento de un derecho, a partir de una situación de hecho determinada, o un pronunciamiento de contenido probatorio, que adquirirá certidumbre mediante la sentencia, de tal forma que la norma abstracta de la ley se convierte en una decisión concreta, estableciendo una relación de derecho entre las partes, limitándose la sentencia a declarar o negar la existencia de una situación jurídica, vale decir que no es susceptible de ejecución, pues la declaración judicial basta para satisfacer el interés del actor. (Casación N.° 2092-99-Lambayeque, de 13-01-2001, ff. jj. 14 y 15- Sala Civil Transitoria [EP, 07-04-2000, p. 4975]. Texto completo: ). § 3486. No puede inscribirse como propietario del integro de un predio al dem andante que solo acredite poseerlo en parte (inc. 2). Cuarto. [El] sustento principal considerado por el Superior Colegiado para el amparo de la presente demanda consiste en la falta de posesión por parte de la Comunidad Campesina demandada de la totalidad del predio materia de litis, por cuanto el actor posee una parte del mismo; y que por ello, cautelándose el derecho de propiedad garantizado en el citado artículo 70 de la Constitución, debe ampararse la oposición; argumento que tiene sustento legal y constitucional; toda vez que no puede inscribirse, como propietario del íntegro de un predio por usucapión, a favor de aquel que apenas acredita poseerlo en parte; ya que si se alega la posesión del área total del predio el artículo 22 del Decreto Legislativo N.° 667 exige que se acredite dicha integridad; máxime si el propietario formula oposición por la totalidad del predio [...]. (Casación N.° 1419-99Puno, de 29-08-2001, f. j. 4. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 31-07-2002, p. 9092]. Texto publicado: ). § 3487. M ediante la sentencia en el proceso de prescripción adquisitiva no se anula el título del antiguo propietario, sino que solo se cancela su asiento registral (inc. 2). Quinto. [Analizada] la denuncia contenida en el punto c.2), esta tampoco cumple con lo previsto en el acápite 2.3 del artículo 388 del mismo Código, al no fundamentar cómo se afecta el debido proceso, la cosa juzgada y el sentido de la decisión final, dado que es consustancial al proceso de prescripción adquisitiva, ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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el reconocer un nuevo derecho de propiedad, ganado en mérito a la posesión pacífica pública, continuada y como propietaria por más de diez años de la demandante, en perluiclO de otro derecho de propiedad anterior el cual deja de tener amparo legal. Además, en mérito a la sentencia derivada de un proceso de prescripción extinriva. conforme se estable en el artículo 952 del Código Civil, no se anula título alguno sino se cancela el asiento registral a favor del antiguo propietario. (Casación N.° 2339-2006-La Libertad, de 05-07-2006, f. j. 5. Sala Civil Permanente [EP, 02-10-2006, p. 17150]. Texto publicado: ). § 3488. No existe la falta de conexión lógica entre los hechos y el petitorio cuando se pretende la determinación de los linderos en sede jud icial y no en una vía adm inistrativa (inc. 3). Cuarto, [El] artículo 504° del Código Procesal Civil acoge tres supuestos relacionados con el perfeccionamiento de la propiedad, entre ellos, el de rectificación de áreas y linderos, a fin de que estos se limiten en juicio mediante deslinde. Como señala Marianella Ledesma Narváez “se trata, ante todo de una pretensión declarativa ya que tiene como finalidad el pronunciamiento de una sentencia con efecto de cosa juzgada, que despeje el estado de incertidumbre existente con respecto al área o linderos de terrenos contiguos, cuando no se conozca con certeza la línea divisoria a raíz de no haberse fijado nunca o de haber desaparecido los signos -mojones, cercos o piedras- mediante los cuales se exteriorizaba. (...) La pretensión de deslinde supone un estado de incertidumbre acerca de la extensión comprendida por el derecho de cada uno de los colindantes y la finalidad consiste en que se investigue y determine la superficie que respectivamente les pertenece. (...) Si bien para fijar el límite corresponde atenerse, ante todo, a los títulos de los colindantes, puede suceder que estos, sea por superposición o indeterminación, no constituyan elementos de juicio idóneos para despejar la incertidumbre existente, en cuyo caso el juez con el auxilio de la pericia, se halla facultado para examinar si la posesión actual o la anteriormente ejercida según vestigios antiguos son susceptibles de interpretar el alcance de los títulos, pero en el caso contrario, es decir, frente a la imposibilidad de determinar los límites ni por los vestigios antiguos ni por la posesión, la parte dudosa de los terrenos será dividida entre los colindantes según el Juez considere conveniente” [...]. Quinto. [Siendo] así, al advertirse que la correcta delimitación de las áreas y linderos que conforman los departamentos 201 y 202 no puede ser superada con ninguno de los procedimientos que se prevé en la Ley N.° 27157 o su Reglamento, es atendible el pedido para que el conflicto de intereses que se plantea en la demanda sea resuelto en sede judicial y no en sede administrativa, por lo que no existe la falta de conexión lógica entre los hechos y el petitorio a que se refiere la sentencia de vista, pues la demandante pretende que se establezcan los linderos reales de los departamentos que fueron alterados antes de la venta [...] razón por la cual la denuncia por infracción normativa merece ser amparada. (Casación N.° 866-2010-Lima, de 28-03-2011, ff. jj. 4 y 5. Sala Civil Transitoria [EP, 31-08-2011, Sentencias en Casación N.° 648, p. 31076]. Texto completo: ). § 3489. La rectificación de áreas o linderos, además de resolverse por mutuo acuerdo, procedimiento notarial o judicial, puede también tramitarse directamente ante el registrador público (inc, 3). Noveno, [La] Ley N.° 27333 - Ley Complementaria a la Ley N.° 26662, la Ley de Asuntos No Contenciosos de Competencia Notarial, para la Regularización de Edificaciones, en su artículo 13 - Saneamiento del Area, Linderos y Medidas Perimétricas del Terreno, establece en su artículo 13-1 que cuando sea necesario determinar el área, linderos y medidas perimétricas del terreno, o cuando existan discrepancias entre el área real del terreno, sus medidas perimétricas y/o linderos, con los que figuren en la partida registral del predio, estas podrán determinarse o rectificarse de acuerdo con los siguientes procedimientos [...] c) Procedimiento Judicial: Se tramita por el procedimiento judicial previsto en los artículos 504 y siguientes del Código Procesal Civil, toda rectificación que suponga superposición de áreas o linderos, o cuando surja oposición de terceros [...]. Décimo. [La] citada ley establece las formas como se debe tramitar una rectificación de área, linderos y medidas perimétricas, la misma que puede ser por mutuo acuerdo, procedimiento notarial o judicial; sin embargo, conforme se ha señalado precedentemente, la Sala Superior refiere que también dicha rectificación puede ser tramitada directamente ante el registrador público conforme a su reglamento y los precedentes de observancia obligatoria (Pleno Décimo Noveno Tercer Precedente, criterio sustentado en la Resolución n o m o s & th e s is

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N.° 182-2005-SUNARP-TR-T), procedimiento que no se arregla a derecho, puesto que no ha tenido en cuenta que conforme lo estipula el artículo 51 de la Constitución Política del Perú, la Constitución prevalece sobre toda norma legal, la ley, sobre las normas de inferior jerarquía; por tanto, el ad quem no puede dejar de aplicar la ley. (Casación N.° 949-2014-Huaura, de 20-04-2015, ff. jj. 9 y 10. Sala Civil Transitoria [EP, 30-07-2015, Sentencias en Casación N.° 706, p. 67577]. Texto completo: ). J URISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL

§ 3490. Para el caso de adquisición prescriptiva de dominio de un inmueble a través de un proceso no contencioso seguido ante un Notario, la suscripción del instrumento público notarial no determ ina que en dicha fecha se adquirió el inmueble. [...] Que el artículo 950° del Código Civil señala que la propiedad de un bien inmueble se adquiere por prescripción mediante la posesión continua, pacífica y pública como propietario durante 10 años, y a los cinco años cuando median justo título y buena fe. Que por su parte, el artículo 21° de la Ley de Regularización de Edificaciones, del Procedimiento para la Declaratoria de Fábrica y del Régimen de Unidades Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común, Ley N.° 27157 dispone que la prescripción adquisitiva de dominio es declarada notarialmente, a solicitud del interesado y para ello se debe seguir el mismo proceso a que se refiere el artículo 504° y siguientes del Código Procesal Civil, en lo que sea aplicable, de acuerdo con lo previsto en el artículo 5 o de la anotada ley, Que de acuerdo con lo señalado por este Tribunal en la Resoluciones N.° 12837-4-2012 y 14141-8-2012, para el caso de adquisición prescriptiva de dominio de un bien inmueble a través de un proceso no contencioso seguido ante un Notario Público, la suscripción del instrumento público notarial (acta de protocolización y/o escritura pública) no determina que en dicha fecha se adquirió el inmueble ya que no es constitutiva sino declarativa de derechos; asimismo, considerando las normas de la Ley del Impuesto a la Renta que regulan las ganancias de capital para personas naturales, y en el caso que la adquisición de un inmueble se dé a través de un proceso de prescripción adquisitiva de dominio seguido ante un Notario Público, debe considerarse que la suscripción del instrumento público notarial no implica que en dicha fecha se adquirió la propiedad del inmueble. (RTF N.° 10892-3-2016, de 23-11-2016 [p. 4]. Tribunal Fiscal. Texto completo; ).

Artículo 505: Requisitos especiales Además de lo dispuesto en los artículos 424 y 425, la demanda debe cumplir con los siguientes requi­ sitos adicionales: 1. Se indicará en todo caso: el tiempo de la posesión del demandante y la de sus causantes; ia fecha y forma de adquisición; la persona que, de ser el caso, tenga inscritos derechos sobre el bien; y, cuando co­ rresponda, los nombres y lugar de notificación de los propietarios u ocupantes de los bienes colindantes. 2. Se describirá el bien con la mayor exactitud posible. En caso de inmueble se acompañarán: planos de ubicación y perimétricos, así como descripción de las edificaciones existentes, suscritos por ingeniero o arquitecto colegiado y debidamente visados por la autoridad municipal o administrativa correspondiente, según la naturaleza del bien; y, cuando sea el caso, certificación municipal o administrativa sobre la per­ sona que figura como propietaria o poseedora de! bien. El Juez podrá, si lo considera necesario, exigir la presentación de los comprobantes de pago de los tributos que afecten al bien. 3. Tratándose de bienes inscribibles en un registro público o privado, se acompañará, además, copia literal de los asientos respectivos de los últimos diez años, si se trata de inmuebles urbanos, o de cinco años si se trata de inmuebles rústicos o bienes muebles, o certificación que acredite que los bienes no se encuentran inscritos.

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4. Se ofrecerá necesariamente como prueba la declaración testimonial de no menos de tres ni más de seis personas, mayores de veinticinco años, sin perjuicio de los demás medios probatorios que se estime pertinentes. 5. Tratándose de deslinde se ofrecerá como prueba, además, la inspección judicial del predio.

PLENOS JURISDICCIONALES

§ 3491. Requisitos de adm isibilidad de la dem anda de prescripción adquisitiva de dominio de bienes. El Pleno acordó por unanimidad: “Que, los requisitos especiales de la demanda previsto en el artículo 505 del Código Procesal Civil, por unanimidad se acuerda que el Juez en mérito al artículo 194 del Código acotado está facultado para disponer la actuación de pruebas de oficio que considere pertinente”, (Pleno Jurisdiccional Distrital en Materia Civil, realizado en Tacna, el 15-07-2008. Tema N.° 3. [Determinar los requisitos de admisibilidad de la demanda de prescripción adquisitiva de dominio de bienes]. Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 3492. Los requisitos especiales establecidos en el Código, al ser requisitos adicionales a los establecidos, son requisitos de adm isibilidad y no de procedencia. Quinto. [Respecto] de los hechos descritos debe tenerse en cuenta, en primer lugar, que el artículo 505 del Código Procesal Civil contempla la exigencia de requisitos especiales adicionales a los prescritos en- los artículos 424 y 425 del citado Código Procesal para la interposición de las demandas sobre título supletorio, prescripción adquisitiva y rectificación o delimitación de áreas o linderos. Al ser requisitos adicionales a los establecidos en los artículos precitados, estos constituyen claramente requisitos de admisibilidad y no de procedencia, como erróneamente se pretende destacar en la sentencia de vista. [...] (Casación N.° 1746-2009-Cusco, de 15-03-2010, £ j. 5. Sala Civil Transitoria [EP, 30-09-2010, Sentencias en Casación N.° 629, p. 28369]. Texto completo: ). § 3493. L a precisión de los nombres y lugar de notificación de los propietarios colindantes no los convierte en parte y no resulta necesaria su notificación durante todo el decurso del proceso (inc. X). Quinto. [El] artículo 505 inciso 1 del Código Procesal Civil establece como requisito adicional con el que debe cumplir la demanda de prescripción, entre otros, que se indique ios nombres y lugar de notificación de los propietarios colindantes, requisito que tiene por finalidad poner en conocimiento de los colindantes la existencia de la demanda para que puedan hacer valer los derechos que les pudiera corresponder de ser el caso, sin embargo, no los convierte en parte y, por tanto, no resulta necesaria (ni exige ello el artículo 505) su notificación durante todo el decurso del proceso [...]. (Casación N.° 257-2005-Lima, de 14-07-2006, £ j. 5. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 01-12-2006, p. 18014], Texto completo: ). § 3494. En el proceso de otorgamiento de título supletorio no son exigibles los plazos de posesión estipulados para la prescripción adquisitiva de dominio (inc. I). Sexto. [El] otorgamiento de título supletorio previsto en el artículo 504 inciso 1 del Código Procesal Civil tiene naturaleza jurídica distinta por cuanto consiste en la demanda que se entabla contra el transferente o los anteriores a este para obtener el otorgamiento deí título de propiedad correspondiente ante la carencia de documentos que acrediten el derecho del actor; no exigiéndose en este caso los requisitos de la posesión previstos para la prescripción adquisitiva de dominio a que se refiere el artículo 950 del Código Civil. (Casación N,° 43-2002-Cajamarca, de 18-05-2004, £ j. 6. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 01-12-2004, p. 13228]. Texto completo: ). § 3495. La falsificación del certificado de posesión determ ina la im procedencia de la dem anda de prescripción adquisitiva de dominio (inc. 2). Quinto. [El] certificado de posesión presentado por la actora, al haberse demostrado su falsificación en el proceso penal [...] resulta impropio para el presente proceso, lo que determina la improcedencia y no la inadmisibilidad de ía demanda de autos, n o m o s & th e s is

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[...] porque de sus consideraciones establece que la demanda contiene un imposible jurídico, que es la causal en que se funda para declarar la improcedencia; que cabe precisar que no se trata de un caso de inadmisibilidad por cuanto la actora recurrente al presentar su demanda la recaudó con lo requerido por el artículo 505 del Código Procesal Civil, resultando que a posteriori se determinó que uno de sus requisitos especiales -el certificado de posesión aludido- resultó que fue materia de falsificación en su figura de adulteración, lo que determinó la jurisdicción penal y consecuentemente no se cumplió con adjuntar certificado de posesión legalmente válido; que, por otro lado, dicha declaración de improcedencia de la demanda emitida a mérito del proceso no puede estimarse que afecta el derecho al debido proceso de la actora ni su derecho a la tutela judicial efectiva previstos en el artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del Estado y en el artículo I del Título Preliminar del Código Adjetivo [...]. (Casación N.° 78-01-Apurímac, de 08-06-2001, f. j. 5. Sala Civil Transitoria [EP, 05-11-2001], Texto completo: ). § 3496. El no cum plim iento de los requisitos especiales exigidos en la demanda de prescripción adquisitiva, título supletorio o delim itación de áreas y linderos, no pueden ser convalidados (inc. 2). Tercero. [T]ratándose de un procedimiento especial como es el caso sub materia [prescripción adquisitiva de dominio], el accionante debe cumplir con todos los requisitos que señala la norma procesal contenida en el artículo 505 del Código Procesal Civil, como son piano de ubicación y plano perimétrico del predio sub materia, y tratándose de predios rústicos debe el Fiscal Provincial emitir el dictamen correspondiente, que estos requisitos de forma, no son susceptibles de convalidación pues inciden sobre el fondo de la cuestión litigiosa toda vez que a través de los planos de ubicación y perimétrico se tiene la ubicación precisa del bien y determinar si se afecta o no derechos de terceros. (Casación N.° 1162-97-Arequipa, de 18-05-1999, f. j. 3. Sala Civil [EP, 16-11-1999, p. 3971]. Texto publicado: ). § 3497. La presentación de planos de ubicación y perimétricos puede constar en un solo documento (inc. 2). Tercero. [El] recurrente respecto a la segunda causal denunciada sostiene dos extremos: a) Infracción de las formas procesales para la eficacia y validez de los actos procesales: porque el artículo 505 del Código Procesal Civil expresamente refiere que además de los requisitos señalados en los artículos 424 y 425 del mismo Código, la demanda en los casos de prescripción adquisitiva debe cumplir con otros requisitos adicionales, sin los cuales la demanda no procede, así denuncia que se ha violado el inciso 2 del dispositivo precitado así como se ha vulnerado el artículo IX del Título Preliminar del Código tantas veces citado pues las normas procesales contenidas en el Código son de carácter imperativo, salvo regulación permisiva en contrario; ya que refiere que no se ha cumplido con presentar los planos de ubicación y perimétrico. y por el contrario violando el dispositivo acotado dicen los Vocales, que los planos de ubicación y perimétrico están contenidos en un solo documento, mas como puede hablarse de planos en plural, cuando existe un solo documento, que la norma dispone que se cumpla con presentar dos planos, no siendo permisible que consten en un solo documento, habiéndose violado de tal modo el artículo 505 inciso 2 del Código Procesal Civil; que al respecto, se aprecia [...] que si han sido presentados los mencionados planos si bien es cierto en una misma hoja pero en la misma obran los dos planos requeridos por el dispositivo procesal antes glosado: uno el perimétrico y otro el de ubicación del inmueble cuya prescripción adquisitiva se pretende; que a mayor abundamiento literalmente la ley exige la presentación de “planos de ubicación y perimétricos” siendo insustancial que conste en dos documentos o en uno solo, siempre y cuando, como en el caso de autos, se encuentren plenamente diferenciados; que siendo así, la denuncia debe desestimarse [...] (Casación N.° 1556-01-Lambayeque, de 31-07-2001, f. j. 3. Sala Civil Transitoria [EP, 05-11-2001, p. 7858], Texto publicado: ). § 3498. La certificación m unicipal o adm inistrativa no es un requisito inflexible en los procesos de prescripción adquisitiva, título supletorio o delim itación de áreas y linderos (inc. 2). Cuarto. [...] [El] inciso 2 del artículo 505 [del Código Procesal Civil] [...] al hacer mención a la certificación municipal o administrativa [sobre la persona que figura como propietaria o poseedora del bien] establece que esta se presenta de ser el caso; es decir, que dicha certificación no constituye * SUMMA PROCESAL CIVIL

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un requisito inflexible, quedando a criterio del juzgador exigir o no tal requisito. (Casación N.° 3172-02-Arequipa, de 30-10-2002, £ j. 4. Sala Civil Transitoria [EP, 03-02-2003, p. 10042], Texto publicado: ). § 3499. Para la procedencia de la prescripción adquisitiva, es necesario que se precise las medidas y colindantes del bien inm ueble (inc, 2). Décimo tercero. [...] [Encontrándose] la pretensión dirigida a la prescripción adquisitiva de un bien inmueble, correspondía que se identifique de manera precisa el referido bien, lo que incluye medidas y colindancias; para luego de ello, se realice la valoración conjunta de todos los medios probatorios a efecto's de verificar la concurrencia copulativa de los requisitos que exige la norma para la prescripción adquisitiva. (Casación N.° 4940-2015-Lima, de 24-11-2016, f. j, 13* Sala Civil Permanente [EP, 31-08-2017, Sentencias en Casación N.° 732, p. 95669]. Texto completo: ). § 3500. La posesión es un requisito substancial p ara que prospere el otorgam iento del título supletorio (inc. 2 ). Quinto. [La] doctrina es unánime al considerar que cuando alguien posee un bien sin título para si por si, excluye la existencia de un poseedor mediato, además se le reconoce que mediante esa posesión puede adquirir el dominio por usucapión, aunque baya reconocido que tenga el derecho de propiedad otra persona, incluso aunque el derecho de esta última esté inscrito en los Registros Públicos, pues la prescripción adquisitiva procede incluso contra esta por mucho que tenga su dominio inscrito como se infiere de ios incisos segundo y tercero del artículo 505 del Código Procesal Civil. Sexto. El requisito substancial para que prospere la formación de títulos supletorios es la posesión y conforme a la prueba admitida en autos es otra la persona que ejerce ese atributo de hecho pues tiene la tenencia del bien [,..]. (Casación N.° 1040-99-Huaura, de 15-10-1999, ff. jj. 5 y 6. Sala Civil Transitoria [EP, 18-12-1999, p. 4324], Texto completo: ). § 3501. Para que se configure la figura del poseedor inm ediato es necesario que este posea en virtud de un título. El solo reconocimiento de que un tercero tuvo la propiedad no convierte en poseedor inm ediato a quien se halle en el bien. Q uien ejerce la posesión como propietario sin título alguno, excluye la existencia de un poseedor mediato (inc. 3). Primero. [La] Sala Civil de la Corte de Huaura para revocar la sentencia del Juez, invoca el artículo 905 del Código Civil dándole la siguiente interpretación, que el que detenta un bien y reconoce que otro es el que tuvo la propiedad, se convierte por ese hecho en poseedor inmediato y el otro en poseedor mediato. Segundo. [Esa] interpretación es errónea pues dicho artículo al definir la condición de poseedor inmediato establece como requisito necesario que posea con un título, situación esta que no se ha dado en autos, pues se ignora la naturaleza y clase de ese título y su existencia; y dada esta situación mal puede considerarse que exista un poseedor mediato, pues según el mismo dispositivo legal el requisito legal es que el poseedor haya dado el título. Tercero. [La] Sala Superior al darle esa significación a la norma analizada, considera y declara que la demandante es poseedora mediata del bien y como tal continúa en la posesión al interponer su demanda pese a no tener la tenencia material y directa, y en esa forma justifica la demanda de obtención de títulos supletorios a base de esa posesión. Cuarto. [De] otro lado, en la demanda ni durante el juicio se ha debatido que la demandante tenga el carácter de poseedora mediata; en cambio sí se reconoce por las instancias de mérito que la que ejerce la posesión directa y fáctica del bien es la litisconsorte pasiva [...] y lo ejerce sin título alguno, por lo que en aplicación correcta de ese artículo, su condición es de poseedora, sin el carácter de ser inmediata. Quinto. [La] doctrina es unánime al considerar que cuando alguien posee un bien sin título para si por si, excluye la existencia de un poseedor mediato, además se le reconoce que mediante esa posesión puede adquirir el dominio por usucapión, aunque haya reconocido que tenga el derecho de propiedad otra persona, incluso aunque el derecho de esta última esté inscrito en los Registros Públicos, pues la prescripción adquisitiva procede incluso contra esta por mucho que tenga su dominio inscrito como se infiere de los incisos 2 y 3 del artículo 505 del Código Procesal Civil. (Casación N.° 1040-99-Huaura, de 15-10-1999, ff jj. 1-5. Sala Civil Transitoria [EP, 18-12-1999, p. 4324]. Texto completo: ). nom os

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§ 3502. Constituye requisito para accionar la prescripción adquisitiva de un bien que este se encuentre inscrito en el registro de la propiedad inm ueble (inc. 3 ). Sexto. [Otro] de los requisitos que requiere la Prescripción Adquisitiva es que el bien materia de dicha acción se encuentre debidamente inscrito en los Registros Públicos déla Propiedad Inmueble, tal como lo señala expresamente la Ejecutoria Suprema emitida en el Expediente N.° 1330-93 que señala que: “Solo se adquiere el inmueble por prescripción cuando está inscrito en el Registro de Propiedad a favor de la persona contra quien ha operado aquella, en cambio si el inmueble no está inscrito el proceso viable es el procedimiento sobre títulos supletorios” [...]. (Casación N.° 1043-2001 -Juliaca-San Román-Puno, de 05-09-2002, f. j. 6. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 01-06-2004, p. 12065]. Texto publicado: ). § 3503. Para el título supletorio, es necesario acreditar la propiedad y que su posesión sea exclusiva (ínc. 3). Quinto. [Si] bien es cierto el demandante acredita tener la posesión del bien sublitis, a su vez doña [...] también ha demostrado tener la posesión del mismo bien, entonces se puede llegar a la conclusión que demandante no ha probado tener la propiedad del bien sublitis, primero, al no adjuntar pruebas fehacientes que acrediten que tiene la propiedad del bien y, segundo, que no posee dicho bien en forma exclusiva tal como manifiesta en su demanda, presupuestos que impiden la procedencia de la acción de Título Supletorio. Sexto. [Se] hace innecesario precisar a quién pertenece la posesión del bien o quién tiene el mejor derecho de propiedad, puesto que dicho pronunciamiento es materia de otro proceso en el cual las partes puedan con más amplitud presentar las pruebas concernientes del caso. (Casación N.° 1137-97-Ica, de 18-05-1999, ff. jj. 5 y 6. Sala de Derecho Constitucional y Social [EP, 04-01-2000, p. 4473]. Texto completo: ). § 3504. En la prescripción adquisitiva es requisito adicional la copia de los asientos regístrales de los últimos diez años del bien inmueble (inc. 3). Primero. [La] demanda de prescripción adquisitiva debe contener como requisito adicional, copia literal de los asientos respectivos de los últimos 10 años si se trata de inmuebles urbanos inscribibles en un Registro Público. (Exp. N.° 382-95, de 16-04-1995, f. j. 1. Segunda Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ). \ § 3505- El hecho de haberse merituado el testimonio de menos de 3 testigos, no es incum plim iento a uno de los requisitos especiales exigidos p ara la prescripción adquisitiva, si se cumplió con el ofrecimiento estipulado por ley (inc. 4). Sexto. [El] hecho de haberse actuado solo dos de los seis testimoniales ofrecidas para demostrar la posesión del impugnante, no obsta [...] para establecer que no se cumplen los requisitos que prevé el numeral 505 inciso cuarto del Código [Procesal Civil], porque el citado dispositivo [...] regula solo el ofrecimiento de no menos de tres ni más de seis testigos, y no su actuación, por lo que la norma acotada resulta también infringida pues por dicha equivocada apreciación las dos testimoniales actuadas no fueron merituadas con arreglo al artículo 197 del Código Procesal Civil. (Casación N.° 1394-01-Lima, de 18-09-2001, f. j. 6. Sala Civil Transitoria [EP, 02-02-2002, p. 8283]. Texto completo: ). § 3506. Finalidad de la prueba testim onial en los procesos de prescripción adquisitiva (inc. 4). Quinto. [...] [El] ofrecimiento de testigos en los procesos de prescripción adquisitiva de dominio, por expreso mandato del inciso 4 del artículo 505 del Código Procesal Civil, tiene por finalidad recoger el testimonio de los vecinos de la zona en [...] que se encuentra ubicado el bien objeto de litis, con cuyas versiones se deberá establecer si quien recurre ante el órgano jurisdiccional procurando el otorgamiento de un derecho real sobre el mismo es alguien que ha morado con ellos, que lo conocen desde época contemporánea o anterior al plazo prescriptorio en que se sustenta la demanda, además de que permite corroborar las circunstancias en las que el actor ingresó al inmueble, por lo que el mérito de las declaraciones testimoniales requeridas expresamente para estos procesos no debe ser soslayado, sino valorado conjuntamente con la demás prueba actuada. (Casación N.° 1548-06-Lima, de 22-112006, f. j. 5. Sala Civil Transitoria [EP, 31-05-2007, p. 19598]. Texto publicado: ). § 3507. La inconcurrencia de uno de los testigos no afecta el proceso de prescripción adquisitiva (inc. 4). Tercero. [Se] advierte que en el escrito de demanda, [..,] el demandante ofreció como prueba ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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la declaración testimonial de MABD, JChM , J W P y AGCR. En la audiencia de saneamiento y conciliación, [...] se admitió como prueba dichas declaraciones testimoniales. [...] obran las constancias de notificación dirigidas a MABD, AGCR y a JChM , respectivamente, apareciendo [...] la devolución de cédula de notificación dirigida a JW P . En la audiencia de pruebas, [...] solo se recibió la declaración testimonial de MABD y JChM , por inconcurrencia de ios otros testigos. Cuarto. [Se] llega a la conclusión que si bien no se notificó debidamente a uno de las testigos [...], el demandante cumplió con ofrecer la declaración testimonial del número mínimo exigido por ley. Es más, el hecho que no haya concurrido uno de los testigos a la audiencia de pruebas no puede considerarse como contravención de normas que garantizan el derecho al debido proceso, pues la norma bajo análisis impone como requisito de necesario cumplimiento el ofrecimiento de la declaración testimonial de un mínimo de tres testigos, mas no su actuación. (Casación N,° 3195-2001 -Lima, de 23-12-2002, ff. jj. 3-4. Sala Civil Permanente [EP, 30-04-2003]. Texto completo: ). § 3508. En un proceso de prescripción adquisitiva, no puede declararse el juzgamiento anticipado del proceso. Contraviene con el proceso cuando no se actúa los testimonios de los testigos (inc, 4). Sexto. [El] artículo 505° inciso 4 del Código adjetivo señala como requisito especial para admitir una demanda de prescripción adquisitiva el ofrecimiento de tres testigos, los que sí fueron ofrecidos en el escrito de demanda y subsanada [..,] con la que se presenta los pliegos interrogatorios; sin embargo de la lectura del acta de audiencia de saneamiento y conciliación [...] se advierte que el a quo omitió pronunciarse respecto a la admisión de estas pruebas testimoniales y sin fundamento alguno declaró que el proceso versaba solo en una cuestión de derecho para luego declarar el juzgamiento anticipado del proceso, dejándose de admitir y actuar las testimoniales, todo lo cual contraviene gravemente el debido proceso, pues un trámite de prescripción adquisitiva no puede sustraerse a una cuestión solo de derecho, desde que el Juzgador está obligado a merituar y valorar como mínimo, los medios de prueba que constituyen los requisitos especiales de este proceso, existiendo además la necesidad de admitir y actuar las declaraciones testimoniales; siendo así y evidenciándose flagrante violación a las normas que garantizan el derecho a un debido proceso esta denuncia debe declararse fundada. (Casación N.° 783-2002-Tacna, de 24-09-2003, f. j. 6. Sala Civil Permanente [EP, 01-032004, p. 11556]. Texto completo: ). § 3509. No puede existir infracción al debido proceso si solo se actúa una testimonial en el proceso de prescripción adquisitiva de dominio (inc. 4). Sétimo. [Respecto] a la incorrecta interpretación de la norma procesal, se advierte que el hecho de haberse actuado solo una testimonial de las cuatro ofrecidas pata demostrar la posesión de la demandante, no obsta para establecer que no se cumplen los requisitos que prevé el artículo 505 inciso 4 del Código Adjetivo, porque el citado dispositivo regula solo el ofrecimiento de no menos de tres ni más de seis testigos, y no su actuación, además la misma norma estipula que dicho ofrecimiento es sin perjuicio de los demás medios probatorios que se estimen pertinentes, es decir, que se contempla la posibilidad de que los hechos de la demanda puedan ser acreditados con medios de prueba distintos a las declaraciones testimoniales; siendo así, la actuación de más testimoniales no va a enervar lo probado en el proceso con los demás medios probatorios, que resultan convincentes para determinar el derecho adquirido por la actora. (Casación N.° 3343-2010-Tacna, de 16-06-2011, ff. jj. 7. Sala Civil Permanente [EP, 30-07-2012, Sentencias en Casación N.° 669, p. 36532]. Texto completo: ), § 3510. En un proceso de formación de título supletorio, si se cumple con la presentación de los tres testigos, no debe declararse la n ulidad de los actuados cuando estos no declaran ante el órgano jurisdiccional (inc. 4). Cuarto. [El] recurso se sustenta en la causal in procedendo, referido a que esta institución [Título supletorio] requiere necesariamente el ofrecimiento de tres testigos, que haciendo una interpretación hermenéutica, este requisito (del ofrecimiento de tres testigos en el proceso de formación de título supletorio) se ha cumplido, pues el actor en el acto postulatorio ofrece como medio probatorio la declaración de tres testigos, que el no haberse actuado en su integridad dicho medio probatorio no puede acarrear la nulidad de actuados, pues el acto procesal ha alcalizado la finalidad a la que estaba destinado, por lo que no puede alegarse este efecto para anular los autos, n o m o s & th e s is

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más aun si no se ha acreditado agravio conforme señala el artículo 174 del Código Procesal Civil [...]. (Casación N.° 488-98-íca, de 01-10-1999., £ j. 4. Sala de Derecho Constitucional y Social [EP, 2205-2000, p. 5335]. Texto completo: ). § 3 5 11. Para la procedencia de la prescripción adquisitiva, es solo necesario la presentación de testigos mas no su actuación en el proceso (inc. 4). Sexto. [El] hecho de haberse actuado solo dos de los seis testimoniales ofrecidas para demostrar la posesión del impugnante, no obsta para establecer que no se cumplen los requisitos que prevé el numeral 505 inc. 5 del código acotado, porque el dictado dispositivo regula solo el ofrecimiento de no menos de tres ni más de seis testigos, y no a su actuación, por lo que la norma acotada resulta también infringida, pues por dicha equivocada apreciación las dos testimoniales actuadas no fueron merituadas con arreglo al artículo 197 del Código Procesal Civil. (Casación N.° 1394-2001- Lima, de 18-09-2001, £ j. 6. Sala Civil Transitoria [EP, 02-02-2002, p. 8283]. Texto completo: ). § 3512. Es viable que en un proceso de otorgamiento de título supletorio el juez disponga la realización de una inspección judicial para verificar la posesión del demandante a fin de formarse convicción respecto de la titularidad del bien (inc. 5). P rim ero, En el presente caso, la recurrente sostiene que la resolución de la Sala Superior le resulta lesiva, al disponer la realización de una inspección judicial para verificar la posesión de la demandante sobre el inmueble sub litis, ya que no se pretende en este proceso la prescripción adquisitiva, supuesto en el cual el posesionarlo pide para sí se le declare propietario por el transcurso del tiempo, sino que en el caso de autos, el propietario sin documentos inicia el proceso para que se acredite su titularidad en la propiedad y se le otorguen judicialmente dicho documento; y, si bien la sentencia de vista contiene una motivación, esta resultaría aparente por no tener racionalidad ni razonabilidad, ya que la valoración de las pruebas debe respetar las reglas de la sana crítica. S egundo. Cabe anotar que las pretensiones relativas a título supletorio, prescripción adquisitiva y rectificación de áreas o delimitación de linderos se tramitan como proceso abreviado, las, mismas que se encuentran reguladas en la Sección Quinta, Título II, Capítulo II, Subcapítulo 2 del Código Procesal Civil. Tercero. Asimismo, hay que señalar que quien formula la demanda de título supletorio es el propietario de un bien que carece de documentos que acrediten su derecho contra su inmediato transferente o los anteriores a este o sus respectivos sucesores para obtener el título de propiedad correspondiente, conforme dispone el inciso 1 del artículo 504 del acotado Código Procesal. [...] Q uinto. En este tipo de procesos el juzgador deberá dilucidar respecto de la propiedad, pues solo será amparada la demanda si se encuentra acreditada la condición de propietario de la actora, conforme fluye del inciso 1 del artículo 504 de nuestro ordenamiento procesal civil. Sexto, Sin embargo, cabe señalar que una de las formas para corroborar la propiedad alegada es justamente la posesión por parte de la accionante respecto del bien (materia de litigio), toda vez que de acuerdo al artículo 896 del Código [Civil], la posesión es el ejercicio de hecho de uno o más poderes inherentes a la propiedad. Séptim o. En consecuencia, se aprecia que resulta necesaria la realización de la inspección judicial en el predio materia de litis, a fin de verificar las condiciones del mismo, constatando si la demandante se encuentra en posesión mediata o inmediata o si existe un tercero que ejerce la ocupación; todo ello con el objeto de formar convicción en el juzgador respecto de la titularidad de la recurrente sobre el citado bien; por lo que no se evidencia la configuración de la denuncia adjetiva. (Casación N.° 1633-2001-Tacna, de 01-10-2002, f£ jj. 1, 2, 3, 5, 6 y 7. Sala Civil Permanente [EP, 03-12-2002, p. 9677]. Texto completo: ).

Artículo 506: Emplazamiento Aunque se conozcan e! nombre y domicilio del demandado o demandados y, en su caso, de los colin­ dantes, en el auto admisorio de la demanda el Juez dispondrá que el extracto de la misma se publique por tres veces, con intervalo de tres días, en la forma prevista en los artículos 167 y 168.

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En los casos del artículo 435 y siempre que se trate de predios rústicos, se efectuará asimismo notifi­ cación por radiodifusión por cinco días consecutivos como dispone el artículo 169.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 3513. En el proceso de prescripción adquisitiva, no se exige la declaración de los colindantes, sino el emplazamiento a ellos. Séptim o. Respecto a los argumentos [...] (vinculados a la declaración de los colindantes), se aprecia que las alegaciones de su propósito carecen de sustento, por cuanto en el proceso de prescripción adquisitiva de dominio no se exige la declaración de los colindantes, sino el emplazamiento a ellos conforme lo dispone el artículo 506 primer párrafo del Código Procesal Civil, según el cual: “Aunque se conozcan el nombre y domicilio del demandado o demandados y, en su caso, de los colindantes, en el auto admisorio de la demanda, el juez dispondrá que el extracto de la misma se publique por tres veces, con intervalo de tres días, en la forma prevista en los artículos 167 y 168 del Código Procesal Civil”. Sobre esa base técnica y según lo dispuesto en el auto admisorio obrante a fojas trescientos sesenta y ocho y trescientos sesenta y nueve, el juez de la causa dispuso, entre otras cosas, notificar a los propietarios u ocupantes del predio colindante con arreglo a lo dispuesto por el artículo 505 inciso 1) del Código en mención, citándose a los colindantes [...] según las constancias que corren [en autos] [...]. (Casación N.° 2614-2015-San Martín, de 22-04-2016, f. j. 7. Sala Civil Transitoria [EP, 03-07-2017, Sentencias en Casación N.° 731, p. 95153]. Texto completo; ).

Artículo 507: Intervención del Ministerio Público En los casos previstos en el segundo párrafo del artículo 506, o cuando el emplazado haya sido decla­ rado en rebeldía, se solicitará dictamen del Ministerio Público antes de pronunciar sentencia. El dictamen será expedido dentro de diez días, bajo responsabilidad.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 3514. El recurrente tiene que advertir el defecto cuando el Ministerio Publico no remite dictamen. Sétim o. [Respecto] a la presunta infracción normativa del artículo 507 del Código Procesal Civil, se advierte que la misma no cumple con los requisitos contenidos en los incisos 3 y 4 del artículo 388 del Código Procesal Civil, pues, no acredita la incidencia directa que esta supuesta infracción habría tenido sobre la decisión contenida en la resolución impugnada, ello por cuanto, si bien los autos en segunda instancia no fueron remitidos para el dictamen del Ministerio Público, la recurrente no advirtió este defecto en la primera oportunidad que tuvo para hacerlo [...]. (Casación N.° 1479-2010-Huancavelica, de 03-09-2010, f. j. 7. Sala Civil Permanente [EP, 28-02-2011, Sentencias en Casación N.° 637, p. 29531]. Texto completo: ). § 3515. El Ministerio Publico tiene por finalidad cautelar el derecho de los rebeldes o cuando la citación se efectúa a través de publicaciones. 3) [La] intervención del Ministerio Público en el proceso de prescripción adquisitiva se hace para cautelar el derecho de los rebeldes o de aquellos cuya citación se efectúa a través de publicaciones. La falta de apelación del auto de saneamiento expedido en la audiencia, preduye la posibilidad de cuestionar la validez de la relación procesal. 4) [En] cuanto a la falta de declaración de rebeldía además de las consideraciones precedentes debe indicarse que la falta de apelación del auto de saneamiento expedido en la audiencia cuya acta [...] precluye la posibilidad de cuestionar la validez de relación procesal [...] (Casación N.° 381-96-Piura, de 26-07-1996, ff. jj. 3 y 4. Sala Civil [EP, 25-11-1996, p. 2427]. Texto completo: ), § 3516. Finalidad de la intervención del Ministerio Público en los procesos de prescripción adquisitiva. 3. [La] intervención del Ministerio Público en el proceso de prescripción adquisitiva se hace para cautelar el derecho de los rebeldes o de aquellos cuya citación se efectúa a través de n o m o s & th e s is

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publicaciones, por lo que eí demandante carece de legitimidad para recurrir de este vicio en casación conforme a los artículos 174, 356 y 358 de la ley procesal. (Casación N.° 381-96-Piura, de 26-071996, f. j. 3. Sala Civil [EP, 25-11-1996, p, 2427]. Texto publicado: ). § 3517. La omisión de! dictamen del Ministerio Público en los casos donde eí demandado sea indeterminado o haya sido declarado en rebeldía, acarrea la nulidad de la sentencia. C uarto. Examinada la fundamentación que aduce [el actor recurrente], se aprecia que esta carece de base real, puesto que se advierte del escrito de demanda [en un proceso de prescripción adquisitiva] que el recurrente demandó a los herederos del que fue B. P. LL, concretamente a B. P. Lu., E. P. Lu. y C. P. Lu.; sin embargo, dos de los mencionados codemandados han sido declarados en rebeldía [,..], en virtud de que no contestaron dicha demanda; que solo B. P. Lu. sí cumplió con contestar la demanda por derecho propio, sin actuar en representación de sus hermanos demandados, lo que tampoco ha sido alegado por este; por lo que mal puede sostenerse que los otros emplazados hayan ejercitado su derecho de defensa a través de B. P, Lu.; en tal sentido, resulta de aplicación -por mandato expreso de la ley-, lo dispuesto por el artículo 507 del Código Procesal Civil, que prescribe que antes de expedirse sentencia necesariamente se requiere dictamen del Ministerio Público, de modo tal que su omisión determina que se incurra en causal de nulidad [...]. (Casación N.° 1021-2004-Callao, de 18-11-2004, f. j. 4. Sala Civil Permanente [EP, 03-05-2005, p. 14001], Texto publicado: ) § 3518. El dictamen del Ministerio Publico en los procesos de Prescripción adquisitiva de dominio solo es obligatorio en los casos previstos por ley. C uarto. [El] Código Procesal Civil en su numeral 507 establece que: “En los casos previstos en el segundo párrafo del articulo 506, o cuando el emplazado haya sido declarado en rebeldía, se solicitará el dictam en del M inisterio Público antes de pronunciar sentencia . A l respecto el acotado segundo párrafo del artículo 506 [del Código Procesal Civil], en cuanto al emplazamiento en los procesos sobre Prescripción Adquisitiva y otros, determina que, uen los casos del artículo 435 -esto es en los casos del emplazamiento a demandado indeterminado o incierto o con dom icilio o residencia ignorados- y siempre que se trate de predios rústicos, se efectuará asimismo notificación por radiodifusión por cinco días consecutivos como dispone el artículo 169”. Q uinto. [De] la revisión de autos se verifica que los demandados han sido debidamente identificados y emplazados, habiéndose apersonado al proceso y contestado la demanda [...]; lo que permite establecer que el caso de autos no se subsume dentro de los supuestos a que se contrae el artículo 507 concordante con la segunda parte del artículo 506 y con el [artículo] 435 del Código Procesal Civil. Sexto. [S] iendo así al haber declarado el Superior Colegiado la nulidad de la sentencia de primera instancia bajo un supuesto errado de los hechos y de las normas precitadas [...], esto es por la supuesta falta de pronunciamiento previo de parte del Ministerio Público, pese a que el caso de autos no lo exige, se ha incurrido en causal de nulidad prevista en el artículo 171 del Código Procesal Civil. (Casación N.° 256-2005-Lima, de 20-06-2006, ff. jj. 4-6. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 30-10-2006, p. 17331]. Texto publicado: ). JURISPRUDENCIA DE LAS CORTES SUPERIORES

§ 3519. En caso de demanda contra persona incierta se debe solicitar el dictamen del Ministerio Público antes de dictar sentencia. P rim ero. [...] [C]uando la demanda se dirige [...] contra persona incierta, debe solicitarse el dictamen del Ministerio Público antes de pronunciar sentencia. S egundo. [En] el presente caso, no se ha solicitado ese dictamen antes de fallar en Primera Instancia. [...] Cuarto. [Al] omitir un trámite especial se ha infringido el principio de legalidad, incurriéndose en causal de invalidez [...]; [en consecuencia] d e c l a r a r o n n u l a la sentencia de apelada [...]. (Exp. N.° 1615-94, de 20-01-1995, íf. jj. 1,2 j 4. Cuarta Sala Civil. Corre Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ).

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Artículo 508: Consulta Cuando el dictamen del Ministerio Público, en el caso del artículo 507, fuera contrario a la pretensión demandada y la sentencia que ampara la demanda no fuese apelada, se elevará en consulta a la Corte Superior.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 3520. Si no se presenta el dictamen del Ministerio Público, se contraviene lo dispuesto por el artículo 508 del Código Procesal Civil. Q uinto. [...] En el presente caso, el impugnante pretende, mediante las alegaciones anotadas, que este Tribunal revalore los medios probatorios que han sido evaluados por las instancias de mérito, como si esta sede se tratase de una tercera instancia, sin considerar que el examen casatorio se constriñe a una estricta infracción normativa, bien sea esta de orden sustantivo o procesal, ra2ones por las causales el presente recurso debe desestimarse también en este extremo. Sexto. Este Tribunal Supremo no puede dejar de expresar que las resoluciones de mérito se encuentran debidamente motivadas, y que además el proceso de prescripción adquisitiva de dominio de predio rústico se tramitó ante el Juzgado de Paz Letrado, no intervino el Ministerio Público como dictaminador (conforme a las normas vigentes en aquélla época), no dándose cumplimiento a lo establecido en el artículo 508 del Código Procesal Civil [...]. (Casación N.° 4027-2010-Cusco, de 0407-2011, ff. jj. 5 y 6. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 30-09-2015, Sentencias en Casación N.° 707, p. 68534], Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DE LAS CORTES SUPERIORES

§ 3521. Sala que ve en consulta una sentencia sobre prescripción adquisitiva de dominio determina que el proceso se encuentra afectado de vicios sustanciales, al no haberse cumplido con todos los requisitos especiales previstos para este tipo de proceso. S egundo. [La] sentencia [sobre prescripción adquisitiva de dominio] ba sido elevada en consulta a esta Superior Sala Civil, al no haber sido objeto de impugnación por alguno de los sujetos procesales, en su debida oportunidad, y en aplicación directa de lo señalado en el artículo 508 del Código Procesal Civil. [...] N oveno. De [la revisión del caso], se desprende que el a quo señala que el demandante ha cumplido con los requisitos para acceder a la petición; sin embargo, se advierte no ha cumplido con todos los requisitos especiales, ya que estos se encuentran referidos al tiempo, la posesión que la ley de la materia establece y demás datos identificatorios que establece el artículo 505 del Código Procesal Civil, pues no ba cumplido con los requisitos especiales previstos en el inciso 3, esto es, acompañar copia literal de los asientos respectivos de los últimos cinco años por tratarse de inmueble rústico, o en todo caso certificación que el bien no se encuentra inscrito; ni mucho menos ha cumplido con el requisito especial contenido en el inciso 5, pues no ha ofrecido la declaración testimonial de no menos de tres ni más de seis personas. D écim o. En consecuencia, se determina que el proceso se encuentra afectado de vicios sustanciales que hacen que sea inválido e ineficaz, al no haberse cumplido con todos los requisitos especiales previstos para este tipo de proceso; siendo esto así, se torna nula la sentencia materia de consulta ante una inadecuada dirección del proceso [...]. (Exp. N.° 00023-2014-0-1601-SP-CI-02, Trujillo, 03-07-2014, ff. jj. 2, 9 y 10. Segunda Sala Civil. Corte Superior de Justicia de La Libertad. Texto completo: Diálogo 214, 2016, p. 155). § 3522. Es nula la elevación de los autos en consulta si el dictamen de la representante del Ministerio Público es favorable a la pretensión procesal planteada por el demandante. De acuerdo al numeral 508° Código Procesal Civil, tratándose, entre otros, de demandas sobre declaración de propiedad por prescripción, cuando el dictamen del representante del Ministerio Público fuera contrario a la pretensión procesal propuesta y la sentencia que ampara la demanda no fuese apelada,'los autos deben ser elevados a la Corte Superior en consulta. En el presente caso, si bien la sentencia del Juez no n o m o s & th e s is

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ha sido apelada, sin embargo, el dictamen de la representante del Ministerio Público es favorable a la pretensión procesal planteada por el demandante, pues opina porque se declare fundada la demanda. Por consiguiente, es nula la elevación de los autos en consulta, si a ello se agrega que, en el presente caso, no es de aplicación la norma genérica contenida en el inciso 2 del artículo 408° del Código Procesal Civil, pues, entre una norma genérica y otra específica, como es la prevista por el artículo 508°, se prefiere esta última. (Exp. N.° 2097-97, de 15-10-1997. Tercera Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Ponentes: Carrión Lugo, Betancour Bossio y Hasembank Armas. Referencia: CPC Bibliogr., p. 432).

SUBCAPÍTULO 3 RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS JUECES Artículo 509: Procedencia El Juez es civilmente responsable cuando en ejercicio de su función jurisdiccional causa daño a las partes o a terceros, al actuar con dolo o culpa inexcusable, sin perjuicio de la sanción administrativa o penal que merezca. La conducta es dolosa si el Juez incurre en falsedad o fraude, o si deniega justicia al rehusar u omitir un acto o realizar otro por influencia. Incurre en culpa inexcusable cuando comete un grave error de derecho, hace interpretación insustentable de la ley o causa indefensión al no analizar ios hechos probados por el afectado. Este proceso solo se impulsará a pedido de parte.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 3523- Para determinar la responsabilidad civil de los jueces, la parte demandada debe de acreditar con prueba suficiente la falta de dolo o culpa en su actuación. Cuarto. La impugnante al fundamentar el recurso lo hace consistir en los puntos siguientes [...] b. La resolución de vista interpreta erróneamente lo previsto en el artículo 1985 del Código Civil, al no tener en cuenta la relación causal entre la privación de la libertad de la demandante y la titularidad del Poder judicial para realizar dicha afectación en el marco establecido por la Ley y la Constitución Política del Perú, conforme a lo previsto en su artículo 2 inciso 24 literal f y los artículos 138 y 139 inciso 7, y en función de la independencia del Poder Judicial, razón por la cual el Fondo Nacional Indemnizatorio de Errores Judiciales y Detenciones Arbitrarias y el Ministerio de Justicia no pueden ser responsabilizados por los actos emanados en el proceso penal porque le son ajenos y según la norma legal quien debe responder por los danos sub materia debe ser el Poder Judicial, máxime si el artículo 509 del Código Procesal Civil regula la responsabilidad civil de los jueces y el citado Fondo no pertenece a ningún Ministerio o Pliego Presupuesta! y en todo caso la indemnización reclamada estaría a cargo del Poder Judicial que es el único que aporta a dicha entidad [...]. [...] Sétim o. Respecto a las alegaciones expresadas en el punto b, es menester acotar que la materia controvertida consiste en determinar si la parte demandada está obligada a indemnizar a la accionante como consecuencia de haber sido privada de su libertad, sometida a un proceso penal y finalmente absuelta de los cargos imputados en el proceso penal correspondiente lo cual ha sido debatido a lo largo del proceso, apreciándose que el fijarse el q u a n t u m indemnizatorio los órganos de instancia han establecido el nexo causal entre la conducta antijurídica del autor y el daño causado a la víctima a la luz de lo previsto en el artículo 3 de la Ley N.° 24973, concluyéndose que la parte demandada no ha acreditado con prueba suficiente la falta de dolo o culpa en su actuación y que se ha ocasionado daño a la accionante al privársele de su libertad individual y someterla a un proceso penal. Adicionalmente a lo expuesto no debe perderse de vista que el derecho a ser indemnizado en caso de error judicial previsto en la Ley N.° 24973 encuentra regulación constitucional en lo previsto en el ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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artículo 139 inciso 73 de la Constitución Política del Estado y una de las funciones y atribuciones del citado Fondo consiste en proceder al pago de las indemnizaciones conforme a los mandatos judiciales de pago conforme lo prevé el inciso d del artículo 114 de la citada Ley, razón por la cual las alegaciones del recurrente carecen de asidero legal. (Casación N.° 4053-2009-Lima, de 03-05-2010, ff, jj. 4 y 7. Sala Civil Transitoria [EP, 30-11-2010, Sentencias en Casación N.° 632, p. 28843]. Texto completo: ).

Artículo 510; Presunción de dolo o culpa inexcusable Se presume que el Juez actúa con dolo o culpa inexcusable cuando: 1. La resolución contraría su propio criterio sustentado anteriormente en causa similar, salvo que mo­ tive los fundamentos del cambio. 2. Resuelve en discrepancia con la opinión del Ministerio Público o en discordia, según sea el caso, en temas sobre los que existe jurisprudencia obligatoria o uniforme, o en base a fundamentos insostenibles.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 3524. Constituye una situación distinta aquella acumulación por la cual se pretende además de la nulidad de cosa juzgada la indemnización de daños cuando el juzgador es demandado respecto a esta segunda pretensión. Tercero, [La] demanda materia de autos contiene una acumulación objetiva originaria por cuanto contiene más de una pretensión, es decir, la nulidad de cosa Juzgada fraudulenta y la indemnización de daños y perjuicios; pues bien, esta última, pretensión es accesoria, en tazón al criterio lógico por el que se proponen, ya que lo que el Juez decida sobre la pretensión principal determinará la suerte de la accesoria. C uarto. [El] artículo 85 del Código Procesal Civil señala que, para acumular pretensiones, se requiere que estas cumplan los siguientes requisitos: a) sean de competencia del mismo Juez; b) no sean contrarias entre sí, salvo que sean propuestas en forma subordinada o alternativa, y c) sean tramitables en una misma vía procedimental. Q uinto. [Las] pretensiones alegadas en la demanda reúnen los requisitos antes mencionados, toda vez que la pretensión indemnizatoria dirigida contra los demandados no tiene vía procedimental propia, por ende, puede acumularse válidamente a la pretensión nulificante o nulificatoria de la autoridad de cosa juzgada. Sexto. [Constituye] una situación distinta aquella acumulación por la cual se pretende además de la nulidad de cosa juzgada la indemnización de danos cuando el juzgador es demandado con respecto a esta segunda pretensión, en tal supuesto, el artículo 509 y siguientes del citado Código adjetivo ha previsto una competencia y vía procedimental, propias y específicas, por lo que la acumulación propuesta en el sentido indicado es indebida, aspecto que obviamente no es materia de autos, pero sí importante de resaltar, en mérito a la función uniformizadora y nomofiláctica del Recurso de Casación. (Casación N.° 1079-98-Puno, de 10-12-1998, ff. jj. 3-6. Sala Civil Permanente [EP, 31-01-1999, p. 2560]. Texto completo: ). § 3525. Para la procedencia de la responsabilidad civil de los jueces tiene que acreditarse la derivación de los daños y perjuicios. Para que opere la responsabilidad civil de los jueces, que constituye una forma procedimental especial de la indemnización por daños y perjuicios, no solo debe demostrase el dolo, culpa, negligencia o ignorancia inexcusable del autor del mandato judicial, sino, además, debe acreditarse la derivación en daños y perjuicios visibles y aprobados. (Exp. N.° 988-93-La Libertad, de 09-05-1994, sumilla. Sala Civil. Texto completo: ).

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Artículo 511: Competencia de grado El Juez Especializado en lo Civil, o el Juez Mixto, en su caso, es el competente para conocer los proce­ sos de responsabilidad civil de los jueces, inclusive si la responsabilidad fuera atribuida a los Vocales de las Cortes Superiores y de la Corte Suprema.{1) N O T A D E A C T U A L IZ A C IÓ N

(1) Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley N.a 29364 (EP, 28/05/2009).

Artículo 512: Dictamen previo del M inisterio Publico Antes de proveerse la demanda, el Ministerio Público emite dictamen sobre la procedencia de esta dentro de diez días de recibida, bajo responsabilidad. La resolución que declara improcedente la demanda es apelable con efecto suspensivo. Artículo 513: Interposición de la demanda La demanda solo puede interponerse luego de agotados los medios impugnatorios previstos en la ley contra la resolución que causa daño. Artículo 514: Plazo La demanda debe interponerse dentro de tres meses contados desde que quedó ejecutoriada la reso­ lución que causó daño.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 3526. No se puede alegar el vencimiento del plazo para la interposición de la demanda por responsabilidad de jueves, cuando la litis radica en determinar si al accionante le corresponde o no indemnización por error judicial. D écim o S egundo. El Ministerio de Economía y Finanzas al denunciar sus agravios expone: i) Infracción normativa por inaplicación del artículo 27 de la Ley Número 24973 - Ley que regula la indemnización por errores judiciales, así como por detenciones arbitrarias a que se refieren los incisos 5 y 16 del artículo 233 de la Constitución Política del Perú. Señalando que si la detención arbitraria se produjo el veintidós de marzo de mil novecientos noventa y seis, la posibilidad de interponer la demanda se habilitó el día que recobró su libertad, esto es el veinte de octubre de dos mil cuatro de manera que al establecer la ley el plazo de seis (06) meses de caducidad para el ejercicio de la acción indemnizatoria cuando el demandante interpuso su demanda el diez de noviembre de dos mil seis ya habría transcurrido el plazo de caducidad previsto en la ley el cual venció el veinte de abril de dos mil cinco, consecuentemente resulta aplicable la norma denunciada la cual incide directamente en la decisión impugnada toda vez que el presente proceso debió concluir por resolución que declare improcedente la demanda; ii) Infracción normativa por inaplicación del artículo 514 del Código Procesal Civil que establece el plazo de tres meses por responsabilidad de los jueces. Indicando que al haberse interpuesto la demanda el 10 de noviembre de 2006 y recobrado la libertad el 20 de octubre de 2004 el plazo prescriptorio para el ejercicio de la acción ya se encontraba vencido [...]. [...] D écim o Q uinto. Respecto del segundo (ii) agravio, advertimos que la norma denunciada no guarda relación con ios fundamentos fácticos que sostienen este proceso, donde la litis radica en determinar si al accionante le corresponde o no indemnización por error judicial y no en dilucidad el plazo para ♦ SUMMA PROCESAL CIVíL

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interponer una demanda de responsabilidad civil de jueces. (Casación N.° 4039-2013-Lima, de 17-1T 2014, ff. jj. 12 y 15. Sala Civil Transitoria [EP, 02-03-2015, Sentenciasen Casación N.° 701, p. 60776]. Texto completo: ).

§ 3527. El plazo del artículo 514 del Código Procesal Civil es de caducidad, por lo que no admite suspensión ni interrupción y puede ser declarado de oficio por el juez de la causa. C uarto. [Se] señala que se ha infringido el artículo 514 del Código Procesal Civil, dado que el recurrente estima que el plazo de tres meses que establece dicho dispositivo para el inicio de la demanda de responsabilidad civil de los Jueces debe computarse desde la fecha en que se expidió la resolución que declaró fundada la acción de amparo y nulas las sentencias recaídas en ese expediente, dado que es con dicho fallo con el que se acredita la vulneración de sus derechos. El demandante estima que si se hiciera el cómputo desde esta fecha la pretensión no habría caducado. Q uinto. [Estando] a lo expuesto se debe señalar lo siguiente: i) El artículo 514 del Código Procesal Civil establece un plazo de caducidad, por lo tanto, este no admite suspensión ni interrupción y puede ser declarado de oficio por el juez de la causa, conforme lo señalan los artículos 2005 y 2006 del Código Civil; ü) El plazo estipulado por dicha norma es de tres meses contados a partir de la fecha en que quedó ejecutoriada la resolución que causó agravio; iii) Aunque no obra en autos la resolución que declara ejecutada la sentencia de vista de fecha 12 de mayo de 2008 (que condenó al recurrente), por propia versión del demandante se conoce que interpuso contra ella recurso de nulidad, el mismo que le fuera denegado, y, posteriormente, queja excepcional, eí cual también le fue denegado [...]. (Casación N.° 5793-2011-Moquegua, de 23-04-2013, ff. jj. 4 y 5. Sala Civil Permanente [EP, 02-01-2014, Sentencias en Casación N.° 687, p. 47026]. Texto completo: ). Artículo 515: Regulación de la responsabilidad El monto de! resarcimiento, su exoneración y la carga de 9a prueba del daño causado se regulan por las normas del Código Civil referidas a la inejecución de obligaciones, en cuanto sean aplicables.

Artículo 516: Obligados aí resarcimiento La obligación de pago de los daños y perjuicios es solidaria entre el Estado y el Juez o Jueces colegia­ dos que expidieron las resoluciones causantes del agravio.

Artículo 517: Efectos de la sentencia La sentencia que declara fundada la demanda solo tiene efectos patrimoniales. En ningún caso afecta ia validez de la resolución que produjo el agravio. En ejecución de sentencia y siempre que se haya reservado tal facultad en la demanda, el demandante puede exigir que el demandado, a su costo, publique la sentencia fanal por dos días consecutivos en un diario de circulación nacional. Artículo 518: Demanda maliciosa Si al declarar infundada la demanda, el Juez considera que el demandante ha actuado con malicia, o si durante el proceso ha difundido información a través de medios de comunicación masiva que afecte el ho­ nor del demandado, le impondrá una multa no menor de diez ni mayor de cincuenta Unidades de Referencia Procesal, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.

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SÜBCAPÍTULO 4 EXPROPIACIÓN ).

Artículo 523-A: Contradicción En caso de contradicción por parte del sujeto activo de la expropiación de la compensación por daños y perjuicios, el Juez ordenará al sujeto pasivo de la expropiación otorgar contracautela a favor del Estado, a través de garantía real o fianza bancaria. El Juez solo entregará el monto de la indemnización justipreciada, una vez otorgada la garantía real o fianza bancaria a que se refiere el párrafo anterior, de ser el caso. En el supuesto que no se otorgue garan­ tía a favor del sujeto activo, se entregará ai sujeto pasivo el monto de la indemnización justipreciada en ejecución de sentencia. El Juez entregará el monto de la indemnización justipreciada, cumplidos los plazos de la contestación de la demanda y de la reconvención, con la salvedad del párrafo anterior y de ios casos en que de acuerdo a la Ley General de Expropiaciones el pago se efectúa en ejecución de sentencia.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA *i)

§ 3530. Fundamento de la indemnización justipreciada. Actualización de la indemnización justipreciada. Sétim o. [La] indemnización justipreciada se constituye sobre la base de dos conceptos: i) el valor objetivo del bien o bienes que se expropian, y íi) la reparación de los danos y perjuicios originados inmediata, directa y exclusivamente por la naturaleza forzosa de la transferencia, siempre que se acrediten de forma fehaciente. Por mandato del artículo diecinueve del Decreto Legislativo 313, concordado con el artículo 21 del mismo cuerpo legal, toda indemnización justipreciada debía ser actualizada basta la fecha de consignación del pago mediante la aplicación del Indice General de Variación ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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de Precios al Consumidor; en tal sentido, es claro advertir que la actualización de la indemnización justipreciada tiene como finalidad principal mantener vigente el valor objetivo del predio -así como el valor constante de la reparación de los danos y perjuicios, de ser el caso- y evitar la depreciación de la suma establecida en la- sentencia de expropiación, hasta el momento en que se verifique su pago; siendo así, la actualización de la indemnización justipreciada no importa el reconocimiento de interés alguno [...]. (Casación N.° 4550-2006-Lima, de 13-08-2007, f. j. 7. Sala Civil Transitoria [EP, 02-09-2008, p. 22678], Texto completo: },

Artículo 524: Efectos de la declaración de rebeldía La declaración de rebeldía del demandado hace presumir únicamente su conformidad con el valor de la tasación comercial actualizada acompañada a la demanda.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 3531. Si ya se expidió el auto de adjudicación a favor del acreedor ejecutante no procederá la tercería de derecho preferente. Octavo. [Conforme] el artículo 534 del Código Procesal Civil la tercería de derecho preferente de pago se interpone antes que se realice el pago al acreedor, es así que, en este caso, a través de la adjudicación se ha producido el pago al acreedor, toda vez que, en virtud precisamente a su calidad de acreedor solicitó la adjudicación y se produjo esta como pago de dicha acreencia. N oveno . [Siendo] ello así, en el caso de autos, la adjudicación hecha a la entidad recurrente tiene los efectos del pago al acreedor, el que se produjo de manera válida y definitiva en el acto del remate [...] porque ya no existía saldo que [...] abonar por mayor valor del bien, habiendo quedado pendiente únicamente la formalidad del auto de adjudicación [...]. (Casación N.° 1898-2008-Lambayeque, de 30-10-2008, ff. jj. 8 y 9. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 30-03-2009]. Texto completo: ). § 3532. Si el demandado se encuentra en calidad de rebelde, el valor del bien se presume conforme al valor de ía tasación comercial. Séptim o. Los jueces de mérito en sede de instancia han declarado fundada la demanda; en consecuencia, han ordenado que se ejecute la expropiación, transfiriéndose la propiedad de los bienes sub litis a la Municipalidad actora. Con relación a dicho pronunciamiento han considerado que se ha cumplido con todos los requisitos formales exigidos por la Ley de Expropiaciones, Ley N.° 27117, y se ha realizado el pago justipreciado por el valor de los bienes expropiados; además han tenido en cuenta que el demandado se encuentra en situación de rebeldía, por lo que en aplicación de lo previsto en el artículo 524 del Código Procesal Civil se ha presumido su conformidad con el valor de la tasación comercial actualizada acompañada al escrito de demanda [...]. (Casación N.° 448-2012-lea, de 06-11-2012, f. j. 7. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 30-09-2015, Sentencias en Casación N.° 707, p. 68441]. Texto completo: ).

Artículo 525: Medios probatorios De ofrecerse pericia, la aceptación del cargo por los peritos se formalizará mediante la firma puesta por estos en el escrito que presenta la parte que los designa. En ningún caso se admite más de 2 (dos) peritos de parte para la valuación de cada bien, según su especie y naturaleza. JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 3533. Si el juez considera insuficientes las pruebas en un proceso de tercería, debe declararlo inadmisible. Cuarto. [El] recurrente [...] Precisa que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 525 del Código Procesal Civil, la demanda de tercería no sería admitida si el demandante no prueba su derecho con documento público o privado de fecha cierta, que en todo caso ha quedado indubitablemente n o m o s & th e s is

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acreditado por el recurrente, en su derecho si no da garantías suficientes a criterio del juez para responder por los daños y perjuicios que la tercería podría irrogar. Acota que, en todo caso, si el Juez consideró que los documentos adjuntados no eran suficientes, debió declarar inadmisible la demanda. Agrega que el, Juez ha adelantado opinión al señalar que en el futuro su demanda sería desestimada mi demanda de prescripción adquisitiva de dominio; y que originaría un despropósito de la seguridad jurídica, celeridad y economía procesal del justiciable” [...]. (Casación N.° 719-2015-Lima, de 09-04» 2015, f. j. 4. Sala Civil Permanente [EP, 30-12-2015, Sentencias en Casación N.° 710, p. 73285j. Texto completo; ).

A rtículo 526: Contenido del acta de conciliación El acta de conciliación solo puede tener por objeto el acuerdo sobre el valor de la indemnización jus­ tipreciada, la validez de la causal de expropiación y, en su caso, sobre las pretensiones objeto de recon­ vención. En defecto del acta de conciliación y cuando el demandado hubiera ofrecido como medio probatorio la pericia de valor del bien, la Audiencia de Pruebas no se realizará antes de 10 (diez) ni después de 20 (veinte) días contados desde el saneamiento procesal.(1) NOTA DE ACTUALIZACIÓN (1) Artículo modificado por la única disposición modificatoria de! Decreto Legislativo N.a 1070 (EP, 28-06-2008), la misma que de conformidad con su Primera Disposición Final, entrará en vigencia progresivamente en los diferentes Distritos Conciliatorios según el Calendario Oficial que será aprobado mediante Decreto Supremo. Se exceptúa de dicho Calendario a los distritos conciliatorios de Lima, Trujillo y Arequipa, así como el Distrito Judicial del Cono Norte de Lima, salvo la provincia de Canta, en los cuales será aplicado a los sesenta (60) días calendario cié su publicación.

A rtículo 527: Audiencia de pruebas La Audiencia de Pruebas se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en el artículo 202 y siguientes de este Código. Cuando las conclusiones de la pericia actuada por el sujeto pasivo discrepen de la tasación comercial actualizada presentada por el demandante, el Juez puede disponer en la propia audiencia ia designación de 2 (dos) peritos dirimentes. Aceptado su nombramiento, se citará a estos, a las partes y a los demás peritos para una audiencia especial que se llevará a cabo en un plazo no menor de 7 (siete) ni mayor de 15 (quince) días, y en la que con los concurrentes a la misma, con o sin pericia dirimente, se realizará un debate pericial bajo ia dirección del Juez. La sentencia señala quién es el obligado al pago de los honorarios de la pericia dirimente, según lo que resulte de las conclusiones de la misma.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 3534. La tasación comercial del bien inmueble en un proceso de expropiación debe ser actualizada, caso contrario contraviene con lo dispuesto por la ley procesal. P rim ero. [...] [La] tasación considerada por los órganos de instancia al resolver el proceso le resulta perjudicial y tratándose de una cuestión técnica debió procederse conforme lo dispone el artículo 527 del acotado Código Procesal designándose a dos peritos dirimentes para que efectúen la tasación del indicado bien. [...] Q uinto. [..,] En consecuencia, si se tiene en cuenta que la presente demanda fue presentada el día 13 de enero del 2009 resulta evidente que la tasación comercial del citado predio efectuada por la CONATA [Comisión Liquidadora del Consejo Nacional dé Tasaciones] [...] no resulta actualizada, siendo evidente el desfase temporal de la misma, lo cual resulta contrario a la citada norma porque en * SUMMA PROCESAL CIVIL

Art. 528

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esencia no constituye una indemnización justipreciada a favor de ios afectados para quienes la ley ha establecido una compensación acorde con el eventual perjuicio. (Casación N.° 2100-2011-Callao, de 04-07-2012, ff. jj. 1 y 5. Sala Civil Transitoria [EP, 04-07-2012, Sentencias en Casación N.° 668, p. 35975]. Texto completo: ).

A rtículo 528: Ejecución de la sentencia Consentida o ejecutoriada la sentencia que declara fundada total o parcialmente las pretensiones dis­ cutidas, se observarán las reglas contenidas en el Capítulo V del Título V de la SECCIÓN QUINTA de este Código con las siguientes particularidades: 1. El Juez ejecutor exigirá al demandante o demandado, según corresponda, la devolución de la dife­ rencia entre el monto de la indemnización justipreciada a que se refiere la sentencia y el pago efectuado por el sujeto activo de la expropiación. En caso que el sujeto pasivo no devolviera dentro del décimo día de notificado se ejecutará la garantía a que se refiere el artículo 523-A. En caso que el sujeto activo debiera devolver algún monto deberá cancelarlo en el mismo término bajo sanción de caducidad y reversión. 2. El Juez ejecutor requerirá al demandante para que bajo apercibimiento de caducidad de la expropia­ ción dentro de 10 (diez) días útiles consigne en el Banco de la Nación, a disposición del juzgado, la indem­ nización justipreciada fijada en la sentencia debidamente actualizada hasta la fecha de la consignación, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley General de Expropiaciones, así como un importe, que el Juez fijará, para cubrir los eventuales gastos. Este inciso únicamente será aplicable en el caso que el demandante se haya opuesto al monto de la compensación y el demandado no hubiera ofrecido garantía. En los procesos en los cuales se haya concedido la posesión provisoria a que se refiere el artículo 530, la consignación establecida en el párrafo precedente deberá realizarse por un monto equivalente entre el importe de la indemnización justipreciada fijada en la sentencia, debidamente actualizada, y el monto consignado al momento de la solicitud de posesión provisoria. 3. El Juez dispondrá que el sujeto pasivo cumpla dentro de un plazo que no excederá de 5 (cinco) días de haber sido requerido, con suscribir los documentos traslativos de propiedad, según la naturaleza del bien expropiado y formalidades correspondientes. Para estos efectos, el demandante debe presentar el proyecto de los documentos respectivos. En la misma resolución se ordenará también, de ser el caso, la entrega de la posesión en los plazos indicados en el inciso 6 de este artículo, bajo apercibimiento de entregarlo en rebeldía del obligado y de trasladarle los gastos correspondientes. Si el bien se encuentra poseído por tercero, se le requerirá su entrega en los mismos plazos. 4. La oposición debidamente fundamentada del sujeto pasivo sobre el monto o forma de cálculo de la actualización de la indemnización justipreciada, de ser el caso, o sobre el texto de los documentos de transferencia, será resuelta por el Juez dentro del tercer día. La resolución debidamente motivada es apelable sin efecto suspensivo. 5. Concedida la apelación, de oficio o a solicitud de parte, el Juez podrá exigir ai demandante o al demandado, según corresponda, el otorgamiento de las garantías apropiadas para el reembolso de las diferencias según lo declare la resolución apelada. 6. Cuando se trate de predios rústicos con cultivos temporales o de otros inmuebles sujetos a explota­ ción o aprovechamiento comercial, industrial, minero o análogo, el Juez fijará el plazo de desocupación y entrega que no será menor de 90 (noventa) ni mayor de 180 (ciento ochenta) días considerando, en el caso de inmueble con explotación agrícola, el tiempo apropiado de acopio de la cosecha. Cuando se trata de predios urbanos el plazo será no menor de 60 (sesenta) ni mayor de 90 (noventa) días contados a partir del requerimiento. Cuando se trata de bienes muebles el Juez ordenará la entrega en el plazo no menor de 5 (cinco) ni mayor de 10 (diez) días de efectuado el requerimiento. n o m o s & th e s ís

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Artículo 529: Pretensión de tercero Salvo los casos indicados en el artículo 521 no se admitirá ninguna intervención de tercero en el pro­ ceso. El poseedor u otro tercero que se considerara perjudicado por la expropiación o que estimara tener de­ recho sobre el monto del justiprecio, puede ejercer sus derechos en la vía que corresponda sin entorpecer el proceso expropiatorio.

A rticuló 530: Posesión provisoria La solicitud de posesión provisoria del bien en ios casos excepcionales a que se refiere el artículo 24 de la Ley General de Expropiaciones, puede formularse en cualquier estado del proceso después del sanea­ miento procesal, y se tramita como medida cautelar. La solicitud de posesión provisoria expresará los fundamentos de hecho y de derecho que la justifican, acompañada del certificado de consignación por el importe que resulte del justiprecio, en caso que el de­ mandante se hubiera opuesto a la compensación propuesta por el demandado, a que se refiere el inciso 7 del artículo 520, debidamente actualizada con intereses legales hasta la fecha de la solicitud. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 627, el 25% (veinticinco por ciento) del monto consignado servirá como contracautela por los eventuales perjuicios que pueda generar la posesión provisoria. La resolución que se pronuncia sobre el pedido cautelar es apelable sin efecto suspensivo, salvo que en el proceso se esté discutiendo la causal de la expropiación.(1) NOTA DE ACTUALIZACIÓ N (!) Artículo modificado por la única disposición modificatoria del Decreto Legislativo N.° 1070 {EP, 28-06-2008), la misma que de conformidad con su Primera Disposición Final, entrará en vigencia progresivamente en los diferentes Distritos Conciliatorios según el Calendario Oficial que será aprobado mediante Decreto Supremo. Se exceptúa de dicho Calendario a los distritos conciliatorios de Lima, Trujilio y Arequipa, a sí como el Distrito Judicial del Cono Norte de Lima, salvo la provincia de Canta, en los cuales será aplicado a los sesenta (60) días calendario de su publicación.

Artículo 531: Caducidad El derecho de expropiación de cualquier sujeto activo caduca en los siguientes casos: - Cuando no se haya iniciado el procedimiento expropiatorio dentro dei plazo de seis meses contados a partir de la publicación o notificación de la norma que inicia la ejecución de la expropiación. - Cuando no se hubiera terminado el procedimiento judicial de expropiación dentro de los siete años contados desde la publicación de la resolución suprema correspondiente. La caducidad se produce de pleno derecho. El juez de la causa la declara a petición de parte no pudiendo disponer nuevamente la expropiación del mismo bien por la misma causa, sino después de un año de dicho vencimiento.(1) NOTA DE ACTUALIZACIÓN (1) Artículo modificado por ia cuarta disposición complementaría modificatoria de la Ley N.- 30025 (EP, 22/05/2013), Anteriormente había sido modificado el artículo 1 de ía Ley N.s 27961 (EP, 08/05/2003).

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 3535. El plazo de caducidad deí proceso expropiatorio que dispone el Código tiene su fundamento en el resguardo de la seguridad jurídica y orden publico. T rigésim o Cuarto. [Ahora] ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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ha de verificarse si al caso de autos se subsume el segundo supuesto de caducidad contenido en el artículo 531 del Código Procesal Civil, esto es que no se hubiera terminado el proceso judicial de expropiación dentro de los 5 (cinco) años contados desde la publicación o notificación de la resolución suprema correspondiente. Al respecto, se aprecia que conforme a la normatividad sustantiva y procesal vigente y a las consideraciones precedentes, la Sala de mérito ha declarado la caducidad del proceso expropiatorio por haber transcurrido efectivamente más de cinco años desde que se emitió la Resolución Suprema N.° 022-2003-ED sin que esta causa haya terminado, decisión que ha sido tomada en resguardo de la seguridad jurídica y orden público, garantías del Estado Constitucional y Social de Derecho, razón por la cual se ha establecido un límite para la terminación del proceso expropiatorio, en salvaguarda de los derechos fundamentales a la propiedad de los sujetos pasivos, tutela jurisdiccional efectiva y debido proceso de todos los implicados en autos; más aún, si bien todos los ciudadanos son pasibles de verse afectados con la institución de la expropiación a causa de necesidad pública o seguridad nacional, simultáneamente, los órganos jurisdiccionales deben cautelar los derechos de los sujetos pasivos, vale decir, sus derechos fundamentales a la propiedad y debido proceso, en su calidad de propietarios de los bienes materia de expropiación, patrimonio de orden económico que no puede verse perjudicado por tiempo ilimitado. (Casación N.° 4630-2011-Lima, de 09-04-2013, f. j. 34. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 01-06-2015, Sentencias en Casación N.° 704, p. 63880], Texto completo: ). § 3536. No se puede revalorar las pruebas en sede casatoria. La pretensión de reversión de la expropiación y la pretensión pago de indemnización se ventilan en vías diferentes. Q uinto. [En] relación a las alegaciones consistentes en que la adjudicación de bienes no puede ser considerada como pago del justiprecio dado que el mismo solo puede ser en efectivo la Sala Superior precisa que no se ha señalado en dichos términos sino que en el caso de autos se ha efectuado la adjudicación a favor del actor y familiares en la plena creencia que se produjo la expropiación de sus bienes inmuebles no obstante que el razonamiento del demandante es que el bien expropiado retorne a su estado legal primigenio lo cual no puede tolerar el derecho lo cual es muy distinto a que no se le indemnizó por cuanto dicha pretensión debe ventilarse en una vía de acción diferente no siendo por tanto amparables dichas argumentaciones al no incidir en la infracción normativa del artículo 531 del Código Procesal Civil que regula la caducidad del derecho de expropiación advirtiéndose que lo que en realidad pretende es la revalorización de las pruebas lo cual resulta ajeno al debate casatorio atendiendo a la finalidad prevista por el artículo 384 del Código Procesal Civil esto es la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia de la República. (Casación N.° 239-2013-Ancash, de 27-11-2013, f. j. 5- Sala Civil Transitoria [EP 31-032014, Sentencias en Casación N.° 690, p. 49959]. Texto completo: ).

Artículo 532: Reversión Si dentro del plazo de doce meses, computados a partir de la terminación del proceso judicial de expro­ piación, no se hubiere dado al bien expropiado el destino que motivó esta medida o no se hubiere iniciado la obra para la que se dispuso la misma, el anterior propietario o sus herederos podrán solicitar la reversión en el estado en que se expropió, reembolsando la misma suma de dinero percibida como indemnización justipreciada, teniendo derecho a reclamar por los daños y perjuicios que se hubiesen irrogado. Cuando el bien expropiado sea necesario para la ejecución de proyectos de inversión, cuya extensión abarca bienes inmuebles de diferentes propietarios, el plazo señalado en el párrafo precedente deberá ser computado a partir de la culminación del último proceso expropiatorio de dichos bienes. Dentro de los diez días útiles de consentida o ejecutoriada la sentencia que declara fundada la preten­ sión dei demandante, este deberá consignar en el Banco de la Nación el monto percibido con deducción de los gastos y tributos.

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PROCESOS CONTENCIOSOS / PROCESO ABREVIADO

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El derecho a solicitar la reversión caduca a los tres meses contados a partir del día siguiente de finali­ zado et plazo a que se refiere el primer párrafo del presente artículo.(1) NOTA DE ACTUALIZACIÓ N (1) Artículo modificado por la cuarta disposición complementaria modificatoria de la Ley N.s 30025 {EP, 22/05/2013).

JURISPRUDENCIA PE LA CORTE SUPREMA

§ 3537. Definición de reversión. D écim o N oveno. [Esta] Suprema Sala no puede dejar de destacar el real espíritu de la Ley General de Expropiaciones N.° 27117, el bien común. Y en ese objetivo-fin la norma bajo comento estableció claramente que solo por necesidad pública y seguridad nacional podrá el Estado despojar a los propietarios de sus bienes, para bien de la Sociedad; no obstante ello, el legislador insertó una figura que sirviera de protección de los intereses de los sujetos pasivos, esto es de los propietarios, estamos hablando de la reversión, a través de la cual si es que dentro del plazo determinado no se da al bien expropiado la utilidad pública que propició el proceso expropiatorio o iniciado la obra pública, el que hubiese sido el propietario o sus herederos, de háber muerto aquél, pueden activar la figura de la reversión conforme a los términos comprendidos en el artículo 532 del Código Procesal Civil. En consecuencia, si dentro del plazo de doce meses, computados a partir de la terminación del proceso expropiatorio, no se da al bien el destino que motivó la expropiación o no se hubiere iniciado la obra para la que fue dispuesto, el anterior propietario o sus herederos podrán solicitar la reversión en el estado en que se expropió el bien afectado, reembolsando la misma suma de dinero percibida como indemnización justipreciada, teniendo derecho a reclamar por los daños y perjuicios que se hubiesen irrogado. [...] (Casación N.° 225-2012-Lima, de 09-04-2013, £ j. 19 del voto del señor juez Vinatea Medina. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 02-092013, Sentencias en Casación N.° 682, p. 42577]. Texto completo: ). § 3538. En un proceso de reversión de expropiación, el órgano jurisdiccional no puede pronunciarse sobre el fondo de la demanda cuando resuelve la apelación de una excepción. Q uinto. [Tratándose] la demanda [...] de una pretensión de reversión por el supuesto no inicio de las obras lo cual ha sido negado por la demandada aduciendo que sí se iniciaron estas hasta su culminación, el superior colegiado debió limitarse, en vía de revisión, a pronunciarse sobre la caducidad o no de la demanda o la prescripción o no de la acción de reversión deducida como excepción, y no pasar a resolver la propia pretensión declarando que la demandada no cumplió con iniciar la obra dentro de plazo de Ley y que por ende ya operó de pleno derecho la reversión, cuando estaba reservado para la expedición de la sentencia previo desarrollo de los citados actos procesales; violando el artículo 370, infine, del Código Procesal Civil que establece que cuando la apelación es de un auto, la competencia del superior solo alcanza a esta y a su tramitación. Sexto. [Siendo] esto así, Ja causal de interpretación errónea del artículo 6 del Decreto Ley N.° 17803 no se da por cuanto la parte resolutiva del fallo de vista declara que no procede la conclusión del proceso por caducidad debido a que el petitorio de la demanda aludía no habérsele dado el destino que motivó la expropiación del predio, ni se inició la obra para la que se dispuso la misma, es decir, que nunca se inició y menos concluyó el “Centro Nacional de Degustación en Productos de Pesca para Consumo Humano Directo” hechos estos que pudieron ser objeto de pruebas si se hubiera pasado de la etapa de la audiencia de saneamiento y conciliación; debiendo sí corregirse el errado concepto de que el mencionado artículo 6 significa que la reversión a favor del expropiado opera de pleno derecho sin necesidad de acción administrativa o judicial, porque no lo dispone así la Ley ni constituye una de las presunciones legales reguladas por nuestro Código Civil, pero debiendo aplicarse el segundo párrafo del artículo 397 del Código Procesal Civil, que establece que la Sala de Casación no casará la sentencia por el solo hecho de estar erróneamente mostrada, si su parte resolutiva se ajusta a derecho, debiendo hacerse la correspondiente rectificación, circunstancias estas que determinan la invalidez de la frase “dejando a salvo el derecho del actor respecto al bien sub litis” que es ajena e incongruente con el fallo y la cuestión controvertida. (Casación N.° 0795-98-Lima, de 02-07-2000, ff. jj. 5 y 6. Sala de Derecho Constitucional y Social [EP, 30-03-2001, p. 7082]. Texto completo; ). ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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CODIGO PROCESAL CIVIL

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SUBCAPÍTULO 5

TERCERÍA Artículo 533: Fundamento La tercería se entiende con el demandante y el demandado, y solo puede fundarse en la propiedad de los bienes afectados judicialmente por medida cautelar o para la ejecución; o en el derecho preferente a ser pagado con el precio de tales bienes. Sin perjuicio de lo señalado, puede fundarse en la propiedad de bienes afectados con garantías reales, cuando el derecho del tercerista se encuentra inscrito con anterioridad a dicha afectación.(1) NOTA DE ACTUALIZACIÓN (1) Artículo modificado por el artículo único del Decreto Legislativo N.s 1069 (EP, 28-06-2008).

SÉPTIMO PLENO CASATORIO CIVIL

§ 3538a. El derecho deí tercerista será oponible siempre que su derecho se constituya en documento de fecha cierta anterior al embargo. Véase la jurisprudencia del artículo 535° del Código Procesal Civil [§ 3586]. (Séptimo Pleno Casatorio Civil, realizado el 05-11-2015 [EP, 07-12-2015]. Casación N.° 3671-2014-Lima, f. VII, segundo [Tema: Tercería de propiedad], que constituyen estas tres reglas como precedente judicial vinculante. Texto completo: ). PLENOS JURISDICCIONALES

§ 3 539. P rocedencia y com petencia p ara conocer la d em an d a de tercería preferente de pago in terp u esta por acreedor h ipotecario co ntra em bargo y rem ate trab an do sobre el m ism o bien h ipo tecario , en procedim iento de cobranza coactiva. F ormulación del problema: Una persona

que tiene garantizado su crédito con garantía hipotecaria, se entera que un ejecutor coactivo de SUNAT o de otra entidad del Estado, dentro de un procedimiento de cobranza coactiva, ha trabado embargo en forma de inscripción sobre el mismo bien otorgado en hipoteca. El acreedor hipotecario -con elpropósito de proteger o tutelar su crédito y evitar que el bien inmueble sea rematado en elprocedimiento administrativointerpone una demanda de terceríapreferente depago ante eljuez que conoce de su demanda de ejecución de garantía o ante unjuez civil, si todavía no interpuso demanda de ejecución de garantía. El Pleno adoptó por mayoría la ponencia que enuncia lo siguiente: “El juez debe declarar improcedente la demanda de tercería preferente de pago, porque la tercería, de acuerdo al artículo 533 del Código Procesal Civil, se debe entender contra quienes tienen la condición de demandante y demandado en el proceso judicial en el que se va a ejecutar el bien otorgado en garantía hipotecaria, y en este caso está dirigida contra la Entidad a la que pertenece el ejecutor coactivo que ha embargado el bien. Más aún, la tercería preferente de pago no se plantea contra una acción judicial de cobro, esto es con el propósito de hacer valer la preferencia de pago frente a un acreedor que tenga cautelado su crédito con embargo judicial sobre bienes del deudor común, sino es el propio acreedor hipotecario que se presenta ante el mismo juez que conoce de su proceso de ejecución de garantía hipotecaria, para hacer valer su aducida preferencia frente a un acreedor tributario que tiene embargado el mismo bien del deudor común en un proceso de cobranza coactiva. Así el tercerista se presenta como tal ante el juez que conoce de la ejecución instaurada por el mismo, cuando en realidad no es un tercero ante dicha ejecución; y, por otro lado, se pretende la tercería contra un procedimiento coactivo y no contra un proceso judicial, no encajando en la fattispecie de la tercería preferente de pago.” (Pleno Jurisdiccional Distrital Comercial 2017, realizado en Lima, los días 07 y 08-09-2017. Tema N.° II. Texto completo: ). § 3540. En un proceso de tercería de propiedad de un vehículo para declarar fundada la demanda, debe primar la tra d itio o el nombre que aparece en la tarjeta de propiedad. El Pleno n o m o s & th e sis

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acordó por u nan im id ad : “Estando a ío preceptuado en el artículo 34.1 de la Ley N.° 27181, que ha establecido como formalidad para la transferencia de propiedad vehicular, la inscripción registral, otorgándole efecto constitutivo; lo que debe primar para declarar fundada la demanda de tercería de propiedad de un bien mueble (vehículo) es el nombre que aparece en la tarjeta de propiedad”. (Pleno jurisdiccional Distrital en Materia Civil, realizado en Piura, el 11-07-2008. Tema N.° 7. Texto completo: ). § 3541. Procedencia de las tercerías de propiedad frente al crédito garantizado con hipoteca o embargo. ¿Es procedente el rechazo lim inar de la demanda de tercena de propiedad interpuesta contra una ejecución d e garantías reales? El Pleno acordó po r mayoría : “Se debe rechazar liminarmente la demanda de tercería de propiedad interpuesta contra la ejecución de garantías reales, porque el petitorio constituye un imposible jurídico”. (Pleno Jurisdiccional Nacional Civil, realizado en Lima, 6 y 07-06-2008. Tema N.° L Subtema N.° 1 [Las tercerías de propiedad frente al crédito garantizado con hipoteca o embargo]. Texto completo: ). § 3542. Procedencia de la demanda de tercería de propiedad frente al embargo inscrito.

¿Es procedente el rechazo lim inar de la demanda de tercería de propiedad interpuesta contra las medidas cautelares o para la ejecución inscritas en el registro? El Pleno acordó po r mayoría: “Se debe admitir a trámite la demanda de tercería de propiedad contra las medidas cautelares o para la ejecución inscritas en el registro; porque, el pedido de desafectación es posible jurídicamente; siendo los argumentos sobre el derecho registral, argumentos de fondo para la sentencia”. (Pleno jurisdiccional Nacional Civil, realizado en Lima, 6 y 07-06-2008. Tema N.° 1. Subtema N.° 2 [La tercería de propiedad frente al embargo inscrito]. Texto completo: ). § 3543. Procedencia de la demanda de tercería de propiedad en trámite y medida cautelar inscrita. ¿Cuál debe ser el pronunciam iento de fon d o fren te a una demanda de tercería de propiedad adm itida contra una medida cautelar inscrita en el registro? El Pleno acordó p o r m a y o r í a : “El pronunciamiento de fondo frente a una demanda de tercería admitida contra una medida cautelar inscrita en el registro debe ser el siguiente: el derecho de propiedad otorga a su titular el poder jurídico de usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien; es oponible a todos y no requiere de inscripción en los registros públicos para surtir efectos frente a terceros; por lo que prevalece sobre cualquier derecho de crédito que pretenda afectarlo’”. (Pleno Jurisdiccional Nacional Civil, realizado en Lima, 6 y 0706-2008. Tema N.° 1, Subtema N.° 3 [Las tercerías de propiedad frente al crédito garantizado con hipoteca o embargo]. Texto completo: ). § 3544. Tercería de propiedad interpuesta contra procesos de ejecución de garantías. ¿Es

procedente el rechazo lim inar de la tercería de propiedad interpuesta en ejecución de garantías? El Pleno acordó po r unan im id ad : “E s procedente el rechazo liminar de la demanda de tercería de propiedad interpuesta contra procesos de ejecución de garantías por causal de imposibilidad jurídica del petitorio”. (Pleno Jurisdiccional Regional Civil y Contencioso Administrativo, realizado en Trujillo, los días 18 y 19-04-2008. Tema N.° 1. [Tercería de Propiedad interpuesta contra procesos de ejecución de garantías]. Texto completo: ). § 3545. La tercería contra derechos reales de garantía y medidas cautelares. Contra ejecuciones de garantías reales ¿Se debe adm itir la demanda o lim inarm ente rechazarse? El Pleno acordó po r mayoría : “Se debe rechazar liminarmente la demanda, porque el petitorio constituye un imposible jurídico”. Fundamentación: Conforme lo establece el artículo 533° del Código Procesal Civil la tercería se interpone en contra de las medidas cautelares o para la ejecución, en ambos casos dictadas en un proceso judicial; y siendo que la hipoteca es un título de ejecución de la autonomía privada, resulta un imposible jurídico pretender su extinción, cuando está se encuentra prevista en el artículo 1122° del Código Civil. (Pleno Jurisprudencial Regional Civil, realizado en Arequipa, los días 28 y 29-03-2008. Tema N.° 1. Subtema N.° 1 [La tercería contra derechos reales de garantía y medidas cautelares]. Texto completo: ). ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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§ 3546. Las tercerías en materia laboral se tramitan en el proceso laboral conforme al trámite establecido en el CPC. El Pleno acordó po r unan im id ad : “Se tramitan en el área laboral las tercerías que deriven de una medida cautelar trabada en un proceso de la misma naturaleza. En dicho supuesto, le corresponde el trámite normado por el Código Procesal Civil, en aplicación de la Tercera Disposición Transitoria de la Ley N.° 26636, esto es el contenido en el artículo 533 ° y siguiente del Código Procesal Civil, referidos al procedimiento abreviado”. (Pleno Jurisdiccional Distrital en Materia Laboral, realizado en Arequipa, el 07-12-2007. Tema N.° 4. [Tercería y su trámite]. Texto completo: ). § 3547. Tercería de propiedad en contra de las ejecuciones de garantías reales. Declaración de improcedencia en forma Iiminar. Determinar si la tercería de propiedad en contra de ejecuciones de garantías reales debe declararse improcedente en forma Iiminar en la calificación de la demanda. El Pleno acordó po r mayoría : “Debe declararse improcedente en forma Íiminar, porque el petitorio que contiene la demanda es un imposible jurídico; dado que la tercería no puede cancelar una hipoteca que es un acto de autonomía privada, cuyas formas de extinción se hallan previstas en el artículo 1122° del Código Civil”. (Pleno Jurisdiccional Distrital en Materias Civil, Familia, Constitucional y Contencioso Administrativo, realizado en Arequipa, los días 18, 20, 27, 28 de setiembre, 02, 15 y 25 de octubre de 2007. Tema N.° 1. Subtema N.° 1 [La Tercería de Propiedad en contra de ejecuciones de garantía y medidas cautelares o para la ejecución]. Texto completo: ). § 3548. Es improcedente líminarmente la demanda de tercería de propiedad en caso de garantías reales. Tercerías: en caso de las garantías reales, se debe admitir o se debe declarar improcedente para que se cuestione el derecho real en un proceso especialpara ello. El Pleno acordó po r u nan im id ad : “Se debe declarar improcedente liminarmente la demanda, de tercería de propiedad en el caso de la ejecución de garantías reales”. (Pleno Jurisdiccional Distrital en Materia Civil, realizado en Lambayeque, el 19-10-2007. Tema N.° 6. [Tercerías: en caso de las garantías reales, se debe admitir o se debe declarar improcedente para que se cuestione el derecho real en un proceso especial para ello]. Texto completo: ). § 3549. En caso de tercería de propiedad, no siempre debe conocer el mismo juez del proceso principal. La tercería depropiedad: ¿debe conocer el mismo juez delproceso principal? El Pleno acordó po r unan im id ad : “Las tercerías deben ser conocidas por el Juez principal a excepción de los casos planteados por la vía penal que deben ser conocidos por el Juez Civil”. (Pleno Jurisdiccional Distrital en Materia Civil, realizado en Lambayeque, el 19-10-2007. Tema N.° 7. Texto completo: ). § 3550. Demanda de tercería de propiedad contra medidas cautelares o para la ejecución. Declaración de improcedencia en forma Íiminar. Determinar si la demanda contra medidas cautelares o para la ejecución puede declararse liminarmente improcedente. El Pleno acordó po r mayoría : “La demanda no debe admitirse; porque el embargo al estar inscrito en el Registro Público es oponible al derecho no inscrito del tercerista (artículo 2022 Código Civil); sin embargo, existen situaciones que ameritan que la demanda sea admitida, por ejemplo, cuando en la demanda se invoque la mala fe del embargante u otras situaciones excepciones en la que exista verosimilitud del derecho invocado”. (Pleno Jurisdiccional Distrital en Materias Civil, Familia, Constitucional y Contencioso Administrativo, realizado en Arequipa, los días 18, 20, 27, 28 de setiembre, 02, 15 y 25 de octubre de 2007. Tema N.° 1. Subtema N.° 2 [La Tercería de Propiedad en contra de ejecuciones de garantía y medidas cautelares o para la ejecución]. Texto completo: ). § 3551. Tercería preferente en ejecución de garantías. Cómo se debe proceder cuando se presenta en el proceso de ejecución de garantías, una tercería preferente, cuando no hay postores (en la tercera convocatoria) y el ejecutante solicita la adjudicación. El Pleno acordó po r unanim idad : “La procedencia de un proceso de tercería preferente de pago, en un proceso de Ejecución de Garantías aún antes de que se convoque a tercer remate y, de llegar a la tercera convocatoria sin postores y existiendo deudas laborales - probadas - que honrar no procederá la adjudicación en pago del ejecutante, salvo n o m o s & th e s is

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que el ejecutante asuma dicha deuda laboral si fuera menor al valor del inmueble rematado”, (Pleno Jurisdiccional Distrital en Materia Civil, realizado por la Corte Superior de Justicia de Piura, el 06-072007. Tema N.° 6. Texto completo: ). § 3552. No procede la acción de tercería de propiedad contra gravamen. ¿P r o c e d e la a c c i ó n d e El Pleno acordó por mayo id a : “N o procede la tercería de propiedad contra gravamen que proviene de garantía real”. (Pleno Jurisdiccional Civil 2000, realizado en Tacna, del 23 al 26-08-2000. Tema N.° 6. Texto completo: [p. 5]). t e r c e r í a d e p r o p i e d a d c o n tr a g r a v a m e n p r o v e n i e n t e d e g a r a n tía s r e a le s?

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 3553. En los procesos de tercería de propiedad es competente el juez del lugar donde se encuentra el bien, aún si el proceso donde se afectó el bien viene realizándose en otra judicatura. Sexto, [...] [El] artículo 535 del Código Procesal Civil permite la interposición de la tercería de propiedad, sin señalar que juez es competente para conocer de dicho proceso, por lo que el citado proceso autónomo se rige por las disposiciones generales de la competencia a que se refieren el artículo 5 y siguientes del Código Procesal Civil. Sétim o. [El] artículo 14 del Código Adjetivo determina que cuando se demanda a una persona natural es competente el Juez del lugar de su domicilio, salvo disposición legal en contrario; y el artículo 24 inciso 1, del propio texto legal establece que además del Juez del domicilio del demandado, también es competente a elección del demandante el Juez d e l lugar en que se encuentre el bien; dispositivos estos que de acuerdo a lo señalado en la demanda [...] resultan aplicables al caso de autos. O ctavo. [De] otro lado, el artículo 85 del acotado Código Procesal autoriza la acumulación de pretensiones en un proceso cuando sean de competencia deí mismo Juez y sean tramitables en una misma vía procedimental, dispositivo este que también resulta aplicable al presente caso. N oveno. [Finalmente] debe señalarse con relación a la resolución de vista impugnada por la actora, que de una simple lectura del artículo 535 del Código Procesal Civil aparece que este en ningún modo agravia a la Constitución limitándose únicamente a determinar las causales de inadmisibilidad, de las demandas sobre tercería de propiedad. (Casación N.° 3795-2006-Lima, de 12-12-2006, ff. jj. 6 -9 . Sala Civil Permanente. Texto completo: ). § 3554. La oportunidad para interponer la tercería es antes que se realice la venta forzosa o adjudicación en pago. No debe confundirse el auto que ampara una medida de embargo con el acto mismo de su ejecución. O ctavo . [La] tercería de propiedad debe ser apreciada en su contexto, tomando en cuenta su finalidad y naturaleza jurídica; en ese sentido, si la tercería de dominio se sustenta en la propiedad de los bienes embargados, con la finalidad de evitar su ejecución mediante rem ate o adjudicación, lo lógico resulta ser que la oportunidad para interponer la tercería es antes que se realice la venta forzosa o adjudicación en pago, esto es, la tercería debe iniciarse antes de que sea realizado el bien; por tanto, no debe confundirse el auto que ampara una medida de embargo con el acto m ism o de su ejecución, pues el primero solamente se limita a estimar la procedencia de un pedido para cautelar el cumplimiento de una decisión definitiva; en cambio, la ejecución del mandato de embargo en form a de secuestro, como el que nos ocupa, implica la desposesión del bien a su propietario a fin de procederse a su remate y adjudicación a terceros. (Casación N.° 1670-2002-Ucayali, de 08-11-2002, f. j. 8, Sala Civil Transitoria. Texto completo: ). § 3555. Si se contraviene lo dispuesto en el artículo 533 del Código Procesal Civil, se tiene que ordenar la renovación del acto procesal. Q uinto. Como se aprecia el razonamiento de la Sala Superior surge a partir del análisis restrictivo que efectúa del artículo 533 del Código Procesal C iv il, en el sentido de que este prevé que la tercería solo puede fundarse en la propiedad de los bienes afectados judicialmente por medida cautelar o para la ejecución, o en el derecho preferente a ser pagado con el precio de tales bienes; y como en el caso concreto, la afectación no se ha producido en el marco de un proceso judicial, sostiene que el accionante debe viabilizar la interposición de un proceso de declaración judicial. [...] D écim o p rim ero. En consecuencia, advirtiéndose que la recurrida no solo ha * SUMMA PROCESAL CIVIL

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infringido el artículo 533 del Código Procesal Civil, sino que además ha trastocado el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, corresponde decretar la nulidad de la misma en aplicación de lo previsto en el artículo 171 del Código Procesal Civil y ordenar la renovación del acto procesal afectado, careciendo de objeto emitir pronunciamiento respecto a los demás cargos denunciados. (Casación N.° 3896-2015Lima, de 23-09-2016, ff jj. 5 y 11. Sala Civil Transitoria [EP, 02-10-2017, Sentencias en Casación N.° 734, p. 97101], Texto completo: ). § 3556. Es indispensable que ios contratos de compraventa contengan fecha cierta para los efectos de los procesos de tercería. D écim o. [...] [La] causal de inaplicación de normas materiales, alude al consensualismo del contrato de compraventa, el cual, si bien no requiere de formalidad alguna para su celebración, a tenor de lo dispuesto en el artículo 949 del Código Civil, resulta insuficiente para los procesos de tercería, en donde se requiere, además, la certeza de la fecha de su celebración. (Casación N.° 1932-99-Jaén, de 09-11-2001, f. j. 10. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 02-05-2002, p. 8675]. Texto completo: ). § 3557. La tercería no se sustenta en base a los registros públicos, por tanto, no se exige acreditar un derecho de propiedad ajeno a todo cuestionamiento. S egu n do. [Exigir] que el derecho de propiedad a acreditarse dentro del proceso de tercería deba ser totalmente incuestionable sería desnaturalizar el mismo; de modo que, corresponde revisar si con base en esta concepción jurídica la Sala Revisora ha emitido ía sentencia de vista. [...] Q uinto. [El] Superior Tribunal ha desestimado la demanda de Tercería partiendo de la premisa que a través de dicho proceso debe acreditarse un derecho de propiedad ajeno a todo cuestionamiento; criterio que no corresponde a lo regulado por el artículo 533 del Código Procesal Civil, conforme se ha establecido precedentemente; sin embargo, atendiendo a que el pronunciamiento de la Sala Revisora, no ha comportado un pronunciamiento sobre el fondo de la pretensión en atención a su real naturaleza, corresponde anular la sentencia de vista a fin de que esta vez dicte un nuevo pronunciamiento conforme a ley; lo que toma sin objeto emitir pronunciamiento sobre la presunta infracción de los artículos 949, 1529 y 2013 del Código Civil. (Casación N.° 3321-2011-Lima, de 30-05-2013, ff. jj. 2 y 5. Sala Civil Permanente [EP, 02-12-2013, Sentencias en Casación N.° 686, p. 45333]. Texto completo: ). § 3558. Cabe el embargo en forma de secuestro la carta fianza, la cual se otorga en garantía para asegurar la ejecución. 4.5. [...] [No] se aprecia transgresión a la norma contenida en el artículo 533 del Código Procesal Civil, que señala lo siguiente: “La tercería se entiende con el demandante y el demandado, y solo puede fundarse en la propiedad de los bienes afectados judicialmente por medida cautelar o para la ejecución; o en el derecho preferente a ser pagado con el precio de tales bienes. Sin perjuicio de lo señalado, puede fundarse en la propiedad de bienes afectados con garantías reales, cuando el derecho del tercerista se encuentra inscrito con anterioridad a dicha afectación”. Ello es así, por cuanto, la carta fianza fue otorgada en garantía de parte del contratista a efecto de asegurar la buena ejecución y cumplimiento del contrato, y en la fecha en que se realizó el embargo en forma de secuestro sobre la carta fianza de cumplimiento de obra, esta estaba vigente; por tanto, ese documento era de propiedad del consorcio constructor, con el que garantizaba el cumplimiento de las obligaciones asumidas en la ejecución de la obra que había ganado la licitación, y el banco, solo era el fiador de las empresas antes señaladas, y de ninguna forma no era propietaria de la carta fianza. (Casación N.° 21062015-Ica, de 19-04-2016, f. j. 4.5. Sala Civil Permanente [EP, 28-02-2017, Sentencias en Casación N.° 724, p. 89165]. Texto completo: ), § 3559. ES recurrente adquirió el vehículo cuando este ya se encontraba gravado con las cargas, por lo que pierde consistencia alegar que desconocía, prevaleciendo el principio de publicidad regístral respecto de su adquisición. A n t e c e d e n t e s : [...] [Tratándose] de la transferencia de propiedad de un vehículo de transporte adquirido mediante contrato privado con firmas legalizadas, debe recurrirse además a los artículos 33.1 y 34.1 de la Ley N.° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre en virtud de los cuales la transferencia de propiedad y otros actos modificatorias referidos a vehículos automotores se formaliza mediante su inscripción en el registro de propiedad vehicular. Y n o m o s & th e s is

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siendo que el embargo trabado sobre el mencionado vehículo fue inscrito cuando la titularidad del mismo estaba a nombre del obligado, afectado y transferente del tercerista, la ejecutante ha actuado conforme la publicidad del registro, no pudiendo alegar el nuevo adquiriente del vehículo -en el caso la tercerista- el desconocimiento de lo que aparece en el registro, por lo que la demanda interpuesta debe ser desestimada. [...] Q uinto. [Esta] Corte Suprema ya ha tenido oportunidad de pronunciarse respecto al tema. Así ha señalado que “la transferencia vehicular, a partir de la vigencia de la Ley N.° 27181 y normas complementarias, se produce única y exclusivamente con el Acta de Transferencia Vehicular ante Notario Público y su oponibilidad frente a terceros operara a partir de su inscripción en el Registro de Propiedad Vehicular” (Casación N.° 476-2005-Lambayeque). Incluso el Tribunal Constitucional, ha reconocido que, en el caso de vehículos automotores, prevalece el principio de publicidad registral respecto de su adquisición. En efecto, en su sentencia recaída en el Exp. N.° 0494-2003 -AA/TC ha señalado que “De lo expuesto queda claro que el recurrente adquirió el mencionado vehículo cuando este ya se encontraba gravado con las cargas a que se ha hecho referencia en el fundamento precedente, por lo que pierde consistencia alegar que desconocía las mismas, toda vez que el bien materia de transferencia tiene la calidad de bien mueble registrado, prevaleciendo en consecuencia, el principio de publicidad registral respecto de su adquisición”. (Casación N.° 1117-2011-Lima, de 26-01-2012, f. j. 5. Sala Civil Permanente [EP, 31-01-2013, Sentencias en Casación N.° 675, p. 38980J. Texto completo: ). § 3560. Diferencia entre la tercería de propiedad y demanda de nulidad o ineficacia de la hipoteca. D écim o tercero . [Cjomo se puede apreciar en autos la tercería de propiedad postulada tiene por finalidad que se deje sin efecto un contrato de hipoteca, o como en el presente caso uno de préstamo con garantía hipotecaria, lo que constituye un imposible jurídico, habida cuenta que el contrato de hipoteca es formal como lo establece el artículo 1091 del Código Civil, porque se constituye por escritura pública, salvo disposición diferente que establezca la ley, y conforme al artículo 1099 del mismo Código, es requisito para su validez, entre otros, que el gravamen sea de cantidad determinada o determinadle y se inscriba en el registro de la propiedad inmueble, significando ello que la existencia jurídica de la hipoteca se encuentra sujeta a la publicidad registral. Asimismo, la hipoteca se extingue solo por alguna de las causales previstas en el artículo 1122 del Código Civil, dentro de las cuales no se contempla la tercería de propiedad. En todo caso, el propietario debe entablar una demanda de nulidad o ineficacia de la hipoteca, pero no una tercería de propiedad [...]. (Casación N.° 1021-2011-Lima Norte, de 26-01-2012, f. j. 13. Sala Civil Permanente [EP, 31-01-2013, Sentencias en Casación N,° 675, p. 38977]. Texto completo: ). § 3561. No es efecto de la tercería de propiedad el levantamiento de una hipoteca. S étim o . [No] es efecto de las tercerías de propiedad el levantamiento de hipotecas, sino la suspensión del remate de un bien afectado por medida cautelar. [...] N oveno. [La] desafectación del gravamen hipotecario, como derecho real de garantía, no puede lograrse a través de un proceso abreviado de tercería, sino a través de un proceso de cognición de nulidad de acto jurídico. (Casación N.° 3400-2001-La Libertad, de 26-042002, ff. jj. 7 y 9. Sala Civil Transitoria. Texto completo: ). § 3562. El derecho de propiedad acreditado con documento de fecha cierta, resulta oponible frente aun embargo inscrito. Sexto. [...] [Se] debe indicar que en la relación de conflicto surgido entre las partes, ya se busca de manera específica la oposición del derecho de propiedad a una persona concreta, y estando tal derecho de propiedad acreditado con documento de fecha cierta, resulta oponible frente a un embargo inscrito cuando el inmueble ya no era de propiedad de los embargados, siendo que es del reconocimiento del derecho de propiedad frente a las normas de contenido registral que la litis debe ser resuelta; entonces, el derecho de propiedad desde su configuración acreditada con documento de fecha cierta, termina teniendo preferencia frente al embargo inscrito. (Casación N.° 4448-2010-Arequipa, de 29-08-2012, ff. jj. 6 del voto en minoría de los señores jueces supremos Palomino García, Valcárcel Saldada y Castañeda Serrano. Sala Civil Transitoria [EP, 31-01-2013, Sentencias en Casación N.° 675, p. 38796], Texto completo: ). « SUMMA PROCESAL CIVIL

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§ 3563. Ei derecho real no inscrito prevalece sobre un embargo inscrito. Q uinto. [De] acuerdo con el derecho común, el artículo 949 del Código Civil dispone que la sola obligación de enajenar un inmueble determinado, hace al acreedor propietario de él, salvo disposición legal o pacto en contrario. Sexto. [En] aplicación de este dispositivo legal la demandante es propietaria del inmueble con anterioridad a la materialización de la medida de embargo; no siendo necesaria la inscripción en los Registros Públicos de la escritura pública de compraventa para que la transferencia quede perfeccionada, desde que dicha inscripción no es constitutiva del derecho dominal. Sétim o. [Siendo] esto así, se ha aplicado indebidamente e inaplicado, es su caso las normas de derecho material anteriormente citadas, al establecerse la prevaiencia de un embargo inscrito proveniente de un crédito personal frente a un derecho real no inscrito, pero de fecha anterior, por lo que debe procederse conforme a la facultad conferida en el inciso 1 del artículo 396 del Código Procesal Civil. (Casación N.° 1702-99-Ucayali, de 08-11-1999, ff, jj. 5-7. Sala Civil Transitoria [EP, 07-01-2000, p. 4508], Texto completo: ). § 3564. En un proceso de tercería, no se puede cuestionar sobre la ineficacia de los actos jurídicos. Cuarto. [Dentro] de un proceso de tercería que se sigue conforme al proceso abreviado y en el que se ve la propiedad de los bienes afectados, no se puede resolver la ineficacia de los actos jurídicos, máxime si tiene procedimiento específico señalado y el acreedor y deudor tiene[n] carga de prueba señalada por [el Código Civil] [..,] (Casación N.° 1308-97-Lambayeque, de 19-07-1999, f. j. 4. Sala de Derecho Constitucional y Social [EP, 10-03-2000, p. 4725]. Texto completo: ). § 3565. La tercería de propiedad frente al embargo en forma inscrita. C uarto. [El] segundo párrafo del artículo 2022 del Código Civil prescribe una excepción al principio de prioridad [...] esto es, que si se trata de derechos de diferente naturaleza se aplican las disposiciones del derecho común; lo que significa que la inscripción de un derecho personal en los registros no convierte a este en real, sino que conserva su carácter; de tal modo, que ante la concurrencia de un derecho real con otro de distinta naturaleza, prevalece el primero con prescindencia del tiempo de la inscripción; ello por aplicación del derecho co m ú n que por mandato del referido artículo se impone al derecho registrai. Q uinto. [Este] criterio concuerda con la exposición de motivos del artículo 2022 del Código Civil que señala “No hay duda que, si se enfrenta dos titulares de derechos reales quien tendrá preferencia en virtud del principio de prioridad, será aquel que inscribió primero; esto es confirmado por la primera parte de este artículo. Pero si se trata de un enfrentamiento entre un derecho personal y uno real, ya esto alude la segunda parte del artículo, tendrá preferencia el titular del derecho real, porque goza de la oponibüidad erga omnes, que no tiene el derecho personal y además porque el derecho real goza de lo que se llama energía persecutoria, de la que también carece el derecho personal’1. (Casación N.° 638-2006-Lima, de 25-09-2006, ff. jj. 4 y 5. Sala Civil Transitoria [EP, 02-04-2007]. Texto completo: ). § 3566. El juez competente para conocer una demanda de tercería de propiedad es aquel que dictó la medida cautelar que grava la propiedad del tercero. Conforme a la teoría del desplazamiento de la competencia, un mismo juez puede resolver varias pretensiones, aun cuando una de ellas no sea de su competencia, produciendo una modificación de la regla general de la competencia, haciendo competente a un juzgado que no lo era inicialmente. Véase la jurisprudencia del artículo 32° del Código Procesal Civil [§ 548]. (Casación N.° 1734-2012-Lima, de 24-05-2013, £ j. 3.4. Sala Civil Transitoria [EP, 31-03-2014, Sentencias en Casación N.° 690, p. 49825]. Texto completo: ). § 3567. No existe identidad de procesos entre la tercería de propiedad y el pedido de desafectación de un bien de tercero tramitado en vía incidental. Véase la jurisprudencia del artículo 624° del Código Procesal Civil [§ 3894], (Casación N.° 1296-2010-Lima, de 18-04-2011, f. j. 2. Sala Civil Transitoria [EP, 01-09-2011, Sentencias en Casación N.° 649, p. 31328], Texto completo: cbit.ly/2P4dhdu>). n o m o s & th e s is

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JURISPRUDENCIA DE LAS CORTES SUPERIORES

§ 3568. La demanda de tercería de propiedad es improcedente cuando es evidente la falta de legitimidad para obrar. Conforme lo dispone el artículo IV del Título Preliminar del Código Procesal Civil, el proceso se promueve a iniciativa de parte, la que invocará interés y legitimidad para obrar (no señala que debe probarse); que, en el presente caso, la tercería de propiedad relativa a los muebles gravados en forma de secuestro se sustenta en la presunción legal prevista por eí segundo párrafo del artículo 913o, la que requiere de la evaluación de los elementos probatorios que se aporten aí proceso al momento de sentenciar la causa. La demanda es improcedente solo cuando es evidente la falta de legitimidad para obrar del actor, como lo estatuye el inciso 1 del artículo 427° del Código Procesal Civil. (Exp. N.° 994-98, de 25-05-1998. Tercera Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Ponentes: Quirós Amayo, Carrión Lugo y Ferreyros Paredes. Referencia: CPC Bibliogr., p. 450).

Artículo 534: Oportunidad La tercería de propiedad puede interponerse en cualquier momento antes que se inicíe el remate del bien. La de derecho preferente antes que se realice el pago al acreedor. El Juez competente es el Juez del proceso en el que se interviene. (1> NOTA DE ACTUALIZACIÓ N (1) Artículo modificado por el artículo 2 de la Ley N.e 30293 (EP, 28-12-2014), que entró en vigencia a los 30 días hábiles de su publicación en el diario E l P e ru a n o .

PLENOS JURISDICCIONALES

§ 3570. Rechazo liminar de la tercería de propiedad en calificación de demanda. ¿Se puede declarar improcedente de manera liminar la demanda de tercería depropiedad interpuesta contra procesos de ejecución de garantías por la causal de imposibilidad jurídica del petitorio? El Pleno acordó p o r m a y o r í a : “N o debe declararse improcedente de manera liminar la demanda de tercería de propiedad interpuesta sobre la base de un documento privado de fecha cierta contra un proceso de ejecución de garantías, en aras de proteger el derecho de acción del demandante”. (Pleno Jurisdiccional Distrital en Materia Civil, realizado en La Libertad, los días 22, 23 y 24-08-2007. Tema N.° 5. Texto completo: ). § 3571 Cómo se debe proceder cuando se presenta en el proceso de ejecución de garantías, una tercería preferente, cuando no hay postores (en la tercera convocatoria) y el ejecutante solicita la adjudicación. El Pleno acordó po r unan im id ad : “La procedencia de un proceso de tercería preferente de pago, en un proceso de Ejecución de Garantías aún antes de que se convoque a tercer remate y, de llegar a la tercera convocatoria sin postores y existiendo deudas laborales -probadasque honrar no procederá la adjudicación en pago del ejecutante, salvo que el ejecutante asuma dicha deuda laboral si fuera menor al valor del inmueble rematado”. (Pleno Jurisdiccional Distrital en Materia Civil, realizado por la Corte Superior de Justicia de Piura, el 06-07-2007. Tema N.° 6. Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 3572. La oportunidad para la tercería de propiedad. Q uinto . [...] [La] oportunidad para instar la pretensión de Tercería es con arreglo al artículo 534 del Código Procesal Civil, que señala que puede interponerse en cualquier momento antes que se inicie el remate del bien [...] se advierte que en el aludido proceso, el Juez ha ordenado el lanzamiento del inmueble que ha sido objeto de litis, lo que hace suponer que dicho bien fue objeto de remate y adjudicación, razón por la cual, el agravio planteado debe desestimarse. (Casación N.° 4010-2012-Cusco, de 20-05-2013, f. j. 5. Sala Civil Transitoria [EP, 02-09-2013, Sentencias en Casación N.° 682, p. 42640]. Texto completo: ). * Q IIM M A D D n rC Q A I n u i l

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§ 3573. La procedibiíidad de ía tercería está supeditada a que se ejercite en un determinado estadio del proceso. Sexto , [...] [C]onforme al artículo 534 del Código Procesal Civil, la demanda de tercería de propiedad puede interponerse en cualquier momento antes que se inicie el remate del bien; esto significa que su procedibiíidad está supeditada a que se ejercite en un determinado estadio del proceso, en relación con eí cual se interpone la tercería [...]. (Casación N,° 3581-2015-Lima, de 1108-2016, f. j. 6. Sala Civil Permanente [EP, 28-02-2017, Sentencias en Casación N.° 724, p. 89225]. Texto completo: ). § 3574. La tercería puede interponerse en cualquier momento, siempre que sea antes del remate del bien. S egu n do . [Cuando] el artículo 534° deí Código Procesal Civil expresa que la tercería de propiedad puede interponerse en cualquier momento antes que se inicie el remate del bien, se refiere a la subasta del mismo [...], (Casación N.° 1030-98-Tacna, de 10-03-1999, £ j. 2. Sala Civil Transitoria [EP, 16-04-1999, p. 2902], Texto completo: ). § 3575. Si la tercería no se interpone en la oportunidad procesal no surte efectos válidos.

Q uinto, [...] Eí artículo 534 del Código Procesal Civil al prescribir que: “La tercería de propiedad puede interponerse en cualquier momento antes que se inicie el remate del bien. La de derecho preferente antes que se realice el pago al acreedor'3, establece la oportunidad procesal o material en que debe ser interpuesta la demanda de tercería a efectos de que esta pueda surtir efectos válidos y no meramente declarativos. [„.] (Casación N.° 3520-2013-La Libertad, de 07-11-2014, £ j. 5. Sala Civil Transitoria [EP, 02-03-2015, Sentencias en Casación N.° 701, p. 60744]. Texto completo: ). § 3576. La demanda de tercería es procedente incluso sí se interpone minutos antes del remate del bien. Cuarto, [...] [La] demanda de tercería fue presentada [...] cuando aún no había tenido lugar el remate del bien, que recién se concretó [ese mismo día] a horas diez de la mañana (10:00 a.m.), según aparece del Acta del Primer Remate que obra a folios trescientos treinta y siete, adjudicándose el bien a MMP; por lo que en puridad la demanda fue interpuesta en la oportunidad respectiva, resultando contrario a derecho su declaración de improcedencia. Quinto. Este Supremo Tribunal, debido a las circunstancias particulares [...] estima necesario precisar que no se puede considerar los efectos de la Tercería desde el auto que admite la demanda, por cuanto no es imputable al litigante cualquier demora en el trámite del proceso por culpa imputable al Organo Jurisdiccional que equivocadamente -en este caso- desestimó su demanda. (Casación N.° 349-2014-Arequipa, de 01-10-2014, ff. jj. 4 y 5. Sala Civil Transitoria [EP, 30-12-2014, Sentencias en Casación N.° 699, p. 59792]. Texto completo: ). § 3577. La tercería se puede interponer antes de ejecutarse Ha medida cautelar, aunque puede ser interpuesta con posterioridad al auto que la ordena. Tercero. [...] [La] adquisición del bien por tercerista, tiene que ser antes que se ejecuta la Medida Cautelar, pero puede ser con posterioridad al auto que la ordena, para que pueda prosperar la Demanda de Tercería. [...] Sétim o. [...] [Más aun] si la recurrente tiene inscrito su derecho de propiedad del vehículo sub litis en los Registros Públicos. O ctavo. [La] inscripción registral, produce todos sus efectos, mientras no se rectifique o se declare judicialmente su invalidez y otorga también la prioridad en ei tiempo que determina la preferencia de los derechos que otorga el registro y al tercero de buena fe que adquiere a título oneroso algún derecho de persona que en el registro aparece con facultades para otorgarlo [...]. (Casación N.° 1518-2000-Moyobamba, de 13-09-2000, íE jj. 3, 7 y 8. Sala Civil Transitoria. Texto completo: ). § 3578. Sí se interpone la demanda de tercería antes del remate, pero esta es admitida luego de la adjudicación deí bien inmueble objeto de la demanda, debe integrarse al proceso al adjudicatario en calidad de íitisconsorte pasivo necesario. C uarto. [...] [Si] bien la demanda de tercería fue admitida [...] con posterioridad al remate del inmueble efectuado [...] en donde [...] se adjudicó el mismo en favor de doña LGM [tercera adjudicataria], también lo es que dicha demanda fue interpuesta [...] cuando aún no se había producido el remate del inmueble submateria, por lo que la demanda se interpuso en forma oportuna [...]. Q uinto. [...J [Conforme] ya se ha señalado, en el proceso de ejecución de garantías [...] doña LGM ha resultado adjudicataria del inmueble submateria [...] de lo que puede inferirse que, estando a que la presente demanda de tercería refiere al bien que le n o m o s & th e s ís

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fue adjudicado, la resolución a expedirse en la presente causa va a tener incidencia respecto del derecho de la citada. [...] Sétim o. [En] este caso, doña LGM tiene la calidad de litisconsorte necesario pasivo conforme al artículo 93 del Código Procesal Civil, toda vez que adquirió el dominio sobre el predio a consecuencia del proceso de ejecución de garantías iniciado por el acreedor hipotecario [la empresa] hoy demandad[a], de manera tal que resulta evidente que la decisión a recaer en el proceso de tercería va a incidir directamente en su derecho de adjudicataria y podría producir afectación; por lo tanto, dicha persona debe ser emplazada con la demanda a fin de lograr una sentencia válida en los presentes autos [...]. (Casación N.° 484-2003- Cono Norte, de 02-07-2003, ff. jj. 4, 5 y 7. Sala Civil Transitoria [EP, 01-12-2003]. Texto completo: ). § 3579. El propietario de un bien inmueble puede ejercer su derecho para evitar el remate de su bien en cualquier momento. La salvaguarda de su derecho de propiedad es distinta a la oportunidad de la interposición de demanda de tercería. O ctavo. [M]íentras el demandante aparezca como propietario del bien inmueble materia de embargo, la facultad de poder ejercer sus derechos como tal evitando que el bien de su propiedad sea objeto de un remate se mantendrá vigente, lo que no debe confundirse con la oportunidad en la que pueda ejercerse dicho derecho cuando este resulte afectado en un caso específico, previsto en el artículo 534 del Código Procesal Civil. (Casación N.° 1292-2009-Lima, de 01-10-2009, f. j. 8. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 30-09-2010, Sentencias en Casación N.° 629, p. 28399]. Texto completo: ). § 3580. La tercería de derecho preferente no prospera cuando un bien puesto a remate judicial ya se adjudicó y ya se realizó el pago respectivo, indistintamente que quede un saldo por liquidar, pues el proceso de ejecución ya cumplió su fin. La expresión “pago” consignada en el art. 1220 CC (cumplimiento íntegro de la prestación) difiere del “pago procesal” contenido en el proceso de ejecución. D écim o P rim ero. [A] criterio de este Tribunal Supremo, ya se efectuó el pago respectivo, pues: (i) El artículo 534 del Código Procesal Civil prescribe que la tercería de pago solo procede “antes de que se realice el pago del acreedor”, (fi) A criterio de este Supremo Tribunal esta última expresión no contiene connotación sustantiva sino procesal, esto es, la expresión “antes” mencionada en la norma significa que el pago se tiene como efectuado cuando se cumplen las fases señaladas en el proceso de ejecución; dichas etapas comienzan con el auto de pago, transita por la contradicción y la orden de remate y, luego, por el remate mismo y la adjudicación, para culminar con el pago. Son, como se observa, etapas procesales precluyentes y que tienen como objetivo culminar con el proceso de ejecución, (iii) En esa línea interpretativa cuando ya se adjudicó el bien y ya se entregó el dinero al ejecutante, en los términos del artículo 747 del Código Procesal Civil, ya se realizó el pago respectivo, indistintamente que quede un saldo por liquidar, pues el proceso ya cumplió su fin y no puede retroceder a etapas anteriores, (iv) Sostener lo contrario, originaría que el ejecutante a quien ya se le canceló suma de dinero por disposición judicial, que actuó con buena fe, en momentos en que no existía sentencia judicial que amparara la pretensión del tercerista y ni siquiera demanda de tercería, tuviera que devolver lo obtenido, con el detrimento de su economía, del sentido del proceso de ejecución y la subsecuente modificación de sentencia judicial. Este Tribunal Supremo estima que una interpretación sistemática de las normas a las que se ha hecho referencia permite concluir que, iniciado el pago procesal señalado en las normas de ejecución, precluye la posibilidad de que con ese producto ya entregado se cancele sumas adeudadas a los terceristas, (v) En el caso en cuestión, el tema es aún más claro, pues se advierte que el pago realizado al [Banco] se efectuó el tres de noviembre de dos mil ocho y que la sentencia favorable del demandante quedó consentida el 14 de agosto de 2009, esto es, nueve meses después de haberse realizado el pago al Banco demandado. [...] Siendo ello es así, la obligación principal (y, por consiguiente la prestación) ha sido íntegramente cancelada, por lo que no cabe devolución alguna para pago del tercerista. (Casación N.° 2395-2012-Lima, de 25-04-2013, f. j. 11. Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República [EP, 28-02-2014, Sentencias en Casación N.° 689, p. 48750]. Texto completo: ). § 3581. Momento final para la interposición oportuna de la demanda de tercería de propiedad.

Q uinto. [El] actual Código Procesal Civil no ha recogido el criterio contenido en el artículo 747 ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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del Código de Procedimientos Civiles, conforme al cual “la tercería exclusivamente no se admitirá después de aprobada la venta de los bienes a que se refiera o de su adjudicación al ejecutante”, porque el artículo 534 del primeramente citado Código Procesal Civil, prescribe que “la tercería de propiedad puede interponerse en cualquier momento antes que se inicie el remate del bien” y según el artículo 737 de este mismo Cuerpo de Leyes, el acto de remate “se inicia a la hora señalada con la lectura de la relación de bienes y condiciones del remate”, por lo que es obvio concluir que al 18 de noviembre de 1997 fecha con la que fue admitida la demanda de tercería el remate ya se había iniciado el 29 de agosto del mismo ano, [...] de modo que bajo este aspecto la demanda deviene improcedente por extemporánea, puesto que la ley se refiere al hecho de iniciado y no concluido el remate, habida cuenta que este puede concluir en la primera convocatoria como después de nuevas convocatoria según corresponda debido a la falta de postores, pero claro está que la subasta ya se inició con la primera convocatoria, (Casación N.° 1064-2000-Puno, de 1807-2000, f. j. 5. Sala Civil Transitoria [EP, 30-11-2000]. Texto completo: ). § 3582. La demanda de tercería preferente de pago impide la adjudicación a favor del ejecutante solo cuando es admitida y no al momento de su interposición. D écim o, [Si] bien es cierto la demanda de tercería preferente de pago ha sido interpuesta [...] con anterioridad al acta de remate [...]; sin embargo, esta fue declarada inadmisible, siendo subsanada [...] y admitida a trámite [..,], esto es cuando ya se había producido la adjudicación de la embarcación en pago del crédito del ejecutante y, por tanto, se había realizado el pago parcial de la deuda exigida en el proceso de ejecución de garantías, coligiéndose que la demanda de tercería preferente de pago deviene en improcedente al haberse extinguido el objeto respecto al cual se pretendía hacer valer el derecho preferente [...]. (Casación N.° 227-2009-Lima, de 16-07-2009, £ j. 10. Sala Civil Permanente [EP, 30-06-2010, Sentencias en Casación N.° 627, p. 28056]. Texto completo: ). § 3583. La tercería preferente de pago consiste en suspender el pago al acreedor hasta que se decida en definitiva sobre la preferencia de los créditos contrapuestos. C uarto. [...] [A]nalizando los vicios in procedendo denunciados debe precisarse que la tercería preferente de pago tiene como propósito suspender el pago al acreedor hasta que se decida en definitiva sobre la preferencia de los créditos contrapuestos, los que serán analizados por el juez en atención a su propia naturaleza; empero, cuando tiene como sustento al pago con algún bien de propiedad del ejecutado la oportunidad para interponerla es antes de que se realice la venta forzosa o la adjudicación pues luego de tal momento carece de virtualidad su interposición al haberse transferido el bien a favor de un tercero o del ejecutante. [...] Sexto. [Si] bien es cierto que la demanda en la presente acción se interpuso antes de la realización del bien con lo que se dio cumplimiento al artículo 534° del Código Procesal Civil, también lo es que cuando fue admitida, el inmueble sub-litis había sido ya adjudicado al Banco ejecutante entidad que posteriormente lo transfirió a un tercero quedando así en evidencia que las instancias de mérito han omitido apreciar y analizar esta determinante situación que hacía ya inoperante la acción de la tercerista, habiéndose limitado a pronunciarse sobre una inexistente preferencia crediticia, concluyéndose de rodo ello que se ha configurado la causal de contravención denunciada signada como II-b). (Casación N.° 693-2004-Loreto, de 05-07-2005, ff. jj. 4 y 6. Sala Civil Permanente [EP, 04-01-2006, p. 15283]. Texto completo: ). § 3584. La tercería de propiedad puede interponerse en cualquier momento antes de que se inicie el remate del bien, siendo posible presentarse la demanda en mesa de partes incluso antes de que se inicie el remate programado para ese mismo día. T ercero . [Como] se aprecia de los autos, la demanda de [autos] ha sido presentada a la Mesa de Partes de los Juzgados Civiles de la ciudad de Arequipa, antes de que se iniciara el acto de remate programado para ese día en la forma prevista en el considerando anterior. (Casación N.° 153-98-Arequipa, de 11-11-1998, f. j. 3. Sala Civil. Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DE LAS CORTES SUPERIORES

§ 3585. Supuestos en los que no procede calificar, en el proceso sobre ejecución de garantías, la intervención excluyeme de propiedad o de derecho preferente. P rim ero. [En] el caso de autos, n o m o s & th e s is

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de ía lectura del escrito [...] es de verse que don R. S. M . solicita el amparo de la norma contenida en el artículo 100 del Código Procesal Civil, dada su condición procesal de intervención excluyente de propiedad, se admita su intervención excluyente de derecho preferente en el proceso, para que se declare fundada la oposición que formula al mandato [...] por el que se dispone que, haciéndose efectivo el apercibimiento decretado, se proceda al lanzamiento del ejecutado y demás ocupantes del inmueble materia de adjudicación; alegando que no obstante tener la calidad de ocupante, poseedor y adquiriente del predio en cuestión que le sirve de vivienda y domicilio real, nunca fue notificado con el mandato ejecutivo expedido. S egundo, [Se] advierte que el recurrente ha hecho uso de las dos intervenciones previstas en el artículo 100 del [Código Procesal Civil], las que acorde a lo señalado en el propio numeral, se tramitan de acuerdo a lo dispuesto en el Subcapítulo atinente a la Tercería. (Exp. N.° 8099, de 19-03-1999, ff. jj. 1 y 2. Sala de Procesos Ejecutivos. Corte Superior de justicia de Lima. Texto completo: ),

Artículo 535: Inadmísibilidad La demanda de tercería no será admitida si no reúne los requisitos del artículo 424 y, además, si el demandante no prueba su derecho con documento público o privado de fecha cierta, en su defecto, si no da garantía suficiente a criterio del Juez para responder por los daños y perjuicios que la tercena pudiera irrogar.

SÉPTIMO PLENO CASATORIO CIVIL

§ 3586. El derecho del tercerista será oponible siempre que su derecho se constituya en documento de fecha cierta anterior al embargo. VIII. [...] S egundo. [C]onstituyen precedente judicial vinculante las siguientes reglas: X. En los procesos de tercería de propiedad que involucren bienes inscritos, debe considerarse, de conformidad con lo dispuesto en la segunda parte del artículo 2022 del Código Civil, en concordancia con los artículos 949 y 1219 inciso Io del mismo cuerpo legal, que el derecho de propiedad del tercerista es oponible al derecho del acreedor embargante, siempre que dicho derecho real quede acreditado mediante documento de fecha cierta más antigua que la inscripción del embargo respectivo. 2 El Juez de Primera Instancia, de oficio, una vez que sea admitida la demanda, deberá velar por la legalidad de la certificación de la fecha cierta del documento que presente el tercerista. [...] podrá oficiar al notario, juez y/o funcionario que haya emitido tal certificación, a efectos de que informe sobre la autenticidad o falsedad de la misma. 3. En caso de que el notario, juez o funcionario correspondiente no reconozca la autenticidad de la certificación que se le atribuye en el documento presentado por el tercerista, la demanda deberá ser declarada Infundada, debiéndose expedir las copias certificadas correspondientes al Ministerio Público, para que este actúe conforme a sus atribuciones. (Séptimo Pleno Casatorio Civil, realizado el 05-1T2015 [EP, 07-12-2015]. Casación N.° 3671-2014Lima, f. VII, segundo [Tema: Tercería de propiedad], que constituyen estas tres reglas como precedente judicial vinculante. Texto completo: ).

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PLENOS JURISDICCIONALES

§ 3587. Se debe admitir la demanda, si el pedido de desafectación es posible jurídicamente. Contra las medidas cautelares o para ejecución inscritas en el registro ¿se debe admitir la demanda o liminarmente rechazarse? El Pleno acordó p o r m a y o r í a : “Se debe admitir la demanda, porque el pedido de desafectación es posible jurídicamente, siendo los argumentos esgrimidos sobre el derecho registrad argumentos de fondo para la sentencia”. F u n d a m e n t a c i ó n : Basta que el tercerista cumpla con acreditar su título de propietario mediante documento privado o público de fecha cierta, conforme lo exige el artículo 535° del Código Procesal Civil, para que la demanda sea admitida, porque de lo contrario, se vulnera el derecho al acceso a la justicia como componente de la tutela jurisdiccional efectiva; siendo en todo caso, materia de la sentencia pronunciarse sobre la aplicación de los principios « SUMMA PROCESAL CIVIL

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regístrales. (Pleno Jurisprudencial Regional Civil, realizado en Arequipa, los días 28 y 29-03-2008. Tema N.° 1. Subtema N.° 2 [La tercería contra derechos reales de garantía y medidas cautelares]. Texto completo: ). § 3588. No procede la acción de tercería de propiedad contra gravamen. ¿Procede la acción de tercería depropiedad contra gravamenproveniente degarantías reales? El Pleno acordó por m a y o r í a : “N o procede la tercería de propiedad contra gravamen que proviene de garantía real”. (Pleno Jurisdiccional Civil 2000, realizado en Tacna, del 23 al 26-08-2000. TemaN.° 6. Texto completo: [p- 5]). JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 3589. La diferencia entre fecha cierta y documento público. Sexto. El artículo 535 del Código Procesal Civil exige que para la admisión a trámite de la tercería el demandante pruebe su derecho con documento público o privado de fecha cierta. El significado de fecha cierta comprende el tiempo en que los actos jurídicos se verifican y surge para resolver los problemas que se presentan cuando existe la concurrencia o conflicto de derechos; la fecha cierta es la constancia auténtica del momento en que un acto jurídico se verificó. En los documentos públicos, la fecha se reputa auténtica por la intervención del funcionario público. El problema se plantea con respecto a los documentos privados, por cuanto estos por su propia naturaleza (autógrafo por ser obra de las partes en su relación privada) extenderán su valor probatorio a terceros, a partir del momento que adquieren fecha cierta. (Casación N.° 194-2014-Junín, de 22-12-2014, f. j. 6. Sala Civil Transitoria [EP, 01-06-2015, Sentencias en Casación N.° 704, p. 63790]. Texto completo; ). § 3590. La falta de presentación de documentos que acrediten el derecho de quien interpone demanda de tercería, es una causal de inadmisibilidad de la demanda y no de improcedencia. P rim ero . [De] acuerdo a lo dispuesto en el artículo 535 del Código Procesal Civil la demanda de tercería no será admitida si el demandante no prueba su derecho con documento público o privado de fecha cierta, en su defecto, si no da garantía suficiente a criterio del Juez para responder por los daños y perjuicios que la tercería pudiera irrogar. S egundo. [Si] el juez de la causa consideraba que los documentos aparejados a la demanda de tercería de propiedad no acreditaban el derecho de la demandante, debió declarar inadmisible la demanda y conceder un plazo a efecto de que la demandante pudiera otorgar la garantía a que se refiere el artículo 535 del Código adjetivo [...]. Tercero. [...] [Por lo tanto] al declarar liminarmente improcedente la demanda interpuesta se ha lesionado el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva de la demandante. (Casación N.° 3231-98-Callao, de 02-07-1999, ff. jj. 1-3. Sala Civil Permanente. Texto completo: ). § 3591. Posición que distingue causales de inadmisibilidad e improcedencia en el artículo 535 CPC. La no presentación de documento público o privado que acredite el derecho del tercerista es causal de inadmisibilidad. Tercero. [T] eníendo en cuenta los efectos que produce desestimar liminarmente una demanda por no haber acreditado el demandante su derecho con documento público o privado de fecha cierta, nos conduce necesariamente a aceptar que el artículo 535 del Código Procesal Civil, aparte de ser una norma específica para las demandas sobre tercería de propiedad, plantea varias situaciones jurídicas y no todas ellas dan lugar a declarar inadmisible la demanda, habida cuenta que para los casos de inadmisibilidad la última parte del artículo 426 del Código Procesal Civil, permite subsanar las omisiones en las que se habría incurrido según el artículo 424 del Código Procesal Civil; en consecuencia, siguiendo la técnica jurídica procesal cabe interpretar que para el segundo de los supuestos legales que prevé el artículo 535 esto es, la no probanza del derecho con documento público o privado de fecha cierta, la decisión será declarar improcedente la demanda y no simplemente inadmisible, puesto que el fallo se apoya en la falta de prueba que acredite el derecho del actor. (Casación N.° 3250-98-Lambayeque, de 04-06-1999, f. j. 3. Sala Civil Transitoria [EP, 26-10-1999, p. 3814]. Texto completo: ). n o m o s & thesis

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§ 3592. En la demanda de tercería, el tercerista debe acreditar su calidad de propietario con un documento público o uno privado con fecha cierta. Sexto. La razón de ser de las demandas de tercería de propiedad es evitar que un tercero propietario pueda ser perjudicado por deudas que no son suyas y que no le corresponde cancelar. Por ello, conforme lo prescribe el artículo 535 del Código Procesal Civil, el tercerista debe acreditar que el bien afectado sea de su propiedad con documento público o privado de fecha cierta. Si no puede hacerlo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 200 del Código Procesal Civil, su demanda deberá ser declarada infundada. (Casación N.° 648-2016-Huaura, de 07-01-2017, f. j. 6. Sala Civil Permanente [EP, 30-01-2018, Sentencias en Casación N.° 742, p. 104373]. Texto completo: ).

§ 3593. En la tercería se tiene que acreditar que el derecho se encuentra inscrito antes de la afectación del bien. D écim o Sexto. Ahora bien, teniendo en cuenta que en los primeros fundamentos de esta decisión se han explicado extensamente las razones por las cuales resulta razonable que el artículo 535 del referido código adjetivo condicione la procedencia de las demandas de tercería a que el demandante pruebe su derecho ante el juez con un grado inicial de evidencia, puede desprenderse con facilidad que, para el caso de demandas de tercería de propiedad respecto a bienes afectados con garantías reales, la condición de procedencia prevista en el artículo 535 del Código Procesal Civil exige que el demandante acredite que su derecho sobre el bien se encontró inscrito con anterioridad a dicha afectación. (Casación N.° 2826-2015-Arequipa, de 17-03-2016, f j. 16. Sala Civil Permanente [EP, 31-08-2016, Sentencias en Casación N.° 717, p. 82263]. Texto completo: ).

§ 3594. El documento de fecha cierta que es necesario para amparar la demanda de tercería debe ser anterior a la fecha en la cual se trabó la medida cautelar. Los contratos privados que no tengan fecha cierta no pueden ser oponibles a un embargo. D écim o. [Ha] quedado establecido en la resolución de vista [...] que el embargo ordenado en el proceso sobre Nulidad de Acto Jurídico seguido entre los demandados, data del 31 de mayo de 1998, razón por la cual la Escritura Pública mencionada en el considerando precedente no le resulta oponible, toda vez que esta tiene como fecha el 29 de setiembre de 1999, por tanto, al ser posterior, no se puede oponer al embargo trabado con anterioridad, debiendo tenerse presente que conforme lo establece el artículo 656 del Código Procesal Civil, el adquiriente de un inmueble embargado asume la carga hasta por el monto inscrito. D écim o p rim ero. En relación al contrato, si bien es cierto que en él se consigna como fecha de celebración el 30 de diciembre de 1997, por lo que en principio resultaría oponible en relación al embargo por ser este último de fecha posterior (31 de mayo de 1998), debe mencionarse que en virtud de lo actuado en el proceso y del propio texto del citado documento, no se aprecia que este pueda ser tomado como un documento de fecha cierta, razón por la cual la pretendida oponibiüdad en relación al embargo no puede prosperar, pues si bien es cierto que en virtud del artículo 949 del Código Civil, la transmisión del derecho de propiedad es netamente consensual, para oponer dicho derecho a quien tiene derecho inscrito, se requiere que este conste en documento de fecha cierta y no habiendo acreditado los demandantes que la fecha que aparece en el documento en el cual sustentan su derecho tenga tal calidad, esta segunda causal deviene en infundada. (Casación N.° 1931-99-Lambayeque, de 09-11-2001, ff. jj. 10 y 11. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP 02-12-2002], Texto completo: ).

§ 3595. Una compraventa en la cual la legalización de las firmas fue realizada de manera anterior a la celebración del contrato, no es un documento idóneo para interponer tercería de propiedad. La legalización notarial no subsana todos los defectos de forma de los contratos. Cuarto. [El] A Quo, declara infundada la demanda, señalando que el contrato de compraventa no es un documento idóneo, que acredite la propiedad del bien a favor de la demandante, pues aparece elaborado el cuatro de noviembre de 1996, y la legalización notarial es del 31 de octubre de 1996, siendo materialmente imposible legalizar un documento con fecha anterior a su celebración. [...] Sexto. [Es] materia de análisis si la legalización notarial efectivamente subsana cualquier defecto de forma de los contratos. AI respecto el artículo 106 de la Ley de Notariado, señala que el notario certificará las firmas en documentos privados cuando le conste de modo indubitable su autenticidad. Que, en el caso submateria la accionante interpone la presente acción adjuntando una copia simple de un contrato ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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privado de compraventa del vehículo subjúdice celebrado entre los contratantes el cuatro de noviembre de 1996, sin embargo el notario aparece certificando la firma con fecha 31 de octubre de 1996, hecho que evidentemente descalifica al citado documento como idóneo, por cuanto el notario como funcionario que está autorizado para dar fe de los actos, le correspondía certificar la autenticidad del documento a efecto de proceder a legalizar las firmas. Situación que no ha tenido en consideración la Sala al absolver el grado, interpretando incorrectamente las normas denunciadas. S éptim o . [El] artículo 535 del Código Procesal Civil exige como requisito para interponer la acción de tercería de propiedad, acreditar con documento público o privado de fecha cierta, documento que por la naturaleza de la pretensión debe gozar de indudable idoneidad, del cual carece el documento con que la actora escolta su demanda a efecto de crear convicción en el Juzgador. (Casación N.° 3020-01-Lima, de 21-02-2002, ff. jj. 4, 6 y 7. Sala Civil Transitoria [EP, 01-07-2002]. Texto completo: ). § 3596. El derecho de propiedad no inscrito puede ser interpuesto al derecho de naturaleza personal inscrito. El documento que acredite la propiedad con fecha cierta anterior a la inscripción de la medida cautelar, ampara la demanda de tercería. Sexto. [El] derecho de propiedad que corresponde a los actores, es un derecho real de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 881 del mencionado Código Sustantivo; y, el derecho del emplazado embargante es de carácter personal por tratarse del cobro de una suma dineraria, esto es, del cumplimiento de una obligación; siendo esto así al coexistir derechos de diferente naturaleza, resulta de aplicación el segundo párrafo del mencionado artículo 2022, que nos remite al derecho común para la solución de la presente controversia. Séptim o. [Por] tal situación no resulta pertinente para dilucidar la presente causa, lo dispuesto en los artículos 2014 y 2016 del acotado Código Civil, toda vez que este último artículo se aplica para el primer supuesto de la mencionada norma por estar vinculados los actos, respecto de un mismo inmueble, a derechos de igual naturaleza (derechos reales), en cuyo caso la prioridad en el tiempo de la inscripción sí determina la preferencia de los derechos que otorga el Registro Público, O ctavo. [Siendo] aplicables las disposiciones del Derecho común, debe estarse a lo dispuesto en los artículos 1529 y 949 del mencionado Código Sustantivo, según los cuales los demandantes son propietarios desde que nació la obligación de enajenar el inmueble materia de litigio, bastando para efectos de la tercería, conocer la fecha de transferencia a favor de los actores y esclarecer si dicha fecha es anterior o no a la inscripción de la medida, sin tener en cuenta el momento en que se ordenó judicialmente esta última, ni requerirse que el acto de compraventa haya sido inscrito en Registros Públicos con anterioridad a la inscripción de la medida, pues conforme a lo ya anotado, es con el consentimiento de las partes con que se perfecciona la transferencia y no con la inscripción registral, la que solo declara derechos mas no los constituye. (Casación N.° 3743-2001-Lima, de 25-10-2002, ff. jj. 6-8. Sala Civil Permanente [EP, 30-05-2003]. Texto completo: ). § 3597. En el caso de la tercería de propiedad también es competente el juez del lugar donde se encuentren los bienes. Sexto. [El] artículo 535 del Código Procesal Civil permite la interposición de la tercería de propiedad, sin señalar qué juez es competente para conocer de dicho proceso, por lo que el citado proceso autónomo se rige por las disposiciones generales de la competencia a que se refieren el artículo 5 y siguientes del Código Procesal Civil. Sétim o. [El] artículo 14 del Código Adjetivo determina que cuando se demanda a una persona natural es competente el juez del lugar de su domicilio, salvo disposición legal en contrario; y el artículo 24 inciso 1, del propio texto legal establece que además del Juez del domicilio del demandado, también es competente a elección del demandante el Juez del lugar en que se encuentre el bien [,,.]. (Casación N.° 3795-2006-Lima, de 12-12-2006, ff. jj. 6 y 7. Sala Civil Permanente [EP, 01-02-2007]. Texto completo: ). § 3598. La demanda de tercería no será admitida si el demandante no prueba su derecho con documento público o privado de fecha cierta, o en su defecto, si no da las garantías suficientes. S egundo. [La] tercería de propiedad es la acción que corresponde al propietario de un bien que resulta afectado por una medida cautelar o de ejecución dictada para hacer efectiva una obligación ajena, y tiene como finalidad la desafectación del bien; exigiendo para ello el artículo 535 de nuestro ordenamiento procesal, que la demanda no será admitida si no reúne los requisitos del artículo 424 del cuerpo legal n o m o s & th e s is

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acotado, y además si el demandante no prueba su derecho con documento público o privado de fecha cierta, o en su defecto, si no da garantía suficiente a criterio del juez para responder por los daños y perjuicios que pudiera irrogar. (Casación N.° 3805-2006-Lima, de 12-12-2006, £ j. 2. Sala Civil Permanente [EP, 28-02-2007]. Texto completo: ).

§ 3599. No procede la medida cautelar contra un bien mueble, cuando este ha sido transferido por documento de fecha cierta y se haya cumplido con la tradición del mismo. La presunción de propiedad de la persona cuyo nombre se encuentra inscrito en la tarjeta de propiedad, sí admite prueba en contrario. Sexto. [El] contrato de compraventa con firmas legalizadas de fecha 15 de junio de 1999, ante notario público, [...] otorgado [...] a favor de la actora [.,.] en su calidad de compradora, contiene firmas notarialmente legalizadas; por lo tanto, se trata de un documento de fecha cierta [...] razón por la cual mantiene su eficacia probatoria [...]. Sétimo. [A]demás, la transferencia de la propiedad de un vehículo automotor en su calidad de bien mueble se perfecciona con la tradición; razón por la cual, no tiene efectos constitutivos la inscripción ante los Registros Públicos, por cuanto el artículo 34.1 de la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre establece que la transferencia de la propiedad de vehículos automotores se formaliza mediante su inscripción en el Registro de la Propiedad Vehicular, y el artículo 36 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Propiedad Vehicular no le otorga tal calidad; entonces, cuando el artículo 94 del Código de Tránsito y Seguridad Vial establece que se presumirá propietario de un vehículo a la persona cuyo nombre figure inscrito en la tarjeta de propiedad, salvo prueba en contrario, nos está indicando que se trata de una presunción iuris t a n tu n r . por lo que devienen en inaplicables los artículos 1363 y 2013 del Código Civil. Octavo. Sobre la base de lo expuesto, se colige que cuando se materializó el derecho personal del banco codemandado mediante la medida cautelar, sobre el vehículo materia de litis, este ya era de propiedad de la demandante [...]. (Casación N.° 3805-2006-Lima, de 12-12-2006, ff. jj. 6-8. Sala Civil Permanente [EP, 28-02-2007]. Texto completo: ).

§ 3600. El acreedor laboral puede interponer demanda de tercería de derecho preferente contra el inmueble ejecutado de su empleador y su cónyuge. Sexto. [Si] bien ]a sentencia [...] impugnada ha considerado que el predio materia del remate es un bien de propiedad de la sociedad conyugal conformada por VLS y AMTC y que por tanto no es posible amparar la demanda de tercería de derecho preferente pues el proceso laboral que se alude ha sido promovido únicamente contra VLS y no contra AMTC quien no puede responder por una deuda laboral que tiene como único deudor al cónyuge codemandado; corresponde precisar que este Supremo Tribunal no comparte dicho criterio pues resulta evidente que en el presente caso no se ha debatido pretensión alguna que esté orientada a establecer la naturaleza de bien social o propio del inmueble que es materia de la demanda de tercería sino únicamente se trata de establecer el derecho preferente que tiene la actora para ser pagado con el producto del remate del bien que es copropiedad de su deudor por esta razón al resolverse la presente litis aplicando a los hechos el artículo 310 del Código Civil se incurre en infracción normativa material ya que se ha aplicado a los hechos una norma jurídica que resulta impertinente. (Casación N.° 9102011-Del Santa, de 18-01-2012, f. j. 6. Sala Civil Transitoria [EP, 01-10-2012, Sentencias en Casación N,° 671, p. 37225]. Texto completo: ).

§ 3601. La tercería de propiedad frente al embargo en forma inscrita. Véase la jurisprudencia del artículo 533° del Código Procesal Civil [§ 3565]. (Casación N.° 638-2006-Lima, de 25-09-2006, ff. jj. 4 y 5. Sala Civil Transitoria [EP, 02-04-2007]. Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DE LAS CORTES SUPERIORES

§ 3602. Es improcedente la demanda de tercería si no se presenta ningún elemento que ampare su fundamento. Es improcedente la tercería interpuesta, si los demandantes no aportan al proceso ningún elemento de juicio que desvirtúe que su demanda sea prematura; que el interés para obrar es el estado de necesidad de una tutela jurisdiccional. En tal sentido, los actores no han probado en autos que el inmueble materia de su demanda se halle en estado de ser rematado en ejecución de una resolución y * SUMMA PROCESAL CIVIL

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que, por consiguiente, se encuentren en la situación de acudir al organismo jurisdiccional en busca de liberar su bien de una medida como la anotada. (Exp. N.° 2965-97, de 12-12-1997. Tercera Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Ponentes: Carrión Lugo, Betancour Bossio y Eyzaguirre Gárate. Referencia: CPC Bibliogr., p. 450). § 3603. El demandante debe probar sn derecho con documento público o privado de fecha cierta. Primero. [La] tercería de propiedad solo puede fundarse en la propiedad de los bienes afectados, debiendo el demandante probar su derecho con documento público o privado de fecha cierta, a tenor de lo preceptuado por los artículos 533 y 535 del Código Procesal Civil. (Exp. N.° 261-95, de 10-071995, f. j. L Quinta Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ). § 3604. En la tercería se debe probar con documento público o fecha cierta. T ercero. Para la admisibilidad de la demanda de tercería, entre otros el demandante debe probar su derecho con documento público o privado de “fecha cierta”. (Exp. N.° 629-94, de 30-01-1995, f. j. 3. Tercera Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ).

Artículo 536: Efectos de la tercería de propiedad Admitida la tercería de propiedad, se suspenderá el proceso si estuviera en la etapa de ejecución, aunque esté consentida o ejecutoriada la resolución que ordena la venta de los bienes, salvo que estén sujetos a deterioro, corrupción o desaparición o que su conservación resulte excesivamente onerosa. En estos casos, el producto de la venta queda afectado a! resultado de la tercería. El tercerista puede obtener la suspensión de la medida cautelar o de la ejecución del bien afectado, si la garantía otorgada es suficiente a criterio del Juez, en caso no pruebe que los bienes son de su pro­ piedad.

JURISPRUDENCIA PE LA CORTE SUPREMA

§ 3606. La tercería se ejerce ante un bien afectado por una medida cautelar o medida de ejecución. Primero. [La] tercería de propiedad es la acción que corresponde al propietario de un bien que resulta afectado por una medida cautelar o de ejecución dictada para hacer efectiva una obligación ajena, y tiene como finalidad la desafectación del bien. (Casación N.° 991-98-Huánuco, de 01-121998, £ j. 1. Sala Civil [EP, 08-01-1999, p. 2449]. Texto completo: ).

§ 3607. El término “ejecución” usado en el artículo 536 del CPC hace referencia a cualquier tipo de ejecución. Cuarto. [Cjonforme lo establece el artículo 533 del Código Procesal citado, “la tercería se entiende con el demandante y el demandado, y solo puede fundarse en la propiedad de los bienes afectados por medida cautelar o para la ejecución, o en el derecho preferente a ser pagado con el precio de tales bienes”. Cuando nuestro ordenamiento procesal, en el artículo transcrito, hace referencia a la “ejecución”, debe entenderse que se está refiriendo a cualquier tipo de ejecución, dentro del cual se encuentra el proceso de ejecución de garantías contra el que se ha promovido la presente tercería, por lo que la demanda se sitúa en el supuesto que prevé el dispositivo antes glosado, no configurándose un petitorio jurídicamente imposible. A ello abona lo regulado en el artículo 536° del acotado cuerpo normativo cuando en su segundo párrafo señala: “el tercerista puede obtener la suspensión de la medida cautelar o de la ejecución del bien afectado...”. Quinto. En consecuencia, el argumento empleado por las instancias de mérito para desestimar la pretensión incoada, no se ajusta a lo actuado ni a derecho, niega la tutela jurisdiccional efectiva y contraviene no solo lo normado en los artículos 533° y 536° del Código Procesal Civil, sino además lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 122° del Código anotado, por lo que el auto superior se encuentra íncurso en nulidad insalvable que motiva el amparo de la causal denunciada. (Casación N.° 796-04-Junín, de 17-06-2005, ff. jj. 4 y 5. Sala Civil Transitoria [EP, 3009-2005, p. 14793]. Texto completo: ). nom os

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PROCESOS CONTENCIOSOS / PROCESO ABREVIADO

Art. 536

§ 3608. No se puede suspender la ejecución mediante una demanda de tercería cuando ya se realizó el remate del bien. 9. [RJespecto a la tercera causal [infracción de los artículos 534 y 536 del Código Procesal Civil], conviene indicar que se ha declarado procedente el recurso con la finalidad de verificar si es que no se habrían analizado los efectos de la suspensión del proceso en el que se emitió la medida cautelar en función a la finalidad de la tercería de propiedad de evitar el remate el bien. Sobre el particular, fluye que conforme a lo prescrito por el artículo 534 del Código Procesal Civil, la presente demanda de tercería de propiedad fue presentada el día 27 de mayo del año 2005, sin embargo, sobre el bien de su propiedad se había fijado fecha de remate para el día 31 de mayo de 2005, lo que se corrobora con la resolución N.° 74 de fecha 6 de abril de 2005, emitida en el expediente de obligación de dar suma de dinero, que convoca a remate público del bien. Según fluye del acta de remate de [autos], el día 31 de mayo del año 2005 se produjo el remate del bien consistente en el vehículo adjudicándose el bien a favor de [una] empresa [...]. El remate del vehículo se produjo antes de la admisión de la presente demanda de tercería de propiedad mediante resolución de fecha 5 de marzo del año 2008 [...], por lo que, no debió dejarse sin efecto la ejecución del vehículo [...], pues según establece el artículo 536 del Código Procesal Civil: “Admitida la tercería de propiedad, se suspenderá el proceso si estuviera en la etapa de ejecución, aunque esté consentida o ejecutoriada la resolución que ordena la venta de los bienes por lo tanto, la tercera infracción normativa también debe ser estimada. (Casación N.° 45932011-Lima, de 17-09-2013, f. j. 9. Sala Civil Permanente [EP, 30-04-2014, Sentencias en Casación N.° 691, p. 50697]. Texto completo: ).

§ 3609. En los casos de una deuda contraída por uno de los cónyuges no resulta viable el embargo del bien que pertenece a la sociedad conyugal. Quinto. [El] fundamento de la tercería de propiedad es que no se puede embargar ni rematar bienes pertenecientes a un tercero; por esa razón es que en los casos de deudas contraídas por uno de los cónyuges no resulta viable rematar ní embargar bienes pertenecientes a la sociedad conyugal; siendo por ende fútil el argumento relativo a que se puede embargar supuestos derechos expectatldos correspondientes a uno de los cónyuges, ello por cuanto el fenecimiento de la sociedad de gananciales solamente se produce en los casos previstos en el artículo 318° del Código Civil y en el supuesto de sustitución del régimen patrimonial, requiriéndose en este último caso que exista declaratoria de insolvencia de uno de los cónyuges, (Casación N.° 2490-00-Cajamarca, de 09-01-2001, f. j. 5. Sala Civil Transitoria [EP, 30-04-2001, p. 7188], Texto completo: ).

§ 3610. La vía civil es competente para dilucidar procesos sobre tercería en procesos penales cuando la incautación en el delito de tráfico ilícito de drogas es definitiva. No es competente el fuero civil cuando la medida de incautación es provisional. Sexto. [...] [El] fuero civil común no solo es competente para conocer de tercerías cuando se trata de una medida de embargo en asuntos civiles [...], sino también en asuntos penales cuando por razón de condena, en el delito de tráfico ilícito de drogas, la medida de incautación provisional se ha convertido en definitiva y por ende se transfiere el dominio de los bienes a favor del Estado, por tener su origen en actividades ilícitas; no siendo competente, en este último supuesto cuando la medida de incautación es provisional por encontrarse el proceso penal en trámite, en cuyo caso, la competencia recae de manera exclusiva en los órganos jurisdiccionales del fuero penal cuya actuación [...] no puede ser interferida por otra autoridad. (Casación N ° 1256-97-Lima, de 23-09-1998, £ j. 6. Sala Civil Transitoria [EP, 16-01-1999, p. 2479]. Texto completo: ).

§ 3611. La tercería lo ejercita un tercero con el fin de recuperar los bienes embargados. Segundo. [Doctrinariam ente se entiende por tercería de propiedad aquel derecho que deduce un tercero entre dos o más litigantes, o por suyo propio, o coadyuvando en pro de alguno de ellos, teniendo por objeto el recuperar, por tercera persona, los bienes embargados que al tiempo de ejecutarse una medida de embargo eran de su propiedad. (Casación N,° 1859-97-La Libertad, de 02-08-1999, f. j. 2. Sala de Derecho Constitucional y Social [EP, 28-12-1999, p. 4424], Texto completo: ). ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

Art. 537

CÓDIGO PROCESAL CIVIL

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§ 3612 . El pedido de la suspensión de la tercería es facultativo y no obligatorio. Quinto. [El] pedido de suspensión de la medida cautelar sin interponer tercería o sea la desafectación previa que autoriza el artículo 539° del Código Procesal Civil, es facultativa y no obligatoria como requisito de procedibilidad para promover la tercería de propiedad en vía de acción [...]. (Casación N.° 2462-98- Loreto, de 07-04-1999, f. j. 5. Sala Civil Transitoria [EP, 15-08-1999, p. 3181], Texto completo: ). § 3613. La demanda de tercería preferente de pago impide la adjudicación a favor del ejecutante solo cuando es admitida y no al momento de su interposición. Véase la jurisprudencia del artículo 534° del Código Procesal Civil [§ 3582], (Casación N.° 227-2009-Lima, de 16-07-2009, f. j, 10. Sala Civil Permanente [EP, 30-06-2010, Sentencias en Casación N.° 627, p. 28056], Texto completo: ).

Artículo 537: Efectos de la tercería de derecho preferente Admitida la tercería de derecho preferente, se suspende el pago al acreedor hasta que se decida en definitiva sobre la preferencia, salvo que el tercerista otorgue garantía suficiente a criterio del Juez para responder por el capital, intereses, costas, costos y multas. El tercerista puede intervenir en las actuaciones relacionadas con el remate del bien.

PLENOS JURISDICCIONALES

§ 361 4. Procedencia y competencia para conocer la demanda de tercería preferente de pago interpuesta por acreedor hipotecario contra embargo y remate trabando sobre el mismo bien hipotecario, en procedimiento de cobranza coactiva. Véase la jurisprudencia del artículo 533° del Código Procesal Civil [§ 3539], (Pleno Jurisdiccional Distrital Comercial 2017, realizado en Lima, los días 07 y 08-09-2017. Tema N.° II. Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 3615. Para que la tercería de derecho preferente de pago se ampare resulta necesario que la suma adeudada sea un monto cierto contenido en la demanda. Quinto, [Para] que la tercería de derecho preferente de pago se ampare resulta necesario que la suma adeudada sea determinada, esto es, que sea un monto cierto contenido en la demanda, por lo que se requiere que la cantidad adeudada haya sido establecida en un proceso judicial previo, no pudiendo discutirse el monto de la deuda en un proceso como el presente, (Casación N.° 2819-2005-Lima, de 20-04-2006, f. j. 5. Sala Civil Permanente [EP, 03-10-2006, p. 17191]. Texto completo: ).

§ 3616. Para que proceda la tercería preferente de pago, se requiere que el crédito alegado como preferente por el tercerista esté determinado en su monto en un proceso previo: no basta la presentación de una liquidación. Primero. [Con] la demanda de tercería preferente de pago el tercerista pretensiona se cancele en primer orden su crédito con el precio del bien afecto con gravamen, por considerar tener prioridad frente a otro acreedor que también quiere hacerse cobro con él y que efectivamente lo venía intentando en un proceso judicial. [...] Sexto. [Para] que la tercería de preferencia de pago se ampare, resulta necesario que la suma adeudada sea determinada [...]; esto es, se requiere que el crédito sea por un monto cierto contenido en la demanda, pues de lo contrario no podría efectivizarse el cobro con el producto de la venta judicial del bien afectado. Sétimo. [En] el caso, la hipoteca con la que recurre el demandante se constituyó para garantizar obligaciones futuras, razón por la que se requiere necesariamente que la cantidad adeudada baya sido determinada en un proceso judicial previo, no bastando la liquidación acompañada por la impugnante por no tratarse la presente causa de un proceso de ejecución de garantías y porque lo contrario daría lugar a eventuales confabulaciones en perjuicio de terceros. Octavo. [El] proceso en cuestión es uno de preferencia de pago y es justamente n o m o s & th e s is

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PROCESOS CONTENCIOSOS / PROCESO ABREVIADO

Art. 538

ello lo que debe discutirse y no el monto de la deuda, el que debe presentarse cierto a la interposición de la demanda, (Casación N.° 876-2001 -Ayacucho, de 18-07-2001, ff. jj. 1, 6, 7 y 8. Sala Civil Transitoria [EP, 05-11-2001, p. 7851], Texto completo: ).

§ 3617. En la tercería preferente de pago, se suspende el pago al acreedor hasta que se decida sobre la preferencia de los créditos en disputa y se motive expresamente en la sentencia. Segundo. [Interpuesta] la demanda de tercería preferente de pago, se suspende el pago al acreedor hasta que se decida en definitiva sobre la preferencia, de conformidad con lo estipulado en el artículo 537 del Código Adjetivo; esto quiere decir que el Juez debe analizar la naturaleza de los créditos contrapuestos y cuál de ellos tiene preferencia de pago sobre el otro, conclusión a que se llega haciendo una interpretación histórica del dispositivo legal antes señalado, cuyo antecedente es al artículo 760 del Código de Procedimientos Civiles. Tercero. [En] el presente caso se contraponen el pago de aportaciones solicitado por el Instituto Peruano de Seguridad Social con el pago de la reserva social no cubierta por el Concejo Distrital [...] la que es solicitada por el tercerista. Cuarto. [Sin] embargo, las instancias inferiores no han analizado ni evaluado la naturaleza de los créditos antes señalados, ni menos señalan por qué motivo el crédito del tercerista prevalece sobre el crédito del Instituto Peruano de Seguridad Social; que, la sentencia apelada solo invoca como sustento de derecho material el artículo 1224 del Código Civil, el cual se refiere a la aptitud legal para recibir el pago, pero es el caso que dicho dispositivo legal no nos señala cuál de los créditos antes señalados prevalece sobre el otro. Quinto. Consecuentemente, la sentencia de vista y la apelada no contienen los respectivos fundamentos de derecho que determinen la prevalencia de los créditos señalados en el tercero considerando de la presente resolución, motivo por el cual se ha contravenido el artículo 122 inciso 3 del Código Procesal Civil. (Casación N.° 17499-Lima, de 20-07-1999, ff. jj. 2-5. Sala Civil Transitoria [EP, 01-09-1999, p. 3411], Texto completo; ).

§ 3618 , Sí no se encuentra inscrita la propiedad del recurrente, el demandante puede presentar pruebas alternativas que demuestren su derecho para detener el mandato judicial. Tercero. [El hecho de] que no sea indispensable demostrar que la propiedad se encuentra inscrita en los registros públicos, no significa que el demandante no deba indicar de dónde nace su derecho ni que este derecho no se encuentre suficientemente acreditado como para detener un mandato judicial; ello fluye de lo prescrito en el aludido artículo 537 del Código Procesal Civil que exige para admitir la demanda la “prueba” de la propiedad, por lo que siendo ello una exigencia de admisibilidad, debe serlo también para que se declare fundada la demanda, (Casación N.° 4597-2012-Lambayeque, de 13-11-2013, f. j. 3 del voto en minoría del señor juez Calderón Puertas. Sala Civil Transitoria [EP, 30-04-2014, Sentencias en Casación N.° 691, p. 51009]. Texto completo: ).

§ 3619. La demanda de tercería preferente de pago impide la adjudicación a favor del ejecutante solo cuando es admitida y no al momento de su interposición. Véase la jurisprudencia del artículo 534° del Código Procesal Civil [§ 3582], (Casación N.° 227-2009-Lima, de 16-07-2009, f. j. 10. Sala Civil Permanente [EP, 30-06-2010, Sentencias en Casación N,° 627, p. 28056], Texto completo: ).

Artículo 538: Connivencia y m alicia Si se prueba la connivencia entre tercerista y demandado, se impondrá a ambos y a sus Abogados, solidariamente, una multa no menor de cinco ni mayor de veinte Unidades de Referencia Procesal, más la indemnización de daños y perjuicios, costos y costas. Además, el Juez remitirá al Ministerio Público copia certificada de los actuados pertinentes, para el ejercicio de la acción penal correspondiente. Las mismas sanciones se le impondrá a quien haya solicitado y ejecutado maliciosamente una medida cautelar.

* KIJMMA PROCESAL CIVIL

Art. 539

CODIGO PROCESAL CIVIL

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JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 3620. El derecho de propiedad que no está inscrito, no goza de los privilegios como la publicidad, im penetrabilidady la oponibilidad er g a om n es. IV. [...] 2. Se advierte del auto edificatorio [...] este supremo tribunal ha declarado procedente el recurso interpuesto por la demandada [...] por las siguientes causales: [...] iíi). Infracción normativa de los artículos 533 y 538 del Código Procesal Civil, toda vez que la parte recurrente menciona que en el presente caso no concurren los presupuestos para declarar fundada la tercería y porque, además no se ha tenido en cuenta que existen evidencias de connivencia y malicia de los terceristas con relación a los codemandados [...]. Cabe precisar que debido a que las dos últimas infracciones normativas denunciadas se refieren a normas de derecho material, este supremo tribunal se encuentra plenamente facultado a emitir pronunciamiento respecto al fondo de la materia controvertida, según prescribe el artículo 396 del Código Procesal Civil. [...] 7. Empero, sí es materia de análisis la oponibilidad de dicho derecho real de propiedad adquirido frente al embargo inscrito con anterioridad. Y, en este punto es necesario indicar que el derecho de propiedad, aún no inscrito, no goza de los privilegios que otorgan los Registros Públicos, principalmente la publicidad, la impenetrabilidad y la oponibilidad erga omnes. Por tanto, mientras que el nuevo propietario no procure la inscripción registral de su derecho real, este es válido, pero no oponible ante los demás miembros de la sociedad, generándose así una limitación legítima en el ejercicio del iuspenequendi sobre el bien. En tal sentido, mientras no se inscriba el derecho real de propiedad en el Registro correspondiente no es posible oponerlo ante otros derechos inscritos previamente, como es, en este caso, el embargo en forma de inscripción recaído sobre el bien. Queda claro entonces que la mencionada medida cautelar goza de prioridad frente al derecho real de los terceristas, pues este fue inscrito con posterioridad. [...] [...] 9. [Respecto] a la tercera causal, conviene indicar que, luego del análisis efectuado, resulta claro que el derecho real de propiedad de los demandantes no es oponible contra el embargo previamente inscrito a favor del codemandado [...]. En tal sentido, no es posible amparar la presente tercería de propiedad, debido a que el tenor del artículo 533 del Código Procesal Civil no puede ser interpretado de manera aislada, sino en forma sistemática, teniendo en cuenta los fundamentos jurídicos mencionados en los fundamentos precedentes relativos a la oponibilidad de derechos reales y al conflicto jurídico entre nn derecho real no inscrito frente a una medida cautelar inscrita [...]. (Casación N.° 470-2013-Líma, de 18-03-2014, ff. jj. IV.2, IV.7 y IV.9. Sala Civil Permanente [EP, 30-10-2014, Sentencias en Casación N.° 697, p. 57458]. Texto completo: ).

Artículo 539: Suspensión de ia medida cautelar sin tercería El perjudicado por una medida cautelar dictada en proceso en que no es parte, puede pedir su sus­ pensión sin interponer tercería, anexando título de propiedad registrado. Del pedido se corre traslado a las partes. Si se suspende la medida, la resolución es irrecurrible. En caso contrario, el interesado puede

interponer tercería, de acuerdo al artículo 533.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 3621. ES pedido de suspensión de medida cautelar sin tercería no es requisito previo para interponer la demanda de tercería. Q u in to. [El] pedido de suspensión de la medida cautelar sin interponer la tercería o sea la desafectación previa que autoriza el artículo 539 del Código Procesal Civil, es facultativa y no obligatoria como requisito de procedibilidad para promover la tercería de propiedad en vía de acción; por tanto, bajo este aspecto también los hechos denunciados por el recurrente no configuran la causal invocada de contravención de normas que garantizan el derecho a nn debido proceso. {Casación N.° 2462-98-Loreto, de 07-04-1999, f. j. 5. Sala Civil Transitoria [EP, 15-08-1999, p. 3181], Texto completo: ). n o m o s & th e s is

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PROCESOS CONTENCIOSOS / PROCESO ABREVIADO

A ít 539

§ 3622. El hecho de haberse tramitado el proceso ejecutivo que dio lugar a la medida cautelar siguiendo la normativa del Código de Procedimientos de Civiles, no significa que el nuevo proceso de tercería tenga que tramitarse retrotrayendo a dicho código. C uarto. [El] hecho de haberse tramitado el proceso ejecutivo que dio lugar a la medida cautelar siguiendo la normauvidad del Código de Procedimientos Civiles, no significa que el nuevo proceso de tercería de propiedad tenga también que tramitarse de acuerdo con las mismas normas de procedimiento, si a la fecha de su iniciación la Ley Procesal es otra, de modo que al haberse tramitado cada una de las causas en armonía con sus respectivas normas de procedimiento no ha podido generar vicio de nulidad que invalide lo actuado. Q u in to. [Asimismo], el pedido de suspensión de la medida cautelar sin interponer la tercería o sea la desafectación previa que autoriza el artículo 539 del Código Procesal Civil, es facultativa y no obligatoria como requisito de procedibilidad para promover la tercería de propiedad en vía de acción; por tanto, bajo este aspecto también los hechos denunciados por el recurrente no configuran la causal invocada de contravención de normas que garantizan el derecho a un debido proceso. (Casación N.° 2462-98-Loreto, de 07-04-1999, ffi jj. 4 y 5. Sala Civil Transitoria [EP, 15-08-1999, p. 3181], Texto completo: ).

§ 3623. Si en sede casatoria se busca cuestionar la resolución que declara la improcedencia del pedido de suspensión de una medida cautelar, deben desarrollarse las causales que motivó al Juez a tomar tal decisión, y no argumentar simplemente que la denegatoria causa perjuicio de forma general. Tercero. [...] [La] parte recurrente denuncia Infracción normativa del artículo 139 numeral 3 de la Constitución Política del Estado, así como de los artículos 533 (último párrafo) y 539 del Código Procesal Civil; alega que, ello ha ocurrido al no haberse amparado su petitorio válido y legal en el auto de vista [sobre demanda de tercería de propiedad], a fin de que el Poder Judicial determine su derecho de propietario a ser opuesto a una medida judicial de inminente ejecución; añade que, la resolución recurrida afecta gravemente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, pues se le habría impedido que sus argumentos y medios probatorios sean debatidos en un proceso judicial, para luego de ello emitir una decisión, pese que esta acción de tercería se interpondría por la necesidad de cautelar su derecho en oposición a una medida judicial de limitación de la propiedad. Del escrutinio de la causal precedente, se advierte que la parte recurrente asevera que la resolución recurrida infringe el artículo 139 numeral 3 de la Constitución Política del Estado, así como los artículos 533 (último párrafo) y 539 del Código Procesal Civil; sin embargo, no desarrolla la causal atendiendo a las consideraciones que han servido de respaldo para confirmar la improcedencia de la demanda, restringiéndose a señalar que ello ha ocurrido pues la resolución impugnada no ampara su petitorio válido y legal, a fin de que el Poder Judicial determine su derecho de propietario a ser opuesto a una medida judicial de inminente ejecución, sin efectuar ios recurrentes vinculación alguna con lo expresado en el auto de vista, lo cual hace impreciso este extremo del recurso de casación; por consiguiente, el recurso casatorio en este acápite lia incumplido el requisito de procedibilidad establecido en el modificado artículo 388 numeral 2 del Código Procesal Civil, deviniendo en improcedente [...]. (Casación N.° 14518-2017-Junín, de 10-08-2017, f. j. 3. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 02-05-2018, Sentencias en Casación N.° 746, p. 108487]. Texto completo: ).

§ 3624, Adolece de nulidad insalvable el proceso cuando el juzgador tramita y resuelve irregularmente el recurso de apelación como uno de tercería, pues dicho hecho desnaturaliza el proceso. Tercero. [El artículo 539 del Código Procesal Civil] ha previsto que contra la resolución que deniega la suspensión de la medida cautelar el interesado puede promover la tercería correspondiente y cuya resolución final expedida en revisión si es susceptible de ser recurrida en casación. Cuarto. [Sin] embargo, en la presente causa se ha tramitado y resuelto irregularmente la apelación [...]. Sexto. [En] consecuencia el proceso está viciado de nulidad insalvable desde la expedición [...] que concede sin efecto suspensivo la apelada presentada contra el auto que obra a fojas 130 cuya nulidad debe ser declarado de oficio por esta Corte. (Casación N.° 1035-96-Ucayali, de 19-11-1997, ff. jj. 3, 4 y 6. Sala Civil [EP, 25-04-1998, p. 764]. Texto completo: ). 0 SUMMA PROCESAL CIVIL

Alt. 540

CÓDIGO PROCESAL CIVIL

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JURISPRUDENCIA DE LAS CORTES SUPERIORES

§ 3625. El contratante en una compraventa con reserva de dominio a su favor aún no tiene calidad de propietario y, por lo tanto, no puede solicitar que se desafecte la medida cautelar sobre el bien materia del contrato. Tercero. [En] virtud a la institución jurídica de la compraventa con reserva de dominio, el vendedor se reserva la propiedad del bien hasta que se haya pagado todo el precio o una parte determinada de él, aunque el bien haya sido entregado al comprador, quien asume el riesgo de su pérdida o deterioro desde el momento de la entrega, conforme lo señala el artículo 1583 del Código Civil. Cuarto. [Aun] cuando como en efecto aparece del certificado de gravamen [...] que el vehículo [...] se encuentra afectado con reserva de dominio y el recurrente ha acompañado a su solicitud de desafectación el contrato de cesión de derechos que lo legitima para pretender la presente desafectación, es del caso precisar que no se encuentra acreditado en autos de modo fehaciente el derecho de propiedad sobre el referido bien a favor de la apelante desde que no se aprecia de autos si la reserva de dominio acordada ha de operar hasta que se pague el precio total o una parte determinada de él, tampoco se puede advertir si el contrato de crédito que vincula a los demandados con el cadente sigue vigente o ha quedado resuelto [...]. (Exp. N.° 143-2002, de 19-03-2002, ff. jj. 3 y 4. Tercera Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ).

§ 3626, El tercero perjudicado con una medida cautelar puede solicitar la suspensión de esta, sin necesidad de interponer tercería. Primero. [De] acuerdo con lo que dispone el artículo 539 del Código Procesal Civil, el perjudicado con una medida cautelar dictada en un proceso en que no es parte, puede pedir su suspensión sin interponer tercería. (Exp. N.° 464-97, de 29-10-1997, f. 1 Cuarta Sala Civil, Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ).

SUBCAPÍTULO 6 IMPUGNACIÓN DE ACTO 0 RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Artículo 540: Procedencia Derogado. (1) NOTA DE ACTUALIZACIÓ N (1) Artículo derogado por e! numeral 1 de la primera disposición derogatoria de la Ley N,s 27584 {EP, 07-12-2001), la misma que entró en vigencia a los 30 días posteriores a la publicación de la Ley N.9 27684 (EP, 16-03-2002).

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 3627. La acción de nulidad y cancelación de la inscripción registra! es la acción idónea que pueden plantear los perjudicados después que se ha inscrito el derecho de propiedad. Q uinto. [Una] vez que la autoridad competente ha inscrito en los Registros Públicos el derecho de propiedad del poseedor del predio, se ha agotado el procedimiento administrativo especial de titulación de tierras previsto en el Decreto Legislativo N.° 667; por tanto, la inscripción registra! efectuada, únicamente puede anularse por mandato judicial; para tal efecto los interesados pueden recurrir válidamente a la autoridad jurisdiccional, en vía especial a través de la acción contencioso administrativa, o comparecer en la vía ordinaria, a través de la acción de Nulidad y Cancelación de la Inscripción Registra!; ello según la condición del sujeto que cuestiona la inscripción, o de los cuestionamientos formales o sustanciales planteados en contra de la inscripción registra! de la propiedad. (Casación N.° 335-2004-Tacna, de 28-09-2005, £ j. 5. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 30-01-2005]. Texto completo: ). n o m o s & th e s ís

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PROCESOS CONTENCIOSOS / PROCESO ABREVIADO

Alt. 544

Artículo 541: Adm isibilidad D erogado. NOTA DE ACTUALIZACIÓN (1) Artículo derogado por el numeral 1 de la primera disposición derogatoria de la Ley N,s 27584 (EP, 07-12-2001), la misma que entró en vigencia a los 30 días posteriores a la publicación de la Ley N.s 27684 (EP, 16-03-2002).

Artículo 542: Competencia D erogado .(1) NOTA DE ACTUALIZACIÓ N (1) Artícuío derogado por eí numeral 1 de la primera disposición derogatoria de la Ley N .° 27584 (EP, 07-12-2001), la misma que entró en vigencia a los 30 días posteriores a la publicación de la Ley N.s 27684 (EP, 16-03-2002).

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 3628. La demanda de nulidad de adjudicación de un predio es de naturaleza civil, por lo que no es viable considerarla como una acción contencioso-administrativa. Cuarto. [...] [Ijnterponen demanda de nulidad de acto jurídico de adjudicación y cancelación de asiento de inscripción; pretensiones que al estar sustentadas en normas de naturaleza civil siguen esa misma condición, por lo que no resulta viable considerarlas como una acción contencioso administrativa, que tiene por objeto que se declare la invalidez o ineficacia de un acto o resolución administrativa, lo cual no sucede en el caso de autos en el que las pretensiones demandadas, son de naturaleza civil como es la nulidad de acto jurídico y la cancelación del asiento registra! que se resuelven según las normas del derecho común, siendo competente para conocer el proceso el Juez Civil como órgano de primer instancia, mas no la Sala Civil por no estar impugnándose una resolución administrativa emitida por un órgano de carácter local o regional. (Casación N.° 761-2001-Tacna, de 26-06-2002, f. j. 4. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 30-09-2003]. Texto completo: ).

Artículo 543: Representación especial Derogado. (1> NOTA DE ACTUALIZACIÓ N (1) Artículo derogado por el numeral 1 de la primera disposición derogatoria de la Ley N.s 27584 (EP, 07-12-2001), la misma que entró en vigencia a los 30 días posteriores a la publicación de la Ley N.° 27684 (EP, 16-03-2002).

Artículo 544: Intervención del Ministerio Público D erogado . (1) NOTA DE ACTUALIZACIÓ N (1) Artículo derogado por e! numeral 1 de la primera disposición derogatoria de ía Ley N.- 27584 (EP, 07-12-2001), la misma que entró en vigencia a los 30 días posteriores a la publicación de la Ley N.a 27684 (EP, 16-03-2002).

♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

Art. 545

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Artículo 545: Acumulación Derogado. (1> NOTA DE ACTUALIZACIÓ N (1) Artículo derogado por el numeral 1 de la primera disposición derogatoria de la Ley N.a 27584 (EP, 07-12-2001), la misma que entró en vigencia a los 30 días posteriores a la publicación de la Ley N.fi 27684 (EP, 16-03-2002).

TÍTULO III PROCESO SUMARÍSIMO CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES Artículo 546: Procedencia Se tramitan en proceso sumarísimo ios siguientes asuntos contenciosos: 1. Alimentos; 2. Separación convencional y divorcio ulterior; 3. Interdicción; 4. Desalojo; 5. Interdictos; 6. Los que no tienen una vía procedimental propia, son inapreciables en dinero o hay duda sobre su monto o, porque debido a la urgencia de tutela jurisdiccional, el Juez considere atendible su empleo; 7. Aquellos cuya estimación patrimonial no sea mayor de cien Unidades de Referencia Procesal; y, 8. Los demás que la ley señale.(1) NOTA DE ACTUALIZACIÓN (1) Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley N.a 29057 (EP, 29-06-2007).

NOVENO PLENO CASATORIO CIVIL

§ 3630. En un proceso de otorgamiento de escritura pública el juez puede declarar de oficio la nulidad manifiesta del negocio jurídico que se pretende formalizar, siempre que, previamente, haya promovido el contradictorio entre las partes. VIII. D e c i s i ó n . [...] Segundo. Asimismo, declararon que c o n s t i t u y e n p r e c e d e n t e j u d i c i a l v i n c u l a n t e las siguientes reglas: 1. El proceso sumarísimo de otorgamiento de escritura pública es un proceso plenario rápido, en tanto no presenta limitaciones en torno a las alegaciones que podrían formular las partes o a los medios probatorios que podrían aportar en relación al fondo de la controversia, sin perjuicio de las restricciones impuestas por el artículo 559 del Código Procesal Civil. 2. En un proceso de otorgamiento de escritura pública el juez puede declarar de oficio, la nulidad manifiesta del negocio jurídico que se pretende formalizar, pero siempre que, previamente, haya promovido el contradictorio entre las partes en la forma señalada en el fundamento 60. Si el Juez considera que el negocio jurídico que se pretende formalizar es manifiestamente nulo, lo declarará así en ia parte resolutiva de la sentencia y declarará, además, infundada la demanda de otorgamiento de escritura pública. Si el Juez considera que el negocio jurídico que se pretende formalizar no es manifiestamente nulo, expresará las razones de ello en la parte considerativa de la sentencia y en la parte resolutiva únicamente se pronunciará sobre la pretensión de otorgamiento de n o m o s & th e s is

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escritura pública. 3* La declaración de oficio de la nulidad manifiesta de un negocio jurídico puede producirse en cualquier proceso civil de cognición, siempre que la nulidad manifiesta del referido negocio jurídico guarde relación directa con la solución de la controversia y que, previamente, se haya promovido el contradictorio entre las partes. 4. La nulidad manifiesta es aquélla que resulta evidente, patente, inmediatamente perceptible, en suma, aquélla que resulta fácil de detectar sea que se desprenda del acto mismo o del examen de algún otro elemento de prueba incorporado al proceso. La nulidad manifiesta no se circunscribe a algunas o a alguna específica causal de nulidad, sino que se extiende a todas las causales que prevé el artículo 219 del Código Civil. 5- La demanda por medio de la cual se peticiona el otorgamiento de escritura pública de un negocio jurídico que, precisamente, debe revestir esta última forma bajo sanción de nulidad, será declarada improcedente por petitorio jurídicamente imposible. 6. Dentro del control de eficacia del negocio jurídico que se pretende formalizar, y sin perjuicio de que se puedan considerar otros supuestos, se tendrán en cuenta los siguientes: Si la obligación de elevar a escritura pública el negocio jurídico se encuentra supeditada a una condición suspensiva y el demandante no logra acreditar la verificación del evento puesto como condición, la demanda será declarada improcedente por manifiesta falta de interés para obrar. Si todos los efectos deí negocio jurídico se encuentran sujetos a un plazo suspensivo que aún no ha vencido, la demanda de otorgamiento de escritura pública será declarada improcedente por manifiesta falta de interés para obrar. Si la obligación de elevar a escritura pública un negocio jurídico, se encontrara sujeta a plazo de cumplimiento que aún no ha vencido y que, además, ha sido estipulado en beneficio del deudor, la demanda será declarada improcedente por manifiesta falta de interés para obrar, a menos que exprese su voluntad de renunciar a dicho beneficio. En los procesos de otorgamiento de escritura pública el Juez podrá analizar el ejercicio de la excepción de incumplimiento, y de advertirse que la excepción en cuestión es amparable, la demanda será declarada improcedente por manifiesta falta de interés para obrar. Se procederá del mismo modo cuando el incumplimiento se invoque como argumento de defensa. En los casos en que el demandado alegue que se ha producido la resolución extrajudicial del contrato, el Juez analizará en la parte considerativa de la sentencia si concurren los requisitos de ley, o pactados por las partes, para ello, y, de ser así, declarará improcedente la demanda de otorgamiento de escritura pública, sin declarar la resolución deí contrato. Si el Juez advierte que no concurren tales requisitos, declarará fundada la demanda de otorgamiento de escritura pública, sin pronunciarse sobre la resolución extrajudicial del contrato. En ambos supuestos, el Juez no se pronunciará en el fallo sobre la resolución extrajudicial del contrato. [...] (Noveno Pleno Casatorio Civil [Tema: Proceso de otorgamiento de escritura pública], realizado el 09-08-2016. Casación N.° 4442-2015-Moquegua [EP, 18-01-2017], que establece ocho reglas -entre ellas estas- como doctrina jurisprudencial vinculante. Texto completo: ). PLENOS JURISDICCIONALES

§ 3631. Juez competente para conocer procesos sobre indemnización por daños y perjuicios, provenientes de responsabilidad civil distintos a los originados por accidente de tránsito. El Pleno acordó por m a y o r í a : “Son competentes para conocer las demandas sobre indemnización por danos y perjuicios, provenientes de responsabilidad civil distinto a los que se originan en un accidente de tránsito, los jueces especializados en lo civil o el mixto en su caso”. (Pleno Jurisdiccional Civil, Procesal Civil y Familia, realizado en Junín, el 11-12-2017. Tema N.° 1. Texto completo: ).

§ 3632. Contradicción de criterios de las salas superiores civiles respecto a la competencia en los procesos de alimentos en ejecución. Véase la jurisprudencia del artículo 547° del Código Procesal Civil [§ 3648]. (Pleno Jurisdiccional Distrital Especialidad Civil y Familia, realizado en Piura, el 30-01-2014. Tema N.° 3. [Contradicción de criterios de las salas superiores civiles respecto a la competencia en los procesos de alimentos en ejecución]. Texto completo: ).

§ 3633. Reglas para determinar la competencia en demandas de indemnización por daños y perjuicios (inc. 6 ) . El Pleno acordó por m a y o r í a : “El juez competente para conocer demandas sobre indemnización por daños y perjuicios (daño emergente, lucro cesante y daño moral) es el Juez ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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Especializado Civil o Mixto”. (Pleno jurisdiccional Distrital en Materia Civil y Familia, realizado en Huancavelica, el 02-09-2013. Tema N.° III. [Reglas para determinar la competencia en demandas de indemnización por daños y perjuicios]. Texto completo: ).

§ 3634. Competencia de los procesos de interdicción. ¿Cómo se establece la competencia de los procesos de interdicción civil? El Pleno acordó por m a y o r í a : “Que corresponde a los Juzgados Civiles”. (Pleno Jurisdiccional Nacional de Familia, realizado en Cajamarca, 1998, Acuerdo N.° 11.1. Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA, DE LAS CORTES SUPERIORES Y DEL TRIBUNAL C O N S T I T U C I O N A L __________ ________ _________ _______ ________ __ ________ ________

§ 3635. Es posible resolver en un proceso sumarísimo las pretensiones de nulidad de acto jurídico y la de restitución de la posesión del inmueble. Décimo. [La] pretensión de nulidad de acto jurídico se desarrolla generalmente en la vía del proceso de conocimiento (artículo 475 del Código Procesal Civil) y la de restitución del posesión de inmueble en la vía procedimental sumarísima (artículo 546 del mismo Código), pudiendo ambas, no obstante, conocerse, debatirse y resolver en la vía procedimental más larga, como es posible en el caso planteado y lo informa el artículo 85 segundo párrafo del indicado código, por lo que nada obsta para la resolución de la causa a través de una decisión de fondo por la Sala Superior. (Casación N.° 2301-2015-Ayacucho, de 07-10-2016, f. j. 10, Sala Civil Transitoria [EP, 02-10-2017, Sentencias en Casación N.° 734, p. 97035]. Texto completo: ).

§ 3636. Para que el otorgamiento de la escritura pública sea exigible es requisito sitie qua non la existencia del acto. Sexto. Si bien el proceso se orienta al cumplimiento de la formalización del acto celebrado, no es menos cierto que para que ella sea exigible es requisito sine qua non la existencia del acto, de modo que no puede configurarse la contravención alegada por el recurrente porque la resolución contractual ha quedado perfeccionada en los hecfios y como consecuencia de ello no existe ya acuerdo contractual que requiera formalizarse; resultando oportuno diferenciar que una cosa es efectuar la resolución extrajudicial que permite nuestro ordenamiento civil y otra distinta es discutir la resolución deí contrato o resolver el mismo, siendo esto último lo que no puede hacerse, pues lo primero es solo la verificación factual de la situación que ha causado el conflicto de intereses a dilucidar en este proceso conforme ai artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Civil. (Casación N.° 3119-2003-Lima, de 02-12-2004, f. j. 6. Sala Civil Permanente [EP, 30-05-2005, p. 14058], Texto completo: ).

§ 3637. La tramitación de un proceso en ía vía sumarísima señalada por una ley que fue declarada inconstitucional posteriormente, no anula lo actuado en el referido proceso siempre y cuando no se haya afectado el derecho de defensa del recurrente. Quinto. [La] tramitación del proceso en la vía sumarísima se realizó de conformidad con el artículo 7 de la Ley N.° 26835, sin generar afectación alguna al derecho de defensa del demandado, por lo tanto, si bien esta norma ha sido declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional, a partir del 25 de junio del 2001, de acuerdo con el artículo 36 de la Ley N.° 26435, no existe agravio que justifique hacer uso de ía facultad de control difuso para declarar la nulidad del proceso, de conformidad con los artículos 171 y siguientes del Código Procesal Civil. (CasaciónN.0 169-2000-Calíao, de 15-10-2003, f. j. 5. Sala Civil Transitoria Constitucional y Social [EP, 01-03-2004]. Texto completo: ).

§ 3638. La alusión del art. 605 CPC a “otro proceso” deberá entenderse como tramitado bajo las reglas de la vía sumarísima, como corresponde a los interdictos. Incurre en error el ad quem al establecer que debería ser substanciado en un “procedimiento especial”, sin precisa siquiera cuál sería la vía procedimental que le correspondería al mismo (inc. 5). Véase la jurisprudencia del artículo 605° del Código Procesal Civil [§ 3830]. (Casación N.° 1760-2010-Ayacucho, de 18-052011, ff. jj. 7 y 8. Sala Civil Transitoria [EP, 30-11-2011, Sentencias en Casación N.° 655, p. 32142]. Texto completo: ). n o m o s & th e s is

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PROCESO DE INTERDICCIÓN (INCISO 3}

§ 3639. Resulta necesario que sea el Juez de Familia quien tramite y resuelva las demandas por interdicción que buscan proteger a las personas y a la familia (inc. 3). VI. [...] 5. [...] [El] presente proceso de interdicción y cúratela se encuentra provisto de una tutela especial a favor de las partes. Esta especial tutela se manifiesta también en la necesidad de que la causa sea tramitada ante un Juez Especializado, conocedor del Derecho de Familia y de la naturaleza especialmente tuitiva de sus instituciones. En este orden de ideas, resulta necesario que sea el Juez de Familia quien tramite y resuelva este tipo de pretensiones que buscan proteger a las personas y a la familia. En tal sentido, es aplicable el artículo 9 del Código Procesal Civil que prescribe que la competencia por la materia se determina en base a la naturaleza de la pretensión. 6, [Cabe] precisar que el Código Procesal Civil ha fijado una regla de competencia expresa y clara respecto a los procesos de interdicción Recordemos que la competencia puede ser definida como aquella aptitud legalmente establecida que permite a determinado Juez conocer un proceso específico en mérito a especiales circunstancias de materia, territorio, grado y cuantía. La legalidad se erige como la principal característica de la competencia de los Jueces, por tanto, únicamente la Ley puede fijar el Juez competente para determinado caso; y, al existir una regla expresa en nuestro ordenamiento jurídico-procesal, no cabe duda que el Juez competente para conocer la pretensión postulada en este caso es el Juez Especializado de Familia. (Casación N.° 3385-2013-SulIana, de 06-03-2014, ff. jj. V.5 y V.6. Sala Civil Permanente [EP, 30-09-2014, Sentencias en Casación N.° 696, p. 56909]. Texto completo: ). PROCESO DE DESALOJO (INCISO 4)

§ 3640. Las irregularidades dentro de un proceso de desalojo no implican que proceda la nulidad de cosa juzgada fraudulenta (inc. 4). Primero. [Las] irregularidades que atribuye el demandante a la ejecución de la sentencia en el proceso de desalojo, debieron apreciarse y subsanarse, si fuera el caso, en los mismos autos y no a través de una pretensión de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, la misma que tiene el objetivo expreso de dirigirse contra una sentencia o acuerdo de partes homologado que ponga fin al proceso. (Exp. N.° 1262-98, de 24-06-1998, f. j. 1. Tercera Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ). PROCESO DE CAMBIO DE NOMBRE (INCISO 6)

§ 3641. Rectificación de la sentencia: el proceso de usurpación de nombre no tiene como fin acreditar la relación entre el menor y el supuesto padre, sino la ausencia de autorización de este para el uso de su nombre (inc. 6). Sexto. [Si] bien es cierto que la Sala Superior afirma que la demandada no ha acreditado que el demandante sea padre del menor, pese a que en el proceso de usurpación de nombre no persigue acreditar la relación filial entre el presunto progenitor y el menor inscrito con su nombre, sino la ausencia de autorización (voluntaria o judicial) para utilizar dicho nombre, este Supremo Tribunal procede a corregir ese extremo de la motivación de la sentencia de vista, y aplicando lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 397 del Código Procesal Civil, no casará la misma por el solo hecho de estar erróneamente motivada, pues su parte resolutiva se ajusta a detecho; sin embargo, hace la correspondiente rectificación en el sentido que la demandada no ha acreditado contar con autorización expresa del presunto progenitor del menor para inscribirlo con su nombre, y menos acredita que exista proceso judicial en el que se hubiera declarado la filiación extramatrimonial

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del demandante respecto del aludido menor, por lo que la demanda deviene en infundada. (Casación N.° 404-2008-Piur a, de 21-01-2009, f, j. 6. Sala Civil Transitoria [EP, 30-11-2009, p. 25996]. Texto completo: ).

§ 3642. Pedido de cambio de nombre puede ser tramitado en eí proceso sumarísimo, junto con el pedido de cambio de sexo en los documentos de identidad. Deja sin efecto doctrina jurisprudencial precedente. Realidad biológica no debe ser ei único elemento determinante para la asignación del sexo. Transexualismo. Cambio de sexo. 15. El Tribunal Constitucional estima [...] que los jueces tienen un especial margen de decisión en la interpretación de los alcances del derecho a la identidad personal, por lo que, también en este extremo, corresponde dejar sin efecto los lincamientos que habían sido aprobados en la STC 0139-2013-PA, a fin que, en el desarrollo de los procesos en la vía ordinaria, los jueces puedan tomar en cuenta los recientes alcances con relación a este derecho. & Consecuencias de la variación de la doctrina jurisprudencial fijada en la Sentencia 013,9-2013-PA/TC. 16. Lo resuelto por este Tribunal, con los fundamentos que anteceden, supone un apartamiento de la doctrina constitucional que se había fijado en ia STC 00139-2013-PA/TC. Esto también implica que, a futuro, se encontrará garantizado el derecho de acceso a la justicia de las personas que deseen solicitar la modificación de sus datos en sus documentos de identidad, el cual se había visto irrazonable y desproporcionalmente restringido con los criterios desarrollados en el referido pronunciamiento. 17. El apartamiento de esta doctrina jurisprudencial permitirá que los órganos judiciales tutelen el derecho a la identidad y la personalidad jurídica de las personas transexuaíes, ya que no existirá ningún impedimento, ni legal ni jurisprudencial, para garantizar estos derechos. En efecto, con ia superación de la doctrina jurisprudencial establecida en la STC 0139-2013-PA, los jueces ya tienen la posibilidad real y efectiva de conocer las solicitudes de cambio de sexo. A nivel procesal, las consecuencias de esta modificación de criterio serán las siguientes: (i) en relación con las solicitudes de cambio de sexo en el Documento Nacional de Identidad (DNÍ) que fueran presentadas luego de la publicación de esta sentencia, y mientras los órganos emplazados no adopten los procedimientos especiales para esta clase de pedidos, la vía idónea y adecuada será la contenida en el artículo 546.6 del Código Procesal Civil, proceso en el que el juez está facultado a interpretar el derecho a la identidad personal de conformidad con las pautas reconocidas en esta sentencia. La elección de este conducto se sustenta tanto en la necesidad de tutelar de maneta urgente los derechos involucrados, como en la posibilidad de evitar cualquier clase de dilación por el desarrollo complejo y extendido del proceso. Por otro lado, respecto de aquellas solicitudes que fueron presentadas en la vía del amparo antes de la publicación de esta sentencia, y que actualmente se encuentran en trámite (ii), operará ia reconducción del proceso a la vía regulada en el artículo 546.6 del Código Procesal Civil, con el propósito de que los órganos competentes, a través del despliegue de la actividad probatoria que corresponda, emitan un pronunciamiento de fondo a fin de tutelar, de ser el caso, los derechos a ios que se ha hecho mención en esta semencia. [...] 27. [El] Tribunal advierte que con anterioridad a la aprobación de esta sentencia, no se había garantizado el derecho a la tutela procesal efectiva, ya que, debido a ia vigencia de la doctrina jurisprudencial desarrollada en la STC 0139-2013-PA/TC, los distintos órganos jurisdiccionales interpretaron, en muchos casos, que el derecho a la identidad de género y la posibilidad del cambio de sexo no encontraban sustento alguno en la Constitución. 28. No obstante, con la superación de dichos criterios en esta sentencia, el Tribunal Constitucional deja sentado que ya no existe ningún obstáculo ni legal ni jurisprudencial que impida admitir esta clase de pedidos en la vía judicial ordinaria. En consecuencia, corresponde dejar a salvo el derecho de la parte recurrente a fin de que, si lo estimara conveniente, lo haga valer en el marco de un proceso que cuente con mayor actividad probatoria, de conformidad con los parámetros que han sido expuestos en esta sentencia. 29. Por otro lado, con relación ai cambio de nombre [...], es conveniente advertir previamente que, de manera contraria a lo expuesto por la parte demandada, la pretensión de rectificación de nombre no puede equipararse a la del cambio de nombre, pues rectificar significa subsanar un error n omisión, generalmente involuntarios, en que se incurrió al consignarse el nombre civil en la respectiva partida de nacimiento. Por el contrario, con el cambio de nombre, lo que se pretende es cambiar una denominación personal en mérito a ciertas motivaciones, a lo que accederá el juez si considera que los motivos que fundamentan la solicitud se encuentran justificados [STC n o m o s & th e s is

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2273-2005-PHC/TC, fundamento 20]. 30. En el presente caso, este Tribunal aprecia que el artículo 749.9° deí Código Procesal Civil regula la posibilidad de solicitar la rectificación de nombre mediante un proceso no contencioso, el cual, de conformidad con el artículo 750° del mismo Código, es de competencia del Juez de Paz Letrado o de Notario. En cuanto al pedido de cambio de nombre, previsto en el artículo 29° del Código Civil -que es lo que en este caso se solicita en la demanda de autos- lo correspondiente es que, a fin de que la persona pueda hacer valer en una misma vía su solicitud, también sea tramitado en el proceso sumarísimo, junto el pedido de cambio de sexo en los documentos de identidad. 31. De hecho, en los pronunciamientos que este Tribunal ha emitido en casos similares al que ahora se presenta, se ha dejado en claro que las personas transexuales pueden realizar esta clase de pedidos en la vía judicial ordinaria. Así, en jurisprudencia atinente se ha autorizado el cambio del nombre en casos análogos, y se ha reconocido que, en esta cíase de situaciones, la vía judicial ordinaria también puede aceptar estos pedidos {STC 02273-2005-HC y STC 0139-2013-PA). Ello permite concluir que, en relación con este extremo del petitorio, también existe una vía judicial igualmente satisfactoria en la que la parte recurrente puede hacer valer el derecho que ahora invoca, por lo que corresponde declarar improcedente la demanda en este extremo. Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, [...] h a r e s u e l t o : [...] 2. d e j a r s i n e r e c t o la doctrina jurisprudencial establecida en la Sentencia 0139-2013-PA/TC. (Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional, Exp. N.° 060402015-PA/TC, de 21-10-2016 [Web: 08-11-2016 / EP: 16-03-2017], ff. jj. 10, 11, 13-17 y 27-31. Texto completo: ). PROCESO DE OTORGAMIENTO PE ESCRITURA PÚBLICA (INCISO 8)

§ 3643. Cuestiones materia de discusión en los procesos de otorgamiento de escritura pública. Sexto. [En] el proceso de otorgamiento de escritura pública solo se discute: a) si se celebró o no el acto jurídico que es materia de formalidad; y b) si quien intervino en la celebración está obligado a otorgarla. (Casación N.° 122-2015-Lima Norte, de 04-12-2015, f. j. 6. Sala Civil Transitoria [EP, 30-09-2016, Sentencias en Casación N,° 718, p. 83255]. Texto completo: ).

§ 3644. El hecho de que en un proceso judicial se pretenda el otorgamiento de una escritura pública no impide que en otro proceso se pretenda declarar la invalidez del acto jurídico contenido en dicho instrumento, pues entre ambas pretensiones no existe identidad de petitorios. Segundo, [Esta] Suprema Sala ha establecido en reiterada y uniforme jurisprudencia que en el proceso de otorgamiento de escritura pública solamente se busca revestir de determinada formalidad el acto jurídico, no discutiéndose en esta vía los requisitos de validez del acto jurídico, de allí que se sustancia en la vía sumarísima; que el hecho de que en un proceso judicial se pretenda el otorgamiento de una escritura pública no impide que en otro proceso se pretenda declarar la invalidez del acto jurídico contenido en dicho instrumento, pues entre ambas pretensiones no existe identidad de petitorios, lo que ha de sustanciarse en vía conocimiento. (Casación N.° 2952-2003-Lima, de 26-10-2004, f. j. 2. Sala Civil Transitoria [EP, 31-03-2005]. Texto completo: ).

§ 3645. Cabe solo pronunciarse sobre la formalidad del acto jurídico en un proceso sumarísimo correspondiente a otorgamiento de escritura pública. Quinto. [La] Sala Suprema-también en diversas ocasiones- ha sido uniforme al señalar que en este tipo de procesos [sumarísimo] no se discute la validez del acto jurídico, sino si se debe cumplirse o no la formalidad requerida. Ello, además, es congruente con la pretensión y con la calidad sumarísima del proceso que impide discusión sobre temas que deben dilucidarse en procesos plenos. Sexto. En efecto, como el petitorio se ciñe a lograr la formalización respectiva y la naturaleza de proceso es uno sumarísimo, y por ende breve y específico, no cabe discutir la validez del acto jurídico, pues ello representaría pronunciarse sobre algo que no se ha controvertido y que solo podría serlo por la vía del proceso de conocimiento. Ello, no solo significaría una vulneración de la vía procedimental, sino además una modificación del petitum que es un tema que corresponde * SUMMA PROCESAL CIVIL

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decidir a las partes, conforme lo dispone el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil. Sétimo. De lo expuesto se colige: 1. Que el otorgamiento de escritura pública supone la existencia de un acto jurídico previo. 2. Que aquí no se discute la validez del acto jurídico, sino simplemente la exigencia de la formalidad emergida del convenio o de la ley. 3. No cabe tampoco aquí examinar supuestos de falta de pago, pues aquí no se controvierte la invalidez manifiesta del propio acto jurídico, sino el cumplimiento de las obligaciones que emergen de éste. (Casación N.° 3795-20l4-Lambayeque, de 10-09-2015, ff. jj. 5-7. Sala Civil Permanente [EP, 01-10-2016, Sentencias en Casación N.° 719, p. 80968]. Texto completo: ). § 3646. No puede emitirse pronunciamiento sobre la nulidad de un acto jurídico en un proceso de otorgamiento de escritura pública, al ser este uno tramitado en la vía sumarísima. Cuarto. [...] En el presente caso, la recurrente denuncia la infracción normativa a los siguientes dispositivos legales: [...] b) La infracción normativa por inaplicación del artículo 315 del Código Civil; pues, según alega la recurrente, la Sala Civil de la Corte Superior [...] considera irrelevante que la demandante [...] no haya celebrado conjuntamente con su esposo el contrato de compraventa de bien inmueble cuya formalización por escritura pública pretende, sin embargo, para que un contrato sea válido debe ser celebrado por ambos cónyuges, lo que vicia de nulidad la sentencia de vista, porque, al tratarse de la compra de un inmueble resultaba indispensable la participación de ambos cónyuges, c) La infracción normativa por inaplicación de los incisos 1 y 8 del artículo 219 del Código Civil; porque no se habría tenido en cuenta que uno de los requisitos para otorgar judicialmente la formalización de un contrato es que este sea válido, porque el juez no podría disponer la formalización de un contrato manifiestamente nulo, siendo que, en el caso de autos, el contrato es nulo porque falta la manifestación de voluntad de la cónyuge [...] y por ser contrario al orden público, d) La infracción normativa por inaplicación del artículo 220 del Código Civil, porque según manifiesta la demandante, si bien el presente proceso no es uno de nulidad de acto jurídico, se debió declarar la nulidad de oficio del contrato de compraventa que se pretende elevar a escritura pública, porque no intervino la cónyuge al momento de su celebración [...]. Sexto. [Sobre] las infracciones b), c) y d), cabe mencionar que el presente proceso es uno de otorgamiento de escritura pública, tramitado en la vía del proceso sumarísimo, por lo que, no es posible emitir pronunciamiento alguno respecto a la pretendida nulidad del acto jurídico. (Casación N.° 3017-2013-Arequipa, de 13-09-2013, ff. jj. 4 y 6. Sala Civil Permanente. Texto completo: ).

§ 3647- No corresponde en un proceso sobre otorgamiento de escritura pública emitir pronunciamiento sobre la eficacia de la resolución del contrato cuya finalidad es solo dar formalidady solemnidad al contrato celebrado, Décimo Tercero. [Se] verifica que se ha controvertido la vigencia del contrato privado de compraventa de bienes inmuebles con arras confirmatorias del 7 de agosto de 2009, en base al cual se formula la demanda, pues mientras la recurrente sostiene que no cabe dejar sin efecto el contrato materia de examen, fundado en la aplicación del artículo 1478° del Código Civil; los demandados, por su parte, señalan que dicho contrato se encuentra resuelto en aplicación de las cláusulas Quinta y Novena del contrato y que no les asiste la obligación de formalizar la escritura pública. Décimo Cuarto. [En] tal sentido, cabe precisar que no corresponde en el presente proceso sobre otorgamiento de escritura pública emitir pronunciamiento relativo a la eficacia de la resolución de referido contrato de compraventa efectuado por los demandados con la recurrente, pues aquello no es materia de este proceso, sino dar formalidad y solemnidad al acto celebrado, que requiere previamente la “existencia” del contrato. Asimismo, tampoco es objeto del presente proceso declarar la existencia o vigencia del contrato como alega la recurrente, pues ello en todo caso, corresponde ser efectuado en un proceso lato en el que se examine el iter contractual y no en uno sumarísimo como el presente proceso. En consecuencia, no se ha incurrido en infracción normativa. (Casación N.° 2771-2014-Lima, de 0406-2015, ff. jj- 13 y 14. Sala Civil Permanente [EP, 30-06-2016, Sentencias en Casación N.° 715, p. 78705]. Texto completo: ). no m o s & th e s is

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Artículo 547: Competencia Son competentes para conocer los procesos sumarísimos Indicados en los incisos 2) y 3), del artículo 546, los Jueces de Familia. En los casos de los incisos 5) y 6), son competentes los Jueces Civiles. Los Jueces de Paz Letrados conocen los asuntos referidos en el inciso 1) del artículo 546. En el caso del inciso 4) del artículo 546, cuando la renta mensual es mayor de cincuenta Unidades de Referencia Procesal o no exista cuantía, son competentes los Jueces Civiles. Cuando la cuantía sea hasta cincuenta Unidades de Referencia Procesal, son competentes los Jueces de Paz Letrados. En el caso del inciso 7) del artículo 546, cuando la pretensión sea hasta diez Unidades de Referencia Procesal, es competente para sentenciar el Juez de Paz y hasta cincuenta Unidades de Referencia Procesal para resolver mediante conciliación; cuando supere esos montos, es competente el Juez de Paz Letrado.(,) NOTA DE ACTUALIZACIÓ N (1) Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley N.s 29887 (EP, 20-06-2012). Anteriormente 'había sido modificado por la cuarta disposición final de la Ley N.a 29824 {EP, 03-01-2012), por el artículo 8 de la Ley N.e 29566 (EP, 28-072010), por el artículo 1 de la Ley N.fi 29057 (EP, 29-06-2007), por el artículo 2 de la Ley N.a 28439 (EP, 28-12-2004) y por el artículo 3 de la Ley N.° 27155 (EP, 11-07-1999).

PLENOS JURISDICCIONALES

§ 3648. Contradicción de criterios de las salas superiores civiles respecto a la competencia en los procesos de alimentos en ejecución. ¿En observancia de lo previsto por los artículos 546 inciso 1 y 547párrafo segundo del Código Procesal Civil, concordante con el artículo 96 del Código de los Niños y Adolescentes: ¿Son competentes losjuzgados de paz letrados para conocer los procesos de alimentos en la etapa de ejecución, cuando estos han sido sentenciados por un juzgado Especializado, o dicha competencia transgrede elprincipio de la Perpetuatio Iurisdicctionis recogidopor el artículo 8 del citado Código Adjetivo, así como la excepción contenida en la Segunda Disposición Complementaria y Final del mismo cuerpo legal? El Pleno acordó por m a y o r í a : “ L o s juzgados de paz letrados son competentes para conocer los procesos de alimentos en la etapa de ejecución, aun cuando hayan sido sentenciados por los juzgados especializados”. (Pleno jurisdiccional Distrital Especialidad Civil y Familia, realizado en Piura, el 30-01-2014. Tema N.° 3. [Contradicción de criterios de las salas superiores civiles respecto a la competencia en los procesos de alimentos en ejecución]. Texto completo: ). y

§ 3649. Reglas para determinar la competencia en demandas de indemnización por daños perjuicios. El Pleno acordó por m a y o r í a : “El juez competente para conocer demandas sobre

indemnización por daños y perjuicios (daño emergente, lucro cesante y daño moral) es el juez Especializado Civil o Mixto”. (Pleno Jurisdiccional Distrital en Materia Civil y Familia, realizado en Huancavelica, el 02-09-2013. Tema N.° III. [Regías para determinar la competencia en demandas de indemnización por daños y perjuicios]. Texto completo: ).

§ 3650. Competencia de los Jueces de Paz Letrado. ¿Es competente un Juez de Paz Letrado para conocer procesos de prescripción adquisitiva de dominio, retracto, resolución de contrato, otorgamiento de escritura pública, etc.? B) ¿Esposible la aplicación de la regla de competencia por cuantía a todo tipo de procesos o solo aprocesos que contienenpretensiones de obligación de dar suma de dineroyío indemnización. El Pleno acordó por m a y o r í a : “a) Los procesos de Prescripción Adquisitiva de Dominio, Retracto, Resolución de Contrato, Otorgamiento de Escritura Pública, etc,, no pueden ser conocidos por los Jueces de Paz Letrado, ya que de conformidad con el artículo 5o del Código Procesal Civil, dichas materias deben ser conocidas por los Jueces Especializados, b) El Código Procesal Civil le otorga competencia a los Jueces de Paz Letrado para conocer pretensiones por razón de cuantía (pretensiones de condena), dejando los otros tipos de pretensiones para conocimiento de los Juzgados Especializados, tai como se puede inferir de los artículos 488° y 547° del Código Procesal Civil. Además, no es factible aplicar la regla de la competencia por cuantía a todo tipo de procesos, sino únicamente a los que ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

Art. 547

CÓDIGO PROCESAL CIVIL

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contienen pretensiones de condena”, (Pleno Jurisdiccional Distrital Paz Letrado, realizado por Corte Superior de Justicia de Lima, los días 3 y 04-11-2011. Tema N.° 1 [Competencia de los Jueces de Paz Letrado en materia Civil y/o Comercial], Texto completo: ).

§ 3651. Competencia del Juzgado de Paz Letrado para conocer la entrega de bien inmueble en ejecución de acta de conciliación extrajudicial. Sobre las actas de conciliación: ¿Es competente el Juzgado de Paz Letrado para conocer la entrega de bien inmueble en ejecución de acta de conciliación extrajudicial'?El Pleno acordó por mayoría: “El Juez de Paz Letrado es competente, atendiendo a la cuantía, sea por el valor del inmueble vigente a la fecha de interposición de la demanda, conforme al artículo 12° del Código Procesal Civil, conforme a la cuantía de la renta pactada si el acuerdo deriva de un contrato de arrendamiento, la que se determina conforme al artículo 547° del Texto Unico Ordenado del Código Procesal Civil”. (Pleno Jurisdiccional Distrital Paz Letrado, realizado por Corte Superior de Justicia de Lima, los días 3 y 04-11-2011, Tema N.° 2. Subtema N.° 1 [Sobre las actas de conciliación]. Texto completo: ).

§ 3652. Tratamiento de los procesos de prescripción adquisitiva en trámite en ios juzgados de paz letrado. El Pleno acordó por mayoría: “Que, a través de la sentencia, sea declarada improcedente la demanda, en caso que haya llamado de autos para sentenciar. Que, la improcedencia de la demanda sea declarada en cualquier estado del proceso, previa nulidad de actuados”. (Pleno Jurisdiccional Distrital en Materia Civil, realizado en Tacna, el 15-07-2008. TemaN.° 2. [Tratamiento de los proceso en trámite en los juzgado de paz letrado]. Texto completo: ).

§ 3653- Competencia en los procesos de otorgamiento de escritura púbííca y otorgamiento de título público de transferencia vehicular. Establecer la competencia en losprocesos de otorgamiento de escritura pública y otorgamiento de título público de transferencia vehicular. En lafecha se ha venido aceptando de acuerdo a la cuantía del bien materia del proceso. El Pleno acordó por unanimidad: “Primero. Los procesos sobre otorgamiento de escritura pública y otorgamiento de título público de transferencia vehicular por contener una pretensión incuantifkable deben tramitarse en los Juzgados Especializados. Segundo. Se recomienda proponer una modificación legislativa al artículo 546 del Código Procesal Civil, para que dichos procesos pueden tramitarse en los Juzgados de Paz Letrados de manera exclusiva, por la poca complejidad”. (Pleno Jurisdiccional Distrital en Materias Civil, Laboral y Familia, realizado en Cajamarca, los días 14 y 15-06-2007. Conclusión N.° 4. Texto completo: ).

§ 3654. Competencia de los procesos de interdicción. ¿Cómo se establece la competencia de los procesos de interdicción civil? El Pleno acordó por mayoría: “Que corresponde a los Juzgados Civiles”. (Pleno Jurisdiccional Nacional de Familia, realizado en Cajamarca, 1998. Acuerdo N.° 11.1. Texto completo: ), JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 3655- No precisar la competencia del juzgado contraviene con el debido proceso y principio de legalidad. Quinto. [Corresponde] verificar el cumplimiento de los requisitos de procedencia [...] b. La sentencia no ha reconocido el fundamento de apelación de la cuantía o competencia del despacho para conocer de la demanda en competencia por cuantía, pues en la demanda erróneamente se precisa que “el petitorio y causa petendi no tiene cuantía por ser inapreciable en dinero, sin embargo, anexa a la demanda un contrato de arriendo en donde se ñja un arriendo mensual de dos mil ochocientos con 00/100 nuevos soles (SI 2,800.00), así pues conforme lo señala el artículo 547 del Código Procesal Civil que regula la competencia en esta clase de procesos “son competentes para conocer los procesos sumarísimos indicados [...] en el caso del inciso 4) del artículo 546, cuando la renta mensual, es mayor de 50 URP o no exista cuantía, son competentes los jueces civiles. Cuando la cuantía sea hasta 50 URP son competentes los jueces de paz Letrado”; en ese sentido, se vulnera el debido procedimiento y principio de legalidad, máxime si esta competencia es improrrogable, así pues, se tiene establecido en los artículos 5, 6 y 7 del Código Procesal Civil. Sétimo. [Respecto] del agravio denunciado en el n o m o s & th e s is

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PROCESOS CONTENCIOSOS / PROCESO SUMARÍSIMO

Alt 548

literal b) en igual forma debe desestimarse, por cuanto, cuestionar la competencia en sede casatoria, implica contravenir las disposiciones del artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Civil o el denominado Principio de Preclusión, significando que pudo discutirlo formulando la excepción correspondiente en su debida oportunidad. (Casación N.° 2 2 2 5 -2 0 1 6 , de 11-11-2016, ff. jj. 5 7 7. Sala Civil Permanente [EP, 31-08-2017, Sentencias en Casación N.° 732, p. 95716], Texto completo: ).

§ 3656. Resalta necesario que sea el Juez de Familia quien tramite 7 resuelva las demandas por interdicción que buscan proteger a las personas 7 a la familia. Véase la jurisprudencia del inciso 3 del artículo 546° del Código Procesal Civil [§ 3639]. (Casación N.° 3385-2013-Sullana, de 06-032014, ff. jj, V.5 y V.6 . Sala Civil Permanente [EP, 30-09-2014, Sentencias en Casación N.° 696, p. 56909]. Texto completo: ). JU RISPRUDENCIA DE LAS CORTES SUPERIORES

§ 3657. La pretensión de otorgamiento de escritura pública se tramita en la vía de proceso sumarísimo, salvo que el título tenga la calidad de título ejecutivo correspondiéndole la vía pertinente. Segundo. [En] la demanda [,..] se ha acumulado tres pretensiones: a) Otorgamiento de escritura pública; b) Entrega de posesión de fundo rústico; y c) Pago de danos de perjuicios; habiéndose desistido el actor de esta última pretensión en virtud de su escrito [...] y admitido tal desistimiento por resolución [...]. [...] Quinto. [Se] concluye que el a quo ba incurrido en causal de nulidad insubsanable a partir de la emisión del auto admisorio de la demanda [...], al disponerse seguir el proceso por la vía sumarísima cuando debería seguirse la vía de conocimiento; por consiguiente, el referido acto procesal carece de uno de los requisitos indispensables para la obtención de su finalidad (nulidad por finalidad incumplida) como lo prevé el artículo 171 del código procesal glosado. Sexto. [Debe] tenerse en cuenta: a) que la nulidad es inconvalidable tácitamente (artículo 1 7 2 tercer párrafo) por la omisión del demandado de proponer la nulidad en la primera oportunidad que tuvo para hacerlo, ya que no la propone en la Audiencia Única si no en el escrito posterior [,,.]; b) que, además la vía sumarísima por ser un procedimiento de plazos exiguos, con una sola audiencia, evidentemente afecta el derecho de defensa y el debido proceso en general de las partes y especialmente de los codemandados [...]. (Exp. N.° 200-95-AG-N, de 21-08-1995, ff jj. 2, 5 y 6 , Primera Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Arequipa. Texto completo: ).

§ 3658. Acumulación de pretensiones. Vía procedimental. Pretensión de otorgamiento de escritura pública. La pretensión de otorgamiento de escritura pública (u otra formalidad) se tramita en la vía de proceso sumarísimo, salvo que el título de cuya formalidad se trata, tenga la calidad de ejecutivo, en cuyo caso se sigue el trámite del proceso correspondiente (artículo 1412° del Código Civil, ampliado por el Decreto Legislativo N.° 7 6 8 ). Sin embargo, si en la demanda se ha acumulado varias pretensiones: a) otorgamiento de escritura pública; b) entrega de posesión del fundo rústico; y c) pago de daños y perj uicios, debe tramitarse en la vía de proceso de conocimiento. No obstante que el propio demandante solicitó seguirse la vía de proceso de conocimiento, el Juez dispuso seguirse como proceso sumarísimo, afectando el derecho de defensa y el debido proceso incurriéndose en causal de nulidad inconvalidable (por finalidad, incumplida) estando al art. 171°, primer párrafo, del Código Procesal Civil. (Exp. N.° 200-95-AG-N, de 21-08-1995, sumilla. Primera Sala Civil. Corre Superior de Justicia de Arequipa, Texto completo: ).

Artículo 548: Noimafividad supletoria Es aplicable a este proceso lo dispuesto en el artículo 476, con las modificaciones previstas en este Capítulo.

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CÓDIGO PROCESAL CIVIL

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Artículo 549: Fijación del proceso por ei juez En el caso del inciso 6 del artículo 546,9aresolución que declara aplicable el proceso sumarísimo, será expedida sin citación al demandado, en decisión debidamente motivada e inimpugnable. Artículo 550: Plazos especiales del emplazamiento Para los casos previstos en el tercer párrafo del artículo 435, los plazos serán de quince y veinticinco días, respectivamente. Artículo 551: Inadinisibilldad o improcedencia El Juez, al calificar !a demanda, puede declarar su inadmisibilidad o improcedencia, con arreglo a lo dispuesto por los artículos 426 y 427, respectivamente. Si declara inadmisible la demanda, concederá al demandante tres días para que subsane la omisión o defecto, bajo apercibimiento de archivar el expediente. Esta resolución es inimpugnable. Si declara improcedente la demanda, ordenará la devolución de los anexos presentados.

JU R IS P R U D E N C IA PE LA CORTE SUPREMA

§ 3659. Al declararse infundado un pedido de nulidad en la audiencia única, esta queda consentida si dicha resolución no ha sido materia de cuestionamiento en el recurso de apelación. Cuarto. [...] [Los] recurrentes denuncian como causal la contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, alegando que se ha transgredido ios siguientes artículos: [...] ii) Artículos 551 y 554 del Código Procesal Civil, toda vez que al interrumpir el juez la audiencia única concediendo un plazo a la demandante originaria para que subsane la deficiencia en la identificación del predio, no solamente ha trasgredido el artículo 551 del Código adjetivo, referido a la admisibilidad y procedencia de la demanda de desalojo, sino además, el artículo 554, que regula la actuación en la audiencia única, pues dicho artículo no menciona que el juzgado tenga la facultad para interrumpir la audiencia y señalar nueva fecha con el objeto que las partes subsanen sus deficiencias; por lo que, lo correcto hubiera sido que el juzgado declare inadmisible la demanda a tenor del artículo 451 del Código Procesal Civil. Quinto. Examinadas las alegaciones contenidas en el recurso presentado, se advierte que los recurrentes no han demostrado la incidencia directa de las infracciones normativas denunciadas sobre la decisión impugnada, incumpliendo con el requisito de procedencia previsto en el inciso 3o del artículo 388 del Código Procesal Civil; toda vez que reproducen los mismos fundamentos expuestos en su pedido de nulidad y en su recurso de apelación [...], este agravio ya ha sido resuelto en la audiencia única [..,] al declararse infundado su pedido de nulidad [...], quedando consentida dicha resolución al no haber fundamentado el recurso de apelación formulado en el acto de audiencia; por lo que los recurrentes hacen mal en cuestionar un tema que ya ha sido objeto de pronunciamiento [.„]. (Casación N.° 1729-2011-Callao, de 10-01-2012, ff. jj. 4-5. Sala Civil Permanente [EP, 01-07-2013, Sentencias en Casación N.° 680, p. 41458], Texto completo: ),

Artículo 552; Excepciones y defensas previas Las excepciones y defensas previas se interponen a! contestarse la demanda. Solo se permiten los medios probatorios de actuación inmediata.

n o m o s & th e s is

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PROCESOS CONTENCIOSOS / PROCESO SUMARÍSIMO

Art. 553

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 3660. En el proceso samarísimo las excepciones solamente deben ser propuestas antes que se conteste la demanda. Sexto. [...] [Si] bien la impugnante denuncia la afectación de normas de derecho procesal referidas a la prescripción de la acción extintiva sin embargo no toma en cuenta que los argumentos vertidos en su recurso de casación están orientados a rebatir el criterio adoptado por las instancias de mérito al sostener que la prescripción aludida solo debía ser materia de pronunciamiento si la misma fue invocada antes de contestar la demanda sin tener en cuenta que según el Acta de Audiencia Única celebrada el 19 de marzo de 2013 el juez de la causa mediante resolución [.,.] declaró infundada la excepción propuesta en dicho acto por la parte emplazada al considerar que acorde a los lincamientos previstos por el artículo 552 del Código Procesal Civil la misma solamente debe ser propuesta antes que se conteste la demanda decisión que al ser apelada fue confirmada por la Sala Superior y si bien este último órgano jurisdiccional al revocar la apelada desestimó la demanda declarándola improcedente sin embargo dicha decisión la adoptó en aplicación de lo previsto por el artículo 601 del Código Procesal Civil al considerar que la demanda fue planteada vencido el plazo que señala la ley más aún si la misma actora sostuvo que sobre el inmueble sub litis se han practicado inspecciones y evacuado Informes Técnicos con fecha 28 de agosto de 2010 lo que refuerza la presunción que desde aquella fecha tenía conocimiento que los demandados estaban efectuando las construcciones dentro del área que considera de su propiedad careciendo de sustento su afirmación de haber conocido los hechos en fecha posterior a la edificación, decisión con la que esta Sala concuerda al encontrarse la sentencia recurrida arreglada a ley [...]. (Casación N.° 429 1-2014-San Martin, de 30-07-2015, f. j. 6. Sala Civil Transitoria [EP, 3012-2015, Sentencias en Casación N.° 710, p. 73404]. Texto completo: ).

Artículo 553: Cuestiones probatorias Las tachas u oposiciones soio se acreditan con medios probatorios de actuación inmediata, que ocurrí rá durante la audiencia prevista en el artículo 554.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 3661. Las tachas se deben acreditar mediante medios probatorios de actuación inmediata para que sean considerados por el Juez. Sexto. [Aun] cuando el contrato privado de compraventa de derechos y posesionarlos de fecha 12 de abril de 2013, resultaría ser manifiestamente nulo, ello no significa que el contrato privado de traspaso de posesión por compraventa y mejoras de fecha 24 de octubre de 2013, [...] tendría la misma suerte, ya que ello debe ser demostrado en vía de acción, teniendo el demandante la condición de comprador de buena fe; resultando fenecido el título de los demandados una vez transferido el bien materia de desalojo a [...], máxime si la Sala Superior ha determinado que si bien el demandado [...] formuló tacha contra el medio probatorio consistente en la copia legalizada del contrato privado de compraventa de lote de terreno suscrito con [...] de fecha trece de marzo de dos mil trece, indicando que dicho documento es falso; sin embargo, no presenta ningún elemento probatorio sustentando dicha afirmación, ello de conformidad con lo prescrito en el artículo 553 del Código Procesal Civil, que señala que: “Las tachas u oposiciones solo se acreditan con medios probatorios de actuación inmediata, que ocurrirá durante la audiencia prevista en el artículo 554”. Asimismo los demandados pretenden justificar su posesión con la constancia de posesión n.° 1969-2011-MDYSGIDU-DDU de fecha catorce de diciembre de dos mil once, obrante a fojas diecinueve, en el cual hace constar que el demandado [...] se encuentra ocupando el predio sub litis, debiendo de precisar, que en efecto dicho documento solo acreditaría una posesión fáctica en aquella fecha, pero de ninguna manera le otorga algún derecho sobre el referido bien, tanto más si hubo sucesivos contratos que acreditan la transmisión de la propiedad, siendo el último a favor dei demandante. (Casación N.° 3612-2016-Ucayali, de 10-11-2016, £ j. 6. Sala Civil Transitoria [EP, 0210-2017, Sentencias en Casación N.° 734, p. 97509]. Texto completo: ). ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

Art. 554

CÓDIGO PROCESAL CIVIL

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Artículo 554: Audiencia única A) admitir la demanda, el Juez concederá al demando cinco días para que la conteste. Contestada la demanda o trascurrido e! plazo para hacerlo, el Juez fijará fecha para la audiencia de sa­ neamiento, pruebas y sentencia, la que deberá realizarse dentro de los diez días siguientes de contestada

la demanda o de trascurrido el plazo para hacerla, bajo responsabilidad. En esta audiencia las partes pueden hacerse representar por apoderado, sin restricción alguna.(1) NOTA DE ACTUALIZACIÓ N (1) Artículo modificado por ía única disposición modificatoria del Decreto Legislativo N.° 1070 (EP, 28-06-2008), la misma que de conformidad con su Primera Disposición Final, entrará en vigencia progresivamente en los diferentes Distritos Conciliatorios según el Calendario Oficial que será aprobado mediante Decreto Supremo. Se exceptúa de dicho Calendario a los distritos conciliatorios de Lima, Trujílio y Arequipa, así como el Distrito Judicial del Cono Norte de Lima, salvo la provincia de Canta, en los cuales será aplicado a los sesenta (60) días calendario de su publicación.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 3662. La interrupción de la audiencia única por parte del juez, concediendo un plazo al demandante para realizar una subsanación, no se configura como una infracción procesal, si esta no tiene incidencia en el sentido de lo resuelto en sentencia. Cuarto. [...] [Los] recurrentes denuncian como causal la contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, alegando que se fia transgredido los siguientes artículos: [...] ii) Artículos 551 y 554 del Código Procesal Civil, toda vez que al interrumpir el juez la audiencia única concediendo un plazo a la demandante originaria para que subsane la deficiencia en la identificación del predio, no solamente ha trasgredido el artículo 551 del Código adjetivo, referido a la admisibilidad y procedencia de la demanda de desalojo, sino además, el artículo 554, que regula la actuación en la audiencia única, pues dicho artículo no menciona que el juzgado tenga la facultad para interrumpir la audiencia y señalar nueva fecha con el objeto que las partes subsanen sus deficiencias; por lo que, lo correcto hubiera sido que el juzgado declare inadmisible la demanda a tenor del artículo 451 del Código Procesal Civil. Quinto. Examinadas las alegaciones contenidas en el recurso presentado, se advierte que los recurrentes no han demostrado la incidencia directa de las infracciones normativas denunciadas sobre la decisión impugnada, incumpliendo con el requisito de procedencia previsto en el inciso 3o del artículo 388 del Código Procesal Civil; toda vez que reproducen los mismos fundamentos expuestos en su pedido de nulidad y en su recurso de apelación [...], este agravio ya ha sido resuelto en la audiencia única [...] al declararse infundado su pedido de nulidad [...], quedando consentida dicha resolución al no haber fundamentado el recurso de apelación formulado en el acto de audiencia; por lo que los recurrentes hacen mal en cuestionar un tema que ya ha sido objeto de pronunciamiento [...]. (Casación N.° 1729-2011-Callao, de 10-01-2012, flf. jj. 4-5. Sala Civil Permanente [EP, 01-07-2013, Sentencias en Casación N.° 680, p. 41458], Texto completo: ).

§ 3663. En una inspección judicial, denominada especial, puede no ser necesaria la concurrencia de las partes al despacho físico del juez, por lo que era el único protagonista de esa diligencia. 4.3. [...] En este proceso de cognición sumaria, legalmente solo está contemplado la realización de una audiencia denominada “única”, de acuerdo a lo regulado en [los] artículo[s] 554 y 555 del Código Procesal Civil, en el que se realizan los tres estadios procesales antes anotados; situación procesal, que, en el presente caso, se ha cumplido, la que fue realizada en varias sesiones conforme se aprecia de las actas de su propósito. 4.4. Si bien en la última sesión de la audiencia única denominada “audiencia especial”, el juez por resolución [...] ordenó como medio probatorio de oficio la realización de una inspección judicial en el predio donde surge la controversia relativa a los alcances del contrato de compraventa indicado en el escrito de demanda; y dispuso la concurrencia de las partes procesales a la diligencia señalada; sin embargo, debe quedar claro, que esta prueba fue dispuesta de oficio, a iniciativa del juez, n o m o s & th e s is

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PROCESOS CONTENCIOSOS / PROCESO SUMARÍSIMO

Art. 555

especialmente porque, de manera personal, quería apreciar el espacio físico que constituye el objeto dei conflicto de interés, que de otra forma no habría podido ser valorado con precisión, por lo que era el único protagonista de esa diligencia, sin ser necesaria la concurrencia de las partes al despacho físico del juez, tanto más, si aquella se iba a realizar en el predio de los accionantes; por tanto, la ausencia de estos últimos a ese acto no podría acarrear el archivo del proceso; tanto más, si lo que se iba realizar era la inspección judicial, pero no, propiamente una audiencia de pruebas, en la sede judicial. 4.5. Ello es así, porque en estricto la inspección judicial es una prueba, como tantas otras, que previamente debe ser ofrecida, admitida, actuada y luego valorada, por lo que, no era necesario la concurrencia de las partes a la ejecución de esa diligencia; todo lo cual, hace patente la incorrección en la aplicación norma procesal, pues lo resuelto no es conteste con el valor jurídico contenido en aquella [...]. (Casación N.° 2350-2012-Junín, de 23-04-2014, ff, jj. 4.3, 4.4 y 4,5. Sala Civil Permanente [EP, 30-06-2015, Sentencias en Casación N.° 705, p. 65880]. Texto completo: ).

Artículo 555: Actuación Al iniciar la audiencia, y de haberse deducido excepciones o defensas previas, el Juez ordenará al de­ mandante que las absuelva, luego de lo cual se actuarán los medios probatorios pertinentes a ellas. Con­ cluida su actuación, si encuentra infundadas las excepciones o defensas previas propuestas, declarará sa­ neado el proceso. El Juez, con la intervención de las partes, fijará los puntos controvertidos y determinará los que van a ser materia de prueba. A continuación, rechazará los medios probatorios que considere inadmisibles o improcedentes y dis­ pondrá la actuación de los referidos a las cuestiones probatorias que se susciten, resolviéndolas de inme­ diato. Actuados los medios probatorios referentes a la cuestión de fondo, el Juez concederá la palabra a los Abogados que así lo soliciten. Luego, expedirá sentencia. Excepcionalmente, puede reservar su decisión por un plazo que no excederá de diez días contados desde la conclusión de la audiencia.(1) NOTA DE ACTUALIZACIÓ N (1) Artículo modificado por (a única disposición modificatoria del Decreto Legislativo N.s 1070 (EP, 28-06-2008), ia misma que de conformidad con su Primera Disposición Final, entrará en vigencia progresivamente en los diferentes Distritos Conciliatorios según el Calendario Oficial que será aprobado mediante Decreto Supremo. Se exceptúa de dicho Calendario a los distritos conciliatorios de Lima, Trujillo y Arequipa, así como el Distrito Judicial del Cono Norte de Lima, salvo la provincia de Canta, en los cuales será aplicado a los sesenta (60) días calendario de su publicación.

JU RISPRUDENCIA PE LA CORTE SUPREMA

§ 3664. Si bien las cuestiones probatorias deben resolverse de forma inmediata en audiencia única, ello no impide al juez de resolver la cuestión probatoria en el momento de la emisión del fallo final. Cuarto. [...] [Si] bien el tercer párrafo del artículo 555 del Código Procesal Civil, dispone que las cuestiones probatorias deben resolverse de manera inmediata en la audiencia única, al haberse diferido la expedición de la sentencia, ello no impide al juzgador que igualmente pueda reservar para el momento de la emisión del fallo final el resolver la cuestión probatoria planteada, tal como ha ocurrido en el caso de autos, hecho que ha sido aceptado por la Sala Civil, al considerar que ello no afecta su validez, verificándose por tanto que lo que en realidad pretende la impugnante es que se merkúen dichas pruebas cuya tacha ha sido declarada fundada por las instancias de mérito, lo cual no puede analizarse en sede casatoria [...]. (Casación N.° 3204-2007-Lima, de 01-10-2007, £ j. 4. Sala Civil Transitoria [EP, 02-12-2008, p. 23490], Texto completo: ).

Art. 556

CÓDIGO PROCESAL CIVIL

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Articulo 556: Apelación La resolución citada en el último párrafo del artículo 551, la que declara fundada una excepción o de­ fensa previa y la sentencia son apelables con efecto suspensivo, dentro de tercer día de notificadas. Las demás son solo apelables durante la audiencia, sin efecto suspensivo y con la calidad de diferidas, siendo de aplicación el artículo 369 en lo que respecta a su trámite.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 3665. No resulta amparable la apelación que fue interpuesta fuera de plazo. 10. [...] [La] Sala Superior considera que la Procuradora Adjunta del Ministerio de justicia, en representación del Instituto Nacional Penitenciario, no apeló la sentencia de primer grado dentro del plazo previsto en el artículo 556 del Código Procesal Civil, y en vista de ello la Sala declara improcedente la apelación interpuesta por extemporánea. 11. [Esta] Sala Suprema concluye que al dictarse la resolución impugnada no se ha infringido el artículo 139°, incisos 3, 6 y 14, de la Constitución Política, toda vez que no se evidencia la afectación del derecho de defensa de la entidad demandada al estar debidamente representada por el Procurador Adjunto del Ministerio de Justicia, de acuerdo a las normas que regulan la defensa jurídica del Sector Justicia, quien no impugnó oportunamente la decisión recurrida. (Casación N.° 5767-2011-Huaura, de 17-09-2013, ff. jj. 10 y 11. Sala Civil Permanente [EP, 30-05-2014, Sentencias en Casación N.° 692, p. 52630], Texto completo: ). § 3666. En un proceso sumarísímo, si no se impugna Sa resolución que declara infundada una excepción en la misma audiencia única en la que fue emitida, se declara consentida la misma. Tercero. [El] proceso de desalojo se sigue en la vía sumarísima por lo que el A quo fijó fecha para la audiencia única de conformidad con lo establecido en el artículo 554 del Código Procesal Civil, diligencia que supletoriamente se rige por las normas contenidas en los artículos 202 al 212 y 468 al 472 del Código [Procesal Civil] que regulan las audiencias de conciliación y de actuación de pruebas, en virtud a lo dispuesto en el artículo 457 del Código Adjetivo. Cuarto. [En] la Citada audiencia única se emitió la resolución la cual se declara infundadas las excepciones deducidas por el recurrente, la que no fue apelada en dicho acto, por lo que la mencionada resolución quedó consentida de conformidad con lo preceptuado en el artículo 556° del Código Procesal Civil, que establece que solo son apelables, dentro del tercer día de notificadas, las resoluciones que declaran fundada una excepción, las demás son apelables durante la audiencia. (Casación N.° 67-00-Lima, de 24-05-2000, ff. jj, 3-4. Sala Civil Permanente [EP, 19-08-2000, p. 6004]. Texto completo: ).

Artículo 557: Regulación supletoria La audiencia única se regula supletoriamente por lo dispuesto en este Código para la audiencia de prueba.(1) NOTA DE ACTUALIZACIÓ N (1) Artículo modificado por la única disposición modificatoria del Decreto Legislativo N.fi 1070 (EP, 28-06-2008), la misma que de conformidad con su Primera Disposición Final, entrará en vigencia progresivamente en los diferentes Distritos Conciliatorios según ei Calendario Oficia! que será aprobado mediante Decreto Supremo. Se exceptúa de dicho Calendario a los distritos conciliatorios de Lima, Trujillo y Arequipa, así como el Distrito Judicial del Cono Norte de Lima, salvo !a provincia de Canta, en los cuales será aplicado a los sesenta (60) días calendario de su publicación.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 3667. Las disposiciones sobre la audiencia de pruebas son aplicables a la audiencia única. Sétimo. [Aun] cuando el artículo 203 del Código Procesal Civil esté ubicado dentro del Capítulo II n o m o s & th e s is

1051

PROCESOS CONTENCIOSOS / PROCESO SUMARÍSIMO

A lt 559

relativo a la audiencia de pruebas, nada impide que dicha disposición sea aplicable para el caso de las audiencias únicas, en atención a que el artículo 557 del Código Procesal Civil, señala que la audiencia única se regula supletoriamente por lo dispuesto para la audiencia de pruebas; siendo ello así, la aplicación del citado artículo 203 resulta pacífica en el caso concreto. (Casación N.° 1335-2015-Huaura, de 0903-2016, £ j. 7. Sala Civil Transitoria [EP 02-05-2017, Sentencias en Casación N.° 727, p. 91759]. Texto completo; ).

Artículo 558: Trámite de la apelación con efecto suspensivo El trámite de la apelación con efecto suspensivo se sujeta a lo dispuesto en el artículo 376. Artículo 559: Improcedencias En este proceso no son procedentes: 1. La reconvención. 2. Los informes sobre los hechos. {1> NOTA DE ACTUALIZACIÓ N (1) Artículo modificado por el artículo 2 de la Ley N.s 30293 (EP, 28-12-2014). Esta modificación entró en vigencia a los 30 días hábiles de su publicación en el diario E l P e ru a n o .

NOVENO PLENO CASATORIO CIVIL

§ 3668. Restricciones impuestas al proceso sumarísimo de otorgamiento de escritura pública. V IÍI. D ecisió n . [...] Segundo. Asimismo, declararon que constituyen precedente judicial

las siguientes reglas: 1. El proceso sumarísimo de otorgamiento de escritura pública es un proceso plenario rápido, en tanto no presenta limitaciones en torno a las alegaciones que podrían formular las partes o a los medios probatorios que podrían aportar en relación al fondo de la controversia, sin perjuicio de las restricciones impuestas por el artículo 559 del Código Procesal Civil. [...] (Noveno Pleno Casatorio Civil [Tema: Proceso de otorgamiento de escritura pública], realizado el 09-08-2016. Casación N.° 4442-2015-Moquegua [EP, 18-01-2017], que establece ocho reglas -entre ellas estacomo doctrina jurisprudencial vinculante. Texto completo: ).

vinculante

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 3668a. En segunda instancia no se pueden valorar medios probatorios que fueron declaradas improcedentes en primera instancia (en este caso, en un proceso sumarísimo). Si la Sala Superior considera necesario que se valoren dichas pruebas, debe ordenar que el juzgado de origen las admita de oficio y corra traslado a la otra parte. Véase la jurisprudencia del artículo 189° del Código Procesal Civil [§ 1681 ], (Casación N.° 2278-2009-Apurímac, de 30-03-2010, ff jj. 5, 6 y 7. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 01-12-2010, Sentencias en Casación N.° 633, p. 29023]. Texto completo: ).

* s iiM M iP n n r F S A i m vn

A lt 560

CODIGO PROCESAL CIVIL

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Capítulo II Disposiciones especiales Subcapítulo 1 Alim entos Artículo 560; Competencia especial Corresponde el conocimiento del proceso de alimentos al Juez del domicilio del demandado o del de­ mandante, a elección de este. El Juez rechazará de plano cualquier cuestionamiento a la competencia por razón de territorio.

TERCER PLENO CASATORIO CIVIL

§ 3669. En los procesos de familia, como en los de alimentos, divorcio, filiación, violencia familiar, entre otros, el ju e z t ie n e facultades tuitivas y, en consecuencia, se debe flexibilizar algunos principios y normas procesales. Véase la jurisprudencia del artículo IX del Código Procesal Civil [§ 382], (Tercer Pleno Casatorio Civil [Tema: Divorcio por causal de separación de hecho], realizado el 18-03-2011, Casación N.° 4664-2010-Puno [EP, 13-05-2011], que establece seis reglas (entre ellas ésta) como doctrina jurisprudencial vinculante. Texto completo: ). PLENOS JURISDICCIONALES

§ 3670. En c a s o de fallecimiento del alimentista, la extinción de obligación alimenticia puede ser solicitada en el mismo proceso de alimentos. ¿En caso defallecimiento del o la alimentista, conforme a lo normadopor el artículo 486del Código Civil, es necesario que, en vía de acción, deba interponerse una nueva demanda de extinción de alimentos opuede ser solicitado en el mismoprimigenioproceso de alimentosf El Pleno acordó por U n a n i m i d a d : Para la extinción de alimentos por muerte de la alimentista, no es necesario iniciar una nueva demanda; puede ser solicitado en e] mismo proceso de alimentos, acreditándose con el Acta de Defunción correspondiente. (Pleno jurisdiccional Distrital en Materia de Familia, realizado por la Corte Superior de Lima Este, el día 17-11-2017. Tema N.° 4. Texto completo: ).

§ 3671. El juez puede ordenarle al demandado que elija la entidad bancaria o financiera en que se efectuara el depósito de las pensiones alimenticias. En los procesos de alimentos, ¿puede el juez, considerando las pautas del nuevo trámite procedimental ordenarle al demandado que la elección de la entidad bancaria o financiera en la que efectuara el depósito de las pensiones alimenticias, tenga una sucursal en el lugar del domicilio de la parte accionante? El Pleno acordó por u n a n i m i d a d : “En los procesos de alimentos, el juez -considerando las pautas del nuevo trámite procedimental- puede ordenarle al demandado que elija la entidad bancaria o financiera en que se efectuara el depósito de las pensiones alimenticias, siempre que tenga una sucursal en el lugar del domicilio de la parte accionante”. (Pleno Jurisdiccional Regional de Familia, realizado en Lima, el 07-09-2007. Tema N.° 2. Subtema N.° 1 [Alimentos], Texto completo: ).

§ 3672. En los procesos de divorcio por causal el juez puede declarar de oficio los alimentos. ¿En los procesos de divorcio por causal, puede el juez declarar de oficio los alimentos? Al respecto, esta circunstancia debe ser una excepción, fundada en el supuesto que el cónyuge inocente no tenga medios para subsistir; en este sentido la aplicación del acotado artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil, exige una limitación, que puede ejercitarse cuando no afecta ni el derecho de la defensa, ni el principio contradictorio, vale decir cuando no altera en nada las pretensiones planteadas por las partes ni los hechos alegados sometidos a probanza. De lo expuesto, debemos n o m o s & th e s is

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PROCESOS CONTENCIOSOS / PROCESO SUMARÍSIMO

Art. 560

tener en cuenta que la finalidad del proceso es lograr la paz social en justicia, por lo que no resultaría equitativo que luego de un proceso de divorcio en el que la parte emplazada si bien mantenga el hogar y cuente con los medios económicos suficientes, a la vez que se resuelva la disolución del vínculo matrimonial, ello pueda conllevar a la extinción de la obligación alimentaria para con su cónyuge, máxime si este último no cuenta con los medios económicos suficientes para subsistir (dado que se dedicó al cuidado de los hijos y del hogar, lo que la sitúa en una posición de desventaja), por lo que a fin de no mermar el derecho del cónyuge inocente, el juzgador debe necesariamente emitir una declaración respecto al derecho alimentario del mismo, a fin de que se le permita llevar una vida decorosa. El Pleno acordó por m a y o r í a : “[El] el Juez sí puede declarar de oficio los alimentos de la cónyuge”. (Pleno Jurisdiccional Nacional de Familia, realizado en Cajamarca, 1998. Acuerdo N.° 9.2. Texto completo: ).

§ 3673. En la separación de cuerpos convencional, el juez no puede declarar de oficio los alimentos. ¿Puede eljuez declarar de oficio los alimentos, si los cónyuges no lo han acordado? En principio la separación convencional resulta una separación de consuno, en la que uno de los requisitos de la acción consiste en acompañar el convenio correspondiente, siendo en este convenio donde se fija el régimen de los alimentos, tenencia de los hijos, régimen de los hijos, etc. Por lo que estando el acuerdo de voluntades plasmado en él, este no puede ser afectado por intervención de un tercero (el Estado) por lo que el juez no podría ir más allá de lo que las partes han fijado en dicho convenio, deviniendo en aplicable el principio procesal contenido en el artículo V il del Título Preliminar del Código Procesal Civil por el cual “el Juez no puede ir más allá del pedido, ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes”. Que, de otro lado, debe tenerse en cuenta que la fijación de alimentos de oficio para la cónyuge, en procesos de separación de cuerpos o divorcio, atentaría contra el espíritu de la ley, por cuanto está prescrito es por el divorcio cesa la obligación de prestar alimentos, y en la práctica vemos que si los cónyuges no han señalado régimen alimenticio entre sí, ello responde a su capacidad económica. Por consiguiente, se exige, por parte del Juez, un estudio prolijo de los casos a fin de establecer si las partes en el convenio adjuntado a la demanda, han fijado el régimen alimenticio que íes concierne. El Pleno p o r m a y o r ía acuerda: El Juez no puede declarar de oficio los alimentos para la cónyuge, sí los cónyuges no lo han acordado. (Pleno Jurisdiccional Nacional de Familia, realizado en Cajamarca, 1998. Acuerdo N.° 9 .E Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 3674. Las condiciones personales y económicas del demandante en un proceso de alimentos, no constituyen punto controvertido por lo que no serán tomados en cuenta para la fijación el monto de la pensión. Tercero. [...] [El] Juzgado de primera instancia declaró fundada en parte la demanda, ordenando que el demandado acuda a su menor hija con una pensión alimenticia equivalente al quince por ciento del total de sus ingresos, incluyendo gratificaciones, bonificaciones, asignaciones, utilidades y todo concepto adicional que este perciba; señalando que se ha probado el derecho de la niña a ser asistida por su progenitor con una pensión alimenticia, asimismo se han probado las posibilidades económicas del demandado, haciendo presente que no es materia del proceso, acreditar la situación económica de la demandante, ya que esta se muestra aparentemente buena, sobre todo por los bienes de capital que posee, pero este hecho no exime al demandado, de contribuir al sostenimiento de su menor hija. [...] Sexto. [Conforme] lo prevé el artículo 481del Código Civil, los alimentos se regulan por el Juez en proporción a las necesidades de quien los pide y a las posibilidades del que debe darlos, atendiendo además a las circunstancias personales de ambos, especialmente a las obligaciones a que se halle sujeto el deudor. Cuando la norma alude a las necesidades de quien los pide, ello no equivale a verificar la existencia de un estado de indigencia, y debe apreciarse teniendo en consideración el contexto social en el que vive el menor alimentista, puesto que los alimentos no se circunscriben a lo estrictamente necesario para su subsistencia, constituyendo el estado de necesidad de los menores una presunción legal iuris tantum. Asimismo, cuando la norma hace alusión a las posibilidades del que debe darlos, se refiere a la capacidad económica del demandado, es decir a los ingresos que este A SUMWIA PROCESAL CIVIL

hñ. 561

CÓDIGO PROCESAL CIVIL

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percibe. Sétimo. [...] [La] Sala Superior, esta también ha considerado en forma adicional las condiciones personales y económicas de la demandante en su calidad de madre biológica de la menor, las cuales no han sido materia de probanza en el presente proceso, por lo que el recurso debe ampararse. Octavo. [Conforme] lo establece el inciso 1 del artículo 396 del Código Procesal Civil, el amparo de una causal material trae como consecuencia no solo la nulidad de la sentencia impugnada, sino el deber de la Sala de Casación de resolver lo que corresponda a la naturaleza del conflicto de intereses, sin devolver el proceso a la instancia inferior. (Casación N.° 3874-2007-Tacna, de 13-10-2008, íf. jj. 3, 6, 7 y 8. Sala Civil Transitoria [EP, 03-08-2009]. Texto completo: ).

§ 3675. En los procesos de alimentos, no se exige que el alimentista se encuentre en un estado total de necesidad. Tercero. [La] obligación de pagar una pensión alimenticia entre los cónyuges implica el cumplimiento del deber de asistencia de aquéllos, el cual se encuentra establecido en el artículo 288 del Código Civil, asimismo, ante la falta de pago voluntario, quien tenga derecho para solicitarlo puede pedir la determinación judicial de dicha pensión, al amparo del artículo 342 del mismo cuerpo legal. Cuarto. [Al] concluir la impugnada que si la solicitante tiene medios de subsistencia no se haya en estado de necesidad, ínaplica la norma contenida en el artículo 481 del Código Civil, según el cual el juez regula los alimentos en proporción a las necesidades de quien los pide y a las posibilidades del que debe darlos, la que de ninguna manera exige que el solicitante de los alimentos se encuentre en total imposibilidad de proveer a sus necesidades, (Casación N.° 3065-98-Junín, de 03-06-1999, ff- jj. 3-4. Sala Civil Permanente [EP, 29-08-1999, p. 3372]. Texto completo: ).

§ 3676. En los procesos de familia, el juez tiene facultades tuitivas por lo que puede flexibilizar principios y normas procesales. Véase la jurisprudencia del inciso 7 del artículo 51° del Código Procesal Civil [§ 644]. (Casación N.° 2693-2015-Lima, de 17-08-2016, f. j. 6. Sala Civil Transitoria [EP, 03-10-2017, Sentencias en Casación N.° 735, p. 99086]. Texto completo: ).

Artículo 561: Representación procesal Ejercen la representación procesal: 1. El apoderado judicial del demandante capaz; 2. El padre o la madre del menor alimentista, aunque ellos mismos sean menores de edad; 3. El tutor; 4. El curador; 5. Los defensores de menores a que se refiere el Código de los Niños y Adolescentes; 6. El Ministerio Público en su caso; 7. Los directores de los establecimientos de menores; y, 8. Los demás que señale la ley. Artículo 562: Exoneración del pago de tasas judiciales El demandante se encuentra exonerado del pago de tasas judiciales, siempre que el monto de la pensión alimenticia demandada no exceda de veinte (20) Unidades de Referencia Procesal.(1) NOTA DE ACTUALIZACIÓ N (1) Artículo modificado por el artículo 5 de !a Ley N.B 26846 (EP, 27-07-1997).

PLENOS JURISDICCIONALES

§ 3677. Omisión en la presentación del recibo de la tasa judicial en el escrito de apelación. Subsanación. El Pleno acordó p o r m a y o r í a : “En los casos en que presenta el recurso de apelación n om os & th esis

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PROCESOS CONTENCIOSOS / PROCESO SUMARISIMO

Arl. 562

sin recibo de tasa judicial, debe concederse plazo para su subs anación”. (Pleno Jurisdiccional Distrital en Materia Civil, realizado en La Libertad, los días 22, 23 y 24-08-2007. Tema N.° 1. [Omisión en la presentación del recibo de la tasa judicial en el escrito de apelación]. Texto completo: ).

§ 3678. Arancel judicial por derecho de apelación. El Pleno acordó por m a y o r í a : “Tratándose de casos en los que el apelante no ha acompañado a su recurso de apelación el recibo por pago del arancel judicial por derecho de apelación, los Jueces deben declarar inadmisible el recurso, debiendo conceder un plazo para que el apelante subsane dicha omisión y cumpla con presentar el arancel”. (Pleno Jurisdiccional en Materias Civil y Penal, realizado por la Corte Superior de Justicia de Tumbes, el 14 y 22-08-2007. Tema N.° 2. [Arancel judicial por derecho de apelación], Texto completo: ). § 3679. Exoneración d e tasas j u d i c i a l e s . El Pleno acordó p o r u n a n i m i d a d : “Las cédulas de notificación, llamados ahora derechos de notificación, no están incluidas dentro de la exoneración en los procesos contenciosos administrativos”. (Pleno Jurisdiccional Distrital en Materia Civil, realizado en Cusco, el 20-07-2007. Tema N.° 6. [La exoneración a los demandantes para el pago de las tasas judiciales, y si en estas se consideran las cédulas de notificación]. Texto completo: ). § 3680. Exoneración del pago de tasas judiciales, para personas de bajos recursos, en Procesos Contenciosos Administrativos. El Pleno acordó p o r m a y o r í a : “En casos de Procesos Contenciosos Administrativos en materia laboral, debe aplicarse la disposición legal contenida en el inciso 1) del artículo 24° del Texto Unico Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece: que la Administración de Justicia es gratuita para las personas de escasos recursos económicos y para todos los casos expresamente previstos por ley. Se encuentran exonerados del pago de tasas judiciales: los trabajadores, ex trabajadores y sus herederos en los procesos laborales y previsionales, cuyo petitorio no exceda de 70 URP, de amparo en materia laboral o aquellos inapreciables en dinero por la naturaleza de la pretensión”. (Pleno Jurisdiccional Distrital en Materias Penal y Contencioso Administrativo en materia Laboral, realizado en Ancash, el 22-06-2007. Tema N.° 2 [Procedencia o no del pago de tasas judiciales en procesos contenciosos administrativos en materia laboral]. Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 3681. La norma especial prima sobre la norma general. En los procesos por alimentos, el desistimiento se encuentra exonerado del pago de las costas y costos del proceso. Tercero. [De] conformidad con el artículo 413 del Código Procesal Civil están exonerados de los gastos del proceso, además de otras personas, la parte demandante en los procesos de alimentos y de filiación, siendo esta disposición una excepción de carácter legal, además de la excepción de la exoneración judicial, al principio o regla general de la condena de costas y costos previsto en el artículo 412 del Código adjetivo. [...] Sexto. [Si] bien es cierto que de acuerdo con el artículo 416 del citado Código ritual quien se desiste de la pretensión o del proceso está obligado al pago de las costas y costos del proceso, lo que implicaría una colisión con lo dispuesto por la disposición exonerativa de la parte actora en pretensiones alimenticias, también es cierto que tal conflicto no resulta siendo más que una aparente contradicción por cuanto la sanción por los gastos del proceso para quien se desiste es de carácter general, es decir que regula los casos de desistimiento cualquiera sea la materia discutida en el proceso y/o la correspondiente vía procedimental de este, siempre y cuando el desistimiento esté de acuerdo con lo regulado al respecto por la ley procesal; en cambio, cuando el desistimiento versa sobre la pretensión alimenticia, la condena genérica no es aplicable, pues en este caso corresponde emplear la norma especial que exonera de todo gasto procesal al demandante alimentista, por consiguiente, siendo esta última norma una de carácter especial, sus efectos deben primar sobre la general. (Casación N.° 3049-99-Ica, de 26-05-2000, ffi jj. 3 y 6. Sala Civil [EP, 19-08-2000, p. 6009]. Texto completo: ). ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

Alt 563

CODIGO PROCESAL CIVIL

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Artículo 563: Prohibición de ausentarse A pedido de parte y cuando se acredite de manera indubitable el vínculo familiar, el juez puede prohibir al demandado ausentarse del país mientras no esté garantizado debidamente el cumplimiento de la asig­ nación anticipada o pensión alimentaria. Esta prohibición se aplica independientemente de que se haya venido produciendo el cumplimiento de la asignación anticipada o pensión alimentaria. Para efectos de dar cumplimiento a la prohibición, el juez cursa oficio a las autoridades competentes.(1) NOTA DE ACTUALIZACIÓ N (1) Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley N.- 29279 (EP, 13/11/2008).

JURISPRUDENCIA DE LAS CORTES SUPERIORES

§ 3682. Medida cautelar de prohibición de ausentarse del país debe ser analizada en conjunto con el perjuicio personal y!o patrimonial que esta pueda ocasionar en el ejecutado. O c t a v o . Respecto al requisito referido a ía razonabilidad de la medida cautelar, debemos señalar que de lo expresado por el propio cónyuge, la suma de dinero por concepto de alimentos que él otorga debe de mantenerse hasta la expedición de la sentencia, momento en el cual deberá de resolverse si procede o no que continúe ía dación de una pensión alimenticia. Noveno. Finalmente, debemos pronunciarnos respecto a la prohibición de ausentarse del país 'impedimento de salida del país- previsto en el artículo 563 del Código Procesal Civil, ante ello cabe acotar que la norma establece que ante el pedido el juez tiene la facultad de analizar si existe o no suficiente garantía del cumplimiento de la obligación alimentaria, ante ello, es menester considerar en este caso dos situaciones, por una parte que el obligado alimentario se dedica a una actividad que le demanda viajar constantemente fuera del país, por lo que ordenar el impedimento implicaría un detrimento en su patrimonio y por ende en el cumplimiento del pago de las pensiones a las que se ha comprometido, debiéndose precisar que el “riesgo a que no retorne al país” alegado como fundamento por la jueza de primera instancia, no se puede determinar de los actuados judiciales, siendo importante resaltar que la propia acreedora alimentaria viaja constantemente al extranjero y además no ha contradicho con medios probatorios suficientes que el cónyuge no haya cumplido con asumir el pago de los conceptos expresados por él, por lo que existe ía garantía del cumplimiento que la ley exige. (Exp. N.° 1204-2009, de 23-12-2009, £f jj. 8 y 9- Segunda Sala de Familia. Corte Superior de Justicia de Lima. Referencia: Medidas cautelares, p. 360).

Artículo 564: Informe del centro de trabajo El juez solicita el informe por escrito del centro de trabajo del demandado sobre su remuneración, gratificaciones, vacaciones y cualquier suma de libre disponibilidad que provenga de la relación laboral de este. Para otros casos, el informe es exigido al obligado al pago de la retribución económica por los servicios prestados por el demandado. En cualquiera de ios supuestos indicados, el informe es presentado en un plazo no mayor de siete (7) días hábiles, bajo apercibimiento de denunciarlo por el delito previsto en el artículo 371 del Código Penal. Si el juez comprueba la falsedad del informe, remitirá al Ministerio Público copia certificada de los actuados pertinentes para el ejercicio de la acción penal correspondiente, w NOTA DE ACTUALIZACIÓ N (1) Artículo modificado por el artículo 2 de la Ley NA 29279 (EP, 13/11/2008).

n o m o s & th e s is

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PROCESOS CONTENCIOSOS / PROCESO SUMARÍSIMO

Art. 565-A

Artículo 565: Anexo especial de la contestación El Juez no admitirá la contestación si ei demandado no acompaña la última declaración jurada presentada para la aplicación de su impuesto a la renta o del documento que legalmente la sustituye. De no estar obligado a la declaración citada, acompañará una certificación jurada de sus ingresos, con firma legalizada. En este caso es de aplicación el segundo párrafo del artículo 564. Artículo 565-A: Requisito especia! de la demanda Es requisito para la admisión de la demanda de reducción, variación, prorrateo o exoneración de pensión alimentaria que el demandante obligado a la prestación de alimentos acredite encontrarse al día en el pago de la pensión alimentaria.(1) NOTA DE ACT U A LIZA CIÓ N (1) Artículo incorporado por ei artículo único de la Ley N.e 29486 (EP, 23-12-2009).

PLENOS JURISDICCIONALES

§ 3683. En caso de fallecimiento del alimentista, la extinción de obligación alimenticia puede ser solicitada en el mismo proceso de alimentos. ¿En caso defallecimiento del o la alimentista, conforme a lo normado por el artículo 486del Código Civil, es necesario que, en vía de acción, deba interponerse una nueva demanda de extinción de alimentos opuede ser solicitado en el mismo primigenioproceso de alimentos? El Pleno acordó por U n a n i m i d a d : Para la extinción de alimentos por muerte de l a alimentista, no es necesario iniciar una nueva demanda; puede ser solicitado en el mismo proceso de alimentos, acreditándose con el Acta de Defunción correspondiente. (Pleno Jurisdiccional Distrital en Materia de Familia, realizado por l a Corte Superior de Lima Este, el día 17-11-2017. Tema N.° 4. Texto completo: ),

§ 3684. Cuando sea imposible acreditar encontrarse al día en el pago de las pensiones alimentarias, es permisible que el Juez de Paz Letrado admita la demanda amparado en los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Problemática en temas defamilia ante losjuzgados de Paz Letrado. Implicancias constitucionales de la Ley N.0 29486. ¿Es constitucional la existencia del requisito de admisibilidadprevisto en el artículo 565-A del Código Procesal Civilpara iniciar un proceso de reducción, variación, prorrateo o exoneración de pensión alimentaria? El Pleno acordó por m a y o r í a : “Que en casos se haga imposible presentar el requisito de admisibilidad, de acreditar encontrarse al día en el pago de las pensiones, se permita al juez de Paz Letrado admitir la demanda al amparo de los principios de razonabilidad y proporcionalidad y de los derechos de acción y de tutela jurisdiccional efectiva”. (Pleno Jurisdiccional Distrital Paz Letrado, realizado por Corte Superior de Justicia de Lima, los días 3 y 04-11-2011. Tema N.° 4. Subtema N.° 1 [Problemática en temas de familia ante los Juzgados de Paz Letrado], Texto completo: ).

§ 3685. Sí procede la demanda sobre exoneración o reducción de alimentos, aun cuando, no se cumpla con los requisitos de admisibilidad establecidos en el art. 565-A del CPC En los procesos sobre exoneración o reducción de alimentos. ¿Puede admitirse una demanda sobre exoneración o reducción de alimentos no obstante lo dispuesto por el artículo 565o-A del Código Procesal Civil, modificado por la Ley N.0 29486, cuando el obligado alimentario se ha visto imposibilitado de cumplir el pago de las pensiones alimenticias? El Pleno acordó por m a y o r í a : “S í procede, amparándose en el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva”. (Pleno Jurisdiccional Distrital de Familia, realizado por la Corte Superior de Justicia de Lima, el 02-09-2011. Tema N.° 1 [Procesos de alimentos]. Texto completo: ). * SUMMA PROCESAL CIVIL

AH 566

CÓDIGO PROCESAL CIVIL

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Artículo 566: Ejecución anticipada y ejecución forzada La pensión de alimentos que fije la sentencia debe pagarse por período adelantado y se ejecuta aunque haya apelación. En este caso, se formará cuaderno separado. Si la sentencia de vista modifica el monto, se dispondrá el pago de este. Obtenida sentencia firme que ampara la demanda, el Juez ordenará al demandado abrir una cuenta de ahorros a favor del demandante en cualquier institución del sistema financiero. La cuenta solo servirá para el pago y cobro de la pensión alimenticia ordenada. Cualquier reclamo sobre el incumplimiento del pago será resuelto con el informe que, bajo responsabilidad, emitirá la entidad financiera a pedido del Juez sobre el movimiento de la cuenta. Asimismo, en reemplazo de informe pericial, el Juez podrá solicitar a la entidad financiera que liquide el

interés legal que haya devengado la deuda. Las cuentas abiertas única y exclusivamente para este propósito están exoneradas de cualquier impuesto. En los lugares donde no haya entidades financieras, el pago y la entrega de la pensión alimenticia se haré en efectivo dejándose constancia en acta que se anexará al proceso.(1) NOTA DE ACTUALIZACIÓ N (1) Artículo modificado por el artículo 2 de la Ley N.a 28439 (EP, 28-12-2004).

Artículo 566-A : Apercibimiento y remisión al fiscal Si el obligado, luego de haber sido notificado para la ejecución de sentencia firme, no cumple con ei pago de los alimentos, el Juez, a pedido de parte y previo requerimiento a la parte demandada bajo apercibimiento expreso, remitirá copia certificada de la liquidación de las pensiones devengadas y de las resoluciones respectivas al Fiscal Provincial Penal de Turno, a fin de que proceda con arreglo a sus atribuciones. Dicho acto, sustituye el trámite de interposición de denuncia penal. w NOTA DE ACTUALIZACIÓ N (1) Artículo incorporado por el artículo 1 de la Ley N.s 28439 (EP, 28-12-2004),

Artículo 567: Intereses y actualización del valor La pensión alimenticia genera intereses. Con prescindencia del monto demandado, el Juez al momento de expedir sentencia o de su ejecución debe actualizarlo a su valor real. Para tal efecto, tendrá en cuenta lo dispuesto en e! artículo 1236 del Código Civil. Esta norma no afecta las prestaciones ya pagadas. Puede solicitarse la actualización del valor aunque el proceso ya esté sentenciado. La solicitud será resuelta con citación al obligado.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 3686. En la llamada deuda de valor, la génesis está constituida por un valor abstracto, que debe ser solventado mediante un importe dinerarío. C u a rto . [...] [Derivan] dos formas conocidas n o m o s & th e s is

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PROCESOS CONTENCIOSOS / PROCESO SUMARÍSIMO

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de la obligación de dar suma de dinero: las obligaciones de dinero y las obligaciones de valor; [...] “la deuda pura de dinero es aquella en la cual, desde su origen, la prestación es el dinero y se debe r o m pí ir con esa misma materia; en cambio, en la llamada deuda de valor, la génesis está constituida por un valor abstracto, que debe ser solventado mediante un importe dinerario; tienen en común que ambas se extinguen entregando dinero, pero difieren en su nacimiento” esta última noción ha sido recogida por el artículo 1236 del código material al señalar que cuando deba restituirse el valor de una prestación, aquél se calcula al que tenga al día de pago, salvo disposición legal diferente o pacto en contrallo. Q uinto. [Las] pretensiones indemnizatorias son típicas deudas de valor, pues el dinero es sólo una medida de valor destinada a la recomposición del patrimonio del acreedor, de modo que cuando se satisface la reparación por el daño ocasionado “La suma que se paga debe ser la que se calcula al que tenga el día del pago, esto es, debidamente reajustada para evitar el desmedro que resulta de una desvalorización por la pérdida de la capacidad adquisitiva de la moneda utilizada para el pago del resarcimiento” [...] por concepto de daño contractual o extracontractual, por consiguiente, no queda duda, que tratándose de una pretensión de indemnización por responsabilidad civil [...]. (Casación N.° 2171-99-Ica, de 05-07-2000, ff. jj. 4 y 5. Sala Civil Permanente [EP, 01-09-2000, p. 6194], Texto completo: ).

Artículo 588: Liquidación Concluido el proceso, sobre la base de la propuesta que formulen las partes, el Secretario de Juzgado practicará la liquidación de las pensiones devengadas y de los intereses computados a partir del día siguiente de la notificación de la demanda, atendiendo a lo ocurrido en el cuaderno de asignación anticipada. De la liquidación se concederá traslado al obligado por el plazo de tres días y con su contestación o sin ella, el Juez resolverá. Esta decisión es apelable sin efecto suspensivo. Las que se devenguen posteriormente, se pagarán por adelantado.

Artículo 569: Demanda infundada Si la sentencia es revocada declarándose infundada total o parcialmente la demanda, el demandante está obligado a devolver las cantidades que haya recibido, más sus intereses legales con arreglo a lo dispuesto en el artículo 567.

Artículo 570: Prorrateo Cuando se demanda el prorrateo de alimentos, corresponde conocer del proceso al Juez que realizó el primer emplazamiento. Mientras se tramita el proceso de prorrateo, el Juez puede señalar provisionalmente, a pedido de parte, las porciones que debe percibir cada demandante de la renta afectada.

PLENOS JURISDICCIONALES

§ 3687. Prorrateo de alimentos: facultades del juez. Prorrateo de alimentos entre alimentistas que reciben la pensión alim enticia en porcentaje con los que tienen la pensión señalada en monto fijo o en especies. El Pleno acordó por unanim idad : “Que, el Juez en los procesos de prorrateo de alimentos tiene la facultad para variar la forma de prestar los alimentos y a todos fijarle un porcentaje proporcional, previo esclarecimiento del petitorio a fin de no incurrir en una resolución extrapetitd\ (Pleno Jurisdiccional Distrital en Materias Civil, Familia, Laboral y Penal, realizado por la Corte Superior de Justicia de lea, los días 3 y 10-12-2007. Conclusión N.° 11. Texto completo: ). 0 R M M M A PRflC FÍÍA I f lV Il

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CÓDIGO PROCESAL CIVIL

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Artículo 57 1: Aplicación extensiva Las normas de este Sub-Capítulo son aplicables a los procesos de aumento, reducción, cambio en la forma de prestarla, prorrateo, exoneración y extinción de pensión de alimentos, en cuanto sean pertinentes.

PLENOS JURISDICCIONALES

§ 3688, Fecha de inicio del cómputo de la liquidación de pensiones alimenticias devengadas.

En los procesos de aumento de alimento, reducción, cambio en la form a de prestarla, prorrateo, exoneración y extinción de pensión de alimentos ¿desde cuándo (fecha) se practica la liquidación de pensiones alimenticias devengadas? El Pleno acordó por mayoría: “La liquidación de pensiones alimenticias devengadas, se practica a partir de que la nueva sentencia quede consentida, con las atingencias establecidas por casa grupo y sustentado en la mesa de trabajo; es decir, que en los procesos de aumento de alimentos se debe tener en cuenta que la liquidación de pensiones devengadas se debe practicar la liquidación desde el día siguiente de la notificación al obligado con la demanda”. (IT Pleno Jurisdiccional Distrital en Civil y Familia, realizado por la Corte Superior de Justicia de Fíuancavelica, el día 27-10-2011. Materia Familia: Tema I. Texto completo: ). J URISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 3689. El acuerdo entre las partes puede dejar sin efecto lo dispuesto en una sentencia de alimentos, por lo que no se vulneraria las normas procesales. O ctavo. [La] recurrente sostiene: Se vulnera el inciso 12 del artículo 1239 de la Constitución Política del Estado, norma que consagra el principio de la cosa juzgada, así como, el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pues se da mayor valor a una sentencia de vista [...] que no se pronuncia sobre el fondo, y a una transacción extrajudicial, que a una sentencia judicial consentida y ejecutoriada (proceso de alimentos). Añade, que en aplicación del artículo 571 del Código Procesal Civil, una sentencia judicial que fija una pensión de alimentos, solo puede ser modificada por otra sentencia judicial de la misma naturaleza, cuestionando el criterio de la Sala Superior, que otorga prioridad a la sentencia judicial [...] Sobre dicho argumento y conforme se ha expresado en los considerandos precedentes, debe quedar establecido que la instancia de mérito no han desconocido la calidad de cosa juzgada de la sentencia expedida en el proceso de alimentos seguida por las partes procesales, adviniéndose que la instancia recurrida han tenido en consideración que LMFiA y ORCP han llegado a un acuerdo [...] en la cual expresamente pactaron que la recurrente: i) se desistiría del proceso de alimentos [...] ii) renunciaba a reclamar alimentos en el futuro, y, iii) renunciaba a las pensiones alimenticias devengadas, y no habiendo reclamado hasta la fecha de la demanda el pago alguno respecto de la pensión alimenticia [...] se había cumplido con el requisito de procedibilidad fijado en el artículo 345-A deí Código Civil, en ese orden de ideas, no se advierte la vulneración de las normas procesales citadas. (Casación N.° 2424-2009-Arequipa, de 03-122009, f. j. 8. Sala Civil Transitoria [EP, 30-06-2010, Sentencias en Casación N.° 627, p. 27939]. Texto completo: ).

Artículo 572: Garantía Mientras esté vigente la sentencia que dispone el pago de alimentos, es exigible al obligado la consti­ tución de garantía suficiente, a criterio del Juez.

JU RISPRUDENCIA DE LAS CORTES SUPERIORES

§ 3690. Si el empleador constituyó fianza solidaria por la deuda alim entaria del empleado, tal garantía no se revoca por la finalización del vínculo laboral hasta que el deudor constituya n o m o s & th e s is

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PROCESOS CONTENCIOSOS / PROCESO SUMARÍSIMO

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nueva garanda. S egundo, [La] firma C, D. otorga fianza solidaria a favor [del obligado] con la que garantiza el cumplimiento de todas las obligaciones que se pudieran derivar de la acción judicial seguida por doña Ana C. M. R. Tercero. [...] [La] empresa [...] revoca la fianza otorgada [...] debido a que a la fecha no les une ningún vínculo laboral ni comercial con él. Cuarto. [Por] resolución [...] se revoca la fianza efectuada por la empresa [...], al no tener vínculo laboral con el empleado requiriéndose [al empleado] a fin de que señale bien libre como nueva fianza conforme el artículo 1868 y siguientes del Código Civil. Q uinto. [El] artículo 21 del Decreto Legislativo N.° 128 estipulaba que mientras esté vigente la sentencia que ordena la prestación de alimentos, el juez, a solicitud de parte ordenará que el obligado constituya garantía suficiente, la que podrá ser otorgada en cualquiera de las formas previstas en el Código Civil. Sexto. [El] artículo 572 del Código Procesal Civil dispone que mientras esté vigente la sentencia que dispone el pago de alimentos, es exigible al obligado la constitución de garantía suficiente a criterio del juez. Sétim o. [La] garantía [...] es a tiempo indeterminado, no pudiendo dejarse sin efecto mientras el demandado no constituya garantía suficiente porque se estaría dejando en desamparo al menor alimentista. (Exp. N.° 1207-2000, 17-05-2000, ff. jj. 2-7. Sala de Familia. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ),

Subcapítuio 2 Separación convencional y divorcio ulterior Artículo 573: Aplicación supletoria La pretensión de separación de cuerpos y extinción del régimen patrimonial de sociedad de gananciales por acuerdo de los cónyuges y la de divorcio, de conformidad con el inciso 1 3 del artículo 333 del Código Civil, respectivamente, se sujetan al trámite del proceso sumarísimo con las particularidades reguladas en este Subcapítulo.{1) NOTA DE ACTUALIZACIÓN (1) Artículo modificado por e! artículo 7 de la Ley N.fi 27495 (EP, 07-07-2001).

TERCER PLENO CASATORIQ CIVIL

§ 3691. En los procesos de fam ilia, como en los de alimentos, divorcio, filiación, violencia familiar, entre otros, el Juez tiene facultades tuitivas y, en consecuencia, se debe flexibilizar algunos principios y normas procesales. Véase la jurisprudencia del artículo IX del Código Procesal Civil [§ 382], (Tercer Pleno Casatorio Civil [Tema: Divorcio por causal de separación de hecho], realizado el 18-03-2011, Casación N.° 4664-2010-Puno [EP, 13-05-2011], que establece seis reglas (entre ellas ésta) como doctrina jurisprudencial vinculante. Texto completo: ). PLENOS JURISDICCIONALES

§ 3692. El juez de los procesos de nulidad o divorcio no puede aplicar una causal distinta a la invocada porque dicha causal form a parte del petitorio. Tampoco el de responsabilidad civil no puede aplicar un régim en legal distinto al invocado. El Pleno acordó POR mayoría: “El Juez de los procesos de: a) nulidad o divorcio no puede aplicar una causal distinta a la invocada, porque dicha causal forma parte del petitorio; b) responsabilidad civil no puede aplicar un régimen legal distinto al invocado; en ambos casos, en aplicación del principio de congruencia procesal”. (Pleno Jurisdiccional Distrital en Materias Civil, Familia, Constitucional y Contencioso Administrativo, realizado en Arequipa, los días 18, 20, 27, 28 de setiembre, 02, 15 y 25 de octubre de 2007. Tema N.° 2. [La aplicación deí principio del “tura novit curia . Los límites]. Texto completo: ), ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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CODIGO PROCESAL CIVIL

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§ 3693. En los procesos de divorcio por causal el juez puede declarar de oficio los alimentos. Véase la jurisprudencia del artículo 560° del Código Procesal Civil [§ 3672]. (Pleno Jurisdiccional Nacional de Familia, realizado en Cajamarca, 1998. Acuerdo N.° 9.2. Texto completo: ).

§ 3694. En la separación de cuerpos convencional, el juez no puede declarar de oficio los alimentos. Véase la jurisprudencia del artículo 560° del Código Procesal Civil [§ 3673]. (Pleno Jurisdiccional Nacional de Familia, realizado en Cajamarca, 1998. Acuerdo N.° 9.1. Texto completo: ). JU RISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 3695. La liquidación de la sociedad de gananciales se lleva a cabo en la ejecución de sentencia. Q uinto. [Es] del caso precisar que por el divorcio fenece la sociedad de gananciales generada por el vínculo matrimonial, por lo que al ampararse la demanda se da por concluido el régimen patrimonial, siendo en ejecución de sentencia que se formalizarán las etapas de liquidación previstas en el artículo 320 del Código Civil. Sexto. [Por] otro lado, la participación de los cónyuges en los bienes sociales se determinará después de su fenecimiento y practicado el proceso de liquidación en el que se pagarán las deudas y cargas de la sociedad si las hubiera, para recién establecerse los bienes gananciales que serán divididos en cincuenta por ciento para cada cónyuge, por lo que antes de dicha liquidación no existen bienes de manera individualizada. (Casación N.° 575-2004-Loreto, de 28-06-2005, ff. jj. 5 y 6. Sala Civil Permanente [EP, 04-01-2006, p. 15281]. Texto completo: ).

§ 3696. En los procesos de familia, el juez tiene facultades tuitivas por lo que puede flexibilizar principios y normas procesales. Véase la jurisprudencia del inciso 7 del artículo 51° del Código Procesal Civil [§ 644]. (Casación N.° 2693-2015-Lima, de 17-08-2016, £ j. 6. Sala Civil Transitoria [EP, 03-10-2017, Sentencias en Casación N.° 735, p. 99086], Texto completo: )„

Artículo 574: intervención del Ministerio Público En los procesos a que se refiere este Subcapítulo, el Ministerio Público interviene como parte solo si los cónyuges tuviesen hijos sujetos a patria potestad, y como tal no emite dictam en.(1) NOTA DE ACTUALIZACIÓN (1) Artículo modificado por e! artículo 1 de la Ley N.s 29057 (EP, 29-06-2007),

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 3697. No se puede declarar la invalidez del acto procesal cuando una de las partes no impugnó en su oportunidad la ausencia del Ministerio Público. S egundo. [...] [Es] atribución del Fiscal Provincial en lo Civil, la de intervenir como parte ejercitando los recursos y ofreciendo pruebas, en los juicios de nulidad de matrimonio, de separación de los casados y de divorcio, en tanto que, los artículos 481° y 574° del Código Procesal Civil prescriben que el Ministerio Publico es parte en los procesos sobre separación de cuerpos y divorcio por causal, y en los de separación convencional y divorcio ulterior y como tal no emite dictamen, no considerando los procesos de nulidad de matrimonio. Tercero. [No] se advierte la contravención denunciada puesto que no aparece que la recurrente haya efectuado oportunamente ninguna objeción a la omisión de la que ahora reclama (la ausencia del representante del Ministerio Público a partir del emplazamiento con la demanda), por lo que acorde con la norma del artículo 176° del Código Procesal Civil, superadas las etapas procesales para hacerlo, ha preciuido su posibilidad de denunciarla en casación por haber operado la convalidación conforme a los artículos n o m o s & th e s is

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PROCESOS CONTENCIOSOS I PROCESO SUMARÍSIMO

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172° y 175° del Código Formal, además de que el representante del Ministerio Público, intervino en primera instancia en las diligencias realizadas [...]• (Casación N.° 3035-2002-Junín, de 16-06-2002, ff. jj. 2-3. Sala Civil Permanente [EP, 31-08-2004, p. 12642], Texto completo: ).

Artículo 575: Requisito especial de la demanda A la demanda debe anexarse especialmente la propuesta de convenio, firmada por ambos cónyuges, que regule los regímenes de ejercicio de la patria potestad, de alimentos y de liquidación de la sociedad de gananciales conforme a inventario valorizado de los bienes cuya propiedad sea acreditada. El inventario valorizado solo requerirá de firma legalizada de los cónyuges.

PLENOS JURISDICCIONALES

§ 3698. La acreditación de la obligación alim entaria como un requisito exigibíe p ara el demandante siempre que la obligación alim entaria haya sido im puesta judicialm ente o por convención. Requisito exigido p o r e l artículo 345-A del Código Civil referido a que para invocar el

presupuesto d el inciso 12 del artículo 333°> el demandante deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de sus obligaciones alimentarías u otras que hayan sido pactadas p o r los cónyuges de mutuo acuerdo. El Pleno acordó por mayoría; “La acreditación de la obligación alimentaria debe interpretarse como un requisito exigibíe para el demandante solo en los casos que esta obligación le haya sido establecida por sentencia o haya sido fijada por acuerdo entre las partes”. (Pleno jurisdiccional Distrital en Materias Civil, Familia, Laboral y Penal, realizado por la Corte Superior de Justicia de lea, los días 3 y 10-122007. Conclusión N.° 8. Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 3699. Un proceso de desalojo no puede dejar sin efecto el convenio suscrito en un proceso anterior sobre divorcio por separación convencional. C uarto , [CJorresponde emitir pronunciamiento respecto a la infracción normativa de los artículos 575 y 576 del Código Procesal Civil, que disponen la presentación de la propuesta de convenio como requisito especial de la demanda de divorcio por separación convencional, así como su eficacia j urídica desde la expedición del auto admisorio. Q uinto. [La] aplicación de las normas procesales denunciadas son impertinentes para la solución del presente proceso, por cuanto dichas normas están referidas al requisito especial de un proceso de divorcio por separación convencional. Por ello, si bien es cierto la apoderada de la demandante y el demandado han seguido dicho proceso con anterioridad, lo resuelto en él no puede ser modificado en este proceso de desalojo por ocupación precaria; por tanto, la propuesta de convenio aprobada en el expediente N.° 2002-0022 mantiene plena eficacia mientras no haya sido declarada nulo. En consecuencia, la infracción normativa de carácter procesal debe ser desestimada. (Casación N.° 1059-2015-Apurímac, de 03-09-2015, ff. jj. 4-5. Sala Civil Permanente [EP, 30-06-2016, Sentencias en Casación N.° 715, p. 79294]. Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DE LAS CORTES SUPERIORES

§ 3700. El convenio establecido por las partes no puede ser objeto de modificación por el Juez. [...] [Los] bienes inmuebles corresponderán a sus menores hijas, recogiendo lo convenido por las partes coaccionantes, sin embargo el fallo de dicha resolución contradice tal decisión de las partes al disponer que se tenga por no incluido el acuerdo al que han llegado los cónyuges sobre este punto, bajo el argumento de que la decisión adoptada en el presente procedimiento constituye una donación que debe sujetarse al Código Civil; que el artículo 345 del Código Civil contempla, respecto a la separación, que el juez observará, en cuanto sea conveniente, lo que ambos cónyuges acuerden; que, en ese sentido, dicho acuerdo es válido y no es susceptible de ser modificado por la a quo, pues la demanda ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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CODIGO PROCESAL CIVIL

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de los coaccionantes fue admitida por auto [...] y en el acta de audiencia única [...] se declaró saneado el proceso, con sujeción alo dispuesto por el artículo 575 del Código Procesal Civil; que, en consecuencia, careciendo el acto procesal materia de consulta, de los requisitos indispensables para la obtención de su finalidad, se ha incurrido en la nulidad prevista en el artículo 171 del acotado código adjetivo. (Exp. N.° 1512-95, de 20-06-1995. Sexta Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ).

Artículo 576: Anticipación de tutela Expedido el auto admisorio, tienen eficacia jurídica los acuerdos del convenio anexado a la demanda, sin perjuicio de lo que se disponga en la sentencia.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 3701. Un proceso de desalojo no puede dejar sin efecto el convenio suscrito en un proceso anterior sobre divorcio por separación convencional. Véase la jurisprudencia dei artículo 575° del Código Procesal Civil [§ 3699]• (Casación N.° 1059-2015-Apurímac, de 03-09-2015, ff. jj. 4-5. Sala Civil Permanente [EP, 30-06-2016, Sentencias en Casación N.° 715, p. 79294]. Texto completo: ).

Artículo 577: Representación especial Las actuaciones judiciales podrán realizarse a través de apoderado, investido con facultades específi­ cas para este proceso.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 3702. L a representación especial determina que la manifestación es indubitable respecto de los otorgantes. Vigésimo p rim ero . En efecto, se tiene que por escritura pública de fecha cuatro de junio de dos mil nueve, los actores otorgaron a favor de PTI facultades de representación general y especial respecto de la parcela en aplicación de los artículos 74, 75, 77 y 577 del Código Procesal Civil, señalando además -en forma expresa- que a la apoderada se le confiere la facultad de suscribir, emitir o interponer cualquier tipo de documentos y cartas notariales, debiendo precisarse que este poder se encuentra inscrito en la partida registral [...], según consta de las instrumentales que obran [en autos]; en tal virtud, se puede concluir que la manifestación de los demandantes es indubitable, por tanto, han cumplido satisfactoriamente los presupuestos para que opere de pleno derecho la resolución contemplada en el artículo 1430 del Código Civil; siendo esto así, tampoco resulta atendible la supuesta infracción de la precitada norma, (Casación N.° 534-2013-Lima Norte, de 29-05-2014, £ j. 21. Sala Civil Permanente [EP, 01-12-2014, Sentencias en Casación N.° 698, p. 58142]. Texto completo: ). § 3703. Prohibición de representación procesal. O ctavo. [El derecho a solicitar el divorcio en base a la sentencia de separación convencional o separación por causal] debe ser ejercido de forma personal por los cónyuges, no estando facultado el abogado patrocinante para ejercer tal derecho en representación de su patrocinado a menos que se le hubiera otorgado expresamente dicha facultad conforme al artículo 75 del Código Procesal Civil. (Casación N.° 957-99-Ica, de 15-11-1999, £ j. 8. Sala Civil Permanente [EP, 26-12-1999, p. 4408], Texto completo: ).

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PROCESOS CONTENCIOSOS / PROCESO SUMARÍSIMO

Art. 580

Artículo 578: Revocación Dentro de los treinta días naturales posteriores a la audiencia, cualquiera de los cónyuges puede revocar su decisión, en cuyo caso se archiva el expediente. No se admite revocación parcial ni condicionada.

J URISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 3704. Es causal de improcedencia solicitar la revocación fuera de plazo. Q uinto. [...] [El] recurrente se limita a sostener que no prestó un consentimiento informado y con la asistencia legal adecuada, para acordar la variación de su demanda; sin embargo, conforme se ha evaluado en la sentencia de vista, el recurrente suscribió el acuerdo de variación de la demanda [...], la misma que fue notificada a su abogado defensor, presentando un escrito de petición de revocación de variación de su demanda fuera del plazo establecido por el artículo 578 del Código Procesal Civil, pedido que fue declarado improcedente por resolución [...], sin embargo, el recurrente no impugnó oportunamente esta decisión [...]. (Casación N.° 4319-2010-Lima, de 31-03-2011, f. j. 5. Sala Civil Permanente [EP, 01-08-2011, Sentencias en Casación N.° 646, p. 30859]. Texto completo: ).

Artículo 579: Contenido de la sentencia La sentencia acogerá el contenido del convenio propuesto, siempre que asegure adecuadamente la obligación alimentaria y los deberes inherentes a la patria potestad y derechos de ios menores o incapaces.

JURISPRUDENCIA DE LAS CORTES SUPERIORES

§ 3705. La sentencia debe respetar So dispuesto por el convenio entre las partes. [...] [El] menaje de la casa ha sido repartido entre los dos cónyuges adjudicándose al cónyuge el juego de sala, de comedor, de dormitorio, un televisor a colores y de diversos enseres de uso diario y a la cónyuge la lavadora, el refrigerador, la lustradora eléctrica y un televisor, que en la audiencia [...] las partes se rectifican en todos los extremos de la demanda así como en la propuesta de convenio suscrito por ambos; que la sentencia [...] establece que el menaje adquirido dentro del matrimonio quedará en propiedad de la cónyuge conforme lo establece la ley; que de conformidad con los dispositivos legales vigentes, el menaje de la casa se dividirá entre los dos cónyuges que al haberse dictado la sentencia [...] contraviniendo lo establecido por el convenio suscrito por las partes [...]. (Exp. N.° 1544-95, de 21-06-1995. Sexta Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo; ).

Artículo 580: Divorcio En el caso previsto en el primer párrafo del artículo 354 del Código Civil, procede la solicitud de disolver el vínculo matrimonial, después de transcurridos dos meses de notificada la sentencia de separación, la resolución de alcaldía o el acta notarial de separación convencional. El Juez expedirá sentencia, luego de tres días de notificada la otra parte; y el alcalde o el notario que conoció del proceso de separación convencional, resolverá el pedido en un plazo no mayor de quince días, bajo responsabilidad.(1) NOTA DE ACTUALIZACIÓN (1) Artícuío modificado por la primera disposición modificatoria de la Ley N.a 29227 (EP, 16-05-2008). Anteriormente había sido modificado por el artículo 2 de la Ley N.a 28384 (EP, 13/11/2004).

♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

Art. 580

CODIGO PROCESAL CIVIL

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J URISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 3706. Disolución del vínculo m atrim onial por parte del cónyuge culpable, frente a la inercia del cónyuge inocente de no solicitar ante el juez la conversión de la separación de cuerpos en divorcio^ de lo contrario se estaría operando la omisión abusiva de un derecho por parte del cónyuge inocente. S étim o . [...] [Si] bien ei cónyuge inocente tiene derecho a pedir que se declare disuelto el vínculo del matrimonio tratándose de separación por causal específica, también es cierto que la norma no prohíbe categóricamente que el cónyuge culpable pueda formular ese pedido; de lo contrario se estaría operando la omisión abusiva de un derecho por parte del cónyuge inocente. O ctavo. [...] [La] doctrina contemporánea sostiene que el derecho de familia no puede ignorar la existencia de matrimonios rotos, sino que tiene que reconocer su existencia y regular el matrimonio en función de las situaciones reales de este y de la familia; que no tiene sentido, por tanto, la negativa del divorcio basada en la defensa de la familia, dado que a la familia la deshace mucho antes el desamor, el abandono, el desamparo; el divorcio pretende dar una solución a aquellos matrimonios que hayan sufrido una quiebra irreparable en su existencia [...]. N oveno. [El] abuso del derecho es un instrumento del cual se vale el operador jurídico para lograr una correcta y justa administración de justicia; es aquí donde juega un rol decisivo la labor creativa y prudente del juez que, debe estar atento a reconocer nuevos intereses existen cíales y patrimoniales, enfrentando audazmente modelos legislativos que los pretenden inmovilizar. [...] D écim o. [...] Espinoza Espinoza, comenta[ndo] sobre [una] sentencia [anterior similar], que resolvió en sentido favorable la solicitud para la disolución del vínculo matrimonial por parte del cónyuge culpable, frente a la inercia del cónyuge inocente de no solicitar ante el juez la conversión de la separación de cuerpos en divorcio, no obstante que no habían posibilidades de reconciliación, califica [...] la situación como una de omisión abusiva de un derecho [...]. (Casación N.° 119-2005-Lima, de 28-04-2006, ff. jj. 7-10. Sala Civil Permanente. Texto completo: ). § 3707. Separación de cuerpos atendiendo a una situación de hecho (no existe la posibilidad de reconciliación entre los cónyuges). P rim ero. [Por] sentencia [...] [se] dispuso la separación de cuerpos entre [dos] cónyuges [..,] atendiendo a una situación de hecho [pues no existía la posibilidad de reconciliación entre los cónyuges] y no a la existencia de ninguna de las causales del artículo 333 del Código Civil. S egundo. [D]icha resolución ha adquirido la calidad de cosa juzgada al haberse declarado infundado el recurso de casación interpuesto contra ella [...], por lo que ya no es posible volver a revisar su legalidad. Tercero. [Sin] embargo, sí cabe analizarse si es que sobre la base de esa sentencia las partes podían solicitar que se declare disuelto el vínculo matrimonial en virtud de lo dispuesto en el artículo 354 del Código Civil. Cuarto. [La] norma bajo análisis tiene dos supuestos, los cuales deben ser estudiados por separado. Q uinto. [El] primero de ellos está referido a los casos de separación convencional en el que cualquiera de los cónyuges puede, basándose en la sentencia de separación, pedir que se declare disuelto el vínculo matrimonial transcurridos seis meses desde su notificación, siendo que el supuesto hipotético de la norma citada no corresponde al caso sublitis, pues esta presupone la existencia de una demanda conjunta en la que los cónyuges expresen de mutuo acuerdo la decisión de separarse. Sexto. [El] segundo supuesto de la norma se refiere al derecho que se concede al cónyuge inocente en los casos de la separación por causal específica, lo que tampoco coincide con los supuestos materiales del presente caso en el que no se ha dispuesto la separación en virtud de causal alguna, ni puede considerase que exista cónyuge culpable o cónyuge inocente que esté autorizado para solicitar la disolución del vínculo matrimonial. Sétim o. [En] consecuencia, debe concluirse que se ha aplicado indebidamente el artículo 354 del Código Civil, al presente caso, al haberse subsumido los hechos fijados en la sentencia [citada arriba] dentro de una norma que no los regula. (Casación N.° 957-99Ica, de 15-11-1999, ff. jj. 1-7. Sala Civil Permanente [EP, 26-12-1999, p. 4408], Texto completo: ).

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Subcapítulo 3 Interdicción Artículo 581: Procedencia La demanda de interdicción procede en los casos previstos en el artículo 44 numerales del 4 al 7 del Código Civil. La demanda se dirige contra la persona cuya interdicción se pide, así como con aquellas que teniendo derecho a solicitarla no lo hubieran hecho.(1} NOTA DE ACTUALIZACIÓN (1) Artículo modificado por el artículo 4 del Decreto Legislativo N.a 1384 (EP, 04-09-2018).

PLENOS JURISDICCIONALES

§ 3708. Procedencia del nombramiento del carador procesal en los procesos de interdicción. Eí Pleno acordó p o r m a y o r í a : “Que, debe nombrarse curador procesal al presunto interdicto a fin de salvaguardar su derecho de defensa, ello en atención a que a la demanda se anexa el correspondiente certificado médico, la cual sí bien será materia de ratificación al interior del proceso no es menos cierto que va adelantado el estado de incapacidad en que se encontraría dicho demandado, más aún si dicho nombramiento -de curador procesal- no incurre en causal de nulidad alguna”. (Pleno Jurisdiccional Distrital en Materias Civil, Familia, Laboral y Penal, realizado por la Corte Superior de justicia de lea, los días 3 y 10-12-2007. Conclusión N.° 12. Texto completo: ). § 3709. Supuestos en los que procede exigir nombrar curador procesal en un proceso de interdicción civil. ¿Procede exigir que se nombre curador procesal al demandado en un proceso de interdicción civil? El Pleno acordó por c o n s e n s o : “ N o procede exigir que se nombre curador procesal al demandado en un proceso de interdicción civil, salvo que sea evidente su discapacidad”. (Pleno jurisdiccional Civil, realizado en Cusco, los días 22 al 25-09-1999. Acuerdo N.° 8. Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 3710. Nulidad de acto jurídico (compraventa) celebrado por una persona privada de discernimiento. Para que exista incapacidad absoluta, no es necesario que previamente exista declaración de interdicción. Solo se puede atribuir m ala fe a una persona que puede distinguir entre lo correcto y lo inadecuado. S egundo, [...] 2. Conforme, reiterada doctrina ha señalado, discernir jurídicamente es diferenciar entre hacer o no hacer algo y conocer si ese “algo” es bueno o malo, o distinguir entre el bien y el mal, lo lícito o lo ilícito, lo que está o no permitido, lo que beneficia o es perjudicial. La norma aludida no precisa alguna específica causa, de allí que Fernández Sessarego considere que la falta de discernimiento puede deberse no solo por enfermedad mental, sino que puede ser ocasionado por cualquier causa, siendo lo relevante que el agente no pueda discernir. 3. En esa perspectiva, para que exista dicha incapacidad no es necesario que previamente exista declaración de interdicción, pues lo que se tiene en cuenta es la falta de discernimiento y no la interdicción declarada. [...] 6. En tal sentido pese a que la declaración de interdicción [solicitada por el paire] fue declarada con fecha posterior a la presentación de la demanda de este proceso, no puede soslayarse que en aquel proceso se ha dado a conocer que la incapacidad que [su hijo] presentaba es con fecha muy anterior al acto jurídico materia de nulidad, comprobándose que [este] no poseía la capacidad de discernir. [...] En el presente proceso, determinándose la enfermedad [del hijo incapaz] y la antigüedad de sus lesiones, se puede colegir con seguridad que al momento de suscribir la compraventa no podía discernir lo que le convenía, a lo que además debe añadirse que, por propia declaración de la [compradora] [co] ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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demandada, no le canceló lo adeudado [al hijo incapaz], sino a su padre [...], lo que solo puede explicarse (en el contexto aquí explicado) si consideraba que [el hijo] era incapaz de recibir el pago. [...] C uarto. Se ha cuestionado también la inaplicación del artículo 229 del Código Civil; de manera específica se sostiene que [el hijo incapaz] actuó de mala fe ocultando el estado de su salud. Se trata de invocación a norma jurídica que no puede ser aplicada al presente caso, dado que habiéndose establecido la falta de discernimiento de dicha persona, no es posible dilucidar su mala fe, pues esta tiene como sustento una persona que puede distinguir entre lo correcto y lo inadecuado. (Casación N.° 4673-2015-Arequipa, de 03-11-2016, ff. jj. 2 y 4. Sala Civil Permanente [EP, 02-05-2017, Sentencias en Casación N.° 727, p. 91615]. Texto completo: ). § 3711. Para que exista falta de discernimiento no es necesario que previamente exista declaración de interdicción, pues lo que se tiene en cuenta es esa ausencia de discernimiento y no la interdicción declarada. En procesos de este tipo hay que recurrir a pruebas indiciarias. [A n t e c e d e n t e : Hija que demauda la nulidad del contrato de compraventa de un inmueble realizado por su fallecida madre por falta de manifestación de voluntad. Acredita probatoriamente que a la fecha de celebración del citado contrato, su madre contaba con 70 años de edad y que estaba delicada de salud por padecer demencia senil y crisis hipertensiva. Los compradores demandados alegan que no existe resolución judicial que la declare incapaz, razón por la cual no estaba imposibilitada para la celebración del contrato, poniendo su huella digital.] C uarto. [...] 1, La incapacidad absoluta a la que alude el artículo 219.2 del Código Civil se encuentra vinculada con lo expuesto en el artículo 43 del mismo cuerpo legal, fundamentalmente, en este caso, con su inciso 2, que prescribe que es incapaz absoluto quien se encuentra privado por cualquier causa de discernimiento. 2. Conforme reiterada doctrina ha señalado, discernir jurídicamente es diferenciar entre hacer o no hacer algo y conocer si ese “algo” es bueno o malo, o distinguir entre el bien y el mal, lo lícito o lo ilícito, lo que está o no permitido, lo que beneficia o es perjudicial. La norma aludida no precisa alguna específica causa, de allí que Fernández Sessarego considere que la falta de discernimiento puede deberse no solo por enfermedad mental, sino que puede ser ocasionado por cualquier causa, siendo lo relevante que el agente no pueda discernir, 3. En esa perspectiva, para que exista dicha incapacidad no es necesario que previamente exista declaración de interdicción, pues lo que se tiene en cuenta es la falta de discernimiento y no la interdicción declarada. 4. Así las cosas, si bien es cierto no existe declaración de interdicción respecto a la [madre vendedora], no es menos verdad que obran en el expediente [..,] medios probatorios [que acreditan su falta de discernimiento al momento de suscribir el acto jurídico cuya nulidad se deduce]. [...] 6. Además, [existen] indicios [de que la anciana vendedora se encontraba] imposibilitada físicamente de firmar [, que uno de los compradores] y no ia propia vendedora [fue el que contó el dinero en la notaría]. Hay que recordar que [...] en procesos de este tipo hay que recurrir a pruebas indiciarías y que ello supone la existencia de: (i) un hecho conocido; (ii) un hecho desconocido; y (iii) “una inferencia lógica por medio de la cual partiendo del hecho conocido se logre con certeza o probabilidad, deducir el hecho que pretendíamos conocer”. [...] (Casación N.° 683-2016-CalIao, de 08-11-2016, f. j. 4. Sala Civil Permanente [EP, 31-08-2017, Sentencias en Casación N.° 732, p. 95688]. Texto completo: ). § 3712. Posibilidad de someter a interdicción a una persona (en este caso, un hermano) cuando esta exponga a su fam ilia a caer en la miseria. Sexto. Como puede apreciarse, por regla general, el con ten id o normativo del artículo 588 restringe Ja legitimidad para ejercitar la pretensión de interdicción civil del ebrio habitual y del toxicómano únicamente a quien es su cónyuge o familiar que dependa de él. El fundamento de esta regla de legitimación puede ser entendido si se tiene en cuenta que el artículo 586 del Código Civil ha reconocido la posibilidad de someter a interdicción a la persona ebria o toxicómana cuando esta “exponga a su familia a caer en la miseria”, es decir, cuando haya riesgo que la dependencia que ella sufre pueda provocar el infortunio económico de su familia. [...] El Ministerio Público solo actuará cuando alguno de estos familiares se encuentre impedido de ejercitar la acción o cuando el incapaz constituya un peligro para la seguridad ajena. Sétim o. No obstante, es necesario prestar atención a que el riesgo de provocar la miseria de la familia no es la única causa que ha sido n o m o s & th e s is

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reconocida por nuestra ley como fundamento de la interdicción del ebrio habitual y del toxicó mano, pues el mismo artículo 586 del Código Civil reconoce también que la interdicción procederá en estos casos cuando la dependencia exponga a la miseria al propio incapaz; y ello en vista al riesgo que esto genera en su subsistencia. Así puede desprenderse del extremo del texto que declara: Ce exponga o exponga a su familia a caer en la miseria1’. En este contexto, puede observarse que el fundamento de la interdicción del ebrio habitual y del toxicómano no radica únicamente para nuestra ley en la intención de asegurar el sostenimiento de la familia, sino también el del propio incapaz. Y, por tanto, es evidente que podrán existir casos en los que las reglas de legitimación previstas en el artículo 588 del Código Civil no serán suficientes para alcanzar uno de los fines buscados por el legislador: Tutelar la subsistencia del propio incapaz. O ctavo . Esto sucederá, por ejemplo, cuando a pesar de significar un riesgo para su propia subsistencia (por generar su miseria), el ebrio o toxicómano carezca de cónyuge u otros familiares que dependan de él y, además, no constituya un peligro para la sociedad. En estos casos, es evidente para este Colegiado, que el órgano jurisdiccional podría apartarse de las reglas de legitimación contenidas en el artículo 586 del Código Civil a fin de tutelar la subsistencia del propio incapaz, empleando para ello la facultad prevista en el artículo 138 de la Constitución Política; con cargo a expresar las razones que justifican que prefiera en el caso concreto ei derecho constitucional al bienestar de la persona involucrada en el caso y su dignidad. (Casación N.° 4693-203 5-La Libertad, de 24-05-2016, ff. jj. 6-8. Sala Civil Permanente [EP, 30-11-2016, Sentencias en Casación N.° 720, p. 85613]. Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DE LAS CORTES SUPERIORES

§ 3713. Definición de interdicción. P rim ero. [...] La interdicción es la declaración judicial de incapacidad de las personas de edad que por impedimento físico o mental no pueden ejercer por sí mismas sus derechos. (Exp. N.° 18941-94, de 12-05-1995, f. j. 1. Quinta Sala Civil. Corte Superior de justicia de Lima. Texto completo: ). § 3714. No es posible nombrar curador para los incapaces sin que preceda la declaración judicial de interdicción. No es viable el nombramiento de curador en un proceso de interdicción. [...] [La] demanda de interdicción de un incapaz se dirige contra este, así como contra las personas que teniendo derecho a solicitaría, no lo hubieran hecho; que adícíonaímente [...] debe acompañarse a la demandada, la certificación médica sobre el estado deí presunto interdicto, la que se entiende expedida bajo juramento o promesa de veracidad, certificación que debe, asimismo, ser ratificada en Ja audiencia respectiva, según ío prescrito por el inciso 2 del artículo 582 del [Código Procesal Civil]; que ninguna de estas prescripciones ha sido cumplida pues, el presunto interdicto no ha sido notificado con la demanda, ni se ha procedido a la ratificación respectiva, sino a la facción de una pericia no prevista en el procedimiento; que según el criterio que informa el artículo 566 del Código Civil, no es posible nombrar curador para los incapaces, sin que preceda declaración judicial de interdicción, por lo que, en este procedimiento, no es viable el nombramiento de curador, nombramiento que, formulada la declaración puede hacerse en la forma prescrita por los artículos 572 y 573 del citado Código Sustantivo [...]. (Exp. N.° 86-95, de 10-02-1995. Sexta Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ). § 3715. No es posible nombrar curador para el incapaz sin que exista una previa declaración judicial de interdicción. Cuando se declara la interdicción del incapaz, es deber del Juez fijar la extensión y los lím ites de la cúratela. [Con] arreglo a lo prescrito por el artículo 581 del Código Procesal Civil, la demanda de interdicción se dirige contra la persona del presunto interdicto, así como contra aquellas que teniendo derecho a solicitarla no lo hubieran hecho; que en el caso de autos, este elemental requisito resulta cumplido, como puede verse de las cédulas de notificación [...] aun cuando en la demanda [,.,] aparezca como único demandado el Ministerio Público, que según el criterio que informa al artículo 566 del Código Civil, no es posible nombrar curador para los incapaces, sin que preceda declaración judicial de interdicción, por lo que, en este procedimiento judicial, no es viable el nombramiento de curador, nombramiento que formulada la declaración, puede hacerse ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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de la forma prescrita por los artículos 572 y 573 del aludido Código, que es obligación del Juez, cuando declare la interdicción de un incapaz fijar la extensión y límites de la cúratela, según el grado de incapacidad del interdicto de acuerdo a lo que dispone el artículo 581 del Código sustantivo [...]. (Exp. N.° 95-95, de 10-02-1995. Primera Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ). § 3716. Discapacitados tienen capacidad de ejercicio al igual todas las demás personas no discapacitadas, en concordancia con la Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad. Interdicción de dos hermanos que padecen esquizofrenia paranoide. Inaplicación por control difuso de los artículos 43.2, 44.2 y 44.3 CC. [A n t e c e d e n t e : Una madre de dos hermanos (que padecen esquizofrenia paranoide desde veinte años) solicita la interdicción de ambos a fin de que puedan cobrar la pensión de orfandad de su ascendiente fallecido, debido a que la ONP les ba denegado ese derecho hasta que el Poder Judicial declare incapaces a sus hijos mediante un proceso de interdicción] P rim ero. En aplicación del control difuso de convencionalidad declarar inaplicable los artículos 43 numeral 2 y 44 numerales 2 y 3 del Código Civil referidos a la incapacidad civil absoluta y relativa, por ser incompatibles con el derecho a igual reconocimiento de la capacidad jurídica reconocido en el artículo 12 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, el derecho constitucional a la personalidad jurídica, a la igualdad ante la ley y los principios pro debilis, pro hom ine y de legalidad, contenidos en los artículos 3, 8, 24 y 25 de la CADH y artículos 2.1., 2.2, 3, 7, 138 y 139 inciso 8 de la Constitución Política, conforme a los fundamentos expuestos en ia sentencia; en consecuencia, reconocer la plena capacidad de ejercicio de WVC y RVC, en su condición de personas con discapacidad sicosocial. S egundo. Establecer que las personas con discapacidad sicosocial e intelectual tienen derecho de acceso a la pensión sin restricción alguna por motivos de discapacidad, incluyendo la pensión de orfandad por incapacidad, con el pleno respeto de su capacidad jurídica conforme lo establece el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad, por ello efectuando una interpretación sistemática de las normas en materia de pensiones a la luz de la Constitución Política y la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, se debe determinar, que para la tramitación y otorgamiento de la pensión de orfandad por incapacidad del D.L. N,° 20530 solicitado a favor de una persona con discapacidad ante la Oficina de Normalización Previsional u otra competente, es inaplicable toda norma legal que exija como requisito la presentación de resolución judicial de interdicción o incapacidad, y la designación del curador del beneficiario de dicha pensión. Tercero. Disponer como medidas de apoyo y salvaguarda en aplicación del artículo 12 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de las naciones unidas, a favor de WVC y RVC, las siguientes: X. Que la Oficina de Normalización Previsional o el Poder Judicial, para la tramitación y otorgamiento de la pensión de orfandad por incapacidad del D.L. N.° 20530 a favor de W VC y RVC, sea provisional o definitiva respectivamente, no les exija como requisito presentar resolución judicial de interdicción o incapacidad, y la designación del curador del beneficiario de dicha pensión, debiendo tramitarla a la brevedad posible, informando a este despacho dentro del plazo de los quince días de notificado sobre el inicio o continuación del trámite. 2. Que el Estado en sus diferentes estamentos reconozca que WVC y RVC, en su condición de personas con discapacidad sicosocial, tienen derecho al ejercicio de su capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás personas, debiendo asegurar su acceso a los apoyos o ajustes razonables necesarios para garantizar el ejercicio de su derecho, conforme a los compromisos adoptados por el Estado Peruano. 3. Reconocer el derecho a la Seguridad Social que tiene WVC y RVC en condición de derechohabientes de su progenitor JVL e incluso de su progenkora M C viuda de V, así como en su condición de titulares de una pensión por orfandad, desde el fallecimiento de su progenitor en fecha 26 de Noviembre del 2011. 4. Que se constituya un sistema temporal de apoyo para la toma de decisiones en favor de WVC y RVC, que estará conformado por su progenitora M C viuda de V y su hermana MVC y el equipo multidisciplinano de la Corte Superior de Justicia del Cusco, integrado por su coordinador, el médico siquiatra, una sicóloga y una asistenta social, los que serán designados e ejecución de sentencia. 5. Que durante la vigencia del sistema de apoyo, en todo momento se respete los derechos, la voluntad y las preferencias de W VC y RVC, y que los apoyos sean proporcionales y adaptados a las condiciones y n o m o s & th e s is

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necesidades de ambos hermanos, 6. Que las personas que forman parte del sistema de apoyo no deben ejercer influencia indebida sobre WVC y RVC y abstenerse cuando exista conflicto de intereses en el apoyo para que adopte una decisión. 7. Que W VC y RVC no se encuentran impedidos de heredar bienes, tener propiedades, controlar sus propios asuntos económicos; sin embargo, evaluadas en forma concreta sus propias condiciones y circunstancias particulares, para el caso de actos de disposición o administración que comprometan su patrimonio, en pleno ejercicio de su capacidad jurídica deberán adoptar su decisión con la participación del sistema de apoyo dispuesto precedentemente,caso contrario, los actos jurídicos que efectúen adolecerán de nulidad conforme a lo dispuesto por el numeral 1 del artículo 219 del Código Civil. [...] Q uinto. Exhortar al Congreso de la República para que acelere el proceso de armonización del ordenamiento jurídico vigente a lo dispuesto por el artículo 12 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, incluyendo la reforma del Código Civil sobre capacidad jurídica, interdicción y cúratela regulados en los artículos 43, 44, 564, 565 y demás pertinentes del Código Civil, adoptando el modelo de apoyo o asistencia en la toma de decisiones de las personas con discapacidad sicosocial o intelectual que respete su autonomía, voluntad y preferencias, en lugar del modelo actual de sustitución en la toma de decisiones. Así como adoptar medidas legislativas para reevaluar y revocar las medidas de sustitución de interdicción civil impuestas a personas con discapacidad sicosocial o intelectual, que limitan y anulan sus derechos civiles, asegurándoles en su lugar su acceso a sistemas de apoyo conforme a sus necesidades para la toma de decisiones. (Exp. N.° 01305-2012-0-100l-JR-FC-03, de 15-06-2015, ff. jj. 1, 2, 3 y 5 del fallo. Tercer juzgado Familia de Cusco. Corte Superior de Justicia del Cusco. Texto completo: ). § 3717. En aplicación del principio de economía procesal, se aprueba el nombramiento de curador con anterioridad a su interdicción. [Aun] cuando el nombramiento de curador para una persona mayor, relativamente incapaz es posterior a su interdicción, en aplicación del principio de economía procesal [...] [se aprueba el nombramiento de curador con anterioridad a su interdicción]. (Exp. N.° 101-95, de 20-02-1995. Primera Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ). § 3718. La interdicción puede ser solicitada por la madre política del interdicto. [...] [Pjueden pedir la interdicción del incapaz su cónyuge, sus parientes y el Ministerio Público; a que la accionante doña MRFO es pariente de don PJEDP pues viene a ser su madre política, conforme a las partidas [de autos], a que el informe médico [...] concluye que el nombrado PJEDP, si bien no presenta alienación, ni alucinaciones ni decisiones o convicciones extravagantes o irreales, presenta rasgos psicóticas, con limitación de autocontrol, discernimiento superior de conducta desorganizada y sin orientación concreta y sí una gran proclividad al uso de drogas, todo lo cual lo lleva a la quiebra de la relación de su personalidad con la realidad objetiva, por lo que es procedente su interdicción [...]. (Exp. N.° 1757-94, de 26-12-1994. Quinta Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ). § 3719. Debe declararse ía n ulidad del nombramiento de curador no solicitado por ser un exceso en el pronunciam iento del juez, [Está] acreditado que [la interdicta padece] de demencia degenerativa: enfermedad de Alzheimer, demencia a multiinfartos; que en tal sentido resulta procedente amparar ía petición del esposo solicitante [...]; que el accionante no ha solicitado en el petitorio la cúratela de su cónyuge, la que procede después de la declaración de interdicción por lo que existe un exceso en el pronunciamiento por parte del juez, al haber declarado también la cúratela, incurriendo en causal de nulidad [...]. (Exp. N.° 1579-95, de 21-06-1995. Sexta Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ). § 3720. La cúratela procede después de ía declaración de interdicción. Constituye exceso el pronunciam iento sobre la cúratela que n o se solicitó. [Una madre] pretende la interdicción civil de su hijo quien a la fecha de la demanda es mayor de edad y haber nacido con retardo mental con privación de discernimiento, impedido de hablar y de valerse por sí mismo; que dicha pretensión es ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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amparable por el mérito de las pruebas aportadas, por lo que la interdicción civil resulta procedente; que la actora no ha solicitado la cúratela de su hijo, la que procede después de la declaración de interdicción, por lo que existe un exceso en el pronunciamiento de parte del juez, al haber declarado también la cúratela, incurriendo en causal de nulidad [...]. (Exp. N.° 1553-95, de 21-06-1995. Sexta Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ), § 3721. Es imprescindible fijar la extensión y límites de la cúratela a que debe estar sujeto el interdicto, teniendo en cuenta el grado de incapacidad de este. [...] [No] se puede nombrar curador para los incapaces, sin que proceda declaración judicial de interdicción, según la norma contenida en el artículo 566 de ese cuerpo legal, razón por la que la asignación de curadora que se hace en la resolución consultada resulta válida, sí además se tiene en cuenta el principio de economía procesal [...]. (Exp. N.° 734-95, de 30-06-1995. Cuarta Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ).

Artículo 582: Anexos específicos Adicionalmente a lo previsto en el artículo 548, a la demanda se acompañará: 1. Si se trata de pródigos y de los que incurren en mala gestión: el ofrecimiento de no menos de tres testigos y los documentos que acrediten los hechos que se invocan; y 2. En los demás casos: la certificación médica sobre el estado del presunto interdicto, la que se entien­ de expedida bajo juramento o promesa de veracidad, debiendo ser ratificada en la audiencia respectiva.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 3722. Si no se ha impugnado el acto de certificación médica en su momento, se tiene por convalidado la misma cuando vence el plazo de impugnación. Sexto. [...] [El] a d q u e m ha manifestado [...] que a la fecha de expedición de la certificación de [autos], el citado galeno contaba con veinte años de profesión médica y estudios concluidos en la segunda especialidad de psiquiatría, conocimientos suficientes y experiencia profesional especializada necesaria para practicar la citada evaluación médica que la norma procesal exige, encontrándose en el supuesto del artículo 582 del Código Procesal Civil, c) En tal sentido, se aprecia que, si se parte de la hipótesis de que la valoración del documento de fojas cinco mil trescientos cincuenta y dos, por parte de la juez de primera instancia constituye un vicio, este ha sido convalidado por el a d quem [.,.]. (Casación N.° 964-2010-Lima, de 12-07-2010, £ j. 6. Sala Civil Transitoria [EP, 30-11-2010, Sentencias en Casación N .°632, p. 28888], Texto completo: ). § 3723. Los certificados médicos deben ser ratificados en la audiencia respectiva, caso contrario no se considerarán como medios probatorios. Tercero. La impugnante denuncia la causal prevista en el inciso 3 del artículo 386 del mismo dispositivo procesal, considerando que se ha vulnerado la parte final del inciso 2 del artículo 582 del Código Procesal Civil, porque los considerandos segundo y tercero de la sentencia de vista recurrida, no advierten que, no existe en autos una fecha determinada que establezca que el occiso don [...] haya padecido crónicamente de una enfermedad mental, antes de la fecha de su matrimonio civil que contrajo con este último y haber incurrido en la causal de nulidad de matrimonio prevista en el artículo 248 inciso 3 del Código Civil. Señala, que los certificados médicos que obran en el expediente [...] sobre interdicción que determinan el estado de salud de su cónyuge fallecido, han debido ser expedidos con las formalidades de Ley, esto es, bajo juramento; los mismos que no han sido ratificados en la Audiencia respectiva; obviándose actos del procedimiento, lo que genera que dichos medios probatorios carezcan de eficacia probatoria. Agrega, que la no actuación del reconocimiento psiquiátrico de su referido cónyuge, implica una formalidad procesal incumplida, máxime cuando en el mencionado proceso de interdicción los médicos recomendaron un examen n o m o s & th e s is

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neuropsicológico, que no se realiza por no contar con médicos de la especialidad; por lo que, el acto jurídico cuya nulidad se pretende es válido. (Casación N.° 1778-2009-Santa, de 20-08-2009, f. j. 3. Sala Civil Transitoria [EP, 31-12-2009, p. 27189]. Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DE LAS CORTES SUPERIORES

§ 3724. No es posible nombrar curador para los incapaces sin que preceda la declaración judicial de interdicción. No es viable el nombramiento de curador en un proceso de interdicción. Véase la jurisprudencia del artículo 581° del Código Procesal Civil [§ 3714], (Exp. N.° 86-95, de 1002-1995. Sexta Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ).

Artículo 583: Caso especial Cuando se trate de una persona contemplada en el artículo 44 numerales del 4 al 7 del Código Civil que constituye grave peligro para la tranquilidad pública, la demanda puede ser presentada por el Ministerio Público o por cualquier persona.(1) NOTA DE ACTUALIZACIÓN (1) Artículo modificado por el artículo 4 del Decreto Legislativo N.s 1384 (EP, 04-09-2018).

Artículo 584: Rehabilitación La declaración de rehabilitación puede ser pedida por el interdicto, su curador o quien afirme tener interés y legitimidad para obrar, siguiendo las reglas de este Subcapítulo. Se debe emplazar a los que intervinieron en el proceso de interdicción y al curador, en su caso.

Subcapítulo 4 Desalojo Artículo 585: Procedimiento La restitución de un predio se tramita con arreglo a lo dispuesto para el proceso sumarísimo y las precisiones indicadas en este Subcapítulo. Procede a decisión del demandante, el acumular la pretensión de pago de arriendo cuando el desalojo se fundamenta en dicha causal. Si no opta por la acumulación, el demandante podrá hacer efectivo el cobro de los arriendos en el proceso ejecutivo de acuerdo a su naturaleza. Cuando el demandante opte por la acumulación del pago de arriendos al desalojo, queda exceptuado el requisito previsto en el inciso 3) del artículo 85 de este Código. NOTA DE ACTUALIZACIÓN (1) Artículo modificado por el artículo único de la Ley N.e 29384 (EP, 28-06-2009). Anteriormente había sido modificado por el artículo único del Decreto Legislativo N.9 1069 (EP, 28-06-2008).

PLENOS JURISDICCIONALES

§ 3849. Revocación por el superior de la m edida cautelar no concedida en prim era instancia.

Si el juez de pnm era instancia deniega el concesoria de una medida cautelar y el superior considera que sí reúne los requisitos para concederla, ¿debe la Sala Superior al resolver la apelación revocar y conceder la medida cautelar o debe anular para que el juez de primera instancia la concede y garantizar así su derecho de pluralidad de instancias? El Pleno acordó por mayoría: “Que, cuando el juez de primera instancia no concede la medida cautelar solicitada y el superior considera que sí reúne los requisitos para concederla: entonces, la instancia superior debe revocar dicha decisión y conceder la medida cautelar atendiendo al derecho a una tutela jurisdiccional efectiva y urgente”. (Pleno Jurisdiccional Civil y Procesal Civil, realizado en Arequipa, los días 16 y 17-10-2015. Tema N.° 3 [Revocación por el superior de la medida cautelar no concedida en primera instancia]. Texto completo: ). § 3850. El juez que conoce de un proceso de violencia fam iliar puede dictar una m edida de protección inm ediata sin los formalismos establecidos en el Código Procesal Civil. ¿Puede

el juez que conoce de un proceso de violencia fam iliar dictar una medida de protección inmediata sin los formalismos establecidos en el Código Procesal Civilpara la procedencia de las medidas cautelares? El Pleno acordó por unanimidad : “Un juez que conoce de un proceso de violencia familiar puede dictar una medida de protección inmediata sin los formalismos establecidos en el Código Procesal Civil para la procedencia de las medidas cautelares, ya que el propio Código Procesal Civil prevé en el artículo 677° el deber del juez de adoptar las medidas necesarias para el cese de los actos lesivos de violencia física o psicológica como también autoriza el artículo 683° del mismo Código, a adoptar medidas cautelares de oficio en el proceso sobre interdicción civil y de ahí se infiere que este deber obliga al juez a verificar únicamente el cumplimiento de los requisitos de fondo de la medida cautelar a que se refiere el arríenlo 61 Io del Código Procesal Civil, no siendo exigíble a la parte que cumpla los requisitos del artículo 610° del mismo Código”. (Pleno Jurisdiccional Regional de Familia, realizado en Lima, el 07-09-2007. Tema N.° 4. Subtema N.° 1 [Violencia familiar]. Texto completo: ). n o m o s & th e s is

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PROCESOS CONTENCIOSOS / PROCESO CAUTELAR

A rten

§ 3851. Momento en que an a m edida cautelar se considera ejecutada. ¿ Cuándo se considera ejecutada una m.edida cautelar que suspende los efectos de una reso¿ueion?E\ Pleno acordó por unanimidad : “Por unanimidad se llegó a la conclusión de que una medida cautelar se considera ejecutada desde que el Juez expide la resolución aceptando la medida cautelar, porque si se rechaza obviamente no hay ejecución”. (Pleno jurisdiccional Distrital en Materias Civil, Laboral y Familia, realizado en Cajamarca, los días 14 y 15-06-2007. Conclusión N.° 3. Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 3852. Los efectos que provoque la m edida cautelar no pueden ser absolutos, sino provisorios.

Sexto , [...] El primero de ellos atañe a la naturaleza de toda medida cautelar; en efecto, como es conocido, tres son los presupuestos para su concesión: verosimilitud en el derecho, peligro en la demora y adecuación de la medida. Este último punto tiene que ver con la razonabilidad de la medida cautelar que sirve como instrumento del proceso para impedir que el resultado de este se vea frustrado por las contingencias que pueden acaecer durante el transcurso de la litis, Sin embargo, ello no significa que la medida cautelar imponga un estado jurídico inatacable: por el contrario, más allá de la probabilidad de que a quien se le otorga pueda resultar vencedor del proceso, lo cierto es que toda medida cautelar es provisoria y por ello mismo, las consecuencias que la medida genere no pueden ser absolutas, porque de ser así lo provisorio se convertiría en definitivo y lo probable adquiriría la calidad de certeza. (Casación N.° 2460-2014-Callao, de 20-05-2015, f. j. 6. Sala O vil Transitoria [EP, 02-05-2016, Sentencias en Casación N.° 713, p. 76107]. Texto completo: ). § 3853. No puede solicitarse medidas cautelares que afecten los bienes o derechos de terceros que son ajenos a la relación jurídica procesal. Véase la jurisprudencia del artículo 623° del Código Procesal Civil [§ 3889]. (Casación N.° 2604-2005-Cajamarca, de 25-05-2006, ff. jj. 1 y 6. Sala Civil Transitoria [EP, 02-07-2007, p. 19736], Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DE LAS CORTES SUPERIORES

§ 3854. El juez puede adecuar la m edida cautelar a fin de salvaguardar la eficacia de la decisión definitiva, siempre y cuando no funde su decisión en hechos diversos a los alegados por las partes. Cuarto. [El] artículo 611 del Código acotado [Procesal Civil] faculta al juez a dictar medida cautelar en la forma solicitada o la que considere adecuada atendiendo a la naturaleza de la pretensión principal, también es verdad, que tal adecuación, no puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos a los que han sido alegados por las partes, conforme al artículo VH Título Preliminar del Código Procesal Civil, hacer lo contrario implicaría estar actuando como juez y parte. Quinto. [El] a quo al adecuar la solicitud recurrida, ha amparado una medida de no innovar, la misma que está destinada a conservar la situación de hecho o de derecho presentada al momento de la admisión de la demanda; sin embargo, entendiendo la postulada como una medida fuera de proceso, la solicitante ha precisado que la demanda fiirura, es una de interdicto de recobrar; derecho que por su naturaleza está destinada, a que la perjudicada sea repuesta en el derecho de posesión del que ha sido privada; es decir, que la adecuación dada por el juez, no resulta compatible ni propiamente adecuada a los hechos. (Exp. N.° 4918-2000, de 25-05-2000, ff. jj. 4 y 5. Sala de Procesos Sumarísimos y No Contenciosos. Corte Superior de Justicia de Lima .Texto completo: ). § 3855. La concurrencia de los requisitos para am parar la medida cautelar es copulativa.

III. C onsideraciones d e fo n d o . 2. Toda medida cautelar tiene carácter instrumental, es provisional y variable; esta solo podrá ser dictada siempre y cuando concurran copulativamente los requisitos reconocidos por la doctrina y plasmados en el artículo 611 del Código Procesal Civil, de tal suerte que la ausencia de uno de ellos imposibilita la adopción de tal medida: que además es menester tener presente que la medida cautelar tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una sentencia futura, de ahí su carácter instrumental, es decir, que la tutela cautelar debe estar necesaria y directamente vinculada a la actuación del derecho sustancial cuyo aseguramiento eficaz se pretende proteger. (Exp N.° 087-2010, de 24-03-2010, f. j. 111(2). Primera Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: Medidas cautelares, p. 35). * SUMMA PROCESAL CIVIL

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§ 3856. La m edida cautelar solo afecta bienes y derechos de las partes vinculadas con la relación material. P rim ero. [El] artículo 611 del Código Procesal Civil, en su segundo párrafo, dispone que la medida solo afecta bienes y derechos de las partes vinculadas por la relación material. Segundo. [En] el caso de autos, el vehículo [...] no es de propiedad del emplazado [...] sino de persona ajena al proceso [...] conforme fluye dei oficio emitido por la Oficina Registral de Lima y Callao [...] por tanto, no cabe su afectación en un proceso donde el emplazado (obligado) no es su propietario. (Exp. N.° 18813-98, de 15-07-1999, ff. jj. 1 y 2. Sala de Procesos Ejecutivos y Cautelares. Texto completo: ). § 3857. Para otorgar una m edida cautelar no se necesita acreditar de forma indubitable el derecho, sino que mediante lo expuesto y la prueba ofrecida, se infiera la verosim ilitud del derecho. [De] acuerdo a lo normado en el artículo 611 del Código Procesal Civil, lo que necesita el juzgador pata hacer lugar a una medida cautelar no es que se trate de una ‘ acreditación meridiana”, tanto porque ello sería imposible antes de promoverse la pretensión que se pretende asegurar cuanto porque para tal supuesto se encuentre el numeral 615 del acotado; que la ley en el citado artículo 611 solo requiere que de lo que exponga y de la prueba en que se sustente pueda inferir la verosimilitud del derecho invocado y la necesidad de la decisión preventiva, por cualquier razón justificable, que el Juzgador debe ponderar [...] (Exp. N .ú 230-95, de 20-02-1995, Cuarta Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ). § 3858. Requisito excepcional en las medidas cautelares innovativas. Cuarto. [Si] bien es cierto ambas medidas cautelares [prohibitiva de innovar e innovativa] de conformidad con lo que disponen los artículos 682 y 687 del acotado, tienen como característica propia su carácter excepcional, expresado este en que su concesión estará supeditada a que no resulte posible la aplicación de otra prevista en la ley, in extremis, también es cierto, que la medida cautelar otorgada, es decir la innovativa, resulta ser más excepcional que la de prohibición de innovar, porque adelanta los efectos de la sentencia de mérito como si la misma hubiera sido declarada fundada, situación que reviste un riesgo mucho mayor que la de prohibición de innovar, no siendo por ello suficiente la contracautela personal en forma de caución juratoria para garantizar el resarcimiento de los posibles daños que pudiera ocasionar la concesión de la medida, considerando para ello, que nos encontramos frente a una medida cautelar fuera de proceso. Q uinto. [...] [Las] medidas cautelares extraordinarias, además de los presupuestos ya conocidos como son: la apariencia del derecho invocado, el peligro en la demora, y la contracautela, un cuarto presupuesto: la irreparabilidad del perjuicio, es decir que el peticionante debe acreditar al Juez, que, si no se hace ahora lo que pide, nunca más se va a presentar el estado de cosas que se tiene [...]. (Exp. N.° 17518-98, de 02-11-1998, ff. jj. 4 y 5- Sala de Procesos abreviados y de Conocimiento. Texto completo: ). § 3859. Una medida cautelar no puede ser dejada sin efecto en un proceso distinto a donde fue dictada, aún si se discuten las mismas relaciones sustantivas y los mismos intereses económicos. P rim ero. [La] medida cautelar de no innovar solicitada pretende [..,] enervar los efectos de otras medidas cautelares dictadas en diversos procesos judiciales seguidos por la Empresa demandada contra los accionantes derivados de la misma situación jurídica creada como consecuencia de la adquisición o arrendamiento de las unidades vehiculares destinadas a servicio público de transportes. Segundo. [La] ley no prevé que una medida cautelar decretada en un proceso judicial sea enervada o declarada sin efecto por otro proceso donde se discuten las mismas relaciones sustantivas y los mismos intereses económicos, aún, cuando estas fueran enfocadas de distintos ángulos jurídicos. (Exp. N.° 995-95, de 26-07-1995, ff jj. 1 y 2. Segunda Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ).

Artículo 612: Características de la medida cautelar Toda medida cautelar importa un prejuzgamiento y es provisoria, instrumental y variable. n o m o s & th e s is

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PROCESOS CONTENCIOSOS / PROCESO CAUTELAR

Art.612

PLENOS JURISDICCIONALES

§ 3860. Naturaleza juríd ica de la m edida cautelar en m ateria de violencia fam iliar. ¿Cuál

es

¡a n a t u r a l e z a j u r í d i c a d e la m e d i d a c a u t e l a r e n m a t e r i a d e v i o l e n c i a f a m i l i a r ? ¿ C u á l e s la d i f e r e n c i a c o n u n a m e d i d a c a u t e l a r e n lo c i v i l ? El Pleno acordó por unanimidad : “Si bien la medida cautelar en violencia familiar tiene particularidades, las que están previstas en la propia Ley de Protección frente a la Violencia Familiar, como son la utilización del mínimo de formalismos, la función tuitiva del juzgador frente a un hecho de violencia familiar, la protección de la integridad física y psicológica de la persona humana, comparten en rigor la misma naturaleza jurídica de las medidas cautelares civiles puesto que se persigue el aseguramiento de la resolución final que se dicta en el proceso, siendo provisional, instrumental y variable, conforme lo dispone el artículo 612o del Código Procesal Civil”. (Pleno Jurisdiccional Regional de Familia, realizado en Lima, el 07-09-2007. Tema N.° 4. Subtema N.° 3 [Violencia familiar]. Texto completo: ).

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 3861. Características de la medida cautelar. No procede el recurso de casación respecto a una resolución que resuelve la procedencia de una medida cautelar. P rim ero. Para la admisibilidad del recurso de casación el recurrente debe cumplir con los requisitos formales previstos por el artículo 387 del Código Procesal Civil, dentro los que se encuentran la exigencia que solo procede contra los autos expedidos por las Cortes Superiores que, en revisión, ponen fin al proceso. S egundo. En el presente caso, la resolución impugnada resuelve confirmando una medida cautelar, la cual según el artículo 612 del citado Código tiene la característica de ser provisoria, instrumental y variable, por lo tanto la pretensión principal sigue su trámite y obviamente no es una resolución final. (Casación N.° 312-95-Junín, de 01-09-1995, ff jj. 1 y 2. Sala Civil. Texto completo: ). § 3862. El carácter provisorio de las medidas cautelares. O ctavo. [...] [Las] medidas cautelares son la modalidad de la actividad judicial que tiene por finalidad el resguardo de los bienes o situaciones extraprocesales con trascendencia jurídica los cuales por falta de custodia, podrían frustrar la eficacia de la sentencia a expedirse [...]. [...] D écim o, Hechas las precisiones antes anotadas, se tiene que si bien [..,] en el asiento [...] obra la inscripción de la medida cautelar de no innovar que suspende temporalmente los efectos de las Resoluciones [...] expedidas por la Municipalidad por las cuales se independiza el inmueble sub litis a favor de la demandada; como acertadamente se ha pronunciado la Sala Civil Permanente de esta Corte Suprema en la Casación N.° 718-2013 [§ 3863], la existencia de una medida cautelar no significa que imponga un estado jurídico inatacable; “(...) por el contrario, más allá de la probabilidad de que a quien se le otorga pueda resultar vencedor del proceso, lo cierto es que toda cautelar es provisoria y, por ello mismo, las consecuencias que la medida genere no pueden ser absolutas, porque de ser así lo provisorio se convertiría en definitivo y lo probable adquiriría la calidad de certeza”. Más aun teniendo en cuenta que, como se ha precisado en el considerando precedente, lo único que se asegura con la medida cautelar de no innovar, es que mientras dure el proceso (en este caso el de impugnación de resolución administrativa) las partes se abstengan de realizar actos jurídicos o cualquier acción que altere la situación existente respecto del inmueble snb litis; lo cual resulta coherente con el fallo inhibitorio emitido por e l A d q u e m , pues de haberse emitido pronunciamiento sobre el fondo podría haberse alterado el estado de las cosas congelado con dicha medida. [...] (Casación N.° 2479-2014-Callao, de 02-12-2015, fb jj. 8 y 10. Sala Civil Transitoria [EP, 02-10-2017, Sentencias en Casación N.° 734, p. 97984], Texto completo: ), § 3863. La medida cautelar no impone un estado jurídico inatacable; por el contrario, más allá de la probabilidad de que a quien se le otorga pueda resultar vencedor del proceso, lo cierto es que toda medida cautelar es provisoria. D écim o. [...] [C]omo es conocido, tres son los presupuestos para [la] concesión [de la medida cautelar]: verosimilitud en el derecho, peligro en la demora y adecuación de la medida. Este último punto tiene que ver con la razonabilidad de la cautelar, que sirve como instrumento del proceso para impedir que el resultado de este se vea frustrado por las contingencias que ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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CÓDIGO PROCESAL CIVIL

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pueden acaecer durante el transcurso de la litis. Sin embargo, ello no significa que la medida cautelar imponga un estado jurídico inatacable; por el contrario, más allá de la probabilidad de que a quien se le otorga pueda resultar vencedor del proceso, lo cierto es que toda cautelar es provisoria y, por ello mismo, las consecuencias que la medida genere no pueden ser absolutas, porque de ser así lo provisorio se convertiría en definitivo y lo probable adquiriría la calidad de certeza. (Casación N.° 718-2013-Callao, de 17-10-2013, £ j. 10. Sala Civil Permanente [EP, 30-05-2014, Sentencias en Casación N.° 692, p. 52693]. Texto completo; ). § 3864. La m edida cautelar puede tener efectos retroactivos. Q uinto. [...] La Sala Superior no explica cómo que la medida cautelar de medida cautelar de no innovar de suspensión no tiene efectos retroactivos, es decir, no afecta lo actuado antes de su expedición pues está destinada a mantener la situación vigente a la fecha de su expedición pudiendo además dejar sin efecto el derecho de propiedad de los recurrentes y revivir automáticamente el derecho de propiedad de la actora no obstante que dicha medida cautelar tiene carácter provisional, instrumental y variable de conformidad a lo dispuesto por el artículo 612 del Código Procesal Civil [...]. (Casación N.° 2777-2013-Callao, de 04-10-2013, £ j. 5. Sala Civil Transitoria [EP, 30-01-2014, Sentencias en Casación N.° 688, p. 48512], Texto completo: ). § 3865. Los efectos que provoque la m edida cautelar no pueden ser absolutos, sino provisorios. Véase la jurisprudencia del artículo 611 del Código Procesal Civil [§ 3852]. (Casación N.° 2460-20l4-Callao, de 20-05-2015, £ j. 6. Sala Civil Transitoria [EP, 02-05-2016, Sentencias en Casación N.° 713, p. 76107]. Texto completo; ), JURISPRUDENCIA DE LAS CORTES SUPERIORES

§ 3866. Características de la m edida cautelar. P rim ero. La medida cautelar constituye una decisión anticipada tendiente a lograr el equilibrio entre las partes; que entre sus características tiene a las siguientes: a) [Es] instrumental porque no tiene un fin en sí misma, sino que su razón está sellada por la sentencia futura a dictarse; b) es variable, porque puede ser ampliada, modificada, variada o suspendida y c) es prejudicial, porque importa el adelantamiento de uno o todos los efectos de la sentencia a dictarse posteriormente. (Exp. N,° N-552-97, de 03-09-1997, £ j. 1. Primera Sala Civil, Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ). § 3867. La instrum entalidad de la m edida cautelar quiere decir que la pretensión cautelar debe estar adecuada a la naturaleza de la pretensión principal. P rim ero. [C]omo garantía procesal, la medida cautelar se encuentra destinada a asegurar la eficacia de la decisión definitiva en el principal; tal es el carácter del proceso cautelar que por su instrumentalidad solo sirve de instrumento para la realización del derecho discutido en el proceso principal al cual se halla subordinado; lo cual supone que el contenido de la decisión cautelar debe estar a adecuada a la naturaleza de la pretensión principal, según el principio de congruencia, como se desprende de la concordancia de los artículos 608, 611 e inciso 6 del artículo 50 del Código Procesal Civil. [...] Tercero. [Por] consiguiente, es evidente que la medida cautelar de no innovar para la Municipalidad emplazada “Se abstenga de demoler las diversas edificaciones existentes en el terreno de su propiedad o realizar cualquier otros actos perjudiciales a los intereses deí peticionante, hasta la culminación de la presente litis” resulta manifiestamente inadecuada atendido a la naturaleza de la pretensión principal: pago del valor actual de lo edificado e indemnización de daños y perjuicios, por cu yos fundamentos y careciendo de uno de los presupuestos esenciales para el otorgamiento de la providencia cautelar: el de congruencia, por falta de adecuación. (Exp. N.° 336-2002, de 22-04-2002, ff. jj. 1 y 3. Tercera Sala Civil. Corte Superior de justicia de Lima. Texto completo: ). § 3868. El prejuzgamiento realizado para dictar la m edida cautelar no obliga al juez a resolver en decisión final bajo los mismos criterios. Tercero. La medida cautelar importa un prejuzgamiento porque anticipa opinión, pero no obliga a resolver al juez en decisión final en atención a la medida dictada con antelación. Asimismo, es provisoria, porque tiene una duración limitada con el tiempo a n o m o s & th e s is

PROCESOS CONTENCIOSOS / PROCESO CAUTELAR

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Alt. 613

diferencia deí proceso y porque está relacionada con el fallo definitivo, emitida la sentencia desaparece automáticamente la medida cautelar y, por lo tanto, se cancela la contracautela si se ampara la demanda dando inicio a la ejecución forzada. El carácter instrumental de la medida recae en que nace al servicio del proceso definitivo, está siempre subordinada a un fallo definitivo, aun cuando preceda al proceso. (Exp, N.° 680-10, de 04-06-2010, f. j. 3. Primera Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: M edidas cautelares, p. 33).

Artículo 613: Contracautela y discfécionalídad del juez La contracautela tiene por objeto asegurar al afectado con una medida cautelar el resarcimiento de los daños y perjuicios que pueda causar su ejecución. La admisión de la contracautela, en cuanto a su naturaleza y monto, es decidida por el juez, quien puede aceptar la propuesta por el solicitante, graduarla, modificarla o, incluso, cambiarla por la que sea necesaria para garantizar los eventuales daños que pueda causar la ejecución de la medida cautelar. La contracautela puede ser de naturaleza real o personal. Dentro de la segunda se incluye la caución juratoria, la que puede ser admitida, debidamente fundamentada, siempre que sea proporciona! y eficaz. Esta forma de contracautela es ofrecida en el escrito que contiene la solicitud de medida cautelar, con legalización de firma ante el secretario respectivo. La contracautela de naturaleza real se constituye con el mérito de la resolución judicial que la admite y recae sobre bienes de propiedad de quien la ofrece; el juez remite el oficio respectivo para su inscripción en el registro correspondiente. En caso de ejecución de la contracautela, esta se actúa, a pedido del interesado, ante el juez que dispuso la medida y en el mismo cuaderno cautelar; el que resuelve lo conveniente previo traslado a la otra parte. Cuando se admite la contracautela sometida a plazo, esta queda sin efecto, al igual que la medida cautelar, si el peticionante no la prorroga u ofrece otra de la misma naturaleza o eficacia, sin necesidad de requerimiento y dentro del tercer día de vencido el plazo.(1) NOTA DE ACTUALIZACIÓ N (1) Artículo modificado por el artículo único de la Ley N.- 29384 (EP, 28-06-2009). Anteriormente había sido modificado por el artículo único del Decreto Legislativo N.- 1069 (EP, 28-06-2008).

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 3869. No se puede solicitar una indemnización por danos y perjuicios derivados de la aplicación de una medida cautelar, si en el respectivo proceso donde lúe dictada no se solicitó la efectivización de la contracautela. S e g u n d o . [...] En cuanto a la pretensión de indemnización, en autos obra [...] la copia de la Resolución número uno [...] expedida en el Proceso número 894-2003 sobre declaración de unión de hecho, seguidos entre las mismas partes, resolución que no prueba en modo alguno el daño alegado, porque está relacionado con la acción planteada por la ahora demandada y el acta de nacimiento cuestionada no tiene relación alguna como el mencionado proceso, además que data del año dos mil tres, mientras que el presente auto tiene fecha de inicio año dos mil seis y, la inscripción de SPGT de fecha veinticinco de octubre de mil novecientos noventa y tres (diez años antes del proceso de unión de hecho); asimismo, la concesión de una medida cautelar no constituye una decisión definitiva, sino es transitoria y variable; además en el caso que aquella Medida cautelar hubiere afectado los derechos del ahora demandante, es en dicho proceso que pudo solicitar la efectivización de la contracautela a tenor de lo dispuesto por el artículo 613 del Código Procesal Civil; en consecuencia, en el presente caso no se ha acreditado el daño alegado por el actor; por lo que no resulta procedente la Indemnización planteada. (Casación N.° 2890-2014-Lambayeque, de 09-03-2015, f. j. 2. Sala Civil Transitoria [EP, 30-06-2015, Sentencias en Casación N.° 705, p. 65769]. Texto completo: ). o iim m a

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JURISPRUDENCIA DE LAS CORTES SUPERIORES

§ 3870. La contracautela se fijará atendiendo al grado de verosim ilitud del derecho invocado.

S egundo . La contracautela tiene relación directa con la apariencia del derecho que fluya de la pretensión, si el juicio de probabilidades que realiza el juez sobre la tutela solicitada se acentúa, cual vasos comunicantes, es menor la posibilidad de que la medida a otorgar causa daño, y, por tanto, la contracautela no necesita ser rigurosa. (Exp. N.° 142-95, 05-04-1995, f. j. 2. Segunda Sala Civil, Corte Superior de justicia de Lima. Texto completo: ). § 3871. La contracautela garantiza el resarcim iento de los daños y perjuicios que pueda causar la ejecución de una m edida cautelar. [La] decisión cautelar es dictada por el juez con arreglo a lo dispuesto por el artículo 611 del Código Procesal Civil; a que, dentro de los requisitos de la solicitud de la medida cautelar el que lo pide debe ofrecer contracautela conforme lo previene el artículo 610 del acotado cuerpo legal; a que, siendo así, la contracautela asigna al afectado con la medida en referencia, el resarcimiento de los daños y perjuicios que pueda causar su ejecución. (Exp. N.° 372-94, de 14-07-1995, Primera Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima, Texto completo: ). § 3872. Facultad discrecional en contracautela. El Código Procesal Civil (art. 613°, segundo párrafo) concede facultad discrecional al Juez para admitir la contracautela en cuanto a su naturaleza y monto. En consecuencia, el juez debe exigir contracautela real o, en su caso, personal, según el grado de verosimilitud del derecho sustantivo invocado en la demanda y en atención al monto por el cual se pide medida cautelar. (Exp. N.° 244-95-AG-N, de 07-09-1995, sumilla. Primera Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Arequipa. Texto completo: ).

Artículo 614: Exceptuados de contracautela Los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, el Ministerio Público, los órganos constitucionales autó­ nomos, los Gobiernos Regionales y Locales y las universidades están exceptuados de prestar contracaute­ la. También lo está la parte a quien se le ha concedido Auxilio Judicial.

Artículo 615: Casó especial de procedencia Es procedente el pedido de medida cautelar de quien ha obtenido sentencia favorable, aunque fuera impugnada. El pedido cautelar se solicita y ejecuta en cuerda separada ante el Juez de la demanda, con copia certificada de los actuados pertinentes, sin que sea preciso cumplir los requisitos exigidos en ios incisos 1. y 4. del artículo 610.

JURISPRUDENCIA PE LAS CORTES SUPERIORES

§ 3873. La procedencia especial de la m edida cautelar a quien h a obtenido sentencia favorable también aplica en los procesos ejecutivos. Tercero. [Los] bienes dados en prenda [...] por su propia naturaleza y uso [..,] están expuestos a disminución o pérdida de su valor, lo cual puede diluir o dificultar el derecho del actor a cobrar la deuda; resultando evidente que la demora en resolver la litis representa un riesgo o peligro para el derecho del ejecutante. Cuarto. [El] artículo 615 del Código Procesal Civil establece que es procedente el pedido de medida cautelar de quien ha obtenido sentencia favorable, aunque fuere impugnada exceptuándole incluso del ofrecimiento de contracautela, al respecto precísase que esta norma es aplicable por extensión a los procesos de ejecución de garantías, que de acuerdo a ley terminan con la expedición del auto respectivo. (Exp. N.° 1249-97, de 08-08-1997, ff. jj. 3 y 4. Cuarta Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ),

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PROCESOS CONTENCIOSOS / PROCESO CAUTELAR

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Artículo 616: Casos especíales de improcedencia No proceden medidas cautelares para futura ejecución forzada contra los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, el Ministerio Público, los órganos constitucionales autónomos, los Gobiernos Regionales y Locales y las universidades. Tampoco proceden contra bienes de particulares asignados a servicios públicos indispensables que presten los Gobiernos referidos en el párrafo anterior, cuando con su ejecución afecten su normal desen­ volvimiento.

JURISPRUDENCIA DE LAS CORTES SUPERIORES

§ 3874. No procede la medida de anotación de demanda cuando el proceso se entiende contra una m unicipalidad. Q uinto. Por otro lado, la medida cautelar de anotación preventiva de la demanda es una clase de medida para futura ejecución forzada y por ser el demandado la municipalidad de Lima (Gobierno local) no procede conforme a los dispuesto por el artículo 616 del Código acotado. (Exp. N.° 10 96-94, de 29-05-1995, f j. 5. Segunda Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ). § 3875. Nadie puede ser desviado de la jurisdicción predeterm inada por la ley, n i sometido a procedimiento distinto de los previamente establecidos. M unicipalidad que m anda trabar embargo definitivo contra otra m unicipalidad. [...] [El] Código Procesal Civil, en su artículo 616, prohíbe las medidas cautelares para futura ejecución forzada, contra, entre otros organismos públicos, los gobiernos locales, es decir, las municipalidades; que, pese a esta prohibición, [...] la Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo, mediante su Ejecutor Coactivo, [...] ha mandado trabar embargo definitivo, en forma de retención y hasta por la suma de SI. 207.000.20, sobre las cuentas corrientes, fondos, valores y depósitos que pudiera tener la ejecutada Municipalidad Distrital de Santiago de Surco; que siendo esto así, tal proceder, evidentemente infringe [...] derechos constitucionales [...], así como también conculca el principio y derecho de la función jurisdiccional a la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional [...], [ya] que nadie puede ser desviado de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometido a procedimiento distinto de los previamente establecidos [...]. (Exp. N.° 1932-94, de 19-06-1995. Cuarta Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ).

Artículo 617: Variación A pedido del titular de la medida y en cualquier estado del proceso puede variarse esta, sea modificando su forma, variando los bienes sobre los que recae o su monto, o sustituyendo al órgano de auxilio judicial. La parte afectada con la medida puede efectuar similar pedido, el que será resuelto previa citación a la otra parte. Para resolver estas solicitudes, el Juez atenderá a las circunstancias particulares del caso. La decisión es apelable sin efecto suspensivo.

JURISPRUDENCIA DE LAS CORTES SUPERIORES

§ 3876. La variación de la m edida cautelar se impugna m ediante el recurso de apelación y no mediante el pedido de oposición. III. Consideraciones de fondo. 1. De acuerdo a los Principios de Vinculación y de Formalidad contenida en el artículo IX del título Preliminar del Código Procesal Civil, Las normas procesales contenidas en este Código son de carácter imperativo, salvo regulación permisiva en contrario. Las formalidades previstas en este Código son imperativas. 2. De acuerdo al principio ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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de adecuación del recurso, contenido en el artículo 358 del Código Adjetivo citado, el impugnante debe adecuar el medio que utiliza al acto procesal que impugna. 3. En este sentido, tratándose de la variación de una medida cautelar dictada en autos, correspondía al demandante formular el recurso de apelación contra la Resolución N.° 21, conforme lo establece el artículo 617 del Código Procesal Civil y no sustituir el recurso por pedido de oposición que si es atendible cuando se conceda por vez primera una medida cautelar. (Exp. N.° 171-2010, de 08-04-2010, ff. jj. III (1-3). Primera Sala Civil. Corte Superior de justicia de Lima. Texto completo: Medidas cautelares, p. 181). § 3877. El juez no puede variar de oficio la m edida cautelar. P rim ero. [En] el caso de autos, el a quo ha contravenido la norma contenida en el artículo 617 del Código Procesal Civil, al disponer, de oficio, la variación de la medida cautelar en forma de secuestro conservativo [...] ordenando al custodio de los mismos que entregue estos, a sus propietarios, a quienes designa como depositarios. S egu n do . [El] precitado numeral establece que la variación de la medida trabada, puede ser solicitada por el titular de esta, pudiendo la parte afectada, efectuar similar pedido. (Exp. N.° 34078-477-98, de 2903-1999, ff. jj. 1 y 2. Sala de Procesos Ejecutivos. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ).

Artículo 618: Medida anticipada Además de (as medidas cautelares reguladas, el Juez puede adoptar medidas anticipadas destinadas a evitar un perjuicio irreparable o asegurar provisionalmente la ejecución de la sentencia definitiva. A este efecto, si una medida se hubiere ejecutado sobre bienes perecibles o cuyo valor se deteriore por el transcurso del tiempo u otra causa, el Juez, a pedido de parte, puede ordenar su enajenación, previa citación a la contraria. La enajenación puede sujetarse a las estipulaciones que las partes acuerden. El dinero obtenido mantiene su función cautelar, pudiendo solicitarse su conversión a otra moneda si se acreditara su necesidad. La decisión sobre la enajenación o conversión es apelable sin efecto suspensivo.

Artículo 619: Eficacia de la medida cautelar Resuelto el principal en definitiva y de modo favorable al titular de la medida cautelar, este requerirá el cumplimiento de la decisión, bajo apercibimiento de proceder a su ejecución judicial. La ejecución judicial se iniciará afectando el bien sobre el que recae la medida cautelar a su propósito.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 3879. Cuando exista una obligación que haya sido reconocida como exigible mediante sentencia de condena, esta adquiere mérito ejecutivo, por lo tanto, de interponerse tercería de propiedad, esta deberá dirigirse contra la m edida de ejecución y no contra ía medida cautelar que fue otorgada de manera anterior por el juez. D écim o quinto. [...] [Si] bien el artículo [533° del Código Procesal Civil] en forma expresa señala que la tercería se promueve como consecuencia de una medida cautelar ejecutada sobre un bien de propiedad del demandante ello implica también que todo derecho asegurado cuando ha sido definido en una sentencia de condena se transforma en una medida de ejecución en atención a lo señalado por el artículo 619 del Código Procesal Civil por tanto si en esa fase el tercero toma conocimiento de la afectación de su bien le corresponde promover la tercería ya no contra la medida cautelar sino contra la medida de ejecución. (Casación N.° 1734-2012-Lima, de 24-05-2013, f. j. 15 del voto en minoría de la señora jueza Valcárcel Saldaña. Sala Civil Transitoria [EP, 31-03-2014, Sentencias en Casación N.° 690, p. 49825]. Texto completo: ). § 3880. Si el proceso principal se resuelve mediante conciliación, la m edida cautelar queda sin efecto. Tercero. Estando a que toda medida cautelar sigue la suerte del principal, en el caso concreto al n o m o s & th e s ís

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haberse resuelto la pretensión principal mediante conciliación, el mismo que produce los efectos de una sentencia con la calidad de cosa juzgada, es procedente que se declare la sustracción de la materia, en atención a lo prescrito en el inciso primero del artículo 321 del Código Procesal Civil. (Exp. N.° 14892009, f. j. 3. Segunda Sala Especializada de Familia. Corte Superior de justicia de Lima. Referencia: Medidas cautelares , p. 276). § 3881. Una m edida cautelar no puede ser dejada sin efecto en un proceso distinto a donde fue dictada, aún si se discuten las mismas relaciones sustantivas y ios mismos intereses económicos. Prim ero. [La] medida cautelar de no innovar solicitada pretende [...] enervar los efectos de otras medidas cautelares dictadas en diversos procesos judiciales seguidos por la Empresa demandada contra los accionantes derivados de la misma situación jurídica creada como consecuencia de la adquisición o arrendamiento de las unidades vehiculares destinadas a servicio público de transportes. Segundo, [La] ley no prevé que una medida cautelar decretada en un proceso judicial sea enervada o declarada sin efecto por otro proceso donde se discuten las mismas relaciones sustantivas y los mismos intereses económicos, aún, cuando estas fueran enfocadas de distintos ángulos jurídicos. (Exp. N.° 995-95, de 26-07-1995, ff. jj. 1 y 2. Segunda Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ). J URISPRUDENCIA DE LAS CORTES SUPERIORES

§ 3882. No procede el levantamiento de la medida cautelar dictada en un proceso que ha concluido por acuerdo conciliatorio, si el ejecutado no ha cumplido con la obligación derivada del acuerdo. Tercero. [Se] advierte [...] del expediente principal que se acompaña, las partes arribaron a un acuerdo conciliatorio en el presente proceso adquiriendo tal acuerdo la autoridad de la cosa juzgada, sin embargo, se aprecia del trámite de la ejecución que, no obstante los reiterados requerimientos del juzgado al ejecutado para que cumpla con su obligación [...] a la actualidad la citada obligación aún no ha sido satisfecha. C u a r t o . Si bien la medida cautelar fue concedida antes del acuerdo conciliatorio [...] lo cierto y tangible es que el ejecutado a la actualidad aún no ha cumplido con la obligación derivada de la decisión definitiva (los términos del acuerdo conciliatorio), por ende, y en aplicación ai Principio de Elasticidad anotada [...] no resulta amparable el levantamiento de la aludida medida [...]. (Exp. N.° 4444-98, de 06-05-1999, ff. jj. 3 y 4. Sala de Procesos Abreviados y de Conocimiento. Corte Superior de justicia de Lima. Texto completo: ).

Artículo 620: Cancelación de la contracautela Resuelto el principal en definitiva y de modo favorable a quien obtuvo la medida cautelar, la contracautela ofrecida queda cancelada de pleno derecho.

Artículo 621: Sanciones por medida cautelar innecesaria o maliciosa Si se declara infundada una demanda cuya pretensión estuvo asegurada con medida cautelar, el titular de esta pagará las costas y costos del proceso cautelar, una multa no mayor de diez Unidades de Referencia Procesal y, a pedido de parte, podrá ser condenado también a indemnizar los daños y perjuicios ocasionados. La indemnización será fijada por el Juez de la demanda dentro del mismo proceso, previo traslado por tres días. La resolución que decida la fijación de costas, costos y multa es apelable sin efecto suspensivo; la que establece la reparación indemnizatoria lo es con efecto suspensivo.

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§ 3883. Solo se podrá solicitar una indem nización por Sa interposición de una o varias medidas cautelares cuando la demanda que dio origen a tales medidas, es declara infundada. Q uinto. [La] demanda ejecutiva interpuesta [...], que dio origen a las medidas cautelares dictadas en el proceso, fue declarada fundada y no infundada y confirmada por la Corte Superior, cuya resolución quedó consentida Sexto. [Por] ello la indemnización de daños y perjuicios no podría sustentarse en el artículo 621° del Código Procesal Civil, porque esta posibilidad solo era factible si se declaraba infundada la demanda. (Casación N.° 3222-99-Cus co, de 12-04-2000, ff. jj. 5 y 6. Sala Civil Transitoria [EP, 21-07-2000, p. 5645]. Texto completo: ). § 3884. Al resolver un pedido de indemnización por la afectación con una m edida cautelar innecesaria o m aliciosa, el Juzgador debe analizar el tipo de responsabilidad que se le im putará al solicitante de tales medidas. Sexto. [En] lo referente a la segunda denuncia de vulneración al debido proceso, esto es a la falta de motivación del auto de vista respecto del tipo de responsabilidad imputada como consecuencia de la aplicación al caso de lo dispuesto en los artículos 613 y 621 del Código Procesal Civil; que si bien es cierto que el auto de vista no hace cita alguna respecto del tipo de responsabilidad imputada, sin embargo al confirmar el auto apelado, acoge la teoría objetiva de la responsabilidad que el juez ha aplicado al caso sin fundamentación alguna, señalando que dichas normas se refieren a la responsabilidad objetiva y que no es necesario acreditar el factor atributivo de responsabilidad, a través del dolo o la culpa, sin tener en cuenta que el artículo 621, si bien es cierto no señala expresamente que tipo de responsabilidad se genera en los casos que una demanda que haya estado asegurada por una medida cautelar sea declarada infundada, sin embargo la sumilla de esta norma se refiere a las “sanciones por medida cautelar innecesaria o maliciosa”, por lo que el juzgador debe fundamentar porque razón adopta una determinada teoría de la responsabilidad civil, y regular la indemnización teniendo en cuenta los factores atributivos de responsabilidad, así como la conducta procesal de ambas partes. (Casación N.° 882-2008-Callao, de 07-08-2008, f. j. 6. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 30-01-2009, p. 23793]. Texto completo: ). § 3885. Si al deudor se le embarga en su dom icilio, pero fue emplazado m aliciosamente por el ejecutante en dom icilio distinto, este últim o responde por los daños causados al deudor a través de la diligencia de embargo. O ctavo. [Se] encuentra acreditada la relación de causalidad entre el hecho y el daño causado y que el recurrente ha sido impedido de ejercer su legítimo derecho de defensa además de privársele del disfrute de los bienes respecto de los cuales ha sido desposeído a través de la diligencia de embargo que se efectuó en su domicilio, que no es el que se consignara en la demanda, debiendo set por ello indemnizado de manera prudencial por la afectación emocional que significa la imprevista extracción de bienes por los daños a dichos bienes, mas no existe fundamento respecto de los perjuicios económicos que invoca referidos a que fracasaron sus proyectos de n egocios j la imposibilidad de acceder a créditos financieros, por no haber sido acreditado en autos. N oveno . [Ha] sido configurada una actuación culposa del banco demandado quien ha demostrado que en la tramitación del proceso sobre obligación de dar suma de dinero ha actuado de un modo imprudente, incurriendo por ello en responsabilidad subjetiva prevista por el artículo 1969 del Código Civil. (Casación N.° 1410-2002-Lima, de 20-08-2004, ff, jj. 8 y 9. Sala Civil Transitoria [EP, 31-01-2005]. Texto completo: ),

Artículo 622: Deterioro o pérdida de bien afecto a medida cautelar El peticionante de la medida y el órgano de auxilio judicial respectivo, son responsables solidarios por el deterioro o la pérdida del bien afecto a medida cautelar. Esta responsabilidad es regulada y establecida por el Juez de la demanda siguiendo el trámite previsto en el artículo 621.

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§ 3886. En principio toda m edida cautelar puede causar perjuicios, por lo tanto, la responsabilidad por la pérdida o deterioro del bien afecto a m edida cautelar, es compartida solidariamente entre el peticionante de la m edida y el órgano de auxilio judicial respectivo. S egundo. [RJespecto al concepto indemnizatorio como consecuencia de procesos respaldados por medidas cautelares pero con sentencias desestimatorias, debe señalarse que en principio toda medida cautelar puede causar perjuicios a terceros o al propio afectado con la medida ejecutada; en este sentido el artículo 622 del Código Procesal Civil establece que en caso de deterioro o pérdida del bien afecto a medida cautelar, el peticionante de la medida y el órgano de auxilio judicial, son responsables solidarios de tales contingencias. (Casación N.° 3841-201 1-Lima, de 04-10-2012, f. j. 2. Sala Civil Permanente [ER 01-07-2013, Sentencias en Casación N.° 680, p. 41496]. Texto completo: ). § 3887. Si es procedente analizar el daño no patrimonial provocado por el deterioro o pérdida del bien afectado a m edida cautelar. Q uinto. [...] [Este] Supremo Tribunal considera pertinente señalar que el artículo 622° del Código Procesal Civil señala: “El peticionante de la medida y el órgano de auxilio judicial respectivo, son responsables solidarios por el deterioro o la pérdida del bien afecto a medida cautelar. Esta responsabilidad es regulada y establecida por el Juez de la demanda siguiendo el trámite previsto en el artículo 62Io”. Al respecto, se observa que la citada disposición prevé el supuesto de pérdida de los bienes afectados por una medida cautelar, lo cual es concordante con lo dispuesto en el artículo 613° que dispone el pago de contracautela a fin de asegurar al afectado con la medida cautelar y el órgano de auxilio judicial, en ese caso el Banco Continental y el custodio respectivamente, resultan ser responsables de la pérdida del bien, lo cual debe ser indemnizado de acuerdo de acuerdo a los lincamientos que establece el artículo 621° del Código Procesal Civil; sin embargo, en la sentencia de vista, considerando sexto, sétimo y octavo, ni en la primera instancia se motiva o justifica debidamente por que el daño patrimonial debe ser resarcido por el juez del proceso que generó la medida cautelar y, decidir acerca del daño no patrimonial, si resulta procedente en esta vía procesal, en tal sentido, lo resuelto por la Sala Superior al amparar la pretensión de la actora sobre indemnización por daño no se ajusta a derecho, más aún si la conclusión arribada carece de razonamiento lógico, lo que contraviene las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, por tanto corresponde declarar fundado el recurso, nula la sentencia de vista y reenviar los actuados a fin de que la Sala Superior emita nuevo fallo teniendo en consideración lo expuesto en la presente ejecutoria suprema [...]. (Casación N.° 529-2010Lima, de 10-12-2010, f. j. 5. Sala Civil Permanente [EP, 01-07-2011, Sentencias en Casación N.w644, p. 30509]. Texto completo: ).

Artículo 623: Afectación de bien de tercero La medida cautelar puede recaer en bien de tercero, cuando se acredíte su relación o interés con la pretensión principal, siempre que haya sido citado con la demanda. Ejecutada la medida, el tercero está legitimado para intervenir en el proceso principa! y en el cautelar. El deudor y los terceros ajenos a la relación obligacional podrán oponer el cambio de su domicilio de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 40 del Código Civil. Dicha oposición surte efecto aun en el acto mismo de ejecución de la medida cautelar, bajo responsabilidad del juez y/o auxiliar judicial.(1) N O TA DE ACTUALIZACIÓ N (1) Artículo modiiicado por el artículo 2 de la Ley N.- 27723 (EP, 14-05-2002).

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§ 38 88 . No puede afectarse medíante embargo a bien que ya no le pertenece al deudor, pues el nuevo adquirente con fecha cierta no es parte de la relación material. Q uinto. [El] recurrente ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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denuncia la inaplicación de los artículos 2012 y 2013 del Código Civil, señalando que en su calidad de acreedora ha actuado sobre la base de las inscripciones que obran en los Registros Públicos y amparado por ios principios de legitimación y fe pública registra! que recogen las referidas normas, por lo que cuando solicita la inscripción del embargo sobre el inmueble materia de litis, este se encontraba en los Registros Públicos a nombre de sus deudores [...].Respecto de este punto se debe precisar que en el presente proceso sobre tercería excluyeme de propiedad, tal como lo dispone el artículo 611 del Código Adjetivo, la medida cautelar solo afectará bienes y derechos de las partes vinculadas por la relación material, siendo que en el presente caso está probado que en el instrumento público ofrecido por el demandante aparece como fecha cierta, en su parte introductoria, la del catorce de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, consecuentemente la transferencia de propiedad operó en la referida fecha determinándose entonces que la medida cautelar dispuso el embargo de un bien que ya no era de propiedad de los deudores del banco, por lo que los artículos cuya inaplicación denuncia el recurrente no son aplicables al caso de autos. (Casación N.° 4263-2008-Llma, de 22-01-2009, f j- 5. Sala Civil Permanente [EP, 01-10-2009]. Texto completo: ). § 3889. No puede solicitarse medidas cautelares que afecten los bienes o derechos de terceros que so n ajenos a la relación jurídica procesal. P rim ero. [...] [C] onforme a lo dispuesto por el artículo 61 Io del Código Procesal Civil, la concesión de una medida cautelar solo aféctalos bienes y derechos de las partes vinculadas por la relación material o de sus sucesores en su caso. Sin embargo -refiere que en el caso de autos los extremos de la indicada resolución cautelar se dirigen y afectan derechos de quienes no son parte procesal en el proceso principal de interdicto [...] Sexto. [Al] disponerse en la recurrida de que se notifique a la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas a fin de que se abstenga de otorgar o suspender las autorizaciones de exploración minera a favor de los referidos demandados o de la empresa Minera SS SAC, es evidente de que se ba colisionado el artículo 61 Io del Código Procesal Civil, Es que ni el Ministerio de Energía y Minas, ni la referida empresa, son parte procesal en los presentes autos y, por consiguiente, no están vinculados a la relación material, consistente en la posible perturbación por parte de los demandados a la posesión que ejerce la entidad accionante respecto de las concesiones mineras a que se refiere la presente demanda [...]. (Casación N.° 2604-2005-Cajamarca, de 25-05-2006, ff. jj. 1 y 6. Sala Civil Transitoria [EP, 02-07-2007, p. 19736], Texto completo: ). § 3890. Oposición al cambio de domicilio del deudor en el supuesto que este no ha comunicado formalmente a la acreedora sobre dicho cambio. O ctavo. [De] conformidad con lo previsto en el artículo 33 del Código Civil y el artículo 1238 del mismo Código, el pago debe ser exigido en el domicilio del deudor, salvo estipulación en contrario que dimane del contrato, en el presente caso, [...] el domicilio de los deudores ba sido fijado en la [.,.] ciudad de Trujilío, por tanto, es en este lugar que debe efectuarse el emplazamiento con la demanda, máxime que los deudores no han comunicado formalmente a la acreedora el cambio de su domicilio, conforme lo dispone el artículo 40 del Código Civil y el propio contrato de obligación de dar suma de dinero [.,.]. (Casación N.° 3367-2009-La Libertad, de 11-03-2010, f. j. 8. Sala Civil Permanente [EP, 30-09-2010, Sentencias en Casación N.° 629, p. 28428], Texto completo: ). § 3891. Oposición al cambio de domicilio del deudor. Cuarto. [El] artículo 40 del Código Civil establece que el deudor debe comunicar el cambio del domicilio al acreedor, no pudiendo oponerle dicha variación sin que tal diligencia se haya efectuado, pues el defecto sería solo imputable a él. (Casación N.° 2383-2000-Lima, de 04-05-2001, f. j. 4. Sala Civil [EP, 01-10-2001, p. 7710], Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DE LAS CORTES SUPERIORES

§ 3892. El tercero perjudicado con una medida cautelar puede solicitar la suspensión de esta, sin necesidad de interponer tercería. P rim ero. [De] acuerdo con lo que dispone el artículo 539 del Código Procesal Civil, el perjudicado con una medida cautelar dictada en un proceso en que no es parte, puede pedir su suspensión sin interponer tercería. (Exp. N.° 464-97, de 29-10-1997, f. j. 1 Cuarta Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ). n o m o s & th e s is

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PROCESOS CONTENCIOSOS / PROCESO CAUTELAR

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Artículo 624: Responsabilidad por afectación de bien de tercero Cuando se acredite fehacientemente que el bien afectado con la medida pertenece a persona distinta del demandado, el Juez ordenará su desafectación inmediata, incluso si la medida no se hubiera formalizado. El peticionante pagará las costas y costos del proceso cautelar y en atención a las circunstancias perderá la contracautela en favor del propietario. Si se acredita la mala fe del peticionante, se le impondrá una multa no mayor de treinta Unidades de Re­ ferencia Procesal, oficiándose al Ministerio Público para los efectos del proceso penal a que hubiere lugar.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 3893. No puede analizarse la validez de la transferencia de propiedad mediante el pedido de des afectación de medida cautelar recaída sobre bien de tercero. D écim o Primero. [..,] resulta correcto lo resuelto por él a quo cuando concluye que la validez de la transferencia realizada no puede ser materia de análisis vía la desafectación, ya que esta opera únicamente cuando se acredite la plenitud del derecho de dominio que se invoque, de no ser así la pretensión del demandante debe dilucidarse en una vía más lata e idónea, en donde opera una apariencia en el derecho que se invoca [...]. (Casación N.° 417-2011-Lima, de 15-11-2012, f. j. 11. Sala Civil Permanente [EP, 02-09-2013, Sentencias en Casación N.° 682, p. 42749]. Texto completo: ). § 3894. No existe identidad de procesos entre la tercería de propiedad y el pedido de des afectación de un bien de tercero tramitado en vía incidental. Segundo. [...] El pedido de desafectación se sustentó en el artículo 624 del Código Procesal Civil, norma que prevé el supuesto relativo a la desafectación inmediata, cuando se acredita fehacientemente que el bien pertenece a persona distinta del demandado en el proceso respectivo; tal norma debe ser confrontada con lo previsto en el artículo 533 del mismo Código, en donde se regula lo relativo a la tercería, en que se establece que la misma debe estar basada en la propiedad de los bienes afectados judicialmente por medida cautelar o para la ejecución. Entonces, de ambas normas se observa que la primera tiene un trámite incidental, en cambio la segunda se regula bajo las reglas del proceso abreviado; se entiende lo relativo al trámite incidental pues se acredita la propiedad de manera inmediata y fehaciente a través por ejemplo de información registral, en cambio, cuando se requiere una vía más lata para probar la propiedad (atendiendo a que la inscripción registral no es constitutiva) y oponerla a un embargo, se deberá recurrir a la tercería. A lo expuesto se debe añadir que de los artículos 453 y 452 del Código Procesal Civil, es posible identificar un supuesto de cosa juzgada cuando se está ante procesos idénticos, en donde hay una identidad de partes, del petitorio y del ínteres para obrar. Por lo tanto, si se analiza lo resuelto en la vía incidental sobre el pedido de desafectación inmediata frente al proceso de tercería de propiedad, se evidencia que el interés parar obrar es diverso en ambos, pues en lo incidental responde a la necesidad de desafectación sin más trámite que el de poner en conocimiento a la contraparte para cautelar su derecho de defensa; en cambio, en la tercería, la necesidad de recurrir al órgano jurisdiccional busca efectuar un emplazamiento, dar efectividad al contradictorio a través del emplazamiento y las audiencias, y contar con mayores mecanismos procesales basta llegar incluso a la posibilidad de recurrir en casación [...]. (Casación N.° 1296-2010-Lima, de 18-04-2011, f. j. 2. Sala Civil Transitoria [EP, 01-09-2011, Sentencias en Casación N.° 649, p. 31328], Texto completo: ).

Artículo 625: Extinción de la medida cautelar concedida con el Código derogado En los procesos iniciados con el Código de Procedimientos Civiles de 1912, la medida cautelar se extingue de pleno derecho a los cinco años contados desde su ejecución. Si el proceso principal no hubiera concluido, podrá el juez, a pedido de parte, disponerla reactualización de la medida. Esta decisión requiere de nueva ejecución cuando implica una inscripción registral.(1) * SUMMA PROCESAL CIVIL

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NOTA DE ACTUALIZACIÓ N (1) Artículo modificado por el artículo único de la Ley N.- 28473 {EP, 18-03-2005).

PRECEDENTE DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA DEL TRIBUNAL REGISTRAL

§ 3894a. Caducidad de medidas cautelares y de ejecución. Procede cancelar por caducidad, con la formalidad establecida en la Ley 26639, las anotaciones de medidas cautelares y de ejecución, cuando la caducidad se ha producido con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 28473 que modificó el artículo 625 del Código Procesal Civil. (Criterio adoptado en las Resoluciones N.° 407-2005-SUNARPTR-L del 08-07- 2005, N.° 408-2005-SUNARP-TR-L del 08-07-2005, N ° 406-2005-SUNARPTR-L del 08-07-2005 y N.° 121-2005-SUNARP-TR-A del 08-07-2005. Precedente de observancia obligatoria ratificada por el XII Pleno del Tribunal Registra! de la Snnarp, realizado los días 4 y 5 de agosto del 2005, Res. N.° 045-2005-SUNARP/SA [EP, 13-09-2005, p. 300129]. Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 3895. Aplicación del plazo de caducidad de la m edida cautelar concedida con el Código Derogado a las entidades del Sistema Financiero. D écim o segundo. [El] artículo 172 de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros - Ley Numero 26702 (publicada el nueve de diciembre de mil novecientos noventa y seis, vigente desde el día siguiente de su publicación), que dispone la inaplicabilidad del artículo 3 de la Ley N.° 26639 para los gravámenes constituidos a favor de las empresas del sistema financiero, no afecta el período comprendido entre el veinticinco de setiembre de mil novecientos noventa y seis y el nueve de diciembre del mismo ano, es decir, lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley N.° 26639, que precisa la aplicación del plazo de caducidad previsto en el artículo 625 del Código Procesal Civil, estuvo vigente sin restricción normativa, y se aplicó a rodas las hipotecas, incluso a las constituidas a favor de las empresas del sistema financiero. (Casación N.° 1888-2012-Cusco, de 02-05-2013, £ j. 12. Sala Civil Permanente [EP, 01-12-2014, Sentencias en Casación N.° 698, p. 58124]. Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL REGISTRAL

§ 3896. Cancelación registral de medidas cautelares caducas. 6. [...] Al respecto, cabe señalar en primer lugar que ía Ley N.° 28473, al haber sustituido íntegramente el texto anterior del artículo 625° del Código Civil, ha derogado la norma que esta contenía. Sin embargo, al no haber sustituido el texto de la Ley N.° 26639, esta norma subsiste en todo aquello que no resulte incompatible con la Ley N.° 28743, por aplicación del artículo I del Título Preliminar del Código Civil. 7- En ral sentido, no existiendo incompatibilidad alguna entre el contenido de la Ley N.° 28473 y la norma contenida tanto en el segundo párrafo del artículo Io de la Ley N.° 26639 como en el artículo 126° del Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios, estos mantienen plenamente su vigencia siendo aplicable la formalidad prevista en ellos, para aquellos casos en ios cuales las medidas cautelares hubiesen caducado al amparo del antiguo tenor del artículo 625° del Código Procesal Civil, más aún cuando dichas normas fueron dictadas precisamente para permitir la cancelación de las medidas cautelares caducas, resultando incongruente concluir que se reconoce su caducidad de pleno derecho, verificabie por el Registrador de manera indubitable, pero que no obstante ello, su cancelación no sea posible en virtud del argumento de la presenta derogatoria tácita del mecanismo para su cancelación [...] (Res. N.° 408-2005-SUNARPTR-L, de 08-07-2005, ff- jj. 6 y 7. Tribunal Registral. [EP, 13-09-2005, p. 300134], Texto completo: ).

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PROCESOS CONTENCIOSOS / PROCESO CAUTELAR

Alt 628

Artículo 626: Responsabilidad del juez y del secretario Cuando el Juez designa el órgano de auxilio judicial, es civilmente responsable por el deterioro o pérdida del bien sujeto a medida cautelar causado por este cuando su designación hubiese sido ostensiblemente inidónea. En este caso, será sometido al procedimiento especial establecido en este Código. El Secretario intervíniente es responsable cuando los daños y perjuicios se originan en su negligencia al ejecutar la medida cautelar. La sanción la aplicará el Juez a pedido de parte, oyendo al presunto infractor y actuándose pericia si lo considera necesario. El trámite se realizará en el cuaderno de medida cautelar. La decisión es apelable con efecto suspensivo.

JURISPRUDENCIA DE LAS CORTES SUPERIORES

§ 3897. Responsabilidad derivada del amparo de un pedido de embargo. Debe tenerse presente que las medidas de embargo solo afectan los bienes del deudor y al dictarlas se responsabilizan tanto el ejecutante y el depositario como el Juez, sobre las resultas de dichas medidas [...] (Exp. N.° 786-94, de 18-08-1994. Primera Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ).

A rtículo 627: Medida innecesaria Si la pretensión se encuentra suficientemente garantizada, es improcedente el pedido de medida cautelar. Sin embargo, puede ser concedida si se acredita que la garantía ha sufrido una disminución en su valor o la pretensión ha aumentado durante el curso del proceso u otra causa análoga.

A rtículo 628: Sustitución de la medida Cuando la medida cautelar garantiza una pretensión dinerada, el afectado puede depositar el monto fijado en la medida, con lo que el Juez de plano la sustituirá. La suma depositada se mantendrá en garantía de la pretensión y devengará el interés legal. Esta decisión es inimpugnable. También procede la sustitución de la medida cuando el afectado ofrezca garantía suficiente a criterio del Juez, quien resolverá previo traslado al peticionante por tres días.

J URISPRUDENCIA DE LAS CORTES SUPERIORES

§ 3898. La resolución que dispone la sustitución de la m edida cautelar es inim pugnable.

P rim ero. El artículo 628 del Código Procesal Civil dispone que “cuando la medida cautelar garantiza una pretensión dinerada, el afectado puede depositar el monto fijado en la medida, con lo que el juez de plano la sustituirá. La suma depositada se mantendrá en garantía de la pretensión y devengará el interés legal. Esta decisión es inimpugnable. También procede la sustitución de la medida cuando el afectado ofrezca garantía suficiente a criterio del Juez, quien resolverá previo traslado al peticionante por tres días”, precisando a la vez que, la decisión emitida es inimpugnable. S egundo. En consecuencia, estando a que la resolución que resuelve una sustitución de medida cautelar no es susceptible de apelación por disposición expresa de la ley [...] (Exp. N.° 25363-99, de 06-04-1999, ff. jj. 1 y 2. Sala de Procesos Ejecutivos. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ).

♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

Art. 629

CÓDIGO PROCESAL CIVIL

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A rtículo 629: Medida cautelar genérica Además de las medidas cautelares reguladas en este Código y en otros dispositivos Segales, se puede solicitar y conceder una no prevista, pero que asegure de la forma más adecuada el cumplimiento de la decisión definitiva.

JURISPRUDENCIA PE LAS CORTES SUPERIORES

§ 3899. Las medidas cautelares genéricas. La m edida cautelar de inhibición de bienes. P rim ero. El recurrente, al amparo de lo dispuesto por el artículo 629 del Código Procesal Civil, solicita se dicte medida cautelar genérica eu forma de inhibición general de bienes de VHCC y su cónyuge CMRS a efecto se prohíba la disposición de los bienes de los emplazados, sea enajenar, gravar, donar o dar en anticipo de legítima, respaldando su pedido en el contrato de tarjeta de crédito y liquidación de saldo deudor obrante en el proceso principal tramitado ante este juzgado. [...] Cuarto. El juez, siempre que de lo expuesto y de la prueba presentada, considere verosímil el derecho invocado, necesaria la decisión preventiva por constituir peligro la demora del proceso o cualquier otro motivo justificable y razonable, puede dictar medida para garantizar la eficacia de la pretensión, en la forma solicitada o en la que considere adecuada, atendiendo a la naturaleza de la pretensión principal. Q uinto. En relación a lo señalado en el considerando precedente, el juez podrá conceder una medida cautelar no prevista ral como lo señala el artículo, pero que asegure de la forma más adecuada el cumplimiento de la decisión definitiva, tal como le faculta el artículo 629 del Código Procesal Civil. Sexto. De acuerdo con sus fundamentos, el pedido cautelar del solicitante, tiene por finalidad se prohíba la disposición de los bienes de los emplazados, sea enajenar, gravar, donar o dar en anticipo de legitima. [...] D écim o. De otro lado, si bien la inhibición general de bienes no ha sido expresamente prevista por nuestro ordenamiento procesal civil como una modalidad de medida cautelar, puede válidamente adecuarse a la medida cautelar genérica regulada por el artículo 629 del Código instrumental [...]. U ndécim o. En tal sentido, el juzgado considera que la inhibición general de bienes, es una herramienta que tiende a garantizar, subsidiariamente, la tutela jurisdiccional efectiva y que, como medida cautelar genérica, no vulnera el derecho a la propiedad, por lo que resulta atendible lo solicitado. (Exp, N.° 10216-2011, de 16-02-2012, ff. jj. 1, 4, 5, 6, 10 y 11. Tercer Juzgado Civil en lo Comercial. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: Diálogo 223, 2017, p- 120). § 3900. Es posible conceder una m edida cautelar de anotación de sentencia. Séptim o. [D]ebe precisarse que si bien nuestro Código Adjetivo contempla de manera expresa en el artículo 673 la figura de la anotación de demanda, mas no la anotación de sentencia, también es cierto que el referido cuerpo normativo regula las medidas cautelares atípicas en el artículo 629, es así que además de las medidas cautelares reguladas en este Código y en otros dispositivos legales, se puede solicitar y conceder una no prevista, pero que asegure de la forma más adecuada el cumplimiento de ia decisión definitiva. O ctavo. En este sentido, mal podría entonces afirmar el Juzgador que la medida solicita no resulta atendible por no encontrarse inmersa en nuestro ordenamiento procesal, por lo que, al haberse desconocido lo previsto en los artículos VII del Título Preliminar y 629 del Código Adjetivo, merece declararse la nulidad de la resolución cuestionada. (Exp, N.° 462-10, de 05-05-2010, ff. jj. 7 y 8. Primera Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: )

Artículo 630: Cancelación de la medida Si la sentencia en primera instancia declara infundada la demanda, la medida cautelar queda cancelada, aunque aquella hubiere sido impugnada. Sin embargo, a pedido del solicitante el Juez podrá mantener la vigencia de la medida hasta su revisión por la instancia superior, siempre que se ofrezca contracautela de naturaleza real o fianza solidaria.(1) n o m o s & th e s ís

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PROCESOS CONTENCIOSOS / PROCESO CAUTELAR

Alt 632

NOTA DE ACTUALIZACIÓ N (1) Artículo modificado por el artículo único del Decreto Legislativo N.° 1069 (EP, 28-06-2008).

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 3901. El auto que pone fin al proceso sin declaración sobre el fondo extingue la medida cautelar concedida. S egundo. [...] debe señalarse que sí bien es cierto no existe una sentencia que haya declarado infundada la demanda, sino que se trata de un auto que pone fin al proceso sin declaración sobre el fondo, sin embargo, se ha señalado que eí proceso cautelar tiene por finalidad asegurar la eficacia o el cumplimiento de la sentencia, y al no existir en este caso pretensión de la demanda que pueda ser cumplida, no existe razón para que subsista la medida cautelar. (Casación N.° 1768-2012-Junín, de 07-06-2013, fi j. 2. Sala Civil Transitoria [EP, 02-12-2013, Sentencias en Casación N.° 686, p. 44622], Texto completo: ). JURISPRUD ENCIA DE LAS CORTES SUPERIORES

§ 3902. No procede solicitar que no se realice el levantamiento de la m edida cautelar ordenada.

P rim ero. [En] la solicitud cautelar se peticiona no disponer eí levantamiento de la medida de embargo ordenada mediante resolución Segundo. [D]icha petición contiene un imposible jurídico que determina su improcedencia de plano, por cuanto su posible otorgamiento implicaría desacatar un mandato judicial firme [...]. Tercero. [La] referida decisión judicial de desafectación debe ejecutarse en sus propios términos, pues existe obligación legal para toda persona y autoridad de acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales emanadas de autoridad judicial competente [...] (Exp. N.° 3863-98, de 28-05-1999, ff. jj. 1-3. Sala de Procesos Ejecutivos. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ).

A rtículo 631: Pluralidad de órganos de auxilio ju d icia l Cuando la medida recae sobre más de un bien y su naturaleza o ubicación lo justifica, puede el Juez designar más de un órgano de auxilio judicial.

Artículo 632: Derechos del órgano de auxilio ju d ic ia l Los órganos de auxilio judicial perciben la retribución que a su solicitud les fije el Juez. El peticionante es responsable de su pago con cargo a la liquidación final, y debe hacerlo efectivo a simple requerimiento. Las decisiones en relación a la retribución son apelables sin efecto suspensivo.

PLENOS JURISDICCIONALES

§ 3903. Sí se puede conceder apelación a los órganos de auxilio judicial. ¿Esprocedente conceder apelación a los órganos de auxilio judicial, llámese perito, depositario, martiliero; asimismo, al tercero no parte, como es el caso de los testigosi El Pleno acordó por m a y o r í a : “ L o s órganos de auxilio judicial tienen derecho al concesorio de apelación sin efecto suspensivo y sin la calidad de diferida; porque, les favorece el principio de la doble instancia, al formar parte del proceso”. (Pleno Jurisdiccional Nacional Civil, realizado en Lima, el 06 y 07-06-2008. Tema N.° 3. Subtema N.° 1 [Actuaciones procesales respecto a órganos de auxilio judicial]. Texto completo: ).

♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

Alt 633

CÓDIGO PROCESAL CIVIL

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A rtículo 633: Veedor especial Cualquiera de las partes puede pedir la designación de un veedor que fiscalice la labor del órgano de auxilio judicial. En la resolución se precisarán sus deberes y facultades, así como la periodicidad con que presentará sus informes escritos, ios que serán puestos en conocimiento de las partes. En atención a lo informado y a lo expresado por las partes, el Juez dispondrá las modificaciones que considere pertinentes, pudiendo subrogar ai auxiliar observado. Contra esta decisión procede apelación sin efecto suspensivo.

Artículo 634: Derechos y responsabilidades del veedor El veedor se asimila al órgano de auxilio judicial para ios efectos de su retribución. El veedor que incumpla sus obligaciones es responsable por los daños y perjuicios que se produzcan, sin perjuicio de la responsabilidad a que se contraen los artículos 371 y 409 del Código Penal.

Subcapítulo 2 Procedim iento cautelar Artículo 635: Autonomía del proceso Todos los actos relativos a la obtención de una medida cautelar, conforman un proceso autónomo para el que se forma cuaderno especial.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 3904. En la m edida que el proceso ejecu tivo es autónomo, se requiere la presentación del título valor original. Tercero. [...] [Tratándose de una acción ejecutiva que es eminentemente formal, se requiere la presentación del documento en original, toda vez que en el proceso ejecutivo, que es autónomo de conformidad con el artículo 635 del Código Procesal Civil se trata de hacer efectivo lo que consta y fluye del mismo título valor (letra de cambio en original) al que la ley concede la misma fuerza que a una ejecutoria, no así a un documento privado legalizado notarialmente como es la fotocopia legalizada de la letra que la demandante anexa a su demanda [...]. (Casación N.° 2584-2013-Arequipa, de 05-11-2013, £ j. 3. Sala Civil Transitoria [EP, 30-01-2014, Sentencias en Casación N.° 688, p. 48504], Texto completo: ). § 3905. Las actuaciones realizadas en el proceso cautelar se tram itan en cuaderno especial, por lo tanto, no impulsan el trámite del proceso principal. P rim ero. El abandono es una de las formas especiales de conclusión del proceso que extingue la relación procesal y que se produce después de un período de tiempo en virtud de la inactividad de las partes, [...] Q uinto. De otro lado, debe tenerse en cuenta que el artículo 635 del Código Procesal Civil establece que todos los actos relativos a la obtención de una medida cautelar, conforman un proceso autónomo para el que se forma cuaderno especial. Sétim o. La afirmación de que a través dei proceso de medida cautelar se ha impulsado el proceso ejecutivo sobre obligación de dar suma de dinero no tiene sustento, ya que, dado el carácter autónomo del citado proceso cautelar, este no puede influir en el principal. (Casación N.° 2573-99-Lima, de 15-06-2000, ff. jj. 1, 5 y 7. Sala Civil Permanente [EP, 24-08-2000, p. 6073]. Texto completo: ). § 3906. La paralización del proceso principal no puede ser declarado en abandono si el proceso cautelar se m antiene activo. Tercero. [Según] [...] Juan Monroy Gálvez [...], “la medida n o m o s & th e s is

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PROCESOS CONTENCIOSOS / PROCESO CAUTELAR

Alt. 636

cautelar es, en principio, una institución procesal a través del cual el órgano jurisdiccional, a propuesta de una de las partes, asegura el cumplimiento del fallo definitivo (es decir, dei que se va a ejecutar), ordenando se adelante algunos efectos del fallo o asegurando que las condiciones materiales existentes a la interposición de la demanda no sean modificadas5’, Cuarto . [El] cuaderno de medida cautelar, se encuentra vinculado directamente ai proceso principal. Q uinto. [Por] ello, cuando la medida cautelar se encuentra en trámite, no se puede declarar el abandono del proceso, aun cuando el expediente principal se encuentre paralizado por más de cuarto meses. (Casación N.° 544-2003-Lima, de 09-06-2003, ff. jj. 3, 4 y 5. Sala Civil Transitoria [EP, 01-12-2003, p. 11118], Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DE LAS CORTES SUPERIORES

§ 3907. Cuaderno cautelar especial. Según reza el artículo 635 del Código Procesal Civil, todos los actos relativos a la obtención de una medida cautelar conforman un proceso autónomo para el que se forma cuaderno especial [...] (Exp. N.° 144-95, de 14-02-1995, Cuarta Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: )-

Artículo 636: Medida cautelar fuera de proceso Ejecutada la medida antes de iniciado el proceso principal, el beneficiario debe interponer su demanda ante el mismo Juez, dentro de los diez días posteriores a dicho acto. Cuando el procedimiento conciliatorio extrajudicia! fuera necesario para la procedencia de la demanda, el plazo para la interposición de esta se computará a partir de la conclusión del procedimiento conciliatorio, el que deberá ser iniciado dentro de los cinco días hábiles de haber tomado conocimiento de la ejecución de la medida. Si no se interpone la demanda oportunamente, o esta es rechazada liminarmente, o no se acude al centro de conciliación en el plazo indicado, la medida cautelar caduca de pleno derecho. Dispuesta la admisión de la demanda por revocatoria del superior, la medida cautelar requiere nueva tram itación.(1) NOTA DE A CTUALIZACIÓ N (1) Artículo modificado por la única disposición modificatoria de! Decreto Legislativo N.a 1070 (EP, 28-06-2008), la misma que de conformidad con su Primera Disposición Final, entrará en vigencia progresivamente en los diferentes Distritos Conciliatorios según el Calendario Oficial que será aprobado medíante Decreto Supremo. Se exceptúa de dicho Calendario a ios distritos conciliatorios de Lima, Trujillo y Arequipa, a sí como el Distrito Judicial del Cono Norte de Lima, salvo la provincia de Canta, en los cuales será aplicado a los sesenta (60) días calendario de su publicación.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 3908. El plazo para interponer la demanda cuando se amparó la interposición de una medida cautelar fuera de proceso es 10 días después de la ejecución de la medida y no cuando esta haya sido notificada. Segundo. [El] artículo 636 del Código Adjetivo; dispone que ejecutada la medida cautelar antes de iniciado el proceso principal, el beneficiario debe de interponer su demanda dentro de los diez días posteriores a dicho acto y si no se interpone la acción oportunamente, la medida caduca de pleno derecho. Tercero. [E]ste dispositivo legal se refiere a la ejecución de la medida y no a la notificación de la misma. Cuarto. [La] medida cautelar se ejecutó el 22 de julio de 1996 y el recurrente tuvo conocimiento de la misma con la notificación que se efectuó al día siguiente, por lo que aplicando el artículo 636 del Código Adjetivo, sabía que el plazo para interponer la demanda vencía el 6 de agosto de 1996 y a pesar de ello la presentó al Juzgado al día siguiente, es decir el día siete del mismo mes y año, Q uinto. [No] se puede fundar la casación en una supuesta contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, derivada de su propia negligencia procesal. (Casación N.° l4l4-T-97-Lim a, de 29-04-1998, ff. jj. 2-5. Sala Civil Transitoria [EP, 07-07-1998, p. 1406]. Texto completo: ).

+ SUMMA PROCESAL CIVIL

Alt. 636

CODIGO PROCESAL CIVIL

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§ 3909. En un proceso de obligación de dar sum a de dinero, no existe transgresión al debido proceso si la m edida cautelar fuera de proceso solicitada fue otorgada por tina suma menor al petitorio de la demanda posterior. P rim ero. La contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso se da cuando en el desarrollo del mismo, no se han respetado ios derechos procesales de las partes, se han obviado o alterado actos de procedimiento, la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva y/o el órgano jurisdiccional deja de motivar sus decisiones o lo hace en forma incoherente, en clara transgresión de la normatividad vigente y de los principios procesales. El ejecutado sostiene que se ha afectado el debido proceso al haberse ordenado pagar en el proceso ejecutivo monto diferente y mayor al ordenado en el proceso cautelar seguido por la ejecutante en su contra, advirtiéndose que no niega la obligación contenida en los títulos ejecutivos, sino solo cuestiona lo resuelto en el proceso cautelar instaurado fuera del presente proceso. El hecho de haberse solicitado una medida cautelar al amparo del artículo 636° del Código Procesal Civil por una suma menor a la que fue materia del proceso principal sobre obligación de dar suma de dinero, no importa en modo alguno una transgresión al debido proceso. (Casación N.° 1969-2002-Ay acucho, de 30-07-2004, f. j. 1. Sala Civil Permanente [EP, 30-07-2004, p. 12382]. Texto completo: ). § 3910. Las normas del Código Procesal C ivil referidas a medidas cautelares se aplican de m anera supletoria al proceso contencioso-adm inistrativo. Sexto. Sobre las denuncias de infracción normativa de la Primera Disposición Final de la Ley N.° 27584, y de los artículos 608 y 636 del Código Procesal Civil, refiere la impugnante que al no estar normada en la Ley N.° 27584 las medidas cautelares fuera de proceso, la Sala Civil debió tener presente los artículos 608 y 636 del Código Procesal Civil, disposiciones que han sido inaplicadas. En ese sentido refiere que la presentación de la demanda quedó supeditada a lo que dispone el artículo 636 del Código Procesal Civil, esto es que la demanda debía interponerse dentro de los diez días posteriores a la ejecución de la medida cautelar dictada. (Casación N.° 340-2013-Arequipa, de 17-06-2013, f. j. 6. Sala de Derecho Constitucional Social y Permanente [EP, 30-01-2015, Sentencias en Casación N.° 700, p. 60000], Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DE LAS CORTES SUPERIORES

§ 3911. El derecho de acción no está supeditado a la ejecución de la m edida cautelar. Segundo. Si bien en el caso de autos se ha solicitado una medida cautelar fuera de proceso, y el artículo 636 del Código Procesal Civil establece que, el beneficiario debe interponer su demanda ante el mismo juez, dentro de los diez días posteriores a dicho acto, también lo es que dicha norma no supedita el derecho de acción a la ejecución de la medida cautelar, por el contrario, establece el plazo máximo dentro del cual debe ejercitarse eí derecho de acción, luego de dictada la medida cautelar, a efecto de evitar que dicho acto procesal no cumpla su finalidad, esto es, la de asegurar el cumplimiento de la decisión definitiva a emitirse, sancionando la falta de interposición de la demanda con la caducidad de la medida cautelar que se ordene. (Exp. N.° N-280-97-Lima, de 11-11-1997, f. j. 2. Primera Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ). § 3912. La no interposición de la demanda dentro de los 10 dias de ejecutada la m edida cautelar fuera de proceso, solo extingue la m edida y no afecta el trámite de la acción que fundó el pedido. P rim ero. [La] no interposición de la demanda en el plazo previsto en el artículo 636 del Código Procesal Civil afecta únicamente a la medida cautelar obtenida, mas no impide que se tramite y resuelva la pretensión principal. (Exp. N.° 275-97-Lima, de 13-11-1997, f. j. 1. Cuarta Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ). § 3913. En las solicitudes de m edida cautelar fuera de proceso la ley no exige de manera obligatoria la presentación de documentos origínales. Para la solicitud de una medida cautelar fuera de proceso, la ley no exige de manera obligatoria la presentación de originales, quedando a la apreciación del juez el cumplimiento de los presupuestos necesarios para conceder la medida cautelar n o m o s & th e s ís

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PROCESOS CONTENCIOSOS / PROCESO CAUTELAR

Art. 637

solicitada, sobre la base del pedido cautelar y los medios probatorios que se adjunten. (Exp. N.° 11902005, de 04-11-2005, Primera Sala Civil con Subespecialidad Comercial. Corte Superior de Justicia de Lima. Referencia: Tutela cautelar , p. 636). § 3914. Es competente para dictar una medida cautelar fuera de proceso el juez que sea competente por razón de grado para conocer la demanda a interponerse. P rim ero. De conformidad a lo dispuesto por ei artículo 33 del Código Procesal Civil la competencia de un juez para el dictado de una medida cautelar fuera de proceso y para la actuación de la prueba anticipada está condicionada a que el Magistrado sea competente por razón de grado para conocer la demanda próxima a interpretarse. (Exp. N,° 524-97-Lima, de 21-04-1997, f. j. 1. Sexta Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ). § 3915. No procede solicitar la anotación de demanda como m edida cautelar fuera de proceso.

P rim ero. [El] artículo 673 del Código Procesal Civil que regula la medida cautelar específica de anotación de demanda en los Registros Públicos requiere por su naturaleza la existencia de un proceso principal, esto es, de por lo menos la interposición de la demanda, no siendo por ello viable solicitar en una medida cautelar antes de iniciado un proceso la anotación de una demanda aun inexistente (Exp. N.° 51558-97, de 18-05-1998, f. j. 1. Tercera Sala Civil. Corte Superior de justicia de Lima. Texto completo: ). § 3916. En íos procesos de violencia fam iliar es procedente la solicitud de medidas cautelares fuera de proceso. Tercero. De conformidad con el artículo 11 de la Ley N.° 21260 [cfr. art. 16 de la Ley N.° 30364], puede solicitarse a los juzgados de familia, medidas cautelares que se tramitarán como medidas anticipadas fuera de proceso cuando la seguridad de la víctima o su familia requiera de una decisión jurisdiccional, siendo especialmente procedente la solicitud de una medida anticipada de alimentos. (Exp. N.° 98-48-Lima, de 05-01-1999, f. j. 3. Sala de Familia. Texto completo: ).

Artículo 637: Trámite de la medida La solicitud cautelar es concedida o rechazada sin conocimiento de la parte afectada en atención a los fundamentos y prueba de la solicitud. Procede apelación contra el auto que deniega la medida cautelar. En este caso, el demandado no es notificado y el superior absuelve el grado sin admitirle intervención alguna. En caso de medidas cautelares fuera de proceso, el juez debe apreciar de oficio su incompetencia territorial. Una vez dictada la medida cautelar, la parte afectada puede formular oposición dentro de un plazo de cinco (5) días, contado desde que toma conocimiento de la resolución cautelar, a fin de que pueda formular la defensa pertinente. La formulación de la oposición no suspende la ejecución de la medida. De ampararse la oposición, ei juez deja sin efecto la medida cautelar. La resolución que resuelve la oposición es apelable sin efecto suspensivo.). § 4416. Prórroga de la competencia territorial en el proceso contencioso administrativo.

¿Puede ser prorrogable la competencia territorial en el proceso contencioso administrativo? El Pleno acordó por mayoría:

“La competencia territorial en el proceso contencioso administrativo es improrrogable, n o m o s & th e s is

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SUJETOS DEL PROCESO

Art. 10

sin embargo interpretando extensivamente el domicilio del demandado a que alude el artículo 10° de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo, es competente el Juez del domicilio de la dependencia administrativa de la entidad demandada o el Juez donde se produjo la actuación materia de la demanda, o el silencio administrativo; decisión que debe tomar el demandante”. (Pleno Jurisdiccional Nacional Contencioso Administrativa, realizado en Trujillo, el 19-11-2011. Tema N.° 1. [Prórroga de la competencia territorial en el proceso contencioso administrativo]. Texto completo: ). § 4417. La competencia territo rial en el proceso contencioso administrativo, cuando la adm inistración dem andada tiene varias dependencias en el territorio nacional. ¿En los procesos

contencioso administrativos (en asuntos laborales y provisionales), se pu ede considerar como domicilios de la entidad administrativa demandada , aquellos lugares donde se ubican sus dependencias a efectos de fija r la com petencia a fa vo r de los ju eces de dichas zonas? ¿En los procesos contencioso administrativos (m asuntos laborales y previsionales), el “lugar donde se produjo la actuación materia de la dem anda” que contempla el artículo 10° d el Decreto Supremo N.° 013-2008-]US, com prende o también se refiere a l “lugar donde se produjo la afectación d el derecho”? El Pleno acordó por unanimidad : “En los procesos Contencioso Administrativos (en asuntos laborales y previsionales) también se puede considerar como domicilios de la entidad administrativa demandada a los lugares donde se ubican sus dependencias, siempre que en ellas se hubiere producido la afectación del derecho materia de demanda, tal como lo establece el artículo 10° del Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27584 - Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo modificado por el Decreto Legislativo N.° 1067”. (Pleno Jurisdiccional Distrital Contencioso Administrativo, realizado por la Corte Superior de Justicia de La Libertad, los 15 y 1609-2011. Tema N.° 4 [La competencia territorial en el proceso contencioso administrativo, cuando la administración demandada tiene varias dependencias en el territorio nacional]. Texto completo: ). § 4418. La competencia territo rial en los procesos contenciosos administrativos es im prorrogable. ¿Determinar si la com petencia territorial en los Procesos Contenciosos Administrativos,

regulado p o r el artículo 10° d el TUO d e la Ley N.° 27584, es de naturaleza improrrogable, lo que conllevaría a que el Juez declare su incom petencia de oficio, o si se sujeta a l principio general de prórroga de la com petencia territorial regulada p o r el Código Procesal Civil, donde su cuestionamiento tendría que realizarse p o r las partes vía excepción o inhibitoria? Vi Pleno acordó por unanimidad: “La competencia territorial en los procesos contenciosos administrativos es improrrogable y por lo tanto, el Juez debe declarar la improcedencia de la demanda al momento de su calificación o de oficio en caso de advertirse tal irregularidad en caso de no haberse advertido en el momento de su calificación”. (Pleno Jurisdiccional Distrital Civil, Procesal Civil y Contencioso Administrativo, realizado en Huancavelica, el 02-09-2010. Materia Contencioso Administrativo: Tema N.° 1. Texto completo: ). § 4419. La competencia territo rial de los juzgados civiles o contenciosos adm inistrativos en los lugares donde funcionan las oficinas departamentales de la GMP. ¿Resultan ser competentes

p or razón d el territorio, los Juzgados C iviles o Contenciosos Administrativos (hoy en día d e los Juzgados de Trabajo-Ley N. ° 29364) en los lugares donde funcionan las Oficinas Departamentales de la ONP? El Pleno acordó por mayoría: “Si resultan ser competentes, porque no solo se debe considerar el domicilio -sede principal de la demanda-, sino también el de las Oficinas Departamentales que tiene en todo el país; toda vez, que la ONP resulta set una institución pública descentralizada del sector Economía y Finanzas, con personería jurídica de derecho público interno”. (Pleno Jurisdiccional Regional Contencioso Administrativo, realizado en Lima, los días 04 y 05-09-2009. Tema N.° 2. [La competencia territorial de los Juzgados Civiles o Contenciosos Administrativos en los lugares donde funcionan las oficinas departamentales de la ONP]. Texto completo: ). § 4420. Declaración de oficio de incom petencia en los procesos Contenciosos administrativos.

Laprocedencia o no de declarar la incom petencia de oficio -por razón de territorio - de los procesos contenciosos administrativos. El Pleno acordó por m ayoría : “Sí se debe declarar de oficio la incompetencia en los ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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Procesos Contenciosos Administrativos”. (Pleno Jurisdiccional Distrital Contencioso Administrativo, realizado en lea, el 24-04-2009. Tema N.° 1. [La procedencia o no de declarar la incompetencia de oficio -por razón de territorio- de los procesos contenciosos administrativos]. Texto completo: ).

§ 4421. Competencia territorial en procesos contenciosos administrativos. Cuando se interponga una demanda contenciosa administrativa no solo a la entidad que ha resuelto en última instancia (Lima) sino también a la entidad regional (fuera de Lima) que resolvió. El Pleno acordó por mayoría: “a) La competencia territorial es prorrogable. b) Cuando se demanda no solo a la entidad que ha resuelto en última instancia (Lima) sino también a la entidad regional (fuera de Lima) es competente cualquiera de ellos”. (Pleno Nacional Contencioso Administrativo, realizado en Lima, los días 14 y 15-12-2007. Tema N.° 3. Subtema N.° 1 [Competencia], Texto completo: ).

§ 4422. La competencia territorial en los procesos contenciosos administrativos: ¿es prorrogable o no? El Pleno acordó por mayoría: “La competencia territorial en los procesos contenciosos administrativos sí es prorrogable”. (Pleno Jurisdiccional Distrital en Materia Civil, realizado en Lambayeque, el 19-10-2007. Tema N.° 1. [La competencia territorial en los procesos contenciosos administrativos: ¿es prorrogable o no?]. Texto completo: ).

§ 4423. Aplicación de la competencia de la territorialidad. Frente a una demanda interpuesta ante el Juez Mixto de la localidad de San Juan d e L^urigancho, perteneciente al Distrito Judicial de Lima, sobre acción contencioso administrativa de una actuación impugnable dada en dicha localidad y cuyo demandado dom icilia en la misma: ¿debe el m encionado Juez , remitir lo actuado alJuez Especializado en lo Contencioso Administrativo de Lima, invocando que no tiene com petencia para conocer asuntos contencioso administrativos p or el criterio de especialidad? El Pleno acordó: a) por unanimidad : “Se acuerda recomendar a los jueces de primera instancia que no rechacen preliminarmente las demandas en materia Contencioso Administrativo, por incompetencia en razón de territorio al ser esta competencia prorrogable. b) por mayoría: i . Como primer paso el demandante deberá verificar cuál es el territorio (competencia territorial) ante cuyos órganos jurisdiccionales deberá presentar su demanda (artículo 8o de la Ley N.° 27584). En el caso planteado, en el distrito de San Juan de Lurigancho existen órganos jurisdiccionales desconcentrados cuya competencia territorial es precisamente dicho distrito. 2. En la mencionada circunscripción territorial, el demandante deberá verificar si existe un Juzgado Especializado Contencioso Administrativo, o en su defecto, un Juzgado Especializado Civil y en defecto de ambos un Juzgado Mixto. (Artículo 9o de la Ley N.° 27584). En el presente caso, en atención a lo expresado la demanda se presentará ante el Juzgado Mixto de San Juan de Lurigancho. 3- No se puede argumentar que la resolución administrativa que le atribuye competencias al Juzgado Mixto, expresamente no le atribuyó competencia en materia contencioso administrativa, pues ese es precisamente el supuesto fáctico en el que se aplica el artículo 9o de la Ley N.° 27584. Si la resolución administrativa le hubiese atribuido expresamente competencia en materia contencioso-administrativa, el mencionado artículo no sería de aplicación. 4. Por lo expresado, los que suscriben esta posición estiman que en el ejemplo dado no existe un conflicto entre competencia territorial y funcional, sino que el problema se resuelve primero con las reglas de la competencia territorial”. (Pleno Jurisdiccional Distrital en Materia Contencioso Administrativo, realizado por la Corte Superior de justicia de Lima, los días 20, 21 y 23-07-2007. Tema N.° 2 [Competencia], Texto completo: ).

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 4424. La competencia territorial en el proceso contencioso-administrativo se determina a elección del demandante en el lugar del domicilio del demandado o en el lugar donde se expidieron las actuaciones impugnables. Es irrelevante determinar donde aconteció el hecho que fundamenta el litigio para determinar la competencia territorial en el proceso contenciosoadministrativo. Sexto. Respecto a la competencia de los Jueces Contenciosos Administrativos el legislador ha diferenciado entre competencia territorial y funcional, siendo materia de análisis la n o m o s &

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SUJETOS DEL PROCESO

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primera de ellas. Al respecto, la competencia territorial regulada por el artículo 8 [cfr. art. 10 de! Decreto Supremo 013-2008-JUS] de la Ley N.° 27584, se determina a elección del demandante: 1) en el lugar del domicilio del demandado; o 2) el lugar donde se produjo la actuación impugnable. S étim o: En cuanto al domicilio del demandado se encuentra acreditado que el Ministerio de Producción - Viceministerio de Pesquería - Dirección Nacional de Seguimiento Control y Vigilancia tiene su sede en la ciudad de Lima, por lo que en primer término cabe concluir que la demanda debió ser incoada en esta ciudad; y en relación a la actuación impugnable, es preciso señalar que conforme lo señala el artículo 4 de la Ley N.° 27584 son actuaciones administrativas impugnables las siguientes: “1. Los actos administrativos y cualquier otra declaración administrativa. 2. El silencio administrativo, la inercia y cualquier otra omisión de la Administración Pública. 3. La actuación material que no se sustenta en acto administrativo. 4. La actuación material de ejecución de actos administrativos que transgrede principios o normas del ordenamiento jurídico. 5. Las actuaciones u omisiones de la Administración Pública respecto de la validez, eficacia, ejecución o interpretación de los contratos de la Administración Pública, con excepción de los casos en que es obligatorio o se decida, conforme a ley, someter a conciliación o arbitraje la controversia. 6. Las actuaciones administrativas sobre el personal dependiente al servicio de la Administración Pública1. O ctavo. Por tanto, al haberse emitido todas las Resoluciones Administrativas impugnadas en Lima, conforme es de verse de su contenido, es evidente que la demanda debió ser incoada ante el órgano jurisdiccional competente de ése Distrito Judicial, y no en lio, como erróneamente lo ha efectuado el demandante, resultando irrelevante que los hechos hayan acaecido en el Puerto de lio, como lo ha venido sosteniendo, por lo que siendo así, las instancias de mérito han interpretado correctamente la norma invocada. (Casación N.° 291-2009-Moquegua, de 23-12-2009, íf. jj. 6-8. Sala Civil Transitoria. Texto completo: )

§ 4425. Para conocer del proceso contencioso-administrativo, es competente el juez del lugar en que se produjeron las actuaciones administrativas impugnables que dieron lugar al acto administrativo materia de la demanda. Sétim o. [Con] relación al tema de la competencia territorial en los procesos contencioso administrativos en los que se demande al Estado [...] este Colegiado, en reiteradas ocasiones, ha sostenido que [...] es competente para conocer el proceso contencioso administrativo, a elección del demandante, el Juez del lugar del domicilio del demandado o del lugar donde se produjo la actuación impugnable; y que lo previsto en la norma in fin e , con relación a la competencia territorial, debe ser interpretado, en el sentido de que es competente para conocer este tipo de procesos el Juez del lugar en que se produjeron las actuaciones administrativas impugnables que dieron lugar al acto administrativo, que es materia de la demanda; pues interpretar en sentido contrario esta norma, conduciría al absurdo de que casi todos los procesos contenciosos administrativos, se tramiten ante los jueces y tribunales de Lima, lugar donde tienen su sede los organismos públicos y en donde culminan, por lo general, todos los procedimientos administrativos. (Casación N.° 2422-2008-Amazonas, de 11-12-2008, f. j. 7. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente. Texto completo: ). Artículo 11: Competencia funcional Son competentes para conocer el proceso contencioso administrativo el Juez Especializado y la Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, en primer y segundo grado, respectivamente. Cuando el objeto de la demanda verse sobre actuaciones del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) y de la Superintendencia Nacional de Salud, es competente, en primera instancia, la Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior respectiva. En este caso, la Sala Civil de la Corte Suprema resuelve en apelación y la Sala de Derecho Constitucional y Social en casación, si fuera el caso. Es competente para conocer la solicitud de medida cautelar la Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior. ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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En los lugares donde no exista juez o Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, es competente el Juez en So Civil o el Juez Mixto en su caso, o la Sala Civil correspondiente(1) NO TA D E A C T U A L IZ A C IÓ N (1) Artículo modificado por la primera disposición complementaria modificatoria del Decreto Legislativo N.° 1158 (EP, 0612-2013). Anteriormente había sido modificado por !a tercera disposición complementaria modificatoria de !a Ley N.Q 29782 {EP, 28-07-2011) y por el artículo 1 de la Ley N.° 29364 (EP, 28-05-2009).

PLENOS JURISDICCIONALES

§ 4426. Los procesos de revisión judicial del procedimiento coactivo deben ser tramitados por los Juzgados Civiles, Mixtos o Contencioso Administrativos. ¿Los procesos de revisión ju d icia l del procedim iento coactivo , en prim era instancia deben ser tramitadas p or los Juzgados Civiles, mixtos o contencioso administrativos o p or las Salas Superiores en materias civiles , mixtas o contencioso administrativo? Ei Pleno acordó por mayoría: “L os procesos de Revisión Judicial del Procedimiento Coactivo, deben ser tramitados por los Juzgados Civiles, Mixtos o Contencioso Administrativos”. (Pleno Jurisdiccional Distrital Civil, Procesal Civil y Contencioso Administrativo, realizado en Huancavelica, el 02-092010. Materia Civil y Procesal Civil: Tema N.° 1. Texto completo: ).

§ 4427. La vía idónea para tramitar el pago de intereses por pensiones de jubilación es la contencioso-administrativa. Interpretación de las sentencias del tribunal constitucional que denegaron la pretensión accesoria de intereses en los amparosprevísionales. D eterminación del órgano com petente para tramitar las pretensiones limitadas al pago de intereses p or pensiones: civil o contencioso administrativo. ¿Corresponde a la vía civil o contenciosos administrativa, el trámite de las pretensiones de pago de intereses p or pensión dejubilación? El Pleno acordó por mayoría: “Las pretensiones de pago de intereses relativas a pensiones de jubilación se tramitan en el proceso contencioso administrativo”. (Pleno Jurisdiccional Nacional Constitucional, realizado en Lima, el 07-11-2009. Tema N.° 3 [Interpretación de las sentencias del tribunal constitucional que denegaron la pretensión accesoria de intereses en los amparos previsionales. Determinación del órgano competente para tramitar las pretensiones limitadas al pago de intereses por pensiones: civil o contencioso administrativo]. Texto completo: ).

Artículo 12: Remisión de oficio En aquellos casos en los que se interponga demanda contra las actuaciones a las que se refiere el artículo 4, el Juez o Sala que se considere incompetente conforme a ley, remitirá de oficio los actuados al órgano jurisdiccional que corresponda, bajo sanción de nulidad de lo actuado por el Juez o Sala incom­ petente. JURISPRUDENCIA D E LA CORTE SUPREMA

§ 4428. Conforme a los principios de celeridad y economía procesal, Juez deberá reconducir el proceso a la vía correcta si el error no es imputable al demandante. Corresponde a los jueces remitir los actuados para su respectiva redistribución al órgano jurisdiccional competente. U ndécim o. [En] resguardo de los Principios de Celeridad y Economía Procesal, es de aplicación lo dispuesto en el artículo [12o] de la Ley [que reguia el proceso contencioso administrativo], por el que corresponde remitir los actuados para su respectiva redistribución al órgano jurisdiccional competente, en este caso a la mesa de partes de los Juzgados Laborales de la Corte Superior de Justicia de Tacna. Reconducción que fue omitida por las instancias de mérito, vulnerando así el derecho al debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva del demandante; toda vez que, como señalara el Colegiado Superior en la resolución materia de impugnación, la adecuación al proceso contencioso administrativo obedeció a un error del órgano jurisdiccional que conoció el Proceso de Amparo interpuesto inicialmente por el n o m o s -V 9 h e s i s

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SUJETOS DEL PROCESO

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actor razón por la que este no puede verse perjudicado por un error que no le resulta imputable, debiéndose por tanto amparar el recurso de casación interpuesto, declarar nulo el auto de vista de fecha 01 de julio de 2013, [...] insubsistente el auto apelado y nulo todo lo actuado inclusive hasta el auto admisorio [...]; dispusieron la remisión de los presentes actuados a la mesa de partes de los Juzgados Laborales de la Corte Superior de Justicia d e Tacna para su respectiva redistribución; debiéndose poner en conocimiento la presente resolución a la Sala Superior de su procedencia por secretaria de esta Sala, para los fines correspondientes de ley. [...] (Casación N.° 1153-2014-Tacna, de 19-07-2015, f. j. 11. Sala Transitoria de Derecho Constitucional y Social [EP, 30-10-2015, Sentencias en Casación N.° 708, p. 69382], Texto completo: ).

SUBCAPÍTULO SI p a r t e s del pro c eso

Artículo 13: Legitimidad para obrar activa Tiene legitimidad para obrar activa quien afirme ser titular de la situación jurídica sustancial protegida que haya sido o esté siendo vulnerada por la actuación administrativa impugnable materia del proceso. También tiene legitimidad para obrar activa la entidad pública facultada por ley para impugnar cual­ quier actuación administrativa que declare derechos subjetivos; previa expedición de resolución motivada en la que se identifique el agravio que aquella produce a la legalidad administrativa y al interés público, y siempre que haya vencido el plazo para que la entidad que expidió el acto declare su nulidad de oficio en sede administrativa. PLENOS JURISDICCIONALES

§ 4429. La intervención del denunciante del procedimiento administrativo sancionador se agota con la formulación de la denuncia, por tanto, no tiene calidad de parte procesal. ¿ Qué p o s i c i ó n d e b e t e n e r e n e l p r o c e s o c o n t e n c i o s o a d m in is t r a t iv o e l d e n u n c i a n t e q u e o r ig i n ó c o n su d e n u n c i a u n p r o c e d i m i e n t o a d m in is t r a t iv o s a n c i o n a d o r q u e c o n c l u y e c o n u n a r e s o lu c ió n s a n c io n a d o r a , la c u a l es p r e c i s a m e n t e o b je t o d e i m p u g n a c ió n e n e l e x t r e m o d e la s a n c ió n im p u e s t a ? El Pleno acordó por m a y o r í a :

“No tiene la calidad de parte procesal en el referido proceso judicial, porque el titular del procedimiento administrativo sancionador es la propia Administración”. (Pleno Jurisdiccional Distrital en materia Contencioso Administrativo, realizado por la Corte Superior de Justicia de Lima, lo días 1 y 02-072010. Tema N.° 3 [La definición de la posición del denunciante que dio inicio al procedimiento sancionador, en el proceso judicial (parte o tercero), donde se ha impugnado acto administrativo sancionador]. Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA § 4430. La nulidad derivada de los títulos expedidos por COFOPRI debe ser tramitada en vía contenciosa administrativa. Q uinto. [...] 4. En anteriores circunstancias, esta Sala Suprema viene estableciendo como doctrina jurisprudencial que las nulidades derivadas de los títulos expedidos por COFOPRI deben ser tramitadas por vía contenciosa administrativa (Apelación 2509-2013-Madre de Dios, Casación 189-2014- lea), habiendo dispuesto, incluso, nueva calificación de la demanda, como es de ver de la Casación 153-2016. No existe tazón alguna para modificar este criterio, si se tiene en cuenta las normas que regulan la actividad de COFOPRI y lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley del proceso Contencioso Administrativo. (Casación N.° 780-20ló-Arequlpa, de 10-11-2016, f. j. 5. Sala Civil Permanente. Texto completo: ).

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Artículo 14: Legitimidad para obrar activa en tutela de intereses difusos Cuando la actuación impugnable de la administración pública vulnere o amenace un interés difuso, tendrán legitimidad para iniciar el proceso contencioso administrativo: 1. El Ministerio Público, que en estos casos actúa como parte. 2. El Defensor del Pueblo. 3. Cualquier persona natural o jurídica. JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA § 443 L O portunidad para solicitar la incorporación del Ministerio Público en el proceso contencioso-administrativo. S egundo . [Respecto] a los requisitos de fondo, la recurrente invoca ia causal contenida en el inciso 3 del artículo 386 del citado Código Procesal, esto es la contravención de las normas que garantizan el derecho al debido proceso; denunciando que se ha inobservado el artículo 14 y 25 de la Ley N.° 27584, al no haberse remitido los actuados para la emisión del dictamen fiscal; la infracción del artículo 14 inciso 2 de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo, concordante con el artículo 93 del Código Procesal Civil, al no haberse incorporado al Ministerio Público como parte en el proceso, pese a debatirse sobre intereses difusos; y la infracción del artículo 139 inciso 5 de la Constitución Política del Estado, al haberse pronunciado sobre la existencia o no del derecho de la empresa para solicitar el cambio de uso y adjudicación [...]. Tercero. [La] causal en análisis deviene en manifiestamente improcedente por cuanto la recurrente viene cuestionando la inobservancia e infracción de normas contenidas en la Ley del Proceso Contencioso Administrativo, alegando una supuesta vulneración, que no objetó en la primera oportunidad que tuvo para hacerlo, y que, en modo alguno, le genera afectación por no ser titular de dicho derecho. Y asimismo porque del recurso casatorio no se aprecia la debida fundamentación respecto a la infracción al adáctilo 139 inciso 5 de la Constitución [..,]. (Casación N.° 2360-2006-Del Santa, de 09-01-2007, íf. jj. 2 y 3. Sala Civil Permanente [EP, 03-09-2007, p. 20300]. Texto completo; ).

Artículo 15: Legitimidad para obrar pasiva La demanda contencioso administrativa se dirige contra: 1. La entidad administrativa que expidió en última instancia el acto o la declaración administrativa impugnada. 2. La entidad administrativa cuyo silencio, inercia u omisión es objeto del proceso. 3. La entidad administrativa cuyo acto u omisión produjo daños y su resarcimiento es discutido en e! proceso. 4. La entidad administrativa y el particular que participaron en un procedimiento administrativo trilateral. 5. El particular titular de los derechos declarados por el acto cuya nulidad pretenda la entidad admi­ nistrativa que lo expidió en el supuesto previsto en el segundo párrafo del artículo 13 de la presente Ley. 6. La entidad administrativa que expidió el acto y la persona en cuyo favor se deriven derechos de la actuación impugnada en el supuesto previsto en el segundo párrafo del artículo 13 de la presente Ley. 7. Las personas jurídicas bajo el régimen privado que presten servicios públicos o ejercen función ad­ ministrativa, en virtud de concesión, delegación o autorización del Estado están incluidas en los supuestos previstos precedentemente, según corresponda.

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SUJETOS DEL PROCESO

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PLENOS JURISDICCIONALES § 4432. La legitim idad para obrar cuando la dem andada es la Adm inistración Pública. La

legitim idad para obrar pasiva en el proceso contencioso administrativo cuando el administrado demanda la invalidez o ineficacia de una actuación administrativa, ¿corresponde a todos los órganos o unidades administrativas que emiten las resoluciones objeto de impugnación, o solo contra el órgano o unidad administrativa que em itió la resolución en última instanciai El Pleno acordó p o r m a y o r í a : “Cuando el administrado ejerce la acción contencioso administrativa, pretendiendo la invalidez o ineficacia de una actuación administrativa, corresponde la impugnación contra la entidad administrativa que emitió la resolución cuestionada en ultima instancia”. (Pleno Jurisdiccional Nacional Contencioso Administrativa, realizado en Trujillo, el 19-11-2011. Tema N.° 4. [La legitimidad para obrar cuando la demandada es la Administración Pública], Texto completo: ). § 4433. La legitim idad para obrar cuando la demandada es la administración pública.

¿Cuándo el administrado ejerce la acción Contencioso Administrativa, pretendiendo la invalidez de la actuación que agota la vía Contencioso Administrativa, a quién o a quiénes corresponde la legitim idad para obrar pasiva1 ¿La demanda debe dirigirse contra los órganos o unidades administrativas que han dictado las resoluciones de prim era y segunda instancia, o solo contra la entidad que ha dictado la resolución de segunda instancia? El Pleno acordó por u n a n i m i d a d : “Cuando el administrado ejerce la acción Contencioso Administrativa, pretendiendo la invalidez de la actuación que agota la vía administrativa quien debe ser demandado es la entidad que dictó Ja resolución de última instancia. El funcionario que expidió la resolución de primera instancia también puede participar en el proceso en calidad de tercero coadyuvante”. (Pleno Jurisdiccional Distrital Contencioso Administrativo, realizado por la Corte Superior de Justicia de La Libertad, los 15 y 16-09-2011. Tema N.° 2 [La legitimidad para obrar cuando la demandada es la administración pública]. Texto completo: ).

Artículo 16: Intervención del Ministerio Público En el proceso contencioso administrativo el Ministerio Público interviene de la siguiente manera: 1. Como dictaminados antes de la expedición de la resolución fanal y en casación. En este caso, vencido él plazo de 15 días para emitir dictamen, devolverá el expediente con o sin él, bajo responsabilidad funcional. 2. Como parte, cuando se trate de intereses difusos, de conformidad con las leyes de la materia. Cuando el Ministerio Público intervenga como dictaminados el órgano jurisdiccional le notificará obligatoriamente con la resolución que pone fin a la instancia o con la que resuelve la casación, según Sea el caso. Artículo 17: Representación y defensa de las entidades administrativas 17.1 La representación y defensa de las entidades administrativas estará a cargo de la Procuraduría Pública competente o, cuando lo señale la norma correspondiente, por el representante judicial de la entidad debidamente autorizado. 17.2 Todo representante, judicial de las entidades administrativas, dentro del término para contestar la demanda, pondrá en conocimiento del titular de la entidad su opinión profesional motivada sobre la lega­ lidad del acto impugnado, recomendándole las acciones necesarias en caso de que considere procedente la pretensión.

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PLENOS JURISDICCIONALES § 4434. La intervención del denunciante del procedimiento administrativo sancionador se agota con la form ulación de la denuncia, por tanto, no tiene calidad de parte procesal. ¿Qué

posición debe tener en el proceso contencioso administrativo el denunciante que originó con su denuncia un procedim iento administrativo sancionador que concluye con una resolución sancionadora, la cual es precisam ente objeto de impugnación en el extremo de la sanción impuesta? El Pleno acordó por m a y o r í a : “No tiene la calidad de parte procesal en el referido proceso judicial, porque el titular del procedimiento administrativo sancionador es la propia Administración”. (Pleno Jurisdiccional Distrital en materia Contencioso Administrativo, realizado por la Corre Superior de Justicia de Lima, lo días 1 y 02-072010. Tema N.° 3 [La definición de la posición del denunciante que dio inicio al procedimiento sancionador, en el proceso judicial (parte o tercero), donde se fia impugnado acto administrativo sancionador]. Texto completo: ). § 4435. Representación y defensa de las entidades adm inistrativas en el proceso contencioso adm inistrativo. El Pleno acordó por unanimidad: “La representación y defensa de las entidades administrativas estará a cargo de la Procuraduría Pública competente o, cuando lo señale la norma correspondiente, por el representante judicial de la entidad debidamente autorizado”. (Pleno Jurisdiccional Distrital en Materias Civil, Laboral, Contencioso Administrativo y Penal, realizado por la Corte Superior de Justicia de Loreto, el día 07-07-2007. Conclusión N.° 6 [Representación y defensa de las entidades administrativas en el proceso contencioso administrativo]. Texto completo: ).

CAPITULO IV DESARROLLO DEL PROCESO SUBCAPÍTULO I ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA DE LA DEMANDA Artículo 18: Modificación y ampliación de (a demanda El demandante puede modificar la demanda, antes de que esta sea notificada. También puede ampliarse la demanda siempre que, antes de la expedición de la sentencia, se produz­ can nuevas actuaciones impugnables que sean consecuencia directa de aquella o aquellas que sean objeto del proceso. En estos casos, se deberá correr traslado a la parte demandada por el plazo de tres días.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA § 4436. Para la rectificación de asiento registra! corresponde interponer la correspondiente acción contencioso adm inistrativa, mas no la nulidad del acto jurídico. D écim o. [HJabiendo solicitado la propia recurrente la subsanación del error registra! según refiere o rectificación registral, dio inició a un procedimiento administrativo en el que las decisiones que se emiten sean de manera expresa o ficta son materia de acción contencioso administrativa a que se refería el artículo 540 del Código Procesal Civil, vigente a la fecha en que se interpuso la presente demanda; no resultando procedente la demanda de nulidad de asiento registral sustentada en el referido hecho [...]. U ndécim o. [En] consecuencia, en el presente caso no resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 2013 del Código Civil, toda vez que si bien la norma acotada establece que las inscripciones regístrales se presumen ciertas y producen todos sus efectos, sin embargo la misma norma establece la posibilidad de que se pueda solicitar su rectificación ante la propia autoridad registral, trámite que según refiere la recurrente

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inició y contra la cual correspondía interponer la correspondiente acción contencioso administrativa, mas no la nulidad del acto jurídico. (Casación N.° 1866-2004-La Libertad, de 03-10-2005, ff. jj. 10 y 11. Sala Civil Transitoria [EP, 02-06-2006, p. 16267]. Texto completo: ).

Artículo 19: Plazos La demanda deberá ser interpuesta dentro de los siguientes plazos: 1. Cuando el objeto de la impugnación sean las actuaciones a que se refieren ios numerales 1,3,4,5 y 6 del artículo 4 de esta Ley, el plazo será de tres meses a contar desde el conocimiento o notificación de la actuación impugnada, lo que ocurra primero. 2. Cuando la ley faculte a las entidades administrativas a iniciar el proceso contencioso administrativo de conformidad al segundo párrafo del artículo 13 de la presente ley, el plazo será el establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo General, salvo disposición legal que establezca plazo distinto. 3. Cuando se trate de silencio administrativo negativo, se observará to establecido en el numeral 188.5 del artículo 188 de la Ley N.° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General. Carece de eficacia el pronunciamiento hecho por la administración una vez que fue notificada con la demanda. Si el acto expreso se produce antes de dicha notificación, el órgano jurisdiccional podrá, a solicitud del actor, incorporar como pretensión la impugnación de dicho acto expreso o concluir el proceso. Cuando se trate de inercia o cualquier otra omisión délas entidades distinta del silencio administrativo negativo, no se computará plazo para interponer la demanda. 4. Cuando se trate de silencio administrativo positivo por transcurso del plazo previsto en la Ley del Procedimiento Administrativo General o por normas especiales, el plazo para el tercero legitimado será de tres meses. 5. Cuando se pretenda impugnar actuaciones materiales que no se sustenten en actos administrativos el plazo será de tres meses a contar desde el día siguiente en que se tomó conocimiento de las referidas actuaciones. Cuando la pretensión sea planteada por un tercero al procedimiento administrativo que haya sido afectado con la actuación administrativa impugnable, los plazos previstos en el presente artículo serán computados desde que el tercero haya tomado conocimiento de la actuación impugnada. Los plazos a los que se refiere el presente artículo son de caducidad.

PLENOS JURISDICCIONALES § 4437. Plazo de caducidad para interponer la demanda contencioso-administrativa cuando.

¿En los casos que se produzca el silencio administrativo negativo, debe computarse el plazo de caducidad previsto en el artículo 17 [19], inciso 3 d éla Ley d el Proceso Contencioso Administrativo? El Pleno acordó por mayoría: “Ante

el silencio administrativo negativo, debe computarse el plazo de caducidad previsto en el artículo 19 inciso 3 de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo”. (Pleno Jurisdiccional Regional Civil y Contencioso Administrativo, realizado en Trujillo, los días 18 y 19-04-2008. Tema N.° 4. Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA § 4438. El plazo de caducidad no se suspende a raíz de huelga en el Poder Judicial si esta concluye en el devenir interior del referido plazo y a que no lim ita al accionante de interponer demanda en los días posteriores de culm inada la im posibilidad de acudir al órgano jurisdiccional. Tercero. [Por] la naturaleza inhibitoria de la decisión de la Sala Superior, así como la de Primera Instancia, al evaluar si la demanda había sido incoada dentro del plazo de tres meses previsto en el numeral 1 del artículo 17 [Debiese decir- artículo 19] de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo que señala que: “cuando el objeto de la impugnación sean las actuaciones a que se refieren los numerales uno, tres, * SUMMA PROCESAL CIVIL

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cuatro, cinco y seis del artículo 4 de esta Ley, el plazo será de tres meses a contar desde el conocimiento o notificación del acto material de primero, cuando ocurre la notificación de la decisión administrativa materia de impugnación; y, segundo, cuando se produce la interposición de la demanda; y a la luz de estas dos variables computar si dicho plazo se encontraba vigen te o no. Cuarto. [En] tal virtud, si la resolución administrativa objeto de impugnación fue notificada el 18 de marzo del 2003, entonces el plazo para interponer la demanda vencía el 18 de Junio del 2003, según lo prevé el inciso 2 del artículo 183 del Código Civil, que establece la forma de cómputo de los plazos tratándose de los establecidos en m eses; si bien es cierto, en el decurso de dicho plazo, es decir, entre el 20 de mayo del 2003 y el 4 de junio del mismo año (14 días antes de que venza el plazo), hubo huelga de los trabajadores del Poder Judicial, sin embargo dicho plazo no se interrumpe ni suspende por cuanto fue en el devenir interior del citado plazo; distinta sería la figura [...] si a la fecha de interposición de la demanda el Poder Judicial se encontraría en huelga, caso en el que podría ser factible tener en cuenta lo señalado en el artículo 2005 del Código Civil en cuanto que permite la interrupción o suspensión deí plazo de caducidad, en el caso de lo previsto en el inciso octavo deí artículo 1994 del Código Sustantivo, es decir, mientras sea imposible reclamar el derecho ante un tribunal peruano. (Casación N.° 2094-2004-Piura, de 2301-2007, ff. jj. 3 y 4. Sala Transitoria de Derecho Constitucional y Social [EP, 30-11-2007]. Texto completo: ). § 4439. Plazo para interponer la demanda co m endos o-administrativa respecto a actos realizados por la administración Tributaria. Segundo. [A] efectos de emitir el correspondiente pronunciamiento cabe precisar que el punto controvertido es de índole procesal y no de fondo como correspondería; por lo que, a efectos de resolver la presente controversia debemos señalar que cuando el artículo 157 deí Código Tributario establece que el plazo previsto para interponer la demanda contencioso-administrativa es de quince días hábiles, computados a partir del día siguiente de efectuada la notificación certificada de la resolución al deudor tributario, nos está indicando que es de caducidad, puesto que si no se acciona oportunamente lógicamente se incumple con un requisito esencial de admisibilidad, lo cual inexorablemente conduce a la extinción de la acción y el derecho; lo cual no se debe confundir con la prescripción, ya que casi todo derecho reconocido en la Ley lleva in sito una acción para exigirlo en caso de incumplimiento, señalando la Ley, por razón de interés público, plazos para su ejercicio, que a su vencimiento darían lugar al citado instituto y por ende invalida solo la acción. (AV, N.° 155-2002-Piura, de 14-07-2003, f. j. 2. Sala Civil Permanente. Texto completo: ).

Artículo 20: Agotamiento de la vía administrativa Es requisito para la procedencia de la demanda el agotamiento de la vía administrativa conforme a las reglas establecidas en la Ley de Procedimiento Administrativo General o por normas especiales.

PLENOS JURISDICCIONALES § 4440. Falta de agotamiento de la vía adm inistrativa, a) ¿En materia Previsional, no es exigible el agotam iento de la vía administrativa cuando la ONP ha expresado su renuencia a reconocer el derecho pensionario redam ado? b ) ¿En los procesos contenciosos administrativos distintos al previsional, se tiene que adjuntar docum ento que evidencia el agotamiento de la vía administrativa o solo es suficiente se invoque para adm itir la demanda en virtud del principio de favorecim iento? El Pleno acordó por m a y o r í a : “a) En materia previsional no es exigible el agotamiento de la vía administrativa, cuando la ONP ha expresado su renuencia a reconocer el derecho pensionario reclamado, b) En los procesos contenciosos administrativos distintos al previsional, se tiene que adjuntar documento que evidencie el agotamiento de la vía administrativa”. (Pleno Nacional Contencioso Administrativo, realizado en Lima, los días 14 y 15-12-2007- Tema N.° 1 [Falta de agotamiento de la vía administrativa]. Texto completo: cbit. ly/2uGDp0R>). nom os & th e s is

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§ 4441. Solución cuando h a y incertidum bre respecto del agotamiento de la vía adm inistrativa. El Pleno acordó por mayoría: “ Que, en el trámite regular de una demanda contenciosa administrativa es de aplicación irrestricta el artículo 18° de la Ley N.° 27584, en concordancia interpretativa con lo establecido en el inciso tercero del artículo 2o de la citada ley”. (Pleno Jurisdiccional Distrital en Materia Contencioso Administrativo, realizado por la Corte Superior de Justicia de Lima, los días 20, 21 y 23-07-2007. Tema NT.° 1, conclusión N.° 2 [Agotamiento de la vía administrativa]. Texto completo: ). § 4442. Aplicación facultativa del agotamiento de la vía adm inistrativa. El Pleno acordó “En atención al principio p r o h o m in e , al principio de solidaridad, al principio de tutela judicial efectiva, dado el promedio de supervivencia del hombre peruano y, a fin de cautelar su oportuno acceso a la pensión, la comisión declara la necesidad de formular una propuesta de cambio legislativo, proponiendo que: “en el trámite de los procesos judiciales sobre pensiones de personas mayores de 70 años, el agotamiento de la vía administrativa será facultativo para el accionante”. (Pleno Jurisdiccional Distrital en M ateria Contencioso Administrativo, realizado por la Corte Superior de Justicia de Lima, los días 20, 21 y 23-07-2007. Tema N.° 1, conclusión N.° 3. [Agotamiento de la vía administrativa]. Texto completo: ). por unanimidad :

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§ 4443. Debe agotarse l a vía adm inistrativa previamente para que proceda la demanda contencioso-administrativa. P rim ero . Habiendo el actor interpuesto los recursos impugnatoríos que pueden hacerse valer hasta agotar la vía administrativa o causar estado la resolución recaída en el último recurso impugnatorio posible y que pone fin a dicha vía, según se advierte de su escrito de demanda [...] le correspondió, conforme a lo consagrado en el artículo 240° de la Constitución Política de 1979 vigente a la fecha de interposición de la reclamación, demandar la acción contencioso-administrativa. Segundo. Siendo esto así, al n o haberse reconocido el derecho que alega tener la demandante, mal podría esta parte, pretender obtener ese mismo derecho, por la vía que no es la que la ley regula para sus efectos. (Exp. N.° 1098-98, de 11-01-1999, ff. jj. 1 y 2. Sala de Procesos Abreviados y de Conocimiento. Corte Superior de Justicia de Lim a. Texto completo: ). § 4444. Si un caso se está tram itando como un proceso contencioso administrativo cuando su naturaleza real es la de un proceso civil, no es necesario el agotamiento de la vía administrativa. Cuarto. [De] de los argumentos que se consignan en las sentencias de mérito se advierte que el caso de autos se está tramitando como u n proceso contencioso administrativo, cuando la naturaleza real es la de un proceso civil sobre indemnización por daños y perjuicios para el cual no es necesario el agotamiento de la vía previa [...]. (Casación TL° 1688-2002-Callao, de 14-10-2002, f. j. 4. Sala Civil Transitoria [EP, 03-02-2003]. Texto completo: ).

Artículo 21: Excepciones a l agotamiento de la vía administrativa No será exigible el agotamiento de la vía administrativa en los siguientes casos: 1. Cuando la demanda sea interpuesta por una entidad administrativa en el supuesto contemplado en el segundo párrafo del artículo 13 de la presente Ley. 2. Cuando en la demanda se formule como pretensión la prevista en el numera! 4 del artículo 5 de esta Ley. En este caso el interesado deberá reclamar por escrito ante el titular de la respectiva entidad el cumplimiento de la actuación omitida. Si en el plazo de quince días a contar desde el día siguiente de presentado el reclamo no se cumpliese con realizar la actuación administrativa el interesado podrá presentar la demanda correspondiente. 3. Cuando la demanda sea interpuesta por un tercero al procedimiento administrativo en el cual se haya dictado la actuación impugnable. ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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4. Cuando la pretensión planteada en la demanda esté referida al contenido esencial del derecho a la pensión y, haya sido denegada en la primera instancia de la sede administrativa

PLENOS JURISDICCIONALES

§ 4445. Excepción ai agotam iento de Ja vía previa adm inistrativa en el proceso contencioso adm inistrativo, en el supuesto de actuación m aterial que no se sustenta en acto adm inistrativo. El Pleno acordó por unanimidad: “Tratándose de una actuación material que no se sustenta en acto administrativo no es necesario el agotamiento de la vía administrativa para la procedencia de la demanda en el proceso sobre acción co n ten cio so adm inistrativa’. (Pleno jurisdiccional Distrital en Materias Civil, Laboral, Contencioso Administrativo y Penal, realizado por la Corte Superior de Justicia de Loreto, el día 07-07-2007. Conclusión N.° 7 [Excepción al agotamiento de la vía previa administrativa en el proceso contencioso administrativo, en el supuesto de actuación material que no se sustenta en acto administrativo]. Texto completo: ). § 4446. En aplicación del principio p ro h om ín e, no se exigirá el agotamiento de la vía adm inistrativa de las demandas de naturaleza pensionaría que hubiesen sido declaradas improcedentes en un proceso de am paro. El Pleno acordó por unanimidad: “Que en aplicación de los precedentes emitidos por el Tribunal Constitucional, cuando las demandas de naturaleza pensionarla que hubieran estado tramitándose en la vía de amparo sean declaradas improcedentes, el Juez Contencioso Administrativo, en la calificación de la demanda, en aplicación del prin cipio pro homine, no exigirá el agotamiento de la vía administrativa”. (Pleno Jurisdiccional Distrital en Materia Contencioso Administrativo, realizado por la Corte Superior de Justicia de Lima, los días 20, 21 y 23-07-2007* TemaN.° l, conclusión N.° 1 [Agotamiento de la vía administrativa]. Texto completo: ).

Artículo 22: Requisitos especíales de admisibilidad Sin perjuicio de (o dispuesto por los artículos 424 y 425 del Código Procesal Civil son requisitos especiales de admisibilidad de la demanda los siguientes: 1. El documento que acredite el agotamiento de la vía administrativa, salvo las excepciones contempladas por la presente Ley. 2. En el supuesto contemplado en el segundo párrafo del artículo 13 de la presente Ley, la entidad ad­ ministrativa que demande la nulidad de sus propios actos deberá acompañar el expediente de la demanda.

PLENOS JURISDICCIONALES

§ 4447. Adecuación de las pretensiones de las demandas contenciosos adm inistrativas. El Pleno acordó por unanimidad: “En los procesos nuevos contenciosos administrativos se declare la ínadmisibiiidad de la demanda con la finalidad de quesean precisadas las pretensiones. En los procesos antiguos o en trámite, a partir de la fundamentación de los hechos se determine la pretensión respectiva; es decir, no será necesario disponer la adecuación de la demanda”. (Pleno Jurisdiccional Distrital en Materia Civil, realizado en Cusco, el 20-07-2007. Tema N .ü 2. [La denominación de la pretensión de reposición por acto material de la administración]. Texto completo: ).

Artículo 23: Improcedencia de la deitiandá La demanda será declarada improcedente en los siguientes supuestos: 1. Cuando sea interpuesta contra una actuación no contemplada en el artículo 4 de la presente Ley. n o m o s & t h e s is

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2. Cuando se interponga fuera de los plazos exigidos en la presente Ley. El vencimiento del plazo para plantear la pretensión por parte del administrado, impide el inicio de cualquier otro proceso judicial con respecto a la misma actuación impugnable. 3. Cuando el administrado no haya cumplido con agotar la vía administrativa, salvo las excepciones contempladas en la presente Ley. 4. Cuando exista otro proceso judicial o arbitral idéntico, conforme a los supuestos establecidos en el artículo 452 del Código Procesal Civil. 5. Cuando no se haya vencido el plazo para que la entidad administrativa declare su nulidad de oficio en el supuesto del segundo párrafo del artículo 13 de la presente Ley. 6. Cuando no se haya expedido la resolución motivada a la que se hace referencia en el segundo párrafo del artículo 13 de la presente Ley. 7. En los supuestos previstos en el artículo 427 del Código Procesal Civil. Artículo 24: Remisión de actuados administrativos Al admitir a trámite la demanda, el Juez ordenará, de ser el caso, a la Entidad Administrativa, a fin de que el funcionario competente remita copia certificada del expediente con lo relacionado a la actuación impugnada, en un plazo que no podrá exceder de quince días hábiles, con ios apremios que el Juez estime necesarios para garantizar el efectivo cumplimiento de lo ordenado, pudiendo imponer a la Entidad multas compulsivas y progresivas en caso de renuencia. El Juez además de realizar las acciones antes referidas en el párrafo anterior, ante la manifiesta renuencia a cumplir con el mandato, prescindirá del expediente administrativo. El incumplimiento de lo ordenado a la entidad administrativa no suspende la tramitación del proceso, debiendo el Juez en este caso aplicar lo dispuesto en el artículo 282 del Código Procesal Civil, al momento de resolver; sin perjuicio que tal negativa pueda ser apreciada por el Juez como reconocimiento de verdad de los hechos alegados. Artículo 25: Efecto de la admisión de la demanda La admisión de la demanda no impide la vigencia ni la ejecución del acto administrativo, salvo que el Juez mediante una medida cautelar o la ley, dispongan lo contrario.

SUBCAPÍTULO II VÍA PROCEDIMENTAL Artículo 26: Proceso urgente Se tramita como proceso urgente únicamente las siguientes pretensiones: 1. El cese de cualquier actuación material que no se sustente en acto administrativo. 2. El cumplimiento por la administración de una determinada actuación a la que se encuentre obligada por mandato de la ley o en virtud de acto administrativo firme. 3. Las relativas a materia previsional en cuanto se refieran al contenido esencial del derecho a la pensión. Para conceder la tutela urgente se requiere que del mérito de la demanda y sus recaudos, se advierta que concurrentemente existe: a) Interés tutelable cierto y manifiesto, * SUMMA PROCESAL CIVIL

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b) Necesidad impostergable de tutela, y c) Que sea la única vía eficaz para la tutela del derecho invocado. Artículo 27: Reglas de procedimiento Cualquiera de las pretensiones a que se refiere el presente artículo será tramitada, bajo responsabilidad de quien lo pide, como medida urgente previo traslado a la otra parte por el plazo de tres días. Vencido el plazo, con o sin absolución de la demanda, el Juez dictará en la sentencia la medida que corresponda a la pretensión invocada dentro del plazo de cinco días. El plazo para apelar la sentencia es de cinco días, contados a partir de su notificación y se concede con efecto suspensivo. Las demandas cuyas pretensiones no satisfagan los requisitos para 9a tutela urgente, se tramitarán conforme a las reglas establecidas para el proceso especial.

PLENOS JURISDICCIONALES

§ 4448, Intervención del ministerio público en íos procesos urgentes. ¿En los procesos urgentes es necesario que el Ministerio Público emita dictamen fiscal conforme a sus atribuciones? El Pleno acordó por mayoría: “N o es necesario que el Ministerio Público emita dictamen en los procesos de urgencia, por cuanto el artículo 27° de la Ley N.° 27584 establece “Que cualquiera de las pretensiones a que se refiere el presente artículo será tramitada, bajo responsabilidad de quien lo pide, como medida urgente precio [sic] traslado a la otra parte por el plazo de tres días. Vencido el plazo, con o sin absolución de la demanda, el juez dictará en la sentencia la medida que corresponda a la pretensión invocada dentro del plazo de cinco días”. Esta expresión del articulado se debe a que la finalidad del proceso urgente es atender las materias tramitadas en el proceso urgente de manera inmediata. Finalmente cabe señalar que en el derogado Decreto Legislativo N.° 1067 que modificaba la Ley N.° 27584, tampoco se previo la remisión de autos para dictamen fiscal. 24° A [sic], - Reglas de Procedimiento: Cualquiera de las pretensiones a que se refiere el presente artículo será tramitada bajo responsabilidad de quien lo pide, como medida urgente previo traslado a la otra parte por el plazo de tres días. Vencido el plazo, con o sin absolución de la demanda, el Juez dictará en la sentencia la medida que corresponda a la pretensión invocada dentro de cinco días. El plazo para apelar la sentencia es de cinco días, contados a parir de su notificación y se concede con efecto suspensivo. Las demandas cuyas pretensiones no satisfagan lo requisitos para la tutela urgente, se tramitarán conforme a las reglas establecidas para el proceso especial”. (Pleno Jurisdiccional Nacional Contencioso Administrativo, realizado en Arequipa, el 0709-2013. Tema N.° 2 [Intervención del ministerio público en los procesos urgentes]. Texto completo: ).

Artículo 28: Procedimiento especial Se tramitan conforme al presente procedimiento las pretensiones no previstas en el artículo 26 de la presente Ley, con sujeción a las disposiciones siguientes: 28.1 Reglas del procedimiento especial En esta vía no procede reconvención. Transcurrido el plazo para contestar la demanda, el Juez expedirá resolución declarando la existencia de una relación jurídica procesal válida; o la nulidad y la consiguiente conclusión del proceso por invalidez insubsanable de la relación, precisando sus defectos; o, si fuere el caso, la concesión de un plazo, si los defectos de la relación fuesen subsanables. Subsanados los defectos, el Juez declarará saneado el proceso por existir una relación jurídica procesal válida. En caso contrarío, lo declarará nulo y consiguientemente concluido. n o m o s & th e s is

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Cuando se hayan interpuesto excepciones o defensas previas, la declaración referida se hará en la resolución que las resuelva. Si el proceso es declarado saneado, el Auto de saneamiento deberá contener, además, la fijación de Puntos controvertidos y la declaración de admisión o rechazo, según sea el caso, de los medios probatorios ofrecidos. Solo cuando la actuación de los medios probatorios ofrecidos lo requiera, el Juez señalará día y hora para la realización de una audiencia de pruebas. La decisión por la que se ordena la realización de esta audiencia o se prescinde de ella es impugnable y la apelación será concedida sin efecto suspensivo y con la calidad de diferida. Luego de expedido el auto de saneamiento o de realizada la audiencia de pruebas, según sea el caso, el expediente será remitido al Fiscal para que este emita dictamen. Con o sin dictamen fiscal, el expediente será devuelto al Juzgado, el mismo que se encargará de notificar la devolución del expediente y, en su caso, el dictamen fiscal a las partes. Antes de dictar sentencia, las partes podrán solicitar al Juez la realización de informe oral, el que será concedido por el solo mérito de la solicitud oportuna. 28.2 Plazos Los plazos previstos en esta ley se computan desde el día siguiente de recibida la notificación. Los plazos aplicables son: a) Tres días para interponer tacha u oposiciones a los medios probatorios, contados desde la notificación de la resolución que los tiene por ofrecidos; b) Cinco días para interponer excepciones o defensas, contados desde la notificación de la demanda; c) Diez días para contestar la demanda, contados desde la notificación de la resolución que la admite a trámite; d) Quince días para emitir el dictamen fiscal o devolver el expediente al órgano jurisdiccional, contados desde su recepción; e) Tres días para solicitar informe oral, contados desde la notificación de la resolución que dispone que el expediente se encuentra en el estado de dictar sentencia; f) Quince días para emitir sentencia, contados desde la vísta de (a causa. De no haberse solicitado informe oral ante el Juez de la causa, el plazo se computará desde la notificación a las partes del dictamen fiscal o de la devolución del expediente por el Ministerio Público. g) Cinco días para apelar la sentencia, contados desde su notificación.

JURISPRUDENCIA PE LA CORTE SUPREMA

§ 4449. En los procesos contencioso-administrativos no es viable la audiencia de conciliación ni la de actuación de pruebas, salvo excepciones. P rim ero. [El] tiempo de duración de un proceso breve como el abreviado en materia contendoso-administrativa, no debe dar co m o resultado un tiempo lato para expedir sentencia; así como hay pruebas impertinentes cuando no son útiles para el fin del proceso. [...] Tercero. [En] los procesos sobre impugnación de resoluciones del Estado, de conformidad con la Ley n° 27584 artículo 5, concordante con el artículo 148 de la Constitución Política, que se inician, tramitan en esta Sala y en otras instancias inferiores, se están sentenciando fuera de un tiempo razonable; entre otros factores, son: a) por la innecesaria realización de la audiencia de conciliación y audiencia de actuación de pruebas, estas originan más o menos cuatro meses de dilación entre la absolución del trámite de contestación de demanda y la emisión del dictamen fiscal [...] Cuarto. [Si] conforme al artículo 469 del Código Procesal Civil el fin de la audiencia de conciliación es propiciar la transacción del conflicto de intereses; en las acciones contencioso-administrativas no es viable tal finalidad porque los bienes jurídicos debatidos en estos procesos no son susceptibles de disposición o transacción e igual en las audiencias de actuación de pruebas, generalmente en estos procesos no se actúan las pruebas admitidas, limitándose por ley a tener presente el mérito de las aceptadas, por esta * SUMMA PROCESAL CIVIL

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razón, de igual manera, no es viable una audiencia de actuación de pruebas. Q uinto. [D]eterminar el punto controvertido en este tipo de procesos está delimitado por el documento, hecho o acto administrativo cuya ineficacia o invalidez se demanda, su expedición ha sido precedida de pruebas actuadas en la esfera administrativa; que estas características evidencian que el contenido del debate de estos procesos es por lo general de puro derecho, salvo excepciones que no es el caso. (Exp. N.° 208902, de 08-07-2003, ff. jj. 1, 3, 4 y 5- Sala de Procesos Contendoso-Administrativos. Texto completo: ).

Artículo 29: Notificación electrónica Las notificaciones de las resoluciones que se dicten en el proceso se efectuarán mediante sistemas de comunicación electrónicos o telemáticos, tales como el correo electrónico, Internet u otro medio idóneo que permita confirmar fehacientemente su recepción, salvo cuando se trate de las siguientes resoluciones: 1. El traslado de la demanda, inadmisibilidad o improcedencia; 2. La citación a audiencia; 3. E9 auto que se pronuncia sobre el saneamiento procesal, fijación de puntos controvertidos, saneamiento probatorio y/o el juzgamiento anticipado; 4. La sentencia; y, 5. Las otras resoluciones que el Juez disponga motivadamente. Las resoluciones mencionadas se notificarán mediante cédula. Para efectos de la notificación electrónica, las partes deben consignar en la demanda o en su contestación una dirección electrónica, bajo apercibimiento de declararse la inadmisibilidad de tales actos postúlatenos. La notificación electrónica surte efectos desde el día siguiente que llega a la dirección electrónica.

JURISPRUDENCIA PE LA CORTE SUPREMA

§ 4450. La falta de notificación de la resolución que fija la fecha de la vista de la causa no necesariamente afecta el derecho a la defensa. El proceso contencioso administrativo es prim ordialmente escrito, no siendo parte de su naturaleza la oralidad. N oveno . [..,.] [El] proceso contencioso administrativo se ha establecido como uno primordialmente escrito, no siendo parte de su naturaleza la oralidad, la cual es considerada por la norma procesal que lo rige como una facultad y no una obligación de las partes. Si bien es deber del órgano jurisdiccional poner en conocimiento de los interesados la oportunidad en que pueden ejercer dicha facultad, cierto es también que el no ejercicio de la misma o inconcurrencia de la parte a la diligencia donde pueda exponer oralmente los argumentos que considere convenientes a sus intereses, no acarrea por sí mismo la nulidad de los actuados; más aún si tenemos en consideración que en estos procesos el pronunciamiento jurisdiccional se limita a lo actuado en sede administrativa y a los hechos nuevos ocurridos o conocidos con posterioridad al inicio del proceso, los cuales evidentemente deben ser comunicados al órgano jurisdiccional correspondiente. D écim o . [...] [Si] bien la resolución de fecha 25 de marzo de 2014, mediante la cual la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República fijó fecha para la realización de la vista de la causa para el 24 de abril de 2014, no fue notificada al litisconsorte casadonista, cierto es también que ello no aparece como vnlnerador del derecho de defensa del recurrente, desde que lo que era materia de análisis y pronunciamiento por parte del órgano revisor no era otra cosa que lo expuesto en el Recurso de Apelación confrontado con lo actuado en sede administrativa y judicial, y el apelante a lo largo del proceso ejercitó de modo efectivo el derecho que reclama vulnerado. (Casación N.° 11132-2015-Lima, de 09-08-2017, ff. jj. 9 y 10. Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria [EP, 30-042018, Sentencias en Casación N.° 745, p. 107372]. Texto completo: ). n o m o s & th e s is

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suBCAPrruLO m MEDIOS PROBATORIOS Artículo 30: Actividad probatoria En el proceso contencioso administrativo, la actividad probatoria se restringe a las actuaciones recogidas en el procedimiento administrativo, salvo que se produzcan nuevos hechos o que se trate de hechos que hayan sido conocidos con posterioridad al inicio del proceso. En cualquiera de estos supuestos, podrá acompañarse los respectivos medios probatorios. En el caso de acumularse la pretensión indemnizatoria, podrán alegarse todos los hechos que le sirvan de sustento, ofreciendo los medios probatorios pertinentes.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 4451. Es improcedente demandar una pretensión indem nizatoria en un proceso contenciosoadministrativo, por ser de distinta naturaleza. Q uinto. De una interpretación literal del artículo 26 de la Ley N.° 27584, se infiere que la pretensión de indemnización de daños y perjuicios se plantea como pretensión principal, de acuerdo con las reglas del Código Civil y Código Procesal Civil, por lo que no resulta acumulable a una demanda contencioso-administrativa, por ser de distinta naturaleza; sin embargo, la indebida acumulación a una demanda contencioso-administrativa no hace que esta sea improcedente, sino que deberá declararse improcedente solo la demanda acumulada de indemnización, admitiéndose a trámite la demanda contencioso-administrativa, en virtud del invocado principio de favorecimiento del proceso. (Casación N.° 108-2005-Ica, de 31/05/2006, f. j. 5. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 02-04-2007, p. 19089]. Texto completo: ).

Artículo 31: Oportunidad Los medios probatorios deberán ser ofrecidos por las partes en los actos postulatorios, acompañándose todos los documentos y pliegos interrogatorios. Se admitirán excepcionalmente medios probatorios extemporáneos, cuando estén referidos a hechos ocurridos o conocidos con posterioridad al inicio del proceso, vinculados directamente a las pretensiones postuladas. De presentarse medios probatorios extemporáneos, el Juez correrá traslado a la parte contraría por el plazo de tres días. Si a consecuencia de la referida incorporación es necesaria la citación a audiencia para la actuación de un medio probatorio, el Juez dispondrá su realización. Si el particular que es parte del proceso no tuviera en su poder algún medio probatorio y este se encuentre en poder de alguna entidad administrativa, deberá indicar dicha circunstancia en su escrito de demanda o de contestación, precisando el contenido del documento y la entidad donde se encuentra con la finalidad de que el órgano jurisdiccional pueda disponer todas las medidas necesarias destinadas a la incorporación de dicho documento al proceso. Artículo 32: Pruebas de oficio Cuando los medios probatorios ofrecidos por las partes sean insuficientes para formar convicción, el Juez en decisión motivada e inimpugnable, puede ordenar la actuación de los medios probatorios adicionales que considere convenientes.

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Artículo 33: Carga de la prueba Salvo disposición legal diferente, la carga de la prueba corresponde a quien afirma ios hechos que sustentan su pretensión. Sin embargo, si la actuación administrativa impugnada establece una sanción o medidas correctivas, o cuando por razón de su función o especialidad la entidad administrativa está en mejores condiciones de acreditar los hechos, la carga de probar corresponde a esta. Artículo 34: Obligación de colaboración por parte de la administración Las entidades administrativas deberán facilitar al proceso todos los documentos que obren en su poder e informes que sean solicitados por el Juez. En caso de incumplimiento, el juez podrá aplicar las sanciones previstas en el artículo 53 del Código Procesal Civil al funcionario responsable.

CAPÍTULO V MEDIOS IMPUGNATORIOS Artículo 35: Recursos En el proceso contencioso administrativo proceden ios siguientes recursos: 1. El recurso de reposición contra los decretos a fin de que el Juez los revoque. 2. El recurso de apelación contra las siguientes resoluciones: 2.1 Las sentencias, excepto las expedidas en revisión. 2.2 Los autos, excepto los excluidos por ley. 3. El recurso de casación contra las siguientes resoluciones: 3.1 Las sentencias expedidas en revisión por las Cortes Superiores; 3.2 Los autos expedidos por las Cortes Superiores que, en revisión, ponen fin al proceso. El recurso de casación procede en los casos que versen sobre pretensiones no cuantificables. Tratándose de pretensiones cuantificables, cuando la cuantía dei acto impugnado sea superior a 140 Unidades de Referencia Procesal (U.R.P) o cuando dicho acto impugnado provenga de autoridad de competencia provincial, regional o nacional; y, por excepción, respecto de los actos administrativos dictados por autoridad administrativa distrital, cuando la cuantía sea superior a 140 Unidades de Referencia Procesa! (U.R.P). En ios casos a que se refiere el artículo 26 no procede el recurso de casación cuando las resoluciones de segundo grado confirmen las de primera instancia, en caso de amparar la pretensión. 4. El recurso de queja contra las resoluciones que declaran inadmisible e improcedente el recurso de apelación o casación. También procede contra la resolución que concede el recurso de apelación con un efecto distinto al solicitado. Artículo 36: Requisitos de admisibilidad y procedencia Los recursos tienen los mismos requisitos de admisibilidad y procedencia regulados en el Código Procesal Civil. En caso de que el recurrente no acompañase la tasa respectiva o la acompañase en un monto inferior, el Juez o la Sala deberán conceder un plazo no mayor de dos días para que subsane el defecto. n o m o s & thesis

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MEDIDAS CAUTELARES

Art. 38

Artículo 37: Principios jurisprudenciales Cuando la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema fije en sus resoluciones principio jurisprudencial en materia contencioso administrativa, constituyen precedente vinculante. Los órganos jurisdiccionales podrán apartarse de lo establecido en el precedente vinculante, siempre que se presenten circunstancias particulares en el caso que conocen y que motiven debidamente las razones por las cuales se apartan del precedente. El texto íntegro de todas las sentencias expedidas por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República se publicarán en el Diario Oficial El Peruano y en la página web del Poder Judicial. La publicación se hace dentro de los sesenta días de expedidas, bajo responsabilidad. De otro lado, se incorpora la exigencia que el Juez debe ponderar la proporcionalidad entre la eventual afectación que causaría al interés público o a terceros la medida cautelar y el perjuicio que causa al recu­ rrente la eficacia inmediata de la actuación impugnable.

CAPITULO VI MEDIDAS CAUTELARES Artículo 38: Oportunidad La medida cautelar podrá ser dictada antes de iniciado un proceso o dentro de este, siempre que se destine a asegurar la eficacia de la decisión definitiva. Para tal efecto, se seguirán las normas del Código Procesal Civil con las especificaciones establecidas en esta Ley.

PLENOS JURISDICCIONALES

§ 4452. La ponderación de intereses como nuevo requisito de procedencia de la m edida cautelar. Si la ponderación de intereses constituye un nuevo requisito de procedencia de la medida cautelar ¿Deberá ser examinado con posterioridad a los requisitos ya conocidos de verosim ilitud del derecho , peligro en la dem oray adecuación de la m edida ,? E1 Pleno acordó p o r m a y o r í a : “El requisito de la ponderación de intereses correspondería evaluarse en la estación relativa al examen de la adecuación de la medida, luego de ser examinados los requisitos de verosimilitud del derecho y peligro en la demora”. {Pleno Jurisdiccional Regional Contencioso Administrativo, realizado en Lima, los días 04 y 05-09-2009. Tema N.° 3 [La actividad cautelar]. Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 4453. Las normas del Código Procesal Civil referidas a medidas cautelares se aplican de manera supletoria al proceso contencioso-administrativo. Sexto. Sobre las denuncias de infracción normativa de la Primera Disposición Final de la Ley N.° 27584, y de los artículos 608 y 636 del Código Procesal Civil, refiérela impugnante que al no estar normada en la LeyN.° 2 7584 las medidas cautelares fuera de proceso, la Sala Civil debió tener presente los artículos 608 y 636 del Código Procesal Civil, disposiciones que han sido inaplicadas. En ese sentido refiere que la presentación de la demanda quedó supeditada a lo que dispone el artículo 636 del Código Procesal Civil, esto es que la demanda debía interponerse dentro de los diez días posteriores a la ejecución de la medida cautelar dictada. (Casación N.° 340-2013-Arequipa, de 17-06-2013, £ j. 6. Sala de Derecho Constitucional Social y Permanente [EP, 30-01-2015, Sentencias en Casación N.° 700, p. 60000]. Texto completo: ).

♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

Art. 39

TUO DE LA LEY DEL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

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Artículo 39: Requisitos La medida cautelar se dictará en la forma que fuera solicitada o en cualquier otra forma que se considere adecuada para lograr la eficacia de la decisión definitiva, siempre que de los fundamentos expuestos por el demandante: 1. Se considere verosímil el derecho invocado. Para tal efecto, se deberá ponderar la proporcionalidad entre la eventual afectación que causaría al interés público o a terceros la medida cautelar y, el perjuicio que causa ai recurrente la eficacia inmediata de la actuación impugnable. 2. Se considere necesaria la emisión de una decisión preventiva por constituir peligro la demora de! proceso, o por cualquier otra razón justificable. No es exigible este requisito cuando se trate de pretensiones relacionadas con el contenido esencial del derecho a la pensión. 3. Se estime que resulte adecuada para garantizar 9aeficacia de la pretensión. Para la ejecución de la medida cautelar el demandante deberá ofrecer contracautela atendiendo a la naturaleza de la pretensión que se quiere asegurar. Tratándose de pretensiones contra actuaciones administrativas con contenido pecuniario, el Juez podrá requerir de una contracautela distinta a la caución juratoria. Si la resolución fina! no reconoce el derecho reclamado por el demandante, a pedido de la parte inte­ resada se procede conforme a las reglas establecidas en el Código Procesal Civil para la ejecución de la contracautela.

PLENOS JURISDICCIONALES

§ 4454. Procedencia de Sas medidas cautelares en procesos contencioso administrativos. El Pleno acordó por u n a n i m i d a d : “Primero: Procede el otorgamiento de medidas cautelares en los procesos contencioso administrativos en todos aquellos casos que se cumple con los requisitos genéricos de toda medida cautelar, especialmente en los requisitos específicos del artículo [39° del TUO] de la Ley [que regula el Proceso Contencioso Administrativo], debiendo cumplirse con ios test de fundabiiidad de la pretensión y el peligro en la demora además de la no irreversibiiidad de la medida cautelar”. (Pleno Jurisdiccional Distrital en materias Familia, Civil y Laboral, realizado por la Corte Superior de justicia de Moquegua, los días 16 y 17-07-2007. Tema N.° 3 [Procedencia de las medidas cautelares en procesos contencioso administrativos]. Texto completo: ).

Artículo 40: Medidas de innovar y de no innovar Son especialmente procedentes en el proceso contencioso administrativo las medidas cautelares de innovar y de no innovar.

CAPÍTULO Vil SENTENCIA Artículo 41: Sentencias estim atorias La sentencia que declare fundada la demanda podrá decidir en función de la pretensión planteada lo siguiente: 1. La nulidad, total o parcial, o ineficacia del acto administrativo impugnado, de acuerdo a lo demandado. n o m o s & thesis

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SENTENCIA

Art. 41

2. El restablecimiento o reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para el restablecimiento o reconocimiento de la situación jurídica lesionada, aun cuando no hayan sido pretendidas en la demanda. 3. La cesación de la actuación material que no se sustente en acto administrativo y la adopción de cuanta medida sea necesaria para obtener la efectividad de la sentencia, sin perjuicio de poner en conocimiento del Ministerio Público el incumplimiento para el inicio del proceso penal correspondiente y la determinación de los daños y perjuicios que resulten de dicho incumplimiento. 4. El plazo en el que la administración debe cumplir con realizar una determinada actuación a la que está obligada, sin perjuicio de poner en conocimiento del Ministerio Público el incumplimiento para el inicio del proceso penal correspondiente y la determinación de los daños y perjuicios que resulten de dicho incumplimiento. 5. El monto de la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados.

PLENOS JURISDICCIONALES

§ 4457. Sentencia estim atoria y principio de congruencia en el proceso contencioso administrativo. ¿Puede el ju ez otorgar en la sentencia estimatoria mayor derecho o cosa distinta a la peticionada, sin vulnerar el principio de congruencia? Eí Pleno acordó por m a y o r í a : “El juez del proceso contencioso administrativo, al emitir una sentencia estimatoria, sí puede otorgar mayor derecho o cosa distinta a la peticionada conforme a la recepción del proceso como de tutela subjetiva pienaria y en observancia a la finalidad del proceso contencioso administrativo prevista en el artículo 41° del TUO de la Ley N.° 27584”. (Pleno Jurisdiccional Nacional Contencioso Administrativo, realizado en Arequipa, el 07-09-2013- Tema N.° 3 [Sentencia estimatoria y principio de congruencia en el proceso contencioso administrativo]. Texto completo: ). § 4456. El juez puede anular el acto adm inistrativo, además de sustituirlo e im poner una sanción m enor a lo impuesto por la adm inistración pública. ¿Es jurídicam ente viable que la

ju risdicción contencioso administrativa, cuando p o r sentencia anula actos administrativos derivados de procedim ientos sancionadores y lo disciplinarios en los que haya impuesto determ inada sanción, pueda sustituirse a la autoridad adm inistrativa y en ejercicio de la plena jurisdicción im poner sanciones distintas de las contenidas en el acto administrativo declarado nulo? El Pleno acordó por m a y o r í a : “Es jurídicamente viable que la jurisdicción Contencioso Administrativa se sustituya a la administración e imponga una sanción luego de anular el acto administrativo derivado de un procedimiento sancionador y/o disciplinario, o sin necesidad de ello, pero dicha sanción solo puede ser menor a la que impuso la administración en el acto anulado por la autoridad judicial”. (Pleno Jurisdiccional Distrital en materia Contencioso Administrativo, realizado por la Corte Superior de Justicia de Lima, lo días 1 y 02-07-2010. Tema N.° 2 [El alcance del control jurisdiccional (sustitución o nulidad) respecto a la sanción adm inistrativa en los supuestos legales abiertos y/o plurales de sanción atendiendo a los principios de interdicción de la arbitrariedad y razonabilidad]. Texto completo: ). § 4455. La sentencia estim atoria en el proceso contencioso administrativo (PCA) de acuerdo a la normativa vigente del PCA. De acuerdo a la norm atividad vigente del PCA ¿Puede el Juez superar

el principio de congruencia procesal y otorgar en la sentencia mayor derecho o cosa distinta a la peticionada? El Pleno acordó p o r m a y o r í a : “El Juez del PCA, dentro de la concepción del proceso como de tutela subjetiva pienaria, y en observancia a la finalidad del PCA prevista en el artículo I o del TUO de la Ley N.° 27584, puede disponer o adoptar, en la sentencia, o con posterioridad a su emisión, las medidas que sean necesarias para que la sentencia estimatoria sea eficaz para el administrado”. (Pleno Jurisdiccional Regional Contencioso Administrativo, realizado en Lima, el 04 y 05-09-2009. Tema N.° 4 [La sentencia estimatoria en el proceso contencioso administrativo (PCA) de acuerdo a la normativa vigente del PCA]. Texto completo: cbit.ly/2JCS WnE>). ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

Art. 42

TUO DE LA LEY DEL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

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A rtículo 42: Conclusión anticipada del proceso Si la entidad demandada reconoce en vía administrativa ¡a pretensión del demandante, el Juez apreciará tal pronunciamiento y, previo traslado a la parte contraria, con su absolución o sin esta, dictará sentencia, salvo que el reconocimiento no se refiera a todas las pretensiones planteadas.

Artículo 43: Transacción o conciliación En cualquier momento del proceso, las partes podrán transigir o conciliar sobre pretensiones que con­ tengan derechos disponibles. Si el acuerdo homologado o aprobado es total, producirá la conclusión del proceso. De ser parcial, el proceso continuará sobre los aspectos no comprendidos. Para proponer o ac­ ceder a la fórmula de composición, la entidad deberá analizar objetivamente la expectativa de éxito de su posición jurídica en el proceso.

JURISPRUDENCIA PE LAS CORTES SUPERIORES

§ 4459. Improcedencia de la audiencia de conciliación en el proceso contencioso administrativo. Cuarto. [Conforme] al artículo 469° del Código Procesal Civil el fin de la audiencia de conciliación es propiciar la transacción del conflicto de intereses; en las acciones contenciosos administrativos no es viable tal finalidad porque los bienes jurídicos debatidos en estos procesos no son susceptibles de disposición o transacción e igual en las audiencias de actuación de pruebas, generalmente en estos procesos no se actúan pruebas admitidas, limitándose por ley a tener presente el mérito de las aceptadas, [...] de igual maneta, no es viable una audiencia de actuación de pruebas. (Exp. N.° 2089-02, de 0807-2003, f. j. 4. Primera Sala de Procesos Contencioso-Administrativos. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ).

A rtículo 44: Especificidad del mandato ju d icia l Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 122 del Código Procesal Civil, la sentencia que declara fundada la demanda deberá establecer el tipo de obligación a cargo del demandado, el titular de la obligación, el funcionario a cargo de cumplirla y el plazo para su ejecución.

A rtículo 45: Ejecución de la sentencia La potestad de hacer ejecutar las sentencias y demás resoluciones judiciales corresponde exclusivamente al Juzgado o Sala que conoció del proceso en primera instancia. En caso de que la ejecución corresponda a una Sala esta designará al Vocal encargado de la ejecución de la resolución. los conflictos derivados de actuaciones administrativas expedidas en ejecución de la sentencia serán resueltos en el propio proceso de ejecución de la misma. Antes deacudir ai Juez encargado de la ejecución, el interesado, si lo considera conveniente, podrá solicitar en vía administrativa la reconsideración de la actuación que originó el conflicto. Artículo 46: Deber personal de cumplimiento de la sentencia 46.1 Conforme a lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 139 de la Constitución Política y el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, las resoluciones judiciales deben ser cumplidas por el personal ai servicio de la administración pública, sin que estos puedan calificar su contenido o sus fundamentos, nom os & th e s is

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SENTENCIA

AH 47

restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo responsabilidad civil, penal o administrativa; estando obligados a realizar todos ios actos para la completa ejecución de la resolución judicial. 46.2 El responsable del cumplimiento del mandato judicial será la autoridad de más alta jerarquía de la entidad, el que podrá comunicar por escrito al Juez qué funcionario será encargado en forma específica de la misma, el que asumirá las responsabilidades que señala el inciso anterior. Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, el Juez podrá identificar al órgano responsable dentro de la entidad y otorgarle un plazo razonable para la ejecución de la sentencia. 46.3 En la ejecución de la sentencia los funcionarios encargados de exteriorizar la voluntad de las entidades mediante actuaciones son solidariamente responsables con esta. 46.4 La renuncia, el vencimiento del período de la función o cualquier otra forma de suspensión o conclusión del vínculo contractual o laboral con la administración pública no eximirá al personal al servicio de esta de las responsabilidades en las que ha incurrido por el incumplimiento del mandato judicial, si ello se produce después de haber sido notificado.

Artículo 47: Ejecución de obligaciones de dar suma de dinero Las sentencias en calidad de cosa juzgada que ordenen el pago de suma de dinero, serán atendidas por el Pliego Presupuestario en donde se generó la deuda, bajo responsabilidad del Titular del Pliego, y su cumplimiento se hará de acuerdo con los procedimientos que a continuación se señalan: 47.1 La Oficina General de Administración o la que haga sus veces del Pliego Presupuestario requerido deberá proceder conforme al mandato judicial y dentro del marco de las leyes anuales de presupuesto. 47.2 En el caso de que para el cumplimiento de la sentencia el financiamiento ordenado en el numeral anterior resulte insuficiente, el Titular del Pliego Presupuestario, previa evaluación y priorización de las metas presupuestarias, podrá realizar las modificaciones presupuestarias dentro de los quince días de notificada, hecho que deberá ser comunicado al órgano jurisdiccional correspondiente. 47.3 De existir requerimientos que superen las posibilidades de financiamiento expresadas en los numerales precedentes, los pliegos presupuestarios, bajo responsabilidad del Titular del Pliego o de quien haga sus veces, mediante comunicación escrita de la Oficina General de Administración, hacen de conocimiento de la autoridad judicial su compromiso de atender tales sentencias de conformidad con el artículo 70 del Texto Unico Ordenado de la Ley N.° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado mediante el Decreto Supremo 304-2012-EF.(1) 47.4 Transcurridos seis meses de la notificación judicial sin haberse iniciado el pago u obligado al mismo de acuerdo a alguno de los procedimientos establecidos en los numerales 47.1, 47.2 y 47.3 precedentes, se podrá dar inicio ai proceso de ejecución de resoluciones judiciales previsto en el artículo 713 y siguientes del Código Procesal Civil. No podrán ser materia de ejecución los bienes de dominio público conforme al artículo 73 de la Constitución Política del Perú. NOTA DE ACTUALIZACIÓ N (1) Numeral modificado por ia primera disposición complementaria modificatoria de ia Ley N.° 30137 (EP, 27-12-2013}.

PLENOS JURISDICCIONALES

§ 4460. Las empresas estatales deben seguir o no el procedimiento de pago que establece la Ley del Proceso Contencioso A d m in istrativ o para el cumplimiento de obligaciones laborales. El Pleno acordó por mayoría: “Las empresas estatales deben seguir el procedimiento de pago que establece el artículo 42° [hoy 47o] de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo, razón por la cual no resulta procedente decretar embrago de sus cuentas bancadas sino que sus obligaciones deben ser pagadas en forma fraccionada”. (Pleno Jurisdiccional Distrital en Materia Laboral 2007, realizado por la Corte

♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

Art. 48

TUO DE LA LEY DEL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

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Superior de Justicia de Junín, los días 30-11-2007 y 03-12-2007. Acuerdo N.° 1: Las empresas estatales deben seguir o no el procedimiento de pago que establece el artículo 42° de la Ley N.° 27584 para el cumplimiento de obligaciones laborales. Texto completo: ). § 4461. Aplicación del artículo 42 del proceso contencioso administrativo al proceso laboral. El Pleno acordó por mayoría: “Tratándose del cobro de deudas al Estado es constitucional considerar la aplicación del procedimiento previsto en el artículo 42° [hoy 47o] de la [...] Ley del Proceso Contencioso Administrativo, en el sentido de permitir a la entidad estatal correspondiente a someterse a alguno de los procedimientos previstos en la norma mencionada para que solamente si incumple con proponer alguno de dichos procedimientos o, en su caso, con el pago del cronograma de pagos asumido, dar inicio a la ejecución forzada, como lo prevé el dispositivo mencionado, debiendo tenerse en cuenta que el Tribunal Constitucional no ha declarado su inconstitucionalidad correspondiendo su aplicación al proceso laboral”. (Pleno jurisdiccional Distrital en Materia Laboral 2007, realizado por la Corte Superior de Justicia de Arequipa, el 07-12-2007. Acuerdo N.° 2: Aplicación del artículo 42 del proceso contencioso administrativo al proceso laboral. Texto completo: ),

A rtículo 48: Pago de intereses La entidad está obligada al pago de los intereses que generen el retraso en la ejecución de la sentencia.

PLENOS JURISDICCIONALES

§ 4462. Procedencia del pago de intereses en ios Procesos Contenciosos Administrativos.

¿Es procedente el pago de intereses en los Procesos Contencioso Administrativos p or parte de las entidades públicas ante el incum plim iento del pago de la bonificación del Decreto de Urgencia N.0 037-94? El Pleno acordó por mayoría: “Si es procedente el pago de intereses, sin que sea necesario agotar la vía administrativa siempre y cuando se solicite su pago por escrito a la administración, en aplicación de lo previsto en el articulo 21° inciso 2 del Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27584”. (Pleno Jurisdiccional Distrital en materia Contencioso Administrativo, realizado por la Corte Superior de Justicia de Amazonas, el 21-10-2011. Tema N.° 1 [Procedencia del pago de intereses en los Procesos Contenciosos Administrativos]. Texto completo: ). § 4463. Los intereses legales en el proceso contencioso administrativo rigen desde el prim er requerimiento. Desde cuándo rigen los intereses legales en un proceso contencioso administrativo. El Pleno acordó por mayoría: “Que los intereses legales en un proceso contencioso administrativo rigen desde el primer requerimiento”. (Pleno Jurisdiccional Distrital en Materia Civil, Laboral y Familia, realizado por la Corte Superior de Justicia de lea, el 16-07-2010. Tema N.° 4. Conclusión N.° 1. Texto completo: ). § 4464. Los intereses legales también pueden reclamarse en la vía contencioso adm inistrativa.

En qué vía pueden reclamarse el pago de los intereses legales en caso de no haberlo hecho en el proceso constitucional El Pleno acordó por mayoría: “Que los intereses legales en caso de no haberlos reclamado en el proceso constitucional se deben de hacer en la vía contencioso administrativa”. (Pleno Jurisdiccional Distrital en Materia Civil, Laboral y Familia, realizado por la Corte Superior de justicia de lea, el 16-07-2010. Tema N.° 4. Conclusión N.° 2. Texto completo: ),

A rtículo 49: Actos adm inistrativos contrarios a la sentencia Son nulos de pleno derecho los actos y disposiciones contrarios a los pronunciamientos de las sentencias que se dicten con la finalidad de eludir el cumplimiento de estas. n o m o s & th e s is

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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

A rtículo 50: Costas y Costos Las partes del proceso contencioso administrativo no podrán ser condenadas al pago de costos y cos­ tas.

PRECEDENTE VINCULANTE DE LA CORTE SUPREMA

§ 4465- Pago de costas y costos en eS proceso contencioso administrativo. D écim o Tercero.

Interpretación de esta Sala Suprema. [Esta] Sala concluye que el artículo 50° del Texto Unico Ordenado de la Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, debe ser interpretado teniendo en cuenta su naturaleza de norma prohibitiva, en los siguientes términos: “El órgano jurisdiccional especializado debe abstenerse de condenar al pago de costos y de costas procesales a las partes que intervienen en el proceso contencioso administrativo"' [...] D écim o Q uinto . Precedente Judicial: El artículo 37° del Texto Unico Ordenado de la Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto Supremo N.° 013-2008-JUS, autoriza a la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, a establecer precedentes vinculantes en sus resoluciones que contengan principios jurisprudenciales en materia contencioso administrativa; que en el caso de autos habida cuenta de la importancia de la materia que se ha puesto a su consideración, esta Suprema Sala considera procedente declarar que el criterio establecido en el considerando décimo tercero constituye precedente judicial vinculante para los órganos jurisdiccionales de la República, debiendo publicarse en el Diario Oficial El Peruano y en la página web del Poder Judicial. (Casación N.° 1035-2012-Huaura, de 14-08-2013, ff. jj. 13 y 15, que constituye precedente vinculante. Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria [EP, 02-12-2013, Sentencias en Casación N.° 686, p. 45627]. Texto completo: ).

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Primera: Competencia Las demandas contra actuaciones de las Autoridades Administrativas de Trabajo, son competencia de los jueces especializados en materia laboral, siguiendo las reglas del proceso contencioso administrativo contenidas en la presente Ley.

Segunda: Sistema de sub especialidades El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en ejercicio de las atribuciones previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuando lo considere conveniente, podrá instituir un sistema específico de sub especialidades a fin de brindar un servicio de justicia más eficiente en atención a las características particulares del conflicto.

DISPOSICIONES DEROGATORIAS Primera: Derogación expresa A partir de la vigencia de la presente Ley, quedan derogados: 1. Los artículos 540 al 545 del Subcapítulo Seis del Título II de la Sección Quinta del Código Procesal Civil promulgado por Decreto Legislativo N.° 768. 2. Los artículos 79 al 87 del Título III de la Sección Sétima de la Ley Procesal de Trabajo N.° 26636. ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

TUO DE LA LEY DEL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

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3. Los artículos 157 al 161 del Título IV del Libro Tercero del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo N.° 135-99-EF y sus normas modificatorias. 4. El artículo 157 del Capítulo XV del Título Duodécimo del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por Decreto Supremo N.° 014-92-EM. 5. Los artículos 9 y 10 del Capítulo II y la Décima Disposición Complementaria, Transitoria y Final del Texto Único Ordenado del Régimen Pensionario del Estado, aprobado por Decreto Supremo N.° 070-98EF. 6. El primer párrafo del artículo 17 del Decreto Ley N.° 25868, modificado por el artículo 64 del Decreto Legislativo N.° 807. 7. La Tercera Disposición Complementaria y Transitoria de la Ley N.° 26981. 8. El artículo 370 de la Ley N.° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros; 9. Todas las demás disposiciones legales que se opongan a la presente Ley, cualquiera sea su especialidad. Segunda; Derogación tácita Déjense sin efecto todas las disposiciones administrativas incompatibles con la presente Ley.

DISPOSICIÓN MODIFICATORIA Única; Modificación Modifiqúese el numeral 16.2 del artículo 16 de la Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva N.° 26979, en los términos siguientes: "Además del Ejecutor podrá disponer la suspensión del procedimiento el Poder Judicial, solo cuando dentro de un proceso de amparo o contencioso administrativo, exista medida cautelar”.

DISPOSICIONES FINALES Primera; Aplicación supletoria del Código Civil El Código Procesal Civil es de aplicación supletoria en los casos no previstos en la presente Ley. Segunda; Modificación Las disposiciones de la presente Ley solo serán modificadas por ley expresa. Tercera; Vigencia Esta Ley entrará en vigor a los 30 (treinta) días naturales siguientes a su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

n o m o s & th e s is

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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Cuarta: Irretroactividad Los procesos contencioso administrativos iniciados antes de la vigencia de esta Ley, continuarán su trámite según las normas procesales con las que se iniciaron. Los procesos contenciosos administrativos que se inicien a partir de la vigencia de esta Ley se tramitan conforme a sus disposiciones.

♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

PROCESOS NO CONTENCIOSOS

LEY H ° 26662 Ley de Competencia Notarial en Asuntos No Contenciosos (EP, 22-09-1996)

TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 3: Actuación notarial La actuación notarial en los asuntos señalados en el artículo 1, se sujeta a las normas que establece la presente ley, y supletoriamente a la Ley del Notariado y al Código Procesal Civil. Solo podrán intervenir en procesos no contenciosos, los notarios que posean título de abogado.

RESOLUCIONES DEL CONSEJO DEL NOTARIADO

§ 4466. Demora en la tramitación del procedimiento de sucesión intestada. Al advertirse la demora en la tramitación del procedimiento de sucesión intestada, desde su inicio hasta la fecha de remisión de los actuados al Poder Judicial, ocasionando perjuicio a las partes involucradas, el notario quejado incumplió a sus deberes funcionales según con lo establecido en los incisos f) y j) del artículo 16° del Decreto Legislativo N.° 1049, Decreto Legislativo del Notariado, concordante con el artículo 6o de la Ley N.° 26662. (Resolución N.° 003-2017-JUS/CN, sumilla. Consejo del Notariado).

Artículo 9: Escritura Pública Transcurrido el plazo que se señala en cada trámite, sin que medie oposición, el notario extiende la escritura pública correspondiente, en los casos en que la ley lo mande e inserta las publicaciones respec­ tivas.

RESOLUCIONES DEL CONSEJO DEL NOTARIADO

§ 4467. Trámite de rectificación de partida se realizó dentro de los plazos de ley. Resulta infundado el recurso de apelación planteado contra la resolución que declara no ha lugar la apertura de procedimiento disciplinario, toda vez que, el trámite de rectificación de partida se realizó dentro de los plazos previstos en la Ley N.° 26662 “Ley de Competencia Notarial en Asuntos no Contenciosos”, lo cual evidencia que no ha existido oposición alguna al trámite en mención. (Resolución N.° 016-2017JUS/CN, de 02-02-2017, sumilla. Consejo del Notariado. Texto completo: ). * SUMMA PROCESAL CIVIL

Alt 12

PROCESOS NO CONTENCIOSOS

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Artículo 12: Validez del documento notarial El documento notarial es auténtico y produce todos sus efectos, mientras no se rectifique o se declare judicialmente su invalidez.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL REGISTRAL

§ 4468. M ediante acta notarial rectificatoria no se puede modificar la composición de herederos declarados en una anterior acta notarial que resolvió una solicitud de sucesión intestada. La rectificación del documento notarial solo está referida a defectos en la redacción que no afecten el fondo del asunto. VI. [...] 7. Si bien en el artículo 12 de la Ley N.° 26662 se señala que el documento notarial que resuelve un asunto no contencioso es válido mientras no sea rectificado o invalidado judicialmente, dicha rectificación ha de entenderse referida a defectos en la redacción de dicho documento pero que no afecten el fondo de lo resuelto, porque en dicho caso se estaría invalidando la declaración notarial, función que compete únicamente al Poder Judicial. En el presente caso, mediante la presentación del acta de rectificación de declaratoria de herederos [...], efectuada por el notario se pretende modificar la sucesión intestada declarada en acta notarial [...] e inscrita en [...] Registro de Sucesiones Intestadas de Lima, en el sentido de declarar únicamente como herederos [del causante] a sus hijos [...], excluyéndose como heredera a Z. G. V., en razón a que verificado la partida de nacimiento presentada por esta última, se fia constatado que solamente ha sido reconocida por la madre mas no por el causante [...]. Como se puede apreciar, dicha rectificación afecta el sentido de lo resuelto al excluir a una de las herederas declaradas, invalidando por lo tanto la anterior declaración notarial, atribución que solo le compete al órgano jurisdiccional. 8. Si bien en el inciso b) del artículo 84 del Texto Unico Ordenado del Reglamento General de los Registros Públicos se señala que la rectificación de los errores de concepto se puede realizar mediante la presentación de título modificatorio otorgado por todos los interesados, si el error fue producido por la redacción vaga, ambigua, o inexacta del título primitivo; debe señalarse que dicho inciso se encuentra referido [...] a los casos de rectificaciones de errores de concepto, en que no sea clara la inadecuación entre la partida registra] y el título archivado. En ese caso, se requiere la presentación de nuevo título con las características señaladas. En el presente caso, sin embargo, no nos encontramos frente a un error de concepto ya que la sucesión intestada registrada en la partida electrónica [...] coincide con el título archivado que le dio mérito, es decir con el acta notarial del 23/4/2005. [No] resulta aplicable al presente caso dicha norma legal. 9. Al no ser procedente que mediante el acta rectificatoria presentada se excluya como heredera a una de las herederas declaradas, se desprende que el defecto advertido es insubsanable, conforme se indica en el inciso a) del artículo 42 del Texto Único Ordenado del Reglamento General de los Registros Públicos, por lo que debe procederse a su tacha. (Res. N.° 559-2005-SUNARP-TR-L, de 28-09-2005, ff. VI.7 al VI-9. Tribunal registrai. Texto completo: ).

Artículo 13: Publicaciones La publicación de avisos a que se refiere la presente ley, se realiza por una sola vez en el diario oficial y en otro de amplia circulación del lugar donde se realiza el trámite, y, a falta de diario en dicho lugar, en el de la localidad más próxima. Si fuera el caso, se observará lo dispuesto en el artículo 169 del Código Procesal Civil. En el aviso debe indicarse el nombre y la dirección det notario ante quien se hace el trámite.{1) NOTA DE ACTUALIZACIÓ N (1) Artículo modificado por el artículo único de la Ley N.° 26809 (EP, 16-06-1997).

n o m o s & th e s is

1369

LEY DE COMPETENCIA NOTARIAL EN ASUNTOS NO CONTENCIOSOS

Aft. 19

TÍTULO 11 RECTIFICACIÓN DE PARTIDAS Artículo 15: Objeto del trám ite Las rectificaciones que tengan por objeto corregir los errores y omisiones de nombre, apellidos, fecha de nacimiento, de matrimonio, defunción u otros que resulten evidentes del tenor de la propia partida o de otros documentos probatorios, se tramitarán ante notario. En ningún caso se podrá seguir el trámite notarial para cambiar el nombre de la persona o sus apellidos, el sexo u otra información contenida en la partida que no surja de un error evidente.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 4469. Rectificación notarial de la partida de nacimiento por error en el nombre de la madre, no tiene por qué significar una declaración de filiación materna. D écim o segundo. Conforme se aprecia del testimonio de la Escritura Pública [...], el Notario Público cumplió con rectificar la partida de nacimiento de Angel Alejandro N. F. en la parte que por error se consignó el nombre de su madre como Marcela María F. lores debiendo ser lo correcto Marcela F Ch., según los documentos que se presentaron y que acreditaron lo solicitado, mas no se rectificó la partida de nacimiento de la madre del solicitante cuya identidad representada a través de su nombre no ha sido cambiada, pues como es de verse de la partida de matrimonio Alejandro N. F. con posterioridad a su matrimonio con Marcelina F Ch. asentó la partida de Angel Alejandro N. F. consignando en forma errónea el nombre de la prenombrada; por consiguiente al no haberse cambiado el nombre de la madre del codemandado Ángel Alejandro N. F. ni se ba rectificado la partida de nacimiento de esta, se puede concluir que no existe una declaración de filiación materna como lo sostiene la impugnante. Por ello, se puede determinar que el juzgador al comprobar las circunstancias de hecho, aplica correctamente el artículo 15 de la Ley N.° 26662 a la situación fáctica, resultando errado sostener que existe inaplicación de los artículos 29, 373 y 375 del Código Civil al caso de autos. (Casación N.° 3294-2013-Lima, de 03-112014, f. j. 12. Sala Civil Transitoria [EP, 02-03-2015, Sentencias en Casación N.° 701, p. 60722]. Texto completo: ).

Artículo 19; Escritura pública Transcurridos diez días útiles desde la publicación del último aviso, el notario elevará a escritura pú­ blica la solicitud, insertando los instrumentos que acrediten su pedido y cursará los partes al registro respectivo.

RESOLUCIONES DEL CONSEJO DEL NOTARIADO

§ 4470. Trámite de rectificación de partida: plazos de ley. Resulta infundado el recurso de apelación planteado contra la resolución que declara no ha lugar la apertura de procedimiento disciplinario, toda vez que, el trámite de rectificación de partida se realizó dentro de los plazos previstos en la Ley N.° 26662 “Ley de Competencia Notarial en Asuntos no Contenciosos”, lo cual evidencia que no ha existido oposición alguna al trámite en mención. (Resolución N.° 016-2017-JUS/CN, de 02-02-2017, sumiíla. Consejo del Notariado, Texto completo: ).

♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

AH 38

PROCESOS NO CONTENCIOSOS

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TÍTULO Vil SUCESSÓM INTESTADA Artículo 38: Procedencia La solicitud será presentada por cualquiera de los interesados a que alude el artículo 815 del Código Civil, o por el integrante sobreviviente de la unión de hecho reconocida conforme a ley, ante el notario del lugar del último domicilio del causante.(1) NOTA DE ACTUALIZACIÓN (1) Artículo modificado por el artículo 10 de la Ley N.° 30007 (EP, 17-04-2013).

RESOLUCIONES DEL CONSEJO DEL NOTARIADO

§ 4471. Sanción al notario que declara como heredero a quien no tenía dicha condición. El notario tiene por delegación de ley, la obligación de atender procesos no contenciosos, por lo que asume responsabilidad en la calificación de los posibles herederos; sin embargo, en el presente caso, se ha declarado como tal a quien no tenía dicha condición; asimismo, el notario llevó adelante el procedimiento de sucesión intestada en clara contravención del artículo 38 de la Ley N.° 26662. Por lo tanto, se declara infundado el recurso de apelación y se confirma la resolución que impone sanción al notario quejado. (Resolución N.° 088-2016-JUS/CN, de 19-12-2016, sumilla. Consejo del Notariado. Texto completo: ),

TÍTULO IX CONVOCATORIA A JUNTA OBLIGATORIA ANUAL Y A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS NOTA DE ACTUALIZACIÓN (1) Título incorporado por el artículo 2 de la Ley N.° 29560 (EP, 16-07-2010)

Artículo 53: Procedencia Procede la convocatoria notarial ajunta general cuando el órgano social encargado de la convocatoria no lo hubiera hecho, pese a haberlo solicitado el mínimo de socios que señala la ley y se haya vencido el término legal para efectuarla. En el caso de junta obligatoria anual, procede cuando un socio o el titular de una sola acción con derecho a voto lo soliciten. En ambos casos se verifica el cumplimiento de lo establecido en los artículos 117 y 119 de la Ley núm. 26887, Ley General de Sociedades.

RESOLUCIONES DEL CONSEJO DEL NOTARIADO

§ 4472. Si bien el notario tiene la autorización para tram itar ante él convocatorias a ju n ta general, dicha intervención no debe ser interpretada como asesoría legal. Conforme a lo dispuesto en la Ley N.° 26662, Ley de Competencia Notarial en Asuntos No Contenciosos, el notario tiene la n o m o s & thesis

1371

LEY DEL PROCESO DE FILIACIÓN DE PATERNIDAD EXT RAM ATRI MONI AL

Aft. 1

autorización para tramitar, ante él, convocatorias a junta general y a intervenir en asuntos referidos a actos extra protocolares tales como juntas, directorios, asambleas, comités y demás actuaciones corporativas, para la extensión o autorización de los respectivos instrumentos públicos notariales, conforme lo establece el artículo 94° del Decreto Legislativo N,° 1049; intervenciones y actuaciones que no deben ser interpretadas como asesoría legal, sino como servicios que brinda su oficio notarial, para lo cual es requerido y que el notario los brinda dentro de los parámetros de su competencia. (Resolución N.° 039-2018-JUS/CN, de 22-05-2018, sumiíla. Consejo del Notariado. Texto completo: ).

LEY N.° 28457 Ley que regula el proceso de filiación judicial de paternidad extramatrimonial (EP, 0 8-0 1-2 0 05 ) Artículo 1: Demanda, acumulación de pretensiones y juez competente Quien tenga legítimo interés en obtener una declaración de paternidad puede pedir al juez de paz letrado que expida resolución declarando la filiación demandada. En este mismo proceso podrá acumularse como pretensión accesoria, la fijación de una pensión alimentaria, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 85 del Código Procesal Civil. En este caso, el juez, además de expedir e! mandato declaratorio de paternidad extramatrimonial, correrá traslado al emplazado de la pretensión de alimentos. El emplazado tiene un plazo no mayor a diez días de haber sido notificado válidamente para oponerse y absolver el traslado de la pretensión de alimentos sujetándose a lo establecido en el artículo 565 del Código Procesal Civil. Si el emplazado no formula oposición dentro del plazo de diez días de haber sido notificado válidamente, el mandato se convertirá en declaración judicial de paternidad y el juez dictará sentencia pronunciándose sobre la pretensión de alimentos.(1) N O TA D E ACTUALIZACIÓ N (1) Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley N.° 29821 (EP, 28-12-2011).

TERCER PLENO CASATORIO CIVIL

§ 4473. En los procesos de fam ilia, como en los de alimentos, divorcio, filiación, violencia fam iliar, entre otros, el Juez tiene facultades tuitivas y, en consecuencia, se debe flexibilizar algunos principios y normas procesales. Véase la jurisprudencia del artículo IX del Código Procesal Civil [§ 382], (Tercer Pleno Casatorio Civil [Tema: Divorcio por causal de separación de hecho], realizado el 18-03-2011, Casación N.° 4664-2010-Puno [EP, 13-05-2011], que establece seis reglas (entre ellas esta) como doctrina jurisprudencial vinculante. Texto completo: ). PLENOS JURISDICCIONALES

§ 4474. El proceso diseñado por la Ley N.° 28457 (Proceso de filiación judicial de paternidad extramatrimonial) es un proceso de naturaleza especial que no se ajusta a ninguno de los procesos ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

Árf.2

PROCESOS NO CONTENCIOSOS

1372

del Código Procesal Civil. El Pleno acuerda por unanimidad : P rim ero. En tanto la Ley N.° 28457 crea una forma especial de solicitar la filiación de paternidad extramatrimonial, debe cumplirse con la misma y en efecto tramitarse la filiación extramatrimonial, en este proceso especial, dado que el proceso que se ha diseñado por la Ley N.° 28457 que modifica el artículo 402 del C.C., es un proceso de naturaleza especial que no se ajusta a ninguno de los procesos del Código Procesal Civil. Sin embargo, tratándose de un derecho tan importante como es la filiación, que además va a significar la imputación de una paternidad que va a generar obligaciones para el padre y del que van a nacer derechos para el hijo, el proceso adoptado por la norma no parece ser el más adecuado. S egundo. Es posible que dentro de este proceso especial se solicite el auxilio judicial y bajo el principio de trascendencia dado el carácter especial del proceso no se formará cuaderno aparte, y en caso de concederse el auxilio, es el Estado el que deberá correr con los gastos de realización de la prueba de ADN. Tercero. En el proceso de reconocimiento de filiación de paternidad extramatrimonial se cumple con el Principio de Pluralidad de Instancias con el pronunciamiento del Juez de Primera Instancia respecto de la resolución pronunciada por el juzgado de Paz Letrado. C uarto. Este proceso no se equipara a un proceso ejecutivo, ni a ningún proceso de los previstos en el Código Procesal Civil, por su naturaleza especial. Q uinto. No es necesaria la realización de una audiencia por cuanto se desnaturalizaría el trámite. Debe tenerse en cuenta que la naturaleza de la prueba científica es irrefutable, por tanto no es necesaria la explicación del dictamen pericial en Audiencia. (Pleno Jurisdiccional Distrital de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, realizado el 21 de junio de 2005, Materia Civil, Acuerdo N.° 2 [Declaración judicial de paternidad extramatrimonial]. Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

§ 4475. No es atendible la solicitud de declaración de paternidad solicitada por una madre cuando esta se realiza después de muerte del hijo. 2. [La] resolución cuestionada se encuentra razonablemente sustentada al señalar que el artículo 1 [de] la Ley N.° 28457 [Ley que regula el proceso de filiación judicial de paternidad extramatrimonial], al referirse a ‘ quien tenga legítimo interés”, debe ser interpretado y concordado con el artículo 407° del Código Civil, que dispone sobre quiénes recae la titularidad de ia acción de declaración judicial de paternidad extramatrimonial, indicando que por regla general la acción no pasa a los herederos, es decir, no es transmisible m onis causa. 3. Ciertamente, establece la excepción de que los herederos del hijo (descendientes) sí podrán continuar la acción si es que esta se hubiera iniciado antes del fallecimiento. Sin embargo, ello no resulta atendible en el presente caso, ya que la acción promovida a favor de la hija menor de edad (para quien se está solicitando la declaración de paternidad) es posterior a su muerte, por lo que la representación legal como madre ha fenecido con la muerte de la menor. En este sentido, no existe legítimo interés en la obtención de una declaración de paternidad extramatrimonial en la demandante, por cuanto la beneficiada [...] dejó de ser sujeto de derecho al haber fallecido. (Exp. N.° 04305-2012-PA/TC, de 01-09-2010 [Web: 17-032015 / EP: 14-05-2016], ffi jj. 2 y 3. Texto completo: ).

Artículo 2: Oposición La oposición no genera declaración judicial de paternidad siempre y cuando el emplazado se obligue

a realizarse la prueba biológica del ADN. El juzgado fijará fecha para la audiencia única, la que deberá realizarse dentro de los diez días siguientes. En la audiencia se llevará a cabo la toma de muestras para la prueba biológica del ADN, la cual es realizada con muestras del padre, la madre y el hijo; en caso el padre no tenga domicilio conocido, sea inubicable o este haya muerto, podrá realizarse la prueba al padre, madre u otros hijos del demandado de ser el caso. Asimismo, en la audiencia se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 555 y demás del Código Procesal Civil en lo que respecta a la pretensión de fijación de una pensión alimentaría.

n o m o s & th esás

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LEY DEL PROCESO DE FILIACIÓN DE PATERNIDAD EXTRAMATRIMONIAL

AíL 2

El costo de la prueba es abonado por la parte demandada en la audiencia al laboratorio privado al que se encargue la realización de la prueba. Este deberá estar acreditado conforme a la regulación sanitaria correspondiente para brindar las garantías necesarias. Si la parte demandada no realiza el pago de la prueba en la audiencia, se reprograma la toma de muestras dentro de los diez días siguientes. Vencido dicho plazo se declara la paternidad. Si lo desea, la parte demandante puede asumir el costo de la prueba en un laboratorio privado. El juzgado resuelve la causa por el solo mérito del resultado de la prueba biológica del ADN si esta se realiza o por el vencimiento del plazo previsto en el párrafo precedente. Se resolverá la causa de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 4. Para efectos de la presente ley, no resulta necesaria la realización de la audiencia especial de ratificación pericial, ni los actos procesales que establece el artículo 265 del Código Procesal Civil.(1) NOTA DE ACTUALIZACIÓN (1) Artículo modificado por el Artículo 1 de ¡a Ley N.° 30628 (EP, 03-08-2017). Anteriormente había sido modificado por el artículo 1 de ia Ley N.° 29821 (EP, 28-12-2011) y el artículo 1 de ¡a Ley N.° 29715 (EP, 22-06-2011).

PLENOS JURISDICCIONALES

§ 4476. La prueba trasladada a otro proceso es válida, siempre que se respete las garantías del contradictorio del medio probatorio. En los procesos de filiación ju d icia l d e paternidad

extramatrimonial regulada en la Ley N.028457, ¿Puede admitirse y valorarse la prueba de ADN obtenida en otro proceso judicial, en aplicación d el artículo 198 del Código Procesal Civil? El Pleno acordó por mayoría: “Sí es posible valorar la prueba de ADN obtenida en otro proceso judicial, para ser homologado en los procesos de filiación judicial de paternidad extramatrimonial, siempre que haya sido obtenida válidamente, respetando las garantías del contradictorio del medio probatorio, y que haya tenido eficacia probatoria”. (II Pleno Jurisdiccional Distrital en Civil y Familia, realizado por la Corte Superior de Justicia de Huancavelíca, el día 27-10-2011. Materia Familia: Tema II. Texto completo: ). J URISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 4477. La ley no obliga al padre demandado a someterse a la prueba de ADN. Sin embargo, si no concurre, el juez valorará su conducta ante un medio probatorio determinante que busca proteger al menor. D écim o tercero. A la luz de los principios reseñados, debe analizarse la aludida incompatibilidad de 1a Ley N.° 28457 con los derechos constitucionales a la libertad y al debido proceso, sostenida en la sentencia consultada. Con relación a lo primero debe señalarse que la referida ley no obliga al demandado a someterse a la prueba de sangre ni a que se le conduzca de grado o fuerza; por el contrario, la norma señala en el tercer párrafo del artículo 2 que si después de transcurridos diez días de vencido el plazo, el emplazado no cumpliera con la realización de la prueba por causa injustificada, su oposición será declarada improcedente y el mandato se convertirá en declaración judicial de paternidad. Significa que el demandado es libre de decidir si concurre a la roma de las muestras para la prueba de ADN; más aún, al formular la oposición se obliga a asistir, empero, en caso que no asista injustificadamente, como el caso de autos, el Magistrado deberá pronunciarse por la improcedencia de la oposición y declarar judicialmente la paternidad. Lo que se evalúa es su conducta ante un medio probatorio que resulta determinante, y que daría solución a la litis, y con ello se busca proteger el derecho fundamental a la identidad y al nombre de la persona, en este caso del menor cuyo reconocimiento de paternidad se pide. Si bien es cierto el derecho a la libertad es fundamental y debe ser protegido, este al igual que todos los derechos puede ser regulado y puede ser materia de restricciones en tanto se opongan o relacionen con otros derechos, más allá que, como se ha explicado en el motivo anterior, no existe vulneración alguna a dicho derecho. (Consulta Exp. N.° 1699-2007-Cono Norte, de 13-08-2007, f. j. 13. Sala de Derecho Constitucional y Social. Texto completo: ). * SUMMA PROCESAL CIVIL

A lt 1

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PROCESOS NO CONTENCIOSOS

LEY N.° 29227 Ley que regula el Procedimiento No Contencioso de la Separa­ ción Convencional y Divorcio Ulterior en las Municipalidades y Notarías (EP, 1 6-0 5-2 0 08 )

LEY QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO NO CONTENCIOSO DE LA SEPARACIÓN CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR EN LAS MUNICIPALIDADES Y NOTARÍAS Artículo 1: Objeto de la ley La presente Ley tiene por objeto establecer y regular el procedimiento no contencioso de separación convencional y divorcio ulterior en las municipalidades y notarías.

TERCER PLENO CASATQRIO CIVIL

§ 4478. En los procesos de fam ilia, como en los de alimentos, divorcio, filiación, violencia fam iliar, entre otros, el Juez tiene facultades tuitivas y, en consecuencia, se debe flexibilízar algunos principios y normas procesales. Véase la jurisprudencia del artículo IX del Código Procesal Civil [§ 382]. (Tercer Pleno Casatorio Civil [Tema: Divorcio por causal de separación de hecho], realizado el 18-03-2011, Casación N.° 4664-2010-Puno [EP, 13-05-2011], que establece seis reglas (entre ellas ésta) como doctrina jurisprudencial vinculante. Texto completo: cbit.ly/2qmlDzR>).

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LEY GENERAL DE

ARBITRAJE

DECRETO LEGISLATIVO N.° 1071 Decreto Legislativo que norma el arbitraje (EP, 2 8 -0 6-2 0 08 )

TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 3: Principios y derechos de la función arbitral 1. En los asuntos que se rijan por este Decreto Legislativo no intervendrá la autoridad judicial, salvo en los casos en que esta norma así lo disponga. 2. El tribunal arbitral tiene plena independencia y no está sometido a orden, disposición o autoridad que menoscabe sus atribuciones. 3. £1tribunal arbitral tiene plenas atribuciones para iniciar y continuar con el trámite de las actuaciones arbitrales, decidir acerca de su propia competencia y dictar el laudo. 4. Ninguna actuación ni mandato fuera de las actuaciones arbitrales podrá dejar sin efecto las deci­ siones del tribunal arbitral, a excepción del control judicial posterior mediante el recurso de anulación del laudo contemplado en este Decreto Legislativo. Cualquier intervención judicial distinta, dirigida a ejercer un control de las funciones de ios árbitros o a interferir en las actuaciones arbitrales antes del laudo, está sujeta a responsabilidad.

PRECEDENTE VINCULANTE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

§ 4479. Reglas de procedencia e im procedencia del amparo arbitral. Objeto del ejercicio del control difuso de constitucionalidad en la jurisdicción arbitral. 20. [Con] la finalidad de establecer de modo claro y preciso los criterios a utilizarse en materia de amparo arbitral, este Supremo Intérprete de la Constitución establece, con calidad de precedentes vinculantes, las siguientes reglas: Im procedencia del amparo arbitral a) El recurso de anulación previsto en el Decreto Legislativo N.° 1071, que norma el arbitraje y, por razones de temporalidad, los recursos de apelación y anulación para aquellos procesos sujetos a la Ley General de Arbitraje (Ley N.° 26572) constituyen vías procedimentales específicas, igualmente satisfactorias para la protección de derechos constitucionales, que determinan la improcedencia del amparo de conformidad con el artículo 5o, inciso 2), del Código Procesal Constitucional, salvo las excepciones establecidas en la presente sentencia, b) De conformidad con el inciso b) del artículo 63° del Decreto Legislativo N.° 1071, no procede el amparo para la protección de derechos constitucionales aun cuando estos constituyan parte del debido proceso o de la tutela procesal efectiva. La misma regla rige para los casos en que sea de aplicación la antigua Ley General de Arbitraje, Ley N.° 26572. c) Es improcedente el amparo para cuestionar la falta de convenio arbitral. En tales casos la vía idónea que corresponde es el recurso de ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

Alt. 3

LEY GENERAL DE ARBITRAJE

1378

anulación, de conformidad con el inciso a) del artículo 63° del Decreto Legislativo N.° 1071; o el recurso de apelación y anulación si correspondiera la aplicación del inciso 1 del artículo 65° e inciso 1 del artículo 73° de la Ley N.° 26572, respectivamente, d) Cuando a pesar de haberse aceptado voluntariamente la jurisdicción arbitral, las materias sobre las que ha de decidirse tienen que ver con derechos fundamentales de carácter indisponible o que no se encuentran sujetas a posibilidad de negociación alguna, procederá el recurso de anulación (Decreto Legislativo que norma el Arbitraje, artículo 63° [incisos V ’ y “f ”]) o los recursos de apelación y anulación (Ley General de Arbitraje, respectivamente, artículos 65° [inciso 1] y 73° [inciso 7]), siendo improcedente el amparo alegándose el mencionado motivo (artículo 5o, inciso 2, del Código Procesal Constitucional), e) La interposición del amparo que desconozca las reglas de procedencia establecidas en esta sentencia no suspende ni interrumpe los plazos previstos para demandar en proceso ordinario el cuestionamiento del laudo arbitral vía recurso de anulación y/o apelación según corresponda, f) Contra lo resuelto por el Poder Judicial en materia de impugnación de laudos arbitrales solo podrá interponerse proceso de amparo contra resoluciones judiciales, co n fo rm e a las reglas del artículo 4o del Código Procesal Constitucional y su desarrollo jurisprudencial. 21. Supuestos de procedencia d el amparo arbitral. No podrá declararse la improcedencia del amparo arbitral por aplicación del artículo 5o inciso 2) del Código Procesal Constitucional, en los siguientes supuestos: a) Cuando se invoca la vulneración directa o frontal de los precedentes vinculantes establecidos por el Tribunal Constitucional, b) Cuando en el laudo arbitral se ha ejercido control difuso sobre una norma declarada constitucional por el Tribunal Constitucional o el Poder Judicial, según corresponda, invocándose la contravención al artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, c) Cuando el amparo sea interpuesto por un tercero que no forma parte del convenio arbitral y se sustente en la afectación directa y manifiesta de sus derechos constitucionales a consecuencia del laudo pronunciado en dicho arbitraje, salvo que dicho tercero esté comprendido en el supuesto del artículo 14° del Decreto Legislativo N.° 1071. En el caso de los supuestos a) y b) del presente fundamento, será necesario que quien se considere afectado haya previamente formulado un reclamo expreso ante el tribunal arbitral y que este haya sido desestimado, constituyendo tal reclamo y su respuesta, expresa o implícita, el agotamiento de la vía previa para la procedencia del amparo. La sentencia que declare fundada la demanda de amparo por alguno de ios supuestos indicados en el presente fundamento, puede llegar a declarar la nulidad del laudo o parte de él, ordenándose la emisión de uno nuevo que reemplace al anterior o a la parte anulada, bajo los criterios o parámetros señalados en la respectiva sentencia. En ningún caso el juez o el Tribunal Constitucional podrán resolver el fondo de la controversia sometida a arbitraje. [...] 26. No obstante, el ejercicio del control difuso de constitucionalidad en la jurisdicción arbitral debe ser objeto, como se acaba de expresar, de modulación por este Supremo Intérprete de la Constitución, con el propósito de que cumpla debidamente su finalidad de garantizar la primacía de la Constitución y evitar así cualquier desviación en el uso de este control constitucional. Por ello, se instituye la siguiente regla: El control difuso de la jurisdicción arbitral se rige por las disposiciones del artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional y la jurisprudencia vinculante dictada por este Tribunal Constitucional sobre el control difuso. Solo podrá ejercerse el control difuso de constitucionalidad sobre una norma aplicable al caso de la que dependa la validez del laudo arbitral, siempre que no sea posible obtener de ella una interpretación conforme a la Constitución y además, se verifique la existencia de un perjuicio claro y directo respecto al derecho de alguna de las partes. (Exp. N.° 001422011-PA/TC [Caso Sociedad Minera de Responsabilidad Ltda. M aría Julia\, del 21-09-2011 [Web: 2609-2011 / EP: 05-10-2011], que declara que los criterios previstos en los ff. jj. 20, 21 y 26, constituyen precedente vinculante inmediato]. Texto completo: ). § 4480. Supuestos de procedencia de) proceso constitucional contra la jurisdicción arbitral. 17. En el contexto descrito y en la lógica de concretizar de un modo más aproximativo los supuestos en que se habilitaría el control constitucional sobre la jurisdicción arbitral, este Tribunal estima oportuno enfatizar que, desde un punto de vista casuístico, serían entre otras tres las situaciones o hipótesis principales en las que podría configurarse la citada variable fiscalizadora: a) Cuando la jurisdicción arbitral vulnera o amenaza cualquiera de los componentes formales o sustantivos de la tutela procesal n o m o s & th e s is

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LEY GENERAL DE ARBITRAJE

Art. 3

efectiva (debido proceso, tutela jurisdiccional efectiva, etc.). Esta causal solo puede ser invocada una vez que se baya agotado la vía previa; b) Cuando la jurisdicción arbitral resulta impuesta ilícitamente, de modo compulsivo o unilateral sobre una persona (esto es, sin su autorización), como fórmula de solución de sus conflictos o de las situaciones que le incumben; c) Cuando, a pesar de haberse aceptado voluntariamente la jurisdicción arbitral, esta verse sobre materias absolutamente indisponibles (derechos fundamentales, temas penales, etc.). 18. En lo que respecta a la primera hipótesis, este Colegiado no tiene sino que reiterar los criterios de control constitucional que suelen invocarse en el caso de procesos constitucionales contra resoluciones judiciales. Lo dicho, en otras palabras, quiere significar que así como ocurre respecto de otras variables jurisdiccionales, y principalmente de la judicial, en el caso del supuesto examinado, la jurisdicción arbitral podrá ser enjuiciada constitucionalmente cuando vulnere o amenace cualquiera de los componentes de la tutela jurisdiccional efectiva (derecho de acceso a la jurisdicción o eficacia de lo decidido) o aquellos otros que integran el debido proceso; sea en su dimensión formal o procedimentai (jurisdicción predeterminada, procedimiento preestablecido, derecho de defensa, motivación resolutoria, etc.); sea en su dimensión sustantiva o material (estándares de razonabilidad y proporcionalidad), elementos todos estos a los que, por lo demás y como bien se sabe, el Código Procesal Constitucional se refiere bajo la aproximación conceptual de tutela procesal efectiva (artículo 4). 19. En lo que respecta a la segunda hipótesis enunciada, queda claro que la naturaleza de la jurisdicción arbitral es en esencia facultativa para el caso de los particulares o sujetos privados. Desde dicha perspectiva, es evidente que toda situación en que se le pretenda articular con carácter obligatorio o sin consentimiento expreso de quienes suscriban un contrato, se constituirá en un fenómeno abiertamente inconstitucional, que habilitará con toda legitimidad el ejercicio de la jurisdicción constitucional. Lo señalado, en otras palabras, lleva implícita la regla de que los particulares no pueden ser despojados de su derecho a que sus conflictos o controversias sean prim a fa cie ventilados ante la jurisdicción ordinaria, de manera tal que solo será en situaciones excepcionales, nacidas de su propia voluntad, en que se habilitará el ejercicio de la jurisdicción arbitral. 20. Finalmente, y en lo que respecta a la tercera hipótesis de control, este Colegiado estima que, aun cuando la jurisdicción arbitral tenga su origen en el consentimiento de quienes participan de una relación contractual, ello de ninguna manera justificará el que hacia su estructura se reconduzcan asuntos por su propia naturaleza indisponibles por los propios sujetos participantes de dicha relación. Es eso precisamente lo que ocurre cuando se trata de derechos fundamentales que, como se sabe, no pueden ser objeto de negociación alguna ni siquiera en los casos en que exista la voluntad expresa de prescindir de los mismos o alterarlos en todo o parte de su contenido. Es eso también lo que sucede, por citar otros supuestos, con las materias penales o incluso con las materias tributarias en las que el Estado de ninguna manera puede renunciar a su capacidad de control y sanción. (Exp. N.° 4972-2006-PA/TC [Caso Corporación M eier S.A.C. y Persolar S.A.C.], del 04-08-2006 [Web: 18-10-2007 / EP: 11-04-2008], que declara que los criterios previstos en los ff. jj, 17 al 20, entre otros, constituyen precedente vinculante inmediato. Texto completo: ). § 4481. Naturaleza de la jurisdicción arbitral. Dimensiones subjetiva y objetiva del proceso arbitral. Principio de kompetenz-kompetenz y el control constitucional en la jurisdicción arbitral. 8. [Cabe] preguntarse si es constitucionalmente legítimo el establecimiento de esta jurisdicción de carácter privado. Al respecto, conforme lo ha establecido este Colegiado “(...) el ejercicio de la jurisdicción implica cuatro requisitos, a saber: a) Conflicto entre las partes, b) Interés social en la composición del conflicto, c) Intervención del Estado mediante el órgano judicial, como tercero imparciaí. d) Aplicación de la ley o integración del derecho”. Qué duda cabe, que prim a fa cie la confluencia de estos cuatro requisitos definen la naturaleza de la jurisdicción arbitral, suponiendo un ejercicio de la potestad de administrar justicia, y en tal medida, resulta de aplicación en sede arbitral el artículo VI in fin e del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional por el cual los jueces (y por extensión, también los árbitros) quedan vinculados a los preceptos y principios constitucionales conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones del Tribunal Constitucional; sin perjuicio del precedente vinculante con efectos normativos del artículo VII del título preliminar del Código Procesal Constitucional. [...] 11. Es justamente, la naturaleza propia de la jurisdicción * SUMMA PROCESAL CIVIL

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arbitral y las características que la definen, las cuales permiten concluir a este Colegiado que no se trata del ejercicio de un poder sujeto exclusivamente al derecho privado, sino que forma parte esencial del orden público constitucional. La facultad de los árbitros para resolver un conflicto de intereses no se fundamenta en la autonomía de la voluntad de las partes del conflicto, prevista en el artículo 2 o inciso 24 literal a de la Constitución, sino que tiene su origen y, en consecuencia, su límite, en el artículo 139° de la propia Constitución. De allí que el proceso arbitral tiene una doble dimensión pues, aunque es fundamentalmente subjetivo ya que su fin es proteger los intereses de las partes, también tiene una dimensión objetiva, definida por el respeto a la supremacía normativa de la Constitución, dispuesta por el artículo 51° de la Carta Magna; ambas dimensiones, (subjetiva y objetiva) son interdependientes y es necesario modularlas en la norma legal y lo jurisprudencia. Tensión en la cual el árbitro o tribunal arbitral aparece en primera instancia como un componedor jurisdiccional, sujeto, en consecuencia, a la jurisprudencia constitucional de este Colegiado. Así, la jurisdicción arbitral, que se configura con la instalación de un Tribunal Arbitral en virtud de la expresión de la voluntad de los contratantes expresada en el convenio arbitral, no se agota con las cláusulas contractuales ni con lo establecido por la Ley General de Arbitraje, sino que se convierte en sede jurisdiccional constitucionalmente consagrada, con plenos derechos de autonomía y obligada a respetar los derechos fundamentales. Todo ello hace necesario que este Tribunal efectúe una lectura iuspublicista de esta jurisdicción, para comprender su carácter vado; ya que, de lo contrario, se podrían desdibujar sus contornos constitucionales. 12. El reconocimiento de la jurisdicción arbitral comporta la aplicación a los tribunales arbitrales de las normas constitucionales y, en particular, de las prescripciones del artículo 139° de la de Constitución, relacionadas a los principios y derechos de la función jurisdiccional. Por ello, el Tribunal considera y reitera la protección de la jurisdicción arbitral, en el ámbito de sus competencias, por el principio de “no interferencia” referido en el inciso 2) del artículo constitucional antes citado, que prevé que ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional, ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Los tribunales arbitrales, por consiguiente, dentro del ámbito de su competencia, se encuentran facultados para desestimar cualquier intervención y !o injerencia de terceros -incluida autoridades administrativas y/o judiciales- destinada a avocarse a materias sometidas a arbitraje, en mérito a la existencia de un acuerdo arbitral y la decisión voluntaria de las partes. 13. Es por tal motivo que este Tribunal considera conveniente reiterar la plena vigencia del principio de la “kompetenz-kompetenz” previsto en el artículo 39° de la Ley General de Arbitraje -Ley N.° 26572-, que faculta a los árbitros a decidir acerca de las materias de su competencia, y en el artículo 44° del referido cuerpo legal, que garantiza la competencia de los árbitros para conocer y resolver, en todo momento, las cuestiones controvertidas que se promuevan durante el proceso arbitral, incluida las pretensiones vinculadas a la validez y eficacia del convenio. Este Colegiado resalta la suma importancia práctica que reviste dicho principio, a efectos de evitar que una de las partes, que no desea someterse al pacto de arbitraje, mediante un cuestionamiento de las decisiones arbitrales y/o la competencia de los árbitros sobre determinada controversia, pretenda convocar la participación de jueces ordinarios, mediante la interposición de cualquier acción de naturaleza civil y/o penal, y desplazar la disputa al terreno judicial. Lo expuesto no impide que posteriormente se cuestione la actuación arbitral por infracción de la tutela procesal efectiva, conforme a las reglas del Código Procesal Constitucional. 14. Este Tribunal reconoce la jurisdicción del arbitraje y su plena y absoluta competencia para conocer y resolver las controversias sometidas al fuero arbitral, sobre materias de carácter disponible (artículo Io de la Ley General de Arbitraje), con independencia jurisdiccional y, por tanto, sin intervención de ninguna autoridad, administrativa o judicial ordinaria. El control judicial, conforme a la ley, debe ser ejercido ex post, es decir, a posteriori, mediante los recursos de apelación y anulación del laudo previsto en la Ley General de Arbitraje. Por su parte, el control constitucional deberá ser canalizado conforme a las reglas establecidas en el Código Procesal Constitucional; vale decir que tratándose de materias de su competencia, de conformidad con el artículo 5o, numeral 4 del precitado código, no proceden los procesos constitucionales cuando no se hayan agotado las vías previas. En ese sentido, si lo que se cuestiona es un laudo arbitral que verse sobre derechos de carácter disponible, de manera previa a la interposición de un proceso constitucional, el

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presunto agraviado deberá haber agotado los recursos que la Ley General de Arbitraje prevé para impugnar dicho laudo. [...] 17. Entonces, el principio de autonomía de la voluntad no debe ser entendido de manera absoluta, sino dentro de los valores y principios constitucionales antes señalados. En el caso del convenio arbitral, si bien se gesta a partir del sentido privatista de las relaciones contractuales, no presenta un haz de contenidos cuyas categorías sean exclusiva y excluyentemente de Derecho Privado. Interpretarlo de este modo implicaría soslayar su naturaleza constitucional, sujeta a los principios y deberes primordiales de la función jurisdiccional consagrados en el artículo 139° de la Constitución; los mismos que deberán extenderse razonablemente a la jurisdicción arbitral. Si bien es cierto que la autonomía de la voluntad deriva de la Constitución, no puede discutirse la facultad de controlarla por razones del orden público constitucional, máxime si la propia jurisdicción arbitral integra este. Esto supone e en un Estado constitucional, el poder se desagrega en múltiples centros de decisión equilibrados entre sí por un sistema de control de pesos y contrapesos, como postula el artículo 43° de la Constitución. Esto hace que el poder público, pero también el privado, estén sometidos al Derecho. 18. En este contexto el control constitucional jurisdiccional no queda excluido, sino que se desenvuelve a posteriori cuando se vulnera el derecho a la tutela procesal efectiva o se advierte un incumplimiento, por parte de ios propios árbitros, de la aplicación de la jurisprudencia constitucional o los precedentes de observancia obligatoria, los mismos que los vinculan en atención a los artículos VI in fin ey V ll del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, respectivamente. (Exp. N.° 6167-2005-PHC/TC [Caso Fernando Cantuarias Salaverry], del 28-02-2006 [Web: 09-032006 / EP: 23-03-2006], que declara que ios criterios previstos en el ff. jj. 8, 11, 12, 13, 14, 17 y 18, constituyen precedente vinculante inmediato]. Texto completo: ). J URISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 4482. La íey no faculta al justiciable a que mediante la interposición del recurso de anulación de laudo arbitral se pueda disentir del criterio asumido por el árbitro al expedir el laudo. Sexto, El principio de motivación es consustancial al derecho al debido proceso extensible inclusive al procedimiento arbitral, no obstante lo cual la ley no faculta al justiciable a que mediante la interposición del recurso de anulación de laudo arbitral se pueda disentir del criterio asumido por el árbitro al expedir el laudo, teniéndose en cuenta que el mismo resulta de la apreciación de los hechos cometidos a su competencia y la valoración de la prueba aportada al indicado procedimiento [...]. Sétimo. [Se] determina que la Sala Superior al emitir la resolución de vista y calificar las actuaciones arbitrales producidas en el procedimiento que dieron lugar al laudo arbitral materia de autos, orienta el sentido de lo decidido por el árbitro, lo cual está proscrito por la Ley General de Arbitraje, inclusive se señala que el árbitro debe analizar una determinada situación fáctica, lo cual constituye una abierta infracción a lo previsto en el artículo 139 inciso 2 de la Constitución Política del Estado [...]. (Casación N.° 2848-2011-Lima, de 01-06-2012, ff. jj. 6 y 7. Sala Civil Transitoria [EP, 30-11-2012, Sentencias en Casación N.° 673, p. 38281]. Texto completo: ).

TÍTULO ü CONVENIO ARBITRAL

Artículo 16: Excepción de convenio arbitral 1. Si se interpone una demandajudicial respecto de una materia sometida a arbitraje, esta circunstancia podrá ser invocada como excepción de convenio arbitral aun cuando no se hubiera iniciado el arbitraje. 2. La excepción se plantea dentro del plazo previsto en cada vía procesal, acreditando la existencia del convenio arbitral y, de ser el caso, el inicio del arbitraje. * SUMMA PROCESAL CIVIL

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3. La excepción de convenio arbitral, sea que se formule antes o después de iniciado el arbitraje, será amparada por el solo mérito de la existencia dei convenio arbitral, salvo en el primer caso, cuando el convenio fuese manifiestamente nulo. 4. En el arbitraje internacional, si no estuviera iniciado el arbitraje, la autoridad judicial solo denegará la excepción cuando compruebe que el convenio arbitral es manifiestamente nulo de acuerdo con las normas jurídicas elegidas por las partes para regir el convenio arbitral o las normas jurídicas aplicables al fondo de la controversia. No obstante, si el convenio arbitral cumple ios requisitos establecidos por el derecho peruano, no podrá denegarse la excepción. Si estuviera iniciado el arbitraje, la autoridad judicial solo denegará la excepción cuando compruebe que la materia viola manifiestamente el orden público internacional. 5. Las actuaciones arbitrales podrán iniciarse o proseguir, pudiendo incluso, a discreción del tribunal arbitral, dictarse el laudo, aun cuando se encuentre en trámite la excepción de convenio arbitral.

JURISPRUDENCIA DE L A CORTE SUPREMA § 4483- No es posible alegar la existencia de convenio arbitral en sede casatoria. La invocación de convenio arbitral debió realizarse vía excepción. O ctavo. A fin de resolver este punto, previamente deberá tenerse presente que las excepciones forman parte inherente del derecho de contradicción y permiten al demandado denunciar la existencia de defectos en los presupuestos procesales, proponiéndose dentro del plazo establecido en la norma procesal. Así dentro de las excepciones se encuentra el de convenio arbitral contemplado en el Código Procesal Civil en su artículo 446 inciso 13, eí que también se halla normado en el artículo 16 dei Decreto Legislativo Número 1071 cuyo texto es el siguiente: 1. Si se interpone una demanda judicial respecto de una materia sometida a arbitraje, esta circunstancia podrá ser invocada como excepción de convenio arbitral aun cuando no se hubiere iniciado el arbitraje (...). N oveno. Siendo así, y no habiendo el deducido demandado la correspondiente excepción, resulta de aplicación ío dispuesto en el artículo 454 del Código Procesal Civil, que establece que los hechos que configuran excepciones no podrán ser alegados como causal de nulidad por el demandado que pudo proponerlas como tal, hecho que también sería desarrollado por el a q u e m . (Casación N.° 1291-2011Lima, de 15-12-2012, ff. jj. 8 y 9. Sala Civil Permanente [EP, 31-08-2012, Sentencias en Casación N.° 670, p. 36881], Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DE LAS CORTES SUPERIORES

§ 4484. Consideraciones para proponer una excepción de convenio arbitral. Constituye un serio error proponer la excepción de convenio arbitral respecto del recurso de anulación de laudo, debido que dicho recurso cuestiona aquello que ha sido emitido en la vía arbitral. O ctavo. [La] excepción de convenio arbitral se propone cuando en sede judicial se formula una pretensión que debe ser ventilada en sede arbitral. Así se desprende por lo demás de las reglas del artículo 16, numeral 1 del Decreto Legislativo N.° 1071, que establece: “1. Si se interpone una demanda judicial respecto de una materia sometida a arbitraje, esta circunstancia podrá ser invocada como excepción de convenio arbitral aun cuando no se hubiera iniciado el arbitraje. (...)”. N oveno. Acorde con la disposición anterior, constituye un serio error proponer la excepción de convenio arbitral respecto del recurso de anulación de laudo, pues lo que se discute mediante este recurso es precisamente aquello que ha sido emitido en la vía arbitral. Por tanto dicha excepción es jurídicamente improponible, [...] aún si para tal efecto se alega la cláusula arbitral contenida en el contrato de compraventa [...]. (Exp. N.° 00166-2012-0-1817-JRCO-02, de 21-05-2013, ff. jj. 8 y 9- Segunda Sala Civil Subespecialidad Comercial. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ).

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Artículo 18: Renuncia al arbitraje La renuncia al arbitraje será válida solo si se manifiesta en forma expresa o tácita. Es expresa cuan­ do consta en un documento suscrito por las partes, en documentos separados, mediante intercambio de documentos o mediante cualquier otro medio de comunicación que deje constancia inequívoca de este acuerdo. Es tácita cuando no se invoca la excepción de convenio arbitral en el plazo correspondiente, solo respecto de las materias demandadas judicialmente.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 4485. Prórroga tácita de la competencia territorial en el contexto de una excepción de convenio arbitral. O ctavo. [...] [El] artículo 26 del Código Procesal Civil, regula la prórroga tácita de la competencia territorial para el demandante y para el demandado, institución que resulta ajena al tema que nos ocupa, como es ía excepción de la convenio arbitral, deviniendo por ende en impertinente la invocación de tal precepto normativo, además el hecho de que la parte emplazada haya propuesto en primer orden las excepciones a las que ha hecho referencia el impugnante, no implica el sometimiento al fuero judicial, pues lo cierto y concreto es que la excepción de convenio arbitral sí fue propuesta para cuestionar la vía judicial en que se ha promovido Ja acción civil correspondiente, razonar en contrario significaría exigir un riguroso formalismo que la garantía de orden constitucional del detecho a la defensa consagrada en el inciso 14) del artículo 139 de la Carta Magna no admite. (Casación N.° 2699-2016-Lima, de 28-04-2017, f. j. 8. Sala Civil Transitoria [EP, 02-04-2018, Sentencias en Casación N.° 743, p. 105593]. Texto completo: ).

TÍTULO IV ACTUACIONES ARBITRALES

Artículo 41: Competencia para decidir la competencia del tribunal arbitral 1. El tribunal arbitral es el único competente para decidir sobre su propia competencia, incluso sobre las excepciones u objeciones al arbitraje relativas a la inexistencia, nulidad, anulabilidad, invalidez o ineficacia del convenio arbitral o por no estar pactado el arbitraje para resolver la materia controvertida o cualesquiera otras cuya estimación impida entrar en el fondo de la controversia. Se encuentran comprendidas en este ámbito las excepciones por prescripción, caducidad, cosa juzgada y cualquier otra que tenga por objeto impedir la continuación de las actuaciones arbitrales. 2. El convenio arbitral que forme parte de un contrato se considerará como un acuerdo independiente de las demás estipulaciones del mismo. La inexistencia, nulidad, anulabilidad, invalidez o ineficacia de un contrato que contenga un convenio arbitral, no implica necesariamente la inexistencia, nulidad, anulabilidad, invalidez o ineficacia de este. En consecuencia, el tribunal arbitral podrá decidir sobre la controversia sometida a su conocimiento, la que podrá versar, incluso, sobre la inexistencia, nulidad, anulabilidad, invalidez o ineficacia del contrato que contiene un convenio arbitral. 3. Las excepciones u objeciones deberán oponerse a más tardar en el momento de presentar la contestación, sin que el hecho de haber nombrado o participado en el nombramiento de los árbitros impida oponerlas. La excepción u objeción basada en que el tribunal arbitral ha excedido el ámbito de su competencia deberá oponerse tan pronto como sea planteada durante las actuaciones arbitrales, la materia que supuestamente exceda su competencia. El tribunal arbitral solo podrá admitir excepciones u objeciones planteadas con posterioridad si la demora resulta justificada. El tribunal arbitral podrá considerar, sin embargo, estos temas por iniciativa propia, en cualquier momento. * SUMMA PROCESAL CIVIL

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4. Salvo pacto en contrario, el tribunal arbitral decidirá estas excepciones u objeciones con carácter previo o junto con las demás cuestiones sometidas a su decisión relativas al fondo de la controversia. Si el tribunal arbitral desestima la excepción u objeción, sea como cuestión previa o sea en ef laudo por el que se resuelve definitivamente la controversia, su decisión solo podrá ser impugnada mediante recurso de anulación contra dicho laudo. 5. Si el tribunal arbitra! ampara la excepción como cuestión previa, se declarará incompetente y orde­ nará la terminación de las actuaciones arbitrales. Esta decisión podrá ser impugnada mediante recurso de anulación. Si el tribunal arbitral ampara la excepción como cuestión previa respecto de determinadas materias, las actuaciones arbitrales continuarán respecto de (as demás materias y la decisión solo podrá ser impugnada mediante recurso de anulación luego de emitirse el laudo por el que se resuelve definitiva­ mente la controversia.

JURISPRUDENCIA DE LAS CORTES SUPERIORES

§ 4485a. Participar en la instalación del Tribunal Arbitral sin oponerse a la competencia no impide a las partes cuestionar posteriormente la competencia de dicho tribunal. N oveno. El artículo 41 del Decreto Legislativo N.° 1071, prevé que el Tribunal Arbitral es competente para decidir sobre su competencia, y en su numeral 3 establece [...]. Justamente, en el caso de autos, la Municipalidad demandada ha objetado la competencia del Tribunal en su escrito del 06 de agosto de 2010, y en su contestación de agosto de 2011, es decir ha objetado la competencia en forma oportuna. Y si bien ha participado en la instalación del Tribunal Arbitral sin poner reparos a la competencia [...] tal hecho no le impide protestar luego por la competencia, pues ello está autorizado por el citado numeral 3- (Exp. N.° 18-2012-0-1817-SP-CO-02, de 13-06-2012, £ j. 9. Segunda Sala Civil Subespecialidad Comercial. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: cbit.ly/2NymPwv>).

TÍTULO V LAUDO

Artículo 58: Rectificación, interpretación, integración y exclusión del laudo 1. Salvo acuerdo distinto de las partes o disposición diferente del reglamento arbitral aplicable: a. Dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del laudo, cualquiera de las partes puede solicitar la rectificación de cualquier error de cálculo, de trascripción, tipográfico o informático o de naturaleza similar. b. Dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del laudo, cualquiera de las partes puede solicitar la interpretación de algún extremo oscuro, impreciso o dudoso expresado en la parte decisoria del laudo o que influya en ella para determinar los alcances de la ejecución. c. Dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del laudo, cualquiera de las partes puede solicitar la Integración del laudo por haberse omitido resolver cualquier extremo de la controversia sometida a conocimiento y decisión del tribunal arbitral. d. Dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del laudo, cualquiera de las partes puede solicitar la exclusión del laudo de algún extremo que hubiera sido objeto de pronunciamiento, sin que estuviera sometido a conocimiento y decisión del tribuna! arbitral o que no sea susceptible de arbitraje. e. El tribunal arbitral pondrá la solicitud en conocimiento de la otra parte por quince (15) días. Vencido dicho plazo, con la absolución o sin ella, el tribunal arbitral resolverá la solicitud en un plazo de quince (15) días. Este plazo puede ser ampliado a iniciativa del tribunal arbitral por quince (15) días adicionales. n o m o s & th e s is

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f. E! tribunal arbitral podrá también proceder a iniciativa propia a la rectificación, interpretación o integración del laudo, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del laudo. 2. La rectificación, interpretación, integración y exclusión formará parte del laudo. Contra esta decisión no procede reconsideración. La notificación de estas decisiones deberá realizarse dentro del plazo pactado por las partes, establecido en el reglamento arbitral aplicable o, en su defecto, en este artículo. 3. Si el tribuna! arbitral no se pronuncia acerca de la rectificación, interpretación, integración y exclu­ sión solicitadas dentro del plazo pactado por las partes, establecido en el reglamento arbitral aplicable o, en su defecto, en este artículo, se considerará que la solicitud ha sido denegada. No surtirá efecto cualquier decisión sobre rectificación, interpretación, integración y exclusión del laudo que sea notificada fuera de plazo.

PLENOS JURISDICCIONALES

§ 4486. E l recurso de anulación de laudo sustentado en alegación de vulneración del derecho a la debida motivación, es improcedente si la parte afectada no formuló oportunamente reclamo expreso ante el tribunal arbitral. Véase la jurisprudencia del artículo 63° del Decreto Legislativo N.° 1071, Decreto Legislativo que norma el arbitraje [§ 4498]. (Segundo Pleno Jurisdiccional Distrital en Materia Comercial, realizado en Santiago de Surco-Lima, los días 02 y 03-10-2014. Tema N.° 2 [Recurso de anulación de laudo sustentado en alegación de afectación del debido proceso, por vulneración del derecho a la debida motivación]. Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DE LAS CORTES SUPERIORES

§ 4487. Es improcedente el recurso de anulación, pese a que el Tribunal se pronunció sobre una materia no arbitrable, debido que la recurrente debió presentar el recurso de exclusión luego de emitido el laudo y no la excepción de incompetencia. N oveno. El argumento de la recurrente ha sido invocado para sustentar sus excepciones de caducidad, falta de legitimidad activa y de incompetencia, presentadas en sede arbitral, D écim o. Dichas excepciones fueron desestimadas en el laudo sub litis, habiendo presentado ia recurrente su recurso de interpretación en función de la excepción de incompetencia, donde vuelve a esgrimir lo que ahora argumenta para la causal del inciso d) [Es nulo el laudo cuando la parte que solicita la anulación alegue y pruebe que el tribunal arbitral ha resuelto sobre materias no sometidas a su decisión]. En ese recurso de interpretación no hay reparo alguno respecto a las excepciones de caducidad y de falta de legitimidad activa. D écim o P rim ero. [...] [Si] a pesar de la excepción de incompetencia, el tribunal decide pronunciarse sobre una materia no arbitrable, como aduce ia recurrente, lo que correspondía era que se presente ef recurso de exclusión luego de emitido el laudo, previsto en el artículo 58.1.d) del citado Decreto Legislativo N.° 1071, cosa que no ha hecho la recurrente; y, iv) en consecuencia, la no presentación del recurso de exclusión antes citado hace que esta causal del inciso d) [del numeral 1 del artículo 63 del DL N:° 1071] sea improcedente, al no cumplir la exigencia del reclamo previo que regula el numeral 63.2 del mismo Decreto Legislativo, sin que obste en contrario el escrito N.° 11 presentado el 25 de junio de 2014 que refiere la recurrente, pues este escrito contiene el recurso de interpretación del laudo, mas no el de exclusión. (Exp. N.° 00236-2015-0-1817-SP-CO-01, de 03-03-2016, ff. jj, 9-11. Primera Sala Civil Subespecializada en Materia Comercial. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ).

§ 4488. Si la pretensión no deriva del contrato que vincula a las partes no existe convento arbitral, por tanto es nulo el laudo. Véase la jurisprudencia del artículo 63° del Decreto Legislativo N.° 1071, Decreto Legislativo que norma el arbitraje [§ 4503]. (Exp. N.° 208-2013-0, de 18-032014, f. j. 12. Segunda Sala Civil Subespecialidad Comercial. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: Anulación de laudos , p. 100). ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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Artículo 59: Efectos del laudo 1. Todo laudo es definitivo, inapelable y de obligatorio cumplimiento desde su notificación a las partes. 2. El laudo produce efectos de cosa juzgada. 3. Si la parte obligada no cumple con lo ordenado por el laudo, en la forma y en los plazos establecidos, o en su defecto, dentro de los quince (15) días de notificada con el laudo o con las rectificaciones, inter­ pretaciones, integraciones y exclusiones del laudo, cuando corresponda; la parte interesada podrá pedir la ejecución del laudo a la autoridad judicial competente, salvo que resulte aplicable el artículo 67.

JURISPRUDENCIA DE LAS CORTES SUPERIORES

§ 4489. Consentimiento del laudo como requisito de admisibilidad de la demanda ejecutiva.

Cuarto. [Se] debe tener en cuenta que la ínadmisibílidad no importa la presunción de la admisión de lo solicitado, en consecuencia previamente para calificar la presente [demanda de ejecución de laudo arbitral] el recurrente deberá de cumplir: [...] 5. [...] con presentar [la] resolución que declara el consentimiento del laudo sub litis, ello atendiendo y en concordancia a lo dispuesto en el artículo 688 inciso 2 del Código Procesal Civil. (Exp. N.° 11831-2018-0-1817-JR-CO-17, de 02-08-2018, £ j. 4. Décimo Sétimo Juzgado Comercial. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ).

TÍTULO VI ANULACIÓN Y EJECUCIÓN DEL LAUDO Artículo 62: Recurso de anulación 1. Contra el laudo solo podrá interponerse recurso de anulación. Este recurso constituye la única vía de impugnación del laudo y tiene por objeto la revisión de su validez por las causales taxativamente establecidas en el artículo 63. 2. El recurso se resuelve declarando la validez o la nulidad del laudo. Está prohibido bajo responsa­ bilidad, pronunciarse sobre el fondo de la controversia o sobre el contenido de la decisión o calificar los criterios, motivaciones o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral.

PRECEDENTE VINCULANTE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

§ 4490. Reglas de procedencia e improcedencia del amparo arbitral. Objeto del ejercicio del control difuso de constitucíonalidad en la jurisdicción arbitral. Véase la jurisprudencia del artículo 3o del Decreto Legislativo N.° 1071, Decreto Legislativo que norma el arbitraje [§ 4479]. (Exp. N.° 00142-20I b-PA/TC [Caso Sociedad M inera de Responsabilidad Ltda. M aría Julia ], del 21-09-2011 [Web: 26-09-2011 / EP: 05-10-2011], que declara que los criterios previstos en los ff. jj. 20, 21 y 26, constituyen precedente vinculante inmediato]. Texto completo: ). § 4491. Supuestos de procedencia del proceso constitucional contra la jurisdicción arbitral. Véase la jurisprudencia del artículo 3o del Decreto Legislativo N.° 1071, Decreto Legislativo que norma el arbitraje [§ 4480], (Exp, N.° 4972-2006-PA/TC [Caso Corporación M eter S.A.C. y Persolar S.A.CJ, del 04-08-2006 [Web: 18-10-2007 / EP: 11-04-2008], que declara que los criterios previstos en los ff. jj, 17 al 20, entre otros, constituyen precedente vinculante inmediato. Texto completo: ). n o m o s & th e s is

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§ 4492. Naturaleza de la jurisdicción arbitral. Dimensiones subjetiva y objetiva del proceso arbitral. Principio de kompetenz-kompetenz y el control constitucional en la jurisdicción arbitral. Véase la jurisprudencia del artículo 3o del Decreto Legislativo N.° 1071, Decreto Legislativo que norma el arbitraje [§ 4481], (Exp. N.° 6167-2005-PHC/TC [Caso Fernando Cantuarias Salaverry ], del 28-02-2006 [Web: 09-03-2006 / EP: 23-03-2006], que declara que los criterios previstos en el ff. jj. 8, 11, 12, 13, 14, 17 y 18, constituyen precedente vinculante inmediato]. Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 4493. En el proceso de anulación de laudo arbitral el Juez no fundamentar su fallo en un cuestionamiento de fondo sobre el contenido del laudo. Solo puede analizarse en sede judicial lo relativo a la declaración de validez o nulidad del laudo arbitral. P rim ero . [...] [El demandante] [p]recisa que pese a existir prohibición expresa de no pronunciarse sobre el fondo de la controversia o sobre el contenido de la decisión bajo responsabilidad, la Sala Superior fundamenta su fallo sobre el fondo del contenido del lando y sobre hechos no invocados en la demanda, olvidando que las causales de anulación de laudo arbitral son taxativas, causándole con ello un grave perjuicio e indefensión [...]. Señala que la pretensión de la demanda se sustenta en la nulidad de laudo arbitral debido a ía inexistencia de convenio arbitral, sin embargo, los jueces superiores declaran fundada ía demanda sustentando su decisión en hechos que van más allá de lo peticionado, los que no han sido tratados a lo largo del proceso, vulnerando de esta forma el principio de congruencia procesal, el derecho a un debido proceso y de defensa. Agrega, que la Sala Superior no advirtió las limitaciones que contiene el denunciado artículo, que establece que los jueces no pueden ir más allá de lo peticionado, ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes. [...] S egu n do . El artículo 62 numeral 2) del Decreto Legislativo N.° 1071 señala: “El recurso se resuelve declarando la validez o la nulidad del laudo. Está prohibido bajo responsabilidad, pronunciarse sobre el fondo de la controversia o sobre el contenido de la decisión o calificar los criterios, motivaciones o interpretaciones expuestas por el Tribunal Arbitrar. [...] Q uinto. También prohíbe que se califiquen los argumentos, los fundamentos o los criterios adoptados; calificar si ellos son adecuados o inadecuados, o si las motivaciones son correctas o fundadas en derechos o no lo son, o si las interpretaciones son las pertinentes, no constituye materia que sea de competencia del tribunal que resuelva el recurso de anulación. Sexto. La anulación de un laudo, jamás deberá partir del argumento de que el Tribunal Arbitral se ha equivocado en la aplicación del derecho, ni del entendido de que las teorías que ha adoptado como fundamentos de su decisión no son correctas. El recurso de anulación del laudo, no debe suponer jamás un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia pues ello sobrepasa los alcances de dicho mecanismo y, con ello, se atenta contra la lógica misma del arbitraje, de aquí que exista una prohibición explícita a que tal pronunciamiento se realice. Sétim o. Siendo esto así, lo único que se va a poder analizar en sede judicial es lo relativo a la declaración de validez o nulidad de ese laudo, en función de las causales taxativas establecidas en el artículo 63 de la Ley de Arbitraje, ello por una simple razón, nuestra legislación tiene una posición clara en torno a la autonomía del arbitraje, estableciendo que el fondo de la controversia se resuelve de manera absoluta y definitiva por el Tribunal Arbitral. (Casación N.° 3526-2015-Arequipa, de 11-08-2016, ff. jj. 1, 2, 5, 6 y 7. Sala Civil Permanente [EP, 30-01-2018, Sentencias en Casación N.° 742, p. 104359]. Texto completo: ). § 4494. La naturaleza jurisdiccional del arbitraje y la posibilidad que el Tribunal Arbitral pueda extender los alcances del convenio arbitral. Sétim o. [...] la Sala Superior ha manifestado elementos de suma trascendencia [...] en donde haciendo alusión al pronunciamiento arbitral sobre la existencia de una vinculación empresarial fraudulenta entre las empresas que firmaron el convenio arbitral y terceras empresas[...], se interroga la Sala Superior si “¿está el árbitro facultado para resolver este asunto?”; luego se vuelve a preguntar “¿puede de algún modo afirmarse válidamente que las partes que se verán afectadas por esa declaración de vinculación fraudulenta quisieron que sea un árbitro quien decida el asunto? * SUMMA PROCESAL CIVIL

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¿Renunciaron esas empresas al derecho de que sea un juez quien resuelva esa controversia?”; y ante tales interrogantes, la Sala Superior se responde de manera negativa. O ctavo. Sobre lo expuesto, el Tribunal Constitucional ha establecido como precedentes vinculantes [...] que la jurisdicción arbitral no se trata del ejercicio de un poder sujeto exclusivamente al derecho privado, sino que forma parte esencial del orden público constitucional, en donde la facultad de los árbitros para resolver un conflicto de intereses no se fundamenta en la autonomía de la voluntad de las partes del conflicto, sino que tiene su origen y límite en el artículo 139 de la Constitución Política del Estado; de allí que tiene una dimensión subjetiva y objetiva, dimensiones interdependientes, referida la primera a proteger los intereses de las partes, y la segunda respecto a la supremacía normativa de la Constitución Política del Estado; por ello “la jurisdicción arbitral [...] no se agota con las cláusulas contractuales ni con lo establecido por la Ley General de Arbitraje, sino que se convierte en sede jurisdiccional constitucionalmente consagrada, con plenos derechos de autonomía y obligada a respetar los derechos fundamentales”; lo expuesto ha sido reiterado en diversas sentencias expedidas por el Tribunal Constitucional, así de manera ilustrativa, en la reciente sentencia expedida en el Expediente N.° 00142-2011 -PA/TC [§ 4479], de fecha 21 de setiembre del 2011, y refiriéndose al fundamento 10 de la Sentencia del Tribunal Constitucional N.° 004-2006-PI/TC [§ 76] se indica que “de ello no se deduce que el Poder Judicial sea el único encargado de la función jurisdiccional”, por ello siendo el arbitraje una jurisdicción independiente, (...), y debiendo toda jurisdicción poseer las garantías de todo órgano jurisdiccional (como las del Poder Judicial), es consecuencia necesaria de ello que la garantía del control difuso de la consticucionalidad, (...), pueda también ser ejercida por los árbitros en la jurisdicción arbitral”. (Casación N.° 4624-2010-Lima, de 1912-2011, ff. jj. 7 y 8, Sala Civil Transitoria [EP, 02-07-2012, Sentencia en Casación N.° 666, p. 34927]. Texto completo: ).

§ 4495. Control judicial del laudo. Las causales de anulación del laudo están referidas a cuestiones procesales, por ello, los órganos jurisdiccionales que conocen de la anulación de un laudo arbitral no pueden revisar el fondo de la controversia. D écim o P rim ero. [...] [Se] debe tener un especial cuidado en los casos de anulación de laudos arbitrales, pues en esta sede está prohibido pronunciarse sobre el fondo de la controversia o sobre el contenido de la decisión o calificar los criterios, motivaciones o interpretaciones expuestas por el Tribunal Arbitral, conforme lo establece el numeral 2 del artículo 62 del Decreto Legislativo N.° 1071, siendo que en el artículo 61 de la Ley N.° 26572 se establecía también que el recurso tiene por objeto la revisión de la validez del laudo, sin entrar al fondo de la controversia. En ese sentido, y para presentar una adecuada motivación, se debe realizar una cuidadosa disquisición entre los elementos que constituyen cuestiones de fondo y que como tal están involucradas en las pretensiones demandadas, sobre las que no puede haber un pronunciamiento en esta vía, frente a los elementos referidos a cuestiones procesales que son propias de las causales de anulación de un laudo arbitral [...]. (Casación N.° 4624-2010-Lima, de 19-12-2011, f. j. 11. Sala Civil Transitoria [EP, 02-07-2012, Sentencia en Casación N.° 666, p. 34927]. Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DE LAS CORTES SUPERIORES

§ 4496. El control de validez del laudo implica que todo proceso arbitral y todo laudo deben guardar conformidad con la Constitución. Sexto. [Cuando] en un recurso de anulación de laudo se alega la violación de derechos fundamentales, el control de validez del laudo en cuestión debe hacerse acorde con los supuestos previstos en las normas antes aludidas, pues todo proceso arbitral y todo laudo deben guardar conformidad con la Constitución. [...] (Exp. N.° 00718-2010-0-1817-SP-CO-02, de 20-11-2012, £ j. 6. Segunda Sala Civil Subespecialidad Comercial. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ).

Artículo 63: Causales de anulación 1. El laudo solo podrá ser anulado cuando la parte que solicita la anulación alegue y pruebe:

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a. Que el convenio arbitral es inexistente, nulo, anulable, inválido o ineficaz. b. Que una de las partes no ha sido debidamente notificada del nombramiento de un árbitro o de las

actuaciones arbitrales, o no ha podido por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos. c. Que la composición del tribunal arbitral o las actuaciones arbitrales no se han ajustado al acuerdo entre las partes o al reglamento arbitral aplicable, salvo que dicho acuerdo o disposición estuvieran en conflicto con una disposición de este Decreto Legislativo de la que las partes no pudieran apartarse, o en defecto de dicho acuerdo o reglamento, que no se han ajustado a lo establecido en este Decreto Legislativo. d. Que el tribunal arbitral ha resuelto sobre materias no sometidas a su decisión. e. Que el tribunal arbitral ha resuelto sobre materias que, de acuerdo a ley, son manifiestamente no susceptibles de arbitraje, tratándose de un arbitraje nacional. f. Que según las leyes de la República, el objeto de la controversia no es susceptible de arbitraje o el laudo es contrario ai orden público internacional, tratándose de un arbitraje internacional. g. Que la controversia ha sido decidida fuera del plazo pactado por las partes, previsto en el reglamento arbitral aplicable o establecido por el tribunal arbitral. 2. Las causales previstas en los incisos a, b, c y d del numeral 1 de este artículo solo serán procedentes si fueron objeto de reclamo expreso en su momento ante el tribunal arbitral por la parte afectada y fueron desestimadas. 3. Tratándose de las causales previstas en los incisos d. y e. del numeral 1 de este artículo, la anulación afectará solamente a las materias no sometidas a arbitraje o no susceptibles de arbitraje, siempre que puedan separarse de las demás; en caso contrario, la anulación será total. Asimismo, la causal prevista en el inciso e podrá ser apreciada de oficio por la Corte Superior que conoce del recurso de anulación. 4. La causal prevista en el inciso g. del numeral 1 de este artículo solo será procedente si la parte afectada lo hubiera manifestado por escrito de manera inequívoca al tribunal arbitral y su comportamiento en las actuaciones arbitrales posteriores no sea incompatible con este reclamo. 5. En el arbitraje internacional, la causal prevista en el inciso a. del numeral 1 de este artículo se apreciará de acuerdo con las normas jurídicas elegidas por las partes para regir el convenio arbitral, por las normas jurídicas aplicables al fondo de la controversia, o por el derecho peruano, lo que resulte más favorable a la validez y eficacia del convenio arbitral. 6. En el arbitraje internacional, la causal prevista en el inciso f. podrá ser apreciada de oficio por la Corte Superior que conoce del recurso de anulación. 7. No procede la anulación del laudo si la causal que se invoca ha podido ser subsanada mediante rectificación, interpretación, integración o exclusión del laudo y la parte interesada no cumplió con solicitarlos. 8. Cuando ninguna de las partes en el arbitraje sea de nacionalidad peruana o tenga su domicilio, re­ sidencia habitual o lugar de actividades principales en territorio peruano, se podrá acordar expresamente la renuncia al recurso de anulación o la limitación de dicho recurso a una o más causales establecidas en este artículo. Si las partes han hecho renuncia al recurso de anulación y el laudo se pretende ejecutar en territorio peruano, será de aplicación lo previsto en el título VIII.

PLENOS JURISDICCIONALES

§ 4497. Recurso de anulación de laudo sustentado en alegación de vulneración del derecho a la debida motivación. ¿Es exigible el reclamo previo cuando en el recurso de anulación se denuncia vicio d e motivación d el laudo? El Pleno acordó por mayoría : “El recurso de anulación de laudo sustentado en alegación de vulneración del derecho a la debida motivación, no es improcedente por falta de reclamo expreso, por cuanto ninguno de los recursos taxativamente previstos por el artículo 58° de la Ley de Arbitraje es idóneo para corregir los vicios de motivación del laudo, resultando por ende inconducente cualquier redamo sobre el particular en sede arbitral, no siendo exigible la interposición + SUMMA PROCESAL CIVIL

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de cualquier otro recurso no previsto por ley a la luz del inciso 7 del artículo 63 de la citada ley”. (Pleno Jurisdiccional Regional Comercial -Sobre Anulación y Ejecución de Laudos Arbitrales y Embargo de Bienes Estatales, realizado en Lima, el 01-10-2016. Tema N.° IV [Recurso de anulación de laudo sustentado en alegación de vulneración del derecho a la debida motivación]. Texto completo; ). § 4498, E l recurso de anulación de laudo sustentado en alegación de vulneración del derecho a la debida motivación, es improcedente si la parte afectada no formuló oportunamente reclamo expreso ante el tribunal arbitral. ¿Es im procedente el recurso de anulación sustentado en la afectación del debido proceso, p o r vulneración del derecho constitucional a la debida motivación d el laudo , si no fu e objeto d e reclamo expreso en su momento ante el tribunal arbitral p o r la parte afectada? El Pleno acordó por mayoría : “E l recurso de anulación de laudo sustentado en alegación de vulneración del derecho a la debida motivación, es improcedente si la parte afectada no formuló oportunamente reclamo expreso ante el tribunal arbitral, porque dicha causal alegación se subsume de ordinario en la causal del inciso b), o eventuaímente en la del inciso c) deí numeral 1) artículo 63 de la Ley de Arbitraje, siendo de aplicación el numeral 2 de dicha norma, que dispone que tales causales solo serán procedentes si fueron objeto de tal reclamo expreso, el cual ha de ser planteado en cualquier forma posible, no solo a través de uno de los recursos previstos en el artículo 58 de la Ley de Arbitraje”. (Segundo Pleno Jurisdiccional Distrital en Materia Comercial, realizado en Santiago de Surco-Lima, los días 02 y 03-10-2014. Tema N.° 2 [Recurso de anulación de laudo sustentado en alegación de afectación del debido proceso, por vulneración del derecho a la debida motivación]. Texto completo: ). JU RISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 4499. En el Arbitraje sobre expropiación el reconocimiento de una indemnización a favor el sujeto pasivo de la expropiación valorando los gastos en que ha incurrido un tercero no es materia arbitrable (inc. 1. e). Q uinto. [...] [Se] advierte [de Ja sentencia de vista], que la misma contiene los fundamentos jurídicos y fácticos que han determinado a los Jueces Superiores a establecer que el laudo arbitral materia de la demanda ha incurrido en causal de anulación prevista en el artículo 63 inciso 1 numeral e) del Decreto Legislativo N.° 1071 - Ley de Arbitraje pues conforme ha quedado establecido por la instancia de mérito el sujeto pasivo d e la relación jurídica material expropiatoria es únicamente el demandado RAZM por tanto solo esta persona podía formar parte de la relación jurídico-procesal de expropiación y pago del justiprecio sometida a arbitraje toda vez que la empresa CP SAC que viene operando en el predio materia de la demanda no es la propietaria del mismo en tal sentido el hecho que el laudo arbitral materia de la demanda baya establecido el pago de danos y perjuicios (lucro cesante y daño emergente) a favor de RAZM valorando los gastos en los que ha incurrido la empresa CP SAC [...] implica evidentemente que el Tribunal Arbitral ha incurrido en causal de anulación deí laudo pues a criterio de esta Sala Suprema sin ingresar a analizar el fondo del asunto de si lo laudado en torno a los daños y perjuicios reclamados se ajusta a derecho o no resulta manifiesto que el Tribunal Arbitral ha emitido pronunciamiento y ha resuelto sobre una materia que no es susceptible de arbitraje. [,..] Sétim o. [En] el presente caso la Resolución Suprema N.° 093-2008-MTC consideró como sujeto pasivo de la expropiación únicamente a RAZM sin que se reconozca derecho conexo alguno de terceras personas por tanto aquel se constituye como el único sujeto pasivo de la expropiación y solo con él deberá entenderse el proceso expropiatorio, sea en la vía judicial como en la arbitral, en consecuencia la obligación de pagar la indemnización por daños y perjuicios a que se refiere el artículo 15 de la Ley General de Expropiaciones solo será procedente en caso de que se acredite fehacientemente la existencia de daños y perjuicios ocasionados a dicho sujeto pasivo originados inmediata, directa y exclusivamente pot la naturaleza forzosa de la expropiación sin que en ningún caso se puedan ponderar en este proceso los daños y perjuicios que se hubieren ocasionado a terceros ajenos a la relación quienes tienen la posibilidad de reclam ar los daños que según alegan les hubiere causado en la vía procesal correspondiente. (Casación N.° 5232-201 I-Lima, de 05-12-2012, ff. jj. 5 y 7. Sala Civil Transitoria [EP, 30-04-2013, Sentencias en Casación N.° 687, p. 40446], Texto completo: ). n o m o s & t h e s is

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§ 4500. Es nulo el laudo arbitral que tiene motivación aparente al basarse en hechos no alegado por las partes (inc. 1 ). D écim o S egundo. [...] iii) La referencia del tribunal al abuso del derecho así como a los principios de legalidad, buena fe y equidad, no basta para salvar las omisiones antes señaladas, las mismas que deben ser consideradas en forma puntual a afectos de armonizar con el principio de congruencia, en virtud del cual debe resolverse las pretensiones formuladas por las partes en atención a las alegaciones que ellas han hecho en el proceso, iv) Entonces, tiene razón la parte recurrente cuando acusa defectos de motivación en el laudo, pues como ha quedado dicho, del texto del laudo no emerge que se haya resuelto en base a alegaciones de las partes ni que se haya analizado ios supuestos de excepción del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado que el m ism o laudo cita para resolver. [...] D écim o Tercero. [...] [Se] ha procedido a identificar los temas que han permitido acreditar que el laudo sub litis tiene motivación aparente (al basarse en hechos no alegados por las partes) o no tiene motivación (al no analizar los supuestos de excepción del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado que el mismo laudo cita para resolver). (Exp. N.° 00071-2015-0-1817-SPCO-01, de 20-10-2015, ff. jj. 12 y 13. Primera Sala Civil Subespecializada en Materia Comercial. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ).

§ 4501. Es inexistente el convenio arbitral, si los contratos que sustentan la demanda arbitral contienen una cláusula de sometimiento a los jueces de la justicia ordinaria, por tanto, se demuestra que no se pudo acudir al fuero arbitral cuando no hay convenio alguno (inc, 1.a). Q uinto. [...] [Este] colegiado concluye lo siguiente: El convenio arbitral es inexistente porque en los dos contratos que sustentaron la demanda arbitral no existe dicho convenio, sino el sometimiento expreso a la competencia de los jueces de la justicia ordinaria de Eluaura. La inexistencia del convenio arbitral también se explica porque ha sido suscrito por el geren te municipal sin mencionarse la fuente normativa que lo faculta para ello, como sí se hizo cuando firmó el segundo contrato de locación de servicios. En todo caso, “el convenio arbitral” se relacionaría con el primer contrato de locación de servicios, mas no con el segundo contrato por ser de fecha posterior, máxime si en el segundo contrato se pactó expresamente el sometimiento a la competencia de la justicia ordinaria de Huaura. Lo anotado demuestra de modo inequívoco que el convenio arbitral inserto en el expediente arbitral es inexistente, razón por la cual la causal del inciso [inciso a) del numeral 1 del art. 63 del D.L. N.° 1071] es amparable. Abona a la inexistencia del convenio arbitral el hecho de que el aludido gerente municipal JLRC también ha demandado en la vía arbitral a la Municipalidad recurrente . (Exp. N.° 00174-2015-0-1817-SP-CG-01, de 07-07-2016, £ j. 5. Primera Sala Civil Subespecializada en Materia Comercial. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ),

§ 4502. Es nulo el laudo arbitral, si el árbitro único que conduce el proceso resuelve p reten sio n es basadas en un contrato que no contiene cláusula arbitral afectando derechos fundamentales al debido proceso y al derecho de defensa (inc. 1.a). D écim o Sétim o. [La] causal del inciso a) del numeral 1 del artículo 63 del Decreto Legislativo N.° 1071 está plenamente acreditada, pues no existe convenio arbitral en el contrato de 02 de abril de 1975, y por tanto el laudo no podía definir nada sobre dicho contrato, mas al hacerlo ha generado su nulidad. [...] Vigésimo Q uinto . [Se] ha podido comprobar que el Arbitro Unico de Derecho [que ha dirigido el proceso arbitral] [...] no se ha conducido con la mínima diligencia requerida a la hora de desarrollar el proceso arbitral, no solo porque no existe evidencia de haber notificado a la recurrente con las actuaciones arbitrales, sino por llevar adelante un arbitraje respecto a un contrato que -según se indica en el mismo laudo- no tiene cláusula arbitral, hecho último que de ninguna manera podía sanearse o convalidarse dentro del proceso arbitral por la indefensión a la que fue sometida la recurrente, quien, como ha quedado probado en esta causa, ha sido afectada en sus derechos fundamentales al debido proceso y al derecho de defensa por no haber sido notificada de las actuaciones arbitrales, es decir, se ha emiddo un laudo que abiertamente ha afectado derechos constitucionales. [...] T rigésim o P rim ero. Por último, dado que el laudo se está anulando por la causal del inciso a) del numeral 1 del artículo 63 del Decreto Legislativo N.° 1071, dicha anulación debe ser sin reenvío, sin que obste en contrarío la regia del inciso b) deí mismo numeral (causal también ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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alegada en este proceso), pues el primer contrato analizado en el lando, donde -según se indica allíha intervenido la recurrente, no tiene convenio arbitral, y por tanto no hay arbitraje que reiniciar. (Exp. N.° 00166-2012-0-1S17-JR-CO-02, de 21-05-2013, ff, jj. 17, 25 y 31. Segunda Sala Civil Subespecialidad Comercial. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ).

§ 4503. Si la pretensión no deriva del contrato que vincula a las partes no existe convenio arbitral, por tanto es nulo el laudo (inc. 1.a). D écim o S egundo, [Resulta] correcta la protesta del recurso de anulación en estudio, ya que si bien la pretensión postulada en sede arbitral no deriva del contrato que vincula a las partes, en sentido estricto no existe convenio arbitral para esa pretensión [...], pues como se ha dicho, las pretensiones de la demanda arbitral de la Congregación [demandada] (que han dado lugar ai laudo sublitis) no derivan del contrato de obra, y por ende no existe clausula arbitral que observar para esas pretensiones, motivo por el cual se ha acreditado en este proceso la causal de inexistencia de convenio arbitral que ha esgrimiendo [el demandante] en su recurso de anulación. En otras palabras para que se aplique la clausula novena (clausula arbitral) del contrato de obra, tal como se ha establecido en esa cláusula. Y como quiera que la ! controversia” que postula la [demandada] en su demanda arbitral tiene que ver comportamiento en el ejercicio de sus derechos procesales en el proceso arbitral y en el recurso de anulación que instauró contra [el demandante], tema que de modo alguno deriva del contrato de obra, la citada clausula novena no aplica, y por ende no existe convenio arbitral que observar para las pretensiones de la congregación que han dado lugar al laudo sublitis. (Exp. N.° 208-2013-0, de 18-03-2014, f. j. 12. Segunda Sala Civil Subespecialidad Comercial. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: Anulación de laudos , p, 100).

§ 4504. Nulidad del laudo arbitral por omisión de las notificaciones de las actuaciones arbitrales (inc. l.b ). D écim o Tercero. [...] La parte demandada ha sido enfática en sostener que los recurrentes sí habían sido notificados en sede arbitral, pero tampoco ha aportado evidencia alguna sobre ello, y menos ha contribuido a que el árbitro remita el expediente arbitral, a pesar de ser de su total interés, no solo porque dijo que los recurrentes sí habían sido notificados sino porque su contestación a la demanda se sustentó en el expediente arbitral [...]. D écim o Cuarto. [...] En atención al principio kompetenz kompetenz , habiéndose amparado la demanda por la causal del inciso b), y en vista que el árbitro único deberá reanudar las actuaciones arbitrales, procediendo a notificar la demanda arbitral a los ahora recurrentes [...]. (Exp. N.° 00053-201.4-0-1817-SP-CO-Ol, de 06-10-2015, £F. jj. 13 y 14. Primera Sala Civil Subespecializada en Materia Comercial. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ).

§ 4505. Es nulo el laudo que omite resolver cualquier extremo de la controversia sometida a conocimiento y decisión del tribunal arbitral (inc. l.b ). N oveno. [...] [La] defensa del recurrente no ha sido analizada para definir este extremo, razón por la cual debe anularse el laudo a fin de que se evalúe esta defensa y los medios probatorios que se ofrecieron para ese fin, luego de lo cual deberá adoptarse la decisión respectiva. Entonces, tiene razón el recurrente cuando acusa de esta omisión en el laudo. D écim o. [...] De lo anotado en el laudo se comprueba que la defensa del recurrente no ha sido evaluada, configurándose la vulneración de su derecho de defensa, bastando para verificar este aserto que ni siquiera se hace referencia al artículo 213 del D.S. N.° 084-2004-PCM que invocó el Gobierno Regional de Ayacucho para esta pretensión. Por tanto, también debe anularse el laudo en este extremo, siendo atendible lo indicado por el recurrente al señalar que no se ha tenido en cuenta los requisitos previstos en la Ley de Contrataciones del Estado. U ndécim o. [...] También en esta oportunidad, el laudo omite valorar la defensa del recurrente, tanto así que no consigna referencia alguna a la solicitud para que el demandante del arbitraje adjunte las cartas fianza fedateada y autorizada para tal fin sujeta al ámbito de la SBS. Por lo demás, si esta resolución ejecutiva regional resuelve el contrato suscrito por ambas partes; ordena liquidar penalidades; y ordena ejecutar las garantías de fiel cumplimiento, de adelanto directo y de adelanto de materiales, es lógico, que debe anularse este extremo, pues por estos temas ya se ha anulado el laudo en los fundamentos anteriores. (Exp. N.° 00277-2015-0-1817-SPCO-Ol, de 05-04-2016, ff. jj. 9-11. Primera Sala Civil Subespecializada en Materia Comercial. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ). n o m o s & t h e s ls

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§ 4506. Es posible denunciar vulneración de un derecho constitucional mediante recurso de anidación de laudo arbitral, en el cual se debe invocar como causal de anulación el inciso 1 literal b) del artículo 63 de la Ley. T rigésim o Sexto. Conforme ai precedente del Expediente N,° 00142-2011-AA/TC [§ 4479], el recurso de anulación de laudo es una vía procedimental específica, igualmente satisfactoria para la protección de derechos constitucionales; es decir, con motivo del recluso de anulación es factible que la justicia ordinaria analice si en el proceso arbitral se ha vulnerado algún derecho constitucional, como por ejemplo, el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales (arbitrales en el proceso arbitral). Al respecto, este colegiado, en armonía con la regla 20 b) del precedente N.° 00142-2011-AA/TC, precisa que cuando en un recurso de anulación se denuncia la vulneración de algún derecho constitucional, no se está planteando una nueva causal de anulación de laudo en función de la Duodécima Disposición Complementaria del Decreto Legislativo N.° 1071, sino que tal denuncia debe encuadrar dentro de alguna de las causales del artículo 63 del Decreto Legislativo N.° 1071, que a tenor de dicho precedente es el inciso 1 b) del artículo 63. [...] (Exp, N.° 00075-2013-0-1817-JRCO-02, de 05-09-2013, £ j. 36. Segunda Sala Civil Subespecialidad Comercial. Corte Superior de justicia de Lima. Texto completo: ). § 4507. Anulación del laudo en sede judicial por falta de motivación (inc. 1 .b). D é c im o S e g u n d o . [La] resolución N.° 31 ordena la aclaración del laudo sin dar razones fácticas ni jurídicas que sustenten su decisión, tal como lo exige el artículo 139 inciso 5 de la Constitución, En efecto, la resolución N.° 31 glosa el pedido de la contratista y luego emite una conclusión, mas no hay razón alguna que explique esa conclusión. [...] D écim o Q uinto. [H]abiéndose. comprobado que se ha afectado el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, como lo invoca el Ministerio demandante, debe anularse el laudo en el extremo relativo al tercer punto resolutivo. (Exp. N.° 00194-2015-0-1817-SP-CO-Ol, de 12-04-2016, ff. jj. 12 y 15. Primera Sala Civil Subespecialidad Comercial. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ). § 4508. Control de la motivación del laudo arbitral para determinar su nulidad (inc. l.b).

D écim o. Las omisiones señaladas importan la vulneración al principio de motivación, ya que, siguiendo las palabras del Tribunal Constitucional, el laudo en cuestión: i) no expone “de manera clara, lógica y jurídica los fundamentos de hecho y de derecho que la justifican”; ii) no expresa “el proceso mental que los ha llevado a decidir una controversia”; y, iü) no expresa “una suficiente justificación de la decisión adoptada”, esto es no satisface uno de los elementos del contenido esencial de la motivación. Por todo lo expuesto, el laudo sub litis deviene nulo en relación a la causal del inciso b) del numeral 1 del artículo 63 del decreto Legislativo N.° 107L precisando este colegiado que el control de la motivación se ha hecho en base al texto del mismo laudo, como lo prevé el Tribunal Constitucional en el Expediente 4215-2010-PAVTC. (Exp. N.° 00334-2015-0-0-1817-SP-CO-01, de 21-04-2016, f. j. 10. Primera Sala Civil Subespecializada en Materia Comercial. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ). § 4509. Nulidad del laudo arbitral por falta motivación en el supuesto de motivación por remisión. D écim o Q uinto. [...] [El] laudo sublitis deviene en nulo en relación a la segunda causal [de anulación que denuncia problemas de motivación en el laudo final], precisando este colegiado que el control de la motivación se ha hecho en base al texto del mismo laudo, como lo prevé el Tribunal Constitucional en el Expediente N.° 4215-2010-PA/TC. Así entonces, la protesta de la parte recurrente tiene asidero, pues sus objeciones esenciales de ajuste de montos sin motivar, de ausencia de monto específico para el daño emergente y para el lucro cesante, y de insuficiencia del criterio de equidad, han quedado acreditados. No se salva la validez del laudo con la alegación de la parte ahora demanda, de que la motivación que sea hecho es por remisión, pues como se verifica del texto del mismo laudo, tal remisión no ha ocurrido, bastando para verificar este aserto las variaciones en el valor de la cuota de pesca, o los porcentajes en la tasa de descuento y en el valor de perpetuidad. [...] Habiendo quedado descartadas todas las “razones” dadas por el tribunal arbitral, queda como único criterio la equidad regulada en el artículo 1332 del Código Civil, mas a juicio de este colegiado este único criterio tampoco salva la validez del laudo al no existir razones que justifiquen su aplicación, * SUMMA PROCESAL CIVIL

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siendo realmente insuficiente lo dicho por el tribunal en el fundamento 31 donde refiere que la terea de determinar el monto es difícil, lo que tampoco ha sido explicado debidamente, es decir el tribunal no ha dicho por qué es difícil esa tarea, (Exp. N.° 00130-2015-0-1817-SP-CO-01, de 17-01-2013, f. j. 15. Primera Sala Civil Subespecializada en Materia Comercial. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: Anulación de laudos , p. 304). § 4510. N ulidad del laudo arbitral por inobservancia de un precedente del Tribunal Constitucional (inc. l.c). N oveno. [...] [El] laudo se ha dictado sin observar los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional, los mismos que ni siquiera han sido citados en el razonamiento arbitral, y en tal sentido queda demostrado -como lo refiere el recurrente- que el laudo es nulo por infracción de la causal del inciso c) del numeral 1 del artículo 63 del Decreto Legislativo N.° 1071, toda vez que las actuaciones arbítrales no se han ajustado al acuerdo entre las partes. (Exp. N.° 0002-2013-0-1817-JRCO-02, de 15-08-2013, f. j. 9. Segunda Sala Civil Subespecialidad Comercial. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ). § 4511. Ante la inexistencia en sede arbitral de un recurso previo a través del cual se pueda cuestionar la motivación aparente, por excepción, se debe admitir el recurso de anulación de laudo arbitral en sede judicial sin exigir el citado requisito previo de procedibilidad (inc. 2). S é tim o . [...] [Si] bien conforme al artículo 63 inciso 2 del Decreto Legislativo N.° 1071, la causal prevista en el inciso b) del numeral 1 de este artículo solo será procedente si fue objeto de reclamo expreso en su momento ante el tribunal arbitral por la parte afectada y fue desestimada, tal requisito de procedibilidad debe ser apreciado con sumo cuidado y considerando que al interior del proceso arbitral haya posibilidad jurídica de formular ese reclamo expreso, y de que a partir de ello se pueda corregir el defecto o error. [...] Entonces, si el ordenamiento jurídico no provee de una herramienta legal e idónea, resulta absurdo exigir al reclamante que formule su reclamo al interior del proceso arbitral, pues ello solo será así cuando se cuente legalmente con una vía o medio idóneo para remediar el error o defecto, lo que no sucede en los casos de inexistencia de motivación o de motivación aparente, pues en tales casos no hay nada que rectificar, interpretar, integrar o excluir. En estos casos, por excepción, debe admitirse el recurso de anulación sin exigir el citado requisito de procedibilidad, y considerando el principio pro actione, siendo claro pata este colegiado que de comprobarse la vulneración del derecho a la motivación délas resoluciones judiciales [...]. (Exp, N.° 00018-2014-0-1817-JR-CO-02, de 17-072014, f. j. 7. Segunda Sala Civil Subespecialidad Comercial. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ). § 4512. Es improcedente el recurso de anulación, pese a que el Tribunal se pronunció sobre una m ateria no arbitrable, debido que la recurrente debió presentar el recurso de exclusión luego de emitido el laudo y no la excepción de incompetencia (inc. l.e). Véase la jurisprudencia del artículo 58° del Decreto Legislativo N.° 1071 [§ 4487]. (Exp. N.° 00236-2015-0-1817-SP-CO-Ol, de 03-03-2016, ff. jj. 9-1E Primera Sala Civil Subespecializada en Materia Comercial. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ).

Artículo 64: Trámite del recurso 1. El recurso de anulación se interpone ante la Corte Superior competente dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación del laudo. Cuando se hubiere solicitado la rectificación, interpretación, integración o exclusión del laudo o se hubiese efectuado por iniciativa del tribunal arbitral, el recurso de anulación deberá interponerse dentro de los veinte (20) días de notificada la última decisión sobre estas cuestiones o de transcurrido el plazo para resolverlos, sin que el tribunal arbitral se haya pronunciado. 2. El recurso de anulación debecontener la indicación precisa de la causal o de las causales de anulación debidamente fundamentadas y acreditadas con los medios probatorios correspondientes. Solo pueden ofrecerse documentos. Las partes podrán presentar las copias pertinentes de las actuaciones arbitrales que tengan en su poder. Excepcionalmente y por motivos atendibles, las partes o la Corte podrán solicitar n o m o r. &. t h e s i s

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que el tribunal arbitral remita las copias pertinentes de dichas actuaciones, no siendo necesario el envío de la documentación original. Asimismo el recurso de anulación debe contener cualquier otro requisito que haya sido pactado por las partes para garantizar el cumplimiento del laudo. 3. La Corte Superior competente resolverá de plano sobre la admisión a trámite del recurso dentro de los diez (10) días siguientes, excepto en el caso previsto en el numeral 4 del artículo 66 en el que previamente deberá cumplirse con el trámite que en él se establece. Una vez admitido a trámite el recurso de anulación, se dará traslado a la otra parte por el plazo de veinte (20) días para que exponga lo que estime conveniente y ofrezca los medios probatorios correspondientes. Solo pueden ofrecerse documentos. 4. Vencido el plazo para absolver el traslado, se señalará fecha para la vista de la causa dentro de los veinte (20) días siguientes. En la vista de la causa, la Corte Superior competente podrá suspender las actuaciones judiciales por un plazo no mayor a seis (6) meses a fin de dar al tribunal arbitral la oportunidad de reanudar las actuaciones arbitrales o de adoptar cualquier otra medida que, a criterio de los árbitros elimine las causales alegadas para el recurso de anulación. En caso contrario, resolverá dentro de los veinte (20) días siguientes. 5. Contra lo resuelto por la Corte Superior solo procede recurso de casación ante la Sala Civil de la Corte Suprema, cuando el laudo hubiera sido anulado en forma total o parcial.

PLENOS JURISDICCIONALES

§ 4513. La presentación de la carta fianza como requisito del recurso de anulación contra el laudo arbitral. ¿Debe exigirse la presentación de la carta fianza que las partes pactaron como requisito para un recurso de anulación, pese a que no está previsto legalm ente tal requisito r’El Pleno acordó por mayoría : “El acuerdo de las partes que fija como requisito del recurso de anulación, la presentación de una carta fianza, es válido y vinculante para el órgano jurisdiccional. Por tanto, la Sala al calificar la admisión del recurso de anulación debe verificar su cumplimiento”. (Pleno Jurisdiccional Regional Comercial 'Sobre Anulación y Ejecución de Landos Arbitrales y Embargo de Bienes Estatales-, realizado en Lima, el 01-10-2016. Tema N.° I [Validez del pacto que establece como requisito de procedibilidad del recurso de anulación la presentación de la carta fianza]. Texto completo: ).

Artículo 66: Garantía de cumplimiento 1. La interposición del recurso de anulación no suspende la obligación de cumplimiento del laudo ni su ejecución arbitral o judicial, salvo cuando la parte que impugna el laudo solicite la suspensión y cumpla con el requisito de la garantía acordada por las partes o establecida en el reglamento arbitral aplicable. Al examinar la admisión del recurso, la Corte Superior verificará el cumplimiento del requisito y, de ser el caso, concederé la suspensión. 2. Si no se ha acordado requisito alguno, a pedido de parte, la Corte Superior concederá la suspensión, si se constituye fianza bancaria solidaria, incondicionada y de realización automática en favor de la otra parte con una vigencia no menor a seis (6) meses renovables por todo el tiempo que dure e! trámite del recurso y por una cantidad equivalente al valor de la condena contenida en el laudo. 3. Si la condena, en todo o en parte, es puramente declarativa o no es valorizable en dinero o si requiere de liquidación o determinación que no sea únicamente una operación matemática, el tribunal arbitral podrá señalar un monto razonable en el laudo para la constitución de la fianza bancaria en las mismas condiciones referidas en el numeral anterior, como requisito para disponer la suspensión de la ejecución, salvo acuerdo distinto de las partes. 4. La parte impugnante podrá solicitar la determinación del monto de la fianza bancaria prevista en el numeral anterior a la Corte Superior que conoce del recurso, cuando el tribunal arbitral no lo hubiera * SUMMA PROCESAL CIVIL

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determinado. También podrá solicitar su graduación, cuando no estuviere de acuerdo con la determinación efectuada por el tribunal arbitral. La Corte Superior luego de dar traslado a la otra parte por tres (3) días, fijará el monto definitivo en decisión inimpugnable. 5. La garantía constituida deberá renovarse antes de su vencimiento mientras se encuentre en trámite el recurso, bajo apercibimiento de ejecución del laudo. Para tal efecto, la Corte Superior, a pedido de (a parte interesada, de ser el caso, oficiará a las entidades financieras para facilitar la renovación. 6. Si el recurso de anulación es desestimado, la Corte Superior, bajo responsabilidad, entregará la fian­ za bancaria a la parte vencedora del recurso. En caso contrario, bajo responsabilidad, lo devolverá a la parte que interpuso el recurso.

PLENOS JURISDICCIONALES

§ 4514. Validez del acuerdo que exonera la presentación de la carta fianza como requisito del pedido de suspensión del laudo. ¿Debe exigirse la presentación de la c a rta f ia n z a que la Ley

requiere como requisito del pedido de suspensión de cum plim iento del laudo, pese que las partes pactaron exonerarse d e dicho requisito? El Pleno acordó por mayoría : "El acuerdo de las partes que exonera de la presentación de carta fianza como requisito del pedido de suspensión del laudo, es válido y vinculante para el órgano jurisdiccional. Por tanto, la Sala al calificar el pedido de suspensión no debe requerir la presentación de tal garantía”. (Pleno Jurisdiccional Regional Comercial -Sobre Anulación y Ejecución de Laudos Arbitrales y Embargo de Bienes Estatales-, realizado en Lima, el 01-10-2016, Tema N.° Ií [Validez del pacto de exoneración de la presentación de la carta fianza para solicitar la suspensión de la ejecución del laudo]. Texto completo: ).

Artículo 67; Ejecución arbitral 1. A solicitud de parte, el tribunal arbitral está facultado para ejecutar sus laudos y decisiones, siempre que medie acuerdo de las partes o se encuentre previsto en el reglamento arbitral aplicable. 2. Se exceptúa de lo dispuesto en el numeral anterior, el caso en el cual, a su sola discreción, el tri­ bunal arbitral considere necesario o conveniente requerir la asistencia de la fuerza pública. En este caso, cesará en sus funciones sin incurrir en responsabilidad y entregará a la parte interesada, a costo de esta, copia de los actuados correspondientes para que recurra a la autoridad judicial competente a efectos de la ejecución.

PRECEDENTE VINCULANTE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

§ 4515. Reglas de procedencia e improcedencia del amparo arbitral. Objeto del ejercicio del control difuso de constitucionalidad en la jurisdicción arbitral. Véase la jurisprudencia del artículo 3o del Decreto Legislativo N.° 1071, Decreto Legislativo que norma el arbitraje [§ 4479]. (Exp. N.° 00142-2011-PA/TC [Caso Sociedad M inera de Responsabilidad Ltda, María Julia], del 21-09-2011 [Web: 26-09-2011 / EP: 05-10-2011], que declara que los criterios previstos en los ffi jj. 20, 21 y 26, constituyen precedente vinculante inmediato]. Texto completo: ). PLENOS JURISDICCIONALES

§ 4516. Ejecución de laudos arbitrales contra el Estado. ¿En q u é e ta p a es a p lic a b le la n o r m a t iv a especial para el pago de obligaciones d el Estado? El Pleno acordó por unanimidad : “El procedimiento previo, especial, que fijan las normas administrativas y presupuéstales, así como los criterios vinculantes fijados por el Tribunal Constitucional, se refiere al pago de obligaciones dineradas del Estado determinadas por sentencias con calidad de cosa juzgada; por tanto, es aplicable en la etapa de ejecución forzada. Tratándose de la ejecución de laudos, la etapa de ejecución forzada sucede a la emisión del

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auto definitivo que ordena llevar adelante la ejecución, por lo que será en esa etapa procesal, y no antes, que deberá respetarse dicho procedimiento especial”. (Pleno Jurisdiccional Regional Comercial -Sobre Anulación y Ejecución de Landos Arbitrales y Embargo de Bienes Estatales-, realizado en Lima, el 01-10-2016. Tema N.° VI [Ejecución de laudos arbitrales contra el Estado]. Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DE LAS CORTES SUPERIORES

§ 4517. La ejecución de un laudo arbitral derivado de la Ley de Contrataciones del Estado se tramita en la vía civil. Q uinto. En el presente caso, el laudo arbitral materia de ejecución se deriva de un Convenio de Prestación de Servicios de Reparación y Mantenimiento de Flota Vehicular [celebrado por una empresa con una municipalidad] Sexto. Al respecto, los contratos que las empresas proveedoras de bienes y servicios celebran con el Estado, de acuerdo a lo normado por la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, son contratos administrativos sujetos a la normativídad especial mencionada. Asimismo, estos contratos confieren tanto al Estado como a su contraparte una serie de facultades y obligaciones extrañas a la regulación civil o comercial [...]. Sétim o. Consecuentemente, conteniendo el laudo arbitral materia de ejecución una materia no comercial, no corresponde su conocimiento a esta Sala Subespecializada en lo Comercial, resultando de aplicación lo dispuesto en el artículo 5 del Código Procesal Civil. (Exp. N.° 300-2006, de 23-03-2006, ff. jj. 5-7. Primera Sala Civil con Subespecialidad Comercial, Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ). JU RISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

§ 4518. Criterios de impugnación de resoluciones arbitrales distintas al aludo expedidas en etapa de ejecución de laudo en sede arbitral. 11. [El] referido precedente vinculante [Exp. N.° 0142-2011-PA/TC] no resulta aplicable a los supuestos en ios que [...] el [...] agravio a los derechos fundamentales proviene de resoluciones arbitrales distintas al laudo arbitral, concretamente de resoluciones arbitrales expedidas en la fase de ejecución del laudo arbitral. Asimismo, conviene destacar que, en situaciones como ia aquí descrita, esto es, cuando se emite una resolución arbitral que desconoce, incumple, desnaturaliza o inejecuta el laudo arbitral emitido, no existe mecanismo recursivo alguno por promover, tota vez que el recurso de anulación, según ia norma de arbitraje, solo procede contra los laudos arbitrales. 12. [Por] ello, sobre la base de los fundamentos que subyacen para ía impugnación de laudos arbitrales ante el Poder Judicial, es posible sostener que procede el proceso de amparo para cuestionar las resoluciones arbitrales, distintas al laudo, expedidas por el Tribunal Arbitral en fase de ejecución de laudo arbitral, siempre que se trate de una resolución que carezca de sustento normativo o sea emitida con manifiesto agravio a los derechos fundamentales, caso contrario, será declarado improcedente. En estos casos el objeto de control constitucional lo constituye la resolución arbitral que desconoce, incumple, desnaturaliza o inejecuta el laudo arbitral. Dicho control deberá llevarse a cabo conforme a las reglas del Código Procesal Constitucional y la jurisprudencia constitucional. (Exp. N.° 08448-2013-PA/TC [Caso Octavio Olegario Olivo García-Procurador Público D el Ministerio De Educación], de 03-09-2014 [Web: 20-01-2015], ff. jj. 11 y 12. Texto completo: ).

Artículo 68: Ejecución judicial 1. La parte interesada podrá solicitar la ejecución del laudo ante ia autoridad judicial competente acompañando copia de este y de sus rectificaciones, interpretaciones, integraciones y exclusiones y, en su caso, de las actuaciones de ejecución efectuada por el tribunal arbitral. 2. La autoridad judicial, por el solo mérito de ios documentos referidos en el numeral anterior, dictará mandato de ejecución para que la parte ejecutada cumpla con su obligación dentro de un plazo de cinco (5) días, bajo apercibimiento de ejecución forzada.

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3. La parte ejecutada solo podrá oponerse si acredita con documentos el cumplimiento de la obligación requerida o la suspensión de la ejecución conforme al artículo 66. La autoridad judicial dará traslado de la oposición a la otra parte por el plazo de cinco (5) días. Vencido este plazo, resolverá dentro de los cinco (5) días siguientes. La resolución que declara fundada la oposición es apelable con efecto suspensivo. 4. La autoridad judicial está prohibida, bajo responsabilidad, de admitir recursos que entorpezcan la ejecución del laudo.

PLENOS JURISDICCIONALES

§ 4519. La calificación del laudo como título ejecutivo y los medios de defensa. ¿Qué medios d e defensa p u ed e utilizar el demandado contra el mandato ejecutivo de un laudo arbitral? El Pleno acordó por u n a n i m i d a d ; “La calificación de un laudo arbitral como un título ejecutivo debe efectuarse verificando que de los documentos presentados (copia del laudo y de sus rectificaciones, interpretaciones, integraciones y exclusiones y, en su caso, de las actuaciones de ejecución efectuadas por el tribunal arbitral), se desprenda que la obligación declarada en el laudo y cuyo cumplimiento se pretende en sede judicial sea cierta, expresa y exigible, y, en su caso, líquida o liquidable tratándose de dar sumas de dinero. No puede impedirse que la parte ejecutada alegue el incumplimiento de los requisitos comunes de procedíbilidad de una ejecución, a que se refiere el artículo 689 del Código Procesal Civil, pero esto debe efectuarse únicamente a partir de lo laudado, sin reabrir la controversia que fue objeto de arbitraje”. (Pleno Jurisdiccional Regional Comercial -Sobre Anulación y Ejecución de Laudos Arbitrales y Embargo de Bienes Estatales-, realizado en Lima, el Ól -10-2016. Tema N.° V [La calificación del laudo como título ejecutivo y los medios de defensa]. Texto completo: ).

§ 4520. Calificación del laudo arbitral como título ejecutivo. F o r m u l a c i ó n d e l p r o b l e m a : En un proceso de ejecución de laudo ¿debe el juzgador apreciar al calificar la demanda el cumplimiento d el artíado 689° d el Código Procesal Civil? ¿Puede la parte ejecutada basar su defensa alegando el incum plim iento de los requisitos del artículo 689° del Código Procesal Civil, aun cuando no constituya form alm ente ninguna causal de oposición prevista en el artículo 68° inciso 3) del Decreto Legislativo N.° 1071?, El Pleno adoptó por u n a n i m i d a d ; “La calificación de un Laudo arbitral como un título ejecutivo debe efectuarse verificando que de los documentos presentados (copia del Laudo y de sus rectificaciones, interpretaciones, integraciones y exclusiones y, en su caso, de las actuaciones de ejecución efectuadas por el Tribunal Arbitral), se desprenda que la obligación declarada en el Laudo y cuyo cumplimiento se pretende en sede judicial sea cierta, expresa y exigible, y, en su caso, líquida o liquidable tratándose de dar sumas de dinero. No puede impedirse que la parte ejecutada alegue el incumplimiento de los requisitos comunes de procedíbilidad de una ejecución, a que se refiere el artículo 689° deí Código Procesal Civil, pero esto debe efectuarse únicamente a partir de lo laudado, sin reabrir la controversia que fue objeto de arbitraje”. (Pleno Jurisdiccional Distrital Comercial 2015, realizado en Lima, el 05-06-2015. Tema N.° 2. Texto completo: ).

§ 4521. El juez tiene La facultad de revisar ciertos aspectos del laudo arbitral. ¿El ju ez p u ed e tener ¡a fa cu lta d de examinar el laudo arbitral solo para examinar aspectos procesales fundam entales como la acreditación d e la existencia d el convenio arbitral? El Pleno acordó por m a y o r í a : “En esta etapa de ejecución de laudo arbitral, lo único que compete al juez es verificar si se ha cumplido con adjuntar los documentos siguientes: Copia del laudo arbitral y de sus rectificaciones, interpretaciones, integraciones y exclusiones, y en su caso de las actuaciones efectuadas por el tribunal arbitral. (Conforme al numeral lera, del artículo 68a del Decreto Legislativo N.° 1071). Y cumplido esta verificación, la autoridad judicial por el solo mérito de los citados documentos dictará mandato de ejecución (Conforme al numeral 2o del artículo 68 del Decreto Legislativo N.° 1071), consecuentemente no puede entrar a calificar los fundamentos del laudo arbitral por tener la calidad de cosa juzgada”. (Pleno Jurisdiccional Regional Comercial, realizado en Chachapoyas, los días 27 y 28-06-2014. Tema N.° 2 [Ejecución de laudo arbitral]. Texto completo: ). n o m o s & t h e s is

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§ 4522. En un proceso judicial de ejecución de acta de conciliación o ejecución de laudo arbitral procede de la notificación a terceros. F o r m u l a c i ó n d e l p r o b l e m a : En los p rocesos de E jecución d e Laudos A rbitrales y Actas d e C onciliación, ¿se debe notificar con e l m andato d e ejecución a terceros? El Pleno adoptó por unanimidad: “Procede la notificación a terceros -en un proceso judicial de Ejecución de Acta de Conciliación o Ejecución de Lando Arbitral- cuando lo soliciten las partes, lo solicite el propio tercero o el juez -como director del proceso- considere atendible la notificación, de lo contrario se afectaría su derecho de defensa. Abunda a lo expuesto el hecho que no existe norma que prohíba la notificación a terceros en los citados procesos; en tal sentido el hecho de notificárseles no vulnera precepto alguno ni perjudicaría a las partes; por el contrario su omisión afectaría derechos fundamentales de los terceros que serán alcanzados con la ejecución del arbitral o el Acta de Conciliación respectiva”. (Pleno Jurisdiccional Distrital Comercial, realizado en Lima, el 07-06-2010. Tema N.° l. Texto completo: ).

§ 4523. El tercero puede incorporarse o formular contradicción en los procesos de ejecución de laudos arbitrales y actas de conciliación, siempre que sea solicitado por esta parte, o por las partes procesales o en su defecto cuando el juez siempre y cuando se compruebe su evidente interés. F o r m u l a c i ó n d e l p r o b l e m a : En los procesos d e ejecu ción d e laudos arbitrales y actas de conciliación, ¿se d eb e declarar p roced en te o im procedente la p etició n de los terceros de incorporárseles al proceso, así com o su interposición d e contradicción? El Pleno adoptó por u n a n i m i d a d : “Se debe conceder la intervención y eventuaímente, de ser el caso, admitir la contradicción formulada por los terceros que no participaron en el acta de conciliación extrajudicial o en el proceso seguido ante el Tribunal Arbitral siempre que sea solicitado por esta parte, o por las partes procesales o en su defecto cuando el juez considere atendible la incorporación del referido tercero; ello siempre que se compruebe su evidente interés, y se aprecie además que de lo contrario se le cansaría un grave perjuicio”. (Pleno Jurisdiccional Distrital Comercial, realizado en Lima, el 07-06-2010. Tema N.° 2. Texto completo: ).

§ 4524. En los procesos de ejecución de laudos arbitrales y actas de conciliación, el juez debe conceder la apelación deducida por el tercero contra el auto que deniega su incorporación. F o r m u l a c i ó n d e l p r o b l e m a : En los procesos d e ejecu ción de laudos arbitrales y actas d e conciliación, ¿Los juzgados deben con ced er la apelación interpuesta p o r un tercero contra el auto que deniega su incorporación? El Pleno adoptó por u n a n i m i d a d : “En el supuesto que un tercero interponga apelación contra el auto que deniega su incorporación el a~quo debe, en atención a lo dispuesto por el artículo 101 del Procesal Civil y principio de la doble instancia, conceder la apelación deducida; siempre que ello no implique la suspensión de la tramitación de los autos”. (Pleno Jurisdiccional Distrital Comercial, realizado en Lima, el 07-06-2010. Tema N.° 3. Texto completo: ).

§ 4525. En los procesos de ejecución de laudos arbitrales y actas de conciliación, en el supuesto que alguna de las partes impugne el auto que resuelve la incorporación de los terceros, el juez debe denegar esta petición. F o r m u l a c i ó n d e l p r o b l e m a : En los procesos d e ejecu ción d e laudos arbitrales y actas d e conciliación, ¿el ju e z d eb e den ega r la apelación interpuesta p o r ¡as partes contra e l auto que incorpora a un tercero a l proceso? El Pleno adoptó por m a y o r í a : “Que, teniendo en consideración que es la propia normatividad procesal civil la que facilita la incorporación de un tercero al proceso -siempre que ello no perjudique a las partes, ni entorpezca el proceso-, en el supuesto que alguna de las partes impugne el auto que resuelve la incorporación de ios terceros, el juez debe denegar esta petición, por así disponerlo expresamente eí segundo párrafo del artículo 101 del Código Procesal Civil, al señalar que “sólo es apelable la resolución que deniega la intervención”. (Pleno Jurisdiccional Distrital Comercial, realizado en Lima, el 07-06-2010. Tema N.° 3.A. Texto completo: ).

§ 4526. Si el tercero se opusiera a la ejecución o alega contradicción contrae! acta de conciliación o el laudo arbitral, dicha oposición deberá ser amparada. F o r m u l a c i ó n d e l p r o b l e m a : En los procesos d e ejecu ción d e laudos arbitrales y actas d e conciliación , a l resolver el p ed id o de contradicción y oposición fo rm u la d o p o r un tercero, ¿ elju ez debe declarar inejecutable el acta de conciliación o laudo contra « SUMMA PROCESAL CIVIL

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el tercero ? EL Pleno adoptó por u n a n i m i d a d : “Que, en los casos de restitución o entrega de bienes inmuebles, si el tercero se opusiera a la ejecución (o alegara contradicción) del acta de conciliación extrajudicial o del laudo arbitral, sustentando y acreditando que se encontraba en posesión del bien sub materia, incluso con anterioridad a la fecha de celebración del acta de conciliación extrajudicial y/o del proceso arbitral, el cual resolvió la desocupación del mismo -sin que él haya intervenido en dichos procesos-; la oposición (o contradicción) interpuesta judicialmente deberá ser amparada, pues de no ser así se estaría no solo violentando normas procesales sino también normas que constituyen garantías constitucionales como la tutela jurisdiccional efectiva y el derecho al debido proceso en su vertiente: derecho de defensa, toda z que el tercero quedaría en total indefensión”. (Pleno Jurisdiccional Distrital Comercial, realizado en Lima, el 07-06-2010. Tema N.° 4. Texto completo: ). § 4527. Supuestos en los que se admite la notificación a terceros en un proceso de ejecución de laudo arbitral. F o r m u l a c i ó n d e l p r o b l e m a : ¿La ejecu ción de laudo arb itra lp u ed e afectar a terceros o solo a las p a rtes? P r i m e r c a s o ; En las dem andas d e ejecu ción de laudo arbitral e l ejecu tan te solicita notificar a los terceros con el m andato d e ejecución. El Pleno adoptó por u n a n i m i d a d : “Se admite la notificación a los terceros cuando, lo soliciten las partes, lo solicite el tercero o de oficio por el Juez5’. (Pleno Jurisdiccional Distrital Comercial 2010, realizado en Lima, el 13-05-2010. Tema N.° 1. Primer caso. Texto completo: ). § 4528. En la etapa de ejecución de un laudo, los terceros pueden solicitar su incorporación y formular contradicción. F o r m u l a c i ó n d e l p r o b l e m a : ¿La e j e c u c i ó n d e l a u d o a r b i t r a l p u e d e a f e c t a r a t e r c e r o s o s o l o a la s p a r t e s ? S e g u n d o

c a so ;

L os t e r c e r o s s o l i c i t a n s u i n c o r p o r a c i ó n y f o r m u l a n

El Pleno adoptó por u n a n i m i d a d : “L o s Juzgados declaran procedente la incorporación y contradicción deducida por los terceros”. (Pleno Jurisdiccional Distrital Comercial 2010, realizado en Lima, el 13-05-2010. TemaN.° 1. Segundo caso. Texto completo: ). co n tr a d icció n .

§ 4529. Procedencia de la apelación interpuesta por un tercero en la ejecución de un laudo arbitral. F o r m u l a c i ó n d e l p r o b l e m a : ¿La ejecu ción d e laudo arbitral p u ed e a fectar a terceros o solo a las partes? T e r c e r c a s o ; D ebe concederse o denegarse la apelación interpuesta p o r el tercero contra el auto que d en iega su intervención. El Pleno adoptó por u n a n i m i d a d : “L o s juzgados conceden la apelación interpuesta por un tercero contra el auto que deniega su intervención(Pleno Jurisdiccional Distrital Comercial 2010, realizado en Lima, el 13-05-2010. Tema N.° 1. Tercer caso. Texto completo: ). § 4530. El deber del juez de negar la apelación del auto que incorpora a un tercero. ¿La ejecu ción d e laudo arbitral p u ed e afectar a terceros o solo a las partes? C a s o 3. A: Las pa rtes p u ed en apelar e l auto que incorpora un tercero. El Pleno adoptó por u n a n i m i d a d : “El juez debe denegar la apelación interpuesta por las partes contra el auto que incorpora a un tercero”. (Pleno jurisdiccional Distrital Comercial 2010, realizado en Lima, el 13-05-2010. Tema N.° 1. Caso 3.A. Texto completo: ).

F o r m u l a c ió n d e l p r o b l e m a :

§ 4531. Inejecutabiíidad del acta de conciliación o laudo contra el tercero. F o r m u l a c i ó n d e l ¿La ejecu ción d e laudo arbitral p u ed e afectar a terceros o solo a las partes? C u a r t o c a s o ; El tercero y a incorporado fo rm u la contradicción y oposición. El Pleno adoptó por u n a n i m i d a d : “Al resolver el pedido de contradicción y oposición formulado por un tercero, el juez debe declarar inejecutable el acta de conciliación o laudo contra el tercero”. (Pleno Jurisdiccional Distrital Comercial 2010, realizado en Lima, el 13-05-2010. Tema N.° 1. Cuarto caso. Texto completo: ). pro blem a:

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 4532. Ejecución de laudo arbitral contra terceros. Los terceros que no tuvieron participación del procedimiento arbitral pueden ser afectados directamente. S e x to . [Al] formular la causal de infracción normativa respecto a los artículos 593 y 690 del Código Procesal Civil -acápite b)-, el demandante sostiene en primer lugar que el artículo 593 señala que la orden de lanzamiento se ejecutará n o m o s & th e s is

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contra todos los que ocupen el predio, aunque no hayan participado en el proceso o no aparezcan en el acta de notificación; siendo así, la orden de lanzamiento está supeditada a que los ocupantes del bien estén válidamente notificados con la demanda. En segundo lugar, alega que se desconocen los efectos previstos en el artículo 690 del Código Procesal Civil, por cuanto al señalarse que el apercibimiento no es uno oponible a terceros, se estaría inaplicando una norma legal que señala que en los procesos de ejecución sí pueden extenderse los efectos a terceros, siempre que hayan sido válidamente notificados con la demanda y puedan ejercer su derecho de defensa. En efecto, si bien es cierto el referido artículo 593 del Código Procesal acotado señala que consentida o ejecutoriada la sentencia que declara fundada la demanda, el lanzamiento se ejecutará contra todos los que ocupen el predio, aunque no hayan participado en el proceso o no aparezcan en el acta de notificación; y el también referido artículo 690 del Código Procesal Civil señala que cuando la ejecución pueda afectar derecho de tercero, se debe notificar a este con el mandato de ejecución, también lo es que dichos artículos son aplicables para el cumplimiento en ejecución de sentencia del proceso de desalojo, que no es el caso de autos, pues lo que se busca con la interposición de la presente demanda es la ejecución de un laudo arbitral, el mismo que tiene la calidad de cosa juzgada y de obligatorio cumplimiento; por tanto, este extremo del recurso de casación no merece ser amparado. [...] D écim o segund o. [Sjiendo así, teniendo en cuenta que lo resuelto en el laudo arbitral produce los efectos de cosa juzgada, cuyo cumplimiento es obligatorio, se encuentra proscrito que en vía de ejecución del mismo se revise el fondo de lo resuelto o sus alcances; asimismo, no es factible que se proceda a analizar el acierto o desacierto de la decisión adoptada en el laudo arbitral. Por lo tanto, al haberse incumplido lo resuelto en el citado laudo, así como también con lo dispuesto en el auto de ejecución de fecha 19 de febrero del año 2009 -entrega físicamente del bien sublitis por parte del ejecutado-, corresponde hacer cumplir lo resuelto en el laudo arbitral; es decir, llevar adelante su ejecución; más aún, si se tiene en cuenta que en vía arbitral el ejecutado no interpuso medio impugnatorio -recurso de anulación- que cuestione su validez y en vía judicial no formuló oposición al mandato de ejecución. D écim o Tercero. La orden de entregar el bien se dirige contra el obligado en cumplimiento del laudo arbitral y contra los terceros ocupantes, por lo que la decisión del juez no está exento de logicidad y se ajusta a derecho; ni) Conforme a lo previsto en el artículo 8 numeral 3 de la Ley General de Arbitraje -Decreto Legislativo N.° 1071-. “Para la ejecución forzada del laudo será competente el juez subespecializado en lo comercial o, en su defecto, el juez civil del lugar del arbitraje o el del lugar donde el laudo debe producir su eficacia”; por lo tanto, se concluye que se ha cumplido acertadamente con la tramitación del presente proceso, ya que el mismo conforme a la aludida norma debe ser conocido por los juzgados comerciales como efectivamente ha sucedido en autos; iv) El recurrente no precisa las deficiencias procesales incurridas, ni en qué consiste la presunta incongruencia o la contravención al Principio de Jerarquía de Normas; por el contrario, de autos se acredita que se han respetado las normas del debido proceso, ya que MJTQ [tercera con interés] ha hecho uso de los medios de defensa que le confiere la ley, solicitando su intervención en el presente proceso e interponiendo su recurso de apelación; por lo tanto, no se aprecia que se haya vulnerado algún derecho establecido en nuestro ordenamiento jurídico. (Casación N.° 2994-2010-Lima, de 2706-2011, ff. jj. 6, 12 y 13. Sala Civil Transitoria [EP, 02-01-2012, Sentencias en Casación N.° 658, p. 32578]. Texto completo: ).

* SUMMA PROCESAL CIVIL

LEY DE CONCILIACIÓN

LEY N.° 26872 Ley de Conciliación (EP, 13-11-1997)

LEY DE CONCILIACIÓN

CAPÍTULO II DE LA CONCILIACIÓN

Artículo 6: Falta de intento conciliatorio Si la parte demandante, en forma previa a interponer su demanda judicial, no solicita ni concurre a la Audiencia respectiva ante un Centro de Conciliación extrajudícial para los fines señalados en el artículo precedente, el Juez competente al momento de calificar la demanda, la declarará improcedente por causa de manifiesta falta de interés para obrar.(1) N O T A D E A C T U A L IZ A C IÓ N

(1) A rtículo m odificado por el artículo 1 del D ecreto Legislativo N.° 1070 (EP, 28-06-2008), disposición q u e e n tra rá en vigencia p rogresivam ente en los diferentes D istritos C onciliatorios según el C alendario O ficial que será aprobado m ediante D ecreto S uprem o. Se exceptúa de dicho C alendario a los distritos conciliatorios de Lima, T rujilio y Arequipa, así com o e! D istrito Judicial del C ono N orte de Lima, salvo la provincia de C anta, en ios cuales será aplicado a ¡os sesenta (60) día s ca lendario de su publicación. A nteriorm ente había sido m odificado p or el artículo 2 de la Ley N.° 27398 (EP, 13-01-2001) y por el artículo único de la Ley N.° 2 7363 (EP, 01-11-2000).

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 4533. Quien ha sido declarado en rebeldía, no podrá cuestionar la exigibilidad de la audiencia de conciliación extrajudicial previa. Sétim o. [E]ntonces, en determinados casos, antes del inicio del proceso civil se debe cumplir con el requisito de procedibilidad establecido en la ley sustantiva [...] ya que su no cumplimiento originaría que la formulación de una defensa previa suspenda el proceso basta que se cumpla con dicho requisito. O ctavo , [E]stando a lo precedentemente mencionado no podemos dejar de tomar en cuenta que el artículo 455 del Código Procesal Civil, señala que las defensas previas se proponen y se tramitan como las excepciones por lo que será de aplicación el artículo 447 del mismo cuerpo legal, el mismo que dispone que las excepciones se proponen conjunta y únicamente dentro del plazo previsto en cada procedimiento, sustanciándose en cuaderno separado sin suspender la tramitación del principal. N oveno. [Sjiendo ello así, y al haberse declarado rebelde la parte demandada, [...] en consecuencia, no ha cuestionado la exigibilidad de la conciliación extrajudícial conforme a lo establecido en los artículos 455 y 447 del Código Procesal Civil, por lo tanto ha convalidado la * SUMMA PROCESAL CIVIL

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LEY DE CONCILIACION

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inexigibilidad de dicho requisito previo, todo ello concordante con el Principio de Celeridad Procesal, a través del cual se persigue la obtención de una justicia oportuna, sin dilaciones, debiendo la Sala pronunciarse respecto al fondo de la controversia; y habiéndose estimado la causal procesal no resulta necesario emitir pronunciamiento respecto a las demás causales denunciadas. (Casación N.° 28162016-lca, de 28-06-2017, ff. jj. 7-9- Sala Civil Transitoria [EP, 03-04-2018, Sentencias en Casación N.° 744, p. 106114], Texto completo: ).

§ 4534. El Estado, cuando es parte de un proceso judicial, no está exento de presentar el acta de conciliación para la procedencia de la demanda. En este aspecto, dicho requisito formal debe ser cumplido por cualquier entidad pública o privada o persona natural o jurídica sin distinción. Tercero. [...] [La] Sala Superior mediante auto de vista de fecha 15 de noviembre del año 2010 confirma la resolución apelada que declara liminarmente improcedente la demanda. En esencia, la Sala revisora entiende que en el caso de autos, estando a lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Ley de Conciliación N.° 26872 y el artículo 23 del Decreto Legislativo N.° 1068 -Decreto Legislativo del Sistema de Defensa Jurídica del Estado- la pretensión contenida en la demanda está referida a un derecho disponible, por lo que constituye requisito de procedibilidad presentar el acta de conciliación respectiva, aun cuando el Estado sea parte demandante. Cuarto. [En] el presente caso, el punto central para resolver el presente recurso de casación consiste en determinar si la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, en su calidad de parte demandante en el presente proceso, debe acompañar el acta de conciliación extrajudicial, en cumplimiento de la formalidad contenida en el artículo 6 de la Ley N.° 26872 a efectos de viabilizar la interposición de la presente demanda. Q uinto. [Al] respecto, si bien el originario artículo 6 de la Ley N.° 26872, establecía de manera expresa que la conciliación sería facultativa en aquellos asuntos en los que el Estado fuera parte, no obstante, a través de la modificatoria contenida en el Decreto Legislativo N.° 1070 [...] se establece taxativamente que si la parte demandante, en forma previa a interponer su demanda judicial, no solicita ni concurre a la Audiencia respectiva ante un Centro de Conciliación Extrajudicial para los fines señalados en el artículo 5 de la referida Ley conciliatoria, el juez competente al momento de calificar la demanda, tendrá que declarar improcedente la demanda por manifiesta falta de interés para obrar. Sexto. [De] una primera lectura respecto a la modificatoria de la norma en comento, se advierte que esta no hace mención ni alusión expresa en cuanto a que el Estado deba quedar exenta de presentar, como requisito de admisibilidad de los procesos judiciales en los que fuera parte, la respectiva acta de conciliación extrajudicial, como sí lo hizo en su momento la norma originaria; por consiguiente, se razona que la voluntad del ejecutivo a través del referido decreto legislativo sobre esta materia ha sido la de establecer que cualquier entidad pública o privada o persona natural o jurídica sin distinción debía cumplir con dicho requisito formal. (Casación N.° 748-2011-LÍma, de 16-01-2012, ff. jj. 3-6. Sala Civil Transitoria [EP, 04-07-2012, Sentencias en Casación N.° 668, p. 35640]. Texto completo: fo

Artículo 7: Materias conciliables Son materia de conciliación las pretensiones determinadas o determínables que versen sobre derechos disponibles de las partes. En materia de familia, son conciliables aquellas pretensiones que versen sobre pensión de alimentos, régimen de visitas, tenencia, así como otras que se deriven de la relación familiar y respecto de las cuales las partes tengan libre disposición. El conciliador en su actuación deberá aplicar el Principio del Interés Superior del Niño. La conciliación en materia laboral se llevará a cabo respetando el carácter irrenunciable de los derechos del trabajador reconocidos por 9a Constitución Política del Perú y la ley. La materia laboral será atendida por los Centros de Conciliación Gratuitos del Ministerio de Justicia, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y por los Centros de conciliación privados para lo cual deberán de contar con conciliadores acreditados en esta materia por el Ministerio de Justicia. En la n o m o s & th e s is

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Art. 7-A

audiencia de conciliación en materia laboral las partes podrán contar con un abogado de su elección o, en su defecto, deberá de estar presente al inicio de la audiencia el abogado verificador de la legalidad de los acuerdos. En materia contractual relativa a las contrataciones y adquisiciones del Estado, se llevará a cabo de acuerdo a la ley de la materia.(1)(z) N O T A D E A C T U A L IZ A C IÓ N

(1) A rtículo m odificado por el artículo 1 del D ecreto Legislativo N.° 1070 (EP, 28-06-2008), disposición que e n tra rá en vigencia progresivam ente en los diferentes D istritos C onciliatorios según el C alendario O ficial que será aprobado m ediante D ecreto S uprem o, Se exceptúa de dicho C alendario a los distritos conciliatorios de Lim a, Trujillo y A requipa, así com o el D istrito Judicial del C ono N orte de Lima, salvo la provincia de C anta, en los cuales será aplicado a los sesenta (60) días calendario de su publicación. (2) De conform idad con la íercera disposición final del D ecreto Legislativo N.° 1070 (EP, 28-06-2008), la C onciliación establecida en el te rce r y cuarto párrafo del presente artículo, no resulta exigióle a efectos de calificar la d e m anda en m ateria laboral, la m ism a que de conform idad con su Prim era D isposición Final, entrará en vigencia progresivam ente en los diferentes D istritos C onciliatorios según el C alendario O ficial que será aprobado m ediante D ecreto S uprem o. Se exceptúa de dicho C alendario a los d istrito s conciliatorios de Lim a, Trujillo y A requipa, así com o el D istrito Judicial del C ono N orte de Lima, salvo ia provincia de C anta, en los cuales será aplicado a ¡os sesenta (60) d ia s calendario de su publicación.

PRECEDENTE ADMINISTRATIVO DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA EN MATERIA DE CONCILIACIÓN________________________________ _____________________ ______________________

§ 4535. Es obligación del conciliador y del centro de conciliación analizar que las controversias contenidas en las demás actuaciones que involucren al procedimiento conciliatorio, como la reconvención, también sean materia conciliable. Q uinto. [...] [Sobre] la base del principio de legalidad contemplado en el artículo 2o de la Ley de Conciliación y su Reglamento, se infiere que no solo es obligación del conciliador y del centro de conciliación admitir, tramitar y concluir procedimientos conciliatorios sobre materias conciliables, sino también analizar que las controversias contenidas en las demás actuaciones que involucren al procedimiento conciliatorio -en el caso de autos: la reconvencíóntambién lo sean. (Res. Directoral N.° 794-2017-JUS/DGDP-DCMA, de 24-05-2017, Exp. N.° 2662016-Lima, £ j. 5 [entre otros] que constituyen precedente administrativo de observancia obligatoria. Dirección de Conciliación Extrajudicial y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos del Ministerio de Justicia [EP, 04-10-2017, p. 7875]. Texto completo: ).

Artículo 7-A: Supuestos y materias no conciliables de la Conciliación No procede la conciliación en los siguientes casos: a) Cuando se desconoce el domicilio de la parte invitada. b) Cuando la parte invitada domicilia en el extranjero, salvo que el apoderado cuente con poder expreso para ser invitado a un Centro de Conciliación. c) Cuando se trate de derechos y bienes de incapaces a que se refieren los artículos 43 y 44 del Código Civil. d) En los procesos cautelares. e) En los procesos de garantías constitucionales. f) En los procesos de nulidad, ineficacia y anulabilidad de acto jurídico, este último en los supuestos establecidos en los incisos 1,3 y 4 del artículo 221 del Código Civil. g) En la petición de herencia, cuando en la demanda se incluye la solicitud de declaración de heredero. h) En los casos de violencia familiar.

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i) En los casos de desalojo previstos en el Decreto Legislativo N.° 1177- Decreto Legislativo que establece el Régimen de Promoción del Arrendamiento para Vivienda y en la Ley N.° 28364 - Ley que regula el Contrato de Capitalización Inmobiliaria y sus modificatorias. j) En las demás pretensiones que no sean de libre disposición por las partes concillantes.(1} NO TA D E A C T U A L IZ A C IÓ N

(1) A rtículo m odificado por la única disposición com p le m e nta ria m odificatoria del D ecreto Legislativo N.° 1196 (EP, 09-092015). A nteriorm ente había sido m odificado por el articulo 2 de ía Ley N.° 2 9990 (EP, 26-01-2013) e incorporado por el artículo 1 dei D ecreto Legislativo N.° 1070 (EP, 23-06-2008).

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 4536. Errónea interpretación del artículo 7-A de la Ley N.° 26872. Juez que declara improcedente demanda al considerar que el pago por concepto de indemnización solicitada en forma accesoria no ha sido previamente sometido a conciliación extrajudicial. S u m i l l a . La sentencia recurrida se encuentra incursa en causal de nulidad pues si bien el juez de primera instancia haciendo una errónea interpretación del artículo 7-A de la Ley de Conciliación Extrajudicial - Ley N.° 26872 y del Principio de Accesoriedad declaró improcedente la demanda al considerar que el pago de los cien mil dólares (US$. 100,000.00) por concepto de indemnización solicitada en forma accesoria no ha sido previamente sometido a conciliación extrajudicial también lo es que dicho aspecto no ha sido observado ni mucho menos evaluado por la Sala Superior al confirmar la apelada toda vez que la pretensión principal de nulidad de acto jurídico se basa en un derecho disponible debiendo considerarse que por su naturaleza y forma planteada los efectos legales de la pretensión accesoria solo serán posibles si ía pretensión principal es amparada. (Casación N.° 4452-2013-Callao, de 21-11-2014, sumilla. Sala Civil Transitoria [EP, 01-06-2015, Sentencias en Casación N.° 704, p. 63740], Texto completo: ).

Artículo 9: Inexigibilidad de la conciliación extrajudicial Para efectos de la calificación de la demanda judicial, no es exigible la conciliación extrajudícial en los siguientes casos: a) En los procesos de ejecución. b) En los procesos de tercería. c) En los procesos de prescripción adquisitiva de dominio. d) En el retracto. e) Cuando se trate de convocatoria a asamblea general de socios o asociados. f) En tos procesos de impugnación judicial de acuerdos de junta general de accionistas señalados en el artículo 139 de la Ley General de Sociedades, así como en los procesos de acción de nulidad previstos en el artículo 150 de la misma Ley. g) En los procesos de indemnización derivado de la comisión de delitos y faltas y los provenientes de daños en materia ambiental. h) En los procesos contencioso-administrativos. s) En los procesos judiciales referidos a pensión de alimentos, régimen de visitas, tenencia, así como otros que se deriven de la relación familiar y respecto de los cuales las partes tengan libre disposición. En estos casos, la conciliación es facultativa.(1) NO TA D E A C T U A L IZA C IÓ N

(1) A rtículo m odificado por el artículo único de la Ley N.° 2 9 8 76 (EP, 05-06-2012). A nteriorm ente había sido m odificado por el artículo 1 del D ecreto Legislativo N.° 1070 (EP, 28-06-2008) y por el artículo 2 de la Ley N.° 27398 (EP, 13-01-

2001 ).

n o m o s & th e s ls

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JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 4537. En un proceso de desalojo se puede prescindir de la conciliación extrajudicial. Tercero. El Juez, mediante resolución [...] declaró liminarmente improcedente la demanda, bajo el fundamento de que la presente demanda de pago de mejoras es materia conciliable; sin embargo, el demandante no ha cumplido con adjuntar a la demanda, la copia certificada del Acta de Conciliación Extrajudicial correspondiente, incumpliendo con lo establecido en el artículo 425, inciso 7, del Código Procesal Civil; agrega que tampoco se ha señalado que previamente se haya recurrido al procedimiento de conciliación extrajudicial [...]• Cuarto. La parte demandante interpone recurso de apelación [...] sosteniendo que el juzgador se ha olvidado que este es un proceso regulado por nuestra norma adjetiva, el cual prevé que se interpone dentro de los cinco días después de interpuesta la demanda de desalojo (plazo para contestarla) y, que si bien es cierto que la materia es conciliable resulta imposible iniciar un proceso conciliatorio en cinco días, razón por lo cual debe aplicarse el sentido lógico a efectos de evitar que su derecho de acudir al Poder Judicial se vea conculcado [...]. D écim o P rim ero. En el presente caso, tenemos que los juzgadores para admitir la presente demanda [de pago de mejoras] exigen al demandante la presentación del acta de conciliación extrajudicial, en virtud de lo dispuesto en la Ley N.° 26872Ley de Conciliación Extrajudicial, pese a que ello es imposible debido a la premura del plazo para interponer la demanda de pago de mejoras, pues como ha quedado anotado, la mencionada audiencia de conciliación extrajudicial debe llevarse a cabo dentro de los treinta días calendario contados desde la primera citación; situación que no ha sido observada por el legislador al expedir la mencionada Ley de Conciliación, mucho menos ha sido analizada por los juzgadores en el caso en concreto, debiendo tenerse en cuenta que el derecho de acceso a la justicia -como componente del derecho a la tutela jurisdiccional- no puede ser conculcado, pues ante la existencia de situaciones como la presente, dicho derecho constitucional debe ser interpretado en el sentido más favorable para la efectividad del derecho a la tutela judicial, esto es, se debe aplicar el principio pro accione o fa v o r actionis, es decir, “otorgar la máxima virtualidad posible al derecho a acceder al proceso”; sin embargo, dichas reglas no han sido observadas en este caso. D écim o S egundo. [En] tal sentido, esta Sala Suprema llega a la conclusión de que ambas instancias de mérito han infringido el derecho de acceso a la justicia del impugnante al haberle exigido la presentación de un requisito que si bien es exigido mediante Ley; no obstante, tal exigencia contraviene uno de los componentes del derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en la Constitución Política y en el propio Código Procesal Civil, lo cual infringe el derecho a un debido proceso; por consiguiente, el presente medio impugnatorio merece ser amparado. (Casación N.° 6932009-Lima, de 25-08-2009, ff. jj. 3, 4, 11 y 12. Sala Civil Permanente [EP, 31-05-2010, Sentencias en Casación N.° 626, p. 27714], Texto completo: ).

Artículo 14: Concurrencia La concurrencia a la audiencia de conciliación es personal; salvo las personas que conforme a Ley deban actuar a través de representante legal. En el caso de personas domiciliadas en e! extranjero o en distintos distritos conciliatorios o que domiciliando en el mismo distrito conciliatorio se encuentren impedidas de trasladarse al centro de conciliación, se admitirá excepcionalmente su apersonamiento a la audiencia de conciliación a través de apoderado. Para tales casos, el poder deberá ser extendido mediante escritura pública y con facultades expresamente otorgadas para conciliar, no requerirá inscripción registral en el caso de haber sido otorgado con posterioridad a la invitación a conciliar. En el caso que una de las partes esté conformada por cinco o más personas, podrán ser representadas por un apoderado común. En el caso, que las facultades hayan sido otorgadas con anterioridad a la invitación el poder deberá además contar con facultades para que el apoderado pueda ser invitado a un proceso conciliatorio. ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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Es responsabilidad del centro de conciliación verificar la autenticidad de los documentos presentados al procedimiento conciliatorio y la vigencia de los poderes, en su caso. En el supuesto en que alguna de las partes no pueda desplazarse al local del Centro de Conciliación para llevar a cabo la audiencia por motivos debidamente acreditados, esta podrá realizarse en el lugar donde se encuentre la parte impedida, siempre y cuando pueda manifestar su voluntad en forma indubitable. Para tal efecto, el Conciliador señalará nuevo día y hora para la realización de la audiencia, observando los plazos previstos en el artículo 12 de la presente ley.(1) NO TA D E A C T U A L IZA C IÓ N

(1) A rtículo m odificado por el artículo 1 del D ecreto Legislativo IM.° 1070 (EP, 28-06-2008), disposición que entrará en vig e ncia progresivam ente en los diferentes D istritos C onciliatorios según e! C alendario O ficial que será aprobado m ediante D ecreto S uprem o. Se exceptúa de dicho C alendario a los distritos conciliatorios de Lim a, Trujiilo y A requipa, así com o el D istrito Judicial del C ono N orte de Lim a, salvo ía provincia de C anta, en los cuales será aplicado a los sesenta (60) día s calendario de su publicación.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 4538. La audiencia de conciliación extrajudicial puede realizarse por medio de apoderados. Cuarto, [No] existiendo norma en la Ley [de Conciliación] que expresamente prohíba la actuación de las personas naturales domiciliadas en el país y con pleno ejercicio de sus derechos, mediante apoderados en la Audiencia de Conciliación, debe interpretarse que sí están facultados para ello; máxime si conforme a la Primera Disposición Final del Código Procesal Civil, las disposiciones de dicho Código se aplican supletoriamente a los demás ordenamientos procesales. (Casación N.° 632-2002Tim a, de 01-10-2002, f. j. 4. Sala Civil Transitoria [EP, 01-10-2002, p. 9315]. Texto completo: ).

Artículo 15: Conclusión del procedimiento conciliatorio Se da por concluido el procedimiento conciliatorio pon a) Acuerdo total de las partes. b) Acuerdo parcial de las partes. c) Falta de acuerdo entre las partes. d) Inasistencia de una parte a dos (2) sesiones. e) Inasistencia de ambas partes a una (1) sesión. f) Decisión debidamente motivada del Conciliador en Audiencia efectiva, por advertir violación a los principios de la Conciliación, por retirarse alguna de las partes antes de la conclusión de la Audiencia o por negarse a firmar el Acta de Conciliación. La conclusión bajo los supuestos de los incisos d), e) y f) no produce la suspensión del plazo de prescripción contemplado en el artículo 19 de la Ley, para la parte que produjo aquellas formas de conclusión. La formulación de reconvención en el proceso judicial, solo se admitirá si la parte que la propone, no produjo la conclusión del procedimiento conciliatorio al que fue invitado, bajo los supuestos de los incisos d) y f ) contenidos en el presente artículo. La inasistencia de la parte invitada a la Audiencia de Conciliación, produce en el proceso judicial que se instaure, presunción legal relativa de verdad sobre los hechos expuestos en el Acta de Conciliación y reproducidos en la demanda. La misma presunción se aplicará a favor del invitado que asista y exponga los hechos que determinen sus pretensiones para una probable reconvención, en el supuesto que el solicitante no asista. En tales casos, el Juez impondrá en el proceso una multa no menor de dos ni mayor de diez Unidades de Referencia Procesal a la parte que no haya asistido a la Audiencia.(1)

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Art. 15

NOTA DE ACTUALIZACIÓN (1) A rtículo m odificado por el artículo 1 del Decreto Legislativo N .D 1070 (EP, 28-06-2008), disposición que entrará en vigencia progresivam ente en los diferentes D istritos C onciliatorios según el C alendario O ficial que será aprobado m edíante D ecreto S uprem o. Se exceptúa de dicho C alendario a los distritos conciliatorios de Lima, Trujiílo y A requipa, así com o e! D istrito Judicial del Cono N orte de Lima, salvo la provincia de C anta, en los cuales será aplicado a los sesenta (60) días calendario de su publicación.

PRECEDENTE ADMINISTRATIVO DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA EN MATERIA DE CONCILIACIÓN_________ __________________________________________________________________

§ 4539. Criterios para calificar la reconvención en materia conciliatoria. Sexto. [Esta] Dirección considera pertinente establecer criterios objetivos claros y uniformes respecto del tratamiento de la institución de la reconvención en el procedimiento conciliatorio. Para ello, es necesario señalar que la reconvención importa el ejercicio de una nueva acción del demandando en contra del actor; de tal manera que cuando en un proceso se formula reconvención, se ejercitan simultáneamente dos acciones; la del actor y la del demandado [...]. Sétim o. [Se] tiene que ei artículo 445° del Código Procesal Civil establece que “la reconvención es procedente si la pretensión en ella contenida fuese conexa con la relación jurídica invocada en la demanda. En caso contrario, será declarada improcedente”. En ese sentido, si bien la conciliación no constituye acto jurisdiccional -con sus elementos de notio, vocatio, coerció y i u d i c i u m por lo que el Centro de Conciliación y el Conciliador no pueden conocer una cuestión litigiosa determinada, mucho menos obligar a las partes a comparecer con el uso de la fuerza pública y/o decidir sobre la cuestión sub litis; sin embargo -atentos al principio de legalidad-, ello no exime ai operador de la conciliación del deber de analizar que la pretensión objeto de reconvención guarde relación con los hechos y las pretensiones expuestas en la solicitud para conciliar -conexidad-; así por ejemplo, en el caso de división y partición, puede reconvenirse el pago de frutos, gastos por las mejoras, mantenimiento y conservación del inmueble -prim er criterio -. O ctavo. Que, aunado a ello, el Código Procesal Civil establece adicionalmente dos criterios específicos de prohibición legal que dan lugar a la improcedencia de la reconvención invocada por el demandado. En efecto, en la vía del proceso abreviado es improcedente la reconvención en los asuntos referidos a retracto, título supletorio, prescripción adquisitiva, rectificación de áreas o linderos, responsabilidad civil de los jueces, tercería, e impugnación de acto o resolución administrativa; por tanto, no procede en conciliación reconvenir en las materias antes señaladas -segundo criterio -. Además, el artículo 559° del referido cuerpo legal refiere que tampoco procede el pedido de reconvención en las pretensiones que se tramitan vía proceso sumarísimo - tercer criterio-. N oveno. Que, sumado a lo antes expuesto, el último párrafo del artículo 445° del Código Procesal Civil, establece que en caso que la pretensión reconvenida sea materia conciliable el juez, para admitirla, deberá verificar la asistencia del demandado a la audiencia de conciliación y que con ste la descripción de la o las controversias planteadas por este en el acta de conciliación extrajudicial presentada anexa a la demanda. Así, como cuarto criterio -de naturaleza material- se establece la improcedencia de la reconvención en el procedimiento conciliatorio cuando la pretensión descrita en el escrito de reconvención es materia no conciliable -en el presente caso una de las pretensiones objeto de reconvención fue mejor derecho de propiedad, la cual no puede ser materia de conciliación según el Informe N.° 022-2016-JUS/DGDP-DCMA/COP, emitido por esta Dirección con fecha 09 de mayo de 2016-, D écim o. Que, así las cosas, el conciliador y el centro de conciliación no solo están en la facultad, sino que tienen el deber de calificar la reconvención atendiendo en concreto los siguientes criterios; i) La pretensión objeto de reconvención debe guardar relación con los hechos y las pretensiones expuestas en la solicitud para conciliar -criterio de conexidad-; ii) No procede el pedido de reconvención en ios casos de retracto, título supletorio, prescripción adquisitiva, rectificación de áreas o linderos, responsabilidad civil de los jueces, tercería, e impugnación de acto o resolución administrativa -criterio de prohibición legal-; iii) No procede el pedido de reconvención en las pretensiones que se tramitan vía proceso sumarísimo -criterio de prohibición legal-; iv) No procede la reconvención cuando la pretensión objeto de reconvención constituye materia no conciliable -criterio de naturaleza material-. (Res. Directoral N.° 794-2017-JUS/DGDP-DCMA, de 24-05-2017, Exp. N ° 266-2016-Lima, ff. * SUMMA PROCESAL CIVIL

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jj, 6-10 [entre otros] que constituyen precedente administrativo de observancia obligatoria. Dirección de Conciliación Extrajudicial y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos del Ministerio de Justicia [EP, 04-10-2017, p. 7875]. Texto completo: ). § 4540. Los criterios de calificación de la reconvención deben ser expuestas de manera verbal por la parte invitada que asiste a la audiencia de conciliación, debiendo dejar constancia escrita de la m isma, con firm a y huella digital. D écim o. [El] conciliador y el centro de conciliación no solo están en la facultad, sino que tienen el deber de calificar la reconvención atendiendo en concreto los siguientes criterios: i) La pretensión objeto de reconvención debe guardar relación con ios hechos y las pretensiones expuestas en la solicitud para conciliar -criterio de conexidad-; ii) No procede el pedido de reconvención en los casos de retracto, título supletorio, prescripción adquisitiva, rectificación de áreas o linderos, responsabilidad civil de los jueces, tercería, e impugnación de acto o resolución administrativa -criterio de prohibición legal-; iii) No procede el pedido de reconvención en las pretensiones que se tramitan vía proceso sumarísimo -criterio de prohibición legal-; iv) No procede la reconvención cuando la pretensión objeto de reconvención constituye materia no conciliable - criterio de naturaleza material-. Décimo P rim ero. [...] [El] centro de conciliación y el conciliador [deben] atender dichos criterios en la calificación de la reconvención, bien sea expuesta de manera verbal por la parte invitada que asiste a la audiencia de conciliación -debiendo dejar constancia escrita de la misma, con firma y huella digital-; bien se presente con anterioridad a la audiencia conciliatoria mediante el escrito de reconvención, en cuyo caso el invitado deberá asistir a la audiencia para poder incorporarla en el acta de conciliación correspondiente. (Res. Directoral N.° 794-2017-JUS/DGDP-DCMA, de 24-05-2017, Exp. N.° 266-2016-Lima, ff. jj. 10 y 11 [entre otros] que constituyen precedente administrativo de observancia obligatoria. Dirección de Conciliación Extrajudicial y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos del Ministerio de Justicia [EP, 04-10-2017, p. 7875]. Texto completo: ).

Artículo 16: Acta El Acta es el documento que expresa la manifestación de voluntad de las partes en la Conciliación Extrajudicial. El Acta debe contener necesariamente una las formas de conclusión del procedimiento conciliatorio señaladas en el artículo anterior. El Acta deberá contener lo siguiente: a. Número correlativo. b. Número de expediente. c. Lugar y fecha en la que se suscribe. d. Nombres, número del documento oficial de identidad y domicilio de las partes o de sus representantes y, de ser el caso, del testigo a ruego. e„ Nombre y número del documento oficial de identidad del conciliador. f. Número de registro y, de ser el caso, registro de especialidad del conciliador. g. Los hechos expuestos en la solicitud de conciliación y, en su caso, los hechos expuestos por el invitado como sustento de su probable reconvención, así como la descripción de la o las controversias correspondientes en ambos casos. Para estos efectos, se podrá adjuntar la solicitud de conciliación, la que formará parte integrante del Acta, en el modo que establezca el Reglamento. h. El Acuerdo Conciliatorio, sea total o parcial, consignándose de manera clara y precisa los derechos, deberes u obligaciones ciertas, expresas y exigibles acordadas por las partes; o, en su caso, la falta de acuerdo, la inasistencia de una o ambas partes a la Audiencia o la decisión debidamente motivada de la conclusión del procedimiento por parte del conciliador. i. Firma del conciliador, de las partes intervinientes o de sus representantes legales, de ser el caso. j. Huella digital del conciliador, de las partes intervinientes o de sus representantes legales, de ser el caso. n o m o s & tliesis

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k. El nombre, registro de colegiatura, firma y huella del Abogado del Centro de Conciliación Extrajudicial, quien verificará la legalidad de los acuerdos adoptados, tratándose del acta con acuerdo sea este total o parcial. En el caso que la parte o las partes no puedan firmar o imprimir su huella digital por algún impedimento físico, intervendrá un testigo a ruego quien firmará e imprimirá su huella digital. En el caso de los analfabetos, también intervendrá un testigo a ruego, quien leerá y firmará el Acta de Conciliación. La impresión de la huella digital del analfabeto importa la aceptación al contenido del Acta. En ambos casos se dejará constancia de esta situación en el Acta. La omisión de alguno de los requisitos establecidos en los literales a), b), f), j) y k) del presente artículo no enerva la validez del Acta, en cualquiera de los casos de conclusión de procedimiento conciliatorio señalado en el artículo 15. La omisión en el Acta de alguno de los requisitos establecidos en los incisos c), d), e), g), h), e i) del presente artículo, dará lugar a la nulidad documental del Acta, que en tai caso no podrá ser considerada como título de ejecución, ni posibilitará la interposición de la demanda. En tal supuesto, la parte afectada podrá proceder conforme a lo establecido en el artículo 16-A. El Acta no deberá contener en ningún caso, enmendaduras, borrones, raspaduras ni superposiciones entre líneas, bajo sanción de nulidad. El Acta no podrá contener las posiciones y las propuestas de las partes o del conciliador, salvo que ambas lo autoricen expresamente, lo que podrá ser merituado por el Juez respectivo en su oportunidad. ). n o m o s & t h e s is

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CAPITULO 191 INFORMACIÓN Y RESERVA DE LOS PROCEDIMIENTOS CONCURSALES

Artículo 13: Acceso a la inform ación concursa! 13.1 Los acreedores tienen el derecho de acceder a toda la información que requieran para tomar decisiones en los procedimientos concúrsales, sin perjuicio de las excepciones contempladas en la Constitución y en el marco legal vigente. Es obligación de los deudores y d e las entidades administradoras y liquidadoras brindar dicha información. 13.2 En el caso de Juntas, el derecho de información de los acreedores se regula por el artículo 52. 13.3. Las entidades administradoras y liquidadoras con registro vigente tienen el derecho de acceder a la información contenida en los expedientes de los procedimientos concúrsales, con las limitaciones previstas en la Ley de la materia.

PRECEDENTE DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

§ 4548. No puede restringirse el acceso a la información concursa! a la ciudadanía en general puesto que es un derecho de rango constitucional, salvo las excepciones previstas en la ley. 86. Conforme al análisis desarrollado en los acápites III. 1 y III. 2 del presente acto administrativo el articulo 13 de la LGSC, bajo la interpretación contenida en el precedente de observancia obligatoria aprobado mediante Resolución N.° 0988-2005/TDC-INDECOPI [§ 45 49 ], establece que el acceso a la información pública que se encuentra en los procedimientos concúrsales de diversos deudores corresponde a un ejercicio exclusivamente para aquellos acreedores con créditos reconocidos en dichos procedimientos; sin embargo, no puede restringirse el ejercicio de este derecho fundamental solamente a los acreedores titulares de créditos reconocidos, sino que es en realidad un derecho que corresponde por igual a todos los ciudadanos en general, toda vez que este se encuentra consagrado en la Constitución Política del Perú y las normas contenidas en el TUO d e la Ley de Transparencia, esta ultima norma posterior a la LGSC y especial en materia de transparencia, salvo aquellas excepciones a este derecho expresamente previstas en las normas pertinentes [...] i y . R e s o l u c i ó n d e l a S a l a ,[...] Tercero. Dejar sin efecto el precedente de observancia obligatoria aprobado por la Resolución N.° 0988-2005/TDCTNDECOPI; y, en aplicación de las consideraciones expuestas en la presente resolución, aprobar un nuevo p r e c e d e n t e d e o b s e r v a n c i a o b l i g a t o r i a que interpreta los alcances del articulo 13 de la Ley General del Sistema Concursa!, en los siguientes términos: !tDe conformidad con los dispuesto en el artículo 13 de la Ley General del Sistema Concursal, el deudor y los acreedores titulares de créditos reconocidos por la autoridad administrativa cuentan con el derecho de acceso a la información contenida en los procedimientos concúrsales contemplado por dicho dispositivo legal. No obstante, el reconocimiento del referido derecho en los términos antes indicados no implica su limitación o restricción para otros sujetos de derecho, ni impide q ue los ciudadanos en general, en ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información expresamente consagrado en la Constitución Política del Perú y en las normas comprendidas en el Texto Único Ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica, puedan acceder a aquella información contenida en los procedimientos concúrsales, salvo las excepciones expresamente previstas en las leyes pertinentes”. (Res. N.° 0888-2014-SCOTNDECOPI, de 22-12-2014 [EP, 26-03-2015] que estableció como precedente vinculante de observancia obligatoria este criterio de interpretación y dejó sin efecto el precedente vinculante contenido en la Res N.° 0988-2005/ PDC-INDECOPI [§ 4549]. Sala Especializada en Procedimientos Concúrsales. Tribunal de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual. Texto completo: ). * SUMMA PROCESAL CIVIL

Art. 1§

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§ 4549. Legitim idad restringida en el acceso a la información concursal. Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13° de la Ley General del Sistema Concursal, el derecho para acceder a la información contenida en el procedimiento concursal solo puede ser ejercido por las partes intervinientes en el mismo, es decir, el deudor y los acreedores reconocidos por la Comisión, Dicha facultad no puede hacerse extensiva a aquellos terceros que, al no haber sido calificados como acreedores por la autoridad administrativa, carezcan de un legítimo interés para intervenir en el procedimiento. Ello debido a que, mientras los acreedores reconocidos por la Comisión ejercen al interior del concurso la titularidad de un conjunto de derechos y obligaciones frente al deudor y a los demás acreedores, situación jurídica derivada de su condición de sujetos perjudicados con la cesación de pagos del deudor, los terceros que no ostentan tal calidad no cuentan con legitimación alguna que los habilite a participar en el procedimiento, dado que carecen de un interés económico comprometido en la crisis patrimonial del deudor que merezca ser tutelado bajo las reglas del concurso. Las partes intervinientes en el procedimiento concursal tienen derecho a acceder a toda la información contenida en el expediente, con excepción de la información confidencial a la que se refiere la Constitución Política del Estado, el Decreto Legislativo N.° 807 y demás normas pertinentes, (Res. N.° 0988-2005/TDCINDECOPI, de 12-09-2005, que estableció como precedente vinculante de observancia obligatoria este criterio de interpretación. Sala Especializada en Defensa de la Competencia. Tribunal de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual. Texto completo: ). N

ota;

La Resolución N.° 0888-2014-SCO-INDECOPI [§ 4548] dejó sin efecto este precedente.

CAPÍTULO IV PATRIMONIO SUJETO A LOS PROCEDIMIENTOS CONCURSALES

Artículo 16: Créditos post concúrsales 16.1. Los créditos post concúrsales serán pagadas a su vencimiento, no siendo aplicables las disposiciones contenidas en los artículos 17 y 18, con la excepción prevista en el tercer párrafo del presente artículo. Las solicitudes de reconocimiento de dichos créditos serán declaradas improcedentes. 16.2. Los créditos referidos en el párrafo precedente podrán ser ejecutados a su vencimiento, correspondiendo a la autoridad judicial encargada de la ejecución el respeto del rango de las garantías otorgadas. 16.3. En los procedimientos de disolución y liquidación serán susceptibles de reconocimiento los cré­ ditos post concúrsales, hasta la declaración judicial de quiebra del deudor o conclusión del procedimiento concursal.

PRECEDENTE DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA DELTRIBUNALDE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

§ 4550. Reconocimiento de créditos por parte de la Comisión en los procedimientos de disolución y liquidación del deudor. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 16 y 74 de la Ley General del Sistema Concursal, en los procedimientos de disolución y liquidación la Comisión resulta competente para reco n o cer los créditos devengados desde la fecha de publicación de la situación de concurso hasta la declaración judicial de quiebra del deudor, exceptuándose de este tratamiento a los honorarios del liquidador y a los gastos necesarios efectuados para el desarrollo adecuado del proceso de liquidación. El fuero de atracción regulado en las normas antes citadas no comprende las deudas generadas por la impfomentación de la liquidación en marcha prevista en el artículo 74.5 de la Ley General del Sistema Concursal, en tanto dichos pasivos constituyen gastos necesarios que debe realizar el liquidador para llevar a cabo dicha modalidad liquidatoria dentro del plazo establecido

nomos

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t h e s is

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kúA l

por ley. (Res. N.° 2272-2007/TDC-ÍNDECOPI, de 19-11-2007, que estableció como precedente vinculante de observancia obligatoria este criterio de interpretación. Sala Especializada en Defensa de ]a Competencia. Tribunal de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual. Texto completo: ).

Artículo 17: Suspensión de ia exigibilidad de obligaciones 17.1 A partir de la fecha de la publicación a que se refiere el artículo 32, se suspenderá la exigibilidad de todas las obligaciones que el deudor tuviera pendientes de pago a dicha fecha, sin que este hecho constituya una novación de tales obligaciones, aplicándose a estas, cuando corresponda la tasa de interés que fuese pactada por la Junta de estimarlo pertinente. En este caso, no se devengará intereses moratorios por los adeudos mencionados, ni tampoco procederá la capitalización de intereses. 17.2 La suspensión durará hasta que la Junta apruebe el Plan de Reestructuración, el Acuerdo Global de Refmanciación o el Convenio de Liquidación en los que se establezcan condiciones diferentes, referidas a la exigibilidad de todas las obligaciones comprendidas en el procedimiento y la tasa de interés aplicable en cada caso, lo que será oponible a todos los acreedores comprendidos en el concurso. 17.3 La inexigibilidad de las obligaciones del deudor no afecta que los acreedores puedan dirigirse contra el patrimonio de los terceros que hubieran constituido garantías reales o personales a su favor, los que se subrogarán de pleno derecho en la posición del acreedor original. 17.4 En el caso de concurso de una sucursal la inexigibilidad de sus obligaciones no afecta la p o s i­ bilidad de que los acreedores puedan dirigirse por las vías legales pertinentes contra el patrimonio de la principal situada en territorio extranjero

PLENOS JURISDICCIONALES

§ 4 5 5 1 . La ejecución de una decisión con calidad de cosa juzgada no puede suspenderse po r el inicio de un procedimiento concursal. El in icio d el p roced im ien to concursal ¿puede evitar la ejecu ció n d e la decisión que ha adquirido la a u torid a d d e cosa ju z ga d a ? El Pleno acordó p o r m a y o r í a : “ N o , el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el inciso 2 del artículo 139 de la Constitución impiden que la ejecución de una decisión con autoridad de cosa juzgada puede verse frustrada por el inicio de un simple procedimiento administrativo”. (Pleno Jurisdiccional Nacional Comercial], realizado en Chiclayo, el 25-08-2012. Tema N.° 1. [Relaciones entre el proceso de ejecución y el procedimiento concursal iniciado respecto a alguno de los ejecutados]. Texto completo: ). J URISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 4552. En una contradicción al mandato ejecutivo, no puede alegarse las tratativas de refinanciación para sostener que la deuda es inexigible. Puede interponerse medidas de ejecución forzada contra el patrimonio de los terceros garantes del deudor que se encuentra sometido a concurso. Q uinto. [.,.] No basta alegar tratativas de una refinanciación de ia obligación para sostener que la deuda es inexigible. [...] Sexto. En cuanto a la denuncia de naturaleza material, esta consiste en la supuesta infracción normativa del artículo 18 de la Ley General del Sistema Concursal - Ley Nf.° 27809, específicamente su inciso 4, que prescribe: “En ningún caso el patrimonio del deudor sometido a concurso podrá ser objeto de ejecución forzosa, en los términos previstos en la Ley, con la excepción prevista en el primer y segundo párrafos del artículo 16” (el destacado es nuestro) (vigente a la fecha de los hechos). Sétim o. En el presente caso, el “deudor sometido a concurso” es SIM S.A.C., mientras que el fiador solidario y garante hipotecario es AIGC, quien es deudor no sometido a concurso. Son los bienes de este los que se encuentran hipotecados [...] y sobre los que se ha ordenado el remate, de forma tal que el enunciado normativo invocado por el recurrente no regula los hechos que se exponen en el recurso de casación. O ctavo. Además, debe tenerse presente que el artículo 17, numeral 17.3, de ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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la Ley General del Sistema Concursal - Ley N.° 27809, índica: “La inetdgibiíidad de las obligaciones

del deudor no afecta que Los acreedores puedan dirigirse contra eí patrimonio de los terceros que hubieran constituido garantías reales o personales a su favor, los que se subrogarán de pleno derecho en la posición del acreedor original”, por lo que siendo que el bien dado en garantía es del garante hipotecario el mandato decretado es posible, ya que no se está afectando el patrimonio del deudor concursado. (Casación N.° 2030-2015-LÍma, de 10-05-2016, ff. jj. 5-8. Sala Civil Permanente (EL 3001-2017, Sentencias en Casación N.° 722-B, p. 87449]. Texto completo: ).

Artículo T9: ineficacia de actos del deudor

19.1. El juez declarará ineficaces y, en consecuencia, tnoponibles frente a los acreedores del concurso, ios gravámenes, transferencias, contratos y demás actos jurídicos, sean a título gratuito u oneroso, que no se refieran al desarrollo normal de ia actividad del deudor, que perjudiquen su patrimonio y que hayan sido realizados o celebrados por este dentro dei año anterior a la fecha en que presentó su solicitud para acogerse a alguno de los procedimientos concúrsales, fue notificado de la resolución de emplazamiento o fue notificado del inicio de la disolución y liquidación. 19.2. Los actos de disposición que se realicen en virtud a cualquier cambio o modificación de) objeto social del deudor, efectuado en el período anterior, serán evaluados por el juez en función de la naturaleza de la respectiva operación comercial. 19.3. El juez declarará ineficaces y, en consecuencia, inoponibles frente a los acreedores, los actos jurídicos celebrados entre la fecha que presentó su solicitud para acogerse a alguno de los procedimientos concúrsales, fue notificado de la resolución de emplazamiento o fue notificado del inicio de la disolución y liquidación hasta el momento en que la Junta nombre o ratifique a la administración del deudor o se apruebe y suscriba el respectivo Convenio de Liquidación, según sea el caso, que se detallan a continuación: a) Todo pago anticipado por obligaciones no vencidas, cualquiera sea la forma en que se realice; b) Todo pago por obligaciones vencidas que no se realice de acuerdo a la forma pactada o establecida en el contrato o en el título respectivo; c) Los actos y contratos a título oneroso, realizados o celebrados por el insolvente que no se refieran al desarrollo normal de su actividad; d) Las compensaciones efectuadas entre obligaciones recíprocas entre el deudor y sus acreedores; e) Los gravámenes constituidos y las transferencias realizadas por el deudor con cargo a bienes de su propiedad, sea a título oneroso o a título gratuito;" f) Las garantías constituidas sobre bienes de) deudor, dentro del plazo referido, para asegurar el pago de obligaciones contraídas con fecha anterior a este; g) Las ejecuciones judiciales o extrajudiciales de su patrimonio, desde la difusión del concurso; y h) Las fusiones, absorciones o escisiones que impliquen un detrimento patrimonial. 19.4 El tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho del deudor que en el R egistro pertinente aparece con facultades para otorgarlo, no resultará afectado con la ineficacia a que se refiere el presente artículo, una vez inscrito su derecho.f1) N O TA DE A C T U A LIZA C IÓ N (1) A rtículo m odificado por artículo

1 de

ia Ley N.° 28709 (EP, 12-04-2006}, q u e reform a el num era! 19.3.

JURISPRUDENCIA PE LA CORTE SUPREMA

§ 4553. Principio ium novitcuria. Se puede adaptar una demanda de nulidad de acto jurídico a una de ineficacia por contravención a la Ley concursal si se invocan las causales de esta. Quinto. n o m o s & th e s is

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Art. 32

En el presente caso, [.„] los demandantes [...] peticionan la nulidad del acto jurídico contenido en la escritura pública del contrato particular de fideicomiso de fecha 27 de junio de 2006, así como del acto jurídico contenido en la escritura pública de dación en pago de fecha 7 de julio de 2006, invocando para ello las causales de nulidad contempladas en los incisos 3, 4 y 8 del artículo 219 del Código Civil, referidas al objeto jurídicamente imposible, fin ilícito y por ser contrarios a las leyes que interesan al orden público; sin embargo, dentro de los fundamentos de hecho de la demanda alegan que la demandada [...], mediante los actos jurídicos materia de nulidad y dentro de un procedimiento concursa! (periodo de sospecha), habría transferido [un] inmueble [...], infringiendo así el artículo 19 de la Ley General del Sistema Concursa!, Ley N.° 27809, norma que regula la ineficacia de las transferencias celebradas con un ano anterior a la solicitud del procedimiento concursal. Sexto. Ahora bien, examinado el proceso, se tiene que tanto el Juez como la Sala Superior declararon improcedente la demanda, bajo el sustento de que está incursa en la causal de improcedencia prevista en el artículo 427 inciso 6 del Código Procesal Civil, esto es, por ser el petitorio jurídicamente imposible, en razón a que se peticiona la nulidad del acto jurídico sustentada en un supuesto de ineficacia, es decir, no cuestiona los requisitos de validez del acto jurídico, sino solo sus efectos; sin embargo, del análisis del material láctico de la demanda es evidente que si bien los hechos expuestos no se subsumen dentro de la causal de nulidad del acto jurídico, n o obstante, se advierte que los demandantes sí alegaron el caso de ineficacia contemplado en el artículo 19 de la Ley N.° 27809; por lo que, de conformidad con el principio iura novit curia , el Juez de la causa debió calificar adecuadamente la demanda, pese a que la parte actora invocó erróneamente la norm a de derecho material, pues dicho principio así ío permite. (Casación N.° 1347-2015-Tacna, de 26-11-2015, ff. jj. 5 y 6. Sala Civil Permanente [EP, 28-02-2017, Sentencias en Casación N.° 724, p. 89151]. Texto completo: ).

TITULO II PROCEDIMIENTO CONCURSAL ORDINARIO

CAPÍTULO II D IFU S IÓ N DEL PROCEDIM IENTO Artículo 32: Difusión del procedimiento 32.1. Consentida o firme la resolución que dispone la difusión del procedimiento, la Comisión de Procedimientos Concúrsales del INDEC0P1 dispondrá la publicación semanal en el Diario Oficial El Peruano de un listado de los deudores que, en la semana precedente, hayan quedado sometidos a los procedimientos concúrsales. 32.2. En la publicación se requerirá a los acreedores que soliciten el reconocimiento de sus créditos, se les informará sobre el plazo para el apersonamiento al procedimiento y se pondrá a su disposición en las oficinas de la Secretaría Técnica la relación de obligaciones declaradas por el deudor.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 4554, El tiempo transcurrido entre la publicación del inicio del procedimiento concursal y la puesta de conocimiento de este en sede judicial debe ser analizada para extraer conclusiones respecto de la conducta procesal de las partes. Noveno. Finalmente, debe indicarse que la denuncia presentada por el recurrente se formula recién en sede casatoria, adjuntándose la publicación realizada por Indecopi en el diario oficial El Peruano, en la que se señala que la empresa [...] se encuentra en ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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procedimiento concursal. Tal hecho aconteció el 28 de abril del 2014 siendo que recién se ha puesto en conocimiento en sede judicial el 14 de abril del 2015., esto es, casi un año después del evento, lo que demuestra una conducta procesal que debe ser tenida en cuenta, conforme lo expuesto en el artículo 282 del Código Procesal Civil. (Casación N.° 2030-2015Turna, de 10-05-2016, £ j. 9- Sala Civil Permanente [EP, 30-01-2017, Sentencias en Casación N.° 722-B, p. 87449]. Texto completo: ),

CAPITULO lil RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Artículo 37: Solicitud de reconocimiento de créditos 37.1. Los acreedores deberán presentar toda la documentación e información necesarias para sustentar el reconocimiento de sus créditos, indicando los montos por concepto de capital, intereses y gastos liquidados a la fecha de publicación del aviso a que se refiere e! artículo 32, e invocar el orden de preferencia que a su criterio les corresponde con los documentos que acrediten dicho orden. 37.2. Con la solicitud se deberá incluir una declaración jurada sobre la existencia 0 inexistencia de vinculación con el deudor, de acuerdo al artículo 12. 37.3. Para el reconocimiento de créditos tributarios, cada entidad del sector público presentará su solicitud a través de los representantes designados por el Ministerio de Economía y Finanzas o, en forma independiente, según considere conveniente. 37.4. Los créditos de origen laboral podrán ser presentados, para su reconocimiento, por su represen­ tante titular ante la Junta, designado conforme a las normas de la materia o, en forma independiente, por cada acreedor titular del crédito.

PRECEDENTE DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA DEL TRIBUNAL DE DEFENSA PE LA COMPETENCIA

§ 4555. Efectos de la suspensión de la exigibilidad del pago por parte del obligado principal de un título valor cuando se encuentra en un proceso concursal. Facultades del acreedor cambiario. Primero, la suspensión de la exigibilidad de las obligaciones del obligado principal de una letra de cambio, como consecuencia de encontrarse sujeto a un proceso concursal, no exime al tenedor de protestar dicho título valor a su vencimiento, para evitar que se perjudique el título, toda vez que ello determina la conservación de las acciones cambiarlas que podrán ser ejercidas una vez que termine la inexigibilidad de las obligaciones del obligado principal. Segundo, cuando se perjudica un título valor por culpa del acreedor, opera una novación entre la obligación primitiva y la correlativa obligación cambiaría que origina el documento antes de perjudicarse, por una parte, y la nueva obligación que nace del documento perjudicado, por la otra, lo que implica además, que esta última es inexigible hasta que se produzca su reconocimiento judicial, con lo cual, si bien es pasible de ser reconocida como crédito en sede concursal, no devenga intereses moratorios hasta que se produzca el referido reconocimiento judicial. (Res. N.° 0566-2000/TDC-INDECOPI, de 18-12-2000, que estableció como precedente vinculante de observancia obligatoria este criterio de interpretación. Sala Especializada en Defensa de la Competencia. Tribunal de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual. Texto completo: ).

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Artículo 38: Procedimiento de reconocimiento de créditos 38.1 La Comisión notificará al deudor para que, en un plazo no mayor de diez (10) días, exprese su posición sobre la solicitud de reconocimiento de créditos. 38.2 Luego de vencido el plazo señalado en el numeral anterior, la Comisión quedará facultada para emitir pronunciamiento respecto de la solicitud de reconocimiento de créditos. La falta de pronunciamiento del deudor no impide a la Comisión emitir la resolución respectiva. 38.3 La Comisión se pronunciará teniendo en consideración la documentación presentada por las partes. Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión podrá requerir información adicional cuando lo considere conveniente. 38.4 La Comisión, atendiendo a las características de las solicitudes y a la naturaleza del crédito invocado, podrá proceder a la acumulación de las mismas a través de la emisión de una sola resolución. 38.5 De existir coincidencia entre lo expuesto por el deudor y el acreedor, la Secretaría Técnica podrá emitir pronunciamiento respecto de la solicitud de reconocimiento de créditos, siendo aplicable a dicho supuesto, en lo que resulte pertinente, las reglas establecidas en los numerales precedentes. 38.6 En los casos de créditos invocados por acreedores vinculados al deudor y en aquéllos en que surja alguna controversia o duda sobre la existencia de los mismos, el pronunciamiento respecto de la solicitud de reconocimiento de créditos solamente podrá ser efectuado por la Comisión, la que investigará su existencia, origen, legitimidad y cuantía por todos los medios, luego de lo cual expedirá la resolución respectiva. 38.7 La resolución de reconocimiento de créditos es notificada por la autoridad concursal ai deudor y al acreedor que tos invocó a los domicilios fijados por estos en el procedimiento. Los demás acreedores reconocidos podrán cuestionar dicho acto mediante los medios impugnatorios establecidos en la Ley, dentro de los quince (15) días de emitido el referido acto.(1) NOTA D E A C T U A L IZ A C IÓ N

(1) A rtículo m odificado por el artículo 14 del D ecreto Legislativo N.° 1189 (EP, 21-08-2015).

PRECEDENTE DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA DELTRIBUNAL DE DEFENSADE LA COMPETENCIA

§ 4556. Procedimiento de reconocimiento de créditos en caso de aportes previsionales impagos solicitados por una AFP, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por la Ley de Reestructuración Patrimonial. Cuando una AFP solicite el reconocimiento de créditos derivados de aportes previsionales impagos, liquidados sobre la base de la remuneración asegurable máxima del seguro de invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por la Ley de Reestructuración Patrimonial, la Comisión, deberá: a) Verificar que, además de presentar la Liquidación para Cobranza, la AFP baya declarado que en el historial previsional correspondiente no cuenta con información sobre la remuneración real, b) Constatar si la información necesaria para determinar el monto real de los aportes previsionales impagos, o parte de ella, obra en alguno de los expedientes administrativos a su cargo, en cuyo caso la pondrá a disposición de la AFP para que esta pueda reliquidar su acreencia, c) En caso de no contar con toda o parte de la información relevante, en los expedientes a su cargo, requerir a la empresa deudora la presentación de copia de las partes pertinentes del libro de planillas, de las boletas de pago o de cualquier otro documento en el que consten las remuneraciones de los trabajadores afiliados, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones, en caso de no absolverse el requerimiento en el plazo otorgado, d) Absuelto el requerimiento, remitir a la AFP copia de la documentación recibida, pata que modifique su solicitud reliquidando la deuda previsional sobre la base de las remuneraciones reales, luego de lo cual se procederá al reconocimiento de los créditos en base a la nueva liquidación presentada, e) Si la AFP no cumple con reliquidar su crédito, sobre la base de la información en poder de la comisión o sus entidades delegadas, de la presentada por el deudor, o del historial previsional, según sea el caso, en el plazo concedido por la Comisión para tal efecto, se declarará infundada la solicitud. En el supuesto de ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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que ni la AFP cuente con la información necesaria ni la Comisión o entidad delegada correspondiente pudiera determinar el monto de las remuneraciones, se deberá declarar infundada la solicitud. (Res. N.° 0100-2001/TDC-INDECOPI, de 14-02-2001, que modifica el precedente de observancia obligatoria contenido en la Resolución N.° 011-97-TDC. Sala de Defensa de la Competencia. Tribunal de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual. Texto completo: ). § 4557. Verificación de la veracidad de los créditos incorporados en títulos valores por parte de la autoridad adm inistrativa concursa! en el supuesto que exista presunción de pasible simulación de obligaciones o posible existencia de vinculación entre la deudora y su acreedor. Para efectos de la verificación a cargo de la autoridad administrativa, ios acreedores podrán presentar la documentación que sustente los créditos invocados que consideren pertinente. Sin embargo, cuando a criterio de la mencionada autoridad la documentación presentada no resulte suficiente, o cuando existan elementos que le hagan presumir una posible simulación de obligaciones, o cuando se detecte la posible existencia de vinculación entre Ja deudora y su acreedor, se debe verificar, necesariamente, el origen del crédito, investigando su existencia por todos los medios. Cuando el crédito invocado está incorporado en una letra de cambio o cualquier otro título valor, resulta apropiado reconocer el crédito en mérito a la literalidad del título, en aplicación de los principios de simplicidad, celeridad y economía de los procedimientos administrativos. Pero, al igual que el criterio general, si la autoridad administrativa presume la posible existencia de una vinculación entre las partes o tiene elementos de juicio que le haga suponer una simulación del crédito, debe necesariamente investigar la relación causal, es decir, el origen deí crédito, para determinar su legitimidad. En este caso, el reconocimiento de la obligación por parte de la empresa deudora no eximirá a la autoridad administrativa de su deber de verificación. Tratándose de un acreedor endosatario, este no requiere acreditar la existencia de un vínculo con la insolvente; lo que debe verificarse en este caso es que la operación que originó el título valor existió realmente y que el solicitante deí reconocimiento recibió p o r en d oso el título en forma legítima. (Res. N.° 07997-TDC, de 24-03-1997, que estableció como precedente vinculante de observancia obligatoria este criterio de interpretación. Sala Especializada en D efensa de la Competencia. Tribunal de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual. Texto completo: ).

Artículo 39: Documentación sustentatoria de los créditos 39. T. Los créditos que se sustenten en declaraciones o autoliquidaciones presentadas ante entidades administradoras de tributos o de fondos provisionales, suscritas por el deudor, serán reconocidos por su solo mérito. 39.2. Asimismo, serán reconocidos por el solo mérito de su presentación, los créditos que se sustenten en sentencias judiciales consentidas o ejecutoriadas o laudos arbítrales, siempre que su cuantía se des­ prenda del tenor de los mismos o que hayan sido liquidados en ejecución de sentencia. La Comisión solo podrá suspender el reconocimiento por mandato expreso del Poder Judicial, Árbitro o Tribunal Arbitral que ordene la suspensión, o en caso de que exista una sentencia o laudo arbitral que señale la nulidad o ineficacia de la obligación. 39.3. Los créditos que se sustenten en títulos valores o documentos públicos serán reconocidos por la Comisión por el solo mérito de la presentación de dichos documentos, suscritos por el deudor siempre que su cuantía se desprenda del tenor de los mismos, salvo que considere que requiere mayor información. 39.4. Para el reconocimiento de los créditos de origen laboral, y siempre que se haya acreditado el vínculo laboral de los trabajadores, la Comisión reconocerá los créditos invocados, en mérito a la autoliquidación presentada por el solicitante, salvo que el deudor acredite haberlos pagado o, de ser el caso, la inexistencia de los mismos. 39.5. Los créditos controvertidos judicial, arbitral o administrativamente serán registrados por la Comi­ sión como contingentes, siempre que dicha controversia esté referida a su existencia, origen, legitimidad, cuantía o titularidad, y el asunto controvertido solo pueda dilucidarse en el fuero judicial, arbitral o admi­ nistrativo, por ser competencia exclusiva de la autoridad a cargo. n o m o s & thesi®

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39.6. La existencia de los créditos contingentes será puesta en conocimiento de los demás acreedores. El titular de los créditos contingentes podrá acudir a la Junta con derecho a voz, pero sin voto.(1) NOTA D E A C T U A L IZ A C IÓ N (1) A rtículo m odificado por el artículo 14 del D ecreto Legislativo N.° 1189 (E R 21-08-2015), que reform ó el num eral 39.4). A nteriorm ente había sido m odificado por el artículo 13 de! D ecreto Legislativo N.° 1050 (EP, 27-06-2008), que reform ó el num eral 39.5).

PRECEDENTE DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA DBLTRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

§ 4558. Documentos sustentatorios para acreditar un crédito de origen laboral. P reced en te I. [...] Cuando un acreedor laboral solicite el reconocimiento de sus créditos, la Comisión de Salida del Mercado del INDECOPI y sus entidades delegadas, según corresponda, deberán: a) Verificar o exigir que la solicitud de reconocimiento de créditos se sustente con cualquiera de los siguientes documentos: a .l. Copia de cualquiera de los títulos de ejecución de carácter laboral, como es el caso de las actas de conciliación judicial o extrajudidai, resoluciones administrativas firmes y laudos arbitrales que resuelvan conflictos jurídicos, así como las actas de conciliación suscritas ante la autoridad administrativa de trabajo y las actas de conciliación extrajudicial debidamente homologadas, o de la sentencia que determina la existencia y cuantía de los créditos de origen laboral, en cuyo caso procederá el reconocimiento inmediato; a.2. Documento suscrito por el representante de la empresa deudora, donde conste el importe de los créditos cuyo reconocimiento se solicita, en cuyo caso procederá el reconocimiento inmediato; o a.3* Documento de parte donde conste el importe de los créditos cuyo reconocimiento se solicita o autoliquidación detallada, debidamente suscrita por el trabajador, la misma que tendrá carácter de declaración jurada; b) De presentarse k autoliquidación o determinación de los créditos a que se refiere el punto a.3. anterior, ía Comisión deberá poner dicho documento en conocimiento de la empresa insolvente, a fin que en un plazo no mayor de tres días hábiles, según aplicación supletoria del numeral 1 del artículo 491 del Código Procesal Civil, se pronuncie al respecto. [...] (Res. N.° 088-97-TDC, de 04-04-1997, que estableció como precedente de observancia obligatoria este criterio de interpretación. Sala Especializada en Defensa de la Competencia. Tribunal de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual. Texto completo: ). § 4559. Pronunciamiento de la empresa insolvente respecto de la autoliquidación de un trabajador o ex trabajador que solicita el reconocimiento de su crédito dentro de un procedimiento concursal. Casos en los cuales deba realizarse una investigación más rigurosa respecto a la titularidad de los créditos laborales. P reced en te I. [...] b) De presentarse la autoliquidación o determinación de ios créditos [por parte del trabajador o ex trabajador] [...], la Comisión deberá poner dicho documento en conocimiento de la empresa insolvente, a fin que en un plazo no mayor de tres días hábiles, según aplicación supletoria del numeral 1 del artículo 491 del Código Procesal Civil, se pronuncie al respecto. [...] El pronunciamiento podrá hacerse en los siguientes términos: b . l . Reconocimiento total o parcial de los créditos derivados de la autoliquidación, en cuyo caso podrá procederse al reconocimiento total o parcial, de manera inmediata; b.2. Silencio de la empresa insolvente, en cuyo caso podrá procederse al reconocimiento total e inmediato; b.3. Oposición total; c) En caso del inciso b .l. precedente, si la empresa insolvente se opone parcialmente o en eí caso del inciso b.3. se opone totalmente a los créditos contenidos en la autoliquidación, deberá presentar la documentación que sustente su oposición, es decir: c .l. Copia de las partes pertinentes del Libro de Planillas, las mismas que deberán encontrarse suscritas por el representante de la empresa insolvente; c. 2. Una liquidación suscrita por el representante legal de la empresa insolvente; c.3. Copia de los convenios colectivos o individuales, en los casos de empresas que se regulen por negociación colectiva, o han tenido vigentes convenios colectivos durante la existencia de la relación laboral. Dicha información tendrá carácter corroborante de la información remunerativa precisa, contenida en los documentos de pago que acrediten el pago de salarios; y, c.4. Cualquier otra documentación que considere pertinente. //Asimismo, la insolvente deberá presentar la documentación sustentatorla adicional que la Comisión

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le solicite, d) En caso que la empresa insolvente se oponga a la autoliquidación elaborada por el acreedor laboral y presente la documentación sustentatoria de su oposición (relación de documentos señalados en el punto c), la Comisión deberá ponerlo en conocimiento de la otra parte y remitir al Ministerio de Trabajo y Promoción Social, de estimarlo conveniente, la solicitud de reconocimiento de créditos, la autoliquidación y la documentación presentada por la empresa insolvente que sustenta su oposición, para que proceda a liquidar los créditos laborales con vista de los libros de planillas y demás libros contables, e) La liquidación practicada por el Ministerio de Trabajo y Promoción Social, será apreciada por la Comisión a fin de proceder o no a reconocer los créditos invocados. En consecuencia, toda solicitud de reconocimiento de créditos de origen laboral, deberá regirse por el procedimiento antes señalado a fin que se realicen las investigaciones pertinentes. P reced en te II. Se determinan aquellos supuestos de hecho en los cuales la Comisión de Salida del Mercado y sus entidades delegadas, se encuentran obligadas a desarrollar un proceso de investigación más riguroso que el detallado en el Precedente I de la presente resolución. //Atendiendo a que el procedimiento para el reconocimiento de créditos de origen laboral desarrollado en la presente resolución, podría dar a lugar a que se pretenda incorporar a la junta de acreedores personas que no forman parte de la masa concursal o que formando parte de la misma presenten créditos superiores a los reales, la Comisión deberá evaluar e investigar con mayor cuidado y en forma detallada, aquellas solicitudes en las cuales existen elementos de juicio o indicios que creen duda respecto de la existencia de los créditos invocados. II Los elementos de juicio o indicios que crean duda respecto de la existencia de los créditos invocados, lo constituirán la cuantía de dichos créditos, la misma que no guardará relación con la del resto del personal u otras situaciones dudosas o sospechosas y, además, que la solicitud sea presentada por un trabajador ó ex trabajador que sea o haya sido: a) personal de confianza de la empresa declarada insolvente; b) Personal que mantuvo con ios directivos de la empresa insolvente, algún vínculo adicional al laboral; c) Accionista, director o gerente de la empresa insolvente; y, adicionalmente, d) Un trabajador cualquiera. Tratándose de los supuestos previstos en los literales a, b y c, el simple reconocimiento de los créditos por parte de la empresa insolvente, no será suficiente para que la Comisión proceda a reconocer dichos créditos. En el caso del supuesto previsto en el literal d, el silencio de la empresa insolvente respecto de los créditos invocados, no será suficiente para que la Comisión proceda al reconocimiento de tales créditos. (Res. N.° 088-97-TDC, de 04-04-1997, que estableció como precedente vinculante de observancia obligatoria este criterio de interpretación. Sala de Defensa de la Competencia. Tribunal de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual. Texto completo: }.

Artículo 42: Orden de preferencia 42.1 En los procedimientos de disolución y liquidación, el orden de preferencia en el pago de los cré­ ditos es el siguiente: Primero: Remuneraciones y beneficios sociales adeudados a los trabajadores, aportes impagos al Sis­ tema Privado de Pensiones o a los regímenes provisionales administrados por la Oficina de Normalización Provisional - ONP, la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador u otros regímenes provisionales croados por ley; deuda exígible al Seguro Social de Salud - ESSALUD que se encuentra en ejecución coac­ tiva respecto de las cuales se baya ordenado medidas cautelares; así como los intereses y gastos que por tales conceptos pudieran originarse. Los aportes impagos al Sistema Privado de Pensiones incluyen los conceptos a que se refiere el artículo 30 del Decreto Ley N.° 25897, con excepción de las comisiones cobradas por la administración de los fondos privados de pensiones. Segundo: Los créditos alimentarios. Tercero: Los créditos garantizados con hipoteca, garantía mobiliaria, anticresis, warrants, derecho de retención o medidas cautelares que recaigan sobre bienes del deudor, siempre que la garantía correspon­ diente haya sido constituida o la medida cautelar correspondiente haya sido trabada con anterioridad a la n o m o s & th e s is

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fecha de publicación a que se refiere el artículo 32. Las citadas garantías o gravámenes, de ser el caso, deberán estar inscritas en el registro antes de dicha fecha, para ser oponibles a la masa de acreedores. Estos créditos mantienen el presente orden de preferencia aun cuando ios bienes que los garantizan sean vendidos o adjudicados para cancelar créditos de órdenes anteriores, pero solo hasta el monto de realiza­ ción o adjudicación del bien que garantizaba los créditos. Cuarto: Los créditos de origen tributario del Estado, incluidos los del Seguro Social de Salud -ESSALUD que no se encuentren contemplados en el primer orden de preferencia; sean tributos, multas intereses, moras, costas y recargos. Quinto: Los créditos no comprendidos en los órdenes precedentes; y la parte de los créditos tributarios que, conforme al literal d) del numeral 48.3 del artículo 48, sean transferidos del cuarto al quinto orden; y el saldo de los créditos del tercer orden que excedieran del valor de realización o adjudicación del bien que garantizaba dichos créditos. 42.2. Cualquier pago efectuado por el deudor a alguno de sus acreedores, en ejecución del Plan de Reestructuración o el Convenio de Liquidación, será imputado, en primer lugar, a las deudas por concepto de capital luego a gastos e intereses, en ese orden.

PRECEDENTE DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA DELTRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

§ 4560. La comisión está habilitada para constatar la realización de los pagos que efectúe el deudor a sus acreedores en cualquier etapa del procedimiento, de oficio o a pedido del deudor, acreedor o algún tercero con legítimo interés. En aplicación del artículo 42.2° de la Ley General del Sistema Concursa!, la autoridad administrativa tiene el deber de constatar y pronunciarse sobre todos los pagos que el deudor efectúe a sus acreedores en ejecución del Plan de Reestructuración o del Convenio de Liquidación, en cuyo caso deberá imputar los pagos, en primer lugar, a las deudas por concepto de capital, luego a gastos e intereses, procediendo a reducir los créditos reconocidos a favor de los acreedores beneficiados con los pagos y a fijar la nueva cuantía de las obligaciones que estos mantienen frente al deudor. Dado que la reducción de créditos que opera en los casos antes señalados constituye una garantía institucional del sistema concursal debido a que garantiza ía correcta composición de la Junta de Acreedores y permite verificar la eventual superación de la situación de crisis que originó la declaración en concurso del deudor, la Comisión está habilitada para constatar la realización de los pagos en cualquier etapa del procedimiento, ya sea de oficio o a pedido del deudor, de sus acreedores o de algún tercero con legítimo interés, debiendo adoptar todas las medidas probatorias necesarias para verificar fehacientemente la realización de los pagos alegados en el proceso. (Res. N.° 1364-2005/TDCINDECOPI, de 12-12-2005, que estableció como precedente vinculante de observancia obligatoria este criterio de interpretación. Sala Especializada en Defensa de la Competencia. Tribunal de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual. Texto completo: ).

CAPÍTULO IV JUNTAS DE ACREEDORES

Artículo 51: Atribuciones genéricas y responsabilidades de la Junta de Acreedores, Comité, Administradores y Liquidadores 51.1. Sin perjuicio de las demás que se señalen en los artículos de la Ley, la Junta tendrá las siguientes atribuciones genéricas: a) Decidir el destino del deudor, pudiendo optar entre cualquiera de las siguientes alternativas:

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a .l El inicio de una reestructuración patrimonial conforme a lo establecido en el Capítulo V del Título II de la Ley; o a.2 La disolución y/o liquidación, con excepción de los bienes inembargables, en cuyo caso ingresará a una disolución y liquidación conforme a lo establecido en el Capítulo VI del Título II de la Ley; b) Supervisar la ejecución de los acuerdos que haya adoptado conforme ai literal anterior, para lo cual podrá tomar todas las medidas que considere pertinentes; c) Solicitar al administrador o liquidador, según el caso, la elaboración de informes económicos financieros que considere necesarios para la adopción de sus acuerdos; d) Designar de entre sus miembros a un Comité en el cual podrá delegar en todo o en parte las atribuciones que fe confiere esta Ley, con excepción de la decisión a que se refiere el literal a) del presente artículo, la aprobación del Plan de Reestructuración o Convenio de Liquidación, según el caso, y sus modificaciones; y e) En caso de que la Junta de Acreedores decida por la reestructuración y opte por la capitalización de sus acreencias, podrá en cualquier momento ajustar el patrimonio del deudor, previa auditoría económica, realizada por auditores registrados ante el INDECOPL 51.2. Los acreedores que forman parte del Comité, así como los administradores y liquidadores, responden, ilimitada y solidariamente, ante los propios acreedores, accionistas y terceros por los daños y perjuicios que causen por los acuerdos o actos contrarios a la Ley, al estatuto o por los realizados con dolo, abuso de facultades o negligencia grave. 51.3. Es responsabilidad del Comité el cumplimiento de los acuerdos de la Junta, salvo que esta haya dispuesto algo distinto. 51.4. Los miembros del Comité son asimismo responsables con los miembros que los hayan precedido por las irregularidades que estos hubiesen cometido si, conociéndolas, no las denunciaren por escrito a la Junta. 51.5. En ningún caso se podrá acordar el pago de dietas, retribuciones o conceptos similares a favor de las autoridades de la Junta de Acreedores o de los integrantes del Comité de Junta de Acreedores con cargo al patrimonio sujeto a concurso, bajo apercibimiento de imponer a dichas autoridades e integrantes multas no menores de una (1) ni mayores de cien (100) Unidades Impositivas Tributarias.(1) NOTA DE ACTUALIZACIÓN (1) A rtículo m odificado por el artículo 18 deí D ecreto Legislativo N.° 1189 (EP, 91-08-2015), que incorpora el num eral 51.5.

PRECEDENTE DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA DEL TRIBUNAL PE DEFENSA DELA COMPETENCIA

§ 4561. Los acreedores elegidos para representar a la Jun ta de Acreedores y los miembros del Comité de acreedores no perciben retribuciones dinerarias por el desempeño de su cargo a cuenta del patrimonio objeto del concurso. 1. De conformidad con lo señalado en los artículos I y II del Título Preliminar de la Ley General del Sistema Concursa!, este establece un procedimiento colectivo de cobro ordenado de créditos que permite, bajo reducidos costos de transacción, distribuir entre la totalidad de acreedores involucrados los beneficios y pérdidas derivados del concurso en función a su grado de afectación por la crisis patrimonial del deudor, mediante la asignación eficiente de los recursos orientada a la maximización del patrimonio en crisis. Para el cu m plim ien to de dicho objetivo, la Ley ha provisto a la colectividad de acreedores de amplias facultades para adoptar las decisiones que consideren más convenientes para la recuperación de los créditos comprendidos en el concurso. 2. Conforme a lo dispuesto en los artículos 51, 54 y 56 de la Ley General del Sistema Concursa!, en el marco de la Junta de Acreedores, la elección de sus autoridades tiene por finalidad delegar en determinados acreedores la responsabilidad de representar a dicho órgano deliberativo a efectos de promover el impulso del procedimiento concursal a través de la realización de aquellos actos que faciliten la adopción de acuerdos oportunos y el cumplimiento de los mismos. De igual modo, la labor de los miembros del Comité de Acreedores consiste básicamente en asumir por delegación parte de las funciones n o m o s & t h e s is

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correspondientes a la Junta y encargarse de velar por el cumplimiento de los acuerdos adoptados por la Junta de Acreedores. 3. La naturaleza de las funciones ejercidas por las autoridades de la Junta de Acreedores y de los integrantes del Comité de Acreedores no permite el pago de retribuciones a favor de dichas autoridades por el desempeño de sus cargos a cuenta del patrimonio objeto del concurso, en la medida que tales autoridades no participan en el procedimiento por la expectativa de obtener un beneficio económico en calidad de contraprestación por el ejercicio de sus funciones, sino en virtud de su propia decisión de aceptar el encargo de impulsar el desarrollo deí procedimiento para tutelar el interés colectivo de la masa de acreedores de la cual ellos mismos forman parte y, de esta manera, velar por la satisfacción de su propio interés creditorio en su calidad de acreedores involucrados en la crisis patrimonial del deudor. 4. En caso de que la Junta de Acreedores o el Comité acuerden el pago de dietas, retribuciones o conceptos similares a favor de sus autoridades o de los integrantes del Comité de Acreedores con cargo al patrimonio sujeto a concurso, dicho acuerdo será inválido, de conformidad con los fundamentos desarrollados anteriormente, siendo responsabilidad de las Comisiones pronunciarse por dicha invalidez de manera inmediata. (Res. N.° 0329-2005/TDC-INDECOPI, de 21-03-2005, que estableció como precedente vinculante de observancia obligatoria este criterio de interpretación. Sala Especializada en Defensa de la Competencia. Tribunal de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual. Texto completo: ).

Artículo 54: Elección y funciones de las autoridades de la Junta 54.1. La Junta elegirá de su seno a los acreedores que ejercerán los cargos de Presidente y Vicepresidente. En caso de imposibilidad, impedimento, ausencia o negativa injustificada del Presidente, sus funciones serán asumidas por el Vicepresidente o, en su defecto, la Junta elegirá por votación con mayoría simple al acreedor que interinamente asumirá las funciones del Presidente. 54.2. Constituye requisito para formalizar la elección de Presidente y Vicepresidente, bajo sanción de nulidad, la aceptación, en el acto, de los acreedores elegidos. 54.3. En caso de ausencia del Presidente y del Vicepresidente la Junta podrá elegir en cada sesión al acreedor que presidirá la reunión. Para estos efectos, el representante de la Comisión, en caso de que participe en la Junta, presidirá la reunión hasta que se efectúe la elección antes mencionada. En caso de que el representante de la Comisión no participe en la reunión, y hasta que se efectúe la elección antes mencionada, presidirá la Junta el acreedor asistente que cuente con el mayor porcentaje de créditos reconocidos 54.4. El Presidente de la Junta representa a dicho órgano colegiado y es el encargado de convocar y dirigir las reuniones de la misma. Adicionalmente, bajo apercibimiento de multa, se responsabiliza por la elaboración, suscripción, presentación de las actas conforme los términos establecidos en la presente Ley o en la directiva correspondiente, así como su conservación, 0) NOTA DE ACTUALIZACIÓN (1) A rtículo m odificado por el artículo 19 del D ecreto Legislativo N,° 1189 (EP, 21-08-2015), que reform a el num eral 54,4.

PRECEDENTE DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

§ 4562. Los acreedores elegidos para representar a la Junta de Acreedores y los miembros del Comité de acreedores no perciben retribuciones dinerarias por e! desempeño de su cargo a cuenta del patrimonio objeto del concurso. Véase la jurisprudencia del artículo 51° de la Ley General deí Sistema Concursa! [§ 4561]. (Res. N.° 0329-2005/TDC-INDECOPI, de 21-03-2005, que estableció como precedente vinculante de observancia obligatoria este criterio de interpretación. Sala Especializada en Defensa de la Competencia. Tribunal de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual. Texto completo: ). ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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Artículo 55: Formalidades, contenido, aprobación y validez de las actas 55.1 Los acuerdos de Junta constarán en actas, las mismas que se registrarán en un libro con las formalidades de la Ley Genera! de Sociedades. Las actas serán suscritas por el Presidente, el representante de la Comisión y un acreedor designado por la propia Junta. 55.2 En las Juntas en las que no partícipe el Representante de la Comisión, el acta debe quedar suscrita por el Presidente y el acreedor designado dentro de los diez (10) días siguientes a la realización de la Junta. El Presidente de la Junta deberá presentar a la Comisión copia del acta debidamente suscrita, dentro de un plazo no mayor de tres (3) días contados a partir de la conclusión del plazo antes citado, a fin de que sea incorporada en el expediente. 55.3 Las actas de Juntas, debidamente certificadas, constituyen títulos ejecutivos, únicamente respecto de la ejecución de acuerdos relacionados al nombramiento y asunción de funciones de administradores y/o liquidadores. 55.4 La Comisión de Procedimientos Concúrsales del INDECOPI regulará mediante directiva las formalidades, contenido, aprobación y validez de las actas de Junta. 55.5 Los acuerdos de la Junta, el Plan de Reestructuración, el Convenio de Liquidación, el Acuerdo Global de Refmanciación, la resolución que declara la conclusión del procedimiento concursal y el auto judicial que declara la quiebra, surten sus efectos frente al deudor y sus acreedores desde el momento en que son adoptados, suscritos o quedan consentidos, según corresponda. 55.6 En caso no existan autoridades de la Junta, el administrador o liquidador, según corresponda, se responsabiliza por la elaboración, suscripción y conservación de las actas de la Junta, bajo apercibimiento de m ulta.(1) NOTA DE ACTUALIZACIÓN (1) A rtículo m odificado por el artículo 20 del D ecreto Legislativo N.° 1189 (EP, 21-08-2015), que reform a el num eral 55.2 e in corpora el num eral 55.6.

PRECEDENTED E OBSERVANCIA QBLIGATORIADELTRIBUNALDEDEFENSADE LA COMPETENCIA

§ 4563. La interposición de impugnaciones a los acuerdos de Jun ta de Acreedores no lim ita el desarrollo ordinario de su ejecución. La interposición de recursos administrativos contra las resoluciones expedidas en el marco de procesos de liquidación iniciados por la presente le y no lim ita el desarrollo ordinario de tal procedimiento. Véase la jurisprudencia del artículo 117° de la Ley General del Sistema Concursa! [§ 4575], (Res. N.° 0609-2005/TDC-INDECOPI, de 30-05-2005, que estableció como precedente vinculante de observancia obligatoria este criterio de interpretación. Sala Especializada en Defensa de la Competencia. Tribunal de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual. Texto completo: ).

Artículo 56: Funcionamiento del Comité 56.1 En caso de que la Junta acuerde delegar sus atribuciones a un Comité, se observarán las siguientes reglas: a) El Comité estará integrado por cuatro miembros. La Presidencia corresponde al Presidente de la Junta, quien, en caso de ausencia, renuncia o impedimento, podrá ser reemplazado por el Vicepresidente. Los otros tres deberán representar obligatoriamente, entre ellos y con relación ai Presidente, y siempre que resulte posible, créditos de diferente origen, si los hubiera presentes en la reunión, salvo negativa expresa de dichos acreedores a integrar el mismo. b) El Presidente del Comité deberá informar a la Junta en la siguiente reunión de esta, sobre los acuerdos y acciones que adopte y realice en cumplimiento de la delegación conferida. El Incumplimiento de dicha obligación hará sujeto al Presidente de la sanción a que se refiere el literal d) del artículo 125.1. n o m o s & t h e s ís

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c) El cargo de miembro de Comité no puede de legarse en otro acreedor. d) El Comité deberá llevar un libro de actas que podrá ser el mismo en que se incorporen las actas de Junta, en el cual registre sus acuerdos, las que deberán ser suscritas por lo menos por tres de sus miembros, bajo sanción de nulidad de dichos documentos e ineficacia de los acuerdos que contienen. 56.2 Para instalar una reunión de Comité y para la adopción de acuerdos, se requerirá la asistencia y el voto favorable de tres de sus miembros. En caso de empate, el Presidente tiene voto dirimente. 56.3 Los acuerdos solamente podrán ser revisados por la Junta, pero es obligación del Presidente pre­ sentar a la Comisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la realización de la reunión del Comité, copia del acta respectiva, suscrita por los asistentes.

PRECEDENTE DE OBSERVANCIA OBLIGATQRIA DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

§ 4564. Los acreedores elegidos para representar a la Junta de Acreedores y los miembros del Comité de acreedores no perciben retribuciones dinerarias por el desempeño de su cargo a cuenta del patrimonio objeto del concurso. Véase la jurisprudencia del artículo 51° de la Ley General del Sistema Concursal [§ 4561], (Res. N.° 0329-2005/TDCTNDECOPI, de 21-03-2005, que estableció como precedente vinculante de observancia obligatoria este criterio de interpretación. Sala Especializada en Defensa de la Competencia. Tribunal de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual. Texto completo: ).

CAPÍTULO V REESTRUCTURACIÓN PATRIMONIAL

Artículo 66: Contenido del Plan de Reestructuración 66.1 El Plan de Reestructuración es el negocio jurídico por el cual la Junta define los mecanismos para llevar a cabo la reestructuración económico financiera del deudor, con la finalidad de extinguir las obligaciones comprendidas en el procedimiento y superar la crisis patrimonial que originó el inicio del mismo, en función a las particularidades y características propias del deudor en reestructuración. 66.2 El Plan de Reestructuración podrá detallan a) Balance General a la fecha de elaboración del Plan de Reestructuración, b) Acciones que se propone ejecutar la administración. c) Relación de las obligaciones originadas hasta la publicación a que se refiere el artículo 32, aun cuando tengan la calidad de contingentes o no hubieren sido reconocidas por ser materia de impugnación. d) Propuestas para el financiamiento de la inversión requerida para la continuación de la actividad del deudor. e) Política laboral a adoptarse. f) Régimen de intereses. g) Presupuesto que contenga los gastos y honorarios de la administración. h) Estado de Flujos Efectivo proyectado al tiempo previsto para el pago de la totalidad de las obligaciones comprendidas en el procedimiento. 66.3 El Plan de Reestructuración deberá incluir, bajo sanción de nulidad, un cronograma de pagos que comprenda la totalidad de las obligaciones adeudadas hasta la fecha de la difusión del concurso, con prescindencia de si dichas obligaciones han sido reconocidas en el procedimiento. El cronograma de pagos

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deberá especificar el modo, monto, lugar y fecha de pago de los créditos de cada acreedor. Igualmente, establecerá un régimen de provisiones de los créditos contingentes. 66.4 En dicho cronograma de pagos se deberá precisar, bajo sanción de nulidad del Plan, que de los fondos o recursos que se destinen al año para el pago de los créditos, por lo menos un 30% se asignará en partes iguales al pago de obligaciones laborales que tengan el primer orden de preferencia, conforme al artículo 42. La determinación del pago en partes iguales implica que el derecho de cobro de cada acreedor laboral se determine en función del número total de acreedores laborales reconocidos en dicha prelación. 66.5 La Junta aprobará el Plan de Reestructuración observando So dispuesto en el primer párrafo del artículo 53 y deberá ser suscrito en el mismo acto por el Presidente de la Junta, en representación de todos los acreedores, y la administración designada o la que se designe para tales efectos.

PRECEDENTE DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA DELTRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

§ 4565. Debe incluirse en el Plan de Reestructuración, un cronograma de pagos que comprenda la totalidad de las obligaciones asumidas por el deudor hasta la fecha, prescindiendo de si dichos acreedores han sido reconocidos o no por la autoridad concursal. No obstante, para el cobro del crédito, si será necesario el reconocimiento previo de la calidad de acreedor realizado por la autoridad concursal. 1 . De conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 66 de la Ley General del Sistema Concursal, el deudor debe incluir en el Pian de Reestructuración, bajo sanción de nulidad del acuerdo de Junta de Acreedores que apruebe dicho instrumento contractual, un cronograma de pagos que comprenda la totalidad de las obligaciones asumidas hasta la fecha de la difusión del concurso, con la finalidad de permitir que todos los acreedores, es decir, los reconocidos, los apersonados y en proceso de reconocimiento, los no apersonados y los contingentes a la fecha de aprobación del referido instrumento concursal, tengan la posibilidad de acceder al cobro de sus créditos en los términos y condiciones estipulados en el Plan, en aplicación de los principios de colectividad y proporcionalidad previstos en los artículos V y VI del Título Preliminar del referido dispositivo legal. Ello, toda vez que el titular de un derecho de crédito, en su calidad de integrante de la masa de acreedores afectada con la crisis patrimonial del deudor concursado, se encuentra en aptitud de ejercerlo dentro del procedimiento en concurrencia con los demás acreedores, con independencia de su apersonamiento oportuno o tardío al concurso. 2. No obstante lo anterior, para hacer efectivo el derecho de cobro de los créditos reprogramados en el Plan de Reestructuración en función a los criterios objetivos definidos por la Junta de Acreedores pata regular los términos y condiciones de pago de la totalidad de los créditos comprendidos en el procedimiento, sus titulares deben obtener previamente el reconocimiento de sus créditos por parte de la autoridad concursal, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 69 de la Ley General del Sistema Concursal. (Res. N.° 0608-2005/TDC-íNDECOPI, de 30-05-2005, que estableció como precedente vinculante de observancia obligatoria este criterio de interpretación. Sala Especializada en Defensa de la Competencia. Tribunal de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual. Texto completo: ). § 4566. Los acuerdos adoptados en el plan de reestructuración respecto a la cuantía del capital y a la tasa de interés, subsisten aún después de la finalización de la vigencia de dicho plan a causa del incumplimiento por parte del deudor. Segundo. Declarar que la presente resolución constituye precedente de observancia obligatoria en cuanto establece el siguiente criterio para solicitar el reconocimiento de créditos sustentados en un plan de reestructuración aprobado en un procedimiento de insolvencia anterior: Los acuerdos adoptados en el plan de reestructuración respecto a la cuantía del capital y a la tasa de interés, subsisten aún después de la finalización de la vigencia de dicho plan a causa del incumplimiento por parte del deudor, toda vez que la eventual reducción de la deuda y/o de la tasa de interés, importa la renuncia por parte dei acreedor a dicha diferencia, salvo que al aprobarse el Plan, o con posterioridad, la Junta establezca algo distinto. (Res. N.° 256-97-TDC, de 22-10-1997, que estableció como precedente vinculante de observancia obligatoria este criterio de interpretación. Sala Especializada en Defensa de la Competencia. Tribunal de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual. Texto completo: ).

w rn o s

& th e s á s

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Artículo 67: Efectos de ia aprobación y del incumplimiento del Plan de Reestructuración 67.1. El Plan de Reestructuración aprobado por la Junta obliga al deudor y a todos sus acreedores comprendidos en el procedimiento, aun cuando se hayan opuesto a los acuerdos, no hayan asistido a la Junta por cualquier motivo, o no hayan solicitado oportunamente el reconocimiento de sus créditos. 67.2. La oponibilidad del Plan de Reestructuración al Estado, en su condición de acreedor tributario, se regirá por las disposiciones contenidas en el artículo 48. 67.3. La aprobación del Plan de Reestructuración no libera a los terceros garantes del deudor, salvo que dichos garantes hubiesen previsto el levantamiento de las garantías en el acto constitutivo de la garantía. 67.4. La Comisión declarará la disolución y liquidación del deudor por incumplimiento de los términos o condiciones establecidos en el Plan de Reestructuración a solicitud de un acreedor o de oficio, cuando el incumplimiento haya sido declarado por el deudor. En dichos supuestos, la Junta dentro del plazo de treinta (30) días podrá adoptar los acuerdos referidos en ios Incisos b), c) y d) del numeral 50.4 del artículo 50, de lo contrarío, será de aplicación lo establecido en el numeral 97.4 del artículo 97. 67.5. El Plan de Reestructuración aprobado no surte efectos sobre bienes del deudor que garanticen obligaciones de terceros, contraídas con anterioridad a la fecha de difusión del procedimiento concursal. En este caso, el titular del derecho real podrá proceder a ejecutar su garantía de acuerdo a los términos originalmente pactados, conforme a lo dispuesto en el artículo 1 8 .6 .(1) NOTA DE ACTUALIZACIÓN (1) Artículo m odificado p or el artículo 21 del D ecreto Legislativo N.° 1189 {EP, 21-08-2015), que reform a el num eral 67.4. A nteriorm ente había sido m odificado por el artículo 20 del D ecreto Legislativo N.° 1050 (EP, 27-06-2008), que reform ó el num era! 67.3

PRECEDENTE DE OBSERVANCIA OBLÍGATORIADELTRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

§ 4567. No se am para el pedido de liquidación del patrimonio del deudor concursado por incumplimiento de su plan de reestructuración, si antes del pronunciamiento el deudor subsana dicho incum plim iento a plena satisfacción del acreedor solicitante. Precedente: Cuando, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 67,4 de la Ley General del Sistema Concursal, la Comisión de Procedimientos Concúrsales deba pronunciarse sobre un pedido de declaración de liquidación del patrimonio del deudor concursado por incumplimiento de su plan de reestructuración, dicha autoridad no podrá limitarse a verificar solo el hecho objetivo del incumplimiento en los términos y oportunidad pactados en el referido instrumento. Para ello, deberá además analizar las circunstancias del caso, y si de estas se evidencia una conducta del deudor que subsana dicho Incumplimiento a plena satisfacción del acreedor solicitante, pagando o extinguiendo los créditos de este último a través de las modalidades estipuladas en el plan de reestructuración y con anterioridad al pronunciamiento de la Comisión, la autoridad concursal deberá denegar el pedido presentado, al haberse tornado innecesaria la intervención subsidiaria de la autoridad administrativa en el procedimiento concursal respectivo. (Res. N.° 2311-2013/SDC-INDECOPI, de 13-12-2013, que estableció como precedente de observancia obligatoria este criterio de interpretación. Sala Especializada en Defensa de la Competencia. Tribunal de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual. Texto completo: ). § 4568. Alcances de la exigibilidad de una garantía real constituida en favor de un tercero no acreedor del deudor sometido a concurso. Véase la jurisprudencia del artículo 85° de la Ley General del Sistema Concursal [§ 4572], (Res. N.° 0091-2002/TDCTNDECOPI, de 01-03-2000, que estableció como precedente vinculante de observancia obligatoria este criterio de interpretación. Sala Especializada en Defensa de la Competencia. Tribunal de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual. Texto completo: ). * SUMMA PROCESAL CIVIL

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Artículo 69: Pago de créditos durante la reestructuración patrimonial 69.1 El orden de preferencia establecido en el artículo 42 para el pago de los créditos no será de aplicación en los casos en que se hubiese acordado la reestructuración, con excepción de la distribución entre los acreedores del producto de la venta o transferencia de activos fijos del deudor. 69.2 Los acreedores preferentes podrán renunciar al orden de cobro de los créditos que les corresponde cuando así lo manifiesten de manera indubitable, pudiendo exigir garantías suficientes para decidir la postergación de su derecho preferente de cobro. En el caso de créditos laborales dicha renuncia es inválida. 69.3 Para hacer efectivo el derecho de cobro de los créditos reprogramados en el Plan de Reestructuración, estos deberán ser previamente reconocidos por la autoridad concursa!. Pagado el íntegro de los créditos reconocidos, el deudor deberá pagar los créditos no reconocidos previstos en el Plan de Reestructuración. 69.4 La administración del deudor pagará a los acreedores observando el Plan de Reestructuración. Será de su cargo actualizar los créditos reconocidos y liquidar los intereses hasta la fecha de pago, apli­ cando la tasa establecida en el Plan de Reestructuración. PRECEDENTE DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA DELTRIBUNAL DE DEFENSAPELA COMPETENCIA

§ 4569. Debe incluirse en el Plan de Reestructuración, un cronograma de pagos que comprenda la totalidad de las obligaciones asumidas por el deudor basta la fecha, prescindiendo de si dichos acreedores han sido reconocidos o no por la autoridad concursa!. No obstante, para el cobro del crédito, si será necesario el reconocimiento previo de la calidad de acreedor realizado por la autoridad concursa!. Véase la jurisprudencia del artículo 66° de la Ley General del Sistema Concursal [§ 4565]. (Res. N.° 0608-2005/T’DCTNDECOPI, de 30-05-2005, que estableció como precedente vinculante de observancia obligatoria este criterio de interpretación. Sala Especializada en Defensa de la Competencia. Tribunal de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual. Texto completo: ).

CAPÍTULO VI DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN Artículo 74: Acuerdo de disolución y liquidación 74.1. Si la Junta decidiera la disolución y liquidación del deudor, este no podrá continuar desarrollando la actividad propia del giro del negocio a partir de la suscripción del Convenio de Liquidación. En caso que quienes desarrollen dicha actividad a nombre y en representación del deudor sean los directores, gerentes u otros administradores del deudor cesados en sus funciones desde la fecha de suscripción del convenio, se les podrá imponer una multa de una (1) a cien (100) Unidades Impositivas Tributarias. Si la actividad en cuestión es realizada por la entidad liquidadora designada por la Junta de Acreedores o por la Comisión, se le podrá imponer las sanciones señaladas en el numeral 123.1 artículo 123 de la presente Ley. En ambos casos las sanciones administrativas podrán imponerse sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que corresponda. 74.2. Sin embargo, la Junta podrá acordar la continuación de actividades solo en el caso de que opte por la liquidación en marcha del negocio, por estimar un mayor valor de realización bajo esa modalidad. Dicha liquidación deberá efectuarse en un plazo máximo de un (1) año, el cual podrá ser prorrogado excepcionalmente por un plazo igual, mediante decisión de la Junta de Acreedores debidamente fundamentada.

n o m o s & thesis

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Art. 74

74.3. La Junta nombrará a una entidad o persona que tenga registro vigente ante la Comisión como liquidador encargado de dicho procedimiento. El liquidador deberá manifestar su voluntad d e asumir el cargo. 74.4. La Junta aprobará y suscribirá el respectivo Convenio de Liquidación en dicha reunión o dentro de los treinta (30) días siguientes. De no darse la aprobación mencionada, serán de aplicación las disposiciones contenidas en el Capítulo Vil del Título II. 74.5. Se encuentran comprendidos en el procedimiento de disolución y liquidación, los créditos por concepto de capital, intereses y gastos generados durante la vigencia de dicho procedimiento; con la excepción de los honorarios del liquidador y los gastos necesarios efectuados por este para e l desarrollo adecuado del proceso liquidatorio. 74.6. El acuerdo de disolución y liquidación genera un fuero de atracción concursal de créditos por el cual se integran al procedimiento concursal ios créditos post concúrsales, a fin de q u e todas las obligaciones del deudor concursado, con prescindencia de su fecha de origen, sean reconocidas en el procedimiento. El reconocimiento de los créditos otorga a sus titulares derecho de voz y vota en la Junta de Acreedores, así como derecho de cobro en tanto el patrimonio concursal lo permita. 74.7. Los acreedores que hayan obtenido el reconocimiento tardío de sus créditos tendrán derecho de voz y voto en la Junta de Acreedores, una vez adoptado el mencionado acuerdo de disolución y liquidación. En tal sentido, en este supuesto no será de aplicación lo establecido en el numeral 34.3 del artículo 3 4 de la Ley. 74.8. El fuero de atracción de créditos no comprende las deudas generadas por la implementación de la liquidación en marcha prevista en el numeral 74.2 del artículo 74 de la Ley General del Sistema Concursal, debiendo dichas deudas ser canceladas a su vencimiento.(1) NOTA DE ACTUALIZACIÓN (1) A rtículo m odificado por el artículo 22 dei D ecreto Legislativo N.° 1189 (EP, 21-08-2015), que reform a io s num erales 74.1 y 74,2, A nteriorm ente había sido m odificado por el artículo 22 dei Decreto Legislativo N.° 1050 (EP, 27 -06-2008) y por el articulo e! artículo 1 de la Ley N.Q28709 (EP, 12-04-2006).

PRECEDENTE DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA DELTRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

§ 4570. Reconocimiento de créditos por parte de la Comisión en los procedim ientos de disolución y liquidación del deudor. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 16 y 74 de la Ley General del Sistema Concursal, en los procedimientos de disolución y liquidación l a Comisión resulta competente para reconocer los créditos devengados desde la fecha de publicación de la situación de concurso hasta la declaración judicial de quiebra del deudor, exceptuándose de este tratamiento a los honorarios del liquidador y a ios gastos necesarios efectuados para el desarrollo adecuado del proceso de liquidación. El fuero de atracción regulado en las normas antes citadas no comprende las deudas generadas por la implementación de la liquidación en marcha prevista en el artículo 74.5 de la Ley General del Sistema Concursal, en tanto dichos pasivos constituyen gastos necesarios que debe realizar el liquidador para llevar a cabo dicha modalidad liquidatoria dentro del plazo establecido por ley. (Res. N.° 2272-2007/TDC-INDECOPI, de 19-11-2007, que estableció como precedente vinculante de observancia obligatoria este criterio de interpretación. Sala Especializada en Defensa de la Competencia. Tribunal de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual. Texto completo: ). § 4571. Alcances de la exclusión de créditos del fuero de atracción en los procedim ientos de liquidación del deudor. Para efectos de identificar cuáles son los créditos que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74.8 de la Ley General del Sistema Concursal se encuentran excluidos del fuero de atracción previsto por el artículo 74.6 de dicha norma, no resulta suficiente que dichas acreencias se hayan devengado durante la implementación de la liquidación en marcha acordada por la junta de acreedores, sino que además será necesario verificar que tales créditos constituyan, ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

Art. 85

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en relación con el patrimonio del deudor, deudas necesarias para llevar a cabo la referida modalidad liquidatoria, y que tengan por objeto permitir la continuación temporal de las actividades del deudor concursado. Las deudas asumidas por el concursado durante dicho periodo que no cumplan con las características señaladas precedentemente, se encuentran comprendidas en el procedimiento concursal como consecuencia del fuero de atracción de créditos previsto en el artículo 74.6 de la Ley General del Sistema Concursal. (Res. N.° 0226-2016/SCO-INDECOPI, de 15-03-2016 [EP, 25-05-2016], que estableció como precedente vinculante de observancia obligatoria este criterio de interpretación. Sala Especializada en Defensa de la Competencia. Tribunal de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual. Texto completo: ).

Artículo 81: Oponibilidad del Convenio de Liquidación 81.1. El Convenio de Liquidación será obligatorio no solo para quienes lo hubieran aprobado, sino también para quienes no hayan asistido a la Junta, se hayan opuesto a dicho Convenio o no tengan créditos reconocidos por la Comisión. 81.2. Los efectos del Convenio de Liquidación aprobado por la Junta no le son aplicables al titular de garantías reales constituidas sobre bienes del deudor que garanticen obligaciones de terceros, cuyo dere­ cho se rige de acuerdo a lo establecido en el artículo 85.2.

PRECEDENTE DE OBSERVANCIAQBLIGATQRIADELTRIBUNALDEDEFENSADE LA COMPETENCIA

§ 4572. Alcances de la exigifoilidad de una garantía real constituida en favor de un tercero no acreedor del deudor sometido a concurso. O ponibilidad del convenio de liquidación. Oponibilidad del plan de reestructuración. Véase la jurisprudencia del artículo 85° de la Ley General del Sistema Concursal [§ 4572]. (Res. N.° 0091-2002/TDC-INDECOPI, de 01-03-2000, que estableció como precedente vinculante de observancia obligatoria este criterio de interpretación. Sala Especializada en Defensa de la Competencia. Tribunal de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual. Texto completo: ).

Artículo 85: Efectos de la transferencia de bienes por parte del liquidador 85.1. La transferencia de cualquier bien del deudor, por parte del Liquidador, generará el levantamiento automático de todos los gravámenes, las medidas cautelares y cargas que pesen sobre este, sin que se requiera para tales efectos mandato judicial o la intervención del acreedor garantizado con dicho bien. El Registrador deberá inscribir el levantamiento de dichas medidas, bajo responsabilidad. "En tal supuesto, la persona que efectúe el trámite de levantamiento de las referidas cargas o gravámenes ante cualquier entidad registra! a nivel nacional, está inafecta al pago de las tasas o derechos administrativos correspondientes. 85.2. Tratándose de la venta de bienes de propiedad del deudor que garanticen obligaciones de terce­ ros conforme a lo señalado en el artículo 81.2 el Liquidador debe respetar los derechos reales de garantía constituidos sobre ios mismos, pagando los créditos de estos terceros, con el producto de dicha venta, teniendo en consideración el rango registral y montos que correspondan, pero sin afectar el pago de los créditos del primer orden de preferencia que existan en el procedimiento.

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A lt 83

PRECEDENTE DE OBSERVANCIA OBLIGATORIADEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETEN CIA

§ 4572. Alcances de la exigibiüdad de una garantía real constituida en favor de un tercero no acreedor del deudor sometido a concurso. Las garantías reales constituidas sobre bienes de la insolvente que garanticen obligaciones no concúrsales deberán ser respetadas, sin perjuicio de que no concedan el derecho a participar en la junta de acreedores porque el titular del derecho real no es acreedor de la insolvente. Asimismo, tampoco serán oponibles al titular del derecho real de garantía los términos de los convenios de liquidación o del plan de reestructuración aprobada por la junta, al no ser dicho titular acreedor de la insolvente. De esta manera, se debe proceder de la siguiente forma: a) En el caso de liquidación: Al momento de proceder a la venta de los bienes del insolvente, el liquidador deberá respetar los derechos reales de garantía constituidos sobre los mismos, pagando los créditos garantizados con el provecho de dicha venta dentro del rango y montos que correspondan, sin afectar los créditos del primer y segundo orden que puedan existir, b) En el caso de reestructuración: Aprobar el plan de reestructuración y, dado que el mismo no es oponible al titular de un derecho de garantía constituido, para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de terceros, este titular podrá proceder a ejecutar su derecho pues con la aprobación de dicho plan cesa la situación de protección del patrimonio de la insolvente. Dado que el plan de reestructuración no le es oponible, el titular del derecho real podrá proceder a la ejecución de su derecho de acuerdo a los términos originalmente pactados. (Res. N.° 0Q91-2002/TDC-INDECOPI, de 01-03-2000, que estableció como precedente vinculante de observancia obligatoria este criterio de interpretación. Sala Especializada en Defensa de la Competencia. Tribunal de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual. Texto completo: ).

Artículo 88: Pago de créditos por el liquidador 88.1 El Liquidador, bajo responsabilidad, está obligado a pagar en primer término los créditos reconocidos por la Comisión conforme al orden de preferencia establecido en el artículo 42 hasta donde alcanzare el patrimonio del deudor. 88.2 La preferencia de los créditos implica que los de un orden anterior excluyen a los de un orden posterior, según Ea prelación establecida en el artículo 42. 88.3 Los créditos correspondientes al primer orden se pagan a prorrata y proporcional al porcentaje que representan las acreencias a favor de cada acreedor. 88.4 Los créditos correspondientes al segundo, cuarto y quinto orden, se pagan al interior de cada orden de preferencia a prorrata entre todos los créditos reconocidos del respectivo orden. Deberá entenderse por prorrata la distribución proporcional al porcentaje que representan Eos créditos dentro del total de deudas de un orden de preferencia. 88.5 El Liquidador tiene la obligación de actualizar todos los créditos reconocidos liquidando los intereses generados hasta la fecha en que se haga efectivo el pago, aplicando para tal efecto la tasa de interés aprobada por la Junta, de haberse establecido. 88.6 Los créditos reconocidos por la Comisión después de que el Liquidador ya hubiere cumplido con cancelar los créditos del orden de preferencia que se les hubiere atribuido, serán pagados inmediatamente, pero sin alterar los pagos ya efectuados. 88.7 Si luego de realizar uno o más pagos se extingue el patrimonio del deudor quedando acreedores pendientes de ser pagados, el Liquidador deberá solicitar, bajo responsabilidad, en un plazo no mayor de treinta (30) días, la declaración judicial de quiebra del deudor, de lo que dará cuenta al Comité o at Presidente de la Junta y a Ea Comisión. 88.8 En caso que se pagara todos los créditos reconocidos, la Comisión declarará la conclusión del procedimiento. Si hubiera créditos registrados en los libros del deudor que no hubieren sido reconocidos por la Comisión, e! liquidador procederá a pagarlos de acuerdo al orden de preferencia establecido en el ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

A lt 96

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LEY GENERAL DEL SISTEMA CONCURSAL

Artículo 42, consignándose su importe en el Banco de la Nación cuando el domicilio de los acreedores no fuere conocido. 88.9 Los acreedores pueden hacer valer sus créditos frente a los liquidadores después del fin de la liquidación, si la falta de pago es por responsabilidad de estos últimos. 88.10 Cuando se hayan pagado todos los créditos, el Liquidador deberá entregar a los accionistas o socios del deudor los bienes sobrantes de la liquidación y el remanente, si los hubiere.(1) NOTA DE ACTUALIZACIÓN (1) A rtícu lo m odificado p o r e i artículo 26 del D ecreto Legislativo

N.° 1189, (EP, 21-08-2015}, que

reform a e! num eral 88,8.

PRECEDENTE DE OBSERVANCIA QBLIGATOR1ADELTRIBUNAL DE DEFENSADE LA COMPETENCIA

§ 4573. Las entidades liquidadoras deben pagar los créditos reconocidos por la Comisión a quien, en el momento del pago, sea titular de tales créditos, independientemente de si esta acreedor fne o no reconocido por la comisión. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley General del Sistema Concursa!, las entidades liquidadoras tienen la obligación de pagar los créditos reconocidos por la Comisión al acreedor que sea titular de los mismos a la fecha en que se efectúe el pago, incluso si dicho acreedor carece de un reconocimiento previo por parte de la citada autoridad administrativa. (Res. N.° 0018-2008/TDC-ÍNDECOPI, de 10-01-2008, que estableció como precedente vinculante observancia obligatoria este criterio de interpretación. Sala de Defensa de la Competencia, Tribunal de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual. Texto completo: ).

CAPÍTULO Vil DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN INICIADA POR LA COMISIÓN Artículo 95: Disolución y liquidación iniciada por la Comisión 96.1 Si luego de la convocatoria a instalación de Junta, esta no se instalase, o instalándose, esta no tomase acuerdo sobre el destino del deudor, no se aprobara el Plan de Reestructuración, no se suscribiera el Convenio de Liquidación o no se designara un reemplazo del liquidador renunciante en los plazos previs­ tos en la Ley, la Comisión, mediante resolución, deberá disponer la disolución y liquidación del deudor. (Jn extracto de la citada resolución será publicado por la Comisión en el Diario Oficial El Peruano por una única vez. Excepcionalmente, cuando a criterio de la Comisión el reducido número de acreedores no amerite la realización de la publicación señalada, la Comisión notificará la resolución mencionada al deudor y a cada uno de los acreedores reconocidos por esta.

PRECEDENTE DE OBSERVANCIAOBLIGATORIA PELTRIBUNALDE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

§ 4574. La autoridad concursal no puede declarar la disolución y liquidación del patrimonio del deudor cuando la falta de acuerdos en los plazos establecidos legalmente se deba a causas no imputables a la Junta de Acreedores o sus autoridades. Plazo para solicitar nueva fecha para la toma de acuerdos contenidos en el artículo 96. El carácter perentorio de ios plazos regulados en la Ley Genera] del Sistema Concursal busca disuadir la incorrecta utilización de los procedimientos concúrsales y generar incentivos para que las partes actúen con diligencia y adopten oportunamente las decisiones empresariales correspondientes en el marco de negociación de la Junta de Acreedores. Ello, teniendo en cuenta que el propósito esencial del régimen concursal es la maxímización del valor del negocio en concurso a fin de garantizar una eficiente recuperación de los créditos involucrados en el proceso. n o m o s & th e s is

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LEY GENERAL DEL SISTEMA CONCURSAL

Art. 117

Por tal motivo, l^i legislación concursal regula un mecanismo que habilita a la Comisión a declarar de oficio la disolución y liquidación del patrimonio del deudor en caso no se adopten determinados acuerdos en los plazos establecidos a tal efecto. Sin embargo, no puede desconocerse la existencia de hechos no imputables a la Junta de Acreedores o a sus autoridades que impidan a estas adoptar los acuerdos oportunamente. Por ello, no procede que la autoridad administrativa declare la disolución y liquidación del patrimonio del deudor cuando la falta de acuerdos en los plazos establecidos legalmente se deba a causas no imputables a la Junta de Acreedores o a sus autoridades. En tal sentido, se entiende que la falta de adopción de acuerdos no es imputable a la Junta de Acreedores o a sus autoridades cuando estas han actuado en forma diligente, para cuyo efecto debe haberse soücitado la designación de fechas para convocar a dicho órgano deliberativo con una anticipación no menor a quince (15) días hábiles al vencimiento del plazo regulado para la toma de los acuerdos referidos al destino del patrimonio del deudor, el Plan de Reestructuración, el Convenio de Liquidación o el reemplazo del liquidador renunciante previstos en los artículos 58.1°, 65.1°, 74,4° y 93.2° de la’Xey General del Sistema Concursal. En este caso, el referido órgano deliberativo se encuentra habilitado para reunirse y adoptar los acuerdos antes mencionados. (Res. N.° 0377-2004/SCO-INDECOPI, de 22-06-2004, que estableció como precedente vinculante de observancia obligatoria este criterio de interpretación. Sala Especializada en Defensa de la Competencia. Tribunal de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual. Texto completo: ).

TÍTULO V

MEDIOS IMPUGNATORIOS CAPÍTULO II IMPUGNACIÓN DE ACUERDOS DE JUNTA DE ACREEDORES

Artículo 117: Suspensión dé la ejecución de resoluciones impugnadas 117.1 La interposición de cualquier recurso impugnatorio no suspenderá la ejecución del acto impugnado. No obstante lo anterior, la autoridad a quien compete resolver dicho recurso podrá suspender de oficio o a instancia de parte la ejecución de la resolución recurrida siempre que medien razones atendibles. 117.2 Cuando se interponga impugnación contra sanciones exigibles coactivamente, la ejecución del acto administrativo quedará suspendida en dicho extremo de acuerdo a lo establecido en la Ley N.° 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva.

PRECEDENTE DEOBSERVANCIAOBLIGATORIADELTRIBUNALDEDEFENSADE LA COMPETENCIA*I,

§ 4575. La interposición de impugnaciones a los acuerdos de Junta de Acreedores no Umita el desarrollo ordinario de su ejecución. La interposición de recursos administrativos contra las resoluciones expedidas en el marco de procesos de liquidación iniciados por la presente ley no limita el desarrollo ordinario de tal procedimiento. P recedente : De conformidad con los artículos I, II y III del Título Preliminar de la Ley Genera! del Sistema Concursal, el sistema concursal peruano privilegia la acción organizada de los acreedores e incentiva la negociación entre estos y el deudor como medio de solución del concurso, bajo el marco de procesos céleres y expeditivos que coadyuven a maximizar el valor del patrimonio en crisis y, de ese modo, garanticen, entre otros fines, una eficiente recuperación de los créditos adeudados. En este escenario, la Junta de Acreedores es el órgano que * SUMMA PROCESAL CIVIL

A lt 118

LEY GENERAL DEL SISTEMA CONCURSAL

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sirve para el desarrollo de las negociaciones que deben llevarla cabo las partes, al que se le confiere atribuciones excepcionales para que se constituya en el instrumento fundamental de formación de la voluntad colectiva de la masa de acreedores. En aplicación de los artículos 55 y 119 de la Ley General del Sistema Concursa!, los acuerdos adoptados por la Junta de Acreedores a través de las mayorías establecidas legalmente tienen efecto vinculante para todos los partícipes del proceso y se ejecutan de manera inmediata a su aprobación, de forma que la puesta en práctica de las medidas adoptadas por dicho órgano deliberativo coadyuve al efectivo pago de las obligaciones y permita que la solución de la crisis patrimonial del deudor se produzca dentro de un contexto de distribución eficiente de los perjuicios originados por la crisis. Asimismo, de conformidad con el artículo 117 de la Ley General del Sistema Concursa!, las resoluciones expedidas por la Comisión en el marco de procesos de liquidación iniciados al amparo de las normas contenidas en dicha Ley deben cumplirse inmediatamente, sin perjuicio de los recursos que puedan promover las partes del proceso. Ello, con el objeto de evitar que el proceso concursa! sufra dilaciones que afecten el valor del patrimonio en concurso y, con ello, las legítimas expectativas de cobro de los acreedores. Por tanto, atendiendo a la especial naturaleza de los procedimientos concúrsales y de los acuerdos que se toman bajo el marco de negociación de la Junta de Acreedores, la interposición de impugnaciones de acuerdos de Junta de Acreedores y de recursos administrativos contra resoluciones expedidas en el marco de procesos de liquidación iniciados al amparo de la Ley General del Sistema Concursa! no limita el desarrollo ordinario de tales procesos, los cuales deben proseguir en sus etapas correspondientes en beneficio de la masa de acreedores que integran el concurso. (Res, N.° 0609-2005/TDC-INDECOPI, de 30-05-2005, que estableció como precedente vinculante de observancia obligatoria este criterio de interpretación. Sala Especializada en Defensa de la Competencia. Tribunal de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual. Texto completo: ).

Artículo 118: Impugnación y nulidad de acuerdos 118.1 El deudor o los acreedores que en conjunto representen créditos de cuando menos el 10% del monto total de los créditos reconocidos por la Comisión, podrán impugnar ante la misma, los acuerdos adoptados en Junta dentro de los diez (10) días siguientes del acuerdo, sea por el incumplimiento de las formalidades legales, por inobservancia de las disposiciones contenidas en el ordenamiento jurídico, o porque el acuerdo constituye el ejercicio abusivo de un derecho. Asimismo, cualquier cuestíonamiento sobre la convocatoria y reunión de la Junta de Acreedores deberá efectuarse mediante el procedimiento previsto para la impugnación de acuerdos. 118.2 En los mismos casos señalados en el párrafo anterior, la Comisión, de oficio, podrá declarar la nulidad del acuerdo adoptado en Junta dentro de un plazo de treinta (30) días.

PRECEDENTE I)E OBSERVANCIA OBLIGATORIA DELTRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETEN CIA

§ 4576. Se declarará la nulidad de todo acuerdo adoptado por la Junta de acreedores mediante el cual los acreedores titulares de crédito de origen laboral y previsional renuncien o sean privados de su derecho de cobro. T ercero . Es inválido cualquier acuerdo adoptado por la Junta de Acreedores, mediante el cual los acreedores titulares de créditos de origen laboral y previsional renuncien o sean privados de los derechos de cobro que la Constitución Política del Perú y la ley les reconoce, atendiendo al carácrer irrenunciable de tales derechos, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 26 de la Constitución Política del Perú. En el caso referido en el párrafo anterior, corresponderá a la autoridad concursal declarar, de oficio, la nulidad del acuerdo adoptado, en ejercido de la atribución conferida por el numeral 2 del artículo 118 de la Ley General del Sistema Concursal. (Res. N.° 07072006/TDC-INDECOPI, de 29-05-2006, que estableció como precedente vinculante de observancia obligatoria este prindpio. Sala Especializada en Defensa de la Competencia. Tribunal de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual. Texto completo: ). n o m o s & th e s is

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LEY GENERAL DEL SISTEMA CONCURSAL

Alt. 119

Artículo 119: Tramitación de la impugnación de acuerdos 119.1 El procedimiento para la impugnación se sujetará a lo siguiente: a) Si la impugnación es presentada por el deudor o acreedores que estuvieron presentes en la sesión correspondiente, estos deberán haber dejado constancia en acta de su oposición al acuerdo y su intención de impugnar el mismo. b) Si no hubiesen asistido a la Junta, el plazo se computará desde que tomaron conocimiento del acuerdo, siempre que acrediten imposibilidad de conocer la convocatoria. En cualquier caso, el derecho a impugnar un acuerdo caducará a los quince (15) días de adoptado. c) La Comisión correrá traslado dentro de los cinco (5) días siguientes a la interposición de la impugnación, al Presidente de la Junta y al representante del deudor. d) La Comisión resolverá la impugnación con la concurrencia o no de las personas indicadas en el numeral anterior. Un extracto de la citada resolución será publicado por la Comisión en el Diario Oficial El Peruano por una vez. Excepcionalmente, cuando a criterio de la Comisión, el reducido número de acreedores no amerite la publicación señalada, la Comisión notificará la resolución al deudor, al administrador o liquidador y a cada uno de los acreedores reconocidos por esta. e) A solicitud de parte, la Comisión podrá ordenar la suspensión de los efectos del acuerdo observado o impugnado, aun cuando estuviese en ejecución. En este caso, la Comisión deberá disponer que los impugnantes otorguen una garantía idónea, que será determinada por la Comisión, para el eventual resarcimiento de los daños y perjuicios que pudiera causar la suspensión. f) Las impugnaciones contra un mismo acuerdo de la Junta deberán resolverse en un solo acto, para lo cual se acumularán, de oficio, a la impugnación que se presentó en primer lugar. 119.2 Los medios impugnatorios contra las resoluciones que resuelvan impugnaciones contra acuerdos adoptados en Junta, así como aquellas que pudieran expedirse de oficio en ejercicio de las atribuciones establecidas en el artículo 118.2 se sujetarán a los plazos y formalidades del artículo 115. 119.3 La resolución de la Sala sobre los recursos de apelación interpuestos, deberá ser notificada a todos ios acreedores y pondrá fin a la vía administrativa conforme al artículo 16.2 del Decreto Ley N.° 25868. La Sala podrá sustituir la notificación por la publicación de la resolución en el Diario Oficial El Peruano por una vez.

PRECEDENTE DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

§ 4577. La interposición de impugnaciones a los acuerdos de Junta de Acreedores no limita el desarrollo ordinario de su ejecución. La interposición de recursos administrativos contra las resoluciones expedidas en el marco de procesos de liquidación iniciados p o r la presente ley no limita el desarrollo ordinario de tal procedimiento. Véase la jurisprudencia del artículo 117o de la Ley General del Sistema Concursal [§ 4575]. (Res. N.° 0609-2005/TDC-INDECOPI, de 30-05-2005, que estableció como precedente vinculante de observancia obligatoria este criterio de interpretación. Sala Especializada en Defensa de la Competencia. Tribunal de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual. Texto completo: ).

♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL

DECRETO S U P R E M O N.° 0 1 7 -9 3 -J U S Ley Orgánica del Poder Judicial (ER 02-06-1993)

SECCIÓN PRIMERA PRINCIPIOS GENERALES Articulo 1: Potestad exclusiva de administrar justicia La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con sujeción a la Constitución y a las leyes. No existe ni puede instituirse jurisdicción alguna independiente del Poder Judicial, con excepción de la arbitral y la militar.

JURISPRUDENCIA PE LAS CORTES SUPERIORES

§ 4579. Derecho a la tutela judicial efectiva: los derechos subjetivos de los justiciables solo pueden ser válidamente determinados por el juez jurisdiccional y no por la autoridad administrativa. [El] derecho a la tutela judicial efectiva de los Jueces y Tribunales constituye parte del debido proceso legal como garantía de la Administración de Justicia prevista en los artículos 138 y 139 de la Constitución del Estado y artículo 7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; que, de conformidad con el artículo 1 de la citada ley especial, la potestad de administrar justicia, esto es, de hacer la determinación de los derechos subjetivos de los justiciables solo puede ser detenida por la autoridad judicial dentro del proceso de conocimiento que sea sometida su decisión; que, la decisión administrativa de demolición que contiene la Resolución N.° 184-87 sin duda alguna afecta los derechos de los demandantes, los que solo pueden ser válidamente determinados por el Juez Jurisdiccional y no por la autoridad administrativa; que, siendo esto así, el acto jurídico que contiene la resolución que se impugna, es nulo, por cuanto el fondo de la controversia es eminentemente civil, entre dos particulares sobre una relación jurídica de derecho privado legislada por el ordenamiento jurídico sustantivo. (Exp. N.° 1250-94, de 17-01-1996. Sala Civil. Corre Superior de Justicia de Lima. Texto completo: GJ, 38, 1997, p. 29-A).

Artículo 4: Carácter vinculante de las decisiones judiciales. Principios de la administración de justicia Toda persona y autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole administrativa, emanadas de autoridad judicial competente, ¿n sus propios términos, sin poder ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

A lt 4

LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL

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calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo la responsabilidad civil, penal o administrativa que la ley señala. Ninguna autoridad, cualquiera sea su rango o denominación, fuera de la organización jerárquica del Poder Judicial, puede avocarse al conocimiento de causas pendientes ante el órgano jurisdiccional. No se puede dejar sin efecto resoluciones judiciales con autoridad de cosa juzgada, ni modificar su contenido, ni retardar su ejecución, ni cortar procedimientos en trámite, bajo la responsabilidad política, administrativa, civil y penal que la ley determine en cada caso. Esta disposición no afecta el derecho de gracia.

PLENOS JURISDICCIONALES

§ 4580. La decisión con autoridad de cosa juzgada no puede verse afectada por el inicio de un procedimiento administrativo. E l i n i c i o d e l p r o c e d i m i e n t o c o n c u r s a l ¿ p u e d e e v i t a r let e j e c u c i ó n d e la d e c i s i ó n q u e h a a d q u i r i d o la a u t o r i d a d d e c o s a j u z g a d a ? El Pleno acordó por mayoría: “N o, el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el inciso 2 del artículo 139 de la Constitución impiden que la ejecución de una decisión con autoridad de cosa juzgada puede verse frustrada por el inicio de un simple procedimiento administrativo”. (Pleno Jurisdiccional Nacional Comercial], realizado en Chiclayo, el 25-08-2012. Tema N.° 1. [Relaciones entre el proceso de ejecución y el procedimiento concursal iniciado respecto a alguno de los ejecutados]. Texto completo: ).

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA *4

§ 4581. El cese de la pensión de alimentos del cónyuge debe ventilarse en eí proceso judicial en el que se dispone la pensión alimenticia. No puede dejarse sin efecto mediante sentencia, la decisión tomada en un proceso de naturaleza distinta que constituye cosa juzgada. D écim o P rim ero. [Es] de advertirse que el demandante viene abonando a la demandada una pensión de alimentos en virtud a un mandato judicial recaído en el proceso seguido ante el Juzgado de Paz Letrado de Nazca; en tal contexto, independientemente del otorgamiento o no de la indemnización a favor de la emplazada, las instancias de mérito no podían pronunciarse sobre el cese de una obligación que ya fue determinada por otro órgano jurisdiccional. D écim o S egundo. [Si] bien a tenor de lo dispuesto en el artículo 350 del Código Civil, es efecto del divorcio respecto de los cónyuges -entre otros- el cese de la obligación alimenticia entre marido y mujer, dicha norma debe ser entendida dentro de un contexto en que los cónyuges se hubieran prestado mutuamente, y sin coerción alguna, los citados alimentos; circunstancia que no se presenta en este caso, pues fue la demandada quien tuvo que recurrir al Poder Judicial para efectos de obtener un fallo que compela al demandante a cumplir con prestarlos. D écim o Tercero. [S] uponer lo contrario implicaría contravenir abiertamente lo dispuesto en el artículo 4 del Texto Unico Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, según el cual no se puede dejar sin efecto resoluciones judiciales con autoridad de cosa juzgada, ni modificar su contenido, ni retardar su ejecución, ni cortar procedimientos en trámite, bajo responsabilidad política, administrativa, civil y penal que la ley determine en cada caso; en consecuencia, al ordenarse el cese de la pensión de alimentos dispuesta en un proceso judicial distinto al que nos ocupa, la sentencia recurrida contraviene lo dispuesto en el artículo 4 de la citada Ley Orgánica, pues es en dicho proceso, y no en este, que el actor debe hacer valer las razones por las cuales ya no le corresponde seguir abonando los alimentos ordenados por el juez; y en su caso la demandada deberá acreditar que sí le corresponde seguir percibiendo los referidos alimentos; por lo que el recurso debe ampararse en relación al extremo referido a los alimentos. (Casación N.° 25362008-Ica, de 06-07-2009, ff. jj. 11-13. Sala Civil Transitoria. Texto completo: ).

§ 4582. El juez no puede ordenar lo que por omisión no ha ordenado el Tribunal Arbitral en la emisión del laudo arbitral. T ercero . [...] el laudo no contiene la orden expresa de pago, toda vez que del numeral dos y tres de la parte resolutiva del Laudo Arbitral se aprecia que solo declaran fundadas las pretensiones pero no ordenan nada al respecto, por consiguiente el a q u o no puede ordenar lo que por omisión no ha ordenado el Tribunal Arbitral en forma expresa, máxime si se tiene en cuenta n o m o s & th e s is

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LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL

Aft. 5

que en esta clase de ejecución, el juzgador solo está facultado para adecuar el apercibimiento pero no el laudo arbitral, como lo establece el artículo 715 del Código Procesal Civil, considerando que un Laudo Arbitral es equivalente a una sentencia firme, por consiguiente el juzgador no puede modificar el contenido del Laudo Arbitral tal como lo establece el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial [...]. (Casación N.° 5323-2009 Lima, de 16-07-2010, £ j. 3. Sala Civil Permanente [EP, 28-02-2011, Sentencias en Casación N.° 637, p. 29614]. Texto completo: ).

§ 4583. La inmutabilidad de la cosa juzgada. Véase la jurisprudencia del artículo 123° del Código Procesal Civil [§ 1343]. (Casación N.° 234-95-Huaura, de 20-12-1996, £ j. 2. Sala de Derecho Constitucional y Social [EP, 11-02-1997, p. 2834]. Texto completo: ). § 4584. La triple identidad para ía configuración de la cosa juzgada. Véase la jurisprudencia del artículo 123° del Código Procesal Civil [§ 1321], (Casación N.° 80-2014-Ayacucho, de 15-122014, £ j. 8. Sala Civil Transitoria [EP, 01-06-2015, Sentencias en Casación N.° 704, p ' 63780]. Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DE LAS CORTES SUPERIORES

§ 4585. Carácter vinculante de las decisiones judiciales. P rim ero. [Qonforme lo dispone el artículo 4 de la I.ey Orgánica del Poder Judicial las sentencias deben cumplirse de acuerdo a sus propios términos, sin poder ser calificado sn contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo responsabilidad. Segundo. [La] sentencia [...] dispone textualmente en su parte resolutiva que los demandados restituyan a la Asociación demandante los terrenos que ocupan, previo pago de su valor arancelario “fijado por el Consejo Nacional de Tasaciones del Perú y mejoras introducidas”. Tercero. [De] autos aparece que la valorización indemnizatoria aludida no ha sido efectuada por el Consejo Nacional de Tasaciones del Perú, sino por perito ajeno a dicha entidad, con lo que se ha desnaturalizado el proceso de ejecución y contravenido la disposición anotada, incurriéndose en causal de nulidad sancionada por el artículo 171 del Código Procesal Civil [...]. (Exp. N.° 1454-7-96, de 03-06-1996, ff. jj. 1-3. Primera Sala Civil., Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ).

Artículo 5: Dirección e impulso del proceso Los Magistrados, cualquiera sea su rango, especialidad o denominación ejercen la dirección de los procesos de su competencia y están obligados a impulsarlos de oficio, salvo reserva procesal expresa. Con este objeto tienen autoridad sobre todos los intervinientes en ios procesos judiciales de su compe­ tencia, quienes les deben el respeto y las consideraciones inherentes a su función.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 4586. La discrecionalidad de la actuación de pruebas de oficio se convierte en deber para el juez cuando, en su condición de director del proceso, debe impulsarlo por sí mismo. Sexto. [La] actuación de pruebas de oficio, si bien no constituye un deber del juez sino una facultad discrecional, en aquellos casos en que las pruebas existentes resultan insuficientes para causar convicción, puede ordenar en decisión motivada e inimpugnable la actuación de medios probatorios adicionales. Sin embargo, esta discrecionalidad se convierte en deber, cuando el Magistrado, en sn condición de director deí proceso debe impulsarlo por sí mismo conforme lo establece el artículo II del Título Preliminar del Código Procesal Civil debidamente concordado con el artículo 5 del Texto Unico Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que enuncia: “Los Magistrados, cualquiera sea su rango, especialidad o denominación ejercen ía dirección de los procesos de su competencia y están obligados a impulsarlos de oficio, salvo reserva procesal expresa” [...]. (Casación N.° 2298-2009-Piura, de 15-12-2010, f. j. 6. Sala Civil Transitoria [EP, 02-08-2011, Sentencias en Casación N.° 647, p. 30960]. Texto completo: ).

A rte

LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL

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Artículo 8: Deberes procesales de las partes Todos los que Intervienen en un proceso judicial tienen el deber de comportarse con lealtad, probidad, veracidad y buena fe. Los Magistrados deben sancionar toda contravención a estos deberes procesales, así como la mala fe y temeridad procesal.

J URISPRUDENCIA DE LAS CORTES SUPERIORES

§ 4587. El ©cuitamiento de la muerte de un codemandado denota una actitud de mala fe por parte del letrado patrocinante. [Está acreditado que el] [co] demandado habría fallecido el 11 de junio de 1988, hecho que la [co]demandada ha ocultado en todo momento, a pesar de haber sido requerida con apercibimiento de detención para que presente la partida de defunción [...]; que en consecuencia todo lo actuado deviene nulo por haberse demandado a un difunto [...]; [por lo tanto,] es manifiesta la falta de lealtad, probidad, veracidad y buena fe en que ha incurrido la letrada patrocinante de la demandada y esta misma, faltas que deben ser sancionadas de conformidad con [...] la Ley Orgánica del Poder Judicial [...]. (Exp. N.° 2257-94, de 15-05-1995. Quinta Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ).

Artículo 9: Facultad sancionadora del Juez Los Magistrados pueden llamar la atención, o sancionar con apercibimientos, multas, pedidos de sus­ pensión o destitución, o solicitar su sanción, de todas las personas que se conduzcan de modo inapropia­ do, actúen de mala fe, planteen solicitudes dilatorias o maliciosas y en general, cuando falten a los deberes señalados en e! artículo anterior, así como cuando incumplan sus mandatos.

JURISPRUDENCIA DE LAS CORTES SUPERIORES

§ 4588. Recusación interpuesta en represalia contra el Juez que ya ha expedido sentencia. Actuación con desmedro a la probidad, buena fe y ponderación con que debe actuar el defensor. [Evidentemente, el abogado] hace valer [la recusación interpuesta contra el Juez], como una reacción de represalia, con falta de probidad y buena fe, ante la sentencia expedida, apoyándose incluso [...] en la forma y considerandos de la misma; que, de otro lado, se usa en ese escrito de recusación conceptos directos o encubiertos que afectan el respeto al Juez y a la función judicial, con desmedro a la probidad y ponderación con que debe actuar el defensor [...] el juez tiene el deber de impedir y sancionar cualquier conducta ilícita o dilatoria [...]. (Exp. N.° 2428-93, de 14-03-1994. Primera Sala Civil. Corte Superior de Justicia de Lima. Texto completo: ).

Artículo 11: Instancia plural Las resoluciones judiciales son susceptibles de revisión, con arreglo a ley, en una instancia superior. La interposición de un medio de impugnación constituye un acto voluntario del justiciable. Lo resuelto en segunda instancia constituye cosa juzgada. Su impugnación sólo procede en los casos previstos en la ley.

n o m o s & t h e s is

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LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL

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REMISIÓN

§ 4588a. Sobre el principio de doble instancia. Véase la jurisprudencia del artículo X del Código Procesal Civil [§ 400 ss.].

Artículo 12: Motivación de resoluciones Todas las resoluciones, con exclusión de las de mero trámite, son motivadas, bajo responsabilidad, con expresión de los fundamentos en que se sustentan. Esta disposición alcanza a los órganos jurisdiccionales de segunda instancia que absuelven el grado, en cuyo caso, la reproducción de ios fundamentos de la resolución recurrida, no constituye motivación suficiente.(1> N O T A D E A C T U A L IZ A C IÓ N

(1) Artículo modificado por ei artículo único de la Ley N.° 28490 (EP, 12-04-2005).

JURISPRUDENCIA PE LA CORTE SUPREMA

§ 4589. Los jueces superiores pueden reproducir en su totalidad o en parte los fundamentos de la impugnada, sin embargo, ello solamente es posible cuando exista una sentencia confirmatoria. S egu n do. [La] Sala de revisión ha revocado la sentencia apelada basándose en que el convenio colectivo de trabajo celebrado co n [la entidad empleadora] no obliga al Sindicato a sufragar los gastos que por servicios genera el comedor; sin embargo, no ha expresado las normas jurídicas que sustentan esa decisión, simplemente se ha limitado a reproducir los fundamentos pertinentes de la recurrida lo cual resulta contradictorio puesto que las normas que cita la apelada sustentan un fallo distinto. Tercero. [La] motivación jurídica de las resoluciones judiciales es una exigencia constitucional y procesal que obliga a los Jueces a citar expresamente la ley aplicable, pudiendo los Superiores reproducir en su totalidad o en parte los fundamentos de la impugnada, tal como lo establece el artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder judicial, sin embargo, ello solamente es posible cuando exista una sentencia confirmatoria. (Casación N.° 843-2000-Callao, de 10-11-2000, ff. jj. 2 y 3. Sala Civil Permanente [EP, 02-01-2001, p. 6708]. Texto completo: ).

§ 4590. No se puede ratificar lo resuelto por la sentencia apelada con el simple uso de la frase “en lo demás que contiene”. P rim ero. [C]onstítuye un deber del Juzgado, incorporar en sus decisiones los fundamentos de derecho, de acuerdo con el o los cuales ha resuelto la controversia, tal como prescribe el inciso 3 del artículo 122 del Código Procesal Civil. S egundo. [La] citada norma, no solo constituye una exigencia de carácter formal, sino una garantía constitucional que integra el debido proceso, y que se funda en el principio de motivación y fundamentación de las resoluciones judiciales, conforme ha sido recogido por el inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política, [...] Cuarto. [La] demandante [...] interpone recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, expresando su disconformidad, solo en la parte de dicha resolución, mediante la cual desestima las pretensiones contenidas en su escrito de ampliación de demanda, [...] de modo tal que ei Colegiado al momento de reexaminar el fallo apelado estaba obligado a pronunciarse en su parte considerativa sobre aquellos extremos, ya sea revocando o confirmando sus fundamentos, y en este último caso, por lo menos reproduciendo los de la apelada de conformidad con el arríenlo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Q uinto. [Sin] embargo, el Colegiado además de revocar la apelada en cuanto a otro aspecto contenido en la demanda, procede a confirmarla respecto a las pretensiones formuladas por la demandante en la citada ampliación de la demanda, en base al uso de la frase “en lo demás que contiene”, es decir, realiza un acto de ratificación de lo resuelto por la sentencia apelada, sin precisar los fundamentos de hecho, el mérito de la prueba que los fija, así como el derecho que los sustentan, y menos, sin hacer suyos las razones por las que el A quo desestimó rales extremos; infringiendo, de esta manera, su deber legal y constitucional de motivar la sentencia. (Casación N.° 3161-98-Callao, de 03-06-1999, ff. jj. 1, 2, 4 y 5. Sala Civil Permanente [EP, 23-09-1999, p. 3579]. Texto completo: ). 4 SUMMA PROCESAL CIVIL

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§ 4591. El deber de motivación de los órganos de segunda instancia no se entiende cumplido con poner la expresión “por sus fundamentos que se reproducen”. Cuarto. Según el artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, desde la modificación producida por Ley N.° 28490, publicada el 12 de abril del 2005, ha quedado establecido que el deber de motivación para los órganos de segunda instancia no se entiende cumplida con poner la expresión “por sus fundamentos que se reproducen”. Quinto. Siendo así, la Sala Superior tenía el deber de pronunciarse, atendiendo a los agravios formulados en el recurso de apelación [...], con la debida motivación jurídica, lo que al no haber efectuado ha incurrido en el supuesto de nulidad procesal (Casación N.° 103-2009-Lambayeque, de 09-06-2009, ff. jj. 4 y 5. Sala Civil Permanente [EP, 02-12-2009, p. 26305]. Texto completo: ).

§ 4592. No existe reforma en peor cuando el a d quem confirma la improcedencia de la demanda haciendo suyos los fundamentos del a quo. Sétim o. [Resulta] pertinente indicar prima facie que en el caso de autos al haber declarado el juez de la causa liminarmente la improcedencia de la demanda, en un pronunciamiento que ha sido confirmado por el ad quem, no se configura la reforma en peor denunciada, pues la decisión dictada por las instancias es la misma; debiendo recordarse que cuando la actora apela de acuerdo al artículo 364 del Código Procesal Civil, la instancia superior actúa ex novo, y puede confirmar el fallo haciendo suyos o no ios fundamentos del a quo, lo que es acorde además con el artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; [...] aun considerando que la causal que motivaría para la Corte Superior la improcedencia de la demanda fuera la de imposibilidad jurídica del artículo 427 inciso 6 del Código Procesal Civil y no la de falta de conexión lógica entre los hechos y el petitorio del inciso 5 de ese mismo artículo, tal apreciación no configuraría la alegada reforma en peor; resultando, además, carente de lógica jurídico-procesal que el superior que advierta un causal que merezca la improcedencia de la demanda no pueda decretarla, máxime si se consideran los principios de economía y celeridad procesal del artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Civil. (Casación N.° 1885-2003-Lima, de 2810-2004, £ j. 7. Sala Civil Permanente. Texto completo; ).

§ 4593. El juez debe analizar los argumentos expuestos en eí recurso de apelación. Tercero. [Del] texto de la resolución de vista no aparece análisis alguno respeto de los argumentos de la apelación que interpusiera el Banco [...], incumpliéndose así el deber que impone al Colegiado el artículo 12° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, concordante con el numeral 122, inciso 3 del Código Procesal Civil, con lo que fia quedado acreditada la infracción denunciada. (Casación N.° 117-2001-Cusco, de 05-10-2001, f. j. 3. Sala Civil Permanente [EP, 02-0-2-2002, p. 8456], Texto completo: ).

§ 4594. El juez tiene que señalar el inciso específico en el cual se fundamenta la declaración de improcedencia de la demanda. Q uinto. [...] no basta invocar eí artículo 427 del Código Procesal Civil [sobre improcedencia de la demanda] como fundamento de derecho que sustenta la decisión, para rechazar liminarmente la demanda sino alguno de sus 7 incisos, siendo obligación de las instancias de mérito cumplir con la debida fundamentación tanto de hecho y de derecho, a riesgo de atentar contra el derecho de defensa de las partes del proceso, principios y derechos de la función jurisdiccional, que consagran los Incisos 5 y 14 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo 12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y con el artículo 50 inciso 6 del Código Procesal Civil [...]. (Casación N.° 752-01-Líma, de 15-08-2001, f. j. 5. Sala Civil Transitoria [EP, 30-11-2001, p. 8117]. Texto completo: ).

§ 4595. No contraviene el derecho al debido proceso el hecho que en la sentencia de segunda instancia se resuelva reproduciendo los argumentos esgrimidos en la sentencia de primera instancia. 4) En lo que respecta a la causal contemplada en el inciso tercero lo fundamenta en que una de las garantías de la administración de la justicia es la motivación escrita de las resoluciones judiciales, con mención expresa de la ley aplicable y los fundamentos en que sustenta, conforme lo establece el artículo 139 inciso quinto de la Constitución Política del Estado [...] 5) La falta de motivación de las resoluciones expedidas en segunda instancia no constituye causal de contravención al debido proceso; n o m o s & th e s is

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ya que, el artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, establece que pueden reproducirse los fundamentos en todo en parte solo en segunda instancia al absolver el grado, lo que ha ocurrido en el presente proceso. (Casación N.° 114-95-Lima, de 12-09-1995, ff. jj. 4 y 5. Sala Civil. Texto completo: ). § 4596. La resolución recurrida carece de motivación jurídica a pesar de confirmar la sentencia de prim era instancia si no ha recogido sus fundamentos de hecho y de derecho. Tercero, [En] concordancia con dichas normas, el Texto único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece en su artículo 12 que todas las resoluciones deben ser motivadas -salvo las de mero trámite-, y que los fundamentos en que se sustentan pueden ser reproducidos en todo o en parte solo en segunda instancia, al absolver el grado. C uarto. [La] resolución recurrida carece de motivación jurídica y a pesar de confirmar la sentencia de Primera Instancia, no ba recogido sus fundamentos de hecho y de derecho; contraviniendo las normas que garantizan el derecho al debido proceso antes referidas. (Casación N.° 664-99-Canchis Sicuani, de 20-07-1999, ff. jj. 3 y 4. Sala Civil Transitoria [EP, 06-101999, p. 3681]. Texto completo: ). § 4597. Remisión. Sobre motivación de las resoluciones judiciales, véase también la jurisprudencia del inciso 5 del artículo 139° d éla Constitución [§ 7 9 ss.] y los artículos 50° inciso 6 [§ 582 ss.], 121° [§ 1142 s s j y 122° inciso 3 del Código Procesal Civil [§ 1218 ss.].

Artículo 13: Cuestión contenciosa en procedimiento administrativo Cuando en un procedimiento administrativo surja una cuestión contenciosa, que requiera de un pronun­ ciamiento previo, sin el cual no puede ser resuelto el asunto que se tramita ante la administración pública, se suspende aquel por la autoridad que conoce del mismo, a fin que el Poder Judicial deciare el derecho que defina el litigio. Si la autoridad administrativa se niega a suspender el procedimiento, los interesados pueden interponer la demanda pertinente ante el Poder Judicial. Si la conducta de la autoridad administra­ tiva provoca conflicto, este se resuelve aplicando las reglas procesales de determinación de competencia, en cada caso.

PRECEDENTE VINCULANTE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL*1

§ 4598. Competencia de los procesos constitucionales entre dos entidades de derecho público. 1. Inicialmente, es pertinente examinar si el Tribunal Constitucional es competente para analizar un proceso que contraponga los intereses de dos entidades de derecho público. La demanda en el presente caso ha sido presentada por el Banco de la Nación y dirigida básicamente contra el Seguro Social de Salud, ESSALUD, ex IPSS. Según el artículo 6 inciso 4 de la Ley N.° 23506, aplicable al caso concreto, no proceden las acciones de garantía “de las dependencias administrativas, incluyendo las empresas públicas, contra los Poderes del Estado y los organismos creados por la Constitución, por los actos efectuados en el ejercicio regular de sus funciones”. Contrarío sensu , se observa que sí proceden los procesos constitucionales entre tales entidades en caso de que la actividad de la demandada no baya sido efectuada en el ejercicio regular de sus funciones, tal como se critica a ESSALUD. Es más, ya en anterior oportunidad (Sentencia del Expediente 918-98-AC/TC), este Colegiado se ha considerado competen te para revisar un proceso iniciado por el Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET, y dirigido contra la Municipalidad Distrital de Lince. Por estas consideraciones, en el presente caso, la relación jurídica procesal constitucional queda plenamente establecida entre demandante y demandada, más aún si la pretensión está dirigida a la tutela objetiva de derechos fundamentales, correspondiendo, por lo tanto, entrar a decidir sobre el fondo del asunto. (Exp. N.° 1150-2004-AA/TC [Caso Banco de la Nación], del 29-04-2005 [Web: 03-05-2005], que declara que los criterios previstos en el f. j. 1, entre otros, constituyen precedente vinculante inmediato]. Texto completo: }, ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

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Artículo 14: Supremacía de la norma constitucional y control difuso de la Constitución De conformidad con el artículo 236° de la Constitución [de 1979; cfr. artículo 138° de la Constitución Política de 1993], cuando tos Magistrados al momento de fallar el fondo de la cuestión de su competencia, en cualquier clase de proceso o especialidad, encuentren que hay incompatibilidad en su interpretación, de una disposición constitucional y una con rango de ley, resuelven 9a causa con arreglo a la primera. Las sentencias así expedidas son elevadas en consulta a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema, si no fueran impugnadas. Lo son igualmente las sentencias en segunda instancia en las que se aplique este mismo precepto, aun cuando contra estas no quepa recurso de casación. En todos estos casos los magistrados se limitan a declarar la inaplicación de ta norma legal por incompatibilidad constitucional, para el caso concreto, sin afectar su vigencia, la que es controlada en la forma y modo que la Constitución establece. Cuando se trata de normas de inferior jerarquía, rige el mismo principio, no requiriéndose la elevación en consulta, sin perjuicio del proceso por acción popular.

PRECEDENTE VINCULANTE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

§ 4599. Facultad de ejercicio del control difuso por parte de los tribunal u órgano colegiado de la administración pública. 50. [...] Regía sustancial : Todo tribunal u órgano colegiado de la administración pública tien e la facultad y el deber de preferir la Constitución e inaplicar una disposición infraconstitucional que la vulnera manifiestamente, bien por la forma, bien por el fondo, de conformidad con los artículos 38°, 51° y 138° de la Constitución. Para ello se deben observar los siguientes presupuestos: (1) que dicho examen de constitucionalidad sea relevante para resolver la controversia planteada dentro d proceso administrativo; (2) que la ley cuestionada no sea posible de ser interpretada de conformidad con la Constitución. [...] Regla sustancial: Todo cobro que se haya establecido al Interior de un procedimiento administrativo, como condición o requisito previo a la impugnación de un acto de la propia administración pública, es contrario a los derechos constitucionales al debido proceso, de petición y de acceso a la tutela jurisdiccional y, por tanto, las normas que 10 autorizan son nulas y no pueden exigirse a partir de la publicación de la presente sentencia. (Exp. N.° 3741-2004-AA/TC, del 14-11-2005 [Web: 11-10-2006 / EP: 24-10-2006], que declara que los criterios previstos en el £ j. 50, entre otros [f. j. 41], constituyen precedente vinculante inmediato]. Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

§ 4600. Razones objetivas que determinan que los tribunales administrativos no ejercen control difuso, dejando sin efecto el precedente vinculante contenido en el Exp. N.° 37412004-AA/TC. Véase la jurisprudencia del artículo 9o de la Ley que regula el proceso contencioso administrativo [§ 4414]. (Exp. N.° 04293-2012-PA/TC [Caso Consorcio Requena], del 18-03-2014 [Web: 14-04-2014 / EP: 03-07-2014], ff. jj. 32-33. Texto completo: ).

Artículo 24: Gratuidad de la administración de justicia La Administración de Justicia es gratuita para las personas de escasos recursos económicos, y para todos los casos expresamente previstos por ley. Se encuentran exonerados del pago de tasas judiciales: a) Los litigantes a los que se les concede auxilio judicial. b) Los demandantes en los procesos sumarios por alimentos cuando la pretensión del demandante no excede de veinte (20) Unidades de Referencia Procesal. n o m o s & t h e s is

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c) Los denunciantes en las acciones de Hábeas Corpus. d) Los procesos penales con excepción de las querellas. e) Los litigantes en las zonas geográficas de la República, en las que por efectos de las dificultades administrativas se justifique una exoneración generalizada. f) El Ministerio Público en el ejercicio de sus funciones. g) Las diversas entidades que conforman los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los órganos constitucionalmente autónomos, las instituciones públicas descentralizadas y los Gobiernos Regionales y Locales. h) Los que gocen de inafectación por mandato expreso de la ley. i) Los trabajadores, ex trabajadores y sus herederos en los procesos laborales y previsionales, cuyo petitorio no exceda de 70 (setenta) Unidades de Referencia Procesal, de amparo en materia laboral, o aquellos inapreciables en dinero por la naturaleza de la pretensión.(1) N O T A D E A C T U A L IZ A C IÓ N

(1) Artículo modificado por ei artículo 3o de ia Ley N.° 26846 (EP, 27-07-1997). El inciso g) fue modificado por el artículo único de la Ley N.° 27231 (EP, 17-12-1999). El texto vigente de! inciso i) es conforme al artículo único de la Ley N.D 27327 {EP, 25-07-2000); anteriormente había sido incorporado por el artículo único de la Ley N.° 26966 (EP, 23-071998).

PLENOS JURISDICCIONALES

§ 4601. Exoneración del pago de tasas judiciales, para personas de bajos recursos, en procesos contenciosos administrativos. El Pleno acordó por mayoría: “En casos de Procesos Contenciosos Administrativos en materia laboral, debe aplicarse ía disposición legal contenida en el inciso 1) del artículo 24° del Texto Unico Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece: que la Administración de Justicia es gratuita para las personas de escasos recursos económicos y para todos los casos expresamente previstos por ley. Se encuentran exonerados del pago de tasas judiciales: los trabajadores, ex trabajadores y sus herederos en los procesos laborales y previsionales, cuyo petitorio no exceda de 70 URP, de amparo en materia laboral o aquellos inapreciables en dinero por la naturaleza de la pretensión”. (Pleno Jurisdiccional Distrital en Materias Penal y Contencioso Administrativo en materia Laboral, realizado en Ancash, el 22-06-2007. Tema N.° 2 [Procedencia o no del pago de tasas judiciales en procesos contenciosos administrativos en materia laboral]. Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 4602. Si bien el recurrente es una persona de escasos recursos económicos, al momento de solicitar el auxilio judicial debe adjuntar el formato exigido como requisito por la ley; su omisión será causa de denegación. N oveno . [...] [Las] personas de escasos recursos económicos pueden solicitar auxilio judicial para lo cual deben cumplir con las exigencias o requisitos contenidos en el artículo 180 del Código Procesal Civil, debiéndose presentar un formato con carácter de declaración jurada; y el segundo supuesto de gratuidad de acceso a la justicia se encuentra recogido por la Ley Orgánica del Poder Judicial en su artículo 24, que enumera diversos supuestos de exoneración de tasas judiciales. D écim o. [En] el presente caso, el recurrente alegó [...] ser una persona de escasos recursos económicos [..,]; [sin embargo], de la revisión de los actuados, se observa que al momento de solicitar el auxilio judicial, omitió adjuntar el formato exigido como requisito por el Código Adjetivo, siendo causante de su denegación. (Casación N.° 1040-2004-LÍma, de 20-07-2005, ff. jj. 9 y 10. Sala Civil Transitoria [EP, 28-02-2005, p. 15425]. Texto completo: ).

§ 4603. No se puede denunciar la violación del principio del derecho a la gratuidad de la administración de justicia ya que es el mismo recurrente quien no ha solicitado el auxilio judicial, no podiendo pretender que la instancia judicial lo otorgue de oficio. T ercero . [El] artículo 3 de la » KMMM&pannF&Ai civil

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Ley N,° 26846 que modifica el artículo 24 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, establece que la administración de justicia es gratuita para las personas de escasos recursos económicos, y para todos los casos expresamente previstos por Ley, encontrándose exonerados del pago de tasas judiciales, entre otros los litigantes a los que se les concede auxilio judicial. Cuarto, [Sjiendo el auxilio judicial un beneficio que debe solicitarlo aquél que se considere necesario y no desprendiéndose de los autos que el recurrente haya hecho uso de su derecho que le franquea la Ley, no se puede denunciar la violación del principio constitucional del derecho a la gratuidad de la administración de justicia ya que es el mismo recurrente quien no ha solicitado, no pudiendo pretender que la instancia judicial y mucho menos la casatoria se sustituya y vaya más allá de sus pretensiones. (Casación N.° 935-98-Piura, de 01-10-1999, ff. jj. 3 y 4. Sala de Derecho Constitucional y Social [EP, 03-06-2000, p. 5464]. Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

§ 4604. El principio de gratuidad en el acceso a la justicia contiene dos disposiciones diferentes: por un lado, garantiza el principio de la gratuidad de la administración de justicia para las personas de escasos recursos; y por otro, consagra ía gratuidad de la administración de justicia para todos. 5. [La] Constitución establece que uno de los principios que informa el ejercido de la función jurisdiccional es “El principio de la gratuidad de la administración de justicia y de la defensa gratuita para las personas de escasos recursos; y, para todos, en los casos que la ley señala”. Dicho precepto constitucional, en lo que al caso importa resaltar, contiene dos disposiciones diferentes: Por un lado, garantiza “El principio de la gratuidad de la administración de justicia...para las personas de escasos recursos”; y, por otro, consagra “... la gratuidad de la administración de justicia... para todos, en los casos que la ley señala”. 6. La primera disposición comporta una concretización del principio de igualdad en el ámbito de la administración de justicia. Según este, no se garantiza a todos los justiciables la gratuidad en la administración de justicia, sino solo a aquellos que tengan escasos recursos [económicos]. Como en diversas oportunidades ha advertido este Tribunal, el principio de igualdad, que subyace en los términos de la gratuidad en la administración de justicia aquí analizada, no obliga a tratar igual a todos siempre y en todos los casos, sino a tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Dicho principio contiene un mandato constitucional que exige la remoción de los obstáculos que impidan el ejercicio pleno de los derechos fundamentales. En el ámbito judicial ese mandato se traduce en asegurar, a las personas de escasos recursos, el acceso, el planteamiento y la obtención de un fallo judicial que resuelva sus diferencias dentro de un proceso judicial gratuito. La gratuidad en la administración de justicia, en los términos constitucionalmente establecidos, ha sido desarrollada por el artículo 24 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modificado por la Ley N.° 26846, según el cual, se encuentran exonerados del pago de las tasas judiciales, entre otros, los litigantes a los cuales se les ha concedido auxilio judicial, institución que, por otro lado, está regulada por el artículo 173 y siguientes del Código Procesal Civil. En el caso de autos, se declaró inadmisible el recurso de apelación propuesto, pues el recurrente no sufragó el importe total de la tasa judicial por la interposición de dicho medio impugnatorio, y tampoco solicitó acogerse al auxilio judicial; por lo que no puede compartirse la tesis de que con ello se han violado los derechos constitucionales a la gratuidad de la administración de justicia y a la igualdad procesal. (Exp. N.° 1607-2002-AA/ TC [Caso Juan Muñoz E$pinozá\, del 17-03-2004 [Web: 30-03-2004], ff. jj. 5 y 6. Texto completo: ).

§ 4605. Principio de gratuidad en el acceso a la justicia y la exoneración de tasas judiciales. 4. [...] [En] aquellos supuestos en los que por propio derecho se solicita la expedición de copias certificadas de un expediente tramitado en la vía penal, resulta inconstitucional la exigencia de tasas judiciales o cargas impositivas de algún tipo. Tal criterio, por lo demás, se desprende del derecho a la gratuidad de la administración de justicia en cuanto componente fundamental del debido proceso, derecho que, como lo reconoce la propia Constitución Política del Perú, no solo opera para las personas de escasos recursos económicos, sino para aquellos supuestos que la ley señala, significando ello que n o m o s & th e s is

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Art. 49

si ei Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo N.° 017-93-JUS, precisa en el inciso d) de su artículo 24 que, entre las exoneraciones en el pago de las tasas judiciales, se encuentran los procesos penales, con la única excepción de las querellas, no puede habilitarse ninguna disposición administrativa ni legal que permita distinguir donde la norma referida no distingue. (Exp. N.° 2206-2002-AA/TC [Caso M anuelF redy Gómez Salinas], de 19-122003 [Web: 05-03-2004], f. j. 4. Texto completo: ).

CAPÍTULO II CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

Articuló 32: Competencia La Corte Suprema conoce: a) De los recursos de casación con arreglo a la ley procesal respectiva; b) De las contiendas de competencia entre jueces de distritos judiciales distintos; c) De las consultas cuando un órgano jurisdiccional resuelve ejerciendo ei control difuso; d) De las apelaciones previstas en el segundo párrafo del artículo 292° cuando la sanción es impuesta por una sala superior; y, e) De la apelación y la consulta prevista en los artículos 93° y 95° del Código Procesal Constitucional, respectivamente.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

§ 4606. Puede interponerse recurso de apelación contra las resoluciones emitidas por una Sala Superior que interpone multa por sanción disciplinaria a abogados. Véase la jurisprudencia del artículo 292° de la Ley Orgánica del Poder Judicial [§ 4666]. (Exp. N.° 02198-2014-PA/TC, de 0303-2016 [Web: 20-03-2018], ff. jj. 8, 13, 14 y 15. Texto completo: ).

CAPÍTULO VI JUZGADOS DE PAZ LETRADOS

Artículo 49: Competencia de los Juzgados Civiles Los Juzgados Civiles conocen: 1. De los asuntos en materia civil, que no sean de competencia de otros Juzgados Especializados; 2. De las Acciones de Amparo; 3. De los asuntos que les corresponden a los Juzgados de Familia (1), de Trabajo y Agrario, en los lugares donde no existan estos. 4. De los asuntos civiles contra el Estado, en ¡as sedes de los Distritos Judiciales; 5. En grado de apelación los asuntos de su competencia que resuelven los Juzgados de Paz Letrados; y ♦ SUMMA PROCESAL CIVIL

Art. 57

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6. De los demás asuntos que les corresponda conforme a ley. N O T A D E A C T U A LIZA C IÓ N (1) De conformidad con ei artículo 2° de la Ley N.° 26819 (EP, 25-06-1997), se sustituye la denominación “Juzgados del Niño y dei Adolescente” por la de "Juzgados de Familia", en las Leyes, Decretos Legislativos, Decretos Ley y demás disposiciones legales o administrativas correspondientes.

PLENOS JURISDICCIONALES

§ 4607. Competencia de los Juzgados de Paz Letrado para conocer procesos civiles contra el Estado. ¿Quién es competente para tramitar los procesos civiles contra el Estado, el Juzgado Civil o el Juzgado d e Paz Letrado? El Pleno acordó por mayoría: “Que los Juzgados Civiles en aplicación dei artículo 49° inciso 4) LOPJ, si bien son competentes sin embargo, en vigencia de los artículos 27° y 28° del Código Procesal Civil por razones de competencia por materia y funcional y en asuntos complejos que la ley establece, también son competentes los Juzgados de Paz Letrado por razones de cuantía que no exceda las 100 unidades de referencia procesal pueden conocer en asuntos donde el demandado sea el Estado, así como las materias precisadas en el artículo 57° de la LOPJ”. (Tercer Pleno Jurisdiccional Distrital de Familia, Civil y Procesal Penal, realizado por la Corte Superior de Justicia de Apurímac, el 05-11-2011. Tema N.° 1. Texto completo: ).

Artículo 57: Competencia de los Juzgados de Paz Letrados Los Juzgados de Paz Letrados conocen: En materia Civil:(1) 1. De las acciones derivadas de actos o contratos civiles o comerciales, inclusive las acciones interdíc­ tales, posesorias o de propiedad de bienes muebles o inmuebles, siempre que estén dentro de la cuantía señalada por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial; 2. De las acciones de desahucio y de aviso de despedida conforme a la cuantía que establece el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial; 3. De los procedimientos de jurisdicción voluntaria que establezca la ley, diligencias preparatorias y legalización de libros contables y otros; 4. De las acciones relativas al Derecho Alimentario con la cuantía y los requisitos señalados por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial; 5. De las tercerías excluyeníes de propiedad, derivadas de los procesos de su conocimiento. Si en estas no se dispone el levantamiento del embargo, el Juez de Paz Letrado remite lo actuado al Juez Especializa­ do que corresponda, para la continuación del trámite. En los otros casos levanta el embargo, dando por terminada la tercería; 6. De los asuntos relativos a indemnizaciones derivadas de accidentes de tránsito, siempre que estén dentro de la cuantía que establece el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial; 7. De los procesos ejecutivos hasta la cuantía que señale el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial; 8. De las acciones de filiación extramatrimonial previstas en el artículo 402° inciso 6) del Código Civil; 9. De los demás que señala la ley; En materia Penal: 1. De los procesos por faltas, expidiendo fallo apelable ante el Juez Pena! o Juez de apelación; y, 2. De los demás asuntos que señala la ley. En materia Laboral:(2) a. De las pretensiones atribuidas originalmente a los juzgados especializados de trabajo, siempre que estén referidas al cumplimiento de obligaciones de dar no superiores a cincuenta (50) Unidades de Refe­ rencia Procesal (URP). n o m o s & th e s is

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b. De los títulos ejecutivos cuando la cuantía no supere las cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal (URP); c. De las liquidaciones para cobranza de aportes previsionales del Sistema Privado de Pensiones rete­ nidos por el empleador. d. De los asuntos no contenciosos, sin importar la cuantía. En materia de Familia:{3) a. De las acciones relativas al derecho alimentario y el ofrecimiento de pago y consignación de alimen­ tos, siempre que exista prueba indubitable del vínculo familiar y no estén acumuladas a otras pretensiones en la demanda; en caso contrario, son competentes los Juzgados de Familia. Estas pretensiones se tramitan en la vía del proceso único del Código de los Niños y Adolescentes, sin intervención del Fiscal. Las sentencias de los Juzgados de Paz Letrados son apelables ante los Juzgados de Familia. b. De la oposición al matrimonio, de la confirmación del matrimonio anulable del impúber y de la con­ formación y funcionamiento del consejo de familia para un incapaz, de acuerdo con las disposiciones del Código Civil; las que se tramitan en la vía procedimental que corresponda según su naturaleza. NO TA D E A C T U A LIZ A C IÓ N (!) Texto de la parte pertinente relativa a Materia Civil según la modilicación efectuada por la segunda disposición complementaria de la Ley N.° 28457 {EP, 08-01-2005). (2) Texto de la parte pertinente relativa a Materia Laboral conforme a la modificación efectuada por ia primera disposición modificatoria de la Ley N.G29497 (EP, 15-01-2010), nueva Ley Procesal del Trabajo. La modificación entró en vigencia a los seis (6) meses de pubíicada esta norma. (3) Texto de la parte pertinente relativa a Materia de Familia agregado por el artículo 2 de la Ley N.° 27155 (EP, 11-071999).

PLENOS JURISDICCIONALES

§ 4608. Competencia de los Juzgados de Paz Letrado para conocer procesos civiles contra el Estado. ¿ Quién es com petente para tramitar los procesos civiles contra el Estado, el Juzgado Civil o el Juzgado de Paz Letrado? El Pleno acordó por mayoría: “Que los Juzgados Civiles en aplicación del artículo 49° inciso 4) LOPJ, si bien son competentes sin embargo en vigencia de los artículos 27° y 28° del Código Procesal Civil por razones de competencia por materia y funcional y en asuntos complejos que la ley establece, también son competentes; ios Juzgados de Paz Letrado por razones de cuantía que no exceda las 100 unidades de referencia procesal pueden conocer en asuntos donde el demandado sea el Estado, así como las materias precisadas en el artículo 57° de la LOPJ”. (Tercer Pleno Jurisdiccional Distrital de Familia, Civil y Procesal Penal, realizado por ia Corte Superior de Justicia de Apurímac, el 05-11-2011. Tema N.° 1. Texto completo: ).

§ 4609. Los Jueces de Paz letrado sí tiene competencia para conocer los procesos sobre indemnización por responsabilidad contractual y extracontractual, atendiendo a la cuantía establecida en la norma procesal. Para determ inar la com petencia de los ju eces de paz letrado en los casos de indemnización p or responsabilidad civil contractual o extracontractual debe tenerse en cuenta la com plejidad de la materia o el monto indemnizatorio (cuantía) establecida en la norma procesal. El Pleno acordó por mayoría: “Los Jueces de Paz letrado sí tiene competencia para conocer los procesos sobre indemnización por responsabilidad contractual y extracontractual (artículo 57°, inciso 1, Ley Orgánica del Poder Judicial), atendiendo a ía cuantía establecida en la norma procesal”. (Pleno Jurisdiccional Distrital en Materias Civil y Familia, realizado por la Corte Superior de Justicia de lea, el día 08-09-2008. Tema N.° 2. Texto completo: ). JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 4610. Juzgados de Paz son incompetentes en una pretensión que resulta inapreciable en dinero. C uarto. [...] [El] artículo 488 del Código Procesal Civil prevé que los Jueces de Paz Letrados ¿ etiMMA DBnrFSA! n V il

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son competentes para conocer asuntos relativos a derechos reales, siempre y cuando la cuantía de la pretensión no sea superior a las 50 Unidades de Referencia Procesal; no siendo posible de modo alguno que tales órganos jurisdiccionales se avoquen al conocimiento de procesos civiles cuya pretensión sea inapreciable en dinero o cuando haya duda sobre su monto, en cuyos casos la competencia está reservada a los Jueces Civiles o Mixtos como ha quedado establecido en el inciso 3 del artículo 475 del citado Código [Procesal] Civil, Q uinto. [En] el presente caso, conforme se desprende de los documentos anexados a la demanda y los demás que obran en autos, la sentencia [...] ha sido dictada por [un] Juez de Paz Letrado [en una] litis [en la que] se ha debatido una pretensión que resulta inapreciable en dinero, [pese a que dicho] Juzgado de Paz Letrado [es un] órgano jurisdiccional que resultaba incompetente para conocer aquel proceso. Sexto. [Es] preciso tener en cuenta que la competencia funcional o competencia por el grado está sujeta a las disposiciones establecidas en la Constitución Política del Estado; la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Código Procesal Civil, por tanto esta competencia tiene carácter absoluto, ello quiere decir que no es factible que haya operado la prórroga convencional o tácita de la competencia, ni menos puede admitirse la posibilidad de que haya mediado la delegación de la competencia en beneficio del Juez de Paz Letrado; en consecuencia, al haberse tramitado la litis por ante un Juez incompetente, se ha afectado gravemente el debido proceso, toda vez que por mandato del artículo 35 del Código Procesal Civil es nulo todo lo actuado por ante juez incompetente. (Proceso de Amparo Exp. N.° 959-2005-La Libertad, de 08-09-2005, ff. jj. 4-6. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 28-04-2006, Procesos Constitucionales, p. 5634], Texto completo; ).

Artículo 58: Funciones notariales Los Juzgados de Paz Letrados, cuya sede se encuentra a más de diez kilómetros de distancia del lugar de residencia de un Notario Público, o donde por vacancia no lo hubiera, o en ausencia del Notario por más de quince días continuos, tienen además respecto de las personas, bienes y asuntos de su competencia, las siguientes funciones notariales: 1. Escrituras Imperfectas.- Llevar un registro en el que anota, mediante acta la fecha de presentación de la minuta, el nombre, apellidos, estado civil, nacionalidad, ocupación, domicilio y documentos de identidad de los otorgantes y de sus cónyuges, la naturaleza del acto o contrato, el derecho o cosa a que se refiere, su valor si se lo anuncia, el monto de los impuestos pagados y derechos cobrados, anotándose fecha y número de ios recibos correspondientes. Anota asimismo su apreciación sobre la capacidad de los otorgantes. El acta es firmada por el Juez, los otorgantes y dos testigos mayores de edad y vecinos del lugar. Las actas se extienden en estricto orden cronológico, una a continuación de otra sin dejar espacios libres. Asentada y firmada el acta, el Juez devuelve la escritura imperfecta a los interesados, dejando constancia del folio y libro así como de la fecha de inscripción en su registro. 2. Protestos.- Efectuar el protesto de letras de cambio y demás documentos susceptibles de esta diligencia, con las formalidades establecidas en la ley de la materia. De la diligencia se asienta un acta en el registro al que refiere el inciso anterior, en estricto orden cronológico. El Juez imprime el sello "protesto" o dicha palabra en cualquier otra forma, en el documento objeto de la diligencia. 3. Legalizaciones.- Legalizar fas firmas de un documento cuando el otorgante lo solicite y se halla en su presencia. Asentar el acta respectiva en el libro referido en los incisos anteriores y poner la constancia en el documento firmado.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 4611. El Juez de paz y su función notarial. La legalización de las firmas por parte del juez de paz, sin necesidad de suplir la labor del notario público en casos específicos, no ostenta la calidad de documento de fecha cierta. Q uinto. [Corresponde] determinar si el juez de paz de primera nominación [...] tenía facultades para legalizar las firmas de quienes suscribieron el contrato de n o m o s & th e s is

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compraventa materia de demanda, para lo cual es de tenerse que el artículo 68 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que los jueces de paz tienen las mismas funciones notariales que los jueces de paz letrado; dentro del ámbito de su competencia, siendo que tales facultades no se ejercen en forma irrestricta, puesto que están condicionadas a lo previsto en el artículo 58 de la Ley Orgánica antes mencionada, esto es, que los jueces de paz letrados, así como también los de paz, ejercen funciones notariales cuando la sede de dichos juzgados se encuentran a más de diez kilómetros de distancia del lugar de residencia de un notario público, o donde por vacancia no lo hubiera, o cuando el notario se ausenta por más de quince días continuos. Sexto. [El] informe presentado por el notario público de la localidad, quien manifiesta que ejerce sus funciones desde el 10 de setiembre de 1990, esto es, con anterioridad a la legalización de las firmas por parte del juez de paz de primera nominación [...] siendo que también indica que únicamente no ha laborado el día 20 de junio de 1994; lo cual determina que al no haberse ausentado el notario por más de 15 días, el antes referido juez no se encontraba facultado para ejercer funciones notariales, por lo que no podía legalizar las firmas de quienes suscribieron el contrato de compraventa materia de demanda. (Casación N.° 1382-02-Huaura, de 02-10-2002, ff. jj. 5 y 6. Sala Civil Transitoria. Texto completo: ).

SECCION TERCERA DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD JURISDICCIONAL TÍTULO I CAPÍTULO I

EL TIEMPO DE LA ACTIVIDAD JURISDICCIONAL

Artículo 124: Actuaciones Judiciales: Días y horas hábiles Las actuaciones judiciales se practican en días y horas hábiles, bajo pena de nulidad. Son horas hábiles las que median entre las seis y las veinte horas. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, con opinión, del Consejo Ejecutivo Distrital que corresponda, puede modificar el período hábil antes señalado, pero sin reducir el número de horas diarias. Son días inhábiles aquellos en que se suspende el Despacho conforme a esta Ley.

JURISPRUDENCIA PE LA CORTE SUPREMA

§ 4612. La suspensión de las labores por aniversario de la Corte Superior se considera como día inhábil. Sexto. [Como] se aprecia de autos, el agravio materia de debate se centra en determinar si el [...] día de aniversario de la Corte Superior de Justicia [...], puede ser considerado como día hábil [...] o, si por el contrario, constituye un día inhábil [...]. En ese sentido, el Colegiado sostiene que aquel día la Presidencia de la Corte Superior ordenó la suspensión de labores [...] lo que generó que ese día sea considerado como inhábil, de conformidad con el artículo 124 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, afirmación de la Sala Superior que, si bien no resulta siendo corroborada por medio probatorio alguno incorporado en autos, debe tomarse por cierta, al ser un hecho notorio que dicha fecha es el aniversario de aquella Corte Superior, conforme incluso puede observarse de su página web, no requiriendo, por lo tanto, medio probatorio que lo acredite [...]. (Casación N.° 1881-2009-LÍma, de 15-10-2009, f. j. 6. Sala Civil Permanente [EP, 02-02-2010, Sentencias en Casación N.° 623, p. 27410]. Texto completo: ).

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CAPÍTULO II TRAMITACIÓN DE LOS PROCESOS EN LA CORTE SUPREMA Y CORTES SUPERIORES

Artículo 131: Vista de la causa. Informes y términos La Corte Suprema y las Cortes Superiores ven las causas en audiencias públicas, por riguroso orden de ingreso, dentro de los treinta días siguientes a que se hallen expeditas para ser resueltas. No es necesario que la designación de día y hora para la vista conste en resolución expresa. El Presidente de la Sala hacejcitar con setenta y dos (72) horas de anticipación a los abogados que hayan solicitado el uso de la palabra para informar, así como a las partes que hayan pedido informar sobre hechos, precisando^! tiempo que tienen para hacerlo. El abogado de la parte que no solicitó la palabra es igualmente citado si señaló domicilio en la sede de la Corte. En los demás casos no es necesario citar a los abogados o a las partes para la vista de la causa. Tratándose de autos, quejas de derecho, contiendas de competencia, procesos sobre alimentos, babeas corpus, acciones de amparo y procesos con reo en cárcel, o que estén por prescribir, la vista de la causa tendrá lugar dentro del quinto día de hallarse expeditas. En todo caso, deben resolverse en un plazo máximo improrrogable de tres meses calendario, sin perjuicio de la normatividad procesal expresa que señale un plazo menor, especialmente en las acciones de garantía. El incumplimiento debe ser calificado por los órganos respectivos encargados del control de los ma­ gistrados.

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§ 4613. Derecho a ser oído en audiencia publica. Nueva convocatoria de vista de causa sí esta se frustró por huelga judicial. D écim o. [...] [La] Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima al expedir sentencia de vista, confirmando la resolución de primera instancia que desestima la demanda, vulnera el derecho de defensa de la actora específicamente el derecho a ser oída en audiencia publica por cuanto si bien es cierto con decreto de fecha 29 de marzo de 2012 se señaló fecha para la vista de la causa el 8 de mayo de dicho año también lo es que por la huelga de los trabajadores del Poder Judicial llevada a cabo desde el día 3 al 14 de mayo de 2012, como es de publico conocimiento, las partes procesales no pudieron ingresar a los recintos de la sala de audiencia consecuentemente al dictarse sentencia sin reprogramar la fecha de la vista de la causa a fin de que los interesados puedan rebatir el tema controvertido se ha vulnerado lo dispuesto por el artículo 131 primer párrafo del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial en razón a que este acto judicial es una forma de control respecto a las decisiones judiciales toda vez que va a permitir a la parte procesa] dirigirse ante el tribunal o juez competente sobre cada uno de los extremos controvertidos conocido como el “derecho a defenderse” y evidenciándose una clara afectación al derecho de acceso a la tutela judicial de la empresa demandante así como la vulneración del derecho al debido proceso consagrado en el artículo 139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política de Estado debe declararse fundado el recurso y expedirse nueva resolución. (Casación N.° 2420-2012-Lima, de 03-07-2013, f. j. 10. Sala Civil Transitoria [EP, 02-01-2014, Sentencias en Casación N.° 687, p. 46773]. Texto completo: ).

§ 4614. El órgano judicial debe pronunciarse respecto del pedido de uso de la palabra para informar en audiencia de vista de causa realizado por el abogado de una de las partes. Sétim o. [..,] [De autos] obra el escrito presentando por [el demandado], por medio del cual señaló [su] domicilio n o m o s

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procesal [...]; solicitando en el primer otrosí de su escrito informar oralmente el día de la vista de la causa, documento que fue recepcionado por ante la mesa de partes de la citada Sala Superior, hecho con el cual se acredita que el recurrente se vio afectado en el ejercicio de su derecho de defensa, pues su petición no fue materia de pronunciamiento, como tampoco se le notificó con la sentencia de vista en el domicilio antes indicado, vulnerándose lo dispuesto en los artículos 124 y 155 del código adjetivo así como lo señalado en el artículo 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial [...]. (Casación N.° 2897-2009-Arequipa, de 28-01-2010, f. j. 7- Sala Civil Permanente [EP, 30-09-2010, Sentencias en Casación N.° 629, p. 28419]. Texto completo: ).

Artículo 133: Votación de las causas La votación de las causas puede producirse el mismo día de su vista o dentro del plazo señalado por el artículo 140°. La deliberación es secreta, debiendo mantenerse reserva sobre las opiniones vertidas durante el curso de la misma.

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§ 4615. El nacimiento de la decisión en una sentencia es de interés público por ello solo será válida si observa el íter descrito por la Ley Orgánica del Poder Judicial. S egundo. [Cjuando la sentencia deriva de un órgano o tribunal, son las normas de derecho público las que regulan el modo como se forma y producen sus efectos; así, de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Judicial, se pueden advertir dos niveles de formación de sentencia de un órgano colegiado: a) aquella emitida en el mismo día de la votación o vista de la causa, conforme prevé el artículo 133 de la citada norma, y b) cuando es emitida una vez que el Colegiado decide dejar al voto en otro momento para mayor estudio del caso de acuerdo al artículo 139 [cfr. art. 140 LOPJ] de la misma ley. Tercero. [En] ambos casos, se puede producir ei acto de discordia por el cual un miembro del Colegiado estima no estar de acuerdo con el voto del ponente, expone su voto y las razones que lo motivan, el mismo que según el artículo 144 de la citada Ley se notifica el punto que determina la discordia y en la misma resolución se llama al vocal dirimente expedito y se señala día y hora para la vísta de la causa que será conocido por bajo su dirección. C uarto. [En] tal sentido, las normas citadas describen el íter formativo de la decisión de un órgano Colegiado, así los actos que se desarrollan en dirección al nacimiento de la sentencia se promueven en una dinámica concatenada de actos vinculados el uno al otro (lógico), en un espacio temporal (cronológico) y orientado a [un] fin (teleoíógico): el nacimiento de la decisión a través de la cual esta solo será válida si observa el íter descrito que, por el significado social que tiene al resolver el conflicto de intereses y asegurar la paz social en justicia es de interés público. (Casación N.° 678-2005Lima, de 08-03-2006, ff. jj. 2-4. Sala Civil Transitoria [EP, 30-10-2006, p. 17436], Texto completo: ).

Artículo 138; Votación de Resoluciones. Vocal Ponente En las Salas Especializadas de la Corte Suprema y Cortes Superiores de Justicia, la resolución se vota y dicta previa ponencia escrita del vocal designado para el efecto, sin perjuicio del estudio que realizan los demás miembros. La ponencia escrita debe contener fecha de emisión, de entrega, firma y se archiva por el Relator. La resolución puede reproducir la ponencia, ser contraria a la misma, o recoger otras o mejores consideraciones de la Sala. Deben consignarse expresamente los votos discordantes y los singulares.

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El ponente responde por los datos y citas consignados u omitidos en su ponencia.

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§ 4616. En las resoluciones que emitan las Salas deben consignarse expresamente los v o to s discordantes y los singulares. C uarto. [C]onforme lo establece el penúltimo párrafo del artículo 138 de la citada Ley Orgánica del Poder Judicial, en las resoluciones que emitan las Salas deben consignarse expresamente los votos discordantes y los singulares. Tal mandato legal, sin embargo, no se ha cumplido en autos, no obstante su transcendencia en este caso en particular [...]. Q uinto. [En] ese orden de ideas, se concluye que la sentencia impugnada se encuentra viciada de nulidad, en atención a lo dispuesto en el artículo 171 del Código Procesal Civil, toda vez que ha sido emitida en forma incompleta, con transgresión de las formas esenciales para su validez y eficacia; siendo así no cumple con su finalidad, como es el de otorgar garantías mínimas que aseguren un juzgamiento impardal y justo. (Casación N.° 1554-04-Piura, de 20-09-2005, ff. jj. 4 y 5. Sala Civil Transitoria [EP, 01-062006, p. 16085]. Texto completo: ).

§ 4617. La ponencia debe estar escrita y firmada por el vocal designado, aun en caso de impedimento. Tercero. [...] [La] resolución de vista [...], que pone fin a la instancia, tiene la calidad de sentencia y se pronuncia sobre el fondo de la pretensión controvertida; sin embargo aparece suscrita solamente por dos magistrados señores LL y AG, no apareciendo el voto del vocal ponente VC, tal como lo exige el artículo 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que establece que la ponencia debe estar escrita y firmada por el vocal designado; asimismo el artículo 149 del Texto Unico Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial precitada establece que aun en el caso de impedimento, traslado, licencia, vacaciones, cese o promoción, los vocales tienen la obligación de emitir su voto por escrito en las causas que hubieren intervenido el que forma parte de la resolución, no siendo necesario la firma de esta por el vocal referido, supuesto que tampoco se produce en el caso de autos en el que no obra agregado a sus antecedentes, el voto escrito del vocal VC. C uarto. [B]ajo dicho aspecto, la sentencia de vista no cumple con el requisito esencial que establece el artículo 122, inciso 7, del Código Procesal Civil concordado con el artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial [...]. Q uinto. [En] consecuencia, se ha incurrido en las causales de nulidad previstas en los incisos 4 y 7 del artículo 122 del Código Procesal Civil [...]. (Casación N.° 1547-00-Arequipa, de 23-04-2002, íf. jj. 3-5. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente [EP, 30-04-2003, p. 10459]. Texto completo: ).

§ 4618. De no hacerse público el nombre del magistrado ello no implica la transgresión del artículo 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. C uarto. [...] [El] hecho de no hacerse público el nombre el magistrado sobre el cual recae la ponencia de la sentencia impugnada no implica la transgresión del artículo 138 de la Ley Orgánica del Poder judicial, pues esta norma no lo exige y tampoco se considera como causal de nulidad; aún más, la carencia de tal publicidad n o impide a la recurrente iniciar las acciones que crea conveniente contra el Vocal ponente de la mencionada sentencia. [...] (Casación N.° 3674-2002-Lima, de 08-01-2003, f. j. 4, Sala Civil Transitoria [EP, 3103-2003, p. 10324]. Texto completo: ).

§ 46X9. No será necesaria la firma del Vocal en la resolución respectiva, ello siempre y cuando obre en el expediente el voto por escrito del Vocal respectivo. Véase la jurisprudencia del artículo 141° de la Ley Orgánica del Poder Judicial [§ 4623]. (Casación N.° 1660-01-Amazonas, de 30-10-2001, ff. jj. 2-4. Sala de Civil Transitoria [EP, 02-02-2002, p. 8338]. Texto completo: ). § 4620. Remisión. Sobre los votos discordantes y singulares en las sentencias, véase también la jurisprudencia del artículo 122° del Código Procesal Civil [§ 1286 ss.].

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Artículo 140: Causa al voto. Plazo de Resolución La causa dejada al voto, se resuelve en un plazo no mayor de quince días prorrogables por término igual por el Presidente de la Sala, si alguno de los Vocales lo solicita. El voto fuera de plazo se considera falta de carácter disciplinario, sancionable de acuerdo con las normas establecidas en esta ley pero no constituye causal de nulidad.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

§ 4621. El nacimiento de la decisión en una sentencia es de interés público por ello solo será válida si observa el íter descrito por la Ley Orgánica del Poder Judicial. Véase la jurisprudencia del artículo 133° de la Ley Orgánica del Poder Judicial [§ 4615]. (Casación N.° 678-2005-Lima, de 08-03-2006, ff. jj. 2-4. Sala Civil Transitoria [EP, 30-10-2006, p. 17436]. Texto completo: ).

Artículo 141: Resoluciones. Votos En las Salas de la Corte Suprema, cuatro votos conformes hacen resolución. En las Cortes Superiores tres votos conformes hacen resolución, tratándose de las que ponen fin a la instancia, y en los demás casos bastan dos votos conformes. En las Salas Penales se requiere de dos votos. Salvo las excepciones que señala la ley. Los votos, incluso los singulares y discordantes, se emiten por escrito, con firma de su autor. Todos se archivan juntamente con una copia de la resolución.

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§ 4622. La resolución de vista que pone fin a la instancia es nula si no contiene al menos tres votos conformes. Tercero. El A quo declara infundada la contradicción [...], resolución que es apelada por la Municipalidad demanda; y [en] la [...] Sala Civil [...], dos vocales se pronuncian porque se confirme la apelada y uno porque se declare nula. Cuarto. Conforme a lo dispuesto por el artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial se requiere de tres votos conformes para hacer resolución. Q uinto. En consecuencia, siendo manifiesta la infracción de las formas esenciales para eficacia y validez de los actos procesales, la resolución impugnada de vista debe ser declarada nula. (Casación N.° 5455-2007-Lima, de 17-07-2008, ff. jj. 3-5. Sala Civil Permanente [EP, 02-12-2008, p. 23438]. Texto completo: ).

§ 4623. No será necesaria la firma del Vocal en la resolución respectiva, ello siempre y cuando obre en el expediente el voto por escrito del Vocal respectivo. S egundo. [El] artículo 141 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que en las Cortes Superiores tres votos conformes hacen resolución, tratándose de las resoluciones que ponen fin a la instancia, estableciendo ese mismo artículo que todos ios votos se emiten por escrito, máxime cuando se trata de la ponencia del Vocal Ponente que a tenor de lo previsto en el artículo 138 in fin e de la acotada ley debe constar por escrito, con la fecha de emisión, de entrega y la firma respectiva Tercero. [En] ese sentido, si bien el artículo 149 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que no será necesaria la firma del Vocal en la resolución respectiva, ello es siempre y cuando obre en el expediente el voto por escrito del Vocal respectivo, toda vez que será ese voto el que formará parte de la resolución a emitir, no siendo necesario en este caso nuevamente la firma del Magistrado referido. Cuarto. [En] el caso sub-litis, del contenido de la sentencia de vista [...] fluye que solo se encuentra sustentada en dos votos certificados por el Secretario de la Sala, esto es, que aparece que solamente lleva la firma de dos

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vocales, no constando en ella la firma del vocal Ponente [...], ni se ha acompañado su voto por escrito; siendo así, la acotada resolución no está comprendida dentro del supuesto previsto en el artículo 149 segundo párrafo del Texto Unico Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; por ende ella ha sido emitida en contravención de lo dispuesto en los artículos 138 in fin e y 141 de la citada ley. (Casación N.° 1660-01-Amazonas, de 30-10-2001, ff, jj. 2-4, Sala de Civil Transitoria [EP, 02-02-2002, p. 8338]. Texto completo: ).

§ 4624. La sentencia en segunda instancia debe ser firmada por los tres miembros del tribunal. Tercero. [Los] magistrados antes de pronunciarse sobre el asunto materia de la controversia, advirtieran la omisión de los trámites prescrito por la ley y que ocasionarían la nulidad de los actos procesales, están facultados a declarar de oficio la nulidad mediante resolución motivada, reponiéndose el proceso al estado que corresponda [...]. Cuarto. [La] resolución materia del grado [...], aparece suscrita solo por uno de los miembros del colegiado, cuando dicha resolución debía ser firmada por los tres miembros del Tribunal conforme lo establece el artículo 122 [del Código Procesal Civil], y que el incumplimiento de los requisitos establecidos en el numeral antes citado ocasiona que la resolución sea nula. (Casación N.° 734-95-Piura, de 12-09-1996, ff. jj. 3 y 4. Sala Civil Permanente [EP, 23-121996, p. 2608]. Texto completo: ).

§ 4625. El auto admisorio del recurso de anulación suscrito por los magistrados de una Corte Superior es válido aun si en él consta la firma de un magistrado que estuviese impedido de ver Sa causa, ya que en este tipo de resoluciones de instancia solo se necesitan dos votos conformes. D écim o Cuarto. [...] [El] recurrente sustenta que el auto admisorio del recurso de anulación deviene en nulo por cuanto fue suscrito por un Juez Superior que se abstuvo por decoro, y que por tanto todo lo actuado suscrito por él estaría afectado de nulidad. Sobre el particular es de precisar que conforme al artículo 141 Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial “En las Salas de la Corte Suprema, cuatro votos conformes hacen resolución. En las Cortes Superiores tres votos conformes hacen resolución, tratándose de las que ponen fin a la instancia, y en los demás casos bastan dos votos conformes [...]. De lo que se colige que, aun cuando el Juez Superior AGR hubiere firmado el auto admisorio de la demanda pese a estar incurso en una causal de abstención, dicha causa no acarrea la nulidad de la resolución en tanto estaríamos ante una omisión intrascendente; conforme a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 171 del Código Procesal Civil, el cual establece que: “Cuando la ley prescribe formalidad determinada sin sanción de nulidad para la realización de un acto procesal, este será válido si habiéndose realizado de otro modo, ha cumplido su propósito”, pues el voto de los dos magistrados integrantes del Colegiado que suscribe dicho auto admisorio la valida, al constituir el cumplimiento del requisito de validez expresamente establecido en la norma, el cual es, al ser un auto que no pone fin al proceso requiere el voto de dos magistrados para su validez. (Casación N.° 350-2016-Huánuco, de 29-11-2016, f. j. 14. Sala Civil Permanente [EP, 02-01-2018, Sentencias en Casación N.° 740, p. 102954]. Texto completo: ).

§ 4626. La discordia se puede producir sobre uno o más puntos de lo resuelto en la sentencia impugnada. P rim ero. [De] acuerdo al artículo l 4 l del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en las Cortes Superiores tres votos conformes hacen resolución, tratándose de las que ponen fin a la instancia, y en los demás casos bastan dos votos conformes; estableciendo el artículo 122 quinto párrafo del Código Procesal Civil, que cuando los órganos jurisdiccionales colegiados expidan autos, solo será necesaria la conformidad y firma del número de miembros que hagan mayoría relativa; preceptos estos de los cuales se concluye Indubitablemente que en las Salas Civiles de las Cortes Superiores se requieren de tres votos conformes para arribar a una sentencia. S egundo. [En] ese orden, el artículo 144 de la misma Ley Orgánica, prescribe que: “Si resulta discordia, se publica y notifica el

punto que la motiva, bajo sanción de nulidad. En la misma resolución se llama al Vocal dirimente expedito y se señala d ia y hora para la vista de la causa por