Nueva Historia de Colombia [II] 9586142515, 9586142558

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NHC Nueva Historia de Colombia

Director Científico y Académico ALVARO TIRADO MEJIA Asesores JORGE O R L A N D O M E L O JESÚS ANTONIO BEJARANO

Plan de la obra

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Colombia Indígena - Conquista y Colonia

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Era Republicana

I

Historia Política 1886-1946

II

Historia Política 1946-1986

III

Relaciones Internacionales, Movimientos Sociales

IV

Educación y Ciencias, Luchas de la Mujer, Vida Diaria

V VI

Economía, Café, Industria Literatura y Pensamiento, Artes, Recreación

NHC

Nueva Historia de Colombia

II

Historia Política 1946-1986

PLANETA

Dirección del proyecto: Gloria Zea Gerencia general: Enrique González Villa Coordinación editorial: Camilo Calderón Schrader

Material gráfico: Museo de Arte Moderno de Bogotá, Museo Nacional, Museo 20 de Julio, Museo de Desarrollo Urbano, Biblioteca Nacional, Biblioteca de la Cancillería en el Palacio de San Carlos, Archivo de la Cancillería, Hemeroteca Luis López de Mesa, Academia Colombiana de Historia, Federación Nacional de Cafeteros, Museo Numismático del Banco de la República, Fondo Cultural Cafetero, Biblioteca de la Universidad de Antioquia, Biblioteca Pública Piloto de Medellín, Archivo FAES, Archivo Nacional de Colombia, Sala de la Constitución de la Casa de Nariño, Centro Jorge Eliécer Gaitán, UTC, CTC, CGT, CSTC, Centro Cultural Leopoldo López Alvarez de Pasto, Cromos, El Tiempo, El Espectador, El Siglo, Revista Proa, Patronato de Artes y Ciencias, Centro de Documentación Musical (Colcultura), Conferencia Episcopal Latinoamericana, Archivo de la Catedral de Bogotá, CINEP, Cinemateca Colombiana, Compañía de Fomento Cinematográfico Focine, Corporación Nacional de Teatro, Teatro Popular de Bogotá, Corporación de Teatro La Candelaria, Fundación Teatro Libre de Bogotá, Escuela Militar de Cadetes José María Córdova, Archivo Melitón Rodríguez, Colección Pilar Moreno de Angel, Colección Carlos Vélez, Archivo Planeta Colombiana.

Diseño: RBA, Proyectos Editoriales, S.A. Barcelona (España) Investigación gráfica: Juan David Giraldo Asistente: Ignacio Gómez Gómez Fotografía: Jorge Ernesto Bautista, Luis Gaitán (Lunga), Arturo Jaramillo, Guillermo Melo, Oscar Monsalve, Jorge Mario Múnera, Vicky Ospina, Carlos Rodríguez, Fernando Urbina. Producción: Oscar Flórez Herreño Impreso y Encuadernado por: Editorial Printer Colombiana Ltda.

©PLANETA COLOMBIANA EDITORIAL S.A., 1989 Calle 31, No. 6-41, Piso 18, Bogotá, D.E. Colombia ISBN (obra completa) 958-614-251-5 ISBN (este volúmen) 958-614-255-8

La responsabilidad sobre las opiniones expresadas en los diferentes capítulos de esta obra corresponde a sus respectivos autores.

Sumario

Sumario 1 2 3 4 5 6 7 8

El gobierno de Mariano Ospina Pérez: 1946-1950 Catalina Reyes Cárdenas

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El 9 de abril, asesinato de una esperanza Arturo Alape

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El 9 de abril en provincia Arturo Alape

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El gobierno de Laureano Gómez. De la dictadura civil a la dictadura militar Alvaro Tirado Mejía

81

Rojas Pinilla: del golpe de opinión al exilio Alvaro Tirado Mejía

105

Violencia, guerrillas y estructuras agrarias Gonzalo Sánchez

127

La Violencia: de Rojas al Frente Nacional . Gonzalo Sánchez

153

El origen del Frente Nacional y el gobierno de la Junta Militar Gabriel Silva Luján 179

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10 11 12 13 14 15

Lleras Camargo y Valencia, entre el reformismo y la represión 211 Gabriel Silva Luján Carlos Lleras y Misael Pastrana: reforma del Estado y crisis del Frente Nacional Gabriel Silva Luján

237

Los terceros partidos en Colombia, 1900-1967 Medófilo Medina

263

Historia militar contemporánea Alvaro Valencia Tovar

295

Iglesia católica y el Estado colombiano (1886-1930) Fernán González

341

Iglesia católica y el Estado colombiano (1930-1985) Fernán González González

371

Del Frente Nacional al momento actual: diagnóstico de una crisis Alvaro Tirado Mejía

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Capítulo 1

El gobierno de Mariano Ospina Pérez: 1946-1950 Catalina Reyes Ospina Pérez llega al poder

E

n mayo de 1946 se realizaron las elecciones presidenciales. El partido conservador obtuvo el triunfo después de dieciséis años de gobiernos liberales. El liberalismo se presentó a las elecciones dividido con dos candidatos: Gabriel Turbay y Jorge Eliécer Gaitán. Quien obtuvo el triunfo fue Mariano Ospina Pérez, ingeniero antioqueño, perteneciente al ala moderada del partido conservador, amigo de la política de acuerdos y con una visión modernizante del país. Se puede decir que Ospina hizo parte de esa tradición política del conservatismo antioqueño iniciada en el siglo pasado con los «históricos», que anteponían sus prósperos intereses económicos al sectarismo. Ospina Pérez se opuso en varias ocasiones a las políticas extremistas de Laureano Gómez, en particular a la tesis de la «acción intrépida» propuesta por éste en los años treinta y por ello se hizo acreedor, con otras personalidades, a la hostilidad de los sectores más radicales de su partido. Para los liberales fue difícil aceptar el

triunfo conservador, siendo ellos el partido mayoritario. Los conservadores, a pesar de haber ganado las elecciones, sólo controlaron el ejecutivo, ya que el Congreso, las asambleas departamentales, los concejos municipales, el Consejo de Estado y la rama judicial continuaron siendo de mayoría liberal. En un ambiente de zozobra y amenazas para impedir que Ospina Pérez llegara al poder, éste se posesionó el 7 de agosto de 1946. El ejército debió despejar la plaza de Bolívar de los manifestantes gaitanistas que desde las horas de la mañana se tomaron las calles con aire de provocación. Desde el inicio de su campaña presidencial, Ospina Pérez había levantado como bandera de lucha la supresión de los gobiernos de partido y había propuesto una fórmula de gobierno equitativamente distribuida entre liberales y conservadores. A su idea le dio el nombre de Unión Nacional y, según lo reconoció el propio Ospina, ella tuvo su origen en la propuesta de Frente Nacional hecha por López Pumarejo en 1945, cuando renunció a la presidencia. Gracias a esta política de Unión Nacional y a los nexos que Ospina Pérez mantenía con la clase alta liberal se hizo posible la colaboración

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Mariano Ospina Pérez, elegido el 5 de mayo de 1946 presidente de Colombia, por 564 661 votos, en contra de los liberales Gabriel Turbay, que obtuvo 438 255 sufragios, y Jorge Eliécer Gaitán, 356 995. La división liberal puso término a 16 años de gobierno de su partido.

de sectores del liberalismo con Ospina en los primeros meses de su gobierno. El presidente, después de su posesión, conformó un gabinete ministerial con miembros de ambos partidos y nombró gobernadores y alcaldes de filiación liberal. Los esfuerzos de Ospina Pérez en el sentido de lograr una convivencia armónica de los partidos que le permitiera adelantar una administración eficaz se verían continuamente socavados en varios frentes. Laureano Gómez, jefe del conservatismo, sólo vio en la política de Unión Nacional una táctica electoral y propendió por el establecimiento de una fuerte hegemonía conservadora que permitiera el desmonte de dieciséis años de república liberal. A su vez, Guillermo León Valencia y Gilberto Alzate Avendaño, aguerridos jefes locales del conservatismo, tampoco miraban con buenos ojos la participación libe-

ral en el gobierno y entorpecieron la política de Unión Nacional. «El partido liberal se encontraba dividido, y los continuos enfrentamientos entre gaitanistas y oficialistas contribuyeron a entorpecer los planes políticos de Ospina. El sector oficial del liberalismo y en particular los santistas, prefirieron establecer acuerdos con el gobierno antes que con Gaitán, de cuyo movimiento desconfiaban. Sus concepciones elitistas de la política, así como su oposición a las reformas que pudieran afectar su preeminencia económica y social lo hacían rechazar las tesis gaitanistas. El apoyo de este sector a la política de Unión Nacional se reducía a la posibilidad de seguir controlando parte de los puestos burocráticos en el gobierno, sobre todo en las gobernaciones, que eran muy importantes para el mantenimiento de la maquinaria electoral. Los gaitanistas en un principio se opusieron a la participación del partido liberal en un gobierno de Unión Nacional, alegando que ésta relajaba los resortes ideológicos y que sólo una oposición beligerante al régimen podía garantizar el apoyo popular. Para analizar el fracaso de la Unión Nacional es necesario tener en cuenta, entre otros elementos, que durante la administración de Ospina Pérez se llevaron a cabo cuatro contiendas electorales. En Colombia los debates electorales estaban signados por la virulencia, e incluso por la violencia física. Durante los años 1946-1950 se llevaron a cabo las siguientes elecciones: para Parlamento en marzo de 1947, para concejos municipales en octubre de 1947, nuevamente parlamentarias en junio de 1949 y presidenciales en noviembre del mismo año. El contexto internacional influyó de forma considerable en la política colombiana, en particular con respecto al movimiento obrero. La «guerra fría», implementada con especial agresividad por los Estados Unidos en este período, tendría repercusiones importantes en nuestro país. Durante la segunda guerra mundial, en razón del

Capítulo 1

enfrentamiento con el fascismo y la lucha en un mismo lado de norteamericanos y soviéticos, la pugna ideológica con los comunistas se vio relegada a un lugar secundario. Incluso esto había motivado una actitud neutral, cuando no favorable, de los Estados Unidos para que algunos gobiernos latinoamericanos establecieran relaciones con la Unión Soviética. López Pumarejo en su primer gobierno alentó la participación política del movimiento obrero organizado, impulsando la CTC (Confederación de Trabajadores de Colombia), y no rechazó el apoyo del débil partido comunista a su gestión. Se estableció de esta manera una relación entre sectores liberales y comunistas. Con la terminación de la segunda guerra mundial, la actitud conciliadora frente al movimiento comunista varió fundamentalmente, tanto en el plano internacional como en el nacional. El partido conservador colombiano en 1946 se hizo eco de la política de «guerra fría» y atacó la relación entre sectores del liberalismo con la CTC y con el partido socialista y democrático (nombre que adoptó el partido comunista en esos años). La campaña anticomunista dirigida por el conservatismo, más que atacar al comunismo local, que era una fuerza políticamente débil, lo que pretendía era debilitar la CTC y el movimiento obrero organizado. A fines de 1946 numerosos sindicatos obreros presentaron pliegos de peticiones, reclamando primordialmente mejoras en los salarios y alegando que éstos perdían poder adquisitivo ante el alza en el costo de la vida. Se generaron varios conflictos laborales, entre ellos el de los obreros del petróleo que se prolongó y dejó como consecuencia la escasez de combustible en varias ciudades del país. Los choferes de Bogotá realizaron una serie de manifestaciones ruidosas y desorganizadas para protestar por la escasez. El general Vanegas, comandante de la policía, fue llamado al palacio presidencial para que tomara medidas y reprimiera los desórdenes callejeros pro-

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tagonizados por los choferes. El general manifestó a Rafael Azula Barrera, secretario de la presidencia, que «era preferible esperar a que los muchachos se calmaran», lo que dio lugar a que Laureano Gómez se enfureciera y afirmara: «Nosotros hemos recibido la herencia de una policía enemiga del nuevo régimen, que se cree al servicio del partido liberal y no del gobierno.» Pocos días después el general Vanegas, que tenía simpatías

Durante la campaña electoral de 1945, una reunión de los dos candidatos oficialistas, Ospina y Turbay, en casa del primero y en compañía de Laureano Gómez.

Ya como presidente electo, Mariano Ospina Pérez y Berta Hernández de Ospina llegan a Bogotá, a comienzos de julio de 1946, procedentes de los Estados Unidos.

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El lunes 6 de mayo, en edición extraordinaria de la tarde, "El Siglo" confirma el triunfo de Ospina y el reconocimiento de la Dirección Liberal.

liberales, fue reemplazado por el general Delfín Torres, conservador. A partir de este momento el gobierno empezó a tomar medidas que le garantizaran el control absoluto sobre la policía, lo cual permitiría manejar los problemas de orden público a criterio del gobierno. Se inició entonces una serie de destituciones de agentes liberales, al tiempo que se vinculaban otros en su mayoría oriundos de la población de Gramalote (Santander). Este lugar había sido golpeado por la violencia de los años treinta y por ello sus habitantes se distinguían como conservadores sectarios. Además, se cambiaron todos los profesores liberales de la Escuela de Policía. En 1947 se impulsó la creación de una policía política, llamada POPOL por los liberales y denunciada por éstos como una «Gestapo criolla». La conservatización de la policía se logró totalmente después del 9 de abril, cuando los viejos agentes fueron licenciados y reemplazados por personal conservador. La mayoría de los nuevos agentes procedía de la población boyacense de

La Uvita, municipio de Chulavo, famoso por el fanatismo conservador. El término chulavita se generalizó a la policía que ejercía la violencia, y para los liberales fue un sinónimo de muerte y terror. Si el panorama laboral se presentó complicado, el político no lo fue menos. El enfrentamiento en el partido liberal entre gaitanistas y oficialistas se intensificó ante la proximidad del debate electoral de marzo de 1947. Los gaitanistas día a día ganaban mayor fuerza entre todos los sectores de la nación y aun entre los parlamentarios oficialistas. Gaitán presentó su movimiento como una corriente renovadora del liberalismo y auténticamente democrática. Atacó con dureza a los antiguos jefes del partido a quienes tildó de oligárquicos y desconoció los logros de la república liberal de la que la mayoría de ellos se sentían tan orgullosos. Mientras el pueblo lo siguió con un fervor que rayaba en el fanatismo, el sector oficial del liberalismo acusó a Gaitán de demagogo y lo responsabilizó por la pérdida del poder en las elecciones anteriores. El gaitanismo aparecía para ellos como un movimiento desorganizado, anárquico, que atentaba contra sus intereses. Aun contra las resistencias y ataques del oficialismo, el avance de Gaitán era incontenible y esto se hizo evidente cuando, en noviembre de 1946, los parlamentarios liberales comandados por los gaitanistas y con el disgusto del santismo, renunciaron a participar en el gobierno de Unión Nacional. De esta manera se configuró la primera ruptura de la Unión Nacional. La medida significó para el partido liberal la pérdida de cinco sillas ministeriales, siete gobernaciones y más de cuatrocientas alcaldías. Política económica Ospina practicó el cristianismo social promovido por el papa León XIII en su encíclica Rerum Novarum, que abogaba por garantizar a las clases menos favorecidas una situación más

Capítulo 1

humana y justa. Muchas veces estas ideas sólo lograban materializarse en una concepción caritativa y paternalista del Estado, ante la ausencia de un programa de reformas sociales que permitieran modificar la situación de desigualdad social en su origen. En materia económica, el gobierno de Ospina Pérez manejó una concepción moderna y, contrariando lo sostenido por su partido durante las administraciones liberales, acudió al intervencionismo de Estado. Durante su administración, Ospina protegió la industria y se preocupó por la tecnificación de la agricultura. Trató de dotar al país de las obras de infraestructura necesarias para su desarrollo, entre ellas, las represas hidroeléctricas. En Cundinamarca se construyeron las represas del Sisga y Neusa, y los distritos de riego de Coello, Saldaña y Río Recio con un efecto notorio en la transformación del departamento del Tolima. El hecho de que el país contara con divisas acumuladas durante la segunda guerra mundial y la necesidad de bienes de capital cuya importación se había visto postergada durante los años del conflicto internacional fue una coyuntura, que favoreció a la industria. El gobierno de Ospina impidió que esa capacidad de compra se volcara sobre bienes de consumo de la industria extranjera y trajera la ruina a la industria nacional. Esta política de protección a la industria creó un forcejeo entre el sector industrial y comercial. Mientras FENALCO, SAC y los exportadores de café exigían libertad de comercio, ANDI pidió la implantación de un sistema de prohibiciones y restricciones a las importaciones. El gobierno terció a favor de los industriales, creando una serie de medidas tales como un sistema rígido de cupo de importaciones que los beneficiaba, un tipo de cambio diferencial que favorecía las importaciones de bienes de capital y, finalmente, en 1949, adoptando un arancel aduanero proteccionista. La política intervencionista de Ospina no fue aceptada por los gremios económicos, que protestaban airadamente

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cuando el gobierno implementaba autónomamente iniciativas o reformas de tipo económico. Tal fue el caso de la creación y reglamentación del Seguro Social que generó protesta de los gremios, en particular de los patronos antioqueños. Lo mismo ocurrió con la creación de la empresa siderúrgica Paz de Río, con Ecopetrol o con el intento de establecer cooperativas estatales. La mayor objeción de los gremios se presentó cuando Ospina, con el criterio de establecer un proteccionismo integral en que el crecimiento de la industria y la agricultura fueran estimuladas en igual proporción, impuso la política de fomento de producción de materias primas, que implicaba la obligación para la industria nacional de adquirir las cantidades y calidades que pudiese suministrar la agricultura doméstica. La industria textil antio-

Los dos máximos jefes conservadores, Ospina y Gómez, el día de la toma de mando, agosto 7 de 1946.

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José Jaramillo Giralda, presidente del Congreso, toma el juramento constitucional al ingeniero Mariano Ospina.

queña calificó la medida de utópica y en un comienzo se opuso a ella. Este principio de absorción de materias primas contribuyó a impulsar el crecimiento agrícola del país y a incorporar nuevas tecnologías. Gaitán, jefe del partido liberal Después de las elecciones parlamentarias de marzo de 1947, la coyuntura política varió fundamentalmente. Los resultados electorales fueron los siguientes: votos gaitanistas 448.848; votos santistas 352.959 para un total de votos liberales de 801.807; total de votos conservadores 651.223 y votos comunistas 11.577. Los liberales obtuvieron 150.000 votos de ventaja sobre los conservadores. Pero el gran triunfador fue Gaitán, quien superó en casi 100.000 votos al sector santista de su partido. En Cundinamarca, donde Gaitán encabezó la lista para el Senado, derrotó a Carlos Lleras Restrepo de la lista santista, por 32.780 votos contra 9.761. El triunfo de Gaitán lo hacía acreedor a la jefatura del partido liberal. Los dirigentes del sector ofi-

cial asumieron diferentes actitudes frente a este hecho. Algunos, como Darío Echandía, Plinio Mendoza Neira, Alonso Aragón y otros pocos, se unieron a Gaitán. Le prestaron su apoyo como jefe del partido y trabajaron a su lado. Otros, la gran mayoría, dejaron que Gaitán asumiera el liderazgo con sus propios copartidarios, seguros de que se desacreditaría rápidamente. Muchos liberales partieron para el exterior como exiliados voluntarios o en puestos diplomáticos, entre ellos, Eduardo Santos, el antiguo jefe del partido liberal. Otros se marginaron absolutamente de la actividad política, e incluso llegaron a renunciar a su curul en el Senado, como fue el caso de Germán Zea. Tanto El Tiempo como El Espectador lamentaron en sus páginas el retiro de los «grandes jefes liberales» y mencionaron por sus nombres a Eduardo Santos, Carlos Lozano y Lozano, Luis López de Mesa, Jorge Soto del Corral, Alejandro Galvis Galvis, Adán Arriaga Andrade, Carlos Lleras Restrepo, Julián Uribe Gaviria, todos ellos pertenecían al grupo que Gaitán atacó como «oligárquico». Este sector, en un principio, no reconoció en Gaitán al jefe de su partido. Hasta su muerte lo combatieron con acritud en su prensa. Trataron de fortalecer sus nexos con Ospina Pérez, con la intención de frenar las aspiraciones a la presidencia que Gaitán tenía para el período 19501954. El periódico liberal de Juan Lozano y Lozano, La Razón, llegó a proponer en sus editoriales la continuación de la Unión Nacional para 1950, pero con un candidato presidencial liberal, obviamente distinto a Gaitán. El presidente Ospina, después de las elecciones de marzo, nombró un nuevo gabinete de Unión Nacional, llamando a participar a los gaitanistas. El gabinete quedó integrado por seis conservadores, tres gaitanistas y dos liberales oficialistas. Gaitán varió su posición frente a la colaboración con Ospina, y el 25 de marzo de 1947 autorizó a miembros de su movimiento para aceptar cargos en el gobierno de

Capítulo 1

Unión Nacional. El propio Gaitán, aunque permitió la participación de ministros gaitanistas, frecuentemente los criticó y asumió actitudes hostiles hacia ellos cuando, en su calidad de funcionarios, respaldaron medidas gubernamentales. El papel de los ministros gaitanistas fue deplorable: maniatados por sus propios copartidarios se limitaron a vegetar en sus cargos. El año que Gaitán se desempeñó como jefe del partido liberal fue un año lleno de contradicciones y falta de coherencia política. Era imposible conciliar la imagen de líder popular beligerante con la de jefe político del partido liberal que compartía el poder en un gobierno de Unión Nacional. Gaitán sabía que su fuerza residía en el pueblo, pero al mismo tiempo comprendió que el apoyo institucional del partido unificado era necesario para llegar a la presidencia en 1950. Después de su elección como jefe del partido liberal, asumió una actitud fundamentalmente electoral. A su favor hay que decir que la situación política no fue fácil para el jefe del liberalismo: además de los constantes ataques del sector santista de su partido y de los conservadores, tuvo que afrontar la generalización de la violencia política, que ya no se reducía a los primeros enfrentamientos por el cambio de gobierno, sino al asesinato frecuente de víctimas en su mayoría liberales. Uno de los hechos que más contribuyó a tensionar el ambiente político en 1947 fue el llamado paro nacional del 13 de mayo. En este año se registró el más alto número de huelgas que hasta entonces se hubiera dado en Colombia. Las huelgas tuvieron como origen la difícil situación económica padecida por las clases trabajadoras, debido al constante aumento en el costo de la vida y a los continuos despidos y destituciones, primordialmente en el sector oficial. El cambio de gobierno implicó el despido de numerosos obreros y empleados liberales. Estas causas, además de la exigencia por el respeto a las libertades sindicales y ciudadanas, fueron las que señaló la CTC

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como razones para convocar el paro. El gobierno tomó medidas enérgicas para reprimir el movimiento y garantizó el transporte y funcionamiento de los ferrocarriles con la colaboración del ejército. El paro fracasó por la debilidad del movimiento obrero. La CTC, única central obrera del país, atravesaba una crisis. Después de la derrota en 1945 de la huelga de la FEDENAL, el sindicato más poderoso del país, la CTC venía en un proceso de división y debilitamiento. El gobierno de Lleras Camargo reprimió

El presidente Ospina durante una visita a la Escuela de Policía general Santander. Abajo, durante un almuerzo en el Palacio de la Carrera (febrero de 1947), con el general Delfín Torres Duran, a quien Ospina nombró para asegurar el control conservador de esa fuerza.

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Gilberto Alzate Avendaño, Laureano Gómez Castro y Guillermo León Valencia Muñoz, dirigentes conservadores, pronto se mostraron opuestos a la política de Unión Nacional del presidente Ospina, preconizando en cambio una hegemonía conservadora en el gobierno.

duramente esta huelga, con despidos masivos y enviando tropas al río Magdalena para proteger a los obreros que no participaban en ella. El desarrollo de la huelga evidenció un cambio de actitud de la política liberal frente al movimiento obrero. Los obreros, acostumbrados a la posición mediadora y conciliadora de López Pumajero en los conflictos obreros, se desconcertaron. El resultado de la huelga fue la división de la CTC en el VIII Congreso Sindical, del cual salieron funcionando dos centrales, una liberal y una comunista. Finalmente, en 1947 la CTC se reunificó bajo la presidencia del gaitanista Víctor Julio Silva, pero en su interior persistían las contradicciones y enfrentamientos entre liberales y gaitanistas, y entre éstos y los comunistas. Estos últimos, para complicar aún más la situación interna de la CTC, se dividieron en tres grupos: Movimiento Reorgánico del Partido Comunista dirigido por Diego Montaña Cuéllar, el Partido Comunista Obrero dirigido por Augusto Durán y el Partido Comunista dirigido por Gilberto Viera. La CTC, íntimamente unida al liberalismo y al partido comunista, se vio afectada por estas luchas fraccionales, que socavaban su unidad y eficacia para dirigir movimientos amplios. Como resultado del fracaso del paro de mayo, los despidos se multiplicaron. La prensa del sector oficial del partido liberal, El Tiempo, El Espectador y La Razón, calificaron al movimiento de ilegal y apoyaron las medidas represivas del gobierno. Res-

ponsabilizaron a Gaitán de querer llevar al liberalismo al descalabro total. Gaitán en su clásica conferencia de los viernes defendió el paro como justo, y, tratando de evitar responsabilidades en el fracaso del movimiento, denunció en tono agresivo una coalición de la oligarquía liberal y conservadora para desprestigiarlo ante el pueblo. La situación real fue que Gaitán se encontró en una encrucijada: o se oponía abiertamente al gobierno y rompía la colaboración con la Unión Nacional o estaba dentro del gobierno y no podía apoyar movimientos como el paro. El prestigio de Gaitán sufrió mucho por esta actitud ambivalente frente al régimen. Esta ambivalencia creaba una situación absurda, donde Gaitán permitía a los gaitanistas atacar y desacreditar un gobierno en el cual los liberales ocupaban la mitad de las altas posiciones políticas y administrativas. La prensa conservadora, en particular El Siglo, interpretó el paro como una conspiración de Gaitán y el comunismo para derrocar al presidente y aprovechó la oportunidad para reclamar personería jurídica para la recién fundada Unión de Trabajadores de Colombia, UTC. En esa época la ley colombiana prohibía el paralelismo sindical y, existiendo ya la CTC, la creación de la UTC era ilegal. La UTC, aunque sin personería jurídica, empezó a tener vida pública desde los primeros días del gobierno de Ospina. Esta organización se definió desde su creación como confesional y anticomunista, y se constituyó en un eficaz instrumento del conservatismo para atacar a la CTC y quebrar los paros obreros. Finalmente, en 1949, el gobierno de Ospina derogó el decreto que prohibía el paralelismo sindical y de esta manera permitió la legalización de la UTC. Sin que se quiera afirmar en ningún momento que el paro del 13 de mayo pretendió ser una conspiración contra el gobierno, como lo plantearon sectores del conservatismo, sí hay que decir que el partido liberal y la CTC abrigaron durante el cuatrienio la esperan-

Capítulo 1

za de que Ospina renunciara presionado por la oposición política a su gestión. Dentro de esta táctica de oposición intransigente a Ospina se puede inscribir la famosa «conspiración de los gases». Este hecho político ocurrió de la siguiente manera: los gaitanistas trataron de utilizar el Congreso para desprestigiar al presidente Ospina y a los ministros conservadores. De éstos, Roberto Urdaneta Arbeláez, Eduardo Zuleta Ángel, José Vicente Dávila Tello y Francisco de Paula Pérez, fueron sindicados de intervenir a favor de negocios relacionados con las compañías petroleras. Mientras en la Cámara se adelantaba con gran despliegue el juicio contra los ministros por «cuya sangre corría petróleo», al decir de la prensa gaitanista, en el Senado el propio Gaitán inculpó al presidente Ospina de haber importado armas ilegalmente a través de la embajada de los Estados Unidos. Insinuó Gaitán que se habían producido graves violaciones a la soberanía colombiana y creó sospechas de que las armas se pretendían utilizar por parte del gobierno para reprimir a los liberales. Las armas resultaron ser gases lacrimógenos y no se presentó por parte de Gaitán ninguna evidencia que sustentara las acusaciones. En su afán por atacar a la administración, no se había molestado en verificar ni los detalles ni la veracidad de sus acusaciones. Ospina se sintió injustamente ultrajado por Gaitán y por el partido liberal. En una alocución al país, el presidente demostró lo infundado de los cargos y resaltó el hecho de que la importación de gases se había empezado a tramitar antes de su administración. Las relaciones de Ospina con Gaitán hasta entonces corteses se tornaron frías y desconfiadas. Por su parte, los ministros conservadores inculpados en la Cámara debieron renunciar. Roberto Urdaneta Arbeláez fue reemplazado por José Antonio Montalvo, famoso por las palabras que pronunció ante el Congreso, en donde manifestó que el partido conservador defendería al gobierno a sangre y fuego. La táctica uti-

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lizada por los gaitanistas en estos debates era la misma utilizada por Laureano Gómez contra López Pumarejo en los cuarenta, pero el balance de este famoso debate fue desfavorable para Gaitán. El sector oficial del partido liberal no apoyó a Gaitán en sus acusaciones contra Ospina Pérez. Por el contrario, acusaron al propio Gaitán de irresponsabilidad en la formulación de los cargos. Gaitán, disgustado por el desenlace de los hechos,

En el balcón del palacio presidencial con personajes como Pastrana, Rojas Pinilla, L. I. Andrade, Mosquera Garcés, Ayerbe Chaux y Jaramillo Ocampo. Abajo, proclamación de Gaitán en la plaza de toros de Santamaría, como jefe del liberalismo. 7 de febrero de 1947.

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Jorge Eliécer Gaitán, aclamado jefe único del liberalismo, después de la victoria de su grupo en las elecciones parlamentarias de 1947. Pero muchos liberales temían al mismo tiempo sus ideas más radicales en política y economía.

no asistió al Senado durante un mes. El sector laureanista aprovechó el incidente para señalar que era imposible mantener un gobierno de Unión Nacional con conspiradores, y exigió el retiro de los liberales del gobierno. «El fraude liberal» o una teoría para justificar la violencia El 5 de octubre de 1947 se llevaron a cabo las elecciones para concejos municipales. Los resultados fueron los siguientes: votos liberales: 738.233; votos conservadores: 571.301. Los liberales obtuvieron 166.932 votos de ventaja sobre los conservadores. El conservatismo se sintió defraudado ante el triunfo liberal, pues venía acariciando la idea de que con una agresiva campaña electoral y la parcialidad de

las autoridades seccionales podría superar las mayorías liberales. Laureano Gómez, pocos días después de las elecciones, anunció que éstas habían sido un fraude. Aseguró que una revisión adelantada por él en la Registraduría del Estado Civil le había demostrado que el liberalismo poseía 1.800.000 cédulas falsas y exigió que se rehiciera totalmente la cedulación del país. Desde la posesión de Ospina, los conservadores venían demandando una reforma electoral que según ellos garantizaría la pureza del sufragio y tildaban de fraudulenta la cedulación adelantada durante los gobiernos liberales. Esta acusación de cédulas falsas en poder del liberalismo fue repetida incesantemente en el periódico El Siglo, propiedad de Laureano Gómez, hasta que tuvo eco en los campos y veredas colombianas. Al terminar el año 1947 las relaciones entre liberales y conservadores estaban muy deterioradas a raíz de las acusaciones adelantadas por los gaitanistas contra Ospina y por la teoría del fraude liberal propagada por Laureano Gómez. El balance de Gaitán como jefe del partido liberal no era positivo. En el Congreso no se aprobó una sola ley importante y los dos proyectos de carácter social presentados por Gaitán fueron rechazados por el Congreso de mayoría liberal. Uno de los proyectos proponía una reforma bancaria que popularizara el crédito para hacerlo accesible a todas las clases sociales; el otro pretendía una reforma agraria por medio de la cual se hiciera efectiva la ley 200, conocida como ley de tierras y promulgada durante la primera administración de López Pumarejo. El prestigio de Gaitán se vio afectado pues, aunque teóricamente el partido liberal había aceptado la plataforma ideológica del gaitanismo, pocas veces en este período se luchó por asuntos que favorecieran la situación de las clases populares. El gaitanismo estaba completamente sumergido en la situación política inmediata. A todos los hechos anteriores se agregó el de que Gaitán, a pe-

Capítulo 1

sar de sus apasionados discursos, no había tenido éxito en sus diálogos con el gobierno sobre la violencia. El país comenzaba a desangrarse sin que se hiciera nada efectivo para remediarlo. 1948, un año crucial El año 1948 se inició, pues, bajo el signo de la violencia. Esta tomó proporciones alarmantes en los departamentos de Boyacá y Santander. En este último se llegó a hablar de una auténtica guerra civil. Los enfrentamientos ya no se dieron sólo entre individuos sino que en algunos casos se enfrentaron poblaciones enteras que combatían entre sí. En los primeros días de enero los habitantes de la vereda liberal de Román y los de la vereda conservadora de San José de la Montaña combatieron durante dos días. La Dirección Nacional Liberal comisionó a Julio Roberto Salazar Ferro para que visitara las regiones afectadas de Santander. En su mensaje al presidente Ospina, Salazar Ferro describió la situación con estas dramáticas palabras: «Inmensas caravanas de hombres y

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mujeres huyen de las regiones azotadas... Tras ellos quedó la tierra calcinada por los incendios... Todo quedó destruido. Ni en Arboledas, ni en Cucutilla, quedó nada de pertenencia de los liberales... Ya no queda un liberal en toda esa comarca.» Algunos liberales del sector santista, ante la persecución de que eran víctima los miembros del partido liberal, decidieron unificarse en torno a Gaitán para fortalecer al liberalismo. El caso más significativo fue el de Roberto García Peña, quien visiblemente impresionado después de visitar las zonas de la violencia decidió unirse a las filas gaitanistas. Al amparo de alcaldes, policías y guardas de aduanas parcializados se consumaron numerosos atropellos. Pero no sólo las autoridades civiles y policiales se parcializaron e instigaron la violencia; la Iglesia con su enorme poder apoyó y estimuló la persecución contra los liberales. Varias iglesias rurales fueron decoradas con el retrato de Laureano Gómez y copias de su alocución contra el fraude liberal (las supuestas 1.800.000 cédulas falsas en poder del liberalismo). El 20 de enero de ese año, Gaitán, la

Celebración de la jefatura única de Gaitán en el Hotel Granada de Bogotá. En primera fila, Jorge Gartner, Carlos Lleras, Lucas Caballero, J. E. Gaitán, Alfonso Araújo, José Joaquín Castro Martínez.

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Augusto Durán, jefe del partido comunista obrero y, abajo, Diego Montaña Cuéllar, jefe del movimiento reorgánico del partido comunista. En 1947, después del fracaso del paro nacional convocado por la Corporación Nacional de Trabajadores de Colombia (CTC), se produjo la división de las tendencias mencionadas dentro del partido comunista.

Junta Asesora del liberalismo, la Dirección Liberal, los presidentes del Congreso y los directores de los principales periódicos liberales, suscribieron un memorial de agravios que presentaron al presidente Ospina. En el documento se denunciaban numerosos asesinatos y atropellos cometidos contra los liberales. En muchos de estos hechos se podía comprobar la participación de policías y guardas de aduanas. El memorial vetaba a los ministros de Gobierno, José Antonio Montalvo, y de Educación, Joaquín Estrada Monsalve, por su sectarismo e incapacidad para practicar una política de Unión Nacional. En el documento, los liberales enfatizaron su rechazo a la teoría laureanista del fraude electoral liberal, la cual fue señalada como una forma de sectarismo político encaminada a instigar el odio entre los partidos. El presidente Ospina se tomó varias semanas para contestar a los liberales. En su respuesta les recordó cómo en los años treinta, bajo el gobierno del liberal Olaya Herrera, también se habían presentado hechos

de violencia, y sin condenar a nadie en concreto habló de la promoción urbana de la violencia. Hizo un llamado a la prensa para que fuera prudente en el manejo de la información y se comprometió a adelantar investigaciones rigurosas de todos los hechos violentos en que se hubieran visto comprometidos cuerpos de vigilancia. Es necesario anotar que la prensa de ambos partidos tuvo gran responsabilidad en la agudización de la violencia. Diariamente se podían leer recuentos escabrosos de todos los asesinatos y abusos cometidos contra los copartidarios de cada bando. Frente a todo hecho violento había dos versiones: la liberal y la conservadora. Cada uno de los bandos reclamaba las víctimas para sí. Parecía como si la cordura se hubiese perdido y la pasión política se hubiera apoderado de la nación. En los primeros días de febrero, Gaitán convocó al pueblo a la Marcha del Silencio. Fue un acto impresionante: durante dos horas una inmensa multitud marchó en absoluto silencio y muchos portaban banderas negras. Gaitán habló escasos minutos y en tono acongojado pidió a Ospina que cesaran las persecuciones, los asesinatos y la violencia. Dijo Gaitán: «Sólo os pedimos la defensa de la vida, que es lo menos que puede pedir un pueblo.» Mientras en Bogotá la multitud expresó a través del silencio su voz colectiva de rechazo a la violencia, en Manizales la policía atacó una manifestación liberal. El saldo fue de doce muertos y veinte heridos. La violencia se generalizaba, las autoridades, a pesar de las promesas de Ospina Pérez, se limitaron a ser espectadores pasivos ante el macabro espectáculo, cuando no cómplices al lado de los intereses hegemónicos de sectores del partido conservador. Ante la imposibilidad por parte de los liberales para conseguir del presidente medidas efectivas contra la violencia, la convención liberal aprobó, el primero de marzo de 1948, el retiro de todos sus miembros del gobierno de Unión Nacional. Todo liberal que estuviera ocupando un cargo público de-

Capítulo 1

bía renunciar. La mayoría de los sectores del partido conservador recibieron con regocijo la decisión del liberalismo, que le abría vía libre para la construcción de una hegemonía. Eco Nacional, dirigido por Gilberto Alzate Avendaño, comentó con entusiasmo la decisión liberal, con estas elocuentes palabras: «Por fin solos.» Al retirarse los liberales del gobierno, Ospina constituyó un gabinete homogéneamente conservador. Laureano Gómez, presidente de la Novena Conferencia Panamericana próxima a celebrarse, fue nombrado ministro de Relaciones Exteriores. José Antonio Montalvo, ya famoso por su sectarismo, ocupó el Ministerio de Justicia y como ministro de Obras Públicas se nombró a Luis Ignacio Andrade, un laureanista exaltado. Las tensiones políticas y económicas llegaron a su climax en los días previos a la Conferencia Panamericana. Para este evento se adelantó en Bogotá un plan de embellecimiento de la ciudad, bajo la supervisión de Laureano Gómez, presidente del comité organizador de la conferencia. Se construyó la avenida de las Américas, se levantaron nuevos edificios, los viejos fueron remodelados y se abrieron nuevas calles. No se ahorró gasto alguno. Para las recepciones que tendrían lugar con motivo de este evento, se importaron de Bruselas 4.000 piezas de vajilla con el emblema nacional. De París, 3.000 piezas de cristal. Se construyó la lujosa hostería «El venado de oro». Este restaurante y salón de baile fue inaugurado días antes de la conferencia con una suntuosa fiesta a la que asistió toda la élite política y social. Todos estos preparativos tuvieron un efecto inflacionario en el aumento del costo de vida que llegó a cifras alarmantes y alcanzó a elevarse hasta 17,33 % en un mes. En Bogotá hubo aumentos pronunciados en el precio del pan, la mantequilla, la leche, la carne y todos aquellos alimentos necesarios para la dieta diaria. Se trató de limpiar la ciudad de pordioseros y vagos, se erradicaron los vendedores

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ambulantes y se uniformó a los lustrabotas. Los esfuerzos por embellecer la ciudad y presentar ante los delegados de otros países la imagen de un país tranquilo y civilizado se hizo imposible debido a la magnitud del conflicto social y político existente. El ambiente era de intranquilidad. Numerosos campesinos llegaban a la ciudad en calidad de refugiados políticos huyendo de la violencia. El 9 de abril es asesinado Jorge Eliécer Gaitán, el líder popular más importante que haya tenido Colombia. El pueblo enardecido

Carlos Lleras, Luis López de Mesa, Darío Echandía y Eduardo Santos durante un banquete de adhesión liberal al gobierno de Unión Nacional (enero, 1947). Abajo, Laureano Gómez, nombrado canciller el 21 de marzo de 1948, en reunión con Ospina.

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22 Estampillas de correos conmemorativas de la IX Conferencia lnteramericana, reunida en Bogotá, el 30 de marzo de 1948. Durante las deliberaciones ocurrió el asesinato de Gaitán en Bogotá.

Una de las últimas fotos del caudillo Jorge Eliécer Gaitán. con Germán Zea. Darío Echandía, Plinio Mendoza v otros amigos del Congreso.

arrastró el cadáver del asesino hacia el palacio presidencial. Se tomó las calles y destruyó todo aquello que le representaba el odioso «país político». Fue la rabia y la frustración de haber perdido al hombre que les alimentaba la esperanza de un futuro mejor y la revuelta tomó proporciones de catástrofe en Bogotá. El presidente Ospina Pérez permaneció valerosamente en palacio. Se negó a aceptar la propuesta de Laureano Gómez de constituir una Junta Militar. Ante la petición de los dirigentes liberales para que renunciara, anunció que estaba dispuesto a morir en su cargo de presidente. Ospina temió que su renuncia trajera como consecuencia una guerra civil, pues mientras la situación en Bogotá era grave, en Antioquia, Caldas, Hui-

la, Santander y Boyacá estaba controlada y había conservadores dispuestos a marchar hacia Bogotá. El 10 de abril el país se despertó de una terrible pesadilla. Se encontró con que había sido constituido un nuevo gabinete de Unión Nacional con miembros de ambos partidos. Laureano Gómez, refiriéndose con contrariedad a este nuevo gabinete, catalogó a sus miembros de «liberales fuertes y conservadores desteñidos». Como ministro de Gobierno fue nombrado el liberal Darío Echandía. Esta designación causó gran contrariedad a los conservadores, que le dirigieron numerosos ataques y no cejaron en su intento de obtener su renuncia. Ospina, fiel a su espíritu pragmático y conciliador, sabía que la única forma de controlar el movimiento popular generado por la muerte de Gaitán era llamando a los liberales a gobernar a su lado. Echandía había sido compañero político de Gaitán desde el momento en que éste fue nombrado jefe del partido. Su nombre gozaba de gran prestigio entre todos los sectores del liberalismo y aun entre los sectores de izquierda del país. Era obedecido por su partido y por las masas y por eso nadie mejor en esos momentos, para que fuera nombrado ministro de Gobierno. A los liberales, ante la negativa de Ospina a renunciar, les quedaron dos alternativas: o colaborar con el gobierno de Unión Nacional o apoyar un movimiento popular y revolucionario. La segunda alternativa era ajena a la ideología y a los intereses económicos de la élite política liberal. Optaron en-

Capítulo 1

tonces por una colaboración con Ospina para defender las instituciones y evitar una guerra civil. Con Bogotá parcialmente destruida y con el temor a una nueva insurrección popular, los políticos de ambos partidos congelaron transitoriamente el conflicto interpartidista para concentrarse en medidas que protegían su estatus social y económico. Darío Echandía, ministro de Gobierno, demostró gran interés en defender la política de Unión Nacional y se convirtió junto con Ospina Pérez, durante 1948, en verdadero vocero de la búsqueda de la paz para un país atormentado por la violencia. El partido liberal se reagrupó en torno a Carlos Lleras Restrepo, quien había estado marginado de la política desde que Gaitán había asumido la dirección del partido liberal. Lleras Restrepo vio en la coyuntura la oportunidad de recuperar audazmente la dirección del partido para el sector santista. Al asumir la dirección, recogió las banderas políticas de Gaitán mas no las económicas. A partir de allí, hasta que tuvo que abandonar el país, después del incendio de su residencia en 1952, actuó con energía y vitalidad incansables. La vocería del gaitanismo la asumió Francisco José Chaux, político veterano y ecuánime. Los gaitanistas, acostumbrados a la fuerte figura de Gaitán que controlaba todas las decisiones, después de su muerte se debilitarían por las luchas internas hasta desaparecer. En el conservatismo soplaban vientos diferentes. Laureano Gómez, resentido con Ospina Pérez a raíz de los acuerdos con los liberales el 9 de abril, partió para España, pero desde allí, a través de su periódico El Siglo, azuzaba a su partido para que derivara hacia una hegemonía conservadora. En esos momentos los principales periódicos conservadores El Siglo, El Colombiano y La Patria expresaron desgano por el restablecimiento de la Unión Nacional y rechazaron lo que estimaron como una excesiva participación liberal en la administración pública. El conservatismo eligió nuevas

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directivas. Los nombramientos de la convención recayeron en Luis Navarro Ospina, Guillermo León Valencia, Roberto Urdaneta Arbeláez, Augusto Ramírez Moreno, Silvio Villegas, Joaquín Estrada Monsalve, Juan Uribe Cualla, José Elias del Hierro y Lucio Pabón Núñez. Para estos momentos Guillermo León Valencia, que había mantenido una obstinada oposición a Ospina, modificó su actitud transformándose en defensor de la Unión Nacional, mientras Gilberto Alzate Avendaño redoblaba su oposición a la política conciliadora y moderada de Ospina Pérez. En su periódico Eco Nacional, frecuentemente se encontraban críticas a la supuesta debilidad de Ospina Pérez. Laureano Gómez, con el objetivo de obstaculizar el funcionamiento de la Unión Nacional y el clima de entendimiento con el liberalismo, adelantó en El Siglo una campaña de desprestigio contra ese partido. Lo acusó de comunista e hizo declaraciones a la prensa española, acusando a Gaitán de haber estado aliado con los soviéticos con el fin de adelantar una revolución en Colombia. Estas declaraciones, naturalmente, causaron gran indignación en todos los sectores del liberalismo. Pocos días después, el mismo periódico publicó

El 20 de enero ele 1948, el partido liberal presenla a Ospina Pérez un documento de denuncia de acias de violencia contra liberales. En la foto, Jorge Eliécer Gaitán, Darío Echandía y Plinio Mendoza firman ese memorial de agravios.

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Misa campal en la Plaza de Bolívar por las víctimas del 9 de abril y en solidaridad con el presidente Ospina Pérez. La foto fue tomada por Luis Gaitán.

como primicia el telegrama enviado el 9 de abril a Eduardo Santos por Darío Echandía y otras personalidades del liberalismo. En esta comunicación se le informaba a Santos sobre la magnitud de los acontecimientos y se le solicitaba su regreso inmediato, para que en su calidad de designado asumiera la presidencia, ante la inminente renuncia de Ospina. El propósito de publicar este telegrama en El Siglo, fue exigir la renuncia de Echandía como ministro acusándolo de haber actuado como un conspirador el 9 de abril. Ospina no se dejó presionar por los sectores laureanistas y decidió públicamente respaldar a su ministro de Gobierno. En comunicado a la prensa manifestó: «El doctor Echandía viene cooperando en su carácter de ministro de Gobierno dentro del más alto espíritu de lealtad con el jefe de Esta-

do.» Ospina señaló asimismo los esfuerzos de Echandía para lograr la pacificación del país y el entendimiento de los partidos. En efecto, los liberales durante el año 1948 optaron por la colaboración con Ospina. El Congreso de mayoría liberal aprobó una serie de medidas de carácter social y económico propuestas por el presidente. Éstas pretendían mejorar la situación de las clases populares, pero ante la magnitud de la situación de desigualdad social, económica y política que se vivía, no fueron más que simples paliativos. Las leyes de carácter social aprobadas fueron las siguientes: la creación del Instituto de Parcelaciones, Colonización y Defensa Forestal, que en la práctica redujo su actividad a la parcelación de predios incultos, obligatoriedad para las empresas de suministro de calzado y overoles para los trabajadores; se amplió el seguro social para la población campesina y se estableció la prima de servicios para los trabajadores. En diciembre de ese año el Congreso aprobó una nueva ley electoral que se consideró como el mayor logro a favor del entendimiento entre los partidos. El partido conservador venía reclamando esta ley desde la llegada de Ospina al poder. La nueva ley reglamentó una revisión de la cedulación del país, la cual se llevaría a cabo por una misión extranjera antes de las próximas elecciones presidenciales. Aplazó las parlamentarias para junio de 1949, y fijó como fecha para las presidenciales el mes de junio de 1950. La ley creó la Corte Suprema Electoral como máximo organismo electoral. Si bien la buena voluntad del congreso liberal permitió en algo aliviar las tensiones políticas, a nivel departamental surgieron fuertes dificultades. El presidente Ospina y su ministro de Gobierno Echandía, para preservar la imparcialidad oficial en los departamentos, acordaron establecer los «gobiernos cruzados». O sea, que donde se nombrara un gobernador conservador, su secretario de gobierno debía ser liberal y viceversa. Este acuerdo también contemplaba la

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repartición paritaria de las alcaldías entre liberales y conservadores. En Antioquia, el gobernador Dionisio Arango Ferrer, de la corriente laureanista, se opuso a prescindir de su secretario de gobierno, que era de su mismo partido. La situación en Antioquia se tornó conflictiva, ya que el gobernador insistió en manejar el departamento como su propio feudo, excluyendo a los liberales de la administración pública. Los senadores antioqueños del liberalismo, encabezados por Gilberto Moreno, Luis Guillermo Echeverri y Diego Luis Córdoba, decidieron abandonar sus curules en el Congreso mientras Arango Ferrer continuara en la gobernación. Ospina nuevamente se enfrentó al sector laureanista de su partido y el 3 de noviembre públicamente anunció su determinación irrevocable de establecer los «gobiernos cruzados» en todo el país. Después de las palabras del presidente, Arango Ferrer renunció, y en su reemplazo fue nombrado Fernando Gómez Martínez, conservador moderado y ex director del periódico El Colombiano. Fue tal el disgusto laureanista por la determinación presidencial que en las páginas de El Siglo se llegó a insinuar soterradamente la posibilidad de un golpe contra Ospina Pérez. La oposición a Ospina de sectores de su partido llegó a tal punto, que en gira por el país a fines de 1948, las Asambleas Departamentales de Caldas y Nariño, de mayoría conservadora, le negaron el saludo protocolario. Para el año de 1949, el presidente abandonaría su posición independiente y moderada para ceder a las presiones del laureanismo, dando al traste con la Unión Nacional y abriéndole el camino a una fuerte hegemonía conservadora. 1949, el derrumbe parcial del Estado En 1949, a causa de la violencia política, el Estado perdió credibilidad y legitimidad en sectores amplios de la nación y en muchas zonas del país se pal-

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pó su ausencia. Los diferentes sectores del Estado se vieron afectados severamente por esta crisis, que llevó a la destrucción del orden legal. El sistema electoral no realizó sus funciones; los registradores civiles en muchos lugares no pudieron cumplir sus tareas debido a la violencia. El poder judicial actuó con claros fines partidistas en algunas regiones, en otras se vio coaccionado por grupos armados que reemplazaron las autoridades. En algunas zonas del país la justicia cayó en manos de bandas de pájaros, las guerrillas y la policía chulavita. Entre los factores que agudizaron la violencia partidista en 1949, se pueden enunciar las dos contiendas electorales que se celebraron en ese año. En junio de 1949 se llevaron a cabo las elecciones parlamentarias y en noviembre las presidenciales que, aunque debían celebrarse en junio de 1950, fueron trasladadas por decisión de la mayoría liberal del Congreso. Otro de los factores fue la campaña adelantada por el partido conservador y la Iglesia de identificar al partido liberal con el comunismo. Monseñor Builes llegó a afirmar en tono categórico: «no se puede ser liberal y católico». La violencia en este año llegó a su punto más álgido. Parecía como si su implemen-

Superada la crisis del 9 de abril, un brindis en palacio con el gabinete de emergencia: General Germán Ocampo (Guerra), Samuel Arango Reyes (Justicia), Eduardo Zuleta Angel (Relaciones Exteriores), Darío Echandía (Gobierno), el presidente Ospina y Pedro Elíseo' Cruz (Higiene).

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tación hubiera obedecido a un plan de exterminio liberal. Persecución a dirigentes, ataques a periódicos, matanzas en las poblaciones donde el liberalismo era mayoría. Sectores del conservatismo tenían como meta el triunfo en las urnas, así tuvieran que emplear los métodos que fueran necesarios. Estos mismos sectores exigieron al presidente el abandono de la política de Unión Nacional, el establecimiento de una hegemonía conservadora y el nombramiento de autoridades seccionales que favorecieran los intereses electorales de ese partido. Antes de las elecciones parlamentarias de junio de 1949, la Unión Nacional se rompería por tercera vez y esta ruptura sería definitiva. Ambos partidos habían optado por el enfrentamiento sin tregua. Las posibilidades de diálogo y de entendimiento se eliminaron totalmente, y durante varios años el país viviría bajo el imperio de la violencia y el odio. Desde principios de abril de 1949, Ospina Pérez, preocupado por la magMariano Ospina Pérez y Laureano Gómez durante una visita a la Escuela Militar. Detrás del presidente, Gustavo Rojas Pinilla, ascendido a general y nombrado director general del ejército después del 9 de abril.

nitud de la violencia, pidió a los jefes de ambas colectividades que hicieran pública una declaración en la que se condenara cualquier forma de violencia. Es bueno traer a cuento apartes del documento suscrito por los jefes liberales y conservadores, pues refleja con nitidez la situación de impunidad para con el delito político y el quiebre del estado de derecho. Dice el acuerdo: «... El sectarismo político y en ocasiones intereses y pasiones más bajas han logrado crear en determinadas regiones del país un ambiente de impunidad que nos devuelve a las formas más primitivas de vida social. Allí los jueces no pueden investigar los delitos cometidos por infinidad de razones: unas veces por el temor a las represalias, que van desde la creación de dificultades para encontrar techo y residencia, la amenaza, la tentación y el ataque, hasta la pérdida de la propia vida; otras, por la absoluta falta de colaboración de los testigos, que dicen no haber visto cosa alguna, ni haber denunciado nada...» Termina el documento con esta sentencia: «... porque un país donde la impunidad pueda enseñorearse, estaría en el camino a la disolución.» A pesar de estos llamados a la cordura, la lista de muertos y la violencia día a día se iba extendiendo a nuevos municipios. La campaña para las elecciones parlamentarias fue adelantada en forma belicosa. La intervención de la Iglesia en política era cada día más atrevida. El semanario católico El Derecho fundado por monseñor Builes, en su edición de abril de 1949, contenía un titular con las siguientes palabras: «Conservadores de todo el país, a armarse.» Este hecho no fue un caso aislado. Se encuentran para el período numerosas pastorales de los obispos de Tunja, Garzón, Pamplona, San Gil y otras poblaciones condenando al liberalismo y prohibiendo a los católicos dar su voto por personas afiliadas a este partido. Las pastorales del arzobispo primado de Colombia, Ismael Perdomo, prohibiendo categóricamente la intervención del clero en política, serían aho-

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gadas por el fanatismo político y religioso. Para agravar aún más la situación, los gobernadores conservadores se obstinaban, aun desobedeciendo al presidente y a su ministro de Gobierno, en no cumplir los acuerdos derivados de la política de Unión Nacional. Los gobernadores de Boyacá, Caldas, Nariño y Santander, a pesar de haber recibido varias comunicaciones del Ministerio de Gobierno, se negaron a establecer «el cruce político» y a distribuir las alcaldías de forma equitativa con el liberalismo. En el Valle, una de las zonas de mayor persecución, el comandante de la Tercera Brigada, Gustavo Rojas Pinilla, impartió instrucciones terminantes a la tropa de impedir, aun haciendo uso de la fuerza, que se lanzaran en las manifestaciones públicas palabras injuriosas o descomedidas contra el gobierno, los cuerpos militares o sus miembros. En Tuluá, durante una concentración política liberal, el senador por el Valle Francisco Eladio Ramírez fue acallado por la tropa. Los liberales protestaron por este hecho ante el presidente. Ospina, que tenía gran aprecio y agradecimiento a Rojas Pinilla por haber reprimido eficazmente la revuelta del 9 de abril en el Valle, no tomó ninguna medida contra este arbitrario proceder. A mediados de mayo la dirección liberal, preocupada por la falta de garantías para el próximo debate de junio y ante la impotencia del gobierno para controlar la violencia, envió a Ospina un memorial con las siguientes peticiones: nombramiento de un general de la República para gobernador de Boyacá y un oficial de alta graduación para el mismo cargo en Nariño. Cumplimiento inmediato de la repartición paritaria de alcaldías. Vigilancia militar en las elecciones en diferentes municipios. Las fuerzas policiales debían ser colocadas en numerosas poblaciones bajo el comando del ejército, y los guardas de resguardos de aduanas acuartelados desde la víspera de las elecciones. Finalmente exigían los liberales que el comandante de la

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Tercera Brigada, Gustavo Rojas Pinilla, fuera retirado de su cargo por haber atentado contra la libertad de palabra. En resumen, el memorial se reducía a exigir garantías para el debate electoral, solicitando la remoción de funcionarios sectarios y el control de cuerpos policiales con comprobada trayectoria de violación de los derechos de la población liberal. Como posibilidad de materializar esta imparcialidad exigían la presencia del ejército. Exceptuando la actuación de Rojas Pinilla, hasta ese momento el ejército era la única fuerza no politizada. Los liberales demandaban del presidente una condena clara de la violencia desatada por su propio partido. Consideraban que Ospina, como máxima autoridad, no podía eludir un pronunciamiento explícito con respecto a estos hechos. Los liberales se sintieron defraudados por Ospina Pérez con quien habían colaborado estrechamente desde el 9 de abril y afirmaban que el gobierno había incumplido su compromiso de evitar la violencia y la coacción del electorado por parte de autoridades policiales y civiles parcializadas. Ante la negativa de Ospina para actuar más decididamente, la Dirección Liberal Nacional decidió romper el gobierno de Unión Nacional. El 21 de mayo de 1949 todo liberal que

El presidente Ospina en un almuerzo ofrecido a los organizadores de la Conferencia Panamericana, condecora a Fernando Mazuera Villegas, alcalde de Bogotá, marzo de 1948.

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ocupara un cargo en el gobierno debió abandonarlo. Esto marcó el rompimiento de la estructura institucional existente. Las relaciones entre liberales y conservadores se deterioraron hasta el punto de quedar rotas aun en el plano social. La última semana de mayo, ante el retiro de los liberales del gobierno, Ospina nombró un gabinete ministerial hegemónicamente conservador y le entregó al ejército los ministerios de influencia en el manejo del orden público. El Ministerio de Gobierno fue ocupado por el general Régulo Gaitán, el de Justicia por el general Miguel San Juan y el de Guerra por el general Rafael Sánchez Amaya. La participación de los militares en un gabinete de conservadores le restaba autonomía y neutralidad al ejército, pues se vio comprometido a defender los actos de la administración. Con estos nombramientos, Ospina destruyó la imparcialidad del ejército, única fuerza que hasta el momento no había entrado en la contienda partidista. El gobierno conservador adelantó en los siguientes meses una serie de medidas al interior del ejército con el fin de lograr que militares fieles a este partido asumieran el control absoluto de él. Varios militares fueron llamados a calificar servicios, otros pidieron su retiro del ejército y no pocos se quejaron de la «entronización de la política en el ejército». Los militares nombrados en el gabinete fueron reemplazados paulatinamente por civiles conservadores exaltados. Tal fue el caso del ministro de Gobierno, general Régulo Gaitán, quien fue reemplazado por Luis Ignacio Andrade. El ministro de Justicia, general San Juan, pidió su retiro del ejército y el general Sánchez Amaya, ministro de Guerra, fue enviado al exterior en misión diplomática. Durante su ausencia fue reemplazado por el político conservador Evaristo Sourdís, quien continuó una política de remociones al interior del ejército. De esta serie de cambios el más notorio fue el ascenso de Rojas Pinilla a general y su nombramiento final-

mente como comandante general del ejército. Al terminarse la Unión Nacional se inauguró un difícil período de hegemonía conservadora con la particularidad de que este partido sólo controlaba el poder ejecutivo; los liberales controlaban el Congreso y la mayoría de las Asambleas Departamentales, los concejos municipales, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia. Las elecciones de junio se realizaron en medio de un clima de violencia y zozobra. En reemplazo de los gobernadores liberales que renunciaron al romperse la Unión Nacional fueron nombrados funcionarios conservadores. El 6 de mayo, un día después de las elecciones parlamentarias, la prensa de ambos partidos reclamó la victoria. El ambiente político se tensionó peligrosamente a raíz de las versiones contradictorias. El Siglo ostentó durante dos días los siguientes titulares: «Victoria conservadora», «Confirmada victoria». Su editorial del 6 de junio de 1949 declaró el triunfo en los siguientes términos: «En el debate más limpio y puro de la historia colombiana el conservatismo ha obtenido una victoria definitiva.» El gobierno no apoyó el intento de sectores del conservatismo y en particular de El Siglo, de desconocer los legítimos resultados. El 9 de jumo declaró que la victoria era del liberalismo. Los liberales conservaron una ventaja de 153.000 votos sobre los conservadores. Aquéllos, contrariamente a los conservadores, no se refirieron al debate como «puro y limpio» sino que denunciaron numerosos casos de fraude y violencia. Al conocer los resultados electorales, Laureano Gómez anunció su regreso de Madrid. Llegó el 24 de junio y en Medellín fue recibido por una entusiasta multitud. Ante ella pronunció un discurso en el que atacó al liberalismo por comunista y para ello se valió de la figura mítica del basilisco. Dijo Gómez, refiriéndose al liberalismo: «El basilisco era un monstruo que reproducía la cabeza de una especie de animal, de otra la cara, de una distinta

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los brazos y los pies de otra cosa deforme para formar un ser amedrantador y terrible del cual se decía que mataba con la mirada. Nuestro basilisco camina con pies de confusión y de ingenuidad, con piernas de atropello y de violencia, y con un inmenso estómago oligárquico; con pecho de ira, con brazos masónicos y con una pequeña, diminuta cabeza comunista, pero que es la cabeza.» Los liberales después del rompimiento de la Unión Nacional y del regreso de Laureano Gómez, sabían que poco podían esperar del presidente Ospina y su gobierno en materia de garantías. Que en los campos no había interferencia de las autoridades para impedir atropellos y asesinatos. En consecuencia asumieron una posición defensiva. Se hicieron fuertes en el Congreso donde eran mayoritarios y desde allí trataron de crear un poder paralelo al del presidente. Se trataba de utilizar el Congreso para entorpecer la acción del ejecutivo y tratar de proteger los intereses del electorado liberal. El grito de batalla en esta pugna entre el ejecutivo y el legislativo fue el proyecto presentado por los liberales para reformar la ley electoral sancionada en diciembre de 1948. Contemplaba las siguientes medidas: aplazamiento de la revisión de cédulas hasta la nueva posesión del presidente de la República, y anticipo de las elecciones presidenciales de junio de 1950 a noviembre de 1949. Con el proyecto, el liberalismo intentaba protegerse. Temían que la revisión de cédulas fuera utilizada para despojar de ellas a los ciudadanos liberales con el fin de que no pudieran votar. Trataron de adelantar los comicios seis meses con el fin de hacer efectiva la ventaja sobre los conservadores, antes de que éstos la pudieran desconocer por medio del fraude o la violencia. Querían los liberales a toda costa que el Congreso se encontrara sesionando para la fecha de las elecciones, de manera que se constituyera en guardián y protector del electorado de su partido. Los conservadores se indignaron ante la pro-

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puesta de reforma electoral, pues de El ex ministro liberal Jorge Soto ninguna manera querían aplazar la redel Corral, quien fue visión de las cédulas. Hubo declaraherido el 8 de ciones de los diferentes sectores del septiembre de 1949 conservatismo. Gilberto Alzate Avenen la Cámara de daño escribió desde las columnas del Representantes durante un debate Eco Nacional: «La guerra es inevitasobre reforma ble. Si el liberalismo se empeña, el electoral y murió problema del poder no se decidirá en después a causa de las urnas sino en las barricadas.» El las heridas recibidas. anticipo de las elecciones se constituyó Lo acompañan, el coronel Rómulo Gaitán, según los conservadores en el inicio de Augusto Ramírez Moreno la «guerra civil». Con la presentación y Julio César de este proyecto la violencia arreció y Turbay Ayala. llegó hasta el Parlamento, donde se protagonizaron hechos bochornosos y sangrientos anunciadores del triste futuro que le esperaba a la ya debilitada democracia colombiana. En la primera semana de agosto, la representación conservadora, dirigida por Alvaro Gómez Hurtado, acalló los discursos de los representantes liberales con pitos repartidos por él mismo. Cuando se cansaban de pitar los representantes daban ruidosas patadas en el suelo. El 29 de agosto, después de vergonzosas sesiones en las que los representantes protagonizaron riñas, saboteos y golpes, se aprobó la reforma electoral. La ley pasó al ejecutivo para ser sancionada. El presidente Ospina la vetó por inconstitucional y el Congreso por mayoría rechazó el veto presidencial. Finalmente pasó al estudio de la Corte Suprema de Justicia, la cual por sentencia la dictaminó exequible.

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El voto de la Corte tuvo un claro sentido partidista. Los magistrados liberales que eran mayoría votaron la exequibilidad y los conservadores, que formaban minoría, votaron en contra. El 8 de septiembre de 1949, la violencia llegó a su climax en la Cámara de Representantes. El representante liberal, Gustavo Jiménez, se trenzó en una discusión con el representante conservador Castillo Isaza. Castillo Isaza, quien estaba armado, inició un abaleo. Al terminarse, Jiménez yacía muerto y Jorge Soto del Corral, ex ministro liberal, gravemente herido. Soto del Corral moriría después como consecuencia de estas heridas. El país se desangraba bajo el imperio de la violencia. Los dirigentes de los partidos, el gobierno, la policía y la Iglesia, tenían gran responsabilidad en los crímenes y atropellos. La ciudadanía, los gremios industriales, los obreros, toda la nación clamó por la paz. Las mujeres de la élite social de Bogotá citaron una manifestación. Quince mil mujeres de todas las clases desfilaron pidiendo «Paz en la Patria». Frente al Capitolio se colocó un aviso de neón con la palabra «Paz». Numerosos edificios de Bogotá ostentaron banderas blancas y muchos automóviles llevaban un emblema con la paloma de la paz. Las organizaciones gremiales ANDI, SAC y FENALCO promovieron un Comité Pro Paz compuesto con figuras ecuánimes de ambos partidos para que actuaran como emisarios de la paz. Los sectores empresariales temían que la violencia afectara sus negocios. El éxodo campesino causado por la violencia llegó a proporciones tan alarmantes que los cafeteros empezaron a temer por sus cosechas, debido a la escasez de brazos para recolectar el grano. Ospina Pérez, presionado por los diferentes sectores industriales y económicos del país y ante las proporciones de la violencia, presentó una propuesta política con la que se proponía detener la violencia. Ésta se puede resumir así: una reforma constitucional por medio de la cual se suspendieran

las elecciones que se acercaban; la creación de un ejecutivo bipartidista por medio del cual dos liberales y dos conservadores se alternarían el poder durante el período 1950-1954; dentro del término de esos cuatro años se debía adelantar una cuidadosa revisión de la cedulación. Los miembros de su partido rechazaron la propuesta con diferentes argumentos, mas lo que había detrás de ellos era la negativa de Laureano Gómez a abandonar su candidatura presidencial. En el partido liberal la propuesta tuvo diferente acogida. Carlos Lleras Restrepo, miembro de la dirección liberal, la consideró conveniente, mientras el ex presidente López Pumarejo se opuso a ella calificándola de «dictadura pactada». Durante los días en que ambos partidos estudiaban la propuesta de Ospina, ocurrió un hecho que haría estremecer de horror al país. El 22 de octubre, veinticuatro liberales fueron masacrados en las oficinas de su partido en Cali. El ataque fue perpetrado por bandas de «pájaros». Las autoridades militares no tomaron ninguna medida contra los bandidos. Después de este hecho los dirigentes liberales estaban completamente atemorizados. Vieron cómo, a causa de la violencia, su maquinaria electoral fue destruida. La violencia ya no se restringió a los campos sino que se tomó las ciudades. Las casas de los dirigentes liberales sufrieron atentados, así como las oficinas de este partido en varias ciudades del país. En los últimos días de octubre, a través de su candidato presidencial, Darío Echandía, los liberales presentaron una propuesta de aplazamiento de las elecciones. Así mismo proponían un ejecutivo compartido. La propuesta era esencialmente igual a la de Ospina, sobre la cual el liberalismo no había logrado un acuerdo. La respuesta de Laureano Gómez a esta propuesta fue clara y directa: «La fecha nos la impuso el adversario y no podemos vacilar» y agregó después: «... Un acuerdo con liberales, que es un partido que se halla dirigido por co-

Capítulo 1

munistas...» El 24 de octubre el registrador nacional, Eduardo Caballero Calderón, informó al presidente cómo en 120 municipios, o sea una séptima parte del territorio nacional, los liberales no se habían podido registrar debido a la acción de las autoridades sectarias. El informe descalificó el debate a celebrarse. Afirmó Caballero Calderón que «las elecciones del 27 de noviembre lejos de llegar a ser la expresión inequívoca de la realidad serán una farsa sangrienta». Pocos días después de este informe los miembros liberales de la Corte Electoral, los ex presidentes López Pumarejo, Eduardo Santos, Carlos Lozano y Lozano y el rector de la Universidad Nacional, Antonio Rocha, renunciaron a sus cargos. Finalmente, la Dirección Nacional Liberal anunció que ante la inexistencia de un orden legal y la ausencia absoluta de garantías para los electores liberales, retiraban la candidatura de Darío Echandía. Aseguró el partido liberal que no reconocerían el triunfo del conservatismo respaldado en la violencia y la coacción de las armas oficiales. En un pronunciamiento público afirmaron: «Aquí no ha habido a lo largo de varios meses sino una farsa sangrienta, una comedia que alterna la voz de la hipocresía con la de los fusiles oficiales y la de las pistolas de los criminales a sueldo.» Los liberales pensaron entonces en utilizar su mayoría en el Congreso para adelantar un juicio contra Ospina Pérez en el Senado y deponerlo. En un acto de ingenuidad, el 9 de noviembre, en las horas de la mañana, los presidentes del Senado y la Cámara visitaron al presidente Ospina para anunciarle que se iba a tramitar una acusación contra él. Al mismo tiempo le solicitaron garantías para los liberales mientras se adelantaba el proceso en el Senado. A las 4 p.m. de ese mismo día, Carlos Lleras Restrepo, Julio César Turbay y otras personalidades del liberalismo se dirigieron hacia el Parlamento con el fin de iniciar el proceso. Se encontraron con la sorpresa de que el edificio del Congreso estaba rodeado por tro-

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La familia presidencial en foto de Sady González tomada en octubre de 1946. Con el presidente y doña Berta Ospina Fernández aparecen tres de sus cinco hijos: Rodrigo, Fernando y Gonzalo.

pas del ejército que les impidieron la entrada. Horas antes Ospina había declarado el estado de sitio, suspendido el Congreso y todas las asambleas departamentales. Confirió a los gobernadores poderes amplios para el control del orden público. Modificó el régimen de votación de la Corte Suprema de Justicia. Impuso una rígida censura de prensa: el correo, los telegramas y aun las llamadas telefónicas estuvieron sometidas a la supervisión oficial. Pocos días después se estableció el toque de queda a las 8 p.m. Se habló entonces de un golpe de estado. El partido liberal planeó una huelga general. Ésta debió iniciarse el 25 de noviembre, dos días antes de las elecciones, y terminar sólo cuando el gobierno hubiera caído. El gobierno tomó medidas contra el paro. Declaró al movimiento ilegal y anunció que sería duramente reprimido. Prohibió expresamente la suspensión del transporte. Ante el apoyo al paro de los comerciantes y algunos industriales, el gobierno utilizó un método de represión más sutil y eficaz: Les anunció que les serían cancelados los cupos de importación a los que obedecieran al paro. Al gremio de los comerciantes,

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que tenía dificultades con las licencias de importación, el gobierno les prometió una ampliación en los cupos. Se apresaron numerosos dirigentes sindicales y políticos. Entre ellos a Jorge Zalamea, Alejandro Vallejo, Diego Montaña Cuéllar y León de Greiff. El 25 de noviembre, a causa de la represión y la debilidad de la CTC, el paro nacional fue un fracaso. A eso de las 4 p.m. de ese mismo día varios dirigentes liberales partieron de la casa de Darío Echandía en un pequeño desfile con el propósito de que su presencia sirviera para darle ánimo a sus copartidarios. A la altura de la plaza de Bolívar fueron interceptados por una patrulla del ejército, que los atacó dando muerte a Vicente Echandía, hermano de Darío Echandía, e hiriendo a tres ciudadanos más. El 27 de noviembre se llevaron a cabo las elecciones, al amparo de las bayonetas. Laureano Gómez, único

candidato, fue elegido presidente con 1.026.408 votos. De esta manera se dio inicio a una represiva dictadura civil. Pocos días después el general Gustavo Rojas Pinilla fue nombrado ministro de Comunicaciones en agradecimiento a los servicios prestados al conservatismo. La revista Life del 12 de diciembre de 1949 registró el triunfo de Laureano Gómez en los siguientes términos: «La semana pasada el pueblo colombiano, amante de la libertad, perdió su preciosa herencia a través de un juego de poder infatigable del partido conservador minoritario. La principal característica de Gómez fue el reino del terror, los pueblos liberales fueron atacados. Durante los últimos meses cayeron asesinados 2.000 liberales, cientos fueron encarcelados y otros huyeron de sus poblaciones. Solamente a Bogotá llegaron 7.000. Las tropas tomaron posesión de la capital y patrullaron las calles.»

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Capítulo 2

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El 9 de abril, asesinato de una esperanza Arturo Alape La ciudad

B

ogotá cortada en cruz sobre la carrera séptima y la de Jiménez por los rieles del tranvía; los cerros en reposo como telón de fondo inamovibles, un cielo encapotado y un enloquecedor frío sobre los hombres de vestidos cruzados y sombreros negros, ladeados, y en el aire el hollín del tiempo pegado a sus respiraciones. Es mediodía del 9 de abril de 1948; la ciudad se desocupa, las gentes aceleran sus pasos para ir a almorzar. Hay cierta tranquilidad relativa, aunque el país había vivido una intensa oleada de violencia en algunos departamentos. Un grupo de lustrabotas, especie de guardia personal de Gaitán al salir de su oficina, silban con cierto desgano al compás de sus manos que brillan los zapatos de los transeúntes. La ciudad ha cambiado de apariencia, al engalanarse para las fiestas sociales en homenaje a los muchos delegados a la Novena Conferencia Panamericana, mientras en cualquier rincón se esconde la miseria real de un pueblo que había encontrado en la

voz, en el verbo encendido de Gaitán, una posible redención social. Sobre Bogotá, conocida como la Atenas del Sur, recaía la mirada esperanzada del continente, porque tenía la visita de un personaje mundialmente conocido: el general George Marshall, el hombre que había reconstruido económicamente al viejo continente, después de la hecatombe de la segunda guerra mundial. Por lo menos los gobiernos de entonces pensaban que traía dólares a manos llenas para desarrollar las pobres economías de estas tierras americanas que' no habían pasado por la experiencia de la guerra. El propio general, desde el primer discurso en la conferencia, disipó cualquier ilusión en este sentido. No habrá «Plan Marshall» para América Latina. El continente americano tiene urgente necesidad de adoptar métodos efectivos de cooperación económica, haciendo frente a problemas que exigen su máximo de buena voluntad. La tarea de reconstruir Europa es, de por sí, una tarea gigantesca para los Estados Unidos. Invitó a los gobiernos del continente a unirse a esa labor. Resumió su pensamiento en materias económicas, pidiendo para el capital extranjero toda clase de garan-

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tías. Desde el comienzo de la Conferencia Panamericana, el general Marshall había recomendado incluir en la agenda de discusiones la siguiente pregunta: «Quiero saber si los delegados aquí reunidos consideran que una cuestión sobre represión de movimientos subversivos de origen foráneo, en América, ¿debe considerarse como un nuevo tema con relación a la agenda?» Pregunta que no fue recibida con beneplácito en el resto de las delegaciones. Creó un ambiente de tensión y de contradicciones. No era lo definitivo a discutir. Juvenal Hernández, jefe de la delegación chilena, dio de inmediato una respuesta positiva en relación con la pregunta del general Marshall, al sostener que la división mundial alrededor de dos tesis había quedado planteada, que una de ellas se fundaba «en una concepción materialista de la vida» y que «pretende implantar la sumisión gregaria de los más a los menos a un nuevo totalitarismo político para decapitar el espíritu del hombre y dejarlo sentimentalmente marchito por la pérdida de su libertad». Propuso la necesidad inmediata de adoptar disposiciones internas para reprimir las actividades subversivas que intentaran realizar individuos nacionales o extranjeros en favor de los intereses políticos de estados extracontinentales. La delegación argentina replicó diciendo que «las Américas no deben combatir el comunismo como idea sino atacar las causas que lo engendran». La delegación venezolana fue más precisa y contundente, al afirmar por boca de su presidente, Rómulo Betancur: «Venezuela jamás apoyará medidas que puedan dar a los enemigos de la libertad el arma formidable de la discriminación política y las persecuciones policíacas, que podrían ser utilizadas contra todos los miembros de la oposición doctrinaria.» La delegación colombiana, presidida por Carlos Lozano y Lozano, había declarado que Colombia no votaría afirmativamente esa declaración. Dijo que: «Co-

lombia es un país de libertades, respetuoso de sus fueros constitucionales y celoso guardián de los principios democráticos.» Los delegados conservadores al evento, encabezados por Silvio Villegas y Augusto Ramírez Moreno, estaban de acuerdo con la declaración. Comenzaba para el continente la más grande cruzada de perfiles inquisitoriales. Era la aplicación de la doctrina Truman, que proclamaba el derecho de los Estados Unidos a intervenir política y militarmente en cualquier país «amenazado por el comunismo». Era, de frente, la guerra fría. Gaitán, jefe del partido liberal, por un inaudito error de Ospina Pérez y aconsejado por Laureano Gómez, no fue invitado al evento. Esa arbitraria actitud del gobierno había creado profundo malestar en las masas liberales. 9 de abril: 1.05 p.m. A la una y diez minutos de la madrugada del 9 de abril, Gaitán terminaba su emocionante defensa del teniente Jesús Cortés, y pedía para él la absolución, alegando que había obrado en legítima defensa del honor del ejército, al ultimar de dos disparos de pistola al periodista Eudoro Galarza Ossa. La multitud aplaudió frenéticamente el hermoso elogio que el penalista hizo del militar. Ahora se vivía la expectativa por el veredicto final. Era la segunda defensa que Gaitán hacía del teniente Cortés. Los mandos medios del ejército habían sufragado todos los gastos de la defensa, recolectando el dinero entre sus compañeros de armas. Seguía en la sala un silencio profundo. A la una y veinticinco minutos de la mañana la sala fue desalojada. Los jueces del pueblo entraron a deliberar, mientras los presentes hacían toda clase de conjeturas. Eran muchas las hipótesis que se tejían. Ante todo, había una gran confianza en el formidable penalista que era Gaitán. A las dos de la madrugada, los jueces del pueblo entregaron su veredicto

Capítulo 2

al juez de la causa y el doctor Pérez Sotomayor, lentamente dio lectura al fallo de conciencia. Las dos y cinco de la mañana. El fallo fue absolutorio en un todo, de acuerdo con las tesis planteadas por Gaitán. Las barras sacaron al líder en hombros y él se encontró con la soledad de una ciudad que tanto amaba y que pocas horas después iba a cambiar en todo sentido por su muerte. La multitud que lo vitoreaba quedaba a sus espaldas. Plinio Mendoza Neira necesitaba hablar con Gaitán sobre alguna cosa urgente. Fue a su oficina, y allí lo encontró departiendo con varios de sus amigos, entre ellos Pedro Elíseo Cruz, Alejandro Vallejo y Jorge Padilla. Comentaban sobre la intervención de Gaitán en la madrugada, en defensa del teniente Cortés, verdadero éxito oratorio que todos calificaron de brillante. Gaitán recibía los últimos elogios de sus amigos. Había sido su más importante triunfo como penalista. Gaitán se sentía alegre, eufórico, «reía con mucha complacencia», recuerda Plinio. Éste lo invitó a almorzar. «Aceptado. Pero te advierto, Plinio, que yo cuesto caro», dijo Gaitán al disponerse a salir, con una de sus carcajadas habituales cuando se hallaba de humor. Todos abandonaron la oficina, para tomar el ascensor del edificio Agustín Nieto. Al salir por el pasillo que daba a la calle, Plinio lo coge del brazo: «Lo que tengo que decirte es muy corto.» En esos instantes postreros del líder, nunca se sabrá si había leído las últimas líneas del editorial del Diario del Pacífico, del 8 de abril, que era como el artilugio premonitorio de su muerte: acusaba a Gaitán de su compromiso con el comunismo, y advertía que esta actitud impediría al liberalismo hacer causa común con quienes se estaban esforzando por defender al continente americano de la influencia del Kremlin. Terminaba: «Allá ese partido que en horas de tanta inquietud se dejó arrastrar hacia tan profundo abismo por las ambiciones desme-

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didas de un caudillo en trance de muerte.» Era la atmósfera política que se respiraba. Plinio Mendoza Neira sintió de pronto que Gaitán retrocedía, tratando de cubrirse el rostro con las manos. Escuchó tres disparos consecutivos. Trató de ayudarlo. Gaitán, demudado, los ojos semiabiertos, un rictus amargo en los labios y los cabellos en desorden. Un hilillo de sangre corría bajo su cabeza. Los testigos del asesinato Pudo ver en forma absolutamente nítida al individuo que disparaba. Trató de dar un paso adelante para arrojarse sobre él y el hombre levantó el revólver a la altura de su rostro. Plinio hizo el mismo ademán de Gaitán, quiso ponerse a salvo entrando de nuevo al edificio. En ese momento, el asesino bajaba el revólver con deseos de apuntarle a Gaitán, que yacía inmóvil sobre

Jorge Eliécer Gaitán Ayala, en su época de estudiante de la Escuela Nacional de Derecho, donde recibió su título de abogado con la tesis "Las ideas socialistas en Colombia". Pronto se hicieron famosos sus alegatos como penalista.

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el pavimento. Luego fue retirándose, protegiéndose en la fuga con el revólver, vacilante. Le faltaban tres pasos para llegar a la puerta y vio claramente el cuerpo del atacante y los movimientos de su brazo en tres posiciones, la primera alta, sincronizada con las tres detonaciones, sin que pudiera percibir el arma, ni la mano, ni la persona sobre la cual disparaba. Así precisa Pedro Eliseo Cruz. Parece que en esos momentos el hombre les hizo un disparo a ellos. Luego retrocedió buscando la avenida Jiménez. Demostraba un perfecto dominio sobre sí mismo, una gran energía, en sus ojos había una mirada de odio inconfundible. Era un hombre cargado de pasión. Así lo define Alejandro Vallejo. En el primer instante, Jorge Padilla pensó que los disparos no eran de revólver. Pensó más bien en los fulminantes que los emboladores ponían sobre la línea del tranvía. Miró hacia la puerta, y vio que apoyándose contra el borde de la piedra norte, con las piernas dobladas en posición de tiro, revólver en mano, había un hombre. Está seguro que disparó desde ese punto y en esa posición, recuerda Jorge Padilla. En total, oyó cuatro detonaciones. Pedro Eliseo Cruz, en su condición de médico, examinaba a Gaitán. Al levantarlo del suelo, daba señales de vida. Era una serie de quejidos sordos. Minutos después llevaron su Amparo Jaramillo de Gaitán, esposa del caudillo liberal, y su cuñada, esperan en la Clínica Central el desenlace del atentado: es el 9 de abril de 1948...

cuerpo a un taxi que lo condujo a la clínica Central. A la una y cinco de la tarde se había parado el reloj de Gaitán. Años más tarde, el médico Yezid Trebert Orozco recordaría que de los impactos del revólver recibidos por Gaitán, especialmente el que penetró en el cráneo a la altura de la protuberancia occipital, hemisferio izquierdo, a más o menos cinco centímetros, fue el mortal. Murió en el sitio del abaleo. «A él le quedó naturalmente la vida animal, como a los toros de lidia cuando les clavan la puntilla y todavía quedan con vida, pero sin sentido de ninguna clase.» Gaitán no creía en su muerte. Muchas veces sus amigos intentaron organizarle un cuerpo de seguridad personal. Él siempre rechazó enérgicamente la idea. Grupos de policías gaitanistas le propusieron lo mismo. Pero él daba como respuesta que su pueblo era su propio vigilante. Un día dijo que si a él lo asesinaran, sucedería el mismo levantamiento popular que produjo su asesinato. Gaitán era un hombre de profunda seguridad en su realización como político. Ya se sentía, por derecho de su prestigio y de su inmensa influencia, presidente de la República. Pensaba que lo conseguiría en el año 50, por el camino constitucional de las elecciones. Bogotá comenzó a incendiarse. La tranquilidad de mediodía se convirtió en un volcán de pasiones inusitadas. La ciudad, como el país, vivieron una de las experiencias más dramáticas de su historia. El hombre Gaitán había nacido pobre y humilde, en un humilde barrio al oriente de Bogotá. Su padre siempre tuvo vocación de librero y su madre, su más grande amor y su más grande influencia, fue maestra. Su infancia estuvo saturada por las dificultades y la escasez. Fue a la escuela pública y, más tarde, en la segunda enseñanza, entró al Colegio Araújo de Bogotá. Después, para el

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estudio de su profesión de abogado, fue a la facultad de derecho de la Universidad Nacional. Comenzó a ejercer de abogado, incluso antes de titularse. Obtuvo rotundos éxitos en sus primeros alegatos, que siempre estuvieron ligados a personajes de los bajos fondos. Su nombre se hizo famoso en sensacionales audiencias públicas, entre ellas la del crimen de la «Ñapa». La tesis con que se graduó se tituló «Las ideas socialistas en Colombia», que ya marcaban un derrotero para su futura vida de hombre público. Viaja a Italia con el objeto de ampliar sus conocimientos en la ciencia del derecho penal. Asiste al espectáculo que ofrecía el fascismo, que irrumpía en Europa ungido de promesas y era escuchado ya por gigantescas movilizaciones de masas. Era un espectro de carne y hueso que hablaba con la persuasiva teatralidad de Mussolini. Distribuyó su tiempo en concurrir a las aulas de la Real Universidad de Roma, donde conocería la doctrina y el pensamiento del profesor Ferri, cuyo prestigio lo había atraído de antemano. Vivió esa transmutación del sabio Ferri, de antiguo socialista a gestor ideológico de Mussolini. Por muchas veces fue a escuchar la voz de Mussolini, para analizar lo teatral de sus gestos y las modulaciones de su voz, a fin de hacerla más convincente, más enérgica, Gaitán llevaba consigo, con la fuerza que le era propia, su vocación oratoria. Si con Ferri aprendía el derecho penal, con los oradores fascistas estudiaba elocuencia. A su regreso al país, a fines de marzo de 1929, se levantaba el estado de sitio en la zona bananera. Los dueños de las plantaciones del banano, acompañados por el ejército colombiano, acababan de asesinar a millares de indefensos obreros, culpables de pedir un poco de justicia social para sus vidas. Gaitán quiso conocer de cerca la comarca martirizada y por muchos días recorrió el escenario del terror, escuchando los relatos de los sobrevivientes y conociendo reveladores documentos sobre la masacre.

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Gaitán, que había salido elegido para el Congreso, realizó durante quince días el más formidable debate denunciando las arbitrariedades de la United Fruit Company. Y con la documentación que llegó a tener en la mano, obtenida en sus dos viajes a la región, probó en sus acusaciones que había una conspiración entre la compañía norteamericana y el gobierno colombiano para explotar a los trabajadores.

A las dos de la tarde, a consecuencia de los disparos de Juan Roa Sierra, Gaitán muere. Pedro Elíseo Cruz, ministro de Higiene, estuvo a su lado en el atentado y en la clínica. Abajo, Gaitán con su gran maestro Enrico Ferri, en Roma.

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Diploma de especialización en derecho criminal concedido a Gaitán por la Real Universidad de Roma, el 28 de junio de 1927.

En octubre de 1933, antes de que se clausurara el Congreso, Gaitán lanzó un manifiesto trascendental. Invitaba al pueblo, a toda la intelectualidad, a todos los oprimidos a que formaran un frente único, capaz de luchar por la justicia social. Ese movimiento se llamaría Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria, planteándose un programa similar al de Haya de la Torre en el Perú. Gaitán habló de los grandes latifundios abandonados, de los campesinos explotados como bueyes. En varios centros agrícolas la UNIR adquirió proporciones de peligro social y bajo sus banderas se realizaron numerosas movilizaciones, huelgas agrarias y reclamaciones directas a los terratenientes. Durante la campaña del 44 al 46, Gaitán y los gaitanistas usaron su lema «Por la restauración moral y democrática» como un arma efectiva contra sus enemigos políticos, primordialmente los liberales del sector oficialista. En "Al sol de la verdad", caricatura de Díaz publicada por "Fantoches", alusiva al viaje de Gaitán a la zona bananera y su denuncia de los atropellos de la United Fruit Company y del general Carlos Cortés Vargas ante el Congreso.

cierto sentido, la campaña moralizadora de Gaitán constituyó una cruzada contra los males que aquejaban a la sociedad colombiana, ya fueran sociales, políticos o económicos. Hablaba de que había cierta enfermedad en el ambiente, por razón del deterioro de las fibras democráticas y morales de la nación. Hablaba del cansancio del pueblo ante las farsas políticas, la corrupción de su partido en el gobierno. Y ante la descomposición social, ante el descontento general por la crisis que atravesaba la experiencia de la república liberal, él creía que era la única alternativa para un posible cambio. Gaitán avizoraba que ya era el tiempo, que su tiempo había llegado, después de veinte años de luchas. El 25 de septiembre de 1945, la plaza de toros de Bogotá se desborda con cuarenta mil gaitanistas, plenos de alegría y confianza en el triunfo, participantes de una experiencia política sin precedentes. Gaitán era ya un caudillo de masas, un líder social. Gaitán dijo: «Nos ha bastado que aspiremos a la restauración moral y democrática de la República. Y esa fórmula diáfana y sencilla ha sido entendida por las gentes de Colombia con toda la fuerza real y trascendente que encierra su contenido. Sólo los que integran y especulan con el país político no encuentran en ella ni mérito ni sustancia, unos por dañada intención y otros por culpable ceguera.» Gaitán, como hombre de acción y un verdadero líder de masas, se levanta de la derrota electoral del año 46 y asume de inmediato el papel de reconquistar en dos elecciones la victoria para su partido. Gabriel Turbay, su oponente oficialista en el debate del 46, marchó a París a buscar la muerte por física nostalgia de la presidencia que no había obtenido y por la que tanto había luchado. Entonces Gaitán se convierte en el jefe único del liberalismo, y de inmediato debe afrontar con toda la intensidad el proceso de violencia política que comenzaba a gestarse y desarrollarse en todo el ámbito geográfico del país. Esa situación

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la denuncia en la manifestación del Silencio, cuando frente a una masa disciplinada que ha marchado con sus banderas de luto, se dirige al presidente Ospina en estos términos: «Os pedimos que cese la persecución de las autoridades; así os lo pide esta inmensa muchedumbre. Os pedimos una pequeña y grande cosa: que las luchas políticas se desarrollen por los cauces de la constitucionalidad. No creáis que nuestra serenidad, esta impresionante serenidad, es cobardía. Somos descendientes de los bravos que aniquilaron las tiranías en este suelo sagrado. Somos capaces de sacrificar nuestras vidas para salvar la paz y la libertad de Colombia.» Ese día Gaitán había escrito su propia muerte. Retrato de un asesino El asesino intenta escapar. Los lustrabotas enfurecidos gritan: «¡Mataron al doctor Gaitán, mataron al doctor Gaitán! ¡Cojan al asesino!» El dragoneante Carlos A. Jiménez lo captura. «No me vaya a matar mi cabo...», suplica el hombre lloroso. Se aglomera la gente, lo desarman, lo meten a la droguería Granada para salvarle la vida. De turno está Elias Quesada Anchicoque. Los policías y Quesada bajan la reja. El hombre trata de evadirse, saltando una de las vitrinas de la droguería. Lo apresan, y Quesada le pregunta: —¿Por qué ha cometido este crimen de matar al doctor Gaitán? —¡Ay señor, cosas poderosas que no le puedo decir! ¡Ay, Virgen del Carmen, sálveme...! — contestó el hombre en tono lastimero. Entonces le preguntó Quesada: —Dígame quién lo mandó matar, porque usted en estos momentos va a ser linchado por el pueblo... —No puedo..., no puedo — contestó. Instantes después, la multitud lo sacaría a la fuerza de la droguería Granada y comenzaría a matarlo de físico dolor. Su madre, Encarnación viuda de Roa, recuerda que estaba oyendo la

radio de un vecino suyo, en la casa donde vivía, arreglando un vestido negro para ponerse de luto por la muerte de Gaitán, cuando escuchó la noticia «que el reo del doctor Gaitán era Juan Roa Sierra, es decir, que el matador era mi hijo Juan». Ella, en los interrogatorios, dijo que Juan había trabajado en la legación alemana, «más o menos como un año en calidad de portero». Como también dijo que a su

Gaitán, alcalde de Bogotá, el 8 de junio de 1936, con el gobernador Parmenio Cárdenas. Abajo, con Amparo de Gaitán y su hija Gloria, en su proclamación como jefe único liberal, 7 de febrero de 1947.

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Marcha de las antorchas en vísperas de la proclamación de Gaitán, por la cual se le acusó de fascista. Abajo, un gesto característico durante una manifestación en el barrio popular de la Perseverancia.

hijo le venía notando cosas raras, como por ejemplo, creerse «Santander o un personaje así como Santander». Había abandonado el trabajo y se quedaba pensativo, «con sus propios pensamientos». Ella lo acompañó a casa de un adivino alemán y en su presencia éste le examinó a Juan una de las manos. Su hermano, Eduardo Roa Sierra, dijo en las indagatorias por el asesinato de Gaitán que Juan era adicto o

miembro de la secta Rosacruz. Que le vio muchas publicaciones de esa secta, que tenía un libro titulado Dioses atómicos y que recibía permanentemente correspondencia de los Estados Unidos. Era un individuo retraído en sí mismo; poco comunicativo, poco conversaba, era solitario en el habla. Esa actitud, como recuerda su hermano, «fue una cosa más bien adquirida de hombre». Su mujer, María Jesús Forero de Salamanca, con quien Juan tenía una hija que hoy tendría 38 años, si viviera, declaró que él andaba muchas veces con su pensamiento distraído. Con la madre de Juan hablaban sobre esto, pues «ella me decía que estaba asustada de que Juan pudiera resultar lo mismo que Gabriel, el hermano que está en Sibaté, con su mismo estado». María Jesús Forero de Salamanca recuerda que Juan Roa escribió una carta al presidente Ospina, en la que le expresaba que «es y ha sido el anhelo constante de mi alma el llegar a ser útil a mi patria, a mi familia y a la sociedad», que el medio propicio que ha encontrado es dirigirse a «vuestra excelencia». Nadie supo quién le escribió la carta y mucho menos en qué máquina la hizo. Su mentor espiritual, el hombre que le leía las manos, el alemán Juan Umlaud, dijo que en la última visita que hizo Roa Sierra a su consultorio el 7 de abril, lo había visto completamente tranquilo y que al despedirse le expresó: «Solo tengo que hacer la vida y solo tengo que seguir.» Juan Roa Sierra ya había adquirido un viejo revólver y estaba gestionando la compra de los proyectiles. Dos días después, este hombre que se miraba al espejo y veía la figura del general Santander, utilizando un viejo revólver que había cambiado de tres dueños y que cada cual patinaba de nuevo para darle otra presencia, al disparar contra Gaitán, cambió la faz del país. Juan Roa Sierra era el hombre perfectamente instrumentalizable para un crimen de esta naturaleza.

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El levantamiento El grito inicial fue espontáneo: «¡A palacio...! ¡ A palacio!» La multitud vibra en su venganza, cuando llevan a rastras el cuerpo de Roa Sierra y todos quieren matarlo de dolor, para vengar la sangre del jefe. Todos querían hacerle algo, patearlo, golpearlo, escupirlo, maldecirlo, profanarlo. El presidente del directorio liberal de Bogotá había dado la orden de llevarlo a palacio. En ese recorrido por la séptima hacia el sur, la multitud se detiene y en enjambre vuelve contra el cuerpo inerme del asesino: un hombre patea su cabeza, otro chuza su estómago con una lezna, lo arrastran. La expresión de los rostros es terrible cuando la venganza se desborda. Detrás, como la huella total de todo su cuerpo, polvo, rastros que iban quedando por la carrera séptima entre los rieles del tranvía; luego un embolador, como arrastrando una carretilla, lo lleva agarrado de las piernas, y así sigue el espectáculo sin que nadie se detenga, hacia el palacio de gobierno, en la ruta en que culminaría la primera fase del levantamiento. Los curiosos se meten al drama como atraídos por un remolino de aguas embravecidas hasta llegar a palacio, símbolo del poder. Allí tratan de crucificar a Juan Roa Sierra, al amarrarlo en las puertas del edificio. Y finalmente, frente a palacio, queda el cuerpo de Roa Sierra, solitario, con dos corbatas amarradas al cuello. La intención era repetir la fiesta con el presidente Ospina, cuenta uno de los sobrevivientes. En esos momentos sale el pelotón de la guardia presidencial y dispara. Había culminado el primer intento de toma de palacio, un acto consciente, pero sin ninguna preparación. No había en esa masa y en la dirección del movimiento ninguna conexión. Era el instinto primario con el acicate que produce en el hombre el dolor profundo. El dolor que cambia definitivamente su vida. Por la respuesta que recibió de la guardia presidencial, esa masa busca

algo para defenderse. Los primeros policías entregan las armas. Unos por temor a ser linchados, otros por convicción gaitanista. «Armarse» es la voz que se escucha. La radio hace encendidos llamamientos. La ciudad se desborda. De los barrios periféricos vienen los artesanos, los obreros, el lumpen hacia el centro; quieren llegar a la plaza de Bolívar. Se producen los primeros saqueos, a ferreterías, armerías, depósitos de artículos de construcción. La gente asalta las bombas de gasolina, se quita las camisas, las empapa y comienzan las llamas a consumir muchos edificios, entre ellos, El Siglo, el periódico conservador. El pueblo adolorido se mete al Parlamento donde estaba sesionando la Conferencia Panamericana. Saca los muebles de las oficinas y se recrea con las hogueras en la mitad de la plaza de Bolívar. Luego, esa masa piensa sorprender de nuevo a la guardia de palacio, avanza por la carrera sexta y baja por la octava para el segundo intento de llegar a la casa de gobierno. La patrulla los recibe a bala. Ese pueblo que ha pasado por encima del miedo, que no piensa en esos momentos en su propia supervivencia, embarca sus ansias contra el palacio. Pero de nuevo están ellos, los de la

Gabriel Turbay consigna su voto en las elecciones del 5 de mayo de ¡946. El lema de Gaitán en esta campaña fue: "Por la restauración moral v democrática".

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2:05 de la madrugada del 9 de abril de 1948: el jurado acaba de absolver al teniente Jesús Cortés por el supuesto asesinato del periodista Eudoro Galarza Ossa, después de la brillante defensa de Guitón, a quien abraza el acusado.

guardia presidencial. Los cuerpos se desploman, se entrecruzan los gritos en la agonía y crece, en tumulto, la muerte. Obnubilada en sus sentimientos, fija en su mirada, obsesiva en sus objetivos, con uno que otro fusil, con muchos machetes blandiendo al aire, esa masa se lanza por tercera vez contra palacio. La tropa responde sin contemplaciones. Los muertos se redoblan. Los que vienen de la avanzada levantan a los muertos por los brazos, por las piernas, para abrirse paso hacia el camino definitivo de las ametralladoras. Esa masa anodina no vacila entre retroceder y avanzar, avanza aprovechando la topografía pendiente de la calle octava. Es la retaguardia multitudinaria que empuja a la vanguardia, cuando los hombres intentan desfallecer. La lucha estuvo a punto de definirse cuerpo a cuerpo y la victoria hubiera sido para el bando de mayor experiencia en este tipo de combate.

Un salvaje aguacero que cae a las tres de la tarde salva en definitiva a la ciudad. La lluvia hizo dispersar a mucha gente. Vuelven los infructuosos intentos de llegar a palacio. Hubo otros obstáculos. Un sobreviviente recuerda que «los curas del colegio San Bartolomé fue mucho lo que dispararon», impidiendo otras tentativas. Los francotiradores, desde los techos y las azoteas, se mueven felinamente y siembran la muerte. La tierra trepida. Alguien ve los tanques, el primero trae en su torreta, como insignia de la paz, un trapo blanco: sobre ellos muchos hombres del pueblo levantan banderas y gritan confiados «¡A palacio! ¡A palacio!». La gente celebra su aparición con vivas y con el ondear de banderas rojas. En el pueblo surge una fatal ilusión: ésos son sus tanques o cree, en últimas, que son los tanques de la revolución. La defensa de Gaitán al teniente Cortés había cimentado esa esperanza. La influencia gaitanista en los sectores medios del ejército, así lo confirmaba. Los tanques siguen sus pesados pasos. En el primero marcha el capitán Serpa, militar de padre gaitanista de Santander. Sale del tanque, como calmando a la multitud. Le disparan. Nadie sabe quién le disparó. El segundo hombre que está al mando del blindado voltea la torreta y enfoca la ametralladora contra la multitud sorprendida. Parecía como si un pueblo entero hubiera entrado a un gigantesco almacén de vestidos de hombre y los hubiera tirado a la calle. Fue la masacre total en la plaza de Bolívar. Había culminado dolorosamente, con la derrota para el pueblo, un levantamiento cuya expresión esencial había sido el espontaneísmo con un claro objetivo político: pretender tomar el palacio. En ese momento, como en la historia que sigue, nadie lanzó una consigna distinta a la del cambio del gobierno conservador por un gobierno liberal. La llamada revolución abrileña no tenía otro sentido. Luego vendría la otra fase, la descomposición del movimiento, ya convertido en la más absoluta de las anar-

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quías, donde no existía una razón para la lucha, sino que la acción fue arrastrada por el alcohol y el saqueo a la ciudad, en forma multitudinaria. Papel de la radío El papel que tuvo la radio, ese día y los otros días, hay que analizarlo con toda frialdad. Creó una interesante actividad agitacional, a la vez que produjo el desconcierto y la inmovilización de las masas, al confundir, quienes lanzaron todo tipo de consignas, la realidad con el subjetivismo y la fantasía. Simultáneamente, jóvenes revolucionarios de distintas tendencias, liberales, comunistas, socialistas, ocuparon diversas emisoras, especialmente la Radio Nacional, y por ella difundieron proclamas a todo el país, instando a la creación de juntas populares de gobierno que se hicieran cargo del poder local. Sus llamamientos empujaron a la población a la búsqueda de armas, en ferreterías, en armerías. Pero, en definitiva, lo emocional contrarrestó lo real de la situación y muchos de ellos se dejaron llevar por su fantasía, dando la información al país de la caída del gobierno conservador y de la ejecución de algunos dirigentes de ese partido. Las masas populares se dedicaron a festejar el triunfo radial, especialmente los sectores más humildes. Asaltaron cantinas, bares, cigarrerías y todo lo que encontraron de camino, para darse la comilona y la borrachera más grande de sus vidas. Fue esto lo que se escuchó por diversas emisoras: «Últimas Noticias con ustedes. Los conservadores y el gobierno de Ospina Pérez acaban de asesinar a Gaitán, quien cayó frente a la puerta de su oficina abaleado por un policía ¡Pueblo: a las armas! ¡A la carga! A la calle con palos, con escopetas, cuanto haya a la mano. ¡Asaltad ferreterías y tomaos la dinamita, la pólvora, las herramientas, los machetes...!» «Aquí la Radio Nacional tomada por un comando revolucionario de la

universidad. En este momento Bogotá es un mar de llamas como la Roma de Nerón. Pero no ha sido incendiada por el emperador sino por el pueblo, en legítima venganza de su jefe. El gobierno ha asesinado a Gaitán, pero a estas horas, ya el cuerpo de Guillermo León Valencia cuelga de la lengua en un poste de la plaza Bolívar. Igual suerte han corrido los ministros José Antonio Montalvo y Laureano Gómez. ¡Arden los edificios del gobierno asesino! ¡El pueblo grandioso e incontenible se levanta para vengar a su jefe y pasean por la calle el cadáver de Ospina Pé-

Media hora antes del asesinato de Gaitán, Ospina Pérez, doña Berta, Angela Hernández, Rómulo Betancourt, el embajador Pietri, Laureano Gómez y doña María Hurtado inauguran una feria agropecuaria en La Florida. Abajo, Fidel Castro ese mismo día, en Bogotá, asiste al congreso estudiantil.

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cota y Municipal, que hicieron su agosto en la ciudad, fueron otro factor que influyó en el desbordamiento de la población hacia el saqueo y la anarquía. La hora de las definiciones políticas

El cadáver de Juan Roa Sierra, después de ser linchado por la muchedumbre, es arrastrado hacia el Palacio de la Carrera.

El pueblo con armas y bandera en la avenida Jiménez, frente a San Francisco y el Hotel Granada.

rez! ¡Pueblo, a la carga! ¡A las armas! ¡Tomaos las ferreterías y armaos con las herramientas!» «Con ustedes, Jorge Zalamea Borda, para comunicarles que se acaba de recibir un radio de Nueva York avisando que el doctor Eduardo Santos salió ya en avión expreso a Bogotá, a tomar el poder y restablecer el orden constitucional en su calidad de primer designado. El movimiento del pueblo está triunfante y el régimen oprobioso de Mariano Ospina Pérez ha caído para siempre...» Los centenares de presos comunes que escaparon de las cárceles de la Pi-

Al caer la tarde del 9 de abril, el movimiento popular como expresión del levantamiento espontáneo estaba fracasado. En la noche, ese pueblo que había entregado su vida por el ideal de volver a un régimen liberal, nada tenía que hacer en el futuro de las decisiones políticas. El presidente Ospina ya tenía un evidente control militar sobre la ciudad. La multitud había sido desalojada del centro, especialmente de los sectores neurálgicos como la zona bancaria. Los militares sólo habían custodiado los bancos, mientras miraban impasibles a ese pueblo, sediento, asaltar almacenes y ferreterías. Después de las seis de la tarde, la tropa comenzó a tomar la ciudad cuadra por cuadra. Ello, naturalmente, le daba cierta estabilidad al gobierno de Ospina. En las horas de la tarde, el partido comunista y la CTC lanzaron consignas de formación de milicias populares y organización de una junta revolucionaria de gobierno. Pero no tenían las fuerzas reales ni los métodos acertados para conducir a esa masa anarquizada. En tempranas horas, después de conocerse la noticia del asesinato de Gaitán, se determinó la huelga general y ésta se produjo, no como fuerza de convicción, sino por un proceso de arrastre espontáneo de la población, que sin plan de ninguna naturaleza, paralizó la ciudad. Se forman entonces los epicentros políticos donde se conjugaron las distintas opiniones de los liberales, gentes de izquierda y del pequeño partido comunista. En la clínica Central, en la sala de radiografía, incluso antes de darse la noticia definitiva de la muerte de Gaitán, porque se ocultó por varias horas, se comenzó a discutir lo que se iba a hacer, el rumbo que debían tomar los acontecimientos. El pueblo ya

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estaba levantado en las calles, expectante, a la espera de las orientaciones de sus dirigentes que nunca llegaron. En la clínica Central resaltaban varias tendencias en las discusiones, recuerda Diego Montaña Cuéllar. Alfonso Araújo y otro grupo que estaba con él sostenían la tesis que había que restablecer la Unión Nacional, que lo que estaba sucediendo en Bogotá era sumamente grave, que el pueblo estaba en una situación espantosa. Otros sostenían que el responsable de la muerte de Gaitán y de la violencia que vivía el país era el gobierno de Ospina, y que por lo tanto se le debía exigir la renuncia. Una tercera, entre ellos la posición de Plinio Mendoza Neira y Alberto Arango Tavera, era que no se le debía pedir la renuncia a Ospina, que se debía conversar con los militares y dar un golpe. Triunfó la tesis de los partidarios de restablecer la Unión Nacional para acabar con el levantamiento del pueblo, con su insurgencia. Eran los que deseaban ir a palacio a pedirle la renuncia al presidente. Es el propio Carlos Lleras Restrepo quien da la explicación sobre aquella reunión en la clínica Central, años más tarde en sus reflexiones, cuando dice que ellos comprendieron que la constitución de una junta revolucionaria «crearía automáticamente la protocolización de un estado revolucionario con imprevisibles consecuencias». Y aclara que su posición, como la de Echandía, Araujo y muchos otros liberales, fue que era conveniente y necesario restablecer un inmediato contacto con el gobierno para poner fin a los choques violentos y buscar la fórmula más adecuada a fin de evitar que el país se precipitara en la anarquía. Era bien clara la posición de los liberales que fueron a palacio y hasta el carácter que deberían expresar las futuras conversaciones. La Junta Central Revolucionaria La batalla política había comenzado. Ospina espera refuerzos militares de

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Tunja y ya tiene una amplia información de lo que está sucediendo en Bogotá y en los departamentos. Le dicen que una delegación de notables liberales se dirige a palacio para hablar con él. La situación en ese momento ya le era totalmente favorable. La Conferencia Panamericana fue suspendida y la mayoría de los delegados fue a resguardarse en el batallón de la guardia presidencial. El ejército recupera la Radiofusora Nacional y comienza la transmisión de boletines oficiales del gobierno. En palacio se inician las conversaciones entre los dirigentes liberales y el presidente Ospina.

Un policía que ha desertado se mezcla con la gente al lado de la iglesia de San Francisco.

Mientras algunos esperan órdenes en la Quinta División de policía, otros van por las calles con armas y banderas.

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Francotirador en la Plaza de Bolívar. 24 horas más tarde todavía se oían allí los disparos.

En la séptima con 16, un tranvía incendiado.

En la emisora Últimas Noticias se produce un fenómeno por cierto muy interesante, pero a la postre de resultados muy limitados. Se crea la Junta Central Revolucionaria de gobierno, con objetivos sujetos al desarrollo de las conversaciones en palacio. No plantean una razón de poder, ni siquiera de expectativa. Hizo estragos la mentalidad de subalternos en quienes pretendieron darle un cauce real y definitivo al movimiento. Gerardo Mo-

lina recuerda que cuando hablaron de crear una junta de gobierno fue para que mantuviera la moral de la gente, con la intención de hacer algo, por si el pueblo oía; pero ya no escuchaba: cualquier orientación caía en el vacío. Se dieron consignas referentes al mantenimiento de la moral y vigilancia del aeropuerto. La Junta Central Revolucionaria, que para muchos fue fantasmal, pero que en cierta medida buscó convertirse en un factor de dirección, de organización, fue integrada por Gerardo Molina, Adán Arriaga Andrade, Jorge Zalamea, Rómulo Guzmán, Carlos Restrepo Piedrahíta y Carlos H. Pareja. La Junta dictó su primer decreto: Constituyase Ultimas Noticias en el órgano oficial de difusión al servicio del comité ejecutivo de la Junta Central Revolucionaria de gobierno y del movimiento liberal que se desarrolla en el país. Y desde Ultimas Noticias, Arriaga Andrade dijo: «La Junta Revolucionaria anuncia que en la Quinta División de policía vamos a distribuir armas en primer lugar. Y en segundo, a todo el que se capture con atados en la cabeza, asaltando y robando, llevarlo a la Quinta División, cerca del panóptico, para seguirle inmediatamente consejo revolucionario.» Ocurrió todo lo contrario de lo que se anunciaba por la radio. Quienes pasaron esa noche decisiva en la Quinta División de policía, estuvieron pegados al cordón telefónico en línea directa con palacio, a la espera infinita de una posible orientación o de cualquier tipo de órdenes. Las conversaciones en palacio En un ambiente de frialdad protocolaria, el presidente Ospina recibe la visita de los dirigentes liberales. Al comienzo tratan de evitar el ambiente tenso de posibles acusaciones. No revelan sus primarias intenciones. Le relatan al presidente sus peripecias en la calle por las cuales atravesaron hasta llegar a palacio. A petición suya, PÜ-

Capítulo 2

nio Mendoza cuenta la forma en que se produjo el asesinato de Gaitán. Lleras Restrepo interrumpe a Mendoza Neira, se está perdiendo demasiado tiempo, se debe actuar con prontitud. Como no existe un acuerdo tácito entre los delegatarios liberales, quien habla a nombre de la comisión no es un caracterizado político, sino un veraz periodista, don Luis Cano. Lo hace con un lenguaje distanciado. Después de decirle al presidente cómo lo admira y respeta, y de qué manera El Espectador ha venido defendiendo su administración y luego de ponerse a sus órdenes como colombiano y amigo, cree «que debemos considerar alguna medida rápida y efectiva, porque el tiempo apremia y no debemos esperar a que sea demasiado tarde». Es el presidente quien pregunta:«¿Qué medida insinúan que debe tomarse?». Nadie responde. Están tanteando el terreno. El presidente Ospina insiste en su pregunta, don Luis Cano responde que no venía preparado para esta entrevista, que sus compañeros tienen la palabra. Lleras es el más decidido. Expresa que cualquier medida que se tome llegará demasiado tarde. Es el propio Lleras Restrepo quien nos da luces sobre cuáles eran las pretensiones de los liberales, que hasta ese momento ninguno había expresado. Habla de los antecedentes que habían ocasionado el rompimiento de la Unión Nacional, tan frescos todavía; que sólo el retiro del presidente Ospina podría tener suficiente eficacia para calmar las multitudes. Le parecía que ese camino, que dejaba a salvo los sistemas constitucionales, era por todos los aspectos preferible a que sobreviniera el derrocamiento del gobierno, porque el país había entrado en un estado de anormalidad jurídica cuyo posterior desarrollo nadie podía prever siquiera. Eran simplemente como «los puntos de vista de unos liberales preocupados por la suerte del país y no como una petición que nosotros pudiéramos formular al presidente como representantes de las gentes amotinadas, ni como

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un ultimátum que una revolución hiciera por nuestro conducto». Alfonso Araújo le increpa al presidente: los incendios cubren la ciudad, «oiga las ametralladoras del ejército. ¡Esto es una masacre horrible!» Vaticina la caída del gobierno. Ospina le responde que el ejército está cumpliendo el deber elemental de defender la Constitución. Don Luis Cano recomienda a sus compañeros más cordura y cordialidad en las delibera-

En la desolación, un ciudadano con las manos en alto, y soldados que recuperan la ciudad, cuadra por cuadra.

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Patrullaje por la ciudad en ruinas.

ciones, concilia los ánimos. Echandía, que había sido elegido sucesor de Gaitán en la clínica Central, en ese trascurrir es un hombre mudo. Espera seguramente la culminación de ese mar de palabras. Mendoza Neira dice con gran entusiasmo que Echandía es el único hombre capaz de contener las iras del pueblo, por su prestigio, porque fue aclamado por la multitud al conocerse la noticia de la muerte de Gaitán. Roberto Salazar Ferro está de acuerdo. El propio Ospina les abre el camino para que ellos clarifiquen su fórmula: «Entonces ustedes lo que quieren es que el presidente se retire del poder, ¿no es eso?» Lleras Restrepo no oculEl Ministerio de Gobierno saqueado v en llamas.

ta su euforia. Es un punto que le parece muy importante. Ospina era dueño de la situación. Sus interlocutores sólo estaban expresando «puntos de vista». Él estaba jugando con las cartas del tiempo. Los refuerzos de Boyacá estaban en camino, y tenía bajo su control la situación del país, exceptuado Ibagué. Con frialdad responde a los liberales que el pueblo lo eligió para regir sus destinos y, al abandonar la presidencia de la República, su nombre pasaría a la historia como un traidor, arrojando el más horrible baldón a la memoria de sus antepasados. Les pide que piensen lo que sucedería en los departamentos, por lo menos seis de ellos marcharían a reconquistar el poder que se les había arrebatado. «Tendríamos, pues, la guerra civil.» Se rompe el encanto de una posible ilusión, por impotencia ante la amenaza del presidente de una guerra civil. No tienen en sus manos sino las palabras. Ahora vienen las incriminaciones de que el gobierno de Ospina es el culpable de la violencia. El presidente les pregunta nuevos detalles de cómo llegaron a palacio. El tiempo sigue sus lentos pasos. Echandía se anima un poco. Lleras insiste en la fórmula del retiro del presidente. El presidente responde que saldrá vivo de palacio y no será sino cuando termine legalmente su período. Don Luis Cano insiste en que su separación del poder facilitaría la terminación de la revuelta y se haría digno de la gratitud del pueblo colombiano. Ospina contraargumenta que su separación del poder, lejos de arreglar, empeoraría la situación, provocando una sangrienta guerra civil. Ospina nada prometió, nada avanzó ante los comisionados liberales, como no fuera su propósito de permanecer a todo trance en la presidencia. Sólo él podía definir la situación, tenía sus razones. Posteriormente, Lleras Restrepo, con otros elementos de juicio, enfocaría así la situación: «Naturalmente, el presidente tenía en esos momentos informaciones de que nosotros care-

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ciamos, sobre todo respecto a la situación creada en Antioquia y en algunos otros lugares del país, y tenía razón al pensar que si bien su retiro podría calmar el ánimo de los liberales en Bogotá y contener la revuelta, era bien posible que el conservatismo se negara a aceptar esa solución, y se creara automáticamente un estado de guerra civil en la República.» Darío Echandía recuerda con una especie de mea culpa las conversaciones de palacio: «Es evidente que don Luis Cano le dijo al doctor Ospina que la solución era que me encargara yo del mando. ¿A qué título? Era un golpe de cuartel, un golpe de estado. Yo no era el designado; el designado era el doctor Santos, que estaba en Nueva York.»

El Palacio de Justicia, destruido; y no será la primera vez que esto suceda...

La Quinta División de policía En la Quinta División de policía, setecientos hombres insubordinados, bajo la dirección del capitán Tito Orozco, con la presencia de Adán Arriaga Andrade, estaban sometidos esa noche del 9 de abril a la espera de órdenes desde arriba. A esa terrible espera que no permite a los hombres tomar decisiones en momentos tan definitivos en la historia de un país. Porque influía más en ellos la psicología de ser subalternos. Sólo existían para ellos las jerarquías. No había órdenes habladas ni escritas que los empujasen a actuar decididamente. Sus ojos, sus mentes, su accionar nervioso estaban en palacio. Y los que se encontraban en palacio no iban a pronunciar ese tipo de órdenes. Los hombres que vivieron esa terrible noche en la Quinta División de policía no tuvieron el aliento suficiente para poner a funcionar sus armas. En la tarde del 9 de abril, entre la ola de manifestaciones que penetró a la Tercera División de policía, estaba un joven estudiante de 21 años llamado Fidel Castro. Aunque estuvo entre los primeros que entraron, sólo pudo tomar un fusil de gases lacrimógenos y un montón de cápsulas

para cargarlo. Subió a uno de los pisos superiores en busca de otro tipo de arma y entró a una habitación. Allí había varios policías que no atinaban qué hacer. En medio de aquel desorden, Fidel se puso un par de botas, una capota militar y una gorra y bajó hacia el patio donde se sentían muchos tiros al aire. Alguien quiso poner orden, y

El Palacio de la Gobernación y San Francisco, después del asalto.

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Fidel se unió a un grupo que en el patio se alineaba en escuadra. Un oficial le preguntó qué iba a hacer con un lanzador de gases, y sin esperar respuesta agregó: «Lo mejor que puedes hacer es darme eso y toma este fusil.» Fidel Castro, desde luego, no opuso reparos. Fidel, al conocer la noticia del asesinato de Gaitán, se involucró de inmediato al levantamiento. Con su fusil se trasladó con un grupo de estudiantes a defender la Radio Nacional, que ya estaba cercada por el ejército. Luego fue a la Universidad Nacional y más tarde a otra estación de policía. En la noche llegó a la Quinta División. Como cualquier colombiano conmocionado por los acontecimientos, vivió intensamente la tarde abrileña. Había venido a Bogotá unos días antes, para participar como delegado en un congreso estudiantil que se estaba celebrando para protestar contra la Conferencia Panamericana. Había conocido personalmente a Gaitán el 7 de Portada del Palacio de la Nunciatura Apostólica: destruido.

abril, porque él le había prometido a una delegación estudiantil que hablaría en la clausura del evento. Fidel junto con otros estudiantes, tenía una cita con Gaitán el 9 de abril a las dos de la tarde. Cita que no pudo cumplirse. En la Quinta División de policía vio aquella fuerza grande de setecientos hombres armados, acuartelados a la defensiva. Y reflexionó sobre esa situación. Le pide una entrevista al jefe de la guarnición y le dice que toda experiencia histórica demuestra que una fuerza acuartelada está perdida. Le habla de la propia experiencia cubana: toda tropa que se acuarteló siempre estuvo perdida. Le razona, le discute, le argumenta y le propone que saque la tropa, que es una tropa fuerte, que atacando podría realizar acciones decisivas. El jefe de la policía lo escuchó, pero no tomó ninguna decisión. Fidel le insistía que lanzara a ese grupo de hombres armados contra el palacio de gobierno. Fidel recuerda: «Nos pasamos toda la noche esperando el ataque del ejército». Luego le tocó ir de comisión junto a un grupo de policías, en los alrededores de Monserrate, esa madrugada. Adán Arriaga Andrade, por cierto dolorosamente crítico, recuerda que esa noche en la Quinta División de policía había en ellos una especie de indecisión que los amarraba y les impedía realizar cualquier acción, un sentido de respeto jerárquico: «Nosotros queríamos actuar, nos faltó personalidad suficiente como para decir: "Aunque nos maten, aunque pase lo que pase, nosotros vamos a actuar..."» Pero no actuaron. Fue, para ellos, una noche adivinando ¿la dirección liberal estará en palacio, estarán presos o tendrán acorralado a Ospina. No había información, todo fue un gran desorden. Los setecientos policías insubordinados vivieron esa noche, como vivió el país, a la espera de órdenes que nunca llegaron. Lleras Restrepo recuerda en su analítica y fría memoria una de las llamadas que recibió desde la Quinta Di-

Capítulo 2

visión de policía en la madrugada del 10 de abril. Respondió que todavía no había solución de ninguna clase, que los liberales que estaban en palacio insistían en buscar la solución que juzgaban más adecuada. Pero que no quería en manera alguna «que pudiera decirse más tarde que por consideración con nosotros, el pueblo liberal de Bogotá había quedado' inmovilizado en su acción». Insiste en que «nosotros no aconsejábamos la insurrección ni estimamos nunca que ése fuera el camino conveniente para el liberalismo y para la República». Agrega que «quienes estaban afuera en contacto con la gente, adoptaron por su propia voluntad la decisión de esperar el resultado de nuestras gestiones y no por orden nuestra...». La Junta Revolucionaria desapareció en la noche. Su objetivo agitacional perdió importancia ya al caer la tarde del mismo 9 de abril. De sus consignas, nada quedaba, sólo el eco de las órdenes de la Junta Revolucionaria que se escuchaban en pequeñas y grandes poblaciones, donde se habían constituido también juntas revolucionarias que estaban sujetas a la espera de orientaciones del Comando Superior. Fue, a todo nivel, la espera de la misma espera. La llegada de los generales Del Ministerio de Guerra, un convoy integrado por tanques y automóviles salió hacia el palacio de Nariño. Eran los siete generales que se dirigían a conferenciar con el presidente Ospina. El presidente recibe a los generales en las oficinas de la Secretaría Técnica, pues los dirigentes liberales continuaban en el despacho presidencial. A la reunión asistieron los generales Germán Ocampo, Carlos Vanegas Montero, Rafael Sánchez Amaya, Ricardo Bayona Posada, Mora Angueira y Julio Londoño, en cuyo nombre se había solicitado la entrevista. Entre el presidente y los militares se cruzaron los saludos reglamentarios.

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El Palacio de San Carlos, sede entonces de la Cancillería, recién restaurado para la Conferencia Panamericana: también destruido.

Los dirigentes liberales, por información de Camilo de Brigard, supieron de la visita de los generales. En dos salones casi contiguos, resultaron sesionando dos conferencias privadas: el presidente y sus generales y el liberalismo con su jefe Darío Echandía. Dos conferencias definitivas: quizá la hora de las soluciones se estaba acercando. Entre los dirigentes liberales había cierta expectativa, no eran ellos los únicos interlocutores. Había otra fuerza en pugna: los generales. Ellos fueron enviados por Laureano Gómez, quien pensaba desde el Ministerio de Guerra que la solución debía ser militar y no política. Los argumentos expresados por los generales estaban basados en las implicaciones que se estaban gestando por la gravedad de la situación política. Los altos mandos habían movilizado sus fuerzas con cierto desgano, pero lo cierto es que había en ellos la esperanza de ser, en cierto momento, el factor de poder decisivo que vislumbrara sus posibles soluciones al conflicto. El general Germán Ocampo le explica al presidente Ospina que todavía hay peligros muy graves. Parece que

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Un saqueador regresa a casa con su botín.

en estos momentos se piensa avanzar hacia el Capitolio con el cadáver del doctor Gaitán, marchando con su señora y su hija a la cabeza del desfile, seguidas de una gran multitud. «Nosotros», dice el general, «consideramos que esto creará nuevos y graves hechos en la capital y en el país, ya que ese avance popular hacia el Capitolio seguramente estará combinado con un ataque de la Quinta División de la policía». «Sólo podrá contenerse esa multitud mediante un choque excepcionalmente sangriento entre el ejército y el pueblo, de consecuencias imprevisibles. En estas circunstancias, la situación de defensa de la ciudad y del palacio mismo serán extremadamente precarias», agrega el general. Él mismo, después de su argumentación, explica que la única posibilidad de hacer frente a los acontecimientos es «asumiendo a la vez toda la responsabilidad para actuar con la mayor seguridad y eficacia, por parte de los militares». El general Sánchez Amaya recuerda que «nosotros no teníamos que ir a tomar el poder, porque ya lo teníamos en nuestras manos, desde luego que el ejército era la única fuerza organizada

en la República». Los generales le propusieron al presidente una junta militar, incluso planteándole la protección adecuada para su persona y para su familia. El general Vanegas Montero aclara aún más la idea: «Se pensó, por ejemplo, en constituir una junta militar, inclusive por decreto del señor presidente, para que asumiera temporalmente el gobierno, o mejor, la responsabilidad de éste, y procediera a aplicar las medidas necesarias al restablecimiento del orden público.» El presidente contraargumenta diciendo que «no se trata de protección para mí y para mi esposa, porque nosotros estamos listos a sacrificarlo todo aquí, como es nuestro deber. Lo fundamental es la protección de la patria». No considera constitucional la fórmula de la junta militar. Les dice que está decidido a mantenerse a todo trance «dentro de la Constitución», como única forma de preservar el indispensable prestigio de las autoridades ante propios y extraños. «¿Quieren ustedes, señores generales, que estudiemos la posibilidad de un gabinete militar?», les pregunta. Los generales respondieron que no creían viable esa solución, porque dispersados en las distintas carteras ministeriales, cuyo manejo no conocían, lejos de favorecer al gobierno, podría complicarlo. Además, no quedaría quien comandara las fuerzas militares en ese momento tan complejo y decisivo. Excelente oportunidad que aprovechó el presidente. Los siete generales no sostuvieron sus ambiciones hasta el final, les faltó mando. Entonces dijo el presidente que en esas condiciones le correspondería permanecer en su puesto, para buscar las «soluciones que considere más aconsejables dentro de las posibilidades que ofrezcan las fuerzas políticas del país». Les dijo que contaba en todo momento con la eficaz colaboración de ellos y con la «lealtad de las fuerzas militares». Los generales le prometieron estar dispuestos «a morir a su lado si fuere preciso. Esperamos sus órdenes».

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Capítulo 2

El presidente, aprovechando ese momento de indecisión de los militares, les agradeció su apoyo y nombró al general Germán Ocampo como ministro de Guerra. Había afrontado sagazmente la crisis militar que se le venía encima. Los generales pidieron hablar con Darío Echandía. Éste, recuerda que le preguntaron sobre la situación y les dijo que en ningún momento podría tratarse de dar un golpe de cuartel. Al presidente le tocaba ahora afrontar la furia viviente del jefe del conservatismo, refugiado como estaba en el Ministerio de Guerra. Intercambio telefónico entre Laureano y Ospina El presidente, seleccionando sus apuntes hechos a lápiz sobre una pequeña hoja de papel, pidió que lo comunicaran con Laureano Gómez, que continuaba en el Ministerio de Guerra. Ésta era la segunda conversación entre los dos jefes conservadores. El propio presidente Ospina reconstruye posteriormente la conversación; le manifestó el propósito de dar solución política al grave problema que el país estaba viviendo y le solicitó que lo siguiera acompañando en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Le leyó la nómina de los otros ministros. Laureano le preguntó en qué forma quedaría constituido el gabinete en el caso que él no aceptara. Ospina insiste en que lo acompañe en el gabinete y, en caso de no acompañarlo, el gabinete quedaría en la forma en que acaba de leerle con la sola modificación de que el doctor Eduardo Zuleta Ángel sería nombrado ministro de Relaciones Exteriores. Laureano le contesta que haga lo segundo, aunque no cree que eso resuelva la situación. Meses después, Laureano Gómez recuerda desde Madrid, con su avalancha de cartas, en las cuales refuta al presidente Ospina: precisa que no hubo por parte del presidente la más mínima insinuación de que se quedara en el Ministerio. Que Ospina le había

dicho que tal vez habría la posibilidad de reconstruir el gabinete de Unión Nacional y que «la condición indispensable para ello sería que los conservadores que formaran parte de él fueran muy "desteñidos" y los liberales muy calificados». La única interpretación que Laureano Gómez dio a esas palabras es que el presi-

Después del vandalismo, la escasez de alimentos y las colas para adquirirlos.

Cadáveres encontrados en cualquier sitio de la ciudad: más de tres mil a la fosa común.

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En las galerías del Cementerio Central, última oportunidad para reconocer los cadáveres.

dente Ospina «había resuelto prescindir de mi nombre». El punto de vista de Laureano Gómez, muy neto, muy insistente, fue que «era equivocación sustantiva y funesta negociar con los liberales, porque el golpe era comunista y los liberales que estaban en palacio no tenían sobre quienes estaban incendiando la ciudad el menor influjo». Sostuvo «enérgicamente» que en caso de insurrección del comunismo, «sólo el ejército puede salvar a la sociedad». Reitera sus planteamientos sobre el papel del ejército en esa coyuntura, al afirmar que «encontré a los generales que estaban (en el Ministerio de Guerra) inertes. Mi preocupación fue que actuasen». Su tesis más nítida, más insistente, fue que no se le permitiera a los liberales salir de palacio para que en el caso de que el nuevo asalto fuera triunfante, padecieran «la suerte común. Mis sugestiones fueron rechazadas repetidamente». Al amanecer del 10 de abril, recuerda que el presidente Ospina le dijo que la solución era «un gabinete de Unión Nacional con conservadores desteñidos y liberales fuertes». Con esas palabras, piensa el jefe del conservatismo, el presidente le notificó la destitución. «Dejé de hablar de los rehenes, por-

que comprendí que era otro el juego. Mi nombre y la cartera que desempeñaba fueron cartas vitales.» El diálogo fue cordial, en ningún momento pareció establecerse discusión entre los dos jefes conservadores. Sin embargo, a través del hilo telefónico, había comenzado a configurarse la división conservadora, al derrumbarse en ese instante la ascendencia política de Laureano Gómez sobre el presidente Ospina. Es interesante dilucidar las razones por las cuales Laureano Gómez no llegó hasta palacio, siendo éste su profundo deseo. Azula Barrera, testigo excepcional de los acontecimientos en palacio, recuerda que la opinión que siempre ha sido publicada de Ospina y doña Berta de Ospina, es que no podían estar los dos jefes conservadores en el mismo sitio, porque en el caso de que mataran al presidente Ospina, quedaría libre y por fuera Laureano Gómez. Lo real es que la presencia del jefe del conservatismo iba a impedir el restablecimiento del gabinete de Unión Nacional, por su odio antiliberal. Era lo lógico, si lo primero que pedían los liberales era la cabeza de Laureano Gómez. El presidente Ospina sacó a luz pública la versión de que los dos no podían estar en el mismo sitio. El presidente, tranquilo al sentir que ya no tenía ataduras políticas para dar por terminada lo que sería su solución, llamó a sus colaboradores. A las doce del día 10 de abril el presidente telefoneó a Echandía al periódico El Tiempo, para comunicarle de acuerdo a lo convenido la lista del gabinete. Echandía fue escuchando nombres. Luego aceptó el nombramiento de ministro de Gobierno sin objeción ninguna, y de inmediato se dirigió a palacio. Pasaron los minutos, y el nuevo ministro de Gobierno entró a la Secretaría General, donde el acta de posesión ya estaba extendida. Firmó el documento y, de brazo con el presidente, comentó en su ya conocido tono filosófico: «Vamos a ver qué pasa. De lo que se trata ahora es de establecer las reglas del juego.»

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Capítulo 2

Luego se encerró por varias horas en la Secretaría Económica y puso a funcionar su cerebro para redactar la alocución que se proponía dirigir al país, explicando su ingreso al gabinete como ministro de Gobierno. Con el acuerdo entre liberales y conservadores, comenzó a gestarse lo que más tarde se conocería como el Frente Nacional. Desde el punto de vista político, Ospina Pérez había ganado la batalla. Vendría entonces la pacificación y la reconstrucción del país. Veinticuatro horas después continuaba en la ciudad la resistencia de los francotiradores, que se movilizaban como sombras entre las azoteas de los edificios, simbolizando el último reducto de la resistencia popular. Las compañías comerciales de aviación se pusieron al servicio de las fuerzas armadas. Sobre la ciudad devastada, volaron los aviones a baja altura atemorizando a la población, dirigiendo sus vuelos contra la Quinta División de policía. Echandía, como ministro de Gobierno, sirvió de intermediario para la rendición. Antes, rodearon el edificio de la Quinta División con toda clase de armamentos, inclusive bazu-

cas. La aviación amenazaba con bombardearlos. Después de un supuesto acuerdo de amnistía, se entregaron. Se destituyó entonces a la casi totalidad de los oficiales y agentes de la policía que habían o no participado en el levantamiento. Continúa el paro decretado por la CTC. Bogotá es una ciudad paralizada que no sale de su asombro.

El entierro de Gaitán: preside el duelo Amparo Jaramillo y su hija Gloria Gaitán. Mariano Ospina sale de un Te Deum en la catedral con Darío Echandía y el canciller Eduardo Zuleta Angel.

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Capítulo 3

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El 9 de abril en provincia Arturo Alape A manera de introducción

E

l 9 de abril en provincias es un hecho decisivo de la historia nacional que aún está por dilucidarse a fondo. Naturalmente, existe un mayor acopio de información —testimonial y documental de primera m a n o - de lo que sucedió en Bogotá, donde los acontecimientos tuvieron mayor profundidad en lo social y en lo político y donde, en últimas surgió la solución política, que paralizó el desarrollo ulterior de cualquier acción en las provincias. No fue un problema de simple centralismo. Las fuerzas decisorias estaban en la capital. Por ello el 9 de abril culminó como experiencia histórica en Bogotá, el día siguiente, al consolidarse el gabinete paritario, entre liberales y conservadores. Luego vendría la reconstrucción del país y la pacificación que dejaría como saldo el puente inevitable hacia lo que se conocería en Colombia como la Violencia. No fue lo inmediato. Pero las heridas que se abrieron fueron de tal naturaleza, que el año 49, con toda su tensión política, regresó a los aconte-

cimientos de abril del 48: la memoria estaba despierta. El presente trabajo es un intento de situar el fenómeno del 9 de abril en su escenario regional y local. Para ello se tienen en cuenta los siguientes hechos fundamentales: 1. El levantamiento espontáneo del 9 de abril en provincias fue demasiado complejo y prolongado y asumió en cada región sus propias características. 2. El movimiento Jorge Eliécer Gaitán, en un montaje fotográfico de Lunga.

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Campesinos de Santander con el retrato de Jorge Eliécer Gaitán.

insurreccional careció de una organización y de una adecuada dirección política. 3. En muchas regiones la dirección de los acontecimientos estuvo en manos de dirigentes políticos «naturales» o «tradicionales» y de la pequeña burguesía urbana. 4. La insubordinación tuvo un carácter de simultaneidad. 5. El 9 de abril en sus orígenes fue, ante todo, una reacción anticonservadora que trataba de reivindicar de esta manera la muerte del caudillo, para derivar posteriormente en el pillaje, la retaliación, y la espera fatal de las supuestas órdenes de un comando nacional revolucionario que nunca existió como tal. 6. Se multiplicaron nuevas formas de organización, como en Barranca, donde se establecieron los gérmenes de un poder popular. No hay la menor duda, en ese sentido, de que en el 9 de abril del 48 se articulan los conflictos regionales con los grandes hechos nacionales, para constituirse en un hilo conductor de la historia contemporánea. Esto nos induce a ver y analizar ese acontecer en toda su magnitud nacional. A diferencia de las guerras civiles del siglo pasado, que se inician en la periferia

para culminar en el centro, el Bogotazo prende candela a un prolongado conflicto en las regiones o comarcas y les deja una marca indeleble en su conciencia social. El asesinato de Gaitán conmovió los cimientos mismos de la nación y para el pueblo liberal y para otros sectores fue una afrenta y la provocación de un régimen minoritario con deseos de hacerse hegemónico. Veamos, entonces, una sinopsis de lo que fueron en provincias el fenómeno y sus desarrollos. La radio, un elemento catalizador y movilizador La radio ha sido un elemento de motivación social de grande importancia en muchos de los recientes acontecimientos políticos en Colombia. Ha sido un eje conductor de la comunicación de masas; la posibilidad de llegar a los oídos más lejanos, de penetrar en lo más hondo de la geografía del país y establecer en el mismo instante de la transmisión un ambiente propicio para asumir una actitud y accionar la pasión política hasta su desbordamiento total. O por el contrario, inducir a la masa oyente a una posición pasiva. Todo depende del manejo de la información. Antes del 9 de abril, su influencia era más que decisiva. La política en el más amplio sentido de la palabra se hacía a través de la radio. Por la radio se escuchaban los inflamados y violentos discursos de los parlamentarios, al difundirse las sesiones del Parlamento. Esto caldeaba el espíritu partidista y establecía una verdadera competencia oratoria. Gaitán hablaba en Bogotá por una emisora, Laureano Gómez ya le estaba contestando por otra. Hay que recordar que muchas de las brillantes intervenciones de Gaitán como penalista fueron transmitidas por este medio. El 9 de abril fue el catalizador del profundo dolor del pueblo, al conocer la noticia del asesinato de su líder. La primera noticia que se lanzó al aire

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Capítulo 3

acusando del homicidio a un policía chulavita exacerbó los ánimos y condujo a esa masa a dirigir sus acciones y su ira contra la policía. Por las emisoras se hicieron los más encendidos llamamientos que tocaban el sentimiento regional, esa fibra humana que nunca se olvida, que está latente. Fue por injerencia directa de la radio que los diversos movimientos locales se mantuvieron vivos por un día o por muchos días más. La radio hizo más insoportable la terrible angustia de la espera de las orientaciones, que nunca llegaron, de la llamada Junta Revolucionaria. Los ejemplos son muchos, con una dirección precisa: «Boletín n.° 2. ¡Viva la revolución! Debe saber el pueblo colombiano que los obreros que controlan centros de industrias siderúrgicas, están haciendo cañones y fusiles...» «Aquí el comando de la universidad con vosotros: ¡La juventud toda está con nosotros! ¡La policía nacional y el ejército están con nuestro movimiento! El edificio de El Siglo arde y ese cuartel del asesinato y la calumnia ya no es más que un puñado de cenizas, como será pronto el palacio de la Carrera y el señor Ospina Pérez. Comunicamos al país que Bogotá ha caído, que el ejército y la policía están con nosotros y que nos guardan las espaldas aquí en el edificio de la Radio Nacional. Pueblo, buscad las armas donde las encontréis, asaltad las ferreterías. ¡Sacad los machetes y a sangre y fuego tomaos las posiciones del gobierno!» «Aló, aló, Cúcuta. Aló, los compañeros citados de Cúcuta dispuestos y sobre las armas, a tomarse el poder, a dirigir el movimiento...» «¡Liberales de Colombia, preparad bombas; buscad armas en todas partes; fabricad el claro cóctel Molotov! ¡Pueblo liberal de Colombia! ¡El gobierno conservador ha caído!, ¡el doctor Gaitán empieza a ser vengado!» «Aló, aló, ¡fuerzas revolucionarias izquierdistas de Colombia! La revolución acaba de derrotar al régimen

conservador en Medellín y en Colombia. La revolución se ha apoderado de las dos gobernaciones, respectivamente, en Medellín y Cali. Aló, aló, ¡fuerzas revolucionarias de Colombia! Acaba de triunfar la revolución en Barranquilla. Acaban de tomarse la gobernación de Barranquilla las fuerzas revolucionarias izquierdistas, en la capital del Atlántico...» «Liberales de Boyacá, os habla Hernán Villamarín, diputado actualmente

Manifestación gaitanista en la Plaza de Bolívar con delegaciones de Cundinamarca y regiones vecinas, 1947. El "slogan" en estas grandes movilizaciones era "¡A la carga! con Gaitán".

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Jorge Eliécer Gaitán asiste al entierro de víctimas de la violencia en la localidad de Chocontá, 1948.

a la Asamblea de Boyacá. Gaitán, invaluable figura del liberalismo, hombre que como líder supo dar su sangre por el partido, pero como líder no se irá a quedar en la penumbra del misterio, sino que tendremos que vengar a nuestro jefe...» La radio agitaba conciencias, mantenía la llama de un movimiento que tendría como signo su propia frustración, un día después con las noches que condujeron inmediatamente a la vindicta del contrario político, cuando tuvo libertad y se desaforó en sus ansias de venganza. Cuando el gobierno de Ospina Pérez asume el control de la radio, opera de inmediato la desinformación en todo el país, llegan los días de la desolación, y la gente insubordinada tiene que buscar refugio a su vida. En el proceso de la violencia que se desarrolla posteriormente, el púlpito reemplaza a la radio como retransmisor de la consigna política. Está metido en la base social del conflicto, azuza la pasión política en conciencias profundamente religiosas. Santander El 9 de abril en Santander produjo como reacción inmediata una activa participación de la población en la agi-

tación revolucionaria. Con una larga tradición de lucha que viene desde los comuneros, la clase obrera ligada estrechamente al enclave petrolero de Barrancabermeja organizó formas de gobierno popular en muchas localidades, que luego con tenacidad y una formidable dosis de inventiva por varios días, resistieron los embates del gobierno. Barranca sostuvo la más larga e imaginativa resistencia de las provincias colombianas. La llamada «Comuna de Barranca» se expresó políticamente en la inmediata formación de una Junta de Gobierno, elegida por la población reunida en la sede de la alcaldía municipal, la tarde del 9 de abril, al conocerse la noticia del asesinato de Gaitán. La junta fue integrada por Gonzalo Buenahora, presidente; Arturo Restrepo, comerciante; Mario Cújar, telegrafista; José María Vesga Villamizar, representante a la Cámara; Hernando Soto Crespo, médico; y «dirigentes sindicales de la USO, por ejemplo, Antonio Pérez, que era de la Shell, y Ramírez, el presidente de la USO», recuerda Apolinar Díaz Callejas, un testigo de ese momento. La junta organiza el «nuevo poder popular», al designar a Rafael Rangel Gómez como alcalde de la ciudad, y de inmediato dicta leyes de control contra los saqueadores. Los acontecimientos se desencadenan, comienza la protesta con el aprovisionamiento de armas. Lo primero fue el desarme y detención de la policía. Eran las primeras armas. Se formó la milicia, y el primer encargo que recibió fue destruir el licor que había en el estanco oficial y en los almacenes particulares. Fue una orientación trascendental, porque permitió que los sucesos posteriores en Barranca ocurrieran sin alcohol, aunque, a pesar de ello, algunos dirigentes políticos conservadores fueron muertos. Se movilizaban por la ciudad miles de personas, encontraban a un dirigente conservador y lo eliminaban. Era la expresión del odio político que estaba ya cimentado, la

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manifestación de un proceso de violencia que venía desde atrás y que ya ensombrecía a la nación. La junta determinó, para evitar estas muertes aisladas, la detención de todos los conservadores para llevarlos a los patios de la alcaldía. Fueron unos seiscientos o setecientos. Se les puso guardia armada de vigilancia para su protección, y luego se les organizó el suministro de alimentación durante el tiempo que estuvieron presos. Eran momentos de intensísima lucha sindical del movimiento petrolero por la nacionalización de los bienes de la Tropical Company y de la Shell, y fueron los propios obreros quienes preservaron las instalaciones petroleras. Por esto, en sucesos tan graves como los ocurridos en abril en Barranca, no sufrieron ningún daño las instalaciones propiamente dichas, según recuerda Apolinar Díaz Callejas. El 9 mismo, controlaron todo el sistema de comunicaciones, teléfono, telégrafo y radio, y designaron un personal adecuado para mantener su funcionamiento. Se establecieron formas de vigilancia para otros servicios públicos: energía eléctrica y suministro de agua potable. En ningún momento hubo interrupción de estos servicios para la población. Se prohibió la movilización de carga. Cualquier persona que llevara un bulto o paquete tenía que presentar un permiso expedido por la autoridad recientemente establecida para transitar por la ciudad. Con lanchas de motor se logró un sistema de vigilancia a lo largo del río Magdalena, por donde podría presentarse un eventual y posible ataque contra la ciudad. Ese control llegó a los límites de Puerto Wilches y de Puerto Berrío. En Puerto Carmelitas, al conocerse la noticia de la muerte de Gaitán por la radio, todo el mundo se congregó espontáneamente en una plaza de la Shell. Antonio Pérez, ex sargento del ejército, militante comunista y presidente del sindicato, habló a los trabajadores y los invitó a una plaza más grande para resolver lo que se iba a

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El caudillo en el despliegue oratorio que le era característico (Fotografía de Luis Gaitán).

hacer. Organizaron un pequeño grupo de trabajadores, armados de revólveres, se dirigieron al resguardo de Antioquia y a los quince hombres armados que encontraron los tomaron por sorpresa y, sin que hicieran resistencia, los desarmaron. La población se había reunido alrededor de la comandancia de la policía departamental, o sea el resguardo. Esa presencia masiva asustó a aquella gente. Luego asaltaron a la policía departamental y tomaron de nueve a doce fusiles, con una dotación de veinte cartuchos cada uno, pusie-

Rafael Rangel Gómez, designado alcalde de Barrancabermeja por la Junta de Gobierno local, organizó el "nuevo poder popular" (La foto corresponde al recibimiento que se le hizo en Barranca después de la caída de Rojas Pinilla).

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Trabajadores de las petroleras recibiendo instrucción de defensa, frente al terminal de transportes de la empresa Copetrán, en Barracaabermeja. Antes del 9 de abril, los sindicatos petroleros exigían la nacionalización de la Shell y de la Troco, pero en esa fecha preservaron las instalaciones.

ron preso al inspector de policía, y Antonio Pérez ordenó a los agentes desarmados que formaran en calidad de detenidos. A tres escuadrones les dieron instrucción militar, seleccionaron a los reservistas y con veinte trabajadores establecieron una especie de servicio secreto revolucionario, a fin de tener a todo nivel una información fidedigna de lo que estaba sucediendo. Controlaron los comisariatos de la empresa y todos los víveres para ser racionados. Los extranjeros, como los colombianos, fueron sometidos al racionamiento, dándoles un mínimo para que los alimentos duraran por varios días. De la empresa, incluyendo máquinas y tractores, se responsabilizaba el comando revolucionario. Se valieron de los trabajadores de cada dependencia para cumplir esa medida; se sabía que los camiones estaban al servicio del movimiento y cada vez que se disponía de un vehículo se llevaba una anotación, una minuta. En la Shell hay dos puertos: Puerto Carmelitas y Puerto Casabe. Éstos quedaron bajo la dirección del comando revolucionario, con una guardia que prestaba vigilancia, y patrullas sobre los márgenes del río Magdalena. Con los cuchillos viejos se hicieron lanzas para el personal desarmado. El 10 de abril se dieron a la labor de fabricar cañones con tubos de acero y también suficiente pólvora negra y proyectiles, en los talleres de las pe-

troleras. Montaron los cañones en cureña sobre las plataformas de los puertos. El tubo era de 18 a 22 centímetros. Cuando dispararon por primera vez, los proyectiles atravesaron con facilidad el río. Ese día, a la una de la tarde, veinticuatro horas después de haber sido asesinado Gaitán en Bogotá, estaba dominado el río Magdalena. Quedaron allí muchos barcos con ganado, uno hasta con setecientas reses que más adelante fueron alimento para la población. También, quietos sobre las aguas del Magdalena, muchos planchones. Como había en la Shell unos treinta norteamericanos, se hicieron requisas al personal de staff. Casa por casa se decomisó todo lo que fueran armas y escopetas; al explicarles la razón de la requisa, todos colaboraron, por temor o convicción. Uno de los problemas fundamentales que se planteó desde el primer momento, recuerda Apolinar Díaz Callejas, fue el de abastecimiento y alimentación de la población. Los obreros, tanto de la Tropical como de la Shell, tenían casinos en que se alimentaban. Pero el resto de las gentes de Barranca no tenían este recurso. Entonces se adoptó una serie de medidas como el suministro de carne. Al tiempo que se convocó a sectores de grandes recursos económicos en Barranca, para que aportaran contribuciones diarias en efectivo para resolver los problemas de abastecimiento, se establecieron cocinas colectivas que sirvieron mucho a la población. En los camiones salían las milicias y alcanzaron a llegar a los alrededores de San Vicente de Chucurí a comprarle a los campesinos, con pago de contado, los productos agrícolas. El 10 de abril comienza a despejarse la situación para los insubordinados de Barranca. En Bogotá, la dirección liberal y el gobierno habían llegado a un acuerdo político. ¿Qué hacer entonces? Tenían un movimiento obrero fuerte, la población en su conjunto estaba con ellos, la Junta Revolucionaria no podía decir, sin más, esto se

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acabó. No tenían contacto con Bogotá. Estaban aislados del país. No había comunicación con movimientos de otras regiones. Solos, estaban haciendo su propia experiencia, en un aprendizaje que no tenía antecedentes en Colombia. Se ordenó organizar la defensa de la ciudad. Lo hizo Antonio Pérez, el ex sargento. Colocaron minas en los puertos estratégicos, con detonadores a unos doscientos metros de distancia y con granadas de mano hechas con tubo de acueducto grueso, que pesaban libra o libra y media; los alrededores de la ciudad quedaron minados con explosivos. De detonarse una de esas bombas, con su poder destructor, la explosión hubiera sido pavorosa. El ejército tenía información de que todo estaba minado. Los amenazaban desde Puerto Berrío, que había quedado en manos del ejército. Por el río comenzaron a bajar cuerpos flotantes, hombres descabezados río abajo. El 11 de abril hay noticia de que se ha dispuesto el envío de tropas desde Bucaramanga: alguien de la Junta Revolucionaria había hablado por telé-

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fono con el gobernador de Bucaramanga. De esa conversación surgió el ultimátum: se exigía el rendimiento inmediato. Se discutió en la junta: la rendición suponía la entrada sin condiciones de las fuerzas militares o de la policía. Y si eso sucedía, iba a ocurrir una masacre en Barranca. Hubo una decisión colectiva: de ninguna manera se aceptaría la entrada de las fuerzas de policía o del ejército sin que antes mediara un acuerdo, una posible salida,

En los sucesos de abril, cañones construidos por los obreros del petróleo pasan ante la alcaldía de Barrancabermeja. El de arriba se llama "A la carga".

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Desfile de trabajadores armados por las calles de Barranca. Aparte de asegurar el poder de la Junta local, ellos controlaron el orden público y el reparto de abastecimientos.

Desde un avión se lanzó profusamente una hoja volante con amenazas de que los iban a bombardear si el movimiento de Barranca no se rendía. Entonces, Antonio Pérez contestó que si veía el primer soldado en la plaza, prendería fuego al etil y todos explotarían. El mismo Antonio Pérez ordenó que de inmediato inutilizaran el campo de aterrizaje con tanques llenos de agua y fuera vigilado por francotiradores en las generas, para el caso que aterrizara un avión y desembarcaran tropas. Existía el ánimo de combatir hasta las últimas consecuencias. Defendían lo suyo. En Bogotá, el 12 de abril, Diego Montaña Cuéllar, amigo cercano de Gaitán, estaba refugiado en casa del ministro de Gobierno, Darío Echandía. Montaña Cuéllar había excitado a la población al levantamiento, en discursos pronunciados por las emisoras que habían sido tomadas por los insubordinados. Llegó el general Germán Ocampo, recientemente nombrado ministro de Guerra, a la casa de Echandía, a decir que los trabajadores de Barranca iban a volar las refinerías y que la única persona que podía impedirlo era precisamente el doctor Montaña Cuéllar, por su ascendencia sobre ellos. Montaña Cuéllar había sido, por mucho tiempo, asesor jurídico de los trabajadores petroleros.

«¿Y por qué piensan volar la refinería?», preguntó Montaña Cuéllar al general Ocampo. «Porque uno de los aviones de la Fuerza Aérea colombiana cometió la imprudencia de regar unos boletines diciendo que el ejército iba a entrar en breves momentos, que si no se entregaban todos, serían bombardeados. Entonces los obreros respondieron que si se movía un solo militar, volaban la refinería.» Nunca se supo quién había dado la orden de lanzar las hojas volantes sobre Barranca. Montaña le preguntó al general: «¿Es cierto que va a entrar el ejército?» «No, nosotros no hemos dado la orden.» Montaña Cuéllar le pidió autorización al general Ocampo para hablar por radio con los trabajadores y decirles que el ejército no iba a entrar, que no tenían necesidad de volar la refinería. Fue con el ministro de Guerra y desde su despacho habló con los petroleros, les dijo que el general Ocampo daba plena seguridad de que no entraría el ejército, que respetaría el gobierno popular que se había creado en Barranca. El general Ocampo pasó luego al micrófono: «Es cierto, estoy aquí con el doctor Montaña Cuéllar; aquí no se ha dado ninguna orden de que se movilice el ejército.» Los obreros respondieron que no lo creían, que pensaban que Montaña Cuéllar estaba preso, que exigían que él fuera en persona. Echandía le pidió que viajara con una comisión de gobierno. Montaña le respondió al ministro de Gobierno: «Pero usted ¿qué garantía da de que no van a hacerle nada a los trabajadores, y de que no se van a tomar represalias contra ellos?» Echandía respondió lacónicamente: «Yo no puedo dar esa garantía, porque yo soy un empleado de Ospina Pérez.» Montaña Cuéllar decidió no viajar a la región del petróleo. El 18 de abril llegaron a Barranca, en comisión de gobierno, Julio Ortiz Márquez y Julio Roberto Salazar Ferro, acompañados del coronel Jesús Lloreda Galvis. Sobrevolaron la ciudad y encontraron el aeropuerto bloqueado con tanques de gasolina, para

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evitar el aterrizaje de cualquier avión. Después de muchas peripecias, por radio convencieron a los petroleros y a la Junta Revolucionaria que iban en misión de paz. Hablaron con la junta, aceptaron todas sus peticiones: la legalización del alcalde revolucionario Rafael Rangel Gómez; que la policía municipal fuese la misma «policía cívica» que había nombrado la Junta y, por último, que no hubiese represalias. La comisión habló desde Barranca con Echandía, le hicieron por radio las mismas peticiones que habían aceptado y el ministro decía: «Sí, ¡claro!» En fin, se desmembró el movimiento, entró el ejército, y Julio Ortiz Márquez, compañero de luchas de Gaitán, recuerda con angustia el desenlace: «Naturalmente nos pasó algo muy desagradable; a los 8 días, les abrieron Consejo de Guerra a todos los que habían asumido el mando... Entonces Julio Roberto Salazar Ferro y yo nos vimos en una situación muy difícil, porque nada escrito quedó de los acuerdos. Pero verbalmente, Echandía había prometido que no se les seguiría ningún consejo o juicio a esa gente, y se lo siguieron.»

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Llegó el ejército, tomó militarmente la zona y cuando ya estaba en su poder, destituyeron al alcalde. Las armas se recibieron por inventario. De las empresas fueron despedidos los trabajadores y dirigentes sindicales que habían actuado en Barranca. Muchos fueron fusilados y otros, simplemente desaparecidos. Barranca comenzó a vivir sus nuevos amaneceres con muertos en las calles. Había culminado una de las experiencias más fecundas del 9 de abril en provincias. Barranca volvió al viejo orden. Rafael Rangel, luego de un año largo, organizaría las primeras guerrillas liberales en Santander; Antonio Pérez, después de cumplir condena en Consejo de Guerra por robo de ganado y piratería, sería en el año cincuenta el primer instructor de las guerrillas comunistas del Sur del Tolima. En otras regiones de Santander la agitación alcanzó a Puerto Wilches, San Vicente de Chucurí y especialmente a Bucaramanga, donde el mismo día hubo veinte muertos. En San Vicente se movilizaron los campesinos, inconformes con la explotación a que los sometía la Federación de Ca-

Otro grupo armado en Barranca. El intento revolucionario en la ciudad sobrevivió durante diez días.

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Valle del Cauca

Diego Montaña Cuéllar, asesor jurídico del sindicato petrolero y amigo de Gaitán, con gran ascendencia sobre los trabajadores de Barranca, a quienes intentó apaciguar por radio, pero se negó a viajar a Barranca como enviado del gobierno (En la foto, de gabardina, 1963).

General Germán Ocampo, nombrado el 10 de abril ministro de Guerra, en reemplazo de Fernando Londoño y Londoño, quien renunció el 9 de abril. Durante un mes manejó este Ministerio, que en la primera mitad del siglo era desempeñado por civiles.

feteros. En Puerto Wilches, una Junta Revolucionaria de Gobierno decidió una serie de medidas, como la expropiación de los bienes de los conservadores, en una acción caracterizada por el sectarismo partidista. En El Socorro, una muchedumbre, especialmente de estudiantes, agitaron consignas revolucionarias, y saquearon los bienes de los comerciantes conservadores; los disturbios callejeros se prolongaron por tres días.

En el Valle, uno de los departamentos con mayor desarrollo urbano, con todo un conjunto de ciudades intermedias, predominaron la agitación y la lucha citadina sobre la rural, como reacción ante la noticia del asesinato de Gaitán. Característica que se acentúa en el posterior proceso de violencia: desde Cali se organizan y se dirigen las acciones punitivas contra las zonas rurales. Cali fue el epicentro de una gran conmoción popular, anarquizada y de poca duración. Los almacenes, los estancos y ferreterías fueron desmantelados en procura de armas. La Voz del Valle y las instalaciones del periódico conservador Diario del Pacífico fueron semidestruidos. La estación central del ferrocarril cayó en poder de los insubordinados. La frustración, la impotencia para darle un cauce orgánico a la protesta, hicieron cundir el pánico entre la población desafecta al régimen. Los pocos reductos rebeldes —liberales y comunistas— fueron sistemáticamente liquidados por la acción de un oficial, en ese entonces coronel y comandante de la Tercera Brigada, Gustavo Rojas Pinilla, quien resolvió el conflicto con cuatrocientos cincuenta reclutas y noventa soldados antiguos, a los cuáles dio órdenes de esta magnitud: «Como ustedes no saben apuntar todavía deben dirigir la puntería al estómago, de manera que si llegan a cambiar de puntería, indudablemente el proyectil no se pierde.» Además les advirtió con un gran sentido práctico: «Como hay poca munición, ustedes deben esperar, cuando haya una manifestación atacando un almacén o atacando un edificio, para dejarla acercar o acercarse a cincuenta metros.» Los reclutas bien aleccionados salieron a las calles y fueron el terror de la población. En la noche del 9 de abril sólo había desolación y desencanto. Ocho días después, comisiones de policías desentechaban las casas, en los alrededores del centro de la ciudad, buscando armas y objetos ro-

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bados. En octubre de 1949, Cali viviría la terrible experiencia de la masacre de la Casa Liberal. El coronel Rojas Pinilla aún estaba en el comando de la Tercera Brigada. Las aguas del río Cauca comenzarían a arrastrar cadáveres. En Buga hay una real y activa efervescencia de la población, que vislumbra primero la organización, más que la actitud retaliadora. Participan estudiantes del Colegio Académico; se involucran funcionarios judiciales que incitan a la fuga de los presos; e incluso, el secretario de la inspección de carreteras departamentales ordena, «a nombre de la revolución», la utilización de las volquetas. Se derroca a la autoridad local, se nombra un alcalde revolucionario, Jorge Ayala Moreno, quien promulga por decreto lo siguiente: «El señor alcalde municipal decretará la requisa de armas en los almacenes donde haya expendio de tales efectos, reglamentará su distribución, ordenará la formación de cuadros combatientes, reglamentará el control de los conventos e iglesias y establecerá vigilancia especial para las personas que la junta indique.» De la Junta Revolucionaria que se constituye forman parte, entre otros, el comandante de la policía, un militante del partido comunista y varios abogados. Las brigadas populares ponen bajo su vigilancia los servicios públicos. En Tuluá, los enfrentamientos callejeros producen, el mismo 9 de abril, las primeras acciones de León María Lozano, alias «El Cóndor», en quien se descubre una profunda pasión partidista, mezclada con sentimientos religiosos, que posteriormente lo llevaron a un fanatismo abismal. En Caicedonia, es el propio alcalde, con la policía rural y municipal, quien comienza la revuelta en el centro del pueblo, con un saldo de siete muertos, entre ellos los principales miembros del directorio conservador. Los amotinados son dominados tres días después por la tropa del Comando de Artillería n.° 3. En cambio, en Truji-

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Julio Roberto Solazar Ferro fue uno de los comisionados -junto con Julio Ortiz M. y el coronel Jesús Lloredo— que viajó a Barranca el 18 de abril, logrando un acuerdo con la Junta revolucionaria, que luego no fue respetado.

11o, el alcalde organiza una «policía cívica», de liberales y conservadores, a fin de evitar disturbios y el desbordamiento partidista. En Puerto Tejada, la población se encegueció en el saqueo y en la embriaguez colectiva. El ejército entró al pueblo, en combinación con la aviación, la población atacó a la tropa y hubo varios muertos. Los miembros de las juntas revolucionarias, incluyendo la de Cali, fue-

El coronel Gustavo Rojas Pinilla, comandante de la Tercera Brigada, en Cali, manejó drásticamente la situación de orden público en la capital del Valle el 9 de abril. En la foto, habla en el batallón Pichincha luego de un Te Deum en julio de 1948.

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ron detenidos y recluidos en la base aérea. Luego, Rojas Pinilla dispuso que la aviación los trasladara a Pasto y allí quedaron concentrados. El mismo Rojas Pinilla reconoce que «en toda la jurisdicción de la brigada, que comprendía Valle, Cauca y Nariño, los muertos no pasaron de cuarenta. Hecho significativo, si lo comparamos con los cinco mil o más muertos que hubo en Bogotá». Tolima De norte a sur, de oriente a occidente en Ibagué, en pueblos y veredas, los acontecimientos de abril se expresaron en el Tolima en la más amplia variedad de reacciones. Protestas, contraprotestas, movimientos ofensivos y defensivos de carácter social-político, de carácter retaliatorio, de venganza simple, de desbordamiento anárquico, de saqueo y robo, de tomas y recuperación de tierras, como afirmación de una tradición de lucha que viene desde la conquista hasta nuestros días. Es en el Tolima, después del 9 de abril, donde se despliegan las formas más insólitas de la violencia. El historiador inglés Eric Hobsbawm las considera como una de las más típicas de la criminalidad patológica en el mundo. Desde arriba del poder, violentaron la profunda sicología de un pueblo y lo enfrentaron entre sí. La geografía del fenómeno tiene como núcleos los municipios del Líbano, Chaparral, Armero, Cunday, Santa Isabel, lo mismo que su capital, Ibagué. En esa confluencia territorial, como sugiere el historiador Gonzalo Sánchez, se ofrecen todas «las características y manifestaciones del drama en una especie de síntesis del fenómeno nacional». Al norte del Tolima, tan determinado en su mezcla étnica por la colonización antioqueña, estaba Armero, de población mayoritariamente liberal, ubicado en medio de ricas tierras agrícolas pertenecientes a terratenientes ausentistas. El 9 de abril se desencadenan hechos de la más diversa ín-

dole, unos bajo la dirección de la Junta Democrática Revolucionaria —elegida esa tarde y en la cual figuraban un matarife, un comerciante, un sastre, un celador de la hacienda El Puente, un relojero—, otros ante la mirada impotente de la misma. Lo ordenado fue el encarcelamiento de los conservadores, la formación de brigadas de choque para evitar una eventual incursión del ejército, la entrega del parque automotor al servicio de la Junta. Lo incontenible, el ánimo exaltado de la muchedumbre enloquecida, con el terrible asesinato del sacerdote Pedro María Ramírez, que nadie podría justificar por motivaciones políticas. Había una atmósfera propicia ese viernes, hacia las cinco de la tarde: se dijo que en la casa cural y en la iglesia había un depósito de bombas. Se requisó la sede parroquial, los ánimos bajaron de tono al comprobarse que era infundada la sospecha. El sábado a las cuatro de la tarde, a esa masa exaltada en su dolor le llegó la noticia de que grupos conservadores estaban atrincherados en la iglesia, que el sacerdote «tenía bombas para tirarle al pueblo». Este hombre de la iglesia intervenía activamente a favor del conservatismo, en un pueblo donde la mayoría era fervientemente liberal. Los amotinados, con peinillas, fueron hasta la iglesia y tronó la voz de los grasses que disparaban desde la torre y las ojivas. Por media hora retumbaron los disparos de los grasses y de las bombas de fabricación rudimentaria. La multitud, que el alcalde calculó en mil personas, invadió el convento y la casa cural y lo destrozó todo a su paso, agredió a las monjas del colegio de las Hermanas Cristianas, intentaron linchar al sacristán. El padre Ramírez ganaba acceso a una calle opuesta al convento y preparaba la fuga rumbo al Lagunilla. En el parque lo atraparon y los machetes cayeron sobre su rostro, sobre sus hombros, sobre su vida. El obispo de Ibagué castigó a la población declarándola en entredicho por seis meses. Nadie podía ingresar al

Capítulo 3

templo, y fueron suspendidos los oficios religiosos. También promulgó la excomunión para los autores materiales, intelectuales y cómplices del asesinato. El mismo viernes en la tarde fue invadida y saqueada la hacienda El Puente, perteneciente a Ana Arboleda de Trujillo Gómez, administrada por un alemán. En Armero la revuelta pervivió por casi quince días de intensa zozobra. Luego los exaltados tuvieron que admitir que era imposible crear y mantener una república liberal-gaitanista. El Líbano era un fortín liberal cercado por un mar de conservatismo. Las tensiones políticas sectarias que venían desde la república liberal de 1930 se agudizaron con el transcurrir del tiempo y eclosionaron con el crimen de Gaitán. También había un saldo por cobrar en relación con la «insurrección bolchevique» de 1929, que profundizó su huella en la conciencia política del pueblo. De igual modo, la UNIR y el gaitanismo hicieron del Líbano la plaza fuerte del liberalismo en el norte del Tolima. . Con la muerte de Gaitán volvieron los enfrentamientos de las fuerzas antagónicas. Se formó una Junta Revolucionaria, que procedió «como suprema entidad del municipio a nombrar nuevas autoridades locales. El pueblo se armó y organizó un cuartel revolucionario, atendido eficientemente en armas, vestuario, personal y demás elementos», respetaron la vida y los bienes de los conservadores y los pusieron a buen recaudo. En El Líbano, esa tarde de abril, cientos de mujeres vestidas de negro salieron en manifestación de duelo por la muerte del líder. En el sur del Tolima, Natagaima, Chaparral y Coyaima fueron fácil presa del sectarismo político, hábilmente atenuado por la actitud tolerante de los notables que estaban al mando de los acontecimientos. En Chaparral, los gaitanistas eligieron alcalde civil y militar, controlaron el orden público y apresaron a los conservadores para

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preservarles la vida. La Junta de Notables maniobró a favor de una fórmula conciliadora con el adversario político. En Honda, la radiodifusora Ecos del Gualí emitió las proclamas incendiarias procedentes de Bogotá; se atacaron objetivos selectos de conservadores y se suspendió el tráfico ferroviario con La Dorada. En Ibagué, el pueblo se armó de machetes y de inmediato saqueó los almacenes, incendiaron los talleres del periódico conservador El Derecho y del semanario El Comercio. El panóptico municipal fue asaltado y todos los presos puestos en libertad. El 10 de abril se creó la Junta Revolucionaria de Ibagué, integrada por un grupo de prestantes liberales de diversas profesiones, que se encargó de orientar y dirigir las acciones y control del orden público. El movimiento languideció. por la misma dinámica de los hechos acaecidos en la capital del país. Cundinamarca El Sumapaz tenía una formidable tradición de lucha agraria contra el latifundio improductivo en los años treinta con la figura de Erasmo Valencia. Era también zona de influencia del unirismo, muy ligada a los primeros años de formación de la concepción política de Gaitán, que continuaría en

Saúl Fajardo, gaitanista y presidente de la Junta revolucionaria de Yacopí,

en Cundinamarca. Fue luego jefe guerrillero en la zona y finalmente muerto el 3 de diciembre de 1952, al aplicársele la ley de fuga cuando era llevado a la cárcel de La Picota desde su asilo de la embajada de Chile.

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Sólo escombros dejaron los saqueadores en los almacenes Philco y El Colmado, en la carrera Junín de Medellín, el 9 de abril de 1948. El alcalde Guillermo Restrepo Jaramillo abandonó su puesto sin atajar los desmanes.

la contienda por el derecho de posesión de la tierra Juan de la Cruz Várela. Era una zona de conflictos sociales latentes, muchos de los cuales sólo vinieron a solucionarse en los tiempos de la Violencia grande. Los acontecimientos de abril tuvieron un significativo contraste: en el Sumapaz tolimense fueron esencialmente rurales y en el Sumapaz cundinamarqués, con núcleo en Fusagasugá, se limitaron al casco urbano del municipio. En Fusa, al conocerse la noticia de la muerte de Gaitán transmitida por la radio, espontáneamente se organizó una manifestación, de la cual salió elegida una Junta Revolucionaria. Sus funciones fueron similares a las de las otras localidades del interior. Catorce policías fueron desarmados y se sumaron al levantamiento, en provecho personal, pues luego intentaron saquear los almacenes. Durante diez días, a pesar de la cercanía a Bogotá y a la influencia de los acuerdos de liberales y gobierno en palacio, la población mantuvo una actitud decidida y dispuesta a todas las consecuencias. El 13 de abril aún se escuchaba en un tono esperanzado por la Voz de la Revolución, desde la misma Fusagasugá, lo siguiente: «... Liberales, Fusagasugá, República de Colombia. La voz del movimiento revolucionario con ustedes. Aquí con ustedes la voz del movimiento revolucionario, emisora li-

beral al servicio de las ideas liberales y de la revolución liberal... Toda la población se halla controlada por la Junta Revolucionaria, que mantiene a un ejército de reservas bien administrado... Listo... para marchar a donde ordene la Junta Central de la Revolución... de Fusagasugá: el alcalde provisional, a nombre de las facultades que le ha concedido la Junta Revolucionaria, decreta: "Prohíbeme terminantemente el expendio de bebidas embriagantes dentro del territorio municipal, hasta tanto quede resuelta la presente situación. La contravención a esta disposición será sancionada con la multa de un peso a cincuenta centavos o el arresto equivalente en la proporción legal. Igualmente, queda terminantemente prohibido el saqueo y el pillaje entre los almacenes de la localidad, y las personas que fueran sorprendidas en cualquiera de estas actividades, serán arrestadas y posiblemente sancionadas. Toda violación será castigada por las autoridades civiles o militares establecidas por este movimiento."» Después de diez días entraría el ejército, el movimiento se rendiría sin ningún apoyo de afuera y la junta tendría que dispersarse. Quedó entonces en la población una terrible sensación de vacío y frustración. En Cunday, Sumapaz tolimense, plaza tradicionalmente liberal y donde domina el monocultivo del café —campo de concentración en el año 55 con la arremetida militar contra la zona—, la insurgencia de abril se expresó en una especie de «soviet» de trabajadores y campesinos. Dirigió sus tareas políticas y económicas contra los terratenientes conservadores y el clero. Las brigadas armadas de campesinos estaban alertas a prevenir cualquier ataque del bando contrario. Los peones explotados por las haciendas cafeteras, en unión de los temporeros, crearon ligas campesinas, que aun después del 48 hicieron resistencia a las acciones punitivas de la policía y del ejército. En el tramo Andalucía —La Colonia, zona de coloniza-

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ción—, los trabajadores de la carretera, utilizando explosivos, intentaron marchar sobre la vereda La Colonia. En el Roble, una comisión de revolucionarios practicó rondas en busca de instrumentos que sirvieran de armas. En Los Alpes, las comisiones cumplían con el apresamiento de conservadores y la expropiación de ganado y víveres para resolver los problemas de alimentación. Se establecieron retenes y se exigieron salvoconductos, que fueron los mecanismos de control de aquella movilización campesina. En Pasca y Pandi, después del 9 de abril, aparecen los comandos de los llamados «pájaros», dirigidos por Antonio Vargas, rico terrateniente liberal, contra los campesinos dirigidos por Juan de la Cruz Várela. En Yacopí, suroccidente de Cundinamarca, de inmediato se produce el cierre de los almacenes, los habitantes se congregan en la plaza central. Los conservadores huyen hacia la cabecera municipal y las autoridades revolucionarias, recientemente instauradas, les dan refugio, incluyendo al jefe conservador local. Saúl Fajardo fue elegido presidente de la Junta Revolucionaria. Posteriormente se convierte en un legendario jefe guerrillero liberal de esa zona. Jornalero, ex agente de la policía, inspector de higiene rural, enfermero de la Shell y boticario, profesión que ejerce cuando se vuelve gaitanista. Luego elegido diputado a la Asamblea de Cundinamarca. Cae asesinado el 3 de diciembre de 1952, en uno de los más sonados casos del derecho internacional, al aplicársele la ley de fuga cuando era trasladado a la cárcel de La Picota desde la embajada de Chile, que le había suspendido el asilo. En su diario escrito en la embajada, dijo sobre el 9 de abril: «Fecha luctuosa y de ingrata recordación. Pero también fue cierto que aquella fecha le dio libertad a pueblos como Yacopí.» Caldas El llamado Viejo Caldas, región cafetera, no fue electoralmente afecta al

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gaitanismo, según los resultados del año 46. Existía un delicado equilibrio entre liberales y conservadores y, tanto en los sectores urbanos como rurales, las fuerzas políticas estaban bajo el dominio y dirección de caciques y de la Iglesia. Ello determinó que la protesta contra el asesinato de Gaitán sólo produjera escaramuzas y saqueos a establecimientos de comerciantes de ambos partidos, según el periódico La Patria de 11 de abril de 1948. En algunas localidades la revuelta se gestó en tempranas horas, en otras los acontecimientos se desataron posteriormente, al conocerse los informes de la radio. La versión que circuló era que los responsables del crimen habían sido los conservadores aliados con el clero. El blanco de los ataques fueron estos estamentos. Entre los recogedores de café, desempleados y subocupados, esa fecha se caracteriza por una mezcla de cólera desatada y alcohol que estimuló ávidamente la venganza. En Manizales, los tumultos y movilizaciones partidarias asediaron las instalaciones de La Patria, la gobernación, la alcaldía y la radio local. Después vinieron en jauría los saqueos a los almacenes y ferreterías en busca de armas. En Pereira y Armenia, los liberales alcanzaron a formar juntas revolucionarias presididas y compuestas por caciques cafeteros. En

La agencia de viajes Lowrie tuvo que abandonar su sede después del pillaje. La fuerza pública vigila lo poco que ha quedado en esa calle de Medellín.

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nipulada por gamonales o jefes naturales, a través de las juntas revolucionarias; la protesta no trascendió los límites de una vieja contienda sectaria; el dominio económico, político y aun ideológico de los partidos tradicionales fue absoluto; a la postre, toda esta situación fue capitalizada por la poderosa Federación Nacional de Cafeteros. Para los de abajo fue, después la persecución más encarnizada. Antioquia

Almacén de rancho y licores El Colmado, de Medellín. Así lo encontró el reportero gráfico Carlos E. Rodríguez en Junín, después de la asonada.

Armenia, la más próspera región cafetera, el 9 de abril arrojó un saldo de nueve muertos y treinta heridos, más los asaltos a los almacenes y depósitos de comida. En poblaciones gaitanistas como Pijao, Alcalá y Calarcá, la movilización liberal se mantuvo firme por muchos días en un clima de tensión. En Pijao fue asesinado el alcalde ese día; en Calarcá murieron dos agentes. Las juntas revolucionarias que más sobrevivieron fueron las de Pijao y Alcalá. Luego de tres días de resistencia se rindieron ante el gobierno. En Pijao, la entrega fue negociada directamente por dos ministros liberales, recién posesionados en el nuevo gabinete bipartidista. Un hecho curioso lo constituye el caso de Aguadas, donde liberales y conservadores, en forma casi unánime, trabajaron por mantener la unión de los dos partidos, en una especie de presagio de lo que sería el Frente Nacional. La mayoría conservadora y la minoría liberal fueron consideradas como traidoras a su partido por las comunidades vecinas y, para mantenerse en el acuerdo, renovaban periódicamente su mutua alianza, en reuniones ceremoniosas efectuadas con toda pompa, en plena plaza pública y ante gran concurrencia. En el Viejo Caldas lo más significativo de los alzamientos de abril sería la insurgencia liberal, dirigida y ma-

No obstante su extraordinaria pujanza industrial, Antioquia se ha caracterizado por ser un pueblo de raigambre católica y tradicionalista. Es, en cierta medida, una sociedad cerrada a sus convicciones histórico-culturales. Trabajo le costó a Gaitán ganarse electoralmente a la masa antioqueña, que en 1946 favoreció al candidato oficial del liberalismo. Después de la derrota del 5 de mayo, la mayoría del partido se adhirió a Gaitán, por motivos electorales más que por razones ideológicas. Lo mismo sucede a nivel regional. Ese cambio de jefatura en el liberalismo se refleja naturalmente el 9 de abril con graves repercusiones en el departamento y especialmente en Medellín. La Noticia, radioperiódico de la ciudad, a pocos metros de la Gobernación, fija su tablero: «Asesinado el doctor Gaitán; Bogotá informa que fue un agente de la policía nacional vestido de civil.» Corren aceleradamente los minutos en un tiempo sembrado de expectativa. La Noticia vuelve a informar: «Apenas herido Gaitán. En este momento está en la sala de operaciones.» La indignación crece con la angustia, nadie cree que Gaitán esté vivo. Se enciende la furia popular contra las oficinas de La Noticia. Llega la policía provista de gases lacrimógenos y despeja la manifestación. Ahora, incontenible la multitud recorre las calles céntricas de la ciudad. Son saqueadas e incendiadas las zonas de comercio que están desguarnecidas de vigilancia. La Defensa, periódico

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conservador, es el objetivo de muchos ataques. La policía está defendiendo a la Gobernación, no tiene los suficientes hombres para responder a tantos flancos. Las oficinas de La Defensa son ya una hoguera total. José Mejía y Mejía, director político del diario, está adentro del edificio, acorralado con los trabajadores. Al salir, lo reciben a puñetazos y garrotazos. La multitud ansiosa se traslada frente al palacio municipal. El alcalde no está en su despacho, se ha fugado dejando a espaldas sus responsabilidades. Los oradores improvisan en cualquier tribuna, crecen los rumores callejeros como vientos funestos: «¡Ya colgaron a Guillermo León Valencia! ¡Laureano y Montalvo fueron asesinados en Bogotá! La policía municipal ha sido desarmada y la departamental recibe las armas de aquélla. Ha comenzado el saqueo de la ciudad.» Corren los rumores. Liberales y comunistas toman La Voz de Antioquia, pronuncian sus incendiarias y lapidarias proclamas, luego son desalojados a la fuerza. En la emisora cultural de la Universidad de Antioquia por largo rato se escuchan las voces de los revolucionarios. Las otras emisoras están en manos oficiales. Informaciones y contrainformaciones se disputan las ondas en el aire. A las seis de la tarde, una masa embelesada contempla a distancia el espectáculo del incendio del periódico La Defensa. Hay cierto gozo íntimo en esa multitud. Al conocerse la noticia, a la una y media de la tarde, los dirigentes liberales, antiguos turbayistas y gaitanistas se reúnen en la casa de Rubén Uribe Arcila. Llegan Diego Luis Córdoba, Jorge Villa Moreno, Jaime Urreta Jaramillo, Jorge Ospina Londoño. Nombran una Junta Revolucionaria, intentan planear una acción coordinada en medio de la indignación popular que vive e impera a la fuerza en la ciudad. Van al palacio municipal y encuentran la noticia de que el alcalde Guillermo Restrepo Jaramillo ha desaparecido. Rubén Uribe Arcila insis-

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te en todo momento sobre la necesidad de esperar órdenes de Bogotá, esperar el curso de los acontecimientos. Regresan a su casa para una segunda reunión de la Junta Revolucionaria, nombran comisiones para ir al aeropuerto y tomar las torres de control, acción que nunca llega a realizarse: oportunamente reciben la información de que está controlada por el gobierno. Nombran comisiones para que marchen a los barrios populares. De nuevo están en el palacio municipal. En la calle la anarquía es un río total. Llega la noche con la confusión absoluta en esa masa que no tiene ningún nexo con la dirección. El gobernador ha dictado los primeros decre-

Otro aspecto de Junín, en Medellín, con el comercio arruinado completamente en el 9 de abril.

Rubén Uribe Archila, en cuya residencia se reunió la Junta Revolucionaria de Medellín, Eduardo Castro, nuevo comandante de la policía que no pudo posesionarse, y el abogado Arturo Villegas Giraldo: los tres en la cárcel La Ladera, junio/48.

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Dionisio Arango Ferrer, gobernador de Antioquia, cargo del cual tomó posesión en la madrugada del 10 de abril de 1948. Con un gabinete homogéneamente conservador, Arango controló la situación en Antioquia. La junta revolucionaria, por su parte, había nombrado gobernador a Diego Luis Córdoba, quien no llegó a ejercer el mando.

tos del estado de sitio, imponiendo el toque de queda a las nueve de la noche. El pueblo sigue con su dolor en la calle, solitario. Prenden fuego a la Universidad Pontificia Bolivariana, saquean su biblioteca. La ciudad es pavor nocturno, envuelto en la más fatal incongruencia. La Junta Revolucionaria intenta realizar un Cabildo Abierto; imposible, nadie escucha. La junta tiene la adhesión de tres cuerpos armados: la policía municipal, los agentes de tránsito y el resguardo de rentas departamentales. Pero no tiene el poder ni la convicción de movilizarlos. Produce entonces su primer decreto de nombramiento del nuevo comandante de la policía municipal: «La Junta Revolucionaria que se ha instalado en la presente fecha para asumir el mando inmediatamente, decreta: Artículo único: Nómbrase comandante del cuerpo de policía municipal al señor comandante Eduardo Castro para asumir el mando inmediatamente. »Hágase conocer del cuerpo de policía. Publíquese y ejecútese. El secretario, Antonio Jiménez. El presidente, Rubén Uribe Arcila.» El nuevo comandante de la policía, Eduardo Castro, padre del poeta Carlos Castro Saavedra, no pudo posesionarse de su cargo. Se presentó en el cuartel de la policía, y habló con el capitán Oscar Güendica; éste le exigió las estampillas para que asumiera el cargo legal y jurídicamente y, como no las tenía, no lo hizo. ¡Una situación revolucionaria sujeta al papeleo burocrático! Esa noche, el personero fue elegido alcalde de la ciudad. Incluso se nombró a Diego Luis Córdoba gobernador. Claro está que ninguno de los dos pudo llegar a ejercer. Miguel Zapata Restrepo, biógrafo de monseñor Builes, describe cuál fue la actitud de los conservadores esa noche de tanto apremio: «Pasado el pánico inicial, se concentraron en el palacio de Calibío. Había noticias de Bogotá sobre la reunión del presidente Ospina con personajes importantes de

ambos partidos. El obeso cabecilla del directorio conservador de Antioquia, Manuel J. Betancur, pidió a todo el mundo serenarse. Tenía plena seguridad en el comando de la policía departamental. Un grupo universitario, encabezado entre otros por Mario Ortiz de la Roche y Fáber Valencia Delgado, marchó a ese lugar para organizar el "Batallón Montalvo". Mientras los liberales permanecían en el palacio municipal, debatiendo sobre incisos que permitieran tumbar el gobierno sin quebrantar la legalidad, los jóvenes conservadores se armaban de fusiles. No los sabían manejar, pero los ostentaban.» En la madrugada del día 10, ya se había posesionado el nuevo gobernador de Antioquia, Dionisio Arango Ferrer, un conservador de los duros que había impartido drásticas consignas al ejército, que ya controlaba la ciudad. El nuevo gobernador constituye un gabinete homogéneo, catalogado como terrible y despiadado por su pasión y sectarismo político: secretario de Gobierno, Eduardo Berrío González, hijo del general Berrío; secretario de Hacienda, Guillermo Escobar Restrepo; secretario de Higiene, Alberto Bernau Nicholls; y secretarios de Educación y Agricultura, Eliseo Velásquez Mejía y Victoriano Toro Echeverri, reelegidos. Se habla ya con voz victoriosa del gabinete paritario que se ha constituido en Bogotá. En Antioquia comienzan los nombramientos militares. La ciudad y el departamento están bajo control marcial. A la una de la mañana del 11 de abril, llegan dos camiones con gente armada a la casa de Rubén Uribe Arcila. Éste les abre la puerta y luego habla por teléfono con el gobernador, Arango Ferrer. Le dice que le están allanando su casa. El gobernador Arango Ferrer, su antiguo profesor de medicina, le contesta lacónicamente y con franqueza: «Usted haría lo mismo conmigo, si estuviera en mi lugar.» Buscan armas en los zarzos. Lo llevan preso a la cárcel. La persecución con-

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tra liberales y comunistas es intensa y se manifiesta en diversidad de formas, detenciones y procesos. A comienzos de mayo había ya 240 procesados, incluyendo a los miembros de la junta. Las detenciones apuntaban a dos blancos esencialmente: dirigentes políticos y dirigentes sindicales. Viene una época de incitación directa a la aplicación de la ley del taitón, por los aparatos paramilitares como las «policías cívicas conservadoras», oficialmente estimuladas, o como los incendiarios llamados de monseñor Miguel Ángel Builes, para que los hogares organizados se defiendan «por mano propia», en defensa de los principios cristianos. Se desata una cruzada anticomunista contra los intelectuales de izquierda, según la campaña, «más peligrosos que los comunistas de base», y contra los sindicalistas «afines al comunismo». Uno de los órganos de expresión de esta cruzada fue el semanario 9 de abril, que con fecha 7 de mayo de 1948 clama-

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ba: «Ante todo y sobre todo hay que atacar el comunismo con fuertes y osadas banderas de catolicismo social, que de nuevo congreguen a las masas trabajadoras, bajo los pendones de Jesucristo.» Movilizaciones y motines estallaron en otros municipios antioqueños como Abejorral, Bolombolo, Andes y Puerto Berrío. Aquí el liberalismo controló la ciudad y concentró a los conservadores en sus casas, con guardia especial para que no fueran agredidos; quienes hicieron de autoridad vigilaron los bancos, cajas de ahorros y las principales casas comerciales. Igualmente se dictaron disposiciones prohibiendo el uso de bebidas embriagantes. Pese a la moderada actitud liberal en Puerto Berrío, más de setecientos de ellos fueron deportados a Medellín en vagones del ferrocarril destinados al transporte de ganado, y luego concentrados en el circo de La Macarena, donde durmieron varios días a la intemperie y sin recibir alimentos, por más de setenta y dos horas.

Grupo de detenidos por los sucesos del 9 de abril en La Ladera de Medellín. Los abogados Humberto Carrasquilla y Eduardo Fernández Botero fueron sus defensores.

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A manera de conclusión

El diario "El Colombiano dio a conocer en sus páginas, dos semanas después, el primer decreto de la Junta Revolucionaria de Medellín, nombrando a Eduardo Castro comandante de la policía municipal.

Otra fue la versión que la United Press dio al mundo en uno de sus cables: «Puerto Berrío destruido y en poder del comunismo. Washington, abril, 14. Informes recibidos anoche por el Departamento de Estado, procedentes del cónsul norteamericano en Medellín, Joseph O. Ragland, citan noticias no confirmadas de que Puerto Berrío —puerto fluvial que sirve a Medellín y que se halla a 110 kilómetros al este de esa ciudad— quedó destruido a causa de los incendios y actualmente se halla en poder de los comunistas.» Durante dos agobiantes meses se desarrolló en Medellín una inmensa campaña por la libertad de los presos políticos, que hizo partícipe a muchos sectores de la opinión pública. En mensaje desde la cárcel se indicaba el carácter mismo de esa lucha: «Poner en los sobres, a mano, a máquina, mientras se consigan sellos de caucho o se impriman estampillas especiales, la misma leyenda: "Pedimos la libertad incondicional de los presos políticos."» Al final se consiguió y todos salieron libres.

La insurgencia popular del 9 de abril quebró momentáneamente el andamiaje institucional del Estado y creó una verdadera «dualidad de poderes», que en muchos casos sustituyó órganos de poder constitucional, para convertirse ella misma en poder, a la manera de la Comuna de París de 1871. Además, produce el colapso económico de algunas regiones que, como el Viejo Caldas, vio afectada su producción cafetera, cuya comercialización quedó prácticamente reducida al mínimo. Lo mismo sucedió con el sector cafetero del norte del Tolima. Las tradicionales rivalidades locales se agudizaron, como en las poblaciones del sur del Tolima, Sumapaz, etc., donde los campesinos se enfrentaron con los terratenientes, propiciando la invasión de tierras y la formación de ligas campesinas, que en algunos casos derivaron en experiencias como el «soviet» de Cunday. En Medellín y Natagaima la población exigió la formación de cabildos abiertos para organizar el gobierno, a la manera tradicional de la Colonia. Los hechos del 9 de abril en provincia produjeron un desquiciamiento y parálisis transitorios de los aparatos institucionales, hasta tal punto que el historiador norteamericano Paul Oquist habla de «un derrumbe parcial del Estado». Sin embargo, la actitud asumida después del 9 de abril por la clase dirigente —liberales y conservadores— hizo posible el fortalecimiento de esos aparatos a fin de contrarrestar la crisis provocada por la insurgencia del pueblo. El proceso que se gestó en provincia fue detenido indudablemente por el acuerdo liberal-conservador sobre la formación de un gabinete de Unión Nacional. Todos los organismos creados al calor de esa lucha quedaron a la espera de órdenes que nunca llegaron desde Bogotá. La solución política al conflicto se dio en Bogotá. El gaitanismo, por su propia concepción de movimiento caudillista. inició un

Capítulo 3

proceso acelerado de descomposición que, en algunos casos, desembocó en la formación de las guerrillas liberales: Eliseo Velásquez en los Llanos y Saúl Fajardo en Yacopí. La pacificación y la reconstrucción Desde el 13 de abril, la Novena Conferencia Panamericana siguió sesionando, con plenas garantías de seguridad por parte del gobierno. Con el caos producido por los hechos de abril, la delegación norteamericana impuso ya sin ninguna resistencia la moción anticomunista: «Considerando... que la situación del mundo exige que se tomen medidas urgentes que eviten que agentes al servicio del comunismo internacional pretendan desvirtuar la auténtica y libre voluntad de los pueblos del continente, declaran: que por su naturaleza antidemocrática y por su tendencia intervencionista, la acción política del comunismo internacional es incompatible con la concepción de la libertad americana... y resuelven: con-

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denar los métodos de todo sistema que tienda a suprimir los derechos y libertades políticas y civiles, especialmente la acción del comunismo internacional...» Para completar la histeria de buscar culpables de lo sucedido en Bogotá y en el resto del país, Ospina Pérez envía el siguiente mensaje a los embajadores y cónsules de Colombia en el exterior: «Un desconocido dio muerte al doctor Gaitán; la multitud destrozó el cadáver del asesino que no ha sido identificado; se trata de un comunista.» El general Marshall de inmediato difundió la versión de que el asesinato de Gaitán había sido obra de los comunistas. Treinta años después se publica un documento del Departamento de Estado de los Estados Unidos, en el que se clarifica que los comunistas nada tuvieron que ver con el magnicidio. Por la radio habla Carlos Lleras Restrepo, el 17 de abril, a nombre de la dirección nacional liberal. Lee un documento que define la posición de esa colectividad en relación a los su-

Primera plana de "El Correo" de Medellín, del 10 de abril de 1948. Además de las noticias del asesinato de Gaitán, da cuenta del nombramiento de Marco Alzate Avendaño como censor para ese diario.

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Página de "El Colombiano", del día 10. Las gráficas corresponden a las oficinas de "El Siglo" en Medellín, vitrinas del café Regina, almacenes Respin y La Bodega, pasaje Alhambra y estantes comerciales desocupados.

Ofrenda floral de Antioquia ante la tumba de Gaitán, en el primer aniversario de su muerte: Amparo Jaramillo, Gloria Gaitán, Rubén Uribe Arcila, Gerardo Molina, León de Greiff, Arturo Villegas Giraldo, Arturo Escobar Uribe y Delio Jaramillo Arbeláez, entre otros asistentes.

cesos: «Primero: reiterar su apoyo a la presencia del doctor Darío Echandía, ilustre jefe del liberalismo, en el Ministerio de Gobierno, y a la de sus colegas liberales en otras carteras del Gabinete Ejecutivo, por el tiempo en que a juicio de esta Dirección y del doctor Echandía lo justifiquen las circunstancias políticas y las conveniencias nacionales. «Segundo: reiterar igualmente, su decidida voluntad de mantener la ac-

tividad política del liberalismo dentro del orden constitucional, y de la paz pública, y de hacer culminar victoriosamente por tales cauces la campaña por el predominio de la mayoría popular en el poder. »Tercero: condenar una vez más con indignación y energía, los actos de violencia y saqueo, cometidos por elementos extraños a la colectividad, en Bogotá y en varias ciudades de la República, y ordenar al pueblo liberal, que se oponga con vigor a la repetición de tales sucesos.» El centro de Bogotá parecía una ciudad europea después de la segunda guerra mundial. Comenzaba a cambiar su fisonomía y su estructura urbanística. En el centro, sobre la séptima, las patrullas del ejército requisan a los asombrados transeúntes que se arriesgan a salir a la calle después del 9 de abril. Amontonados en el cementerio Central, sin identificación, mil, dos mil o tres mil muertos del pueblo. Nunca se sabrá el número exacto de quienes salieron esa tarde con el grito adolorido por el asesinato del hombre que tanto les había prometido. ¿Fue el 9 de abril una revolución? ¿Fue un levantamiento armado y planificado en el país? ¿Cuáles fueron los objetivos reales que movieron los resortes más íntimos de la masa que ese día ofrendó su vida por unos ideales? La acción de la multitud urbana como expresión de participación popular no tiene precedentes en el siglo xx. Fue un levantamiento del pueblo, sin una coordenada política que articulara la protesta hacia la realización de un proyecto predeterminado. No produjo una acción conjunta, ni como visión orgánica, ni como desarrollo, ni como culminación final. Cada sector social o político se encerró en la búsqueda de una solución posible a sus propias aspiraciones. La multitud, el espectro masivo que desborda a la ciudad, al ser invadida literalmente por habitantes de los barrios populares, encuentra en la venganza política y en los diversos intentos de toma de palacio la ac-

Capítulo 3

titud que culmina dos horas después en la frustración y en la anarquía. Esa masa no recibe la más mínima voz de mando. Los dirigentes liberales que van a palacio esa noche sólo tienen como objetivo la preservación de las instituciones. No representaban por voluntad propia a ese pueblo que se debatía entre la vida y la muerte en las calles capitalinas. Ospina Pérez era la institución viviente y personificada. Los liberales lo pensaban así. Ospina Pérez lo sabía, era su mejor carta de juego. La Junta Revolucionaria que surge en los albores de la tarde intentó, con cierta decisión, pero sin mando alguno, atenuar el abismo de anarquía en que había caído la movilización. La policía insubordinada con sus dirigentes políticos y militares del momento estuvieron sujetos a la inercia de ser sicológicamente subalternos. Los gaitanistas, huérfanos de su caudillo, fueron ruedas sueltas en ese maremágnum explosivo. El partido comunista, una pequeña gota en un mar embravecido, lanza la consigna de la huelga general, que prende en la población por la misma dinámica del movimiento. No fue una respuesta consciente. Los militares estuvieron a la expectativa en la tarde y en la noche ejercie-

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ron brutalmente su función represiva. Al día siguiente fueron un factor decisivo de poder. Un sector rnayoritario del conservatismo rodeó a su presidente. El otro sector, el más radical, dirigido por Laureano Gómez, uno de los grandes derrotados el 9 de abril, impulsa la idea de que el conservatismo debe armarse para afrontar las luchas políticas que se avecinan. La clase obrera no asume un papel de vanguardia. El 9 de abril fue un crisol de matices, donde se amalgamaron y no se fusionaron los diversos extractos sociales protagonistas de los aconteci-

Camioneta con soldados de patrullaje en una zona rural.

Manifestación en Bucaramanga, el día 9 de abril: Gonzalo Buenahora habla al pueblo.

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mientos. Toda revolución tiene una adecuada preparación y una certera conducción política que distribuye las fuerzas, que en últimas definen en su acción el momento preciso para la toma del poder. El 9 de abril fue un levantamiento espontáneo que sorprende a todos sin excepción: a liberales, comunistas, conservadores, y en esa situación el pueblo no encuentra a

los líderes que lo condujeran. Esa masa enfurecida solamente pedía el cambio del gobierno conservador por un régimen liberal. No hubo consignas de tipo socialista. Fue, en definitiva, una inmensa derrota para el pueblo, una frustración. Ese día asesinaron la esperanza de un pueblo, que avizoraba ya su destino histórico.

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Capítulo 4

El gobierno de Laureano Gómez, de la dictadura civil a la dictadura militar Álvaro Tirado Mejía

E

l 7 de agosto de 1950, Laureano Gómez tomó posesión de la presidencia de la República. Pero no lo hizo ante el Congreso, como lo establece la Constitución para las épocas normales, sino ante la Corte Suprema de Justicia cuyo presidente, Domingo Sarasty, hizo el correspondiente discurso y luego fue premiado con el Ministerio de Gobierno. El hecho, además de significativo de las circunstancias anómalas que vivía el país, era ante todo paradójico, pues Laureano Gómez había tallado su reputación precisamente en el Congreso en donde, con razón, dejó fama como uno de los oradores más brillantes en la historia de Colombia. En ese recinto había librado tremendas batallas contra sus copartidarios, contra los liberales, contra los masones, contra el arzobispo y contra todo aquel o aquello que no se acomodara a su particular concepción de ver el mundo. En el Parlamento atacó al presidente Marco Fidel Suárez hasta lograr su dimisión.

Allí se opuso al gobierno de Olaya, y precisamente combatía el Protocolo de Río de Janeiro, cuando cayó golpeado por un derrame cerebral de cuyos efectos se sobrepuso con gran fuerza de voluntad. Como presidente del Senado dio posesión de la presidencia de la República en 1934 a su amigo Alfonso López Pumarejo, a quien luego combatiría despiadadamente, hasta contribuir a su renuncia

Laureano Gómez Castro jura la Constitución durante su posesión en el salón elíptico del Capitolio nacional, el 7 de agosto de 1950, ante el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Domingo Sarasty.

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Laureano Gómez: v Mariano Ospina Pérez en la víspera del cambio de mando; el primero no estuvo de acuerdo con la política de Unión Nacional del segundo; refugiado en España luego del 9 de abril, regresó para reclamar su turno en la sucesión presidencial: obtuvo 1 140 619 votos, con total abstención del partido liberal.

durante su segunda presidencia. Y en el Parlamento, como presidente del Senado, pasados los turbios sucesos de la violencia, daría luego posesión a Alberto Lleras Camargo, para dar comienzo a los gobiernos compartidos del Frente Nacional. Por decreto de estado de sitio del 9 de noviembre de 1949, el Parlamento había sido cerrado por Ospina Pérez. De ahí que luego de un debate electoral marcado por la violencia, y ante el retiro del candidato del partido liberal, hubiera tenido que acudir a posesionarse no en el escenario de sus triunfos sino ante el poder judicial. La prensa liberal, con excepción de El Relator de Cali, ignoró su posesión, y dos de los magistrados liberales de la Corte, así como tres consejeros de Estado de la misma filiación que asistieron a su posesión, fueron luego expulsados del partido liberal. Tal era el ambiente que vivía la República y tal el rechazo que causaba entre sus adversarios Laureano Gómez, «el más controvertido de todos los colombianos del siglo xx», al decir de un historiador norteamericano que acaba de publicar una obra sobre su pensamiento (James D. Henderson, Las ideas de Laureano Gómez. Bogotá, Tercer Mundo, 1985). Su gobierno se iniciaba dentro del

período de mayor crisis institucional que haya vivido el país en el siglo xx y posiblemente en toda su historia desde la época de la Independencia. En el decenio que comienza en 1948, cuando fue asesinado Gaitán y se dio la explosión violenta del 9 de abril, que termina en 1958 con la posesión de Alberto Lleras después de unas elecciones normales, el país vivió bajo el signo de la desestabilización, la violencia y la coacción. El 5 de enero de 1952, Alfonso López Pumarejo y Carlos Lleras Restrepo expidieron una declaración conjunta en la que decían que, por primera vez en cuarenta años, habían transcurrido cerca de 24 meses sin una sola sesión del Congreso (noviembre 9 de 1949 a noviembre 5 de 1951). El Congreso que después sesionó, siempre ofreció el espectáculo de unas sillas vacías, pues un decreto ejecutivo había reservado un porcentaje para la oposición, pero ésta no se presentó a las elecciones por las circunstancias de violencia que vivía el país. Más tarde la Asamblea Nacional Constituyente, desviándose de su objetivo primario, trató de cumplir funciones legislativas y aun electorales al nombrar por tres veces a Rojas Pinilla para la presidencia, pero nunca ante la opinión pública pudo dar ni siquiera la apariencia de legitimidad como representante del conglomerado nacional en sus diferentes tendencias. De allí que una de las características del período sea la ausencia de un parlamento legítimo y fiscalizador. El estado de sitio, medida transitoria y excepcional según la Constitución, se volvió permanente hasta el punto que, a partir de 1949, la excepción fue su ausencia y que si antes se habló en Colombia de la «generación del estado de sitio», hoy este apelativo pueda aplicarse en plural, pues no son ya una sino por lo menos dos, las generaciones de colombianos llegados a la vida cívica bajo el dominio de esa figura de excepción. La prensa fue limitada cuando no amordazada en el decenio, porque se estaba bajo el estado de sitio. Por esta razón se pospusieron las elecciones.

Capítulo 4

Bajo el estado de sitio, y sin elecciones controvertidas en las urnas, el país vio desfilar por el solio de Bolívar a ocho personas en el breve lapso comprendido entre 1950 y 1957: Laureano Gómez, Roberto Urdaneta Arbeláez, Gustavo Rojas Pinilla y los miembros de la Junta Militar: Gabriel París, Rubén Piedrahíta, Deogracias Fonseca, Rafael Navas y Luis E. Ordóñez. Y sin embargo, todo esto se hacía por gobernantes que reivindicaban el orden por encima de la libertad, y que en medio del caos institucional pretendían salvar al país del desorden que supuestamente había producido la República Liberal, período eminentemente institucional. El pensamiento de Laureano Laureano Gómez fue ante todo un ideólogo que, no obstante los cambios propios de todo político de larga trayectoria, conservó unas constantes en su pensamiento. En 1897, cuando haría muy poco que los jesuítas habían regresado del destierro, se matriculó en el Colegio de San Bartolomé, regentado por sacerdotes de esa comunidad. Esto lo marcó para toda la vida y en los jesuítas, no obstante que también con ellos en ciertos momentos tuvo discrepancias, encontró un gran apoyo intelectual durante toda su vida. Luego de terminar estudios de ingeniero en la Universidad Nacional, en un período que corresponde al del quinquenio de Reyes, pensó dirigirse a Antioquia para trabajar en la construcción del ferrocarril, pero el padre S.J. Jáuregui le encomendó la dirección de un periódico doctrinario que se iba a fundar, La Unidad, y por casi siete años lo dirigió. Con ello se vinculó al periodismo, que fue otro de sus fuertes en sus empresas de combate, como bien lo demostró en El Siglo, diario fundado por él y por José de la Vega en 1936. En las columnas de La Unidad atacó también al arzobispo primado de Colombia, Bernardo Herrera Restrepo, por supuesta laxitud en cuestiones referentes a la explota-

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El 7 de agosto del 50, después de los actos de posesión presidencial, Laureano Gómez y su señora María Hurtado Cajiao. Gómez tenía entonces 61 años.

ción de las minas de esmeraldas de Muzo, lo cual provocó la suspensión temporal del periódico. Más tarde, en 1917 y 1918 apoyó en compañía de un grupo de liberales la candidatura presidencial de Guillermo Valencia, en contra de la candidatura de Suárez, a quien atacó implacablemente como presidente. Tras unas célebres confeLaureano Gómez, caricatura de Moncrayón (CoriolanoLeudo), 1916. Un año antes, Gómez había sido elegido senador por Bolívar; luego, en los dos años siguientes, defendería con algunos liberales la candidatura de Guillermo Valencia.

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Una foto familiar, en los rendas en el Teatro Municipal de Boaños 20: Laureano Gómez gotá, en donde compartió la tribuna y María Hurtado, junto con personajes como Alfonso López con el caricaturista Pepe Pumarejo, salió del país para Europa Gómez, hermano del en 1928. En septiembre de 1930 fue futuro presidente. Los niños son Cecilia, Rafael nombrado por el gobierno de Olaya v Alvaro Gómez. Herrera ministro plenipotenciario de

Colombia en Alemania (ya lo había sido en Argentina) y allí pudo observar el ocaso de la República de Weimar y el ascenso de Hitler y el nazismo. En 1932 regresó al país para atacar con todo su vigor al partido liberal, a la administración de Olaya y a sus propios copartidarios que osaban colaborar con el gobierno del cual hasta hacía poco tiempo él había sido su representante diplomático. En 1935, con el nombre de El Cuadrilátero, publicó un libro en el que recogió unos artículos sobre Hitler. Mussolini, Stalin y Gandhi. A los tres primeros los atacaba por dictadores y alababa en el último su actitud pacifista. Volvió al Parlamento en 1942, una vez que hubo

levantado el veto a la participación conservadora en las elecciones, y tuvo una resonante actuación, en octubre y noviembre, al oponerse a la ratificación de la modificación del concordato que ya se había firmado y que tenía la aquiescencia del Romano Pontífice. Por estar en contra suya y al lado del Papa, Laureano expulsó del partido conservador a algunos de sus copartidarios que osaron contradecirlo a ese respecto en el Parlamento. A partir de aquella época, no volvió a participar en debates parlamentarios y se concentró en El Siglo para atacar, incluso por cuestiones personales, al presidente López Pumarejo. Era la época de la segunda guerra mundial, y de la misma forma que había defendido a Franco; ahora, desde El Siglo, se oponía a los aliados y mostraba sus simpatías con las potencias del Eje en la contienda que enfrentaba a las democracias con el fascismo. Durante el gobierno de Ospina no estuvo de acuerdo con sus políticas de Unión Nacional con los liberales y, tras refugiarse en España después de los acontecimientos del 9 de abril en los que su periódico y su residencia fueron incendiados, retornó a Colombia para reclamar el turno presidencial. En la base del pensamiento de Laureano Gómez siempre estuvo presente una particular concepción religiosa de carácter católico a la manera española. En él es notoria la presencia ideológica de los pensadores jesuítas y su versión del tomismo estuvo mediatizada por Jaime Balmes, un divulgador del siglo XIX. Más allá de la frondosa forma de expresarse y de la vasta producción de Laureano Gómez en editoriales, artículos y discursos, es fácil percibir en él ciertas constantes simplificadoras para concebir el mundo moderno. Para él, los problemas de occidente habían comenzado con la reforma protestante desde el día en que Lutero había fijado sus tesis en la catedral de Wittenberg, dando así comienzo a la terminación de ese mundo armónico que era el medioevo, regido por un solo poder espiritual bajo el pa-

Capítulo 4

pado. El desarrollo de los acontecimientos, todo dentro de una concepción conspirativa detrás de la cual estaban los judíos, llevó la sociedad occidental a la Revolución francesa, proclamadora del pernicioso dogma de la igualdad. El liberalismo sentó sus reales y la consecuencia fue la aparición del comunismo, hijo legítimo del protestantismo, el racionalismo, el liberalismo y la Revolución francesa. Como existía una voluntad para crear el caos, detrás de todo ello tenían que estar las sociedades secretas, es decir la francmasonería, producto claro del judaismo. De allí que en esa conspiración masónico-judeo-liberal-comunista, Gómez percibiera un mismo propósito: destruir la verdadera religión creando el caos. En Colombia el instrumento para esa diabólica tarea, según él, era el partido liberal, que de acuerdo con la figura que utilizó a su regreso de la España franquista en un discurso en la ciudad de Medellín, era como la mítica figura del basilisco: «En Colombia se habla todavía del partido liberal para designar una masa amorfa, informe y contradictoria... que sólo puede compararse o calificarse como creación imaginaria de épocas pretéritas: el basilisco. El basilisco era un monstruo que tenía la cabeza de un animal, el rostro de otro, los brazos de otro más y los pies de una criatura deforme, formando el conjunto un ser tan espantoso y horrible que sólo mirarlo causaba la muerte. Nuestro basilisco se mueve con pies de confusión y estupidez, sobre piernas de brutalidad y violencia que arrastraban su inmensa barriga oligárquica; con pecho de ira, brazos masónicos y una pequeña, diminuta cabeza comunista.» Una constitución corporativista Como ya se dijo, en 1935 Laureano Gómez publicó un libro en el que atacaba a Hitler y Mussolini. Es más, por esa época era el campeón de la fracción civilista de su partido en oposición a los sectores jóvenes que dentro

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de él proclamaban las excelencias del fascismo. Pero con la guerra de España su posición se fue modificando en la medida en que el partido conservador en bloque apoyó al faccioso Franco. Durante la segunda guerra mundial las simpatías de su periódico El Siglo estuvieron con las potencias del Eje, hasta el punto que sufrió presiones del embajador norteamericano, quien lo amenazó con retirar los avisos de las firmas americanas si persistía en esa posición. Ante la presión, el pe-

Laureano Gómez, ministro plenipotenciario de Colombia, durante un almuerzo en Hamburgo, Alemania, con Carlos Rasch Isla, Alfonso López Pumarejo y Alberto, Alfonso y Rafael Carrizosa. En Alemania, Gómez presenció el ascenso de Hitler y el nazismo.

Laureano Gómez y el presidente Pedro Nel Ospina, de quien fue ministro de Obras Públicas en 1925-1926. Al morir el lo. de julio de 1927 dijo Gómez: "El tiempo presente de nuestra historia, próspero o adverso, ordenado o caótico, no podrá entenderse bien si se prescinde del general Ospina".

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DISCURSO DE DON CRISPÍN» Por Laureano Gómez

¡He aquí el tinglado de la antigua farsa! Con frágijes bambalinas de papeles marchitos, se ha erigido en un rincón del senado el tabladillo donde pasa la escena no interesante, pero sí interesada. El gestor de la acción, este Crispín de ahora se diferencia del de la farsa benaventina en que carece de la donosura y brillo del ingenio, del ademán gallardo y cortés y del decir pulcro y castizo. Se diferencia también en que el Crispín antiguo sabía separar las acciones mezquinas y plebeyas de las nobles y generosas, apareciendo siempre como un celoso criado en servicio y honra de su señor. Este Crispín de ahora no se esfuerza para otros sino para sí mismo y no acierta a disimular sus codicias y concupiscencias. La trama sí es la misma, solamente más burda y menos embozada, los intereses creados perseguidos de todos lados en una labor de muchos años y zurcidos con la paciencia de una fámula metódica, para allegar y conducir hacia los fines personales que Crispín persigue todos los deseos turbios, todas las concupiscencias sórdidas y mezquinas que en uno o en otro momento de la vida hacen flaquear a los hombres débiles. Los personajes son los mismos y conocidos de la comedia de arte italiana: no tan regocijados como solían, porque se han visto envueltos en muchas pequeñeces que los tienen tristes, ni tan vistosos, porque se han despojado de los vestidos de telas recamadas y brillantes rasos, para disfrazarse con muestras modernas y vulgares americanas, a fin de aparecer como senadores los ciudadanos para disimular la tramoya. El más vecino de Crispín. Pinoquio, que es el más debilillo. suele estar siempre dormido. A él se dirige primero el director de la farsa: —Pinoquio, amigo mío, ¿no es verdad que soy un grande hombre? (Pinoquio, que estaba dormido y no oyó la pregunta, sabe de sobra lo que tiene que responder. Sobresaltado se incorpora y dice:) —Señor don Crispín; vuestra merced es un grande hombre. Y dice Crispín: —Pantalón, ¿dónde está Pantalón, protegido y pariente mío, no es verdad que yo soy desinteresado? Y Pantalón que ha sido gerente usufructuario de las farsas de Crispín, responde sin vacilar: —Sí, mi señor don Crispín, pariente y protector mío; vuestra merced es desinteresado. Luego le toca el turno al venerable señor Polichinela, a quien Crispín pregunta: —Señor Polichinela, amado primo mío; ¿no es verdad que yo fui nombrado ministro? Y el vetusto señor Polichinela, responde: —Sí, cierto, certísimo, amado primo, fuiste nombrado ministro. Luego le toca la vez al magistrado, al que se presenta rozagante, a diferencia de la comedia donde aparece con el fúnebre birrete. —¿No es verdad, señor magistrado, que yo soy un ejemplar demócrata en tales y cuales actividades de Antioquia? Y el magistrado hubiera respondido si una irreverente voz del auditorio no le hace ver que éste no es su sitio y que se ha olvidado en otra parte su obligación.

Pero el personaje más sorprendente que no había figurado en farsa antigua alguna es ese anónimo, ese Nadie que no tiene figura corpórea, ni alma, ni realidad alguna, ni siquiera una mísera máscara, ese ente fantástico que ora se agazapa bajo un canapé para servir de testigo en una anécdota inventada; ya habla por teléfono para dar origen a la genial concepción de la U.P.N., o toma las vestiduras sacerdotales para ir de noche a la casa de Crispín y amenazarlo con un chantaje o en otra ocasión firma telegramas imaginarios que permitan anticiparse a contestar cargos que no se han hecho o finalmente es el ingeniero que sopla en el oído a Crispín los cargos técnicos y económicos, contra la gestión administrativa de un malhadado ministro de obras públicas. Invención sorprendente la de este cómodo y fantoche X.X., siempre listo a testificar las mayores infamias, las más burdas calumnias y las difamaciones más torpes y soeces. ¿No es una falta de consideración y de respeto dirigirse a cualquier asamblea de hombres serios y conscientes, invocando el testimonio de una persona que nadie conoce y que nunca se menciona? ¿Tal procedimiento no está indicando a las claras la absoluta carencia de datos verdaderos? En su famoso discurso del guío, el honorable senador Muñoz Obando decía que, para hablar con autoridad, era necesario, ante todo, que yo me sincerara de los cargos que dizque me había hecho el señor Román Gómez, y el mismo honorable senador se comprometió a hacer que se me formularan de modo concreto y preciso. Cuatro largas sesiones hemos tenido que soportar como una lluvia de opio y no podrá decirse que faltó tiempo y ocasión para que los cargos se precisaran. Yo entrego mis actos, absolutamente todos mis actos, al implacable análisis de mis enemigos, y espero con serenidad el fallo, porque he sido educado dentro de normas a las cuales tengo conciencia de no haber faltado jamás. Por eso miro sin inquietud esa búsqueda, ese empeño investigador que no ha omitido recurso ninguno encaminado a rastrear prolijamente hasta los más íntimos detalles de mi vida privada. En el curso de mis actuaciones políticas, aun en los instantes de más viva exacerbación, he acostumbrado respetar aquello que pertenece al fuero íntimo de las personas. Pero ese deber de caballerosidad que he cumplido y seguiré cumpliendo, porque la vida privada de mis adversarios no me interesa, no lo reclamo en mi favor. Por el contrario: someto la mía al examen más severo y escrupuloso, porque sin ser la de un santo, nada hay en ella que pueda avergonzar mi frente, y puede resistir el parangón con la de cualquiera que se atreva a analizarla. Otra especie de arma que se ha considerado eficaz es la intimidación por el agravio. Por fortuna, también desde hace algún tiempo he podido construir mi vida con independencia de la censura o del aplauso. Porque tengo en cuenta un principio de eterna sabiduría que figura en la Imitación de Cristo: «No porque te ponderen eres mejor, ni peor porque te vituperen; lo que eres, eso eres.» Entre nosotros es corriente dejar a ciertos órganos de publicidad el monopolio de crear reputaciones, y así se ha visto el caso inaudito de ver clasificado entre los varones justos y esclarecidos del país al cacique de Marinilla, a quien poco ha faltado para que se le modele y eternice en mármol blanco. Cuando esto acontece, uno se siente inclinado a preferir el

Capítulo 4

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Sesión del 9 de agosto de 1932

insulto al elogio conseguido en forma tan fácil como infundada. A mí no me hará cambiar de criterio ni de actitud la consideración de que he de verme privado de los aplausos de cierta prensa: éstos se han prodigado de manera tan desmedida e irrazonada, que ya no honran a nadie, resultan quizás más meritorios y ambicionables los agravios. En otro tiempo se hacía una cuidadosa separación entre la función pública y el carácter del periodismo. Recuerdo que el doctor Eduardo Santos, en su afán de mantener la independencia de su diario, hizo que la asamblea de este departamento revocara el nombramiento con que había favorecido a uno de los redactores de El Tiempo. Acaso convendría hoy que se publicara la nómina de los colaboradores de algunos diarios, para cotejarla con las nóminas oficiales y poder medir en todo momento el valor de ciertos conceptos. Se me reprocha, se me ha dicho repetidamente que he empequeñecido el debate. ¡Pero si yo lo encontré planteado y no he hecho sino seguirlo con lógica innegable! Si he encontrado cosas pequeñas, ruines y desagradables, ¿acaso es culpa mía? Bella lógica la que permite tales miserias, funda en ellas toda una política, y la declara intocable en nombre de no sé qué espíritu de grandeza. Y se pretende rodearla de consideraciones y cubrirla de elogios con el vano propósito de ocultar su pequeñez irremediable. Pero si yo hablo de esto, estoy rebajando la majestad del Senado y empequeñeciendo el debate. Pero, ¿hay algo más pequeño, más imperceptible que un microbio? Y sin embargo, si uno lo respira o lo absorbe, invade el organismo y lo aniquila. Lo que yo he denunciado a la faz del país es la existencia de una colonia de microbios que el buen sentido del conservatismo antioqueño había recluido hasta hace poco en su comarca de origen, que valiéndose de la falacia y el engaño logró extenderse a todo el departamento de gobierno y comunicaciones, ha instalado su sede principal en el Senado de la República y apoderándose del Consejo de Estado amenaza invadir todo el organismo nacional. Pero en la necesidad de vindicarme de las inepcias de que he sido objeto y por dar gusto al honorable señor Muñoz Obando, que considera indispensable esclarecerlas, voy a referirme a los tales cargos. Habló el señor Román Gómez de un pretendido contrato que había celebrado con el doctor Uribe Cualla para obtener sus servicios de abogado en el Ministerio de Obras Públicas, como medio de eludir la disposición constitucional que prohibe hacer ciertos nombramientos en los miembros de la representación nacional. Yo le exigí que presentara el referido contrato y me contestó en forma desabrida. El Senado ha oído cómo en la sesión de hoy se ha visto obligado a rectificar su aseveración, porque no existía ningún contrato; pero procediendo con la mala fe de siempre, nos ha leído un auto del Consejo de Estado relativo a un mero incidente de este asunto, cuando tengo aquí la sentencia definitiva del Consejo, que es una justificación plena del nombramiento y del pago de los sueldos que se habían glosado. Cuando nombré al doctor Uribe Cualla, competente y distinguido profesional, era un ciudadano particular. Después, con ocasión del retiro de su principal, entró a la Cámara en calidad de suplente, abandonando el empleo. Al terminarse las sesio-

nes, volvió al ministerio de acuerdo con varios antecedentes, como el del doctor Lombana Barreneche, quien siendo jefe de la oficina de medicina legal, pedía licencia para asistir al Congreso y después, clausurado éste, reasumía sus funciones. El contralor glosó el pago de los sueldos del abogado del ministerio; el doctor Uribe Cualla renunció inmediatamente, pero apeló de la glosa, y el Consejo de Estado falló a su favor en sentencia aprobada por unanimidad, que tengo aquí a la disposición del Senado. ¿Qué queda del contrato, y del cargo, y del desconocimiento de la Constitución? Otra de las imputaciones de que se ha hecho mérito es la del proyecto de empréstito con Dillon Reed, en el cual dizque estaba muy interesado el ministro de Obras Públicas de entonces; empréstito en que se daba como garantía específica la renta de aduanas y no se cuántas cosas más. Y se ha sugerido que había comisiones de que debía naturalmente usufructuar el ministro porque de otro modo la insinuación no envolvería ningún cargo, y es una nueva muestra de mala fe a que ya me he referido. Voy a decir por qué. Aquí tengo el texto del proyecto presentado al Congreso, en forma de ley de autorizaciones, y como garantía se ofrece la renta de ferrocarriles que se construyan, y en caso necesario, una renta adicional, pero en ninguna parte se dice que fuera la de aduanas. Por lo que hace a la cuantía se ha hablado de cien millones, de ochenta, de setenta millones. Y con ello se ha faltado también a la verdad de las cosas. El proyecto preveía, por el contrario, cantidades parciales conforme lo fueran reclamando las necesidades públicas, sin poder traspasar la suma de cuarenta y cinco millones de pesos. Tal es la exactitud con que se traen aquí los cargos. ¿Contrato de empréstito con Dillon Reed? No llegó a existir nunca; ni siquiera había una propuesta en firme. Pero la administración Ospina gozaba de crédito en el exterior, y por un espíritu de solidaridad aspiraba a dejar a la siguiente los recursos indispensables para continuar las obras empezadas. Al presentar el proyecto de ley lo dije claramente a la cámara: el gobierno de entonces contaba con fondos suficientes para proseguir las obras hasta el final de su periodo; faltando apenas unos pocos meses para su expiración era claro que trabajábamos desinteresadamente, con ánimo de que fuera una administración la que obtuviera el empréstito y otra la que lo invirtiera: eso nos pareció digno, y, si se quiere, lo más elegante. El proyecto pasó en la Cámara en los tres debates reglamentarios y vino al Senado. Pero aquí tropezó con inconvenientes y reparos; llegó un momento en que era preciso transigir, negociar. Y como no había comisiones de ninguna clase, y nosotros nada teníamos qué ofrecer resolvimos retirar el proyecto de la consideración del Senado. Si nos hubiera guiado un interés personal, el deseo de obtener gajes y prebendas por medio de aquella negociación, no hubiera sido difícil conseguir los pocos votos que faltaban para ser aprobada. Retirado el proyecto en la forma en que yo lo hice, era la prueba más concluyente de que no nos guiaba otro móvil que el bien público, las conveniencias nacionales. Aplausos. Las barras prorrumpieron en vivas al orador.

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En marzo de 1923, la revista "Sábado" anunció así el nombramiento de Laureano Gómez como ministro de Colombia en la Argentina. Así mismo formaba parte de la delegación a la Conferencia Panamericana de Santiago de Chile.

riódico moderó su posición editorial. (Véase: David Bushnell, Eduardo Santos y la política del buen vecino. Bogotá, El Ancora Editores, 1984.) Con la llegada al poder en el gobierno de Ospina, se hicieron más claros los vínculos del conservatismo con Franco, hasta el punto que, en contra de las recomendaciones de las Naciones Unidas, el gobierno colombiano elevó la representación en España a la categoría de embajada, el 25 de febrero de 1950, y para ocupar el cargo nombró a Roberto Urdaneta Arbeláez. Durante este período fue más clara la influencia que ejerció la organización del estado español en el pensamiento de Laureano Gómez, hasta el punto que uno de sus propósitos de gobierno fue la sustitución de la Constitución, que venía rigiendo desde 1886, por un nuevo estatuto en

el que eran evidentes los rangos corporativistas. El Congreso de 1951 aprobó en primera legislatura el proyecto de acto legislativo por el cual se convocaba una Asamblea Nacional Constituyente (ANC). El 9 de diciembre de 1952, estando encargado ya de la presidencia Roberto Urdaneta, fue sancionada esta convocatoria tras recibir la aprobación en segunda legislatura. Expresamente se decía que por tratarse de una asamblea constituyente ésta no tendría funciones legislativas, las cuales seguirían en manos del Congreso. También se establecía expresamente que la Constituyente no podría modificar el período en curso del presidente, el designado y el Congreso y que en cuanto a este último sólo podía modificar el período de los representantes para hacerlo igual al de los senadores. En mayo de 1952, el gobierno creó la Comisión de Estudios Constitucionales con el objeto de que presentara un proyecto de cambios constitucionales. Esta comisión terminó sus funciones el 10 de febrero de 1953 y envió al gobierno el proyecto acordado. Éste acogió en parte las ideas propuestas por la comisión, y en otras hizo modificaciones. El proyecto debía ser sometido a la Asamblea Nacional Constituyente, cuyas sesiones se iniciarían el 15 de junio de 1953. Sin embargo, como se verá, para esta fecha la situación política había variado fundamentalmente, pues en la antevíspera se produjo el golpe de estado del general Rojas Pinilla. En el texto de presentación del proyecto de reforma, escrito por el ministro de Gobierno, Luis Ignacio Andrade, fechado el 6 de mayo de 1953, se decía en la parte introductoria: «Las instituciones de la República se apartan definitivamente de la influencia perniciosa de las ideas rousseaunianas y marxistas y se inspiran por entero en las evangélicas y bolivarianas, a fin de realizar la democracia cristiana.» El artículo 13 del proyecto, uno de los más controvertidos por los efectos represivos que de él podían derivarse,

Capítulo 4

decía que el colombiano que «de palabra o por escrito atente al prestigio de las autoridades y de las instituciones del país será juzgado y penado como traidor», con lo cual se suprimía en forma draconiana la libertad de crítica y el derecho de oposición consagrados secularmente por todas nuestras constituciones de estirpe filosófico-liberal. Se abolía la reforma constitucional de 1936 y se volvía a la Constitución de 1886 en el aspecto confesional. Por ejemplo, la educación pública volvería a ser «organizada y dirigida en concordancia con los dogmas y la moral de la religión católica». Se eliminaba la potestad otorgada al Congreso en 1936 de decretar expropiaciones sin indemnización por motivos de equidad. A la prensa se la declaraba servicio público con las secuelas que ello pudiera tener en contra de su libertad. Se prohibían las sociedades secretas, lo cual tenía como objetivo directo la masonería. La asistencia pública dejaba de ser función del Estado y quedaba en manos de la iniciativa privada. Al contralor lo nombraría el ejecutivo y no el Congreso, y para la interpretación de la ley, tal como lo había expresado Laureano en su discurso de posesión presidencial, la ley positiva se entendería subordinada a la moral. Los decretos extraordinarios dictados en estado de sitio podrían continuar vigentes aun después del levantamiento de éste, si el gobierno lo prefería. La responsabilidad del presidente, establecida en 1910, era abolida. Las cámaras legislativas tendrían origen diferente. Sobre este punto decía la aludida presentación del ministro «... la reforma se sienta sobre las siguientes bases [...] 21) Congreso bicamerista con distinción esencial en el origen del Senado y de la Cámara: aquél representa las secciones, asociaciones, academias y universidades por elección de los integrantes de éstas [...] 25) Los concejos se constituyen por el voto de los cónyuges legítimos en representación de familias; los alcaldes los presiden y votan sólo para resolver empates».

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Es decir, era la preeminencia del ejecutivo sobre el legislativo, el recorte de libertades públicas tradicionalmente protegidas, la introducción de elementos corporativistas ajenos a nuestra tradición político-jurídica y la restricción del sufragio universal. La mejor síntesis del espíritu que la animaba se encuentra en un artículo escrito por Laureano Gómez en 1953, en el que decía: «El sufragio universal inorgánico y generalizado interviniendo en toda la vida social para definir la dirección del Estado, contradice la naturaleza de la sociedad. El manejo del Estado es, por antonomasia, obra de la inteligencia. Una observación elemental demuestra que la inteligencia no está repartida en proporciones iguales entre los sujetos de la especie humana. Por este aspecto la sociedad semeja una pirámide cuyo vértice ocupa el genio, si existe en un país dado, o individuo de calidad destacadísima por sus condiciones intelectuales. Por debajo encuéntranse quienes, con menos capacidades, son más numerosos. Continúa así una especie de estratifiLaureano Gómez preside el directorio conservador en 1936, junto con Pedro Justo Berrío, Ignacio Rengifo, Mariano Ospina Pérez, Pedro María Carreña, Augusto Ramírez Moreno, Luis Ignacio Andrade y el general Amadeo Rodríguez.

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Laureano Gómez, orador brillante, pronuncia un discurso durante la convención conservadora de febrero de 1939.

cación de capas sociales, más abundantes en proporción inversa al brillo de la inteligencia, hasta llegar a la base, la más amplia y nutrida, que soporta toda la pirámide y está integrada por el oscuro e inepto vulgo, donde la racionalidad apenas aparece para diferenciar los seres humanos de los brutos. Éste es un fenómeno palmario y evidente de la sociedad desde el punto de vista de la inteligencia.» El Batallón Colombia en la guerra de Corea En su discurso de posesión como presidente de la República, Laureano Gómez expresó: «Los Estados Unidos están enviando la vanguardia de su juventud a una lucha sangrienta en defensa de esos principios, y mi espíritu no quedaría satisfecho si en estos momentos mis labios dejaran de pronunciar las palabras de admiración y reconocimiento por el heroico esfuerzo que se hace para salvar la civilización.» La actitud conciliatoria de Gómez no podía dejar de extrañar a quienes conocían su posición frente a los

Estados Unidos y su actitud durante la guerra, cuando dijo que era preferible que el canal de Panamá lo tuvieran los alemanes, pues contribuir a su defensa no era más que sancionar la expropiación que los Estados Unidos habían hecho a Colombia. Ya antes de su posesión, en el mes de julio de 1950, durante un almuerzo con la American Society of Colombia, en la ciudad de Bogotá, el presidente electo había anunciado un «respaldo firme e incondicional» de Colombia a los Estados Unidos y su disposición de favorecer el capital extranjero, especialmente el norteamericano {El Siglo, 1 de julio de 1950). Era un acercamiento táctico que se facilitaba por las condiciones de la guerra fría. Por esa misma época, en los Estados Unidos, el senador Joseph McCarthy iba en ascenso y sus denuncias que podían señalar a cualquiera aterrorizaban a los ciudadanos. Indudablemente había mucha similitud entre las posiciones del macartismo contra los demócratas, liberales y progresistas que habían actuado durante el New Deal de Roosevelt, y las que acá tomaban Laureano Gómez y sus seguidores contra los protagonistas de la República Liberal. Sin acudir al basilisco, pues el conocimiento de la mitología estaba muy por encima de las capacidades intelectuales de McCarthy, su lema de combate persecutorio era muy similar al que aquí se lanzaba: «Estamos comprometidos en una batalla final, de todo por el todo, entre el ateísmo comunista y la cristiandad...» Y es que acaso «¿No eran los hombres del New Deal, como los comunistas que hablaban de elevar a las masas, de combatir a los hombres de negocios, de establecer controles económicos en la sociedad, de poner en cuestión lo tradicional en todos los sectores de la vida?» (David Horpwitz, De Yalta au Vietnam. París, 10/18, Union Générale D'Editions, 1973, pág. 133). En esas condiciones era posible y benéfico buscar un acercamiento con los Estados Unidos, cuya política tanto se había criticado.

Capítulo 4

La apertura y las ventajas al capital foráneo eran un gaje, la participación en una guerra lejana la mejor prueba de buena voluntad. Que las tropas colombianas fueran al Asia a luchar por la democracia, mientras acá se limitaban las libertades y se buscaban formas no propiamente democráticas de gobierno. Tradicionalmente, Colombia no había tenido muchos vínculos militares con los Estados Unidos. La acción arbitraria de fuerza ejercida por Teodoro Roosevelt en Panamá posiblemente había contribuido a ello. A principos del siglo fueron misiones militares chilenas las que se contrataron para el adiestramiento de nuestro ejército y luego se habían dado vínculos en este campo con Inglaterra. En 1929 comenzaron los contactos de Colombia con Estados Unidos como parte de los planes de defensa del canal de Panamá durante la contienda bélica en la que Colombia, salvaguardando su soberanía, prestó el apoyo que correspondía a una democracia en las operaciones de defensa del canal de

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Panamá. Ya en 1948, misiones de entrenamiento del ejército y la aviación de Estados Unidos fueron autorizadas por Colombia como parte del programa hemisférico de defensa. El 22 de febrero de 1949 se firmó en Bogotá el Pacto de Asistencia y Asesoría Militar con los Estados Unidos para el suministro de equipo al ejército y la fuerza aérea.

Laureano Gómez, Eduardo Zuleta Angel y Carlos Lozano y Lozano, en la mesa directiva de la IX Conferencia Panamericana, de Bogotá, en abril de 1948. Abajo, sede de "ElSiglo", incendiada el 9 de abril.

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bia. (Russell W. Ramsey, «The Colombian Batallion in Korea and Suez», Journal of Inter American Studies, October 1977, Vol. IX, N.° 4.) El envío de tropas a Corea es un hecho importante en la historia contemporánea de Colombia y sus efectos son mucho mayores de lo que comúnmente se piensa cuando se le cataloga como un simple episodio de nuestra historia militar, en el que, por lo demás, las tropas colombianas mostraron gran coraje. Cuando el gobierno colombiano decidió enviarlas, la violencia se estaba avivando. Mucho se habló en su momento, y ello no es de excluir, que a Corea se hubieran enviado premeditadamente oficiales de filiación política diferente a la del gobierno. En unos casos para alejarlos del país en forma previsiva, para que eventualmente no actuaran contra el gobierno, y en otros casos porque militares profesionales que podrían ser retirados del servicio por su filiación Poco después de la posesión de Lau- política preferían actuar en una guerra reano, en septiembre de 1950, el go- exterior y no en una contienda fratribierno colombiano ofreció enviar la cida y por ello solicitaron ir a combatir fragata Almirante Padilla con fines de a Corea. En el caso de Rojas Pinilla, patrullaje al conflicto de Corea. El de- si el enviarlo al cuartel general en Cocreto 3230 del 23 de octubre del mis- rea tuvo como propósito alejarlo del mo año autorizó su participación y el país y de la escena política, la medida 1.° de noviembre zarpó de Cartagena. tuvo el efecto contrario, pues lo cierto Dos semanas después, el embajador es que su actuación contribuyó a darle Eduardo Zuleta Ángel ofreció los ser- prestigio y a acrecentar su figura entre vicios de un batallón de infantería de el ejército cuando se dieron los aconmil hombres y ochenta y tres oficiales. tecimientos que desembocaron en el A mediados de febrero de 1951, Ro- golpe de estado del 13 de junio. El enberto Urdaneta Arbeláez, en ese en- vío del Batallón Colombia sirvió a tonces ministro de Guerra de Laurea- Laureano Gómez para mostrar su no, informó que Colombia estaba en- nueva posición frente a los Estados trenando un batallón de mil ochenta y Unidos y fue un importante factor de tres hombres para el conflicto y decla- negociación del gobierno colombiano ró que si las Naciones Unidas lo de- para adquirir armas. Como consta en seaban, Colombia podría entrenar una una serie de documentos del Archivo división entera y equiparla con armas Nacional de Washington, procedentes compradas en Estados Unidos. El 12 del Departamento de Estado, el mide mayo hubo misa y ceremonia en la nistro de Guerra de Colombia, José plaza de Bolívar de Bogotá para des- María Bernal, esgrimía como argupedir a la tropa que ese día salió para mento para que los Estados Unidos Corea. El Batallón Colombia terminó vendieran armas a Colombia el essus servicios de combate en julio de fuerzo bélico que se estaba haciendo 1953 y el 25 de noviembre de 1954 re- en Corea. En general, el gobierno de gresó el último contingente de Colom- los Estados Unidos fue reticente a este

Alvaro Pineda de Castro, consejero de Estado, fue expulsado del partido liberal por haber asistido a la posesión presidencial de Laureano Gómez. La misma sanción, impuesta por la convención liberal del 10 de agosta de 1950, fue aplicada a los magistrados Pablo E. Manotas, José María Blanco Núñez y a los consejeros Pedro Alejo Rodríguez y Antonio José Prieto.

Capítulo 4

pedido, porque todavía quedaba en la memoria lo que había acontecido durante la guerra; porque era claro para el Departamento de Estado que los liberales colombianos no eran comunistas y que acá el conflicto armado tenía otras características; y porque dichas ventas podrían involucrarlo en un conflicto que era simplemente interno. No obstante, a la postre se impuso la razón de estado y durante el gobierno del general Rojas Pinilla, en el que los pedidos de equipo militar aumentaron notoriamente, el gobierno norteamericano se tornó más complaciente e incluso autorizó la venta de napalm. La guerra de Corea marca un hito en la historia del ejército colombiano en cuanto a que allí, en una lucha real, se fogueó y capacitó técnicamente. Sin embargo, y éste es uno de los efectos más importantes, también tomó de allí conceptos propios de un enfrentamiento real entre dos sistemas, que luego fueron puestos en práctica en el país a través de doctrinas como la de la seguridad nacional y conceptos como el del enemigo interior. Muchos

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de los oficiales colombianos que actuaron en Corea cumplieron luego destacados papeles dentro del ejército en el período del Frente Nacional, incluso como ministros de Defensa, y es indudable que ello influyó en las actitudes de nuestra institución armada. Liberalismo económico y control sindical Al ritmo de la economía mundial creció la economía colombiana y los hombres de negocios, protegidos por la política estatal, vivieron una situación boyante. El precio de la libra de café en Nueva York pasó de 20,93 centavos de dólar la libra en 1946, a 56,11 en 1953 para llegar a 72,29 en 1954. Las tasas de crecimiento del producto bruto pasaron de 3 % en 1951, a 6,3 % en 1952 y a 6,1 % en 1953 (Carlos H. Urán: Rojas y la manipulación del poder. Bogotá, Carlos Valencia Editores, 1983). Entre 1949 y 1953 casi se dobló el valor de las exportaciones. Entre 1948 y 1952, el porcentaje de formación de capital saltó de

La fragata "Almirante Padilla" zarpa el lo. de noviembre de 1950 del muelle de Cartagena, con destino al patrullaje en el conflicto de Corea. El 12 de mayo del año siguiente saldría el Batallón Corea, conformado por 83 oficiales y mil hombres de infantería.

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14,2 a 28,2 %. En 1951, el Ministerio de Hacienda informó que menos del 1 % de quienes declaraban rentas percibidas de las empresas habían recibido el 44 % de los dividendos. Mientras tanto, el índice de costo de la vida para obreros se elevó en Bogotá de 368,5 en 1950, a 401,6 en 1951 (Vernon Lee Fluharty, La danza de los millones: régimen militar y revolución social en Colombia, 1930-1956. Bogotá, El Áncora Editores, 1981). La producción en la industria aumentó en un 56 % entre 1948 y 1953. Según Cepal, sobre una base de 100 para 1953, el índice de producción industrial era de 63,9 en 1948; 69,5 en 1949; 79,7 en 1950; 81,8 en 1951; 90,7 en 1952. Con respecto al capital extranjero, el gobierno de Laureano Gómez cumplió la oferta que había hecho. Un decreto de 3 de agosto de 1951 permitió la Ubre importación de capital extranjero, en dinero o en equipo. El capital podía ser reexportado e incluso las utilidades no distribuidas podían registrarse como capital importado. Ya en marzo del mismo año se había autorizado a los bancos extranjeros para aumentar su capital. En 1952, se adoptó un estatuto de capitales extranjeros que ratificó todas las garantías dadas. Daniel Pecaut informa que el presidente de la ANDI, «José Gutiérrez Gómez temía que los beneficios ofrecidos a tales inversiones fueran insuficientes: "Lo deseable consiste en esto: impulsar al capitalista extranjero ofreciéndole un mejor rendimiento para sus inversiones." Cipriano Restrepo Jaramillo, el fundador de la ANDI, se pronunció en mayo de 1951 por una total libertad en lo que respecta a la repatriación de capitales y de beneficios. Los industriales de Bogotá se mostraban aún más generosos: proponían que los inversionistas extranjeros no estuvieran sometidos a la fiscalidad colombiana» (Daniel Pecaut, Orden y violencia: Colombia 1930-1954. Bogotá, CEREC, 1987). En el campo de los petróleos, ya en 1950, bajo el gobierno de Ospina, se

acordaron exenciones sobre el impuesto de patrimonio y se creó la exención fiscal por el agotamiento de reservas en los pozos. Un decreto de Laureano Gómez del mismo año suprimió las «zonas de reserva nacional», que no podían ser hasta entonces concedidas a las compañías extranjeras, y aumentó el plazo para comenzar a explotarlas. Un código de petróleos, expedido en 1952 cuando Urdaneta Arbeláez estaba ya encargado de la presidencia, permitió la libre exportación de los dólares petroleros, aumentó las exenciones fiscales al equipo petrolero y suprimió el límite de 200.000 hectáreas para las concesiones. Mientras tanto, en medio de la violencia generalizada en los campos, los salarios disminuyen al amparo de la represión sindical. En 1948 el salario real de los obreros bajó en cerca del 10 %. Pese a un pequeño aumento en 1949, esta disminución se manifestó hasta 1954, cuando quedaron prácticamente al nivel de 1938, y en consecuencia inferiores en un tercio a lo que eran en 1933 (Pecaut, obra citada). Después del 9 de abril se instaura la persecución sindical. En 1948, un decreto suprime el fuero sindical. El 26 de septiembre de 1949 se da reconocimiento jurídico a la UTC, lo que consagra el paralelismo sindical contra la CTC, ya de por sí debilitada. Paulatinamente se fueron anulando las disposiciones laborales aprobadas especialmente durante el segundo gobierno de López Pumarejo y particularmente aquella que prohibía la formación de sindicatos paralelos en las industrias. Precisamente Adán Amaga Andrade, quien como ministro de Trabajo había impulsado una legislación laboral progresista, decía para Semana, el 31 de enero de 1955: «Con la anulación de la prohibición de los sindicatos paralelos se garantizó a los trabajadores el derecho a destruirse ellos mismos y se estimularon organizaciones rivales..., en los presupuestos de las compañías se creó una reserva para disolver sindicatos o expulsar líderes

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combativos, y el Estado dio el ejemplo eliminando de sus propios órganos a los líderes sindicales, sin permiso de los juzgados». Urdaneta se encarga de la presidencia El 5 de noviembre de 1951, se posesiona como presidente de la República encargado Roberto Urdaneta Arbeláez, tras un enmarañado procedimiento en cuanto a la escogencia del reemplazo de Laureano, de quien ya se sabía con anterioridad que se encontraba enfermo por causa de afecciones cardíacas. Urdaneta Arbeláez era un próspero abogado vinculado a las grandes familias de Bogotá y emparentado por matrimonio con un ex presidente conservador, Carlos Holguín. Se había educado con los jesuítas en España, había ejercido en Colombia la profesión de abogado de grandes compañías e intereses, y era uno de los pocos conservadores que había colaborado en altos puestos durante la República Liberal, por lo cual se había atraído las iras de Laureano Gómez y una cierta simpatía de los liberales, quienes por estos antecedentes veían en él un hombre ecuánime y de diálogo. Al posesionarse de la presidencia Laureano Gómez, se suscitó el asunto de quién lo reemplazaría en caso de ausencia total o parcial, máxime que circulaban rumores fundados acerca de lo precaria que era su salud. El problema era que Eduardo Santos, que había sido nombrado como designado en el período de Ospina, todavía tenía el cargo. Según el artículo 125 de la Constitución: «Cuando por cualquier causa no hubiere hecho el Congreso la elección de designados, conservan el carácter de tales los anteriormente elegidos.» Con base en dicho artículo, los liberales reclamaban para Santos esa posición. Sin embargo, en la reforma constitucional de 1945, se había suprimido el segundo designado y quienes impugnaban el derecho de Santos aducían que el artículo 125 hablaba en plural y en consecuencia con

la reforma había perdido vigencia pues existía un vacío constitucional. Lo cierto es que el presidente, en forma arbitraria, pues no le correspondía a él nombrar a su eventual sucesor, dictó el decreto 2996 de 1950 por el cual se declaraba vacante el cargo de designado y se establecía un orden de sucesión presidencial que comenzaba con el ministro de Gobierno y continuaba con el de Relaciones Exteriores, Justicia, Economía y Guerra. Para ese entonces, el ministro de Gobierno era Domingo Sarasty; el de Relaciones, Gonzalo Restrepo Jaramillo; el de Justicia, Guillermo Amaya Ramírez; y Urdaneta, que era el de Guerra, estaba de quinto en la expectativa de sucesión. Es claro que el propósito del decreto era simplemente suprimir el derecho de Eduardo Santos, y en la práctica no tuvo vigencia, porque luego Urdaneta Arbeláez fue elegido designado por el Congreso, tal como lo prescribía la Constitución. El domingo 28 de octubre de 1951, apenas un poco después de cumplir un año en el mando, Gómez cayó enfermo y al jueves siguiente el Congreso eligió como designado a Urdaneta Arbeláez, quien tomó posesión de la presidencia. En ese momento era Gilberto Alzate Avendaño quien dominaba en el Congreso y quien hubiera podido hacerse elegir. Sin embargo, Álzate, que era un aguerrido político, en los

Laureano Gómez y Roberto Urdaneta Arbeláez, quien fue nombrado embajador en España cuando el gobierno de Ospina elevó la representación diplomática colombiana en ese país, contra la recomendación de Naciones Unidas, a la categoría de embajada, estrechando vínculos con el gobierno de Francisco Franco. Sería Urdaneta quien luego convocaría la Asamblea Nacional Constituyente para la expedición de una nueva Carta de orientación corporativista, tal como la deseaba y concebía Laureano Gómez.

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momentos de las grandes decisiones vacilaba o no tenía suficiente visión y perdió la oportunidad que tanto anheló y persiguió de ser presidente. Parece que Álzate, que estaba seguro de suceder a Laureano para un período completo, desdeñó la oportunidad de ser presidente encargado por un período más restringido. Dícese que igual cosa aconteció a Gabriel Turbay ante la posibilidad de hacerse elegir en 1945, cuando le abrió el paso a Alberto Lleras, en espera de un período completo que nunca le llegó, ya que fue derrotado en 1946. En 1951 debían celebrarse las elecciones para el Congreso, pero los liberales persistían en su política de abstención, aduciendo los mismos motivos que los habían llevado a no participar en la anterior elección presidencial: falta de garantías y violencia. Ante esa actitud, Gómez anunció en mayo de 1951 que las elecciones para el Congreso se pospondrían de junio a septiembre, en la esperanza de un acuerdo y porque consideraba que la presencia de la oposición era «esencial para el normal funcionamiento» de dicha corporación. De todas maneras se dio la abstención liberal, las elecciones se celebraron el 17 de septiembre y el Congreso fue convocado para el 30 de octubre de 1951. Un decreto ejecutivo había reservado unos cupos para la oposición por lo cual, ante la abstención liberal, el Senado se compuso de cuarenta curules conservadoras y veintiuna vacías, y la Cámara de setenta y una conservadoras y cincuenta y una ausentes. El 15 de marzo de 1953, ya en vísperas del golpe de estado, se volvieron a celebrar elecciones para representantes a la Cámara. Los conservadores ganaron setenta y seis de las ciento treinta y dos curules y las cincuenta y seis restantes destinadas a la minoría permanecieron vacantes. En esta ocasión no fueron ya solamente los liberales quienes tuvieron que abstenerse, sino también los conservadores seguidores de Alzate, quienes a su turno se quejaban de la falta de garantías. El millón de votos obtenidos

homogéneamente por el partido conservador no dejaba de plantear ciertas preguntas en la medida en que gran parte de la campaña de Laureano Gómez contra el régimen liberal se basaba en la supuesta existencia de 1.800.000 cédulas falsas y ahora, sin un cambio apreciable en el registro, solamente por su partido, excluyendo una fracción, votaban más de un millón de personas. A la quiebra de las instituciones sigue la de los partidos: el partido liberal La crisis que sacudía al país en todas sus esferas afectaba también a los partidos políticos que se debatían en medio de feroces divisiones. En el partido liberal no era nueva la división. Había estado presente durante la Revolución en Marcha. En 1938 un grupo de seguidores de López, a la cabeza de los cuales estaba Alberto Lleras, reanudó la publicación de un periódico, El Liberal, que había pertenecido a Rafael Uribe Uribe. Esto se interpretó inmediatamente como el deseo de López Pumarejo de comenzar a trabajar por su reelección y de defender la gestión de su primer gobierno frente a las impugnaciones de sus copartidarios. En consecuencia, la brecha entre santistas y topistas se agrandó. Luego, durante la campaña presidencial que condujo a López a su segunda presidencia, un sector de su propio partido, con la ayuda conservadora, se le opuso tenazmente y postuló a Carlos Arango Vélez, quien fue derrotado. En las elecciones de 1946, ya no fue uno de los candidatos liberales quien perdió, sino que en este caso fueron ambos, Turbay y Gaitán, con lo cual la pugna no disminuyó sino que se acrecentó, sin que el triunfo posterior de Gaitán y su jefatura del partido hubieran realmente terminado con la división. Después del 9 de abril. fue Carlos Lleras quien con gran audacia y coraje se apersonó de la jefatura. Al momento de la toma de posesión de Laureano, podía decirse que

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el partido liberal estaba dividido por tres, lopistas, sántistas y gaitanistas, sin que las adversas circunstancias lograran unificarlo. En esas condiciones realmente desfavorables se reunió una convención liberal entre el 10 y el 12 de agosto de 1950, menos de una semana después de la posesión de Laureano, para trazar un rumbo a su partido. Aunque la censura prohibió que la prensa mencionara la convención que iba a reunirse, doscientos treinta y cinco delegados de todo el país estuvieron presentes en ella. El primer punto de orden del día fue la expulsión del partido, por colaboracionistas, a los magistrados de la Corte y el Consejo de Estado que habían acudido a la posesión de Laureano. En consecuencia, Pablo E. Manotas y José María Blanco Núñez, de la Corte, y Pedro Alejo Rodríguez, Alvaro Pineda de Castro y Antonio José Prieto, del Consejo de Estado, sufrieron esta sanción política propia de tiempos de especial intransigencia. También se nombró un comité para que esbozara un manifiesto programático y reiterara la línea de oposición civil, abstención electoral y no reconocimiento de Gómez, pues se le considera gobernante de facto. Componían esta comisión Carlos Lozano y Lozano, Alejandro Galvis, Abelardo Forero Benavides, Jorge Zalamea, Otto Morales Benítez y Alvaro Hernández Torres, así como un representante universitario. Las difíciles circunstancias en que vivía el partido de oposición no fueron suficientes para que en la convención dejara de aflorar la tremenda pugna entre la Dirección Nacional Liberal y los gaitanistas, aunque el voto final fue abrumadoramente favorable para la Dirección Nacional y su política. En un encendido discurso, Darío Samper, quien asistía como director de Consigna, el órgano de prensa gaitanista, atacó a la Dirección Nacional, criticó la organización del partido, propuso la celebración de una convención popular y especialmente impugnó la política de no colaboración. Según sus palabras, los oligarcas estaban engañan-

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do a la opinión pública al continuar colaborando con el gobierno en la esfera económica mientras denunciaban la colaboración política. A Samper le respondió Julio César Turbay Ayala con un agrio ataque personal. A su vez, en el grupo gaitanista se presentaban profundas divisiones, como bien se vio por los enfrentamientos a que dio lugar el control de Consigna. El tema de la participación o no en el gobierno era un elemento de discrepancia con sectores gaitanistas. Éstos redactaron una carta el 23 de febrero de 1951, en la que se quejaban de los jefes liberales por las sucesivas derrotas sufridas desde 1948, y citaban casos de miembros del directorio y otros «oligarcas» que en la práctica violaban la política de no colaboración al aceptar favores del gobierno. Se preguntaban, además, si la abstención política podía ser aplicada a la carrera administrativa y a los cargos judiciales. Decían que la Constitución preveía la representación partidista en la Corte y ciertos departamentos administrativos con base en la representación en las asambleas departamentales y que, de persistir en esa política, el partido liberal se estaría separando de una área de gran influencia. En la práctica, había cierta incongruencia en las directrices liberales, pues mientras sus directivas, que por mucho tiempo no reconocieron a Laureano, se quejaban

Laureano Gómez y convencionistas conservadores en 1957, después de su regreso del exilio en España.

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Carlos Lleras Restrepo en 1952, miembro de la dirección liberal. El 6 de septiembre de ese año, su residencia y la de Alfonso López Pumarejo fueron incendiadas, lo mismo que las sedes de "El Tiempo" de "El Espectador" y de la dirección liberal. Lleras se exilió entonces en México.

de que no eran consultados para los grandes problemas nacionales, al mismo tiempo proclamaban la no colaboración e inclusive procedían a la expulsión del partido aun en los casos simplemente técnicos como sucedió en 1951 con tres copartidarios que participaban en el Comité Económico de Desarrollo de apoyo a los trabajos de Lauchlin Currie. Los dirigentes liberales se debatían entre tremendas presiones. El levantamiento del 9 de abril no solamente había atemorizado a los conservadores, sino también a sectores liberales que percibían las potencialidades revolucionarias que había en el país. De allí que muchos de ellos hubieran abandonado sus actitudes reformistas y su lenguaje de contenido popular. Pero al mismo tiempo, eran momentos en que, aun por encima de los dirigentes, había una profunda movilización espontánea de defensa en los campos, ante la cual los líderes del partido dudaban si apoyar su expre-

sión armada o denunciarla. Paradójicamente, los medios oficiales tildaban al partido y a sus dirigentes de subversivos y de comunistas, y éstos tenían que salir a defenderse de una acusación que no tenía fundamento. Así mientras los gaitanistas motejaban de oligarca a un personaje como Carlos Lleras, y el gobierno sindicaba de comunista al partido que él dirigía, Lleras tenía que salir a defenderse en esta forma en un discurso de finales de 1949: «Si algún fenómeno pudiera señalarse en la evolución cumplida durante los últimos dieciocho meses por el partido liberal, es el de que a sus posiciones de comando han vuelto gentes que pudiéramos muy bien considerar como de la alta burguesía, a las cuales sería totalmente ridículo calificar de comunistas. En escala creciente, con influencia cada vez más grande, miembros de esa alta burguesía liberal de banqueros, industriales, hombres de negocios e intelectuales que nunca han sido considerados como hombres de extrema izquierda, han ido ocupando posiciones directivas del liberalismo. Afirmar ante el país y ante el exterior que un partido así integrado y dirigido es una agrupación comunista o dirigida por el comunismo resulta algo absolutamente ridículo. Yo sé que entre las mil comedias e historias que se están haciendo circular, y a veces por labios muy respetables, está la de que la dirección liberal ha traído un técnico ruso para que nos dé lecciones sobre la táctica revolucionaria. Entiendo que se me atribuye haber traído a un señor Llichet, a quien oigo nombrar por vez primera, para que dirija nuestra sección.» (Carlos Lleras Restrepo, De la república a la dictadura, Bogotá, Editorial Agra, 1955, pág. 210.) En junio de 1951, en plena violencia, el partido liberal realizó una convención en el teatro Imperio de Bogotá. Todavía actuaba la dirección nombrada durante el gobierno de Ospina, la cual estaba compuesta por Carlos Lleras Restrepo, Francisco José Chaux y Jorge Uribe Márquez.

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así como por Delio Enciso, que había sido nombrado recientemente. Indudablemente la figura más vigorosa era la de Carlos Lleras, que con gran energía había conducido a su partido en condiciones extremadamente adversas. Para que rigiera los destinos de la colectividad, la convención nombró una Dirección Nacional compuesta por los ex presidentes Alfonso López Pumarejo y Eduardo Santos y por Carlos Lleras. Se renovó el llamado de Santos de Fe y Dignidad y se adoptó el lema propuesto por el convencionista Hernando Agudelo Villa de: «Abstención en toda la línea, oposición civil en toda la línea.» A partir de allí se percibieron dos actitudes para enfrentar la situación. La de López, partidaria de dialogar, de no cerrar los canales de comunicación y de buscar alguna manera de participación. De otra parte, la de Santos y Lleras, más dura con el gobierno y persistente en la abstención y la no colaboración. López tuvo oportunidad de viajar a los Llanos Orientales en busca de una solución y a su regreso rindió un informe sobre las duras condiciones de represión a que estaban sujetos sus copartidarios. Lleras también viajó a dicha región. Sin embargo, el régimen se iba endureciendo y cada vez se cerraban más los canales de comunicación. Ante la situación de impotencia para un arreglo civilizado se rumoreó, en el mes de agosto de 1952, la renuncia de López Pumarejo a la DNL. Una semana después, López envió una carta conciliatoria a Ospina Pérez, al cardenal Crisanto Luque y a Francisco de Paula Pérez, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Ospina no respondió. Poco después, el 6 de septiembre, una turba que había asistido al entierro de unos agentes de la policía asesinados en el Tolima, en forma sistemática y sin que ninguna autoridad se lo impidiera, procedió a incendiar El Tiempo, El Espectador, la sede de la Dirección Nacional Liberal, la casa de Alfonso López Pumarejo y, por último, la casa de Carlos Lleras Restrepo.

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Este último, con gran valor, repelió el atropello a tiros pero hubo de retirarse por los tejados cuando su casa ardía. Estos acontecimientos vandálicos se produjeron en pleno Bogotá, en estado de sitio, por varias horas, sin que interviniera la policía ni la guardia que custodiaba la casa particular del presidente Urdaneta. ubicada en la misma cuadra que la del ex presidente López. López y Lleras tuvieron que refugiarse en una embajada y salir del país en la misma forma que tuvo que hacerlo el dirigente antioqueño Alberto Jaramillo Sánchez. La Dirección Nacional Liberal anunció la indefinida suspensión de actividades, pues cesaba toda posibilidad de oposición civil.

En Benidorm, España, Laureano Gómez y Alberto Lleras Camargo, con María Hurtado de Gómez, Alvaro Gómez Hurtado, Camilo Vásquez Carrizosa, Cecilia Gómez de Fajardo y nietos del ex presidente. Abajo, luego de la convención liberal del Teatro Imperio, Jorge Uribe Márquez, Alfonso López, Miguel Durán, Carlos Lleras, Bernardina Cabal, Domingo López y Otto Morales (1952).

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6 de septiembre de 1952: un bombero señala un cartel de Carlos Lleras y los destrozos ocasionados en su casa después del entierro de agentes de policía asesinados en el Tolima.

El partido conservador

Jorge Leyva y Laureano Gómez, en marzo de 1962. Antiguo ministro de Obras de Laureano, Leyva se lanzó ese año a la disidencia frente a la candidatura de Guillermo León Valencia.

El partido conservador también se hallaba fraccionado, y su división crecía a medida que los liberales, por la fuerza, iban saliendo de la escena política. A pesar de su brillante oratoria y de sus métodos autoritarios para conducir a su partido por años, Laureano había tenido que contar con un sector opositor dentro de él. El grupo de los «Leopardos» impugnó su jefatura en el período de la República Liberal, y uno de sus integrantes, Augusto Ramírez Moreno, escribió que Laureano como jefe utilizaba una disciplina para perros. Durante el gobierno de Ospi-

na, las discrepancias entre éste y Laureano se agudizaron especialmente a partir del 9 de abril. Laureano no estuvo de acuerdo con la participación liberal en los gobiernos de Unión Nacional, y el 9 de abril propuso que el poder fuera asumido por los militares, lo cual tuvo repercusiones en la posterior división conservadora. En su discurso de posesión criticó la politiquería que invadía al país y para los ministerios, en general, no llamó a políticos tradicionales de su partido, sino a técnicos y a personajes vinculados con el alto mundo de los negocios. Con esto comenzó a darse un distanciamiento entre él y los políticos de su colectividad que tuvo adversas repercusiones para el presidente y contribuyó notoriamente a la división del partido de gobierno. A ese distanciamiento contribuyó también la precaria salud de Laureano después de la toma de posesión, pues le restaba capacidad de trabajo y no le permitía dedicar tiempo a las inquietudes de los «politiqueros». A principios de 1951, la revista Sábado hablaba de dos fracciones en la división conservadora: los radicales como Alzate Avendaño, Juan Uribe Cualla y José María Villareal, y los oligarcas como Zuleta Ángel y Urdaneta Arbeláez. Laureano estaba alarmado con el creciente poder del ala radical, politiquera, de su partido, especialmente con el ascenso de Alzate, y por esa razón estaba impulsando a individuos como Urdaneta. Las divisiones conservadoras eran especialmente intensas en los departamentos en los que rivalizaban las fracciones por el control del poder. Así, en Antioquia, el grupo que seguía a los hermanos Eduardo y Pedro J. Berrío González, al que se denominaba «aplanchadores», estaba violentamente enfrentado al de notables, encabezado por Dionisio Arango Ferrer, por lo cual a su grupo se le denominaba los «dionisiacos». En el Valle la pugna violenta era entre el grupo del directorio orientado por el ex gobernador Hernando Borrero Olano, propietario del Diario

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del Pacífico y a cuyos seguidores se les motejaba de «pájaros», y el grupo de los apodados «patiamarillos», dirigidos por César Tulio Delgado y por los hermanos Lloreda, propietarios del diario El País. En Bolívar la pugna era entre los veguistas y seguidores del gobernador Eduardo Lemaitre, y los del grupo de Cavelier. En Caldas la pugna se daba entre los «notables» y los «alzatistas». Pero la lucha más fuerte, y que más debilitó al gobierno de Laureano y al del presidente encargado Urdaneta, era en el orden nacional. Primero fue con Gilberto Alzate Avendaño. Este aguerrido político caldense, que se había graduado como abogado en la Universidad de Antioquia con una tesis sobre los gremios en la Edad Media, nunca ocultó sus simpatías por los regímenes totalitarios y fascistas. Sus fanáticos seguidores le decían el Duce Criollo. En los años treinta fundó un partido nacionalista que tuvo un magro resultado electoral, como que apenas su coterráneo Silvio Villegas obtuvo una curul para la Cámara, por lo cual el movimiento fue liquidado. Durante todo el período de la República Liberal, Alzate y su grupo se opusieron a la política de Laureano. En 1950, por fin Alzate logró llegar a la Dirección Nacional Conservadora y a partir de esta posición comenzó a construir su maquinaria, ahora que Laureano tenía que dedicar sus esfuerzos a la actividad gubernamental. Su labor se facilitó porque los otros miembros elegidos, por diversas razones, le dejaron el campo. Así, Guillermo León Valencia y Augusto Ramírez Moreno se ausentaron del país para aceptar las embajadas de España y Francia y Jorge Leyva aceptó un ministerio. Con una prodigiosa actividad, Alzate logró tender su red, hasta el punto que al reunirse la convención del partido conservador, en noviembre de 1951, era él quien tenía la mayoría. Sin embargo, por una de esas actitudes inexplicables que adoptaba en los momentos definitivos, no concurrió a la sesión de la mañana, y ya

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Roberto Urdaneta Arbeláez, encargado como designado de la presidencia por enfermedad de Laureano Gómez. Tomó el mando en noviembre 5 de 1951 y gobernó hasta el 13 de junio de 1953. Oleo de Guillermo Camocho, 1974 (Casa de Nariño).

para la tarde le habían nombrado un directorio que él no controlaba. Alzate, enfurecido, creó otro directorio paralelo y en consecuencia la división del partido de gobierno quedó protocolizada. Ésta se fue ahondando y la pugna creció en la medida en que, a partir de 1954, se debía producir la sucesión presidencial y Alzate creía tener la fuerza suficiente para imponerse. Sin embargo, dentro del contexto

Laureano Gómez y Eduardo Santos (atrás Cecilia y Alvaro Gómez Hurtado). Durante el gobierno de Laureano, Santos defendió la posición liberal de abstención y de no colaboración.

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nal de la carta que Alzate escribió al presidente de la República, el 30 de mayo de 1952:

Octubre de 1957: Laureano Gómez a su llegada al aeropuerto de Techo, en Bogotá, a su regreso del exilio en España, para asistir a la convención del partido conservador.

represivo de la época, el gobierno le limitó su capacidad de acción y proselitismo, de suerte que al final quedó relegado a la misma situación del partido liberal. Como una muestra de la pugna a que se había llegado y de los medios a que se acudía por parte del gobierno, aun en contra de los copartidarios, léanse los párrafos inicial y fiArtífices de la reconciliación partidista y del Frente Nacional: Laureano Gómez, Alberto Lleras, Alfonso López. La foto fue tomada el 6 de • mayo de 1959 durante la concesión de un doctorado honoris causa a López, en la Universidad Nacional.

«Excelentísimo señor Dr. »Roberto Urdaneta Arbeláez. »Encargado de la presidencia de la República. »Señor presidente: »E1 ministro de Gobierno dispuso desde anoche, por circular reservada a los gobernadores, y dio órdenes directas a los censores de la capital de la República, que mi nombre no podría figurar en la prensa hablada o escrita del país, ni siquiera mencionarse en las crónicas sociales de los diarios. Esa consigna oficial comenzó a cumplirse inmediatamente. Ayer fueron desmontadas las páginas de Sábado y otros periódicos, con material ya visado por la censura porque aludían al suscrito y al movimiento conservador que represento... El desenlace que tenga mi vida no me preocupa, porque sé que la he usado noblemente y que mis compatriotas sabrán vengarme. Pero quiero predecir desde ahora, en esta carta privada al más alto funcionario del país, en el evento de que algo me pase, que cualquier atentado contra mi persona tendría el carácter de un crimen oficial. »Gilberto Alzate Avendaño» A finales de 1952, le tocó el turno a Mariano Ospina Pérez. La razón fundamental fue la voluntad de Ospina de aspirar a la reelección presidencial. Su deseo lo hizo público a finales de 1952, cuando recibió el apoyo indirecto de Alzate y su grupo, que tácticamente se adherían a él en vista de que no podían adelantar una campaña y con el objeto de unir fuerzas contra el adversario común que para ese entonces era ya el gobierno de Laureano-Urdaneta. El 5 de abril fue proclamada su candidatura, ante lo cual Laureano Gómez manifestó su disgusto. Eran muchos los aspirantes a la presidencia que estaban más cerca del círculo de gobierno, y entre ellos se citaba insis-

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tentemente a Álvaro Gómez Hurtado y Jorge Leyva. So pretexto de conmemorar la actuación de Ospina el 9 de abril, pero en realidad para hacer un acto de soporte a su candidatura, sus partidarios le hicieron un homenaje en el quinto aniversario del 9 de abril. Éste se celebró el día 11 de abril de 1953 y en su discurso Ospina atacó al gobierno, al cual tildó de totalitario. En ese momento había ya un fuerte sector dentro del partido conservador que impugnaba las ideas que se estaban impulsando en la Constituyente y que iban a conducir a formas corporativas de gobierno. Dirigió Ospina un saludo especial a los militares, dijo que al llegar al gobierno en 1946 había quedado solo, y atacó a Laureano por su actitud el 9 de abril, cuando le sugirió renunciar en favor de una junta militar para luego irse del país dejando solo a Ospina para que cargara con la responsabilidad de la crisis. La réplica violenta de Laureano no se hizo esperar. El 18 de abril, por la Radio Nacional, se dirigió a todo el país y allí hizo un recuento de los acontecimientos políticos a partir de 1930, de su papel de luchador contra la República Liberal y de la posición de Ospina, «mentalidad liberalizante», quien según Laureano sólo apareció a la hora del triunfo. Así describió Laureano al ex presidente Ospina: «[...] Como era, sin duda, una personalidad eminente del partido, donde quiera que había sitios de preeminencia y honor, eran ocupados por él, siempre que no fueran de sudor y de lucha porque esas asperezas repugnaban a sus aficiones habituales. Los copartidarios lo elegían al Parlamento, e intervenía allí en asuntos económicos y cafeteros con maestría y pericia. Nada más. Cuando me era obligado usar la palabra en aquellos debates ardorosos y decididos que requirió la reconquista, como circunstancia obligada e ineludible, me tocó siempre ver la elegante silueta del financiero recogiendo la cartera de los papeles económicos y retirándose del recinto, porque aquella brega repugnaba a sus

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Laureano Gómez, en la era del Frente Nacional.

métodos. Eran los momentos en que podían darse o recibirse heridas y él no sabía estar allí...» Ospina trató de replicar, pero le fue aplicada la censura que él mismo había instaurado contra sus adversarios políticos y entonces tuvo que resignarse a acudir a los mismos métodos a los que en ese momento tenía que acudir toda la

Laureano Gómez en su lecho de muerte: Bogotá, iulio 13 de 1965

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oposición y hacer conocer su pensamiento en comunicados clandestinos, que de mano en mano apenas alcanzaban una modesta circulación. Era evidente que el partido del gobierno estaba roto por sus divisiones y que el

régimen, cada vez más alejado de la opinión pública, iba hacia el desastre, Sólo faltaba algún incidente para que se consumara lo que ya se venía instaurando en la práctica: el poder militar que llenara el vacío de opinión.

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Rojas Pinilla: del golpe de opinión al exilio Álvaro Tirado Mejía

A

mediados de 1953, en Colombia, los partidos estaban destrozados. Los conservadores divididos por tres (laureanistas, ospinistas, alzatistas), los jefes liberales en el exilio y grandes sectores del campesinado liberal en armas. Las energías del gobierno estaban canalizadas para impedir la reelección de Ospina. La próxima reunión de la Asamblea Nacional Constituyente, con el objeto de modificar la Constitución e instaurar un régimen con criterios diferentes a los que históricamente habían regido al país, dividía la opinión. Vastos sectores, entre los que se incluían grupos conservadores, eran opuestos al cambio constitucional. El ejército, que cada vez más había abandonado su función profesional para politizarse y entrar a la contienda civil, también padecía divisiones, pero en general estaba unificado; sin embargo, desde todos los ángulos trataba de manipulársele. Ospina Pérez intentaba valerse de él y participó en los entretelones del golpe, porque acariciaba la idea de que un gobierno militar, en el cual su grupo podría tener una amplia cuota,

permitiría unas elecciones en las que él podría ser presidente. Alzate hacía un cálculo similar y actuaba en consecuencia. Los jefes liberales, desterrados y vacilantes entre la legalidad o el apoyo a un campesinado que estaba levantado en armas para defenderse, veían en la intervención militar la posibilidad de un respiro. Los jefes liberales, confiados en que su partido era mayoritario.» esperaban que una intervención militar sería transitoria y contaban con que al retornar la normalidad institucional volverían al poder. Y, el pueblo, agobiado por la violencia y la falta de garantías, también deseaba un cambio de gobierno. En esas condiciones, lo importante no era el nombre de la persona, y ésta vino a ser Gustavo Rojas Pinilla, a quien las circunstancias fueron llevando hacia el poder. Debido a la pugna política con manifestaciones violentas, el ejército se había venido fortaleciendo desde el gobierno de Ospina. Hubo momentos, durante su gobierno, en los que al amparo del estado de sitio el país tuvo más de doscientos alcaldes militares. En un comienzo, la población veía en el ejército un símbolo de neutralidad. A medida que la policía cambiaba de

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El coronel Gustavo Rojasfiliación política, se conservatizaba y Pinilla con el presidente participaba activamente en la violenMariano Ospina Pérez. cia, la población liberal de las zonas Agosto 7 de 1946.

afectadas pedía la protección del ejército. La situación de guerra en ciertas zonas y el estado de sitio permanente, hicieron que el poder del ejército creciera en efectivos, en recursos y en el control de la población en las zonas de guerra. Además, el ejército se estaba acostumbrando a tener funciones diferentes a las propias y a pensar que el paso siguiente podía ser administrar y gobernar. Gustavo Rojas Pinilla había nacido en Tunja en una familia de clase media. Inició estudios de ingeniería en la Universidad Nacional y luego los terminó en una de tantas universidades de los Estados Unidos. Su carrera militar se interrumpió por un tiempo en el que se dedicó a la colonización. En

la época del conflicto con el Perú se reintegró al ejército bajo las órdenes de Diógenes Gil, el oficial que más tarde intentó un golpe de estado contra López Pumarejo. Con el grado de coronel estaba en Cali cuando los acontecimientos del 9 de abril, y allí se distinguió por la fuerza represiva que utilizó. Debido a la forma violenta como había actuado en el Valle, al presentarse su ascenso que debía ser aprobado por el Senado, los liberales lo negaron en el Parlamento de 1949. En el Valle, Rojas había expedido una orden por la cual en las reuniones políticas los oradores liberales no podían hablar libremente. Como retribución por sus servicios, y en especial los que prestó el 9 de abril, Ospina Pérez lo nombró transitoriamente ministro de Correos y Telégrafos, con lo cual se estableció un vínculo de reconocimiento del militar para con el gobernante, que luego tuvo sus efectos en la pugna de Ospina con Laureano, en los entretelones del golpe de estado del 13 de junio, y en la parte mayoritaria que desde un comienzo el sector ospinista tuvo en el gobierno de Rojas. En abril de 1951, Laureano Gómez reorganizó el estado mayor de las Fuerzas Armadas, unificó bajo un solo mando las tres armas —Tierra, Marina, Aviación— y le agregó la jefatura de la policía. Para ello creó el cargo de comandante en jefe para el cual fue nombrado Rojas. Éste fue enviado a la Junta Interamericana de Defensa y luego, en 1952, al cuartel general de las fuerzas de la ONU en Corea, pero conservando el cargo de comandante en jefe. Estos nombramientos acrecieron su figura ante las tropas, y además le dieron la posibilidad de establecer los necesarios contactos internacionales, especialmente en Washington. A medida que el gobierno se iba alejando de la opinión, se enfrentaba a los liberales y se querellaba con los conservadores, la imagen de Rojas como alternativa iba creciendo. Por ello el gobierno, es decir Laureano Gómez y el presidente encargado, Roberto Urdaneta, trataron de desha-

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cerse de esa figura de prestigio creciente. Primero se nombró a Rojas para que asistiera a la posesión del presidente de Guatemala Jacobo Arbenz, pero en un lugar secundario que desconocía su rango. Rojas no aceptó la misión. Más tarde, se designó a Rojas como delegado en una comitiva que iba a inaugurar un vuelo de Avianca a Alemania. El objeto era alejarlo del país para nombrarle un reemplazo en su ausencia. Rojas, en el último momento, desistió del viaje, y la maniobra no pudo realizarse. Rojas, quien evidentemente no contaba con la simpatía de Laureano ni de su ministro de Guerra José María Bernal, era un hombre del grupo de Ospina. A su vez, Laureano quería promover a un oficial de su grupo que era Régulo Gaitán, ante quien Rojas realizaba también sus maniobras. Según Alfredo Vásquez Carrizosa, quien a la sazón era secretario general de la presidencia, Rojas se opuso a que se firmara el decreto de ascenso de Régulo Gaitán al grado de teniente general, pues ello lo colocaría por encima de él en cuanto a grados: «Remitido del Ministerio de Defensa el decreto con la firma del ministro, un buen día desa-

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pareció del escritorio del secretario general. Bernal preguntaba nervioso a cada momento si el designado ya lo había sancionado y como la respuesta era negativa, el ministro llama al secretario general personalmente para indagar cuál era la situación. Y éste hubo de informarle que no era culpa suya si el decreto se había extraviado. ¿Dónde? ¿Quién había osado ocultarlo? Una rápida encuesta le permitió informar al designado que un oficial de la Casa Militar lo había retirado de orden del general Rojas Pinilla.» (Al-

Octubre de 1952: durante una graduación de pilotos en Cali, Rojas Pinilla acompaña al ministro de Guerra José María Bernal. También en octubre del 52: un brindis entre el ex presidente Ospina v el general Rojas Pinilla. Un mes después sería ascendido a teniente general v comandante de las fuerzas militares.

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El industrial Felipe Echavarría, acompañado de familiares y funcionarios de la empresa Azulejos Corona. Su detención y tortura por orden de Rojas motivó que Laureano Gómez exigiera su renuncia, lo que precipitó el golpe de Estado.

fredo Vásquez Carrizosa, El poder presidencial en Colombia. Bogotá, Enrique Dobry, 1979, pág. 289.) El incidente que aceleró el proceso, o sirvió de pretexto, fue lo acontecido con el industrial antioqueño Felipe Echavarría. Éste se encontraba detenido por orden militar y según todas las evidencias había sido torturado para arrancarle una confesión de conspirar contra las autoridades y de atentar contra Rojas. El 13 de junio de 1953, Laureano Gómez les ordenó a Urdaneta Arbeláez y a Lucio Pabón Núñez, quien para ese entonces era ministro de Guerra, que destituyeran a Rojas y le iniciaran juicio por los atropellos y las torturas a Echavarría. Ambos se negaron aduciendo que ése no era el procedimiento y que si obraba así Rojas se tomaría el poder. En esas circunstancias, Laureano reasumió la presidencia y nombró como ministro de Guerra a Jorge Leyva y como comandante del ejército a Régulo Gaitán. Luego dejó el palacio presidencial y se fue para su casa. Mientras tanto, Rojas fue avisado por algunos oficiales, volvió de Melgar en donde se encontraba descansando y se dirigió al palacio presidencial para pedir a Urdaneta que se encargara del mando, pues él lo respaldaría. Urdaneta no aceptó y entonces Rojas tomó

el gobierno. Ospina y Alzate, que habían estado presentes en todas las negociaciones, apoyaron el golpe. Al repartirse los ministerios y los cargos, Ospina quedó con la parte del león! Alzate, a quien no le gustó el ministerio que le ofrecieron, no aceptó, y se quedó a último momento por fuera del gobierno. Mientras tanto, Lucio Pabón Núñez, que había sido un protegido de Gómez y que ahora apoyaba el golpe, preparó la alocución que en las horas de la noche leyó para todo el país Gustavo Rojas Pinilla, desatando el gozo frenético de la población que celebró el acontecimiento al grito de «cesó la horrible noche». El país descansó y todos los grupos, con excepción de los laureanistas y del partido comunista, apoyaron a Rojas. En la creencia de todos los dirigentes estaba la idea de que su gestión sería breve y que al poco tiempo iba a retornar la normalidad institucional. Esta idea de la brevedad contribuyó al apoyo masivo que le brindó a Rojas el sector político dirigente. Como estaba previsto, la Asamblea Nacional Constituyente se reunió dos días después, el 15 de junio, y el proyecto de nueva constitución fue abandonado. El 18 de junio, un acto legislativo de esa corporación legitimó a Rojas como presidente hasta el 7 de agosto de 1954. Una Asamblea Nacional Constituyente de bolsillo El acto legislativo por el cual se nombró a Rojas presidente en 1953, para que terminara el período hasta el año siguiente, no tenía ninguna base jurídica puesto que la elección no era por el voto popular y la ANAC, además, sólo tenía funciones constituyentes según su convocatoria original. Sólo el alivio que produjo el fin del anterior gobierno entre la opinión pública hizo pasar como superflua esa quiebra de la vida institucional. Alborozados los liberales por el respiro que tenían después de un lustro de persecución, por boca de uno de sus jefes, el jurista Darío Echandía, aceptaron el hecho sin

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darle el nombre de golpe de cuartel y antes por el contrario llamándolo «golpe de opinión». En el texto del acto legislativo se expresaba que había quedado «vacante el cargo de presidente de la República» y se abría la posibilidad de la reelección al expresar que «sí no se pudiere efectuar la elección del presidente de la República para el próximo período en la fecha señalada por la ley, porque a juicio del gobierno no existieren las condiciones adecuadas para garantizar la libertad y la pureza del sufragio, el gobierno podrá señalar nueva fecha para hacerla, o convocar a la Asamblea Nacional Constituyente para que ella lo elija y continúe en ejercicio de su cargo el actual presidente de la República, hasta la fecha en que tome posesión la persona que lo haya de suceder». En vista del rechazo que existía contra los proyectos de la ANAC, prontamente el gobierno creó una nueva Comisión de Estudios Constitucionales, el 2 de julio de 1953. En ésta había representación liberal, aunque minoritaria. Se instaló el 1.° de diciembre de 1953 y ese mismo día tres miembros de la Constituyente presentaron un anteproyecto de reforma de carácter moderado. El 8 de mayo de 1954 se envió al gobierno el texto de la propuesta de reforma. En ésta contemplaba la creación de un Consejo Económico Nacional, se omitía el artículo 13 del proyecto anterior sobre la categoría de traidor a la patria para quien en el exterior criticara al gobierno, se fortalecía el principio del habeos corpus, se mantenía la responsabilidad presidencial, se volvía al sufragio universal y se ampliaban aún más las prerrogativas de la Iglesia. Como en el caso del anterior gobierno, este proyecto tampoco fue estudiado por la ANAC. En 1954, la ANAC, por acto legislativo n.° 1 del 30 de julio, autorizó a Rojas para aumentar en cuarenta miembros el personal de la asamblea, treinta y ocho elegidos por él y dos por la Iglesia. Ésta se abstuvo de nombrar sus delegados. El objetivo de este acto

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obsecuente era permitir a Rojas conformar una mayoría tendiente a su reelección. Para los departamentos y municipios, la ANAC creó, en lugar de asambleas y concejos de elección popular, los consejos administrativos nombrados por el presidente. Prohibió también, por disposición elevada a norma constitucional, las actividades políticas de los comunistas. Prolongó sus sesiones hasta el 7 de agosto de 1958, y reconoció la plenitud de los derechos de la mujer, lo que implicaba su derecho al sufragio. Sin embargo,

13 de junio de 1953: el teniente general Gustavo Rojas Pinilla da lectura

a su proclama, después de asumir el poder. Sentados, a su lado, aplauden Lucio Pabón Núñez, ministro de Gobierno, Ospina, y el general Gustavo BerríoM., ministro de Guerra. En el palacio de la Carrera, la noche del 13 de junio, el general rodeado de simpatizantes.

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el orden jurídico de acuerdo con posiciones extrañas a la tradición democrática del país, se convirtió en obsecuente servidora del dictador, cumpliendo funciones ajenas a su convocatoria original y terminó como una simple institución de bolsillo del general Rojas.

Gustavo Rojas Pinilla y Mariano Ospina Pérez en la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, ANAC, el lo. de diciembre de 1953. Convocada por la legislatura de 1952 y sancionada por Urdaneta el 9 de diciembre de ese año, debía reunirse el 15 de junio de 1953. El día 18 legitimó la presidencia de Rojas para terminar el período de Laureano Gómez, hasta agosto 7 de 1954. Luego lo reeligió por un cuatrienio más.

Rojas y las Fuerzas Armadas

esta norma no tuvo aplicación, porque durante su gobierno Rojas no permitió elecciones. El 3 de agosto de 1954, Rojas fue reelegido por la ANAC, hasta el 7 de agosto de 1958. La ANAC se volvió a reunir en octubre de 1956, por un corto período en el que de nuevo autorizó a Rojas para elevar el número de sus miembros. El 20 de marzo de 1957, en el ocaso del régimen, la ANAC, con su nueva composición, volvió a reunirse bajo la presidencia de Lucio Pabón Núñez. Convocó otra Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa y en un acto servil autorizó a Rojas para que anunciara su composición. Antes de disolverse, por última vez, se reunió el 8 de mayo de 1957 para decretar, por setenta y seis votos contra uno, la nueva reelección de Rojas para el período de 1958-1962. Sin embargo, los acontecimientos no permitieron que ese deseo se plasmara y Rojas tuvo que abandonar el país antes de terminar su segundo mandato. Así, la Asamblea Nacional Constituyente creada en el gobierno de Laureano para modificar

Sobre la caracterización del gobierno de Rojas se ha presentado cierta discusión. Con base en la misma propaganda del régimen, se dice que fue un gobierno de las Fuerzas Armadas. Otros lo comparan simple y llanamente con las dictaduras militares que asolaron al continente por la misma época y que en forma más o menos coetánea fueron derrocadas. Tales los casos de Perón, Pérez Jiménez, Odría, Batista, etc., aunque en honor a la verdad es necesario decir que ante estas y otras dictaduras como la de Trujillo, el régimen de Rojas fue menos opresivo. Algunos autores como Carlos Restrepo Piedrahíta dicen que no se trató de un gobierno militar sino de una «especie castrense de gobierno conservador». Esto se comprobaría porque Rojas fue ante todo un militante del partido conservador que siempre acudió a un grupo numeroso de ministros y altos funcionarios civiles de ese partido. El primer gabinete que nombró Rojas estaba integrado por civiles conservadores y tres militares en las carteras de Guerra, Agricultura y Comunicaciones. Esta proporción la mantuvo más o menos estable durante todo su gobierno y, por supuesto, lo distanció del partido liberal, que tras el respiro inicial propiciado por la apertura, no podía concebir que se persistiera en las prácticas exclusivistas que habían producido el golpe de estado. Sin embargo, el estamento militar fue tomando cada vez más el poder en la medida en que Rojas iba perdiendo opinión y los militares se constituían en la principal fuente de apoyo organizado. Con el objeto de conservar el

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respaldo militar, Rojas lo fue colmando de beneficios y prerrogativas que iban desde la construcción del Club Militar en Bogotá, uno de los más lujosos en Latinoamérica, hasta bonificaciones por el servicio en estado de sitio, facilidades en los comisariatos y los privilegios inherentes a ciertos cargos administrativos que paulatinamente se le fueron otorgando. Un aspecto central fue el aumento en el presupuesto militar y la compra de armamentos y dotaciones en una proporción que no se había contemplado antes. Al amparo de la situación de orden público y del estado de sitio, las Fuerzas Armadas crecieron de 14.000 hombres en 1948 a 32.000 hacia 1956. El presupuesto militar, que en 1951 era 2,2 veces el de educación, subió en 1955 a 3,8 veces, y esto sin contar con la suma que separadamente se destinaba a la policía, para esa época ya incorporada a las Fuerzas Armadas. Según Carlos Horacio Urán, el presupuesto de las Fuerzas Armadas aumentó más del 77 % durante 1953. y en ese año sus gastos representaron casi la tercera parte de los gastos del Estado. En 1954 las inversiones en defensa y seguridad alcanzaron el 28,2 % del total de los egresos gubernamentales, sin contar lo que en realidad se destinaba a ese propósito bajo el rubro del Ministerio de Obras Públicas, que estaba bajo la dependencia del almirante Rubén Piedrahíta. Mucho se ha hablado de la influencia peronista en el gobierno de Rojas y esto fue explotado en su contra por sus impugnadores, especialmente por la Iglesia que, luego de apoyar a Rojas en un todo, comenzó a tomar sus distancias. La afirmación se basaba en varios hechos, como la visita de María Eugenia Rojas, la hija del general, a la Argentina de Perón en 1954, en compañía del general Alfredo Duarte Blum. Es interesante anotar que en esa época el embajador colombiano era el político liberal Abelardo Forero Benavides, decidido colaborador del régimen de Rojas, por lo cual, con los

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otros liberales que apoyaron al general a lo largo de su mandato, recibió el nombre de «lentejo». Forero Benavides, ya desde el inicio del gobierno de Rojas, invitaba a mirar con atención, para seguirlos, aspectos de la política de Perón. Así escribía el 1.° de agosto de 1953: «Una nación del sur, la Argentina, activa constantemente su política de relación con los pueblos hermanos. El general Perón no ha abandonado un solo instante

En el balcón del palacio de la Carrera, saludando la manifestación en su honor, el 14 de junio de 1953. Abajo, con su gabinete del 7 de agosto de 1954: Henao, Rivera Valderrama, Caicedo Ayerbe, Berrío, París Gardillo, Pabón Núñez, Sourdís y Régulo Gaitán.

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veían en las actividades de María Eugenia una copia de las que en Argentina había desarrollado Eva Perón. Además, la creación en Colombia, con el apoyo del gobierno de Rojas, de una central obrera vinculada a la organización que internacionalmente controlaban los peronistas, fue otro indicio de dicha influencia. En 1953 se organizó la Confederación Nacional del Trabajo, CNT, con el respaldo moral y financiero de la Agrupación de Trabajadores Latinoamericanos Sindicalizados (ATLAS), que estaba controlada por el peronismo. El gobierno de Rojas le concedió personería al año siguiente, con la ayuda del ministro de Trabajo, Aurelio Caicedo Ayerbe, quien directamente redactó sus objetivos doctrinales y sus metas. La respuesta de la jeCapitán Rubén Piedrahítaeste aspecto de su posición. Y no verarquía eclesiástica en contra de ella Arango, ministro de mos la razón para pensar que Colom- no se hizo esperar, porque ya Perón Obras de Rojas desde estaba enfrentado a la Iglesia de su agosto de 1974; después bia tenga menos antecedentes de respaís pero, sobre todo, porque una representaría a la Armadapetabilidad y menos elementos de en la Junta Militar de prestigio, para seguir un programa nueva central sindical, cuando la CTC 1957. que le haga crecer su influencia mo- estaba prácticamente extinguida por la ral.» (Abelardo Forero Benavides, Un represión, quebrantaba el control que testimonio contra la barbarie política. la jerarquía eclesiástica ejercía sobre Bogotá, Editorial Los Andes, página la UTC. Además, la CNT estaba colaborando activamente en la forma116.) ción de un nuevo movimiento político Por su parte, ciertos gaitanistas que cabalmente fueron luego colaborado- de apoyo a Rojas, el MAN (Movires de Rojas, como Darío Samper, miento de Acción Nacional) y esto cuando al enfrentarse a la dirección de eventualmente podía favorecer un insu partido buscaban una colaboración tento del general para desligarse del con el gobierno de Laureano, alaba- apoyo que en ese momento le,brinban a Gilberto Álzate Avendaño por daban el partido conservador y la jesus posiciones populares que según rarquía eclesiástica. El 26 de febrero ellos lo acercaban al peronismo. Así, de 1955 se programó una manifestaen 1951, descubrían en Alzate un po- ción popular de apoyo a Rojas, prosible Perón colombiano: «Si la Revo- piciada por el MAN, que había surlución nacional de Alzate toma la vía gido por el descontento de algunos pode la renovación y la justicia peronis- líticos de los dos partidos tradicionales tas, por ejemplo, es innegable que es- que querían apoyar a Rojas y de un tamos en vísperas de nuevos reagru- grupo de socialistas. La CNT le dio su pamientos políticos en Colombia», de- apoyo a la manifestación, en cuya concía Jornada del 8 de noviembre de vocatoria se llamaba a un frente con1951. La creación de SENDAS (Se- tra las oligarquías. Este término que cretaría Nacional de Asistencia Social) rememoraba las arengas de Gaitán en 1954, y la activa participación que asustó a las clases altas y al mismo Roen ella tuvo María Eugenia Rojas, jas quien, atemorizado y con el objeto contribuyeron a afirmar la especie del de evitar enfrentamientos con la Igleperonismo rojista, porque muchos sia y el establecimiento político, pro-

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hibió la manifestación, Con esta medida el MAN murió. La amnistía Cuando se conoció el cambio de gobierno, las gentes descansaron. El país se distensionó y surgieron las expectativas. Afortunadamente para el gobierno que se iniciaba, la situación económica, a diferencia de la política que dejaba el antiguo régimen, era muy positiva. Colombia estaba dentro de la ola de prosperidad económica que envolvió al mundo occidental después de la guerra, la industria crecía, la agricultura se desarrollaba a medida que la violencia despoblaba los campos, y el café, que proporcionaba el 80 % de las divisas, se cotizaba a unos precios altos no registrados antes. El problema más grave que tenía el país era la violencia y a resolverlo se encaminaron desde el primer momento las energías del general Rojas. El éxito inmediato fue palpable, y las gentes llamaban al gobernante el presidente de la paz. El gobierno procedió a decretar la amnistía para los guerrilleros, a quienes se dio tratamiento político. Ahora ya no se les denominaba bandoleros como lo hacía el anterior gobierno. Miles de campesinos de los Llanos, de Antioquia, del Tolima y de otras zonas se presentaron a las autoridades para deponer las armas y reintegrarse a la vida civil. La prensa internacional dio testimonio gráfico de las ceremonias de entrega de las armas y vastas zonas geográficas poco a poco recobraron la tranquilidad. En los Llanos orientales, Rojas cobró gran prestigio por su política de paz, hasta el punto de que su viaje a esa región, en enero de 1955, fue todo un éxito y tuvo gran reconocimiento de la población. En Yopal fue recibido por mil llaneros montados a caballo y en Tame la recepción fue encabezada por Guadalupe Salcedo, el antiguo líder guerrillero, quien con sus hombres hizo guardia de honor. Sin embargo, a finales de 1953, volvió a recrudecerse la violencia en cier-

tos departamentos como el Tolima, que fue decretado «zona de guerra» en marzo de 1954. Rojas culpó a los comunistas por esta situación. En marzo de 1955 se dio el combate de Villarica, Tolima, y el gobierno declaró el área «zona de operaciones militares». En abril la situación se deterioró tanto que el ejército utilizó bombarderos. Era evidente que la pacificación con todos sus efectos benéficos dejaba de cubrir a todo el país y que a partir del

Matrimonio de María Eugenia Rojas Correa con Samuel Moreno Díaz, en el palacio de San Carlos, el 12 de febrero de 1955. María Eugenia, desde la Secretaría Nacional de Asistencia, Sendas, creada para ayudar a los damnificados de la Violencia, fue figura importante para la imagen del régimen.

General Arturo Charry: en el primer gabinete de Rojas desempeñó la cartera de Agricultura y se encargó varias veces de la de Guerra. Para impulso del agro, Rojas creó el Banco Cafetero y el Instituto de Fomento Tabacalero.

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Estampilla de correos conmemorativa de la inauguración de Acerías Paz del Río en octubre de 1954, presidida por el general Rojas.

ron en protesta. Rojas les aceptó la renuncia colectiva y dijo que otros organismos debían proceder en igual forma, por lo cual renunciaron también seis miembros de la Corte Suprema del Trabajo y cuatro consejeros de Estado. Por medio del decreto 3110 del 27 de noviembre de 1953, Rojas reemplazó la anterior Corte por una paritaria liberal-conservadora, ante el rechazo de sectores conservadores que no estaban de acuerdo con perder la hegemonía de que disfrutaban, y ante el apoyo de los libérales que celebraban burocráticamente la medida, hasta el punto de no reparar en el origen del nombramiento. La muerte de los estudiantes en Bogotá

primer año de gobierno, a los múltiples elementos de conflicto y oposición a su régimen, Rojas tuvo que agregar el de un movimiento guerrillero que no pudo doblegar. Comienzan los conflictos El primer año de gobierno fue un lecho de rosas para Rojas. Muy pocos presidentes en la historia del país habían contado con tanto apoyo como él, lo cual le permitió sortear los primeros escollos sin dificultad. El primer roce lo tuvo con el poder judicial, y más concretamente con la Corte Suprema de Justicia, que sintió invadida su esfera porque se quebrantaba la tradicional independencia entre las diferentes ramas del poder público. El 4 de noviembre de 1953, un juez penal concedió la libertad incondicional a Felipe Echavarría, con base en que su testimonio había sido obtenido con coacción por torturas. El 11 de noviembre, desde Cartagena, donde se encontraba para celebrar las fiestas de la ciudad, Rojas hizo un fuerte ataque a la rama judicial. El 13 de noviembre, dieciséis miembros de la Corte Suprema de Justicia renuncia-

El primer choque fuerte con la opinión pública, aunque todavía no con los partidos, fue motivado por la masacre de nos estudiantes que protestaban en la ciudad de Bogotá. Cuando estaba ya para celebrarse el primer aniversario de la toma del poder, el 8 de junio de 1954, fue muerto un estudiante. al regreso del cementerio, a donde había ido en manifestación estudiantil para conmemorar la muerte de otro estudiante asesinado en las postrimerías del gobierno de Abadía Méndez. Al día siguiente, en pleno centro, uña patrulla del ejército disparó contra una manifestación estudiantil que protestaba por el asesinato del día anterior, dejando un saldo de 8 muertos y mas de cuarenta heridos. Con ese atropello, el gobierno de Rojas se enajenó la simpatía de los estudiantes, que vinieron a convertirse en un organizado y poderoso gremio que luego contribuyó a su caída. Asimismo, amplios sectores de opinión comenzaron a darse cuenta de los medios autoritarios empleados por el régimen y en consecuencia comenzaron a alejar sus simpatías de él. Esa misma noche, Lucio Pabón Núñez, ministro de Gobierno, culpó de los hechos a los comunistas y al día siguiente, en una acción arbitraria y tonta, la policía de-

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tuvo a más de doscientas personas en Bogotá, entre ellas al ex rector de la Universidad Nacional, Gerardo Molina, y al intelectual socialista Antonio García. El 12 de junio, en su primera alocución nacional en un año, Rojas comunicó al país que se haría una severa investigación, que a la postre se diluyó. Culpó de los hechos a agentes provocadores y se refirió, al apoyo que en esas circunstancias le brindaron los dirigentes del partido liberal y del conservador. En señal de luto, anunció la cancelación de las celebraciones del primer aniversario de su llegada al poder.

El general Alfredo Duarte Blum y Guadalupe Salcedo, poco después de • decretada la amnistía a los levantados en armas. Salcedo recibiría a Rojas, cuando este visitó Yopal y Tame, en los Llanos, en enero de 1955.

La batalla con la prensa El país vivía la mordaza de prensa desde las postrimerías del gobierno de Ospina Pérez, de suerte que Rojas se encontró con una situación dada. Cuando el 2 de octubre de 1953, durante la celebración del Primer Congreso de Prensa, se levantó la censura mientras duraba el sevento, se .notó cierto respiro. Además, y gracias a la situación de distensión que se vivía en los primeros meses del gobierno de Rojas, se estableció un pacto de caballeros para que los mismos directores hicieran una especie de autocensura y evitaran los roces. Sin embargo, el 6 de marzo de 1954, se ordenó por decreto que todos los periódicos del país debían «ceñirse al relato de los hechos» y evitar la interpretación. Además, se castigaba con prisión de seis meses a dos años el «transmitir, escribir, editar, ayudar a editar, o distribuir escritos o publicaciones clandestinas en que se insultase a las autoridades legítimamente constituidas». El 15 de marzo, el gobierno cerró La Unidad, un semanario editado en Bogotá y dirigido por Belisario Betancur, por publicar un manifiesto de Luis Ignacio Andrade que atacaba al gobierno. La formación autoritaria de Rojas y su vida dedicada a la milicia en la que simplemente se dan o se reciben órdenes sin que puedan discutirse, hacía que el general no se adecuara al juego

propio de la prensa en circunstancias democráticas y que fuera especialmente sensible a cualquier comentario en su contra o que no estuviera de acuerdo con su forma de pensar o actuar. Rojas, que no poseía un medio de difusión propio, se expresó sobre la prensa un año después de tomarse el gobierno, en el discurso que pronunció el 7 de agosto, ante la ANAC, cuando ésta lo reeligió para la presidencia de la República. Dijo que en

Represión a una manifestación estudiantil el 8 de junio de 1954, con saldo de un muerto. Al día siguiente serían 8 muertos y más de 40 heridos. Amplios sectores de opinión comenzaron a retirar su confianza al régimen.

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Colombia se había establecido «un fuero especial para los periodistas, que en muchos casos es la libertad de delinquir sin sanción alguna..., en este caso reina la impunidad más absoluta, debido a que las leyes son inoperantes. Esta prensa irresponsable ha venido minando sucesivamente todos los pilares de la sociedad». En septiembre de 1954, y a medida que se comenzaba a romper la opinión casi unánime que lo rodeaba, dictó un decreto sobre injuria y calumnia. Poco después, el 25 de noviembre del mismo año, promulgó el estatuto de radio, por el cual se reglamentaba la transmisión de informaciones; y al año siguiente, el 1 de marzo, creó el radioperiódico Actualidad Nacional, como una réplica «contra la dictadura de los periódicos» y «contra el despotismo de la impresión». En esa misma semana, el 1 de marzo de 1955 expresó Rojas: «Los periodistas son pagados y defienden los intereses de quienes los pagan [...], solamente el jefe del Estado representa la opinión pública y él es el único autorizado a hablar en su nombre.» El 11 de noviembre de 1954, El Espectador informó de un enfrentamiento entre el ejército y las guerrillas en Génova, Caldas, que dejó un saldo de treinta muertos. Alberto Galindo, quien laboraba en El Tiempo, censuró esta masacre y criticó al ejército por su actuación. Impugnó a éste porque «han existido comisariatos o cooperativas militares en las cuales se venden (al ejército) toda clase de artículos a precios mucho menores que los costos». Criticaba, además, la práctica de que bajo el estado de sitio el tiempo de servicio se doblaba para los militares. Los comandantes del ejército, la marina, la policía y la fuerza aérea, demandaron a Galindo y a El Tiempo por calumnia. En un comunicado conjunto, los oficiales condenaban categóricamente «la campaña tendenciosa y subversiva contra el orden público adelantada por cierta prensa escrita y hablada contra el pueblo colombiano».

Pero fue a partir de 1955, a medida que se polarizaban las fuerzas, cuando la batalla por la prensa y la libre información comenzó a librarse con todo vigor. Con el objeto de contar con versiones oficiales, en marzo de ese año, el gobierno dictó un decreto por el cual se obligaba a todas las emisoras a dedicar un espacio gratuito a las noticias oficiales. Al mes siguiente se dictó un decreto que establecía pena de prisión, de dos a cinco años, para quienes difamaran a los militares. Y en ese mismo mes de abril, los editores de Diario del Pacífico fueron arrestados por unos días, el Diario del Quindío fue severamente censurado y el periódico La República de Bogotá fue suspendido temporalmente por publicar detalles sobre la violencia en el Tolima. Durante su visita a Ecuador, en agosto de 1955, en una entrevista en Quito, Rojas acusó a El Tiempo y El Espectador de aprovecharse políticamente de la muerte de unos periodistas asesinados en el departamento de Caldas. El 2 de agosto, Roberto García Peña, director de El Tiempo, refutó en un cable, que fue publicado en la prensa de Quito, las apreciaciones de Rojas. Al día siguiente, el gobierno trató de obligar a El Tiempo a que durante treinta días publicara la versión gubernamental sobre los hechos. Como el director se negó, la sede fue allanada y el periódico fue suspendido. Para llenar la ausencia de El Tiempo, El Espectador, que se publicaba en la tarde, anunció la intención de hacer una edición por las mañanas, para lo cual inició las gestiones legales sin que hubiera sido posible encontrar cuáles eran éstas, debido a las triquiñuelas gubernamentales. En ese mismo mes fue suspendida la circulación de publicaciones internacionales como Time y Visión, lo cual había sucedido ya durante el período de Gómez. Debido al hostigamiento, El Espectador tuvo que dejar de editarse, y en su lugar apareció El Independiente, el 20 de febrero de 1956. En ese mismo mes apareció El Intermedio en lugar de El

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Tiempo. El Colombiano de Medellín, por haber sido el único diario que publicó información sobre la masacre de la plaza de toros, fue sometido a una estricta censura previa que prácticamente le impedía funcionar. La misma suerte corrieron muchas publicaciones que fueron censuradas o clausuradas. Como elemento de presión, el gobierno creó la Empresa Nacional de Publicaciones (ENP) que con criterio discriminatorio decidía sobre la importación de papel. El 23 de agosto de 1956 comenzó a circular el Diario Oficial, no ya sólo para dar cuenta de los decretos y de las leyes, sino como publicación amplia que presentara el punto de vista gubernamental sobre los acontecimientos. El periódico, ampliamente subvencionado, se sostenía fundamentalmente con la propaganda de las empresas oficiales y su precio al público era más bajo que el de los otros diarios. Las relaciones con la Iglesia Ante el receso forzoso de los partidos y el cierre de la vida institucional, la Iglesia católica había cobrado un papel aún mayor en la política y, en la pugna entre las diferentes fracciones conservadoras gobernantes había vuelto a desempeñar un papel similar al que tuvo durante el gobierno de Abadía Méndez. Por eso fue tan definitivo e importante el apoyo que la Iglesia le brindó desde un comienzo al gobierno de Rojas, por boca del arzobispo primado de Bogotá, Crisanto Luque, el primer cardenal que tuvo el país. Al igual que la mayoría de los estamentos e instituciones, la Iglesia aceptó el golpe de estado y a través del cardenal dijo que la autoridad de Rojas debía ser reconocida y obedecida. Dos meses después del golpe, en una carta que el arzobispo primado envió a Laureano Gómez, en agosto, a su exilio en España, decía: «En cuanto puedo conocer la opinión pública en su auténtica realidad, tengo la impresión de que el sentir general es que la situación jurídica del nuevo gobierno

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fue regularizada por la Asamblea Nacional Constituyente, y tal es también mi convicción personal.» Por el momento existía un elemento adicional que explicaba el apoyo, y éste era la campaña antiprotestante en la que se embarcó el gobierno desde un comienzo. En realidad, ya desde la administración de Laureano, y especialmente durante el mandato del presidente encargado, Urdaneta Arbeláez, los protestantes habían sido perseguidos, por lo cual las Iglesias de los Estados Unidos habían expresado su inconformidad. El 3 de septiembre, poco después de tomarse el poder, Rojas ordenó a los gobernadores que frenasen las prácticas religiosas no católicas (en realidad las protestantes)

Visita del presidente Rojas a José María Velasco Ibarra, mandatario del Ecuador, el 30 de julio de 1955. Los acompañan Carola Correa Londoño, María Eugenia Rojas y Samuel Moreno Díaz.

El cardenal Crisanto Luque Sánchez y el general Rojas en 1957. La Iglesia apoyó al gobierno militar, pero no la creación de la Tercera Fuerza como partido obrero, ni las muertes de estudiantes, ni el atropello de la Plaza de toros de Santamaría.

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en los denominados Territorios Nacionales. De acuerdo con un convenio firmado entre el Vaticano y el gobierno colombiano, se impidió que los protestantes pudieran predicar en dichas áreas, que abarcaban una tercera parte de la superficie del país. Y tanto el Colegio Americano de Bogotá como el de Barranquilla, fueron amenazados con la pérdida de la licencia de funcionamiento si no abandonaban la coeducación, por lo cual, los directivos tuvieron que colocar a las mujeres en un piso y a los hombres en otro. El 28 de enero de 1954, Lucio Pabón Núñez, ministro de Gobierno, envió una circular en la que se decía: «[...] 3. Los nacionales y extranjeros no católicos residentes en Colombia, sean ellos ministros, pastores o simples fieles, no pueden desarrollar ninguna acción proselitista pública ni emplear medios de propaganda fuera del recinto donde se verifique el culto», pues, según el convenio de 1953, los ministros protestantes no podían «ejercer labor misional pública ninguna, ni labor educativa, excepto para hijos de extranjeros no católicos». El cardenal Crisanto Luque, por carta del 31 de enero de 1954, felicitó al gobierno por esta circular y pidió que lo establecido en ella fuera elevado a la categoría de precepto constitucional. En el contexto de violencia que volvía a aparecer en ciertas zonas, el gobierno de Rojas comenzó a asimilar al protestantismo con la subversión y el comunismo. Así, en 1956, el Ministerio de Educación reiteró la prohibición de hacer proselitismo protestante, aduciendo que tal actividad abría el camino para la infiltración comunista. En el mensaje de año nuevo de 1956, Rojas expresó que a la guerrilla se le había incautado correspondencia en la que había propaganda protestante y comunista. Y el 17 de agosto de ese mismo año, Rojas anunció la publicación del Libro Rojo de Colombia y prometió revelar los «verdaderos culpables» de la situación de violencia. Dijo: «Probaremos dos cosas: una propaganda comunista y una propa-

ganda protestante. Es decir, parece que los comunistas han entendido que, para cumplir sus planes, deben primero vencer las creencias religiosas del pueblo. Ésta es la mejor interpretación de los hechos.» Estas posiciones tuvieron amplia repercusión internacional, suscitaron la protesta de las asociaciones de iglesias de los EE.UU. y Europa, contribuyeron a aislar al gobierno de Rojas de la opinión internacional e incidieron notablemente en el desenlace final de la dictadura. En la medida en que la situación política se deterioraba, que los diferentes sectores sociales entraban en confrontación con el gobierno, que éste se iba aislando de la opinión y recurría a medidas cada vez más autoritarias, la Iglesia comenzó a tomar sus distancias hasta constituirse en una pieza fundamental para la caída de Rojas. El primer roce público se presentó con motivo del juramento que Rojas hizo en 1956 a las Fuerzas Armadas y al pueblo en la ceremonia conmemorativa del 13 de junio, en la que se lanzó la Tercera Fuerza como movimiento de apoyo político a la dictadura. En aquella ocasión, tercer aniversario de la toma del poder, desde temprano fueron enviados a la plaza de Bolívar destacamentos del ejército, la fuerza aérea y la marina. La plaza estaba adornada con estandartes y carteles que mostraban un fusil y una pala entrecruzados, con el lema «PuebloEjército-Tercera Fuerza». Al pie de la estatua de Bolívar había un crucifijo y ocho urnas que según se decía contenían las cenizas de colombianos muertos en la guerra de Corea y en la guerra interna. Rojas, quien estaba en una plataforma cerca al crucifijo, tomó un juramento a la multitud en nombre de Cristo y de Bolívar. La base de la Tercera Fuerza, nombre que daba el gobierno al movimiento, serían el ejército y los trabajadores, y el saludo adoptado consistía en estrecharse la mano por encima de las cabezas, lo cual significaba la unidad entre el ejército y los ciudadanos. El mo vimiento era una respuesta al frente

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civil que se iba conformando en contra del gobierno militar. La jerarquía no estuvo conforme con dicha ceremonia, que implicaba la participación de sectores socialistas, de antiguos dirigentes de la CTC y de sindicalistas vinculados al peronismo. En consecuencia, impugnó la utilización de símbolos religiosos por el gobernante y el juramento que había tomado a los concurrentes. Ya desde principios de ese año, se habían evidenciado los primeros síntomas de distanciamiento entre la jerarquía y el gobierno. El primero de ellos fue con motivo de la masacre de la plaza de toros en Bogotá. Sucedió que el 26 de enero de 1956, cuando apareció en los tendidos Alberto Lleras, que ya se perfilaba como uno de los dirigentes de la coalición antidictatorial, la multitud lo aplaudió frenéticamente. Por el contrario, cuando llegaron María Eugenia Rojas y su esposo Samuel Moreno Díaz, fueron recibidos con una estruendosa rechifla. En esa ocasión, El Catolicismo, órgano periodístico de la Curia, protestó por el desacato a la hija del presidente. Una semana después, el sábado 5 de febrero, áulicos de la dictadura estratégicamente situados en las graderías iniciaron una carnicería contra quienes en la plaza quisieron repetir la escena anterior de rechifla o, incluso, contra quienes no vivaban al gobierno. Los matones procedieron con cachiporras y otro tipo de armas, y el saldo, que con gran escándalo registró la prensa internacional, fue de 8 muertos y 112 heridos, según la revista Visión, que no pudo circular en el país. Es muy probable que estos hechos sangrientos no hubiesen contado con la aquiescencia de Rojas y su familia y que se debieran a áulicos fanatizados ansiosos de hacer méritos, pero de todas maneras, el efecto político para el gobierno fue desastroso, pues confirmó ante la opinión internacional y la ciudadanía el carácter autoritario y represivo del régimen. En esta ocasión, El Catolicismo protestó por el atropello a la ciudadanía y esto evidenció,

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si no una ruptura, un primer distanciamiento entre la jerarquía y el gobierno. Luego, a medida que la situación política cambiaba y que crecía en audiencia el frente civil de oposición, la Iglesia rompió sus vínculos con la dictadura y participó activamente en la resistencia, hasta el punto de que fue uno de los elementos decisivos para la caída de Rojas. En las postrimerías de este gobierno, el 30 de abril de 1957, el cardenal Luque expidió una carta pastoral que significaba la deslegitimación del gobierno y equivalía, en un sentido contrario, a aquella por la cual había declarado válido el golpe de estado. Este documento fue decisivo en contra de Rojas, así como lo fue la valiente actitud de gran número de prelados y sacerdotes que protegieron de la represión a muchas personas que luchaban contra la dictadura. La obra de Rojas Es evidente que Rojas no tenía unas concepciones claras y precisas sobre el manejo del Estado, y mucho menos acerca de la manera como iba a dirigir la economía. Lo que lo guiaba eran unos principios generales sobre lo que él creía que era el bien común, dentro

Inauguración de la televisión en Colombia, con una transmisión desde el Salón Bolívar del palacio de San Carlos, 13 de junio de 1954.

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Durante una manifestación de apoyo al régimen, el balcón del palacio de la Carrera adornado con la bandera de Sendas, creado en septiembre de 1954. Se distingue el general Gabriel París, Pabón Núñez, la familia presidencial, Evaristo Sourdís, y el general Gustavo Berrío.

del marco de una concepción autoritaria y marcadamente conservadora, de la cual nunca salió. En junio de 1954, la revista Economía Colombiana definía lo que podrían ser las metas del régimen: el fin de la lucha de clases; la formación de sindicatos apolíticos; un programa agrario en beneficio del campesino, que incluía el desarrollo de zonas retrasadas, la mejora de las condiciones del agricultor mediante programas de educación, la modernización de la agricultura, y la protección de los pequeños negocios. Rojas procedía de un medio rural y sus actividades económicas estuvieron ligadas a la actividad agropecuaria como terrateniente. De allí su escaso interés por otras actividades, e incluso su resistencia y antipatía contra quienes dirigían otros sectores económicos como la industria y las finanzas. En sus políticas económicas, fundamentalmente pensó en el agro, y los mayores enfrentamientos los tuvo con los grandes capitalistas industriales, bancarios y comerciales que a la postre determinaron su caída. En beneficio de los sectores agrarios creó el Banco Cafetero por decreto

2314 del 4 de septiembre de 1953; autorizó al Instituto de Fomento Algodonero para constituir el Fondo Nacional del Algodón por el decreto 0455 del 2 de marzo de 1956; autorizó al Banco Ganadero para que pudiera desarrollar todas las actividades de los bancos comerciales y para que fuera accionista del Banco de la República por medio del decreto 0921 del 20 de abril de 1956; aumentó el capital de la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero, por el decreto 451 del 2 de marzo de 1956; en 1954 creó el Instituto Nacional de Fomento Tabacalero; durante su mandato, la CVC, Corporación del Valle del Cauca, recibió apoyo del Banco Mundial para un plan de desarrollo regional en ese departamento. Entre las obras desarrolladas en el gobierno de Rojas, merece destacarse el impulso que le dio a las vías de comunicación, entre ellas, la construcción del ferrocarril del río Magdalena, obra que se había planeado en el gobierno anterior; la construcción del aeropuerto de El Dorado en Bogotá, el de Barrancabermeja, con capacidad para vuelos nocturnos, y más de cuarenta aeródromos regionales. Con el objeto de nacionalizar la compañía, el gobierno compró las acciones de Avianca. San Andrés y Providencia fueron incorporados más efectivamente a la economía y a la vida nacional, y San Andrés, en donde se construyó un aeropuerto, fue declarado puerto libre. El 14 de julio de 1954, fue creado el Banco Popular para servicio de la clase media, y en abril de 1955 se creó el INA, Instituto Nacional de Abastecimientos, para la venta de artículos de consumo subvencionados por el Estado. El 13 de junio de 1954 se inauguró la Televisora Nacional, y dentro del proyecto de construcción de obras públicas, muchas veces no exento de gastos suntuarios, se construyó el Centro Administrativo de la ciudad de Bogotá. Dentro de la visión populista que tema Rojas de la política, se creó en septiembre de 1954, y como un elemento

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fundamental de propaganda para su régimen, la Secretaría Nacional de Asistencia Social (SENDAS), dirigida por su hija María Eugenia. El objetivo de la institución era ayudar a los campesinos damnificados por la violencia política, como algo complementario del proceso de paz. Con el tiempo, el organismo se constituyó en base de propaganda del régimen a través de las donaciones de juguetes y alimentos que con gran despliegue publicitario se hacían. Vinieron entonces las analogías con el régimen de Perón. La excesiva propaganda que a través de la televisión y otros medios se hizo de SENDAS y los despilfarros que indudablemente se cometieron, hicieron a la larga antipática la institución, hasta el punto de que ella fue uno de los centros de ataque contra el régimen de Rojas.

María Eugenia Rojas de Moreno Díaz, en su uniforme de "capitana" de la policía cívica. "La excesiva propaganda que se hizo de Sendas y los despilfarros que indudablemente se cometieron, hicieron antipática la institución, hasta el punto que ella fue uno de los centros de ataque contra el régimen de Rojas".

Los gremios se defienden Con los gremios económicos, la batalla fue prolongada. Tras del apoyo inicial que los gremios suelen dar a todo gobierno, comenzó a presentarse el enfrentamiento, en forma paulatina en un principio, y acelerada después. La boyante situación económica del primer año daba mucha capacidad de juego al gobierno, que tenía ingresos y no estaba acosado por una balanza cambiaría o de pagos adversa. Pero la cuestión impositiva, como casi siempre, fue el detonante, pues los sectores privilegiados raramente toleran una tributación redistributiva que disminuya sus prerrogativas. Poco después de posesionarse, Rojas estableció un impuesto mínimo para ingresos superiores a mil pesos y para patrimonios superiores a cinco mil pesos. Pero la disposición más atacada, y la que realmente le enajenó las simpatías de los grandes capitalistas, fue la que vino en llamarse «doble tributación» por sus impugnadores. Ésta gravaba los ingresos por dividendos, de acciones y bonos, que hasta ese momento eran exentos. Hasta entonces, tales rentas sólo eran gravadas en cabeza de

las sociedades, por lo cual las personas que recibían altos ingresos por este concepto no tributaban como personas naturales. Inmediatamente, la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) reaccionó contra la medida, tildándola de expropiatoria. En diciembre de 1954, la Compañía Colombiana de Tabaco elevó el precio del paquete de cigarrillos en cinco centavos, sin que al mismo tiempo hubiera subido el precio de compra del tabaco a los aparceros y campesinos que lo producían y sin que tampoco hubiera aumentado el salario a sus obreros. En un discurso que Rojas pronunció en la zona tabacalera de San Gil, en Santander, expresó que los accionistas de esa compañía obtenían millones de pesos en dividendos, y que si la empresa no tomaba otra actitud, sería nacionalizada. La semana siguiente, la compañía aumentó los precios de compra del tabaco y los salarios a sus trabajadores, pero a costa del resentimiento del sector empresarial. El decreto 058 de 1955 autorizó a los gobiernos locales para fijar un impuesto a las sucursales de los bancos y de las compañías de seguros, que hasta ese mo-

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Funerales de estudiantes muertos durante las Jornadas de mayo del 57, en Manizales.

Mayo de 1957: manifestación de mujeres en contra de Rojas, en la ciudad de Manizales. El 7 de mayo, Alberto Lleras decretaría la huelga general...

mento no lo pagaban y sólo tributaban al gobierno central. Con ello se igualaba la situación tributaria de esos establecimientos con la de los industriales que sí lo pagaban. Inmediatamente vino la protesta de la ANDI, de la Asociación Bancaria y de la Asociación Colombiana de Compañías de Seguros. Poco después, FENALCO se unió a estos gremios para pedir un cambio en la legislación tributaria. En mayo de 1955, los gremios presenta-

ron una reclamación conjunta ante el ministro de Hacienda, en la que pedían una reforma impositiva con reducción de impuestos, la liberación de crédito, la supresión de los gastos suntuarios e innecesarios en el presupuesto y la reducción de importaciones. Era evidente que la luna de miel entre los gremios y el gobierno había terminado y que la nueva situación económica, ante la baja de los precios del café, presentaba un nuevo panorama que exigía reducción del gasto. Así, las condiciones económicas se constituían en limitante del populismo. No obstante, las importaciones y los gastos militares siguieron su carrera desenfrenada. La situación económica se agravó, y esto incidió necesariamente contra el gobierno de Rojas, a quien se criticaba el gasto excesivo e indiscriminado, la compra de armamento y el despilfarro en ciertos sectores para efecto de crear imagen. Los principales problemas económicos eran la inflación interna, una deuda pública creciente, disminución de las reservas de divisas, alza del dólar y una gran fuga de capitales. Con todo, el régimen seguía comprando armas, aviones a reacción, destroyers, etc. Fue entonces cuando el Banco Mundial aplazó un préstamo ya negociado para la construcción de ferrocarriles y el proyecto de desarrollo del Valle del Cauca se paralizó. El 4 de octubre de 1956, renunció el criticado ministro de Hacienda Carlos Villaveces y fue reemplazado por Luis Morales Gómez, que venía funcionando como gerente del Banco Popular. Se organiza la oposición política Como se vio, en un comienzo Rojas tuvo un apoyo casi unánime de la población. Los partidos y grupos políticos lo acompañaron con la excepción de los que quedaron en la fracción laureanista y en el partido comunista, que era un grupo pequeño y diezmado por la persecución. Los dirigentes políticos pensaron que el paso de Rojas por el gobierno sería breve y que rápida-

Capítulo 5

mente quedaría el campo abierto para la competencia partidista. Por eso apoyaron la legalización del golpe de estado por la ANAC. La prórroga para otro período de cuatro años por esa misma corporación, en agosto de 1954, no contó con el mismo entusiasmo, pero tampoco hubo mayor oposición. Poco a poco, Rojas comenzó a revisar sus proyectos sobre permanencia en el mando o por lo menos a hacerlos explícitos. En noviembre de 1954 dijo: «Dios es testigo de que continuaré dirigiendo los destinos públicos únicamente hasta que el odio fratricida haya desaparecido y podamos de nuevo transitar el camino de la paz y recobrar nuestro prestigio de nación culta y cristiana», lo cual en el contexto de violencia que se padecía, equivalía de cierta manera a una condición imposible. Luego, en el mensaje de año nuevo que dirigió al país en 1955, Rojas dijo que el estado de sitio no sería levantado mientras «yo esté en el poder» y que no habría elecciones porque, en aras de la paz, no se podía lanzar al país a un debate electoral. Un año después de la toma del poder había síntomas de distanciamiento

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entre Rojas, la opinión pública y los partidos. La matanza de los estudiantes en junio le enajenó simpatías de sectores de la población, aunque la dirección de los partidos continuara apoyándolo. Pero, tan pronto se aprobó la reelección por cuatro años, el partido liberal comenzó a tomar sus distancias. Ya en agosto de 1954, la directiva del partido desautorizó la participación de sus militantes en la ANAC, basándose en que Rojas no había tenido en cuenta la lista que el partido le había presentado para efectuar la ampliación. El recrudecimiento de la violencia en ciertas zonas y la persecución a la prensa, en especial El Tiempo y El Espectador, contribuyeron más a ese distanciamiento que se convirtió en oposición, máxime que los miembros de ese partido continuaban siendo excluidos sistemáticamente de los ministerios, de los altos cargos y de la burocracia en general. En el partido conservador la situación era diferente. Los laureanistas eran irreductibles opositores del régimen, pero los otros sectores, especialmente el de Ospina, que controlaba gran parte de la burocracia y la mayoría en la ANAC, apoyaban al go-

Un sacerdote arenga a la multitud en la ciudad de Cali, donde el 1" de mayo, por orden presidencial, se intentó detener a Guillermo León Valencia, a quien un Frente Cívico había postulado el 8 de abril anterior como candidato a la presidencia, en contra de la reelección de Rojas Pinilla.

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El palacio de San Carlos, aislado y fuertemente bierno, y en todo caso, no se atrevían defendido durante las a romper con él en la esperanza de tejornadas de mayo.

ner el apoyo oficial para la sucesión presidencial en 1958. "Encontramos a Esperanza, viva la En noviembre de 1955, Alberto Llelibertad". Uno de los ras, que había retornado al país descarteles con que se celebró en caravana de pués de una larga permanencia en el exterior, en donde sirvió como secreautomóviles la caída de Rojas Pinilla. tario de la OEA, propuso un frente ci-

vil para combatir la dictadura. Lleras se convertiría en la cabeza más visible del movimiento que daría al traste con el gobierno de Rojas. Al año siguiente, en marzo, en una convención liberal en Medellín, Alberto Lleras fue elegido jefe de su partido. Con ocasión de ese acontecimiento, el ex presidente Alfonso López Pumarejo, en un gesto audaz, dirigió una carta al directorio liberal de Antioquia, en la que proponía una reforma constitucional para establecer una representación proporcional de todos los grupos políticos y sugería, por primera vez, la posibilidad de un apoyo liberal a un candidato conservador que sucediera democráticamente a Rojas. Por este documento y por sus acciones posteriores, López ha sido considerado como el precursor ideológico del Frente Nacional. Por el lado liberal, quedaba entonces allanado el camino para el entendimiento bipartidista con miras al combate contra Rojas. Por la razón atrás aludida, Ospina, que continuaba como presidente de la ANAC, no se decidía a romper con Rojas, y entonces Alberto Lleras se fue a España a entrevistarse con Laureano Gómez en su exilio. Producto de esas conversaciones fue el documento que se conoce como Pacto de Benidorm en el que se hablaba de una acción conjunta para restablecer la libertad y las garantías constitucionales. El encuentro y el documento eran trascendentales, porque se superaba un período de agrio enfrentamiento partidista. En adelante, Laureano Gómez fue un permanente defensor de la convivencia entre los partidos tradicionales. A fines de 1956, el 11 de octubre, presidida por Ospina Pérez, se reunió la ANAC después de dos años de no deliberar. Como fuera aprobada la propuesta de Rojas de que se aumentara en veinticinco miembros elegidos por el ejecutivo el número de integrantes de la corporación, Ospina renunció en señal de protesta. Con eso quedaba abierto el camino para la unión de todas las fuerzas partidistas en el enfrentamiento contra Rojas.

Capítulo 5

El 28 de enero de 1957, el ministro de Guerra, general Gabriel París, expresó en nombre de las Fuerzas Armadas: «Hemos exigido al general Rojas continuar en el poder en el período de 1958-1962, de acuerdo con las mayorías populares de los partidos.» Esta declaración y la ampliación de la ANAC, consolidaron la oposición. El 8 de abril de 1957, el Frente Cívico postuló a Guillermo León Valencia como candidato a la presidencia. En ese mismo mes de abril, y como una muestra de la posición de sectores eclesiásticos contra el gobierno de Rojas, el arzobispo de Popayán recibió a dirigentes de la oposición. El 30 de abril, el cardenal Luque manifestó en una entrevista que la reelección sería ilegal. El 1 de mayo, por orden presidencial, se intentó detener en Cali a Guillermo León Valencia. Éste opuso resistencia y fue a conferenciar con el obispo de la ciudad. Entre tanto, la ciudadanía comenzó a protestar y los estudiantes hicieron manifestaciones en Bogotá y en todo el país. El domingo siguiente, la policía atacó a los feligreses que, gritando consignas contra el gobierno, salían de misa en la iglesia de la Porciúncula en Bogotá, e incluso penetró al templo. El día 9, en El Catolicismo, apareció una condena

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contra el régimen por parte del cardenal, quien criticaba la profanación sacrilega de la iglesia. Ya el día 7 de mayo, Alberto Lleras, como jefe del movimiento, había decretado una huelga general que comenzó por el comercio de la capital y prosiguió en la industria y los bancos del país. Como hecho sin antecedentes, los industriales, los dirigentes bancarios y los gerentes propiciaron el paro cívico y aun impulsaron a los trabajadores para que dejaran de laborar, prometiéndoles que les reconocerían sus salarios. El 10 de mayo, en las horas de la mañana, se supo de la renuncia de Rojas en favor de una junta militar. En el discurso que pronunció para explicar su renuncia, Rojas dijo: «Sería imposible que yo, que di al país la paz, fuera a causar un inútil derramamiento de sangre.» Y en verdad que debe reconocerse que, a pesar de las medidas autoritarias del régimen y aun de sus atropellos, Rojas, con su proceder, impidió un baño de sangre. Actitud semejante fue la que tomó Rojas cuando evitó una confrontación en el mes de abril de 1970, cuando sus partidarios reclamaban el triunfo en las elecciones que dieron la presidencia a Misael Pastrana.

Alberto Lleras, Darío Echandía y Mariano Ospina Pérez, durante el acto de entrega de credenciales a los miembros de la Junta Militar de Gobierno, mayor general Gabriel París Gordillo y brigadier general Deogracias Fonseca.

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Violencia, guerrillas y estructuras agrarias Gonzalo Sánchez G. vestigación social actual en el país. Gra-

L

a Violencia es el punto nodal en la historia contemporánea de Colombia. Durante un buen tiempo, sin embargo, esta posición de referente obligado del fenómeno tuvo efectos paradójicos en la investigación: los analistas de las primeras décadas del siglo lo veían como un indefinido horizonte en el cual se cerraban sus explicaciones y los procesos por ellos estudiados, en tanto que los investigadores de las últimas décadas partían de la simple constatación de algunos de sus resultados. Pero la Violencia misma, su complejo transcurrir, quedaba, en cierto modo, entre paréntesis. Había incluso un no confesado temor a penetrar en su territorio. Esta situación ha comenzado a cambiar aceleradamente en años recientes. La Violencia se ha desacralizado y constituye ya no sólo un referente histórico privilegiado sino, además, uno de los ejes de atracción de la in-

cias a este esfuerzo colectivo es posible emprender una nueva síntesis interpretativa del fenómeno como la que nos hemos propuesto en las páginas que siguen. Comenzaremos con el análisis del escenario y las condiciones de irrupción de la Violencia.

El gaitanismo y la crisis oligárquica Al término de la segunda guerra mundial, Colombia seguía teniendo, básicamente, una estructura oligárquica, cuestionada insistentemente en las dos décadas precedentes, pero no seriamente amenazada. Los signos económicos inmediatos permitían incluso avizorar una nueva era de prosperidad, si se toman como termómetro factores tales como precios del café, volumen de importaciones, tasa de industrialización, crecimiento agrícola global. La esquiva pareja desarrollo económico-estabilidad política, parecía de repente al alcance de la mano

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de unas clases dominantes relacionadas entre sí por una peculiar dualidad: cohesión interna y división partidista de sus clases subalternas. Sin embargo, ésta era sólo la verdad de los usufructuarios. Las mayorías nacionales eran menos optimistas y se sabían pertenecientes a otras columnas estadísticas. Más del 70 % de la población era campesina: más de la mitad analfabeta; 3 % de los propietarios monopolizaban el 50 % de la Jorge Eliécer Gaitán: tierra. Obreros y campesinos venían líder social y jefe único del partido liberal en ¡947. escuchando ya un lenguaje de intimiCómo mantener esa doble dación. Los primeros habían sido nofunción fue el dilema que tificados por Alberto Lleras Camargo, debió enfrentar el a raíz de la huelga de la FEDENAL, caudillo. en 1945, de que no se toleraría la existencia de un poder en Bogotá y otro en el río Magdalena. Los segundos habían sido puestos en cintura con la Ley 100 de 1944, por medio de la cual se establecían las normas que «(garantizaran) adecuadamente los derechos de los propietarios, poniéndolos a cubierto de las tentativas, tan comunes antes de su expedición, por parte de los pretendidos colonos, de convertirse en Manifestación gaitanista amos y señores de las pequeñas paren 1946; primero fue celas cultivadas», según se dijo en su presentado por los propiosmomento desde las páginas de la Reliberales como vista Cafetera, órgano de difusión de la encarnación del fascismo; poderosa Federación Nacional de Cadespués, pasó a ser una feteros. "minoría decisoria".

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Ésta era objetivamente una situación potencialmente cnoflictiva, pero no necesariamente revolucionaria. Lo que la hizo realmente explosiva fue la dinámica que en ella introdujo el movimiento gaitanista con dos temáticas claramente reformistas, la distribución económica y la participación política pero respaldadas por una movilización' social de tal magnitud que parecía transformar su contenido y que de hecho las fuerzas del status quo percibieron como una amenaza a todo el edificio social de la República oligárquica. Gaitán se erigió en los años cuarenta como el heredero de tareas democráticas aplazadas, inconclusas o frustradas, y en el curso de dos años de agitación social dio la impresión de estarle dando un vuelco a la política colombiana, unificando al pueblo en torno suyo y a la oligarquía en su contra. En las elecciones presidenciales de 1946, con sus 358.957 votos, frente a los 441.119 de Gabriel Turbay y los 565.939 de Mariano Ospina, se convirtió en una minoría decisoria. La oligarquía, por supuesto, no sabía qué hacer para atajarlo o domesticarlo. Los liberales, por ejemplo, coreados por los comunistas, recurrieron inicialmente a la sensibilidad que habían dejado los horrores de la guerra y lo presentaban como la encarnación del peligro fascista en el suelo colombiano. Las masas no se dejaron engañar y la táctica no prosperó. Ensayaron entonces otra vía que a la postre resultó más eficaz, el «entrismo», es decir, la penetración del movimiento que virtualmente lo neutralizaba o acentuaba sus tensiones internas. A ese precio pudo convertirse en jefe único del partido liberal en 1947. Los conservadores, por su parte, se movieron en una dirección inversa frente a Gaitán. Con Laureano Gómez a la cabeza, se propusieron asimilar a sus intereses partidistas el discurso gaitanista sobre la «restauración moral de la República», una consigna que tenia como blanco principal la República Liberal de López Pumarejo. El efecto

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de esta táctica fue notablemente ambiguo, ya que indudablemente contribuyó al rápido ascenso de Gaitán y a lo que deliberadamente se buscaba, esto es, la derrota de los liberales por la vía de la división, pero también estaba dándole a Gaitán la oportunidad de transmitir su mensaje antioligárquico al pueblo conservador que, ya no por táctica sino por convicción, comenzó a sentirse sinceramente atraído por la palabra de Gaitán, como también estaba sucediendo con los policías enviados a vigilar sus manifestaciones y con los comunistas enviados a sabotearlas. Como se dice en los ruedos, era necesario cambiar de tercio. La inminencia del triunfo de Gaitán, que más que previsible era un hecho, alarmó a la oligarquía conservadora, que echó mano del lenguaje de la guerra fría para describir a Gaitán como la punta de lanza del comunismo y, por consiguiente, como el representante de oscuras fuerzas destructoras de la libre empresa y de los valores cristiano-occidentales. Cualquiera que fuera la actitud personal de Gaitán frente a estas maniobras —y el equívoco ha sido considerado incluso como un componente esencial tanto de su discurso como de su práctica política— había algo quizás más importante y era la imagen popular que se estaba construyendo de Gaitán, es decir, la representación colectiva que se estaba haciendo de él y que podía o no coincidir con su trayectoria individual. Todos recordaban su ardiente oratoria contra el despotismo del capital extranjero, contra el entreguismo de la oligarquía, y en defensa de los trabajadores nacionales, en sus memorables debates sobre las bananeras en 1929. Los campesinos de Cundinamarca y el Tolima, principalmente, pero no solamente ellos, lo habían tenido a su lado y como intérprete de sus aspiraciones en la lucha contra el poder terrateniente en el período de agitación agraria de los primeros años treinta. En aquel entonces, desde la UNIR, denunció las arbitrariedades de los hacendados, en su mayoría li-

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berales, contra los colonos y arrendatarios. Ahora, en los años cuarenta, cuando las migraciones, la industrialización, las operaciones mercantiles y financieras se estaban desarrollando a una escala que hacía de las ciudades centros decisivos del poder y del capital, lo mismo que de resultados electorales, se estaba dirigiendo a las capas medias, a los tenderos, a los artesanos, a los obreros de la industria y los servicios, y a toda esa franja que los cachacos bogotanos llamaban los bajos fondos de la sociedad. Todos estos sectores habrían de representar un papel determinante en los acontecimientos del 9 de abril. En torno a Gaitán, como símbolo aglutinante, se estaba construyendo, por primera vez, una nueva unidad histórica, la unidad del pueblo. El problema entonces para Gaitán —como lo ha mostrado en un brillante estudio reciente Daniel Pecaut— era cómo mantener, y con qué efectos, esa doble función de líder social y jefe del partido liberal. Veamos la evolución y desenlace de este interrogante crucial en la política colombiana de los años cuarenta. En los conflictos urbanos, a los cuales la oligarquía estaba respondiendo coma un bloque homogéneo, parecía sentirse más la presencia de Gaitán como líder social. El movimiento obrero constituía el centro de las de-

En la plaza de toros, Laureano Gómez (con su esposa María Hurtado) y Jorge Eliécer Gaitán. Los dos líderes se erigen en portavoces de sectores enfrentados de la sociedad.

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Manifestación del finiciones. La ofensiva oligárquica se silencio, febrero 7 de expresaba por el momento en la sis1948: "Esta marcha dejó temática destrucción de organizacioal pueblo con una inmensa nes sindicales, la anulación de conira contenida y a la oligarquía literalmente quistas laborales y, complementariaaterrorizada, a la espera mente, en la promoción de sindicatos de lo peor..." dóciles a la voz de los patrones y de

los púlpitos. Característicamente, Gaitán, que era amigo de los obreros, pero no de los aparatos sindicales, a los cuales asociaba no sin razón a la estructura oligárquica, desplaza la acción reivindicativa a la lucha callejera, esto es a un terreno en el cual la lucha obrera pudiera fundirse con la del resto del pueblo. A la negociación de los sindicatos y el Estado —fórmula privilegiada de la República Liberal— opone la acción directa: la marcha, la manifestación. Su escenario no es la fábrica sino la plaza pública. Lo que se perfila allí es, primero, una nueva estrategia —la lucha reivindicativa pasa por la lucha política contra la oligarquía— y, segundo, una redefinición de los antagonismos tradicionales. La idea de una coalición bipartidista contra el gaitanismo, sugerida inicialmente por Alfonso López Pumarejo a comienzos de 1946 y luego materializada bajo el gobierno de Ospina Pérez, es respuesta pero también acicate al proceso de formación de un bloque popular. Simultáneamente, sin embargo, hay otro proceso opuesto al anterior, que

opera como freno al desarrollo del gaitanismo como frente de los oprimidos y arrincona a Gaitán en su papel de simple jefe liberal. Ha ido quedando un flanco abierto que progresivamente entra a copar Laureano Gómez. Bajo su influencia, en efecto, la dinámica de los enfrentamientos rurales asume crecientemente un carácter netamente partidista. Su punto de partida es claramente identificable: los más notorios bastiones del tradicionalismo, en Boyacá y los Santanderes, principalmente, en donde la memoria de la persecución liberal a los campesinos conservadores durante el gobierno de Enrique Olaya Herrera (1930-1934) estaba aún fresca. Desde allí el debate en torno a la sucesión presidencial tenía una mira precisa: la organización de la retaliación. Desde allí habría de apuntalarse una de las medidas más directamente asociadas a la generalización de la Violencia: la renovación de la policía liberal y su sustitución por campesinos reclutados en las veredas boyacenses, especialmente en la de Chulavita, cuyos habitantes se ganaron una sanguinaria reputación y un espacio en el diccionario de la Violencia. En este contexto parecía como si las más tradicionales comunidades campesinas se resistieran a darle paso a los diferenciados conflictos de clase de una sociedad en proceso de modernización capitalista. Era el choque del campesinado conservador con la militancia social de la ciudad. Desde luego, la superposición de las modalidades de las contradicciones de la vieja y la nueva sociedad se constituiría en uno de los rasgos dominantes y característicos de la Violencia, un término que en su ambigüedad misma describía la complejidad del nuevo período histórico que se estaba inaugurando. La significación política de Gaitán y de Laureano Gómez reside precisamente en el hecho de haberse erigido en portavoces de estas dos tendencias históricas que acabamos de describir. Gaitán pretende imponer la dinámica de la confrontación social, y aunque

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sabe que también hay regiones agrarias sensibles a ella, su punto de apoyo son las ciudades, las amplias masas urbanas. Laureano Gómez, político aguerrido, brillante y sectario, atiza la confrontación partidista, capta a los terratenientes amenazados o golpeados en las más recientes movilizaciones campesinas, ofrece garantías de acumulación a los capitalistas más asustados que ven en el lenguaje redistributivo de Gaitán un disimulado programa socialista y, sobre todo, enardece los ánimos de zonas rurales en donde a una cultivada mentalidad de sumisión secular se agrega el control social y político de la Iglesia. Gómez gusta incluso perfilarse como intérprete de todas las causas más reaccionarias: frente a la República española ha tomado el lado de la Falange; frente a la causa de los Aliados, ha optado por el Eje Roma-Berlín, y frente a la que se suponía conciliadora actitud de Ospina Pérez, prefiere la línea del ministro José Antonio Montalvo, «sangre y fuego». Ha puesto todo su talento político y, miradas retrospectivamente las cosas, con gran eficacia, al mantenimiento de los nuevos conflictos del país dentro de los viejos moldes de las divisiones verticales. Dos consignas que hicieron época definen con toda precisión estas contrastantes figuras políticas. Gaitán: «Contra la oligarquía liberal y la oligarquía conservadora, a la carga»; Laureano Gómez: «Hay un millón ochocientas mil cédulas falsas», decretando de un solo golpe la ilegitimidad de todo el partido liberal. Gaitán intentó ciertamente darle una salida a este divorcio de lo social y lo político. Enarbolando sistemáticamente, desde el partido liberal, banderas en las que se contraponía la oligarquía al pueblo, el país político al país nacional, invitaba a un reagrupamiento de las fuerzas políticas que transformara el contenido del enfrentamiento liberal-conservador. No estaba del todo claro si para llegar a ese resultado se iba a optar por la vía de convertir al partido liberal en un par-

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tido del pueblo (como se insinuaba en la Plataforma del Colón en 1947), o si se mantendría el perfil de movimiento (gaitanista), que era como de hecho se le identificaba. En todo caso, su preferencia por los comités populares y su renuncia al esquema organizativo de directorios y de células revelan una mayor inclinación por la línea de movimiento que por la línea de partido. Esto tenía ventajas pero también grandes limitaciones. Permitía una amplia diversificación social en momentos de ascenso, incorporaba a las masas a su propio proceso de movilización, pero era un obstáculo a la unificación ideológica y a la cohesión disciplinaria en momentos de crisis. Concordaba también esta táctica con un papel que Gaitán se reservaba para sí y cultivaba con esmero: la posibilidad de erigirse él como único interlocutor entre las masas y la oligarquía y en el escenario escogido por él, la plaza pública. La fuerza teatral de esta mediación se iba a hacer patente en sus más espectaculares manifestaciones, como la Marcha de las Antorchas, que el establecimiento asoció a la toma de Roma por Mussolini, y sobre todo, en la Marcha del Silencio (7 de febrero de 1948) que dejó al pueblo con una inmensa ira contenida y a la oligarquía literalmente aterrorizada a la espera de lo peor. La vulnerabilidad trágica de esta personalización del movimien-

Parque de Banderas, en la entrada al aeropuerto de Techo, engalanado para la reunión de la IX Conferencia Panamericana de Bogotá, en abril de ¡948.

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Un primer rostro de la Violencia: la cabeza de Juan Roa Sierra, asesino de Gaitán, linchado por la muchedumbre el 9 de abril. La fotografía, de Luis Gaitán, fue tomada en el Cementerio Central.

to se iba a agrandar con su asesinato el 9 de abril de 1948. No era el inicio, era la culminación de la primera oleada de Violencia. El pueblo de Gaitán asumió el reto y se sublevó. El 9 de abril: los dos rostros de Colombia En los primeros días de abril de 1948 el gobierno y la Colombia oligárquica estaban dedicados a maquillar a Bogotá, a engalanarla, puesto que las programadas sesiones de la IX Conferencia Panamericana la convertirían, en cierto modo, en una vitrina continental. Venían delegaciones diplomáticas de Centro, Suramérica y el Caribe a firmar una declaración anticomunista que el general George Marshall, secretario de Estado norteamericano, traía debajo del brazo. Bogotá había sido limpiada de mendigos, de lustrabotas, de vendedores ambulantes, de pueblo. Gaitán había sido excluido de la representación colombiana a la conferencia. Pertenecía a la Colombia que no se podía mostrar, a la de todos los días, a la de la miseria. Más aún, Gaitán la representaba. Con su asesinato irrumpió precisamente el rostro oculto de Bogotá y de Colombia: el rostro de la ira y de las frustra-

ciones, el rostro del pueblo. Una multiforme insurrección, la más compleja de los tiempos modernos, había esta llado. El asesino material, un tal Roa Sierra, fue linchado y su cadáver destrozado fue arrastrado al grito de «¡A palacio!» por las mismas calles que dos meses atrás había recorrido una muchedumbre silenciosa, cuyo desbordamiento eventual en legítima defensa había pronosticado el propio Gaitán: «No somos cobardes, somos descendientes de los bravos que aniquilaron las tiranías en suelo patrio.» Cuando el objetivo político de la toma del palacio presidencial se vio frustrado por la intervención de una pequeña pero temeraria y eficaz guarnición militar, la ira se agigantó y tomó otro curso, el de la destrucción y el pillaje. Dos tipos de blancos y dos tipos de acciones pasaron entonces al primer plano. Por un lado, el rostro de la protesta social, es decir, el levantamiento contra el hambre, la especulación y el alto costo de la vida, en una palabra, la penalización del comercio, cuyos símbolos más notorios estaban en la céntrica zona de la capital y en cuyos avisos se veía un buen número de nombres extranjeros, principalmente sirios, libaneses y judíos, genéricamente conocidos como «turcos». Allí confluyeron los pobladores de los barrios periféricos. La forma predominante de esta protesta social fue el saqueo. Los blancos eran, por supuesto, muy diversos. Ante todo, bienes de consumo (comestibles, vestuario, utensilios caseros) a fin de satisfacer necesidades inmediatas. También se apropiaban de armas y objetos de hierro utilizables como tales, pero para proteger la continuación del saqueo. También licores, porque el trago, se presume, ayuda a soportar los momentos tristes, y esa tarde era de duelo popular; había desaparecido uno de los suyos, el mas importante. Y como ya no habría un mañana en que pensar, lo que no sirviera ahora, mejor destruirlo. Era una mezcla de ira, impotencia y rebelión.

Capítulo 6

Por otro lado, seguía el alzamiento político. El palacio, ciertamente había resistido, gracias a la lealtad del ejército y al refuerzo de tropas y voluntarios armados de la conservadora Boyacá. Pero había otros establecimientos asociados al poder, que también eran poder. A ésos había que volverlos cenizas, incendiarlos. Durante la tarde y la noche de ese viernes de abril ardieron edificios gubernamentales (Ministerio de Gobierno, Ministerio de Justicia, Ministerio de Educación, la Cancillería, la Procuraduría General de la Nación, la Gobernación); establecimientos eclesiásticos (palacio de la nunciatura apostólica, palacio arzobispal...) y el periódico El Siglo, a cuyo director, Laureano Gómez, le fue también incendiada la casa. Todo parecía apuntar a esta reflexión colectiva: desaparecido el jefe, el candidato al poder, éste había dejado de ser un objetivo deseable, incluso se había convertido en el blanco de una reacción prepolítica, el odio. Ésta podría ser una primera lectura de los acontecimientos. Es incompleta, desde luego. La policía se había sublevado y sí había quienes estuvieran pensando en el problema del poder. Se había creado una Junta Revolucionaria, integrada por dos prestantes figuras de la izquierda intelectual (Gerardo Molina, entonces rector de la Universidad Nacional, y el escritor Jorge Zalamea) y un ex ministro (Adán Arriaga Andrade), entre otros. Adicionalmente, estudiantes de la misma Universidad Nacional y profesionales gaitanistas radicales habían tenido la audacia de tomarse las emisoras y desde ellas no sólo transmitieron a todo el país la noticia del asesinato sino que impartieron a la población órdenes e instrucciones cuyo papel fue crucial, positiva y negativamente, en el curso de los acontecimientos fuera de Bogotá. De allí surgieron los llamados a la constitución de juntas revolucionarias y al aprovisionamiento de armas, con una insistente advertencia: «La consigna es: revolución ordenada. ¡Organiza-

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Violencia en Bogotá: un tranvía ardiendo, el palacio de San Carlos en ruinas, restos del Hotel Regina: el rostro de la protesta social.

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Sede de la Radio Nacional de Colombia, custodiada por el ejército.

Frente al Capitolio, bajo el fuego de los francotiradores.

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ción!» Desde allí se dio impulso y calor revolucionario a la provincia, así fuera muchas veces con un triunfalismo sin fundamento y distorsionando de lo que acontecía en Bogotá: «El pueblo manda en Colombia por primera vez en la historia... La Revolución colombiana es la más grande del mundo... Ha comenzado la verdadera Revolución en América», eran algunas de las proclamas que salpicadas de frecuentes alusiones a la Revolución francesa y a la Revolución de Independencia resonaron poderosamente

en la provincia. La paradoja fue que Bogotá, desde donde se originaban estas voces, se negó a escucharlas, y a su vez la provincia las tomó tan en serio que dio por cierto el triunfo en Bogotá y no se le ocurrió por consiguiente marchar a la toma de la capital, que entonces tenía poco más del medio millón de habitantes. Los hechos se desdoblaron, pues, en varios planos: lo que acontecía en Bogotá, lo que sucedía en la provincia, y la representación imaginaria que la provincia se hacía de Bogotá, con base en las informaciones (habría que decir desinformaciones) que recibía a través de las estaciones radiales. La capital, excepto el palacio presidencial, que pudo mantener el contacto telefónico, ignoraba lo que sucedía en el resto del país. Durante las dos semanas posteriores al asesinato de Gaitán, innumerables poblaciones y veredas de Colombia vivieron la más formidable inversión del orden institucional: policías al servicio de la revolución, como se decía en la provincia; presidiarios fugitivos encarcelando o fusilando a sus guardianes; perseguidos políticos ejerciendo el poder en muchas localidades; jueces incitando a la subversión en otras; púlpitos silenciados y sacerdotes presos, incomunicados o ajusticiados, en el Tolima y Cundinamarca, principalmente; campesinos invadiendo haciendas, expropiando ganado e impartiendo órdenes a los terratenientes, en el Sumapaz y el sur del Tolima; compañías extranjeras (petroleras de Barrancabermeja) bajo el control de los obreros, etc. Allí se hablaba con propiedad de un nuevo orden revolucionario y había efectivos gobiernos populares, respaldados por milicias de la más variada composición social, que controlaban la anarquía y el saqueo. Era como si. súbitamente, la pauta del desarrollo político-social anterior al 9 de abril se dislocara y no ya la ciudad sino la remota provincia pusiera al descubierto todo su potencial revolucionario (compárese, por ejemplo, el papel de Boyacá —epicentro de la mo-

Capítulo 6

vilización en apoyo al gobierno— con el del Tolima sacudido por el grito revolucionario de sur a norte, para apreciar esta nueva dinámica). Era como si se hubiera iniciado una gran empresa de demolición del orden social. Sin embargo, no alcanzó a constituirse, como en la Comuna de París, por ejemplo, un poder dual a nivel nacional. Lo que había era una constelación de poderes locales alternos, sin ninguna conexión entre sí. Y no se mantuvieron más allá de días y semanas debido al desenlace de la insurrección en Bogotá. La Junta Revolucionaria de la capital fue tímida. Llegó a plantearse el problema del poder —de hecho su existencia misma lo estaba planteando— pero no tuvo capacidad o vocación de poder. Se dedicó a esperar, con la misma confusión que las masas envueltas en la acción callejera, las razones que traería una junta de notables, encabezada por Carlos Lleras Restrepo, que se había dirigido, con muchos riesgos, a palacio, no en hombros de la multitud ni en representación de ella, sino distanciándose y diferenciándose calculadamente para erigirse en interlocutores aceptables al gobierno. Su compromiso de clase y su misión del momento: desactivar la rebelión, en lo posible negociarla, y en todo caso y al precio que fuera, salvar la República oligárquica. A su salida después de un memorable trasnocho, la noticia transmitida desde las emisoras, controladas ahora por el gobierno, fue: se revive la Unión Nacional, y Echandía, el representante de la oligarquía más cercano a Gaitán, es el nuevo ministro de Gobierno. Por su parte, Lleras Restrepo, uno de los más encarnizados adversarios de Gaitán, presidiría los funerales el 21 de abril. También la oligarquía estaría en el entierro de Gaitán. Bogotá había capitulado. Dispersión, resignación popular, sectores de la pequeña burguesía gaitanista asustados de su propio papel en los acontecimientos... definitivamente el pueblo había sido desorganizado. La provincia, es cierto, intentó resistir, pero

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lo hizo fragmentadamente, en tanto que el bloque oligárquico recomponía su unidad con asombrosa rapidez. ¿Hubiera podido ser otro el rumbo? Es probable que sí. Sin embargo, para que un 9 de abril se transforme en una revolución, como con mayor éxito habrían de mostrarlo los mineros bolivianos cuatro años más tarde (el día 9 de abril de 1952), se necesitan sin duda preparación y dirección. El 9 de abril colombiano era al fin y al cabo, en su matriz misma, una reacción popular defensiva y retaliadora, y no propiamente el resultado de un plan político insurreccional.

El pueblo armado, policía insurrecta.

Alfonso Araújo se dirige al pueblo, otros dirigentes liberales bajan con él por lacalle 12: Jorge Gartner, Darío Echandía, Carlos Lleras, Carlos Holmes Trujillo, Felipe Lleras Camargo, Jaime Posada.

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De la resistencia civil a la resistencia armada

En el entierro de Gaitán: el féretro; el orador, Jorge Uribe Márquez; y, entre los asistentes, Abelardo Forero Benavides v Darío Echandía.

Desde mediados de 1948 hasta fines de 1949, el discurso político, las alianzas y las estrategias del bloque dominante tienen un denominador común: el fantasma del 9 de abril. No bastaba el aplastamiento de la rebelión sino que había que eliminar toda posibilidad de que se repitiera algo semejante o de que sucediera algo que eventualmente pudiera ser más peligroso: que el movimiento obrero se convirtiera en el eje articulador de la protesta social y de la oposición política. Con la dispersión popular subsiguiente al 9 de abril, el objetivo no parecía difícil de realizar, pero había que tomar medidas concretas para garantizarlo: despidos sindicales, purga y encarcelamiento de dirigentes, escamoteo a la huelga como instrumento legítimo de reclamación, destrucción sistemática de la relativa unidad sindical (promoción de la UTC y sus filiales), son parte de esta nueva avalancha que introduce un puente de continuidad con las tareas que desde antes del 9 de abril se vienen realizando, con todo el poder del Estado como brazo derecho de los patrones, del capital. La oligarquía liberal vacila a veces frente a las expectativas de la próxima contienda electoral o adopta un silencio cómplice en otras. Para eso se la había llamado desde el 9 de abril. La repercusión de esta ofensiva patronal se hizo sentir no sólo sobre la militancia obrera sino más generalmente sobre todo el movimiento popular. De hecho, desde el 9 de abril hasta las agitaciones estudiantiles de 1954, no habría otra movilización urbana de envergadura nacional. Éste fue el principal legado de Ospina Pérez a su sucesor, Laureano Gómez. Para este último, sin embargo, la reconstrucción del orden no paraba allí. El 9 de abril lo había llenado de nuevas razones. Consideraba necesario extender la cruzada antipopular al campo. Su obsesión era impedir que al país le pasara lo que le había pasado

Capítulo 6

a Bogotá: el asedio del centro por la «chusma» de su propia periferia. Trasladando esta imagen a un plano nacional, su declarado propósito era destruir la posibilidad de que esa franja de la provincia, que se había erguido con tanto vigor revolucionario el 9 de abril, se convirtiera en una amenaza a la paz romana ya impuesta en los centros urbanos. Bajo el estímulo de la prédica laureanista —ya se ha dicho— esta tarea se venía cumpliendo metódicamente en las áreas rurales de los principales bastiones conservadores, Boyacá y Nariño, para no hablar de Antioquia, en donde el alto clero elaboraba un discurso de legitimación religiosa al asesinato de «nueve abrileños». Fue desde algunas de estas zonas desde donde avanzó la Violencia al Tolima, al Valle y al Viejo Caldas. Allí los campesinos no dicen «cuando comenzó la Violencia», sino «cuando llegó la Violencia» y esa llegada de la Violencia suele asociarse a la llegada de una fuerza siniestra: la «chulavita». En todo caso, el ritmo de la política lo estaba imponiendo Laureano Gómez, quien cargado de resentimientos por los efectos que en persona había sufrido el 9 de abril, había tomado el rumbo del exilio voluntario a la España de Franco. Un mes antes de su regreso al país (junio de 1949) el partido liberal se había retirado oficialmente del gabinete de Unión Nacional, en protesta por el tratamiento sangriento que se daba a sus copartidarios, hecho que estaba disminuyendo de manera preocupante las posibilidades electorales del liberalismo en la sucesión presidencial que habría de definirse a fines de 1949. El retiro liberal resultó ser, sin embargo, un punto de no retorno, por cuanto Laureano Gómez, en el destierro, había llegado a una conclusión que descartaba de plano la colaboración bipartidista: según él, la dinámica social de los últimos años se explicaba por el simple hecho de que existía una relación orgánica entre el liberalismo y el comunismo. Para describir esa relación recurrió a un símil mitológico

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Después de su exilio en España, luego del 9 de abril, Laureano Gómez regresa al país en junio de 1949, para reclamar su turno en la sucesión presidencial, descartando toda posibilidad de entendimiento con el liberalismo.

de tan contundente eficacia como su estribillo del millón ochocientas mil cédulas falsas. Lo formuló ante un exaltado auditorio en la plaza de Berrío, en Medellín, así: «En Colombia se habla todavía del partido liberal para designar a una masa amorfa, informe y contradictoria que sólo puede compararse o calificarse como la creación imaginaria de épocas pretéritas: el basilisco. El basilisco era un monstruo que tenía la cabeza de un animal, el rostro de otro, los brazos de otro más, y los pies de una criatura deforme, formando el conjunto un ser tan espantoso y horroroso que sólo mirarlo causaba la muerte. Nuestro basilisco se mueve con pies de confusión y estupidez, sobre piernas de brutalidad y violencia que arrastran su inmensa barriga oligárquica; con pecho de ira, brazos masónicos y una pequeña, diminuta cabeza comunista.» Por este camino, según él, Colombia estaba al borde de caer bajo la Cortina de Hierro. Llevada a la práctica, esta percepción analítica tendría efectos multiplicadores. Profundizaba

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José Marín, asesinado el 10 de noviembre de 1949. "Los términos masacre y genocidio empezaron a ser rutina en los titulares de la prensa..."

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la desorganización de las clases subalternas, ahogando la confrontación social en la sangre del enfrentamiento bipartidista, pero desorganizaba también a las clases dominantes, les hacía perder al menos su carácter de bloque político, lanzaba irremediablemente a una franja importante de ellas a la oposición, a la «resistencia civil» como se la llamó entonces. La resistencia civil tenía esencialmente un carácter defensivo y alimentaba la ilusión de que el simple sabotaje a la administración, allí donde el partido liberal era mayoría burocrática, sería suficiente para torcer el brazo del gobierno. La oligarquía liberal, que desde el 9 de abril se había mostrado necesaria y útil al gobierno, se encontraba de repente al borde del ostracismo político. Crecía el número de copartidarios forzados a renunciar a su credo político; la hostilización, la persecución y el asesinato a manos de la chulavita era imparable y a raíz de una sangrienta incursión a la Casa Liberal de Cali (octubre de 1949) los términos masacre y genocidio empezaron a ser rutina en los titulares de la prensa. En el caso de Cali se trataba, además, de refugiados de zonas rurales para los cuales también se había acuñado un término de uso cotidiano en el período de la Violencia, los «exilados». El 9 de octubre cae asesinado en el recinto de

la Cámara de Representantes el dirigente liberal y presidente del directorio liberal de Boyacá, Gustavo Jiménez; y Jorge Soto del Corral quedó gravemente herido y meses después murió por esa causa. Siguiendo esta línea ascendente de terrorismo político, el 26 de noviembre, en un atentado contra el candidato presidencial liberal, Darío Echandía, muere su hermano Vicente, en la capital del país. La dirección liberal no tuvo otro remedio que decretar la abstención, con una proclama que evocaba el preludio de las viejas guerras civiles. En qué podría traducirse ahora una declaración de guerra, no era enteramente claro para los dirigentes liberales. Exploraron varias posibilidades. La del pronunciamiento militar, primero, que se redujo a la insubordinación aislada del capitán Alfredo Silva en Villavicencio (15 de noviembre, 1949). El ejército en su conjunto seguía tan leal al gobierno como lo había sido el 9 de abril. Intentaron la vía de la huelga general luego, el 25 de noviembre, pero también fracasaron. Ellos mismos habían contribuido a la liquidación del movimiento obrero. Sólo quedaba, en verdad, la respuesta que por su propia cuenta venían preparando los campesinos: la «resistencia armada». La ocupación armada de Puerto López (Meta) el 25 de noviembre, por parte de Elíseo Velásquez, y la de San Vicente de Chucurí (Santander), el 27 del mismo mes, por varios centenares de campesinos al mando de Rafael Rangel —el alcalde revolucionario del 9 de abril en Barrancabermeja— constituyeron el anuncio formal de que la lucha por la democracia descansaba ahora sobre los hombros de la guerrilla campesina. La acción de Rangel se produjo el mismo día de las elecciones que tuvieron como candidato único a Laureano Gómez, dada la abstención liberal. Para los dirigentes liberales, ésta era una salida inevitable pero problemática: como parte de la oposición, la necesitaban; como miembros del establecimiento, la temían.

Capitulo 6

Lo visible y lo invisible de la Violencia Laureano Gómez asumió la presidencia en 1950, como cabeza de una fracción extremista que había precipitado la ruptura del pacto político oligárquico surgido de las cenizas del 9 de abril. Con él llegaba a su solución ultrarreaccionaria la definición del problema histórico central del siglo xx: el papel de las masas populares en el juego de alianzas y estrategias políticas. Su cronología podría trazarse a grandes rasgos en los siguientes términos: subordinación-integración bajo la República Liberal; sujeto político en el movimiento gaitanista; represión-división a partir de 1945 en los mandatos de Alberto Lleras y Ospina Pérez; y, ahora, represión en toda la línea. Esta cruzada antipopular contaba con dos factores cruciales que le daban coherencia ideológica, tanto en lo interno como en lo externo. En lo interno, la Iglesia. Desde el 9 de abril, sobre todo, la Iglesia respiraba ira santa. Había sido herida en su autoridad, golpeada en sus bienes y ultrajada en su personal, como tal vez nunca lo había sido en la historia de esta nación que se preciaba de ser la más católica del mundo. No necesitaba, pues, argumentos para convencerse de la verdad de la teoría del basilisco. En consecuencia, con notables excepciones individuales, como la del sacerdote Rubén Salazar en el norte del Tolima, o la del presbítero Fidel Blandón en el occidente antioqueño, puso todo su peso institucional del lado del poder y simultáneamente anatematizaba a la oposición y ofrecía el reino de Dios a las bandas terroristas del gobierno. Y no sólo legitimaba sino que se había convertido en realizadora de los planes oficiales, como habría de demostrarlo a través del FANAL, la filial campesina de la UTC la única en su género que pudo expandirse durante la Violencia— que actuaba precisamente como instrumento de espionaje en áreas de ma-

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lestar agrario y como muro de contención, como cordón sanitario, en las zonas de convergencia de la guerrilla y las fuerzas gubernamentales. Hay que subrayarlo, los chulavitas y la Iglesia desempeñaron papeles complementarios en la Violencia. En lo externo, el principal puntal lo constituían la diplomacia, el capital y las armas norteamericanas. El contexto ideológico internacional predominante le proporcionaba, en efecto, al gobierno de Gómez fuentes adicionales de legitimación. Eran los tiempos de la guerra fría y del macartismo, exacerbados a raíz del triunfo de la Revolución china. Era fácil como nunca para Gómez convencer a los Estados Unidos de que él, como los Somoza, los Batista y los Trujillo de la América Central y el Caribe, estaba defendiendo los intereses estratégicos y los valores de la democracia occidental. En el marco de esta alianza mutuamente reforzada, Gómez le dio a Colombia el dudoso honor de haber sido el único país latinoamericano en tener veteranos de la guerra de Corea. Adecuada o no, pero en todo caso indicativa, la caracterización que de su régimen hacía la oposición era la de fascista o falangista. Las influencias ideológicas de estos modelos corporativos y totalitarios se hicieron al fin de cuentas evidentes en el Proyecto de Reforma Constitucional, que sometió a una comisión de notables y cuya discusión resultó a la postre torpedeada y tácticamente dilatada por los miembros liberales de dicha comisión. Bajo este régimen —que por enfermedad de su titular, siguió nominalmente en cabeza de Roberto Ardaneta Arbeláez a partir de noviembre de 1951— la Violencia adquirió la máxima intensidad, revistió nuevas formas y golpeó nuevas regiones. En su carácter multidimensional se pueden diferenciar por lo menos tres procesos globales: el terror, la resistencia y el resquebrajamiento del orden social. Lo que a continuación se esboza es, pues, una hipótesis sobre los elementos constitutivos del fenómeno.

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Corte de franela: imagen imborrable de la Violencia, "combinada mezcla de terror oficial, sectarismo partidista y política de tierra arrasada (...) Sus manifestaciones afectaron irreversiblemente la vida, la integridad física, la sicología y los bienes de centenares de miles de colombianos".

El terror El primero y más visible proceso, el que mayor impacto dejó en la memoria colectiva, fue el de la combinada mezcla de terror oficial, sectarismo partidista y política de tierra arrasada. Las imágenes que han quedado de este proceso son imborrables y en buena medida son las que le han dado su sello distintivo a la Violencia. Sus manifestaciones afectaron irreversiblemente la vida, la integridad física, la sicología y los bienes de centenares de miles de colombianos. Su modalidad extrema fue, obviamente, el asesinato. No sólo por el número de víctimas, sino además porque los indescriptibles rituales de tortura de que estaba rodeada su ejecución marcaron de por vida a toda una generación que le tocó presenciarlos. Incluso a los infantes y a los fetos se les cobraba una elección política que se suponía sus padres ya habían hecho por ellos. A los que quedaban, se les sometía a todas las depredaciones imaginables: a la zozobra del «boleteo» o el pago de cuotas de seguridad; a tácticas que se venían aplicando de antaño en diferentes zonas de conflictos agrarios, tales como la destrucción de sementeras y de cercas; al despojo de bestias, ganado, animales caseros, herramientas y cosechas; al incendio y destrucción de casas y de instalaciones ligadas al procesamiento de los cultivos, como trapiches y beneficiaderos; al abandono o venta precipitada de sus fincas o parcelas.

Conflictos entre vecinos, entre agregados o jornaleros y sus patronos; entre colonos y terratenientes, o los simples asuntos de cantina tendían a resolverse sangrientamente por parte de quienes, dada su filiación política o su preeminencia social, contaban con la complicidad de las autoridades. Pueblos y villorrios en una incesante guerra de vecino contra vecino, vereda contra vereda, establecían estrictas líneas de demarcación política, cuya transgresión tenía consecuencias fatales. Una corbata, una camisa o una puerta roja eran una invitación a la muerte. Como también lo era cargar una cédula que llevara el registro de determinadas elecciones. Formas atroces de mutilación, de violencia sexual y de sevicia sobre los cadáveres de las víctimas, eran un componente patológico que acompañaba la consumación de la mayor parte de las operaciones de intimidación. Comisiones de la policía y del ejército llegaban como ciclones a pueblos y veredas inermes. Recordemos algunos ejemplos. En noviembre de 1950, las chozas de los indígenas del antiguo Resguardo de Ortega y Natagaima, descendientes de los pijaos, son incendiadas y sus habitantes brutalmente expulsados de la región; Yacopí, al noroeste de Cundinamarca, sufre un arrasamiento casi total en 1952; a comienzos de 1953, en Villarrica (Tolima), ciento cuarenta campesinos son puestos en fila india y luego fusilados; caseríos, como el de San José de las Hermosas, en el sur del Tolima, fueron incinerados hasta dos veces durante el período de la Violencia. En una operación de «pacificación» a lo Morillo, el ejército dejó, según registros del médico conservador Parra y del líder social liberal Luis Eduardo Gómez, reafirmados por el historiador norteamericano James D. Henderson, un número estimado de mil quinientos cadáveres en la región rural de Las Rocas, jurisdicción de El Líbano, Tolima, en el curso de la más sangrienta semana de la Violencia, a comienzos

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Testimonios de la Violencia, que hizo víctimas sin distingo, aun entre los niños campesinos. Estas imágenes fueron captadas en Solazar de las Palmas (Santander), Valle del Cauca y Cucutilla (Norte de Santander).

de abril de 1952. En un alarde de intolerancia religiosa, comunidades enteras de protestantes en la región central del Tolima (Ibagué, Rovira, Armero) fueron diezmadas y sus templos destruidos. En operaciones menores, selectivas y continuadas, actuaba una pareja siniestra, los «señaladores» y los «pájaros». Contaban con una extensa red de protectores, complicidad de las autoridades, e incluso acceso a gobernaciones y a figuras políticas que bajo el Frente Nacional habrían de ocupar curules en el Congreso, ministerios o embajadas. El caso de «El Cóndor» en el Valle es bien conocido, es el prototipo. Pero eran muchos. Pululaban también en el Viejo Caldas y en el Tolima. Recibían contraprestaciones económicas según el rango de sus víctimas, aunque los que se enriquecían no eran ellos, sino sus instigadores urbanos. Notarios y jueces, a veces con

fundado temor y muchas otras confabulados con ellos, facilitaban las transacciones y la impunidad subsiguiente. Sus víctimas eran eventualmente notificadas, sus muertes era muertes anunciadas. Discutían sus planes en lugares públicos y la seguridad con que lo hacían, disminuía la capacidad de resistencia, inmovilizaba a sus víctimas. Un café-bar que solían frecuentar en Armenia era conocido por el ingenio popular como «El Chamizo». Daniel Pecaut los ha comparado a los «arditi», las organizaciones privadas que acompañaron el ascenso del fascismo italiano, y Eric Hobsbawm ha visto en ellos una réplica de la mafia siciliana. Como resultado de sus actividades, espantados moradores de las riberas del río Cauca podían contar diariamente los cadáveres arrastrados por la corriente. En poblaciones de la zona cafetera, una fantasmal «volqueta

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El capitán "Desquite", ejemplo de la acción bandolera: "...En esta subcultura de la Violencia, que estaba transformando las conductas sociales, el lenguaje y los esquemas de valorización de muchas regiones, estaba creciendo toda una generación en la cual se insinuaban los 'Desquites' y los 'Sangrenegras', cuyas actitudes oscilaban entre el fatalismo, la sed de venganza y la rebelión reprimida".

Jacinto Cruz Usma ("Sangrenegra") y Luis Noel Lombana ("Tarzán"), jefes de cuadrillas bandoleras en el Tolima.

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roja» recorría las calles a tempranas horas de la madrugada, cargada de las víctimas de la noche anterior. En este ambiente, en esta subcultura de la Violencia, que estaba transformando las conductas sociales, el lenguaje y los esquemas de valoración de muchas regiones, estaba creciendo toda una generación en la cual se insinuaban los «Desquites» y los «Sangrenegras», y cuyas actitudes oscilaban entre el fatalismo, la sed de venganza y la rebelión reprimida. Ésta fue, desde luego, la dimensión de la Violencia recogida en las crónicas y novelas de la época tales como Viento seco (Daniel Caicedo), Las balas de la Ley (Alfonso Hilarión), Lo que el cielo no perdona (Fidel Blandon Berrío), Sin tierra para morir (Eduardo Santa) y Los días del terror (Ramón Manrique), para señalar sólo algunos de los títulos más sugestivos. Fue también la visión que predominó en el estudio pionero de Germán Guzmán y sus colaboradores. Geográficamente, esta modalidad se extendió por todo el interior del país, pero muy especialmente por las zonas minifundistas de Boyacá y los Santanderes y por las de colonización antioqueña de los departamentos del Valle, el Viejo Caldas y el Tolima, en donde como resultado del mencionado movimiento demográfico había surgido una importante capa de cam-

pesinos parcelarios, dedicados predominantemente al cultivo del café. Más genéricamente, podría decirse que se ensañó de aquellas zonas en donde el control gubernamental, la economía o la topografía, impidieron la organización de una resistencia masiva a las políticas de exterminio. Finalmente, este tipo de terrorismo político afectó a todas las categorías sociales del partido liberal, principalmente, pero de desigual manera. Los terratenientes, empresarios y jefes de mayor jerarquía, se ponían al abrigo de la Violencia en el anonimato de las grandes ciudades. Por eso causó tanta alarma el incendio de los grandes diarios liberales, El Tiempo y El Espectador, lo mismo que el de las casas de Lleras Restrepo y López Pumarejo, en Bogotá, el 6 de septiembre de 1952, aunque ellos, a diferencia de los campesinos, habrían de recibir indemnizaciones del Estado bajo el gobierno de Rojas Pinilla. En todo caso, en estos hechos había un mensaje claro: las altas esferas liberales también eran vulnerables, y en ese ambiente de retaliaciones ello constituía una invitación a represalias similares en cabeza de los conservadores. El propio hijo del presidente encargado, Urdaneta Arbeláez, había estado a punto de perecer en el asalto guerrillero a una comitiva oficial en El Líbano. La anarquía tendía pues a hacerse incontrolable y amenazaba tomarse la capital del país. La resistencia El segundo proceso global, y componente mayor de la Violencia, fue el de la lucha guerrillera. Ésta se generalizó, como se ha señalado previamente, cuando la dirigencia del partido liberal se mostró incapaz para frenar el avance del régimen terrorista a través de la simple resistencia civil. La tarea histórica de la lucha por la democracia había pasado ahora al pueblo armado. A diferencia del proceso anteriormente descrito, los alcances y dimensiones reales de éste sólo empezaron a

Capítulo 6

conocerse públicamente, en todas sus implicaciones, con posterioridad al golpe de Rojas Pinilla en 1953, y cuando sus protagonistas ya no tenían el carácter de combatientes sino de amnistiados. Menos visible, pues, en su momento, pero no menos importante en la explicación del curso y desenlace de la Violencia, la irrupción de los enclaves guerrilleros fue la que le imprimió a aquélla el carácter de una guerra, de una confrontación abierta y organizada entre los campesinos armados y el gobierno. Y no se trataba enteramente de una de las viejas guerras civiles decimonónicas. No participaban directamente en ella los grandes jefes políticos o los generales hacendados de otros tiempos. Éstos incitaban o influían, pero se quedaban en las ciudades. Era una guerra dirigida en buena parte, es cierto, por campesinos atados a las lealtades partidistas, pero también por campesinos que habían luchado independientemente por la tierra en décadas anteriores; por líderes populares que, para no ir muy lejos, habían tenido experiencias revolucionarias como la del mismo 9 de abril, en calidad de alcaldes, miembros de juntas, de milicias; por policías desertores o destituidos; por luchadores rasos que se habían ganado el respeto y la admiración en el curso mismo del combate; por migrantes, por arrieros y, eventualmente, aunque en mínima parte, por trabajadores de obras públicas y obreros con alguna experiencia sindical urbana. En suma, por cuadros representativos de una Colombia distinta a la del siglo XIX, en la cual la guerra tendía inevitablemente a hacerse popular. Éste es, si se quiere, el lado heroico de la Violencia, equiparado con frecuencia a la Revolución mexicana. Los grandes núcleos guerrilleros actuaban como polos de atracción para los fugitivos de las zonas en donde predominaba la anarquía o el terror oficial. Se consolidaron, generalmente, en tres tipos de áreas: a) En las de colonización re-

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Guadalupe Salcedo, "personaje-símbolo" del frente guerrillero en los Llanos. Allí "se volvió leyenda y llegó a ser el símbolo de la resistencia armada de todo el período y en todo el país".

cíente del Sumapaz y el sur del Tolima, en donde, como lo han mostrado Darío Fajardo y Medófilo Medina, la incertidumbre sobre los títulos de propiedad era tal que aún estaba «viva la cuestión agraria». Eran regiones en donde, además, existía una considerable base campesina politizada en las décadas anteriores por el partido socialista revolucionario, el partido comunista y la UNIR de Gaitán. b) En las de frontera abierta y colonización inicial, dinamizada luego por la propia Violencia: los Llanos Orientales,- el Magdalena Medio (en el circuito San Vicente de Chucurí-BarrancabermejaLa Dorada-Puerto Wilches), el Alto Sinú y el Alto San Jorge (en los límites de Antioquia y Córdoba). c) Más excepcionalmente, en zonas en donde ya había UNA estructura agraria consolidada (caso del suroeste antioqueño) pero en donde de todas maneras se combinaban unas características comunes a los casos anteriores, tales como condiciones topográficas favorables y relativo aislamiento de los centros de poder; cierto grado de homogeneidad política (liberal) y alguna tolerancia terrateniente liberal, en el

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Jacobo Prías Alape ("Charronegro"), guerrillero de ascendencia indígena que se destacó en las filas de los comunistas del sur del Tolima.

Dumar Aljure (de sombrero) y Guadalupe Salcedo (a la derecha), jefes guerrilleros de los Llanos Orientales, donde llegó a haber 10 000 hombres levantados en armas.

período de conformación del comando guerrillero. En contraste con las típicas zonas de colonización antioqueña y de minifundio del altiplano, eran también zonas con suficiente capacidad para sostener económicamente amplios contingentes armados, durante períodos relativamente largos, dada la coexistencia en su estructura productiva de una ganadería inmediatamente disponible para el consumo y terrenos aptos para el sembrado de cultivos de pan coger de retorno inmediato. En su conjunto, estas zonas pudieron haber llegado a albergar hasta 20.000 hombres en armas, la mitad de los cuales en los solos Llanos Orientales. Estos frentes guerrilleros están asociados a personajes-símbolos que identifican a sus respectivos movimientos. El más importante de todos, indudablemente, es el de Guadalupe Salcedo, que se volvió leyenda en los Llanos y en los años posteriores llegó a ser símbolo de la resistencia armada de todo el período y en todo el país. Le sigue probablemente el recientemente fallecido Juan de la Cruz Varela, quien le imprimió a la resistencia de su región (el Sumapaz) el carácter

de guerra campesina contra la revancha terrateniente que se desencadenó de 1949 en adelante. Ídolos regionales, como el capitán Juan de J. Franco, en el suroeste antioqueño, y Julio Guerra en el sur de Córdoba, apenas muy recientemente han comenzado a ser rescatados por la investigación histórica. Sobre otros, como Rafael Rangel, en la zona santandereana del Carare-Opón, y Saúl Fajardo, en el noroeste de Cundinamarca, sólo hay muy fragmentaria información escrita, aunque sobreviven aún hoy en día en la memoria campesina. El sur del Tolima es un caso aparte por la complejidad de las evoluciones, la diversidad de matices, la fragmentación del movimiento guerrillero. El nombre más conocido o promovido en su tiempo fue quizás el de Jesús María Oviedo, el «General Mariachi», pero en realidad había allí tantos «Generales» como subregiones y comandos: Leopoldo García, «General Peligro»; Hermógenes Vargas, «General Vencedor»; Gerardo Loaiza, «General Loaiza»... la enumeración en sí misma pone de bulto la ausencia de un comando unificado y el reparto gamonalesco de las influencias locales. En las filas de los comunistas se destacaron, entre otros, el veterano dirigente campesino Isauro Yosa, «Mayor Lister», y el guerrillero de ascendencia indígena Jacobo Prías Alape, «Charronegro», pero en el largo plazo, lo que resultó más significativo fue la evolución de campesinos que provenientes de otras regiones (Cauca, Huila, Quindío) y habiendo militado entonces bajo las toldas liberales, al lado de las cuales participaron en las agrias disputas, a veces sangrientas, de «limpios» y «comunes», llegaron finalmente en los años sesenta a ser miembros fundadores de las FARC. Tal el caso del «Mayor Ciro», o el de Manuel Marulanda Vélez, «Tirofijo». Quizás con la parcial excepción de esta última zona —el sur del Tolima— en donde las periódicas rivalidades internas dejaban un boquete abierto a las incursiones devastadoras de la po-

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licía, el ejército y asociaciones paramilitares, en las restantes los enclaves guerrilleros eran verdaderos centros de refugio permanente y diques a veces infranqueables por las fuerzas gubernamentales. Allí había evidentes esfuerzos por darle a la lucha contenido, forma y perspectivas distintas a las que imperaban en las zonas descubiertas del interior. En ellos regían códigos de moral revolucionaria que obligaban al respeto de niños, mujeres y ancianos y leyes que prohibían expresamente la práctica de sistemas de tortura y tierra arrasada a sus adversarios". Reglamentaban el uso de las expropiaciones o de su producto, subordinando los apetitos individuales a las necesidades colectivas de la resistencia. Tenían tribunales propios; realizaban casamientos ante sus jefes y, en algunas zonas —las de mayor control—, definían prioridades de producción y de distribución para la población civil. Esto último particularmente en los Llanos y en la región de El Davis, al sur del Tolima, cuando los comunistas lograron establecer allí campamentos relativamente autónomos y estables. Se combatía también, aunque con desigual

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Pedro Antonio Marín o Manuel Marulanda Vélez ("Tirofíjo").

Hizo la

guerrilla en el sur del Tolima y en los años 60 sería miembro fundador de las FARC. Como jefe de esta organización, firmaría la tregua en el gobierno de Belisario Betancur.

eficacia, el sectarismo, llegando a producirse el caso de Antioquia de que campesinos conservadores acudieran en solicitud de protección a la guerrilla liberal. Reconocían a la mujer un papel protagónico: «La mujer. ¡La mitad de la lucha!», se recuerda en el relato de Eduardo Franco Isaza sobre las guerrillas del Llano; la mujer «ojos y oídos de la guerrilla», pregonaban los «paisanos alzados en armas» del suroeste antioqueño, estudiados por Wilson Horacio Granados. Mirados desde Bogotá, estos inconexos destacamentos aparecían como parte de un movimiento puramente defensivo. Sin embargo, a nivel local y regional, dado su arraigo popular y

Guerrilleros de los Llanos en 1953.

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Salvoconducto concedido a un agricultor de la región del Sumapaz, en ¡953. La expedición dé estos documentos permitía al ejército un control directo sobre la población campesina.

su audacia militar que les permitía tomar poblaciones, aniquilar «comisiones» de chulavitas y eventualmente derribar un avión de caza (en el sur del Tolima), aparecían más bien como movimientos de proyección ofensiva. Allí se hablaba de la guerra y de la revolución contra el gobierno. Allí se moría en combate y no esperando a la muerte. El estudio de Wilson Granados recoge una leyenda que ilustra de manera ejemplar lo que acabamos de decir. Según el relato, el líder guerrillero antioqueño, el capitán Franco, se convertía en toro (símbolo ofensivo por excelencia) y transitaba por las calles y veredas de Urrao poniendo en desbandada a los conservadores y, sobre todo, a la policía. Habitantes tanto del lado del gobierno como de la guerrilla alegaban haberlo «visto» e incluso daban los nombres de quienes habían sufrido sus embestidas. Estos movimientos entraron en una nueva dinámica hacia 1952. En el curso del segundo semestre de ese año comenzaron a vislumbrarse, en efecto, transformaciones cualitativas que inquietaron profundamente a la Dirección Nacional Liberal, a los militares

y al propio partido de gobierno. El centro motor de estas preocupaciones estaba en los Llanos Orientales de Colombia. El 10 de julio, en Puerto López, Guadalupe Salcedo liquida totalmente una columna militar de 100 unidades. En agosto, los más notables jefes guerrilleros pusieron a la dirección liberal frente al siguiente dilema, o encabeza la revuelta general o la hacemos por nuestra cuenta. La oligarquía liberal volvió a sentir los mismos temores que la habían asaltado el 9 de abril y por intermedio de López Pumarejo, respondió: «Si es ésta la última oportunidad que tienen los directores del liberalismo para cumplir su destino histórico, según lo contemplan o interpretan los jefes de la revuelta armada, estamos resueltos a perderla. Y más todavía, a que se produzca el rompimiento definitivo con el pueblo que ellos nos anuncian...» Es decir, que de un plumazo se abría un nuevo período en la revolución llanera. En el mismo mes de agosto se celebra en Viotá la llamada «Conferencia de Boyacá» a la cual asistieron representantes de los más importantes frentes guerrilleros del país (excepto los de la extendida pero desorganizada guerrilla liberal del sur del Tolima). En cierta medida malograda, esta asamblea se convirtió en la «Primera Conferencia Nacional del Movimiento Popular de Liberación Nacional» cuyas tareas habrían de ser impulsadas por una «Comisión Nacional Coordinadora». El 11 de septiembre se proclama «La Primera Ley del Llano», que organiza la justicia y distribuye las funciones a los jefes civiles y militares, a los comisaríos y a los agentes de orden público; define los delitos contra la revolución; consagra las garantías individuales; impulsa el trabajo comunitario; impone límites y condiciones al uso de la tierra; establece granjas y colonias «por cuenta y propiedad de la revolución» para el sostenimiento del ejército campesino; reglamenta la ganadería y el impuesto a los hatos. Dentro de esta misma cadena de acontecimientos, al concluir el año, el 31 de

Capítulo 6

diciembre, un comando volante de doscientos campesinos procedentes del noroccidente de Cundinamarca penetró a la base aérea de Palanquero y sólo por la indisciplina de unos pocos no alcanzó el objetivo final que era la toma de la misma. En los primeros meses de 1953, lo político y organizativo fue ganando prioridad frente a los aspectos militares. Se avanzaba en los preparativos de creación de un «Supremo Comando Nacional Guerrillero» y bajo la inspiración del abogado José Alvear Restrepo, el más notable ideólogo de la resistencia, injustamente olvidado, se estaba redactando la «Ley que organiza la revolución en los Llanos Orientales de Colombia» (Segunda Ley del Llano) que habría de ser sancionada por una asamblea guerrillera el 18 de junio de 1953, cinco días después del golpe de Rojas Pinilla. En los 224 artículos de esta última ley, cuya importancia destacó por primera vez el jurista Eduardo Umaña Luna, se trataba en realidad de la organización de un territorio al cual se daba tratamiento de zona liberada y en estado de guerra prolongada, preparándose claramente para la extensión de la revolución a todo el país y para la instauración de un gobierno democrático-popular: «La revolución es un movimiento popular de liberación; por lo mismo es obra de todos los que participan en ella.» En su conjunto, esta ley planteaba un programa mucho más avanzado que el que proponían los comunistas del sur del Tolima. Estos últimos ciertamente estaban levantando banderas como la de la reforma agraria y consignas como la de la «tierra para el que la trabaja», pero prisioneros de un excesivo localismo y atrapados en los enfrentamientos con las indisciplinadas y sectarias guerrillas liberales de su zona, sus programas y sus tácticas tendían a ser vistos como una imposición, en tanto que las leyes del Llano eran aceptadas como un resultado natural de la maduración y evolución interna de la lucha. De hecho, constituyen el más

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completo proyecto democrático que el movimiento armado haya contrapuesto al proyecto fascistizante de la Asamblea Constituyente de Laureano Gómez. Vale, pues, la pena mirarlo con algún detenimiento. Primero, se establece el siguiente orden jerárquico: a) El Congreso, como «suprema autoridad de la revolución», el cual se reuniría anualmente el 1.° de mayo, día del trabajo, con representantes de la tropa y de la población civil. b) Un Estado Mayor de cinco miembros, con representación también de la población civil y a cuyo cargo estaría la dirección política y administrativa en el territorio de la revolución. c) Un comandante en jefe (Guadalupe Salcedo) como suprema autoridad en asuntos militares, sometido a la dirección política del Estado Mayor General. d) Comandante de zona, y e) Juntas de Vereda, como órgano primario de gobierno y con una gran variedad de funciones, en múltiples planos. En el económico, la organización y planificación de la producción y el control de la distribución y el consumo. En lo político, son escenario del cabildo abierto, como forma directa de democracia, y discuten mensualmente los problemas de la comunidad. En lo judicial, deciden en primera instancia. Con típico criterio llanero (zona de frontera agrícola, con escasa población) se define la vereda como «el grupo de población que se

Otro salvoconducto militar de 1953, a nombre de Luis Hernando Pineros, de Pandi, uno de los amnistiados con el cambio de gobierno del 13 de junio.

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surte de carne en un mismo sitio de matanza». Segundo, se trazan las líneas generales de una economía de guerra, en lo concerniente al trabajo, la propiedad, la producción y la distribución. El trabajo es definido como «la principal obligación de la población civil». Se respeta la pequeña propiedad, pero domina una tendencia socializante. Dentro del territorio «liberado», las riquezas naturales y los medios de producción (tierras, aguas, herramientas) pertenecen a la revolución y serán distribuidos entre los miembros de la población según los planes de trabajo, cuya realización y programación está a cargo de las Juntas de Vereda. «Los productos serán distribuidos de acuerdo a las necesidades de cada cual, una vez separada la participación necesaria para el sostenimiento de las Fuerzas Armadas.» Estas previsiones eran la respuesta revolucionaria a los periódicos bloqueos económicos a la región. Constituían, igualmente, una forma de vinculación efectiva de todo el pueblo trabajador a la lucha. Tercero, se presta especial atención a la relación entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias y la población no combatiente. Al igual que los jueces veredales, el ejército no aparece como una entidad separada del pueblo, sino al contrario: «El objetivo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias es la defensa del pueblo y el enfrentarse en combate al enemigo, hasta obtener el triunfo para el derrocamiento de la tiranía y la implantación de un gobierno popular en Colombia.» Rasgos esencialmente democráticos en las relaciones dentro del ejército revolucionario y que lo distinguen radicalmente del ejército regular como instrumento de opresión, son los siguientes: la obligación del soldado de tratar con respeto y compañerismo a las personas y familias de la población civil y a sus propios compañeros de armas. «En el ejército revolucionario todos son compañeros.» El compañerismo entre superiores e inferiores; el derecho de los inferiores a criticar, discutir y apelar

las medidas de los superiores, permiten hablar realmente de una verdadera estructura democrática del ejército revolucionario. Además, el ingreso del soldado a la revolución es voluntario. En cuarto lugar, puesto que se le reconocía una función rectora a la política sobre las armas, la instrucción revolucionaria hacía parte de las labores cotidianas: «En el horario del comando, se fijará todos los días por lo menos una hora para la instrucción revolucionaria de la tropa, que comprenderá nociones de cultura cívica, historia patria, urbanidad, higiene, geografía, lectura y escritura y especialmente el conocimiento de los motivos y objetivos de la lucha, según la cartilla que hará el Estado Mayor General.» Era, básicamente, un proyecto de cartilla de primaria con orientación revolucionaria. Se le asignaba igualmente al Estado Mayor la tarea de «llevar una historia de la revolución, tanto en lo que respecta a las luchas militares como al desarrollo político, económico y cultural». En quinto lugar, podría señalarse una gama de artículos sueltos que, en la época y en las circunstancias, resultaban muy novedosos: los referentes al matrimonio civil, al divorcio, a la legitimidad de todos los hijos, a la igualdad de la mujer ante el hombre, a la protección de la población indígena contra los abusos de los «elementos civilizados», al respeto de la vida, honra y bienes de los conservadores en tierra invadida y la prohibición de la práctica de «tierra arrasada». Finalmente, dentro de los cuadros dirigentes del ejército revolucionario llanero, había una clara consciencia de que la consolidación y el desarrollo de las tendencias revolucionarias del Llano dependían también del desarrollo de las tendencias revolucionarias en el resto del país y de su posibilidad efectiva de articulación. En consecuencia, el movimiento revolucionario de los Llanos se organiza sobre una base proyectiva y no defensiva, expresamente manifiesta en una de las funciones

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asignadas al Estado Mayor: «Dirigir las relaciones del Llano con las demás guerrillas y grupos revolucionarios, tanto de Colombia como de otros países y procurar la unión y cooperación con ellos en todo lo posible.» En síntesis, los jefes guerrilleros que participaron en la asamblea de junio de 1953 tenían la mente ocupada con temas y preocupaciones enteramente nuevas en el curso de la Violencia. La posibilidad de elevar este proyecto a la categoría de programa de la Revolución Nacional estaba planteada y su conducción militar por un Guadalupe Salcedo, también. En últimas, resultó ser una notable coincidencia el hecho de que tanto este proyecto democrático revolucionario, como el proyecto corporativo de Laureano Gómez, hubieran madurado simultáneamente en el curso del primer semestre de 1953, pero también que la aprobación de ambos hubiera sido programada para una fecha en la que ya se había producido el relevo en el gobierno. Los dos expresaban una nueva polarización, cuyo desenlace hubiera sido impredecible. El resquebrajamiento social El tercer proceso —derivado de los dos anteriores— es el de los efectos sociales de la Violencia. Visible para sus contemporáneos en sus expresiones más dramáticas, permanece aún relativamente oculto en muchas de sus dimensiones estructurales. Constituye la faceta más ignorada del período, la visible sólo a distancia, en el largo plazo, por una nueva generación. Es la que se nos revela en panorámica sólo cuando ya conocemos su final. Volveremos sobre el punto en el próximo ensayo. Baste por el momento una simple enumeración de sus manifestaciones más protuberantes. La Violencia, por donde se iba expandiendo, estaba sacudiendo las estructuras de la propiedad agraria. Precautelativamente, o bajo el chantaje, miles de acosados campesinos del interior abandonaban sus parcelas, o en

Leopoldo García ("Peligro"), jefe guerrillero del Tolima, donde nunca hubo un mando unificado y sí un reparto gamonalesco de las influencias locales, entre jefes como Jesús María Oviedo ("Mariachi" ),Hermógenes Vargas ("Vencedor"), Aristóbulo Gómez ("Santander"), Luis Efraín Valencia ("Arboleda") y Gerardo Loaiza.

el mejor de los casos las vendían a compradores forzosos y a precios abismalmente inferiores a los normales. Seguidamente, pasaban a engrosar nuevas corrientes migratorias en zonas de colonización lejana, el ejército de desempleados, el pequeño comercio y los tugurios de las ciudades y, eventualmente, las filas de la guerrilla. Tales tierras tenían múltiples destinos. A veces pasaban a un terrateniente de la zona, otras a campesinos del bando contrario, y muchas veces a una nueva capa de comerciantes de ambos partidos —los «aprovechadores»— que se estaban formando como clase comerciante-terrateniente en los negocios turbios de la Violencia. Modestos tenderos o arrieros, e incluso personajes sin ocupación conocida, se enriquecían de la noche a la mañana ante el asombro de sus coterráneos con el comercio de café y ganado robado o de fincas de campesinos «boletiados».

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Muchos terratenientes estaban sometidos a presiones similares, tanto en zonas de guerrilla como de anarquía generalizada, pero ellos, al igual que los campesinos ricos con alguna liquidez, tenían una gama más amplia de opciones: la venta, pero también el desplazamiento de sus inversiones y, ante todo, un refugio seguro en las grandes ciudades en donde podían esperar a que la situación se «arreglara». Aparte de algunos casos de notable continuidad, como el de la ininterrumpida expropiación de las comunidades indígenas en el triángulo sur del Tolima-norte del Huila y Tierradentro en el Cauca, o el del sostenido avance del capitalismo agrario en la zona azucarera del Valle del Cauca y en algunos islotes del plan del Tolima (Armero, Espinal, Guamo), estos procesos estaban sometidos a movimientos pendulares continuos. Donde hoy sólo podían establecerse campesinos conservadores, mañana sólo podían establecerse campesinos liberales. De igual manera, en zonas de reciente agitación agraria, como el Sumapaz cunditolimense, si la iniciativa a fines de los años cuarenta la habían tomado los terratenientes, más adelante, puesto que el movimiento campesino se había armado y no desaparecido como suele afirmarse, con el respaldo de las armas se iría gradualmente consolidando hasta contrarrestar eficazmente la avanzada terrateniente. Había también, en el curso del año, ciertos ritmos económicos del acontecer de la Violencia: en los departamentos cafeteros, los asesinatos, robos y asaltos se intensificaban durante el período de la cosecha; en los Llanos, por el contrario, los períodos de mayor actividad en la comercialización del ganado —los fines de año— estaban acompañados de treguas pactadas, con la intervención activa de los terratenientes frente a la guerrilla y frente al ejército. Tierras baratas y salarios rurales altos, como precio de la inseguridad, constituían un binomio que sin lugar a dudas debían desalentar tanto a los te-

rratenientes como a los inversionistas de mentalidad capitalista. La desbandada de terratenientes a las ciudades, por su parte, tenía efectos perturbadores sobre la vieja estructura hacendataria. Ocupantes de hecho en las zonas de implantación guerrillera, se iban quedando, sin que se supiera entonces hasta cuándo, ante la mirada impotente de los propietarios. Como tendencia general, la zozobra en el campo conllevaba una reorganización interna de las haciendas. Se generaba una revitalización forzosa de la aparcería y la agregatura en plantaciones cafeteras en donde estas modalidades habían comenzado a desaparecer con posterioridad a la legislación de tierras de 1936. Lo anterior, con dos agravantes: que los aparceros, arrendatarios y similares se cobraban los riesgos a que estaban diariamente sometidos no rindiendo cuentas o rindiéndolas incompletas a los terratenientes ausentistas, y que cada vez ejercían un control más completo sobre el proceso productivo y la comercialización. Es decir, que se atribuían funciones que iban más allá de lo que voluntariamente o con el ejercicio de su poder era tolerable para los terratenientes. Había incluso aparceros y mayodormos que estaban entrando en arreglos con la guerrilla en muchas zonas. Todo esto significaba un resquebrajamiento no sólo de la autoridad del terrateniente sino también de arraigadas pautas de funcionamiento de la hacienda. Aunque en ciertos períodos y en algunas localidades era ocasionalmente imposible recoger la cosecha, los trastornos mencionados no producían modificaciones abruptas en el volumen nacional comercializable, ya que lo que generalmente operaba era una simple sustitución de los mecanismos regulares de comercialización. Esto puede explicar en parte la euforia de la Federación, aun en los períodos más críticos de la Violencia. Pero debería quedar claro que ese entusiasmo no reflejaba la situación real de los propietarios. En otras palabras, la co-

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secha podía perderse para los productores, pero no necesariamente para los circuitos comerciales. Económicamente hablando, la ruina de la ganadería resultaba mucho más evidente. Primero había el robo continuado, graneado o a gran escala, del cual eran objeto tanto pequeños como grandes propietarios y que tenía sus rutas y engranajes de comercialización favoritos en los caminos y carreteras de comunicación interdepartamental a lo largo de la Cordillera Central. Segundo, se ha señalado ya cómo la destrucción y el arrasamiento de semovientes constituían formas de castigo a los adversarios políticos. Y tercero, el ganado constituía un elemento básico en el avituallamiento de las grandes concentraciones guerrilleras. La expropiación para la satisfacción de las necesidades de consumo de la población combatiente (sur del Tolima, suroeste antioqueño, Llanos Orientales) y la tributación forzosa, hacían que, de hecho, la guerrilla fuera una carga muy costosa para los ganaderos. Como corolario de todo lo anterior, podría decirse que se estaban creando nuevos ejes de atracción de la inversión agrícola (la Costa Atlántica); nuevos ejes de acumulación, en cabeza de un nuevo comerciante-terrateniente, dueño de regueros de fincas que concentran la propiedad bajo la modalidad que el antropólogo Jaime Arocha llama «latifundio disperso»; un nuevo reordenamiento del espacio productivo, con el desmantelamiento de la industria liviana en algunas poblaciones intermedias y el surgimiento de nuevos polos de concentración industrial; nuevas pautas de migración y colonización. Todo ello, ligado al impacto demoledor que estaban sufriendo no sólo los campesinos, sino también las propiedades y los bienes de algunos sectores de la clase dominante en franco repliegue (terratenientes y ganaderos), hacía pensar en una acéfala y subterránea conmoción social que amenazaba sacudir, quién sabe cómo, los cimientos del orden tradicional.

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Mirada entonces en perspectiva la evolución simultánea de los tres procesos globales que hemos analizado en las páginas anteriores, el terror y la anarquía, las nuevas perspectivas de la resistencia y el paulatino dislocamiento social, era comprensible que se recurriera a una salida de emergencia. Un atípico golpe de estado que delegaba a los militares la tarea política de la pacificación pareció abrir un compás de esperanza para los colombianos. El día 13 de junio de 1953, el general Gustavo Rojas Pinilla asumía el poder en Colombia en medio del regocijo de todos, especialmente de los liberales que lo saludaron como a un segundo Libertador.

Efraín González (de camisa a rayas), famoso bandolero que se inició al lado de Jair Giraldo en el Sumapaz y luego fue llamado por conservadores de la provincia de Vélez para que los defendiera del grupo de Carlos Bernal, que buscaba "liberalizar" la región.

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La Violencia: de Rojas al Frente Nacional Gonzalo Sánchez G. Rojas, la amnistía y los problemas de la paz

C

uando el comandante general del ejército, Gustavo Rojas Pinilla, asumió el poder el 13 de junio de 1953, encontró un país semidevastado por el terror en algunas áreas, en proceso de insurgencia generalizada en otras y, en todo caso, al borde de una crisis social y política irreversibles. Al anunciar su lema de gobierno: «Paz, Justicia y Libertad», estaba, pues, respondiendo a un anhelo nacional. Sucedió entonces algo inusitado en Colombia: que un militar y presidente de hecho se posesionara con el más voluminoso y variado respaldo que gobernante alguno hubiera tenido en la historia de la República. El ex presidente Darío Echandía habló de «golpe de opinión», la dimensión del cambio político se midió con la estrofa del himno nacional que comienza: «Cesó la horrible noche.» Del panorama que hemos descrito en el ensayo anterior, se desprendían las tareas esenciales del nuevo gobierno: poner freno al terror y la anarquía,

desactivar la guerrilla y reconstruir económicamente las zonas afectadas por la Violencia. La pacificación La primera de tales tareas pareció comenzar a realizarse con el impacto mismo del remezón político que acababa de producirse. Laureano Gómez, que había hecho del terror una línea de gobierno, había tomado el camino del exilio, dejando acéfala, sin coherencia y a la defensiva su corriente partidaria. En contraste con el lenguaje de guerra de los años anteriores, el país fue inundado con un lenguaje de reconciliación, preconizado a cada paso por el presidente, y reafirmado sistemáticamente por los directorios políticos, los gremios, la Iglesia y la prensa. Los alzados en armas, tratados antes como criminales y bandoleros, eran reconocidos ahora como fuerzas rebeldes y beligerantes con las cuales era por lo menos concebible negociar. La memoria de los caudillos era sustituida por el recurso a la herencia común del bolivarismo y la tradición cristiana. A los símbolos sectarios del azul y rojo, se superponía ahora la bandera nacional; «la patria

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Primera página de "La República", del 13 de junio de 1954, con las fotos de los presidentes de la República y de la ANAC, y con el facsímil del Acto Legislativo por el cual la Asamblea Nacional Constituyente legitimó el régimen de Gustavo Rojas Pinilla.

7 de agosto de 1954: El teniente general, jefe supremo Gustavo Rojas Pinilla, reelegido por la ANAC para un período de 4 años, toma posesión del cargo. En el desfile, generales Muñoz, Berrío y Rafael Calderón Reyes, Lucio Pabón Núñez y Alfredo Duarte Blum.

por encima de los partidos», era el eslógan de la nueva época que se prometía. Este énfasis en lo nacional, debe señalarse aquí, se haría ostensible en todos los intentos organizativos del rojismo en competencia con la tradición bipartidista. Se materializó en su más temprano intento de conformación de un Movimiento de Acción Nacional (MAN), pasó por el mundo sindical, a través de la Confederación Nacional de Trabajadores (CNT) y reapareció más tarde en la Alianza Nacional Popular (ANAPO). Por el momento, el efecto de estos nuevos hechos, actitudes y valores era innegable. Durante su primer año de gobierno. Rojas creó la sensación de estar generando una nueva psicología colectiva, permeable a una reorientación de la cultura política colombiana. Millares de campe-

sinos desarraigados emprendieron el regreso a sus lugares de origen, y aunque en muchos casos simplemente se había dejado de informar, una atmósfera de tranquilidad, tanto más apreciable si se la contraponía al clima de zozobra reinante en la nación en el más inmediato pasado, empezó a palparse en todo el país. Hasta cierto punto, parecía un triunfo fácil. Las múltiples evoluciones de la Violencia habían convertido la paz en una necesidad, tanto para los peones como para los hacendados, tanto para los insurgentes como para los detentadores del poder. La amnistía Paralelamente a la campaña ideológica anterior, y utilizando a fondo el capital político que ella iba dejando, Rojas emprendió su segunda tarea, la del desarme y desmovilización de las guerrillas, con una audaz iniciativa cuyos alcances son más complejos de evaluar: el ofrecimiento de una amnistía general e incondicional. Para darle credibilidad al hecho, en el curso de la primera semana de ejercicio del poder, ordenó la suspensión de las hostilidades militares y la distribución masiva de hojas volantes que se hicieron llegar en aviones y helicópteros a los principales frentes guerrilleros, con mensajes de paz y promesas de garantías precisas para los que depusieran sus armas. Aunque la mira estaba puesta particularmente en los Llanos, la operación gubernamental asumió el carácter de ofensiva general y simultánea con una circular enviada el 15 de junio por el comandante del ejército, Alfredo Duarte Blum, a todas las guarniciones militares del país, instruyéndolas sobre los procedimientos que deberían seguirse. El logro parcial o total de los objetivos, en cualquiera de las regiones convulsionadas, sería utilizado como arma de presión a las guerrillas del Llano, las más numerosas, las más temidas, las de mayor significación en el contexto nacional. Hay que recor-

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dar que cuando llegaron los primeros comunicados a los Llanos, los guerrilleros acababan de salir de una «Asamblea Revolucionaria de jefes» que, luego de haberle dado aprobación a la «Segunda Ley del Llano» (18 de junio, 1953), se habían dispersado por sus respectivos territorios y comandos con el fin de informar a sus seguidores sobre el contenido e implicaciones de la nueva etapa de lucha guerrillera. Cuando conocieron la noticia del derrocamiento de Gómez, y comprobaron que de los helicópteros en lugar de balas y bombas les repartían gestos amistosos, reaccionaron con sorpresa e incredulidad. Sin embargo, para corresponder a las muestras de buena voluntad del gobierno y darse desde luego el tiempo necesario para adelantar consultas internas con todos sus jefes, con sus contactos del Comando Nacional en Bogotá, y para hacer una evaluación mínima de la situación general del país, ordenaron también, el 22 de junio, la suspensión de las hostilidades guerrilleras. La programación militar de las negociaciones, que siendo simultáneas daban la impresión de una operación envolvente sobre los Llanos, rindió sus primeros frutos visibles, apenas cumplido un mes de iniciación. La cadena se rompió, naturalmente, por el {«eslabón más débil». Con el apoyo, la intervención y la gestión de gamonales, terratenientes y comerciantes, el gobierno logró las primeras y más improvisadas rendiciones incondicionales en la región central del Tolima, en actos que con propósito ejemplarizante recibieron la más amplia publicidad imaginable-. A las guerrillas liberales del sur y norte del mismo departamento se les arrancó, con procedimientos y con efectos similares, una promesa pública de entrega en agosto, la cual también se anunció con gran despliegue propagandístico, aunque sólo habría de hacerse efectiva en octubre. Escalonadamente, y quizá con menos atención pública, porque se las conocía menos, se fueron entregando las del territorio Vásquez (norocciden-

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"Por la patria, la paz y la justicia", estampilla de correos conmemorativa del 13 de junio y del binomio "Pueblo Fuerzas Armadas".

te de Cundinamarca) y las de Rafael Rangel en el Carare-Opón (Santander). En Antioquia, el líder guerrillero más destacado, el capitán Juan de J. Franco Yepes, que el 24 de julio había anunciado no la entrega pero sí la disolución de su guerrilla, fue capturado un mes más tarde por militares que faltaron a su palabra. Fue luego sometido a prisión hasta el término del gobierno de Rojas Pinilla. En este contexto, los jefes militares de los Llanos avanzaban en negociaciones separadas con jefes guerrilleros de segundo rango, a los cuales se les cortó prácticamente toda comunicación con los máximos dirigentes, Guadalupe Salcedo y Eduardo Franco Isaza, según se desprende del itinerario de los contactos previos a la entrega, recogido por Germán Guzmán. Después que las guerrillas hubieran elaborado un pliego de peticiones de

Abrazo del padre guerrillero y el hijo soldado, noviembre de 1953. El gobierno militar logró pronto la rendición incondicional de guerrillas en el Tolima, Territorio Vásquez, Santander, Antioquia y los Llanos.

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Guerrilleros de los Llanos acogidos a la amnistía hacen cola para la entrega de armas y recepción del salvoconducto. En general, todas las entregas de las guerrillas recibieron considerable despliegue publicitario.

Cédula de ciudadanía de Jacinto Cruz Usma, "Sangrenegra". En la Violencia, éste bandolero es la personificación de la anarquía y el terror puro y simple.

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veinticuatro puntos, cuya aprobación presidencial se exigía como condición previa a la culminación de las negociaciones, los militares acorralaron a los principales jefes guerrilleros, entre ellos a Guadalupe Salcedo, en la población de Monterrey. De hecho, se les convirtió en rehenes hasta tanto el personal guerrillero a su mando hiciera efectiva la entrega. Lo que permitió llegar a un final exitoso desde el punto de vista del gobierno fue el prestigio personal del presidente, que cada día crecía más. Su intervención en el incidente fue decisiva. Hasta entonces, los tropiezos, traiciones o chantajes que se habían presentado en el camino de las negociaciones eran atribuidos a la mala fe de los ejecutores locales o regionales de su política. Él seguía siendo el árbitro supremo. Además, en este campo, y con el beneplácito de la prensa bipartidista, no contaban

tanto los procedimientos sino los resultados. Y a fines de octubre éstos eran convincentes. Se daban cifras como éstas: en todo el país 3.500 hombres habían depuesto las armas. Sólo en los Llanos lo habían hecho 1.489 combatientes. Y aunque la tendencia general era la de entregar sólo escopetas y armas inservibles, los llaneros le dieron un aire más definitivo a sus compromisos entregando cerca de quinientos fusiles. En sus planes económicos el gobierno se sintió obligado a tratar con particular predilección la región, a tal punto que todavía en enero de 1955 —un año crítico para Rojas— el presidente era triunfalmente recibido en Yopal y en Tame, dos bastiones de las ahora desmovilizadas fuerzas guerrilleras. Incluso en aquella ocasión y en la última población estrechó la mano de Guadalupe Salcedo. Allí los campesinos admitían que de alguna forma el gobierno les había cumplido. Quedaban, sin embargo, como en suspenso, dos regiones neurálgicas que preocupaban mucho al gobierno: las de influencia comunista en el sur del Tolima y el Sumapaz. Los comunistas habían reaccionado con cautela frente a las expectativas creadas por un gobierno a fin de cuentas militar. Optaron por una simple desmovilización, sin entrega de hombres ni de armas, después de agudos debates internos. Pero el aislamiento que empezaron a padecer les hizo insostenible la táctica de «autodefensa» que venían practicando. Asediados por el ejército y por ex guerrilleros liberales instigados por los terratenientes, emprendieron un desplazamiento silencioso pero 'sistemático a las montañas del Sumapaz en la cordillera oriental, más cerca de Viotá, su centro de apoyo logístico en el Tequendama. Otros lo hicieron hacia Ríochiquito, en el Cauca, por el filo de la cordillera central. Los que tomaron el camino del Sumapaz fueron acogidos por un veterano líder agrario de estirpe gaitanista, Juan de la Cruz Várela, llevado gradualmente por la Violencia a hacer la causa co-

Capitulo 7

mún con sus antiguos rivales, los comunistas. Varela, con un conocimiento acumulado de años en su región, había hecho una entrega políticamente calculada a fines de octubre de 1953: para neutralizar la presión militar, entregó hombres (1.200 según la prensa); para prevenir la inminente reacción latifundista, guardó las armas. En estas condiciones comenzó a operar lo que luego se llamó la «tregua» en la región. En su conjunto, los frentes guerrilleros más articulados políticamente formularon en el curso de sus variadas respuestas a la amnistía, un programa ¡ esencialmente democrático, que podría verse como una derivación o continuación de las banderas que habían enarbolado en los años de la resistencia. Dicho programa incluía demandas de garantías elementales, como el derecho a la vida y la integridad física, que en aquellos tiempos turbulentos había que recordar a gritos todos los días; el desarme de las contraguerrillas; el reconocimiento del título de guerrilleros (y no simples «bandoleros»); libertad para los presos políticos; levantamiento del estado de sitio y elecciones libres; libertades políticas y sindicales; libertad de expresión, hablada y escrita. En el plano económico, plantearon exigencias que expresaban necesidades apremiantes de sus regiones y que ningún diagnóstico serio sobre la Violencia podía ignorar. Entre estas últimas, cabe señalar: créditos estatales para la reconstrucción y uso productivo de las tierras de sus comunidades campesinas; indemnizaciones económicas a regiones devastadas por la acción directa de las tropas gubernamentales; reubicación de los «exilados» en sus lugares de origen y ayuda para la repatriación de los que habían tenido que huir a Panamá y Venezuela; restitución de las propiedades usurpadas a sus antiguos dueños; y, eventualmente, distribución de tierras a los campesinos, con base en el principio de «la tierra para el que la trabaja». En suma, habían formulado, en 1953, las tareas básicas de las fuer-

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zas democráticas y los puntos centrales de la problemática agraria de los próximos diez años de Violencia. Su vigencia, por supuesto, fue más allá del período de Rojas y siguió viva bajo el Frente Nacional. La reconstrucción económica La reconstrucción de la economía rural parecía ciertamente una tarea descomunal para cualquier gobierno. Estadísticas aproximativas sólo comenzaron a levantarse en 1957. y revelaban un cuadro dramático. Hasta ese

Niños guerrilleros en la hora de la amnistía.

Entrega de guerrilleros en los Llanos. "Aunque la tendencia general era entregar sólo escopetas y armas inservibles, los llaneros dieron un aire más definitivo a sus compromisos entregando cerca de 500 fusiles".

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"Todavía en enero de 1955 -un año crítico para Rojas- el presidente era triunfalmente recibido en Yopal y en Tame, dos bastiones guerrilleros... Incluso en aquella ocasión y en la última población estrechó la mano de Guadalupe Salcedo".

Entrega de armas de Dumar Aljure.

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año, en el Tolima, por ejemplo, los cálculos establecían que desde 1949 hasta la fecha 361.000 personas habían emigrado en forma permanente o transitoria; 34.300 casas habían sido incendiadas, y más de 40.000 propiedades rurales pertenecientes a más de 32.000 propietarios, habían sido abandonadas transitoria o definitivamente. Estos últimos datos equivalían a más del 42 % de las propiedades y de los propietarios rurales del Tolima. Las

cifras —aunque no la proporcióneran incluso mayores en el Valle del Cauca, por la acción continuada de los «pájaros», según se supo más tarde. Además, al lado de este tipo de efectos más notorios, había otros menos visibles inmediatamente, como los que se derivaban de irregulares mecanismos de comercialización de tierras, cosechas y ganados, que se traducían en la imposición de precios con características verdaderamente confiscatorias. Para responder al desafío de estas cifras, Rojas tenía inicialmente a su favor una boyante economía exportadora, con precios del café nunca antes alcanzados (91,53 centavos de dólar la libra, en marzo de 1954); para allegar recursos adicionales al estado, impuso nuevas cargas tributarias a los dividendos de bonos y acciones; y, para aliviar la angustia de los campesinos, hasta prometió reforma agraria. Pero la bonanza cafetera se había esfumado al año siguiente; los industriales, la banca y las compañías de seguros se convirtieron de entrada en «enemigos agazapados del gobierno», en protesta por las nuevas medidas redistributivas y por la liberación de importaciones que desde el punto de vista de ellos era una dilapidación de las divisas, aunque las clases media y popular las vieran como un descanso para los presupuestos familiares; y, finalmente, las promesas de reforma agraria se diluyeron en un proyecto de desarrollo capitalista, que con una perspectiva típicamente terrateniente combinaba la pareja productividad y colonización. No hay que olvidar, por supuesto, el nuevo impulso que entonces recibieron algunos proyectos de interés nacional, a saber, el reordenamiento de la política de producción de hidrocarburos —de hecho la creación de Ecopetrol— y el fortalecimiento de la empresa siderúrgica Acerías Paz del Río, pero para los propósitos de este ensayo conviene recalcar que la mayor parte de los nuevos recursos se volcaron prioritariamente hacia dos rubros bien definidos: primero, hacia

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renglones específicos de inversión agrícola, como la compra de maquinaria y fertilizantes y la construcción de distritos de riego, cuyos destinatarios inmediatos fueron los grandes barones del azúcar en el Valle del Cauca y los emergentes empresarios agrarios del arroz y el algodón en el plan del Tolima; el segundo rubro favorito fue el de la financiación de obras de infraestructura, tales como la construcción de centros hidroeléctricos, del ferrocarril del Atlántico, del aeropuerto internacional El Dorado y las instalaciones de la televisión nacional, obras éstas que en su conjunto imprimieron un nuevo ritmo a la reproducción de capitales tanto urbanos como rurales. Es decir, que por este aspecto al menos —y era el más consistente— se trataba claramente no tanto de planes de apoyo para los arruinados por la Violencia, sino más bien de premios y estímulos para los que directa o indirectamente habían salido mejor librados de ella. Desde el ángulo de la colonización —que podría considerarse como el segundo eje de la política agraria del gobierno—, tampoco se abordaban sino que hasta cierto punto se esquivaban los centros de mayor perturbación social, que eran los de la zona cafetera. La «colonización dirigida» se presentaba como la panacea para la solución de las tensiones en el interior del país, sobre el supuesto de que el problema álgido allí no era la distribución de la tierra, sino la excesiva concentración demográfica. No era sorprendente. El Consejo Nacional de Agricultura, encargado de diseñar estos planes, estaba integrado fundamentalmente por organismos representativos de los intereses de los grandes propietarios: federaciones de algodoneros, arroceros y ganaderos. Por otra parte, el Instituto de Colonización e Inmigración, bajo cuyo estímulo surgió, por ejemplo, la población de Cimitarra (Santander), resultó a la postre tan inoperante, por el caos administrativo, la escasez de fondos y la falta de coordinación entre las dependencias gu-

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Un salvoconducto en Sumapaz, abril de 1955.

Juan de la Cruz Varela depone las armas en la plaza de Cabrera, Sumapaz, octubre 30/53.

Durante su visita a los Llanos Orientales, enero de 1955, Rojas Pinilla monta a "Palomino", que le fue regalado por la población de Acacias.

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Armamento recogido en los Llanos.

bernamentales involucradas en su manejo, que sus funciones le fueron asignadas en 1956 a la Caja Agraria. Parecía, pues, como si se estuviera esperando a que en las zonas más conflictivas la Violencia provocara sus propias soluciones. Y en parte se diría que las estaba produciendo, a su manera. En efecto, las «colonizaciones espontáneas» de fugitivos de la Violencia venían desempeñando un importante papel, de 1948 en adelante, en el poblamiento gradual de algunas zonas del Magdalena Medio y del Catatumbo, poblamiento que tuvo una abrupta aceleración entre 1955 y 1960 con la llegada de migrantes de los departamentos del Valle, Tolima y el Viejo Caldas. Estos tres departamentos, en orden descendente, fueron los únicos que entre los años 1951 y 1964 tuvieron un crecimiento demográfico negativo. Sin embargo, tales colonizaciones «espontáneas» tenían un sino trágico: los colonos tendían a distribuirse en las diferentes regiones según su respectiva afiliación política, y ponían fronteras de muerte a sus asentamientos, con lo cual no hacían sino trasladar a las regiones a donde llegaban el conflicto del cual precisamente venían huyendo.

Quedaría por verse, entonces, la eficacia de un nuevo organismo estatal ligado a las tareas de la reconstrucción económica y pobremente presupuestado, pero rodeado de una campaña publicitaria comparable sólo a la que había recibido el proceso de la amnistía. Se trata de la creación en 1954 de la Oficina de Rehabilitación y Socorro, dependiente del Servicio Nacional de Asistencia Social (Sendas), que le dio una controvertida celebridad a su directora, la hija del presidente, María Eugenia Rojas de Moreno. La creación de dicha oficina por parte del régimen militar implicaba un cierto reconocimiento de que el solo desarme de los campesinos no bastaba para resolver las calamitosas consecuencias de la Violencia. Sin embargo, sus ejecutorias no justificaban el exagerado optimismo con que las miraban muchos observadores de la época, entre ellos el historiador norteamericano Vernon Lee Fluharty. La reconstrucción de la arrasada población cundinamarquesa de Yacopí, que había sido escogida como centro piloto de un plan más amplio, generó frustradas expectativas en poblaciones de otros departamentos que habían corrido la misma suerte bajo el gobierno de Laureano Gómez, especialmente en el Tolima. Así, por ejemplo, habitantes desplazados del vecindario de «Santiago Pérez» (Ataco) —un próspero corregimiento cafetero y liberal en 1949, totalmente destruido y luego conservatizado durante los años cincuenta— estaban reclamando todavía sin éxito a fines de 1958, bajo el Frente Nacional, indemnización al Estado para su reconstrucción sobre la base de que las gestoras de la destrucción habían sido las propias fuerzas del gobierno de Laureano Gómez. Por otro lado, en el otorgamiento de créditos se hacía patente una concepción notablemente paternalista de los programas de rehabilitación. Con ayudas minúsculas, encaminadas a resolver situaciones individuales — las de quienes lograran hacerse reconocer como «damnificados»— se pretendía

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tender un velo que simplemente ocultaba las verdaderas dimensiones sociales del problema. A veces, éste quedaba apenas señalado. Las 26.000 solicitudes que hasta enero de 1955 habían presentado propietarios despojados de sus tierras para que se les restablecieran sus derechos, empapelaron los escritorios de la oficina en Bogotá, pero no encontraron solución. No obstante lo dicho, estos programas, y en especial los crediticios, pusieron una vez más en evidencia el lugar privilegiado que ocupaban los Llanos en los planes del gobierno. Del total de 20.700 préstamos adjudicados hasta enero de 1955, cerca de la mitad (9.000) irrigaron los dominios de las fuerzas guerrilleras que años atrás había capitaneado Guadalupe Salcedo. La prueba de fuego a la viabilidad misma de estas adjudicaciones de préstamos se jugaría en otras regiones. Se presentaría, de hecho, en zonas de tradicionales conflictos agrarios y de mayor heterogeneidad política, como el Sumapaz y el sur del Tolima. En Chaparral, para dar un solo ejemplo, los campesinos se encontraban con dificultades como las siguientes: primera, el tope máximo de los créditos para la recuperación de sus parcelas era de sólo mil pesos (!); segunda, puesto que se trataba de una zona todavía en proceso de colonización, numerosos campesinos carecían de títulos de propiedad, lo cual era exhibido como una traba insuperable para el otorgamiento de cualquier asistencia estatal; y, tercera, el criterio sectario con que se atendían o desatendían las solicitudes originaba denuncias, a veces ciertas y a veces falsas, de que los favorecidos eran, no los damnificados, sino los usufructuarios de la Violencia. En el marco del plan de «rehabilitación» —aunque no por iniciativa directa de la oficina citada, sino de los propietarios de inmuebles rurales de algunos municipios del suroriente del Tolima (Purificación, Dolores)— empezó a exigirte desde 1956 un decreto de moratoria o de condonación de in-

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tereses a prestatarios o deudores de entidades oficiales, como la Caja Agraria, que por causa de la Violencia se habían atrasado en sus pagos. Estas solicitudes fueron seguidas por otras similares, como las de rebajas de impuestos prediales a inmuebles urbanos y rurales. Por este camino, alcanzar el reconocimiento de «zona afectada por la Violencia», llegó a convertirse en un componente muy importante de la lucha de las regiones por obtener ventajas en el reparto de cargas fiscales o en el regateo de los presupuestos locales o departamentales. Y el éxito en ello dependía, con frecuencia, como en el caso de los «damnificados», de las influencias políticas o sociales, de buenos «padrinos» en las gestiones individuales o colectivas. En todo caso,

Condecoración a Rojas Pinilla con el collar de la orden del 13 de junio, durante un homenaje especial en el palacio de San Carlos, al cumplir su primer año de gobierno.

El general Rojas y Carola Correa de Rojas durante la inauguración del Hospital Infantil.

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Desplazados por la Violencia en la población de Arboledas (Norte de Santander). Pocos fueron los beneficiados con las políticas de rehabilitación del gobierno; para reincorporarse a sus tierras, el campesino carecía de títulos de propiedad.

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las demandas de los afectados iban cada vez más allá de lo que el gobierno estaba en capacidad o en disposición de ofrecerles. Pero independientemente de la eficacia o ineficacia de las medidas con que se respondía a las nuevas demandas, había algo que preocupaba secretamente a los partidos políticos tradicionales. Éstos se mostraban crecientemente celosos de que Rojas, que tenía las armas pero no una fuerza política propia, la estaba intentando construir precisamente utilizando los

fondos de la «rehabilitación». Y como muchos rubros del presupuesto de obras públicas y servicios se estaban canalizando a través del Ministerio de Guerra, o bajo la etiqueta de la «rehabilitación», era normal, más que excepcional, encontrar que detrás de la inauguración de cada carretera, escuela o puesto de salud hubiera ahora un jefe militar pregonando las bondades del «binomio pueblo-fuerzas armadas», y no un jefe político, como se suponía que debía ser en un país de arraigadas tradiciones gamonales. Un paso adelante... muchos pasos atrás

María Eugenia Rojas coloca la primera piedra para el edificio del Servicio Nacional de Asistencia Social, Sendas, en Bogotá, entidad que dirigió desde su fundación en 1954. "La creación de dicha oficina implicaba un cierto reconocimiento de que el solo desarme de campesinos no bastaba para resolver las consecuencias de la Violencia".

Numerosos hechos iban en contravía de la anhelada pacificación nacional. Algunos eran imputables al propio gobierno o a sus agentes, otros hacían parte de las estrategias partidistas de desestabilización. Los primeros signos de lo que podría considerarse como un viraje en las actitudes oficiales frente a sus críticos u opositores se produjeron a mediados de 1954, es decir, al término del primer año de gobierno de Rojas. El 8 y 9 de junio de 1954, en el marco de las primeras protestas urbanas antigubernamentales por muchos ¡años, trece manifestantes universitarios, entre ellos Uriel Gutiérrez, cayeron abatidos por el ejército en hechos que culminaron con el nombramiento de un coronel como rector de

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la Universidad Nacional. Desde entonces, el gobierno empezó a quedar a la defensiva ante la opinión pública, y para neutralizar a sus más enconados adversarios dentro de los partidos tradicionales (hasta ese momento sólo los depuestos laureanistas) adoptó actitudes conciliatorias con el régimen anterior, firmando pocos días después, el 13 de junio, un decreto que extendía el indulto a los presos por delitos que pudieran explicarse por «extralimitación en el apoyo o adhesión al gobierno». O sea. que mientras que por la puerta de adelante de las cárceles salían los perseguidos políticos, por la de atrás salían los matones. Si como símbolo de lo que se había alcanzado en los Llanos se exhibía la foto del presidente con Guadalupe Salcedo, los liberales, que seguían en una posición de expectativa y fiscalización, estaban haciendo circular otra en el Tolima, el Valle y Caldas, del presidente con León María Lozano, «El Cóndor», y sus protectores políticos, que mostraba cómo se estaba retrocediendo. El «Cóndor» y sus secuaces, al recuperar la libertad, renovaron sus fechorías en poblaciones como Tuluá y Cartago en el Valle, y las extendieron a Génova, Calarcá y Armenia, en el Quindío, lo mismo que a numerosas poblaciones de las regiones central y sur del Tolima. En este último departamento, agentes de los organismos secretos, en particular el SIC (Servicio de Inteligencia Colombiano), los estaban utilizando para asesinar a amnistiados, a guerrilleros desmovilizados que no habían depuesto las armas y a campesinos inermes. Lo estaban haciendo tan descaradamente que hasta los militares manifestaron su inconformidad. Lo que habría de seguir es historia ya bien conocida. Guerrilleros que no habían entregado las armas, se reafirmaron en la necesidad de conservarlas, y los que las habían entregado, lo lamentaron y empezaron a ver la am--stía como una trampa del gobierno. No cabía duda, la violencia partidista retomaba la dinámica de años anterio-

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res. Ex guerrilleros como Teófilo Rojas («Chispas») encontraron fácil reclutar a nuevos adeptos o convencer a sus viejos compañeros de que la paz era una ilusión y por consiguiente había que rearmarse. En el Quindío, los propietarios cafeteros y los jefes políticos liberales se sentían tan acosados por los «pájaros» que decidieron contactar las guerrillas liberales del sur del Tolima. Enviaron emisarios a «Chispas» para que con el concurso económico y la protección política de ellos, estableciera uña base de autodefensa en la región, que al mismo tiempo era de agresión a sus rivales. Por el momento, «Chispas» respondió alternando sus actividades entre el Tolima y el Quindío, en las dos vertientes de la cordillera central. Las medidas del gobierno para apaciguar al laureanismo no le habían hecho bien ni al proceso de amnistía ni al de pacificación. Pero había también un hecho nuevo. Los partidos tradicionales, que habían permanecido en un cierto receso durante el primer año de gobierno de Rojas, empezaron a valerse de los cotidianos hechos de sangre como instrumento de movilización política. Así, mientras por un lado condenaban al resurgimiento de la Violencia, por el otro la estimulaban y declaraban a Rojas único responsable de ella. La prensa bipartidista se hizo eco de esta doble táctica y se convirtió incluso en el terreno privilegiado de la oposición y en polo de orga-

Al lado del general Rojas, León María Lozano, "El Cóndor", escuchando el discurso del político del Valle del Cauca Solazar García. El Cóndor y sus secuaces fueron utilizados por el SIC para eliminar a amnistiados o a guerrilleros que no habían entregado las armas.

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Julio 20 de 1957: en Sitges, España, Alberto Lleras y Laureano Gómez acuerdan los mecanismos básicos y la institución del Frente Nacional.

nización y unificación de las clases dominantes contra el dictador, como tendía a calificársele ahora. Rojas respondía erráticamente a las provocaciones, denunciando a veces en movilizaciones de masas un complot oligárquico, inventando en otras presuntas conspiraciones comunistas. Es más, las clausuras o censuras a periódicos eran un síntoma de su debilidad y no hacían sino fortalecer a sus adversarios, los cuales burlaban las medidas gubernamentales con el simple cambio del cabezote de los periódicos. Se llegó así a la caricatura: Laureano Gómez, desde el exterior y desde su periódico El Siglo en Bogotá, clamaba ahora por la «libertad de prensa», que nunca había existido bajo su gobierno. Gómez, con el desgaste irreversible del gobierno, y con el concurso de la prensa y de los políticos liberales, ganaba terreno todos los días como nuevo abanderado de la democracia. Entre tanto, en la competencia final y desigual que se desencadenó en el escenario político, mientras Rojas daba pasos zigzagueantes en la conformación de una base propia que le garantizara la continuidad en el poder de manera indefinida, el establecimiento político, con una herencia se-

cular de experiencias acumuladas, se movía con particular solvencia y seguridad: era su terreno. A los rumores según los cuales el gobierno estaba poniendo a andar la idea de un Movimiento de Acción Nacional (MAN), se anticipó López Pumarejo, sugiriendo a fines de 1954 la posibilidad de una coalición bipartidista, que bastó por el momento para hacer abortar la iniciativa gubernamental. Cuando Rojas proclama, ya más decididamente, la Tercera Fuerza, el 13 de junio de 1956, el Frente Civil llevaba meses de actividades, bajo la dirección de Alberto Lleras Camargo. Rojas estaba tratando de trabajar por abajo en un proyecto de largo plazo y el Frente Civil estaba trabajando por arriba en acuerdos de eficacia inmediata. Un mes después del anuncio formal de la Tercera Fuerza, Lleras Camargo y Laureano Gómez habían firmado el «Pacto de Benidorm» (España). Gómez, exultante, recogía los frutos de la crisis que avanzaba, también en el plano económico ahora, y decía que el país no había comprendido su gobierno y ahora tenía lo que se merecía. Cuando Rojas anuncia en los primeros días de mayo de 1957 su permanencia por cuatro años más, el Frente Civil, los grupos económicos y la Iglesia le tenían preparado el paro general que lo obligó a dimitir el 10 de mayo. Los vencedores tuvieron un respaldo similar al que había tenido Rojas cuatro años atrás. El panorama que se presentaba ahora era muy claro: la política seguía por cuenta de los partidos, mientras una Junta Militar de cinco miembros, presidida por el general Gabriel París, se constituía prácticamente en una simple administradora de la economía. Lleras Camargo había sido el arquitecto del Frente Civil, pero el gran vencedor era Laureano Gómez. Ya en los debates sobre la crisis financiera, que se había agudizado a partir de 1955, se resaltaba «la competencia práctica del régimen anterior» en el manejo de la economía. Era el momento del reconocimiento: la Junta

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Militar encargó el Ministerio de Hacienda a Antonio Alvarez Restrepo, el viejo ministro de Gómez. Después de su regreso al país, Gómez se presentó a las elecciones parlamentarias de marzo de 1958 y ganó una curul en el Senado, del cual fue elegido presidente. En calidad de tal puso la banda presidencial a Alberto Lleras Camargo en agosto de 1958. Gómez era el símbolo de la nueva legitimidad. En este contexto, el posterior proceso de Rojas ante el Senado podría verse, entre otras cosas, como una reafirmación política de Laureano Gómez. Para ponerlo en el lenguaje hospitalario de la época, Gómez había sido el verdadero «rehabilitado» de la Violencia.

Júbilo callejero en Medellín, al saberse la caída de Rojas Pinilla.

Juicio histórico La evolución que hasta aquí hemos presentado parecía dar pie a un balance ambiguo del gobierno de Rojas. Tras una etapa inicial de muchas expectativas populares, transcurrió un período de crecientes frustraciones. Tras cumplir con su papel de gobierno transicional, de árbitro, sus intentos de perpetuación y de dislocamiento del espectro político sólo sirvieron de bandera de reunificación a la tradicional dominación bipartidista, que rápidamente se apropió del espacio democrático. En el examen del peso relativo de los pros y de los contras, los más conocidos relatos del período nos han dejado incluso versiones divididas. Los más entusiastas apologistas (tipo Vernon Lee Fluharty) sólo ven su comienzo y su potencial transformador. Los críticos más enconados, sobre todo los obnubilados del frentenacionalismo (tipo el norteamericano John Martz) sólo quieren ver su final y descubren en cada uno de sus pasos la anticipada figura del característico dictador latinoamericano. Pero tal vez la misma compleja trayectoria que hemos descrito muestra más bien la imposibilidad de buscar soluciones tan cómodas y esquemáticas en el juicio histórico sobre el período. Debería re-

cordarse, además, que la historia del rojismo no termina el 10 de mayo. La ANAPO de los años sesenta se constituyó retomando muchos de los elementos predominantes en el discurso político del período inicial del gobierno de Rojas. Y hasta podría agregarse que en el largo plazo, el rojismo hizo una contribución indudable al descongelamiento político del país. A través de la ANAPO creó por primera vez la posibilidad de desplazamientos consEl general Gabriel París, presidente de la Junta Militar del 10 de mayo de 1957, en la ceremonia de entrega de credenciales, presidida por Mariano Ospina Pérez.

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Reunión de seguidores de ANAPO, en el Salón Elíptico del Congreso, septiembre de 1966: "La ANAPO de los años sesenta se constituyó retomando muchos de los elementos predominantes en el discurso político del período inicial del gobierno de Rojas. Y hasta podría agregarse que en el largo plazo, el rojismo hizo una contribución indudable al descongelamiento político del país".

tantes de sectores conservadores hacia la izquierda. En las elecciones de 1978, distintas coaliciones de la izquierda tuvieron en sus listas a antiguos anapistas. Jaime Piedrahíta Cardona, uno de los fundadores de la ANAPO, fue candidato presidencial del Frente por la Unidad del Pueblo (FUP), y uno de sus jefes regionales, Julio César Pernia, fue el candidato presidencial de la Unión Nacional de Oposición (UNO). La historia de la ANAPO Socialista y la del M19 (Carlos Toledo Plata) servirían de ilustración de una tercera variante en los múltiples caminos seguidos por los militantes del rojismo. Sin embargo, hemos dejado hasta ahora por fuera un componente decisivo en la elaboración de cualquier intento de Balance del gobierno de Rojas: la ofensiva terrateniente-militar contra el Sumapaz. Fue esta acción la que más que ninguna otra hizo del período de Rojas, no una simple transición o tregua, sino un capítulo más de la Violencia. El Sumapaz —se señaló al comienzo de este ensayo— había quedado desde fines de 1953 en suspenso, pero vigilado de cerca por los militares. El problema básico allí era de tierras y se expresaba en las conflictivas respuestas a esta pregunta: ¿cómo entender la paz? Para los campesinos, la paz significaba ante todo su reconocimiento

como ocupantes legítimos de las tierras por las cuales venían luchando desde décadas anteriores, e incluso de las que habían ganado con su sangre y con el éxodo terrateniente de los últimos años. Para los terratenientes, por el contrario, la simple aceptación del nuevo status quo en la región equivalía a legalizar un resultado inaceptable de la Violencia. Para ellos, la Violencia en el Sumapaz había desembocado, ni más ni menos, en una «revolución agraria». La llegada de los comunistas del sur del Tolima, que estaban muy activos en la organización de masas bajo la forma de «frentes democráticos», los exasperó aún más, pues consideraban que la situación se estaba tornando irreversible. Para los terratenientes, en suma, la paz tenía una sola interpretación posible: garantías plenas de retorno a sus propiedades abandonadas y desalojo de los campesinos. Sucedió entonces que, en el marco de lo que pudiera caracterizarse como el contragolpe del latifundio a la economía y a la organización campesinas, el gobierno, actuando como brazo armado de los terratenientes, empezó a preparar el asalto militar a la región, a la altura del segundo semestre de 1954. Contando con los resultados ya más o menos consolidados del desarme en otras regiones, se pensaba que la capacidad de resistencia de ésta era mínima y por consiguiente podía esperarse una victoria rápida y contundente sobre los campesinos pobremente armados. La primera provocación militar en grande se produjo el mes de noviembre, cuando cerca de cien campesinos que esperaban en la plaza de Puerto Nuevo un salvoconducto fueron fusilados. El mismo mes, siguiendo una cadena de constantes agresiones, el ejército realiza una operación de tanteo durante la cual es capturado el líder agrario comunista Isauro Yosa, uno de los muchos que habían dejado las filas guerrilleras del sur del Tolima a partir de la tregua. El 4 de abril de 1955 el Sumapaz es declarado «zona de operaciones militares» y des-

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de entonces «pacificación» volvió a ser sinónimo de arrasamiento, ametrallamiento y bombardeo. Por lo menos seis batallones y alrededor de un tercio del total de efectivos del ejército se vieron envueltos en la acción, apoyados por un centro de tortura que se conoció en la época como el «campo de concentración de Cunday». Los primeros resultados mostraron que el gobierno, los militares y los terratenientes habían subvalorado la capacidad de resistencia campesina y la «operación», que se pensaba iba a ser de días o semanas, se convirtió en una larga guerra de dos años, al cabo de la cual muchos habían muerto, incluyendo mujeres y niños, pero también miles habían logrado evadir el cerco. Unos, con Juan de la Cruz Varela, se refugiaron en el Alto Sumapaz; otros huyeron hacia Marquetalia. Viejas zonas guerrilleras se sintieron potencialmente agredidas y comenzaron a movilizarse en son de revuelta generalizada contra el régimen militar. Cuando Guadalupe Salcedo cae acribillado en junio de 1957 en Bogotá, se encontraba precisamente explorando las posibilidades de coordinación de la solidaridad guerrillera con el Sumapaz. La invasión militar había conseguido trasladar geográficamente un problema, demasiado grande para tenerlo cerca de Bogotá, pero a un costo político incalculable. Había erosionado definitivamente el prestigio de Rojas en el terreno mismo en que lo había ganado al momento de su ascenso al poder: en el del tratamiento a los problemas cruciales de la paz. El juicio histórico de los campesinos sobre el gobierno también había cambiado. El balance que hace más de veinte años le hizo a Germán Guzmán una campesina, ex guerrillera del Sumapaz, podría servirnos de nota de cierre a este capítulo de la Violencia. Preguntó Guzmán: «¿Y qué opinas de Rojas Pinilla?» Respondió la campesina: «Hizo cosas buenas, pero otras muy malas. ¿No ve que pacificó el Llano pero quiso acabar con el Tolima?»

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Juan de la Cruz Varela atraviesa el puente sobre el río Sumapaz al frente de sus hombres. El 4 de abril de 1955 el Sumapaz es declarado "Zona de operaciones militares"; seis batallones y alrededor de un tercio del total de efectivos del ejército se vieron envueltos en la acción.

La encrucijada del Frente Nacional Con la instauración del Frente Nacional en 1958 se cierra un ciclo en la historia política colombiana, se redefinen las estrategias de dominación, pero se multiplican también las fuerzas contestatarias de lo que sin mayores precisiones empezó a denominarse como el sistema. Las oligarquías liberales y conservadoras, a las cuales el gobierno de Rojas había prestado el gran servicio de unificarlas, lograron mediante el

Guerrilleros en acción en la zona de Marquetalia, en el extremo sur del Tolima, hacia 1958.

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recurso a la consulta plebiscitaria primero, y luego mediante expresa consagración constitucional, un acuerdo de largo plazo cuyo eje central era la aceptación del reparto pacífico del poder. El mecanismo concreto de ejecución habría de ser la combinada fórmula de alternación presidencial cada cuatro años y la obligatoria distribución paritaria de los puestos públicos, con la exclusión de toda fuerza política no matriculada en los dos partidos tradicionales. El pacto político así definido cubría simultáneamente dos frentes. Por un lado, despejaba el camino de las relaciones interoligárquicas, que se habían erosionado con efectos desestabilizadores a partir de los años cuarenta, y por otro lado era un reconocimiento y una respuesta anticipada a un hecho nuevo, madurado en el curso mismo de la Violencia: la ambigüedad característica de ésta —en parte una vieja guerra civil de carácter decimonónico y en parte también una embrionaria guerra campesina— en tanto se iba resolviendo en el primer sentido, como confrontación bipartidista, tendía a afirmarse en el segundo sentido, como guerra revolucionaria. Teóricamente concebido como una salida negociada a la Violencia, en su práctica el Frente Nacional inauguraba una nueva fase de la misma. Frágil legitimidad La primera prueba de fuego a la legitimidad del nuevo proyecto político fue el teatral juicio que se le siguió a Rojas Pinilla ante el Senado de la República. La estrategia era descargar la responsabilidad de la Violencia en los hombros de la dictadura, exonerando de paso a los artífices del Frente Nacional. El juicio tuvo, sin embargo, complicaciones inesperadas y terminó convirtiéndose en un carbón encendido en las manos de los acusadores, los cuales se vieron obligados a darle un precipitado final al proceso. La sentencia condenatoria, que privó al general de sus derechos políticos, no

hizo sino adscribirle a éste un nuevo papel en los años venideros: erigirlo en el símbolo de los marginados de un pacto cuya naturaleza oligárquica se haría cada vez más evidente. El contraste entre la creciente desilusión con el Frente Nacional y la popularidad correspondiente de Rojas habría de expresarse claramente en las cifras electorales a lo largo de la década de los sesenta. Para comenzar, en las primeras elecciones parlamentarias en 1960, no sólo la abstención alcanzaría un 50 %, sino que las listas de los antiguos colaboradores de Rojas dentro del partido conservador, los ospinistas, superaron nítidamente a las de los laureanistas. No era todavía un rechazo abierto a la política de colaboración partidista, pero sí una indicación inequívoca de con quiénes era aceptable. Los liberales oficialistas tuvieron que inclinarse ante los resultados y darles eficacia propia en el reparto burocrático. En 1962, los rojistas saltaron a la arena política con un movimiento independiente, la Alianza Nacional Popular (ANAPO), fundada dos años atrás. Su irrupción fue modesta, 104.829 votos, pero su crecimiento posterior fue avasallador y su dinámica una verdadera pesadilla para el Frente Nacional que sentía atacadas las bases mismas de su legitimidad. La ANAPO se triplicó prácticamente en 1964 al elevar. su votación a los 309.678 sufragios; pasó a los 523.000 en 1966, y en las presidenciales del mismo año, con un candidato liberal de tendencia gaitanista, José Jaramillo Giraldo, obtuvo 742.133 votos. Alcanzó su cenit el 19 de abril de 1970 —fecha ligada al nacimiento y nombre del M19— en unas elecciones presidenciales en las cuales el Frente Nacional estuvo a punto de caer en el vacío. Los escrutinios electorales dieron una ventaja inicial a Rojas Pinilla sobre su contendor, el candidato del Frente Nacional Misael Pastrana Borrero. pero tras una intervención televisada del ministro de Gobierno, que fue interpretada como un anuncio público y oficial de fraude, el conteo final dio

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por triunfador, y con muy escaso margen, al candidato oficial. La ANAPO se había constituido en el curso de la década en el polo de aglutinamiento del descontento popular, sobre todo en los grandes centros urbanos del país. Pero, de hecho, no levantó ningún programa específico para las zonas devastadas por la Violencia. Incluso cuando se acercó al problema agrario, lo hizo desde una perspectiva terrateniente. Podría decirse que su discurso político parecía situarse en las «fronteras» de la Violencia, y no en el centro de los debates que ésta originaba.

El ex general Gustavo Rojas Pinilla durante una de las sesiones del juicio que se le siguió en el Senado, enero de 1959. El año siguiente se fundaría la ANAPO, Alianza Nacional Popular, que paulatinamente iría ganando adeptos en el período del Frente Nacional, hasta llegar al millón y medio de votos alcanzados por Rojas en las elecciones del 19 de abril de 1970.

Itinerario de la cuestión agraria Entre tanto, en las áreas rurales, la paz seguía siendo a lo sumo una promesa lejana. Las verdaderas dimensiones del conflicto, y sobre todo su trasfondo social, comenzaban sólo a reconocerse, sin que ello garantizara la disposición de las medidas efectivas para afrontarlas. La relación directa entre Violencia y problema agrario, por ejemplo, que había sido explícitamente planteada por los guerrilleros en 1953, estaba apenas «descubriéndose» desde 1957 en adelante por parte de organismos oficiales, jefes políticos y militares. Precisamente un militar, el coronel Alfonso Guzmán Acevedo, fue quizá de los primeros en abordar el problema: había tropezado con él durante las operaciones punitivas contra los campesinos del Sumapaz, precisamente como comandante de la Jefatura Civil y Militar del oriente del Tolima. A comienzos de 1957, siendo ya gobernador del departamento, presentó un proyecto de decreto, que sometió a consideración del gobierno nacional, en el cual se señalaban los mecanismos a su juicio pertinentes para restablecer en su derecho a las personas que a partir del 9 de noviembre de 1949 «habían sido despojadas de las tierras que venían ocupando pacíficamente con mejoras, ganados, sin que mediara orden de autoridad competente». En el mis-

mo sentido, en el informe anteriormente citado de la secretaría de agricultura del Tolima sobre los efectos económico-sociales de la Violencia entre 1949 y 1957, su titular, Hugo Pascualy, concluía: «La paz no será un hecho, sin establecer antes el equilibrio de la propiedad.» Jefes políticos que habían visitado la vereda Casa-Verde del municipio de Ataco, en el extremo sur del Tolima, observaron que aquélla había sido ocupada masivamente por militantes del partido político contrario, procedentes del municipio vecino de San Antonio, y su diagnóstico fue también inequívoco: «El problema de Casa-Verde es esencialmente de tierras.» Pero si bien estos diagnósticos sugerían una gradual aceptación pública de nuevas aproximaciones al fenómeno de la Violencia, en el terreno práctico eran todavía notables las resistencias. Las respuestas predominantes seguían siendo las heredadas del gobierno de Rojas: en parte la promoción de nuevas colonizaciones bajo el patrocinio de la Caja Agraria —en el Ariari, por ejemplo— y en parte una simple ampliación de las actividades y cobertura de los planes de rehabilitación. La oficina encargada de estos úl-

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timos ganó en status al ser convertida en «Comisión Especial de Rehabilitación», dependiente de la presidencia de la República; se incrementó su presupuesto, pasando de veintisiete millones en 1958 a más de cien en 1959, y se elevó el monto de los créditos para la recuperación de las fincas caídas. Pese a ello, su concepción no había variado sustancialmente: partía del supuesto de que los ocupantes actuales de los predios eran los legítimos dueños y de que por consiguiente la tarea del Estado se reducía a inyectarles crédito, asistencia técnica, etc., para ayudarles a habilitar económicamente las propiedades caídas o abandonadas. El problema del despojo de tierras, que era uno de los más urgentes y difíciles de resolver, quedaba por fuera de su ámbito legal. Más aún, el otorgamiento de créditos estaba condicionado a la posibilidad de un control represivo directo sobre los eventuales beneficiarios, como lo demuestra la inaudita restricción introducida mediante una circular del 28 de julio de 1958 que excluía de los préstamos «los lugares donde las autoridades no tengan dominio de la situación y subsistan factores graves de anormalidad que impidan el regreso de las gentes». Precisamente para devolverle a los campesinos de este tipo de regiones la confianza en el Estado, y también para descentralizar las funciones de la Comisión Especial de Rehabilitación, se crearon los llamados «Equipos Polivalentes» con los cuales se iniciaría, según las declaraciones oficiales, «una nueva etapa de rehabilitación». Se trataba de equipos multidisciplinarios, cada uno de los cuales contaba con el siguiente personal técnico: médico, enfermera, mejoradora de hogar, ingeniero, y expertos agrícolas, apoyados por una infraestructura igualmente diversificada que incluía centros de bienestar social, escuela, taller de costura, campos recreativos, Caja Agraria, capilla, puesto de socorro, viveros en fincas piloto, y bulldozers y volquetas para la apertura de vías de penetración regional. Los catorce equi-

pos creados estaban localizados en municipios de los cinco departamentos que seguían bajo estado de sitio, así: Riosucio y Génova, en el Viejo Caldas; Páez, en el Cauca; Colombia, Baraya y Aipe, en el Huila; Rioblanco, Chaparral, Dolores, Ataco y Líbano, en el Tolima; y Caicedonia, Ulloa y Ceilán, en el Valle. El propósito declarado de estos organismos era integrar aquellas regiones a la vida política, económica y social del país, atendiendo simultáneamente diferentes aspectos del desarrollo de la comunidad, tales como el de la educación (construcción de escuelas), el de la salud (construcción de hospitales) y el de la construcción de vivienda en centros urbanos de particular explosividad, como Cali. El frente más amplio fue el de la construcción de carreteras, que era el que mejor combinaba las estrategias estatales de desarrollo económico, empleo a antiguos combatientes en proceso de retorno a la legalidad, y reafirmación de la autoridad bajo sus múltiples expresiones en zonas en las cuales la presencia de ésta se había menoscabado bajo el impacto de la Violencia. En cierto sentido era una forma de vincular a muchos ex guerrilleros a programas que buscaban la erradicación de las condiciones materiales de su producción. El propio director del Comité Nacional de Rehabilitación, José Gómez Pinzón, resumió sus funciones así: «Había numerosas regiones donde a causa de los largos años de Violencia el sistema de moneda había desaparecido completamente y el mercado entre una región y otra se efectuaba mediante el primitivo sistema del trueque. Así pues, lo primero que hicimos fue buscar una fórmula para irrigar nuevamente con dinero esas vastas regiones. Y como la única manera de lograrlo era creando frentes de trabajo, en los cuales la población de esas zonas pudiera adquirir dinero y reinvertirlo en su región, iniciamos un vasto plan de obras públicas. Se comenzaron a construir caminos y carreteras

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de penetración a fin de conectar esas regiones con los centros de consumo, permitir el acceso de las autoridades y lograr la irrigación de dinero.» Estos «equipos polivalentes», vinculados a la rehabilitación, fueron la antesala de formas más elaboradas de control social, como la Acción Comunal, y tienen también conexiones directas con los planes de militarización de las zonas rurales a través de la Acción Cívico-Militar, cuyos objetivos fueron trazados por el general Alberto Ruiz Novoa en la Conferencia de Ejércitos americanos que se llevó a cabo en la zona del Canal de Panamá en 1963.

La iniciativa más novedosa de la Comisión de Rehabilitación bajo el Frente Nacional fue quizá la creación de las «bolsas de propiedad raíz», ante las cuales se inscribían los inmuebles ofrecidos en venta o permuta, con el fin de facilitar la reubicación de los propietarios en las zonas de sus preferencias políticas. A mediados de 1959 se dio a conocer en el Tolima una lista de 87 fincas ofrecidas por este medio, la mayor parte de ellas ubicadas en el sur del departamento (Chaparral, Ríoblanco, San Antonio, Valle de San Juan) (ver cuadro). La angustia de los propietarios se reflejaba en situaciones como ésta: la finca «La Dalia», en la vereda de Ambeima

TOLIMA: FINCAS PARA VENDER O PERMUTAR SEGÚN MUNICIPIO, TAMAÑO Y PRECIO (*) 1959 MUNICIPIOS

Chaparral Rovira Valle de S. J. S. Antonio Ríoblanco Anzoátegui Ibagué Ataco Mariquita Cunday Alvarado Ortega Cajamarca Purificación Venadillo Falan TOTAL FINCAS

Fincas según tamaño-hectáreas 51-100 101-500 más de 500 11-50 0-10 N.°de N.° fíncas N.° Precio N.° Precio N.° Precio N.° Precio N.° Precio total sin fíncas datos 1 $250 1 $83 2 $500 7 $739 9 $393 2 22 890 1 510 1 5 1.485 5 12 253 690 1 503 3 2 1.421 4 10 233 480 2 463 3 3 8 800 538 3 363 1 3 1 8 118 3 1 4 200 600 1 1 2 1.295 4 1 50 210 2 3 3 3 2 230 2 100 1 1.666 1 2 500 375 1 1 2 450 1 1 1 2.000 1 1.250

1 1 1 84

1 7

FUENTE: G. SÁNCHEZ Y D. MEERTENS

14

25

? 22

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2

* Precio promedio por hectárea en oferta.

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Efraín González (primero de la derecha) y miembros de su cuadrilla, activa en el Quindío y Santander.

(Chaparral), con una extensión de 30 hectáreas, fue ofrecida por ochocientos pesos, es decir, por un monto que sólo alcanzaba a cubrir el costo del pasaje para el dueño y su familia. Finalmente, cabe recordar que por un breve período y con enormes prevenciones y resistencias de políticos y militares, que rayaban en el saboteo, fueron beneficiarios de los préstamos de rehabilitación ex guerrilleros como Teófilo Rojas «Chispas», Leopoldo García «General Peligro», y Roberto González «Pedro Brincos». De todo ello, una cosa iba quedando en claro: los problemas jurídicos de la propiedad (el despojo de tierras, las situaciones de hecho) y el de las estructuras agrarias, no habían sido tocados. No cabían dentro de lo que podría llamarse con un lenguaje excesivo la filosofía de la rehabilitación. La creación de los llamados Tribunales de Conciliación y Equidad, que comenzaron a operar en 1960, constituyen, con todas sus limitaciones, el primer paso en esa dirección, antes de la formulación del también limitado programa de Reforma Agraria aprobado en 1961. Los Tribunales de Conciliación y Equidad, creados en 1960, con diferentes sedes en los cinco departamentos definidos por decreto como zonas de Violencia (Caldas, Cauca, Huila, Tolima y Valle), recibieron la misión

de resolver las situaciones de hecho o las lesiones económicas sufridas a raíz de compraventas, permutas, hipotecas y en general las transacciones sobre bienes inmuebles, realizadas bajo la utilización directa de mecanismos coactivos, o simplemente mediante el aprovechamiento del ambiente de Violencia reinante en una determinada zona. Apuntaban a un problema crucial, pero constituyeron una salida en falso. Al año siguiente de su instalación habían desaparecido, sin cumplir su cometido y más bien mostrando su impotencia frente a la magnitud de su tarea. Sus limitaciones operativas eran, en efecto, abrumadoras. Señalemos las más evidentes: de entrada, el hecho de que el inmueble en cuestión estuviera ya en manos de terceros, cuando comenzó a funcionar el tribunal, paralizaba la demanda. Ésta era una grieta enorme, pues es sabido que una de las tácticas utilizadas por los usurpadores de tierras fue la de comprar a través de intermediarios o «comisionistas», o realizar, con posterioridad a la compra, una permuta con otro beneficiario del «negocio». Una segunda razón de ineficacia derivaba del carácter mismo de los tribunales: eran de «conciliación», y por lo tanto carecían de capacidad coactiva para imponer soluciones. Si las partes no mostraban «ánimo de conciliación», al tribunal no le quedaba alternativa distinta a la de archivar la demanda. En una tercera fase, y suponiendo que el tribunal hubiera rendido su concepto, aceptado que había habido lesión patrimonial en la transacción, y decretado el embargo del respectivo inmueble, se abría una nueva cadena de obstáculos. La inspección ocular, requerida para el avalúo de la finca, implicaba que peritos y a veces también jueces se desplazaran a zonas en las cuales nadie les garantizaba la vida; el avalúo, a su vez, originaba querellas interminables por los múltiples factores que intervenían en el cálculo. Tratándose de zonas cafeteras había que determinar, por ejemplo, las variaciones anuales en los

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precios del café, si los cafetales habían decaído antes o después de la venta, si el nuevo propietario había introducido mejoras que había que reconocerle, etc. En suma, estaban regidos por principios ajenos a la realidad que juzgaban. No operaban en una situación de Violencia ya superada, como parecían suponerlo sus normas de funcionamiento y su concepción misma, sino en condiciones en las cuales el solo hecho de acudir al tribunal ponía en riesgo la vida. Por lo demás, ¿con qué razones podía esperarse que grupos sociales (porque de eso se trataba) que habían hecho sus fortunas a la sombra de la Violencia, se presentaran voluntariamente a los tribunales para renunciar a ellas? Evidentemente el problema no se veía así, sino en términos de unos individuos que se habían empobrecido y otros que se habían enriquecido. Fue sólo hacia 1960-1961 cuando, por el empuje de presiones de diversa índole, se hizo prácticamente imposible seguir ignorando la dimensión social de la Violencia. Se habían reactivado las invasiones de tierras en numerosas regiones; grupos de oposición, sobre todo de la ligada a bases campesinas de Sumapaz y sur del Tolima —cuyo vocero más notable era Juan de la Cruz Varela—, habían llegado al Parlamento con un proyecto de reforma agraria, y sectores oficialistas, encabezados por el futuro presidente Carlos Lleras Restrepo, habían llegado también, por otro camino, a la conclusión de que si no se detenía a tiempo la avalancha migratoria que la Violencia venía precipitando desordenadamente hacia las ciudades, la situación de éstas podría tornarse explosiva, y más aún, podrían ponerse en peligro las condiciones mismas de reproducción del capitalismo en el país. No es del caso discutir aquí todas las implicaciones del largo debate agrario que desencadenaron estas primeras voces de alarma. Importa resaltar sí que los mejor librados con el proyecto finalmente aprobado por el Parlamento fueron los terratenientes del Su-

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Aviso de recompensa a particulares por información sobre "Chispas" y Efraín González. Se instituyó así una especie de "industria de la delación". "Chispas" fue uno de los guerrilleros que se beneficiaron con préstamos de rehabilitación, a comienzos de los años 60, con mucha prevención y resistencia por parte de políticos y militares.

mapaz y sur del Tolima, atrapados en una situación que ya daban por insoluble. El nuevo organismo ejecutor de la política agraria, el Incora (Instituto Colombiano de Reforma Agraria), inició operaciones precisamente en esas regiones y le compró el problema a los terratenientes. Contrastando con la actitud desafiante que encontraría en otras regiones, por ejemplo en el Valle del Cauca y en la Costa Atlántica, el Incora era llamado por los terratenientes ausentistas del Sumapaz cunditolimense (Pandi, Cunday, Icononzo, etc.). Muchos de ellos no sólo se anticiparon a ofrecerle sus latifundios improductivos y abandonados en la década precedente sino que realizaron un inesperado negocio, con sobrevaloración de tierras que nadie más hubiera comprado. El Frente Nacional les brindó la salida que no había podido darles la invasión militar. Los campesinos de otras regiones sacaron la lección, y pocos años después —por la misma época del pánico rojista— emprendieron bajo la dirección de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) la vía plebeya de la reforma y le recordaron al país que el Frente Nacional había dejado intacto uno de

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los componentes fundamentales de la Violencia: el problema agrario. Frente Nacional y bandolerismo político

Misael Marín, bandolero de la banda de Efraín González (1962). Excepcionalmente, este grupo estaba asociado al conservatisnto, mientras que el bandolerismo político estaba formado por campesinos ligados al partido liberal.

Un ejemplo característico de amenaza y boleteo, firmado por Efraín González. "Las bandas apelaron a formas que le dieron a la Violencia un carácter visiblemente económico. Sus dos modalidades principales fueron el 'boleteo' y el 'secuestro'".

Otras dimensiones de la Violencia bajo el Frente Nacional eran de naturaleza predominantemente política. Tenían raíces muy hondas en la historia lejana o reciente del país, pero se pusieron de manifiesto al reactivarse la competencia electoral en un nuevo marco de legitimidad. Este marco era el que definía, por un lado, los acuerdos bipartidistas, y por el otro, un decreto de recortada amnistía. Pero, si para las nuevas corrientes de centralización y revitalización estatal, que se expresaban a través del Frente Nacional, la paz e incluso la renuncia a la memoria de su sangriento pasado, aparecían como una necesidad en el proceso de recomposición política de la dominación oligárquica, cosa distinta ocurría en el ámbito de las estructuras locales y regionales de poder. En estas últimas resultaba casi imposible hacer tabla rasa del pasado. Ni siquiera se podría afirmar que la Violencia perteneciera al reino del pa-

sado. Seguía siendo parte del acontecer diario, constituía la «sustancia» del discurso político pueblerino y veredal. En una buena medida, la política de los años sesenta se juega en el terreno de la lucha y los compromisos entre estos diferentes niveles de ejercicio del poder. Igualmente, en los intersticios de este forcejeo surge, se expande y muere la expresión característica de la Violencia durante este período: el bandolerismo. Hemos estudiado el fenómeno en detalle con Donny Meertens en el libro Bandoleros, gamonales y campesinos. Nos limitaremos por lo tanto a retomar algunos de los aspectos de la evolución allí presentada. Se trataba, ante todo, de campesinos que con notables excepciones, como la de Efraín González, primero en el Quindío y luego en Santander y Boyacá, estaban ligados al partido liberal, habían sufrido el impacto del terror oficial en sus familias y en sus bienes, o habían participado en la resistencia durante los años cincuenta. Los unos habían crecido esperando el momento de la revancha, los otros encontraban incomprensible que el Frente Nacional los invitara a olvidar, a capitular, sin antes erradicar las causas de su rebelión. Lograron su mayor implantación en el cinturón cafetero de la cordillera central (norte del Tolima, norte del Valle y Antiguo Caldas), en donde a las motivaciones políticas se agregaban los estímulos económicos de la Violencia. En su evolución se pueden establecer las siguientes etapas: I. En una primera fase, los bandoleros contaron con un espacio político relativamente muy amplio: de un lado, el que les daban los gamonales (fueran o no adictos al Frente Nacional) tejiendo entre sí un juego de alianzas y rivalidades en el que mutuamente se necesitaban; de otro lado, el que recibían de fuerzas políticas disidentes de los partidos tradicionales que, como el MRL, habían surgido levantando simultánea y ambiguamente banderas de sectarismo e inconformi-

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dad popular. Era una de las dimensiones del poder local. Eran, además, un poder armado, cuya función era brindar protección a una franja social que incluía campesinos y terratenientes de un determinado partido, acosados por sus adversarios. En este primer momento recibían, a cambio de la protección armada, el apoyo económico voluntario, incluso de los grandes propietarios. Como se recordará, «Chispas» fue llamado por los hacendados cafeteros liberales del Quindío, para contrarrestar las actividades de Efraín González, que a su vez se sostenía con las colectas de café de sus copartidarios conservadores de Pijao. En los núcleos urbanos contaban con los servicios profesionales de médicos y abogados, la simpatía de tenderos que les hacían llegar «la remesa» y la colaboración de sastres que les confeccionaban los uniformes. Tenían, pues, una considerable red de lealtades locales, y aunque el terror sobre sus adversarios, que definen no en términos de clase sino de ataduras partidistas, asumía con frecuencia características de barbarie, la comunidad protegida no les negaba la condición de guerrilleros. Al contrario, los idealizaba, los convertía en leyenda. II. El segundo momento es el de la expansión de las cuadrillas y las implicaciones económicas y políticas de dicha expansión. El sostenimiento de bandas permanentes, con una mínima parte de sus integrantes vinculados sólo parcialmente a actividades productivas, empezó a modificar el cuadro inicial de adhesiones y hostilidades. Los jefes de banda se fueron involucrando gradualmente en la organización interna de las fincas: en el nombramiento de agregados y administradores, en la contratación de trabajadores, en el reparto de cosechas; y elevaron las «cuotas de protección» que tenían que pagar los propietarios. Evidentemente estos últimos se resintieron con los cambios que se estaban produciendo y se pasaron cada vez más abiertamente al campo de la re-

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presión. Fue una ruptura de implicaciones mayores, puesto que condujo al quiebre de las jerarquías rurales. «Desquite», en el norte del Tolima, «Chispas» en el Quindío, y sus pares en otras regiones, desarrollaron vínculos mas orgánicos con los agregados y administradores, hasta convertirlos de hecho en el brazo económico de las cuadrillas, desconociendo en adelante la autoridad de los propietarios. No llegaron a cuestionar la propiedad, en realidad no necesitaban hacerlo, con

Una diligencia de «rehabilitación» «El día nueve de marzo de mil novecientos cincuenta y nueve, siendo las tres de la tarde, en el sitio denominado «La Argelia» —fracción de Guadalito, corregimiento de la Playarrica—, ante el Reverendo Padre Germán Guzmán, miembro de la Comisión Investigadora de las causas de la Violencia, el Reverendo Padre Joaquín Aldana, párroco de Playarrica, el Fiscal especial para el Tolima Dr. Alfonso Vidales, el señor Liscímaco Parra, Srio. del Directorio Liberal Departamental, y de los señores Manuel S. López, y Marcos J. Gómez, se presentaron los guerrilleros Teófilo Rojas (a. Capitán Chispas), Ramiro Muñoz (a. Tequendama), Baudilio Morales Vargas (a. Desafío), Dionisio Sánchez (a. Descuido), y Edgar Arroyave y manifestaron: 1.° Solicitar del Señor Gobernador del departamento del Tolima pida a los funcionarios de instrucción y jueces del conocimiento la suspensión de los procesos penales que cursan contra ellos por delitos determinados en los artículos 1.° y 2.° del decreto N.° 0328 de 1958, cometidos antes del quince de octubre de 1953 en los departamentos de Caldas, Cauca, Huila, Tolima y Valle del Cauca; 2° Que prometen reincorporarse a la vida civil ordinaria, someterse a la constitución y leyes de la República, observar buena conducta bajo la vigilancia de las autoridades y abstenerse de todo acto que pueda perturbar el orden público y la tranquilidad. En este estado el señor Teófilo Rojas manifiesta que confía que el gobierno dé cumplimiento a la mayor brevedad a la rehabilitación de todas las gentes campesinas de la región y que dé garantías para trabajar tranquilamente ya que él cumplirá con las promesas aquí expuestas y se dedicará exclusivamente al trabajo honrado como hasta ahora lo ha venido haciendo. No siendo más el objeto de la presente acta, se firma por los que en ella intervinieron. »Fdo.: Germán Guzmán. Fdo.: Joaquín Aldana. Fdo.: Alfonso Vidales. Fdo.: Liscímaco Parra. Fdo.: Manuel S. López. Fdo.: Marco J. Gómez. Fdo.: a ruego de Teófilo Rojas Amado Gutiérrez. Fdo.: Ramiro Muñoz. Fdo.: a ruego de Baudilio Morales A. Viana. Fdo.: a ruego de Dionisio Sánchez A. Viana. Fdo.: Edgar Arroyave.» Es copia (hay sello-Ministerio Público/Colombia-Tolima). SECRETARÍA del juzgado 130 de Inst. Criminal.-Ibagué 23 de julio de 1959. Recibida hoy la presente diligencia en copia, la agrego al sumario y le informo al señor Juez. Firmado: Miguel Clavijo Fonseca Secretario

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Teófilo Rojas ("Chispas"), fue llamado durante la primera fase de la Violencia por los hacendados cafeteros del Quindío para contrarrestar las actividades de Efraín González.

José William Aranguren, "Desquite", y miembros de su cuadrilla. Este bandolero llegó a proclamarse Jefe Civil y Militar del norte del Tolima.

tal de poder controlar la producción. Más aún, era su interés mejorarla. Esto ayuda, de paso, a entender por qué, no obstante la Violencia endémica y el forzado o voluntario ausentismo de los propietarios, los volúmenes de café comercializable en regiones como el Quindío, en vez de disminuir, aumentaron. La actitud de los propietarios fue interpretada como una deserción que pagaron caro. Las bandas apelaron a formas que le dieron a la Violencia un carácter visiblemente económico. Sus dos modalidades principales fueron el «boleteo» y el secuestro. La primera,

el «boleteo», había tenido una notoria incidencia en los años cincuenta, pero contra adversarios políticos; ahora adquiría una marcada tonalidad de clase, pues se la utilizaba indiscriminadamente contra propietarios de uno y otro partido. El secuestro, por su parte, era una táctica relativamente nueva. Su uso sistemático data de los años sesenta. Los departamentos más afectados fueron Tolima, Valle y Huila, en orden decreciente. El año decisivo habría de ser 1963, tanto por el número global de casos, cerca de treinta según los informes oficiales, como por la cuantía de los rescates pagados, cuyo estimativo era de siete millones de pesos. Su juzgamiento fue adscrito a la Justicia Penal Militar. En el campo de las relaciones políticas, el crecimiento y multiplicación de las cuadrillas, generaron evoluciones similares a las que se estaban presentando con los propietarios. De simples instrumentos de control electoral, los jefes de banda estaban pasando a ser el centro de los reordenamientos políticos en las zonas rurales, en competencia y no simple alianza con los gamonales, desafiando incluso el poder de éstos en algunas zonas, actuando con pretensiones de sustituirlos en otras. Una muestra evidente de esto la

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dio «Desquite», quien llegó a autopro clamarse Jefe Civil y Militar del norte del Tolima. Claro está que una declaración de tal tipo no se podía tomar al pie de la letra, pero revelaba una voluntad expresa de ganar autonomía frente a sus iniciales protectores políticos y recortaba la capacidad de maniobras de éstos. Los gamonales descubrieron entonces las ventajas de la centralización política y se plegaron a los planes de «pacificación» del Frente Nacional. Al igual que los propietarios, tomaron decididamente el lado del ejército. Incluso el MRL les había dado la espalda y se mostraba particularmente colaborador con los militares. Con el MRL murió el pasado guerrillero liberal. III. Rotos los vínculos con los propietarios y gamonales, disueltas las últimas ataduras a los partidos tradicionales, especialmente al liberal, enfrentados, cada vez más solos, a un ejército equipado y entrenado con la ayuda norteamericana y al cual se le delegaban poderes casi ilimitados para combatirlos, daban la sensación de estar en los umbrales de un proceso de

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radicalización irreversible. No era en- Salvoconducto y solicitud de protección y teramente así. Había ciertamente adfacilidades para la hesiones individuales a nuevos movireincorporación de mientos de la oposición, como la de exiliados de la región del Efraín González a la ANAPO, o a Sumapaz (1953-1954), el movimientos revolucionarios, como el primero de ellos firmado por el jefe de Estado MOEC (Movimiento Obrero EstuMayor, general Rafael diantil Colombiano), que proclamaCalderón Reyes. ban la toma del poder por la vía armada (caso de «Pedro Brincos»), pero para la mayoría de ellos no hubo en realidad el tercer momento esperado. Quedaron confundidos ante unas transformaciones que parecían producirse a su pesar. En medio de la confusión, contribuyeron a fabricar su desenlace trágico volteando las armas contra los campesinos, que eran virtualmente su más seguro puntal de apoyo. Interpretaron como un deliEl mítico "Capitán berado retiro de solidaridad, lo que en Venganza", quien en las realidad era una neutralización y un regiones del Quindío y bloqueo de sus canales de comunicaRisaralda llegó a representar "la irrupción ción por parte del ejército. de un nuevo poder En su diversidad, habían recorrido campesino". los múltiples caminos de la Violencia: la anarquía y el terror, en casos como el de «Sangrenegra»; la irrupción de un nuevo poder campesino, en casos como el del mítico «Capitán Venganza», en Risaralda; el encuentro de las luchas del viejo estilo con la guerra revolucionaria, en el caso excepcional pero ejemplar de «Pedro Brincos». Representaban un pasado que aún no se había ido y un futuro que aún no había llegado.

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El bandolero "Joselito": tres imágenes diferentes con variación de uniformes.

Miles de campesinos habían perdido la vida en la guerra de y contra el bandolerismo. Por fin podía el Frente Nacional proclamar su paz. Con la liquidación de los bandoleros, se había agotado toda una era de la historia nacional, la de las guerras interpartidistas. Empero, la paz que se anunciaba era una paz a medias. Antes de su-

perar esta vieja guerra, había comenzado ya otra enteramente nueva. Muchos de los combatientes de la Violencia cambiaron de filas transformados en el proceso mismo de su lucha, y alentados por el soplo revolucionario que invadió América Latina en la época de la Revolución cubana, se multiplicaron los frentes y las siglas que les daban nombre; penetraron nuevas capas sociales, sobre todo de la clase media urbana (empleados, profesionales y estudiantes); en todos ellos gravitaba de alguna forma el sectarismo de las guerras pasadas. Cargaban la herencia traumática de la Violencia, pero se habían inscrito definitivamente en otra historia, en una historia todavía inconclusa. En resumen, podríamos decir de los tres componentes básicos de la Violencia que hemos esbozado a lo largo de esta síntesis: que el primero —el anarcosectarismo— fue parcialmente suprimido; el segundo —la resistencia— se transformó, y el tercero —el impacto social— quedó sin resolver.

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Capítulo 8

179

El origen del Frente Nacional y el gobierno de la Junta Militar Gabriel Silva Luján Los antecedentes

L

os partidos tradicionales, o fracciones decisivas de ellos, se han comprometido recurrentemente en arreglos, coaliciones, reparticiones y compromisos en la búsqueda y el ejercicio del poder político. Las coaliciones bipartidistas han sido tan comunes como los gobiernos hegemónicos o las guerras civiles, y han estado presentes desde la misma concepción de las colectividades políticas. Es tal vez una situación paradójica, ya que los líderes de los partidos se han mostrado tan voluntariosos para hacer la guerra con los adversarios como para pactar con ellos la distribución del poder. Las raíces del Frente Nacional, la forma más depurada de gobierno de coalición bipartidista, se hunden en la historia más allá de este siglo hasta alcanzar los tiempos de don Miguel Samper, las sociedades democráticas y las disputas sobre el librecambio (cuadro 1). En los 102 años transcurridos entre 1883 y 1985, y si se considera como una modalidad de coalición el régimen de responsabilidad compartida —que

define el artículo 120 de la Constitución nacional—, en el cual el segundo partido en votos tiene derecho a una participación dentro del manejo del Estado, el país ha vivido 66 años bajo gobiernos compartidos, es decir, el 64 % del tiempo. En el mismo lapso, y si se excluye el período posfrentenacionalista, la nación ha visto durante 45 años, 46 % del tiempo, sus destinos definidos por gobiernos que de una forma u otra se han apoyado en alguna variante de coalición bipartidista. Por ello, por estar unido a una práctica política de larga tradición en Colombia, el Frente Nacional demanda para su cabal comprensión una perspectiva histórica que ponga de presente los principales antecedentes que precedieron la institucionalización constitucional del gobierno compartido. La revisión de este largo período histórico deja entrever algunos de los principales rasgos que caracterizan el proceso político que desemboca en la conformación de coaliciones para el usufructo y el control compartido del poder político y del Estado. A pesar de que no todas las coyunturas muestran los mismos síntomas, y tampoco todos los arreglos bipartidistas respon-

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Principales acuerdos políticos y gobiernos de coalición cuadro 1 Período

Nombre

1854

Participantes

Objetivos y características

Liberales radicales y conservadores

Derrocar la dictadura del general Melo. Dos secretarías de Estado de cada uno de los partidos. Elegir un vicepresidente de la coalición bipartidista.

Facciones de los dos partidos

Coalición para respaldar la candidatura presidencial de Tomás Cipriano de Mosquera.

Conservadores y liberales radicales Conservadores y liberales radicales

Derrocar el gobierno autoritario del general Mosquera.

—

1857

Partido Nacional

1867 1869

1879

—

La Liga

—

1883-1888 Partido Nacional

1904-1909 —

1909-1914 Unión Repúblicana

1914-1922 —

1930-1932 Concentración Nacional

Respaldar la candidatura del general Mosquera. Acuerdo político para distribuir paritariamente los cargos legislativos y tomar las decisiones por consenso.

Conservadores y liberales Conservadores y liberales independientes

Coalición informal para respaldar la candidatura de Rafael Núñez. Coalición bipartidista para respaldar a Rafael Núñez. Apoyo a la transformación institucional conocida como la Regeneración. Intento de construir un «Tercera Fuerza» partidista. Gobierno de Rafael Reyes para la Facciones de los dos «Reconciliación Nacional», después partidos de la guerra de los Mil Días. Participación liberal en el gabinete ministerial y en el Congreso. Conservadores y grupos Derrocar gobierno autoritario de Rafael Reyes. Reconciliación Nacional. liberales» Apoyar candidatura de Carlos E. Restrepo. Participación liberal en el gabinete ministerial y el Congreso, Conservadores y grupos Coalición de gobierno con mayoría conservadora. Respaldo a los candiliberales datos moderados del conservatismo. Liberales y conservadores republicanos

Apoyar candidatura del liberal Enrique Olaya Herrera. Gobierno de coalición con participación minoritaria de los conservadores.

Capítulo 8

181

Unión Nacional

Liberales y conservadores moderados

Gobierno de coalición por renuncia de López Pumarejo, dirigido por Albertó Lleras Camargo. Superar creciente conflicto violento en el campo. Participación minoritaria del conservatismo en el gabinete ministerial.

1946-1948 Unión Nacional

Conservadores y grupos liberales

Gobierno conservador de coalición. Respaldo liberal al presidente Mariano Ospina Pérez, minoritario en el Congreso de la República. Paridad en el gabinete ministerial y gobernaciones departamentales cruzadas.

1948-1949

Conservadores y liberales moderados

Gobierno de coalición para contener la insurrección popular por el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán. Intento de desmontar la creciente Violencia partidista en el sector rural.

1953-1954 «Golpe de Opinión»

Militares, liberales y conservadores moderados

Destituir al gobierno de Laureano Gómez, bajo el cual se desató la etapa más aguda de la Violencia. Impedir la consolidación de una reforma constitucional de corte falangista y corporativista orientada a perpetuar el ala extrema del conservatismo en el poder.

1956-1957 «Frente Civil»

Partido liberal, conservadores laureanistas

Desmontar dictadura del general Gustavo Rojas Pinílla. Buscar el tránsito hacia un gobierno civil de coalición bipartidista. Reemplazar la dictadura militar. Desarrollar las reformas constitucionales necesarias para establecer un régimen político de coalición. Participación bipartidista en el gabinete ministerial. Sucesión de cuatro períodos de gobierno de coalición. Distribución equitativa de ministerio» y burocracia en las tres ramas del poder público. Candidato presidencial elegido por acuerdo bipartidista. Distribución igualitaria de las curules parlamentarias hasta 1968. Aplicación del artículo 120 de la Constitución nacional, que contempla la participación ministerial del partido derrotado en las elecciones presidenciales.

1946

—

1957-1958 Gobierno de la Junta Militares, liberales y conservadores Militar

1958-1970 Frente Nacional

Liberales y conservadores oficialistas

1974-1986 Artículo 120 de la Partido de gobierno Constitución nacional con otros partidos y grupos

Nueva Historia de Colombia. Vol., //

182

Banquete de adhesión liberal al gobierno de Unión Nacional, de Mariano Ospina Pérez, el lo. de febrero de 1947: Darío Echandía, Eduardo Santos, Alberto Lleras, Adán Arriaga Andrade.

den a idénticos determinantes, sí es posible hacer una abstracción histórica y delinear los ingredientes protuberantes que se conjugan para promover un escenario favorable a la gestación de coaliciones entre nuestros dos partidos tradicionales. Las coaliciones políticas entre los dos partidos son una especie de mecanismo de defensa, o para usar un símil fisiológico, son parte esencial del sistema inmunológico del régimen político. Es decir, el poder compartido y la unión bipartidista son un instrumento útil para superar situaciones sociales y políticas que por sus características amenazan con impedir una adecuada reproducción del sistema político, la estructura de poder y la jerarquía social. La dinámica de las coaliciones también está ligada al desarrollo de las divisiones internas de los dos partidos. Es así como la presencia de sectores en conflicto con el gobierno de su propio partido ha llevado a la configuración de acuerdos políticos entre esa facción y la otra colectividad para buscar el debilitamiento del grupo que detenta el poder. De esta forma, la división interna de los partidos, cuando confluye en una coalición con el partido contrario, ha servido para transitar de una hegemonía partidista a otra; es decir, para promover el tránsito de un partido de gobierno a otro. De la misma forma, las coaliciones se han utilizado como factor neutralizador de la fuerza política de las alas ra-

dicales de los dos partidos, y se encuentran múltiples ejemplos históricos en los que la unión bipartidista surge como un instrumento para detener o debilitar el ascenso político de las facciones más ideologizadas y más beligerantes de los partidos tradicionales. Los conflictos políticos violentos, al igual que la lucha social o económica, han sido históricamente un contexto fértil para el afianzamiento de coaliciones bipartidistas. La posibilidad de una disolución nacional, a causa del enfrentamiento armado entre los partidos, y el riesgo que la generalización de la violencia se convierta en un monstruo que dé al traste con la unidad nacional, han motivado muchas veces el espíritu de conciliación y trabajo conjunto de los partidos tradicionales. Pero también, cuando la confrontación civil o partidista toma tintes de convertirse en una lucha de clases y amenaza con trasladarse al campo del conflicto socioeconómico, aparece la coalición bipartidista como una fórmula salvadora para el régimen político, que le devuelve estabilidad y fortaleza al ordenamiento de la sociedad. Éstas son en perspectiva algunas de las motivaciones fundamentales que se esconden detrás de la conformación de los gobiernos de coalición bipartidista. Necesariamente, no todas se suceden con igual intensidad o en una misma coyuntura política, pero sí se encuentran en la raíz de los principales acuerdos para buscar o detentar el poder político de manera compartida en la historia del país. El Frente Nacional, a pesar de que muestra importantes diferencias con el pasado de los gobiernos de coalición, tiene en sus orígenes muchos de estos rasgos hereditarios del proceso político colombiano. Las raíces sociales y políticas del Frente Nacional La historia convencional pinta el acuerdo del Frente Nacional como una coalición que nace espontáneamente a manera de respuesta demo-

Capítulo 8

crética para enfrentar una dictadura, y pare de contar. Esta visión hace parte de la mitología que rodea la historia contemporánea del país. La coalición bipartidista se gesta, efectivamente, en el ambiente de la confrontación con el gobierno militar del general Rojas Pinilla, y muchas de las fuerzas que la estimulan y consolidan son producto del autoritarismo y el despotismo de ese régimen; pero la historia quedaría incompleta si simultáneamente no se escudriña hasta encontrar algunas de las raíces políticas y sociales de esos hechos. En el campo social, hay que tener en perspectiva los cambios que se produjeron desde comienzos del presente siglo en la conformación de las élites económicas del país. En el pasado, la orientación del desarrollo económico estaba marcada por un agudo conflicto entre los distintos sectores que conformaban la dirigencia social —terratenientes, comerciantes, artesanos, exportadores, burócratas, banqueros—, ya que existían grandes diferencias sobre la concepción del Estado, su papel en la economía y la forma de administrar y orientar el país. Se encontraban todos ellos en clara competencia por el predominio social, al igual que por impulsar sus intereses sectoriales. Por ejemplo, el país feudal, clerical e inmóvil que defendían los terratenientes, chocaba con el que querían construir los comerciantes, marcado por el liberalismo económico, la secularización y el trabajo libre remunerado salarialmente, moviéndose al ritmo de la iniciativa individual y la acumulación de capital. Estas contradicciones se expresaban a través de los partidos, siendo las colectividades políticas el instrumento utilizado por las distintas fuerzas de la élite social para buscar el poder y defender su concepción del Estado, la economía y la sociedad. La continuidad de la violencia partidista durante el siglo XIX es la expresión de esos forcejeos entre grupos sociales dirigentes por acomodar sus intereses que, dado el desigual desa-

183

rrollo del país, eran contradictorios y antagónicos. Pero las cosas cambian a medida que el desarrollo económico apunta con creciente intensidad hacia un modelo de modernización capitalista alimentado por los excedentes que empezó a generar la economía cafetera, de manera relativamente estable, desde los años 1870. Para el cuarto decenio del presente siglo el esquema de desarrollo por la vía capitalista se impuso definitivamente, y ya se habían presentado importantes procesos de unificación económica y social de las clases dirigentes, que hacían cada vez más innecesarios los conflictos abiertos entre los partidos. No se trataba como en el pasado de desatar el conflicto partidista para llegar por allí a imponer los intereses sectoriales en la orientación del Estado, ya que estos intereses se hacían cada vez más homogéneos. En la medida que la élite se hacía una sola fuerza social, las diferencias entre los partidos perdían relevancia para esos grupos dirigentes y las posibilidades de coalición y gobierno compartido se hacían más intensas. A partir de allí, la historia de las coaliciones será la historia de la lucha de las élites para encontrarle una salida al tradicional conflicto violento entre los dos partidos (que ahora era un real peligro para la reproducción del sistema social y de su dirigencia económica) y crear un clima de estabilidad política para el desarrollo de las fuerzas productivas.

Posesión de Carlos Sanz de Santamaría ante el presidente Ospina Pérez como ministro de Guerra, enero de 1947. En aplicación de la tesis de Lleras Camargo de repartición del poder político, hubo ministros liberales en el gabinete del presidente conservador.

Nueva Historia de Colombia, Vol. II

184

Pero, simultáneamente, con el progresivo consenso de los sectores dirigentes en torno al tipo de desarrollo económico, consecuencia del formidable proceso de modernización de la economía sufrido hasta entonces, surgen nuevos grupos sociales —los trabajadores urbanos, el proletariado rural, el campesino desplazado, entre otros— que plantean nuevos interrogantes y cuestionamientos a esa élite. Al lado de estos grupos sociales también nacen corrientes políticas dentro de los partidos que aspiran a representarlos, integrarlos y darles presencia en la vida política nacional. Alfonso López Pumarejo, que gobernó en dos oportunidades, primero entre 1934 y 1938, y luego a partir de 1942, fue uno de esos jefes políticos moderaos que intentó integrar, mediante reformas políticas y sociales, a los sectores populares que el desarrollo económico estaba colocando por primera vez en el mapa social del país. La «Revolución en Marcha» y la Reforma Constitucional de 1936 se constituyen en un esfuerzo político de gran envergadura para transformar el país en una sociedad moderna, basada en la participación y en la tramitación institucionalizada de los conflictos sociales. Pero necesariamente esos esfuerzos que mejoran la situación política relativa de los sectores populares motivan una reacción de la clase dirigente ya consolidada, que ve en los retozos democratizantes del presidente López una amenaza potencial a sus intereses sociales y económicos. Contra López y sus reformas nace la coalición bipartidista de 1946, conocida generalmente como la «Unión Nacional». Después de la renuncia del presidente Alfonso López Pumarejo en 1945, asumió la primera magistratura el dirigente liberal Alberto Lleras Camargo, que denominó a su gobierno como el de la «Unión Nacional». Lleras buscó crear una nueva coalición de sectores liberales y conservadores moderados, con el ánimo de contraponerla a las dos alas radicales de los partidos encabezadas por Jorge Elié-

cer Gaitán y Laureano Gómez, que tenían amplia responsabilidad en el desmoronamiento del segundo mandato del viejo López. La participación de los conservadores ospinistas en el gobierno aligeró las críticas y las amenazas de ruptura del sistema político pero ya se sentía en el ambiente político el alto grado de polarización social que se estaba creando en torno a las dos figuras mencionadas. Hay que tener en cuenta el hecho de que el presidente Lleras Camargo, a finales de su mandato, empezó a esgrimir la tesis de que un sistema político para Colombia basado en la competencia libre y abierta entre los dos partidos no era viable, por cuanto siempre degeneraba en pretensiones hegemónicas y por lo tanto en violencia. La idea fue acogida por los liberales moderados y por sectores no ortodoxos del conservatismo que veían en la posibilidad de compartir el gobierno un mecanismo para reducir las fricciones y mantener bajo control el poder político. La convergencia de intereses económicos y sociopolíticos de la élite dirigente hacía viable esta propuesta a la luz de los acontecimientos y ante el riesgo real de que una movilización popular masiva fuera capaz de alterar la estructura del régimen político. Las primeras voces que hablan de la concordia entre los partidos se dejan oír, y puede afirmarse que las palabras de Lleras Camargo son los primeros pasos hacia la consolidación de la coalición constitucional. Éstas son expresiones de una clase dirigente que, sin encontrarle ya más sentido a la confrontación partidista, intenta construir una salida a la cotidianeidad de la violencia política. Las elecciones presidenciales de 1946 representaron para los conservadores la oportunidad de reconquistar el poder. Mariano Ospina Pérez ofreció una prolongación del gobierno de coalición conocido como de «Unión Nacional», lo que sumado a la división del liberalismo entre el moderado Gabriel Turbay y el popular Gaitán, lo llevó a la presidencia.

Capítulo 8

Proveniente de la élite económica antioqueña, y con el pragmatismo de un hombre de empresa, Ospina Pérez retoma la idea de Lleras Camargo de buscar la estabilidad política, y el control de la creciente movilización popular en campos y ciudades, mediante la distribución del poder entre las dos colectividades históricas. Para lograrlo reparte equitativamente los cargos en el gabinete ministerial y establece un sistema de gobernaciones cruzadas en el que designa a un mandatario seccional del bando contrario al que predomina en el respectivo departamento. Como se verá, esta modalidad de coalición posee rasgos que después van a inspirar las instituciones del Frente Nacional. Pero contra ese esfuerzo conspiran su propia incapacidad para controlar los sectores más ortodoxos y fanáticos de su partido, que no podían ocultar sus pretensiones hegemónicas y desde el inicio del experimento lo acusan de traidor. Igualmente, la llegada a la dirección del liberalismo del líder más carismático que ha tenido el partido en el presente siglo, Jorge Eliécer Gaitán, significó la introducción de elementos de lucha de clase en la contienda partidista que agudizaron y polarizaron aún más a los distintos bandos. La mezcla era explosiva y la violencia que quisieron evitar los sectores más moderados de ambos partidos no demoró en aparecer en los campos. La segunda etapa de definiciones del modelo de coalición que llevó al Frente Nacional se produce cuando ocurre la muerte de Gaitán. Ante el asesinato del caudillo el 9 de abril de 1948, la respuesta popular casi se lleva por delante al gobierno de turno, y de paso el orden establecido. En ese escenario, como ya se mencionó, se crearon las condiciones para una nueva coalición con el ánimo de impedir que una revuelta de carácter popular desmantelara el régimen político. La coalición surgida del temor a la revolución social sólo duró trece meses y culminó con la ruptura entre los dos partidos. La consecuencia es un

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ambiente de creciente violencia polí- El 21 de mayo de 1949 tica, resultado de la persecución a la finaliza la Unión Nacional base rural del liberalismo, inspirada con el retiro de Darío y otros ministros por el laureanismo, la facción más Echandía liberales del gabinete de reaccionaria del partido conservador, Ospina. No obstante, el 19 que pretendía utilizar la intimidación de diciembre del año para superar su condición de partido anterior, Alfonso López, minoritario, situación que fue tolerada con ánimo de concordia presidido por el presidente. Los liberales se nacional,la había Corte Suprema marginan y se vuelcan a la abstención Electoral conformada por ante la falta evidente de garantías para liberales y conservadores, acto al que corresponde la concurrir a las urnas. foto, en la que se Mariano Ospina Pérez en los ester- distinguen Luis López de tores de su mandato intenta impulsar Mesa y Julio Ortiz una nueva salida bipartidista a la enMárquez. crucijada política en que se encontraba el país, y que amenazaba efectivamente con arrasar en un torbellino de sangre y de violencia al sistema político. Propone un esquema según el cual se suspenderían las elecciones de 1950 y se eligiría para el período presidencial siguiente a cuatro líderes, dos liberales y dos conservadores, para alternarse anualmente la presidencia y llevar a cabo por consenso una serie de reformas que garantizaran la paz política. Esta idea, precursora de la alternación presidencial que se impondría después con el Frente Nacional, cayó en el vacío ya que el laureanismo no pensaba retroceder en momentos en que veía por primera vez una posibilidad real de alcanzar el comando del Estado. Era el inicio de un decenio de violencia, represión y dictadura.

186 Nueva Historia de Colombia. Vol. //

Como si fuera un sino fatal, las coaliciones degeneran en hegemonías y después, cuando la situación nacional se hace insostenible, el péndulo se devuelve buscando la convergencia para impedir el desastre, pero esa lógica trágica del proceso político colombiano no se detiene y va creando una espiral de tensiones políticas y de polarización que culmina en un baño de sangre generalmente de proporciones dantescas. Así fue al finalizar el siglo XIX, y de nuevo se repite medio siglo después. La fórmula para desmontar la recurrencia del enfrentamiento sectario no vendrá sino con el Frente Nacional luego de haberse ensayado todo, hasta la misma dictadura militar. La persecución desatada por el gobierno de Laureano Gómez contra las bases liberales, alimentada con la autonomía que se le entregó a la policía y a las bandas de conservadores no miembros del gobierno para ejercer la violencia y la represión por cuenta propia, comprometió al país en una guerra civil no declarada que le costó más de trescientas mil vidas. La situación alcanzó niveles de tal naturaleza, que la amenaza de disolución nacional y el peligro de que el conflicto se tornara en una abierta confrontación de clase, capaz de comprometer los mismos pilares del ordenamiento social, se convierte una vez más en un factor que impulsa la búsqueda de un compromiso entre los dos partidos tradicionales. Alfonso López Pumarejo, víctima de una coalición bipartidista encaminada a frenar sus esfuerzos reformistas, es el primero en intentar construir una salida de convergencia para la situación de autoritarismo y violencia desatada por Laureano Gómez. A finales de agosto de 1952, López el Viejo, recientemente retirado de la Dirección Nacional Liberal, le envía una carta al arzobispo Crisanto Luque, a Francisco de Paula Pérez y al ex presidente Mariano Ospina Pérez, en la cual les solicita que intercedan para enderezar el rumbo de los aconteci-

mientos y buscar acuerdos que permitan superar la situación reinante. Pocas semanas antes, Gilberto Alzate Avendaño había planteado un severo juicio sobre el gobierno de su propio partido: «Odio el gobierno, detesto sus representantes, desprecio al presidente y a sus ministros, repudio su labor, combato sus errores... y más aún, comparto las tesis de la prensa liberal.» La oposición del sector ospinista al gobierno conservador sólo se hizo patente hasta abril de 1953, cuando en un homenaje del ex presidente Mariano Ospina atacó duramente a Laureano Gómez acusándolo de caudillista y antidemocrático, al igual que sugirió que los liberales habían sido más leales que el mismo Laureano en el manejo de la situación prerrevolucionaria creada por la muerte de Gaitán cinco años antes. La puerta estaba abierta: Ospina por fin se desprendía de su silencio y entraba a criticar al gobierno, al tiempo que dejaba una salida para permitir una aproximación con los liberales. El hecho que sirvió de catalizador para precipitar la reacción contra el régimen y la caída del gobierno parece haber sido el proyecto de reforma constitucional, diseñado por el propio Laureano Gómez. En dicho proyecto de acto legislativo se establecían las condiciones para la perpetuación de un gobierno de corte dictatorial, con amplísimos poderes, dentro del marco de una estructura legislativa típicamente corporativista y de inspiración falangista. La pérdida del apoyo político de su propio partido, al igual que la creciente beligerancia de las fuerzas liberales, todo ello enmarcado dentro de la real posibilidad de que se instaurara una nueva constitución capaz de perpetuar en el poder al laureanismo, aclimataron un consenso nacional en contra del presidente Gómez. La salida esta vez fue militar. El 13 de junio de 1953 el país escucha, con verdadero alborozo, la noticia de que el general Rojas Pinilla ha asumido el cargo de presidente de la República.

Capítulo 8

Pocas horas después se empieza a entender que detrás de este aparente golpe militar se esconde una nueva coalición que ha encontrado en las fuerzas armadas la posibilidad de recuperar el poder. Lo expresa el mismo Darío Echandía, cuando dice en un homenaje de líderes nacionales al general Rojas: «No es éste el producto de la ambición rapaz, sino el abnegado sentido del deber: formasteis el mando en virtud de un golpe de opinión.» En síntesis, la coalición ya no se encauza a través de la lucha electoral, sino que se pronuncia en el estímulo y respaldo de un golpe militar, que recibe la aprobación de dirigentes de los dos partidos. Pero la ilusión que tenía el país, que veía en Rojas una figura de rápida transición hacia una nueva etapa de democracia electoral, no duraría mucho. La alternativa militar no demoró en salírsele de las manos a los partidos tradicionales. Con la faceta militar se cierra el círculo de convenios políticos bipartidistas que antecedieron a la creación del Frente Nacional. La revisión del proceso político que nace con la «Unión Nacional» de Lleras Camargo y culmina con el golpe de opinión del general Rojas, muestra cómo la situación de inestabilidad política va en ascenso, tanto por la intromisión de nuevos elementos de lucha de clases en la confrontación partidista, como por la agudización de las tensiones entre los segmentos radicales de los dos partidos. La violencia partidista y la lucha social que se entrelaza a ella, no encuentran respuesta en el marco de la competencia democrática formal, ni en los intentos no constitucionales de compartir el poder político, y por ello a la élite no le queda otro camino que el de la dictadura militar para intentar desmontar las fuerzas que amenazan el orden social y político. Pero tampoco en ese esquema se halla la respuesta, y no será sino hasta el Frente Nacional cuando el país logre suprimir la violencia cíclica que caracterizó, por cerca de siglo y medio, la política partidista colombiana.

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Los orígenes del Frente Nacional y el desmoronamiento de la dictadura La dinámica del proceso político que desembocó en la creación del Frente Nacional estuvo definida por la evolución de tres conflictos distintos. El primero de ellos, y tal vez el más notorio, fue el que generó la actitud crecientemente autoritaria de la dictadura del general Rojas Pinilla, quien a medida que revelaba sus intenciones de perpetuarse en el poder entraba en contradicción con los partidos políticos y con los sectores civilistas y democráticos de la sociedad.

El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Mariano Ospina Pérez, declara electo al general Rojas Pinilla para el período 1954-1958; le acompañan Rafael Azuero Manchola y Evaristo Sourdís.

Gustavo Rojas Pinilla, su hija María Eugenia y su esposa Carola Correa. La actitud crecientemente autoritaria del dictador fue el factor más notorio en el surgimiento del Frente Nacional.

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El presidente Roberto Urdaneta Arbeláez, el teniente general Rojas Pinilla, comandante de las fuerzas militares y Mariano Ospina Pérez en el funeral de Rafael Gómez Hurtado, hijo de Laureano Gómez, mayo 12 de 1953.

Alfonso López Pumarejo, primero en avanzar una propuesta de convergencia bipartidista, el 25 de marzo de 1954. Foto de la época, con Rojas y Ospina Pérez.

Nueva Historia de Colombia. Vol. II

En segundo lugar, las aspiraciones partidistas de suceder al régimen militar creaban una contradicción adicional entre las dos colectividades: los conservadores, sabiéndose minoría, buscaban un acomodo para heredar el poder, mientras que los liberales intentaban reconstruir los procedimientos electorales para hacer valer sus mayorías. Además, las pugnas internas de los partidos eran tan intensas como entre los partidos entre sí, especialmente en el conservatismo, ya que para los laureanistas la colaboración del sector ospinista con la dicta-

dura equivalía a una traición. La creación del Frente Nacional debe entenderse como una tarea de habilísima filigrana política para aprovechar las posibilidades que ofrecían estas contradicciones, al igual que para neutralizar sus aspectos adversos y llevar a todos el espectro político partidista a comprometerse con la idea de un gobierno de coalición plasmado en la Constitución. La idea de encontrar una salida bipartidista al régimen militar surgió aun antes del deterioro de las relaciones entre los dos partidos y el general Rojas Pinilla. Aunque existen antecedentes difusos, las declaraciones de Alfonso López Pumarejo, el 25 de marzo de 1954, se constituyen en la primera propuesta concreta para avanzar hacia un esquema de convergencia bipartidista que permitiera el retorno a la democracia y, sobre todo, escapar a la lógica de la violencia sectaria. En cierta forma, se puede atribuir al ex presidente López Pumarejo el papel de ideólogo precursor del Frente Nacional, ya que es él quien públicamente propone las primeras fórmulas que van a permitir el desarrollo de los posteriores acuerdos (cuadro 2). Dos años después de las declaraciones mencionadas arriba, López Pumarejo, en una carta a los liberales de Antioquia, retoma las propuestas de coalición bipartidista en las que venía insistiendo de una forma u otra desde 1950. Este documento es considerado por varios analistas como la piedra angular del pensamiento frentenacionalista. López plantea el establecimiento de reformas a la Constitución que garanticen la representación ministerial de los dos partidos, dando fuerza de mandato constitucional a la participación de ambos sectores en el gobierno y, por lo tanto, evitando las posibilidades de reversar los pactos de coalición como recurrentemente había ocurrido en el pasado. Otra propuesta tiene que ver con un aspecto de trascendental importancia para el momento político que se vivía:

Capítulo 8

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Cronología documental del Frente Nacional Fecha

Documento

Marzo 2 de 1956

Carta de López Ex presidente Alfonso Ló- Propone reforma constitucional para esPumarejo al Directorio pez Pumarejo - Directorio tablecer gabinete de coalición con repreLiberal de Antioquía Liberal de Antioquía sentación proporcional de todos los grupos. Sugiere por primera vez un candidato conservador con un apoyo liberal para suceder al general Rojas Pinilla. Primer paso hacia la constitución del Frente Nacional. Declaración de Ex presidentes Alberto Declaración de principios sobre la situaBenidorm (España) Lleras Camargo y Laurea- ción política, la dictadura y el retorno al no Gómez gobierno civil. Se reafirma la necesidad de una coalición bipartidista para derrocar al general Rojas Pinilla. Primer esbozo de un plan para construir una serie de gobiernos de coalición. Pacto de marzo Dirección Nacional Liberal Rechazó de los partidos a posible reelecy Dirección Nacional ción del general Rojas Pinilla. Programa Conservadora de mínimo de acción y oposición a la dictaorientación Ospinista dura. Ratificación de la necesidad de un gobierno de coalición y de reformas a la Constitución para evitar el sectarismo. Con este acuerdo se logra integrar al ospinismo a la coalición bipartidista.

Julio 24 de 1956

Marzo 20 de 1957

Julio 20 de 1957

Pacto de Sitges (España)

Octubre 4 de 1957

Decreto 247 de 1957

Participantes

Cuadro 2

Características

Ya derrocada la dictadura, este acuerdo fija los pasos a seguir para establecer el gobierno de coalición. Propone los mecanismos e instituciones básicas del Frente Nacional. Desarrolla los principios esbozados en el Pacto de Benidorm. La reforma constitucional propuesta contempla la paridad en el gabinete ministerial y las corporaciones públicas por un período de doce años, al igual que el establecimiento de la carrera administrativa. Plantea la necesidad de un plebiscito popular para ratificar las reformas constitucionales sugeridas. Reafirma necesidad de un candidato nacional para la presidencia de la República. Junta Militar de Gobierno El decreto, recogiendo la propuesta expresada en el Pacto de Sitges, convoca a un plebiscito para el 1.° de diciembre con el propósito de someter a consulta popular la reforma constitucional que establece las instituciones de coalición. La decisión de la junta confirma la voluntad del gobierno de acogerse a la propuesta de Lleras y Gómez para reconstruir la democracia electoral.

Ex presidentes Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez

190

Nueva Historia de Colombia Vol. II

Noviembre Pacto de San Carlos 22 de 1957 (Acuerdo de los partidos)

Principales jefes políticos de los dos partidos y miembros de la Junta Militar de Gobierno

Institucionalización de la coalición de los partidos. Respaldo al plebiscito del primero de diciembre y a la reforma constitucional. Se logran acuerdos sobre fechas para elecciones de 1958 y mecanismos básicos de selección del candidato presidencial de la coalición. Consolidación definitiva del respaldo bipartidista al establecimiento de un gobierno y unas instituciones para distribuir el poder político.

Enero 30 de 1958

Acta de escrutinio general del Plebiscito Nacional

Corte Electoral Nacional, presidida por Mariano Ospina Pérez

Divulgó los resultados definitivos de la consulta plebiscitaria que fueron favorables al establecimiento de las instituciones de coalición.

Marzo 30 de 1958

Carta de Laureano Gómez a Alberto Lleras Camargo

Ex presidentes Laureano Gómez y Alberto Lleras

Propone la candidatura de Alberto Lleras, condicionada a un acuerdo que garantice la presidencia de un conservador para el período siguiente.

Abril 12 de 1958

Propuesta de la Comi- Darío Echandía, Luis Lósión de Delegatorios de pez de Mesa, Jorge Uribe la Convención Liberal Márquez, Carlos Lleras Restrepo

Abril 14 de 1985

Insinuación de la Junta Parlamentaria conservadora en respuesta a la propuesta liberal

Abril 19 de 1958

Acuerdo de los partidos Darío Echandía, Alfredo Se presenta el texto de un artículo único sobre la reforma Arango, Jorge Uribe, Jorge y transitorio para reformar la Constituconstitucional ción, mediante el cual se establecía la alE. Gutiérrez ternación en la presidencia de la República por cuatro períodos de gobierno; elaborado por dirigentes de los dos partidos tradicionales.

Julio 13 de 1958

Ponencia para primer Edgardo Manotas debate en el Senado del y Enrique Sánchez proyecto reformatorio de la Constitución

Agosto 4 de 1958

Ponencia para segundo Edgardo Manotas, Hernán Ponencia sobre la alternación presidencial, aprobada por el Senado de la Redebate en el Senado del Salamanca y Hernando proyecto reformatorio Carrizosa pública en la fecha. de la Constitución

Agosto 6 de 1958

Ponencia para primer y Carlos Galindo y Enrique Ponencia sobre la alternación presidencial aprobada por la Cámara de Represegundo debate en la Sánchez sentantes en la fecha. Cámara de Representantes del proyecto reformatorio de la Constitución

Propone de candidato a un ciudadano relativamente desconocido, y acepta la propuesta de alteración presidencial bajo la condición de extender el Frente Nacional a cuatro períodos de gobierno.

Alfredo Arango, Jorge E. Acepta la propuesta liberal de alternaGutiérrez, Francisco Gó- ción presidencial y la extensión del gomez, Jorge Rosero, Hugo bierno de coalición a dieciséis años. Escobar

Ponencia sobre la anternación presidencial, aprobada por el Senado de la República en la fecha.

Capítulo 8

la selección del mandatario que debería reemplazar al general Rojas Pinilla. La sugerencia de uno de sus máximos líderes en el sentido de que el liberalismo podría respaldar a un candidato conservador para encontrarle salida a la dictadura, ayudó a aclimatar la confianza y colaboró para que se unieran los sentimientos de oposición y repudio que compartían las mayorías de las dos colectividades. La primera fase del proceso que conducirá al Frente Nacional ha comenzado. Se trata de convocar a las fuerzas bipartidistas en contra de la dictadura, para que ésta se debilite por una reducción progresiva del respaldo político. A partir de ese momento la oposición al régimen será el eje de la coalición entre el liberalismo y el conservatismo. Pero el general Rojas, que ve en la convergencia bipartidista un peligro inminente para la estabilidad de su gobierno, también reacciona e intenta impulsar una coalición entre las fuerzas armadas, los empleados públicos y algunos sectores sindicalizados para utilizarla como instrumento de apoyo político. A este esfuerzo se le ha atribuido una clara inspiración peronista. A mediados de 1956, en la conmemoración del ascenso de Rojas Pinilla al poder, se realizaron las primeras manifestaciones del nuevo grupo político bajo la denominación de «Tercera Fuerza». Su estandarte, un fusil y una pala formando una cruz, revela claramente cuáles eran sus aspiraciones. Sólo cuatro meses después, la oposición de la Iglesia, al igual que la falta de credibilidad y arraigo popular, llevaron al fracaso el intento de crear una coalición de bases obreras para enfrentarse a la que se venía gestando en el seno de los dos partidos tradicionales. El Pacto de Benidorm: manifiesto de lucha y coalición Las conversaciones de los jefes liberales con el ala laureanista del partido conservador prosperaron rápidamen-

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te, en especial porque su líder profesaba un odio intenso a la dictadura que lo había despojado del poder, capaz de superar el sectarismo que caracterizó su gobierno. Igualmente, el conflicto con el sector ospinista no era menos agudo, puesto que en la interpretación del ex presidente Laureano Gómez la dictadura sólo sobrevivía gracias al respaldo y la colaboración que este grupo le venía ofreciendo. No hay que olvidar que los ospinistas mantenían la esperanza de ser los herederos civiles de la dictadura militar, lo que los hacía morigerar sus críticas y mantenerse en una posición blanda frente al régimen autoritario, razón por la cual el liberalismo no los concebía como unos aliados confiables. Los temas de las conversaciones entre Alberto Lleras y Laureano Gómez en España, en 1956, no se conocen en detalle, pero de ese intercambio germinó un acuerdo político de decisiva trascendencia para la historia del país, el Pacto de Benidorm, que se divulgó como una declaración conjunta firmada el 24 de julio de 1956. El acuerdo comprende un diagnóstico de la problemática política del país, al igual que el primer esbozo de un programa de acción conjunta para el retorno a la democracia, y una declaración de principios que va a determinar todo el pensamiento político colombiano a partir de esa fecha.

Posesión del general Gabriel París Gordillo como ministro de Justicia el 9 de febrero de 1954, en presencia del general Gustavo Berrío, del coronel Carlos Mario Londoño y de Rafael Hernández.

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El Pacto de Benidorm Declaración de los señores Laureano Gómez y Alberto Lleras sobre la política colombiana, hecha en Benidorm, España, el 24 de julio de 1956 La entrevista de los señores Laureano Gómez y Alberto Lleras en Benidorm dio lugar a largas y cordiales conversaciones en que se revisaron todos los aspectos de la situación actual colombiana. Con viva y recíproca satisfacción se declara que se ha llegado a un pleno acuerdo sobre la necesidad inaplazable de recomendar a los dos partidos históricos una acción conjunta destinada a conseguir el rápido regreso a las formas institucionales de la vida política y a la reconquista de la libertad y las garantías que han sido el mayor orgullo patrimonial de las generaciones colombianas hasta la presente. Fruto de los esfuerzos y la discusión centenaria de los partidos políticos fue la adquisición de ese patrimonio político. Ha sido destruido sistemática y totalmente. El país se halla ahora reducido a la necesidad de volver a crear la República, buscando la fuente del poder en sus orígenes populares. Del tiempo anterior no subsiste organismo alguno con validez moral ni jurídica, porque sin excepción, todos fueron utilizados en la ruptura del orden constitucional o con sus actos posteriores han tratado de cohonestarla. Sólo un esfuerzo conjunto de los partidos puede restablecer un modo de vivir en que prevaleció el afortunado equilibrio entre los derechos de los ciudadanos y la acción del Estado como delegatario de poderes limitados, obligado a dar cuenta de sus actos a los representantes de la Nación. El regreso a la normalidad jurídica, vivamente ansiado por todos los partidos, traerá el retorno de las Fuerzas Armadas a la misión que desempeñaron con

honor y satisfacción general en el tiempo inmediatamente pasado, como guardianes de los intereses internacionales y del orden interno y como ejecutores fíeles de la autoridad escogida por el pueblo. La situación actual destruye todo equilibrio entre el jefe omnipotente e irresponsable de la clase armada y el resto del pueblo, y aun más todavía, entre tal jefe y el conjunto de la fuerza pública, porque pone a oficiales y soldados al servicio ciego de una sola persona que abrogándose la totalidad del poder desprestigia con sus procederes autocráticos a la institución que dice representar, y quita a la disciplina militar el nobilísimo carácter que tiene cuando no está dedicada al servicio personal de un hombre, sino a la tutela de las libertades y los derechos de todos los ciudadanos. Los miembros de la generación que vivió y disfrutó los días limpios y gloriosos de la República, al hallarse bajo un régimen de fuerza que no admite ni tolera discusión de sus actos, ni da informe sobre ellos, dispone y ejecuta sus decisiones sin participación de otros poderes y dispersa los haberes públicos a espaldas de los contribuyentes, sienten la necesidad de resistir en la medida de las posibilidades de cada persona a las amenazas y los halagos, y de demostrar que no es cierto que el silencio impuesto corresponda a adhesión sumisa o conformidad cobarde. Apenas es efecto de la desconcertada sorpresa de quienes pagan la fuerza pública como un servicio para el bien general y se encuentran de improviso inermes y desamparados ante sus desafueros.

La conjunción de los partidos para expresar el inmenso desagrado general por la ruina de la civilidad de la Patria es la urgencia primordial de esta hora. Atenderíase con ella al restablecimiento del considerable acervo de principios comunes, que justamente por ser comunes constituyen la estructura de nuestra República, que era comparable a las mejores de la tierra. El reclamo conjunto por la pérdida de garantías indispensables para una digna vida civil, debe sustituir el mutismo ocasionado por la sorpresa. La consideración de cuanto en el país ocurre impone un orden lógico a la conducta de los partidos. Nadie puede poner en duda que debe empezarse por la reconquista del patrimonio cívico común. Sería insensato reabrir inmediatamente la lucha por el poder entre conservadores y liberales. Se encuentra necesario y enteramente posible crear un gobierno o una. sucesión de gobiernos de coalición amplia de los dos partidos, hasta tanto que recreadas las instituciones y afianzadas por el decidido respaldo de los ciudadanos tengan fortaleza bastante para que la lucha cívica se ejercite sin temor a los golpes de Estado, o de la intervención de factores extraños a ella, y por medio de un incorruptible sufragio cuyas decisiones sean definitivas e incontestablemente respetadas. Los partidos deben entenderse para constituir un gobierno de tales características que ponga en vigor las instituciones abolidas, manteniéndose unidos para sostenerlo hasta que el régimen civil esté libre de riesgos.

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Capítulo 8

Sigue en urgencia la execración y repudio de la violencia ejercitada por armas y elementos oficiales. Sucesos inolvidables requieren insistente protesta contra la impunidad que los ha cobijado. Porque en la perduración y alarmante avance del bandolerismo, atroz fenómeno de menosprecio de la moral y de las leyes, desconocido por las generaciones anteriores, podría verse la pretensión del hombre salvaje de tener igual fuero para sus tropelías contra vidas y bienes ajenos en aldeas y caminos solitarios, al que disfrutan quienes operan desde la capital y en las alturas. Por eso es imprescindible condenar también el abandono de las tradicionales prácticas de pulcritud y honorabilidad, desinterés y limpieza de conducta de los funcionarios del Estado, que fue la mayor presea de nuestra historia política. De ninguna manera puede ser posible que esta generación heredera de tradiciones puras las entregue mancilladas y marchitas. Todo colombiano debe prestar su eficaz cooperación a la grandiosa empresa de reconquista de la

dignidad de la vida política colombiana. Libre de la sorpresa por las tremendas experiencias sufridas, si está, un día tras otro, alerta y listo para las acciones posibles y las abstenciones que marquen la valla entre los ciudadanos y la tiranía, quedarán deshechas las falacias de apoyo popular que se fingen con crecidas erogaciones. De las acciones y abstenciones individuales es indudable que resultará un pujante e incontenible movimiento de conjunto que recuperará los bienes perdidos. La fría y objetiva consideración de todos los aspectos actuales de la Patria permite indicar claramente a los colombianos que existe una solución satisfactoria para los males que padecen. Sobre la base del entendimiento amplísimo para la imperiosa reconquista del patrimonio común, los representantes auténticos y genuinos de los partidos oirán la sugestión de los procedimientos que entreabren esas patrióticas perspectivas. Tales representantes los estudiarán y adoptarán llegado el caso para dar al pueblo no sólo la reconquista de la perdida libertad sino la visión

concreta del desenvolvimiento de las posibilidades de la inmensa mayoría de los colombianos parar obtener un mejoramiento radical de sus condiciones de vida y para salvar el abismo que se está abriendo entre una corta clase social súbita o ilegítimamente enriquecida y una gran masa que cada día se empobrece más. La certeza de victoria en la campaña por la recuperación cívica de la Patria descansa en el conocimiento de una constante, pudiera decirse, de una ley histórica, expresada en clásica síntesis inolvidable: «Colombia es una tierra estéril para la dictadura.» Es cierto que el sorprendente contubernio de factores extraños ha determinado el actual eclipse de esa ley: pero nadie ignora que tal contubernio está destinado a desmenuzarse y caer hecho polvo. Quedará confirmada una vez más la inmarcesible y gloriosa tradición colombiana. En Benidorm, julio 24 de 1956. Laureano Gómez Alberto Lleras

Alberto Lleras Camargo llega a Barcelona, con destino a Sitges, donde el 20 de julio de 1957 se firmaría el pacto que desarrolló los principios de la Declaración de Benidorm.

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Manifestación campesina de respaldo a Rojas Pinilla, 1954. Su intento de crear la Tercera Fuerza sobre una coalición de bases obreras para enfrentar a la que se venía gestando en los dos partidos, fracasó.

Alberto Lleras es aclamado en la Plaza de Toros de Santamaría el 26 de enero de 1956, como acto de rechazo a la dictadura de Rojas Pinilla. En la corrida del domingo siguiente, 5 de febrero, sobrevino la represalia: 8 muertos y 112 heridos.

Era una declaración de lucha y de acción política. En primer lugar, el acuerdo formalizaba el repudio de los sectores mayoritarios del conservatismo y del liberalismo a la dictadura, y llamaba a la unidad bipartidista para remover al general Rojas Pinilla. Esta

realidad política tuvo el efecto de acrecentar la percepción social del debilitamiento del régimen militar. Pero lo que es más importante, trazaba el borrador de un plan político para volver al gobierno civil y superar las contradicciones históricas entre los dos partidos mediante la instauración de una serie de gobiernos de coalición. Es el diseño inicial de lo que llegaría a ser el Frente Nacional. Las reacciones que generó el acuerdo fueron de distinta índole. Los liberales no dudaron en entregarle todo su apoyo y respaldar cada uno de los puntos contemplados en el texto. Por su parte CONACCIÓN, el directorio conservador que aglutinaba el ala laureanista del partido conservador, también respaldó la iniciativa y se comprometió a apoyarla de inmediato. Nuevamente, el sector ospinista se encontró en una posición muy incómoda. Seguía dentro del gobierno, pero al mismo tiempo sentía que éste se venía abajo a pasos agigantados; de otra parte, no podía negar el endurecimiento de la dictadura ni la creciente represión aun en contra de sus propios copartidarios. La aspiración de ser los herederos del gobierno pudo más y el resultado fue la ambigüedad del ospinismo frente a la necesidad de un trabajo conjunto para el retorno a la democracia. La dinámica de convergencia entre liberales y laureanistas empieza a involucrar al ospinismo a partir del mes de septiembre de 1956. El partido conservador, preocupado por un posible debilitamiento de su situación política frente a la fortaleza de la posición liberal, explora caminos de unidad. El 18 del mismo mes se firma un acuerdo político entre dirigentes de las dos facciones conservadoras en el cual se habla de un trabajo conjunto para oponerse a la dictadura. Dos días después, esa aproximación se desmorona a raíz de una exigencia tácita que hacen los liberales para que el laureanismo reafirme su respaldo al Pacto de Benidorm como la guía básica de la coalición bipartidista, situación que es in-

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Capítulo 8

terpretada por el ospinismo como un rechazo al acuerdo recién nacido. Una vez ratificado el acuerdo de Benidorm por los seguidores de Laureano, la Dirección Nacional Conservadora, orientada por el ex presidente Mariano Ospina Pérez, rompe el convenio de oposición al régimen, adoptando una enfática actitud de respaldo y apoyo a la dictadura. Alberto Lleras tenía que superar el escollo de convocar al ospinismo para fortalecer definitivamente al «Frente Civil», uno de los nombres con que popularmente se conocía la coalición. La convocatoria de la ANAC (Asamblea Nacional Constituyente), realizada por Rojas Pinilla el 11 de octubre de 1956, ofreció el contexto político apropiado para avanzar en la consolidación de la oposición bipartidista. El general Rojas inició las labores de la «constituyente» solicitando la ampliación del número de participantes en veinticinco miembros, nombrados directamente por el ejecutivo. El gobierno militar buscaba que la asamblea le diera una fachada legalista y legítima tanto al régimen como a sus actos, al tiempo que se pretendía acumular las fuerzas suficientes para repetir lo sucedido en 1954: que la ANAC manipulada prolongara el mandato de la dictadura. La oposición liberal en la asamblea denunció la maniobra de Rojas y se dedicó a impedir que el gobierno se saliera con la suya. Pero en un giro trascendental para el futuro de la coalición política, el ex presidente Ospina Pérez acusó al gobierno de querer monopolizar todos los poderes públicos en manos del dictador y renunció a la presidencia de la ANAC, dejando así allanado el camino para el golpe final y para la universalización de la coalición bipartidista. El 20 de marzo se da a conocer el texto de una declaración conjunta, «manifiesto conjunto de los partidos liberal y conservador», generalmente conocido como el Pacto de marzo, firmada por el Directorio Nacional Conservador de inspiración ospinista, y

Firmas de Laureano Gómez y Alberto Lleras en el pacto o declaración de Benidorm, primer esbozo sobre coalición bipartidista para derrocar a Rojas y para constitución de futuros gobiernos. (Museo Nacional).

por los cuadros directivos del liberalismo encabezados por Alberto Lleras y Eduardo Santos. De esta forma, el sector que hasta entonces se había mostrado más recalcitrante para participar en la coalición bipartidista formaliza su compromiso de oposición activa al régimen. Los aspectos neurálgicos contemplados en los puntos del Pacto de marzo son los siguientes: la descalificación política y legal a las pretensiones de perpetuación de la dictadura; una fuerte crítica a la censura de prensa y el amordazamiento de todos los mecanismos de expresión de la sociedad; la refutación del argumento de la persistencia de la violencia partidista, con el que el general Rojas Pinilla pretendía legitimar su continuidad en el gobierno; el planteamiento de que la única salida a la crisis era la coalición de las dos colectividades históricas para ofrecer resistencia a la dictadura; Soldados y guardias presidenciales en defensa del palacio de San Carlos, el 10 de mayo de 1957, cuando la caída de Rojas es inminente.

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y, por último, un programa mínimo de acción conjunta: «El acuerdo de los partidos que anunciamos con júbilo y con optimismo a una nación confundida, intimidada y coaccionada por la fuerza física, puede resumirse así: «Oposición abierta y clamorosa a los sistemas de gobierno imperantes, y aun, al intento de prolongarlos en la persona del general Rojas Pinilla al terminar este quinquenio, por un cuatrenio adicional. «Oposición que nos lleva a afirmar que en cualquier forma, por cualquier procedimiento que se pretenda realizar esa inaudita prolongación, para nosotros no será válida. «Decisión irrevocable de los dos partidos de restablecer el imperio de la Constitución y negativa a discutir o aceptar cambio alguno que en esta atmósfera de coacción se pretenda introducir para desvirtuar el estatuto en sus fundamentos esenciales. «Decisión firme y leal de los dos partidos de buscar, por la vía de las elecciones populares libres, la creación de un gobierno nacional, que asuma a nombre de los dos, la responsabilidad de restablecer la Constitución y de enmendarla —entonces sí— para asegurar que no vengan a entorpecer este empeño patriótico un intento de hegemonía o una lucha intempestiva por el poder, antes de que las instituciones republicanas tengan firmeza y apoyo en los colombianos para hacerlas indestructibles.» El propósito original de este documento era el de servir como texto definitivo de acción política para la coalición bipartidista. Los laureanistas frustraron esa posibilidad al sentir que la insistencia de los ospinistas en la candidatura presidencial, y el papel protagónico que jugarían en su firma, los dejaba en desventaja política cuando llegara la hora de las decisiones. Por ello con el Pacto de marzo sólo se logró incluir formalmente a los ospinistas en la coalición con los liberales, pero aún quedaba faltando la consolidación de un frente común.

La Junta Militar y la consolidación del Frente Nacional El gobierno de Rojas Pinilla fue suplantado por una Junta Militar conformada por cinco miembros, los generales Gabriel París, Luis Ordóñez, Rafael Navas Pardo, el mayor general Deogracias Fonseca y el contraalmirante Rubén Piedrahíta. El primer paso de la junta para afianzarse políticamente fue garantizar al país que en el término de un año se realizarían elecciones para constituir un gobierno civil. La posibilidad de un pronto retorno al régimen constitucional, al igual que el carácter bipartidista del gabinete ministerial seleccionado por la Junta Militar, le ganaron el apoyo de los principales jefes del liberalismo y el conservatismo. Para Alberto Lleras y los sectores comprometidos con el afianzamiento de la coalición, esta etapa se caracterizó por una permanente lucha para lograr que las rencillas internas entre el conservatismo no desbarataran la marcha hacia el gobierno civil y compartido. Este escenario de transición democrática despertó nuevamente las pugnas entre los sectores en conflicto dentro del conservatismo. Los ospinistas sostenían firmemente la candidatura de Guillermo León Valencia como la única posibilidad presidencial para un gobierno de coalición. Pero los laureanistas no demoraron en oponerse a esa posibilidad. Un pacto de unión entre los conservadores, promovido por los ospinistas, fue rápidamente rechazado por Laureano Gómez. De este acuerdo surgió una comisión bipartidista encargada de plantear los mecanismos para el retorno a la democracia, la cual durante el mes de junio de 1957 presentó un informe en el que se proponía una reforma constitucional para restablecer el gobierno compartido durante tres períodos presidenciales seguidos, se fijaban fechas para las elecciones y se establecían otros mecanismos para el retorno a la democracia. La Junta Militar, creyendo que efectivamente este documento recogía

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Capítulo 8

el pensamiento de la amplia mayoría del espectro político, puesto que en ella participaban algunos miembros del laureanismo, procedió a adoptar algunas de las medidas contempladas en la propuesta. La reacción de los más fieles seguidores del ex presidente Gómez no se hizo esperar y se planteó una situación de desautorización política para esos esfuerzos de unión conservadora. Alberto Lleras se enfrentaba a la tarea de decidir sobre cuál de los dos sectores políticos era más conveniente apoyarse para sacar avante la coalición y para defender los intereses del liberalismo. Con atinado olfato político, el jefe liberal reafirmó su escogencia inicial de seguir considerando al laureanismo como el eje del partido conservador. Los posteriores resultados electorales le darían la razón. El 20 de julio de 1957 se firma el Pacto de Sitges, entre Lleras Camargo y Laureano Gómez, acuerdo fundamental que define los principios conceptuales concretos sobre los cuales se van a construir las instituciones del Frente Nacional.

El Pacto de Sitges: derrotero hacia el gobierno de coalición La posibilidad de desarrollar la búsqueda de fórmulas políticas para encontrar una puerta hacia la democracia fue dada por el espacio que dejó la Junta Militar. Ésta se dedicó preferencialmente a reorganizar el frente económico, aquejado de severas dificultades, y a intentar desmontar los brotes de violencia partidista, delincuencial y social que todavía persistían en varias regiones. La labor de definir alternativas para el retorno a la democracia quedó entonces en manos de los civiles, quienes asumieron pronto la tarea. El Pacto de Sitges surge en este momento como la propuesta más sólida, no sólo en términos políticos, ya que contaba con la firma de los dos principales líderes de los partidos tradicionales, sino también por ser una síntesis afortunada de las propuestas y las alternativas existentes hasta el momento. El acuerdo es en general una reafirmación del proceso de coalición bipartidista iniciado en Benidorm y una

Una manifestación en la plaza de Bolívar de Bogotá, después de la caída de Rojas Pinilla, con la efigie de Alberto Lleras.

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Toma de posesión de la Junta Militar de Gobierno el 10 de mayo del 57: Navas Pardo, Fonseca, París, Piedrahíta y Ordóñez, en el salón Bolívar del palacio de San Carlos.

Personajes que intervinieron en la gestación del Frente Nacional: Alvaro Gómez, Alfredo Araújo, Guillermo León Valencia, José Antonio Montalvo, Juan Uribe Cualla, Alberto Lleras, Edgardo Manotas.

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propuesta concreta para avanzar en la reconstrucción del gobierno civil y la democracia electoral. En el texto se plantea que las propuestas ofrecidas son el desarrollo político de los principios comunes acordados en el Pacto de Benidorm, que determinaron la caída de la dictadura. Los principales mecanismos para lograr un gobierno de coalición y la paz política nacional podrían ser, según el acuerdo, los siguientes: «Entre ellas está, en primer término, la de que se establezca el equilibrio de los partidos en los cuerpos colegiados...

»Para que tal enmienda a la carta, con obvio carácter transitorio, surta sus efectos curativos y eficaces para la pacificación total de Colombia, creemos necesario que su duración sea siquiera por el término de tres períodos de gobierno... »Un primer límite tiene que ser la urgentísima creación de una carrera de servicio civil que suprima el concepto de que el vencedor político tiene derecho a los despojos del vencido y a alterar de arriba abajo la administración pública... »E1 otro límite podría ser el de que el presidente de la República, al escoger sus colaboradores en el gabinete, estuviera obligado a conservar la proporción política que tengan los partidos dentro de las cámaras legislativas...» El acuerdo no sólo contempló las fórmulas concretas para instaurar un gobierno de coalición, sino que también propuso el mecanismo político para adoptar dichas reformas transitorias a la Carta Constitucional: el plebiscito popular. Las razones argüidas para sugerir esa vía tenían una fuerza indudable: un compromiso de transformación institucional de esas magnitudes debería ser refrendado por la fuente esencial de la legitimidad, el constituyente primario, y no por asambleas o comités de difícil representatividad. Naturalmente, existían razones políticas adicionales para promover este camino para llegar a las instituciones de coalición. Un plebiscito evitaría que los problemas derivados de la confrontación entre los distintos sectores de los partidos dilataran o entorpecieran el proceso de reforma constitucional. Igualmente, impediría una posible presión militar en las deliberaciones y neutralizaría cualquier alegato de ilegitimidad por parte de los enemigos de la coalición. De esta forma, el plebiscito se presentaba como el mecanismo legal y político idóneo para consolidar las instituciones de coalición. Las consecuencias del Pacto de Sitges sobre el proceso político interno

Capítulo 8

fueron considerables. El primer impacto claro fue el debilitamiento del ala ospinista del partido conservador, puesto que el acuerdo en España se hizo prácticamente a espaldas de ese grupo. De igual manera, el texto del pacto desconocía formalmente y por completo el acuerdo previo entre los ospinistas y el liberalismo, firmado en marzo, al igual que las recomendaciones de la comisión creada por los conservadores en junio. El papel protagónico del conservatismo doctrinario, nombre que se daba a sí mismo el laureanismo, en la gestación del gobierno de coalición quedaba definitivamente consolidado. Paralelamente, con el fortalecimiento laureanista vendría la agudización del conflicto interno dentro de los conservadores, especialmente en torno al tema de las candidaturas presidenciales. Una segunda consecuencia del Pacto de Sitges fue el afianzamiento de Alberto Lleras Camargo como el eje de las relaciones políticas entre la dimensión civil y el gobierno de la Junta Militar. Los generales carecían de un interlocutor válido a nivel de los partidos políticos. El gobierno intentó inicialmente construir una relación de colaboración con la coalición a través

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del ospinismo y la supuesta unión conservadora sellada en junio de 1957, pero aceptó muy pronto que la aguda división en ese partido sólo dejaba la opción del liberalismo unido y claramente comprometido con su jefe Alberto Lleras. Las características del Pacto de Sitges, al igual que el respaldo social que movilizó el liberalismo en su favor, le demostraron a la Junta Militar cuál era el camino a seguir para entregar sin traumatismo el poder a los civiles: Definidos los lineamientos de las reformas institucionales

Firmas de Laureano Gómez y de Alberto Lleras en el pacto de Sitges, documento conservado en el Museo Nacional. Alberto Lleras, Gabriel París, Deogracias Fonseca y Alvaro Gómez Hurtado celebran en palacio la votación del plebiscito, lo. de diciembre de 1957. Hubo 4 169 294 votos a favor, frente a 206 864 en contra.

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Amagos de crisis y nuevos acuerdos políticos

Telegrama de la dirección nacional conservadora, del 6 de octubre de 1956, en que se invita a Alfonso López Pumarejo a la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente convocada por Rojas Pinilla. Abajo, borrador de puño y letra de López en que se da respuesta al telegrama, preguntando sobre las circunstancias y objeto de la reunión y sobre la representación del liberalismo en la Asamblea.

necesarias para la instauración del gobierno de coalición, el general Gabriel París, presidente titular de la Junta, se compromete en el mes de agosto a sacarlas adelante. Los ministros de los partidos tradicionales, particularmente los liberales, desarrollaron una intensa colaboración con la Junta Militar para formalizar el acuerdo político. Pero el problema de la división conservadora amenazará prácticamente desde su firma el desenvolvimiento de los acuerdos políticos.

La confrontación conservadora se agudiza a partir de septiembre, cuando en el horizonte aparece por primera vez una clara posibilidad de elecciones libres. La lucha se planteó en torno a la selección del presidente de la República, ya que el liberalismo mantenía su compromiso de respaldar un candidato conservador de unidad para ese cargo. Los laureanistas intentan contrarrestar al candidato Guillermo León Valencia, que tenía cierta popularidad por su prestigio de fogoso enemigo de Rojas a finales de la dictadura, presentando la candidatura de Jorge Leyva, reconocido político de la derecha conservadora. El debate entre las dos facciones se agria a medida que avanza el proceso de institucionalización del regreso a la democracia. En octubre de 1957 ocurren hechos decisivos. Se protocoliza la división conservadora y la Junta Militar define la fecha del plebiscito propuesto por el Pacto de Sitges. El conservatismo convoca a dos convenciones distintas que se censuran y descalifican mutuamente. Los ospinistas, con el ex presidente a la cabeza, se reúnen en la primera semana del mes y reafirman su respaldo a la candidatura de Valencia. Para esa fecha llega Laureano Gómez al país después de su prolongado exilio en el exterior. El 4 de octubre, un día antes de la llegada del jefe del laureanismo, la Junta Militar expide el decreto 247 de 1957 por medio del cual, «interpretando la opinión nacional expresada en los acuerdos suscritos por los partidos políticos», se convoca para el primero de diciembre un plebiscito para ratificar o negar una propuesta de reforma constitucional. La consulta plebiscitaria, contemplada en el Pacto de Sitges, comprendía esencialmente los puntos acordados entre Laureano Gómez y Alberto Lleras: establecimiento formal de un gobierno de coalición bipartidista; distribución paritaria de los ministerios y de los cargos en el Con-

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greso, asambleas y concejos; establecimiento de la carrera administrativa para los empleados públicos; confirmación del derecho al voto para la mujer; y legalización popular del gobierno de la Junta Militar. La inevitable decisión del gobierno de convocar al debate plebiscitario le echó más lefia al fuego, ya que la confrontación conservadora se trasladó del terreno partidista al de oposición al desarrollo institucional del acuerdo político. Los acontecimientos que rodearon el plebiscito deben interpretarse desde la óptica de la lucha por el predominio político entre los distintos grupos. No es que el ospinismo o el laureanismo quisieran en la práctica hundir el acuerdo de coalición, sino que intensificaban su respaldo o su oposición de manera estrictamente táctica para fortalecerse en la verdadera lucha, la lucha por el poder político. Un escollo aparentemente intrascendente se coloca rápidamente en el núcleo del conflicto: la fecha de las elecciones a corporaciones. Algo que a los ojos de un observador casual puede parecer sim-

ple, poseía en esta coyuntura un significado decisivo en términos de la definición del candidato presidencial y de la fuerza política relativa de cada uno de los grupos. Para los ospinistas lo mejor era la selección del candidato de coalición con anterioridad a las elecciones de 1958, puesto que Guillermo León Valencia se encontraba desempeñando ese papel en el escenario político desde comienzos de 1957. Igualmente, este grupo defendía la unidad del calendario electoral, de manera que el presidente y los representantes a los cuerpos colegiados fueran elegidos en la misma fecha. La razón real para insistir en un solo día era que de esta manera los acontecimientos y resultados que se presentaran en la selección de los legisladores no podrían afectar ya la escogencia presidencial. Sutilmente, el sector minoritario quería impedir mediante este artificio la expresión de las distintas fuerzas políticas dentro del conservatismo, evitando de esta manera que la mayoría en las elecciones parlamentarias fuera un

Primera reunión paritaria con los jefes de las dos colectividades: Alberto Lleras, Roberto Urdaneta, Julio César Turbay, Alfonso López, Mariano Ospina, Eduardo Santos, Guillermo León Valencia.

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Durante la discusión de acuerdos bipartidistas: Roberto Urdaneta, Alberto Lleras, Alfonso López, Guillermo León Valencia, Francisco José Chaux, Antonio Rocha, Eduardo Santos y, al fondo, Julio César Turbay Ayala.

criterio político decisivo en la selección del candidato presidencial. Por su parte, el sector comandado por Laureano Gómez sostenía precisamente la posición contraria. El laureanismo sabía que, a pesar de que el ospinismo disfrutaba de activos burocráticos heredados de la época de la dictadura, su fuerza electoral era considerablemente mayor. Por ello, en caso de realizarse la escogencia y elección del candidato presidencial con posterioridad a la contienda parlamentaria, el resultado de esa elección tendría incidencia decisiva sobre las posibilidades de cada uno de los dos sectores en conflicto. A pesar de que la argumentación en favor y en contra de cada una de las posiciones estuvo rodeada de toda una variada gama de racionalizaciones jurídicas, ideológicas y políticas, la realidad que se escondía detrás de esa controversia era simplemente su impacto sobre las posibilidades de cada grupo para hacerse al comando del partido conservador. Desde el mes de octubre hasta finales de noviembre de 1957 la cuestión del calendario electoral se convirtió en el eje de la discusión pública. La convención del sector laureanista se realiza en Cali a finales de la primera semana de noviembre. El evento

es fértil en manifestaciones de ruptura con los adversarios y la asamblea dedica gran parte de su tiempo a atacar al ospinismo y a su candidato, acusándolos de «impuros», oportunistas, e insinceros. Después de la convención, ya no quedan dudas de que el laureanismo no está dispuesto a aceptar que la selección del candidato conservador se realice antes de las elecciones parlamentarias, y mucho menos a permitir la unificación del calendario electoral. Contra esas dos posibilidades, a las cuales se inclinaba el gobierno con el respaldo del ospinismo y hasta cierto punto del liberalismo, se enfilan las poco despreciables baterías políticas y retóricas del ex presidente Gómez. La amenaza de una ruptura definitiva de los acuerdos de coalición, que significaban la esperanza para transitar definitivamente hacia el régimen civil, es el arma que utiliza el laureanismo para conseguir concesiones y ganancias políticas. El 16 de noviembre el directorio comandado por el ex presidente Gómez se manda lanza en ristre contra el liberalismo y contra el plebiscito programado para dentro de sólo dos semanas. En su pronunciamiento público, el laureanismo plantea que el liberalismo se está aprovechando de su papel protagónico en los acuerdos y demanda que se posponga la consulta popular para el establecimiento de las instituciones de coalición. Toda esa demostración de oposición revela sus verdaderas intenciones cuando, hacia el final de la declaración, exige que las elecciones parlamentarias se realicen aun antes del plebiscito. Es el comienzo de una nueva crisis política que amenaza el desarrollo del Frente Nacional y que sólo será conjurada con la firma de un nuevo acuerdo, esta vez auspiciado desde el mismo gobierno: el Pacto de San Carlos. Pero es de preguntarse sobre lo que ocurría con el partido liberal en el entretanto. Los liberales optaron por marginarse casi por completo de la controversia conservadora, y se dedi-

Capítulo 8

caron más bien a recorrer el país buscando apoyo para los acuerdos de coalición e impulsando la participación política en favor de una aceptación de las fórmulas plebiscitarias. El propio Alberto Lleras, aunque seguía muy de cerca los acontecimientos internos del conservatismo, se colocó por encima del conflicto e igualmente se presentó ante el país como el abanderado de la concordia, de la coalición, de la civilidad. El contraste era avasallador. Un partido conservador profundamente escindido, sumido en rencillas que ante los ojos de la gente deseosa de un retorno al gobierno civil aparecían más como un egoísta y desmedido apetito de poder; y ello frente a un liberalismo comprometido con los acuerdos, dispuesto a renunciar a la presidencia para recuperar la democracia, liderado firmemente y sin serios problemas internos. Son diferencias que no pasan desapercibidas para la mayoría de los colombianos. La consecuencia de esa comparación es el fortalecimiento del liderazgo nacional de Alberto Lleras. Desde el mes de octubre, y con más énfasis a partir de noviembre, se empiezan a escuchar las voces de distintos sectores populares, partidistas y gremiales que reclaman la candidatura del líder liberal. No sólo son los liberales. Importantes dirigentes conservadores empiezan a entender que la única salida viable a la división de su partido y a la consolidación del régimen civil es una candidatura nacional de Lleras Camargo. Pero volviendo a los acontecimientos de noviembre, cuando el tiempo se agotaba para movilizar al país en favor del plebiscito ya en curso, el clima de beligerancia interna entre las distintas facciones conservadoras se agudizó aún más. El sector conservador encabezado por Gilberto Alzate Avendaño se lanzó en clara oposición al gobierno de coalición y al plebiscito, denunciando a Laureano Gómez como supuesto traidor de las causas conservadoras por pactar con los liberales, a quienes no vacilaba calificar de bandoleros.

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De esta forma, un nuevo comensal se sentó a manteles para disputarse el plato fuerte del predominio político dentro del conservatismo. La situación amenazaba con convertirse en una crisis mayúscula que podría arrasar con el delicado trabajo de aproximación política iniciado en 1956 por Alberto Lleras y López Pumarejo. Como si la torpeza fuera su lema, nuevamente los partidarios del general Rojas Pinilla crearon las circunstancias favorables para afianzar el poder político de la Junta Militar y de aquellos que buscaban la concordia

Carlos Lleras Restrepo y Gilberto Alzate Avendaño. cuyo grupo conservador "se lanzó en clara oposición al gobierno de coalición y al plebiscito, denunciando a Laureano Gómez como supuesto traidor por pactar con los liberales". Durante la campaña para el plebiscito nacional, un banquete en Medellín, en septiembre de 1957: Belisario Betancur, Darío Echandía, Alberto Lleras, Carlos J. Echavarría. Berta Puga de Lleras, Alfredo Araújo Grau.

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Página autógrafa de Alfonso López Pumarejo con sus anotaciones a las bases del plebiscito del lº. de diciembre de 1957.

partidista. El 18 de noviembre de 1957 el gobierno anunció que se había descubierto un plan terrorista para atentar contra los miembros de la junta y los principales protagonistas de la coalición política, intentando que asumieran el mando oficiales leales al dictador. El impacto de la noticia sobre la opinión pública y los núcleos de poder —Iglesia, gremios, empresarios, políticos, etc.— produjo el efecto contrario al deseado por los conspiradores, ya que los cinco militares y la coalición recibieron innumerables manifestaciones de apoyo político y social. En ese contexto, los opositores al gobierno y al plebiscito se vieron considerablemente debilitados, razón por la cual la Junta Militar asumió la vanguardia del proceso y convocó a todas las fuerzas políticas a una reunión en el palacio de San Carlos, con el ánimo de superar definitivamente la crisis. El 20 de noviembre asistieron al palacio presidencial los líderes de los partidos tradicionales y de los principales grupos. En un largo proceso de discusión, que se extendió por más de tres días consecutivos, se plantearon

las diferentes interpretaciones sobre los procedimientos adecuados para transitar hacia un gobierno civil. El problema central fue el de conciliar las posiciones de los dos grupos predominantes dentro del conservatismo. El 22 de noviembre, a sólo ocho días de la fecha fijada para llevarse a cabo el plebiscito, se alcanzó un acuerdo que se denominó el Pacto de San Carlos. El desarrollo de las conversaciones no se conoce en detalle pero el resultado fue favorable a la posición sostenida por Laureano Gómez, por lo menos en lo que tiene que ver con los procedimientos para la escogencia del candidato presidencial y del calendario electoral. Con el Pacto de San Carlos, el gobierno, representado en la Junta Militar, adquiría por primera vez el carácter de fuerza política decisiva en el desarrollo de los acontecimientos dentro y entre los partidos. Igualmente, la firma del acuerdo por parte de los partidos, bajo la tutela de la cabeza del Estado, le imprimió a la coalición bipartidista una fuerza institucional que no había tenido hasta el momento, y que se convirtió en el sello definitivo para consolidar el Frente Nacional. Es así cómo la formalización de los acuerdos entre los sectores políticos le dio el carácter de proceso irreversible a la convergencia entre los dos partidos tradicionales y al gobierno de coalición. El Pacto de San Carlos representa el último episodio en la búsqueda de una coalición definitiva entre los partidos. El pacto contemplaba seis puntos específicos. El plebiscito se llevaría a cabo en la fecha originalmente prevista y ambos partidos defenderían entre sus seguidores las propuestas allí contempladas. La candidatura presidencial de Guillermo León Valencia sería sometida a ratificación por parte de los miembros liberales y conservadores del Congreso de la República, a ser elegidos a comienzos de 1958. La fecha de las elecciones parlamentarias debería ser anterior a la de los comicios presidenciales. Los dos partidos

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condenaban la violencia y hacían un llamamiento a la pacificación nacional. Por último, los dirigentes políticos agradecían las gestiones de la Junta Militar para devolverle al país el gobierno civil y democrático. La habilidad de los liberales y de los militares en el poder para neutralizar las disensiones conservadoras dentro de la coalición bipartidista y darle al acuerdo político casi la fuerza de ley, garantizó el tránsito hacia el gobierno compartido. Esta nueva modalidad de coalición presentaba una innovación radical sobre las que se dieron en el pasado, ya que por primera vez los acuerdos entre los partidos para distribuirse el poder tendrían la fortaleza institucional de estar integrados a la Constitución nacional. La consulta popular fue ampliamente favorable a la propuesta plebiscitaria de la coalición. En favor de la reforma constitucional votaron 4.169.294 colombianos, sobre un total de sufragantes de 4.397.090. En contra del establecimiento de la reforma constitucional se presentaron 206.864 votos que corresponden al 4,7 % del total. Es de destacar que en esta ocasión se obtuvo la participación electoral más alta en la historia contemporánea del país. A la luz del abrumador apoyo electoral es incuestionable la legitimidad popular de las instituciones de coalición, puestas a consideración en el plebiscito. Es la reacción de un país cansado de violencia sectaria entre los partidos, violencia militar y gobiernos autoritarios y dictatoriales; que ve en las instituciones de coalición una salida a la persistencia de la sangre y de la muerte. También, el apabullante resultado electoral en favor del gobierno de coalición es la expresión de una dirigencia política que siente amenazada la estabilidad nacional, su predominio social y político y ve en la continuidad de la violencia una amenaza real de polarización social de la lucha partidista. El gran ganador con los resultados del plebiscito fue Alberto Lleras Camargo, que era reconocido por ti-

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rios y troyanos como el artesano detrás de esa victoria política. Un interrogante que quedará sin respuesta es si el país hubiera respaldado una propuesta plebiscitaria con todos los detalles que después se integrarían al sistema institucional del Frente Nacional. De haberse añadido al texto del plebiscito la alternación en la presidencia de la República y la prolongación del gobierno de coalición a dieciséis años, ¿habría respondido el país con igual entusiasmo? Nunca se sabrá; pero la realidad es que en contra de la alternación surgió un nuevo grupo político de gran incidencia sobre el desarrollo de la política colombiana, el MRL o Movimiento Revolucionario Liberal. La danza de las precandidaturas Definidas las bases institucionales para el gobierno de coalición con la aprobación del plebiscito, la lucha política se trasladó a dos planos distintos, pero altamente complementarios. De una parte se dio la confrontación electoral entre las distintas vertientes de los partidos alrededor de la escogencia de los miembros de las corporaciones públicas. Esta contienda tenía especial significado, ya que definiría cuáles sectores políticos controlaban las mayorías. De otra, la controversia se daba en el plano de la selección del candidato presidencial que represen-

22 de noviembre de 1957: a sólo 8 días del plebiscito, se firma el acuerdo de San Carlos, que consolida el Frente Nacional, fija un calendario electoral y somete a ratificación de los congresistas la candidatura de Guillermo León Valencia. En la foto, Roberto Urdaneta firma el documento ante la mirada de Alberto Lleras y Alfredo Araújo.

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taría a la coalición. En esta dimensión de la contienda operaba toda una gama distinta de sutiles factores de poder, por cuanto los aspirantes requerían del visto bueno de los dos partidos y de sus principales jefes. En términos formales, la candidatura de Valencia estaba prácticamente consolidada por cuanto ambos partidos la habían aceptado, pero sujeta a ratificación después de las elecciones a corporaciones. El papel de árbitro que jugarían los resultados electorales del domingo 6 de marzo de 1958, le imprimió un dinamismo inusitado a los esfuerzos proselitistas de todos los contendores. Realizados los escrutinios, la voluntad de los sufragantes le imprimió un nuevo derrotero al proceso político, enredando un poco más las cosas. El partido liberal se consolidó con una amplia mayoría, cercana al 60 % del total de votos, superando a todas las facciones conservadoras sumadas. Por su parte, dentro del conservatismo, el olfato político de Laureano Gómez demostró estar acertado, ya que su grupo obtuvo cerca de dos veces más votación que el ospinismo, que sólo logró aproximadamente cincuenta mil votos más que los seguidores de Jorge Leyva. En consecuencia, el contexto creado por los resultados electorales era paradójico. Un partido liberal ampliamente mayoritario y popular, que reiteradamente rechazaba los ofrecimientos de la candidatura; un partido conservador dividido en tres facciones con un aspirante a la presidencia respaldado por un sector que no alcanzaba siquiera a controlar la mitad de la fuerza electoral conservadora y la apremiante necesidad de escoger un hombre para representar a todo ese universo contradictorio de fuerzas políticas en la cabeza del Estado y al mando de una coalición constitucional. La única salida era, a su vez, la más lógica históricamente: Alberto Lleras Camargo. La decisión sobre las candidaturas quedó virtualmente en manos del li-

beralismo y el laureanismo, que se enfrentaban a la tarea de conseguir un candidato válido para reemplazar a Valencia, quien carecía ya de opciones por el poco afecto político que despertaba en el ala mayoritaria de su propio partido. La búsqueda de alternativas reviste el carácter de un juego de acertijos en el que se trata de adivinar detrás de cuál de las máscaras se esconde el verdadero candidato, pero todos los concursantes conocen la respuesta y ninguno se atreve a decirla. El curtido Laureano Gómez empieza a jugar de primero. Envía una carta a Alberto Lleras Camargo, fechada el 30 de marzo de 1958, en la cual ofrece una lista de posibles candidaturas para que el liberalismo escoja la que considere conveniente. El grupo estaba conformado por los setenta parlamentarios elegidos por el conservatismo doctrinario, y por diez nombres adicionales de conservadores no políticos del sector privado y profesional. El ex presidente Gómez se excluyó de la lista al igual que a su hijo. Desde cualquier ángulo que se interprete, es claro que ninguno de los nombres ofrecidos tenía la representatividad política suficiente para asumir esa responsabilidad, y que la intención era otra. A renglón seguido, el texto de la carta revela las verdaderas intenciones: apoyar la candidatura de Alberto Lleras pero recibir en contraprestación el establecimiento de la alternación presidencial. «Si queremos llegar a un compromiso para que el período presidencial subsiguiente corresponda a un miembro del partido conservador, el período inmediato podría ser presidido por usted.» ¿Cuál era la nacionalidad política que se escondía detrás de esta oferta? Difícil reconstruir las verdaderas intenciones que motivaban al doctrinario, inflexible e intransigente Laureano Gómez para declinar la presidencia en el primer período del Frente Nacional. A manera de hipótesis se puede plantear que ése era un precio bajo por garantizar la presencia de su par-

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tido minoritario en el poder mediante un acuerdo de alternación, al tiempo que se resolvía el impasse que nuevamente estaba poniendo en peligro la coalición. La condición de partido minoritario hubiera impedido muy posiblemente un acceso al poder tan fácil como el que se lograría con un mecanismo de rotación forzosa de la presidencia de la República, y ésa pudo ser una consideración de peso llegado el momento de los cálculos políticos por parte del ex presidente Gómez. Probablemente en esta sugerencia también incidió el abrumador respaldo obtenido por el liberalismo en las elecciones del Congreso. No hay que olvidar que en dos ocasiones anteriores el laureanismo y su jefe colocaron sobre la mesa la posibilidad de un gobierno de coalición encabezado por Lleras Camargo. A partir de allí la gestación de una nueva institución frentenacionalista no contemplada en la propuesta original aprobada en el plebiscito, la alternación presidencial correría pareja con la consolidación de la candidatura de Alberto Lleras. El ex presidente Lleras Camargo contestó el mismo día la misiva del dirigente, devolviéndole al partido conservador la responsabilidad de seleccionar al candidato, y dejando abierta la puerta para una posible candidatura liberal llegado el caso que el propio conservatismo aceptara renunciar al derecho que le daba la promesa liberal de dejar en sus manos la candidatura: «Ningún liberal podría, en mi opinión, aspirar a la presidencia o aceptar una candidatura que no fuera precedida de la expresión inequívoca de la voluntad del conservatismo... »Sus copartidarios y los míos entenderán así cómo, siguiendo ese ejemplo, pueden escoger un candidato a la presidencia de la República en total acuerdo, sin pensar en partidos ni en grupos, sino en lo que necesita la nación...» La posibilidad de una candidatura de Lleras Camargo se venía rumoreando desde noviembre del año an-

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terior. El entusiasmo que despertaba el líder liberal realmente hacía difícil pensar en otra alternativa. Sin embargo, haría falta todavía mucho ir y venir político para que esa opción se hiciera realidad. La reacción de un importante sector de dirigentes conservadores a la sugerencia del ex presidente Gómez fue radical. Rechazaron la posibilidad de declinar su derecho a la presidencia, y presionaron para que los liberales escogieran prontamente un candidato de

José Antonio Montalvo firma el Pacto de San Carlos, noviembre 22 de 1957.

Homenaje a Alberto Lleras en noviembre de ¡957, por los días del Pacto de San Carlos, rodeado por Darío Echandía, Alfonso López y Carlos Lleras.

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su partido. El tiempo nuevamente estaba en contra de los políticos, ya que la fecha en que se debían celebrar las elecciones presidenciales era el 4 de mayo, y sólo restaban tres semanas y no se había decidido nada en concreto sobre la candidatura. El partido liberal también jugó sus cartas. En reunión especial de la comisión de delegatorios liberales para resolver el problema de las candidaturas, se aprobó el nombre de Fernando Isaza como candidato de la coalición. Igualmente, los liberales en su declaración recogieron la propuesta de alternación de Laureano Gómez y la concretaron como una fórmula en caso de que no fuera aceptado el señor Isaza como candidato bipartidista. Textualmente el liberalismo formuló la siguiente propuesta el 15 de abril de 1958, a sólo dos semanas y media para la elección presidencial. «En caso de que el partido conservador no acoja esta primera solución, el partido liberal está dispuesto a pactar con él una reforma constitucional por virtud de la cual se establezca la alternación en la presidencia de la República, por término de cuatro períodos, de los cuales corresponderían dos al partido liberal y dos al partido conservador.» Los conservadores inicialmente aceptaron la propuesta de una nueva reforma constitucional para prolongar a dieciséis años el Frente Nacional e instaurar la alternación presidencial, pero siguieron insistiendo en la necesidad de una candidatura conservadora para poder mantener la credibilidad en los acuerdos entre los partidos. Continuaba de esta forma el vacío de liderazgo, situación que estaba debilitando la fortaleza política y popular de la coalición bipartidista. Laureano Gómez decide apelar a toda su autoridad política e inicia una pronta movilización en contra de los opositores de la opción liberal, y hace un trabajo de paciente pedagogía política parar neutralizar a los elementos más sectarios de su partido y comprometerlos con la candidatura de Lleras Ca-

margo. La convergencia sobre el asunto de la alternación sirvió como principal argumento para debilitar la terquedad de los que seguían insistiendo en una candidatura conservadora, que no parecía viable dadas las circunstancias internas de los partidos y la misma expresión del sentimiento popular, registrado no sólo en las elecciones parlamentarias sino en amplias manifestaciones de apoyo a Lleras a lo largo y ancho del país. Por fin el Directorio Nacional Conservador brinda respaldo a Laureano Gómez el 16 de abril y se compromete a apoyar al candidato que recomienda su jefe, aun a pesar de que éste sea liberal. Naturalmente esta decisión estuvo acompañada de una reafirmación del compromiso bipartidista con la alternación y la extensión del Frente Nacional a cuatro períodos presidenciales. El mismo día, unas pocas horas después, la Junta Delegataria de la Convención Nacional Liberal, que era la encargada de estudiar el problema de la candidatura presidencial por parte del liberalismo, proclamó y adhirió a la candidatura de Alberto Lleras. La suerte está echada. Alberto Lleras se consolida como el candidato de la coalición bipartidista y como cabeza del primer gobierno del Frente Nacional. El costo ha sido el apoyo liberal a la propuesta de Laureano Gómez de establecer la alternación de los partidos en la presidencia de la República. La declaración del Directorio Nacional Conservador el 21 de abril es definitiva: «(el Directorio) reafirma su concepto de que, en el actual momento, el colombiano más capacitado para ejercer la primera magistratura es el doctor Alberto Lleras.» Las declaraciones en el mismo sentido expresadas por antiguos enemigos de la candidatura liberal, entre ellos Guillermo León Valencia, garantizaron el éxito de la campaña iniciada formalmente desde mediados de abril para escoger a Lleras Camargo como primer presidente civil elegido mediante elecciones universales desde Mariano Ospina Pérez en 1946.

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Una vez alcanzado el acuerdo político en torno a la alternación, el candidato del Frente Nacional lo integra firmemente a su plataforma política. En un discurso el 27 de abril, al cerrarse la campaña presidencial, Alberto Lleras Camargo se expresaba así sobre el problema de la rotación de los partidos en el comando del Estado: «Me parece indispensable repetir que en cuanto de mí dependa, como candidato o como gobernante, si llegare a serlo, la enmienda constitucional que prolongue el experimento bipartidista por dieciséis años, y que consagra la alternación en la presidencia de la República para los dos partidos, será una realidad en el tiempo estrictamente necesario para llevarla a cabo. Creo que es buena, creo que es indispensable, creo que hay una obligación moral y política de hacerla.» La importancia de la alternación radica en que este mecanismo será después la manzana de la discordia entre los sectores que defienden las instituciones de coalición y los opositores del Frente Nacional. Igualmente, la alternación significará la ruptura de la racionalidad sectaria de los partidos, base ideológica sobre la cual se construye gran parte de la afiliación de los electores a los partidos tradicionales en la época, situación que dificultará la reproducción histórica de las colectividades políticas como se verá más adelante. Para muchos de los liberales que han luchado por años contra la dictadura y la violencia conservadora, no parece legítimo que se conceda el gobierno a una reconocida minoría. Estas contradicciones políticas, derivadas de la misma concepción de las instituciones de coalición, serán los ejes centrales en la determinación de la dimensión política de la sociedad colombiana a partir de la instauración del Frente Nacional. La superación del problema de las candidaturas, de una manera favorable a la estabilidad de los acuerdos de coalición y en consonancia con las mayorías electorales, no fue suficiente para coronar la carrera iniciada dos

años antes hacia el gobierno compartido. Un obstáculo adicional se presentaría cuando un grupúsculo de militares, comandados por un coronel fanático y con pretensiones mesiánicas, Hernando Forero, intentó deponer a la Junta Militar y encarcelar a los arquitectos del Frente Nacional, todo ello con el ánimo de hacer retroceder la historia y reencauchar el modelo rojista de gobierno. El golpe fracasó y, afortunadamente para los defensores del gobierno civil, el líder de la insurrección prefirió evitar la confrontación y se evadió sin derramamientos de sangre hacia la embajada de El Salvador. El domingo 4 de mayo se llevaron a cabo las elec-

Alberto Lleras Camargo y Darlo Echandía: la campaña presidencial del 58 se definió tres semanas antes de la fecha de elecciones, cuando el directorio conservador adhirió a la postulación de Lleras el 21 de abril, quedando pactada la alternación de los partidos en la presidencia durante cuatro períodos. Alberto Lleras jura la Constitución ante Laureano Gómez, presidente del Senado, y Alberto Galindo, presidente de la Cámara, agosto 7 de 1958.

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dones presidenciales tal como estaba previsto. El candidato del Frente Nacional recibió la mayoría de la votación, 2.482.948 sufragios, y el opositor de derecha, Jorge Leyva, alcanzó un poco más de seiscientos mil votos. El camino hacia el establecimiento definitivo de las instituciones de coalición que regirían a partir de 1958, y por cuatro períodos presidenciales, siguió su curso. El Congreso de la República, instalado el 20 de julio del mismo año, aceptó en primera vuelta sin mucha controversia la reforma constitucional que implantaba la alternación presidencial y la prolongación hasta 1970 de los acuerdos del Frente Nacional. Pero esta aparente conformidad era sólo superficial. En el fondo se escondían las semillas de importantes movimientos sociales y políticos

que vendrían con los meses y los años a convertirse en poderosos enemigos de la estabilidad del régimen de gobierno compartido. El 7 de agosto, con la posesión de Alberto Lleras Camargo, se inicia el primer período presidencial dentro de la democracia restringida, alinderada por las instituciones de coalición. Es la primera vez en la historia del país que los acuerdos entre los partidos, para detentar conjuntamente el poder político, quedan plasmados en la Constitución nacional. La adopción de este esquema institucional suprimirá viejos conflictos políticos, pero al mismo tiempo generará otros nuevos, dando paso a contradicciones e interrogantes antes desconocidos, que marcarán la dinámica de la dimensión política en la Colombia contemporánea.

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Lleras Camargo y Valencia: entre el reformismo y la represión Gabriel Silva Lujan Alberto Lleras o el gobierno de la Restauración Nacional

A lberto Lleras fue el mandatario que inició los cuatro períodos presidenciales del Frente Nacional. Recibía un país que no había eliminado los continuos brotes de violencia política a lo largo y ancho del territorio nacional. Para agravar las cosas, la situación económica heredada del gobierno de las fuerzas armadas era caótica. La situación fiscal no le permitía al gobierno otra salida que la austeridad, mientras que las dificultades cambiarias impedían un desarrollo normal de la actividad productiva. El proyecto político con que llega Alberto Lleras Camargo a la presidencia de la República está claramente definido en sus discursos al Congreso nacional, al iniciarse la legislatura de 1958, y en su alocución de posesión el 7 de agosto del mismo año. Los tres objetivos centrales de la estrategia política de Lleras estaban estrechamente ligados; consolidación de las instituciones frentenacionalistas; encontrar un modelo político de colaboración bi-

partidista en todas las ramas del poder público, capaz de eliminar la confrontación burocrática entre las dos colectividades históricas; y, por último, siendo el aspecto neurálgico del proyecto político de Alberto Lleras, la erradicación de la persistente violencia política en las áreas rurales del país, primordialmente en los departamentos del Valle del Cauca, Caldas, Tolima, Huila y Cauca. Al respecto diría al recibir el poder: «Por esta razón quisiera hoy, con vuestra benevolencia, limitarme a anticipar cuál pienso yo que debe ser la conducta general del nuevo gobierno... Para reducir la violencia y reprimirla, ya lo estamos viendo, es preciso que la nación entera, sin reservas, se dedique a ese trabajo supremo.» Los objetivos mencionados implicaban una serie de tareas y conflictos. El primero de ellos se hizo evidente cuando el gobierno asumió la misión de enfrentar las corrientes rojistas, en la opinión pública y entre las fuerzas armadas. Para entender la urgencia de esta tarea hay que tener presente que la amenaza de un golpe militar no había desaparecido. Además, la descalificación definitiva de la dictadura traía en cierta forma, como contrapar-

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Posesión de Alberto Lleras ante Laureano Gómez, agosto 7 de 1958. Llega al gobierno con tres objetivos inmediatos: consolidación de las instituciones del Frente Nacional, encuentro de un modelo político para el bipartidismo en todas las ramas del poder y erradicación de la violencia política en las áreas rurales.

tida, la consolidación política de la coalición bipartidista. El juicio al general Rojas Pinilla: ir por lana y salir trasquilado El general Gustavo Rojas Pinilla, al abandonar el país el 10 de mayo de 1956, no terminó su carrera política; por el contrario, en esa fecha se inició una segunda etapa de su vida pública. Aunque en los meses siguientes a su derrocamiento el dictador perdió gran parte de su influencia, entre bambalinas siempre persistió un sector de las fuerzas armadas, de su burocracia, de la opinión y de la clase política que le mostró afecto y lealtad. Ese contingente político se hacía más explícito y beligerante a medida que avanzaba el gobierno de Alberto Lleras y Rojas insistía en regresar. Además, diferentes sectores de los partidos tradicionales, encabezados por los laureanistas, presionaron al gobierno por una solución definitiva a la amenaza rojista. Éste

encontró una fórmula jurídicamente adecuada: el general Rojas sería juzgado por los crímenes políticos cometidos durante su dictadura, pero ese proceso debería estar a cargo del Congreso de la República, institución constitucionalmente designada para juzgar a los mandatarios. El 7 de septiembre, a un mes de posesionado Alberto Lleras, el representante Uribe Prada presentó acusación formal. Dos semanas después, una Comisión Nacional Investigadora solicitó formalmente al Congreso que presentara cargos contra el ex dictador. La Cámara de Representantes, por mayoría, decide formular acusación contra el general Rojas Pinilla por abuso de poder, enriquecimiento ilícito y obstrucción a la Ley y la Constitución nacional. Desde antes de llegar a Colombia, el derrocado dictador planteó el juicio como un debate político a los partidos tradicionales, a la clase política y al sistema del Frente Nacional. Su arribo al país en octubre de 1958 caldeó los ánimos y dejó entrever que el proceso no sería, como lo creían los partidos y el gobierno, una fórmula rápida y sencilla para desembarazarse de la amenaza rojista y fortalecer la coalición. El fantasma del golpe militar, real o ficticio, nuevamente ronda la estabilidad del Frente Nacional. El 3 de diciembre los colombianos se despiertan con un comunicado de la presidencia de la República en el cual se anuncia: «Bajo la dirección personal del general Rojas Pinilla, en conexión con elementos retirados de las fuerzas armadas y grupos de antiguos funcionarios de la dictadura y elementos antisociales, se adelanta un movimiento subversivo.» La verdad sobre esta conspiración no ha sido aún establecida, ya que efectivamente los elementos rojistas, hasta que no entraron de lleno por las vías electorales, buscaron el poder impulsando un proyecto político de alianza entre- las fuerzas armadas y «el pueblo», encabezado por el ex dictador. En todo caso, el hecho es que los dirigentes rojistas fueron encarcelados

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-el propio Rojas Pinilla fue recluido en una fragata en el Caribe— y el gobierno estableció el estado de sitio, situación que le imprimió más espectacularidad y expectativa al juicio que debería iniciarse el mes siguiente. A finales de enero de 1959 comienza el juicio. Después de la presentación de las acusaciones y del interrogatorio, el general Rojas inició su defensa. Hábilmente, los descargos tomaron un rumbo distinto al de contradecir directamente las acusaciones, que estaban bien sustentadas, trastocándose los papeles, ya que el enjuiciado pasó a ser el sistema político colombiano y el Frente Nacional. El ex dictador atacó a Laureano Gómez, a los dos partidos tradicionales, a los acuerdos bipartidistas, a los dirigentes liberales por sus vínculos con la guerrilla; en fin, a todo el establecimiento. Adicionalmente, Rojas desautorizó a los congresistas, trayendo a cuento que muchos de ellos habían sido colaboradores del gobierno de las fuerzas armadas y que, por lo tanto, deberían ser tratados como coautores de los delitos que se le imputaban. La parte más espectacular del juicio se presentó cuando el general anunció que haría revelaciones sobre los autores intelectuales y políticos de la muerte de Jorge Eliécer Gaitán. Aunque nunca llegó a formular acusaciones concretas, la intervención desde las barras de la viuda de Gaitán, acusando a los congresistas presentes y demandando de Rojas la información que decía poseer, a lo que se sumó el manejo poco político que le dio la mesa directiva al incidente, dejaron en algunos sectores de la opinión dudas e incertidumbre. Todo esto fue inclinando a favor del dictador los dividendos políticos del proceso. En sentencia del 3 de abril los parlamentarios, por mayoría, declararon culpable a Gustavo Rojas Pinilla, despojándolo de todos sus derechos civiles y políticos, y ordenando las investigaciones penales a que hubiera lugar.

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Los resultados políticos del debate parlamentario, aunque no fueron desfavorables para el gobierno, tampoco le representaron ganancias espectaculares entre la opinión pública. El juicio sirvió de plataforma política para el relanzamiento de Gustavo Rojas Pinilla a la vida pública y como origen de uno de los grupos opositores que más dolores de cabeza le traería al Frente Nacional: la ANAPO. La posterior sentencia de la Corte Suprema restituyéndole los derechos civiles al acusado cuestionaría aún más el procedimiento. La legislatura de 1959 y la división de los partidos El gobierno puso a consideración de las cámaras dos proyectos claves para el futuro de la coalición bipartidista: la segunda vuelta de la reforma constitucional que instauraba la alternación presidencial por un período de dieciséis años y la reforma de las facultades

Alberto Lleras Camargo, primer presidente del Frente Nacional, llegó al poder con una caudalosa votación de 2 482 948 sufragios. Jorge Leyva, disidente conservador obtuvo 614 861 votos.

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Celebración del 20 de julio de 1959. Acompaña al presidente el ministro de Gobierno, Guillermo Amaya Ramírez.

Rojas Pinilla es defendido ante el Senado por Carlos V. Rey. en enero de 1959; acusador fue Antonio José Uribe Prada.

de excepción bajo el estado de sitio, contempladas en el artículo 121 de la Constitución nacional. El primero de ellos era vital, por cuanto de su aprobación dependía el establecimiento definitivo de las instituciones de coalición. Las sesiones ordinarias del Congreso, en 1959, ilustraron por primera vez las dificultades políticas que afrontaría el sistema del Frente Nacional durante

gran parte de su vigencia. El primer escollo lo representó la división de los partidos y primordialmente del partido conservador. Este partido se encontraba escindido en cinco grupos distintos —los laureanistas, los ospinistas, los alzatistas, los seguidores de Jorge Leyva y los de Guillermo León Valencia— que competían entre sí por el control de la colectividad con el propósito de convertirse en socios conservadores del gobierno liberal y en sus posibles herederos. Esta división planteaba al presidente Lleras el problema de seleccionar un patrón de colaboración política en el ejecutivo capaz de aglutinar el respaldo suficiente en el legislativo para poder gobernar. La decisión de aceptar al sector laureanista como el vocero del conservatismo le granjeó la oposición de los otros sectores, con excepción de Valencia, que se mantenía fiel al acuerdo frentenacionalista. El gobierno necesitaba el voto favorable de las dos terceras partes de los congresistas para poder aprobar sus iniciativas, tal como había queda-

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do contemplado en la reforma constitucional plebiscitaria de 1957. Los ospinistas y alzatistas inicialmente se opusieron a la reforma como un procedimiento táctico para mejorar su poder negociador frente al gobierno y para acumular el respaldo de algunos sectores conservadores, con miras a la elección parlamentaria de 1960. El gobierno y el oficialismo conservador tuvieron que hacer uso de todos los instrumentos de persuasión a su alcance, desde la amenaza de persecución burocrática hasta el llamado patriótico, para aglutinar la mayoría de las fuerzas conservadoras en favor de la iniciativa de la alternación. Después de dilatados debates, la modificación constitucional que consagrara la alternación fue aprobada, quedando así culminado el proceso de definición institucional del Frente Nacional. Un aspecto a destacar del debate en torno a la alternación es que sirvió como contexto y escenario para el lanzamiento del liderazgo de Alfonso López Michelsen dentro de la facción liberal que llegaría a constituir el MRL o Movimiento Revolucionario Liberal. Desde 1958 López Michelsen venía planteando su oposición al sistema de coalición y particularmente al aspecto de la alternación que consideraba fundamentalmente antidemocrático. Al escribir sobre la alternación diría: «Si se abre camino la teoría de que el Frente Nacional es solamente un partido y una hegemonía tan excluyeme como lo fueron los partidos en el pasado inmediato, no existe para mí una duda de que, con el tiempo, acabará este nuevo partido, coalición de viejas clases políticas, del capitalismo y de la Iglesia, por constituir una camarilla odiosa, atrincherada detrás de disposiciones constitucionales irreformables...» La oposición del naciente líder liberal tuvo una importante repercusión entre las huestes de su partido, especialmente en los sectores rurales donde la violencia había tenido sus más cruentas manifestaciones, y en un grupo pequeño de parlamentarios sim-

Amparo Jaramillo, viuda de Jorge Eliécer Gaitán,y su hija Gloria. Cuando Rojas Pinilla anunció, durante su juicio por el Congreso, que haría revelaciones sobre la muerte de Gaitán, "La intervención desde las barras de la viuda de Gaitán, acusando a los congresistas y demandando de Rojas la información que decía poseer, a lo que se sumó el manejo poco político que le dio la mesa directiva al incidente, dejaron en algunos sectores de la opinión dudas e incertidumbre".

patizantes que le hizo eco en las corporaciones públicas. El debate de la alternación deja al Movimiento de Recuperación Liberal, primer nombre del MRL, en una situación favorable para iniciar las batallas electorales en 1960, esgrimiendo las banderas de un liberalismo popular antifrentenacionalista.

Alfonso López Michelsen y Alvaro Uribe Rueda, durante una reunión de parlamentarios del Movimiento Revolucionario Liberal, MRL, el cual, desde 1958, planteó su oposición al sistema de coalición y alternación.

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Bandolerismo, guerrilla y paz. Modelos contrapuestos

Convención del MRL en Bucaramanga, 1960. "El debate sobre la alternación deja al Movimiento de Recuperación Liberal, primer nombre del MRL, en situación favorable para iniciar las batallas electorales en 1960, esgrimiendo un liberalismo popular antifrentenacionalista".

Una vez concretados los acuerdos de convivencia pacífica del Frente Nacional, con la consecuente distribución del poder político y los cargos públicos, muchas de las motivaciones burocráticas, sectarias o de autodefensa, de los antiguos enfrentamientos, dejaron de tener sentido, abriendo una vía para la reinserción de los guerrilleros a la vida política activa y legal. Pero esto no fue suficiente. Para importantes dirigentes y grupos campesinos liberales los acuerdos de coalición bipartidista no eran una respuesta a su lucha de años, puesto que no resolvía las raíces mismas del problema. Los acuerdos no devolvían las tierras perdidas, o resucitaban a los muertos caídos en la lucha contra la represión, o garantizaban sus derechos de colonos frente al terrateniente. Los factores políticos e ideológicos mencionados se sumaban a los de carácter sociológico. La llegada de una segunda generación de campesinos

guerrilleros a las armas, golpeados desde su infancia por el espectro de las matanzas de familiares introducía la venganza como un factor de legitimación para la continuidad de su lucha. A todos estos factores habría que agregar el papel de incitadores de la violencia que jugaron algunos de los jefes políticos regionales y locales que, si bien compartían formalmente la ideología frentenacionalista, utilizaban su influencia sobre los grupos armados como un instrumento importante de control político sobre el electorado. Es en este contexto donde aparece el bandolero. La disolución de las estructuras de integración de los grupos armados a los proyectos partidistas de carácter nacional, el conflicto entre un campesinado armado y una élite que deslegitimizó su lucha, son los principales factores que hacen que la guerrilla se fragmente en grupos cada vez menos ideologizados y más violentos, cuyas acciones muestran crecientes connotaciones de delincuencia común. Son los bandoleros, conocidos por sus

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alias, «Chispas», «Sangrenegra», «Melco», «Desquite», «El Mosco», «Capitán Venganza», etc. Pero al lado de estas formas particulares de violencia rural subsisten organizaciones de autodefensa campesina, cuya misión es luchar por los derechos sobre la tierra y aglutinar la solidaridad entre los pequeños productores rurales, primordialmente en las zonas de colonización. Estos últimos, que se ubican sobre todo en la región del Sumapaz, Tequendama y sur del Tolima y el Huila, también cuentan con alguna capacidad militar, pero no son propiamente grupos armados permanentes. El gobierno de Alberto Lleras adoptó desde el comienzo un modelo de pacificación orientado por un diagnóstico dual en el que se diferenciaban los guerrilleros de los bandoleros, estableciendo una terapia de reinserción para los primeros y de represión para los segundos. La estrategia de pacificación quedó claramente definida en los planteamientos presidenciales: «Hay otra rehabilitación, que no es ya de cosas destruidas, sino de gentes que quieren volver a vivir en paz e incorporarse a la nación y no encuentran el camino para hacerlo. Estamos estudiando varias medidas legales que llevaremos al Congreso. Una de ellas contempla un tipo especial de amnistía para la delincuencia política, pero no otorgada alocadamente y sin discriminación...» Estas iniciativas se tradujeron en la creación de la Comisión Interministerial de Rehabilitación encargada de coordinar el componente de gasto público del programa de pacificación. Posteriormente, a finales de noviembre de 1958, se expidió un decreto que ordenaba la suspensión de acciones penales a los delincuentes políticos que lo solicitaran y que no hubieran infringido la ley después del 15 de octubre del mismo año. Esta medida equivalía a una suspensión condicional de procesos, sujeta a la no reincidencia de los favorecidos. Complementariamente, se establecieron una especie de tribunales especiales para dirimir

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Teófilo Rojas, "Chispas". Al lado de los bandoleros, cada vez menos ideologizados y más violentos, subsisten organizaciones de autodefensa campesina para luchar por la tierra y por la solidaridad entre los pequeños productores rurales.

los conflictos creados por la usurpación de tierras y bienes durante la violencia, y para restituirle a los desalojados sus propiedades. Desde diferentes sectores del partido conservador se cuestionaban esencialmente los instrumentos de perdón para los «delincuentes políticos» y se argumentaba cierto favoritismo del gobierno para con los ex guerrilleros liberales. Según los laureanistas, una vez pasaron a la oposición, la actitud benevolente del gobierno era un factor que agudizaba la violencia política por cuanto permitía la impunidad de los criminales, por lo que se pedia mano dura por parte de las fuerzas armadas como única salida para superar el desestabilizador impacto de la persistencia de las luchas rurales. El gobierno, que defendía un delicado equilibrio político bipartidista, buscó un acomodo que lo obligó a hacer cada vez más concesiones a los partidarios de la línea dura. El conflicto entre un modelo conciliador y un modelo militarista termina resolviéndose ambiguamente en favor del segundo.

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Jacinto Cruz Usma, "Sangrenegra". "Hacia el final del gobierno de Alberto Lleras se había logrado integrar a un número importante de líderes guerrilleros a la vida civil y política, aunque varios fueron asesinados una vez salieron de la clandestinidad."

Para 1961, a pesar del viraje sentido en la política de orden público de Alberto Lleras, la derecha reclamaba más represión, siendo su principal ideólogo Alvaro Gómez Hurtado: El líder conservador diría en un debate político: «No se ha caído en la cuenta que hay en este país una serie de repúblicas independientes que no reconocen la soberanía del Estado colombiano, donde el ejército no puede entrar, donde se dice que su presencia es nefasta... El presidente Lleras va a pasar a la historia como un fundador de cinco repúblicas independientes...» Estudiantes y trabajadores: la ruptura del consenso

La campaña en contra del esquema inicial obligó al presidente Lleras a dar marcha atrás menos de un año después de tomadas las primeras medidas. Las autoridades expiden en mayo de 1959 un nuevo decreto que elimina los beneficios de la suspensión de penas y procesos para los protagonistas de la «delincuencia política». Alberto Lleras anuncia, en la instalación de las sesiones ordinarias del Congreso de ese mismo año, que, por razones fiscales, los recursos destinados a la gestión de rehabilitación se reducirán, al tiempo que se le dará una mayor preponderancia a las operaciones militares en las zonas de violencia. Hacia el final del gobierno de Alberto Lleras se había logrado integrar a un número importante de líderes guerrilleros a la vida civil y política, aunque varios fueron asesinados una vez salieron de la clandestinidad. A pesar de ello, persistían importantes organizaciones de autodefensa campesina, temporalmente desmovilizadas en algunas regiones, la mayoría con lazos activos con el partido comunista.

Las organizaciones laborales y estudiantiles jugaron un papel significativo en la desestabilización del régimen dictatorial de Rojas Pinilla, y contribuyeron a la consolidación de los sectores civiles que dieron origen al Frente Nacional. Este consenso duraría bien poco, de manera que la oposición sindical y universitaria se convirtió en una de las fuentes de inestabilidad más difíciles de superar para el gobierno de Alberto Lleras. El gobierno tuvo que enfrentar una larga y continua cadena de problemas laborales, que se inicia a mediados de 1959 con la huelga de los empleados bancarios. Las dificultades arrancaron con la intervención del gobierno en el conflicto, el cual amenazó con convertirse en una dilatada suspensión de actividades, ya que la mediación de las autoridades fue incapaz de poner fin a las diferencias. Ante la inminencia de la huelga, el gobierno decide declarar el sistema bancario como un servicio público e imponer el arbitramento obligatorio. Después vino el conflicto en el ingenio Riopaila, que se extendió a toda la industria azucarera, a la industria textil, las llantas y hasta el transporte aéreo. Un factor que contribuyó al alto nivel de agitación sindical fueron los propios hechos ocurridos dentro de las organizaciones laborales. La campaña

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desatada contra el sindicalismo comunista culminó en una purga en la CTC, de inspiración liberal, de aquellos sindicatos dominados por líderes marxistas, quienes crearon su propia central, la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia —CSTC—, la cual no fue reconocida por el gobierno en su momento. Con esta división se reactiva la confrontación entre las corrientes bipartidistas y comunistas por el dominio del movimiento obrero-sindical en el país. En la misma dirección se desarrollan las relaciones entre las organizaciones de estudiantes universitarios y los gobiernos del Frente Nacional. Para entender el proceso ocurrido en la universidad es necesario tener en cuenta los cambios sufridos por ésta en la década de los años cincuenta y comienzos de los sesenta. Entre 1950 y 1962 se produjo una fuerte expansión de la matrícula universitaria, cercana al 100 %, alcanzando para ese último año la nada despreciable cifra de 27.000 estudiantes a nivel nacional. Además, la composición social del sistema universitario cambió sustancialmente con el ingreso de significativos grupos de estudiantes provenientes de las clases medias. Esta expansión acelerada, sumada a la recomposición social de sus bases, harán de la universidad un fértil terreno para el surgimiento de nuevas formas de pensar y de actuar en política. La influencia de la Revolución cubana, la agitación antifrentenacionalista llevada a cabo por el MRL y los grupos de izquierda, la oposición al deterioro de la situación socioeconómica y la influencia creciente del pensamiento radical, confluyen para crear un ambiente de confrontación con el establecimiento, que se traduce en innumerables actos de protesta contra el gobierno de Alberto Lleras, quien responde en varias ocasiones utilizando medidas coercitivas. El divorcio entre el sistema de la coalición bipartidista y las masas estudiantiles se convertirá con el tiempo en una fuente de inestabilidad política, no sólo por los pro-

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blemas de orden público directamente ligados a los predios universitarios, sino también por la influencia del pensamiento y el liderazgo estudiantil sobre la insurrección rural colombiana. Las elecciones de 1960, «prueba diabólica» para el Frente Nacional Las elecciones a cuerpos colegiados de 1960, en las que se escogerían concejales, diputados y representantes a la Cámara, eran una verdadera «prueba diabólica» en la que el Frente Nacional se jugó su estabilidad y su futuro. La importancia de ese proceso electoral radicaba en que se medía el grado de respaldo y apoyo popular al experimento de la coalición bipartidista, por primera vez desde que se iniciara el gobierno de Alberto Lleras. Además, la confrontación entre las facciones rivales de los dos partidos permitiría establecer dónde residía la vocería legítima de las colectividades y cuál el desarrollo relativo de la fuerza de cada uno de los grupos. En el caso del partido conservador, esta faceta tenía especial importancia ya que posicionaría a los distintos grupos para la confrontación en torno a la candidatura presidencial para el período 19621966. Por último, para el MRL la contienda electoral significaba la primera evaluación del alcance político de sus planteamientos y de su capacidad de penetración de las bases liberales.

Manifestación de la Federación de Trabajadores del Valle, CTC y Ultraval, frente al palacio de la Gobernación, en Cali, 1o. de mayo de 1959. "La oposición sindical y universitaria se convirtió en una de las fuentes de inestabilidad más difíciles de superar para el gobierno de Alberto Lleras Camargo."

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Congreso de juventudes conservadoras en agosto de 1962, en Bogotá y, abajo, Gilberto Alzate Avendaño durante una intervención en Medellín. En las primeras elecciones dentro del Frente Nacional, los conservadores estaban divididos en tres: alzatistas y ospinistas hacían la oposición, los alvaristas apoyaban el gobierno de Lleras y los leyvistas se oponían a todo el régimen del Frente Nacional.

El diseño institucional del Frente Nacional convirtió todos los procesos electorales, a partir de 1958, en una fuente de inestabilidad política. El mecanismo por el cual se dividían los cargos legislativos disponibles implicaba una restricción para toda nueva corriente política dentro de un partido, por cuanto la obligaba a crecer a costa del mismo. El mecanismo ali-

mentaba el faccionalismo y la división interna de los partidos, además de que impedía constitucionalmente la expresión política de las corrientes antagónicas al acuerdo de coalición. Los conservadores estaban divididos en tres para esta coyuntura electoral. En la competencia se encontraban una coalición de alzatistas y ospinistas, que le hacía oposición al gobierno; los laureanistas, que participaban en la administración; y los seguidores de Jorge Leyva, que se oponían al conjunto del sistema frentenacionalista. Los laureanistas basaron su campaña en la fidelidad a los acuerdos bipartidistas, afirmando que un voto a favor de su grupo era por la coalición. Por otra parte los ospinistas, que habían tenido una participación ambigua en el gobierno, escogieron el camino de la oposición con el ánimo de captar el descontento conservador con el régimen y con el gobierno. En el campo liberal, el MRL planteó una oposición abierta al sistema del Frente Nacional y a las realizaciones del gobierno, ofreciendo un programa alterno basado en una serie de reformas sociales recogidas en la sigla SETT —salud, educación, techo y tierra—. Así, Alfonso López Michelsen definió a su grupo como el verdadero heredero de la estirpe popular dentro del liberalismo. Los resultados de la contienda electoral fueron ampliamente favorables para los sectores liberales y conservadores que se habían colocado en la oposición. El grupo del MRL obtuvo cerca de la cuarta parte de la votación liberal, cifra muy significativa para un sector que nunca antes se había asomado a las elecciones. Este caudal electoral le significó el control de 20 de las 76 curules asignadas al liberalismo en la Cámara de Representantes. Los ospinistas lograron el favor de un poco más del 55 % de los votos conservadores, aproximadamente 600.000 sufragios, mientras que los laureanistas sólo movilizaron algo más de un tercio del total de los electores de su

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partido. Agregando la votación de todos los grupos oposicionistas se encuentra que más del 40 % de los electores manifestaron su desacuerdo con los programas de gobierno del Frente Nacional o con la continuidad del sistema mismo. Este resultado deja protocolizado el comienzo de una progresiva descomposición política de la coalición bipartidista. Las consecuencias políticas inmediatas del proceso electoral fueron una crisis de confianza del sistema, que volvió más vulnerable al presidente Lleras Camargo, y la necesidad de un replanteamiento profundo de las relaciones de colaboración con los distintos grupos conservadores. Los laureanistas aceptan la derrota, abandonan el gobierno y pasan a la oposición, dejando el campo libre para la recomposición del gabinete. Los ospinistas, que habían mantenido una posición crítica frente a las ejecutorias de la administración, pronto dejan de lado sus objeciones y entran gustosos a representar al conservatismo en el gobierno y a controlar el partido. En el campo liberal, el éxito de los insurgentes representa un cuestionamiento de sus directivas. El avance del MRL significó la consolidación de una alternativa de izquierda dentro del partido, por donde se encauzaría todo un segmento popular y democrático que tradicionalmente siempre ha acompañado al liberalismo. La presencia de ese esfuerzo renovador le permitió al partido liberal mantener y proyectar hacia el futuro su afinidad con las tesis socialdemócratas, consecuentemente con su herencia reformista. Un sistema ingobernable e irreformable «Los grupos políticos dejan en el gobierno la representación de todos pero sin el poder de influenciar a ninguno.» (Alberto Lleras Camargo.) Un aspecto conflictivo que puso de presente el proceso electoral de 1960 era el de la «ingobernabilidad» del sis-

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tema frentenacionalista, tal como fue concebido en 1957. Las iniciativas gubernamentales requerían para su aprobación del voto favorable de las dos terceras partes del Senado y Cámara. La aprobación de un proyecto de ley implicaba lograr el consenso de las dos terceras partes de los parlamentarios. Alcanzar semejante nivel de acuerdo, en unas corporaciones donde estaba representada toda una gama de intereses políticos, era prácticamente imposible sin entrar en un lento proceso de transacciones, en que la idea original quedaba desvirtuada por completo o se le ponían tal cantidad de considerandos que hacían imposible su aplicación práctica.

Jorge Leyva, candidato conservador independiente, vota en las elecciones del 6 de mayo de 1962. Obtuvo 308 992 votos, mientras que en el 58 había tenido 614 861.

Mariano Ospina Pérez proclama la candidatura de Guillermo León Valencia en febrero de 1962. Al lado de éste, Antonio Rocha, Susana López Navia de Valencia y Víctor Mosquera Chaux.

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En muchos de los casos el Congreso sólo producía leyes inocuas, puesto que una minoría de un tercio podía paralizar toda iniciativa. Los laureanistas, que se encontraban en la oposición, tenían 28 curules en el Senado, de las ochenta que le correspondían a los conservadores, mientras que los ospinistas, que colaboraban con el gobierno, sólo tenían doce. En la Cámara, los ospinistas y alzatistas tenían 39 curules y los laureanistas 37, al tiempo que el MRL controlaba 20 representantes. De esta forma se encuentra que la oposición manejaba el 37 % de la Cámara y cerca del 35 % del Senado, dejando al gobierno con algo menos de las dos terceras partes para poder aprobar las leyes. La situación se hizo cada vez más difícil a medida que la decisión sobre la candidatura conservadora se hacía inminente, lo que exacerbaba la pugnacidad entre las facciones conservadoras rivales. Reforma agraria: el reformismo como instrumento político La iniciativa de reforma agraria surge como una respuesta político-ideológiAugusto Ramírez Moreno, ministro de Gobierno de Alberto Lleras en 1960, fue uno de los cinco precandidatos conservadores que la convención ospinista y alzatista propuso al liberalismo para segundo presidente del Frente Nacional, junto con Guillermo León Valencia, José Antonio Montalvo, Hernando Sorzano y José María Bernal.

ca del establecimiento frentenacionalista a una serie de retos internos y externos que afrontaba el sistema. El primero de ellos lo constituía el avance de los sectores oposicionistas al régimen —el partido comunista, las agrupaciones de izquierda y especialmente el MRL— sobre el control político de las comunidades campesinas. En segundo lugar, la vocación explícita del Frente Nacional por el cambio social requería una propuesta que le imprimiera credibilidad a su capacidad de actuar por la justicia social. Además, la promesa de una redención social del campesino, mediante la redistribución de tierras, hacía parte del proyecto de pacificación de la administración Lleras. No sobra mencionar que la Revolución cubana, y su posible difusión hacia otros países de la región, actuaba como un aliciente para que la clase dirigente colombiana encontrara atractivo el proyecto de promover un cambio social controlado en el agro. La propuesta de reforma agraria del gobierno es un caso que ilustra bien la inflexibilidad ante el cambio de las instituciones del Frente Nacional. De todos los sectores políticos surgieron proyectos de ley para establecer la reforma agraria. En 1960 cursaban en el Congreso nueve proyectos distintos y a la opinión pública se le habían ofrecido por lo menos cinco propuestas más originadas en los gremios agrarios y ganaderos. Después de prolongadas sesiones se aprobó una versión de reforma agraria que acomodaba gran parte de los intereses en juego pero desvirtuaba los instrumentos reformistas de manera que los hacía prácticamente inocuos. Sin embargo, no se dotó al sistema con un instrumental apropiado para transformar la estrctura de la propiedad rural, pero sí se obtuvo el impacto político-ideológico deseado. El Frente Nacional podría esgrimir en las plazas públicas el texto de la ley como la prueba y la garantía de su alegada vocación por el cambio social.

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Cartel electoral de José María Bernal, otro de los conservadores propuestos a la consideración del liberalismo como posible candidato presidencial. Finalmente, sería seleccionado Guillermc León Valencia, alternativa con mayor respaldo en la convención conservadora y con la gratitud de los liberales y de Alberto Lleras por su respaldo al gobierno.

Guillermo León Valencia: pacificación, milimetría y crisis económica Los grandes rasgos que caracterizaron el gobierno del presidente conservador Guillermo León Valencia fueron la inestabilidad política y la crisis económica generalizada. ' Las dificultades de Valencia comienzan desde el momento mismo en que se enfrenta a la oposición para conseguir el poder. Un candidato débil para un sistema debilitado Desde 1961 se inicia la discusión sobre el candidato conservador que habrá de suceder a Alberto Lleras en la presidencia de la República durante el siguiente cuatrenio. El problema era encontrar un nombre con la capacidad de aglutinar el mayor número de electores conservadores, al tiempo que debería ser suficientemente atractivo para los votantes liberales, ya que el oficialismo de ese partido veía amenazada su hegemonía ante la fuerza demostrada por la disidencia antifrentenacionalista acaudillada por Alfonso López Michelsen. El anuncio de la convención nacional del MRL, en el sentido de que sometería a consideración del electorado un candidato liberal, le imprimía un factor de inestabilidad y perturbación al desenvolvimiento del pacto de alternación, situación que se haría aún más dramática si el conservatismo llegaba excesivamente fragmentado a las urnas. A este factor hay que añadirle la aparición de la candidatura anapista de Rojas Pinilla. El sistema corría el riesgo de que la oposición liberal y rojista truncara el proceso de sucesión acordado desde 1958, y por ende llevara a la crisis a todo el esquema institucional del Frente Nacional. El mecanismo de selección se empieza a discutir a mediados de 1961 mediante la convocatoria a una serie de «conferencias de unión» en las que

se esperaba llegar a fórmulas aceptables para todos. Pero la evidente vocería que había adquirido el ala ospinista dentro del partido conservador hacía irreversible su liderazgo dentro del proceso de escogencia, lo que a su vez impulsó al laureanismo a abstenerse de participar y a colocarse en la oposición. El acuerdo alcanzado entre alzatistas y ospinistas con el liberalismo, definió que sería una convención

En enero de 1962, Laureano Gómez firma gallardetes en la sede de la campaña electoral, al lado de Belisario Betancur,quien fue precandidato presidencial del laureanismo, junto con A Ifredo Araújo Grau.

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de esos dos grupos conservadores la que elaboraría una lista de cinco nombres para que de allí los dirigentes liberales escogieran el que aceptaban respaldar. La lista estaba conformada por Guillermo León Valencia, José Antonio Montalvo, Hernando Sorzano, Augusto Ramírez Moreno y José María Bernal. Naturalmente el candidato fue Valencia, ya que era la alternativa con mayor respaldo dentro Alfonso López Michelsen, de la convención, y quien, además, teal frente del MRL, logró nía la gratitud del liberalismo y del avances electorales presidente Lleras Camargo por su significativos en los apoyo a la gestión del gobierno. Pero comicios parlamentarios esta escogencia no pareció aceptable de marzo de 1962, con 33 escaños en la Cámara y para el laureanismo, que mantuvo sobre el tapete las precandidaturas de 12 en el Senado. Belisario Betancur y Alfredo Araújo. En las elecciones parlamentarias de marzo de 1962 el laureanismo fue ampliamente derrotado, circunstancia que significó el retiro de las candidaturas de Betancur y Araújo, y el fortalecimiento de Valencia dentro de su propio partido. Pero de otra parte, los dos grupos políticos que se oponían doctrinariamente a la coalición, la ANAPO y el MRL, lograron avances político-electorales bien significativos. El ex general Rojas Pinilla logró colocar 2 senadores y 6 representantes en las elecciones de ¡962. En total, MRL y Anapo, es decir, la oposición, logró el 23.5% de la votación.

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La disidencia incrementó su participación en la votación liberal del 21,5 % en 1960, al 35 % dos años después, lo que le permitió controlar 33 sillas en la Cámara de Representantes, 13 más que en la jornada anterior, y 12 curules en el Senado donde antes no contaba con ninguna. De la misma forma, la ANAPO hizo un debut importante al lograr dos senadores y seis representantes. El voto en contra del Frente Nacional había pasado de representar el 16,5 % del electorado en 1960 al 23,5 % en 1962, y los opositores a la coalición obtuvieron el importante logro político de convertirse en movimiento de alcance nacional. Pero la verdadera medida del sentimiento de debilidad que embargaba a la coalición era su respuesta institucional a las candidaturas de López y Rojas. Apelando a los códigos, las autoridades determinaron que la inscripción de López como candidato no podía ser aceptada dada su condición de liberal, y que la del ex dictador era inconstitucional, razón por la cual sus votos deberían ser contabilizados como nulos. Pero el efecto fue precisamente inverso a lo deseado. Las argumentaciones y obstáculos legalistas contra las candidaturas de oposición sirvieron más para alimentar la imagen represiva y excluyente del Frente Nacional que para aliviar efectivamente sus temores de una potencial ruptura del esquema. Las elecciones presidenciales terminaron favoreciendo al candidato frentenacionalista, que obtuvo 1.640.000 votos, aproximadamente el 62 % del total. Pero los candidatos de la oposición, Alfonso López Michelsen, Gustavo Rojas y Jorge Leyva, lograron cerca del 38 % del respaldo electoral, cifra que es bien significativa, por cuanto representa un incremento de 15 puntos porcentuales en la proporción de votos contra el sistema. Además de ello, la abstención electoral fue considerable, situación que deslegitimó aún más los comicios. De esta forma, el segundo presidente del

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Frente Nacional arrancaba su gobierno debilitado por unos resultados electorales que ponían en duda la calidad democrática de su mandato, con una rama legislativa en la que ya no poseía el poder político suficiente para legislar, con su propio partido escindido y, para colmo de males, con una economía en bancarrota.

El presidente Alberto Lleras votando en las parlamentarias de marzo de 1962.

Un proyecto político ambiguo El proyecto político de Guillermo León Valencia era un modelo ambiguo. A diferencia de Alberto Lleras, el presidente Valencia no poseía una concepción elaborada y particular sobre la orientación que quería imprimirle al Estado, al proceso político y al sistema de coalición. La debilidad electoral demostrada por el presidente lo llevó a diseñar un nuevo esquema de colaboración bipartidista. La innovación, denominada la «milimetría», que consistía en repartir la administración pública a todos los niveles de acuerdo a la correlación de fuerzas de los distintos sectores políticos en los cuerpos colegiados. Pero el rasgo distintivo del proyecto político de Valencia era su concepción del problema de la insurrección armada. El gobierno replanteó por completo el modelo de la administración anterior para lidiar con el fenómeno de la violencia política, que mal que bien había intentado ponderar el componente del diálogo y la reinserción sobre el de la represión militar. Inspirado en las tesis de Álvaro Gómez Hurtado y los planteamientos del general Alberto Ruiz Novoa, el presidente Valencia encuadró los conflictos domésticos en el contexto de la confrontación Este-Oeste, es decir, entre la democracia liberal y el comunismo, y se propuso eliminar las manifestaciones domésticas de esa ideología. Era la versión criolla de la «ideología de la segundad nacional», que determinaría con mayor o menor intensidad el manejo del conflicto entre el Estado y los alzados en armas.

Antes de transcurridas tres semanas de posesionado, el presidente anunció que solicitaría al Congreso facultades extraordinarias para administrar el problema de orden público. El objetivo de esas disposiciones no era otro que fortalecer la capacidad represiva del Estado, suspender algunas de las garantías procesales para delitos políticos, reformar la estructura de las fuerzas armadas y ampliar las disponibilidades de recursos para la adqui-

Reunión bipartidista en casa de Laureano Gómez: Héctor Charry Samper, Diego Tovar Concha, Alfredo Araújo Grau, Alvaro García Herrera, Esmeralda Arboleda de Uribe, Hernán Salamanca, Hernando Carrizosa Pardo, Alberto Jaramillo Sánchez, Antonio Rocha, Adán Arriaga Andrade. El laureanismo fue derrotado en las parlamentarias del 62.

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Una crisis económica con grandes repercusiones políticas

El candidato de coalición, Guillermo León Valencia, pronuncia un discurso en el claustro de San Bartolomé, en Bogotá, 1962.

sición de material bélico. Esta petición era fiel reflejo de su intención de fortalecer el aparato militar como recurso de poder político, situación que se hizo evidente cuando, por encima de dos generales de mayor graduación, colocó de ministro de Guerra a Ruiz Novoa, ex comandante de las tropas colombianas en Corea y defensor de un papel activo de las fuerzas armadas en el proceso político.

La situación económica, hacia el final de la administración de Alberto Lleras, se hizo evidentemente crítica. Desde la segunda mitad del gobierno de la «Restauración Nacional» las consideraciones políticas pesaron más que las técnicas en el manejo de la política económica, de manera que se abandonó la idea de realizar un ajuste de las finanzas públicas y fortalecer el sector externo. El descenso de las reservas internacionales, debido a los bajos precios del café y a la evidente revaluación de la moneda, se volvió cada día más crítico, amenazando con traducirse en una crisis cambiaría generalizada. La situación no daba espera y el gobierno de Valencia, a los pocos meses de su mandato, se vio en la obligación de tomar medidas cambiarías y monetarias inaplazables. El déficit fiscal tenía prácticamente paralizada la administración pública, plagada de huelgas por incumplimiento de salarios, y la inversión estatal era prácticamente inexistente. En el frente externo las reservas internacionales estaban casi agotadas y era urgente detener su desangre, lo cual era imposible sin un crédito condicionado (stand-by) otorgado por el FMI. Todo ello llevó al gobierno a buscar la autorización del Congreso para aplicar una devaluación masiva recomendada por el FMI a finales del año, la cual se decidió el 6 de noviembre y fue rechazada por la mayoría de los sectores económicos. El siguiente año, 1963, el ajuste fiscal aceleró el desempleo; la reducción de las importaciones disminuyó el ritmo de la actividad económica; la devaluación disparó la inflación, y la ausencia de inversión pública acentuó el empobrecimiento de las nuevas masas urbanas producto de la migración. El desempleo y la inflación desataron una activa movilización sindical que buscaba ante todo recuperar el resago de los salarios frente a la cascada

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de alzas en los bienes de consumo. El crecimiento en el índice de precios pasó de 4,3 % en el año 1962 a 27,2 % en 1963. A la agitación en la dimensión laboral se suma la presión patronal. Los gremios empresariales se ven afectados por la política de austeridad. En febrero de 1963, una asamblea extraordinaria del gremio cafetero amenazó con la promoción de un paro cívico nacional, el cual fue desactivado por el gobierno apelando al expediente de hacer concesiones en materia de política cafetera. Las consecuencias políticas se empiezan a sentir. En mayo, el líder de la ANAPO organiza una serie de movilizaciones populares urbanas, aprovechando la situación de descontento, que pretenden desestabilizar al gobierno y aun promover su caída. Las manifestaciones culminan en disturbios bastante generalizados en las principales ciudades con un saldo importante de heridos. El descontento popular y los problemas de orden público siguen incrementándose paralelamente con el deterioro de las condiciones socioeco-

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nómicas. A mediados del año coincidieron amplias movilizaciones de los estudiantes con una exacerbación de las luchas sindicales creando una situación política particularmente delicada, la cual debilitó aún más al gobierno, llevándolo a recurrir cada vez con más énfasis al poder disuasivo de la represión armada para poder recuperar algo de estabilidad. Siendo los problemas de orden público la ame-

Guillermo León Valencia y Alberto Lleras, en campaña electoral.

El presidente Valencia se dirige al Congreso acompañado por una comisión de parlamentarios, con Alvaro Gómez Hurtado, agosto 7 de 1962.

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Valencia y su ministro de Guerra, Alberto Ruiz Novoa, presenciando el desfile militar del 20 de julio, en 1963. Por indicios de un posible golpe militar, Valencia lo destituyó el 27 de enero de 1965.

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naza. más directa al régimen, el presidente respondió ampliando el espacio de injerencia política para las fuerzas armadas y, desde luego, el poder de su ambicioso ministro de Guerra. Las elecciones parlamentarias de 1964: viejas divisiones y nuevos problemas

Las elecciones parlamentarias de 1964 mezclan dos luchas distintas. La primera, la confrontación por la ampliaEscándalo de un ción del espacio político y el poder candidato anapista al Concejo de Bogotá (1964). parlamentario de cada uno de los gru-

pos; y la segunda, estrechamente ligada a la anterior, la competencia por la presidencia para el período siguiente, que correspondería, según lo dispuesto en el acuerdo de coalición, al partido liberal. Aunque en el pasado el proceso de decisión sobre candidaturas estuvo ligado a la correlación de fuerzas que se expresara en las elecciones de «mitaca», en 1964 se presentó el fenómeno particular de que los grandes jefes del liberalismo lanzaron a Carlos Lleras Restrepo dos meses antes de los comicios parlamentarios. Del lado de la oposición liberal las cosas tampoco eran fáciles. En primer lugar, el MRL sufre el impacto de la candidatura de Carlos Lleras que, por su prestigio dentro del partido, arrastra algunos de los líderes de la disidencia. Adicionalmente, un conflicto que estaba latente dentro del Movimiento Revolucionario Liberal desde su inicio, y que expresa bien su sigla —es decir la contradicción entre reforma y revolución como modelo político— es aprovechado por algunos líderes encabezados por Alvaro Uribe Rueda para plantear una disidencia al liderazgo de López Michelsen. Nacen entonces la «línea dura», que en alianza con el partido comunista defiende la vía revolucionaria, y la llamada «línea blanda», que se apega a las banderas del reformismo democrático y el liberalismo popular, que inspiraron desde su inicio la vida del movimiento. La alternativa de la revolución armada también se llevó algunos de los efectivos jóvenes del MRL, que, bajo la influencia del pensamiento revolucionario de Fidel Castro y del «Che» Guevara, optaron por la guerrilla como instrumento de lucha política. La consolidación de la ANAPO también representa un reto para el MRL y para el bipartidismo tradicional. El lenguaje llano y populista del general Rojas le abre las puertas de las masas urbanas que, recién llegadas a las ciudades, encuentran en la sencilla «dialéctica de la panela» una expresión para su descontento con la situación social y económica.

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Capítulo 9

Los resultados de las elecciones parlamentarias pusieron de presente la magnitud de la abstención electoral, lo que fue interpretado, con razón, como una sanción política al gobierno y al sistema del Frente Nacional. Mientras que en la «mitaca» de 1960 el 61 % de los potenciales votantes se abstuvieron, en 1964 esa cifra se elevó a cerca del 70 %. Los más desfavorecidos con la abstención fueron los grupos fieles a la coalición bipartidista, por cuanto la oposición, MRL y ANAPO, logró incrementar su fuerza político-electoral al pasar del 23,2 % de la votación total, en 1960, al 30 % en ese año. Este avance se tradujo en que el número de curales en la Cámara, en poder de los adversarios del Frente Nacional, pasara de 39 a 58. En el campo del MRL los resultados favorecieron a la «línea blanda», que muestra una evidente superioridad sobre el ala radical, aunque la división parece haber afectado en algo el dinamismo electoral del movimiento. El gran triunfador de la jornada fue el general Rojas por cuanto su grupo político logra impresionantes avances políticos. Las cifras son elocuentes. La votación de la ANAPO creció en 158 % respecto a la de 1962 y su fuer-

za parlamentaria lo hizo en 350 %, La «Alianza» se enraizó entre el electorado popular urbano que hasta la fecha no había empezado a hacer su irrupción en la vida política colombiana. Las ciudades fueron a partir de ese momento la audiencia más propicia para la campaña del general Rojas. Él fortalecimiento relativo de la oposición en el Congreso de 1964 permitió que la ANAPO y el MRL actuaran de contrapeso decisivo en el debate de cualquier iniciativa legislativa del gobierno, y que además tuvieran la capacidad suficiente para bloquear el normal desempeño de las deliberaciones de las cámaras. Guerrilla, orden público y amenazas de golpe militar Dentro del proyecto político del presidente Valencia figuraba en lugar destacado el enfrentamiento y extinción de la violencia rural. Según este proyecto el papel de las fuerzas armadas debería centrarse más en luchar contra el enemigo interno, el comunismo, que prepararse para desactivar las remotas posibilidades de una agresión extraterritorial.

Guillermo León Valencia y su sucesor Carlos Lleras Restrepo.

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Avisos de recompensa por denuncia de bandoleros en la pared de una estación de policía rural, años 60.

"Entre 1963 y 1965 desaparecieron, por la efectividad de las armas o las recompensas oficiales, los últimos líderes bandoleros. La muerte de Efraín González en junio de 1965 cierra un ciclo de cerca de seis años de actividad bandolera."

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Esta redefinición de los ejes de la acción militar implicaba un ejército políticamente activo, aunque ya no en términos partidistas como en el pasado, sino con un papel que desempeñar como promotor del cambio social controlado en las zonas de conflicto y como grupo interno de presión en función de unos criterios sobre la política, la sociedad y la economía.

El general Ruiz Novoa, primer ministro de Guerra del presidente Valencia, es un oficial innovador que se convierte en el impulsor de las acciones cívico-militares orientadas a neutralizar ideológica y militarmente a la guerrilla, a través del llamado «Plan Lazo». Los dos objetivos de su gestión fueron erradicar el bandolerismo y las «repúblicas independientes», pero los acontecimientos de protesta que suscita la crisis económica le entregan funciones decisivas en la represión del descontento y en la defensa de la estabilidad del régimen. Ese sobredimensionamiento político de las fuerzas armadas se expresa en las continuas intervenciones públicas del ministro de Guerra que adquiere un liderazgo dentro de la administración que se extiende más allá de los aspectos estrictamente castrenses. Los bandoleros, arrinconados políticamente y descalificados como bandidos por prácticamente todo el espectro partidista, sufrieron la ofensiva final por parte de las fuerzas militares. Entre 1963 y 1965 desaparecieron, por la efectividad de las armas o las recompensas oficiales, los últimos líderes bandoleros. La muerte de Efraín González en junio de 1965 cierra un ciclo de cerca de seis años de actividad bandolera. De la lucha contra la delincuencia rural organizada se pasa a la guerra contra las «repúblicas independientes», que en parte se justifica asimilando el bandolerismo a la organización y la autodefensa campesina. Paralelamente, con el nacimiento de un nuevo ejército se consolidaba una variante de insurgencia guerrillera antes desconocida. Los enfrentamientos con las organizaciones campesinas impulsaron la reactivación de los grupos guerrilleros rurales, que ante la ofensiva decidieron optar por el camino de la lucha permanente. Concretamente, las FARC surgen de esa coyuntura y de la toma militar de Marquetalia en el primer semestre de 1964. Pero los grupos guerrilleros también se gestarán al calor de la lucha estudiantil y de la inspiración de la Revolución cuba-

Capítulo 9

na. En 1965 inicia operaciones el Ejército de Liberación Nacional, de inspiración castrista, que ve reforzada su capacidad ideológica con el posterior ingreso del padre Camilo Torres. Entre 1964 y 1965 se gesta el Ejército Popular de Liberación, como producto de un rompimiento interno del partido comunista. Estos grupos armados revolucionarios son una manifestación política bien distinta a los guerrilleros campesinos liberales y comunistas del decenio de los cincuenta. El 10 de diciembre de 1964 algunos dirigentes políticos e intelectuales ofrecieron al general Ruiz Novoa un homenaje en Medellín. La retórica de los discursos no pudo ocultar la implícita y vehemente solicitud de los oferentes para que asumiera la conducción del país. Las condiciones políticas creadas por la amenaza de una huelga general, a comienzos de 1965, le darían la oportunidad para intentar concretar esa aspiración. Pocos días después los generales Gabriel Rebéiz y Gerardo Ayerbe le informaron al presidente que se tenían sospechas fundadas de que el ministro planeaba un complot con dirigentes de la UTC, líderes políticos e intelectuales, para tomarse el poder al calor de la protesta obrera anunciada para el 25 de enero. La decisión del mandatario fue inmediata: la destitución de Ruiz Novoa, el ascenso de Rebéiz al ministerio y el nombramiento de Ayerbe en la comandancia del ejército. La respuesta enérgica y tajante de Valencia desarmó lo que pudo haber sido el comienzo de una segunda dictadura militar en menos de diez años, y probablemente el enrolamiento de Colombia en ese «ciclo nefasto» de dictaduras militares que asoló América Latina en los siguientes quince años. A nivel de las fuerzas armadas, el cambio de dirigentes no alteró el rumbo marcado por Ruiz Novoa, de forma tal que en marzo de 1965 se inicia la toma de otras «repúblicas independientes» como El Pato y Guayabero. Por su parte, Ruiz Novoa se dedica a

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Dos visitas de Estado durante la administración de Valencia Muñoz: el legendario general Charles De Gaulle, presidente de Francia, ante quien Valencia pronunció su famoso "¡Viva España!", y Walter Scheel, futuro ministro de Relaciones de Alemania y gran impulsador de la "Ostpolitik.

promover su candidatura presidencial a través del Movimiento Democrático Nacional, con el respaldo de Alvaro Uribe Rueda y el poeta Alberto Zalamea. Las pretensiones políticas del destituido conspirador no encuentran eco y se frustran a los pocos meses. La crisis económica y la legislación por decreto El continuo deterioro de las condiciones económicas se convirtió en un permanente dolor de cabeza para la administración Valencia, no sólo por los problemas de protesta y orden público que de esa situación se derivaban, sino también por las restricciones que el

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El designado José Antonio Montalvo Berbeo, recibe la Cruz de Boyacá en julio de 1963. Sustituyó al presidente Valencia entre el 6 y el 8 de agosto del mismo año.

Guillermo León Valencia recibe en San Carlos a Carlos Lleras, en agosto de 1966, para iniciar el empalme en la administración.

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proceso político le imponía a la formulación de las medidas económicas. El creciente fortalecimiento de la oposición, que tomó como una de sus banderas la descalificación de la política económica gubernamental, impedía la tramitación de los proyectos de ley en el Congreso con la suficiente agilidad y alcance que exigía la gravedad de la situación. A pesar de que el gobierno, con la creación de la Junta Monetaria en 1963, había alcanzado un alto grado

de centralización de los instrumentos de política económica, requería el apoyo de las dos terceras partes del Parlamento para aprobar proyectos decisivos en materias económicas, fiscales y cambiarías. El conflicto entre un gobierno agobiado por las dimensiones de la problemática económica y un Congreso paralizado en su labor, marcaría todo el mandato de Valencia y sólo se resolvería en 1965 y 1966 con el expediente de recurrir a la declaración del estado de sitio para legislar por decreto. La crisis económica no parecía mejorar, al tiempo que era palpable un agudo deterioro de la situación cambiaría que dificultaba la consecución de créditos externos indispensables para mantener el sector público operando. El ministro de Hacienda Hernando Durán Dussán adelantó conversaciones con la AID (Agencia Internacional de Desarrollo) y el Banco Mundial con el objeto de conseguir financiación adicional, indispensable para mantener operando al sector público. Pero la ayuda, como es costumbre en estos organismos internacionales, estaba condicionada a la adopción de un conjunto de medidas de ajuste, entre ellas una nueva devaluación masiva. Durán Dussán propuso en el consejo de ministros que se adoptara el paquete de recomendaciones, pero aplicando la devaluación de manera que fuera disfrazada. En principio el presidente Valencia estuvo de acuerdo, pero cuando el rumor de la posible devaluación se filtró a la opinión pública, el mandatario desautorizó categóricamente esa política. Ante esa situación, a Durán Dussán no le quedó más remedio que renunciar y fue más adelante reemplazado por Joaquín Vallejo. El gobierno estaba contra la pared. Para salir de la encrucijada, Valencia decide recurrir a las facultades de excepción, contempladas en la declaratoria del estado de sitio, para expedir autónomamente los decretos en materias económicas. El ministro de gobierno de entonces, Alberto Mendoza

Capítulo 9

Hoyos, en su memoria al Congreso dejaría constancia sobre la interpretación del gobierno en torno a las relaciones entre el ejecutivo y el legislativo: «No es ningún descubrimiento apuntar que las fallas en el funcionamiento del Frente Nacional se localizan principal y decisivamente en las corporaciones de elección popular. Es indudable que en ellas se evidencia inacción y una creciente propensión a paralizarse...» El 2 de septiembre comienza la cascada de decretos ejecutivos en materias económicas que se prolongará hasta el gobierno de Carlos Lleras. Las primeras medidas incluyeron la temida devaluación. El paquete económico, que fue recibido con arduas críticas tanto del lado de los patronos como de los trabajadores, remozaba una jurisprudencia peligrosa en cuanto al alcance de los poderes, de excepción del ejecutivo en circunstancias en que se encuentra turbado el orden público Las medidas, al igual que los procedimientos seguidos por el gobierno

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para adoptarlas, eran la respuesta de un ejecutivo debilitado por su incapacidad para superar los obstáculos que el proceso político le colocaba a la formulación de la política económica. Los años 1965 y 1966 constituyen el período en que se utilizan con mayor intensidad los poderes de excepción contemplados en el artículo 121 de la Constitución nacional. En todo caso los excesos de presidencialismo, en la formulación de la política económica, desatan un debate político sobre el alcance de los mecanismos de intervención económica con que cuenta el Estado. Ese proceso de discusión culminará en la adopción de una normatividad distinta con la Reforma Constitucional de 1968. El principal antecedente del actual régimen de emergencia económica fue el contemplado en el proyecto de acto legislativo presentado por Alfonso López Michelsen a consideración del Congreso de 1966, a raíz de los acontecimientos arriba reseñados. Pero las consecuencias de los decretos económicos de septiembre van más

Hernando Durán Dussán explica a los periodistas los motivos de su renuncia como ministro de Hacienda el 22 de junio de 1965, al haber sido desautorizado por el presidente Valencia en relación con una inminente devaluación que llegó a conocimiento del público antes de ser decretada.

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allá de despertar la inquietud por una revisión constitucional. La devaluación agudizó las presiones inflacionarias que se tradujeron en una reducción en el nivel de vida de los asalariados, que a la vez reaccionaron con una escalada en la agitación laboral y con amplias movilizaciones de protesta de estudiantes y trabajadores. La crisis económica trajo así más tensiones e inestabilidad política. Se declararon en huelga el sindicato de Telecom, los maestros, los trabajadores de la rama jurisdiccional y los obreros de algunos sectores de la actividad industrial. También aparecen con inusitada intensidad los paros cívicos locales o regionales como una nueva forma de protesta política. Esta coyuntura, que coincidía con el inicio de la campaña para la renovación de la rama legislativa y con la elección presidencial, puso a la problemática económica en el centro del debate político. Las elecciones de 1966: polarización de las opciones en juego Las elecciones parlamentarias de 1966, como antesala de la escogencia presidencial para el tercer mandato del Frente Nacional, tenían un especial significado político. El MRL se encontraba en una posición difícil por cuanto desde los resultados de las elecciones de 1964, la sensación de un debilitamiento electoral era cada día más fuerte. En esa medida, la batalla que se estaba dando era decisiva, pues determinaría el camino a seguir y el futuro político de Alfonso López Michelsen. La campaña de la disidencia liberal se enfocó contra Carlos Lleras, como candidato y representante del «sistema excluyente» del Frente Nacional. De la misma forma, se colocó en el blanco de los ataques a los gremios, acusándolos de intervención antidemocrática en política por su abierto respaldo a Lleras Restrepo. La impopularidad de la devaluación, de la legislación por decre-

to, de la vigencia del estado de sitio, hacía de esos temas tópicos recurrentes con los que se buscó movilizar el descontento de unas masas evidentemente inconformes con todo lo que había significado el gobierno de Valencia. Además, y éste es un aspecto importante, el MRL aprovechó la campaña para proponer una candidatura única y de convergencia para la oposición. Los lincamientos de la campaña de la ANAPO no fueron muy distintos a los trazados de López Michelsen. Pero el general Rojas y su grupo optaron por un estilo mucho menos coherente, ideológicamente hablando, más populista, cargado de giros emotivos y demagógicos en favor de una «revolución nacionalista, católica y popular». La lucha contra la oligarquía, la nacionalización de sectores económicos, el hambre, la represión y la política económica eran términos que se entremezclaban para producir un discurso impactante entre los sectores populares. La crítica a la devaluación, medida que era mirada con terror por los asalariados y los pequeños empresarios, se convirtió en una constante en las intervenciones de los candidatos de la ANAPO a las corporaciones públicas. Eran frecuentes las referencias a Lleras Restrepo como «Carlos, el Devaluador», y se sostenía que una vez llegado al poder el jefe liberal procedería a depreciar aún más la moneda. La coalición bipartidista, comandada por Carlos Lleras, basó su campaña en el respaldo al Frente Nacional, en el apoyo al programa del candidato presidencial y en la necesidad de fortalecer a la coalición bipartidista en las corporaciones públicas para poder sacar adelante las reformas necesarias. Los resultados electorales del 20 de marzo trajeron algunas sorpresas. El primer rasgo destacado es el fortalecimiento del liberalismo oficialista. Este sector logra incrementar su participación en la votación total del 35 % en 1962 a cerca del 39 % en las elecciones parlamentarias de 1966.

Capítulo 9

Dentro del conjunto del partido liberal el ala oficialista también se consolida. El MRL sufre un debilitamiento considerable de su electorado, que pasa de representar el 36 % de la votación del liberalismo, a sólo el 27 %, en el mismo período. En términos absolutos, el movimiento disidente acaudillado por Alfonso López Michelsen pierde cerca de la mitad de sus votos entre las dos elecciones. Para el ospinismo, que era el socio conservador de la administración Valencia, las elecciones parlamentarias se convierten en una sorpresiva y contundente derrota. Mientras que este sector controlaba en 1962 el 57 % de los votos conservadores, su participación desciende, cuatro años después, a sólo el 34 %. El alvarismo logra mantener con dificultad los niveles de votación obtenidos en los comicios de 1962. En el campo de la oposición, la ANAPO surge como el indiscutido vencedor. Los resultados electorales revelaron que la Alianza Nacional Popular había logrado una formidable ampliación de su poder político y de sus representantes en el Congreso. Entre 1962 y 1966 el movimiento del general Rojas logra elevar su participación en la votación total del 3,4 al 18 %, aproximadamente. En términos parlamentarios, este dinamismo electoral les significó adquirir el control sobre 46 curules adicionales en Senado y Cámara. El MRL asumió una nueva estrategia política. El desfavorable resultado electoral aconsejó un retiro de la contienda presidencial y el acercamiento al oficialismo liberal, con la esperanza de impulsar desde adentro las bande-

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ras de cambio institucional que se habían sostenido en la oposición. En la arena política sólo quedaban en pie dos contendores: el candidato del «Frente de Transformación Nacional» y la ANAPO.

Carlos "El Devaluador"y Mariano "El Urbanizador" en panfleto del MRL.

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Capítulo 10

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Carlos Lleras y Misael Postraría: reforma del Estado y crisis del Frente Nacional Gabriel Silva Luján Carlos Lleras Restrepo: presidencialismo, reforma del Estado y desmonte del Frente Nacional

L

a candidatura presidencial de Carlos Lleras Restrepo se fortaleció con los resultados electorales de marzo. El jefe liberal llevaba dos años recorriendo el país, en compañía de los líderes políticos de los dos partidos, defendiendo su nombre y divulgando sus ideas. El hecho de que Lleras Restrepo contara con el respaldo de sectores de las bases liberales por su apoyo a la reforma agraria y por su tradición como jefe del partido, al tiempo que se movía con fluidez en ciertos círculos del capital por su prestigio de administrador y tecnócrata, inclinó inexorablemente la balanza electoral en su favor. Rojas Pinilla intentó crear un frente unido para respaldar un candidato de oposición. Inicialmente el jefe de la ANAPO propuso un grupo de nombres sobre los que se podría llegar a un acuerdo para escoger el candidato único. Algunos de los elegidos fueron In-

dalecio Liévano Aguirre, Fernando Mazuera, Abelardo Forero, Carlos Arango Vélez, Darío López Ochoa, Alfredo Duarte Blum y José Jaramillo Giraldo. Después de consultas, distanciamientos y acercamientos, Rojas redujo sus elegidos al nombre de Fernando Mazuera Villegas, quien aceptó la postulación, pero con la condición de que los demás grupos de la oposición le dieran su respaldo. El marginamiento de López Michelsen de la contienda presidencial, a raíz de los resultados electorales de marzo, y el llamamiento a la abstención que hiciera Alvaro Gómez a sus seguidores, impidieron que prosperara la alternativa presidencial sugerida por la ANAPO. Ante esa situación el general Rojas decide lanzar como candidato de su movimiento a José Jaramillo Giraldo, parlamentario con poca resonancia a nivel nacional. Evidentemente, esta opción presidencial no era una amenaza para Carlos Lleras Restrepo. Los resultados electorales le fueron ampliamente favorables: Lleras obtuvo cerca de las tres cuartas partes de la votación total, 1.891.175 sufragios. A pesar de ello, y sobre todo si se tiene en cuenta la precariedad de su can-

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Carlos Lleras Restrepo, tercer presidente del Frente Nacional, óleo de Blanca Sinisterra de Carreña en el Museo Nacional, Bogotá.

didato, la ANAPO mostró un desempeño aceptable. De controlar el 18 % de los votos depositados en parlamentarias pasó a movilizar el 28 % en las elecciones presidenciales. El proyecto político del presidente Lleras Restrepo

Fernando Mazuera Villegas, precandidato de Rojas Pinilla en las elecciones de 1966.

El proyecto político del presidente Lleras Restrepo surgía como respuesta a una serie de problemas específicos de carácter político y económico que recurrentemente actuaron como fuentes de inestabilidad para el sistema del Frente Nacional. En primer lugar, Lleras veía la necesidad de superar la crisis de conducción y autoridad del ejecutivo, frente a las demás ramas del poder público, que se manifestó con toda su intensidad en la administración de Guillermo León Valencia. La debilidad del ejecutivo se reflejaba en el permanente conflicto entre la pre-

sidencia y el Congreso nacional, y en la utilización del estado de sitio para lograr, mediante los poderes de excepción, algún margen de autonomía y gobernabilidad. En la interpretación del presidente, este objetivo implicaba replantear la norma plebiscitaria que exigía el voto favorable de las dos terceras partes de los parlamentarios parar aprobar las leyes, al igual que reducir el alcance de los poderes decisorios del legislativo sobre los actos de gobierno, especialmente en lo referente a la intervención estatal en la economía. En segundo lugar, el Frente Nacional no había logrado superar la problemática económica crónica que cada año o dos se traducía en la amenaza de una crisis cambiaría o en un déficit fiscal capaz de paralizar la gestión pública. Paralelamente, el crecimiento económico distaba de ser satisfactorio, el empleo disponible no correspondía a la demanda de puestos de trabajo —que era explosiva por el crecimiento demográfico y la migración rural urbana—, la inflación minaba el poder adquisitivo de los salarios, incentivando el descontento y la agitación laboral. De esta forma, uno de los ejes neurálgicos sobre el que giró toda la concepción de gobierno del presidente Lleras fue encontrar una salida política para dotar al Estado de una estructura institucional y organizativa para actuar efectivamente sobre la problemática económica y para promover el desarrollo. Por último, cabe destacar dos aspectos adicionales que marcaron profundamente su proyecto político. El primero fue la desconfianza de Carlos Lleras hacia la «clase política» como conductora y orientadora de la acción gubernamental, a pesar de que durante su vida pública él había sido miembro activo de ella. La concepción llerista del Estado buscó disminuir el espacio de poder y de influencia de los políticos tradicionales, al tiempo que ponderó el componente tecnocrático en los procesos de decisión en concordancia con las tesis promovidas por los

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organismos internacionales. El segundo aspecto era el propio estilo de mando de Carlos Lleras, que se podría caracterizar como rígidamente presidencialista. La formulación concreta del proyecto político puesto en marcha por Lleras Restrepo distaba mucho de la ambigüedad e incoherencia del de su antecesor. En escritos anteriores a 1964, y a partir de ese año, el candidato de la coalición delineó los puntos centrales de su plataforma de gobierno: fortalecimiento del régimen presidencial; abolición del requisito de la mayoría de las dos terceras partes; eliminación del «gobierno de los directorios políticos»; reglamentación de la paridad, desmonte parcial gradual de las instituciones del Frente nacional; reforma a los poderes del Congreso nacional; reforma departamental; reorganización y centralización del ejecutivo, entre otros. En síntesis, el gobierno de Carlos Lleras asumió la tarea de transformar la estructura político-institucional con el objeto de fortalecer la autoridad presidencial, ampliar el poder del ejecutivo frente al legislativo, incrementar la influencia de los técnicos sobre las decisiones del Estado y elevar sustancialmente la capacidad de intervención directa del aparato estatal en la economía. Estos principios se reflejan claramente en las iniciativas de reforma constitucional puestas a consideración del Congreso y en las batallas políticas que libró Lleras Restrepo a lo largo de los cuatro años de su mandato. La confrontación entre el presidente Lleras y el FMI A las pocas semanas de su ascenso al poder, la administración Lleras Restrepo tuvo que afrontar la amenaza de una posible crisis cambiaría, acompañada de una moratoria en el servicio a la deuda. El desequilibrio en la balanza de pagos se agravó desde comienzos de 1966, y para el segundo semes-

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tre se volvió impostergable la adopEl liberal José Jaramillo Giraldo es ción de medidas para manejar la siproclamado candidato tuación. El gobierno intentó resolver de Anapo a la los apremios de liquidez recurriendo a presidencia, por un crédito de «stand-by» con el FMI Gustavo Rojas Pinilla (crédito condicionado) para resolver y María Eugenia Rojas, abril 3 de 1966. los problemas más apremiantes como eran el pago del servicio de la deuda externa pública y privada y la cancelación de importaciones vitales para el funcionamiento económico. El gobierno solicitó del Fondo Monetario una suma de sesenta millones de dólares. La respuesta de la entidad financiera internacional estuvo acompañada de una serie de «recomendaciones» sobre medidas de política ecoMaría Eugenia Rojas, nómica que en su criterio era indiscapitana de Anapo, pensable aplicar para poder sanear dedurante una manifestación finitivamente los recurrentes desequide su grupo frente a librios en el sector externo. Las la Gobernación en sugerencias del FMI correspondían a Bogotá, mayo 4 de 1966.

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Carlos Lleras en campaña (foto tomada en el Chocó) y el día de su posesión presidencial, agosto 7 de 1966. Prestó el juramento ante Eduardo Abuchaibe, presidente del Senado, y Carlos Daniel Abello Roca, presidente de la Cámara.

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un clásico esquema ortodoxo de ajuste económico. El fondo abogaba por una diversificación del sector exportador, la operación libre de los mercados, la liberación de importaciones, la eliminación de los controles cambiarlos, la supresión de subsidios y la aplicación de una devaluación masiva. Este último aspecto, junto con el de la liberación de importaciones, fueron las piezas claves del conflicto entre el presidente Lleras y los funcionarios del organismo de crédito. Implícitamente la posición del FMI llevaba un rechazo a los programas y propuestas del equipo económico de Lleras Restrepo. El presidente respondió al FMI con una propuesta que recogía algunos de los aspectos que eran relevantes para el FMI, como el control al desbordamiento monetario y al déficit fiscal. Para el organismo financiero la clave era la aplicación de la devaluación masiva. Pero para el gobierno el ajuste debería hacerse sin devaluación y con un incremento de los controles cambiados gubernamentales, al igual que con mayor intervención del Estado en la dirección de la actividad productiva y el desarrollo económico. La contradicción entre las dos concepciones de política económica encerraba un evidente dilema político. La adopción del programa del FMI significaría una devaluación masiva, contra la cual la sociedad estaba prevenida. Las perniciosas consecuencias que trajeron las fuertes devaluaciones decretadas durante la administración del presidente Valencia en el comportamiento del costo de vida y el empleo, al igual que su devastador impacto sobre la estabilidad política, rondaban como un fantasma sobre las cabezas de un equipo económico que acababa de posesionarse. De la misma forma, la campaña electoral de la oposición había recurrido insistentemente a la sensibilidad de una comunidad que rechazaba de plano la devaluación, acusando a Lleras Restrepo de que una vez posesionado procedería a tomar medidas en esa dirección. Todo ello condujo a que el gobierno deci-

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Eduardo Frei Montalva, presidente de Chile, y Raúl Leoni, de Venezuela, quienes asistieron a los actos de toma de mando de Carlos Lleras.

diera incurrir en los potenciales costos económicos y financieros de una confrontación con el Fondo Monetario, antes que aceptar sus sugerencias, que implicaban un acelerado debilitamiento político del presidente y un desmembramiento de su programa de gobierno en el frente económico. Las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional se rompieron el 26 de noviembre de 1966, razón por la cual el gobierno procedió a aplicar su propia medicina para conjurar la crisis externa. Apelando a las facultades conferidas por el estado de sitio, el presidente Lleras procedió a expedir una serie de decretos que modificaban la política cambiaría. En síntesis, era la aplicación práctica de la solución presidencial al problema cambiario: controles sobre la circulación de divisas; restricción de todas las importaciones y de los giros en moneda extranjera, rechazo a la devaluación masiva y eliminación del mercado libre de dólares. Desde la perspectiva económica, las medidas fueron suficientemente efectivas en el corto plazo para detener la

hemorragia cambiaría. Posteriormente, el gobierno adoptaría un esquema más global y ambicioso para superar la crónica debilidad del sector externo mediante la expedición del decreto 444, que fue la base de la exitosa política de promoción de exportaciones que se siguió en ese cuatrenio. Pero la ruptura de negociaciones con el FMI también cumplió un papel importante en el fortalecimiento de la autoridad presidencial frente a la oposición, al igual que en la ampliación del respaldo público a la gestión del primer mandatario. En el discurso anunciando las medidas de emergencia, el 29 de noviembre de 1966, el presidente Lleras planteó el enfrentamiento con el Fondo Monetario como la consecuencia lógica de una posición nacionalista. El gobierno no se dejaría imponer medidas que atentaban contra el nivel de vida del pueblo, promovían la inestabilidad sociopolítica y recortaban la soberanía de la nación, que además eran desobligantes por cuanto desconocían la capacidad técnica del equipo económico y querían limitar su independencia. El presidente terminó sus

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palabras solicitando el apoyo de los ciudadanos para sacar adelante el programa de emergencia, que en su criterio defendía los intereses nacionales, permitiéndole así al gobierno enfrentar al FMI, ya no con una rodilla en el suelo, sino con un esquema de política económica firme, coherente y respaldado por la comunidad. El lenguaje de este mensaje tuvo repercusiones inmediatas. Los principales centros del poder político, económico y social, con contadas excepciones, manifestaron públicamente su firme respaldo a la «valerosa posición» del mandatario. Pero más importante aún es que ese sentimiento trascendió los cerrados círculos gremiales y llegó a las gentes de la calle que calificaban a Lleras Restrepo de hombre corajudo y «con pantalones». Es indudable que el gobierno obtuvo una importante victoria política. El impasse con el FMI dejó a la oposición en una situación muy incómoda. Si la ANAPO y el alvarismo optaban por enfrentarse a las medidas del gobierno, corrían el riesgo de que la opinión y los políticos del otro bando los colocaran como defensores de las imposiciones inaceptables del organismo internacional. Pero no hacer nada también los debilitaba en la medida en que el gobierno estaba aprovechando el conflicto para ampliar su espacio de apoyo político. En la práctica, parece ser que la crisis redujo la efectividad política de la oposición y le permitió al presidente Lleras Restrepo impulsar colateralmente otros proyectos e ideas que bajo distintas circunstancias, sin contar con ese apoyo de la opinión pública, hubieran tenido que remontar el difícil obstáculo de unas fuerzas opositoras beligerantes. Es así cómo en febrero de 1967 el gobierno logra que le sean aprobadas en el Congreso las facultades extraordinarias para legislar en materia económica, que habían sido rechazadas previamente, con las cuales se expiden los decretos que regirán definitivamente la política cambiaría. Con esos triunfos en el bolsillo, el gobierno se situa-

ba en una condición privilegiada para acometer con garantía de éxito el laborioso y complejo proceso de transformación de las estructuras políticas e institucionales, que se había iniciado con la presentación de los proyectos de reforma constitucional al iniciarse el gobierno. La reforma constitucional de 1968 El ministro de Gobierno, Misael Pastrana Borrero, inició a nombre de la admimstración Lleras el trámite de la reforma constitucional el 24 de agosto de 1966. El senador del MRL Carlos Restrepo Piedrahíta presenta ponencia favorable ante la Comisión Primera el 6 de septiembre. Los 35 artículos que conforman el primer paquete de propuestas buscan una redistribución de facultades, funciones y competencias, de manera que el ejecutivo tenga mayor poder decisorio en el ámbito económico y en el manejo fiscal y cambiario. La presentación de los proyectos de reforma constitucional despertó diferentes reacciones entre los grupos políticos. El MRL encontró en la discusión de la reforma un terreno de convergencia ideológica que le permitió el acercamiento al liberalismo oficialista. Desde el comienzo de los debates, López Michelsen se mostró dispuesto a acompañar al gobierno en la mayoría de las iniciativas. Por su parte, el alvarismo aprovechó las circunstancias para agudizar las críticas a Lleras Restrepo, acusándolo de «hegemonismo» y de pretender implementar un marco institucional favorable a los intereses del liberalismo. En la misma dirección se expresó la mayoría de la ANAPO. Pero en el bloque frentenacionalista las opiniones tampoco eran homogéneas. Algunos de los socios conservadores del gobierno se abstuvieron de apoyar las propuestas en el Parlamento. Por ello, a Mariano Ospina le tocó apelar a su autoridad política para sacar avante los debates iniciales de las medidas en la Comisión Primera del Senado.

Capítulo 10

El jefe del ospinismo y Carlos Lleras, reunidos en la primera semana de enero de 1967, acuerdan las bases para desmontar parcialmente las instituciones de coalición, pero de manera tal que aun después de la terminación formal del Frente Nacional, en 1974, se mantendría el «espíritu del gobierno compartido». En esas conversaciones se concreta la iniciativa de prolongar la paridad hasta 1978 y, a partir de ese año, garantizar la participación «adecuada y equitativa» en la administración pública para el partido que siguiera en votos al del presidente electo. Para la rama legislativa se acordó una transición gradual que se iniciaría en 1970 mediante la eliminación de la distribución paritaria de las curules. Igualmente, quedaría suprimida la obligación de presentarse exclusivamente como liberal o conservador; medidas que se harían extensivas a la Cámara y el Senado a partir de las elecciones a corporaciones públicas de 1974. Igualmente, la regla de las dos terceras partes seguiría vigente para reformar la Constitución y para cambiar las normas de carácter electoral. El alcance de las medidas se modificaba como resultado de las adiciones de nuevos artículos al proyecto, por parte del gobierno y los parlamentarios, al igual que como resultado de los debates y las transacciones. Aun así, ya para febrero de 1967, el gobierno había logrado la aprobación en la Comisión Primera del Senado de un proyecto de reforma que respetaba en gran medida las ideas del presidente Lleras Restrepo. Una adición importante fue la norma que vendría a ser el artículo 122 de la Constitución nacional, mediante el cual se establecía el estado de emergencia económica, propuesto y defendido por López Michelsen. A comienzos de junio de ese mismo año, y después de prolongados debates, votaciones repetidas, presiones y amonestaciones, la plenaria del Senado aceptó el primer paquete de lo que llegaría a conformar la reforma constitucional de 1968. El 6 de septiembre

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Misael Postraría Borrero, ministro de Gobierno de Carlos Lleras desde agosto del 66 hasta noviembre del 68, fue el encargado de presentar al Congreso el proyecto de reforma constitucional, trámite que se inició el 24 de agosto de 1966. La reforma buscaba un mayor poder decisorio del ejecutivo en los ámbitos económico, fiscal y cambiario.

la plenaria de la Cámara se pronunciaría en la misma dirección. Pero vendrían tiempos de tormenta cuando el Congreso entrara a considerar, durante el segundo semestre de 1967, dos nuevos paquetes de reformas constitucionales presentados por el gobierno, que tocaban aspectos más directamente relacionados con los intereses de los parlamentarios, como la composición del Congreso nacional, los auxilios parlamentarios y el régimen departamental. La propuesta de desmontar la regla de las dos terceras partes dejaba a la oposición sin el poder de obstrucción de la actividad parlamentaria, lo que colocó a las minorías, el alvarismo y la ANAPO, en la incómoda situación de tener que defender una típica institución frentenacionalista. De otra parte, un sector importante de la bancada conservadora, de uno y otro bando, sostenía que la eliminación de la paridad en el ejecutivo, la generalización del sistema de cuociente electoral y la reducción del número de curules es-

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El presidente Lleras anuncia al país por la televisión que ha presentado su renuncia ante el Senado, el 11 de junio de 1968, por encontrarse detenidas en el Congreso las propuestas de reforma. Era una sorpresiva medida de presión y la solicitud de un voto de confianza a su gobierno.

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taba orientado a debilitar la representación de su partido en el Congreso nacional. La reforma constitucional se tiene que enfrentar, durante el último semestre de 1967 y el primero de 1968, al obstáculo de una coalición opositora compuesta por el alvarismo, la ANAPO y un grupo de parlamentarios del ospinismo y del liberalismo oficialista. El gobierno no obtiene el voto favorable de la mayoría requerida para la aprobación de aspectos claves como eran la implantación del cuociente electoral y la supresión de la paridad en el legislativo. Era paradójico que el gobierno del Frente Nacional, que había salido fortalecido de las elecciones a corporaciones públicas de marzo de 1968, se viera en aprietos para impulsar su proyecto político. Ante esa situación de estancamiento de las iniciativas de reforma a la Carta Fundamental, el presidente Lleras Restrepo asume un riesgo calculado: presenta renuncia al cargo ante el Senado. El 11 de junio un país perplejo ve a su presidente en la televisión informando sobre la renuncia que acaba de ofrecer a la Cámara Alta. El sentido político de la renuncia se hace evidente cuando el mandatario plantea: «Yo tendría el derecho de entender que la no aceptación de esta renuncia conllevaría la voluntad mayoritaria de aprobar los dos proyectos de acto legislativo pendientes en la pri-

mera vuelta y de darles luego pronta aprobación en la segunda... No tendría, en efecto, sentido el que se pretendiera imponérseme la obligación de continuar como jefe del gobierno y cabeza de una coalición política desmontando al mismo tiempo los programas que ese gobierno y esa coalición han sustentado.» En otros términos, el presidente Lleras Restrepo buscaba un voto de confianza, poniendo como condición para seguir en el cargo la aprobación de la reforma constitucional. La jugada política produjo sus efectos. Llovieron los mensajes y las manifestaciones de respaldo. En el Senado la oposición pidió la cabeza del presidente, por su abierta intromisión en los asuntos de competencia del legislativo, pero pudo más la presión política y el temor a dejar acéfala la coalición y la administración pública. Sometida a votación, los senadores rechazaron la renuncia por 71 votos contra 31; y el 18 de junio fue aprobado el proyecto de acto legislativo, dándole vía libre para el segundo debate en las sesiones que se iniciarían a las pocas semanas. El gobierno consolidó los tres paquetes de reformas constitucionales en un solo proyecto de acto legislativo unificado, que fue presentado a finales de septiembre para segundo debate en el Congreso. El texto definitivo había sido el resultado de un proceso de acercamiento y conciliación de las distintas posiciones, llevado a cabo en el seno de una comisión bipartidista y bicameral creada por el gobierno y los directorios políticos. Pero para esta época el efecto disuasivo de la renuncia presidencial ya se había desvanecido, por lo que la administración Lleras tendría que librar esa definitiva batalla política apelando a otras armas. La discusión de la reforma constitucional en la Comisión Primera del Senado llevó al estancamiento del proyecto. La ausencia de los parlamentarios del ospinismo impidió que se llegara a sumar el voto favorable de las dos terceras partes, por lo que en

Capítulo 10

la primera semana de noviembre el gobierno se enfrentó a la reticencia del conservatismo parar aprobar las medidas. La imposibilidad del ministro de Gobierno, Misael Pastrana, para imponer la disciplina sobre los parlamentarios de su grupo lo obligó a renunciar. En reemplazo fue nombrado Carlos Augusto Noriega, conocido político conservador que poseía la reputación de ser un hábil y experimentado parlamentario. Los senadores liberales tampoco tenían una posición homogénea ya que algunos de ellos se enfrentaban al recorte de atribuciones y poderes del Congreso nacional. La labor de convencimiento de López Michelsen y del mismo presidente terminó por ponerlos del lado del proyecto, aunque dejaron constancia de no compartir el desmesurado fortalecimiento de la institución presidencial. Pero si en el campo liberal se lograba el consenso, en el conservador se agudizaban los enfrentamientos. El ospinismo se pasó a la oposición rechazando las reformas, especialmente aquellas que tenían que ver con la composición del Congreso, argumentando que debilitaban considerablemente la fuerza parlamentaria de su partido. El punto de vista de los unionistas, que coincidía con el alvarismo en este aspecto, desbarataba de hecho la coalición gobernante y colocaba a las dos facciones conservadoras en la oposición. Ante esos acontecimientos, Lleras Restrepo recurre a otra maniobra política espectacular: a finales de noviembre le pide la renuncia a todos sus ministros. Esta drástica medida buscaba advertir al ospinismo, o «unionismo», sobre lo que podría significar política y burocráticamente seguir insistiendo en la oposición a la reforma. Además, con esta decisión, dejaba abierta la posibilidad de que nuevas fuerzas, incluida la ANAPO, pudieran entrar como contraparte conservadora en la coalición gobernante. El movimiento del general Rojas picó el anzuelo. El 29 de noviembre,

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Samuel Moreno anunció el respaldo de la ANAPO a la reforma constitucional para lograr su aprobación, conjuntamente con el liberalismo oficialista. El presidente Lleras estimuló esa actitud insinuando que Rojas podría llegar a ser el socio del liberalismo en el poder. Para la ANAPO el atractivo de entrar por primera vez a formar parte del gobierno era muy grande, ya que podría significar una cuota importante de activos burocráticos y, lo que era más significativo, lograr el apoyo, o por lo menos la neutralidad, del liberalismo en la contienda presidencial de 1970. Para los conservadores no pasó desapercibida esa posibilidad y pudo más el temor de que una ruptura con el gobierno se tradujera en la pérdida de la candidatura para el siguiente período presidencial, que el remoto riesgo de

Carlos Augusto Noriega, pocos días antes nombrado ministro de Gobierno, saluda a congresistas al anunciarse la crisis de gabinete del 28 de noviembre de 1968, con la cual Lleras Restrepo rompió la oposición del ospinismo a las reformas.

Lleras Restrepo durante la celebración del 20 de julio, en 1969, con el general Ayerbe Chaux, Douglas Botero Boshell y Abdón Espinosa Valderrama, ministros de Guerra, Gobierno y Hacienda.

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El presidente Carlos Lleras y la primera dama Cecilia de la Fuente reciben en el aeropuerto Eldorado de Bogotá a Indira Gandhi, primera ministro de la India, octubre de 1968.

que en el futuro las reformas debilitaran la representación parlamentaria de su partido. En los primeros días de diciembre Ospina busca el reinicio de la colaboración con Carlos Lleras, esfuerzo que culmina con la refrendación de la participación de ese sector en el gobierno y su apoyo a las reformas constitucionales. Es interesante anotar que la mayoría de los parlamentarios se enfrascaron en el debate de aquellos aspectos de la reforma constitucional que los afectaban individualmente, tales como los auxilios o el número de las curules que le correspondería a cada circunscripción, dejando de lado, con contadas excepciones, el análisis más profundo de lo que implicaban los cambios en la estructura política e institucional del Estado. Un reflejo de esta actitud fue el hecho de que aceptaran los recortes al poder legislativo a cambio de las prebendas de los auxilios parlamentarios y la prolongación del período de los representantes a cuatro años, que el gobierno les cedió. Las transformaciones introducidas a la Constitución nacional significaron una recomposición de las relaciones de fuerza entre las diferentes ramas del poder público, trasladándose el eje del proceso de decisión del legislativo al ejecutivo, con la consecuente ampliación del poder y la influencia de la presidencia de la República. Dentro

de este conjunto de cambios, es importante destacar la proliferación de organismos descentralizados creados por el gobierno que le quitaban funciones a los niveles municipal y departamental, al igual que disminuía la autoridad política de los ministerios. Una dimensión relevante de la reforma constitucional fue la que tiene que ver con la capacidad de intervención económica del Estado. El acto legislativo n.° 1 de 1968 le dio fuerza constitucional a la planeación y le entregó toda una nueva gama de instrumentos de intervención y dirección económica al Estado. En el campo político, la reforma constitucional de 1968 fijaba un derrotero para desmontar el Frente Nacional. Aunque en algunos aspectos las medidas representaban el tránsito hacia un juego político más Ubre, en el fondo lo que se consiguió con dichos cambios fue prolongar los fundamentos de la coalición bipartidista. Unas palabras de Misael Pastrana, cuando era ministro de Gobierno, ilustran claramente esa intención: «El proyecto se cuida muy bien de garantizar la continuidad de los principios fundamentales del régimen del Frente Nacional y de asegurar a los partidos el clima de confianza que es de su esencia.» En la práctica, la reforma de 1968 dio vigencia permanente a la democracia restringida, que era un sistema político supuestamente transitorio y concebido como terapia para resolver unos problemas específicos de violencia bipartidista. Organización campesina y revitalización de la reforma agraria La ley de reforma agraria que se expidió durante el gobierno de Alberto Lleras fue impulsada y defendida primordialmente por Carlos Lleras Restrepo. Pero la ley 135 de 1961 sobre reforma agraria, que pudo ser aprobada gracias a un proceso de transacción entre los distintos grupos de interés, era prácticamente inoperante. Esa situación le había infundido len-

Capítulo 10

titud e ineficacia al esfuerzo de redistribución de latifundios, por lo que el presidente Carlos Lleras asumió desde su campaña el propósito de revitalizar el INCORA y fortalecer los instrumentos para adelantar la política de tierras. Sobre esa decisión política influyó el espectro de la Revolución cubana que ya había tomado forma internamente bajo la consolidación de una serie de grupos guerrilleros, de inspiración cas--ista y comunista (ELN, FARC, EPL), en las áreas rurales. Al respecto diría Lleras: «Un clima de paz social en los campos, no lo vamos a obtener sólo por medio de la policía y el ejército, sino por medio de la justicia, por medio de las condiciones rurales.» La iniciativa de la Alianza para el Progreso, programa de apoyo al desarrollo y el cambio social en el hemisferio iniciado por los Estados Unidos bajo la administración Kennedy, tenía entre sus objetivos iniciales una modificación de las condiciones del campesinado latinoamericano a partir de la reestructuración de la tenencia de la tierra. La idea había adquirido respetabilidad al ser abanderada por el «Gigante del Norte», especialmente entre los círculos del capital industrial y financiero que veían en la pobreza e inequidad rural un evidente freno al crecimiento de la demanda por bienes procesados. La voluntad política que le imprimiría Carlos Lleras al proceso de reforma agraria le daría una bocanada de oxígeno a esa iniciativa que estaba agonizando desde la administración Valencia. Durante la campaña presidencial, Lleras Restrepo organizó uno de sus comités operativos para que adelantara el estudio sobre las alternativas para reanimar la reforma agraria. El entonces candidato puso bastante énfasis en los aspectos relacionados con la organización del campesinado y la creación de una fuerza social capaz de respaldar políticamente la iniciativa y contrarrestar el poder del latifundismo que había sido en gran parte el artífice de la inoperancia e ineficacia del IN-

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CORA. De este tipo de esfuerzo también se esperaban importantes dividendos de carácter electoral. La respuesta a estas necesidades era la organización de los campesinos en ligas o asociaciones de usuarios de los servicios del Estado para el sector rural. El comité operativo expresó su apoyo formal a la iniciativa de movilización campesina, pero dentro de un esquema organizacional que le permitiera al Estado controlar directamente las actividades y la orientación política de las asociaciones. Es más, algunos de los miembros más conservadores del comité expresaron su abierta oposición a cualquier intento de fortalecer políticamente a este sector que era el más desprotegido de la sociedad. La revitalización del proceso de reforma

Mariano Ospina Pérez en la inauguración de la convención unionista de noviembre de 1969. Contra su candidatura de Misael Pastrana, otros aspirantes conservadores hacen alianza con parlamentarios de la Costa y postulan a Evaristo Sourdís. Aunque éste obtiene mayor votación inicial, finalmente la convención aclama a Pastrana. Abajo, reunión del Directorio Unionista, en el que se distinguen Jota Emilio Valderrama, Mariano Ospina y Evaristo Sourdís.

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agraria despertaría nuevos conflictos sociales entre los terratenientes de todos los colores políticos y el gobierno, al igual que entre el Estado, los propietarios y aquellas organizaciones campesinas que fueron adquiriendo un progresivo margen de autonomía política y de conciencia de sus reivindicaciones de clase. La expresión de estas contradicciones tomaría diferentes formas, desde la invasión de tierras bajo la permisiva tutela del INCORA, hasta la persecución de los funcionarios responsables de la política agropecuaria mediante el expediente de propiciar escándalos y cuestionamientos de carácter «moral». A pesar de los intereses encontrados, el gobierno asumió un programa denominado Campaña Nacional de Organización Campesina, para lo cual se expidió el decreto n.° 75 de 1967, mediante el cual se abría un espacio de poder a los usuarios campesinos dentro del proceso de decisión de las políticas agropecuarias a nivel de las distintas instituciones. El programa se fortaleció con nuevas disposiciones adoptadas mediante decreto en los años 1968 y 1969, que definían en detalle las características de la organización y los requisitos para que las asociaciones pudieran ser reconocidas por el Estado y creaba nuevas instancias dentro de la estructura estatal para el sector agropecuario dedicadas a atender la problemática campesina, simultáneamente con la prestación de asesoría técnica para desarrollar el espíritu de asociación y organización entre los pequeños propietarios rurales. Complementariamente, se buscó crear una nueva legislación agraria que permitiera acelerar y agilizar los procedimientos para afectar la tenencia de la tierra, y proteger al mismo tiempo al aparcero, subsanando los defectos de la ley 135 del año 1961. La revitalización de la reforma agraria desató nuevos procesos y conflictos. En primer lugar, los correspondientes proyectos de ley sufrieron el ataque de la oposición anapista y alvarista, al igual que el de algunos sec-

tores latifundistas dentro de la coalición en el poder, lo que dificultó la expedición de las medidas. En segundo lugar, el fortalecimiento de las organizaciones campesinas incrementó la capacidad reivindicativa y de lucha de los campesinos, que fueron radicalizándose progresivamente hasta desprenderse de la tutela instrumental del Estado. Bajo estas condiciones, en las que por la fortaleza de los intereses latifundistas el aparato institucional no podía responder a las presiones sobre la tierra con la agilidad que demandaba la problemática campesina, la organización campesina se convirtió en un componente políticamente desestabilizador, en la medida que fueron estas asociaciones las que por su cuenta adelantaron una reforma agraria de hecho, a través de las invasiones, la recuperación y la toma de tierras. Los conflictos resultantes asediaron a la administración del presidente Lleras Restrepo, especialmente en sus dos últimos años, pero adquirieron mayor dinámica con la presidencia de Misael Pastrana Borrero, quien se comprometió desde comienzos de su gobierno a frenar por completo la política de organización campesina y de redistribución de tierras. Escándalos y candidatos El último año del gobierno del presidente Carlos Lleras se caracterizó por dos hechos sobresalientes. En primer lugar, la aparición de debates de gran resonancia en torno a la gestión de importantes funcionarios de la administración. En segundo, el debate en torno a la selección del candidato conservador para el último período presidencial del sistema del Frente Nacional. El 16 de junio se hizo pública la denuncia del gobierno, a través del ministro de Agricultura Enrique Peñalosa, de que el senador Ignacio «Nacho» Vives estaba cobrando comisiones a los terratenientes a cambio de utilizar su cargo en la junta directiva del INCORA para lograr decisiones

Capítulo 10

sobre compra y parcelación de haciendas que fueran favorables a los propietarios. La acusación tuvo gran resonancia por cuanto vinculaba a la familia Ospina, e indirectamente a parientes del presidente. «Nacho» Vives llevó el debate al Senado y hábilmente, utilizando la estrategia probada con éxito por Rojas Pinilla, pasó de acusado a acusador. El senador Vives acusa al ministro de Agricultura y a Miguel Fadul, gerente del IFI, de estar contratando privadamente con el Estado y de utilizar sus cargos para influir en la adjudicación de contratos oficiales por veinticinco millones de pesos. Presenta copia de contratos firmados por la empresa Martínez, Fadul y Peñalosa, de la cual era socio el gerente del IFI y la familia de Peñalosa, argumentando que habían sido concedidos irregularmente. Ante esta situación empieza un contrapunteo de acusaciones recíprocas entre el senador y los funcionarios que va despertando un creciente interés público por la fogosidad y oratoria de Vives y por el hecho de que los debates parlamentarios respectivos eran transmitidos directamente por varias cadenas de radio. La demagogia de Vives volvió un debate de naturaleza jurídica en un enjuiciamiento a la administración Lleras Restrepo, denunciando que las acusaciones eran persecución política de la «oligarquía» y del presidente. También la presentación del senador se encaminó a demostrar que las acusaciones, que en la práctica no había podido refutar, eran una expresión del centralismo de Lleras Restrepo, de su desprecio por la Costa Atlántica, dándole connotaciones de persecución regional al problema, asumiendo así el papel de «mártir» de las causas costeñas. El debate culmina en noviembre con Vives en la cárcel y con las renuncias del ministro de Agricultura y del gerente del IFI, los dos funcionarios que habían originado el proceso. El desgaste político de la administración había sido considerable, especialmen-

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El senador Ignacio "Nacho" Vives Echavarría sale de prisión, después de haber pagado tres meses de cárcel, el II de diciembre de 1969, acompañado por sus defensores, José Strusbeg González y Ciro Alfonso Medina. Acusado de cohecho y tráfico de influencias por el ministro de Agricultura Enrique Peñalosa, Vives utilizó el debate para convertirse en acusador del gobierno de Lleras Restrepo.

te ante el concepto de la Procuraduría de que había conflicto de intereses entre los mencionados funcionarios públicos y sus actividades privadas. La transmisión de los debates por radio había ayudado a despertar el interés de la opinión pública y también contribuyó a que los resultados de la polémica tuvieran tan debilitantes consecuencias sobre la imagen del gobierno. Una idea del impacto político del debate la dan los hechos posteriores. María Eugenia Rojas y Samuel Moreno acuden a la cárcel a visitar a «Nacho» Vives y llegan a un acuerdo para que el senador entre a las filas de la ANAPO. Una vez libre por falta de pruebas, es promovido intensamente dentro del anapismo, y el propio ex dictador lo recibe con manifestaciones y además lo lleva de gira por toda la Costa. Eran tales las repercusiones del debate, que la ANAPO pensaba utilizar a Vives para reducir el respaldo liberal al candidato frentenacionalista en la Costa Atlántica. De esta manera, la estrategia era fortalecer la votación liberal para el movimiento y exaltar como prohombre del liberalismo a «Nacho» Vives, aun comprometiéndose con los electores costeños a que su líder sería candidato presi-

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dencial anapista en 1974. Las vueltas de la vida política le permitieron al senador Vives pasar de sindicado a respetado líder y mártir liberal dentro de la ANAPO. Pero las consecuencias políticas no sólo fueron a nivel de la imagen del gobierno. El escándalo fue un duro golpe para el prestigio y la dinámica del proceso de reforma agraria y de organización campesina. Los latifundistas, especialmente los terratenientes costeños, aprovecharon las circunstancias para debilitar el esfuerzo de redistribución de tierras, paralizar el INCORA y cuestionar políticamente la estrategia social para el campo. El escándalo y el cuestionamiento «moral» del presidente, el gobierno o sus funcionarios ha sido tradicionalmente utilizado, en la política colombiana, por los sectores dirigentes para protegerse de políticos que buscan eliminar o reducir sus privilegios. El debate Vives-Peñalosa, independiente de las decisiones de carácter judicial, no fue la excepción. Además, la clase política encontró en el debate una forma de expresar todo su resentimiento hacia la «tecnocracia», de la cual evidentemente hacía parte Peñalosa, y su descontento por la Reforma de 1968 que había despojado de muchas de sus prerrogativas al Congreso nacional. En últimas, lo que el país vivió en el segundo semestre de 1969 fue una reedición del clásico conflicto entre técnicos y políticos, exacerbado por el enfoque tecnocrático que le había infundido Lleras Restrepo al manejo de las decisiones del Estado. El debate coincidió con el proceso de selección de la candidatura presidencial para el período 1970-1974. Por la ANAPO el general Rojas Pinilla era el candidato inevitable, pero faltaba la selección del nombre que representaría a la coalición en la contienda y que por las disposiciones plebiscitarias debería ser un conservador. Este proceso se inicia desde los primeros meses de 1969 con el lanzamiento de la candidatura de Belisario Betancur por Augusto Ramírez Mo-

reno. También se encontraba sobre la mesa la candidatura de Mariano Ospina Pérez, pero en el mes de mayo esa posibilidad es desmentida completamente por el propio jefe conservador cuando extendió una invitación al alvarismo para realizar una convención de unión. Esta aproximación permitió que en junio se acordaran reglas para esa convención, aunque el ex presidente Valencia se mostró en desacuerdo. En los siguientes meses aparecen nuevas candidaturas, entre ellas las de Misael Pastrana, Hernán Jaramillo Ocampo, Evaristo Sourdís y José Elias del Hierro. El 31 de octubre, Belisario Betancur realiza una convención que confirma su nombre como candidato presidencial y escoge a Guillermo León Valencia como jefe del grupo y de la campaña. Esa aspiración presidencial recibe el apoyo de otros políticos conservadores como Augusto Ramírez Moreno y Fernando Londoño y Londoño. Betancur logra también el respaldo del grueso de los dirigentes sindicales en las centrales obreras bipartidistas. Por su parte, el oficialismo conservador inicia a comienzos de noviembre su tormentosa convención nacional, presidida por Mariano Ospina Pérez y Álvaro Gómez Hurtado. La candidatura promovida por Ospina, la de Misael Pastrana, es recibida con poco entusiasmo por diferentes sectores. Los precandidatos Hernán Jaramillo Ocampo, Castor Jaramillo Arrubla y José Elias del Hierro hacen alianza con los parlamentarios costeños y promueven el nombre de Evaristo Sourdís. El alvarismo también respalda esa candidatura. En la primera votación Sourdís obtiene 276 votos a favor, aventajando a Pastrana por cuatro sufragios, pero esta diferencia no es suficiente ya que, según las normas acordadas para el evento, era necesario que la candidatura estuviera respaldada por las dos terceras partes de la convención. Una segunda votación mostró un empate entre las dos aspiraciones, por lo que

Capítulo 10

se propuso una tercería que en un momento pareció ser Alvaro Gómez. Sin embargo, al final, sobre el campo no quedó otra alternativa que Pastrana Borrero, quien fue confirmado, no unánimemente, por la convención liberal en diciembre. El escenario era caótico. La candidatura del Frente Nacional ya no era un nombre respaldado por la mayoría de los dos partidos sino una aspiración defendida por el liberalismo y un sector del conservatismo. Además, existían dos candidaturas conservadoras alternativas. De una parte Sourdís que, aprovechando el descontento de la Costa Atlántica a raíz del debate Vives-Peñalosa, moviliza una fuerza de carácter típicamente regional. De otra, Belisario Betancur, que es un nombre que tiene importante acogida en el Viejo Caldas y en Antioquia, al igual que en ciertos grupos urbanos como los obreros sindicalizados. A Misael Pastrana le queda el apoyo del ospinismo y esencialmente del liberalismo unido. La suerte del candidato del Frente Nacional dependerá de que los liberales acojan su nombre y voten disciplinadamente. Era la expresión más clara del proceso de degradación sufrido por la coalición bipartidista, que para la época sólo operaba en el papel. El sistema frentenacionalista había perdido su capacidad de convocatoria hasta el punto que era incapaz de aglutinar suficiente respaldo político para ofrecer una candidatura presidencial bipartidista mayoritaria. Por su parte la oposición había mostrado avances significativos. Algunos jefes importantes del bipartidismo se habían deslizado hacia las toldas rojistas; el general Rojas Pinilla estaba firmemente al comando del movimiento y con una candidatura presidencial indisputada; los parlamentarios de la ANAPO habían consolidado su poder regional y hacían campaña en favor de Rojas desde un año antes de las elecciones; en fin, las cosas iban bien para los opositores del régimen de gobierno compartido. Así las cosas, el escenario electoral se presentaba entonces ro-

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deado de gran incertidumbre. La contienda presidencial significaba un reto que por primera vez amenazaba la estabilidad de las instituciones del Frente Nacional y la hegemonía de los dos partidos estaba profundamente cuestionada. Misael Pastrana Borrero: populismo de estado, programa urbano y apuntalamiento del Frente Nacional A pesar de existir cuatro candidatos presidenciales la contienda electoral se planteó en la práctica entre dos contendores: Misael Pastrana y Gustavo Rojas Pinilla. Por su parte Sourdís y Belisario Betancur le quitarían votos a uno y otro, dependiendo de la región

Evaristo Sourdís, jefe del grupo conservador unionista, en junta para decidir sobre la aceptación de un ministerio por parte de Carlos Augusto Noriega (a la derecha de Sourdís), septiembre 1° de 1969. Aparecen, entre otros, Mario Laserna, Jaime Serrano, Miguel Sanclemente, Raimundo Emiliani, Hugo Escobar, Cornelio Reyes, Felio Andrade. Abajo, Sourdís en campaña presidencial un mes más tarde.

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Gustavo Rojas Pinilla y María Eugenia Rojas diseñaron una campaña populista para las elecciones presidenciales del 19 de abril del 70: contaban con "una red estable de lealtades políticas que partía de su comando central y se extendía por barrios y veredas".

y el contexto, pero no eran opciones reales de poder. La ANAPO contaba para desarrollar su campaña con una red estable de lealtades políticas que partía de su comando central y se extendía por barrios y veredas, permitiendo que las decisiones de la cúpula llegaran directamente y con gran efectividad hasta los líderes locales en los niveles inferiores. Esta elaborada capacidad de movilización política no se reflejaba en otros escenarios, como la prensa o la radio, con toda su efectividad. Por su parte, el candidato frentenacionalista contaba con la maquinaria del liberalismo y con la del sector ospinista, además disponía de los recursos de poder más convencionales como la prensa, las grandes cadenas de radio, la televisión y el apoyo de los gremios del capital. La campaña se hizo cada vez más violenta y beligerante, tanto en los hechos como en las palabras. Los principales líderes liberales se desplazaron por todo el país defendiendo la candidatura de Pastrana. Pero no sólo fueron aquellos jefes alejados del poder, sino también el propio presidente de la República.

El procurador general, en un momento dado, se vio en la obligación de amonestar al presidente Lleras por estar desobedeciendo el mandato constitucional que exige neutralidad política por parte del jefe del Estado. El Tiempo y otros medios escritos conservadores y liberales, leales a la candidatura frentenacionalista, se dedicaron a descalificar desde todos los ángulos a Rojas Pinilla y a los otros candidatos conservadores. La campaña de Rojas era una nueva versión de la estrategia probada con éxito en el pasado. La demagogia populista, en la que se mezclaban llamados al patriotismo con afirmaciones revolucionarias, ofertas reivindicativas directas con apelaciones a la gracia divina, no mostraba ningún tipo de coherencia ideológica. Pero aunque a la luz de cualquier examen la plataforma anapista era insostenible, a los ojos de las bases populares urbanas y rurales era una propuesta aceptable, directa y, sobre todo, consecuente con las necesidades sentidas por los sectores más desprotegidos. La fuerza de la candidatura de Rojas estaba en que sus mensajes pendulaban entre la extrema

Capítulo 10

derecha y la extrema izquierda, abriendo toda clase de opciones al electorado. Además, la forma en que las tesis llegaban a las bases, es decir, a través de una larga y organizada cadena de activistas, hacía que éstas se fueran traduciendo al lenguaje popular y adaptándose a las necesidades específicas de cada grupo o comunidad. En contraste, Pastrana era un tecnócrata moderado que hablaba en términos vagos, no asumía posiciones extremas o compromisos irrealizables, sus discursos no tenían el sabor popular de los de la ANAPO y no ofrecía respuestas tangibles o concretas a los problemas sociales más sentidos. A pesar de que todo el «establecimiento» intentó desvirtuar el ascenso de la ANAPO, la realidad era ineludible. Rojas se afianzaba como el candidato con mayor prestigio dentro de los sectores populares. La catástrofe arribó amenazante en el horizonte y el pánico invadió los salones del poder. El Tiempo argumentaba en un editorial que «lo que sí convendría establecer de una vez, es que a Rojas y a su causa no se le puede dar el tratamiento que se le da a los otros candidatos. Porque el movimiento del ex dictador es francamente subversivo, y no es posible que (...) se le concedan las mismas garantías que a quien procede con rectitud y con decoro y con respeto a los intereses del país...». Sectores conservadores y liberales pedían a gritos que el gobierno le pusiera algún tipo de talanquera a la campaña de Rojas para aminorar su innegable avance. El número de opciones en juego, el volumen de recursos utilizados, la apelación directa a grupos sociales tradicionalmente marginados de las urnas, el temor a una ruptura del sistema, y la intensidad proselitista, eran todos factores que en combinación auguraban un escenario electoral distinto al pasado, marcado por un incremento importante en la participación ciudadana. Las elecciones de 1970 fueron las primeras desde el comienzo del Frente Nacional que se realizaron con el ca-

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El presidente Lleras consigna su voto en los comicios de 1970 que, por primera vez en el Frente Nacional, fueron unificados para presidente y corporaciones legislativas.

lendario unificado; es decir, que los sufragantes votaban en la misma fecha por los miembros a corporaciones legislativas y para presidente de la República. Al observar los resultados de la votación para Senado, se encuentra que hubo un formidable incremento El día de elecciones, casetas de propaganda del oficialismo conservador (Ospina con Pastrana) y de Belisario Betancur, quien, apoyado por Valencia, obtendría un 11.8% de la votación.

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El gobierno pide a los colombianos votar en las elecciones del 19 de abril, en este aviso de prensa ordenado por Octavio Arizmendi Posada, ministro de Educación.

Gustavo Rojas, candidato a la presidencia, deposita su voto en las elecciones más agitadas del Frente Nacional. Pastrana fue declarado ganador por una mínima diferencia de 63 557 votos respecto de la cifra obtenida por Rojas, que fue de 1 561 468 sufragios.

de la votación conservadora por las listas de la ANAPO. Mientras que en 1966 ese grupo había obtenido el 34 % de la votación total de ese partido, para 1970 la participación se había elevado al 49 %, es decir 1.849.403 votos. El ospinismo, que era la facción conservadora que impulsaba la candidatura de Pastrana solo logró el 27 % de la votación. El efecto de la candidatura de Rojas sobre la votación en favor de ANAPO liberal también fue importante, ya que ese sector del movimiento elevó un electorado de 10.382 —prácticamente inexistente— a la importante cifra de 382.777 votos, entre las dos elecciones. Por su parte, el liberalismo unido obtuvo menos votos en 1970 que el oficialismo liberal en 1966, a pesar de existir el MRL. Este desempeño le significó a la ANAPO pasar de controlar 18 curules en la Cámara Alta, en 1966, a 38 sólo cuatro años después. Por primera vez desde 1957, el partido conservador, gracias a la contribución de su ala anapista, logró obtener mayoría en la votación nacional. Los resultados en las demás corporaciones legislativas —Cámara de Representantes, asambleas departamentales y concejos municipales— fueron del mismo tenor, aunque con variaciones de carácter regional y local. Las restricciones que planteaban esos resultados para el siguiente gobierno eran obvios. La coalición gobernante no tenía en el Congreso la

mayoría suficiente para actuar sin transacciones, y lo mismo ocurría en la mayoría de las asambleas y concejos. Esta debilidad en la autoridad política del ejecutivo determinaría su vulnerabilidad ante las presiones partidistas o gremiales y, a la vez, pautaría la concepción del proyecto político de Pastrana. El plato fuerte eran los resultados de las elecciones presidenciales. Las cifras oficiales, ampliamente discutidas y cuestionadas, le adjudicaban la victoria a Misael Pastrana Borrero, candidato de la coalición del Frente Nacional. La votación por Pastrana, según estadísticas de la Registraduría, fue de 1.625.025 (40,6 %) y por Rojas Pinilla fue de 1.561.468 (39,0 %). La diferencia era mínima, sólo del 1,6 % o 63.557 votos, situación que despertaba sospechas y que era prueba para la ANAPO de que se había cometido fraude, especialmente cuando los resultados preliminares transmitidos por la radio daban como ganador al general Rojas. Aunque tradicionalmente se ha dicho que la mayoría relativa obtenida por Pastrana se logró con la votación del exterior, esas afirmaciones carecen de fundamento, ya que sin tener en cuenta dichos sufragios, en todo caso persistía una diferencia de más de 57.000 votos a favor del candidato frentenacionalista. Por su parte, Belisario Betancur logró acumular el 11,8 % de la votación y Sourdís el 8,4 %. El cuarto presidente de la coalición bipartidista asumiría el poder con el respaldo de sólo dos quintas partes de los electores, y entre cuestionamientos y acusaciones de fraude. Como se preveía desde antes de los comicios, la participación electoral fue considerablemente alta: 52,5 %. Un rasgo decisivo de los resultados electorales, por su marcada influencia sobre el gobierno de Pastrana, fue la importancia que tuvo la votación urbana dentro del conjunto del electorado de Gustavo Rojas Pinilla. El 63 % de los votos de ANAPO en las elecciones presidenciales correspondió a electores de carácter urbano.

Capítulo 10

Además, en su mayoría se concentraban en las cinco principales ciudades al igual que en las capitales de departamento. Si se consideran las veintidós ciudades más grandes del país, en sólo cuatro de ellas Pastrana logró obtener una votación superior a la del candidato de la ANAPO, y no corresponden precisamente a las más importantes. Pero al lado de este rasgo distintivo de la votación de Rojas está otro igualmente significativo. El grueso de la votación de la ANAPO provino de los estratos socioeconómicos más débiles, creando efectivamente un reto político para el sistema de coalición, por cuanto quedó demostrado que sus políticas y programas no habían sido capaces de integrar precisamente a esos sectores sociales mayoritarios y potencialmente más desestabilizadores, como son los sectores pobres y medios de las ciudades. De esta forma, la ANAPO lograba refrendar su alegada vocería de las masas urbanas y de la «nueva Colombia» que, evidentemente, eran la de los habitantes de las ciudades. Esta situación era potencialmente explosiva teniendo en cuenta el estrecho margen entre los dos candidatos y la beligerante denuncia de la ANAPO en el sentido de que se había producido fraude generalizado, promovido desde el gobierno. La situación política era muy tensa desde la misma campaña electoral y las cosas explotaron por las particulares circunstancias en que se desenvolvió el procesamiento de los resultados. Las dificultades que sufrió la Registraduría para procesar un caudal de votos que no tenía antecedentes, sumado a la liberalidad de las informaciones de radio, que por tener un asiento urbano crearon la impresión de que el triunfo de Rojas era un hecho, y la evidente parcialidad del gobierno durante la campaña, creó un clima fértil para que las acusaciones de fraude prosperaran. Una vez entrada la noche del 19 de abril, la euforia radial le da una amplia victoria al general Rojas Pinilla sobre el candidato del Frente Nacional.

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Aunque los datos transmitidos por las emisoras de radio no eran oficiales, eran presentados por los locutores como informaciones definitivas. Era tal la situación, que muchos funcionarios del gobierno, y la mayoría de los amigos de la familia Pastrana y Ospina, creían hacia las diez de la noche que la causa estaba perdida. En los «comandos» anapistas y en la residencia de la familia Rojas todo era euforia y celebración. El ministro de Gobierno, Carlos Augusto Noriega, percibió que existía un creciente desfase entre los datos transmitidos radialmente y aquellos que se podrían considerar como oficiales y definitivos según la Registraduría. Ante las explosivas consecuencias que podría tener esa discrepancia,

Carlos Peláez Trujillo, presidente de la Corte Electoral, entrega la credencial presidencial a Misael Pastrana, el 19 de julio de 1970.

Misael Eduardo Pastrana Borrero, cuarto presidente del Frente Nacional, presta el juramento del cargo ante el presidente del Congreso Eduardo Abuchaibe.

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Retrato oficial del presidente Postraría tomado por el fotógrafo Hernán Díaz.

Control de documentos por parte del ejército durante los toques de queda que siguieron a los disturbios de anapistas, quienes protestaron las elecciones por supuesto fraude en el recuento inicial de votos.

que era a favor de Rojas, decidió prohibir la transmisión de cualquier información electoral que no correspondiera a los boletines oficiales. Para la temprana madrugada del 20 de abril, la diferencia entre los dos candidatos más opcionados era de sólo 0,1 % a favor de Pastrana Borrero, ventaja que se fue incrementando en la medida que los votos de las zonas rurales apartadas podían computarse al total. Evidentemente, era en el segmento no urbano del electorado donde efectivamente estaba vigente con mayor intensidad el apego al bipartidismo tradicional. El general Rojas se acostó

ganando y amaneció perdiendo. La impresión de que se había cometido fraude fue ineludible. Las masas anapistas se demoraron un día en reaccionar. El 21 de abril los disturbios, las manifestaciones y la movilización popular se inicia en varias ciudades. El espectro de la revolución social urbana, dormido desde el 9 de abril de 1948, había nuevamente despertado. El gobierno responde con una escalada en las medidas represivas que incluyen censura a los medios de comunicación, toque de queda, ley seca, arresto domiciliario a dirigentes de la ANAPO y rnilitarización de las principales ciudades. Era una confrontación abierta entre los sectores populares, que con el naufragio de la candidatura de Rojas Pinilla veían frustradas sus aspiraciones de cambio social, económico y político, y un establecimiento que durante dieciséis años no había podido superar las restricciones institucionales y políticas para promover una transformación sensible en las relaciones de poder. La esperanza de alcanzar un cambio por las vías institucionales y formales quedaría truncada con esta experiencia, alimentando así el descontento, la abstención y otras manifestaciones de acción política desinstitucionalizada. Un programa social para las ciudades El proyecto político de Misael Pastrana fue una respuesta a los fenómenos y realidades que se habían expresado en el proceso electoral. El diagnóstico era unánime: el Frente Nacional había sido incapaz de ofrecer una respuesta programática y una alternativa política para movilizar e integrar a los sectores populares urbanos. La coalición bipartidista había visto cómo se erosionaba progresivamente el apoyo de los nuevos grupos sociales surgidos con el sensible proceso de modernización socioeconómica experimentado desde comienzos de los sesenta. El divorcio entre las masas urbanas y los partidos tradicionales amenazaba la estabilidad

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y continuidad del régimen político. A ese reto intentaría responder el proyecto político del presidente Misael Pastrana Borrero. El enfoque no era nuevo. Cuando se instauró el sistema de coalición bipartidista también existía una amenaza de ruptura, aunque en este caso provenía del sector rural. En esa oportunidad se ensayó el reformismo y el gasto social como banderas de gobierno, como terapia para responder al reto rural. Misael Pastrana concibe su programa de gobierno dentro de las mismas pautas, pero centrado en la cuestión urbana. Es decir, los depositarios de los programas oficiales ya no van a ser los campesinos, sino «los proletarios, los marginados, los destechados, los migrantes empobrecidos» ubicados en las ciudades. Aquí existe un giro importante frente al pasado: el núcleo de la estrategia pastranista serán las ciudades, concretamente las más grandes. El enfoque urbano de las prioridades gubernamentales viene acompañado de un nuevo compromiso con programas encaminados hacia la promoción del cambio social controlado, que se sintetiza en la expresión «Frente Social». En síntesis, el proyecto político del presidente Pastrana busca, mediante una reorientación del gasto público y de las iniciativas políticas hacia las ciudades, y concretamente hacia los sectores marginados urbanos, recomponer los contenidos policlasistas del electorado de los partidos tradicionales. Se trata de ofrecer una alternativa dentro del bipartidismo a la capacidad de cooptación popular y urbana demostrada por la ANAPO. El general Rojas pasaba a la oposición, pero sus banderas entraban a gobernar. La reforma urbana, las cuatro estrategias y el populismo de estado La reforma urbana cumplió para la administración Pastrana una función político-ideológica similar a la que había desempeñado la reforma agraria en los gobiernos de Lleras Camargo y

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Lleras Restrepo. La iniciativa de Algunos ministros del primer gabinete de transformar la propiedad de la tierra Argelino urbana y afectar a los propietarios con DuránPastrana: Quintero (Obras), cargas impositivas que los obligaran a Luis Carlos Galán darle una «apropiada función social» Sarmiento (Educación), Hernando Currea tenía varios antecedentes. El MRL haCubides (Guerra) bía propuesto en 1960 una «Ley de TeJorge Mario Eastman cho» con la que se esperaba facilitar la (Trabajo), Jorge construcción y adquisición de vivienda Valencia Jaramillo para los sectores populares y la pro(Desarrollo), Alfonso Patiño Roselli tección de los inquilinos. Los posterio(Hacienda y Crédito res proyectos de reforma urbana estarían patrocinados, ya no por la opo- Público). Foto tomada durante la posesión, sición al Frente Nacional, sino por los agosto 7 de 1970. sectores que participaban de la coalición bipartidista. En 1964, un grupo El presidente Pastrana sanciona una ley del encabezado por Hernán Toro AguCongreso en presencia del delo presentó un nuevo proyecto de ministro de Justicia, ley sobre reforma urbana. En esta ver- Jaime Castro, nombrado sión las medidas eran aún más radien abril de 1973.

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El presidente Pastrana saluda al astronauta Neil Armstrong, primer hombre que pisó la luna. La reunión se efectuó durante una recepción ofrecida por Jack Vaughn, embajador de los Estados Unidos.

cales que en el proyecto del MRL, ya que contemplaba mecanismos para transformar a los inquilinos en propietarios y para castigar fuertemente a los propietarios de «lotes de engorde». Pero la iniciativa no adquiere verdadera respetabilidad sino hasta que es apadrinada directamente por el gobierno de Carlos Lleras y desarrollada por Hernando Gómez Otálora. En esta nueva versión, las propuestas son políticamente más factibles y los alcances menos radicales, lo que sumado al respaldo político del jefe del Estado lleva a que sea analizada y considerada con algún grado de seriedad. La circunstancia de que el país había entrado de lleno en el proceso electoral, desde el segundo semestre de 1969, y de que el presidente Lleras tenía el sol a las espaldas, crearon un clima que era poco propicio para la tramitación de un proyecto de ley que era más bien espinoso. Aunque formalmente en el programa oficial de gobierno de la coalición frentenacionalista se contemplaba la adopción de medidas para mejorar las condiciones de la vivienda popular y reducir la inequidad existente en la distribución de la propiedad urbana, la campaña presidencial de 1970 no in-

corporó la discusión de la reforma urbana como uno de los aspectos decisivos de la contienda. Una vez la coalición sufre el trauma de las elecciones presidenciales, en las que el voto popular urbano pone en entredicho la estabilidad del régimen y la legitimidad del mandato de Misael Pastrana, la reforma urbana adquiere un papel protagónico, situándose en el centro de las propuestas de la última administración del Frente Nacional. El presidente Pastrana pone en manos de Jorge Valencia Jaramillo la labor de comandar el proceso de formulación y discusión de la reforma urbana. De otro lado del espectro político surgiría una contrapropuesta, también bajo el rótulo de reforma urbana, promovida por Mariano Ospina Hernández, hijo del ex presidente, que enfatizaba el papel del sector privado dentro de la resolución del problema de la vivienda popular. Las dos iniciativas tuvieron poco éxito en el Congreso, pero en la retórica persistió la intención gubernamental de comprometerse con grandes transformaciones sociales, destacándose entre ellas la reforma urbana. En febrero de 1971 Pastrana nombra una comisión encargada de conciliar las discrepancias y de producir una propuesta políticamente viable. De ese esfuerzo surge un proyecto de ley que es presentado a las cámaras en octubre mediante ponencia de Ramiro Andrade. El ponente incluyó aspectos especialmente sensibles para los grupos de interés comprometidos con la gran propiedad urbana, como eran las disposiciones para estimular la compra de vivienda por parte de los inquilinos, que para los arrendadores eran medidas «confiscatorias». Además, propuso elevar las cargas impositivas para los «terratenientes urbanos». La iniciativa no alcanzó a ser considerada en el Congreso porque coincidió con la terminación de las sesiones ordinarias de 1971, pero fue introducida nuevamente por el gobierno en las sesiones extraordinarias convocadas en enero del año siguiente. La ne-

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cesidad de ofrecer una creíble imagen reformista incentivó al gobierno a acumular en el Congreso un exceso de proyectos que contaban con cierta popularidad, pero que evidentemente no podrían ser considerados todos en tan corto período de tiempo. La reforma urbana sufrió del síndrome de la saturación legislativa y fue relegada a una subcomisión que radicalizó aún más las medidas hasta hacerlas inaceptables y altamente controvertibles. Hasta ahí llegó la reforma urbana. La estrategia del gobierno era evidente. El esfuerzo reformista tenía un objetivo eminentemente táctico, encaminado a reforzar ideológicamente a los sectores comprometidos con el bipartidismo para derrotar a la ANAPO en la contienda electoral de 1972. Una vez obtenida una amplia victoria sobre el «Tercer Partido», el gobierno adquirió más seguridad, la reforma urbana fue relegada a un segundo plano, y la retórica y los actos de gobierno tomaron un cariz político bastante más moderado. El promotor de la reforma urbana, que había librado importantes batallas en favor del que se conside-

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raba el principal programa social del gobierno, fue retirado del gabinete. En síntesis, la propuesta de adelantar una reforma urbana fue simplemente una instrumentalización ideológica de las necesidades sociales, con el fin de contribuir a desmontar una amenaza evidente contra la hegemonía de la élite en el poder. Una vez pasado el peligro no había necesidad de afectar los privilegios. Así, la ilusión de las reformas era una demostración más de la inflexibilidad al cambio del sistema político y la rigidez de la estructura social colombiana. Si la reforma urbana debía servir como un instrumento para devolverle la iniciativa al bipartidismo en lo ideológico, el plan de desarrollo «Las cuatro estrategias» debería hacerlo en lo económico. El programa económico pretendía incentivar aceleradamente la construcción de viviendas en las ciudades grandes, como una primera estrategia para generar rápidamente nuevos puestos de trabajo para la mano de obra no calificada. Se esperaba que la demanda derivada de ese boom en la construcción repercutiría

El presidente Postraría en las elecciones del 16 de abril de 1972. Con la victoria del oficialismo sobre la Anapo, "el gobierno adquirió más seguridad, la reforma urbana fue relegada a un segundo plano, y la retórica y los actos de gobierno tomaron un cariz político bastante más moderado."

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El presidente Pastrana en reunión con Mariano Ospina, Carlos Lleras, Roberto Arias Bonilla, ministro de Gobierno, y el designado Rafael Azuero Manchola, en febrero de 1973, para estudiar la posibilidad de sesiones extras del Congreso, que no fueron convocadas finalmente. Azuero estuvo encargado de la presidencia entre el 21 y el 24 de julio de ese año.

sobre todo el sistema económico reactivándolo, y que la ampliación de la oferta de construcciones permitiría abaratar los costos de compra o arrendamiento para la vivienda popular. El esfuerzo principal de la inversión en construcción estaría a cargo del sector privado, pero el Estado lo apoyaría mediante la reorientación del gasto estatal hacia las obras públicas y de infraestructura esencialmente en el contexto urbano. Para el campo se propuso una estrategia encaminada a incentivar la producción comercial y en gran escala de alimentos, obviándose el problema de la reforma agraria y de la economía campesina. Era la ideología de la «revolución verde». La concepción política detrás del diseño técnico era congruente con el proyecto político del presidente Pastrana. Se pretendía responder aceleradamente a la situación de desempleo urbano y de déficit habitacional. Además, se esperaba lograr mediante la elevación de la productividad en el campo una producción de alimentos suficientemente abundante para frenar las presiones inflacionarias. Con el plan de desarrollo se ratificó el enfoque urbano de las prioridades gubernamentales.

Paralelamente con los programas económicos y de cambio social, el gobierno desarrolló otra serie de iniciativas que buscaban neutralizar el alcance de las propuestas revolucionarias y reformistas de la ANAPO. Dentro de este amplio conjunto de iniciativas se destacan planes como el del «carro popular»; la utilización política e ideológica de los conflictos entre ciertos sectores dirigentes y el gobierno a raíz de la adopción de las medidas de control a los capitales extranjeros contempladas en los acuerdos del Grupo Andino (Decisión 24); la visita oficial de Salvador Allende, que había despertado el entusiasmo ante la perspectiva de adelantar una revolución socialista en un contexto institucional democrático; la reforma universitaria, entre muchas otras. En general se puede afirmar que por lo menos en los primeros dos años y medio el gobierno desarrolló una estrategia de populismo de estado encaminada a neutralizar los efectos políticos del populismo de la oposición. Pero cuanto más énfasis ponía la retórica oficial en el cambio, más distantes parecían las reformas reales ya que el estilo de mando del presidente Misael Pastrana Borrero se caracterizó precisamente por evitar las confrontaciones directas, dilatando o posponiendo siempre las decisiones difíciles. Aquí cabe anotar que la administración Pastrana, al trasladar el énfasis de la obra de gobierno del sector rural al sector urbano, agudizó los conflictos sociales en el campo. La organización campesina, que había despegado bajo la tutela de Carlos Lleras Restrepo, adquirió una significativa dinámica a partir de 1969. El intento gubernamental de desmontar el proceso de redistribución de tierras chocó contra la creciente fuerza política del campesinado organizado. Ese conflicto culminó en la radicalización de los campesinos, que durante la administración Pastrana desataron una activa labor de «recuperación» o invasión de tierras. De esta manera, el haber truncado el proceso de reforma agraria convirtió

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al sector rural en una fuente de aguda inestabilidad política.

Las elecciones de 1972: una victoria del bipartidismo

ANAPO: el tercer partido

Las elecciones de 1972 eran la meta a la que había apuntado el gobierno para ratificar el precario mandato recibido en las elecciones presidenciales. Para los partidos tradicionales dichas elecciones eran una batalla decisiva que determinaría si el sistema político seguiría siendo bipartidista. Por su parte, la ANAPO ponía a prueba su nueva estrategia. La participación electoral en 1972 fue muy baja si se la compara con la observada en 1970. Sólo el 36,4 % de los posibles votantes se acercó a las urnas, un nivel de participación inferior en cerca de 20 puntos al registrado en las elecciones presidenciales inmediatamente anteriores. Los resultados electorales favorecieron ampliamente a los partidos tradicionales y la ANAPO sufrió una reducción importante en su votación. El liberalismo obtuvo el 46 % del total de la votación, el conservatismo el 31 % y el «Tercer Partido» volvió a su nivel de 1968: 19 %. Era la demostración de que el grueso del electorado del general Rojas, cuando fue candidato presidencial, correspondía a un segmento fluc-

En el seno de la ANAPO se venía discutiendo por dónde encaminar el movimiento. Existían distintas interpretaciones, producto del abigarrado grupo de dirigentes que incluía oportunistas de los partidos tradicionales, líderes de izquierda, amigos de la revolución armada, curas insurgentes, militares reaccionarios, socialistas, liberales, conservadores, etc. Los partidarios de romper las ataduras con el bipartidismo y crear un nuevo partido terminaron por imponerse. Del segmento más radical se desprendería una corriente que descalificaría las decisiones de sus dirigentes y procedería a conformar un proyecto militarista que desembocaría en la fundación del grupo guerrillero M-19. A mediados de junio de 1971, el general Rojas Pinilla reúne a más de 100.000 personas en la plaza principal de la población de Villa de Leyva, en Boyacá, para refrendar la constitución del «Tercer Partido» y presentar la plataforma ideológica y política del movimiento. La plataforma era un recetario de propuestas que en un lenguaje radical y populista definía a la ANAPO como un «partido nacionalista, revolucionario y popular» que buscaba la aplicación de un «socialismo» a la colombiana. El congreso de la ANAPO en 1971 produjo distintas reacciones, pero en general no ayudó a consolidar la cohesión interna del partido. El deslizamiento de los cuadros dirigentes hacia el bipartidismo, que venía desde la derrota de 1970, se agudizó al plantearse abiertamente la ruptura con los partidos tradicionales. Esta situación, sumada al desencanto de los votantes anapistas con respecto a los canales electorales de participación política —por el supuesto fraude en las elecciones presidenciales— conducirían a la crisis de la ANAPO en las elecciones del año 1972.

Misael Pastrama en el despacho presidencial, se dirige a los colombianos por TV, hacia el final del gobierno del "Frente Social".

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tuante de la opinión tradicionalmente refugiado en la abstención y que se movilizaba aleatoriamente bajo circunstancias muy particulares. La erupción había pasado y el volcán de la participación popular estaba nuevamente dormido. Estos resultados traerían consecuencias. Para la ANAPO fue el comienzo del fin. Para el gobierno, la ra-

tificación de su mandato. El presidente Pastrana presentó los resultados como la confirmación de que el pueblo respaldaba el Frente Nacional y su obra de gobierno. La legitimidad y la confianza que obtuvo así el mandatario le permitían aflojar el ritmo del «populismo de estado» y dejar de lado la retórica reformista. Las cosas volvían a ser como antes.

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Capítulo 11

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Los terceros partidos en Colombia. 1900-1960 Medófilo Medina

E

n su desarrollo, los partidos liberal y conservador han dado lugar al bipartidismo como una formación compleja integrada por elementos que se interrelacionan y determinan mutuamente. El estudio de la trayectoria de «terceras fuerzas» políticas contribuirá de paso a comprender mejor la historia del bipartidismo. Tiene desde luego el análisis de los terceros partidos su propia autonomía. Ésta surge en el proceso originado en fracciones de clase, en grupos de intereses que han buscado orientar sus expectativas de acción política por canales distintos a los partidos liberal y conservador. Se mantendrá aquí la doble perspectiva: el enfoque de los terceros partidos como realidades autónomas y sus interrelaciones con el sistema bipartidista. Intentos no culminados de creación de nuevos partidos (1900-1919) Los intentos de diversificación política registrados a comienzos de siglo tienen una amplia base objetiva en los cambios económicos y sociales que se

suceden en los dos primeros decenios. La expansión cafetera que había registrado su primer auge hacia 1890 continuó con algunas variaciones su curso ascendente y se produjo una incorporación de numerosos sectores de la población a la economía moderna. Obreros, campesinos y estudiantes van articulando sus propios movimientos vinculados a formas de acción específicas. En febrero de 1910 se producen las primeras huelgas y entre finales de 1918 y comienzos de 1919 sobreviene el primer auge huelguístico, es decir, cuando una huelga provoca la realización de otras. A comienzos de siglo, la idea de creación de un partido nuevo estuvo estrechamente vinculada a la actividad de núcleos artesanales y obreros. Cerca de medio centenar de periódicos que se editaban en diversas ciudades servían de expresión a esos círculos. Uno de esos órganos periodísticos fue el semanario El Comunista, de Cartagena, cuyo primer número apareció en diciembre de 1910. En este semanario se anuncia la creación de un partido obrero que respondería a los siguientes principios: el anticlericalismo militante, la lucha por «una democracia verdadera», «la búsqueda de un so-

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Primera página del primer número de "El Comunista", de Cartagena, que apareció el 4 de diciembre de 1910. El semanario anuncia la creación del partido obrero, con principios como el anticlericalismo, lucha por una democracia verdadera y búsqueda del socialismo.

tialismo que cumpla la ley por igual, sin beneficios para unos y sin perjuicios para otros». El periódico El Obrero de Barranquilla, que se publica en su primera época a lo largo de 1912, promueve la idea de una actividad política independiente de los trabajadores, pero al mismo tiempo muestra una cierta hostilidad hacia la idea de creación de un partido. El periódico expresaba la preferencia por una actividad realizada a través de las organizaciones gremiales de los trabajadores. En ello se reflejaba la presencia de ideas anarcosindicalistas en los grupos obrero-artesanales. La propuesta de un tercer partido fue también promovida por algunas de las personalidades que adelantaron una política de oposición a la dictadura del general Rafael Reyes. Estas figuras expresaban el desencanto de grupos de «industriales, abogados o escritores» con la conversión del Quinquenio en un régimen de dictadura personal. Quien desde esa vertiente expresó más claramente el proyecto de un partido nuevo fue don Carlos Esguerra, quien propuso la fundación del partido republicano a partir

de la unión de liberales y conservadores. Esa fórmula dio en otros países de América Latina lugar al surgimiento del Partido Nacional. Si bien es cierto que la Unión Republicana, que comenzó a gobernar el 15 de julio de 1910, se proyectó como una fórmula de coalición entre liberales y conservadores, no es menos cierto que algunos de sus promotores pensaron ante todo en dar origen a un partido nuevo. Algunos de ellos, como el ya citado Esguerra, continuarán manteniendo su propuesta, la cual se revive más adelante entre 1918 y 1919. Más persistencia mostraron los grupos de artesanos y obreros en el empeño de darle vida a una fuerza partidista nueva. Al examinar la plataforma de algunas de las organizaciones gremiales cuyos fundadores querían unir fuerzas de distintos grupos de trabajadores se capta la intención de constituir un cuerpo político antes que una agrupación corporativa. Tal es el caso de la Unión Obrera creada en Bogotá en 1913 y que a los tres meses de fundada contaba con tres mil quinientos nueve afiliados. Con una orientación similar a la de la anterior organización, una unión obrera local emulaba en Honda con la de Bogotá. También en Bogotá un grupo de trabajadores declaró fundado en diciembre de 1915 el Partido Obrero. El manifiesto en que se dio cuenta del hecho estaba respaldado por la firma de seiscientas personas, la mayoría de las cuales estaba integrada por artesanos. En uno de los apartes de ese documento se percibe una determinada comprensión de la noción de la lucha de clases: «Convencidos estamos de que no existen partidos honrados, sino que la humanidad sólo se divide en dos clases, la una trabaja y sufre hambre y miseria; la otra consume y no produce.» El periódico El Partido Obrero, órgano periodístico de la agrupación, rechazaba la participación de la gente de trabajo en las elecciones y criticaba arduamente a los partidos tradicionales. Al mismo tiempo se

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promovieron algunas ideas de estirpe anarquista e inquietudes sobre reforma agraria. Para enero de 1916, según testimonio de sus dirigentes, el Partido Obrero contaba con centros en Bogotá, Bucaramanga, Cúcuta, Socorro, Barranquilla, Medellín, Honda y Girardot. Sin embargo, este partido no logró consolidarse ni política, ni organizativamente . A la par que en Colombia se incrementaba el número de asalariados en la proporción arriba indicada y que se aclimataba la lucha económica de los trabajadores, en el escenario internacional se sucedían acontecimientos que ejercían su influencia en Colombia a pesar de su tendencia al aislamiento cultural y político. Entre estos últimos fenómenos figuraban la Revolución de octubre en Rusia, en 1917, la Revolución mexicana de 1910-1917 y el clima de ascenso revolucionario en el mundo, una de cuyas expresiones fue la Revolución alemana en noviembre de 1918. Partido socialista (1919-1923) Bajo los signos de la situación interna y los estímulos provenientes del exterior, cobraron renovado impulso las tentativas de creación de alternativas de organización partidista. Los círculos supérstites del republicanismo procedieron entre 1918 y 1919 a desempolvar la idea de fundar un gran partido demócrata que canalizara las aspiraciones políticas de sectores de empleados, intelectuales, artesanos y obreros. Los materiales ideológicos con que se construiría el partido demócrata se encuentran dispersos en las páginas del periódico bogotano Gazeta Republicana. No hay elementos que permitan afirmar que los propulsores del partido republicano tuvieran un proyecto que por sus características políticas y organizativas implicara una alternativa clara frente a las formas de adhesión política representadas en los partidos liberal y conservador. Debido en parte a esa circunstancia se malogró por segunda vez en Colombia la

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"El Obrero", seminario de Barranquilla, publica su primer número el 14 de enero de 1912 y, en su primera época, aparece durante todo ese año. Promueve la actividad política independiente de los trabajadores, pero es hostil a la creación de un tercer partido.

posibilidad de darle vida a una colectividad que hubiera cubierto el espacio político que, con buen suceso, ocuparon en América Latina agrupaciones como el Partido Radical en Argentina, a finales del siglo XIX, o los partidos nacionales en otros países. Mejor suerte tuvieron ahora los sectores obrero-artesanales en sus tentativas de organización política. En enero de 1919 se reunieron en Bogotá representantes de más de veinte asociaciones y gremios, convocados por el Sindicato Central Obrero que había sido creado en 1917 y con la activa participación de la Confederación de Acción Social de Bogotá y de la Sociedad de Auxilio Mutuo. La Asamblea General Obrera, como se llamó al evento, acordó sentar las bases ideológicas y prácticas para la creación del partido socialista. Al mismo tiempo se adoptó una plataforma que significó la sistematización de diversos planteamientos políticos que venían agitándose por parte de artesanos y obreros. Se orientaba dicha plataforma hacia las reformas y no a las transformaciones substanciales. Así el punto tercero de ese documento reconoce

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Caricatura sobre la creación del partido obrero, fundado en Bogotá en diciembre de 1915 y conformado mayoritariamente por artesanos. Rechazaba la participación electora! de los trabajadores y criticaba acerbamente a ios partidos tradicionales.

Plataforma o "constitución" socialista aprobada por la asamblea de la Confederación Obrera, en Bogotá, a 20 de mayo de 1919, tal como fue publicada en la "Gaceta Republicana".

explícitamente que «el partido no busca la abolición del Estado, la propiedad y la sociedad, ni el capital, pero sí persigue la abolición de los monopolios y de los privilegios que no sean concedidos por la naturaleza». Sintomáticamente en otro de los puntos se declara que los socialistas «recomiendan como bases principales de la emancipación obrera la instrucción y el ahorro». La asamblea general eligió un directorio integrado por nueve miembros. A este organismo se le encomendó la

dirección del movimiento hasta la reunión del primer congreso o convención socialista citado para el 7 de agosto del mismo año. El directorio socialista orientó un activo proceso de organización de los trabajadores. Entre las luchas que encabezó este organismo se destacó el movimiento contra el decreto del presidente Marco Fidel Suárez que autorizaba la compra de botas y uniformes militares en el extranjero. El 16 de marzo de 1919 fue encabezada por los socialistas una manifestación que exigía la derogatoria del decreto y protestaba contra las alzas en el precio de los víveres. Cuando culminaba la manifestación, ésta fue atacada por la tropa produciéndose un saldo de entre siete y diez muertos y más de quince heridos. Apenas en su cuna, el partido socialista se veía sometido a la represión armada. En mayo de 1919 tuvo lugar una asamblea convocada por el directorio obrero y patrocinada por las mismas organizaciones que habían invitado a la asamblea general de enero. En la reunión de mayo se formalizó la creación del partido socialista y se adoptó la llamada «Constitución Socialista» como programa del partido. Si bien se amplió consistentemente el número de puntos, la constitución conservó el carácter reformista del partido. No se puede sin embargo menospreciar el hecho de que los socialistas hubieran podido concebir y difundir un programa explícito que identificaba doctrinariamente a su colectividad. Ésa no era precisamente hasta entonces la tradición de los partidos en Colombia. Esa circunstancia le confiere al PS un rasgo de agrupación política moderna. Los socialistas se mostraron muy persistentes en el propósito de organizar el partido. Así, el 7 de agosto de 1919 inició sus sesiones el Primer Congreso del Partido Socialista. De los veintidós delegados que enumera Ignacio Torres Giraldo, cuatro representaban a directorios socialistas, seis a organizaciones artesanales, dos a organizaciones obreras y uno a los empleados. En cinco casos no es posible

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establecer el origen de la delegación. El congreso afianzó el carácter nacional del partido socialista. De las veintidós delegaciones acreditadas, siete correspondían a organizaciones radicadas en Bogotá, las demás representaban a Girardot, Barranquilla, Medellín, Cartagena, Montería, Facatativá, Moniquirá. Era débil la representación de los departamentos de la Costa, en donde precisamente se había iniciado la lucha obrera propiamente dicha. Después del primer congreso tuvieron lugar reuniones similares como la efectuada en Girardot en enero de 1920 y a la cual asistieron 37 delegados. Al tiempo que se celebraba en diversos lugares del país el Día del Trabajo, en Honda se instaló el Segundo Congreso Socialista. En él se aprobó una nueva Constitución Socialista que no implicó mayores novedades en relación con los documentos programáticos anteriores. El Tercer Congreso Socialista se realizó en noviembre de 1921 y estuvo consagrado básicamente a las preocupaciones electorales. Un grupo de delegados propuso la afiliación del partido socialista a la Internacional Comunista que había sido creada bajo la inspiración de Lenin en 1919. Esta proposición no fue aprobada. Además aprobó un programa más radical que el anterior, que propugnaba por la nacionalización de la tierra, el carbón y el petróleo, la igualdad absoluta entre hombres y mujeres y el establecimiento del divorcio, la ampliación del derecho de huelga y la fijación de una jornada máxima de trabajo de ocho horas, así como la eliminación del ejército. El partido socialista, si bien estuvo dirigido por artesanos secundados por algunos intelectuales, desarrolló un esfuerzo sintomático por influir entre los obreros y dirigir sus luchas. Desde ese punto de vista fue un partido obrero. Por otra parte, no pocos proletarios ingresaron a sus filas. Se advierte una gran iniciativa socialista en el auge huelguístico de 1919-1920. El PS dirigió algunas de esas huelgas y se soli-

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darizó con otras. La relación con las luchas obreras y la proximidad que podría llamarse orgánica con organizaciones que tienen finalidades no directamente políticas constituye otro rasgo que permite diferenciar al partido socialista con respecto al liberalismo y al conservatismo. En 1921 los socialistas participaron en las elecciones tanto para la Cámara de Representantes en marzo, como para los concejos municipales en octubre. Uno de los dirigentes del partido socialista, el abogado Carlos Melguizo, de Medellín, ocupó una curul en la Cámara. Las ciudades en que los socialistas alcanzaron mayor representación en los concejos fueron las siguientes: Girardot, Honda, La Dorada, Palmira, Dagua, Segovia, Remedios, Puerto Wilches, Mariquita, Cisneros, Puerto Berrío, Debeiba. En su libro sobre el sindicalismo, Miguel Urrutia Montoya puntualiza que en las elecciones para concejo en Medellín los socialistas obtuvieron el 23 % de la votación, colocándose así por encima de las listas liberales. El airoso despegue del socialismo en el terreno electoral hizo que el liberalismo considerara como rival peligroso a la nueva agrupación política que ejercía evidente atracción sobre determinados sectores de la población urbana. Justamente era en los centros urbanos donde el partido liberal alcanzaba sus mayores volúmenes de votación. Apelando a la argumentación del enemigo común, la hegemonía conservadora, el partido liberal puso en marcha una campaña de atracción de los socialistas. Por ese tiempo Armando Solano, dirigente liberal progresista, señalaba: «Tenemos en cambio el derecho de pedirles a las agrupaciones obreras que no separen prematuramente su actividad de la nuestra, porque así no le sirven sino a la hegemonía conservadora.» De manera más impresionante Benjamín Herrera había dicho en 1919: «No veo la razón para que se funde un tercer partido político en Colombia, cuando dentro del liberalismo caben todas las

Carlos Melguizo, abogado de Medellín y dirigente del partido socialista, fue el primer miembro de esa colectividad en ocupar una curul en la Cámara de Representantes, elegido en marzo de 1921.

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aspiraciones de los trabajadores, porque éste es carne de su carne y hueso de sus huesos.» Entre finales de 1921 y comienzos de 1922 núcleos socialistas de varias ciudades hicieron pública la adhesión a la candidatura presidencial del general Benjamín Herrera, director del liberalismo. En Bogotá, el 8 de enero de 1922, dirigentes socialistas en el curso de una manifestación política ofrecieron el respaldo de su partido a la candidatura liberal. Derrotado el partido liberal por métodos en que no estaba ausente el fraude, el partido socialista no pudo sustraerse a la depresión política en que se precipitaron, luego de un período de euforia, numerosos sectores populares que habían puesto sus esperanzas de cambios políticos rápidos en el triunfo del general Benjamín Herrera. Si bien el partido socialista no se disolvió de momento, sí perdió la iniciativa política y la capacidad de movilización gremial que había mostrado hasta aquel momento. Para 1923, en la práctica el partido socialista creado en 1919 había desaparecido definitivamente de la escena política. Aunque la represión oficial no estuvo ausente, es necesario decir que este primer partido socialista sucumbió principalmente bajo la acción de los mecanismos de captación del bipartidismo. Apenas abierto un espacio político independiente y ciertamente promisorio, los socialistas renunciaron a él en favor del liberalismo. Mirando el proceso de convergencia a partir de la propia realidad del PS, se identifican factores estructurales que unidos a los externos determinaron su desaparición. Ya se señaló que desde el punto de vista de su programa el partido socialista tuvo una orientación reformista. Poco avanzaron los socialistas en relación con problemas claves como la cuestión agraria, la propiedad de los recursos naturales, la organización política de la sociedad, la dependencia externa. No le fue difícil al partido liberal tomar buena parte de las reivindicaciones de los socialistas.

La convención liberal de Ibagué adoptó literalmente buena parte de los puntos de la Constitución Socialista. Para ello no hacía falta que el partido liberal optara por el socialismo como ideología. De otra parte, el partido socialista expresó el hecho social del surgimiento del proletariado moderno. Sin embargo, fueron los artesanos quienes tomaron la iniciativa política. El artesanado conservaba no obstante periódicas repulsas, un sistema de vasos comunicantes con el bipartidismo y particularmente con el partido liberal. A pesar de su corta vida, el partido socialista contribuyó a la organización gremial de importantes sectores de trabajadores y dirigió algunas movilizaciones. Como en Europa, donde el surgimiento de partidos obreros obligó a la transformación de los partidos tradicionales, en Colombia el partido socialista obligó a cierta modernización del liberalismo. Grupos socialistas y «comunistas» (1923-1926) Luego de la experiencia del partido socialista se siguió alentando en Bogotá y otras ciudades el proyecto de una organización política de orientación socialista. Así, entre 1923 y 1926, se conformaron grupos que se llamaron comunistas o socialistas, pero que no pudieron formalizarse como partidos y operaron como núcleo de discusión política. La novedad ahora consistió en que la iniciativa en la promoción de un partido de los trabajadores fue tomada por jóvenes intelectuales y estudiantes, secundados en unos pocos casos por obreros. Los estudiantes estaban viviendo un proceso de incorporación a la actividad social y política, como lo evidencian los congresos nacionales estudiantiles reunidos el primero en Medellín en 1922 y el segundo en Bogotá en 1924. Una figura que sirvió por algún tiempo de referencia a estos círculos

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fue la del inmigrante ruso Silvestre Savitski. A su tintorería en Bogotá acudía un grupo de jóvenes a escuchar relatos más o menos impresionistas sobre Lenin y la Revolución de octubre. En este auditorio se encontraban intelectuales como Luis Tejada, Moisés Prieto, Luis Vidales, José María Olózaga, Josué E. Nieto, Gabriel Turbay, Roberto García Peña; los estudiantes Abel Botero, Manuel Antonio Arboleda; un obrero ferroviario de apellido Lozada; un tranviario, Patrocinio Rey, y Manuel Abella, trabajador de la construcción. El escritor y periodista Luis Tejada fue la figura más influyente de los grupos comunistas. Dueño de un estilo ágil y brillante, impulsó un periodismo político-literario. Junto con José Vicente Combariza (José Mar) fundó en Barranquilla en 1919 el periódico El Sol. Con estusiasmo apoyó la candidatura presidencial del general Benjamín Herrera. Después de la derrota vivió Tejada un proceso de acelerada radicalización política. En 1923 se hizo miembro del grupo comunista. En sus artículos publicados en El Espectador entre 1923 y 1924, año en que ocurrió su muerte prematura, se evidencia el acceso a lecturas de obras de Marx y de Lenin y el esfuerzo por la aplicación del marxismo a la realidad colombiana. Argumentando la necesidad de formas políticas nuevas, Tejada escribía en noviembre de 1923: «La única esperanza seria de regeneración que le queda ya a este país está vinculada íntegramente a la posible aparición de fuerzas nuevas..., es evidente que esas fuerzas nuevas no pueden encontrarse ya sino en las zonas proletarias, en el oscuro trabajador que constituye una reserva intacta de energía espiritual porque en su centenaria desconexión de la vida pública ha podido escapar al influjo corrosivo de la vida política y al desgaste intelectual y moral característico de las clases dominantes.» En el período 1923-1926 se observa un agitado debate ideológico entre las diversas corrientes en que se dividían

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los partidarios de crear un partido obrero. Se podían identificar las siguientes tendencias: los socialistas del partido de 1919 que, como el periodista Juan C. Dávila, no se habían integrado al partido liberal; socialistas de izquierda, representados por Francisco de Heredia; anarquistas o anarcosindicalistas, como Carlos F. León y Luis A. Rozo, y el grupo comunista encabezado hasta 1924 por Luis Tejada. Las diferencias de criterios se expresaron vivamente en el que se autodenominó Primer Congreso Obrero de Colombia, que inició sus deliberaciones el primero de mayo de 1924. Aprovechando la reunión del congreso obrero, fue convocada la Conferencia Nacional Socialista. Casi todos los delegados al congreso, con excepción de unos pocos liberales, tomaban parte en las deliberaciones de la conferencia que se adelantaban por la noche. Los anarcosindicalistas se oponían a la creación de un partido. Creían que los obreros debían buscar la construcción de una nueva sociedad exclusivamente a través de la acción de los sindicatos. Francisco de Heredia, por su parte, se orientaba por la fundación de un partido socialista de masa. En sus viajes por el extranjero había adquirido conocimientos de la teoría marxista y había observado directamente el movimiento obrero de algunos países de Europa. Heredia se situaba en posiciones significativamente avanzadas con respecto a los inspiradores del partido socialista de 1919. Sin embargo, no compartía en su totalidad los proyectos políticos del grupo comunista. Las dos asambleas obrero-socialistas realizadas en mayo de 1924 culminaron sus deliberaciones sin haber alcanzado acuerdos en materia de creación de un partido de los trabajadores. La conferencia socialista acordó la vinculación a la Internacional Comunista. Obviamente, tal resolución no podía cumplirse en la práctica si no se aseguraba con anterioridad la existencia del partido mismo.

Luis Tejada, escritor y periodista, la figura más influyente de los grupos comunistas de los años 20. Fundó en Barranquilla el periódico "El Sol", con José Mar, apoyó la candidatura de Benjamín Herrera y en 1923 se hizo miembro del partido comunista. El año siguiente, murió prematuramente.

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Partido Socialista Revolucionario, PSR En 1926, después de una etapa caracterizada por la confrontación de opiniones y proyectos, se inició una experiencia más consistente en el proceso de creación de un partido obrero y popular. Esto tuvo lugar en el Tercer Congreso Obrero que se instaló en Bogotá el 21 de noviembre. El congreso se reunió en un ambiente de agitación. Entre 1925 y 1926 se desencadenó un nuevo auge huelguístico. El régimen de la hegemonía se mostraba incapaz de evitar las divisiones en el partido conservador. El liberalismo dividido tampoco acertaba a formar un diseño claro de oposición. Al congreso arribaron delegados de los trabajadores de los ferrocarriles, del transporte fluvial, de las trilladoras de café, de fábricas y talleres artesanales, de algunos ingenios azucareros, como también representantes de campesinos de Cundinamarca, Boyacá, Tolima y Huila. La discusión central giró en torno a la fundación de un partido político de los trabajadores. Al respecto se creó cierto consenso en la necesidad de darle vida a una formación política muy diferente al partido socialista de 1919. Proponían algunos delegados que el partido llevara el nombre de comunista y otros se inclinaban por la denominación socialista. No faltaron delegados que argumentaran desde posiciones anarcosindicalistas en contra de la creación del partido propuesto. Por mayoría de votos, el Tercer Congreso Obrero declaró fundado el Partido Socialista Revolucionario. El nombre adoptado reflejaba la intención de recoger la tradición del partido y los grupos socialistas que ya habían existido y, por otra parte, la necesidad de subrayar las diferencias ideológicas con el socialismo reformista. Para definir el programa y los principios organizativos se acordó convocar en breve una conferencia nacional. Para la acción en el futuro inmediato se acordaron algunos lineamientos

como la búsqueda de coordinación con el movimiento obrero internacional, la vinculación del partido con los trabajadores de las principales ramas de la economía tanto en la ciudad como en el campo. Se consignó también la necesidad de llevar a la práctica la huelga electoral. Con ello, no sin cierta ingenuidad, se creía tener una especie de garantía de la independencia del PSR. Para el comité ejecutivo del PSR fueron elegidos en calidad de principales: Eugenio Molina Palacios, Guillermo Hernández Rodríguez y Francisco de Heredia. Como secretario general fue designado Tomás Uribe Márquez. En el mismo congreso se eligió la junta directiva de la Confederación Obrera Nacional (CON), a la cabeza de la cual se colocó a Ignacio Torres Giraldo. Mérito muy destacado en la fundación del Partido Socialista Revolucionario corresponde a Tomás Uribe Márquez. Procedente de clase media, aunaba condiciones que era difícil encontrar reunidas en una sola persona: conocimiento consistente de las bases teóricas del marxismo y del leninismo; experiencia en las luchas del movimiento obrero europeo, particularmente español; conocimiento de la realidad social colombiana adquirida en viajes por el país y en el contacto con diversos sectores de trabajadores. Uribe Márquez fue el primero en concebir en Colombia la modalidad de un partido que sirviera de expresión política a los trabajadores urbanos y a los campesinos. El PSR obtuvo logros significativos en su propósito de influir entre los trabajadores de los centros fundamentales de la actividad económica del país. A través de Ángel María Cano dirigió la huelga de los trabajadores del ferrocarril de Girardot. Torres Giraldo orientó la lucha de los ferroviarios del Pacífico y de los braceros de Buenaventura. En enero de 1927, bajo el liderazgo del dirigente socialista Raúl Mahecha, pararon ocho mil trabajadores de la Tropical Oil Company y de

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la Andian National Corporation de Barrancabermeja. Esta huelga tuvo gran repercusión, porque implicaba un enfrentamiento con una empresa imperialista. El movimiento fue reprimido por el gobierno de la hegemonía conservadora. El 19 de enero, como resultado de un enfrentamiento entre las tropas y los huelguistas, se produjo la muerte de quince trabajadores según reportó el diario El Espectador. Los miembros del comité ejecutivo del PSR se reunieron con el presidente de la República para encontrar soluciones. Sin embargo, el ánimo oficial estaba lejos de la conciliación. El gobierno, hipotecado a través de los préstamos de los Estados Unidos, obraba con toda docilidad frente a las pretensiones del monopolio petrolero. Inspirada por los dirigentes del PSR, se desencadenó desde el 20 de enero de 1927 una ola de huelgas de solidaridad. Un buen número de dirigentes del socialismo revolucionario fue puesto en la cárcel, en diversas ciudades del país, como represalia por la campaña de solidaridad. En la zona bananera, el PSR echó raíces entre los trabajadores de la United Fruit Company y entre los pequeños colonos que vendían el banano a la compañía. Allí, sobre la base de una organización creada por un grupo de anarquistas de origen español e italiano, los socialistas revolucionarios fundaron la Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena, USTM. En regiones agrarias desarrolló el PSR una notable labor de organización gremial. La región de Viotá, centro de la hacienda cafetera del Tequendama, fue visitada por obreros enviados por el socialismo con el fin de interesar a los trabajadores del café en su organización. Una labor similar fue adelantada entre campesinos y colonos de regiones del Tolima y Santander. Esa labor no dejó de lado a los indígenas, en algunas de cuyas comunidades desarrollaron el trabajo de educación y organización dirigentes indígenas socialistas como José Gonzalo Sánchez y Eutiquio Timoté.

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Tomás Uribe Márquez (1886-1936), secretario general del partido socialista revolucionario fundado en 1926. "El fue el primero en concebir en Colombia la modalidad de un partido que sirviera a los trabajadores urbanos y a los campesinos."

Ante el recrudecimiento de las tendencias reaccionarias del régimen político, el Partido Socialista Revolucionario avanzó una política de entendimiento con sectores del partido liberal. Fue puesta en marcha una campaña en defensa de la democracia que se expresó como protesta por la promulgación del decreto 707, llamado de «Alta Policía», en 1927, y contra la ley «Heroica» en 1928. Esta última era un estatuto jurídico que reunió un conjunto de disposiciones represivas que recortaban sustancialmente las libertades democráticas. En la práctica, la ley Heroica ilegalizó al Partido Socialista Revolucionario. Varios meses se prolongó la campaña contra dicha ley y fue especialmente intensa en octubre de 1928. Dentro de ella se realizaron mítines, manifestaciones, se formaron comités en Bogotá y en las principales ciudades. El PSR fue admitido como sección de la Internacional Comunista en el VI Congreso de ésta realizado en

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Raúl Eduardo Mahecha Caycedo (1884-1940) legendario dirigente obrero nacido en el Tolima, miembro del partido socialista y organizador del paro de 8 mil obreros de la Troco y de la Andian, en Barrancabermeja, en 1929. La foto fue tomada ese mismo año.

En 1926, el partido socialista revolucionario, a través de Ignacio Torres Giralda, orientó la lucha de los obreros ferroviarios del Pacífico v de los braseros de Buenaventura.

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Era, órgano del Comité Central, Vox Pupuli en Bucaramanga, La Justicia en Medellín y La Humanidad en Cali. Un eficaz medio de propaganda lo constituyeron las giras de María Cano por diversas regiones del país. Esta joven mujer procedente de medios intelectuales de Medellín, miembro de la dirección del PSR, se convirtió en una especie de pesadilla del gobierno conservador. Con el Partido Socialista Revolucionario parecía consolidarse una alternativa de tercer partido con una apreciable base social de apoyo. En poco tiempo el PSR se convirtió en un factor político nacional, logró vincularse a los trabajadores de los sectores económicos más importantes, y además logró abrirse un espacio de acción política dentro del campesinado. Todo ello era posible gracias al trabajo amplio en la población. No obstante, en el PSR, desde el comienzo, echó raíces una tendencia insurreccional que veía la «revolución social» como posibilidad muy próxima. Ese modo de ver las cosas se explica Moscú del 17 de julio al primero de por la acción combinada de diversos septiembre de 1928. Igualmente una factores dentro de los cuales pueden delegación del PSR tomaría parte en destacarse la represión que ejercía el una conferencia de partidos comunis- gobierno de la hegemonía sobre los tas que tuvo lugar del 1 al 12 de junio participantes en las luchas sociales, la influencia que conservaban ciertos háde 1929 en Buenos Aires. El partido socialista adelantó una bitos de pensamiento del radicalismo labor de propaganda de las ideas so- liberal del siglo XIX entre las bases del cialistas en Colombia a través de una PSR y el arraigo de ideas anarquistas serie de periódicos como La Nueva y anarcosindicalistas entre algunos dirigentes del partido. Ya en la conferencia nacional del PSR realizada en septiembre de 1927 en La Dorada, se trazó la orientación de coordinar acciones con miras a la confluencia en una insurrección nacional para sustituir al régimen. En el desarrollo de esa táctica, el socialismo revolucionario fue estableciendo lazos cada vez más estrechos con la corriente liberal que, encabezada por el general Leandro Cuberos Niño, buscaba el poder a través de las armas y por los métodos que fueron característicos a las contiendas políticas en el siglo XIX. En julio de 1928 se realizó una

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conferencia nacional clandestina del PSR. Las deliberaciones transcurrieron en ambiente febril de conspiración. En la conferencia se declaró fundado el Comité Central Conspirativo, CCC, integrado por socialistas y liberales. En dicho comité se destacaron los dirigentes más experimentados del PSR. El Comité Ejecutivo, organismo formal de dirección, se dejó en manos de jóvenes recién llegados a las filas socialistas, como Moisés Prieto y Felipe Lleras Camargo, que no tenían autoridad política en el PSR. Por defectos de la represión y también en virtud de la táctica conspirativa desde finales de 1928 la labor política fue cediendo su lugar a los preparativos militares. En Bogotá se fabricaban bombas que se distribuían luego a otras ciudades. Estas operaciones facilitaban aún más la acción represiva del gobierno y en algunos casos permitían la infiltración por parte de la policía. Aun luchas de masas de tanta envergadura como la huelga de las bananeras de diciembre de 1928, en cuya preparación jugaron papel fundamental los dirigentes del

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PSR, se veían en la perspectiva de la insurrección. Por otra parte, el PSR perdía independencia frente a sus aliados del ala belicista del liberalismo. El Comité Central Conspirativo dio órdenes de insurrección que luego se reconsideraban. En julio de 1929 se produjeron rebeliones de núcleos socialistas que no alcanzaron a recibir la correspondiente contraorden. El caso más co-

Noticia de fundación del partido socialista, enero 21 de 1919.

Calle de la Campana, en Barranca: Raúl Eduardo Mahecha en el centro (1923).

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María Cano, dirigente del partido socialista revolucionario: sus giras por diferentes regiones del país causaron sobresalto a los gobiernos de hegemonía conservadora; en 1930 formó parte del comité central del partido comunista.

José Gonzalo Sánchez, dirigente socialista indígena.

nocido fue el de los bolcheviques del Líbano, en el Tolima. La masacre de los huelguistas de las bananeras en diciembre de 1928 y la represión que se intensificó en el país incrementaron el desconcierto en las filas del PSR, que en la práctica se vio privado de dirección. Muchos dirigentes, empezando por el secretario general Tomás Uribe Ignacio Torres Giraldo, otro gran dirigente y agitador socialista, director en 1926 de la Confederación Obrera Nacional (CON).

Márquez, estaban en la cárcel y otros tuvieron que huir luego de las bananeras. De esta manera el socialismo entró en proceso de crisis expresado de manera contradictoria. Un sector del partido se dio a la tarea de reagrupar fuerzas, de elaborar una política de recuperación de influencia entre las masas y de superación del modelo de insurrección con fecha fija. Este sector, encabezado entre otros por el universitario Rafael Baquero, mantuvo correspondencia con la Internacional Comunista y preparó el terreno para la fundación del Partido Comunista. Otro sector se integró al liberalismo en medio de la general euforia que rodeó a este partido desde comienzos de 1930. No pocos dirigentes y sectores de base se sustrajeron en general a la actividad política. El año 1929 fue clave para los cambios políticos en el país. La crisis de la hegemonía conservadora tocó fondo no sin antes haber asestado golpes decisivos a las organizaciones de los trabajadores. La protesta popular de Bogotá, cuando las masas protagonizaron las jornadas del 6 al 9 de junio, constituyó una voz de alarma y a su vez contribuyó a crear condiciones inmediatas para los cambios políticos.

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El partido liberal en su corriente civilista fue la fuerza política que rápidamente supo colocarse en condiciones de capitalizar en su favor la crisis. El Partido Socialista Revolucionario, que había sido actor de primera línea en la gestación de la crisis, no estuvo en condiciones de tener un papel significativo en aquella coyuntura.

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Alberto Castrillón, candidato socialista a las elecciones presidenciales de 1930.

Auge de terceros partidos (1930-1943) En el decenio de 1930-1940, con el desarrollo capitalista que experimentó ritmos acelerados entre 1923 y 1928, se vieron incrementados los grupos sociales cuya presencia ya se advertía desde comienzos de siglo: obreros, estudiantes, campesinos. Sobre estos sectores, como sobre el país en su conjunto, se dejaron sentir las consecuencias de la crisis mundial capitalista de 1929-1932. Entre 1928 y 1929 el presupuesto de obras públicas, sector que había experimentado el más activo crecimiento en los años inmediatamente anteriores, descendió en un 68 %. Ello condujo a numerosos despidos y al desmejoramiento en las condiciones económicas de los trabajadores que continuaron en sus empleos. El café sufrió un brusco descenso en el mercado mundial que provocó la crisis de todo el comercio exterior del país. Estas circunstancias contribuyeron a profundizar la crisis de las haciendas cafeteras que, según Marco Palacios, se había iniciado hacia 1920. En la medida en que se debilitaba el monopolio de la mano de obra en la hacienda cafetera del oriente del país y en otro tipo de latifundio y en virtud de la acción de corrientes de colonización en Cundinamarca y el Tolima, se abrían para la población agraria mayores posibilidades de acción política por fuera de los marcos del bipartidismo. Al mismo resultado contribuían la presencia de una numerosa capa de pequeños y medianos cafeteros independientes en el occidente del país y las luchas económicas de obreros y peones de la economía cafetera.

No menos importantes que los fenómenos de origen social y económico son los factores de orden político que contribuyeron a aguzar la imaginación en materia de creación de organizaciones políticas nuevas. La caída de la hegemonía conservadora fue seguida por Titular de "La Patria" un régimen político que dio vigencia a de Cartagena, del lo. los hábitos e instituciones de la de- de diciembre de 1928, mocracia representativa especialmen- sobre la huelga de las te durante la primera presidencia de bananeras del Magdalena v la inminente llegada Alfonso López Pumarejo: 1934-1938. de los líderes El clima era más favorable para el en- socialistas María Cano sayo de nuevas fórmulas políticas. y Raúl Eduardo Mahecha.

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Ignacio Rengifo, ministro de Guerra del presidente Abadía Méndez, controla al "león bolchevique". Caricatura de Díaz en "Fantoches" (1928).

Incluso para el decenio 1930-1940 pueden señalarse, ciertamente de manera aproximada, no sólo el surgimiento de partidos nuevos, sino la conformación de varias tendencias que se identificarán atendiendo a la combinación de dos criterios: primero, los objetivos programáticos y las posiciones ideológicas de los partidos y, segundo, la caracterización de su actividad práctica. Las agrupaciones políticas surgidas se clasifican bajo las siguientes denominaciones: partido comunista, tendencia populista de izquierda, tendencia social-demócrata, tendencia nacional-tradicional, tendencia fascista. El partido comunista Como antes se señaló, cuando el socialismo revolucionario entró en un proceso de desintegración, un sector dentro de ese partido se dio a la tarea de reagrupar fuerzas. La Internacional Comunista estimuló ese esfuerzo y señaló en carta dirigida a los socialistas (que era una respuesta al análisis que éstos habían hecho sobre la huelga de

las bananeras): «La enseñanza primordial y esencial que es necesario extraer, no es pues un pesimismo derrotista sobre el estado de espíritu de las masas, sino lo que vosotros mismos habéis subrayado: es preciso organizar, organizar el partido en todo el país como un partido de clase absolutamente independiente y distinto de los demás por su ideología, su programa, sus métodos de lucha.» Con esos criterios fue convocado por socialistas revolucionarios el llamado pleno ampliado del PSR. Esta reunión que tuvo lugar en Bogotá empezó su trabajo el 5 de julio de 1930, En ella tomó parte una comisión de la «Internacional Comunista» integrada por Guillermo Hernández Rodríguez, Carmen Fortoul y por un dirigente comunista de origen norteamericano. A este pleno en el que participó también Tomás Uribe Márquez, secretario general del PSR, concurrieron treinta personas. Se trataba de intelectuales, artesanos, obreros de la construcción, trabajadores de la zona bananera, braceros del río Magdalena e indígenas. En el pleno se declaró fundado el partido comunista, que realizó el 17 de julio una manifestación como primer acto político del nuevo partido. En la declaración programática se señalaba que el partido lucharía por una revolución cuyas fuerzas motrices serían el proletariado en primer lugar, el campesinado y otros sectores de la pequeña burguesía urbana y rural. El contenido central de la revolución sería la resolución de la cuestión agraria por medio de la eliminación de los vestigios feudales, el reparto de la tierra a quienes la trabajen directamente, a través de la expropiación de los terratenientes. Igualmente, la revolución sería antiimperialista y por tanto procedería al desconocimiento de las deudas contraídas a través de los empréstitos y a la nacionalización de las empresas directa o indirectamente controladas por el imperialismo. La plataforma incluía también objetivos inmediatos como la lucha por la im-

Capítulo 11

plantación general en Colombia de la jornada laboral de ocho horas y el reconocimiento de los derechos políticos de la mujer. El pleno eligió un comité central integrado por dieciocho personas, entre las cuales se destacaron dirigentes del PSR como Tomás Uribe Márquez, María Cano, Jorge G. Russo, Rafael Baquero. Como secretario general del partido fue designado Guillermo Hernández Rodríguez. Dadas las condiciones de la crisis económica, la primera campaña de aliento nacional fue la organización del movimiento de los desempleados, que se desarrolló bajo las consignas de «trabajo y pan» y «auxilio del Estado» para los cesantes. Algunas de las manifestaciones de los desempleados fueron reprimidas, como sucedió en Medellín en septiembre de 1930 cuando cayeron muertos varios manifestantes en los enfrentamientos. El panorama del sindicalismo colombiano era bastante desolador a comienzos del decenio que empieza en 1930. Por efecto de los despidos habían salido de sus puestos muchos obreros con experiencia gremial y política. La represión había dejado acéfalos sectores estratégicos como los de los trabajadores de la zona bananera y del petróleo. Por ello los comunistas orientaron su trabajo durante la primera etapa hacia la reconstrucción de organizaciones, la superación de las tradiciones mutualistas y la adopción de la mentalidad sindical por parte de los trabajadores. En Bogotá, los comunistas lograron alcanzar influencia entre obreros de empresas medianas y organizaron el sindicato de Bavaria, por entonces la empresa fabril más importante. Sobre esta base se creó una federación local del trabajo. En Medellín, el PC avanzó entre los artesanos sin lograr influencia entre los obreros del sector moderno. En el Atlántico, los comunistas sentaron las bases de la organización del transporte fluvial, fundando los primeros sindicatos del río Magdalena. Estas organizaciones consti-

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"Que baile Cuberos". caricatura de Roa publicada por "Fantoches" en septiembre de 1930. El general liberal Leandro Cuberos encabezó una corriente para tomarse el poder por las armas. Nombrado vicepresidente del consejo electoral, se declara partidario de Enrique Olaya Herrera, quien aparece también y por esta razón en la caricatura.

tuyeron el origen de FEDENAL, la organización gremial de trabajadores que alcanzaría decisiva influencia política pocos años más tarde como bastión de la CTC. En los primeros años de su existencia, el PCC cosechó sus éxitos más notables en el trabajo entre la población agraria. El radicalismo agrarista del PCC sirvió de expresión política a arrendatarios y colonos de varias regiones. El trabajo sindical permitió la organización de huelgas de peones y jornaleros del café. Persistente fue el trabajo de los comunistas entre los trabajadores de las haciendas cafeteras del Tequendama. En Viotá, como lo describe Marco Palacios, la crisis de la hacienda cafetera se precipitó cuando la dualidad «plantación-economía familiar parcelaria» comenzó a romperse y esta última se liberó. La transformación del arrendatario sometido a la hacienda, a través de «la obligación», en productor cafetero independiente, mediano o pequeño, se aceleró gracias a la lucha política de los mismos arrendatarios y peones orientados por el partido comunista.

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"El Bolchevique", órgano central del partido comunista dirigido por el poeta Luis Vidales, da cuenta en su primera página del 4 de agosto de 1934 sobre la huelga naviera en el río Magdalena y sobre la huelga nacional cafetera.

En el tercer pleno del comité central del PCC, reunido en octubre de 1934, se reseñaba la actividad organizativa de los comunistas en otras regiones agrarias como el oriente del Tolima, San Vicente en Santander, las avanzadas colonizadoras de Baraya en el Huila, Miradores en Boyacá, Cajamarca y otras. Las formas principales de organización impulsadas en el campo eran las ligas campesinas y los sindicatos agrarios. En las primeras se buscaba agrupar a arrendatarios y colonos, a los segundos se invitaba a los peones y a los proletarios agrícolas. Ligas campesinas se organizaron no sólo en las regiones ya mencionadas, sino también en el occidente del país, como en veredas de Puerto Berrío, en Antioquia, o en el municipio de la Tebaida en el actual departamento del Quindío. En la Resolución sobre el Trabajo del Partido en el Campo, publicada en el periódico central del PCC El Bolchevique, del 8 de diciembre de 1934, se contiene un estudio detallado de la cuestión agraria en Colombia y se identifican los diversos sectores sociales que integran la población trabaja-

dora del campo. Además del programa agrario se especifican en dicho documento los objetivos específicos de lucha para cada sector social: campesinos, colonos arrendatarios, proletarios agrícolas. Se subraya, sin embargo, que no obstante las diversidades, el «centro de los movimientos en el campo lo constituye la lucha por la tierra». En 1934 adquirió un alto nivel el movimiento huelguístico entre los trabajadores cafeteros tanto de las haciendas como de las trilladoras. Se produjeron huelgas de escogedoras en el Tolima y en Florida, Valle. En Palmira y Restrepo, los trabajadores se negaban a recoger el café. Se produjeron huelgas de escogedoras de café en Pereira, Chinchiná y Palestina. En estas localidades estuvieron orientando el movimiento dirigentes comunistas como Jaime Cuéllar, Gilberto Vieira, Jorge Regueros Peralta. Desde el mes de agosto de 1934, el partido comunista trazó la orientación de coordinar los distintos movimientos con miras a la realización de una huelga nacional del café. La campaña por su realización suscitó la reacción de diversos grupos de la burguesía y los terratenientes. Por su parte diarios como El Tiempo, El Espectador, El País clamaban contra las movilizaciones de los campesinos y contra la consigna de la huelga nacional. La represión no se hizo esperar. En el mes de agosto, procedentes de Viotá y Anapoima, había cincuenta y seis comunistas presos. Por el mismo tiempo fue enviado a colonias penales el concejal por el PCC en Viotá, Víctor Julio Merchán. En Medellín fue enviado a la cárcel el edil comunista Manuel Marulanda Vélez. Igualmente había detenidos del PCC en las cárceles de Ibagué, Neiva, Popayán, Cartago. Si bien la huelga nacional del café no pudo llevarse a efecto, la consigna estimuló luchas parciales de los trabajadores del sector. Por otro lado se hizo evidente que campesinos, colonos y proletarios agrícolas alcanzaban

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proyección nacional. Sin la consideración de este factor sería incompleto el cuadro de condiciones que hizo posible la adopción por parte de la burguesía del reformismo agrario de la segunda mitad de los años 30. Desde su fundación el partido comunista mostró rasgos organizativos bastante diferenciados: estructura celular, afiliación individual, conocimiento y aceptación del programa, pago de cuota estatutaria, carácter electivo de todos los cargos de dirección. Esos principios organizativos han tenido una doble y contradictoria significación. El PCC ha podido superar situaciones en que ha sido objeto de cruda represión. Particularmente difícil fue para el partido mantener la organización cuando a dos años de su creación tuvo que afrontar la ilegalización de hecho en relación con la denuncia que hizo de la guerra entre Colombia y el Perú como «maniobra imperialista». En 1954 la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla ilegalizó mediante un acto legislativo el PCC, que venía desarrollando en la práctica su actividad de manera clandestina desde 1949. La estructura organizativa sitúa el PCC a una distancia muy grande de las formas de socialización política que han sido características para la inmensa mayoría de los colombianos. En tal sentido las formas y métodos de organización han dificultado el incremento de las filas comunistas. En algunas regiones agrarias, el PCC se ha afianzado con rasgos de contracultura política frente a las formas tradicionales de mantenimiento de las lealtades bipartidistas. En la segunda mitad de los años 30, el PCC adoptó la política del Frente Popular. Esto le permitió articular en principio un enfoque diferenciado con respecto al gobierno de la «Revolución en Marcha» (1934-1938): apoyo a las reformas progresistas, rechazo a los aspectos desfavorables para los trabajadores. Por el mismo tiempo el PCC desarrolló una política de acuerdos con otras fuerzas en el seno de los

sindicatos, con miras a la construcción de una Central Nacional de Trabajadores. Ésta surgió en agosto de 1936 en el llamado Segundo Congreso Nacional del Trabajo, celebrado en Medellín, gracias al consenso de las diversas corrientes que tenían presencia en el sindicalismo: comunistas, liberales, socialistas. La central única de trabajadores que en principio se denominó Confederación Sindical de Colombia, CSC, identificaría la unidad del sindicalismo colombiano por una etapa que se extendió hasta finales de los años 40, cuando se inició el período de la Violencia. Esa unidad le permitió al sindicalismo desempeñar un papel político destacado durante un decenio. Desde comienzos de los años 40, dentro del PCC, el apoyo diferenciado a la política de reformas cedió su lugar a un respaldo cada vez más acrítico al partido liberal, y particularmente a su ala lopista. Este enfoque en política interna se acompañó de una visión que tendía a olvidar la naturaleza reaccionaria del imperialismo norteamericano que supuestamente habría cambiado en función de su participación en la alianza antifascista. Esta doctrina recibió el nombre de brawderismo, dado que su principal ideólogo era el secretario general del partido comunista de los Estados Unidos Earl Brawder. En Colombia, Augusto Durán, secretario general del

Gerardo Molina, intelectual de la izquierda colombiana, se inició en los llamados "grupos marxistas", que se proclamaban independientes de los partidos.

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Gilberto Vieira White, agitador en la huelga nacional cafetera de 1934 y después concejal de Bogotá, fue elegido en el V Congreso Comunista, en Bucaramanga, en 1947, por primera vez, como secretario general de su partido, frente a la tendencia "brawderista" de Augusto Durán.

Partido Socialista Democrático, nombre que por entonces tomó el PCC, recogió y adecuó las tesis brawderianas que se constituyeron en la línea oficial del PSD. En el V Congreso Comunista realizado en Bucaramanga en julio de 1947 se cristalizó la división entre los partidarios de Duran y quienes buscaban la reorientación del partido sobre la base de la independencia política y las concepciones leninistas. Excluidos del partido Augusto Durán y sus seguidores, se elige como nuevo secretario general a Gilberto Vieira y se inicia la reconstrucción en un momento en que sobre el país se proyectaban ya los nubarrones de la Violencia y de la guerra fría. La tendencia populista de izquierda Bajo esta denominación se incluye la Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria (UNIR) y el Partido Agrario Nacional de Erasmo Valencia. La UNIR Esta organización ha significado uno de los esfuerzos más vigorosos de

creación de una agrupación política en Colombia por fuera de los marcos del bipartidismo. Esta experiencia está asociada a Jorge Eliécer Gaitán. A su regreso de Italia, a donde había viajado por razones de estudio, Gaitán se incorporó rápidamente a la vida política. Su sagacidad lo llevaba a intervenir en aquellos acontecimientos que conmovían con mayor fuerza a la opinión pública. En marzo de 1929 emprendió una gira por la zona bananera, escenario de la masacre de 1928. A su regreso a Bogotá, el caudillo anunció que presentaría su nombre como candidato a la Cámara para desencadenar, una vez elegido, un gran debate sobre las bananeras. Gaitán tuvo un papel muy destacado en el movimiento democrático contra la hegemonía conservadora en junio de 1929. El debate por él realizado en agosto del mismo año sobre las bananeras contribuyó a aumentar su popularidad. Los años siguientes en la actividad política de Gaitán van a caracterizarse por la alianza con Olaya Herrera, de cuyo gobierno asumirá la defensa en repetidas ocasiones. Como contraprestación, Olaya influyó en la designación de Gaitán como presidente de la Cámara en 1931 y como presidente de la Dirección Liberal. Sin embargo, a comienzos de 1933, se rompió la alianza y el joven caudillo se vio libre de los compromisos que inhibían su iniciativa política. «En octubre de 1933, antes de que se clausurara el Congreso, Gaitán lanzó un manifiesto trascendental. Invitaba al pueblo, a los intelectuales, a los desheredados a formar un frente único capaz de luchar contra la perfidia y de conquistar la justicia.» De esa manera describe el escritor J.A. Osorio Lizarazo el nacimiento de la UNIR. La nueva agrupación comenzó a ganar pronto influencia especialmente en el campo. Como el partido comunista, la UNIR penetró también en las zonas cafeteras de Cundinamarca, destacándose Fusagasugá como baluarte del unirismo. En el Tolima la UNIR creó apoyo sólido especialmen-

Capítulo 11

te en el norte. Al órgano del partido, el semanario Unirismo, llegaban adhesiones de campesinos de Chaparral, Armero, Icononzo, Fresno, etc. Igualmente las comunicaciones provenían del Viejo Caldas. En el Valle, la UNIR logró crear sus bases en la franja Tuluá-Cartago. La UNIR conquistó el apoyo fundamentalmente entre los colonos y es a este sector social al cual presta sus más activos y eficaces servicios. En ello debió influir la importancia que Gaitán concedía al momento jurídico en la resolución de los conflictos agrarios. La UNIR comenzó bien pronto a ser víctima de la represión de los latifundistas a través de las llamadas «guardias departamentales». En la primera etapa de agitación, la guardia de Cundinamarca disolvió a bala una manifestación de campesinos uniristas presidida por Gaitán en Fusagasugá el 4 de febrero de 1934, dejando un saldo de varios campesinos asesinados. Otra masacre de campesinos tuvo lugar el 14 de agosto de 1934 en la hacienda Tolima, en la jurisdicción de Ibagué, en

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cuyos trabajadores influía la UNIR. El motivo tuvo que ver con la negativa de los colonos a aceptar los avalúos de las mejoras en los términos arbitrarios en que los realizaba la hacienda. En el movimiento sindical la influencia de la UNIR se encontraba principalmente en Bogotá, donde controlaba los sindicatos de la Fábrica Nacional de Chocolates, Textiles Monserrate y fábrica El Papagayo. Dirigía también el sindicato de los trabajadores de la energía eléctrica de la capital. En Medellín, la influencia sindical del unirismo era reducida, pero gozaba de algún apoyo en núcleos de empleados y profesionales. En Barranquilla, igualmente, contaba con el apoyo de profesionales y de pobladores de barrios periféricos. La UNIR tuvo a su disposición cinco periódicos, aunque de vida precaria: El Crisol en Medellín dirigido por Emiro Mejía; en Ibagué Tribuna, dirigido por Víctor M. Bedoya; en Pereira Pluma Libre, dirigido por Célimo García Bustamante; El Socialista en Barranquilla; y Alma Libre en el Socorro.

Primera página de "Unirismo", semanario informativo de la Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria (UNIR), grupo político fundado por Jorge Eliécer Gaitán, por fuera del bipartidismo, en 193i. Tuvo gran influencia en zonas cafeteras de Cundinamarca y Caldas, asi como en Tolima y Valle.

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Edición extraordinaria del lo. de mayo de 1929 de "El Socialista", órgano del partido socialista revolucionario.

Plaza de Fusagasugá, "donde se desarrollaron los sangrientos sucesos entre liberales y uniristas", según la revista Cromos que la publicó asi, después que la guardia de Cundinamarca reprimiera a bala una manifestación gaitanista el 4 de febrero de 1934, con varios campesinos muertos.

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El partido de Gaitán planteaba un esquema organizativo que si bien no puede asimilarse al mecanismo celular, sí implica formas de adhesión más comprometedoras que el simple voto en las elecciones. La UNIR estimulaba el principio de militancia individual y de carnetización de sus miembros. Al comienzo Gaitán insistió en la necesidad de una rígida disciplina que incluía prácticas gimnásticas como rudimento de preparación militar. Los organismos no eran propiamente deliberantes y las orientaciones políticas generales del partido eran responsabilidad del caudillo. En el trabajo reivindicativo, Gaitán se aferraba a los procedimientos legales. Esto chocaba en el campo con los métodos violentos del latifundis-

mo. Para los sindicatos urbanos, el comité sindical de la UNIR presentaba los alcances de su función en estos términos: «Preparar pliegos de peticiones, intervenir en las negociaciones directas y promover la huelga dándole una orientación legal hasta conseguir el triunfo» (Unirismo, 21 de junio de 1934). Gaitán elaboró un programa que denominó Plataforma de Acción de la UNIR. Dicho documento contiene en su preámbulo tesis que son importantes para esclarecer el ideario de Gaitán por ese tiempo. En cuanto al programa propiamente dicho, se distinguen los siguientes puntos: 1. Creación de una economía regulada, planificada mediante el intervencionismo de estado. La intervención estatal obedecería a un criterio social que obraría en el sentido de una «progresiva eliminación de la explotación del hombre por el hombre». 2. Reforma agraria. Las tierras no cultivadas deberían pasar en cinco años a ser propiedad del Estado. Este punto no colocaba a Gaitán muy lejos de la ley 200 de 1936. Las tierras ocupadas por los colonos durante más de cinco años sin que hubiese aparecido pretensión de propiedad por otros, deberían pasar a propiedad de quienes las beneficiaban. Con respecto a los arrendatarios, la UNIR proponía elaborar una legislación completa que debía comenzar por una revisión general de los títulos. En la propiedad de la tierra se debía establecer un tope máximo de mil hectáreas. Éste era sin lugar a dudas el punto más radical de su programa. Se preveía también la organización en cooperativas de los campesinos que recibían las tierras. 3. En cuanto al imperialismo, la plataforma unirista proponía la adopción de un nacionalismo defensivo frente a los abusos del imperialismo y la defensa de los valores de la cultura nacional. El documento no hacía alusión a la defensa de los recursos naturales, ni a las formas concretas de penetración imperialista. 4. Una reforma importante sería la de la Constitución, que buscaría sus-

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tituir el régimen presidencialista por uno parlamentario y consagrar la separación de la Iglesia y el Estado. 5. Incluía la plataforma otras reformas en el terreno de la legislación social y laboral, entre las cuales se destacaba la creación de un banco de previsión social, sostenido con el aporte obligatorio del 50 % de las ganancias de los capitalistas. La adhesión a la UNIR era vista por quienes la efectuaban como un acto de desafío a los partidos tradicionales. Un aparte de una carta enviada desde Pereira por un grupo de simpatizantes contiene los términos que se repiten en comunicaciones similares: «Los abajo suscritos, convencidos hasta la evidencia de la farsa política en que nos han tenido los partidos políticos liberal y conservador, que en definitiva comulgan reverentes sin discrepancia ante el presupuesto, declaramos de manera categórica que nos adherimos a la UNIR, única organización política que salvará a Colombia.» {Unirismo 19 de julio de 1934.) La táctica de la burguesía y sus partidos con respecto a la UNIR fue com-

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pleja: en las zonas agrarias, la represión fue por cierto muy violenta. En las ciudades, en el primer tiempo, los círculos oficiales del liberalismo y la gran prensa ignoraron la nueva formación política. Luego El Tiempo y los periódicos conservadores la calificaron de maniobra comunista. El Espectador le dio tratamiento de disidencia liberal. Bajo el doble mecanismo de la represión y del halago al caudillo, la UNIR dejó de existir como partido cuando en mayo de 1935 Gaitán declaró disuelta la organización. Diversos factores explican la desaparición del unirismo como corriente política independiente. Aquí se mencionarán algunos de ellos: 1. El desarrollo logrado por la UNIR entre las masas agrarias la hizo blanco inmediato de la represión latifundista a través de las autoridades locales. Dada su concepción, Gaitán no acertaba a ofrecer alternativas de acción por fuera del estrecho espacio creado por la ley. 2. La impaciencia de Gaitán debió depararle desalentadoras sorpresas al

Jorge Eliécer Gaitán, Manuel Seoane y Carlos H. Pareja, tras una conferencia sobre el aprismo peruano fundado por Víctor Raúl Haya de la Torre, con cuyo populismo y antiimperialismo tenía similitudes el unirismo.

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constatar, por ejemplo, los magros resultados de la UNIR en el debate en que participó. Osorio Lizarazo afirmaba que Gaitán esperaba por ese tiempo resultados rápidos y espectaculares. Las realidades en ese sentido se mostraron modestas. 3. El programa reformista de López Pumarejo debió producir efectos disuasivos en Gaitán. No se trataba propiamente de que la UNIR se hubiera quedado sin banderas, ya que su programa era más amplio, sino que veía reducido su espacio de maniobra. 4. El unirismo surgió en un momento poco favorable: en efecto, grandes sectores de las masas populares tenían puestas sus esperanzas en el liberalismo recientemente llegado al poder. No obstante las ambigüedades que el análisis evidencia con relación al unirismo, las vacilaciones de Gaitán en el terreno de la práctica, su eclecticismo en el plano teórico, puede decirse que con la disolución de la UNIR fracasó un intento de creación de un partido populista con orientación de izquierda, que en otra coyuntura histórica se hubiera convertido en alternativa de masas frente al partido liberal. El Partido Agrario Nacional, PAN El PAN constituye, según lo afirma el historiador Gonzalo Sánchez, el primer intento de crear un partido campesino a escala nacional. El marco de referencia del PAN lo constituyó el movimiento agrario de Sumapaz, del cual se convirtió en su expresión política. El periódico Claridad, dirigido por Erasmo Valencia, fue el vocero del movimiento. El PAN, que comenzó su acción en 1933, estaba integrado por secciones. Éstas tenían adherentes en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Huila e intendencia del Meta. Una de esas secciones cubría diez veredas en cuatro municipios. Aunque se llamaban también «agrarios», los dirigentes del PAN no defendían el aislamiento campesino, reconocían la

lucha de clases e invocaban la solidaridad proletaria en la lucha contra los latifundistas. En un editorial de Claridad dedicado a la APEN, de la cual se hablará más adelante, Erasmo Valencia escribía: «Se hace evidente que Colombia ha entrado en una franca lucha de clases, provocada no por los de abajo sino por las agudas contradicciones que precipitan la agonía de la plutocracia de arriba» (13 de abril de 1935). En el mismo editorial, Valencia llama a campesinos y obreros a cerrar filas contra los terratenientes. Como la UNIR, el PAN tenía sus bases entre los colonos. El movimiento agrario de Sumapaz daba gran importancia a la conquista de representación en los órganos colegiados e incluso en la administración. Los agrarios participaron en varios debates electorales. En octubre de 1935 el PAN eligió varios concejales en Fusagasugá, Pasca, San Bernardo y Pandi. Erasmo Valencia fue elegido a la Asamblea de Cundinamarca para el período 1935-1936. El diputado agrarista propuso unos proyectos de ordenanza entre los cuales se destacan: 1. Prohibición del concierto de personas en Cundinamarca. 2. Creación de escuelas campesinas ambulantes. 3. Parcelación de tierras. 4. Protección a los trabajadores agrícolas. El PAN acogió la «plataforma agraria nacional» que había sido aprobada el 27 de diciembre de 1932 por el Congreso Obrero y Campesino. De ese programa se destacan los siguientes puntos: 1. Impulso a la organización de los campesinos, en sindicatos, ligas, asociaciones, cooperativas y en la Confederación Agraria Nacional. 2. Lucha por la democratización de la propiedad de la tierra y por las parcelaciones. 3. Créditos agrícolas a los campesinos. 4. La creación de escuelas para los hijos de los campesinos.

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5. La abolición de todas las formas de coerción personal por parte de los terratenientes. 6. Abolición del pago de las obligaciones en trabajo; su pago en dinero. 7. «La colonización bien entendida», con apoyo económico del Estado. Si bien es cierto que el PAN se presentaba como una agrupación nacional, no pudo en la práctica superar su carácter regional. Esa limitación tenía que ver con la naturaleza de clase, ya que si el PAN buscaba la alianza con el movimiento obrero era ante todo una vertiente campesina radical. En los años 40 el movimiento agrario de Sumapaz apoyó al gaitanismo y en los años de la Violencia, encabezado por Juan de la Cruz Varela, se orientó por las tesis agrarias del partido comunista. La corriente social-demócrata Bajo esta denominación se agrupan aquellos núcleos políticos que en la coyuntura de los años 30 ocuparon el espacio entre el partido liberal y el partido comunista. Esta corriente estuvo alimentada preferentemente por grupos intelectuales: estudiantes y profesionales. Gerardo Molina hace referencia a la constitución de un «grupo marxista» organizado en 1933. Se trataba de un centro de estudio que se proclamaba independiente de los partidos. Estaba formado por Luis Eduardo Nieto Arteta y su hermano Rafael, Óscar Pino Espinel, Eduardo Garzón Rangel, Arturo Vallejo Sánchez, Juan Bernal, José M. Roys Bermúdez, Ramón Freyle, Guillermo y Emilio Preciado, Cayetano Romero Vargas, Carlos González, Gerardo Molina, Gonzalo Buenahora, y otros. Este grupo fue una especie de escuela política que contribuyó de modo decisivo a la formación intelectual de algunas figuras que se destacarían más adelante en posiciones de izquierda en la política, la investigación y el sindicalismo.

Darío Samper, uno de los dirigentes, con Abelardo Forero Benavides, Alfonso Bonilla, Alfonso Palacio Rudas y Juan José Turbay del grupo Acción Nacional, fundado en 1934 con pretensiones de partido y con tres puntos programáticos: Intervención de Estado, democracia y nacionalismo económico.

En octubre de 1934 apareció un nuevo grupo, éste sí con pretensiones de partido, denominado «Acción Nacional». Sus gestores eran todos universitarios y estaban presididos por Darío Samper, Abelardo Forero Benavides, Alfonso Bonilla, Alfonso Palacio Rudas y Juan José Turbay. Tres eran los puntos bastante vagos de la plataforma programática de Acción Nacional: 1. Intervención progresiva del Estado en el orden a la organización y planificación de la economía nacional. 2. Democracia económica como base para desarrollar un amplio programa de protección social. 3. Nacionalismo económico y cultural encaminado a la defensa de las fuerzas productivas y a la propagación de una densa cultura social. El grupo estaba conformado por comisiones de trabajo y tenía una presidencia que se rotaría por orden alfabético. Un elemento al cual los organizadores de Acción Nacional daban importancia era el de la divulgación política. Por este motivo dentro de sus objetivos figuraba el de la constitución de una cooperativa editorial con el fin de publicar varios análisis sobre la realidad nacional y obras de cultura política.

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Jorge Regueros Peralta, dirigente comunista, quien ya en 1934 participó en la organización de la huelga nacional de cafeteros.

Estrictamente hablando, se trataba de un grupo liberal, expresión sólo del descontento de jóvenes universitarios con relación al funcionamiento de la maquinaria del partido. Ubicado significativamente más a la izquierda que el grupo anterior, apareció a comienzos de 1935 una corriente política denominada «Vanguardia Socialista», creada también por jóvenes intelectuales. Cuando, por iniciativa del partido comunista, se constituyó el Frente Popular, en su organización nacional en junio de 1936 Vanguardia Socialista figuró entre los organizadores a través de Gerardo Molina como delegado. {Revista Javeriana, julio de 1936, página 47.) Justamente en el desarrollo de la política del Frente Popular los dirigentes de Vanguardia participaron en la movilización de apoyo al presidente López y de repudio a la campaña de la reacción conservadora clerical y profascista. Papel destacado jugaron los socialistas en la experiencia de la central

única de trabajadores en Colombia, la CTC. En el congreso constitutivo de la Central, en agosto de 1936, Diego Luis Córdoba y Gerardo Molina tomaron parte activa en los debates. El segundo de ellos fue designado para una de las dos vicepresidencias del congreso. En el comité ejecutivo de la Confederación fueron incluidos tres socialistas. En el Segundo Congreso del Trabajo, celebrado en enero de 1938, los socialistas volvieron a ser elegidos para el comité confederal de la CTC. Los representantes de Vanguardia Socialista desempeñaban dentro del sindicalismo organizado el papel de mediadores entre las corrientes mayoritarias de las centrales: comunistas y liberales. Sin llegar a la disolución, Vanguardia Socialista perdió iniciativa como organización independiente desde finales de los años 30. A partir de la experiencia anterior, los dirigentes de Vanguardia, junto con personalidades de otras procedencias políticas, dieron vida en 1942 a una nueva organización, «la Liga de Acción Política», a la cual parecía esperar un futuro muy promisorio: en un manifiesto al país, los fundadores de la Liga presentaron un programa. En él se preveía también la adopción de principios organizativos destinados a consolidar un partido de tipo moderno con afiliación individual y carné de militante. La simple enumeración de los nombres de quienes conformaban la Liga sugiere un espectro político significativamente más amplio que el de Vanguardia. En la comisión ejecutiva figuraban, entre otros: Juan Francisco Mújica, Gerardo Molina, Antonio García, Diego Luis Córdoba, Luis Rafael Robles, Jorge E. Pineda, Indalecio Liévano Aguirre, Guillermo González Ch., Jaime Quijano, Arturo Valencia Zea. La Liga editó el periódico Acción Política. Los apoyos conquistados inicialmente permitían esperar que el partido conformara una base cuantitativamente significativa. La Liga, sin embargo, chocó con una doble barrera: de un lado, la virtual alianza de los

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dirigentes del nuevo partido con López Pumarejo; éste proclamaba que el liberalismo era la fuerza llamada a realizar las transformaciones que el país requería y que por tanto no hacía falta la creación de nuevos partidos; de otra parte, el comienzo de los años 40 es el período del ascenso del gaitanismo que atraía irresistiblemente a las masas urbanas bajo las banderas liberales. No eran tiempos para el éxito de nuevas fuerzas políticas. En agosto de 1944 la Liga de Acción Política se declara disuelta y sus miembros se orientan unos por el liberalismo lopista y otros se aproximan al gaitanismo. Una vez más los mecanismos de captación del bipartidismo tuvieron su papel en la atracción de una fuerza política que se mostraba como el germen de un partido socialista. Es cierto que algunos miembros destacados de la Liga escogieron en el partido comunista el terreno de su reorientación política. En tal sentido se expresó en agosto de 1944 un grupo encabezado por Juan Francisco Mújica, José Francisco Socarras y Carlos H. Pareja (Diario Popular, Bogotá, 25 de agosto de 1944). Los grupos socialistas contribuyeron a la diversificación del espectro político, dieron su aporte a la unidad del movimiento sindical y coyunturalmente ejercieron presión hacia la izquierda sobre sectores del liberalismo. Los grupos socialistas fueron signos característicos de una etapa democrática en la historia contemporánea de Colombia. Las indefiniciones programáticas y las ambigüedades organizativas tornaron muy vulnerables las experiencias del socialismo como corriente partidaria. La corriente nacional tradicional Bajo esta denominación se presentan dos corrientes políticas que, aunque sin enfrentarse al bipartidismo, buscaban fórmulas más eficaces de defensa de intereses oligárquicos, de origen agrario. De ahí su orientación hacia modelos autoritarios.

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Partido Agrario Nacionalista El obsesivo gestor de la campaña por la creación del Partido Agrario Nacionalista es Olinto Marcucci, miembro de las directivas de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, en los años 30. Con ese objetivo comenzó su actividad desde 1929 a través de una serie de conferencias patrocinadas por la SAC. Esta organización patronal brindó con poca convicción respaldo oficioso a la campaña en la que además tomaron parte destacados latifundistas, como Nemesio Camacho, Cesáreo Pardo, Jesús del Corral, Antonio Samper Uribe y otros. Se fudaron sociedades agrícolas en provincia como núcleos del partido en gestación. Los fundadores del PAN se inspiraban en los principios sustentados por la Unión Republicana forjada en el movimiento contra la dictadura de Rafael Reyes. Don Carlos Esguerra, uno de los sobrevivientes de aquella experiencia, estimulaba a Marcucci, no tanto por el proyecto mismo, sino por la bondad intrínseca que advertía en la idea de crear nuevos partidos que contribuirían indudablemente a «que los antiguos partidos dejen de vi-

"El APEN de rapiña", caricatura sobre la Asociación Patriótica Económica Nacional. Como el Partido Agrario Nacionalista, tuvo apoyo de la Sociedad de Agricultores y surgió en 1934, como reacción a la huelga nacional cafetera.

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vir del pasado y del culto de sus muertos». En enero de 1930, los núcleos del partido agrario se adhieren con gran despliegue a la candidatura de Olaya Herrera por considerar que éste agitaba bien las banderas del entendimiento interpartidista a través de los postulados de la «Concentración Nacional». Los elementos más importantes del credo político de Marcucci eran: unión por arriba de liberales y conservadores, modernización de la agricultura mediante la introducción de adelantos técnicos, amplias garantías al capital extranjero, modificación de los mecanismos del sufragio para eliminar las posibilidades de fraude. Sin haber podido aún crear el partido, la agitación sobre su fundación continuaba todavía en 1933. Finalmente, no se vuelve a levantar el proyecto, sobre todo después de la creación de la APEN en 1934.

mismo moderado de la República Liberal, la APEN, a través de su vocero La Razón, dirigido por Juan Lozano y Lozano, ponía las voces más estridentes, en el concierto de la vocinglera oposición a López. Las otras voces en este frente eran las de la jerarquía católica y de la dirección conservadora que se orientaban por las consignas de la desobediencia civil, y la «Acción intrépida». A medida que la pausa proclamada por López en 1937 y convertida en política oficial por Eduardo Santos avanzaba, la APEN fue diluyéndose en los partidos tradicionales. El papel de la APEN fue eminentemente coyuntural; sin embargo, sembró semillas que darían sus frutos en la época de la Violencia. A corto plazo es indudable que la actividad de esta alianza reaccionaria contribuyó a la pérdida del impulso reformista del gobierno liberal.

La Asociación Patriótica Económica Nacional, APEN

La tendencia profascista

Ésta es una organización política con una denominación gremial que contó también con el apoyo de la SAC. La APEN no tiene una propuesta de programa, surgió como reacción ante el avance del movimiento agrario. La APEN hizo su aparición en octubre de 1934, algún tiempo después de que fuera lanzada la consigna de la huelga nacional cafetera. La APEN reclutó sus adherentes entre los grandes hacendados del café en Cundinamarca, y entre rentistas, usureros asustados no sólo por el auge del movimiento de masas sino sobre todo exaltados por las reformas que López Pumarejo anunciaba en materia agraria y fiscal. Apoyaron a la APEN algunos empresarios industriales. En la propaganda alucinada de APEN, la Revolución en Marcha sería un verdadero cataclismo. El presidente López Pumarejo era presentado como un instrumento del Kremlin. A medida que cobraba fuerza el confor-

La corriente profascista tuvo sus antecedentes en los años 20. En 1924 Silvio Villegas lanzó un manifiesto en el cual llamó a conformar un bloque nacionalista. Este llamamiento fue apoyado por algunos jóvenes conservadores que comenzaron a llamarse «Los Leopardos». Sin embargo, los intentos más serios de organización en este campo vendrían a mediados de los años 30. El libro de Silvio Villegas No hay enemigos a la derecha (Manizales, 1937) constituyó una síntesis del ideario de los círculos profascistas en Colombia. Contiene el libro un franco elogio a la política de Mussolini. No se trata de la expresión de simpatía hacia la Italia fascista sino de la total adhesión a su causa. Villegas considera que la forma ideal de gobierno es el fascismo. «Mussolini —escribía— tuvo | que ir al fascismo porque Italia se había colocado en estado de necesidad y contra la anarquía liberal y comunista no opera sino la vigorosa afirmación del orden.» El autor vincula el desuno

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histórico del nazismo alemán a la deJuan Lozano y Lozano director de "La Razón", rrota del comunismo y de la Unión Sovocero de la APEN. viética. Los componentes que podrían "A medida que cobraba llamarse autóctonos del fascismo criofuerza el conformismo llo son la invocación del pensamiento moderado de la República bolivariano, «el retorno a los ideales Liberal, la APEN, a través de "La Razón", bolivarianos». Bolívar, en ese cuadro, ponía las voces más aparece opuesto «a la barbarie deestridentes en el mocrática» ya que era hombre «amanconcierto de la te de las disciplinas y de las jerarvocinglera oposición quías». En el campo económico, Via López Pumarejo." llegas critica al capitalismo. Esa crítica tiene un origen utópico reaccionario, ya que simultáneamente rechaza la industrialización. Para Villegas el fundamento del desarrollo económico está en el campo. Advierte una contradicción insalvable entre el campo y la ciudad, esta última representa a las «clases consumidoras» en oposición a las «productoras del campo». Este planteamiento se acompaña de la reivindicación del papel de la provincia, para la cual pide autonomismo com- nos y a las capas medias urbanas. Los patible con una rígida centralización resultados electorales no guardaron política. En la perspectiva inmediata, relación con la desbordante actividad el blanco prioritario de la reacción de- de los caudillos falangistas, aunque los bía ser la República Liberal ya que 12.666 votos que obtuvieron en las «ella lleva a Colombia hacia la anar- elecciones para la Cámara permitieron quía y hacia la ruina». a la Acción Nacionalista Popular conLa existencia de estos grupos pro- quistar un curul para su dirigente máfascistas como partido tiene lugar en- ximo, Silvio Villegas. Indudablemente tre los años 36 y 39. Si bien el núcleo había operado la maquinaria del parde dirigentes profascistas se organizó tido conservador. Al poco tiempo de como agrupación política autónoma, esa experiencia electoral, los falangissus miembros conservaron una rela- tas comenzaron el retorno al conserción siempre estrecha con el partido vatismo, presididos por su jefe. Unos conservador del cual se separaron an- pocos dirigidos por Gilberto Alzate tes que por divergencias ideológicas Avendaño persistieron en el empeño de mantener el partido fascista. En por razones de la táctica. Desde 1936, en Manizales y en Me- efecto, Alzate Avendaño había codellín, operó la Acción Nacionalista menzado la tarea de organizar el parPopular, cuyo comando estaba for- tido falangista desde 1933. En 1933 operaba en Medellín una mado por Silvio Villegas, Gilberto Alzate Avendaño, Fernando Londoño, agrupación denominada «Jerarquía» Joaquín Estrada Monsalve, Abel y que desde las páginas del periódico El Rafael Naranjo Villegas, Eduardo Ca- Colombiano divulgaba sus concepciorranza y Juan Roca Lemus. La Acción nes políticas. Hacia finales de los años Nacionalista Popular desplegó una in- 30, operan todavía pequeños grupos tensa actividad por campos y ciuda- profascistas. Así, en Popayán, con fedes, en Caldas y Antioquia especial- cha 10 de marzo de 1939, se difunde mente. Sus intervenciones, que dieron un manifiesto nacionalista firmado por vida a una modalidad literaria de du- el comando del Cauca apoyando una doso gusto, se dirigían a los campesi- lista de candidatos que encabezaban,

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Fascistas residentes en Colombia asisten, con camisas negras, al entierro de su presidente, Federico Pin. en abril de 1928.

para la Cámara, Joaquín Estrada Monsalve y, para la Asamblea, Fernando Londoño y Londoño. El grupo del Cauca estaba integrado por jóvenes universitarios preferentemente. La disidencia de estos grupos falangistas en la década de los 30 no puede medirse por su significación política como grupo. El partido conservador estimulaba las formas extremas de oposición a los gobiernos liberales y resultaba más cómodo políticamente agitar ciertas tesis por fuera de los linderos del propio partido. Por otra parte, en la restauración conservadora que comenzó a finales de los años 40, van a estar presentes muchos de los ingredientes de la ideología de los grupos profascistas de los años 30. Recuérdese a este propósito el proyecto de reorganización institucional de la República presentado bajo la presidencia de Laureano Gómez. Por otro lado, los métodos concretos de acción, la excitación a la violencia, a la contrarrevolución, se convirtieron más tarde en las tesis oficiales de la plataforma conservadora.

Ensayos de populismo (1950-1960) Tienen interés los intentos de creación de un movimiento político por fuera de los partidos tradicionales que se sucedieron durante el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957). Una particularidad importante de esos ensayos consiste en que ellos fueron inspirados y patrocinados oficialmente. Inicialmente, el general Rojas estuvo estrechamente ligado a los partidos tradicionales, hasta llegar a configurar en la primera etapa un gobierno homogéneamente conservador con entusiasta apoyo liberal. A medida que fueron abriéndose las contradicciones con la dirección de los partidos, se formularon oficialmente líneas nuevas de gobierno que buscaban crear una base social propia que le permitiera al dictador moverse con mayor libertad en relación con el cuadro político tradicional. La inspiración venía probablemente de Argentina, donde Juan Domingo Perón, llegado al poder en 1946, había afianzado un régimen político de tipo

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Gilberto Alzate Avendaño y Femando Londoño y Londoño, cofundadores con Silvio Villegas de la Acción Nacionalista Popular, en 1936 Este grupo profascista actuó especialmente en Manizales y Medellín. Después del retorno de muchos de sus dirigentes al conservatismo, Alzate persistió en su empeño de mantener al partido falangista.

populista con apoyo de la burguesía nacional y con amplia base social. La empresa política fue precedida por esfuerzos encaminados a conformar un sector sindical progobiernista. En junio de 1954 se realizó el congreso constitutivo de una Central de Trabajadores, la CNT. Esta sigla fue tomada de un proyecto que había tenido Jorge Eliécer Gaitán sobre creación de una organización sindical de orientación gaitanista. Rojas Pinilla esperaba que a la CNT acudieran en la primera etapa los trabajadores del Estado. Sobre esta base, que constituía más bien una ilusión, el gobierno procedió a la creación del Movimiento de Acción Nacional, MAN, como organización separada completamente de los partidos tradicionales. Con especial entusiasmo, el ministro de Gobierno, Lucio Pabón Núñez, tomó en sus manos el impulso al MAN, el cual era presentado como la verdadera «unión del pueblo conservador, liberal y socialista, de ricos y pobres», «el MAN —dijo el ministro— es el verdadero frente democrático contra todo otro frente de las oligarquías resentidas». El MAN y el sindicalismo oficialista se acogían a una plataforma que destacaba elementos tales como: «fidelidad a las doctrinas de la Iglesia cató-

lica», «decidido anticomunismo», «nacionalismo a toda prueba». Esto se acompañaba especialmente en el caso del MAN de una retórica antioligárquica. La CNT fue blanco de reiterados ataques de la Unión de Trabajadores de Colombia, UTC, de voceros de los industriales y de los partidos. La jerarquía eclesiástica atacó a la CNT como «peronista y anticatólica... por oponerse a la doctrina social de la Iglesia». Parecidos calificativos fueron lanzados posteriormente contra el MAN. El encono contra el MAN se originaba en el temor de ver debilitado el bipartidismo a favor de una fuerza que bien podía convertirse en desafío abierto. La otra influencia que se advertía amenazada era la de la Iglesia sobre el movimiento sindical. Ante la oposición de la élite política tradicional al MAN y de la jerarquía católica a la CNT, los planes del gobierno en materia de organización política y sindical se suspendieron. Incluso, en septiembre de 1955, el Ministerio de Trabajo canceló la personería jurídica a la CNT. Desde mediados de 1955 se protocolizó la ruptura entre los directorios políticos y la dictadura de Rojas Pinilla. Por otro lado las medidas de po-

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Manifestación de seguidores de Rojas Pinilla. Ya en 1954, el general organizó un Movimiento de Acción Nacional (MAN), sobre la base de la Central Nacional de Trabajadores formada por él. Después, en 1956, fundó la Tercera Fuerza. Finalmente, el intento de crear un tercer partido cristalizaría con la Alianza Nacional Popular (Anapo), a la que se refiere esta caricatura de Osuna, "Año bisiesto" (1972).

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lítica social que adelantó el gobierno a través del llamado Secretariado de Acción Social (SENDAS) resultaban muy tímidas como para ganar el apoyo necesario en capas populares. La masacre de los estudiantes el 8 y 9 de junio de 1954, la guerra contra los campesinos del oriente del Tolima a comienzos de 1955, la clausura del diario El Tiempo el 4 de agosto de 1955 fueron acontecimientos que le enajenaron el apoyo a Rojas Pinilla en diversos sectores sociales. En esa situación, el gobierno renovó su propósito de crear su propio movimiento político. Romper la tenaza bipartidista aparecía para la dictadura como una tabla de salvación. El 13 de junio de 1956, con actos espectaculares en Bogotá, se declaró fundada la Tercera Fuerza. A diferencia del MAN, en este proyecto no se hizo alusión explícita al sindicalismo para no despertar recelos en la Iglesia; en cambio, se tomó a las fuerzas armadas como uno de los elementos claves del proyecto. Rojas Pinilla destacó en su discurso de fundación del movimiento los siguientes elementos: el carácter suprapartidista de la Tercera Fuerza, el lema de «Dios y patria», «la unidad católica de los colombianos», la necesidad histórica del binomio pueblofuerzas armadas. El MAN, primero, y la Tercera Fuerza, luego, atrajeron apoyo del nacionalismo de derecha y de izquierda. Para el caudillo conservador Gilberto Alzate Avendaño, al calificar al MAN como «social-cristiano o cristiano nacionalista», señalaba que su objetivo sería el de «enrutar a la nacionalidad hacia el retorno a Dios, y la consolidación de un nacionalismo vital que vuelva a hacer de Colombia la cabeza de América». El profesor Antonio García Nossa, quien había apoyado desde sus comienzos al gobierno militar con argumentación de izquierda, formó parte del equipo directivo de la Tercera Fuerza. También a ella pertenecieron gaitanistas como Luis Emiro Valencia y José Jaramillo Giraldo. No faltó el concurso de sindicalistas

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venidos a menos. Sin embargo, el gran ideólogo de los proyectos político-partidistas de Rojas fue el reaccionario e influyente ministro de Gobierno Lucio Pabón Núñez. La Tercera Fuerza fracasó de manera similar al MAN, ambos intentos resultaron sorprendentemente efímeros, debido a la variada y fuerte oposición que suscitaron y a la inconsistencia y ambigüedad de las fórmulas mismas. Habría que tener en cuenta que los proyectos políticos impulsados desde el poder tienen ventajas institucionales para afianzarse, pero al mismo tiempo demandan realizaciones económicas y sociales que no se le exigen a las alternativas que nacen en la oposición. Aparte de la significación que el MAN y la Tercera Fuerza guardan como elemento de análisis del gobierno de Rojas Pinilla, su estudio tiene una gran importancia desde el punto de vista de los antecedentes del populismo de los años 70, expresado en la Alianza Nacional Popular, ANAPO, encabezada por Rojas Pinilla.

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"Love Story", caricatura de Héctor Osuna sobre la creación de Anapo.

sin contar con la historia de los partidos obreros que comienzan en el primer decenio del siglo. Las diversas corrientes socialistas contribuyeron a mantener determinadas tradiciones democráticas y a conservar la indepen-

Comentario final Al final de la sexta década del siglo xx, mientras los partidos tradicionales iniciaban lo que se convirtió en un largo ejercicio de acuerdo bipartidista, el Frente Nacional, en el campo de los terceros partidos quedaba en pie solamente el partido comunista. Víctimas de la represión u objeto de los halagos del bipartidismo y también en función de los dos fenómenos a la vez, numerosos partidos y corrientes políticas vieron frustrada su parábola vital. Luego del período de la Violencia, los partidos tradicionales resumen el papel de protagonistas en el sistema político del país sin que tengan que vencer el reto de un partido de masas. No obstante, con mayor o menor profundidad, los terceros partidos han jugado papeles importantes en coyunturas históricas diversas. Sería difícil pensar, por ejemplo, en el afianzamiento del sindicalismo en Colombia

Lucio Pabón Núñez, ministro de Gobierno del general Rojas, gran ideólogo y organizador de los proyectos políticopartidistas del regimen militar.

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dencia de sectores de la intelectualidad con respecto al bipartidismo. Con los terceros partidos se inició también una acción política y económica del campesinado que se ha desarrollado a lo largo del siglo xx. La trayectoria de los terceros partidos es elemento importante de la historia del sistema político colombiano. En las páginas precedentes se ha presentado al lector la incidencia que han tenido factores tales como la represión o los mecanismos de captación del bi-

partidismo en la suerte corrida por los terceros partidos. Se han señalado factores internos de las propias experiencias políticas no bipartidistas: programa, forma de articulación de las lealtades políticas, modalidades de vinculación de los partidos con los grupos sociales, relación con la cultura política históricamente dominante. Sólo una metodología que tenga en cuenta los factores internos y externos puede servir de instrumento en el estudio del problema de los terceros partidos.

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Historia militar contemporánea Álvaro Valencia Tovar Últimas guerras civiles del siglo XIX. La herencia del pasado

P

ara comprender el papel que cupo al ejército nacional en las contiendas civiles del siglo XIX, se hace necesario establecer el carácter de la fuerza armada, legado en buena parte del proceso independentista, y de la fisonomía democrática del Estado, que se perfila desde los orígenes mismos de la República y con la cual se identifica el ejército. Debe recordarse que el código constitucional de 1811, primera carta fundamental que tuvo la patria en gestación, disponía que la fuerza pública no es deliberante. En otras palabras, que le está vedado participar en controversias y fenómenos políticos. El general Francisco de Paula Santander, llamado con razón el «fundador civil de la República», al colocar simbólicamente su espada bajo el libro abierto de la Constitución, estableció la dependencia castrense del poder civil y su sumisión a la ley. El general José María Córdova, héroe máximo de Colombia en la guerra de Indepen-

dencia, al saberse sindicado de supuestos delitos cometidos en ejercicio del mando, no vaciló en requerir del Libertador la autorización para trasladarse de inmediato de Bolivia a Bogotá, para someterse a juicio, pese a que lo cubría la gloria inmensa de Ayacucho. El golpe de estado del general José María Melo en abril de 1854, halló la inmediata reacción de tres generales de la guerra de Emancipación y ex presidentes de la Nueva Granada: José Hilario López, Tomás Cipriano de Mosquera y Pedro Alcántara Herrán. Marcharon desde distintas direcciones sobre la capital —Herrán viajó desde Estados Unidos—, batieron a Melo, restauraron el régimen constitucional y ninguno de ellos, pese a su condición de generales victoriosos, se hizo al poder, llamando a un civil moderado, Manuel María Mallarino, a asumir como vicepresidente la suprema autoridad de la nación. A diferencia de lo que ocurría por entonces en la casi totalidad de Iberoamérica, las revoluciones no constituyeron alzamientos militaristas en busca del poder político. Fueron luchas eminentemente banderizas que respondían al bipartidismo histórico,

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tales fuerzas, si bien de muy baja calidad, tenían más forma de ejércitos que las mesnadas revolucionarias, fruto de la improvisación de mentalidades arrebatadas, que hacían de las armas un instrumento de sus ambiciones y de sus antagónicas ideologías políticas. De la guerra magna se había recibido la herencia romántica, la pasión por la gloria, la voluntad heroica. Se vivía en una atmósfera bizarra, delirante, que soñaba en la grandeza política emanada del campo de batalla. En algunas ocasiones el ejército se dividió al producirse la revuelta. Pero las más de las veces, politizado en su oficialidad, pasivo en la tropa habituada a obedecer, permaneció al lado del gobierno con el que guardaba afinidad política. Perfiles de las contiendas bélicas

Tomás Cipriano de Mosquera, el "Gran General", último supérstite de la guerra de Independencia, conductor de contiendas civiles de mediados del siglo XIX, primero contra la dictadura de José María Meló y luego contra el gobierno legítimo de Mariano Ospina Rodríguez.

surgido del alumbramiento de la República con facciones centralistas y federalistas, y prolongado bajo diversas formas y denominaciones a todo lo largo de su discurrir soberano. Desaparecidos los últimos generales de la Independencia, la mayoría de los caudillos que enarbolaron estandartes revolucionarios contra la legitimidad, fueron políticos civiles, lo que en buena parte explica el carácter tumultuario de la guerra y la ausencia de auténtica conducción militar en aquellas fuerzas colecticias, que se improvisaban al calor de los levantamientos y desaparecían con ellos. También explica que, de las innumerables guerras civiles y alzamientos armados, tan sólo uno culminase con la victoria militar de los rebeldes, dirigidos por el último general de la Independencia, Tomás Cipriano de Mosquera, contra el gobierno del presidente Mariano Ospina Rodríguez, entre 1860 y 1862. La pericia militar de quien se autodenominó «Gran General» se impuso sobre las fuerzas gubernamentales. En los demás casos,

Existe innegable interdependencia entre las guerras mayores y la promulgación de cartas constitucionales, lo que plasma el sentido ideológico primario de las revoluciones, al cristalizar en ellas el descontento de quienes se sentían menoscabados en su postura política por fuerza de las constituciones, por lo general desequilibradas, en oscilación pendular entre extremos liberales-conservadores o centralistas-federalistas, aparte de motivaciones religiosas bastante marcadas. El resultado fue, invariablemente, de carácter civil y efectos políticos, no militares. Ni siquiera el «Gran General» Mosquera se erigió inicialmente en dictador. Por el contrario, convocó la Asamblea Constituyente de Rionegro, que promulgó la más liberal y federalista de todas las constituciones colombianas. La sucesión de guerras civiles hizo imposible la profesionalización del ejército, reducido desde antes del golpe de Melo a una fuerza casi figurativa. La herencia militar de la Emancipación se perdió pronto, a lo largo de ese acontecer turbulento que no daba tiempo a la formación académica de la

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Generales José Hilarlo López y Pedro Alcántara Herrón. Se enfrentaron al golpista Melo y, tras derrocarlo en diciembre de 1854, dejaron el poder en manos del vicepresidente José de Obaldía y luego de Manuel Marta Mallarino, elegido para tal efecto. En el siglo XIX, las guerras tienen un carácter civil y efectos políticos, no militares.

oficialidad, ni proporcionaba ámbitos estables para el desarrollo de una carrera de oficiales que obtuviera experiencia acumulada y capacitación ascensional. Cada campaña producía constelaciones de generales y de jefes superiores, que las más de las veces debían sus grados y jerarquías a su importancia política dentro del respectivo partido, o los adoptaban por sí mismos al constituir una mesnada, por lo general de origen campesino y con frecuencia alrededor de la peonada de una hacienda. No fueron guerras clásicas aquéllas, sino luchas apasionadas en las que la montonera prevalecía sobre el ejército, la improvisación sobre el plan, la acometividad ardiente sobre el cálculo, la inspiración sobre la estrategia, el gesto audaz sobre la táctica. Por parte de las fuerzas gubernamentales la cosa no era mejor. Si bien es cierto que eran pagadas por el erario público y abastecidas con las facilidades propias del poder político, no lo es menos que mientras no había que guerrear se mantenían en el ocio o dedicadas a labores en un todo ajenas a su función, como el transporte de correos y hasta el aseo de las calles, cuando no la vigilancia carcelaria.

En esta forma, el choque tumultuario y desorganizado de muchedumbres solía caracterizar la «batalla», diferenciada por uniformes heterogéneos del lado gubernamental y vestimenta campesina por el de la revolución, cualquiera que fuese el color político de uno y otro. El valor, el arrojo suicida, la fiebre del combate, la vocación heroica, el alarde de coraje, el alarido sectario, el tropel, la pasión, tomaban cuerpo en aquellos combatientes elementales. Banderas rojas y azules, con sus correspondientes rótulos liberal y conservador, salpicaban el caleidoscopio de unas guerras en las que contaban más los ingredientes emocionales que la habilidad del mando para plantear y conducir la batalla. Es el itinerario sangriento que se inicia en 1840 con la llamada guerra de los Supremos, alzamiento de caudillos provinciales contra el gobierno central, y culmina en la época contemporánea con la Revolución de 1885 contra el presidente Rafael Núñez, debelada en breve tiempo. Así, cuando la batalla de La Humareda cierra el episodio bélico, el presidente puede anunciar desde el balcón de su palacio: «La Constitución de 1863 ha dejado de existir.» Es un auténtico golpe de estado civil contra el orden consti-

General Manuel Briceño, héroe de La Humareda, batalla que cierra la revolución de 1885 contra Rafael Núñez.

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"Dos guardias muy armados", dibujo del álbum de Alberto Urdaneta en la Biblioteca Nacional (hacia 1885) y soldado de la guerra de 1876, contra el gobierno liberal de Aquileo Parra.

tucional, que sólo encuentra precedente en la proclamación de la dictadura por Simón Bolívar en 1828, pero con él se abre camino a la Constitución de 1886, que aún rige con algunas reformas. Efectos de la Constitución de 1886 en el ejército Aparte de sus consecuencias políticas, la Constitución gestada por Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro repercutió favorablemente y con efectos durables en la organización y el carácter del ejército. De nuevo convirtió en precepto constitucional la marginación de la fuerza pública de la deliberación política, y sentó bases firmes a una entidad nacional que pudiese llegar con el tiempo a cimentar la osatura de la nación y garantizar la estabilidad de sus instituciones. Tales bases, que han perdurado hasta el presente, dispusieron en síntesis: 1. La existencia de un ejército permanente para la defensa de la nación y la facultad al legislativo para esta-

blecer los sistemas de reemplazos, ascensos, derechos y deberes de sus miembros. 2. Establecimiento por ley del tamaño y fuerza del ejército. 3. Prohibición para deliberar, reunirse en asamblea para efectos distintos al régimen del servicio o a órdenes superiores, y para elevar peticiones colectivas. 4. Establecimiento del fuero militar, al disponer que los militares solamente pueden ser privados de sus grados y honores por disposición legal, y que de las infracciones cometidas por miembros del ejército en servicio activo y por razón del mismo servicio, solamente podrán conocer las cortes marciales de acuerdo al Código Penal Militar. Estas provisiones de la Carta Magna proporcionaron el marco de referencia jurídico para la profesionalización del ejército y su conversión en instrumento de la nación, no del partido político en el poder. Si bien es cierto que nuevos levantamientos armados y contiendas civiles retardaron los efectos

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de tan sabias disposiciones, éstas proporcionaron los fundamentos de la reforma militar que habría de producirse dentro de circunstancias más propicias algunos años más tarde. Ensayos de tecnifícación del ejército Los gobiernos de la Regeneración iniciada por Núñez quisieron plasmar en hechos las disposiciones constitucionales ya comentadas. Lo más importante, como lo recordara el general Leonardo Canal en su memoria dirigida como ministro de Guerra al Congreso de 1890, era fundar de nuevo una academia militar que permitiese formar un cuerpo profesional de oficiales, que llenara el vacío dejado por la desaparición del que fundara en 1848 Tomás C. de Mosquera en su primera presidencia. Se contrataron los servicios del coronel Henry R. Lemly, que ya había dirigido una escuela de cadetes fundada por José Eusebio Otálora, designado en ejercicio de la presidencia, en 1883, de muy efímera

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existencia. Lemly reabrió, pues, la Escuela Militar a comienzos de 1891 con una selecta planta de profesores y 64 cadetes, que al año siguiente habían aumentado a 87. Sin embargo, una vez más, los avatares de las contiendas civiles pusieron fin a tan promisorio ensayo y la Escuela desapareció, arrollada por la guerra de 1895. Correspondió al señor Caro durante su administración (1892-1898) restablecer la Escuela, para lo cual contrató por intermedio del general Rafael Reyes, vencedor en la contienda que acababa de terminar y ahora embajador en Francia, una misión integrada por los capitanes Emile Drouhard, Paul Sabarthez y Charles Leveque, pertenecientes a las armas de Artillería, Infantería e Ingenieros Militares, que cumplieron importante tarea de organización, modernización y mejoramiento académico del desbarajustado ejército nacional. A la Escuela Militar para la formación de oficiales se agregó el Batallón Politécnico destinado a la aplicación de las técnicas modernas desarrolladas por la misión.

Parada militar en la plaza mayor de Medellín, luego de Berrío, en la década de 1870. Pagadas por el erario público, las fuerzas militares hacían en tiempos de paz labores como el transporte de correos, el aseo de las calles o la vigilancia carcelaria. Sólo en 1886 se define la organización y carácter del ejército.

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1890 y al año siguiente, en octubre, se constituyó oficialmente el nuevo órgano, aunque reducido en un comienzo a la capital de la República. Al estallar la guerra civil de 1895 la policía pasó del Ministerio de Gobierno al de Guerra, lo que en la realidad del conflicto implicaba no tan sólo un cambio de funciones, sino un compromiso político contrario a su atmósfera profesional y un empleo diferente al que señalaba su papel. Los esfuerzos por reestructurar el cuerpo sobre los patrones dejados por Gilibert fueron enredados por la política de partido y el organismo profesional vino a esfumarse en 1898. La revolución de 1895 Misión Militar Francesa Creación de la policía nacional que organizó el ejército a finales de siglo, durante El nuevo ejército que surgía bajo la la administración de Miguel Antonio Caro. En hábil dirección del coronel H.R. el centro, coronel Entile Lemly requería ser despojado de las Druhard, teniente coronelfunciones policivas que hasta entonces Paul Sabarthez y capitán le habían correspondido, lo que solaCharles Leveque.

mente podría lograrse con la creación de un cuerpo de policía idóneo y altamente profesional. Con este propósito se contrató al distinguido profesional francés Marcelino Gilibert en

Coronel Henry R. Lemly, director de una escuela militar en 1888 y luego en 1891, con una selecta planta de profesores y con 64 cadetes, que al año siguiente aumentaron a 87.

Una vez más el debate constitucional desembocó en el campo de batalla. La rigidez de la Carta del 86 en cuanto a los requisitos necesarios para reformarla, hacían prácticamente imposible introducirle algunos cambios que los liberales radicales y los conservadores históricos pugnaban por lograr. Se produjo así una alianza de conveniencias que pronto comenzó a tomar forma de conspiración, dirigida en secreto por el general Santos Acosta y por un grupo de políticos de ambas corrientes. Desde 1893 se hablaba de rebelión, que finalmente debería tomar cuerpo en 1895. Delatada al gobierno pudo ser disuelta en su origen, pero ya las consignas habían partido a regiones comprometidas en la revuelta. Aquello era como detener de súbito un tren expreso. La rebelión estalló en Cundinamarca, Tolima, Santander y la Costa Atlántica, pero el gobierno había tomado las previsiones necesarias, y pudo aplastarla en brevísimo tiempo. Brilló allí como militar de lúcido talento y hábil estratego el general Rafael Reyes. Actuando con celeridad interceptó en el sitio de La Tribuna las fuerzas que un adversario de singular valer, el general Rafael Uribe Uribe, conducía para unirlas a las fuerzas rebeldes del Tolima. Uribe alcanzó a

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salvar parte de su tropa, dirigiéndose a Santander. Reyes hizo lo propio triunfando brillantemente en la batalla de Enciso, para apresar luego en Capitanejo al general rebelde José María Pinzón con todas sus tropas. Enterado Uribe de estos dos desastres se encaminó hacia la Costa por el río Magdalena, donde se le apresó, en tanto el triunfo de otro hábil general gobiernista, Abel Casabianca, ponía fin a la sedición, que tan sólo comprometió una parte del partido liberal, pues la vertiente conservadora de los históricos se abstuvo de participar al ser descubiertos los planes del alzamiento. La guerra de los Mil Días El fugaz e inmaduro intento revolucionario del 95 no fue sino antesala de la más terrible, prolongada y destructora de las contiendas civiles del siglo XIX, proyectada hacia los albores del xx con efectos desastrosos. Originada, como las anteriores, en razones políticas, se tradujo en levantamiento general de las dos vertientes del partido liberal, unido en un mismo propósito revolucionario. Fue, desde su punto de vista, una protesta armada contra la Constitución que les negaba todo espacio político y que no hallaban cómo reformar dentro de sus rígidos preceptos excluyentes. El epicentro de la lucha gravitó sobre los dos Santanderes, en razón de su proximidad con la frontera venezolana, de donde se esperaban abastecimientos de armas y municiones. A ello se unía el carácter levantisco de los pobladores y la presencia de un eje estratégico de comunicaciones entre el interior y el litoral atlántico, para escenificar allí los episodios decisivos de la guerra y su más violenta expresión. A grandes rasgos aquella lucha insensata y sangrienta, que dilapidó recursos ingentes, costó millares de vidas y llevó al país a la más desastrosa postración, presenta los siguientes grandes capítulos: 1. Apertura de hostilidades y defensa de Bucaramanga.

2. Batalla de Peralonso. 3. Batalla de Palonegro. 4. Campañas regionales desarticuladas. Significativamente, las acciones decisivas se libraron en los comienzos de la contienda, que luego se dispersó en una constelación de enfrentamientos fragmentarios, ninguno de los cuales revistió carácter estratégico definitorio del triunfo. Apertura de hostilidades y defensa de Bucaramanga La situación política y económica en los albores del conflicto era confusa, casi caótica. Dividido el partido conservador entre nacionalistas e históri-

General Rafael Reyes, héroe de la guerra de 1895, en la cual venció a la rebelión contra el gobierno de Caro en las batallas de La Tribuna y Enciso, derrotando a los generales Rafael Uribe Uribe y José María Pinzón, a quien apresó en Capitanejo.

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Generales Juan B. Tovar, defensor legitimista de Piedecuesta, en el inicio de la guerra de los Mil Días, y Rafael Uribe Uribe, quien, junto con los generales Benjamín Herrera y Justo Durán, conducirían las fuerzas liberales rebeldes.

cos, los primeros contaban con el presidente Manuel Antonio Sanclemente, los segundos con el vicepresidente José Manuel Marroquín, más próximos a la revolución que al gobierno, lo que debilitaba la cabeza del Estado. Anciano y enfermo, el presidente permanecía en la población de Villeta, aislado del momento político y de la misma realidad que galopaba hacia el conflicto en la capital. Crecía rápidamente el malestar en todo el país, agravado por la caída de los precios del café en los mercados de Londres y Nueva York. El 12 de noviembre de 1899 los prohombres del partido liberal firmaron un documento en el que declaraban que «... el restablecimiento de la República no se obtendrá sino por medio de la guerra» y confiaba al director del partido en Santander la responsabilidad de fijar la fecha del levantamiento, a condición de obtener previamente seguridades de que participarían en éste los jefes regionales. Era la guerra: Pablo Enrique Villar, a quien se de-

legó tan explosiva facultad, belicista por temperamento, figuraba entre los firmantes. En agosto, los históricos habían roto virtualmente relaciones con el gobierno de Sanclemente. La tormenta en ciernes se desgajó el 18 de octubre de 1899 con la apertura de hostilidades, que el pacifista ex presidente Aquileo Parra no pudo conjurar por el liberalismo, ni el anciano presidente por su propio partido. Impetuosamente, sin preparación adecuada y con precario armamento, avanzaron las huestes liberales sobre Piedecuesta, defendida por la IV División a órdenes del general Juan B. Tovar. Juan Francisco Gómez Pinzón, al frente de los rebeldes, atacó el 28 de octubre en embestida tumultuaria que se deshizo contra las fuertes posiciones del defensor en las alturas circunvecinas. El general Tovar no persiguió al vencido, con lo cual éste pudo rehacerse en la Mesa de los Santos, donde Villar nombró comandante en jefe al general Rafael Uribe Uribe. El 11 de noviembre Uribe avanzó de nuevo hacia Piedecuesta con 2.500 hombres semiorganizados en cuerpos. Halló la población vacía, evacuada por los legitimistas para concentrarse en Bucaramanga. Uribe avanzó entonces a Floridablanca, dando espera a la convergencia de otras fuerzas para el ataque al bastión principal del adversario. La precipitud de jefes subalternos, sin embargo, comprometió acciones dislocadas que terminaron por forzar la batalla, signada por la improvisación y el desconocimiento del terreno por el general en jefe, impotente para desligar su vanguardia. Todo el día 12 se combatió encarnizadamente y, aunque la ciudad fue penetrada por diversos puntos, los bien preparados atrincheramientos legitimistas contuvieron el asalto, causando numerosas bajas en las filas revolucionarias. El 13 languideció el ataque, contribuyendo a ello la muerte del general Gómez Pinzón, que dirigía el ataque principal. Deshechas las formaciones rebeldes, se produjo caótica retirada hacia Piedecuesta que, como

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ocurriera el 11, no fue explotada, ahora por el jefe civil y militar de Bucaramanga, general Peña Solano. Peralonso Tras el dramático percance de Bucaramanga, las dispersas formaciones liberales se concentraron en Cúcuta para dar a la guerra mejor organización. Se encontraba allí el general Gabriel Vargas Santos, especie de reliquia militar de su partido y por ende el único con ascendencia suficiente para conciliar los antagonismos entre los tres grandes jefes de la revolución: Benjamín Herrera, Rafael Uribe Uribe y Justo Durán. Repuestos del revés de Bucaramanga, partieron los cuerpos semiautónomos de estos tres generales hacia el sudoeste, alcanzando la quebrada de Peralonso en el punto de La Amarilla o La Laja el 15 de diciembre de 1899, con un total de 3.600 combatientes, mal armados y equipados. En el lado conservador las dificultades del mando eran aún más críticas. Del Ministerio de Guerra, en manos del general José Santos, se recibían órdenes contradictorias. Dos generales de algún profesionalismo, Isaías Lujan formado en Saint Cyr, Francia, y Manuel Casabianca, veterano de campa-

ñas anteriores y autodidacta militar, fueron en cierto momento generales en jefe o generalísimos, pero hubieron de desaparecer de la escena por razones políticas, para dejar el campo al general Vicente Villamizar, inferior en antigüedad y cuya ineptitud pronto quedaría en evidencia. La vanguardia gobiernista al mando del general Ramón González Valencia alcanzó, simultáneamente con la de su adversario, la quebrada de Peralonso. Era el comienzo de una batalla de encuentro con el choque de fuerzas avanzadas. La rebelde, que ya había

Un banquete legitimista en tiempo de guerra, Bogotá, hacia 1900.

Grupo de combatientes liberales en la guerra de los Mil Días.

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pasado el accidente fluvial, fue desalojada, pero González hubo de resistir bravamente la acometida subsiguiente de todo el ejército enemigo. Todo el 15 y el 16 se combatió con Demostración de la ardentía. Promediada la tarde del secompañía del Batallón gundo día, el general Eduardo Ortiz Sucre, en el Colegio de Borda había logrado cruzar el obstácuSan Ignacio de Loyola, en Medellín, a comienzos de lo con un batallón y batía con sus fuegos el flanco rebelde, al paso que alsiglo.

Batalla de Peralonso, posiciones el 16 de diciembre de 1899.

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canzaba el campo de batalla todo el grueso gobiernista, aunque bajo el mando abúlico, tardo, del generalísimo. La situación se inclinaba en forma tan manifiesta por el gobierno, que Uribe Uribe diría más tarde: «Si se hubiese prolongado el combate hasta el 17, no habría amanecido un solo hombre en el puente. Hacia el mediodía el enemigo comunicó a Cúcuta la derrota del ejército revolucionario.» Tal era el desaliento que cundía por las filas rebeldes, abatidas por el hambre y la fatiga, que colocaban el ejército al borde del colapso. Por su parte, dice Ortiz Borda: «Me hallaba al frente del Bárbula, dominando por completo la revolución... cuando fui sorprendido por un toque de retirada, el cual era un insólito mandato, porque mi cuerpo triunfaba de manera manifiesta...» Un acto desesperado, de contornos suicidas, había cambiado la suerte de la lucha: la determinación de Uribe, anunciada a Herrera, de arrojarse sobre el puente a la cabeza de un puñado de voluntarios. Fueron catorce hombres los protagonistas de aquel asalto increíble. A las cinco de la tarde la revolución detuvo sus fuegos. El gobierno, quizá sorprendido, hizo lo propio. En la pausa de silencio, Uribe se lanzó sobre el paso con su grupillo de valientes. Lo recibió tremenda granizada de balas, una de las cuales le arrebató el sombrero. Prosiguió impertérrito la carga, hasta poner pie en la margen opuesta y abalanzarse sobre los primeros atrincheramientos enemigos. Aquello fue el desastre, el pánico, la fuga, con abandono de armas, equipos, fornituras para quienes ganaban la batalla que hubiese definido la guerra. El. entusiasmo súbito, el enardecimiento, la recuperación del aliento para quienes la perdían y, saliendo del abismo, se lanzaban en pos del caudillo. El alarido de terror, «nos derrotaron», surgido de alguna garganta anónima en el Batallón Herrán que guarnecía el puente, fue el desvanecido final de la victoria que no llegó a serlo.

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Palonegro Difícil establecer quién, entre los dos generalísimos enfrentados, demostró mayor mediocridad a raíz del hecho inverosímil de Peralonso. Villamizar desapareció virtualmente como jefe. Vargas Santos, distante en Cúcuta, a la espera de hipotéticos refuerzos que vendrían de Casanare y de nuevos despachos de armamento de Venezuela, permaneció estático ante la oportunidad que le brindó la fortuna. Un verdadero general, que recibe en bandeja un éxito de semejante magnitud, salta como tigre sobre su presa para acabar con ella. Vargas Santos no era ese comandante. Su hora de gloria había quedado atrás. Anciano, fatigado, letárgico, no era el mismo de sus intrépidos días juveniles. Al gobierno lo salvó el general Casabianca. Nombrado de nuevo generalísimo, sustituyó a Villamizar sin consideración alguna. Al enterarse del desastre regresó con su reducida escolta y se hizo cargo de contener la desbandada, reorganizando el ejército tras los formidables farallones del Chicamocha. A la revolución la perdió la ineptitud de Vargas Santos que, contrariando las vehementes peticiones de Uribe y Herrera para lanzarse en persecución del enemigo deshecho y tomar la capital de la República, permaneció inmóvil, permitiendo que se esfumara lo que pudo ser el triunfo decisivo. Cuatro meses transcurrieron en la parálisis de Cúcuta, antes de que los dos gladiadores se encontraran de nuevo. Palonegro, en las proximidades de Bucaramanga, fue el lugar de la cita. Todo un enorme absurdo militar se escenificó allí. Choque brutal, directo, sin finura operativa ni visión táctica. Dentro de la sangrienta estolidez de nuestras guerras civiles, la carnicería de la batalla de Palonegro rebasa todos los límites. Fue un encuentro de desgaste, reyerta feroz donde no hubo vencedor, pero sí vencido: el liberalismo revolucionario. Poco podía pedirse, es cierto, a políticos improvisados

de generales, sin formación académica, producto de su época guerrera y del ambiente bélico que saturaba las confrontaciones ideológicas, o avivaba las ambiciones personales y el ansia enfermiza de poder. Como contribución al absurdo, llevó la iniciativa el más débil —la revolución— al paso que el más fuerte —el gobierno— se hincaba tenazmente a las alturas para aguantar la embestida con rigidez incomprensible. Un generalísimo con su jefe de estado mayor, 57 generales de división y de brigada, 6.227 oficiales y 18.875 hombres de tropa, regulares unos, otros de reciente incorporación provenientes de Cundinamarca, Boyacá y Santander, constituían masa impresionante de poder en manos del gobierno. No toda esa fuerza se halló presente desde el comienzo de la brega, pero ni si-

Batalla de Peralonso, área de operaciones.

El anciano general Gabriel Vargas Santos, cuya ineptitud impidió que los éxitos militares de los liberales se concretaran en resultados positivos.

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Tropas conservadoras (legitimistas) regresan después de maniobras a su cuartel en Bogotá, año de 1900.

quiera con su llegada cambió el concepto defensivo del generalísimo Próspero Pinzón. Resuelto a sostener Bucaramanga, careció de concepción estratégica para pasar a la ofensiva y destruir al adversario desgastado. Frente a él, 7.000 rebeldes, inferiores en armamento y medios, aunque elevada la moral por el éxito inverosímil de Peralonso, asumieron la ofensiva, contrariando los cánones de la guerra que fijan una superioridad ideal de tres a uno para atacar posiciones sólidas y bien defendidas. La pugna se prolongó por dieciséis días mortales. Gabriel Vargas Santos fue la negación total del jefe, distante de la batalla en su puesto de mando situado en Rionegro. Sin conocimiento directo del terreno donde se cumplía aquel episodio heroico y bestial, no condujo en realidad la acción, y sí obstaculizó el desempeño de sus generales subalternos en el momento crucial. Así, mientras Pinzón se aferró obstinadamente a su concepción defensiva sobre los mamelones de Lebrija, Vargas no tuvo plan alguno. Dejó conducir la acción a sus subordinados, pero se negó a brindar apoyo a iniciativas brillantes que hubiesen podido significar el éxito y quizá la victoria decisiva de la revolución. El 11 de mayo de 1900 se empeñó la batalla con el choque de fracciones menores sobre la vía que de Cachiri

—lugar de concentración de las fuerzas rebeldes— conduce a Bucaramanga. Uribe Uribe con su cuerpo, pomposamente denominado ejército, al igual que los otros cinco componentes de la fuerza insurrecta, se desplegó en línea con su ala izquierda apoyada en la casa de Palonegro, siguiendo el trazado del camino de Lebrija. Hasta el 12, la brega se caracterizó por un conjunto de encuentros dispersos, en disputa de accidentes dominantes. El 13, Uribe, observando algunas ventajas obtenidas por la división Gómez Pinzón en el Cerro de los Muertos, ordenó una impetuosa carga que penetró hasta el cerro de Girón. Algún refuerzo en aquel momento en que la fuerza legitimista no había terminado su concentración, hubiese permitido quebrar la línea aún débil y penetrar hacia sus comunicaciones como un ariete. No hubo refuerzo, empeñado cada comandante en su propio frente. Ni tampoco a quien pedírselo, porque el comandante en jefe se hallaba a muchos kilómetros de distancia. A la media noche del 13 dos ayudantes de Uribe alcanzaron el cuartel general de Vargas Santos. La respuesta del comandante supremo tipifica la actitud mental de aquel jefe trágicamente inferior a su momento histórico: «Si están triunfando, ¿para qué piden refuerzos? Es como decir mándenme plata que estoy ganando.» Y

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luego de breve reflexión: «Estas cosas es mejor pensarlas despacio y consultarlas con la almohada... descansen un poco y por la mañana resolvemos.» La resolución no llegó nunca. En el bando opuesto, Próspero Pinzón, militar opaco y sin lucidez táctica, era hombre de acción. Cuando el ataque de Uribe dispersó varios batallones y el espectro de Peralonso se cernió sobre el campo conservador, Pinzón apareció en el lugar más álgido y con poderosa voz de mando contuvo la desbandada. «De aquí ni un paso atrás. Aquí muero hoy. Los que quieran acompañarme, quédense.» Y se quedaron. ¡Dramático contraste de actitudes y voluntades entre los dos generalísimos! El 15 comenzaron a fluir nuevas formaciones al campo gobiernista, tornando aún más evidente su superioridad. Uribe asumió el mando de toda el ala derecha rebelde y encabezó otra carga impetuosa que desestabilizó al adversario. De nuevo la falta de una reserva general y de un mando que trasladara el centro de gravedad al punto de ruptura, hizo nugatorio el intento y se disipó así la posibilidad del triunfo que llegó a estar cercano. Entre el 16 y el 25 las líneas se estabilizaron, acercándose en puntos hasta cien metros, lo que permitía el intercambio de insultos y burlas entre combatientes. A lo largo del frente se sucedían violentos choques locales, sin directiva ni propósito superior. Era el momento gobiernista para asumir la ofensiva, concentrando el esfuerzo sobre el ala derecha, para desbordar el flanco rebelde en penetración directa sobre el cuartel general de Vargas Santos, lo que a la vez hubiese envuelto el dispositivo enemigo, cortando la retirada hacia Rionegro. No podía pedirse tanto a la estrechez operativa del generalísimo, hincado como pantera a sus puntos fuertes, pero sin la disposición felina para abalanzarse sobre su presa y destruirla. El 25, toda la fuerza gobiernista pasó al ataque, frontal, de aplanadora tarda pero triturante. La resistencia

rebelde fue tan tenaz como lo había sido la ofensiva. La línea aguantó sin quebrarse, pero quienes la mantenían llegaron al límite humano de la resistencia al paso que se agotaban sus municiones. El día 26, el ejército liberal abandonó el campo ensangrentado, lleno de cadáveres en descomposición. No hubo del lado gobiernista, exhausto también, empeño persecutorio. La batalla estéril terminaba en nada, pero el triunfo quedó para quien sostuvo el campo, así no hubiese destruido a su enemigo. En aquel momento, que hubiese podido ser estelar, Próspero Pinzón se retiró del campo, para asistir al Te Deum ofrecido en Bucaramanga por la victoria. Campañas regionales Palonegro fue la última batalla de la guerra que habría de prolongarse por dos años más. El ejército liberal se

Batalla de Palonegro, cerca de Bucaramanga, mayo 11 a 26 de 1900.

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Ex combatientes de la batalla de Palonegro, del grupo de "Zapadores" conformado en Pamplona por el capitán Teodoro Ramírez, en un campamento en la Concesión Barco, en las selvas del Catatumbo.

fraccionó en cuerpos virtualmente autónomos, por cuanto una dirección centralizada se hacía imposible, sin comunicaciones distintas a la red telegráfica en manos del gobierno y con el descoyuntamiento que imponían la geografía y la carencia de vías articulares, sin contar con las rivalidades de los jefes revolucionarios y la incompetencia de Vargas Santos para liquidarlas. El gobierno, por su parte, se dedicó a contener las manifestaciones dislocadas de la rebelión, sin llegar a resultados decisivos en ningún frente, aunque sí acumulando éxitos parciales que poco a poco fueron inclinando la balanza de su lado. En algunas partes la lucha adquirió fisonomía guerrillera, como en el Tolima, bajo el mando rebelde de Tulio Varón. Benjamín Herrera se trasladó a Panamá, donde obtuvo algunas ventajas. Uribe Uribe terminó en la Costa Atlántica, Justo Durán en la Guajira, desde donde trató de unirse a Uribe sin lograrlo. Exasperado por la imposibilidad de aplastar la rebelión, el gobierno decretó el 28 de febrero de 1902 la pena de muerte para los insurrectos que se tomasen con las armas en la mano. Inútil gesto represivo que aumentó el número de víctimas y produjo retaliaciones, elevando notablemente la crueldad de la contienda, si bien eli-

minó a algunos jefes de renombre en el bando revolucionario. Al acercarse el fin de año, perdidos el aliento y la capacidad de obtener ventajas políticas, la revolución se decidió a capitular. Herrera lo hizo en Panamá, a bordo del acorazado Wisconsin de los Estados Unidos, país que había mediado para lograr la paz entre los empecinados adversarios, en gestiones abiertas por el embajador José Vicente Concha, mientras Rafael Reyes hacía otro tanto en Francia. El 24 de octubre Uribe Uribe había pactado con Juan B. Tovar la cesación de la lucha en Neerlandia, y otro tanto hicieron en Chinácota otros dirigentes liberales con el general Ramón González Valencia. La guerra había terminado. Cerca de cincuenta mil vidas sacrificadas, arrasados los campos, la agricultura disminuida en alto grado, perdido el crédito externo, la moneda envilecida, fueron parte apenas del inmenso daño causado al país por aquella contienda sin sentido. A todo ello deben agregarse las secuelas de odios, rencores y distanciamientos en una sociedad resquebrajada y en ruinas, lo que habría de perdurar a lo largo de muchos años. En medio del enardecimiento de las pasiones y de hechos vituperables cometidos por ambas partes, un episodio

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ilustra sobre la caballerosidad que distinguió a los mandos superiores, e hizo posible el retorno de la paz pactada. Habiendo el ministro de Guerra, José Joaquín Casas, ordenado al general Juan B. Tovar seguir consejo de guerra a Uribe Uribe y «... que a la sentencia se dé cumplimiento sin contemplación alguna», respondió Tovar y Tovar: «He ganado la espada que llevo al cinto combatiendo lealmente en los campos de batalla. Prefiero romperla sobre mi rodilla que mancharla con sangre mal derramada y la violación de la palabra que en nombre del gobierno he comprometido.» Esta actitud, respaldada por el general Ramón González Valencia, salvó la paz y la misma República. El ejército y la desmembración de Panamá La separación del Istmo, parte territorial de Colombia desde la conquista, constituye el episodio más sombrío y deplorable de nuestra historia. Consecuencia en parte de la guerra de los Mil Días, aparece salpicada de traiciones políticas e impotencia militar, con no poco oro yanqui en el subfondo penumbroso. El insensato itinerario que posibilitó el cercenamiento, se inició con la guerra que dejó el ejército nacional en postración semejante a la del país. Guarnecía la ciudad de Panamá un batallón de 350 plazas al mando del general Esteban Huertas, hombre ignorante formado en la escuela de las guerras civiles, que le permitió escalar a saltos el escalafón castrense para llegar de soldado a general a la edad de treinta años. Hacia mediados de 1903, algunos incidentes movieron al gobierno a desactivar el cuartel general al mando del general José Vásquez Cobo, hermano de Alfredo, a la sazón ministro de Guerra, con lo cual Huertas quedó al frente de la seguridad del Istmo. Coincidió este hecho con la designación como gobernador de José Domingo de Obaldía, fatal para Colombia. Pretextando una inexistente

invasión nicaragüense en Penonomé, Obaldía acordó con Huertas el envío de 250 hombres al mando del comandante Tascón y uno de los cuatro buques de que disponía la comandancia militar. Los rumores separatistas que llegaban a Bogotá determinaron el nombramiento del general Juan B. Tovar como comandante general del Istmo, pero su arribo tardío con el batallón 3.° de Tiradores, a bordo del vapor Cartagena, tuvo lugar el 3 de noviembre de 1903, día señalado por el grupo de conspiradores para efectuar la secesión. Tovar cometió el imperdonable error de separarse de sus tropas en

Placa conmemorativa de la firma del tratado del Wisconsin (firmado el 21 de noviembre de 1902, entre los generales Nicolás Perdomo y Benjamín Herrera), que puso fin a la guerra de los Mil Días. Se encuentra en el Capitolio Nacional, sobre la Plaza de Bolívar.

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En Colón había quedado al mando del 3.° de Tiradores el coronel Elíseo Torres, hombre de cortos talentos. Su primera reacción fue forzar militarmente la liberación de su jefe. Aislado, sin instrucciones, imposibilitado para desplazar el batallón a Panamá por la negativa de la compañía norteamericana a facilitarle transporte férreo, abandonado por el Cartagena que zarpó al advertir aprestos de batalla en el crucero estadinense Nashville, terminó doblegándose ante la fuerza de los hechos y reembarcó hacia Colombia en el vapor comercial Orinoco, que arribó casualmente a Colón. Desastroso en aquella hora de traiciones y vencimiento, que Colombia no hubiese tenido una armada para defender su soberanía y la integridad de su territorio. Sumida en estériles contiendas civiles, permitió que la flota triunfante en Maracaibo se disolviera, y que el ejército perdiese lo que había sido la grandeza rutilante de la Independencia. El 6 de noviembre, tres días después de proclamada la separación, el gobierno de los Estados Unidos reconocía oficialmente la nueva República y garantizaba su independencia de Colombia. Patio de la Escuela Militar fundada por el presidente, general Rafael Reyes el lo. de junio de 1907. Abajo, cuartel militar de San Agustín en Bogotá a principios de siglo.

la premura para asumir el mando en Panamá, y, lo que es peor, lo hizo con su segundo y sus oficiales de estado mayor. En la ciudad de Panamá Huertas efectuó, con su reducida guarnición, el reconocimiento del nuevo comandante. Pasado el mediodía comenzaron los desórdenes separatistas agitados por el grupo traidor. Tovar se dirigió al cuartel, ordenando a Huertas ocupar la ciudad para contenerlos pero éste, simulando acatamiento, envió una escolta que apresó a su jefe y a los 6 oficiales del estado mayor. Esteban Huertas, apodado «El Mocho» por la mutilación de una mano en combate, valeroso luchador en campaña, colombiano de pura cepa boyacense, había consumado su traición a la patria.

Reforma militar del general Reyes Con el acceso a la presidencia del general Rafael Reyes en 1904, al término del infortunado cuatrienio de Marroquín, una brisa de renovación sopló sobre el país, en medio de la asfixia en que lo dejara la guerra de los Mil Días, agravada por la derrota sin lucha y la humillante separación de Panamá. Reyes había demostrado sus talentos militares en la breve campaña de 1895, su habilidad diplomática como embajador en Francia, su espíritu emprendedor en la exploración de la Amazonia y en sus empeños caucheros. Ahora, desde la primera magistratura de la nación, se consagraría como uno de los reformadores y estadistas más notables de la historia colombiana. Mientras sacudía un país depauperado

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que había perdido el ánimo y la fe, abriendo con claridad y visión nuevos horizontes, dejaba huella indeleble en las instituciones armadas y en sus relaciones con el poder civil. Visión de un nuevo ejército Sus viajes dentro y fuera del país habían dado a Reyes una amplia visión de Colombia y del mundo. Como gestor de la misión francesa en París, había apreciado los beneficios de convertir el ejército en organismo ajeno a los avatares políticos, consagrado a la defensa de la nación y de sus instituciones, en obediencia a lo prescrito en la Constitución del 86. Un ejército que fuese intérprete del sentimiento de los colombianos sobre el papel militar en la existencia jurídica del Estado, como columna vertebral de su osatura. Tan sólo así la era desgraciada de las guerras civiles podría superarse. Ansioso por poner en marcha la nación desmoralizada hacia el desarrollo social y económico que sería parte medular de su gobierno, vio en el ejército un instrumento de gran valía en un país donde todo estaba por hacer o por reconstruir. Ello permitiría a la vez rescatar la imagen nacional de los militares. Para ello recurrió a los generales más prestigiosos de las insurrectas huestes liberales, Benjamín Herrera y Rafael Uribe Uribe y al influyente arzobispo de Bogotá, mon- nación más connotada de Suramérica señor Bernardo Herrera Restrepo. por la calidad de sus fuerzas militares, vencedoras pocos lustros atrás sobre la alianza de Perú y Bolivia, en la llaFundación de la mada guerra del Pacífico. Su milicia, Escuela Militar de Cadetes de inspiración y corte prusianos, se caEl 1.° de junio de 1907, en el edificio racterizaba por fuerte disciplina, orque había sido cuartel de tropas co- denamiento meticuloso mediante seloniales y luego independientistas, so- vera reglamentación y rígida estrucbre el costado occidental de la plazue- tura académica. Tales condiciones se la de San Agustín de Bogotá, se rei- transvasaron al ejército de Colombia a nauguró solemnemente la Escuela Mi- través de la Escuela, forja y yunque de litar, dirigida por los capitanes del su oficialidad. Las altas condiciones ejército de Chile, Arturo Ahumada profesionales de los militares chilenos Bascuñán y Diego Guillén Santana, y su nacionalidad los ponían al margen contratados por el embajador Rafael de cualquier influjo de partido, lo que Uribe Uribe por encargo del presiden- les permitió inculcar a sus alumnos, a te Reyes. Chile era para entonces la la par con la firmeza de su formación

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Capitanes Arturo Ahumada Bascuñán y Diego Guillén Santana, del ejército de Chile, directores de la Escuela Militar de Cadetes a su fundación en 1907. Sus servicios habían sido contratados por el embajador Rafael Uribe Uribe, por encargo del presidente Reyes.

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que habrían de constituir el núcleo central de la marina de guerra veinte años más tarde. Lamentable que un país de esquina oceánica, con extensos litorales sobre el Atlántico y el Pacífico, que apenas siete años atrás perdiera el Istmo panameño por no poder desplazar fuerzas ni hacer acto de presencia naval, destruyera empeño tan loable. Creación de la Escuela Superior de Guerra

El 5 de febrero de 1908, el presidente Reyes asiste en Chapinero a las primeras maniobras de la Escuela Militar, con el nuncio Francesco Ragonessi, arzobispo de Mira, el hijo de Julio D. Mallarino, Daniel Holguín, general Castro y el poeta Carlos Villafañe.

castrense, principios inflexibles de apoliticidad y patriotismo, con amplio respaldo presidencial. Fundación de la Escuela Naval El mismo año se fundaba en Cartagena la Escuela Naval, a cargo de otra misión chilena dirigida por el teniente de navio Alberto Asmussen, que comandó el instituto hasta su infortunada desactivación a la caída del presidente Reyes, no tanto por las razones presupuestales que se adujeron, como por reacción contra el gobierno que había asumido carácter dictatorial en su última etapa. Alcanzó la Escuela a producir una promoción de oficiales,

Con el ánimo de preparar cuadros superiores de mando del ejército, creó el presidente Reyes la Escuela Superior de Guerra el 1.° de mayo de 1909, instituto que entró en funcionamiento el 8 del mismo mes, bajo la dirección del mayor chileno Pedro Charpín, nombrado coronel honorario del ejército de Colombia. Su dotación de oficiales de planta y profesores se tomó de lo más selecto entre quienes se habían destacado en la guerra civil y en la paz subsiguiente, distinguiéndose el general Francisco Javier Vergara y Velasco, intelectual de valía, geógrafo, escritor y filósofo militar. El plan de estudios, adaptado del chileno, tuvo acento en estrategia, táctica, servicio de estado mayor, conducción de tropas en campaña, administración militar, topografía, matemáticas, hoplología y técnicas de mando, así como historia y geografía militares. Sobre el pragmatismo de veteranos que habían aprendido a guerrear con poco orden y concierto, se pudo levantar una estructura profesional cimentada aún mejor cuando llegaron a los claustros del instituto quienes habían iniciado su carrera en la Escuela Militar. Otras facetas de la reforma La idea de utilizar el ejército en funciones de acción cívica y colonización, como aporte a la reconstrucción nacional y al desarrollo, cobró forma antes que los institutos ya mencionados. Para enero de 1905 el presidente des-

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Mausoleo del general Francisco Javier Vergara y Velasco, intelectual, geógrafo, escritor y filósofo militar. Hizo parte del cuerpo de profesores de la Escuela Superior de Guerra y dirigió el "Boletín Militar", órgano informativo del Ministerio de Guerra.

pedía en imponente ceremonia los primeros contingentes de tropas, que partían de la capital para emprender obras públicas y trabajos de colonización. Dentro de la idea presidencial de cambiar cantidad por calidad, el pie de fuerza había pasado de once mil hombres a cinco mil. Se dispuso así de recursos para equipar adecuadamente las tropas y emprender los ambiciosos planes concebidos por Reyes, que incluyeron reconstrucción de vías y puentes destruidos en la devastación de la guerra. Si a lo anterior se agrega la organización de batallones modelo de infantería y artillería, verdaderas escuelas prácticas para oficiales y suboficiales, se comprenderá la dimensión de la reforma, que dejó huella imborrable en la contextura profesional del ejército. Conflicto bélico con el Perú Los esfuerzos de Colombia para definir su delimitación con el vecino Perú se remontan a la época de la Gran Colombia, cuando el presidente de este

país, mariscal José de La Mar, invadió territorio del Ecuador actual, siendo vencido en la doble batalla de Saraguro y Portete de Tarqui por el gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. El Perú no aceptó la doctrina del Uti posidetis jure, o sea la demarcación fronteriza de las nuevas naDespedida del presidente Reyes a los batallones Girardot y 1° de Artillería, enero l de 1905, que salieron de la estación de la Sabana a trabajar en caminos públicos, como zapadores, según publicación del "Boletín Militar".

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ciones sobre la base de los límites entre las antiguas colonias españolas. Arguyendo que la asignación de territorios amazónicos de la Nueva Granada al episcopado de Lima por el gobierno español, dio lugar a posesión de hecho de los mismos en gracia a la presencia de misioneros y de asentamientos, sus ambiciones se extendieron hasta el río Caquetá. Cadetes de la Escuela Largas negociaciones entre los dos Militar, en las afueras de Bogotá, 1927. países no llegaron a resultados deci-

El oficial Florencio García y compañeros, foto de 1913.

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sorios. La indefinición perjudicaba a Colombia y cimentaba el dominio de facto por el Perú, a la vez que originaba delicados incidentes fronterizos. Con el nombre de Modus vivendi se suscribieron convenios transitorios, pese a los cuales autoridades peruanas protagonizaron hechos de gravedad en 1905, 1907 y 1908, al aprehender autoridades civiles y colonos colombianos, con algunas muertes y destrucción de propiedades. En 1911 el general colombiano Isaías Gamboa, veterano de la guerra de los Mil Días, preocupado por lo que creía inminente ataque peruano sobre el sitio de La Pedrera, sobre la margen sur del río Caquetá y no lejos de la frontera con el Brasil, presionó al alto gobierno de su país para que se hiciese acto de presencia y ejercicio de soberanía en el sur. Su persistencia consiguió que se le confíase un reducido contingente con recursos en extremo precarios, con los cuales se estableció en La Pedrera. Allí fue informado de preparativos peruanos para atacar la guarnición, por lo cual pidió refuerzos con urgencia, los que le fueron despachados por fin desde Puerto Colombia, pero que no alcanzaron a llegar a su destino, en razón de un nuevo Modus vivendi, suscrito en Bogotá en julio del mismo año, que impedía el aumento de guarniciones militares en el área en litigio.

Capítulo 12

Entre el 10 y el 12 del mismo julio de 1911, un fuerte destacamento atacó con cañoneras blindadas y tropas de desembarco, al mando del coronel Os-ar Benavides, más tarde mariscal y presidente de su país, la débil posición colombiana, guarnecida por hombres en su mayoría enfermos. El general Gamboa inspiró una resistencia heroica, que permitió retener La Pedrera durante tres días, hasta el total agotamiento de las municiones. Colombia abrió una vez más los ojos a una deprimente realidad. El abandono de su fuerza armada no le permitía reaccionar, y la clausura de su Escuela Naval la había privado de aquel germen prometedor de una marina de guerra. Nada podía hacerse militarmente en aquellas lejanías incomunicadas, como no fuese por gestión diplomática. De ésta se echó

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mano mientras el país ardía de ira, patriotismo herido y frustración. La Pedrera fue devuelta a Colombia el 23 de octubre de 1911, merced a la hábil gestión de nuestro representante ante el gobierno de Lima, Eduardo Restrepo Sáenz, en tanto avanzaban dificultosamente las negociaciones. En mayo del año siguiente se había preparado un nuevo Modus vivendi, rechazado por la cancillería colombiana, pues aceptarlo habría equivalido a ceder una vez más ante las desmedidas ambiciones peruanas. La huelga de las bananeras en 1928 Pocas incidencias en la vida colombiana han dado lugar a polémicas tan ardorosas como el manejo dado por el gobierno del presidente Miguel Abadía Méndez al movimiento huelguís-

Area de operaciones durante la guerra con el Perú, en el bajo Putumayo (1932-1933).

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Guarnición militar colombiana en un punto de inspección de La Pedrera, durante el primer conflicto con el Perú, en 1911.

Portada del libro "Los sucesos de las bananeras" (1929), escrito por el principal protagonista de la represión oficial, general Carlos Cortés Vargas, nombrado a raíz de la huelga contra la United Fruit, jefe militar de Santa Marta y de la zona bananera.

tico ocurrido en la zona bananera del departamento del Magdalena, en particular por la actuación de la fuerza pública. Dejando de lado el recuento de situaciones políticas y laborales que escapan al alcance militar del presente trabajo, los hechos en que intervino el ejército pueden condensarse así: Ante la declaratoria de huelga contra la United Fruit Company, y a causa de los desórdenes que se desataron desde su comienzo, nombró el gobierno nacional como «jefe militar de la plaza de Santa Marta y Zona Bananera», al jefe de estado mayor de la Segunda División con sede en Barranquilla, general de brigada Carlos Cor-

tés Vargas. Era éste un militar de especial distinción, graduado en filosofía y letras en el Colegio Mayor del Rosario, historiador connotado y brillante, que asumió su encargo el 12 de noviembre de 1928. En la huelga tomaban parte los trabajadores en busca de mejoramiento de sus condiciones laborales y agitadores extremistas que acabaron por apoderarse de la situación. Después de abrir paso al tren militar que se desplazaba entre Santa Marta y Ciénaga, sin incidentes violentos aunque sí con numerosas detenciones de quienes pretendieron desobedecer las exortaciones para despejar la vía, el general Cortés llegó a un acuerdo cordial con los representantes de los trabajadores, para apoyarlos en sus justas peticiones a condición de que descartaran dos puntos manifiestamente ilegales. El acuerdo fue desconocido luego por la asamblea, dominada por los agitadores, entre quienes se hallaban algunos españoles, mexicanos y venezolanos en forma ilegal. El 4 de diciembre un destacamento de 25 soldados que aseguraban la recolección de banano en una finca no perteneciente a la empresa en huelga, fueron apresados por sorpresa por una multitud de apariencia inofensiva, que hábilmente los separó de su comandante, teniente Botero. El capitán Julio Guarín logró rescatarlos con sus armas, cuando eran sometidos a adoctrinamiento político, en forma incruenta. Se había sentado un precedente funesto. La huelga degeneraba en motín, con nuevos intentos de reducir a la impotencia agrupaciones militares, en tanto la orden del gobierno de proteger a quienes quisiesen trabajar en fincas ajenas al conflicto laboral, fragmentaba la tropa, mientras se radicalizaba la agresividad de los huelguistas, empeñados en paralizar el tránsito ferroviario, obstaculizar el comercio y quebrantar el orden en Ciénaga, Convención y Aracataca. Ante el agravamiento de la situación, el gobierno nacional decretó estado de sitio en la zona. Una auténtica

Capítulo 12

asonada cobró forma en Ciénaga, convertida la población en epicentro de los desórdenes. La prohibición de efectuar reuniones públicas fue desconocida y una masa de mil quinientas personas se congregó ante la estación del ferrocarril. Después de tocar bando se leyó el decreto, recibido con rechiflas desafiantes. El general Cortés ordenó los toques de corneta reglamentarios y arengó a los amotinados para obtener obediencia, previniendo que abriría fuego si no se acataba la orden de disolución. Nuevas burlas y amenazas. Orden de «¡Fuego!» y de inmediato de «¡Alto!», cumplidas por las tropas. Resultados, según acta de levantamiento: trece muertos y, de acuerdo a la lista nominal oficial, diecinueve heridos. Los desórdenes se trasladaron a la vía férrea, parcialmente inutilizada, así como a poblaciones menores y a la zona rural. La jefatura dispuso entonces que se considerara malhechores a quienes se empeñasen en acciones vandálicas, empleando las armas cuando se hallase resistencia. Atacado el puesto de policía de Sevilla, resultaron muertos el teniente José María Quintero, el agitador extremista venezolano Erasmo Coronel y ocho civiles. La llegada del ejército puso fin al asalto. El campamento de Sevilla, de la compañía frutera, la población misma y las fincas en sus alrededores fueron objeto de repetidos ataques y depredaciones. El incidente más grave se produjo cuando las residencias de empleados colombianos y norteamericanos fueron asaltadas en inmediaciones de la población, y la compañía del batallón Córdoba llegada de Santa Marta al mando del capitán Luis F. Luna recibida a tiros, debiendo emplear las armas para rechazar el ataque y rescatar las familias asediadas, con trágicos resultados en víctimas: 29 muertos, incluyendo entre los caídos en las primeras acciones de ese día al teniente Quintero. El 7 de diciembre había retornado la normalidad a toda la región bana-

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nera. Un total de 32 edificaciones habían sido destruidas o incendiadas, con cuantiosas pérdidas en equipos, muebles, dinero efectivo, víveres y elementos, a lo cual debe añadirse el efecto de 26 saqueos a almacenes de la empresa, residencias y negocios particulares. Los periódicos de la época registran discrepantes informaciones sobre lo ocurrido en las bananeras. La Prensa de Barranquilla, por ejemplo, en titulares de ocho columnas, habló de 100 muertos y 238 heridos, con un millón de pérdidas en dólares. Según la postura política de los diarios, las cifras ascendían o bajaban, con lo cual la información perdió toda objetividad, y la imaginación popular desbordada hizo el resto para dejar una visión de virtual genocidio contra obreros inermes. El saldo, trágico de todas maneras para un país que no había regresado a estadios de violencia desde la última guerra, fue de 44 muertos y 26 heridos contabilizados según documentos oficiales, más otro número indeterminado de heridos que se ocultaron o no ingre-

General Carlos Cortés Vargas. En la estación del ferrocarril de Ciénaga, bajo su comando, se produjo la matanza de huelguistas de las bananeras, el 6 de diciembre de 1928.

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saron a los hospitales temiendo incriminaciones. Los efectos políticos fueron enormes, constituyendo una de las causas de la caída del partido conservador del poder en las elecciones de 1930. Militarmente fueron adversos, por cuanto no se apreció por sectores amplios de opinión la magnitud del conflicto que envolvió a más de cuarenta mil personas conectadas con la agroindustria bananera y alcanzó altos niveles de agresiva peligrosidad, dada la agitación de extremistas nacionales y extranjeros, que hicieron del conflicto sociolaboral una demoledora arma política. Surgimiento de la aviación militar

Avión colombiano sobre el río Putumuyo, durante el conflicto con el Perú. La intervención aérea en la acción de Tarapacá fue decisiva, al sorprender al adversario, que no contaba con hallar oposición en el aire.

La primera guerra mundial presenció el desarrollo de la aviación como arma de combate. La leyenda romántica de los ases alemanes o aliados trabados en duelos mortales llegó temprano a nuestra patria, como que ya en 1919 se expidió la ley 126 del 31 de diciembre que constituyó la aviación militar, siendo su primer comandante el coronel Efraín Rojas Acevedo. Ya en 1915 se había aprobado el envío de oficiales al exterior para adelantar cursos de pilotaje, de los que se beneficiaron entre otros dos futuros héroes del aire: Camilo Daza y Benjamín Méndez Rey. Surgió la aviación como

quinta arma del ejército y en 1920 se creó su primera escuela en Flandes Tolima. Para ello se trajeron de Francia once aviones Caudron entre cazas, observación-bombardeo y entrenamiento. Fue breve aquella primera etapa del plantel, dirigida por una misión francesa, pues por razones presupuestales hubo de cerrarse en 1922. Trasladado el material aéreo a vecindades de Madrid, Cundinamarca, la Escuela se reactivó en 1924, bajo dirección del capitán Henry Pillichody, miembro de una misión francesa contratada para el ejército. Otros 12 aviones se agregaron a los viejos Caudron, los Wild suizos. Cerrada de nuevo en 1928, reabierta en 1929 con oficialidad francesa, la Escuela registra oscilaciones similares a las que el ejército y la Armada hubieron de sufrir en un ambiente político de indiferencia por las necesidades de la defensa nacional y la custodia de la soberanía patria. Ni el cercenamiento de Panamá, ni la pérdida de extensas regiones en la Amazonia, por abandono e incapacidad militar para sostener el derecho territorial de Colombia, bastaron para enmendar esta enorme falla histórica. Nuevo conflicto militar con el Perú El largo litigio colombo-peruano por la definición de sus fronteras culminó con la firma del tratado Lozano-Salomón el 24 de marzo de 1922. Colombia perdía las vastas extensiones comprendidas entre los ríos Putumayo y Napo, que le pertenecieron durante el período colonial y han debido permanecer suyas en virtud de la doctrina limítrofe aceptada por las nuevas repúblicas. A cambio de ello se le reconoció una salida al Amazonas, de forma trapezoidal, comprendida entre la desembocadura del río Atacuari y la frontera acordada —a espaldas de Colombia— entre Perú y Brasil en 1851, que coincide con la quebrada de El Marco, entre la población de Leticia y el fuerte brasileño de Tabatinga, establecido por los bandeirantes en tiempos de la expansión portuguesa hacia

Capítulo 12

el oeste suramericano. Por el norte el trapecio quedó demarcado sobre el Putumayo por la línea TabatingaApoporis, limítrofe con el Brasil, y al oeste por el río Yayuas, fronterizo con el Perú, en su boca. Dos poderosas familias de Iquitos, en el departamento de Loreto, poseían considerables intereses en la zona del trapecio: la Casa Arana, cauchera, y los Vigil, propietarios de la hacienda La Victoria, hoy Granja Caldas. Su influencia en la capital loretana agitó el descontento contra el tratado, cuyo canje se formalizó el 19 de marzo de 1928. En agosto de 1930 caía el presidente del Perú, Augusto Leguía, auspiciador de la ratificación del tratado, por un golpe militar dado por el coronel Luis María Sánchez Cerro, lo que agitó aún más los sentimientos anticolombianos en Iquitos, carburados por los Vigil y Aranas, en connivencia con el prefecto de Loreto, coronel Oscar Ordóñez. El 1.° de septiembre de 1932 una banda armada de civiles y militares, capitaneada por el ingeniero Oscar Ordóñez, hijo del prefecto, ocupó la desguarnecida población de Leticia. Sánchez Cerro habló de las «incontenibles aspiraciones del pueblo peruano», mientras buques de guerra transportaron tropas que ocuparon a Tarapacá, en suelo colombiano sobre el Putumayo, y reforzaron las guarniciones peruanas a todo lo largo del río. La reacción colombiana desbordó en esta ocasión la tradicional apatía, culpable de la pérdida de grandes territorios que habían sido nuestros. Un fervor sin precedentes recorrió como fluido eléctrico el cuerpo y el alma de la nación, que se puso en pie, resuelta a defender sus derechos y su maltratada soberanía. La realidad militar no podía ser más desoladora. Unos aviones de escuela viejos, tres cañoneras fluviales —de las cuales sólo dos se hallaban en el Putumayo—, un exiguo pie de fuerza mal armado y ninguna presencia naval sobre sus mares, de poco valían ante las poderosas fuerzas armadas del Perú. El presidente En-

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rique Olaya Herrera movilizó el espíritu patriótico de la nación, evidenciando capacidad de liderazgo acorde con la magnitud del desafío. Un empréstito por diez millones de pesos (con nuestra moneda a la par con el dólar) fue cubierto en pocos días. A todo lo largo y ancho del país se organizaron festivales para recolectar fondos. Los matrimonios donaron sus argoyas, las familias sus joyas. Con rapidez sorprendente se comenzó a adquirir equipo bélico que, bajo la presión de la urgencia, no respondió siempre a lo ideal sino a lo obtenible. La expedición al sur El primer problema consistía en disponer de transporte para conducir al

Camilo Daza, héroe de la aviación militar colombiana, ya desde los inicios, cuando fue enviado en 1915 a adelantar sus estudios en el exterior.

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Area de operaciones durante la guerra con el Perú, en el alto Putumayo.

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mada en sus hombres de elevado espíritu de combate. En Francia se encontraba como embajador el general de las guerras civiles Alfredo Vásquez Cobo. De inmediato ofreció sus servicios al gobierno aceptados por quien había sido su contendor victorioso en la campaña presidencial de 1930, en gesto simbólico de unión política ante el peligro, pues en lo militar era obvia la desactualización del guerrero de los Mil Días. Nombrado comandante en jefe de la expedición, zarpó a comienzos de diciembre con el transporte General Mosquera y el yate General Córdova —adquiridos y bautizados por él en Francia—, artillado el primero y dotados de ametralladoras antiaéreas, llevando además algún armamento para complementar el que portaba la expedición de Rojas. El 24 de diciembre se reunían los dos componentes en Belem del Pará, y la flota inició el ascenso del caudaloso Amazonas, dando tiempo a que avanzaran las gestiones diplomáticas iniciadas por el gobierno para evitar la guerra. El 15 de febrero, previo ultimátum a la guarnición peruana, se asaltó la posición de Tarapacá por una compañía al mando del capitán Gabriel Montenegro. Los peruanos habían abandonado el lugar a cubierto teatro de guerra del Amazonas las tro- de la oscuridad, ascendiendo el río pas requeridas para recuperar el terri- Cotuhé hacia el sur. Aquel triunfo intorio ocupado. No siendo factible la cruento sacudió de entusiasmo el país, adquisición pronta de buques de gue- que seguía el curso de su flota apasiorra, se optó por simples transportes: el nadamente. Era el comienzo exitoso Boyacá, carguero comprado a una de la campaña dirigida a vengar el hocompañía norteamericana, fue el bu- nor nacional y afirmar su soberanía. que insignia de la improvisada flota, que se concentró en Barranquilla al Surgimiento de la aviación militar mando del general Efraín Rojas Acevedo, constituida además por el guar- Al igual que ocurría en el mar, el dacostas Pichincha, los transportes abandono del aire situaba a Colombia Bogotá y Nariño, este último habili- en dramática inferioridad frente al tado como buque-hospital, y la caño- agresor. Los ya decrépitos aviones de nera Barranquilla, que hubo de ser re- escuela y de combate de la época inimolcada por el Pichincha, pues su es- cial de nuestro instrumento aéreo se tructura fluvial le impedía navegar por hallaban virtualmente fuera de servimar abierto. A comienzos de diciem- cio. Rápidamente se adquirieron en bre se hacía a la mar la heterogénea Alemania nuevos aparatos y se echó flotilla, frágil y vulnerable, pero ani- mano de un grupo de aviadores ger-

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manos de la Scadta, la más antigua empresa comercial de aviación del continente y una de las primeras que existió en el mundo. Veteranos, varios de ellos, de la primera guerra mundial, se situaron a órdenes del más tarde coronel honorario del ejército de Colombia, Herbert Boy. En admirable tributo a su patria adoptiva, los pilotos alemanes trasladaron a la Amazonia los aviones recién adquiridos, que apoyaron con éxito las operaciones sobre Tarapacá, sorprendiendo al adversario que no contaba con hallar oposición en el aire. El combate de Güepí En el deprimente estado de impreparación en que se halló el país, la carencia de vías hacia la Amazonia constituía problema crítico. Con igual dinámica a la que atendió el rearme se emprendió la ciclópea tarea de abrir con ingenieros militares dos carreteras: Pasto-Puerto Asís, para conectar el Alto Putumayo, y Neiva-Florencia, en busca del río Caquetá por el curso del Orteguaza, sobre cuya margen izquierda se construyó la base aérea de Tres Esquinas para aviones terrestres y anfibios. Simultáneamente se habilitó como carretera el antiguo camino real de Popayán a Pasto. Tomada Tarapacá, se hacía imperioso dominar el Alto Putumayo, donde se habían comenzado a escalonar guarniciones colombianas, con los batallones Boyacá de Pasto, primero en alcanzar el área, Juanambú de Neiva, luego fusionado con el anterior en el Huila, y más tarde el Junín, procedente de Popayán. Se conformó así el destacamento del Alto Putumayo con sede en Puerto Asís, al mando del coronel Roberto D. Rico, que luego se trasladó al puerto de Caucaya (hoy Puerto Leguízamo) sobre el Putumayo, conectado con La Tagua, en el Caquetá, por una trocha selvática con aspiraciones de carretera, a través del angostamiento entre ambos ríos. El comando del destacamento fijó como objetivo a Güepí, posición for-

tificada sobre una elevación al este de Area de operaciones y plan de ataque la desembocadura del río del mismo colombiano en el combate nombre en el Putumayo. El 18 de fede Güepí, 26 de marzo de brero de 1933 la guarnición colombia1933. na en la isla de Chavaco había repelido un intento peruano de asalto, derribando dos hidroaviones de combate. El 1.° de marzo se recibió de Bogotá la orden de atacar a Güepí, con Alegoría del fotógrafo Jorge Obando sobre el apoyo de las cañoneras Cartagena y presidente Enrique Olaya Santa Marta, asignadas al destacamen- Herrera y la guerra con to junto con tres planchones semiblinel Perú.

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Coronel Roberto D. Rico, comandante del destacamento colombiano en el alto Putumayo, con sede en Puerto Asís, y luego en Caucay (hoy Puerto Leguízamo), desde donde se realizó el avance hacia Güepí.

Fuego de artillería en el Putumayo, 1932.

dados, pero cuando ya la flotilla había zarpado de su base en Caucaya, se recibió contraorden del alto gobierno, que hubo de ser llevada por el coronel Boy en su hidroavión. El 24 de marzo se repitió la anhelada orden. El asalto a las fortificaciones de Güepí se había planeado cuidadosamente, sobre un esquema sencillo pero de compleja ejecución, dada la naturaleza selvática de las márgenes

y la solidez defensiva del fuerte peruano. Se desarrollaría en tres fases. Primera, desembarco nocturno desde las cañoneras Cartagena aguas arriba de Güepí y Santa Marta por el flanco opuesto. Segunda, desembarco frontal con los tres planchones, apoyado por los grupos ya en tierra y por las cañoneras. Tercera, asalto convergente de los tres núcleos, previo ablandamiento aéreo sobre la retaguardia de la posición para desarticular la reserva y aislar la defensa delantera. A las cuatro de la mañana del 26 las dos cañoneras ejecutan su misión de desembarco sin ser detectadas. El avance a través de la selva se cumple con extremas dificultades. Al clarear el día las banderolas de señales de las dos agrupaciones indican sobre el borde selvático su lenta progresión hacia el objetivo. Una vez el avance alcanza una distancia apropiada, las cañoneras abren fuego con notable precisión y lo mismo hacen las ametralladoras pesadas desde sus emplazamientos en las islas. La aviación se hace presente poco después, dirigiendo sus fuegos y bombardeo en la forma y con los efectos previstos. Hacia las once de la mañana llega la batalla a su climax. El fuego combinado del Cartagena y los nidos de ametralladoras desde las islas, golpea las fortificaciones peruanas sobre la confluencia del río Güepí con el Putumayo, y así puede la infantería sortear en lanchas livianas el obstáculo fluvial, para alcanzar el borde occidental del recinto fortificado. Poco después hace lo propio el destacamento oriental. En los planchones embarcan las ametralladoras de apoyo y el tercer grupo de desembarco, y en audaz cruce de la corriente con apoyo fluvial y de los dos grupos de infantería, alcanzan el borde delantero de la posición bajo intenso fuego enemigo. El asalto final es una oleada de bravura colombiana que termina por rendir el fuerte, mientras el grueso defensor escapa hacia el sur, por la trocha a Pantoja, principal base peruana en el área.

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Las tropas colombianas perdieron 16 muertos y 13 heridos. Las peruanas, 27 muertos, 14 heridos capturados, además de los que fueron llevados hacia Pantoja, y 23 prisioneros, incluyendo un oficial, el teniente Teodoro Garrido Lecca. La victoria de Güepí, continuación exitosa de la campaña militar, afirmó la posición estratégica y política de Colombia, cimentando la fuerza argumental de sus negociadores ante la Liga de las Naciones en Ginebra, así como su postura moral, por cuanto un país que demostraba suficiencia militar para definir el conflicto por las armas, insistía en la solución pacífica. Asegurado el dominio del Alto Putumayo se tornó precaria la situación militar del Perú, cuyos intentos de recuperar la posición se vieron frustrados por las avanzadas colombianas sobre los accesos selváticos. Mientras tanto, en el Bajo Putumayo, el general Rojas estrechaba el dispositivo encaminado a capturar Puerto Arturo, clave de la defensa estratégica peruana. Tomada dicha posición, Leticia caería irremediablemente.

Expedicionarios en la guerra con el Perú y un artillero antiaéreo a bordo de la cañonera "Santa Marta", cuya intervención fue decisiva en la primera fase del combate de Güepí.

Protocolo de Río de Janeiro. Fin del conflicto El panorama general de la guerra no declarada tomó, a raíz de Güepí, un sesgo evidentemente favorable a Colombia. Una segunda expedición integrada por el batallón Camilo Torres, con 7 compañías y 1.450 combatientes, entrenado en un lugar del río Magdalena, similar al del Amazonas en Leticia, zarpó de Barranquilla a bordo del Cúcuta, buque construido en Inglaterra y comprado a una compañía naviera estadinense, con 6.500 toneladas de capacidad de carga, y en el Iriona, alquilado a la United Fruit Company. La misión, bajo el mando del general Carlos Cortés Vargas, cuyo ofrecimiento de servicios hecho desde los Estados Unidos fue aceptado por el presidente Enrique Olaya Herrera, consistía en operar directamente sobre Leticia y capturar el

puerto, con apoyo aéreo, fluvial y terrestre de todos los elementos disponibles en el teatro de guerra. A este cambio sustancial en el balance del poder cabe añadir la compra por nuestro gobierno de dos modernos destructores ingleses, construidos para Portugal en astilleros de Lisboa, que con los nombres de Caldas y Antio-

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Combatientes de 1932. Las consignas nacionalistas y aguerridas alentaban el patriotismo, como esta de "Al infierno alegremente".

quia se incorporaron a la naciente armada nacional. La modernidad de estos destructores, su rapidez, poder de fuego y características marineras equilibraban la desventajosa situación colombiana en el mar. El 6 de mayo de 1933 caía asesinado en Lima el presidente Sánchez Cerro, asumiendo el poder el mariscal Oscar Benavides. Aunque de ingrata recordación para Colombia por el ataque a La Pedrera en 1911, su presencia despojó el conflicto del sello personal que le diera el dictador muerto y de su utilización para consolidar a su alrededor el frente interno. Pudo llegarse así a un arreglo. El 24 de octubre de 1933, se concertaba un armisticio, seguido seis meses más tarde del protocolo de Río de Janeiro, el 24 de mayo siguiente. El tratado Lozano-Salomón era reconocido explícitamente por el Perú, que a la vez declaró que «... deplora sinceramente, como lo ha hecho en declaraciones anteriores, los acontecimientos ocurridos a partir del 1.° de septiembre de 1932. .».

El nuevo ejército de Colombia En medio de la negatividad inherente a los conflictos armados, el que Perú planteó a Colombia contra toda justicia, además de despertar la conciencia nacional y compenetrarla con la inviolabilidad de su patrimonio histórico, hizo del ejército un instrumento militar de primer orden, revaluado espiritual y materialmente. Dos nuevas ramas del poder nacional tuvieron allí su verdadero génesis: la aviación militar y la marina de guerra, emanadas del ejército terrestre. Resurgimiento de la Escuela Militar de Aviación La necesidad de producir pilotos para tripular las aeronaves adquiridas con premura ante las demandas de la guerra, determinó el traslado de la antigua y casi inactiva Escuela de Madrid a Cali, donde en predios de la hacienda El Guabito se construyó la estructura primaria de lo que sería con el

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tiempo la Escuela Militar de Aviación Ernesto Samper, más tarde rebautizada Marco Fidel Suárez en honor del presidente en cuya administración había funcionado por primera vez. A tres aviones Osprey para entrenamiento avanzado, adquiridos en 1932 antes del conflicto, se agregaron ya bajo sus presiones 15 Trainer NK-1, 10 Fledling, 30 Falcon F-8F y 17 Hawks, todos de fabricación estadinense. Los Falcon y Hawks de combate se destinaron posteriormente a la base de Palanquero en el río Magdalena. Una misión alemana a órdenes del mayor Rudolf Starke cumplió brillante tarea en la preparación de pilotos colombianos, que alcanzaron a actuar en la fase final del conflicto. El 21 de septiembre culminó este nuevo y definitivo esfuerzo por dar entidad al instituto de formación de oficiales de la que por varios años más fue Quinta Arma del ejército. Creación de una armada La indigencia en que se halló el país al estallar el conflicto del sur puso de relieve el gravísimo error cometido al desactivar la Escuela Naval que fundara con visión del futuro el general Rafael Reyes. Ahora había que acometer, en los umbrales de una guerra internacional, la doble tarea de entrenar marinos para tripular los buques adquiridos y la organización de una inexistente armada. Para lograrlo se recurrió a la primera potencia naval de la época, y la más rica en tradición marinera, de cuyos astilleros salieran el Crofton Hall en Glasgow y los destructores Douro y Tejo (Duero y Tajo) en Lisboa, con los cuales nacía, bajo los nombres de Cúcuta, Antioquia y Caldas, nuestra moderna armada. Fue así cómo se contrató en 1934 una misión inglesa, dirigida por el contralmirante Basil O. Bell-Salter, entre cuyos miembros sobresalió el capitán de navio Ralph Douglas Binney, primer director de la Escuela Naval, reactivada ese año en Cartagena, aunque la disposición que le dio vida legal

tan sólo se produjo en 1936 con la ley 105 del 29 de abril. La misión dejó huella imborrable en los anales de la armada nacional. La conformaron 25 oficiales de la real armada inglesa y llegó a contar con 250 miembros, dada la urgencia de tripular los buques para los cuales Colombia carecía de marinos preparados. Toda una tradición se formó a lo largo de los cincuenta años transcurridos desde entonces, con arraigo en la semilla plantada por los excelentes marinos británicos sobre las cubiertas de los nuevos navios, con el Cúcuta adaptado como buque escuela. El ejército Una profunda transformación, comparable en algunos aspectos a la que se inició bajo el mandato del general Reyes en 1907, tuvo lugar en el ejer-

Los cuatro primeros cadetes de la marina colombiana, según la publicación de "Cromos" del 20 de julio de 1939: Hernando Barriga, Hernando Buendía, Carlos Rodríguez y Carlos Muñoz.

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Enrique Olaya Herrera con miembros de la misión aérea del mayor Starke y pilotos colombianos en la base de El Guabito (Cali, 1932). Abajo, Arthur Bliss Lane, embajador norteamericano, saluda en Bogotá al general Andrews, comandante de la defensa en el Canal de Panamá (septiembre, 1942).

cito terrestre ante el desafío bélico originado en la ocupación de Leticia y Tarapacá. Contribuyó a ello la presencia de la misión militar alemana del teniente coronel Hans Schuller y el mayor Hans Berwing. El primero, instructor en la Escuela Militar, formó la mentalidad táctica de la joven oficialidad impregnada de mística profesional por los sucesos del sur, y el segundo sentó bases administrativas y logís-

ticas de gran trascendencia. Por otra parte, la adquisición de cuantioso material de guerra permitió colocar al ejército, al igual que a la Armada y a la aviación militar, en lugar de avanzada en Hispanoamérica. Reflejos de la segunda guerra mundial Aunque la dimensión del formidable conflicto bélico que incendió el mundo entre 1939 y 1945 desbordaba el ámbito de nuestras reducidas fuerzas militares, el resurgimiento de la guerra móvil a raíz de la Blitzkrieg o guerra relámpago, introducida por Alemania como reacción al estancamiento atrincherado del 14-18, produjo una revolución doctrinaria en todo el mundo, que no escapó al pensamiento militar colombiano, incrementada por el envío de oficialidad de nuestro país a escuelas militares de Estados Unidos y por el arribo de una misión militar de ese país para las tres fuerzas. La rama aérea del ejército había contratado ya la suya desde 1935. Ahora se convertía en fuerza independiente, desprendién-

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dose del ejército, como ocurrió con la R.A.F. y la Luftwaffe en Europa. Golpe militar frustrado La tradición civilista de las fuerzas militares experimentó transitorio eclipse con el golpe fraguado contra el presidente Alfonso López Pumarejo, reelegido por el partido liberal para el período 1942-1946. Avanzaba la segunda guerra mundial con el desembarco aliado en Normandía en junio de 1944. Colombia comenzaba a recibir equipos militares dentro de los términos de la Ley de Préstamos y Arriendos de los Estados Unidos. Como requisito para el ascenso a general se había establecido la dirección de maniobras o ejercicios de campaña de brigada, por lo cual se montó uno en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle, que serviría a la vez para probar el nuevo equipo, con dos unidades operativas que serían comandadas, la del sur por el coronel Diógenes Gil Mujica y por Eurípides Márquez la del norte. En el ejército se ponía de manifiesto cierto grado de inconformidad por el manejo dado a las instituciones armadas por el presidente López. Frases desafortunadas dentro del propósito bien concebido de vincular las fuerzas militares con empresas de desarrollo rural, vías y colonización, hirieron la

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sensibilidad institucional. Al decir que el ejército no podía continuar como peso muerto en la vida del país, se lastimó sin necesidad una institución cuyo aporte reciente a la vinculación de la Amazonia a la realidad nacional no podía desconocerse, como tampoco la importancia de su misión constitucional. En el Senado se planteó un debate al ministro civil de Guerra en torno a informaciones que se habían propalado sobre una supuesta conspiración en el ejército. El desconocimiento del ministro en cuestiones militares fue deplorable, en contraste con la habilidad dialéctica y sapiencia castrense de su principal interlocutor. Aquel insuceso, escuchado por radio en todos los cuarteles, aumentó el malestar. Desde la prensa de oposición se adelantaba una implacable campaña contra el gobierno y algunos políticos, conocidos por su beligerancia antigubernamental, comenzaron a halagar a miembros del ejército y en algún convento de la capital tuvo lugar una reunión clandestina francamente conspirativa. Al amanecer del 10 de julio de 1944 el presidente López, que se había desplazado a Pasto para presenciar las maniobras, fue reducido a prisión por la oficialidad comprometida y el coronel Diógenes Gil asumió el poder. Mal meditado el golpe, carente de unanimidad en el ejército, pronto acu-

En el aeropuerto de Techo, en Bogotá, bombarderos semipesados adscritos a la defensa de la zona del Canal durante la segunda Guerra Mundial (foto de diciembre de 1940).

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presionaba para que tomara el mando del movimiento en su jurisdicción. Puesto en libertad el presidente, después de día y medio bajo custodia en la hacienda de Consacá, regresó a Bogotá para reasumir sus funciones. De inmediato se convocaron consejos de guerra verbales bajo el estado de sitio implantado desde el día 10, para juzgar a los responsables del alzamiento. Los implicados recibieron drásticas condenas lo que, aunque sentó como era necesario los principios institucionales de lealtad y disciplina, sembró semillas de discordia y rompió la unidad castrense, si bien ésta se había alterado ya desde los orígenes del golpe, con efectos presentes y futuros en extremo sensibles. Albores de violencia

Coronel Diógenes Gil Mujica. Con motivo de unas maniobras para su ascenso a general, en Pasto, fue el protagonista del golpe de Estado al presidente Alfonso López Pumarejo, en la madrugada del 10 de julio de ¡944.

só su fragilidad. Tan sólo las guarniciones de Ibagué y Bucaramanga respondieron, en la segunda a niveles subalternos. El designado Darío Echandía asumió la presidencia y el ministro de Gobierno, Alberto Lleras Camargo, definió vigorosamente la juridicidad institucional, sostenido en la firme lealtad de los mandos superiores y del grueso del ejército, que hallaron en el general Germán Ocampo, comandante de la Brigada de Institutos Militares, su más resuelto intérprete, al presentarse con el designado en los cuarteles de la capital para efectuar su reconocimiento por las tropas. Las guarniciones insurrectas claudicaron y como única víctima del malhadado cuartelazo quedó el coronel Julio Guarín, comandante de la Quinta Brigada en Bucaramanga, ultimado en su despacho por el capitán José Gregorio Quintero, según éste en defensa propia, dado que su jefe pretendió echar mano de un arma en el cajón de su escritorio, cuando el capitán lo

Al igual que ocurriera en 1930 con el partido conservador, la división liberal lo precipitó a la derrota en comicios de indiscutible pureza, presididos por Alberto Lleras Camargo, que reemplazó por renuncia al doctor López Pumarejo en su último año de gobierno. Las fuerzas militares, fieles a su neutralidad política, repitieron la actitud observada el año 1930 al respaldar los resultados del debate electoral, y el ingeniero Mariano Ospina Pérez asumió el poder el 7 de agosto de 1946, con un programa de unión nacional análogo al que presentara Enrique Olaya Herrera. Apenas un año después la concordia comenzó a alterarse. El partido derrotado no quería desprenderse del poder y el vencedor lo quería todo para sí, en un empeño de resurrección hegemónica inactual y contraproducente. En los altos estratos políticos la retórica virulenta degeneraba en invectiva y de ésta se pasaba a reyertas y violencia verbal. En los bajos, que sufrían el efecto multiplicador del caciquismo ultramontano, y la pasión banderiza heredada generacionalmente del siglo anterior, comenzaron a caer las primeras víctimas. La policía que se reclutaba entonces con sentido par-

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tidista en municipios y departamentos y se utilizaba con el mismo criterio por alcaldes y gobernadores, contribuyó a polarizar la contienda en comienzo y a acelerarla al actuar sectariamente y no como instrumento de recta autoridad. El 9 de abril de 1948 Bajo el encapotado y cada día más tenso horizonte político, la convocatoria de la IX Conferencia Interamericana para el mes de abril de 1948 en Bogotá, añadió un ingrediente externo al agravado problema intestino, ya de sí en plena ruptura al interrumpirse la colaboración liberal en el gobierno de unión, como protesta por la violencia política que arreciaba en forma alarmante. Se temía un acto perturbador de procedencia internacional y la persona del general George S. Marshall, secretario de Estado de los Estados Unidos y figura de prestigio mundial, se señaló como posible objetivo de un magnicidio encaminado a sabotear la conferencia que buscaba la unidad continental ante la amenaza comunista. El 9 de abril, ya iniciada la reunión interamericana, caía ultimado Jorge Eliécer Gaitán, director del partido liberal y caudillo que se había adentrado profundamente en las fibras emocionales del pueblo colombiano. La congestión humana a la una de la tarde y el lugar del crimen en pleno corazón de Bogotá, precipitaron el desbordamiento popular, convertido en fenómeno colectivo de locura, que varios extremistas y algunos exaltados líderes de partido agitaron irresponsablemente desde varias emisoras radiales. Las ferreterías fueron asaltadas en procura de armas. Buena parte de la fuerza de policía de Bogotá participó en el motín con su armamento de dotación y distribuyó parte al pueblo enardecido. Con rapidez sospechosa algunos camiones distribuyeron gasolina y la ciudad, presa de verdadera demencia colectiva, comenzó a arder en su sector céntrico.

Intervención del ejército La turba enfurecida condujo el cadáver de Juan Roa Sierra, asesino de Gaitán ultimado momentos después del magnicidio, hacia el palacio presidencial. Una fracción del batallón Guardia Presidencial salió de su cuartel en San Agustín (actual Museo de Arte y Tradiciones Populares en la Carrera 8.a con Avenida 7.a) con el

Alfonso López Pumarejo condecora con la Cruz de Boyacá a los generales Domingo Espinel, ministro de Guerra, Leopoldo Piedrahíta y Miguel Neira, enero 20, 1945.

Plaza de Bolívar, de Bogotá, el 9 de abril.

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sura y contención que prevalecían en el manejo de disturbios urbanos. Sublevada la policía, en medio del caos, batidos por fuego anónimo que salía de la muchedumbre, y con el agravante del alcohol que tornaba ingobernable el fenómeno de masa, las fracciones del ejército tuvieron que emplear las armas, en actuación sin precedentes en la historia de Colombia, como también lo fue el estallido de furor vandálico de aquella hora funesta. La frase del doctor Mariano Ospina Pérez: «Para la democracia colombiana es mejor un presidente muerto que un presidente fugitivo», quedó suspendida sobre la tormenta, con sereno poder republicano e inspirada síntesis de comportamiento de quien asume las más altas responsabilidades del Estado, entre éstas la jefatura suprema de sus fuerzas militares. Al borde del abismo donde se situó el país se produjo un momento de lucidez. La unión nacional se restableció con Darío Echandía como ministro de Gobierno y el ejército fue descrito como salvador del Estado de Derecho y de las instituciones republicanas.

Capitán Mario Serpa C, oficial de caballería, tuvo a su cargo el comando de los tanques de guerra el 9 de abril.

ánimo de proteger el palacio de La Carrera, hoy de Nariño. La estación de policía situada frente a la entrada oriental se había sublevado y distribuido armas, de tal suerte que la tropa fue recibida a tiros. El subteniente Alvaro Ruiz Holguín y varios de sus hombres cayeron entre las primeras bajas, y la agrupación, a órdenes del sargento reemplazante del oficial sacrificado, hubo de emplear sus armas y proteger los accesos al palacio presidencial. La Brigada de Institutos Militares, guarnición de la capital, había relevado en enero sus soldados antiguos, como se acostumbraba entonces, a pesar de que la tranquilidad pública venía perturbándose seriamente. Exigua en sus efectivos ante la magnitud de la revuelta, salió a la calle para restaurar el orden, dentro de los criterios de me-

Participación militar en la guerra de Corea El 25 de junio de 1950, Corea del Norte, fracción bajo régimen comunista del antiquísimo país asiático, invadió la República de Corea del Sur en un intento de unificación por la fuerza. Condenada la agresión por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, su secretario general hizo un llamado a los países libres para acudir en auxilio de la nación atacada. Entre los que respondieron se halló Colombia, que ofreció un batallón de infantería y una fragata de guerra. A este aporte militar se le han dado variadas interpretaciones políticas. Cualquiera haya sido la razón de Estado que lo determinó, el hecho es que, ante la historia, Colombia acudió —único país latinoamericano en hacerlo— a defender con sus hombres de armas los mismos ideales que inspiraron su nacimiento

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republicano. Y es la trayectoria heroica de esos hombres, la que el concierto mundial acogió con respeto. El batallón Colombia A comienzos de enero de 1951 se hizo pública la designación de oficiales para integrar los cuadros de mando del batallón que recibió el nombre de su patria. Encabezó la lista el teniente coronel Jaime Polanía Puyo, seguido de 39 combatientes, dos médicos, un odontólogo, un capellán y un contador. Pronto se agregaron los 215 suboficiales y los 800 soldados que integraron el primer cuerpo armado en cruzar las fronteras desde la guerra de Independencia para luchar por la libertad en suelo extraño. Esos 1.060 hombres se organizaron en la plana mayor del comandante, tres compañías de fusileros, una de armas pesadas de apoyo y una de comando, además de una de reemplazos destinada a cubrir bajas de guerra. Después de cuatro meses de entrenamiento el batallón se trasladó a Buenaventura, donde embarcó el 21 de mayo a bordo del USN Aiken Victory, buque de transporte de tropas de los Estados Unidos, arribando al puerto de Pusán, en Corea del Sur, el 15 de junio. Seis semanas de entrenamiento avanzado de intensidad agobiante pusieron la unidad en elevada disposición de combate, antes de trasladarse al frente para incorporarse al Regimiento 21 de la XXIV División de Infantería estadinense, unidades curtidas en la lucha, como que habían aguantado hombro a hombro con el ejército surcoreano el primer embate de la invasión. Bautismo de fuego El 7 de agosto de 1951, en homenaje a la victoria de Boyacá, tropas colombianas cumplieron la primera misión de combate, consistente en una patrulla de tamaño de compañía de fusileros reforzada con armas pesadas, que debería sobrepasar la línea adelantada

del Octavo Ejército en el frente central, hasta tomar contacto con el enemigo, estimado en un batallón del Ejército Popular Chino. Bajo el mando del capitán Alvaro Valencia Tovar, la compañía entró en contacto a las siete de la mañana, tomando el objetivo dos horas más tarde, bajo fuego intenso que le ocasionó 11 heridos, y obligando al enemigo a retirarse.

Soldados del ejército nacional vigilan las calles, luego del "bogotazo" del 9 de abril. Abajo, patrullando el Capitolio Nacional, donde fueron retenidos algunos miembros de la policía rebelde.

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ble, por 4 muertos y 23 heridos colombianos. Era apenas el comienzo de la Operación Nómada, que prosiguió con igual ímpetu hacia el valle de Kumsong y el importante nudo de comunicaciones del mismo nombre. El día 20 caía herido por una bala de ametralladora el coronel Polanía Puyo, que desde la camilla en que se le conducía dirigió por radio vibrante arenga a su unidad. El día 22 caía Kumsong en poder del batallón, cuyo comportamiento le mereció las citaciones presidenciales de los Estados Unidos y Corea del Sur por bizarría en combate. Otras acciones meritorias del Colombia

Operación Nómada". durante la guerra de Corea, adelantada con intervención del Batallón Colombia, entre el 12 y el 22 de octubre de 1951.

Ofensiva de otoño El Octavo Ejército saltó a la ofensiva el 12 de octubre, con su ataque principal en el centro montañoso del frente con dos cuerpos de ejército surcoreanos y uno de fuerzas aliadas, entre éstas la División 24 con el Batallón Colombia adscrito. Tres alturas fortificadas constituían la primera línea de objetivos, designadas en la orden de operaciones como 23, 24 y 25. Nuestros soldados las humanizaron con los nombres de El Chamizo, La Teta y Don Polo y las tomaron por asalto en sangrienta operación que significó en cifras 52 muertos chinos, 5 prisioneros, y heridos en número imprecisa-

Pasando alternativamente por períodos de combate y pausas en reserva del regimiento, las tropas colombianas se distinguieron por su valor y arrojo en numerosas acciones. En enero el batallón fue transferido a la Séptima División de Infantería, Regimiento 31, donde cumplió un asalto nocturno al cerro 400, posición fortificada china, dirigido por el mayor Luis Etilio Leyva como comandante encargado de la unidad, acción de enaltecedora brillantez en la que se destacó el subteniente Mario Bernal Abella como comandante del escalón de asalto. El 4 de julio de 1952 asumió el mando el teniente coronel Alberto Ruiz Novoa en reemplazo de quien había sido primer jefe del batallón. Bajo sus órdenes libró las dos últimas acciones mayores: la Operación Bárbula, sangriento ataque al cerro 180, posición fortificada china, dentro de una tarea de reconocimiento en fuerza y la defensa del cerro Old Baldy, reciamente disputado por cuantas tropas lo habían guarnecido antes del Colombia, por constituir una posición avanzada de la línea principal. En la noche del 23 de marzo de 1953, previo fuego de preparación que duró una semana y destruyó el 60 % de las fortificaciones, fue atacada por un regimiento chino. El combate se prolongó toda la noche,

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hasta que se dio por perdida la posición bajo la abrumadora superioridad del ataque. El 28 de julio se firmaba el armisticio de Pan-mun-yong que puso fin a las hostilidades. El batallón regresó a su patria al comienzo del año siguiente, después de cumplir misiones de vigilancia sobre la línea de demarcación, al mando de su último comandante, temente coronel Antonio Convers Pardo. 131 muertos, 428 heridos, 69 desaparecidos en acción y 28 prisioneros canjeados en Pan-mun-yong fueron el tributo colombiano a la soberanía de pequeñas naciones agredidas. El batallón significó para el país y para su ejército, además del reconocimiento universal por su heroísmo, una extraordinaria fuente de experiencias militares que obraron en forma decisiva en la modernización de su doctrina, tácticas, procedimientos logísticos y de estado mayor, con saldo final de alta eficiencia. Las fragatas de guerra El aporte naval de Colombia al esfuerzo de las Naciones Unidas en Corea, se plasmó en la presencia interrumpida de fragatas de la armada nacional. Fue la primera la Almirante Padilla, al mando del capitán de fragata Julio César Reyes Canal. Habiendo zarpado de Cartagena el 11 de noviembre de 1950, el buque fue sometido a reparaciones en California, participó en ejercicios de entrenamiento avanzado y a comienzos del año siguiente, se incorporó a la Séptima Flota de los Estados Unidos en la base de Yokosuka, Japón. Le siguieron la Capitán Tono, la Almirante Brion y nuevamente la Tono y la Padilla, comandadas en su orden por los capitanes de fragata Hernando Berón Victoria, Carlos Prieto, Jorge Taua y Darío Forero. El entonces capitán de corbeta y más tarde almirante y comandante de la armada, Jaime Parra Ramírez, fue segundo comandante en tres de las fragatas, con el más alto índice de permanencia en la zona de operaciones.

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El desempeño de todas las unidades navales estuvo acorde con la pericia naval, capacidad operativa y eficiencia técnica de nuestros marinos, cualidades que se hicieron patentes en el brillante cumplimiento de cuantas misiones fueron confiadas a las fragatas colombianas por el Comando Naval Aliado, contribuyendo al bloqueo de la península y al apoyo de las fuerzas terrestres sobre ambos flancos de su línea de combate.

Despedida de la fragata "Almirante Padilla", en noviembre de 1950, en misión de patrullaje en Corea.

Frente al puesto de mando táctico del Batallón Colombia en el frente de Kumwha {Corea del Norte): tenientes John Goodson v Miguel Contreras, capitán Alvaro Valencia Tovar, médico Hernando Rubiano Groot.

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Las fuerzas armadas ante la violencia política

16 de junio de 1951: en Pusan, Corea del Sur, el teniente coronel Jaime Polonia Puyo, comandante del Batallón Colombia es recibido por el general John B. Coulter.

Poco duró la reconciliación de los partidos, lograda sobre las ruinas físicas y morales del 9 de abril. El espanto de los primeros meses y el propósito de enmienda que suscitó, se disiparon ante las apetencias de poder, que se incubaron sordamente a cubierto de la transitoria alianza. El acelerado deterioro de la situación política desembocó de nuevo en la ruptura de la unión nacional, lo que favorecía a los elementos más radicales y sectarios en el partido de gobierno, pues así lograban la libertad de acción necesaria para la homogeneización política de la autoridad. A ello respondieron sus adversarios con la oposición a ultranza, que tomó cuerpo en el parlamento, generando una verdadera lucha de poderes entre el ejecutivo y el legislativo, dada la mayoría liberal en el segundo, con la fuerza pública aprisionada en el medio como entre un emparedado formidable.

La policía nacional, disuelta por completo después del 9 de abril, a excepción del selecto pero reducido cuerpo de carabineros, había sido reemplazada por una policía militar, conformada por soldados próximos al desacuartelamiento por servicio cumplido y con mandos tomados del ejército. Era una oportunidad excepcional para corregir las fallas que se habían hecho evidentes en la etapa anterior a aquella fecha trágica. Devuelta al Ministerio de Gobierno, precisamente en el que hizo eclosión dramática el sectarismo, fue politizada de nuevo y resurgieron las fatídicas policías departamentales y municipales, cuya nociva influencia en la polarización del enfrentamiento aparecía de nuevo y aún con mayor ímpetu. Los gérmenes de violencia ya inoculados en la vida colombiana desde 1948, proliferaron ahora con terrible morbilidad, reviviendo el furor de las guerras civiles y los brotes esporádicos de 1931 y 1932, desaparecidos ante el conflicto con el Perú. Rencores subyacentes, odios

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atávicos, pasiones banderizas cultivadas a lo largo de un siglo de permanente guerrear volvieron a la luz, olvidando el sentido de la controversia democrática para trocarla por el ominoso tronar de los fusiles. El conflicto político evolucionó así velozmente hacia la lucha armada, que adquirió casi instintivamente formas guerrilleras, por parte de quienes resistían a una autoridad parcializada, que utilizaba las policías seccionales como fuerzas de partido. El dilema militar ante el problema El duelo planteado entre el ejecutivo y el legislativo adquirió creciente pugnacidad a lo largo de 1949, año crítico en la generalización de la violencia rural. Se hacía evidente que, ante la actitud de intransigente oposición de la mayoría liberal, respondía la minoría conservadora con intemperancia verbal y saboteo de las sesiones parlamentarias, como ocurrió el mes de junio cuando se utilizaron silbatos para

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acallar a los oradores contrarios. El Congreso se deterioraba visiblemente, descendiendo de sus deberes legislativos al campo incendiario de la reyerta sectaria, que hizo explosión en la Cámara de Representantes el 7 de septiembre, cuando del insulto entre dos oponentes se pasó al revólver, generándose descomunal abaleo, en el que resultó muerto el liberal Gustavo Jiménez y lesionado de por vida su copartidario Jorge Soto del Corral. Si eso ocurría en los altos niveles de la política, bien puede comprenderse lo que sería el enfrentamiento rural, donde las repercusiones de los sucesos citadinos distorsionaban bárbaramente las actitudes y conductas, de por sí propensas a la violencia. Cuando en el seno de ese Congreso demeritado por sus propios miembros se comenzó a gestar una acusación contra el presidente de la República, comprendió éste que no se le citaría al Senado para juzgarlo sino para condenarlo como responsable de la violencia. El 9 de noviembre la fuerza pú-

El general Alberto Ruiz Novoa, Hernando Barón Victoria y Germán Bula Hoyos observan un embarque de tropas en los años 60, junto con otros oficiales.

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Capitán Julio César Reyes Canal, comandante de la fragata "Almirante Padilla" durante la guerra de Corea.

Operación de una unidad de artillería durante la lucha con grupos bandoleros (ataque a Efraín González en junio de ¡965).

blica interrumpió las sesiones de las dos cámaras, obedeciendo la orden presidencial de clausurar el Congreso, lo que planteó a las fuerzas militares un conflicto de lealtades de trascendencia presente y futura. «La fuerza pública no es deliberante», establece la Ley de Leyes, lo que implica obedecer sin cuestionamiento al presidente de la República, su jefe constitucional. Pero esa fuerza es guardián de las instituciones, una de

las cuales desconocía a la otra. Entrar a resolver el problema implicaba, de hecho, deliberar, así el ejecutivo asumiese poderes dictatoriales. Había algo más. Sostener el régimen de origen electivo era un deber jurídico. Interponerse entre los partidos cuyos dirigentes habían perdido el rumbo al sumirse y llevar al país a una contienda sangrienta, un imperativo moral. Difícil de cumplir, sin duda, sin desbordar la esfera castrense e irrumpir en la vedada arena política. Cuatro etapas o fases se identifican en el conflicto armado: Primera: Del crimen político a la guerrilla rural La sociedad colombiana respetaba al ejército y en él a las fuerzas militares. Tenía confianza en su neutralidad, lo que se hacía más evidente en el sector campesino. De ahí que sus intervenciones, cuando la policía resultaba desbordada por la dinámica de los acontecimientos, fuesen recibidas con beneplácito. Sin embargo, la imparcialidad contrariaba intereses políticos. Innumerables oficiales resultaron acusados de connivencia con el adversario, lo que situaba al profesional de las armas entre el emparedado pasional de que ya se habló. Impreparado para la lucha guerrillera en que tomó cuerpo el conflicto, el ejército la encaró sin entenderla a cabalidad. Dondequiera estallaba un choque sangriento se enviaba una fracción militar de fuerza variable, que ocupaba la localidad donde se había producido, con lo que la lucha feroz se acentuaba en la vereda, bajo formas irregulares. La posibilidad de seguir actuando imparcialmente se desvaneció cuando, en mixtificación absurda del principio de autoridad, magnificado hasta la exageración ante la creciente rebeldía, se decidió uniformar las policías politizadas con vestuario militar, e inclusive entremezclarlas con fracciones del ejército. Aquello fue el desastre, particularmente en los Llanos Orientales. El uniformado pasó a encarnar sin distinción al enemigo. Varios oficiales pi-

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dieron la reconsideración de tan protuberante error, a lo que se respondió calificando de deslealtad cualquier objeción, de donde resultó el retiro de oficiales superiores y subalternos. El manejo impropio, político y militar, de una situación que desquiciaba el país, trajo consigo la aceleración y extrema bipolaridad del conflicto, haciendo cada día más difícil una solución sensata. Segunda: Las fuerzas militares como gobierno El salvajismo indescriptible de la violencia que se extendía como gangrena gaseosa por toda la geografía patria, precipitó el acceso a la presidencia del general Gustavo Rojas Pínilla, comandante general de las fuerzas militares, en un proceso cuyo análisis corresponde al campo político. De «golpe de opinión» se calificó el hecho por Darío Echandía, vocero de alta alcurnia del liberalismo, y el nuevo régimen fue reconocido por la Corte Suprema de Justicia y por la Asamblea Constituyente convocada por el que resultó depuesto. La policía se nacionalizó respondiendo a una urgencia nacional y se profesionalizó adscribiéndola al Ministerio de Guerra. Una amnistía general cobijó a quienes se habían alzado en armas, lo que propició la entrega de varios miles de guerrilleros y el retorno de la normalidad a regiones enteras. Infortunadamente se recurrió a un solo partido para gobernar. No era lo indicado al cabo de un enfrentamiento tan pugnaz, suspendido pero no resuelto en sus raíces profundas. Por otra parte, ello ponía en entredicho la neutralidad de las fuerzas armadas. Un año apenas duró el respiro de paz y la pausa de concordia. Al resurgimiento de la lucha bipartidista se añadió un tercer elemento: la guerrilla ideológica marxista, surgida a la sombra de la contienda sectaria. En la extensa zona montañosa de Sumapaz se organizó una «autodefensa campesina» sobre patrones y bajo dirección comunista, que dio lugar a operaciones militares de considerable enver-

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gadura, prolongadas hacia el sudeste del Tolima, en un confuso cuadro donde resultaba bien difícil identificar componentes. El 8 de junio de 1954 resultó muerto un estudiante en la ciudad universitaria, en un choque con la policía. El 9, cuando una manifestación estudiantil fue contenida por el ejército en el centro de Bogotá, interrumpiendo su marcha de protesta pacífica hacia el palacio presidencial, numerosos uni-

Helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana, durante una acción de enfrentamiento a la guerrilla: traslado del cadáver del bandolero "Sangrenegra", muerto en El Cairo, en enero de ¡964.

Una escena de la acción de contraguerrilla durante los años sesenta.

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Marzo 28 de 1984: conversaciones de paz en La Uribe. Por la comisión presidencial asistieron John Agudelo Ríos, César Gómez Estrada, Samuel Hoyos Arango, Rafael Rivas Posada, Margarita Vidal y Alberto Rojas Puyo. Representaron a las FARC Manuel Marulanda Vélez, Jacobo Arenas, Jaime Guaracas, Alfonso Cano v Raúl Reyes.

Instalación de la Comisión de Paz, Diálogo y Verificación por el presidente Betancur, octubre 24 de 1985.

versitarios resultaron muertos y heridos. La violencia se propagaba en el agro, aumentaba la inconformidad citadina agudizada con la clausura de los principales periódicos liberales, y figuras destacadas de los dos partidos crearon el Frente Nacional bajo ins-

piración de Alberto Lleras Camargo. Al conocerse el propósito de prolongar el período presidencial del general Rojas, contrariando la Constitución que lo prohibe, un paro cívico nacional precipitó la caída del régimen, reemplazado por una Junta Militar, designada por el mandatario saliente: mayor general Gabriel París, brigadieres generales Deogracias Fonseca, Rafael Navas Pardo, Ernesto Ordóñez Castillo y vicealmirante Rubén Piedrahita Arango, quienes, con un gabinete mixto de militares y civiles de ambos partidos, condujeron el país hacia la normalidad institucional y prepararon los comicios que dieron la presidencia a Lleras Camargo, primer mandatario del Frente Nacional. La Junta introdujo una trascendente reforma constitucional de 14 puntos mediante un plebiscito, caso único en nuestra historia, y las fuerzas militares dominaron el intento de golpe de cuartel fraguado por algunos oficiales de grados intermedios y llevado a cabo el 2 de mayo de 1958 por un sector minoritario de la guarnición de Bogotá.

Capítulo 12

Tercera: Bandolerismo y guerrilla revolucionaria Al desaparecer las razones sectarias de la reyerta, se halló que la violencia había experimentado una metamorfosis a lo largo del proceso deteriorante. El desquiciamiento de los órdenes jurídicos y morales engendró diversas formas de delincuencia que, amparada aún por la careta política, subsistió con oscuros fines de lucro, agravados por perturbaciones psíquicas de quienes hicieron del fenómeno inhumano un hábito o un modo de vida. De otra parte se habían engendrado guerrillas marxistas que, al igual que los grupos bandoleros, simularon acogerse a la amnistía promulgada por el Frente Nacional y disfrutaron de sus beneficios, pero no renunciaron a la lucha armada. Las fuerzas militares habían adquirido experiencia y perfeccionado técnicas de lucha antiinsurreccional, que les permitieron extirpar las bandas de forajidos con apoyo de la población rural, en tanto las guerrillas comunistas subsistieron, expandiéndose con la insurgencia de nuevos grupos, inspirados y apoyados por el régimen revolucionario de Cuba. Cuarta: La paz negociada El acceso a la presidencia de Belisario Betancur Cuartas dio lugar a un

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proceso de paz inspirado y conducido por el nuevo jefe de Estado. La secuencia de amnistía política, cese de fuegos e indulto total, como vía de aproximación a la normalidad en la nación, no ha dado, al acercarse el siglo de promulgada la Constitución de 1886, los efectos esperados. Al agonizar el año de 1985, el sangriento asalto al Palacio de Justicia y la ruptura de la tregua armada por parte de uno de los movimientos guerrilleros, dejó finalmente el proceso todo en un paréntesis de duda, mientras las fuerzas armadas deben enfrentar de nuevo a la guerrilla amnistiada.

Una temprana reunión de la comisión de paz en la casa de Nariño, en 1982. Con el presidente Belisario Betancur, José Luis Serna, el ministro de Gobierno Alfonso Gómez Gómez, Antonio Duque Pérez, Amparo Bouzas Quintero.

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Capítulo 13

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La Iglesia católica y el Estado colombiano (1886-1930) Fernán González

E

l año de 1886, punto de partida del período que pretendemos analizar, marca el comienzo de una nueva etapa en las relaciones de la Iglesia con la sociedad y el Estado de Colombia. La reforma constitucional de 1886 y el Concordato de 1887 pusieron fin a una serie de conflictos entre la Iglesia y el Estado, que habían caracterizado la mayor parte del siglo XIX colombiano. Los conflictos se produjeron en torno al papel que la Iglesia debía desempeñar en la naciente y todavía débil nación colombiana. Los enfrentamientos entre ambas potestades condujeron al destierro de varios obispos, dos expulsiones de los jesuítas y al exilio de varios representantes diplomáticos de la Santa Sede. Resulta difícil para el lector de hoy, inserto en un mundo más profano y secularizado, comprender las motivaciones y el ambiente político y religioso que rodeaban dichos conflictos: tanto la Iglesia católica como los partidos conservador y liberal han suavizado sus contradicciones, modificando las imágenes y contraimágenes que tenían mutuamente. La Iglesia católica ha

pasado por la experiencia del Concilio Vaticano II, redescubriendo su dimensión histórica y estableciendo un diálogo con el mundo profano y pluralista. En el momento actual, la Iglesia y el partido liberal han aprendido a convivir relativizando sus posiciones. La concepción de la Iglesia como pueblo en marcha a través de la historia, propia del Vaticano II, contrasta con la imagen estática anterior, que pretendía sustraerse al movimiento de la historia y situarse en un mundo fijo e inmutable, como un reflejo del mundo feudal que se consideraba poco menos que definitivo. Esta imagen hacía imposible que la Iglesia pudiera siquiera entender la concepción burguesa propia del mundo liberal. Por su parte, la doctrina liberal ha descubierto también las limitaciones de su visión del mundo y ha matizado su optimista creencia en el progreso indefinido, al descubrir los condicionamientos sociales y económicos que dificultan la concreta realización de sus concepciones utópicas. Muchos liberales fueron descubriendo los excesos del exagerado individualismo que su teoría postulaba y la necesidad de una intervención reguladora por parte del Estado. También se terminó por

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Cubierta con el escudo papal, portada, primera y última páginas del Concordato de 31 de diciembre de 1887, celebrado entre León XIII y Rafael Núñez (Archivo de la Cancillería).

aceptar la conveniencia de ciertos mecanismos o asociaciones intermedias entre el individuo y el Estado tales como la Iglesia. Además, la mayoría de los liberales se hicieron conscientes del espíritu de tolerancia que implicaba su propia doctrina y se despojaron del barniz anticlerical tan frecuente en el siglo XIX. Todo esto llevó al liberalismo colombiano a resolverse a dar por canceladas sus diferencias con la Iglesia católica en el año 1957,

al iniciarse los gobiernos del Frente Nacional. Nada de esto era concebible para la mayoría de los hombres de la Iglesia y del partido liberal en el pasado siglo. La Iglesia aparecía muy opuesta al progreso moderno, muy ligada a las tendencias restauracionistas y tradicionalistas que reaccionaban en Europa contra las ideas de la Revolución francesa, expresión de la concepción burguesa del mundo y de la historia.

Capítulo 13

Ante los nuevos valores de la sociedad burguesa, la Iglesia se va aferrando a las concepciones sociales y políticas de una Edad Media idealizada por la mentalidad romántica y se va encerrando en una actitud defensiva ante todo lo nuevo. La Iglesia asume una actitud cada vez más intransigente frente a las libertades democráticas de la burguesía en control de los nuevos estados: el Syllabus había anatematizado al que afirmase que la Iglesia y el Papa debían reconciliarse con el progreso y la nueva civilización; la libertad de opinión es considerada como «error pestilentísimo» y la libertad de conciencia como «delirio». En resumen, la Iglesia sigue aferrada a los valores de una sociedad en desaparición sin distinguir lo específico de su mensaje religioso de la envoltura sociocultural en que se había concretizado en determinado período. Además, las categorías de pensamiento con que la Iglesia trataba de comprender la realidad no eran muy adecuadas para apreciar el cambio y el proceso en la historia, tan típicos del mundo moderno: la concepción metafísica basada en la idea de la sustancia pensaba al mundo desde lo permanente y dejaba por fuera todos los cambios históricos que eran relegados a la categoría aristotélica de «accidente». La ética es concebida desde la conformidad con un orden natural preestablecido, lo que no permite captar siquiera la novedad de un cambio político revolucionario. Por otra parte, la situación internacional de la Iglesia no era la más adecuada para que desarrollara una actitud de simpatía frente a las ideas liberales: amenazados por la unidad italiana, por el laicismo de los republicanos franceses y el anticlericalismo de los liberales españoles, los papas se hacen cada vez más reacios ante el mundo moderno. Paradójicamente, la pérdida de poder político de los papas se vio compensada por una tendencia a la centralización romana de los asuntos eclesiales del mundo entero. Tanto los jesuítas como los nuncios apostó-

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licos fueron instrumentos de esta romanización de la Iglesia universal, a la que correspondió una reorganización de la curia romana. La vinculación al papado de Roma se considera así como garantía de la independencia de las iglesias nacionales frente a los intentos de control de los nuevos estados sobre ellas: el llamado ultramontanismo se produce en este contexto. En Hispanoamérica y en Colombia, estos problemas se agravaron debido a la estrechísima relación que había existido entre la Iglesia y el Estado español, desde los reyes católicos. En muchos sentidos, los problemas de la Iglesia frente a los estados republicanos del siglo XIX son el precio pagado por el excesivo proteccionismo que la Corona española le prodigó a la religión católica, a la que usó como elemento unificador en la Península y como factor legitimador de la con-

Antiguo palacio arzobispal de Bogotá, situado en la calle 11 con carrera 4a, entre las casas del presidente Domingo Caicedo y de la Moneda. Al fondo, una de las torres de la catedral.

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José Manuel Mosquera y Arboleda, arzobispo de Bogotá (1835-1853), desterrado del país por el Congreso en 1852, como resultado de las reformas liberales promovidas por el presidente José Hilario López. El retrato fue pintado en París por Vienot y se conserva en la catedral de Bogotá.

quista americana. Además, la situación de patronato real convertía a los reyes españoles en una especie de vicarios papales: esto hizo que las iglesias hispanoamericanas se fueran desarrollando en una situación de casi total aislamiento con respecto de la Santa Sede y al resto del mundo católico. Los inconvenientes de esta situación se hicieron obvios al presentarse la ruptura de la Independencia: los nuevos gobernantes, formados en las tendencias regalistas (predominio de la Corona sobre la Iglesia, creencia compartida por buena parte del clero hispanoamericano), se sentían herederos de la privilegiada situación del patronato, considerando que no podían ser de categoría inferior a la de los reyes españoles. Por su parte, Roma quiso aprovechar la ocasión para recuperar la autonomía de las iglesias y corregir así la anómala situación a que había conducido el patronato. Además, dentro de la lógica de los nuevos gobernantes republicanos, era bastante clara la necesidad de controlar el poder

político que se derivaba del enorme peso social, moral y económico de la Iglesia en las sociedades hispanoamericanas: los nuevos estados carecían de una legitimidad plenamente aceptada, sus rentas fiscales eran exiguas, sus deudas externas grandes y su aparato administrativo bastante precario. En cambio, la Iglesia disfrutaba de una sólida situación financiera, de gran aceptación social especialmente entre las masas populares y de clero suficiente para garantizar su presencia en los más apartados rincones del país. Por otra parte, los nuevos gobernantes buscaban una mayor apertura a las ideas de la Ilustración y del mundo moderno en general: no eran, pues, partidarios de una protección de la Iglesia que perpetuara el sólido monopolio ideológico y religioso que ella solía poseer. Por parte de la institución eclesial, se quería recuperar su autonomía pero sin sacrificar su situación privilegiada. Este marco general permite entender el contexto general de los enfrentamientos entre Iglesia católica y partido liberal colombiano, que llegaron a constituirse en frontera divisoria de los dos partidos tradicionales. El progresivo alineamiento entre la Iglesia y el partido conservador, que comienza con la toma de posición de la jerarquía eclesiástica a favor del gobierno ministerial amenazado por la guerra de los Supremos y que se profundiza en torno a la reforma educativa conservadora de Mariano Ospina Rodríguez y a la venida de los jesuítas al país. Tanto en el programa de Ezequiel Rojas como en el de José Eusebio Caro y Ospina Rodríguez aparece ya formalmente la posición frente a la Iglesia como frontera divisoria entre el partido liberal y el conservador. Las diferencias se acentúan con las reformas liberales de medio siglo (elección popular de curas párrocos, expulsión de jesuítas, redención de censos eclesiásticos, abolición de diezmos, destierro del arzobispo Mosquera) y se llega a decretar la separación entre la Iglesia y el Estado. Durante el segundo

Capítulo 13

gobierno del general Mosquera, se producen nuevos enfrentamientos: se expulsa de nuevo a los jesuítas, se destierra al nuncio papal, se desamortizan los bienes de manos muertas, varios obispos son exiliados y se introduce un férreo control o vigilancia sobre la Iglesia (tuición). Algunos liberales radicales como Salvador Camacho Roldan y Bernardo Herrera trataron de mediar entre Mosquera y el clero. En cambio varios conservadores se opusieron a todo intento de conciliación entre la Iglesia y los gobiernos radicales: los arzobispos Herrén y Arbeláez fueron víctimas de las ofensas de los conservadores intransigentes, entre los cuales se contaban no pocos sacerdotes y algunos obispos de fuera de Bogotá. Fueron particularmente notorios los enfrentamientos de varios obispos, bastantes sacerdotes y algunos jefes conservadores con monseñor Arbeláez, a propósito de su actitud conciliadora frente a la reforma educativa del Olimpo Radical. Ésta fue la ocasión de la guerra civil de 1876, en la cual apareció muy claramente la intención del partido conservador de aprovechar el conflicto de los gobiernos radicales con algunos obispos para conseguir apoyo popular para recuperar el poder. La ambigüedad de esta situación hizo muy tirantes las relaciones del gobierno con la Iglesia, a pesar de que los gobiernos del radicalismo habían tendido más bien a posiciones tolerantes con respecto a ella. Algunos presidentes radicales como Santiago Pérez eran fervorosos católicos en su vida privada. Antecedentes del Concordato de 1887 Con la llegada al poder del grupo independiente, liderado por Rafael Núñez, los asuntos entre Iglesia y Estado asumieron otro cariz: el general Julián Trujillo, en su mensaje al Congreso de 1878, solicitó la derogación o modificación de las leyes sobre inspección de cultos y el indulto de los obispos expatriados. Pero sólo en 1880 se per-

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mitiría el regreso de los obispos y se lograría un acuerdo sobre la parte del Colegio San Bartolomé que había servido de local para el seminario. En 1878 se nombró a José María Quijano Wallis encargado de negocios en Italia, con instrucciones reservadas de ponerse en contacto con la Santa Sede para obtener un modus vivendi. Este arreglo debía aparecer como privado y concedido espontáneamente por la Santa Sede, ya que la Constitución vigente no permitía celebrar concordatos con el Pontificado. Algunos obispos como el de Medellín, José Ignacio Montoya, que se encontraba en Europa, colaboraron con Quijano, pero otros como monseñor

General Tomás Cipriano de Mosquera: durante su segundo mandato (1861-1863) se expulsa a los jesuítas, se destierra al delegado apostólico. Miecislao Ledochowski, se desamortizan los bienes de manos muertas, se exilia a varios obispos y se decreta la tuición de cultos o visto bueno del gobierno para poder ejercer el ministerio religioso.

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Placa conmemorativa del lugar donde yace el corazón del arzobispo Antonio Herrán, muerto en febrero de 1868, poco después de regresar del exilio al que le condenó Tomás C. de Mosquera. (Catedral de Bogotá).

Vicente Arbeláez, vicario apostólico de Santa Marta y, en 1863, arzobispo coadjutor con derecho a sucesión de monseñor Antonio Herrón, arzobispo de Bogotá. Arbeláez propició un acercamiento de Mosquera y la Iglesia, lo que despertó la ira de los conservadores.

Pedro Antonio Parra (Pamplona) mostraban desconfianza ante las redes de la secta liberal ocultas en la presunta voluntad de acuerdo. En sus Memorias, Quijano Wallis reconoce el gran tacto político y el espíritu flexible del papa León XIII. Su propuesta, en nombre del gobierno, pedía que la Santa Sede reconociera la desamortización y ofrecía restablecer relaciones de manera confidencial; también pedía que los eclesiásticos no se opusieran a la educación pública, que los curas dieran aviso a la autoridad civil de

los bautismos, matrimonios y defunciones; el gobierno presentaría terna para que la Santa Sede escogiera obispos. Por su parte, el gobierno se comprometía a derogar las leyes desfavorables a la Iglesia, permitir la libre enseñanza religiosa y garantizar el libre ejercicio del ministerio eclesiástico. Según el mismo Quijano Wallis, el arreglo fracasó porque Núñez le insinuó que tal vez su situación doméstica le impedía ir más lejos: aunque Núñez decía que comprendía las respectivas dificultades, se complacería mucho si la Santa Sede daba discretamente forma exterior a su estado conyugal. Quijano Wallis consideró indecoroso mencionar siquiera el asunto a los funcionarios pontificios. Por otra parte, Quijano no tenía carácter de agente confidencial ante la Santa Sede, pues sólo era diplomático ante el gobierno de Italia. Quijano Wallis se entrevistó con el general Sergio Camargo, embajador colombiano ante Francia e Inglaterra, quien quedó convencido de la utilidad del arreglo. Camargo obtuvo el nombramiento de agente confidencial ante la Santa Sede, siendo ya presidente Rafael Núñez, y firmó un modus vivendi con el cardenal Lorenzo Nina, secretario del Estado. La convención Nina-Camargo era un arreglo preliminar para restablecer relaciones y prevenir futuros conflictos. El gobierno colombiano derogaba la ley de inspección de cultos, indemnizaba por los perjuicios, restablecía la renta nominal que había acompañado a la desamortización, levantaba el destierro a los obispos e indultaba a los sacerdotes condenados. Por su parte, la Santa Sede permitía la posesión pacífica de los compradores de bienes desamortizados y levantaba todas las censuras a los implicados en la desamortización. La convención debía lógicamente ser ratificada por ambas partes, pero el Congreso de 1881 negó la ratificación por motivos políticos: no se quería dar a un radical como Sergio Camargo ese triunfo político con los conservadores y el clero. Lo mismo ocu-

Capítulo 13

rrió con la ley de derogación de la tuición de cultos, propuesta por el mismo Camargo en 1881. Además, los enfrentamientos personales de Camargo con Núñez agravaron el conflicto: las alusiones personales de Camargo sobre las razones que Núñez tendría para oponerse al convenio (arreglo de su situación doméstica) condujeron a un borrascoso enfrentamiento con Ricardo Becerra, secretario de Instrucción Pública y de Relaciones Exteriores. En su mensaje al Congreso, el presidente Núñez afirmó que el gobierno había ido tan lejos como le era posible en el camino de la tolerancia y del respeto a la religión, pero que consideraba inconstitucional la exigencia de la Santa Sede que pedía la sanción de las leyes canónicas por parte de la República. Por eso, el gobierno había resuelto rechazar el convenio y enviar un nuevo agente confidencial, Eugenio Baena, para lograr un acuerdo que no menoscabara la soberanía nacional. Rafael Núñez siempre trató de desmentir la especie de que condicionaba todo convenio con la Santa Sede al

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arreglo de su situación matrimonial. Uno de sus biógrafos, Gustavo Otero Muñoz, sostiene que las alusiones de Quijano Wallis se deben a motivos de oposición política y resentimiento personal. Sin embargo, el problema del

Vicente Arbeláez en su lecho de muerte, 29 de junio de 1884 (Album de Rafael Vrduneta).

Rafael Núñez, ya en su primera administración (1880-1882) quiso llegar a un acuerdo con la Santa Sede, pero hizo negar la aceptación a la Convención Nina-Camargo, pues deseaba promover él mismo su propio Concordato.

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José María Quijano Wallis, encargado por Rafael Núñez pora negociar en el Vaticano con León XJtl los términos del Concordato, primer intento que fracasó porque el presidente condicionó el acuerdo a la anulación de su primer matrimonio con Dolores Gallego.

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concordataria). Sin embargo, los informes de monseñor Agnozzi a Roma resultaron de gran utilidad para la negociación del Concordato. La evolución del pensamiento político del presidente Rafael Núñez fue de mucha importancia para el cambio de posición del Estado colombiano con respecto a la Iglesia. Su estilo pragmático de hacer política y su percepción de los problemas que acarreaba la sociedad capitalista moderna, lo fueron distanciando paulatinamente de los elementos utópicos de la tradición política del liberalismo, cuyas debilidades internas captaba finamente. Enemigo de las concepciones leseferistas del Estado y del exagerado optimismo social basado en una armonía preestablecida, Núñez se mostró partidario del papel activo del Estado y de la necesidad de ciertos organismos intermedios entre el Estado y los inmatrimonio de Núñez entrabó al pa- dividuos. De ahí que, como muestra recer las negociaciones acerca del Jaime Jaramillo Uribe en su obra cláConcordato, aunque de manera indi- sica, El pensamiento colombiano en el recta: monseñor Juan Bautista Agnoz- siglo XIX, Nuñez se acercaba entonzi, primer legado pontificio después de ces a una concepción corporativa u orla reanudación de relaciones bajo la ganicista de la sociedad que otorgaba presidencia de Zaldúa, en 1882, no personería a entidades como la familia tuvo muy buenas relaciones con Nú- y la Iglesia. ñez. Aparentemente, Agnozzi no se Núñez también captó claramente dio cuenta de la trascendencia del los agudos problemas sociales de la avance del movimiento político de Nú- Europa de entonces y la imposibilidad ñez y de su significación en la vida po- de resolverlos con las fórmulas del lilítica colombiana. A pesar de esto, beralismo ortodoxo. En este punto de Núñez le pidió a Jorge Holguín que su análisis, se va acercando al pensatratara de lograr que Agnozzi se in- miento social católico de las encíclicas teresara en conseguir la anulación de de León XIII, cuyas concepciones su primer matrimonio. La negativa de eran muy admiradas por Núñez. Por Agnozzi a tramitar el asunto aumentó otra parte, como sostiene Jaramillo la mutua mala voluntad y probable- Uribe, una de las ideas más arraigadas mente retardó la negociación del Con- en el pensamiento político de Núñez cordato (según contó la propia Sole- era su convicción de la importancia de dad Román de Núñez, la Santa Sede las creencias religiosas como elemento aceptó la solicitud de nulidad pero pi- cohesivo en la vida de los pueblos, esdió que se llenaran ciertos requisitos: pecialmente en los de raigambre hisentre ellos, una acusación formal con- pánica. Núñez admiraba profundatra Dolores Gallego, primera esposa mente la institución del papado y la de Núñez, a la que se opusieron tanto experiencia política multisecular de la el propio Núñez como ella misma. Los Iglesia católica: por eso, le era fácil trámites habían sido hechos por el mi- concluir que era imposible realizar nistro de Colombia Baena, pero sin ninguna tarea social y política del Espresentarse ligados a la negociación tado en contra de los sentimientos ca-

Capítulo 13

tólicos de la mayoría de la población y sin la colaboración de la Iglesia. Estas ideas se veían reforzadas por las críticas de Núñez a las realizaciones del Estado liberal en Hispanoamérica y Colombia: según él, un Estado débil como el preconizado por el liberalismo ortodoxo no hacía sino intensificar la anarquía en estos países que poseían tantos gérmenes de disgregación (caudillismo, individualismo, localismo). El federalismo, la libre concurrencia y la separación hostil entre Iglesia y Estado produjeron inestabilidad y anarquía políticas. De ahí que las reformas que proponía insistieran en el centralismo político, el proteccionismo y la paz religiosa. Paradójicamente, estas tendencias de Núñez coincidían bastante con las del político y pensador conservador Miguel Antonio Caro, aunque el punto de partida de éste era totalmente distinto. Caro concebía a la sociedad como un todo orgánico, superior y diferente a la suma de las partes individuales: para él, el Estado tenía una función moral, que era la perfección del hombre. Por eso, insistía en darle una base religiosa, pero sin hacerlo confesional. Su ideal de constitución buscaba un equilibrio entre un Estado liberal basado en el consentimiento de la mayoría numérica y un Estado basado en los cuerpos orgánicos de la sociedad. En esto se nota el influjo indirecto de la escolástica a través de Jaime Balmes y la influencia directa del tradicionalismo francés de José de Maistre y Luis de Bonald. Las ideas de Caro y Núñez se vieron plasmadas en la Constitución de 1886: Núñez quería que el arzobispo de Bogotá, José Telésforo Paúl, asistiera al Consejo de delegatarios en representación de Panamá, donde había sido anteriormente obispo. Paúl se negó aduciendo que debería renunciar a su investidura arzobispal para quedar al mismo nivel de discusión que los demás delegatarios. Sin ser delegatario, podrían venir a consultarlo Caro, Antonio B. Cuervo, José María Samper, José Domingo Ospina. En su lugar, se

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nombró a su hermano, Felipe Fermín Paúl. De hecho, Otero Muñoz sostiene que la Constitución de 1886 se debió a la labor preparatoria de Caro y monseñor Paúl, que pasaban largas horas de la noche discutiendo y redactando la mayoría de los artículos del acuerdo previo al texto constitucional. La base sexta de ese acuerdo decía que la nación reconocía que la religión católica era la de la casi totalidad de los colombianos, de lo cual se seguían los efectos de la personería jurídica de la Iglesia, de la consonancia de la educación pública con el sentimiento religioso y la posibilidad de establecer ulteriores convenios con la Sede Apostólica. En el discurso de Núñez a

Monseñor Juan Bautista Agnozzi, delegado apostólico con carácter confidencial del papa León XIII en Colombia (1882). cuyos informes fueron favorables y de mucha utilidad para la firma del Concordato de 1887. El prelado murió en Bogotá en 1888 (monumento sepulcral en la catedral bogotana).

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Monseñor José Telésforo Paúl, S. J., antiguo obispo de Panamá (1876). y arzobispo primado en ¡884. Núñez le invitó a participar en el Consejo de delegatarios para expedir la nueva Constitución, cargo que declinó, pero fue nombrado su hermano Felipe Fermín Paúl, representante por Panamá. De hecho, el arzobispo discutió largamente con Caro el texto de la nueva Carta.

los delegatarios (11 de noviembre de 1885), hace especial énfasis en que deben llamarse los sentimientos religiosos en auxilio de la cultura social y en que el sistema educativo debía basarse en la civilización cristiana, «por ser ella el alma mater de la civilización del mundo». Por esto, no es de extrañar que la Constitución de 1886 se expida en nombre de Dios como «fuente suprema de toda autoridad» y declare que la religión católica, apostólica y romana es la de la nación, por lo cual los poderes públicos se obligan a protegerla y hacerla respetar como «elemento esencial del orden social» (artículo 38). Sin embargo, se aclara luego que la Iglesia católica no es ni será oficial y conservará su independencia. Los artículos siguientes consagrarán que nadie será molestado por sus opiniones religiosas ni compelido a profesar creencias contrarias a su conciencia (artículo 39) y la libertad del ejercicio de todos los cultos que no sean contrarios a la moral cristiana ni a las leyes (artículo 10). Otro dictamina

que la educación pública será organizada y dirigida en concordancia con la religión católica (artículo 41). El punto referente a la educación pone fin a uno de los enfrentamientos más fuertes entre Iglesia y Estado. El título IV de la Constitución está consagrado a las relaciones entre la Iglesia y el Estado: empieza por reconocerle a la Iglesia católica la libre administración de sus asuntos interiores y su libertad para ejercer autoridad espiritual y jurisdicción eclesiástica sin necesidad de la autorización del poder civil, lo mismo que personería jurídica (artículo 53). Declara luego la incompatibilidad del ministerio sacerdotal con el ejercicio de cargos públicos, excepto en el campo de la educación o beneficencia pública (artículo 54) y exime de impuestos a los templos católicos, seminarios conciliares y casas episcopales y curales (artículo 55). Por último, se reconoce que el gobierno podrá celebrar convenios con la Santa Sede para arreglar las cuestiones pendientes y definir las relaciones entre ambas potestades (artículo 56). El Concordato de 1887 En realidad, el Concordato es una consecuencia lógica de lo estatuido por la Constitución. Joaquín Fernando Vélez había sido nombrado representante del gobierno de José Eusebio Otálora ante la Santa Sede, pero sin instrucciones. Regresa al país para participar en la defensa del gobierno de Núñez en la guerra civil (1885) y es nuevamente nombrado como enviado extraordinario y ministro plenipotenciario ante la Santa Sede, con instrucciones de puño y letra de Núñez. Según éstas, el convenio debe reflejar fielmente el espíritu de la Constitución; el reconocimiento de la deuda debe enmarcarse teniendo en cuenta la penuria fiscal del gobierno, que sólo puede cumplir compromisos muy módicos; en compensación, ofrece auxilios presupuestales para misiones, seminarios y diócesis pobres. Conviene estipular el pago directo de réditos de

Capítulo 13

patronatos y capellanías a los que tengan derecho a ellos y pide la condonación absoluta de los réditos no pagados, pues sería imposible hacerlo. Reconoce efectos civiles a matrimonios canónicos reservándose la soberanía del gobierno en lo demás. Los obispos señalarían los textos de religión para los colegios nacionales y el gobierno intervendría para que los otros textos no estuvieran en desacuerdo con la doctrina católica. Esta minuta es luego confirmada por un documento oficial de la Cancillería que insiste casi en los mismos puntos reforzándose la necesidad de salvar la soberanía nacional en el convenio. Además, pide la mayor intervención posible del gobierno en el nombramiento de los obispos y ofrece cien mil pesos anuales como compensación a la desamortización. Éste fue un punto que dificultó el pacto, porque los negociadores de la Santa Sede exigían virtualmente el valor de las propiedades desamortizadas, y que el valor de los censos redimidos se convirtiera en deuda consolidada a un interés líquido anual del 6 % (las instrucciones del gobierno sólo autorizaban el 3 %). Núñez se mostró muy preocupado por la intransigencia de la Santa Sede, quejándose de la «poca caridad» con que nos trataba el cardenal Rampolla del Tíndaro, negociador de la Santa Sede: en la ruinosa situación del fisco, esta carga sería un golpe de gracia. Resolvió entonces escribir directamente a León XIII insistiendo en que el gobierno por él presidido considera uno de sus deberes sagrados regularizar las relaciones con la Santa Sede para eliminar los males producidos por la separación y la desamortización. Reconoce Núñez que las indemnizaciones a la Iglesia deberían ser mayores si las rentas del Estado fueran suficientes para hacerlas efectivas. Pero suma mayor sería puramente nominal: no produciría ningún bien real a la Iglesia y redundaría en perjuicio del gobierno, e indirectamente en detrimento de la misma Iglesia. El go-

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bierno espera una respuesta paternal del Papa, pues está persuadido de que la cooperación moral de la Iglesia es «uno de los más poderosos auxilios para su propio afianzamiento y para la prosecución de los fines de su política regeneradora». En carta a Joaquín F. Vélez del 27 de agosto de 1887 insiste Núñez en la necesidad de la condonación de los réditos atrasados porque el gobierno no tenía cómo pagar. Insiste en que la Santa Sede debe ser generosa en lo concerniente al dinero «para ganar prestigio y hacer sólidas las inmensas concesiones de carácter fundamental». Le notifica que acaba de prorrogar por veinte años más el contrato con los jesuítas para la dirección de San Bartolomé. Es interesante la frase

Miguel Antonio Caro, redactor y gran promotor con Rafael Núñez de la nueva Constitución, e inspirador, también, de su orientación claramente religiosa.

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siguiente del presidente, porque puede darnos una idea del espíritu que lo animaba: «Cuando venga el Congreso y se liberte la imprenta, puede haber principio de reacción y la prudencia aconseja prepararnos. El partido conservador joven no tiene la fe de la vieja agrupación y el centro de gravedad carece de solidez suficiente.» Otro problema era el relativo al matrimonio católico con efectos civiles que la Santa Sede quería que tuviera carácter retrospectivo para que todos los matrimonios anteriormente anulados por las leyes civiles recobraran todos sus efectos. Esto hacía inválido el divorcio de Núñez con Dolores Gallego e insubsistente su matrimonio civil con Soledad Román. Núñez quiso que la Iglesia diera una prueba social de respeto con respecto a su segunda muJoaquín Fernando jer, dada la imposibilidad de disolver Vélez, retrato a su primer matrimonio. El nuncio monlápiz por Alberto señor Juan Bautista Agnozzi se negó Urdaneta, 1881. Enviado extraordinario categóricamente a esta petición, pero y ministro plenipotenciario el arzobispo Paúl no tuvo inconveante la Santa Sede, niente en complacer al presidente, al negoció y firmó conducir del brazo a doña Soledad en el Concordato.

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un banquete en el palacio presidencial. En esta actitud del máximo jerarca de la Iglesia colombiana influyó la actitud del papa León XIII al conceder al presidente la Orden Piana, como prueba de estimación y de agradecimiento por los servicios prestados a la Iglesia. Después de todos estos incidentes, el 31 de diciembre de 1887 se firmó finalmente el Concordato: el artículo 1 empieza por reconocer que la religión católica es la de Colombia, por lo cual los poderes públicos la reconocen como elemento esencial del orden social y se obligan a protegerla y hacerla respetar. Luego reconoce la libertad de la Iglesia frente a la potestad civil, por lo cual ella puede ejercer libremente su autoridad espiritual y ejercer jurisdicción eclesiástica (artículo 2). La legislación canónica será independiente de la civil, pero será respetada por las autoridades (artículo 3). Se reconoce la personería jurídica (artículo 4) y la libre posesión de bienes muebles e inmuebles (artículo 5). Se exime de impuestos a los templos, los semi-

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narios conciliares y las casas curales y episcopales (artículo 6). Particularmente importante es el artículo 12, que dice que la educación e instrucción pública en las universidades, colegios, escuelas y demás centros de enseñanza se organizará y dirigirá en conformidad con los dogmas y la moral de la religión católica: en esos centros será obligatoria la enseñanza religiosa y se observarán sus prácticas piadosas. Consecuentemente, el artículo 13 otorga a los obispos diocesanos el derecho de inspección de los textos de religión y moral: podrán elegir los textos de esas materias. En el resto de las asignaturas, el gobierno se compromete a impedir que se propaguen ideas contrarias al dogma católico y al respeto y veneración debidos a la Iglesia. El artículo 14 concede a los obispos la potestad de retirar a los maestros la facultad de enseñar tales materias, si no lo hacen en conformidad con la doctrina ortodoxa. El artículo 15 hace constar que sólo la Santa Sede tiene derecho a nombrar arzobispos u obispos (punto de con-

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troversia en casi todo el siglo XIX), pero señala una solución política del problema: el Padre Santo, «como prueba de particular deferencia y con el fin de conservar la armonía entre la Iglesia y el Estado», conviene en someter los nombres de los candidatos a la consideración del presidente para saber si tiene motivos de carácter civil o político para considerarlos no gratos. Particularmente conflictivos serían los artículos 17, 18 y 19: el matrimonio que deberán celebrar los que profesan la fe católica producirá efectos civiles sólo cuando se celebre de acuerdo con el Concilio de Trento. Además, las causas matrimoniales que afecten el vínculo matrimonial, la cohabitación de los cónyuges y la validez de las esponsales serán de la exclusiva competencia de las autoridades eclesiásticas, aunque los efectos civiles del matrimonio se regirían por el poder civil. Los artículos 22 a 29 se refieren a las cuestiones económicas: el gobierno reconoce a perpetuidad como deuda consolidada el valor de los censos ecleEl Concordato firmado en Roma el 31 de diciembre de 1887 por el cardenal Mariano Rampollo del Tíndaro y por Joaquín F. Vélez.

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siásticos y bienes desamortizados eclesiásticos redimidos a cuatro y medio por ciento; las rentas de patronatos, capellanías y cofradías se pagarán a quienes tuvieran derecho a ellas. En el artículo 24, la Santa Sede, «en vista del estado en que se halla el tesoro nacional de Colombia y de la utilidad que deriva la Iglesia de la observancia de este Convenio» condona el valor no reconocido hasta ahora de los bienes desamortizados y de lo que se debe a entidades eclesiásticas por motivo de la desamortización, hasta el 31 de diciembre de 1887. En compensación por esta gracia, el gobierno asigna una renta perpetua de 100.000 pesos colombianos, que irá aumentando equitativamente cuando mejore la situación fiscal. Esta renta se destinará al auxilio de diócesis, cabildos, seminarios, misiones y otras obras eclesiásticas. En resumen, la Iglesia hace concesiones sobre sus derechos económicos a cambio del monopolio en el aparato educativo; esto significó un regreso a la posición de la Iglesia durante la colonia, al menos en lo que respecta al problema educativo. Con una ventaja adicional: la Iglesia es ahora mucho más independiente frente al Estado. Sin embargo, este control del aparato educativo le trajo desventajas a largo plazo: la Iglesia no tuvo necesidad de crear un aparato propio para la evangelización e instrucción religiosa, sino que descansó sobre el control del aparato educativo oficial. Tampoco se vio obligada a una labor intelectual de defensa y de reflexión sobre la fe, puesto que apenas tenía alguna competencia y controversia de parte de algunos educadores privados de raigambre liberal y positivista. Todo esto hizo que la Iglesia colombiana se encontrara muy poco preparada para confrontarse con el mundo pluralista y secular que la circundaba. Su control de las instituciones, en particular de la institución educativa, le hizo posible permanecer encerrada en una campana de vidrio que la aislaba de las corrientes ideológicas y culturales imperan-

tes en el resto del mundo. Los problemas que afrontaría en el siglo xx mostrarían los inconvenientes de dicha posición. El Concordato de 1887 tuvo como lógica consecuencia algunas convenciones adicionales sobre fuero eclesiástico (causas civiles y criminales de clérigos serían diferidas a los tribunales civiles, excepto el caso de los obispos, que quedan reservados a la Santa Sede), cementerio y registro civil, lo mismo que respecto a los mercados en domingo. En este acuerdo, el gobierno se comprometía a intervenir para que los mercados cesaran durante la misa y fueran realizados en un lugar no inmediato al templo. La Iglesia bajo los regímenes conservadores Otra consecuencia del Concordato de 1887 fue el acentuamiento de la tendencia de la Iglesia a alinearse más decididamente con el partido conservador, que a su vez condujo a algunos conservadores a considerarse defensores y casi dueños de la institución eclesial, a la que usaban como mecanismo electoral y de movilización partidista. Es muy claro el caso de Miguel Antonio Caro, quien trató de utilizar la influencia del clero para bloquear la candidatura de Rafael Reyes e imponer las de Manuel Antonio Sanclemente y José Manuel Marroquín. El clero antioqueño, muy adicto a Caro, recibió un telegrama del presidente diciendo que su actitud política había sido muy satisfactoria para el gobierno. En cambio, el cura párroco de Cali, Severo González, bastante activo en la política conservadora de entonces, era reyista. Caro le dirigió un telegrama insinuándole que la candidatura de Reyes era peligrosa y expresándole su confianza de que «sabría» cumplir sus deberes de párroco. El padre González dio a la publicidad tanto el telegrama de Caro como su respuesta de rechazo. Por su parte, el arzobispo de Bogotá, Bernardo Herrera Restrepo, ha-

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cía esfuerzos por mantener la neutralidad del clero en la disputa. Esto no satisfizo a Caro, quien trató de lograr que el Papa en persona obligara al arzobispo a tomar partido en favor del gobierno. Para eso, habló con el encargado de negocios de la Santa Sede, Enrique Sibilia. Algo se conoció de dichas conversaciones y los periódicos alcanzaron a publicar que la Santa Sede se pronunciaba a favor de los candidatos oficialistas. Pero el arzobispo Herrera había hecho explicar la situación a monseñor Santiago della Chiesa, futuro papa con el nombre de Benedicto XV, que transmitió la información al cardenal secretario de Estado, Rampolla del Tíndaro. Rampolla ordenó a Sibilia, en nombre del Papa, abstenerse de intervenir en la controversia electoral. La posición del gobierno de Caro se hizo evidente en los sucesos de Tunja: el clero boyacense era casi todo partidario de Reyes, que era oriundo de esa región. Por esto, se organizó una asonada contra el palacio episcopal de Tunja, probablemente con la complicidad del gobernador de Boyacá y del jefe de la policía (todos estaban misteriosamente ausentes durante los disturbios). Ante la condena del arzobispo Herrera de la conducta de las autoridades locales, el gobernador José Santos respondió que los problemas se habían debido a la exacerbación de la lucha política, producida en gran parte por la exagerada intromisión del clero en la contienda electoral, actitud «bastante incompatible con el carácter sagrado del sacerdocio». Herrera respondió reiterando sus acusaciones contra el gobierno como cómplice de los disturbios: sobre la acusación de injerencia clerical en las elecciones, contestó que la actitud del clero de Boyacá hubiera sido apreciada de otra manera si hubiera sido más favorable a los deseos del gobernador. Pero no todos los obispos lograban mantenerse al margen de las luchas políticas: el caso del obispo de Pasto, Ezequiel Moreno, beatificado por el papa Pablo VI, ejemplifica la línea

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más extremista de la identificación de la jerarquía católica con el partido conservador. El antiliberalismo de Moreno es furibundo: sus pastorales durante la guerra de los Mil Días califican nuestras guerras civiles como «guerras de religión». La rebelión liberal contra el gobierno conservador

Bernardo Herrera Restrepo, obispo de Medellín (1885) y luego arzobispo primado (1891-1928). Intentó mantener la neutralidad del clero en la disputa entre Caro y Reyes (óleo de Marco Salas, Celam, Bogotá).

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Monumento sepulcral de monseñor Herrera Restrepo, fallecido el 2 de enero de 1928. Es obra del escultor Gustavo Arcila Uribe en la catedral de Bogotá.

no es sino un episodio de la guerra que la revolución hace a la Iglesia (pastoral de 20 de enero de 1900). En su pastoral de cuaresma de 1898, Moreno quiso demostrar que los pueblos e individuos, «contagiados por la peste del liberalismo, son castigados por Dios con el más completo abandono en el orden religioso, moral y político». Por eso, los pueblos cristianos, que saben de lo que se trata, se presentan a pedir las armas, «y dispuestos a derramar su sangre en defensa de la religión». Generalmente, dichas pastorales terminaban con una exhortación para pelear las batallas del Señor, para lo cual repetía el grupo de las cruzadas: «¡A pelear por nuestra Religión! Dios lo quiere» (pastoral del 25 de julio de 1900). Moreno llegó a defender explícitamente la necesidad de que los sacerdotes intervinieran directamente en política cuando se atacaba a la religión: lo contrario sería una cobardía y una falta. Pedía no dejarse seducir por «un exagerado amor a la paz»: a veces se llama paz a lo que no es sino «com-

plicidad con el infierno». Refiriéndose a un documento pontificio del 12 de julio, que prohibía a los clérigos intervenir en guerras intestinas, no ve inconveniente en contradecirlo: los clérigos pueden exhortar a los católicos a tomar las armas en una guerra justa como la actual, ya que la hacen los revolucionarios y masones para destronar a Cristo. Pueden los sacerdotes incluso tomar las armas para defender su propia vida o la de un soldado inocente o, «si fuere necesario para reportar un triunfo del que pendiera la conservación de la Religión en los pueblos». El final de la pastoral de Moreno en 1901 fue utilizado por un general conservador para arengar a sus soldados antes de entrar en batalla. Pero el apoyo a las tropas conservadoras no fue sólo meramente verbal: el biógrafo de Moreno, padre Toribio Minguella, cuenta que adelantó 11.000 pesos a las tropas, que luego no logró que le fueran reintegrados. En éste transcribe un telegrama de los generales Lucio Velasco y Gustavo Guerrero para

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agradecerle «la bondadosa beneficencia de Vuestra Señoría Ilustrísima». Según Minguella, el éxito del gobierno conservador en la campaña del sur se debió más a las intervenciones del obispo Moreno que a la bravura y pericia de los generales. El antiliberalismo visceral de Moreno llegaba a límites insospechados: en su pastoral del 10 de febrero de 1900 sostiene que la guerra civil es un castigo de Dios para que nos arrepintamos de los pecados cometidos pero Dios saca de esa guerra «grandísimos bienes»: «¿Quién no ve de modo palpable, cómo se ha avivado súbitamente la sana y recta aversión que se debe tener a las ideas liberales?» En su testamento, Moreno ordenó poner un cartel grande en el salón donde se velara su cadáver que dijera «El liberalismo es pecado», para seguir enseñando esto: «aun después de muerto». Dice que baja a la tumba con la gran pena de ver cómo se descatoliza Pasto y cómo se han liberalizado muchos de «los que se llaman católicos». La concordia practicada entre liberales y católicos ha sido «una espantosa calamidad para la fe de los pueblos». No es posible que las ovejas anden con los lobos sin recibir daño: de ahí los indecibles avances del liberalismo, que proclaman «el más completo fracaso de la pretendida concordia entre los que aman el altar y los que abominan del altar, entre católicos y liberales». Obviamente, hay que reconocer que no todos los obispos y clérigos participaban de tales intransigencias. Tampoco todos los sectores conservadores buscaban instrumentalizar a su favor los conflictos de la Iglesia con el liberalismo. El conservatismo histórico, grupo disidente frente al conservatismo en el gobierno de Caro, denunciaba la instrumentalización que se hacía de los problemas religiosos. Carlos Martínez Silva, uno de los jefes del conservatismo histórico, escribió un artículo, «Puente sobre el abismo», en que invitaba a la convivencia entre los partidos y a la superación de la utilización de la religión como frontera di-

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Giacomo Della la Chiesa, papa Benedicto XV, siendo sustituto de la Secretaria de Estado de la Santa Sede, informó al cardenal Rampollo sobre las presiones de Miguel Antonio Caro para forzar al clero al bloqueo de la candidatura de Rafael Reyes. Rampollo ordenó entonces al delegado apostólico Enrique Sibilia abstenerse de participar en la contienda electoral.

visoria entre ellos. Según Martínez Silva, la apelación a la bandera religiosa abrió un abismo entre los partidos: el liberalismo asumió la persecución a la Iglesia como «insignia de gobierno» y el conservatismo se olvidó de sus banderas políticas para asirse a la bandera religiosa con doble entusiasmo, el de la defensa de las causas perseguidas y el de las creencias religiosas. Al volverse partidos religionarios y no políticos, se exacerbó la lucha, ya que no existe posibilidad de compromisos ni negociaciones entre partidos separados por la idea religiosa: cualquier concesión se interpreta como apostasía y las treguas se miran como cobardes deserciones. Para Martínez Silva, es importante desenmascarar esta instrumentalización de la religión, porque el recuerdo de las persecuciones anticlericales impide que muchos conservadores se opongan a la administración especuladora del conservatismo nacionalista. Sólo la secularización de la vida política podía, en juicio de Martínez Silva, solucionar este tipo de problemas. De la imposición dogmá-

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Celebración del Corpus Christi en la Plaza de Bolívar, Bogotá, hacia 1895.

Fray Ezequiel Moreno Díaz, primer vicario del Casanare y después obispo de Pasto, beatificado por el papa Pablo VI, representó el extremo de identificación del clero con el partido conservador, durante la guerra de los Mil Días.

tica de Bentham en las universidades, de las persecuciones de Mosquera contra los conventos de monjas, de las poses clerófobas de muchos liberales, de la prohibición de las procesiones religiosas y del empeño en hacer creer que las escuelas públicas estaban colmadas de protestantes, judíos y librepensadores, sólo ha quedado una cosa: el ridículo. Para la superación de los conflictos, Martínez Silva propone que los libe-

rales reconozcan la libertad religiosa para todas las creencias cristianas, la preeminencia de la Iglesia católica y el hecho de su influjo sobre las conciencias y de su benéfica influencia social, la independencia entre la Iglesia y el Estado y la necesidad de mutuo respeto y cordial amistad entre ambas potestades. Los conservadores, por su parte, deberían seguir las prescripciones del papa León XIII a los católicos de Francia y España para no vincular la causa de la Iglesia a la de ningún partido político. Con estas medidas, se secularizaría la vida política, podrían aparecer nuevos partidos y saldríamos del estado primitivo de la política que tenemos con dos bandos enfrentados a manera de sectas religiosas. Expresaba Martínez Silva su esperanza en que el clero colaborara en esta solución, pero los hechos ocurrieron de otra manera: el canónigo boyacense, Cayo Leonidas Peñuela, muy vinculado al partido conservador, dedicó varios artículos a refutarlo. Primero aclara que también hubo participación clerical en favor del liberalismo, por parte de sacerdotes engañados con las teorías liberales: no faltó hasta un obispo al cual tuvo que reprender el Papa «por sus connivencias con los enemigos del altar» (Peñuela se refiere al obispo de Popayán, Pedro Antonio Torres, que aceptó algunas pretensiones del general Mosquera respecto a tuición y desamortización). Según Peñuela, la doctrina política debe respetar el fin que Dios le ha puesto a la sociedad, así que debe ser una faz de la cuestión religiosa: sólo se condena la injerencia del clero en política cuando contradice los propios proyectos pero se la considera patriótica si simpatiza con ellos. Además, los ministros están obligados a combatir los mal llamados partidos políticos cuya tendencia se dirige a la propagación de errores filosóficos y religiosos. Nadie ignora que el partido liberal colombiano ha mantenido una tendencia a contrariar las enseñanzas de la Iglesia profesando el transformismo evolucionista, y negando la es-

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Carta autógrafa del beato Ezequiel Moreno al presidente Miguel Antonio Caro. El obispo vela con temor que el clero boyacense fuese un firme partidario de Rafael Reyes.

piritualidad del alma y la libertad humana. Condena Peñuela la enseñanza religiosa que se da en colegios y universidades liberales por contener cierto «germen de altanería protestante». El liberalismo usa el pretexto de la política para poder atacar a la Iglesia de manera que no se pueda defender sin ser tachada de invadir el campo político. Pero el padre Baltasar Vélez se mostró partidario de las ideas de Martínez Silva en una serie de artículos que fueron luego agrupados con el título de Los intransigentes: Vélez insiste en que la Iglesia no es enemiga de la democracia republicana, apoyándose en el parecer de teólogos como Santo Tomás, Suárez y Belarmino, y en que León XIII pidió al clero francés buscar reconciliarse con la República, así como en la participación del clero hispanoamericano en la independencia. Considera el padre Vélez que no es justo extender a los liberales colombianos los anatemas referentes a los anarquistas europeos y se queja de la discriminación de la administración de sacramentos en contra de los liberales por motivos políticos, que se ol-

vidan cuando se necesita la ayuda económica de ellos. Vélez critica la ceguera producida por el espíritu de partido, que afecta en Colombia a todos, liberales, conservadores y sacerdotes. Reconoce que todos hemos pecado de intransigencia, por la actitud fanáticamente anticlerical de los liberales que fueron los agresores originales produciendo a su vez la intransigencia de la defensa y por la intransigencia que sugirieron al clero los conservadores, «que se llaman sus partidarios y defensores». Como resultado, ese «contubernio entre el clero y el partido conservador ha convertido en un lago de sangre la República». El conservatismo ha pretendido hacer del clero «un andamio para encaramarse al poder y perpetuarse en él»: protege al clero para poder dominarlo y el sacerdote se convierte así en «turiferario infeliz de algún político soberbio», para tejer «una vasta tela de arafia para atrapar las moscas liberales en las elecciones». Si las moscas logran liberarse y resuelven vengarse de la arafia, «¿cómo detener, entonces, el torrente de males que caerán sobre la Iglesia?».

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La posición de Vélez es menos plu- liberalismo: sería una traición el que ralista y secularizante que la de Mar- un sacerdote mirara con indiferencia tínez Silva: la Iglesia mantendrá un el combate y mucho más si en vez de antagonismo irreconciliable con el li- atacarlo tomara las armas para defenberalismo que intenta, so pretexto de derlo». Por todo esto, Peñuela sostieprogreso, acomodar las leyes de la ne que las acusaciones de que el conIglesia a las caprichosas exigencias de servatismo protege al clero por motisu clerofobia profesando la libertad vos interesados pecan de ligereza: el absoluta y la igualdad de todos los cul- clero puede procurarse aliados que tos, la libertad absoluta de prensa y la apoyen sus reivindicaciones a cambio secularización de la vida política se- del apoyo de su influjo. Por todo esto, guida consiguientemente por la sepa- nadie tiene razón «en maravillarse de ración entre la Iglesia y el Estado. que el clero colombiano se esfuerce en Pero Vélez sostiene que éste no es el la medida de sus facultades por sosliberalismo profesado por los liberales tener las instituciones conservadoras». colombianos; la mayoría de ellos sólo También monseñor Ezequiel Moprofesa un liberalismo puramente po- reno escribió un opúsculo, titulado O lítico, profesado también por los con- con Jesucristo, o contra Jesucristo. O servadores y hasta por el mismo clero. Catolicismo o Liberalismo, para refuSin embargo, Vélez insiste en que la tar al padre Vélez. Moreno siempre se Iglesia no tiene derecho a conservati- mostró muy desconfiado frente a las zar a los liberales: sólo puede prohibir tendencias conciliatorias de Martínez ser liberal en el sentido condenado por Silva y mucho más cercano al sector la Iglesia. Condena luego la interven- nacionalista de Miguel Antonio Caro, ción directa del clero en política: casi a quien lo ligó una profunda amistad. todas las persecuciones anticlericales En su epistolario con Caro, se ve una en Colombia se han originado «en las profunda preocupación porque se lointrigas electorales del clero, en las tri- grara «la unión entre los buenos», o quiñuelas, fraudes y vivezas de los cu- sea entre los conservadores, para lo ras y los conservadores, contra los cual Martínez Silva y el sector históelectores liberales». El cura puede ins- rico eran obstáculos. El folleto de Motruir a los católicos sobre sus deberes reno intenta probar la incompatibilielectorales pero «no apareciendo nun- dad de las ideas de Vélez con las enca como paniaguado de los conserva- señanzas pontificias mostrando que dores». había diferencias sustanciales entre los partidos conservador y liberal para Las cartas del padre Baltasar Vélez probar así la legitimidad del apoyo del produjeron bastante malestar en el clero, sobre todo en los sectores más clero al conservatismo; también insiste politizados: Severo González, cura de en probar la peligrosidad de la conciCali, e «intérprete infalible del evan- liación y la absoluta incompatibilidad gelio conservador», pidió que fuera entre las palabras liberal y católico. expulsado Carlos Martínez Silva del Es muy interesante subrayar el padirectorio conservador por haberle recer de uno de los biógrafos moderprestado las páginas de su revista al nos del beato Moreno, el padre Ángel P. Vélez para insultar al clero y al par- Martínez Cuesta, que hace ver que estido conservador. El canónigo Peñue- tos escritos polémicos son tal vez lo la también emprendió la tarea de re- más lejano a nuestra mentalidad mofutarlo, lamentando que un sacerdote derna de lo que Moreno escribió: los católico hubiera dado ocasión de ale- recorre «una desconfianza visceral a gría a los liberales y de aflicción al cle- los derechos del hombre, proclamados ro. Peñuela insiste en las divergencias por la Revolución francesa, y sólo ve entre el conservatismo y liberalismo, en ellos un ataque a los derechos abde las cuales deducía que el sacerdote solutos de Dios», equipara separación tiene el deber de «hacer la guerra al entre Iglesia y Estado con persecución

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a la Iglesia y desorbita frecuentemente el alcance de las condenaciones pontificias. Señala Martínez que Moreno estaba influenciado por la información incompleta y tendenciosa que recibía sobre la situación política de España, proveniente de frailes agustinos recoletos y capuchinos, todos ellos integristas declarados, lo mismo que de la lectura de periódicos y revistas de la misma orientación. (Particularmente importante fue en su caso y en el de otros clérigos antiliberales la lectura de El Siglo Futuro, órgano del grupo integrista de Nocedal.) El integrismo de Moreno llegó hasta hacerle sospechar de su amigo Caro, por estar rodeado también de elementos que no le gustaban, como los liberales de El Progreso y los semiliberales de El Artesano y por el hecho de que el mismo El Nacionalista rechazaba el integrismo de España y se mostraba favorable al gobierno de Cánovas: si Caro no tiene en mente deshacerse de esas gentes, nada bueno puede augurarse. Toda esta polémica muestra el grado de polarización al que se llegó en torno al uso de la bandera religiosa como frontera divisoria entre los dos partidos tradicionales. En la guerra de pública de protesta dirigida a Felipe F. los Mil Días tal vez llegó al culmen esa Paúl, nacionalista de vieja data y herpolarización, incluso a pesar de las mano del difunto arzobispo Paúl. La medidas conciliatorias y pacificadoras carta de Caro fue firmada por otros del arzobispo Herrera Restrepo. doce prominentes nacionalistas: se teCuando el ultraderechista general mía que Fernández desencadenara un Aristides Fernández, responsable de régimen de terror e imposibilitara la la feroz represión antiliberal siendo paz. Sólo la intervención del arzobispo gobernador militar de Cundinamarca, Herrera Restrepo y del nuncio papal fue nombrado ministro de Guerra por logró hacer desistir a Fernández de el presidente Marroquín, recibió un cumplir sus macabras amenazas. En fuerte apoyo del bajo clero y de los un mitin político de apoyo a la política conservadores de los pueblos de Cun- de mano dura de Fernández, éste elecdinamarca. Incluso la juventud con- trizó a la multitud proclamando que la servadora extremista del Colegio San causa del gobierno era «la causa de Bartolomé, dirigido por los jesuítas, Dios, de la civilización y del engranofreció su apoyo entusiasta a Fernán- decimiento de la patria». dez, cuando éste amenazó con fusilar Terminada la guerra, los conservaa cuatro prisioneros liberales si no dores históricos quedaron desacredieran puestos en libertad cuatro oficia- tados al ser acusados de haber incitado les conservadores en poder de la gue- a los liberales a la revuelta y haberlos rrilla liberal. Esto alarmó a Miguel favorecido con su actitud de neutraliAntonio Caro, que redactó una carta dad inicial. La vía de las concesiones

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Procesión de Corpus en Bogotá, a principios del siglo XX, dirigiéndose hacia la iglesia de San Francisco.

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Laureano Gómez, busto en mármol por Barbieri, en el Museo Nacional. Laureano dirigió el periódico "La Unidad", fundado por iniciativa del jesuíta Luis Jáuregui, para oponerse a la presencia liberal en el gobierno de Unión Republicana de Carlos E. Restrepo. Desapareció esta publicación por desacuerdos de Gómez con el arzobispo Herrera Restrepo.

políticas y medidas conciliatorias había quedado derrotada por los intransigentes como Fernández, considerado como salvador del país y responsable de la derrota liberal por la prensa gobiernista. A fines de 1902, los partidarios de Fernández resolvieron darle organización política y expresión ideológica a su movimiento creando el partido católico, que sería el mismo partido conservador pero mejorado, una Liga Santa para mantener la paz y contener al liberalismo. La dirección del partido debería estar formada por personas sin lazos familiares con liberales, para que no se vieran tentados a hacerles concesiones. (Charles Bergquist, Café y conflicto en Colombia, 1886-1910, págs. 229-230.) Fernández inicialmente consolidó su posición al interior del gobierno de Marroquín: recibe el Ministerio de Gobierno y es encargado también del de Hacienda. Además, es nombrado ministro de Educación José Joaquín Casas, partidario suyo, que es luego encargado también de la cartera de la Guerra. Casas se encarga de articular la posición ideológica del bloque de los conservadores intransigentes. Como ministro de Educación, ordenó la clausura de la escuela de medicina, bajo el pretexto del mal estado de las aulas; pero la verdad parecía ser otra: la mayoría de profesores y alumnos eran liberales y habían auxiliado a la revolución liberal. El presidente Marroquín trataba de imponer una política más moderada, pero tuvo que esperar varios meses para hacerlo, dado el gran prestigio dé los intransigentes en los meses inmediatamente posteriores a la guerra: además de su peso entre la burocracia civil y militar, contaban con el apoyo de muchos clérigos que veían en Fernández el instrumento de la Providencia divina, según frase de Marroquín. Los conservadores moderados y reformistas llegan al poder con Rafael Reyes, que llamó a varios liberales a hacer parte de su gobierno: después del atentado contra su vida, que él creía instigado por los conservadores

intransigentes, Reyes pensó nombrar como ministro de Guerra al general Benjamín Herrera. Debió desistir ante la resistencia de los oficiales conservadores retirados y ante la solicitud del ex presidente Marroquín y el arzobispo Herrera Restrepo. El gobierno bipartidista de Carlos E. Restrepo, elegido por la Unión Republicana, también tuvo que afrontar la desconfianza de los conservadores intransigentes y del clero con respecto a la participación liberal en el gobierno. Al saber la noticia de su elección, Restrepo afirmó que se consideraba el único colombiano sin derecho a pertenecer a ningún partido político: aunque había sido conservador, como presidente no podía obrar como miembro de ninguna parcialidad política. Confesó ser católico, pero como jefe civil del Estado no podría erigirse en pontífice de ningún credo sino que sería el guardián de la libertad de las creencias de todos los colombianos. Cuenta Eduardo Rodríguez Piñeres que Antonio José Uribe le ofreció en nombre del arzobispo Herrera Restrepo el apoyo del clero colombiano si se prestaba a la formación de un partido conservador católico. (El propio Rodríguez expresa algunas dudas sobre la verosimilitud de que Herrera Restrepo se prestara a tales jugadas.) Sin embargo, el propio Carlos E. Restrepo es la fuente de esta versión en su Orientación Republicana: allí también cuenta Restrepo que Felipe Angulo, antiguo ministro de Núñez, se puso de acuerdo con otros jefes del conservatismo y con algunos miembros del clero para organizar un mitin católico, apenas mes y medio después de haberse iniciado el período presidencial de Restrepo. Se quería pedirle que apoyara una revisión de la ley de prensa para restringir su libertad bajo pretexto de protección a las ideas religiosas de la mayoría. El orador principal fue José Joaquín Casas. Según Restrepo, la petición había sido consultada con el arzobispo Herrera. Según Rodríguez Piñeres, el propio hermano del presidente, el padre Juan

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María Restrepo, jesuíta, le hizo reclamos por la presencia de liberales en su gobierno. Los periódicos católicos La Sociedad y La Unidad se dedicaron a atacar ferozmente al gobierno de Restrepo. La Sociedad, había sido fundada por la conferencia episcopal y se editaba en una empresa protegida por el arzobispo Herrera. La Unidad se fundó por iniciativa del padre Luis Jáuregui, jesuita, bajo la dirección de Laureano Gómez y la colaboración de José Joaquín Casas, Vicente Casas Castañeda, José de la Vega, Liborio Escallón y otros. El padre Jáuregui despertó en Gómez la vocación política como llamamiento de Dios para la defensa de la causa católica. Según los editoriales de Gómez, la Unión Republicana era una mezcla contradictoria de ideas y de hombres de toda clase, un refugio para los elementos malos de todos los partidos, que sólo podía engendrar la traición, el delito o la anarquía (La Unidad, nov. de 1909). La Unión Republicana era, según Gómez, el caballo de Troya del liberalismo (La Unidad, sept. 24 de 1910). Gómez insistía en que la cuestión religiosa dividirá siempre a los partidos colombianos (La Unidad, 2 de diciembre de 1909) y en que los católicos como él apoyarían al partido conservador mientras fuera amigo de las instituciones católicas (La Unidad, 17 de enero de 1911). El gobierno llegó incluso a elevar una queja a la Santa Sede contra asuntos periódicos: esos periódicos hacen «un franco maridaje de política y religión, y quizá de ninguna otra publicación ha tenido que oír el presidente de Colombia insultos más procaces, bajos y calumniosos...». El presidente Restrepo también se dirigió al Papa para solicitarle que el clero no interviniera en las elecciones para presidente y Congreso, pero el cardenal Merry del Val le respondió que la Santa Sede consideraba que la intervención del clero en la vida pública de su respectivo país no podía ser impedida sin grave detrimento de los derechos civiles propios de cada ciudadano: tal me-

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dida haría ilusoria la ciudadanía de los clérigos y los reduciría a la condición de extranjeros en su propia patria. Pero La Unidad dejó pronto de publicarse por desacuerdos de Laureano Gómez con el arzobispo Herrera Restrepo, que trató de impedir que Gómez siguiera denunciando los negociados en torno a las esmeraldas de Muzo. El arzobispo envió como intermediarios al mismo padre Jáuregui, al padre Teodoro Rosas y a José Joaquín Casas, para convencerlo de que desistiera. Herrera Restrepo-siempre procuró que se mantuviera la unidad del conservatismo a cualquier coste, lo que le llevó a convertirse en una especie de árbitro supremo entre las diferentes tendencias y sectores regionales que componían el partido conservador. Cuenta Pedro A. Novoa en una semblanza del presidente Suárez, que éste

José Joaquín Casas, ministro de Instrucción Pública durante el gobierno de Marroquín, pidió al presidente Carlos E. Restrepo restringir la libertad de prensa para proteger las ideas religiosas de las mayorías. Fue también colaborador de "La Unidad". (Oleo de Ricardo Acevedo Bernal en la Academia Colombiana de Historia).

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El cardenal Rafael Merry del Val, secretario de Estado del Vaticano, en un aviso publicitario de la firma Camocho Roldán, "Bogotá ¡lustrado", 1907. Este prelado "consideraba que la intervención del clero en la vida pública de su respectivo país no podía ser impedida sin un grave detrimento de los derechos civiles propios de cada ciudadano: tal medida haría ilusoria la ciudadanía de los clérigos y los reduciría a la condición de extranjeros en su propia patria."

regresó a la vida política por petición del arzobispo: de ahí la campaña de Suárez en pro de la unión conservadora, que llevaría a la presidencia a José Vicente Concha. Según Novoa, el episcopado estaba preocupado por las tendencias que se dibujaban en el horizonte del gobierno del país durante el gobierno de Carlos E. Restrepo. El arzobispo, dice Novoa, cedió a las insinuaciones de los interesados en una reacción contra tales corrientes y a las inspiraciones de su propio criterio y se dirigió a Suárez como preclaro defensor de los intereses religiosos del país: le puso de presente la parábola de los talentos y le dijo que no era lícito rehusar el cumplimiento de un deber so pretexto de incapacidad. Después del ascenso de Concha, Herrera felicita a Suárez y lo exhorta a seguir trabajando por «la unión de todos aquellos que en Colombia desean el triunfo pacífico de esas ideas salvadoras». (En De sima a Cima, de Juan Saldarriaga.) Cuatro años más tarde, Suárez llegaría a la presidencia a pesar de una

nueva división conservadora: Laureano Gómez se opone a la candidatura de Suárez por representar «ideas ultramontanas y pretensiones teocráticas incompatibles con la constitución moderna de los pueblos civilizados. Se formó entonces la llamada coalición progresista de conservadores históricos, liberales y republicanos en torno a la candidatura de Guillermo Valencia. El arzobispo Herrera se quejaba así de la disidencia conservadora en carta al cardenal Vico: «De ahí para acá ha surgido disidencia entre los buenos, causada por la indisciplina de unos cuantos jóvenes, de buenas ideas, pero demasiado ardientes, formados en el Colegio de San Bartolomé; y según corre en la opinión pública, acaso muy imprudente, y decididamente sostenidos por maestros que V.E. Reverendísima conoce, en el espíritu y la dirección del diario La Unidad que escribió primero contra mí, y ahora también contra don Marco Fidel Suárez.» El padre Jáuregui trató de buscar la unión concertando una reunión de Laureano Gómez con el internuncio Gasparri, que deploraba «la división de los católicos». La situación empeoró porque Gómez dio a conocer la entrevista presentándola como injerencia indebida del delegado papal. En las entrevistas el internuncio le hizo ver a Laureano que los periódicos católicos tenían el deber de acatar las disposiciones de la Santa Sede y que la autoridad eclesiástica debía improbar cuanto sembrara divisiones entre los defensores de las ideas católicas: la división era perjudicial a los intereses de la Iglesia y contraria a los deseos de la Santa Sede, que ha pedido a los católicos unirse para contrarrestar las malas doctrinas. Más perjudicial es el caso de La Unidad, fundado con dinero de católicos para defender los derechos de la religión: podría llegar el momento en que la jerarquía se viera obligada a desautorizar al diario. La conferencia episcopal, reunida en septiembre de 1916, hizo exactamente eso: declarar que La Unidad no

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obedecía a las normas de la Santa Sede para los periodistas católicos. Desde agosto, el arzobispo Herrera había publicado un aviso en la misma línea: las ofensas al delegado papal lastiman el sentimiento religioso de los colombianos, los escritores católicos deben sujetarse a las normas de la autoridad eclesiástica. No puede llamarse católico a un periódico que no defiende a las personas e ideas de la Iglesia, que se esfuerza en crear división entre los católicos y no respeta al enviado del Papa. En carta privada al superior de los jesuitas, se queja de la mudez de los que hubieran podido acallar todo con una franca reprobación de la campaña: la conferencia de Gasparri con Gómez «iba encaminada a procurar el bien de una causa que para todos es santa». En otra carta a José Manuel Goenaga, embajador en Roma, se queja de los ataques al internuncio, a Suárez y a él mismo: «Esos jóvenes redactores [...] cuentan con el apoyo de los PP. jesuitas, y están causando la división en el partido que defiende la causa católica.» Los episodios anteriores ilustran la no homogeneidad política al interior de la Iglesia y el clima político que se vivía tanto dentro de la Iglesia como fuera de ella. Otro asunto que acarreó polémicas fue el relativo al matrimonio civil: de acuerdo con la Constitución y el Concordato, el único matrimonio válido para los católicos era el matrimonio católico según el rito tridentino. Pero el problema se presentaba para definir quién se consideraba católico: en 1919 el Ministerio de Gobierno declaró que se entendía por católico a todo bautizado en la fe católica, aunque después hubiera apostatado, según la nunciatura apostólica; según la misma nunciatura, no se debería obligar a un acto religioso católico a los que se hubiesen retirado de la Iglesia. El gobierno instituía que los párrocos también debían presenciar los matrimonios de estas personas en calidad de testigo autorizado, en lugar no sagrado, sin ninguna ceremonia, limitándose a pedir el consenti-

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miento delante de los testigos. Esta resolución fue acusada como inconstitucional. En 1920 se presentó en Medellín un incidente que daría origen al esperpento jurídico conocido como ley Concha: una pareja convertida al protestantismo se presentó ante el juez municipal de Medellín, José J. Gómez, cuya adhesión a la religión católica estaba fuera de toda duda, para pedirle que los casara por lo civil. Gómez los casó, obrando de acuerdo con el derecho vigente, tanto civil como concordatario. El juez del distrito, Alfonso Uribe Misas, también católico fervoroso, aprobó en segunda instancia la conducta de Gómez. El vicario del arzobispado, en ausencia del arzobispo Caycedo, resolvió excomulgar a los jueces católicos que asistieran al matrimonio de apóstatas. Esto ocasionó consecuencias penosas al doctor Gómez en su vida espiritual, en su prestigio y en su vida económica: tuvo que cerrar un instituto que dirigía en Medellín y trasladarse a Bogotá, a ocupar un puesto poco lucrativo. El doctor Uribe Misas también se vio perjudicado en su buena fama, por las alusiones un tanto perversas de algunos predicadores. Gómez y Uribe resolvieron apelar a la Sede Apostólica, que falló en su favor obligando al prelado a resarcir al doctor Gómez tanto en el orden espiritual como en el material. Para evitar problemas de este talante, se hizo un arreglo entre el cardenal Gasparri y José Vicente Concha, que fue sancionado por el Congreso colombiano por ley 54 de 1924. Esta ley establecía que el matrimonio católico anulaba el matrimonio civil con otra persona y obligaba a apostatar públicamente a los bautizados católicos que querían contraer matrimonio civil. Se excluía expresamente de esta ley a los clérigos mayores y religiosos de votos solemnes. Según el parecer de doctos y ortodoxos canonistas, se buscaba evitar un escándalo por medio de un escándalo aún mayor. Otra fuente de problemas políticoreligiosos de aquel entonces era lo re-

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lacionado con la educación. La que se consideraba exagerada intervención eclesiástica en los asuntos educativos era ferozmente criticada por el liberalismo. Sintomático fue el bochornoso incidente ocurrido entre el nuncio monseñor Roberto Vicentini y el ministro de Educación Miguel Arroyo Díez en 1923. Parece que Vicentini omitió saludar al ministro; éste narró lo ocurrido a El Tiempo diciendo que el gobierno tendría que escoger entre su renuncia o el pasaporte de Vicentini, por el irrespeto inferido al poder civil. Para colmo de males, en la misma ocasión el padre Joaquín Emilio Gómez S.J. se había mostrado opuesto a la reforma educativa que el ministro impulsaba. Vicentini presentó excusas: no había habido mala voluntad sino sólo inadvertencia. La prensa liberal desató una campaña contra el representante pontificio en defensa de la soberanía nacional supuestamente violada y de la supremacía del poder civil. El Espectador dijo que la reforma educativa sólo podría hacerse con el criterio de independencia frente al poder eclesiástico: «Será imposible realizarla mientras el ministro de Educación Pública permanezca cobardemente oprimido bajo el coturno romano de un monseñor Vicentini.» Por parte del episcopado, clero y sectores conservadores se realizó un plebiscito en apoyo de Vicentini. Entre los mensajes de apoyo por parte de obispos y clérigos, se puede destacar el de monseñor Pedro Adán Brioschi, arzobispo de Cartagena, que decía que de la conducta de Arroyo Díaz se podía deducir un concepto de las tendencias peligrosas del conservatismo actual, liberalizantes y de dudoso catolicismo. Los mensajes de desagravio al nuncio fueron publicados en un libro de 230 páginas, bajo el título Post tenebras, lux («Después de las tinieblas, la luz»). Del mismo estilo fue la controversia que se presentó en torno a la Misión Pedagógica Alemana, contratada por el presidente Pedro Ospina en 1924: la

formaban los expertos católicos Karl Decker y Anton Keitel, recomendados por el gobierno alemán. Su misión era la planeación de la reforma educativa, con asesoría de los colombianos Emilio Ferrero, Gerardo Arrubla y Tomás Rueda Vargas. En 1926, Rueda Vargas presentó renuncia cuando Keitel informó a sus compañeros que el proyecto de ley resultante de la misión había sido consultado con el arzobispo Herrera y los jesuítas: había considerado necesario esto, porque «en realidad quien mandaba en Colombia era el arzobispo»: además, había sido contratado en condición de pedagogo católico para elaborar una reforma educativa para un país católico, regido por instituciones católicas, consagradas por la Constitución y el Concordato. Este episodio fue también criticado duramente por la prensa liberal: según El Tiempo, del precepto constitucional de que la educación debía concordar con la doctrina católica no podían deducirse tales consecuencias que convertían al arzobispo en autoridad suprema. Para asegurar la ortodoxia de la ley —sigue diciendo El Tiempo en sus páginas— hubiera bastado saber que los autores de la reforma eran católicos por encima de toda sospecha, pero los pedagogos alemanes querían ir más allá: había que imprimir «el sello definitivo de la esclavitud del poder civil». Los conflictos sociales surgidos en la década de los veinte añadieron un motivo más de conflicto. Un ejemplo de esto puede verse a propósito de la ley 67 de octubre de 1928, un verdadero estatuto de seguridad de la época, que autorizaba al gobierno para la represión de los movimientos comunistas. Su promotor, Antonio José Uribe, recibió también un plebiscito de telegramas episcopales de apoyo y felicitación. Monseñor Brioschi, de Cartagena, eleva bendiciones al Señor «por el triunfo alcanzado por partido del orden social contra elementos subversivos y extraños». Monseñor Builes expresa su alabanza a Cristo Rey y su

Capítulo 13

gratitud a los legisladores que supieron cumplir los deseos de la nación. El obispo de Manizales, Tiberio Salazar y Herrera, considera que el proyecto sobre defensa social era «de vida o muerte para las instituciones y el partido» (conservador). Las pastorales de los obispos de esta época revelan la mentalidad estática y la concepción que tenía de la sociedad la mayoría de los obispos. Monseñor Miguel Ángel Builes, obispo de Santa Rosa de Osos, se quejaba de que las carreteras y ferrocarriles que cruzaban su diócesis, aunque representaban progreso material, hacían sufrir «un espantoso retroceso espiritual»: la mayoría de los obreros que trabajaban en las carreteras eran víctimas del ambiente; se olvidaban de Dios y de los días santos, se dedicaban al baile, juego, licores, fornicación, adulterio, pensamientos lúbricos, etc. Era «la carroza de Asmodeo», demonio de la impureza, que destrozaba los hogares y familias: «Pobre sociedad futura si los jóvenes pierden en la carretera con la inocencia conservada en la montaña, la fuerza vital que asegura el porvenir de la raza y de la humanidad.» (En La mitra azul, de Miguel Zapata, págs. 124-125.) La pastoral colectiva de los obispos en 1930 es dedicada a los agricultores de Colombia en momentos de graves conflictos agrarios y del comienzo del éxodo masivo del campo a la ciudad como fruto de la descomposición campesina que se presentaba desde entonces. La pastoral trata de contrarrestar el éxodo rural con consideraciones morales; insiste en que la agricultura es la base de la prosperidad nacional al abastecer al país de artículos de primera necesidad y evitar que el país tenga que importarlos. La agricultura, además, entraña santidad porque moraliza las costumbres y purifica el alma por «el aire incontaminado del campo[...], la tranquilidad del hogar, la frugal alimentación [...], el alejamiento de los malos ejemplos de los centros paganizados» (léase ciudades). Esta pintura no puede ser más idealizada;

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se basa en una clara división del trabajo: los campesinos son el ejército armado de hachas y azadones que la Divina Providencia se ha dignado organizar para salvar a los que deben ocuparse en otros servicios, son los «verdaderos padres de la patria» que alimentan a todos. La vida campesina fomenta «la pureza de costumbres» y los campesinos son «el aroma» que viene a depurar «la atmósfera saturada de infección de las ciudades». Por eso, el episcopado exhorta a los campesinos a que no abandonen el campo como lo hicieron los «alucinados» que se fueron a trabajar en las obras públicas, en las cuales perdieron la afición a las faenas agrícolas, el amor al hogar y a una vida morigerada. Muchos de «estos desgraciados» se dedicaron «al juego, a la embriaguez, al lujo en el vestir, a la deshonestidad, a malas amistades, a la asistencia asidua a los espectáculos públicos y a mil desórdenes de ciudad». Al suspenderse las obras públicas, no habían ahorrado nada y se habían acostumbrado a la vida de la ciudad, donde se quedaron «acrecentando el número de los indígenas y pordioseros». Finalmente, los obispos previenen a los campesinos en contra de la propaganda subversiva de los bolcheviques y los exhortan a seguir siendo fieles a la Iglesia, lo que ha sido su distintivo tradicional. Esta mentalidad tradicional y esta concepción tan estática de la sociedad explican mucho las dificultades que la

Una peregrinación a Monserrate, en febrero de 1918.

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Iglesia iba a afrontar en el siglo xx colombiano, especialmente con las reformas modernizantes y secularizantes de la llamada «Revolución en Marcha». El cambio de régimen mostraría las limitaciones de este modelo de concepción social y de una política muy ligada a los avatares del partido conservador. La intervención de la jerarquía en los sucesos que acarrearon la derrota del partido conservador ilustra muy bien este estilo de política y su crisis. También ilustra la crisis de un modelo de Iglesia basado en el control de las instituciones desde arriba, de una Iglesia concebida como sociedad perfecta en igualdad de condiciones frente al Estado. La intervención del episcopado en la división conservadora entre las candidaturas de Guillermo Valencia y del general Alfredo Vásquez Cobo, fue resultado de la función de arbitraje que desempeñaba el arzobispo Herrera Restrepo entre las facciones y grupos regionales que componían el partido conservador. Para ello, Herrera había establecido turnos a la presidencia que reflejaran cierto equilibrio entre esas diferentes facciones: en 1926, había decidido que Miguel Abadía Méndez fuera presidente y que Vásquez Cobo esperara para el turno de 1930. Herrera estaba ya enfermo y comunicó su decisión a través de su auxiliar y futuro sucesor, Ismael Perdomo. Pero Abadía y su grupo en el poder resolvieron desconocer el arreglo por cierta desconfianza frente a las supuestas tendencias militaristas de Vásquez Cobo. Para ello, manipularon las listas de parlamentarios de modo que los vasquistas quedaran en minoría en la junta de parlamentarios, que usualmente decidían las candidaturas presidenciales del partido. El presidente del Senado, Emilio Robledo, fervoroso partidario de Valencia como la mayoría de los antioqueños, preguntó de manera personal al arzobispo Perdomo su concepto sobre Valencia. Perdomo respondió que no tenía objeción contra él. Robledo trató entonces de presentar la candidatura de Va-

lencia como aceptada por Perdomo, en carta dirigida a éste. Perdomo respondió, sin comprometerse, que todos los posibles candidatos (José J. Casas, Mariano Ospina Pérez, Ignacio Rengifo, Antonio J. Uribe, Guillermo Valencia y Alfredo Vásquez Cobo) eran católicos: la autoridad eclesiástica aceptaría al candidato que designara la mayoría de los congresistas conservadores. Pero ninguno de ellos obtenía absoluta mayoría y el presidente Abadía sugirió a los congresistas Luis I. Andrade, Sotero Peñuela y Pompilio Gutiérrez el arbitraje de una autoridad insospechable, monseñor Perdomo. Peñuela y Gutiérrez objetaron que el procedimiento era difícil y que originaría incidencias de todo orden. Abadía parecía seguro de poder manipular al arzobispo. Como resultado de esta entrevista, 57 congresistas conservadores (de un total de 109) solicitaron el parecer de Perdomo. La respuesta de Perdomo fue favorable a Vásquez: según la exploración imparcial de la opinión que había hecho, Vásquez reunía «el ochenta por ciento de la opinión sana del país». Así lo manifestó en carta al presidente Abadía donde hacía constar que su consejo era privado y que no era su misión calificar la idoneidad de los candidatos sino «la firmeza de sus convicciones religiosas». Su elección se basaba en que el candidato tendría la mayoría entre los congresistas, por las firmas que pedían su arbitraje y por la neutralidad prometida por el ejecutivo. La candidatura de Vásquez tenía más fuerzas en las diferentes regiones (sólo Antioquia estaba a favor de Valencia y la opinión estaba dividida en Caldas y Cauca), en el ejército y policía: hasta entre obreros, incluidos los comunistas, había más apoyo a Vásquez. El presidente Abadía se mostró sorprendido por la respuesta y trató de hacer que Perdomo cambiara de parecer, a lo que se negó éste. El grupo valencista, ayudado por las presiones y jugadas políticas del presidente Abadía, logró que la mayoría de los con-

Capítulo 13

gresistas se pronunciaran, por una exigua mayoría, a favor de Valencia. Perdomo trató de que ambos candidatos renunciaran en favor de un tercero, que probablemente hubiera sido Mariano Ospina Pérez, para evitar así la división del partido y el consiguiente triunfo liberal. Pero Valencia se negó, porque estaba seguro de que la Santa Sede obligaría al clero a apoyarlo y porque conocía las gestiones secretas que el gobierno de Abadía estaba realizando en Roma. El cardenal Pedro Gasparri, secretario de Estado, se negó inicialmente a intervenir porque la Santa Sede tenía como principio no inmiscuirse en política interna de los países. Se le respondió que se trataba de un asunto religioso, pues un triunfo liberal significaría una nueva persecución religiosa y que la manera de unir al episcopado era respetar la tradición de acoger al candidato escogido por las mayorías del Congreso, o sea, a Valencia. El episcopado estaba profundamente dividido: a favor de la candidatura de Guillermo Valencia hubo pastorales del arzobispo de Medellín y de los obispos de Popayán y Garzón. Por Vásquez Cobo, estaban los obispos de Cali, Ibagué, Tunja y San Gil. El arzobispo Perdomo tuvo que telegrafiarles que era voluntad del Papa que todos los obispos colombianos hicieran todos los esfuerzos y sacrificios para obtener la unión de todos los católicos en pro de la candidatura Valencia. (Julio César, Orduz. Monseñor Perdomo y su tiempo, págs. 155-173.) Varios obispos se negaron a apoyar a Valencia: monseñor Adriano Díaz, de Cali, retira su circular en favor de Vásquez pero manifiesta que es imposible cambiar repentinamente la opinión de los pueblos: no sabe hacer milagros. Monseñor Miguel Ángel Builes clamó contra la división conservadora: «Dios entrega a su ceguedad a aquellos que quieren perderse. Y nosotros como ciegos, estultos, divididos, fraccionados, nos vamos al abismo, mientras el liberalismo y el comunismo, ayudados acaso por el di-

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Caricatura de Pepe Gómez en "Bogotá Cómico" del 16 de noviembre de 1918. Según el pie de esta caricatura, la pareja lee el artículo de fondo "Movimiento de caja de la Tesorería".

nero protestante, se ríen de nuestra insensatez y preparan en las sombras la ruina de la Iglesia y de la patria.» (Miguel Zapata. La mitra azul.) A monseñor Perdomo se le ha tratado de responsabilizar de la caída del conservatismo y se le puso popularmente el remoquete de «Monseñor Perdimos», pero fue más bien la víctima de una inextricable confusión entre religión católica y política conservadora lo mismo que de los manejos manipuladores de algunos jefes conservadores. Perdomo carecía de la autoridad que Herrera Restrepo había tenido al interior de las jerarquías del partido conservador. Además, el episodio hace evidente una grave crisis interna del partido conservador sin un claro liderazgo, fragmentado en mil grupos de caciques regionales, sin claras reglas de juego para seleccionar candidatos de carácter verdaderamente nacional, de espaldas al problema social de creciente importancia, con una total incomprensión del mundo

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que estaba naciendo, con una creciente impopularidad debido a sus medidas represivas contra la inquietud social, el partido conservador parecía condenado al desastre. Por otra parte, la posición de Perdomo frente al liberalismo era bastante clara, como apreció en su polémica con el general Uribe Uribe, unos años antes. Uribe Uribe se había considerado obligado a tranquilizar la conciencia cristiana de muchos liberales en el folleto De cómo el liberalismo colombiano no es pecado, publicado en 1912. Intentó mostrar que las condenaciones del liberalismo se referían al naturalismo político y no a las doctrinas profesadas de hecho por el liberalismo colombiano. Los supuestos ataques liberales a la Iglesia son dirigidos directamente al partido conservador, que ha instrumentalizado a la Iglesia convirtiéndola en su aliada. Sin el apoyo de la Iglesia, el partido conservador sería fácil vencido por el li-

beralismo. Insistía Uribe en que el catolicismo no necesitaba la interesada protección conservadora, que más bien le era perjudicial. Monseñor Perdomo, entonces obispo de Ibagué, escribió un folleto de respuesta titulado Liberalismo colombiano teórico y práctico: en la parte teórica, insiste en que el liberalismo ensancha considerablemente el concepto de «libertad» concibiéndola no sólo como el poder escoger el bien o el mal, sino como el de sancionar como derecho los abusos humanos. En la parte práctica, muestra cómo los liberales, en cuanto gobernantes, se dedicaron siempre a perseguir a la Iglesia en Colombia, haciendo un largo recuento de los hechos. Estas tendencias anticlericales no han sido superadas, sostiene Perdomo, como se vio en los ataques en contra del clero que tuvieron lugar en la junta de delegatarios en Ambalema, sólo ocho días antes de escribir su folleto.

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Capítulo 14

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La Iglesia católica y el Estado colombiano (1930-1985) Fernán González La Iglesia durante la República Liberal

L

os sucesos narrados en los capítulos anteriores de este trabajo constituyen un buen marco para contextuar los conflictos que tuvieron lugar entre la Iglesia y el partido liberal a partir de la década de los treinta. Muchas de las reformas modernizantes emprendidas por Alfonso López Pumarejo suponían una secularización de la sociedad y el Estado de Colombia, lo que afectaba necesariamente la situación de la Iglesia. Desde el comienzo de su campaña, Enrique Olaya Herrera se había apresurado a ofrecer sólidas garantías a las creencias católicas, afirmando que consideraba fundamental para la paz de las conciencias la observancia del precepto constitucional según el cual los poderes públicos debían proteger a la Iglesia católica como elemento esencial del orden social. Tanto Olaya Herrera como el arzobispo Ismael Perdomo estuvieron de acuerdo en la necesidad de una sólida armonía entre ambas potestades.

De acuerdo con este espíritu el ministro de Gobierno dirigió una circular a todos los funcionarios prescribiendo la armonía con las autoridades eclesiásticas, no sólo por estar ordenada por la Constitución sino por responder a un imperativo ético y social. En esta

Ismael Perdomo Borrero, arzobispo de Bogotá, y su coadjutor con derecho a sucederle, Juan Manuel González Arbeláez, quien fue trasladado después al arzobispado de Popayán por desavenencias con Perdomo, perdiendo así la oportunidad de ocupar la sede primada. Monseñor Perdomo fue partidario de una política de entendimiento con el gobierno de Olaya Herrera.

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Prelados colombianos a mediados de los años 20. Miguel Angel Builes, obispo de Santa Rosa (tercero de derecha a izquierda), llevó la vocería de la oposición a Olaya.

misma línea, Olaya rechazó una petición de la Asamblea del Cauca para pedir una revisión al Concordato, lo que agradeció monseñor Perdomo de inmediato. Sin embargo, monseñor Builes se había lanzado al ataque del gobierno liberal desde los comienzos de la presidencia de Olaya: el lobo dejaba ya ver las orejas; Olaya adulado como salvador, venía ya «comprometido con los protestantes norteamericanos y

Cardenal Pietro Gasparri, secretario de Estado de Pío XI. Ante la petición del presidente Abadía para que influyera sobre el clero en la cuestión de las candidaturas de Valencia y Vásquez Cobo, contestó que la Santa Sede no intervenía en asuntos internos de los países.

amistado con la masonería: tolerante con socialistas y comunistas y dispuesto a fabricar una hegemonía liberal destruyendo a cualquier costo las auténticas mayorías», ante las contemporizaciones de la mayoría de los obispos. Insiste Builes en la incompatibilidad esencial entre liberalismo y catolicismo. En 1933, Builes critica las reformas propuestas que son «una campaña contra Dios y la Iglesia que busca la separación entre la Iglesia y el Estado, el matrimonio civil y el divorcio vincular, la soberanía popular como origen de la autoridad, la libertad absoluta de religión y culto, la enseñanza laica y obligatoria». También se muestra Builes preocupado por «el pernicioso sistema de coeducación en la universidad, y el proyecto de laicización de la Universidad Nacional, la propuesta de denunciar el Concordato, la infiltración de la masonería en el sistema educativo» y la «labor disociadora del comunismo y del socialismo». Vendrá muy pronto el derrumbamiento total, dice Builes, si los católicos no cumplen con su deber de votar «por candidatos reconocidamente católicos». (Miguel Zapata. La mitra azul, págs. 149-155 y 191-192.) Por su parte, el liberalismo había aclarado su posición frente a la religión católica en su convención nacional de 1935: no es en su esencia un partido de propaganda religiosa ni antirreligiosa, proclama la libertad de cultos y el sistema concordatario, aspirando a reformar el Concordato vigente para adaptarlo a la realidad nacional. Considera que el alejamiento voluntario del clero de las actividades políticas y eleccionarias hará imposible la repetición de las luchas religiosas del siglo XIX. Es partidario de la escuela gratuita, única, laica y obligatoria, y considera que la vida civil debe regirse por la ley civil: debe llevarse el divorcio vincular a la legislación nacional. En 1936, Builes denuncia en forma beligerante la violencia liberal contra los campesinos conservadores de los Santanderes, Boyacá y Antioquia, que

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claman venganza desde sus tumbas. Según autores como Carlos Horacio Urán, pastorales como ésta ayudaron a crear la polarización bipartidista que prepararía el clima de la violencia. (Carlos Horacio Urán. Participación política de la Iglesia en el proceso histórico colombiano, pág. 67.) Builes pide la lucha contra la república liberal, pues se hallaban en plena persecución legal contra la religión: no se trata de una persecución sangrienta que provocaría reacciones sino de una persecución legal y soterrada, que iba adormeciendo a los católicos y corrompiendo al pueblo, logrando su finalidad: «Destronar a Cristo.» A nivel nacional, los conflictos comenzaron a presentarse por los intentos de intervencionismo estatal en los colegios privados de religiosos a los cuales se enviaron inspectores, y por el otorgamiento de personería jurídica a las logias masónicas. Pero los conflictos profundos se presentaron a propósito de la reforma constitucional de 1936, a la cual se opuso el episcopado en pleno. El manifiesto de los obispos decía que no podía admitirse como constitución colombiana «una cosa» que no interpretaba «los sentimientos y el alma religiosa de nuestro pueblo», al suprimir el nombre de Dios del encabezamiento de la Constitución y la mención de la religión católica como la de la nación, que le hacía merecer la protección del Estado como elemento esencial del orden social. Además, se suprimía el reconocimiento explícito de los derechos de la Iglesia, su exención de impuestos para templos y seminarios, su dirección de la educación, etc. Se quiere implantar «la libertad de cultos en vez de una razonable tolerancia», se sustituye la mención de moral cristiana por la de «orden moral», que es «una frase vaga y ambigua». En resumen, dicen los obispos, se cambiaba «la fisonomía de una Constitución netamente cristiana por la de una Constitución atea». Además, la reforma admitía el divorcio vincular prescindiendo del concordato vigente, declaraba la beneficen-

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José Vicente Concha adelantó con el cardenal Gasparri una convención aprobada por el Congreso colombiano con la ley 54 de 1924 (Ley Concha), según la cual el matrimonio católico anulaba el matrimonio civil con otra persona y obligaba al acto de apostasía para poder contraer por lo civil.

cia pública como función del Estado otorgándole una intromisión inadmisible en las obras asistenciales de la Iglesia y obligaba a recibir en los colegios privados a los hijos naturales, sin distinción de raza ni religión. Consideraban los obispos que la reforma constitucional estaba «preñada de

Pedro Nel Ospina entrega la cartera de Instrucción Pública al nuncio Roberto Vicentini, caricatura de Ricardo Rendón, alusiva a la intervención eclesiástica en la orientación educativa, que los liberales criticaron acerbamente.

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Miguel Arroyo Díez, ministro de Instrucción y Salubridad Pública del presidente Pedro Nel Ospina a fines de 1923, quien protagonizó un incidente con el nuncio apostólico Vicentini, porque este aparentemente no lo saludó en un acto oficial. Se oponía, además, a la reforma educativa que el ministro impulsaba.

tempestades y luchas religiosas»; nuestros legisladores verán que no es fácil «imponer a un pueblo creyente instituciones contrarias a la religión que profesa». En realidad, lo único que la reforma pretendía era una normal secularización de la vida política y de la legislación de Colombia, pero que chocaba normalmente con la mentalidad sacraMonseñor Roberto Vicentini. A raíz del incidente con Arroyo Díez, el nuncio fue duramente atacado por la prensa liberal. El clero y los conservadores organizaron un plebiscito de apoyo al prelado y los mensajes de desagravio fueron publicados en el libro "Post tenebras, lux", al cual pertenece esta fotografía.

lizada y constantiniana de la jerarquía y clero del país. Obviamente, el manifiesto del episcopado fue apoyado por una nota de los directorios conservadores; según ellos, la mayoría de la opinión pública nacional rechazaba los puntos esenciales de la reforma propuesta porque hacía imposible la necesaria armonía entre los partidos y suscitaba luchas sociales y religiosas. La reforma era inaceptable por estar en pugna «con los intereses espirituales y materiales [...] que el partido conservador se cree en la obligación imperiosa de defender». (Urán, La opinión pública nacional ante la reforma de la Constitución, págs. 8-13.) Monseñor Builes fue tal vez uno de los críticos más acérrimos de la obra de gobierno de López: Builes consideraba que el sindicalismo era «una aberración del partido liberal que quiere disfrazarse de socialista»; sólo se sindicalizan los obreros radicales, «los enemigos de Cristo, los soldados del marxismo». Las leyes sobre sindicatos son de «tendencia sovietizante», que provocan huelgas para «corromper a las masas, arrebatarles su espíritu cristiano y abrir al dominio comunista». (Zapata, obra citada, págs. 85 y 353.) Hay que reconocer que no todos los jerarcas y clérigos compartían los conceptos de Builes en torno al sindicalismo y la cuestión social: el influjo de las encíclicas papales sobre la llamada doctrina social de la Iglesia fue creando cierta conciencia de los problemas del mundo obrero y campesino, que se expresaba generalmente en obras de carácter paternalista haciendo abstracción de los condicionamientos estructurales de la sociedad y de la política. Así, en 1927 se funda la Unión Colombiana Obrera, con el fin de mejorar religiosa, moral y económicamente a la naciente clase obrera, por medio de asociaciones como la Orden Tercera, la Sociedad de San Vicente, las cajas y círculos de obreros. Particularmente importante fue la obra del jesuíta José María Campoamor en el Círculo de Obreros de San Francisco Javier (fun-

Capítulo 14

dado desde 1911) con su Caja Social de Ahorros y su plan de vivienda obrera en Villa Javier (iniciado en 1913). El reglamento del Círculo de Obreros excluía expresamente toda consideración política, pero exigía que los socios cumplieran fielmente los mandamientos de Dios y los preceptos de la Iglesia. El reglamento del barrio Villa Javier insistía en los mismos preceptos y proclamaba que el barrio era «el palacio de la pobreza», orgullosamente aceptada por imitación a Jesucristo pobre. No se admitía sirvienta en las casas, ni lujo en los vestidos, pues el anhelo era hacer triunfar en el mundo la pobreza cristiana. Como se ve, no se pensaba en buscar un cambio estructural que modificara las condiciones de los obreros pobres, debido a la concepción estática de la sociedad que se tenía. En la ya citada pastoral a los campesinos, se les decía que tal vez no estaba lejano el día en que los legisladores colombianos encontraran la manera de fomentar la agricultura nacional, de modo que no sea necesario importar. Los ejemplos que sugiere son dicientes: proporcionar semillas baratas, herramientas, maquinaria (nada se dice de la tenencia de la tierra), para abaratar los víveres (nada se dice de mejorar las condiciones de vida). En 1936, la pastoral colectiva de los obispos se dedica a los aspectos teóricos del comunismo y de la doctrina social de la Iglesia insistiendo en que la Iglesia no patrocina ninguna injusticia ni de ricos ni de pobres, sino que busca una inteligencia cordial entre todos los hombres por la caridad. Se defiende la propiedad privada insistiendo en su función social, lo mismo que la necesidad del justo salario; se recuerda que la Iglesia ha promovido siempre las asociaciones obreras pero rechazando «los sindicatos revolucionarios». Por eso, los obispos concluyen prohibiendo a los católicos la afiliación a sindicatos comunistas. En la pastoral de 1940, se vuelve a aclarar que la Iglesia no sólo no reprueba sino que recomienda la creación de sindi-

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catos obreros, pero recordando que el sindicalismo «no es una arma de lucha, sino un medio de llegar a la paz social». No deja de ser curioso que estos planteamientos sociales se muevan a un nivel general y abstracto, sin ninguna mención concreta de los problemas específicos de la sociedad colombiana ni de las reformas sociales que

Monseñor Tiberio Solazar y Herrera, obispo de Manizales, se pronunció a favor, como todo el episcopado, sobre la ley 69 de 1928, "un estatuto de seguridad de la época, que autorizaba al gobierno para la represión de los movimientos comunistas."

Portada del libro de desagravio publicado en honor del nuncio Vicentini, con firmas y mensajes de todo el país.

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orientación anticomunista aparecerá en la creación de la UTC, orientada por los jesuítas, que se constituirá formalmente en 1946 pero que reunirá asociaciones católicas obreras existentes desde tiempo atrás. Muy interesante es el caso de la Juventud Obrera Católica, estudiado en la tesis doctoral de Ana María Bidegain {Iglesia, pueblo y política. Un estudio de conflictos de intereses, 19301955). La JOC se había fundado en Colombia desde 1932, siendo oficialmente reconocida por el episcopado en 1933. Inicialmente, la JOC se presenta con un carácter marcadamente Inauguración de las el gobierno liberal de entonces estaba anticomunista y cierta mentalidad primeras 16 casas para planteando. El anticomunismo motiva campesinista, compitiendo exitosatrabajadores del Círculo muchas quejas de la jerarquía en conmente con el liberalismo en el terreno de Obreros de San tra de López Pumarejo, al cual acusindical, lo que despertaba los ataques Francisco Javier saban de permitir la infiltración code la prensa liberal lo mismo que de construidas por el jesuíta José María Campoamor, munista en el magisterio y en la Unialgunos políticos de ese partido. Por quien aparece en la foto versidad Nacional. En 1944, la Conello, recibió en sus comienzos el apoyo (octubre, 1914) con el ferencia Episcopal publica un mani- económico de grupos dominantes y la arzobispo Bernardo fiesto contra el peligro comunista, que simpatía conservadora. Pero, a mediHerrera Restrepo y la trabaja camuflado a través del partido da que el movimiento se fue desconprimera dama Elvira liberal. En el mismo año, el episco- servatizando y logrando una mayor Cárdenas de Concha. pado previene a los párrocos en una participación popular, se fue separancarta sobre el problema social en Co- do de la llamada doctrina social de la lombia denunciando la infiltración del Iglesia y de las tendencias corporaticomunismo entre los dirigentes de la vistas con que solía confundirse entonCTC y encareciendo la creación de círcu- ces. El movimiento se va haciendo los obreros y campesinos. La misma cada vez más beligerante y empieza a acercarse a algunos sectores liberales, tendiendo a una especie de democracia social cristiana. Pero la respuesta de los sectores más conservatizantes de la jerarquía no se hace esperar: monseñor Juan Manuel González Arbeláez, obispo auxiliar de Bogotá y asesor eclesiástico nacional de la Acción Católica, logra que el cardenal Pizzardo desautorice desde Roma a la JOC y ordene su liquidación en 1939: al no haber suficientes sacerdotes preparados para ser conciliarios de la organización, es mejor que no haya organización obrera para evitar que Antonio José Uribe, promotor de la ley 69 de los jóvenes obreros sean fácilmente 1928 para reprimir los seducidos por el comunismo. conflictos sociales de la Pero no todos los clérigos y obispos época, recibió de los pensaban así, como se ve por las queobispos un plebiscito de telegramas de apoyo y de jas que el obispo González dirigió a felicitaciones. Roma contra los hermanos Murcia (el

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"De cómo el liberalismo político colombiano no es pecado", de Rafael Uribe Uribe, y "Liberalismo colombiano teórico y práctico", de monseñor Ismael Per domo. La polémica de 1912 predecía la posición que asumió el arzobispo en el asunto de las candidaturas y caída de la hegemonía conservadora en 1930.

padre Jorge y su hermano Luis, que más tarde también sería sacerdote), por negarse a poner a la JOC bajo la directa dependencia de la Acción Católica. Los Murcia contaban con el apoyo de monseñor Perdomo y del obispo de Ibagué, Pedro María Rodríguez: incluso, el nuncio Carlos Serena envió informes favorables a ellos. Pero tanto monseñor González como Laureano Gómez se mostraban preocupados por las tendencias socialcristianas de la organización. La Acción Católica, cuyo «asesor eclesiástico» era González Arbeláez, era decididamente proconservadora, según el testimonio del historiador eclesiástico monseñor Restrepo Posada. Con la actitud partidista de los obispos González y Builes, que llegaron a prohibir en 1942 la lectura del diario liberal El Tiempo, contrasta la actitud moderada y conciliatoria de obispos como Luis Concha Córdoba, arzobispo de Manizales. Concha no sólo rehusó sumarse a la condena del diario liberal sino que alabó «el tono respetuoso» con que el periódico en cuestión se refería siempre a la Iglesia.

Pero Concha tuvo muchas dificultades para mantener a muchos de sus sacerdotes al margen de la actividad política. Muchos curas rasos eran sectariamente antiliberales, actitud que era reforzada por el anticlericalismo errático de algunos periódicos y políticos liberales, especialmente en las regiones donde había mayor competencia bipartidista por estar casi equilibradas las fuerzas de ambos partidos. Además, los esfuerzos liberales por reducir la influencia de la Iglesia tanto en el aparato educativo nacional como en el regional y local eran utilizados por los políticos conservadores para despertar reacciones contra el gobierno liberal. La complejidad y heterogeneidad internas de la Iglesia se hicieron patentes en la discusión en torno al Concordato de 1942, que buscaba poner de acuerdo las relaciones Iglesia-Estado con la reforma constitucional de 1936. Desde 1937 había sido nombrado Darío Echandía como embajador ante la Santa Sede: según el padre Juan A. Eguren S.J., estudioso del tema concordatario, el gobierno libe-

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Alfredo Vázquez Cobo con monseñor Maldonado Calvo, obispo de Tunja, durante la gira electoral del primero en Boyacá, agosto de 1929.

Reunión de prelados y notables en el seminario de Bogotá, con presencia del nuncio apostólico. Entre otros: monseñores Rafael María Carrasquilla, José Manuel Caycedo, Bernardo Herrera Restrepo y Miguel Angel Builes.

ral fue moderando sus inicialmente extremistas exigencias hasta contentarse con una negociación parcial sobre matrimonio, registro civil y administración de cementerios. Esta «actitud tan conciliadora» convenció al Vaticano para negociar y aprovechar la ocasión «para desterrar el último vestigio del patronato español, oculto en el Concordato de 1887», en frase de Eguren. Después de cinco años de estudio, se llegó a un acuerdo firmado entre Echandía y el cardenal Luis Maglione,

en nombre de Pío XII, el 12 de abril de 1942. La Santa Sede se había mostrado interesada en excluir el privilegio de la recomendación de obispos por el gobierno, pero el acuerdo reafirmó el derecho de veto presidencial a los candidatos extendiéndolo a los obispos coadjutores con derecho a sucesión: se reafirma, sin embargo, el principio de que el nombramiento pertenece a la Santa Sede y desaparece el derecho de presentación. Todos los obispos deberán ser colombianos y jurarán obediencia a las leyes nacionales, lo mismo que no participar ni dejar participar al clero respectivo en «ningún acuerdo que pueda perjudicar el orden público o a los intereses de la nación». Se reitera la obligación de la presencia de un funcionario civil en los matrimonios católicos, las causas de separación matrimonial pasan a la justicia civil, lo mismo que la administración de los cementerios. Muchos sacerdotes y canonistas, como Javier Naranjo Villegas, reconocen hoy que el Concordato de 1942 hubiera coincidido perfectamente con las posiciones que la Iglesia defendería luego en el Vaticano II. Naranjo Villegas, en un artículo escrito en 1969, proclamaba la necesidad de reformar el Concordato y la llamada ley Concha, que criticaba ferozmente: en esa ley aparecía un Estado que intervenía en la vida religiosa de los ciudadanos, «coaccionando su conciencia, induciendo a un acto considerado delictuoso por la ley eclesiástica, levantando alambradas para impedir la fuga de los fieles de la Iglesia católica, forzando a la profesión de una religión y premiando a los infractores de la ley eclesiástica al unirlos con el vínculo legal que les niega si no han apostado». Es un caso clásico de coacción, «incompatible con la libertad religiosa». Las normas sobre instrucción pública son contraproducentes al hacer odiosa la religión por su imposición y violar la libertad religiosa. (Naranjo Villegas. La reforma concordataria de 1942 vista desde la perspectiva de 1969.)

Capítulo 14

Muy distinta era la posición de los sectores ultraderechistas del clero y del partido conservador ante la reforma: inicialmente monseñor Perdomo se oponía a ella pero se plegó al acuerdo que la Santa Sede juzgaba conveniente, obedeciendo a la recomendación que el cardenal Maglione había hecho al nuncio Serena de hacerle ambiente favorable a la reforma. Así, se presentó a la Conferencia episcopal un proyecto favorable al acuerdo, elaborado por Perdomo y Concha. Pero la mayoría de los obispos y clero se mostraban en contra. La fuerza oratoria de Laureano Gómez se desplegó en todo su esplendor y ferocidad en torno a la discusión del tratado en el Senado; en la Cámara, el principal impugnador fue Uribe Misas. Según Laureano, asesorado por varios ilustres canonistas (jesuítas sobre todo), el concordato era obra de un complot masónico: no tenía en cuenta la opinión de prelados y sacerdotes a los que se tuvo ignorantes de toda la negociación. El Concordato se modificó sólo para dar gusto al «furor fanático, a la inquina irreligiosa de un pequeño círculo de masones» y se logró poniendo «un muro impenetrable entre la Sania Sede y el catolicismo

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Monseñor Carlos Serena, nuncio apostólico desde septiembre de 1935. Por instrucción del cardenal Luis Maglione, favoreció la reforma concordataria de 1942, a la que se opuso Laureano Gómez y la mayoría de los obispos y del clero.

nacional». Quedaron así sólo dos conductos de comunicación: el embajador Echandía y el nuncio Serena. El primero no podía representar a un país católico, por ser masón; el nuncio Serena no conoce la realidad de Colombia, ni su historia: ni siquiera ha aprendido el idioma, su actitud ha sido «desdeñosa» frente a nuestra pequeña realidad y nuestros pobres asuntos...

El presidente Miguel Abadía Méndez y el arzobispo primado Ismael Perdomo, durante un acto oficial al final de la administración Abadía, acompañados, entre otros, por Francisco Samper Madrid e Ignacio Rengifo.

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Por todo esto, el nuncio nunca transmitió a la Santa Sede una información objetiva y documentada sobre la realidad viviente del país. Según Gómez, se amordazó a obispos y clero obligándoles a guardar silencio sobre el tema de la reforma concordataria: para probar esto leyó un testimonio del obispo de Cali, Luis Adriano Díaz, que apoya la intervención de Gómez calificándola de «magnífica». Según el padre Julio César Orduz, Padre José María biógrafo de monseñor Perdomo, la Campoamor, S.J., fundador del Circulo de confusión de los católicos aumentaba Obreros de San Franciscoporque la oposición al tratado proveJavier (1911), que contó con una Caja Social de nía de políticos considerados como caAhorros y con un plan de tólicos integrales que resultaban «más vivienda en Villa Javier, papistas que el papa»: «Párrocos y feen aplicación de las ligreses se habían acostumbrado a ver doctrinas sociales de la en El Siglo el abanderado de los prinIglesia que crearon cipios religiosos...» Los conflictos del conciencia sobre los director de este periódico con Perdoproblemas obreros y campesinos. mo provenían de tiempo atrás: en una ocasión anterior, el arzobispo había amonestado a Gómez recordándole que la Iglesia estaba regida de arriba hacia abajo y no a la inversa y reprendiéndolo por la división que creaba al interior del episcopado. Según Orduz, Cardenal Giuseppe Pizzardo. En 1939, por influencia de monseñor Juan Manuel González Arbeláez, entonces auxiliar de Bogotá, ordenó la liquidación de la Juventud Obrera Católica (JOC), que desde su fundación en 1932 había ido perdiendo su carácter conservador, virando hacia un socialismo cristiano.

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la animadversión de Gómez frente al prelado se debía a la actitud de éste frente al gobierno liberal: Perdomo se había caracterizado por el respeto debido a las autoridades legítimamente constituidas y por el intento de suavizar las relaciones con el liberalismo, lo que contrariaba las expectativas de algunos jefes conservadores. Éstos hubieran preferido que la Iglesia se enfrentara abiertamente con el gobierno, para que éste iniciara una persecución política al estilo decimonónico: esto les permitiría usar otra vez la bandera religiosa como instrumento político. Las dificultades entre Gómez y Perdomo se hicieron aún más visibles a propósito del traslado de monseñor González Arbeláez a Popayán primero y luego a España, de lo cual se trató de culpar a Perdomo. González era muy mal visto por el liberalismo, debido a su antiriberalismo visceral y a su cercanía personal a los sectores más extremistas del conservatismo. Se dijo que la Santa Sede había trasladado a González por influencias de la masonería, que llegaba incluso a manejar a la misma archidiócesis de Bogotá y al nuncio apostólico. Un folleto, encabezado por una circular de Laureano Gómez, fechada el 6 de julio de 1942, denunciaba que el gobierno y la masonería manipulaban a la jerarquía eclesiástica «para impedir y contrarrestar la lucha por los intereses religiosos». El Siglo fue acusado por monseñor Perdomo de pretender abusivamente asumir la dirección del criterio católico de la nación. La nunciatura aclaró que el traslado de González se debió a que espontáneamente había presentado su renuncia, desde el 13 de febrero de 1941, por razones estrictamente religiosas*: no había habido ninguna intervención del gobierno en ese sentido. Por su parte, monseñor Perdomo dirigió un mensaje reservado al clero condenando la campaña de El Siglo encaminada a separar al clero y fieles de la obediencia a sus legítimos pastores, amonestando a los intransigentes que ta-

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chaban de liberales a los que trataban con las autoridades y no participaban en actitudes violentas para defender los intereses religiosos. Termina conminando con suspensión a divinis ipso jacto a los que cooperen con la campaña de El Siglo. Este ambiente tan polarizado explica por qué el Concordato de 1942 nunca entró en vigencia, a pesar de haber sido aprobado por el Congreso: el presidente se abstuvo de realizar el canje de ratificaciones, paso necesario para la vigencia del tratado. Parece que la reglamentación del tratado tampoco era de su agrado. De regreso al régimen conservador (1946-1957) Siguiendo el tradicional alineamiento de la Iglesia con el partido conservador, hubo algunas intervenciones en favor de la candidatura de Ospina. Builes exhortaba el 27 de abril de 1946 a votar por un candidato que garantizara los derechos de la Iglesia y ordena especiales oraciones por «el triunfo de un candidato verdaderamente católico». Con el regreso del conservatismo al poder, se retorna a la educación «católica». En frase del presidente Ospina, a nadie debe extrañar que imperen en la escuela «la moral cristiana y las orientaciones que emanan de la fe de nuestros mayores» siendo «la nación colombiana unánimemente católica». En septiembre de 1952, bajo la presidencia de Laureano Gómez, el ministro de Educación dirigió una circular a los directores departamentales de educación sobre la necesaria recristianización de la enseñanza oficial. Parte de esa recristianización consistía en el despido de maestros y directores de escuelas y colegios pertenecientes al partido liberal. (Exactamente lo mismo que había ocurrido en la república liberal con los conservadores, curas, religiosos y monjas que ocupaban puestos en la educación oficial.) En 1947, Builes describía así «el desgreño moral en la educación» que

había dejado al régimen liberal: enseñanza sexual, educación mixta, maestros y maestras de pésimas costumbres, escuelas protestantes, bailes entre profesores y alumnos, «deportes femeninos con vestidos vergonzantes, en obedecimiento a los planes masónicos, y baños mixtos públicos; excursiones mixtas, ferias del libro con obras heréticas, plagadas de errores y sovietizantes». El ambiente tenso de la época y la intensa movilización popular van preparando la polarización política que desembocaría en el fenómeno de la Violencia. La tradicional identificación de la Iglesia católica con el partido conservador acarrearía que la

El gobernador de Caldas, Sierra Ochoa, saluda al antiguo obispo de Manizales, Luis Concha Córdoba. Abajo, monseñor Concha y monseñor Perdomo con el nuncio Carlos Serena; ellos representaron actitudes más conciliadoras con los a posiciones más radicales como las de los obispos Builes y González Arbeláez.

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reacción del pueblo liberal contra el gobierno conservador se dirigiera también contra la Iglesia, como se vio en el famoso bogotazo de 1948: quemas de templos y colegios religiosos y asesinatos de sacerdotes, mostraron hasta dónde las masas colombianas identificaban a la Iglesia con el partido conservador, al cual culpaban por el asesinato de su carismático caudillo. El 9 de abril de 1948 fue tema de una pastoral colectiva del episcopado Alfonso López Pumarejo y monseñor Miguel Angel colombiano: el atentado contra la Builes, precisamente el nunciatura es muestra clara e inconprelado colombiano que más se opuso a la reforma fundible del «origen tenebroso de constitucional de López todo aquel movimiento», del «espíritu diabólico» que animaba a sus dirigensobre la libertad religiosa. tes y de la finalidad de la catástrofe: Darío Echandía, embajador ante la Santa Sede en agosto de 1937. Luego de cinco años de estudio, firmó con el cardenal Maglione un nuevo concordato (abril, 1942).

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herir el sentimiento católico del pueblo colombiano. Los culpables del hecho fueron «el ateísmo y la barbarie comunistas». Los obispos llaman luego la atención sobre las causas más remotas de los hechos: la «manifiesta o velada propaganda anticatólica», la negligencia en la educación de la niñez, «la inmoderada exaltación de las pasiones en las luchas políticas», «las incitaciones a la lucha de clases, con el excesivo afán por los intereses económicos y puramente materiales, olvidando los de orden espiritual». El 29 de junio del mismo año, los obispos dedicaron una pastoral colectiva al comunismo, mostrando su antagonismo con la religión cristiana. Algunos obispos como el futuro cardenal Crisanto Luque, entonces obispo de Tunja, Gerardo Martínez, obispo de Garzón, y monseñor Builes condenan al liberalismo como aliado del comunismo el 9 de abril. Para Builes, el verdadero autor de la hecatombe es el liberalismo, vestido de comunismo. En 1949, los obispos exhortan a no votar en las próximas elecciones por el comunismo, responsable del 9 de abril. La pastoral colectiva de octubre de 1949 es una exhortación a la paz, cuando se desencadenaba ya la violencia generalizada: la paz es necesaria en Colombia, «tan despedazada por pasiones y odios no sólo anticristianos sino antihumanos; ensangrentada por luchas fratricidas...». Exhorta a «deponer odios y cancelar resentimientos y propósitos de venganza; a emprender una cruzada persistente en favor de la paz y la armonía entre todos los ciudadanos». A pesar de estas intervenciones en pro de la paz, los hechos violentos acentúan el anticlericalismo por la identificación del clero con el conservatismo. También se mezcló el antiprotestantismo con la política: muchos protestantes son víctimas de la violencia, tal vez más por ser liberales que por protestantes. Además, algunos curas rasos se mezclaron activamente en conflictos violentos aunque de carácter aislado, porque muchos

Capítulo 14

conservadores querían utilizar al sacerdote para justificar sus tropelías. Carlos Horacio Urán anota que pudo más toda la historia anterior de conflictos entre Iglesia y Estado y la instrumentalización que hizo de ellos el conservatismo que las pastorales que llamaban a la concordia. Las pasiones religiosas contribuyeron a exacerbar el ambiente de los enfrentamientos políticos y luego las consideraciones morales y religiosas se mostraron incapaces de frenar la catástrofe que habían ayudado a desencadenar. (Urán, obra citada, pág. 71.) También es importante recalcar en esta época el auge que las doctrinas corporativistas estaban adquiriendo al interior del partido conservador y de la Iglesia: no es raro encontrar en textos y folletos de doctrina social de la Iglesia la afirmación de que el Estado corporativista era el ideal político del cristianismo. Uno de los teóricos del corporativismo en Colombia fue el padre Félix Restrepo, S.J., eminente lingüista y presidente por muchos años de la Academia de la Lengua. El padre Restrepo pronunció una serie de conferencias por la Radio Nacional en 1951 sobre esos temas, cuando el presidente Laureano Gómez estaba impulsando un proyecto de reforma constitucional de tipo corporativista. En esas conferencias se planteaba el ideal de una república utópica cristiana, Cristilandia, cuyos principios intentaban luego aplicar a Colombia en términos muy semejantes a los del proyecto constitucional de Gómez. Precisamente este proyecto produjo (o hizo explícita) la división del partido conservador que, junto con la violencia desencadenada, llevó al golpe de estado del general Gustavo Rojas Pinilla. Lo terrible de la situación que vivía el país explica el apoyo inicial al gobierno de facto del general Rojas Pinilla: varios años después, éste acusó al cardenal Luque de haber contribuido a crear ambiente favorable al golpe de estado, por estar muy entregado a la corriente conservadora de Ospina

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Pérez. También afirmó Rojas que el cardenal había tratado de imponerle que su gabinete fuera homogéneamente ospinista. (Entrevista con Umaña Pavolini, en Revista de Historia, n.° 1, 1975. El problema fue que esta entrevista apareció publicada poco después de la muerte del general, pero nunca suscitó ninguna controversia ni refutación. Fue simplemente ignorada.) Este apoyo de la Iglesia a Rojas produjo un profundo resentimiento en Laureano Gómez en contra de la je-

El presidente López y el primado Perdomo, durante la inauguración de nuevos servicios de la clínica Marly, en Bogotá, julio de 1935. Las buenas relaciones Iglesia Estado ocasionaron conflictos de Laureano Gómez con la

Palacio de la nunciatura apostólica, destruido el 9 de abril de 1948. Para la Iglesia, fueron culpables de este hecho "el ateísmo y la barbarie comunista."

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La catedral de Bogotá y rarquía y de la Compañía de Jesús, las ruinas del 9 de abril. porque él siempre se había conside"La reacción del pueblo rado el defensor máximo de la Iglesia. liberal contra el gobierno conservador hizo que se Gómez escribió entonces una serie de dirigiera también contra cartas desde el exilio, acusando a la jela Iglesia", con la cual se rarquía de conformista y entregada al identificaba. usurpador. El gobierno autorizó (y

Padre Félix Restrepo, S.J., teórico del corporativismo, planteó en una serie de conferencias en 1951 el ideal de una república utópica cristiana, semejante al proyecto de Constitución de Gómez.

hasta difundió) la publicación de dichas cartas, tal vez con el fin de enfrentar a Gómez con la jerarquía. Algunos piensan que estas cartas sirvieron para aplazar el enfrentamiento inevitable de la jerarquía con Rojas Pinilla. El Catolicismo, órgano oficioso de la jerarquía, expresó su condena de la matanza de la Plaza de Toros de 5 de febrero de 1956 como abiertamente anticristiana. Pero desde la pastoral de Cuaresma de 1955 había aparecido una condenación de la central obrera de tipo peronista que el gobierno impulsaba para conseguir cierto apoyo popular para su gobierno. La CNT (Confederación Nacional de Trabajadores), fue condenada por «anticonfesional»: sus dirigentes habían rechazado la autoridad de la Iglesia en el campo social, se mofaban del sindicalismo cristiano de la UTC y profesaban principios opuestos a la moral cristiana. Además, tenía influjos so-

cialistas y comunistas infiltrados; dos obispos consideraban peligroso el influjo del justicialismo peronista. Un ensayo de nueva organización política, la Tercera Fuerza, fue igualmente condenada por la Iglesia, que vino así a reforzar la oposición de liberales y conservadores; el 16 de junio de 1956, el cardenal Luque en carta a Rojas acusaba al movimiento como peligroso e inadmisible desde el punto de vista de las enseñanzas de la Iglesia y de la ley natural: muchos de sus dirigentes pertenecen a la CNT, condenada por la jerarquía anteriormente y además, la Tercera Fuerza es una amenaza para la UTC, inspirado en la doctrina social de la Iglesia. Criticaba también el que Rojas hubiera pedido a la multitud un juramento de adhesión a un movimiento político. Lógicamente, la Iglesia apoyó abiertamente el movimiento bipartidista contra Rojas: el arzobispo de Popayán, Diego María Gómez, recibió a los dirigentes de la oposición el 20 de abril de 1957 y les prometió que el cardenal Luque adoptaría una posición más fuerte contra Rojas. Gómez aprobó la candidatura de Guillermo León Valencia como afortunada. El cardenal Luque le escribe a Rojas calificando como «ilegal» su reelección para 1958-1962. Monseñor Miguel Ángel Medina, obispo auxiliar de Cali, animó a Luque a intervenir con motivo de la prisión de Valencia: el cardenal logró que se levantara el cerco a la casa donde estaba Valencia. Un sermón de fray Severo Velásquez en La Porciúncula, muy crítico contra el gobierno, suscitó un ataque de la policía contra la gente que salía del templo. El cardenal Luque condenó formalmente al régimen por «asesinato» y «profanación» sacrilega de los templos. A los pocos días renunciaba Rojas porque la situación se había hecho insostenible. La participación de la Iglesia en la campaña bipartidista contra Rojas iba a traer una consecuencia trascendental: el acercamiento del partido liberal a la jerarquía eclesiástica.

385 Capítulo 14

La Iglesia desde el Frente Nacional hasta nuestros días El plebiscito que dio origen al sistema bipartidista fue apoyado por el comité permanente de los obispos metropolitanos, aclarando que trabajaría para hacer derogar las reformas de 1936 que estuvieran en desacuerdo con el sentimiento católico del pueblo colombiano. Hubo una excepción: monseñor Builes pidió votar en contra del plebiscito porque aceptaba las reformas de 1936, como el principio comunista de la función social de la propiedad y la libertad de cultos, legalizando al partido comunista. El abrumador resultado favorable al Frente Nacional fue interpretado por Builes como triunfo de las izquierdas y ardid de la masonería, que presentaba el lema de la concordia nacional para engañar a las derechas y al clero. Sin embargo, el texto del plebiscito representaba cierto regreso a la confesionalidad del Estado, ya que tenía carácter de reforma constitucional: estaba encabezado en nombre de Dios como fuente suprema de toda autoridad y reconocía que una de las bases de la unidad nacional era el reconocimiento hecho por los partidos de que la religión católica era la de la nación; como tal, los poderes públicos la harán respetar como esencial elemento de orden social. Además, la Comisión Política del Liberalismo dio por canceladas las pugnas de origen o pretexto religioso; por otra parte, un grupo de notables liberales dirigió al cardenal Luque una carta en que se decla-, raban «hijos sumisos de la Iglesia», manifestando que su vinculación al liberalismo era sólo de carácter político y rechazando los errores del liberalismo filosófico. Con todo esto, el plebiscito retrotraía las relaciones IglesiaEstado a las fórmulas conservadoras de 1886, pero con una diferencia: el plebiscito era obra de los dos partidos tradicionales. De parte de algunos sectores de la Iglesia, se consideró que la estrecha vinculación con el sistema bipartidista

del Frente Nacional disminuía la capacidad crítica, especialmente en los problemas socioeconómicos. El fallecido obispo de Facatativá, Raúl Zambrano Camader, decía que la Iglesia sólo había sido crítica del Estado en cuestiones eclesiásticas y religiosas, siendo demasiado conciliadora en los asuntos sociales, tal vez por miedo a que una actitud crítica pudiera incitar a la violencia.

El cardenal Crisanto Luque Sánchez y el general Rojas Pinilla, quien más tarde lo acusó de favorecer el clima de golpe militar por su ospinismo. Abajo, homenaje de Alberto Lleras a monseñor Concha en 1959, con el nuncio Dadaglio, Laureano Gómez y el obispo Pablo Correa León.

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Monseñor Miguel A. Medina, obispo auxiliar, monseñor Julio Caicedo y Téllez, arzobispo de Cali, y el arzobispo de Popayán Diego María Gómez, en la boda del ministro de Educación del gobierno militar, Aurelio Caicedo Ayerbe, con Luz Marina Cruz Losada. Monseñor Gómez jugaría papel determinante en la adopción de una actitud contraria a Rojas Pinilla cuando este planteó su reelección en 1957.

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Según el politólogo norteamericano Alexander Wilde, en un libro que examina diferentes aspectos del Frente Nacional, señala que éste significó una ruptura de la tradición de la dependencia de la Iglesia con el partido conservador y el fin de sus tradicionales conflictos, al hacerla parte integrante del régimen bipartidista. Desapareció así la actividad electoral de los clérigos en pro del conservatismo, salvo casos aislados. La Iglesia se dedicó entonces a una labor de modernización interna fortaleciendo sus estructuras centrales a través de una secretaría permanente del episcopado con sede en Bogotá, una entidad nacional de coordinación de las diferentes diócesis. También mostró una mayor preocupación por los problemas del desarrollo y acción social, con mayor presencia de los científicos sociales. Sin embargo, Wilde cree que estas nuevas estructuras burocráticas no hacían sino cubrir la estructura tradicional de autoridad jerárquica que conservaba un omnipresente control, sin ninguna tolerancia para la autonomía necesaria ni la in-

novación creativa de los niveles más bajos de la estructura. En resumen, Wilde cree que tanto para la Iglesia como para los partidos tradicionales el Frente Nacional tuvo una función negativa: buscaba solucionar problemas viejos pero no afrontaba los nuevos, pues se había hecho para suavizar los enfrentamientos bipartidistas pero no para legitimar ningún cambio positivo. Las estructuras eclesiásticas estaban hechas para la defensa frente al liberalismo laicizante y secularizante, pero no para una presencia creativa en la sociedad. (A. Wilde, «The Contemporary Church», en Politics of Compromise. Coalition Government in Colombia.) En un documento posterior, Wilde sostiene que la Iglesia ha llegado a ser casi irrelevante por su estrecha identificación con el régimen, cuya declinación comparte. Para ser relevante, la Iglesia hubiera necesitado distanciarse del régimen en vez de identificarse con él. La resistencia de la Iglesia a tratar de entender el fenómeno de los curas «rebeldes» o contestatarios, perjudicó, según Wilde,

Capítulo 14

tanto la causa de la Iglesia como la de la misma democracia colombiana. Precisamente la incapacidad de la jerarquía eclesiástica para manejar creativamente los problemas de la falta de consenso interno en materias socioeconómicas y políticas mostró la falta de respuestas nuevas a los problemas nuevos que se presentaban. Esta incapacidad es probablemente el resultado del modelo con que la Iglesia estaba acostumbrada a funcionar frente a la sociedad colombiana: el control desde arriba de las instituciones civiles consideradas como iguales o subordinadas a las eclesiásticas supone conservar una imagen de Iglesia monolítica, sin fisuras, que negocia de igual a igual con el Estado. No se puede permitir el lujo de aparecer dividida hacia afuera. El problema es que ese modelo deja de funcionar cuando desaparece el consenso sobre la legitimidad de las instituciones. Y eso fue exactamente lo que ocurrió a partir de los años sesenta. Tanto la unanimidad doctrinal dentro de la Iglesia católica como el consenso sobre la legitimidad de las instituciones nacionales empezó a desvanecerse. Este cambio no fue solamente resultado de las reformas políticas y económicas del régimen bipartidista sino también reflejo de los cambios ocurridos en la sociedad colombiana y en la iglesia universal, a partir del Concilio Vaticano II. La rapidez y profundidad de los cambios que Colombia ha vivido en menos de una generación han sorprendido a observadores nacionales y extranjeros. Malcolm Deas, historiador inglés experto en el tema colombiano y un agudo observador de nuestra sociedad, ha señalado cómo tal vez el mayor cambio realizado en ella en los últimos veinte años es el ocurrido con la Iglesia: «Una secularización acelerada de la sociedad, que en los años sesenta era inimaginada, y que seguramente de sólo imaginarla le habría producido infarto a un cura.» Sólo en segundo lugar menciona Deas la acelerada urbanización y la consolidación de unas nuevas clases medias; después

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señala los cambios en las relaciones entre padres e hijos, la mayor corrupción administrativa y económica y el menor aislamiento del país con respecto al exterior. Para Alvaro Tirado Mejía, uno de los efectos positivos del Frente Nacional fue haber laicizado al país en un tiempo récord y sin mayores conflictos. Obviamente, los cambios ocurridos en la sociedad colombiana tenían que afectar la situación de la iglesia católica en ella: con un estilo de organización y de pastoral pensado para un mundo predominantemente rural y un país bastante aislado de las ideas y corrientes intelectuales en boga en el resto del mundo, la Iglesia debió afrontar el desafío de una acelerada urbanización y de una mayor apertura intelectual del país. Los avances económicos en el campo y la ciudad implicaron un aumento de las desigualdades sociales, un creciente desempleo y una masiva expulsión de campesinos a las ciudades, lo que trajo consigo la metropolización de las cuatro ciudades principales del país y un Raúl Zambrano Camader, obispo de Facatativá, famoso por su posición progresista, afirmaba "que la Iglesia había sido crítica del Estado en cuestiones eclesiásticas y religiosas, siendo demasiado conciliadora en los asuntos sociales."

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monstruoso aumento de la población marginal. Esto significó un cambio fundamental en los problemas que los curas debían afrontar en las parroquias urbanas. La creciente profesionalización de las clases medias, especialmente en el sexo femenino, produjo importantes modificaciones en la estructura familiar. La no adecuación de la familia tradicional al nuevo papel de la mujer causó una crisis severa de la institución familiar, cuya importancia no parece haber sido percibida por la pastoral familiar y educacional de la Iglesia: innumerables divorcios y separaciones han llevado a un modelo de familia organizada en torno a un solo progenitor y a la proliferación de nuevas uniones de hecho, a las cuales ni la sociedad civil ni la Iglesia estaban acostumbradas. Esta inadecuación se ve reflejada en la legislación familiar vigente, que el Concordato recientemente ratificado no permite modificar. Otro punto particularmente conflictivo ha sido el referente a la planificación familiar, que se ha extendido por todo el país, produciendo una baja de la tasa de natalidad imprevisible hace veinte años. Se calcula que, a pesar de las enseñanzas oficiales de los papas y obispos, más de la mitad de las mujeres en edad fértil planifican de algún modo, incluso en las zonas campesinas de Boyacá, Nariño y Oriente Antioqueño, donde se considera que es más fuerte el control social del clero. En este aspecto puede también haber influido el hecho de que ha sido el control natal un punto conflictivo en la ruptura del consenso dé la propia Iglesia: muchos teólogos y sacerdotes expresaron, tanto en público como en privado, su distanciamiento frente a las enseñanzas oficiales de la jerarquía en este punto subrayando la importancia de la decisión que la conciencia de las parejas podían tomar sobre el control natal. Frente a este disentimiento, el episcopado colombiano ha condenado unánimemente cualquier opinión teológica que permitiera esa libre decisión de la pareja, así los

argumentos teológicos usados fueran admitidos por teólogos y jerarquías católicas en otras partes del mundo. Otro aspecto que se vio claramente a partir de los años sesenta fue la impreparación de la mayoría de la iglesia católica para dialogar con otros estilos de pensamiento y otras formas de organización social, acostumbrada como estaba a una situación de virtual monopolio religioso y a un país bastante aislado de las corrientes intelectuales en boga en el resto del mundo. Pero el influjo de la revolución cubana, el mayor contacto intelectual y académico con universidades de fuera del país, la llegada al país de libros que recogen la producción intelectual de todas las tendencias significaron el fin del aislamiento en que solía vivir la mayoría del país. Pero también en el seno de la misma Iglesia católica ocurrieron cambios importantes que tomaron por sorpresa a la mayoría de los jerarcas colombianos. El Vaticano II significó un importante intento de diálogo con el mundo moderno surgido de la ilustración, al subrayar la dimensión histórica de la Iglesia, al aprobar la concepción de la Iglesia como pueblo de Dios en marcha a través de los avatares de la historia lo mismo que el esquema de libertad religiosa. La inmensa mayoría de los jerarcas y del clero colombianos no estaban preparados para tal vuelco, pues llevaban luchando casi dos siglos contra la idea de libertad religiosa aprobada por el Concilio. Varios obispos y teólogos llegaron hasta confesar que les habían «desencuadernado» sus manuales de teología; muchos sólo aceptaron de manera superficial los nuevos enfoques, que representaban sólo un barniz modernizante superpuesto a sus concepciones tradicionales. Además, muchas declaraciones conciliares fueron aprobadas sólo mediante un consenso formal que ocultaba a veces posiciones muy diversas, en ocasiones hasta contradictorias. El resultado de dichas contradicciones latentes se hizo manifiesto cuando

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los obispos regresaron a sus sedes respectivas y empezaron a ser confrontados por sus cleros en nombre de las doctrinas que ellos mismos habían aprobado. Esto puede ser ilustrado con lo ocurrido con El Catolicismo, considerado órgano oficioso de la jerarquía, cuyos directores (uno de ellos, el actual primado colombiano, monseñor Mario Revollo Bravo) se vieron obligados a renunciar y cuya publicación fue suspendida por el cardenal Luis Concha Córdoba. El cardenal estaba en desacuerdo con la orientación del periódico, que se había dedicado a difundir los temas conciliares y había planteado una «vasta reforma de estructuras». Por esto, 95 sacerdotes pidieron al cardenal una orientación concreta sobre la aplicación de los documentos conciliares. El prelado respondió que las enseñanzas del Vaticano II sólo obligaban a la Iglesia colombiana a cambios litúrgicos y no a cambios sociales. Sin embargo, el impacto del Vaticano II produjo un gran dinamismo eclesial de curas v laicos, sobre todo

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entre la juventud. Esta desigual asimilación de los nuevos enfoques en unas diferentes posiciones: el entusiasmo de muchos clérigos y laicos por llevar hasta sus últimas consecuencias el llamado «aggiornamento» o puesta al día de la Iglesia frente el mundo moderno contrastó con los intentos tímidos y desconfiados de la mayoría de los jerarcas. El problema era más grave dado el modelo institucional de Iglesia imperante en Colombia y su íntima vinculación con el Estado: además, debían añadirse los problemas típicos del Tercer Mundo (atraso económico y cultural, pobreza, injusticia, desigualdad social y económica, poca participación política de las masas populares, etc.) para los cuales el Concilio Vaticano II no ofrecía claras directivas y la llamada Doctrina Social de la Iglesia sólo daba orientaciones demasiado generales. En resumen, la Iglesia colombiana debía afrontar los problemas del siglo XIX (diálogo con la modernidad) junto con los problemas del siglo xx, en el marco de un país subdesarrollado y dependiente.

Monseñor Gerardo Valencia Cano y sacerdotes colombianos, en audiencia con Pío XII. Valencia Cano sería el fundador del grupo Golconda, un intento de recoger el pensamiento de Camilo Torres y la lucha por "un cambio profundo y urgente de las estructuras socioeconómicas y políticas."

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La desigual asimilación del Vaticano II se hizo patente en la discusión en tomo al Concordato de 1973, aprobado por los dos partidos tradicionales a pesar de la oposición teórica de bastantes liberales y de algunos miembros del propio clero. Según el entonces candidato liberal Alfonso López Michelsen, el acuerdo debía ser aprobado para evitar enfrentamientos con la Iglesia católica, que eventualmente podrían acarrear la ruptura del bipartidismo. El nuevo concordato, aunque suprimía algunas disposiciones aberrantes como la ley Concha, anteriormente mencionada, estaba muy lejos de concordar con las posiciones teóricas del nuevo espíritu conciliar. En la discusión, se hizo todo lo posible para que no aparecieran posiciones divergentes al interior de la Iglesia: la imagen de monolitismo es esencial para una Iglesia que se enfrenta al Estado como sociedad perfecta frente a sociedad perfecta. Algo parecido sucedió con respecto a la conferencia episcopal en Medellín en 1968, pero de manera aún más marcada, ilustrando la desigualdad de enfoques sobre la realidad latinoamericana que coexistían entre las diferentes Iglesias latinoamericanas. Los obispos colombianos se mostraron opuestos al documento básico de trabajo quejándose de que los problemas en discusión y la orientación habían sido impuestos por los episcopados y expertos del Cono Sur, por lo cual no representaban la realidad colombiana. Por esto, decidieron presentar un contradocumento que pretendía matizar un poco la descripción un tanto negativa que se hacía de la realidad latinoamericana. Este contradocumento no fue considerado en la reunión por haber sido presentado fuera de los plazos reglamentarios. Pero sus ideas básicas aparecieron cuando la Conferencia episcopal colombiana trató de aplicar las conclusiones de Medellín a la situación colombiana en 1969, buscando sistemáticamente suavizar las realidades consideradas demasiado conflictivas. El libro La Iglesia ante el

cambio recoge los resultados de la reunión de obispos colombianos: insiste en las categorías de subdesarrollo y marginalidad pero subrayando que esos fenómenos subsisten a pesar de los esfuerzos del Estado y de la Iglesia por erradicarlos. Se reconocen también la dependencia externa, la desigualdad de la propiedad, la falta de real participación política pero enfatizando también aspectos positivos que los compensan. Aunque se menciona tangencialmente la necesidad de un cambio de estructura, no se habla de la violencia institucionalizada que produce como respuesta la violencia de los oprimidos contra los opresores (tema central en Medellín). En cambio, se señalan claramente los peligros de la opción temporal y de la tentación de la violencia. Estas posiciones conciliadoras son frecuentes en los documentos episcopales colombianos, que suelen ser siempre moderados en las críticas en lo social, económico y político. En 1970, cuando el auge electoral de la ANAPO amenazaba imponerse sobre el Frente Nacional, el cardenal Aníbal Muñoz Duque intervino para pedir el sometimiento a los resultados electorales considerados fraudulentos por la oposición, el abstenerse de toda protesta pública contra las autoridades, lo mismo que a evitar comentarios que expresaran desconfianza frente a los recursos de la democracia colombiana. Lógicamente, esta intervención fue interpretada como un intento para favorecer el triunfo del candidato oficial, Misael Pastrana Borrero. Sin embargo, algunos documentos episcopales aparecen más críticos frente al sistema político del país. Tal es el caso del documento Justicia y exigencias cristianas, que recoge las conclusiones de la conferencia episcopal de 1973. Este libro denuncia la existencia de la apatía política generalizada, y la ausencia casi total de conciencia política, que conducen a una perpetuación de una minoría en el poder. Se denuncian allí formas de opresión de grupos económicos en todos los terrenos lo mis-

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mo que grandes injusticias en el campo político, que han sido determinantes de nuestra general situación de injusticia. Pero se condena toda apelación a la violencia y se proclama que la Iglesia debe estar por encima de toda ideología. Esta actitud contrasta con la asumida por otros sectores clericales y religiosos, formados en la mentalidad posconciliar y más insertados en las realidades sociales del país, que pretendían romper con la actitud tradicional de «ghetto» frente a nuevas corrientes ideológicas y sociales. Estos nuevos sectores fueron descubriendo consecuencias más radicales de los documentos conciliares y de las conferencias episcopales al confrontarlos con la situación social y económica de las masas marginales con quienes su ministerio pastoral los ponía en contacto. La jerarquía va endureciendo paulatinamente su posición frente a estos grupos clericales, con lo cual éstos se van radicalizando cada vez más al ponerse en contacto con grupos y pensamientos de izquierda en un diálogo para el cual no estaban preparados intelectualmente. Por supuesto hubo muchas imprudencias y salidas en falso de los nuevos «profetas» frente a la institución eclesiástica, parcialmente debidas a su celo apostólico y a su afán por identificarse con la situación de miseria del pueblo con quien trabajaban pero también a su ingenuidad política y a su desconocimiento de las ciencias sociales: de ahí su tendencia a mitificar y supravalorar de manera acrifica los aportes del marxismo, generalmente presentados en su versión más simplista y menos matizada. La beligerancia de las denuncias de estos sectores clericales en sus denuncias contra una jerarquía eclesiástica que ellos consideraban demasiado comprometida con los sectores dominantes producía cada vez un mayor endurecimiento de parte de los obispos, hasta impedir todo diálogo con los llamados sectores «rebeldes» del clero cuya imprudencia y falta de tacto político corrían frecuentemente

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El padre Camilo Torres Restrepo, el cura guerrillero. Para él, "la revolución era la condición necesaria para realizar el amor eficaz que su fe le pedía" (foto de Hernán Díaz).

a la par con la falta de sentido pastoral y la incomprensión de la realidad social por parte de sus pastores, cuya única respuesta solía ser el recurso a la autoridad. Este contexto de mutuas incomprensiones y de diferente apreciación de la situación del país, enmarca las posiciones de la jerarquía frente a Camilo Torres, los grupos sacerdotales de Golconda y SAL (Sacerdotes para la América Latina) y otros similares. Camilo Torres representó inicialmente un intento de diálogo con el mundo universitario, con las Ciencias Sociales y con una sociedad considerada injusta. Camilo fue luego radicalizando sus posiciones: insistía así en la necesidad de que el amor cristiano se hiciera eficaz, traduciéndose en la ciencia, en la técnica, en la política hasta llegar incluso a la violencia guerrillera. Según él, la ciencia y la experiencia lo habían convencido dé que la revolución era la condición necesaria para realizar el amor eficaz que su fe le pedía. Por eso, consideraba que la revolución era un deber para todos los cristianos. Con respecto a la estructura eclesiás-

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Libro rojo de Golconda, publicado en julio de 1969 por el Movimiento Universitario y Profesional de Organización de la Comunidad (Muniproc). Golconda tuvo una vida efímera por disensiones internas y la muerte de monseñor Valencia Cano, que cohesionaba las tendencias del grupo.

tica, Camilo llegó a expresar que sentía repugnancia para trabajar dentro de ella (cuando el arzobispo auxiliar de Bogotá, Rubén Isaza, le ofreció un trabajo en la curia archidiocesana) porque estaba seguro de que esto lo separaría del mundo y de los pobres «para incluirlo» en un grupo cerrado de una organización perteneciente a los poderes de este mundo. El grupo Golconda, llamado así por el nombre de la finca en Viotá donde se reunió en 1968 la agrupación sacerdotal dirigida por monseñor Gerardo Valencia Cano, trató de recoger tanto la herencia del pensamiento de Camilo como las conclusiones de la conferencia episcopal de Medellín que acababa de celebrarse. El documento base del grupo comienza citando dicha conferencia manifestando que el subdesarrollo del país se debe a la situación de dependencia económica, cultural y política en la cual vive. La dependencia frente a centros extranjeros se traduce en la denominación interna ejercida por las oligarquías nacionales a lo largo de toda nuestra historia. Según el documento, la Iglesia católica

ha sacralizado esta dependencia externa y dominación interna como «la expresión inequívoca de la voluntad de Dios». Por todo esto, el grupo Golconda rechaza por igual el imperialismo neocolonial, la burguesía nacional y el maridaje entre la Iglesia y Estado, proponiéndose como objetivo la lucha «por un cambio profundo y urgente de las estructuras socioeconómicas y políticas del país» y por la actualización de las estructuras eclesiásticas tanto internas como las relacionadas con la sociedad y el Estado. El grupo Golconda tuvo una vida efímera por causa de las disensiones internas, la falta de una organización sólida y por la muerte del obispo Valencia, que daba cierta cohesión a las diferentes tendencias existentes al interior del grupo. Pero la incomprensión y persecución de algunos jerarcas tuvo que ver también con la desaparición del grupo, que era tachado de marxistoide y demagogo. Cuatro años después, el grupo de Sacerdotes para América Latina, SAL, intentó nuevamente recoger las ideas de Camilo Torres y del grupo Golconda. El consenso mínimo del grupo apareció el 13 de diciembre de 1972: se recalcaba en él la opción evangélica por los pobres como exigencia de la vocación sacerdotal, se rechazaba el capitalismo lo mismo que la búsqueda de una tercera vía reformista entre capitalismo y comunismo y se opta claramente por el socialismo. El documento acepta el análisis marxista como metodología y el diálogo con marxistas en una acción común. El grupo se caracterizó por las continuas denuncias de situaciones concretas de los poderes eclesiásticos y civiles, lo mismo que por el anonimato de sus miembros: se buscaba así evitar la represión tanto de la jerarquía eclesiástica como del poder civil. El anonimato del grupo y la beligerancia de sus denuncias contra la jerarquía llegó a exasperar todavía más a la mayoría de los obispos, que empiezan a ver enemigos de la Iglesia en todo grupo o persona crítica. En 1976,

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la conferencia episcopal colombiana se dedicó al tema de los sacerdotes, religiosos y laicos que habían asumido una posición radicalizada en política; los resultados de la reunión quedaron plasmados en el documento Identidad cristianaenlaluchaporlajusticia.Allí se critican los intentos de síntesis entre marxismo y cristianismo, aludiendo a Golconda y SAL, los encuentros sobre teología de la liberación y a sacerdotes que hacían parte de centros de estudios o investigaciones, tales como el CINEP, Denuncia, Encuentro, IPLAJ y similares. Según el documento, todos ellos representan «un verdadero embate contra los pilares mismos de la fe católica, una identificación de la evangelización con una pretendida promoción humana, una concepción subjetiva de un supuesto cristianismo que prescinde del magisterio y de la tradición de la Iglesia». Se critica de manera especial la opción por el socialismo y el uso de categorías marxistas de análisis. Por todo esto, la jerarquía exhorta a esos grupos a reflexionar y a revisar sus posiciones, en ac-

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titud de oración y en diálogo con las comunidades cristianas presididas por los obispos. Cinco años más tarde, en agosto de 1981, la XXXVII asamblea plenaria del episcopado colombiano emitía una solemne condenación del CINEP (Centro de Investigación y Educación Popular, dirigido por los jesuítas) y de su revista Controversia, lo mismo que de la revista Solidaridad y las llamadas «Comunidades eclesiales populares». Según la condena, estos grupos y revistas estaban imbuidos «de ideologías y propósitos que atentan gravemente contra las doctrinas y disciplinas de la Iglesia» y habían persistido en «sus propósitos ideológicos que rompen la comunión de la Iglesia del Señor». Ni en 1976 ni en 1981, se dio a los grupos condenados la oportunidad de defenderse o de explicar sus posiciones. Sólo después de 1981 hubo intentos de algún acercamiento y diálogo entre las partes. Sin embargo, durante los últimos años se han moderado un tanto este tipo de enfrentamientos y parecen haber amainado la polarización y radicalización de las

Visita de Su Santidad Paulo VI a Bogotá, en agosto de 1968, donde es recibido por el presidente Carlos Lleras Restrepo.

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Documentos del grupo Sacerdotes para América Latina, SAL, fundado en diciembre de 1972 sobre la herencia de Camilo Torres y del grupo Golconda. Recalcaba la opción evangélica por los pobres como exigencia de la vocación sacerdotal. La jerarquía oficial rechazaría el radicalismo político de estos grupos.

diversas posiciones. Esto ha sido tal vez efecto combinado de varios factores: la izquierda colombiana ha sufrido una crisis profunda y un proceso sano de propia desmitificación; los grupos cuestionados han clarificado de manera autocrítica muchas de sus posiciones. Es posible que la evolución de la situación política y económica del país y algunos cambios internos de la misma jerarquía episcopal y de los grupos en cuestión haya tenido algo que ver en este proceso de mayor pluralismo y aceptación de diversas posiciones al interior de la Iglesia. En cambio, la relación de la Iglesia oficial frente al Estado y la sociedad civil parece haberse modificado muy poco: a pesar de algunas propuestas de denunciar o modificar el concordato vigente, el país fue sorprendido en mayo de 1985 por una ratificación del tratado por tiempo indefinido con sólo unas modificaciones mínimas: los casos de separación de cuerpos podrían ser conocidos por los jueces de circuito (antes lo hacían sólo los tribunales superiores y la Corte) y se suprimían los llamados privilegios pau-

lino y petrino, que eran reconocidos por la ley colombiana. Con respecto a la sociedad la condena de la jerarquía se sumó a la crítica generalizada de los gremios económicos y del gobierno contra el paro cívico de junio de 1985. En esa condena, los obispos afirman ser conscientes de los problemas que aquejan a los pobres de Colombia pero aseguran que un paro de esta naturaleza no conduce a la solución de los males denunciados sino a sumergir al país en inútiles y contraproducentes desasosiegos e intranquilidad. Por eso, invitan a los católicos a dar un testimonio de sensatez superando «toda tentación de violencia, subversión y anarquía». En todo el proceso de polarización antes descrito influyeron bastante los acontecimientos ocurridos en la Iglesia latinoamericana y del mismo Vaticano, específicamente en torno a la discusión sobre la teología de la liberación y a los cambios ocurridos en la cúpula de la conferencia episcopal latinoamericana. En ambos procesos, la jerarquía colombiana ha desempeñado un importante papel que supera las barreras nacionales y proyecta su liderazgo a nivel continental y universal por primera vez en la historia. El CELAM, desde 1963 hasta 1972, bajo la dirección de obispos chilenos y brasileños, había emprendido una labor de estímulo de un pensamiento teológico y de una acción pastoral comprometidos con la realidad latinoamericana. De allí arrancarían varios procesos de búsqueda teológica y pastoral principalmente en el Perú, Brasil, Centroamérica y el Cono Sur, que han sido posteriormente englobados bajo el nombre genérico de teología de la liberación; también se nutrirían de allí toda una serie de experimentos creativos de pastoral, entre los que se destacan las comunidades eclesiales de base, florecientes sobre todo en la Iglesia brasileña. A partir de noviembre de 1972, en la reunión de Sucre, Bolivia, se inicia una nueva orientación, caracterizada por la cautela y el temor de haber ido demasiado lejos.

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Muchos obispos latinoamericanos, preocupados por la radicalización de muchos curas y religiosos y las crisis internas producidas en sus iglesias, junto con algunos sectores de la curia vaticana, un tanto inquietos por las tendencias consideradas demasiado horizontales y democráticas de algunas Iglesias como la brasileña, eran partidiarios de un vuelco en la organización del CELAM. En la nueva orientación se destacó el actual cardenal de Medellín, Alfonso López Trujillo, primero como secretario general y luego como presidente del CELAM. Las tensiones entre el nuevo grupo directivo de la conferencia episcopal latinoamericana y los partidarios de la orientación anterior se hicieron patentes en la preparación de la Conferencia episcopal de Puebla en 1979. La preparación del documento previo de consulta (libro verde) fue elaborada por personas de plena confianza de la secretaría del CELAM, evitándose cualquier participación disidente frente a la nueva orientación. (En rigor a la verdad, lo mismo había ocurrido en la preparación de la reunión de Medellín, donde tampoco se tuvo en cuenta a los que se oponían al documento previo. Claro que la situación de entonces estaba menos polarizada. Pero, de hecho, hubo mayor discusión previa del documento de trabajo en la preparación de Puebla que en la de Medellín.) La convocatoria de la reunión de Puebla fue más selectiva excluyéndose sistemáticamente a los considerados teólogos de la liberación y se aumentó el número de los invitados de fuera de América Latina. Pero las críticas generalizadas al documento final de Puebla repiten la orientación de Medellín, aunque de manera más morigerada: incluso es posible que los textos de Puebla reflejen de manera más exacta la complejidad de posiciones existentes entre todo el episcopado latinoamericano, pues se consultó más a los episcopados y se hizo más evidente el juego político de las posiciones contradictorias que se daban.

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Otro punto que ilustra las contradicciones internas de las Iglesias latinoamericanas es la discusión sobre la teología de la liberación. López Trujillo, primero desde la secretaría general y luego desde la presidencia del CELAM, promovió una serie de reuniones a nivel mundial con el fin de frenar la expansión de la teología de la liberación, con la ayuda financiera de la fundación alemana ADVENIAT

El presidente Alfonso López Michelsen y el nuncio apostólico Angelo Palma. Como candidato liberal a la presidencia, López fue defensor del nuevo concordato de 1973.

"La Iglesia ante el cambio", documentos de la Conferencia Episcopal Colombiana de 1969: "Insiste en las categorías de subdesarrollo y marginalidad,. pero subraya que esos fenómenos subsisten a pesar de los esfuerzos del Estado y de la Iglesia por erradicarlos."

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y el apoyo de algunos sectores de la curia vaticana. Con la misma orientación, se fundaron publicaciones como Tierra Nueva de Bogotá, fundada y dirigida por el jesuíta belga Roger Vekemans y apoyada por López Trujillo. Estas reuniones y revistas se han dedicado casi exclusivamente a señalar las supuestas o reales ambigüedades de dicha teología, a la que se busca presentar como un todo indiferencia-

do y monolítico identificándola indiscriminadamente con las categorías marxistas de análisis presentes sólo en algunos de los teólogos liberacionistas. Se ha señalado el influjo de esas reuniones y de la revista mencionada en el texto de condena de la Congregación de la Fe y en las críticas de la Iglesia oficial a los principales adalides de esta corriente teológica como Leonardo Boff y Gustavo Gutiérrez.

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Del Frente Nacional al momento actual: Diagnóstico de una crisis Alvaro Tirado Mejía La índole de nuestros partidos

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n la democracia moderna los partidos políticos son cada vez más fuertes, hasta el punto de que se habla de la dictadura de los partidos para significar con ello su poder. En los regímenes parlamentarios es inconcebible la permanencia de un gobierno sin el soporte de éstos. Cuando en ellos se llega a un voto de confianza, o al de desconfianza que da al traste con un gobierno, es porque en el seno mismo de los partidos, y antes de la ratificación formal en el Parlamento, la suerte se ha decidido. En esos sistemas los parlamentarios tienen su compromiso disciplinario con el partido, en forma tal que quien no actúa de acuerdo con las directrices acordadas, queda por fuera de la organización. Se milita en ellos por compromiso doctrinario para manifestar el acuerdo con un programa, con una plataforma y con una ideología. Se tiene carnet, se asiste a reuniones y se cotiza. Este tipo de organización llena todos los requisitos para poder figurar en una obra sobre los partidos, a la manera de la ya clásica de Maurice Duverger.

Nuestras colectividades políticas no encajan dentro del manual pero ¿quién osaría dudar de su existencia? En lugar de una presentación programática rígida, acá lo que se observa son talantes, tendencias que coexisten para impulsar la acción o, infortunadamente, para paralizarla muchas veces. En lugar de las reuniones permanentes, de la carnetización y de otra serie de signos externos y formales, lo que aparece de bulto en nuestra idiosincrasia partidista es una especie de convivencia desorganizada que toma visos de coherencia cuando se trata de las elecciones. Quien pretenda encontrar en las democracias europeas un tipo de organización partidista que por semejanza legitime las nuestras, no la encontrará. Tal vez la estructura partidista de Colombia tenga más semejanza con ciertas agrupaciones' latinoamericanas que muchas veces están mejor organizadas y son más modernas que las nuestras, o con lo que ocurre en Norteamérica; allí también subsiste el bipartidismo y las colectividades impulsan sus maquinarias electorales para las convenciones, eventos de los cuales salen el candidato presidencial y un programa de gobierno confeccionado para éste y a su medida. Allá también al partido republicano se le identifica con el pen-

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Sarniento conservador, de la misma manera que al partido demócrata se le asimila con la posición liberal. Para poder encarar los retos del futuro, no se precisa renegar de una tradición y de una forma de operar. En la actual situación no se trata de trocar los partidos en organizaciones acartonadas, que a nombre de una supuesta unidad doctrinaria terminen con la diversidad que les ha dado vida. Se trata, por supuesto, de modernizar sus estructuras, de hacerlos internamente más democráticos, con organismos internos participativos que den la posibilidad de una más efectiva presencia de sus militantes en las discusiones' y al momento de decidir. Y se trata, sobre todo, de enriquecer las opciones por el juego de las diferentes propuestas de tipo ideológico. Pues eso es lo que han sido los partidos tradicionales a través de una existencia más que centenaria: una coalición de matices, en la cual, y por lo que respecta al partido liberal, cuando se ha ganado su puesto en la historia, han predominado las posiciones de izquierda. Terminado ya el Frente Nacional y ante el hecho cumplido de un gobierno de partido como el actual, presidido por el doctor Virgilio Barco, y ante nuevas realidades como las que se desprenden de la elección popular de alcaldes, las circunstancias varían. Como bien se ha anotado, con el esquema de gobiernooposición para el gobernante, para los partidos y en especial para el gobierno, surgen nuevos retos. El presidente sacrifica la comodidad del apoyo por lo alto en aras de la claridad ideológica; el respaldo callado, por la discusión acerca de las opciones que enriquecen. El gobierno deberá regirse por un programa que ha escogido y que servirá como punto de referencia para medir los logros y las frustraciones de una gestión. El partido social conservador situado en la oposición, lugar que prácticamente había olvidado por una permanencia continua de cuarenta años en el gobierno, deberá ensayar nuevas propuestas y actitudes que lo conviertan en alternativa de poder. Una fuerza nueva como la Unión Patriótica (UP), aparte del reto

mismo que significa su supervivencia en ciertas zonas, deberá enfrentar el de constituirse como una tercera fuerza y decidirse a jugar a fondo y sin ambages el juego democrático. El partido de gobierno tendrá que replantear la forma en que venía actuando dentro del antiguo esquema para dar respuesta a la actitud dinámica que le plantea la relación con el gobierno. Y por sobre todo, el partido liberal, a riesgo de esfumarse, tendrá que buscar respuestas progresistas y audaces para los tremendos retos que impone la actual situación. Los efectos del Frente Nacional Los seres humanos vivimos sumergidos en la rutina de la vida cotidiana y por eso, muchas veces, no alcanzamos a percibir la permanencia de los acontecimientos en el transcurso del tiempo. Tal vez por ello, los colombianos no hemos reparado suficientemente en que el sistema del Frente Nacional es uno de los que más ha durado en nuestra vida republicana. Tuvo la duración aproximada de la primera República Liberal del siglo XIX. Se prolongó el doble de la Regeneración, cuyos complicados manejos de gobierno terminaron con la guerra de los Mil Días. Aun incluyendo en la "hegemonía conservadora" a los gobiernos tan poco excluyentes de Rafael Reyes y el republicano de Carlos E. Restrepo, apenas alcanza esta la duración que tuvo el Frente Nacional. Se prolongó el Frente Nacional el doble del tiempo que rigió el fecundo experimento de la segunda República Liberal en este siglo, y tres veces más que las dictaduras conservadoras que se sucedieron a partir del 9 de abril de 1948. Al reiniciarse el sistema de gobiernos de partido, puede y debe hacerse un balance de lo que implicó el Frente Nacional. Evaluación que, por lo demás, no tiene un simple carácter erudito, sino que debe estar dirigida a un diagnóstico de las realidades presentes y de las secuelas que se derivaron de tan prolongado experimento. Nadie niega los méritos iniciales del Frente Nacional, con-

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cebido éste como solución transitoria para buscar un entendimiento cuando el país, una vez más, se desangraba por causa de la violencia. Tampoco se trata de convertirlo en culpable de todos los males que afligen a la presente sociedad. Lo que se discute es lo innecesario de su prolongación para regir a un país que, a causa de los profundos cambios, requería de otras fórmulas y de un tratamiento más dinámico; el que el acuerdo se hubiera utilizado para mantener un statu-quo ante una situación dinámica, el haber desaprovechado la oportunidad del acuerdo nacional para realizar las grandes reformas sociales que hubieran impedido que la lucha social se trasladara a las armas. La característica central del sistema del Frente Nacional es que se trataba de un mecanismo para evitar pero no para innovar; para mantener pero no para avanzar; para evitar que un partido tomara la primacía sobre el otro, fuese cual fuese su respaldo popular; para impedir que en el panorama político pudieran aparecer institucionalmente otras fuerzas concurrentes; para lograr un consenso, que a la postre se volvió paralizante, a partir de la disposición por la cual se exigía que las decisiones en las corporaciones públicas fueran tomadas por mayorías de las dos terceras partes; y para impedir que el mismo mecanismo de cambio institucional que había sido aplicado para salir del embrollo social que en ese momento se vivía, pudiera ser puesto en práctica de nuevo. Me refiero al plebiscito que como medida excepcional y absolutamente novedosa en nuestro andamiaje jurídico fue utilizado en aquella ocasión, pero que por la misma disposición fue proscrito per saecula saeculorum. En el paroxismo de la exaltación triunfalista de los tiempos que sucedieron a la caída de las dictaduras, los artífices del nuevo sistema pensaron que la historia se realizaba en ellos y que a partir de allí sería superfluo el cambio de fórmulas tan perfectas. Se dedicaron entonces a gerenciar una situación, complacidos de que el acuerdo entre caballeros funcionara, pero sin percatarse de que en otras esfe-

ras la realidad tenía la osadía de rebelarse y de seguir su curso dinámico. Una época dinámica y de cambios Porque la paradoja con sus efectos trágicos es que, precisamente, cuando el país vivía bajo un sistema diseñado para la quietud, para gerenciar la permanencia, se experimentó la época más dinámica de la sociedad colombiana en todas sus esferas. Nunca antes las estructuras sociales habían cambiado tanto en tan corto tiempo. Si como referencia tomamos el período comprendido entre la aprobación del Plebiscito a finales de 1957, y el inicio del gobierno del presidente Barco en 1986, nos encontramos con cambios acelerados y sorprendentes. Unos semejantes a los vividos por otras sociedades del Tercer Mundo y en especial de Latinoamérica, y otros específicamente colombianos. Baste comparar los problemas de la economía colombiana de los años sesenta con los de hoy. La estrangulación del sector externo por la incapacidad de importar lo requerido para la reposición y ampliación del parque industrial, cuando el monto de las exportaciones en 1960 ascendía a 574 millones de dólares, con la situación de 1985 cuando las cifras registradas del comercio exterior se sitúan en 4 693 millones de dólares (1). Y esto sin contar el flujo ilegal de divisas provenientes de rubros no mencionables por su procedencia, los cuales obran como elemento para que el dólar no se dispare. No solamente se presentó el crecimiento en el quantum de las exportaciones sino también un importante cambio en su composición, pues pronto serán las exportaciones de minerales e hidrocarburos las que ocupen el primer puesto, desplazando así el predominio incontrastable de que ha gozado el café desde comienzos de este siglo. Como algunos han anotado, las exportaciones de carbón, petróleo y níquel tendrán la peculiaridad de que, a diferencia de lo que sucede con el café que está en manos de particulares, serán directamente controladas por el Estado debido al carácter

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de las empresas que los producen. Esto contribuirá a fortalecer al Estado colombiano no solamente por el mayor volumen de ingresos, sino también por la posibilidad del control inmediato de esas entradas. Y en lo económico, se transformó la agricultura, se tecnificó, sin que esta situación contradiga la concentración de la propiedad que se mantuvo y que aun creció, o la existencia concomitante de un sector atrasado y tradicional. De allí que la necesaria reforma agraria por la que el país democrático sigue clamando, tenga que plantearse hoy en términos diferentes a los de tiempos atrás, para tener en cuenta estas características diferenciales, las situaciones regionales, la productividad del sector agroindustrial y de ciertos renglones de la agricultura y el peso de ésta en la provisión de divisas, como es el caso de las exportaciones menores de banano y las flores, cuya presencia significativa no se daba en los comienzos del período que tratamos. El sector financiero, incipiente al inicio del período, no sólo creció sino que también dejó como secuela una serie de escándalos y los grupos financieros, los cuales, con su concentración económica y de poder, son hoy determinantes. La sociedad anónima, representada especialmente en las grandes empresas industriales, se modificó en su conformación; si ella era especialmente abierta y se constituía en un elemento de seguridad para el pequeño ahorrador, a partir de la crisis, que también la sacudió en el período, cumple ahora otra función. La sociedad anónima está especialmente concentrada y los pequeños ahorradores, a fuerza de ser esquilmados por las transacciones dudosas de quienes tenían poder e información, ya no le depositan su confianza, que sería lo único que podrían consignar después de haber perdido en ella su modesto capital. El sector informal, incipiente al principio del período, tiene en la actualidad un peso determinante en cuanto a la magnitud del conglomerado social que por fuerza de las circunstancias intenta en él la supervivencia.

Crecieron las desigualdades sociales El crecimiento ha sido innegable, de la misma manera que lo son los cambios de la estructura y composición en ciertos campos económicos. Pero ahora también, con más riqueza, las desigualdades se han ahondado. Como lo anota un estudioso de nuestra economía, «en términos de nivel de vida, mientras en 1964 el 25% del total de la fuerza de trabajo, el 24,6% de la fuerza de trabajo urbana y el 25,4% de la rural, estaban por debajo de la línea de extrema pobreza, porque éramos un país subdesarrollado; ahora que somos un país de mediano desarrollo, estos porcentajes se han elevado para 1973 a 50.7%, 43.4% y 67.5%, respectivamente. Calcúlase que para 1975, el 43% de la población no alcanzaba al mínimo de subsistencia y que el 30.6% de la población total era considerada francamente indigente. Este porcentaje equivale a 11 133 000 personas que estaban padeciendo hambre física. En 1975 Colombia estaba en el grupo de países que ostentan la desigualdad más alta en la distribución del ingreso, a tal punto que sólo somos superados por 8 países en la concentración del ingreso» (2). O, en palabras del presidente Barco: «El progreso económico de los últimos 35 años se ha producido en forma desigual. En la actualidad cerca de dos millones de hogares colombianos, el 43% de la población, no pueden atender todas sus necesidades mínimas. Una de cada cinco viviendas del país no dispone de servicios básicos. Los campesinos sin tierra conforman algo más de 900 000 familias. El 83% de los niños menores de cinco años que viven en las áreas rurales, no cuentan con agua potable. El 40% más pobre de los hogares en las áreas urbanas sólo percibe el 13% de los ingresos generados en ellas, mientras que el 10% más rico recibe el 36%» (3). La "desandinización" del país En un proceso muchas veces imperceptible, acelerado en otras durante los períodos de colonización, el país ha ido

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llenando sus espacios internos en el transcurso de cinco siglos. Pero gran parte del territorio estuvo catalogado siempre dentro de la inequitativa categoría de periferia. Podría mencionarse como uno de los cambios más determinantes entre los producidos en este período, que el país se está "desandinizando", que va perdiendo sus rasgos andinos. Muchas zonas de fronteras han adquirido una dinámica económica, demográfica y social de primera magnitud. Urabá, zona estratégica situada a corta distancia del canal de Panamá, hace treinta años era un territorio selvático y ahora es un emporio de riqueza bananera, ganadera, agroindustrial y es centro de un fascinante cambio social en el cual la violencia tiene también su presencia aterradora. El petróleo en el Putumayo o en Arauca, el oro en Guainía y las colonizaciones en toda la zona oriental, dan a los llamados territorios nacionales una importancia especial de la cual el país no se ha dado cabal cuenta y no ha valorado en toda su magnitud. Por encima del secular prejuicio andino y centralista, la región de la Costa Atlántica se ha perfilado en toda su dinámica. Esto lo atestiguan en lo económico, además de su sector agropecuario, su industria y su turismo, obras y proyectos catalogados entre los de mayor inversión en el país como el de El Cerrejón y los entables carboníferos de la zona, o la planta de níquel de Cerromatoso situada en Córdoba, en donde también se ubicará el inmenso proyecto hidroeléctrico de Urrá. Esta región no sólo tiene ahora un gran peso económico sino también demográfico. Su población ha venido ganando importancia dentro del total nacional y con excepción de, Bogotá y de las zonas anteriormente nombradas, es la única que recibe de otras áreas más población de la que pierde. Su importancia también es política como lo atestigua el poder del bloque costeño en el Parlamento. Es cultural por su música y porque a fuerza de brindarnos campeones mundiales ha convertido el boxeo en otro deporte nacional, y porque a través de sus artistas y escritores se identifica a Colombia en el exterior como bien lo

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atestiguan, para no nombrar sino a algunos, García Márquez, Obregón, Grau y Morales. Sin que el país se haya dado cabal cuenta de lo que ello implica, a través de tratados internacionales sobre plataforma continental gestionados durante la administración de Alfonso López Michelsen, Colombia duplicó su área. El concepto tradicional de frontera y de vecindad se amplió, puesto que, afortunadamente, quedaron establecidos claramente los límites con países como Costa Rica, o con estados isleños del Caribe que según la visión que antes predominaba, no eran nuestros vecinos. Esa "desandinización" de Colombia, la importancia que han ganado las zonas fronterizas, la presencia cultural y humana del Caribe en el alma nacional, la mayor dimensión que tiene ahora el concepto de vecindad, los diferendos que se han suscitado para Colombia con países como Venezuela y Nicaragua, la terrible y fascinante problemática de nuestros vecinos de Centroamérica y el Caribe, son hechos que han adquirido peso en estos últimos años. Ante ellos, como ante casi todo lo nuevo que se ha producido, pareciera que no existe una respuesta por parte del país. En éste, como en muchos otros aspectos, las respuestas son de retaguardia. Se producen los hechos sociales y la explosión de los conflictos apenas logra sacar de su letargo, sin ni siquiera sacudirlos, a los estamentos que debieran merecer el nombre de dirigentes, entre ellos, y muy especialmente, los partidos políticos enfrascados en las querellas de campanario. La integración nacional y el destino de Colombia se convirtieron en preocupación central de ideólogos y dirigentes a partir de otra época de crisis, cuando el país salía de la sangría de la guerra de los Mil Días y la propia integración nacional estaba en peligro después del zarpazo imperialista de Panamá. Cómo integrarnos y darnos un rumbo y un destino como nación, era el centro de la preocupación de un guerrero retirado como Uribe Uribe, a principios de siglo. Y esa fue la inquietud de Laureano Gómez en sus interrogantes sobre el futuro

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de Colombia, expuestos ante un auditorio de gente joven, en las conferencias que en 1928 tuvo que dictar en el Teatro Municipal, porque los cancerberos del decadente régimen conservador les habían cerrado las puertas de la universidad. Conferencias en las que Alfonso López Pumarejo planteó, con preguntas nuevas, una nueva temática sobre la sociedad que ya veía venir. López, que era un estadista, no se contentaba con la política menuda y prefería abocar las causas profundas para poder trazar a su partido y al país las grandes líneas que dibujaban un futuro. Y fue el interrogante de Alejandro López en su libro Cuestiones colombianas y en otras obras más, y la pregunta de Luis López de Mesa acerca de cómo se había formado la nación colombiana y cómo podría llenar su futuro. Interrogantes los de todos éstos, que luego el país abandonó en aras del efecto inmediato en lo político, cuando se restringió este campo al limitado ámbito de la componenda parroquial y la recompensa cívica se asimiló a la gratificación personal o burocrática. Preguntas que estamos en mora de volver a formular cuando las tensiones se han vuelto contradicciones y la misma noción de convivencia pareciera que se fuera a extinguir. Profundos cambios culturales Si en algo el país ha cambiado en estos últimos años es en el aspecto cultural. Al igual que en muchos países latinoamericanos y del llamado Tercer Mundo, en Colombia se ha vivido en los últimos decenios un precipitado fenómeno de urbanización, hasta el punto de que si a finales de los cincuenta más de la mitad de la población vivía en el campo, hoy esta proporción se reduce a un treinta por ciento. En ese aspecto, la peculiaridad colombiana estriba en que el fenómeno de la violencia política aceleró esa migración y que de acuerdo con una característica del país, de presencia de las regiones, la urbanización no se concentró en la capital como en otras naciones. Acá se desparramó por múltiples centros contribuyendo a for-

mar ese paisaje urbano que bien acredita el nombre de Colombia como país de ciudades. La urbanización ha contribuido notoriamente a cambiar las costumbres y los hábitos mentales, pero más ha contribuido a ese cambio la política de control de la natalidad. A principios del Frente Nacional, Colombia ocupaba uno de los índices mundiales más altos de natalidad y ello preocupaba especialmente a gobernantes como Alberto Lleras Camargo. De acuerdo con las ideas proclamadas por la Alianza para el Progreso y patrocinadas por el Banco Mundial, dirigido por R. S. McNamara, en Colombia se emprendió un vasto programa de planificación familiar que se convirtió en piloto para el mundo subdesarrollado. De esta suerte, si en el período 19601965 la tasa de natalidad era del 44.6 por mil, ésta cayó al 31.0 por mil entre 1980-1985 (4). La crisis de la Iglesia y de la ética religiosa Contra dicha política antinatalista la emprendieron al unísono la Iglesia católica tradicionalista y la ultraizquierda. La primera consideraba que tal campaña iba contra los designios de Dios y prefería predicar resignación a sus fieles caídos en este valle de lágrimas. La segunda, sin analizar ni tener en cuenta los efectos del incontrolado crecimiento demográfico sobre los sectores populares y aferrada a esquemas mal digeridos, veía en la política natalista el designio imperialista y el retraso de una soñada revolución que tampoco era capaz de hacer. Lo sorprendente de todo esto fue que, un pueblo pregonadamente católico y aparentemente sumiso a los mandatos de sus pastores aceptó y tomó para sí la campaña antinatalista. Con ello se comenzó a manifestar algo que podemos denominar la crisis de la cultura y de la ética religiosa de nuestro país. Estas habían regido secularmente las costumbres y los ritos y ahora están desapareciendo sin que su lugar como elemento de convivencia social haya sido llenado por una cultura y una ética laica. La

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presencia casi continua de gobiernos conservadores en nuestra historia, que no alcanzó a ser contrarrestada por las dos efímeras repúblicas liberales, y la protección monopólica que la Constitución de 1886 y el Concordato del año siguiente le dieron a la Iglesia católica, impidieron entre nosotros la presencia de una cultura y una ética de tipo laico. Pero esas son consideraciones propias para otro ensayo de corte histórico. Baste sí agregar, y como elemento novedoso para el período, que los dirigentes liberales abandonaron la tradicional táctica de enfrentamiento radical con la Iglesia ante sus pretensiones frente al gobierno civil. Fue así como en este campo y en el de la educación, los gobernantes liberales del Frente Nacional, sin encontrar mayor oposición del estamento dirigente conservador, avanzaron en lo que quizá sea el más determinante logro del Frente Nacional: la laicización del país. Sin acudir a las fórmulas de Mosquera y sin tener que sufrir los injustos y vehementes ataques a que fueron sometidos por la Iglesia los gobernantes de la segunda República Liberal, se acudió a una fórmula de ancestro colonial, de obedecer pero no cumplir. A la Iglesia se le oyeron sus quejas en ese campo pero no se le prestó atención. Y es que también la Iglesia como institución sufrió en carne propia las transformaciones de los últimos tiempos, perdiendo así el carácter monolítico que le daba fortaleza para enfrentarse con agresividad. El Concilio Vaticano Segundo implicó para la Iglesia una apertura en la concepción y en la manera de enfrentar el mundo moderno. El progresista cambio de actitud para aceptar el pluralismo y la convivencia con otras posturas religiosas y con la sociedad civil, implicó en todas partes desajustes. Pero en Colombia éstos fueron más fuertes debido a la sobreprotección estatal de que gozaba la Iglesia y al hecho de que su autoridad se ejercía casi monopólicamente sobre la comunidad por falta de otras religiones que le compitieran. En Europa, Norteamérica, Asia o África, la Iglesia tenía que hacer un permanente esfuerzo teológico, de presen-

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cia y de actitud, para mantenerse frente a los otros credos. Aun en países de ancestro y población católica como Francia y México, para sólo citar dos ejemplos, la Iglesia no estaba sobreprotegida y por el contrario el Estado tenía frente a ella una actitud indiferente cuando no hostil. Al cambiarse en el Concilio Vaticano Segundo toda una posición y al proponerse una apertura, las iglesias católicas de todas partes estaban en mejor situación para enfrentar el reto porque ya estaban adecuadas para competir. Acá no; el experimento retardatario de Núñez y Caro, prolongado por un siglo, habituó a la Iglesia a cogobernar y a exigir. El pluralismo, que por razones de convivencia en otras partes tenía que aceptar, acá era asunto vitando. Al producirse el cambio universal de directriz, el desajuste se notó inmediatamente. Al mismo tiempo que el "clergyman", vinieron la crisis de las comunidades religiosas, la desocupación de los seminarios, los curas guerrilleros, el más notable de los cuales fue Camilo Torres, la reunión del CELAM en Medellín en 1968 -cuyas progresistas determinaciones no fueron seguidas a la postre por la jerarquía colombiana-, Golconda, y como un eco tardío de lo que ya había sucedido en otras esferas, el escándalo de la Caja Vocacional. Cambios en la educación Durante el período del Frente Nacional, la educación también cambió en cantidad y en calidad. A finales de los años cincuenta más del 30% de la población era analfabeta y hoy ese porcentaje se ha reducido al 15%. La secundaria se generalizó; y mientras antes era más o menos símbolo de prestigio poseer el flamante diploma de "bachiller en filosofía y letras", hoy no es más que un simple requisito para poder laborar como obrero en un centro industrial. La educación superior pasó de 23 013 matriculados en 1960 a 356 000 en 1983 (5) y por fin, muy tardíamente en comparación con otros países, se puso en práctica en forma generalizada el profesorado de tiempo completo para benefí-

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cio de la docencia y de la investigación. que su magnitud es su aspecto cualitativo. Con tal crecimiento del aparato educa- En el reciente informe elaborado para el tivo en su conjunto, el sector dedicado gobierno por un grupo de académicos, se a la enseñanza se convirtió en el más distinguen con acierto tres etapas de la numeroso de los que prestan sus servi- violencia en nuestra historia republicana: cios al Estado. Su número que gira alre- Las de las guerras civiles en el siglo XIX, dedor de los 250 000, constituye casi en la que se manifestaban claramente las la tercera parte de los trabajadores del rivalidades entre las clases dirigentes. En Estado. En la práctica, realmente se ha esas contiendas las élites participaban cumplido con el mandato del Plebiscito como actores bélicos, ostentaban los de dedicar un diez por ciento del presu- grados militares. El mismo carácter de puesto a la educación, aunque factores la guerra hacía que fuera posible un de carácter burocrático y de ineficiencia acuerdo final que terminaba con pactos, estatal, han impedido una mejor utiliza- amnistías e indultos, los cuales eran ción de tales recursos. En cuanto al cam- cumplidos. La conocida en nuestra hisbio de las costumbres derivadas de la toria reciente como "la violencia" de los educación, es preciso anotar que a través años cincuenta de este siglo, tiene otras de la educación oficial y en parte de la características. La conducción de la privada, se ha avanzado mucho en el guerra ya no la adelantan directamente sentido de una docencia no confesional. las élites sino que ésta queda en manos Además, se logró durante el período de los estamentos populares salidos funalgo que había sido fuertemente comba- damentalmente del sector campesino. tido por la Iglesia, la que para el efecto Como anota el informe: «Este desface acudía incluso a la excomunión; me re- entre dirección ideológica y conducción fiero a la coeducación o posibilidad de militar explica en buena medida, por que en un mismo recinto reciban clases una parte, sus expresiones anárquicas; estudiantes de los dos sexos. Esta prác- por otra, su poder desestabilizador y sus tica que ya era corriente en todo el mun- efectos sobre el conjunto de la sociedad» do, entre nosotros ha influido notoria- (6). La tercera etapa es la de la violencia mente en el cambio de la actitud cultural actual. En ella, y en lo que concierne a y en los patrones mismos de conducta la violencia política, porque ahora cosexual. Es de anotar, también, la masiva existen con ésta violencias de otro tipo vinculación de la mujer al mercado labo- y procedencia, las élites no aparecen en ral y su activa participación en la vida la dirección militar pero tampoco en la orientación política. Sus objetivos no civil. están dirigidos a la incorporación al Estado sino a un cambio de sistema. En De la Violencia a las violencias palabras de los redactores del informe, mientras lo que ponía en cuestión la Cuando se acudió a la fórmula del violencia de los años cincuenta era la Frente Nacional, se adujo para tal deci- capacidad del sistema político para amsión que tenía por objeto aclimatar la pliarse, «lo que se mide hoy, lo que se convivencia perdida y terminar con la pone a prueba, es la capacidad del sisviolencia que nos invadía y que se había tema político para transformarse, o la intensificado macabramente a partir del de los insurgentes para convertirse en 9 de abril de 1948. Treinta años después alternativa de poder» (7). de los pactos originarios del Frente Nacional, los factores de convivencia están Durante los enfrentamientos del siglo en crisis y la violencia proyecta su fatí- XIX y los de mediados de este siglo, en dica sombra sobre las diferentes esferas el lúgubre paisaje de la violencia se disde la sociedad. Es probable, incluso, tinguían dos banderas: la roja y la azul que la dimensión del enfrentamiento hu- que significaban la confrontación biparbiera sido aún más fuerte en ciertos pe- tidista. Ahora que se actúa sin estandarríodos de los años cincuenta. Pero lo que tes, el panorama se pobló de siglas: diferencia a una y otra violencia, más FARC, ELN, EPL, M-19, etc. Pero

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también MAS, Tiznados, Justicieros, etc. En el Parlamento colombiano el ministro de Defensa informó que existen en manos de particulares 760 000 armas de todo tipo, amparadas por el Estado. Y que las compañías privadas de seguridad tienen un personal de 40 000 hombres organizados y bien armados. Dentro de la inmensa crisis que ahora vivimos, en el centro de la cual está la quiebra del aparato de justicia, el Estado perdió el monopolio del poder coercitivo que caracteriza al Estado moderno. El poder se fragmentó y, forzando los términos, podríamos decir que vamos en vía de feudalización, pues ante la quiebra del Estado van apareciendo los señores que controlan el poder dentro de su propio feudo. Dispersión que se va imponiendo en las diferentes instancias y actividades y que la sabiduría del lenguaje cotidiano capta cuando consagra situaciones y se refiere, por ejemplo, a "los barones electorales", etc. El poder estatal se está volviendo ficción y se ejerce fragmentadamente por haber perdido el control de ciertas esferas, que pueden ser territoriales, como en el caso de las "zonas liberadas" o de protección que pasa a los grupos de autodefensa o al llamado MAS, o porque se declara impotente para intervenir en actividades que algunos se reservan. El ámbito efectivo de control por parte del Estado se ha ido reduciendo ante la población y por ello éste va cobrando la imagen de Rey de Burlas. Ante la impotencia del Estado, manifestada entre otras cosas en su lentitud, las gentes se acogen a otras protecciones y a métodos más expeditos, entre ellos el que con despiadado humor y al amparo de la ambigüedad se llama ahora, anfibológicamente, cobro de cuenta por "la vía ejecutiva". El narcotráfico La aparición del narcotráfico como actividad y como poder es algo propio de esta última época. Sus efectos, en general han sido estudiados insuficientemente o vistos sólo a través de ópticas parciales de tipo moral cuando no elitistas. Conturba a algunos, desde su posi-

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ción aristocrática, no tanto los efectos del narcotráfico contrarios al Estado de Derecho, la corrupción en las diferentes esferas, incluidos sectores del poder judicial, la violencia que ha generado, la fragmentación del poder del Estado ante organizaciones poderosas dedicadas a esa actividad, sino ver la movilidad social que se ha producido. Para quienes razonan así, sin que ello muchas veces les impida también lucrarse, lo grave no son tanto éstos y otros efectos sino que a su barrio lleguen como vecinos, y a apartamentos y con automóviles mejores, gentes que según los patrones sociales tradicionales estaban destinadas a servir. El país y sus sectores dirigentes, entre los cuales especialmente debieran contarse los sectores políticos, está en mora de iniciar un análisis a fondo y verdadero sobre este fenómeno para, en lugar de gemir, intentar políticas democráticas y realistas que den una salida. Tengo para mí que uno de los efectos sociológicos más importantes que se han producido con la aparición y fortalecimiento de los sectores llamados emergentes, es la fragmentación de las élites y la consecuente incapacidad, por esta razón, de dar una respuesta unificada y coherente. Estas tenían en el país un status seguro. Se mantenían renovándose lentamente a través de ciertos filtros o elementos de identificación como el "linaje" en términos de apellidos, el dinero, la cultura y el factor racial. Por esa razón, en zonas como Antioquia o Santander, en las que la homogeneidad racial es mayor, siempre ha sido más factible la posibilidad de movilidad social a través del dinero. Tradicionalmente, las élites se renovaban lentamente por cooptación a través de matrimonios, aceptación de intelectuales, de nuevos ricos, etc. Eso les daba un sentido de solidez y les permitía, aun durante las guerras y los momentos de mayor crisis, actuar homogéneamente. Ahora, la irrupción de los intrusos ha sido rapidísima y se ha saltado los filtros tradicionales -color, cultura, etc. Como una consecuencia de esta situación, la clase dominante, entre la cual nadie osará ya

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excluir a los sectores emergentes, está fragmentada y no puede producir respuestas generales y compactas. Esto, tal vez se pueda ilustrar con la comparación entre la capacidad de los sectores dominantes de dos ciudades para enfrentar, cívicamente, los problemas de interés general que produce la miseria. Mientras en Cali la clase alta tradicional, que a pesar de ciertas fisuras aún es compacta, ensaya respuestas ante fenómenos como los producidos en el distrito miserable de "Agua Blanca"; en Medellín, en donde realmente la clase dominante está fraccionada porque dentro de ella debe incluir a los nuevos sectores que tienen su peso económico, no se produce una respuesta cívica compacta. O para poner un ejemplo gráfico, antes en los tres o cuatro más exclusivos clubes del país, se tomaban decisiones que podrían tener más fuerza que las de la ley. Como lo cuentan los cronistas, durante las guerras existían las claves para que los socios de ambos partidos se pudieran sustraer al toque de queda y pudieran festejar en el club mientras en los campamentos se combatía. Durante la violencia, de acuerdo con el partido a que pertenecieran los socios, la fricción no iba más allá de reunirse en diferentes salones, pero ésto no era óbice para que en esos centros de poder se decidieran en conjunto las respuestas del sistema, que iban desde lo económico hasta la subida o la caída de un presidente, como bien lo patentiza el caso de Rojas Pinilla. Hoy ya esto no es así; el poder real ahora mora en muchas partes. Ya el del dinero no ronda exclusivamente por los antiguos aposentos. De allí la incapacidad presente de las actuales clases dirigentes para ofrecer respuestas globables que salgan al conjuro de una crisis que la misma situación de movilidad social ha contribuido a crear. El Estado negociador de intereses particulares Durante los últimos tiempos el Estado se ha ido convirtiendo en un negociador de intereses particulares más que en el

representante del interés general. Por ejemplo, desde los años cincuenta los gremios de industriales, comerciantes, terratenientes y en general los que representan el capital, se fortalecieron e incluso invadieron los primeros papeles de la escena política. Su momento de triunfo fue la exitosa acción para dar al traste con el gobierno de Rojas Pinilla. A partir de allí, su poder quedó patentizado en el hecho de que el escenario escogido por los gobiernos para presentar sus políticas al país, dejó de ser el Parlamento y se trasladó a los congresos gremiales, a los que debían acudir los ministros para sufrir pasivamente críticas y reprimendas y la calificación que, como si se tratase de escolares, les otorgaban en su presencia algunos impertinentes dirigentes gremiales. Pero, y este fue el elemento adverso para que no se hubieran podido equilibrar las cargas, la contrapartida no fue el surgimiento o fortalecimiento paralelo de las agremiaciones de trabajadores, de campesinos, de clases medias, de consumidores, etc. El sector popular quedó desprotegido en su representación y percibió que ésta tampoco quedaba garantizada por los voceros políticos. Estos, a fuerza de hacer concesiones al indoctrinarismo que impuso el Frente Nacional, se dedicaron en gran parte a representar intereses fraccionados, de tipo regional, cuando no los de su interés particular. Una de las consecuencias fue entonces la abstención electoral que se elevó a guarismos superiores al cincuenta por ciento, privando así de legitimidad al sistema y en consecuencia agregando un nuevo elemento conflictivo. Ha ido creciendo en algunos la sensación de que cada vez hay más intereses legítimos que no pueden ser satisfechos institucionalmente por el Estado y acuden entonces a resolverlos por fuera de él. Estamos llegando a una situación de inexistencia de un contrato o pacto social, en la medida en que no existen o desaparecen los elementos comunes globalizantes. Porque cada sociedad busca los suyos así frecuentemente acuda al mito. Por ejemplo, en México, una sociedad tan parecida a la nuestra por muchos aspectos,

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el mito de la Revolución ha funcionado como elemento unificador y de unidad nacional. Acá, por el contrario, lo que en otros momentos operaba como factor aglutinante, como era el caso de los partidos políticos, el de la Iglesia y las creencias religiosas, entraron en crisis también y ya no despiertan la mística unificante. Cuando uno observa tantos factores concomitantes de dispersión y se pregunta angustiado por qué el régimen institucional no se ha derrumbado ante tamaño asedio, no atina a encontrar una respuesta. Tal vez ella se halle en una circunstancia prosaica que no tiene ni siquiera la grandeza de los mitos. En que a pesar de todo hay mucho dinero. Porque como diría descarnadamente el presidente de la Asociación Nacional de Industriales, los negocios van muy bien pero el país va mal. En esa dicotomía incomprensible para aquel que supere la estrecha concepción de lo particular para elevarse al campo del interés so-

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cial, posiblemente se encuentra la transitoria resolución del problema. Si a nuestros males agregásemos los que en el orden económico padecen generalmente los pueblos del Tercer Mundo y en particular la mayoría de los países de América Latina; si acá tuviésemos por ejemplo una situación económica como la del Perú, es muy probable que los restos que quedan del andamiaje institucional se hubieran ido a pique. Mas si la hipótesis fuera cierta, y nuestra convivencia estuviese sostenida por una circunstancia tan precaria como la que produce la abundancia de dinero, no pueden augurarse más que siniestros presagios. ¿Queda entonces algún tipo de salida? Posiblemente sí. Pero a condición de abandonar los esquemas. Pues ante nuevas situaciones, es preciso formular nuevas preguntas para encontrar así nuevas respuestas. El tratamiento tiene que ser de fondo y debe pasar, necesariamente, por la búsqueda de un campo común de entendimiento.

Notas 1. CEPAL. Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe. Edición 1986.

DANE, Colombia estadística 85, Bogotá, 1984, Pg. 178.

2. Jesús Antonio Bejarano, La economía colombiana en la década del 70, Bogotá, Fondo Editorial Cerec, 1984, Pg. 21.

Comisión de estudios sobre la violencia, Colombia: Violencia y Democracia, Informe presentado al Ministerio de Gobierno, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 1987, Pg. 35. (Véase también: Gonzalo Sánchez y Ricardo Peñaranda (Compiladores), Pasado y presente de la Violencia en Colombia, Bogotá, Fondo Editorial Cerec, 1986.

3. Discurso del Presidente Virgilio Barco, el día 6 de octubre de 1987, tomado de El Colombiano, octubre 7 de 1987. 4. CEPAL, Anuario estadístico de América Latina v el Caribe. Edición 1986.

7. Ibídem.

Nueva historia de Colombia / director Alvaro Tirado Mejía. - Bogotá: Planeta Colombiana Editorial 1989. 8v.: ils., mapas; 24 cm. Contenido: v.l: Colombia indígena, conquista y colonia / Gerardo Reichel-Dolmatoff... {et al.] - v.2: Era republicana / Javier Ocampo López... [et al.] - v.l: Historia política 1886-1946 / Jorge Orlando Melo... [et al.] - v.II: Historia política 1946-1986 / Catalina Reyes Cárdenas... {et al.] - v.III: Relaciones internacionales, movimientos sociales / Fernando Cepeda Ulloa [et al.] - v.IV: Educación y ciencia, luchas de la mujer, vida diaria / Magdala Velásquez Toro... [et al.] - v.V: Economía, café, industria / Bernardo Tovar Zambrano... [et al.] - v.VI: Literatura y pensamiento, artes y recreación / Andrés Holguín... [et al.]v. 1-2 corresponde al Manual de Historia de Colombia editado por Colcultura. ISBN 958-614-251-5 Obra completa 1. COLOMBIA - HISTORIA - HASTA 1986. 2. COLOMBIA - CONDICIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES. 3. COLOMBIA POLÍTICA Y GOBIERNO, 1886-1986.1. Tirado Mejía, Alvaro, 1940-

CDD 986.1 N83

Nueva historia de Colombia: historia política 1946-1986 / director académico Alvaro Tirado Mejía. Bogotá: Planeta Colombiana Editorial, 1989. v.II: 416 p. ils.; 24 cm. Contenido: v.II. El gobierno de Mariano Ospina Pérez, 1946-1950 / Catalina Reyes Cárdenas. El 9 de abril, asesinato de una esperanza / Arturo Alape. El 9 de abril en provincia / Arturo Alape. El gobierno de Laureano Gómez. De la dictadura civil a la dictadura militar / Alvaro Tirado Mejía. Rojas Pinilla: del golpe de opinión al exilio / Alvaro Tirado Mejía. Violencia, guerrillas y estructuras agrarias / Gonzalo Sánchez Gómez. La violencia: de Rojas al Frente Nacional / Gonzalo Sánchez Gómez. El origen del Frente Nacional y el gobierno de la Junta Militar / Gabriel Silva Luján. Carlos Lleras y Misael Pastrana: Reforma del Estado y crisis del Frente Nacional / Gabriel Silva Luján. Los terceros partidos en Colombia, 1900-1967 / Medófilo Medina Pineda. Historia militar contemporánea / Alvaro Valencia Tovar. Iglesia católica y Estado colombiano (1886-1930) / Fernán González González. Iglesia católica y Estado colombiano (1930-1985) / Fernán González González. Del Frente Nacional al momento actual: diagnóstico de una crisis/Alvaro Tirado Mejía. ISBN 958-614-155-8 tomo II 1. COLOMBIA - POLÍTICA Y GOBIERNO, 1946-1986. 2. COLOMBIA - HISTORIA PERÍODO DE LA VIOLENCIA, 1947-1957. 3. INSURRECCIÓN DEL 9 DE ABRIL DE 1948. 4. COLOMBIA - HISTORIA - FRENTE NACIONAL, 1958-1974.1. Historia política, 1946-1986. CDD 986.1 N83

PLANETA