Nueva Historia de Colombia [III] 9586142515, 9586142566

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NHC

Nueva Historia de Colombia

Director Científico y Académico ALVARO TIRADO MEJÍA Asesores JORGE O R L A N D O M E L O JESÚS ANTONIO BEJARANO

Plan de la obra

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Colombia Indígena - Conquista y Colonia

2

Era Republicana

I

Historia Política 1886-1946

II

Historia Política 1946-1986

III

Relaciones Internacionales, Movimientos Sociales

IV

Educación y Ciencias, Luchas de la Mujer, Vida Diaria

V VI

Economía, Café, Industria Literatura y Pensamiento, Artes, Recreación

NHC Nueva Historia de Colombia

III

Relaciones Internacionales Movimientos Sociales

PLANETA

Dirección del proyecto: Gloria Zea Gerencia general: Enrique González Villa Coordinación editorial: Camilo Calderón Schrader

Material gráfico: Museo de Arte Moderno de Bogotá, Museo Nacional, Museo 20 de Julio, Museo de Desarrollo Urbano, Biblioteca Nacional, Biblioteca de la Cancillería en el Palacio de San Carlos, Archivo de la Cancillería, Hemeroteca Luis López de Mesa Academia Colombiana de Historia, Federación Nacional de Cafeteros, Museo Numismático del Banco de la República, Fondo Cultural Cafetero, Biblioteca de la Universidad de Antioquia, Biblioteca Pública Piloto de Medellín, Archivo FAES, Archivo Nacional de Colombia, Sala de la Constitución de la Casa de Nariño, Centro Jorge Eliécer Gaitán, UTC, CTC, CGT, CSTC, Centro Cultural Leopoldo López Alvarez de Pasto, Cromos, El Tiempo, El Espectador, El Siglo, Revista Proa, Patronato de Artes y Ciencias, Centro de Documentación Musical (Colcultura), Conferencia Episcopal Latinoamericana, Archivo de la Catedral de Bogotá, CINEP, Cinemateca Colombiana, Compañía de Fomento Cinematográfico Focine, Corporación Nacional de Teatro, Teatro Popular de Bogotá, Corporación de Teatro La Candelaria, Fundación Teatro Libre de Bogotá, Escuela Militar de Cadetes José María Córdova, Archivo Melitón Rodríguez, Colección Pilar Moreno de Ángel, Colección Carlos Vélez, Archivo Planeta Colombiana.

Diseño: RBA, Proyectos Editoriales, S.A. Barcelona (España) Investigación gráfica: Juan David Giraldo Asistente: Ignacio Gómez Gómez Fotografía: Jorge Ernesto Bautista, Luis Gaitán (Lunga), Arturo Jaramillo, Guillermo Melo, Oscar Monsalve, Jorge Mario Múnera, Vicky Ospina, Carlos Rodríguez, Fernando Urbina. Producción: Oscar Flórez Herreño Impreso y Encuadernado por: Editorial Printer Colombiana Ltda.

©PLANETA COLOMBIANA EDITORIAL S.A., 1989 Calle 31, No. 6-41, Piso 18, Bogotá, D. E. Colombia ISBN (obra completa) 958-614-251-5 ISBN (este volúmen) 958-614-256-6

La responsabilidad sobre las opiniones expresadas en los diferentes capítulos de esta obra corresponde a sus respectivos autores.

Sumario

Sumario Las relaciones internacionales Alvaro Tirado Mejía

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Los movimientos sociales Jesús Antonio Bejarano

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1 2 3

La política exterior colombiana (1930-1946) Fernando Cepeda Ulloa, Rodrigo Pardo García-Peña

9

La política exterior colombiana (1946-1974) Fernando Cepeda Ulloa, Rodrigo Pardo García-Peña

29

La política exterior colombiana (1974-1986) Fernando Cepeda Ulloa, Rodrigo Pardo García-Peña

55

4

Proceso de las negociaciones de Colombia para la demarcación y señalamiento de sus fronteras terrestres Germán Zea Hernández 91

5

El contexto latinoamericano de la historia moderna de Colombia (1886-1930) Luis Vítale 119

6

Latinoamérica y Colombia (1930-1960) Luis Vitale

141

Nueva Historia de Colombia, Vol. ///

7 8 9 10 11 12 13 14

La influencia inglesa -y otras influencias- en Colombia (1880-1930) Malcolm Deas

161

El conflicto de las bananeras Catherine LeGrand

183

La clase obrera colombiana (1886-1930) Mauricio Archila Neira

219

La clase obrera colombiana (1930-1945) Mauricio Archila Neira

245

Crisis y recomposición del sindicalismo colombiano (1946-1980) Rocío Londoño Botero

271

La cuestión agraria en Colombia (1900-1946) Pierre Gilhodes

307

La cuestión agraria en Colombia (1958-1985) Pierre Gilhodes

339

Los procesos de colonización. Siglo XX Myriam Jimeno Santoyo

371

5 Presentación: Las relaciones internacionales

Las relaciones internacionales Alvaro Tirado Mejía

E

l estudio de nuestras relaciones internacionales y el nuevo enfoque que se le está dando a la tradicional historia diplomática, es otra muestra del avance logrado en el campo de las ciencias sociales, y en especial de la forma amplia con la que modernamente nos acercamos a la historia. Los ensayos contenidos en el presente volumen, así como los que ya se incluyeron sobre las relaciones entre Colombia y Panamá, son una prueba de ello. Indudablemente, cuando de estos asuntos se trata, es necesario delimitar los fundamentos de nuestra base territorial, y de ello se ocupa con erudición, comprensión y conocimiento en su estudio el ex canciller Germán Zea Hernández. Pero aparecen también el marco internacional, los movimientos sociales y las influencias culturales dentro de los cuales se desarrolló nuestro devenir durante el último siglo. Y las influencias extranjeras -tanto en lo económico como en lo cultural- que se presentaron en un país tan aislado como el nuestro. Aspectos de la diplomacia política, pero también los elementos económicos que

en ocasiones han sido de mayor sustento que los primeros. Como lo han señalado modernos estudiosos de nuestra política exterior, al lado de la tradicional Cancillería han existido otros entes para adelantar nuestra política comercial. Tal es el caso de la labor desarrollada durante más de sesenta años por la Federación de Cafeteros para diseñar y sustentar una política exportadora de nuestro principal producto en el comercio exterior, o la acción más reciente, pero ya ratificada por el actuar durante dos decenios, de entidades como Incomex y Proexpo. Y es que a diferencia de la concepción arcaica sobre la historia diplomática, la cual se agotaba en la mención de tratados con sus fechas y de funcionarios con sus cargos, ya no se concibe el estudio de la política exterior sin tener en cuenta, en forma integradora, las variables mencionadas y muchas otras más. Las políticas, las económicas, las coyunturas internacionales, la influencia de los sucesos externos y de su presencia cultural. Como bien ha sido anotado, a partir de la pérdida de Panamá a principios de este siglo, el país se enclaustró aún más y su política internacional estuvo marcada por un bajo perfil. Ello era posible,

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además, por lo precario de nuestras relaciones económicas internacionales, por lo reducido de la inversión extranjera y por la ausencia casi absoluta de fenómenos de inmigración y emigración. La situación en estos campos ha variado radicalmente y de allí que el desarrollo de una política exterior se constituya en un imperativo para el país. Como lo anoté en la introducción general a esta obra, ya no se trata de la monoexportación. Ahora, al lado del café, y en cifras globales por encima del mismo, se exportan flores, banano, manufacturas, petróleo, carbón, y el ramo de los hidrocarburos toma el primer plano de nuestras exportaciones. Tratar estos asuntos, para un país como Colombia, implica una política exterior y de inversiones de gran amplitud. Se trata ahora de negociar con multinacionales, de explorar mercados a través del mundo y de acudir a figuras nuevas para la explotación y mercadeo de nuestras riquezas. Como muestra de esto último, aparecen los recientes compromisos bilaterales de explotación conjunta de yacimientos petrolíferos con el Ecuador; los acuerdos relacionados con el oro de Guainía, firmados con el Brasil; los programas de explotación fronteriza con el Perú, referentes a los crudos del área del Ñapo y del Putumayo, o los contratos para la explotación de yacimientos inmensos de carbón, como los de la Guajira o el Cesar. La nación se ha ido extendiendo para cubrir el territorio, superando la determinante andina y dando fuerza a regiones como la Atlántica y la Pacífica. Con ese cubrimiento y la ocupación demográfica y económica de nuestras fronteras, los asuntos de la política exterior cobran vigencia y determinan que, para el país, deje de ser ajeno y lejano lo que sucede en el Caribe o Centroamérica, en los territorios fronterizos o en el mar del futuro que es el Pacífico. El mismo narcotráfico, con sus secuelas económicas y sociales, nos ha introducido en tres lustros en el centro del debate internacional, al convertir en asunto trascen-

dental un tema como la extradición, por la manera discriminatoria como comienza a mirarse en el exterior a los ciudadanos colombianos y aun por el problema carcelario de muchos colombianos en el exterior. Es más, una de las más profundas revoluciones silenciosas que ha vivido el país en los últimos tres decenios, es la relacionada con el fenómeno migratorio. Al lado del acelerado proceso de urbanización, de la revolución demográfica por la reducción de las tasas de mortalidad y el aumento de las de supervivencia, de la transformación educativa, ésta de la migración es una de las más significativas. En el reducido espacio de treinta años, Colombia pasó a ser un exportador de población, a niveles que sólo conocieron en la época moderna naciones como Irlanda e Italia, y que sólo es comparable en Latinoamérica al caso de México, por su situación con Estados Unidos. Cerca del 10% de la población colombiana se encuentra en el exterior y esta situación nos internacionalizó. Entramos en la vida cosmopolita, pero no por gracia de las élites tradicionales que, en ésto como en muchos otros asuntos, se quedaron atrás, sino por un movimiento no dirigido y fundamentalmente de origen popular. Se podría decir que no existe una familia colombiana que no tenga un pariente en el exterior. Y el hecho de que cada cual cuente con alguien ubicado en New York, Miami o Los Angeles, Maracaibo, Quito, Madrid o Londres, da una fluidez especial a nuestra población. Estas consideraciones bastarían para poner de presente la actualidad de los estudios sobre política exterior y relaciones internacionales, en la Colombia actual. El simple enunciado de los problemas y elementos que en ello están involucrados, dan cuenta también de cómo esos estudios no pueden ya enfocarse dentro de una óptica parcial. Precisamente, el conjunto de ensayos que en esta obra tratan del tema, se enmarcan en esa nueva concepción y de allí lo significativo de su aporte.

Presentación: Movimientos sociales

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Movimientos sociales Jesús Antonio Bejarano

S

i algún rasgo permite caracterizar las tendencias actuales de los estudios históricos en Colombia es, justamente, la cada vez más acentuada preocupación por la historia de los movimientos sociales. La llamada "historia tradicional" -denominación con la que se distingue una perspectiva de análisis centrada particularmente en los héroes y personajes destacados en el acontecer nacional y por el empeño, no siempre justificable desde el punto de vista científico, de hacer de la historia una disciplina ejemplarizante para las jóvenes generaciones- omite, como es sabido, la consideración de los procesos sociales, más precisamente de los movimientos sociales como un componente esencial de las transformaciones de los pueblos. La moderna historiografía, por el contrario, cualquiera sea su origen teórico, sitúa en el centro de la explicación histórica los factores sociales que más allá de las influencias ejercidas por los protagonistas individuales se constituyen en los elementos capitales de toda modificación de la economía y de la sociedad. Tan radical cambio de perspectiva

acaba traduciéndose en el desarrollo de temáticas históricas que hace dos decenios eran prácticamente inexistentes. Subrayemos que la distancia que separa la historiografía tradicional de la historiografía reciente es la incorporación de los procesos sociales en la explicación histórica, y ello implica privilegiar por sobre la anécdota o el simple relato del acontecimiento, la presencia de los movimientos sociales en el acontecer nacional. Más aún, si la historia social contemporánea se abre, en un comienzo, con los temas relativos al período de la Violencia, poco a poco se va ampliando la perspectiva hasta situar aquel período en el más amplio espacio de las luchas sociales, en particular las luchas campesinas que, al lado de las luchas sindicales, constituyen el área de estudio más dinámica de la actual historiografía. En los capítulos pertinentes se ha intentado una periodización de amplio alcance que no se circunscriba solamente a los episodios más destacados en la historia de los movimientos sociales. Los procesos de colonización -ocupación y ampliación de la frontera agrícola del país- a lo largo del siglo XX, señalan siempre el contexto en que se

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desenvuelven los movimientos campesinos, los cuales se remontan a los primeros decenios del siglo XX, pero adquirirán su mayor dinamismo en los años veinte y treinta para prolongarse, casi ininterrumpidamente, hasta el presente. El movimiento sindical, que recibe desde sus comienzos el bautismo de fuego de la masacre de las Bananeras constituye, en una trayectoria llena de altibajos y contradicciones, el otro gran eje de los movimientos sociales contemporáneos en Colombia. Por supuesto, estos temas no agotan la historia de los movimientos sociales, la cual por otra

parte, es todavía un campo abierto a la investigación. Como se verá en estas páginas, el curso de los movimientos sociales no se restringe a aquellos estallidos súbitos y a menudo violentos, pero esporádicos, que ha vivido la sociedad colombiana durante el siglo XX. La periodización adoptada supone buscar los hilos de continuidad entre los diversos momentos y episodios hasta conseguir un cuadro coherente de las tensiones sociales que, manifiestas o no, constituyen en todo caso el tejido sobre el que se levanta la realidad del país.

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Capítulo 1

La política exterior colombiana (1930-1946) Fernando Cepeda Ulloa Rodrigo Pardo García-Peña Características generales

D

iversos autores han analizado el efecto que tuvo para la política exterior colombiana la separación de Panamá en 1903. Este hecho creó un conflicto que afectó las relaciones, tradicionalmente muy buenas, entre Colombia y Estados Unidos, precisamente en momentos en que se consolidaba la presencia de este último país en Centroamérica y el Caribe. Con la guerra de Estados Unidos y España en 1898 y con la independencia de Panamá y la consiguiente construcción del Canal por parte de la emergente potencia norteamericana, se ponía fin al conflicto entre ésta y los poderes europeos, que se originaba en la competencia por ejercer la supremacía en el Caribe. Colombia vio que su mayor activo geopolítico se perdía y que con ello su presencia en el Caribe quedaba sin viabilidad ni sentido. Peor que eso, su relación con Washington se deterioró precisamente cuando éste se convertía en la «estrella polar» del continente.

Hacia el futuro, dicha situación y el proceso que siguió para regularizar las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, indispensable para el desarrollo económico, determinaron las principales características de la política exterior colombiana durante los siguientes setenta años. Apartada del Caribe y de Centroamérica, Colombia buscó ante todo manejar sus relaciones internacionales con la mira puesta en la satisfacción de sus intereses económicos. La obtención de precios favorables para el café, la ampliación del comercio exterior, la obtención de préstamos para la financiación del desarrollo y la apertura hacia la cooperación técnica, fueron objetivos que pasaron a dominar por completo a los fines de tipo político en la agenda de las relaciones internacionales. Por esta razón, Colombia no ha sido un actor principal en la política internacional. Su presencia es discreta y prudente, hasta el punto que se considera que ha subutilizado el potencial diplomático con que cuenta. Colombia se ha propuesto hacer menos de lo que puede, con el fin de asegurar el cumplimiento de sus objetivos económicos sin incurrir en altos riesgos.

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Firma del tratado con Estados Unidos, el 6 de abril de 1914, en Bogotá, mediante el cual se estipuló una compensación por la pérdida de Panamá y un "sincero pesar" por lo acontecido. En el centro, Thadheus A. Thomson, el canciller Francisco José Urrutia y Marco Fidel Suárez; los acompañan Antonio José Uribe, Nicolás Esguerra, José Marta González Valencia, Rafael Uribe Uribe, Antonio Gómez Restrepo, Leland Harrison, Manuel Esguerra y Leopoldo Montejo.

Dentro de esta perspectiva, el café ha adquirido un significado especial al convertirse en la espina dorsal de la política exterior. Este campo no ha sido una excepción a la preponderancia de la principal fuente de divisas del país, en los diversos aspectos de la vida nacional. Lo cual se explica por el hecho de que la economía colombiana ha tenido como motor a la producción y exportación cafeteras. En la medida en que la economía se ha tomado a la política internacional, y el café se ha tomado la economía, también a la preservación y conquista de mercados y a la seguridad de precios favorables se ha subordinado buena parte del comportamiento de Colombia en el exterior. Esto ha conducido a que la diplomacia política haya sido reemplazada parcialmente por la diplomacia cafetera. Con frecuencia las oficinas de representación de la Federación han jugado un papel más importante en la satisfacción de los intereses nacionales que están en juego en la arena internacional. La diplomacia cafetera ha brillado por su eficacia, mientras que la cancillería se ha visto limitada a una notable falta de modernización. En general, la política exterior colombiana se caracteriza por su fraccionamiento, como lo anotó Gerhard Drekonja en su libro Retos de la política exterior colombiana. En la me-

dida en que la Federación de Cafeteros se ha encargado, con éxito, del principal objetivo de la política internacional de Colombia, y que por consiguiente el Ministerio de Relaciones Exteriores se ha limitado al manejo de una diplomacia de bajo perfil, otras instituciones han adquirido una gran relevancia en el manejo de las relaciones económicas internacionales de Colombia. Tales fueron los casos de Incomex y Proexpo, organismos creados al finalizar los años sesenta, cuando el gobierno buscó una apertura de nuevos mercados para las exportaciones, le dio a este sector el papel de motor del desarrollo, y buscó una diversificación de las relaciones económicas de Colombia con el resto del mundo. Así, diversas instituciones participan en el manejo de las relaciones internacionales de Colombia. Hay varias diplomacias: una cafetera, una comercial, una tecnológica, otra militar, otra referida al tráfico de drogas. Una cancillería que no ha percibido la necesidad de modernización, y que por consiguiente permanece incapacitada para centralizar las diversas dimensiones de las relaciones internacionales de Colombia, maneja la diplomacia convencional: de ella dependen las embajadas y los consulados. Dentro de las actividades desarrolladas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, a quien le ha quedado el manejo de una diplomacia política discreta y subordinada a una diplomacia económica que manejan otras entidades, se ha concedido la mayor atención a los asuntos fronterizos. En alguna medida, se puede afirmar que en Colombia el Ministerio de Relaciones Exteriores ha sido un Ministerio de Fronteras. Este hecho se refuerza en otra de las características tradicionales de la política internacional colombiana: los principios jurídicos han sido su principal inspirador. Colombia siempre se ha sentido orgullosa de ser un defensor a nivel mundial del derecho internacional y ello se ha localizado por encima de los objetivos políticos. La ac-

Capítulo 1

ción exterior colombiana, además, no ha tenido un alto componente de tipo ideológico. La controversia partidista, aun en los puntos extremos del espectro político, prácticamente no existe o tiene escasas excepciones. La preponderancia de lo económico y el pragmatismo que la permite han desalojado a la ideología como fuerza motriz de la política internacional. Internamente, en efecto, el manejo de los asuntos externos de Colombia normalmente no ha sido motivo de controversia. Por el contrario, ha sido fundamentalmente consensual. Es decir, ha contado con el apoyo de los dos grandes partidos que han dominado la lucha política: el conservador y el liberal. Aunque en algunas coyunturas precisas dicho consenso se ha alterado, el carácter bipartidista en la acción internacional colombiana no se ha apartado de las tendencias consensuales del estilo político del país colombiano. Una excepción a esta regla está dada por algunos debates sobre la responsabilidad de alguno de los dos partidos por razón de pérdidas territoriales que Colombia ha sufrido. Pero la tendencia al consenso y la tradición en ese sentido se ha asegurado con instituciones como la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, cuyos miembros, elegidos por ambas cámaras legislativas, representan paritariamente a los dos partidos políticos. Antecedentes Al finalizar la primera guerra mundial en 1918, los Estados Unidos consolidaron su hegemonía en Centroamérica y en el norte de Suramérica. El resultado militar corroboró algo que ya había comenzado a vislumbrarse desde finales del siglo xrx con la victoria de los Estados Unidos sobre España en la guerra de 1898: que la influencia de las potencias europeas en el Nuevo Mundo estaba en descenso y que el espacio que ello dejaba, poco a poco era ocupado por el más próspero país del continente.

11 "La eterna historia", caricatura publicada en "Fantoches", en 1914. Comenzaban las dilaciones a la aprobación por el Congreso americano del tratado Urrutia-Thomson, que sólo serla ratificado definitivamente en 1923. Dice el caricaturista: "Wilson, que se proclamó / jefe del género humano / y su suerte decidió / hace poco clausuró / el Senado americano / y con justo desagrado / y con dolor verdadero, / buen lector, hemos mirado / que otra vez nuestro Tratado / se ha quedado en el tintero".

Todo esto implicaba necesariamente que desde entonces se fuera consolidando la concentración en los Estados Unidos de las principales fuentes de financiamiento para el desarrollo de las naciones del continente. Y en efecto, comenzando desde los finales del siglo XIX y agudizándose en las dos primeras décadas del XX, un importantísimo flujo de capital desde el Norte hacia el Sur determinó toda una serie de realidades políticas que caracterizaron el futuro de las relaciones panamericanas. Desde luego, éstas estuvieron fuertemente influenciadas por un polo, los Estados Unidos, que en los diversos aspectos de los procesos políticos y económicos llevaba la vanguardia en el continente. Ello había sido posible luego de que la guerra civil de 1846 en dicha nación hubiese sido superada, consolidándose así la unidad de la confederación de estados. Lo cual, a su vez, le permitió a la nación concentrarse en la construcción de un sólido sistema económico que incrementara el grado de industrialización y utilizara el vasto volumen de recursos con que había sido dotada. Como resultado del empuje industrializador, las primeras firmas de ca-

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Página de "Cromos", del 3 de marzo de 1923, comentando la llegada al país de la famosa misión económica presidida por Edwin Walter Kemmerer, para asesorar la inversión de los 25 millones de dólares de la indemnización por Panamá. Hacían parte de la misión Fred Rogers Fairchild, Howard McNyr Jefferson, Thomas R. Lill y Frederic Bliss Luquiens, quien actuó como secretario.

El presidente Pedro Nel Ospina y su hija Elena Ospina Vásquez al llegar a Washington el 3 de mayo de 1923. A su lado, el almirante Coontz, general John J. Pershing, el secretario de Estado Charles Evans Hughes, Carlos Uribe y José María Coronado.

pital privado norteamericano buscaron invertir porciones de sus excedentes en las naciones localizadas al sur del río Bravo. Importantes empresas comenzaron operaciones agrícolas en Centroamérica y el Caribe, inversiones que fueron creciendo en volumen y que luego se extendieron a nuevos sectores de la actividad económica. El grueso del capital norteamericano se dedicó a la explotación de recursos mi-

nerales y de la tierra, pero poco a poco fue desplazándose hacia la construcción de la infraestructura requerida para dicha explotación y para su posterior exportación. Al mismo tiempo, durante los primeros veinte años del siglo, las relaciones económicas de la América Latina, especialmente de los países situados al norte del Ecuador, con los Estados Unidos, se fueron intensificando. Se consolidaba de esta manera el alejamiento de todas estas naciones con respecto a Inglaterra, el gran poder de Europa antes de la primera guerra mundial, país del cual dependieron durante bastantes años la adquisición de recursos para la inversión, la importación de manufacturas y los mercados para las exportaciones de productos naturales. En estas circunstancias de las relaciones Estados Unidos-América Latina, Colombia, impulsada por una serie de procesos domésticos, se unió a la tendencia continental en el diseño de una política exterior caracterizada principalmente por unas estrechas relaciones con Washington y por la subordinación de los aspectos políticos a los económicos. Las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, tradicionalmente excelentes durante el siglo XIX, se afectaron notablemente con la «separación» de la provincia de Panamá en 1903. Diversos intelectuales y políticos de la época denunciaron al imperialismo norteamericano y obraron en una forma que hacía prever un oscuro futuro para las relaciones bilaterales. Colombia entendía que su posición geográfica se había devaluado notoriamente. Al mismo tiempo, sin embargo, requería para su desarrollo económico del acceso a las fuentes de capital en donde éste era abundante. Por su parte los Estados Unidos, luego de culminar su período de expansión territorial en el siglo XIX, se encontraban en una nueva etapa de sus relaciones con América Latina, la cual algunos autores han denominado la «diplomacia del dólar» por el gran flujo de

Capítulo 1

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capitales privados que se desplazó hacia la región. Coincidían, en Washington, los intereses del Departamento de Estado con los de los grandes empresarios. Y por esta razón, el gobierno actuó regularmente en concordancia con ellos. Con respecto a Colombia, el ministro norteamericano de Relaciones Exteriores, William Jennings Bryan, dio los primeros pasos para regularizar las relaciones bilaterales. En 1914, año en el que entró en funcionamiento el Canal, se redactó el tratado UrrutiaThomson, por medio del cual los Estados Unidos compensarían a Colombia por la pérdida de Panamá y expresaban su «sincero pesar» por lo acontecido. El «sincero pesar», además de varias otras cláusulas, fueron sin embargo inaceptables para varios congresistas norteamericanos, lo que postergó hasta 1923 su ratificación en el Congreso, luego de la modificación de algunas partes del texto. Las cuales a su vez pusieron en duda la aprobación por parte del Senado colombiano de la versión revisada del tratado. En su libro Retos de la política exterior colombiana, Gerhard Drekonja describe este proceso y anota cómo una pieza clave en él fue Marco Fidel Suárez. Como miembro de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores y como canciller, Suárez jugó en efecto un papel de gran importancia en la aprobación del tratado y fue además firmante de la versión original del Urrutia-Thompson. Luego, como presidente entre 1918 y 1922, buscó la normalización en las relaciones con Washington y la consiguiente apertura de créditos y de inversión norteamericana para Colombia. La eventual explotación de petróleos se encontraba en un momento decisorio a la cual aspiraban varias empresas norteamericanas e inglesas, teniendo las primeras algunas concesiones ya formalizadas. Suárez, anota Drekonja, acuñó la expresión Respice polum («mirar al Polo», o «al Norte») para simbolizar la idea de que Colom-

bia debería reforzar sus vínculos con la potencia mundial que ya había demostrado su creciente poder en la guerra contra España en 1898 y en la guerra europea de 1914-1918. La situación del petróleo, y el conflicto que generaba con empresarios ingleses, según algunos historiadores, fue un buen argumento al cual acudió Colombia para lograr finalmente, así fuera en versión corregida, la aprobación por parte del Congreso norteamericano del tratado Urrutia-Thomson. Éste especificaba que los Estados Unidos pagarían a Colombia una indemnización de veinticinco millones de dólares, los cuales, sumados a los diversos créditos y capitales extranjeros que se vinieron a Colombia, abrieron la llamada «danza de los millones» durante los años veinte. Diversas inversiones fueron realizadas por el sector privado en distintos campos de la

Pedro Nel Ospina, presidente entre 1922 y 1926, Su gobierno se benefició con la "danza de los millones" de la indemnización por la pérdida de Panamá, de la cual un 50% fue dedicado al desarrollo de un sistema nacional de transportes (ferrocarriles, carreteras y puertos).

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Llegada a Bogotá de Jefferson Caffery, embajador de Estados Unidos ante Miguel Abadía Méndez, a quien presentó credenciales el 1º de diciembre de 1928. Acompaña al embajador el delegado presidencial Julián Delgado.

Enrique Olaya Herrera, tras presentar sus credenciales como embajador en Washington, con el subsecretario de Estado R. Woods Bliss y Carlos Uribe y José María Coronado.

actividad productiva mientras el Estado, sin necesidad de acudir al capital extranjero gracias a los veinticinco millones, se dedicó a la realización de obras públicas que principalmente desarrollaron el sistema de comunicaciones del país. En aplicación inmediata de la política exterior del Respice polum, y en base a su significado esencialmente económico, Colombia recibió en 1923 la misión Kemmerer de asesoría económica. El «doctor Dinero», como se llamó a Edwin Walter Kemmerer, llegó al país con el fin de asesorar al gobierno sobre la mejor manera para invertir los veinticinco millones de dólares pagados en compensación por Estados

Unidos. A su vez, el gobierno de Pedro Nel Ospina (1922-1926) consideraba que en la nueva etapa a la que había ingresado el país, y que se caracterizaba por impulsar el crecimiento económico mediante el capital extranjero, la realización de una serie de reformas sugeridas por un reconocido experto norteamericano era la mejor forma para asegurar la llegada de los volúmenes de empréstitos que se deseaban. En lo cual no le faltaba razón al gobierno de Colombia. Aunque entre 1923 y 1926 el Estado no buscó fondos adicionales a los veinticinco millones, los empresarios particulares sí lo hicieron. Fue así como, si al finalizar la primera guerra mundial Colombia tenía una pequeña deuda externa, casi toda contratada con Inglaterra, al finalizar los años veinte la deuda externa era asfixiante y casi toda se debía a los Estados Unidos. El desarrollo de la misión Kemmerer y las reformas realizadas por Colombia como consecuencia de ella marcaron la partida definitiva de la política exterior del Respice polum. Los créditos provenientes de Estados Unidos desplazaron casi por completo a los de los bancos ingleses. El comercio se intensificó con ese mismo país y las reformas sugeridas por Kemmerer significaron que su patria se convirtiera en la mayor fuente de capital extranjero para Colombia. El papel desempeñado por el «doctor Dinero», según algunos autores como Paul W. Drake, se asemeja al que en épocas recientes han jugado algunos organismos multilaterales de crédito. Uno y otros recomendaron medidas de política económica y de organización de las instituciones ejecutoras de la misma; a cambio de lo cual prácticamente se aseguraba que Colombia recibiría nuevos recursos de crédito. En 1923, Kemmerer propuso, entre otras cosas, la estabilización del tipo de cambio, la realización de reformas aduaneras, la redacción de leyes sobre instrumentos negociables, la adopción

Capítulo 1

del patrón de cambio oro, la creación de un banco central y la realización de varias obras públicas. En buena medida, aunque no en su totalidad, las sugerencias del «doctor Dinero» fueron acogidas por el gobierno de Colombia. Ello permitió que los departamentos, los municipios y los bancos, principalmente, se beneficiaran del amplio acceso a la oferta norteamericana de créditos a la cual se había abierto el país luego de recibir la indemnización por la pérdida de Panamá y de realizar las reformas sugeridas por la primera misión Kemmerer. Como se dijo atrás, la «danza de los millones», o el período de la «prosperidad a debe», como también se le llamó, permitió desarrollar el sistema nacional de transportes. El 50 % de la deuda contraída en la década de los veinte se empleó para dicho fin, con la siguiente distribución: un 54 % para los ferrocarriles, un 39 % para carreteras y un 7 % para puertos. En 1929, con el estallido en octubre de la crisis mundial, el esquema económico de la «prosperidad a debe» se acabó de ir a pique. Las exportaciones del país disminuyeron en volumen en una cuarta parte. Además, la caída de los precios de los bienes que las componían implicó que el valor de tales exportaciones se redujera a la mitad. Principalmente desestabilizador, entre estos últimos, fue el café, cuyo precio en el mercado mundial bajó en forma significativa. El cierre de créditos externos provocado por la crisis internacional, además, condujo al país a un déficit de la balanza de pagos que se reflejó en una caída de las reservas de oro. Lo cual, a su vez, condujo a la imposibilidad de que se mantuviera el patrón oro. Ante las profundas dificultades aparecidas en el sistema económico colombiano, una segunda misión Kemmerer fue organizada en 1931. La administración Abadía Méndez (19261930), a solicitud del jefe de la misión colombiana en Washington, Enrique Olaya Herrera, la convocó. Su llegada

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coincidió con la toma de posesión de la presidencia de la República por parte de Olaya, que había triunfado gracias a una división en el partido conservador y no obstante que su candidatura había sido preparada tan sólo en unos pocos meses. Para entonces Olaya había recorrido, en el período transcurrido entre su elección y su toma del poder, varios centros financieros internacionales

Luis Tamayo, Eduardo Santos, Francisco Umaña Bernal y Abelardo Forero Benavides entran al palacio de la Liga de las Naciones, donde Santos intervino a favor de refortalecer la Liga (30 de septiembre de 1937).

Carlos Lleras Restrepo, ministro de Hacienda de la administración Santos, entre 1938 y 1941, dio prioridad al pago de la deuda externa como medio de reforzar las relaciones con Estados Unidos y de lograr nuevos empréstitos.

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con el fin de indagar sobre la posibilidad de la contratación de nuevos créditos. Todas sus gestiones habían sido exitosas, como quiera que un grupo de bancos había ofrecido un crédito por veinte millones de dólares. En su segunda visita al país, la misión encabezada por el «doctor Dinero» permaneció cuatro meses. En esta ocasión, sus recomendaciones habían abarcado una gama de temas mucho mayor que la de 1923: el banco central, la banca en general, la determinación de presupuesto del gobierno, la recaudación y distribución de ingresos, el contralor, el crédito público, la

Los presidentes Franklin Delano Roosevelt y Enrique Olaya Herrera, en Cartagena, julio 14 de 1934. Después de la crisis económica de 1929, Olaya fortaleció las relaciones con los Estados Unidos, negociando lo mismo con el Estado, que con banqueros y empresarios.

deuda pública, los certificados de tesorería, las obras públicas, la aduana, los impuestos de exportaciones, la importación de mercancías, los derechos consulares, la tierra, los inmuebles, la valorización municipal, la renta, las sucesiones y las donaciones. En general, se trataba de pequeñas reformas y adecuaciones a las propuestas realizadas durante la primera visita. Más importante que las reformas en sí, sin embargo, era el impacto en la confianza hacia el Estado colombiano que el nuevo presidente buscaba entre los prestamistas internacionales como vía para salir de la crisis interna producida por la gran depresión mundial.

1930-1946 El presidente Enrique Olaya Herrera tenía todas las condiciones para mantener el esquema de política exterior de la «doctrina Suárez». Tanto en sus actitudes personales, como en las circunstancias que existían en el momento de llegar a la presidencia y en sus antecedentes, sobresalían su inclinación hacia los Estados Unidos y su creencia en la idea de que, solamente con una relación con los Estados Unidos semejante a la planteada por la «doctrina Suárez», Colombia tendría acceso a los requerimientos financieros y comerciales exigidos por el proceso de desarrollo económico. Como canciller del gobierno de Jorge Holguín, Olaya había ayudado a buscar la ratificación del tratado Urrutia-Thomson. Después había viajado a Washington como jefe de la misión colombiana ante ese gobierno, cargo que ocupaba cuando su partido, el liberal, le había propuesto presentar su candidatura presidencial para las elecciones de 1930. Finalmente, el momento de llegada a la presidencia de Olaya Herrera estaba caracterizado por la crisis económica mundial. Colombia, al igual que la mayor parte de las naciones latinoamericanas, se hallaba en medio de una crisis de endeudamiento ocasionada por los empréstitos contratados durante la época de la «prosperidad a debe» y por la caída en los ingresos ocurrida a finales de la década, cuando la crisis del mundo industrializado se reflejó en menores exportaciones colombianas. La crisis era de tal magnitud que muchas naciones se habían visto en la obligación de acudir a la moratoria de su deuda externa. Olaya, fiel a la política exterior del Respice polum, y luego de haber logrado algunos fondos como presidente electo, se empeñó en que Colombia mantuviera el cumplimiento de sus compromisos de endeudamiento. Sólo la guerra con el Perú, y un cambio en la actitud de los banqueros norteamericanos hacia Colom-

Capítulo 1

bia, llevaron a que Olaya suspendiera el pago de los vencimientos correspondientes a la deuda externa, en abril de 1933. El presidente Olaya Herrera pensaba, según historiadores como David Bushnell y Paul W. Drake, que las relaciones entre Colombia y los Estados Unidos se debían entender en una manera global. Las negociaciones con los banqueros privados y con los empresarios, en consecuencia, eran incluidas por Olaya en la agenda de conversaciones con los representantes del Departamento de Estado y con el jefe diplomático de los Estados Unidos en Bogotá. Por esta misma razón, Olaya creía que las concesiones que se hicieran a las compañías de capital privado, a través de las negociaciones con el gobierno, se reflejarían en beneficios para Colombia con relación al problema más apremiante del momento: el de la necesidad de conseguir nuevos créditos para equilibrar la balanza cambiaría. Así pues, Olaya cooperó estrechamente con las compañías norteamericanas, con el fin de atraer capital de los Estados Unidos. Como parte de ello, el gobierno colombiano aceptó varias recomendaciones de la embajada norteamericana en relación a políticas de comercio tales como la disminución de aranceles para importaciones de ese país. En el ensayo anteriormente mencionado de Paul Drake, se recoje una cita del jefe de la misión norteamericana en Bogotá, en 1933, en la que se ufana de haber favorecido los intereses del capital privado de su país: «Tengo el honor de señalar con todo respeto que esta misión diplomática, desde finales de 1928, ha desempeñado un papel crucial en la promoción de los intereses empresariales de los Estados Unidos, representado en unos cuantos millones de dólares.» Varias empresas con capital norteamericano se beneficiaron de la actitud colombiana, la cual no estuvo exenta de alguna oposición doméstica dirigi-

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da a atacar al gobierno por convertirse en una «colonia yankee». Entre tales empresas se beneficiaron en forma singular la United Fruit Company y algunas compañías petroleras. La primera de ellas, productora de banano en la costa norte de Colombia en donde comenzaba un vasto imperio que se extendía en varios países centroamericanos hasta Guatemala, logró que el gobierno colombiano apoyara sus pretensiones en contra de las demandas de los trabajadores por salarios más altos y del Congreso por la imposición de nuevos tributos fiscales. Igualmente se beneficiaron las compañías petroleras. Olaya implantó una nueva legislación facilitando y estimulando la exploración y explotación de este recurso, considerando que con

En 1947, cuando Alfonso López Pumarejo presidía el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, fue invitado por Nelson A. Rockefeller a dictar una conferencia en el Rockefeller Center de Nueva York.

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ello se estaban abriendo las puertas de tratado de seguirle el juego a los amelos bancos norteamericanos para que ricanos; logré que se aprobara la ley de allí salieran nuevos fondos para Co- de petróleos que deseaban y se firlombia. Sin embargo, las difíciles con- mara la concesión Barco (para la Gulf diciones de la economía internacional Oil); he tratado de proteger los intecondujeron a que los banqueros no reses norteamericanos en lo referente respondieran en la forma como Olaya, a los aranceles, etc. Me rompe el coy la propia secretaría de Estado, de- razón ver que los americanos me han seaban. Los créditos se hicieron más defraudado en el último momento.» difíciles, a pesar de los esfuerzos que Finalmente, la última cuota del había adelantado el presidente Olaya mencionado crédito fue transferida Herrera. Cada vez con mayor insisten- luego que el Departamento de Estado cia, entonces, los empréstitos se ofre- y Edwin W. Kemmerer, además de las cían a cambio de mayores exigencias, compañías petroleras, intervinieron lo cual a su vez fortalecía a la oposi- en este proceso de complejos intereses ción doméstica que enfrentaba Olaya enfrentados. por su «entrega al imperialismo». Así, El asunto de los nuevos créditos la última cuota del crédito por veinte para Colombia no fue sin embargo el millones de dólares que había obteni- punto principal en la agenda de las redo Olaya en junio de 1930 como pre- laciones bilaterales con Estados UniEl presidente electo Alfonso López Pumarejo y sidente electo fue suspendida por el dos durante el gobierno de Eduardo el secretario de Estado grupo de bancos con quienes se había Santos. Estaba pendiente, también, el norteamericano Cordell contratado. de los créditos «viejos». Hull, durante un almuerzo En efecto, desde los años de la deEste hecho condujo a una frustraen la Unión Panamericana, en ción por parte del presidente de Co- presión, el país no había adelantado Washington, el 21 de julio lombia, ante la evidencia de que el supagos correspondientes a su deuda exde 1934. En su primer terna. Como se anotó anteriormente, puesto sobre el que se había basado mandato, López no dio la administración Olaya se vio en la toda su política exterior, es decir, que prioridad al servicio de la deuda externa, impuso se maximizaba el provecho para Co- necesidad de suspenderlos cuando se restricciones a la United lombia al entenderse globalmente con precipitó el conflicto con el Perú, en Fruit Company y 1933, luego de un lapso durante el cual los Estados Unidos, se estaba cayenestableció una el gobierno se había empeñado en do. Paul Drake recoje la frustración reglamentación en mantener los pagos correspondientes presidencial en una conversación con defensa de los productores nacionales. al servicio de la deuda a pesar de que el embajador norteamericano: «He en el continente la conducta general era la contraria. Posteriormente, durante la administración López, no se concedió prioridad a este problema. En cambio, Eduardo Santos y su ministro de Hacienda, Carlos Lleras Restrepo, consideraron que la normalización del flujo de repago de la deuda externa era una condición necesaria para reforzar las relaciones con los Estados Unidos. Colombia tenía deudas que se habían originado en los años veinte, y aun antes. De ellas, el mayor volumen y el que mayor interés acaparó de parte de los Estados Unidos fue el correspondiente a bonos del gobierno colombiano que se habían colocado en el mercado financiero de los Estados Unidos.

. Capítulo 1

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La administración Santos adelantó complejas negociaciones en las cuales participaron diversos representantes de ambos gobiernos y de los tenedores de bonos. Finalmente, como lo describe David Bushnell en forma detallada, se logró un acuerdo que a la vez implicó el pago de la deuda externa colombiana y la base para que algunas entidades norteamericanas y multilaterales, con el visto bueno de la administración Roosevelt, le concedieran empréstitos a Colombia con recursos frescos. El punto de la deuda externa estuvo acompañado de otros asuntos económicos de gran importancia en las relaciones exteriores de Colombia durante el período de la segunda guerra mundial y en los años inmediatamente posteriores. Los Estados Unidos, al comenzar la guerra, eran el principal mercado para los productos colombianos que se vendían en el exterior, era la fuente principal de recursos de crédito para inversión, y era el mayor proveedor de los llamados bienes de capital, es decir, los que se utilizan en la producción de otras mercancías. Antes de la guerra, dicha situación se había consolidado en un ambiente de armonía en las relaciones interamericanas, que se derivaba de los intentos por parte del presidente Franklin Delano Roosevelt en el sentido de darle un giro al tratamiento de las naciones latinoamericanas por parte de Washington. Roosevelt había llegado a la presidencia en 1933, cuando la gran crisis mundial todavía dejaba sentir sus secuelas, y adelantó un agresivo programa económico para devolverle a su país el dinamismo productivo. El cual, desde luego, arrastró a otras economías hacia un mayor crecimiento. El gobierno norteamericano utilizó novedosas políticas económicas inspiradas en las más tempranas obras de John Maynard Keynes, según las cuales las fuerzas libres del mercado nunca llegarían, por sí solas, a un punto de pleno empleo de todos los factores de la producción.

Roosevelt acogió la idea de Keynes según la cual el Estado debía entrar a participar activamente en la actividad económica con el fin de proveer la demanda efectiva suficiente para llegar al pleno empleo. Aunque la obra cumbre de Keynes, la Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, salió en 1936, desde su llegada a la Casa Blanca Roosevelt comenzó a iniciar lo que vino a llamarse como el «Nuevo Trato» (New Deal), que a su vez abría las puertas al «Estado benefactor». El Estado norteamericano adelantó programas fiscales agresivos con el fin de redistribuir la riqueza a través del gasto del Estado, y la activa participación de este último en el desarrollo de programas sociales, los cuales estaban diseñados para beneficiar preferentemente a los estratos más pobres de la población. El Nuevo Trato tuvo su correspondiente modelo en el plano de las relaciones exteriores norteamericanas. Aunque la nación mantuvo su posición de aislamiento de los asuntos internacionales tal como había sido la tradición de la política exterior norteamericana, Roosevelt le dio un vuelco a las relaciones interamericanas mediante la formulación de la llamada política del «buen vecino». En ésta, los Estados Unidos buscarían una forma de tratamiento a las naciones latinoamericanas que evitara

El embajador norteamericano Spruille Braden y el coronel Suárez en el palacio de la Carrera, durante una reunión diplomática. Braden actuó como mediador entre el gobierno y la United Fruit Company.

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Manuel Prado Ugarteche, presidente del Perú (19391945) y Eduardo Santos, en Bogotá. La reunión de los dos mandatarios, un reflejo de la función del Ministerio de Relaciones de Colombia como "Ministerio de Fronteras".

los episodios inamistosos del pasado, los cuales principalmente se originaban en las repetidas intervenciones armadas de miembros de la marina norteamericana en países localizados al sur del río Bravo. Éstas se habían producido con frecuencia desde comienzos del siglo, luego de la guerra de España y Estados Unidos, como se anotó con anterioridad. Al llegar Roosevelt al poder, en 1933, existían situaciones de crisis en varias naciones latinoamericanas. Fundamentalmente, en Cuba y en Nicaragua. La nueva administración interpretó esta coyuntura como un fracaso de la política intervencionista, y por esa razón buscó la introducción de un cambio en el criterio global del manejo de los asuntos hemisféricos por parte de Washington. Como parte del nuevo esquema, se fortalecieron los vínculos entre los ejércitos latinoamericanos y de los Estados Unidos y, lo que es más importante, se adoptó el principio de la «no intervención» en los asuntos domésticos de otros países. En la 7.a Conferencia Interamericana celebrada en

Montevideo en el mismo año de la toma de posesión de Roosevelt, en el artículo 8.° se aprobó: «Ningún Estado tiene derecho de intervención en los asuntos internos o externos de otro.» Como lo sostiene Carlos Sanz de Santamaría en su libro Interamericanismo contemporáneo, publicado como volumen complementario a la Historia extensa de Colombia, en anteriores oportunidades varios gobiernos latinoamericanos habían intentado la aprobación de una resolución semejante, pero habían chocado siempre con la oposición de los representantes de Washington. Tal había sido el caso, durante la anterior conferencia de La Habana, en 1928. Dos años más tarde, Franklin D. Roosevelt sancionó la ley de neutralidad de su país, en momentos en que comenzaba a percibirse el conflicto europeo. En ella, y en la posterior modificación que solicitó al Congreso, Roosevelt demarcaba dentro de los terrenos que cobijaban a la neutralidad a toda la América Latina y a las aguas marinas que la rodean. En la mencionada reforma fue incluida, hacia el norte, la inmensa isla de Groenlandia. Los Estados Unidos considerarían un acto de agresión el traspaso por parte de submarinos, barcos o aviones de los países del eje, de cualquiera de los límites trazados dentro del área que demarcaba la neutralidad de los Estados Unidos. De esta manera, y siguiendo a Sanz de Santamaría, la política exterior de Roosevelt globalizó a las relaciones interamericanas elevándolas al plano de las relaciones de Estados Unidos con el resto del mundo. A la vez que el continente pasaba a ser parte de la actitud de Washington ante la inminente guerra mundial que se avecinaba, la ley de neutralidad significó un apoyo militar para América Latina. El conflicto mundial del final de los treinta, y la política del buen vecino de la administración Roosevelt, sirvieron de marco para las relaciones de Colombia con Estados Unidos, en momentos en que el comercio de algunos

Capítulo 1

productos, por la desfavorable coyuntura que representaba el conflicto bélico europeo, se convirtió en un aspecto fundamental de las relaciones bilaterales entre Bogotá y Washington. Si bien hubo conversaciones entre el gobierno de Santos y la Casa Blanca sobre las necesidades estratégicas de protección al continente y al canal de Panamá, y si bien ellas derivaron en rumores sobre una eventual exigencia por parte de Estados Unidos en el sentido de que Colombia le permitiera instalar bases para la protección de este último, fueron nuevamente los aspectos económicos los que el gobierno colombiano consideró de mayor importancia. En medio de un agudo debate en la opinión pública, estimulado por la oposición conservadora a Santos, la cual lo acusaba de ser demasiado tolerante con el imperio materialista de los Estados Unidos, Colombia sintió que la guerra se aproximaba en la forma de cierre de mercados para sus productos principales de exportación: el café, el banano y el petróleo.

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Como se mencionó anteriormente, Estados Unidos era en 1938 el principal comprador de las exportaciones de Colombia. Adquiría el 80 % del café, mientras que Alemania sólo se quedaba con el 16 %. Este producto era la mayor fuente de adquisición de divisas, pues representaba el 54,4 % del total de las exportaciones colombianas. Le seguían en importancia el petróleo crudo, con un 22,8 %, y el oro con un 11,5 %. Naturalmente, la guerra mundial se reflejó en la forma de una menor demanda por los productos nacionales. Y ello, a su vez, implicó una tendencia a la baja en los precios de los mismos, lo cual abría toda una serie de interrogantes sobre el futuro cambiario y fiscal del país. El gobierno de Eduardo Santos y su ministro de Hacienda, Carlos Lleras Restrepo, tomaron prontas medidas entre las que se destacó la creación de un subsidio de dos pesos por cada saco de café. Además de ello, Colombia por primera vez entró a participar en serio en

Durante un banquete ofrecido por Alfonso López Pumarejo a la delegación colombiana que asistiría a la Conferencia de Cancilleres que se reunió en México el 21 de febrero de 1945, presidida por el recién nombrado canciller Alberto Lleras Camargo, aparecen, además de éste, Emilio Toro, Fernando Solazar, José Vicente Combariza, Alberto González Fernández y Carlos Lleras Restrepo, entre otros. A la izquierda, Juan Pablo Llinás, alcalde de Bogotá.

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Durante la IV reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores de América Latina, Alberto Lleras, secretario general de la OEA, durante una cena en honor de Harry S. Truman, quien acababa de asumir la presidencia a la muerte de Roosevelt, abril 12 de 1945. Con ellos, Manuel Tello, de México, Virgilio Díaz Ordóñez, de República Dominicana, John F. Simmons, jefe de protocolo del Departamento de Estado, y William Manger, alto funcionario, en Washington.

una iniciativa que ante la compleja coyuntura internacional volvía a tomar un poco de fuerza: la de la creación de un convenio latinoamericano de productores de café que sirviera para mantener los niveles de los precios. La idea había sido planteada en anteriores ocasiones, pero Colombia no la había acogido. En realidad, hasta el momento el café colombiano había encontrado en el mercado mundial una demanda suficientemente inelástica como para permitirle la venta de todo el café producido a precios superiores a los de otras especies. Esta situación comenzaba sin embargo a alterarse, por lo cual los representantes de la administración Santos a la Tercera Conferencia Panamericana del Café, celebrada en Nueva York en 1940, participaron activamente y apoyaron en principio la adopción de un acuerdo sobre cuotas de exportación. Por su parte, la delegación de los Estados Unidos también acogió esta idea, pues la administración Roosevelt consideraba que un mayor descenso en los precios del grano podría tener efectos políticos perjudiciales sobre las nacionales cafeteras. A su posición de respaldo, los Estados Unidos añadieron una exigencia en el sentido de que los países consumidores entraran a formar parte de este esquema. Aunque en la mencionada conferencia se llegó a un principio de acuer-

do, la posición de Colombia en cuanto a las cuotas fue muy rígida e impidió temporalmente el logro del mismo. Finalmente, y en medio de las negociaciones que la administración Santos adelantaba con Estados Unidos en relación a los créditos «nuevos y viejos», como los llama David Bushnell, Colombia cedió, y suscribió un acuerdo latinoamericano que le dejó al país una cuota de 3,2 millones de sacos, aproximadamente un 20 % de las exportaciones del continente. El acuerdo fue un resultado básicamente de las negociaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos, y en los años inmediatamente siguientes tuvo los favorables efectos sobre los precios que se habían planeado. En esta forma, el café continuó siendo el principal motor de la vida económica colombiana y la columna vertebral de sus relaciones exteriores. Otro aspecto importante en la agenda bilateral de Estados Unidos y Colombia durante la época fue el del banano. El 49 % de las exportaciones colombianas de este producto iba al mercado norteamericano en 1938, pero el asunto tenía especial relevancia por la participación de una compañía estadounidense, la United Fruit Company, en la producción y en la exportación. Aunque la frutera sólo producía una quinta parte de los bananos que Colombia vendía en el exterior, paralelamente compraba a pequeños cultivadores independientes y exportaba esta producción, lo cual le daba a la compañía un virtual monopolio en la comercialización y una gran influencia en el comercio internacional del país. Durante la primera administración López Pumarejo, según relata David Bushnell, Colombia había establecido una reglamentación que protegía a los productores nacionales limitando a dos años, entre otras cosas, la duración de los contratos de venta a la United Fruit Company, que hacía la exportación. Ésta y otras medidas, así como el diferente trato que López dio a los funcionarios de la frutera en

Capítulo 1

comparación con su antecesor Olaya Herrera, había ocasionado quejas por parte de los representantes de la multinacional y aun de la embajada norteamericana, para quienes las actuaciones del gobierno de la Revolución en Marcha eran de claro hostigamiento contra la compañía domiciliada en Boston. Al llegar a la presidencia Eduardo Santos los problemas relacionados con la producción y comercialización de banano se aumentaron y en consecuencia creció la importancia de dicho producto en las relaciones de los dos países. Denuncias en el sentido de que la frutera había sobornado a funcionarios del gobierno colombiano tomaron cuerpo. Desde algunos años más atrás, además, la zona de producción del banano había mostrado indicios de que se empezaba a propagar una enfermedad, la sigatoka negra, cuyo control requería costosas inversiones que la compañía no deseaba hacer ante la incertidumbre de la actitud del gobierno de López hacia ella. El embajador norteamericano en Bogotá, Spruille Braden, actuó como mediador entre el gobierno y la compañía para buscar una fórmula de acuerdo para el incipiente conflicto. En medio de las negociaciones, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales algunas de las regulaciones especificadas en la legislación aprobada durante la administración López, lo cual aparentemente contribuyó a mejorar el clima entre las partes. Efectivamente, en 1941 se suscribió un acuerdo entre el gobierno de Colombia y la United Fruit Company que autorizaba a esta última a desarrollar por su cuenta programas para combatir la sigatoka negra y a firmar contratos con los productores por un plazo superior a los dos años. A pesar de ello, sin embargo, demoras en las partes para poner en marcha el acuerdo y para acordar algunos puntos adicionales condujeron a que La Frutera suspendiera sus operaciones comerciales pero mantuviera sus propiedades

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agrarias para una eventual reanudación de labores en el futuro. Un resultado diferente tuvo, en cambio, la negociación sobre inversión norteamericana en la industria petrolera. Como se recordará, la legislación en este sentido favorecía ampliamente al capital foráneo desde la adopción por parte del gobierno de Suárez de un régimen legal. Éste había sido modificado durante las administraciones Olaya y López, pero en todo momento mantuvo el atractivo para el capital extranjero. El gobierno de Santos en 1941, presionado en parte por la fuerte oposición conservadora (El Siglo y la Iglesia) a la inversión norteamericana, presentó al Congreso un proyecto de reforma que, según los analistas de la época, sólo cobijaba aspectos secundarios. Como resultado, los inversionistas norteamericanos en el campo petrolero, al contrario de sus colegas de la United Fruit Company, mantuvieron sus operaciones en Colombia en el período final de la segunda guerra mundial. Tanto durante los años de la guerra como en el período que le siguió, la posición de Colombia en el contexto internacional estuvo caracterizada por una estrecha relación con los Estados Unidos. Este hecho, además, constituía la columna vertebral del sistema interamericano a la vez que la política hemisférica adquiría una dimensión global en el campo de la lucha entre las potencias. Durante la guerra, la América Latina fue sumándose poco a poco, bajo la tutela de Washington, en su solidaridad con los países aliados. En la posguerra sucedió igual cosa, pero la colaboración se alineaba de acuerdo a los dos nuevos bloques heredados del conflicto mundial: el capitalista y el comunista. El continente hizo parte del primero con la sólida participación de Estados Unidos, de tal forma que, como se verá más adelante, la política exterior de la mayor parte de las naciones latinoamericanas se caracterizó por la lucha contra el expansionismo del comunismo internacional.

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Alberto Lleras Camargo, como canciller de Colombia, firma la Carta de Constitución de las Naciones Unidas, en la ciudad de San Francisco, el 7 de julio de 1945, observado por Eduardo Zuleta Ángel.

Franklin D. Roosevelt firma la declaratoria de guerra a las potencias del Eje, luego del ataque japonés a Pearl Harbour, el 6 de diciembre de 1941. Colombia rompió relaciones con Japón y decidió su apoyo a los Aliados.

Colombia adoptó una actitud de neutralidad en la guerra mundial hasta el ataque de los japoneses a Pearl Harbor, el 7 de diciembre de 1941. Este hecho llevó a que Colombia suspendiera sus relaciones con el imperio japonés y acelerara una serie de procesos políticos domésticos que llegaron a afectar sus relaciones bilaterales con Washington. De una parte, perdieron fuerza algunos grupos que sentían cierta simpatía por el Eje. Entre éstos

tenía especial relevancia el ala laureanista del partido conservador, que se había opuesto a la política de colaboración con Estados Unidos de los gobiernos liberales de Olaya y de Santos. Laureano Gómez, desde su tribuna del periódico El Siglo impulsaba en efecto una política de acercamiento con el régimen español de Francisco Franco. En segundo lugar, con posterioridad al ataque a Pearl Harbor, Colombia y Estados Unidos definieron con mayor claridad cuál sería la participación de la primera en la defensa del hemisferio. Los dos países, según anota David Bushnell en su mencionada obra sobre la política exterior de la administración Santos, habían adelantado conversaciones sobre este tema desde el año 1940. Para los Estados Unidos constituía una notable preocupación la posibilidad de que un poder cualquiera pudiera buscar desde Colombia un ataque militar contra el canal de Panamá. Las negociaciones entre Bogotá y Washington incluyeron en su agenda un proyecto de ayuda por parte de Washington para reforzar el equipo militar colombiano. Cualquiera que fuese el papel de Colombia en la defensa del Canal, de su propio territorio o de la lucha contra el eje nazifascista, era claro que sus fuerzas militares no contaban con la infraestructura bélica que se requería. Las conversaciones se centraron entonces en un préstamo que harían los Estados Unidos para compra del mencionado material, pero fueron dilatadas por el gobierno colombiano a causa de la sensibilidad que tenía el tema en la política doméstica y en las relaciones entre el gobierno y la oposición. En 1942 se revivieron las conversaciones y en el mes de marzo se firmó un convenio de préstamo y arriendo entre las dos naciones, en el cual se recogían los puntos tratados en las negociaciones llevadas a cabo antes del ataque a Pearl Harbor. Obviamente, la participación de Colombia en la guerra no tuvo nunca

Capítulo 1

una dimensión considerable. El gobierno de Santos se solidarizó con las fuerzas aliadas (Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y la URSS) y adelantó algunas medidas que «desalemanizaron» algunas empresas y afectaron a los ciudadanos de esa nacionalidad que habitaban en el país. Un pequeño incidente se presentó en las relaciones con los Estados Unidos cuando representantes de ese gobierno denunciaron la supuesta presencia de actividades de «quinta columna» desarrolladas por alemanes en Colombia. El hecho llegó hasta el punto de que el presidente Roosevelt, en un discurso público realizado el 11 de septiembre de 1941, afirmó que Alemania tenía bases secretas en Colombia. El episodio nunca pasó a mayores, pero naturalmente produjo una considerable polémica doméstica que temporalmente les dio alguna fuerza a los sectores pronazis de la opinión pública. En general, entonces, la posición de Colombia durante el conflicto mundial se caracterizó por la solidaridad con las fuerzas aliadas, la cual se definió con la entrada a la guerra de los Estados Unidos. Hacia 1944, cuando comenzó a diseñarse el orden institucional de la posguerra, Colombia participó en los diversos foros y conferen-

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cias con gran entusiasmo. El doctor Alfonso López Pumarejo y Eduardo Zuleta Ángel, por ejemplo, Eduardo Zuleta Ángel en la 89a. reunión del fue presidente de la reunión preparaConsejo de Seguridad de toria para la Primera Asamblea Gelas Naciones Unidas. neral de la Organización de las Nacio- López se opuso al derecho nes Unidas, y el ministro de Hacienda, de veto acordado en la Carlos Lleras Restrepo, ocupó un ONU a Estados Unidos, asiento en el Consejo Económico y Unión Soviética, China, Francia e Inglaterra. Social de la recién fundada institución. En la formación de la ONU, así como de los otros organismos del sistema internacional de-la posguerra tales como el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y el Fondo Monetario Internacional, Colombia estuvo presente como miembro-fundador. Eduardo Zuleta Ángel en la ONU. Fue presidente de la reunión preparatoria para la primera Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, de la cual Colombia es socio fundador.

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MINISTROS DE HACIENDA (1930-1945) Año

Nombre

Fecha de iniciación

1930

Francisco de Paula Pérez Jesús M. Marulanda Esteban Jaramillo

7 agosto 28 julio 27 noviembre

1930 1931 1931

1934

Carlos Uribe Echeverri Marco A. Auli Jorge Soto del Corral Gonzalo Restrepo José Joaquín Castro Ramírez Gonzalo Restrepo Héctor José Vargas

7 agosto 13 agosto 26 octubre 4 abril 27 marzo 4 junio 2 abril

1934 1934 1934 1934 1937 1937 1938

1938

Carlos Lleras Restrepo Gonzalo Restrepo Carlos Lleras Restrepo

7 agosto 3 abril 26 agosto

1938 1941 1941

1942

Alfonso Araújo Arcesio Londoño Palacio Carlos Lleras Restrepo

7 agosto 23 agosto 8 octubre

1942 1943 1943

1943

Carlos Lleras Restrepo Gonzalo Restrepo

19 noviembre 1943 1944 6 marzo

1944

Gonzalo Restrepo Roberto Urdaneta Arbeláez Carlos Sanz de Santamaría

30 junio 30 marzo 9 abril

1945

Francisco de Paula Pérez

Recientemente, el ministro de Relaciones Exteriores, Augusto Ramírez Ocampo, recordaba estos hechos en su discurso ante la 40 asamblea general de la ONU. Colombia hizo parte de la reunión de San Francisco en donde se adoptaron los principios fundamentales de lo que luego sería la Carta de las Naciones Unidas, sobre la base de las conclusiones de una reunión previa: la conferencia de Yalta. Los representantes colombianos se opusieron con gran decisión al principio del poder de veto que se había acordado en Yalta para las cinco potencias con asiento permanente en el

1944 1945 1945

9 septiembre 1945

Consejo de Seguridad de la ONU: Estados Unidos, la Unión Soviética, China, Francia e Inglaterra. Ramírez Ocampo citó en su discurso al ex presidente Alfonso López Pumarejo cuando en nombre de Colombia rechazó el mencionado poder de veto de los superpoderes: «El veto significa que los intereses de cinco grandes potencias quedarán sujetos al deseo de una. El resultado será siempre un acuerdo para no actuar. Esta inacción les causará al Consejo y a las grandes potencias una pérdida de prestigio y conducirá al decaimiento de la organización. No es sabio hacer imposible futuras enmiendas.»

Capítulo 1

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Algunos ministros de Relaciones Exteriores de Colombia, durante el período de los gobiernos liberales (1930-1946).

Nueva Historia de Colombia. Vol. ///

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MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES (1930-1946) Fecha iniciación

F. terminación

Nombre

Agosto 1930 Diciembre 1930 Julio 1931 Septiembre 1933 Agosto 1934 Febrero 1935 Noviembre 1935 Abril 1936 Enero 1937 Junio 1937 Enero 1938 Abril 1938 Agosto 1938 Enero 1939 Julio 1939 Octubre 1939 Agosto 1940 Octubre 1941 Marzo 1944 Julio 1944 Septiembre 1945

Diciembre 1930 Julio 1931 Septiembre 1933 Mayo 1934 Diciembre 1934 Septiembre 1935 Abril 1936 Noviembre 1936 Junio 1937 Diciembre 1937 Marzo 1938 Agosto 1938 Diciembre 1938 Mayo 1939 Septiembre 1939 Julio 1940 Septiembre 1941 Julio 1942 Junio 1944 Septiembre 1945 Agosto 1946

Eduardo Santos Raimundo Rivas Roberto Urdaneta Arbeláez Alfredo Michelsen Roberto Urdaneta Arbeláez Enrique Olaya Herrera Ernesto González Piedrahíta Jorge Soto del Corral Jorge Soto del Corral Gabriel Turbay Gabriel Turbay Antonio Rocha Luis López de Mesa Luis López de Mesa Luis López de Mesa Luis López de Mesa Luis López de Mesa Luis López de Mesa Carlos Lozano y Lozano Darío Echandía Fernando Londoño y Londoño

Bibliografía BUSHNELL, DAVID.

Eduardo Santos y la política del Buen Vecino. Bogotá, El Ancora Editores,

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BUSHNELL, DAVID.

Capítulo 2

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La política exterior colombiana (1946-1974) Fernando Cepeda Ulloa Rodrigo Pardo García-Peña

E

n 1946 el proceso político colombiano experimentó un tránsito hacia una nueva fase. En las elecciones presidenciales el partido liberal se presentó con dos candidatos, Gabriel Turbay y Jorge Eliécer Gaitán, lo que permitió la victoria conservadora con Mariano Ospina Pérez. Quedaba atrás la República Liberal y retornaba al poder, luego de dieciséis años, el partido político que había gobernado a Colombia durante la mayor parte del siglo XX. Desde el punto de vista de la política exterior, dicho cambio no implicaría una alteración en el rumbo de su orientación, como se deduce de la siguiente afirmación del presidente Ospina Pérez en su toma de posesión ante el Congreso: «De la acertada dirección de la política exterior depende la solución de los grandes problemas nacionales: el precio del café, el desarrollo y la propia subsistencia de nuestras industrias, el fomento de la agricultura, la posibilidad de tener un sistema monetario acorde con nuestros intereses, la adquisición de recur-

sos extraordinarios para obras de grande aliento, y, por encima de todo, la paz, la tranquilidad y la seguridad del país.» En realidad, no había muchas posibilidades de que el nuevo gobierno introdujera una política exterior significativamente distinta de la de la administración López-Lleras Camargo. De una parte, porque el conservatismo llegaba al poder con el liderazgo de la fracción que rivalizaba con Laureano Gómez. Había sido este último quien con mayor decisión se había apartado de la política exterior de los gobiernos liberales en los años inmediatamente anteriores a la segunda guerra mundial. Como se anotó atrás, Resello sobre una estampilla de correos de Colombia con las efigies de Stalin, Roosevelt y Churchill, en conmemoración de la conferencia de Yalta, celebrada en la residencia palaciega de Livadia, en Ucrania, entre el 4 y el 11 de febrero de 1945.

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Conferencia de Yalta, febrero de 1945. Con Churchill, Roosevelt y Stalin aparecen Anthony Eden, Edward Settenius, Alexander Cadogen, V.M. Molotov y Averell Harriman. Allí se efectuó un reparto de zonas de influencia entre los tres grandes.

el desarrollo del conflicto europeo tuvo el efecto de consolidar, poco a poco, el apoyo de toda la América Latina para las naciones aliadas. En segundo lugar, el cambio del partido político en el gobierno no podía llevar consigo una nueva política exterior porque ésta, en gran medida, estaba determinada por las condiciones coyunturales de la política internacional. Al terminar la guerra, un nuevo conflicto dividía al mundo en torno a los polos de las dos grandes potencias que emergieron de la lucha militar, obligando a las naciones a alinearse con alguno de ellos. El enfrentamiento entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, la «guerra fría» como vino a llamársele, redujo todos los espacios que habrían podido existir para la realización de una política exterior por parte de los países militarmente débiles. Las nue-

vas características de la política entre las naciones mostraban un rompimiento del bloque que había ganado la guerra, lo cual dejaba sin piso la posibilidad de que un nuevo orden internacional institucionalizara la paz hegemónica de los vencedores. En lugar de propiciar el rápido retiro de las tropas soviéticas de los lugares que habían ocupado en la guerra dentro de la estrategia desarrollada para desalojar a las fuerzas del eje nazi-fascista, José Stalin consolidó la presencia comunista en Europa oriental y dejó ver intenciones de expandirlo hacia Grecia y Turquía. La reacción del presidente norteamericano Harry S. Traman, quien había reemplazado a Franklin D. Roosevelt a su muerte en 1945, fue la de lanzar a su país a participar activamente en los eventos mundiales con el fin de contener la percibida pretensión expansionista de la Unión Soviética. Atrás quedaba el período de aislacionismo de los Estados Unidos en el mundo. Aceptando los planteamientos de un funcionario norteamericano en Moscú, George Kennan, quien puso de presente en telegrama a la Secretaría de Estado que el apetito imperialista de Stalin era un peligro para Occidente y para todo el orden de la posguerra, el presidente norteamericano formuló en 1947 la llamada «doctrina Traman». Ante una sesión conjunta de las dos cámaras del Congreso de su país, el 12 de marzo, el presidente dijo: «En el momento presente de la historia mundial, casi todas las naciones deben escoger entre dos formas alternativas de vida. Dicha elección frecuentemente no es libre.» Las alternativas, desde luego, eran el modo de producción capitalista, con libertades democráticas y gobiernos elegidos popularmente en virtud de la garantía a las libertades individuales, y el comunismo, basado en la «voluntad de una minoría» que, en palabras de Traman, «se imponía con el terror y la opresión, con prensa y radio controlados, elecciones arregladas y la supresión de las libertades personales».

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La debilidad de la antigua potencia, Inglaterra, para contener al comunismo que amenazaba a Grecia y Turquía obligaba a Estados Unidos, la gran potencia de la posguerra, a participar en los asuntos europeos. A su vez, el enfrentamiento entre Washington y Moscú determinaba que las naciones debían alinearse con uno u otro. Tal era la enseñanza de la doctrina Truman, que en buena medida marcó el rumbo de la política internacional en la fase inmediatamente siguiente a la derrota del totalitarismo en Europa y en Japón. Los Estados Unidos diseñaron y entraron a aplicar una estrategia de contención que suponía la bipolaridad política del mundo y la alineación de todas las naciones, reunidas en esferas de influencia de cada una de las superpotencias, alrededor de cada una de ellas. La política exterior de Colombia y de todas las demás naciones del hemisferio se vio así limitada por la coyuntura mundial. De acuerdo con la doctrina Truman, y continuando la línea pronorteamericana heredada de la participación en la guerra al lado de los gobiernos aliados, los estados americanos adoptaron el anticomunismo como característica principal de sus acciones en el contexto mundial. Como lo había declarado con claridad y franqueza el presidente Truman, «la elección no siempre era libre». A la América Latina le correspondía un papel determinado en la guerra fría: hacía parte de la zona de influencia norteamericana. Pertenecía a Occidente, y como tal debía apoyar a la estrella Polar del hemisferio en su batalla con el comunismo internacional. Así como todos los países latinoamericanos, unos con mayor resistencia y mayor rezago que otros, habían terminado participando en la guerra al lado de los Estados Unidos, así también todos, sin excepción, recibieron la imposición de «peones de la guerra fría», según afortunado símil del ex presidente Alfonso López Michelsen. Dicho papel entró a ser formalizado en Río de Janeiro en el mismo año de

Alberto Lleras Camargo. A continuación de la formulación de la "doctrina Truman", sobre polarización entre capitalismo y comunismo, Lleras redactó el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, que luego serviría como modelo para el Tratado de Defensa del Atlántico Norte (OTAN), estableciendo la solidaridad continental frente a un eventual ataque soviético.

1947, seis meses después de promulgada la doctrina Truman, mediante un pacto militar regional que aseguró la unidad de todas las naciones americanas en la eventualidad de un ataque por parte del comunismo. El TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, se firmó como el primer acuerdo multilateral del tipo señalado en los artículos 51-53 de la Carta de las Naciones Unidas. Posteriormente se realizarían varios más, todos respondiendo a la misma situación. Las alianzas militares de tipo regional fueron el pasaporte para entrar a hacer parte, formalmente, de la guerra fría al lado de los Estados Unidos. El TIAR fue redactado casi en su totalidad por Alberto Lleras Camargo. El Tratado de Defensa del Atlántico Norte (OTAN) es una reproducción cuasiliteral de éste (abril, 1949). El TIAR no mencionaba concretamente al comunismo. Buscaba, en términos generales, la solidaridad hemisférica ante la agresión de un enemigo común, declarando que toda ofensa que se realizara en contra de un estado americano sería

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Alberto Lleras Camargo, primer secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), con sede en Washington, cargo que desempeñó desde su fundación, en abril de 1948, hasta 1954, año en que fue nombrado rector de la Universidad de los Andes.

Carlos Lozano y Lozano, durante la IX Conferencia Panamericana celebrada en Bogotá (abril, 1948), con Rómulo Betancourt, ex presidente de la Junta Revolucionaria de Gobierno de Venezuela, y el general George Catlett Marshall, autor del famoso plan de ayuda económica a Europa y secretario de Estado del presidente Truman de los Estados Unidos.

tomada como una agresión al continente como un todo. Sin embargo, el TIAR se firmaba como herramienta para enfrentar la amenaza comunista. Casi cuatro décadas más tarde, cuando un país latinoamericano miembro del TIAR se enfrentó en guerra con un poder extracontinental no comunista, los estados americanos no lograron un acuerdo para la utilización del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca y los Estados Unidos, el

mayor poder en la alianza, se alinearon con la nación europea. Fue el caso de la guerra de las Malvinas entre Argentina e Inglaterra en abril-mayo de 1982. Desde un punto de vista institucional y formal, el TIAR aceleró la integración de la América Latina en la alianza de las naciones de Occidente como zona de influencia de la gran potencia, los Estados Unidos, que mantuvo el monopolio de la fuerza nuclear hasta 1949 cuando la Unión Soviética construyó su primera bomba atómica. Al año siguiente de la firma del TIAR, en abril de 1948, se reunió en Bogotá la IX Conferencia Panamericana. En ella, las naciones latinoamericanas intentaron que se elaborara un tratado de tipo económico que garantizara ventajas para los países en vías de desarrollo, en términos de ayuda financiera y de un régimen comercial favorable para sus productos. Recientemente se había lanzado en Europa el llamado Plan Marshall, que incluía la aprobación de fondos por trece mil millones de dólares por parte de los Estados Unidos para la reconstrucción de las naciones destruidas por la segunda guerra mundial. América Latina aspiraba a un tratamiento preferencial a cambio de su apoyo a Occidente en la guerra fría. En la conferencia de Bogotá, interrumpida por el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán y por los disturbios al orden público que le siguieron, se observó el enfrentamiento de intereses entre Estados Unidos y los países situados al sur del río Grande: para éstos, el punto principal en la agenda de las relaciones era el económico, mientras para aquél era el de defensa. La América Latina aceptaba jugar al anticomunismo como miembro de la alianza occidental, pero a cambio de ello aspiraba a que los Estados Unidos, el gran poder económico, pagaran un buen precio. Los reclamos realizados en Bogotá produjeron algunos enfrentamientos que al final fueron superados sin mucha dificultad. Fue aprobada la Carta de la Organización de Estados Ame-

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ricanos y el Pacto de Bogotá, quedando la discusión de los asuntos económicos para una posterior conferencia que en principio tendría lugar en Buenos Aires. La OEA quedó así institucionalizada con sede asignada en Washington, y como su primer secretario general fue escogido el ex presidente colombiano Alberto Lleras Camargo, quien le servirá desde esa posición durante casi una década. El Pacto de Bogotá, por su parte, proveía instrumentos para la solución pacífica de conflictos. Bogotá había servido, así, como escenario para una de las primeras apariciones de la guerra fría en el continente. Tanto que, consecuencia de las repercusiones del asesinato de Gaitán el 9 de abril, y de las posteriores acusaciones a la Unión Soviética en el sentido de ser responsable de la revuelta, el gobierno de Mariano Ospina Pérez rompió las relaciones diplomáticas con el régimen de Moscú. Según palabras del presidente Ospina, publicadas en un reportaje de la época concedido al periodista Valois Arce del semanario Avante, y encabezadas con el título de «El Comunismo y la Conferencia Panamericana», «el comunismo se aprovechó de este dramático instante de la vida nacional (el «Bogotazo») para dar el golpe de gracia a la Conferencia Panamericana, lo que equivalía a un ataque mortal a la política de solidaridad del continente». Colombia en el sistema interamericano Colombia, sede de la IX Conferencia, jugó un papel importante en las deliberaciones que condujeron a la constitución de la OEA y a la firma del Pacto de Bogotá. Posteriormente, con la presencia de Lleras Camargo, participaría en la actuación de todos los organismos del sistema interamericano. Este era el rasgo principal de la política exterior de Colombia, que entraba en una nueva etapa que conservaba, sin embargo, las principales ca-

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racterísticas que históricamente había mantenido. En primer lugar, quedaba claro que Colombia tenía una vocación de servicio a los mecanismos multilaterales. Sus acciones en la OEA y en la Organización de las Naciones Unidas no eran otra cosa que su tradicional apego a los principios jurídicos. La nueva situación de la política mundial le. había dado una nueva connotación a dichos principios, pero la institucionalización legal de estos últimos a través de mecanismos como la ONU, el TIAR y la OEA, le permitía al país entrar en la etapa anticomunista de su

Rómulo Betancourt, delegado de Venezuela a la IX Conferencia Panamericana, habla con Laureano Gómez, recién nombrado ministro de Relaciones Exteriores.

Delegados a la IX Conferencia Panamericana abandonan la ciudad de Bogotá después del levantamiento popular del 9 de abril.

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política exterior dentro de un nuevo marco jurídico. Se conservaba así mismo el Respice polum, pero ahora había otras razones para sostenerlo. Entre éstas, fundamentalmente se encontraba el anticomunismo, que se incorporaba como gran principio de la política internacional colombiana dentro de las previsiones de la doctrina Truman: todas las naciones, no siempre en forma libre, deben escoger inevitablemente

Sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, durante una asamblea general, donde Colombia ha respaldado siempre posiciones "occidentales".

entre el mundo occidental y el comunismo prosoviético. Para Colombia, esta segunda fase de la política exterior del Respice polum, es decir, la fase anticomunista, tenía una diferencia considerable con respecto a la primera: la de un férreo consenso bipartidista. El comunismo como enemigo común unía a los dos grandes partidos políticos tradicionales alrededor de los principios que debían regir el diseño de la política internacional colombiana. Las fisuras que habían existido en el pasado, cuando el ala laureanista del partido conservador se había opuesto al Respice polum adoptado por los gobernantes de la República Liberal, quedaron cerradas para siempre. Si la falta de consenso en el pasado se debía a que Laureano Gómez veía en Estados Unidos un imperialismo materialista que se alejaba de los prin-

cipios cristianos, en la época de la posguerra éste y otros grupos y facciones políticas precisamente basaban su alianza con el mundo occidental en la necesidad de defender los valores democráticos y cristianos de la amenaza roja, totalitaria y atea. Tanto es así, que el gobierno de Laureano Gómez, inaugurado en 1950, continuó con la política exterior del Respice polum. Las tensiones entre el líder conservador y los Estados Unidos quedaron aliviadas por la lucha común contra el expansionismo rojo. Igual que en el pasado, como tercera característica general de la política exterior colombiana, la estrecha relación con Washington tenía también un claro objetivo económico. El anticomunismo le había dado a la relación con Washington una nueva razón de ser y una coherencia interna más sólida, pero no significaba que Colombia renunciara a la satisfacción de sus intereses económicos como principal objetivo a ser cumplido mediante sus acciones en el contexto internacional. Desde este punto de vista, Colombia no se diferenciaba con respecto al resto de las naciones del hemisferio. Se aceptaba el papel de «peones de la guerra fría», con la seguridad de que éste fundamentaba el reclamo del derecho a un tratamiento más favorable desde el punto de vista económico. Es decir, lo que se había observado en la Conferencia Panamericana celebrada en Bogotá era en realidad la gran característica de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina en los años de la posguerra, y de ella no se escapaba Colombia. Refiriéndose a un período posterior, Carlos Sanz de Santamaría resumió con exactitud este elemento típico que también lo fue de la política interamericana de comienzos de los años cincuenta, en su reciente obra Interamericanismo contemporáneo: «Para la América Latina, los motivos políticos y de defensa continental habían pasado ya a un segundo plano y lo que perseguía era un tratamiento eficiente de cooperación in-

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teramericana para el desarrollo económico y el progreso social. Los Estados Unidos, por su parte, no lograron estimular los cambios del sistema conducentes a ese fin. Los gobiernos estadounidenses estaban más interesados en programas políticos e ideológicos.» Mientras Colombia, en efecto, pretendía que de sus relaciones bilaterales con los Estados Unidos quedara la financiación para su proceso de desarrollo, Washington pretendía el apoyo para contener al expansionismo soviético. En la Conferencia de Bogotá, los enviados de la administración Truman logran su cometido. Los de las naciones latinas no, pues se aplazó la discusión de los temas económicos, y el gobierno de Truman evitó que la nueva cita se cumpliera. En lo que le quedaba de su período presidencial, hasta 1953, el presidente norteamericano se . opuso a la 'realización de una nueva conferencia panamericana. Colombia, entretanto, participaba activamente en los foros multilaterales del mundo occidental. Al mismo tiempo, reclamaba de los organismos que forman parte del sistema económico internacional unas relaciones que dejaran como resultado la financiación y el diseño de los proyectos de desarrollo económico. Ambas acciones ponían de presente la vocación multilateral y de apego a los principios jurídicos, mientras que a la vez demostraban que el país aceptaba que sus relaciones con Estados Unidos se enmarcaran dentro de una clara negociación: el apoyo de Colombia en la guerra fría a cambio del apoyo de los Estados Unidos en el desarrollo económico doméstico. La segunda fase del Respice polum. Dentro de lo primero, los representantes de Colombia en los foros internacionales como la ONU y la OEA fueron siempre activos y comprometidos con los intereses de Occidente. En 1947 y 1948, por ejemplo, en las discusiones que se llevaron a cabo en el seno de la Asamblea General de la ONU sobre la definición del estado

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palestino, Colombia intervino a través de su representante, el ex presidente Alfonso López Pumarejo, en favor de la posición «occidental». Desde entonces, Colombia ha apoyado la causa del estado de Israel. Igualmente, cuando en 1951 estalló la guerra de Corea, el gobierno conservador de Laureano Gómez envió mil hombres y una fragata. Corea se constituía en el primer escenario en el cual la guerra fría pasaba al enfrentamiento armado, y por esa razón Colombia participaba en la fuerza multilateral de pacificación que viajó al sureste asiático con el fin de repeler la invasión de Corea del Norte. Esta última había sido condenada por el Con-sejo de Seguridad de las Naciones Unidas en ausencia del representante soviético, lo que le sumaba a la guerra

Una reunión extraordinaria de la OEA, para tratar el tema de la Alianza para el Progreso, en los primeros años 60. Preside Alberto Lleras Camargo, el secretario general A. Mora, Juscelino Kubitschek, ex presidente de Brasil, Rodolfo A. Weidmann, de Argentina.

Alfonso López Pumarejo preside la delegación colombiana en la ONU, en la cual también presidió el Consejo de Seguridad (1947).

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Teniente coronel Alberto Ruiz Novoa, quien asumió el mando del Batallón Colombia, en Corea, el 4 de julio de 1952, pocas semanas antes del armisticio de Pan-mun-yong. Colombia ofrendó en este conflicto internacional 131 muertos, 428 heridos, 69 desaparecidos y 28 prisioneros canjeados en la paz.

adicionales características de un enfrentamiento Este-Oeste. La participación de Colombia, con un gobierno presidido por Laureano Gómez, puso de presente hasta qué grado se había construido domésticamente un sólido consenso para una política exterior de apoyo a la causa anticomunista. El presidente del Senado, el combativo dirigente Gilberto Álzate Avendaño, al dar posesión como presidente de la República encargado al diplomático conservador Roberto Urdaneta Arbeláez (5 de noviembre de 1951), planteó en las siguientes palabras la ubicación de Colombia en la guerra fría: «Colombia ha tomado partido en esta lucha ecuménica contra el comunismo, en defensa de nuestra civilización puesta a prueba. En la medida de sus posibilidades contribuye a la expedición punitiva contra la sombría avalancha que trata de destruir el arduo trabajo del hombre occidental, para construir un mundo aproximadamente a su medida. La fragata Almirante Padilla y el batallón Colombia luchan con coraje en los

frentes de Corea, por una noción cristiana de la vida. El gobierno resolvió ofrecer por vuestro conducto excelente su contingente para la cruzada anticomunista. Por todo ello, vuestro ascenso en nada menos que al solio del Libertador es garantía de la continuidad de la política internacional que alinea a Colombia al lado de las potencias occidentales y sostiene la solidaridad del hemisferio.» En cuanto a la contraprestación económica que las diversas administraciones colombianas aspiraban a conseguir, hay que mencionar que durante el gobierno de Laureano Gómez se produjo la primera visita a Colombia de una misión del Banco Mundial. Ésta había, sido solicitada por la administración Ospina Pérez, pero sólo llegó a concretarse en el gobierno de su sucesor. Estuvo encabezada por Lauchlin Currie, un hombre que desde entonces se vinculó estrechamente a la historia de la planeación del desarrollo económico en Colombia. Currie tenía una vasta experiencia en cuanto al diseño de políticas económicas. Había sido consejero del presidente Roosevelt en la época del New Deal y también de la junta de gobernadores del sistema de la Reserva Federal. En dicha experiencia, así como en las diversas cátedras universitarias que había desempeñado antes de su llegada a Colombia, el keynesianismo (del cual fue precursor) había sido su principal fuente de inspiración. Creía, por consiguiente, en la necesidad de una decidida intervención del Estado en la economía con el fin de lograr resultados socialmente más deseables que los que alcanzaría el sistema económico guiado por sus propias fuerzas. La misión del Banco Mundial, la primera de toda una larga serie que se sucedería en el futuro con gran influencia sobre los programas de desarrollo en Colombia, produjo como resultado un documento, el informe Currie, que fue «nacionalizado» mediante una comisión bipartidista nombrada por el gobierno para ese fin. El pro-

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fesor Currie, cuya influencia en la planeación del desarrollo colombiano apenas comenzaba, fue centro de tenaces ataques por la tendencia reformista de sus recomendaciones. El profesor Lauchlin Currie, perseguido por McCarthy en Estados Unidos como procomunista, también fue, inicialmente, víctima del anticomunismo en Colombia. Había llegado al país con el fin de impulsar una serie de planes y programas de desarrollo que, según resultados de su gestión, el Banco Mundial financiaría. El clima anticomunista que llegó a presentarse en el país como resultado de la guerra fría y de la posición que en ella jugaba Colombia, condujo a que algunas de sus propuestas reformistas, en el sentido keynesiano de la palabra, fueran asociadas malévolamente con la amenaza roja por su contenido anti status-quo. En todo caso, durante esta época Colombia buscó en las relaciones con los organismos multilaterales de crédito la mejor fuente de impulso para su desarrollo. Los organismos multilaterales En general, las relaciones de Colombia con los organismos multilaterales de crédito fueron satisfactorias y permitieron lograr los principales objetivos de la política exterior, siempre enfatizando los asuntos económicos. Durante la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla, sin embargo, hubo una suspensión de préstamos por parte del Banco Mundial. Este acontecimiento determinó una pausa, que fue rápidamente superada en 1958, luego de la caída del general y gracias a una misión de notables de los partidos tradicionales que viajaron a los Estados Unidos con el fin de lograr una.reanudación de los créditos. En esos momentos, se consideraba que la regularización de los flujos de financiamiento para la inversión y para el aceleramiento de la actividad económica era la base para reconstituir el sistema político democrático. Introduciéndose por primera vez los

elementos de concordancia y consenso que serían la constante de los años del Frente Nacional (1958-1974), la comisión bipartidista tuvo éxito con su tarea cuando se estaban sentando los cimientos del acuerdo entre los dos partidos tradicionales para gobernar Colombia y poner fin a los períodos de violencia partidista. Quedaba atrás un gobierno militar que, si bien padeció el único rompimiento que ha tenido hasta el momento Colombia con el Banco Mundial, en los aspectos más característicos de su política exterior no se apartó de los lincamientos generales heredados desde 1946. Es decir, el país había permanecido inmerso dentro de una política hemisférica inspirada en la cooperación con Washington y basada en los organismos multilaterales. En 1954 la administración Eisenhower realizó una operación para derrocar al régimen de Jacobo Arbenz

El general Charles L. Mac Garr, del comando de las Naciones Unidas, condecora al teniente coronel Antonio Convers Pardo, último comandante del Batallón Colombia en Corea. Lauchlin Bernard Currie, director de la misión económica enviada a Colombia en 1950 por el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo.

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Jorge Ubico. Con la intervención activa de la United Fruit Company y con la estrecha colaboración de los hermanos Dulles (John Foster en la Secretaría de Estado y Alien en la jefatura de la Agencia Central de Inteligencia), la administración Eisenhower localizó «el problema guatemalteco» dentro del marco del enfrentamiento entre las potencias. Para el derrocamiento de Arbenz Guzmán, que finalmente tuvo lugar en junio de 1954, la Casa Blanca llevó a cabo una tenaz campaña informativa que estuvo acompañada por otra de carácter diplomático para alcanzar el apoyo hemisférico contra el comunismo. Marcos Pérez Jiménez, de Venezuela, y Gustavo Rojas Pinilla, de Colombia. En la X Conferencia Panamericana de Caracas, los dos dictadores, junto con Anastasio Somoza, de Nicaragua, y Leonidas Trujillo, de República Dominicana fueron los mejores aliados de Estados Unidos y la declaración de apoyo a su política anticomunista, formulada por John Foster Dulles.

John Foster Dulles, secretario de Estado norteamericano, en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, en 1954. Dulles enfocó los problemas de Centro América en el contexto del enfrentamiento entre las potencias o guerra fría.

Guzmán, el cual había ejecutado políticas en contra de los intereses del capital privado norteamericano dentro del marco del conjunto de reformas que buscaba realizar para continuar lo iniciado por su antecesor, Juan José Arévalo. Los dos mandatarios hacían la «revolución» con la que Guatemala buscaba cambiar el rumbo que le habían dado trece años de dictadura bajo

En marzo del mismo año se reunió en Caracas, Venezuela, la X Conferencia Panamericana. Aunque originalmente se había convocado para tratar los asuntos económicos que habían quedado pendientes en la reunión anterior en Bogotá, el secretario de Estado John Foster Dulles llevó una resolución que condenaba al comunismo y que pretendía ser usada por su gobierno como apoyo multilateral para la intervención que ya estaba en marcha por parte de la CIA dentro del proyecto de la operación «Éxito». Dulles encontró sin embargo algunas dificultades para lograr la aprobación de su declaración, lo cual sólo pudo lograrse luego de que se le introdujeran modificaciones menores. Las repercusiones en la prensa no fueron las más favorables para Dulles, pues ponían de presente la dificultad que había existido para lograr el voto de los países democráticos: Colombia, con Rojas Pinilla; Venezuela, con Marcos Pérez Jiménez; Nicaragua, con Anastasio Somoza García, y la República Dominicana, con Leonidas Trujillo, habían sido los más positivos aliados de los representantes norteamericanos. Durante ese mismo año de 1954, al mismo tiempo, América Latina lograría el consenso de sus naciones alrededor de una vieja aspiración: la creación de un banco regional de desarrollo. La idea venía desde finales del siglo pasado, según relata Carlos Sanz

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de Santamaría, pero se concretó en 1948 en Bogotá durante la IX Conferencia Panamericana, mediante una declaración que señalaba su preocupación por el orden económico existente. En consecuencia, llamaba a una conferencia interamericana de ministros de Hacienda y Economía. La mencionada «cumbre» económica se llevó a cabo en 1954 en Quitandinha, Brasil, en el mes de noviembre. Los países participantes acordaron la creación del Banco Interamericano de Desarrollo, y se constituyeron algunas comisiones de expertos para que coordinaran las diferentes posiciones y acordaran los principios sobre los cuales funcionaría el organismo crediticio, que todavía en 1954 no contaba con el apoyo de los representantes de la Casa Blanca. Éste solamente vino a concretarse cuatro años más tarde, lo que permitió que las negociaciones definitivas se llevaran a cabo en el primer trimestre de 1959. Colombia participó en ellas, y firmó el Convenio Constitutivo en febrero de 1960, en compañía de otros diecinueve países, la mayoría de los cuales se comprometieron a aportar una cuota del capital que se deducía de su respectiva participación en el Fondo Monetario Internacional. Colombia y la integración económica Durante los años cincuenta el proceso de descolonización propiciado por los Estados Unidos y respaldado vigorosamente por las Naciones Unidas transformó el mapa internacional. Surgieron nuevos países y con ellos una nueva constelación de poder que bien pronto se hizo sentir en los organismos multilaterales y, en especial, en las instituciones del sistema de las Naciones Unidas. América Latina resultó perdedora en este nuevo escenario. Perdió presencia. Perdió su status de poder y hasta su prestigio. Como respuesta a esta situación América Latina busca fortalecerse como unidad, rehacerse como protagonista

internacional por la vía de mejorar su capacidad negociadora en el terreno comercial. El primer intento es la promoción del Banco Interamericano de Desarrollo al que se aludió antes. El segundo en importancia es la creación de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) creada por medio del Tratado de Montevideo el 18 de febrero de 1960, así como el Mercado Común Centroamericano (Tratado General de Integración Económica Centroamericana), esquema más ambicioso, establecido en Managua el 13 de diciembre de 1960 por Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua (Costa Rica se adhirió en 1962). La crisis de la ALALC, dominada por los países grandes, México, Brasil, Argentina, así como el automatismo mecánico de las negociaciones arancelarias que iban en desventaja de los demás países miembros del esquema de liberación comercial, llevaron pronto a la creación de un subgrupo regional que se enmarcó dentro de las cláusulas del tratado «marco» de Montevideo y Anastasio Somoza, en noviembre de 1948. Como jefe de Estado nicaragüense, apoyó la condena al comunismo solicitada por John Foster Dulles, con lo cual se impulsó la intervención de la CIA y su operación "Éxito".

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Carlos Lleras Restrepo, de Colombia, y Eduardo frei Montalva, de Chile, principales inspiradores y promotores de la integración sub regional andina. A la derecha, Frei y Raúl Leoni, de Venezuela. Las dos fotos fueron tomadas en agosto de 1966, con motivo de la reunión "de los cinco".

del cual fueron promotores e inspiradores principales Carlos Lleras Restrepo y Eduardo Frei Montalva, presidentes de Colombia y de Chile, respectivamente. El Informe de los cuatro (Raúl Prebish, Antonio Mayobre, Felipe Herrera y Carlos Sanz de Santamaría) recogía las críticas a la ALALC y señalaba los caminos para una Integración Latinoamericana de gran envergadura. El Grupo Andino es un intento de ir más allá de la ALALC y más acá de la idea de un verdadero mercado común. Con ocasión de la posesión de Carlos Lleras Restrepo como presidente de la República se celebró en Bogotá una reunión de los presidentes de Chile y Venezuela (Eduardo Frei y Raúl Leoni) y de los representantes personales de los presidentes de Ecuador y Perú, Galo Plaza y Fernando Schwalb. Las cláusulas 3, 4 y 9 de la declaración de Bogotá sentaban la filosofía del nuevo intento integracionista, a saber, facilitar nuestra incorporación en las etapas avanzadas del desarrollo industrial y mejorar nuestra posición negociadora. Todo dentro del espíritu del tratado de Montevideo y con miras

a crear un mercado común regional. Allí están también las bases de lo que después se conocería como decisión veinticuatro, o sea, el régimen común para la inversión extranjera. Vendría después la declaración de los presidentes de los Estados Latinoamericanos, respaldada por el presidente norteamericano Lyndon B. Johnson, en la cual se hablaba de crear en un plazo de quince años un mercado común latinoamericano. Se trataba de lograr una armonización de los diferentes esquemas de integración. Un comité de expertos elaboró el proyecto de acuerdo subregional llamado Grupo Andino. Carlos Lleras siguió en detalle sus deliberaciones en estrecha colaboración con el entonces director del Instituto Colombiano de Comercio Exterior, Jorge Valencia Jaramillo. Chile fue el país más activo en esta etapa. Venezuela ventiló serias discrepancias que se expresaron en la presentación de un proyecto distinto. El 4 de abril de 1968, el presidente Lleras Restrepo les dio renovado impulso a las deliberaciones al dirigirse a los presidentes de los países andinos

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para señalar los aspectos positivos y negativos de los proyectos de acuerdo subregional. Finalmente, el 26. de mayo de 1969, en el palacio de San Carlos, los plenipotenciarios suscribieron el Acuerdo de Integración Subregional. Carlos Lleras Restrepo, Alfonso López Michelsen (entonces canciller) y Jorge Valencia Jaramillo fueron los principales protagonistas colombianos en esta empresa integracionista que convocaba los esfuerzos de Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú. La falta de comprensión con respecto a una coyuntura internacional que estaba sufriendo cambios sustanciales, así como el estrecho estilo tecnocrático y de «club» que caracterizó los trabajos del Grupo Andino, lo fueron conduciendo lenta pero seguramente a un estancamiento que frustró los ideales de sus fundadores. Cosa semejante ocurrió con la ALALC, luego transformada en ALADI. Al cumplirse los quince años fijados para lograr un mercado común latinoamericano, la situación de los mecanismos de integración es, para ser generosos, deplorable. Legalismo en la política exterior Conviene mencionar dos episodios que durante este período sirven para ilustrar la tradición legalista que ha caracterizado casi todos los comportamientos de Colombia en la arena internacional. En primer lugar, el caso famoso del asilo del líder político peruano, Víctor Raúl Haya de la Torre, en la sede de la Embajada de Colombia en Lima, en enero de 1949. Nuestro gobierno llevó el asunto hasta la Corte Internacional de Justicia, y el diferendo, luego de una serie de incidentes jurídicos, se resolvió cinco años más tarde. La primera sentencia de la Corte, en noviembre de 1950, fue ambigua al declarar que Haya era un reo político, con derecho al asilo, pero que el asilo que le había dado Colombia no estaba bien constituido porque faltaba el re-

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quisito de urgencia. Ante la confusión, el gobierno colombiano planteó tres fórmulas distintas, a medida que cada una de ellas no propiciaba la definición del problema: 1) que se siguiera el mismo procedimiento de Perú y Brasil en un caso semejante en 1930; 2) que el comité jurídico de Río de Janeiro precisara los alcances del fallo de la corte internacional; y 3) que la comisión de paz de la OEA definiera la situación. Al final, una propuesta del Perú en el sentido de que se realizaran negociaciones bilaterales fue acogida por Colombia, y el 22 de marzo de 1954, en vísperas del cierre de la X Conferencia Panamericana en Caracas, el ministro de Relaciones Exteriores colombiano, Evaristo Sourdís, anunció un acuerdo que le permitía a Víctor Raúl Haya de la Torre salir del país. El otro hecho, ubicado en una dimensión global de nuestras relaciones internacionales, se refiere a la posición colombiana frente a la cuestión de las «dos Chinas», o sea, al problema de cuál de las Chinas debería estar en las Naciones Unidas, la de Chiang Kai-Chek, denominada comúnmente Taiwan o China nacionalista, o la de Mao Tsé-Tung, llamada China comunista o República Popular China. El debate decisivo, producto y reflejo de la nueva coyuntura internacional, del deshielo de la guerra fría y de la po-

Víctor Raúl Haya de la Torre, con José Jaramillo Giralda, presidente del Senado, y Mariano Ospina Pérez, presidente de la República. El gran líder político peruano fue protagonista del famoso caso de asilo político en la embajada de Colombia, ejemplo de la actitud legalista de nuestro país en política exterior.

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lombia afirma categóricamente que el derecho de representación de los Estados entraña un status similar a un derecho de ciudadanía y no puede serles retirado arbitrariamente en la comunidad internacional, mucho menos en las Naciones Unidas, y que está basado en los principios de universalidad y el de igualdad jurídica entre los Estados. El precedente que ahora se establezca abrirá una tronera en la jurisprudencia de la Carta de las Naciones Unidas. Colombia era partidaria de la incorporación de la China comunista, pero no respaldaba la expulsión de Taiwan. Alfonso López Michelsen, como canciller, había sostenido esta tesis, y Augusto Espinosa Valderrama la defendió en la asamblea general, en su condición de jefe de la delegación permanente. Así se ratificaba, una vez más, el carácter bipartidista de nuestra política internacional. En consecuencia, Colombia se abstuvo de votar la Resolución propuesta por Albania, en nombre de "razones de índole jurídica y política".» (Alfredo Vásquez Carrizosa, Memoria de Relaciones Exteriores 1971-1972, tomo I, págs. 9-13). Política internacional bajo el Frente Nacional Dos fotografías relativas al intento de invasión de Bahía Cochinos, en abril de 1961: arriba, mercenarios norteamericanos capturados y procesados por los cubanos y, abajo, movilización de tropas de Fidel Castro, después del fallido intento de derrocarlo.

lítica de «detente», tuvo lugar en la asamblea general de 1971. La República de Albania sometió a la asamblea un proyecto de resolución (25 de octubre de 1971) que fue adoptado por 76 votos afirmativos, 35 negativos y 17 abstenciones. Allí se restituían a la República Popular China todos sus derechos y se reconocía a los representantes de su gobierno como únicos representantes legítimos de China en las Naciones Unidas, pero, al mismo tiempo, expulsaba «inmediatamente a los representantes de Chiang KaiChek del puesto que ocupan ilegalmente en las Naciones Unidas y en todos los organismos con ella relacionados». El canciller Vásquez Carrizosa explica la posición colombiana así: «Co-

El acuerdo bipartidista del Frente Nacional tuvo como objetivo principal la búsqueda de un consenso político para que el país pudiera avanzar en su proceso de desarrollo económico. Las dos colectividades políticas tradicionales acordaron, como resultado de las lecciones dejadas por la Violencia de los años cincuenta y por la dictadura que le siguió, un esquema de despolitización y acuerdo. Se consideraba qué solamente mediante la reducción de los conflictos se podría enfrentar, con un acuerdo nacional básico, el proceso de modernización que se requería. La paridad y la alternación de los partidos en los cargos públicos; el monopolio de los mismos por parte del partido liberal y conservador; el fin de la Violencia, y el consenso sobre un

Capítulo 2

modelo de desarrollo hacia afuera, que sólo se cambió en 1967, les daba a las relaciones exteriores de Colombia una característica que fundamentalmente no las apartaban de la línea tradicional. Es decir, los elementos económicos debían ser los objetivos fundamentales, y en ellos las relaciones con los organismos multilaterales de crédito y cooperación adquirían una mayor relevancia. Eran el instrumento perfecto para una sociedad que había encontrado un acuerdo básico sobre la manera de lograr la modernización, sin dejar de lado los principios tradicionales de la política exterior: un componente económico especialmente importante, el apego a la legalidad, el consenso bipartidista, el bajo perfil y la estrecha colaboración con los Estados Unidos. Todo esto cabía en forma perfecta dentro de una participación activa con los mecanismos multilaterales del sistema interamericano. Con el Banco Mundial, como se mencionó atrás, Colombia había tenido excelentes relaciones. Había participado como miembro fundador de las tres organizaciones que formaron parte de él en sus orígenes, y entre 1948 y 1972 se había convertido en el cuarto receptor de créditos, detrás de Brasil, México y Turquía. Esto había permitido que el país financiara con fondos del Banco Mundial sus obras de infraestructura en el sector energético y el de transportes, como prioridades esenciales, y en los sectores de industria y agricultura, en segundo lugar. Con la excepción de la suspensión de préstamos en 1956, Colombia y el Banco Mundial llevaron a cabo una estrecha labor de cooperación que no impidió, sin embargo, la disposición por parte del Banco de utilizar la amenaza de cortar los créditos como herramienta para hacer cambiar la política macroeconómica colombiana. El Banco Mundial utilizó frecuentemente, en especial durante los años del Frente Nacional, tres herramientas fundamentales: las misiones técnicas, el Grupo de Consulta y el represen-

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tante-residente del Banco en Bogotá. El uso de tales instrumentos fue estimulado por la existencia de una elite tecnocrática con experiencia tanto doméstica como internacional en el tratamiento de los esquemas y procesos del banco. Desde que el Banco Mundial comenzó sus intensas actividades en Colombia, en repetidas ocasiones envió grupos de funcionarios para examinar el estado de la economía nacional y para realizar recomendaciones al respecto, las cuales quedaban escritas en un memorando equivalente a las cartas de intención que se firman con el Fondo Monetario Internacional. Éstas fueron siempre muy relevantes dentro del proceso de diseño de la política económica colombiana, y estuvieron orientadas fundamentalmente, durante los años sesenta, hacia la promoción de políticas de ahorro e inversión públicos. El Grupo de Consulta fue y es un club de países acreedores formado en 1961 en respuesta a una demanda de Colombia. Se constituyó como un organismo que coordinaría toda la asistencia externa que recibía Colombia para su desarrollo económico. Es decir, el Grupo de Consulta no tuvo como finalidad el estudio ni la petición de créditos para Colombia, sino se concebía como mecanismo para evitar duplicaciones, conflictos e inconsistencias entre las diversas agencias in-

Combatientes de Sierra Maestra, según foto de septiembre de 1960 publicada por diarios del Perú. La infiltración de guerrilleros cubanos en diversos países latinoamericanos determinó la expulsión de Cuba de la OEA, en la Conferencia de Punta del Este (Uruguay), enero de 1962, con la única abstención de México.

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teresadas en financiar el desarrollo colombiano. La primera reunión se llevó a cabo en 1963 en Washington, y asistieron representantes de varios países europeos y de los Estados Unidos, así como enviados del Banco Interamericano de Desarrollo y del Fondo Monetario Internacional. Desde sus comienzos, el Grupo de Consulta ha estado vinculado a la evaluación y a la ejecución de los planes de desarrollo de Colombia y sobre todo de sus programas de inversión pública, lo que lo hizo complementario con las tradicionales labores del Banco Mundial, cuyas misiones estuvieron durante algún tiempo estrechamente vinculadas con la elaboración de los planes de desarrollo del país. Este aspecto de las actividades de los grupos de consulta eclipsaron en esta materia al Congreso de Colombia, cuya participación en la discusión de los planes de desarrollo ha sido inexistente, como que jamás los ha debatido y ni siquiera constituyó la comisión del plan tal como lo ordenaba la reforma constitucional de 1968. Entre 1960 y 1974, el gobierno de Colombia presentó cuatro planes generales de desarrollo, los cuales fueron dados a conocer al público en momentos en que las cámaras del Congreso estaban en la etapa final de sus sesiones o no se encontraban reunidas. En la práctica hubo una concertación de políticas entre las agencias de financiamiento externo y el propio gobierno norteamericano, que en parte tenía lugar durante los preparativos de la reunión del Grupo de Consulta. Por otra parte, el Banco Mundial ha utilizado la persuasión directa sobre los diversos gobiernos, en especial sobre los gerentes de los institutos descentralizados y de las empresas de servicios públicos, a través de sus representantes permanentes en Bogotá. El primero de ellos, Peyton Kerr, llegó al país en agosto de 1962 con la misión principal de servir como coordinador del Grupo de Consulta. Sin embargo, con el tiempo, la oficina del banco se convirtió en uno de los mayores me-

canismos de influencia de dicho organismo en Colombia. Desde el punto de vista del proceso político doméstico, las actividades llevadas a cabo por el Banco Mundial en Colombia tuvieron varios efectos de considerable importancia. En primer lugar, algunos sectores específicos dentro del aparato estatal fueron seleccionados para ejercer una influencia mayor de acuerdo con las preferencias del Banco Mundial. Como se anotó anteriormente, los préstamos otorgados por el banco en el período en cuestión favorecieron principalmente a los sectores energético y de transportes. En segundo lugar, la estrategia del banco estuvo dirigida a que la iniciativa popular cada vez tuviera menos relevancia en el diseño de las políticas gubernamentales. Los criterios de tipo técnico se hicieron más importantes, lo que dejó menos espacio para un respaldo popular. Lo cual, además, estaba en estrecha concordancia con la filosofía del Frente Nacional, que buscaba en parte la desactivación de la participación política para limpiar de obstáculos el camino hacia la modernización y el desarrollo económico. Las relaciones entre Colombia y el Fondo Monetario Internacional fueron muy activas durante los años sesenta. Como se observa en el cuadro adjunto, el país obtuvo recursos por casi trescientos millones en dólares en la década mencionada, a pesar del rompimiento ocurrido durante la administración Lleras Restrepo, que se tratará más adelante. También con la Organización Internacional del Trabajo los diversos gobiernos colombianos tuvieron activas relaciones. En general, la OIT tuvo éxito en la promoción de la creación de organizaciones técnicas con funciones específicas, así su influencia en el diseño de la política macroeconómica haya sido mucho más reducida. Las instituciones claves relacionadas con el sector laboral colombiano, dentro del aparato estatal, han contado con la OIT y se han apoyado en su inspira-

Capítulo 2

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Relaciones de Colombia con el Fondo Monetario Internacional (Arreglos de Stand-By firmados entre 1957-1970) Fecha Junio 1957 Junio 1958 Octubre 1959 Noviembre 1960 Enero 1962 Enero 1963 Febrero 1964 Enero 1966 Abril 1967 Abril 1968 Abril 1969 Marzo 1970

Monto como porcentaje de la cuota de Colombia en el FMI 50 30 55 75 10 53 10 37 48 27 27 —

Monto en millones de dólares 25,0 15,0 41,3 75,0 10,0 52,5 10,0 36,5 60,0 33,5 33,3 38,5

Fuente: J. Gold. The Stand-By Arrangements of the International Monetary Fund, pág. 204.

ción y contribuciones. Tales han sido los casos del Ministerio del Trabajo, el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, ICSS, el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, y los Consejos Nacionales de Salarios y del Trabajo. Tanto el Banco Mundial como la Organización Internacional del Trabajo, en síntesis, adquirieron gran importancia dentro de la agenda de las relaciones internacionales de Colombia, así los asuntos relacionados con ellas no hayan sido manejados por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Precisamente, este hecho constituye una evidencia adicional sobre la fragmentación característica de la política internacional de Colombia. Además, el arreglo político doméstico del Frente Nacional, al aislar puntos importantes de la política de desarrollo económico del debate público y limitarlo a una elite de técnicos, formó el escenario ideal para que las agencias men-

cionadas ejercieran una influencia significativa. El hecho de que las acciones internacionales de Colombia se habían vinculado estrechamente a la política interamericana en el contexto mundial de la guerra fría entre las superpotencias, llevó a que el triunfo de la Revolución cubana el 31 de diciembre de 1958 tuviera profundas repercusiones para el país, tal como las tuvo para casi todas las naciones latinoamericanas. La batalla contra el comunismo que desde la firma del TIAR en 1947 había unido al continente al lado de los Estados Unidos, adquirió una nueva dimensión cuando uno de los Estados de la alianza fue considerado como una víctima y, ahora, una herramienta de las intenciones expansionistas soviéticas. En un lapso muy corto, dos años y medio, el sistema interamericano sintió el remezón que le causaban varios hechos derivados del

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Fidel Castro en Sierra Maestra (1959). El triunfo de la revolución cubana determinó el surgimiento de la Alianza para el Progreso, como un plan de financiación del desarrollo de América Latina.

"Una oferta de paz", caricatura de Peter Aldor, de "El Tiempo", publicada en 1964, con Fidel Castro y Nikita Khrushschev (armados) como protagonistas.

triunfo de Fidel Castro en Cuba: movimientos alzados en armas surgieron en varias naciones que contaron con el apoyo del nuevo gobierno cubano; las relaciones entre La Habana y Washington se deterioraron hasta el punto de la total ruptura diplomática; los Estados Unidos adelantaron en abril de 1961 un fallido esfuerzo para derrocar el régimen de Castro, y el intento por parte de la Unión Soviética en el sentido de instalar cohetes nucleares de mediano alcance en Cuba estuvo a punto de hacer estallar una tercera guerra mundial (octubre de 1962).

En general, la respuesta del continente fue unánime en contra de Cuba. En una reunión en Punta del Este, Uruguay, en enero de 1962, los países de la OEA resolvieron expulsar al gobierno cubano de la organización y castigarlo con la imposición de medidas económicas. Con excepción de México, la América Latina llevó a cabo un bloqueo económico y un aislamiento diplomático total en contra del régimen revolucionario de La Habana, argumentando que actuaba en respuesta al osado intento cubano de exportar su revolución. Colombia estuvo con la gran mayoría de naciones latinoamericanas que en forma coordinada, y en acuerdo con los Estados Unidos, tomaron medidas para expulsar a Cuba del sistema interamericano. Por varias razones, esta coyuntura permitió que finalmente se hiciera realidad la vieja pretensión de los países situados al sur del río Grande en el sentido de un plan de financiamiento del desarrollo estimulado por los Estados Unidos que implicara una masiva transferencia de fondos desde el Norte hacia el Sur. El presidente norteamericano John F. Kennedy lanzó la Alianza Para el Progreso, que en principio proponía la distribución de cerca de veinte mil millones de dólares para financiar proyectos en diez años. El programa del presidente Kennedy se hizo realidad por varias razones. En primer lugar, porque el fracaso del desembarco en playa Girón le dejó a los Estados Unidos la lección de que Castro estaba en el poder con todas las posibilidades de permanecer. Ello se consideraba un fracaso para la política de contención del comunismo: Los Batistas producen Castras. En consecuencia, Washington consideró que la ayuda para programas económicos, acompañados de reformas sociales, abriría posibilidades para que germinaran regímenes políticos más democráticos, minimizando así las posibilidades de nuevos avances del comunismo. En segundo lugar, el tradicional conflicto de intereses entre América

Capítulo 2

Latina, que enfatizaba los asuntos económicos, y los Estados Unidos, que se fijaban más en los aspectos de defensa, le abrió nuevas oportunidades de negociación a la primera ante la amenaza que Cuba representó para la seguridad de los segundos. La unión solidaria del hemisferio contra el comunismo requirió de mayores acciones, luego del triunfo de la revolución cubana, las cuales sólo podían conseguirse por parte de Washington mediante el pago de un «precio» más alto. En tercer lugar, diversas iniciativas de origen latinoamericano habían avanzado considerablemente. Según Carlos Sanz de Santamaría: «La Alianza Para el Progreso no surgió de los órganos de la OEA, sino del impulso político de la operación Panamericana adelantada por el Brasil y de una comisión ad-hoc que se llamó el Comité de los 21.» El presidente Juscelino Kubitschek, del Brasil, había expresado varios argumentos en favor de que los Estados Unidos adelantaran en América Latina un proyecto semejante al plan Marshall que se había llevado a cabo en Europa en los años de la posguerra. De allí había surgido la Operación Panamericana, y el 24 de septiembre de 1958 se creó el llamado Comité de los 21, que fue presidido por el ex presidente Alfonso López Pumarejo para estudiar, con anticipación a la XI Conferencia Panamericana, la formulación de nuevas medidas de cooperación económica. De ésta surgió la Declaración de los 21, que hacía énfasis en los problemas financieros y económicos de las naciones latinoamericanas y en las relaciones de éstas con los Estados Unidos. El grupo realizó tres reuniones en Washington, Buenos Aires y Bogotá. En la última acordó el acta que lleva el nombre de esa ciudad, en la cual se concluía que era necesario encontrar un modelo de desarrollo que cobijara tanto al crecimiento económico como el progreso social. Las sugerencias del Comité de los 21 tuvieron eco en la Casa Blanca con

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la llegada a la presidencia de John F. Kennedy, quien solicitó a los ex presidentes Lleras Camargo, de Colombia, y Kubitschek, del Brasil, que formularan propuestas en relación a los cambios que se debían llevar a cabo en las estructuras económicas con el fin de permitir el funcionamiento de la Alianza Para el Progreso. Finalmente, se constituiría el Comité Interamericano de la Alianza para el Progreso, CIAP, que fue presidido por el colombiano Carlos Sanz de Santamaría. La Alianza Para el Progreso Por varias razones, Colombia tenía todos los atractivos para que el presidente Kennedy la escogiera como uno

Carlos Sanz de Santamaría, presidente del Comité Interamericano de la Alianza para el Progreso (CIAP), con John F. Kennedy, en la Casa Blanca.

Fidel Castro y Carlos Sanz de Santamaría durante la segunda reunión, en Buenos Aires, del Comité de los 21, cuyas sugerencias serían importantes en la creación de Alianza para el Progreso.

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de los mayores beneficiarios de la Alianza Para el Progreso. El régimen político instalado en 1958, el Frente Nacional, le concedía a la ayuda para el desarrollo todas las condiciones para explotar al máximo sus beneficios potenciales. Más aún, el énfasis que el acuerdo bipartidista les daba a los asuntos económicos y la subordinación a ellos de lo político constituían el escenario más atractivo para el programa de la Casa Blanca. Al mismo tiempo, un sistema político estable, como el de Colombia, anunciaba intenciones reformistas y demostraba un claro compromiso con el mantenimiento de las instituciones y con la contención del castrismo. De otra parte, desde el punto de vista económico, Colombia requería de un soporte que le permitiera mantener el satisfactorio crecimiento económico reciente. La economía mostraba algunas debilidades especialmente localizadas en el sector externo, el cual se basaba fundamentalmente en la exportación de un solo producto: el café. Éste había tenido precios estables en el comercio internacional, al tiempo que las importaciones mostraban una sólida tendencia al aumento. El país había llevado a cabo inversiones en obras básicas de infraestructura, y se percibía la necesidad de profundizarlas. Para ello existió un respaldo decidido de parte de las agencias internacionales. La Alianza Para el Progreso, en consecuencia, no fue una excepción. La Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, entidad a través de la cual se canalizaron fundamentalmente los fondos de la iniciativa Kennedy, escogió a Colombia como uno de sus principales beneficiarios. El segundo programa en importancia de la AID en América Latina, detrás de Brasil, fue montado en Colombia. Los fondos financiaron importaciones en momentos en que éstas eran esenciales para el proceso de industrialización y en que, al mismo tiempo, escaseaban las divisas. Además, los créditos de la AID se uti-

lizaron para llevar a cabo proyectos de educación, desarrollo rural y urbano, agricultura y salud. Entre 1962 y 1973, Colombia recibió ayudas financieras por parte de los Estados Unidos por un valor de 1 203,3 millones de dólares, según el estudio de Christopher Mitchell, La AID y las Alianzas Políticas en Colombia y la República Dominicana. Estos «fondos vinieron a sumarse a las importantes partidas otorgadas por otros organismos, tal como se mencionó anteriormente. El Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, durante la década de los sesenta le prestaron a Colombia créditos anuales superiores en un 40 % a los entregados por la AID. Dentro del tratamiento preferencial que la administración Kennedy le dio a Colombia dentro de la Alianza Para el Progreso, Bogotá fue escogida para una visita del mandatario norteamericano en diciembre de 1961, durante la cual se inauguró una gran obra: un conjunto de viviendas para sectores populares que lleva el nombre del mandatario norteamericano. Con el transcurso de los años, varias naciones latinoamericanas cayeron bajo regímenes dictatoriales, lo cual puso en tela de juicio los fundamentos de la Alianza Para el Progreso. Particularmente frustrantes para la Alianza fueron las crisis políticas de la República Dominicana, otra de las naciones principalmente favorecidas por el proyecto, y el golpe en el Brasil, en 1964. Este último había sido el mayor receptor de fondos dentro de los programas de la Alianza. Por esta razón, la estabilidad política mostrada por Colombia durante la década de los sesenta reforzó el interés de la Casa Blanca hacia el país. El deseo de colaborar con la preservación del régimen democrático reforzó el compromiso de las agencias crediticias de los Estados Unidos. La AID, por ejemplo, mantuvo sus estrechas relaciones con Colombia, aunque hacia finales del decenio cambió la naturaleza de su ayuda. Del énfasis a los

Capítulo 2

«préstamos para programas» que tuvieron los fondos en los albores de la Alianza, se pasó a un «préstamo para sectores» como modalidad principal de los mismos hacia 1968 y 1969. Desde 1965 hacia adelante, sin embargo, los organismos multilaterales se habían debilitado desde el punto de vista de su importancia para las relaciones interamericanas. Además de la llegada al poder de varias dictaduras, el asesinato del presidente Kennedy en Dallas, en noviembre de 1963, dejó a su sucesor una situación con muchos obstáculos para seguir adelante con la idea. Como se mencionó anteriormente, la creación del CIAP había sido ya un indicador de la debilidad de los organismos multilaterales. Todos estos elementos, a los que se sumaron hechos adicionales en los comienzos de los setenta, sentaron las bases para una distensión de la guerra fría en el continente, lo que les abrió a los países latinoamericanos un mayor espacio para adelantar sus políticas exteriores. En los meses de noviembre y diciembre de 1966, Colombia y el Fondo Monetario Internacional, en un paréntesis a las buenas relaciones que tradicionalmente habían tenido, tuvieron una confrontación que terminó con el rechazo por parte del gobierno colombiano de las propuestas del fondo en materia de política económica. El gobierno de Lleras Restrepo, como lo había hecho el de su antecesor en varias oportunidades, se aproximó al FMI con el fin de lograr un crédito que le permitiera atender los vencimientos inmediatos correspondientes a la deuda contratada en el exterior. En esta ocasión, esperaba recibir sesenta millones de dólares. A pesar del buen comportamiento de la economía colombiana, especialmente en lo que se refiere al crecimiento, la balanza cambiaría dejaba ver algunas dificultades en el corto plazo. La escasez de divisas había sido durante los últimos años el principal obstáculo para el desarrollo económico en Colombia, y por esa razón se había depositado en los organismos multilaterales de crédito una

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responsabilidad tan grande como instrumento para estimularlo. Hacia 1966, sin embargo, una serie de elementos provenientes de la economía internacional le dio más profundidad a la crisis del sector externo. El café, que continuaba siendo la principal fuente de divisas, tuvo una caída en sus precios. Igual cosa sucedió con otros bienes de exportación: el azúcar y el algodón. Al primero de ellos, además, lo afectó una modesta cuota en el principal mercado comprador, los Estados Unidos. Ante tales circuns-

John F. Kennedy, Alberto Lleras Camargo y Jacqueline Bouvier Kennedy, durante la fundación de lo que sería Ciudad Kennedy (entonces llamada Ciudad Techo), en Bogotá, diciembre 17 de 1961.

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tancias, la misión del Fondo Monetario Internacional que visitó Colombia realizó una serie de recomendaciones sobre el manejo doméstico de la economía, que el gobierno encontró inconvenientes. Como lo relata Richard Maullin en su ensayo Desacuerdo entre Colombia y el FMI ocurrido en noviembre y diciembre de 1966, la posición del FMI llamaba a una diversificación de los productos generadores de divisas y exigía una devaluación inmediata del peso. La administración Lleras puso de presente las cuatro bases fundamentales de su programa económico: 1) un presupuesto equilibrado; 2) una política cafetera que no necesitara de crédito inflacionario para la compra de las cosechas; 3) una política de crédito que lo canalizara hacia la producción; y 4) una política de ingresos más moderada. En ellas, el presidente Lleras creía contar con las bases para una negociación con el fondo, en virtud de la convergencia existente sobre los puntos principales. En cita que trae el trabajo de Maullin, Lleras sostiene: «Pensábamos que podríamos trabajar en perfecta armonía con el FMI. Nuestro programa contemplaba una búsqueda constante de equilibrio para la balanza de pagos, confiando en que podríamos contar con una cierta cantidad de financiamiento externo.» El principal punto de divergencia fue la actitud del Fondo en el sentido de que se llevara a cabo una devaluación del peso, lo cual resultaba de un diagnóstico menos optimista sobre la situación cambiaría realizada por los expertos del FMI, la AID y el BID. Lleras, negándose a devaluar, adelantó la política que tenía planeada a través de una serie de decisiones de la Junta Monetaria y del decreto 444, que fue sancionado el año siguiente. Con este último, fue creado un nuevo esquema para los instrumentos de manejo del sector externo. Acogió el sistema del crawling peg o devaluación gota a gota, y creó un nuevo conjunto de instrumentos para impulsar al sector de las exportaciones.

El deshielo El episodio de Colombia con el Fondo Monetario Internacional durante la administración Lleras Restrepo es un indicador de los cambios que se estaban dando a nivel hemisférico y de las repercusiones que éstos tendrían sobre la política exterior colombiana de los años setenta. La distensión en la guerra fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, aumentada por el conflicto entre esta última y la China comunista, trajo al sistema internacional toda una serie de nuevos elementos. La crisis del petróleo, por su parte, les daría a los países del Tercer Mundo una relevancia inusitada en las relaciones económicas internacionales. En varios de ellos, además, se ejecutaron modelos de desarrollo económico que lograron altas tasas de crecimiento con base en el endeudamiento externo. Poco a poco, en consecuencia, los organismos multilaterales perdieron importancia como fuente de ingresos para impulsar el desarrollo, abriéndoles campo a las empresas multinacionales. A su vez, estas últimas acondicionaron su esquema de acción a las nuevas características de la economía mundial. Entraron al Tercer Mundo, en empresas de asociación con capitales domésticos públicos o privados, y se orientaron hacia el sector terciario de la economía. Esto sirvió de base para que los principales bancos privados del sistema internacional dirigieran partes cada vez más importantes de sus recursos hacia el Tercer Mundo. En América Latina, los años setenta trajeron la presencia del capital bancario en reemplazo del de los organismos multilaterales como fuente fundamental de financiamiento para el desarrollo económico. La mayor complejidad económica y la importancia que algunos países adquirieron para el mundo desarrollado, alteraron los soportes del sistema hemisférico tradicional. En general, los países latinoamericanos encontra-

Capítulo 2

ron oportunidades para mejorar su posición negociadora y hallaron también un margen mayor de maniobra con respecto a los Estados Unidos. En términos relativos, la hegemonía de esta nación en el continente se vio erosionada. Con el desmoronamiento de los rígidos comportamientos propios del período de la guerra fría, los países latinoamericanos se replantearon la «cuestión cubana». Soplaron otros vientos. Allende había llegado por la vía electoral y la ratificación del Congreso a la presidencia de Chile en 1970. El pluralismo político fue debilitando la posición anticomunista. Se reconoció la presencia de nuevos factores. La política exterior de Cuba, incluso, cambió para hacerse más pragmática. El idealismo revolucionario vivió las más dramáticas consecuencias con la muerte de uno de los personajes más importantes de la revolución cubana: Ernesto «Che» Guevara, caído en combate en los altos de Bolivia en 1967. En medio de esta realidad, Colombia comenzó a abrirse al resto del mundo. El episodio con el Fondo Monetario Internacional en noviembre de 1966 fue acompañado de otras medidas que buscaron afianzar la diversidad en las relaciones económicas que implícitamente incluía el decreto 444. Atrás se habló del papel jugado por Colombia en la constitución del Pacto Andino y en su puesta en marcha. La nueva naturaleza de las relaciones económicas de Colombia se reflejaron en el campo diplomático. Colombia reabrió sus vínculos con la Unión Soviética y, en general, demostró, en su actitud ante los fenómenos mundiales, que sentía una desilusión por el resultado de su leal amistad con los Estados Unidos. La línea de conducta, en consecuencia, buscó estrechar las relaciones con los países vecinos. El canciller Alfonso López Michelsen, en su Memoria citada por el profesor Drekonja, le dio a la política exterior un nuevo término para reemplazar al Respice polum:

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Respice similia, que quiere decir «mira a tus semejantes». Durante la administración Pastrana Borrero, la diplomacia colombiana reconoció las nuevas características de la política hemisférica. Dio los pasos para un nuevo trato con Cuba en nombre de una «noción pluralista de la vida internacional» que «no excluye la convivencia de los Estados que tengan diferentes regímenes políticos y sociales [...] a condición de que todos ellos admitan y efectivamente respeten unos mismos principios de No-Intervención y de Libre Determinación». «América Latina también participó en la guerra fría y no podría escapar a su liquidación.» Tal era el fundamento de la posición colombiana ante la política hemisférica, según palabras con-

El presidente chileno Salvador Allende, recibido en Bogotá por Misael Pastrana Borrero. En una muestra de pluralismo internacional, Pastrana había reestablecido relaciones con Cuba y luego se ofreció a recibir a los simpatizantes de Allende, perseguidos tras el golpe militar de Augusto Pinochet.

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signadas en las Memorias del ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Vásquez Carrizosa. Por esta razón, igualmente, la administración Pastrana ejecutó una política generosa con el gobierno de Salvador Allende, que visitó Bogotá. Posteriormente, en respuesta al golpe militar que instaló en el poder a Augusto Pinochet Ugarte, Colombia salió a defender con vigor el derecho de asilo, y abrió sus puertas para recibir a los simpatizantes del gobierno depuesto que se sintieron perseguidos por la nueva dictadura. Así, durante los primeros años de la década del setenta, existieron las con-

diciones para que la política exterior tradicional fuese revaluada. El futuro traería una mayor participación de Colombia en los asuntos internacionales, una profundización de la diversificación de sus relaciones y un contexto hemisférico menos dependiente de los Estados Unidos. Sin embargo, en los años comprendidos en el presente estudio (1946-1974), así como en los que serán materia del próximo (1974-1985), las características generales de la política exterior colombiana que se señalaron al comienzo de estas páginas se mantuvieron constantes en términos globales.

MINISTROS DE HACIENDA (1946-1973) Año 1946

Nombre Francisco de Paula Pérez José María Bernal Hernán Jaramillo Ocampo

7 agosto 27 octubre 7 marzo

1946 1947 1949

1950

Rafael Delgado Barreneche Antonio Álvarez Restrepo

7 agosto 2 febrero

1950 1951

1953

Carlos Villaveces Néstor Ibarra Yáñez Luis Morales Gómez

13 junio 19 septiembre 4 octubre

1953 1956 1956

1957

Antonio Álvarez Restrepo Jesús María Marulanda

11 mayo 18 diciembre

1957 1957

1958

Hernando Agudelo Villa Misael Pastrana Borrero Jorge Mejía Palacio

7 agosto 1 septiembre 16 noviembre

1958 1961 1961

1962

Virgilio Barco Vargas Carlos Sanz de Santamaría Diego Calle Restrepo Hernando Durán Dussan Joaquín Vallejo Arbeláez

7 agosto 5 septiembre 21 febrero 1 abril 14 julio

1962 1962 1964 1965 1965

1966

Abdón Espinosa Valderrama

1970

Alfonso Patiño Roselli Rodrigo Llorente Martínez Luis Fernando Echavarría

Fecha de iniciación

7 agosto

1966

7 agosto 9 junio 13 abril

1970 1971 1973

Capítulo 2

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MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES (1946-1974) Fecha iniciación

Fecha terminación

Nombre

Agosto 1946 Diciembre 1946 Abril 1947 Mayo 1947 Marzo 1948 Agosto 1950 Abril 1952 Mayo 1953 Junio 1953 Septiembre 1956 Mayo 1957 Agosto 1958 Septiembre 1961 Agosto 1962 Abril 1963 Septiembre 1963 Septiembre 1965 Agosto 1966 Agosto 1968 Agosto 1970

Diciembre 1946 Abril 1947 Mayo 1947 Marzo 1948 Agosto 1950 Abril 1952 Mayo 1953 Junio 1953 Septiembre 1956 Mayo 1957 Agosto 1958 Septiembre 1961 Agosto 1962 Abril 1963 Septiembre 1963 Septiembre 1965 Agosto 1966 Agosto 1968 Agosto 1970 Agosto 1974

Francisco Umaña Bernal Carlos Lozano y Lozano Luis López de Mesa Domingo Esguerra Laureano Gómez Gonzalo Restrepo Jaramillo Juan Uribe Holguín Guillermo León Valencia Evaristo Sourdís José Manuel Rivas Sacconi Carlos Sanz de Santamaría Julio César Turbay Ayala José Joaquín Caicedo Castilla José Antonio Montalvo Fernando Londoño y Londoño Fernando Gómez Martínez Cástor Jaramillo Arrubla Germán Zea Hernández Alfonso López Michelsen Alfredo Vásquez Carrizosa

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La política exterior colombiana (1974-1986) Fernando Cepeda Ulloa Rodrigo Pardo García-Peña Aspectos generales

C

omo se anotó en páginas anteriores, la década de los setenta trajo consigo un nuevo clima para las relaciones entre los Estados Unidos y la América Latina, que en general representó un mayor margen de acción para las naciones de esta última. Una serie de hechos ocurridos en la política entre las naciones llevaron, en efecto, a un rápido debilitamiento de la estructura bipolar de poder. La época de la guerra fría, con su consiguiente política anticomunista en el mundo occidental, había dado paso a un período de distensión entre las superpotencias, que fue utilizado por los Estados Unidos para intentar nuevas orientaciones en su política exterior, especialmente durante el reinado de Henry Kissinger. Éste se había extendido a las administraciones de Richard Nixon y de Henry Ford, primero como consejero de la Seguridad Nacional y luego como secretario de Estado. Dentro de la nueva política, que reconocía la existencia de una lucha con-

tra el sistema comunista pero aceptaba la realidad de un mundo multipolar, Kissinger había viajado a la República Popular China y había sentado las bases para una apertura de relaciones diplomáticas, la cual creó un nuevo elemento que afectó, abriéndole mayores oportunidades a los Estados Unidos, las relaciones entre Washington y Moscú. En 1973, además, se había producido un acontecimiento que también alteraba el curso de las relaciones entre los países avanzados y el Tercer Mundo. Como epílogo al enfrentamiento árabe-israelí de octubre, se decretó un embargo petrolero por parte de los principales países productores que triplicó en breve lapso los precios internacionales del petróleo. Por primera vez, un grupo de países en desarrollo había logrado desafiar el dominio de los grandes en el campo económico. Lo importante, más que eso, fue sin embargo el hecho de que el incremento en los precios del petróleo motivó profundos cambios en la economía internacional, de los cuales el más significativo fue una redistribución del ingreso mundial en favor de las naciones exportadoras de petróleo.

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Henry Kissinger, orientador de la política exterior estadounidense durante los gobiernos de Richard M. Nixon y Gerald R. Ford, con quienes aparece en la foto, y a quienes sirvió primero como consejero de Seguridad Nacional y después como secretario de Estado, desde 1968 hasta enero de 1977 (la foto es de 1973).

Este hecho motivó una concentración de fondos en los grandes centros financieros del mundo en razón de la menor propensión al gasto de los países petroleros. A su vez, esto brindó grandes oportunidades para los países en vías de desarrollo, los cuales pudieron aprovechar una coyuntura excepcional de liquidez en los mercados financieros internacionales para poner en marcha modelos económicos que, con base en el endeudamiento externo, lograron altas tasas de crecimiento del producto. Por todas estas razones, el lenguaje especializado de las relaciones internacionales se llenó de nuevos vocablos acuñados por los analistas en su intento por explicar los nuevos fenómenos y realidades del sistema internacional. La comunidad de las naciones, en especial las del mundo subdesarrollado, entró en una época de optimismo en cuanto a las posibilidades de desarrollo económico que se encontraban al alcance de las reglas de juego del ca-

pitalismo transnacional. Las teorías de la dependencia dieron paso a las de la interdependencia. Un nuevo status fue creado para las naciones de mediano desarrollo, el cual fue bautizado de las más diversas maneras según los puntos de vista que tuvieran los analistas: potencias medias, países semiperiféricos, poderes regionales, clase media internacional, nuevos países industrializados, entre otros, fueron algunos de los conceptos que intentaron explicar las nuevas realidades. En América Latina, la cuestión cubana había perdido importancia y, aunque el anticomunismo fue adoptado en forma creciente por los regímenes autoritarios que se fueron formando en el Cono Sur, a nivel de las relaciones intrahemisféricas la guerra fría vivió un período de considerable distensión. Poco a poco, Cuba fue recuperando su puesto dentro del continente latinoamericano desde el punto de vista cultural, económico y político.

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En buena medida, todo ello fue posible en virtud de la crisis de hegemonía de los Estados Unidos en el continente. La derrota en la guerra de Vietnam, y los efectos que la longitud del conflicto había causado sobre la opinión pública internacional en contra del uso de la fuerza y de la política de contención al comunismo, habían generado una pérdida de credibilidad de los Estados Unidos a nivel internacional. Ello fue corroborado por la caída del presidente Richard Nixon el 9 de agosto de 1974, como resultado del llamado Escándalo de Watergate, el cual puso en tela de juicio a un sistema político que, dentro de la concepción del «destino manifiesto», había sido aceptado por años como modelo ideal y ejemplar para las naciones americanas. Las relaciones entre naciones, en el contexto mundial, se vieron alteradas hasta el punto de que la administración Nixon procuró adecuarse a las nuevas posibilidades de algunos países del Tercer Mundo. En ese sentido fue promulgada la «doctrina Nixon», entregándoles a las «potencias regionales» parte de la responsabilidad en la contención del comunismo. En general, la década de los setenta brindó todo un conjunto de nuevas alternativas también para los países latinoamericanos en materia de política exterior. Ellas fueron ampliadas considerablemente durante la segunda mitad del período, invitando a una mayor participación, a la adopción de políticas basadas en medidas que frecuentemente se pudieron tomar con un mayor grado de autonomía y a la creciente conciencia de que solamente mediante el manejo adecuado de las relaciones internacionales se podía tener acceso a la satisfacción de los intereses nacionales. El mundo de los setenta, más complejo e interdependiente que el del pasado, abrió todo un conjunto nuevo de posibilidades para los países que habían tenido que limitarse a jugar un papel, según expresión de Alfonso López Michelsen, de «peones de la guerra fría».

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La administración López Michelsen En Colombia, además, 1974 marcaba el comienzo de una nueva era para el proceso político. Terminaban dieciséis años del acuerdo bipartidista del Frente Nacional que originalmente estaba previsto para extenderse solamente durante ese período. Desde 1968, mediante la reforma constitucional llevada a cabo por la administración Lleras Restrepo, el desmonte del sistema frentenacionalista se había comenzado en forma lenta. En 1974, el país regresó a la elección del presidente mediante competencia abierta entre los partidos. Los dos mayoritarios y tradicionales, el liberal y el conservador, postularon cada uno a un aspirante, y otros movimientos y agrupaciones políticas presentaron también opciones propias. La elección, por el más alto número de votos depositados hasta el momento por cualquier candidato presidencial, de Alfonso López Michelsen, mostró en alguna medida la intención del electorado de regresar al período reformista de la República Liberal. En efecto, la última vez que un liberal había triunfado en elecciones competidas había sido en 1942. En aquella ocasión, Alfonso López Pumarejo había llegado a la presidencia

Richard M. Nixon y Mao Tse-Tung, en Pekín, febrero de 1972, visita que fue posible gracias a la política exterior de Kissinger que reconoció la necesidad de continuar la lucha anticomunista, pero aceptando la realidad de un mundo "bipolar" y pluralista.

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Alfonso López Michelsen. El gobierno del Mandato Claro diseñó una política exterior para "lograr la emancipación económica": "Obtener en la mesa de negociación internacional lo que nuestras masas desposeídas reclaman a nivel doméstico, es decir, igualdad de oportunidades, y no caridad, y no filantropía. Justicia en las relaciones económicas y no ayudas".

por segunda vez, de donde saldría por renuncia al cargo. Los siguientes presidentes fueron conservadores hasta 1953, cuando se inició un paréntesis de cinco años en la historia de mandatarios civiles, para luego entrar en el acuerdo bipartidista del Frente Nacional. Por eso, la elección de López Michelsen en cierta forma retomaba el hilo perdido de la Revolución en Marcha. No sólo porque los liberales volvían a derrotar a los conservadores, ni tampoco por el hecho de que el presidente elegido era el hijo del último mandatario de la República Liberal. Más que ello, López Michelsen había sido el más severo crítico del sistema del Frente Nacional, y en dicha crítica había sentado las bases del movimiento político más radical de la época: el MRL. Un electorado estimulado por la reapertura de la competencia entre los partidos, en consecuencia, votó masivamente por quien ofrecía una «esperanza», según el propio lema de su campaña: la de regresar al reformismo liberal de los años treinta. Se trataba

de un «mandato claro» en el campo político, según lo entendió el propio presidente, que sin embargo no correspondía al mandato constitucional. El pueblo pedía algo distinto a lo que obligaba la Constitución. La ilusión de un gobierno de partido chocaba con el parágrafo transitorio del artículo 120, que las dos colectividades tradicionales habían acordado en 1968 para desmontar lentamente el Frente Nacional. En él se había estipulado que el cuatrenio de 1974-1978 mantendría vigente la paridad de los partidos liberal y conservador en el manejo del gobierno. El de López Michelsen, en consecuencia, era un gobierno «puente» entre el Frente Nacional y un sistema de mayor competencia entre los partidos políticos. En todo caso, en el espíritu del Mandato Claro se incluían varios preceptos básicos de la Revolución en Marcha. Entre ellos, en el ambiente favorable de la situación internacional que se acaba de describir, figuraron algunos aspectos orientadores de la política exterior. Diversos discursos y escritos de Alfonso López Pumarejo demuestran, efectivamente, que tuvo siempre especial preocupación por el manejo de los asuntos internacionales y que buscó darles a los mismos un rumbo que lo apartaba de los lincamientos tradicionales. «El prejuicio colombiano —dijo el 4 de agosto de 1934—, que las relaciones exteriores son un terreno infranqueable para los partidos, no prospera en ninguna democracia, y entre nosotros ha producido consecuencias fatales [...] No se puede reservar la discusión de las cuestiones internacionales a un grupo de selección intelectual [...]». Y agregaba: «El palacio de San Carlos [fue] la más modesta oficina burocrática de los regímenes conservadores [...] Lo importante para nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores fue, por muchos años, no incomodar a nadie en el mundo, [...] observar el ambiente, callar y guardar compostura.» Asimismo, López Pumarejo hacía un llamado para una más activa política exte-

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rior colombiana: «Medio siglo de acercamiento unilateral nos encontró solitarios y aislados. [...] Las intervenciones colombianas de 1934 a 1938 no son, desde luego, decisivas para la historia del mundo ni jamás han presumido de serlo; pero se apartan y diferencian de la política tradicional de San Carlos en que obedecen a una doctrina y a una ambición política internacional compatible con nuestra condición, nuestra idiosincrasia, nuestra organización interna. Y se distancian de los procedimientos anteriores en que ninguna de ellas fue adelantada pidiendo respetuosamente permiso al universo para llevarla a cabo.» La administración López Michelsen les concedió también una gran importancia a los asuntos internacionales. Durante el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, López Michelsen había ocupado la posición de canciller, en cuyo ejercicio había pronunciado las palabras Respice similia para señalarle a la política exterior de esa administración una nueva orientación: la de mirar a las naciones semejantes a Colombia en grado de desarrollo, localización geográfica, herencia histórica. La de cambiar el énfasis de las acciones internacionales del país, desviándolo del polo norteamericano para buscar una mayor influencia en los países cercanos, que por su menor desarrollo podían recibir beneficios importantes de parte de Colombia. Alfonso López Michelsen concebía la política exterior como altamente determinada por las relaciones económicas, y el contexto internacional se caracterizaba precisamente en aquellos momentos por una serie de nuevas realidades en ese campo. Fue así como el gobierno del Mandato Claro diseñó una política exterior para «lograr la emancipación económica», según palabras del propio presidente en el informe de su administración que rindió al Congreso Nacional el 20 de julio de 1978, el cual está recogido en dos tomos bajo el título de Testimonio final. Allí, López profundizó la explicación de su entendimiento de la mencionada

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expresión: «Había tomado ímpetu la lucha por obtener en la mesa de negociación internacional lo que nuestras masas desposeídas reclamaban a nivel doméstico, es decir, igualdad de oportunidades, y no caridad, y no filantropía. Justicia en las relaciones económicas y no ayudas». A la vez, «cerrar la brecha» en las relaciones económicas de Colombia con el resto del mundo era una meta y un medio. La primera, en cuanto significaba la adecuación de las posibilidades nacionales a los recientes acontecimientos de la economía internacional. El segundo, en la medida en que una disminución en el grado de dependencia económica implicaba un mayor margen de autonomía con respecto a los polos de la economía mundial. El gobierno concebía una política exterior que debía estar en estrecha coordinación con una política económica coherente. Lo cual puso, en alguna medida, a las metas de crecimiento y dinamismo de la actividad económica en función de los objetivos de aquélla. Era la búsqueda de la «emancipación económica». Uno de los sectores que recibió mayor importancia por parte del gobierno en el campo económico, por ejemplo, fue el financiero. Al controlar las tasas de interés en niveles inferiores a la inflación, el Estado colombiano desincentivaba el ahorro privado. Además, las opciones para los ahorradores presentaban un desbalance cuando una de las modalidades disponibles, la de UPAC, al dar un rendimiento en función de la tasa de inflación absorbía una creciente porción del ahorro y lo canalizaba a solamente un sector de la economía: el de la construcción, que ya comenzaba a mostrar síntomas de estancamiento. La mencionada situación, según la administración López, colaboraba para sumarse a factores estructurales de la economía que limitaban el ahorro y creaban, en consecuencia, dificultades para que los inversionistas contaran con disponibilidad de recursos en el mercado de capitales. Lo

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Alfonso López Michelsen y su ministro de Hacienda Rodrigo Botero Montoya, quien se propuso "desarrollar un mercado de capitales eficiente que disminuyera la dependencia del exterior. Levantó los controles sobre los intereses de las cuentas de ahorros y controló los de Upac con el fin de fomentar la competencia".

cual, a su vez, hacía al país más dependiente de los recursos del ahorro extranjero. La reforma financiera diseñada durante los primeros meses del gobierno tenía entre sus objetivos, como lo expresó en numerosas ocasiones el ministro de Hacienda Rodrigo Botero Montoya, el de desarrollar un mercado de capitales eficiente que disminuyera la dependencia del exterior. Se incluyeron medidas tendientes a darle al ahorro un interés real positivo. Levantó los controles sobre los intereses de las cuentas de ahorro y, en cambio, controló los de UPAC con el fin de fomentar la competencia. En general, la política económica estaba diseñada para que varios de sus aspectos colaboraran en la ampliación del margen de autonomía de Colombia. En su carta de renuncia al ministerio de Hacienda, Botero Montoya dejó en claro esta intención, al afirmar que «la política económica va más allá

de la búsqueda de determinados niveles de bienestar material. De ella depende finalmente la verdadera autonomía nacional». El sector externo también recibió un papel de importancia en este sentido. De una parte, se buscó que generara un flujo estable de divisas, que en la medida en que se hiciera sólido reduciría la dependencia frente a las instituciones internacionales de crédito. Hacia 1975, la llamada «bonanza cafetera» facilitó esta situación. Los ingresos cafeteros se incrementaron en forma considerable al aumentar tanto la participación de Colombia en el mercado mundial como el precio por libra del café. Siguiendo su intención de ampliarla autonomía frente a los polos de desarrollo internacional mediante la política económica, el gobierno dio a la situación cafetera un manejo que permitió el notable crecimiento de las reservas internacionales, aun a costa del

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cumplimiento en el corto plazo de algunos objetivos económicos domésticos. Entre 1975 y 1978, el nivel de las reservas pasó de 547,3 a 2 481,8 millones de dólares, lo cual requirió de un disciplinado manejo que renunció al incremento inmediato de la inversión y del gasto público en aras del ajuste macroeconómico. Paralelamente, la política de endeudamiento fue prudente, pues no se la consideraba «una panacea, ni un fin en sí mismo», sino una herramienta cuya eficacia es mayor en la medida en que complemente los recursos del ahorro interno en vez de sustituirlos. Dentro de la concepción de que las relaciones internacionales se deben llevar a cabo como la negociación entre Estados maduros, y no como donaciones de los poderosos a los subdesarrollados, el gobierno buscó que todo lo que fuera «cooperación internacional sea una parte marginal de lo que es verdaderamente importante para el desarrollo». Así mismo, Colombia consideró, dentro de este mismo esquema de política internacional, que no se podían aceptar exigencias en materia de política económica por parte de los organismos crediticios internacionales. «No corresponde —escribió el ministro de Hacienda en octubre de 1975— a los organismos internacionales hacer recomendaciones de política económica y social, área que es privativa de las autoridades nacionales. No se adquieren compromisos de ninguna clase con las agencias internacionales. Pasó la etapa de las "cartas de intención" o documentos similares que impliquen compromiso alguno con el extranjero respecto a medidas económicas presentes o futuras.» En su viaje en septiembre de 1975 a los Estados Unidos, en donde López se entrevistó con el mandatario norteamericano Gerald Ford, Colombia renunció a los créditos que estaban presupuestados por la AID para 1976. Antes, durante y después de su visita, López ha dado diversas explicaciones para su acción. En primer lugar, con-

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sideraba que deben diferenciarse las fuentes de crédito internacionales. Aquellas de tipo multilateral, que dependen de los aportes de varios países, no tienen las mismas implicaciones que una agencia de un Estado particular, como es la AID de los Estados Unidos, en materia de la pérdida de autonomía que sufre un país cuando acepta recomendaciones sobre el manejo de los asuntos internos. Precisamente en referencia a la AID norteamericana, López Michelsen hizo una alusión reciente, el 27 de abril de 1985, en una conferencia pronunciada en Manizales. «La frágil memoria de los colombianos —dijo— olvida cómo en otros tiempos funcionarios de la AID tenían asiento en el Ministerio de Hacienda e inspiraban políticas de nuestro gobierno hasta llegar al extremo de que, siendo extranjeros, representaran a Colombia en foros internacionales y asistieran a los ministros en los debates parlamentarios». En segundo lugar, como lo argumentó López Michelsen ante el Congreso colombiano, la renuncia al créGerald Ford y Alfonso López Michelsen, durante la entrevista de los dos mandatarios, en Washington, en septiembre de 1975. Allí López anunció que Colombia renunciaba a los créditos previstos por la AID para el siguiente año, una medida de independencia que, además, reconocía la pérdida de importancia por parte de la AID.

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dito de la AID se llevó a cabo en respuesta a la percepción de que el papel de dicha agencia en el financiamiento del desarrollo estaba perdiendo importancia. «Los préstamos directos de los Estados Unidos a través de la Agencia Internacional para el Desarrollo, AID, se han venido reduciendo en los últimos años, a medida que la ayuda económica se presta con carácter multilateral», señaló el presidente el 7 de octubre de 1975. Y agregó: «era altamente probable que se nos recortara la ayuda que se nos venía prestando». En tercer lugar, el gobierno colombiano consideró que podía renunciar a los fondos provenientes de los Estados Unidos en virtud de que la coyuntura cafetera le estaba proporcionando al país un importante flujo de divisas. No existía necesidad de aceptar condiciones por parte de una nación extranjera, en momentos en que la economía atravesaba una etapa atípica de abundancia de divisas. La inversión extranjera también fue blanco de las medidas del gobierno colombiano para buscar la «emancipación económica». A la luz de la decisión 24 del Pacto Andino, adoptada por el gobierno anterior de Misael Pastrana Borrero, en 1975 se aprobó la ley de «colombianización de la banca». En ella se estipulaba que todas las instituciones de intermediación financiera en el país debían tener como mínimo un 51 % de capital nacional. Se buscaba que los principales medios económicos estuvieran en manos de colombianos, según lo sostenían en la época los voceros del gobierno. Dentro de esta misma concepción, sumada a la idea de que Colombia tratara con los países desarrollados en condiciones de negociadores y no de receptores de ayuda, Colombia adoptó un nuevo régimen para la inversión extranjera, en momentos en que ésta se consideraba de gran importancia para el desarrollo del sector minero. En primer lugar, se buscó la autonomía petrolera mediante el cambio del esquema administrativo de contratos

entre empresas de capital nacional y de capital extranjero. El régimen de «concesión» fue reemplazado por el de «asociación», cuya principal diferencia es que deposita en la contraparte extranjera el costo de los riesgos de la exploración. Al mismo tiempo, para evitar desincentivar la inversión de recursos en esta última, el gobierno incrementó el precio del crudo proveniente de nuevos pozos y aumentó la cotización del llamado «dólar petrolero». También el principio de Respice similia, acuñado por el canciller López Michelsen, tuvo un significado económico cuando fue ejecutado durante el gobierno del Mandato Claro. Se basaba en la creencia de que la situación mundial generaba «responsabilidades internacionales» para Colombia. López había acogido durante su visita a Washington de septiembre de 1975 la decisión del Banco Mundial en el sentido de que, ante la escasez de recursos, se limitaran los créditos a los países con mayor desarrollo relativo, así ello afectara a Colombia. Igualmente, la política exterior colombiana percibió responsabilidades con respecto a los vecinos de la región andina. A través de algunos programas educativos, adelantados por el SENA y el ICETEX, se prestaron servicios a países vecinos de menor desarrollo; como miembro del Banco del Caribe, Colombia participó activamente, «en el entendido de que era un país aportante», es decir, que no solicitaría créditos. Y en el Pacto Andino, por su parte, el gobierno de Colombia aceptó concederles a dos de los países miembros, Ecuador y Bolivia, un tratamiento comercial preferencial. Un punto que mereció especial atención por parte del gobierno de Colombia fue el de la delimitación de áreas marinas y submarinas, el cual se basó en un diagnóstico de las relaciones internacionales que le daba al mar una gran importancia. «La cuestión del mar constituye uno de los principales temas de controversia internacional de la etapa posterior a la guerra

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fría y está íntimamente vinculada a los que se miran ya como problemas crónicos de la política contemporánea a nivel planetario», escribió López Michelsen en su Testimonio final. El esfuerzo denotaba un interés consecuente con la adecuación de la política exterior a las nuevas realidades del sistema internacional. Estas últimas estaban caracterizadas por una mayor complejidad de los fenómenos económicos, que generaba una creciente avidez por los recursos disponibles. Fue así como Colombia entró a delimitar sus fronteras marinas, labor que concluyó en un período relativamente corto, lo cual permitió dejar «una superficie marina tan extensa como la superficie territorial que recibimos el 7 de agosto de 1974», según las palabras del presidente López. En efecto, fueron acordadas las delimitaciones correspondientes a las zonas de límite con las zonas vecinas en el Pacífico y en el Caribe mediante tratados con Ecuador, Haití, Panamá y la República Dominicana. Las relaciones bilaterales de Colombia con Estados Unidos, siempre un punto prioritario en la agenda de la política exterior colombiana, recibieron una nueva orientación durante la administración López. En forma consecuente con los principios generales explicados atrás, esta última se dirigió hacia el entendimiento entre dos Estados maduros con puntos de convergencia y divergencia. En una conferencia de prensa llevada a cabo durante la visita presidencial a Washington el 26 de septiembre de 1975, López dejó en claro su posición: «Se puede ser crítico de los Estados Unidos sin necesidad de ser enemigo, ni de ser hostil». Y agregó: «Sería terrible para el futuro de nuestras relaciones (bilaterales) que la única base posible fuera la de estar permanentemente de acuerdo con el punto de vista norteamericano.» En varios aspectos, en efecto, hubo desacuerdo entre las partes. Atrás se mencionó la renuncia de Colombia a los créditos de la AID, que en el pa-

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sado habían constituido una de las razones principales para la lealtad de Colombia a su «relación especial» con Washington. Otro desacuerdo surgió en el caso de la droga, y otros puntos importantes de negociación estuvieron constituidos por el tratado colomboestadounidense sobre los cayos de Roncador, Quitasueño y Serrana, y por las negociaciones entre Washington y Panamá relacionadas con la transferencia del Canal a la soberanía panameña. Todos estos puntos tuvieron cabida en el comunicado conjunto que publicaron los dos mandatarios como resultado de sus negociaciones en Washington. Desde el punto de vista del problema del narcotráfico, el gobierno colombiano consideró que se trataba de uno de naturaleza multilateral, que encerraba, en consecuencia, intereses internacionales. Por esta razón, deducía que las soluciones al problema no debían concentrarse en Colombia, ni mucho menos al aporte de los recursos necesarios para combatirlo. Por el contrario, consideró que la solución tenía que incluir un control del consumo en los Estados Unidos, pues la existencia de una gran demanda era condición necesaria para la supervivencia de la actividad ilegal. Rechazando así la teoría de que Colombia era la causa del problema y la sociedad norteamericana su víctima, López volteó el argumento para trasladarles a los consumidores el papel de victimarios. Con base en ello, sostuvo que las mafias tenían que combatirse mediante acciones multilaterales que distribuyeran entre varios países los costos. En relación al tratado Olaya Herrera-Kellog de 1928, sobre los cayos de Roncador, Quitasueño y Serrana, Colombia solicitó a la administración Ford que apoyara la ratificación por parte del Senado norteamericano. El caso fue efectivamente llevado a las Comisiones de Relaciones Exteriores del Senado y de Cámara, ante las cuales se presentó el presidente de Colombia, y posteriormente fue incluido

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Alfonso López Michelsen, Gerald R. Ford, Cecilia Caballero de López y Betty Ford asisten a la cena de gala en honor del primero, durante su visita a Estados Unidos entre el 24 y 29 de septiembre de 1975. Un cambio en la política exterior de Colombia lo anunció el presidente López con la fórmula "Respice similia" (Mira a los semejantes).

en la declaración conjunta de los dos presidentes, estableciéndose que «el presidente Ford dio seguridades al presidente López respecto del apoyo continuo de su gobierno por lograr una pronta ratificación». Finalmente, la cuestión panameña ocupó buena parte del tiempo entre los negociadores designados por Bogotá y Washington. El traspaso del Canal a jurisdicción panameña por muchos motivos se constituyó en uno de los aspectos claves de la política exterior de la administración López. Otro artículo de esta serie describe en detalle los acontecimientos que se desarrollaron y la manera como operó Colombia para facilitar las negociaciones en favor de Panamá. Por ello, aquí solamente se hará referencia a la importancia que las gestiones diplomáticas tuvieron para la política internacional de Colombia. El gobierno de Alfonso López Michelsen, en solidaridad con otros países latinoamericanos, estuvo presente en las reuniones que generaron una

declaración de apoyo al régimen de Ornar Torrijos en su causa para lograr el retorno del Canal. Esta última, el «Acta de Panamá», fue firmada por México, Venezuela y Costa Rica el 24 de marzo de 1975. En ella, Panamá se comprometió a concederle a Colombia los derechos a perpetuidad que estaban consignados en el Tratado Urrutia-Thomson, firmado en 1914 con los Estados Unidos para regularizar las resquebrajadas relaciones bilaterales que habían quedado luego de la separación de Panamá con el apoyo de Estados Unidos en 1903. Con base en el Acta, Colombia renunció a sus derechos para propiciar la posibilidad de que se terminaran las negociaciones entre el gobierno norteamericano y el de Ornar Torrijos. Además, para la política exterior colombiana se había llegado a una inconsistencia de posiciones cuando apoyaba la reclamación argentina sobre las islas Malvinas con argumentos anticolonialistas, respaldaba a Belice por la misma razón y a Panamá en su

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aspiración de obtener el Canal, pero al mismo tiempo estaba reclamando a los Estados Unidos el cumplimiento de derechos sobre su posesión colonial. Por ello, el gobierno colombiano actuó para ayudar a que se realizara el tránsito del canal de. Panamá, mediante la concertación de la solidaridad de las democracias de la zona, y propició el mantenimiento de los derechos colombianos sobre el Canal, no obtenidos como una concesión de un poder colonial, sino como tratado entre dos Estados iguales. Lo cual, por lo que se ha dicho atrás, es consecuente con los postulados generales que el equipo de gobierno le dio a la política exterior colombiana de mediados de los años setenta. En general, el mejor resumen sobre la actitud del gobierno colombiano con respecto a los Estados Unidos y sobre su lectura de la coyuntura internacional se encuentra en el discurso que López Michelsen pronunció en Washington el 25 de septiembre de 1975, en una cena ofrecida por el presidente Gerald Ford y su señora; dijo López: «Existe algo sobre lo que no transigimos, cual es el derecho a pensar con nuestra propia cabeza [...] Ni el "gran garrote", ni el "buen vecino", ni el "perfil desdibujado", ni el "descuido benévolo" nos satisfacen. Aspiramos a una relación multilateral en pie de igualdad, que sea el resultado de una formulación por todas las partes interesadas.» A la llegada a la presidencia del liberal Julio César Turbay Ayala el 7 de agosto de 1978, el ambiente de «permisibilidad» para acciones de política exterior para los países latinoamericanos no sólo se había mantenido, sino que se había profundizado, por la elección en 1976 en los Estados Unidos de James E. Carter, quien se había propuesto darle a la política de su país hacia América Latina una orientación diferente a la tradicional, aliviando las tensiones de la lucha Este-Oeste e incluyendo dentro de sus objetivos la búsqueda de la democracia y el cumplimiento de los derechos humanos.

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Como muestra de su verdadero interés en llevar a la práctica su nuevo discurso, la administración Carter se había tomado en serio la negociación con Panamá para devolverle a este último la soberanía y la administración del Canal. Ello había permitido, a su vez, que algunos países, Colombia, Panamá, Costa Rica, México y Venezuela, hubieran juntado esfuerzos para ayudar a la causa panameña, en lo que constituyó una de las primeras y más efectivas acciones de diplomacia regional en la zona. El 26 de septiembre de 1977 se habían firmado los acuerdos relacionados con el traspaso de la jurisdicción del canal a Panamá y con la neutralidad que este último se comprometía a preservar. La ceremonia de la firma, llevada a cabo en el edificio de la Organización de Estados Americanos, había contado con la presencia de los jefes de Gobierno de virtualmente todas las naciones americanas, incluyendo desde luego al de Colombia, doctor Alfonso López Michelsen, quien así había realizado su segunda visita a Washington como presidente. El año siguiente, el 16 de marzo de 1978, el Senado norteamericano ratificó los tratados luego de una tenaz batalla entre la Casa Blanca y el Capitolio, la cual demostró

Julio César Turbay Ayala en audiencia con el papa Juan Pablo II, en el Vaticano, en junio de 1979, durante la extensa gira que el presidente realizó en Europa. Antiguo ministro de Relaciones Exteriores de Lleras Restrepo y embajador en Londres y Washington, Turbay fundamentó su "política exterior en el respaldo a sistemas democráticos representativos, a las libertades, a los derechos humanos, a la autodeterminación de los pueblos y a la lucha contra el narcotráfico".

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Jimmy Carter y Leonid Brezhnev en Viena, durante la conferencia de desarme, el 16 de junio de 1979. El ambiente mundial de distensión que esta reunión generó, benefició la política exterior en el gobierno Turbay.

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el serio compromiso del presidente nanza cafetera que había tenido como Carter con la causa, pues le implicó la prioridad la acumulación de divisas. inversión de buena parte de su capital Además, 1978 era para Colombia un político. año muy satisfactorio en cuanto al En el momento, las tensiones entre comportamiento de los diversos indipaíses del hemisferio y los Estados cadores económicos: el año cerraba Unidos se debían principalmente a la con un crecimiento de 8,9 % del PIB violación de los derechos humanos (Producto Interno Bruto) y con una que se notaba en los regímenes mili- tasa de inflación del 15 %. tares del Cono Sur y de Centroamérica, principalmente. En materia de La administración política hemisférica, la guerra fría ha- Turbay Ayala (1978-1982) bía quedado atrás y ello se sumaba a una excepcional liquidez del sistema Ayudado por una nueva bonanza, esta financiero internacional, que permitía vez de magnitudes muy inferiores a la a los países en desarrollo adquirir cré- de 1975, el café continuó durante 1978 ditos con una gran facilidad. Aunque y 1979 estimulando la acumulación de así se sentaron las bases para la crisis divisas y sirviendo de palanca para el de endeudamiento que estallaría en crecimiento de la economía. Aunque 1982, durante los años inmediatamen- hacia 1981 el sector industrial cayó en te anteriores las naciones latinoame- una aguda recesión y en 1982 el sisricanas en situación atípica pudieron tema financiero mostró síntomas de dejar de ocuparse de la recurrente cri- crisis, la política de endeudamiento de sis de divisas. En Colombia, el nivel la administración Turbay permitió que de reservas internacionales era excep- durante su cuatrenio continuara crecionalmente alto desde el punto de ciendo el nivel de las reservas intervista de los parámetros históricos, lo nacionales, hasta llegar a 5.630 millocual era resultado del manejo de la bo- nes de dólares en 1981.

Capítulo 3

Hacia mediados del gobierno de Julio César Turbay, la situación internacional comenzó sin embargo a cambiar. La invasión soviética de Afganistán y las caídas de Anastasio Somoza en Nicaragua y del Sha en Irán restituyeron en el gobierno norteamericano la retórica anticomunista y el énfasis en los aspectos de seguridad para la política exterior. Al mismo tiempo, la economía mundial sufrió un nuevo choque en 1978, cuando estalló la guerra entre Irán e Iraq, dándole un nuevo empujón a los precios del petróleo. Estos hechos cambiarían el proceso político mundial, acercándolo una vez más a una guerra fría. Sin embargo, cuando se produjo la llegada de Turbay Ayala a la presidencia de Colombia, existía todavía el ambiente de distensión que en 1979 permitiría la histórica reunión de Carter y Brezhnev para firmar el tratado SALT II de desarme. Acaso como ninguno de sus antecesores, Turbay Ayala llegó a la presidencia llevando consigo una importante experiencia en el manejo de

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asuntos internacionales. Había ocupado el Ministerio de Relaciones Exteriores durante la administración Lleras Restrepo, y había desempeñado por espacios considerables de tiempo las embajadas de Londres y Washington. Por estas razones, el nuevo presidente no era ajeno a la problemática internacional. Consideraba que le pertenecía el campo y que él mismo podría diseñar la orientación del manejo de los asuntos exteriores. El punto de partida, además, le permitió comenzar con gran impulso. Su primer ministro de Relaciones Exteriores fue Indalecio Liévano Aguirre, quien había ocupado el cargo durante los cuatro años de la administración anterior. Turbay lo mantuvo para asegurar su elección, que previamente había sido negociada, como presidente de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Con dicha elección, la política exterior de la administración Turbay denotaba un punto de continuidad con la del gobierno anterior. Además, mostraba que el nuevo presidente tenía interés

Firma del Tratado de Limitación de Armas Nucleares (Salt II) por Jimmy Carter y Leonid Brezhnev, Viena, junio 18 de 1979. La inmediata invasión de Afganistán por fuerzas soviéticas limitaría el clima de confianza alcanzado con este acuerdo.

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Indalecio Liévano Aguirre, ministro de Relaciones Exteriores durante todo el gobierno de López Michelsen y durante el primer mes de la administración Turbay, de modo que fuese elegido, como se había acordado, presidente de la asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas, como en efecto ocurrió, siendo reemplazado en la Cancillería por Diego Uribe Vargas.

en los asuntos internacionales y que ellos atraerían su especial atención como gobernante. Se notaba sin lugar a dudas su gran experiencia en el campo diplomático. Una vez llevada a cabo la elección de Liévano Aguirre en la ONU, Turbay nombró a Diego Uribe Vargas para reemplazarlo. Como antecedentes en el campo, Uribe Vargas presentaba una larga trayectoria como diplomático y como catedrático de derecho internacional. El discurso de posesión de Turbay Ayala fue también un indicio de su interés por los problemas internacionales. Les dedicó a ellos varias cuartillas, en las que expuso sus pensamientos básicos sobre lo que sería su plan de gobierno en política internacional. En general, acogía los elementos que tradicionalmente han estado presentes en la política exterior colombiana y que han sido catalogados en estas páginas como sus características esenciales. Al mismo tiempo, sin embargo, mantenía continuidad con algunos de los aspectos de la administración López Michelsen que habían apartado a su ges-

tión diplomática de las tendencias tradicionales. Turbay anunciaba continuismo en la búsqueda paulatina de un perfil más alto en la política exterior. En el intento de ampliar la órbita de influencia de Colombia. En la aceptación de la idea de la creación de un nuevo orden económico internacional. En la búsqueda de unas relaciones económicas que satisficieran las expectativas nacionales sobre precios para los productos de exportación. Igualmente, Turbay acogió el multilateralismo como pieza esencial de su gestión ante el resto del mundo. «Esta actitud bilateralista (de los Estados Unidos) —dijo el presidente Turbay al tomar posesión— ha hecho perder a los países de este hemisferio la coherencia de otra época en sus relaciones con la gran democracia del Norte.» Sin embargo, el nuevo gobierno anunció el cambio de rumbo en varios aspectos. En primer lugar, consideraba que las relaciones con Estados Unidos debían ser las más cordiales y reconocía la interacción de la política exterior colombiana y la del poder hegemónico. «Es una verdad indiscutible —señaló Turbay Ayala— que nos movemos en la órbita en la que los Estados Unidos, la primera superpotencia mundial de Occidente, ejerce su mayor influencia.» Consideraba entonces que debía refortalecerse la OEA y, dentro de su idea de coordinar las acciones de las naciones latinoamericanas bajo la tutela de Washington, comprometerse «con mayor audacia en una política de regionalización fronteriza» y con los procesos de integración. Se observaba un notable cambio, también, en la actitud del nuevo gobierno con respecto al tratamiento al problema del narcotráfico. Regresando al enfoque bilateral, lo consideraba un punto clave de las relaciones con Estados Unidos. Aunque todavía se refería a la necesidad de combatir el consumo (el narcotráfico «sería más controlable si el gobierno estadounidense pudiera interferir la

Capítulo 3

asistencia financiera que los delincuentes reciben de los ávidos traficantes y consumidores norteamericanos»), anunciaba una «cruzada implacable» para combatir el tráfico ilegal de estupefacientes. «Nuestra política internacional no perderá su tradicional orientación», anunció Turbay, y en forma inmediata entró a definir los alcances de su afirmación: Colombia defendería los sistemas democráticos representativos, las libertades, los derechos humanos y la autodeterminación de los pueblos. «No consideramos — dijo— que la victoria armada genere derechos. Rechazamos toda forma de dependencia colonialista.» Igualmente, anunció que ampliaría la órbita de las relaciones diplomáticas haciendo, entre otras cosas, una gran apertura hacia el África y abriendo relaciones con China Popular. Entre los campos de continuidad que se mantuvieron con respecto al gobierno anterior, la administración Turbay entró a acelerar las negociaciones con Panamá encaminadas a formalizar la aprobación de los derechos

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a perpetuidad de Colombia en el Canal, que se habían asegurado mediante el Acta de Contadora de 1975. Tal cosa se hizo mediante el tratado Uribe Vargas-Ozores, posteriormente ratificado por la Asamblea Nacional de Panamá, que consolidó el cambio del origen de los derechos colombianos, desde una concesión colonial hacia un acuerdo entre dos Estados soberanos. En general, como lo afirma el profesor Gerhard Drekonja en su obra Retos de la política exterior colombiana, «entre 1974-1978 Colombia adquirió tanto prestigio con la política exterior multilateral, que su ímpetu alcanzó a cobijar también los primeros meses del gobierno de Julio César Turbay Ayala». Dicho ímpetu se inició adoptando como foco principal una acción multilateral de varias naciones latinoamericanas para mediar en el conflicto nicaragüense que hacia mediados de 1978 había cobrado un alto número de vidas y prometía continuar hacia el futuro con un dramático baño de sangre. En el mismo mes en que se producía en Colombia el cambio de gobierno, el Frente Sandi-

Durante un almuerzo ofrecido a los ministros de Relaciones de la OEA, en Washington, aparece Henry Kissinger con Indalecio Liévano Aguirre y con Galo Plaza Lasso, ex presidente del Ecuador y secretario general de la OEA. Se aprecia también al senador Gale Mc Gee y a Guillermo Sevilla Sacasa, canciller de Nicaragua.

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Incursión de la guerrilla sandinista en el municipio de León, Nicaragua. Colombia fue partidaria de la mediación en el conflicto nicaragüense en acción conjunta con otros países, y su intervención determinante creó una cohesión que luego tendría efectos en el Pacto Andino.

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nista de Liberación Nacional se tomó la sede del Congreso, el Palacio Nacional, dando a conocer un plan de veinticinco puntos para gobernar al país. La respuesta del régimen fue la de lanzar a la Guardia Nacional a enfrentar la guerrilla en combate abierto, lo que incrementaría el nivel del conflicto bélico y generaría una crisis política que sólo se solucionaría un año más tarde, el 17 de julio de 1979, con la victoria total del FSLN. Durante todo este período, Colombia, en acción conjunta con otros países, intervino en forma activa y muy determinante, lo cual a su vez creó una cohesión entre estos países que posteriormente le dio al Pacto Andino una nueva línea de acción: la de la diplomacia multilateral a nivel regional. Ello sería posible, además, gracias al énfasis que el gobierno colombiano le concedió al Pacto Andino dentro de su programa de política exterior. En el discurso de posesión, como se anotó atrás, Turbay había anunciado que haría esfuerzos para fortalecer la integración, y en compañía de los mandatarios andinos que lo acompañaron en el acto, publicó una declaración en ese sentido: la posteriormente llamada Declaración de Bogotá. Los países del Pacto Andino continuaron con su intento de fortalecer el esfuerzo integracionista con una reunión de cancilleres en Quito en el mes

de mayo de 1979 y con una de presidentes en Cartagena, en conmemoración de los diez años de la firma del Acuerdo de Integración. En ésta, además de reiterarse el compromiso de los diversos países con los ideales integracionistas, se acordó la consulta permanente a nivel político para coordinar decisiones de tipo económico en los foros internacionales. Así mismo, se decidió la creación del Tribunal Andino de Justicia. En forma paralela, la acción conjunta de los gobernantes de las naciones andinas se ocupó de la situación nicaragüense, como se dijo atrás. En septiembre de 1978, los presidentes de Colombia y Venezuela, Carlos Andrés Pérez y Julio César Turbay, enviaron un mensaje al presidente de la Asamblea Ordinaria de la ONU, cuestionando al régimen nicaragüense y reprochándole el incumplimiento de los derechos humanos. Luego, durante el primer semestre de 1979, estas dos naciones, con el apoyo de otras más, se opusieron en la OEA a un proyecto del presidente Carter en el sentido de enviar a Nicaragua una fuerza multilateral de paz. En la cumbre de presidentes el 28 de mayo de 1979 en Cartagena, nuevamente el tema de Nicaragua fue tratado por los gobernantes de los países andinos. Una declaración publicada al finalizar la reunión anunciaba que dichas naciones se declaraban «en consulta permanente para impulsar solidariamente las acciones que corresponda»; denunciaba nuevamente la violación de los derechos humanos por parte del régimen de Anastasio Somoza, e informaba que sus gobiernos mantendrían relaciones con dicho régimen solamente por cuestiones humanitarias: para garantizar el derecho de asilo a los perseguidos políticos. Por encargo de los presidentes, los cancilleres de Ecuador y Venezuela se entrevistaron con el dictador, de cuya reunión informaron que «las expresiones del general Somoza no permiten alentar en lo inmediato ninguna fundada esperanza de que el gobierno ac-

Capítulo 3

tual de este país tomará las decisiones necesarias para que la paz y la fraternidad vuelvan a reinar en la patria nicaragüense». En consecuencia, los cancilleres andinos decidieron darle al Frente Sandinista de Liberación Nacional el carácter de fuerza beligerante, mediante declaración del 16 de junio que pronto fue acogida por gobiernos de varios países más. Una semana después, los cancilleres se volvieron a reunir en Caracas y formularon un nuevo llamado al general Somoza para que se detuviera el baño de sangre, y entraron en contacto con el FSLN para establecer el rumbo de sus acciones futuras, una vez se resolviera la situación del tambaleante régimen autoritario. De allí, los ministros viajaron a San José para entrevistarse personalmente con líderes sandinistas. En esos momentos se conoció la noticia de la renuncia de Somoza. Una nueva declaración fue publicada al día siguiente por los enviados de las naciones andinas, en respuesta a los intentos de Francisco Urcuyo

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para permanecer en la presidencia dentro de un esquema que los sandinistas catalogaron como un «somocismo sin Somoza». En el documento, se afirmó: «El alejamiento definitivo de Anastasio Somoza del poder constituye un hecho trascendental en la historia de la lucha por la libertad en Latinoamérica. Los países andinos sentimos la emoción profunda de haber participado consciente y activamente en la consecución de ese objetivo.» Y agregó: «La presencia de Francisco Urcuyo sólo puede ser tolerada como un fugaz paso para la transferencia del poder en Nicaragua.» Inmediatamente, los países andinos entraron a apoyar al nuevo régimen de reconstrucción nacional. Colombia, dentro de su tradicional apego al respeto del asilo, del cual se habló en páginas anteriores, durante todo el tiempo de la crisis mantuvo abierta la embajada en Managua. Tan intensa actividad diplomática le dio al Pacto Andino una nueva dimensión. La presencia de los cancilleres en

Reunión de jefes de Estado del Pacto Andino, en Cartagena, e/27 demayo de 1979, para celebrar la primera década de su creación: general David Padilla Arancibia (Bolivia), general Francisco Morales Bermádez (Perú), Julio César Turbay Ayala (Colombia), almirante Alfredo Poveda Burbano (Ecuador) y Luis Herrera Campins (Venezuela). En esta reunión, se denunció la violación de derechos humanos por el régimen de Anastasio Somoza.

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asuntos de países de la región reconocía implícitamente el carácter político del acuerdo de integración, y la aceptación por parte de los países de dicho papel. Por esta razón, que algunos críticos han denominado la «politización del acuerdo», en septiembre de 1979 fue creado el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores como «instancia política orientadora que armonice los diversos aspectos políticos, económicos, sociales y culturales, a fin de sistematizar las acciones comunitarias para la necesaria coordinación que debe existir entre los distintos instrumentos».

El ex presidente López Michelsen encabeza el cortejo fúnebre de su antiguo ministro de Gobierno y de Agricultura, Rafael Pardo Buelvas, asesinado el 12 de septiembre de 1978 por el grupo guerrillero Autodefensa Obrera ( A D O ) . E l gobierno Turbay acababa de decretar un Estatuto de Seguridad, con drásticos instrumentos para combatir a la subversión.

En los meses siguientes, el Consejo se reunió en varias ocasiones para tratar diversos aspectos relacionados con la política internacional de la región. En enero de 1980, por ejemplo, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, un comunicado apoyó la demanda de este último en el sentido de conseguir una salida al mar; en Lima, también en el mes de enero, el Consejo se reunió con el canciller brasileño, con el objeto de iniciar conversaciones con los países vecinos a la subregión; en Quito, en el mes de marzo, se hizo lo mismo con Argentina. Posteriormente, el Consejo se ocupó del problema ocasionado en la embajada del Perú en La Habana, cuando miles de personas entraron pidiendo asilo. En declaración

conjunta, se decidió «promover y concretar acciones internacionales de solidaridad para que se realice en la forma más expedita la salida de los nacionales cubanos». En el mes de mayo, los gobiernos de la región delegaron en el presidente colombiano Julio César Turbay su vocería ante la Comunidad Económica Europea, con el fin de que adelantara negociaciones tendientes a incrementar los vínculos comerciales. Desde finales de 1979, y durante el primer semestre de 1980, una serie de hechos ocurridos fueron dándole a la política exterior una nueva naturaleza. De una parte, porque poco a poco fue estrechando la relación entre ésta y el proceso político doméstico. De otra, porque intensificó la presencia del concepto del anticomunismo, y el acercamiento con los Estados Unidos que se había anunciado en el discurso de posesión presidencial. Para entonces, esto último significaba la alianza con una administración Carter caracterizada en su política exterior por un creciente antisovietismo, particularmente después de la invasión de la URSS a Afganistán en diciembre de 1979. En septiembre del mismo año, Colombia había asistido a la Cumbre del Movimiento de Países No Alineados en La Habana, Cuba, y había fijado una posición que expresaba preocupación por el hecho de que «el Movimiento de los No Alineados ha sufrido también internamente la tensión originada por las potencias en su afán de predominio». Un mes más tarde, el 26 de octubre, Colombia y Cuba se vieron enfrentados en una batalla sin precedentes por la elección del representante latinoamericano al Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas. Cuba había presentado su candidatura con el apoyo de los No Alineados, que un mes atrás le habían entregado la presidencia del movimiento a Fidel Castro, y Colombia le opuso la suya obligando a que se repitiera la votación durante 154 veces, todas con

Capítulo 3

victoria cubana, pero sin la mayoría necesaria de las dos terceras partes de la Asamblea General. En enero de 1980, un tercer candidato con buenas relaciones con las dos naciones enfrentadas, México, resultó elegido. El bloqueo colombiano a la aspiración cubana, que implicó un duro golpe para el papel de Fidel Castro como líder de los No Alineados, fue explicado por Colombia como una conducta consecuente con su tradicional principio de apoyar a candidatos que contaran con el respaldo de la región latinoamericana para ocupar posiciones en su representación. Pocas semanas después de solucionado el conflicto en la ONU, el 4 de febrero de 1980, las relaciones de Colombia y Nicaragua sufrieron un grave deterioro. El ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Managua, ante el cuerpo diplomático acreditado ante su despacho, formuló una declaración desconociendo la vigencia del tratado Esguerra-Bárcenas, que establece la soberanía colombiana sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia. Con el apoyo de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, el gobierno de Colombia reiteró, durante visita a Bogotá del canciller nicaragüense Miguel d'Escoto, que no estaba dispuesto a discutir el reclamo nicaragüense, porque los derechos de Colombia sobre San Andrés y Providencia «están respaldados por hechos históricos, políticos y jurídicos incuestionables». El 27 del mismo mes, un comando del Movimiento 19 de Abril (M-19) se tomó la sede de la embajada de la República Dominicana en momentos en que se llevaba a cabo una recepción con la presencia de catorce embajadores, el nuncio apostólico, dos encargados de negocios y ocho cónsules extranjeros. Este hecho, que se prolongó hasta el 27 de abril cuando, luego de largas negociaciones, se acordó la salida a Cuba de los secuestradores y los rehenes, creó un panorama diferente para la política exterior colombiana. Al mismo tiempo, era un esla-

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bón más de una tenaz lucha entre el gobierno de Colombia y el M-19, que había empezado desde la llegada misma de Julio César Turbay a la presidencia. En una alocución televisada en marzo de 1981, el presidente, en efecto, anunció: «El mismo día de mi posesión encontré sobre mi escritorio un boletín en el que dicho Movimiento (19 de Abril), antes de comenzar mi gobierno, se colocaba irrazonablemente en pie de batalla contra la nueva administración.» Durante el primer mes de gobierno, el presidente Turbay había decretado el «Estatuto de Seguridad», que in-

cluía drásticos instrumentos para combatir a la subversión. Los movimientos guerrilleros respondieron con un mayor compromiso a la causa armada, y asesinaron en su residencia al ministro de Gobierno de la administración anterior, Rafael Pardo Buelvas. Luego, en diciembre de 1978, el M-19 sustrajo cinco mil armas del Cantón Norte, en donde el ejército nacional mantenía un depósito subterráneo, vigilado por una guardia permanente. Una gran ofensiva del ejército los había llevado a descubrir decenas de «cárceles» del pueblo en donde el M19 retenía a los secuestrados, de donde surgió un agudo debate sobre el cumplimiento en Colombia de los derechos humanos.

El presidente del Brasil, Jao Baptista Figueiredo, durante su visita a Colombia, en marzo de 1981, con el presidente Turbay, los ex presidentes Pastrana, Lleras Camargo y Mosquera Chaux. Los dos mandatarios suscribieron una declaración contra el apartheid y a favor de solución pacifica de conflictos en América Latina, y fortalecimiento del Pacto Amazónico.

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Por esta razón, la toma de la embajada de la República Dominicana fue denominada por el M-19 como Operación Democracia: buscaba recuperar a los miembros del comando superior de la organización que habían caído presos y se preparaban para participar en consejos verbales de guerra. Con posterioridad a la toma de la embajada, el debate sobre los derechos humanos se intensificó con la presencia en Colombia del Comité Internacional de la Cruz Roja y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los cuales visitaron el país y presenciaron los consejos verbales de guerra que se adelantaron durante 1980. Tanto en lo interno como en lo externo, en consecuencia, el gobierno de Colombia se aferró al anticomunismo, y esto le creó una gran afinidad con el gobierno de los Estados Unidos. No sólo porque la administración Carter estaba cambiando de lenguaje y actitud frente a la URSS, sino porque sin proponérselo le estaba abriendo paso a una administración, la de Ronald Reagan, bajo la cual la guerra fría entre las superpotencias recuperaría sus momentos más críticos. Colombia, al igual que Venezuela, entró a estrechar sus tradicionales relaciones de cooperación con los Estados Unidos. Ello la llevó a la firma de varios tratados bilaterales que tuvieron gran importancia en el futuro para las relaciones entre ambos países. De una parte, el de extradición, de otra, el de asistencia judicial mutua. Con estos tratados, las dos naciones buscaron la creación de instrumentos de tipo jurídico que se pudieran utilizar en la batalla que estaban dispuestos a librar contra el narcotráfico. Permitían la extradición de nacionales, y la colaboración para incrementar el castigo de los delincuentes que, con el beneplácito del gobierno de Washington, la administración Turbay Ayala aspiraba a detener dentro de su «cruzada implacable» contra el tráfico de estupefacientes. En tercer lugar. Colombia entró a negociar con los Estados Unidos la ra-

tificación por parte del Senado norteamericano del tratado Vásquez-Saccio, firmado en 1972, por el cual los Estados Unidos reconocen la soberanía colombiana sobre los cayos de Roncador, Serrana y Quitasueño. El embajador Virgilio Barco logró, en 1980, la aprobación de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, pero esta decisión no hizo tránsito a la plenaria. En julio de 1981 celebró el trámite exitoso en ambas instancias, lo cual permitió la posterior ratificación y el correspondiente canje. Cuatro meses antes, en lo que podría catalogarse como el epílogo del episodio de la toma de la embajada de la República Dominicana, el gobierno de Colombia había suspendido sus relaciones con Cuba, el 23 de marzo, luego de comprobar que en La Habana se habían entrenado los guerrilleros del M-19. Al regresar éstos al país, en una invasión que incluía dos columnas, una por el sur y otra por el Chocó, encontraron una férrea resistencia por parte de las Fuerzas Armadas, que llevó a la detención de sus principales jefes. El testimonio de uno de los guerrilleros, afirmando que habían sido entrenados por Cuba, llevó al gobierno de Colombia a suspender las relaciones con La Habana que se habían abierto en 1975. En adelante, la política exterior de Colombia siguió avanzando en cuanto a su acercamiento a Washington y en cuanto a la adquisición de un mayor perfil. Respecto de lo primero, la administración Turbay apoyó las elecciones de marzo de 1982 en El Salvador, las cuales tenían también el respaldo de los Estados Unidos; mostró su simpatía hacia la iniciativa Reagan para la cuenca del Caribe; participó en el envío de una fuerza multinacional de paz al Sinaí, y se opuso, en compañía con otros países latinoamericanos como Venezuela, a la declaración francomexicana de agosto de 1981 que le daba al FMLN el reconocimiento de fuerza beligerante en El Salvador. Respecto de lo segundo, la administración Turbay, ahora bajo la cancille-

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ría de Carlos Lemos Simmonds, buscó proyectarse hacia el Caribe. En julio de 1981 se llevó a cabo en Bogotá la primera conferencia de embajadores colombianos ante la Cuenca del Caribe. Posteriormente, Colombia intensificó su presencia en dicha región mediante varias acciones, mencionadas por Gerhard Drekonja en su citada obra: aumentó en cinco millones de dólares su aporte al Banco de Desarrollo del Caribe; creó un fondo fiduciario para apoyar programas de los países de menor desarrollo del Caribe Oriental; ampliar los recursos para depósitos en los bancos centrales de los diversos países; ampliar el esquema crediticio colombiano con algunos países de la zona; establecer líneas de crédito hasta de diez millones de dólares por país; suscribir acuerdos de carácter preferencial con todos los países del área; establecer una infraestructura de transporte adecuada en la región; ofrecer energía al Caribe en forma del carbón de Colombia; crear en Bogotá un fondo especial para el Ca-

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ribe cuyos recursos podrían llegar hasta cincuenta millones de dólares. Además, Colombia buscó abrirse hacia otras regiones: a la Cuenca del Pacífico, y al Brasil. El presidente de este último país, Joáo Baptista Figueiredo, visitó Bogotá en marzo de 1981. Los mandatarios publicaron un largo documento fijando posiciones conjuntas sobre un amplísimo temario que incluyó: oposición al apartheid, apoyo a los sistemas democráticos, confianza en el desarme, en los derechos humanos y en los principios del derecho internacional y apoyo a los métodos pacíficos para solución de controversias en América Latina. Igualmente, acordaron la ejecución de medidas tendientes a estrechar las relaciones comerciales entre ambas naciones, así como la participación en el Pacto Amazónico, que se había puesto en marcha luego de una reunión de cancilleres de los países que forman la Cuenca, en octubre de 1980. En alguna medida, la administración Turbay Ayala retomó el tradicio-

Jao Baptista Figueiredoy Julio César Turbay, durante la visita del presidente brasileño a Colombia, en 1981.

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nal favoritismo que la diplomacia convencional colombiana les había concedido a las instituciones multilaterales. Fue así como por medio de la ley 49 del 14 de mayo de 1981, Colombia formalizó su ingreso en el acuerdo del GATT (Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio), el cual había comenzado a buscar desde 1967, cuando se iniciaron incipientemente las primeras negociaciones. Un año más tarde, en el mes de noviembre, los representantes de la administración Lleras Restrepo habían elevado la solicitud de una adhesión provisional, para lo cual se formó un grupo de trabajo que desde enero de 1969 comenzó un estudio sobre la política comercial y el régimen arancelario vigente. Dos años más tarde, el proceso de adhesión de Colombia al GATT fue suspendido, por cuanto los mayores esfuerzos del gobierno estaban destinados al desarrollo del Acuerdo de Integración del Pacto Andino. Sin embargo, en 1973 el Consejo Nacional de Política Económica y Social decidió que nuevamente se presentara la solicitud para iniciar el estudio de la adhesión provisional. Esta fue finalmente formalizada en julio de 1975, después de la creación de un nuevo grupo de trabajo, y de un proceso de negociaciones tendiente a establecer los compromisos y derechos de las partes. En octubre de 1978, el gobierno de Colombia solicitó la creación de una comisión para estudiar la adhesión definitiva al acuerdo. Luego de las negociaciones correspondientes, en noviembre del año siguiente (por sesenta y ocho votos a favor y ninguno en contra) fue aprobado el ingreso definitivo, el cual fue adoptado por la legislación nacional a través de la ley mencionada con anterioridad. El siguiente paso de la estrategia de la administración Turbay para profundizar su presencia en la Cuenca del Caribe consistió en la negociación encaminada a lograr el ingreso en el Grupo de Nassau. Éste había sido creado por la administración Reagan bajo su primer secretario de Estado,

Alexander Haig, con el fin de coordinar la ayuda que varios países le entregaban a las naciones del Caribe. México, Venezuela y Canadá fueron los invitados, convocados por cumplir los requisitos señalados por Washington: un nivel de créditos otorgados a naciones de Centroamérica y el Caribe por un volumen no inferior a cien millones de dólares. Mediante negociaciones que implicaron el aumento de los créditos de Colombia a la zona, la segunda reunión llevada a cabo en Nueva York contó con la asistencia de representantes del país, lo cual fue recibido con gran beneplácito por la prensa colombiana. Hacia el final de la administración Turbay Ayala, la diplomacia colombiana fue cayendo poco a poco en un considerable aislamiento a nivel continental, como lo describen Bruce Bagley y Juan Tokatlián en su ensayo Política exterior colombiana en los años 80: la búsqueda de mayor influencia. Paradójicamente, éste comenzó al interior del Pacto Andino, el cual había concentrado la mayor atención de la política exterior de la administración Turbay durante sus primeros meses, como se anotó anteriormente. Las relaciones con Venezuela sufrieron un considerable deterioro, luego de que el proceso de negociaciones entre los dos países sobre la delimitación de áreas marinas y submarinas fue interrumpido. Un principio de acuerdo había sido acogido, la hipótesis de Caraballeda, pero antes de la decisión final, el documento fue filtrado en Venezuela y encontró el rechazo del partido de oposición. Además del malestar que ello causó, Colombia vio con desagrado la compra de aviones F-16 por parte del gobierno caraqueño. Finalmente, hubo frecuentes informaciones sobre mal trato a colombianos habitantes en Venezuela y amenazas del gobierno de este último de realizar deportaciones masivas de los inmigrantes que habían traspasado la frontera en forma ilegal. Un segundo elemento que frustró el intento original de una diplomacia re-

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gional andina fue dado por el golpe militar ocurrido en Bolivia el 17 de julio de 1980, cuando el general Luis García Meza derrocó a Lydia Gueiler Tejada, quien se encontraba transitoriamente en el poder para impulsar un proceso de pacificación. Todos los países del Pacto Andino negaron el reconocimiento al nuevo gobierno, y posteriormente este último amenazó con retirarse del Acuerdo de Integración y buscar unas mejores relaciones con los países del Cono Sur. Finalmente, la diplomacia andina chocó con la guerra entre Ecuador y Perú ocasionada por el viejo conflicto territorial de la cordillera, del Cóndor. Los combates terminaron con la mediación de la OEA, pero dejaron heridas las relaciones interandinas. El aislamiento de Colombia fue aumentado, además, por el deterioro de sus relaciones con Nicaragua, a partir de febrero de 1980, y con Cuba, las cuales fueron suspendidas en 1981. También hubo problemas con México, luego de que Colombia se opusiera al comunicado franco-mexicano de agosto de 1981 que reconocía al FMLN como fuerza beligerante, y lo calificara de intromisión en asuntos internos de El Salvador. Dicho aislamiento iba aumentando la necesidad de Colombia de acercarse a los Estados Unidos y de alinearse a su lado en el contexto de la crisis centroamericana. Lo cual, a su vez, condujo al acontecimiento que más dramáticamente reflejó las consecuencias de las malas relaciones de Colombia con sus vecinos latinoamericanos: la posición mantenida durante el conflicto de la guerra de las Malvinas. Los representantes del gobierno colombiano se abstuvieron en la votación para utilizar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca invocado por Argentina, en lo cual sólo estuvieron acompañados por sus colegas de Chile, Trinidad y Tobago y, desde luego, de los Estados Unidos. Aunque se trataba de un resultado consecuente con las medidas anteriores de la política exterior, que habían

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conducido a una estrecha colaboración con la administración Reagan, la posición solitaria de Colombia en la guerra del Atlántico Sur, sumada al proceso político doméstico y a la situación económica del país, propiciarían las bases para un notorio cambio de rumbo en la política exterior de Colombia bajo el siguiente gobierno, de Belisario Betancur Cuartas. La administración Betancur Cuartas (1982-1986) A la llegada del presidente Belisario Betancur al poder, el 7 de agosto de 1982, la situación internacional y la coyuntura doméstica ofrecían todos los

El presidente de Estados Unidos Ronald W. Reagan a su llegada a Bogotá, diciembre de 1982. El presidente Belisario Betancur criticó entonces el orden económico internacional y el papel jugado en él por esa potencia (en la foto, con el general Fernando Landazábal Reyes).

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elementos necesarios para un viraje en la política exterior. Como candidato, Betancur había acogido la tesis originalmente planteada por su rival, Alfonso López Michelsen, según la cual había que entrar a intentar un proceso de pacificación que propiciara los mecanismos para que la guerrilla se vinculara al sistema político legal. El hecho de que los demás candidatos habían apoyado la idea, y de que durante años el tema de una «apertura democrática» se había convertido en la principal bandera de la oposición, lo convirtió en el hecho más importante de la campaña. Tanto, que cuando el nuevo presidente tomó posesión, ya se había formado un consenso nacional. Un reflejo de ello fue la rápida aprobación de la ley de amnistía, sancionada por el presidente en noviembre de 1982, luego de que el Congreso con mayoría del partido liberal, aprobara el proyecto enviado por el gobierno conservador y escrito por el ex candidato de la izquierda, Gerardo Molina. Al mismo tiempo, se había heredado del gobierno anterior el concepto de la interrelación entre el proceso político doméstico y la situación internacional, así como un creciente papel para Colombia en la crisis centroamericana. Poco antes de terminar su gobierno, Turbay Ayala había enviado representantes suyos a San José, en el mes de mayo, en donde asistieron a la posesión de Luis Alberto Monge y adelantaron conversaciones que originaron la creación del Foro Pro Paz y Democracia. Éste, impulsado por los Estados Unidos, llegaría a llamarse Foro Enders por el activo papel del subsecretario de Estado de ese país. Se trataba de un instrumento creado por Washington para impulsar su política hacia la región. También Colombia había logrado el ingreso al Grupo de Nassau, según se dijo, y en varios aspectos había profundizado su presencia en el Caribe. El nuevo mandatario consideró también que existía una interrelación entre la política internacional y el pro-

ceso de pacificación que se proponía llevar a cabo. Consideraba que el peligro de una regionalización del conflicto centroamericano podría llegar a afectar a Colombia, y que por eso tenía que buscar en ambos lugares «una sola paz», como se titula el volumen que recoje sus intervenciones sobre el tema. En el campo internacional, además, Betancur heredaba una situación de aislamiento que tenía poca acogida entre la opinión pública y que se percibía contraria a una estrategia de pacificación que buscara la reconciliación con los grupos alzados en armas. Por ello, desde antes de asumir formalmente la jefatura del Estado, y en calidad de presidente electo, dio algunas señales de que le daría un vuelco a la política exterior de su administración: apoyó la firma de un contrato con la Unión Soviética para la construcción de la represa de Urrá, el cual había criticado como candidato, y se mostró partidario de cambiar la posición colombiana con relación a la guerra del Atlántico Sur. Además, la situación económica que recibió le daba piso para actuar. En el mismo mes de la inauguración del gobierno, la crisis mundial de endeudamiento estalló cuando México, entonces el mayor deudor del planeta, anunció una moratoria de noventa días para los pagos de sus compromisos de servicio de la deuda. Detrás de México, se percibía venir virtualmente todos los países que concentraban los mayores volúmenes de deuda externa, lo que ponía al borde del abismo al sistema financiero internacional. La situación de Colombia era exactamente la contraria. Aunque el sector industrial denotaba síntomas de recesión desde un año atrás, y el financiero se encontraba en medio de una profunda crisis, el sector externo de la economía se hallaba en uno de los puntos de mayor solidez en toda la historia de Colombia. Esto era resultado del manejo que los gobiernos anteriores les habían dado a la bonanza cafetera y a la política de endeudamien-

Capítulo 3

to, todo lo cual había permitido el aumento del nivel de reservas internacionales. Bajo estas circunstancias, el gobierno del presidente Betancur entró a ejecutar su «estrategia de paz». De una parte, impulsando en el Congreso una ley de amnistía amplia y generosa para los alzados en armas. De otra, ensanchando el número y representatividad de la comisión de paz que había creado el gobierno anterior. Y en tercer lugar, apoyando la idea de una reforma política que permitiera una apertura del espacio institucional para los guerrilleros que depusieran las armas. Con estos tres instrumentos, el gobierno entró a negociar con los distintos grupos guerrilleros, a veces a través de intermediarios y en ocasiones en forma directa. Al mismo tiempo, puso en marcha una «nueva política internacional». Además de los indicadores que había dejado conocer antes de su llegada al despacho presidencial, en su discurso

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de posesión anunció que buscaría el ingreso de Colombia al grupo de Países No Alineados. En la ceremonia en la cual se realizó el anuncio se encontraban representantes de varios gobiernos latinoamericanos, entre ellos Nicaragua, lo que iniciaba el proceso de reaceptación de Colombia en el círculo de familias del hemisferio. Tres meses después, el 15 de noviembre, dicho proceso habría culminado con la elección del canciller colombiano, Rodrigo Lloreda Caicedo, como presidente del XII Período Ordinario de sesiones de la Organización de Estados Americanos. La elección fue interpretada como un apoyo de la comunidad latinoamericana a la nueva posición de país en el contexto internacional. En general, el esquema de la política internacional de Betancur partía del resultado en ese campo dejado por su antecesor. Como elemento de continuidad seguiría buscando una mayor influencia en Centroamérica y el Ca-

Recibimiento al presidente del Consejo de Ministros de España Felipe González, jefe del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), en el aeropuerto de Crespo, en Cartagena, noviembre de 1984. Los acompañan sus esposas, Rosa Helena Alvarez y Carmen Romero.

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Gabriel García Márquez recibe el premio Nobel de literatura de manos del rey Carlos XVI Gustavo de Suecia, en Estocolmo, el 10 de diciembre de 1982. Ese mismo mes, García Márquez, Alfonso García Robles y Alva Myrdal, también premios Nobel, escribieron a Belisario Betancur, junto con el primer ministro sueco Olof Palme, urgiendo la iniciación de negociaciones en Centroamérica, en busca de la paz.

ribe, para lo cual envió representantes, a regañadientes, a la reunión del Foro Enders que se celebró en octubre en San José de Costa Rica. Al mismo tiempo había, sin embargo, una concepción de la política internacional que no sólo se apartaba de la del gobierno anterior sino de la línea histórica tradicional. Se caracterizaba en primer lugar por el predominio de lo político sobre lo económico y aun sobre lo jurídico. Con base en una situación de reservas internacionales que lo permitía, dicha concepción les daba a los aspectos de política doméstica la mayor prioridad: garantizar el espacio y la credibilidad para el plan de reconciliación que era el objetivo de la política internacional y el principal componente del «interés nacional». La escasa importancia que se otorgaba a lo jurídico también marcaba un rompimiento con el pasado. Implicaría apartarse de instrumentos establecidos, como las organizaciones del sistema interamericano, por el cual Colombia había tenido tanto apego en el pasado, y se convertiría en impulsor

de la búsqueda de mecanismos políticos, informales y ad-hoc, para el tratamiento de temas que según las normas escritas debían discutirse en la OEA. Tales fueron los casos del Grupo de Contadora y del Consenso de Cartagena, que se analizarán más adelante. Dentro de esta perspectiva, hay que anotar que en la agenda de las relaciones exteriores de Colombia perdieron importancia los aspectos limítrofes. El diferendo con Venezuela fue congelado para permitir la participación solidaria y coherente de ambas naciones en la iniciativa de paz del Grupo de Contadora. Igualmente, las tensiones que existían con Nicaragua fueron superadas y dieron paso a un período de armonía. El mayor cambio en relación a la administración Turbay, sin embargo, se observó en las relaciones bilaterales con los Estados Unidos. Mientras el presidente anterior había aceptado la pertenencia de Colombia a la esfera de influencia, el nuevo mandatario declaró que su país no quería ser satélite de los Estados Unidos. Durante la visita a Bogotá del mandatario norteamericano Ronald Reagan en diciembre de 1982, Betancur criticó el orden económico internacional y el papel jugado en él por los Estados Unidos. «Hablo de una nueva alianza social sin dependencias», dijo, y al final anotó: «No ha sido éste el monólogo del hermano pobre frente al hermano rico, ni del amigo condicionado con el amigo incondicional, pues no sólo somos incondicionales de nuestra conciencia, sino del análisis objetivo y respetuoso entre iguales, en la comunidad jurídica internacional. Por ello hemos entendido que debemos hacer de la no alineación, nuestra filosofía para buscar la propia identidad.» La nueva actitud con respecto a Estados Unidos implicaba también deshacerse de otro elemento clave de la política internacional de la administración anterior: el anticomunismo. Ésta era una herramienta sin la cual no sería posible poner a andar el proceso de

Capitulo 3

reconciliación doméstico con los grupos guerrilleros, y tenía implicaciones de importancia. Las relaciones con Cuba, aunque no se restablecieron formalmente, alcanzaron el punto de mayor cooperación bilateral desde la victoria de la revolución del Movimiento 26 de Julio el 31 de diciembre de 1958. Esto incluyó el acercamiento hacia líderes políticos de tendencia centroizquierdista en el mundo, tales como Olof Palme, François Mitterrand y Felipe González. Este último, miembro de la Internacional Social-Demócrata que participaba en la crisis centroamericana en posición de desacuerdo y confrontación amistosa con la administración Reagan, había entablado una especial amistad con Betancur. Este había ocupado la embajada colombiana ante el gobierno presidido por aquél, lo que se sumó a intereses personales semejantes y al particular aprecio de Betancur por lo hispánico. En alguna medida, el nuevo presidente de Colombia revivió el vínculo con España, que tanta importancia había tenido para los colombianos de hace

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dos generaciones y que se había cortado por la presencia de Franco y por la hegemonía norteamericana en América. En diciembre de 1982, tres premios Nobel, Alfonso García Robles, Alva Myrdal y Gabriel García Márquez, y el primer ministro del gobierno socialista sueco, Olof Palme, les dirigieron una carta a Belisario Betancur y a otros líderes de naciones centroamericanas expresando su esperanza en que se iniciaran negociaciones que preservaran la paz en la región. Ello mostraba el núcleo de amistades con cuya solidaridad buscaría Colombia adelantar su cruzada pacificadora. Particular importancia entre ellos tenía Gabriel García Márquez. A pesar de que había apoyado al candidato vencido por Betancur, poco tiempo después de la toma de posesión de este último mostró que entraría a participar en la política internacional colombiana. Cuando conoció su designación para recibir el premio Nobel de 1982, anunció que utilizaría su acceso a los medios para ayudar al proceso de pacificación de Centroamérica. Luego,

Firma del Acta de Contadora, en Cartagena, noviembre de 1983: Fernando Belaúnde Terry (Perú), Belisario Betancur Cuartas (Colombia), Luis Herrera Campins (Venezuela), Víctor Paz Estenssoro (Bolivia). El Grupo de Contadora había surgido el 9 de enero del mismo año en reunión de cancilleres de Panamá, México, Venezuela y Colombia para buscar una salida negociada a los conflictos de América Central.

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el canciller colombiano asistió en persona a la entrega de una condecoración que le otorgó el gobierno mexicano, y finalmente el escritor dedicó al tema de «La soledad en América Latina» su discurso al recibir el Nobel. El regreso a Colombia de García Márquez implicó que ponía a disposición del presidente sus buenos oficios y sus excelentes relaciones con gobiernos y personas que resultaban claves en la cruzada que se proponía: Fidel Castro, el régimen sandinista, el mexicano, Felipe González, François Mitterrand y otros regímenes socialistas de Europa. Cuando el 8 y 9 de enero del año 1983 se reunieron los cancilleres de Panamá, México, Venezuela y Colombia, creando el Grupo de Contadora mediante la convocatoria a todas las partes del conflicto para que se sentaran a una misma mesa de negociaciones, el gobierno colombiano adquirió una especie de liderazgo. En primer lugar, por el reciente y publicitado viraje de su política exterior, que se había convertido de una situación de aislamiento en una de convergencia de la solidaridad hemisférica. En segundo lugar, por la situación económica que le proporcionaba a Colombia un aspecto de oasis y la capacidad real de actuar en el contexto hemisférico con una relativa mayor autonomía. Y en tercer lugar, por la importancia doméstica que tenía para Colombia el proceso de Contadora, en virtud del proceso de reconciliación que el gobierno esperaba poner en marcha. Para ninguna de las naciones del Grupo de Contadora su presencia allí era tan importante. Por eso, el canciller y el propio presidente participaron en forma muy activa en la fase de iniciación del proceso de Contadora, el del lanzamiento. En abril, por ejemplo, Betancur viajó personalmente a Venezuela, México y Panamá, y se entrevistó con los respectivos mandatarios con el fin de avanzar en la cruzada diplomática. De sus entrevistas surgió el acuerdo para que los cuatro cancilleres del Grupo

de Contadora visitaran cada uno de los países de la región. En mayo, una comisión compuesta por dos representantes de cada país miembro del Grupo visitó la frontera entre Costa Rica y Nicaragua y realizó un informe que fue entregado en una reunión de los nueve ministros de Relaciones. En todo este proceso, Colombia participó e impulsó las gestiones. En julio, el presidente Betancur viajó a Cancún, México, de donde surgió la declaración de los cuatro mandatarios del Grupo, conteniendo los lincamientos generales sobre los cuales entraron a trabajar las comisiones técnicas con miras a la redacción de un proyecto de «Acta para la Paz y la Cooperación» regional. En el mes de mayo, el día 19, el Consejo de Seguridad de la ONU, mediante la declaración número 530, apoyó al Grupo de Contadora y realizó un llamado para que «los Estados interesados cooperen plenamente [...] mediante el diálogo franco y constructivo a fin de resolver sus diferencias». Este hecho se convertía en un importante eslabón de una cadena que poco a poco fue creciendo y que llegó a ligar el apoyo unánime de casi todos los Estados del mundo. En Colombia, rápidamente se consolidó también el consenso interno en relación a la política exterior. En medio de débiles críticas en el sentido de que la nueva posición acarrearía costos económicos, la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, de composición bipartidista, apoyó unánimemente el ingreso de Colombia al Movimiento de Países No Alineados. Con base en él, el gobierno solicitó formalmente su aceptación a mediados de enero de 1983, en mensaje enviado al Buró de Coordinación del Movimiento, el cual decidió recomendar la admisión de Colombia. El 17 de marzo, en la séptima asamblea del Grupo llevada a cabo en Nueva Delhi, el ingreso fue aceptado por unanimidad. La consolidación del consenso doméstico para la política internacional tuvo otro evento de importancia en ju-

Capítulo 3

nio de 1983. Por iniciativa del canciller Lloreda Caicedo, se reunieron en París los embajadores colombianos acreditados en Europa, y formularon una rotunda declaración de apoyo a la gestión internacional del gobierno. Entre los firmantes figuraron miembros de los dos partidos tradicionales, y algunos ex funcionarios de la administración anterior: Gustavo Rodríguez, J. Emilio Valderrama, Luis Carlos Camacho Leyva, Diego Uribe Vargas, Augusto Espinosa Valderrama, Edmundo López Gómez, Raúl Orejuela Bueno, Humberto Valencia, Guillermo Hernández, entre otros. Como se anotó antes, la ofensiva diplomática de Colombia durante los primeros meses de la administración Betancur dejó de lado algunos temas que tradicionalmente habían merecido especial atención de los encargados del área. Tal cosa aconteció con el conflicto colombo-venezolano, y también con el papel de Colombia en la Organización de Estados Americanos. El gobierno consideró que la crisis de

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esta institución la hacía inoperante e ineficiente, y por eso buscó nuevos instrumentos de carácter informal, y posteriormente se convirtió en uno de los principales abanderados de la reforma de la institución. El ministro de Relaciones Rodrigo Lloreda Caicedo percibía la crisis de la OEA como derivada de los cambios ocurridos en el sistema internacional. «El sistema interamericano fue inicialmente concebido con cierto sentido hegemónico», dijo en la XII Asamblea en Washington, y agregó: «Los Estados Unidos vieron la necesidad estratégica de agrupar las naciones hemisféricas en un esquema de seguridad nacional [...]. Los Estados Unidos hoy mantienen una posición de privilegio en el concierto regional, pero al lado suyo aparecen otras naciones con diverso grado de prosperidad.» En la asamblea de la institución llevada a cabo en Brasilia el 15 de noviembre de 1984, el canciller Augusto Ramírez Ocampo de Colombia ofreció a Cartagena como sede para una

Belisario Betancur y el presidente panameño Ricardo de la Espriella, en Ciudad de Panamá, abril de 1983, durante la gira que realizó Betancur también a México y Venezuela, en busca de cohesión y avances en el Grupo de Contadora.

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Entrevista de los presidentes Belisario Betancur y Miguel de la Madrid Hurtado, en Ciudad de México, abril de 1983. Colombia, en ese año, llevó el liderazgo en las gestiones de paz para Centroamérica.

sesión extraordinaria que estudiara posibilidades de reforma para la carta de la OEA, y anunció que su país presentaría una propuesta en ese sentido. La reunión se celebró en diciembre de 1985 y allí se aprobaron modificaciones a la carta en lo referente a los poderes del secretario general, la solución pacífica de controversias, los capítulos referentes al desarrollo económico, educación y cultura y lo tocante con el artículo octavo en materia de admisión de nuevos miembros. En la medida en que la OEA perdía importancia como escenario para la política exterior, la Organización de Naciones Unidas y otras instituciones multilaterales adquirieron una nueva dimensión. La administración Betancur llevó a la ONU el tema de Contadora y el de la deuda externa, dos de sus principales preocupaciones, y en octubre de 1983 asistió personalmente a la Asamblea General para realizar un discurso que mereció un inusitado número de elogios. En forma consecuente, Betancur viajó a Bruselas, como su antecesor, y se entrevistó con los representantes de las Comunidades Europeas para buscar nuevos acuerdos de tipo económico y apoyo para sus iniciativas en el campo político. Para ello buscó también la colaboración de organismos como la CEPAL, el SELA, el BID y la UNCTAD, tratando de conseguir cajas de resonancia para las posiciones

de Colombia. Se trataba de una diplomacia concertada, con un marcado significado y naturaleza presidencial. Betancur trabajó activamente no sólo en la concepción del manejo de los asuntos de la política exterior de su gobierno, sino en la ejecución de los mismos. En varias ocasiones, Betancur fue su propio canciller. En estos escenarios, dos temas dominaron los discursos presidenciales: el desarme y el problema de endeudamiento de América Latina, como quedó explícito en un mensaje enviado por el jefe del Estado colombiano a su colega de Cuba en junio de 1983. En cuanto a lo primero, como lo afirma en este mensaje, Betancur consideró: «Los Países No Alineados tenemos una gran responsabilidad en la promoción de la paz mundial, y por eso me permití proponer a la asamblea de la UNCTAD en Belgrado, que se graven los gastos militares de todos los países con un impuesto del 5 % que se destinaría a un gran fondo internacional de desarrollo.» En el comentado brindis con el cual Betancur saludó al presidente Ronald Reagan en Bogotá, se refirió a un dato estadístico que posteriormente repetiría en su discurso ante la asamblea de la ONU: «Cada minuto un mundo enloquecido gasta un millón de dólares en armarse para la muerte.» En cuanto al tema de la deuda, desde muy temprana hora de su gobierno, Betancur lo acogió como una de sus principales preocupaciones. Como se comentó anteriormente, en el mismo momento en que se iniciaba la administración Betancur estallaba la crisis de la deuda en América Latina y Colombia tenía una sólida posición cambiaría. Sin embargo, preocupado por las eventuales consecuencias de la crisis en el futuro, de la posibilidad de que ésta llegara a afectar a la economía colombiana, y consciente de la oportunidad que brindaba como bandera política en el continente, Betancur adoptó una serie de medidas políticas a nivel internacional, las cuales están descritas en el trabajo mencio-

Capítulo 3

nado de Bruce Bagley y Juan Tokatlián: en diciembre de 1982, durante el viaje del presidente Reagan, Betancur se refirió al problema de la deuda en el continente: «La deuda externa alcanza los trescientos mil millones de dólares, lo que significa que de cien mil millones de dólares de exportaciones, el 60 % será para servir la deuda, y que todo niño latinoamericano nace debiendo trescientos dólares.» Luego, en febrero de 1983, la primera reunión ministerial preparatoria para la VI UNCTAD fue llevada a cabo en Cartagena. En mayo, Colombia convocó una reunión especial de notables para discutir el documento conjunto de la CEPAL y el SELA sobre las «Bases para una respuesta latinoamericana a la crisis económica internacional». A finales de ese mismo mes, el presidente de Colombia envió un mensaje a los líderes de los siete grandes países capitalistas, reunidos en Williamsburg, Virginia, para una cumbre económica. En su mensaje, Betancur escribió: «Es necesario modificar el orden

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económico internacional; la división de trabajo requiere cambios de envergadura.» En septiembre, Colombia participó en la reunión del CIES, Comité Interamericano Económico y Social de la OEA, llevada a cabo en Caracas, y en enero siguiente asistió en Quito a una nueva reunión en la que surgió la «Declaración» que lleva el nombre de la ciudad y que invoca una orientación política para el tratamiento de la deuda. En mayo, cinco países (Colombia, Brasil. México, Venezuela y Estados Unidos) contribuyeron con un crédito de cuatrocientos millones de dólares para Argentina con el fin de que este país pudiera cumplir con vencimientos de sus créditos externos y no padeciera el deterioro de su capacidad negociadora con los bancos privados y con el Fondo Monetario Internacional. Luego, en el mes de junio, una nueva carta fue enviada a la cumbre económica de líderes de los países desarrollados. En esta ocasión, la reunión se

Belisario Betancur, Ronald Reagan y la traductora oficial, Rita Borch. transitan por un corredor de la Casa Blanca, en Washington, durante la visita del presidente colombiano en octubre de 1983, cuando viajó a Estados Unidos para intervenir ante la 38 asamblea general de las Naciones Unidas, donde fue ovacionado.

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En la XIV asamblea general de la OEA, en Cartagena, 2 de diciembre de 1985, el secretario de Estado George Shultz es saludado por Belisario Betancur, en presencia de Enrique Iglesias, canciller del Uruguay. Las disputas entre Shultz y Alejandro Vendaña, delegado de Nicaragua, bloquearonla labor del Grupo Contadora.

celebró en Londres, y la carta llevó las firmas de los presidentes de Brasil, Argentina y México, además de la del de Colombia, pidiendo un esfuerzo internacional conjunto para resolver el problema de la deuda. En el mes de junio, Cartagena sirvió de sede para la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de las naciones deudoras, de la cual surgió el llamado «Consenso de Cartagena». Éste incluyó la adopción de medidas tendientes a mejorar la cooperación y los mecanismos de información entre las naciones, y tuvo dos convocatorias adicionales en Mar del Plata, Argentina, en el mes de septiembre, y en Santo Domingo, República Dominicana, en febrero de 1985. Paradójicamente, el creciente deterioro de la posición cambiaría de Colombia desde mediados de 1984 limitó las posibilidades para la administración Betancur en el campo externo y

lo llevó, en proceso lento pero firme, a cambiar poco a poco todo el esquema inicial para regresar a un modelo muy semejante al que con tanta espectacularidad había intentado cambiar. Antes de que se hiciera explícita la crisis económica, sin embargo, ya se había presentado un primer quiebre, en relación a la actitud frente a las drogas y frente al tratado de extradición que el gobierno anterior había firmado con los Estados Unidos. Con argumentos nacionalistas, Betancur había rechazado las solicitudes de extradición de nacionales solicitadas por el gobierno norteamericano, y había anunciado su intención de buscar, mediante acuerdo bilateral, una modificación de su texto. El asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, en las calles de Bogotá, llevó a Betancur a cambiar su posición. Anunció que aceptaría solicitudes de extradición, lo cual puso en práctica en forma inmediata. Además, ello sería apenas un primer paso, muy significativo, de un proceso que terminaría por estrechar las posiciones de las administraciones Betancur y Reagan en el aspecto del narcotráfico, hasta el punto de que el comunicado de ambos mandatarios, luego de su encuentro en Washington en abril de 1985, se dedicaría totalmente al tema de las drogas. Se refería a la necesidad de combatirlo en acción conjunta, y una brevísima frase hacía alusión a la importancia de combatir el consumo en los Estados Unidos. El círculo completo se cerraría más tarde, en noviembre de 1985. A raíz de la toma del palacio de Justicia por parte del M-19, y de su posterior desalojo por parte del ejército, tanto el presidente Betancur como su ministro de Justicia, Enrique Parejo, acogieron una vieja tesis del gobierno norteamericano: la del narcotráfico. En efecto, el embajador de Estados Unidos en Colombia, Louis Tambs, había hablado de las relaciones entre las FARC y el tráfico de drogas en marzo de 1984. Posteriores declaraciones del secretario de Estado Schultz, así como

Capítulo 3

informes de la DEA y otras agencias del gobierno estadounidense, habían extendido la acusación a otros grupos guerrilleros colombianos. Con su silencio, la administración Betancur había rechazado la tesis, cuya aceptación hubiera implicado serios tropiezos para el proceso doméstico de reconciliación con los alzados en armas. En el epílogo de la toma del palacio de Justicia, el gobierno de Betancur, al reconocer en la acción los vínculos del M-19 con la mafia, terminó de acercar su posición en cuanto al tema, a la de la Casa Blanca. Lo mismo sucedería con otros aspectos de la agenda de las relaciones exteriores. Fundamentalmente, como ya se mencionó, por la detonación de la crisis de endeudamiento externo. Ésta tuvo su momento clave en julio de 1984, cuando el nuevo ministro de Hacienda, Roberto Junguito Bonnet, reconoció ante el Congreso que la economía se encontraba al borde de la crisis cambiaría, modificando así en forma total el panorama que sólo días antes había presentado el presidente de la República en un discurso sobre el estado de la nación.

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El 29 de octubre, además, la prensa publicó un memorando que en forma secreta le había enviado su ministro de Hacienda el 2 del mismo mes, notificándole que los bancos internacionales exigían la firma de un acuerdo formal con el FMI. Junguito sugería que Colombia no tenía ninguna opción diferente, y que las medidas de política económica deberían acogerse en forma inmediata por el mecanismo de excepción de la emergencia económica. El gobierno adoptó sin embargo una estrategia diferente: buscó un acuerdo con el Fondo que tuviera características distintas a los acuerdos de contingencia que la mayor parte de las naciones latinoamericanas habían firmado. Las negociaciones fueron complejas, pero luego de seis meses arrojaron un resultado favorable para el gobierno. Aunque Colombia se comprometía a adoptar las medidas de política económica sugeridas por el FMI, no se firmaría una Carta de Intención, ni se recibiría un crédito de contingencia. Alternativamente, el FMI daría a Colombia un «visto bueno» para que los bancos reabrieran los créditos, y

Belisario Betancur, Raúl Alfonsín (Argentina), Alfredo de la Espríella (Panamá) y Fernando Belaúnde Terry, presidente saliente del Perú, durante las ceremonias de posesión de Alan García Pérez, en Lima, julio de 1985.

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Daniel Ortega, de Nicaragua, Eríc Arturo del Valle, de Panamá, y Beiisario Betancur, aplauden luego del juramento constitucional de Vinicio Cerezo Arévalo como presidente de Guatemala (1986).

realizaría una monitoria trimestral de la economía colombiana para verificar el cumplimiento de las metas acordadas. El acuerdo fue culminado durante la visita de Betancur a Washington, en la cual la mayor parte de las negociaciones arrojaron un resultado negativo para Colombia desde el punto de vista de la pretendida ampliación del margen de autonomía. Además del acuerdo sobre las drogas mencionado atrás, Colombia ingresó en el acuerdo de la OPIC, lo cual implica aceptar la mediación de jueces norteamericanos en futuros conflictos entre capitalistas de este país y de Colombia, postura contradictoria con la que se tomó originalmente hacia el tratado de extradición. Para finalizar, en episodio confuso, Betancur acogió una propuesta del presidente Reagan para darle a la ayuda a los «contra» en Nicaragua un carácter «humanitario». Ante la televisión, y en más de una ocasión, el presidente de Colombia dijo que la propuesta era positiva, lo que causó

el rechazo del gobierno sandinista. Posteriores rectificaciones, realizadas a su regreso a Bogotá, no fueron suficientes para reparar el daño que se había causado al proceso de pacificación en Centroamérica. En general, el Grupo de Contadora reflejaba el cambio que Colombia y los otros países habían sufrido en sus relaciones con Washington. El borrador de proyecto de paz regional no fue acogido por los Estados Unidos, lo que propició nuevas negociaciones y consecuentes modificaciones que acercaron el Acta hacia la posición norteamericana. Tanto que, cuando una nueva versión estuvo terminada, Nicaragua anunció que no la firmaría. Un nuevo suceso terminó por alinear a la administración Betancur con la Casa Blanca y reducir el espacio para la ejecución de la política exterior planeada al comienzo de su gobierno: la toma del palacio de Justicia por parte del M-19, y la acción del ejército para combatirla, todo lo cual dejó un saldo de cerca de cien muer-

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tos, y la destrucción del palacio. Con ello, Betancur adoptaba el precepto reaganiano de no negociar con guerrilleros. Éstos, además, fueron catalogados por el gobierno colombiano como «terroristas». Era una advertencia en el sentido de que el diálogo y los instrumentos pacíficos que proponía el Grupo de Contadora para América Central, no se utilizaban cuando se trataba de terroristas, narcoguerriUeros u organizaciones criminales, que fueron las denominaciones que utilizó el gobierno.

Por el contrario, el presidente Betancur y los miembros de su gobierno adoptaron la retórica anticomunista, acogieron el concepto del narcotráfico, y encontraron en la Casa Blanca un fuerte respaldo hacia su actitud de no negociar con el comando del M-19. «Colombia es un buen amigo y aliado de los Estados Unidos», le dijo el presidente Reagan a Betancur en mensaje enviado para expresarle la solidaridad de su país ante la catástrofe ocurrida el 15 de noviembre por la erupción del volcán Nevado del Ruiz.

MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES (1974-1986) Fecha iniciación

Fecha terminación

Nombre

Agosto 1974 Septiembre 1978 Marzo 1981 Agosto 1982 Julio 1984

Septiembre 1978 Marzo 1981 Agosto 1982 Julio 1984 Agosto 1986

Indalecio Liévano Aguirre Diego Uribe Vargas Carlos Lemos Simmonds Rodrigo Lloreda Caicedo Augusto Ramírez Ocampo

MINISTROS DE HACIENDA (1974-1986) Año

Nombre

Fecha de iniciación

1974

Rodrigo Botero Montoya Abdón Espinosa Valderrama Alfonso Palacios Rudas

7 agosto 23 diciembre 7 octubre

1974 1976 1977

1978

Jaime García Parra Eduardo Wiesner Durán

7 agosto 13 enero

1978 1981

1982

Rodrigo Gutiérrez Roberto Junguito Bonnet Hugo Palacios Mejía

7 agosto Julio Septiembre

1982 1984 1985

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Proceso de las negociaciones de Colombia para la demarcación y señalamiento de sus fronteras terrestres Germán Zea Hernández

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olombia, como la mayor parte de los países hispanoamericanos, aceptó el principio del uti possidetis de 1810 para la delimitación de las nuevas entidades políticas que resultaron de la independencia de las colonias de España en América. Este principio proviene del interdicto Posesorio consagrado en el derecho romano, que reza: «Uti possidetis, ita posseideatis», o sea, en lengua castellana, «Como poseéis, así poseed.» Se le agregó entonces el término «juris» para indicar que era una posesión de derecho, y en esa forma se aplicó para el reconocimiento de los límites coloniales existentes al llegar el año de 1810, y que sirvió a las nacionalidades recién formadas como garantía de la integridad de sus territorios. Esa división seguía, en efecto, las disposiciones de la Corona de España para erigir los virreinatos, las capitanías generales y presidencias, convertidas luego en Estados soberanos. El principio del uti possidetis juris se consignó en la ley fundamental, expedida por el Congreso reunido en Angostura en el año de 1819; y luego en sucesivas leyes, hasta

la Constitución de 1886 y sus primeras modificaciones. Las leyes de la Corona española fueron, pues, las que determinaron el área territorial de los nuevos Estados y, por consiguiente, los límites de lo que hoy es la República de Colombia. Ellas señalaron la jurisdicción de la Audiencia de Quito Tratado de amistad, alianza, comercio, navegación y límites entre la Nueva Granada y Venezuela, suscrito por Lino de Pombo y Santos Michelena, vicepresidente de Venezuela, el 14 de junio de 1934. Colombia cedió, sin compensaciones, extensos territorios en la Guajira.

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Este tratado era decisivamente perjudicial para Colombia, que tenía títulos suficientes sobre toda la península de la Guajira. Sin embargo, inexplicablemente, mientras el Congreso de la Nueva Granada aprobó ese tratado que favorecía inequívocamente a Venezuela, el Congreso de este país lo improbó en 1836. Las negociaciones se reanudaron con el señor Fermín Toro, nuevo ministro venezolano, quien adelantó conversaciones con nuestro secretario de Relaciones Exteriores. Los negociadores llegaron a algunos acuerdos, pero no lo lograron en todos los puntos de la frontera. Colombia, desde entonces, propuso la designación de un árbitro, lo cual fue rechazado por el plenipotenciario venezolano. Mucho más tarde, en 1872, fue propuesto el arbitramento por Colombia, representada por el doctor Aníbal Galindo. Venezuela, representada por el ministro venezolano, don Julián Visso, propuso que se realizaran negociaciones sobre la totalidad de la frontera, a lo cual se negó el plenipotenciario colombiano, alegando que la cuestión estaba prácticamente agotada desde 1844, pero en su lugar propuso de nuevo una decisión arbitral a cuyo fallo debían someterse sin apelación los dos países. Lo cual fue rechazado una vez más por Venezuela. Aníbal Galindo, representante de Colombia en 1892, quien propuso a Venezuela el sistema de arbitramento para resolver la cuestión limítrofe, que el vecino país no aceptó.

y de los virreinatos de la Nueva Granada y el Perú y de la capitanía general de Venezuela. Límites con Venezuela A raíz de la disolución de la Gran Colombia, nuestro país inició negociaciones con los países vecinos, comenzando por Venezuela, y las adelantadas con este país culminaron en un tratado suscrito en 1833 por el canciller de Colombia, don Lino de Pombo, y por el plenipotenciario de Venezuela, don Santos Michelena. En ese tratado cedía Colombia, sin compensaciones de mayor importancia, extensos territorios en la Guajira.

El presidente de ese país, general Antonio Guzmán Blanco, sugirió entonces que se celebrara en Barranqui11a una conferencia con el presidente de Colombia, doctor Manuel Murillo Toro. El gobierno acogió con gusto la idea y presentó al Congreso un proyecto de ley que autorizara la entrevista, el cual fue negado en la Cámara de Diputados por 28 votos contra 27. Esa negativa obedecía más que todo a brotes de oposición al gobierno y fue un paso desafortunado; porque era prácticamente un rechazo al presidente Guzmán Blanco para que visitara Colombia. Él hubiera querido ser quien definiera los límites entre los dos países y el derecho a la libre na-

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vegación de los ríos comunes. Entonces se perdió una oportunidad ventajosa para Colombia, ya que Venezuela se venía oponiendo al requerimiento constante de Colombia para que se sometiera el litigio a la decisión de un árbitro. En 1874 el doctor Manuel Murillo Toro fue nombrado ministro plenipotenciario de Colombia ante Venezuela. El doctor Murillo se dio cuenta, después de iniciar negociaciones, de que había pocas perspectivas de éxito, y sugirió que si no se alcanzaba ningún acuerdo, se sometiera el asunto al arbitramento de una tercera potencia, de acuerdo con los principios del derecho internacional, e invocó para ello lo establecido en la Constitución venezolana en estos términos: «En los tratados internacionales de comercio y amistad se pondrá la cláusula de que todas las diferencias entre las partes contratantes deberán decidirse sin apelación a la guerra por arbitramento de potencia o potencias amigas.» Esta propuesta fue rechazada por Venezuela. La certidumbre que tuvo Colombia de que por medio de negociaciones directas sería imposible que Venezuela suscribiera un tratado de límites que reconociera sus derechos, movió a Colombia a insistir en el arbitramento. En efecto, el 14 de septiembre en 1881, se sometió el litigio a un arbitramento juris, y se designó como tal al gobierno de S.M. el rey de España, cuyo fallo sería definitivo e inapelable. Se estipuló que todo el territorio que pertenecía a la jurisdicción de la antigua capitanía general de Caracas por actos de la Corona española hasta 1810 sería de la República de Venezuela, y todo lo que pertenecía a la jurisdicción del virreinato de Santa Fe sería de los Estados Unidos de Colombia. S.M. don Alfonso XII, rey de España, aceptó el nombramiento de arbitro y constituyó una comisión técnica para que estudiara los documentos que las partes presentaran para apoyar sus pretensiones. Por su parte,

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los gobiernos designaron sus representantes, que fueron, por Colombia, el doctor Aníbal Galindo, y por Venezuela, el doctor Antonio Locadio Guzmán. Cuando se desarrollaba el proceso del arbitramento, falleció el rey de España, y se presentó la duda de si el nuevo soberano español tendría las facultades que se habían conferido a su antecesor. Parecía obvio que así ocurriera, y lo normal y ajustado a Derecho era que el sucesor de don Alfonso XII podría actuar legalmente como árbitro, porque el árbitro designado no era la persona de Alfonso XII, sino el gobierno español, quienquiera que fuese el rey. Al efecto, un protocolo fue firmado en París el 15 de julio de 1886 por el doctor Carlos Holguín, plenipotenciario de Colombia, y el general Guzmán Blanco, plenipotenciario de Venezuela. El propósito era cambiar el carácter del fallo, que debía ser en derecho, por un fallo exaequo ex-bono. El protocolo, en efecto, determinó lo siguiente: «También han convenido los suscritos en que el árbitro [...] puede fijar la línea del modo que crea más aproximado a los documentos existentes, cuando respecto de algún punto no arrojen toda la claridad apetecida.» Con este protocolo se desvirtuó el carácter estrictamente jurídico del encargo dado por los gobiernos al árbitro, es decir, el rey de España. Desde entonces, quedó facultado para modificar, según su criterio, la línea fronteriza, con el peligro de que no siendo obligatorio señalarla de acuerdo con el estricto derecho de cada una de las naciones, quedaba en manos de un tercero alterar a su arbitrio el territorio de los países comprometidos. Este protocolo adicional ha sido altamente criticado en los anales diplomáticos de Colombia. El laudo arbitral del gobierno español fue pronunciado el 16 de marzo de 1891 y lo suscribió la reina regente de España, doña María Cristina. Fue publicado al día siguiente en la Gaceta de Madrid, autenticado por el ministro

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Primera y última páginas del laudo arbitral de la reina regente María Cristina de España, dado en Madrid el 16 de mano de 1891 y firmado también por el ministro de Estado Carlos O'Donell, con el cual se fijaron los límites con Venezuela, atendiendo las aspiraciones de Colombia (Archivo de la Cancillería).

de Estado, don Carlos O'Donnell. Colombia obtuvo un triunfo inequívoco, pues los puntos de vista expuestos por Aníbal Galindo fueron aceptados casi en su totalidad. En el alegato de Colombia se reclamó todo el territorio de la Guajira, excepto el que se segregó del virreinato con Sinamaina, y el árbitro así lo decidió. Además, el fallo solucionó algunas cuestiones de hecho y de esta manera las barrancas del Sarare se fijaron a la comunicación del Sarare con el Arauca, de acuerdo con Venezuela. El paso real se señaló de una manera aproximada en el punto equidistante de la villa del mismo nombre y el punto en el Meta se fijó en el apostadero, como lo había alegado Colombia. Lo fundamental de la reclamación colombiana fue aceptado por el árbitro al señalar como frontera la margen izquierda del río Orinoco entre el Meta y el Guaviare. En lo demás de este sector el fallo fue favorable a Venezuela, ya que se le dejó la península fluvial que queda comprendida entre los fuertes del Casiquiare, el río Negro y el Atabapo.

Para ello, el árbitro usó del poder discrecional que le otorgó el protocolo firmado en París, por el doctor Carlos Holguín y el general Guzmán Blanco. Sin hacer un análisis más amplio al fallo arbitral pronunciado por el gobierno español en 1891, debe reconocerse que el alegato colombiano expuesto de manera muy brillante por su autor, el doctor Aníbal Galindo, fue factor decisorio para el reconocimiento de los derechos de Colombia. El principio internacional de la libre navegación de los ríos comunes, reconocido universalmente, influyó, indudablemente para que los negociadores colombianos no se ocuparan en esta cuestión tan importante para nuestro país, porque se llegó a pensar que podría ser materia de un tratado independiente del de los límites. Pero el gobierno de Venezuela pretendió desconocer ese principio, lo cual se hizo patente cuando se trató de formular un pacto sobre comercio y navegación. Colombia buscaba obtener el reconocimiento de Venezuela al derecho inequívoco de Colombia de navegar libremente hasta el mar por los ríos Orinoco y Zulia y sus afluentes, y

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Venezuela prohibió de hecho esta navegación con gravámenes prohibitivos al comercio que provenía del oriente colombiano. Ante tal situación, Colombia no encontró mejor expediente que hacer concesiones de territorio, alterando así el laudo arbitral español. Esta actitud ofrecía serios inconvenientes, y sentaba precedentes de inocultable gravedad. Sin embargo, esto fue lo que hizo Colombia al aceptar la sugerencia del señor J. A. Unda y la declaración del ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, don Marco Fidel Suárez. Fue este un error de la cancillería colombiana, que reabrió la discusión sobre límites, perdiéndose de esta manera el gran esfuerzo hecho por Colombia, para que se aceptara la decisión arbitral, y para obtener una sentencia favorable. Con esto se atentó contra la integridad territorial del país y se abrió campo a exigencias injustificadas de Venezuela. Fue así como el 24 de abril de 1884 se celebró el tratado Suárez-Unda que adoptó una delimitación en la cual cedía Colombia la mitad de la Guajira, y en la región oriental un inmenso polígono, lo cual implicaba una cesión de 50.000 km2 a cambio de la libre navegación a perpetuidad por los ríos Orinoco, Atabapo, el golfo de Maracaibo y los ríos que en él desembocaban y cuyo curso va por el territorio de ambos países. El gobierno de Venezuela modificó el tratado adjudicándose el territorio de San Faustino, entre otros; por su parte, Colombia hizo modificaciones que hicieron imposible que el tratado fuese sometido a la consideración del Congreso. En 1896 se firmó otro tratado que reproducía el de 1894. Firmaron en esa ocasión, por parte de Colombia, el general Jorge Holguín y don Marco Fidel Suárez, y por Venezuela, Antonio Silva Gandolphi. Sometido a la consideración del Congreso de Colombia, fue tan grande la resistencia que provocó, que el presidente de la República, señor Caro, se vio obliga-

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do a retirarlo con la oferta de presentarlo oportunamente, lo cual nunca se hizo. Antes de este último tratado se firmó un acta en la cual se dice que si el tratado no fuere aprobado por los congresos de los dos países, las negociaciones se darían por terminadas y se procedería a ejecutar el laudo sin más discusión que la posibilidad de que los dos Estados tomarían posesión de los territorios que se les había asignado en el laudo. Era, pues, el momento de aplicar lo estipulado en esta acta y proceder al amojonamiento de la frontera; pero el gobierno colombiano, en un acto que resulta inexplicable, pidió al señor Silva Gandolphi una nueva negociación, a lo que éste no accedió. La administración que sucedió a la del señor Caro inició una política diferente y solicitó a la Cancillería ve-

General Antonio Guzmán Blanco quien, como presidente de Venezuela, y después de la muerte del rey Alfonso XII, aceptó que el gobierno español fuese árbitro en la cuestión de límites con su país.

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"Ganando indulgencias con avemarias ajenas", caricatura de "El Zancudo" publicada en mayo de 1879, relativa a las gestiones de Aníbal Galindo en la cuestión de límites con Venezuela.

nezolana la ejecución del laudo arbitral, lo cual fue aceptado por Venezuela sin dificultad, y al efecto se suscribió un tratado en cuyo artículo 1.° se estipuló: «Artículo 1.° — Las partes contratantes darán ejecución práctica a la sentencia arbitral dictada por la Corona de España el 16 de marzo de 1891. En consecuencia, se procederá a la demarcación y al amojonamiento de los límites que traza aquella sentencia en la extensión en que no la constituyan ríos o las cumbres de una sierra o de una serranía.» Después de amojonar las secciones no litigiosas y aplazar aquéllas en que no pudo definirse lo señalado en el laudo, la Comisión mixta interrumpió su labor, porque en diciembre de 1901 se rompieron las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela, cuando el gobierno de Colombia acusó al de Venezuela de favorecer la revolución que existía en nuestro país. Antes de posesionarse de la presidencia de Colombia, el general Rafael Reyes se comprometió, por conducto

del embajador chileno Herboso, con el presidente de Venezuela Cipriano Castro, a enviar a Caracas una misión para que firmara un pacto que revisara la línea del laudo, con la cesión por parte de Colombia, a cambio del derecho de la libre navegación de los ríos, de sus derechos territoriales en las regiones de la Guajira, San Faustino y Arauca en la extensión que señalara el mismo señor Herboso, quien actuaba como superárbitro. Esta actitud del general Reyes era, ni más ni menos, un acto de traición a la patria. Sin embargo, el general Reyes, quizá dándose cuenta de lo que su oferta significaba, se abstuvo de enviar la misión y Castro amenazó con invadir a Colombia, en vista de lo cual se nombró ministro en Venezuela al doctor Lucas Caballero, a quien no se le informó de lo concertado entre los dos presidentes. Al llegar a Caracas quedó altamente sorprendido cuando el señor Herboso le manifestó que debía apresurarse a firmar un tratado en los términos acordados. El doctor Caballero quedó estupefacto y respondió

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que el pacto propuesto no podía aceptarlo sino una nación vencida o humillada, o un Estado berberisco. Ante la erguida actitud del doctor Caballero y su renuncia a suscribir el pacto, el presidente Castro y su ministro de Relaciones Exteriores se negaron a recibirlo con carácter diplomático y solicitaron al gobierno colombiano que enviara un agente confidencial, que consideraron necesario para reanudar las relaciones diplomáticas. El doctor Lucas Caballero regresó a Colombia con la frente alta, y su viaje fue evidentemente bastante beneficioso para Colombia, pues otra persona posiblemente hubiera firmado algo tan lesivo para la soberanía de Colombia. Con el propósito de reanudar las relaciones diplomáticas, Colombia designó como agente confidencial al doctor José Ignacio Díaz Granados y Venezuela al doctor Rafael López Baralt. Ambos se reunieron en Caracas y firmaron un acta en donde se establecía, entre otras cosas, que se nombrarían ministros plenipotenciarios en misión especial para que señalaran las bases de un tratado sobre navegación, fronteras y comercio fronterizo y de tránsito. En esta acta, Colombia admitió que se señalaran las fronteras en el nuevo tratado, lo cual fue un error grave porque podría interpretarse como un rechazo al laudo arbitral que había fijado en definitiva los límites entre los dos países. En 1906 fue a Caracas como ministro plenipotenciario el general Benjamín Herrera, quien llevó como secretario al doctor Enrique Olaya Herrera. El presidente de Venezuela, general Castro, se negó a recibirlos mientras no se suscribieran previamente las bases de un tratado de límites, lo cual fue rechazado por los comisionados, que regresaron a Colombia. El general Herrera fue reemplazado por el doctor Antonio José Restrepo, con el carácter de agente confidencial, pero tras varias propuestas y contrapropuestas sin resultado,

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en 1908 se dio por terminada su misión. En el mes de abril de 1908 se envió un nuevo agente confidencial, el general Alfredo Vásquez Cobo, quien el 2 de junio firmó con el agente de Venezuela, doctor Ángel César Rivas, un acta eminentemente gravosa para Colombia, por la cual se establecen las bases de un tratado de navegación, fronteras y comercio fronterizo y de su tránsito. Por medio de esa acta Colombia cede a Venezuela, a cambio de la libre navegación, los derechos sobre los territorios situados sobre la margen izquierda del Orinoco, en la región del Atabapo, de Inírida o del Guainía o río Negro; además, un trapecio limitado por los ríos Orinoco, Vichada y Edagüe y por el punto Apostadero del Meta que es aquel en que el meridiano del Viento corta el río Meta, con lo cual se modifica el laudo porque se fija el apostadero donde en realidad no está. Este acta, a cambio de la libre navegación de los ríos a los cuales Colombia, de acuerdo con el derecho internacional tiene perfecto derecho, cede 52.000 km2 de territorio, 1.000 km de ríos navegables y nueve caseríos, bases que fueron de tal manera excesivas y perjudiciales para Colombia, que el gobierno las desaprobó de plano. Pero, entre tanto, surgió otra cuestión, cuando se trató de aplicar la sentencia del árbitro español. Se trataba de determinar si Colombia podría entrar en posesión de lo amojonado en el terreno por la comisión mixta, o si debía esperar para esa posesión a que se amojonara la totalidad de la frontera que señalaba el laudo. El gobierno de Colombia había nombrado autoridades para algunos de los sectores que se le habían adjudicado y que ya estaban amojonados. El gobierno de Venezuela, en notas de 23 de enero de 1913 y 27 de diciembre de 1915, sostuvo que para que cualquiera de los dos países pudiera tomar posesión de los territorios adjudicados

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Firma de la Convención de 1916 con Venezuela, mediante la cual se aceptó el arbitramento de la Confederación Helvética, sobre ocupación de zonas de frontera: Demetrio Losada Díaz (plenipotenciario venezolano) y el canciller Marco Fidel Suárez suscribieron el documento, ante los negociadores Carlos Adolfo Urueta, Hernando Holguín y Caro, Nicolás Esguerra y José María González Valencia.

era preciso el amojonamiento total de la frontera, fundándose en que la sentencia era un acto jurídico, uno e indivisible, que no podría cumplirse por partes. Colombia refutó las tesis venezolanas en notas del ministro de Relaciones Exteriores y en el alegato del abogado colombiano doctor Antonio José Restrepo. La discrepancia de las cancillerías condujo a un tratado firmado en Bogotá entre el ministro plenipotenciario venezolano, doctor Demetrio Lossada Díaz, y el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, señor Marco Fidel Suárez, por medio del cual la cuestión debatida se sometía a un arbitraje y se designó como arbitro al presidente de la Confederación Helvética, señor R. Haab. La cuestión principal era la siguiente: «La ejecución del Laudo puede hacerse parcialmente, como lo sostiene Colombia, o tiene que hacerse íntegramente, como lo sostiene Venezuela, para que puedan ocuparse los territorios reconocidos a cada una de las dos naciones y que no estaban ocu-

pados por ellas antes del Laudo de 1891.» Además, se encargaba al árbitro de la completa terminación del deslinde y amojonamiento de la frontera, por medio de expertos de la misma nacionalidad del árbitro, que serían nombrados inmediatamente después de pronunciado el fallo. El arbitramento de la Confederación Helvética fue aprobado por los dos Congresos y el presidente de Suiza aceptó el cargo. El 24 de marzo de 1922 se dictó sentencia favorable a las tesis de Colombia, que fueron defendidas por Antonio José Restrepo; así mismo, el presidente de Suiza designó los expertos para la demarcación sobre el terreno, la cual se inició poco tiempo después. El Consejo Federal suizo, después de dar la razón a Colombia sobre su pedido principal, determinó crear una comisión de expertos que, según el fallo, tendría el carácter de comisión arbitral, aclarando que su cometido se limitaría a los sectores que las partes no pudiesen ocupar definitivamente. Los comisionados describieron cada

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una de las porciones en que quedó dividida la totalidad de la línea divisoria y ordenaron la colocación de hitos donde les pareció más indicado. Al propio tiempo decidieron los reclamos u observaciones que se presentaron, especialmente por parte de Venezuela. Terminada la misión de los expertos suizos se avanzó apreciablemente en la demarcación. Por medio de notas cruzadas entre el gobierno de Venezuela y el plenipotenciario de Colombia ante ese gobierno, doctor Eduardo Zuleta, se convino en designar dos comisiones, una de cada país, que luego fueron aumentadas a dos por cada país, a petición de Venezuela, para realizar la demarcación y colocación de hitos. En el curso de los trabajos de las comisiones venezolana y colombiana surgió una ardua y extensa discusión sobre la localización del río de Oro, que fue señalado por el laudo arbitral español como uno de los puntos claves de la demarcación, ya que por dicho río debía seguir el señalamiento de la frontera. Después de intensos estudios cruzados entre los dos países, Venezuela reconoció la exactitud de lo alegado por Colombia sobre el río de Oro. Superada esta cuestión y definido lo relativo a la navegación de los ríos comunes, se celebró el tratado que puso fin definitivamente al conflicto de límites entre Colombia y Venezuela, suscrito en el templo del Rosario de Cúcuta el 5 de abril de 1941 por los ministros de Relaciones Exteriores de Colombia y Venezuela, Luis López de Mesa y E. Gil Borges, y por los plenipotenciarios de Colombia y Venezuela, Alberto Pumarejo y José Santiago Rodríguez. Para destacar el espíritu de fraternidad con que se suscribió ese tratado, se copian a continuación partes de los artículos 1.° y 2.° que dicen: «La República de Colombia y los Estados Unidos de Venezuela declaran que la frontera entre las dos Naciones está en todas sus partes definida por los pactos y actos de alinda-

miento y el presente tratado; que todas las diferencias sobre materia de límites quedan terminadas; y que reconocen como definitivos e irrevocables los trabajos de demarcación hechos por las Comisiones Demarcadoras en 1901, por la Comisión de Expertos Suizos, y los que se hagan de común acuerdo por los comisionados designados conforme al parágrafo 4.° de este artículo.» «Artículo 2.° — La República de Colombia y los Estados Unidos de Venezuela se reconocen recíprocamente y a perpetuidad, de la manera más amplia, el derecho a la libre navegación de los ríos que atraviesan o separan los dos países.» Límites con el Ecuador Cuando empezó a derrumbarse el gobierno colonial en 1810, el Ecuador formaba parte de virreinato de la Nueva Granada, y así continuó hasta la disolución de la Gran Colombia. Esta circunstancia hizo particularmente difícil la demarcación de las fronteras

Firma del tratado que puso fin al conflicto de límites entre Colombia y Venezuela, suscrito en Cúcuta por los cancilleres Esteban Gil Borges y Luis López de Mesa, el 5 de abril de 1941. Al lado de ellos, José Santiago Rodríguez, ministro de Venezuela en Bogotá, y Alberto Pumarejo, ministro de Colombia en Caracas.

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entre los dos países, que aspiraban prácticamente a los mismos territorios. En efecto, los departamentos del sur de Colombia, Ecuador, Asuay y Guayaquil proclamaron su autonomía y su gobierno, dirigido por un general venezolano, Juan José Flórez, por decreto incorporó al nuevo país Pasto, Popayán y otros territorios de la región. Contra ello protestó el gobierno de la Nueva Granada que exigió la restitución inmediata de tales provincias y, al efecto, la Convención de este país autorizó al poder ejecutivo para tomar las medidas indispensables para esa reincorporación. En 1832 la Convención granadina autorizó al ejecutivo para reconocer al Ecuador como una república independiente y se celebró un tratado de reconocimiento que estipulaba, entre otras, la obligación de respetar los límites correspondientes. Después de varias conferencias entre los delegados de los dos gobiernos, no se llegó a ningún acuerdo y se desató una guerra entre ellos. El general José María O bando ocupó Pasto y obligó a los ecuatorianos a retirarse a Túquerres. Como resultado de estos hechos se adelantó una nueva negociación, que condujo a un tratado adicional que señala como límites los indicados en la ley colombiana de 25 de junio de 1824 que estableció la división territorial de las provincias colombianas; además, Ecuador se comprometió a pagar la parte proporcional de la deuda externa y doméstica y se establecieron otros compromisos. Según el tratado, eran de la Nueva Granada las provincias de Pasto y la Buenaventura, y del Ecuador los pueblos al sur del río Carchi, línea fijada por el artículo 22 de la expresada ley entre las provincias de Pasto e Imbabura. En el tratado adicional se dejó pendiente la definición sobre los puertos de la Tola y Tumaco, comprendidos en la provincia de la Buenaventura por la ley colombiana de 25 de junio de 1824 sobre división territorial, pero reclamados por Ecuador.

Inicialmente el gobierno del Ecuador objetó algunas disposiciones del tratado, pero el Congreso granadino ordenó al ejecutivo que exigiera al Ecuador la ratificación de los tratados, y por fin el Ecuador accedió un año después en 1835; la cuestión de límites quedó en este estado: Colombia y Ecuador admitieron que la línea divisoria entre las dos naciones sería la determinada en la ley colombiana de 25 de junio de 1824, excepto los puertos de la Tola y Tumaco, sobre los cuales debería realizarse un arreglo posterior. En la guerra civil que tuvo lugar en la Nueva Granada en 1840, los generales Pedro Alcántara Herrán y Tomás Cipriano de Mosquera convinieron con el general Flórez en que las tropas ecuatorianas avanzarían hasta Guatará y Juanambú a debelar a los facciosos, con la promesa al Ecuador de que aquellos generales interpondrían su influencia para modificar en favor del Ecuador la línea fronteriza. De ello quiso aprovecharse el general Juan José Flórez exigiendo que se cumpliera este ofrecimiento. Sin embargo, esas ofertas no podían obligar a la Nueva Granada pues eran hechas por representantes que carecían de autorización para ello, y así lo planteó nuestro ministro en Quito, don Rufino Cuervo. De esto surgió la necesidad de un nuevo tratado. Así fue aceptado por el plenipotenciario del Ecuador, señor Bernardo Daste, quien, en efecto, y con el conocimiento del general Mosquera y el coronel Posada Gutiérrez, acordó con éstos una exponción relativa a límites que el ejecutivo colombiano no aprobó por cuanto se había pactado sin las formalidades de un tratado internacional, violaba la Constitución adoptada en 1832, y era lesiva de los derechos de Colombia. En 1846 se suscribió un tratado entre el plenipotenciario granadino don Juan de Francisco Martín y el de Ecuador don José Modesto Larrea, que no fue ratificado. El ejecutivo de la Nueva Granada lo desaprobó en ra-

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zón de que el río Putumayo venía a ser la línea divisoria con el Ecuador, lo cual afectaba seriamente a Colombia, ya que necesitaba una línea fluvial exclusivamente suya que la comunicara con el Amazonas. En el año 1856 se firmó otro tratado en el que se reiteró que, en cuanto a límites, las dos repúblicas seguirían «reconociéndose mutuamente los mismos que conforme a la ley colombiana de 25 de junio de 1824 sobre división territorial, separaban los antiguos departamentos del Cauca y del Ecuador», mientras se llegaba a un acuerdo. Este tratado sí fue ratificado, y las ratificaciones se canjearon. Vino, pues, a ser ley para las partes contratantes, pero en Colombia no fue bien recibido, porque implicaba un retroceso sobre lo acordado en 1832, pues en ese documento los límites señalados en la ley de 25 de junio de 1824 se consideraron como definitivos y en este último lo fueron sólo como transitorios, lo cual dio pie al Ecuador

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para reclamar los territorios que formaban la Audiencia de Quito, y ello significaba que sus pretensiones iban hasta Pasto, Popayán, Cali, Buga, etc. En 1858 se presentaron graves diferencias entre los dos países. Colombia pidió que el problema de límites se sometiera a una decisión arbitral, lo cual fue aceptado por el Ecuador y se confió esta tarea al gobierno de Chile. Colombia fue representada entonces por el eminente hombre público y gran jurista, doctor Florentino González. Transcurrieron varios años y el arbitro nada decidió. En lo que siguió, la injerencia del Brasil y del Perú, que perseguían inmensos territorios que pertenecían a Colombia, contribuyó a hacer más confusas las negociaciones. Más tarde, en 1904, se sometió el conflicto de límites a otro arbitraje por el emperador de Alemania y rey de Prusia, debiendo tener el árbitro, como una de las bases principales, la ley colombiana de 25 de junio de 1824. Las partes se reservaron el derecho de re-

Firma del tratado de límites con Ecuador, con Marco Fidel Suárez y Alberto Muñoz Vernaza como signatarios, en Bogotá .julio 15 de 1916, ante miembros de la comisión asesora de Relaciones Exteriores, entre ellos: Carlos. A. Urrutia y Antonio José Restrepo, quienes actuaron como negociadores.

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los países en el tratado del 15 de junio de 1916, que puso fin al conflicto, suscrito por el ministro plenipotenciario del Ecuador, doctor Alberto Muñoz Vernaza, el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, don Marco Fidel Suárez, y los miembros de la comisión asesora de Relaciones Exteriores, doctores Nicolás Esguerra, José María González Valencia, Hernando Holguín y Caro, Antonio José Uribe y Carlos Adolfo Urueta. Esa .línea quedó en dicho tratado en estos términos, con algunas modificaciones favorables al Ecuador:

Entrevista de los presidentes de Ecuador y Colombia, Alfredo Baquerizo Moreno y Marco Fidel Suárez, en el puente internacional de Rumichaca, abril de 1920.

solver el litigio por arreglo directo mientras no se hubiera dictado el fallo arbitral. Ante esa reserva de las partes, en 1907 se firmó un nuevo tratado en Bogotá entre el ministro de Relaciones Exteriores, general Alfredo Vásquez Cobo, y el plenipotenciario del Ecuador, general Julio Andrade, que dispuso la constitución de un tribunal de arbitramento y de una comisión técnica para demarcar la frontera. El tratado no fue aprobado por el Congreso del Ecuador, principalmente porque fue sustituido por otro tratado, de 1908, en el cual se fijó directamente la línea divisoria entre los dos países, que fue la que finalmente quedó acogida para la solución de límites entre

«Partiendo de la boca del río Mata je en el Ancón de Sardinas, sobre el océano Pacífico, aguas arriba de este río hasta encontrar su fuente en la cumbre de un gran ramal de los Andes que separan las aguas tributarias del río Santiago de las que van al Mira; sigue la línea de frontera por la mencionada cumbre hasta las cabeceras del río Camumbí y por este río aguas abajo hasta su boca en el Mira; éste aguas arriba hasta su confluencia con el río San Juan; por este río aguas arriba hasta la boca del arroyo o quebrada Aguahedionda, y por ésta hasta su origen en el volcán de Chiles, y sigue a la cumbre de éste hasta encontrar el origen principal del río Carchi; y por este río aguas abajo hasta el puente de Rumichaca; de este punto continuará la línea de frontera por la vaguada del mismo río Carchi hasta la boca de la quebrada Tejes o Teques y por esta quebrada hasta llegar al cerro de la Quinta, de donde sigue la línea al cerro de Troya. Desde este cerro hasta la boca del arroyo o quebrada Pun en el río que Codazzi y Wolf denominan Chunquer, la comisión demarcadora señalará la frontera de acuerdo con los derechos que las altas partes tienen respectivamente en aquella región. Desde la boca de la quebrada Pun en el mencionado río hasta la desembocadura del Ambiyacú en el río Amazonas —que son los dos extremos de la frontera en la región oriental—, la línea va por el medio de las tierras altas que forman el Divortium aquarum

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entre el Putumayo y el Napo, de manera que este último río y las aguas que lo componen pertenezcan al Ecuador y las aguas que van al Putumayo, así como este río, queden perteneciendo a Colombia. La comisión demarcadora señalará la frontera donde no haya alturas que determinen claramente el Divortium aquarum, procurando dividir por partes iguales la extensión territorial que separa los ríos Putumayo y Napo de modo que siempre quede bien establecida una frontera perfectamente perceptible, para evitar conflictos de jurisdicción entre las autoridades de los dos países. A este fin la comisión demarcadora podrá adoptar como frontera las corrientes de agua que se encuentren en la línea media entre el Putumayo y el Napo, con arreglo a las condiciones anteriores, hasta llegar a las cabeceras del río Ambiyacú, para seguir aguas abajo de este río hasta su boca en el Amazonas que es donde termina, como antes se ha dicho, la frontera entre Colombia y el Ecuador.» Límites con el Perú El virreinato de la Nueva Granada fue creado en 1717 y duró seis años, hasta 1723, cuando se dio por terminado. En 1739 se erigió nuevamente por la Real Cédula expedida en San Ildefonso con fecha 20 de agosto de ese año. En esta cédula se segregó del virreinato del Perú la Audiencia de Quito con todos sus territorios y jurisdicción y se anexó al virreinato de la Nueva Granada como lo dice la Real Cédula. Sin embargo, allí no se encuentran detallados los límites de separación de los dos virreinatos, pero como en ella se incluye la Audiencia de Quito, tal como pertenecía al Perú, en el virreinato de Santafé, la demarcación contenida en la Cédula de 20 de noviembre de 1563 que creó la Audiencia de Quito era la que correspondía a los virreinatos del Perú y de la Nueva Granada en la parte donde colindaban.

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El rey de España, para que no se presentaran dudas en la interpretación de dicha cédula, expidió en 1740 una Real Cédula en donde se fijan claramente las demarcaciones territoriales de los dos virreinatos. La Cédula de 1740 trae el siguiente deslinde: «Partiendo desde el Tumbes en la costa del Pacífico, sigue por las serranías y demás cordilleras de los Andes por la jurisdicción de Patía y Piura hasta el Marañón, a los seis grados treinta minutos latitud sur y la tierra adentro, dejando al Perú la jurisdicción de Piura, Cajamarca, Moyobamba y Motilones; y por la cordillera de Ye veros atravesando el río Yavarí o Yaurí en la confluencia del Carpi; las aguas de este al Solimoes o Amazonas y las de este abajo hasta la boca más occidental del Caquetá o Yupurá en que comienzan los límites con el Brasil sobre el Amazonas septentrional.» Al comparar esta cédula con la de 1563 resulta que la demarcación señalada en una y en otra es igual, aun cuando hay algunas diferencias que obedecen primordialmente al mejor conocimiento del terreno en la de 1740. Ésa misma delimitación se es-

Sellos y firmas de Marco Fidel Suárez y Alberto Muñoz Vernaza en el documento de canje de ratificaciones del tratado de límites entre Colombia y Ecuador, enero de 1917 (Archivo de la Cancillería)

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por consiguiente, fue cuidadosamente revisada por el gobierno de Colombia. En su parte dispositiva resuelve: «El Rey [...] he resuelto y mando agregar a ese Virreynato el Gobierno y Comandancia General de Mainas con los pueblos del Gobierno de Quijos, excepto el de Papallacta y que aquella Comandancia General se extienda no sólo por el río Marañón abajo hasta las fronteras de las colonias portuguesas, sino también por todos los demás ríos que entran al mismo Marañón por su parte septentrional y meridional, como son: Morona, Paztaza, Ucayali, Napo, Yavarí, Putumayo, Yapurá y otros menos considerables, hasta el paraje en que estos mismos, por sus saltos y raudales inaccesibles no son navegables, debiendo quedar también a la misma Comandancia General los pueblos de Lamas y Moyobamba, para confrontar en lo posible la jurisdicción eclesiástica y militar de aquellos territorios.»

Ratificación por parte del Libertador Simón Bolívar del tratado de Unión, liga y confederación perpetua de Colombia, Centro América, Perú y Estados Unidos Mexicanos, del día 15 de junio de 1826 (Archivo de la Cancillería, Bogotá).

tablece en la recopilación de Indias, lo cual indica la congruencia de la legislación española de la colonia. En anteriores documentos se indican los derechos de Colombia y Ecuador como sucesores de la monarquía española, subordinando al principio «uti possidetis juris» las líneas demarcadas en las Cédulas Reales citadas para señalar los límites de los Estados que sucedieron a los virreinatos de la Nueva Granada y el Perú. Perú, sin embargo, sostuvo que no eran esos documentos, sino la Real Cédula de 1802, la que debía tenerse en cuenta para fijar los límites en esa región del continente. Dicha Cédula,

El Perú sostuvo que, de acuerdo con lo anteriormente transcrito, todos los territorios comprendidos dentro de una zona de 400.000 km.2 que se extienden al norte del río Amazonas desde el Tabatinga hasta la embocadura del río Morona y éste aguas arriba hasta donde es navegable y de ahí una línea que una las partes más altas navegables de los ríos Paztaza, Napo, Caquetá y Putumayo, desde el Caquetá aguas abajo hasta su confluencia con el Apoporis y de esta confluencia a Tabatinga, pertenecían el virreinato del Perú. Para Colombia la Cédula de 1802 no altera en forma alguna lo establecido en la Cédula de 1563 que creó la Audiencia de Quito, ni la de 1740, por las siguientes consideraciones expuestas en las negociaciones con el Perú: En el derecho colonial hay que distinguir las agregaciones y las segregaciones territoriales de las agregaciones y segregaciones administrativas, jurisdiccionales o de gobierno. Se distinguía el territorio de la jurisdicción en él ejercida, y se hacía, por tanto, verdadera distinción, entre

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desmembrar o anexar territorios, y entre adjudicar o quitar empleos, ramos administrativos y jurisdicción. Ahora bien: ¿La Cédula de 1802 es de anexión territorial con respecto al virreinato del Perú? Por todo lo expuesto podemos deducir que no. Dicha Cédula dice: «El Rey [...] he resuelto y mando agregar a ese Virreinato [el de Lima] el Gobierno y Comandancia General de Mainas con los pueblos del Gobierno de Quijos, excepto el de Papallacta.» No habla como se ve, de territorio, sino de simplemente una entidad administrativa como lo era el Gobierno y la Comandancia General de Mainas. Habría otras consideraciones que en su tiempo expresaron con maestría los internacionalistas colombianos, pero que nos abstendremos de incluir en este ensayo para no hacerlo demasiado extenso. Además, en todos los documentos anteriores a la expedición de la Cédula Real, que es donde deben estimarse sus alcances, y en las decisiones de los fiscales del Perú y Nueva España no se usó la expresión: «Segregar territorios.» No se habló de segregación territorial, sino de una petición administrativa. Por eso se redactó la Real Cédula como está, haciendo constar que los pedimentos no se referían a una providencia de carácter territorial sino a una de carácter meramente jurisdiccional. Hagamos ahora un somero recuento de las negociaciones diplomáticas que se adelantaron para llegar al actual tratado de límites. Fue don Joaquín Mosquera el primer plenipotenciario de Colombia designado en 1821. Iba el señor Mosquera con un pliego de instrucciones del ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, don Pedro Gual, en el que se advierte que la atención primordial de Colombia se refería a la provincia de Guayaquil, porque una Real Orden de 7 de julio de 1803 segregó a Guayaquil del virreinato de Santa Fe para agregarlo al de Lima; y porque, además, y no obstante que en 1820

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Guayaquil hubiera proclamado su independencia poniendo su gobierno bajo la protección de Colombia por un tratado de 18 de mayo de 1821, y que en 31 de agosto del mismo año los presidentes, alcaldes y regidores del ayuntamiento aceptaron esa situación, el gobierno peruano, en repetidas oportunidades, había manifestado que era una provincia suya. Ante la discrepancia surgida entre el representante colombiano y el canciller del Perú sobre el tratado que llevaba el representante de Colombia, en el cual se consideraba Guayaquil como parte integrante de Colombia, después de extensas discusiones se lle-

Firmas de Simón Bolívar, presidente de Colombia, y de José Rafael Revenga, secretario de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores, en ratificación del tratado de unión acordado por la Asamblea general de los Estados Americanos, reunida en Panamá, ratificación fechada en Bogotá, a 14 de septiembre de 1827.

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Cubierta y primera página de la ratificación del tratado entre Perú y Colombia firmado en Guayaquil el 22 de septiembre de 1829. Suscribe la ratificación Antonio Gutiérrez de la Fuente, vicepresidente del Perú, a 11 de agosto, 1830.

gó a la conclusión de dejar sin resolver el asunto de límites entre Colombia y el Perú, reservándolo para un convenio específico sobre la materia. Este pacto fue ratificado por Colombia el 12 de julio de 1823 y por el Perú el 17 de noviembre del mismo año. Don Joaquín Mosquera se dirigió al Congreso peruano para que se procediera a discutir el asunto de límites y presentó un proyecto en el que se decía que las altas partes contratantes reconocían que los límites eran los que tenían los dos virreinatos del Perú y Nueva Granada en 1809, desde la desembocadura del río Tumbes en el mar Pacífico hasta el territorio del Brasil. La comisión de Relaciones Exteriores del Perú pidió la supresión de esta última parte. Este convenio fue ratificado por el Perú pero desaprobado por el gobierno colombiano por medio de la ley de 1.° de junio de 1824, por cuanto conceptuó que la situación de los límites no se había aclarado sino que quedaba envuelta la misma confusión que tenía antes.

El estado de guerra con la Corona española y la decisión de Bolívar de libertar los pueblos al sur de Colombia, detuvieron el proceso de señalamiento de límites. Sin embargo, el Libertador, que se hallaba por entonces en Guayaquil, envió a Lima, con el carácter de ministro plenipotenciario, al general Antonio José de Sucre, quien llevaba entre sus instrucciones la de pedir al Perú la restitución de las provincias de Jaén y Mainas, las cuales, según el historiador Restrepo, se unieron provisionalmente al Perú cuando el general don José de San Martín libertó a Lima y a otras provincias que pertenecían al virreinato de la Nueva Granada. Pasada la situación de guerra con España, con el resultado victorioso de los ejércitos libertadores, Bolívar designó al mariscal Sucre como enviado extraordinario y plenipotenciario en Lima. Pero la misión no llegó a cumplirse porque tuvo que encargarse de la presidencia de Bolivia. En las instrucciones que llevaba el mariscal, dadas por el secretario de Relaciones Exteriores, don Pedro Gual, se decía

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que «a pesar de la justicia de principio del uti possidetis, el ejecutivo, sin embargo, está dispuesto a admitir en la línea divisoria con los Estados circunvecinos aquellas ligeras alteraciones que contribuyan a hacer su demarcación clara, incontrovertible y natural, si es posible. Para lograr este resultado, Vuestra Excelencia comprende que es preferible siempre que la línea divisoria se tire desde un punto cierto de la costa, como Tumbes, hacia el interior, siguiendo el curso regular y constante de los ríos que atraviesan todo el territorio, o por los grados de longitud y latitud [...]. Si Colombia está dispuesta a ser generosa al establecer la línea interior, sus intereses, su honor y su posición inmemorial le aconsejan adherirse fuertemente al río Tumbes como el término de su jurisdicción por el Pacífico [...] Ésta es la condición sine qua non del tratado de límites.» En 1826, se convocó por segunda vez a elecciones de diputados en el Perú a los habitantes de las provincias de Jaén y Mainas. El encargado de negocios de Colombia, señor Cristóbal Armero, preguntó al gobierno del Perú si esas provincias participarían en las elecciones, lo cual fue respondido afirmativamente. Ello provocó la protesta del gobierno colombiano, limitada a la provincia de Jaén porque sólo se llamaba a los pueblos del lado derecho del Marañón. Como se ve, hasta entonces la aspiración del Perú se refería a una provincia más allá del Amazonas, lo cual permite calificar de inexplicables y desmedidas las ambiciones posteriores del Perú sobre territorios que llegaban hasta los ejidos de Pasto y a las inmediaciones de Neiva. Hay que recordar en esta reseña que Colombia había ejercido actos de soberanía sobre Mainas y Jaén. La Constitución colombiana se había promulgado por todos los ámbitos del país incluyendo a Jaén y Mainas. Ante la protesta de la cancillería del Perú por la promulgación de la Constitución de Colombia en el partido de

Jaén, el secretario del Libertador, señor Espinar, contestó expresando los deseos de Bolívar de que Perú manifestara los derechos que pudiera tener sobre la provincia de Jaén que siempre había pertenecido a la Nueva Granada. Más tarde, el 15 de octubre, propuso Espinar, por orden del Libertador, que para darle la prueba más inequívoca de su sinceridad «Se nombraran por ambas partes comisiones que se trasladasen a los lugares de la frontera y, previa inspección de ello, demarcaran las que les parecieran más naturales, fijas y útiles a ambos gobiernos.» El gobierno de Colombia quiso aprovechar el congreso que Bolívar se había propuesto celebrar en Panamá en 1826 para llegar con el Perú a un acuerdo que determinara los límites entre los dos Estados de una manera clara y precisa. Colombia había designado como plenipotenciarios a don Pedro Gual, secretario de Relaciones Exteriores, y

Pedro Gual, ministro de Relaciones Exteriores de la Gran Colombia y su representante en el congreso anfictiónico de Panamá, primer negociador de límites de Colombia con el Perú. La efigie de-quien también fue presidente de Venezuela (1861) es la de su monumento fúnebre en la catedral de Bogotá.

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Portada y última página con firmas y sellos del Tratado de confederación entre las repúblicas de Nueva Granada, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile, suscrito en Lima el 8 de febrero de 1848. Representó a nuestro país en este acto Juan Francisco Martín.

a don Pedro Briceño Méndez, general de brigada y uno de los libertadores de Venezuela, con instrucciones para que celebraran con los plenipotenciarios del Perú negociaciones sobre límites. Estas negociaciones no pudieron adelantarse por el cambio de los delegados peruanos, don Manuel Lorenzo Vidaurre, don José María Pando y don Manuel Pérez Tudela. El señor Pando se separó de la delegación y Perú explicó que debía encargarse de la cartera de Relaciones Exteriores, pero, según pudieron verificarlo los delegados colombianos, ello obedeció a que el gobierno peruano se reservaba para tratar de límites en la ciudad de Lima. Todo esto creó un estancamiento en las negociaciones sobre límites, y entre tanto se produjo un rompimiento de hostilidades entre las dos naciones por muy diversas causas, cuyos motivos, a excepción de la retención de las provincias de Mainas y Jaén, no son materia de este estudio. Finalizada la guerra con la completa derrota de las armas peruanas en el Portete de Tarqui, se firmó el convenio de Girón, que se ha considerado

en la historia como un modelo de magnanimidad de Colombia. Este convenio no fue respetado por Perú a pesar de los beneficios en su favor, con el argumento de que tenía que ser aprobado por el Congreso peruano. Ante esa situación, se convino en firmar un tratado definitivo, para lo cual fueron nombrados como plenipotenciarios los señores José Larrea y don Pedro Gual, quienes después de prolongadas negociaciones firmaron el 22 de septiembre de 1829 el llamado tratado de Guayaquil, cuyo artículo 5.° dice: «Ambas partes reconocen por límites de sus respectivos territorios los mismos que tenían los antiguos virreinatos de la Nueva Granada y el Perú, con las solas modificaciones que juzguen convenientes acordar entre sí, a cuyo efecto se obligan desde ahora a hacerse recíprocamente aquellas cesiones de pequeños territorios que contribuyan a fijar la línea divisoria de una manera más natural y exacta y capaz de evitar disgustos y competencias entre las autoridades y habitantes de la frontera.» El tratado de Guayaquil no tuvo vigencia por la disolución de la Gran

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Colombia, lo cual llevó al gobierno del Perú a manifestar que había pactado con una entidad política reconocida como Colombia, que ya no existía. Esta tesis también fue sostenida por el Perú en la discusión de sus límites con el Ecuador. El gobierno de Colombia insistió en la validez del tratado de Guayaquil, y para solicitar su cumplimiento nombró como ministro plenipotenciario al general Tomás Cipriano de Mosquera. El Perú designó para las conversaciones al presbítero Carlos Pedemonte, ferviente admirador del Libertador Bolívar. Así se celebró el llamado protocolo Mosquera-Pedemonte, que definió la cuestión de límites. La conclusión final del protocolo reconocía «el perfecto derecho de Colombia al territorio de la ribera izquierda del Marañón o Amazonas y reconocido al Perú el dominio de la ribera derecha, quedando únicamente pendiente si debían regir los límites por el Chinchipe o por el Huancabamba». Sin embargo, y a pesar de que las estipulaciones eran bastantes favorables al Perú, el gobierno peruano, con una especiosa argumentación, le negó su validez y alegó que no se había llevado ante el Congreso. En realidad, el gobierno de Colombia no lo hizo, de acuerdo con su reiterada doctrina internacional, porque consideró que el protocolo es una prolongación y consecuencia natural del tratado de Guayaquil, el cual sí fue ratificado por el Congreso. Pero la negativa del Perú a reconocerlo prolongó casi por un siglo la diferencia, así como provocó enfrentamientos bélicos en dos ocasiones y ocasionó la interferencia de los otros países colindantes, Ecuador y Brasil, todo lo cual se hizo posible por esa demora de tantos años. En el año de 1887, Perú y el Ecuador sometieron la cuestión de sus límites a la decisión arbitral del rey de España. Como el arbitro no llegara de inmediato a un fallo, las mismas naciones celebraron en 1890 el tratado García-Herrera, que fue modificado Por el Congreso del Perú. El Ecuador

no aceptó las modificaciones y así el tratado no pudo llevarse a efecto. Colombia propuso entonces la celebración de acuerdos tripartitos y en consecuencia tuvo lugar una reunión en Lima, donde se firmó una convención, en la cual Colombia se adhirió al arbitramento acordado entre Perú y Ecuador. En sus artículos 5.° y 6.° decía que si Colombia no aprobaba la convención, ésta surtiría efectos entre los otros dos países. Esta convención no fue aprobada por el gobierno del Ecuador. El juicio arbitral, sin embargo, continuó su curso sin la participación de Colombia. El monarca español se inhibió de dictar sentencia. Las naciones del ABC (Argentina, Brasil y Chile), en su carácter de mediadoras, propusieron que se sometiera el asunto al tribunal permanente de La Haya, pero el canciller de Colombia, en nota de 17 de enero de 1911, dirigida a los representantes de aquellas naciones, hizo ver lo ineficaz de una solución que no abarcara la totalidad del problema por hacer caso omiso de Colombia. Un nuevo periodo de la controversia colombo-peruana se inició en 1904:

Páginas del documento de ratificación del tratado de amistad y alianza defensiva entre los Estados Unidos de Colombia y Perú, firmada por Tomás C. de Mosquera v por el secretario de lo Interior José María Rojas Garrido.

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Banquete en honor del embajador colombiano Fabio Lozano Torrijos ofrecido en Lima por el canciller peruano, después de la firma del tratado de limites y navegación del 24 de marzo de 1922. En la foto: Edmundo Gutiérrez, Oscar C. Barros (ministro de Instrucción del Perú), Germán Le guía (de Gobierno), Fabio Lozano Torrijos (embajador de Colombia), Augusto B. Leguía (presidente del Perú), César Canevaro (Presidente del Senado de ese país), el canciller A. Salomón y el nuncio Petrelli.

Los llamados convenios de modus vivendi. Ésta fue una época lamentable para la diplomacia colombiana. En todos, Colombia sufrió un retroceso. Fueron en realidad convenios de entrega a la pretensión peruana de adueñarse de la región amazónica, hasta el punto de que el general Rafael Uribe Uribe llamó a esos convenios «modus vivendi para el Perú y modus moriendi para Colombia». La aspiración constante de Colombia, basada en documentos irrefutables, fue que se respetasen y mantuviesen los límites entre los virreinatos del Perú y de la Nueva Granada de acuerdo con el uti possidetis juris de 1810. Pero esta cuestión fue manejada con extrema debilidad, con una predisposición a ceder ante las presiones de nuestros vecinos. La Amazonia colombiana no fue defendida con el coraje y la decisión que se hubieran debido emplear. Colombia se dejó impresionar ante las inmensas comarcas que se extendían en la parte septentrional del inmenso río y que quedaron preservadas en el tratado de Gua-

yaquil y en el protocolo Mosquera-Pedemonte y así los convenios de modus vivendi fueron debilitando nuestras posiciones. Más tarde, el embajador Fabio Lozano Torrijos logró, hasta donde se podía, preservar el trapecio amazónico a pesar de las inmensas concesiones colombianas, que apenas dejaron a Colombia una porción sobre el río Amazonas que difiere mucho de la que le habría correspondido si se hubiera mantenido la frontera de 1830, o sea la de la ribera norte del río Amazonas. El tratado de 1922 por lo menos salvó ese pequeño trozo de frontera. El Perú, sin embargo, no quedó satisfecho con el tratado Lozano-Salomón de 1922, y ello condujo más tarde a la invasión por el Perú del trapecio amazónico en septiembre de 1932, cuando ya el tratado Lozano-Salomón había sido aprobado por los dos congresos y verificado el canje de ratificaciones. El gobierno del presidente Enrique Olaya Herrera afrontó con ánimo re-

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suelto este conflicto; que fue llevado finalmente a la Sociedad de las Naciones donde Colombia, representada por el doctor Eduardo Santos, obtuvo una resonante victoria. El 24 de octubre de 1933 se concertó un armisticio y se resolvió que los dos países adoptaran un protocolo para eliminar las diferencias con el Perú. Colombia estuvo representada en las conferencias correspondientes, que se celebraron en el Brasil, por los doctores Guillermo Valencia, Roberto Urdaneta Arbeláez y Luis Cano, y el Perú por los doctores Víctor M. Maurtua, Víctor Andrés Belaunde y Alberto Ulloa. El trapecio, mientras tanto, fue administrado por las autoridades de Colombia. El protocolo dice en sus primeros artículos: Artículo 1.°: «El Perú deplora sinceramente, como lo ha hecho en declaraciones anteriores, los acontecimientos ocurridos a partir del 1.° de septiembre de 1932, que perturbaron sus relaciones con Colombia.» Artículo 2.°: «El tratado de límites del 24 de mayo de 1922, ratificado el 23 de enero de 1928, constituye uno de los vínculos jurídicos que unen a Colombia con el Perú y no podrá ser modificado o afectado sino por el consentimiento de las partes o por decisión de la justicia internacional.» La Sociedad de Naciones formalizó la entrega a Colombia del trapecio amazónico y así se clausuraron los conflictos de límites entre Perú y Colombia. Límites con el Brasil El asunto de la fijación de los límites entre Colombia y el Brasil difiere de lo que se estableció como base para la demarcación de límites en las negociaciones con los otros países limítrofes. Porque el Brasil perteneció desde la conquista a Portugal, en tanto que el resto de los territorios de Centro y Sur y parte de Norte América fue descubierto y poseído por España. Entre España y Brasil se suscitaron durante muchos lustros controversias que cul-

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minaron con el tratado de San Ildefonso, celebrado entre España y Portugal el 1.° de octubre de 1777. Se determinó entonces que comisiones científicas señalarían sobre el terreno las fronteras o líneas divisorias; una de esas comisiones tuvo a su cargo la parte correspondiente a Colombia. Pero esa comisión encontró dificultades para cumplir su encargo por la situación internacional entre España y Portugal y por la invasión napoleónica a España, así como por la guerra de Independencia que libraron sus colonias de América. Esa serie de circunstancias cambió fundamentalmente las condiciones que se presentaban para trazar los límites con el Brasil, porque ya no estaban basadas en el uti possidetis juris de 1810, sino por la situación existente en el momento en que Colombia obtuvo su independencia en 1819 y Brasil en 1822. Esto es, el uti possidetis de jacto. Colombia sostuvo que la demarcación debía seguir lo acordado por el tratado de San Ildefonso con tesis jurídicas inatacables, como son la intangibilidad de los tratados públicos cuando se refieran a límites, los cuales no pueden ser infringidos o desconocidos sino por consentimiento de las partes. El Brasil se opuso para el señalamiento de límites con sus vecinos a que se aplicara el tratado de San Ildefonso, con tesis ciertamente débiles frente a las sostenidas por Colombia,

Luis Cano firma el acta de entrega de Leticia, en esa ciudad del trapecio amazónico, en junio de 1932. Cano conformó con Guillermo Valencia y Roberto Urdaneta Arbeláez la comisión negociadora con el Perú, cuyas gestiones culminarían en la firma del protocolo de Río de Janeiro.

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Llegada de soldados del y esto lo hacía a pesar de que en la batallón Pichincha, controversia de límites con la Argenllamados los "macheteros tina había aceptado la vigencia del tradel Cauca", a Puerto tado de San Ildefonso. Asís, 1933.

La iniciación de las negociaciones con el Brasil estuvo a cargo del señor Leandro Palacios, que fue enviado en 1826 por Colombia con instrucciones para exigir el reconocimiento de la línea de 1777 y el nombramiento de una comisión demarcadora. Palacios fracasó porque el Brasil pretendió que las negociaciones se adelantaran en Bogotá. Ello ocasionó su retiro y fue designado como encargado de negocios el señor Juan Gómez. El Brasil propuso una línea divisoria que sigue más o menos los límites actuales, pero ese pacto no se aprobó por lo gravoso que significaba para Colombia y por la vaguedad de la fórmula brasilera. Fue sólo en 1853 cuando se firmó el primer tratado de límites, el cual fue suscrito por el canciller colombiano, don Lorenzo María Lleras, y por el plenipotenciario brasilero, don Miguel María Lisboa. El tratado fue presentado al gobierno granadino, quien lo pasó en comisión al senador Pedro Fernández Madrid, el cual rindió informe negativo, no sólo por apartarse del uti possidetis juris de 1810, sino porque difería en grado sumo de la línea señalada en el tratado de San Ildefonso. Puede sintetizarse así la línea de frontera según el tratado hispano-portugués: «Parte de la boca del Javarí en

el Amazonas y sigue por éste hasta la boca más occidental del Caquetá; sube por éste y desde un punto no fijado va a buscar las márgenes del río Negro por cuyas aguas continúan hasta encontrar la piedra del Cocuy.» La línea señalada en el tratado de 1853, aun cuando partía de la boca de Javarí en el Amazonas, o sea de Tabatinga, no seguía por ese río sino por una línea recta hasta encontrar la boca del Apoporis en el Caquetá, con lo cual Colombia perdía los inmensos territorios comprendidos entre el Caquetá y el Amazonas y encerrados por la boca del Apoporis, boca del Caquetá y boca del Javarí. Esta sección, por otra parte, se demarcaba condicionalmente para el evento de que Colombia triunfara sobre el Perú en el conflicto de límites. Todo ello indicaba que el tratado con el Brasil era absurdo para Colombia, ya que si perdía con el Perú quería decir que no podía tener acceso al Amazonas por ríos propios, y si ganaba con el Perú adquiriría los territorios disputados con ese país para entregarlos al Brasil. Ese tratado de 1853 admitía contra derecho la extrema pretensión brasilera, afectando así los más importantes intereses colombianos, de suerte que el Senado de Colombia lo negó con plena justificación. En los años subsiguientes se intentaron algunas negociaciones sin ningún resultado positivo. Las cancillerías de los dos países tuvieron largas controversias sobre la navegación en los ríos comunes, que el Brasil quería impedir. El plenipotenciario brasilero Joaquín Nascentes de Azambuja sugirió en 1869 una línea que era notoriamente perjudicial para Colombia, a tiempo que el Ecuador, en 1904, le hizo al Brasil el mismo reconocimiento que le hizo el Perú sobre la línea Apoporis-Tabatinga como la línea divisoria entre los dos países. En el año de 1907 se definió parte de la frontera, siguiendo la línea que había sugerido en 1869 el plenipotenciario del Brasil Nascentes de Azambuja. Ello se consagró en un tratado

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firmado por el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, general Alfredo Vásquez Cobo, y el ministro del Brasil, señor Eneas Martins, que señala los límites definitivos entre los dos países. Para calificar el tratado VásquezMartins me remito al concepto del eminente internacionalista colombiano, ex ministro de Relaciones Exteriores, doctor José Joaquín Caicedo Castilla, que dice: «En el tratado Vásquez Cobo-Martins se señala una frontera distinta de la del tratado de San Ildefonso y los demás tratados entre Portugal y España, cediendo Colombia inmensos territorios y olvidando la inquebrantable tesis antes defendida por ella, olvido que, cuando sea el tiempo de fijar los límites en la sección no demarcada, constituirá un precedente desastrado para su derecho. »Porque acontece igualmente que en el tratado se dejó sujeto a posterior

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convenio lo relativo a los territorios comprendidos entre el Caquetá, el Amazonas y una línea recta de Tabatinga a la boca del Apoporis, siendo lo natural que si Colombia había cedido en la parte delimitada, en esta otra se aviniera el Brasil a respetar los títulos de Colombia, tanto más cuanto que este trayecto fue el único que amojonó, por el año de 1781, la comisión mixta nombrada por las Cortes de Lisboa y de Madrid. »Si se hubieran respetado los derechos de Colombia en la segunda sección, podría, si no justificarse, por lo menos explicarse el arreglo; pero tal como quedó, él no es ni siquiera una transacción, puesto que no hace sino consagrar en la sección delimitada la extrema pretensión brasilera, y postergar para lo futuro la demarcación de la segunda sección, la cual ya quedará afectada por el señalamiento de la boca del Apoporis como punto de

Visita del presidente Enrique Olaya Herrera al Estado Mayor, durante la guerra con el Perú, en 1933. Acompañan al mandatario el general Balcázar, Alfredo Vásquez Cobo y Julián Uribe G.

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Debe anotarse que, ya en las tareas de demarcación, se presentaron varios problemas que fueron solucionados por las cancillerías y que constan en el canje de notas de 20 y 24 de enero de 1934; el tratado García Ortiz-Mangabeira y los informes de las Comisiones mixtas de 1931, 1952 y 1957.

Firmas del presidente del Perú Oscar Raimundo Benavides y de su ministro de Relaciones Exteriores Carlos Concha en el documento de ratificación del protocolo y acta adicional concluidos por Colombia y Perú en Río de Janeiro. En la antigua capital de Brasil, los comisionados actuaron bajo la presidencia de Afranio de Mello Franco.

Frontera con Panamá

partida, y el abandono del lado de Colombia, de la prudente línea de conducta tendiente a mantener incólume el utis possidetis juris de 1810. »De que se infiere que no se exagera al calificarse duramente el tratado Vásquez-Cobo-Martins, acerca del cual hacemos constar, no obstante, que no somos del concepto del señor Demetrio Salamanca, sobre que, siendo dictatorial el gobierno colombiano que verificó la negociación, y usurpadora la Asamblea que le suministró el sello de la aprobación legislativa, no nos obliga, y debemos procurar que el Brasil, atendiendo los dictados de la justicia universal y dándonos una prueba de franca y leal amistad, consienta en su abrogación. »Y no somos amigos de esa opinión, porque es regla de Derecho Internacional, umversalmente aceptada, la de que el cambio en la forma de los gobiernos no trae consigo la desaparición de los compromisos externos contraídos bajo la forma anterior, porque de no ser así, carecería de toda estabilidad la vida internacional.»

A partir de 1835 fue preocupación constante de los sucesivos gobiernos de Colombia la apertura por el istmo de Panamá de una vía acuática o terrestre para unir los océanos Atlántico y Pacífico. Todo ello culminó en la firma del tratado entre los Estados Unidos de América y la República de Colombia, suscrito por don Tomás Herrán, encargado de negocios de Colombia, y el señor J. B. Hay, secretario de estado de los Estados Unidos. Era un tratado humillante para Colombia que provocó una tremenda reacción en el país y que el Congreso de Colombia rechazó altivamente. El gobierno del señor Marroquín quedará por siempre manchado por su actuación y su debilidad, que llevaron a la segregación de ese pedazo de nuestra patria por la actitud criminal del gobierno de los Estados Unidos, hecho que ocurrió el 3 de noviembre de 1903. El 6 de abril de 1914 se firmó el tratado Urrutia-Thomson para dar por terminadas las diferencias entre Colombia y Estados Unidos. Dicho tratado fue materia de arduas discusiones y finalmente aprobado por los Congresos de ambos países. En este tratado se dijo que la línea divisoria entre Panamá y Colombia sería trazada sobre la base de la ley colombiana de 1855, como lo había sostenido Colombia. Panamá, en efecto, formó parte del virreinato de la Nueva Granada de acuerdo con la Real Cédula de 20 de agosto de 1739, y posteriormente formó parte de la Gran Colombia. Los límites provisionales del territorio del Darién fueron señalados por el general Tomás Cipriano

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de Mosquera, desde el cabo del Da---n a las cabeceras del río La Miel. Posteriormente, por medio del tratado suscrito el 20 de agosto de 1924 por el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, don Jorge Vélez, y por el plenipotenciario de Panamá, don Nicolás Victoria J., se acordó en definitiva como frontera con Panamá la línea de 1855. La línea divisoria entre los dos países quedó señalada así: «Desde un punto en la Costa del Océano Pacífico, equidistante entre Cocalito y La Ardita, sigue en línea recta hasta los Altos de Aspavé. Luego por el divorcio de aguas de los ríos Juradó y Balsas, rodea las fuentes del río Salquí y continúa por toda la cima de las cordillera del Darién, pasando por los puntos de Mangle, Palo de las Letras, Alto Limón, Tanela y Cerro de Gandí, hasta el sitio de el empalme en el divorcio de aguas entre los ríos Armila y Acandí, por el cual sigue hasta Chucurtí; continúa por la Serranía que divide las aguas entre el Chucurtí y el Acandí, pasa por el Cerro Sande y por el Cerro Parado, en las

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cabeceras del río La Miel, y termina hacia el norte, cortando el Cabo Tiburón por el divorcio de aguas entre las bahías de Zapzurro y La Miel hasta el extremo noroeste del Cabo Tiburón en el Mar de las Antillas.» Límites con Nicaragua Como bien se sabe, antes de producirse la separación de Panamá, el territorio colombiano se extendía a la costa oriental de lo que hoy son la República de Nicaragua y Costa Rica. Pero era indudable que en lo que toca con determinados territorios su situación jurídica había quedado establecida de manera definitiva en la colonia por la Orden Real del 30 de noviembre de 1803 que dice: «El Rey ha resuelto que las islas de San Andrés y la parte de la costa de Mosquitos desde el cabo Gracias a Dios, inclusive hasta el río Chagres, queden segregadas de la Capitanía General de Guatemala y dependientes del virreinato de Santa Fe [...].» Todo lo cual quedó confirmado por la aceptación del prin-

Víctor M. Maúrtua, plenipotenciario del Perú, y Roberto Urdaneta Arbeláez firman el protocolo de Río de Janeiro, el 24 de mayo de 1934, por el cual se confirmó el tratado Lozano-Salomón y se concluyó el conflicto sobre el trapecio amazónico.

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ese meridiano, implícitamente Nicaragua reconoce que pertenecen a Colombia. No obstante la claridad de este tratado, que viene a afianzar la soberanía indiscutible de Colombia sobre esta parte de sus territorios insulares, Nicaragua en épocas recientes y aun en la actualidad ha pretendido un derecho que no tiene sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia y las islas e islotes que lo conforman. Colombia ha rechazado con argumentos incuestionables esas pretensiones que en el campo del derecho internacional no podrían prosperar jamás.

Hito internacional del punto de frontera entre Colombia, Perú y Brasil, frente a Tabatinga, foto de 1934.

cipio del uti possidetis juris de 1810. Y aun cuando Nicaragua objetó la citada Real Orden de 1803, Colombia en forma irrebatible demostró sus derechos. Todo llevó a la celebración del tratado celebrado el 24 de marzo de 1928 entre el subsecretario de Relaciones Exteriores de Nicaragua, señor José Bárcenas Meneses, y el doctor Manuel Esguerra, plenipotenciario de Colombia, mediante el cual «Colombia reconoce el pleno dominio y la soberanía de la República de Nicaragua sobre la costa de Mosquitos [...] y la República de Nicaragua reconoce la soberanía y pleno dominio de la República de Colombia sobre las islas de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y todas las demás islas, islotes y cayos que hacen parte de dicho archipiélago de San Andrés, sin incluir los cayos de Roncador, Quitasueño y Serrana, cuyo dominio está en litigio entre Colombia y los Estados Unidos.» En el acta del canje de ratificaciones, el 5 de mayo de 1930, del tratado Esguerra-Bárcenas, se dejó establecido que el archipiélago de San Andrés y Providencia no se extiende al occidente del meridiano 82 de Greenwich. Y como los cayos de Roncador, Quitasueño y Serrana están al oriente de

Como vimos, el tratado EsguerraBárcenas no resolvió nada respecto a los cayos Roncador, Quitasueño y Serrana, por cuanto se consideró que eran materia de controversia entre los Estados Unidos y Colombia. Esa cuestión, en efecto, había sido discutida con los Estados Unidos y, sin detenernos en la relación pormenorizada de este diferendo, llegamos al cruce de notas el 10 de abril de 1928 entre el ministro plenipotenciario de Colombia, doctor Enrique Olaya Herrera, y el secretario de estado de los Estados Unidos, señor Frank B. Kellog. En ellas, sin referirse a la cuestión de la soberanía sobre dichos cayos, se acuerda conservar el statu quo en la materia, absteniéndose Colombia de objetar el mantenimiento por parte de los Estados Unidos de ayudas de navegación y absteniéndose el gobierno de los Estados Unidos de impedir a Colombia la utilización para la pesca de las aguas que rodean los cayos. En el año de 1970 el canciller de Colombia, doctor Alfonso López Michelsen, envió una nota al embajador de los Estados Unidos en Colombia, señor Leonard J. Saccio, en la cual sugiere que se dé por terminado el statu quo acordado en las notas Olaya-Kellog de 1928, y que se acepten como válidos los títulos indiscutibles de Colombia para reclamar la soberanía plena sobre dichos cayos. La nota del canciller colombiano dio lugar a unas negociaciones sobre el particular que

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fueron adelantadas por el gobierno del presidente Misael Pastrana Borrero y aceptadas por los Estados Unidos. Esas negociaciones, muy rápidas, culminaron en un tratado que provocó serias reacciones en Colombia. El profesor de derecho internacional y ex embajador ante la ONU, doctor Enrique Gaviria, expresa de manera incontestable las siguientes razones en contra del tratado Vásquez CarrizosaSaccio: «Para beneficio del lector me permito transcribir los aspectos negativos del tratado. El Vásquez-Saccio es perjudicial para Colombia por las siguientes razones: »l. a Porque el reconocimiento que los Estados Unidos hacen de la soberanía colombiana sobre Roncador, Quitasueño y Serrana, queda sin ningún efecto frente a las notas diplomáticas de 8 de septiembre de 1972 referente a la "transferencia que se hace a la República de Colombia del faro situado en Quitasueño y a las ayudas de navegación en Roncador y Serrana" como que allí se establece que,

"Quitasueño no es objeto del ejercicio de una soberanía por estar permanentemente sumergido en alta mar". »2.a Porque Colombia no queda soberana sobre las aguas territoriales adyacentes a Roncador, Quitasueño y Serrana, ya que los artículos 2° y 3.° le conceden a los buques y ciudadanos norteamericanos los mismos derechos de pesca que a los nacionales colombianos. »3. a Porque Colombia queda inhabilitada para intervenir en las actividades de pesca desarrolladas por norteamericanos. »4.a Porque Colombia queda obligada a respetar y proteger los derechos de pesca allí concedidos y no puede celebrar convenio sobre pesca con terceros Estados sin el previo consentimiento de los Estados Unidos de América. »5.a Porque Colombia [...] queda en una situación inferior a la existente, según el canje de notas Olaya-Kellog de 1928. Allí conservaba sus derechos de pesca, mientras que en el tratado de septiembre de 1972 Colombia cede

Firma del tratado de delimitación de áreas marinas y submarinas con Costa Rica, por el canciller de ese país, Carlos José Gutiérrez, y por el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Rodrigo Lloreda Caicedo, ante el presidente Belisario Betancur (1983).

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a los Estados Unidos esos mismos derechos sin ningún beneficio directo.» El tratado fue aprobado por el Congreso de Colombia por la ley 52 de 1972 y se promulgó en el Diario Oficial el 26 de marzo de 1974. El tratado fue demorado durante

varios años en el Senado de los Estados Unidos hasta el 31 de julio de 1981 y fue firmado y ratificado por el presidente Ronald Reagan el 24 de agosto de 1981. El canje de los instrumentos de ratificación se hizo en el palacio de Nariño el 17 de diciembre de 1981.

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ANDRADE

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El contexto latinoamericano de la historia moderna de Colombia (1886-1930) Luis Vitale

S

i desde la época colonial América Latina quedó incorporada a la formación social mercantilista europea, en la era imperialista no sólo formó parte del mercado internacional sino también del proceso productivo mundial capitalista. No puede entenderse nuestra historia y la del propio sistema mundial si no se la analiza como una totalidad, en la que el fenómeno de acumulación constituye un solo proceso interrelacionado a escala universal. La política también se hizo mundial. Desde fines del siglo XIX, las áreas aún no colonizadas fueron repartidas y conquistadas por las grandes potencias europeas. América Latina sufrió un proceso de colonización en Centroamérica y el Caribe y de semicolonización generalizada en el resto de los países. La inversión masiva de capital monopólico condujo a la enajenación de parte de nuestra soberanía nacional. También fuimos incorporados al circuito de la cultura occidental a través de modernos medios de comunicación de masas. Así, la clase dominante logró por

primera vez en la historia masificar su ideología a nivel mundial. El capitalismo, en esta fase superior, experimentó una transformación significativa, debilitando la libre competencia, a través de la creación de grandes monopolios. El mundo comenzó a ser permeado totalmente por el modo de producción capitalista, aunque siguieran existiendo áreas precapitalistas que, al fin de cuentas, eran funcionales al sistema, como certeramente apuntó Rosa Luxemburgo. La expansión imperialista estuvo apuntalada por un proceso de segunda

Primeros automóviles cu llegar a Pasto, 1918. El motor de explosión y el petróleo como nuevo factor energético, impulsadores de la segunda revolución industrial, transformaron radicalmente el transporte de productos y los negocios.

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revolución industrial, motorizada por un nuevo factor energético, el petróleo, por el desarrollo de la electricidad, de la química y de los motores a explosión, que permitieron la invención del automóvil y del avión, elementos decisivos para agilizar el transporte de las mercancías y de los negocios. La «belle époque» llevaba, sin embargo, en su seno profundas contradicciones. La rivalidad entre los países centrales condujo pronto a la primera guerra mundial, cuya causa inmediata fue la agudización de los roces entre las nacionalidades oprimidas de los Balcanes. El imperio austro-húngaro declaró la guerra a Servia, la cual fue apoyada por Rusia e Inglaterra. Pero el motivo de fondo era la competencia entre las naciones imperialistas: competencia entre Alemania y Gran Bretaña por la supremacía naval y ferroviaria, por el control de los mercados del carbón, petróleo y acero. La conflagración mundial de 19141918 trajo una profunda división en las filas del movimiento obrero y de la Segunda Internacional, ya que la mayoría de los partidos socialdemócratas apoyaban a sus respectivas burguesías nacionales belicistas. Esta primera guerra mundial fue el mayor genocidio sufrido por la humanidad hasta entonces: diez millones de personas fueron sacrificadas en función del reparto del mundo por las grandes potencias; Francia agregó Siria y el Líbano a sus antiguas colonias. Inglaterra consolidó su control de Egipto y Sudán, y otras colonias de África y Asia, desde Persia hasta el Oriente. Como había previsto Vladimir Ilich Lenin, de la guerra surgió la revolución, con el triunfo de los campesinos y obreros rusos. De febrero a octubre de 1917, los soviets decidieron el curso de la historia rusa, y en parte mundial, instaurando el primer Estado en transición al socialismo. El triunfo de la Revolución rusa fue la culminación de una fase de ascenso del movimiento obrero que se había

iniciado en las últimas décadas del siglo XIX, mediante un ostensible fenómeno de sindicalización y de creación de partidos socialdemócratas. Paralelamente, el anarquismo se había desarrollado vigorosamente en Italia, Francia y España, bajo las banderas de la Internacional Negra, fundada en 1881 por los seguidores de Miguel Bakunin. Si durante el siglo XIX la clase obrera llegó a tener una participación política relevante en acontecimientos como la Revolución de 1848 en Francia y la Comuna de París (1871), en el siglo xx se generaliza la intervención política del proletariado en la lucha de clases, sobre todo en las huelgas generales de Alemania, Inglaterra, Francia y Estados Unidos. Al mismo tiempo, se iniciaba el proceso de la revolución colonial con los acontecimientos de Turquía, Persia y la China de Sun Yat-sen. También América Latina entraba a la escena política mundial con el triunfo de la Revolución mexicana (1911). La clase dominante reacomodó su ideología para enfrentar esta crucial coyuntura. Surgieron así proyectos que iban desde una nueva legislación social y de un positivismo renovado a un nacionalismo extremo, del cual surgió el fascismo italiano de Benito Mussolini. La filosofía recobró vuelo con los neokantianos, rompiendo el cerco que le había tendido el positivismo ramplón. Windelband y otros pudieron volver a filosofar ante la crisis de los partidarios de Augusto Comte, cuya idea del progreso indefinido se había esfumado abruptamente con el estallido de la primera guerra mundial. En esta fase, se reactualizaron las ideas del conde de Gobineau sobre el racismo, como una forma de racionalizar una ideología justificadora del dominio colonial. La crisis se proyectó también al campo de las artes. Los modelos neoclásicos y el formalismo se desintegraron, siendo cuestionados por un nuevo tipo de pintura: el cubismo y el su-

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rrealismo. Pablo Picasso y André Breton se convirtieron en los parteros de un arte prefigurador de un futuro, que Bertold Brecht puso de relieve en su teatro revolucionario. Sigmund Freud desgarró el velo de los tabúes y de lo más recóndito de la personalidad, descubriendo lo que estaba detrás del subconsciente, barruntado ya por William Shakespeare, James Joyce, Franz Kafka y otros grandes. El nuevo carácter de la dependencia latinoamericana El carácter de la dependencia en América Latina cambió cualitativamente con la penetración imperialista de fines del siglo pasado. En la fase anterior, América Latina había podido conservar sus riquezas nacionales porque el desarrollo capitalista europeo no se fundamentaba todavía en la inversión de capital monopólico en las zonas periféricas, sino en sus propias naciones en pleno proceso de industrialización. Las formas de penetra-

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ción habían sido de índole indirecta, como los empréstitos, el control del transporte marítimo y la venta de productos manufacturados. Durante la segunda mitad del siglo XIX, el capitalismo inglés comenzó a invertir capitales en los servicios públicos y, posteriormente, en las principales materias primas. Hacia 1913, el total de las inversiones inglesas en América Latina era de 4.632 millones de dólares y las norteamericanas ascendían a 1.242 millones de dólares. En Argentina, los ingleses controlaron los frigoríficos y la comercialización de los productos agropecuarios. El salitre chileno pasó a manos británicas, lo mismo que el estaño boliviano. Parte de la economía mexicana fue controlada por los capitales norteamericanos e ingleses; Colombia, en menor medida, sufrió un proceso similar al producirse las inversiones extranjeras en el banano y, posteriormente, en el petróleo. La pugna entre los Estados Unidos de América y las potencias europeas

Primeros ensayos de telefonía inalámbrica entre Bogotá y Girardot, realizados en el campo del Polo Club de la capital, entre el 28 y el 30 de agosto de 1920. Los modernos medios de comunicación integraron América Latina al circuito de la cultura occidental.

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Mansión brasileña, una muestra del auge del capitalismo cafetero.

se decidió a favor del primero a fines de la década de 1920, aunque Inglaterra siguió ejerciendo gran influencia en países como Argentina, Uruguay y Brasil. Uno de los países que escapó al dominio norteamericano e inglés fue Guatemala, donde el capitalismo alemán logró controlar la producción y comercialización del café. Nuestra economía primaria exportadora se hizo así más dependiente de las fluctuaciones del mercado internacional y los excedentes fueron a parar en mayor grado a las metrópolis que habían invertido capital en la extracción de nuestras materias primas. Tendencias económicas, sociales y políticas La economía primaria de exportación experimentó desde 1890 a 1930 una tendencia general al crecimiento. En 1913, la participación de América Latina en las exportaciones mundiales de cereales alcanzaba al 8 %; en las de café, cacao, etc., al 62 %; en las de azúcar, al 37,6 %; y en las de productos pecuarios, al 11,5 %. Chile logró colocarse en el segundo lugar de los productores mundiales de cobre. Después de la primera guerra mundial se produjo una baja en la demanda y en los precios de las materias primas, que afectó seriamente la economía de los países latinoamericanos. A

partir de 1923 volvió a remontar, aunque no a los mismos ritmos del período anterior, hasta 1929, en que se produjo la crisis mundial más grave sufrida hasta entonces por el sistema capitalista. Si bien es cierto que el proceso de industrialización por sustitución de algunas importaciones se generalizó después de la década de 1930, en ciertos países —como México, Argentina y, en menor medida, Chile, Brasil y Colombia— hubo un desarrollo industrial que no es posible menospreciar. Los capitales invertidos en esta incipiente industria provinieron de los financistas criollos. El crecimiento demográfico acompañó al desarrollo económico, especialmente en lo que se refiere al flujo inmigratorio, que unido al crecimiento vegetativo dio altas tasas demográficas. La baja de la mortalidad en un 25 %, desde 1900 a 1930, contribuyó a este proceso. En dicho lapso, la población de México aumentó de 11.500.000 a 16.500.000; la de Brasil, de 16 millones a 27 millones; la de Argentina, de 4 millones a 10 millones. En general, América Latina duplicó la población de 63 millones de habitantes que tenía en 1900, mostrando una de las tasas de crecimiento demográfico más altas del mundo. En algunos países, como Argentina, Uruguay y Brasil, la inmigración europea jugó un papel decisivo en el aumento poblacional. En las primeras décadas del siglo XX se produjeron importantes transformaciones sociales, que precipitaron la crisis de la vieja oligarquía terrateniente. Aunque los latifundistas no quedaron definitivamente marginados del control del Estado, perdieron su hegemonía dentro de la clase dominante, viéndose obligados a entrar en alianza con otras fracciones de la burguesía. Ecuador y Colombia fueron de los pocos países donde la oligarquía conservadora logró recuperar el poder, luego de haber sido desplazada por las revoluciones liberales del siglo XIX.

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Nuevos sectores burgueses surgieron al socaire de los gastos del Estado, que había engrosado sus entradas con el aumento de las exportaciones. Las obras de infraestructura y servicios públicos facilitaron la emergencia de un sector burgués ligado a la construcción. Sin embargo, los créditos del Estado fueron en parte despilfarrados en operaciones especulativas, en viajes de placer a Europa y en la adquisición de artículos suntuarios, en lugar de invertirlos en la renovación del aparato productivo. Los requerimientos de las ciudades estimularon el desarrollo del sector comercial que trabajaba con el mercado interno. Los sectores emergentes lucharon por conquistar un mayor «status social», comprando haciendas y representaciones ostentosas hasta entonces reservadas a la rancia oligarquía terrateniente. Una de ellas era la compra del mejor palco para la temporada de ópera. La vida del nuevorriquismo latinoamericano en Europa fue pintada por Joaquín Edwards Bello en la novela Criollos en París: «Los Sievers residían más tiempo en París que en Chile. El padre, andariego y especulador, buscaba antigüedades, la madre se daba por entero a las relaciones y a casar a la hija soltera en forma sonada. La mayor era esposa del príncipe de Wasseau. Recién casada, la princesa fue a lucir a su esposo a Santiago y a mostrarle sus tierras.» (Joaquin Edwards Bello: Criollos en París, Santiago (1933). El crecimiento de las ciudades permitió la expansión de la pequeña burguesía y de las capas medias asalariadas, que lograron empleo en los comercios, industrias y oficinas del Estado. La emergencia de los sectores medios se expresó también en el plano político, pasando a constituirse en un sector clave del clientelismo electoral. Los nuevos sectores medios formularon reivindicaciones específicas, que debieron ser acogidas por los primeros movimientos populistas, como el de

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Hipólito Yrigoyen (1914-22) en Argentina, el de Arturo Alessandri (1920-25) en Chile, la Revolución Juliana (1925) del Ecuador, y el APRA dirigido por Víctor Raúl Haya de la Torre, en el Perú. La forma de hacer política también cambió. Ya no resultó tan fácil escoger «a dedo» los candidatos presidenciales en los tradicionales cenáculos. Continuaron las formas elitistas de conducción política, pero al menos ciertos políticos cuidaron la forma, buscando el consenso de las capas medias y del proletariado, que habían irrumpido en la escena política nacional. Fue el inicio de la época de los oradores encendidos y de los grandes mítines, de los debates públicos, de los

Víctor Raúl Haya de la Torre, director de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), uno de los movimientos populistas que recogieron en el continente reivindicaciones especificas de las clases medias.

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periódicos y volantes. Inclusive, en los países donde gobernaron las dictaduras, como las de El señor Presidente, al decir de Miguel Ángel Asturias, los militares buscaron demagógicamente una cierta forma de popularidad inducida. De esta época datan en algunos países los códigos del trabajo, las leyes laborales y el seguro social obligatorio. También, la formación de los sindicatos legales y los ministerios del Trabajo. La masonería ejerció notoria influencia en los nuevos movimientos de reforma social. Detrás de una cobertura democrática y de «hermandad» entre los hombres, la masonería tuvo la capacidad de integrar en sus filas a políticos, profesionales y jóvenes militares. Algunos de sus miembros pertenecieron no sólo a los partidos liberales sino también a los radicales y a los primeros partidos socialistas. Se dio, asimismo, una joven generación militar que, a través de sus contactos con la masonería, ascendió al poder en Brasil, Ecuador y otros países para tratar de modernizar el Estado y la economía. Por su parte, los sectores autoritarios, con el pretexto de modernizar también el Estado, crearon una ideología en torno al llamado «gendarme necesario», con el fin de justificar las prolongadas dictaduras de Porfirio Díaz en México, de Juan Vicente Gómez en Venezuela, y otros. La consigna del positivismo —orden y progreso— sirvió entonces para racionalizar una política autoritaria y elitesca. La vida cotidiana Desde fines del siglo XIX y primeras décadas del xx se generaron nuevas formas de vida urbana. Los clubs privados de estilo inglés fueron el lugar de cita de la burguesía de este remedo de «belle époque» en que vivió la clase dominante latinoamericana con el auge de las exportaciones. Al decir de Romero: «Centro de un grupo relativamente cerrado, el club reflejaba el

designio de mantenerlo lo más cerrado posible. Sólo la fortuna rompía el cerco. Era, en eso, un exponente claro de la tendencia de las nuevas burguesías a constituirse cuanto antes en estrechas oligarquías.» (José Luis Romero: Latinoamérica, las ciudades y las ideas, Ed. Siglo XXI, Buenos Aires, 1976). Al llegar la década de los años veinte, la ópera y en menor medida el teatro, fueron desplazados por el cine, el más importante entretenimiento de masas creado hasta entonces en la historia. El cine mudo, acompañado especialmente del piano, y luego el cine sonoro atrajeron la atención de millones de personas que buscaban una forma alternativa de consumir el tiempo libre. Los deportes pasaron a constituirse en otra de las principales manifestaciones de ocupación del tiempo libre. Mientras la clase alta practicaba el tenis, el hockey, el polo y las primeras carreras de automóviles, la clase trabajadora hizo del fútbol su principal pasión en el Cono Sur, así como fue el béisbol para el Caribe. El vals fue reemplazado por el tango rioplatense. Expresaba con mayor vigor la nueva idea urbana que comenzaban a vivir los recién llegados del campo o de la inmigración. Fue bailado y posteriormente cantado, como expresión de una contracultura popular surgida en los arrabales de las grandes ciudades, convirtiéndose en la primera música popular urbana generalizada de América Latina, ya que se bailaba y cantaba tanto en Buenos Aires y Montevideo como en La Habana, Caracas, Quito, Lima, Santiago, Río de Janeiro. Bogotá y, sobre todo, en Medellín y Manizales. La rebeldía de gran parte de las primeras letras de tango, redactadas en su mayoría por poetas anarquistas, reflejaba las contradicciones que se estaban acumulando en las sociedades urbanas del continente. La cultura se hizo menos académica. Lugares de crítica al academicismo fueron las tertulias de los cafés y ba-

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res, donde los artistas y escritores esbozaron una forma alternativa de cultura que adquirió auge con el movimiento surrealista. En el café La Brasileña y en Los Inmortales de Buenos Aires, o en el Ateneo de la Juventud en México, y más tarde en las peñas de las revistas de avanzada fue probando sus fuerzas la nueva generación literaria. El teatro sufrió importantes transformaciones, en la búsqueda de obras de mayor contenido social. En Locos de Verano (1905), Gregorio de Laferrere hizo decir a uno de sus personajes: «Es así como hacemos teatro ¡el verdadero teatro de ideas! ¡Basta de saínetes vacíos y huecos! ¡Tesis, tesis!». Las intervenciones militares de Estados Unidos en Centroamérica y el Caribe Las intervenciones militares norteamericanas de las primeras décadas del siglo XX tuvieron objetivos expansionistas, que afectaron a numerosos países y, en el caso de Colombia, con el desmembramiento de Panamá. Esta estrategia —iniciada en el siglo XIX con la conquista de la mitad del territorio mexicano y los intentos de convertir en protectorado a varias naciones latinoamericanas— formó parte de un plan que contemplaba tanto la penetración económica como la anexión territorial. La mayoría de los países centroamericanos y caribeños se convirtieron en semicolonias norteamericanas a principios del siglo XX, sufriendo ocupaciones militares prolongadas que los transformaron en cuasi-colonias. Tal fue el caso de Cuba, desde 1900 hasta la derogación de la Enmienda Platt en la década de 1930. Lo mismo ocurrió con Puerto Rico, luego de la guerra entre España y Estados Unidos al finalizar el siglo pasado. Según la ley Foraker, el gobernador de Puerto Rico debía ser nombrado por el presidente de los Estados Unidos. Haití y República Dominicana vieron también afectada su soberanía du-

rante varios años por la ocupación de tropas norteamericanas. La dependencia colonial fue tan manifiesta que las aduanas y los cuerpos de seguridad de ambos países pasaron a ser administrados y dirigidos por Estados Unidos. La ocupación de Nicaragua, de 1909 a 1933, tuvo asimismo claros objetivos de expansión territorial, pues Estados Unidos pretendía consolidar su monopolio del transporte marítimo mediante la construcción de un canal por los lagos de Nicaragua. En este país, los directores generales del Banco Central, del ferrocarril y de las gendarmerías llegaron a ser norteamericanos. La expansión norteamericana afectó también a Colombia, al estimular la escisión de Panamá, con la finalidad de apoderarse del Canal. La intervención norteamericana fue el resultado del fracaso de sus gestiones con Colombia para construir un canal. Al ser rechazado por el Congreso colombiano el tratado Herrán-Hay, los norteamericanos se apoyaron en la tradición autonomista de los panameños para estimular su independencia política formal el 3 de noviembre de 1903 y respaldarlos con sus tropas para detener el avance del ejército colombia-

Una tenida o ceremonia masónica, realizada en Bogotá y protagonizada por el ex ministro Adán Arriaga Andrade. La masonería ejerció notoria influencia en los nuevos movimientos de reforma social, integrando en sus filas a políticos, profesionales y jóvenes militares, que en algunos países latinoamericanos, como Brasil y Ecuador, llegaron al poder.

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Porfirio Díaz, dictador de México, cuya influencia fue efectiva entre 1877 y 1911, cuando hubo de renunciar a la presidencia por el triunfo de la Revolución con Francisco Madero. Díaz, como Juan Vicente Gómez en Venezuela, fue el prototipo de "gendarme necesario", ideología creada por sectores autoritarios con el pretexto de la modernización del Estado.

no. De ese modo, Estados Unidos impuso un enclave colonial en una parte del territorio bañado por el canal. Consolidó el monopolio ferrocarrilero y de las plantaciones de la United Fruit Company. Panamá no sólo perdió parte de su superficie, sino también su más importante riqueza, las tarifas del tránsito comercial que le había reportado el Istmo desde la época colonial. La compañía administradora del Canal que fijaba la tarifa a los barcos pasó a depender directamente del gobierno norteamericano. Su presidente era al mismo tiempo el gobernador de la zona del Canal, nombrado por el gobierno de los Estados Unidos. También impusieron los impuestos fiscales y sus criterios sanitarios, tanto en el Canal como en las ciudades de Colón y Panamá, y sus respectivos acueductos y alcantarillados. Crearon un po-

der legislativo supervisado por el Congreso norteamericano y un poder judicial propio. Los Estados Unidos llegaron a exigir en 1921 a los cónsules extranjeros acreditados en Panamá que les presentaran a ellos otro exequatur para poder ejercer sus funciones. De más está decir que en la Zona del Canal comenzó a flamear la bandera norteamericana. Este Estado dentro de otro Estado condujo a que las tropas norteamericanas intervinieran en los problemas internos de Panamá. En 1925, por ejemplo, 600 soldados norteamericanos ocuparon la ciudad de Panamá para reprimir la huelga general de los inquilinos. Asimismo, habían intervenido en las elecciones de 1906, 1911, 1916 y 1918, supervisando el resultado electoral. A raíz de las elecciones de 1918, Estados Unidos ocupó Chiriquí durante una semana y por dos años la provincia de Veraguas. A raíz de un incidente ocurrido entre soldados norteamericanos y panameños, Estados Unidos exigió a la Guardia Nacional panameña que entregara sus armas a los encargados militares de la zona del Canal. En síntesis, la construcción del Canal por los Estados Unidos significó para Panamá no sólo la enajenación de parte de su territorio y de su soberanía nacional, sino también la confiscación de su más importante e histórica riqueza: el cobro del tránsito comercial por el Istmo, desde la colonia hasta principios del siglo XX. La emergencia del pensamiento nacional-antiimperialista _____ El pensamiento nacionalista, surgido en el siglo XIX, se configuró cuando el imperialismo comenzó a apoderarse de nuestras riquezas nacionales y a expandirse territorialmente en Centroamérica y el Caribe. A los prohombres nacionalistas del siglo XIX —como Benito Juárez de México, Carlos López del Paraguay, Juan Bautista Alberdi de Argentina, José Manuel Balmaceda de Chile, Gregorio Luperón de

Capítulo 5

Santo Domingo y otros se sumaron pensadores cuyas ideas nacionalistas cobraron una nueva dimensión, de carácter antiimperialista, adaptadas a los nuevos tiempos. Así surgieron Eugenio María de Hostos y Ramón Emeterio Betances, combatientes por la independencia de Puerto Rico y en general de la liberación antillana. José Martí llevó a la más alta expresión de su tiempo el nacionalismo latinoamericano, al luchar por romper el nexo colonial de España y, al mismo tiempo, evitar que Cuba volviera de nuevo a caer en una dependencia respecto de los Estados Unidos. Sectores del liberalismo se radicalizaron hacia una posición nacionalista, como fueron los casos del ecuatoriano Eloy Alfaro, que respaldó moral y materialmente la independencia de Cuba, a fines del siglo XIX, y del presidente nicaragüense Zelaya, que trató de impedir la ocupación norteamericana de su país en 1909, y del venezolano Cipriano Castro, quien resistió el bloqueo de las flotas francesa e inglesa. El despuntar del siglo XX vio nacer brillantes plumas nacionalistas, como Manuel Ugarte, Rufino Blanco Fombona, José Santos Chocano, José Enrique Rodó, Pedro Prado, José Ingenieros y otros. En este contexto, surgieron en Colombia pensadores nacionalistas como José María Vargas Vila y Eduardo Santos. El primero, más conocido por sus poesías y novelas que por su pensamiento político, fue uno de los más importantes pensadores antiimperialistas de las tres primeras décadas del siglo xx. Su principal obra nacionalista —Ante los bárbaros (Los Estados Unidos y la guerra)—, escrita en 1917, planteó no solamente una denuncia de las intervenciones norteamericanas sino la necesidad de concretar la unidad latinoamericana a través de un Consejo Permanente de los Pueblos del continente, como alternativa a las Conferencias Panamericanas promovidas por los Estados Unidos.

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Eduardo Santos fue otra de las plumas colombianas que, por intermedio de las columnas de El Tiempo, expuso el carácter expansionista de la política norteamericana, especialmente en Centroamérica. La reacción de los pueblos no se hizo esperar. En Cuba la lucha contra la Enmienda Platt culminó en la revolución nacionalista de 1933, dirigida por Grau San Martín y Antonio Guiteras. Los dominicanos lucharon contra la ocupación norteamericana desde 1916 hasta 1921, organizando grupos de combate, denominados despectivamente «gavilleros», en los que tuvieron participación destacada mujeres del temple de María Girón Natera y Catalina Cedano. En Haití, la resistencia se mantuvo viva durante los 19 años que duró la ocupación norteamericana a partir de 1915. Los llamados «cacos» formaron guerrillas que Juan Vicente Gómez, dictador de Venezuela, cuya hegemonía se hizo sentir durante un largo período entre 1908 y 1935, directamente, o a través de presidentes adictos.

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tuvieron en jaque permanente a los invasores. El movimiento nacionalista, encabezado por Charlemagne Péralte, llegó a contar con 5.000 hombres y con un masivo respaldo campesino. La gesta antiimperialista más sobresaliente de este período fue dirigida en Nicaragua por César Augusto Sandino. Durante seis años de resistencia (1927-1933), su pequeño grupo inicial se transformó en un poderoso ejército popular que, utilizando la guerra de guerrillas, logró derrotar en numerosos combates a los «marines» norteamericanos. La principal base de apoyo de esta larga guerra de liberación fueron los campesinos e indígenas, que integrándose a las huestes de Sandino, «el general de los hombres libres», o haciendo las veces de correos, lograban desorientar al ejército de ocupación. A partir de la base de seguridad de El Chipote, el movimiento se fue extendiendo hasta llegar a cubrir con sus acciones a casi todo el país. En 1932, el Ejército de los Hombres Libres tenía ocupados ocho departamentos y proclamaba como territorio libre a Las Segovias. Después de sufrir varias derrotas, como la de Cocotal, La Flor y Cuje, y viendo la imposibilidad de poder doblegar la resistencia popular sandinista, Estados Unidos resolvió retirar su ejército de ocupación en 1933. El ejército sandinista se había transformado en un ejército internacionalista, donde junto a los nicaragüenses combatieron el salvadoreño Agustín Farabundo Martí, el dominicano Gregorio Gilbert, el venezolano Carlos Aponte y el colombiano Rubén Ardila Gómez. El respaldo femenino más importante que recibió Sandino a nivel internacional fue el de la poetisa chilena Gabriela Mistral, quien en su ensayo sobre Sandino manifestó: «Voy convenciéndome de que caminan sobre la América vertiginosamente tiempos en que ya no digo las mujeres sino los niños también han de tener que hablar de política, porque política vendrá a ser (perversa política) la entrega de la riqueza de nuestros pueblos [...].

El general Sandino carga sobre sus hombros vigorosos de hombre rústico, con su espada viril de herrero o forjador, con la honra de todos nosotros. El ángel de los oficios no le dio en vano el de herrero: iba a necesitar el hacha más ligera para alzarla y más pesada para dejarla caer. Se le oye el resuello fatigoso y dan ganas de enderezarle el viento para que ayude sus pulmones.» (Gabriela Mistral: Sandino, París, 1928). Aunque Sandino fue asesinado por Anastasio Somoza, quedaba una lección histórica: por primera vez en los anales del Ministerio de Guerra de los Estados Unidos, su ejército, su marina y su aviación se veían obligados a retirarse de un país ocupado, a causa de la resistencia de todo un pueblo. Este hecho histórico lo había logrado un pequeño país de Centroamérica. La reforma universitaria Iniciada en 1918 como un movimiento estudiantil en procura de cambios académicos, la reforma universitaria pronto se transformó en un movimiento social. En Cuba y Perú, la relación del estudiantado con la clase trabajadora alcanzó un alto nivel político. En otros países, como Argentina, Brasil y Chile, el movimiento adquirió características menos políticas pero más masivas en cuanto a la unidad obrero-estudiantil, por el desarrollo que había adquirido en esos países el movimiento sindical organizado. Aunque en las naciones del Cono Sur no se crearon universidades populares, como la Universidad José Martí de Cuba y la Universidad González Prada en el Perú, los estudiantes encontraron otras formas de relacionarse con el pueblo. El llamado «Grito de Córdoba» (Argentina) adquirió pronto un carácter latinoamericanista, planteado en el Manifiesto dirigido a los hombres libres de Sudamérica: «La redención de las juventudes americanas es nuestra única recompensa, pues sabemos que

Capítulo 5

nuestras verdades lo son —y dolorosas— de todo el continente.» Estos llamados no se quedaron en el papel. En 1921, se realizó en México el Congreso Internacional de Estudiantes Latinoamericanos; posteriormente, varios de estos líderes universitarios formaron la Unión Latinoamericana, respaldada por los distinguidos intelectuales José Ingenieros y José Vasconcelos. Los objetivos iniciales de la reforma universitaria fueron el cuestionamiento de la estructural tradicional, tanto en lo académico como en la generación del poder, planteando gobierno tripartito y autonomía universitaria. Así se expresaban los estudiantes de Córdoba en 1918: «Acabamos de romper la última cadena que, en pleno siglo xx, nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica. Desde hoy contamos para el país una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que nos quedan son las liber-

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tades que faltan.» (Manifiesto de Córdoba, 1918). Algunos de los puntos programáticos de la reforma universitaria fueron acogidos por los gobiernos, sobre todo aquellos relacionados con la modernización de la enseñanza y el cambio de los planes de estudio a favor de las carreras científico-prácticas. El Estado necesitaba entonces un nuevo tipo de profesional, un personal calificado, capaz de hacer funcionar las nuevas industrias que surgían y las empresas agropecuarias en tren de modernización. Necesitaba, así mismo, profesionales para las nuevas obras de infraestructura que se estaban creando, además de personal especializado para atender los servicios sociales y los planes habitacionales y sanitarios. Sería burdo afirmar que los estudiantes hicieron la reforma universitaria para servir a las finalidades de la burguesía industrial. Ocurrió que los estudiantes levantaron ideales liber-

Un equipo bogotano de fútbol, en 1905. En las dos primeras décadas del siglo XX, los deportes se convirtieron en un importante factor de ocupación del tiempo libre.

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Tragedia de Carlos Gardel en Medellín, junio 24 de 1935, fotografía de Jorge Obando. El tango rioplatense, cantado y bailado primero como expresión de una contracultura popular, fue más tarde la primera música popular urbana generalizada de América Latina.

tarios y de cuestionamiento de la enseñanza tradicional, tratando de ligar su lucha con la de los trabajadores, pero fueron transitoriamente derrotados y, en el mejor de los casos, obtuvieron pequeñas reformas. Sectores de la burguesía industrial aprovecharon entonces la coyuntura para golpear a la vieja oligarquía en crisis, canalizando a su favor algunas reformas planteadas por los universitarios. Aceptaron, sobre todo, aquellos aspectos relacionados con la modernización de la enseñanza, especialmente la creación de nuevas carreras científico-prácticas. Obviamente, rechazaron el planteamiento central de la reforma: el cuestionamiento en la generación del poder universitario y la democratización mediante la elección de autoridades. También combatieron todo intento de vincular la universidad con los problemas de la sociedad global. Razón tenía Germán Arciniegas cuando manifestaba: «La Universidad después de 1918 no fue lo que ha de ser, pero dejó de ser lo que había venido siendo.» Estudiosos del proceso de la reforma universitaria han tratado de limitar los postulados de dicho movimiento a «la docencia libre, modernización de la enseñanza y democratización del régimen administrativo en los planteles superiores» (Gabriel del Mazo: La Reforma Universitaria, La Plata, 1941). La verdad es que el estudiantado perseguía cambios más profundos, tanto en lo universitario como en

el conjunto de la sociedad. Más aún, tenía un proyecto latinoamericanista, de raigambre bolivariana, que alcanzó a expresarse en la formación de organismos continentales de lucha. La vanguardia estudiantil de 19181925 formó parte del proceso de radicalización de las capas medias, que pugnaban por una mayor participación política y social, expresada en gran parte por los nuevos movimientos nacionalistas de Argentina (el yrigoyenismo), de Brasil (el tenentismo), como así mismo de la influencia del aprismo, del anarquismo y de los primeros partidos socialistas y comunistas. La radicalización se agudizó a medida que los estudiantes adelantaban sus luchas: «La retórica y la ampulosidad de las declaraciones de los líderes estudiantiles se transformó en acción cuando las fuerzas represivas atacaron las manifestaciones callejeras de los estudiantes.» (Juan Carlos Portantiero: Estudiantes y política en América Latina, el proceso de la Reforma Universitaria, México, 1978). Para apreciar la dimensión real de la reforma universitaria hay que distinguir entre vanguardia y movimiento estudiantil. En algún momento del proceso, particularmente en la fase de auge, la vanguardia universitaria pudo representar al conjunto del movimiento estudiantil. Pero en las etapas de estancamiento o retroceso, esa vanguardia quedó desfasada de las aspiraciones gremialistas y, a veces, conserva-

Capítulo 5

doras o reformistas de la mayoría del estudiantado. Esta situación se produjo cuando los líderes plantearon la tesis de la revolución universitaria, es decir, el intento de transformar totalmente la universidad antes del cambio social. Julio Antonio Mella advirtió a tiempo: para hacer la reforma universitaria integral hay que hacer primero la revolución social. La posición antiimperialista de importantes franjas del estudiantado se fue forjando por un lado como reacción a las intervenciones militares norteamericanas y, por otro, a través de la influencia de la Revolución mexicana, como parte del ascenso del movimiento obrero y campesino en numerosos países de América Latina. La Revolución mexicana Comenzada en 1910 como un movimiento de carácter democrático, la Revolución mexicana se transformó en el curso de la lucha en la revolución campesina más importante de la historia latinoamericana. Al llamado de Francisco Madero para combatir la dictadura de Porfirio Díaz, los primeros en alzarse fueron los campesinos de Morelos, dirigidos por Emiliano Zapata, y los del norte, acaudillados por Francisco Villa. Al grito de «¡Abajo haciendas y viva pueblos!», los indígenas, campesinos y peones tomaron las armas y las tierras, en un movimiento que por la dinámica de las fuerzas que arrastraba se denominó «Bola». Alarmado por la irrupción campesina, Porfirio Díaz renunció a favor de Madero en junio de 1911. Entonces se inició una nueva fase de la revolución, caracterizada por el enfrentamiento entre el gobierno de Madero y las huestes de Zapata y Villa. El Plan Ayala, aprobado por Zapata en 1911, planteaba la recuperación de las tierras indígenas y la entrega de nuevas tierras a los campesinos pobres, tras una drástica división de los latifundios. Los zapatistas tenían un claro programa agrario, pero no al-

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canzaron a diseñar una estrategia de poder, en coordinación con el proletariado urbano. El desfase entre el movimiento obrero y el campesino se debió principalmente a la actitud de los dirigentes sindicales, que apoyaron al gobierno, pero también al hecho de que el zapatismo no consideraba al proletariado como fuerza motriz en ningún punto de su programa. El zapatismo controlaba en 1912 los estados de Morelos, Puebla y Guerrero, imponiendo contribuciones forzosas a los terratenientes y ocupando haciendas. Mientras tanto, Francisco Villa operaba en la región norte, combinando formas de bandolerismo social con la

"La rapiña en acción". caricatura de "Fantoches" en que se critica el intervencionismo norteamericano en Cuba, Panamá, Centroamérica, Colombia...

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lucha política. A diferencia de Zapata, que focalizó su lucha en determinados Estados de la región centro-sur, Villa se trasladaba rápidamente de una zona a otra del país. El secreto de la movilidad de las tropas de Villa fue haber organizado un ejército que se desplazaba utilizando la amplia red ferroviaria mexicana. Ésa fue la fuerza de la División del Norte, integrada por numerosos obreros ferroviarios, además de hombres provenientes del bandidaje social, como Tomás Urbina. El programa de Villa, incluyendo su plan agrario de 1915, era menos radical que el de Zapata. Madero introdujo algunas medidas de carácter democrático y estableció un impuesto de 20 centavos por tonelada de petróleo crudo, imponiendo por primera vez un gravamen a las compañías imperialistas, que protestaron airadamente. Pero se olvidó de sus promesas agrarias. Trató en 1912 de controlar el movimiento obrero mediante la creación del Departamento del Trabajo, aunque no pudo garantizar ninguna estabilidad por el asedio de las tropas de Villa y Zapata. Al ver que Madero no era capaz de enfrentar la insurrección campesina, los terratenientes, respaldados por Estados Unidos, reemplazaron a Madero por Victoriano Huerta en febrero de 1913. Así se imponía el ala derecha del movimiento democrático maderista, fenómeno que agudizó la polarización de las clases. Los trabajadores urbanos, que a mediados de 1912 habían fundado la Casa del Obrero Mundial, se radicalizaron bajo la orientación anarquista. Ricardo Flores Magón, que del liberalismo se había pasado al anarquismo, ejerció importante influencia a través de su periódico Regeneración. Venustiano Carranza se alzó en 1913 contra Huerta en nombre de la Constitución, planteando importantes reivindicaciones democráticas. Contó con el inestimable apoyo de Álvaro Obregón, pequeño agricultor de Sonora, que hizo de puente entre Carranza y el movimiento de masas.

Mientras tanto, Zapata y Villa avanzaban sobre Ciudad de México. Villa ocupó Torreón en abril de 1914 con 12.000 hombres, al mismo tiempo que Zapata se apoderaba de Iguala y Chilpancingo. La estrategia de Carranza era evitar que Villa y Zapata entraran primero a Ciudad de México. Villa avanzó con sus tropas hasta apoderarse de Zacatecas, luego de una de las batallas más importantes de la Revolución, que decidió no sólo la caída de Huerta sino que también constituyó la primera gran derrota del ejército oficial: «La disolución del Ejército Federal y su sustitución por el Ejército constitucionalista marcan una ruptura de fondo en el Estado». (Adolfo Gilly: «La Revolución Mexicana», en México, un pueblo en la historia, México, 1983). Desde el instante en que fue derrotado el ejército oficial, comenzó una nueva etapa en el proceso revolucionario. La lucha de clases, expresada en la guerra civil, buscaba un cauce hacia el poder. Villa y Zapata se juntaron en octubre de 1914 en la convención de Aguascalientes para decidir el destino de la revolución. Al mes siguiente ocupaban Ciudad de México, donde firmaron el Pacto de Xochimilco. Pero en lugar de asumir el poder político, resolvieron continuar la lucha por la tierra y dejar el gobierno a los más «instruidos», por considerar que para ellos «ese rancho estaba muy grande». Fue el momento crucial de la revolución. Los campesinos tuvieron a la mano el poder; habían ocupado la capital y tenían el control de gran parte del país tras haber derrotado al ejército regular. Sin embargo, Zapata y Villa no tenían una estrategia nacional de poder ni comprendían la importancia de tomar el control del aparato del Estado. Carranza logró contrapesar la base social de Zapata y Villa mediante el apoyo de dirigentes de la Casa del Obrero Mundial, con los cuales formó los llamados «batallones rojos» para luchar contra los campesinos. De este modo, quedaba sancionada formal-

Capítulo 5

mente la división entre los obreros y los campesinos. Debilitado socialmente, el movimiento de Villa fue derrotado militarmente por Obregón en abril de 1915 en Aguascalientes, batalla en la que participaron más de 40.000 hombres. Se iniciaba así la decadencia del movimiento encabezado por Villa, quien fue fusilado por Carranza en noviembre de 1919. Un año antes había sido asesinado Zapata, luego de haber implantado en su estado de Morelos una comuna campesina, con un poder autónomo que dictaba sus propias leyes y designaba sus gobernantes. Para esta transformación social contaban no solamente con hombres sino también con mujeres, cuya radicalización se expresó en 1916 en el Primer Congreso Femenino, realizado en Mérida. Una vez que hubo golpeado al movimiento campesino y descapitalizado la base social de Villa y Zapata, el carrancismo se volvió contra el movimiento obrero que lo había apoyado,

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disolviendo la Casa del Obrero Mundial y los «batallones rojos» en 1916. Con el ascenso al poder de Alvaro Obregón, el Estado acentuó sus rasgos autoritarios, lanzando un violento ataque contra las comunidades indígenas: «Ha llegado el momento de terminar con el problema yaqui —decía Obregón—, de borrar esa mancha que desde hace 2.000 años macula a México.» (Juan Azcárate: Esencia de la Revolución, México, 1966). Así se reaccionaba en las esferas gubernamentales contra el movimiento campesino, contra los mismos que habían derrocado la dictadura de Porfirio Díaz, facilitando el ascenso de la nueva elite del poder. El movimiento campesino De manera similar a Colombia, donde en la década de 1920 se organizaron las Ligas Agrarias y surgió el liderazgo de Quintín Lame, en otros países de América Latina irrumpió con fuerza el movimiento campesino e indígena.

Ferrocarril de Panamá y muelle de la ciudad de Colón, con torpederas y destructores estadounidenses, en los años 20.

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JoséMartí. "el apóstol de Cuba", "llevó a la más alta expresión de su tiempo el nacionalismo latinoamericano, al luchar por romper el nexo colonial de España y, al mismo tiempo, evitar que Cuba volviera a caer en dependencia de los Estados Unidos".

Se ha cometido el error de analizar al campesinado como un bloque homogéneo, sin advertir las diferencias entre el pequeño propietario de la tierra y el aparcero, mediero o arrendatario, y más aún entre estos sectores campesinos y el proletariado rural. En algunas zonas andinas se ha asimilado el concepto indígena al de campesino. Sin embargo, no todo campesino es indígena. Existe un importante sector campesino en el Cono Sur, Brasil, Colombia y Venezuela, que no es indígena; en cambio en México, Centroamérica y la zona andina hay preponderancia indígena. Por eso, en Ecuador, por ejemplo, el término campesino es sinónimo de indígena.

De todos modos, es mejor establecer una diferenciación entre indígena y campesino, ya que existe un problema relevante, como es el étnico, que no puede ser diluido en la cuestión general de clase. Durante las primeras décadas del siglo xx se aceleró el proceso de subdivisión de la tierra, tanto de las antiguas comunidades indígenas como de los latifundios. Este fenómeno no fue el resultado de ningún tipo de reforma agraria, sino que tuvo como causa principal la división forzada de las comunidades y las sucesiones hereditarias. Se produjo entonces un crecimiento del número de pequeños propietarios, que aceleraron el proceso minifundista iniciado en la segunda mitad del siglo XIX. En los alrededores de las ciudades en crecimiento se fue conformando un sector campesino dedicado a la explotación de granja o chacarería para abastacer las necesidades de las urbes. Otra capa surgió con la colonización de tierras que los latifundistas habían arrebatado a los indígenas en el proceso de acumulación originaria de la tierra. En algunos países, como Brasil, Venezuela y también Colombia, parte de la explotación cafetera comenzó a descansar en los pequeños propietarios. Junto con las relaciones salariales, que empezaron a generalizarse en varias regiones, coexistían regímenes precapitalistas del trabajo, como la aparcería, la medianería, el inquilinaje y el peonaje por deudas. Entre este campesinado y el proletariado rural comenzó a darse una lucha conjunta. Esta relación se hizo más estrecha en los casos en que los minifundistas se vieron obligados a trabajar como obreros agrícolas en los tiempos de siembra y cosecha. También se dio una íntima relación entre los obreros agrícolas o afuerinos, temporeros o golondrinas con los campesinos e indígenas, por la necesidad que tenían esos trabajadores de ir de una zona a otra en busca de trabajo. El bandolerismo social se mantuvo activo en las primeras décadas del si-

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glo XX. Sectores campesinos se incorporaron a las bandas rurales por falta de trabajo o para huir de la llamada justicia, que les atribuía arbitrariamente algún crimen o los perseguía por robos cometidos muchas veces para satisfacer la hambruna. En una historia de bandidos, el escritor Rafael Maluenda cuenta que «nadie en Talca (Chile) ignoraba lo que había sido la vida de Ciríaco Contreras; perseguido por la policía, se hizo una reputación de románticos prestigios entre asaltos sangrientos y hábiles correrías de cuatreros. Envuelto en un proceso de cuatrerismo, lo condenaron a cinco años de cárcel. Al recobrar la libertad, se encontró rechazado de todas partes. Después se fue a Chillán con ánimo de establecerse definitivamente. Y allí la fatalidad le salió al encuentro en un día de carreras, durante la reyerta que una topeadura provocara entre un grupo de jinetes borrachos. Fueron meses de persecución y huidas, realizadas en medio de corridas azarosas y arriesgadas. Creyó un tiempo después que podía pasar inadvertido en un pueblo alejado con un negocio de carretas fletadoras, para el comercio minorista de los pueblecitos entre Talca y Parral, pero descubierta su pista renunció al trabajo organizado». (Rafael Maluenda: Historia de bandidos, Santiago, 1968). El bandidaje expresó en última instancia un fenómeno de protesta social contra la autoridad y la llamada justicia. Los bandidos castigaban a los patrones y capataces que abusaban con los peones. A veces, repartían entre los pobres del campo el ganado robado a los ricos. En los asaltos a los latifundios, a menudo se llevaban las cuentas y los vales que adeudaban los peones. Esto explica la popularidad que gozaban algunos bandidos entre los sectores más explotados del campo y de las aldeas rurales. Analizando la experiencia de las luchas agrarias de los diferentes países de América Latina durante las primeras décadas del siglo XX, se puede

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intentar una clasificación del movimiento campesino, diferenciando aquellos que no se propusieron cambiar conscientemente el sistema sino sólo expresar su protesta violenta, y los que asumieron un carácter político, como el mexicano. El movimiento obrero El proletariado urbano y rural experimentó un notable crecimiento en las primeras décadas del siglo xx. La generalización de las relaciones de producción capitalistas, dinamizadas por la inversión de capital extranjero, determinó un aumento del proletariado minero y agrícola, además del que trabajaba en ferrocarriles, tranvías, puertos, telecomunicaciones y actividades terciarias. En Perú y Bolivia, el proletariado nació con las inversiones imperialistas. En Argentina y Uruguay, Brasil, Chile, México y Colombia surgió un proletariado industrial, a raíz del proceso de industrialización temprana. En la costa atlántica, la inmigración europea jugó un papel destacado en la formación, organización y orientación de la clase trabajadora. Por otra parte, se produjo el desplazamiento de millones de campesinos a la ciudad. Esta migración campo-ciudad acentuó la relación etniaclase, ya que buena parte de los cam-

El colombiano Rubén Ardila Gómez, el salvadoreño Agustín Farabundo Martí, el nicaragüense César Augusto Sandino y el mexicano José Paredes, hacia 1930. Durante seis años de resistencia (19271933) el pequeño grupo inicial de Sandino se transformó en un poderoso ejército popular que, usando la guerra de guerrillas, logró derrotar a los "marines" de Estados Unidos en numerosos combates.

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Entierro de una víctima de la huelga de tranvías, al salir de la casa del pueblo, en Bogotá, abril de 1924. La generalización de las huelgas, con la formación de sindicatos y las acciones de solidaridad obrera marcaron la formación de una primaria conciencia de clases en América Latina, en las tres primeras décadas del siglo XX.

pesinos migrantes era de origen indígena. Si durante la colonia y el siglo XIX la etnia fue predominante respecto de la clase, en el siglo XX los intereses de clase se hicieron preponderantes en los trabajadores de ascendencias indígena y negra. Este proletariado era todavía débil numéricamente, pero fuerte cualitativamente por su grado de concentración en los sectores claves de la economía de exportación. Esto explica el impacto social y político que tuvieron las luchas del movimiento obrero a principios del siglo xx, a pesar de que no estaba conformado aún el proletariado industrial en la mayoría de los países. Durante este período se fue forjando la conciencia de clase a través de las luchas de cada país y bajo la influencia de la Revolución mexicana y del ascenso de las masas trabajadoras en Europa y Estados Unidos. La conciencia primaria de clase se fue gestando en las Sociedades de Resistencia, antesala de los sindicatos. Se

produjeron enfrentamientos con los dirigentes de las cooperativas y de las sociedades mutuales del artesanado, que se resistían a las nuevas formas de organización sindical. Así fue superándose la contradicción de fines del siglo XIX entre sectores artesanales débiles, pero organizados, y sectores fuertes del proletariado, pero inorganizados. En las primeras décadas del siglo XX, estas capas obreras alcanzaron una sólida estructura organizativa. No obstante, en los países mineros, como Bolivia, Perú y Chile, surgió una nueva contradicción: el sector más fuerte tenía una gran debilidad, pues estaba estructurado en las provincias, bastante distanciadas entre sí y con la capital, donde estaban el proletariado incipiente fabril y el urbano no fabril. Esta era una seria debilidad, ya que el foco donde se decidían los grandes problemas sociales y políticos era la capital. Otra debilidad era la división sindical entre las dos grandes corrientes que dieron lugar a centrales obreras

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distintas: los anarquistas y los socialistas. El proceso de parcelación sindical se agravó en la década de 1920 con el nacimiento de los partidos comunistas. Sin embargo, estas tendencias llegaron a realizar acciones comunes con ocasión de las grandes huelgas generales. La generalización de las huelgas, especialmente de las huelgas generales de carácter nacional y por gremio, fue una de las características fundamentales del movimiento obrero de esta época. Desde la primera huelga general realizada en Chile en 1890, y la de Argentina, efectuada en 1902, se hizo frecuente el uso de este instrumento de lucha. A los trabajadores no les interesaba entonces que sus huelgas-fueran catalogadas de ilegales o subversivas. Para ellos, eran huelgas simplemente, sin apellido. Otras de las características fueron las tendencias crecientes a coordinar las huelgas y a expresar con acciones concretas la solidaridad. Esta coordinación de las luchas fue pavimentando el camino para la formación de centrales sindicales. Un importante rasgo del movimiento obrero de estas primeras décadas del siglo XX fue la ausencia de aparatos burocráticos que frenaran el sindicalismo. Los primeros partidos populistas y reformistas trataron de corromper a ciertos cuadros sindicales, pero en general puede afirmarse que no lograron estructurar una burocracia sindical'ni organizaciones masivas de colaboración de clases. Es cierto que los ideólogos europeos influyeron en el movimiento obrero latinoamericano, pero se sabe poco acerca de la ayuda que dieron los trabajadores norteamericanos que laboraban en las empresas de sus patronos en América Latina. Investigaciones recientes han demostrado la importancia que tuvieron estos trabajadores en la formación del movimiento sindical mexicano, y del Caribe. Un viejo dirigente venezolano, Rodolfo Quintero, fundador del primer sindicato petrolero, ha contado que «entre

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los perforadores de las compañías petroleras, que eran obreros norteamericanos, había sindicalistas y marxistas. Estos obreros eran tenidos aquí como técnicos, pero pertenecían a los sindicatos norteamericanos. Nosotros sostuvimos entrevistas con muchos de ellos y algunos nos orientaban en el trabajo sindical y político, pero ante los obreros venezolanos ocultábamos nuestros contactos, pues al fin y al cabo ellos eran presentados como capataces. Nos veíamos de noche y nos daban su experiencia. Recuerdo sobre todo a uno que lo llamaban mister Luis, que era sindicalista y nos ayudaba mucho».

Portada de "Ante los Bárbaros", del colombiano José María Vargas Vi la, obra publicada originalmente en 1917 y que le valió a su autor la expulsión de los Estados Unidos. Vargas Vilafue uno de los pensadores antiimperialistas más importantes durante las tres primeras décadas de nuestro siglo.

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Pancho Villa, revolucionario de México, durante una acción guerrillera. Su modelo de lucha por la tierra tendría eco en el ciclo revolucionario de los años 20 en la casi totalidad de América Latina.

El ciclo revolucionario de América Latina en el momento de la huelga colombiana de las bananeras Desde 1924 hasta 1933 se dio un proceso revolucionario en varios países de América Latina, aunque con contenidos y métodos de lucha distintos. En algunos tuvo un carácter antiimperialista, en otros reformista de avanzada. También fueron diferentes las fuerzas sociales que se movilizaron. En Nicaragua y El Salvador, el movimiento antiimperialista se apoyó en el campesinado, aunque en el caso de El Salvador hubo una dirección proletaria que le dio un carácter anticapitalista al combate. En Chile, la «República socialis-

ta» de 1932 tuvo como base de apoyo al proletariado y a las capas medias. En Brasil y Ecuador, la conducción política fue tomada por un grupo importante de militares jóvenes. Este fenómeno también se dio en Chile, especialmente en la aviación, como expresión de la emergencia de una capa de jóvenes militares con posiciones progresistas que, en algunos casos, rebasaron el reformismo y el populismo nacientes. Mientras en Ecuador la Revolución Juliana de 1925 adoptó un curso reformista, con medidas progresistas nunca adoptadas en ese país, la gesta de Sandino se convirtió en la movilización antiimperialista más grande registrada hasta ese entonces en América Latina. El ciclo se expresó también de manera particular en Brasil, donde el «tenentismo», es decir, el movimiento de los tenientes, y el proyecto de Getulio Vargas se diferenciaron, luego de haber caminado juntos en un proceso democrático-burgués que terminó frustrándose, pero que planteó importantes cambios, en particular la conquista de la hegemonía de la burguesía industrial por primera vez en América Latina. Durante el año 1932 se produjeron dos procesos revolucionarios relevantes: el levantamiento salvadoreño y la llamada República socialista de Chile. Mientras el primero constituyó una insurrección popular armada, en la que por primera y única vez un partido comunista de nuestro continente ha dirigido una revolución, en Chile el movimiento fue también masivo y popular, pero no alcanzó la fase insurreccional. En Venezuela la lucha de la resistencia contra la dictadura de Juan Vicente Gómez, que gobernaba desde 1908, alcanzó el climax en las jornadas de febrero de 1928. El estudiantado fue sin duda el detonante, pero pronto ganaron las calles los albañiles, los panaderos, los telegrafistas, bancarios y trabajadores portuarios y de las medianas industrias.

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Uno de los principales agitadores de la huelga general de 1928 fue Pío Tamayo, de vasta experiencia de lucha social en Panamá, Cuba y Puerto Rico. Estuvo, inclusive, en Colombia organizando la Unión Obrera Venezolana de Barranquilla, donde núcleo un grupo de trabajadores venezolanos para ingresar a su país con la intención de colaborar en el derrocamiento de la dictadura. Las primeras ideas socialistas, a nivel latinoamericano, habían sido impulsadas por el chileno Luis Emilio Recabarren, el peruano José Carlos Mariátegui, el cubano Julio Antonio Mella y el venezolano Salvador de la Plaza. Existió una gran coincidencia entre estos precursores del marxismo latinoamericano en el análisis de la realidad y en la estrategia revolucionaria. Mantuvieron una crítica permanente a la colaboración de clases, sosteniendo que sólo el proletariado, en alianza con el campesinado y demás capas explotadas de la población, estaba en condiciones de realizar las tareas democrático-burguesas que era incapaz de cumplir la llamada burguesía progresista. Aplicaron creadoramente el marxismo a la realidad latinoamericana, procurando desentrañar su especificidad. Por eso, retomaron el ideal bolivariano de unidad latinoamericana. Todavía está vigente en la actualidad el pensamiento de José Carlos Mariátegui sobre la cuestión indígena y agraria, sobre todo su preocupación acerca del papel que podrían jugar las comunidades aborígenes en la construcción del socialismo. Fue uno de los primeros en visualizar la relación etnia-clase. Mientras los marxistas de aquella época sólo ponían énfasis en la cuestión de clase, Mariátegui ahondó en la importancia de los problemas étnicos y en la lucha de los indígenas por la tierra. Inclusive planteó la idea del mito social para movilizar a las masas indígenas, impregnadas de una concepción mágico-religiosa. Para él, el mito no era una cuestión

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abstracta, sino que estaba íntimamente relacionado con las transformaciones sociales. Esta aplicación creadora del materialismo histórico a la especifidad latinoamericana, rompiendo con todos los modelos europeos, indujo a Mariátegui a postular un socialismo en el cual se tomaran en cuenta las realidades particulares de nuestro continente. En tal sentido proclamaba en 1928: «No queremos, ciertamente, que el socialismo sea en América ni calco ni copia. Debe ser creación heroica. Tenemos que dar vida, con nuestra propia realidad, en nuestro propio lenguaje, al socialismo indoamericano.» (José Carlos Mariátegui:

Caricatura de Castell publicada en "Fantoches", en mayo de 1931, criticando la dura deuda externa y la especulación con los bonos de la deuda, de países como Argentina, Colombia y Brasil, frente a Estados Unidos.

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Ideología y Política, en Obras Completas, Vol. XIII, p. 253, Lima, 1972). De esta forja ideológica se nutrieron los primeros pensadores socialistas colombianos, no siendo ajena a ella el propio Jorge Eliécer Gaitán,

quien en sus años mozos redactó un libro titulado Las ideas socialistas en Colombia (1924), en el que hizo un agudo estudio del socialismo y uno de los mejores análisis del problema de la renta de la tierra.

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BAGU,SERGIO.

Capítulo 6

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Latinoamérica y Colombia (1930-1960) banos, como resultado de los siguientes fenómenos: a) El desarrollo de la llamada inesde la década de 1930, Estados dustria de sustitución de importacioUnidos desplazó a Inglaterra del nes determinó un empleo masivo de predominio político y económico de mano de obra. El desarrollo de la inAmérica Latina. El carácter de la de- dustria liviana o ligera, especialmente pendencia experimentó nuevos cam- textil, absorbió una gran masa de fuerbios, que podrían condensarse en dos za de trabajo, conformándose así el fases: una, desde 1930 hasta 1950, du- proletariado industrial latinoamericarante la cual nuestro proceso de semi- no. Oleadas de campesinos se traslaindustrialización surgió dependiente daron a la ciudad, en muchos casos llade la importación de maquinarias e in- mados por sus familiares o amigos que sumos, al mismo tiempo que se pro- les comunicaban nuevas perpectivas fundizaba la enajenación de las ma- de trabajo. De este modo, las grandes terias primas explotadas por el capital ciudades de América Latina aumenextranjero; y otra, desde 1950 en ade- taron en más de cinco veces entre 1930 lante, en que se comenzó al desplazar y 1960. capitales del área de las materias prib) Otro factor que aceleró la mimas al sector de la industria de bienes gración del campo a la ciudad fue la de consumo, sin perder la hegemonía inversión realizada por el Estado, esen la cartera de inversiones, el control pecialmente en las obras de infraestecnológico y la comercialización de tructura, relacionadas con energía, colas materias primas latinoamericanas. municaciones y transporte. Muchos Esta agudización de la Dependencia campesinos se transformaron en prose dio también en el plano político, a letarios en estas obras estatales, en la través de los pactos militares y de los industria y en la construcción de vicompromisos contraídos con los Es- viendas y nuevas carreteras. tados Unidos en la Organización de c) Un grueso sector de campesinos Estados Americanos (OEA). se vio obligado a emigrar a las ciudaDurante este periodo, nuestros paí- des debido a la falta de trabajo acaeses se transformaron de rurales en ur- cida por la introducción de modernas

Luis Vitale

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Cinturones de miseria en la periferia de las grandes ciudades, surgidos en el segundo cuarto del siglo en toda América Latina. "En rigor, los pobladores de estas zonas no son 'marginales' al sistema, sino resultado del mismo; de una particular pertenencia al sistema que los atrae al trabajo y luego los expulsa o los obliga a integrarse a actividades improductivas"

maquinarias en las haciendas de mayor desarrollo capitalista. d) El crecimiento de las actividades comerciales trajo una mayor demanda de mano de obra, como resultado de la ampliación del mercado interno en las ciudades. Cambios en la estructura de clases A partir de la década de 1930 se profundizó la crisis de la vieja oligarquía terrateniente, pasando la burguesía industrial a constituirse en el sector principal de la clase dominante. Sin embargo, en algunos países los terratenientes, transformados en burguesía agraria, lograron compartir el control del aparato del Estado en alianza con los nuevos sectores burgueses. A su vez, el sector industrial criollo se fue asociando con el capital transnacional, especialmente a partir de la década de 1950, en que se produjo un desplazamiento del capital extranjero del área de las materias primas a las industrias latinoamericanas. Uno de los fenómenos sociales más relevantes de este período fue la irrupción de las capas medias, de los llamados trabajadores de «cuello blanco». A diferencia de la antigua pequeña burguesía, dueña de algún medio de producción o de comercio, las nuevas capas medias viven solamente de un sueldo.

Las grandes oficinas, en las que se concentran centenares de empleados a cargo de complejas máquinas modernas, se parecen cada día más a las fábricas. Ha desaparecido el trato paternalista del viejo patrón sentado en su escritorio al lado del empleado, haciendo las relaciones cada vez más impersonales. Tanto los empleados del sector privado como los del Estado iniciaron un proceso de sindicalización, que les ha permitido defender sus reivindicaciones mediante la constitución de grandes federaciones. El crecimiento de las capas medias —y su consiguiente capacidad de consumo— ha tenido una incidencia importante en el desarrollo del mercado interno. No solamente adquieren los productos de la tradicional industria manufacturera (textil, alimentación, etc.) sino que se han constituido en los principales compradores de los productos de consumo durable de la moderna industria (refrigeradores, lavadoras, televisores, automóviles, etc.). Los sectores medios comenzaron a participar activamente en la lucha por el reparto de la renta nacional, exigiendo una mejor política redistributiva. Muchos de ellos han intervenido activamente en política, ligándose al frondoso aparato del Estado. De allí ha surgido la tecnoburocracia como un nuevo sector social de suma importancia en la administración del Estado y sus instituciones. Paralelamente, surgieron los denominados «marginales» o, mejor dicho, los habitantes de las poblaciones urbano-periféricas pobres. Estos cinturones de las grandes ciudades han recibido los nombres de «ranchos» en Venezuela, de «favelas» en Brasil, de «villas miseria» en Argentina y de «callampas» en Chile. En rigor, los pobladores de estas zonas periféricas no son «marginales» al sistema, sino el resultado del mismo; de una particular pertenencia al sistema que los atrae al trabajo y luego los expulsa o los obliga a integrarse a actividades improductivas.

Capítulo 6

Una parte de ellos constituye el ejército industrial de reserva de mano de obra que es factible de ser absorbido en los momentos de auge económico, pero otra parte es mano de obra sobrante que frecuentemente no tiene posibilidades de ser insertada en el proceso productivo. Ésta sí podría ser «mano de obra marginalizada». No toda esa «masa marginal» es cesante, sino que una parte se ocupa en actividades improductivas o en sectores residuales de la producción, donde ganan salarios más bajos y no gozan de las leyes sociales que tienen otros trabajadores. La mayoría de las encuestas han demostrado que en estas poblaciones urbano-periféricas no habitan sólo «lúmpenes» y desocupados, sino fundamentalmente obreros fabriles, de la construcción y del comercio, además de artesanos, trabajadores por cuenta propia, empleados y comerciantes ambulantes. Esta concentración poblacional se da tanto en las grandes urbes como en

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las provincias del interior, a donde acuden en busca de trabajo los explotados del campo. El crecimiento de estos cinturones de miseria ha creado graves problemas sanitarios, educativos, de recolección de basuras, de viviendas y de servicios públicos, como agua, luz, alcantarillado y transporte. Dada su condición desvalida, estos sectores han sido manipulados electoral y socialmente a través de organismos como la «promoción popular», que tuvieron como objetivo domesticar a los pobladores mediante una actitud paternalista. Una de las características del movimiento obrero de este período fue la legalización de los sindicatos. Esta institucionalización estimulada por los códigos y los ministerios del Trabajo, permitió una masiva organización de la clase trabajadora, pero limó muchas de las aristas filudas del agresivo movimiento obrero de las primeras décadas del presente siglo. El desarrollo industrial configuró definitivamente al proletariado ma-

Reunión del Comité de los 21 (presidido por el colombiano Alfonso López Pumarejo) en la Organización de Estados Americanos, Washington, 1953. Entre 1930 y 1960 América Latina vivió procesos de industrialización y de desplazamiento de capitales al sector de la industria de bienes de consumo que agudizaron su dependencia de los Estados Unidos.

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nufacturero. La mayoría de sus componentes, de origen campesino, a raíz del proceso de migración campo-ciudad, carecía de una tradición sindical y política. Esto permitió a los movimientos «populistas» de las décadas del 40 y 50 canalizar fácilmente a los nuevos sectores del proletariado industrial. De todos modos, está experiencia dejó como saldo que la clase obrera tomara conciencia de su propia fuerza en relación al conjunto de la sociedad. También crecieron los sectores del proletariado urbano no fabril, como los obreros de la construcción, los de los pequeños y los medianos talleres, los trabajadores del comercio y de los servicios públicos. El porcentaje de sindicalización aumentó a más de un 20 % como promedio en relación al total de la fuerza de trabajo. Pero en la mayoría de los países sólo se dieron sindicatos por fábrica. La falta de poderosos sindicatos únicos por rama industrial debilitó la acción conjunta de los trabajadores, permitiendo un mayor margen de maniobra de los patrones. No obstante, los obreros lograron crear importantes federaciones nacionales y centrales únicas de trabajadores, como la CGT argentina, la CNT uruguaya, la COB boliviana, la CTV venezolana y la CUT chilena que, en numerosas oportunidades, rebasaron los marcos del sindicalismo «economicista». En numerosas organizaciones de trabajadores se fue generando una burocracia sindical, de fuertes raíces económicas, que defendió más sus intereses que los de los trabajadores. El «paralelismo sindical» se incrementó, dividiendo a los obreros en sindicatos afiliados a centrales y federaciones controladas por determinados partidos políticos. Las principales luchas de los trabajadores en este período se expresaron en la Revolución ecuatoriana de 1944, en la Revolución boliviana de 1952, la primera Revolución obrera de América Latina, y la Revolución gua-

temalteca de 1944-54. Esta etapa de ascenso culminó con el triunfo de la Revolución cubana en 1959, que abrió la era histórica de la transición al socialismo en América Latina. El movimiento campesino siguió luchando por el reparto de tierras, prometido por las reformas agrarias, al mismo tiempo que se consolidaba un nuevo sector: el proletariado rural, como producto de un cierto desarrollo del capitalismo agrario. Este proletariado rural, generado en las grandes plantaciones y haciendas, comenzó a organizarse en sindicatos y ligas que tendieron a superar la atomización a través de la presentación de pliegos únicos de peticiones por provincias, e inclusive a nivel nacional. El minifundista o dueño de una pequeñísima parcela ha debido convertirse en asalariado temporario, obligado a trabajar algunos meses del año como peón en las haciendas para poder subsistir. El número de pequeños propietarios aumentó como consecuencia de la subdivisión de tierras por sucesión hereditaria o por las moderadas reformas agrarias realizadas en algunos países. La necesidad de solucionar sus problemas de créditos, semillas y abonos los obligó a organizarse en cooperativas. De este modo, pudieron negociar en mejores condiciones la comercialización de sus productos, fijados arbitrariamente por las empresas y el Estado. La condición de la mujer Si bien es cierto que la situación de la mujer no cambió sustancialmente en el siglo XX, puede apreciarse su clara incorporación al trabajo productivo, en la industria, el comercio y los servicios públicos. Las mujeres, contratadas con salarios más bajos, llegaron a constituir hacia 1960 el 20 % como promedio general de la población denominada económicamente activa. No obstante, la mayoría de las mujeres latinoamericanas siguió constre-

Capítulo 6

ñida al trabajo en el hogar, a la realización de tareas no remuneradas, como la de reproducir gratis la fuerza del trabajo para el sistema capitalista. También se mantuvo el sector de mujeres que realizan trabajo no remunerado en empresas de algún familiar en el campo o en talleres urbanos dirigidos por el padre, esposo o hermano. Se acrecentó una vasta franja de trabajadoras por cuenta propia: modistas, peluqueras, tejedoras, fabricantes de dulces, tortas y productos caseros, vendedoras ambulantes, copiadoras a máquina, etc. Este numeroso sector ha percibido entradas muy modestas; no tiene organización ni previsión social. La opresión de la mujer ha sido institucionalizada a través de los diferentes códigos civiles y penales. Debe fijar su domicilio en el lugar en que resida su esposo, tener autorización de él para viajar al extranjero o abrir cuentas bancarias. El hombre que mata a su mujer «adúltera» está exento de pena o es condenado a escasos meses de prisión. En nuestros países se acentúa el sexismo, copiando los modelos extranjeros de la moda, los cosméticos sofisticados, los concursos de belleza, instrumentados por empresas industriales de productos para la mujer. Colonizada por los centros europeos y norteamericanos de la moda en la ideología del sexismo, la mujer latinoamericana se aliena en el quehacer cotidiano. Los medios de comunicación de masas han contribuido a reformar el proceso de alienación de la mujer. Las radionovelas, la televisión y las revistas femeninas han sido los principales vehículos de penetración de la ideología de. la clase dominante. Una especificidad de la mujer latinoamericana consiste en que sus reivindicaciones propias están estrechamente ligadas con la lucha cotidiana por el agua, la luz, la vivienda, la educación, la salud y el transporte, problemas que en gran medida no enfren-

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Alfonsina Storni, poetisa argentina y directora del partido feminista nacional, luchó en los años 20 por el divorcio y por el reconocimiento de los hijos "ilegítimos". La Storni es una figura del cambio de la condición femenina en América Latina en este siglo.

tan los movimientos feministas europeos y norteamericano. Por eso, mujeres proletarias como la boliviana Domitila ponen con tanta fuerza el acento en este tipo de combate social por la supervivencia, apareciendo como no feminista ante los ojos de muchas mujeres europeas. En América Latina, la mujer lucha contra la miseria permanentemente y por sus reivindicaciones específicas. De ahí, que empiece a combinar la lucha feminista con la lucha social. Si bien es cierto que las organizaciones feministas surgieron a fines de la década del 60, la mujer latinoamericana viene participando desde hace muchas décadas en la luchas sociales y políticas. Desde las décadas de 1930 y 1940 conquista el derecho al voto en numerosos países. En 1919, en Argen-

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tina, el Partido Feminista Nacional, dirigido por la poetisa Alfonsina Storni, luchó por el divorcio y el reconocimiento de los hijos llamados ilegítimos. Uruguay fue uno de los primeros países donde se obtuvo el derecho al divorcio. En México, en 1936 se efectuó la Asamblea Constituyente de la República Femenina, que dio paso al Frente Unido pro Derechos de la Mujer, donde se aglutinaron más de 50.000 afiliadas. Durante la huelga general venezolana de 1936 se destacaron varias mujeres, entre ellas la maestra María Edilia de Barbaresco, que llegó a ser diputada por el estado Zulia a la Asamblea Constituyente de 1945. En Bolivia se destacó María Barzola en 1942 en la lucha contra la «rosca» de los barones del estaño, siendo masacrada por el ejército en Catavi. En la lucha de la resistencia contra la dictadura de Fulgencio Batista en Cuba sobresalieron Haydée Santamaría, Melba Hernández y Celia Sánchez. A pesar de que no se habían constituido todavía movimientos feministas, desde las primeras décadas del presente siglo un sector de mujeres luchó por el derecho a la educación, logrando los primeros títulos profesionales en distintas carreras que estaban asignadas exclusivamente a los hombres. En fin, desde 1930 se produjeron algunos cambios en la situación de la mujer, que acrecentaron su inserción en el trabajo y su participación política. Estos cambios repercutieron en el modo de vida y en la estructura de la familia nuclear, preparando las condiciones para el surgimiento del movimiento feminista en la década de 1970. Las nuevas funciones del Estado El Estado ha experimentado cambios significativos en el último medio siglo. A partir de la crisis mundial de 1929, los Estados nacionales de nuestra América se vieron obligados a intervenir más directamente en la econo-

mía, estimulando el desarrollo industrial, a raíz de la brusca disminución de las entradas fiscales provocadas por el descenso de la demanda de materias primas. El Estado promovió el proceso de industrialización por sustitución de algunas importaciones, otorgando créditos en beneficio de la industria. Así se dio el Estado desarrollista que creó las obras de infraestructura e industrias básicas, invirtiendo capital estatal, fenómeno que a menudo se confunde con el llamado capitalismo de Estado. En algunos países se pasó del Estado fomentista y mediador-distribuidor al Estado «empresario» y organizador de la producción. De este modo, el Estado comenzó a influir decisivamente en el proceso general de acumulación de capital, haciéndose cargo de una parte significativa del proceso productivo. La situación política latinoamericana durante la República liberal colombiana Uno de los hechos más destacados de este período fue el surgimiento de los movimientos llamados populistas. Aunque ya se habían manifestado embrionariamente en los gobiernos de José Batlle (Uruguay), Hipólito Yrigoyen (Argentina), Arturo Alessandri (Chile), en los primeros presidentes de la Revolución mexicana y en el movimiento Juliano del Ecuador, el populismo se consolidó a partir de la década del 1940. Otro movimiento de relevante influencia fue el aprismo, fundado por el peruano Víctor Raúl Haya de la Torre. Cuatro movimientos influyeron en el proyecto de Haya de la Torre: la Revolución rusa, la Revolución mexicana, la reforma universitaria y el pensamiento nacional-antiimperialista, expresado literariamente por Manuel Ugarte, Rufino Blanco Fombona y otros, y llevado a la práctica consecuentemente por César Augusto Sandino. Para Haya, el imperialismo constituía la primera fase del capitalis-

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mo, en América Latina, a diferencia de Europa. La liberación nacional se conseguiría entonces a través de una revolución antiimperialista y antifeudal. Haya de la Torre insistió en que la dominación imperialista se daba no sólo por la penetración económica sino también por el control del Estado. Por eso, levantó la consigna del Estado antiimperialista, como culminación del proceso de revolución nacional, democrática y popular. Relacionaba el problema de las nacionalizaciones con la lucha por la liberación nacional, en la cual las diferentes capas medias debían jugar un papel hegemónico. Como otros intelectuales de su tiempo, Haya de la Torre replanteó la unidad del continente: «América Latina debe constituir una Federación de Estados.» Planteaba además la internacionalización del canal de Panamá, que en poder de los Estados Unidos «es uno de los más grandes peligros para la soberanía de América Latina». (Víctor Haya de la Torre: El antiimperialismo y el APRA, Ed. Centauro, Caracas, 1976. Aunque surgido en Perú, el APRA fue una organización política de proyección continental, diferenciándose del peronismo y varguismo por ser liderado por las capas medias y no por una burguesía industrial, que, por lo demás, en aquel momento era inexistente en el Perú. El APRA, que había emergido de las luchas sociales contra el gobierno de Augusto Leguía, creció en influencia de masas después de la crisis de 1929, siendo apenas derrotado en las elecciones presidenciales de 1931. Entonces, inició una intensa agitación política que culminó en la insurrección de Trujillo en julio de 1932, donde participaron trabajadores azucareros asi como diferentes sectores explotados. La rebelión fue aplastada por el ejército y miles de rebeldes fueron masacrados. A partir de entonces, se abrió una profunda brecha entre el APRA y las Fuerzas Armadas, que fue determinante para que Haya de la

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Torre nunca alcanzara la presidencia de la República. No obstante, el APRA siguió ejerciendo una significativa influencia en las diversas corrientes políticas de centro-izquierda de América Latina. Otro de los hechos políticos que facilitó la alianza entre sectores de trabajadores y de burgueses llamados progresistas fue el viraje que dieron los partidos comunistas a mediados de la década del 30. Consistió en la política de Frente Popular, táctica elaborada por George Dimitrov en el congreso de la Internacional Comunista de 1935. Allí se definieron los

Aydée Santamaría y Celia Sánchez, encarceladas tras la toma del cuartel de Moncada, en Santiago de Cuba, el 26 de julio de 1953. Con Melba Hernández, estas dos mujeres sobresalieron en la lucha de resistencia contra la dictadura de Fulgencio Batista en Cuba.

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Eva Duarte de Perón, en una estampilla de correos de Argentina: llegada de la mujer latinoamericana a las esferas de poder en la década de los años 50.

fundamentos de la teoría de la revolución por etapas, es decir, la necesidad de luchar ante todo por la revolución democrático-burguesa, aceptando el liderazgo y la hegemonía de los partidos de la burguesía industrial y «progresista». Los partidos comunistas latinoamericanos sólo alcanzaron a implantar su política frente-populista en algunos países. En Chile, mediante una alianza con el Partido Radical y el Partido Socialista, logrando el triunfo con Pedro Aguirre Cerda en 1938. El Frente Popular chileno abarcó no solamente el gobierno de Aguirre Cerda sino también el de Juan Antonio Ríos, Alfredo Duhalde y el primer año de gobierno de Gabriel González Videla (1947), donde llegaron a figurar tres ministros comunistas.

La segunda guerra mundial permitió a los partidos comunistas justificar cualquier alianza con la burguesía y el imperialismo con tal de defender a la Unión Soviética de las agresiones del nazismo. Aunque los comunistas mexicanos no contribuyeron con sus votos a la elección de Lázaro Cárdenas en 1934, sus principales dirigentes sindicales respaldaron las principales medidas de este gobierno. En Perú, el PC apoyó el llamado Frente Democrático que postulaba la candidatura a presidente de Manuel Prado. El apoyo del PC cubano a Fulgencio Batista y su ulterior ingreso al gobierno, no puede calificarse como frente popular, sino más bien como una forma de reforzar a los aliados en la guerra contra el nazismo. Esta táctica, aplicada mecánicamente en todos los países latinoamericanos, condujo a los partidos comunistas a calificar de fascistas a todos los movimiemtos que esbozaban una posición nacionalista y crítica ante ciertas presiones del capitalismo europeo y norteamericano. Esta posición colocó a los partidos comunistas al margen de movimientos de masas, como el peronismo y el gaitanismo. La política frente-populista fue llevada hasta sus últimas consecuencias por una tendencia gestada en el movimiento comunista mundial durante la segunda guerra, conocida con el nombre de browderismo. Esta corriente, acaudillada por el secretario general del PC norteamericano, Earl Browder, planteó la cooperación permanente entre los Estados socialistas y capitalistas y el cambio de nombre y contenido programático de los partidos comunistas. A la política browderista se adhirieron la mayoría de los partidos comunistas de América Latina, especialmente el cubano, dirigido por Blas Roca, el venezolano, dirigido por Juan Bautista Fuenmayor, y el colombiano, por Augusto Durán, quien asumió la respuesta a las críticas de Jacques Duclos al browderismo en la re-

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vista bogotana Guía del Socialista: «Petulancia a un lado, Browder alumbró el camino a los comunistas de América Latina [...] y ojalá que Dios quiera que no caigan sobre los socialistas colombianos truenos y centellas si afirmo que planteamos como cosa inmediata una serie de reivindicaciones en el orden económico-social que lejos de perjudicar a la burguesía colombiana como clase, le abren el camino para su completa liberación.» Durante la década de 1940 surgieron movimientos nacional-populares que constituyeron un nuevo test político para los partidos comunistas latinoamericanos. En Argentina, el PC calificó de fascista al movimiento peronista, para justificar su apoyo al candidato de la Unión Democrática, que aparecía como el mejor aliado de los Estados Unidos en la lucha contra los últimos vestigios del fascismo italiano, alemán y japonés. Aunque derrotado, el PC siguió caracterizando de fascista al movimiento peronista, de espaldas a lo que sentían en ese momento los trabajadores argentinos, hecho que marginó prácticamente al PC de los sindicatos. En Bolivia, también el PC, bajo el nombre de PIR, se opuso al Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), tildándolo de profascista. Promovió una tenaz oposición al gobierno nacional-popular de Gualberto Villarroel (1943-46), haciendo una alianza con los partidos de la oligarquía para derrocarlo. No por azar, los comunistas colombianos calificaron de fascista a Gaitán. Los partidos populistas modernos tuvieron como base de sustentación social fuerzas policlasistas, que iban de la burguesía industrial a la clase trabajadora, haciendo entrar en crisis el sistema de dominación oligárquica. Los movimientos más representativos fueron el peronismo, varguismo, ibañismo, velasquismo y cardenismo. Erigieron liderazgos carismáticos, que agitaban banderas nacionalistas y una política social demagógica. En la mayoría de los casos, el populismo subió al gobierno mediante

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elecciones (Juan Domingo Perón en Argentina, Lázaro Cárdenas en México, Velasco Ibarra en Ecuador y Carlos Ibáñez del Campo en Chile). En otros, a través de golpes militares (Getulio Vargas en Brasil). En cambio, el MNR boliviano tomó el poder como resultado de un proceso insurreccional de masas, como fue la revolución de 1952. El gaitanismo estuvo a punto de triunfar, pero su marcha al poder fue truncada por el asesinato de su líder. En ninguno de estos casos, el populismo en el poder cambió el carácter del Estado, pues siguieron permaneciendo las mismas instituciones tradicionales. Los objetivos de los gobiernos populistas fueron: respaldar a la burguesía industrial con el fin de estimular el

Juan Domingo Perón y Evita: "Los partidos populistas modernos tuvieron como base de sustentación social fuerzas policlasistas, que iban de la burguesía industrial a la clase trabajadora, haciendo entrar en crisis el viejo sistema de dominación oligárquica".

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El presidente del Brasil proceso de sustitución de importacioGetúlio Vargas (con nes; incrementar los productos de exsombrero blanco) y el portación para redistribuir la renta presidente Franklin D. agro-minera en beneficio de la burRoosevelt. Vargas guesía manufacturera; fortalecer las estableció un gobierno populista a través del instituciones del Estado, especialmengolpe militar y proclamó te el ejecutivo, fenómeno que permiel llamado "Estado tió a dichos presidentes presentar a sus novo", especie de régimen gobiernos como entes por encima de fascista con un compromiso entre la vieja las diferentes clases, expresión latioligarquía y la burguesía noamericana de la tendencia al bonaindustrial. Gobernó entre partismo. 1930 y 1945 y volvió al Para lograr estos objetivos, los gopoder en 1951; al biernos populistas tuvieron que enanunciar una reforma . agraria, la oposición frentar a sectores de la oligarquía temilitar y del Congreso lo rrateniente y comercial importadora, llevó al suicidio, en 1954.

que se resistían a que la parte sustancial de la renta nacional se redistribuyera a favor de la burguesía industrial. En algunos casos, estos gobiernos también tuvieron roces puntuales

con el imperialismo, ya sea norteamericano o europeo. Basándose en estos hechos, que eran el resultado de coyunturas económicas o políticas muy específicas, numerosos políticos y científicos sociales llegaron a calificar de nacional-antiimperialistas a gobiernos como los de Perón, Vargas, Paz Estensoro e Ibáñez. La necesidad que tuvo el populismo de apelar al movimiento de masas para arrancar algunas concesiones a la vieja oligarquía produjo contradictoriamente un proceso de democratización y de participación, aunque limitada, de la clase trabajadora en la política. Los obreros, campesinos y capas medias asalariadas, desengañados de los fraudes electorales de los partidos tradicionales, comenzaron a votar masivamente por sus líderes populares. Las elecciones se decidieron definitivamente en las ciudades grandes y medianas, donde estaba concentrada la mayoría de la población, a raíz del proceso de urbanización e industrialización. El nuevo proletariado urbano, en su mayoría recién llegado del campo, generó rápidas ilusiones en los movimientos populistas y en sus promesas de mejoramiento del nivel de vida. Con una conciencia primaria de clase —que se fue afirmando en las fábricas y en los nuevos lugares de trabajo—, pero falto de una conciencia política de clase, el proletariado siguió a los líderes que le prometieron pan, techo y trabajo. Así se produjo un relativo corte o desfase entre la antigua generación obrera, más politizada, y la nueva, más numerosa y concentrada, pero practicando una colaboración inconsciente de clase, en la que el factor nacionalista jugó un papel mediatizador de gran relevancia. La socialdemocracia, que había generado en América Latina varios partidos socialistas a principios del siglo, especialmente en Argentina, Uruguay y México, perdió terreno ante los nuevos movimientos populistas. Los PS fueron incapaces de ligarse a las capas

Capítulo 6

de obreros industriales que se consolidaron a partir de la década de 1930. Su dificultad para comprender las características de este nuevo proletariado industrial, que provenía ahora de la migración campo ciudad y no de la inmigración europea como a principios de siglo, impidió a los partidos socialistas ampliar su base obrera, ya de por sí escuálida. A pesar de la importancia asignada por Mariátegui al problema de la tierra y a los indígenas, los partidos socialistas siguieron colocando en un segundo plano los problemas campesinos y la importancia de las cuestiones étnicas. Tampoco supieron aprovechar el auge del movimiento nacionalantiimperialista, iniciado con la gesta de Sandino. Algunos partidos socialistas que se crearon en la década de 1930, como el Partido Socialista Ecuatoriano y el Partido Socialista de Chile, nunca se afiliaron a la II Internacional, a raíz de la errada política de esta. Los partidos más próximos a la II Internacional que tuvieron éxito en América Latina fueron el APRA pe-

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ruano y Acción Democrática de Venezuela, bajo la conducción de Rómulo Betancourt; Acción Democrática accedió al poder en 1945, logrando elegir como presidente de la República al escritor Rómulo Gallegos en 1947. A pesar de haber sido desplazada del poder por el golpe militar de 1948, de Marcos Pérez Jiménez, Acción Democrática logró mantenerse como la primera fuerza popular. En las elecciones de 1959 retornó al gobierno el caudillo adeco Rómulo Betancourt. La II Internacional, refundada en 1951 bajo el nombre de Internacional Socialista en la Conferencia Mundial de Frankfurt, comenzó a esbozar una nueva política para América Latina, a través de su secretariado latinoamericano creado en 1955. Sin embargo, recién comenzó a resurgir en los años setenta. Mientras tanto, una nueva corriente política, la democracia cristiana, empezó a ocupar el espacio político del centro. Gestada en las Juventudes Católicas, en la base de algunos partidos conservadores y en grupos denominados falangistas, du-

José María Velasco Ibarra (tercero de la izquierda), escucha el discurso del presidente del Congreso durante su primera posesión presidencial, en 1934 (fue cinco veces presidente del Ecuador). Es otro representante de gobiernos populistas y demagógicos en América Latina en torno a los años treinta y cuarenta.

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Marcos Pérez Jiménez y Gustavo Rojas Pinilla, dictadores de Venezuela (1948-58) y Colombia (1953-58), resultado de una crisis de conducción política.

rante las décadas de 1930 y 40, la Democracia Cristiana acumuló las primeras fuerzas en Chile y Venezuela. Los partidos demócrata cristianos fundamentaron su posición en la crítica al régimen liberal burgués formulada por la Iglesia Católica en el siglo XIX; en las recomendaciones sociales de las encíclicas contemporáneas y en el pensamiento católico moderno elaborado por el neotomismo. También se basaron en las experiencias políticas de los primeros grupos democristianos europeos, como el Partido Popular Italiano, creado por el sacerdote siciliano Luigi Sturzo, y el movimiento L'Esprit. Su principal teórico, Emmanuel Mounier (1905-1950), planteó en la segunda postguerra mundial que la alternativa no era ni el capitalismo ni el comunismo, sino una civilización cuyo centro fuera la persona realizada en una forma social de comunitarismo, como alternativa al individualismo de la civilización burguesa. Otro teórico connotado fue Jacques Maritain, quien adaptó la filosofía tomista a los nuevos tiempos, propiciando la creación de partidos demócrata cristianos. La formación del «tercer partido» debía cumplir el doble objetivo de ganar a las masas para la «nueva cristiandad» e impedir el avance de las masas trabajadoras hacia la revolución socialista.

Una de las ventajas más importantes de la Democracia Cristiana sobre el resto de los partidos tradicionales de la derecha y del centro fue constituirse en una Internacional, con una política relativamente coherente a escala mundial. La Unión Mundial Demócrata Cristiana, creada en 1956, estimuló la creación de partidos, que pronto se agruparon en la ODCA (Organización Demócrata Cristiana de América). Asimismo, dio ayuda financiera a la Confederación Latinoamericana de Sindicatos Cristianos (CLASC), posteriormente denominada CLAT. Los Congresos Latinoamericanos, realizados por los partidos demócrata cristianos, en 1947, 1949 y 1955 facilitaron la transformación de sus pequeños grupos de propaganda en organizaciones de masas. Así emergieron como opciones de poder los partidos demócrata cristianos de Chile, liderados por Eduardo Frei, y de Venezuela, bajo el nombre de COPEI, encabezado por Rafael Caldera. Los principales procesos políticos latinoamericanos, en el período de 1930 a 1960 Los vaivenes de la política latinoamericana influyeron en los gobiernos colombianos de este período, como asimismo los cambios en la política norteamericana, desde el New Deal de Roosevelt hasta la «guerra fría» abierta a fines de la década del cuarenta. Venezuela Después de 27 años de dictadura, ejercida por Juan Vicente Gómez, bajo cuyo gobierno se inició la explotación petrolera, consolidándose la producción capitalista y el proceso de urbanización, el fin del año 1935 abrió una nueva era en la historia venezolana. Ante todo, se inició un curso de democratización relativa, ya que el vacío de dirección dejado por Gómez, con el aplastamiento de los viejos partidos, fue cubierto por dos presidentes

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militares: Eleázar López Contreras e Isaías Medina Angarita. Esta crisis de conducción política, que condujo a los golpes militares de 1945 y 1948, fue superada en la década de 1960, cuando se consolidaron los partidos Acción Democrática y COPEI y sellaron el pacto de Punto Fijo para fortalecer el sistema por encima de las diferencias. Esta carencia de conducción se había manifestado en 1936, año de la mayor crisis social y política de la Venezuela contemporánea. Los trabajadores se lanzaron a las calles decididos a expropiar los bienes del gomecismo; desencadenaron dos huelgas generales (en febrero y junio) y la huelga petrolera (diciembre 1936 a febrero 1937), la primera huelga de contenido nacional antiimperialista. Se dieron manifestaciones embrionarias de poder popular, se formaron milicias armadas y se planteó el problema del poder con más fuerza que en el propio 23 de enero de 1958. El proceso de democratización se profundizó con el ascenso al poder de

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Medina Angarita. En 1943, dictó la ley de Hidrocarburos, que afectó por primera vez a las compañías petroleras, controladas por los trusts norteamericanos y anglo-holandeses. También propició proyectos tendientes a iniciar un proceso de reforma agraria, hasta ser derrocado en octubre de 1945 por un movimiento liderado por Acción Democrática y un sector mili-

Rómulo Gallegos, presidente venezolano, ecibe la visita de Harry S. Truman, 1948. Rómulo Betancourt, presidente de Venezuela, condecora con la orden Andrés Bello al general Eleázar López Contreras (1963).

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Reafirmación democrática en los años sesenta: reunión de los cinco (Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Chile) en Bogotá, agosto de 1966. En la foto: Raúl Leoni, presidente de Venezuela; su embajador, Miguel Ángel Burelli Rivas (de pie); el canciller Germán Zea Hernández y el presidente Carlos Lleras Restrepo; Eduardo Frei Montalva, presidente de Chile, y su canciller Gabriel Valdés. Atrás, Virgilio Barco, alcalde de Bogotá. Perú estuvo representado por Fernando Schwalb y Ecuador por Galo Plaza.

tar. El primer gobierno elegido democráticamente en la historia moderna de Venezuela, tras las elecciones que nombraron presidente al novelista Rómulo Gallegos, cayó en 1948 mediante un golpe militar, encabezado por Marcos Pérez Jiménez. A fines de la década de 1940 comenzó un proceso de industrialización por sustitución de algunas importaciones. La renta petrolera, en aumento desde la ley de Hidrocarburos, se puso básicamente al servicio de la industrialización y de la creación de obras de infraestructura. Al mismo tiempo que aplastaba los sindicatos adecos y comunistas, Pérez Jiménez trató de crear un movimiento sindical orientado por el Estado a través del MOSIT (Movimiento Sindical Independiente de Trabajadores). Los sindicalistas opositores lograron reestructurar en parte el movimiento sindical, actuando en la semiclandestinidad o penetrando los sindicatos oficialistas, lo que permitió acumular fuerzas contra la dictadura.

Los trabajadores participaron activamente en los sucesos que culminaron con el derrocamiento de la tiranía el 23 de enero de 1958. Pero el pueblo desarmado no estaba en condiciones de voltear la dictadura. Pérez Jiménez fue derrocado por una coalición de fuerzas dirigida por Acción Democrática, COPEI, Unión Republicana Democrática, Iglesia católica, sectores militares y, fundamentalmente, por las asociaciones patronales encabezadas por el grupo Mendoza, quien negoció la caída del tirano en Washington. Guatemala El derrocamiento del dictador Jorge Ubico, que había gobernado desde 1931, estuvo precedido de varios meses de agitación popular hasta lograr el triunfo en 1944. El nuevo gobierno, dirigido por el intelectual Juan José Arévalo, fue conducido por las capas medias y una fracción de la burguesía, logrando un amplio respaldo de masas

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que lo convirtió en uno de los movimientos antioligárquicos y antiimperialistas más importantes. Una franja del ejército se plegó también al proceso nacionalista que afectaba a la United Fruit Company, a los cafeteros y terratenientes. En 1945, se aceleró la organización sindical de los trabajadores urbanos y la de los jornaleros de las plantaciones bananeras, culminando el proceso de reorganización del movimiento obrero con la creación de la CGT (Confederación Guatemalteca de Trabajadores) en 1951, integrada por 481 sindicatos y más de 100.000 miembros. Además, la Federación campesina logró agrupar a un cuarto de millón de afiliados. Esta fuerza obrera y campesina le permitió al gobierno del coronel Jacobo Arbenz emprender la reforma agraria en 1952, sustentada en 1.500 comités agrarios, que llegaron a convertirse en embriones de poder local. La reforma agraria desató una campaña tremendista del gobierno norteamericano, que decidió acelerar los preparativos del golpe militar. Desde junio de 1953, el gobierno de Arbenz alcanzó a expropiar 495.483 hectáreas, de la cuales 150.000 eran del enclave bananero controlado por la United Fruit Company. El presidente D. Eisenhower ordenó entonces apresurar los planes golpistas, redoblando la campaña publicitaria mundial con el fin de demostrar que Arbenz era comunista, con k, como diría Arévalo. En la época de la guerra fría, del macartismo y de la caza de brujas que condujo a la silla eléctrica a los esposos Rosemberg, la tarea de Foster Dulles fue tratar de alinear a los gobiernos latinoamericanos, para lo cual convocó una Conferencia Interamericana en Caracas, donde preparó el terreno político para justificar la caída de Arbenz. El golpe fue preparado minuciosamente por la CIA, que desde 1949 venía financiando a militares derechistas, como Francisco Javier Arana, autor de un conato golpista ese mismo

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año. Paralelamente, se azuzaba a la Iglesia católica dirigida por el arzobispo Rosell y Arellano. La Iglesia, que había detentado el monopolio de la educación bajo la larga dictadura de Ubico, se sintió afectada con las medidas educativas adoptadas por Arévalo, presidente y maestro. En 1954 un ejército mercenario, dirigido por Carlos Castillo Armas, invadió Guatemala desde la frontera de Honduras. Arbenz renunció sin presentar combate ni movilizar a los trabajadores e indígenas que estaban dispuestos a luchar por sus tierras y por el derecho a la autodeterminación de los pueblos a darse el gobierno que quieran. Ernesto Guevara, que estaba en ese momento en Guatemala, relató oportunamente las consecuencias de

Jorge Ubico, férreo dictador de Guatemala entre 1931 y 1944, cuando fue derrocado por un movimiento cívico militar. Benefició a los grandes terratenientes locales y a la United Fruit Company

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gida por Farabundo Martí y Miguel Mármol. En Costa Rica, se abría paso el movimiento reformista y democrático de José Figueres, que advino al poder en 1948. En Cuba, el candidato del presidente Fulgencio Batista era derrotado por el demócrata Ramón Grau San Martín en las elecciones de 1944, abriéndose un promisorio proceso de democratización y de organización sindical. Sin embargo, las presiones norteamericanas durante la época de la «guerra fría» obligaron a Grau a iniciar la persecución de los comunistas y a dividir el movimiento sindical. Le sucedió Carlos Prío Socarrás en 1948, quien inició su gobierno rebajando en un 10 % los artículos de primera necesidad. Pero pronto subieron los pasajes del transporte, lo que motivó fuertes protestas populares. El gobierno respondió con la represión, clausurando programas radiales como el del nacionalista Eduardo Chibás, creador del Partido Ortodoxo.

Juan José Arévalo, presidente de Guatemala (1945-1951), quien había dirigido un año antes el movimiento de insurrección contra el dictador Ubico. Su gobierno, "conducido por las capas medias y una fracción de la burguesía, logrando un amplio respaldo de masas, se convirtió en uno de los movimientos antioligárquicos y antiimperialistas más importante. Una franja del ejército se plegó también al proceso nacionalista que afectaba a la United Fruit Company, a los cafeteros y terratenientes".

esta insólita paralogización del gobierno nacionalista guatemalteco. La dictadura de Castillo Armas liquidó de inmediato los sindicatos, disolvió el Congreso y devolvió las tierras a la United Fruit Company. Como agradecimiento, recibió del gobierno norteamericano 80 millones de dólares en los primeros seis meses de su gestión, asesoría de la empresa Klein Sacks y diversos préstamos del Banco Mundial. En otras partes de Centroamérica, como El Salvador, ocurrían importantes acontecimientos. En 1944, un movimiento progresista intentaba derrocar la dictadura del general Maximiliano Hernández, instalado en el poder desde el aplastamiento de la revolución obrero-campesina de 1932, diri-

Batista comenzó a formar su partido, el PAU (Partido de Acción Unitaria). Pero al darse cuenta de que perdía las elecciones ante los ortodoxos, decidió dar un golpe de Estado el 10 de marzo de 1952. Pronto surgieron críticas de sectores de la burguesía, especialmente industrial y de los productores de azúcar, como Julio López, que exigían de los remolacheros norteamericanos una mayor cuota para el azúcar cubano. Este sector redobló sus críticas a Batista a mediados de 1958, sobre todo porque veía peligrar la zafra venidera, ya que si no caía el dictador, la lucha armada dirigida ya por Fidel Castro iba a trastornar la recolección de caña. Había sectores burgueses también opositores a Batista, como José Bosch, presidente de la compañía Bacardí, Fernando Ojeda, exportador de café, Félix Pazos, ex presidente de la Banca Nacional de Cuba, que aspiraba a ser presidente de la República, y dirigentes del Rotary y del Lyon's Club. Mientras tanto, Fidel Castro, que había encabezado el asalto al Cuartel

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Moncada en 1954, consolidaba el Movimiento 26 de Julio, de orientación democrática, nacionalista y martiana. Logró alinear otras fuerzas, como Acción Libertadora, el MNR y el Directorio Revolucionario. La influencia de esta última organización en el estudiantado, a través de la figura de José Antonio Echeverría, le otorgaba una representatividad importante en el movimiento urbano de masas. La política de alianzas del Movimiento 26 de Julio le permitió a Fidel realizar acciones comunes también con las Tres A, dirigida por Aureliano Sánchez Arango, y con la Organización Auténtica, respaldada por Prío Socarrás. El Movimiento 26 de Julio se fue convirtiendo en vanguardia tanto por sus acciones militares como por su presencia y su programa, por su táctica de alianzas, su iniciativa política y su planteamiento unitario antidictatorial. Inició la lucha armada en un momento preciso de agudización de la lucha de clases, con un proletariado azucarero descontento, al igual que las capas medias y el movimiento estudiantil, que alcanzó su auge en la huelga general de agosto de 1957. La lucha se definió con una maniobra envolvente realizada en noviembre-diciembre de 1958, en las batallas de Santa Clara y Yaguajay. El ejército batistiano se batió en retirada y la huelga general del 2 de enero de 1959 facilitó la entrada de «los barbudos» a La Habana. Así se iniciaba un proceso que, tras la presidencia provisoria de Manuel Urrutia, se encaminaría hacia la primera experiencia socialista de América Latina. El Cono Sur había sido conmovido por la emergencia de poderosos movimientos de corte nacionalista. El Frente Popular chileno (1938-1947) se constituyó en un fenómeno político de trascendencia, ya que por primera vez en la historia latinoamericana triunfaba un gobierno de coalición entre el Partido Radical y dos partidos de izquierda: el PC y el PS. Lo más importante de esta experiencia fue el ascenso de los trabajadores del campo y

la ciudad, que pugnaron por la reforma agraria y los derechos sindicales. En Argentina, se había producido el avance del peronismo. Luego del golpe militar de junio de 1943, Juan Domingo Perón se hizo popular a través de su gestión en la secretaría de Trabajo y Previsión, bajo la presidencia del general Edelmiro Farrell. Su labor populista, junto a Eva Duarte, le permitió triunfar ampliamente en las elecciones de febrero de 1946. Este proceso, profundizado por la movilización del pueblo que liberó a Perón de la cárcel de la isla Martín García, estimuló la organización de los sindicatos y la entrada en la escena social y política de millones de trabajadores, los llamados «cabecitas negras», que en su mayoría provenían de la migra-

Jacobo Arbenz Guzmán toma posesión de la presidencia de Guatemala (1951). Continúa el plan de reformas políticas y sociales de su antecesor, el intelectual Juan José Arévalo, y es derrocado por el coronel Carlos Castillo Armas, con intervención de Estados Unidos a través de la CIA.

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El ex presidente de Cuba, Fulgencio Batista Zaldívar, en el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín, en 1947 (Lo acompañan Lázaro Restrepo, Gustavo Ruiz Sánchez, Gustavo Mejía Ramírez y los periodistas Luis Parra Bolívar y Antonio Henao). En 1933, Batista dirigió el derrocamiento de Gerardo Machado y en 1940 fue elegido presidente. En 1952 derribó a Prío Socarras y ejerció la dictadura hasta el 1" de enero de 1959, cuando fue derrocado por el movimiento 26 de julio, de Fidel Castro.

ción campo-ciudad. La floreciente economía argentina comenzó a desgastarse a mediados de la década del 50, abonando las condiciones para el golpe militar, que desencadenaron la burguesía proimperialista y la Iglesia católica contra un gobierno que se había atrevido a dictar la ley de divorcio. En Uruguay, el movimiento nacional de tendencia «batllista» todavía influenciaba a los gobiernos democráticos de Juan José Amézaga (1943-47) y de Luis Batlle Berres (1947-51); mientras que en el Perú llegaba al poder en 1945 José Luis Bustamente y Rivero, respaldado por el APRA, aún adornado de tintes nacionalistas. En México, latían las últimas esperanzas de la revolución, revividas por el cardenismo, con la nacionalización del petróleo y la implantación de la reforma agraria más profunda conocida hasta entonces en América Latina. En este contexto latinoamericano se produjeron los sucesivos gobiernos colombianos desde la República Liberal hasta la dictadura de Rojas Pinilla. Sus medidas obedecieron en parte a la influencia que irradiaban sus congéneres del continente. La crisis ecológica El proceso de industrialización fue uno de los principales desencadenan-

tes de la crisis ecológica. La urbanización provocó un elevadísimo consumo de energía. Las nuevas pautas de consumo estimularon la adquisición de los más variados y superfluos artefactos eléctricos. Los ruidos, la basura y la contaminación del aire y de las aguas aceleraron la crisis ambiental. Industrias altamente contaminantes, prohibidas en Europa y Estados Unidos, fueron trasladadas a nuestros países. La deforestación continuó a un ritmo galopante, devastando millones de hectáreas de bosques. Uno de los mayores ecocidios comenzó en la selva amazónica, el principal abastecedor de oxígeno del mundo, ya que provee la quinta parte de oxígeno del planeta. Es sabido que los ecosistemas de selvas son muy frágiles, a pesar de su aparente exuberancia; los árboles crecen encima de una delgada capa de suelo, que se vuelve estéril cuando la selva es desmontada. El impacto ambiental es gravísimo porque al talarse los bosques disminuyen las lluvias y se produce la desertización. Las transnacionales han invadido la selva amazónica en busca de minerales, de madera y de nuevas tierras para la explotación ganadera y agroindustrial. Inclusive, los narcotraficantes han devastado parte de la selva amazónica para promover el sembradío de coca. La zona deforestada comienza a ser conocida popularmente con un paradójico nombre: «el desierto rojo del Amazonas», por el color que adoptan las tierras. La contaminación sónica o del aire comenzó a ser uno de los problemas más graves de las ciudades, inundadas de vehículos, esparcidores de millones de toneladas anuales de agentes químicos, especialmente monóxido de carbono, afectando las vías respiratorias y la audición de los habitantes de las ciudades. La contaminación de las aguas trajo como consecuencia la extinción de muchas especies y el agotamiento de la pesca de camarones en Panamá y México y de la merluza en las costas del

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Pacífico. Hermosas playas del Caribe fueron declaradas zonas prohibidas por el alto grado de contaminación. El desarrollo capitalista del agro, acelerado a partir de la década de 1940, reforzó el deterioro de las tierras agrícolas. A medida que la tecnología agrícola se modernizaba, mayor era el empleo del subsidio energético. La «revolución verde» debió llamarse «revolución negra», porque se ha desarrollado gracias a un uso desmedido de petróleo. Una trampa biológica de la «revolución verde» y de los cereales de alto rendimiento ha sido la reducción en la diversidad genética de los cultivos. Los llamados híbridos, es decir, nuevas plantas obtenidas mediante cruce de especies, tuvieron elevados rendimientos, sacrificando su contenido en proteínas, sabor y resistencia a las enfermedades. Los cultivos comenzaron a ser más susceptibles a las plagas, debido a la uniformidad biológica y al sembradío de grandes extensiones de terreno con el mismo producto, especialmente aquellos destinados a la empresa agroindustrial.

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El uso masivo de plaguicidas provocó no sólo desequilibrio ecológico sino también graves efectos en la salud de la población, sobre todo por la utilización del DDT, prohibido en los Estados Unidos y Europa. La erosión de los suelos, la progresiva sedimentación de los cursos de aguas, la salinización, la sobreutilización de los suelos han acelerado la crisis del subsistema de producción agrícola. La dieta alimenticia cambió, disminuyendo el consumo de proteínas y aumentando el de hidratos de carbono. Este deterioro ambiental, que es parte de la crisis ecológica mundial, puesta de manifiesto en 1972 por el Club de Roma, es el resultado de una sociedad industrial-urbana, basada en un desarrollismo a ultranza. Las sugerencias para un «crecimiento sin deterioro» o un desarrollo con el «mínimo daño permisible» se hacen en un momento en que es irreversible la tendencia de las transnacionales a relocalizar en América Latina industrias altamente contaminantes no toleradas por los países metropolitanos y a implementar, en asociación con el capital

Hecho trascendental en América Latina, el triunfo de la Revolución cubana dirigida por Fidel Castro. En la foto se observa también a Osvaldo Dorticós Torrado, quien desempeñó la presidencia de Cuba entre 1959 y 1976.

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criollo y estatal, industrias de alto consumo energético. Lamentablemente, no existe todavía ninguna ciencia que permita hacer un enfoque global del ambiente como totalidad. Sólo la comprensión de que entre la naturaleza y la sociedad humana existe una íntima interrelación podrá echar las bases para una ciencia social ambiental. Es un error escindir la historia en historia de la naturaleza e historia de la humanidad. En rigor, hay una sóla historia ininterrumpida entre ambas desde la aparición del

hombre, que ha sido condicionado por la naturaleza, pero que a su vez él modifica. El intento del hombre de dominar la naturaleza, sin límites, ha conducido al actual deterioro ambiental. Mientras el hombre se ha creído cada vez más independiente y autónomo, más se han fortalecido sus relaciones de dependencia con la naturaleza, como puede comprobarse en la crisis ecológica de la sociedad contemporánea, con sus secuelas de insuficiencia energética, contaminación y radiación nuclear.

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HALPERIN DONGHI, TULIO.

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La influencia inglesa -y otras influenciasen Colombia (1880-1930) Malcolm Deas

E

l tema de la influencia extranjera en la historia colombiana de los últimos cien años reviste innegable interés e importancia. ¿Qué han hecho los extranjeros en el país? Lo que ellos han hecho, ¿ha sido para bien o para mal, y para bien o mal de quiénes? ¿En qué grado el país ha sido objeto del «imperialismo»? ¿Cómo, con cuáles mecanismos han tratado de «ejercer influencia» otros países en Colombia? Éstas son preguntas que parecen sencillas, pero para las cuales faltan aún respuestas. Hay también una larga serie de preguntas menos sencillas. ¿De dónde vienen las modas que sucesivamente dominan en la sociedad colombiana, mejor dicho, en las sociedades colombianas? (Las modas no deben entenderse acá únicamente como cuestiones de sombrería, de ropa, de tomar el té en vez del chocolate; quiero incluir los modos de pensar y de actuar en cualquier campo.) ¿Cómo es la historia de su llegada y de su dispersión? ¿Van quitando de la escena la originalidad colombiana, o se transforman durante el proceso en algo distinto, algo que a nadie se le

ocurriría tachar de «extranjerizante»? ¿Por qué «la influencia extranjera» suena tan nefasta? No digo que lo sea, sólo que suena así en ciertos campos, como por ejemplo en los asuntos petroleros. Pero en otros ocurre lo opuesto: en medicina, por ejemplo. En estos dos casos una respuesta no es tan difícil de armar, pero su contraste tiene el mérito de mostrar cómo este asunto de las influencias extranjeras es un asunto complejo. Vamos a utilizar el tema de las influencias inglesas como un hilo que sirve de guía para los

Bono de deuda externa suscrito por Luis López Méndez, ministro de Colombia en Londres, el 15 de abril de ¡820. López Méndez había desempeñado ya en 1810, con Simón Bolívar, la famosa misión en Gran Bretaña para solicitar respaldo financiero y político a la

Independencia.

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cincuenta años que van de 1880 a 1930. Quien esto escribe es inglés, y por eso tiene cierta ventaja en notar la presencia inglesa, pero escribe sin ánimo exclusivo: además espera notar dónde se ha exagerado la influencia inglesa, dónde no existía, dónde influían otras naciones, y cómo se reflejaba en Colombia la declinación de la preponderancia mundial inglesa de mediados del siglo pasado. Mirando a la Colombia de 1880, república con cincuenta años ya de vida independiente, se encuentran los que a primera vista parecen elementos de esa preponderancia inglesa. Los ingleses tienen con Colombia un tratado de amistad y comercio que les conviene, contra el cual los norteamericanos por muchos años se habían quejado envidiosamente. La deuda pública externa se considera «inglesa», y su arreglo es objeto de sucesivos y frustrantes esfuerzos. Colombia importaba más de Inglaterra que de ningún otro país es por eso que ser cónsul en Liverpool, con derecho a percibir los altos honorarios que correspondían al tráfico para Colombia que pasaba por ese puerto, atraía a un personaje tan ambicioso como Rafael Núñez. Casas inglesas participaban en el negocio del tabaco, aunque como cultivo de gran exportación ya estaba tocando a su fin. Las necesidades del imperio inglés en la India y en África fueron elemento fundamental en la demanda de quina. Hubo inversión inglesa en las minas de Antioquia y del Tolima, y presencia de ingleses en las primeras ferrerías. A un nivel menos material, los ingleses gozaban de algún prestigio local por su participación en las guerras de la Independencia. El edecán y memorialista general Daniel Francisco O'Leary, irlandés, terminó sus días como ministro de la reina Victoria en Bogotá, y en las listas de los pensionados del Ministerio de la Guerra figuraron por muchos años apellidos ingleses, escoceses e irlandeses. Algunos de los que se radicaban en el país formaban parte de la sociedad más selecta, y se casaban bien. Se puede re-

cordar una expresión argentina de esa época: «¡Qué pichincha ser inglés!» Pero había otra realidad detrás de estas apariencias de 1880. Para analizar la naturaleza de la influencia inglesa de ese entonces, tenemos que mirar el contexto, un contexto muy distinto al que ofrecía Argentina, con su fuerte comercio exterior y sus miles y miles de inmigrantes. Inmediatamente la noción de una verdadera preponderancia inglesa, en el sentido de un constante o frecuente ejercicio de poder y de influencia, parece menos probable en Colombia. Había muy pocos ingleses en el país. En el primer siglo de independencia, hay muy pocos extranjeros, y los ingleses no son una excepción. La única salvedad a esa generalización es geográfica: el istmo de Panamá. Ningún otro punto de la República atraía una inmigración que aun en términos locales pudiera calificarse de masiva; Barranquilla tenía una elite comercial muy cosmopolita, pero el grueso de su población siempre ha sido colombiano. Las grandes olas de migración transatlántica del siglo pasado no tocaban a Colombia, y por muchas y muy fundadas razones. El desarrollo colombiano no daba incentivos. ¿Cuánto podría ganar en el interior del país un obrero o un artesano europeo? Los salarios eran bajos. El ministro inglés en 1870 respondió, en una encuesta enviada por su gobierno, que el pan, la sal, la cerveza y aun las papas estaban a precios más altos que en Inglaterra; además, añade que el inmigrante tenía que acostumbrarse a las guerras civiles, a las enormes distancias, a las plagas y enfermedades. Nuestro cónsul en Cartagena informó que en la Costa había siempre cierta escasez de mano de obra, según él por la facilidad de la vida ribereña, y que los salarios eran más altos que en tierra fría, pero en cambio la fiebre amarilla, la malaria, las pésimas condiciones sanitarias, la falta de cualquier empresa grande o cultivo de exportación hacían poco aconsejable pensar en su distrito como campo de inmigra-

Capitulo 7

ción. El país estaba muy lejos de ofrecer atractivos comparables a los de Estados Unidos, Canadá, Australia, Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y aun Cuba. Ni la minería, ni el tabaco, ni las quinas necesitaban de mano de obra extranjera para su desarrollo. Los especuladores ingleses trajeron un corto número de mineros de socavón al Tolima, a Antioquia y a Bucaramanga en los años veinte del siglo pasado, pero no pasaron de doscientos. La presencia inglesa en el tabaco se limitaba a un corto número de agentes de las compañías, y en el negocio de las quinas los ingleses presentes no llegaron siquiera a esa cifra. Algún que otro artesano, traído tal vez por contrato —por ejemplo, Guillermo Wills trajo a Villeta obreros ingleses para montar su molino de azúcar y su destilería—, vino al país y se quedó. Algunas de las poquísimas empresas industriales o semiindustriales empleaban un corto número de obreros extranjeros calificados. Los capitanes y maquinistas de las compañías de navegación en el Magdalena eran frecuentemente extranjeros —ingleses, norteamericanos, holandeses—, como

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después hubo alguna proporción de extranjeros en los ferrocarriles y, al final de nuestro período, en las compañías petroleras. Pero el número total de inmigrantes atraídos por el trabajo fue siempre sumamente escaso, y debe representar una de las proporciones más bajas en el Nuevo Mundo. Hemos señalado la excepción de Panamá, donde las obras de la Compañía Francesa atraían a miles de obreros jamaicanos, de los cuales una fracción se radicaba allá. Las bananeras de Santa Marta, a principios de este siglo atraían mano de obra jamaicana, pero de modo estacional. El café, el principal cultivo de estos años, se desarrollaba con brazos colombianos. Hubo por lo menos un intento por parte de un terrateniente que, alertado por la evolución de un verdadero mercado de trabajo, trató de traer coolies chinos, pero las víctimas se amotinaron antes de llegar a Honda. Si se excluyen de la cuenta las cifras de Panamá y los migrantes ocasionales de la zona bananera, el grupo de inmigrantes de mayor número en el país es el siriolibanés, los «turcos» de Beirut y de Damasco. En la primera década de

Almacén británico en el parque de Berrío, Medellín, fotografía de Benjamín de la Calle, 1910, con venta de maquinarias, metales, explosivos, quincallería y ferretería. En el segundo piso, Ángel López y Cía., famosos exportadores de café. La contribución extranjera en Antioquia fue más significativa en la minería que en el comercio, pero su integración cultural aseguró la aceptación de la educación técnica y científica por parte de la alta clase antioqueña.

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Sede de la legación británica, en Bogotá, a fines del pasado siglo. "Los productos ingleses predominaban en el comercio de importación, pero eso no se tradujo en un predominio de comerciantes ingleses. Hubo temor por tal predominio en los días de la Gran Colombia, cuando esperanzas exageradas atraían mayor número de ingleses, pero pronto se habían ido casi todos decepcionados."

este siglo un informe inglés calcula su número en algo así como tres mil personas; el imperio otomano no tuvo relaciones diplomáticas con Colombia, y a veces se encomendaba a la legación inglesa el papel de protector de esta colonia. La inmigración extranjera del siglo pasado no fue entonces una inmigración masiva, sino individual, o de núcleos pequeños. De aquí que los inmigrantes no formaron sociedad aparte: el país no conoció nada parecido a las colonias alemanas de Rio Grande do Sul, o la sociedad anglo-argentina con su vida más anglo que argentina. Los diplomáticos ingleses se quejaban frecuentemente de que los escasos ingleses que vivían en el país tenían una fuerte tendencia a «neogranadinizarse»; que después de vivir veinte años tan lejos de su madre patria y con tan pocos compatriotas por compañía, era difícil distinguirlos de los nativos en sus maneras de pensar y actuar, y que se mezclaban en la política del país. La tendencia a la absorción de los que permanecían era fuerte, e inevitable dado su corto número. Tampoco se puede decir que algún grupo extranjero por los años ochenta del siglo pasado hubiera logrado una posición de preponderancia. Los productos ingleses predominaban en el comercio de importación, pero eso no se tradujo en un predominio de comerciantes ingleses. Hubo temor por tal predominio en los días de la Gran Colombia, cuando esperanzas exageradas atraían mayor número de ingleses, pero pronto se habían ido casi todos decepcionados. El comercio de exportación y de importación quedaba en gran parte en manos colombianas, y después de medio siglo de vida republicana independiente no se distingue un grupo fuerte de comerciantes ingleses que se defina como tal, sino algunos apellidos ingleses ya «neogranadinizados». Fueron menos visibles que los alemanes. Los ingleses consideraban el pujante ambiente comercial de Barranquilla algo «alemán», en contraste con la «ingle-

sa» ciudad de Santa Marta, y ya había una fuerte presencia alemana en los Santanderes. Los alemanes vendían más barato lo más barato y esto incluía aún muchos productos ingleses; el comerciante de las pobres fronteras no se daba el lujo de ser «patriotero» en sus pedidos. Figuraban también los italianos en el comercio de provincia; fue el reclamo de un italiano de Cali, Ernesto Cerruti, lo que originó la intervención imperialista —Panamá aparte— más ruidosa de estos años. Aún había pocos norteamericanos, y los «turcos» no empezarían a llegar sino hasta fines del siglo. Los apellidos extranjeros aparecen en el comercio de la Costa, especialmente en Barranquilla, y en Cúcuta y Bucaramanga —las casas alemanas de Maracaibo dominaban el comercio de los Andes venezolanos— y hay contados ejemplos en otras plazas, como Cerruti en Cai, o Santiago Eder, quien empezó sus negocios colombianos en Buenaventura [...]. Pero en la época no figuran mucho en el gran comercio de Bogotá y Medellín. El Directorio General de Bogotá de Jorge Pombo y Carlos Obregón, 1888, una obra relativamente completa, trae escaso número de extranjeros entre los avisos del comercio, y lo mismo en la lista de residentes de la ciudad; entre ellos, la mayoría de los apellidos son ya naturalizados o en vía de naturalización: Kopp, Michelsen, Koppel, O'Leary, Wills. El comercio de Medellín estaba en manos de antioqueños. Desde principios de la vida independiente, los mismos factores habían perpetuado esta escasez de extranjeros en el comercio del país. Colombia era un mercado fragmentado, de difícil acceso, de ritmo lento. Para los buques de vela, la costa atlántica significaba demoras en la navegación, y sus puertos no ofrecían ninguna carga de retorno. Los neogranadinos ricos siempre habían participado en el comercio, y después de la Independencia seguían comerciando con las islas del Caribe, y luego directamente con Europa y los Estados Unidos. Lograban de sus pro-

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veedores los necesarios créditos a largo plazo, y tenían frente a la competencia extranjera dentro del país las ventajas de su conocimiento íntimo del mercado, sus bajos costos, su paciencia. El comercio presenta la influencia extranjera en lo que trae, no en quienes lo traen, y éste es un tema que merece trato cuidadoso. Pero el comercio no es toda la historia económica, y la importancia de esta inmigración individual, de pequeños núcleos, ya había sido notable en la historia económica del país durante los años anteriores a los ochenta. La influencia de los extranjeros fue muy grande en relación con su corto número. Esto no debe sorprender en las circunstancias de entonces, en un país pobre y remoto, rural y analfabeto, de técnicas rudimentarias, donde muy pocos habían viajado al exterior. Roger Brew analiza en su libro El desarrollo económico de Antioquia desde la Independencia hasta 1920 la contribución de extranjeros en el caso antioqueño. Estima que en todo el siglo cerca de cincuenta extranjeros se quedaron «por algún tiempo» en la región. Sólo uno era comerciante. La mayoría había trabajado originalmente en las minas. Además de mineros hubo metalúrgicos, ingenieros civiles, médicos, relojeros, cerrajeros, un químico [...] Su contribución iba mucho más allá de la mejora de las técnicas mineras. Algunos se casaban bien, y «su integración dentro de la elite aseguró la aceptación social de la educación técnica y científica por parte de la clase alta antioqueña y aun marcó una preferencia por ella». Muchos antioqueños hicieron su aprendizaje con los ingleses, alemanes, suecos y franceses que forman esta lista, que empieza en tiempos de la Independencia con el francés Boussingault. Uno de los extranjeros más importantes que llegaron a Antioquia fue el cubano Cisneros, constructor de ferrocarriles, que trabajaba generalmente con técnicos y asistentes norteamericanos. Boussingault, Cisneros, Tyrell Moore, los hermanos White,

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Pedro Nisser, Edward Walker, Carlos Segismundo de Greiff, Carlos Greiffenstein, son algunos de los nombres más conocidos, a quienes los historiadores de la confiada Antioquia de antaño, nada preocupada por «imperialismos», daban el título de «extranjeros beneméritos de Antioquia.» Ellos tuvieron mucho que ver con la tradición de la Escuela de Minas, recientemente estudiada en el importante libro de Alberto Mayor Mora. Su nexo con la minería queda claro, tanto como con la inversión extranjera, en ese entonces principalmente inglesa, en ciertas minas antioqueñas. Su in-

Aviso de maquinaria minera de M.C. Bullock, de Chicago, publicado por su agente en Bogotá, en el "Directorio general de Bogotá" de 1893. "El comercio presenta la influencia extranjera en lo que trae, no en quienes lo traen". En Antioquia, la influencia extranjera se manifiesta en su nexo con la minería, especialmente a través de inversiones inglesas en ciertas minas antioqueñas.

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tación inglesa a Colombia radicaba en los textiles, y en ello la supremacía inglesa iba a durar hasta los años veinte. Los textiles formaban antes de la primera guerra mundial la importación principal del país, y en la mayoría de los renglones los ingleses resistieron la creciente competencia de Alemania y de los Estados Unidos. La procedencia de las otras importaciones fue mucho más variada. Los cónsules ingleses no confiaban en ninguna ventaja especial inglesa: los alemanes tenían mercancías más baratas para un mercado pobre; la clase alta colombiana tenía ciertos gustos franceses [...] La vida al nivel de buen burgués era muy cara en Colombia (en estos años el gran filólogo Rufino Cuervo se fue a vivir a París, en parte para economizar) y sólo una elite reducida tenía los ingresos para mantenerla. Pero esa elite compra productos de donde se le antoja, para su propio consumo y para sus ventas a los demás.

Propaganda de la D & L Emulsión, "para robustecer el sistema", y de los emplastos HazolMentol, para lumbago y ciática, ambos de la firma Davis & Lawrence Co., de Nueva York.

fluencia rápidamente pasó más allá de los estrechos límites de esas minas, y de la minería. Algunos tuvieron papel importante en la expansión del café. Aun dentro de este pequeño y distinguido grupo hubo representación de seis naciones. Es una muestra del fenómeno de eclecticismo que salta a la vista cuando uno trata de aislar entre las múltiples influencias extranjeras activas en el país una supuesta corriente inglesa pura. Hay otra muestra en los avisos del comercio bogotano del Directorio de 1888. Es un comercio muy poco especializado (menos especializado de lo que muestra El libro azul de Colombia para 1918) y la mercancía viene de todas partes. Koppel y Schloss, Kopp y Castello, Ponce y Calderón son casas típicas con sus «mercancías inglesas, francesas y alemanas»; R. Silva e hijo es exquisito y excepcional con su «surtido de mercancías francesas, renovado mensualmente» (sabemos por la suerte del hijo José Asunción que no les fue bien). La abrumadora superioridad de la expor-

El eclecticismo, el hábito de escoger lo que conviene de cualquier parte, me parece un rasgo que se encuentra muy temprano en la cultura criolla, y muy persistente. En la cultura criolla colombiana de hace un siglo este eclecticismo no se nota únicamente en el comercio, sino también en las ideas. Leyendo la biografía de Rafael Núñez, un inglés sufre la tentación de descubrir un Núñez inglés, pero cuando lee La reforma política, aunque encuentra citas que muestran la familiaridad con la cultura inglesa que su autor adquirió en su larga estadía en Inglaterra, encuentra también muchas referencias a autores franceses. Aprovecha de todos con enfoque colombiano. De otra manera, sorprende encontrar en los escritos económicos del «tradicionalista» inmóvil Miguel Antonio Caro referencias a los economistas ingleses de su época y una profundidad que demuestra que los había estudiado detenidamente. En este campo de la historia cultural de los años 1880-1930 se ha olvidado tanto, y tan poco ha sido estudiado, que resulta imposible ser preciso o completo al

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enumerar las influencias extranjeras, y al analizar sus variedades y cambios. En cuanto a los escritores, las referencias son múltiples en un solo cerebro: Carlos Arturo Torres dio el título de Estudios ingleses a un libro de sus ensayos en 1906 (también estaba de cónsul en Liverpool), pero su contenido trata más de autores franceses, alemanes, italianos, colombianos...; en su Idola Fori, obra de mucha influencia en la Generación del Centenario, la influencia quizás más notable es la del uruguayo Rodó. Carlos Uribe Celis, en su reciente libro Los años veinte en Colombia, ideología y cultura, señala la persistente influencia de Taine y de la generación española de 1898, la popularidad de Anatole France y el impacto de D'Annunzio. Como en otras partes, muchos de los autores más leídos han pasado al olvido, y seguir formando una lista de nombres todavía recordados sería falsificar el ambiente de ese pasado; no sirve a nuestro propósito, que no es el de reconstruir los hábitos de lectura de una pequeña minoría de colombianos. Quiero hacer constar que la historia de las influencias foráneas en la historia intelectual y científica del país es bien compleja, y que para hacerlo se necesitan definiciones precisas, más investigación. El historiador que investiga un archivo judicial corre el riesgo de sacar la conclusión de que todo el mundo es criminal. El que investiga a los extranjeros los va a encontrar en muchas partes, pero no debe olvidar su corto número, su aislamiento en la Colombia de entonces, remota, pobre, rural, malsana, a veces trastornada, la mayor parte del tiempo dormida, ignorada. También corre el riesgo, si es de izquierda, de ver únicamente imperialistas: gerentes de la United Fruit, petroleros... si le interesa sobre todo la historia económica, verá únicamente empresarios o técnicos, como los «beneméritos de Antioquia», o los comerciantes de Barranquilla. Una inmigración sustancial e importante escapa a ambas visiones, y es la inmi-

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gración religiosa, nutrida y coherente, de finales del siglo pasado. La Iglesia colombiana se fortaleció sobremanera con la llegada de regulares de órdenes de España, Italia y Francia. Probablemente la secularización emprendida por los radicales no causó profundos cambios en la mentalidad de la mayoría de los colombianos. La reacción de la Iglesia fue, de todos modos, planeada para una reconquista del alma nacional. En muchos de sus aspectos la Colombia clerical de la república conservadora no fue producto de la «herencia colonial», sino de un ultramontanismo de ultramar. Así como la teocracia de García Moreno en el Ecuador no dependía de la vieja Iglesia ecuatoriana sino de un nuevo clero ilustrado, de alta proporción extranjera, en Colombia de un modo menos dramático sucedió algo similar con el nuevo Concordato y el Convenio de Misiones de la Regeneración, la reorganización de las órdenes religiosas conocidas y la llegada de muchas otras. En el norte del Ecuador el obispo Pedro Schumacher, alemán, fue líder de los ultraconservadores; en el sur de Colombia su aliado fue el beato Ezequiel Moreno Díaz, un agustino de Navarra, enemigo del liberalismo a toda hora. Ambos se formaron en Europa en los años que presenciaron la pérdida del poder temporal de la Iglesia romana y la condena del liberalismo por el papa Pío IX en el Syllabus de errores y en el primer Concilio Vaticano. La Iglesia en Colombia había sufrido persecuciones, y tenía sus propios motivos para ser prevenida. Antes de 1886 emprendió la reorganización de sus fuerzas, sin tanta ayuda de afuera y sin ayuda estatal. Pero con la Regeneración vino el apoyo del Estado y huestes más numerosas del exterior. Ciertas diócesis, ciertas misiones, pasaron a ser del dominio de una u otra orden, con su mayoría de españoles o italianos. Su labor educativa fue sin duda importante, y trajeron del exterior una pedagogía sistemática muchos años antes que los colegios alemanes, franceses, ingleses o de mo-

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delo norteamericano. Su poder, para bien o para mal, en tierras de misiones prevaleció hasta décadas muy recientes. Criticados hoy por su paternalismo, su oscurantismo, por su falta de sofisticación antropológica, o por ser aprovechadores, el país todavía no ha hallado un sustituto superior a esos «amos de indios» de antaño. La fuerte posición constitucional de la Iglesia y la beligerancia de su clero dejaban poco campo al protestantismo. En respuesta a una pregunta del representante del «British and Foreign Bible Society» en Lima, el cónsul inglés de Bogotá le escribió que Colombia era demasiado católica para ofrecer un campo misionero propicio, y con la llegada de más regulares como consecuencia de la legislación secular francesa (gobierno anticlerical de Émile Combes) la situación sería peor. Años después, el ministro inglés escribe a Londres que, para evitar problemas que se pudiesen suscitar por exceso de celo en la prédica protestante, siempre aconsejaba, a los pocos misioneros que le consultaban, que sería mejor predicar en contra de la chicha, y nada de críticas a la Iglesia romana. Bajo ciertas perspectivas, estos monjes, frailes, monjas y jesuítas fueron las primeras misiones técnicas contratadas en el exterior. Hubo entre ellos alemanes, italianos, franceses y españoles. La variedad de nacionalidades, el mismo eclecticismo se ve en otros expertos más obviamente técnicos que hace un siglo y aun antes el gobierno a veces contrataba (La tradición remonta a tiempos de la Gran Colombia, por lo menos; un eminente caso temprano fue el coronel piamontés venezolanizado Agustín Codazzi). En los ochenta se contrataron algunos pedagogos suizos, entre ellos Ernst Rothlisberger, autor de una de las mejores descripciones de la Colombia de esos años. Miguel Antonio Caro, poco antes de la guerra de los Mil Días, contrataba una pequeña misión militar francesa (No tuvo mucho impacto,

pero trajo palomas mensajeras, que algunos dicen fueron los ancestros de las palomas de la Plaza Bolívar). Antes de 1930 pasó por el país la famosa misión militar chilena, de ancestro alemán, que sí logró poner las bases del ejército moderno; otra misión militar suiza; una misión de aviación militar francesa; y otros oficiales retirados alemanes contratados individualmente. En los asuntos civiles, la misión del profesor Kemmerer de Princeton, Estados Unidos, famoso «médico de las monedas», dio origen al Banco de la República y a la Contraloría. Comisiones de expertos extranjeros de diversa procedencia asesoraban en los años veinte a la legislación petrolera y a los transportes; se trajo una misión pedagógica de alemanes (católicos, por supuesto) y una misión jurídica italiana. Los franceses ayudaron en la formación de la policía. A los ingleses les tocó el correo. En 1903, en el informe anual a su gobierno, el ministro inglés hacía constar su confianza de que Gran Bretaña «ocupaba, por larga tradición, el primer sitio entre las naciones europeas en este país». Sin embargo, una lectura de los informes muestra que este prestigio puso muy pocas palancas en manos de la representación inglesa, y que la nota común de su correspondencia fue de frustración. Gran parte de esa correspondencia trataba de los reclamos de súbditos británicos por pérdidas sufridas en guerra civil; su satisfacción siempre se demoraba —la demora es una forma de préstamo— (y fue un recurso habitual de las pobres y débiles administraciones de entonces). En la mayoría de los casos, la legación inglesa funcionaba como mediadora entre el gobierno colombiano y los reclamantes. La legación miraba a muchos de estos reclamantes con sospecha: exageraban sus pérdidas, entraban en compraventas artificiales para cubrir propiedades nativas con la bandera inglesa, se involucraban en la política partidista y después apelaban a su condición extranjera como prueba de neutralidad.

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Indudablemente, entre los ingleses, como entre todas las pequeñas colonias extranjeras, hubo aventureros y «caballeros de industria». Colombia, como país de frontera, ejercía una atracción a cierto tipo de jugador, por no decir algo peor. Aun bien entrado este siglo, la legación lamenta la relativa ausencia de empresas inglesas de primera categoría. Con contadas excepciones, los británicos que hicieron reclamos al gobierno colombiano no eran gente de influencia en Gran Bretaña. A ellos, nuestros diplomáticos les aconsejaban rebajar sus demandas y tener mucha paciencia. A veces, la paciencia inglesa se agotaba: un corto bloqueo de Cartagena terminó el larguísimo asunto de la llamada deuda «Mackintosh» en 1856, y una demostración como el bloqueo anglo-alemán de Venezuela de 1902 hizo impresión también en Colombia. A veces, un ministro frustrado urgía una política más «energética» frente a «estas repúblicas mal gobernadas». Los oficiales del Foreign Office en Londres no les prestaban mucha atención: frente a uno de esos pedidos de más energía, un burócrata dejó anotado: «De ninguna manera. Pronto estaríamos en guerra con toda la América del Sur». Sucesivos gobiernos ingleses se oponían automáticamente a cualquier ejercicio costoso, e insistían en que no tenían nada que ver con intereses privados. Estaban dispuestos a proteger vidas, sí, pero intereses, no. (En la doctrina diplomática de los Estados Unidos había más ambigüedad: su protección cubría «vidas e intereses»). Tampoco favorecía presiones enérgicas la opinión de la pequeña comunidad inglesa dentro del país, que temía las posibles reacciones xenofóbicas que tales presiones podrían suscitar: mejor buscar arreglos según las costumbres del país. En 1929 el ministro inglés sumaba muchos años de experiencia en reclamaciones así: «El típico diplomático o burócrata colombiano es un político, y tiene su puesto gracias a un partido, o en el peor caso gracias a una opinión públi-

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ca ignorante y violentamente nacionalista. No importa cuáles sean sus convicciones sobre la justicia de una reclamación, raras veces está dispuesto a proponer un arreglo al Congreso, porque haciendo eso no gana nada y se hace blanco de acusaciones de intrigas anti-patrióticas. Del mismo modo, los legisladores ven, en un arreglo pasado al Congreso para su aprobación, una buena ocasión para violentas y generalmente insinceras denuncias de la intromisión extranjera. Lo cancilleres y presidentes buscan entonces un refugio en la demora, dejando el ingrato deber del arreglo a sus sucesores. No hay para el país mucho peligro en esta manera de actuar, porque el político colombiano es su-

José R. Raad, de Turquía, fotografiado en Medellín por Benjamín de la Calle, en 1905. En Antioquia, el comercio era dominado por antioqueños, lo que explica la mínima presencia de inmigrantes activos en ese ramo.

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gal o injusta. Solamente cuando toda la historia de una empresa y sus negocios con el gobierno es estudiada, entonces la injusticia sale a la luz. Si, como último recurso, una empresa pide a la Legación su ayuda, el resultado en la gran mayoría de los casos no es nada satisfactorio. El ministro [inglés] queda involucrado en un gran tejemaneje de sutilezas legales, y en muchos casos tiene que remitir a la compañía en cuestión, a las cortes colombianas, aunque sabe que ese remedio es ilusorio. Además, a veces su intervención provoca resentimientos, y tiende a postergar una solución amigable».

Robería Bunch, ministro británico en Bogotá, durante los años 70 del siglo pasado, muy colombianizado y con extensos intereses económicos en Cundinamarca, decía: "En cuanto a los intereses de los extranjeros, los liberales son mucho más preferibles a sus rivales. Siempre hemos tenido menos problemas con ellos..." (óleo de Ramón Torres Méndez, 1873).

ficientemente vivo para reconocer que el gobierno de Su Majestad no puede echar mano a recursos drásticos sin poner en peligro nuestro comercio y nuestros intereses, que valen muchísimo más que el valor de la reclamación en cuestión». Los gobiernos tenían más miedo de la opinión pública que del Imperio inglés. Los reclamos perpetuos contribuían a crear un mal ambiente para el capital extranjero: «Sería lógico suponer que todos los colombianos darían la bienvenida al capital extranjero. Aunque en teoría su actitud es así, en la práctica, constantemente lo desaniman. No hay acá ninguna compañía extranjera que no tenga fundada justificación para quejarse de la política de vista corta y de obstrucción del gobierno, y, en la mayoría de los casos, de su mala fe. Frecuentemente es imposible poner el dedo sobre una decisión particular del gobierno y decir que fue ile-

Los diplomáticos notaban que el ambiente se tornaba aún más difícil y hostil en tiempos de recesión. Si la necesidad de atraer capitales extranjeros se veía más clara, los incentivos para el inversionista no aumentaban a corto plazo, y gobiernos débiles seguían a la merced de una opinión pública quisquillosa. Es notable que Rafael Núñez, el político más cosmopolita y sofisticado de su época, no regresara de sus largos años en el exterior con la confianza puesta en el capital extranjero como palanca primordial en la reorganización del país. Y muy pocos políticos colombianos tenían tanto «mundo» como Núñez. Los informes ingleses muestran cierto respeto por él —«de todos modos un gran repudiador», dice uno refiriéndose a su actitud frente a ciertos reclamos—, pero también señalan la gran distancia que mediaba entre un Núñez y la mayoría de los políticos del país en su conocimiento de la situación de Colombia dentro del mundo. Los políticos de provincia dominaban el Congreso: «...la raíz del mal está en el hecho de que, bajo el sistema electoral actual, el Congreso en su mayor parte consiste en hombres de educación provinciana y de ideas de provincia, que ni tienen calificaciones ni ganas de ocuparse de los grandes problemas nacionales, porque todos tienen sus asuntos particulares («some private axe to grind») o se interesan únicamente en

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el bienestar de sus propias parroquias. Y es necesario recordar que en Colombia un provinciano puede ser un hombre que reside lejos de la capital, hasta veinte días de viaje, que tal vez recibe un correo a la semana, si tiene suerte, y que en la práctica no recibe noticias de la capital de su propio país, ni mucho menos del mundo exterior. Algunos de estos hombres han viajado, y tienen ideas progresistas, pero pocos son capaces de mirar los problemas del país con visión amplia, y aun en menor número, se muestran capaces de resistir la tentación del grito patriótico de que el extranjero "explota" a Colombia, y por tanto no merece ninguna consideración.» Tal vez en esto hay exageración, y tal vez a largo plazo el balance de estas actitudes tiene su lado positivo, a pesar de sus costos; pero entre 1880 y 1930 el país no fue la presa fácil de inversionistas extranjeros que ciertos historiadores han pintado. Los años veinte merecen consideración aparte, pero en el período en que Inglaterra al menos mantenía su predominio en la estadística de importación, y tenía ciertas inversiones localmente conspicuas (aunque muy poca cosa dentro de su inversión mundial) no se sentía dueña de seguras influencias dentro del país. Los diplomáticos calificaban a los políticos colombianos y a las corrientes políticas según los intereses ingleses. Robert Bunch (ministro en los setenta del siglo pasado y muy colombianizado, con extensos intereses económicos en Cundinamarca) consideraba a Murillo Toro como pronorteamericano, pero prefería a los liberales en general: «En cuanto a los intereses de los extranjeros, los liberales son en mucho preferibles a sus rivales. Siempre hemos tenido menos problemas con ellos, y no hay con ellos ninguna cuestión religiosa. Si los conservadores ganan, la república va a retroceder cincuenta años en prosperidad y en progreso, va a degenerar en algo similar al Ecuador bajo el (felizmente) finado García Moreno».

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Tales actitudes cambiaban con el partido gobernante, y sus sucesores pensaban que en Colombia ofrecían mejores garantías de orden los regeneracionistas. Simpatizaban poco con el clericalismo reforzado, pero reconocían su importancia como resorte político. La tendencia del diplomático es lógicamente gobiernista, y las relaciones personales de los enviados ingleses con los sucesivos cancilleres y con el alto mundo político y social de Bogotá eran buenas. Tenían poca simpatía con el «radicalismo tropical». (Una excepción interesante fue el caso del «Negro» Marín en la guerra de los Mil Días: había trabajado Marín como capataz en la compañía inglesa que ex-

Socios de la Cervecería Alemana Kopp & Cía., foto tomada en El Socorro, 1888: Crónidas A. Mujica, Emil Kopp, Carlos Castello, Leo Sigfried Kopp y Pablo G. Lorent.

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Casa del ministro inglés en Bogotá, hacia 1870.

plotaba las minas de Frías en el Tolima, y en las difíciles circunstancias de la guerra trataba con mucha consideración a sus antiguos empleadores. En general, el desorden generaba el desdén de los ingleses, pero el gobierno inglés no estaba dispuesto a hacer ninguna intervención costosa: para proteger un comercio que a fines del siglo estimaba en alrededor de un millón de libras esterlinas anuales, mantenía en la Costa un servicio consular que derivaba cada año sueldos de 450 libras esterlinas. Ya la opinión oficial inglesa reconocía que Colombia iba a entrar en la esfera de influencia de los Estados Unidos, y a veces añoraba que los Estados Unidos fueran a imponer el orden para el bien de todos. En plena guerra de los Mil Días, el cónsul inglés en Panamá escribió a Londres en ese sentido: «Nunca antes el país ha estado en una miseria tan chocante como hoy, y si los yanquis toman verdaderamente en serio su Doctrina Monroe, de veras deben obligar a estas repúblicas a gobernarse según ideas más civilizadas». Inglaterra no interpuso ningún obstáculo a la separación de Panamá ni a los nuevos arreglos para la construcción del canal. Años antes, los ingleses habían reconocido como ineludible tal desenlace, lo mismo que Núñez. Un vicecónsul inglés en Cartagena reportó una conversación con él a principios

de 1893, en que le preguntaba si no temía que un día los Estados Unidos tomaran el Istmo. «Eso es inevitable —fue la respuesta de Núñez—, ellos tienen que dominar a toda la América, y en contra de ellos las naciones débiles no pueden resistir. Yo he intentado muchas veces conseguir de las naciones europeas una garantía de la neutralidad en el Istmo, siempre rehúsan darla, y la tarea me fatiga». Las naciones extranjeras que lucharon por el Canal fueron Francia y Estados Unidos. El triunfo de los Estados Unidos en Panamá señaló también una nueva era para el resto de la República de Colombia. Cierta nota nostálgica, defensiva, entra en los informes ingleses, que con su reconocimiento de lo inevitable del predominio de los Estados Unidos vaticinan que se va a ejercer de un modo más drástico y exclusivo que las ligeras influencias inglesas y europeas de antaño. La implicación es que con la entrada en escena de los intereses de los Estados Unidos en mayor escala —recordemos que en 1880 todavía eran muy débiles en Colombia fuera del istmo— iba a suceder un cambio de calidad en las relaciones de Colombia con el exterior; que se trataba ya de la llegada de un verdadero imperialismo. ¿Fue cierto? En estos asuntos de imperialismo, los propios imperialistas tenían mucha facilidad en detectar vigas imperialistas en ojos rivales. Los franceses desaprobaron el bloqueo anglo-alemán de Venezuela como un abuso de fuerza, pero no dudaban entonces de su propio destino imperial en otras partes. Para Inglaterra, Alemania e Italia, la primera década de este siglo fue indudablemente imperialista. Detrás de los triunfos de 1898 y las franquezas de Theodore Roosevelt, el imperialismo dentro de los Estados Unidos suscitaba más oposición y sospechas que en cualquiera de las naciones europeas. Antes de su irrupción en la nueva competencia imperialista, en la corta guerra con España que le dio Filipinas y Puerto Rico, y una posición de tutela formal en

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Cuba, la presencia norteamericana en América Latina se había sentido principalmente en México y en Cuba. Las grandes inversiones norteamericanas en América del Sur —en el petróleo venezolano, en las minas del Perú y de Chile— y la gran expansión de las exportaciones norteamericanas estaban todavía en el futuro. (Dejemos a un lado a Panamá: el ferrocarril del istmo fue de las primeras inversiones norteamericanas en América Latina y el interés de los Estados Unidos por el istmo se mostró constantemente desde el descubrimiento del oro californiano en 1849). En Colombia, hacia el año 1880, la presencia de los Estados Unidos y de los yanquis era más bien ténue. Entonces su cónsul en Bogotá no era ni siquiera ciudadano estadounidense, sino el danés Bendix Koppel, cuyos propios negocios le conectaban más con Inglaterra y con Alemania. De los Directorios de esos años se saca

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la impresión de que la reputación de liderazgo mundial de Estados Unidos quedaba reducida a los campos de la dentistería, las máquinas de coser, la maquinaria agrícola (que interesaba a muy pocos colombianos) y los revólveres S. & W. (que interesaban a un número algo mayor). Aunque algunos colombianos ya habían buscado una educación práctica en Estados Unidos —un notable producto de tal educación sería Pedro Nel Ospina—, la influencia cultural de los Estados Unidos fue mucho menor que la de Francia o Inglaterra. Pero la orientación del comercio exterior empezaba a cambiar. El tabaco y las quinas fueron productos que hallaron su principal mercado en Europa. El café, a fines de la primera década de este siglo, se exportó en sus dos terceras partes a Estados Unidos, y éstos eran también el principal mercado para el banano y los cueros. Las

Trabajadores de la firma Jorge Cristo & Cía., importantes exportadores de café, en Cúcuta, 1916. "La orientación del comercio exterior empezaba a cambiar... El café, afines de la primera década de este siglo, se exportó en sus dos terceras partes a Estados Unidos, que eran también el principal mercado para el banano y los cueros".

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Personal del Banco de Londres en Bogotá, 1921, en momentos en que el predominio comercial en Colombia se inclinaba hacia Estados Unidos, a pesar de la sólida reputación financiera de Gran Bretaña.

exportaciones colombianas de 1911 se distribuyeron así: TOTAL

a a a a

EE.UU. Gran Bretaña Alemania Francia

Pesos $ 22,376,000 (peso = 0.9733 dólares U.S.) 12,249,000 4,596,000 1,910,000 769,000

La nueva orientación de las exportaciones no tuvo un impacto inmediato en la procedencia de las importaciones. El item principal siguieron siendo los textiles. Se importaron así en ese mismo año de 1911:

Col. $ TOTAL 8,026,000 de Gran Bretaña 4,203,000 de Alemania 1,195,000 de EE.UU. 1,089,000 de Francia 898,000 Antes de la primera guerra mundial se mantenía el predominio europeo.

El muy experto observador P. L. Bell, quien fue enviado a Colombia en 1920 por el departamento de Comercio de los Estados Unidos, constataba que los europeos, antes de la conflagración de 1914, tenían mejores contactos comerciales, conocían mejor los gustos del mercado, enviaban mejores muestras gratis, ofrecían créditos más largos, empacaban mejor sus envíos y demostraban un mejor conocimiento de los reglamentos. El gran viraje empezó con la guerra y sus restricciones de oferta y de transporte desde Europa. Durante cuatro años la mayoría de las compras se hicieron forzosamente en Estados Unidos. En 1919, los importadores colombianos quedaron decepcionados por la lenta recuperación de la producción europea, y ya conocían mejor ciertas ventajas del comercio con Nueva York, su rapidez y la sencillez financiera que derivaban de su posición como mercado principal del café. Los años de la guerra habían acostumbrado al colombiano a más productos de la industria norteamericana—el incansable P. L. Bell inserta en su informe una lista de «especialidades americanas»—. Aunque en los primeros años veinte los ingleses y los otros europeos recapturaron en parte el mercado, desde 1925 en adelante el predominio de los Estados Unidos se consolidó. En 1927 las cifras de importaciones muestran los tres principales proveedores en el siguiente orden: País Pesos $ % del total 45 % de EE.UU. 56,465,000 15% de G. Bretaña 18,872,000 14% de Alemania 17,523,000

Pero había sucedido algo más profundo que una sencilla reorientación del comercio exterior. La calidad de las nuevas relaciones con los Estados Unidos sufrió por algunos años a causa del trauma de la separación de Panamá, aunque parece que la amargura intensa duró poco; pero hubo en ella

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dos elementos nuevos que no habían figurado en las cuestiones internacionales del siglo XIX: las finanzas y el petróleo. Sí, Colombia tenía una deuda externa derivada de los préstamos de la Gran Colombia que no fue arreglada definitivamente hasta este siglo y que tuvo una historia larga, complicada y de muchos malentendidos y frustraciones. El gobierno inglés insistía siempre en la naturaleza privada de esta deuda, y limitaba su ayuda a los detentadores de bonos a unos vagos «buenos oficios». Muchos de los bonos regresaron a manos colombianas, para especulaciones y pagos de aduana. El mal crédito de la República, que continuamente perpetuaba, inhibía en efecto nuevos préstamos en gran escala. Con la ratificación del tratado Urrutia-Thomson en 1922, llegaron al país no solamente las periódicas entregas de la indemnización por U.S. 25.000.000 dólares, sino también un flujo de nuevos préstamos de una cuantía sin precedentes en la historia del país, que llegó a sumar a fines de la década unos 170.000.000 dólares U.S. A los ingleses les pareció que Colombia había pasado de la desgracia a una peligrosa opulencia sin tener la experiencia educativa de algunos años de bienestar respetable. El general Reyes hizo su intento de hacer un gobierno rico en un país pobre y fracasó. Una década después, el país entraba en la carrera de una falsa modernidad, sostenida por los créditos fáciles proporcionados por banqueros poco escrupulosos y vendedores de bonos que abusaron de la gran credulidad de la bolsa de Nueva York. Antes de la primera guerra mundial, el gobierno colombiano no tomaba del exterior sino préstamos muy modestos; ni los términos ni los agentes fueron de primera calidad, pero por lo menos no hubo sospechas de ninguna gran locura, ni de grandes complicaciones con ferrocarriles o con concesiones petroleras. En los años veinte la situación cambió bruscamente. Los ingleses, con su sólida reputación en el sector banca-

rio, trataban de persuadir al gobierno sobre las ventajas de tener los servicios de un banco inglés de primera categoría como agente fiscal y coordinador de préstamos, pero ya nunca podrían enfrentar la competencia financiera de los Estados Unidos. Los diplomáticos de la legación inglesa empezaron a clasificar las inclinaciones pro-inglesas o pro-norteamericanas de los políticos colombianos con un nuevo esmero. Esteban Jaramillo, el financista más influyente de los años veinte y treinta, fue clasificado como peligrosamente pro-norteamericano; los ingleses consideraban que actuaba más o menos como agente de los bancos norteamericanos. El «Leviatán», grupo financiero antioqueño de Esteban Jaramillo y de Jesús María Marulanda, ex ministro de Hacienda de Pedro Nel Ospina, no estaba en la lista de entidades amigas de Inglaterra. Pedro Nel Ospina se inclinaba hacia Estados Unidos. Enrique Olaya Herre-

Sir Maurice de Bunsen, jefe de una misión británica para el estudio y conocimiento de América, durante su visita al Salto de Tequendama, en agosto de 1918.

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ración el tino y habilidad de su actuación en el cambio de gobierno de 1930. Tal vez los ingleses sentían que con su salida iba a terminarse definitivamente la vieja República, la república que de vez en cuando miraba a Europa cuando no estaba mirando hacia dentro (no hay que exagerar: de las cortas biografías de personalidades prominentes incluidas en los informes diplomáticos, se infiere que pocos hablaban una lengua extranjera; el informe de 1930 apunta que el doctor Sotero Peñuela, «el brontosaurio de la política colombiana», «raras veces hablaba, pero siempre en castellano»).

El ministro británico en Bogotá y Lord Murray, agente de la importante firma petrolera inglesa S. Pearson & Son., 1913. Acordó con Colombia un contrato de concesión petrolera, que él mismo rescindió ante la presión de intereses norteamericanos.

ra, con sus años de ministro en Washington, naturalmente, fue apuntado como amigo de ese país. Aunque había vivido mucho en Europa, en Inglaterra y en Francia, el general Vásquez Cobo tampoco figuraba entre los anglófilos. Sus candidaturas presidenciales no se consideraron ventajosas para los intereses ingleses, y la candidatura de su rival Guillermo Valencia pareció peor: Valencia estaba ligado al «Leviatán». La figura de Alfonso López Pumarejo excitó cierto interés, como político audaz e innovador, pero no como amigo potencial de la legación. Los amigos típicos de ese entonces fueron conservadores, entre ellos algunos ministros del presidente Miguel Abadía Méndez. La legación tuvo buenas relaciones con su gobierno, y los informes relatan con admi-

La lucha de los distintos intereses extranjeros en los años veinte se veía con más claridad en la competencia por las concesiones petroleras. Alrededor de esto ha crecido una frondosa mitología de abogados vendepatrias, sobornos millonarios y concesiones extravagantes, que florece en una atmósfera de poco estudio y persistente ignorancia de las condiciones del mercado, del desarrollo de la industria a nivel mundial e incluso en países vecinos como México y Venezuela. En muchos aspectos, el asunto es de mucho ruido y poco petróleo. Colombia no ostentaba a fines de la primera década de este siglo, cuando el interés en Europa y en Estados Unidos empezó a crecer en serio, tantos recursos petroleros como esos dos países, y las primeras concesiones y exploraciones fueron naturalmente muy especulativas. Las pésimas comunicaciones hicieron muy costosas las exploraciones, y Venezuela ofrecía mayores atractivos. En 1913 llegó a Colombia Lord Murray, agente de S. Pearson and Son, empresa inglesa de primera categoría que tuvo importantes intereses en el petróleo mexicano, acordó con el gobierno colombiano un contrato que la misma legación británica calificaba de «si no un monopolio, de extensión vasta, y en lo que toca a regalías muy ventajoso para la empresa». El gobierno pasó el contrato al Congreso. Mientras tanto, los intereses norteamericanos se alarmaron, y la legación

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colombiana en Washington avisó a Bogotá que una agitación sobre este particular podría amenazar la solución de la cuestión de Panamá. Eso fue suficiente para cambiar el tono de la opinión oficial sobre el contrato Murray hacia una marcada neutralidad. La posición inglesa se deterioró más cuando se suscitó un debate sobre algunos intereses menores de ferrocarril: la legación tuvo que tomar parte en esto, y los enemigos del contrato de Murray aprovecharon la oportunidad para sugerir que si el gobierno inglés tomaba parte en el miserable asunto de un pequeño ferrocarril, mucho más haría sentir su peso en favor de una compañía de la importancia de S. Pearson. Con el cambio de atmósfera Murray rescindió su oferta, y se fue. Quince años después pasó algo similar con el contrato del coronel Yates, agente de Anglo-Persian, sobre tierras petroleras de Urabá. Corrió el rumor de que éste se frustró debido a presiones norteamericanas.

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El petróleo y sus negocios se prestan fácilmente a la caricatura, y es en las caricaturas de Rendón donde las rivalidades de fines de los años veinte han pasado a la posteridad. La realidad fue menos dramática. Al esfuerzo inglés que representaron Murray y Yates le faltaba envergadura. Las investigaciones geológicas de la AngloPersian fueron poco promisorias. El debate petrolero se hizo intenso en 1927 y 1928, frente a la nueva legislación que intentó introducir el ministro José Antonio Montalvo. Parece que Montalvo y sus colegas intentaron fortalecer la posición del gobierno colombiano fomentando la competencia entre Inglaterra y Estados Unidos, y es cierto que la nueva legislación de corte más nacionalista se enfrentaba a la resistencia de las compañías norteamericanas. Con los nuevos préstamos de la década, el crédito colombiano en los Estados Unidos entraba en el juego, y nació el temor de combinaciones entre los banqueros, petroleros y di-

Sede del Commercial Bank of Spanish America en Medellín, 1916. Fundado en 1904, tenía su casa matriz en la ciudad de Londres.

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Ernesto Cortissoz, influyente magnate de origen venezolano radicado en Barranquilla, a comienzos de siglo, con intereses en la banca, la industria, los transportes y el acueducto de la capital del Atlántico. Fue socio fundador y primer presidente de la Sociedad Colombo Alemana de Transportes Aéreos (Scadta), el 5 de diciembre de 1919. Murió en accidente aéreo, a bordo del aeroplano "Tolima", en Barranquilla, el 7 de junio de 1924.

plomáticos de los Estados Unidos en contra de los intereses de Colombia. El panorama cambió bruscamente con la crisis económica de 1929. En la Depresión, el petróleo colombiano perdió su atractivo inmediato, y el tema dejó de ser candente. Cincuenta años después, no es difícil detectar las notas de exageración en ese debate. Una corriente de opinión sobreestimaba las ventajas petroleras colombianas. Ni las condiciones físicas ni las condiciones políticas ofrecían a las compañías un campo fácil. Visto desde el otro lado de la mesa de negociación, un país que frecuentemente se considera indefenso, a la merced de los bufetes de los astutos «vendepatrias», parece más bien un hormiguero político que ofrece pocas seguridades a largo plazo. En Venezuela, el general Juan Vicente Gómez, por contraste, aunque supo enderezar las con-

diciones cuando las circunstancias lo permitían, sí tuvo a su lado gente que entendía el negocio, y ninguna campaña política iba a amenazar un arreglo con él... Pero cincuenta años después se puede reconocer cierta continuidad en el panorama. En comparación con Venezuela, Perú, Chile, Argentina o México, la penetración de capitales extranjeros no ha sido pronunciada en Colombia. La base de la economía nacional, que todavía es el café, sigue en manos colombianas. En los años veinte ciertas grandes casas compradoras de café de Nueva York entraron en el país y por algún tiempo tuvieron una posición importante, pero se replegaron y se estableció el dominio de la Federación Nacional de Cafeteros y de los colombianos dentro del país. Colombia nunca ha sido un país de «enclaves» económicos extranjeros, y aunque las presiones extranjeras crecieron en esa década no lograron cambiar este aspecto del país. El caso de la zona bananera, con toda su historia de conflictos al fin de nuestro período de estudio, muestra que Colombia nunca fue «república bananera» en el sentido centro-americano del término: ese enclave no tuvo el peso necesario ni en la economía, ni en los cálculos de los políticos a nivel nacional. En los asuntos petroleros y con el paso de los años, el país ha negociado sus recursos con sobriedad y realismo, pero en los debates sobre la nueva minería del carbón se oyen frecuentes ecos de los primeros debates petroleros. No falta sino un Rendón. Los veinte fueron años de auge en muchos campos, pero unos cortos años de inusitada prosperidad no alteran tan fundamentalmente a ningún país. Hay que recordar la pequeña escala de las innovaciones, la persistencia de la vieja Colombia rural, lo fugaz de muchas de las esperanzas. El estudio de las modas de la clase alta, con toda su fascinación, fácilmente puede degenerar en nostalgias superficiales y anécdotas sin mayor significado. No tiene que ser así. Muchas innovacio-

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nes empiezan en las capas altas de la sociedad y después se democratizan hasta que sus modelos originales se olvidan. Muchas de las novedades de una clase alta, a veces tildada de «extranjerizante», ya son de propiedad de todos los colombianos. Un ministro inglés de los ochenta, míster HarrisGastrell, trajo la primera bicicleta a la sabana de Bogotá, «pero no halló ninguna calle ni camino para poderla montar». Otro cónsul trajo el tenis, menos democratizado que el ciclismo, pero en vía de democratización. Los recuerdos de Frank A. Koppel, de la primera generación de su apellido nacida en Colombia, escritos sin pretensión «para sus nietos», muestran precisamente los orígenes de los deportes entre los reducidos núcleos extranjeros y la clase alta de la capital. El Polo Club, fundado modestamente durante la guerra de los Mil Días, no trajo únicamente el polo al país y puso formal arreglo en las carreras de caballos («que poco animaban a una sociedad hondamente dividida en cuestiones políticas [...] los caballos eran difíciles de conseguir porque el gobierno los expropiaba para el ejército»), sino que también estableció por primera vez el «football» en Bogotá, juego que tomó pronto mucho auge en los mejores colegios y que después llegaría a ser el primer deporte de asistencia masiva en el país. Más tarde llegó el golf, deporte que tiene fuerte tendencia a confinarse entre adeptos burgueses, pero que en Bogotá ya tiene aficionados entre los choferes de taxi. A nadie se le ha ocurrido todavía tachar el fútbol de «extranjerizante», pero sus orígenes en Colombia son exactamente los mismos que tienen el polo o el golf. Lamentando la desaparición de Santafé, Cordovez Moure nos da un cuadro detallado del Bogotá de hace un siglo, que podemos completar con las obras de Ernst Rothlisberger, de Alfredo Hettner y otros. Con todos sus encantos para «viejos chocolateros», es una ciudad sombría, con pocas distracciones, la «ciudad desierta y fría» de Silva. La ciudad que describe

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en 1930 el escritor y diplomático boliviano Alcides Arguedas (calificado en su lista de personalidades por los diplomáticos ingleses como «sin oficio», pero para el historiador el mejor costumbrista de esa etapa de la vida bogotana) ha cambiado algo. No en todo: «las gentes del pueblo, en su mayoría, no gastan calzado. Van, o con alpargatas, o con los pies desnudos. Se les ve flacas, pálidas, con las carnes

pobres y flácidas, triste la mirada, cansado el continente. Los hombres se cubren de la ruana, negro ponchillo de lana que a veces usan los mismos estancieros acomodados; los mendigos abundan [...]. Es una ciudad que conoce poco el empleo de la escoba, y donde, naturalmente, domina el polvo». La plebe todavía bebe chicha y el arzobispo tiene el derecho y el deber de señalar el preferido entre los candidatos del partido conservador. Pero ha llegado el cine: una mala película de Chaplin causa «una violenta protesta» en el teatro Olympia. Han llegado también los deportes y la radio. Muy bien lo nota Arguedas, meditando en junio de 1930 sobre el traspaso de los restos de José Asunción Silva del «cementerio maldito de los suicidas [...] silenciosa y discretamente [...] al panteón de la familia, en el cementerio general de los católicos». «Fal-

Talleres de la Scadta en Barranquilla, en los años diez. El ministro inglés Spencer S. Dickson, quien había estado en el país a comienzos del siglo, se mostró sorprendido en 1930, no sólo por la "admirable empresa" que era Scadta, sino por la influencia alemana sobre el ejército, vía Chile.

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Francisco Javier Cisneros (1836-1898), uno de los "extranjeros beneméritos de Antioquia", ingeniero cubano, constructor del Ferrocarril de Antioquia, colonizador, impulsador del comercio en el río Magdalena y periodista. Representó a la compañía inglesa The Barranquilla Railway & Pier Co., responsable del tren de Puerto Colombia.

taban entonces (en tiempos de Silva) tres elementos, tres fuerzas activas, mejor, que hoy prestan alguna animación, alguna variedad, algún movimiento a la vida de nuestras pequeñas ciudades andinas... Esas tres fuerzas han cambiado casi totalmente la vida social de estos tiempos, le han dado más variedad, mayor interés a la vida ociosa, monótona, lánguida de nuestras pequeñas ciudades ateridas de frío en ciertos desgraciados parajes o abrasadas de calor y con feas alimañas en los trópicos». «Faltaba, en primer lugar, la pasión del deporte colectivo, fenómeno actual en nuestros pueblos. El deporte ocupa hoy las horas muertas, infunde entusiasmo en las gentes de poca imaginación y hasta les hace concebir ilusiones de grandeza desde las proezas del equipo uruguayo en Europa, hace años, y hoy no hay villorrio en los Andes que no tenga sus héroes de la pelota, de la raqueta, del boxeo, héroes

elevados a altas categorías y que viven soñando con encuentros famosos y con lluvia de oro [...] Y se mueren o envejecen los más, por no decir todos, acariciando esta ilusión. «Luego el radio [...] El radio pone a nuestros montañeses, a nuestros rústicos, en contacto diario con los sucesos del mundo, a medida que van sucediendo y realizando en el vasto escenario de la tierra y aun del cielo. «Y, por fin, y lo más importante y trascendental después del radio, el cinema, la religión moderna que abre nuevos horizontes a la imaginación, la trasporta lejos de la realidad del propio medio, le hace vivir algunas horas en un mundo convencional y arbitrario de situaciones humanas reñidas con la realidad cotidiana, prosaica hasta la vulgaridad, muchas veces ordinaria y, por lo común, triste, espantosamente triste...» La bebida de la clase alta ya es el whisky, que se consume con un entusiasmo que llama mucho la atención de este bien viajado observador: «Beber dos, tres o más copas de licor antes de la comida, es cosa corriente y hasta necesaria. Se bebe como en ninguna otra parte del mundo, creo, y los mismos bogotanos que han viajado por el exterior recogiendo impresiones, observando costumbres, estudiando, convienen en declarar que ni aun en Escocia se bebe tanto whisky como en Bogotá. El whisky aquí es la bebida usual y corriente». En ese aspecto de su vida la Bogotá del peso colombiano fuerte de entonces recuerda la Venezuela de los setenta. El período que estamos examinando abarca la república conservadora, y con el cambio de gobierno de 1930 llega una etapa de deliberada modernización política, que por su vigor progresista tiende a obscurecer las anteriores aperturas hacia influencias de afuera, los intentos más tempranos de sana modernización que utilizaban modelos del exterior. Arguedas fue un escritor muy consciente del problema de la imitación:

Capítulo 7

«Se ha dicho, y es evidente, que nuestros países de habla castellana en América, son países monos por su marcado instinto de imitación. Esta tendencia del espíritu humano a imitar, le ha inspirado a Tarde la base de su teoría sociológica: la imitación fuerza de progreso social. Nacimos los pueblos de América, imitando. Y por imitación creamos nuestros códigos políticos y nuestras instituciones democráticas. Y, ya también lo dijo otro, un argentino, Álvarez, el vestido nos quedó largo... Y es que había de suceder así, inexorablemente.» Le preocupaba el impacto en América Latina de las dictaduras europeas, de Lenin, Pilsudski, Mussolini y Primo de Rivera. Sin embargo, su visión de la política colombiana no fue pesimista: el conjunto mostraba cierta originalidad. Arguedas estaba de acuerdo con su colega el ministro inglés Spencer S. Dickson, que Colombia tenía la ventaja de tener un ejército «con disciplina severa y prescindencia total en las luchas de los partidos». Dickson había estado antes en Bogotá, a fines de la guerra de los Mil Días, y en 1930

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dio cuenta a su gobierno de sus impresiones de los cambios desde entonces: «Regresando al país después de una ausencia de veinticinco años, he notado muchos síntomas de progreso, pero lo que me causó la más fuerte impresión fue la transformación absoluta del ejército.» El país ya tiene «a fine little army on the old german pattern»— «un pequeño ejército bien dispuesto al viejo estilo alemán.» Esa influencia alemana, llegada por vía chilena, parece que le impresionó, y favorablemente, aun más que la «admirable empresa» alemana SCADTA. No es necesario recurrir a las teorías del olvidado sociólogo. Es tarde para ponderar lo positivo de ciertas imitaciones. En muchos campos la originalidad en la vida de cualquier nación es un Una partida en el Polo espejismo. La originalidad no es de Club de Bogotá, fundado por influencia inglesa elementos, es de antología, y ése debe ser particularmente el caso en la cul- durante la guerra de los Mil días. Allí se tura criolla colombiana. Hace tiempo formalizaron las carreras los antropólogos han reconocido que de caballos y se jugaron los procesos de cambio cultural, de in- las primeras partidas de "football". tercambio entre distintas culturas, son

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muy complejos, y que raras veces caben dentro de definiciones sencillas de dominación y destrucción. Hace veinticinco años, Gerardo y Alicia Reichel-Dolmatoff lo demostraron memorablemente estudiando una peque-

ña comunidad mestiza en su libro The People of Aritama. Los historiadores ahora deben empezar a examinar el papel de las influencias de fuera con la misma paciencia y ausencia de prejuicios.

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Capítulo 8

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El conflicto de las bananeras Catherine LeGrand

E

el significado de la huelga bananera en el amplio cauce de la historia de Colombia.

l 12 de noviembre de 1928 estalló Antecedentes una gran huelga en la zona bananera de Santa Marta, una huelga El banano se originó en Asia y fue inmasiva jamás vista en Colombia. Más troducido a los trópicos americanos de 25.000 trabajadores de las planta- solamente después de 1492. La geociones se negaron a cortar los bananos grafía de Santa Marta la hizo muy apta producidos por la United Fruit Com- para la producción bananera. A mepany y por productores nacionales diados del siglo XIX, sin embargo, el bajo contrato con la compañía. A pe- potencial de Santa Marta no había sar de tal presión, la United Fruit sido aprovechado. Casi nadie en los Company y sus trabajadores no logra- Estados Unidos de América o en Euron un acuerdo colectivo, la huelga ropa había visto y mucho menos proterminó con un baño de sangre: en la bado bananos, y se consideraban una noche del 5 de diciembre, soldados co- fruta exótica. Y Santa Marta era una lombianos dispararon sobre una reu- población soñolienta, aislada del resto nión pacífica de millares de huelguis- de Colombia y del mundo. Unas pocas tas, matando e hiriendo a muchos. Esa familias con intereses mercantiles viterrible noche ha sido grabada en vían en la población. Poseían también nuestra conciencia por los novelistas propiedades rurales, pero la abolición Gabriel García Márquez, quien nació de la esclavitud en 1851 había empoen la zona bananera el mismo año de brecido las haciendas y muchas habían la huelga, y Álvaro Cepeda Samudio, sido abandonadas. Intercaladas con grandes propiedades existían enory por el dramaturgo Carlos José Re- las mes de tierras baldías que yes, quien cuenta la historia a través nadieextensiones reclamaba. Unos pocos indígede los ojos de un soldado recluta. Es nas pescaban y cultivaban cosechas de don del escritor de ficción comunicar subsistencia y unos pocos pueblitos experiencias vividas. Al historiador le dispersos de colonos indígenas, negros compete explicar lo que sucedió y

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y mulatos producían cosechas para alimentarse. El estímulo inicial para la exportación de banano vino de las prominentes familias de Santa Marta. Con el desarrollo de la agricultura de exportación en otros lugares del país, trataron de romper su aislamiento. La llegada de una compañía francesa les ayudó. A finales del siglo XIX y comienzos del XX, varias compañías extranjeras invirtieron en agricultura y en producción ganadera en la Costa Atlántica, especialmente en las regiones del Sinú, Mompós y Santa Marta. Una de las primeras fue la Compagnie Immobiliere et Agricole de Colombie que en los setenta compró 20.000 hectáreas cerca de Santa Marta. Las élites locales aprovecharon la renovación de la actividad económica estimulada por la compañía: comenzaron a sembrar tabaco, cacao y caña de azúcar, que aquélla exportaba. Al mismo tiempo hicieron esfuerzos para desarrollar una infraestructura que conectara Santa Marta con los mercados. En 1881 un grupo de notables samarlos obtuvo autorización para construir un ferrocarril de Santa Marta al río Magdalena, y en 1887 iniciaron un plan para mejorar el puerto. Por el mismo tiempo se fundó la primera Sociedad de Agricultores y sus miembros comenzaron a experimentar con un nuevo producto, el banano Gros Michel, una variedad desconocida hasta alrededor de 1885, cuando José Manuel González importó las semillas de Panamá. Don José Manuel y un grupo de empresarios samarios establecieron la primera plantación de banano de Colombia, en Ciénaga. Los experimentos mostraban un potencial interesante: en 1889 Santa Marta exportó 5.000 racimos, y tres años más tarde esta cifra subió a 45.000. Aunque la iniciativa fue colombiana, los empresarios locales no podían desarrollar plenamente la industria bananera. La producción en gran escala para mercados internacionales requería enormes cantidades de capital, por fuera de la capacidad de cualquier

individuo o compañía en Colombia a finales del siglo XIX. Debían construirse ferrocarriles para llevar los bananos al puerto, debían mejorarse las facilidades de éste, los barcos debían llegar a tiempo, y era necesaria una red bien coordinada de distribución en el país importador. Además, en la región árida de Santa Marta, los canales de riego eran una necesidad. Aparte de los altos requisitos de capital, el negocio del banano era arriesgado: cualquier plantación podía borrarse fácilmente por agotamiento del suelo, enfermedad del banano o huracanes. Estos factores favorecieron el desarrollo del banano por parte de una gran compañía con base en el afluente e industrial Norte y con amplias inversiones en muchas regiones. El hombre que dirigiría la United Fruit Company apareció primero en Colombia en 1890. Minor Cooper Keith había salido de los Estados Unidos de América para América Latina en los setenta, contratado por el gobierno de Costa Rica para la construcción de un ferrocarril. Una vez terminado éste, Keith comenzó a producir banano como carga para que la línea ferroviaria fuera rentable. Pocos años más tarde extendió sus operaciones bananeras a Colombia, a Bocas del Toro (Panamá) y a Santa Marta. En 1892 adquirió 6.100 hectáreas de terreno en Riofrío, con las cuales fundó la Colombia Land Company; al mismo tiempo compró la concesión del nuevo ferrocarril que se convirtió en la Compañía del Ferrocarril de Santa Marta (Santa Marta Railroad Company). En 1899 se unió con otros dos norteamericanos para crear la United Fruit Company (Compañía Frutera Unida), una empresa cuya sede comercial estaba situada en Boston. Al tiempo de su creación, la compañía controlaba el ochenta por ciento de la industria bananera internacional. En el año 1900, las exportaciones de Jamaica, Cuba, República Dominicana, Costa Rica, Panamá y Colombia sumaban doce millones de racimos.

Capítulo 8

Durante las primeras tres décadas del siglo XX, la industria del banano se expandió rápidamente. La United Fruit Company no sólo desarrolló sus operaciones en los países mencionados, sino también en Guatemala y Honduras. Para 1930 poseía 1.383.485 hectáreas de terreno, de las cuales 76.612 estaban dedicadas al banano; habían construido 2.434 kilómetros de ferrocarril, y poseía noventa barcos de vapor, conocidos como la Gran Flota Blanca, que transportaban bananos a Norteamérica y a Europa. Para coordinar su vasto imperio, la compañía había construido 5.636 kilómetros de cables telegráficos y telefónicos y veinticuatro estaciones de radio, se había convertido en la más grande fuente de empleo en el Caribe, con una fuerza laboral de 150.000 personas. Las exportaciones de banano llegaron a los 65 millones de racimos al año. El desarrollo del enclave colombiano fue apenas una pequeña parte de esta rápida expansión. En Colombia, como en otras partes, las plantaciones bananeras siguieron al ferrocarril. En

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1911 el ferrocarril llegó a Aracataca y en 1920, con ciento treinta kilómetros, a Fundación, donde terminó. Al lado del ferrocarril se crearon nuevas plantaciones de banano, llegando a tener once kilómetros a cada lado de la vía. Algunos ramales conectaron cada plantación con la línea principal, y de ahí al muelle en Santa Marta y al mar. En los años veinte la zona bananera cubría buena parte de los municipios de Santa Marta, Ciénaga, Aracataca, Fundación y Pivijay. Las exportaciones de banano desde Santa Marta crecieron de 275.000 racimos en 1900 hasta 6,5 millones en 1915, y de ahí a 10,3 millones en 1929. En este año, Colombia era el tercer abastecedor mundial de banano, y este producto constituía el siete por ciento de las exportaciones colombianas. El capital que la United Fruit Company invirtió en la zona bananera y las conexiones de mercadeo que estableció, abrieron nuevas oportunidades para algunos colombianos. La zona fue inundada por trabajadores del puerto, del ferrocarril y del campo,

El puerto de Santa Marta, hacia 1890, ilustración publicada en la "Nueva geografía universal", de Eliseo Reclus.

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por pequeños agricultores, comerciantes, tenderos y agricultores ansiosos de producir banano. En alguna forma, esta gente se benefició de la presencia de la United por la valorización del terreno, por el crecimiento de una economía monetaria, y por nuevas posibilidades de empleo y mercado. Al mismo tiempo el dominio de la United Fruit Company en la economía regional y su control de la vida política local frustró las ambiciones de muchos grupos. Para entender la transformación social que acompañó la rápida expansión de la producción bananera y las tensiones ligadas a ella, debemos describir cada uno de los principales grupos sociales y sus relaciones con la United. Solamente así podremos comenzar a entender las frustraciones de obreros, campesinos, comerciantes y algunos bananeros colombianos, que hicieron erupción en la gran huelga de 1928. Los obreros La United Fruit Company necesitaba obreros para construir los ferrocarriles y los canales de riego; para limpiar el terreno, sembrar el banano y recolectar la cosecha; y para cargar los barcos. En los primeros años la mano de obra era escasa. La decisión de la United Fruit Company de ofrecer salarios altos, hasta el doble de lo pagado por los hacendados del interior, reflejó su necesidad de atraer fuerza laboral. Tales incentivos fueron exitosos: durante las primeras tres décadas del siglo veinte, miles de personas llegaron a Santa Marta. Algunos de los primeros fueron soldados liberales de la guerra de los Mil Días, junto con sus generales, que se establecieron en la zona una vez terminada la guerra. Indígenas de la Guajira y la Sierra Nevada se sumaron a la fuerza obrera de las plantaciones. Más gente llegó del occidente, de Atlántico y de Bolívar. Aunque la mayoría de los trabajadores eran de la Costa Atlántica, una proporción alta eran mestizos del interior, en particular de los Santande-

res. La United Fruit Company, se dice, mandó contratistas a reclutar este personal. Cultural y racialmente, los trabajadores de las bananeras constituían un grupo heterogéneo. Pero, en contraste con Centroamérica, donde la United Fruit Company importó grandes cantidades de negros del Caribe, más del 90 por ciento de la fuerza laboral de la zona era colombiana. El hecho que los trabajadores de las bananeras de Santa Marta hablaran un mismo idioma, tuvieran una misma religión y, a pesar de las diferencias regionales, se reconocieran como colombianos, mejoró su habilidad de organizarse contra la compañía en 1928. Por medio de la inmigración, la población de trabajadores creció desde aproximadamente 5.000 en 1910 a más de 25.000 en 1925. La gran mayoría trabajaba por un salario monetario. De esta manera, el crecimiento de la economía bananera dio auge a un grupo que no había existido antes en la región: un proletariado rural sin tierra. Muchos de los propietarios rurales de Santa Marta no trabajaban permanentemente en una sola finca. Sólo algunos permanecían durante largos períodos de tiempo, y otros tendían a moverse de plantación en plantación, trabajando una semana para la United Fruit Company y la siguiente para uno u otro de los cultivadores colombianos. Tales movimientos reflejaban la demanda fluctuante de trabajo inherente a la economía bananera; la fruta no se cortaba todos los días, y los empacadores y estibadores se necesitaban solamente cuando los barcos estaban en puerto. Algunos trabajadores también tomaron parte en migraciones interregionales. No era extraño que algunos salieran hacia el occidente de la Costa Atlántica para cosechar algodón o azúcar, o se engancharan por algún tiempo en los campos petroleros de Barrancabermeja, cientos de kilómetros al sur. Para la United Fruit Company esto hacía difícil retener a sus trabajadores, particularmente en los primeros años de escasez laboral.

Capítulo 8

El sistema que la compañía desarrolló para conseguir sus objetivos se basaba en el trabajo a destajo. En lugar de pagar salarios por hora o por día, la United Fruit Company pagaba por trabajo cumplido. Por limpiar terreno nuevo, sembrar matas de banano y desherbar, se pagaba a los grupos de trabajo por unidad de terreno, por la cabuya (algo mayor que la hectárea). Los trabajadores generalmente laboraban de las seis a las once de la mañana y de la una a las seis de la tarde; eran supervisados por capataces de la United Fruit Company y por listeros. Durante los períodos intensos del corte del banano, grupos de obreros asumían trabajos especializados: los puyeros cortaban la fruta; los coleros cargaban los racimos al borde de los campos; y los carreros los apilaban sobre góndolas que las muías llevaban hasta las estaciones. Allí los cargadores subían el banano a los vagones que lo llevaban directamente al puerto. Un tercer grupo de obreros cuidaba la

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irrigación, trabajando en turnos las veinticuatro horas. El sistema de trabajo a destajo funcionó bien para la compañía, y parece que agradaba a los obreros. Aunque era inseguro, les daba la libertad de manejar su propio tiempo y sus procesos laborales. Lo que no les gustaba eran las prácticas de contratación de la compañía. En lugar de contratar directamente a sus trabajadores, utilizaba a contratistas colombianos (ajusteros), que acordaban el trabajo a realizar y reclutaban los trabajadores para hacerlo. La United Fruit Company estipulaba: «Todos los detalles del trabajo serán de cargo del contratista, y ni el contratista ni sus empleados son empleados de la United Fruit Company.» Así se dio una situación extraña: la United Fruit Company producía millones de bananos cada año, pero sostenía que no tenía trabajadores. El sistema de contratos le sirvió a la compañía: los problemas del reclutamiento y las relaciones laborales se de-

El buque "Santa Marta", uno de los 90 barcos de vapor que llegaron a constituir la llamada "Gran Flota Blanca" de la United Fruit Company, en la cual se transportaba banano desde las islas del Caribe, Centro América y Colombia hacia Europa y Estados Unidos. Con una fuerza laboral de ¡50 mil personas, la United llegó a exportar 65 millones de racimos al año, desde las 76 612 hectáreas que tenía dedicadas al cultivo en América.

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Una carreta tirada por bueyes saca los racimos de la plantación, en la Zona Bananera de Santa Marta. En 1925, la United empleaba aquí más de 25 mil trabajadores.

jaron en manos de unos pocos empresarios colombianos. Pero los trabajadores no estaban tan satisfechos. El sistema conducía a su explotación. Una comisión del gobierno reportó que a los contratistas a veces «les sisan o merman sus salarios». Más importante aún, la United Fruit Company utilizó los contratos para evadir la legislación laboral colombiana. Cuando después de 1915 el gobierno comenzó a promulgar leyes regulando las condiciones de trabajo, la United Fruit Company rehusó extender los beneficios a los trabajadores en las plantaciones porque, según ella, quienes trabajan en los campos bananeros no eran empleados suyos. Uno de los objetivos principales de la huelga de 1928 fue que la United Fruit Company reconociera a sus obreros. Tal como señalaba la United Fruit Company, los salarios de los obreros de las bananeras eran altos para el momento: desde alrededor de cincuenta centavos por día en 1908, subieron hasta ochenta centavos a un peso y veinte centavos diarios, y a veces hasta un peso y medio por día en los años veinte. Aunque la compañía puede haber pagado un buen jornal, la mayoría no encontraba trabajo para todos los días. Además, aunque se suponía que

la compañía debía pagarle a sus obreros quincenalmente, a veces había demoras. Los obreros tendían a estar cortos de dinero y a solicitar avances que la compañía distribuía por medio de vales redimibles en almacenes de la compañía. Se desarrolló un sistema por el cual la mayoría de los contratistas pagaba a sus obreros en parte en vales al iniciar un trabajo, y el resto en efectivo al final. Los trabajadores podían cambiar sus vales por efectivo con tenderos locales, pero éstos descontaban entre el diez y el treinta por ciento. Si un obrero dejaba su trabajo antes de completarlo, la United Fruit Company le retenía el cuarenta por ciento del salario que le debía. El sistema de avances y descuentos pretendía retener a los trabajadores en las plantaciones. Pero muchos obreros se endeudaban con la compañía, y el valor real de sus salarios disminuía. En 1928 los trabajadores demandarían que la compañía les pagara cada siete días y en efectivo. El ingreso de los trabajadores de las bananeras se reducía con un descuento del dos por ciento para servicios hospitalarios. Se necesitaba urgentemente servicio médico. Una comisión gubernamental reportó: «El estado sanitario de la zona es de lo más deplorable que tiene el país... Además de la endemia propia de nuestras tierras calientes, el paludismo, se presenta en esa región, con caracteres de la mas alta morbosidad, la anemia tropical, la tuberculosis, el parasitismo intestinal de toda especie, la gastroenteritis infantil, y las enfermedades venéreas... A los trabajadores se les llama "mozos" en la región, y en verdad que muy pocos llegan a la vejez.» La United Fruit Company se ufanaba de sus aportes a la investigación antimalaria y de su hospital en Santa Marta. Lo que molestaba a los trabajadores eran las contradicciones y prácticas discriminatorias de la compañía. Los contratos decían que los obreros no eran empleados de la United Fruit y, sin embargo, la compañía les descontaba

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un dos por ciento de sus salarios para salud. A pesar de estos pagos, los trabajadores enfermos o que sufrían accidentes de trabajo muchas veces no podían llegar al hospital. Cuando lo hacían, les recetaban quinina y sulfato de magnesio, sin importar cuál fuera el problema, y se les enviaba a casa. «En cambio, cuando enfermaba algún empleado de confianza de la compañía, no sólo tenía médico a donde ir sino que los remedios los pedían por teléfono a Santa Marta.» En 1928 los trabajadores pedirían la construcción de hospitales en toda la zona y la compensación por accidentes de trabajo. A los trabajadores también les preocupaba la vivienda. La compañía alojaba a la mayoría de los obreros de las bananeras en campamentos de sus plantaciones. Estos «ranchones» eran insalubres y atestados. Un viejo habitante los describía así: «Eran tambos montados en bloques de cemento con vigas de madera. Una ancha plataforma servía de dormitorio: las camas eran esteras de hojas de guineo. Por cierto que se mantenían invadidas por

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los chinches, que casi nunca dejaban al obrero conciliar el sueño». Hasta siete personas dormían en un solo cuarto de tres por tres metros, colgando sus hamacas unas encima de otras. Los campamentos no tenían ventilación, agua potable, duchas o retretes. La United Fruit Company sostenía que el albergue que suministraba no era inferior a la vivienda rural en otras partes de Colombia. Esto era cierto, pero los obreros esperaban algo mejor. Su sentido de la injusticia aumentaba por el contraste entre sus propios ranchones y las viviendas confortables con jardines y canchas de tenis de los administradores de la compañía. Al llegar la huelga en 1928, los obreros pidieron a la compañía que les suministrara mejores viviendas, en las que al menos no peligrara su salud. Los colonos Aunque muchos emigrantes se convirtieron en proletarios rurales, otros no estaban tan ansiosos de trabajar por un salario. Escogieron, en cambio,

Transporte de racimos en vagonetas de tracción bovina, que transportaban el banano hasta la principal vía del tren, que a su vez llevaba el producto al puerto, fotografía de los años 20.

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convertirse en campesinos en las tierras baldías de la región. Reclamaron pequeñas áreas que por su distancia del tren, su falta de riego o sus tierras infértiles, no habían sido incorporadas aún a las plantaciones de banano. Eran gentes pobres pero independientes. El periodista Alberto Luna Cárdenas los describió en 1914: «En algunos lugares... se levantaban ranchos, habitados por familias que vivían de la pesca y de la caza, y proveían de leña al ferrocarril [...] Aquellas viviendas eran chozas miserables, construidas en palma de cuesco o babuzú, sobre suelos de tierra húmeda, dentro de una corraleja de guadua o de otras astillas de madera, donde convivían el marrano de cerda ordinaria, las gallinas y los niños de cabeza anormal, estómagos protuberantes y piernas delgadas, minados por la malaria, junto al perro macilento y de mirada triste... Algunas matas de plátano, yuca, maíz y caña de azúcar, y rara vez árboles de cacao, revelaban la exuberancia de aquella tierra de promisión...» Mientras en los primeros años los colonos producían lo necesario para su

Complejo de oficinas de la United Fruit en Santa Marta (1921), donde funcionaban la gerencia y los almacenes de la compañía.

subsistencia, con el desarrollo de la economía bananera comenzaron a vender excedentes en el mercado regional creado por el gran flujo de gente. Fuera de suministrar alimentos, llenaron otro papel económico vital para la economía de exportación: proporcionaron a las plantaciones trabajo de reserva barato. Las cuadrillas contratadas por la United Fruit Company frecuentemente incluían a miembros de familias campesinas así como de obreros sin tierra. En esta forma, el nacimiento de la economía bananera, que dio auge al proletariado rural, también estimuló el crecimiento de un campesinado independiente y orientado hacia el mercado. En la superficie, la economía de exportación y la economía campesina se apoyaban mutuamente: los campesinos alimentaban a los obreros de las bananeras y ocasionalmente trabajaban en las plantaciones; al mismo tiempo, el crecimiento de la economía bananera le dio a los campesinos mayor campo para la actividad comercial. Sin embargo, había tensiones constantes entre la United y los campesinos. La principal era por el control de

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la tierra. El advenimiento de la United Fruit Company estimuló una alza en los precios de la propiedad: para 1925 la tierra bananera se vendía a 400-500 pesos la hectárea. Al mismo tiempo hubo un incremento dramático en las transacciones de finca raíz. Algunas de las viejas familias pudientes de Santa Marta desenterraron títulos coloniales de inmensas extensiones de terreno que vendían a la United Fruit Company. Otros empresarios locales solicitaron concesiones gubernamentales de tierras o simplemente fabricaron nuevos documentos de propiedad. Tal actividad especulativa rindió sus frutos en ventas provechosas a la United Fruit Company o a colombianos deseosos de formar sus propias plantaciones de «oro verde». Por medio de compra la United Fruit Company consolidó gradualmente 41 plantaciones con 60.000 hectáreas. Mientras tanto, los colombianos formaron más de 350 plantaciones más pequeñas de banano, así como ganaderías. De esta manera la economía bananera trajo una apropiación masiva de tierras baldías. Los límites de muchas propiedades no eran claros y muchos dueños continuaron agrandando ilegalmente sus tenencias corriendo sus límites sobre tierras baldías. Por los años veinte la propiedad se había convertido en una maraña de reclamos conflictivos: el gobierno mantenía que todavía existían 90.000 hectáreas de tierras baldías en la zona, mientras la United Fruit y los agricultores colombianos insistían en que todo era ya propiedad privada. Lo que sí es cierto es que buena parte del territorio del que repentinamente se decía que era privado después de 1900, localmente se conocía como tierra baldía y estaba ya ocupado por campesinos. En los años después de 1905, muchos campesinos encontraron que sus títulos eran demandados por la United Fruit. A medida que la construcción de líneas ferroviarias y canales de riego traía tierra nueva a la economía bananera, la United Fruit y los colonos entraron en confrontación directa. Un

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agente de la compañía informaba a un grupo de campesinos que el terreno colonizado era propiedad privada y que si no abandonaban inmediatamente sus campos serían desalojados. Algunos, ante la posibilidad de perderlo todo, vendían a precio reducido. Con aquellos que se negaban, la compañía utilizaba la fuerza: desalojaba a los campesinos, entraba ganado a sus cosechas, quemaba sus chozas y encarcelaba a sus voceros. Muchos campesinos no aceptaron pasivamente la pérdida de sus tierras. Familias de agricultores amenazadas con la expropiación en los años 19071930 dirigieron multitud de peticiones a las autoridades de Bogotá, describiendo sus situaciones y solicitando su protección. Colombia tenía leyes de colonización que protegían a los colonos de tierras baldías, a las cuales ellos apelaban (Ley 61 de 1874 y 48 de 1882). Aun cuando fueran desalojados, muchos colonos rehusaron reconocer la legalidad de tales acciones, y algunos trataron de defenderse en los tribunales. Por lo general los campesinos no tuvieron éxito en su lucha por defender su tierra. El gobierno nacional tenía poca influencia sobre las autoridades locales, que condescendían con la United Fruit. Sin embargo, la resistencia de los colonos tuvo efectos a largo plazo. Convenció a mucha gente de que las reclamaciones de terreno de la

Recolección de banano, hacia 1928. Los "puyeros" cortaban la fruta en jornadas que iban de 6 a 11 de la mañana y de 1 a 6 de la tarde.

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Hospital de la United Fruit en Santa Marta, a comienzos de los años 20. La compañía descontaba un 2% de los salarios de sus trabajadores para salud, y aunque se ufanaba de estas instalaciones y de sus aportes a la investigación antimalárica, los trabajadores se quejaban de que se les recetaba indistintamente quinina y sulfato de magnesio.

United eran fraudulentas, que las plantaciones de banano eran en realidad tierras baldías usurpadas en forma violenta e ilegal. Además, el hecho que la compañía guardara más de la mitad de su propiedad como reserva, sin hacer ningún uso económico de ella, parecía a muchos una violación del principio elemental de justicia incorporado en la legislación colombiana desde la época colonial de que el derecho a la propiedad depende de su utilización. El destino de aquellos colonos que perdieron sus tierras es oscuro. Es posible que algunos se hayan trasladado hacia el interior para unirse a otros grupos de colonos en la apertura de nuevos terrenos. Muchos, sin los recursos para empezar de nuevo, se unieron al proletariado rural del banano. Aun aquellos que lograron mantenerse en sus tierras no fueron invulnerables a la expansiva economía bananera. Los canales que construyó la United rodeaban algunas comunidades de campesinos, aislándolos de los mercados locales. Además, al cambiar los cauces de los ríos para riego, la compañía agravó los problemas de sequía en el verano en las tierras sin riego, y de inundaciones en el invierno. Varias colonizaciones fueron totalmente eliminadas por los canales de la compañía.

El proceso de cambio produjo una relación cercana entre los campesinos y los trabajadores asalariados. Ambos habían llegado recientemente a la zona. Algunos campesinos eran trabajadores asalariados que habían ahorrado lo suficiente para iniciar una ocupación, mientras algunos asalariados eran campesinos desposeídos de sus tierras. Sin embargo, mucha gente rural de Santa Marta rehusaba identificarse como uno u otro. Más bien buscando incrementar su seguridad y su ingreso, adoptaron estrategias que, al pasar el tiempo, incluían ambos papeles. Los trabajadores de las bananeras muchas veces expresaron su deseo de establecerse en la zona convirtiéndose en cultivadores de tierras baldías. En un área de alimentación costosa e inflación opresora, ser colono representaba no solamente la seguridad de subsistencia, sino también una oportunidad de mejoramiento económico. Al mismo tiempo muchas familias de colonos enviaban a sus familiares a trabajar para la United, con el fin de reclamar los beneficios asignados a los trabajadores de la compañía: herramientas agrícolas, pasajes reducidos en el ferrocarril y acceso a los almacenes y hospitales de la compañía. Esta relación fluida y traslapada entre colonos y asalariados creó las bases para la comprensión y apoyo mutuos. Como se verá, en 1928 los colonos se unieron a los obreros de las plantaciones en la gran huelga contra la compañía. Los comerciantes Mientras el negocio bananero crecía, y con él la población, los pueblos más viejos de la región se transformaron: Santa Marta y Ciénaga se convirtieron en ciudades sofisticadas con hoteles de estilo europeo, luz eléctrica, bancos y muchas pequeñas fábricas manufactureras. En un informe oficial se hablaba de 3 fábricas de hielo, 3 de jabón, 1 de harina, 1 de licores, 1 de cerveza, 1 de cigarrillos y 2 de pastas. Al lado del ferrocarril aparecieron nue-

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vas poblaciones: Riofrío, Orihueca, Guayacamal, Ciudad Perdida, El Retén, Aracataca. Alberto Luna Cárdenas describió a Aracataca en 1914, dos años después de que pasara el ferrocarril por ella: «Aracataca era todavía un poblado en formación, con muy pocas casas, construidas de tablas aserradas y techumbres de zinc; la generalidad eran ranchos de cañabrava o mapora parada, cubiertos de palma, todos ellos de apariencia provisional, como de emergencia, para alojar a una humanidad nómada, pobre pueblo de aluvión; con una iglesia destartalada que más parecía en ruinas que en construcción. La campana para llamar a los feligreses a oración consistía en una yarda de riel, cortada en los talleres del ferrocarril y colgada, junto con el badajo, del tronco de un totumo viejo que se había muerto de sed.» En las poblaciones nuevas la primera edificación pública era la iglesia, pero los sacerdotes escaseaban y la autoridad religiosa era débil. Después de la iglesia venían la plaza de mercado, el matadero, la inspección de policía y el salón de cine. Cada caserío tenía avidez por un salón de cine; la población estaba embrujada por la magia del cine. La educación formal, sin embargo, era casi inexistente. Había pocos colegios en la zona; la United no los suministró sino después de 1930. El transcurrir de la vida en los pueblos giraba alrededor de la economía bananera. El día de pago los pueblos revivían, mientras millares de trabajadores buscaban descanso del trabajo duro y del aislamiento de las plantaciones. Las poblaciones proporcionaban diversiones: baile, licor, juego y burdeles. En Aracataca, Alberto Luna Cárdenas encontró «estancos para abastecerse de ron blanco... y grandes ranchones para los bailes comunales de los sábados..., festivales con carnaval y tahúres y vendedores de específicos, yerbateros y traficantes en semillas y huesos milagrosos». Y un trabajador recordaba: «En el pueblo [nos] esperaban las cantinas y los jue-

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gos de boliche, lotería, bacarrat, lo mismo que prostíbulos de italianos, sirios, palestinos y criollos.» En los pueblos vivían los comerciantes de la zona que vendían ron blanco, alimentos, herramientas y ropa. Había cuatro o cinco tenderos en cada población y muchos más en Santa Marta y Ciénaga. Su prosperidad dependía de las ventas hechas a los trabajadores de las bananeras. Encontrando competencia directa de la United, se volvieron en su contra, y algunos se convirtieron en fuertes partidarios de la gran huelga de 1928. Los tenderos y comerciantes de la zona resentían los almacenes de la United Fruit. Surtidos de mercancías importadas que traían los barcos bananeros en sus viajes de regreso, abastecían a los trabajadores de las plantaciones a cambio de los vales emitidos por la compañía. Ésta también poseía varias haciendas de ganado que aprovisionaban a los comisariatos con carne fresca. En los años veinte, los almacenes de la United vendían hasta un veinte por ciento más barato que los tenderos locales. Manteniendo los precios bajos, la compañía esperaba mantener bajos los salarios en un período de inflación general. Los comerciantes revelaban los precios bajos de la United y el pago a sus trabajadores con vales que se podían

Grupo de pequeños arrendatarios en la Zona Bananera, en 1892. Las tierras no incorporadas a las plantaciones fueron ocupadas por colonos, quienes intentaron mantener su independencia, en medio de tensiones con la United Fruit, que pretendía el control de las tierras.

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utilizar solamente en sus almacenes. Los comerciantes que criticaban más fuertemente a la United eran los de Ciénaga, que ya había sido centro de comercio antes del auge bananero, y los comerciantes de importación y exportación de Barranquilla, que abastecían a los almacenes de Ciénaga. El comercio de Barranquilla se exasperó más cuando los barcos de la Gran Flota Blanca comenzaron a parar allí para negociar la carga que traían de ultramar. Los comerciantes no vacilaron en explotar a los obreros de las bananeras: les cobraban precios altos y tomaban descuentos usureros sobre sus vales, mientras las casas de juego contrataban a matones para robarles sus ganancias a los trabajadores con suerte. Aun así, la prosperidad de los comerciantes dependía de la de los trabajadores y ambos grupos tenían motivos de queja contra la compañía. En 1928 el interés de los comerciantes de abolir los almacenes de la compañía y de acabar con el sistema de vales entraría en el pliego de peticiones de los trabajadores. En compensación, los comerciantes de la zona apoyaron de todo corazón la huelga. Los cultivadores nacionales Un cuarto grupo económico importante era el de los cultivadores colombianos de banano. A lo largo del principio del siglo xx, los cultivadores colombianos produjeron más de la mitad de la fruta exportada por la United Fruit desde Santa Marta. En los años veinte poseían 35.000 hectáreas de campos bananeros, contribuyendo con el 57 % de las exportaciones. La mayoría de los cultivadores tenía raíces en la región, aunque el auge había atraído inversionistas de todo el país. Los cultivadores se beneficiaron de las conexiones que la United Fruit estableció con los mercados internacionales, pero se irritaban con su posición de monopolio. Los colombianos dependían de la compañía para crédito, riego y mercadeo de su producto. El

monopolio de la compañía sobre estos factores le permitía manipular los precios del banano, e imponer condiciones que los cultivadores nativos sabían hostiles a sus intereses. Para obtener préstamos y vender sus bananos, los cultivadores tenían que firmar contratos de cinco años con la compañía. Los términos de tales contratos eran señalados unilateralmente por la United, cuyo interés era excluir a compañías bananeras competidoras, ajustar el suministro local a la demanda internacional y asegurar su propia posición contra cambios en el medio económico. Por lo tanto, los contratos estipulaban que por un precio fijo (sesenta centavos por racimo desde 1913 hasta 1930), el cultivador se comprometía a vender todo su banano a la compañía. El productor tenía que cortar y entregar la fruta al ferrocarril en los días asignados por la compañía, y absorber cualquier incremento en el costo que resultara de nuevos impuestos. Al mismo tiempo, la compañía se eximía de cualquier responsabilidad de comprar banano en caso de guerra, huelga o desastre natural que pudieran interferir con el mercado. Los cultivadores sabían que en un mercado competitivo lograrían mayores precios; también se sentían agraviados por tener que asumir todos los riesgos. Pero lo que más les enfurecía era la negativa de la compañía a recibirles siquiera una tercera parte de su cosecha bananera. A los cultivadores se les obligaba a cortar varias veces a la semana, y por contrato la fruta pertenecía a la compañía desde que se bajaba de la mata; sin embargo, la compañía se reservaba el derecho de rechazar sin pago cualquier banano que no fuera «de calidad de exportación». En realidad, la compañía utilizaba esta condición en forma arbitraria para regular el suministro y para recompensar o castigar a los cultivadores locales. Con el rechazo, que ya había generado gastos al cortar, los cultivadores podían hacer muy poco: venderlo a un precio muy bajo por la

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Costa Atlántica, en un mercado doméstico pequeño (alrededor de Santa Marta las clases populares se negaban a comer bananos, a los cuales llamaban peyorativamente «cayeyes», un término también utilizado para insultarse.) La alternativa era dar el banano sobrante a los cerdos o dejarlo al lado del ferrocarril para que se pudriera a la vista de todo el mundo. Como resultado de estos problemas, la mayor ambición de los cultivadores era independizarse más de la United Fruit Company. Buscaron esto estimulando a otras compañías bananeras para establecer servicio de barcos de vapor a Santa Marta. En 1912 los cultivadores trataron de abrir canales alternos de mercadeo por medio de un competidor norteamericano de la United, y lo mismo hicieron en 1918 y 1922. Las luchas de los cultivadores por librarse del monopolio de la United fracasaron. Las razones eran de dos clases: la oposición decidida de la compañía a cualquier intromisión en sus dominios, y las divisiones entre los

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cultivadores mismos. La United utilizó una variedad de tácticas para mantener por fuera a sus rivales. Ejerció presión sobre los cultivadores que trataban de vender banano en otra parte, cerrándoles el agua de riego y los préstamos. Al mismo tiempo asumió acciones legales contra compañías rivales por la violación de contratos legales de adquisición. Mientras se decidían los casos, la United embargaba la fruta en disputa; esto generalmente quebraba a la compañía rival, pues el banano se pudre casi inmediatamente. Para que los cultivadores no la abandonaran en masa, la United hizo que sus contratos se renovaran en épocas distintas. Tales precauciones probablemente no eran necesarias, pues los cultivadores estaban divididos entre sí casi tan vehementemente como estaban en contra de la compañía. Peleaban sobre el agua, los límites y el acceso al patrocinio de la compañía. Aparte de los antagonismos personales, estaban divididos por diferencias de clase, regionalismo y política. Los más ricos y poderosos descendían de

Tren bananero de los ferrocarriles de Santa Marta. En 1892, Minor Cooper Kelth, uno de los creadores de la United Fruit, compró la concesión del nuevo ferrocarril al gobierno de Rafael Reyes; para 1930, la compañía había construido 2 434 km de líneas férreas. En buena parte, el conflicto de las bananeras se desarrolló teniendo como escenario los trenes, líneas y estaciones de este ferrocarril.

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Edificio de la Casa Castillo, de Rafael del Castillo y Cía., agente de la United en Barranquilla.

las viejas familias aristócratas de Santa Marta, mezclados con unos pocos comerciantes de Barranquilla. Éstas incluían las familias Dávila, Goenaga, Campo Serrano, Díaz Granados, Salcedo Ramón, Riasco, Bermúdez, Foliaco, Noguera, Fergusson y Vengoechea. Eran principalmente de extracción española, políticamente conservadores, dueños de grandes plantaciones de banano, haciendas ganaderas y unas pocas fincas cafeteras en la Sierra Nevada. Muchos de estos terratenientes desarrollaron una relación casi simbiótica y mutuamente provechosa con la United Fruit. Vendieron tierras a la compañía, en retribución recibieron los préstamos más jugosos y los contratos más ventajosos, y sus parientes recibían trabajos con sueldos altos en la compañía. Además de sus actividades económicas, estas familias ocupaban importantes puestos políticos en el departamento del Magdalena; eran gobernadores, secretarios departamentales y jueces. Trataban bien a la com-

pañía y, a cambio de favores políticos, ésta les daba un trato preferencial. Si los cultivadores de Santa Marta eran más poderosos y visibles, eran una minoría. En Ciénaga y Aracataca vivían cientos de pequeños cultivadores, muchos de los cuales sembraban menos de cincuenta hectáreas de banano. Casi siempre mulatos y mestizos, y liberales en política, se enojaban con la dominación política de Santa Marta y con lo que parecía una alianza entre los ricos conservadores y la United. Estos liberales, pequeños cultivadores de banano, eran particularmente constantes en su oposición a la compañía. Sus líderes eran dos grandes comerciantes cienagueros, cultivadores de banano: Juan Bautista Calderón y Julio Charris. La relación entre los cultivadores de banano y los trabajadores de la zona era ambivalente. Tal como la United, ellos robaron las tierras a los campesinos y aprovecharon el trabajo duro de los obreros, utilizando a los mismos contratistas que la compañía. La mayoría de los observadores estaban de acuerdo en que los salarios y las condiciones de vida eran peores en las plantaciones de colombianos que en las de la United. Al mismo tiempo, tanto los cultivadores como los trabajadores sentían que eran explotados por la United: de aquí surgió una especie de mutua identificación. La lógica económica de la United —limitar el abastecimiento para mantener alto el precio mundial del banano— resultó un desperdicio de recursos nacionales. Miles de hectáreas de tierra inutilizada, miles de racimos de banano pudriéndose al lado de los rieles ferroviarios reforzaban entre los colombianos de la zona un sentimiento de injusticia. Factor adicional que unía a los trabajadores y a algunos de los cultivadores era su identificación como miembros del partido liberal. Esto era particularmente cierto en Ciénaga y en Aracataca, donde la mayoría de comerciantes y cultivadores vivían en las Cabeceras municipales y mantenían un

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contacto cotidiano con los campesinos y con los trabajadores. Los años veinte Toda la población de la zona bananera tenía motivos de queja contra la United Fruit Company. ¿Pero qué hizo precipitar la huelga? En primer lugar, los cultivadores colombianos se volvieron más impetuosamente contra la compañía. En los veinte la inflación comenzó a mermar las ganancias de los cultivadores, aunque el volumen creciente de exportaciones las compensaba en parte. Las utilidades de la expansión bananera fueron distribuidas en forma desigual. Los cultivadores de Santa Marta sacaban provecho, mientras los pequeños cultivadores de Ciénaga y Aracataca eran golpeados por los precios que subían, la falta de crédito y la competencia de los grandes cultivadores. A comienzos de los veinte, apelaron al gobierno nacional.

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Mientras los cultivadores habían tratado de enfrentarse a la dominación de la United relacionándose con otras compañías de exportación, otros trataron de buscar la intervención directa del gobierno. Éste podía ayudar a la industria colombiana bananera a ganar su independencia rompiéndole a la United sus monopolios sobre el ferrocarril, el riego y el crédito. El hecho que la concesión sobre el ferrocarril cedida durante el gobierno de Reyes a la United estuviera próxima a expirar, revivía las esperanzas de los cultivadores. Mientras tanto, un grupo asesor norteamericano, la comisión Kemmerer, apremió al gobierno colombiano para que gravara las exportaciones de banano. En Santa Marta y en Bogotá se habló de nacionalizar los canales de riego y los ferrocarriles dominados por la United Fruit, de imponer un impuesto de exportación y crear canales alternos de crédito que permitieran a los

Fotografía tomada en "La Isla", propiedad de la familia Campo Serrano, en la Zona Bananera. "Muchos de estos terratenientes desarrollaron una relación casi simbiótica y mutuamente provechosa con la United. Vendieron tierras a la compañía y en retribución recibieron préstamos y contratos".

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colombianos romper sus contratos con la compañía. En el fondo de tales iniciativas había un nacionalismo incipiente que, al mismo tiempo que le abría los brazos a la inversión extranjera, quería utilizarla para propósitos colombianos. En 1923 el gobierno dio un primer paso: creó una Comisión de Baldíos especial en la zona bananera. El propósito de la Comisión de Baldíos (un director, un topógrafo y varios policías) era proteger toda tierra baldía contra su usurpación, con el objeto de crear allí una asociación nacional de productores de banano. La comisión debería también hacer cumplir las leyes de tierras y de aguas. La comisión tuvo dificultades para su trabajo: se enfrentaba tanto con la United como con los cultivadores locales, que insistían en sembrar banano dentro de las reservas nacionales y se negaban a obedecer las órdenes de la comisión. En mayo de 1928 ocurrió una violenta confrontación entre agentes de la United y la Comisión de Baldíos. Ésta ordenó a la compañía dejar de cambiar el cauce del río Tucurinca para sus riegos y, cuando la comisión trató de deshacer los diques, la policía municipal, bajo las órdenes de la United Fruit Company, ordenó el encarcelamiento de los representantes del gobierno nacional. La presencia de la comisión tuvo varios e importantes efectos. Limitaba artificialmente el terreno disponible en la zona, no solamente para la United, sino para los cultivadores colombianos y para los colonos, restringiendo así las posibilidades de movilidad social. La competencia entre ellos se intensificó, y los más pequeños y menos influyentes cultivadores salieron perdiendo. Al mismo tiempo, los hallazgos de la comisión apoyaban la pretensión de los colonos de que la tierra usurpada por la United pertenecía a la nación, y el desafío a lo reglamentado por la comisión por parte de la United, ponía en claro el ostensible desprecio de la compañía hacia las autoridades colombianas.

El gobierno tomó otras medidas. En 1924, los cultivadores solicitaron que una sucursal del nuevo Banco Agrícola Hipotecario fuera abierta en Santa Marta para suministrar una fuente alterna de crédito. Y en 1925 la Corte Suprema de Justicia ordenó a la United devolver el ferrocarril al gobierno colombiano. La United opuso resistencia a estas medidas, que no entraron en vigor sino después de 1930. El que la primera tentativa gubernamental en la zona no tuviera efecto contribuyó a la visión de que la United actuaba como un «estado dentro del Estado». En los dos años anteriores a la huelga, la hostilidad entre la United Fruit Company, por un lado, y el gobierno colombiano y los cultivadores colombianos, por el otro, llegó a su cima. Un desastre natural precipitó la crisis: en 1927, un huracán destruyó 13 millones de matas de banano cerca de Sevilla, causando seis millones de pesos en pérdidas a las plantaciones colombianas de banano. Los cultivadores solicitaron préstamos de emergencia para rehacer sus propiedades y la United los negó, lo que enfureció a los cultivadores y, por primera vez, los unió. Acudieron al gobierno para que nacionalizara inmediatamente los ferrocarriles y canales de riego de la compañía. Mientras tanto, Juan B. Calderón y Julio Charris fundaron una Cooperativa de Productores Colombianos de Banano en Ciénaga, y a comienzos de 1928 establecieron acuerdos de mercadeo con el mayor competidor de la United Fruit Company: la Cuyamel & Atlantic Fruit Company. Mientras aumentaba la hostilidad de los cultivadores hacia la compañía, se resquebrajaba la autoridad política establecida y se encendían las lealtades partidistas liberales y conservadoras. Al final de los años veinte llegó al poder un nuevo gobernador conservador, Juan B. Cordomane. Asumió una posición en favor del nacionalismo económico y de la intervención del Estado en la economía bananera. La

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crítica abierta a la United por parte de Cordomane dividió a los conservadores. A la larga, Cordomane fue destituido, para ser reemplazado por un personaje ajeno a la región, José M. Núñez Roca, quien no gustaba a nadie y contra quien se tornaron todos los conservadores de la sección. Se ha sugerido que algunos importantes cultivadores conservadores apoyaron la idea de una huelga con la esperanza de tumbar al nuevo gobernador, y mientras los conservadores se dividían, los liberales de Ciénaga y Aracataca se unieron, en parte como respuesta al fracaso en 1928 de la nueva Cooperativa de Productores Colombianos de Banano, destruida por otro embargo más de la United Fruit Company. Los liberales culpaban a la United y al gobierno conservador por sus dificultades. En 1929, los liberales en Ciénaga hablaron de separarse de Magdalena y establecer un departamento aparte. Al mismo tiempo fomentaron la huelga contra la compañía, viéndola como una revuelta liberal que podría tumbar a los conservadores. Así, el período inmediatamente anterior a la huelga fue de agitación política en la zona. La hostilidad hacia la United por parte de algunos cultivadores se contagió a sus trabajadores. Un observador decía: «Me da la impresión de que [los productores criollos] incitan a los obreros con sus francas declaraciones de disgusto.» Aparte de los cultivadores de banano, los campesinos y trabajadores asalariados tenían sus propias razones para entrar en huelga. Una era el deterioro de su situación económica. Los problemas de los colonos provenían directamente de la rápida expansión de la producción de banano después de la primera guerra mundial. En menos de diez años el área dedicada al cultivo se duplicó. Al mismo tiempo, grandes cantidades de colonos luchaban una batalla sin esperanzas contra el desalojo: desde 1920 hasta 1928, los colonos notificaron a las autoridades nacionales más de cuarenta expulsiones, algunas de las cuales amenazaban

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hasta a cien familias campesinas. Así, durante los años anteriores a la huelga, muchos colonos fueron echados de sus tierras y obligados a dirigirse a las plantaciones. La condición de los trabajadores de las plantaciones es menos clara. Con la expansión de la producción del banano, su número se incrementó. Los salarios también aumentaron algo en los años veinte, pero es probable que cayeran en términos reales, dada la inflación rampante. Antiguos trabajadores se refieren a un aumento en el subempleo: después del huracán de 1927, algunos encontraban trabajo por tres días a la semana, o por dos semanas al mes. De esta manera, tanto los colonos como los trabajadores de las plantaciones experimentaron una creciente inseguridad económica. Al mismo tiempo, los artesanos, obreros y campesinos comenzaban a presionar por el derecho a organizarse y por mejores condiciones de trabajo en varias partes del país. La actividad huelguística más temprana en Colombia fue iniciada por trabajadores del ferrocarril, del puerto y del río. La zona bananera no fue una excepción: las primeras personas en salir en huelga fueron los trabajadores del ferrocarril en 1910. En 1918, un año de paros en Bogotá y la Costa Atlántica, una segunda huelga explotó en Santa Marta, nuevamente entre trabajado-

Residencia del gerente de la United Fruit Company en Santa Marta.

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res del ferrocarril y del muelle. Promovida por algunos cultivadores locales de banano y algunos comerciantes en lucha con la United Fruit, logró el alza del salario para los trabajadores del transporte. En medio de la actividad huelguística, ese año el Congreso pasó algunas débiles leyes laborales de Colombia. Alrededor de 1920, varias sociedades obreras surgieron en la zona. Eran organizaciones comunales que proveían quinina cuando sus miembros contraían malaria, pagaban fianza cuando eran arrestados, etc. La más fuerte era el Sindicato General de Obreros de la Sociedad Unión, fundado en 1921. La Sociedad Unión recibía apoyo de los trabajadores del ferrocarril, del puerto y de la construcción de Santa Marta, y de unos pocos artesanos de Ciénaga y Aracataca. Mantenía sitios de reunión y una funeraria en Santa Marta y publicaba su propio periódico. En 1924 la Sociedad Unión presentó un pliego de peticiones a la United Fruit solicitando alzas de los salarios en el puerto, el ferrocarril, y las plantaciones, y la abolición del sistema de enganche por contrato. Cuando la United se negó a negociar, la sociedad llamó a una huelga que duró un día. Creyendo en las promesas de la United Fruit y del gobernador de que las condiciones mejorarían al iniciar nuevamente el trabajo, la unión se rindió. Después de 1924, la Sociedad Unión no hizo más peticiones. Conocida como la «Unión Amarilla», continuó funcionando en Santa Marta en oficinas que pagaba la compañía. El campesinado de la zona se mantuvo sin organizaciones ni sindicatos hasta mediados de los años veinte. La primera organización en apelar directamente al campesinado y en funcionar independientemente de la United Fruit y de las clases dominantes locales apareció en 1925. Fue fundada por dos inmigrantes españoles y por un italiano en ese viejo baluarte liberal que era el caserío de Guacamayal. Los fundadores procedían de la tradición española anarcosindicalista y, junto

con José Garibaldi Russo, un intelectual local impresionado por la Revolución rusa, formaron en octubre de 1926 la Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena (USTM), una organización poco rígida en la cual se mezclaban muchas ideas mutualistas, anarcosindicalistas, socialrevolucionarias y liberales. Estaba influida por los movimientos obreros de Barrancabermeja y de otras partes de la Costa Atlántica, particularmente Barranquilla y Montería. En forma embrionaria, la idea de una huelga contra la United Fruit Company comenzó a crecer. En febrero de 1927 representantes del Partido Socialista Revolucionario (PSR), fundado un año antes en Bogotá, visitaron la zona, pronunciándose contra el imperialismo y en pro de los derechos del trabajador. Estos representantes, Ignacio Torres Giraldo y María Cano, notaron una gran presión de los trabajadores para realizar una huelga. «Los trabajadores de las plantaciones bananeras querían declarar la huelga inmediatamente», escribió Torres Giraldo. También comentaba que el antagonismo de los trabajadores hacia la United y sus convicciones liberales se reforzaban mutuamente: «Las masas estaban saturadas de ideas revolucionarias seguramente muy confusas, pero que tenían la virtud de unirlas, de alinearlas para la lucha conjunta. ¿En qué consistía esta lucha y cuál era su finalidad? Ahí era donde la claridad faltaba. Pero es indudable que la gente veía —o creía ver— en esta oleada en aumento de las fuerzas vitales del pueblo trabajador, ¡la caída del régimen odiado de la hegemonía conservadora, instrumento dócil de la United Fruit Company!» Aparte de su sentimiento liberal, las motivaciones de la población campesina nacían de sus quejas económicas. Ignacio Torres Giraldo encontró a los colonos de la zona abiertos a nuevas ideas de organización y protesta. Los campesinos ayudaron a convencer a los trabajadores de las plantaciones para enfrentarse a la compañía. A fi-

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nes de los veinte los colonos se unieron a los trabajadores asalariados para formar grupos de trabajadores por toda la zona. En cada finca se formaron comités: se llamaban «sindicatos de obreros y colonos campesinos», pero eran asociaciones sueltas y espontáneas. Un viejo obrero recordaba: «Cuando yo llegué a la zona, prácticamente no había sindicato. Inclusive cuando estalló la huelga de 1928 tampoco lo había. Lo que existía en cada finca era un comité de huelga. Claro que muchos le daban el nombre de sindicato, pero en realidad no lo era. Estos comités sirvieron de base para crear más tarde los sindicatos, y para formar la Federación de Trabajadores del Magdalena.» Los comités locales enviaban representantes a asambleas de obreros más grandes de Ciénaga y de Guacamayal. Hacia 1927 los campesinos y los obreros estaban listos para actuar. Planeaban declarar la huelga en mayo, pero con el huracán fue pospuesta. En febrero de 1928, Ignacio Torres Giraldo y María Cano regresaron en otra gira, esta vez con Raúl Eduardo Mahecha, organizador del Partido Socialista Revolucionario que tendría un papel muy importante en la gran huelga. Mahecha era un personaje enérgico, simpático, lleno de cuentos y chistes, no muy teórico, pero gran organizador. Hijo de un campesino tolimense, llegó a involucrarse con los obreros por medio del movimiento sindical católico. Habiéndolo abandonado, organizó huelgas a todo lo largo del río Magdalena, entre ellas las de los obreros petroleros en Barrancabermeja en 1924 y 1927. Una vez en la zona bananera, Mahecha se convirtió en secretario de la Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena y ayudó a los trabajadores a elaborar el pliego de peticiones. Más tarde, en agosto de 1928, otro organizador con amplia experiencia, Alberto Castrillón, se unió a los obreros de las bananeras. Impresor de profesión, miembro del Partido Socialista Revolucionario y reciente delegado a Mos-

cú, Castrillón se haría famoso por su testimonio desde la cárcel sobre la masacre. «Agitadores de afuera» como Mahecha y Castrillón, ciertamente apoyaron la huelga, pero también lo hicieron algunos comerciantes, cultivadores de banano locales y políticos liberales. Sin embargo, la huelga era ante todo un movimiento desde abajo, de obreros y campesinos resueltos a afirmar sus derechos y la ley colombiana sobre la poderosa compañía extranjera. El movimiento obrero era de masas, democrático, de organización poco rígida y autodirigido. La huelga Un año después del huracán en Sevilla, los obreros bananeros elaboraron

María Cano, dirigente del partido socialista revolucionario. En compañía de Ignacio Torres Giraldo visitó la Zona Bananera en febrero de 1927 y encontró una gran presión de los trabajadores para realizar una huelga.

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un pliego de peticiones compuesto de nueve demandas. El 6 de octubre de 1928 una asamblea de la Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena, en Ciénaga, aprobó unánimemente el pliego. Solicitaban a la United Fruit y a los productores nacionales: 1) seguro colectivo obligatorio; 2) reparación por accidentes de trabajo; 3) habitaciones higiénicas y descanso dominical remunerado; 4) aumento en 50 % de los jornales de los empleados que ganaban menos de 100 pesos mensuales; 5) supresión de comisariatos; 6) cesación de préstamos por medio de vales; 7) pago semanal; 8) abolición del sistema de contratistas; y 9) mejor servicio hospitalario. No obstante los deseos de insurrección liberal o la utopía revolucionaria que hubiera podido motivar a algunas personas, éste no es de manera alguna un documento revolucionario. Fundamentalmente la Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena solicitaba a la United Fruit que reconociera a sus empleados; aunque la compañía negara su existencia, estos trabajadores le producían su riqueza. Ellos exigían su reconocimiento y para ello insistieron que la United aboliera el sistema de contratos indirectos y les concediera los derechos que les garantizaba la ley colombiana. Los trabajadores también solicitaban a la compañía que negociara con ellos, tal como ocurría en las naciones modernas. El 7 de octubre, Erasmo Coronel, Nicanor Serrano y Pedro M. del Río —los tres negociadores escogidos por los trabajadores de las plantaciones— viajaron a Santa Marta para presentar el pliego de peticiones a la United. El gerente, Thomas Bradshaw se negó a recibirlos. Tres semanas más tarde, Bradshaw les hizo saber que no podía considerar este pliego porque los delegados, y los trabajadores a quienes representaban, no eran empleados de la compañía. Bradshaw basó su aseveración en la resolución del 25 de febrero de 1925 del Ministerio de Industrias que «había conceptuado que los trabajadores de los contratistas no

lo eran de la empresa, por no existir entre aquéllos y el patrono un vínculo jurídico». La United permaneció intransigente en este punto durante toda la huelga que siguió. ¿Cómo explicar la rigidez de la United Fruit Company? La historiadora Judith White sugiere que es necesario tomar en cuenta el aspecto global de la economía. Al final de los años veinte, la dominación de la United sobre el mercado internacional de banano estaba siendo desafiada por algunas compañías advenedizas. Para mantener su participación en el mercado, la United se sintió presionada a reducir los costos de producción. Al mismo tiempo, se veía claramente que la zona bananera de Santa Marta ya no era económicamente competitiva: el banano colombiano pesaba menos que los de Centroamérica, mientras los fletes a los Estados Unidos eran mayores. La United Fruit Company consideraba estas demandas de los trabajadores una amenaza a su operación en Colombia. Si los trabajadores las imponían, la compañía tendría que aumentar los salarios y el precio de compra a los cultivadores colombianos. Por lo tanto, la United se negó a negociar. La compañía argumentó que la huelga no podía ser vista como un paro legítimo de trabajo, sino como una rebelión contra la autoridad establecida, fomentada por agitadores extraños al conflicto. El 28 de octubre, y nuevamente el 6 de noviembre, el gerente de la United rechazó a la delegación de los trabajadores. Finalmente, el comité ejecutivo de la Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena le entregó a la United un ultimátum: o se acordaba negociar o los trabajadores iniciarían la huelga. El sábado 10 de noviembre, Thomas Bradshaw dio la orden de que toda la fruta de la zona fuera cortada y embarcada. La Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena, temiendo que la compañía acabara con la fruta y cerrara sus operaciones antes que se declarara la huelga, citó a una reunión de emergencia. En la noche del

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11 de noviembre, el comité ejecutivo de la Unión Sindical, el comité negociador y los representantes de 63 fincas se reunieron en la casa de Cristian Vengal en Ciénaga (Éste, un mulato de Curazao, que dirigía la Federación de Trabajadores del Ferrocarril, era un líder laboral respetado en la zona bananera; su casa se convirtió en sede del comité ejecutivo de la Unión Sindical durante la huelga.) La discusión fue agitada y larga. A las once de la noche fue tomada la decisión fatal: el día siguiente los trabajadores de la zona bananera entrarían en huelga contra la United Fruit Company y los productores nacionales. La asamblea de Ciénaga imprimió un cartel explicando su decisión: «Los obreros de la zona bananera están dentro de la ley. No hay una sola disposición que venga a impedir el hecho de la huelga[...] La United Fruit Company no cumple una sola de las leyes de Colombia referentes a los tratos y contratos con los trabajadores, declarándose en abierta rebeldía, como lo han pretendido hacer

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muchas otras compañías extranjeras, como la que pretendía apoderarse de las ricas regiones del Catatumbo, en Santander, para[...] formar una república petrolera[...] Esta huelga es el fruto del dolor de miles de trabajadores explotados y humillados día y noche por la compañía y sus agentes. Ésta es la prueba que hacen los trabajadores en Colombia para saber si el gobierno nacional está con los hijos del país, en su clase proletaria, o contra ella y en beneficio exclusivo del capitalismo norteamericano y sus sistemas imperialistas. Vamos todos a la huelga. El lema de esta cruzada debe ser Por el obrero y por Colombia.» Delegados de la asamblea regaron la voz por los pueblos y campamentos de la zona. A mediodía del día 12 de noviembre todo trabajo había cesado en las plantaciones. Durante los primeros tres días de huelga, los trabajadores formaron dos clases de comisiones: grupos para distribuir comida y comités de vigilancia para asegurarse que no llegara banano

Raúl Eduardo Mahecha, gran dirigente obrero y organizador de huelgas, secretario de la Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena, personaje decisivo en la huelga de las bananeras, en 1928. Lo acompañan, a lado y lado, Pedro M. del Río y Erasmo Coronel, negociadores de los trabajadores de la Zona, Bernardino Guerrero, secretario de Mahecha, y Nicanor Serrano, otro de los delegados obreros que redactaron el pliego de peticiones y que no fueron reconocidos por la United Fruit. El 11 de noviembre sería decretada la huelga.

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al puerto. Los comités de distribución de alimentos respondieron al problema de sostenimiento: nadie trabajaba y la United se negaba a pagar lo que debía por trabajo realizado a finales de octubre y principios de noviembre. Las Cámaras de Comercio de Ciénaga y de Barranquilla suministraron apoyo esencial. Dueños de almacenes, como el jefe liberal de Ciénaga Juan B. Calderón, donaron grandes cantidades de comida. Los comerciantes habían tomado parte en la elaboración del pliego de peticiones, y se beneficiarían con la abolición de los almacenes de la compañía. Sin sus donaciones, la huelga no hubiera durado mucho. Además de la red de distribución de comida, los huelguistas armaron comités de vigilancia para que el banano no se cortara. En la primera semana, la huelga era sólo parcial en Riofrío y en Sevilla: allí la United Fruit Company contrató a obreros, conocidos como «patas negras», para reemplazar a los huelguistas. Cuando esta gente comenzaba a cosechar, grandes grupos de huelguistas aparecían urgiéndoles a que pararan y destruían el banano mientras se cortaba. Otras familias acamparon con toldas y fogones improvisados sobre el ferrocarril, para que las góndolas no pudieran pasar; cuando era necesario, bloqueaban los rieles con madera o piedras. Los huelguistas llevaban banderas rojas, símbolo de su fuerza. Las mujeres de la zona bananera tomaron un papel particularmente vigoroso. El líder obrero Sixto Ospina Núñez describe sus actividades: «Los capataces y los mandadores trataban de hacer el corte de la fruta, pero la gente, y especialmente las mujeres, le echaron machete a los cultivos... llegaron las mujeres y les picaron el banano en las estaciones. Nosotros utilizábamos a las compañeras como enlace. Ellas eran las que se podían mover y desplazarse de finca en finca sin ser molestadas por el ejército.» El papel significativo que la mujer desempeñó en la huelga se subrayaría en los consejos de guerra dos meses después: de 31 personas senten-

ciadas a prisión por su actividad en la huelga, cinco eran mujeres, y todas registraron su ocupación como «domésticas». Los huelguistas desarrollaron una red eficaz de comunicaciones. Aunque el centro de influencia de la United era Santa Marta, donde estaban la central de la compañía, los cultivadores conservadores y los trabajadores portuarios (quienes no entraron a la huelga), Ciénaga se convirtió en el centro de los trabajadores; allí la Unión Sindical tenía salones de reunión, una cooperativa y, su imprenta. Raúl Eduardo Mahecha operaba una máquina de impresión y con otras personas, publicaba el periódico Vanguardia Obrera y un flujo constante de hojas volantes. Varios periódicos liberales publicados en Ciénaga, incluyendo El Diario de Córdoba editado por Julio Charris, simpatizaron con la huelga. Los líderes de la huelga en Ciénaga se mantenían informados de los planes de la United por medio de los operadores telefónicos y telegráficos de la compañía, muchos de los cuales revelaban todo lo que escuchaban. Para expandir las noticias, la Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena dependía de estafetas que se llamaban «el correo rojo». La Unión Sindical también emitió cédulas personales y salvoconductos, para que solamente aquellos que apoyaran la huelga pudieran moverse libremente por los campos. Lo que observamos en la gran huelga de 1928 es una extraordinaria movilización social. Los historiadores están de acuerdo en que casi todos los obreros y cargadores de la zona se sumaron a la huelga, aunque los cálculos sobre el número preciso de huelguistas varían de 16.000 a 32.000. Los trabajadores permanecieron en huelga durante casi un mes, del 12 de noviembre hasta el 5 de diciembre. Durante este tiempo no se despachó banano desde Santa Marta. Mientras tanto, los huelguistas se mantuvieron pacíficamente y disciplinados esperando a que la United cediera y aceptara negociar.

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Entonces, ¿por qué no ganaron los obreros? ¿Por qué tuvieron tantas dificultades en traer a la mesa de negociaciones a la United Fruit Company? Se han ofrecido varias explicaciones. Algunos subrayan la fuerza de la United Fruit. Como tenía inversiones en otros países, no se sintió presionada a llegar a un acuerdo con los trabajadores. En caso necesario, la compañía podría cerrar sus operaciones en Colombia. Otras explicaciones destacan las debilidades del movimiento obrero. La huelga estalló en un momento en el cual el movimiento laboral en Colombia, internamente fraccionado, recibía ataques del gobierno. La «Ley Heroica» contra huelgas y actividades asociativas, que establecía la censura de prensa, había sido aprobada solamente dos semanas antes. Muchos activistas del Partido Socialista Revolucionario estaban encarcelados, y la dirección se había dividido en dos gru-

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pos contrarios. Líderes importantes del Partido Socialista Revolucionario como Ignacio Torres Giraldo y Tomás Uribe Márquez pensaron que la huelga en las bananeras era precipitada, y no hicieron nada para generar mayor apoyo. Además, había una ignorancia casi total de organización política en la zona. Los trabajadores no tenían experiencia, mientras gentes como Mahecha se habían empapado de la idea anarquista de que con la huelga vendría una victoria inmediata. Nadie tenía una visión sofisticada y a largo plazo de cómo organizarse para la confrontación que se avecinaba. Lo anterior ignora un factor indispensable: la actitud del gobierno. Cuando la Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena escribió el pliego de peticiones, no solamente le envió copias a la United Fruit sino al presidente de. la República, al Congreso y al Ministerio de Industrias. Los tra-

El 16 de noviembre de 1928, primera plana del "Diario de la Costa", de Cartagena, en que se anuncia el desplazamiento de Cortés Vargas hacia Aracataca para dominar la huelga.

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General Carlos Cortés Vargas, designado por el ministro de Guerra Ignacio Rengifo para dominar la situación de orden público en la Zona Bananera. Con tres batallones desplazados desde Barranquilla, intentó dominar la huelga y fue él quien dio la orden de fuego en la plaza de la estación del ferrocarril de Ciénaga, en la noche del 5 al 6 de diciembre, causando la matanza de huelguistas. El año siguiente, 1929, el general publicó el libro "Los sucesos de las bananeras", en el que intentó justificar su actuación en el conflicto.

bajadores solicitaban al gobierno que admitiera la legalidad de sus demandas, y pidieron a la Oficina General de Trabajo que mediara entre ellos y la United Fruit. La compañía también trató de influenciar al gobierno, tal como lo atestiguan las decenas de telegramas que se enviaron a las autoridades en Bogotá. En los años veinte, el marco legal e institucional para la negociación colectiva entre trabajadores y empresa estaba poco desarrollado. Los principios de los derechos del trabajador —descanso dominical, compensación en caso de accidente, seguridad social— estaban incluidos en algunas leyes, en las que los trabajadores de las bananeras fundaron sus reivindicaciones. Pero, tal como lo descubrirían durante la huelga, gran

parte de la legislación no cubría todavía a los trabajadores agrarios. Lo que en realidad querían los obreros eran «arreglos para hacer viable la ley y enmarcarse dentro de ella», según lo afirma Carlos Cortés Vargas. Sin embargo, los gobiernos conservadores de los años veinte tendían a ver con alarma cualquier acción independiente por parte de los obreros, ya se tratara de paros o esfuerzos de sindicalización. Temían la movilización de campesinos y de obreros asalariados que se estaba gestando en toda Colombia. Las clases bajas estaban pidiendo mayor participación en la vida económica y política del país. Los conservadores interpretaban esta petición, no como la emergencia natural de los sectores bajos y como actores de pleno derecho, sino como una conspiración comunista instigada posiblemente por oscuros agitadores extranjeros. Los conservadores temían también la posibilidad de una insurgencia liberal. Así, en lugar de crear las estructuras institucionales que permitieran negociar a los trabajadores y empresarios, el gobierno percibió el problema social como de desorden y de subversión. Esta visión lo obligó a tomar una posición represiva. El 12 de noviembre, día en que estalló la huelga, el gerente de la United, Thomas Bradshaw, envió un telegrama urgente al presidente Miguel Abadía Méndez: «Desde hace varios días elementos irresponsables, desvinculados absolutamente de gremios trabajadores obreros de esta compañía, han venido planeando movimiento que bajo nombre de huelga han hecho cristalizar desde las primeras horas de ayer tarde. Trátase de verdadero motín, pues patrullas recorren región bananera concitando desorden, amenazando con asesinato demás trabajadores que voluntariamente desean concurrir al trabajo, impidiéndoles violentamente ejercitar libre derecho. Estimo esta situación revuelta peligrosa, extremamente grave...» La respuesta de la administración fue militar: el ministro de Guerra ordenó al

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general Carlos Cortés Vargas, quien estaba estacionado en Barranquilla, mover tres batallones a la zona bananera. Se le ordenó: «Amparar trabajadores pacíficos están siendo hostilizados e instigados por revoltosos actúan en esa zona... y asegurar conservación orden público.» El general Cortés Vargas estableció sus cuarteles en Santa Marta y estacionó tropas en Ciénaga, Aracataca, El Retén, Fundación y Orihueca y asumió el control del ferrocarril de Santa Marta. Durante todo el día carros llenos de soldados armados con rifles y ametralladoras patrullaban los campos. Sixto Ospina reportó: «El tren recorría la zona con el ejército. Las tropas detenían gente de una parte y la botaban en otra. Eso lo hacían con el fin de desmovilizar a los huelguistas y debilitar el movimiento. Algunos detenidos eran entregados a la policía y otros abandonados en cualquier parte.» Pronto había varios cientos de huelguistas arrestados, atestados en pequeños cuartos en las cabeceras municipales o entre vagones calientes. El general Cortés Vargas tenía el propósito de intimidar a los huelguistas y, explicó más tarde, de forzar a los trabajadores a rendirse intercambiando prisioneros por concesiones a la United Fruit Company. Las tácticas del general no fueron exitosas. Frecuentemente se liberaba a los prisioneros por orden de los alcaldes o jueces locales, o del gobernador, que resentía la apropiación de autoridad por parte del general. Aquellos a quienes soltaban regresaban a casa, donde eran recibidos como héroes. Santander Alemán, un administrador del ferrocarril que servía como mensajero a la Unión Sindical, recordaba con estas palabras uno de estos incidentes: «Un día veníamos ochocientos trabajadores entre quienes había muchas mujeres y niños, entre Sevilla y Riofrío. Al llegar a la estación La Fe, nos encontramos con los soldados. Nos preguntaron que para dónde íbamos, a lo que nosotros respondimos que estábamos pa-

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seando. Pero claro lo que estábamos era andando de finca en finca apoyando a los huelguistas. La tropa nos dijo que no podíamos seguir, y nosotros respondimos que sí íbamos a seguir porque el camino era libre. Nos preguntaron otra vez que quién era el jefe y entonces le dijimos que todos éramos jefes. ¡Entonces todos quedan detenidos!, contestaron los soldados. Nos llevaron a Santa Marta. Al tercer día no nos habían dado comida ni agua. También se formó un problema muy grande porque no cabíamos en la cárcel. Al cuarto día, el director nos dijo que él no tenía nada contra nosotros y que era el ejército el que nos había llevado allí. El director habló con el gobernador, quien respondió que a él no le importaba nada ese problema. Nuevamente el director dijo que él no se iba a echar ese lío encima por más tiempo, abriéndonos las puertas para que nos fuéramos. Cuando llegamos a Ciénaga, había una manifestación esperándonos con banderas.» El apoyo del general Cortés Vargas a la United Fruit Company dio pie a la creencia generalizada de que la compañía había corrompido al ejército. Se decía que los soldados dormían en casas de la United y que la comida venía de sus comisariatos. Un superior del general Cortés Vargas, Justo A. Guerrero, admitió en parte la acusación: «Era indispensable para el general Cortés alojarse en una casa de la United Fruit Company... pues esa casa dispone de teléfono.» La evidencia de colaboración entre la United y el ejército era más profunda: los comerciantes notaban que los comandantes de compañía, que ganaban sólo 120 pesos mensuales, mostraban billetes de 500 que solamente hubiera podido distribuir la United, y los trabajadores veían a empleados de la compañía en los trenes indicándoles a los soldados a quién arrestar. Se dijo también que el general Cortés Vargas asistía a banquetes ofrecidos por la administración de la compañía, que degeneraban en orgías. El general negó el cargo, pero la secretaría privada del

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gobernador lo divulgaba y se le creía ampliamente en la zona. Los huelguistas veían al general Cortés Vargas como el agente corrupto de una empresa extranjera, y el general temía a los trabajadores. Sostenía que ellos también habían sido corrompidos por agentes extranjeros —agentes del comunismo internacional— y prohibió a sus soldados aventurarse en los campos bananeros con menos fuerza que una compañía. Aunque veía a los huelguistas como gente potencialmente violenta, su mayor preocupación no era que atacaran a los soldados, sino que ganaran sus simpatías. Y ésta era la intención de los huelguistas. Durante toda la huelga, la Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena imprimió carteles apelando a los soldados: «Soldados del Ejército Colombiano, compañeros del infortunio, ¡salve! ¿Qué delito han cometido los trabajadores de la región bananera, para que sean tan cruelmente tratados por el ejército de nues-

"Entre parientes", caricatura de Ricardo Rendón que critica la despótica actuación del general Carlos Cortés Vargas en la huelga bananera, publicada en 1929.

tra patria? Soldados del Ejército Colombiano, ya habéis presenciado que vuestros jefes y oficiales viven en completo contubernio con los yanquis, en sus mansiones de la zona, los mismos que después de robarse nuestras riquezas se apropian de nuestro suelo. No olvidéis a Panamá. No olvidéis compañeros del regimiento, que si tal cosa sucede, volved las armas contra los piratas de nuestra riqueza y contra aquellos nacionales que... venden a nuestra patria.» Cuando tenían la oportunidad, los trabajadores hablaban con los soldados. Los oficiales del ejército comenzaron a dudar de la lealtad de sus tropas, particularmente porque la mayoría de los soldados eran costeños, mientras los oficiales eran «cachacos». En respuesta a estas dudas, se trajeron 300 refuerzos de Antioquia durante la última semana de noviembre. Los esfuerzos para romper la huelga por parte del general Cortés Vargas seguían las órdenes del ministro de

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Guerra, Ignacio Rengifo B. Impetuoso y autoritario, Rengifo era famoso por tratar con dureza a quienes lo desafiaban. En el movimiento obrero Rengifo sólo vio desorden y rebelión. El gobierno conservador lo había encargado de tratar estos «problemas sociales»; la manera de hacerlo, pensaba, era reprimirlos con firmeza, y si fuera necesario, con la fuerza. Los trabajadores debían aprender una lección. Algunos funcionarios del gobierno no estaban de acuerdo. El Ministerio de Industrias, dirigido por el jurista conservador José Antonio Montalvo, prefería la negociación. En 1924 el Congreso estableció una oficina especial dentro del ministerio —la Oficina General de Trabajo— para reunir información sobre las condiciones de trabajo y establecer la nueva legislación laboral. En 1927 se le encargó mediar en conflictos entre los obreros y las empresas y nombrar inspectores regionales de trabajo. Unos meses antes de la huelga, llegó a Santa Marta Alberto Martínez Gómez, el primer inspector laboral asignado a la zona bananera. Martínez Gómez acompañó a los delegados de la Unión Sindical el 28 de octubre cuando trataron infructuosamente de presentar el pliego de peticiones a la United, y aconsejó a la compañía que negociara. El 16 de noviembre el inspector de trabajo declaró legal la huelga y el general Cortés Vargas lo hizo encarcelar. Se le acusó de ser un líder comunista e instigador de la huelga. Una semana después, un juez local encontró que el inspector era inocente y lo liberó. El general Cortés Vargas llamó «comunista» al inspector porque había animado a los trabajadores para que demandaran sus derechos; en contraste, el ministro de Industrias argumentó que al orientar a los trabajadores hacia reivindicaciones concretas y legales y al tratar de mediar por una solución pacífica, el inspector representaba «una verdadera garantía contra los peligros del socialismo soviético».

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Una semana después de iniciada la huelga, el gerente de la United y varios de los cultivadores colombianos accedieron a tener una discusión informal con los delegados de la Unión Sindical en la oficina del gobernador. El gerente de la United le negó al comité negociador su derecho a representar a los trabajadores de la compañía, pero como «gesto de buena voluntad» ofreció algunas concesiones menores. Sin embargo, rechazó la mayoría de las demandas de los trabajadores, considerándolas ilegales. Los trabajadores respondieron con indignación y las conversaciones se rompieron. Al día siguiente, 20 de noviembre, el director de la Oficina General de Trabajo, Dr. José R. Hoyos Becerra, y su abogado, Dr. Miguel Velandia, llegaron de Bogotá. El Ministerio de Industrias los había enviado para intervenir en el conflicto y llevarlo a un final pacífico. El 24 de noviembre los representantes de la Oficina General de Trabajo se reunieron separadamente con la Unión Sindical de Trabajadores y con la United Fruit Company. Los funcionarios convencieron a los delegados de los trabajadores de retirar sus peticiones de pago dominical y de abolición de los almacenes de la compañía y de aplazar los puntos sobre la seguridad social y la compensación por accidentes hasta que el Ministerio de Industrias pudiera dictaminar sobre su legalidad. Los trabajadores, sin embargo, insistieron que se ratificara su derecho a negociar. Esa noche, la Oficina General de Trabajo encareció a la United que negociara con los obreros y pagara compensación por accidentes, aunque técnicamente la compañía no estaba obligada a hacerlo. La United accedió a mejorar la vivienda de los trabajadores, a construir hospitales de emergencia en Sevilla y en Aracataca y a establecer el pago semanal, a no usar vales y subir ligeramente los salarios. El día siguiente el comité negociador de los trabajadores aceptó la oferta de la compañía.

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Pero entonces surgió un obstáculo grave: ¿cómo se ratificaría el acuerdo? La Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena quería firmar un pacto con la compañía, lo que daría una victoria substancial a los trabajadores: la aceptación por parte de la compañía de sus poderes negociadores. Esto no lo haría la compañía. La United insistía en que había llegado a un acuerdo con el gobierno colombiano y no con los trabajadores, y que haría efectivas sus concesiones solamente después de que éstos regresaran a laborar. La mediación, tan prometedora, llegó a un punto muerto. Dentro de uno o dos días, un segundo foco de preocupación entre los trabajadores comenzó a aparecer: si los obreros no podían obligar a la compañía a que los reconociera, sí podían lograr por lo menos un alza salarial. Un sentimiento se generalizó entre todos los obreros de la zona: un alza del cincuenta por ciento o no se terminaba la huelga. La United rechazó la exigencia. En este punto, los doctores Hoyos Becerra y Velandia comenzaron a desviarse de su papel imparcial. Dado que la United no se movía de su posición, trataron de convencer a los trabajadores de que cedieran. Se opusieron a la demanda de un salario más alto, con el argumento moralista de que no les haría ningún bien: la plata se gastaría en licor, prostitutas y juego. En cambio, los trabajadores deberían regresar a los campos y una vez estuvieran trabajando, el Ministerio de Industrias convencería a la United para que mejorara sus condiciones de vida. Tal actitud paternalista, que negaba el derecho de los trabajadores a escoger su propio programa, empujándolos en cambio a buscar patronos más fuertes, se expresaría en los años treinta en el gobierno de Alfonso López Pumarejo y el movimiento populista de Jorge Eliécer Gaitán. En los primeros días de diciembre, los representantes de la Oficina General de Trabajo tomaron dos pasos adicionales. Presionaron a los huelguistas para que designaran nuevos

delegados, delegados que cederían a las presiones de la compañía. Los trabajadores se negaron, insistiendo que tenían confianza en su grupo negociador, pero que cualquier acuerdo tenía que ser ratificado por cada uno de más de sesenta comités de trabajadores. Los burócratas encontraban irritante la organización democrática de los trabajadores: no había un líder o comité central con poder para imponer un acuerdo a los huelguistas. En los primeros días de diciembre, Hoyos y Velandia también se reunieron con cultivadores colombianos de banano para instarlos a lograr un acuerdo por separado con los obreros, presionando así a la United Fruit Company. Los cultivadores nacionales, divididos, no pudieron llegar a un acuerdo sobre un alza de salario que terminara con la huelga. De esta manera, los esfuerzos de la Oficina General de Trabajo habían resultado en nada. De repente hubo un desarrollo alarmante: el 2 de diciembre el general Cortés Vargas informó a los doctores Hoyos Becerra y Velandia que había interceptado un mensaje del activista del Partido Socialista Revolucionario, Tomás Uribe Márquez, urgiendo a los huelguistas para que destruyeran las plantaciones de banano y sabotearan las comunicaciones. No se sabe si el telegrama era auténtico o si era fabricado por Cortés Vargas, por agentes de la United Fruit Company, o por otros interesados en dispersar rumores de conspiración revolucionaria. Hoyos Becerra y Velandia reaccionaron precipitadamente. Temían derramamiento de sangre, y sabían que la violencia podría provenir tanto del ejército como de los huelguistas. Para evitar una masacre, sintieron que era imperativo terminar en forma inmediata la huelga. De esta manera, los representantes del Ministerio de Industrias, que al principio habían recomendado la negociación, tomaron ahora pasos para romper la huelga. El 2 de diciembre recomendaron a la United contratar esquiroles, y al ge-

Capítulo 8

neral Cortés Vargas defenderlos en un esfuerzo conjunto por exportar un cargamento de banano. Durante cuatro semanas no había salido banano del puerto de Santa Marta. Hoyos Becerra y Velandia pensaron que si la United lograba llenar un barco, la moral de los obreros se rompería. Al llegar la huelga a su quinta semana, los trabajadores se vieron ante una situación difícil. Muchos comerciantes que habían suministrado alimentos habían retirado su apoyo. El 3 de diciembre, los delegados de los trabajadores regresaron de Santa Marta con las manos vacías: la United Fruit no aceptaría seis de los nueve puntos y Thomas Bradshaw no discutiría más. Mientras tanto, la ofensiva de la United para romper la huelga se había iniciado. El 4 de diciembre, empleados de la compañía y un puñado de cultivadores nacionales, protegidos por el ejército, comenzaron a cortar el banano en varias fincas. Los huelguistas hicieron todo lo posible para detener-

211 los: destruyeron la fruta lista para embarcar y bloquearon los rieles. También rodearon a las tropas y a los recolectores de banano para tratar de convencerlos de que se les unieran. En la tarde del 4 de diciembre, el teniente Enrique Botero y veinticinco soldados que protegían a algunos esquiroles, se encontraron totalmente rodeados por un grupo grande de huelguistas. La multitud llevó a los soldados hasta Sevilla donde se les animó a comer y charlar, hasta dos horas más tarde, cuando los rescató un pelotón. Ese día, los esquiroles lograron colocar en los trenes más de 4.000 racimos de banano; y había rumores que mucha más fruta había sido cortada. Los huelguistas sintieron rabia y frustración, y un desesperante miedo a la derrota. El comité ejecutivo de la Unión Sindical se reunió esa noche en Ciénaga. ¿Qué hacer? En las primeras horas del día, cincuenta mensajeros llevaron instrucciones a las plantaciones y caseríos de la zona. Todo el mundo de-

Titulares de "La Prensa" de Barranquilla, del 6 de diciembre de 1928, dando cuenta de la grave situación en la Zona Bananera y del nombramiento del general Carlos Cortés Vargas como jefe civil y militar en el área de conflicto.

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bería congregarse en Ciénaga esa noche, y seguir a Santa Marta en la mañana del 6, para llevar a cabo una manifestación ante el gobernador y el director de la Oficina General de Trabajo, solicitándoles que obligaran a la United a pactar con sus trabajadores. Los mensajeros cumplieron con su trabajo y al mediodía del 5 de diciembre, hombres, mujeres y niños comenzaron a inundar Ciénaga. Alberto Castrillón describió la escena: «Ciénaga presentaba el aspecto de una ciudad en fiestas. A las dos de la tarde llegó el primer grupo de obreros de la región de Puebloviejo, portando en hombros un gran retrato del Libertador Bolívar y una bandera colombiana. De improviso, una banda de música, en medio de la multitud que se agrupaba en la plaza de la estación del ferrocarril, rompió los aires con los acordes del himno nacional, y un grito sonoro de ¡Viva Colombia libre!, salido de 5.000 bocas, fue a perderse en el infinito límpido de aquel día.» A las dos y media de la tarde, corrió la voz de que el gobernador y el gerente de la United Fruit Company se dirigían en ese momento a Ciénaga en tren especial, con el fin de firmar el pacto ofrecido por el señor Thomas Bradshaw, y aceptado por los obreros días antes. Los ánimos de los obreros se levantaron —todo terminaría bien— y comenzaron a formar fogatas y a esperar al gobernador. Pero a las cinco y media llegó otro golpe: el gobernador no vendría. Poco después se acercaron a la estación varios vagones cargados de banano cortado por los esquiroles. Algunos hombres, mujeres y niños se acostaron sobre los rieles para detenerlos. La muchedumbre se negó a dejar partir de Ciénaga a un pequeño grupo de cultivadores. Asustados, pero astutos, los cultivadores prometieron que si les era permitido salir para Santa Marta, discutirían el caso de los obreros ante la United y regresarían esa misma noche con un pacto. Animados y esperanzados, los obreros dejaron ir a los cultivadores.

Y se prepararon para pasar la noche, acampando en una plaza cerca al ferrocarril, con la intención de partir hacia Santa Marta al día siguiente temprano. ¿Qué revelan entonces los trabajadores? Un miedo a la derrota, una determinación de no dejar que suceda, pero una terrible frustración ante su incapacidad para hacer que la United accediera a concesiones significativas. Hasta el último momento fueron pacíficos: varios atestiguaron que todos habían dejado sus machetes en la casa de la Unión Sindical. Y todavía tenían esperanza en las autoridades: el gobernador, el director de la Oficina General de Trabajo, y aun los cultivadores nacionales. Si, mirando hacia atrás, podemos ver que los obreros no eran revolucionarios, el general Cortés Vargas no lo entendía así. El recuento del general sobre la huelga subraya que en los primeros cinco días de diciembre él estaba perdiendo el control. Los trabajadores no se rendían, no regresaban a las plantaciones aunque los amenazara con cárcel como rateros y vagabundos, arrancaban los avisos puestos por el ejército y destruían el banano. Pero fue el incidente con Botero el que irritó al general Cortés: los huelguistas habían «atacado» a un convoy de soldados y los habían hecho «prisioneros». Lo que era peor, el teniente Botero no había opuesto resistencia. El honor y la disciplina del ejército estaban en juego. Los trabajadores habían desafiado la autoridad del ejército, y el respeto por la United Fruit y por las clases superiores de Santa Marta se estaba erosionando. Durante la primera semana de diciembre, Thomas Bradshaw, el general Cortés Vargas y algunos cultivadores colombianos enviaron cantidades de telegramas a las autoridades en Bogotá describiendo la situación como de violencia inminente, de peligro y destrucción originados en masas incontrolables. Las confrontaciones entre la United Fruit Company y el ejército, de un lado, y los trabajadores.

Capítulo 8

del otro, por el rompimiento de la huelga el 3 y 4 de diciembre, dieron al general Cortés Vargas una justificación más para la represión. En sus memorias de la huelga, dice que se convenció de que si el orden público no era restaurado en forma inmediata, el gobierno de los Estados Unidos enviaría marines. Los rumores sobre barcos de guerra de los Estados Unidos eran abundantes. Los obreros veían su huelga como un acto nacionalista: querían obligar a la United Fruit Company a reconocer la ley colombiana y los derechos laborales colombianos. Cortés Vargas, en cambio, vio la represión de la huelga en términos nacionalistas: creía que su deber era acallar a los trabajadores para asegurar que el suelo colombiano no fuera profanado por soldados extranjeros. Así, la iniciativa de la Oficina General de Trabajo del 3 y 4 de diciembre para romper la huelga y evitar la violencia fracasó: fue el factor final que precipitó la masacre en la noche

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del 5 al 6 de diciembre. A raíz del incidente Botero, el general Cortés Vargas le envió un telegrama a los doctores Hoyos Becerra y Velandia: «He ordenado concentrar toda la fuerza y sigo inmediatamente a batir por el fuego amotinados.» Cuando grupos de huelguistas comenzaron a congregarse en Ciénaga en la tarde del 5 de diciembre, el general Cortés Vargas y 300 soldados ya estaban allí. El general describió la escena en los siguientes términos: «Toda la ciudad era patrullada por grupos amotinados que infundían el terror entre los habitantes. La ciudad estaba prácticamente en manos de un soviet de gente irresponsable.» Tanto el general como sus superiores interpretaron claramente la reunión en Ciénaga como un movimiento de huelguistas armados para atacar al ejército. Durante el transcurso de la tarde del 5 de diciembre, Cortés Vargas fue incapaz de aprovisionar a sus tropas o de mantener funcionando los trenes.

Ruinas de la oficina de Agricultura de Sevilla, destruida por los huelguistas el 6 de diciembre de 1928. La fotografía fue publicada por el general Cortés Vargas en su libro "Los sucesos de las bananeras".

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Comisariato de la united Fruit en Sevilla, saqueado e incendiado el 6 de diciembre de 1928, durante el encuentro más sangriento ocurrido durante la huelga bananera. Allí, los empleados norteamericanos y el ejército dispararon a los huelguistas, con un resultado de 29 obreros y un soldado muertos

Finalmente, a las once treinta de la noche, la noticia que había estado ansiosamente esperando llegó. El decreto legislativo n.° 1 de 1928 declaraba la ley marcial en la provincia de Santa Marta y nombraba como jefe civil y militar al general. A la una y treinta de la mañana, marchó con sus tropas, sobre todo antioqueñas, a la plaza cercana al ferrocarril, donde estaban congregados entre 2.000 y 4.000 huelguistas durmiendo, comiendo, charlando, esperando a que llegaran más compañeros, esperando al gobernador, esperando la mañana para marchar hacia Santa Marta. Sonaron los tambores. Trescientos soldados se apostaron al costado norte de la plaza. En voz alta un capitán leyó el decreto de estado de sitio, que prohibía asambleas de más de tres personas. Los huelguistas y sus familias debían dispersarse en forma inmediata, concluyó, o los soldados dispararían. Siguieron tres

toques de corneta a intervalos de un minuto. Casi nadie se movió. Más tarde algunos de los que estaban presentes dijeron que estaban seguros de que los soldados no dispararían: los huelguistas eran demasiados y habían tratado bien a los soldados. Se oyeron unos pocos gritos de la multitud: ¡Viva la huelga!» ¡Viva Colombia Ubre!» ¡Viva el ejército!» El general Cortés Vargas ordenó a sus soldados disparar. .. Lo que no creían los trabajadores que pasaría, sucedió. Un momento —una eternidad— de pánico, dolor y confusión, mientras unos caían y otros trataban de escapar. En las horas que siguieron, las gentes de Ciénaga, encerradas en sus casas, oyeron pasar un camión de la basura, un tren con dirección hacia el mar y el pito de un barco en la distancia. A las seis de la mañana el personero de Ciénaga, llamado para practicar el levantamiento

Capítulo 8

de los cadáveres, encontró nueve muertos tendidos en la plaza. El general Cortés Vargas informó a sus superiores que estos nueve, más cuatro más que murieron por sus heridas, fueron los únicos huelguistas muertos en la noche del 5 de diciembre. La gente de la zona, sin embargo, cree que fueron decenas, si no cientos los muertos. Mientras huía de Ciénaga después de la masacre, Raúl Eduardo Mahecha le contó a otros que sesenta personas habían sido muertas; Alberto Castrillón los estimó en cuatrocientos.) Muchos cuerpos, dicen, fueron rápidamente cargados en los trenes y arrojados al mar, y otros enterrados en fosas comunes en una finca bananera vecina. El general dejó intencionalmente nueve cadáveres en la plaza —decían— para que los trabajadores supieran que los nueve puntos de su pliego habían muerto.

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Después de la masacre, el espectro de violencia insistentemente mencionado por la United y por el ejército en sus comunicaciones a las autoridades nacionales se convirtió por primera vez en una realidad. Esa violencia venía del gobierno. En trenes militares el ejército buscaba en plantaciones y en campamentos a huelguistas que en adelante se llamarían «cuadros de malhechores». Los soldados destruyeron las casas sindicales en Ciénaga y en Guacamayal y dispararon y encarcelaron a numerosas personas. La mayoría de los obreros, sin armamento y sin organización, optó por huir de las plantaciones, buscando refugio en el interior del país. Algunos fueron atendidos por los indígenas de la Sierra Nevada, quienes se politizaron más como resultado de este contacto. Pequeños grupos de trabajadores se quedaron atrás para vengarse del ejército y de la compañía que había ase-

Habitaciones de los ingenieros tal como quedaron después de los enfrentamientos de Sevilla.

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sinado a sus compañeros. Algunos cortaban los cables telegráficos y arrancaban los rieles, mientras otros emboscaban a las patrullas policíacas para adquirir municiones. También quemaron y robaron. El encuentro más sangriento ocurrió el 6 de diciembre en Sevilla, donde los huelguistas atacaron a la superintendencia de la United Fruit y donde empleados norteamericanos y el ejército colombiano les dispararon. Un soldado y 29 obreros, incluyendo a Erasmo Coronel, encontraron allí la muerte. A mediados de diciembre, el general Cortés Vargas reportó que la zona bananera estaba pacificada, pero los militares continuaron con el control hasta marzo de 1929. Durante los días de terror que siguieron a la masacre murieron muchos obreros. El general Cortés Vargas dijo que el número total de muertos en diciembre fue de 47; el embajador francés reportó 100; el embajador de los Estados Unidos admitió que la cuenta total podría llegar hasta 1.000; Alberto Castrillón estimó 1.500. Nada cierto se sabe debido a la censura impuesta por los militares. El ejército encarceló a cientos de personas más. En enero, el general Cortés Vargas instauró consejos de guerra contra 54 de los arrestados, incluyendo a Alberto Castrillón y a Julio Charris. Fueron condenados a un total de 182 años de prisión. La huelga había terminado. La represión había triunfado sobre la negociación, y los trabajadores habían sido derrotados. La organización sindical había desaparecido totalmente y los obreros de la zona, hambrientos y con miedo, comenzaron a regresar a las plantaciones. La derrota de la huelga bananera fue un golpe serio para el movimiento laboral colombiano, el cual se debilitaría aún más en 1929 con el advenimiento de la depresión mundial. Los resultados La historia muchas veces se mueve en forma contradictoria. Si la represión

de la huelga bananera significó la culminación de la reacción del gobierno conservador a la germinación de la «cuestión social» de los años veinte, también generó una respuesta contraria. Esta respuesta no vino de los trabajadores mismos, que habían sido salvajemente reprimidos, sino de un nuevo tipo de político liberal. A comienzos de 1929, un joven abogado, Jorge Eliécer Gaitán, fue elegido para su primer período en la Cámara de Representantes. Varios meses después realizó una gira de información por la zona bananera y en septiembre de 1929 se lanzó en una de las series oratorias más impresionantes y populares jamás realizadas en el Congreso. En lenguaje conmovedor y elocuente, Gaitán denunció al general Cortés Vargas y al gobierno conservador que lo había apoyado. El gobierno arbitrariamente había encarcelado y asesinado a su propia gente para proteger a una compañía extranjera, a una compañía que había corrompido a las autoridades colombianas y había establecido un estado dentro del Estado. Los huelguistas de la zona bananera no eran revolucionarios comunistas ni criminales, insistía, sino ciudadanos colombianos a quienes se les habían negado sus esperanzas y sus derechos. En estos discursos, Gaitán encontró su público y su estilo retórico. Fusionó el sentimiento nacionalista y el populismo, mezcla sobre la cual construiría su formidable atractivo político en los años siguientes. La reacción del gobierno conservador a la huelga bananera y la fogosa denuncia de Gaitán sobre la misma, fueron factores primordiales que contribuyeron en 1930 a la caída del poder de los conservadores después de casi cincuenta años de gobierno. En el período de hegemonía liberal que le siguió, los sindicatos y las huelgas fueron legalizados, y los trabajadores se convirtieron en una base política importante para el partido liberal. El modelo populista de organización laboral, en el que una fuerza obrera relativamente débil buscaba defensores en el gobierno

Capítulo 8

para reforzar su posición, se impuso. El movimiento independiente sindical presagiado por los obreros de las bananeras en 1928 no llegó a fructificar. ¿Y qué sucedió con la United Fruit Company y con los trabajadores de las bananeras? Aunque algunos de los obreros originales habían muerto o habían abandonado la región, la United pronto encontró reemplazos entre los cientos de desempleados que, con la depresión de 1929, inundaron la región desde otras partes del país. En 1930, muy lentamente, comenzaron a reaparecer comités de trabajadores en las plantaciones de la zona. José Garibaldi Russo, que tuvo un papel importante en la huelga de 1928, ayudó a impulsar estas actividades. Muchas personas de la región, asociadas con el partido comunista recientemente formado, también hicieron su parte. En 1934 ocurrió una huelga —la primera desde 1928— y todos temían que terminaría otra vez con sangre. Esto, sin embargo, no sucedió. El gobierno liberal de Alfonso López Pumarejo intervino para obligar a la United Fruit Company a negociar, y el primer pacto entre la compañía y sus obreros, el Pacto Auli-Garcés Navas, se firmó. El reconocimiento legal reforzó la organización laboral en la zona por algún tiempo, y se estableció el primer sindicato regional de alguna efectividad. La posición obrera se erosionó en los años siguientes, sin embargo, ante el deterioro gradual de la economía ba-

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nanera. Debido a la gran huelga de 1929 y a la depresión mundial que la siguió, la United Fruit Company recortó su producción bananera en Colombia. El período de prosperidad de los años veinte se había ido para siempre. Plagas, deterioro del suelo, problemas laborales y el incremento de la intervención del gobierno hicieron que la United Fruit Company concentrara sus esfuerzos en otros países del mundo. Un aumento en la producción bananera a finales de los años treinta fue seguido por otra recesión a principio de los años cuarenta, cuando las condiciones impuestas por la guerra obligaron a la compañía a suspender totalmente las exportaciones de banano desde Colombia, por cinco años. Después de la segunda guerra mundial, la United Fruit Company perdió su monopolio en la región de Santa Marta y se retiró de la producción, vendiendo o alquilando muchos de sus terrenos a cultivadores colombianos. La decisión de la United Fruit Company de no volver a involucrarse directamente en la producción socavó la unidad del movimiento obrero. Los sindicatos se fraccionaron, sus miembros mermaron y las condiciones de vida de los obreros declinaron. A principio de los años sesenta, la United Fruit Company abandonó totalmente la zona de Santa Marta. Traducción: Santiago Samper Trainer

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Capítulo 9

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La clase obrera colombiana (1886-1930) Mauricio Archila

E

l 13 de febrero de 1920 algo inusitado sucedía en la pequeña población de Bello, distante 10 km de Medellín. Las trabajadoras de la fábrica de tejidos de Bello, en número aproximado de 350, estaban apostadas en las puertas de la fábrica para impedir que el resto de los trabajadores, unos 150 (en su mayoría varones), ingresaran al sitio de trabajo. Encaramada en un taburete, Betsabé Espinosa, la conductora de tan sorprendente movimiento, dirigía un incendiario discurso a sus compañeras. No podemos soportar más la situación que vivimos, les decía: «Estamos trabajando once horas diarias y se nos paga en promedio 1,50 pesos por semana, cuando cualquier peón de construcción gana entre 3 y 3,60 pesos semanales, o cualquier empleado de la industria textil gana 1,35 pesos diarios, eso para no hablar de los sueldos de los gerentes o de los gobernantes. Y como si esto fuera poco —agregaba la líder— se nos imponen multas constantes que a veces abarcan el total de nuestro salario semanal. Cuando no podemos trabajar por enfermedad, no

se nos reconoce nada. Además, por absurdos motivos, no se nos deja entrar calzadas a la fábrica y para colmo de males los vigilantes nos dan un trato denigrante. Basta ya, esto no puede seguir así. ¡A la huelga!» Efectivamente la actividad se paralizó totalmente en la fábrica de tejidos de Bello por más de veinticinco días. Era ésta una de las treinta y dos huelgas que el país presenció en el año

Manifestación de reivindicaciones obreras a comienzos de 1919, en Bogotá. El orador es Eduardo Carvajal.

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1920. Como la gran mayoría de ellas, la huelga de Bello estalló sin gran preparación, de un día para otro. Lo sorprendente del suceso radicaba no tanto en el estallido de una huelga —pues ésta, mal que bien, ya se conocía en Colombia desde 1910 o incluso antes— sino en lo que significaba: la irrupción en el escenario nacional de la clase obrera. Ella estaba formada por un pequeño porcentaje de la población (no más del 5 %) que, sin embargo, estaba ubicado en las áreas estratégicas de la economía (vías de comunicación, industria manufacturera, actividades extractivas y agricultura moderna). En estas páginas intentaremos, por tanto, describir la formación de esa nueva clase y señalar el impacto que ella tuvo en la vida del país en el período llamado de «Hegemonía Conservadora» (1886-1930). Formación de la clase obrera (1886-1920) A pesar de la sorpresa que causaba la irrupción de la clase obrera en los años veinte, en realidad su gestación se venía preparando desde muchos años antes. No sólo nos referimos a los procesos económicos que objetivamente la crean, o a los proyectos políticos de estabilización de la dominación. Estamos hablando también del conjunto de tradiciones y valores que van a contribuir a la formación de la nueva clase cuando los factores económicos y políticos hagan posible su existencia. Lo que se quiere mostrar es que la clase obrera no es el mero resultado de la combinación de técnicas y formas políticas externas, sino que también su «cultura» juega un papel destacado en su formación. Con el desarrollo incipiente del modelo exportador a mediados del siglo pasado, los artesanos neogranadinos se vieron obligados a defender sus intereses en contra del librecambismo defendido por gran parte de las élites criollas. Surgieron así las primeras asociaciones de defensa de los trabajadores manuales: las sociedades de-

mocráticas. Aunque en un principio tenían un carácter marcadamente cultural, lentamente fueron asumiendo posiciones políticas proteccionistas, hasta desembocar en un apoyo militante a la corta dictadura del general José María Melo. El fracaso de esta revolución de 1854 significaría también la derrota política de los núcleos artesanales militantes. Aunque muy golpeadas, las sociedades de defensa de artesanos y trabajadores manuales no desaparecieron del país, como lo atestigua la participación de artesanos en el levantamiento urbano contra los «ricos», principalmente comerciantes alemanes, sucedido en Bucaramanga en 1879. En otra revuelta, la del pueblo bogotano el 15 y 16 de enero de 1893, una organización, llamada Sociedad de Artesanos, estuvo al frente de la movilización. Los hechos en Bogotá se produjeron en protesta contra algunas acusaciones de inmoralidad de los artesanos. Según se dijo en el momento, el movimiento había sido inspirado por «ideales anarquistas», lo cual fue expresado por la multitud que enarboló banderas negras anarquistas y agitó la consigna de «¡Viva la comuna!». Sin embargo, estas expresiones políticas del artesanado no fueron lo predominante de su actividad a fines del siglo pasado. La actividad reivindicativa tendrá que esperar unos años más para poder resurgir con fuerza. Los trabajadores manuales de fines del siglo pasado, sin embargo, buscarán mitigar sus condiciones de existencia a través de la ayuda mutua. En ese sentido comienzan a desarrollarse en el país, a finales del siglo XIX, sociedades de mutuo auxilio. Los estatutos de la Sociedad de Socorros Mutuos de Manizales en 1889, por ejemplo, señalaban que ésta se había creado con el objetivo de darle ayuda a los trabajadores que enfrentaban calamidades como enfermedad, exilio, prisión o muerte. A través de una contribución semanal de 10 centavos se creaba un fondo para atender esos riesgos. Como esta sociedad surgieron otras si-

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milares en las principales ciudades del país. Aunque en ella podía participar cualquier persona, independientemente de su actividad económica, en realidad predominaron los artesanos en su composición. Muchas de ellas fueron promovidas por la Iglesia, y cumplían además funciones de control moral sobre los afiliados. Esto no obstaba para que el gobierno de regeneración mirara con recelo a algunas de ellas. Tal fue el caso de la Sociedad de Mutuo Auxilio de Bucaramanga que se liquidó en 1890 por sospecharse que había sido convertida en un club político. En 1892 volvería a reconstruirse con la previa aprobación del gobernador y del cura párroco. A raíz de la separación de Panamá, 3 de noviembre de 1903, se formó espontáneamente un movimiento de protesta contra la intervención norteamericana. Numerosas organizaciones mutuales, juntas de vecinos y personalidades exigieron del gobierno del presidente José Manuel Marroquín la adopción de medidas en defensa de la integridad nacional. Paralelamente se

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organizaron recolectas de dinero y movilizaciones de protesta. Sin embargo, fueron vanos estos esfuerzos pues ya el hecho estaba consumado y las élites colombianas, aunque molestas, buscaban acomodarse a la nueva situación. La tradición antiimperialista siguió viva en los sectores populares urbanos que nuevamente se expresaron en marzo de 1909 en el rechazo al pacto tripartito firmado por representantes de Colombia, Panamá y los Estados Unidos. Colombia, por medio de este tratado, reconocía a la República de Panamá, y a cambio recibía una pequeña compensación por parte de los Estados Unidos. Las protestas urbanas de febrero y marzo del mismo año expresaron tanto el descontento con el tratado como con la dictadura del general Rafael Reyes (1904-1909). La caída del general Reyes aplacaría temporalmente la movilización popular. Pero un año después el pueblo bogotano declararía un boicot total a la empresa norteamericana que manejaba el tranvía. Durante casi seis meses los

Noticia sobre una huelga de braceros en Girardot, en diciembre de 1919, publicada por la "Gaceta Republicana". Al irrumpir al escenario nacional, la clase obrera constituía un 5% de la población colombiana.

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bogotanos se movilizaron a sus sitios de trabajo o bien a pie o bien utilizando algunas carretas de bueyes prestadas por hacendados de la Sabana de Bogotá. Finalmente se solucionó el conflicto con la municipalización del tranvía, aunque el gobierno pagó una exorbitada suma de dinero en compensación a la compañía americana. A pesar de que las anteriores movilizaciones no fueron promovidas exclusivamente por los artesanos o los aislados núcleos obreros que comenzaban a surgir en el país, se da por descontada su activa participación. Al abrigo del desarrollo del transporte, especialmente fluvial, y del surgimiento de algunos establecimientos industriales (en ramas como alimentos, bebidas, velas y jabones, y más recientemente, textiles), comenzaron a formarse pequeñas concentraciones de trabajadores manuales asalariados. Es en este contexto en el cual aparece explícitamente el fenómeno de la huelga en el país. Aunque hay evidencia histórica de que la huelga había sido ya utilizada por aislados grupos asalariados en el siglo pasado —en el ferrocarril del Pacífico en noviembre de 1878 y en el entonces estado de Panamá, en febrero de 1884, por parte de los trabajadores del Canal— fue la huelga de braceros de Barranquilla, de febrero de 1910, la primera que se conoció ampliamente en el país. El conflicto nació como protesta contra la larga jornada de trabajo (diez horas) y los bajos salarios. Rápidamente se generalizó a otros braceros y demás sectores asalariados del puerto. Ante el intento de esquirolaje, los obreros respondieron violentamente impidiendo el acceso al trabajo. Era un pequeño microcosmos de lo que sucedería diez años más tarde. Después de cuatro días, el conflicto se solucionó, previa intervención del gobernador del Atlántico: las empresas navieras reconocieron un sustancial aumento salarial, pero nada se dijo sobre la jornada de trabajo. Paralelamente los trabajadores manuales comenzaron a dotarse de for-

mas organizativas acordes a sus necesidades. En 1909 el gobierno reconoció el primer sindicato: la Sociedad de Artesanos de Sonsón. Esta sociedad, promovida también por la Iglesia, estaba conformada por sastres, zapateros y otros artesanos. El cansancio con los partidos tradicionales llevó a los trabajadores a organizar grupos políticos independientes. En 1911, algunos núcleos artesanales hablaron de la urgencia de organizar un partido obrero para elevar su voz unificadamente ante los poderes públicos. La iniciativa cuajaría unos cinco años más tarde. Algunos periódicos obreros comenzaron a hablar de la «emancipación de los hijos del trabajo». En 1913 surgió en Bogotá una organización que pretendía aglutinar a los distintos gremios obreros existentes. Se llamó la Unión Obrera. En tres meses de actividad logró congregar a 15 gremios con cerca de 3.500 afiliados. Su plataforma de acción rechazaba la acción política tradicional y propugnaba por la alfabetización, la batalla contra el alcoholismo, el estímulo al ahorro, etc. El ejemplo de Bogotá fue seguido por otras poblaciones con concentración obrera como Honda en donde se creó, en 1915, la Unión Obrera Local. El primero de mayo comenzó a celebrarse públicamente en Colombia en 1914. Aunque se hacían modestos desfiles y pomposos actos culturales en recintos cerrados, se observa claramente la intención de vincularse al movimiento obrero mundial. En enero de 1915, cerca de seiscientos obreros firmaron en Bogotá un manifiesto que convocaba a la fundación de un partido obrero. Como primer paso se publicó un periódico del mismo nombre. Los objetivos programáticos eran similares a los de las mutuales del siglo XIX. Lo novedoso radicaba en la abierta ruptura con los partidos tradicionales. El proyecto tuvo corta existencia. Bogotá será sede de la reunión obrera más resonante de todo el de-

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cenio de los diez. En mayo de 1919 distintas organizaciones obreras y artesanales convocaron a una asamblea obrera, la primera de carácter nacional. La principal y casi única labor de ese congreso fue la creación del Partido Socialista, el cual subsistirá sólo hasta 1923. El partido representó la síntesis de las tradiciones heredadas por la naciente clase obrera. La bandera del nuevo partido fue roja y su lema —bien diciente—: «Libertad, Igualdad y Fraternidad.» Su plataforma reivindicaba un socialismo moderado que no buscaba la abolición del Estado sino su democratización. Antes de avanzar en el estudio del decenio de los veinte, es necesario señalar que además de las diversas organizaciones gremiales y políticas, los obreros colombianos contaban con una rica tradición cultural que se expresaba tanto en sus periódicos como en otras formas organizativas, las cuales iban desde grupos espiritistas hasta sociedades secretas. Aunque aún no

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hay mucha evidencia al respecto, la investigación histórica ha mostrado que en el país existían activos clubes culturales conformados por obreros, artesanos e intelectuales. Por ejemplo don Rodolfo Cano, padre de la famosa líder socialista de los años veinte, María Cano, fue un gran difusor del espiritismo en la capital antioqueña. En torno a él, un grupo de intelectuales que se nutriría de esta tradición, la proyectaría luego sobre sectores de la naciente clase obrera. En la apartada población tolimense de Líbano, existían desde comienzos de este siglo unas semiclandestinas sociedades teosóficas. Estas recibían abundante literatura de España. No dejaba de ser notable que en un país abrumadoramente católico, los núcleos artesanales y obreros hicieran esas rupturas con la religión oficial. Las sociedades teosóficas, por tanto, representaban una forma organizativa al margen de lo establecido. En este sentido abonaban el terreno para pos-

Huelguistas del Ferrocarril de Puerto Wilches recorren una calle de Bucaramanga, en la segunda década del presente siglo.

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Huelga de cigarreros en la ciudad de Bucaramanga, mediados de los años diez.

tenores organizaciones sindicales y socialistas que funcionaron en el municipio tolimense. Todo parece indicar que el caso de Líbano no fue único. Grupos espiritistas, teosóficos y hasta masones, contribuirán a la formación de la clase obrera. En otras palabras, la clase obrera colombiana no nace en los años veinte con las manos vacías. Por el contrario, posee una rica herencia de tradiciones y valores compartidos por gran parte del pueblo colombiano. Dicha herencia adquirirá características propias a medida que la clase obrera enfrente las formas concretas de explotación económica y de dominación política en los años veinte. Consideremos primero el arsenal cultural con el que nace la clase obrera, para luego analizar los distintos mecanismos de resistencia implementados por la clase en dicho decenio. Las tradiciones heredadas por la naciente clase obrera La clase obrera colombiana irrumpe en el seno de una sociedad educada, desde los tiempos coloniales, en al-

gunos valores occidentales. A las tradiciones católicas e hispánicas, se les unen en el siglo pasado el utilitarismo y el racionalismo positivista, encarnados éstos en el radicalismo neogranadino de mitad de siglo. Por otro lado, la preocupación por las clases menos favorecidas (plasmada tanto en el pensamiento del papa León XIII como en las corrientes neoliberales y en el socialismo), también tocará playas colombianas a comienzos del siglo xx. No es extraño, por tanto, que diversas tradiciones conformen el bagaje cultural de la naciente clase obrera. Principalmente destacaremos tres: cristianismo, racionalismo liberal y socialismo. A pesar del antagonismo de estas tradiciones, la clase obrera las integrará en una síntesis muy particular. Veámosla a continuación. Los obreros colombianos recogen ante todo una cierta tradición cristiana aunque no exactamente católica. Se rechazaba todo lo que de ella indujera a la resignación o al mantenimiento del orden establecido. Se insistiría entonces en los aspectos progresivos del cristianismo: la rebeldía de Jesús, las

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denuncias de los profetas y de los Santos Padres contra la riqueza, y las formas de vida colectiva desarrolladas por las primeras comunidades cristianas. En este sentido se intentaba rescatar un cristianismo «puro», distante de las prácticas de la Iglesia y del partido conservador, que se decía defensor de la catolicidad. El cristianismo de los primeros núcleos obreros era un cristianismo de la rebeldía, más parecido al de los esclavos en su resistencia al Imperio Romano, que al de las opulentas cortes cardenalicias. Por ello, participando los obreros de la más poderosa tradición de Occidente, estaban alejadas tanto de la Iglesia católica como de las otras iglesias y sectas protestantes. En el fondo lo que se buscaba era entroncar el socialismo enarbolado por los primeros núcleos obreros, con tan poderosa tradición. Se suponía que el socialismo era el producto más elaborado de los anhelos liberadores de las religiones del pasado. Por ello no es de extrañar que los obreros colombianos de los años veinte, como antes lo habían hecho los radicales del siglo pasado, a título de rescatar un cristianismo «puro», se hubieran convertido en anticlericales. Aunque seguían manejando un lenguaje religioso —a la actividad política se la llamaba «apostolado», al líder obrero «mártir», a la solidaridad «hostia común», y se escribieran «catecismos socialistas»— su contenido era secular. El anticlericalismo, y por esa vía un cierto ateísmo, va a flotar en el ambiente cultural obrero de los años veinte. Aquí no se puede desconocer la influencia tanto del liberalismo, en calidad de corriente ideológica, como del espiritismo, teosofísmo y la masonería, que contribuyen a desmitificar la labor eclesiástica en el naciente movimiento obrero. Ahora bien, el liberalismo ideológico contribuye no sólo a desligar a los obreros de la práctica eclesial, sino que aporta una especie de nueva divinidad: la Razón. Los obreros de los años veinte pondrán toda su confianza

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en la razón como principio organizador del comportamiento social. En este sentido la naciente clase obrera colombiana bebió primero de las fuentes de la Ilustración que del socialismo, se adhirió antes a la Revolución francesa del siglo XVIII que a la rusa de 1917, y cantó primero La Marsellesa que La Internacional. Ello no es de extrañar puesto que no solamente esas son las tradiciones que encuentra el Movimiento Obrero cuando surge, sino porque aun las ideologías radicales como el socialismo o el anarquismo, en las versiones vulgarizadas que arribaron a nuestra patria, compartían esa confianza en la razón.

Propuesta de organización de sindicatos obreros a nivel nacional, formulada por la reunión obrera más resonante del decenio de los diez, reunida en Bogotá, en mayo de 1919. La publicación del plan se efectuó en la "Gaceta Republicana", dirigida entonces por Gabriel González.

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Se creía, por tanto, en la razón como principio organizador de la comunidad. El progreso, que era una de las caras de la razón, conduciría inexorablemente a la humanidad hacia un futuro mejor. La ciencia, entendida en un marco positivista, era el instrumento de la razón contra todos los fanatismos irracionales. La técnica era la rueda definitiva del progreso. La clase obrera nació, por tanto, con el convencimiento optimista de que la razón sería el principio redentor de la huLuis Tejada, líder e manidad, y de que ella, la clase obreintelectual liberal ra, era su última y más perfecta herrainteresado por los problemas sociales, como mienta. Era una visión optimista de su José Mar, Armando papel histórico. Desde esa perspectiSolano y J.E. Gaitán va, los primeros núcleos obreros del (dibujo de Franklin). país concebían a la ciencia y a la técnica como procesos neutros. Por ello dedicarían innumerables páginas de sus periódicos a la alabanza de la ciencia y a la difusión de los hallazgos técnicos. En lo que sí se apartaba la naciente clase obrera de la tradición racionalista liberal, era en el culto al individualismo. Desde sus orígenes, la clase obrera se inclinaba más por valores como la cooperación y la solidaridad, que por las secuelas del individualismo. En este sentido se entiende la inclinación obrera al socialismo, aún definido vagamente, desde los tempranos años de su gestación. Se trataba de un socialismo amplio que representaba la síntesis intuitiva de las aspiraciones obreras. Por socialismo, nuestra naciente clase obrera entendía un proyecto de bienestar social para las clases menos favorecidas. Era la conclusión lógica de un proceso histórico de luchas sociales, que comenzaba con las gestas del esclavo Espartara, y pasaba por las revoluciones campesinas y la Revolución francesa, hasta llegar a la Comuna de París y la Revolución rusa. De esta última, a principios de los veinte, se sabía poco, pero se la admiraba entrañablemente. Digamos que las condiciones de explotación económica y dominación política que analizaremos más adelante, hacían de nuestros obreros receptores de cualquier mensaje que les brindara

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la semilla de la libertad. Por eso, ellos no se cerraban a ninguna idea nueva que ofreciera la posibilidad de redención. Aunque no eran gentes muy leídas —en realidad el nivel de analfabetismo entre nuestra clase obrera era alto en esos años— estaban atentos a la palabra de los nuevos predicadores sociales. Así llegaron a nuestro país las ideologías políticas más definidas, como el marxismo o el anarquismo. Para mediados del decenio de los veinte, algunos inmigrantes internacionalistas jugaron un papel destacado en la difusión de estas ideologías. Aunque sus vidas están cubiertas con un cierto halo de misterio, alimentado en parte por la cruda persecución oficial, algo se ha investigado recientemente sobre ellas. Se dice, por ejemplo, que el marino ruso Silvestre Savitsky llegó procedente del Japón, junto con su esposa. Instalado en una vieja vivienda del centro de Bogotá, reunía por las noches a un selecto grupo de jóvenes intelectuales y obreros y con palabras sencillas les describía, tal vez exagerando un poco, las maravillas de la construcción del socialismo en Rusia. Vicente Adamo, un italiano llegado a Colombia en 1904, se radicaría en la aislada población de Montería. Desde allí pacientemente ayudaría a la formación de diversas organizaciones obreras. Socialista convencido, Vicente Adamo alcanzaría un gran prestigio entre los vecinos de la población costeña. El peruano Nicolás Gutarra, de inclinaciones anarquistas, se instalaría a comienzos de los años veinte en Barranquilla. Allí colaboraría en la formación de la poderosa Liga de Inquilinos que puso en jaque a los terratenientes urbanos y presionaría con éxito la disminución de los arriendos. Como ellos hay un buen número de inmigrantes de distintas nacionalidades que contribuyeron a difundir las ideologías revolucionarias en nuestro medio. Ahora bien, sería injusto y antihistórico atribuirles a ellos la responsabilidad del proceso de agitación social que presenció el país en esos años. Por un lado, es claro que sin condicio-

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nes materiales, las ideas rebeldes no encontrarían acogida en nuestro territorio. Por otro lado, encontramos a un gran número de intelectuales y líderes obreros colombianos que se interesaron por los problemas sociales. Sin tocar todavía a los socialistas, de los que hablaremos más adelante, señalemos a prestigiosos intelectuales, muchos de ascendencia liberal, como Luis Tejada, José Mar, Armando Solano y el mismo Jorge Eliécer Gaitán, quien por esos años presentó su brillante tesis «Las ideas socialistas en Colombia». Otros, más prácticos, como Biófilo Panclasta, difundían su mensaje en cualquier camino, o bajo la sombra pródiga de un árbol, o aun en sitios vedados para la sociedad del momento como tabernas y bares. Los periódicos obreros y socialistas, cuyo número era cercano a 80 en 1925, contribuyeron también grandemente a la difusión de las ideologías revolucionarias. El marxismo, en la versión de la Internacional Comunista, y el anarquismo, especialmente el anarcosindicalismo, contribuirán a la cristalización de proyectos políticos obreros. Al mismo tiempo que colaboraron en la definición política, irán dando origen a crudos enfrentamientos ideológicos que culminaron en rupturas organizativas, como veremos más adelante. Con ello disminuye sensiblemente la tradición pluralista que caracterizaba al movimiento obrero en sus primeros años. Si a comienzos de los años veinte, los obreros oían y leían, a veces, indiscriminadamente las prédicas socialistas, anarquistas o marxistas, con el correr de los años esa apertura a lo nuevo, viniera de donde viniera, va dando paso a la selectividad política acorde con la influencia ideológica predominante en cada núcleo obrero. Sin embargo, aunque disminuida la tradición pluralista, no desaparecerá del todo en la clase obrera, al menos en la de los años veinte. Podemos decir, para redondear esta sección, que con estas tradiciones aparentemente contradictorias —nos re-

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ferimos a la cristiana, racionalista-liberal y socialista en términos amplios— la clase obrera desarrollará su resistencia. Ahora bien, en ese proceso la clase va generando valores que la identifican con una «comunidad social» distinta obviamente de las clases dominantes y aun de otras subordinadas. Veamos, aunque sea de una forma breve, este conjunto de valores adoptados por la clase obrera en sus años de gestación, antes de considerar sus luchas en concreto. Los valores y las expresiones culturales de la nueva clase Como en el caso de las tradiciones, la clase obrera colombiana no nace en el vacío. De hecho muchos de los valores de la naciente clase obrera, lo eran también de la sociedad colombiana en su conjunto. Es la forma como la clase

Proclama a los obreros, dirigida desde las páginas de la "Gaceta Republicana", donde eran frecuentes los insertos con mensajes como este (febrero, 1919).

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Asistentes a un homenaje en el Luna Park de Bogotá, con motivo del Congreso Obrero, reunido en mayo de 1924.

se apropia de ellos y los desarrolla en sus luchas, lo que les da la fisonomía propia. Ante todo digamos que el obrero de los años veinte se veía a sí mismo como un ser honrado, responsable con su trabajo, diligente y creativo. El trabajo lo hacía digno y lo enaltecía. Su carácter de nueva clase valientemente lo proclamaban cuando decían que no eran ni siervos ni esclavos y exigían un trato «justo», acorde con su dignidad obrera. Uno de los valores más codiciados por la naciente clase obrera era la educación, que se entroncaba en la tradición racionalista de la que ya hablábamos. La función de la prensa obrera va a ser precisamente promover esa anhelada educación. La educación haría acceder a los trabajadores a la razón, a la ciencia y al progreso. La tarea educativa era, por tanto, una tarea

liberadora para los primeros núcleos obreros. Como se desprende de lo anterior, la educación era concebida como instrucción política, aunque también se hacían llamados a la superación del analfabetismo y al acceso del saber común de la sociedad. La ausencia de esa educación política era concebida como una gran traba para la consecución de la libertad. En algunos círculos obreros, influenciados por la Iglesia católica, la educación prestaba, además de una función moralizadora, otra de promoción personal y de ascenso social. Sin embargo, ésta no fue la visión predominante en la naciente clase obrera colombiana. Acompañando a la labor educativa, los primeros núcleos obreros de distintas orientaciones ideológicas emprendieron una verdadera batalla contra los vicios, entendidos como manifestaciones irracionales de los trabajadores. Entre estos vicios descollaba el problema del alcoholismo. El consumo exagerado de bebidas embriagantes (en especial chicha, cerveza y aguardiente) era visto como un gran obstáculo para que la clase obrera adquiriera un papel de protagonista en la transformación social que el país necesitaba. Aunque la campaña antialcohólica era una cruzada apoyada por distintos estamentos sociales, los obreros le darían su sello propio. En general dicha campaña se enmarcaba en el debate, por ese entonces en boga, sobre la «degeneración de las razas». Durante los años veinte no faltaron las voces que postularon que nuestras razas tropicales —entiéndase por éstas las clases bajas— no se podrían adaptar a la modernización creciente de la sociedad. Estas voces encontraban en el alcoholismo un argumento para justificar sus sospechas de que sí existían razas degeneradas en nuestro medio. Los sectores empresariales colombianos, aunque sin acoger todo el argumento racista, opinaban que el alcoholismo significaba una disminución en la productividad del trabajo. La

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Iglesia, por su parte, entendía el alcoholismo como una degeneración más moral que racial, y con igual ahínco lo combatió. En este panorama cultural, ¿cuál fue la posición obrera ante el problema del alcoholismo? Ciertamente no se compartía la teoría de la «degeneración de las razas». Por el contrario, ya veíamos cómo el obrero se concebía como un ser humano con valor. Además la tradición socialista, alimentada por el racionalismo, señalaba a la clase obrera como el último y más elaborado fruto de la evolución social. El anarquismo y el marxismo predicaban que la clase obrera era la clase portadora de la bandera de la liberación para toda la humanidad. Por ello, la clase obrera no se consideraba una «raza degenerada». Sin embargo, también le preocupaba el problema del alcoholismo. Éste, entonces, era un obstáculo a superar; una traba que ciertamente podía «degenerar» a algunos de sus miembros, pero no a la clase en conjunto. Ahora bien, no se necesita mucha malicia para descubrir que por detrás del debate sobre el alcoholismo estaba el problema del control del tiempo libre de los' trabajadores. Era común que los obreros a la salida del trabajo y en los dominicales, se reunieran en tabernas o bares a consumir alcohol.

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Esto era mal visto por los empresarios y el clero, por las razones arriba anotadas. Para los activistas obreros también esta práctica popular era criticable pues se perdía un tiempo que se podría aprovechar en el estudio político y la organización. Sin embargo, a pesar de las campañas de lado y lado, los sectores populares urbanos, y en particular los obreros, siguieron acudiendo a la cita casi diaria en la taberna o en el bar. Pero, podemos preguntarnos antes de condenar, ¿qué representaba esta práctica? Parece ser que por detrás del consumo del alcohol existía la necesidad de reunirse, de sentirse en comunidad después de una jornada de trabajo despersonalizadora, de comunicarse, de intercambiar opiniones. De hecho, contra el querer de muchos sectores sociales y aun de dirigentes obreros, los bares y tabernas jugaron un papel cohesionador en la naciente clase obrera. Esto es más claro aún para las concentraciones obreras en aquellas actividades extractivas de propiedad del capital norteamericano (especialmente en la zona bananera de la Costa Atlántica y en la petrolera del Magdalena medio). Allí, por tratarse de una típica economía de enclave, los obreros, que vivían en hacinamientos humanos de reciente formación, no tenían más diversión que acudir a dichos

Jorge Eliécer Gaitán, abogado de los huelguistas de la Compañía de Teléfonos de Bogotá, acompañado por el gerente, obreros, empleados y telefonistas, momentos antes de reiniciarse el servicio de la empresa, pactado por él en junio, 1928.

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sociedades secretas que allí funcionaban desde mucho antes, con un nuevo lenguaje «socialista». Lo mismo sucedió, aunque en forma aislada, en distintos sitios como Dagua (Valle), Barrancabermeja y la zona bananera. Ahora bien, explícitamente se decía en las actas que se levantaban de tan singulares ceremonias, que estos ritos no excluían las prácticas religiosas tradicionales del pueblo colombiano, que seguramente seguirían siendo las de la diera una identidad como nueva «comayoría de los trabajadores. Paralelamente a estas prácticas de identificación de la nueva «comunidad social», la clase obrera, desde su nacimiento, va desarrollando valores nuevos y propios de ella. Nos referimos principalmente al espíritu de cooperación, a la solidaridad y a cierto radicalismo social. Aunque el espíritu de cooperación se remonta a las sociedades democráticas y a las sociedades mutuales, es en el siglo XX cuando se llega a su mejor expresión a través de las cooperativas de producción y consumo, y de las cajas comunales de ahorro. Es por ello que en los años veinte comienzan a desarrollarse dichas organizaciones, que no son exclusivamente impulsadas por la Iglesia. Aunque tal vez las más exiMiembros fundadores del munidad social». Es así cómo en aparCírculo de Obreros, tados municipios del territorio nacio- tosas serían las de influencia clerical, fotografiados con una nal, al mismo tiempo que surgieron y dentro de éstas, las establecidas por imagen de San Francisco el padre José M. Campoamor, los secJavier. El 1° de enero de distintas organizaciones de resistencia tores socialistas y aun anarquistas tam1911 se creó la Caja de obrera (cooperativas, clubes culturaAhorros de dicho les o sindicatos), éstas se iban dotando bién las impulsaron. Círculo. de un código de comportamiento moLa solidaridad de clase es tal vez la ral propio. expresión más nítida de la naciente En esto influyeron indudablemente clase obrera. Las continuas llamadas las prácticas éticas tanto de sociedades al apoyo de otros sectores en conflicmutuales y cooperativas, como de so- to, que aparecen en la prensa obrera ciedades teosóficas, logias masónicas y de los años veinte, muestran cómo la sociedades secretas que en algunos clase va identificando lo que la une municipios habían florecido desde fi- más allá de la diversidad de actividanes del siglo XIX. Los núcleos obreros des y de patrones que ella enfrenta. La más militantes practicaron, por tanto, huelga de apoyo y la huelga general, distintos ritos de iniciación que iban que se presentan tenuemente en esos desde juramentos a la bandera de la años, serán la mejor expresión de diasociación obrera, hasta bautismos y cha solidaridad. matrimonios «socialistas». de un radicalismo soEn Líbano, Tolima, artesanos y cialElendesarrollo los años veinte, puede ser conobreros se casaron en los años veinte siderado también como otro valor prosegún un rito que era el mismo de las pio de la clase obrera en gestación. sitios. Como se ve, la lucha contra el alcoholismo, aunque tiene su matiz entre los obreros, no es un valor contradictorio, como en últimas todos los valores lo son. La clase obrera colombiana, especialmente sus sectores más politizados, trató además de desarrollar todo un comportamiento ético que, sin negar el predominante en la sociedad, le

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Este radicalismo social, que ampliaremos en el siguiente punto, se manifestó en la impresionante actividad huelguística, en la tendencia a la generalización de la protesta social y en la militancia política bien en las toldas socialistas o en las anarquistas. Ahora bien, el discurso ético y cultural obrero de los años veinte no fue homogéneo y totalmente coherente. Por ejemplo, a los campesinos se les trata a veces como aliados, a veces como potenciales enemigos, o a veces se les ignora simplemente. A la mujer se le dedican algunas páginas de denuncia de la opresión patriarcal y contradictoriamente, al mismo tiempo en otras páginas, se realimenta la ancestral tradición machista inscrita en la cultura popular. Pero estas contradicciones son explicables no sólo por el momento social que vivía el país, sino porque la contradicción era inherente a las mismas tradiciones y valores adoptados por los obreros en sus luchas de resistencia. Contexto socioeconómico de la formación de la clase obrera en los años veinte Ha llegado el momento de abordar el accionar concreto de la clase obrera en el último decenio estudiado. Sin embargo, éste no se puede entender si no lo relacionamos mínimamente con el contexto socioeconómico y político del país en el cual surge la clase obrera, interesándonos destacar lo relativo a la explotación, a las formas de dominación y de comportamiento del Estado y los partidos tradicionales ante la naciente clase. La economía colombiana de los años veinte, que ha sido desarrollada en otros capítulos, vive un momento de transición de un modelo orientado al sector externo, a uno que pone más énfasis en la ampliación de un mercado interior y en el desarrollo de una industria nacional. La primera guerra mundial había mostrado la debilidad de una economía que dependía de los

productos manufacturados del exterior. Lentamente se habían establecido en el país algunas industrias de bienes de consumo como textiles, bebidas, prendas de vestir, calzado, jabones, etc. Al mismo tiempo el flujo de créditos norteamericanos, acompañados de los veinticinco millones de dólares de la indemnización por Panamá, van a significar un gran impulso a las obras públicas, en especial las vías de comunicación. Estas últimas concentraron un significativo número de trabajadores. La naciente clase obrera, ubicada en esos sectores dinámicos, va a enfrentar dos lógicas de explotación derivadas del momento de transición que vivía la economía colombiana en los años veinte. La lógica exportadora, apoyada en diversas formas de coacción extraeconómica, hará que los primeros obreros tengan que luchar con-

Padre José María Campoamor, S.J., tuvo una gran influencia sobre la clase obrera, a través de la formación de Círculos Obreros y Cajas Sociales de Ahorro y de construcción de barrios para los trabajadores.

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tra formas de contratación indirecta (como los «contratistas», por ejemplo), el pago de abultadas deudas y multas, el monopolio comercial de los productos de subsistencia por parte de algunas empresas (especialmente de economía de enclave) y, en general, lo que los trabajadores llamaron «un trato injusto». La lucha contra las extensas jornadas de trabajo (se presentaban casos de doce y hasta quince horas diarias de trabajo), el empleo a destajo (que disfrazaba largas jornadas de trabajo) y el descenso del salario nominal, hacía parte también de la resistencia obrera contra esta lógica de explotación anclada en el tradicional modelo agroexportador. Al mismo tiempo, con la transición hacia una economía más integrada internamente y con incipiente industrialización, se insinuaba una nueva lógica de explotación de la fuerza de trabajo. Una lógica más capitalista, en donde el énfasis se ponía en el aumento de la productividad del trabajo a través, bien de métodos de racionalización del trabajo o bien de nueva tecnología y maquinaria más eficiente. En este sentido, interesaba a los empresarios tener una mano de obra más Ubre y más motivada al trabajo. Aquí se inscriben las abundantes luchas obreras de los años veinte por un mejor salario, estabilidad laboral, condiciones higiénicas y ciertas comodidades en el sitio de trabajo, prestaciones sociales y ampliación o cumplimiento de la escasa legislación laboral. Con esta última reivindicación tocamos al aspecto clave de las formas de dominación política que enfrentó el movimiento obrero del decenio de los veinte. La misma coyuntura de transición estaba obligando al Estado, en manos conservadoras en todo el período estudiado (1886-1930), a abandonar en la práctica el dogma del laissezfaire y adoptar medidas interventoras tanto en materia económica, como en aspectos sociales. Sin embargo, la evidencia encontrada hace pensar que los últimos gobiernos de la Hegemonía Conservadora tuvieron más éxito en la

intervención en economía, que en lo social propiamente dicho. En material laboral no se avanzó gran cosa. Aunque desde 1907 existía una ley sobre descanso dominical para empleados públicos, fue en 1915 cuando se inició la legislación laboral en el país. El proyecto de ley sobre accidentes de trabajo, presentado el año anterior por el general Rafael Uribe Uribe, se convirtió en la ley 57 de 1915. En 1918, la ley 46 exigía la construcción de habitaciones higiénicas para los trabajadores. Las primeras leyes sobre huelgas, la 78 de 1919 y la 21 de 1920, se elaboraron al calor del primer movimiento de protesta obrera de vasta magnitud. Ambas leyes trataron de legalizar, y por tanto controlar, el fenómeno huelguístico. Se establecieron etapas previas a la declaratoria de la huelga, se permitió el esquirolaje y se prohibió la huelga en los sectores catalogados como servicios públicos. Las leyes 37 de 1921 y 32 de 1922 hablaban de un seguro colectivo y obligatorio para todos los trabajadores de una empresa. La ley 57 de 1925 versaba sobre accidentes de trabajo. La ley 15 de 1925 establecía las condiciones de higiene social y asistencia. La ley 57 de 1926 estipularía el descanso dominical para todos los trabajadores. Aparte de estas leyes, y del establecimiento de la Oficina del Trabajo como dependencia del Ministerio de Industrias, en 1924, no hay más legislación laboral en el período estudiado. Por el contrario, el Estado hará aún continuos pronunciamientos de no intervención en los conflictos sociales, y más bien acudirá a la cruda represión, como sucedió especialmente a partir de la Ley Heroica del 30 de octubre de 1928. Por ello se puede decir que para la Hegemonía Conservadora, la «cuestión social» fue más una «cuestión de orden público». Ampliemos este punto. Para la élite conservadora en el poder, anclada aún en el laissez-faire económico, el Estado debía dejar que las fuerzas del mercado libremente solucionaran los diferendos salariales. En este caso con-

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creto las fuerzas del mercado eran el capital y el trabajo. Ahora bien, si el conflicto salía de los marcos económicos, entonces ya era cuestión de orden público. Como el Estado no debía inmiscuirse en la negociación económica, su función no debía ir más allá de promulgar unas pocas leyes laborales y mantener una Oficina del Trabajo dedicada más a informar al ejecutivo que a presionar la negociación. Lo demás correspondía al Ministerio de Gobierno o a las Fuerzas Armadas. Estos últimos eran los que aparecían ante el obrero como la imagen del Estado. En este sentido, la clase obrera era objetivamente excluida como clase del juego democrático. El obrero, aunque podía participar en el sistema político como «ciudadano», no podía hacerlo como clase. El Estado bajo la Hegemonía Conservadora, por tanto, no daba cobertura a todos los sectores sociales. De ahí se concluye que estos sectores sociales no vieran como «legítima» la dominación de ese Estado. La adhesión obrera a ideologías revolucionarias es una consecuencia de esta ausencia de consenso en torno al Estado. Para los liberales colombianos, por el contrario, la existencia de la clase obrera era inevitable. Más aún, la contradicción capital-trabajo, en el plano económico, era vista como algo natural y propio del desarrollo económico. El Estado, en consecuencia, debía trabajar por la coexistencia pacífica de las clases. Al no entender los gobiernos conservadores, las peticiones económicas obreras, producían una radicalización política de estas últimas, radicalización que el liberalismo tampoco veía con buenos ojos. Sin embargo, los liberales acusaban a los gobiernos conservadores, en especial al de Miguel Abadía Méndez, de exagerar el peligro revolucionario colocado por la clase obrera, para justificar políticas regresivas. Los revolucionarios, decía la prensa liberal, eran «exóticos» para el país y no pasaban de ser un pequeño puñado.

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La respuesta sugerida por los liberales a los conflictos laborales era la combinación de una oportuna intervención del Estado en los conflictos laborales —enviando tropas para prevenir disturbios y presionando a las dos partes a negociar— con la aplicación de una serie de políticas laborales y de bienestar que hicieran que los obreros se sintieran también representados y atendidos por el Estado. Ésta será la lógica que el liberalismo pondrá en ejecución una vez acceda al poder. Para el movimiento obrero, la lógica de dominación que debió enfrentar fue la conservadora. Muchas veces sucedió que cuando se adelantaba un pacífico movimiento de protesta laboral, el gobierno conservador de turno consideraba, instigado por los empresarios (especialmente extranjeros), que se había salido del marco económico y por lo tanto dejaba en la policía o el ejército la «solución» del conflicto. Por supuesto que los obreros, que se sentían amenazados, se lanzaban a una respuesta también violenta. De ahí que la historia sindical de los años 20 está plagada de enfrentamientos sangrientos, teniendo en la masacre del 5 de diciembre de 1928, en Ciénaga (Magdalena), el evento más luctuoso de toda la historia de la clase obrera colombiana. El accionar huelguístico (1919-1930) La huelga, fenómeno que impactaba a la sociedad colombiana de los años veinte haciéndola temblar, va a ser la forma de resistencia más importante del movimiento obrero en estos años. Sin embargo, la huelga en ese entonces era bien distinta de la contemporánea. Comencemos por decir que a veces era más una «asonada» o un «motín» que una huelga entendida como un movimiento relativamente preparado y organizado. La huelga de los años veinte era la expresión de la protesta que estallaba espontáneamente, en la mayoría de los casos. Observando el movimiento huelguístico

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en el decenio de los veinte salta a la vista el impresionante accionar iniciado en 1919 y que se prolongará hasta el primer semestre de 1920. Fueron los artesanos de Bogotá los que abrieron la puerta a este vasto movimiento. En julio de 1919 los líderes artesanales y obreros convocaron a manifestaciones de protesta contra la contratación, por parte del Ministerio de Guerra, de la confección de ocho mil uniformes del ejército con firmas extranjeras. El gobierno del presidente Marco Fidel Suárez respondió con el fuego de las armas, dejando un saldo de varios muertos y heridos y cerca de trescientos prisioneros. Luego vendrían las huelgas de mineros de la compañía inGrupo de obreros del glesa de Segovia, Antioquia (agosto Ferrocarril del Sur, durante su huelga de de 1919), y la de trabajadores del fenoviembre de 1919, en rrocarril de la Dorada (diciembre Bogotá. 1919 es un año de intensa acción obrera 1919-enero 1920). Paralelamente se produjo una gran movilización camy de movilización pesina en la región del Sinú, dirigida campesina. El año siguiente, 1920, se por los centros socialistas de Montería presenciarán 32 huelgas, en donde actuaba el ya mencionado cifra excepcional para la limitada cobertura que Vicente Adamo, a quien, como premio por su actividad, le esperaría la entonces tenía la clase trabajadora. cárcel.

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En 1920 encontramos treinta y dos huelgas, cifra excepcional para el momento dada la limitada cobertura de la clase obrera. Dentro de este movimiento huelguístico sobresalieron los ferroviarios (de la Dorada, Antioquia, la Sabana de Bogotá, Valle del Cauca y de Atlántico), los sastres y zapateros (de Medellín, Caldas, Manizales y Bucaramanga) y los trabajadores textileros de Bello, Barranquilla y Cartagena. La dura crisis fiscal que vivió el país a comienzos de los años veinte presionó a los trabajadores del Estado a una permanente movilización exigiendo el pago oportuno de sus salarios. En ello estuvieron presentes aun los jueces y algunas guarniciones de la policía. Entre 1921 y 1923 hay un leve descenso en la actividad huelguística. En 1921 se presenciaron nueve huelgas; cuatro en 1922 y ocho en 1923. Será en 1924 cuando se presente un nuevo repunte del movimiento de protesta laboral. Parece que al abrigo de las reformas económicas sugeridas por la Misión Kemmerer, el país se recuperaba fiscalmente e iniciaba su apertura

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al flujo del crédito externo. La inflación se dejó sentir con dureza en esos años de prosperidad económica. Las dieciocho huelgas realizadas en 1924 así lo indican. Entre el 20 y el 22 de abril de 1924 los trabajadores de la empresa municipal del tranvía de Bogotá se lanzaron al paro exigiendo estabilidad laboral y aumento salarial. El conflicto se agravó cuando el superintendente de la empresa dio muerte a un trabajador. Finalmente el concejo municipal accedió a subir salarios, destituir al superintendente y estudiar las otras peticiones obreras. En los meses siguientes, ferroviarios, mineros y trabajadores textiles adelantarán movimientos reivindicativos de gran radicalidad. Para fines de 1924 se gestaba un movimiento de protesta en cerca de catorce empresas de Bogotá, lo que hubiera podido derivar en una huelga general, de no ser por la excepcional intervención del ejecutivo presionando la negociación. Sin embargo, en Barrancabermeja, el 8 de octubre del mismo año, estalló la primera de las grandes huelgas petroleras. La dirección del movimiento recayó en la Sociedad Unión Obrera dirigida por Raúl E. Mahecha. Los trabajadores aducían incumplimiento de lo negociado a principios de año. A pesar de la presencia en el puerto del Ministerio de Industrias, la Tropical Oil Company se negó a la negociación. A los trabajadores no les quedó más recurso que radicalizar el movimiento, lo cual provocó el terror de los empresarios y el gobierno. Ilegalizada la huelga, la «Troco» procede a la expulsión de más de mil doscientos trabajadores, que en su mayoría son deportados de la zona por el gobierno. La derrota obrera la justificó el gobierno al catalogar la huelga como un movimiento «subversivo». En diciembre del mismo 1924, los trabajadores de la United Fruit Company lanzaron un paro para denunciar el incumplimiento de la legislación laboral por parte de la compañía norteamericana y para presionar estabilidad y aumento salarial. La división en-

tre los mismos trabajadores y la rotunda negativa del gerente en negociar dieron al traste con el movimiento, que será la semilla del lanzado cuatro años más tarde. De las catorce huelgas de 1925 merecen ser mencionadas las de los trabajadores del ferrocarril de la Dorada (en enero) y los tranviarios de Bogotá (en diciembre). En ambas, la dura respuesta oficial terminó con cientos de huelguistas encarcelados, otros tantos licenciados y la negativa empresarial a cualquier negociación. Parecería que se quería aniquilar a la clase obrera más que aceptarla en el concierto nacional. En contraste con el movimiento huelguístico previo, el de 1926, año de cambio de gobierno del general Pedro Nel Ospina al doctor Miguel Abadía M.,

En la plaza Once de Noviembre, de Barrancabermeja, Ignacio Torres Giraldo habla a los obreros, el 26 de diciembre de 1926, durante los preparativos de la huelga petrolera que será declarada el 5 de enero de 1927.

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mostró algunos triunfos obreros. Primero fueron los braceros de Girardot y luego los trabajadores del ferrocarril del Pacífico. La clave del éxito radicó en la amplia solidaridad obrera y ciudadana conseguida. En el caso del ferrocarril del Pacífico (1-3 de septiembre), se logró paralizar al occidente colombiano. Así se entiende que la gerencia de la empresa haya aceptado inmediatamente los puntos centrales del pliego petitorio (aumentos salariales, establecimiento de la jornada laboral de ocho horas, condiciones higiénicas y otras reivindicaciones). Esta huelga fue durante años la huelga modelo para el movimiento obrero. Sin embargo, la euforia obrera no duraría por mucho tiempo. En enero de 1927,

Ferrocarril de la Troco para transporte de materiales y obreros entre Bucaramanga y El Centro; la vía fue terminada en 1926, con cerca de 28 kilómetros de recorrido.

de una forma un poco apresurada, los petroleros de Barranca lanzaron su segunda huelga. De la justeza de sus peticiones dio testimonio el alcalde Luna Gómez que tuvo que renunciar ante la divergencia de intereses con el ejecutivo. A pesar de ser pacífica la huelga, el gobierno entró a suprimirla por la fuerza. En un tranquilo banquete de homenaje obrero al saliente alcalde, irrumpió la policía violentamente dejando un número impreciso de muertos. El gobierno dictó una ley marcial para la región, ilegalizó el movimiento y procedió a los conocidos encarcelamientos, mientras la empresa aprovechaba la situación para producir ex-

pulsiones masivas. Así murió por asfixia la segunda huelga petrolera; Raúl E. Mahecha, su líder indiscutible, sería de nuevo encarcelado junto con otros dirigentes. Esta nueva tónica se prolongaría en los siguientes años. Hacia el 13 de noviembre de 1928, los trabajadores de la United Fruit Company presentaron un pliego de peticiones que, si se analiza cuidadosamente, no era sino el resumen de la escasa legislación laboral existente. Se pedía seguro colectivo, cumplimiento de ley sobre accidentes de trabajo, habitaciones higiénicas, descanso dominical, aumento salarial del 50 %, cesación de los comisariatos, anulación de los pagos por medio de vales, pago no por quincenas sino semanal, contratación colectiva y establecimiento de hospitales. A pesar de lo prudente del pliego y de la pacífica organización de los trabajadores, el Estado, alimentado por telegramas alarmistas de las directivas de la UFC, vio con temor la huelga. Envió, en consecuencia, un gran contingente de ejército. El general Carlos Cortés Vargas fue nombrado jefe militar y civil de la zona. En el primer decreto firmado por Cortés Vargas se prohibía la reunión de más de tres personas y se autorizaba al ejército a disparar cuando lo creyera conveniente. El decreto 4, leído en la fatídica noche del 5 al 6 de diciembre, declaraba «cuadrilla de malhechores» a los huelguistas. Con el señuelo de una posible reunión con el gobernador de Magdalena, miles de trabajadores convergieron en la plaza de Ciénaga el 5 de diciembre. Las horas fueron pasando y no arribaba el alto funcionario. Hacia medianoche, el general Cortés Vargas ordenó el desalojo de la plaza. Los obreros se negaron a ello y, por el contrario, renovaron su ardor con gritos de «Viva Colombia libre», «Viva el ejército colombiano» y uno que otro «Viva la revolución social». La masacre, cuyas reales estadísticas tal vez nunca se conocerán con certeza, se consumó esa fatídica noche. Los obreros, después de la masacre, trataron

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vanamente de armarse y responder con la misma moneda. Por supuesto, la huelga finalizó unos días más tarde, sin haber conseguido los obreros ninguna de sus peticiones, y teniendo por el contrario que aceptar un sueldo menor del que recibían cuando se inició el conflicto. Ante esta violenta respuesta del Estado, la clase obrera tendría que replegarse temporalmente, acudiendo a otras formas de resistencia distintas de la huelga. En la zona bananera, por ejemplo, con el cañón de los fusiles aún humeando, los trabajadores en medio de sus faenas comenzaban a componer coplas en las que se recordaban los sucesos, que el Estado quería olvidar, y se generaban mitos como el de Raúl Eduardo Mahecha como «hombre indestructible». Comenzaron a circular leyendas sobre Mahecha de quien se decía que el ejército no lo podía matar. Que le habían disparado mil tiros y apenas le rozaron un pie. Se decía, en fin, que en el forro de los dientes escondía el secreto. Estos mitos devolvían cierta fe a los trabajadores abrumados por tan violenta respuesta del Estado. Así como estos ejemplos de resistencia cultural, exis-

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tieron muchos otros cuya enumeración sería de nunca acabar. La resistencia obrera de los años veinte abarcó formas que iban desde la solidaridad económica familiar o comunitaria, hasta la mitología y el folklore; desde el saboteo oculto a la producción con la destrucción de las máquinas, hasta la insurrección organizada pasando por la huelga. Éste es un tema que hasta ahora está abordando la investigación histórica en nuestro país. Volviendo sobre la huelga, la forma de resistencia mejor estudiada, podemos decir que en general ella predominó en dos sectores económicos: transportes e industria manufacturera, siendo el peso del primer sector abrumadoramente mayoritario. Además, aunque hay una serie de huelgas lanzadas por sectores típicamente artesanales, fueron los trabajadores asalariados los que más contingentes de huelguistas aportarían. Por último, hay dos características propias de las huelgas de los años veinte que van a disminuir en decenios posteriores. Nos referimos a la solidaridad de clase y ciudadana que lograron convocar, y a la radicalidad de muchas de ellas.

Obreros y obreras, niños y adultos en un establecimiento fabril de Medellín, fotografía de Benjamín de la Calle, 1927

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Ambas características son las dos caras de una misma moneda: la rígida actitud del Estado ante la «cuestión social». La clase obrera debía resistir bien invocando a la solidaridad amplia, o bien radicalizándose. Ésta fue la tónica predominante en las relaciones entre el movimiento obrero y el Estado, relaciones que fueron más de exclusión que de mutua aceptación. Las formas de organización obrera Llegada del ministro de Industria y Comercio, general Diógenes A. Reyes, en el hidroavión "Caldas", a Barranca, el 12 de octubre de 1924, en un intento por mediar entre los trabajadores y la Tropical Oil, en la huelga que había sido declarada en septiembre y que terminó con la renuncia del jefe de empleos y del abogado de la compañía y con la prisión de Raúl Eduardo Mahecha, secretario entonces de la Sociedad Unión Obrera.

El carácter espontáneo de muchos de los conflictos laborales explica el porqué muchas veces el lanzamiento de la huelga precedió o se dio simultáneamente con la formación de una organización obrera, generalmente un sindicato. Se puede decir que por detrás de cada periódico existía un proyecto organizativo. La difusión de la prensa obrera es, en parte, una difusión de las organizaciones obreras. En 1910, en Tumaco, se había fundado El Camarada y en Cartagena El Comunista. Para 1916 surgió en Bogotá el periódico El Partido Obrero. En 1919 nacieron El Obrero Moderno

de Girardot, El Luchador de Medellín, El Taller de Manizales, y la Ola Roja fundada por Ignacio Torres Giraldo en Popayán. En 1920 nace El Socialista, que se mantendría en pie por lo menos hasta mediados de los treinta. Para 1924 se publica en Barrancabermeja el periódico dirigido por Raúl E. Mahecha, Vanguardia Obrera. Por esa misma fecha salen a la luz pública los periódicos anarquistas La Antorcha, El Sindicalista, la Voz Popular, y Pensamiento y Voluntad en Bogotá, y Vía Libre en Barranquilla. El Partido Socialista Revolucionario (PSR) tendrá también sus órganos de expresión como La Humanidad de Cali, dirigida por Torres Giraldo, y La Nueva Era, órgano del Comité Central. Para 1928 tenemos otros periódicos obreros de importancia como Claridad de Erasmo Valencia, El Libertador del mencionado Biófilo Panclasta, Sanción Liberal de L.J. Correa, todos ellos en Bogotá, Vox Populi en Bucaramanga y El Moscovita en Ambalema. Hasta los obreros conservadores tendrán su semanario, Unión Colombiana Obrera,

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publicado en Bogotá. Esto para mencionar sólo los más destacados. Aunque ya hemos dicho que la clase obrera contaba con una amplia gama de organizaciones (desde sociedades mutuales y cooperativas, hasta clubes culturales y asociaciones secretas), va a ser el sindicato la forma privilegiada por la clase en su resistencia. El Estado, consecuente con la visión laboral que hemos expuesto, no sólo no propició esa forma organizativa, sino que se opuso a ella por distintos medios. Hasta 1919 existían sólo veintisiete organizaciones «obreras» legalmente reconocidas. Es bueno anotar que algunas eran más asociaciones obreropatronales, que sindicatos propiamente dichos. En el decenio de los veinte, el Estado reconoció cuarenta organizaciones «obreras», nueve de ellas de segundo grado. Predominaban las organizaciones por oficio o gremiales. El sindicalismo de base no era muy común, y el de industria era prácticamente desconocido. En las actividades económicas, predominó el sindicalismo en transportes y en industria manufacturera, los mismos sectores que habían aportado más al movimiento huelguístico. En general, la impresión que se tiene al observar los sindicatos existentes en los años veinte es que éstos eran de vida coyuntural (generalmente se creaban a raíz de un conflicto y desaparecían cuando éste se terminaba). Además, como no existían marcos institucionales para el sindicalismo, los trabajadores tuvieron que echar mano a sus tradiciones para organizarse. En este sentido parece que los antiguos clubes culturales y políticos obreros que florecieron en los sitios de concentración trabajadora, asumían la responsabilidad organizativa en los momentos de conflicto. Así se explica que en muchos casos la dirección de la huelga estuviese en manos de activistas obreros o líderes políticos que no trabajaban directamente en la empresa en conflicto. Ello permitió la mayor politización de las organizaciones de resistencia, aunque también las hizo

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más vulnerables al ataque de un Estado y de unos patrones que en cualquier organización obrera veían una amenaza subversiva. Como los sindicatos no se circunscribían a una empresa, podían tener una visión más de conjunto sobre las formas de explotación y dominación, imperante en el país. Pero al mismo tiempo, esta ventaja organizativa se podía convertir en docilidad, puesto que el Estado y los patronos, especialmente los extranjeros, se negaban sistemáticamente a reconocer la legitimidad de estos sindicatos, aduciendo que estaban conformados por elementos «externos» a las empresas en conflicto. Hacia finales del decenio comienza a observarse, sin embargo, el surgimiento de algunos sindicatos permanentes inscritos en empresas específicas, que buscan la legalidad. Es decir, hay un desarrollo incipiente y minoritario en términos cuantitativos, de un tipo de sindicalismo cercano al que hoy llamamos de base. Las formas organizativas quedarían truncadas si no hacemos aunque sea una breve consideración sobre los proyectos políticos que agitó la clase obrera en el decenio de los veinte.

Obreros de la Tropical Oil en El Centro, en un día de pago. Desde 1922, ellos venían luchando por la "bandera de los tres ochos": ocho horas de trabajo, ocho de instrucción y ocho de descanso.

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zado, una agrupación política de opinión. En este sentido tendremos tanto una participación «socialista» en los conflictos sindicales (en el caso de las textileras de Bello fue claro), como una inusitada actividad política electoral, que se intensificó en 1921. En las elecciones a la Cámara (marzo), y a los concejos (octubre), los socialistas obtuvieron resonantes triunfos. En Medellín, las listas socialistas superaron a las liberales. En Girardot, los socialistas fueron mayoría en el concejo. En otras poblaciones con concentración obrera, los socialistas consiguieron importantes avances: Honda, La Dorada, Palmira, Dagua, Segovia, Puerto Wilches, Remedios, Puerto Berrío y Dabeiba. Estos éxitos electorales pusieron en alerta al liberalismo, que en sus congresos de Ibagué y Medellín, decidió incorporar algunas reivindicaciones obreras y socialistas en su programa. La adhesión, en 1922, de importantes personajes socialistas a la candidatura liberal del general Benjamín Herrera, hizo que prácticamente el Partido Socialista desapareciera como fuerza política independiente.

Raúl Eduardo Mahecha Caycedo, gran dirigente de las huelgas petroleras en Barrancabermeja. "Con una imprenta portátil, este infatigable tipógrafo predicaría la liberación obrera".

Implicaciones políticas de la lucha de la clase obrera en los años veinte Anteriormente señalábamos que en mayo de 1919 se había constituido el Partido Socialista. Sus adherentes iniciales eran nueve asociaciones artesanales, dos sociedades de beneficencia y tres agrupaciones sindicales obreras. Como se ve, predominaba el artesanado en su constitución. Además, nótese que el nivel propiamente reivindicativo va a estar muy mezclado con el político, lo cual es una constante del naciente movimiento obrero, por lo menos hasta bien entrado el decenio. En realidad, el Partido Socialista representó más que un partido organi-

Por esos años algunas voces obreras comienzan a plantear la necesidad de proyecto político independiente de la clase. En un principio, no se pensaba en la construcción de un partido propiamente dicho. Se decía que con la ruptura del bipartidismo y con el ejercicio real de la democracia por parte del proletariado, ya se habría avanzado bastante. La presencia, cada vez más fuerte en el país, de ideologías internacionalistas como el marxismo y el anarquismo, redundará en la concreción de proyectos políticos más articulados. En 1923 surgen ciertos círculos de intelectuales y obreros llamados «comunistas». Aunque el inmigrante rus° Silvestre Savitsky era su cabeza visible, jóvenes intelectuales como Luis Tejada, Moisés Prieto y Gabriel Turbay fueron el alma de estos núcleos. Allí participaban también trabajadores de ferrocarril, tranvía y construcción. Las relaciones entre intelectua-

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les y obreros eran cordiales. Savitsky y Vidales, por ejemplo, redactaron los estatutos del sindicato de albañiles y similares. Las simpatías de estos núcleos por la Internacional Comunista eran evidentes. Merece destacarse la labor literaria de Luis Tejada, que sin lugar a dudas pudo ser más definitiva en la vida política del país, de no haber muerto el escritor repentinamente en 1924. En mayo de 1924 se celebraron simultáneamente dos eventos importantes para la clase obrera colombiana: el Primer Congreso Obrero y la Conferencia Socialista Nacional. Aunque muchos de los participantes del congreso, lo fueron también de la asamblea, hay matices diferenciadores de los dos eventos. En el congreso se discutieron aspectos reivindicativos como la lucha por la jomada de ocho horas; la exigencia de mayor legislación y cumplimiento de la poca existente; el problema de la vivienda obrera; el incremento de las fuentes de trabajo, etc. En materia política, a pesar

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del ardor con que las distintas corrientes ideológicas expusieron sus planteamientos, ninguna logró un consenso mayoritario y por tanto el congreso se disolvió sin aclarar mucho en este plano. Sin embargo, ya flotaba un cierto ambiente propio para la ruptura con el bipartidismo. En las horas de la noche, muchos de los delegados al congreso obrero se reunían con otros colegas socialistas en el marco de la Asamblea Nacional Socialista. Allí se avanzó un poco más en materia política. Se acordó rendirle un homenaje al dirigente ruso Vladimir I. Lenin, recientemente fallecido. Días más tarde se aprobó por mayoría abrumadora la adhesión de la asamblea a la Internacional Comunista, aceptando las condiciones por ésta impuestas. Se veía ya el predominio de las corrientes marxistas, en su versión de la IC, y anarcosindicalista, que en parte simpatizaba también con aspectos de la IC y la Internacional Sindical Roja. De hecho, si la fraseología que

Sede de la Unión Sindical Obrera, en Barrancabermeja, fundada el 12 de febrero de 1923, bajo la orientación de Raúl Eduardo Mahecha, y centro del más grande movimiento de masas del río Magdalena en los años 20.

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Ignacio Torres Giraldo, María Cano y Raúl Eduardo Mahecha con Sofía López, "Flor del Trabajo" de Bogotá, marzo de 1926.

dominaba a estos círculos era marxista, la práctica era más parecida a la deseada por los anarcosindicalistas. Precisamente 1924 y 1925 serían los años de oro del anarcosindicalismo en Colombia. En Bogotá, en 1924, funcionaba un grupo claramente anarcosindicalista: la sociedad Antorcha Libertaria del cual hacía parte el tipógrafo Carlos F. León. Este grupo publicó el periódico La Voz Popular. En 1925, un grupo libertario de Santa Marta publicó el semanario Organización. Este grupo tendría incidencia en la huelga bananera del 28. En 1925 también, en Barranquilla, funcionó por breve tiempo otro grupo anarquista que publicaba el periódico Vía Libre. Este mismo núcleo impulsó, aunque sin grandes resultados, la creación de una Federación Obrera del Litoral Atlántico. Sin embargo, el mejor momento del anarcosindicalismo se plasmó en el Segundo Congreso Obrero de julio de 1925. De allí surgió el primer intento de confederación de las organizacio-

nes de resistencia obrera existentes: la Confederación Obrera Nacional (CON). Se pretendía que los sindicatos no sólo lucharan por las reivindicaciones económicas, sino que enfrentaron políticamente al Estado y los patronos. La presencia marxista en el Congreso se evidenció en la adhesión que hizo éste a la IC. El proyecto anarcosindicalista fue rápidamente criticado por distintos sectores obreros e intelectuales que se habían adherido inicialmente a la CON. En ese ambiente comienza a surgir nuevamente la idea de la construcción de un partido independiente de la clase obrera. Al calor de resonantes éxitos huelguísticos como los habidos a fines de 1925 y a lo largo de 1926 (recuérdense las huelgas de tranviarios y ferroviarios), se reunió en Bogotá, el 21 de noviembre de este último año, el Tercer Congreso Obrero. Después de discutir aspectos generales (jornada laboral de ocho horas, por ejemplo) y sindicales (fortalecimiento de la CON y creación de federaciones de trabajadores de transportes), el debate giró en torno a la fundación del partido de los obreros. Mientras la minoría desconocía la necesidad de dicho partido, la mayoría, influenciada por el marxismo, votó por su construcción. La minoría, en la cual convergirán sectores reformistas y anarquistas (Juan D. Romero, L.J. Correa, Carlos F. León, Biófílo Panclasta y Erasmo Valencia), se opondrá al nuevo partido. Ésta conformará en 1928 un Comité de Unidad y Acción Proletaria, que disputará la representación del proletariado en los eventos internacionales. La ruptura estaba consumada. Por su parte, la mayoría creará el Partido Socialista Revolucionario (PSR). Las disputas de mayoría y minoría del Tercer Congreso Obrero de 1926, redundarían en cierto endurecimiento de los proyectos políticos obreros y con ello se perderá un poco la tradición pluralista del naciente proletariado colombiano. A pesar del endurecimiento político del núcleo más

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Dibujo alegórico de Roa, sobre los obreros caídos en la segunda gran huelga petrolera de Barrancabermeja, en enero de 1927.

proclive al marxismo, no se puede desconocer en el PSR el mantenimiento de importantes tradiciones obreras. Por un lado, se quiso formar no un partido cerrado de cuadros, sino uno amplio de masas. Si se le designó «Socialista Revolucionario» y no «comunista», fue precisamente para atraer más adherentes. Por otro lado, el PSR mantuvo cierta autonomía en su elaboración política, con respecto a los centros directivos de la IC. El hecho de que tozudamente conservara un criterio de organización no muy leninista, es muestra de ello. El PSR recogió cierto pluralismo ideológico, aunque esto dio paso al eclecticismo y a la imprecisión de las diferencias ideológicas con el liberalismo. El PSR contó con características figuras que le dieron un gran prestigio entre los núcleos trabajadores del país. La constante actividad de Raúl E. Mahecha siempre será recordada por trabajadores petroleros y bananeros. Con una imprenta portátil, este infatigable tipógrafo predicaría la liberación obrera haciendo uso de heterodoxos métodos como aquellas

charlas informales sobre «hadas» y «aparecidos», charlas en las cuales metía «el veneno» de las ideas socialistas, como él las llamaba. Las giras de María Cano llenarían las plazas públicas y constituirían los antecedentes de las grandes movilizaciones de masas urbanas de los años 40. Con lenguaje sencillo, entre poético, religioso y político, María Cano llegaría con su mensaje al corazón del obrero colombiano de los años 20. La labor tesonera de Ignacio Torres G., Tomás Uribe Márquez y Alberto Castrillón, merecen también ser destacadas. El tratamiento de la «cuestión social» por parte de los últimos gobiernos conservadores, hizo que el movimiento obrero en su conjunto se alejara del Estado. Esta situación objetiva hizo pensar a los dirigentes del PSR que el fin de la Hegemonía Conservadora estaba pronto, pero que había que corregirlo. Desde 1927, el PSR en su convención de la Dorada, decidió apoyar un plan insurreccional que también venía calentando las mentes de algunos dirigentes liberales «guerreristas». Para este fin se creó un organismo clandestino, el Comité

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Central Conspirativo Colombiano (CCC). La actividad general y política se relegó a un segundo plano, para privilegiar el plan insurreccional. Después de intentos frustrados por lanzar una insurrección que coincidiera con alguna de las grandes huelgas del río Magdalena o de la zona bananera, se decidió que el 28 de julio sería el gran día. La fecha fue escogida en concordancia con el general rebelde venezolano Arévalo Cedeño. A última hora éste pospuso su levantamiento y el CCC se vio obligado a aplazar el golpe en Colombia. Pero la noticia desafortunadamente no llegó hasta apartados sitios como Líbano, San Vicente

y La Gómez. Allí, aislados núcleos obreros y artesanos una vez lanzados a la insurrección se enteraron de la ausencia de un movimiento nacional, viéndose obligados a pasar a una difícil resistencia. Con estos eventos se sellaba la suerte futura no sólo del PSR, sino de la clase obrera misma, si se tiene en cuenta que éste cristalizaba muchas de las tradiciones y anhelos de la clase. El movimiento obrero que, como lo reconocería posteriormente el presidente Alfonso López P., contribuyó decididamente a la caída del régimen conservador, no pudo cosechar como merecía los frutos de su infatigable actividad.

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ARCHILA, MAURICIO.

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La clase obrera colombiana (1930-1945) Mauricio Archila

E

l 10 de diciembre de 1934, seis años después de la masacre de Ciénaga, los trabajadores de la zona bananera se lanzaron nuevamente a la huelga. Tenían el temor de que el recién instalado gobierno de Alfonso López Pumarejo (1934-38) respondiera tan crudamente como lo había hecho el gobierno conservador de Miguel Abadía Méndez. El temor no era gratuito, pues la zona bananera había sido prácticamente zona de guerra por lo menos hasta 1932. No sólo se había reforzado el pie de fuerza militar, sino que cualquier intento de organización era reprimido, aun bajo el gobierno de Enrique Olaya Herrera (1930-1934). Por ello los trabajadores se habían preparado arduamente para el nuevo conflicto laboral, creando una vasta red de sindicatos por toda la zona, incluyendo tanto los trabajadores de la United Fruit Company como los de los productores criollos. El pliego de peticiones presentado con anterioridad a la huelga giraba en torno a tres puntos fundamentales: 50 % de aumento salarial, medicinas gratuitas y servicio médico y hospitalario para todos los

trabajadores bananeros y mejoramiento de los campamentos. La petición de reconocimiento de las posesiones de los campesinos-colonos, entre los que se contaban muchos trabajadores asalariados desempleados, también afloraba. La respuesta del gobierno, para tranquilidad de los huelguistas, no fue represiva. Por el contrario el ministro de Guerra, Marco Antonio Aulí, se desplazó a la zona y presidió las reuniones de negociación. Los trabajadores y la empresa lo eligieron como árbitro. En calidad de tal firmó el pacto que puso fin a la huelga el 23 de diciembre, consiguiendo los trabajadores sus reivindicaciones. Posteriormente, en noviembre de 1937, el gobierno arrestaría al gerente y al abogado de la compañía bananera al descubrirles comprometedoras pruebas de intento de soborno. El contraste con lo sucedido en el 28 se hacía evidente. Se habían producido cambios importantes en seis años. No se trataba solamente de la crisis más evidente de la United Fruit, afectada tanto por fenómenos naturales (huracanes y agotamiento de suelos), como por la gran depresión económica que rebajó los precios del banano. En esas circunstancias, la empresa estaba en

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condiciones más débiles para enfrentar un conflicto laboral. De hecho, ya se estaba produciendo el desmonte de la explotación bananera, factor que aprovecharon muchos trabajadores desempleados para apoderarse de baldíos reclamados por la multinacional. Por otro lado, los trabajadores estaban mejor preparados para el conflicto a través de una red de sindicatos por fincas. Finalmente, el Estado, ahora en manos liberales, había comenzado a implementar una nueva concepción en el manejo de la «cuestión social». El contexto de las luchas laborales, por tanto, se había modificado. Ello exigía de los obreros nuevas formas de lucha en su resistencia contra el capital y el Estado —que mostraba el rostro conciliador—. Ahora bien, el liberalismo no podría satisfacer totalmente los anhelos de la clase obrera colombiana, así como tampoco de otros sectores populares, con lo que se aumentaría el sentimiento de frustración con la República Liberal (1930-46). El estudio del nuevo contexto laboral y las luchas obreras en este período será el tema del presente ensayo. Resistencia obrera en un nuevo contexto político La clase obrera que llega a los años treinta está centrada fundamentalmente en los servicios públicos, y más en particular en transportes. El peso del sector industrial manufacturero tiende a aumentar en la medida en que se consolida el proceso de industrialización, generando un tipo de obrero y sindicalismo diferente. Cuantitativamente, este sector no pasará de unos 450.000 integrantes, según datos del censo de 1938, de los cuales el 80 % estaba enmarcado en la producción artesanal. A partir de 1929, Colombia venía afrontando problemas económicos a raíz del descenso en los precios del café y del cierre del crédito externo, tendencias que se reforzarían con el estallido de la gran crisis mundial, a fi-

nes de ese año. La respuesta inicial del gobierno, mantenida hasta 1932 por la administración Olaya Herrera, fue «ortodoxa» o contraccionista. Por evitar una devaluación del peso se contrajo la oferta monetaria. Ello se tradujo en una disminución del gasto público, lo que significó el cierre de muchas obras públicas y el licenciamiento de trabajadores vinculados a este sector. A partir de 1932, el gobierno de Olaya Herrera, apoyado en la crisis del sistema monetario internacional, decidió practicar una eficaz política anticíclica centrada en un aumento de la oferta monetaria, que junto con el aumento del crédito externo y la declaratoria de la moratoria en la deuda externa, contribuyeron a ello. La recuperación económica no se hizo esperar y el Estado reemprendió nuevamente su actividad pública, superándose parcialmente la crisis. La gran depresión mundial impactó desigualmente a los distintos sectores de la economía. Las áreas más afectadas fueron las de obras públicas, construcción y transporte interno. En la actividad exportadora, la crisis de los productos de enclave (banano y petróleo), se compensó en parte con la salida del oro y el aumento en la cantidad exportada de café, a pesar del descenso en el precio de este último. El sector agrario, a pesar de la crisis de algunos productos, en términos generales aumentó su producción durante los duros años de la depresión mundial. La revocación, en 1931, de la ley de emergencia de 1926 que permitía la libre importación de productos agrícolas, fue útil para el sector agrario. En la industria manufacturera, la crisis mundial impactaría negativamente a las ramas cuyos productos no eran comercializados internacionalmente: cervezas, gaseosas, vidrio, tejas y ladrillos. En las otras ramas, especialmente en textiles, la crisis, por el contrario, permitió su despegue. La conjunción de políticas oficiales, favorables condiciones de demanda interna y necesidad de sustituir importaciones, estimularía un desarrollo industrial

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que marcaría definitivamente el período abarcado en este trabajo. Se trata obviamente de una industria de bienes de consumo y algunos productos intermedios, especialmente químicos y derivados. Todo ello hace pensar que los efectos de la depresión mundial, si bien fueron fuertes especialmente en la actividad de infraestructura, no fueron tan severos como la literatura tradicional lo sugería. El manejo decidido de políticas anticíclicas a partir de 1932, significó además una lenta transformación en la concepción estatal. El viejo dogma liberal del Estado no interventor se iba superando en la práctica. Ante los rigores de la crisis, el ejecutivo se dotó de poderes especiales para enfrentarla. El conflicto surgido por la invasión de un grupo de peruanos a Leticia, agosto de 1932, reforzaría los poderes interventores del ejecutivo. En un clima de guerra por la defensa de las fronteras, el gobierno de Olaya Herrera recibió el apoyo de casi toda la población, exceptuándose los núcleos más radicales de la clase obrera y la intelectualidad revolucionaria. En estas condiciones, el primer gobierno de la República Liberal pudo implementar a sus anchas el criterio que su par-

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tido había levantado en los años veinte ante la llamada «cuestión social». Desde antes de producirse el ascenso al poder del candidato liberal electo a principios de 1930, se produjo el empalme en la Oficina del Trabajo con el nombramiento de José Mar, uno de los liberales simpatizantes del socialismo. En 1931 vendrían dos actos jurídicos que cristalizarían la aproximación liberal a la «cuestión social»: las leyes 83 y 129. La primera intentaba encauzar las luchas reivindicativas y daba legitimidad al sindicalismo. El otorgamiento de personerías jurídicas a los sindicatos les permitía su existencia legal, pero implicaba también un control estatal sobre las organizaciones obreras. La huelga nuevamente se regulaba, estableciendo las condiciones para que fuera considerada «legal» por el Estado. La ley 83 no dijo nada sobre el esquirolaje, lo que dejó a los huelguistas en una situación de debilidad, máxime en un momento de desempleo como el que se vivía. La ley 129 acogía, para el territorio nacional, la disposición internacional sobre la jornada de trabajo de ocho horas. Esta ley, sin embargo, entrará en vigencia sólo hasta 1934 a través del decreto 895. A pesar de estas vacilacio-

Obreros antioqueños pavimentando una vía a comienzos de los años 30. A raíz de la crisis mundial de 1929, se suspendieron en el país numerosas obras públicas, lo que condujo al desempleo y al malestar social.

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nes, el Estado mostraba un rostro más conciliador ante los obreros. Además se vio más decidido a una mayor intervención en los conflictos laborales, en el control de precios y en el conjunto de la actividad económica. Este último aspecto sería el elemento central en la reforma constitucional de 36.

Portada de "Alma Ubre", periódico obrero liberal, publicado en El Socorro durante los años 30.

Se superaban, de este modo, los límites que la gestión conservadora había colocado en el manejo de la cuestión social. La acción autónoma de la clase obrera se hacía ahora más difícil, aunque no imposible, como veremos a continuación. A pesar de notarse un reflujo en la acción huelguística que venía desde fines del 28 y se proyectaría hasta 1933, la clase obrera en articulación con los movimientos agrarios y urbanos, seguía sus luchas de resistencia. Las condiciones no eran fáciles. A la dura represión aplicada por el último gobierno conservador, que no desapareció del todo en los primeros años de la República Liberal, había que agregar las condiciones de desempleo en el sector público. Los conflictos agrarios en las regiones del Sumapaz y Tequendama (Cundinamarca) y de las comunidades indígenas del Tolima,

ocuparon páginas destacadas en la prensa del momento. El 2 de mayo de 1931 se produjo una insurrección indígena en Coyaima, que dejó como saldo cien presos. Pocos meses después se iniciaron las manifestaciones de desempleados en las principales ciudades del país, manifestaciones que se radicalizarían con las marchas de hambre promovidas en 1932 por el Partido Comunista de Colombia recientemente reestructurado. La agitación en las zonas cafeteras tendría como punto máximo la convocatoria por parte de los comunistas de una huelga cafetera para agosto de 1934. Aunque la huelga nunca llegó a realizarse, en parte debido a la represión a sus dirigentes, la propuesta canalizó el descontento de muchos trabajadores de las haciendas cafeteras y las trilladoras. Además de estas formas abiertas de resistencia, la clase obrera y los sectores populares sobrevivieron a los rigores de la crisis económica a través de distintas estrategias que incluían desde la protesta violenta hasta el regreso a las parcelas para mitigar el desempleo. A mediados de 1933, una vez apaciguado el furor nacionalista generado por el conflicto con el Perú, el movimiento obrero articuló una nueva ofensiva huelguística de proporciones parecidas a la de mediados de los años veinte. La proliferación de huelgas en 1933 y 1934 (diecinueve y treinta y cinco, respectivamente) así como la amplia solidaridad que provocaron, hablan por sí mismas del renacimiento de la agitación obrera. La huelga iniciada por los braceros de Barranquilla en octubre de 1933, se extendió a la mayoría de las fábricas y establecimientos comerciales de la ciudad y de Puerto Colombia. Los ferroviarios de Cali, en noviembre del mismo año, lograron el apoyo total de la población del valle del Cauca. El paro del ferrocarril de Antioquia, junio de 1934, fue un verdadero paro general en Medellín. La huelga de los taxis rojos de Bogotá, agosto de 1934, se convirtió en paro de transportes en la capital del país. La solidaridad obser-

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vada en los conflictos, así como la radical movilización de los huelguistas, ponían contra la pared las prácticas integradoras del régimen de «concentración nacional» de Olaya Herrera. Urgía para el Estado, por tanto, desarrollar mecanismos más ágiles de contención de los conflictos, bien fuera a través de una represión preventiva o bien a través de una oportuna intervención negociadora. Las pautas iniciadas en la huelga de Tejidos Monserrate (mayo de 1934) se reprodujeron en otros conflictos: mientras el Estado declaraba apresuradamente la ilegalidad del movimiento, los huelguistas buscaban la solidaridad de otros sectores sociales y el respaldo de la base. Aunque a veces se conseguía algo de ello, no siempre sucedió así. El caso de los trabajadores del ferrocarril del Pacífico fue diciente en este sentido: después de haber ganado una huelga en 1933, como ya hemos señalado, en un segundo conflicto (en septiembre del 34), los huelguistas se encontraban aislados del resto de la población y sin

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respaldo de los mismos trabajadores de la empresa que habían votado el paro. Al contrario de lo sucedido hasta el 33, muchas de las huelgas del 34 culminaron en estruendosos fracasos. ¿Qué había sucedido en tan corto plazo? Ciertamente el endurecimiento coyuntural del Estado ante el auge huelguístico influye, pero no explica todo. Otro tanto se puede decir de la actitud intransigente de la patronal. En varias huelgas del 34 (Cervecería Germania, Zapaterías de Medellín, Minas de Canoas y de Suesca y Sesquilé), los patrones recurrieron al lock-out para presionar en su favor la solución del conflicto. Tal vez lo más importante había sido el impacto sobre la clase obrera de la nueva actitud del Estado. No es por azar que los observadores de los fenómenos sociales del momento, desde funcionarios oficiales y diplomáticos extranjeros hasta activistas comunistas y dirigentes sindicales, señalan un aparente sometimiento de la clase obrera al marco jurídico elaborado

Grupo de instrucción a cargo de los soldados Manuel Alejandro Moreno y Alberto Arellano, en un lugar entre Dalmacias y La Pedrera, durante la guerra con el Perú, en 1933. "En un clima de defensa de las fronteras, el gobierno de Olaya Herrera recibió el apoyo de casi toda la población, excepto los núcleos más radicales de la clase obrera y la intelectualidad revolucionaria".

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por el liberalismo en el poder. Parecía que el fermento revolucionario hubiese desaparecido. La crisis política del PSR y del anarcosindicalismo, a fines de los años veinte, en parte ayudaba a la generación de este sentimiento. Sin embargo, ésa era la apariencia. La clase obrera seguía luchando, así no triunfara siempre. Fue bien simbólico lo hecho por los ferroviarios de Cali

La miseria en Bogotá, según fotografía de "Cromos" publicada en un reportaje de 1935.

ante el fracaso de la huelga del 34: se reunieron en el patio grande de la estación principal del ferrocarril del Pacífico y allí encendieron una hoguera en la cual quemaron el acta que otorgó, el año anterior, la personería jurídica al flamante Centro Obrero Ferroviario. Era un acto que no podía reversar las políticas oficiales, las cuales tenían acogida entre otros sectores obreros, pero sí ilustraba cómo el movimiento obrero no se sometía pasivamente al nuevo orden. La búsqueda de la personería jurídica y su mantenimiento, la fe en los pliegos de petición «bien elaborados» y en el abogado negociador, y la nueva actitud interventora del Estado, modificaban la forma cómo la clase obrera enfrentaba el conflicto social. Aunque los obreros entendieron lo que estaba pasando en el plano jurídico, no se sentían lo suficientemente fuertes como para cam-

biar la situación. Cuando intentaron hacerlo, el Estado y la patronal, que también aprendían de las experiencias pasadas, lanzaron un proyecto más definido, que será desarrollado por Alfonso López Pumarejo con la Revolución en Marcha. Antes de considerar esta nueva fase de las relaciones entre clase obrera y Estado, veamos en qué medida influyeron las organizaciones políticas de izquierda en todo el proceso descrito. Como se señalaba en el estudio anterior, el Partido Socialista Revolucionario (PSR) había entrado en una profunda crisis a finales del decenio de los veinte. Ante la sensación de fracaso por lo sucedido con la frustrada insurrección de julio de 1929, y presionados por la Internacional Comunista (IC), un puñado de dirigentes socialistas decidieron reestructurar el PSR. En julio de 1930 nació el Partido Comunista de Colombia (PCC) como una organización política enmarcada más ortodoxamente en los moldes de la IC. A pesar de la infatigable labor de los activistas comunistas, tanto entre los trabajadores del campo (cafeteros e indígenas), como entre los de la ciudad, incluyendo a los desempleados, el naciente partido no logró superar el aislamiento en que había caído el PSR en sus últimos días. A ello contribuyó la rigidez doctrinaria de sus pronunciamientos; la lucha intestina que llevó a marginamientos y expulsiones de prestigiosos líderes socialistas como Tomás Uribe M. o Raúl E. Mahecha; y finalmente, la actitud pacifista ante la guerra con Perú. En este último caso, los comunistas denunciaron la posible finalidad distractiva del conflicto así como las supuestas rivalidades interimperialistas allí comprometidas. Sin embargo, el nacionalismo que se desarrolló en el país a raíz del enfrentamiento internacional de esos años condenó a los comunistas al ostracismo. Por último, la consigna de la IC de construir una alianza sólo con elementos obreros y revolucionarios (la política del Frente Único) fue aplicada por los comunistas con un crite-

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rio tan cerrado que en la práctica eran ellos los exclusivos integrantes de ese Frente. Fue en dicho contexto que el PCC libró batallas ideológicas no sólo contra los partidos tradicionales, sino contra socialistas moderados y la Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria (UNIR) dirigida por Jorge Eliécer Gaitán. Esta situación de aislamiento se expresó en el plano electoral en los escasos 1.974 votos obtenidos por el candidato comunista en 1934, en contraste con los 938.608 obtenidos por el candidato liberal. Sin embargo, la influencia comunista no era despreciable en los sindicatos obreros y en numerosas ligas campesinas. El PCC siguió aferrado a la política de Frente Único durante los primeros meses de la Revolución en Marcha, simbolizando la actitud intransigente de cierta intelectualidad revolucionaria ante la nueva gestión liberal. Por su parte, la UNIR, nacida en 1933, jugó el papel de aglutinadora de sectores sociales inconformes con el régimen de «concentración nacional» y que no querían militar en el comunismo. El programa de la UNIR, no siempre bien definido, hablaba de una mayor intervención del Estado en la vida económica y social en favor de las clases desfavorecidas, de una reforma agraria que atacara el latifundio improductivo, un mayor control a los intereses extranjeros, y unas medidas sociales y laborales orientadas a las clases trabajadoras. Se trataba, por tanto, de un programa democrático con gran inspiración en el APRA peruano. Gaitán y los uniristas, entre los que se contaban algunos socialistas marginados del PCC, se lanzaron a una acción tanto entre trabajadores rurales como urbanos, chocando no pocas veces con los comunistas. En el trabajo rural se destacó el apoyo al movimiento de colonos-arrendatarios de la región del Sumapaz, especialmente los de la famosa hacienda El Chocho (en lo que hoy es Silvania). El tuerte de la UNIR, sin embargo, estuvo entre los trabajadores urbanos. Ella controlaba la Federación Local

del Trabajo de Bogotá y la naciente Federación Nacional de Transportes, con sede en Cali. Esta última organización, que pretendía reunir los trabajadores vinculados a los transportes, brindó efectiva asesoría y solidaridad a las grandes huelgas de ferroviarios y braceros del 33 y 34. De hecho Gaitán directamente asesoró nueve huelgas entre 1933 y 1934. Las relaciones entre el PCC y la UNIR no fueron cordiales —unos por apoyarse en la rigidez doctrinaria y los otros en una retórica anticomunista— lo cual contribuyó a desconcertar más a la clase obrera y a los sectores populares. Parece que ante la imposibilidad de rescatar a los trabajadores de las ilusiones creadas por el gobierno de Revolución en Marcha de López Pumarejo, Gaitán abruptamente abandonó las toldas del proyecto independiente para sumarse nuevamen-

Ilustración para uno de los cuentos de "Colombia S.A.", libro del sociólogo Antonio García, publicado en Manizales en 1934.

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te al oficialismo liberal. Aunque la UNIR había proclamado la abstención electoral en las elecciones de 1935, como lo había hecho en 1934 para las presidenciales, Gaitán flamantemente salió elegido como representante a la Cámara por el liberalismo. Moría así, en los brazos del oficialismo liberal, un proyecto democrático e independiente de los partidos tradicionales. Veamos con detenimiento cuál era la razón de esta fuerte atracción que Alfonso López ejerció sobre los trabajadores y sus organizaciones políticas. El reformismo liberal. Surgimiento de la CTC La coyuntura internacional para 1934 marcaba una lenta recuperación de la economía mundial a través de la aplicación de políticas de sabor keynesiano; como sucedió en Colombia después de 1932, muchos gobiernos lograron estimular la demanda agregada de las economías. Las clases populares encontraban peso económico para plantear sus demandas, produciéndose amplias movilizaciones de masas. Los estados latinoamericanos, al ver debilitados coyunturalmente los lazos de dependencia con los países metropolitanos, y al contar con instrumentos más adecuados para la intervención económica, actuaron con una relativa autonomía. De ese modo se explican las movilizaciones populistas y las medidas reformistas adoptadas por gobiernos como el de Sánchez Cerro en el Perú; el movimiento de los «tenientes» y el ascenso de Getulio Vargas en el Brasil; la corta existencia de la República socialista y el posterior ascenso del Frente Popular al gobierno en Chile; la revolución contra Machado en Cuba; y especialmente el gobierno del general Lázaro Cárdenas en México (1934-1940), quien llevó la revolución a su mayor grado de radicalización. Colombia, como veremos a continuación, no estuvo exenta de estos vientos renovadores. El gobierno de Alfonso López (1934-1938) estuvo marcado desde el

principio por dos fenómenos internos que determinaron en gran parte su rumbo: 1) el renacimiento de la movilización obrera y campesina; 2) la oposición total del conservatismo y su marginamiento de la gestión estatal. Como habíamos señalado anteriormente, el movimiento obrero había iniciado una ofensiva huelguística desde mediados del 33. Sólo en 1934, contabilizamos treinta y cinco huelgas, muchas de ellas lanzadas sin gran preparación. La agitación en los campos no se quedaba atrás. Si bien la movilización campesina no tenía una cobertura nacional (más bien se limitaba a las regiones cafeteras y a ciertas comunidades indígenas), ejercía efectiva presión por la transformación de las estructuras agrarias. La movilización popular exigía nuevas políticas de contención. Por otro lado, el conservatismo, después de haber participado tímidamente en el gobierno de Concentración Nacional de Enrique Olaya Herrera, decidió marginarse de la gestión pública. Conducido férreamente por el ingeniero Laureano Gómez, el conservatismo se abstuvo en las elecciones presidenciales, primero, y luego en las parlamentarias. Al liberalismo le quedaba el camino despejado para cristalizar las reformas que venía agitando desde los años veinte. Para 1934 los índices económicos mostraban recuperación, aunque aún quedaba pendiente la consecución de una mayor estabilidad cafetera a través de un pacto internacional que se celebraría en 1940. En los inicios del gobierno de López, que se designará como la «Revolución en Marcha», se aplicó una ambigua política ante los intereses extranjeros, especialmente norteamericanos, lo que daría un margen de denuncia a los partidos de izquierda. De una parte, el gobierno de la Revolución en Marcha desde sus primeros días no aceptaría ninguna presión para suprimir la moratoria de la deuda externa decretada por Olaya Herrera. Además, amenazó con mayor control de las actividades extractivas en ma-

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nos de las multinacionales, especialmente en el caso de la explotación petrolera. Sin embargo, la firma de un tratado comercial colombo-americano, por medio del cual se hacía una exención de impuestos de importación a algunos artículos que competían con la incipiente industria nacional, mostraba las ambigüedades del gobierno liberal en materia externa. También era cada vez más evidente el alineamiento internacional con los Estados Unidos en los conflictos internacionales que precedieron el estallido de la segunda guerra mundial (1939). El proyecto reformista, sin embargo, comienza a cristalizarse más coherentemente. Primero viene la reforma electoral que significa la modernización del sistema de elecciones y especialmente el establecimiento de la cédula de ciudadanía como el instrumento básico de control y racionalización de este proceso. El liberalismo había demostrado un sorprendente crecimiento de su cuota electoral, des-

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plazando la mayoría conservadora en las ciudades. Aunque la violencia partidista no estuvo ausente, indudablemente los procesos de industrialización y urbanización obraban en favor del liberalismo en materia de mayorías electorales. Se hacía necesario legitimar estos avances. A la reforma electoral sigue otra de gran envergadura: la tributaria (ley 78 de 1935). Allí básicamente se cambió el eje de apoyo de los ingresos estatales: de la actividad arancelaria a la tributación directa. El Estado, de una parte, no era ya tan vulnerable a los ciclos económicos del mercado mundial y, de otra, aumentaba sus ingresos. La disminución de las deudas internas y el aumento de ingresos estatales permitió un cierto superávit fiscal, que en parte posibilitaba la aplicación de políticas de corte social. En materia educativa, mucho se habló de la necesidad de una reforma de fondo. Aunque ésta no cristalizó como tal, en parte por la fuerte oposición conser-

Líderes del partido social revolucionario en diferentes ciudades del país, en mosaico publicado por "El Socialista" en su edición conmemorativa del 1º de mayo de 1928. En julio de 1930, el antiguo PSR fue reestructurado, dando origen al partido comunista.

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vadora y de la Iglesia, algo se insinuó tanto en política concreta ante la Universidad Nacional, como en el espíritu de la reforma constitucional de 1936. En el fondo se veía que López buscaba crear un sistema educativo desprendido de la tutela eclesiástica y acorde con las necesidades tecnológicas que la modernización del país exigía. La reestructuración de la Universidad Nacional, en una forma más centralizada, así como su instalación física en los terrenos de la ciudad universitaria, fueron las principales medidas en este aspecto. Ahora bien, en materia de reformas, el puesto central lo ocuparon la constitucional de 1936 y la ley 200, o de tierras, del mismo año. La reforma constitucional giró en torno a tres ejes básicos: a) la consagración, en el cuerpo constitucional, de la intervención estatal en la economía; b) el establecimiento de unas nuevas relaciones entre Iglesia y Estado que, en medio de un respeto mutuo de las partes, permitiera una laicización de la gestión pública, una mayor autonomía de la enseñanza y la efectiva libertad de cultos; y c) la ratificación de que la propiedad privada tenía una función social, que en caso de no cumplirse exigiría una acción decidida del Estado. Al considerar la reforma constitucional, salta a la vista la consistencia del proyecto reformista liberal, cuyo propósito básico era la adecuación del Estado a los nuevos tiempos que vivía el país. La ley 200 podría considerarse como un corolario de la anterior reforma. Ante la creciente presión agraria, especialmente cafetera, que Olaya Herrera había atendido solucionando caso por caso, la Revolución en Marcha decidió legislar ampliamente. Utilizando las bases jurídicas de la Constitución ahora reformada, en la cual se había consagrado el principio de que la propiedad exigía un eficaz aprovechamiento económico («función social de la propiedad»), López exigió que en un plazo de diez años las tierras incultas o improductivas se adecuaran a las necesidades sociales, de lo contra-

rio serían expropiadas. Por otro lado, se requería una legalización de títulos y el reconocimiento de mejoras allí donde los colonos efectivamente las hubieran hecho. Aunque el trasfondo de la ley 200 era propiciar una modernización del campo, y una racionalización de títulos, en la práctica influyó sobre los campesinos desmovilizándolos al crearles la ilusión de ser propietarios en diez años. En un mediano plazo, el efecto fue más negativo para los campesinos, pues menos del 2 % de la tierra disponible fue expropiada y, por el contrario, innumerables trabajadores rurales fueron expulsados de sus parcelas, sin reconocimiento de mejoras en muchos casos, ya que los terratenientes decidieron cortar por lo sano para que no existiera el peligro de ser expropiados. A pesar de que los efectos de estas reformas no fueron siempre en favor de las clases populares, el gobierno de la Revolución en Marcha contó con numerosos opositores entre las clases dominantes y aun entre las filas de su propio partido. La Iglesia y el conservatismo se opusieron al conjunto de medidas, especialmente aquellas que tocaban los privilegios eclesiásticos. Algunos sectores terratenientes tradicionales no vieron con buenos ojos la ley de tierras. Incluso sectores empresariales, urbanos y rurales, agrupados en la APEN (Acción Patriótica Económica Nacional), que agrupaba conservadores y liberales, se opuso también a la política económica del gobierno y miraba con desconfianza la movilización social que acompañaba los primeros años de la Revolución en Marcha. La polarización de bloques (uno que apoyaba y otro que se oponía), se fue haciendo más evidente. Tal vez temiendo que esa polarización se transformara en guerra abierta, López decidió propiciar una distensión nacional proclamando, a fines de 1936, una «pausa» en la marcha reformista que había iniciado dos años antes. Para ese momento había logrado la adhesión de importantes estamentos organizativos de los sectores po-

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pulares y, en concreto, de la clase obrera. Veamos con mayor detalle este aspecto. El proceso de unidad organizativa de la clase obrera se venía impulsando desde los años veinte, sin conseguirse éxitos definitivos. La CON (Confederación Obrera Nacional), que existió entre 1925 y 1929, fue uno de esos intentos. En los años del gobierno de Olaya Herrera, surgieron algunas federaciones regionales y por oficios. Sin embargo, para 1934, la clase obrera no contaba con una organización nacional que centralizara la lucha reivindicativa. Esta necesidad comenzó a concretarse en 1935, cuando el sindicato del periódico El Tiempo convocó a un congreso sindical nacional para el 7 de agosto en Bogotá. A pesar del rechazo patronal al evento, incluyendo a los dueños del mencionado periódico, numerosos delegados de diversas regiones del país acudieron a la cita. Todos los matices ideológicos del movimiento obrero se expresaron allí: desde anarcosindicalistas y comunistas, hasta liberales y uniristas. Este pluralismo, que fue factor del éxito del congreso en cuanto a representatividad, dio al traste con el evento, pues lo polarizó en las dos fuerzas más poderosas en su seno: el liberalismo y el comunismo. Como resultado del encuentro se eligieron dos comités ejecutivos que reflejaban dicha polarización. El sector liberal se apresuró a inscribir oficialmente el nombre de Confederación Sindical de Colombia, que se constituyó en el antecedente inmediato de la CTC. La unidad organizativa de la clase obrera se veía aún distante. Nuevas circunstancias vinieron a modificar esa situación. De una parte, el partido liberal, en la cabeza de Alfonso López Pumarejo, da pasos decididos en la implementación del proyecto reformista que hemos reseñado atrás. Esto ciertamente le ganó credibilidad entre sectores de la clase obrera. De otra parte, el PCC transformó su táctica política, y en concreto su concepción de alianza de clases. A raíz del avance del fascis-

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mo en Europa (en el poder en Italia desde los años 20, en Alemania desde 1933; y con gran crecimiento en otros países como Francia, España, Bulgaria, etcétera), algunos partidos comunistas de ese continente (especialmente el francés y el español) habían visto en la alianza con los partidos socialistas y de centro, la mejor arma para contener ese avance. Esto indudablemente replanteaba la táctica del Frente Único Proletario enarbolada por la Internacional Comunista a principios de los años 30. En esas circunstancias se celebró en Moscú el VII Congreso de la IC a mediados de 1935. Allí se planteó la necesidad de impulsar una alianza amplia de clases, incluyendo sectores intelectuales y de clases medias, para detener el avance fascista. Era la táctica de los Frentes Populares, que cristalizaría orgánicamente esa alianza de clases en la lucha por las libertades democráticas en cada país. Pues bien, los delegados colombianos al VII Congreso de la IC traen confusamente la directriz internacional al país a fines del 35. Después de un análisis de la política reformista de López deciden lanzar la política del Frente Popular en contra del «imperialismo y la reacción», entendiendo por esta última la oposición conservadora. Aun-

Manifestación obrera del 1º de mayo de 1936, en Bogotá. La izquierda decide en ese año lanzar la política del Frente Popular, que respalda los postulados reformistas de Alfonso López Pumarejo.

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La Confederación de Trabajadores de Colombia rinde homenaje al presidente López Pumarejo, con motivo de su dejación del mando en agosto de 1938: el movimiento sindical ya no estaba al margen de la acción estatal.

que el Frente Popular en Colombia no estuvo nunca en el poder, a pesar del creciente apoyo decidido a López, sí constituyó la agrupación, en organismos regionales, de las fuerzas progresivas del bloque lopista (el PCC, intelectuales socialistas y algunos liberales de izquierda). Con este viraje táctico del PCC, junto con la incorporación de la UNIR al liberalismo, se posibilitaba la formación de un gran bloque popular de apoyo al gobierno, y de paso se facilitaba la marcha hacia la unidad sindical. Los primeros pasos en este sentido se perciben en la huelga petrolera de fines de 1935. La recién constituida Unión Sindical Obrera (USO) solicitó apoyo de los obreros del país para soportar la huelga que se venía encima. Los dos comités ejecutivos surgidos del congreso sindical de 1935 enviaron delegados. El representante comunista fue Gilberto Vieira. La política adoptada

en el desarrollo de la huelga fue la unidad de acción. El mismo Vieira, según el periódico El Tiempo del 2 de diciembre, «recalcó la necesidad de prestarle apoyo irrestricto al gobierno actual y prescindir de toda clase de violencia en el reclamo de los derechos». Los petroleros, animados por esa unidad de acción, consiguieron algunas resonantes conquistas en la huelga. Aunque se allanaban los caminos para la unidad social, la oportunidad para su concreción demoraría unos meses más. El 7 de agosto de 1936 se realizaría el segundo congreso sindical en Medellín. El espíritu era diferente al del año anterior. No sólo los vientos de unidad soplaban con más intensidad, sino que el gobierno, en una jugada astuta, había decidido apoyar decididamente el evento, otorgándole inclusive un aporte económico. Posteriormente, miembros del gabinete asistirán a las sesiones. El evento contó con la participación aproximada del 38 % de los trabajadores sindicalizados, que eran en total cerca de 130.000. Como fue característica del movimiento sindical del momento, los asalariados que mayor peso tuvieron en este congreso fueron los de transportes y servicios públicos. A pesar de realizarse en Medellín, la presencia del proletariado textilero fue relativamente débil. Ahora bien, no todo era un camino de rosas para el movimiento sindical que buscaba organizarse. Bandas de conservadores estuvieron hostilizando permanentemente el evento. La reciente aprobación en el Parlamento de la reforma constitucional había contribuido a exacerbar los ánimos de la oposición. En uno de los múltiples choques con las bandas hostiles al congreso sindical, murieron dos conservadores y quedaron casi cincuenta heridos por bando. Finalmente, se eligió un comité ejecutivo de unidad para la CSC, constituido por ocho liberales, tres socialistas, un anarcosindicalista y cuatro comunistas. Aunque parece que la distribución de cuotas no correspondía al

Capítulo 10

peso real de los sectores políticos allí participantes, todos estuvieron de acuerdo en esta conformación en aras de la nueva política de unidad. Nacía así en realidad la Confederación de Trabajadores de Colombia, aunque todavía bajo el nombre oficializado en 1935 (CSC). La coyuntura en la que nació la organización confederal implicaba una estrecha relación con el Estado. En cierta medida, aquí se inicia una nueva fase en la evolución organizativa de la clase obrera. En contraste con los años 20 y comienzos de los 30, el movimiento sindical ya no estaba al margen de la acción estatal, sino que se integró a ella en aras de una política de apoyo al bloque progresista encabezado por el presidente Alfonso López. Sin embargo, lo que fue una táctica coyuntural tendió a proyectarse en el tiempo; por lo menos mientras estuvo vigente la República Liberal. Ahora bien, el hecho de que la naciente organización sindical tuviera una estrecha relación con el estado liberal no quiere decir que la clase obre-

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ra hubiera cesado su resistencia contra el capital. Aunque no hay cálculos para la época sobre la tasa de sindicalización, es de suponer que era baja (no más allá del 25 %). Esto significa que un grueso de asalariados se mantenía al margen de la institucionalización sindical, bien por atraso organizativo, o bien porque explotaban otros mecanismos de resistencia, como fue el caso de muchos trabajadores de los enclaves bananeros y petroleros que combinaban su actividad salarial con la explotación de pequeñas parcelas para aumentar sus ingresos. Desafortunadamente, la investigación histórica poco ha profundizado estos aspectos de resistencia cotidiana no institucionalizada, y por ello es poco lo que podemos decir en este punto. De otra parte, ya se señalaba que el congreso de Medellín representó cerca del 38 % del sector organizado sindicalmente. Es decir, que casi un 60 % del movimiento sindical no estaba inscrito en la CSC. Parte de este 60 % estaba organizado bajo la égida eclesiástica constituyendo el «sindicalismo

En la avenida Santander, de Barrancabermeja, los trabajadores de la Troco se manifiestan en señal de respaldo a una de las leyes laborales impulsadas por Alfonso López Pumarejo.

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"El costalazo", caricatura católico», especialmente fuerte en la de "Ancleto", en 1937, industria textil antioqueña y en las acrelativa a una famosa tividades agropecuarias. Otro sector, caída del alcalde Jorge vinculado probablemente a economías Eliécer Gaitán en la artesanales, se marginó por incapacicarrera 7a. de Bogotá, poco antes que fuera dad organizativa de la naciente conobligado a renunciar por federación. Resta, sin embargo, un presión de los choferes de sector que no aceptó el proyecto instaxi en huelga.

titucionalizador. Es posible que ese sector fuera el responsable de la serie de huelgas lanzadas sin consulta con las directivas confederadas, las llamadas «huelgas locas» presenciadas entre 1936 y 1939. La institucionalización de los movimientos sociales adelantada por la Revolución en Marcha, encon-

traba de este modo su límite. Así como en el campo el movimiento agrario no depuso sus banderas con la ley 200, a pesar de que indudablemente disminuyó en cobertura y permanencia, las «huelgas locas», y en general el movimiento huelguístico, mostraron la dificultad de encuadrar la desbordante lucha reivindicativa obrera. Pero aun dentro del sector organizado en la CSC no se puede decir que los obreros hubieran cancelado sus luchas de resistencia. Por el contrario, lo que muestra la experiencia de la FEDENAL (Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Fluvial, Marítimo, Portuario y Aéreo) es que, aun en el seno del proceso institucionalizador, existían posibilidades de conquistas obreras. Desde el congreso de Medellín se habían insinuado los dos sectores que serían los pilares de la CTC: los ferroviarios y los trabajadores del río Magdalena. Los primeros agrupados en Ferrovías desde 1936, y bajo la dirección liberal, se concentraron en una lucha reivindicativa estrecha. Los segundos, se organizaron en la FEDENAL en enero del 37, contando con cerca de cuarenta sindicatos afiliados. La sede de la federación estaba en Barranquilla, siendo ésta una plaza fuerte de los comunistas. La adhesión al presidente López, sin embargo, se demostró en el paro organizado por la FEDENAL el 28 de mayo del 37 para presionar al Congreso para que no aceptara la renuncia de López. En julio del 37, la FEDENAL consiguió lo que otro sindicato nunca ha conquistado en el país: la obligación para las empresas de contratar trabajadores afiliados a FEDENAL. Esto significaba un control sobre el mercado del trabajo en la rama de transportes, lo que otorgaba un poder de negociación increíble a la federación. En la medida en que el río Magdalena seguía siendo la arteria clave del país, los empresarios y el Estado soportaron esta conquista, pero los tiempos cambiarían, como veremos más adelante.

Capítulo 10

En el mismo año, el movimiento obrero organizado adelantó una serie de huelgas consideradas como victoriosas: la de trabajadores textiles, ferrocarril del Pacífico y choferes de taxis de Bogotá —que culminó con la renuncia del alcalde Jorge Eliécer Gaitán, porque les exigía uniformarse—. En contraste, para 1938, la actividad huelguística disminuyó y tuvo en el fracaso de la huelga petrolera de abril, una de sus grandes derrotas. Como en las épocas de la Hegemonía Conservadora, la Tropical Oil Company se negó a discutir el pliego presentado por los trabajadores. También como en los años aciagos del ministro Ignacio Renjifo ahora, en 1938, Barranca fue totalmente militarizada. La masacre no se hizo esperar. El 12 de abril, cuando se desarrollaba un mitin de huelguistas, el ejército y la policía dispararon sobre los manifestantes dejando un número impreciso de muertos. Ante esta represalia, los obreros volvieron al trabajo. La huelga fracasó ante el silencio cómplice de la confederación creada dos años antes. Nótese que la USO era uno de sus sindicatos y que la mayoría de los trabajadores petroleros, especialmente del distrito de El Centro, eran simpatizantes liberales. Los comunistas tenían influencia en la refinería. Todo esto indica que soplaban nuevos vientos en la política nacional, que no era ajena del todo a la coyuntura internacional. De la euforia de los primeros años de la Revolución en Marcha, se había pasado a la fase de la Pausa que sería sostenida por el siguiente presidente, Eduardo Santos. Desde el lanzamiento de la candidatura del doctor Eduardo Santos, activo periodista y director de El Tiempo, el movimiento sindical se polarizó nuevamente en una ala liberal y una comunista. Como exponente del «civilismo liberal», Santos había criticado abiertamente cualquier acuerdo entre comunistas y liberales, dejándole a la izquierda la única posibilidad de adhesión incondicional a la política liberal. Las organizaciones del Frente

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Popular apoyaban entusiásticamente la candidatura de Darío Echandía, a quien se le consideraba «liberal de izquierda». La derrota de esta última candidatura va a dejar desconcertado al Partido Comunista y a la izquierda en general. En esas condiciones se celebró el Tercer Congreso Nacional del Trabajo, de Cali, en enero de 1938. El número de afiliados representados en el congreso de Cali aumentó a 80.000, mientras en el congreso de Medellín del 36 se representaba a 39.000 afiliados. Ello indicaba un crecimiento en la cobertura de la confederación, ahora constituida con el nombre de CTC. Desde la apertura del congreso hubo división en torno a una proposición de saludo al candidato liberal Eduardo Santos. Esta ruptura marcó la tónica del encuentro, que terminó en una unión formal que pronto estallaría. La táctica de institucionalización sindical se profundizó en dicho evento no sólo por la condena del apoliticismo sindical —que en el contexto del momento no quería decir otra cosa que el apoyo al estado liberal— sino por la oficialización de auxilios al congreso obrero y a la CTC. El Parlamento había aprobado a fines del 37 la ley 140 que autorizaba auxilios económicos para los eventos sindicales, siempre y cuando

Obreros de Barranca en 1938, año en que la Tropical Oil Company se negó a discutir el pliego de peticiones y fue declarada la huelga, en el mes de abril, huelga que terminó el día 12 al disparar la policía y el ejército sobre una manifestación de los trabajadores.

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Transporte de trabajadores en el ferrocarril de la Troco, en la refinería de Barranca. La mayoría de los obreros de El Centro eran simpatizantes liberales, en los años 30, mientras que en la refinería los comunistas tenían clara influencia.

el Ministerio de Industrias reglamentara dichos encuentros. Se abría así una peligrosa brecha para controlar la vida sindical. Inteligentemente Eduardo Santos había apoyado dicha ley, aduciendo que «con auxilio o sin auxilio ese congreso (el de Cali) va a reunirse, pero si se reúne fuera de control y vigilancia del Estado será una Asamblea Internacional Comunista, y si hay control del Estado, será una junta de sindicatos». En consecuencia, el peso liberal se hizo sentir crecientemente en la confederación: en los cargos directivos tomaron asiento trece liberales, dos socialistas y dos comunistas. La táctica sindical de apoyo al Estado como medida coyuntural se proyectaba en el tiempo, a pesar de que los aires reformistas del liberalismo habían entrado en «pausa». En esas condiciones, y a regañadientes en algunos sectores, el movimiento obrero presencia el ascenso de Santos al poder. E1 gobierno de Eduardo Santos y la división sindical La administración de Eduardo Santos (1938-1942) estuvo enmarcada por el estallido de la segunda guerra mundial. Esto se tradujo no sólo en una serie de inconvenientes para la eco-

nomía del país, por el relativo cierre de circuitos comerciales internacionales (la escasez de llantas, por ejemplo), sino en el creciente alineamiento internacional con las potencias aliadas y especialmente los Estados Unidos, a pesar de nuestra neutralidad formal en el conflicto mundial. El gobierno de Santos dio pasos decididos en la incorporación de Colombia a la esfera de influencia norteamericana. Por una parte, siguiendo las presiones diplomáticas, se atacó el posible espionaje alemán, y en concreto se nacionalizó la empresa de aviación colombo-alemana SCADTA, que se convertiría luego en AVIANCA. Por otra parte, la ayuda militar norteamericana se hizo más evidente a través del envío de una misión naval al país, la dotación de equipo militar americano y el establecimiento de un pacto aéreo de defensa interamericana. En contraprestación, los Estados Unidos, bajo la política del «buen vecino» enarbolada por el presidente Franklin D. Roosevelt, otorgó créditos al país, lo cual dará buenas posibilidades de maniobra fiscal al Estado. Éste, a pesar de una tendencia decreciente en los precios, logró mantenerse a través de la firma (en 1940) del pacto internacional que tanto había buscado la anterior administración. El banano, por el contrario, decayó notablemente como producto de exportación, lo que significó prácticamente el cierre de actividades de la multinacional United Fruit Company en el país. La oposición conservadora no veía con buenos ojos el creciente alineamiento con los Estados Unidos, por las simpatías que ésta tenía por las potencias del Eje (Italia, Alemania y Japón) vía apoyo a la España franquista, que en un principio fue sostenida por dichas potencias. Por presiones diplomáticas y comerciales, especialmente contra el periódico de Laureano Gómez, El Siglo, la retórica antinorteamericana debió ser moderada por la oposición. El conservatismo se opuso en concreto a los préstamos americanos y a los intentos de establecer un sistema interameri-

Capítulo 10

cano de defensa en la reunión de La Habana, en que el gobierno liberal participó. Aunque la oposición no llegó a los extremos vistos en la primera administración de López Pumarejo, no se puede desconocer el activo papel que jugó en este período. Por su parte, el sector liberal lopista mantenía un apoyo lejano al gobierno de Santos y no dejó de hacerle críticas, aunque más a la forma que al contenido de las políticas del gobierno, especialmente en lo referente al crédito externo. En el plano interno, el período de Santos se distinguió por ser una gestión más administrativa que reformista. En ese sentido se considera como un gobierno que prolonga la «pausa» decretada en el 36 por Alfonso López. Santos aplicó una cierta política proteccionista de la industria, motivada en parte por el estallido de la conflagración mundial y posibilitada por el peso del crédito externo en el manejo fiscal. La fundación del Instituto de Fomento Industrial, IFI, refleja este

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proteccionismo en una política de apoyo a la industria que exigía también la posibilidad de importar maquinaria y materia prima. La línea de fomento agropecuario, propiciando un desarrollo técnico y la utilización de mejor maquinaria, fue la política de Santos para el campo. En este plano se destacó especialmente la formación del Fondo Nacional Ganadero. En el aspecto social, al que no se le prestó tanta atención como en la anterior administración, sobresalió la fundación del Instituto de Crédito Territorial (ICT), para el fomento de la vivienda popular. A diferencia de López, a Santos no le interesaba una estrecha relación con la clase obrera, sino más bien el sometimiento de ésta a las políticas oficiales. Por otra parte la actividad mediadora del Estado en los conflictos laborales llegó a su punto más bajo. Obviamente, esta actitud no era del agrado del conjunto de la clase obrera, especialmente de sus sectores más crí-

Desfile, en Bogotá, de un grupo de la Juventud Obrera Católica, de Guasca, en agosto de 1938. A través de la JOC, la Iglesia desplegó una infatigable actividad de educación de líderes y de formación de sindicatos católicos, sobre todo en el campo. En el censo sindical de 1939, 73 sindicatos pertenecían a esta influencia.

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ticos. Para nadie es desconocida la aversión que Eduardo Santos tenía al comunismo. En ese sentido, en la medida en que destacados sindicalistas, especialmente de la FEDENAL, militaban en el PC, a Santos no le interesaba la unidad sindical, sino más bien fortalecer la corriente liberal proclive a su gobierno. La ley 24 de 1940 consagró la navegación fluvial como servicio público, ilegalizando la huelga en este sector que era el fuerte de la FEDENAL. En 1940 se hizo evidente la división del sindicalismo agrupado en la CTC. A toda costa, los sectores liberales del obrerismo buscaron aplazar la celebración del IV Congreso de la confederación. A pesar del veto oficial, la mayoría de los miembros confederales celebraron en Barranquilla, la plaza fuerte del comunismo, el citado congreso, en diciembre de 1940. La minoría liberal apresuradamente convocó un evento paralelo en Barrancabermeja para enero de 1941. Allí, con el respaldo gubernamental, se procedió a la expulsión de las organizaciones y personas asistentes al encuentro de Barranquilla. Con la existencia de dos comités confederales se cristalizaba la división de la CTC, división que no favorecía a ningún sector obrero. La Iglesia, por su parte, continuaba desplegando una infatigable actividad de educación de líderes y organización de sindicatos católicos a través de la JOC (Juventud Obrera Católica) y la Acción Católica. Ya en 1939, existían algunos sindicatos católicos en el país, la mayoría en el campo. Según el censo sindical de 1939, de 571 sindicatos registrados, 224 pertenecían a la CTC, 73 a la influencia católica y 274 no estaban explícitamente afiliados. A pesar de que las luchas de resistencia obrera, y especialmente las huelgas, no desaparecieron del panorama nacional en este período (en 1942, por ejemplo, se presenciaron quince huelgas), ciertamente esta actividad disminuyó en términos comparativos. El sector más activo siguió siendo el agrupado en la FEDENAL,

a pesar de la ley 24 del 40 que ya mencionamos. Lo conseguido en los pactos de julio del 39 y octubre del 40, así como el laudo arbitral de septiembre del 42, indican la capacidad de lucha de este sector. Las huelgas antiinstitucionales se mantuvieron como sucedió en el caso de la huelga de transportes en mayo de 1939 en Medellín. Sin embargo, el movimiento obrero carecía de una política autónoma. En la perpetuación de la táctica de apoyo al Estado, que era sólo para la coyuntura del reformismo liberal, la clase obrera entró a depender excesivamente del Estado en el adelanto de sus luchas reivindicativas. En parte la prolongación de esa táctica se explicaba por la expectativa de un retorno de López al poder y la profundización del proceso reformista adelantado entre 1934 y 1936. Esta esperanza se mantendría viva en el período de Santos y renacería con la proclamación de la candidatura de López en 1941. El PCC apoyó con entusiasmo a López en su intento reeleccionista de agosto de ese año, a pesar de que éste no mostraba ya los ímpetus reformistas del pasado. El nuevo clima de expectativa que crea la candidatura de López favorece el restablecimiento de la unidad sindical al interior de la CTC. Por otra parte, el ingreso de la URSS en el bloque de potencias aliadas en junio de 1941 y el de los Estados Unidos en diciembre del mismo año, cambiaría el panorama de la guerra mundial. En el plano nacional, esto se traducía en un mayor acercamiento entre las fuerzas liberales y comunistas. En estas condiciones se instaló en diciembre de 1941 el V Congreso de la CTC, denominado como el Congreso de la Unidad Sindical. Presidieron el evento los líderes de las federaciones fundamentales de la CTC: Ferrovías y FEDENAL. Como era práctica común desde la administración anterior, el encargado del Ministerio del Trabajo recientemente creado, se hizo presente en el encuentro. Finalmente se acordó la creación de un comité

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confederal de treinta y tres miembros, en donde tuvieron cabida los sectores políticos influyentes en el movimiento obrero, liberalismo y comunismo principalmente. El 3 de mayo de 1942, Alfonso López derrotaba electoralmente al candidato de la derecha liberal, Arango Vélez, apoyado este último también por el conservatismo. Todo parecía indicar que se revivía la coyuntura del 34. Sin embargo, la política implementada por López en su segunda administración mostraría cuán lejos se estaba ya de esa coyuntura reformista. La reelección de López, por el contrario, sellaría la frustración de amplios sectores sociales con la República Liberal y marcaría el fortalecimiento de movimientos que, como el gaitanista, indicaban otros rumbos sociales. La crisis del liberalismo. Hundimiento de la FEDENAL Cuando Alfonso López sube a la presidencia (1942-1945) la situación económica del país marcaba un crecimiento lento. Con la excepción de algunas industrias de textiles, los productos químicos, cigarrillos y cervezas, el conjunto de la actividad económica, especialmente la extractiva y la agrícola, mostraba signos de recesión. El proceso inflacionario se acrecentaba, exigiendo de los trabajadores la defensa de sus ingresos. Así

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lo demostró la racha de huelgas de 1942, quince en total. El gobierno de López respondió reprimiendo los conflictos en las organizaciones sindicales controladas tanto por los comunistas (FEDENAL y Mineros de Segovia, Antioquia, en septiembre y octubre del 42), como por los liberales (Ferrovías, diciembre del 42 y enero del 43). La patronal respondió exigiendo una reorganización de la situación social a través de un proyecto de reforma laboral que eliminara en la práctica el derecho de huelga. La oposición decidida a este proyecto por parte de la

Agentes de policía acordonados despejan la plaza de Berrío, en Medellín, durante una huelga de choferes, en febrero de 1938.

Manifestación de apoyo a Alfonso López Pumarejo, cuando éste es elegido como candidato único del liberalismo a la presidencia, en abril de 1942.

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Manifestación de la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC, en Medellín, para dar la bienvenida a los delegados de la CTAL (Conferencia de Trabajadores de América Latina), al 2º Congreso de la Confederación, en agosto de 1936.

CTC y el PCC, logró frenarlo temporalmente. La actividad huelguística en 1943, lejos de disminuir, se incrementó. La prensa consignó cerca de veinte conflictos abiertos, adelantados especialmente por los trabajadores del transporte fluvial y terrestre. Los últimos protestaron particularmente por la escasez de llantas, consecuencia de la segunda guerra mundial. Entre mayo y junio del 43, los trabajadores de FEDENAL se lanzaron a la huelga en defensa del privilegio sindical en la contratación. A pesar del endurecimiento oficial, y de la imperceptible pérdida de importancia del río Magdalena como arteria clave del país, la FEDENAL salió triunfante. En noviembre volvería a la batalla, esta vez por aumentos salariales. Los logró de un orden del 25 y 30 %. Se hacía evidente que el proyecto institucionalizador era incapaz de contener la lucha obrera. De otra parte, la agudización de la crisis política del liberalismo hacía que éste buscase el apoyo obrero en un momento en que la oposición conservadora tomaba vuelo.

Efectivamente, a partir de 1943 arreciaron los ataques contra el gobierno de López. Hábilmente conducida por Laureano Gómez, la oposición comenzó a asestar golpes cada vez más certeros a la administración liberal. La magnificación de una serie de escándalos dio auge a la oposición. El primero fue el oscuro asesinato del boxeador Mamatoco, en el cual estuvo implicado el jefe de la policía de Bogotá. Aunque nunca se demostró conexión directa de los asesinos con el gobierno central, la calumnia que responsabilizaba del crimen al propio ejecutivo caló hondo en la gente. La construcción de unas casetas de vigilancia, con dineros oficiales, en la finca veraniega de Las Monjas, de propiedad del presidente López, le mereció una acusación formal ante 'el Parlamento. Finalmente, la confiscación de las acciones de la Handel, empresa holandesa que controlaba parte de Bavaria, se prestó también a denuncias contra el hijo del presidente, Alfonso López Michelsen, de quien se dijo que aprovechó su acceso a secre-

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tos de gobierno para conseguir ventajas económicas. Ante la avalancha de denuncias, el gobierno se sintió cada vez más aislado. Sólo le quedaba el apoyo casi incondicional de la CTC y del PCC. La CTC, por su parte, había celebrado otro congreso unitario en Bucaramanga, durante diciembre de 1943. En dicho congreso se hicieron presentes 521 delegados que representaban a 101.511 trabajadores afiliados a la CTC, muestra indudable del poderío de la confederación. En las sesiones intervino el ministro de Trabajo, Jorge Eliécer Gaitán. Este congreso se pronunció en favor de la causa aliada y en defensa de las tentativas golpistas de la oposición contra López. El PCC, de otro lado, había profundizado su viraje táctico iniciado en 1935. Influenciado por el pensamiento conciliador del secretario del PC de los Estados Unidos, Earl Browder, el PCC prácticamente pospuso la lucha por el socialismo concentrándose exclusivamente en la defensa de la «democracia», que se entendía como defensa de López. Se propuso incluso el cambio de nombre por el de Partido Socialista Democrático, pues se decía que el de comunista «ya no respondía a la realidad nacional». De esta forma el movimiento obrero perpetuaba la táctica de apoyo a la gestión estatal, en unas circunstancias diferentes a cuando fue implementada. El que a López sólo le quedaba el apoyo obrero y comunista se hizo evidente en mayo de 1944. Ante los rumores de posible renuncia del presidente, la CTC y el PCC convocaron a un paro nacional. El objetivo era impedir que el Congreso de la República aceptara la renuncia. Como antecedente de esta movilización política, estaba el paro cívico de Cali de 1929 de marzo del mismo año, para presionar la nacionalización del servicio de energía eléctrica de la ciudad. Como resultado de la movilización de mayo, la oposición se silenció temporalmente. Sin embargo, el auge de las denuncias antilopistas había erosionado la imagen del gobierno ante la

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nación e incluso ante las fuerzas armadas. En algunos momentos la oposición había alimentado ideas golpistas en el país. En este contexto se produjo el frustrado golpe militar de Pasto de 1944. El 8 de julio de 1944, el presidente y altos funcionarios del gobierno que se habían desplazado a Pasto a presenciar maniobras militares, fueron retenidos por un grupo de oficiales a cuya cabeza estaba el coronel Diógenes Gil. Las guarniciones de Ibagué y Bucaramanga se sumaron al golpe, el

resto permaneció fiel al gobierno. En Bogotá, Darío Echandía y Alberto Lleras Camargo proclamaron la legitimidad del gobierno de López y convocaron al país a apoyarlo contra el intento golpista. La CTC y el PCC se lanzaron a la calle a dirigir la movilización ciudadana. Tras la consigna de restituir a López en el poder, se organizaron marchas en las principales ciudades. Estos actos impactaron la opinión pública provocando un verdadero plebiscito de apoyo al presidente retenido en Pasto. Así se superó temporalmente una difícil coyuntura de la segunda administración de López, aunque la crisis continuaría. La CTC había descubierto una herramienta efectiva de presión: el paro

Directivas sindicales de Medellín, hacia 1940, entre ellos los sindicatos del acueducto y de electromecánicos.

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general. A pesar de todo el efecto institucionalizador que significaba la CTC, la clase obrera había logrado, a través de los paros generales del 44, implementar mecanismos de expresión propios, mostrándose con fuerza también propia en el escenario público. El presidente López, aprovechando el estado de sitio imperante en el territorio nacional después del frustrado golpe militar, dictó una serie de decretos que se consideraron como una especie de premio al movimiento obrero por su solidaridad con el ejecutivo. Estos decretos abarcaron los siguientes aspectos: prohibición del pago en especie y establecimiento de remuneración para trabajadores rurales y campesinos; pago por el descanso dominical y horas extras; reconocimiento del auxilio de cesantía aun en los casos de mala conducta; pago de indemnizaciones por accidentes de trabajo o de enfermedad profesional; nueve horas de trabajo y algunas prestaciones o indemnizaciones para los trabajadores agrícolas y de servicio doméstico; exigencia de preaviso en caso de rompimiento del contrato por parte del patrono; protección a los colonos; y fuero sindical —por medio del cual ningún dirigente sindical podría ser despedido sin previa aprobación por parte del Ministerio de Trabajo. Muchas de estas disposiciones se articularon jurídicamente en la ley 6 de 1945, que además introducía una clara prohibición del esquirolaje y del paralelismo sindical. La ley 6 privilegiaba al mismo tiempo la negociación adelantada por los sindicatos de base en detrimento de los de industria o de las federaciones. En este sentido se considera que, aunque el paquete legal promulgado por la segunda administración de López consagraba ciertas reivindicaciones laborales y defensa de los sindicatos, el prohibir el esquirolaje y el paralelismo implicaba más ataduras con el Estado. Era éste el que determinaba la legalidad de un sindicato, y por tanto la aplicación de estas disposiciones. Por otro lado, la

huelga se reglamentaba más, prohibiéndose su realización en los servicios públicos. Además, el privilegio al sindicalismo de base erosionaba la acción reivindicativa adelantada por las federaciones, pilares fundamentales de la CTC. Se favorecía así el encuadramiento de las luchas reivindicativas en un contexto estrecho, el del sindicalismo de base, propenso al economicismo. El movimiento obrero organizado acogió con euforia este paquete legal, pero en el fondo continuaba el proceso de institucionalización del sindicalismo por parte del Estado. Nótese que 1945 fue el año, en todo el período de la República Liberal, en el que más personerías jurídicas se aprobaron, 441 en total. El que el sector sindicalizado de la clase obrera, en especial la CTC, no haya sido consciente de las implicaciones de este paquete legal, no quiere decir que hubiera bajado sumisamente la cabeza. Las huelgas del 45 (veintidós en total) serían prueba de ello. En especial se destaca la huelga de la FEDENAL de fines de ese año, que desarrollaremos más adelante. La superación exitosa del intento de golpe militar no trajo para la administración de López el fin de la crisis política. Por el contrario, la oposición arreció sus críticas. No valió el viaje del presidente por unos meses al extranjero. El liberalismo dividido en el ala santista (que conquistó la mayoría en las elecciones de marzo del 45), la lopista y el gaitanismo, no respaldaba al ejecutivo. López desesperadamente trata de lograr un acuerdo con los conservadores. El 30 de marzo nombró tres ministros de esa tendencia, de los cuales sólo uno aceptó. Los signos de debilidad de López contribuyeron a fortalecer a la oposición. En esas condiciones, y en medio de la euforia popular por los avances aliados contra la Alemania nazi, López presenta renuncia irrevocable al cargo de presidente el 19 de julio. Le sucedió el designado Alberto Lleras Camargo, quien trató de continuar el

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acuerdo bipartidista impulsado a última hora por López. El corto gobierno de Alberto Lleras se vio enfrentado desde el principio al movimiento huelguístico que venía presentándose desde comienzos de año. El desborde de la institucionalidad era realmente molesto para el nuevo gobierno y éste aprovecharía la ocasión de la huelga de la FEDENAL para imponer su criterio a sangre y fuego. Al fin y al cabo, el fin de la segunda guerra mundial ponía a las burguesías liberales de frente a una nueva situación: cómo frenar el avance de las fuerzas comunistas, no sólo en el Este europeo (apoyadas por los ejércitos rojos) sino a nivel mundial. Es el inicio de lo que se ha llamado la guerra fría. En el plano nacional, el espíritu de guerra fría se traducía en un distanciamiento entre liberales y comunistas, distanciamiento que se expresaba inmediatamente en la erosión de la unidad sindical conseguida por la CTC en esos años. En parte, esa unidad que había sostenido el gobierno de López, ya no era necesaria por el acuerdo bipartidista implementado a última hora. El movimiento obrero, ya lo hemos dicho, no dejaba de ser molesto, a pesar de los intentos de institucionalización adelantados en años anteriores. Los trabajadores petroleros, en especial los de la Shell, fueron dos veces a la huelga en 1945 (en enero y en noviembre). La FEDENAL, antes de la famosa huelga de diciembre, había estado en conflictos en febrero y agosto del mismo año. El sector fabril también se hizo presente: el 7 de octubre de 1945, seiscientos trabajadores de Textiles Monserrate de Bogotá se lanzaron a la huelga. Ante la prolongación del conflicto, por cuarenta y cinco días, la CTC decidió utilizar su herramienta más poderosa: el paro general. El 26 de noviembre, la confederación decretó un paro nacional de solidaridad con los textileros. A pesar de la declaratoria de ilegalidad, el paro tuvo resonancia por la decidida participación de las federaciones regionales de

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Cundinamarca y el Valle, así como de Transporte de emergencia los transportadores. El nuevo gobier- frente a la Gobernación de Cundinamarca, no mostraba en su rostro duro el afán durante la huelga de de suprimir este desbordamiento de lo transportadores de institucional. Bogotá, en agosto de En estas condiciones se celebró el 1943. VII Congreso de la CTC, entre el 6 y el 12 de diciembre de 1945. Un nuevo elemento apareció en el escenario público durante la celebración del congreso: la oposición gaitanista a la CTC. Gaitán, desde su renuncia al gabinete del presidente López, se había lanzado a la candidatura presidencial atrayendo un nuevo electorado. Su movilización, orientada más al consumidor popular y organizada por barrios, denunciaba todas las formas tradicionales de poder. Por la alianza evidente entre la CTC y el lopismo, la confederación fue objeto de ataques por el gaitanismo. Gaitán incluso planteó la necesidad de construir una nueva central sindical, la Confederación Nacional de Trabajadores (CNT). A su vez, la CTC respondió duramente al gaitanismo, acusándolo de «fascismo». Aferrada dogmáticamente al apoyo del lopismo, la dirección de la CTC no comprendió en ese momento los elementos progresivos que encerraba la movilización gaitanista y prefirió adherir a la candidatura oficialista de Gabriel Turbay.

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José Vicente Combariza (José Mar), liberal simpatizante del socialismo, desempeñó un papel importante cuando se gestaba el sindicalismo en Colombia, desde la Oficina del Trabajo, de la cual fue director.

Gaitán, sin embargo, lograría impactar a sectores de base de la confederación, como lo demostrarían los resultados electorales de 1946 en muchos distritos obreros. El VII Congreso de la CTC se llevó a cabo, a pesar de la fuerte oposición gaitanista. De allí salió un comité confederal compuesto por una mayoría liberal y una minoría comunista, ahora llamados socialistas democráticos. La unidad estaba, de todas formas, erosionada. En esas condiciones se encontraba la confederación cuando estalló el tercer conflicto de la FEDENAL en lo que iba corrido de ese año. El 17 de diciembre comenzó la huelga de la federación de transportadores alrededor de dos puntos centrales, que resumían sus luchas: cumplimiento por parte de los empresarios de la obligación de consultar a los sindicatos en el enganche de nuevos trabajadores, y alza general de salarios. La huelga se inició a las siete de la mañana en Barranquilla para extenderse a todos los puertos del río Magdalena, de tal forma que a las dos de la tarde la huel-

ga era total. El gobierno nacional apresuradamente declaró ilegal el movimiento y dio un plazo de veinticuatro horas a los trabajadores para regresar a sus actividades; de lo contrario, suspendería la personería jurídica a los sindicatos que continuaran en paro. En la misma resolución oficial se autorizó la contratación de nuevo personal —se legitimó el esquirolaje—. Los empresarios, ni cortos ni perezosos, iniciaron la contratación de nuevo personal. El 18 de diciembre, el presidente Lleras Camargo se dirigió radialmente al país justificando las medidas y aduciendo que era necesario destruir la idea acerca de la existencia de «dos gobiernos», uno en Bogotá y otro en el río Magdalena. Se mostraba así la intención de desarticular, a sangre y fuego, el sindicalismo representado por la FEDENAL y en último término a la CTC. Nótese que en ese momento otros sectores obreros estaban en conflicto (petroleros, trabajadores de carreteras y afiliados a FEDETAV), por lo cual era imperioso para el gobierno impedir un movimiento de solidaridad de vastas proporciones. Lleras tachó ai movimiento como un acto de sedición comunista. Se volvía a una retórica similar a la conservadora de los años veinte. A estas amenazas verbales, siguieron hechos que amedrentaron en la práctica a los huelguistas. Los militares ocuparon los barcos con la disculpa de proteger a los esquiroles. El 19 de diciembre se canceló la personería jurídica de la FEDENAL, quitándosele así el derecho a representar a los trabajadores fluviales y a negociar por ellos. El 21 de diciembre el gobierno convocó a las partes en conflicto para que designaran un delegado ante un tribunal de arbitramiento. Los trabajadores, como era su tradición, solicitaron a Alfonso López que fuera su árbitro, pero López no aceptó y propuso una nueva fórmula: que la CTC negociara directamente con el gobierno, fórmula aceptada por las dos partes. La FEDENAL seguía aferra-

Capítulo 10

da a la táctica cada vez menos vigente del apoyo al ala lopista del liberalismo. La división entre liberales y comunistas en el interior de la confederación afloró nuevamente. En un principio la CTC había apoyado el paro y había ofrecido su solidaridad; en la práctica, algunas organizaciones como FEDEPETROL y FEDETEX, junto con FEDENAL, estaban organizándola. Viendo la dura represión que se venía encima, el 26 de diciembre la FEDENAL propuso levantar la huelga sobre la base de un acuerdo que implicaba la ausencia de represalias y la conformación de un comité de arbitraje con participación obrera. Desconociendo esta propuesta, el ala liberal de la CTC se pronunció el 28 de diciembre por el levantamiento de la huelga sin ninguna condición. Ante esta resolución, seis miembros confederales comunistas manifestaron su rechazo y dieron a conocer su resolución de mantener el paro hasta conseguir un acuerdo favorable a los trabajadores. La división confederal repercutió entre los huelguistas, pues algunos sectores decidieron levantar el paro. Observando esta muestra de debilidad sindical, los empresarios navieros redoblaron su ofensiva. Algunos

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incluso ofrecieron reintegro sin repre- El ministro de Trabajo, Higiene y Previsión salias, siempre y cuando se desconoSocial, Adán Arriaga ciera a la FEDENAL. La federación, (de corbatín), en esas circunstancias, reunió una Andrade conferencia con los asamblea el 2 de enero de 1946 y allí representantes de los decidió levantar la huelga y esperar la navieros (Fedenal) y decisión del tribunal de arbitramiento. braceros del Magdalena, La catástrofe para los trabajadores que se habían declarado fluviales no se hizo esperar: destruc- en huelga en diciembre de 1945. La reunión se ción de su organización federal, im- efectuó en enero del año posición del carácter de servicio pú- siguiente, cuando ya los blico y expulsión de los dirigentes sinsindicalistas habían dicales y de los trabajadores que par- aceptado cesar el paro y ticiparon en el conflicto. Aunque el esperar la decisión de un laudo arbitral publicado en mayo del tribunal de arbitramento. 46 exigía un aumento de jornales, aumento compensado por una autorización oficial de incremento de tarifas fluviales para las compañías navieras, en la práctica consagraba la derrota de la FEDENAL. A partir de esa fecha, la que antes fuera la federación puntal de la CTC, no levantaría cabeza. Culminaba así una etapa en la historia de las relaciones entre el Estado y el sindicalismo. El liberalismo cerraba la hipérbole que había trazado en dieciséis años de gobierno: de un reformismo que abría esperanza en reivindicaciones sociales se concluía con la quiebra del esquema institucional sindical que había contribuido a crear. La clase obrera, a pesar de que un fuerte sector

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270

se inscribió en ese proyecto institucionalizador, había resistido durante esos dieciséis años desbordando el marco legal y descubriendo instrumentos eficaces de lucha, como el paro general. Si la táctica de resistencia de apoyo a

un gobierno reformista se hundía, el pueblo y la clase obrera encontraban nuevos caminos de expresión. A la crisis de la FEDENAL y de la CTC, le acompañaba el despertar de la movilización gaitanista.

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ARCHILA, MAURICIO.

Capítulo 11

271

Crisis y recomposición del sindicalismo colombiano (1946-1980) Rocío Londoño Botero

E

l año 1945 marca, como en otros aspectos de la vida nacional, una transformación en el sindicalismo colombiano. La derrota de la huelga de los braceros del río Magdalena, organizados en FEDENAL, fue el síntoma de la declinación del sindicalismo constituido hacia los años 20, fundamentado en los trabajadores del transporte del río, del ferrocarril y de las obras públicas, quienes hasta entonces dominaron en la única central obrera existente: la CTC. En el lapso comprendido entre 1946 y 1980, se advierten tres etapas en el sindicalismo colombiano, que grosso modo pueden definirse así: 1.° Declinación del sindicalismo federado de orientación liberal-radical, centralizado en la CTC, y surgimiento del sindicalismo de fábrica bajo la orientación ideológica de la Iglesia católica y el conservatismo (1946-1957). 2.º Reconstrucción de la organización sindical por corrientes ideológicas: UTC, CTC, CSTC, CGT, «Sindicalismo Independiente» y ascenso de las luchas obreras (1957-1974). 3.° Crisis del esquema confederal

tradicional, preeminencia del sindicalismo de «cuello blanco» y constitución de nuevos bloques de alianzas sindicales (1974 en adelante). Desintegración de la CTC y constitución de la UTC (1946-1957) Durante la hegemonía del partido liberal (1930-1946), pero particular-

EVOLUCIÓN DE LA TASA DE SINDICALIZACIÓN (1947-1980) Año

Población ocupada

% de sindicalizados

1947 1965 1980

3.995.558 5.134.125 8.236.000

5,5 15,4 15,8

Fuente: Guillermo Perry, Hernández Gómez y Rocío Londoño. El sindicalismo y la política económica. Fedesarrollo, 1985.

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mente en los dos períodos presidenciales de Alfonso López Pumarejo, el sindicalismo colombiano conformó su organización básica y obtuvo el marco legal y político necesario para su establecimiento como movimiento laboral y social. Un núcleo de 165.000 trabajadores estaba organizado en sindicatos y de ellos, el 66 % actuaba bajo la dirección de la CTC, única confederación existente. Su peso numérico era bastante débil —apenas cobijaba el 5,5 % de la población ocupada—, pero marcaba la pauta en la definición de las condiciones laborales y constituía un grupo de presión política importante. La alianza entre López Pumarejo y la CTC ha sido motivo de interpretaciones de muy diversa índole. En lo que aquí compete, advertimos sus efectos objetivamente paradójicos. López Pumarejo optó por aquella posición que admite los sindicatos como un factor inevitable del desarrollo industrial que es preciso tolerar y asimilar en beneficio del sistema. Los utilizó para la racionalización de las relaciones laborales y como elemento político de apoyo a su proyecto de industrialización, de modernización del país y de fortalecimiento del partido liberal. El movimiento sindical se comprometió políticamente con López Pumarejo y con el partido liberal, pero ese compromiso no fue del todo incondicional. Entre 1944 y 1946 hubo un gran auge y se crearon cerca de la mitad del total de sindicatos censados en 1947. Hubo progresos importantes en la legislación sobre jornada de trabajo, prestaciones sociales, jubilaciones, derecho de huelga, fuero sindical y protección de la estructura sindical. El conjunto de medidas se resumió en la ley sexta de 1945, la cual introdujo, además, un cambio de repercusiones muy negativas al conceder preeminencia al sindicato de base sobre las demás formas de organización y al dar gran peso al control estatal. Este fue el legado de doble filo que López Pumarejo dejó al sindicalismo.

La renuncia de López dio lugar a un gobierno de coalición bajo el mandato de Alberto Lleras Camargo. Los jugadores y las cartas del juego cambiaron para el movimiento sindical, sin que éste contara con la fuerza necesaria y la capacidad política para resistir los golpes del nuevo contendor. El nuevo round se inició con el intento de paro nacional decretado por la CTC el 26 de noviembre de 1945 en solidaridad con la huelga textil de la empresa Monserrate. El gobierno ¡legalizó la huelga y autorizó la destitución de los dirigentes del paro en las diversas empresas. Continuó con los sucesos ocurridos alrededor de la huelga de los braceros del río Magdalena, decretada el 17 de diciembre de 1945, en un momento de incremento de la protesta sindical y popular y días después de haberse agudizado la confrontación entre liberales, comunistas y gaitanistas en el séptimo Congreso de la CTC. Lleras Camargo declaró ilegal la huelga, autorizó la militarización de los barcos y la contratación de esquiroles. FEDENAL fue destituida por el gobierno liberal aprovechando la pérdida de peso de este núcleo de trabajadores, la modernización de las empresas navieras y la división política de la CTC. El precario equilibrio político logrado por el sindicalismo se rompió. El Estado abandonó la táctica del arbitraje y la negociación de los conflictos obrero-patronales y optó por la represión, el apoyo unilateral al sector patronal y el fomento de la división política del sindicalismo. Los patrones venían constituyendo sus propios sindicatos. A finales del período de López Pumarejo se fundaron dos poderosos gremios: ANDI y FENALCO, el primero de ellos auspiciado directamente por López. Triunfo conservador y protesta obrera El proyecto político de la Revolución en Marcha no se consolidó. El partido liberal se escindió en dos grandes frac-

Capítulo 11

ciones: el sector dirigido por Eduardo Santos y Alberto Lleras, y la fracción radical, antioligárquica y populista que acaudilló Jorge Eliécer Gaitán. El momento fue propicio para el triunfo electoral del partido conservador que se había fortalecido en la oposición a López y que concurrió unificado alrededor de Mariano Ospina Pérez a las elecciones de 1946. La campaña electoral acentuó la crisis de la CTC. Su organismo directivo apoyó, con una precaria mayoría, la candidatura de Gabriel Turbay, en tanto que la mayor parte de sus afiliados, como pudo constatarse en la votación, simpatizaba con Gaitán. La alianza liberal-comunista se restableció transitoriamente dado el respaldo que el partido comunista ofreció a Turbay. El enfrentamiento entre la CTC y Gaitán había adquirido proporciones considerables: la CTC lo denunció como «fascista» y «divisionista» y Gaitán propició, en alianza con sectores conservadores, la campaña anticomunista y la constitución de la Central Nacional de Trabajadores, CNT, que

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celebró su congreso en diciembre de 1945, paralelo al de la CTC. Los dos primeros años del gobierno conservador transcurrieron en medio de una fuerte confrontación laboral, de movilizaciones de protesta y de dramáticas expresiones de violencia política. En tanto que la economía presentaba índices de crecimiento nunca antes vistos, el descenso de los salarios, el desempleo y el empobrecimiento de vastos sectores de la población conformaban un panorama social alarmante. Cerca de quinientos conflictos laborales ocurrieron en 1946. De ellos, algunos tuvieron una resonancia notable, como el paro de choferes en Cali, durante el cual fue asesinado un motorista; la huelga de los trabajadores de la Tropical Oil, la Shell y la Colombian Petroleum; y el movimiento en defensa de la Flota Mercante Grancolombiana, amenazada por los monopolios norteamericanos. Nótese que las huelgas empezaron a adquirir una nueva coloración. Se inician como conflictos locales que suscitan la solidaridad regional y hasta

Ejecutivos de la Troco suben al tren de la compañía en el campamento de El Centro, 1946. En este año, ocurrieron cerca de 500 conflictos laborales, de los cuales tuvieron resonancia especial los del sector petrolero, con huelgas en la Tropical, Shell y Colombian Petroleum.

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nacional. El rasgo antiimperialista que tuvo el movimiento huelguístico de los años 20 resurge en el sector petrolero con la consigna de la nacionalización, y en el transporte con la defensa de la Flota Mercante Grancolombiana. El asesinato del motorista en Cali, a raíz de la huelga de choferes, motivó la solidaridad de la Federación de los Trabajadores Ferroviarios y el movimiento se hizo extensivo a otras empresas y ciudades. El gobierno decretó el estado de sitio en el departamento del Valle. A las motivaciones de orden económico se sumaron las de carácter político originadas en la represión sindical por parte de los patronos y el gobierno y en los despidos colectivos de empleados liberales de las empresas e institutos del Estado. La violencia política en el campo y las ciudades cobró magnitudes tremendas. Según Paul Oquist, en 1947 el número de muertos por la violencia fue de 13.968 (Violencia, conflicto y política en Colombia. Bogotá. Biblioteca Banco Popular. 1978. pág. 59). La consigna de huelga general El movimiento huelguístico y la movilización popular estimulada por Gaitán va adquiriendo una clara connotación de oposición al gobierno de Ospina Pérez. En diciembre de 1946. se reconstituye la alianza liberal-comunista en la CTC y se produce una especie de tregua con el gaitanismo alrededor de la consigna de huelga general contra el régimen conservador, propuesta por Gaitán. En enero de 1947. el partido comunista anuncia su apoyo a Gaitán con el propósito de detener el avance de la reacción. En las acciones y conflictos de 1946 la consigna de huelga general se hace recurrente. En marzo de 1947. el triunfo electoral sobre el sector tradicional le permitió a Gaitán utilizarla como amenaza al partido conservador. La intensificación de las huelgas, en los meses de abril y mayo, creó en

la dirigencia de la CTC la ilusión de que la huelga general podría por fin llevarse a cabo con éxito. Se estaba realizando un paro general en Barranquilla, una huelga de trabajadores de carreteras en Nariño que se extendió a todos los sectores de obras públicas, la paralización de actividades en los ferrocarriles de Antioquia y una huelga estudiantil. En esa atmósfera, la CTC aprobó la huelga general el 11 de abril de 1946 y la realizó el 13 de mayo, pero solamente obtuvo el respaldo de los sectores sindicales más dinámicos: los ferroviarios, los braceros de Buenaventura y los trabajadores de las empresas públicas de Medellín. La cobertura de la huelga fue parcial en Bogotá. Medellín y Cali. El gobierno ordenó la detención de cerca de mil trescientas personas y el transporte fue sustituido parcialmente por transporte militar. Gaitán mantuvo silencio, el sector del partido comunista dirigido por Augusto Durán la rechazó, y el gobierno junto con la jerarquía eclesiástica la presentaron ante la opinión nacional como un atentado contra el orden público y la sociedad. El 14 de mayo, cuando el fracaso de la huelga era evidente. Gaitán expresó su oposición a tal movimiento: «Siempre he sostenido, inclusive como ministro de Trabajo, que es necesario estimular a las fuerzas sindicales con un criterio de responsabilidad y de justicia, pero al mismo tiempo he dicho que se conspira contra los trabajadores cuando se pretende explotar con fines ajenos a la organización sindical esta clase de movimiento» (Jornada del 14 de mayo de 1947. Citado por Daniel Pecaut. Política y sindicalismo en Colombia. Bogotá. La Carreta, 1973. página 240). La posición de Gaitán buscaba debilitar a la CTC para aumentar su influencia en el sindicalismo y reforzar su táctica de oposición-negociación con el gobierno. El rechazo de la fracción duranista del partido comunista a la huelga hizo patente su escisión ideológica, la cual se oficializó en el Con-

Capítulo 11

greso de julio de 1947 con la expulsión de dicha fracción. La división política y la sucesión de acciones sindicales fracasadas facilitaron el proyecto oficial y patronal de liquidación de la CTC. Con ocasión de la huelga del 13 de mayo, fueron suspendidos y destituidos un número considerable de trabajadores de las empresas públicas y privadas y un juez conservador decretó la disolución jurídica de la CTC, medida que no obstante haber sido revocada, era sintomática del derrumbe de la organización obrera. La protesta social y política tomó entonces el rumbo del gaitanismo y los sindicatos dejaron de ser, por un buen tiempo, la expresión de la inconformidad y de los intereses de los trabajadores colombianos. La violencia urbana cobrará desde entonces significación como expresión de la resistencia popular. La tenacidad de la represión sindical y política, el deterioro agudo de las condiciones de vida de la población y

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el tránsito del liberalismo hacia la oposición frontal al gobierno de Ospina, motivaron la persistencia de la CTC en la consigna de huelga general. Entre 1948 y 1949 se hicieron cuatro intentos de decretarla, ninguno de los cuales resultó exitoso. El asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948, produjo un paro obrero espontáneo y un decreto de huelga general de la CTC, pero la revuelta popular había tomado cauces bien distintos a los de la organización sindical, de tal suerte que la consigna —sin duda ajustada a las circunstancias— no tuvo un interlocutor consciente. El pueblo estaba desbordado en las calles y los dirigentes liberales en palacio buscando una negociación con el presidente Ospina. En 1949, la central obrera decretó dos nuevas huelgas generales. Una en septiembre, por reivindicaciones económicas y contra la persecución oficial, y la otra, en noviembre, conjuntamente con el Directorio Liberal, contra la elección de Laureano Gó-

Manifestación obrera en la avenida Jiménez de Bogotá, hacia 1946. El 13 de mayo de este año se efectuó una huelga general convocada por la CTC, a la cual sólo concurrieron los sindicatos más dinámicos: ferroviarios, braceros de Buenaventura, empresas públicas de Medellín. En la capital, la huelga fue parcial.

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mez. El 9 de noviembre, Ospina Pérez había disuelto el Parlamento, declarado el estado de sitio permanente, intervenido la justicia y decretado la censura de prensa. Desde 1944 el movimiento sindical comenzó a ensayar la táctica de la huelga general de carácter político. Inicialmente, como apoyo a la gestión reformista de López Pumarejo y contra la reacción derechista y, posteriormente, como expresión de oposición a las restricciones económicas y a la conculcación de las libertades sindicales y políticas que padeció durante los gobiernos de Ospina Pérez y Laureano Gómez y la dictadura del general Rojas Pinilla. Los sucesivos intentos de huelga general tuvieron un alcance muy limitado y en ciertas ocasiones revelaron una apreciación equivocada por parte de los directivos sindicales. No obstante, sugieren la formación de una conciencia política que, si bien embrionaria, permitirá desarrollar actividades de resistencia contra la política de aniquilación de los sindicatos liberales y de izquierda y el resurgimiento de los mismos con el restablecimiento de las libertades básicas en 1957. Cabe advertir que la debilidad y limitaciones de la huelga general política como táctica del sindicalismo no ha sido un rasgo peculiar del movimiento colombiano. Al respecto, el historiador Eric J. Hobsbawm ha llegado a la conclusión de que es difícil encontrar huelgas políticas exitosas, aunque sean corrientes las huelgas de simpatía y solidaridad. La existencia de una tradición política las favorece, aunque su alcance siempre es limitado (Trabajadores, Capítulo 15: «Tradiciones obreras». Editorial Crítica, 1979, pág. 397). La constitución de la Unión de Trabajadores de Colombia (UTC) El 11 de junio de 1946, en el teatro «Hogar» de Bogotá, se llevó a cabo el Congreso de Fundación de la UTC. Su antecedente más inmediato fue el

proyecto de formación de la CNT promovido por Gaitán y un sector de disidentes de la CTC, que no obstante su reconocimiento legal no pudo desarrollarse como organización efectiva. La nueva confederación se constituyó con cuarenta sindicatos aglutinados en UTRAN (Unión de Trabajadores de Antioquia), UTRABO (Unión de Trabajadores de Boyacá), FANAL (Federación Agraria Nacional) y FEDEMI (Federación de Mineros de Cundinamarca), la mayoría de ellos influidos por la Acción Católica Colombiana. La federación antioqueña fue desde un comienzo la fuerza principal. El primer presidente de la UTC, Javier Restrepo Jaramillo, y su tesorero, José María Bernal, eran líderes de UTRAN. Ochenta delegados suscribieron el acta de fundación. La UTC fue constituida y promovida como una alternativa contrapuesta al sindicalismo liberal y comunista por parte de la Iglesia católica, el conservatismo y el sector empresarial antioqueño. Desde un primer momento adoptó una estructura orgánica, una táctica sindical y una plataforma ideológica que la diferenciaron de la CTC. Su núcleo inicial fueron los sindicatos de base promovidos por la Acción Católica en la industria antioqueña y en el sector agrario. El predominio que la ley 6.a confirió al sindicalismo de base permitió el fortalecimiento de la estructura orgánica de la UTC y debilitó el esquema federal y gremial de la CTC. El nuevo contexto legal y el apoyo político de los gobiernos conservadores fueron condiciones propicias para la consolidación de la UTC —no obstante el ambiente de violencia y represión política— y para su hegemonía en el movimiento sindical hasta los años 70. Entre 1946 y 1960 esta confederación pasó de cuarenta sindicatos afiliados a setecientos sesenta y cuatro; y en 1965, aglutinaba cerca del 42 % de la población sindicalizada del país.

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Capítulo 11

SIGNIFICACIÓN CUANTITATIVA DE LAS CONFEDERACIONES (1947-1980) Año

N.° total de sindicalizados

% de cada confederación CTC

UTC

CSTC

CGT

165.595 66,1 1947 717.600 1965 34,4 41,7 1.191.100 1980 20,3 30,7 Fuente : Guillermo Perry et al, op. cit.

13,1 10,0

6,9

La UTC asumió como propia la campaña contra el liberalismo y el comunismo y enarboló las reivindicaciones que en ese momento agitaban el sector empresarial y el conservatismo: autonomía plena de las empresas y los sindicatos frente al Estado y los partidos políticos. Su táctica fundamental era la negociación colectiva local con los empresarios y la prédica del apoliticismo y el pacifismo. La negación, por lo menos formal, de todo vínculo de los sindicatos con la política y los partidos, le facilitó el reclutamiento de grupos provenientes de la CTC que atribuían su desintegración a la excesiva politización y le permitió, durante algún tiempo, el control de las diferencias políticas internas, ya que ni el Comité Ejecutivo ni sus bases obreras eran homogéneas políticamente. La versión que la propia UTC ha dado de su origen histórico, corrobora el carácter anticomunista y antiliberal con que surgió y que influirá en su permanente ataque a los sindicatos de izquierda, y en la aguda competencia con la CTC. Manuel Vélez Castilla, dirigente actual de la UTC, explica la constitución de esta central en los siguientes términos: «La fundación de una nueva central obrera era necesidad sentida con- mucho interés por la clase obrera al término de los años 30 y comienzo de la década de los 40. El movimiento obrero estaba resentido de agudo anarcosindicalismo y manzanillismo político. Uno de los partidos tradicionales, lo mismo que gru-

N.° de confederados 33,9 10,8 32,1

pos extremistas, habían establecido una tremenda controversia para convertir la central de la época en caudal de poder electoral y en instrumento de penetración marxista, con el ánimo de tomar el sindicalismo como instrumento comunista para imponer este tipo de dictadura en el país, cumpliendo consignas que les llegaban por conducto de agentes internacionales del Kremlin. De ahí que la UTC nació por una necesidad impuesta por la propia clase obrera colombiana que veía frustrados sus anhelos de liberación y justicia social debido a la anarquía que imperaba en ese entonces.» («Historia de la UTC», Unidad UTC, diciembre de 1983.) La adopción de la doctrina social católica como plataforma ideológica y la influencia notoria de la Acción Católica hicieron de la UTC un movimiento sindical de corte pacifista, supeditado al marco legal y que combinaba la acción cotidiana por el alza de salarios y el bienestar social de los trabajadores con la prédica de un capitalismo sin lucha de clases, con igualdad y justicia social. La Iglesia católica, a través de sus métodos de coacción y persuasión, jugó un papel regulador decisivo en las relaciones obrero-patronales e intentó conformar un modelo sindical que evitara el conflicto de clases. La disidencia del sacerdote Camilo Torres en los años 60 expresa la formación de grupos radicales en el clero y la influencia de nuevas corrientes cris-

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Huelga en ladrilleras El Progreso, a comienzos de los años 50, cuando los salarios de los obreros de la industria manufacturera disminuyeron.

tianas tercermundistas, como la teología de la liberación, que dieron lugar a fracciones cristianas de izquierda. Sin embargo, el peso de estas últimas en el sindicalismo ha sido muy débil, y su acción se ha orientado básicamente hacia el campesinado y el trabajo comunitario en los barrios populares. Entre 1946 y 1949 la UTC gozó del apoyo del gobierno de Ospina Pérez, pero carecía de personería jurídica. Su reconocimiento jurídico en 1949 precisó de una reforma al decreto 2313 de 1946, en el cual Alberto Lleras había consagrado la prohibición del paralelismo sindical con el fin de preservar la hegemonía liberal en el sindicalismo. El presidente Ospina emitió el decreto 2785 de 1949 que derogó los artículos relativos al paralelismo sindical y que hizo posible otorgar personería jurídica a la UTC. Desde entonces, sería viable la constitución de diversas confederaciones y de organizaciones paralelas en todos los niveles de la estructura sindical. El paralelismo sindical, el predominio del sindicato de base y el desarrollo de la negociación colectiva son los grandes cambios que se suceden en este período y que se asocian con la constitución de la UTC.

La acción sindical se polariza: la UTC descarta la huelga y ataca de manera beligerante toda acción huelguística o ilegal. A raíz de la huelga general del 17 de mayo de 1947 demandó del gobierno la disolución de la CTC. Ésta, por su parte, asume como método fundamental de lucha la huelga general y la acción política, dada su profunda debilidad orgánica y la persecución y represión a la que la someten los gobiernos conservadores. La distancia que la nueva central adoptó frente al Estado y a los partidos y su apoliticismo hicieron crisis bien pronto. En el debate electoral para el período presidencial 19501954, optó por la candidatura conservadora de Laureano Gómez. La expulsión de Víctor M. Duarte en 1952, siendo entonces presidente de UTC, tuvo como motivo su apoyo explícito al gobierno de Laureano Gómez —con el que la central había entrado en conflicto— y sus ataques a algunos dirigentes y al asesor moral de la misma, el jesuíta Vicente Andrade Valderrama. Tulio Cuevas también fue expulsado por colaborar abiertamente con el general Rojas Pinilla. Éstos son síntomas significativos de la dificultad que afrontó la UTC para poner en práctica su independencia de los partidos y del gobierno y para sortear las diferencias políticas internas entre los cuadros sindicales, no obstante la relativa homogeneidad en su táctica sindical. El movimiento sindical durante la «Regeneración Conservadora» y la dictadura del general Rojas Pinilla Este período sigue siendo uno de los más indocumentados en lo que respecta a los movimientos sociales. Los estudios históricos sobre el sindicalismo le dedican escasamente una o dos páginas al gobierno de Laureano Gómez y se limitan a enunciar y criticar las medidas que en cuestiones laborales y sindicales asumió la dictadura de Rojas. La atmósfera de represión y violencia, así como la censura a la que

Capítulo 11

fueron sometidos los medios de comunicación, limitaron sensiblemente la documentación sobre el movimiento sindical. La elección de Laureano Gómez a la presidencia de la República en noviembre de 1949 estuvo precedida de un intento fallido de huelga general por parte de la CTC y el directorio liberal. En ese debate electoral no participó ninguna corriente política distinta del conservatismo, debido a la carencia de garantías electorales y libertades políticas. A pesar de la prosperidad económica, las condiciones de vida de la población, los salarios y sueldos de los trabajadores urbanos y los jornales agrícolas no presentaron índices progresivos. Entre 1950 y 1954, los salarios reales de los obreros de la industria manufacturera disminuyeron, excepto en 1952, cuando tuvieron cierta recuperación. Los jornales agrícolas expresaban el empobrecimiento de los trabajadores rurales en comparación con el colombiano promedio. Miguel Urrutia sugiere que desde 1950 los trabajadores semicalifícados de la industria fueron los únicos que mejoraron su situación económica y que los empleados industriales y del gobierno tuvieron aumentos salariales muy redu-

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cidos y un consiguiente descenso en el nivel de vida. («El desarrollo del movimiento sindical». Manual de historia de Colombia. Tomo III. Colcultura, 1980, págs. 195 a 202.) La industrialización, la desintegración de las estructuras agrarias tradicionales y la generalización e intensificación de la violencia estimularon fuertes corrientes migratorias hacia las ciudades. La migración y el crecimiento vegetativo de la población aceleraron la urbanización del país. En 1953, la población urbana alcanzó la cifra de 5.177.000 habitantes y fue concentrándose en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Estos cambios afectaron la estructura ocupacional: entre 1938 y 1951, el grupo de los empleados del Estado y de los servicios aumentó en la cifra considerable del 291,7 %, mientras que el sector obrero tuvo un Celebración del 1° de crecimiento del 7,7 %. La incidencia mayo, día del Trabajo, en de tales fenómenos en el sindicalismo Cartagena, hacia fines de será apreciable en los nuevos rasgos los años 40. La fotografía, en el archivo sociales y políticos que este movimien- conservada de la Confederación de to empezó a adquirir desde la década Trabajadores, tiene la del 60. siguiente leyenda: La declinación del sindicalismo li- "Recuerdo de cuando las autoridades y el pueblo beral y socialista venía produciéndose trabajador cetecista con desde mediados de los años 40. Pero su federación regional durante los gobiernos de Laureano compartían las efemérides del 1° de mayo". Gómez y Rojas Pinilla, la CTC fue vir-

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tualmente destruida, los núcleos de re- ticas adversas y a que no logró confisistencia obrera tuvieron que actuar gurar una alternativa que expresara en la semiclandestinidad y la dinámica adecuadamente la oposición política y sindical quedó reducida a la negocia- los intereses económicos de los tración de pliegos y celebración de los bajadores. congresos de la UTC. La UTC, por el contrario, pudo lleLa CTC realizó su X Congreso en var a cabo la negociación de pliegos, mayo de 1950 y sólo ocho años des- formular solicitudes al gobierno sobre pués podría reanudar ese tipo de even- algunas cuestiones sociales y laborales tos. El único tema tratado en el con- y realizar regularmente sus congresos. greso fue la afiliación internacional de Entre 1946 y 1956, celebró seis conla Confederación. La escisión latente gresos en diferentes ciudades, los cuaentre liberales y comunistas se hizo ex- les se ocuparon principalmente de preplícita. Los primeros, por orientación sentar al gobierno solicitudes relativas del Directorio Liberal, propusieron a la remuneración de los días festivos desafiliar a la CTC de la Federación y los dominicales, el establecimiento Sindical Mundial (FSM) y de la Con- de un salario mínimo legal y del subfederación de Trabajadores de Amé- sidio familiar y la creación de un insrica Latina (CTA) —organizaciones tituto de capacitación profesional. En internacionales con una fuerte influen- la cuestión política no se hizo petición cia marxista—, y su vinculación a alguna. Sin embargo, se presentaron la Confederación Internacional de discusiones sobre la relación de los diOrganizaciones Sindicales Libre rectivos con los partidos y con el go(CIOSL) y a la Organización Intera- bierno y se procedió a expulsar a quiemericana del Trabajo (ORIT), en las nes, como Víctor M. Duarte y Tulio que los sindicatos y el gobierno nor- Cuevas, tenían compromisos partidisteamericanos tenían un gran peso. tas y gubernamentales explícitos. Esta proposición fue aprobada por 178 La persecución a la CTC y la prodelegados contra 141 votos. Los de- tección oficial a la UTC le permitieron legados comunistas optaron por reti- a esta última consolidar su organizararse del congreso y conformar un co- ción, crear nuevos sindicatos y conmité paralelo cuya existencia fue efí- vertirse en el principal canal de expremera debido a las circunstancias polí- sión de las peticiones económicas de

Capítulo 11

los trabajadores. Entre 1946 y 1959 el número de sindicatos afiliados pasó de 40 a 580, en tanto que la CTC había quedado reducida en 1957, a 27 sindicatos formales. Las huelgas, asambleas, mítines y manifestaciones prácticamente desaparecieron. No se tiene información sobre huelgas, excepto las protestas de los trabajadores petroleros, y parece no haber ocurrido alguna de significación. El primero de mayo, principal rito del movimiento sindical, dejó de celebrarse públicamente hasta la constitución del Frente Nacional. La última fiesta del trabajo fue celebrada por la UTC en 1947, en la ciudad de Tunja, y tuvo como consigna: «¡Viva la religión!» Las reuniones ordinarias de los sindicatos requerían permiso previo y eran vigiladas por la policía en virtud de las normas del estado de sitio. Manuel Marulanda Vélez (líder sindical de quien tomó el nombre el dirigente guerrillero Pedro Antonio Marín, hoy conocido como Manuel Marulanda Vélez o «Tirofijo»), Julio Rincón, Angel María Cano y Aurelio Rodríguez, líderes sindicales del partido comunista, fueron asesinados, y este partido fue proscrito por Rojas Pinilla el 1 de marzo de 1956 mediante el decreto ejecutivo 0434. La formación de nuevos sindicatos y el reconocimiento legal de los mismos disminuyó notoriamente y estuvo limitado a la actividad que en este aspecto adelantara la UTC. De 1951 a 1956 fueron otorgadas 338 personerías jurídicas en comparación con las 895 que habían sido concedidas en los cinco años anteriores. Las fricciones políticas entre los directivos de la UTC alrededor del tipo de relaciones del sindicalismo con el gobierno, originaron una pequeña escisión que buscó revivir la Central Nacional de Trabajadores (CNT) sin ningún éxito. En 1954, el ministro de Trabajo de Rojas le dio la personería jurídica a la CNT. Su afiliación a la Agrupación de Trabajadores Latinoamericanos Sindicalistas (ATLAS) —de orientación peronista— le proporcionó recursos fi-

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nancieros, pero la enfrentó con la UTC y la Iglesia católica. Rojas Pinilla protegió y estimuló a la CNT con el propósito de ganarse el respaldo político del sector obrero. Sin embargo, este proyecto no prosperó y la CNT nunca llegó a ser una fuerza sindical. En 1957, apenas contaba con 35 sindicatos que más que organizaciones vivas habían sido cascarones jurídicos para el proselitismo rojista.

Manifestación de respaldo al general Gustavo Rojas Pinilla de afiliados a la Central Nacional de Trabajadores (CNT), una disidencia de UTC con vinculaciones peronistas.

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Celebración del 1° de mayo de 1954 en el campo de tejo "Junior", de Bogotá, por miembros del Sindicato de Oficios Varios (Sindivarios) de Agua de Dios.

Pero no todo fue oscurantismo, silencio y represión en este período. En 1949 fue promulgada la ley 90 mediante la cual se estableció el seguro social obligatorio y se creó el Instituto Colombiano de los Seguros Sociales; en 1950 fue expedido el Código Sustantivo del Trabajo (decretos-leyes 2662 y 3743) que reunió la legislación dispersa sobre los derechos y obligaciones individuales de trabajadores y patronos, los derechos colectivos de asociación, huelga y contratación colectiva y los mecanismos administrativos de vigilancia y control estatal. El Código Procesal del Trabajo, que disponía los procedimientos para la reclamación y declaración de estos derechos, había sido promulgado por el decreto-ley 2158 de 1948. Estos códigos no introdujeron cambios legales importantes. Tuvieron la virtud de concentrar y ordenar el marco normativo de las relaciones obrero patronales y de la actividad sindical. Conservaron el doble carácter de la ley 6.a ya que establecían elementos de protección a la organización sindical a la vez que restringían su auto-

nomía a través de mecanismos de injerencia y control estatales. Mencionemos algunos ejemplos ilustrativos. Se restringió el derecho al «fuero sindical», puesto que en caso de que la huelga fuera declarada ilegal dejaba de ser efectivo; la suspensión del contrato de trabajo durante el tiempo de duración de la huelga implicó una limitación grave de este derecho fundamental; la ampliación de la noción de servicio público tenía como propósito la reducción del grupo de trabajadores con derecho a la contratación colectiva y a la huelga. El subsidio familiar obligatorio y la creación del SENA fueron en cierta medida una compensación a la disminución salarial, una respuesta a las necesidades de calificación profesional de la fuerza de trabajo para la gran industria y una concesión a las demandas de la UTC. No hay duda de que durante esta época el movimiento sindical fue colocado en una posición defensiva y que sus limitaciones organizativas y políticas quedaron al desnudo. Su papel en la resistencia y la lucha contra

Capítulo 11

la dictadura fue secundario. Los términos que asumió la lucha política, en particular el sectarismo, la identificación afectiva e irracional con los partidos, los asesinatos masivos entre liberales y conservadores, la censura de las ideas y opiniones diferentes a las oficiales y el despliegue de un anticomunismo primitivo, fueron factores que inhibieron el desarrollo de ideologías y movimientos independientes en la clase obrera y retrasaron su proceso de secularización y modernización. Durante este decenio, el 1.° de mayo fue celebrado con discursos presidenciales y actos religiosos. Se propuso, incluso, que su celebración fuera trasladada para el 15 de mayo, como conmemoración de la encíclica Rerum novarum de León XIII. Pero no todas las formas de protesta social y oposición política desaparecieron. El epicentro de la resistencia a la violencia y al conjunto de medidas dictatoriales se desplazó hacia las zonas agrarias y tuvo en la autodefensa campesina, en la guerrilla liberal y comunista, e incluso en el bandidaje, sus expresiones más agudas. En las ciudades, el estudiantado fue la voz de oposición más beligerante en tanto que iba tomando cuerpo la oposición civil y liberal-conservadora que pondría fin al régimen de Rojas Pini11a, el 10 de mayo de 1957. El frente civil contra Rojas Pinilla se conformó por iniciativa de los directorios políticos, los gremios, la Iglesia y por el estudiantado, que había iniciado la lucha contra la dictadura desde su segundo año de gobierno —recuérdese la masacre estudiantil de junio de 1954—. El movimiento sindical, con excepción de algunos núcleos liberales y los comunistas, mantuvo una actitud proclive al gobierno, si bien no acogió su proyecto de reconstitución de la CNT ni el de formación del Movimiento de Acción Nacional, MAN. El sindicalismo no desempeñó un papel importante en el paro que culminó el 10 de mayo con la caída de Rojas. Este movimiento fue dirigido

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por el frente civil y convocado por los empresarios, quienes prometieron a los trabajadores el reconocimiento de los salarios durante el tiempo de duración del cese de labores. No se descarta que los obreros hubieran expresado su rechazo a la dictadura en las acciones callejeras que se sucedieron desde comienzos del mes de mayo, pero el sindicalismo como tal no fue una fuerza protagónica en la lucha y el derrocamiento de la dictadura. Reconstrucción y división de la CTC; huelgas y tomas de fábricas; creación de la CSTC y de la CGT (1958-1970) Entre el 10 de mayo de 1957 y el 7 de agosto de 1958, gobernó al país una junta militar presidida por el general Gabriel París. Con la elección de Alberto Lleras Camargo para la presidencia de la República se inauguró el primer período constitucional del Frente Nacional, cuya vigencia jurídica culminó en 1974 con el gobierno de Misael Pastrana Borrero. El restablecimiento parcial de las libertades políticas y ciudadanas generó un clima democrático que tuvo repercusiones casi inmediatas en el movimiento sindical. En un tiempo muy corto se creó un inmenso número de sindicatos. Entre 1957 y 1965 fueron constituidas 1.697 organizaciones y el volumen de afiliados pasó de menos de 100.000 a unos 700.000. El porcentaje de trabajadores sindicalizados con respecto a la población ocupada ascendió del 5,5 % en 1947 al 15,5 % en 1965. Cabe advertir que en este cambio de escala del sindicalismo, además de las nuevas circunstancias políticas, influyeron dos procesos claves: el aumento formidable del volumen de los empleados públicos y su incorporación a la lucha sindical y la expansión del sector industrial. De estos dos sectores provino básicamente la ampliación y renovación de la fuerza sindical. La actividad gremial fue intensa y novedosas algunas de sus formas de

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Reunión de socios y directivos del Sindicato de Trabajadores Hoteleros (Hocar), seccional de Barranquilla, filial de la CTC (1960).

expresión. La toma de fábricas, las huelgas de hambre y de solidaridad, las marchas del magisterio y los trabajadores del azúcar y la insistencia en el paro general, sugieren la irrupción de tendencias radicales que se combinan y yuxtaponen con las acciones tradicionales. El movimiento de toma de fábricas fue inaugurado por sindicatos afiliados a la UTC, no obstante que en años anteriores esta confederación había condenado la huelga y toda acción ilegal. La dimensión ideológica y política adquiere rasgos más complejos y cobra mayor significación. El viejo enfrentamiento entre liberales y comunistas en la CTC tuvo como desenlace su división definitiva en 1960, y la constitución de la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia —CSTC— en 1964. La UTC va dejando de lado sus postulados apolíticos, se ve afectada por los conflictos entre las fracciones liberales y conservadoras y por las nuevas corrientes de izquierda. Su secularización se hace irreversible y los asesores jesuítas pierden progresivamente el control

ideológico de la Confederación. El desarrollo de corrientes social-cristianas en América Latina obtuvo su expresión orgánica en la Central General del Trabajo, CGT, creada en 1970. La escisión del movimiento comunista internacional, el surgimiento de diversas interpretaciones políticas del marxismo en Colombia y la radicalización de los empleados públicos, dieron lugar al movimiento denominado «Sindicalismo Independiente», cuyo auge es perceptible desde los años 70. Reestructuración y división del movimiento sindical En el mes de septiembre de 1958, se llevó a cabo en Bogotá el VIII Congreso de la UTC. En ese momento su hegemonía era casi total: de 350 sindicatos existentes, 288 eran afiliados suyos. La convocatoria a una «campaña anticomunista de grandes alcances», según reza el informe del Congreso, parece haber sido la orientación política impartida en las bases. En la rehabilitación de la CTC venían trabajando sindicalistas liberales

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Capítulo 11

FEDERACIONES DE TRABAJADORES DEL ESTADO 1935-1980 Nombre de la organización

Año de constitución

Federación nacional de trabajadores de las carreteras (FENALTRACAR)

1935

Federación nacional de trabajadores ferroviarios (hoy: Sindicato único de trabajadores ferroviarios)

1938

Federación de trabajadores petroleros (FEDEPETROL) ..

1944

Federación colombiana de educadores (FECODE)

1959

Federación nacional de trabajadores al servicio del Estado (FENALTRASE)

1960

Federación Nacional sindical de trabajadores públicos (FENANSITRAP)

1961

Federación de trabajadores portuarios (FEDEPUERTOS)

1962

Federación de trabajadores de acueductos v alcantarillados (FENTRACAL)

1972

Federación de trabajadores de la comunicación

1973

Federación Colombiana de trabajadores estatales (FECOLTRAES)

1974

Unión de trabajadores estatales colombianos (UTRADEC)

1979

Federación Nacional de empleados públicos (FENALEMPO)

1980

Fuente. Rocío Londoño. «Las relaciones laborales y el movimiento sindical de los trabajadores del Estado». Desarrollo y Sociedad. Separata 3. Bogotá. 1982.

y comunistas. Estos últimos hicieron un trabajo intenso de organización en la zona industrial de Bogotá, alrededor del sindicato de la empresa Talleres Centrales, y en los departamentos del Valle del Cauca. Atlántico y Tolirna impulsaron la formación de Comités de Reconstrucción de las Federaciones Regionales.

En octubre de 1958 fue reorganizada la Federación de Trabajadores de Antioquia —FEDETA—; en noviembre de 1958 se reorganizó la Federación de Trabajadores del Tolima —FEDETOL—, y en el mismo año crearon la Federación del Atlántico (Álvaro Delgado: «CSTC: Historia y proyección». 1985).

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acordado que se realizaría en Cali, pero dicha ciudad se había convertido en el centro de la actividad huelguística y de la agitación sindical, a raíz de las huelgas en Caucho Croydon del Pacífico y en las empresas azucareras. La Federación Regional había cobrado particular fuerza y estaba dirigida por el sector comunista. El Comité Ejecutivo Central decidió entonces trasladar el congreso a la ciudad de Cartagena, incurriendo desde ese momento en una serie de arbitrariedades e irregularidades con el propósito de asegurar el control de las delegaciones. Fueron expulsados muchos sindicatos y a otros se les negó la participación con el argumento de que no habían pagado sus cuotas o no figuraban en el kárdex. La comisión de credenciales negó el ingreso a 227 delegados de 105 organizaciones. Entre los expulsados figuraban FEDETAV, FEDEPETROL, Sindicato Nacional de Choferes, Sindicato de Talleres Centrales, Sindicato de Philips de Colombia, Sindicato de Cementos Diamante, para mencionar sólo algunos de los más importantes.

El padre Camilo Torres Restrepo con algunos huelguistas del sindicato del 1CSS en Medellín, durante la rápida gira que realizó por diferentes ciudades del país en octubre de 1965.

En el breve lapso de año y medio fueron reconstruidos cerca de 30 sindicatos y las federaciones antes mencionadas; así, en diciembre de 1958 y después de 8 años de receso, pudo celebrarse el XI Congreso de la CTC con la asistencia de 60 sindicatos. La atmósfera anticomunista de la guerra fría y el pacto histórico de los dos partidos tradicionales estimularon las aspiraciones hegemónicas de los liberales en la CTC y la ruptura de los acuerdos con el sector comunista para la elección del nuevo Comité Ejecutivo, el cual quedó bajo control liberal. Pero fue en el XII Congreso realizado en Cartagena, del 18 al 21 de diciembre de 1960, cuando se consumó la escisión. El motivo inicial de conflicto fue el cambio de la sede del congreso. En el evento anterior se había

La atmósfera del congreso estuvo cargada de tensión y agresividad. La dirección de la CTC organizó una «guardia civil» con el fin de controlar el ingreso al recinto; el hotel en que se alojaba la delegación de FEDETAV fue allanado y los delegados fueron retenidos. Hay quienes consideran que por primera vez se emplearon en Colombia los métodos gangsteriles utilizados por algunos sindicatos norteamericanos. El gobierno patrocinó el congreso y su instalación estuvo a cargo del presidente Lleras Camargo. El Directorio Liberal había impartido la orden de expulsión de las organizaciones comunistas. Durante el transcurso de las deliberaciones, se retiraron 74 organizaciones que habían logrado acreditarse, pero que no obtuvieron posibilidades de expresión. El resultado fue la elección de un Comité Ejecutivo liberal presidido por José Raquel Mercado y por Virgilio

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Capítulo 11

Conde como secretario general. Los delegados aprobaron una moción contra el comunismo y contra la Revolución cubana: «El XII Congreso de CTC rechaza enfáticamente con un alto sentido de nacionalidad y patriotismo la intromisión del comunismo internacional, materialista y ateo, que aspira a dirigir y orientar con falsas doctrinas a los trabajadores del mundo libre y democrático...» (archivo de la CTC, citado por Álvaro Delgado, op. cit.). El periódico El Catolicismo, de la curia de Bogotá, registró así el acontecimiento: «Por fuera de la CTC ha quedado todo vestigio de comunismo y de fidelismo y la poderosa central sindicalista ha recobrado plenamente la unidad de acción...» El viraje político de la CTC era coherente con el clima nacional o internacional de reacción contra la Revolución cubana y con el proyecto de la Alianza para el Progreso, dirigido por el presidente norteamericano John F. Kennedy. Desde 1950 la CTC y la UTC se habían venido alineando en la política in-

ternacional del gobierno norteamericano a través de la CIOSL y la ORIT. La fundación de la CSTC El 21 de diciembre de 1960, las federaciones y sindicatos expulsados y aquellos que se retiraron del congreso, acordaron la creación del Comité de Unidad de Acción y Solidaridad Sindical —CUASS— e hicieron pública una declaración en la que denunciaban los sucesos del XII Congreso y manifestaban su voluntad de «intensificar la unidad por la base con todas las organizaciones del país, sin tener en cuenta su afiliación sindical, color político, creencias religiosas, ni razas, como una de las formas de defender nuestros derechos de los abusos patronales». En un comienzo el CUASS acordó buscar fórmulas de acuerdo con la dirección de la CTC, pero el desarrollo de los acontecimientos condujo finalmente a la creación de una nueva confederación en 1964: la CSTC. En el núcleo dirigente de este nuevo grupo sindical figuran entre otros Pastor Pérez, Ventura Puentes

Firma del acta de constitución de la Corporación Educativa Laboral Colombiana (CELCA), de las dos federaciones democráticas CTC y UTC, en el salón Boyacá, del Capitolio Nacional, ante el ministro de Trabajo Rodrigo Marín Bernal, en la fiesta del 1° de mayo, 1980.

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Dirigentes sindicalistas reunidos para una entrevista con el presidente Alfonso López Michelsen, el 28 de marzo de 1978: Miguel A. Caro, Carlos Ancízar Rico, Gustavo Osorio, M. Felipe Hurtado, Pastor Pérez, Teodoro Cabrera, Víctor Buena, Tulio Cuevas, Gustavo Serpa, Hernando Rodríguez y Apécides Alvis.

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(secretario de la CTC hasta 1955), ras y rechazo total al trabajo por inMarcelino Herrera, Ezequiel Rome- centivos y a los métodos de la ingeniero, Teófilo Forero y Gustavo Osorio. ría standard; finalmente, un conjunto El congreso de fundación de la de reivindicaciones más generales reCSTC se realizó entre el 30 de abril y lacionadas con la salud, la educación el 4 de mayo de 1964. Suscribieron la pública y la reforma laboral. La nueva central fue rechazada roconvocatoria las federaciones regionales del Valle del Cauca, Antioquia, tundamente por la UTC, la CTC y el Norte de Santander y Atlántico, filia- gobierno. Durante 20 años funcionó les de CTC hasta 1960, y dos federa- sin que los gobiernos aceptaran su reciones de industria, FEDEPETROL y conocimiento legal. En 1974, durante FENALTRACONCEM, que en 1958 el gobierno de Alfonso López Michelhabían hecho el tránsito de la UTC a sen, obtuvo su personería jurídica. la CTC. Un total de 511 delegados se acreditaron en el congreso y de ellos E1 origen del «Sindicalismo 290 con voz y voto. Según el informe Independiente» y de la CGT de credenciales, los delegados representaban aproximadamente a un 23 % Las divisiones en el movimiento code la población sindicalizada en el munista internacional incidieron dráspaís. ticamente en el sindicalismo colombiaLas deliberaciones giraron en torno no, siendo en algunos casos pretexto a tres cuestiones centrales: el resurgi- para dirimir conflictos internos por el miento de la violencia y de la repre- poder sindical. En 1962, la configurasión militar a raíz de las operaciones ción de organizaciones maoístas, trotscontra la región de Marquetalia; las kistas y de inspiración en el movireivindicaciones obreras en materia de miento cubano «26 de julio» propició salarios, seguridad social, estabilidad el desprendimiento de diversos sindilaboral, subsidio de desempleo, jor- catos del CUASS. Sus divergencias nada laboral semanal de cuarenta ho- con el partido comunista colombiano

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Capítulo 11

determinaron su no ingreso a la CSTC y la formación de los «Bloques Sindicales Independientes» en algunas regiones del país. Por motivos similares, FEDEPETROL se desafilió de la CSTC, unos pocos meses después de haber participado en su congreso constitutivo. Ése fue el origen del «Sindicalismo Independiente». La información existente sobre la constitución de la CGT es mínima. No se sabe por ejemplo cuántos y cuáles sindicatos participaron en su congreso constitutivo; no obstante, es posible reconstruir algunos aspectos dicientes de su origen. En la UTC se había conformado un grupo de dirigentes simpatizantes del sindicalismo cristiano nucleado alrededor de la Confederación Internacional de Sindicatos Cristianos (CISC), denominada posteriormente Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y de la Central Latinoamericana de Trabajadores (CLAT), las cuales se postularon como la tercera vía o el proyecto político alternativo al capitalismo y al comunismo. En enero de 1963 los sindicalistas Heliodoro Agudelo, Hum-

berto López, Alfonso Camacho y Miguel Molano participaron en el IV Congreso Latinoamericano de Trabajadores realizado en Caracas y a su regreso abrieron «una diminuta oficina» que, sin embargo, constituyó un foco impresionante de irradiación del nuevo mensaje de liberación de la clase trabajadora. A Miguel Molano Sánchez se le confió la responsabilidad de crear la organización en Bogotá. Para ello se fundó un instituto de formación de dirigentes al estilo del Instituto Internacional de Estudios Sociales del Caribe, IIES, en concordancia con la táctica usual de la CMT y la CLAT. El 1 de mayo de 1964, día en que también fue constituida la CSTC, se fundó el Instituto Nacional de Educación Sindical (INES), el cual sería el punto de apoyo para la actividad organizativa e ideológica de la CLAT en Colombia. En el congreso de UTC en 1961, ese grupo había propuesto la desafiliación de la CIOSL y la ORIT y su traslado a la CMT y a la CLAT. Dicha propuesta fue rotundamente rechazada; se le negó el ingreso al secretario ge-

Mesa directiva del seminario "Las organizaciones sindicales en América Latina, desarrollo y perspectivas", organizado por el Ildis en Bogotá, octubre de 1978: Ramón Africano, Apécides Alvis, William Solazar (CTC) y el representante Néstor Hernando Parra.

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Reunión del Consejo Nacional Sindical, en Sogamoso, marzo de 1978: Carlos Brito, Apécides Alvis (CTC), Gustavo Osario (CSTC), Gustavo Serpa (CTC), Tulio Cuevas (UTC), Pastor Pérez (CSTC), Pablo E. Pinzón (CGT), Miguel Antonio Caro (CSTC) y Carlos Ancízar Rico (CGT).

neral de la CLAT, y los sindicatos autores de la proposición fueron expulsados. Desde entonces, dicho grupo emprendió la tarea de creación del Instituto de Educación y de dos nuevas organizaciones: la Asociación Sindical Antioqueña (ASA) y la Asociación Sindical Colombiana (ASICOL), las cuales se transformaron en la Central General de Trabajadores, CGT, el 1 de mayo de 1971, en la ciudad de Medellín. La constitución de la nueva Central provocó al igual que la de la CSTC, la oposición de la UTC. la CTC y el gobierno. No obstante, el 4 de julio de 1974, obtuvo la personería jurídica. Toma de fábricas, auge huelguístico y paros generales En todo el período del Frente Nacional, excepto en los cuatro años del gobierno de Lleras Restrepo, se constata una intensificación de la lucha sindical y acciones muy radicales, incluso en organizaciones de tradición conserva-

dora. Son diversos los factores que motivaron y coadyuvaron este proceso. La economía continuó en expansión, aunque con crecientes dificultades para la absorción de la población en disposición de trabajar. El desempleo adquirió proporciones amenazantes para la estabilidad de los trabajadores ocupados. La inflación estimuló la presión por el alza de salarios y el incremento constante de la deuda externa tuvo efectos en el encarecimiento de las tarifas de los servicios públicos y en la política oficial de evitar en lo posible, o reducir al máximo, los aumentos salariales. Los proyectos de aumento del ahorro social con base en las cesantías de los trabajadores provocaron la oposición de los asalariados y los empresarios. Hasta 1966, la política salarial y laboral del gobierno parece proceder según el método de ensayo y error, de tire y afloje, dada la fuerte movilización sindical. En la cuestión política, la Revolución cubana y su contrario, reacción anticomunista; en la formación de fracciones en el conservatismo y de

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Capítulo 11

disidencias antifrentenacionalistas, como el MRL en el liberalismo; en el surgimiento de nuevas corrientes de izquierda y de movimientos masivos como la ANAPO, encontramos factores que de alguna manera influyeron en la movilización sindical y en el proceso ya descrito de fraccionamiento político de la estructura gremial. La política laboral durante el Frente Nacional, no obstante algunos matices como la mayor racionalidad y consistencia, y una represión más sofisticada en el gobierno de Lleras Restrepo, provocó acuerdos tácticos y acciones unificadas de oposición por todo el movimiento sindical. La acción reivindicativa estuvo centrada en el aumento de salarios, la defensa de la estabilidad y el derecho de huelga y contratación colectiva en el sector públi-

co. La oposición se dirige contra los diversos decretos de orden laboral, pero en particular contra el decreto 939 de 1966, mediante el cual se restringió el derecho de huelga a cuarenta y cinco días y se estableció el Tribunal de Arbitramento Obligatorio, y contra el decreto 3135 de 1968 relativo a la reclasificación de los trabajadores del sector público. El aumento del costo de vida y de las tarifas de servicios públicos fueron otro de los tópicos más sensibles. Nunca antes los obreros colombianos habían ensayado la toma de las fábricas. Este tipo de acción fue inaugurado en 1963 por el sindicato bogotano de la empresa Tubos Moore, S.A., filial de la UTC, como reacción a la orden de cierre de la fábrica y al no pago de los salarios. Durante tres me-

TOMA DE FÁBRICAS EN COLOMBIA (1960-1966) Nombre de la empresa

N.° de transportadores 70

Afiliación del sindicato FEDETAV CSTC

Fecha

Vidrieros Bogotá, Bogotá

35

FETRACUM CTC

s.i.

Tubos Moore, Bogotá Muebles Modular, Bogotá

85 30 80 250

UTC s.i. s.i. UTRAVAL UTC s.i.

1963 1964

Talleres Relatov, Cali

Jabón Nevado, Ibagué Ingenio El Arado, PraderaValle Fábrica de gatos hidráulicos, Bogotá

25

Industrial Marcontor, Cali

78

SIFO Ltda., Cali

97

Mariano Ramos, Cali

92

FEDETAV CSTC FEDETAV CSTC FEDETAV CSTC

Fuente: CIM. Las tomas de fábricas, Ed. Suramericanas, 1967.

1960

1965 1966 1966 1966 1966 1966

Nueva Historia de Colombia. Vol. III

292

Manifestación del Sindicato de Telecom, febrero de 1975.

ses los obreros administraron y comercializaron la producción y obtuvieron utilidades. Fue, sin embargo, un acontecimiento aislado, a pesar del entusiasmo y el impacto que causó. Sólo hasta 1966 esta modalidad adquiere significación. La aceptación, por parte de la Oficina Regional del Trabajo en el Valle del Cauca, del cierre del ingenio El Arado y de las empresas SIFO Ltda., Industrias Macautor Ltda. y Mariano Ramos, provoca su ocupación y administración por los trabajadores. El Centro de Investigaciones Marxistas (CIM) en su estudio Las tomas de fábricas (Ediciones Suramericanas, 1967) anota que las condiciones para este tipo de acción eran propias debido a los síntomas de recesión industrial, estancamiento del empleo e incumplimiento en los pagos de salarios y las solicitudes de cierre de los empresarios. Durante el decenio del 60, se sucedieron diez tomas de fábricas en cuatro ciudades, así: cuatro en Bogotá, cinco en Cali y Pradera y una en

Ibagué. Tales acciones fueron provocadas en algunos casos por huelgas prolongadas sin el logro de convención colectiva y en otras por solicitudes de cierre o cierres efectivos. La Unión de Trabajadores del Valle (UTRAVAL-UTC) y la Federación de Trabajadores del Valle (FEDETAV-CSTC) ejercieron al respecto el mayor liderazgo. La relativa generalización de la toma de fábricas y el éxito que en algunos casos obtuvieron los trabajadores, alimentaron la creencia de haber encontrado un método nuevo y eficaz de solución a los conflictos obrero-patronales y una alternativa a la huelga. La UTC, en especial su federación en el Valle, UTRAVAL, concluyó que la huelga era un método de lucha anacrónico y patronal: «La huelga, hasta ahora, fue el arma extrema que emplearon los trabajadores en su defensa. Hoy se ha convertido en arma patronal. No son pocos los casos en que los patrones precipitaron a los trabajadores a la huelga, después

Capítulo 11

de almacenar stocks de producción que les permiten abastecer sus mercados durante la emergencia, recoger cartera y, a la vez, ahorrar en costos de administración y operación, por cesantía legal. La utiliza también con miras a aniquilar sindicatos o para ahorrarse trámites cuando demandan cierre colectivo. Entonces la huelga está perdiendo universalidad como medio colectivo, y en muchos casos es un derecho obsoleto.» (UTRAVAL. Más allá de la huelga. Editorial Cali, 1966. Citado en el estudio del CIM Las tomas de fábricas, pág. 31.) La CSTC y FEDETAV evaluaron la toma de fábricas como un movimiento importante pero limitado, ya que sólo podían llevarse a cabo por un grupo pequeño de trabajadores en una situación extrema. En su opinión, las huelgas de solidaridad eran de mayor alcance y expresaban un nivel de conciencia más elevado. FEDETAV afirmaba: «Nosotros creemos que existe un medio mejor y casi diríamos fundamental para hacer frente a la actual ofensiva patronal y es el siguiente: la reconstrucción unitaria del movimiento obrero sobre la base de grandes sindicatos de industria tal como lo intentaron ya los obreros del petróleo, del cemento, del transporte en parte, etcétera.»

293

El desarrollo de la lucha sindical después de esa coyuntura indica que la táctica de la toma de fábricas sólo daría algún resultado en momentos de recesión industrial y en las empresas pequeñas y medianas más vulnerables a tal situación. La huelga, por el contrario, ha mostrado su persistencia no sólo en Colombia sino en el mundo entero.

Paro en el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Bogotá. septiembre de 1983.

Huelgas y paros En esta coyuntura, las huelgas tuvieron una magnitud sin precedentes: entre 1962 y 1973 ocurrieron 697 huelgas y 5 intentos de paro nacional, algunos logrados con un éxito parcial. Más de

Manifestación del Consejo Nacional Sindical, Bogotá, 1" de septiembre de 1977. Un total de 93 huelgas se registraron ese año en el país.

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294

un millón de trabajadores participó en ellas y su impacto sobre la economía puede apreciarse en la pérdida de 11.277 jornales de trabajo. (Álvaro Delgado. Doce años de luchas obreras, Separata de la revista Estudios marxistas, 1975.) La suspensión del trabajo adquirió nuevas connotaciones en el país. Los empleados de los servicios públicos y sociales acudieron de manera recurrente a dicha táctica en búsqueda del derecho de negociación colectiva y huelga, y de mejores condiciones salariales y sociales. El 72 % de los huelguistas laboraba en el magisterio, la administración pública, los hospitales y los puertos. En 1959, se produjo la primera huelga en el sector bancario, organizada por la Asociación Colombiana de Empleados Bancarios (ACEB). El magisterio de primaria tuvo un peso preponderante y desde entonces el paro se constituyó en su

principal táctica para presionar el pago oportuno y el alza de salarios, así como el reconocimiento legal de los derechos sindicales que ejercitaba en la acción. Los trabajadores de manufactura ocuparon el segundo lugar en el movimiento. El 36 % de las huelgas y el 10 % de los huelguistas se localizan en dicho sector. En términos numéricos, su participación es muy inferior a la del grupo de servicios, pero sus efectos en la economía fueron sensiblemente superiores, así como la obtención de algunos logros salariales, prestacionales y de orden laboral. Se ha calculado que hasta 1966 hubo un aumento relativo de los salarios reales para los obreros y que la acción huelguística obligó a la eliminación de la cláusula de reserva y del contrato presuntivo del Código Laboral, medidas que habían afectado seriamente la estabilidad laboral. De igual manera, se

295

Capítulo 11

ha visto que el mayor nivel salarial de los trabajadores sindicalizados con respecto a los no sindicalizados tiene que ver con la organización y la lucha obrera. Los problemas que con mayor fuerza provocaron la agitación y la movilización de los trabajadores fueron: los bajos salarios y el creciente costo de vida; las alzas en las tarifas de los servicios públicos, particularmente en el transporte; el desempleo y los despidos colectivos, y las medidas restrictivas de la huelga y de otros derechos gremiales. Una característica típica de las huelgas en Colombia ha sido el que la mayoría de ellas sucede en el proceso de la negociación colectiva y que una buena proporción se produce por

incumplimiento de cláusulas convencionales por parte de los patronos. Sin embargo, una peculiaridad de este período fueron las huelgas de solidaridad que alcanzaron un número total de dieciséis y las huelgas y paros de carácter político en un número de once, entre 1962 y 1973. Tales acciones implicaron a su vez el establecimiento de acuerdos entre diversas corrientes sindicales y la constitución de organizaciones de coordinación y solidaridad, que en cierta forma contrarrestaron la división política y la dispersión de los sindicatos. Hacer un recuento de cada una de las huelgas o incluso de las más importantes en cada año es algo que excede los límites de este ensayo. No

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296

dad con los trabajadores de cinco empresas petroleras. La radicalización alcanzó síntomas de extremismo y desesperación en la huelga iniciada por los trabajadores de ECOPETROL el 5 de agosto de 1971, en Barrancabermeja. Un grupo de trabajadores ocupó las instalaciones de la refinería produciéndose su desalojo violento por parte del ejército, en el cual perdió la vida el trabajador Fermín Amaya. Doscientos treinta trabajadores fueron despedidos y treinta y seis condenados a varios años de prisión. Los efectos de esta acción fueron desastrosos para la Unión Sindical Obrera (USO) y FEDEPETROL.

Huelga en el Instituto de Investigaciones Tecnológicas, ITT.

obstante, es indispensable referirse a algunas que por diversas razones han estado muy presentes en la memoria de los trabajadores colombianos. Entre 1959 y 1966, fueron notorios los conflictos y la beligerancia de los obreros de los ingenios azucareros del Valle del Cauca. La huelga en el ingenio Riopaila estuvo acompañada por una marcha de 20.000 trabajadores hacia Cali; la agresión del ejército causó la muerte de dos trabajadores. Los obreros de las compañías petroleras ejecutaron innumerables acciones para presionar soluciones a sus pliegos, contra las arbitrariedades de las compañías extranjeras y en demanda de la nacionalización del petróleo. En agosto de 1960, FEDEPETROL organizó un paro general de solidari-

Pero la huelga que más pérdidas humanas causó a los obreros colombianos fue la realizada por los trabajadores de la empresa Cementos El Cairo en Antioquia. El 23 de enero de 1963 hicieron efectivo el cese de labores debido a que no habían logrado negociar el pliego de peticiones. El ejército ordenó un cerco alrededor de las instalaciones de la empresa. El 4 de febrero se convocó un paro de solidaridad en el que participaron unos 4.000 trabajadores. No obstante, la intransigencia de los patronos y el hostigamiento del ejército obligaron a los trabajadores y sus familiares a organizar el bloqueo de los vehículos que transportaban la materia prima producida por esquiroles; el ejército disparó y fueron asesinados trece obreros; ese episodio es conocido en la historia obrera como la masacre de Santa Bárbara, porque así se llamaba el lugar en donde ocurrió la violenta respuesta del ejército a la acción inerme de los trabajadores y sus familias. La táctica del paro general fue de nuevo utilizada en los momentos de mayor intensidad de los conflictos, y cuando la actividad y respuesta de los patronos y el gobierno se hizo más intransigente y agresiva. El retorno a la democracia durante el Frente Nacional adoleció de limitaciones considerables: durante catorce años los gobiernos acudieron al régimen de estado de sitio para legalizar y actuar.

297

Capítulo 11

Buena parte de los decretos de carácter laboral lesionaron intereses de los trabajadores y restringieron el marco legal de la actividad sindical. Quizá la medida más indicativa de ello fue el decreto 939 de 1969 por. el cual se limitó drásticamente el derecho de huelga y se estableció el Tribunal de Arbitramento Obligatorio. De las cinco tentativas de paro general —1963, 1965, 1969 y 1971— solamente dos tuvieron repercusiones importantes. La primera de ellas fue la convocatoria de la UTC y la CTC con el apoyo de la CSTC, a un paro general el 25 de enero de 1965 por la derogatoria del impuesto a las ventas y reformas a la legislación laboral. La presión sindical había alcanzado tal envergadura que, ante la amenaza del paro, el gobierno creó una comisión negociadora y las centrales levantaron la orden de paro. A raíz de este acontecimiento fue promulgado el decreto 2351 de 1965 mediante el cual se suprimieron la cláusula de reserva y el plazo presuntivo de trabajo, se esta-

bleció el salario triple dominical y se amplió el fuero sindical a los miembros de la comisión de reclamos durante la tramitación de pliegos. La UTC consideró este decreto como el primer acto de colegislación del movimiento obrero. Los resultados obtenidos propiciaron la reorientación de la UTC hacia su intervención directa en la política. En 1968 algunos dirigentes encabezados por Tulio Cuevas conformaron el movimiento laborista MOSPOL y en 1970 apoyaron la candidatura presidencial de Belisario Betancur. La segunda tentativa fue el paro nacional convocado por la UTC y la CSTC contra la política económica y laboral del gobierno de Misael Pastrana Borrero. La CTC no aprobó dicha acción. El 8 de marzo de 1971 se hizo efectivo el paro, pero su cobertura fue limitada. Predominó la suspensión del transporte y el cese de labores sólo fue significativo en Bogotá y Barranquilla. Contó con el respaldo político de la ANAPO, el belisarismo y algunos gru-

Mitin de voceadores de prensa, frente a las instalaciones de "El Espectador", en Cali.

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298

Huelga de trabajadores de De Bedout.

Huelga del Sindicato de Ferrocarriles Nacionales, Bogotá.

pos de izquierda, y tuvo a su favor la huelga general estudiantil del 4 de marzo y las tomas de tierras organizadas por la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC). No hubo diálogo ni negociación con el gobierno, el cual ordenó detenciones, consejos de guerra y congelación de los fondos sindicales. Sin embargo, algunos pliegos de peticiones en curso fueron rápidamente negociados. El aspecto más sobresaliente de esta jornada fue la unidad de acción de los sindicatos adscritos a las dos centrales más contrapuestas desde el punto de vista ideológico. A su vez, esta alianza precipitó el enfrentamiento interno entre el grupo mayoritario de la UTC

dirigido por su presidente Tulio Cuevas y la fracción de Antonio Díaz, ex ministro de Comunicaciones, finalmente desplazado de la dirección de la UTC. Las posiciones y prácticas de las centrales UTC y CTC fueron en algunas oportunidades ambiguas y contradictorias, pero en lo fundamental continuaron sujetándose a la legalidad e institucionalidad, y su participación y solidaridad con el movimiento huelguístico fue bastante precaria. En algunos casos apoyaron medidas oficiales repudiadas por los trabajadores y que constituían un retroceso en la legislación sindical, como el decreto 939 de 1966; en otros, estimularon la firma de convenciones colectivas inconvenientes con el fin de evitar a toda costa la huelga. El énfasis de su gestión sindical fue el fortalecimiento de su aparato financiero y su inserción en los organismos de concertación con el gobierno y el sector empresarial, tales como el Consejo Nacional del Trabajo y el Consejo Nacional de Salarios. La UTC emprendió actividades de franca oposición tan sólo al final del gobierno de Guillermo León Valencia y ante algunos proyectos de los presidentes Carlos Lleras Restrepo y Misael Pastrana. Esa línea de conducta, contrastada con la beligerancia de muchos sectores de trabajadores, provocó una pérdida progresiva de su influencia, y acentuó la tendencia a utilizar el poder sindical con fines personales. Desde entonces se produjeron gran cantidad de desafiliaciones que han reducido significativamente el peso de la UTC y han dejado a la CTC reducida a su más mínima expresión. La CSTC y el sindicalismo independiente o no confederado han sostenido una línea sindical de izquierda y una intensa actividad organizativa y huelguística. En el período considerado, el 78 % de las huelgas fueron realizadas por sindicatos de estas corrientes. Ello contribuyó a su sensible fortalecimiento en la estructura sindical y a la obtención de una mayor credibilidad de

299

Capítulo 11

parte de amplios núcleos de trabajadores. Su aspiración a superar el economicismo y a combinar la actividad gremial y la política no siempre tuvo expresiones positivas para el movimiento. La irrupción de trabajadores sin ninguna experiencia sindical y de corrientes de extrema izquierda condujo en varias oportunidades a la realización de acciones que provocaron la destrucción de los sindicatos. De otra parte, el rechazo retórico a todo tipo de leyes y reformas en el actual sistema debilitó, en algunos sectores, sus posibilidades de negociación de reivindicaciones indispensables para los trabajadores y estimuló actitudes de sectarismo extremo que ahondaron la división sindical, incluso entre el sector de izquierda. Predominio del sindicalismo de «cuello blanco»; crisis de las confederaciones tradicionales y paro cívico nacional (1974 en adelante) El análisis de un período histórico que no ha concluido y frente al cual no se tiene suficiente distancia ofrece obvias dificultades adicionales. Por ello, aquí

nos limitamos a presentar un esbozo tentativo de los problemas y tendencias que aparecen como más sobresalientes en el movimiento sindical contemporáneo. La coyuntura económica presenta rasgos nuevos junto con el acentuamiento de problemas aparecidos desde finales del decenio de los sesenta. La sustitución de importaciones como eje del modelo económico pasó a un lugar secundario y se concedió prioridad a la inserción del país en el mercado mundial a través del fortalecimiento del sector exportador. Tal reorientación hizo más sensible la economía nacional a cambios y modificaciones en el orden internacional. El sector financiero tuvo un incremento notorio y en cierta medida sustentado en movimientos meramente especulativos y artificiales. La recesión mundial y los problemas internos originaron etapas realmente críticas en la industria y la economía nacionales. El sindicalismo se vio enfrentado a problemas nuevos y de mayor alcance con respecto a aquellos que acostumbraba a manejar mediante el conocimiento del Código Laboral y la experiencia empírica de la negociación co-

Manifestación de la CGT, CMT y Utracum, en Bogotá.

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300

Trabajadores de Avianca, afiliados a la CSTC, participan en la manifestación del Consejo Nacional Sindical de septiembre de 1977, en Bogotá.

lectiva local. Guardando las proporciones, el movimiento sindical colombiano ha empezado a afrontar cambios en la economía, en la política y en la significación del Estado, que sus congéneres europeos y norteamericanos experimentaron desde la posguerra y que los condujo a substanciales modificaciones organizativas y tácticas. En la política, procesos tales como el desmonte del Frente Nacional, la continuación del modelo de «democracia restringida» y el reciente experimento político de tregua y cese al fuego entre el gobierno de Belisario Betancur y algunas organizaciones guerrilleras, así como los proyectos de reforma política tendentes a desmontar la «democracia restringida», han modificado el escenario, sin que exista aún un marco político nuevo y claro. En las últimas décadas, el sindicalismo colombiano se ha visto fuertemente sacudido en su estructura organizativa y en sus relaciones con el Estado, los empresarios y los partidos.

Cambios en la estructura sindical Entre 1965 y 1980 el número total de sindicalizados ha crecido, pero la proporción de éstos con respecto a los trabajadores ocupados sólo tuvo un incremento del 0,4 %. En Colombia un 21 % de los trabajadores ocupados pertenecen hoy a algún sindicato. El sindicalismo colombiano es en la actualidad un movimiento urbano, compuesto en un 70 % por los trabajadores del Estado, de los servicios públicos y sociales y de la manufactura. Los sindicatos agrarios tienen un peso muy reducido. El nivel de organización de los trabajadores industriales es relativamente bajo: sólo una cuarta parte está sindicalizada. Ello contrasta con la elevada organización de los trabajadores del Estado cuya tasa de sindicalización en 1980 era del 68 %. En este desequilibrio intervienen factores tales como la dispersión y la heterogeneidad de los trabajadores de la industria, y la centralización

301

Capitulo 11

y la relativa homogeneidad de las condiciones laborales de los trabajadores del Estado. Los sindicatos de base siguen siendo la forma predominante de organización y, en segundo término, los de gremio. El peso de los sindicatos industriales es muy reducido: en 1980 representaban el 8,7 % de los sindicatos existentes. Sin embargo, los nuevos términos requeridos en la negociación y la actividad sindical han obligado a un replanteamiento substancial de este tipo de estructura. Actualmente, todas las corrientes propician la organización por grandes ramas de actividad y presionan las modificaciones pertinentes en la legislación. La organización de los trabajadores del Estado, centralizada en diez federaciones relativamente fuertes, se ha mostrado más adecuada para la negociación de reivindicaciones de conjunto y para la realización de acciones de orden regional y nacional. La inexistencia de los derechos legales de huelga y contratación colectiva y la división política hubieran podido inhibir el desarrollo de este sector, de no contarse con ese esquema organizativo. En cierta manera, su desventaja legal y la relación con un patrón único, el Estado, han estimulado una mayor centralización y coordinación de la actividad sindical. El hecho de que los salarios, las condiciones de vida, la estabilidad laboral, la calificación de los trabajadores, etc., sean cuestiones dependientes de procesos y decisiones de carácter macroeconómico y de las políticas sociales del Estado, ha puesto de presente a las directivas sindicales la necesidad de reelaborar su política de negociación y de reestructurar su esquema organizativo. El aumento significativo de los sindicatos no confederados, desafiliados o nunca afiliados, está relacionado no sólo con la división política y los problemas de burocratización y corrupción de algunos dirigentes, sino con la inadecuación de la estructura, de los métodos usuales y del nivel de califi-

cación de una buena parte de sus dirigentes. El movimiento huelguístico La actividad huelguística del país se ha ido incrementando con el transcurso del tiempo. Entre 1974 y 1980 aumentó a setenta y tres el número promedio de huelgas por año, en tanto que en el período anterior (1963-1973) fue de cincuenta y ocho. El predominio de las huelgas en los servicios y en la industria ha continuado; resalta una mayor participación de los trabajadores del Estado y del magisterio oficial. El 46 % de las huelgas se localizó en el sector de los servicios y el 15 % fueron llevadas a cabo por el magisterio. El elevado porcentaje de cese de labores por incumplimiento de acuerdos convencionales —más del 50 %— in-

Caricatura de Héctor Osuna en 1976, alusiva a la situación obrera a fines de ese año.

302

Obreros elevan un globo durante el segundo Paro Cívico Nacional, del 14 de septiembre de 1977.

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En el año 1982 se produjo un movimiento huelguístico en la industria textil en cinco de las principales empresas de Medellín, movimiento que fue precedido por la presentación simultánea de pliegos de peticiones. A su vez, los trabajadores del Estado efectuaron veinte paros nacionales y ciento siete regionales, que requirieron de acuerdos intersindicales y de la solidaridad gremial. Uno de los rasgos más novedosos y diferenciados del movimiento huelguístico fue sin duda la incorporación de núcleos de obreros y empleados que nunca hasta entonces habían realizado una huelga, como el sindicato de Fabricato, o que muy esporádicamente habían hecho uso de ésta, como los empleados de la administración pública, de la rama judicial y los profesionales de la salud. La crisis económica y las políticas orientadas a solucionarla tuvieron efectos drásticos en la situación del conjunto de los trabajadores, pero especialmente en los obreros fabriles: se produjeron innumerables despidos colectivos y un número alto de empresas fueron cerradas; el desempleo general afectó la estabilidad laboral, el crecimiento de los salarios fue inferior al del período anterior, excepto en 1977 y 1978, y la introducción intensiva de nueva tecnología implicó la modificadica la intransigencia que caracterizó ción de los sistemas de trabajo y una al sector empresarial y la escasa vigi- aplicación más generalizada de la inlancia del Ministerio del Trabajo en el geniería standard. Este tipo de problecumplimiento de las normas laborales. mas pudo apreciarse con mucha claEn Colombia, los trabajadores no sólo ridad, por ejemplo, en la crisis de la tienen restricciones legales y organi- industria textil. zativas para hacer huelgas sino que La respuesta de los sindicatos fue buena parte de ellas se producen para inicialmente elemental y contestatahacer efectivos los acuerdos pactados ria, debido al desconocimiento de los con los patronos. Un número muy re- problemas económicos globales y a la ducido obedeció a acciones de solida- carencia de una política sindical frente ridad y de protesta política. No obs- a dichos problemas. Sin embargo, al tante, se advierte una mayor coordi- final del decenio del 70, se observa nación de los pliegos y de las huelgas una ampliación de las demandas sinen algunos sectores. En 1975 y en 1977 los trabajadores del cemento y mate- dicales a aspectos como el subsidio de riales de construcción afiliados a SU- desempleo, la reducción de la jornada TIMAC hicieron dos grandes huelgas laboral, la participación en los comités que afectaron a diecisiete empresas. de ingeniería industrial y revaluación de oficios, la petición de programas de

Capítulo 11

303

HUELGAS Y HUELGUISTAS SEGÚN AFILIACIÓN SINDICAL (1974-1980) N.° total N.° total de de huelgas huelguistas Año

Número de huelgas según afiliación sindical UTC

CTC

CSTC

Autónoma

CGT

1974

75

82.800

16

2

28

32

—

1975

109

197.500

16

5

31

46

5

1976

58

117.100

11

6

22

19

3

1977

93

210.200

23

9

38

33

1

1978

68

366.000

7

8

25

32

-

1979

60

90.000

13

9

16

23

-

1980

49

303.380

8

6

13

22

-

1.366.980

94

45

173

207

10

1974/80

5121

(18,3 %) (8,8 %) (33,8 %) (40,4 %) (1,9 %) En varios casos hubo huelgas de dirección sindical conjunta, por eso el total de huelgas no coincide con su suma horizontal. Se carece de datos sobre la dirección sindical de catorce huelgas. %

Fuente: Alvaro Delgado. Política y movimiento obrero 1970-1983. Ediciones CEIS, Bogotá, 1984. recalificación de los trabajadores, entre otros. En esta reorientación influyó la evaluación de los fracasos en no pocas negociaciones colectivas y en algunas huelgas, y la intervención de asesores económicos internacionales y nacionales. Con base en los elementos expuestos y en el desenlace que la movilización sindical tuvo en el paro cívico nacional del 1977, es posible llegar a la conclusión que la tendencia más sobresaliente en los últimos años ha sido sin duda la búsqueda de un nuevo nivel reivindicativo y político que tuvo como expresiones principales la elaboración de pliegos sectoriales y nacionales, la coordinación de las negociaciones colectivas y de algunas huelgas, y las demandas con respecto a la política económica, social y laboral del Estado.

El paro cívico de septiembre de 1977 La reconstrucción histórica de este suceso ha sido tema de otro ensayo de esta obra; aquí nos limitaremos a destacar los aspectos pertinentes al desarrollo sindical. Por primera vez las cuatro centrales sindicales y grupos del sindicalismo independiente lograron un acuerdo alrededor de un pliego nacional de peticiones obreras y populares, convocaron y dirigieron un movimiento de verdadera envergadura nacional, al cual se vincularon sectores sociales y gremiales diferentes, tales como juntas de acción comunal, comités cívicos, estudiantes, artistas e intelectuales, organizaciones de inquilinos y pobladores y algunos concejos municipales.

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304

El paro cívico nacional efectuado el 14 de septiembre de 1977 estuvo precedido de los intentos sucesivos que en este sentido se hicieron durante los años 60 y del auge de huelgas y acciones unitarias en los dos años anteriores. La frustración de expectativas políticas y sociales con respecto a la gestión de López Michelsen fue otro de los componentes de la movilización. El apoyo político estuvo reducido a los grupos de izquierda, excepto las organizaciones maoístas; la posición favorable de la fracción ospinista del conservatismo obedeció a intereses electorales y a su oposición a López. La abierta condena por parte de los partidos tradicionales, los gremios y la Iglesia; el manejo intransigente que el presidente dio a las peticiones sindicales; la muerte de treinta personas y las detenciones y sanciones producidas, fueron factores que estimularon una posición más autónoma y crítica de las confederaciones UTC y CTC, y un cuestionamiento de la asociación simplista que la izquierda hacía entre estas centrales y los partidos tradicionales y el gobierno.

Los resultados del paro en lo que compete al pliego unificado de las centrales fueron bastante precarios y no hubo negociación directa con el gobierno. Su repercusión más directa fue la convocatoria del Consejo Nacional de Salarios y el decreto oficial de aumento del salario mínimo. La creación del Consejo Nacional Sindical (CNS), no obstante su transitoria existencia, propició la centralización de las reivindicaciones sindicales y la realización de reuniones, manifestaciones y jornadas de protesta que contribuyeron a distensionar las relaciones entre las centrales tradicionales y las organizaciones sindicales de izquierda. Finalizada esta sucinta exposición de treinta y cinco años de historia sindical, se advierte la necesidad de emplear enfoques más diversificados para el análisis de este fenómeno, así como la de construir una base documental más amplia e imaginativa. Con todo, los estudios realizados permiten aventurar la siguiente hipótesis: la existencia del movimiento sindical no termina de ser aceptada en el país ni asumida

NÚMERO DE PAROS EN EL SECTOR ESTATAL SEGÚN COBERTURA (1974-1980) Año 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1974-1980

Paros nacionales

Paros regionales

Paros locales

Total

1 4 3 3 5 1 3

11 25 4 19 18 13 17

16 26 10 32 12 25 13

28 55 17 54 35 39 33

20

107

134

261

Fuente: Ulpiano Ayala y Luz Amparo Fonseca. El movimiento huelguístico 1974-1980. Desarrollo y Sociedad. Separata Estudios Laborales, 1, 1981. CEDE. Universidad de los Andes.

Capítulo 11

plenamente por sus protagonistas. En muchos casos impera la proscripción de los sindicatos y, cuando ello no ocurre, las energías sindicales deben consagrarse casi con exclusividad a la vigilancia del cumplimiento de los acuerdos obrero-patronales. El carácter de su legislación y la acción del Ministerio de Trabajo han sido predominantemente restrictivos, cuando no represivos. Poco ha contribuido al cambio de apreciación del fenómeno sindical, la actitud contestataria y sectaria asumida con frecuencia por las organizaciones sindicales, a la que se añaden sus insuficiencias para elaborar una política más acorde con los requerimientos actuales. En términos generales, cabe recordar la descripción del historiador inglés Eric J. Hobsbawm en su libro Trabajadores: «El sueño de un país sin sindicatos y sin partido laborista (o aunque sólo fuera sin socialistas) sigue endulzando las conversaciones de sobremesa de aquellos hombres de negocios que no conocen las realidades de la vida in-

305

dustrial —especuladores de bolsa, banqueros y similares— o bien de los pequeños empresarios incompetentes; y encuentra eco en los discursos de los políticos más estúpidos y en las publicaciones de los señores de la prensa más feudales.»

Crispín Villazón de Armas habla a dirigentes sindicales, Girardot, 1970. Misael Postraría, José Raquel Mercado (UTC), Antonio Cuevas (CTC) y Antonio Beltrán (CTC). diciembre de 1970.

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Capítulo 1 2

__

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La cuestión agraria en Colombia (1900-1946) Pierre Gilhodes La agricultura en los albores del siglo XX

A

l terminarse la guerra de los Mil Días, Colombia es un país muy poco poblado: 4.355.000 habitantes en 1905, menos que la actual población de Bogotá; Antioquia, que entonces incluye la mayor parte del gran Caldas, es el departamento más poblado y demográficamente el más dinámico. El Oriente colombiano tiene aproximadamente el 38 % de la población; el Occidente el 30 %; la Costa el 15 %, Tolima, Huila y Nariño se reparten la población restante. Territorio de escasa población pero también de pocas ciudades, en 1906 Bogotá tiene 123.000 habitantes y Medellín, 70.000; seis años más tarde, Barranquilla tiene 50.000, Cali y Bucaramanga aproximadamente 30.000. El país es, pues, esencialmente campesino, característica que guardará por mucho tiempo, y también muy compartimentado, por el vigor de sus culturas regionales y por las difíciles comunicaciones. El campesino colombiano se caracteriza entonces por sus

Vendedores de aves de Medellín, en los años 20, foto publicada por la Sociedad de Mejoras Públicas de esa ciudad en un álbum conmemorativo.

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Escena campesina en elpuente de Serrezuela (actual municipio de Madrid, Cundinamarca) 1893.

Mineros antioqueños, hacia 1910. Las comunidades de la región que emigraron hacia el sur fueron básicamente mineros, con ocasional agricultura muy pobre; sólo con el cultivo del café se valorizó esta colonización.

altas tasas de analfabetismo, sus malas condiciones de salud e higiene. Si se exceptúan unos pocos polos modernos, el sistema predominante es la asociación de la hacienda y el minifundio. El campesino está sujeto a la tierra y empieza a desplazarse de las tierras altas hacia las vertientes templadas, hasta entonces con bajos niveles de utilización. En las haciendas trabajan bajo diversas formas de explotación colonos o arrendatarios que deben prestaciones en trabajo o en productos al propietario, a cambio del derecho a cultivar sus parcelas de pancoger. Muy pocos son simples asalariados.

Las comunidades indígenas que habían sufrido una disminución de sus tierras durante todo el siglo XIX, en algo se estabilizan con la ley 89 de 1890, que si bien los asimila a menores de edad, también protege los resguardos y legitima los cabildos. Algunas regiones demuestran cierta modernización, como la Sabana de Bogotá a partir de los años 1870. Con la Regeneración, ciertos hacendados, sobre todo liberales, al perder sus cargos políticos, dedicaron más tiempo a sus explotaciones de cereales o ganaderas. También empieza a trabajar el ingenio Manuelita en el Valle del Cauca, en 1901, en plena guerra civil. En la Costa, los generales conservadores —en particular antioqueños— de la guerra de los Mil Días adquieren tierras y buscan también una modernización que simboliza en Bolívar, el ingenio Sincerín. Pero lo esencial del dinamismo en el agro proviene del sector cafetero. Las comunidades antioqueñas que se desplazaron de su región de origen hacia el sur, lo hacían esencialmente como mineros. Ocasionalmente desarrollaron una agricultura muy pobre (la del maíz) y sólo con el auge del cultivo del café se valorizó esta colonización. Dos modelos de cultivo se contraponen; el del oriente: Santander, Cundinamarca, oriente y sur del Tolima sobre la base de grandes haciendas especializadas, y el del occidente, según el modelo descrito en 1880 por Mariano Ospina Rodríguez, donde lo esencial del beneficio se obtiene en el proceso industrial del grano y no con su producción. Sin embargo, este modelo desarrolla un mercado interno regional —aún limitado y deformado— que la clase empresarial de Medellín, adiestrada en la minería y en el manejo monetario, sabría aprovechar para sentar la base duradera de su prosperidad. Ya a fines del siglo XIX aparecen los gérmenes de lo que serán los grandes conflictos agrarios de comienzos del siglo XX: 1) resistencia del indígena a la pérdida de sus tierras, de sus insti-

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Mercado de azúcar en El Socorro, Santander, 1888.

tuciones y de su cultura; 2) conflictos en la colonización de nuevas tierras (la llamada frontera agrícola), conflictos entre los detentores de títulos de la Colonia o de la República y los que buscan tierra para cultivar; 3) conflictos entre los arrendatarios y los hacendados por las condiciones de contratación y trabajo. Después de la guerra de los Mil Días y del traumatismo causado por la separación de Panamá en noviembre de 1903, el gobierno de Rafael Reyes, positivista admirador del mexicano Porfirio Díaz, orientará la reconstrucción hacia la modernización del país, en particular de su sector agrario. Reyes se beneficia de la fase de expansión de un ciclo económico que va a durar hasta la víspera de la segunda guerra mundial. Las ciudades crecen, la población del país va en aumento, se fomenta la industrialización, en particular del sector textil en Medellín. El Estado no se desarrolla al mismo ritmo que el país. Sus ingresos son limitados, principalmente constituidos por las aduanas, los licores, la sal... El Estado con sus pocos recursos no tiene presencia y es muy sensible a las fluctuaciones económicas. Sin embargo, financia una política de obras públicas, en particular de ferrocarriles y ca-

rreteras, y procura crear un banco central. Rafael Reyes favorece la llegada de la United Fruit Company a la región de Santa Marta, protege la naciente industria del azúcar. La producción de café será multiplicada por dos entre 1905 y 1914 y, otra vez, se duplicará entre 1914 y 1921. En 1911 las exportaciones de este grano representan el 42 % del total de exportaciones, y el 70 % en 1922. El café crea numerosos empleos y está en el origen de muchas migraciones. Isaac Ruiz y señora, campesinos de Yarumal, Antioquia, 1897, fotografía de Benjamín de la Calle.

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Tulio Ospina Vásquez Francisco Ospina Alvarez y Gabriel Ortiz Williamson, dignatarios del Primer Congreso Nacional Agrícola reunido en Bogotá, mayo de 1911.

Nemesio Camocho, caricatura de Ricardo Rendón (1920). Este dirigente político procedía, como Pomponio Guzmán y Jesús del Corral, de la Sociedad de Agricultores de Colombia.

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tacto entre colonizadores antioqueños y poblaciones tolimenses o vallecaucanas. En el bajo Sinú, un inmigrante italiano, Vicente Adamo, organiza numerosos comités sociales que reivindican la tierra en el momento en que generales vinculados a la guerra de los Mil Días, antioqueños o cartageneros, se hacen dueños de grandes extensiones exclusivas. En mayo de 1906 aparece en la Revista Nacional de Agricultura la primera mención de un malestar en las grandes haciendas de café de la provincia del Tequendama: «Confiamos que los prefectos y autoridades muniHasta 1913 la agricultura dependía cipales le prestarán a los dueños o addel Ministerio de Obras Públicas. En ministradores de los cafetales todo el ese año se crea por primera vez un Mi- apoyo necesario a fin de que los tranisterio de Agricultura, y Tulio Ospi- bajadores que han sido traídos de disna publica el primer manual colombia- tintos puntos de. la República cor no de agricultura en Medellín. El mi- grandes sacrificios pecuniarios cumnisterio edita 3.000 ejemplares de la plan los contratos de enganche. La Revista Agrícola. En 1914 se organi- desmoralización entre esa gente ha tezan estudios de agronomía y de vete- nido proporciones alarmantes, de suerte que nos llegan permanenterinaria. Los grandes intereses rurales son re- mente quejas de las haciendas a este presentados por la Sociedad de Agri- respecto.» cultores de Colombia (130 miembros Con la petición de la creación de un activos y 5 honorarios en 1916), que banco de crédito territorial ante la faledita la Revista Nacional de Agricul- ta de numerario, los hacendados se tura. La SAC le da al país numerosos quejan permanentemente de la escadirigentes políticos como Pomponio sez y mala voluntad de la mano de Guzmán, Jesús del Corral y Nemesio obra. Otra versión es la presentada el Camacho, entre otros. 1 de mayo de 1914 por Jesús del Corral en una conferencia, después de denunciar la causa de las guerras ciAparece el conflicto agrario viles: «Otra de las formas en que apaLo que, según la terminología de la rece el feudalismo, no más odiosa que época se llamaría la Cuestión Agraria,, la anterior, consiste en el despojo de no es reciente. Su aparición en el siglo que son víctimas los arrendatarios xx puede vincularse según modalida- cuando por cualquier motivo no quiedes regionales distintas a las secuelas re el patrón que ellos continúen vide la guerra civil de los Mil Días, que viendo en las haciendas en donde comportó ya, en parte, una proble- aquellos desgraciados cultivan sus esmática social agraria. Mencionemos tancias con interés de verdaderos prolos conflictos en Santander entre los pietarios, sin contar con que, de un campesinos conservadores de Matan- momento a otro, los obligan a abanza y los liberales de Tona. En la región donar las sementeras o a venderlas por de Vélez y Puente Nacional un ban- sumas insignificantes que no alcanzan dolerismo social de origen liberal duró siquiera a cubrir los gastos del planhasta los años 1923-1924. Ciertos con- tío.» flictos parecen desprenderse de proEl primer gran conflicto que teneblemas étnicos, en las zonas de conmos documentado en la Memoria del

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Ministerio de Agricultura de 1917 (el ministro Luis Montoya Santamaría viene de la SAC) es el de la hacienda Santo Domingo, de más de 4.050 hectáreas, en Armero (Tolima). Los dueños tenían ganado en la parte baja y poco a poco la parte alta, inculta, fue invadida y cultivada. Estos invasores pretenden que se les reconozca el derecho de propiedad de las tierras ocupadas, por prescripción. Se les propuso un contrato de arrendamiento que se negaron a suscribir. Dice el informe: «Ha sido necesario proceder respecto de ello con el rigor de la ley.» Los indígenas piden tierras En varias regiones del país el indígena aparece comprometido en conflictos en que primero se reclama contra el servicio personal (cuatro días por semana en la hacienda Polindara de María Josefa Pombo viuda de Mosquera). Con la desmembración del gran Cauca, la aristocracia de Popayán, con sus ingresos mermados, acentúa su presión sobre los indígenas, y para aumentar sus hatos ganaderos los rechaza hacia la parte alta de la cordillera, eliminando sus sementeras. Los cabildos organizan una resistencia legal aduciendo sus títulos. El indio Manuel Quintín Lame, jefe del cabildo de San Isidro, se hace famoso por su llamado a no pagar terraje y en 1914 se multiplican choques con hacendados y mayordomos. Hay contactos con indígenas del Huila y del Tolima, militarización de las regiones indígenas, agitación y detenciones. En 1916, al ser detenido Quintín Lame, escribe el gobernador: «Ayer fue aprehendido Manuel Quintín Lame como promotor de una situación encaminada a encender una guerra de razas indígenas contra blancos para despojar a propietarios de sus tierras...» Hay efectivamente asaltos en Silvia, Belalcázar e Inzá, y Quintín Lame forma una especie de guerrilla móvil. Es finalmente detenido en mayo de 1917 «asta 1921. En 1920 y 1921 la lucha se refuer-

za con José Gonzalo Sánchez y Eutiquio Timoté al sur del Tolima entre Ortega, Natagaima y el Nevado del Huila. Durante los años 20 prosiguieron, pero con menor intensidad, las acciones de ocupación en el norte del Huila, sur del Tolima, y en el Cauca. Mientras Quintín Lame luchaba por la defensa de las parcialidades indígenas, el rechazo a los terrajes, la afirmación de los cabildos, la recuperación de las tierras usurpadas y contra la discriminación racial, muy rápidamente en los años 20 José Gonzalo Sánchez y Eutiquio Timoté entran en contacto con el socialismo revolucionario y, en ruptura con Lame, enmarcaron su actuación dentro de la más amplia perspectiva de las luchas proletarias. En un comienzo, la lucha indígena simbolizada por la actuación de Quintín Lame se puede calificar, sin connotación de ningún tipo, como anclada en el pasado. En efecto, busca volver a crear en las montañas que recorre la situación existente para el indígena tal como era antes del embate del blanco, se apoya en la memoria co-

Manuel Quintín Lame (fumando tabaco), jefe del cabildo indígena de San Isidro, en el Cauca, luchó por la defensa de las parcialidades indígenas, el rechazo a los terrajes, y la recuperación de tierras usurpadas. En la foto, de 1930, detenido con algunos de sus hombres. Abajo, José Gonzalo Sánchez, dirigente agrario de tipo proletario.

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lectiva, y por el hecho que la legislación indígena, proteccionista y paternalista es de procedencia conservadora, se apoya en este partido en su lucha frente a los grandes propietarios, casi todos liberales. En los años 20 se amplía el horizonte de ciertos dirigentes indígenas, para los cuales la lucha del indio no debe encerrarse en sus propias reivindicaciones, sino enmarcarse en la de los explotados y en particular la de los campesinos sin tierra, sin poner entre paréntesis la especificidad del indígena. Estas luchas del Cauca y del sur del Tolima aunque son las más conocidas (relativamente), no son únicas; hay otras en escenarios a veces reducidos cómo el municipio de Ríosucio (Caldas) o radicalmente distinto como los aruacos de la Sierra Nevada de Santa Marta, en parte proletarizados y radicalizados en las bananeras del Magdalena, y que se oponen a la penetración de las misiones, las cuales a menudo preceden al invasor blanco. Es así cómo en 1920 el general Paulo Emilio Escobar relata los problemas de San Sebastián del Rábago en la Revista Agrícola: «Últimamente he tenido ocasión de ver que ya no se conforman esas familias con arrancarles a esos pobres lo que tienen, sino que han conseguido con autoridades débiles o mal intencionadas casi esclavizarlos por contratos que los indios no

Antonio Paredes, ministro de Agricultura en 1923, denunció un caso de falsificación de títulos de tierras en el Magdalena. Estos casos, frecuentes, dieron origen en la época a algunos conflictos agrarios.

entienden, obligándolos a trabajar de balde por cuenta de los civilizados.» El título y el ocupante Otra clase de conflicto es el que deriva de la existencia, y a veces de las contradicciones, de títulos de propiedad frente a la presencia dentro de los linderos definidos por ellos de campesinos —o como en el caso anterior, de indígenas— cultivadores sin títulos. Estos conflictos podían derivarse de la mala redacción de los títulos, tanto en lo que se refería a la superficie como a los linderos, con lo que el dueño del título podía litigar de buena o de mala fe frente al ocupante precario. La disputa puede girar sobre títulos antiguos o cédulas reales y también sobre títulos nuevos. En 1923 el ministro de Agricultura Antonio Paredes demuestra un caso de falsificación de títulos en Astillero, Magdalena. En 1834 y 1837 se habían adjudicado a Jorge Campbell dos lotes baldíos con una superficie total de 780 fanegadas. En el juicio de sucesión, la superficie pasó a 7.800 fanegadas. En otro contrato de transacción firmado en Aracataca, la superficie ya se señaló como de 34.000 hectáreas. Jesús del Corral, ministro de Agricultura en 1920, muestra cómo sobre esas bases se podían producir conflictos agrarios. En Tenerife, la firma alemana A. Held alegaba tener propiedad sobre la isla de Sura por compra a Bartolomé Martínez Bossio de Cartagena y quería expulsar a los cultivadores allí establecidos. Durante todo el siglo los textos o declaraciones de los ministros de Agricultura o de Industrias son un rosario de buenas intenciones que por lo repetido no parecen tener efecto, como lo escribía Luis Montoya: «El amparo al pequeño cultivador de terrenos baldíos contra los adjudicatarios que adquieren grandes extensiones de tierras a cambio de títulos de deuda o con-

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cesión, no puede descuidarse y pasar inadvertido por más tiempo sin riesgo de que por la comisión de toda injusticia se formen y acumulen sedimentos de odio y de revuelta.» En 1926, una decisión de la Corte Suprema procura limitar la producción de títulos dudosos al exigir la presentación del título original sobre la tierra para poder alegar la propiedad. Esta decisión causa mucha zozobra, pero se debe esperar la llegada al poder de los liberales después de 1930 para que se haga un esfuerzo por revisar las titulaciones de los años anteriores. La gravedad de estos conflictos puede ser atestiguada en el caso del Sumapaz. Ya en su Memoria de Industrias de 1933, Francisco José Chaux muestra los conflictos entre los herederos de títulos coloniales y los colonos que consideran esos terrenos como baldíos (se trata de 300.000 hectáreas situadas en Bogotá, Usme, Pandi, Cunday, San Martín y la Uribe). El Estado procurará comprar varios de los terrenos en litigio como el de la hacienda Doa (Pandi) y el propio Sumapaz. La persistencia de este conflicto en el que aparece por primera vez Juan de la Cruz Varela como dirigente campesino, desempeñará un importante papel en el desencadenamiento de la violencia. Otro caso bien conocido es el de la hacienda del Chocho (Fusagasugá y Silvania) donde Jorge Eliécer Gaitán se ilustrará como abogado defensor de los campesinos. Esta clase de conflictos de los que sólo hemos dado unos ejemplos cubre todo el territorio nacional pero muy a menudo sólo conocemos de ellos la documentación notarial o policiva, que no da sino una visión parcial de los incidentes. El gobierno nacional procurará encontrarle una solución a Partir de propuestas del año 33 que terminarán en la ley 200 de 1936, lo que da cuenta de la fuerza del juridicismo colombiano, al igual que el apoyo de los indígenas a sus títulos. Pero frecuentemente el ocupante le ganará la pelea al poseedor del título.

Juan de la Cruz Varela, dirigente campesino. Su acción se originó en los viejos conflictos entre colonos y latifundistas de la región de Sumapaz, que desempeñó un papel importante en el desencadenamiento de la violencia.

Las condiciones de trabajo En enero de 1918 se produce un motín en el municipio de Viotá. Se queman la alcaldía, la cárcel, el tribunal, hay ochenta detenciones entre campesinos de las haciendas San Antonio, Costa Rica y Liberia. En julio de 1918 aparece la primera mención de un conflicto agrario llamado a desarrollarse en los años posteriores: Pedro E. Otero envía al presidente de la República una carta que señala el caso de propietarios «que han implantado el sistema de dar porciones o lotes a colonos o arrendatarios para que los cultiven con derecho a usufructuar las mejoras que establezcan a cambio de construir con su trabajo personal y otras obligaciones a las labores y menesteres de las fincas... Tales arrendatarios o colonos se sublevan contra los propietarios y los desconocen con vías de hecho declarándose por sí y ante sí poseedores legítimos de las porciones que ocupan». En septiembre de 1918, un telegrama de Óscar Trespalacios, dueño de la mayor ganadería de la región Cabezas en el

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Paso de Valledupar, da cuenta de hechos similares. El conflicto toma visos modernos cuando se denuncia «individuos que maliciosamente les hacen creer que son baldíos las tierras que ocupan». Es de notar que estos conflictos se producen paralelamente a la primera oleada de conflictos obreros urbanos en la capital y en Barranqui11a. Cerca de esta última ciudad aparece el primer sindicato de los obreros de las bananeras con su periódico Por la Unión. Esto plantea la relación que puede existir entre el movimiento social urbano y el campesino, menos aislado aun en aquellas fechas de lo que ordinariamente se piensa. En enero de 1921 se crea en Montería un Comité Sindical que elabora su programa: no trabajar en las haciendas donde subsista la picota y donde se maltrate a los trabajadores, en las que los trabajadores sean encarcelados por deudas, en las que se retengan dos sueldos por un día de ausencia, en las que se pague menos de un peso diario, en las que no se dé alimentación sana y abundante, etcétera. El movimiento será decapitado con la masacre de Loma Grande, el 21 de septiembre de 1921.

Delegación de indígenas arhuacos que en 1924 viajó a Bogotá a pedir solución para la invasión de sus tierras. En torno a Valledupar y la Sierra Nevada de Santa Marta se suscitan frecuentes conflictos por ocupaciones de arrendatarios y colonos.

En 1923 la sociedad de agricultores protesta contra un proyecto de ley que establecería el salario mínimo y al que se califica de «empuje bolchevique peligroso para el derecho de propiedad y la tranquilidad social». Esta primera alusión a una posible presencia bolchevique en Colombia será seguida por muchas otras y relacionada en particular con la creación del Partido Socialista Revolucionario. En 1924 se registra la primera huelga en la hacienda Tocarema, en Analomaima, donde los arrendatarios se abstienen de pagar los arrendamientos mientras el dueño no realice una medición de los lotes. En agosto, los trabajadores de las bananeras también entran en huelga. Estos conflictos se multiplican en el año 1925 en varias haciendas de la región de Quipile. Por una resolución de junio de 1925, el Ministerio de Industrias, por primera vez, procura fijar las obligaciones de los arrendatarios, pero los patronos la hacen modificar pocos días después. El 5 de julio de 1925, Ignacio Neira, hacendado, declara: «Que él no acepta imposiciones de nadie, que no le tiene miedo a ninguna clase de amenaza y que, con la autoridad que le da su condición de procedente de próce-

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res y antiguo obrero declara que no se somete sino a lo que estuviera consignado en las leyes positivas expresas.» Al manifestar en la reunión que sus arrendatarios estaban muy satisfechos, éstos, presentes, protestaron. También protestaron y elaboraron lo que llamaríamos un pliego de peticiones los trabajadores de Francisco Javier Cajiao, futuro presidente de la SAC. Los propietarios siguen quejándose de la mano de obra atraída por los mejores salarios en obras públicas, el petróleo y las bananeras. Simultáneamente, el incremento de la producción de las haciendas cafeteras de Cundinamarca y Oriente del Tolima aumentaron la demanda local de brazos colocando a los trabajadores en situación algo favorable. En los años siguientes los reclamos se extendieron a Tena, El Colegio, Viotá y La Mesa. En muchos de estos casos el propietario procura sujetar la mano de obra mientras el arrendatario quiere cultivar por su cuenta. En 1928 hay también conflictos en haciendas de Buga y de Roldanillo (Valle). A fines del año empieza la gran huelga de las bananeras que sentará un hito en la historia agraria de Colombia. Paralelamente hay conflictos en varias haciendas cafeteras de Cundinamarca, causados por la prohibición que hacen los dueños a los arrendatarios de sembrar café en sus parcelas. En 1929 la tentativa de sublevación llamada de los bolcheviques, en realidad muy liberal, tuvo un fuerte componente agrario y revela cierta radicalización del campesinado. Desde entonces, la cuestión agraria va a ver modificados los elementos que la conforman. En primer lugar, la crisis económica modifica las relaciones entre hacendados y trabajadores. La llegada al poder del partido liberal con la elección de Olaya Herrera en 1930, modifica la actitud de las autoridades, al menos a nivel nacional. En este mismo año la creación del partido comunista se hace en parte sobre la

base de su influencia en el campo y entre los indígenas. En vez de faltar la mano de obra hubo obreros desocupados que promovieron huelgas de hambre (desde antes de la elección) en Calarcá, Armenia, Palmira, Girardot y Cunday, en enero de 1930. Todo el año se presentarán estas manifestaciones de obreros desocupados. En junio, junto a los conflictos de las provincias de Tequendama y Sumapaz, el boletín de la oficina general del trabajo preconiza «la solución perdurable, que garantizaría una sólida estabilidad y realizaría la transferencia de la propiedad de las estancias a los trabajadores». Conflictos y oferta de reformas Por primera vez, dentro del nuevo gobierno, se piensa entonces en lo que solamente el año siguiente se calificará como una reforma agraria. En efecto, el 1 de abril de 1931 el directorio liberal de Antioquia (Gerardo Molina, Luis Emiro Mejía, Elias Abad Mesa) propone una reforma agraria contra el latifundio mediante un impuesto progresivo y la compra y parcelación del mismo. El primero de mayo del mismo año, centenares de campesinos indígenas dirigidos por Ismael Diógenes Contreras ocupan el casco urbano de Coyaima y proclaman el soviet en esta localidad tolimense.

Ismael Gómez Alvarez, Ignacio Torres Giralda, Juan de Dios Romero, Erasmo Valencia, Manuel Quintín Lame, Luis A. Bolívar, dirigentes en los conflictos obreros y agrarios de la segunda mitad de la década de los años 20. "En 1929 la tentativa de sublevación llamada de los bolcheviques, en realidad muy liberal, tuvo un fuerte componente agrario y revela cierta radicalización del campesino."

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Entrega de la medalla al mérito agrícola a Pedro A. López, por parte de la Sociedad de Agricultores de Colombia, en junio de 1932.

El diario El Espectador del 16 de mayo de 1931, menciona una huelga —de inspiración comunista— de los recolectores de café en Viotá. En agosto, Jorge Eliécer Gaitán propone un proyecto de ley que empieza: «La propiedad privada garantizada por la Constitución constituye no solamente un derecho sino que implica deberes para con la propiedad. El cultivo y explotación de la tierra es un deber del propietario.» En enero del 32, durante una conferencia en Cali, Gaitán radicalizará su propuesta al preconizar la división de la propiedad sin indemnización. Por otra parte, la llegada de los liberales al gobierno no frena la lucha social agraria sino que, más bien, al asumir una actitud menos represiva, favorece indirectamente su expansión. Pero sí se empieza a buscar una solución duradera a dichos conflictos. Éstos van a disminuir provisionalmente durante el conflicto con el Perú, el cual, a la vez que crea cierto clima de unidad patriótica, permite medidas represivas. El conflicto agrario tiene múltiples facetas: violento y no violento, jurídico o por vía de hecho, pero tiende a repartirse según dos modalidades:

a) Aquellos que tienen que ver con las condiciones de trabajo de los arrendatarios, de la libre disposición de su parcela y que sólo a través de un largo proceso terminan por afectar la tenencia de la tierra. Allí se nota fundamentalmente la influencia comunista, como en el Tequendama, en Puerto Liévano (hoy Puerto Salgar), etc. ¿Cuál es la condición de vida de estos colonos? Tenemos el caso de la hacienda Canadá, en Icononzo. Allí se les permitía ocupar las partes montañosas o de menor potencial productivo en una extensión de una hectárea y media para cercarla y cultivarla; a cambio, debían cuidar la misma superficie de cafetal (desyerbar, cosechar y transportar el grano); por cada arroba de grano cosechado recibían ocho centavos; trabajando diez horas podían recolectar cinco arrobas y ganar por lo tanto cuarenta centavos en plena cosecha. Cuando, por una razón u otra, no podían cumplir con la obligación, debían pagar una multa de cinco centavos por cada arroba de café cosechado. Cuando los trabajadores se negaron a cumplir las obligaciones, los hacendados pedían su lanzamiento por las autoridades municipales e incendiaban sus casas. Procuraban con-

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gradarse con los «fieles» ofreciéndoles las parcelas de los trabajadores desalojados. b) El segundo tipo de conflicto no gira tanto sobre las condiciones de empleo sino, directamente, sobre la posesión de la tierra. Estos conflictos no excluyen las vías de hecho, los lanzamientos..., pero derivan inevitablemente hacia los procedimientos jurídicos. El movimiento gaitanista, y en particular la UNIR, tiene como especialidad la defensa de estos campesinos, sobre todo en la provincia del Sumapaz. La diferencia entre los dos tipos de conflictos tiene que ver a la vez con dos filosofías políticas distintas: la primera buscaba en el campesino al trabajador, sin desconocer su sed de tierra, la segunda prefería al productor deseoso de asegurar su posesión. También tiene que ver con las condiciones reales de las dos provincias vecinas del Sumapaz y Tequendama, pero de historia agraria distinta, con poblaciones de mentalidad diferente. Por haber sido las dos provincias del Sumapaz y Tequendama el corazón de las luchas agrarias se piensa a veces que éstas han sido bastante limitadas y acaso de poca importancia. A este respecto cabe reflexionar sobre el hecho de que la confrontación se producía a dos pasos de la capital del país, lo que le daba una inusitada publicidad, porque se sentía como una amenaza próxima y esto tanto más cuanto que los propietarios afectados eran todos personas de la élite capitalina, fueran de uno u otro partido. Por fin, es prudente mostrar que si estos conflictos son los más conocidos, y los mejor estudiados, no eran únicos. En el propio Cundinamarca, en la región de Yacopí, Puerto Liévano era sitio de intensos conflictos. También había conflictos agrarios en el Tolima, en el Valle y en la Costa (zona bananera, Adámico, bajo Sinú, Barranca de Loba...). El occidente cafetero pareció menos afectado por las luchas agrarias, pero actualmente varios trabajos importan-

tes muestran que éstas existieron en el Quindío, sobre dos planos: la posesión de tierra y las condiciones de trabajo dentro de las fincas. En esta región hay toda una mitificación, de origen político, sobre el carácter idílico de la vida en el gran Caldas. Agrarismo en 1933 Transitoriamente frenados por la guerra con el Perú, los conflictos reaparecen en 1933. Y el presidente Olaya Herrera alude a ellos el 20 de julio en su mensaje al Congreso. Por su lado, el ministro de Industrias procura convencer a los hacendados de que deben dejar sembrar café por los arrendatarios en sus parcelas: «1) jurídicamente, la siembra de café no desquicia ni debilita de ninguna manera el dominio sobre la tierra; 2) económicamente, la siembra de café en las estancias aumenta la riqueza sin causar el menor perjuicio al negocio del dueño; 3) socialmente, el campesino propietario de algo tangible y permanente [...] es un individuo que entiende mucho mejor los derechos de los demás propietarios.» Tanto el Comité Nacional de Cafeteros como el sindicato central de propietarios y empresarios agrícolas rechazan esta propuesta y empiezan la denuncia de agitadores externos, desplazando la disputa hacia el terreno político: «De un tiempo a esta parte los arrendatarios de muchas haciendas lejos de mejorar, están en peor situación cada día porque el fruto de su trabajo ha ido a las cajas de ligas, sindicatos y federaciones que, en cuotas mensuales, en pago de leguleyos para pleitos, y de defensores por adelantado de todo género, les han arruinado; terminemos con esa explotación.» Para El Tiempo del 3 de septiembre de 1933, ya existe «una guerra de guerrillas, que la intervención de las fuerzas armadas a favor de los propietarios y de la justicia a favor de los campesinos sólo agravó y prolongó». La expresión es manifiestamente exagerada, ya que en ningún caso hay armas por parte de

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Jorge Eliécer Gaitán lider agrarista en los años 30, en momentos en que se sucedía un fuerte movimiento de ocupación de tierras en Cundinamarca. Exclama el caudillo: "Hombres sin tierra y tierra sin hombres; ¿cómo quiere usted que haya tranquilidad en los desheredados?"

los campesinos; pero Cromos también pudo publicar un artículo sobre «La revuelta campesina». Desde comienzos de año, por iniciativa de la SAC y del Comité de Cafeteros de Cundinamarca, los dueños de las haciendas están organizados en el Sindicato de Propietarios, el cual «luchará contra los enemigos de lo ajeno, llámense comunistas, bolcheviques o lleven cualquier otra denominación». Uno de los problemas con que tropieza el partido de gobierno es el hecho de que muchos de dichos propietarios son del mismo partido y son gente de poder. La publicación de artículos puede estar relacionada con una campaña alarmista lanzada por el Tercer Congreso Agrario Nacional. Este congreso aprobó una propuesta de los señores Trujillo, Soto, Álvarez Lleras, Williamson, Caballero, Tavera Navas y Aya, para quienes «la verdadera causa de los conflictos y atentados es la consigna que directivos revolucionarios han recibido de sus filiales en el exterior»; acusan a las autoridades de tolerancia con los delitos y de acatar a los revolucionarios y anarquistas.

Un momento caliente, en el mismo mes de agosto, es la invasión por 3.000 peones de la hacienda del Chocho, de Lucas Caballero. Los dirige el periodista Erasmo Valencia y empiezan a repartirse y desmontar las parcelas. Se anuncian inminentes invasiones a toda una serie de haciendas desde Soacha a Cunday. La policía detiene a Erasmo Valencia y a varias docenas de campesinos. Muchos de ellos llevan el escudo del movimiento UNIR. Los locales de esta organización lucen consignas: «Izquierdistas: 6 millones de campesinos reclaman vuestra ayuda.» La tierra es propiedad de quien la trabaje.» El propio Gaitán dice el 11 de agosto: «Hombres sin tierra y tierra sin hombres; ¿cómo quiere usted que haya tranquilidad en los desheredados?» Curiosamente, la primera parte del texto de Gaitán reproduce la consigna central del partido aprista peruano. Mientras tanto, se negocia el status quo en el Chocho, que es rechazado por el propietario. Finalmente, el gobierno decide comprar la hacienda en octubre. Hay igualmente invasiones en el Norte del Cauca, y aparecen grupos de UNIR en muchas regiones del país. Una de las debilidades del movimiento es su división. Hay reformistas de la ley, como Carlos Lleras, a quien denuncia Gaitán por el lenguaje marxista de su proyecto de ley, que según éste acentuaría la desigualdad. Se diferencia Gaitán del comunismo al rechazar la dictadura del proletariado. Por su lado, el partido comunista conoce una grave crisis y está defendiendo una línea de clase contra clase, en conformidad con el VI Congreso de la Internacional Comunista. En desarrollo de esta línea denuncia a Gaitán como fascista, expulsa a su secretario general y sanciona a su joven dirigente Gilberto Vieira por defender una aproximación con UNIR. Hay crisis y divisiones dentro de los movimientos de izquierda, que explican en buena parte el debilitamiento de la oleada agrarista.

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La respuesta de las autoridades

Liborio Cuéllar Durán, gobernador de Cundinamarca y hacendado, debe hacer frente a las ocupaciones de la hacienda El Chocho, con medidas de represión, en 1933. En este conflicto participaron miembros del unirismo.

Las autoridades tienen una doble respuesta. A nivel local la represión es fuerte. El gobernador de Cundinamarca, Liborio Cuéllar Durán, es un gran hacendado y no duda en enviar la policía a las regiones de disturbios. No sólo hay detenciones, sino también muertos. El gobierno duda sobre la política a seguir: todavía en mayo el ministro Chaux enuncia las dos reglas de una actuación que van a servir por muchos años: «La división de la propiedad comercialmente ubicada y el trabajo efectivo de la tierra eliminan hasta la posibilidad de estos conflictos agrarios, los cuales por otra parte deben reprimirse con la debida energía cuando constituyen atentado contra los derechos de propietarios legítimos.» Se crea una comisión encargada dé estudiar los contratos entre propietarios y arrendatarios, los problemas de los colonos en tierras particulares, la fundación de colonias agrícolas. El sistema de la comisión es efectivo para desplazar la disputa del terreno de los hechos al de las palabras o de los escritos. Pero esto no se consigue de una vez e intervendrán otros factores ulteriormente para facilitar este proceso, como el cambio de línea estratégica de los comunistas colombianos al recibir y asimilar la orientación frentista de la Internacional Comunista, antes de su VII Congreso, aún en 1934. En septiembre es publicado el proyecto de Código de Trabajo Rural, resultado de los trabajos de dicha comisión. Ha sido redactado por Jorge Eliécer Gaitán y F. López Giraldo, pero debe ser debatido en comisión competente de la Cámara, presidida por el rival de Gaitán, Carlos Lleras Restrepo. Paralelamente, Lleras Restrepo, Plinio Mendoza Neira, Uribe Márquez y otros, también publican un proyecto de ley: «Nuestra economía rural se caracteriza en gran parte del país por un fenómeno de concentración originaria de tierras en manos de unos pocos propietarios. Las conse-

cuencias de este hecho saltan a la vista: existencia de grandes latifundios inexplotados, incapacidad de los dueños para atender el cultivo y vigilancia de los predios; formación de un proletariado agrícola y separación entre la propiedad de la tierra y la del valor de las mejoras a ella incorporadas por arrendatarios, aparceros o colonos.» Dentro de ese desenfrenado apetito reformista, el representante presenta un proyecto de reforma constitucional: «Artículo 1.°: Se garantiza el derecho de propiedad, limitado siempre por la utilidad social. En consecuencia, el Estado puede imponer a la propiedad privada las limitaciones o transformaciones que convengan al interés público. Artículo 2.°: La propiedad territorial obliga su uso al constituir al mismo tiempo un servicio para la sociedad. La ley determina la cantidad máxima de tierra que puede pertenecer a una persona.» El partido comunista publica un memorial dirigido al Congreso sobre problemas agrarios, el 25 de agosto, firmado por Guillermo Hernández Rodríguez. En él se ataca a Gaitán, que

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Guillermo Hernández Rodríguez, firmante del memorial sobre problemas agrarios que el partido comunista dirigió al Congreso el 25 de agosto de 1934, solicitando la expropiación de tierras sin indemnización y su reparto gratuito entre peones, arrendatarios, colonos y terrajeros.

quiere «engañar a las masas con el espejismo de una pretendida organización socialista de izquierda», «nuestro principal enemigo es la tendencia del pretendido izquierdismo como el mentado grupo liberal y el unirismo». El memorial critica el proyecto sobre expropiación de tierras: «compra de tierras por el Estado en magníficas condiciones para los latifundistas [...] el arrendatario no gana nada con este traspaso, antes pagaba al latifundista, ahora pagará al Estado», y preconiza como alternativa la expropiación sin indemnización y el reparto gratuito de la tierra entre los peones, arrendatarios, colonos y terrajeros. El memorial enuncia después catorce medidas que van desde la libertad del cultivo y de cría hasta la libertad de organización sindical y política, pasando por la jornada de nueve horas y un aumento del 20 % de los salarios. Atacado desde la izquierda, el reformismo liberal lo es también desde la derecha. Para los dueños de tierras, el proyecto de código de trabajo rural «tiende a convertir a los trabajadores en amos de los propietarios y a éstos en esclavos de aquéllos, para luego

convertir por los mismos sistemas y más fácilmente a los trabajadores en infelices esclavos e instrumentos de determinado partido [...] sería mucho mejor abandonar las tierras para que de una vez se las apropien todos los que quieren adueñarse de lo ajeno». Se llega al climax de la crisis agraria y el gobierno no podía estar ausente del terreno de las propuestas que florecían en esta víspera de elecciones y última sesión parlamentaria. Francisco José Chaux publica un proyecto de ley sobre dominio y posesión de tierras, probablemente el texto más radical, en la redacción del cual también participó Gaitán. Este proyecto es el que servirá de base de discusión para lo que, más tarde, va a ser la ley 200 de 1936. Su artículo inicial «reputa baldíos y, por consiguiente, de propiedad nacional, los terrenos no cultivados que existen en la República»; y el artículo segundo extingue el derecho de propiedad o dominio sobre las tierras sin cultivar o explotar durante diez años a partir de la sanción de la ley. El artículo 27 impide el lanzamiento de los colonos de las parcelas trabajadas y el artículo 61 remite al poder judicial, y por lo tanto retira de manos de la policía, toda ocupación que dure más de treinta días. En su exposición de motivos, la ley señala como excepcional la ocupación de terrenos cultivados y señala que el descontento rural es causado por la vuelta al campo de gente que lo había abandonado antes de la crisis económica. En dos sesiones de la Cámara, a comienzos de septiembre, el ministro explica su intención y añade: «No quiero dejar de señalar la desconexión espiritual absoluta de la masa campesina con las autoridades, de las que sólo saben que los recluían en las épocas de guerra, que los incomodan con el cobro agresivo de impuestos, que los extorsionan con las correrías de los resguardos y celadores de rentas, que les venden alcoholes inmundos y los llevan a la cárcel porque se emborrachan con ellos, los maltratan y encarcelan cuando quebrantan acuerdos munici-

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pales, ordenanzas departamentales y leyes que nadie se preocupa de hacerles conocer racionalmente.» La ponencia sobre el proyecto la presenta Antonio Rocha a nombre de la comisión; ya se desvirtúa el texto, por ejemplo al suprimir en el artículo 2.º «y hayan permanecido en la misma condición durante los diez años anteriores», cláusula que hubiera permitido aplicar la ley inmediatamente, y lo pospone por dichos diez años. La SAC, presidida por Pomponio Guzmán, Antonio Borda Carrizosa y Alberto J. Williamson, protesta contra el proyecto del gobierno. En su junta, además de Williamson, encontramos al gobernador de Cundinamarca Liborio Cuéllar y los cafeteros del mismo departamento Enrique Ancízar, Enrique Soto, Maximiliano Aya, Carlos E. Caballero (del Chocho), etcétera. Pero hay apoyo a los autores de la ley. Por ejemplo, un telegrama de Medellín, el 29 de septiembre, firmado por José J. Hoyos en nombre de la Industria Nacional, Enrique Mejía en nombre de la Algodonera, Ramón Echevarría en nombre de Fabricato, Ricardo Restrepo en nombre de la fábrica de Tejidos de Bello, Juan F. Jaramillo en nombre de Rosellón, Bernardo Mora en nombre de Coltabaco, Tulio Medina en nombre de Tejidos Unión, Efraín Echavarría en nombre de Coltejer, Rafael Restrepo en nombre de la Nacional de Chocolates... Es decir, que lo esencial del capital industrial antioqueño respalda el propósito de reforma. En el propio campo, los dueños de tierras parecen empezar a asegurarse frente a los colonos. El 4 de septiembre recibe J. E. Gaitán un telegrama de Chaparral: «Suscritos colonos, pacíficos trabajadores terrenos denominados Comunidad Mandarco suplicárnosles encarecidamente favor defendemos de injusticia cometida con nosotros por terratenientes dícense dueños esos territorios en connivencia con autoridades esta población, impidiósenos bajo crecidas multas quemar

nuestras rozas; oblígasenos firmar documentos fin exclusivo sigamos trabajando como esclavos. En usted, doctor Gaitán, valiente, integérrimo defensor pueblo oprimido, fincamos nuestras esperanzas. Servidores, ...» (siguen más de noventa firmas). Del mismo tono son otros documentos de colonos de Ansermanuevo (Valle), de Margarita (Bolívar), de Puerto Niño (Magdalena), de San Antonio (Tolima), de Ramiriquí (Boyacá), de Caloto (Cauca), etc., que muestran cierto nivel de movilización a escala nacional frente a una actuación preventiva de propietarios confrontados a problemas de colonos. La actitud de las autoridades municipales y departamentales a menudo parece contradecir la intención del gobierno nacional, incapaz o sin voluntad de hacer respetar sus intenciones a este nivel. En noviembre de 1933, Guillermo Amaya Ramírez visita el Sumapaz e informa: «Algunos arrendatarios de las haciendas Canadá y Escocia (en donde no se ha presentado el problema de si éstas son propiedad particular o terrenos baldíos, pues los trabajadores laboran como arrendatarios de las haciendas) se quejaron de que los propietarios de aquéllas habían adoptado una política de lanzamientos, especialmente contra los que se habían sindicalizado o trataban de hacerlo, que esos lanzamientos se estaban llevando a cabo en una forma violenta, mediante la destrucción de casas de habitación e incautación de las mejoras avaluadas siempre por un precio muy inferior al verdadero.» El fiscal segundo del Tribunal Superior rinde un informe sobre la hacienda del Sumapaz donde viven 1.500 colonos, y denuncia que el mayordomo tiene una fuerza de cien hombres apodados los «fieles». El inspector de policía y la guardia rural viven en la casa de la hacienda «donde existe cierta convivencia o comunicación familiar entre las autoridades, el administrador de la hacienda y los «fieles», lo cual es factor psicológico que previene al colono acerca de la parcialidad del

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fallo que en cada controversia dicta el inspector». Estos documentos —obviamente existen muchos más— demuestran que el lanzamiento de los colonos no tuvo lugar a raíz de la ley 200, sino que empezó dos años antes. Casi siempre uno de los problemas que confronta el gobierno liberal es que se encuentra con propietarios del mismo partido, casi siempre de apellidos significativos y a menudo con responsabilidades políticas, como sucede en el bajo Sinú, donde se agudizan los conflictos. Pero la elección presidencial de febrero de 1934 acapara la atención. Alfonso López Pumarejo es elegido con 919.000 votos frente a unos miles del indígena Eutiquio Timoté, de Coyaima, que representa al partido comunista. Los conservadores no participan en la elección. La Revolución en Marcha. Primeros pasos Después de la elección, el gobernador Miguel Arteaga procura calmar a unos y otros, latifundistas, colonos y arrendatarios, pidiéndoles el 1 de marzo que cedan todos un poco en sus pretensiones. El joven secretario de gobierno de Cundinamarca, Carlos Lleras Restrepo, presenta un plan del Instituto de Acción Social Agraria, para su departamento. Con este plan se podría expropiar tierras y pagarlas, sobre la base del avalúo catastral, con bonos. El gobernador ordenó comprar dos haciendas del Chocho, el Soche y el Novillero, con la tercera parte pagada en efectivo y el resto en bonos al 6 %. A José Mar (José Vicente Cambariza), que había sido en la Cámara uno de los más ardientes defensores de una reforma agraria drástica, le escribe Gerardo Molina: «A partir de la administración Ospina se ha incrementado el acercamiento entre la economía feudal y la urbana; los terratenientes se han ido vinculando a los centros poblados y los capitalistas urbanos han invertido parte de sus di-

neros en los campos. Esa fusión progresiva de los terratenientes conservadores y de los burgueses liberales indujo a unos y a otros a la conclusión que en vez de estar enzarzados en colectividades discordes, lo procedente era inquirir una mesura, un criterio que tradujera en la política la trabazón que se verificaba en la economía. Así nació la Concentración Patriótica [...] durante su gobierno [de Olaya] se ha visto a la alianza liberal-conservadora empujar al fracaso reformas tan exiguas como la que quería hacer de la propiedad una función social [...] El doctor López ha comprendido que tampoco puede gobernar si no hace voto de obediencia a estos intereses coaligados.» Efectivamente, tal vez por razones no tan economicistas como lo creía el joven liberal antioqueño, Alfonso López buscó en agosto para formar su gobierno la colaboración conservadora. Pero el proceso de capitalización en el campo, si bien empezó como lo refiere Molina, no era tan avanzado como él lo creía. El período entre la elección y la posesión del nuevo presidente estuvo marcado por disturbios agrarios, entre otros en el Tolima en el Atlántico. Recrudeció también la rivalidad entre gaitanistas y comunistas, tanto en los sindicatos obreros como en el campo; ambas agrupaciones se formulaban críticas en su política general, como en su política agraria. Mientras tanto, Alfonso López viajó a México, donde se entrevistó con Lázaro Cárdenas, recién elegido a la presidencia de ese país y donde pudo compenetrarse en algo con la problemática agrarista que Cárdenas iba a promover. Bien lo haría, pues en el mes de julio dos graves conflictos se produjeron: en Barranquilla, el de la hacienda Chiquinquirá, donde murieron el dueño y un colono; y el de la hacienda Tolima, en Ibagué, que terminó con quince muertos. También conflictos en varias haciendas de El Colegio, donde los arrendatarios habían sembrado café sin permiso de los dueños, lo

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Homenaje a la memoria de Pedro A. López y Pomponio Guzmán (sus retratos aparecen al fondo) por la Sociedad de Agricultores de Colombia, en presencia del presidente Alfonso López y Eduardo Santos, septiembre de 1936.

mismo que en la hacienda El Hato, de Usme. La nueva administración, con un gabinete liberal por la negativa del directorio conservador a participar, tuvo que encarar problemas agrarios desde el mismo mes de agosto. El gobierno ofreció parcelar 211.000 hectáreas entre 2.000 familias en el Sumapaz; también en Neira propuso parcelar el latifundio de Ignacio Solano, etc. En el Congreso, el nuevo ministro de Gobierno, Darío Echandía, tuvo que resistir los embates agraristas de Gaitán, a propósito de la represión en la hacienda Tolima. El movimiento UNIR de Gaitán, con una fuerte presencia en el campo (Fusagasugá y Pasca, Cunday, Líbano, Lérida, Fresno, Chaparral, Campoalegre, Altamira, Majagual, Buga, Quimbaya, Montenegro, La Tebaida, Calarcá, Apiay, Chámeza, Sabanalarga, Soledad, San Bernardo del Viento), publica su plataforma de acción en agosto: para los colonos de tierras sin cultivar, si las han trabajado durante cinco años sin que el poseedor

del título se haya opuesto, deben recibirlas gratuitamente. Para los arrendatarios hay que crear una legislación protectora. Propone dicha plataforma un límite de 1.000 hectáreas a la propiedad, consultando la superficie según las regiones. El 10 de septiembre de 1934 un grupo de propietarios (Enrique Soto, Ruperto Aya, Antonio Mejía, Daniel Sáenz) escribió al nuevo presidente para defender el derecho de propiedad que veían amenazado por «la actuación de agitadores partidarios del odio de clases y, a veces, tolerados por las autoridades. Ello ha desembocado en movimientos subversivos»; por lo tanto, pedían «el respeto de los derechos naturales» y proponían como alternativa: «La intensificación de la instrucción primaria, agrícola e industrial, la fundación de cajas de ahorros, préstamos a bajo interés por la Caja Agraria, campañas contra el alcoholismo, el paludismo, la anemia tropical, conferencias sobre el buen empleo del salario...» El 12 del mismo mes estallaba una

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huelga de arrendamientos en Viotá. Anapoima y San Antonio y fue incendiada la casa de la hacienda Golconda, del propio Enrique Soto. En respuesta, los propietarios crearon el Sindicato Central de Propietarios y Empresarios Agrícolas —más tardo convertido APEN—. Juan Lozano y Lozano fue enviado en misión de estudios a Viotá mientras los conflictos se extendían a comienzos de octubre a Icononzo. El Colegio, Mariquita, Baraya, Villavicencio (Apiay), Usme, Coello, Cajamarca, Quipile, Puerto Berrío, y se anunciaba un paro en las bananeras del Magdalena. El movimiento dejaba su carácter regional para abarcar varios departamentos. Hasta en Caldas (Montenegro) se produjo una huelga en la trilladora de café de Jesús Marulanda. En el Congreso varios liberales proponían una nueva Constitución contra el parecer del ministro de Gobierno, partidario de enmiendas. En el debate se notó la influencia de las ideas solidaristas del jurista francés Duguit, de la Constitución mexicana, de la de Weimar y de la República española. En octubre de 1934, el partido comunista había aprobado en su tercer pleno un programa agrario que contemplaba la confiscación de los latifundios y su reparto gratuito entre los campesinos, la abolición de las deudas, obligaciones y contratos. Se lanzó la consigna de una huelga general del café, que se concretaría en 1935 entre los escogedores de Chinchiná, Palestina y Pereira, paralelamente con una huelga en las bananeras. La Revista Nacional de Agricultura, frente a estos hechos y a lo que considera la no actuación del gobierno, publica en su número de diciembre, un editorial titulado «Increíble». El lenguaje del presidente asusta a los dueños de tierra cuando también declara en diciembre: «La revolución liberal tiene el afán de poner término al sistema oligárquico de gobierno que fue la norma del conservatismo, como lo fue de los regímenes liberales y republicanos anteriores al presente.»

Hacia las reformas El año 1935, cuando la crisis económica había terminado, se inició no obstante con una gran agitación en el campo y con cierta febrilidad en el gobierno, sólo frenada por el predominio de intereses conservadores en el Senado. Como siguen los conflictos, el antiguo sindicato de propietarios se transforma en Acción Patriótica Económica Nacional, dirigida nacionalmente por Teodoro Pedroza, acompañado por Carlos Esguerra, Enrique Soto, Ruperto Aya y Daniel Sáenz, entre otros. Su programa —marzo de 1935— propone «impedir que triunfen en Colombia las doctrinas de abolición de la propiedad privada y de desaparición del capital, la industria y la agricultura». El mismo mes, en El Espectador, y con vistas a las elecciones parlamentarias a celebrarse en mayo, Luis Cano expone el programa liberal: «Hay muy pocos latifundios efectivamente y muchos de los que en realidad existen no son susceptibles de parcelación por su difícil acceso a los centros de población y de consumo. Los que reúnen las condiciones propias de un terreno económicamente parcelable exigirán una indemnización muy cuantiosa y conviene darles oportunamente a sus felices propietarios la mala noticia de que al gobierno liberal lo seduce muy poco esa solución, porque comprende muy bien que movilizados los trabajadores de las regiones congestionadas hacia las tierras incultas que tienen ya fácil acceso a las nuevas vías de comunicación, el fenómeno de la parcelación se produce espontáneamente sin la onerosa intervención directa del Estado.» Sorpresivamente, a los pocos días de la elección, el partido liberal ofrece a Gaitán un segundo renglón en la lista de representantes para Cundinamarca, a pesar de que la UNIR se había pronunciado por la abstención y Gaitán lo había ratificado una semana antes. La liquidación de facto de la UNIR marca un cambio de orienta-

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ción de Gaitán hacia la ciudad, sin que por esto pierda su prestigio de luchador agrario. La abstención conservadora le da al liberalismo el control del Senado y por lo tanto la posibilidad de adoptar una legislación reformadora. La elección no acaba con la agitación en las haciendas en Quipile, Anapoima, Nilo, Jambaló y Armero. Por eso, el senador liberal por el Huila, Roberto Durán, explica el 18 de julio: «El problema de las tierras debe resolverse en primer término deslindando los baldíos de la propiedad particular, porque sucede que actualmente el peor latifundista es el Estado mismo. Si a un estatuto general sobre parcelación y aprovechamiento de las tierras se agrega la facilidad del crédito agrario será pronto ampliamente favorable a la economía nacional.» En el fondo se constata que en estos dos años se encuentran elaborados todos los argumentos en pro o en contra del statu quo agrario. En pocos meses y por una serie de factores que conviene enumerar, va a cambiar la problemática en el campo. En primer lugar, se reactiva la economía después de la peor crisis que haya conocido Colombia. Con esto mejora la economía cafetera, se reanuda la contratación de mano de obra, mejora el salario real en la ciudad y probablemente también en el campo. A este factor de tipo económico-social se pueden añadir otros de tipo netamente políticos. La disolución por Gaitán de la UNIR frena la actuación de los campesinos a ella vinculados. Ellos, en efecto, quedan más o menos políticamente desamparados. En la segunda mitad del año 1935, el VII Congreso de la Internacional Comunista propone a los partidos afiliados una nueva estrategia, la del frente único proletario y la del frente popular antifascista. La delegación colombiana al congreso (Rafael Baquero, Filiberto Barrero, Augusto Durán) propondrá esta estrategia a la segunda Conferencia Nacional del PCC. Para Augusto Durán, el gobierno López en

vez de ser denunciado y atacado tal como lo había sido hasta la fecha debe ser considerado como un gobierno nacional reformista que vacila entre el imperialismo y el movimiento de liberación nacional; se propone la constitución de una alianza antiimperialista entre el proletariado, los campesinos, la pequeña burguesía urbana y la burguesía nacional que simbolizaría López. Sobre esta base, va a disminuir la actuación movilizadora de los comunistas en el campo y desaparece la consigna de expropiación sin indemnización. Por fin, el partido liberal ocupa el terreno vacío dejado a su izquierda. Realiza una intensa acción proselitista en el campo, con Plinio Mendoza Neira y Diego Montaña Cuéllar, acepta el hecho consumado de las ocupaciones campesinas de los años anteriores y realiza su discurso. Es así cómo en su mensaje al Congreso del 20 de julio de 1935, el presidente exclama: «El pueblo necesita lo que está pidiendo.» Sobre el sector agrario, tras haberse comprometido, no a la revolución socialista sino al respeto de las leyes, Alfonso López explica a los congresistas: «El campesino busca estabilidad y no revolución. Aspira a tener una parcela suya donde pueda crecer una familia sin el temor de regresar al vagabundaje y la miseria. El propietario puede dársela y se la da en la mayoría de los casos, pero no se resigna a que se le prive del derecho feudal y supremo de quitársela, de destruirla si le viene en gana.» Un mes después, Alfonso López entrega un proyecto de declaración liberal cuyo punto XII enuncia: «El partido liberal es un partido agrario. Se propone subdividir la tierra colombiana [...] a expensas de los latifundios y generando presión fiscal para que no haya en Colombia tierra asignada que no desempeñe su función social [...] El partido liberal considera la pequeña propiedad como un medio de liberación económica necesario e imprescindible, pero no como un fin en su política agraria.» En este texto se siente

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El presidente Alfonso López Pumarejo sanciona el acto legislativo de reforma a la Constitución, el 6 de agosto de 1936, que luego sería continuada con la ley de tierras.

tanto la influencia de la ley española de reforma agraria como del importante giro asumido unos pocos años antes por el partido radical chileno, principal componente del frente popular de ese país. La convención no aprobó integralmente el texto: suprimió del punto XII las frases: «El partido liberal es un partido agrario» y «a expensas de los latifundios», y suprimió también el punto XIII que proponía «defender al arrendatario y al colono a fin de ayudarles a convertirse en unidades económicas independientes y libres». La reforma de 1936 Una comisión compuesta por el ministro de Gobierno y los senadores Prieto y Cambariza estudió la limitación del derecho de propiedad en la Constitución. Ésta se produce en medio de numerosas propuestas de actos legislativos de emanación parlamentaria y dentro de la polémica sobre una nueva Constitución o reforma a la Constitución de 1886. El 4 de septiembre, a comienzos de la primera sesión de un Congreso homogéneamente liberal, la comisión de reformas constitucionales

propone limitar el derecho de propiedad: «Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o de interés social resultaren en conflicto los derechos de particulares con la necesidad reconocida por la misma ley, el interés privado deberá ceder al interés público o social [...] Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador podrá haber enajenación forzosa mediante equitativa indemnización.» La discusión gira sobre todo en torno al carácter previo de la indemnización. El proyecto proviene de una propuesta de Caicedo Castilla y llega a segunda lectura a comienzos de noviembre. Paralelamente con la reforma constitucional, de la cual otras disposiciones también provocan una ardiente polémica en la derecha liberal, en el partido conservador y la Iglesia, se discute una reforma tributaria, una reforma a la ley sobre el dominio de tierras, etc. El gobierno levanta una fuerte oposición en el sector caficultor al querer estatizar la Federación de Cafeteros. La SAC no cede en su oposición. En diciembre de 1935, protesta contra la inseguridad existente en el país, que

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atribuye al comunismo, y también contra la reforma tributaria y contra la proyectada modificación del régimen de la propiedad privada, y envía su junta directiva a entrevistarse con el presidente. Es cierto que persisten los movimientos agrarios, pero con menor amplitud: a fines de 1935 en El Colegio, y a comienzos de 1936 en Bituima, Viotá y Ciénaga. Pero ya el eje de la política agraria sale del campo para situarse en el Congreso. La Cámara estudia el proyecto de Acto Legislativo y el representante Samper propone que la ley determine posteriormente los casos en que se hará efectiva la indemnización. Se opone Darío Echandía, ya que, según él, el texto que viene del Senado, al hacer posible la expropiación sin indemnización, va más allá del pensamiento del gobierno. Para él, con este artículo así concebido, nada se opone a la realización de una reforma agraria tan radical como se quiera. En efecto, el texto senatorial —que corresponde al actual artículo de la Constitución— hace posible al Congreso presentar una ley por medio de la cual se ordena, por ejemplo, la expropiación, que podría ser sin indemnización en los latifundios de más de 5.000 hectáreas. Así, fueron rechazadas tanto la propuesta de Samper como otra de Diego Luis Córdoba que proponía expropiar los latifundios. A fines de marzo, a nombre de su comisión, Carlos Lleras propone una nueva redacción del artículo. El 7 de abril, en la plenaria de la Cámara, se adopta el texto propuesto por Pedro Juan Navarro, Juan Pablo Manotas. Alejandro Galvis y Alfonso Araújo. Mientras tanto, Alejandro Galvis, presidente del Senado, no inscribe el proyecto de ley sobre régimen de tierras que se discute paralelamente a la reforma constitucional en la agenda del Senado. La SAC se opone a la aprobación por el Senado del texto de la Cámara, que «consagra la expropiación de los predios rústicos en beneficio de una clase y sin previa indemnización [...] crearía una jurisdicción

de excepción, la que no ofrecería garantía ninguna a los dueños de tierras», escribe Pomponio Guzmán, conservador que a su muerte, en mayo, sería reemplazado por el liberal Laureano García Ortiz. No por eso cambia la actitud de la SAC que se opone de nuevo al proyecto de ley, por considerar que el problema en Colombia no es de latifundio sino de minifundios y de baldíos: «Los labriegos que ahorran se han hecho y pueden fácilmente hacerse propietarios.» Pocos conflictos se registran en este período: Viotá, Vianí, Sevilla, Ríonegro (Santander). En su mensaje de julio de 1936, Alfonso López explica que los conflictos agrarios que conoció tienen su origen en la imperfecta legislación. Frente al proyecto del gobierno, la propuesta de los propietarios de colonización de los baldíos no es válida. Lo que el gobierno quiere son títulos perfectos, garantía para el propietario, pero también obligación de trabajar la tierra dentro de cierto plazo. La ley de tierras encuentra mucha resistencia en el Senado de parte de Samper Sordo, Rodríguez Moya, Pareja, Arrieta y del propio hermano del presidente. Eduardo López. El caso de Francisco Rodríguez Moya es ilustrativo de la resistencia dentro del liberalismo a la política del presidente, ya que había sido su ministro de Agricultura hasta septiembre. Fundamentalmente, el eje parlamentario sustituye a los enfrentamientos en el campo. La disposición más discutida de la ley de tierras fue su artículo 6.°, que contemplaba una reversión a los diez años. Características de las dos actitudes son, del lado del apoyo a la ley, un discurso de Francisco José Chaux del 19 de octubre, y del lado de los oponentes, otro de Carlos Uribe Echeverri del 20 de noviembre, así como, en la misma fecha, un informe del presidente liberal de la SAC. Para el ex ministro Chaux. «aquí había la costumbre, costumbre tolerada por las autoridades y que no tenía nin-

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gún fundamento legal, de repartirse la tierra, de acapararla para mantenerla inculta, de hacer de la tierra un objeto de especulación. El territorio de Urabá estaba completamente repartido hace tres o cuatro años y principalmente entre capitalistas bogotanos; íntegramente repartido en lotes hasta 2.500 hectáreas, y muchos de ellos habían tomado extensiones mayores para una familia, localizando sus concesiones a continuación unas de otras de tal modo que una familia llegaba a dominar vastísimas extensiones de ese territorio, y les puedo asegurar que en todo el territorio de Urabá esos señores que se creían dueños no habían invertido un solo centavo ni hecho derribar el primer árbol». A esta situación quería responder la ley de tierras y, de aplicarse, hubiera podido tener efectos positivos. Para el otro bando esto era subversivo. Uribe Echeverri, embajador en Madrid, consideraba que «el proyecto sobre regímenes de tierras es sovietizante y en lugar de resolver el problema, lo agrava. Piénsese en la superproducción que vendría en el caso de que se pusieran a producir todas las tierras inactivas que tiene hoy el país». Para Laureano García Ortiz: «Ahora estamos viendo personas que se han llamado y se siguen llamando liberales para acaparar votos que les lleven a las curules del Congreso, y que no son liberales sino comunistas, que antes y ahora se levantarían indignados contra cualquier intromisión del Vaticano llamándolo poder extranjero y no obstante eso, sumisos e incondicionales, reciben órdenes de Moscú y subvenciones también.» El debate era vivo, no casuístico y aunque no se puede interpretar como una tempestad en un vaso de agua, agitaba más las esferas del poder que las profundidades del país, el cual observaba lo que se definiría sin su participación. Se mezclaba el debate agrario con otros, como la cuestión religiosa, e interferían unos con otros para aumentar casi siempre el bando de los contrarios al gobierno.

La aplicación de las reformas Finalmente, el Senado aprobó el 10 de diciembre de 1936 la ley que se conocerá como ley 200, y la Cámara lo hizo el 14 del mismo mes. En su artículo 1.° definía la presunción de propiedad privada en base a la explotación económica del suelo, y el artículo 6.° establecía «en favor de la nación la extinción del derecho de dominio o propiedad sobre los predios rurales en los cuales se dejare de ejercer posesión en la forma establecida en el Artículo 1.° de esta Ley durante 10 años continuamente». Se aplazaba el problema por diez años, o sea, fines de 1946, pero la política de los dueños de tierra de lanzar a colonos o arrendatarios que hubieran podido pretender ser favorecidos, se desató. A decir verdad, ni siquiera se había esperado a la sanción de la ley, y muchos conflictos desde fines de 1933 tuvieron que ver con semejantes lanzamientos. A fines de diciembre la prensa ya daba datos de lanzamiento en Cundinamarca (San Antonio de Tena, El Soche), en Boyacá (Campo Hermoso, San Eduardo), en el Tolima (El Carmen, Andalucía). El 20 de diciembre el presidente López proponía «un ambiente de reposo en la vida política», o sea, una pausa en la política de reformas hasta entonces muy activa. Esta decisión, paralela a la candidatura de Olaya Herrera para la presidencia en 1938 y, después de su muerte en febrero de 1937, a la de Eduardo Santos y al auge de la derecha liberal que se concretaría en la elección de abril de 1937, tomaba en cuenta una relación de fuerza desfavorable. Darío Echandía, respaldado por Gaitán, Plinio Mendoza, José Mar, Armando Solano y otros, aceptó una precandidatura marcada por el sello de la continuidad. Esta diferencia política era marcada. La concretaba en marzo Eduardo Santos, quien se manifestaba favorable a la ley de tierras (en realidad en el Senado la había votado, pero no la había apoyado) pero añadía: «Si se

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destruyera la cordialidad entre patronos y labriegos, cosa tanto más injusta cuanto que, en la mayoría de los casos, nuestros hacendados son modestos trabajadores que han laborado de sol a sol, nada bueno se habría logrado.» Frente a ello, en su Memoria de 1937, Gonzalo Restrepo, ministro de Agricultura, expresa una visión diferente, por no decir antagónica, de la realidad rural colombiana: «Si analizamos quiénes son los que, en nuestra nación, preferentemente cultivan la tierra y cuidan de los animales domésticos, finalmente podemos deducir que son los llamados campesinos, peones, arrendatarios o aparceros [...] Salvo contadas excepciones, los dueños de hacienda y, sobre todo, los grandes propietarios, cuando llegan a explotar sus terrenos, lo hacen sin vivir en ellos permanentemente y reducen sus actividades a informales visitas, a dar órdenes a sus respetuosos mayordomos sobre los barbechos que deben prepararse y sembrarse, los potreros que deben limpiarse, las reses que deben venderse, y a percibir de los mayordomos los dineros de las ventas efectuadas.» Más adelante, en el tomo II de su Memoria explica la ley de tierras como una garantía nueva para los propietarios, al suspender la doctrina sentada por la Corte Suprema, esto es, que la propiedad privada se demostraba con la presentación del título originario. El ministro juzgaba convenientemente otra ley que reglamentara las relaciones entre propietarios y arrendatarios. Paralelamente, una circular del mismo ministro a los gobernadores (del 1 de junio de 1937) les ordenaba «hacer efectivas y rápidas las sanciones contra los elementos maleantes que, en los campos, frustran los esfuerzos de los trabajadores atentando impunemente contra el derecho de los propietarios territoriales, asaltando sus sementeras, despojándolos de animales domésticos y sembrando la desconfianza y la intranquilidad entre los hombres de trabajo que se dedican a las faenas campestres». Así, el gobierno de la

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Gonzalo Restrepo, ministro de Agricultura, denuncia en su "Memoria" al Congreso de 1937 el ausentismo de los grandes propietarios y defiende la ley de tierras como una garantía de la propiedad, al abolirse la doctrina de que la propiedad privada se demuestra con el título originario.

pausa se mantenía en un justo medio, criticando a la vez a los propietarios ociosos y a los campesinos radicales. Esto explica las características de los pocos conflictos agrarios de 1937. El 23 de enero, en Nariño (Cundinamarca), los arrendatarios habían ocupado dos haciendas de los hermanos Moor, negando la validez de sus títulos de propiedad. El 1 de marzo en El Palmar (Cunday) la policía atacó a bala a los colonos ocupantes de la hacienda Nuevo Mundo. Un poco más tarde varios centenares de colonos invadieron y desmontaron en Viotá la parte alta de la gran hacienda Florencia, de Aristides Salgado. En julio, la hacienda Buenos Aires (Ibagué), de Aquilino Forero, fue también ocupada por colonos. En septiembre los indígenas de dos comunidades del Cauca son lanzados por la policía a petición de propietarios que los consideran como ocupantes. En noviembre de 1937 un cambio de la política cafetera del Brasil provoca un derrumbe de los precios del grano, que pronto se traduce por una baja de salarios y nuevas protestas de los trabajadores del campo. El salario diario pasó de 0,65 a 0,60 pesos en el solo mes de noviembre. A comienzos de 1938, 2.000 trabajadores de la hacienda El Salitre, en Paipa, entraron en huelga: la dueña, Paulina de Valen-

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Manuel Quintín Lame y Saturia Bonilla, con sus padrinos, el doctor Alfredo Gómez Díaz y Lucila Galindo Solazar, en Ibagué, el día de la boda del dirigente agrario indígena (1928). En 1931, como cinco años antes, Lame volvió a instigar a la ocupación de tierras del viejo cabildo indígena de Ortega, en el Tolima.

zuela residía en Europa. El líder indígena Quintín Lame amenaza con ocupar las haciendas del general Bonilla y de Gentil Castro en Ortega. La hacienda La Palma, en Fusagasugá, fue ocupada por los campesinos, no sin que los propietarios dieran muerte a dos de ellos. En Purificación, la hacienda Las Animas, de Roberto Leiva, fue ocupada en abril por cuatrocientos indígenas; fueron rechazados por la policía unos días más tarde. Se produjo también un conflicto entre colonos y propietarios en la hacienda San José, de Agua de Dios. En el Senado, un largo debate puso en evidencia la actitud de la United Fruit Company en Santa Marta, que remuneraba a muchos políticos. Se publicó la siguiente carta del 9 de enero de 1935: «Muy estimado amigo, le ruego comunicar en clave a Mr. Marshall que la Convención por unanimidad ha adoptado mi candidatura para representante al Congreso y que los candidatos para diputados así como los otros para representantes son todos absolutamente amigos. Puedo ase-

gurarle que ni en la Cámara ni en la Asamblea habrá una sola voz discordante entre los miembros de la representación de este departamento. Sé que a Mr. Marshall le interesa saber eso y deseo que usted le dirija la comunicación telegráficamente...» Mientras tanto, el inspector de trabajo en la zona bananera escribía al representante de la frutera en Bogotá: «Quiero molestar la benevolencia del señor LeBaron al solicitarle en préstamo 300 pesos para cubrir ciertos gastos de familia. Esa suma se puede enviar en dos billetes, uno de 200 y otro de 100, o tres de 100 en un sobre' dirigido a mí y en la dirección hotel Central, sólo que en ningún caso tener membrete del señor LeBaron, pero sí recomendado. Tengo urgencia de este dinero que no hallo otra forma de conseguirlo.» Lo que se señala aquí con relación a la gran compañía extranjera, también está en varios casos documentado para los propietarios nacionales de tierras. Frente a la presión campesina, no por limitada menos importante, el gobierno tuvo una triple actitud: legalista, buscando sanear títulos y contratos entre propietarios y trabajadores, lo que fomentó cierta inquietud al prometer un plazo fijo para la resolución del problema agrario; represiva, al enviar su policía contra los campesinos que procedían con el hecho cumplido de la invasión; reforma, donde no había más remedio que la compra y la parcelación de las fincas más amenazadas, o al menos parte de ellas, por el Banco Agrícola Hipotecario, operación que se verificó en los lugares de mayor agitación: el Chocho, Doa, Sumapaz, Viotá, El Colegio... Carlos Lleras, en su Memoria de Hacienda de 1939, señalo que en los cinco años anteriores las parcelaciones entre 6.974 familias cubrieron 83.445 fanegadas. En el Occidente del país, Norte del Valle, y los actuales departamentos de Quindío y Risaralda, también hubo muchos conflictos agrarios entre co-

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Alfonso López Pumarejo y el designado Alberto Pumarejo visitan la Guajira en 1937.

lonos y arrendatarios y dueños de grandes propiedades, especialmente en Montenegro, Quimbaya, La Tebaida, Pijao y Belalcázar. Allí también operó la parcelación pero en forma privada o de la administración departamental. La Iglesia católica, los jesuítas en particular, frente a la organización comunista o de la izquierda liberal de los campesinos, empezaron a promover sus propias organizaciones opuestas a la lucha de clases. En 1939, de 73 sindicatos católicos, 48 eran agrarios y actuaban sobre todo en Cundinamarca, Antioquia y Boyacá. Muchos de ellos eran en realidad cooperativas y seguían la norma de una pastoral colectiva de 1936: «Al católico no le es permitido pertenecer a los sindicatos comunistas. No puede afiliarse tampoco a cierta clase de sindicatos que hacen profesión de neutralidad [...] Recomendamos la fundación de sindicatos católicos obreros.» Bien es verdad que éstos inicialmente fueron pocos, de escasa actividad y no bien vistos por los hacendados.

De Eduardo Santos al segundo mandato López Eduardo Santos es elegido sin oposición a comienzos de 1938 (pero con la mitad de los votos conseguidos cuatro años antes por Alfonso López) y se posesiona en agosto. Los grandes agricultores registran el cambio de rumbo muy rápidamente, como lo muestra una circular de junio de la Sociedad de Agricultores de Norte de Santander reproducida por la Revista Nacional de Agricultura: «Ya parece que va despejándose el ambiente nacional, permitiendo que los hombres del campo adquieran la certidumbre de que en el país son una clase respetable.» Mientras tanto, el aspecto agrario del occidente cundinamarqués y del oriente y sur del Tolima, con una erosión marcada del latifundio, se traduce por una multiplicación de fincas pequeñas, en particular cafeteras. En otras partes del país, como lo señala en Caldas Hernán Álzate Avendaño en 1943, se abandonaba el sistema de aparcería por miedo a los posibles

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efectos de la ley 200, especialmente en lo relacionado con el reconocimiento de las mejoras previstas por el artículo 22. De mediados del 38 a mediados del 39 hubo conflictos en Pitalito, Líbano, Viotá y Paipa, y con indígenas en Chaparral y Caloto. Francisco Posada, jefe del Departamento Nacional del Trabajo, señalaba la existencia de 145 sindicatos rurales de un total de 520. Para este funcionario, «el origen más frecuente de los problemas en el campo ha sido la carga de obligaciones personales de uno, dos y hasta tres días de trabajo que el arrendador exige al arrendatario mensualmente como tributo por el usufructo de cada fanegada de tierra. Los campesinos piden las más de las veces la conversión de tales obligaciones en dinero y, al mismo tiempo, la rebaja de los cánones de arrendamiento, libertad de tránsito, libre uso de las aguas y suministro de maderas y leñas.» Mariano Ospina Pérez instala el Congreso Cafetero en octubre de 1938, en presencia del presidente Eduardo Santos. Ospina presidía la Federación junto con Pedro Uribe Mejía y Alberto Camilo Suárez

Número de sindicatos agrarios por departamentos en 1939 Antioquia: 10 5 Atlántico: 4 Boyacá: 3 Caldas: 49 Cundinamarca: 5 Huila: 13 Magdalena: 4 Norte de Santander: 10 Cauca: 1 Santander: 18 Tolima: 5 Valle:

De cierta manera el número de sindicatos refleja el nivel departamental del problema agrario en Colombia. Es de notar que el acuerdo 1421 de julio de 1940 estaba destinado a facilitar la división de los resguardos indígenas. «La propiedad individual despierta un mayor interés en el trabajador indígena, porque toda mejora introducida en su parcela le pertenece y, al falle-

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Alfonso López Pumarejo en el acto de clausura de su segunda campaña presidencial, abril de 1942.

cer, deja a sus descendientes un patrimonio que no está sujeto a limitaciones ni menoscabos. El estado de indivisión de los resguardados no garantiza ni lo uno ni lo otro», concluye el ministro Miguel López Pumarejo. En agosto de 1941, la convención liberal designa a Alfonso López como candidato a la presidencia para 1942. El ex presidente dirige entonces la SAC, asistido por Liborio Cuéllar Durán y Alberto Goenaga. Curioso vuelco a la situación de tres años antes, cuando la SAC se le enfrentaba directamente. Ahora prefiere integrarlo y rodearlo, táctica alternativa que le dará buenos frutos. El partido comunista, que acampa sobre una línea de apoyo a los aliados en guerra, lo apoya y convoca a la unidad nacional contra el nazismo. En un llamamiento en octubre proclamará: «Nuestra consigna debe ser: nada para los nazis, todo para los ejércitos aliados.» Más tarde el diario comunista titulará: «Apoyo de López sin reservas». Lo más curioso es que, desde su campaña, Alfonso López modera mucho su programa político. El 28 de febrero de 1942 el candidato puntualiza: «La ley de tierras no vino a consagrar el despojo como se había anunciado,

sino a tutelar el derecho de los propietarios, pero limitándolo de acuerdo con la reforma constitucional para impedir que sirva de obstáculo al desarrollo nacional. La propiedad agraria ha encontrado en el régimen de tierras instituido por el partido liberal una garantía que no tuvo en la fuerza pública ni en la arbitraria intervención de los alcaldes durante el tiempo en que propietarios, campesinos y campesinos sin tierras libraban una tremenda lucha.» Frente a la cual Guillermo Santos editorializa en la Revista Nacional de Agricultura: «La ley de tierras necesita también de modificaciones sustanciales. Dos son los puntos principales a que debe atender la reforma de esta ley. El primero es la reducción cada día más alarmante en el cultivo de frutas de primera necesidad en las tierras calientes sobre todo [...] Antes en todas las grandes haciendas los arrendatarios tenían parcelas sembradas de yuca, plátano, maíz, fríjoles. Estos cultivos han desaparecido: los propietarios no permiten a sus arrendatarios sembrar, porque esto es fuente de pleitos ruinosos y los campesinos que obtienen la propiedad de la parcela no tienen, la mayor parte, recursos para

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trabajarla, y prefieren contratarse como simples peones. El otro punto es el [...] de la tala de bosques; los colonos consideran que tumbando monte adquieren un derecho sobre la tierra.» El ministro de Economía del gobierno saliente, Marco Aurelio Arango, también critica la ley de tierras y las parcelaciones: «Por razones de diverso orden las parcelaciones emprendidas por instituciones de crédito no han dado todos los buenos resultados que fueran de desearse pues, en la mayoría de los casos, tienen como origen la liquidación de créditos bancarios otorgados en épocas anteriores y la solución de problemas entre los propietarios y antiguos arrendatarios y colonos.» En mayo de 1942, López es elegido frente a su copartidario Carlos Arango Vélez. Parece que, inmediatamente, en tal o cual sitio, los campesinos entienden que se va a reanudar la lucha por la tierra. Guillermo Santos, después de la elección, denuncia que «en muchas regiones grupos de desocupados ocupan tierras de propiedad privada y lo primero que hacen es talar los bosques... El próximo gobierno tiene un amplio radio de acción, no sólo para eliminar el bandolerismo, sino también para impedir la obra de los agitadores, que no es menos dañina que la de los bandidos». Un conflicto característico se produce en Rionegro (Santander) donde, a mitad de julio, peones a órdenes de terratenientes atacan a los colonos que producen arroz, miembros de la Liga Campesina de El Playón, dando muerte a tres de ellos. El gobierno presenta al Congreso una ley de seguridad rural discutida en las sesiones ordinarias de 1942, que vendrá a ser la ley 4.a de 1943. También se propone resolver el problema de las grandes comunidades dueñas de tierras, en el Valle, Cauca, Bolívar, Cundinamarca, y el ministro deposita un proyecto de ley (más tarde ley 51 de 1943) para definir quién tiene un derecho en la comunidad. Un proyec-

to restrictivo de legislación laboral encuentra la oposición de los comunistas, así como la de Gaitán. La guerra mundial causa dificultades y escasez y tiene como consecuencia un alza del costo de la vida que repercute desfavorablemente sobre la población. En octubre de 1942 la CTC, central sindical única, reúne la primera Convención Nacional campesina e indígena a la que acuden ciento seis delegados. Se crea la Federación Nacional Campesina con la dirección de Víctor J. Merchán, líder de Viotá de origen obrero, Marco A. Castaño y Pedro Muñoz Valderrama. Una entrevista de Quintín Lame (El Tiempo, 18 de enero de 1943) muestra la difícil situación de indígenas y campesinos: «Estamos quedando arruinados sin nuestras tierras, sin nuestras casitas, porque se nos están rematando las propiedades en nombre del fisco municipal de Ortega...» La situación interna se deteriora en 1943, degenerando en una crisis con el ejército y luego en la explotación de escándalos como el provocado por el asesinato de Mamatoco. En el campo, la aproximación a los diez años de la ley 200, que podría permitir las reversiones de tierras, es causa de numerosos lanzamientos por los propietarios en el bajo Sinú, en Santander (Rionegro y San Vicente), el Huila (Colombia), el Tolima (Chaparral, Cajamarca, Mariquita), Cundinamarca (Nilo, San Bernardo, Quipile, Bituima), el Cauca (Jambaló), etc. Fueron presentados en el Congreso, sin éxito, dos proyectos de ley sobre contrato de trabajo, que retoma un texto de 1941 rechazado por el Senado, y de protección a los trabajadores rurales, que disponía la jornada de nueve horas, la remuneración de horas suplementarias, el salario semanal y en moneda, la indemnización en caso de accidente de trabajo, etc. Se endurece el clima social después de la renuncia de López en noviembre. El Diario Popular, órgano de los comunistas, argumenta el 14 de enero de 1944: «Colombia no podrá tener una

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democracia que merezca este nombre, ni podrá alcanzar su liberación económica como complemento de su soberanía política, mientras millones de campesinos estén sometidos a un régimen de opresión, miseria e ignorancia.» Paralelamente, y por primera vez en mucho tiempo, Gaitán recorre el país y preconiza la necesidad de una revolución. En febrero, Alfonso López regresa a Barranquilla; para él parecía que el país no quisiera que siguiera la Revolución en Marcha, y no reasume la presidencia. En la confusión reinante, muchos liberales lanzan la candidatura de Carlos Lleras. Éste critica la ley 200 que «fue incompleta porque su errada interpretación empezó a destruir la forma jurídica del arrendamiento, empezó a reemplazar el arrendatario sin hacer de él en cambio un trabajador autónomo qué recibiera tierra del Estado y, a la vez, ayuda para trabajar por su cuenta». Finalmente, Alfonso López reasume el poder en mayo de 1944, después de un paro nacional organizado en su favor por la CTC. Últimos esfuerzos El 18 de julio de 1944 se produce la tentativa de golpe militar contra López, conocido como el golpe de Pasto. El presidente recibió un respaldo popular considerable, que lo llevó a operar con un giro a la izquierda en su gobierno. No olvidemos, además de los hechos internos, el avance de los aliados en la segunda guerra mundial, que se puede concretar con la liberación de París en agosto, que determinó desde Buenos Aires hasta Ciudad de Guatemala un gran fervor democrático. En este contexto, y aprovechando el estado de sitio, el gobierno decreta una serie de reformas, desde el salario mínimo y el auxilio de cesantía hasta el fuero sindical y la prohibición del paralelismo sindical. Estos decretos se preparan en reuniones que se celebran en agosto y septiembre en el Ministerio de Trabajo. Se propone el estable-

cimiento de prestaciones sociales en el campo, mejorar la suerte de arrendatarios, agregados y colonos. La SAC acepta el descanso dominical remunerado, pero protesta contra el salario mínimo y las cesantías. Aprueba también que el contrato entre arrendatarios y propietarios sea escrito. Finalmente, en materia agraria, el gobierno promulga el decreto 2365 del 4 de octubre de 1944, que impone el contrato escrito, instaura el derecho al pago de mejoras, prohibe las multas, declara de utilidad pública e interés social la adquisición por el Estado de tierras de propiedad privada al valor catastral para formar parcelas de cinco a veinte hectáreas. Más negativa es la extensión a quince años, es decir hasta 1951, de la prescripción extintiva del dominio prevista por la ley 200. Inmediatamente la SAC se opone a los decretos, al temer que la agricultura no pueda resistir las nuevas cargas sociales. Se critica el pago de las mejoras, la fijación a dos años del contrato escrito, la prohibición de retener los bienes de los arrendatarios. Enrique Ancízar calificará los decretos de «demagógicos». Lo mismo opina Alfredo García Cadena. El Congreso, al debatir los decretos para transformarlos en leyes, les quita varias disposiciones. Se restringe el pago de mejoras, se suprime la duración mínima de dos años para los contratos, también

Vivienda campesina, motivo de esta estampilla de correos de 1950.

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se modifica la adquisición de tierras por el Estado. Así alterado el decreto vendrá a ser la ley 100 de 1944. De la misma forma, el Congreso desvirtúa lo que va a ser la ley 6.a de 1945, que a pesar de los esfuerzos del ministro de Trabajo, Adán Arriaga Andrade, una de las mentes lúcidas de la época, excluye a los trabajadores del campo del pago de prestaciones. Sintomáticamente, la SAC refrenda la actitud del Congreso al considerar «que los defectos de la ley de tierra de 1936 fueron corregidos por medio de la ley 100 de 1944 que regula, sobre bases de recíproca claridad y seguridad, las relaciones entre propietarios y arrendatarios o aparceros evitando los abusos y los conflictos que surgieran con la aplicación e interpretación de la ley 200». La reforma agraria estaba bien enterrada y hasta hoy día se iría a discutir tanto su significado general como su significado agrario. La renuncia definitiva de López en julio de 1945 la iría a sepultar definitivamente. Las elecciones de 1946 vieron dividirse al liberalismo y permitir la victoria del candidato conservador: Mariano Ospina. A pesar de que el heredero del partido comunista colombiano, el partido socialista democrático, iba a pronunciarse a favor de Turbay, el otro candidato liberal. Gaitán, recibiría los votos de las regiones campesinas más caracterizadas por sus luchas anteriores: Sumapaz, Norte y Oriente del Tolima, Norte del Cauca, Costa Caribe; Viotá, Tibacuy y Chaparral, de fuerte presencia comunista, darían la mayoría a Turbay. Gaitán iría desde entonces a conquistar el partido liberal y en enero de

1947 le propuso una declaración de principios cuyos puntos 29 a 34 constituían su programa agrario, al prever la revisión de las leyes 200 y 100, la defensa de los ejidos y de las tierras de comunidades indígenas, la entrega de las tierras no cultivadas por sus dueños a los campesinos. El 8 de junio de 1947, 78 de los 108 parlamentarios liberales aprobaron el plan Gaitán, redactado por este dirigente, por Guillermo Hernández Rodríguez, Antonio García y Antonio Ordóñez Ceballos. A pesar de su carácter bastante autoritario y de sus preocupaciones coyunturales (víveres caros y escasos en las ciudades), el plan fue la tentativa más elaborada para resolver el problema agrario colombiano: la ley 200 peca por juridicismo y la ley 100 por reaccionaria, los autores quieren luchar tanto contra el minifundio como contra el latifundio al proponer la constitución de unidades agrarias, lotes sobre los cuales se mantendrán prácticas colectivas de trabajo. Un instituto adquiriría las tierras que no responden a una función social en particular, en la periferia de las grandes ciudades. La unidad agraria que se constituiría con ellas constaría de una granja piloto estatal y de fincas campesinas (pagaderas en 20 años a partir del segundo año siguiente a su adquisición). Se formarían cooperativas, y la producción respondería a un plan. El asesinato de Gaitán el 9 de abril de 1948 marcó el fin de las esperanzas de una modificación pacífica de las relaciones agrarias. A pesar de los esfuerzos del presidente Ospina, desde fines de 1949, la violencia y las acciones armadas van a ser determinantes en el campo.

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GAITÁN, GLORIA.

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La cuestión agraria en Colombia (1958-1985) Pierre Gilhodes

A

l concluir el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla no se termina automáticamente la violencia. Ella seguirá en tal o cual región y según diversas modalidades hasta la exterminación de las principales bandas que la simbolizan, a mediados del mandato del presidente Guillermo León Valencia. Antes de acabarse estas bandas violentas sobrevivientes del período anterior, surge ya la violencia politizada, de nuevo cuño, nacida a ejemplo de la Revolución cubana de enero de 1959. A pesar de todo, los años 50, los de la Violencia, habían comportado cierto auge de la producción agrícola, por lo menos la de un sector moderno, en expansión, protegido por el gobierno, tanto la caña del Valle del Cauca, como el arroz del Tolima y del Huila, y el algodón en la Costa y en los valles interiores. En el sector cafetero, después de 1954, sobrevino un largo período de depresión que provocó las reuniones de productores y consumidores que concluyeron con el Pacto de 1962, aún vigente.

Hubo importantes movimientos de población, en parte causados por la violencia, hacia las cuatro ciudades mayores (Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla) y hacia las intermedias; también se constataron grandes movimientos de población hacia las múltiples fronteras agrícolas del país: Urabá, Cesar, Magdalena medio, piedemonte Andino. Estos movimientos nos son mejor conocidos por las monografías que por los censos, ya que el de 1951, al que iba a seguir el de 1964, fue poco confiable. Diversos estudios han llamado la atención del país sobre el sector agrícola al comenzar el período que nos ocupa, es el caso de la misión del BanEstampilla de correos conmemorativa de los primeros 25 años de servicio de la Caja Agraria, 1956.

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co Mundial, también conocida como Misión Currie, que vino al país a fines de los 40; en el decenio siguiente el equipo francés Lebret Birou también formula un diagnóstico sobre la situación económica y social del país; para el café, un estudio CEPAL-FAO de 1958... así como estudios nacionales globales o sectoriales, por ejemplo: el trabajo de Ernesto Guhl sobre Caldas en 1956. La agricultura a comienzos de los 60 La agricultura, la ganadería, los bosques de propiedad privada ocupan entonces la cuarta parte del territorio nacional. Sobre estas 27.337.000 hectáreas, los cultivos son calculados, según el censo agropecuario de 1960, 3.530.000 hectáreas; los pastos, 14.605.000 hectáreas; los bosques, 6.387.000 hectáreas y el resto los terrenos de rastrojo. Son muchas las tierras, inclusive en el centro del país, que escapan a la apropiación privada, pero las tierras baldías pueden ser ocupadas por colonos, ocupantes precarios de pequeñas o grandes superficies. La ley 200 de 1936, de haberse aplicado, hubiera podido resolver estos problemas de simple o disputada posesión. Tanto los datos del catastro como los del censo son inseguros; sin embargo, permiten aislar, como en los demás países andinos, la existencia de un complejo latifundio-minifundio así como, lo que es más específico de Colombia, la presencia de importantes capas medias aun cuando heterogéneas: pequeños productores de café, campesinos pobres o medianos, agricultores capitalistas. De 1.209.672 explotaciones (lo que no quiere decir explotantes), 410.155 corresponden entre 5 y 100 hectáreas y poseen casi el 30 % de las tierras explotadas; 40.151, entre 100 y 1.000 hectáreas, ocupan el 35,6 % de las tierras; 2.761 de más de 1.000 hectáreas ocupan el 30,5 % de las tierras, y el resto representa el minifundio.

Las formas indirectas de tenencia, en las cuales predominan relaciones precapitalistas de producción, son las de 282.000 explotaciones que se extienden sobre 2.000.000 de hectáreas. La superficie de estas fincas, manejadas por arrendatarios, aparceros, etc., es significativa porque, por lo general, son tierras dedicadas a la agricultura propiamente dicha. El nivel técnico de dicha agricultura es, entonces, bajo. Aun en 1968, después de diez años del Frente Nacional, tan sólo el 3,6 % de las explotaciones declaraban usar maquinaria (la mitad en el Valle y el Tolima, donde más se desarrolló la agricultura capitalista). En 1965, el 16 % de los cultivos anuales habían sido abonados. El crédito agrícola, según las categorías de agricultores o de producción, puede llegar por diversos canales: de la Caja de Crédito Agrario para el campesino, o de los bancos especializados (cafetero, ganadero...) o no especializados para los agricultores más importantes. El sector moderno de la agricultura (algodón, arroz, caña de azúcar, ajonjolí, sorgo...) ve crecer su producción aun cuando conozca ciclos de producción; el sector tradicional (maíz, fríjol, caña para panela, yuca...) no tiene el mismo dinamismo, con la notable excepción de la papa. En lo que se refiere a la ganadería, se estimaba para 1960 que en Colombia existían 17.614.377 cabezas de bovinos (de los cuales 14 % lechero y el resto esencialmente de doble uso, lechero y para carne) y treinta y dos millones de hectáreas de potreros (trece millones con pasto artificial, ocho millones con pasto natural permanente y el resto con pastos ocasionales). El consumo anual per cápita de carne bovina, en estas condiciones, no pasaba de veinte kilos, cifra a todas luces baja y que apenas ha mejorado en la actualidad. Con contadas excepciones, en particular en la ganadería de leche, se trata de una ganadería hiperextensiva, de bajo nivel técnico. Muchas de estas

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fincas ganaderas ocupan buenas tierras planas que se prestarían a la agricultura mecanizada. En muchas ocasiones se alude a que Colombia tiene pocas tierras óptimas a partir de los datos de la clasificación de suelos. Esto refleja un concepto estático de lo que es la tierra y olvida que el suelo se hace, se mejora con prácticas de drenaje o riego, de abono masivo... Así se hicieron los mejores suelos del mundo, los del desierto del Neguev en Israel, por ejemplo. El campesino En el censo de 1964, la población total era de 17.482.000 habitantes con una tasa de crecimiento de 3,2 % al año, que desde entonces se redujo considerablemente. Este censo clasificaba como rurales un 47,9 % de colombianos que vivían en el campo o en centros menores de 1.500 habitantes. Para la población rural mayor de siete años, la tasa de analfabetismo era del 45 %, contra el 30 % de la población total. Es una población muy movediza, cuyas migraciones, estacionales o definitivas, reflejan los problemas del campo. En el censo ya referido, 3.000.000 de colombianos eran migrantes, una tercera parte de los cuales en migración rural hacia las zonas de dinamismo agrícola o hacia las fronteras agrícolas. El 47 % de la población activa total, o sea 2.426.699 colombianos y colombianas, trabajaban en la agricultura, la ganadería y la pesca, 308.189 eran empleadores de mano de obra, 715.456 trabajadores independientes, 961.153 peones asalariados, 61.071 empleados y 369.000 auxiliares familiares (esposas, hijos, no remunerados). Más allá del carácter esquemático de esta clasificación, puede llamar la atención la alta cifra de campesinos sin tierra. Sin embargo, no son una categoría homogénea y encubre tanto a semiproletarios como a parceleros que alquilan sus brazos parte del año; igualmente, la cifra relativamente alta de

campesinos independientes confirma la apreciación formulada anteriormente sobre la existencia de capas medias rurales. La importancia de la agricultura en la vida nacional queda testimoniada por su proporción en el producto interno bruto: 31,7 % en 1960, porcentaje que baja constantemente. Por cabeza, el producto agrícola creció aproximadamente un 1 % por año, mientras el PIB por cabeza crecía 1,5 %. Los productos agrícolas representan lo esencial de las exportaciones del país, en primer lugar el café, más de la mitad de las exportaciones en la década de los 60, pero también los bananos, el algodón, el tabaco, la carne. En claro contraste, el sector agrario sólo representa el 11 % de los ingresos fiscales del país a comienzos de los 60 y, año tras año, se evoca la gran evasión fiscal del sector. En el campo, según los trabajos de Albert Berry de la Universidad de Yale, a comienzos de los 60 el ingreso rural promedio no había cambiado desde 1935. El 70 % de los campesinos sólo recibía el 26 % del ingreso del sector, el 5 % superior —ya no eran campesinos— recibía el 43 % de dicho ingreso. El nivel material de vida de la población rural era muy bajo. En el censo de la vivienda, para el campo, 47 % de viviendas de una sola pieza cobijan cuatro personas o más, 82 % de las viviendas rurales no tenían letrinas, 95 % no disponía de electricidad. Se podrían aducir estadísticas sanitarias igualmente desoladoras sobre la situación del campesino colombiano. Justificación de la reforma agraria La reaparición de una propuesta de reforma de las estructuras agrarias se explica por tres factores simultáneos: en primer lugar, la continuación del gran debate que se conoció en los años 30 y se concretó a la vez en la reforma constitucional de 1936 y la ley 200 del mismo año, su máximo avance jurídi-

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Alberto Lleras Camargo: bajo su segundo gobierno, primero del Frente Nacional, se propuso y se sancionó la reforma agraria y la creación del Incora, por la ley 135 de 1961, sancionada el día 13 de diciembre. Carlos Lleras Restrepo, jefe del partido liberal, tuvo una participación decisiva en la aprobación del proyecto.

co, y también en modificaciones, más o menos de facto, de la tenencia de la tierra en varias regiones del país. Los políticos que promovieron un avance de la reforma agraria son, a menudo, los mismos que intervinieron en los años 30, como el más destacado y consecuente de ellos, Carlos Lleras Restrepo. En segundo lugar, en la violencia de los años 50, había aflorado un nuevo enfoque de la cuestión agraria en el oriente y el sur del Tolima, en el gran Caldas y en el Magdalena medio. Evidentemente, se trata aquí más de un terreno de la violencia que de una explicación ultima ratio del fenómeno. Los estudiosos del problema, espontáneos, o los que reunió el presidente

Alberto Lleras, pusieron el acento entre otras cosas sobre estos factores. La argumentación de Orlando Fals Borda, de monseñor Germán Guzmán, de Milcíades Chávez, etc. fue fortalecida por una serie de ocupaciones de tierra que se produjeron entonces. En último lugar se ejerció sobre Colombia, como sobre otros países latinoamericanos, cierta presión por parte de organismos internacionales o extranjeros que consideraban inadecuadas las estructuras agrarias del país tal y como se conocían entonces. Fue el caso, para citar un ejemplo, del informe de 1956 del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, hoy conocido como Banco Mundial, sobre el desarrollo de la agricultura en Colombia, «en búsqueda de un tipo de uso de la tierra más eficiente». Él informe analizaba diversos conflictos agrarios y concluía sobre la parálisis del gobierno en la materia. Al año siguiente, el estudio de la CEPAL sobre el desarrollo económico de Colombia también criticaba la tenencia y el uso de la tierra. A partir de 1958 se abrió en la vecina Venezuela un debate de cierta resonancia sobre la conveniencia de la reforma agraria. Este debate se ampliaría más tarde con la promulgación de la primera ley cubana de reforma agraria. En efecto, al limitarse la violencia durante la Junta Militar de 1957, reapareció la actividad campesina, así como las ocupaciones de tierra. En Cunday y Villarica, se formaron en 1957 sindicatos de variada orientación ideológica pero mirando todos hacia las grandes haciendas. A comienzos de 1958 se presentaron ocupaciones de haciendas en Altamira (Huila), Fusagasugá, Silvania, epicentros de los conflictos; más tarde, en este mismo año, hubo invasiones en Viotá (Java, Florencia) y amenazas de invasión en Buenavista y Atala; en La Gloria se agudizó el conflicto en las tierras de Alberto Marulanda Grillo, en las que ya había debido intervenir el general Rojas Pinilla.

Capítulo 13

En diciembre de 1958, el Octavo Congreso del Partido Comunista de Colombia declaró: «Se cerró la etapa de las luchas armadas, comenzando la transformación de los movimientos guerrilleros en amplios movimientos de masas» y su declaración programática definía una reforma agraria democrática con la «confiscación de las grandes propiedades latifundistas y entrega de la tierra, aperos, herramientas y animales de labor, gratuitamente a los campesinos, trabajadores sin tierra, con poca tierra [...] Será respetada la propiedad de los campesinos ricos, quienes recibirán ayuda técnica del Estado. Se respetarán las formas de explotación industrial en el campo». En agosto de 1959 se reunió en Medellín bajo la presidencia de Hernán Toro Agudelo el Congreso de la Juventud Liberal, que propuso «La provisión de tierras suficientes a todos los campesinos mediante la ocupación preferente de las que se encuentran vecinas a los centros de consumo hoy mal utilizadas, expropiándolas con indemnización basada en los actuales avalúos catastrales o, en ciertos casos, sin indemnización [...] reversión al Estado de las tierras incultas o mal utilizadas [...] las adjudicaciones deben ser gratuitas hasta ciertas extensiones o cuando las tierras vayan a ser explotadas en forma cooperativa». Al temer una repetición de los disturbios agrarios de los años 30, el nuevo presidente, Alberto Lleras, decidió actuar. Se veía también presionado por la necesidad de recuperar terreno para su partido en el campo, después de diez años de inactividad políticoelectoral; por fin, las consideraciones económicas, productivas, tanto para el consumo interno urbano como para el desarrollo de nuevas exportaciones, pesaron en esta determinación del gobierno. Carlos Lleras Restrepo, jefe del partido liberal, tuvo una gran influencia en esta política, que se implementó en medio de muchas dificultades. La necesidad del entendimiento con un

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partido conservador dividido en dos grupos rivales, necesidad que se desprendía del pacto de Frente Nacional, fue una de ellas; la resistencia de ciertos sectores liberales vinculados o no a la propiedad del suelo, fue otro factor negativo; los gremios agrarios encabezados por la Sociedad de Agricultores de Colombia, aplicaron en esta ocasión lo que iba a ser su táctica favorita: nunca oponerse frontalmente, sino multiplicar las escaramuzas, las tácticas dilatorias o perfeccionistas y la captación de los organismos creados si no se podía evitar la decisión . El gobierno encontró el apoyo de la Iglesia católica sensibilizada por las conferencias católicas sobre la vida rural (la de Iowa en 1954, la de Panamá en 1955, la de Santiago en 1957) y por la declaración de la Conferencia Episcopal para América Latina de noviembre de 1960. Hacia la ley El 6 de enero de 1959, con motivo de nuevas invasiones en Viotá, el presidente de la República declaró: «no debe haber tierras improductivas en el país», y propuso «dar a la propiedad territorial un sentido social». Diversos proyectos de estatuto agrario aparecieron en las sesiones extras del Congreso de comienzos de 1959. El propio ministro liberal de Agricultura y eminente ganadero, Augusto Espinosa Valderrama, anunció, en el mismo mes de enero, que en las próximas semanas presentaría al presidente un proyecto de ley agraria. Dicho proyecto fue entregado el 28 de enero a la Comisión Quinta del Senado. Usaba principalmente la fiscalidad para obligar a los propietarios a poner sus tierras a producir; el producto de las tasas permitiría alimentar un fondo agrario destinado a comprar tierras para aumentar el número de campesinos propietarios; dicho proyecto fue atacado por el diario conservador El Siglo, por la SAC y por la Federación de Cafeteros.

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La Comisión Quinta inició audienAugusto Espinosa Valderrama, ministrode cias a representantes de los gremios, Agricultura, presentó a pero el proyecto no resurgió después nombre delpresidente de la clausura de las sesiones extraorLleras Camargo el dinarias. Un cambio de gobierno haproyecto de ley agraria bía llevado al Ministerio de Agricula la Comisión Quinta del Senado, el 28 de enero tura al conservador laureanista y cade 1959. Presiones fetero Gilberto Arango Londoño. La políticas y gremiales, SAC negaba la concentración de la la violencia en el agro, tierra, hasta que, algunos años más las invasiones de tarde, se hiciera y publicara un censo tierras y las recomendaciones de agropecuario, y pedía sobre todo esorganismos tímulos para 'a inversión, seguridad y internacionales hacían colonización de tierras baldías. indispensable el estudio de una reforma En su mensaje al Congreso de julio agraria. En lafoto, de 1959, Alberto Lleras pidió una de octubre de 1958, pronta discusión del proyecto de reel ministro y ganadero forma agraria. En la Convención Condeparte con médicos servadora, Laureano Gómez insistió veterinarios, en un homenaje en el sobre la alternativa de la colonización restaurante Temel, Bogotá. que iba a ser el principal caballo de batalla de los opositores a la reforma durante veinte años, sobre el pago en efectivo y no en bonos de las tierras expropiadas. El último día de agosto se creó una comisión conjunta de las dos cámaras para examinar los diferentes proyectos, sin que se supiera más de ellos. En noviembre de 1959, Alberto Lleras asistió al Congreso Campesino y pidió una reforma agraria destinada a crear una clase media rural; se pronunció contra la existencia de propiedades privadas incultas. La sesión par-

lamentaria terminó, sin embargo, sin discutir del tema, y el comienzo del año 1960 fue ocupado por la campaña electoral de Mitaca. La victoria en ella de Mariano Ospina sobre Laureano Gómez se atribuyó entre otras cosas a la movilización de los caficultores contra el proyecto de reforma y la creación de impuestos sobre la tierra que implicaba. Como consecuencia de su derrota electoral, renunciaron los ministros laureanistas y, en junio, Hugo Ferreira Neira fue nombrado ministro de Agricultura. No era más favorable a la reforma que Gilberto Arango Londoño. Mientras tanto, la situación en el campo se deterioraba. En un mes, tres atentados contra varios ex líderes de las guerrillas campesinas como Silvestre Bermúdez en el municipio de Prado y Charro Negro en Gaitania (municipio de Planadas), vencedor en la misma región, resultaron exitosos; un mes más tarde Juan de la Cruz Varela, dirigente agrario del Sumapaz y parlamentario del Movimiento Revolucionario Liberal, era atacado y su hijo herido, en Bogotá. En todo el país —Caldas, Santander, Cauca— estos atentados iban dirigidos contra campesinos, generalmente ex guerrilleros, que integraban el Movimiento Revolucionario Liberal de Alfonso López, y que se consideraban como los más radicales. Frente a la probable candidatura de Alfonso López para la presidencia de la República en 1962, y por las razones antes mencionadas, también se resolvió apresurar una discusión de ley de reforma agraria. Al viajar a Estados Unidos en abril de 1960. Alberto Lleras reclamó un préstamo de cien millones de dólares para implementar una política agraria cuyos ejes serían la colonización de baldíos, entonces en manos de la Caja Agraria que dirigía Augusto Espinosa, para carreteras, viviendas y créditos rurales. El 20 de julio, en su mensaje al Congreso, el presidente aún ponía el énfasis sobre la colonización dirigida de baldíos. El último día de agosto,

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Capítulo 13

creó un Comité Nacional Agrario destinado a proponer, por consenso de las fuerzas políticas y gremiales, un proyecto de ley agraria. Carlos Lleras Restrepo presidió dicho comité y buscó darle un carácter radical proponiendo, por ejemplo, limitar a trescientas hectáreas la propiedad privada. Frente a una conjunción de fuerzas hostiles, tuvo que dar marcha atrás. Sin embargo, recibió en septiembre el apoyo de la Conferencia de la OEA reunida en Bogotá, que en el acta final se declaró a favor de la reforma agraria. La discusión de la ley El 16 de julio, Carlos Lleras había publicado sus Bases para una política agraria, donde atacaba el grado de concentración de la propiedad de la tierra en Colombia, así como la explotación por aparceros y arrendatarios, en particular en fincas cafeteras; proponía una descentralización de las parcelaciones y titulaciones, así como el pago, parte en efectivo y parte en bonos de interés variable, de las tierras adquiridas; quería fomentar la orga-

nización de los campesinos. Al día siguiente, uno de los más autorizados representantes del conservatismo ospinista había presentado una contrapropuesta con la creación de corporaciones agrarias regionales para parcelación, crédito, colonización y mercadeo; para él, «tanto la parcelación como la colonización deben ser programas previamente planificados». La contrapropuesta proponía la creación de un impuesto predial y la financiación de las corporaciones principalmente con créditos externos. A comienzos de octubre, Alfonso López Michelsen también propuso la entrega gratuita de tierras a los campesinos en los sitios donde viven y trabajan, la liquidación completa del latifundismo, el fomento del cooperativismo y de la ayuda mutua entre campesinos, la participación activa de organizaciones campesinas en los organismos de reforma, el crédito fácil y barato, la apertura de nuevos mercados, la generalización de la escuela rural de cinco años... En el Comité Agrario, al lado de Carlos Lleras, se encontraban el arzobispo de Bogotá, el general Ruiz

Laureano Gómez llega al Teatro Colón de Bogotá, para asistir a una sesión de la Convención Conservadora de septiembre de 1959. Allí, el ex presidente insistió en la colonización de tierras incultas como alternativa a la reforma agraria, y también en el pago en efectivo, y no en bonos, a los afectados por expropiaciones.

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grandes. A la oposición fundamental sobre las formas de indemnización de tierras expropiadas entre los que la pedían inmediata y en efectivo y los que aceptaban bonos, se añadió una discusión interna entre estos últimos; por ejemplo, Augusto Espinosa Valderrama, Hernán Jaramillo Ocampo y Luis Guillermo Echeverri aceptaban los bonos, pero discutían sus plazos e intereses. Pedían bonos sobre el valor comercial de la tierra y no, como se les proponía, sobre el valor catastral. La discusión no enfrentaba solamente a liberales y conservadores sino que, como es regla en la materia, dividía a los liberales; en el Senado, el ex ministro Pedro Castro Monsalvo fue uno de los más duros opositores a la reforma; por su parte, Belisario Betancur propuso la simple aplicación de la ley 200 de 1936. Finalmente, Luis Gui--ermo Echeverri defendió el proyecto del comité, mientras lo atacaban o presentaban alternativas Alvaro Gómez, Gilberto Arango Londoño, Hernando Sorzano, Abraham Pupo Villa, Ramiro García Badel...

Gilberto Alzate Avendaño y Carlos Lleras Restrepo firman el proyecto de reforma agraria, como miembros del Comité Agrario encargado de redactarlo, el 23 de octubre de 1960.

Novoa, los ministros de Agricultura y de Obras Públicas, senadores liberales como Germán Zea, Hernán Toro Agudelo y Jaime Angulo Bosa, laureanistas como Álvaro Gómez y Belisario Betancur, ospinistas como Hernán Jaramillo Ocampo y José María Arias, también Gilberto Alzate y, por el MRL, Alfonso López Michelsen y Gerardo Molina, el gerente de la Caja Agraria, Luis Guillermo Echeverri de la SAC, Eugenio Colorado de FANAL-UTC, etc. Dicho comité trabajó hasta el 23 de octubre, fecha en que su proyecto fue presentado al gobierno para su aprobación. Las dificultades para llegar a un proyecto que representaba un compromiso entre diversas fuerzas fueron

En octubre de 1960 renunció el gabinete y Carlos Lleras pidió el Ministerio de Agricultura que le fue negado (y confiado a Otto Morales Benítez) por oposición de los conservadores y de algunos liberales. El proyecto de ley fue entregado al Senado el 3 de noviembre; su discusión iba a ser una de las más largas de la historia parlamentaria colombiana. Frente a él no hubo unanimidad en la jerarquía católica; lo atacaron el arzobispo de Ibagué, los obispos de Espinal y Santa Rosa de Osos. Para Alvaro Gómez, la reforma agraria era «agitación demagógica y política», el verdadero problema era resolver la maraña de la titulación de tierras y no crear una «Leviatán» como iba a ser el INCORA. Esta resistencia laureanista contrastaba con la actitud de mayor fluidez del ospinismo, que simplemente proponía modificaciones al proyecto de ley; éste ponía en dificultad al Movimiento Revolucionario Liberal, cuyos parlamentarios criticaban la rao-

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Capítulo 13

deración o la timidez del proyecto. En un discurso en el hotel San Francisco de Bogotá, el dirigente del MRL, que respaldó siempre su teniente Indalecio Liévano Aguirre, señaló: «Nosotros sostenemos que el mayor problema agrario reside en la necesidad de abolir los contratos que rigen desde la época española en algunos lugares de Colombia, por medio de los cuales el arrendamiento de predios rústicos se paga en términos de especies de trabajo dando origen a la relación patrón-peón, que se sustrae a todas las leyes sociales y que debe ser sustituida por la de patrono-obrero con contratos monetizables, con las respectivas prestaciones y obligando de este modo a los hacendados a explotar directamente su tierra, sin recurrir a aparcerías, poramberías, medianerías y tantos otros contratos que no son en dinero y que permiten mantener sin explotación económica directa grandes extensiones de tierras.» Pero, frente a la reforma «caballo de batalla de la demagogia política y bandera del sectarismo de un partido» como escribía monseñor José Gregorio Lozano, la gran respuesta, autori-

zada por sus títulos académicos y su trayectoria, y en cuyas propuestas iban a encontrar su inspiración todos los críticos, iba a ser la Operación Colombia elaborada por el canadiense Lauchlin Currie. En ella se inspirarían los opositores de la reforma en los años 60 y los de la fase de desmonte de ella en los años 70. Currie presentó su plan a Alberto Lleras en abril de 1961. Proponía «crear en las ciudades oportunidades de trabajo mejor remunerado para los habitantes del campo y de las pequeñas poblaciones que allí no encuentran ocupación remunerativa» mediante un programa de construcción masiva de viviendas de bajo costo, el estímulo del ahorro a través de ajustes indexados sobre el costo de la vida, el pleno uso del equipo existente. En la misma agricultura se desarrollaría una producción comercial destinada en particular a las exportaciones (Currie insistió fundamentalmente sobre exportaciones de carne). Se resolvería el problema agrario por la salida de los campesinos, se aumentaría la demanda aun cuando fuera inevitable el alza de los precios de los productos agríUna manifestación de los años 60, para urgir la

implementación de la reforma agraria, bajo el lema "Tierra o muerte".

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colas. Un texto de Currie de 1960 sintetiza su posición sobre la tenencia: «La parcelación excesiva de las tierras implicaría una disminución notable de la producción nacional por cabeza y por hectárea [...] Para la producción más económica de ciertos cultivos se requieren considerables extensiones de tierra y el uso de numerosos equipos mecánicos costosos [...] ya es tiempo que la persona con título válido para su tierra sea protegida por el Estado de manera inmediata y eficiente contra la invasión de su propiedad.» La ley estuvo en discusión en el Congreso durante un año completo. Dio lugar a múltiples enfrentamientos, al boicot de las sesiones por los parlamentarios laureanistas. El liberal huilense Alberto Galindo pudo observar que la discusión de la ley «se hace más con base en aliar simpatías electorales a jugar a eso de las candidaturas presidenciales, que con el anhelo de hacer en realidad una ley para los hombres del campo»; añadía que «dicha ley favorecería a unos treinta y cinco mil familias cuanto más». El 9 de junio de 1961, cuando el Senado aprobó por fin la reforma agraria antes de pasarla a la Cámara, varios conflictos agrarios de índole diversa llamaban la atención: bandolerismo social en el Norte y Centro del Tolima, en Caldas y Norte del Valle, aparición de un movimiento guerrillero de tipo nuevo, el Movimiento Obrero Estudiantil Campesino (MOEC) en el Cauca, Boyacá y Santander... así como ocupaciones de tierras en varias partes del país: en Cunday, desde fines de 1960, el sindicato pedía la parcelación de varias haciendas como El Revés y, a comienzos del año, empezó a invadir fincas ganaderas y cafeteras de la familia Uribe-Holguín (Guasimal, El Rodeo, Varsovia, Patecuinde...); tres sindicatos, uno con tendencia conservadora, el segundo comunista y el tercero liberal, se pusieron de acuerdo (en la propia casa cural de Cunday) y se repartieron estas fincas en zonas de influencia; participaron numerosas familias en estas invasio-

nes; rechazadas o evacuadas, volvían a invadir. Este episodio, que cubrió los tres municipios del oriente del Tolima, fue visto como el preludio a una grave agitación agraria. A pesar de la oposición laureanista dirigida en la Cámara por Hugo Escobar Sierra, el proyecto fue aprobado el 23 de noviembre y sancionado por el presidente el 13 de diciembre como ley 135 de 1961, base de toda la política agraria de estos últimos veinticinco años. El 29 de diciembre se constituyó el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA) dirigido por un economista de 31 años, Enrique Peñalosa, quien había sido asistente de Currie, funcionario del BIRF y director de la Corporación Autónoma Regional de la Sabana de Bogotá. La ley 135 de 1961 La ley está a gran distancia del propósito inicial de Carlos Lleras y sufrió muchas modificaciones en su larga tramitación ante el Congreso. Su primer artículo en seis párrafos define el objeto de la ley: social, o sea eliminar y prevenir una concentración inequitativa de la propiedad, crear unidades de explotación adecuadas, dar mejores garantías a aparceros y arrendatarios, dotar de tierras a los peones del campo y elevar el nivel de vida de los campesinos; económico: fomentar el cultivo de las tierras incultas o mal cultivadas, incrementar la producción y la productividad, asegurar la conservación de los recursos naturales. La ejecución de esta obra se confía al Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, financiado por el Estado y por recursos externos; al lado de su gerente, nombrado por el presidente de la República, lo administra una junta en la que figuran los ministros de Agricultura y de Obras Públicas, un representante de la Caja Agraria, del INA (hoy IDEMA), del Instituto Geográfico Agustín Codazi, de las Cooperativas, de la SAC, de FEDEGAN, de Acción Católica, de los tra-

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Capítulo 13

Clausura del primer Consejo Social Agrario, en abril de 1963: padre Camilo Torres, delegado de la Curia en la junta del Incora; Cornelio Reyes, ministro de Agricultura; Enrique Peñalosa Camargo, gerente general de Incora; Guillermo Amaya Ramírez, senador, y Raúl Vásquez Vélez, representante. Esta fue la única ocasión en que este Consejo Agrario se reunió.

bajadores del campo, de las Fuerzas Armadas, dos senadores y dos representantes completan la Junta y representan por igual a los dos partidos, así como a las diversas regiones del país. Con excepción de los representantes de la Iglesia y de las Fuerzas Armadas, se procuró llegar a la paridad entre los dos partidos como era de rigor en todos los organismos del Estado durante el Frente Nacional. Un Consejo Social Agrario sólo se reunió una vez en 1963. El INCORA administraría diversos tipos de tierra: los baldíos de la nación, las tierras donde se practicaría la extinción de la propiedad, las tierras cedidas por sus propietarios, las tierras vendidas al INCORA, las tierras expropiadas. Las condiciones de las compras o expropiaciones habían sido objeto de largos y difíciles debates; para pagarlas se crearon dos clases de bonos: A) con interés del 7 % y en quince años, B) con interés del 2 % y en veinticinco años. Las tierras incultas se pagan con bonos de la clase B; las tierras mal cultivadas o las explotadas por aparceros o arrendatarios se pagan el 20 % al

contado y en efectivo con un tope máximo de cien mil pesos y el saldo en ocho años o en bonos A. Las otras tierras, el 20 % en efectivo y al contado (con un máximo de trescientos mil pesos), el saldo en cinco años o en bonos A. Por el decreto 2895 del 26 de noviembre de 1963 se determinó que el valor de la tierra para efectos de indemnización sería el valor catastral del predio. En todos los casos, el propietario puede conservar el dominio de cien hectáreas de sus tierras. La ley determina un orden de prelación en la adquisición de tierras en una región determinada: tierras incultas, mal explotadas, explotadas por aparceros o arrendatarios, adecuadamente explotadas. El INCORA puede distribuir las tierras que le corresponde administrar: los baldíos con un máximo de 450 hectáreas por persona física (pero hasta 3.000 hectáreas en los Llanos). El INCORA puede constituir reservas y crear zonas de colonización dirigida. Las parcelaciones se hacen sobre tierras compradas o expropiadas para

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Camilo Torres Res trepo: como asesor de Incora, participó en el estudio del primer proyecto de parcelaciones de la reforma agraria en Cunday, Villarrica e Icononzo, una zona de violencia y conflicto agrario, en abril de 1962.

constituir unidades agrícolas familiares destinadas en primer lugar a los trabajadores de la explotación o a sus vecinos. Esta parcela es inalienable y el INCORA puede imponer un plan de cultivo al parcelero, que es también beneficiario potencial del crédito dirigido. La parcela se vende al beneficiario en quince años, con tres años de gracia. El interés es del 2 % para los dos primeros años, 4 % para los siguientes. El precio es el de compra, aumentado por los gastos de administración y adecuación efectuados por el Instituto. Se contempla la posibilidad de crear unidades cooperativas de explotación. Queda prohibida la parcelación de los

predios menores de tres hectáreas. El Instituto tiene facultades para administrar las tierras indígenas: crear reservas o parcelar resguardos. Es responsable de la creación de obras de mejoras de suelos por drenaje y riego; dentro de los distritos así constituidos, puede adquirir tierras para conformar unidades agrícolas. La ley, a pesar de las mejoras introducidas por los decretos reglamentarios del ministro Hernán Toro Agudelo, se mostró costosa, pesada en su operación y lenta en sus procedimientos. En febrero de 1962 se constituyeron consejos de reforma agraria en varios departamentos: Tolima, Antioquia, Cundinamarca, Huila y Valle que, en realidad, tuvieron poca vida. En abril, después de un estudio en el que participó el padre Camilo Torres, se creó el Primer Proyecto de Parcelación en Cunday, Villarica e Icononzo y, un mes más tarde, en el Sur del departamento del Atlántico (Manatí), a pesar de la oposición de los parlamentarios de los dos partidos: Alberto Pumarejo, Carlos Martín leyes, Rafael Gerlein... Con la elección del presidente Guillermo León Valencia, indiferente si no hostil a la reforma agraria, el INCORA iba a tener que esperar cuatro años a que su principal promotor, Carlos Lleras, fuera presidente de la República. En estos años, el INCORA, tras unos naturales tanteos y a pesar de las dificultades creadas por la ley 135, fue construido como una maquinaria modelo de administración, pero centralizó excesivamente su actividad: cualquier adjudicación que se hiciera tenía que hacerse en Bogotá. Multiplicó los frentes de intervención en la casi totalidad de los departamentos y territorios, y esta dispersión conjugada con el centralismo afectó negativamente los resultados. Los funcionarios de rango subalterno, reclutados a veces en función de criterios no siempre científicos, desconfiaban generalmente de los campesinos. En una tesis presentada en

Capítulo 13

1965 en el Instituto Católico de París, Marie-Therese Findji escribe en relación a Cunday, una de las regiones con el sur del Atlántico y el norte de Córdoba donde la presión de los campesinos organizados era efectiva: «Se tiene tendencia a hacer énfasis más sobre el endeudamiento de los campesinos —de los cuales parecería que ciertos empleados del Instituto desconfían— que sobre la participación activa, positiva de los campesinos llamados a expresarse y a tomar iniciativas a favor de su desarrollo [...] oímos declarar varias veces que había que acabar con los sindicatos [...] buenos cuando reinaban los dueños de hacienda, inútiles a partir de la llegada del INCORA.» Una parte de los empleados iniciales del INCORA fueron despedidos bajo la presión política y gremial que se hacía sentir tanto al nivel de los proyectos, por parte de los gamonales, como al de la Junta Directiva en Bogotá. En muchos sitios existió la tendencia a administrar las tierras por encima y sin tener en cuenta a los campesinos de la región. La presión campesina en los años 60 Durante esta década la presión campesina fue relativamente localizada y fruto de dos tipos de organizaciones, sindicatos o ligas según las regiones; los unos de inspiración comunista y los otros organizaciones de FANAL (UTC), orientados por la Iglesia católica. Los primeros eran activos en Cundinamarca, Tolima. Santander, Caquetá.... los segundos en la Costa Caribe, Boyacá y Huila, sin que sea siempre fácil distinguir entre los dos; a FANAL le prestaban un oído relativamente atento las autoridades centrales, lo que no excluía la represión a nivel local. La nueva estrategia adoptada por el ejército bajo la orientación del ministro de Guerra general Alberto Ruiz Novoa, mezclaba la represión y la acción cívica encaminadas a quitarles sus banderas, adoptando una posición re-

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formista que hizo no poco frecuentes los choques con los grandes hacendados. Muchas acciones, como en Tamalameque (hoy Cesar) o en La Plata (Huila), casi fueron obra de la espontaneidad campesina; aparecían organizaciones de vecinos para hacerse a la tierra o a partes de la tierra de una hacienda, y generalmente esta organización nacía de la iniciativa de una persona situada en la periferia de la comunidad: abogado, maestro, boticario de un pueblo vecino. Su colaboración ideológica era incierta, aun cuando siempre las autoridades la tildaban de extremista y usaban de la intimidación v de la represión frente a ella. En estos años 60 los movimientos campesinos tuvieron una actividad discontinua. Se apreciaba su existencia en regiones cuya importancia económica iba creciendo. Por su terca reivindicación sobre la tierra, replanteaban y dinamitaban el complejo latifundio-minifundio característico de gran parte del país. A partir de 1964, la presencia de organizaciones armadas como las FARC, el EPL, el ELN, nacidas en zonas de agitación agraria y que tenían en sus fines programáticos la reforma agraria como punto crucial, constituyó otro tipo de presión al que debían responder las autoridades. Es de comprender que. en el campo como en la ciudad, los movimientos sociales no se presentan en relación directa con los ciclos económicos. Probablemente estos ciclos de actividad social campesina son más acusados, según los indicadores que se tomen (número de invasiones, número de hectáreas afectadas, número de campesinos participantes) que los movimientos urbanos. En los 60 se presentó un auge de dichos movimientos a comienzos de la década, una depresión en los años centrales y un nuevo auge que empezó con el año 1969. En las condiciones concretas de Colombia, esta coyuntura la determina fundamentalmente, en el campo, el comportamiento del café. Esto se

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Enrique Peñalosa, primer gerente de Incora, y Jaime Paredes Tamayo, gerente del INA (hoy Idema), firman un convenio especial, en marzo de 1965. El INA, según la ley de reforma, tiene representación en la junta del Instituto Colombiano de Reforma Agraria.

debe a la cantidad de fincas cafeteras (una de cada cuatro explotaciones), su dispersión por toda la geografía nacional, los cientos de miles de trabajadores empleados tanto de manera permanente como de forma temporal. Sin caer en nocivas simplificaciones se puede estimar que, en parte al menos, la agitación agraria 1969-1972 se debió al mal comportamiento del café a lo largo de los años 60, mientras la bonanza cafetera contribuyó a la calma relativa de la década de los 70. En el mismo sentido actuó la mediocridad agraria de los años 60: los niveles de producción (con excepción de algunos productos), bajos ingresos de los campesinos y mejores salarios rurales acentuaron las migraciones del campo hacia las ciudades y, en menor medida, hacia las fronteras agrícolas. El debate sobre la reforma agraria y la creación del INCORA pudieron suscitar durante cierto tiempo la atención por parte de los campesinos que se veían como eventuales beneficiarios de esta política. A pesar del pobre balance que pudo presentar el INCORA en sus primeros años, permitió la circulación y la asimilación por los campesinos —así como por otras capas de la población— de ideas hasta entonces

consideradas como subversivas. Bastó una actitud nueva por parte del gobierno que se inauguró en agosto de 1966 para que esas fuerzas se desencadenaran. El momento simbólico que se podría señalar sería el de la ocupación por varios centenares de campesinos de la hacienda El Carmen, en Fusagasugá, a fines de 1968. La organización de los campesinos en asociaciones de usuarios, previstas por la ley 135 y reglamentadas por el decreto 755 del 2 de mayo de 1967, iba a dar otra cara a las luchas campesinas, que el presidente Carlos Lleras buscó en desviar de sus organizaciones tradicionales y usar como fuerza de presión a favor de la reforma por él preconizada. Realizaciones de la reforma (1962-1970) Bajo los dos mandatos de Guillermo León Valencia y Carlos Lleras Restrepo se prosiguió, con mayor dinamismo en el segundo, la política prevista por la ley 135. En diez años el INCORA recuperó por extinción de dominio 1.958.682 hectáreas de tierra, y por sesión voluntaria (en particular de empresas extranjeras, bananeras o petroleras) 131.872 hectáreas. En parte, es-

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Capítulo 13

tas tierras no eran totalmente disponibles, ya que muchas de ellas estaban invadidas por colonos pequeños, medianos o grandes. El INCORA compró 2.294 explotaciones con una superficie de 196.544 hectáreas. Expropió 27 explotaciones con 81.312 hectáreas y recibió 275 explotaciones con 107.958 hectáreas para el programa de aparceros y arrendatarios impulsado por Carlos Lleras. Las dificultades legales (trámites necesarios), financieras (costo de adquisición) y políticas explican estos resultados; por ejemplo, entre 1962 y 1972, el INCORA emprendió negociaciones para comprar 8.146 explotaciones sobre 1.401.713 hectáreas, pero sólo logró las 196.544 hectáreas ya mencionadas. Es de notar que las explotaciones compradas o expropiadas en su mayor parte no eran muy grandes (86 hectáreas en promedio para las primeras, 120 para las segundas). En cambio el INCORA, de 1962 a 1971, tituló 3.662.082 hectáreas de baldíos (117.607 títulos), muy a menudo a campesinos o agricultores ya instalados a título precario sobre estos baldíos. Entregó 3.957 títulos para 57.443 hectáreas y 4.722 contratos provisionales de asignación para 78.946 hectáreas en tierras compradas o expropiadas. Sobre las tierras cedidas entregó 3.548 títulos sobre 81.312 hectáreas y 170 contratos de asignación sobre 5.629 hectáreas; frecuentemente también se trataba de la legalización, útil, de anteriores asentamientos. En un reparto por mandato presidencial de estas realizaciones, veríamos que la mayor actividad fue la de la presidencia de Carlos Lleras, observación apenas lógica. Anotemos además que buena parte de los resultados del período siguiente de Misael Pastrana se deben a proyectos emprendidos también en tiempos del mandatario liberal. Fueron beneficiarías del plan de crédito rural del INCORA 51.215 familias, las dos terceras partes de ellas por la modalidad de crédito supervi-

sado, destinado en su mayor parte al fomento de la pequeña ganadería. El INCORA emprendió importantes obras de adecuación de suelos. La resistencia de Guillermo León Valencia a la redistribución de tierras obligó al Instituto a dedicar una gran parte de sus recursos y de su capacidad a 16 distritos de riego que debían beneficiar cerca de 150.000 hectáreas de tierras, sobre todo en la Costa atlántica. En ellos también fue sumamente difícil y costosa la adquisición de tierras para fines de redistribución. . Entre 1962 y 1971, en las colonizaciones dirigidas de Caquetá, Meta, Sarare y Magdalena medio, el Instituto tuvo bajo su tutela 17.000 familias.

Por fin se fomentó la construcción de carreteables (3.661 kilómetros), escuelas, puestos de salud, etc. Según el gerente del INCORA, Carlos Villamil Chaux, en declaraciones de marzo de 1971, entre 1962 y 1970, el INCORA recibió 3.881 millones de pesos corrientes (2.413 por aportes del gobierno nacional, 852 por préstamos externos destinados al crédito supervisado, 206 por otros préstamos externos, 316 por bonos de la deuda agraria y 94 por venta de tierras y valorización). El Instituto gastó 3.828 millones de pesos de la siguiente manera: distritos

El general Alberto Ruiz Novoa, ministro de Guerra, y Eduardo Uribe Botero, ministro de Gobierno, asisten en el Senado a un debate sobre orden público, al iniciarse el gobierno de Guillermo León Valencia, en 1962. Ruiz Novoa diseñó una nueva estrategia frente a la presión en el campo, de represión combinada con acción cívica.

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de riego 980. crédito supervisado 858, colonización dirigida 510, adjudicaciones en tierras privadas 500, estudios y asistencia técnica 260, ayuda a cooperativas 40, gastos de administración 380, servicio de la deuda 270, transferencias a otras entidades 30. Los asesores que, como el norteamericano David Lilienthal, orientaron el INCORA hacia los distritos de riego, hipotecaron el porvenir de la reforma y redujeron la verdadera tarea de redistribución. Pocos de estos distritos fueron terminados o dieron los efectos económicos, y sobre todo sociales, esperados. Las cifras así presentadas permitieron a los grandes intereses opuestos a la reforma especular sobre el despilfarro del dinero público. La agilización de la reforma con Carlos Lleras se debió a que, por primera y última vez en Colombia, hubo una clara voluntad política de cumplir con sus propósitos. Dos manifestaciones de ello fueron la modificación de la legislación y la organización de los campesinos. La ley primera de 1968 permitió acelerar en algo la reforma desde el punto de vista procedimental, y buscó hacerla menos costosa al alargar y modificar los plazos y las condiciones de indemnización. Marcó un sesgo hacia la dotación de tierras a arrendatarios y aparceros. El gobierno, a diferencia del anterior, también cumplió con la dotación de recursos al Instituto, lo que explica su mejor rendimiento en términos de afectaciones. Como se señaló, al comenzar su período presidencial el dirigente liberal, la presión campesina clásica era bastante baja; sin embargo, no se puede separar de ella la presión que ejercían las organizaciones en armas en diferentes regiones del país, pues todas formulaban exigencias en materia de redistribución de tierras. En febrero de 1966, la muerte en los montes de Santander de Camilo Torres Restrepo, quien había sido representante del cardenal en la directiva del INCORA, pudo simbolizar esta presión. La violencia ponía en evidencia el papel de

la crisis estructural permanente de una agricultura entonces ampliamente vinculada a relaciones de producción precapitalistas; las ocupaciones de tierra podían vincularse fundamentalmente a fenómenos coyunturales, cíclicos, de la economía capitalista. La ANUC En noviembre de 1964, en el XIII Congreso de la SAC, Carlos Lleras había sentado su voluntad de crear una asociación de campesinos usuarios de los servicios del Estado. La organización de los campesinos, que con el correr de los años se conoció con el nombre de Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), tiene entonces un doble origen en la voluntad del gobernante y, en forma contradictoria, también en la tradición autónoma colombiana en sus diversas vertientes ideológicas y regionales que corresponden a diversos tipos de estructuras agrarias. León Zamosc distinguió cuatro de ellas: economía campesina, áreas de colonización, latifundio tradicional costeño y llanero, capitalismo agrario de los valles interandinos. El decreto de mayo de 1967 encargó al Ministerio de Agricultura establecer un censo de dichos beneficiarios de los servicios estatales y entregarles una constancia. Un año más tarde, 600.000 de ellos habían sido censados y 4.500 funcionarios fueron encargados de organizarlos a nivel local, departamental y, más tarde, nacional. El decreto 2420 de septiembre de 1968, al reorganizar los servicios agrícolas del Estado, preveía la representación de los usuarios en todos los organismos. Dicha organización suscitó en un primer momento el recelo de las organizaciones campesinas tradicionales, quienes veían en ella una tentativa del gobierno encaminada a subordinarlas. A comienzos de 1969, se reunieron organismos departamentales de los usuarios; la primera reunión, en febrero, en Sucre, se celebró en presencia de Carlos Lleras. Los representan-

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tes de los campesinos adoptaron un lenguaje extremadamente radical, lo mismo que la semana siguiente en la reunión de Palmira. Los dirigentes desbordaron ya la voluntad del gobierno, a menudo con la complicidad de los jóvenes funcionarios encargados de asesorarlo. En diciembre, un seminario de ciento diez dirigentes campesinos, destinado a preparar el primer Congreso Nacional, participó de este radicalismo y atacó duramente la legislación de la reforma agraria. En marzo de 1970, en Sucre y en mayo, en el Huila, se acusó a los usuarios de fomentar ocupaciones de tierra. El primer Congreso Nacional, en julio de 1970, después de la elección de Misael Pastrana, manifestó este radicalismo, tal vez con cierto grado de manipulación por algunos asesores, de filiación maoísta y trotskista; en el mismo discurso de apertura pronunciado por el dirigente de Sucre se notó este radicalismo. El congreso definió la reforma «como un proceso rápido, masivo y radical destinado a redistribuir los derechos sobre la tierra y las aguas». Hizo un llamamiento al ejército («campesinos de uniforme»), al nuevo clero, a los sindicatos obreros. ¿Habría hecho el presidente de aprendiz de brujo al desencadenar fuerzas que no podría controlar o, conscientemente, en su reformismo, quiso contraponer a la presión de los propietarios de tierra, otra, de los campesinos? Todo evidencia que procuró hasta el fin mantener la subordinación de los campesinos a su propia visión de la evolución del agro y, más generalmente, del país. Pero esta concepción de una alianza de la burguesía reformista con las masas rurales tropezó con la resistencia de otros sectores sociales. La alianza siempre fue frágil, ya que los dos grupos mantenían sus propios objetivos y el radicalismo, al menos verbal, del núcleo dirigente de los campesinos superaba el nivel alcanzado por ellos y, de cierta forma, lo aislaba; esta radicalización campesina alimentó la simétrica radicalización de los enemigos de la refor-

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ma, que se expresó a través de los gremios, de la prensa y sobre todo del Senado de la República. El radicalismo echó en brazos de los enemigos de la reforma a sectores que hubieran podido permanecer neutrales. A comienzos de 1969 se pidió el levantamiento de la inmunidad parlamentaria del senador del Magdalena José Ignacio Vives, acusado de haber recibido dinero por parte de dos ilustres hacendados amenazados por la reforma, Alberto Marulanda Grillo y Manuel Ospina Vásquez. El senador contraatacó violentamente, y para ello consiguió el apoyo de sectores opuestos a la reforma y de la misma presidencia del Senado. Ésta le dio muchas facultades: de julio a octubre, en debates transmitidos por la radio, Vives comenzó por una crítica que parecía ser de izquierda a la reforma agraria y terminó acusando personalmente de corrupción al gerente del INCORA, por entonces ministro de Agricultura, y a un hijo del presidente. En vísperas de elecciones, con el coqueteo de Vives con la Alianza Nacional Popular, el efecto de desgaste sobre el gobierno fue inmenso; permitió a la SAC a partir de su XV Congreso, en noviembre de 1969, a FEDEGAN. etc., atacar frontalmente la política agraria. Por primera vez también las medidas propuestas por el gobierno a favor de

Primer Congreso Nacional Agrario, organizado por la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos en julio de 1970, en el cual se hizo patente la posición radical de la ANUC frente a la legislación de la reforma agraria.

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Sindicato de trabajadores agrícolas de La Tebaida y Montenegro, en el Quindío. Al extenderse la reforma agraria a este departamento, afínales de 1969, se despertó la oposición de la poderosa Federación Nacional de Cafeteros, que hasta entonces había sido neutral frente a la reforma.

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arrendatarios y aparceros, al extenderse al departamento del Quindío, despertaron la oposición de la poderosa Federación de Cafeteros, hasta entonces más o menos neutral frente a la reforma. Aprisionado en la tenaza formada por los usuarios campesinos de un lado y por los hacendados de otro, el presidente ya tenía pocos recursos. Al llegar al final de su mandato se le añadió la división que se presentó en su aliado de coalición, el partido conservador, con tres candidaturas: Misael Pastrana, Belisario Betancur y Evaristo Sourdís; esta última reunía en torno suyo los intereses de la Costa Caribe de los dos partidos, y sirvió para impedir que la alianza Rojas-Vives arrasara en la Costa. En frente crecía, sobre todo en las grandes ciudades, pero también en parte en el campo, la Alianza Nacional Popular con la candidatura de su general fundador. Rojas Pinilla. Así terminaba en las peores dificultades el máximo avance reformista en la materia.

Auge y pánico La elección de Misael Pastrana Borrero no iba a introducir un cambio inmediato en la cuestión agraria. El nuevo presidente, a pesar de pertenecer al otro partido, aparecía como un continuador de la obra de Lleras, del que había sido un fiel colaborador. El nuevo ministro de Agricultura, J. Emilio Valderrama, se pronunció a favor de la continuación de la reforma y mantuvo en su cargo al gerente del INCORA, el liberal Carlos Villamil Chaux. Sin embargo, la SAC, apoyada por arroceros, algodoneros, cultivadores de caña... protestó contra la intervención del INCORA en las puertas de Cali, en tierras de Jamundí, intervención que afectaba a uno de los más connotados propietarios de la región. El gobierno, desde un comienzo, buscó recuperar el control de ANUC y a los dos meses de estar en su cargo, el nuevo director de la asociación campesina la denunciaba como una orga-

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nización fantasma, que no contaba con un millón de afiliados como se decía, sino con unos escasos doscientos mil. Denunciaba las infiltraciones extremistas, encontrando un poderoso eco en las organizaciones gremiales, como en septiembre, en el XII Congreso de FEDEGAN. En octubre de 1970 se produjeron ocupaciones de tierra por todo lo ancho de la geografía del país, como en Guamo (Tolima), en Manatí (Atlántico), y también en el Huila, Meta, Valle y Cauca. Se produjeron conflictos en la sabana de Ubaté, en torno a la laguna de Fúquene. Una de las características de estas ocupaciones, con las que también tuvieron lugar en febrero y octubre de 1971, fue afectar propiedades de personalidades muy conocidas: políticos, obispos y hasta una del propio ministro de Agricultura. Varios intereses se conjugaban en estos movimientos. A los anteriormente analizados, convendría añadir la voluntad del partido liberal de no perder su influencia sobre las masas rurales que hizo que, a menudo, dirigentes regionales de dicho partido estuvieran al frente de los movimientos, como sucedió en el Tolima con el joven Alberto Santofimio Botero.

creó el Movimiento Nacional Pro-renovación de la Agricultura y de la Ganadería para defender la propiedad contra el proselitismo extremista. Aparecieron varios violentos alegatos contra la reforma, como los libros del senador y dirigente gremial de los ganaderos Miguel Santamaría Dávila: Paz o violencia en el campo; el del senador Cornelio Reyes: Notas sobre la cuestión agraria; del senador Pedro Castro Monsalvo: Un campesino pre-

La SAC y FEDEGAN consiguieron del presidente el nombramiento de un comité encargado de evaluar los resultados de la reforma; este comité publicó su informe a comienzos de febrero de 1971 con muchas críticas al INCORA. Su publicación coincidió con una nueva ola de invasiones en tierras de Antioquia (Urrao), Sucre (Sincelejo, Tolúviejo), Huila (Campoalegre), etc. Las ocupaciones se hacían en la madrugada y los campesinos se retiraban a la llegada de las fuerzas del orden, volviendo a ocupar cuando éstas se iban. Las asociaciones de usuarios publicaron declaraciones a cual más radical, denunciando el imperialismo y el capitalismo; para ellas, los dos partidos eran como un «freno a nuestras aspiraciones». Un grupo de ganaderos (Luis Robledo, Carlos Reyes Patria, Martín Vargas, el general Navas Pardo, etc.)

vino al país; al senador Hugo Escobar Sierra: Las invasiones en Colombia. Cornelio Reyes, del Valle, a propósito del comité evaluador de la reforma agraria, observaba: «Lo del latifundio es puro cuento. Lo que existe aquí es la mediana propiedad»; para él, la reforma agraria era un anacronismo, un proceso desordenado, fruto de la «mentalidad revanchista de la pequeña burguesía urbana» y un «programa para perpetuar el atraso, para proletarizar más campesinos» que hacía de los empresarios agrícolas «un gremio discriminado, escarnecido, perseguido». Frente a ello, celebraba la actitud del nuevo ministro conservador, Hernán Jaramillo Ocampo, dirigente cafetero llamado en junio de 1971 por Pastrana para reemplazar a Valderrama. Jaramillo «ha enunciado sin ade-

El senador Ignacio Vives Echavarría, en el curso de un sonado debate parlamentario, criticó acerbamente la reforma agraria y acusó al gerente del Incora de corrupción, en 1969. Esto dio pie para que las asociaciones como la SAC y Fedegán también atacaran la política agraria.

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Hernán Jaramillo Ocampo ministro de Agricultura durante el segundo año de la administración Pastrana, instalael Primer Seminario Latinoamericano sobre Reforma Agraria, en Bogotá, junio de 1972 Ya se había tomado la decisión de modificar la ley agraria y desmontar progresivamente la Anuc, lo cual se concretaría con las leves 4 y 5 de 1973.

manes patéticos ni estruendo inútiles, una política realista y sencilla en materia agraria [...], ha iniciado [...] la ofensiva para descongelar la extraña guerra fría decretada en tiempos recientes contra la Caja Agraria, y parece ya principiado el desmonte de la intensa alambrada de garantías hostiles tendida contra el barco de los campesinos colombianos». El senador Hugo Escobar Sierra, del Magdalena, buscaba, por su parte, el cerebro que dirigía las invasiones simultáneas y masivas: «La mayoría de veces son los llamados comunistas, pero no generosamente, ni con un sentimiento de humanidad en favor de una clase desvalida, sino con criterio político organizado, enderezado a crear un estado de subversión en el

país.» Denunciaba en primer lugar a los funcionarios del INCORA, varios de ellos por sus nombres y apellidos, en todos los departamentos del país. En el caso del Meta, «se puede precisar que la señora... presidente de la Asociación de Usuarios, instiga y promueve públicamente las invasiones con la asesoría de elementos de células comunistas tales como el tesorero de los usuarios, quien ha tenido la oportunidad de visitar China y Rusia y ha podido especializarse en la técnica de invasiones».

Frente a ello, Hugo Escobar Sierra se preguntó si «había que organizar entonces brigadas armadas de los propietarios de este país para precaverse de las invasiones en los sectores rurales y campesinos». Con mucho juicio se refería al hecho de que el «Mandato Campesino», documento base de la ANUC, «es un documento extenso, bien escrito, elaborado por un cerebro que tiene una cultura marxista-leninista sublimada y actualizada a los tiempos que vivimos». En efecto, la reacción de estos parlamentarios que acompañaba la de los gremios, se producía frente a la radicalización verbal y física de los usuarios campesinos. No solamente se dedicaban a tomas masivas y más simbólicas que efectivas de haciendas en todo el país, sino que también usaban un lenguaje cada vez más radical: «Conscientes de que la lucha del pueblo colombiano se ha dilatado en su necesidad revolucionaria por las discrepancias teóricas de los grupos revolucionarios y progresistas, queremos aprovechar esta ocasión para hacer un llamamiento a la unión. No queremos apoyo, invitamos al compromiso revolucionario [...] llamamos a la unión en la acción contra el capitalismo que es nuestro enemigo fundamental en Colombia.» El primer «Mandato Campesino» fue aprobado en la cuarta reunión de la Junta Directiva en Fúquene (Cundinamarca). Este documento, como bien lo muestra el senador del Magdalena, causó conmoción; empezaba así: «La Asociación Nacional de Usuarios, consciente de las limitaciones y de los intereses de clase de los partidos políticos que hoy tienen asiento en el Congreso de la República para dar una solución a la cuestión agraria colombiana en el marco de los intereses de la clase campesina y de la mayoría de nuestro pueblo y convencida, por otra parte, de la inoperancia del llamado Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, reclama un proceso democrático masivo y rápido que transforme radicalmente la actual es-

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tructura agraria colombiana y la sustituya por un sistema justo de propiedad, tenencia y explotación de la tierra y, al mismo tiempo, garantice la justicia social en el campo y el desarrollo económico del país, resuelve...», levantaba la ANUC en ese documento la consigna de «tierra sin patrono», propia del léxico trotskista. En la ANUC empezó una feroz batalla entre el grupo trotskista, que había madrugado más, y los diversos grupos maoístas muy influyentes entre profesionales y en particular agrónomos colombianos. El partido comunista, que había llegado tarde a la conciencia de la importancia de esta nueva organización, nunca tuvo en ella, a nivel nacional, un papel preponderante. Los líderes campesinos moderados, que también existían, se mantenían callados, como a la deriva. La enconada lucha, a menudo bizantina, ideológica, por el control de la ANUC, convertida en mito por los unos y los otros, se libraba por encima de la cabeza de los campesinos, cada día con menos participación real, salvo en tal o cual departamento.

El desmonte de la reforma Se inició entonces en 1972 el desmonte paralelo de la reforma y de la Organización Campesina, siempre vulnerable en razón de su total subordinación al Estado. Este desmonte se debió a varios factores y no solamente al miedo frente al posible desbordamiento del movimiento campesino. En primer lugar, el gobierno de Misael Pastrana, minoritario en el Congreso frente a la muy poderosa y beligerante Alianza Nacional Popular, resolvió buscar aliados para constituir una mayoría que le permitiera actuar. Los aliados naturales que encontró el pastranismo fueron los conservadores y liberales de la corriente de Evaristo Sourdís, esencialmente de la Costa Caribe y, en su gran mayoría, defensores de los intereses agraristas. La condición para la reconciliación del presidente con el sourdismo fue abandonar, si no en las palabras por lo menos en los hechos, el impulso anterior a la reforma agraria. En segundo lugar, la filosofía económica del nuevo gobierno lo encaminó a adoptar el plan de cuatro años

Manifestación campesina frente a un programa de vivienda de la Caja de Crédito Agrario, en 1970, en momentos en que tomaba fuerza y presencia la Asociación de Usuarios Campesinos, Anuc, opuesta a las reformas.

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Campesinos de Chitagá, Norte de Santander, 1972

llamado de las Cuatro Estrategias, que correspondía en sus lincamientos a las propuestas formuladas unos años antes por Lauchlin Currie. Como se recuerda, dicho plan iba más dirigido al fomento de la agricultura empresarial que a la reforma de la tenencia. Lo aplicó en forma consecuente el presidente Pastrana, y siguió en buena medida inspirando a sus sucesores hasta hoy día. La coyuntura económica favorecida por cierta alza de los precios del café en 1969, y luego en 1971, no era mala para llevar el campo hacia nuevas metas. A nivel internacional surgió la propuesta de la «revolución verde», tecnología que Hugo Escobar Sierra oponía a la «revolución roja». No iba

a ser el único defensor de este enfoque puramente tecnológico que simbolizaba entonces para los colombianos el trigo y el maíz mexicano.y el arroz filipino. Las invasiones de octubre de 1971, el «Mandato Campesino», varios debates en el Congreso en septiembre y noviembre de 1971, obligaron al gobierno a tomar la iniciativa de una reunión de los sectores políticos y empresariales en el pueblito tolimense de Chicoral en los primeros días de 1972. En esta reunión se pusieron sobre la mesa todos los elementos del conflicto agrario y llevaron la voz cantante, por el lado conservador, el ministro Hernán Jaramillo Ocampo, y por el lado liberal, Indalecio Liévano Aguirre; asistieron parlamentarios como Víctor Mosquera Chaux, Alberto Mendoza Hoyos, Hernando Durán Dussan, Alvaro Uribe Rueda, Cornelio Reyes, los delegados de la dirección conservadora y connotados dueños de tierras Rafael Azuero Manchola y Mario Laserna Pinzón, así como el asesor liberal y ganadero Enrique Liévano Ricaurte... De Chicoral salió la decisión de modificar la legislación agraria con el fin de detener lo que se consideraba un proceso demagógico; esta determinación o nueva alianza vino a concretarse en las leyes 4.a y 5.a de 1973. La ley 5.a completaba el dispositivo de financiación al agro mediante el Fondo Financiero Agropecuario que reemplazó al Fondo Financiero Agrario creado por Carlos Lleras. Era destinado a prestar para la producción comercial con la condición de acudir a la asistencia técnica; estos créditos desempeñaron un papel positivo para el fomento de dicha producción. La ley 4.a modificó la ley 135; cambió las condiciones de indemnización de las fincas mediante una compleja, y en la práctica inaplicable, catalogación de las tierras y de su potencial productivo, al definir como adecuadamente explotadas las tierras que superaran los mínimos de productividad por hectárea, región o cultivo fijados por el Ministerio de Agricultura; tam-

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bién se amplió la cuantía a pagar en efectivo por las tierras adquiridas y se redujo a cinco años los plazos de indemnización. Una serie de decretos reglamentarios se referían a diferentes fondos, a la renta presuntiva (con criterio regresivo), a los niveles mínimos de productividad. Una de las disposiciones que levantó cierta confusión fue la referida a las empresas comunitarias. Éstas se habían desarrollado en los años anteriores y se referían a terrenos de la reforma agraria y tendían a asentar más campesinos sobre la poca tierra disponible. Por un momento, influenciadas por la reforma agraria chilena, a partir de la ley de 1967, nunca pudieron encontrar una base jurídica o crediticia y un ambiente político favorable para ser otra cosa que centros donde el INCORA instalaba campesinos inscritos por él, sin dejarles iniciativa real en cuanto a la producción y a la organización de la explotación. Estas leyes crearon o mejoraron los mecanismos para lograr un desarrollo

agropecuario, abandonando casi por completo la política redistributiva; encontraron cierto consenso parlamentario y sólo se opusieron a ellas el llerismo y el ex ministro conservador J. Emilio Valderrama. En 1975, ya bajo la presidencia de Alfonso López Michelsen, este dispositivo fue completado por la ley 6.a sobre aparcería, que permitió, con la intención de fomentar la producción alimenticia, un contrato de trabajo por un tiempo determinado; el propietario se comprometía a suministrar elementos y herramientas para la producción, además de un avance sobre las utilidades calculadas. Establecía la ley 6.a el pequeño arriendo, hasta tres hectáreas, por tres años como mínimo. En las fincas de más de doscientas hectáreas el dueño debía suministrar una parcela de media hectárea a sus peones, destinada al pancoger. Estas tres leyes revisaban las pautas de la reforma, para no decir que se abandonaban. En pesos constantes, las asignaciones del Estado al INCO-

El ministro de Agricultura, Hernán Jaramillo Ocampo, y el gerente del Instituto de Mercadeo Agropecuario, Ariel Armel, en la inauguración de una tienda del Idema, en agosto de 1971.

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Campesinos del norte del Cauca enarbolan la bandera del CRIC, Consejo Regional Indígena del Cauca, heredero de la vieja tradición de lucha de paeces y guambianos, con nombres como Quintín Lame y José Gonzalo Sánchez.

RA se redujeron durante toda la década. Además, fiel a una promesa electoral, Alfonso López Michelsen retiró los distritos de riego de la competencia del INCORA para entregar su gestión a un nuevo organismo, el HIMAT. La segunda dirección de este desmonte consistió en aliviar la presión campesina simbolizada de una parte por ANUC y de otra por los movimientos armados. La dura derrota infligida al ELN en Anorí (Antioquia) a finales de 1973 fue un golpe decisivo a esta organización. Después de Chicoral, la represión a las invasiones se hizo más dura y fue encomendada al ejército nacional; se vio un ejemplo de ello cuando la

ANUC quiso promover una marcha campesina en septiembre de 1972. A principios de febrero de 1972 la junta nacional de ANUC, reunida en Tolú, había condenado el pacto de Chicoral. Sectores inconformes con el radicalismo de la asociación recibieron el apoyo del Ministerio de Agricultura que, no lo olvidemos, seguía subvencionándola. En el segundo congreso, realizado en noviembre de 1972, se presentó la división definitiva entre los que aceptaron las directrices moderadoras del ministerio, desde entonces llamados ANUC-Armenia, por el lugar de su reunión o también ANUCoficialista, y los elementos radicales y mayoritarios en los organismos nacionales, quienes propusieron a Sincelejo como sede del congreso y formaron la ANUC-Sincelejo. La división y la animadversión de los funcionarios del gobierno, lograron debilitar poco a poco las dos organizaciones que, unos años más tarde, quedaron reducidas a su esqueleto y tal o cual organización regional. Un caso aparte es el que constituyó, con características propias, la organización de los indígenas del departamento del Cauca, por un tiempo incorporada a la ANUC. El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) nació el 24 de febrero de 1971 de un encuentro celebrado en Toribío, en el norte de este departamento; la organización se constituyó en forma definitiva seis meses más tarde, en Tacueyó, con un comité ejecutivo y un programa en siete puntos: recuperar las tierras de los resguardos, ampliarlos, fortalecer los cabildos, dejar de pagar los terrajes, defender la legislación indígena, defender las lenguas indígenas y las costumbres, alfabetizar en estas lenguas con profesores indígenas. El CRIC era el heredero de una vieja tradición de lucha de paeces y guambíanos que simbolizan los nombres de Manuel Quintín Lame y José Gonzalo Sánchez y participó de la coyuntura favorable de los años 19701971. Se vinculó a la ANUC. pero muy pronto entró en conflicto cuando

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ella le quiso imponer un secretario indígena que no reconoció el CRIC, deseoso de mantener su autonomía y sus fines propios. Las orientaciones del CRIC, sus «recuperaciones» importantes de tierra en su departamento despertaron por parte de los hacendados y políticos regionales una fuerte represión: encarcelamientos y asesinatos que no lograron erradicar dicha organización. En tiempos de Turbay Ayala el CRIC fue denunciado por supuestas conexiones con las guerrillas de la FARC y del M-19, y sus principales dirigentes encarcelados. Mostró el CRIC, sin embargo, la fuerza de sus raíces en estas adversas circunstancias cuando los propietarios de la región con buenos vínculos políticos le declararon una guerra sin cuartel pero de poca eficacia. El CRIC, como las demás organizaciones campesinas, no escapó de las manipulaciones políticas de toda índole que contemplaban fines no directamente vinculados a los indígenas de la región.

El DRI-PAN La dirección de la política agraria oficial cambió. Se buscaba entonces crear confianza entre los dueños de tierra e incitarlos a producir con una diversidad de estímulos y aprovechando los beneficios, no siempre bien calculados, de la revolución verde. Para los pequeños campesinos, bajo las indicaciones del Banco Mundial, entonces dirigido por Robert MacNamara, desde fines del mandato de Misael Pastrana, se iba a dibujar un programa de desarrollo rural integrado (DRI), cuya promoción sería obra ya de Alfonso López y de su «Plan para cerrar la brecha». El DRI no es ni pretendía ser un sustituto de la reforma agraria; programa costoso, podía a lo sumo ser un complemento de ella. Tardó en arrancar, pero terminó por dar resultados positivos dentro de los fines concretos y limitados que se propuso; se dirigía al campesino pobre, sin mayor posibilidad, «un exce-

Cabildo indígena de los años 70. El 24 de febrero de 1971, en un encuentro celebrado en Toribío, se creó el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), en cuyo programa se contempló la recuperación de tierras para los resguardos, refuerzo de los cabildos, rechazo al pago de terrajes y defensa de la legislación, lengua y cultura indígenas.

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Campesinos del altiplano, un día de mercado. Hacia el campesino pobre, sin mayor posibilidad de desarrollo, y por ello latente caldo de cultivo para procesos de subversión, se dirigió el Plan de Desarrollo Rural Integral (DRI). Este, complementado con el Plan de Alimentación Nacional (PAN), fue factor de la coyuntura favorable que conoció el campo en la segunda mitad de los años 70.

lente caldo de cultivo para procesos de subversión». En 1976, este campesino generaba el 69 % de los alimentos de consumo directo en Colombia. El DRI quiso aumentar sus ingresos, la producción de alimentos, mejorar el mercadeo, crear nuevas fuentes rurales de empleo, mejorar el nivel de vida y promover un desarrollo autosostenido. En cuanto a la producción, se proponía el DRI poner la investigación al alcance de los minifundistas, fomentar un crédito específico, ayudarles en sus ventas; esta actuación básica se complementaba con programas de salud y educación, de electrificación y vial. Se dirigía a campesinos con fincas inferiores a veinte hectáreas. Entre 1976 y 1984, el DRI atendió a 98.000 familias y financió 355.000 hectáreas, construyó 1.200 kilómetros de vías e instaló 45.000 conexiones eléctricas en el campo; también construyó 402 acueductos, edificó o remodeló 246 puestos de salud y 52 hospitales. Entregó 444 millones de pesos para créditos de comercialización; estas actividades se extendieron poco a poco hasta afectar, en el último año contemplado, a 275 municipios de 18

departamentos organizados en 33 distritos. Los recursos son en un 60 % nacionales y el resto proviene de créditos externos. Entre 1976 y 1983 la ejecución financiera acumulada fue de 35.000 millones de pesos para el DRI y 9.615 para el asociado programa PAN (Plan de Alimentación Nacional). En poco más de diez, años el programa pudo atender algo menos del 10 % de los minifundistas del país. Su impacto real sobre sus niveles de ingresos y de vida es difícil de medir. No se sabe hasta qué punto no ha sido sencillamente un crédito de supervivencia para los campesinos pobres. Tampoco es fácil calcular en la estabilización de estos minifundistas lo que se debe al DRI y lo que se debe a la coyuntura favorable que conoció el campo colombiano en la segunda mitad de los 70. Bonanza cafetera y auge del agro Probablemente la situación favorable que se vivió en el campo se debe más a la bonanza cafetera de 1976 y, en forma más duradera, a la revolución

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tecnológica que la acompañó. En ella pesó una política prudente y previsora de Alfonso López Michelsen; quienes lo acusaron de monetarista desconocen por ejemplo, en este campo, cómo a partir de la verdad incontrastable que en Colombia la bonanza es de los cafeteros y no de la nación; supo diferir los efectos inmediatos y perversos del mayor ingreso cafetero con los certificados cafeteros y la colocación de las reservas almacenadas. La bonanza fue causada por una disminución brutal de la oferta brasileña, a consecuencia de las heladas de junio de 1975, que permitió exportar a mejor precio el café colombiano. Este café pasó de 81,3 centavos de dólar por libra en la plaza de Nueva York en 1975, a 157,7 para el año siguiente y 240,2 para 1977, bajando a 185,2 en 1978. A nivel interno, el precio del café pasó en 1975 a 2.981 pesos corrientes por carga de 125 kilos, para 1976 a 5.827, para 1977 a 7.273 y para 1978 a 7.207. Estos buenos precios tuvieron un efecto de prosperidad en las regiones productoras del grano, prosperidad que se propagó a todo el país. Al lado de fortunas y de lucros indecorosos, todo el mundo recibió algo de la bonanza, los cafeteros en primer lugar. Se notó también en la evolución de los salarios agrícolas, en particular el salario promedio. Tal vez el efecto más duradero de la bonanza al nivel que nos ocupa fue la revolución tecnológica causada por la introducción y la difusión del café caturra con nuevas técnicas de cultivo más intensivas en mano de obra. Para un ciclo de vida del cafeto de siete años y seis meses (que exagera en algo el beneficio a favor del caturra) el café tradicional necesita 470 jornadas por hectárea, el café tecnificado 3.149 y el café semitecnificado 2.380. El café tecnificado, con menos de la tercera parte de la superficie cafetera nacional, produce el 60 % del grano. Son varios cientos de miles los nuevos empleos creados por la innovación; empleos directos, en las fincas, o

empleos indirectos. El nivel de los salarios agrícolas creció más rápidamente en los años de la bonanza que los precios al consumidor. Con el indicador 100 en el año 1969, el índice nacional de precios para obreros estaba en 1979 a 628, mientras que con el mismo indicador base el salario agrícola en Risaralda el año 1979 estaba a 949. La revolución cafetera de la segunda mitad de los 70 transformó también hasta cierto punto la tenencia de la tierra. Se consolidó una capa de propietarios medios (entre 10 y 50 hectáreas) quienes detentan el 25 % de las explotaciones y proporcionan el 36 % de la cosecha nacional. Paralelamente se formó una clase de obreros agrícolas especializados, cuya importancia en la producción va creciendo.

Aviso de propaganda institucional de la Caja Agraria, 1983, publicado cuando ya el gobierno de Belisario Betancur había puesto en marcha las negociaciones de paz con las guerrillas.

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Pequeño productor de papa, de Cundinamarca. La agricultura comercial mostró los mayores índices de crecimiento en la década 1975-1985; la papa pasó de 1 320 000 toneladas a 2 463 000 en ese lapso

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La crisis que siguió a la bonanza no consiguió destruir todos sus efectos. En buena parte, los rasgos negativos para la economía cafetera del mandato de Julio César Turbay Ayala fueron borrados con creces durante el mandato posterior de Belisario Betancur. En efecto, los precios del café entre 1982 y 1986 aumentaron más (en un 25 %) que el costo de la vida en Colombia. La buena coyuntura del café también tuvo efectos positivos en las otras ramas de la economía primaria. La agricultura comercial mostró los mayores indicadores de crecimiento, salvando las crisis del algodón en 1978 y 1982-83, causadas principalmente por razones fitosanitarias, y una crisis de sobreproducción relativa del arroz en 1982. En 1975 se produjeron 400 mil toneladas de fibra de algodón y 243 mil en 1984, pero con un aumento notorio de los rendimientos por hectárea. Se produjeron 1.614.000 toneladas de arroz en 1975 y 1.690.000 en 1984 (el pico se obtuvo en 1982 con 2.018.000 toneladas). La crisis mostró la poca

elasticidad del mercado colombiano, sin embargo gran consumidor del grano. La papa pasó de 1.320.000 toneladas a 2.463.000 en los diez años considerados. Para el sorgo se pasó de 335.000 toneladas a 589.000 para los mismos años básicos. El banano pasó de 559.000 toneladas a 1.106.000; el cacao de 21.000 toneladas a 41.000; también aumentó la producción de tabaco rubio. Característicamente, los productos de la economía campesina marcaron una tendencia al estancamiento, como lo muestra el ejemplo de algunos de ellos: se cosecharon 90.000 toneladas de fríjol en 1975 y 80.000 en 1984. La yuca pasó de 2.021.000 toneladas a 1.674.000 para los mismos años, el tabaco negro de 57.000 a 31.000 toneladas. En estos casos de la economía campesina debemos honestamente reconocer que puede jugar un papel la incertidumbre estadística. El maíz, cultivo mixto, parte de la agricultura comercial y parte de las economías campesinas, pasó de 722.000 toneladas a 864.000. La caña

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Capítulo 13

de azúcar destinada a los ingenios pasó de 969.000 toneladas a 1.177.000 en 1984; la caña para panela de 805.000 a 824.000 toneladas. El inventario de ganado bovino pasó de 16.902.000 cabezas en 1975 a 20.378.000 para 1985; creció en forma paralela el sacrificio de ganado. Estas cifras de la ganadería registran cierta tecnificación, en particular la de leche, pero queda muy por debajo de las posibilidades del país y de las necesidades de una alimentación correcta de la población. La cuestión agraria y la reforma, hoy En estos últimos 20 años que contemplamos aumentó la superficie agrícola y ganadera hasta más o menos 35.000.000 de hectáreas y disminuyó el número de predios. Un estudio de la Corporación de Estudios Ganaderos y Agrícolas (CEGA) interpreta los datos catastrales que maneja como una descomposición de la gran propiedad y una consolidación de la mediana

propiedad, con fragmentación de la pequeña. Este estudio suscita problemas metodológicos, pero la descomposición puede ser efecto de la reforma agraria de los 60 y de la ley 4.a de 1973 sobre renta presuntiva; podría ser más o menos ficticia. Se ha formado y está relativamente estabilizado en Colombia un sistema agrícola que podríamos describir de la siguiente manera: 1. Mantenimiento de la concentración de la tierra, en particular en latifundios de baja productividad, pero sobre la base de un doble movimiento: cierta parcelación en regiones centrales y nuevo latifundio e,n las regiones periféricas de fronteras agrícolas, donde el título no siempre está en manos del ocupante efectivo. Estas regiones son las más afectadas por la violencia actual del Sarare al Putumayo pasando por el Magdalena medio en la lucha clásica del ganadero y del agricultor. 2. Desarrollo de una agricultura capitalista de buen nivel de productividad y sobre la base de explotaciones

Campesinos emigrantes a la ciudad, construyen vivienda en los llamados cinturones de miseria. Un fenómeno que marca al sector campesino desde los años sesentas

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medias o grandes. Esta agricultura ampliamente mecanizada y consumidora de la mayor parte de los fertilizantes y pesticidas emplea directamente poca mano de obra, pero sí genera actividades anexas, como se puede constatar en las ciudades localizadas cerca de ellas. 3. En las tierras de vertiente andina domina la economía cafetera. La bonanza, contrariamente a lo que llegó a sostenerse, no tuvo como consecuencia una concentración de la propiedad, aun cuando si, a menudo, ésta haya cambiado de manos; se sostiene una mediana propiedad que viene a constituir en el corazón cafetero de Colombia la base de la estabilidad social y política del país. 4. En las regiones del minifundio tradicional conviene diferenciar el

Curso de capacitación a campesinos por parte de funcionarios del Incora, a fines de la década del 60.

caso de las poblaciones indígenas (el Cauca, pero no sólo él). Una menor emigración y los tradicionales valores inscritos en la tierra hacen de estas regiones, que no son las más fértiles del país, zonas de alta densidad demográfica relativa y gran presión sobre la tierra disponible. Los problemas socioculturales de las poblaciones indígenas, el trauma de su descampesinización explican en buena medida la vio-

lencia que allá se vive y que fácilmente podría dar campo a fenómenos de descomposición más graves. En las zonas de ocupación minifundista tradicional, culturalmente mestizas, la fuerte sangría migratoria ha modificado las relaciones del hombre con la tierra. En las parcelas es frecuente encontrar tan sólo ancianos y niños, mientras la población adulta está ganando salarios o probando suerte en las ciudades, en las fronteras agrícolas, en tierras de café o en trabajos temporeros de la agricultura capitalista. 5. Mientras la mayor parte del país, a un ritmo excesivamente lento y con un alto costo social, experimentó cierto progreso en los años 70, otras regiones han permanecido estancadas. Es el caso de la mayor parte de la Costa Caribe, cuya única perspectiva era la de la emigración de su población hacia Venezuela. Otras regiones también parecen seguir al margen del progreso, lo que aumenta la disparidad entre los diferentes componentes regionales de Colombia. Con las negociaciones de paz emprendidas en 1983 y 1984 por el gobierno de Beíisario Betancur con diferentes movimientos armados colombianos volvió a aflorar el tema de la reforma. Fueron entregados al Congreso, que no los discutió, varios proyectos de los distintos partidos, de orientación distinta, algunos inclusive de procedencia gubernamental. Una subcomisión del diálogo nacional con participación de las diversas fuerzas políticas, incluidos los guerrilleros y los gremios del agro, aprobó un proyecto que dio origen al proyecto de ley por el cual se modifican las leyes 135 de 1961, primera de 1968 y 4.a de 1973, que tampoco fue discutido. Los candidatos para las elecciones presidenciales de 1986 expresaron sus ideas en la materia. Álvaro Gómez Hurtado, consecuente con su oposición de siempre, la renovó en noviembre de 1985 ante el Congreso de la SAC: «El país conoce mi pensamiento sobre ese tipo de reformas, que estuvieron por última vez de moda en la

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Capítulo 13

época de Kennedy, cuando estableció como requisito para hacer la Alianza para el Progreso, que los países adoptaran el tipo de aproximación a la tierra que le recomendaban sus amigos íntimos, más que todo escritores y actores de cine. El nuevo proyecto de reforma no se lo ha leído casi nadie. Entiendo que lo ha leído el presidente de la SAC y eso ha servido para que la reforma pase al Congreso con una especie de visto bueno...» Luis Carlos Galán, candidato del Nuevo Liberalismo, y en algo de esto heredero del pensamiento de Carlos Lleras, se expresó a favor de una reforma agraria en este mismo XXIII Congreso de la SAC. Virgilio Barco dio a conocer su programa de gobierno en noviembre de 1984 y en él dedicó un capítulo a la política agraria, donde reafirmó su voluntad decidida de poner a trabajar la reforma. Evidentemente, las condiciones hoy, en el agro colombiano, no son las de comienzos de los sesenta. Han cambiado las condiciones objetivas del trabajo de la tierra, la ocupación de

ella por el hombre, los términos nacionales y locales de la presión campesina. No por ello ha desaparecido la necesidad de una reforma agraria. Es importante para la restauración o la creación de la paz cívica en el país; como medida aislada podría aliviar por cierto tiempo los problemas del campesino, pero no cumpliría su fin de prerrequisito del desarrollo si no estuviera enmarcada dentro de una planeación general del desarrollo y acompañada por otras estrategias. Es la reforma una medida de justicia social destinada a aliviar la miseria de las familias necesitadas de tierra y de condiciones dignas de existencia. También es económico su fin. El país no puede temerle al aumento de la producción en el campo, hay que alimentar correctamente a la población, abastecer de muchas materias primas a la industria local, promover nuevos renglones de exportaciones de alta calidad. Es también la reforma una medida de tipo político. El actual sistema agrario del país es un freno a la democracia y a su deseable extensión.

Marcha campesina favorable a la reforma agraria. Muchas de las marchas organizadas por la ANUC, después de 1972, fueron duramente reprimidas, una vez que en la conferencia de Chicoral se decidió frenar la reforma.

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En él se generan y se reproducen los mecanismos de dominación que empañan la vida democrática. De ahí que la implementación de la reforma agraria sea una batalla política dura, difí-

cil. Cuando se toma la determinación de proceder a ella, las consideraciones técnicas, jurídicas y agronómicas muy a menudo sólo son pretextos para no seguir adelante.

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LLERAS RESTREPO, CARLOS,

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Capítulo 14

Los procesos de colonización. Siglo XX Myriam Jimeno Santoyo La formación de un espacio nacional

A

comienzos de este siglo el territorio nacional presentaba aún grandes zonas deshabitadas; la ocupación del territorio y las modalidades del mismo eran fruto de polémica entre los sectores dirigentes del país. Éste apenas iniciaba la conformación de la unidad nacional por encima de las características regionales y de sus intereses particulares. Comenzaban a articularse las bases de un mercado nacional a la par con el proceso de unificación política y cultural. Este proceso, sin embargo, ha ocupado el siglo entero sin agotarse y ha sido desigual, espontáneo, discontinuo y con características diferenciales. Distintas coyunturas económicas, políticas y sociales han impulsado la colonización de terrenos baldíos en los más diversos sitios del país. Sobresalen, sin embargo, dos elementos como factores de impulso a los movimientos de la población en búsqueda de nuevos territorios: la violencia social, en el interior de las fronteras económi-

cas, y la estrechez o carencia territorial a menudo se han mezclado, conformando situaciones de sucesivo conflicto social, lo que ha dado lugar a los mayores desplazamientos colonizadores de este siglo; de todos ellos sobresale la colonización de la Orinoquia y la Amazonia, desde el piedemonte andino, llevada a cabo a partir de los años 50. La violencia social y política, como ha sido señalado por diversos investigadores, está ligada a la historia de la conformación nacional desde el establecimiento mismo del estado republicano en oposición el estado colonial español. Los conflictos que dieron origen a las cruentas guerras internas del siglo XIX se prolongaron hasta el umbral del presente y se entroncan en el origen de la Violencia contemporánea, en especial en el período comprendido entre 1948 y 1966. Los rescoldos de esta guerra permanecieron y alimentaron las rencillas partidistas, familiares y políticas de los años 20 y 30 del período de la Violencia. Una de sus fuentes principales ha sido el monopolio de la propiedad territorial y otros recursos y la estructura de poder basada durante largo tiempo en el gamonalismo, sustentado en el poder te-

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Portada de "Inmigración y colonización", informe al ministro de Obras Públicas y Fomento, en 1906, durante el gobierno de Rafael Reyes, muy interesado en los territorios no explorados del país.

rrateniente, por cuyos intereses regionales se vieron envueltos en numerosos conflictos durante la segunda mitad del siglo XX. La apropiación del espacio físico nacional y el dominio sobre áreas periféricas, aunque estuvieron presentes en la preocupación política del nuevo estado republicano, fueron secundarios y se supeditaron al interés central de lograr la unidad por encima de la diversidad regional y la pugna de sus intereses locales. Asimismo, las áreas periféricas fueron zonas relegadas a los «salvajes» y sus civilizadores, los misioneros católicos. Sin embargo, en la medida en que la presión demográfica y la inestabilidad social crecieron en las zonas ocupadas, se hizo necesario ocupar los valles cálidos interandinos, las planicies aledañas y finalmente la llanura amazónica. La política estatal sobre tierras baldías se fue modificando lentamente a lo largo del presente siglo, en relación con la necesidad de transformar o aminorar los efectos de una estructura monopólica de la tenencia de la tierra; tal es el espíritu que se respira en el

Código Fiscal de 1912, pero en especial en la ley de Tierras de 1936, donde el factor de explotación directa o posesión material le dan un respiro al colono frente al detentador de títulos coloniales; figuras como la extinción del derecho de dominio adoptada como sanción al propietario ausente y las garantías jurídicas otorgadas a los ocupantes, de hecho eran la demostración palmaria de que las nuevas realidades económicas exigían producción, productividad y ampliación de la frontera agrícola. Este esquema debió complementarse con los acuerdos para expedir la ley de reforma social agraria (ley 135 de 1961). Ya no era el espíritu de los legisladores de comienzos de la República, preocupados por los pagos de la incipiente estructura burocrática y las deudas contraídas con ingleses y franceses a raíz de las guerras independentistas. En uno de los primeros estatutos sobre tierras (ley de 11 de octubre de 1821), por ejemplo, se conservó el espíritu y la naturaleza de la legislación hispano-colonial; los baldíos podían ser enajenados a los particulares. La ley facilitó la consolidación de la estructura monopólica de la hacienda señorial; el Estado, al asumir la propiedad de los baldíos, continuaba la política española que los veía como una fuente de recursos fiscales, aunque de vez en cuando exigiera a los detentadores «morada y labor». Pero en el monopolio de la propiedad territorial también se establecía un conflicto soterrado entre la imposición de relaciones de servidumbre y el control de la mano de obra sujeta a estas relaciones y las expectativas de los campesinos que veían en las tierras baldías la posibilidad de liberarse y también ser propietarios. De esta forma, las condiciones económicas, demográficas y sociales dibujaron, según Francisco Leal, «un proceso desigual y diversificado de ampliación de la frontera agrícola, proceso siempre rubricado por la búsqueda de subordinación laboral obligatoria por parte de los terratenientes».

Capítulo 14

Como vimos, desde la formación de la República se dio un vasto proceso de apropiación de terrenos baldíos en grandes extensiones, bien a partir de la ampliación de haciendas ya conformadas, o bien, alegando distinto tipo de derechos. La carencia de medidas estatales que obligaran o indujeran al aprovechamiento económico de estas grandes apropiaciones (muchas de ellas a cambio de bonos de deuda pública) y la ausencia de estímulos económicos, llevó a la subexplotación de las mismas, o a su reducción a simple forma de atesoramiento. En 1823 se adjudicaron 500.000 fanegadas en Casanare; en ese mismo año, en otra ley republicana en materia agraria, se autorizó al gobierno para disponer de tres millones de fanegadas de tierras baldías para fomentar la colonización mediante estímulos a la inmigración de extranjeros. Se argumentó que la población del país no correspondía a «la vasta expansión del territorio» entre otras razones por la guerra de independencia que redujo la población productiva. Diversas leyes y decretos pretendieron auspiciar la colonización del territorio creando estímulos a los colonos, desde el pago del transporte a las zonas, hasta exenciones en el pago de impuestos y en la prestación del servicio militar. Un buen número de ellas pretendió atraer población extranjera «blanca». Se dictaron leyes al respecto en 1845. 1847, 1870, 1871, 1872 y 1876. La primera dispuso la adjudicación de baldíos en el Caquetá, y la de 1871 apropió cinco millones de hectáreas para fomentar la colonización mediante la adjudicación de baldíos y la construcción de vías en los entonces Estados Soberanos de Antioquia, Cauca, Bolívar, Magdalena, Cundinamarca, Boyacá, Santander, Tolima y Panamá. La ley de 1876 destinó 30.000 hectáreas a empresarios de colonización con el fin de conquistar la hoya del Safare y civilizar a los indígenas que allí habitaban. De esta forma, durante el siglo XIX y parte del presente, la colonización

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"Reducción de salvajes", memoria de Rafael Uribe Uribe, publicada en la imprenta de "El Trabajo", de Cúcuta, en 1907. Formuló una política de poblamiento e incorporación productiva de tierras baldías y de frontera, a través de asimilación de la población indígena.

estuvo mediada por el control de la población rural por parte de las haciendas, que detentaban el monopolio de la tierra. Los campesinos-colonos desmontaban gradualmente la tierra hasta incorporarla a la producción, pero las tierras pasaban al control de la hacienda, que los desplazaba de

Un colonizador de las selvas del Catatumbo, en la segunda década del siglo XX.

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Colono del río Magdalena, en los años diez. Buena parte de la apropiación de terrenos baldíos en esta época se efectuó como pago por trabajos en las obras públicas.

nuevo o permitía su asentamiento a cambio de trabajo y productos. La hacienda utilizaba así la vinculación de colonos para ampliar sus dominios, colonos que al poco tiempo debían reiniciar el ciclo. Algunos escapaban del dominio de las haciendas y colonizaban tierras marginales a éstas, conformando explotaciones campesinas independientes. Esto se desarrolló diferencialmente en las zonas principales del territorio colombiano, pero se dio en especial en la zona central andina. La necesidad de expansión de la población rural antioqueña desembocó en el principal movimiento colonizador del siglo pasado, movimiento que en décadas sucesivas se dirigió hacia el sur de la cordillera central, modificando la estructura productiva y cultural del país. El comienzo del siglo y la ampliación de la frontera agrícola Durante las primeras décadas de este siglo, estuvo vigente la discusión sobre el poblamiento del territorio nacional

y los medios para asegurar la unidad y dominio sobre el conjunto. En 1907, Rafael Uribe Uribe, partícipe de la polémica sobre «el problema de la población del suelo», estimaba que de los cinco millones de habitantes del país apenas habría unos treinta mil nativos. Sin embargo, argumentaba que las 2/3 partes de la nación eran habitadas por diversos grupos indígenas. «La población cristiana posee apenas una reducida porción de la parte central de esa enorme área llamada Colombia: casi toda la circunferencia está en manos de salvajes.» De allí deducía una política de poblamiento e incorporación productiva de las tierras baldías y de frontera, a partir de la posibilidad de asimilar la población indígena. Es interesante resaltar cómo en contra de las teorías en boga, que otorgaban superioridad al blanco y hacían de éste el modelo del poblador, del ciudadano, y de la conformación étnica del país, Uribe Uribe presentaba argumentos en favor de los nativos y resaltó el vasto mestizaje de la población, para cuyo reconocimiento acudía a planteamientos de Darwin.

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CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN COLOMBIANA HASTA 1950

Población 2.243.730 1.686.000 1.571.000* 1.932.279 1843 2.136.976 1851 2.094.000* 2.931.984 1870 2.713.000* 4.355.477 1905 5.855.077 1918 1938 8.711.816 1951 11.545.372 (*) Sin Panamá.

Censo 1831 1835

Crecimiento con relación al censo anterior Medio Absoluto Relativo % anual por 1.000 h.

1.963.493 782.473 2.846.739 2.843.556

En contra de las débiles e ineficaces políticas de colonización con base en inmigrantes extranjeros, planteó el estímulo a la población nativa y su incorporación económica de manera paulatina y a partir de las características, conocimientos y adaptación al ambiente natural de cada grupo. Para ello, sugería el apoyo de colonias militares, que a su vez operaran como colonias agrícolas de los misioneros, apoyados por intérpretes. Esta política permitiría incorporar productivamente grandes extensiones, defender las fronteras, afirmar la soberanía y «atraer los indígenas a la comunión de la fe, del trabajo y de la sociedad». «Nuestra nacionalidad está en vía de formación», insistía. El problema del poblamiento del suelo como tarea urgente, debía implicar el estímulo y el aprovechamiento de la población mestiza y nativa, que podía colonizar las periferias y era la única capaz de «desbravar las tierras vírgenes». Sin embargo, el proceso colonizador y las disposiciones oficiales se

82,1 15,6 48,6 32,7

16,6 24,0 19,6 21,6

orientaron hacia otros rumbos. La sucesión de disposiciones demuestra el interés en la ocupación productiva del espacio nacional; numerosas normas declararon de interés público las empresas dedicadas a la colonización y expresaron la intención de facilitar medios para su estímulo, a través de obras de infraestructura, exenciones y donaciones. Sin embargo, su efecto fue limitado y a menudo no tuvieron ninguna ejecución. La política de colonización mediante inmigrantes no pasó de un vago deseo. Sin embargo, la apropiación de los baldíos en grandes extensiones contribuyó y dio origen a interminables disputas entre colonos y quienes mostraban títulos de adjudicación, y empujó a los campesinos a expropiar tierras de las débiles comunidades indígenas. Orlando Fals Borda estima que en el período posterior a la guerra de los Mil Días (1899-1902) el gobierno concedió a familias privilegiadas más de diez millones de hectáreas de baldíos.

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Grupo de trabajadores de la colonia de Sumapaz, años 20. Allí, en esa década, hubo permanente conflicto entre colonos y terratenientes. Colonización en el Caquetá, 1924. Un año antes se expidió la ley de vigilancia de territorios fronterizos nacionales.

J. A. Bejarano, por su parte, anota cómo el proceso de colonización antioqueño se orientó a tierras de ladera y se dirigió a la producción cafetera a través de pequeñas y medianas unidades., dejando libres grandes extensiones ubicadas en las zonas planas y cálidas circunvecinas. No tardó en darse el conflicto en estas últimas entre quienes reclamaron dominio sobre grandes extensiones y los colonos, quienes las trabajaban o pretendían

hacerlo. Las primeras décadas muestran una carrera por la adjudicación de tierras, lo que dio lugar a rápidas adjudicaciones tanto a pequeños campesinos, como a terratenientes. La política del Estado de propiciar la construcción de vías públicas, adjudicando baldíos como parte del pago, contribuyó a la apropiación de éstos. En 1905 el contrato firmado por Tulio Ospina para la apertura de un camino que comunicaba a Antioquia con las cabeceras del río Sinú, con miras a abrir a la colonización los valles del Sinú y del San Jorge, concedió al constructor los lados del camino en una zona de diez kilómetros y mil hectáreas por «cada legua que entregue terminada». Entre 1910 y 1937, dice Bejarano, se adjudicaron 1.013.466 hectáreas; más de la mitad correspondieron a adjudicaciones mayores de 1.000 hectáreas, especialmente en los departamentos de Boyacá, Bolívar, Antioquia y Meta. La colonización propiciada por el Estado en este período se hizo, por una parte, con base en la gran propiedad, con sus aparceros y arrendata-

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rios, y por otra, en forma espontánea con una gran masa de colonos que se asentaron en tierras desocupadas, pero sobre las cuales se reclamaba propiedad inscrita. Numerosos conflictos hicieron la historia local de esta colonización; ejemplo de ello, los ocurridos en los años 20 entre los colonos de la hacienda El Hato y los terratenientes que alegaban dominio sobre 12.000 hectáreas, desde Usme hasta el páramo de Sumapaz, o los reclamos en 1916 de los colonos de la hacienda Santo Domingo, en el Tolima, que llevaron a una larga lucha hasta 1932. «El cáncer de la comarca es la especulación del baldío», escribía Vergara y Velasco sobre Sucre a comienzos de siglo; «cientos de ricos los han adquirido en extensiones enormes, no para cultivarlos, sino para extorsionar al que en ellos va a trabajar». Los periódicos de la época registraron periódicamente la tensión; en junio de 1923 un titular reclamaba «contra la iniquidad agraria en Colombia»: «En estos días —decía— ha llamado merecidamente la atención del público y deficientemente la del gobierno, el

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caso de los colonos de Palagua, en el territorio Vásquez (Boyacá), contra quienes ha pedido el señor Alejandro Salcedo, propietario titular de grandes extensiones de tierra en aquellas horribles soledades, una enérgica sanción ejecutiva, por haber rehusado dichos colonos pagar el precio del usufructo.» Otro artículo enfatizaba la necesidad de resolver el problema agrario en Colombia para permitir la ocupación y cultivo de la tierra. El

En la misión apostólica de los capuchinos en Mocoa, Putumayo, el prefecto apostólico Fidel de Montclar y el gobernador de Pasto.

Construcción de una casa en la colonia de Sumapaz.

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Tulio Ospina, impulsador y contratista en 1905 del camino para comunicar a Antioquia con las cabeceras del río Sinú, abriendo a la colonización los valles del Sinú y del San Jorge. El contrato estipulaba la entrega de una zona de diez km y mil hectáreas a lado y lado de la carretera, por "cada legua que entregue terminada."

concepto del derecho de propiedad que planteaba se sustentaba en la «función social»: sin embargo, «hay enormes áreas procedentes las más de grandes concesiones de tierras hoy abandonadas [...] pero que con el esfuerzo constante del cultivador, vienen a representar luego una riqueza. Cuando ésta se ha creado, el propietario ausente de estas actividades y este esfuerzo se presenta y lanza a los cultivadores». Desde el punto de vista de las normas, en 1910 se dispuso el primer programa de colonización auspiciado por el Estado mismo. Se pretendía fomentar una de las primeras colonizaciones alejadas de la zona andina, en las márgenes del río Orteguaza, en el Caquetá; se buscaba aprovechar la extrac-

ción cauchera todavía en auge en la zona, para establecer una colonia agrícola. Esta colonia, para cuya administración se preveía un organismo oficial, tenía como propósito inicial el aprovechamiento forestal, especialmente del caucho, y la «catequización de los indígenas de la región». A pesar de que se contemplaron estímulos para este proyecto (donación de semillas, herramientas, adjudicación gratuita de tierras, auxilio de transporte a la zona, etc.). la colonización productiva propiamente no se desarrolló y quedó tan sólo un pequeño núcleo blanco, en compañía de los misioneros e indígenas, diezmados éstos por las formas bárbaras de explotación de los caucheros. En 1913 se insistió de nuevo en el estímulo oficial a la colonización del Caquetá y del Putumayo para lo cual se creó una Junta de Inmigración que debía funcionar con sede en Pasto; ésta debía realizar un estudio de potencialidades agrícolas, suministrar información técnica a los colonos y apoyar la adjudicación en unidades de cincuenta hectáreas. Esto, sin embargo, no se llevó a la práctica. El primer organismo oficial encargado de promover la colonización se creó en 1912, como una división del Ministerio de Economía Nacional. Apoyó tres colonizaciones: una en Caracolito. Codazzi y Valledupar. colonización que veinte años más tarde daría lugar a las zonas algodoneras de esta región; otra en Sumapaz. Cundinamarca; y la del Sarare en Arauca. Para esta última zona, como se mencionó, desde 1876 se otorgaron grandes extensiones baldías a la sociedad comercial «Plamplonesa del Sarare». que debía organizar la colonización, pero cuya actividad no fue más allá de emitir un cierto número de acciones. Por ley de diciembre de 1922. se insistió en el desarrollo económico e intelectual del país a través de la inmigración de extranjeros. Se contemplaron de nuevo estímulos diversos, pero sólo se estipuló un derecho de adju-

Capitulo 14

dicación de veinticinco hectáreas de tierras baldías. Por la misma época se concedieron baldíos para el establecimiento de colonias penales en áreas periféricas. La preocupación por el dominio de las fronteras llevó en 1923 a expedir una ley de vigilancia de territorios fronterizos nacionales, lo cual enfatizó una vez más la colonización como medio apropiado para ello. En 1926 se reorganizó el aparato estatal encargado de la colonización a través del Instituto Agrícola Nacional, con el fin de fomentar la agricultura y la inmigración extranjera. Vale la pena resaltar que se pretendió crear un sustrato técnico a través de becas para formación de expertos, creación de estaciones y granjas experimentales, levantamiento de cartas agronómicas, estudio de suelos, etc. Se dispuso que el Estado aportaría cien mil hectáreas anuales para colonización, en unidades de ochenta hectáreas y se intentó evitar la especulación con las adjudicaciones, obligando a su uso productivo a través de la prohibición de vender la parcela

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durante los cinco años siguientes a la adjudicación. En 1927 y 1928 se dictaron varias leyes y decretos de colonización de nuevas tierras; en 1927 se ordenaron créditos a colonos y se organizó una comisión que debía proponer los principios básicos de toda colonización: «levantar planos y hacer un estudio de las zonas que se han de destinar a la colonización de tierras baldías» y establecer las características de éstas (topográficas, suelo, clima, vías de comunicación). Al año siguiente se reglamentó la organización de colonias agrícolas, señalando con precisión los requisitos y obligaciones de los coloEscuela de niñas nos y los compromisos del Estado. Se de Sibundoy, en Putumayo, regentada pretendió adelantar estos programas por las hermanas de colonización con personas nacioFranciscanas, 1910. nales o extranjeras en base a los esLas colonizaciones tudios que debía elaborar la comisión del Putumayo y de colonización. La selección de los Caquetá recibieron estímulo oficial colonos, las características exigidas en esta fecha: (varón mayor de 18 años, con buena el primer salud, etc.). la organización de la co- programa de fue colonización lonia (granja agrícola, escuela, iglesia, auspiciado por hospital, etc.). los estímulos estatales. el Estado, directamente.

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Primeras comuniones de indígenas de Pasto, 1930.

Proyecto de colonia penal y militar en la salina de Upin, en el Meta, 1907.

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se contemplaron con detalle en el decreto 839 de ese año. Asimismo, se otorgaron poderes a los funcionarios directores de las colonias agrícolas para solucionar los conflictos de policía. Algunos decretos complementarios hicieron alusión a la colonización en Caquetá. Putumayo y Amazonas. El efecto real de estas disposiciones sobre movimientos colonizadores en áreas nuevas no parece haber sido ma-

yor. Tan sólo algunos núcleos aislados se afianzaron en el piedemonte caqueteño y del Putumayo y se continuó lentamente la ocupación de baldíos próximos a las zonas andinas ya incorporadas. Entre 1920 y 1930 aumentó la presión sobre la tierra cultivada y se dinamizaron transformaciones en la propiedad territorial; el café se consolidó como principal producto de exportación y su bonanza incidió en la economía del país. El crecimiento económico entre 1925 y 1929 (llamado de la Prosperidad a debe) creó nuevas condiciones y exigencias a la estructura económica, que despegó en su proceso de industrialización, con nuevas demandas de productos agrícolas y mano de obra. En este período se inició un tímido intento por controlar el acaparamiento de grandes extensiones baldías y se debatió el carácter social de la propiedad territorial. A partir del criterio constante en la legislación republicana de que todas las tierras existentes en el territorio nacional son originariamente de propiedad del Estado y que éstas

Capítulo 14

pueden pasar al dominio de particulares a través de mecanismos precisos, fue cobrando fuerza al criterio de la explotación económica como medio para obtener y conservar el dominio territorial. Sin embargo, los hacendados, acostumbrados a relaciones de servidumbre «naturales» en este período, buscaron soslayar el proceso de apertura de vías que exige mano de obra contratada por el Estado, el cual alcanzó a expedir leyes de inmigración de trabajadores extranjeros en 1926. atendiendo a la presión por conservar la estructura hacendil. Rupturas en la estructura agraria y colonización (1930-1960) En 1928 la población del país ascendía a 7.212.000 habitantes, de los cuales tan sólo el 15,2 % se ubicaba en las capitales departamentales. En las zonas rurales continuaba el predominio de las haciendas que dominaban de diversas formas la población rural (arrendatarios, aparceros, agregados, peones). La colonización de nuevos territorios después de la formidable expansión de la frontera agrícola realizada sobre la cordillera Central por la colonización antioqueña, había ba-

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jado de ritmo. El conflicto agrario continuaba dándose fundamentalmente alrededor de los baldíos reclamados por colonos y poseedores inscritos. En 1926 una sentencia de la Corte Suprema exigió el título originario del Estado para alegar propiedad; los acaparadores de tierras hablaron de esta sentencia como la que exigía una prueba «diabólica». La tensión en el campo, especialmente en el Tolima, Cundinamarca v Cauca, creció hasta convertirse en una vasta «inconformidad campesina con la tenencia de la tierra, que desembocó en las invasiones de los años 30 y en los primeros intentos de propiciar una reforma agraria, que distribuyera la propiedad territorial», como afirma Alfonso López Michelsen. La apertura del mercado del trabajo asalariado indujo a campesinos arrendatarios a liberarse del dominio de las haciendas, cuyos dueños resintieron la salida de sus arrendatarios, hasta el punto que intentaron prohibir su salida, por medio de la imposición de salvoconductos. Los conflictos agrarios llevaron a la expedición de la ley 200 de 1936; a pesar de la precariedad de los instrumentos que dispuso para afectar el ré-

Ensayo de una banda musical conformada por indígenas de una misión capuchina, 1913.

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Capítulo 14

gimen de la tenencia de tierras, esta ley reafirmó y desarrolló el concepto de la función social de la propiedad territorial, rechazó el dominio absoluto sobre la misma, consideró prioritario el interés de la comunidad sobre el particular, e incluso estableció la expropiación sin indemnización por causa de utilidad pública. Con respecto a los baldíos, estableció como criterio para determinar tal calidad o, por el contrario, el de propiedad particular de un terreno, el cultivo o no del mismo; así, las tierras incultas o inexplotadas, se presumieron baldíos. De esta forma se pretendió resolver el conflicto entre el poseedor material del terreno y quien lo reclamaba en propiedad, en favor del primero. Se hizo explícita la diferencia entre terrenos baldíos de propiedad de la nación y las propiedades particulares a través del cultivo de los terrenos. Esta ley, sin embargo, adoleció de medios eficaces para su ejecución; pero su importancia radica en el intento de frenar el acaparamiento y la especulación con los baldíos, a través de la exigencia de que la propiedad sólo se demuestra y mantiene mediante hechos positivos de explotación económica. Por esta misma época se dieron movimientos espontáneos de colonización en áreas baldías de Cundinamarca, Huila, Cauca, Valle y Antioquia. La guerra con el Perú obligó a prestar atención a los marginados territorios nacionales, que una vez pasado el auge cauchero tenían escasos vínculos con el centro del país. La apertura de la vía Pitalito-Florencia y el mejoramiento de la del valle de Sibundoy hasta Mocoa, abrió las posibilidades de una mayor afluencia de colonizadores andinos, en especial del Huila, Tolima y Nariño hacia el Caquetá (inmediaciones de los ríos Orteguaza y Caquetá en su curso medio, y riberas del Putumayo medio). Por esta época también se inició la ocupación de Urabá a partir de las inmediaciones de la vía Medellín-Turbo. Esta ocupación, sin embargo, sólo cobraría auge a par-

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tir de 1964 con el ascenso de las exportaciones bananeras. Entre 1932 y 1938, se intentaron programas de colonización dirigida hacia Bahía Solano (Chocó), Codazzi y Caracolito (Cesar), Prado, Ortega, Dinde y Roa (Tolima), programas que tan sólo obtuvieron el asentamiento de unos pocos pioneros, mientras el interés colonizador se dirigía a las inmediaciones de las áreas ya incorporadas. Alrededor de 1945 empezó a generalizarse la agricultura de corte empresarial, la cual desplazó a los campesinos de algunas zonas mecanizables, como ocurrió con los ubicados en el plan del Tolima, el altiplano Cundiboyacense, las sabanas del Caribe y el valle del Cauca. Los cultivos comerciales de arroz, algodón, sorgo y azúcar desplazaron la producción ganadera y la agricultura campesina hacia zonas más distantes. Los colonos de Codazzi se vieron presionados por el auge de empresarios agrícolas y los antiguos aparceros de las haciendas de los llanos de Tolima cedieron el paso o se incorporaron a la producción de los distritos de riego de Saldaña, construidos por la Caja Agraria en la década del 50, en apoyo a empresarios privados. Este inicio de la modernización en las relaciones y en las formas de producción agrarias, contrastó con la creciente tensión que se apoderó de las vastas zonas rurales y que desembocó en interminables años de conflictos armados. En 1951 Colombia contaba con 11.545.372 habitantes; miles de sus habitantes rurales, que ascendían al 70 % de la población total en ese año, perecieron en la feroz contienda; miles huyeron a las ciudades, mientras otros buscaron tierra y paz en las periferias, en el piedemonte amazónico y llanero, el Magdalena medio, el Carare-Opón, el Urabá antioqueño y chocoano, el Catatumbo y el Carare. A partir de esos años se produjo una drástica redistribución de la población en el territorio nacional y se incorporaron al mercado nacional vas-

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tas zonas hasta entonces marginales y ocupadas por poblaciones indígenas de baja densidad demográfica. El movimiento migratorio colonizador desbordó ampliamente el aparato institucional y se prolongó por tres décadas, hasta el presente. En 1946l, año que para numerosos investigadores marca el comienzo de la Violencia, se expidió una ley que buscaba obtener información sobre tierras baldías aptas para la colonización y encargó al Ministerio de Economía Nacional estudiar y prestar servicios especializados para los colonos. Al año siguiente, una nueva ley tuvo como propósito fomentar la colonización en el sur del país, en especial en Putumayo y Caquetá, y creó comisiones sanitarias para atender a los colonos. En 1948, en plena Violencia, se creó el Instituto de Parcelaciones. Colonizaciones y Defensa Forestal, enti"Horizontes", dad que debía adelantar programas dióleo de Francisco rigidos por el Estado. Su labor conA. Cano, 1913.

creta se limitó al apoyo de las colonizaciones ya iniciadas del Magdalena medio, el Carare, Caracolito y Codazzi. Esta ley intentó subsanar la debilidad estatal en materia de colonizaciones, creando mecanismos administrativos ejecutores de las políticas de colonización y fomento agrícola. El Instituto debía realizar parcelaciones de tierras incultas o insuficientemente explotadas y apoyar la colonización espontánea mediante la organización de colonias agrícolas. Éstas, por supuesto, no tuvieron mayor realidad. Pocos años después, en demostración del interés del Estado en la colonización y su incapacidad ante el proceso, un nuevo decreto de 1953 anuló el anterior Instituto y creó el Instituto de Colonización e Inmigración. En este mismo año otro decreto dispuso la colonización militar del valle del río Magdalena. Es interesante destacar que se retomó la vieja idea del poblamiento e

Capítulo 14

incorporación del territorio nacional a través de inmigrantes extranjeros seleccionados. Para atraerlos al país se preveía otorgarles prioridad en la adjudicación de predios. Se determinó por otra parte la cabida de los predios adjudicados y se enumeraron diversos requisitos que debía cumplir un adjudicatario de baldíos; entre éstos sobresalía el certificado de buena conducta que debían presentar los aspirantes a tierra. El Estado, por su parte, se comprometió a apoyar la colonización mediante la construcción de vías, y el apoyo técnico y financiero a los colonos. En la práctica, este instituto apoyó la colonización espontánea de campesinos en el Carare y el Opón (Santander) que cobraba cierta realidad, y la de Cimitarra en el Magdalena medio, facilitando la instalación de numerosos aserríos. En 1956 se asignaron a la Caja Agraria las funciones del Instituto de Colonización e Inmigración; ésta abrió una sección de colonizaciones y parcelaciones que pocos años después inició programas de colonización dirigida y planificada estatalmente. Adelantó acciones en el Ariari (Avichure y Canaguaro), Caquetá (La Maná, Valparaíso y Maguaré), Sarare (Tunebia), Sumapaz, Cundinamarca y Lebrija (Santander). La Caja Agraria, con un débil conocimiento de las características agronómicas y graves fallas de planificación, pretendió establecer colonizaciones controladas y diseñadas oficialmente, con apoyo de vías, crédito, asistencia técnica y escuelas. Estas colonizaciones dirigidas, que cobijaban pequeñas zonas de las vastas tierras en pleno auge de incorporación espontánea, fracasaron pronto y sus conflictos fueron asumidos por la nueva entidad encargada de las políticas de colonización: el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, INCORA. Por la ley de 1961 se creó este Instituto, brazo ejecutivo de la política de reforma agraria, que a partir de entonces intentó crear nuevas bases económicas y políticas para superar la violencia que desde 1946

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El tema de la colonización en una estampilla del Banco Postal, 1948.

azotaba las zonas rurales. En 1960 el Estado había ordenado la emisión de cincuenta millones de pesos dentro de un vasto programa nacional de rehabilitación, dinero destinado a parcelación y distribución de tierras en zonas afectadas por la Violencia. La magnitud de la colonización producto de la desestabilización de la vida rural y de la expulsión de masas campesinas en el período entre 1950 y 1960 no se conoce en forma precisa; sin embargo, se sabe que algunas zonas presentaron altas tasas de crecimiento por inmigración entre las cuales se destacan el Magdalena medio, el Caquetá, el Putumayo, el Sarare y el Ariari (Meta). Entre 1958 y 1966 se dieron las cifras más altas de inmigración. El Caquetá, por ejemplo, en 1938, tenía 20.914 habitantes; en 1951, según los datos censales, 40.950, y en 1964 su población alcanzaba 103.718 habitantes (contra 111.079 en .1985). Los grandes desplazamientos de población se detectan en los datos censales que muestran que, en 1951, el 14 % de la población había cambiado de origen y en 1964, lo había hecho el 18 por ciento. El Estado, por su parte, estuvo a la zaga de este movimiento procurando, a posteriori, remediar situaciones de emergencia y en buena parte actuando bajo el criterio de atenuar los conflictos urbanos y rurales crecientes.

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La conquista de la Amazonia (1960-1980) En los inicios de los años 60, las cifras oficiales mostraban que el 78 % de la población total se albergaba en la zona andina. Mientras en 1951 la población de las dieciséis capitales departamentales representaba apenas el 18 % de la población total, en 1960 se estimaba la población rural en un 60 %. Al comenzar la década, Eduardo Acevedo Latorre describía al país afirmando que «nuestro suelo está en mínima parte ocupado», lo que contrastaba con la alta concentración demográfica de las zonas ocupadas. La región selvática, en especial la llanura amazónica —decía—, se encontraba aún casi despoblada.

Un balance de la inmigración extranjera arrojaba apenas un estimativo de 50.000 extranjeros residentes en Colombia en 1960. En 1951, el censo había registrado 27.133 extranjeros, de los cuales se dedicaban a actividades agrícolas tan sólo 3.809. La legislación sobre inmigración extranjera, confusa, dispersa e inadecuada, no apoyó un flujo de inmigrantes de importancia, de por sí carentes de motivaciones hacia las difíciles tierras tropicales. El país se presentaba como lo había caracterizado Uribe Uribe a comienzos del siglo: como un país de fisonomía étnica mestiza, pero con minorías indígenas ocupando los contornos nacionales. En contraste con la raquítica inmigración extranjera, ya entonces se

MOVIMIENTO MIGRATORIO EXTERNO (1937-1959) Años

Inmigrantes

Emigrantes

Saldo a favor del país 915 3.251 1.457 369 -3.338 -22 92 -712 2.242 3.335 1.447 -350 -1.620 456 -3.053 -39 -1.326 1.584 -2.113 -1.145 -1.425 -5.483 -1.252

13.788 1937 14.703 12.712 15.963 1938 14.191 15.648 1939 12.512 12.884 1940 18.087 14.749 1941 14.547 14.525 1942 16.653 16.745 1943 19.613 18.901 1944 22.333 24.575 1945 34.708 38.043 1946 33.964 35.411 19471 29.933 29.583 1949 34.641 33.021 1950 36.141 36.597 1951 41.819 38.766 1952 45.854 45.815 1953 50.725 49.399 1954 50.677 52.261 1955 52.846 54.959 1956 46.663 45.518 1957 63.201 61.776 1958 73.448 67.965 1959 TOTAL 739.059 737.807 1 No se conocen datos para el año 1948. Fuente: Eduardo Acevedo Latorre. Atlas de economía colombiana, 1960.

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Danza indígena, ilustración a la novela "Toá", de César Uribe Piedrahíta, publicada en 1933, con denuncias sobre matanzas de indígenas organizadas por los caucheros de la selva amazónica.

apreciaba un movimiento interno de grandes proporciones. En 1951, Boyacá sobresalía como el departamento de mayor volumen de población inmigrante, mientras el Valle, Cundinamarca y Atlántico presentaban gran afluencia de población. Si bien la mayor parte de la movilización interna se dirigió a los departamentos vecinos, un volumen no despreciable comenzó su descenso de la cordillera hacia la llanura amazónica y el valle medio del Magdalena. Entre 1950 y 1960, Nariño y Tolima tuvieron las más altas tasas de expulsión de campesinos asfixiados que se asentaron como colonos de Putumayo y Caquetá. En Boyacá, una pequeña corriente se dirigió a Casanare y otra se orientó al Magdalena medio. De los Santanderes se desplazaron colonos hacia Cesar, y de Antioquia se dirigieron a Córdoba y Urabá; de Bolívar y Magdalena algunos se desplazaron hacia el río Magdalena, y de Cundinamarca y Boyacá salieron hacia el Meta, el Guaviare, Arauca y Caquetá. El manejo de los baldíos y la consonancia de las disposiciones sobre éstos con las políticas agrarias para las áreas incorporadas fue asumido por el INCORA con base en las facultades de la ley de reforma agraria (135/61). Por esta ley, al INCORA se le asignó (hasta el presente) administrar la adjudicación de tierras por parcelación,

colonización y titulación de baldíos. Igualmente se le asignaron funciones para adelantar colonizaciones especiales y para apoyar la colonización espontánea. El apoyo previsto fue de diversos órdenes; en titulación de los baldíos, provisión de crédito, asistencia técnica, creación de infraestructura vial y de escuelas, puestos de salud, etcétera. Los préstamos internacionales de la AID, el BID y el Banco Mundial, hicieron que parte de ese apoyo pudiera llevarse a cabo, en beneficio de aquellos que habían logrado sobrepasar las fases iniciales de la conquista del medio o de aquellos que compraron terrenos a los pioneros. La ley de reforma agraria partió, en su formulación de propósitos, de la necesidad de «extender a mayores sectores de la población» el derecho de la propiedad, armonizándolo con su uso social. Se propuso adoptar medidas preventivas sobre la concentración de la propiedad territorial, eliminar paulatinamente el latifundio y el minifundio y fomentar por distintos medios la producción agrícola. Uno de los medios preventivos para aliviar la presión sobre la tierra en las áreas incorporadas y aumentar la producción agrícola fue él impulso a la expansión de la frontera económica. Desde el comienzo, los programas de colonización fueron planteados como complementarios de los diseñados para la frontera agrícola. En términos prácticos, el INCORA asumió desde 1963 la administración de los créditos y la asistencia técnica de los programas de colonización adelantados por la Caja Agraria, que pretendía reubicar refugiados de la Violencia. A partir de ese año, entidades crediticias internacionales han venido apoyando con créditos orientados principalmente a la construcción de vías y el fomento de la ganadería, los programas de colonización del Caquetá, el Sarare, el Ariari y el Guaviare. Sin embargo, el movimiento colonizador ha sido mucho más vasto y se concentra fundamentalmente a lo largo del cordón del pie de la cordillera

Capítulo 14

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PRÉSTAMOS INTERNACIONALES PARA COLONIZACIÓN Entidad

Año del préstamo

% Financiación proyecto 70 70

1963 AID 1969-70 BID BIRF1/Banco 1971 70 Mundial 1975 70 BIRF2 En trámite 70 BID3 TOTAL 1 Arauca (Sarare). Meta (Ariari-Guéjar). Caquetá. 2 Caquetá. 3 Arauca, Fase II. Fuente: INCORA. Oficina de Colonización. 1981. Oriental, incursionando en la Llanura amazónica sobre las márgenes de los grandes ríos. La magnitud de las tierras colonizadas y de la población asentada en la zona en el período 1950-1980, la convierten en la principal área de colonización moderna del país. Otras zonas tales como Urabá, Magdalena medio, Carare-Opón y Catatumbo, a pesar de su importancia relativa, especialmente las dos primeras como productoras de banano para la exportación y ganado respectivamente, no tienen la envergadura de la colonización hacia la Amazonia. Esta área en el país asciende a 395.000 kilómetros cuadrados, los cuales están parcialmente cubiertos de selvas pertenecientes a las cuencas de los ríos Orinoco en su parte norte y Amazonas y Vichada hacia el sur. Para 1980 se estimaba en 1.120.000 los habitantes de las zonas de colonización; el INCORA, por su parte, calcula en 3.400.000 hectáreas las tierras colonizadas entre 1960 y 1980. Algunos análisis para Guaviare, Caquetá y Putumayo registran una superficie de 1.621.784 en pastos y 131.208 hectáreas dedicadas a la agricultura, y una población total de 510.157 habitantes, de los cuales 24.233 son indígenas.

Monto del préstamo en millones de dólares 8.0 10.8 8,1 19,5 22,0 68,4

HABITANTES EN LAS PRINCIPALES ZONAS DE EMPUJE COLONIZADOR Zona

Número de habitantes

Caquetá Arauca Meta Guaviare Putumayo

214.473 70.085 412.312 35.305 119.815

TOTAL

851.990

Fuente: DANE, censo 1985. Estos datos contrastan si los contraponemos con los de años anteriores; en 1951 el Putumayo tenía 28.099 habitantes: en 1964, 56.284 y en 1980, el INCORA estimaba en 100.000 habitantes su población. Guaviare tenía en 1971. en el área rural. 664 habitantes, y en 1978, 18.000 en la zona rural que sumados a los 20.000 de San José del Guaviare, su capital, muestran un rápido crecimiento, aun en pleno vigor, a diferencia de otras áreas, que han decaído en el ritmo colonizador. Se ha

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mencionado ya el caso del Caquetá. que según el INCORA tenía, en 1984, 30.046 fincas sobre una superficie de 2.664.575 de hectáreas. La ocupación de la Amazonia ha sido un proceso relativamente acelerado, ocurrido en 30 años a partir de 1950, con una curva ascendente cuyo tope máximo se sitúa entre 1962 y 1975. Sin embargo, la ocupación predominante es aún la de una franja paralela a la cordillera Oriental que corre desde el Sarare hasta el Putumayo. Por fuera de ella, la ocupación colonizadora sigue las márgenes de los grandes ríos Guaviare, Caquetá y Putumayo, con numerosos enclaves indígenas dispersos en todo el territorio. Los territorios orientales cobijan una población indígena que sobrepasa los cincuenta mil habitantes; ésta se distribuye en un gran número de grupos con diferencias lingüísticas y culturales: pertenecen a once familias lingüísticas diferentes; Carlos Patiño menciona cuarenta y cuatro lenguas en la Amazonia colombiana pertenecientes a diferentes grupos lingüísticos, sin incluir la cuenca del Orinoco, pertenecientes a la familia lingüística guahibo. Aquellos que habitan la zona de mayor presión colonizadora se han visto desplazados y a menudo despojados de sus territorios ancestrales; la economía indígena, ajena al afán mercantilista, es rápidamente desplazada. La población que ocupa las áreas de colonización es diversa, como se ha planteado. Pequeños campesinos, asalariados rurales, pequeños y medianos comerciantes, aserradores, escasos empresarios agrícolas y algunos hacendados. Sin embargo, todos ellos comparten el afán por hacer una vida nueva en áreas de supuesta riqueza natural, en el mínimo tiempo posible. El primer choque para los pioneros fue el constatar la falacia de la fertilidad del suelo amazónico, y la imposibilidad de reproducir sus habituales técnicas y renglones productivos, adaptados por lo general al cultivo de ladera. El clima, la vegetación, el suelo y la topografía amazónica di-

fieren radicalmente de las andinas y presentan grandes limitaciones a la explotación agrícola intensiva. Poco tiempo después del desmonte, el suelo descubierto de su follaje protector y lavado por las intensas lluvias amazónicas, no producía sino pobres cosechas. Esto llevó al desmonte progresivo y acelerado y al encierro y posterior desplazamiento de los territorios nativos que. sin cercos v con una agricultura rotatoria, se ofrecían como fácil posibilidad al colono. El largo conocimiento de la selva tropical elaborado por las sociedades indígenas y las formas de explotación de la misma a través, por ejemplo, de agricultura que rota a través de largos periodos los terrenos cultivados, fue despreciado e ignorado, ante las presiones de la supervivencia del colono. Es preciso resaltar que a pesar de la diversidad de la conformación de la población en áreas de colonización, los colonos propiamente dichos están en una gran proporción conformados por pequeños campesinos y población rural (artesanos, peones, aparceros, arrendatarios, jornaleros agrícolas). Una investigación realizada por el INCORA en 1973 demostró que más del 70 % de los encuestados adujo la carencia de tierra o la estrechez de la misma como causa principal del desplazamiento. El 63 % de los encuestados se propuso obtener tierra en la nueva zona. Otras características detectadas fueron la migración sucesiva a varias zonas rurales e incluso urbanas, en busca de mejores condiciones de vida, y la precariedad de los recursos financieros iniciales de la gran mayoría. Esto establece, por una parte, condiciones diferenciales entre colonos, pues mientras la mayoría, cuando ingresa a la zona, cuenta con mínimos elementos de trabajo y escaso capital, otros pueden adquirir tierras desmontadas por los pioneros o lucrarse a través del comercio. Por otra parte, esto implica el fracaso de un número relativamente alto de colonos que no pueden sostener la explotación del predio ni dar el paso hacia la producción ga-

Capítulo 14

nadera, que si bien se adapta mejor a las características ambientales, requiere mayores inversiones de capital y arroja rentabilidad a más largo plazo. Si a este elemento agregamos la carencia de fuentes de crédito para el colono pobre, tanto por la estrechez de la cobertura del crédito oficial, como por la exigencia básica de demostrar la adjudicación legal del predio (título) como requisito para obtenerlo, se explica la concentración de tierras y ganados que se produce en las zonas de colonización y el fracaso de muchos colonos en la obtención de las tierras. La titulación legal del predio es función del INCORA, según la ley 135 de 1961; esta ley exige que el cultivador de baldíos demuestre explotación del predio en por lo menos las 2/3 partes de la superficie solicitada en adjudicación, con miras a evitar el acaparamiento de baldíos incultos. Esta medida se complementó con otra que es-

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tableció en cincuenta hectáreas la unidad económica deseable para la colonización. Esto llevó por una parte a la tala irracional en busca de la titulación y por otra fijó en un monto no rentable la parcela auspiciada por el INCORA. Adicionalmente, la capacidad misma del Estado ha limitado los títulos adjudicados. Hasta 1980 el INCORA había adjudicado en los tres principales proyectos de colonización, Caquetá, Arauca (Sarare) y Meta, 29.354 títulos sobre 1.352.954 hectáreas. La relación entre las tierras tituladas en estas tres principales zonas apoyadas por el Estado (1.352.954 hectáreas) y el número total de tierras colonizadas (3.400.000 hectáreas), aun dejando margen para los títulos otorgados en otras zonas distintas de las mencionadas, con menor acción estatal, muestra que la titularidad de la tierra corresponde a menos de la mitad de las tierras colonizadas. Y, como

"Antioquia", acuarela de Rafael Sáenz, 1969.

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TITULACIÓN DE TIERRAS EN LOS TRES PRINCIPALES PROYECTOS DE COLONIZACIÓN (1980)

Colonización japonesa en Corinto, . Cauca, establecida desde 1935 por la compañía Kaigai Kogyo. Inicialmente los inmigrantes cultivaron arroz y café.

Zona

N.° de títulos

Caquetá Arauca .. Meta TOTAL

19.655 4.019 5.680 29.354

N.° de hectáreas tituladas 990.764 133.815 228.367 1.352.946

ya se mencionó, el título es uno de los requisitos para obtener crédito oficial. En 1973, época aún floreciente del INCORA, éste atendía a 11.048 prestatarios de crédito que sumados a los 20.963 de la Caja Agraria en zonas de colonización, representaban tan sólo el 38 % de las familias rurales asentadas en áreas de colonización en esa fecha. Ya desde 1974 se evidenciaba la

tendencia general a la disminución de los volúmenes de crédito, que descendía desde 1968. Hoy en día han alcanzado drásticos niveles de reducción, hasta el punto que es posible afirmar que para la colonización sólo se otorgaron los créditos financiados por las entidades internacionales, BID (Ariari, Arauca) y Banco Mundial (Caquetá). Para el Guaviare, en el área principal de colonización (El Retorno) la titularidad se estima apenas en el 40 % de los predios. Para el Caquetá, los títulos cubren el 50 % de los colonos y los créditos hasta el 36 % de ellos. Las inversiones estatales se orientan prioritariamente a la construcción de vías y otras obras de infraestructura, de manera que el apoyo directo al colono es minoritario. Esta situación lleva a la venta de la parcela por parte de los colonos que abandonan la colonización, o bien reinician el ciclo de apertura de «monte» en los límites de la frontera colonizadora.

Capítulo 14

De acuerdo con Bert Helmsing, comerciantes acomodados y hacendados compran así a bajo precio fincas ya incorporadas, con la consecuente concentración de la propiedad territorial;

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algunos incluso concentran la propiedad de los ganados, a través de contratos con los colonos que carecen de capital para adquirirlos. Se reproduce así la vieja fórmula mediante la cual la

Carlos Villamil Chaux, gerente del Incora, con campesinos de Santander (1969). Desde su creación en 1961 hasta 1980, el Incora había adjudicado 1 352 954 hectáreas en los tres principales proyectos de colonización, de Caquetá, Sarare (Arauca) y Meta. Pero las tierras colonizadas en total fueron 3 400 000 hectáreas, en el mismo período.

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"La Esperanza", foto alegórica de Melitón Rodríguez.

hacienda se apropia del trabajo de los colonos, quienes se desplazan de nuevo. Un balance sobre la distribución de la tierra en el Caquetá, basado en una muestra, arroja, para 1980, que las fincas mayores de cincuenta hectáreas, que representaban el 1,2 % de las propiedades, ocupan el 36 % de la tierra. Para el Putumayo las fincas de más de cien hectáreas, que significan el 1,2 % de las propiedades, poseían el 18,7 % del área. Se estima que en el Caquetá, entre 1950 y 1960, fueron desplazados 2.500 indígenas, y en años recientes 1.475 fueron afectados por los movimientos de expansión territorial. Sin embargo, algunos estudios recientes indican una tendencia para el

Caquetá de disminución en número y en superficie ocupada, tanto de los predios menores de cincuenta hectáreas, como de los mayores de quinientas hectáreas; se fortalece la propiedad mediana, de producción ganadera relativamente tecnificada. Esta situación es diferente en Putumayo, donde aún predomina la pequeña propiedad de cultivos, con pocos excedentes para el mercado, y donde la ganadería representa apenas el 2,3 % de la tierra colonizada. En síntesis, la concentración de tierra en el centro del país, el establecimiento de empresas agrícolas y nuevas relaciones productivas que se consolidaron con rapidez durante el período conocido como la Violencia, obligaron a una amplia masa desplazada del campo a acudir a las míticas y desconocidas selvas y llanuras orientales. La ruptura de las ataduras precapitalistas y la transformación de su máxima expresión, la hacienda latifundista, asumió un carácter de guerra interna que trastocó y reorganizó la distribución espacial de la población arrojando contingentes a las periferias amazónicas. Las inversiones han sido atraídas por la posibilidad de adquirir a bajo costo terrenos descumbrados por los pioneros, de rápida valorización. La especialización de algunas zonas como ganaderas, políticas auspiciadas por las agencias crediticias internacionales y compañías multinacionales agroindustriales (Nestlé en Caquetá, por ejemplo), han sido un factor decisivo en la polarización económica relativamente acelerada. Sólo unidades productivas de cierta escala alcanzan éxito en la producción ganadera. Pero, en la medida que no se ha llegado al límite de la selva, se abren nuevos terrenos, se fundan nuevos poblados de agitada y efímera prosperidad, y quedan atrás las áreas ya incorporadas que disminuyen en densidad demográfica. Simultáneamente, crecen nuevos núcleos urbanos, consolidados como centros administrativos y comerciales que recogen población expulsada de la

Capítulo 14

colonización: Florencia, Puerto Asís, Saravena, Granada, Villavicencio. La frontera colonizadora sobre la Amazonia está todavía en movimiento. Las áreas ya incorporadas a la producción aportan al mercado nacional y al de exportación un volumen apreciable de productos agrícolas—el Caquetá produce el 1.8 % de la producción nacional de ganado—. mientras la co-

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lonización que comienza con cultivos de subsistencia y se sitúa al borde de trochas y ríos, en condiciones precarias e inciertas, aún avanza. El auge del cultivo de la coca ha afectado en los últimos años los patrones típicos de la colonización; sin embargo, es posible que como su antecesor, el boom de la extracción cauchera, su paso sea temporal.

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