Grandeza y miseria del oficio. Los oficiales de la Real Hacienda de la Nueva España, siglos XVII y XVII 9782821827844, 9786071605405

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Grandeza y miseria del oficio Los oficiales de la Real Hacienda de la Nueva España, siglos XVII y XVII

Michel Bertrand

DOI: 10.4000/books.cemca.1128 Editor: Centro de estudios mexicanos y centroamericanos Año de edición: 2011 Publicación en OpenEdition Books: 24 abril 2013 Colección: Historia ISBN electrónico: 9782821827844

http://books.openedition.org Edición impresa ISBN: 9786071605405 Número de páginas: 591 Referencia electrónica BERTRAND, Michel. Grandeza y miseria del oficio: Los oficiales de la Real Hacienda de la Nueva España, siglos XVII y XVII. Nueva edición [en línea]. Mexico: Centro de estudios mexicanos y centroamericanos, 2011 (generado el 03 mai 2019). Disponible en Internet: . ISBN: 9782821827844. DOI: 10.4000/books.cemca.1128.

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Este estudio reconstituye las prácticas colectivas e individuales de un grupo de la élite colonial, los oficiales de la administración de finanzas en la Nueva España, en el que se asocia la trayectoria socio profesional a su vida familiar, social y económica y nos permite reflexionar acerca del funcionamiento del Estado imperial, en el ejercicio del poder de la Colonia.

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ÍNDICE Introducción: La prosopografía y las relaciones sociales en el méxico colonial I. El abuso de poder UN PROCESO MUY PROLONGADO DEL ABUSO DE PODER A LA CORRUPCIÓN ADMINISTRATIVA INTENTO DE MEDICIÓN DE LAS PRÁCTICAS ADMINISTRATIVAS DELICTUOSAS A LA ESCALA DE LA NUEVA ESPAÑA

II. La administración de la Real Hacienda de la Nueva España UNA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA TAMBALEANTE FUNCIONAMIENTO DIFÍCIL Y ALEATORIO UN SISTEMA FUNDAMENTADO EN LA AUTONOMÍA DE LOS OFICIALES REALES

III. Realidades y límites de la supervisión en la administración de la Real Hacienda de la Nueva España LA CASCADA DE SUPERVISIONES UN TRIBUNAL DE CUENTAS FUERA DE SÍ

IV. La carrera profesional de los oficiales de la Real Hacienda LA ADMINISTRACIÓN DE LA REAL HACIENDA Y LA CONTRATACIÓN DE LOS OFICIALES LA CARRERA PROFESIONAL DEL OFICIAL REAL: INEXISTENCIA DE PERSPECTIVAS LA CARRERA PROFESIONAL DE MINISTRO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS DE MÉXICO: LOS ESPEJISMOS DEL TÍTULO

V. Sociabilidad, familia y linaje LAS REDES RELACIONALES: FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y CONCEPTUALES FAMILIA Y MATRIMONIO LA CONTINUIDAD FAMILIAR: SIMULTANEIDAD Y HERENCIA ORÍGENES GEOGRÁFICOS Y RELACIONES FAMILIARES UNA PISTA PARA LA INVESTIGACIÓN: LA CONTINUIDAD DE LAS REDES FAMILIARES UNA GENEALOGÍA FAMILIAR EJEMPLAR: EL LINAJE MIRANDA/FERNÁNDEZ CANAL

VI. Amistades, compadrazgo y clientelismo DE LOS GRADOS EN LOS CÍRCULOS DE AMISTADES ACTIVIDADES PROFESIONALES Y ASOCIACIÓN ECONÓMICA INTENTO DE TIPOLOGÍA DE LAS REDES DE AMISTAD REDES DE AMISTAD Y RELACIONES PROFESIONALES: FUNDAMENTO DE UNA INTEGRACIÓN LOGRADA

VII. Las visitas y la supervisión de la administración de la Real Hacienda de la Nueva España LA TIPOLOGÍA DE LAS VISITAS ADMINISTRATIVAS LA ORDEN DE COMISIÓN LA LENTITUD DE LA PESADA MAQUINARIA JUDICIAL LA MEDICIÓN DE LA EFICACIA DE LA SUPERVISIÓN JUDICIAL

VIII. Las reformas administrativas: un combate continuo LA GÉNESIS DEL APARATO DEL ESTADO: MATRIZ Y ADAPTACIONES EN BUSCA CONTINUA DE LA EFICACIA LAS ETAPAS SIGNIFICATIVAS LOS INTENTOS REFORMADORES PUNTUALES

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IX. El poder local, las estrategias y las ganancias familiares EL PODER LOCAL Y LA ADMINISTRACIÓN DE LA REAL HACIENDA LA IMPOTENCIA DEL PODER CENTRAL LA AFIRMACIÓN SOCIAL DE LOS OFICIALES DE LA REAL HACIENDA

Conclusión Fuentes y bibliografía

Glosario Índice onomástico Índice onomástico bibliográfico Índice de cuadros, figuras y gráficas

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Introducción: La prosopografía y las relaciones sociales en el méxico colonial

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Este estudio corresponde al campo de un enfoque científico bautizado por sus iniciadores en el siglo XIX como “prosopografía”. En los últimos años, el recurso a ese método de aprovechamiento metódico de la información se ha extendido a tal grado que ha desbordado el restringido marco histórico en que apareció. El lenguaje del historiador se ha encargado de reflejar el nuevo interés por el procedimiento, al igual que su banalización, al recurrir a uno de esos neologismos a los que tan aficionado sabe ser y calificar los estudios basados en ese procedimiento como “prosopográficos”, con lo que a veces ha corrido el riesgo de poner a sus autores en la situación de Monsieur Jourdain. 1 Y se ha ido mucho más lejos: aun cuando la etimología del término supondría la aplicación del enfoque a los individuos,* la prosopografía es ahora un método de trabajo que se emplea en el análisis de objetos de lo más diversos y completamente diferentes. 2 En fin, mientras que la prosopografía había sido elaborada como una respuesta a la pobreza de las fuentes documentales —en particular en el campo de la historia románica—, la utilización de la informática ha puesto completamente del revés el proyecto inicial. Ahora se aplica a investigaciones basadas en un enorme caudal de datos para las que resulta indispensable el recurso a la herramienta informática.3 En consecuencia, no puede uno dejar de interrogarse sobre la existencia hoy en día de un enfoque prosopográfico común a todas esas investigaciones que, independientemente de la diversidad temática o cronológica, conserve un mínimo, si no de unidad, al menos de coherencia metodológica. ¿Se puede estar convencido en realidad de que únicamente la utilización común de la informática garantizaría esa cohesión, dándole una apariencia de unidad? También puede uno interrogarse sobre la situación de hecho que ocupa la prosopografía en la elaboración de obras de historia. Si bien sus inventores del siglo XIX habían hecho de ella una simple figura retórica,4 en la actualidad algunos no vacilan en propulsarla a la categoría de disciplina histórica.5 El objetivo de este trabajo es contribuir, a través del estudio de los oficiales de la Real Hacienda de la Nueva España de los siglos XVII y XVIII,† a una reflexión sobre el lugar que ocupa la prosopografía en la historia social, sobre sus intereses y, también, sin duda alguna, sobre sus límites o sus insuficiencias.

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En su acepción tradicional, la prosopografía se puede definir como una “biografía colectiva elaborada mediante la descripción de los caracteres exteriores del grupo seleccionado, basada sobre todo en las características observables de este último, como origen, educación, carrera profesional, patrimonio familiar, actividades, etcétera”. 6 Precisamente a ello se dedicaban los historiadores de la Antigüedad románica en sus investigaciones prosopográficas, preocupados por superar “las condiciones de excepcional penuria documental que caracterizan a la historia antigua”.7 A través de la elaboración de un corpus documental aprovechable metódicamente, buscaban responder a las interrogantes que se planteaban sobre la naturaleza y la estructura de un Estado imperial todavía mal conocido. Al hacerlo, transformaron una simple técnica documental, inventada en el siglo XIX por los sabios alemanes para que fuese una ciencia auxiliar de la epigrafía,8 en un verdadero campo de investigación de la historia románica por derecho propio.

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A través de su enfoque original, que respondía a una situación documental específica, esos historiadores desbrozaron un terreno de investigación que llegaría a ser muy productivo en otros campos muy diferentes al suyo. En realidad, sus trabajos perseguían un doble objetivo: comprender, a través de la información sobre los hombres al servicio del Estado imperial, tanto las estructuras como las funciones de este último.9 Asimismo, esos historiadores, entre ellos R. Syme, se dedicaron tanto al estudio de las cuestiones jurídicas e institucionales como al de una historia más sociológica de los actores presentes en el aparato de Estado; pero eso no fue todo: partiendo de la observación del peso de la familia en el desarrollo de la carrera profesional en el mundo románico, integraron en sus investigaciones la reconstrucción de las relaciones familiares, las alianzas, el patrocinio o los vínculos políticos.10 De esa manera, la prosopografía aplicada por los historiadores de la Antigüedad románica permitía lograr una reconstrucción amplia de un grupo social.

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Sobre esa sólida base metodológica que respondía a la situación específica de un campo de la investigación, los historiadores de otros horizontes cronológicos emprendieron la adaptación del método, a veces con el riesgo de dejar un poco maltrecho el proyecto inicial. Es cierto que, al igual que la prosopografía elaborada por los precursores anglosajones de comienzos del siglo xx, todavía sigue apoyándose en la acumulación de los datos biográficos seleccionados, no conforme a las leyes del azar, sino en función de un grupo predeterminado, y, consecuentemente, se dedica a comprender los aspectos exteriores —definidos a través de variables mensurables— de individuos a los que se considera como los componentes de un grupo, con lo que se logra determinar lo que sería necesario calificar como “perfil medio” de los miembros del grupo; desde hace una veintena de años, no obstante, algunos cambios importantes han reorientado sus objetivos.

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Para comenzar, la prosopografía actual se fundamenta en una información cuantitativa a menudo muy abundante que desemboca en un estudio estadístico de los componentes sociales del grupo observado. Por lo demás, las orientaciones recientes insisten en el establecimiento de un enfoque más analítico que descriptivo, enfoque predominante que corresponde al desarrollado en su origen. Por lo tanto, la prosopografía no busca únicamente poner de manifiesto el perfil medio, sino, antes bien, los diversos elementos originales y significativos que se desprenden de los individuos reagrupados. La prosopografía, en fin, ha ampliado su campo de aplicación a terrenos cada vez más diversos. Si bien su preferencia por los cuerpos administrativos sigue estando vigente, 11 también se aplica a personas con antecedentes penales, a comerciantes, escritores o

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incluso a barcos, caracteres de escritura o sellos imperiales. Consecuentemente, como lo hace notar Françoise Autrand, ¿es necesario seguir manteniendo el mismo calificativo para estudios tan diversos?12 Sin responder de manera categórica a una interrogante tan extensa, no se puede dejar de subrayar la vaguedad relativa que ha llegado a oscurecer las márgenes de un método histórico antaño clara y rigurosamente delimitado; sobre todo porque, en la actualidad, paralelamente a la fragmentación temática y cronológica, la prosopografía parece estar alcanzando algunos de sus límites. 6

El desarrollo de una prosopografía que se base en la estadística sistemática corre el riesgo de ocultar, tras una abundancia y una precisión completamente matemáticas, una realidad más imprecisa. La acumulación de porcentajes o medias o el aprovechamiento metódico de los datos conforme al análisis factorial desemboca en una representación modelo de la realidad que muy frecuentemente sólo corresponde a una materialidad endeble. En ocasiones, por lo demás, a pesar del atractivo que pudiera ejercer, ese “rigor estadístico” podría llevar a descuidar lo esencial.13 Los datos acumulados siguen siendo únicamente el reflejo de la documentación y las huellas que los individuos han dejado en ella. ¿Por qué algunos de ellos y no otros? Cuando se plantea esta pregunta, vemos la necesidad de que la prosopografía tome en consideración tanto los silencios de las fuentes documentales como los resultados mensurables. Desde este punto de vista, consecuentemente, mucho más que las medias, lo significativo son las diferencias; no obstante, tomar en cuenta los accidentes estadísticos supone, por lo tanto, que se deba recurrir a la información cualitativa en detrimento de la información cuantitativa pura.

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La delimitación de un grupo objeto representa un segundo obstáculo que se debe superar. Siempre que su definición se mantenga jurídicamente clara o precisa, las dificultades serán menores, aun cuando nunca desaparezcan totalmente,14 lo cual explica el interés de la prosopografía tradicional por los grupos fuertemente estructurados, sean cuales fueren sus fundamentos; sin embargo, podemos interrogarnos sobre los elementos que garantizan la realidad de la estructuración de un grupo. Es cierto que, en una sociedad de órdenes, la definición de la situación de hecho es indispensable para la identificación de un grupo o “cuerpo”; sin embargo, ¿son siempre y exclusivamente los rasgos de carácter jurídico lo que lo permite? ¿No existen otros vínculos, otros fundamentos no estrictamente jurídicos, aunque no menos importantes, que puedan servir de medio de unión de un grupo social? En fin, cuando se postula la existencia de un grupo únicamente conforme a los criterios jurídicos que lo definen —y que quizá sean los más accesibles a través de la documentación—, ¿no se corre el riesgo de atribuirle más realidad que la que efectivamente posee?

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En consecuencia, al dedicarse a la determinación de un grupo, a su composición, a su originalidad o a su especificidad, la prosopografía corre el riesgo de descuidar la naturaleza de los vínculos que unen a los individuos entre sí; tanto más cuanto que no todos los grupos sociales se estructuran a partir de reglas claras, legibles y estables de manera permanente. Entre los individuos existen relaciones cuya intensidad, activación y finalidad pueden variar en el tiempo y en el espacio. Lo anterior quiere decir que la prosopografía también debe contemplar la existencia de grupos de contornos más vagos, con estructuras más o menos informales, pero no menos presentes y activas.

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Las principales limitaciones que encuentra la prosopografía contemporánea son finalmente el resultado de la negligencia que se ha mostrado con respecto al estudio de uno de los objetos que los fundadores del método se habían fijado: las relaciones sociales. Como lo propone J. Nagle, lo que ahora debe interesar a la prosopografía ya no es

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únicamente la cuestión de la estructura de un grupo, sino, ante todo, el estudio de las dinámicas sociales del grupo.15 En consecuencia, debería dedicarse tanto a los grupos con situaciones de hecho definidas como a la reconstrucción de grupos en apariencia más informales. Ello es posible cuando el estudio se basa particularmente en la actividad de los grupos y, así, en la reconstrucción de los órganos de poder reales, que no necesariamente coinciden con los organigramas oficiales. Por medio de esas propuestas, la prosopografía únicamente estaría reconciliándose con sus objetivos originales, evitando, al mismo tiempo, el riesgo de la deriva que, a través de ellos, “ha llevado la historia social de lo económico hacia lo político”.16 10

El trabajo que se presenta en este libro se orientó en función de los límites propios del análisis prosopográfico y basándose en las sugerencias hechas a ese respecto. Muy particularmente, en lo que al autor concierne, se buscó superar la aplicación sistemática y simplificadora de un método cuyo principal objetivo seguía siendo esbozar el retrato hablado de los miembros de un grupo definido a partir de criterios socioprofesionales. Consecuentemente, se extendió el conjunto de problemas a las dimensiones de un conjunto más amplio en sus delimitaciones humanas, aunque no menos importantes en el caso de la sociedad considerada: el de las redes de dependencia en las que se encontraban implicados los oficiales de la Real Hacienda de la Nueva España. Esa decisión impuso la adaptación de las características específicas del enfoque prosopográfico a los objetivos buscados, al igual que a la realidad de cada una de las fuentes documentales disponibles.

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El objetivo que se estableció consistía en llevar a cabo un estudio de antropología social e histórica acerca de un grupo de individuos de la sociedad colonial española. La intención era comprender el conjunto de las relaciones que esos individuos mantenían, tanto en el seno del grupo como con el exterior. En consecuencia, se trataba de descubrir las estrategias que esos actores ponían en juego con el propósito de asegurar su supervivencia y continuidad en la sociedad que los rodeaba; sin embargo, no se podía eliminar de la investigación el contexto general en que se insertaba esa sociedad: el de un mundo colonial compartimentado en grupos étnico-raciales que se concebía a sí mismo conforme a una jerarquía en cuyo seno tenían un lugar de capital importancia los prejuicios raciales y racistas.17 Consecuentemente, la temática de la integración, o de su rechazo, desempeña la función de hilo conductor en esta reflexión y se aplica a unos individuos que, siendo miembros de un grupo, con frecuencia se percibían a sí mismos como diferentes, incluso como rivales o, también, en una situación de enfrentamiento.

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Conforme a las reglas de la prosopografía, lo primero que se hizo fue definir el grupo que serviría como base de la empresa. La elección se inclinó por los oficiales de la Real Hacienda de la Nueva España de los siglos XVII y XVIII. ¿Por qué esa opción? En primer lugar, porque esos oficiales constituían un verdadero “cuerpo”, tanto en el sentido prosopográfico como en el sociológico del término aplicado a las sociedades del Antiguo Régimen. Para comenzar, el grupo se definía por su fuerte homogeneidad profesional —en especial a través de su formación esencialmente práctica, sus obligaciones, sus responsabilidades y sus atribuciones—, homogeneidad que también se hacía presente en ocasión de las manifestaciones y las fiestas que marcaban la vida de la capital virreinal. 18 El grupo se caracterizaba, en fin, por una presencia y una implantación locales sorprendentes: debido a que estaban establecidos en el conjunto del territorio del virreinato, los oficiales de la Real Hacienda controlaban vastas circunscripciones administrativas; y, sobre todo, junto con los oidores de las audiencias, los miembros del alto clero y los militares de alta graduación, constituían la parte superior del aparato

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administrativo y estatal español en América. Fuera de las dos o tres ciudades que contaban en la Nueva España durante ese periodo —México, Guadalajara y Zacatecas—, encarnaban un poder y una autoridad ante los que la oposición se expresaba con prudencia. 13

Ahora bien, aunque los oficiales de la Real Hacienda eran poderosos y constituían un grupo relativamente coherente, no por ello dejaban de ser individuos que no pertenecían plenamente al mundo de las élites dirigentes: no acumulaban títulos ni honores, su abundancia de bienes, en especial bajo la forma aristocrática del mayorazgo, era nula o escasa y sus posibilidades materiales para vivir en una ostentación que fuese gratificante para el honor del apellido eran muy limitadas; a priori, no había nada, o muy poco, que hiciera de esos oficiales miembros de pleno derecho de la poderosa pero reducida fracción de las élites dirigentes. Basándose en la clasificación elaborada por John M. Tutino, cuando mucho se podría considerar a esos administradores fiscales en un grupo de élites secundarias.19

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Sin duda alguna, todos esos elementos contribuyen a hacer de los oficiales de la Real Hacienda el objeto ideal de la prosopografía clásica; y, en realidad, no se descuidará el dar respuesta a sus interrogantes tradicionales, trátese de los aspectos demográficos (matrimonios, hijos), sociales (estrategias matrimoniales), profesionales (desenvolvimiento de la carrera), económicos (acumulación y transmisión de bienes) o, en fin, culturales (formación, actividades externas a las obligaciones profesionales, etcétera). No obstante, tanto el acceso a fuentes documentales inusuales y su aprovechamiento metódico en el enfoque prosopográfico como el sector administrativo seleccionado motivaron que se ampliara el conjunto de problemas a ciertas cuestiones que permiten volver a situar a esos individuos en la dinámica social y política de la Nueva España del siglo XVIII.

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Indiscutiblemente, la Real Hacienda constituía un sector administrativo estratégico, en particular a través de su función de recaudación. En efecto, por medio de su engranaje administrativo, aseguraba el tránsito de lo fundamental de las riquezas americanas destinadas a la metrópoli o al funcionamiento local del aparato de Estado colonial. Evidentemente, por lo tanto, era un espacio administrativo que España no podía descuidar y a través del cual buscaba defender sus intereses vitales; en consecuencia, se puede admitir como hipótesis que la política real de protección y defensa de sus intereses era al menos tan importante en esa esfera como en los otros sectores administrativos, por lo que se supondría que la Real Hacienda llegaría a ser uno de los ámbitos predilectos para el estudio de las políticas de reformas, muy particularmente de las llevadas a cabo a todo lo largo del siglo XVIII.

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Ahora bien, a pesar de su importancia crucial, resulta que precisamente ese sector administrativo todavía no ha sido objeto de un estudio sistemático, a diferencia de los otros grandes servicios administrativos.20 Hasta ahora, le ha sido dedicado un solo trabajo; 21 sin embargo, la marginalidad del área geográfica considerada, la Florida, hace de él, en resumidas cuentas, un trabajo secundario, en comparación con el resto del sistema imperial español. Por tanto, se tomó la decisión de lanzarse en una zambullida vertical al seno de un sector administrativo. Partiendo de las oficinas centrales, se buscó tratar de reconstruir el conjunto de los estratos administrativos de la Real Hacienda de la Nueva España. La inmersión se llevó a cabo a todo lo largo de un siglo, entre 1660 y 1780, elección cronológica relativamente inusual en la historiografía americanista.

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Resultó evidente que las reformas administrativas de los años 1780 y su aplicación — relativamente bien estudiadas hasta ahora— constituyeron una verdadera ruptura en el seno del aparato administrativo de la Real Hacienda, muy particularmente con la aparición de las intendencias, puesto que estas últimas trastornaron la jerarquía administrativa provincial y volvieron a poner en tela de juicio la estructura de la administración central. Es cierto que, a su establecimiento, las reformas fueron rápidamente impugnadas y a menudo atenuadas, lo que no quita que los numerosos estudios ya realizados sobre esas cuestiones confirmen, si no la ruptura, al menos la voluntad política de llegar a ella. Consecuentemente, pareció prudente reflexionar sobre la génesis del proyecto reformador, antes bien que inclinarse, como se ha hecho en otros trabajos, por el contenido de las reformas mismas.

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Desde esa perspectiva, con la ruptura dinástica se corría el riesgo de que el azar político internacional tuviera mayor importancia que la lógica interna del sistema colonial hispánico; hacia atrás en el tiempo, por el contrario, los años 1660 ofrecían muchas ventajas: para comenzar, marcaron el inicio del reinado del desdichado Carlos II, etapa que, según los contemporáneos, coincidió con el periodo más negro de la historia de España.22 Si bien es cierto que los estudios de los historiadores han hecho retroceder 20 años el comienzo de ese sombrío periodo, ello no impide que, en el transcurso de la primera mitad de ese reinado, la coincidencia entre el sentimiento de los contemporáneos, que percibían una metrópoli en crisis que tocaba fondo, y el de la realidad reconstruida por los trabajos de los historiadores, sea prácticamente exacta. 22 En lo referente al Imperio americano, los años 1660 marcaron también el comienzo del viraje de una coyuntura hasta entonces favorable. A partir de ese periodo, la Nueva España se encontró afectada a su vez por la “crisis general” del siglo XVII, aunque tal vez menos violenta y menos durablemente que en Europa y de una manera muy desigual de una región a otra.24 En consecuencia, la duración del periodo de análisis seleccionado ofrece una unidad temporal real: se sitúa a uno y otro lados de dos hitos importantes de la historia de España y su imperio, entre la crisis de la segunda mitad del siglo XVII y el sobresalto reformador de la segunda mitad del siglo XVIII. En lo que se refiere al Estado colonial, esa época parece corresponder entonces al pasaje que Mark A. Burkholder y Dewit S. Chandler definieron como el de la impotencia ante la autoridad.25

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Lo anterior quiere decir que, además de los oficiales de la Real Hacienda, este proyecto apunta a dos objetivos complementarios que ponen la prosopografía al servicio de una reflexión más amplia. Para empezar, la intención consiste en comprender el funcionamiento real de la administración, cuya responsabilidad estaba en manos de esos oficiales. Mediante la reconstrucción de las jerarquías internas y de los modos de funcionamiento y ejercicio del poder, se intentará determinar la mecánica del aparato administrativo colonial y definir las normas que éste pretendía imponer. En ese terreno, no obstante, no podría ser cuestión de detenerse únicamente en el estudio de las reglas administrativas. Con respecto a los reglamentos, particularmente minuciosos pero muy alejados de la realidad que se vivía, la intención consiste en llevar a cabo un descenso a la cotidianidad administrativa y política. Al mismo tiempo, se tratará de volver a situar al grupo en estudio en su entorno social, particularmente planteando interrogantes sobre sus relaciones con el medio local. Así, las estrategias familiares en la elección del cónyuge, las relaciones de amistad, de ayuda mutua o de espíritu de cuerpo y, en fin, los vínculos de dependencia y protección serán entonces los conductos a través de los que se intentará

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determinar la capacidad de interacción de los oficiales de la Real Hacienda en el mundo colonial y en el de sus élites. 20

En mi opinión, esa reflexión doble se revela esencial para la comprensión del mundo colonial, marcado por la distancia con respecto a la metrópoli y por la tentación, inserta en sus orígenes mismos, de la autonomía, si no de la independencia. Para lograrlo, se decidió ampliar la base sociológica sobre la que se apoyaba originalmente el proyecto. Consecuentemente, a los oficiales de la Real Hacienda clara y fácilmente identificables se añadieron los individuos encontrados en su medio ambiente, tanto familiar como profesional; es decir, el grupo estudiado se compone de un núcleo esencial, rodeado de una multitud de satélites que gravitaban en su vecindad más o menos inmediata, por lo que sus límites se tornan relativamente vagos debido a su marcada inestabilidad. En el seno de ese conjunto fluctuante, se intentó poner de manifiesto las relaciones que cultivaban, su funcionamiento y su finalidad.

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El análisis que se busca llevar a cabo a partir de los oficiales de la Real Hacienda se organiza en torno a dos realidades claves que estructuran la reflexión: la corrupción y el clientelismo. Es cierto que la aplicación del primer término a propósito de una sociedad moderna plantea de entrada problemas teóricos que, en un primer momento, imponen un esfuerzo de conceptuación que los historiadores del Antiguo Régimen han descuidado a menudo, protegiéndose tras los fenómenos de desfase cultural.26 En el caso de este trabajo, no puede ser cuestión de conservar la connotación moral que se vincula a los cuatro sentidos de esa palabra que invariablemente proporcionan nuestros diccionarios contemporáneos. Tampoco puede tratarse de que se utilice esa palabra, a propósito de unos funcionarios reales, en el sentido que se le atribuye en el presente para referirse a los servidores prevaricadores de un Estado a cuyo servicio se han puesto. Por razones que tienen que ver con la concepción misma del cargo que se posee, de las responsabilidades que se ejercen y de las fidelidades que se deben respetar —fenómenos, todos, sobre los que se volverá más adelante—, no se podría trasponer al pasado, sin riesgo de anacronismo, un concepto que corresponde a una realidad estatal contemporánea.

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Lo anterior no impide que, a pesar de esas dificultades y las ambigüedades que ocasionan, se recurra a esa expresión, aun cuando sólo fuese, para empezar, por facilidad de escritura; sin embargo, tal decisión impone tanto hacer explícito el sentido que se desea atribuirle como un análisis de la realidad que esa palabra abarcaba en el siglo XVIII: por “corrupción” se entiende toda clase de abusos, excesos, exacciones o anomalías que, en el ejercicio de su cargo, los oficiales de la Real Hacienda imponían a sus administrados; por lo tanto, el objetivo va a consistir en comprender los mecanismos —políticos, económicos, sociales o mentales— que llevaban a los oficiales a cometer esos excesos, así como las funciones y la finalidad de estos últimos en la sociedad colonial. En consecuencia, lo que se intentará es llevar a buen fin una reflexión acerca tanto del porqué como del cómo.

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Desde esa perspectiva, no se podría evitar una reflexión sobre el contenido o contenidos del término en los siglos XVII y XVIII. A principios del siglo XVII, Jean Nicot hizo explícito el acto de corrupción citando numerosos ejemplos —referentes al derecho, la moral económica, las costumbres o incluso la biología—, entre ellos, el de los jueces que se desviaban de los deberes de su cargo a causa del dinero. En la misma época, Sebastián de Covarrubias propuso exactamente las mismas acepciones y el mismo ejemplo en su Tesoro de la lengua castellana o española. Un siglo más tarde, Antoine Furetiére sintetizó el análisis de Jean Nicot, proponiendo tres acepciones para el acto de corrupción: biológica, epidemiológica y moral; sin embargo, esta última se limitaba a una acepción religiosa que,

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en realidad, asimila la corrupción al pecado; consecuentemente, se estaba lejos del ejemplo que proporcionaron Nicot o Covarrubias, bastante moderno en resumidas cuentas, porque es muy cercano al contenido que adquiere esa palabra en la actualidad. El sentido indicado a principios del siglo XVII por Nicot o Covarrubias sólo se restableció cuando, finalmente, Émile Littré propuso cuatro acepciones posibles. Esas fluctuaciones confirman tanto el riesgo de anacronismo en el empleo desconsiderado de esa palabra en el caso de los siglos XVII y XVIII, como, al mismo tiempo, su carácter manipulador: claramente, la corrupción considerada como un abuso de poder es una noción que el Antiguo Régimen no ignoraba, aun cuando tendiera muy rápidamente a hacerla adoptar contenidos diferentes y, muy especialmente, morales o religiosos.27 24

Por lo demás, la posibilidad de aplicación del concepto a una sociedad del Antiguo Régimen se encuentra reforzada por la literatura moral de la época, la que a menudo tendía a asimilar a un crimen de lesa majestad los diversos abusos de poder cometidos por los funcionarios a expensas de su rey; porque, como escribe Jean-Claude Waquet: En realidad, ni la corrupción de los jueces ni la infidelidad de los contadores ni las extorsiones de los ordenanzas aguardaron al Ángel de la Luz para que las autoridades públicas adquirieran conciencia de lo que tenían de chocante y reprensible. Durante todo el Antiguo Régimen, las leyes llovieron sobre los oficiales como llueven hoy en día sobre los funcionarios africanos, para ordenarles respetar los deberes correspondientes a su cargo; y, sin duda alguna, se ha afirmado erróneamente que las normas que regían a los empleados públicos no estaban claramente redactadas o eran inexistentes en las sociedades occidentales tradicionales.28

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Si bien es cierto que la presencia de prácticas corruptas en el seno de las sociedades del Antiguo Régimen no puede ser objeto de una duda muy tenaz, también lo es que es necesario alejarse del enfoque moralizante que pesaba —y, sin duda alguna, todavía pesa — fuertemente sobre el término. Al intentar comprender el porqué y el cómo de los abusos, se decidió, antes bien, avanzar a partir de un conjunto de problemas y de un análisis funcionalista.29 Desde esa perspectiva, entonces, las anomalías llegaron a ser una práctica social cuyo carácter excepcional, único y accidental, desapareció para transformarse, por el contrario, en una clave que garantiza parcialmente la comprensión de las relaciones sociales que las generaban. Además, el análisis de la represión que llevaba a cabo un aparato de Estado del Antiguo Régimen en contra de esos abusos, puede a su vez arrojar una nueva luz sobre las relaciones que mantenían entre sí los oficiales locales y sus superiores metropolitanos. En ese sentido, el estudio de la corrupción se convierte en una segunda clave que permite comprender la complejidad del funcionamiento de un aparato burocrático del Antiguo Régimen, sometido, en su caso, a la restricción de las distancias excepcionales. En consecuencia, la corrupción y las respuestas que suscitaba no pueden ser consideradas, ni sistemática ni automáticamente, como sinónimos de un debilitamiento de la autoridad del Estado; en función de los objetivos perseguidos, de las tolerancias aceptadas y de los excesos condenados, también pueden desnudar la sutileza del juego político colonial en el que se enfrentaban permanentemente numerosos intereses rivales y contradictorios.

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La historiografía americanista sobre el tema está lejos de ser totalmente silenciosa; sin embargo, después de Jacob van Klaveren30 no se ha intentado síntesis alguna. Para él, la corrupción desempeñaba, en primer lugar, una función económica: veía en ella uno de los agentes del dinamismo de la economía colonial. Unos años después, en un trabajo más modesto, Jaime Vicens Vives trató de continuar con esa reflexión, vinculando la

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corrupción sobre todo con la política española:31 desde una perspectiva muy metropolitana, insistía, en particular, en el estrecho vínculo entre la corrupción y la introducción de la venalidad de los oficios en América. 27

Después de esas publicaciones han sido muchos los que han mencionado la presencia de esas prácticas que con tanta dificultad admitieron precisamente los lectores de Jacob van Klaveren;32 sin embargo, en cierto número de esos trabajos se insiste principalmente en el aspecto anecdótico del fraude y muy a menudo se transforman en un catálogo de prácticas delictuosas, en el que la fértil imaginación de los defraudadores precede a la puesta en marcha de una supervisión siempre más exigente; por lo demás, la corrupción tiende a desaparecer frecuentemente tras el contrabando comercial, a pesar de que no podría reducirse a él.33 Únicamente los trabajos referentes más en particular al cuerpo de los alcaldes mayores34 han permitido comprender la amplitud de esas prácticas y su función en el mundo colonial en contacto con la sociedad indígena.

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Más recientemente, en fin, la corrupción administrativa ha sido el meollo de varios estudios relativos a algunas áreas geográficas diferentes. Vinculando el fraude al ejercicio del poder en Buenos Aires,35 los Andes 36 o la Nueva España, 37 sus autores revelan que los abusos cometidos formaban parte de la práctica del sistema colonial y que no se les puede considerar como epifenómenos. En cuanto a Anne-Marie Brénot, mediante el estudio del Estado político del reyno del Perú de Victorino Montero del Águila, que data de 1742, la autora demuestra el estrecho vínculo que existía en el Perú durante el siglo XVIII entre corrupción, concepción y ejercicio del poder.38 Ahora bien, el presente trabajo sobre el mundo de los oficiales de la Real Hacienda de la Nueva España se sitúa claramente en la tradición de esas investigaciones. Haciendo a un lado la investigación de las causalidades, se examinarán sobre todo los mecanismos que llevaban a las prácticas de poder que los contemporáneos consideraban como anormales. Paralelamente, se intentará determinar la capacidad y el umbral de tolerancia de esos mismos contemporáneos ante tales prácticas. En ese sentido, será conveniente reflexionar muy particularmente sobre la finalidad de la represión, dado que, lejos de tener por objeto la erradicación absoluta, que la concepción misma de una administración del Antiguo Régimen hacía ilusoria, tendía a acabar siendo, ante todo, un incentivo suplementario en el ejercicio del poder. Consecuentemente, las visitas, indagaciones, procesos y sentencias llevados a cabo en contra de los oficiales de la Real Hacienda perdían su carácter primordial —es decir, el propiamente judicial— para convertirse en uno de los medios del ejercicio administrativo de la distancia. Desde ese punto de vista, aunque en un contexto muy diferente, sin duda alguna, la actitud de la metrópoli ante la corrupción, que no podía ignorar, recuerda la de la monarquía absolutista francesa ante el mundo de los renteros.‡ En la lucha que la primera llevaba a cabo en contra de los abusos flagrantes y conocidos de los segundos, no podía correr el riesgo de echar abajo un sistema del que finalmente todos vivían, lo cual indica, en suma, su estrecha interdependencia; dicho de una manera más simple, las persecuciones recurrentes que emprendía el monarca le aseguraban una parte complementaria de los ingresos que otros arrancaban abusivamente en el reino, cuando no era a expensas del propio Estado.39

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En lo concerniente al recurso a la noción de clientelismo, ésta corresponde a la investigación de los mecanismos sociales que daban como resultado prácticas políticas y administrativas anormales entre las élites coloniales. Probablemente nadie se sorprendería por la aplicación de esa noción al análisis de la sociedad colonial ibérica. Al igual que el mundo mediterráneo de donde surgió, el mundo colonial de las élites

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españolas funcionaba en gran medida conforme a esa realidad.40 Asimismo, el hecho de tener ciertas atribuciones no estaba vinculado exclusivamente con la obtención de títulos o cargos oficiales que permitieran su ejercicio conforme a la legalidad en vigor; es decir, en la sociedad colonial subsistían de hecho —bajo la protección del aparato de Estado en desarrollo— centros de autoridad o de poder activos, aunque sin existencia legal, que se fundamentaban ante todo en las relaciones de dependencia establecidas entre los individuos. Sin dejar de lado ni descuidar las otras divisiones sociales que estaban presentes en la sociedad colonial —jerarquías socioeconómicas, pertenencias culturales y étnicas, orígenes geográficos—, se intentará comprender su articulación con el espíritu de cuerpo, que era más propio de una sociedad del Antiguo Régimen, cuyas relaciones se basaban en la verticalidad. 30

Las relaciones de clientelismo se organizan siempre conforme a esquemas que poseen una gran racionalidad y responden eficazmente a las situaciones a que tienen que hacer frente.41 Consecuentemente, lo que se analizará mediante la reconstrucción de las redes relacionales en que participaban los oficiales de la Real Hacienda de la Nueva España será la lógica de esas organizaciones y su amplitud. Con ese propósito, en el caso del periodo y el espacio en estudio, será necesario dejar de lado o graduar los esquemas que de manera tradicional se suele aplicar a la sociedad colonial. Muy en particular, la intención es volver a poner sobre la mesa la cuestión de la divergencia entre criollos y peninsulares, divergencia que la historiografía americanista ha considerado tradicionalmente como una de las fuerzas impulsoras de la historia social colonial.

31

Desde esa perspectiva, el interés se centrará principalmente en el vínculo establecido entre el criollismo y la corrupción administrativa. Durante tres siglos, los metropolitanos recurrieron a esa ecuación con el propósito de descartar a los criollos de todo puesto de responsabilidad. En ese terreno, baste recordar la jurisprudencia colonial del Consejo Real y Supremo de las Indias, llamado simplemente Consejo de Indias, que a partir del siglo XVI prohibió el ejercicio de ciertos oficios a los criollos, con lo que afirmaba la preferencia por los peninsulares. De esa manera, una real cédula del 26 de marzo de 1662 descartaba del acceso a los oficios administrativos a los descendientes de los conquistadores y, a méritos y valor iguales, daba preferencia a los peninsulares que residían en América, con excepción, no obstante, de los parientes del virrey, los oidores, los gobernadores y aun los corregidores, todos los cuales quedaban excluidos de esos oficios. 42 En contrapartida, algunos historiadores latinoamericanos han transformado la práctica de la corrupción en la expresión de un “protonacionalismo” americano;43 y si bien es cierto que la historiografía más reciente ha dejado de lado esas simplificaciones, no por ello sigue rindiendo menos tributo a tales esquemas. Es verdad que en los trabajos referentes a la cuestión de las prácticas administrativas se insiste principalmente en el estrecho vínculo que existía entre corrupción y venalidad, gracias al cual, la primera acababa siendo un simple efecto de la venta de los oficios, que alentaba al candidato a reembolsarse a expensas de sus administrados;44 sin embargo, al seguir ese enfoque, sus adeptos se encuentran ineluctablemente con el antiguo argumento de los metropolitanos contra sus rivales. Dado que la venta de los oficios se negociaba prioritariamente ante los criollos, su generalización habría significado una “criollización” de las instituciones coloniales y habría desembocado en la impotencia de la metrópoli, paralelamente a un abuso generalizado en el ejercicio del poder.

32

Es cierto que no puede ser cuestión de descartar por completo esos enfoques; sin embargo, parece necesario enriquecerlos, completándolos y graduándolos. Ya John

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L. Phelan, en sus estudios sobre el Ecuador del siglo XVII, proponía una visión mucho más compleja de la realidad colonial. Según sus análisis, los oficiales se encontraban colocados en la intersección de los intereses criollos y los metropolitanos, entre los que buscaban una situación de equilibrio.45 En algunos trabajos más recientes se ha recuperado esa visión, integrando corrupción y criollismo en un enfoque global del funcionamiento de la sociedad colonial y del ejercicio del poder.46 Basándose en ellos, se puede plantear entonces cierto número de interrogantes concernientes, para comenzar, a la divergencia entre criollos y metropolitanos. ¿Correspondía a una rivalidad constante y estable desde el siglo XVII? ¿Sobre qué bases funcionaba realmente? ¿No cedía ante las coyunturas políticas o económicas, lo que, consecuentemente, implicaría recomposiciones constantes al capricho de la puesta en tela de juicio de las posiciones adquiridas? ¿Qué vínculo mantenía con la movilidad social? Asimismo, ¿era la corrupción administrativa la expresión tan sólo de un autonomismo criollo? ¿Cómo explicar entonces el papel que podían tener en ella los metropolitanos? En cuanto a la relación entre corrupción y venalidad de los oficios, la desaparición de una debió de haber significado el desvanecimiento progresivo de la otra. ¿Qué ocurrió exactamente? Para responder a estas interrogantes parece necesario aceptar la corrupción, no como un accidente, una excepción o una anomalía, sino, por el contrario, como uno de los rasgos originales del ejercicio del poder de la época. Desde esa perspectiva es como puede parecer fructífero establecer un vínculo entre la corrupción y el clientelismo. Consecuentemente, la reconstrucción de las redes familiares de los oficiales de la Real Hacienda hace posible un enfoque nuevo de las relaciones sociales en el mundo de las élites coloniales y, muy particularmente, en el caso de las que vivían al abrigo del aparato de Estado. 33

Tanto por las dudas planteadas como por los conceptos a los que se supone que recurre su estudio —afirmación del Estado y de su función en la movilidad social, corrupción y dificultades de funcionamiento administrativo, clientelismo y solidaridad familiar—, este trabajo corresponde en muchos sentidos a la clase de trabajos de los historiadores de la Antigüedad románica adeptos al enfoque prosopográfico; sin embargo, se aleja considerablemente de él debido a la utilización de las fuentes documentales en donde se obtuvo la información, así como por el aprovechamiento metódico que fue posible hacer de esas fuentes. Las fuentes documentales utilizadas se caracterizan sobre todo por su extrema diversidad. En un primer momento, se recurrió a los documentos clásicos de la prosopografía: hoja de servicios de los oficiales, títulos y decretos de nombramiento, compendios de las ventas de los oficios reales, genealogías familiares, repertorios de los miembros de las órdenes de caballería, compendios de los salarios pagados, censos de los miembros de un servicio administrativo en un momento dado, etcétera. Ahora bien, a pesar de su riqueza, esas fuentes documentales revelaron rápidamente sus límites en el marco del proyecto; consecuentemente, se extendió la investigación a otros documentos de diversa naturaleza que, en cierta manera, respondían parcialmente, todos, a las expectativas del estudio.

34

Se optó prioritariamente por las fuentes documentales de la represión judicial, en particular por las visitas que antecedían a los procesos iniciados en contra de los oficiales de la Real Hacienda por abuso en el ejercicio de su cargo. Las visitas, en efecto, son de gran interés, a pesar de las dificultades reales de su aprovechamiento metódico. 47 Para comenzar, ofrecen una homogeneidad indiscutible, debido a que todas fueron elaboradas conforme al mismo modelo judicial y, sobre todo, ocultan una riqueza de información excepcional, abundante en detalles concretos y precisos: en primer lugar, sobre la

15

práctica administrativa y, en segundo lugar, sobre numerosos aspectos de la vida de las personas implicadas, trátese de datos socioeconómicos, profesionales o familiares; finalmente, debido a la tendencia a implicar a un número muy importante de personas — muy particularmente en cuanto testigos—, ofrecen la posibilidad de reconstruir el entorno social de los oficiales de la Real Hacienda y, además, la sociedad en la que estaban insertos. 35

Igualmente, se hizo uso de las fuentes documentales administrativas que producían los propios oficiales, en particular de la correspondencia que mantenían con los otros centros de poder de la Nueva España y de España. Se recurrió, asimismo, a la correspondencia de particulares dirigida a las diversas autoridades, tanto de América como de España; sin embargo, si bien es cierto que en ocasiones ese trabajo extremadamente fastidioso pudo dar algunos frutos, ante la amplitud de las series a menudo fue necesario contentarse sólo con sondeos.

36

Finalmente, también contribuyó un último gran tipo de fuentes: los documentos notariales. Éstos, en efecto, permiten acercarse en gran medida a la realidad tal como la vivían y percibían los propios oficiales; sin embargo, se presentó un inconveniente de gran envergadura: la dispersión geográfica de los oficiales en estudio. No fue posible pretender siquiera realizar investigaciones en todos los centros notariales de la decena de ciudades donde ejercieron los oficiales reales, por lo que se decidió limitar el trabajo a tres centros representativos de la diversidad de la Nueva España de la época: el de la capital, el del principal centro minero del norte —Zacatecas— y, en fin, el de una pequeña capital regional —Guanajuato—. A través de las cartas dotales, los testamentos, las actas de compraventa de bienes, los reconocimientos de deudas o préstamos en los que intervenían los oficiales reales, etcétera, se pone de manifiesto toda la vida social del grupo y, también, en consecuencia —quizá sobre todo—, se hace posible la reconstrucción de las redes de allegados, amigos, dependientes o protectores de los oficiales reales.

37

Es probable que la diversidad de las fuentes utilizadas representara el riesgo de una acumulación de datos fragmentados, anecdóticos, puntuales y, por ende, difícilmente aprovechables metódicamente desde la perspectiva de la historia serial; no obstante, sin pretender haber resuelto siempre por completo ese problema, la utilización de la herramienta informática significó de manera permanente un esfuerzo de armonización de la información obtenida. En consecuencia, la primera preocupación fue elaborar una codificación sistemática de la información, método que imponía la normalización de los rasgos particulares o específicos de las situaciones vividas con el propósito de que fuesen comparables. Lo anterior significó la elaboración de variables —o campos— suficientemente amplias como para aceptar datos diversos, aunque con un mismo sentido, no obstante, sin crear “desvanes”. Ahora bien, aun cuando la codificación de los datos concernientes a la estructura administrativa, el desenvolvimiento de la carrera profesional o las etapas de una visita no plantearon problemas insuperables, no ocurrió lo mismo con los aspectos más cualitativos de la información recolectada, notablemente en el caso de todo lo que se relacionaba con la vida privada. En ese terreno, la utilización del programa de computadora Griot Alternative facilitó particularmente el manejo de las relaciones entre los individuos, ya que en él se toma en consideración una amplia gama de graduaciones.

38

Lo anterior no impide que, en ocasiones, el historiador se encuentre con realidades demasiado diversas como para permitirle hacer conteos sólidos, coherentes o significativos conforme a las normas de la lógica estadística; en consecuencia, se buscó

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sistemáticamente comprender, además de las simples medias o frecuencias predominantes, las situaciones que podían parecer encontrarse fuera de la norma. Evitando limitarse a la elaboración de un perfil medio, se trató de encontrar, tanto en los perfiles de la carrera profesional como en los comportamientos individuales, la coherencia interna de las diversas situaciones observadas; para ello se dedicó toda la atención a la información que habría podido parecer “secundaria” en un primer momento, con el propósito de situarla en su lógica familiar o profesional, pues solamente a ese precio tal o cual anécdota personal puede llegar a ser reveladora y significativa de una situación más amplia.48 39

Consecuentemente, la aplicación del método prosopográfico que se hace en este libro sólo responde de manera parcial a las reglas habituales de dicho método. Es cierto que el objetivo era medir, contar y comparar los rasgos que definían al grupo en estudio con el propósito de comprender su eventual especificidad y su evolución secular; pero también se buscó comprender la lógica de los mecanismos familiares, sociales o políticos —más difícilmente comprensibles y reducibles a datos codificados, en vista de la documentación disponible— en que participaban los individuos en estudio. Aun cuando se recurrió a la utilización de la información cuantitativa cuando los datos lo permitían y cuando la cuestión en estudio lo exigía, no se descuidó, no obstante, el recurso a la información cualitativa, tratando al mismo tiempo de evitar el escollo de la yuxtaposición de anécdotas sin coherencia entre sí. Mediante el ir y venir constante entre esos dos enfoques y mediante la investigación de complementariedad entre lo que reflejan puntualmente los documentos y la realidad elaborada por el historiador a partir de los datos acumulados y aprovechados estadísticamente, lo que se buscó fue una reconstrucción más completa de la realidad que vivieron los oficiales reales de la Nueva España. ¿Será ése, acaso, uno de los medios de evitar los riesgos de una historia social generalizadora? El propio Fernand Braudel nos invitaba ya a ello cuando afirmaba: Todos percibimos el peligro de la historia social: olvidar, en la contemplación de los movimientos profundos de la vida de los hombres, a cada hombre enfrentado a su propia vida, su propio destino; olvidar, negar quizá, lo que cada individuo tiene siempre de irremplazable; porque poner en tela de juicio el importante papel que se ha querido atribuir a algunos hombres abusivos en la génesis de la historia no significa, de ninguna manera, negar la grandeza del individuo, en cuanto individuo, ni el interés que tiene para un hombre el asomarse al destino de otro hombre. 49

NOTAS 1. Como lo confiesa P. Molas Ribalta, a propósito de sus investigaciones sobre las audiencias españolas; véase “L’étude sociale des audiencias dans l’Espagne moderne: Valence au XVIIIe siècle”, en Françoise Autrand (coord.), Prosopographie et genése de l’État moderne, París, 1986, col. de l’École Normale Supérieure de Jeunes Filies, núm. 30, p. 144. [Monsieur Jourdain es el personaje principal de El burgués gentilhombre, de Moliere. N. del T.] 2. Las actas de la Mesa Redonda del Centre National de la Recherche Scientifique, editadas por Héléne Millet, son un excelente ejemplo de la fragmentación de la prosopografía aplicada a temas

17

muy diferentes, como lo escribe ella misma, no sin humor, en su prólogo: Informatique et prosopographie, Table Ronde du CNRS, Paris 1984, París, 1985, p. 11. 3. El estudio de los 60 000 galeotes llevado a cabo por André Zysberg es un ejemplo de la evolución hacia los estudios de grupos sociales muy numerosos; véase Les galériens, vies et destins de 60 000 forçats sur les galéres de France (1640-1748), París, 1987. Otros proyectos, aún más amplios y en proceso de realización, son reveladores de la “inflación” que alcanzan los grupos estudiados; muy particularmente, se puede citar el proyecto del

PAPE,

coordinado por Jean-Pierre Dedieu (

CNRS) y M. V. López Cordón (Universidad Complutense, Madrid), que consiste en la elaboración de

fichas del conjunto del personal administrativo y político español del siglo

XVIII.

Otros proyectos

concernientes a la elaboración de bases de datos de las poblaciones urbanas en ciertas épocas son, sin duda alguna, todavía más ambiciosos. Véase, sobre todo, A.-M. Hayez, “Prosopographies avignonnaises du

XIVe

siècle: perspectives et problémes d’un projet d’informatisation”, y M.

Luzzati, “La reconstruction nominative et prosopographique de la population d’une ville médiévale: projet de constitution d’une banque de données pour l’histoire de Pise au

XVe

siècle”,

en Informatique et prosopographie…, op. cit., pp. 135-158. 4. Según la definición que Émile Littré daba de ella en 1863. [También según el DRAE. N. del T] 5. Hélène Millet, op. cit., p. 11. 6. Definición establecida a partir de la propuesta por Françoise Autrand, en Prosopographie et genèse de l’État moderne, op. cit., p. 10. 7. Introducción a “Prosopographie et histoire sociale: Rome et l’Italie á l’époque républi-caine”, Annales ESC, año XXV, núm. 5, septiembre-octubre de 1970, p. 1210. 8. Ése era, en lo esencial, el proyecto de la escuela de Braslau en torno a C. Cichorius, así como el elaborado por la Academia Real de Prusia en torno a Mommsen. Véase Michel Christol, “Prosopographie et histoire de l’État: le cas de l’Empire romain”, en Françoise Autrand (coord.), Prosopographie et genèse de l’État moderne, op. cit., pp. 19-33, y Claude Nicolet, “Prosopographie et histoire sociale: Rome et l’Italie á l’époque républicaine”, Annales

ESC,

año

XXV,

núm. 5,

septiembre-octubre de 1970, pp. 1212-1221. 9. Michel Christol, “Prosopographie et histoire de l’État…”, op. cit., pp. 22 y ss. 10. Ibid., p. 24. 11. No necesariamente debido a una decisión relacionada con un tema de investigación en particular, como había podido serlo para los historiadores de la Antigüedad románica, sino debido esencialmente a la abundancia documental que toda administración genera acerca de sus propios miembros. 12. Françoise Autrand, “Y a-t-il une prosopographie de l’État médiéval?”, en Françoise Autrand (coord.), Prosopographie et genèse de l’État moderne, op. cit., p. 14. 13. La expresión “rigor estadístico” es de Claude Nicolet, op. cit., p. 1 226. 14. Como lo demuestra Claude Nicolet, op. cit., p. 1 227. 15. J. Nagle, “Prosopographie et histoire de l’État: la France moderne

XVIe-XVIIIe

siècles”, en

Françoise Autrand (coord.), Prosopographie et genése de l’État moderne, op. cit., p. 78. 16. Idem. 17. Magnus Mörner, Race Mixture in the History of Latin America, Boston, 1967. 18. En particular, la llegada de los virreyes era la ocasión en que se hacía aparecer al cuerpo de los oficiales de la Real Hacienda entre los otros miembros de la sociedad colonial. Así, en ocasión de todas las fiestas, los miembros del Tribunal de Cuentas de México seguían a los oidores de la Audiencia, que siempre se encontraban colocados en primera fila; después venían los oficiales reales, representados simbólicamente por los de la real caja de México. Esa misma prelación se establecía durante las audiencias solemnes virreinales o, también, en ocasión de las procesiones que formaban parte de las fiestas principales. Eso es lo que revelan los cronistas de la vida social de la Nueva España y, más particularmente, de la vida social de la capital virreinal. Antonio de

18

Robles, Diario de sucesos notables (1665-1703), 3 vols., México, 1972; Juan Francisco Sahagún de Arévalo y Ladrón de Guevara, La Gaceta de México (1722-1742), México, 1986; Gregorio M. de Guijo, Diario 1648-1664, México, 1952; José María de Castro Santa Ana, Diario curioso de México (1742-1758), y José Gómez, Diario curioso de México (1776-1798), en Manuel Orozco y Berra, Documentos para la historia de México, 1a serie, vols. 4 a 6 y 7, respectivamente, México, 1854. Se puede, en fin, consultar las demandas concernientes a las cuestiones de prelación, demandas que dan fe de la vigencia de ese aspecto en las relaciones sociales en la Nueva España, en la sección Gobierno, de la serie Audiencia de México, en el Archivo General de Indias de Sevilla ( AGI). 19. John M. Tutino, Creole Mexico: Spanish Elites, Haciendas and Indian Towns, Ann Arbor, 1976. 20. En sus diversos trabajos, Horst Pietschmann ofrece una reflexión fundamental sobre el conjunto de problemas concernientes a la manera de abordar el aparato administrativo colonial y sus agentes; véase El Estado y su evolución al principio de la colonización española de América, México, 1989, y “Les Indes de Castille”, en Le Premier âge de l’État en Espagne (1450-1700), Burdeos, 1989. La administración central fue estudiada en el caso de dos importantes capitales virreinales del siglo XVIII:

Buenos Aires y México; véase Linda Arnold, Bureaucracy and Bureaucrats in Mexico City

(1742-1835), Tucson, 1988, y Susan M. Socolow, The Bureaucracy of Buenos Aires, “El amor al real servicio” (1769-1810), Durham, 1988. Por otra parte, el aparato judicial y sus agentes han sido objeto de numerosos estudios sólidos; entre ellos se distinguen los trabajos de Mark A. Burkholder y Dewit S. Chandler y el de Anne-Marie Brénot, que constituyen afinaciones importantes y recientes; véase Mark A. Burkholder y Dewit S. Chandler, From Impotence to Authority: The Spanish Crown and the American Audiencias, 1687-1808, Columbia, 1977, y Biographical Dictionary of Audiencias Ministers in the Americas (1687-1821), Westport, 1982; Mark A. Burkholder, Biographical Dictionary of Councilors of the Indies (1717-1808), Westport, 1986, y Anne-Marie Brénot, Pouvoirs et profits au Pérou colonial au XVIIIe siècle, Gouverneurs, clientèles et ventes forcées, París, 1989. 21. Amy Bushnell, The King’s Coffers, Proprietors of the Spanish Florid Treasury, Gainesville, 1981. 22. El retrato de Carlos II hecho por Juan Carreño de Miranda refleja en toda su dureza ese sentimiento de degeneración de una dinastía que amenazaba a plazo al propio reino; Biblioteca del Escorial. 22. Bartolomé Bennassar, “Une génération perdue?, 1665-1700”, en Bartolomé Bennassar (coord.), Histoire des Espagnols, París, 1992, pp. 487-511. 24. Jonathan I. Israel, Razas, clases sociales y vida política en el México colonial, 1610-1670, México, 1980, pp. 274-275. En este caso, no se puede tratar de remitir a todos los trabajos que abordan la coyuntura del siglo XVII en la Nueva España y discuten la profundidad y la realidad de esa crisis. Refiérase en particular al artículo de John J. Te Paske y Herbert S. Klein, “The SeventeenthCentury Crisis in New Spain: Myth or Reality?”, Past and Present, núm. 90, febrero de 1981, pp. 116-135; ese artículo inició eficazmente una reflexión que se prolongó a partir de ese momento, incluida la coyuntura del siglo XVIII. El trabajo de Herbert S. Klein y Jacques A. Barbier, “Recent Trends in the Study of Spanish American Colonial Public Finance”, Latin American Research Review, vol. 23, núm. 1, 1988, pp. 35-62, establecía un balance del debate en curso. Uno de los resultados recientes de ello es la síntesis de Richard L. Gardner y Spiro E. Stefanou, Economic Growth and Change in Bourbon Mexico, Gainesville, 1993. 25. Aun cuando la fórmula de esos autores es, sin duda alguna, un poco abrupta, refleja con exactitud el carácter de ese periodo, resultado de una declinación irremediable y, a la vez, génesis de una renovación creadora. 26. Jean-Claude Waquet, De la corruption. Morale et pouvoir á Florence aux

XVIIe

et

XVIIIe

siècles, París,

1984. 27. Sebastián de Covarrubias, Tesoro de la lengua castellana o española [1611], Madrid, 1977; Jean Nicot, Trésor de la langue frangaise tant ancienne que modeme [1606], París, 1979; Antoine Furetiére, Essai d’un dictionnaire universel, editado por A. Rey, París, 1978; Émile Littré, Dictionnaire de la langue frangaise [1877], París, 1963.

19

28. Jean-Claude Waquet, De la corruption…, op. cit., p. 21. 29. Nicolas Herpin, Les sociologues américains et leur siècle, París, 1973, p. 38. 30. Jacob van Klaveren, “Die historische Erscheinung der Korruption, in ihrem Zusammen-hang mit der Staats-und Gesellschaftsstruktur betrachtet”, Vierteljahrschrift fur Social-und WirtschoftsGeschichte, vols. 44-4, 45-4 y 46-2, 1958-1959. 31. Jaime Vicens Vives, “La estructura administrativa estatal en los siglos

XVI

y

XVII”,

en

Coyuntura económica y reformismo burgués, Ariel, Barcelona, 1969. 32. Horst Pietschmann, “Burocracia y corrupción en Hispanoamérica colonial, una aproximación tentativa”, Nova Americana, núm. 5, Turín, 1982. 33. Tal es el caso de todos los grandes estudios sobre el comercio colonial. Lutgardo García Fuentes, El comercio español con América (1650-1700), Sevilla, 1980; Eufemio Lorenzo Sanz, El comercio de España con América en la época de Felipe II, 2 t., Valladolid, 1979-1980; Antonio García-Baquero González, Cádiz y el Atlántico, el comercio colonial español bajo el monopolio gaditano, 2 t., 1979; Michel Morineau, Incroyables gazettes et fabuleux métaux, les retours des trésors américains d’après les gazettes hollandaises (XVIe-XVIIIe), París, 1985, y Ramón Aizpurua Aguirre, Curazao y la costa de Caracas. Introducción al estudio del contrabando de la provincia de Venezuela en tiempos de la Compañía Guipuzcoana (1730-1780), Caracas, 1993. 34. En una bibliografía copiosa sobre este tema, se puede citar en particular los trabajos de AnneMarie Brénot, Pouvoirs et profits au Pérou…, op. cit., en el caso de los Andes, y de Horst Pietschmann, “Alcaldes mayores, corregidores und subdelegados. Zum Problem der distrikts-beamtenschaft im wizekönigreich Neuspanien”, Jahrbuch für Geschichte von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft Lateinamerikas, vol. 9, 1972, pp. 173-270, así como “El comercio de repartimiento de los alcaldes mayores y corregidores en la región de Puebla-Tlaxcala en el siglo

XVIII”,

Simposio

Hispanoamericano de Indigenismo Histórico de la Universidad de Valladolid, en Estudios sobre política indigenista española en América, t. 3, Valladolid, 1977, pp. 147-153. 35. Susan M. Socolow, The Bureaucrats of Buenos Aires…, op. cit., y The Merchants of Buenos Aires, 1778-1810, Family and Commerce, Cambridge, 1978; Zacarías Moutoukias, Contrabando y control colonial en el siglo XVII, Buenos Aires, 1988. 36. Bernard Lavallé, Le marquis et le marchand, luttes de pouvoirs au Cuzco (1700-1730), Burdeos, 1987. 37. Horst Pietschmann, “Burocracia y corrupción en Hispanoamérica colonial…”, op. cit.; Ethelia Ruiz Medrano, Gobierno y sociedad en la Nueva España: Segunda Audiencia y Antonio de Mendoza, Zamora, México, 1991; Louisa Schell Hobermann, Mexico’s Merchant Elite (1590-1660). Silver, State and Society, Durham, 1991; J. R. Brooker, Veracruz Merchants (1770-1829). A Mercantile Elite in Late Bourbon and Early Independent Mexico, Boulder, 1993. 38. Anne-Marie Brénot, “L’Étude du non-pouvoir dans Estado político del reyno del Perú, de Victorino Montero del Águila (1742)”, Histoire, Économie et Société, vol. 8, núm. 2, París, 1989. 39. Françoise Bayard, Le monde des financiers au

XVIIe

siècle, París, 1988; Daniel Dessert, Argen,

pouvoir et société au Grand Siècle, París, 1984, y Michel Bruguiére, Gestionnaires et profiteurs de la Révolution; l’administration des finances françaises de Louis XVI à Bonaparte, París, 1986. 40. Bartolomé Bennassar, “Aux origines du caciquisme: les familiers de l’Inquisition en Andalousie au XVIIe siècle”, Caravelle, núm. 27, Tolosa, 1976, pp. 63-71, y L’Homme espagnol, attitudes et mentalités du

XVIe

au

XIXe

siècles, París, 1975. Por lo demás, esa realidad estaba lejos de haber

desaparecido con la Independencia; en su síntesis sobre la política en el mundo andino, MarieDaniéle Demélas muestra la continuidad que se dio en ese terreno, más allá de las rupturas institucionales; véase Marie-Daniéle Demélas, L’invention politique, Bolivie, Équateur, Pérou au siècle, París, 1992. 41. Yves Durand, Les solidarités dans les sociétés humaines, París, 1987, pp. 152-183.

XIXe

20

42.

AGI,

Audiencia de México, legajo 1073, lib. 27, fol. 349, en Richard Konetzke, Colección de

documentos para la historia de la formación social de Hispanoamérica (1493-1810), t. 2, vol. 2, Madrid, 1953-1958, p. 727. 43. La historiografía latinoamericana de los siglos

XVI

y

XVII

adopta, más implícita que

explícitamente, esa visión; se puede uno remitir, por ejemplo, a José Bravo Ugarte, Historia de México, 7a ed., 3 vols., Jus, México, 1941, o a A. Cue Cánovas, Historia política de México, 2 a ed., México, 1957. 44. A los trabajos de Mark A. Burkholder y Dewit S. Chandler, Susan M. Socolow y Linda Arnold, ya citados, se pueden añadir los de David Brading, “Gobierno y élite en el México colonial durante el siglo

XVIII”,

Historia Mexicana, vol. 23, núm. 92, abril de 1974, pp. 611-645; Jacques A. Barbier,

“Elites and Cadre in Bourbon Chile”, Hispanic American Historical Review, vol. 52, núm. 3, 1972, pp. 416-435, y Kenneth J. Andrien, Crisis and Decline: The Vice-royalty of Peru in the Seventeenth Century, Albuquerque, 1985. 45. John L. Phelan, The Kingdom of Quito in the 17 th Century, Bureaucratic Politic in the Spanish Empire, Madison, 1968, y “Authority and Flexibility in the Spanish Imperial Bureau-cracy”, Administrative Science Quarterly, vol. 5, núm. 1, junio de 1960, pp. 47-65. 46. Véase, en particular, los trabajos de Zacarías Moutoukias, Ethelia Ruiz Medrano y Susan M. Socolow, ya citados. En el caso de los aspectos más propiamente políticos de esos conflictos, véase Jonathan I. Israel, Razas y clases sociales y vida política…, op. cit. 47. Los problemas específicos que plantean las fuentes documentales judiciales han sido señalados desde hace mucho tiempo por todos los historiadores que las han utilizado: Bartolomé Bennassar, en el caso de los documentos inquisitoriales; N. y Y. Castan, en el de los producidos por la justicia civil o criminal; E. Leroy Ladurie, en su informe del trabajo de R. Mandrou sobre los magistrados de París; R. Muchembled, en lo concerniente a los procesos seguidos a las brujas, etcétera. En un artículo reciente, A. Farge propuso a su vez algunas reflexiones sobre ese material de difícil aprovechamiento metódico; véase “Les archives au singulier. Quelques réflexions à propos des archives judiciaires comme matériau de l’histoire sociale”, en C. Charle (coord.), Histoire sociale, histoire globale?, París, 1993. A esos obstáculos de orden metodológico se añaden dos inconvenientes suplementarios, pues las visitas se caracterizaban por su pesadez burocrática: una visita de importancia representaba, por lo menos, de 2 000 a 3 000 folios; entre la veintena que se aprovechó para este libro, ¡una decena eran de esa magnitud!; pero, sobre todo, raramente eran completas, debido a los procedimientos de apelaciones sucesivas ante diversas instancias judiciales rivales y al derecho de juzgar, reservado en ciertos casos únicamente al Consejo de Indias. 48. A propósito de la utilización de la información secundaria, también es posible servirse del método del χ-dos, que mide el grado de probabilidad de que dos variables cualitativas no sean independientes. Ese método de cálculo permite ver en los datos que a priori parecen secundarios o no correlacionados una realidad más significativa que la que los simples datos brutos permitirían entrever; véase, en particular, P. Cibois, “Les petits effectifs dans les en-quétes et l’usage du khi-deux”, en Informatique et prosopographie, Mesa Redonda del CNRS, edición de Héléne Millet, París, 1985, y J. Heffer, J. L. Robert y P. Saly, Outils statistiques pour les historiens, cap. 9, Publications de la Sorbonne, París, 1987. 49. Fernand Braudel, “Leçon inaugurale au Collège de France”, 1° de diciembre de 1950, en Écrits sur l’histoire, Flammarion, París, 1969, p. 35.

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NOTAS FINALES *. Las definiciones de prosopografía que aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (drae), de la Real Academia Española, y en el Diccionario de Uso del Español (due), de María Moliner, son: “descripción del exterior de una persona o de un animal” y “descripción de una persona o de un animal”, respectivamente. [N. del T.] †. El término “oficial” es la designación correspondiente en épocas pasadas a las de “empleado, escribiente o funcionario”. [N. del T] ‡. Véase el glosario.

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I. El abuso de poder

UN PROCESO MUY PROLONGADO 1

Reunido en sesión ordinaria en un día de noviembre de 1728, el Consejo de Indias pronunció su sentencia de apelación en el proceso entablado a tres oficiales reales de la ciudad de México: siguiendo las recomendaciones de su fiscal, Manuel Martínez Carvajal, en su requisitoria de noviembre de 1727, decidió imponerles severas penas. De esa manera, los consejeros madrileños anularon el primer veredicto pronunciado por la Audiencia de la ciudad de México y, sobre todo, agravaron sensiblemente las sanciones propuestas:1 se suspendió de por vida en sus oficios a los condenados y se les prohibió cualquier otro empleo en la administración de la Real Hacienda. Al contador Pedro Alejo López de Cotilla, considerado como el principal responsable de los abusos, se le impuso una multa de 16 000 pesos; además, se le obligó a reembolsar las libranzas expedidas a cargo de la real caja de la ciudad de México que había aceptado pagar sin haber recibido para ello la orden del virrey, esto es, cerca de 200 000 pesos. 2 En cuanto a sus dos cómplices, el tesorero Manuel Ximénez de los Cobos y el factor José Ignacio de Miranda Canal, se les condenó a una multa de 12 000 pesos cada uno. Los tres oficiales reales, en fin, fueron condenados conjuntamente a reembolsar a la real caja de la ciudad de México la suma de 3 000 pesos, correspondiente al descubierto que se encontró en ocasión de su inculpación debido a una administración poco ortodoxa.3

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Figura I.1. Plano de la ciudad de México en el que se precisan los límites de la aduana de la ciudad (1791-1807), Archivo General de Indias, Mapas y Planos, 657, México. 2

Tanto por las sanciones impuestas y la duración necesaria para el desenlace de la crisis como por los personajes implicados o los abusos que revelaba, ese “asunto” había llegado a ser un acontecimiento de primerísimo plano, en resumidas cuentas, en el restringido mundo de los oficiales reales de la administración virreinal.4 Es fácil concebir el temor de los inculpados a la llegada de la nefasta nueva; igualmente, es fácil imaginar la avidez con que fue comentada, muy particularmente entre los oficiales reales de la capital del virreinato. Una vez conocida localmente la sentencia, en el transcurso de 1729, el virrey marqués de Casafuerte designó al alcalde del crimen, Domingo de Valcárcel y Formento, con el encargo de aplicar sin demora la resolución del Consejo.

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¿Por qué tal sentencia? ¿Cuáles eran las faltas de esos oficiales reales para que fuesen tratados tan severamente? ¿Eran tan excepcionales como para que se buscara poner un ejemplo por medio de ellos? En realidad, el asunto era antiguo: se remontaba a la época de la gran visita general dedicada a la Real Hacienda de la Nueva España y llevada a cabo por Francisco de Pagabe entre 1710 y 1715. La mala administración de la real caja de México había sido objeto de insistentes rumores en esa época; sin embargo, por razones independientes de la voluntad del visitador, éste no había podido llevar a cabo la visita de la real caja matriz de la Nueva España antes de su partida a las reales cajas provinciales. Después, la degradación de sus relaciones con el duque de Linares y marqués de Valdefuente, virrey desde 1711, le impidió toda posibilidad de acceso a esa real caja. 5

4

El hecho de no haber llevado a cabo la visita de la real caja de la ciudad de México no había impedido que Francisco de Pagabe expresara sus impresiones sobre el turbio funcionamiento de la institución, especialmente en una carta de septiembre de 1711. 6 Sus denuncias provocaron una pesquisa, la cual fue confiada a un miembro de la Audiencia de La Habana, Prudencio de Palacios, en febrero de 1716. Su comisión se relacionaba

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principalmente con los pagos de libranzas efectuados sin autorización a expensas de la real caja de la ciudad de México.7 En unas cuantas semanas, la pesquisa, llevada a cabo rápidamente, desembocó en la inculpación de los tres oficiales reales en funciones, 8 los mismos que luego fueran duramente sancionados en 1728. 5

Inmediatamente después de que fueran inculpados, los oficiales reales activaron sus redes de relaciones locales y, sobre todo, se aprovecharon de las rivalidades entre el visitador y el nuevo virrey, el marqués de Valero,9 para lograr de esa manera paralizar la visita, obligando a su responsable a refugiarse en el convento de Santo Domingo de la ciudad de México, en diciembre de 1716; unos días más tarde, el marqués de Valero obtuvo de la Junta de Hacienda la solicitud de su suspensión: a pesar de la eficacia del trabajo del oidor, el asunto emprendía el sendero, tranquilizante para los inculpados y sus allegados, del abandono, antes del olvido.

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Con todo, Prudencio de Palacios no lo entendía de esa manera. Desde su retiro conventual, notablemente gracias a la intervención de su hermano, que había permanecido en España, obtuvo el apoyo del Consejo de Indias y la reanudación de la visita general en enero de 1719.10 En esa nueva ocasión, la visita fue confiada a Francisco de Garzarón, encargado desde 1716 de otra vasta visita general concerniente a todos los tribunales de la Nueva España que habían tomado sistemáticamente el partido de Prudencio de Palacios en el conflicto que oponía al marqués de Valero y el oidor. Simultáneamente, preocupado por establecer un prudente equilibrio de poderes en sus lejanas posesiones, el propio Consejo alejó al buscaplei-tos, Prudencio de Palacios, mediante una promoción-exilio al cargo de oidor en Santo Domingo, a partir de abril de 1718, y después en Guadalajara, en 1720.11

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Por diversas razones de orden personal, el nuevo visitador no se decidía a reanudar el trabajo de su predecesor. Así, aun cuando la inculpación de los oficiales de la real caja de la ciudad de México no había sido abandonada, la visita se encontraba completamente estancada; situación de la que supieron aprovecharse los tres inculpados: en noviembre de 1719 obtuvieron la autorización para que Pedro Alejo López de Cotilla fuese a abogar directamente por la causa de todos ellos ante el Consejo de Indias, con el propósito de acelerar la instrucción de su causa.12 Se tendría que creer que el alegato, estrictamente fundamentado en cuestiones de forma jurídica, ejerció su efecto entre los consejeros presentes;13 sin embargo, se puede pensar que probablemente contribuyeron al éxito de la empresa otros argumentos, extraños al derecho pero igualmente eficaces. Fuera lo que hubiere sido, el resultado fue extraordinario para los inculpados: en agosto de 1722 obtuvieron el perdón total de todos los delitos señalados en su contra, por lo que inmediatamente se reintegraron a sus respectivos oficios y lograron que tanto su reputación como su honor quedaran limpios.

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Es probable que el asunto hubiese quedado ahí, si la porfía de Prudencio de Palacios, promovido a fiscal de la Audiencia de México en 1723, no hubiese encontrado un firme aliado en la persona del marqués de Casafuerte, virrey de la Nueva España desde 1722. El sucesor del marqués de Valero, convencido de la culpabilidad de los oficiales reales de la ciudad de México, aprovechó la primera ocasión que se le presentó para reiniciar la visita en contra de los oficiales reales cuya inocencia se había reconocido recientemente. Para actuar conforme a derecho, le era necesario aportar al expediente nuevos elementos que pudieran legitimar la reapertura de la instrucción. La ocasión se le presentó gracias a un oficial segundo de la real caja de la ciudad de México, Manuel Ángel de Villegas Puente hijo.

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Ya en abril de 1724, De Villegas Puente había denunciado ante el virrey el pago ilegal de un crédito de 97 000 pesos hecho por los oficiales de la real caja en beneficio de Pedro Alejo López de Cotilla.14 En mayo de 1725, De Villegas Puente reanudó las acusaciones en contra de sus superiores jerárquicos en una atestación dirigida al marqués de Casafuerte en la que les imputaba la responsabilidad de haber hecho pagos ilegales por un monto total de 311 935 pesos desde enero de 1723, fecha a partir de la cual De Villegas Puente había llevado a cabo remplazos en la contabilidad de la real caja. 15 La nueva denuncia, precisa y documentada, puso nuevamente en movimiento el mecanismo judicial. El virrey remitió inmediatamente el expediente al fiscal civil, que no era otro que el visitador repudiado de 1722.16 En junio de 1725, este último levantó un acta de acusación en contra de los inculpados en la que orientaba la futura pesquisa hacia las regalías, intereses, o premios exorbitantes que sin duda han percivido por las pagas […] Es inverosímil [que] se hayan arriesgado a cometer delicto tan grave para complacer a los libranzistas, ni que estos […] se hayan dado por bien servidos sin prometer ni dar a los oficiales reales algún premio para moverlos y precipitarlos a la transgresión del precepto de V. E. […] Donde no pudieron esperar interés alguno, tal como salarios, aplicaron las consignas de V. E.17

10

A propuesta del visitador, el virrey nombró al alcalde del crimen, Francisco de Barbadillo Victoria —remplazado a su muerte, en mayo de 1726, por Juan Gerónimo de Osilla y Rayo —,18 para que reanudara el expediente. 19 Con base en los interrogatorios llevados a cabo entre los individuos implicados en los asuntos mencionados, los tres oficiales reales de la ciudad de México fueron juzgados y condenados por la Audiencia en agosto de 1726. Esa primera sentencia establecía la suspensión temporal de ocho a 10 años, según el caso, multas por un monto de 65 000 pesos y el rembolso parcial de ciertas sumas pagadas, esto es, 78 000 pesos; además, la Audiencia decidió el levantamiento del embargo de los bienes de los oficiales reales, pero propuso que se prolongara su arresto domiciliario. 20 Descontentos con su suerte, los condenados interpusieron inmediatamente una apelación ante el Consejo de Indias, con la esperanza de que suavizara las sanciones. Las consecuencias fueron desafortunadas: el epílogo judicial de noviembre de 1728 marcó el desenlace de una prolongada visita general cuyo instrumento había sido el fiscal de la ciudad de México, Prudencio de Palacios.

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Un episodio judicial tan prolongado, con múltiples repercusiones, se podría reducir a simples peripecias en el seno del microcosmos político-administrativo de la capital del virreinato; sin embargo, independientemente del riesgo, esos incidentes pueden llegar a ser particularmente reveladores de la realidad colonial. Para comenzar, los acontecimientos dicen mucho respecto de la lentitud de la justicia real y acerca de su funcionamiento irregular y aleatorio. Las frecuentes inversiones de la situación no siempre se apoyaban en el surgimiento de hechos realmente nuevos o precisos. Independientemente de los azares judiciales, sinónimo de arbitrariedad y reveladores de las múltiples y contradictorias presiones que se expresaban más o menos abiertamente, el poder —encarnado por un oidor apuntalado por un virrey— mostró en ese asunto una verdadera tenacidad en su persecución de la delincuencia administrativa. Por lo demás, la ambivalencia del aparato de Estado se manifestó en la alternancia entre la severidad de las sanciones impuestas y el recurso al generoso perdón total. Dicho en otras palabras, lo que se debe tener en mente es, ante todo, la imprevisibilidad de la maquinaria judicial colonial.

12

El proceso que se ha presentado también es revelador de la presencia y la función del Consejo de Indias en América. El órgano supremo de la jerarquía judicial y administrativa

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se manifestaba a través de la presencia de su autoridad, a la que recurría regularmente toda la jerarquía administrativa, aunque también, de manera más general, todos los súbditos. Aun cuando el Consejo de Indias era una institución activa, se encontraba demasiado lejos como para ejercer una autoridad eficaz continua; consecuentemente, ello acrecentaba el lugar y la función de sus representantes administrativos en América, lo cual, a su vez, hacía fracasar o pervertía con mucha frecuencia los proyectos concebidos en Madrid; por lo demás, las intervenciones del Consejo de Indias, que pasaban por encima del funcionamiento administrativo y judicial de la jerarquía subalterna, contribuían frecuentemente a incrementar la lentitud de la maquinaria administrativa en América. En consecuencia, las inversiones de la situación en el proceso de los oficiales de la real caja de la ciudad de México resultan reveladoras de la función del Consejo de Indias en el ejercicio de la autoridad en América y de su impacto en el mundo colonial. 13

La lejanía, tanto geográfica como funcional, de la institución supervisora favorecía las intervenciones externas al sistema administrativo que pretendían llenar los vacíos existentes. El proceso de los oficiales reales de la ciudad de México instruido por la Audiencia muestra que algunos virreyes intervenían regularmente en el curso de los procedimientos. Atentos a las quejas o deseos que unos u otros expresaban, sus decisiones anulaban las decisiones anteriores e imponían una nueva orientación. Es cierto que, en cuanto presidentes de la Audiencia, sus intervenciones eran jurídicamente legales y legítimas; sin embargo, jurídicamente, su función se limitaba más al ejercicio de la supervisión que al de una verdadera autoridad sobre los magistrados del tribunal,21 por lo que era frecuente que sus intromisiones, consideradas como abusivas por los magistrados, alimentasen polémicas y conflictos internos de autoridad, lo que a su vez contribuía a la inmovilidad administrativa. Consecuentemente, el meollo de la reflexión sobre la administración en América lo constituye el impacto de las rivalidades internas de la administración colonial —donde cada servicio era más cuidadoso de su prestigio y autoridad que de la verdadera aplicación de las consignas venidas del otro lado del Atlántico— sobre el ejercicio real del poder y las anomalías a que esas rivalidades daban pie.

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La presencia de los visitadores nombrados en Madrid para investigar los abusos administrativos llegaba a ser, más a menudo, un factor suplementario de inmovilización de la maquinaria gubernamental. Las tensiones a que daba lugar, la lucha de intereses que esas tensiones revelaban, las alianzas defensivas que se forjaban, el entorpecimiento de las instituciones judiciales que se desprendía de unas y otras, todo contribuía a hacer inoperante esa herramienta de supervisión que representaba el sistema de visitas. Consecuentemente, los meandros del proceso de los condenados de 1728, sometido como estuvo a las presiones de intereses diversos y contradictorios, revelan precisamente la difícil supervisión de la realidad americana por parte de la metrópoli. Las restricciones que pesaban sobre la administración pronta y expedita de la justicia, así como la debilidad de los medios de supervisión imaginados en España, se expresaban entonces muy particularmente a través de las redes de relaciones tejidas en torno a cada actor del proceso. Como lo confirman los recursos que ejercieron los condenados de la ciudad de México, esas relaciones estaban siempre dispuestas a actuar, tanto localmente, en la propia América, como en ultramar. Así, para comprender la administración colonial y la compleja realidad del funcionamiento del sistema administrativo, se impone necesariamente el examen de las redes relacionales, esto es, de su génesis, su naturaleza y su eficacia.

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Finalmente, el prolongado proceso entablado en contra de los oficiales reales de la ciudad de México permite entrever el lugar que la corrupción ocupaba en la maquinaria administrativa. Su frecuente denuncia por hombres pertenecientes a los diversos grupos de la sociedad colonial demuestra que constituía una práctica corriente en el ejercicio del poder. La multiplicidad de las visitas y procesos, comparables a la que afectó a la real caja de la ciudad de México durante más de un decenio, proporciona el mejor testimonio de ello. Lejos de ser accidentales, las prácticas abusivas de extorsión, malversación, enriquecimiento ilícito, etcétera, ilustran el funcionamiento cotidiano del aparato administrativo.

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Por excepcionales que puedan parecer su severidad y la duración del proceso, al que, no obstante, únicamente puso un punto final temporal, la sentencia dictada en Madrid en ese día de noviembre de 1728 presenta la administración de la Real Hacienda de la Nueva España desde un enfoque particularmente rico y complejo: su funcionamiento, oscilante entre la aspiración metropolitana de mayor eficacia y las restricciones que imponía la actuación de las redes de relaciones, se revela caótico y desordenado. Así, lo que ahora se hace necesario analizar minuciosamente es ese caos, esos desórdenes, todos muy reales, planteándose interrogantes sobre el ejercicio del poder y sobre los abusos de los agentes de ese sector administrativo. Independientemente de las anécdotas, a veces sabrosas, de lo que se trata es de llevar a cabo una reflexión acerca de la realidad del funcionamiento administrativo; consecuentemente, lejos de rechazar lo que podrían parecer tan sólo incidentes de recorrido, lo que se intenta es, por el contrario, evaluar su representatividad. Con ese propósito, se buscará situar el lugar de los abusos tanto en el espacio como en el tiempo, para así contribuir a fijar los rasgos de esa práctica administrativa colonial. Al mismo tiempo, se reflexionará sobre los factores internos de la administración colonial que contribuyeron al florecimiento de esas prácticas. Al hacer lo anterior, y después de eliminar el carácter puntual de las anécdotas, se ve que éstas resultan, por el contrario, reveladoras de una realidad desconocida, ya que ésta fue siempre más o menos secreta. En ello reside precisamente el interés del proceso entablado en contra de los oficiales reales de la ciudad de México entre 1712 y 1728: debido a la multiplicidad de las acusaciones enunciadas y a la diversidad de los acusadores que se sucedieron durante cerca de 20 años, ese episodio, que tuvo que padecer en su desenvolvimiento la pesantez de la maquinaria judicial colonial, se transforma en un modelo a escala de la administración colonial.22 El tan prolongado proceso, centrado en la cuestión de los pagos no autorizados, abarcaba en realidad muchos otros malos manejos reveladores de las dificultades de funcionamiento del aparato administrativo colonial, aunque no por ello es menos cierto que el análisis del tráfico de las libranzas, que constituía un caso típico del abuso de poder por parte de los oficiales reales, proporciona un enfoque particularmente vivido de las anomalías administrativas.

DEL ABUSO DE PODER A LA CORRUPCIÓN ADMINISTRATIVA 17

Para comprender los mecanismos de la corrupción que las prácticas de los oficiales de la Real Hacienda de México ponían en movimiento, resulta útil, en primer lugar, reconstituir el recorrido habitual que seguía una libranza expedida a cargo de la Real Hacienda. La cuestión era delicada, a juzgar por la simple observación de los debates a que dio lugar durante más de medio siglo, que opusieron a virreyes, Audiencia, Tribunal de

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Cuentas y oficiales reales. En el marco de la visita confiada a Francisco de Barbadillo Victoria, Prudencio de Palacios, fiscal de la Audiencia, mencionaba el recorrido administrativo legal que seguía toda libranza expedida a cargo de una real caja. 23 En 1731, el tono de la querella se envenenó: una virulenta polémica estalló entre los oficiales reales y el Tribunal de Cuentas, antes de que, en 1738, el Consejo de Indias le pusiera término secamente.24 Los debates, sostenidos entre 1720 y 1740, y las medidas adoptadas, así como su puesta en práctica, permiten descubrir las normas legales que debía cumplir el pago de una libranza. 18

La regla básica concerniente a la expedición de toda libranza a cargo de una real caja se basaba en el axioma que recordaba el doctor en derecho Antonio de Meléndez en julio de 1731: “Es cierto que nada se paga de hacienda en dicha real caxa sin previo mandato de su grandeza [esto es, el virrey]; lo es también que el superior magistrado […] solo puede librar contra la Real Hacienda lo que fuere conforme a órdenes de Su Magestad y no lo que fuere opuesto a ellas y a las leyes y reales cédulas”.25

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Por lo demás, en el momento en que se hacían cargo de su responsabilidad, como lo hizo el duque de Linares en 1711, los virreyes recordaban sistemáticamente la autoridad y superioridad virreinales en ese sensible terreno;26 sin embargo, las restricciones a la indiscutible autoridad del virrey, integradas en los propios textos, implicaban el recurso a ciertos contrapoderes, fuente permanente de rivalidad, debate e interpretación opuesta de los textos.

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En efecto, los oficiales de una real caja debían establecer la legalidad de toda libranza expedida por el virrey a cargo de esa real caja, como lo precisaban las leyes de la Recopilación de leyes de Indias.27 Los oficiales reales, que estaban autorizados a rehusar todas las libranzas de las que sospecharan la menor falta de conformidad, podían oponer su veto en dos ocasiones consecutivas a una misma libranza. En el caso en que el virrey mantuviese su orden de pago, debían advertir de ello a la Audiencia en la persona de su presidente o su fiscal y únicamente debían efectuar el pago que habían puesto en tela de juicio una vez que el beneficiario hubiese hecho el depósito de una fianza.

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Al mismo tiempo, para que se pudiese pagar, toda libranza expedida a cargo de la Real Hacienda debía llevar el visto de los contadores del Tribunal de Cuentas, quienes certificaban que habían tomado conocimiento de la libranza asentando en ella dicho visto. ¿Qué valor tenía esa inscripción? ¿Era un “visto bueno” que, en cierta manera, libraba de responsabilidad al oficial real pagador? ¿Era, más simplemente, un testimonio del paso de la libranza por los servicios del tribunal, lo que de ninguna manera impedía que el oficial real pagador realizara la verificación necesaria? Esa breve inscripción, ambigua a más no poder, se convirtió en la brecha por donde se precipitaron las interpretaciones contradictorias de los textos legislativos;28 y, sobre todo, ofreció una excelente justificación para todo tipo de prácticas en el pago de las libranzas.

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Cada visita impuesta a la administración de la Real Hacienda en los siglos XVII y XVIII fue la ocasión de un intento de aclaración de los textos, demasiado imprecisos. En ese terreno, la actuación que tuvieron en 1679 el visitador Juan Sáenz de Moreno y su auxiliar Juan Bautista de Mendrice sigue siendo probablemente ejemplar: en un informe circunstanciado sobre la cuestión del visto, el primero aconsejaba que su inscripción se convirtiese en una garantía: […] del examen y expeculación de la calidad de la libranza para que habiendo en ella reparo o contravención de reales órdenes puedan representarlo al exelentísimo señor virrey o no poner la vista sin el cual requisito no se pagará, estando advertido

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de ello [los] oficiales reales pués esta obligación no solo es suia y del señor fiscal sino también de los señores ministros dedicados a el servicio y administración de la Real Hacienda […].29 23

No obstante, ese tipo de propuestas provocaba sistemáticamente la cólera del Tribunal de Cuentas, que se rehusaba a adoptar esa responsabilidad y, así, impedía que progresara toda precisión legislativa. En ese 1679, al igual que más tarde, en 1738, cuando los oficiales reales de la ciudad de México retomaron esas propuestas, las opiniones sucesivas y contradictorias del fiscal, del Real Acuerdo y, después, del propio Consejo de Indias, dejaron sin cambio esos proyectos, dado que, en su respuesta, este último se limitó a recordar a unos y a otros que su única guía debían ser las leyes de la Recopilación, en espera de la publicación de decisiones ulteriores, ¡que nunca llegaron!30

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La legislación, a la que regularmente se ponía en tela de juicio y en ocasiones se enriquecía con nuevas cédulas, pero que nunca se precisó verdaderamente a todo lo largo de los siglos XVII y XVIII, siguió siendo lo suficientemente ambigua como para permitir que todo oficial real poco escrupuloso actuara a su antojo. El extenso testimonio del oficial segundo Manuel Ángel de Villegas Puente, presentado en julio y agosto de 1725 y consignado por el oidor Francisco de Barbadillo Victoria, pone claramente en evidencia las prácticas abusivas.31 Las libranzas expedidas a cargo de la real caja de la ciudad de México superaban siempre la capacidad de pago de ésta; consecuentemente, ¡sus oficiales se veían obligados a seleccionar las que habrían de preferir! Con mucha frecuencia, otorgaban la prioridad a los pagos destinados a la administración en general, los presidios o cualquier otra institución en virtud de su carácter oficial; por el contrario, todos aquellos destinados a particulares sin prerrogativas administrativas en particular sufrían demoras para su cobro que podían cifrarse en meses, e incluso años. Y ahí es donde la mano izquierda de los oficiales reales entraba en liza: todo pago que no contara con la ventaja de los apoyos o recomendaciones de las autoridades se negociaba con los acreedores: el arreglo comprendía la parte del pago —es decir, las regalías— que el beneficiario aceptaba condonar a los oficiales reales. La habilidad de estos últimos, en otras palabras, su capacidad para imponer su posición de fuerza, determinaba la tasa de deducción.

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A partir de los testimonios obtenidos por Francisco de Barbadillo Victoria, es posible determinar las principales bazas con que los oficiales reales jugaban en esas negociaciones; así, el monto global de la suma que se debía pagar desempeñaba una función determinante. En efecto, la tasa de deducción se hacía más pesada proporcionalmente al monto del crédito, en virtud de un axioma que corresponde al terreno de lo evidente: cuanto más elevada fuese la suma, tanto mayor sería la dificultad para encontrar los fondos necesarios para su pago; también se tomaba en consideración la fecha de expedición de la libranza: su antigüedad, que daba pruebas de la dificultad de su cobro, hacía más exigente la intervención de los oficiales reales; y, en fin, por supuesto, el nombre del beneficiario no era indiferente: evidentemente, su peso económico y su prestigio social o el de sus relaciones le ahorraban tasas de deducción excesivas.

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La combinación de los diversos criterios de evaluación de las regalías se traducía de una manera muy concreta en el plano económico. En los casos mencionados por los testigos, entre un tercio y la mitad del valor de las libranzas terminaba su recorrido en manos de los oficiales reales. ¿Debe considerarse como excesiva la práctica de las deducciones tan altas? ¿No era, antes bien, el resultado de la mala voluntad de los testigos con respecto a los inculpados? Si bien es cierto que es muy difícil zanjar en esos asuntos, por naturaleza

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secretos, parece ser que la diversidad de los testigos que declararon en el mismo sentido tiende a reforzar la veracidad de las declaraciones recogidas;32 pero hay mucho más: independientemente de las afirmaciones de los testigos, el proceso de los oficiales reales de la ciudad de México establece la existencia de un verdadero mercado de libranzas pendientes de pago y confirma la importancia del tráfico que tenía lugar en él. El mercado superaba con mucho la simple jurisdicción de la real caja: en realidad, se extendía hasta la metrópoli, donde los oficiales reales negociaban por sí mismos, o mediante intermediarios, el “valor” de las libranzas. Así, en ocasión de un viaje a España en 1720-1721,33 Pedro Alejo López de Cotilla barrió en la plaza de Madrid con todas las libranzas expedidas a cargo de la real caja de México que pasaron cerca de sus manos. El negocio era apetecible: el valor comercial de los papeles se negociaba a la mitad de su valor nominal.34 Como se ve, realmente existía una verdadera bolsa de libranzas en la que los oficiales reales de la ciudad de México participaban directamente y cuya importancia no se puede pasar por alto: después de que López de Cotilla regresó de España, el total de pagos efectuados por ese motivo entre enero de 1723 y mayo de 1725 representó cerca de 320 000 pesos.35 27

Tales prácticas, mantenidas a tal escala, vaciaban regularmente la real caja a expensas de los pagos prioritarios, que cada vez eran más aleatorios, por lo que, independientemente del abuso de poder que se ha caracterizado, lo que los instigadores de la pesquisa que se ordenó en contra de los oficiales reales de la ciudad de México se habían fijado como objetivo era sobre todo ese peligro: desde que tomó el poder, el marqués de Casafuerte prohibió a la real caja de esa ciudad todo pago sin su autorización expresa. Ahora bien, a pesar de su prohibición formal, en el informe que dirigió al Consejo de Indias con el acta de acusación de los tres oficiales reales, no tuvo más remedio que confirmar que “[…] prescindiendo de otros excesos que resultan de los autos, el haber pagado 323 840 ps. clandestinamente contra mi orden es la principal culpa”.36

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En ello precisamente residía la principal amenaza para la buena marcha de la administración, dado que portaba el germen de la desestabilización del orden colonial por su incapacidad para satisfacer las necesidades de funcionamiento del sistema. 37

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Por lo demás, como lo da a entender el informe del virrey, ello no impedía que esos peligrosos abusos estuvieran lejos de ser los únicos de los que los oficiales reales se hacían culpables. Es cierto que, por las prácticas que implicaba y la importancia que había adquirido, el asunto de las libranzas se convirtió en la punta de lanza en la batalla que se libró en contra de los tres oficiales reales, pero no por ello pasaron a un segundo plano los otros cargos de la acusación hechos en su contra en el marco de la pesquisa; muy por el contrario, fueron presentados como la prolongación de los excesos ya mencionados. En realidad, la percepción de sobornos superaba en gran medida el simple caso del pago de las libranzas. Según los acusadores de los oficiales reales, todo acto administrativo, por banal que fuese, se negociaba con estos últimos por montos variables, aunque no insignificantes: un simple certificado, en el que se acreditaba el establecimiento de la lista de fiadores de Sebastián de Azeburu, quien acababa de obtener el arrendamiento del pulque de México en subasta pública, costó al arrendatario una “dádiva” de 300 pesos a los oficiales reales de la ciudad de México.38 Con todo, ese abuso de poder característico, vinculado con una práctica administrativa fundamentada en la inexistencia de la noción de “servicio público”, dista mucho de ser una especificidad colonial, puesto que se encuentra en el funcionamiento administrativo mexicano contemporáneo bajo el calificativo de “mordida”, aunque no por ello sea menos cierto que la banalidad de las

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extorsiones sistemáticas, condenable en opinión de los administrados, justificaba que éstos denunciaran regularmente a los oficiales reales. 30

El pago intempestivo de las libranzas repercutía inevitablemente en los balances de la real caja con la aparición de los descubiertos, que en ocasiones eran espectaculares. Por lo demás, la cacería del descubierto era una de las funciones asignadas a los contadores del Tribunal de Cuentas y de los visitadores en general. De esa manera, en junio de 1725, el contador del Tribunal de Cuentas, nombrado a solicitud del visitador Francisco de Barbadillo Victoria para verificar la contabilidad de los inculpados de la real caja de la ciudad de México, descubrió un desfalco de 81 330 pesos, resultante del pago de 78 304 pesos negociado por Pedro Alejo López de Cotilla con unos acreedores metropolitanos. 39 Para poder evitarse las iras de los supervisores, los recursos con que contaban los oficiales reales eran muy pocos; y el que más comúnmente utilizaban residía en la manipulación de los documentos contables. Teóricamente, los oficiales de las reales cajas estaban sujetos a la obligación de llevar diversos libros de cuentas, según las diferentes operaciones a que tenían que hacer frente; y, normalmente, los libros, en los que hacían los asientos de las operaciones efectuadas, no podían abandonar la real caja bajo ningún pretexto; de esa manera, el conjunto de sus colegas podía verificar permanentemente los asientos que un oficial real hacía en los libros de su servicio. Ahora bien, como llegó a explicarlo al visitador un antiguo oficial segundo de la real caja de México, Diego de Auti Ayala Cano, las reglas normales de funcionamiento de la real caja sufrían una alteración los días de pago ilegal de las libranzas. De ordinario, un oficial subalterno, Manuel Ángel de Villegas Puente en el caso del periodo considerado, bajo la supervisión de Manuel Ximénez de los Cobos, redactaba las actas cotidianamente; sin embargo, el día de pago ilegal de las libranzas, éstas no le eran remitidas a Manuel Ángel de Villegas Puente para su inscripción en el libro de actas: Manuel Ximénez de los Cobos se llevaba a su casa esas libranzas para hacer los asientos correspondientes directamente en el libro de cuentas de la tesorería, que él guardaba en su poder. Aun cuando Diego de Auti Ayala Cano rehusó sacar claramente las conclusiones de su testimonio, no por ello dejó de dar a entender que ése era un medio de “arreglar” los datos asentados en el libro de la tesorería. 40

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Por lo demás, el testimonio complementario de Manuel Ángel de Villegas Puente, ofrecido en agosto de 1725, no deja duda alguna acerca de las manipulaciones de los inculpados con los libros de caja: ese oficial denunció confusamente la omisión del registro de créditos a cargo de la real caja, muy particularmente los correspondientes a los diezmos, así como la marcada infravaloración de ciertos débitos o créditos; y llegó incluso a proporcionar una idea de la magnitud de las manipulaciones contables: ¡los oficiales reales podían asentar de 20 a 40 pesos, en lugar de 1 000 pesos! 41 Asimismo, los pagos que efectuaban en detrimento de la real caja se hacían lo más a menudo en el domicilio de uno de los oficiales reales responsables, es decir, fuera de toda supervisión. 42

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Un informe del regente del Tribunal de Cuentas de México, dirigido al virrey en septiembre de 1726, sirve para confirmar el más que deplorable estado de los libros de cuentas de la real caja de la ciudad de México. En él, el marqués de Villamediana enumeró las anomalías observadas tan sólo en lo concerniente al periodo que abarcó los meses de enero a agosto de 1726: omisión del asiento de los plazos otorgados para el pago de 8 535 pesos que el beneficiario de la venta en subasta de unos bienes embargados en Tampico debía efectuar a la real caja; omisión del asiento de la suma que debía el comprador de un oficio de fiscal, esto es, más de 5 000 pesos; omisión sistemática de los asientos en los libros de cuentas de los impuestos sobre el dinero en metálico —lo que significaba

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pérdidas equivalentes a más de cinco marcos* de plata durante el periodo a que se refería el regente—, y falsificación de los montos presentados a la real caja; además de cortes, borraduras y alteraciones sobre diferentes folios de los libros, falta de numeración de tres folios y añadidura de folios ajenos a los libros de cuentas.43 La pésima teneduría de los documentos contables imponía a los responsables encargados de la verificación de las cuentas un trabajo lento y de difícil confrontación a partir de los diferentes cuadernos existentes, lo que, en el mejor de los casos, únicamente les permitía hacerse una idea más que aproximativa de los verdaderos movimientos de fondos en la real caja en consideración.44 33

A esos abusos de poder, que se traducían en la fabricación de documentos administrativos falsos y en la violación de las reglas de funcionamiento de la real caja, los inculpados de la ciudad de México añadieron otras prácticas igualmente reprensibles. En febrero de 1726, el fiscal del Consejo de Indias enumeró las bases de inculpación suplementarias aceptadas contra ellos. Los acusó de diversas manipulaciones en ocasión de las operaciones de incautación de dinero en metálico que no habían cumplido con el quinto. En mayo de 1725, por ejemplo, después de haber incautado una cantidad de dinero no precisada, destinada a pagar mercaderías importadas por la compañía inglesa del asiento, † los oficiales reales se repartieron con los denunciantes una buena parte del botín: estos últimos recibieron la tercera parte de lo confiscado y los oficiales reales sólo conservaron la sexta parte; pero, en lo concerniente a la parte que correspondía al rey, ¡los oficiales reales se contentaron con pagarle tan sólo el equivalente al impuesto que normalmente se debía pagar! Así, el fiscal del consejo denunció la falta de rigor de los oficiales reales y su connivencia con la compañía inglesa del asiento y los acusó de librarse a un fructífero comercio de contrabando a través de dicha compañía. Para sacar adelante el tráfico, falsificaban los documentos que elaboraban en el momento de las confiscaciones, en franca y abierta complicidad con la compañía inglesa y sus compinches locales; de esa manera, se contentaban con imponer únicamente sanciones mínimas a los transgresores, obligando de paso a los traficantes a compensarlos por su complacencia para con ellos. 45 El testimonio de Juan Sáenz Cano, interrogado en julio de 1725, apuntala lo dicho sobre ese tipo de negocio, relacionado sistemáticamente con las mercaderías confiscadas: después de la confiscación de unos artículos de contrabando que llevó a cabo el alcalde mayor de Tampico, Pedro Alejo López de Cotilla buscó procurarse esos bienes para su comercio personal. Por lo demás, el método descrito es revelador de las prácticas de los oficiales de la Real Hacienda: Intentó D. Alexo López de Cotilla sacarse los géneros a D. Gaspar de Arredondo, administrador de una tienda que tiene dicho Alexo […] para la cual disponía que D. Manuel Ángel de Villegas Puente hiciera la cosa de suerte que no se publicase para que se rematasen con el maior secreto o la maior ocultación para que no hubiera postores de suerte que su cajero no tuviera opositores.46

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Es cierto que, en ese caso preciso, el negocio se fue a pique por el rechazo de Manuel Ángel de Villegas Puente a colaborar sin una orden escrita de sus superiores; 47 pero, por un fracaso en dicho asunto, ¿cuántos éxitos hubo cuyos beneficiarios no fueron a vanagloriarse ante el visitador?

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En un informe dirigido al Consejo de Indias en noviembre de 1728, el fiscal de la Audiencia de México, Prudencio de Palacios, reanudó el conjunto de las acusaciones hechas en contra de los oficiales reales de la ciudad de México y analizó minuciosamente sus mecanismos. En dicho informe añadió, en lo que constituía un acta de acusación, las prácticas delictuosas de los inculpados relacionadas con el contrabando: a todo lo largo

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del proceso de confiscación de mercaderías, hecha en contra de la compañía inglesa del asiento, no cesaron de tratar indulgentemente al responsable de esta última, Cathlin Torangoad, para acusar a los subordinados locales; así, sus únicos inculpados fueron un modesto comerciante de la compañía, Robert Merdonald, y su representante en la Nueva España, un tal Cabrera. Tal actuación resultaba particularmente ventajosa para los contrabandistas, puesto que, al restarle importancia a la implicación de los verdaderos responsables de ese tráfico, aseguraba la perpetuación del sistema; asimismo, dado que por lo general los delincuentes a quienes se persiguió resultaron insolventes, las sanciones impuestas no pudieron constituir una amenaza para la solidez de la empresa. Por lo demás, los oficiales reales no mostraron un celo tenaz en el transcurso de los procedimientos judiciales que llevaron a cabo: interrogaron a los testigos ingleses sin recurrir a un intérprete, aceptaron el registro de testimonios vagos y dejaron en libertad a los inculpados, permitiéndoles, de esa manera, embarcarse y desaparecer para siempre. Finalmente, contraviniendo la ley, los oficiales reales se contentaron sistemáticamente con llevar a cabo confiscaciones mínimas en comparación con el valor de las mercaderías de que se trataba.48 36

Tales eran los diversos abusos, fraudes y otras estafas perpetrados a gran escala en la real caja de la ciudad de México a comienzos del siglo XVIII que la prolongada visita que se llevó a cabo a instigación del juez Prudencio de Palacios permite reconstituir; sin embargo, por espectacular que hubiere sido el proceso de los tres oficiales reales, ¿se puede pasar de él al estudio de la práctica administrativa colonial, extendiendo ese caso concreto que se ha presentado al conjunto de la administración de la Real Hacienda? Lo anterior quiere decir que no se puede evitar la siguiente alternativa: ¿corresponde el proceso de los oficiales reales de la ciudad de México de comienzos del siglo XVIII a lo accidental o lo excepcional, o bien, se trata tan sólo de un ejemplo particularmente bien documentado de una práctica administrativa en la que la diversidad de los abusos de poder únicamente era equiparable a su banalidad?

INTENTO DE MEDICIÓN DE LAS PRÁCTICAS ADMINISTRATIVAS DELICTUOSAS A LA ESCALA DE LA NUEVA ESPAÑA 37

Para intentar hacer una medición mínima de las prácticas delictuosas con el propósito de comprender la extensión de unos delitos que por naturaleza eran secretos, el principal recurso disponible reside en la utilización de las fuentes judiciales. Esos archivos contienen las pruebas testimoniales de las diversas visitas llevadas a cabo en la Nueva España entre 1660 y 1780 y dedicadas total o parcialmente, al menos, a la administración de la Real Hacienda. Muchas de ellas, conocidas con el nombre de visitas de comisión, se aplicaban a un aspecto particular de la administración de una real caja. Esas comisiones, calificadas también como ordinarias, muy frecuentes, se complementaban con las visitas generales, que abarcaban el conjunto de la administración de la Real Hacienda de la Nueva España. A diferencia de las primeras, las pesadas operaciones de verificación conocidas como visitas generales solamente eran organizadas de cuando en cuando. A unas y otras, en fin, se añadían puntualmente ciertas indagaciones criminales o pesquisas, que únicamente se aplicaban a hechos muy particulares y claramente definidos. Ahora bien, aun cuando, en el mejor de los casos, el conjunto de la imponente documentación

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judicial sólo permite hacer una estimación mínima de las prácticas delictuosas, puesto que únicamente se aplicaba a aquellas que hubiesen dado lugar a una pesquisa después de una denuncia, también permite ofrecer, mediante el simple expediente de prestar atención a la geografía de las visitas administrativas, una primera respuesta significativa a las interrogantes formuladas. 38

En primer lugar, la documentación revela al observador tanto los principales lugares donde se suponía que existía la delincuencia administrativa como la preocupación de la administración metropolitana a ese respecto. En efecto, basándose en las diversas comisiones de visita encontradas, resulta posible elaborar un verdadero historial de los lugares donde efectivamente se presentaron los visitadores encargados de conocer sobre la situación de la administración de la Real Hacienda en la Nueva España (Véase el cuadro I.1). CUADRO I.1. Número de visitas efectivamente realizadas a las reales cajas de la Nueva España (1660-1780)

Fuentes: véase el cuadro VII. 1, “Las comisiones de visita de la Real Hacienda de la Nueva España (1660-1780)”. 39

La primacía absoluta de Veracruz no podría resultar sorprendente, porque es el resultado de la importancia que el puerto tenía en la administración fiscal. Los oficiales de la real caja de Veracruz, puerto exclusivo de la Nueva España en su comercio atlántico, veían pasar por sus manos lo esencial del tesoro americano que se exportaba a la metrópoli: los ingresos obtenidos de los diferentes impuestos que pesaban tanto sobre el comercio como sobre la minería, los extraídos del tributo indígena y las ventas de tierras, o bien, asimismo, de las cargas administrativas, etcétera; por lo tanto, el buen funcionamiento de esa institución era primordial y, consecuentemente, durante los periodos de mayor intensidad de las verificaciones, esto es, entre 1660 y 1680 y, después, entre 1710 y 1730, ¡las visitas del puerto se sucedieron a un ritmo de una cada cinco a seis años! Más concretamente aún, en ocasión de la visita llevada a cabo en Veracruz a partir de octubre de 1729 por Nicolás de Pozos, los oficiales reales justificaron su hostilidad contra este último so pretexto de su propio hastío ante la multiplicación de las visitas. Las resentían

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no únicamente como fuente de amenazas y sanciones que ponían en tela de juicio su futuro y, en ocasiones, el de sus allegados, sino también como una perturbación que se imponía a la buena marcha de su real caja; sin embargo, el argumento particularmente interesado de los oficiales reales no puede ocultar una realidad muy concreta: la llegada de Nicolás de Pozos correspondía a la novena visita, cuyo recuerdo todavía guardaba la real caja en esa fecha.49 40

La importancia que se acordaba a Veracruz se correspondía con la diversidad y continuidad de los abusos que se habían observado ahí, de lo que da pruebas la reiteración de los cargos aceptados en contra de sus oficiales reales entre 1660 y 1780, cargos que iban de la falta de rigor más ordinaria hasta una estrecha complicidad con los contrabandistas: autorización del desembarque de mercaderías extranjeras o sin registrarlas; connivencia en ocasión de la reventa de esas mercaderías; complicidad en las más diversas prácticas que permitían el embarque de mercaderías sin registrarlas; aceptación de documentos contables falsos de parte de los capitanes de galeón; simulación de confiscaciones de mercaderías ilegales, que posteriormente se reintroducían al circuito comercial, etcétera. Tales actos equivalían a “negociar” con los traficantes en posición de fuerza para sonsacarles las regalías, que iban a engrosar una caja negra bautizada como “cochino”. Los oficiales reales o sus incondicionales administraban los fondos que obtenían, los cuales servían para cubrir los gastos de funcionamiento que no reconocía la administración real y, muy particularmente, permitían asegurar el pago de salarios de los auxiliares de la real caja que trabajaban fuera de todo reconocimiento oficial; asimismo, esos fondos servían para pagar las diversas primas que se distribuían a todo el personal administrativo de la institución.

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Las extorsiones se establecían conforme a tablas estrictamente codificadas que, a finales del siglo XVII, comprendían una parte pagadera en especie y el resto en metálico (véase el cuadro I.2). Basándose en la información obtenida en ocasión de la visita llevada a cabo por el juez Juan de Gárate y Francia, se llega a la conclusión de que las concusiones alcanzaban sumas considerables. En el caso del galeón Marañón, de Caprasio Suárez, cuyo cargamento sin registro representaba más de 3 000 fanegas de cacao, de un total de 5 538, las malversaciones se elevaron a cerca de 10 000 pesos. A los montos fijos que dedujeron los responsables del puerto —80 pesos para los guardias y, en el momento del arribo, un pago suplementario cuyo monto exacto se ignora—,50 se añadió una suma de más de 9 000 pesos que dedujeron los oficiales de la real caja conforme a la tabla en vigor para el pago del buen pasaje.

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CUADRO I.2. Extorsiones que imponía la aduana de Veracruz (1676)

ABREVIATURAS: £ = libras; ps. = pesos; rs. = reales. FUENTES: interrogatorio de Gerónimo Duarte, dueño del galeón, en enero de 1676: AGI, Escribanía de cámara, legajo 295b, cuaderno 12, ff. 139-147; interrogatorio de Juan de Salazar, guardia de contaduría, en enero de 1676: legajo 295b, cuaderno 12, ff. 179-183, y, en febrero de 1676: legajo 295b, cuaderno 5, f. 34; interrogatorio de Antonio Fernández, maestre de galeón, en enero de 1676: legajo 295b, cuaderno 23, ff. 58-63; interrogatorio de Gonzalo Gatón y Valdés, piloto de galeón, en enero de 1676: legajo 296a, cuaderno 23, ff. 47-51; interrogatorio de Bernardo de Medina, maestre-piloto de galeón, en enero de 1676: legajo 296a, cuaderno 23, ff. 38-42; interrogatorio de Manuel de Escobar, en febrero de 1676: legajo 295b, cuaderno 5, f. 11; interrogatorio de Francisco Castellano, guardia de contaduría, en febrero de 1676: legajo 296b, cuaderno 27, ff. 112-121; interrogatorio de Sebastián Guillén, marinero: legajo 295b, cuaderno 13, ff. 44-51. 42

Independientemente del caso particular de ese único galeón, también es posible estimar las sumas relacionadas con el comercio de cacao obtenidas mediante extorsión por los responsables del puerto entre 1666 y 1673.51 De las 51 546 fanegas declaradas por las aduanas de Veracruz durante ese periodo, el visitador estimó el monto de los fraudes en 40 % de ese total, esto es, 20 618 fanegas. Lo anterior quiere decir que, en siete años, las sangrías impuestas a los comerciantes en el puerto de Veracruz representaron más de 51 000 pesos, es decir, 7 000 pesos por año únicamente por concepto del buen pasaje.

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La visita que llevó a cabo José de Gálvez cerca de un siglo más tarde también ofrece un enfoque estimado de las malversaciones que cometieron los agentes de la aduana de ese mismo puerto (véase el cuadro I.3). Si bien es cierto que algunas malversaciones se repiten sin grandes modificaciones, también lo es que el ánimo que predominaba en el momento de su percepción había llegado a ser muy diferente. La principal originalidad del sistema que se estableció en el transcurso del siglo XVIII residía en su aparente legalidad. En efecto, cuando se pone en relación las extorsiones aduanales con los impuestos que legalmente se debía pagar en el puerto de Veracruz, resulta posible determinar con precisión las condiciones y la extensión de los abusos que se cometían (véase el cuadro I.4). Así, la comparación de los datos muestra que las sangrías se llevaban a cabo en el marco del desenvolvimiento normal del funcionamiento administrativo: en realidad, la extorsión se limitaba a una sobretasa que se imponía a cada derecho legalmente establecido. La ventaja era evidente: una gran discreción, una estimación más amplia de la base de las percepciones —lo que permitía imponer tasas más bajas— y, por consiguiente, una menor resistencia de las víctimas.

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CUADRO I.3. Extorsiones impuestas por la aduana de Veracruz (1765-1766)

ABREVIATURAS: ps. = pesos; rs. = reales; pda. = partida; fs. = fanegas; bars. = barriles; @ = arrobas. FUENTES: interrogatorio de Pedro Truxillo, en julio de 1766: AHN, Consejos, legajo 21 463, documento 5; interrogatorio de Pedro Juan Fernández, ex escribano, Juan de Maiora, comerciante, José Madrigal, dueño de galeón, Juan Manuel Sierra, comerciante, Bernardo Rodríguez del Toro, comerciante, Bernardo de Amat, capitán de galeón, Ignacio de Legazi, comerciante, Juan Bautista Torrántegui, comerciante, y Nicolás Lazo de la Vega, comerciante, entre enero y mayo de 1766: AHN, Consejos, legajo 21 463, documento núm. 4. 44

Los beneficios que se obtenían mediante esas prácticas casi no diferían de los que se obtenían un siglo antes. La gama que los testigos ofrecían en lo concerniente a las sumas que se obtenía mediante la extorsión variaba de 2 000 a 8 000 pesos por año, diferencias que sin duda alguna correspondían a las fluctuaciones de la coyuntura comercial del puerto; sin embargo, para la mayoría de los testigos interrogados, el valor promedio anual se situaba más bien alrededor de los 7 000 pesos. Si se considera que los testigos eran ante todo comerciantes dedicados a la carrera de Campeche y al comercio de cacao, es legítimo admitir que su información se refiere exclusivamente a ese tipo de comercio, por lo que, para tener una idea más completa de lo que las extorsiones pudieron representar en el transcurso del siglo XVIII en provecho de los oficiales de la real caja de Veracruz, sería necesario agregarles las deducciones que imponían a los galeones provenientes de España y que, curiosamente, casi nunca aparecen en los documentos referentes a las visitas. 52 Entre un año y otro, los oficiales reales recibían alrededor de una decena de miles de pesos únicamente por concepto del buen pasaje, cifra que sería necesario duplicar al menos o incluso triplicar si se quiere tomar en consideración el comercio con la metrópoli, que era mucho más importante. Una comparación entre el monto estimado de las extorsiones y el de las deducciones fiscales efectivamente percibidas por la real caja de Veracruz sobre el comercio portuario permite establecer la extensión del fenómeno. Entre 1660 y 1740, tan sólo los diversos impuestos y tasas que pesaban sobre el comercio de importación redituaron un promedio de 128 748 pesos por año.53 Lo anterior quiere decir que tan sólo el botín del tipo buen pasaje que se dedujo en Veracruz a expensas de las mercaderías importadas representó entre 10 y 20 % del valor de estas últimas.

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CUADRO I.4. Derechos aduanales que se pagaban en el puerto de Veracruz (1720)

a

AHN, Consejos, legajo 21 463, documento 4, 1766. ABREVIATURAS: ps. = pesos; rs. = reales; pda. = partida; ton. = tonelada. FUENTE: Arancel de los derechos que se han de cobrar así en Cádiz como en los puertos de las Indias de los provistos en empleos, comerciantes, y dueños de galeones, en Reales decretos, órdenes y cédulas que el Consejo [de Indias] tiene en su tabla para lo que se ofresca sobre los respectivos asuntos de que tratan; BNM, ms. 19251, ff. 229-232 (t. 1, núm. 138, doc. 11, p. 65, del catálogo establecido por J. Paz, Catálogo de manuscritos referentes a América en la BNM, Madrid). 45

Independientemente del aspecto cuantitativo, la continuidad de las prácticas delictuosas en el puerto de Veracruz se presenta entonces como otro aspecto notable del fenómeno. A pesar de las adaptaciones de mera forma a las nuevas prácticas administrativas impuestas a todo lo largo del siglo,54 los oficiales reales del puerto lograban hacer engordar al cochino sin grandes dificultades. Finalmente, lo que se debe tener en cuenta es la adaptabilidad de los abusos administrativos: ni la sucesión regular de las visitas ni los repetidos intentos de reforma ni la voluntad explícita de la administración de llevar a cabo las verificaciones modificaron fundamentalmente el funcionamiento administrativo de la real caja de Veracruz.

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Ahora bien, esa conducta se prolongaba con mucha frecuencia debido a la intervención directa de los oficiales reales en el mundo del comercio. Sacando ventaja de su posición, se apoderaban por la fuerza de las mercaderías fraudulentas con el propósito de venderlas en su propio beneficio, para lo cual transformaban sus casas en verdaderos almacenes ilegales; y, apoyándose en su autoridad administrativa, imponían sus condiciones de venta a los otros comerciantes del lugar: fijación de precios a su conveniencia, manipulación de las subastas públicas, limitación de la competencia e incluso prohibición de venta, en caso necesario. Por lo demás, cuando les faltaban los fondos requeridos por sus actividades, no se privaban de sangrar la real caja que se encontraba bajo su responsabilidad; así, se hacían a sí mismos préstamos gratuitos, tanto más tentadores cuanto que vivían en una economía frecuentemente privada de liquidez, y entonces aguardaban las sustanciales plusvalías esperadas para posteriormente reintroducir el capital sustraído. En realidad, no era raro que, con el tiempo, esos “préstamos” se tradujeran en un descubierto para la real caja, debido a que el prestatario se veía en la imposibilidad, momentánea o definitiva, de restituir los fondos sustraídos. Ese tipo de dificultades era frecuente, como lo revelan los cortes de caja sorpresa que llevaban a cabo los visitadores, que así medían la importancia de las salidas ilegales de reales fondos consentidas por los oficiales reales. El balance que se hizo en noviembre de 1729 de la contabilidad del impuesto sobre el vino creado en junio de 1720, cuya deducción estaba a cargo de la contaduría de Veracruz, demuestra la importancia de los descubiertos. De acuerdo con los registros de la aduana, los caldos de toda clase que desembarcaron y declararon las flotas entre 1722 y 1728 representaron 58 860 barriles, 2 182 frasqueras y 2 070 botijas. A ese cálculo, establecido por Nicolás de Pozos, se

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agregaban las cantidades confiscadas, así como las entradas clandestinas cuyo rastro pudo encontrar el visitador, estimadas en un mínimo de 1 024 pipas. En total, en ese año de 1729 debían encontrarse en la real caja 136 477 pesos provenientes del impuesto sobre el vino, fijado en 12 pesos la media pipa de vino y aguardiente y en seis pesos el cuarto de pipa de vinagre. Ahora bien, el visitador únicamente encontró el rastro de 93 384 pesos; en consecuencia, faltaban 43 093 pesos, malversados por los oficiales reales, suma que prácticamente correspondía a la información de que había dado parte el virrey Casafuerte en un informe al Consejo de Indias en septiembre de 1729, en el que estimaba esas pérdidas en 40 000 pesos.55 La visita general de José de Gálvez medio siglo más tarde reveló exactamente las mismas prácticas en la mayoría de los ramos de la real caja: en una veintena de años, tan sólo en el caso de la cochinilla, lo malversado fue el equivalente a 1 639 zurrones; y encontró la misma situación en la administración de los fondos provenientes de los derechos sobre la vainilla, el vino y, también, el cacao. 56 47

Algo más banal y, también, menos arriesgado, dado que mantenía una forma exterior de legalidad, era el recurso de los oficiales reales al sistema de las facturas falsas. Éstas abarcaban todas las actividades que se pagaban con los reales fondos, muy especialmente las obras públicas relacionadas con el puerto y el aprovisionamiento de las flotas y la fuerza militar de San Juan de Ulúa. En el caso de esos negocios, debido a la precisión de las leyes que prohibían expresamente a los oficiales reales dedicarse al comercio, 57 estos últimos preferían recurrir por lo general a testaferros; sin embargo, no es raro observar que ciertos acusados ni siquiera se preocupaban por adoptar tales precauciones. 58 Una última categoría, en fin, era la concerniente, tanto en el puerto como en otros lugares, al incumplimiento de los reglamentos internos de la administración. Todos los visitadores designados para verificar la administración de esa real caja observaron unánimemente la misma falta de rigor, muy particularmente en lo relacionado con la falsificación de los libros de cuentas. Los abusos relativos a la teneduría de los libros de la real caja remiten a los cargos aportados en la acusación en contra de los oficiales reales de la ciudad de México condenados en 1728: subestimación de las mercaderías en valor y volumen, reiteradas borraduras, omisión del asiento de ciertos movimientos de caja, establecimiento de una contabilidad paralela y secreta, destrucción de pruebas como los borradores, etcétera. Dichos cargos confirman que todo ello constituía uno de los medios más comunes y corrientes para defenderse de los visitadores demasiado puntillosos.

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Los diversos abusos únicamente eran posibles mediante el recurso a grandes complicidades, las cuales se obtenían a través de la implicación de los otros responsables del puerto, civiles o militares, en los beneficios del tráfico: el gobernador de Veracruz, el castellano del fuerte y el guarda mayor del puerto se beneficiaban todos de un canon sobre las sumas deducidas, según las afirmaciones comunes a todos los testigos. La complicidad se revelaba esencial para el buen funcionamiento del sistema fraudulento, ¡ya que todo desacuerdo entre los beneficiarios se traducía ineluctablemente en la llegada de un visitador! A la solidaridad de intereses se sumaba también el nepotismo, que era una práctica generalizada en la contratación del personal subalterno de la real caja y, más habitualmente, en los mecanismos del clientelismo propios de la sociedad colonial; así, cada sector de la real caja se convertía en un coto reservado de los clanes familiares de los oficiales reales. Ahora bien, aun cuando esos usos no eran realmente abusivos —puesto que la ley autorizaba su práctica—, su existencia no hacía sino facilitar a los oficiales reales los excesos de toda clase.

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En consecuencia, los abusos de poder en el puerto de Veracruz correspondían a dos prácticas totalmente complementarias. Una se centraba en las malversaciones cometidas a expensas de las actividades comerciales y portuarias, malversaciones que se apoyaban en la desviación de las atribuciones conferidas a los oficiales de la Real Hacienda en el marco de las actividades económicas que estaban bajo su responsabilidad. La otra se refería al incumplimiento de los reglamentos administrativos, tanto para sacar provecho de la posición de autoridad en que se encontraban los oficiales reales como para ocultar los abusos a la mirada de las instancias superiores.

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¿Es aplicable la sombría realidad portuaria predominante en la real caja de Veracruz a las otras reales cajas de la Nueva España o era, por el contrario, una originalidad local en cuyo seno parecían conjugarse la lejanía relativa del centro de poder, la imbricación universal entre comercio y contrabando y una mayor tolerancia de la gente de la región, cuyo horizonte cotidiano se abría invariablemente sobre la inmensidad del océano? Responder a esta interrogante implicaría llevar a cabo un estudio tan preciso como el de Veracruz ¡a la escala de cada una de las reales cajas de la Nueva España! Desgraciadamente, la documentación existente no lo permite: la mayoría de las reales cajas del virreinato únicamente recibió una visita, cuando mucho, y tres de ellas, probablemente secundarias, no vislumbraron jamás ni siquiera la sombra de un visitador; 59 en cuanto a las otras, los documentos disponibles solamente permiten delimitar su situación.

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En todas partes, de México a Zacatecas, pasando por Acapulco, la anarquía relacionada con el funcionamiento interno de las reales cajas parece haber sido la regla común mejor compartida. Incumplimiento de las obligaciones profesionales, libros que no se llevaban o se llevaban mal, cuentas manipuladas, fondos malversados o al menos volatilizados, los abusos se repetían con monotonía de una real caja a otra, lo cual demuestra que constituyeron una constante de la administración de la Real Hacienda durante el periodo considerado; pero eso no era todo, ya que los malos manejos uniformemente denunciados se conjugaban con ciertas prácticas locales más específicas: a la manipulación del comercio intérlope‡ que llevaban a cabo los oficiales reales de los puertos con fines lucrativos correspondía el tráfico con el mercurio que llevaban a cabo los responsables de las reales cajas en el sector minero.

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En 1721, una comisión ordinaria confiada al juez Tristán Manuel de Rivadeneyra sobre el funcionamiento de la real caja de Zacatecas lo estimuló a remontarse más de 10 años atrás en la verificación de las cuentas. Entonces, el visitador se llevó la sorpresa de descubrir un pozo sin fondo evaluado en más de 160 000 pesos;60 además, la visita reveló lo extenso del recurso al crédito en la distribución del mercurio a los mineros, sin respeto alguno por las garantías que la ley imponía. La más notable era que el minero debía presentar a los oficiales de la real caja una lista de fiadores dispuestos a sustituirlo en caso de incumplimiento; pero, sobre todo, el plazo de pago no podía exceder de seis meses. Ahora bien, la práctica corriente descubierta en Zacatecas consistía en no exigir a los mineros ninguna fianza y, al mismo tiempo, acordarles créditos a un año o más contra el pago de un soborno, a una tasa promedio de 12 pesos por quintal de mercurio entregado, cuyo reparto se efectuaba conforme a reglas precisas: 10 pesos para los oficiales reales y un peso para el guarda mayor y el escribano.61

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Los mineros de Zacatecas aceptaban la extorsión debido a la escasez recurrente de mercurio en los parajes mineros; rehusarla equivalía a privarse de explotar su mineral. Con todo, los oficiales reales de Zacatecas, bien situados para controlar el vigoroso

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mercado local, no se contentaron con simples sobretasas. El desequilibrio estructural entre la oferta y la demanda de mercurio los estimuló a participar activamente en el mercado negro, a cuyo aprovisionamiento contribuían con el pretexto de las mermas que la administración toleraba en ocasión del transporte del producto a Zacatecas: sistemáticamente inflaban las pérdidas, que no había manera alguna de verificar. Así, en cinco años, por concepto de la evaporación, el tesorero, Martín Nicolás Verdugo de Haro y Dávila, había contabilizado 53 quintales de un total recibido de 1 447 quintales, a pesar de que, por su parte, Bernardo Alcalde Romeo, contador de la misma real caja, únicamente había deducido algunos años antes, en un periodo equivalente, cinco quintales de pérdida por 3 195 quintales recibidos.62 A dos oficiales reales se les ocurrió incluso organizar verdaderas puestas en escena, simulando la desaparición de mercurio bajo la apariencia de robos en el almacén o —pretexto más inesperado, habida cuenta del clima local— ¡a consecuencia de inundaciones! El mercurio evaporado se reintroducía posteriormente en el mercado durante los periodos de interrupción del aprovisionamiento, a precios sensiblemente superiores a los previstos por la ley; de esa manera, las diferencias de tarifa podían alcanzar una decena de pesos por quintal, esto es, un costo adicional de aproximadamente 10 % en comparación con el precio oficial.63 Finalmente, una vez que el minero pagaba el mercurio, no era raro que el oficial real reintegrara en las cuentas de la real caja todo o parte del mercurio desaparecido, en función de las necesidades del momento y una vez hecha la deducción de su retribución personal. En ese mercado negro entraban en juego sumas considerables: en 1721, cuando el visitador Tristán Manuel de Rivadeneyra interrogó a Juan Gil de Araguzo, corregidor de Zacatecas entre 1715 y 1720, este último afirmó que el comerciante José Guixaro disponía regularmente en su casa de una existencia de 40 a 50 quintales de mercurio que revendía en beneficio de un oficial de la real caja. Otro testigo confirmó la extensión del tráfico al informar que el oficial mayor de esa misma real caja poseía por su propia cuenta entre 8 000 y 9 000 pesos en créditos relativos a ventas ilegales de mercurio.64 54

La especulación con el mercurio iba acompañada del recurso sistemático a la retención de los fondos reales depositados en la real caja, lo cual permitía a los oficiales reales de esta última disponer sin dificultad de las sumas que necesitaban para hacer los préstamos destinados a los mineros con el propósito de que éstos pudieran poner en movimiento el mecanismo de compras e inversiones; así, la utilización con fines personales del mercurio recibido y de los fondos disponibles les aseguraba unas ganancias sustanciales, ya que los únicos riesgos verdaderos los corría la real caja. En ocasión de la visita de Tristán Manuel de Rivadeneyra, los fondos retenidos en la real caja por los oficiales reales de Zacatecas representaban los ingresos de al menos un año de distribución de mercurio, es decir, cerca de 100 000 pesos.65 Cogidos de sorpresa por la inopinada intervención del visitador, los oficiales reales tuvieron muchísimas dificultades para recuperar los créditos entre sus deudores, aunque finalmente lograron reintegrar la mayor parte de ellos en unas cuantas semanas.66

55

Veracruz, Zacatecas y…, se vería uno tentado a preguntar, ¿en otros lugares? En cada real caja se daban abusos en estrecha relación con la especificidad económica de su entorno. A semejanza de las dos anteriores, en la real caja de la ciudad de México se daban extorsiones vinculadas con su función de real caja matriz. Si bien es cierto que cada real caja del virreinato era autónoma en su funcionamiento, existía, no obstante, una verdadera jerarquía: la real caja de la ciudad de México, la más antigua de todas las existentes, centralizaba los capitales reales que circulaban de un extremo a otro de la

42

Nueva España. Lo anterior quiere decir que, idealmente, la caja matriz debía ser irrigada permanentemente con los capitales percibidos a través de todas las otras reales cajas subalternas. De hecho, aun cuando la práctica de las transferencias era más que irregular, en el transcurso del siglo XVIII las sumas que circularon en la real caja de la ciudad de México durante cada año alcanzaron fácilmente varios millones de pesos. Con mucha frecuencia, esos capitales no hacían sino transitar a través de los libros de cuentas de los oficiales reales; sin embargo, a semejanza de la conclusión establecida en el caso de Veracruz o Zacatecas, la tentación de hacer trabajar esos capitales en tránsito era fuerte, y la práctica de las regalías sobre las libranzas era únicamente uno de sus aspectos. A fin de cuentas, el tráfico con las libranzas, cuya geografía superaba con mucho el marco exclusivo de la Nueva España, era únicamente la transposición de los abusos observados en otras partes a las características económicas de la real caja de la ciudad de México. La función propiamente financiera de la caja matriz se encuentra también en la práctica de las deducciones que se efectuaban a expensas del rey. En 1730, en ocasión del corte de caja que llevó a cabo, Gabriel Guerrero de Árdila, contador del Tribunal de Cuentas de México, sacó a la luz del día malversaciones por un total de 48 133 pesos; 67 sin embargo, no había en ello ninguna especificidad de la real caja de la ciudad de México: si bien es cierto que su función permitía la aparición de esas prácticas, también lo es que regularmente se encuentran denuncias de ellas en otros lugares —en Guadalajara, por ejemplo, donde, en 1678, los oficiales reales habían tomado prestados cerca de 40 000 pesos—,68 lo cual demuestra la generalidad de las sangrías, que contribuían a alimentar el sistema del crédito en todo el virreinato. La actividad financiera de los oficiales reales, poco conocida aunque sostenida, aclara la recepción que las élites locales reservaban a esos representantes reales que desembarcaban de la metrópoli. 56

Si bien es evidente que los abusos que se practicaron en las reales cajas de la Nueva España entre 1660 y 1780 se repetían con regularidad, también es importante hacer notar, no obstante, la adaptación de las prácticas al medio local. Los oficiales reales, amos del juego en virtud de sus funciones y su poder, estaban en condiciones de abusar del funcionamiento de la economía regional para satisfacer sus intereses personales. Así, la asombrosa adaptabilidad de los abusos se convertía en la garantía de su eficacia y también, sin duda, de su perpetuación. Consecuentemente, lejos de presentarse como un simple epifenómeno de la historia colonial reducido al rango de anécdota, los excesos generalizados caracterizaban el funcionamiento de la administración de la Real Hacienda. Lejos de los reglamentos, frecuentemente puntillosos pero poco aplicables debido a su complejidad, la realidad administrativa que revela la abundancia de documentos judiciales resulta muy prosaica. El oficial real de la Nueva España se revela como un individuo para quien el interés principal no era probablemente el de su rey: más preocupado por las ganancias personales, se estimaba con el derecho de servirse ampliamente de los fondos que le eran confiados; sin embargo, no sentía que perteneciera necesariamente a la justicia. Tan sólo de manera muy frecuentemente accidental, a consecuencia de las malas inversiones, se resignaba a imputar sus pérdidas totales o parciales a la propia real caja. En su opinión, entre cada transferencia destinada a la real caja matriz, que, por lo demás, era deseable espaciar tanto como se pudiera, las sumas depositadas podían trabajar en su provecho. La obligación de presentar fiadores contribuía marcadamente a alimentar la idea de la impunidad: llegado el momento, siempre era posible restituir por medio de ellos las sumas extraviadas. Los alegatos de defensa que los oficiales reales o sus abogados presentaban en el marco de los procesos que se les seguían también confirman lo anterior: jamás se traslucía sentimiento alguno

43

de culpabilidad, ya que el alegato se mantenía siempre en el plano de la forma, sin abordar nunca el fondo de la acusación. Consecuentemente, el estudio de las prácticas administrativas observadas en lo cotidiano revela ante todo, quizá, la rentabilización hábil, inteligente y sistemática del oficio que ejercían y las atribuciones que poseían. Todas esas pequeñas ganancias extra constituían lo que los oficiales reales llamaban, en su lengua común pero muy expresiva, sus aprovechamientos lícitos e ilícitos. Ahora, vale la pena volver a situar en contexto esas posibilidades, que los oficiales reales tomaban ampliamente en cuenta en el ejercicio del poder, a través del estudio del aparato administrativo de la Real Hacienda de la Nueva España de los siglos XVII y XVIII.

NOTAS 1. AGI, Escribanía de cámara, legajo 267b, cuaderno s. n., f. 3. 2. En el marco de la denuncia que hizo en contra de los oficiales reales en septiembre de 1725, el virrey mencionó una suma muy superior, esto es, 32 0000 pesos:

AGI,

Audiencia de México, legajo

632. Un año más tarde, en septiembre de 1726, en el informe que acompañó al conjunto de procedimientos llevados a cabo en el transcurso de la visita, dirigido al Consejo de Indias, el mismo virrey evaluó la suma total malversada por los oficiales reales en 323 840 pesos:

AGI,

Escribanía de cámara, legajo 268a, cuaderno 27, f. 161. 3. AGI, Escribanía de cámara, legajo 267b, cuaderno 23, f. 2. 4. Si bien la Gaceta de México guardó silencio sobre la llegada de las noticias en el caso de 1729, sí mencionó, en cambio, la amnistía y la orden de reintegración que recibió en enero de 1742 en la ciudad de México el último superviviente de los inculpados, lo cual es una prueba del interés que se atribuía a esa prolongada causa criminal, de repercusiones a menudo inesperadas; véase Juan Francisco Sahagún de Arévalo y Ladrón de Guevara, La Gaceta de México (1722-1742), vol. 3, núm. 146, México, 1986, p. 1156. 5. Amalia Gómez Gómez, Las visitas de la Real Hacienda novohispana en el reinado de Felipe V, Sevilla, 1979, pp. 37-38. 6. AGI, Audiencia de México, legajo 557. 7. AGI, Audiencia de México, legajo 788. 8. En octubre de 1716: AGI, Audiencia de México, legajo 789, cuaderno 5. 9. Amalia Gómez Gómez, Las visitas de la Real Hacienda…, op. cit., pp. 158-169. 10. AGI, Audiencia de México, legajo 792a, cuaderno 1. 11. Mark A. Burkholder y Dewit S. Chandler, Biographical Dictionary of Audiencia Ministers in the Americas (1687-1821), Westport, 1982, pp. 251-252. 12. AGI, Audiencia de México, legajo 789. 13. En todo caso, es la hipótesis que parece haber tomado en cuenta Amalia Gómez Gómez, en Las visitas de la Real Hacienda…, op. cit., pp. 182-185, después de haber estudiado el alegato, AGI, Audiencia de México, legajo 789. 14. AGI, Escribanía de cámara, legajo 267a, cuaderno 2, f. 101. 15.

AGI,

(1726).

Escribanía de cámara, legajo 267a, cuaderno 1, ff. 1-9, y

AGI,

Indiferente general, legajo 165

44

16. En su informe de mayo de 1725 dirigido al virrey, recordaba la acción emprendida en contra de los oficiales en 1716 y escribía a propósito de ellos: “Son ambiciosos, desobedientes y desleales, sin embargo de haber sido suspendidos por el fiscal en virtud de comisión de S. M. de febrero de 1716, por regalías exorbitantes en pagos de libranzas y otros cargos”:

AGI,

Escribanía de cámara,

legajo 267a, cuaderno 1, ff. 1-5. 17. AGI, Escribanía de cámara, legajo 267a, cuaderno 1, f. 15. 18. AGI, Escribanía de cámara, legajo 267b, cuaderno 20, f. 10. 19. AGI, Escribanía de cámara, legajo 267a, cuaderno 1, ff. 9-10. 20. AGI, Escribanía de cámara, legajo 267b, cuaderno s. n., ff. 1-2, y cuaderno 20, f. 10. 21. Juan de Solórzano y Pereira, Política indiana, 5 vols., prólogo de M. A. Ochoa Brun, Madrid, 1972. 22. Bernard Lepetit, “De l’échelle en histoire”, en Jacques Revel (coord.), Jeux d’échelles. La microanalyse à l’expérience, París, 1996, pp. 91-94. 23. AGI, Escribanía de cámara, legajo 267a, cuaderno 1, f. 21 v. 24. Testimonio de los autos fechos a pedimiento de los oficiales reales de esta corte:

AGI,

Audiencia de

México, legajo 632, 64 ff. En los legajos 327, 472, 736 y 737 de la sección Audiencia de México del

AGI,

se encontraron menciones complementarias de esa querella jurídico-administrativa. 25. AGI, Audiencia de México, legajo 562, f. 8 v. 26. AGI, Escribanía de cámara, legajo 267a, cuaderno 2, f. 34. 27. En realidad, todo un conjunto de leyes hacía responsables a los oficiales de la Real Hacienda de la verificación; así, las leyes 3 a 6 del libro 8, título 28, de la Recopilación de leyes de indias, establecían la realización de verificaciones acerca de la legalidad de las libranzas recibidas y habilitaban a los oficiales para rehusar todo pago del que sospecharan que sus características eran ilegales o abusivas y, en ese caso, disponían que debían recurrir a los fiscales de la Audiencia; la ley 18, del libro 8, título 28, y la ley 95, del libro 8, título 1, les ordenaban verificar que los beneficiarios de los pagos no fueran deudores de la Real Hacienda, y, en fin, las sumarias establecidas por J. F. de Montemayor a partir de las reales cédulas del 30 de marzo de 1670 y del 31 de enero de 1678, incluidas en el libro 5, título 9, de la misma Recopilación de leyes de Indias, establecían que los oficiales reales debían exigir fianzas a los beneficiarios cuando el pago que se debía efectuar pareciera excesivo:

AGI,

Audiencia de México, legajo 632, f. 47, y

AGI,

Escribanía de

cámara, legajo 267a, cuaderno 1, ff. 21 y ss. 28. Según Prudencio de Palacios, el visto tenía claramente un doble significado: se aplicaba, en primer lugar, a la legitimidad de la libranza y, en segundo lugar, significaba también que el beneficiario no tenía ninguna deuda con la Real Hacienda:

AGI,

Escribanía de cámara, idem. Por el

contrario, los contadores del Tribunal de Cuentas rehusaban una interpretación que, en su opinión, libraba totalmente de responsabilidad a los oficiales reales: AGI, Audiencia de México, legajo 632. 29.

AGI,

Audiencia de México, legajo 632, ff. 14-16. Prudencio de Palacios estableció su

interpretación basándose precisamente en la que propuso el alcalde del crimen, Juan Sáenz de Moreno: AGI, Escribanía de cámara, legajo 267a, cuaderno 1. 30. AGI, Audiencia de México, legajo 632, ff. 21 y 62. 31. AGI, Escribanía de cámara, legajo 267a, cuaderno 2, ff. 106-121. 32. AGI, Escribanía de cámara, legajo 267a, cuadernos 1, 2 y 16. 33. Archivo General de Notarías de México (AGNM), Notaría 307, libro 2111, ff. 3 y ss. 34. AGI, Escribanía de cámara, legajo 267a, cuaderno 2, f. 107. 35. AGI, Escribanía de cámara, legajo 267a, cuaderno 1, ff. 1-9, y cuaderno 27, f. 161. Según el virrey Casafuerte, la suma de los pagos ilícitos bajo su predecesor alcanzó cerca de 400 000 pesos; idem. 36. Idem.

45

37. Como lo subrayaba en junio de 1725 el fiscal de la Audiencia, Prudencio de Palacios: para hacer frente a las necesidades del aparato colonial, la escasez regular de fondos disponibles en la real caja de la ciudad de México suponía la suscripción de préstamos con proveedores de fondos de la sociedad colonial (AGI, Escribanía de cámara, legajo 267a, cuaderno 1, f. 16); y, por lo general, muchos de los allegados de los oficiales reales suministraban los préstamos, que negociaban los propios oficiales reales. En marzo de 1716, los oficiales reales de Veracruz, que afirmaban no tener capacidad para disponer de 70 000 pesos destinados al pago de la tropa del fuerte de San Juan de Ulúa, prestaron el dinero necesario de sus haberes personales y de los de sus allegados ( AGI,

Escribanía de cámara, legajo 298b, cuaderno 26, ff. 405-407); consecuentemente, el sistema los

beneficiaba por partida doble: en ocasión del pago prioritario de las libranzas y en ocasión de la concesión de préstamos con tasas de interés particularmente ventajosas. 38.

AGI,

Escribanía de cámara, legajo 267a, cuaderno 2, f. 119. La presentación de los fiadores por

todo titular de un arrendamiento era una garantía para el Estado: en caso de incumplimiento del contrato, el Estado se volvía contra ellos; en consecuencia, ese compromiso era arriesgado, lo que explica la difícil constitución de las listas, que incluían, ante todo, amigos, protectores o protegidos; y no era raro presentar listas incompletas o que incluyeran a individuos ficticios o ya fallecidos. La verificación de la lista incumbía a los oficiales reales, ¡por lo que la “compra” de su buena voluntad se revelaba indispensable! 39. AGI, Escribanía de cámara, legajo 267a, cuaderno 6, f. 132. 40. AGI, Escribanía de cámara, legajo 267a, cuaderno 2, f. 70. 41. Probablemente sea excesiva la estimación que propuso Manuel Ángel de Villegas Puente; sin embargo, ello sugiere utilizar con cautela los datos calculados extraídos de los libros de cuentas de las reales cajas americanas: AGI, Escribanía de cámara, legajo 267a, cuaderno 2, ff. 89-102. 42. AGI, Escribanía de cámara, legajo 267a, cuaderno 2, f. 103. 43. Copia de consulta que hizo el marqués de Villamediana al virrey marqués de Casafuerte el 28 de setiembre de 1726: AGI, Audiencia de México, legajo 734. 44. Idem. 45. AGI, Escribanía de cámara, legajo 268c, cuaderno 1, f. 71. 46. AGI, Escribanía de cámara, legajo 267a, cuaderno 2, f. 43. 47. Idem. 48. AGI, Escribanía de cámara, legajo 268c, cuaderno 10, ff. 318-332. La lev preveía su embargo y el de todos los metales sin el real sello, a lo que se añadía el embargo de la mitad de los bienes de los defraudadores. 49.

AGI,

Escribanía de cámara, legajo 303a. La décima visita general llevada a cabo en Veracruz

habría de efectuarla José de Gálvez en diciembre de 1765. 50. Sobre la base de los otros testimonios, teniendo en cuenta el hecho de que la importancia de esa dádiva era generalmente proporcional al volumen transportado, se puede estimar el monto en una o dos fanegas como mínimo. 51. Estos datos fueron obtenidos por Juan de Gárate y Francia; véase Michel Bertrand, “Sociétés secretes et finances publiques. Fraudes et fraudeurs á Veracruz aux

XVIIe

et

XVIIIe

siècles”, en

Mélanges de la Casa de Velázquez, t. XXVI/2, París, 1990. 52. Probablemente su ausencia no significa que esos galeones escaparan totalmente a los gravámenes fraudulentos, sino que es el resultado de los periodos de las visitas que se llevaron a cabo posteriormente a la presencia de las últimas flotas y a las ferias de Jalapa. Algunos testigos sólo mencionan puntualmente algunas sobretasas que habían sido impuestas a tal o cual comerciante que después había vuelto a España y, por lo tanto, ya no se encontraba presente en el momento de la visita; así, Roque de Montero, un español residente desde 1725 en Veracruz, menciona las diferencias de un capitán de galeón español con los oficiales reales, quienes le exigían el pago de una sobretasa (AGI, Escribanía de cámara, legajo 303a, cuaderno 3, ff. 1-4). En AGI,

46

Escribanía de cámara, legajos 295b y 296a y b, se encuentran otros casos del mismo tipo; sin embargo, no se debe descartar que el sistema de las flotas y la intervención en esa ocasión de los comerciantes más poderosos de la Nueva España no hayan facilitado la tarea de los oficiales reales, lo que quizá provocó que se mostrasen más moderados. 53. A partir de los balances anuales hechos oficio por oficio, se pudieron encontrar las sumas provenientes de los impuestos que afectaban a las importaciones, es decir, del almojarifazgo, la avería y la armada de barlovento; véase John J. Te Paske y Herbert S. Klein, Ingresos y egresos de la Real Hacienda de la Nueva España, 2 vols., México, 1986. Para obtener el promedio, únicamente se tomaron en consideración los periodos 1660-1679, 1690-1709 y 1720-1739. 54. La parte importante de la evolución equivale al nuevo método de cálculo de los impuestos que pesaban sobre el comercio después de 1720; véase Michel Bertrand, “Sociétés secretes…”, op. cit., nota 9, y Antonio García-Baquero González, Cádiz y el Atlántico (1717-1778), el comercio colonial español bajo el monopolio gaditano, 2 vols., EEHA/CSIC, Sevilla, 1976, cap. 4. 55. AGI, Escribanía de cámara, legajo 303a, cuaderno 6, ff. 27 a 54, y cuaderno 28, ff. 1-4. 56. AHN, Sección de Consejos, legajo 21464, documento núm. 30. 57. Ismael Sánchez Bella, La organización financiera de las Indias (siglo XVI), Sevilla, 1968. 58. Por esa razón, Francisco de Siscara y Ramírez aparece bajo su propio nombre en los cuadernos de cuentas de su compadre Pedro de Roxas; por el contrario, sus colegas Juan Manuel de Santelices y José Camino Velasco recurrían a testaferros seleccionados entre sus allegados: AGI. Escribanía de cámara, legajo 303a, cuaderno 5. 59. Se trata de las reales cajas periféricas de Cajamarca-Zimapán, Bolaños y Sombrerete; a estas últimas, sería conveniente agregar la caja que compartían Mérida y Campeche, todavía más alejada, aunque formaba parte de la Nueva España, es decir, la de Yucatán. 60. AGI, Escribanía de cámara, legajo 265a, cuaderno 2, ff. 146 y ss. 61. No era raro ver que el monto del soborno se elevara a la suma de 18 pesos por quintal, según Juan José de Veytia Linage, administrador de la contaduría del azogue en 1720 ( AGI, Escribanía de cámara, legajo 265a, cuaderno 31, ff. 5 a 7); sin embargo, ciertas dádivas no superaban a veces la suma, más modesta, de seis pesos por quintal (AGI, Escribanía de cámara, legajo 265a, cuaderno 2, f. 353); las variaciones se daban en función tanto de la personalidad del minero como de la cantidad de mercurio que se distribuía. 62. AGI, Escribanía de cámara, legajo 265c, cuaderno 24, anexo 2, ff. 3-5. Por lo demás, el visitador recuerda las pérdidas acordadas en beneficio de los transportistas: entre 1711 y 1720, ¡apenas alcanzaron un poco más de nueve quintales!: AGI, Escribanía de cámara, legajo 265a, cuaderno 8, f. 29. 63. Según el juez Tristán Manuel de Rivadeneyra Luna y Arellano, el precio oficial fue establecido en 1721 en 60 ducados por quintal, es decir, alrededor de 82 pesos, mientras que el precio de venta en el mercado negro superaba los 90 pesos por quintal ( AGI, Escribanía de cámara, legajo 265a, cuaderno 2, f. 116). 64. AGI, Escribanía de cámara, legajo 265a, cuaderno 2, ff. 33-35 y 43. 65. AGI, Escribanía de cámara, legajo 265a, cuaderno 31, f. 12, y cuaderno 2, ff. 2-3. 66. Idem; véase también Michel Bertrand, “El ansia de riquezas. Los oficiales reales dentro de la economía colonial”, en

INAH/Gobierno

del Estado de Zacatecas/UAZ, El mundo colonial. Examen de

una historia. Actas del Primer Congreso Internacional de Historia, Zacatecas, 1996. 67. Amalia Gómez Gómez, Las visitas de la Real Hacienda…, op. cit., p. 230. 68. AGI, Escribanía de cámara, legajo 399c, cuaderno 18, f. 1.

47

NOTAS FINALES *. Véase el glosario. †. Véase el glosario. ‡. Véase el glosario.

48

II. La administración de la Real Hacienda de la Nueva España

1

de los abusos de una real caja a otra de la Nueva España a todo lo largo del periodo en estudio obliga a interrogarse sobre los fundamentos de esa situación. En efecto, no sería posible satisfacerse con respuestas de connotaciones morales que hicieran referencia a la debilidad de los individuos o a la tentación irreprimible ante la abundancia de las riquezas que circulaban en la administración de la Real Hacienda; pero, en esa historia de anomalías administrativas, se está igualmente lejos de la idea de negar lo correspondiente a lo singular, a lo individual y, por lo tanto, a los acontecimientos: en el desenvolvimiento de esos fenómenos heterodoxos, todos esos aspectos constituyen factores que no se pueden pasar por alto; sin embargo, parece necesario y mucho más importante reflexionar sobre las condiciones generales que, en una administración determinada, permiten la práctica de los abusos, cuando no la legitiman a los ojos de quienes los cometen. Consecuentemente, es necesario reflexionar sobre los factores que alimentan la permanencia de los delitos y su perpetuación, independientemente de las sanciones que puedan ser impuestas o de las reformas que puedan ser decididas. Desde esa perspectiva, con el propósito de situar en su contexto las anomalías observadas, no se puede, en primer lugar, dejar de lado el análisis de la estructura administrativa, sus reglas internas y sus normas de funcionamiento. Ahora bien, en lo concerniente a la Real Hacienda de la Nueva España, es posible distinguir al menos tres planos de enfoque que permiten situar a los oficiales reales en su marco profesional.

LA GENERALIZACIÓN

UNA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA TAMBALEANTE 2

Un primer factor que actúa sobre la presencia generalizada de los fenómenos de corrupción reside en la estructura misma de la administración de que se trate. La realidad fundamental en torno a la que se estructuraba la administración de la Real Hacienda era la distancia: esa restricción era precisamente lo que condicionaba las relaciones que se mantenían entre el corazón político y administrativo del virreinato —la ciudad de México — y los centros vitales de la administración de la Real Hacienda —las reales cajas—. La creación de centros administrativos de la Real Hacienda en el virreinato iba aparejada con la expansión geográfica de la colonia. Lo anterior quiere decir que, después de pasado

49

muy poco tiempo, a medida que se daba la expansión septentrional de la Nueva España, las nuevas cabezas de distrito provinciales instituidas se encontraban cada vez más alejadas de la capital colonial.

FIGURA II.1. Plano del edificio de la aduana construida en Acapulco en 1627, Archivo General de la Nación, Mapoteca, 615, México. 3

El factor de la distancia se reveló tanto más importante para el funcionamiento de la administración de la Real Hacienda de la Nueva España cuanto que dicha administración se estructuró a partir de las reales cajas. La elección del lugar de instalación de una real caja se hacía siempre a partir de un criterio de orden económico: en toda región que pudiera poseer riquezas que estuvieran sometidas a las deducciones fiscales de la Corona, se promovía su principal centro económico al rango de real caja. De esa manera, lo esencial de la red de las reales cajas de la Nueva España ya había quedado constituido prácticamente desde finales del siglo XVI. En esa época existían ya 10 centros, correspondientes cada uno a regiones económicas y humanas claramente definidas. A la real caja de la ciudad de México, la primera fundada en la Nueva España en 1521, habían llegado a sumarse las reales cajas establecidas en cada uno de los dos principales puertos de la época: Veracruz y Campeche, éste con cabecera en Mérida.1 Posteriormente, en el transcurso de la segunda mitad del siglo XVI, se establecieron reales cajas progresivamente en las ciudades que servían como relevo administrativo con la capital del virreinato, como Guadalajara, en el caso de la provincia de la Nueva Galicia. 2 Paralelamente a la creación de las reales cajas, estrechamente vinculada al desenvolvimiento del aparato administrativo colonial, en el transcurso de ese mismo periodo y en la primera mitad del siglo XVII, se instituyeron reales cajas en los centros económicos en desarrollo. En el caso de la Nueva España, se trató sobre todo de los centros mineros septentrionales correspondientes a la puesta en explotación económica progresiva del norte mexicano. De esa manera fueron establecidas sucesivamente las reales cajas de Zacatecas, en 1570; Durango, en 1575, y, posteriormente, San Luis Potosí,

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en 1626.3 Simultáneamente a la expansión septentrional, se estableció la real caja de Acapulco, en 1597.4 La prolongación del lento desenvolvimiento en el transcurso del siglo XVII y la reanudación de la producción minera en la segunda mitad de ese siglo contribuyeron a dar los últimos toques a esa primera red administrativa. Después de 1660 fueron establecidas sucesivamente las reales cajas de Guanajuato, en 1665; Pachuca, en 1667, y, finalmente, Sombrerete, en 1681.5 Así, a finales del siglo XVII, la red administrativa de las reales cajas había adquirido su carácter casi definitivo. En esa época existían ocho reales cajas en la Nueva España stricto sensu y cuatro en la Nueva Galicia, si se toma en consideración la de Cajamarca, que únicamente parece haber tenido una existencia poco más que episódica: debido a que estaba sometida a las incursiones de los indios nómades del norte y únicamente disponía de un solo oficial de la Real Hacienda, su existencia era muy precaria. En efecto, esa real caja, contabilizada en 1693 en un atestado redactado por el virrey para el Consejo de Indias,6 parece haber estado cerrada en 1710, cuando el visitador Francisco de Pagabe reclamó los informes relativos a las reales cajas en actividad que se preparaba a visitar.7 Más adelante, en 1720, la real caja de Cajamarca fue desplazada definitivamente a Zimapán, pues se consideraba que la de esta última población ya había sido fundada oficialmente y había comenzado a funcionar en ese entonces.8 4

Posteriormente, la red administrativa comenzada en el transcurso de los dos primeros siglos de colonización ya sólo recibió retoques y se mantuvo en lo fundamental hasta finales del siglo XVIII. Únicamente la puesta en explotación de nuevos centros mineros en las regiones más aisladas del norte del virreinato dio pie al surgimiento de una última real caja: en 1751, como consecuencia del descubrimiento de unas ricas minas argentíferas, se estableció una decimotercera real caja en Bolaños.9 Fuera de ese último retoque, el tejido administrativo de las reales cajas permaneció sin cambios desde finales del siglo XVII hasta finales del XVIII. En efecto, la malla sólo se ensanchó nuevamente en los decenios de 1780 y 1790, con la fundación de seis nuevas reales cajas, que contribuyeron a hacer más tupida la red administrativa existente;10 sin embargo, se hace necesario aportar una última precisión: además de la red regional constituida en torno a la Nueva España, geográficamente homogénea, existían muchas reales cajas periféricas; por supuesto, estas últimas dependían de la lejana autoridad de la real caja matriz de la ciudad de México, pero no pertenecían a la Nueva España en el sentido administrativo del término, por lo que se decidió no incluirlas en este estudio.11

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A la vista de la cartografía administrativa trazada no se puede evitar subrayar una debilidad muy importante: la inexistencia absoluta de una real caja en la región meridional de la Nueva España, correspondiente a la villa de Oaxaca. Entre la real caja de la ciudad de México y la de Santiago de Guatemala, que administraba los asuntos de la Capitanía General, de la que dependía Chiapas, reinaba de hecho un verdadero vacío administrativo en lo relativo a la región del Marquesado del Valle; y sólo fue después de la Independencia cuando la ciudad y su región se integraron efectivamente al conjunto administrativo de la Hacienda del nuevo Estado.12

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En consecuencia, es evidente que la densidad de la malla administrativa de la Real Hacienda era manifiestamente insuficiente, debido a que las circunscripciones que se crearon para asignarlas a cada una de las reales cajas eran muy vastas y las distancias resultantes perturbaban la buena marcha de la administración, como se quejaban regularmente los oficiales de la Real Hacienda. El funcionamiento de la real caja de Durango, la más alejada de la capital virreinal, es muy esclarecedor desde ese punto de

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vista: dado que, desde su fundación, únicamente dispuso de un solo oficial real, sin subalterno alguno, su carga de trabajo era particularmente considerable. En octubre de 1680, el gobernador de la Nueva Vizcaya, Bartolomé de Estrada, describía así las obligaciones del titular: “[Hacer los] pagos de infantería y religiosos, toma de razón de los oficios que se probeen por este gobierno, dar expediente a los informes y certificaciones que se piden, para todo lo cual los papeles y libros que puedan tener la claridad que conviene”.13 7

La multiplicación de las obligaciones y, sobre todo, la dispersión geográfica a que se encontraba sujeto el oficial real impusieron una ampliación progresiva de la estructura existente. En 1682 se creó un primer cargo de oficial subalterno como consecuencia de las numerosas solicitudes del oficial real entonces en funciones, Pedro de Iriarte, solicitudes que el gobernador de la provincia y el fiscal de la Audiencia de Guadalajara no cesaron de apoyar.14 En 1688 se tomó oficialmente la decisión de crear un segundo cargo de oficial real,15 decisión que no logró imponerse sin debate ni conflicto, 16 si bien, finalmente, la resolución fue que se instituyera un nuevo cargo de oficial de la real caja de Durango destinado en agregación al asentamiento de El Parral, pero cuya responsabilidad se limitaba a la administración de los azogues. De esa manera se le privó del derecho de quintar el metal y de efectuar pago alguno, responsabilidades que permanecieron asignadas a la real caja de Durango. A falta de voluntarios para un puesto tan poco atractivo, se decidió que cada uno de los dos oficiales reales de Durango se sucediera alternadamente en el establecimiento minero. Ante el poco entusiasmo por el funcionamiento en alternancia, en enero de 1690 se consideró por un breve tiempo la creación de un tercer cargo de oficial real con residencia permanente en El Parral y financiado por los mineros del lugar, pero el proyecto abortó muy rápidamente, por lo que se volvió a la idea inicial de la alternancia. Los oficiales reales de Durango se encargaban por turnos, durante un año, de la distribución del azogue y la recaudación de los impuestos correspondientes al establecimiento de El Parral.17 A pesar de las quejas recurrentes de los oficiales reales en funciones, el sistema fue confirmado mediante una real cédula del 10 de agosto de 1702 y se mantuvo durante todo el periodo de actividad del asentamiento minero, hasta que, en octubre de 1760, después de muchas quejas y recriminaciones en contra de ese sistema, que los oficiales reales de Durango nunca dejaron de aplicar a regañadientes, la obligación de la alternancia fue suprimida por decisión del Consejo de Indias.18

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Con todo, el desplazamiento de los oficiales reales al frente de una real caja con varios titulares no tenía nada de excepcional. El mismo sistema se había impuesto a los responsables de la real caja de Yucatán: desde su fundación, sus oficiales reales, establecidos en Mérida, se contentaban con enviar a Campeche a un representante que ejercía ahí bajo la total responsabilidad de aquéllos. Ahora bien, mediante una real cédula del 30 de septiembre de 1675 se prefirió establecer la rotación anual entre los tres oficiales reales de Mérida; y, una decena de años más tarde, la alternancia adoptó un ritmo bienal, antes de ser abandonada puntualmente a lo largo de una treintena de años en 1690;19 sin embargo, debido al desacuerdo creciente entre los oficiales reales, surgido precisamente a causa de la distribución de las asignaciones entre los dos centros, en 1719 se volvió al sistema anterior.20 En otros lugares, muy particularmente en el caso de las reales cajas del norte, la extensión de cada una de las circunscripciones imponía a sus oficiales reales desplazamientos continuos de la misma magnitud; tal era el caso de los oficiales reales de la real caja de Zacatecas antes de la fundación de Sombrerete o de

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Bolaños;21 y, también, el de los que estaban afectados a la real caja de San Luis Potosí; 22 sin embargo, tales decisiones no favorecían el buen funcionamiento de las instituciones: el ausentismo, la acumulación del rezago, la desaparición de hecho de la práctica de la supervisión recíproca, la mala teneduría de los libros de cuentas, la falta de rigor y el incumplimiento de las obligaciones eran manifiestamente inherentes a la movilidad que se imponía a los oficiales reales. 9

A la estructura administrativa básica que se fundamentaba en las reales cajas dispersas en las provincias del virreinato se sumaban las contadurías encargadas de la administración de una renta real específica. Las contadurías especializadas se multiplicaron con el tiempo, descargando progresivamente a las reales cajas de una parte de sus obligaciones. La creación de la contaduría encargada de los tributos de la Nueva España se remonta a 1598 y claramente parece haber sido una de las primeras instituciones de ese género, junto con la que se creó para la administración de las alcabalas. Su fundación había hecho necesaria la creación de un nuevo oficio, diferente a los instituidos en la real caja de la ciudad de México, y su titular adoptó el título de “juez contador administrador general de las alcabalas”.23 Posteriormente se instauraron de forma progresiva otros servicios del mismo tipo, cada uno asignado a una renta real en particular. De una manera general, las contadurías administraban un impuesto o un arancel preciso a la escala del virreinato —el tributo, la alcabala y la arribada, por ejemplo—; y, de una manera más amplia, garantizaban el seguimiento de la administración de esas reales rentas, que a menudo se prefería arrendar. En este último caso, su responsabilidad se limitaba a recibir las cuentas de los arrendatarios y transmitirlas al Tribunal de Cuentas para su verificación. Las contadurías se encargaban también de la administración de los diferentes monopolios reales: el azogue, los naipes y, más tarde, el tabaco. En 1693, al enumerar las diferentes contadurías existentes, el Tribunal de Cuentas de México contabilizó 14 de ellas en el virreinato. A las principales contadurías —que administraban los tributos y el azogue, la aduana y las alcabalas de la ciudad de México, los naipes, el papel sellado y el impuesto de la media anata— se sumaban algunos servicios especializados, generalmente menos prestigiosos: la acuñación de moneda y la recaudación del derecho de señoreaje* —ambos relativos a la Real Casa de la Moneda de México—, los hospitales, los servicios de vías públicas, el correo mayor, las obras del desagüe de la ciudad de México, las obras de restauración del palacio virreinal, la aduana de Guadalajara y, en fin, el cobro de las multas.24 Algunas de las contadurías correspondían a situaciones puntuales y podían acabar desapareciendo, como la que se encargó de lo concerniente a la reparación del palacio virreinal, incendiado en ocasión de la revuelta de 1692. En la mayoría de los casos, los oficiales a cargo de las contadurías tenían el mismo grado, el mismo salario básico y las mismas responsabilidades que los oficiales reales de la real caja de la ciudad de México, con quienes se codeaban permanentemente.25 En consecuencia, se debe considerar que, en la mayoría de los casos, salvo excepciones, esos administradores especializados, instalados en la capital, tuvieron su origen en una “excrecencia” de la real caja de la ciudad de México.

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Debido con mucha frecuencia a la preocupación por la racionalidad, se terminó por establecer las contadurías bajo la forma de entidades administrativas prácticamente autónomas; sin embargo, su pertenencia original a la real caja no desapareció nunca por completo y solía hacerse presente puntualmente en algunos informes administrativos. A ello se debió que, en 1689, los oficiales reales de México integraran la contaduría de las alcabalas y la de los tributos y el azogue a los tres servicios que componían stricto sensu la

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real caja de la ciudad de México —la contaduría, la factoría y la tesorería—, pues consideraban que formaban parte integral de su real caja.26 A la larga, no obstante, la tendencia predominante iba en el sentido de la afirmación y el reconocimiento de la autonomía de esas instituciones. La tendencia a la segregación se afirmaba tanto más claramente cuanto que la responsabilidad de las contadurías escapaba progresivamente a los cuerpos de los oficiales reales. En el caso del arrendamiento de una renta, las funciones de la administración real se limitaban simplemente a dar una forma técnica a las cuentas, seguida por la supervisión de las actividades del arrendatario, mientras que el Tribunal de Cuentas de México aseguraba el aspecto técnico de las verificaciones. En lo concerniente a los recursos de orden judicial que se hacían necesarios en el caso de que la Real Hacienda tuviera que recuperar fondos, la situación imponía la presencia de un jurista; así, en vista de la importancia de ese último aspecto, parecía prudente confiar su responsabilidad a uno de esos especialistas, antes bien que a un técnico de la práctica contable; y, en consecuencia, esas reales rentas, en primer lugar las que se arrendaban, iban a parar regularmente bajo la autoridad de los oidores de las audiencias, que las administraban en forma de comisiones otorgadas por el virrey en el marco de la Junta de Hacienda. 11

Ahora bien, la autoridad del administrador comisionado comprendía la totalidad de la circunscripción del arrendamiento, de la que se encontraba excluida cualquier otra instancia de supervisión.27 Durante el periodo de su ejercicio, el encargado designado percibía un subsidio que cubría sus responsabilidades suplementarias; 28 y, conforme al principio de toda comisión, en fin, su ejercicio era limitado en el tiempo y sin duración fija ni preestablecida. Con todo, si bien la práctica de las comisiones anuales no era rara, lo cual suponía consecuentemente una rápida rotación a la cabeza del servicio de que se tratase,29 la situación más frecuente correspondía al ejercicio de las responsabilidades durante un periodo de cinco a 10 años. Puntualmente, la duración fue incluso mucho más prolongada, como lo demuestran ciertas comisiones otorgadas en el caso de la dirección de la contaduría de las rentas provenientes del mercurio. Esta última, separada de la contaduría de los tributos en 1709, funcionó hasta 1751 como una contaduría autónoma, cuyo asiento fue incluso desplazado a Puebla. Durante ese periodo se sucedieron cuatro administradores y cada comisión duró en promedio más de 10 años. 30 Las cosas no ocurrieron de manera muy diferente en el caso de la contaduría de las alcabalas de la Nueva España: tomando como periodo de observación la segunda mitad del siglo XVII, se encuentra que, entre 1662 y 1699, se sucedieron cinco administradores que llevaron a cabo comisiones de cerca de ocho años en promedio.31 Así, a partir del siglo XVII, por razones fundamentalmente prácticas, las vastas responsabilidades que incumbían a las reales cajas tendieron a restringirse en provecho de unas instituciones más modestas y más especializadas. Mucho tiempo después, en la segunda mitad del siglo XVIII, esa misma visión se puso en funcionamiento en ocasión de la generalización de las oficinas encargadas de la administración de algunas reales rentas hasta entonces en arrendamiento. Desde la creación de aduanas distintas de las reales cajas y autónomas respecto de éstas, hasta la de servicios para administrar directamente las rentas provenientes de la comercialización del pulque, la pólvora o el tabaco, prevaleció precisamente el mismo modelo: al lado de las reales cajas, encerradas en sus actividades tradicionales, la recuperación en manos de la Corona de la administración directa de esos monopolios reales pasó por la multiplicación de las administraciones especializadas inspiradas en el antecedente que impusieron las contadurías. Así, las decisiones tomadas

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como consecuencia de la visita de José de Gálvez se presentan, en ese caso preciso, únicamente como la continuación de una lógica y una política administrativas mucho más antiguas.32 12

Las contadurías funcionaban desde el siglo XVI conforme a una modalidad doble. Algunas de las rentas que tenían bajo su responsabilidad, como las alcabalas, se arrendaban muy frecuentemente mediante el recurso a los encabezamientos;33 ahora bien, siempre que las sumas en juego fuesen modestas, los arrendatarios seleccionados eran muy a menudo individuos;34 por el contrario, en los casos en que la importancia de la actividad comercial suponía pagos periódicos más elevados, la concesión del arrendamiento se confiaba de preferencia a una colectividad, que administraba el impuesto bajo la supervisión real. El caso que se encontró más frecuentemente a lo largo del siglo XVII consistía en la administración municipal de las rentas, como en México y Puebla.35 En ocasiones, la colectividad más directamente interesada, el gremio de los comerciantes de la ciudad, se agrupaba para garantizar el arrendamiento. Ése fue en particular el caso de Guanajuato a comienzos del siglo XVIII: en esa ciudad, los comerciantes tuvieron el arrendamiento durante un periodo de nueve años.36 Ahora bien, fuese quien fuere el titular del arrendamiento de una renta, la administración real mantenía siempre la misma estructura.

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En otras situaciones, la Corona recurría también al sistema del asiento para arrendar la administración de algunas de sus rentas. Ese sistema se aplicaba sobre todo a las rentas provenientes de los monopolios reales. El beneficiario, o asentista, obtenía en subasta pública la exclusividad de la comercialización del producto por una duración y para una circunscripción claramente delimitadas; a cambio, el cesionario se comprometía a pagar anualmente una suma fija a la Real Hacienda a todo lo largo de la duración del contrato.

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La Real Hacienda se hacía representar ante los diferentes recaudadores privados — asentistas o titulares de encabezamientos— por un “juez administrador”, al que en ocasiones se calificaba también como “juez conservador”.37 La principal responsabilidad del juez correspondía al ejercicio de la supervisión de la actividad de los recaudadores del impuesto y muy particularmente a la verificación de los pagos previstos en el marco del contrato; a la menor infracción, su deber era iniciar diligencias en contra del arrendatario que caía en incumplimiento. El juez administrador tenía bajo sus órdenes a unos cuantos colaboradores, entre ellos a un contador, todos versados en revisar que las cuentas cumplieran con los requisitos y encargados de las actividades técnicas del servicio.

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Si bien es cierto que, de manera similar a lo que ocurría con las alcabalas, el recurso al arrendamiento o a la administración real era extremadamente frecuente en el caso de un buen número de reales rentas, también lo es que otros impuestos permanecían sujetos a un sistema de recaudación que era de la incumbencia de ciertos representantes reales. 38 En esos casos, a la cabeza del servicio se encontraba un “juez contador administrador general”, seleccionado por lo general entre los oficiales reales o los ministros del Tribunal de Cuentas afectados temporalmente a ese puesto. El juez contador disponía de una pequeña estructura administrativa que se encargaba de ayudarle en su trabajo; los oficiales subalternos de contabilidad y, en ocasiones, los escribanos y los guardas constituían un contingente de personal nada despreciable, aunque siempre insuficiente y variable según los casos, que en general estaba constituido por entre cinco y 10 individuos. El ejemplo característico de ese tipo de servicio lo proporciona la contaduría de los tributos: de 1660 a 1780, su responsable fue siempre un oficial real o un contador del tribunal y, de la misma manera que en el caso de todos los demás oficiales de la Real

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Hacienda de esa naturaleza, sus funciones eran vitalicias. Así, durante el periodo considerado, a la cabeza de esa contaduría se sucedió una decena de ellos, muchos de los cuales habían realizado una parte de su carrera profesional en otros servicios de la Real Hacienda.39 En lo concerniente al personal, si bien en 1706 se limitaba a un oficial mayor rodeado de varios auxiliares subalternos, en 1726 contaba con tres oficiales suplementarios.40 Es cierto que, todavía en esa fecha, el contador José Luis de los Ríos y Toledo subrayaba muchas insuficiencias en su servicio, en particular la falta de un notario de tiempo completo; sin embargo, cuando se suma al personal los oficiales temporales que trabajaban en torno a los diversos oficiales, se llega a la conclusión de que en los años de 1720 esa contaduría tenía una decena de empleados. 16

Ahora bien, sería engañoso considerar que la línea de separación entre las rentas arrendadas y las colocadas en administración directa era clara y estaba definitivamente trazada. A comienzos del siglo XVIII, la alcabala, en cuya administración se privilegiaba el recurso al arrendamiento, se encontraba, no obstante, en una de las situaciones más diversas a la escala de la Nueva España: seis centros de recaudación estaban arrendados — tres en asiento y tres en arrendamiento—;41 otros siete, por el contrario, permanecían en administración directa —Puebla, Durango, Sombrerete, la circunscripción de Charcas, dependiente de la real caja de San Luis Potosí, Guadalajara, Zacatecas y Acapulco— y, salvo en Puebla y Guadalajara, donde cada uno de los centros disponía de una administración específica de las aduanas, en todos los otros casos la administración dependía de la real caja del lugar; y, finalmente, en la circunscripción de México, ciertas alcabalas escapaban al arrendamiento y permanecían bajo el control de la administración real: se trataba de las alcabalas llamadas de forasterías, que recaudaba directamente la real caja, así como las de los partidos,† que de ducían los alcaldes mayores. 42 Como se puede ver, entonces, la yuxtaposición de los dos métodos de recaudación era muy frecuente todavía en esa época y el arrendamiento no se utilizaba ni exclusiva ni uniformemente para un mismo tributo. Por lo demás, no se puede sostener que sólo los grandes centros de recaudación estaban principalmente arrendados y que la administración directa estaba reservada a las regiones donde no se había encontrado quien aceptara el arrendamiento.43 En realidad, es necesario hacer notar que la yuxtaposición de los métodos de recaudación era el resultado de una decisión deliberada de la administración española que se fundamentaba en las especificidades de cada situación local; pero, además, se puede afirmar que las autoridades españolas consideraban deseable la alternancia de dichos métodos: para la Corona, el arrendamiento de las rentas presentaba la ventaja, sobre todo, de que podía hacer fuertes ahorros en el funcionamiento; además, podía conocer por adelantado la regularidad de los ingresos en caja.44 Ahora bien, no era raro que la puntualidad que se esperaba de ese tipo de recaudación fallase; y la causa de ello era siempre la misma: las dificultades del arrendatario para hacer frente a sus obligaciones contractuales, dificultades que regularmente desembocaban en su bancarrota; consecuentemente, la repetición frecuente del fenómeno eliminaba las principales ventajas del sistema.

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Ésas eran entonces las estructuras fundamentales de la administración colonial de la Real Hacienda, estructuras que reflejaban las restricciones inherentes al espacio americano y se adaptaban a ellas, lo cual, a su vez, se traducía en la dispersión de los centros administrativos de la institución a la escala del virreinato; sin embargo, sería engañoso satisfacerse únicamente con el determinismo geográfico. Si bien es cierto que el espacio americano contribuía a la dispersión de las instancias administrativas coloniales, habida

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cuenta de los medios técnicos de la época, no es menos cierto que no fue el único responsable de las distancias que existían entre las células básicas de la administración de la Real Hacienda y los poderes centrales del virreinato; también es necesario tomar en consideración el aspecto más propiamente institucional, el cual transformaba la administración de la Real Hacienda en una entidad, si no autónoma, al menos distinta del resto del aparato administrativo colonial. 18

En el momento del establecimiento de las instancias de gobierno del virreinato, un principio había guiado a las autoridades metropolitanas: se trataba de evitar toda concentración excesiva de los poderes en manos de un solo hombre o una sola institución. De ello surgió el sabio equilibrio —y, por ende, las rivalidades— instaurado entre la Audiencia y el virrey en lo concerniente al gobierno civil; pero nada de ello era aplicable verdaderamente a la administración de la Real Hacienda. Como se complacían en afirmarlo los oficiales de esa institución en ocasión de todos los intentos de interferencia por parte de las audiencias, éstas no estaban capacitadas ni tenían poder para intervenir directamente en sus asuntos. Los llamados al orden dirigidos a los oidores demasiado intervencionistas son innumerables y constituyen una parte significativa de los fajos de la correspondencia de los oficiales de la Real Hacienda con las autoridades metropolitanas. En los casos de los conflictos de competencia, los oficiales eran respaldados sistemáticamente en la afirmación de su autonomía a expensas de las audiencias: la real cédula del 30 de mayo de 1691 recordaba útilmente a la Audiencia de Guadalajara esa realidad institucional intangible.45

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La única autoridad administrativa que no pertenecía específicamente a la administración de la Real Hacienda, pero que poseía un poder de intervención directa, la constituía el virrey: dado que tenía el título de superintendente de la Real Hacienda, encarnaba la autoridad suprema en esa materia en América; sin embargo, el virrey acumulaba su soberanía en el terreno de la Real Hacienda a la que practicaba en todos los otros dominios del ejercicio del poder,46 lo cual quiere decir que su autoridad era lejana y esencialmente delegada, muy particularmente a través de la Junta de Hacienda. En realidad, la autoridad que pesaba efectivamente sobre los oficiales reales de las reales cajas de América dependía de los tribunales de cuentas, instaurados en las capitales del virreinato, los cuales constituían una instancia de supervisión específica de la administración de la Real Hacienda y velaban celosamente por preservar su autonomía, muy particularmente con respecto a las audiencias. Consecuentemente, la existencia de ese conjunto administrativo especializado y distinto del resto del aparato administrativo colonial garantizaba una verdadera libertad a la Real Hacienda.

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Ésa era la armazón administrativa de la Real Hacienda en los siglos XVII y XVIII, antes de que la creación de las intendencias en la Nueva España llegara a modificar radicalmente ese paisaje. Dicha armazón revela su originalidad en el contexto administrativo general y, al mismo tiempo, es la afirmación y el reconocimiento de una especificidad de la que dio pruebas su progresiva especialización en el transcurso del siglo XVIII;47 asimismo, aclara los fundamentos de la descentralización de la Real Hacienda americana: lejos de haber sido una simple cuestión de geografía, dependió sobre todo de la naturaleza misma de la institución. Aun cuando el oficial real era, sin duda alguna, un técnico de la contabilidad, también estaba provisto del título de “juez oficial real”, que recordaba expresamente sus atribuciones judiciales, y poseía su propia jurisdicción, que le garantizaba una verdadera independencia con respecto a los jueces profesionales de las audiencias. Su autonomía disgustaba en el más alto grado a los oidores, ya que éstos veían en ella la causa de la

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soberbia de los oficiales reales, quienes, según decían, únicamente respetaban a los virreyes, en el mejor de los casos;48 consecuentemente, reclamaban que se les impusiera obediencia, privándolos de su autonomía judicial; sin embargo, el Consejo de Indias hizo sistemáticamente a un lado ese tipo de recriminaciones; como lo recordara su fiscal en 1682, los oficiales reales tenían todo el derecho de llevar el título de juez: la real cédula de 1621 que los había privado de ese derecho había sido revocada poco después y su abrogación había sido recordada nuevamente en junio de 1677.49 Por lo tanto, así como los ministros del Tribunal de Cuentas ejercían el derecho de persecución de todo delito de carácter fiscal que implicara a los oficiales reales, estos últimos eran los únicos que podían perseguir toda infracción que fuese de su competencia administrativa; ahora bien, aun cuando existía una importante restricción que reducía las atribuciones judiciales de unos y otros, dado que no podían pronunciar veredicto alguno, porque ese derecho correspondía únicamente a los oidores de las audiencias, no por ello estaban menos calificados para llevar con toda responsabilidad las indagaciones necesarias, levantar las actas de acusación y, por supuesto, confiscar las mercaderías que circularan fraudulentamente en sus circunscripciones. Uno de los fundamentos del prestigio de los miembros de la administración de la Real Hacienda residía en la autonomía de la institución; y eso fue, en primer lugar, lo que la creación de las intendencias contribuyó eficazmente a destruir.

FUNCIONAMIENTO DIFÍCIL Y ALEATORIO 21

Cada real caja ejercía tres funciones en su circunscripción, correspondientes a los tres oficiales reales de base que había en ella. En primer lugar, una real caja funcionaba como una oficina de recaudación, la cual se encontraba bajo la autoridad del tesorero. 50 Todos los impuestos reales pagaderos en la de la real caja eran depositados normalmente en ella en espera de su transferencia a la de la ciudad de México, actividad que suponía la teneduría de al menos tres libros de cuentas, a razón de uno por servicio, al que se sumaba el libro de la real caja.51 Cada libro, a su vez, se dividía en el número de ramos que administraba la real caja, lo cual quiere decir que, en el caso de la de México, había una treintena en la primera mitad del siglo XVIII.52 Era necesario asentar en los libros cada movimiento que se efectuara en relación con el ramo concerniente, precisando la suma, el día y el nombre de la persona interesada; pero lo más importante era que cada asiento significaba tres o cuatro transcripciones sucesivas repetidas en cada libro. 53 Ahora bien, de una real caja a otra, no obstante, existían grandes diferencias: según los oficiales reales de Durango, en 1758, su real caja únicamente manejaba un total de seis ramos, dos de ellos prácticamente inactivos;54 por el contrario, en 1736, la de Guadalajara se ocupaba de 16 ramos, entre ellos los ingresos de los tributos, el papel sellado y la bula de la Santa Cruzada,55 mientras que, en México, la administración de esos impuestos dependía de contadurías especializadas. Todo lo anterior muestra la disparidad de la realidad del trabajo que se exigía a cada una de las reales cajas de la Nueva España.

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Cada ingreso se consignaba como un asiento de cargo bajo el rubro correspondiente; además, la actualización de los libros debía ser regular, lo cual imponía a los oficiales reales la transcripción constante de las sumas recaudadas, que con mucha frecuencia se asentaban en un simple libro borrador en el momento de su depósito en la real caja. Los oficiales reales también estaban obligados a rendir cuentas a las instancias de supervisión sobre las sumas depositadas, enviando al menos cada año una relación de los depósitos

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recibidos;56 por lo demás, cada real caja debía transferir regularmente a la real caja de México, al menos tres veces por año, las sumas que tenía en depósito, las cuales les estaba prohibido conservar.57 23

La intención de las reglas impuestas al responsable de los ingresos en caja era evitar los abusos de todo tipo; sin embargo, las posibilidades de fraude eran muy numerosas en el momento de los movimientos de cargo. La omisión de la transcripción inmediata al libro de la real caja de todas las sumas que habían ingresado en caja daba plena libertad para transcribir los datos en función de las necesidades; por lo tanto, los rezagos de los asientos hacían posible, sobre todo, la confusión entre los ramos, un uso que era totalmente ajeno al principio básico de la contabilidad colonial, el cual se fundamentaba precisamente en la distinción de la proveniencia de las rentas de la Corona en América. Ello hacía que las verificaciones fuesen difíciles, incluso imposibles, como se quejaban regularmente aquellos a quienes correspondía esa tarea.58 Por otra parte, el juego con los diversos métodos de pago —en las diferentes monedas circulantes o en plata—, algo que era más sutil, ofrecía al oficial real un margen de maniobra en la elección de la unidad monetaria en el momento de la transcripción, a pesar de que también en ese caso se suponía que las normas eran estrictas. En marzo de 1706, el virrey duque de Albuquerque recordaba esa obligación a todas las reales cajas provinciales de la Nueva España, muy particularmente a las de los centros mineros: todas las transferencias calculadas a partir de una unidad de cuenta —moneda de plata o cobre— debían ser efectuadas en esa misma unidad; estaba particularmente prohibido aceptar un valor de cambio en plata no acuñada, sobre la que los oficiales reales deducían un simple rescate de cuatro maravedíes por marco.59 Ahora bien, esa práctica era tentadora en las circunscripciones mineras: los fraudes relacionados tanto con el azogue como con el quinto daban como resultado la presencia de metal no declarado que siempre se buscaba “blanquear” por ese medio. Según el propio virrey, esos simples juegos de escritura podían representar pérdidas de cerca de 30 000 pesos al año para la Real Hacienda;60 sin embargo, ¿desapareció esa práctica, a pesar de los llamados al orden? La visita ordinaria que se llevó a cabo unos cuantos años más tarde en Zacatecas deja entrever lo difícil de la erradicación de unas prácticas que eran remuneradoras para todos: mineros, comerciantes y oficiales reales. 61

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En las zonas portuarias, la manipulación en el momento del asiento de las sumas recaudadas se llevaba a cabo conforme a modalidades diferentes, pero con las mismas consecuencias para la Corona española. De Veracruz a Buenos Aires y del Callao a La Habana, fueron raros los oficiales reales que no se mezclaron un día u otro en asuntos de esa naturaleza. En el caso de las reales cajas de esos lugares, el objeto del fraude se relacionaba principalmente con los impuestos que se debían recaudar en ocasión de los embarques o desembarques de los galeones, impuestos que constituían lo esencial de los ingresos de las reales cajas. Lejos de ser excepcional, la vasta estafa que sacó a la luz el juez Juan de Gárate y Francia en los años de 1670, en el caso del puerto de Veracruz se puede presentar como un caso ejemplar.62 Las sumas que desaparecían de las reales rentas por diversos medios —supervisión descuidada de las operaciones de transbordo, infravaloración complaciente de las declaraciones a la aduana, retraso en la transcripción a los libros de la real caja— también eran importantes, como lo descubrió con sorpresa el perspicaz visitador.

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Como se ha visto, todas las infracciones mencionadas a las reglas de funcionamiento dependían del tesorero de la real caja; sin embargo, sería muy incompleto limitar las dificultades de funcionamiento únicamente a esa etapa del circuito administrativo.

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El segundo tipo de funciones de una real caja eran las responsabilidades que ejercía el contador, responsabilidades que, de la misma manera, ofrecían ocasiones de abuso. El contador se encargaba del establecimiento de las cuentas, es decir, del balance de los movimientos que se llevaban a cabo en la real caja.63 De su competencia dependía muy particularmente la autorización de los pagos de las libranzas expedidas a cargo de la real caja que tenía bajo su responsabilidad y que efectuaba el tesorero; asimismo, vigilaba el pago de los situados que pesaban sobre la real caja; y, en fin, hacía pagar a los beneficiarios sus salarios o las mercedes concedidas por el rey. En el momento de los diferentes movimientos de descargo, las manipulaciones eran tan numerosas como en el caso de los movimientos inversos. El interminable proceso que se llevó a cabo en contra de los oficiales reales de la ciudad de México en el transcurso de la primera mitad del siglo XVIII, concerniente precisamente a las libranzas, permitió comprender el funcionamiento de los fraudes. De igual manera, los abusos en el momento de los pagos de los situados y, de manera más general, del pago de las tropas, se basaban en la manipulación de las diferentes unidades de cuenta que eran utilizadas entre las transferencias y los pagos.

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El testimonio que dio en enero de 1672 el ingeniero militar de la Nueva España en puesto en el castillo de San Juan de Ulúa es muy explícito a ese respecto. El testigo, interrogado largamente por Juan Miguel de Agurto y Salcedo, encargado de pesquisar sobre los abusos de los oficiales reales de Veracruz, detalló para éste con precisión ese tipo de fraude, del que reconoció haber sido testigo directo. Tres años más tarde, cuando ya había vuelto a Madrid y fue llamado nuevamente para testimoniar en el marco de la misma pesquisa, ratificó su deposición. En lo concerniente a las malversaciones vinculadas al pago de la tropa del fuerte, explicó: Estando este testigo en el castillo de San Juan de Ulúa vió hacer el pagamento a los soldados en reales sencillos de plata sin que se les diese por los oficiales reales un peso en esta especia, siendo así que el V. R. marqués de Mancera según oyó este testigo remitió para el dicho pagamento 24 000 ps. todos de a ocho reales de plata. 64

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Antonio Cueto, un alférez desmovilizado, confirmó esas afirmaciones unos cuantos meses más tarde, cuando a su vez fue interrogado en Vera-cruz. Buscando manifiestamente disculpar a los oficiales reales, confesó, no obstante, que los había visto efectuar esos pagos en diversas monedas: “[…] en plata doble y otras veces en reales de a dos pero esto para el soldado es lo mesmo porque en esta tierra no tiene más premio ni valor la plata sencilla que la doble”.65

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El que los soldados aceptaran esa situación de hecho no impedía en absoluto que los oficiales reales obtuvieran ganancias sustanciales gracias a la manipulación de los asientos.66

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Los retrasos sistemáticos en los pagos de los cargos que pesaban sobre las reales cajas representaban otro aspecto de los mismos fraudes. Es cierto que la causa de las dilaciones en la ejecución de sus obligaciones no debe cargarse exclusivamente al débito de los oficiales reales; pero ello no excluye que los métodos que aplicaban para efectuar los pagos no contribuyeran en absoluto a acelerarlos. En el pago de ciertos situados destinados a algunas zonas aisladas en particular, era frecuente recurrir a intermediarios privados que se encargaban de ejecutarlos antes de que se recaudara su contrapartida en una real caja. El sistema ofrecía a todos los que intervenían, comisionanos y responsables del lugar elegido para efectuar el rembolso, la ventaja de obtener cuantiosas ganancias. Esos arreglos llegaban incluso a ser objeto de verdaderos contratos ante notario, como el

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que establecieron el comerciante Juan Lucio de la Carrera, el gobernador de Coa-huila y los oficiales reales de Zacatecas. El comerciante de Zacatecas recaudaba las sumas destinadas a las tropas de la provincia y entonces las utilizaba como fianza de los créditos suscritos en particular por el gobernador de la provincia, cierto Padilla.67 Tales arreglos ocasionaban retrasos importantes en el pago a sus destinatarios; además, dado que la pérdida total o parcial de los fondos mismos no era rara, ello provocaba en ocasiones el levantamiento de la tropa.68 31

En 1716, el virrey duque de Linares describió precisamente un sistema idéntico a su sucesor, el marqués de Valero: le detalló el mecanismo de pago de las soldadas, controlado por los comerciantes, con la complicidad de los responsables civiles o militares en los presidios del interior.69 Lo más grave, sin duda, era que el virrey reconocía que ese sistema era en realidad el único capaz de asegurar el pago de las tropas dispersas en la inmensidad mexicana. Esa situación, conocida de todos, llevaba a la metrópoli a recordar a los virreyes la importancia que debían otorgar a esa cuestión, de lo que dan prueba las instrucciones elaboradas por el Consejo de Indias y que les estaban destinadas;70 sin embargo, los balances que los virreyes preparaban cuando dejaban el cargo reflejan con crudeza su incapacidad para cambiar efectivamente lo que fuere en ese terreno.71

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En ciertas reales cajas existía, en fin, un tercer oficio, el de factor-veedor, ‡ que correspondía a la última función que incumbía a esas instituciones de la Real Hacienda. En un principio, se trataba de dos oficios distintos que la preocupación por la economía de funcionamiento había llevado a reagrupar bajo una única responsabilidad.72 Su responsable se encargaba principalmente de la administración del almacén donde se depositaban todos los productos o materiales pertenecientes al rey; en ocasión de las subastas públicas, que él presidía, también se encargaba de la venta de las mercaderías confiscadas, así como de la venta de la producción que se percibía en el marco del tributo; y, en fin, en su calidad de responsable del depósito real de armas y municiones, velaba muy particularmente por el buen estado del material. En las zonas mineras, se encargaba de la distribución del mercurio entre los mineros y, en cuanto veedor, verificaba la calidad del metal que se presentaba en el momento de la deducción del quinto; y, de la misma manera, era el responsable de la compra de los productos necesarios para la administración real; finalmente, en particular en el caso del factor-veedor de la ciudad de México, que portaba además el título de proveedor, el aprovisionamiento de los galeones cuando hacían escala en Acapulco dependía de su competencia.73 Así, ese oficial real administraba el real almacén, cuyas especificidades eran determinadas, en algunos casos, por la localización geográfica de la real caja.

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Con todo, en el transcurso del siglo XVI, las eternas necesidades del ahorro obligaron progresivamente a las autoridades a suprimir ese cargo y conservarlo únicamente en algunas reales cajas. En el caso de la Nueva España, solamente México, Acapulco y Zacatecas poseían todavía ese oficio a mediados del siglo XVII,74 aunque, en la segunda mitad del siglo, fue creado en Veracruz, a pesar de que ya había sido suprimido en Acapulco.75 Es cierto que, entre 1705 y 1714, en el momento de la oleada de la venta de los oficios, algunos de los puestos suprimidos fueron puntualmente restablecidos, como en Guadalajara en 1707 o, también, en Mérida, donde el oficio existió nuevamente a partir de 1716, e incluso en el propio puerto de Acapulco;76 sin embargo, en todos esos ejemplos únicamente se trataba de restablecimientos temporales, como lo explicó el Consejo de Indias en 1726 a propósito de Acapulco.77 En realidad, unos cuantos años más tarde, hacia

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1732, se decidió la supresión general y definitiva del oficio de factor en todas las reales cajas de la Nueva España. Únicamente México y Zacatecas lograron escapar a esa nueva reglamentación; en todos los demás lugares, las responsabilidades del factor fueron agregadas a uno de los dos oficios restantes.78 Incluso, en ocasiones, en las reales cajas con actividades declinantes debido a su exagerada dependencia de un sector económico en crisis, la tendencia fue también a suprimir un cargo más. Eso fue lo que ocurrió en 1763 en la real caja de Sombrerete, que, por estar estrechamente vinculada a las actividades mineras, se redujo a un solo oficial después de la supresión del cargo de contador. Ahora bien, la disminución constante del número de oficiales por real caja se vio compensada a partir de 1780 mediante la creación de nuevas reales cajas, notablemente en las regiones periféricas del norte. 34

De manera similar a las actividades de sus dos colegas, las del factor también ofrecían la ocasión para cometer numerosos fraudes. El principal se relacionaba con las subastas públicas de las mercaderías que se vendían en provecho del rey. En realidad, como pudieron confirmarlo tres visitadores sucesivos de la real caja de Veracruz en ocasión de sus visitas, en 1675, 1723 y 1730, el oficial arreglaba previamente las subastas: 79 el beneficiario de la venta obtenía a buen precio, para sí mismo o para sus allegados, mercaderías que eran revendidas enseguida de la manera más normal del mundo. Ese fraude, puntual y aleatorio cuando dependía de las confiscaciones, adoptaba una característica mucho más sistemática cuando se trataba del aprovisionamiento de las flotas. Eso fue lo que logró organizar durante unos 15 años el tesorero de Veracruz, Francisco de Síscara y Ramírez, quien, con la garantía de la complicidad del factor en servicio activo, Juan Manuel de Santelices, y en asociación estrecha con el comerciante Pedro de Roxas, utilizó y abusó de las posibilidades que le ofrecían las funciones del factor.80

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Una vez en el cargo de oficial real —sin, por lo demás, haber obtenido nunca nombramiento oficial alguno—, Francisco de Síscara y Ramírez reveló ser ante todo un comerciante investido de un amplio poder administrativo. A todo lo largo de los años 1720, puso el poder del oficial real en que se había convertido por accidente al servicio de la red de relaciones del comerciante que seguía siendo. En estrecha asociación con su compadre Pedro de Roxas, se reservaron el importante mercado del aprovisionamiento de los galeones que atracaban en el puerto. Dado que no había quien compitiera con ellos, fijaban los precios de sus servicios según su buena voluntad, aumentando así sus márgenes al menos entre 10 y 15 %. Basados en la autoridad del primero, su dominio sobre la real caja y la impunidad de que gozaban, se aseguraron progresivamente un verdadero dominio, a la vez, de la actividad portuaria. Valiéndose al mismo tiempo de la fuerza y la convicción, graduando sus presiones según el grado de cooperación de las víctimas, su establecimiento comercial llegó a ser el único capaz de responder a las demandas más diversas. En un lapso de 10 años, gracias a la protección que le aseguraba el oficio de Francisco de Siseara y Ramírez y la indulgencia de sus colegas, Pedro de Roxas había llegado a ser el amo del puerto. Su poderío económico, fundamentado en la corrupción del poder, adquirió muy rápidamente el tinte de una concreción política: Pedro de Roxas compró para sí un regimiento§ en Veracruz; 81 pero, sobre todo, su poder político se reflejaba en la composición de su red de amistades y allegados: a finales de los años 1720 contaba, en efecto, con todos aquellos que ejercían algún tipo de influencia en la pequeña ciudad de Veracruz.82 Únicamente un grave asunto contrario a las buenas costumbres —un incesto cometido con una de sus comadres—, sabiamente utilizado por el

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nuevo factor instalado en 1727 y convertido en rival de Francisco de Síscara y Ramírez, puso fin a ese reino que dos visitadores no habían logrado interrumpir en el marco de sus actividades de supervisión administrativa. 36

En otros lugares, los productos relacionados con esas prácticas fraudulentas vinculadas a la factoría podían ser diferentes, pero el mecanismo seguía siendo el mismo. De esa manera, en las reales cajas de las regiones mineras, los contubernios —a los que los oficiales reales de Zacatecas se entregaron concienzudamente durante decenios— se relacionaban principalmente con el mercurio.83 Siendo así las cosas, las posibilidades de fraude existían en todas las etapas del trabajo administrativo de las reales cajas y, sobre todo, los oficiales reales las aprovechaban ampliamente. Con todo, esta conclusión, que en sí no tiene nada de sorprendente en una sociedad del Antiguo Régimen, se debe examinar con mayor detalle, porque, finalmente, los mecanismos administrativos cambiaron muy poco a todo lo largo del periodo estudiado. El único cambio radical que se impuso se tradujo en la obligación de la partida doble en la transcripción de las cuentas; sin embargo, se sabe lo difícil que fueron su adopción en América y su aceptación por parte de los oficiales reales implicados.84 En realidad, las cuentas tan sólo se establecieron muy puntualmente conforme a esas nuevas normas después de 1790, lo cual quiere decir que, hasta el final del periodo colonial, nada había cambiado realmente en el funcionamiento cotidiano del aparato financiero, en todo caso, a la escala de las reales cajas. En consecuencia, si acaso hubo algún mejoramiento de la eficacia de esa burocracia posteriormente a los años 1750, habría que buscar la causa en algún otro lugar.

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Los mismos riesgos de funcionamiento afectaban a las contadurías especializadas en la administración del impuesto que les había sido atribuido, a los que se sumaban los incumplimientos propios de su método de recaudación. Por el contrario, el otorgamiento sistemático de las prórrogas de pago que se concedía a los deudores de esos monopolios reales era una práctica común a todos los servicios cuyo impacto se puede comprender con el ejemplo de la contaduría del azogue y tributos. Esta última, instalada en la ciudad de México, se encargaba, bajo la responsabilidad de su juez contador administrador, de centralizar los ingresos del tributo que pagaban los indígenas y que los alcaldes mayores deducían en cada provincia; asimismo, vigilaba el establecimiento de las cuentas concernientes a la distribución del azogue a los mineros. En consecuencia, tenía una pesada tarea que abarcaba más de 150 circunscripciones tan sólo en el caso del tributo, tarea a la que se sumaban las jurisdicciones mineras, en el caso de la distribución del mercurio.85 En 1711, el responsable en funciones, Juan Antonio de Clavería y Villareales, se quejaba de que tal responsabilidad significaba: “Reconocimientos de muchos distritos, recaudos continuos, cómputos y liquidaciones, ajustes y reducciones, cobranzas de devidos y rezagos a distintos y distantes distritos”.86

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En consecuencia, el imponente retraso que reinaba en la recaudación de los impuestos que dependían de esa institución no es sorprendente en absoluto. A principios del siglo XVIII, los rezagos en la recaudación representaban un monto global de 32 406 pesos, según una estimación del Consejo de Indias establecida después de la partida del contador Fernando de Deza y Ulloa en 1696.87 Lejos de mejorar, la situación no cesó de degradarse a todo lo largo del siglo XVIII; así, en 1759, el rezago alcanzaba 1 400 000 pesos, según el virrey, después de haber llegado a un máximo de 300 000 pesos suplementarios en 1741. Según el Tribunal de Cuentas, esos rezagos equivalían a dos años del producto del impuesto.88

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Si bien es cierto que los impagados alcanzaron marcas sin precedentes en ese caso, las otras contadurías de México realmente no se quedaban atrás.89 La situación general, que, independientemente de la categoría administrativa y la competencia de su responsable, se perpetuaba en esas oficinas, se traducía de manera regular en declaraciones de quiebra y de suspensión de pagos. Dado que eran incapaces de presentar cuentas equilibradas, lo que los hacía deudores de las sumas pendientes con cargo a sus bienes, sus responsables preferían reconocer su bancarrota acogiéndose a sagrado,** antes bien que responder ante la real justicia por situaciones que habían llegado a ser incontrolables. Así, varios administradores de la recaudación de los tributos y de la venta del mercurio experimentaron ese infortunio común, de Fernando de Deza y Ulloa, en 1696, a José Luis de los Ríos y Toledo, en 1744.90 Todavía muchos años después, a finales del siglo XVIII, el oficial real Joaquín Maniau insistía a su vez en el delicado funcionamiento de esa rama cuyo primer mal seguía siendo, como siempre, la magnitud de los rezagos acumulados en la administración de ese sector, el cual, no obstante, era considerado como esencial para la Real Hacienda colonial.91

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Consecuentemente, la declaración de quiebra representaba el principal peligro que amenazaba a los arrendatarios de las rentas y monopolios reales; y afectaba principalmente a los arrendatarios independientes, en especial a los comerciantes locales, incapaces con mucha frecuencia de sustentar los riesgos de coyuntura y de pagar los montos del contrato suscrito. Eso fue lo ocurrido en 1698 con la ruidosa debacle de Rodrigo Juan de Rivera Moratto, arrendatario de la renta de los naipes por un valor anual de más de 80 000 pesos: según el alcalde del crimen de la Audiencia de México, Francisco de Saraza y Arce, la incapacidad financiera del asentista fue claramente la primera y principal causa de su ruina.92 El arrendatario se reveló notablemente incapaz de cubrir las fuertes pérdidas que significaba la importante circulación de naipes introducidos fraudulentamente en la Nueva España.

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La bancarrota tampoco perdonaba a las propias ciudades cuando se mostraban incapaces de cumplir con sus contratos; consecuentemente, sus deudas se acumulaban y llegaban a representar montos considerables. En el caso de Puebla, que administraba las alcabalas de su circunscripción desde hacía cerca de un siglo, el cúmulo de impagados en el transcurso del último arrendamiento alcanzó en 1695 un total de 30 000 pesos, esto es, más de la mitad de los pagos que debía hacer durante un año.93 Esa grave situación no tenía nada de excepcional y se reproducía con una gran regularidad en numerosos casos a través de toda la Nueva España.94 Las nefastas consecuencias de esas situaciones eran múltiples para la Real Hacienda: ante todo, desalentaban a los posibles remplazantes, conscientes de los riesgos que corrían, salvo que se impusiera a la Corona sacrificios importantes en las cláusulas del futuro contrato; también significaban, a la espera de que se firmara un nuevo arrendamiento, tener que tomar en administración directa el impuesto de que se tratase, pues, además de los gastos suplementarios que entonces era necesario comprometer, contratando inmediatamente un mínimo de personal, el cambio implicaba sobre todo que la Real Hacienda endosara las pérdidas que había sufrido la administración anterior. Es cierto que los procesos iniciados en contra de los bienes del arrendatario y sus fiadores le podían permitir recuperar una parte de las sumas en litigio; sin embargo, la Real Hacienda únicamente lograba recobrar sus fondos de una manera muy parcial. En el caso de los naipes, mencionado anteriormente, el nuevo arrendamiento con Juan de Barreneche apenas se pudo firmar en 1714 por un precio de 50 000 pesos; entre tanto, el servicio había estado a cargo de Francisco de Saraza y Arce con el título de juez

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conservador y, desde 1699, éste incitaba a la Corona a aceptar una reducción importante del monto del contrato; de lo contrario, explicaba, la administración directa tendría que mantenerse durante largos años y ello, en las peores condiciones. Dado que no se reconoció la perspicacia del alcalde del crimen, la administración directa se prolongó durante 15 años; y, en lo concerniente a las sumas perdidas, muy pocas fueron recuperadas en el marco del proceso judicial.95 42

Con todo, las quiebras o, más simplemente, los rezagos de recaudación, que por lo general representaban otras tantas pérdidas muy frecuentemente irrecuperables para la Corona, no eran la exclusividad de esa única contaduría. A todo lo largo del periodo estudiado, las bancarrotas surgían de cuando en cuando en las oficinas que administraban los naipes y las alcabalas de tal o cual ciudad y en muchas otras también. Si bien es cierto que las quiebras no eran ni total ni sistemáticamente fraudulentas, también lo es que para el responsable significaban una manera de escapar a sus compromisos iniciales y de transferir todo su peso sobre la Real Hacienda. Con el tiempo, en consecuencia, esas prácticas se emparentaban claramente con una especie de estafa, de la misma manera que los métodos empleados en las reales cajas. Los riesgos de los arrendamientos resultaban agravados igualmente por el total desconocimiento del verdadero estado del impuesto arrendado por la administración. ¿Había aumentado durante el periodo considerado? ¿Era estable su recaudación? Nada permitía a la administración real tener el menor conocimiento de ello a fin de tomarlo en cuenta para la negociación del siguiente contrato. Consecuentemente, como lo hizo notar el Consejo de Indias en julio de 1710 a propósito de las subastas públicas de las alcabalas de Zacatecas, el único punto de referencia era el monto del contrato anterior, que invariablemente servía como base para la nueva subasta.96 En una situación tan poco favorable para ella, el único recurso de la administración de la Real Hacienda llegó a ser la alternancia controlada entre los dos métodos de administración, alternancia que, so riesgo de que implicara gastos suplementarios durante algunos años, le permitía conocer mejor el grado de recaudación efectiva de los impuestos que regularmente proponía para su arrendamiento.

UN SISTEMA FUNDAMENTADO EN LA AUTONOMÍA DE LOS OFICIALES REALES 43

Como se ha visto, en las reales cajas de la Nueva España únicamente subsistieron, cuando mucho, tres oficios con responsabilidades, cada uno correspondiente a uno de los tres servicios que componían la real caja. Los tres oficios eran iguales en atribuciones, responsabilidad y prerrogativas, aunque no exactamente idénticos ni intercambiables desde el punto de vista de las funciones; consecuentemente, no existía una verdadera jerarquía administrativa entre los oficios, sino, por el contrario, una especie de igualdad que ilustra el funcionamiento de las reales cajas. La primera manifestación de la igualdad era la afirmación del principio de corresponsabilidad: todo oficial real de una real caja era responsable, con la garantía de sus propios bienes y los de sus fiadores, de los manejos de sus colegas.97 Este postulado intangible alentaba a cada oficial real a vigilar los manejos de sus colegas, lo que suponía la igualdad absoluta de responsabilidad y autoridad entre ellos.

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El método de teneduría de los libros de cuentas constituía una prolongación de la característica mencionada: si bien cada uno de los oficiales reales era responsable de su

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propio servicio y llevaba para ello una contabilidad específica, la transcripción al libro de cuentas de la real caja de todos los movimientos de fondos efectuados se llevaba a cabo en común. Con ese propósito, cada uno disponía de su propia documentación al servicio de ese trabajo colectivo. Por otra parte, el libro de la real caja no estaba bajo la responsabilidad de ninguno de los oficiales reales en particular, sino bajo una responsabilidad común, y ninguno de ellos podía sacarlo ni llevarlo a su casa; consecuentemente, juntos llenaban ese documento esencial para el establecimiento de los movimientos de fondos y cada uno lo firmaba sobre la misma línea, sin preeminencia en particular. Otra manifestación de la corresponsabilidad se concretaba en la existencia de un cofre provisto de tres llaves cuya cerradura únicamente se accionaba con la acción simultánea de las tres. En ese cofre en particular era donde depositaban los valores de la real caja, así como los principales documentos de la contabilidad, entre ellos el libro de caja. Así, dado que cada uno de los tres oficiales reales disponía de una de las llaves, el cofre solamente se podía abrir en presencia de todos.98 Finalmente, la inexistencia de toda jerarquía administrativa se concretaba en la igualdad absoluta de salario entre los oficiales reales de una misma real caja. 45

Ahora bien, independientemente de la igualdad de posición, las funciones y responsabilidades de unos y otros llevaban a que se establecieran distinciones internas nacidas exclusivamente de la práctica administrativa. En realidad, en la escala de valores propia del medio de los oficiales reales, el oficio del factor se consideraba como el menos prestigioso; por lo demás, a todo lo largo del siglo XVI en particular, ese oficial había percibido un salario inferior al de sus colegas, antes de obtener la misma retribución. 99 Por el contrario, la responsabilidad más buscada era la de contador, como lo confirma el comportamiento del tesorero de la real caja de Veracruz, Francisco García de Arroyo: en 1690, siendo entonces tesorero, reclamaba que se le otorgara una promoción para pasar al cargo de contador de la misma real caja cuando dicho cargo quedó vacante; 100 y, desde el punto de vista del Consejo de Indias, la primacía de hecho del contador existía claramente: en junio de 1700, la Cámara del Consejo expresaba así su opinión sobre la cuestión de la jerarquía: “De estas tres plazas, la mejor es y ha sido siempre la de contador porque sobre tener el mismo manejo y intervención que el tesorero y el factor, es dueño de los libros de quenta y razón y da por sí solo las zertificaciones”. 101

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Así, la jerarquía en el seno de una real caja se establecía de acuerdo con el papel que ejercía cada uno de los oficiales reales en funciones. Debido a sus responsabilidades específicas —muy especialmente a su primacía en todas las cuestiones de deudas con la Real Hacienda—, el contador aparecía como el oficial real más prestigioso; sin embargo, lejos de que su preeminencia fuese rígida, se ponía con regularidad en tela de juicio, muy particularmente en función de la localización y la actividad principal de la real caja. En las reales cajas que manejaban transferencias de fondos importantes, la función del tesorero se impuso con mucha rapidez como esencial; por el contrario, en aquellas donde los materiales que estaban sometidos al monopolio real circulaban abundantemente, el factor recobraba su importancia. Consecuentemente, la jerarquía en el seno de las reales cajas dependía tanto del contexto económico como de la institución misma.102 A falta de normas fijas y generales que decidieran la jerarquía interna de las reales cajas, en la práctica se llegó finalmente a aceptar la norma de la antigüedad; así, el oficial real más antiguo en uno de los tres cargos existentes acabó por ser el primer oficial de la real caja y, en consecuencia, se estableció la costumbre de darle preeminencia en los documentos oficiales: su nombre aparecía en primer lugar en los organigramas, él firmaba los

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documentos en la primera posición y, naturalmente, era el portavoz de la real caja ante el exterior.103 47

La inexistencia de una jerarquía claramente definida entre los oficios de las reales cajas se extendía a las contadurías especializadas. Los “contadores jueces administradores generales”, que ejercían a la cabeza de los servicios que administraban los impuestos no arrendados, estaban situados exactamente en el mismo peldaño jerárquico que los oficiales reales de las reales cajas: gozaban del beneficio de los mismos honores, las mismas preeminencias, el mismo título de juez y, muy concretamente, el mismo salario, como lo recordaba el Consejo de Indias en 1734;104 sin embargo, siempre según el consejo, esos administradores se encontraban bajo la autoridad de los oficiales reales de la ciudad de México, que habían ejercido la responsabilidad de las atribuciones de aquéllos antes de que dichos servicios fueran separados de la real caja. Esta consideración se relacionaba también con el hecho de que los contadores de las contadurías especializadas no eran sus únicos jefes, ni verdadera ni plenamente ni siempre, puesto que se encontraban directamente sujetos, en particular en el caso de las rentas arrendadas, a la supervisión de un oidor de la Audiencia o de un contador superior del Tribunal de Cuentas. Este último, provisto en un principio, sobre todo, con el título único de comisario y, después, cada vez más, a medida que avanzaba la segunda mitad del siglo XVII, con el de superintendente, asumía la responsabilidad judicial y penal, aun cuando no asumiera realmente la actividad contable.105 Sin embargo, si se toman en consideración las características de la carrera profesional de contadores, jueces y administradores generales de las reales rentas, se observa una capitalidad absoluta entre los oficiales de la real caja de la ciudad de México y los de las principales contadurías: a todo lo largo de su carrera profesional, pasaban de un puesto a otro, sin que, no obstante, ello significara pro moción alguna ni, por supuesto, una degradación. A manera de ejemplo, se puede detallar la carrera profesional de José Luis de los Ríos y Toledo, reveladora de tal situación: en julio de 1711 obtuvo una futura de oficial real de la real caja de la ciudad de México con acceso a la primera vacante en algún cargo. La vacante se produjo en abril de 1714 en el cargo de “contador administrador general de los tributos”, función a la que fue afectado inmediatamente y en la que permaneció hasta su quiebra, en 1744.106 En otros casos, los oficiales reales de la ciudad de México pasaban de la real caja a una contaduría sin mayor obstáculo, a no ser por las rivalidades entre los oficiales mismos. 107

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Con todo, al igual que en las reales cajas, se creó una jerarquía de hecho. La autonomía relativa con respecto a los otros oficiales reales acrecentó progresivamente el prestigio de esa categoría de oficios. Así, a partir del siglo XVII, los oficiales reales de la ciudad de México percibieron cada vez más los nombramientos de contadores administradores como posibilidades de promoción, lo que alimentó en la misma medida las rivalidades en el acceso a esas funciones; sin embargo, nada en la remuneración distinguía a unos de otros; muy por el contrario, la evolución tuvo lugar en descrédito de los contadores administradores, que en el transcurso del siglo XVIII vieron ampliarse la diferencia entre sus remuneraciones y las de los oficiales reales de la real caja de México. Desde la fundación de la real caja de esa ciudad, y todavía en 1734, la retribución anual de cada uno de ellos se mantuvo fija en 510 000 maravedíes —es decir, 1 875 pesos—, a lo que se sumaba un subsidio de vivienda de 400 pesos.108 En febrero de 1733 se decidió aumentar las remuneraciones de los oficiales reales de México y Veracruz a 4 000 pesos anuales con efecto retroactivo a partir de septiembre de 1732.109 En un principio, el contador administrador de la contaduría de tributos no se contaba entre los beneficiarios, por lo

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que, en marzo de 1734, José Luis de los Ríos y Toledo presentó una solicitud para beneficiarse a su vez de ese aumento, recordando su grado de oficial real, igual al de sus tres colegas de México; sin embargo, para el Consejo de Indias, la separación entre los dos servicios había llegado a ser tal que únicamente consintió en otorgarle un salario anual de 3 000 pesos. Por otra parte, en lo concerniente a la contaduría de las alcabalas, el contador mantuvo la antigua retribución de los oficiales reales, si bien ello ocurrió en una fecha en que la renta se encontraba en arrendamiento.110 49

Si bien es cierto que el salario no se tomaba en consideración en el prestigio que adquirieron progresivamente las funciones del contador asignado a las reales rentas, otros hechos contribuyeron fuertemente a dicho prestigio. La frecuente presencia de los miembros del Tribunal de Cuentas de México en esos cargos concurrió a ello en buena medida. En realidad, algunas de las funciones de contador administrador se atribuyeron cada vez con mayor frecuencia a los contadores superiores, ya fuese bajo la forma de una comisión, ya como una afectación de tiempo completo. En ciertos casos, incluso se atribuyó a esos contadores el título de “superintendentes” de la renta correspondiente, cuando esa denominación se difundió en el transcurso de la segunda mitad del siglo XVII. La suerte corrida por el oficio de administrador de la media anata en el caso de la Nueva España es reveladora de la penetración progresiva de los contadores del Tribunal de Cuentas en la administración de las contadurías especializadas. Hasta 1710, dos oficiales administraban ese canon que debían pagar todos los oficiales del rey el año de su inicio de funciones: el regulador y el contador. Ahora bien, en lo concerniente a la responsabilidad judicial y administrativa, ésta correspondía indiferentemente, bajo la forma de una comisión, a un oidor de la Audiencia o a un contador del Tribunal de Cuentas con el título de “juez privativo de la media anata”.111 En 1710 se suprimió el oficio de regulador y se fundió con el segundo. El nuevo oficio se convirtió en el de “contador general regulador de la media anata”, sujeto a la autoridad de un comisario con el título de superintendente. 112 Lo más importante es que el nuevo oficial se asimiló a un contador de resultas del Tribunal de Cuentas, por lo que el oficio de administrador de esa renta se convirtió en una comisión que se otorgaba a un miembro de dicho tribunal, lo cual aumentó en la misma medida el prestigio del cargo, aun cuando éste no guardaba relación con el subsidio que percibía el titular.113

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Por lo demás, la autonomía de que gozaban los contadores administradores de las rentas en el ejercicio de sus funciones reforzaba el atractivo de su oficio. Los contadores que administraban los monopolios reales eran en realidad los únicos responsables en el marco de sus actividades cotidianas, a pesar de la presencia en ciertos casos de superiores jerárquicos a través de los jueces que ejercían las comisiones de verificación. En esos servicios no existía oficial alguno, del rango que fuese, que pudiera pretender remplazarlos o rivalizar con ellos; en consecuencia, dado que eran los únicos competentes y responsables efectivos, administraban su oficina según su buena voluntad. En realidad, las actividades de los comisarios se ejercían mucho más a menudo hacia el exterior del servicio, en contra de los sospechosos que buscaban evitar el pago de los impuestos que debían, que hacia el interior de la propia administración; y, si por ventura alguno de ellos ejercía su autoridad en contra del responsable de la oficina, se transformaba, tanto de hecho como de derecho, en un comisario visitador. El breve episodio de la superintendencia de tributos creada en noviembre de 1742 e inmediatamente confiada al “alcalde de corte” Manuel de Chinchilla ilustra claramente lo anterior. A pesar de su título, su misión se limitaba en realidad a la verificación de los actos del contador José

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Luis de los Ríos y Toledo, cuya administración había parecido catastrófica al nuevo virrey, el conde de Fuenclara. Durante un año, llevó a cabo sus actividades como lo habría hecho un visitador, suspendiendo a uno, embargando los bienes de otro y redactando actas de acusación implacables en contra de todos, en particular contra José Luis de los Ríos y Toledo. La violenta terapia que impuso no mejoró en nada la situación, por lo que, finalmente, en febrero de 1744, tuvo como desenlace la suspensión del superintendente y el nombramiento de un contador general administrador interino. Como lo subrayaba poco después el antiguo responsable de la oficina, reintegrado muy pronto a su cargo, la contaduría de tributos volvía a encontrar así su plena autoridad.114 Ahora se comprende mejor el hecho de que el contador de una contaduría, pronto a identificarse con los miembros del Tribunal de Cuentas con los que se codeaba, haya ganado en prestigio a expensas de los oficiales reales, obligados a compartir sus responsabilidades y sujetos a verificaciones continuas. 51

En la práctica, consecuentemente, las responsabilidades que ejercía a la cabeza de un servicio autónomo que administraba una renta importante transformaron al beneficiario en un oficial jerárquicamente superior a sus colegas del mismo grado, lo cual es la confirmación de la inexistencia de una jerarquía que hubiese estado firmemente establecida, ya fuese en las reales cajas, ya en las oficinas especializadas. El uso fue lo único que progresiva, aunque incompletamente, llegó a establecer un orden entre esos oficiales; y, sobre todo, el prestigio acrecentado de algunos de ellos contribuyó a que se afirmara la consideración que se les tenía, que benefició al conjunto del grupo. En consecuencia, la preeminencia entre los diferentes oficiales reales se establecía a menudo conforme a pautas que no siempre respondían a unas normas administrativas precisas, rigurosas o constantes, por lo que la diversidad de los parámetros que se tomaban en consideración —edad, antigüedad, responsabilidad ejercida en relación con la especialización económica local, etcétera— daba a todos y a cada uno la ocasión y el pretexto para buscar afirmarse a expensas de sus colegas; sin embargo, la búsqueda de la influencia y los honores siguió basándose en ciertas realidades tangibles que contribuían al fortalecimiento de la autoridad de los oficiales reales de las reales cajas y las contadurías.

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La primera de ellas se translucía evidentemente en el título mismo de oficiales “reales”. En primer lugar, confirmaba su pertenencia a la administración que velaba sobre la Real Hacienda, es decir, sobre el patrimonio real. En ese sentido, los oficiales reales eran, en la acepción primera y más fuerte del término, oficiales del rey, cercanos a él, dado que pertenecían a su casa; sin embargo, en el contexto americano, en la época que nos interesa, esa apelación tradicional adquiría un relieve suplementario completamente particular. Para comenzar, recordaba su nombramiento exclusivamente real: el rey era el único que los nombraba, a través de su Consejo de Indias. El rey los escogía de entre la terna de candidatos que le proponía la Cámara del Consejo, que los presentaba y clasificaba en orden de preferencia. Es cierto que nada obligaba al rey a someterse a esa selección previa, porque él podía designar sin restricción alguna a un candidato no inscrito en la lista; sin embargo, si se toma en consideración a los oficiales reales nombrados durante el periodo en estudio, es necesario hacer notar que, salvo rara excepción, el rey se mostraba escrupulosamente conforme con las propuestas de su consejo. Así, se puede ver en el adjetivo real la afirmación de un nombramiento decidido exclusivamente por el rey.

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Con todo, los oficiales reales no eran los únicos que gozaban del beneficio de ese método de nombramiento exclusivo: la contratación de los contadores del Tribunal de Cuentas y de los oidores de las audiencias funcionaba conforme al mismo sistema, por lo que los responsables de las reales cajas eran contratados en las mismas condiciones que los oficiales más prestigiosos de la administración americana. Por otra parte, es necesario hacer notar que formaban parte del grupo de los raros oficiales provinciales que contaban con el beneficio exclusivo de un título de nombramiento firmado por el propio rey, pues el virrey continuó contratando a una parte de los alcaldes mayores, en particular, hasta el final del siglo XVII, lo cual se traducía, por lo demás, en mandatos más breves en comparación con los de sus colegas contratados en Madrid. Consecuentemente, el calificativo de real unido al de oficial reforzaba su autoridad y su prestigio. También es necesario tomar en consideración, en fin, que esa calidad tenía una concreción administrativa importante: los oficiales reales estaban autorizados a establecer comunicación directamente con el rey y su Consejo de Indias sin pasar por la vía jerárquica,115 privilegio que compartían con los oidores de las audiencias y con los contadores del Tribunal de Cuentas. Lo anterior hace ver el grado en que el calificativo real incluido en su título, a la vez que realzaba el prestigio de esos oficiales provinciales, expresaba su relación particularmente estrecha con el monarca español.

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El prestigio iba acompañado del beneficio de un salario sustancial y sobre todo regular asignado al oficio que se ejercía, aunque variable de una real caja a otra (véase los cuadros II.1 a II.3). Su remuneración los situaba en la franja superior del aparato administrativo colonial, entre los oidores de la Audiencia y los contadores del Tribunal de Cuentas; en comparación con los salarios pagados a los oficiales provinciales, los de los oficiales reales de las reales cajas se situaban sistemáticamente en un plano superior; y, en comparación, en fin, con los castellanos de los fuertes de Acapulco y San Juan de Ulúa, sus subsidios eran ampliamente superiores. En consecuencia, sin acordarle una importancia excesiva, la cuestión de la retribución se presenta como un excelente índice del lugar que ocupaban los oficiales reales en el seno del conjunto del aparato administrativo colonial de la Nueva España. Ahora bien, se trataba de remuneraciones que los oficiales reales no cesaron de considerar insuficientes en el contexto específico del virreinato.116

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CUADRO II.1. Salarios anuales de los oficiales reales de las reales cajas de la Nueva España (1660-1680)

CUADRO II.1. Salarios anuales de los oficiales reales de las reales cajas de la Nueva España (1660-1680) (Continuación)

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CUADRO II.1. (Conclusión)

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Independientemente de las ventajas efectivas en un mundo en el que el dinero y la riqueza ocupaban un lugar que estaba lejos de ser secundario, los oficiales reales se encontraban en una verdadera posición de poder. En cada real caja existía una cohorte de oficiales subalternos dependiente de los responsables de la caja y encargada de la ejecución del trabajo técnico de la contabilidad: teneduría de los libros corrientes, pagos y elaboración de las cuentas. En el caso de la real caja de la ciudad de México, la mejor dotada en auxiliares, a finales del siglo xvii se contaron siete oficiales subalternos: tres oficiales mayores, tres oficiales segundos y un oficial del libro;117 menos de un siglo más tarde, el número de los subalternos había pasado a 10,118 a los que se sumaron, en fin, algunos oficiales asignados a tareas específicas: el responsable de vigilar la puerta de la real caja, o portero,119 el “escribano público de Real Hacienda”, asignado a la real caja, y la persona encargada de la fuerza de policía o alguacil mayor, función que, no obstante, fue suprimida en todas las reales cajas en 1722.120 Todas las otras reales cajas de la Nueva España se organizaban conforme a ese modelo, aun cuando muy frecuentemente con un número mucho menor de oficiales: si bien los oficios especializados —escribano, portero, ensayador121 y alguacil, antes de su supresión— estaban presentes prácticamente siempre, no ocurría lo mismo en el caso de los destinados a secundar a los oficiales reales. A finales del siglo XVII, ni en Guanajuato ni en Pachuca había un oficial segundo, además del único oficial mayor, bajo las órdenes de los oficiales reales;122 en el momento de la fundación de la real caja de Bolaños, en 1751, predominaba una situación todavía más precaria: únicamente contaba con un oficial temporal al lado de los oficiales reales; 123 y, a pesar de su importancia, la real caja de Zacatecas no parecía mejor provista en realidad, ya que en 1736 únicamente contaba con un oficial mayor, un veedor y un secretario.124 La escasez de subalternos no mejoró verdaderamente en el transcurso del siglo xviii en ninguno de los casos de esas reales cajas provinciales, ya que en 1766 ninguna de ellas contaba con más puestos de subalternos que los que tenían al final del siglo xvii;125 en cuanto a la real caja de Guadalajara, en fin, únicamente tenía un oficial mayor y un oficial del libro, sin ningún otro subalterno, según las afirmaciones hechas por sus oficiales reales en 1768, propósitos que resultan confirmados por las listas de los salarios que se pagaron en esa real caja. 126 Consecuentemente, puede verse con claridad que, lejos de ser excepcional, la escasez

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administrativa en lo que al número de puestos se refiere se reveló como la regla común a las reales cajas de la Nueva España. CUADRO II.2. Salarios anuales de algunos oficiales que ejercían en la circunscripción de la Nueva España (1766)

FUENTE: Relación de los sueldos… de las personas destinadas a… la Real Hacienda, op. cit.: agi, Audiencia de México, legajo 1157a. CUADRO II.3. Salarios de oficiales dependientes de diversos sectores administrativos de la Nueva España (1644-1773)

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CUADRO II.3. Salarios de oficiales dependientes de diversos sectores administrativos de la Nueva España (1644-1773) (Conclusión)

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Entre las reales cajas provinciales, tan sólo la de Veracruz escapaba verdaderamente a dicha escasez; en realidad, contaba con un importante número de subalternos. A principios de los años de 1690 mantenía, en efecto, a ocho subordinados, aun cuando, hasta esa fecha, todos eran auxiliares únicamente, sin ninguna posición ni retribución oficial: gracias a un arreglo cuya legalidad se ignora, pero que, según las afirmaciones de los responsables de la real caja, se concedió desde tiempos inmemoriales, compartían el salario de una plaza de soldado que se deducía al fuerte de San Juan de Ulúa. Ahora bien, debido a la intervención del virrey conde de Galve, preocupado por la utilización incontrolada y a menudo abusiva de las plazas de militares de Veracruz, a pesar de que sobre la región pesaba continuamente una amenaza extranjera particularmente insistente, se decidió normalizar esa situación. Varios proyectos contradictorios se enfrentaron;127 y, finalmente, en julio de 1694, la Junta de Hacienda decidió la creación de dos cargos de oficial mayor asignados a los principales servicios: la tesorería y la contabilidad.128 Posteriormente, en 1708, se asignó a la real caja, de manera temporal, dos nuevos subalternos y, en 1733, ocurrió lo mismo una vez más. Finalmente, en 1736, el rey oficializó esos incrementos sucesivos, reconociendo mediante un decreto a los seis subalternos que trabajaban en Veracruz.129

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La escasez de puestos de subordinados obligaba a los oficiales de la Real Hacienda a contratar, con sus propios ingresos, ayudantes suplementarios, los llamados amanuenses, aprendices que se iniciaban de esa manera en los arcanos administrativos de la Real Hacienda y trabajaban sin salario alguno, a no ser por los sueldos que los oficiales reales tuviesen a bien pagarles. En Guadalajara, donde el recurso a ese tipo de auxiliares era indispensable para el funcionamiento cotidiano de la real caja, los salarios que percibían esos trabajadores temporales no reconocidos por la administración estaban a cargo exclusivamente de sus empleadores;130 en 1736, esos trabajadores de refuerzo cobraban 30 pesos por una duración de trabajo efectivo de un mes;131 sin embargo, ese monto únicamente podría tener un valor indicativo, ya que la retribución dependía totalmente de la buena voluntad de los responsables de la real caja y de la repartición en que

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consintieran y, por ende, variaba muy marcadamente tanto en el tiempo como en el espacio. 58

La selección y la contratación de los subalternos y auxiliares dependían totalmente de los oficiales reales, lo cual era evidente en el caso de los trabajadores temporales cuyo salario pagaban los propios oficiales reales: su presencia en la real caja se fundamentaba únicamente en la designación que hacía alguno de los responsables, quien en todo momento estaba en libertad de suspender las actividades de dichos trabajadores. Sobre los subalternos titulares pesaba de hecho una situación análoga, como lo recuerda el contador de la ciudad de México, Antonio de Deza y Ulloa. Según éste, los oficiales reales poseían desde siempre, respecto a los subalternos, el derecho de nombramiento, que iba aparejado con el de suspensión; y tal prerrogativa discrecional relativa a la contratación de los subordinados por sus superiores tenía su origen, de acuerdo con sus afirmaciones, en la naturaleza misma de sus oficios.132 Una real cédula de 1678 confirmaba esas pretensiones, al mismo tiempo que las graduaba, si bien no precisaba ni el origen ni aun la antigüedad.133 La real cédula establecía que, en lo sucesivo, los subordinados de las reales cajas serían nombrados por el virrey a propuesta de los oficiales reales; sin embargo, los trabajadores así contratados debían someterse a la verificación de su competencia por parte del Tribunal de Cuentas y únicamente después de la opinión favorable de este último se haría efectivo su nombramiento; además, la dependencia de los subalternos respecto a sus superiores quedaba registrada en el propio decreto de nombramiento, en el que se estipulaba el despido inmediato si existían “razones justas para ello”, sin siquiera exigir que los oficiales reales presentaran una justificación. 134

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A pesar de lo anterior, los oficiales reales se sometían de muy mala gana a esa práctica, como lo prueba la fuerte tensión que surgió entre los de Veracruz y el virrey en 1736; tensión que se produjo como consecuencia de la creación de seis nuevas plazas de subalterno en esa real caja, donde inmediatamente se planteó la cuestión de su designación. ¿Sería el virrey quien se encargaría de ello? ¿Serían, por el contrario, los oficiales reales? El decreto referente a la creación de las plazas no zanjaba de ninguna manera la cuestión: simplemente establecía la aplicación de la legislación en vigor, recordando que los oficiales reales debían proponer candidatos para que el virrey eligiera.135 Por su parte, los oficiales reales de Veracruz exigían tener el dominio absoluto sobre esos nombramientos, aun cuando al mismo tiempo aceptaban que el virrey llevase a cabo la investidura oficial. Veían en ello una garantía respecto a la competencia de los candidatos y, sobre todo, el fortalecimiento de su autoridad sobre el personal subalterno, del que eran jurídicamente responsables: en caso de que esos empleados cometieran errores o abusos, los oficiales reales serían los acreedores a la sanción que determinase el Consejo de Indias.136 Ahora bien, aun cuando finalmente se llegó a un arreglo en 1735, 137 éste no satisfizo de ninguna manera a los oficiales reales de Veracruz, que continuaron haciendo presión sobre el secretariado del Consejo de Indias. Este último, cansado de la disputa, estableció mediante una real cédula del 2 de febrero de 1740 que la facultad de nombramiento dependería únicamente del rey, a propuestas sucesivas de los oficiales de las reales cajas avaladas por el virrey.138 La decisión real, aparentemente severa para los oficiales reales, les dejaba suficiente margen de maniobra para intervenir; sin embargo, todo dependía del grado de rigor con que los sucesivos virreyes decidieran aplicar la orden real.

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Un último rasgo, en fin, alimentaba el prestigio de los oficiales reales: la libertad de acción con que contaban en lo cotidiano. Los oficiales reales se encontraban sujetos

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reglamentariamente a un horario cotidiano, a la obligación de estar presentes y a mostrar autorizaciones de ausencia ante el virrey; sin embargo, sólo excepcionalmente se sujetaban a esas obligaciones, lo que llevaba a que los visitadores les hicieran llamados al orden regulares y severos, aunque, no obstante, ineficaces: en agosto de 1677 el juez Juan Sáenz de Moreno dirigió una circular particularmente severa a los oficiales reales de la Nueva España, recordándoles el horario de trabajo a que estaban sujetos; esto es, su jornada comenzaba todos los días laborables a las ocho horas de la mañana y debían dedicar toda la mañana al trabajo de la real caja, así como algunas horas de la tarde, según las posibilidades o las necesidades locales.139 Ese mismo tipo de acusaciones se encuentra entre las denuncias que hacían los oficiales subalternos en contra de sus superiores. Así, en 1741, el oficial mayor de la real caja de Veracruz, Antonio de López Matoso, insistía en el ausentismo de los responsables: “En los tiempos muertos, suelen días enteros y todas las tardes no verse un oficial real en la oficina”. 140 61

Los frecuentes llamados al orden o denuncias equivalían a una confesión, dado que la asiduidad al trabajo no era ejemplar: los oficiales reales preferían trabajar en su casa, antes bien que en el local, a menudo modesto, destinado a la real caja;141 sin embargo, en opinión de los visitadores, había aspectos mucho más graves, porque los oficiales reales se ausentaban regularmente de su puesto para tratar sus asuntos personales: fulano solicitaba una autorización de ausencia de varias semanas para ir a visitar sus propiedades, zutano se ausentaba sin informar de ello a nadie, mengano rehusaba abandonar la ciudad de México para ir a residir a la ciudad a la que acababa de ser afectado;142 debido a ello, la dirección común de las reales cajas quedaba sin efecto regularmente, lo que liberaba en esa misma medida de la supervisión de sus colegas al oficial real que permanecía en el puesto.

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Para los oficiales reales era tanto más fácil tomarse tales libertades respecto a sus diversas obligaciones administrativas cuanto que la mayoría de las reales cajas se encontraba lejos de cualquier otra autoridad que pudiera imponerse a ellas. Es cierto que existían instancias de supervisión, pero su funcionamiento, a menudo demasiado irregular y lejano, transformaba a los responsables de las reales cajas en agentes reales muy celosos de su independencia.143 Consecuentemente, el prestigio de los oficiales reales y los contadores administradores de las rentas reposaba sobre fundamentos muy concretos: un nombramiento real, un salario sustancial percibido regularmente, un poder considerable respecto al personal subalterno, relativa aunque desigualmente numeroso, y una amplia libertad de acción. Finalmente, el reducido número de los oficiales reales especializados a la escala del virreinato alimentaba también su prestigio real: dado que constituían un grupo que nunca superó las tres decenas de individuos en servicio activo simultáneamente, apenas eran más numerosos que los ministros de los tribunales de cuentas o de las audiencias. Una entidad tan restringida, con la que se conjugaba el prestigio que se atribuía a sus responsabilidades, alimentaba su tendencia al autoritarismo, tanto respecto a la sociedad civil como al personal administrativo. 144 Por último, la autonomía de que disfrutaban de hecho los oficiales reales y los contadores administradores fortalecía aún más el renombre inherente al oficio que ejercían, por lo que, a pesar de la existencia de medios de supervisión administrativos y judiciales que pesaban directamente sobre ellos como una espada de Damocles, los oficiales encargados del cobro y la expedición de los fondos reales disfrutaban en la Nueva España de una posición de poder de la que la mayoría supo sacar un excelente partido personal.

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NOTAS 1. Esas reales cajas fueron fundadas en 1527 y 1530, respectivamente; sin embargo, se debe precisar que, entre 1530 y 1572, la de Veracruz funcionó como real caja dependiente de la de México, antes de ser instaurada como real caja de pleno ejercicio en el último año mencionado. José Ignacio Rubio Mañé, “La organización de las instituciones del virreinato de Nueva España”, Boletín del Archivo General de la Nación, 2a serie, t. 12, núms. 1-2, México, 1971. En el caso de la real caja de Mérida, otra referencia proporciona una fecha de fundación muy posterior, en el transcurso de la segunda mitad del siglo XVI: BNM, Memorial de todo lo que se provee por Su Majestad en el districto de la Secretaría de la Nueva-España, del Real Consejo de Indias, así eclesiástico como seglar y los salarios y extipendios que uno y otro tiene, ms. 2939, ff. 20-38, t. 1. En cuanto a las fechas mencionadas por John J. Te Paske y Herbert S. Klein para esos dos casos, se trata de las referentes a las primeras cuentas encontradas, esto es, 1531 y 1540, respectivamente; John J. Te Paske y Herbert S. Klein, Ingresos y egresos de la Real Hacienda de la Nueva España, t. 1, México, 1986, pp. 14-15. 2. La Nueva Galicia fue fundada oficialmente en 1578; José Ignacio Rubio Mañé, “La organización de las instituciones…”, op. cit.; no obstante, a partir de la obra de John J. Te Paske y Herbert S. Klein, Las reales cajas de Nueva España, Durham, 1976, habida cuenta de la fecha a partir de la que se dispone de balances de la real caja, se puede deducir que funcionaba desde 1568; por el contrario, según afirmaban en 1736 dos oficiales reales de esa real caja, su fundación parece haber sido en 1571: AGI, Audiencia de Guadalajara, legajo 114; consecuentemente, parece difícil aceptar la fecha de 1543, con un veedor nombrado ya en 1531, que, no obstante, John J. Te Paske y Herbert S. Klein dan como cierta en Ingresos y egresos de la Real Hacienda…, op. cit., t. 1, pp. 14-15. 3. José Ignacio Rubio Mañé, “La organización de las instituciones…”, op. cit., y Joaquín Maniau, Compendio de la historia de la Real Hacienda de la Nueva España [1794], México, 1995, p. 6; no obstante, en el caso de la fundación de la real caja de San Luis Potosí, este último autor da la fecha de 1628. Las primeras cuentas encontradas en el caso de Durango y San Luis Potosí datan de 1599 y 1629, respectivamente; John J. Te Paske y Herbert S. Klein, Ingresos y egresos de la Real Hacienda…, op. cit. En cuanto a la real caja de Zacatecas, esos autores dan como fecha segura de su fundación el año de 1552. 4. John J. Te Paske y Herbert S. Klein, Ingresos y egresos de la Real Hacienda…, op. cit., encontraron cuentas de esa real caja con fechas a partir de 1590; sin embargo, ya desde mediados del siglo XVI, la real caja de Acapulco funcionaba como institución dependiente de la de México: sus oficiales reales tenían por misión recaudar los impuestos y derechos destinados al rey; además, un pagador estaba asignado personalmente a la administración de la real caja de ese puerto; Joaquín Maniau, Compendio…, op. cit., p. 6. 5. AGI, Audiencia de Guadalajara, legajos 32, 431 y 33. Por su parte, José Ignacio Rubio Mañé, en “La organización de las instituciones…”, op. cit., da la fecha de 1675 en el caso de Guanajuato; sin embargo, probablemente esa fecha sea errónea, si se toma en consideración la que proporcionan John J. Te Paske y Herbert S. Klein, en Ingresos y egresos de la Real Hacienda…, op. cit., quienes también dan 1665 y estiman esta fecha como cierta; en cuanto a Sombrerete, esos autores encontraron cuentas a partir de 1683. 6. AGI, Audiencia de México, legajo 17. 7. AGI, Audiencia de México, legajos 557 y 658.

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8. AGI, Audiencia de México, legajo 1972, y BNM, Instrucción del duque de Linares, gobernador de la Nueva España para su sucesor con descripción geográfica y política de su gobierno e informes de los males que tenía, ms. 2929, f. 155 verso. Las primeras cuentas encontradas datan de 1729; John J. Te Paske y Herbert S. Klein, Ingresos y egresos de la Real Hacienda…, op. cit., t. 1, pp. 14-15. 9. AGI, Audiencia de Guadalajara, legajo 132. Las primeras cuentas encontradas datan de 1753; John J. Te Paske y Herbert S. Klein, Ingresos y egresos de la Real Hacienda…, op. cit., t. 1, pp. 14-15. 10. Se trata de la creación de las siguientes reales cajas: Arizpe (1781), Chihuahua (1785), Michoacán (1788), Puebla (1789), Oaxaca (1790) y Saltillo (1794). Es necesario relacionar la fundación de esas reales cajas a finales del siglo XVIII con el establecimiento de las intendencias; a finales del siglo, cada asiento de intendencia era también el asiento de una real caja. 11. Se trata de la real caja de San Agustín, en la Florida —que estudiara Amy Bushnell, The King’s Coffer: Proprietor of the Spanish Florida Treasury (1565-1702), Gainesville, 1981—, de la de Manila, de las cuatro reales cajas existentes en la circunscripción de la Audiencia antillana —La Habana, Santiago de Cuba, Puerto Rico y Santo Domingo— y de las cuatro reales cajas de la Capitanía General de Guatemala —Santiago de Guatemala, Comayagua, Sonsonate y Nicaragua—. María Encarnación Rodríguez Vicente, en Economía, sociedad y Real Hacienda en las Indias españolas, Madrid, 1986, p. 342, agregaba a ellas la de Puebla, que, no obstante, fue creada a comienzos del siglo XIX; durante el periodo colonial, en esa ciudad únicamente existió un servicio de aduana que administraba las alcabalas cuando no estaban arrendadas. 12. Con todo, vale la pena subrayar una particularidad administrativa: si bien es cierto que en el Marquesado del Valle no existía ninguna real caja responsable de la administración de las reales rentas, también lo es que la administración de los monopolios reales se encontraba presente a través de las contadurías, que se encargaban de su administración, directa o indirecta; así, las alcabalas, el papel sellado y todas las otras rentas de ese tipo estaban por lo regular arrendadas y sus arrendatarios se encontraban sujetos a la supervisión de la administración real; véase W. Barret, La hacienda azucarera de los marqueses del Valle, 1535-1910, México, 1977, y G. von Wobeser, “El Marquesado del Valle de Oaxaca”, ambos en Woodrow Borah (coord.), El gobierno provincial en la Nueva España, 1570-1787, México, 1985. 13. AGI, Audiencia de Guadalajara, legajo 33. 14. Idem. 15. AGI, Audiencia de Guadalajara, legajo 132. 16. Por su parte, según parece, el fiscal de la Audiencia de México habría preferido la creación de una nueva real caja en El Parral, asiento minero en pleno desenvolvimiento, ya que la creciente demanda de azogue significaba una considerable carga de trabajo suplementario para la real caja de Durango y, sobre todo, ¡la lejanía entre los dos sitios hacía imposible la sana administración de ese ramo esencial de las reales rentas locales! El proyecto provocó la hostilidad de los oficiales reales de Durango, apoyados por su obispo, pues veían en él un decreto de muerte para la actividad administrativa de su ciudad; finalmente, el proyecto se hizo a un lado en provecho de la solución de “la alternancia”: AGI, Audiencia de México, legajo 57, ramo 3. 17. AGI, Audiencia de México, legajo 53, ramo 3. 18. AGI, Audiencia de Guadalajara, legajo 431. 19. El abandono fue resultado del acuerdo tácito entre Pedro Velázquez y Valdez, tesorero desde 1662, y sus colegas (AGI, Audiencia de México, legajo 897); el acuerdo se mantuvo después de su muerte, hasta 1719, a pesar de que en una real cédula de 1705 se recordaba la norma en vigor: AGI, Audiencia de México, legajo 561. 20. Real cédula del 4 de septiembre de 1719 que puso punto final al conflicto que oponía a los tres oficiales reales de la real caja de Yucatán: AGI, Audiencia de México, legajo 897. 21. AGI, Audiencia de Guadalajara, legajos 33 y 132. 22. AGN, Correspondencia de virreyes, 2a serie, t. 1, exp. 129, f. 308.

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23. AGI, Escribanía de cámara, legajo 275b, documento 7, f. 76, y Antonia Heredia Herrera, La renta del azogue en Nueva España, 1709-1751, Sevilla, 1978, p. 18. 24. AGI, Audiencia de México, legajo 61, ramo 3. 25. El traslado de las contadurías a la real caja de México no se traducía en promoción alguna; por lo demás, los títulos de nombramiento de los oficiales reales de la real caja de México incluían a menudo la libertad de elección para el beneficiario entre esas diferentes plazas, lo que muestra con claridad que se trataba de grados equivalentes. Un informe de 1755 recuerda la paridad entre las cuatro contadurías de México, ya se tratase de la de la real caja, la de la administración de tributos, la de las alcabalas o la de la Real Casa de la Moneda; por lo demás, todos los titulares de esos oficios recibían exactamente el mismo salario: AGI, Audiencia de México, legajo 1122. 26. AGI, Audiencia de México, legajo 166, ramo 2, exp. 36. 27. Su competencia era privativa, es decir, exclusiva de cualquier otra instancia judicial, entre ellas, la Audiencia; Antonia Heredia Herrera, La renta del azogue en Nueva España…, op. cit., p. 19. 28. El monto del subsidio que percibía variaba marcadamente; en el caso de la Audiencia de Guadalajara, el responsable de las alcabalas, el oidor Fernando de Urrutia, reclamó en 1723 un suplemento de 1 500 pesos, mientras que, en realidad, únicamente percibía 500:

AGI,

Audiencia de

Guadalajara, legajos 94, 116 y 172. En México, esa misma comisión, confiada en 1685 al contador del Tribunal de Cuentas, Juan José de Veytia Linage, le reportaba 1 500 pesos de subsidio:

AGI,

Audiencia de México, legajo 277. 29. Se aplicaban a las contadurías de menor importancia que administraban reales rentas. 30. En efecto, se sucedieron Juan José de Veytia Linage (1709-1722), Juan José de Uribe y Castexón (1723-1738), Pedro Malo de Villavicencio (1739-1744) y, en fin, Juan Rodríguez de Albuerne, marqués de Altamira (1744-1753); Antonia Heredia Herrera, La renta del azogue en Nueva España…, op. cit., pp. 181-220. 31. A la cabeza de la contaduría de las alcabalas —que durante ese periodo adoptó el título de superintendencia— se sucedieron el contador Francisco de Córdova y Villa Franca (1662-1670), Juan Sáenz de Moreno, oidor de México (1670-1672), Gerónimo de la Reguera padre, contador (1672-1677), nuevamente Juan Sáenz de Moreno (1677-1685) y, finalmente, el contador Juan José de Veytia Linage (1685-1699):

AGI,

Audiencia de México, legajos 162, r 1; 53, r 3, núm. 35, y 163, r 4.

La administración de las alcabalas de Guadalajara no era fundamentalmente diferente: con la creación de la aduana, en enero de 1673, las alcabalas fueron colocadas bajo la jurisdicción de un oidor de la Audiencia que tenía el título de superintendente; después de haber sido confiadas en arrendamiento a los comerciantes de la ciudad hasta 1712, pasaron bajo administración directa en ese año, antes de ser arrendadas nuevamente en 1727 durante 10 años; a su cabeza se sucedieron los superintendentes Fernando de Haro y Monterroso (1673-1680), Pedro de la Batista (1680-1682), Fernando López de Urbina (1682-1687), Francisco de Feixoo y Centellas (1688-1704) y, después, sucesivamente, Juan de Somoza, Antonio del Real y Quesada —quien desposó a la viuda del anterior—, Juan Picado Pacheco y Montero (1704-1712) y Fernando de Urrutia (de 1712 a comienzos de los años 1730): AGI, Audiencia de Guadalajara, legajos 94, 118 y 172. 32. José Jesús Hernández Palomo, La renta del pulque en Nueva España (1663-1810), Sevilla, 1980; Covadonga Villar Ortiz, La renta de la pólvora en Nueva España (1569-1767), Sevilla, 1988; Yves Aguila, Monopoles d’État et changements sociaux dans le Mexique des Bourbons (1765-1810), tesis de Estado de la Universidad de Burdeos III, 1985; Herbert I. Priestley, José de Gálvez, Visitor-General of New Spain (1765-1771), Berkeley, 1916. 33. El encabezamiento, también denominado arrendamiento, correspondía al sistema del abono de una renta real negociada entre una institución —muy frecuentemente un cabildo o una asociación de comerciantes— o un particular y el poder real y disponía el establecimiento de un tanto alzado que el administrador de la renta pagaba anualmente a la Real Hacienda; dicho administrador tenía a su cargo garantizar la recaudación del tanto alzado.

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34. Así, a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, las alcabalas de ciudades como Oaxaca y Zacatecas estaban arrendadas a particulares: AGI, Audiencia de México, legajo 166, ramo 2, núm. 24, y AHN, Consejo de Indias, consultas, legajo 2334. En cuanto a las de Guadalajara, fueron sometidas a ese método de administración a partir de 1712, siendo confiadas a Pedro Otero Bermúdez, a pesar de las reticencias de los comerciantes de la ciudad: AGI, Audiencia de Guadalajara, legajo 94. 35. Ya en 1698, la ciudad de Puebla precisaba que siempre había tenido la administración de las alcabalas desde un principio (AGI, Audiencia de México, legajo 341), mientras que la ciudad de México obtuvo el quinto arrendamiento de ese impuesto en 1662 por una duración de 15 años ( AGI, Audiencia de México, legajo 163, ramo 4).

36. AGI. Audiencia de México, legajo 557. En otros lugares, como Guadalajara, a consecuencia de una severa controversia entre el conjunto de los comerciantes y el arrendatario Pedro Otero Bermúdez, este último prefirió, bajo presión, entregar sus derechos en 1717 a la corporación de comerciantes, que entonces se encargó de la administración del impuesto: AGI , Audiencia de México, legajo 94. En cuanto a México, el Consulado recuperó su administración a partir de 1699 para ya no dejarla hasta el restablecimiento definitivo de la administración directa de esa renta, en diciembre de 1753: AGI, Audiencia de México, legajos 321 y 2 092. 37. AGN, Ramo de reales cédulas, vol. 36, exp. 96. 38. Entre las contadurías que no estuvieron bajo el sistema del arrendamiento, se pueden subrayar las encargadas de la recaudación del tributo, la distribución del azogue o, también, la encargada de recaudar la media anata. 39. La lista de los “contadores generales de tributos y azogues” se estableció de la siguiente manera: Martín de San Martín, de 1662 a 1667 (AGN-AHN, vol. 204, exp. 25, f. 53, y AGI , Indiferente general, legajo 163); su sobrino, Pedro Francisco de Ochoa y San Martín, en 1667 (idem); Antonio de la Vega y Noroña, de 1667 a 1682 (AGI, Audiencia de México, legajo 560, ramo 2); Fernando de Deza y Ulloa, Antonio de la Vega y Noroña y José Álvarez de Ybarra se disputaron la función entre 1683 y 1686 (AGI, Audiencia de México, legajos 163, 164, 327 y 454), y, finalmente, Fernando de Deza y Ulloa ocupó el puesto de 1686 a 1700 (AGI, Audiencia de México, legajo 327) y Francisco de Rada, de 1700 a 1704

(AGI,

Indiferente general, legajo 135, núm. 35). Después, diversos oficiales de la real caja de la

ciudad de México ejercieron el cargo entre 1704 y 1709, antes de que este último recayera nuevamente en un contador, Juan Antonio de Clavería y Villareales, de 1709 a 1714, responsable únicamente del tributo (AGI, Audiencia de México, legajo 732, y contaduría, 235). Posteriormente, se sucedieron José Luis de los Ríos y Toledo, de 1714 a 1744 Pedro Núñez de Villavicencio, de 1745 a 1751

(AGI,

(AGI,

Audiencia de México, legajo 632);

Audiencia de México, legajo 748, y AGN , Casa de

Moneda, vol. 62, exp. 3, f. 10); Rafael Gallardo, en funciones en 1759

(AGN ,

Correspondencia de

virreyes, 1a serie, vol. 1, exp. 171, f. 303), y, en fin, después de una “laguna” de cerca de 20 años en la documentación, en 1777 fue nombrado Juan de la Riva y Agüero (Condumex, XVII-I, carpeta 1-8, núm. 38). 40. Informe del contador general del tributo, José Luis de los Ríos y Toledo, agosto de 1726:

AGI ,

Audiencia de México, legajo 748. 41. Se trataba, por una parte, de México, Guanajuato y San Luis Potosí, y, por la otra, de Pachuca, Oaxaca y Veracruz, respectivamente. 42. Informe del Tribunal de Cuentas de México (1712), BNM, Copia de la carta del Tribunal de Cuentas de México a S. M. y de la certificación que acompaña ejecutada por el contador Juan Mendo de Urbina sobre el caudal de la dotación de la Armada de Barlovento, el producto de 10 años y su distribución, ms. 12 055, ff. 429-454. 43. Si bien es cierto que México, Veracruz y Oaxaca respondían claramente a ese modelo — 260 000, 219 000 y 120 000 pesos, respectivamente—, no ocurría lo mismo en el caso de Puebla, Zacatecas o Acapulco —1 404 751, 209 436 y 331 654 pesos, respectivamente—; idem.

80

44. El costo de la administración de las alcabalas de México entre 1677 y 1696 fue de 28 000 pesos por año, al que se sumaba el salario del administrador general: AGI, Audiencia de México, legajo 560, ramo 3. 45. AGI, Audiencia de Guadalajara, legajo 24. 46. El virrey era, a la vez, presidente de la Audiencia que tenía sede en su capital, capitán general del virreinato y superintendente de la Real Hacienda; consecuentemente, a su función de responsable político del virreinato se acumulaba la dirección de las tres administraciones: judicial, militar y de la Real Hacienda. 47. Michel Bertrand, “L’État espagnol et ses officiers aux Indes”, en Mélanges de la Casa de Velázquez, t.

XXV,

París, 1989, y “Los cargos de los oidores dentro de la Real Hacienda indiana,

siglos XVII y XVIII”, Estudios de Historia Social y Económica de América, núm. 9, 1992. 48. Acusación hecha por el oidor Fernando de Ursino en diciembre de 1682:

AGI ,

Audiencia de

Guadalajara, legajo 16. 49. Idem. 50. Ismael Sánchez Bella, La organización financiera en las Indias (siglo

XVI),

Sevilla, 1968, p. 109, y

Guillermo Céspedes del Castillo, “La reorganización de la hacienda virreinal peruana en el siglo XVIII”, AHDE, t. 23, Madrid, 1953, p. 343. 51. Se trataba de los libros tesorero, contador, de factoría, eventualmente, y común: AHN, Consejos, legajo 21 008, núm. 3. 52. Informe del Tribunal de Cuentas de 1725: AGI, Audiencia de México, legajo 733. 53. AGI, Audiencia de Guadalajara, legajo 114. 54. Los principales ramos eran los relacionados con el mercurio y los gastos ocasionados por su transporte. El de la media anata y el papel sellado era significativo; por el contrario, los del papel común habilitado y del nuevo impuesto sobre el aguardiente estaban considerados como extinguidos. Para los oficiales reales, la dificultad de su trabajo no residía en una administración demasiado complicada, sino, antes bien, en la administración de una circunscripción muy vasta que les imponía desplazamientos regulares: Representación de los oficiales reales de Durango sobre lo honeroso que es la alternancia anual, 1758, AGI, Audiencia de Guadalajara, legajo 431. 55. AGI, Audiencia de Guadalajara, legajo 114. 56. Real cédula del 6 de marzo de 1700, AGN , Reales cédulas, vol. 29, exp. 31, f. 2. En ocasión de su visita general a la administración de la Real Hacienda de la Nueva España, Francisco de Pagabe impuso a las reales cajas la obligación de enviar las relaciones no solamente al Tribunal de Cuentas y el virrey, sino también a la audiencia de que dependían: AGI , Audiencia de México, legajo 557. 57. Idem, y AGI, Escribanía de cámara, legajo 270a, cuaderno 1, f. 12. 58. Tal fue el caso, por ejemplo, del juez Juan Sáenz de Moreno, quien denunció esas prácticas en ocasión de su visita general a la real caja de México en 1677: AGI , Audiencia de México, legajo 164, ramo 5. 59. AGI, Escribanía de cámara, legajo 265a, cuaderno 31, f. 107. 60. AGI, Audiencia de México, legajo 749. 61. Michel Bertrand, “El ansia de riquezas. Los oficiales reales dentro de la economía colonial”, en INAH/Gobierno del Estado de Zacatecas/UAZ, El mundo colonial. Examen de una historia. Actas del Primer Congreso Internacional de Historia, Zacatecas, 1996. 62. Michel Bertrand, “Sociétés secretes et finances publiques. Fraudes et fraudeurs á Veracruz aux XVIIe y XVIIIe siècles”, en Mélanges de la Casa de Velázquez, t. 26/2, París, 1990. 63. Ismael Sánchez Bella, La organización financiera…, op. cit., p. 109, y Guillermo Céspedes del Castillo, “La reorganización de la hacienda…”, op. cit., p. 343. 64. Respuesta a la decimosexta pregunta hecha a Marcos Lucio en el marco de su testimonio, dado en Madrid, en mayo de 1675: AGI, Escribanía de cámara, legajo 295b, cuaderno 12, ff. 5-12.

81

65. Testimonio de Antonio Cueto ante Juan de Gárate y Francia, en enero de 1675, en Vera-cruz: AGI, Escribanía de cámara, legajo 295b, cuaderno 13, ff. 26-30.

66. En enero de 1675, un último testigo, Sebastián Sánchez de la Fragua, confirmó esa práctica, al precisar que los pagos se efectuaban en todas las unidades monetarias: AGI , Escribanía de cámara, legajo 295b, cuaderno 13, f. 24; únicamente el castellano del fuerte, Fernando de Solís y Mendoza, calló esas prácticas, de las que era cómplice, contentándose con citar las demoras en el pago de las soldadas: AGI, Escribanía de cámara, legajo 295b, cuaderno 12, f. 52. 67. El contrato fue firmado ante notario en septiembre de 1718 por Padilla y Juan Lucio de la Carrera para toda la duración de su mandato y fue la continuación de otro del mismo tipo que había existido entre el mismo Padilla y Martín de Alarcón, caballero de la orden de Santiago: AGNM , notaría 392, libro 2 604, ff. 29 y ss.

68. Fue lo que ocurrió en particular en ocasión del levantamiento de un regimiento de Santo Domingo en 1757, ¡pues los soldados no habían percibido salarios desde hacía dos años!:

AGN ,

a

Correspondencia de virreyes, t. 2, 2 serie, exp. 303, f. 238. 69. Ernesto de la Torre Villar (coord.), Instrucciones y memorias de los virreyes novohispa-nos, t. 2, México, 1991, pp. 786-787. 70. Ibid., tomos 1 y 2. 71. Idem. Véase en particular la información que el virrey arzobispo Juan de Ortega y Montañés proporcionó a su sucesor, el conde de Moctezuma: al pasar revista a cada uno de los presidios del interior, enumeró sus problemas, muy particularmente los vinculados con el financiamiento; a ese respecto, confesó incluso su falta de información precisa sobre tal o cual lugar; ibid., t. 1, pp. 683-710. 72. En el caso de la ciudad de México, el reagrupamiento data de 1549, mientras que el nombramiento del primer oficial destinado a ese nuevo oficio se hizo en 1557. En ocasión de las fusiones de los metales que se presentaban a la real caja, el veedor velaba por la defensa de los intereses reales, muy particularmente respecto de la aleación y la deducción del quinto:

AGI ,

Audiencia de México, legajo 321, y Guillermo Céspedes del Castillo, “La reorganización de la hacienda…”, op. cit., p. 343. 73. Ismael Sánchez Bella, La organización financiera…, op. cit., p. 109, y Guillermo Céspedes del Castillo, “La reorganización de la hacienda…”, op. cit. El título de proveedor de Acapulco fue añadido al de factor-veedor de la ciudad de México a finales del siglo

XVI;

esa función, que

competía con la del factor de Acapulco, fue suprimida en 1679: AGI, Audiencia de México, legajo 321. 74. Memorial de todo lo que se provee por Su Majestad en el districto de la Secretaría de la Nueva España, del Real Consejo de Indias, así eclesiástico como seglar y los salarios y estipendios que uno y otro tiene, BNM, ms. 2 939, t. 1, ff. 20-38. El caso de Guadalajara parece haber sido particular y únicamente una medida de circunstancia. A pesar de que el documento precisa que solamente había dos oficiales, la presencia del factor se vinculaba probablemente a la desaparición del contador antes de la del último factor en funciones después de la decisión de suprimir ese último oficio. A la muerte del último factor, se contrató a un nuevo oficial real con el título de contador. 75. AGI, Audiencia de México, legajos 454 y 16. 76. AGI, Audiencia de Guadalajara, legajo 132, y AGI, Audiencia de México, legajos 1972 y 454. 77. AGI, Audiencia de México, legajo 454. 78. AGI, Indiferente general, legajo 251, núm. 2, y AGI, Audiencia de México, legajo 1165. 79. AGI, Escribanía de cámara, legajos 295, 299 y 303. 80. Es verdad que la ausencia sistemática del factor en funciones de 1723 a 1727 le facilitó la tarea; en efecto, el factor rechazaba someterse a la obligación de la residencia y pasaba más tiempo en México que en Veracruz, por lo que fue obligado a renunciar y dejó su cargo a un interino, Juan de Vila. Así, al rechazar precisamente las permanentes intromisiones de su colega en su servicio y celoso quizá de las ganancias que el otro sacaba de ello, contribuyó activamente a

82

su propia caída; Michel Bertrand, “De l’armée á l’office: ascension sociale y pratiques de pouvoir en Nouvelle-Espagne”, en Des Indes occidentales à l’Amérique latine, textos reunidos por Alain Musset y Thomas Calvo, París, 1997, de los que aquí se ofrece una síntesis. 81. Su valor era relativamente bajo, ya que en esa época se situaba entre 200 y 500 pesos; Thomas Calvo, Poder, religión y sociedad en la Guadalajara del siglo XVII, México, 1992, cuadro de la p. 59. 82. Entre ellos se encontraban varios regidores, algunos alcaldes ordinarios en funciones o que habían ejercido algunos años antes, algunos responsables militares del fuerte de San Juan de Ulúa e, inevitablemente, unos cuantos de los grandes comerciantes del puerto con los que Pedro de Roxas compartía su poderío económico; véase Michel Bertrand, “De l’armée á l’office: ascension sociale…”, op. cit. 83. Michel Bertrand, “El ansia de riquezas…”, op. cit. 84. María Luisa Laviana Cuetos, “Organización y funcionamiento de las reales cajas de Guayaquil en la segunda mitad del siglo XVIII”, Anuario de Estudios Americanos, t. XXVII, 1980, p. 324, y Ronald Escobedo Mansilla, Control fiscal en el virreinato peruano. El Tribunal de Cuentas, Madrid, 1986, p. 284. 85. Es lo que explicó un ministro del Tribunal de Cuentas a Francisco de Garzarón en ocasión de la visita general de los tribunales de la Nueva España que se le confió en 1716: AGI , Audiencia de México, legajo 735. 86. AGI. Audiencia de México, legajo 732. 87. El Tribunal de Cuentas de México estimó las pérdidas en únicamente 24 421 pesos, sin que se haya logrado comprender de manera muy clara las razones de esa importante diferencia: idem. 88. AGI, Audiencia de México, legajo 735, y AGN, Correspondencia de virreyes, 1a serie, vol. 1, exp. 171, f. 303. Según otras estimaciones, ¡el rezago así acumulado representaba cerca de cuatro años de sumas recaudadas normalmente!: AGI, Audiencia de México, legajos 1 149 (1701) y 1 121 (1743). 89. En 1683, el responsable de la media anata denunció que el rezago en la recaudación se debía a “tanta suma de personas gravadas en débitos y fianzas deste derecho”

(AGI,

Audiencia de México,

legajo 327); rezago que se vuelve a mencionar en un informe sobre los años 1774 a 1779

(AGN -AHH,

vol. 265, exp. 3). 90. AGI, Audiencia de México, legajos 67 y 735. 91. Joaquín Maniau, Compendio…, op. cit., y Fabián de Fonseca y Carlos de Urrutia, Historia general de la Real Hacienda, 6 vols., México, 1978. 92.

AGI,

Escribanía de cámara, legajo 185a; su quiebra representó un total de 168 694 pesos: AGN ,

Reales cédulas, vol. 32, exp. 11, f. 26. 93. El contrato firmado con el cabildo fue por 57 000 pesos al año: AGI , Audiencia de México, legajo 61, ramo 3. 94. La propia ciudad de México, que en 1662 había obtenido una vez más la administración de las alcabalas por un periodo de 15 años, en 1676 había acumulado rezagos de los pagos de más de 50 años. Se ignora el monto exacto de la deuda acumulada, ¡pero se sabe que la renta anual oscilaba alrededor de 230 000 pesos! Lo anterior explica la insistencia del Consejo de Indias en la búsqueda de un nuevo arrendatario más sólido que la ciudad: AGI , Audiencia de México, legajo 162, ramo 1, y legajo 277. 95. AGN, Reales cédulas, vol. 29, exp. 118; vol. 32, exps. 26 y 50, y vol. 36, exp. 96. 96. AHN, Consejo de Indias, consultas, legajo 2 334. 97. Ismael Sánchez Bella, La organización financiera…, op. cit., p. 138. 98. Idem. Se trata del mismo principio igualitarista que recordaba el Consejo de Indias en 1678, a propósito del factor de la real caja de la ciudad de México, en su carta dirigida al alcalde del crimen de la Audiencia: “Cuando se instituyó este oficio [el de factor] ni era necesario ni conbeniente que un oficial real tenga por sí solo la administración de las compras y fletamentos”: AGI, Audiencia de México, legajo 321.

99. Ismael Sánchez Bella, La organización financiera…, op. cit.

83

100. AGI, Audiencia de México, legajo 354. 101. AGI, Audiencia de México, legajo 167. 102. Guillermo Céspedes del Castillo, “La reorganización de la hacienda…”, op. cit., p. 343. 103. Ismael Sánchez Bella, La organización financiera…, op. cit., p. 138. 104. AGI, Audiencia de México, legajo 1121. 105. Los contadores de las rentas arrendadas se quejaban amargamente de esa autoridad superior a la que acusaban de ser el origen del rezago acumulado en su trabajo

(AGI,

Audiencia de

México, legajo 748); véase también Michel Bertrand, “Los cargos de los oidores dentro de la Real Hacienda indiana…”, op. cit., p. 42. 106. AGI, Audiencia de México, legajo 748. 107. Los contadores administradores de las rentas que experimentaron esos traslados entre la real caja de México y una contaduría, tanto en un sentido como en el otro, fueron muchos, sobre todo entre 1680 y 1730, tal como Juan Antonio de Clavería y Villareales, Fernando de Deza y Ulloa, José Francisco Díaz de Celis o Antonio Gómez Lobato. 108. BNM, Memoria de todos los oficiales reales y contadores que se proveen por el distrito de la secretaría de Nueva España e islas de Barlovento, y las futuras subcesiones que están dadas y cantidades con que sirvieron con ellas hasta fin de 1641, ms. 2 939, ff. 66-73. 109. AGI, Audiencia de México, legajo 748. 110.

AGI,

Audiencia de México, legajos 748 y 1962. En 1748, los contadores del tributo y de las

alcabalas obtuvieron la igualación de su retribución con la de los oficiales reales de la ciudad de México; sin embargo, en el caso de los contadores de las alcabalas, la concesión fue una gracia particular que no se aplicó a sus sucesores. Los titulares de las tres principales contadurías — tributo, alcabala y Real Casa de la Moneda— sólo obtuvieron final y definitivamente el salario de los oficiales reales de México en 1755 (AGI, Audiencia de México, legajos 1 122, 1149 y 1962). 111. AGI, Audiencia de México, legajo 327. 112. AGI, Audiencia de Guadalajara, legajo 94. 113. AGI, Audiencia de México, legajo 1163. 114. Informe del 6 de agosto de 1746 de José Luis de los Ríos y Toledo:

AGI ,

Audiencia de México,

legajo 748. 115. Es lo que se calificaba como “vía reservada”; sin embargo, es necesario hacer notar que la multiplicación de las apelaciones directas contribuyó a ahogar al consejo bajo una oleada de demandas que no siempre requerían su intervención. En enero de 1738, una real cédula excluyó a la Real Casa de la Moneda y estableció que el tesorero y el contador debían dirigirse en adelante al Consejo de Indias por intermedio de sus superiores jerárquicos —el superintendente y el virrey —; las vehementes protestas de toda la corporación obligaron al consejo a restringir el alcance de la reforma en abril de 1739; manteniendo al mismo tiempo la real cédula, se concedió a los oficiales reales recurrir directamente al rey, “si el interés de la institución se encontraba amenazado…” (AGI, Audiencia de México, legajo 757). 116. En 1736, algunos oficiales reales de Guadalajara redactaron un expediente en el que, con el apoyo de ejemplos, justificaban la solicitud de aumento de sus salarios; por lo demás, en su gestión obtuvieron el apoyo del presidente de la Audiencia, el obispo y los miembros del cabildo, quienes confirmaron unánimemente el excesivo costo de la vida en esa ciudad. En realidad, aun cuando no era despreciable, el ingreso de 400 000 maravedíes —esto es, 1470 pesos— que les estaba asignado seguía siendo el mismo desde la fundación de la real caja. Citando el caso de un colega, estimaban que sólo un buen matrimonio resolvería sus dificultades familiares: Representación de los oficiales reales de Guadalajara a V. M. sobre no poder mantenerse con el salario que gozan: AGI , Audiencia de Guadalajara, legajo 114. Ya en 1724, en una carta al Consejo de Indias, los oidores de Guadalajara alertaban sobre el elevado costo de la vida en esa ciudad; tanto los productos de Castilla como los de la tierra sufrían ahí un aumento promedio de 50 %, en parte a

84

causa de la fuerte presión demográfica; de la misma manera, el costo de la vivienda había pasado en unos cuantos años de entre 40 y 50 pesos anuales a entre 150 y 200 pesos: AGI , Audiencia de Guadalajara, legajo 14. 117. AGI, Audiencia de México, legajo 354. 118. A los anteriores se habían venido a sumar un ensayador y un ministro ejecutor; Relación de los sueldos que anualmente gozan el virrey de Nueva España, los ministros y demás subalternos de las audiencias establecidas en todo el virreinato, los oficiales reales, el tribunal de cuentas, casa de moneda y otros juzgados y los gobernadores de las principales provincias y presidios y otras distintas personas destinadas en la administración de la Real Hacienda: AGI, Audiencia de México, legajo 1157a. 119. AGI, Escribanía de cámara, legajo 267a, cuaderno 2, f. 219. En 1766 había un segundo portero en funciones; Relación de los sueldos… de las personas destinadas a… la Real Hacienda, op. cit., Audiencia de México, legajo 1157a. 120. AGI, Audiencia de Guadalajara, legajo 118. Real cédula del 25 de junio de 1722. 121. El oficio del ensayador, encargado de supervisar el título de los metales que recibían y acuñaban las reales cajas, no existía en la real caja de la ciudad de México, porque estaba afectado a la Real Casa de la Moneda. 122. AGI, Audiencia de Guadalajara, legajo 32. 123. AGI, Audiencia de México, legajo 1164. 124. Ese secretario que no fue posible encontrar en ninguna otra parte, ¿era acaso el “escribano de mina y real hacienda”? Si la hipótesis es acertada, ello significarla que la real caja de Zacatecas disponía entonces de un especialista en la Real Hacienda menos, porque las tareas del escribano se limitaban exclusivamente al trabajo de escritura: AGN, Ramo historia, t. 31, ff. 272-273. 125. Relación de los sueldos… de las personas destinadas a… la Real Hacienda, op. cit.:

AGI,

Audiencia de

México, legajo 1157a. 126. Idem. 127. El virrey conde de Galve rechazaba la idea de utilizar las plazas del fuerte en provecho de la real caja, considerando que en ello existía un peligro para la seguridad del puerto; por lo demás, según los oficiales reales, el hecho de no utilizar esas plazas para pagar a sus subalternos significaba que el sueldo de sus auxiliares quedaba a su cargo; por su parte, el fiscal reconocía que era indispensable la presencia de al menos seis subalternos: AGI, Audiencia de México, legajo 354. 128. AGI, Audiencia de México, legajo 354. 129. Decreto del 19 de marzo de 1736, mediante el cual se crearon los oficios subalternos en Veracruz: AGI , Audiencia de México, legajo 861. Los oficios se repartieron como sigue: un oficial mayor, dos oficiales segundos, dos oficiales terceros y un oficial para el impuesto sobre el vino (AGI,

Audiencia de México, legajos 1121 y 1971). En 1766, la lista de los salarios pagados en esa real

caja únicamente contabilizaba un oficial mayor, dos oficiales segundos, un teniente de oficial real en Alvarado y un balanzario; Relación de los sueldos… de las personas destinadas a… la Real Hacienda, op. cit.: AGI, Audiencia de México, legajo 1157a. 130.

AHN,

Consejos, 21 008, documento 1, y

AGI,

Audiencia de Guadalajara, legajo 431. En realidad,

esos subalternos, a los que normalmente se remuneraba deduciendo la suma del salario de los oficiales reales, recibían su paga gracias al cochino (testimonios de enero de 1675, Veracruz, AGI , Escribanía de cámara, legajo 296a, cuaderno 23). 131. AGI, Audiencia de Guadalajara, legajo 431. 132. AGI, Audiencia de México, legajo 164, ramo 5, agosto de 1689. 133. AGI, Audiencia de México, legajo 1971, real cédula del 31 de enero de 1678. 134. AGI, Audiencia de México, legajo 164, ramo 5, y legajo 632. 135. AGI, Audiencia de México, legajo 861. 136. Representación de los oficiales reales de Veracruz al consejo, de fecha 11 de junio de 1736: Audiencia de México, legajo 861.

AGI ,

85

137. A propuesta de los oficiales reales, finalmente fueron nombrados Antonio de López Matoso, Juan de Arroeta, Juan de Renovales, Manuel Ignacio Larráinzar, Francisco de Irazogue y Juan de Rementería: AGI, Audiencia de México, legajo 862. 138. En Veracruz, la decisión, confirmada el 11 de julio de 1742, reavivó el despecho de los oficiales locales, que prefirieron solicitar la desaparición de los puestos suplementarios, antes que verse privados de una facultad importante. Finalmente se salieron con la suya en agosto de 1744, con la supresión de unas plazas cuya creación habían exigido sus predecesores durante decenas de años. Se les remplazó mediante una simple asignación que se otorgó a los oficiales reales, quienes la utilizaron para pagar a los trabajadores temporales que estaban únicamente bajo su responsabilidad. (Informe del virrey al Consejo de Indias de agosto de 1744, y decisión del Consejo de Indias del 14 de diciembre de 1746: AGI, Audiencia de México, legajo 862). 139. AGI. Audiencia de México, legajo 164, ramo 5. 140. Representación de Antonio de López Matoso al Consejo, 3 de octubre de 1741:

AGI ,

Audiencia de

México, legajo 862. 141. Todavía a mediados del siglo

XVIII,

no era raro que una real caja no dispusiera de un local

específico. En 1743, en Veracruz, la real caja estaba instalada en un “entresuelo con bodegas y piezas para un cuerpo de guardia” que alquilaba por 800 pesos al año. Es cierto que la ley establecía que la real caja debía estar situada en las casas reales de cada centro administrativo, pero no había ninguna casa real en Veracruz; Recopilación de leyes de Indias, ley 12, título 4, libro 8, y AGI, Audiencia de México, legajo 862. 142. Todas esas anécdotas se inspiran en casos concretos encontrados en la documentación, entre muchos otros, lo cual no impide que ciertas reales cajas sufrieran más que otras del ausentismo. Según un informe fechado el 9 de diciembre de 1735, redactado por el arzobispo y virrey de México, Juan Antonio de Vizarrón y Eguiarreta, el problema se planteaba más crudamente en Veracruz, en particular debido al clima: AGI, Audiencia de México, legajo 860. 143. Véase los capítulos III y VII. 144. Muy particularmente, eso es lo que revelan ciertos conflictos, en ocasiones violentos, que estallaron en el seno de varias reales cajas de la Nueva España. En Guanajuato, Gregorio Pérez de Castro fue atacado por una violenta ira a consecuencia de un diferendo concerniente a la repartición de las ganancias ilícitas con su colega Gonzalo de Leaegui, en 1716: Pérez de Castro atacó a la familia de Leaegui, hiriendo gravemente a la hija y a la esposa, a quienes dejó por muertas (AGI, Audiencia de México, legajo 632). En Veracruz, la rivalidad entre Francisco de Alarcón y Ocaña y su oficial superior, Antonio de López Matoso, no cesó de acrecentarse a partir de 1737, hasta que se tradujo en una verdadera división de la real caja en dos campos irreconciliables y al fin se arregló en febrero de 1741, mediante el arresto del oficial superior, a instigación del oficial real. Antonio de López Matoso permaneció finalmente más de 10 años en prisión, antes de ser destituido de su cargo, en 1755; sin embargo, obtuvo su reintegración en 1758: AGI , Audiencia de México, legajos 570, 862, 1 121, 1 122 y 1 163, e Indiferente general, legajo 158.

NOTAS FINALES *. Véase el glosario. **. Véase el glosario. §. Véase el glosario.

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†. Véase el glosario. ‡. Véase el glosario.

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III. Realidades y límites de la supervisión en la administración de la Real Hacienda de la Nueva España

1

LA ESTRUCTURA provincial de la administración de la Real Hacienda impuso muy pronto la idea de la indispensable supervisión, que hacían difícil de concretar las distancias y el personal al que se debía supervisar —aproximadamente una decena de personas de diversos grados en cada servicio—. Por ello, de manera similar a lo ocurrido en las cajas reales, las instancias de supervisión se encontraron en la incapacidad de desempeñar plenamente su función. Ésa es la razón por la que, independientemente del análisis de las normas y reglamentos administrativos, también es necesario dedicarse al estudio de la realidad del funcionamiento de las instancias de supervisión. El estudio de las debilidades de dichas instancias se extiende, entonces, tanto a los mecanismos del sistema de supervisión como a los factores de su parálisis, lo cual, además, hace posible aportar ya una primera respuesta a las observaciones anteriores sobre la importancia y la generalización de los fraudes y los abusos de poder.

LA CASCADA DE SUPERVISIONES 2

La supervisión suprema del conjunto de los diferentes servicios que constituían la administración de la Real Hacienda incumbía al virrey, quien poseía el título de superintendente de esa institución. En virtud de sus atribuciones, intervenía en las materias más diversas concernientes al conjunto de ese sector administrativo; pero, dado que estaba habilitado para tomar toda medida relativa a su funcionamiento, aun cuando pudiere ser necesario que el Consejo de Indias confirmara posteriormente sus decisiones, ejercía ante todo una competencia reglamentaria. La mención de tal responsabilidad se encuentra en todas las instrucciones dirigidas a los virreyes de las Indias que fueron nombrados. Es cierto que en esas directrices —documentos por naturaleza muy dependientes de la coyuntura política— se atribuía siempre un lugar importante a los problemas del momento sobre los que el Consejo de Indias podía contar con información; sin embargo, también estaban dedicadas en gran medida a las cuestiones de orden general concernientes al gobierno de las Indias. En el marco de esa documentación, la

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lectura actual del material, aun cuando sin ninguna exclusividad y sin que dependa siempre de un capítulo específico, revela la omnipresencia de la responsabilidad del virreinato en la esfera de la Real Hacienda.1

FIGURA III.1. Mapa de la región de Veracruz en 1784, Archivo General de la Nación, Mapoteca, 3543, México. 3

Por lo demás, ante el intervencionismo de unos y las aspiraciones autonomistas de otros, la legislación real recordaba la primacía virreinal sobre las cuestiones de reglamentación administrativa. La real cédula dirigida en mayo de 1691 a la Audiencia de Guadalajara, equivalente a un severo llamado al orden, no tenía en miras otra cosa cuando precisaba: “En este reyno, la administración y superintendencia de la Real Hacienda es del solo cargo del virrey de la Nueva España”.2

4

Un medio siglo más tarde, el conde de Fuenclara se encontraba ejerciendo plenamente sus prerrogativas al exigir a los oficiales reales de México, poco después de su toma de posesión, un estado de los ingresos de la Real Hacienda del virreinato: “[…] para poder hacer juicio del estado de [la] Real Hacienda en esas provincias y manejar su producto con la economía que necesitan las presentes urgencias”.3

5

Al actuar así, no hacía más que aplicar las consignas recibidas del marqués de la Ensenada, que le ordenaba verificar el estado de las cuentas dirigidas por los oficiales reales a la contaduría del Consejo de Indias.4

6

Así, los virreyes ejercían plenamente sus atribuciones reglamentarias cuando intervenían de manera directa en el funcionamiento del Tribunal de Cuentas, como lo hizo el duque de Albuquerque, quien, habiéndose desplazado al tribunal poco después de su toma de posesión del cargo, observó que: […] no habiendo aliado la claridad que pretendió saver, […] se practicó en la conferencia que en esta materia se tubo al medio y forma que se podía elegir para

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reducir a claro método y breve inteligencia […] para facilitar así la presentación de las quentas que no estaban como reconocimiento en la forma que se devía […]. 5 7

En los meses que siguieron, con el acuerdo de los contadores de la institución, su análisis tuvo como desenlace el establecimiento de una nueva estructura interna, aprobada en abril de 1660 mediante una real cédula.6 Los ejemplos de las intervenciones del virrey en el funcionamiento del Tribunal de Cuentas y, más generalmente, en el del aparato administrativo de la Real Hacienda abundan a todo lo largo del periodo en consideración. Aun cuando esas intervenciones recibían a menudo una acogida tan comprensible como sumisa —prestigio de la autoridad obliga—, como en el caso anterior, no por ello dejaron de tropezar en ocasiones con la cólera de los oficiales interesados, entre los cuales quizá los más resueltos fueron los contadores del Tribunal de Cuentas.

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El segundo duque de Albuquerque pudo verificar a sus expensas la intensidad de la irritación de dichos contadores a comienzos del siglo XVIII. En abril de 1703 publicó una ordenanza llena de sentido común: autorizaba a los contadores subalternos a que ellos también verificaran las cuentas que recibía el tribunal, y no se limitaran ya únicamente a llevar a cabo la ordenata,7 con el propósito de acelerar el trabajo del conjunto de la institución. Si bien la motivación era loable, los contadores superiores refunfuñaron por la aplicación de la ordenanza, que contradecía los textos legislativos y debilitaba la jerarquía interna.8 Lo mismo ocurrió entre 1716 y 1733, periodo durante el cual se invistió a los virreyes con la responsabilidad de la lucha en contra del rezago en la verificación o glosa de las cuentas. Basándose en esa comisión, los marqueses de Valero y Casafuerte contrataron, organizaron, reformaron, decidieron e impusieron al Tribunal de Cuentas todo un conjunto de medidas sin verdadera concertación; y el resultado no se hizo esperar: el conjunto del tribunal se alió en contra de los autores de los proyectos.

9

Igualmente, los virreyes poseían una importante autoridad en la contratación relacionada con el conjunto de la administración de la Real Hacienda: eran los únicos que designaban a los interinos que suplían toda vacante en un cargo, tanto en las cajas reales como en el Tribunal de Cuentas; y, asimismo, eran los únicos que libraban y autorizaban todo pago que la aportación obligatoria del visto del Tribunal de Cuentas no pusiera en tela de juicio.9

10

Todo lo anterior confirma la realidad de la autoridad del virrey sobre la administración de la Real Hacienda; por lo demás, al Consejo de Indias le preocupaban las alteraciones o las resistencias con que la autoridad del virrey tropezaba en ocasiones en el ejercicio de sus responsabilidades, por lo que regularmente recordaba a los contadores su deber de obediencia; pero le inquietaba mucho más la oscuridad en que se sumía esa soberanía feudal, muy particularmente en ocasión de los desembarcos de los visitadores llegados de España. En vísperas del nombramiento de Francisco de Pagabe, los miembros del Consejo de Indias subrayaron los inconvenientes de esa comisión, basándose en todas las visitas que se habían llevado a cabo desde 1603, tanto en el Perú como en la Nueva España: independientemente de su ineficacia, su principal inconveniente residía en el debilitamiento de la autoridad del virrey.10

11

La responsabilidad suprema, el derecho de supervisión y el poder reglamentario colocaban a los virreyes en la posición de un miembro del Consejo de Indias en todo lo que se relacionaba con el funcionamiento de ese sector vital de la administración colonial. Muchas de las decisiones que adoptaba el Consejo de Indias eran consecuencia de medidas e informes que le habían dirigido los virreyes por iniciativa propia. Tal virrey —el conde de Galve, en enero de 1690—, en una carta de recomendación para que un protegido

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obtuviera un oficio de la Real Hacienda, daba su opinión sobre la práctica de la venalidad de los oficios en ese sector administrativo;11 tal otro —José Sarmiento y Valladares, en mayo de 1698—, en respuesta a una solicitud para obtener informes circunstanciados y secretos sobre el efecto de las visitas generales en el funcionamiento administrativo del virreinato, retransmitía información secreta que le había proporcionado el obispo de Guadalajara en diciembre de 1692, quien, a su vez, respondía a una real cédula de mayo de 1690. En dicha información, Juan de Santiago de León Garabito analizaba la única visita a la que había podido asistir en 15 años de prelatura en esa ciudad: valiéndose de ejemplos precisos y a menudo sabrosos, concluía que las visitas tenían un efecto totalmente negativo, en especial cuando las realizaba un miembro de la audiencia responsable de la circunscripción visitada. Si bien es cierto que el informe llegó al Consejo de Indias cerca de seis años más tarde, el virrey que finalmente decidió dirigirlo sugería reformar radicalmente los mecanismos de supervisión que se aplicaban hasta entonces sobre el aparato administrativo colonial en conjunto; ahora bien, a pesar de la instructiva información que contenía el expediente final, no se decidió tomar ninguna medida en particular en lo relacionado con las visitas generales. Con todo, no se puede evitar establecer un vínculo entre el conjunto de informes del mismo tipo recibidos en respuesta a la real cédula de 1690 y la marcada reticencia de una parte de los miembros del Consejo de Indias a la organización de nuevas visitas de esa clase, como lo revelan los contradictorios debates que tuvieron lugar antes del nombramiento de Francisco de Pagabe como visitador general de la Nueva España.12 12

El virrey ejercía, en fin, atribuciones disciplinarias sobre los oficiales de la Real Hacienda, estando autorizado a decidir sobre cualesquiera medidas de supervisión o sanción en contra de estos últimos. Para ello, se basaba en toda la información que le llegaba, muy particularmente en las quejas presentadas contra los oficiales, y era el único que juzgaba sobre el curso que debía dársele. Por lo general, éste se traducía en el primer momento en el establecimiento de comisiones de visita: se trataba de visitas de contenido delimitado con mucha precisión por una orden de comisión que emanaba del propio virrey. En consecuencia, el comisario designado no podía sustraerse al terreno de acción definido por esas consignas sin correr el riesgo de que se le denunciara inmediatamente, a su vez, por abuso de poder. El virrey era el único que se encargaba de seleccionar al comisario responsable de la visita de entre tres tipos de profesionales posibles: un oidor de la Audiencia, un contador del Tribunal de Cuentas o, en fin, un hombre de confianza de su corte, cuya principal fuente de actividades en América la constituían esas comisiones. 13 La situación del momento y, sobre todo, la percepción que el virrey se formara de ella lo alentaban a la elección de fulano o mengano. En cuanto a los candidatos a esas comisiones, no era raro verlos rivalizar entre sí con la esperanza de obtener la anhelada designación;14 sin embargo, si bien es cierto que el virrey disponía de un verdadero margen de maniobra en ese terreno,15 también lo es que debía tomar en consideración la proporción del asunto denunciado. A partir de todas las comisiones cuyo rastro se encontró durante la investigación en el caso de los siglos XVII y XVIII, se pudo ver que la designación de un individuo nunca era totalmente ajena al asunto señalado. Si se trataba de cuestiones que implicaran necesariamente una pesquisa judicial, la elección se inclinaba de preferencia sobre un oidor de la Audiencia, puesto que únicamente esa elección permitía poner en movimiento sin tardanza la maquinaria administrativa contra los sospechosos; si el asunto se relacionaba más bien con un aspecto técnico —muy particularmente la teneduría de las cuentas o el estado de los depósitos en la real caja de que se tratase—, la designación recaía de preferencia sobre un oficial del Tribunal de

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Cuentas: la menor sospecha de malversación de fondos en un servicio de la Real Hacienda significaba el nombramiento de un contador, al que se despachaba para establecer un corte de caja, es decir, un balance de la real caja, mediante la comparación de los datos asentados en los libros de cuenta con los depósitos existentes;16 finalmente, en el caso de las comisiones relacionadas con cualquier otro aspecto administrativo de orden más general, la elección se hacía regularmente en provecho de los allegados del virrey: a ello se debió, por ejemplo, que la comisión del juez de guías afectado al puerto de Acapulco recayera en los hombres de confianza del virrey en funciones;17 y lo mismo ocurría también cuando se trataba de asuntos concernientes al orden público: el virrey designaba entonces a un militar de su entorno a la cabeza de un pequeño destacamento, al que despachaba inmediatamente al encuentro de los oficiales reales demasiado alborotadizos con el propósito de restablecer el orden lo más rápidamente posible.18 13

Así, a través de sus múltiples posibilidades de intervención, el virrey ejercía, con el título de superintendente, la primera responsabilidad de gobierno de la administración de la Real Hacienda; sin embargo, la diversidad de los campos de intervención contribuía a alejarlo de la realidad administrativa inmediata. Aunque las atribuciones que poseía para la administración de la Real Hacienda eran verdaderas, sólo las utilizaba de una manera irregular y puntual. Muy a menudo sólo intervenía a través de la Junta de Hacienda, que se reunía bajo su presidencia con una frecuencia semanal. La función institucional de la Junta hacía de ella una especie de gobierno de la administración de la Real Hacienda: además de que se ocupaba tanto de la administración cotidiana de esa institución como de la elaboración de las grandes directrices que debía seguir, también tenía una función de supervisión, lejana pero atenta; asimismo, se encargaba de tomar en primera instancia toda decisión concerniente a su funcionamiento, muy particularmente cuando se presentaban conflictos internos, antes de que interviniera el arbitraje del rey o de su Consejo de Indias. La Junta de Hacienda, que reagrupaba las responsabilidades de la Audiencia, el Tribunal de Cuentas y el propio virrey en el terreno de las finanzas, era en realidad la instancia de dirección efectiva y colectiva de la Real Hacienda en la Nueva España; por lo demás, su composición reflejaba su función: al lado del virrey, que la presidía, se sentaban el decano de la Audiencia, así como su fiscal, dos ministros del Tribunal de Cuentas de México, entre ellos su decano, y dos oficiales reales de la real caja de la ciudad de México. La Junta de Hacienda ejercía la autoridad suprema en materia de administración de la Real Hacienda y estaba encargada de velar desde la ciudad de México por el exacto cumplimiento de las normas administrativas, que ella misma se encargaba de definir en buena medida.19

14

Por otra parte, si bien es cierto que el virrey poseía y ejercía la autoridad suprema del aparato administrativo a través de la Junta de Hacienda, también lo es que se mantenía como una instancia a menudo lejana. La responsabilidad inmediata de la supervisión del funcionamiento cotidiano de la Real Hacienda era de la competencia del Tribunal de Cuentas, instalado en la capital del virreinato, al cual correspondía verificar, partida por partida, las cuentas de todos los servicios de la Real Hacienda y, mediante la verificación, supervisar muy de cerca los manejos de los oficiales reales de la institución.

15

La fundación del Tribunal de Cuentas se remonta a los primeros años del siglo XVII. Hasta entonces, la supervisión de los oficiales reales de las cajas reales correspondía a un “contador de la razón”, incorporado a la administración central virreinal, después de haber dependido, a partir de 1544, de la propia Audiencia.20 Desde la capital, dicho contador se encargaba de glosar las cuentas que despachaban las diversas instituciones de

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la Real Hacienda y de centralizar la información que recibía el virrey sobre las finanzas. Con el crecimiento del aparato administrativo, la obsolescencia afectó rápidamente a ese sistema, por lo que, en la práctica, la verificación desapareció progresivamente, dejando en libertad de movimientos a los responsables locales. Esa situación alentó el establecimiento de dos tribunales de cuentas en América, uno con sede en Lima y el otro en México, cuyas ordenanzas de fundación fueron promulgadas para los dos en 1606 y precisadas en 1609.21 16

En el ejercicio de sus funciones de supervisión, los contadores gozaban de una verdadera soberanía administrativa cuyas repercusiones jurisdiccionales eran importantes. En realidad, nadie podía interferir en su competencia puramente técnica de glosa de las cuentas, a no ser, en el escalón superior, los contadores de la contaduría del Consejo de Indias cuya supervisión, no obstante, era distante, si acaso la había. Con todo, lo esencial no radicaba en ello; residía en la naturaleza de las atribuciones de esencia judicial integradas en la jurisdicción destinada a la institución; por lo demás, sus prerrogativas judiciales estaban consignadas en la Recopilación de leyes de los reynos de Indias, como les gustaba recordarlo a los miembros del tribunal.22 Así, tenían el derecho de hacer indagaciones sobre todos los oficiales cuyas cuentas glosaban; las citaciones de comparecencia, los interrogatorios e incluso los arrestos y las detenciones provisionales de los sospechosos eran otros tantos métodos de acción a los que recurrían legalmente, propósito para el que disponían de un alguacil mayor incorporado al Tribunal de Cuentas; aun cuando no eran juristas, se encargaban igualmente de la indagación previa al establecimiento del acta de acusación en caso de fraude claro o simplemente supuesto; y, en fin, gracias siempre al recurso a su alguacil mayor, velaban por el inicio de las diligencias en contra de los infractores reconocidos como culpables; muy particularmente, se encargaban de la adopción de medidas de protección a la espera de una solución definitiva: embargo de bienes, encarcelamiento e inicio de la causa en contra de los sospechosos. Ahora bien, no todas esas medidas represivas estaban asimiladas jurídicamente a verdaderas sanciones ni a sentencias; estaban concebidas como simples medios a disposición de los contadores para recuperar las sumas de que la Real Hacienda consideraba haber sido despojada; por lo demás, en la última etapa del proceso iniciado, es decir, para la elaboración y proclamación del veredicto mismo, los contadores debían recurrir a un oidor de la Audiencia, quien se encargaba de juzgar definitivamente a la vista de los documentos establecidos por el Tribunal de Cuentas. En consecuencia, los contadores asistían directamente a los oidores de la Audiencia en el momento del establecimiento de las sentencias en primera instancia, sin que en realidad tuvieran dominio sobre la decisión; situación que, a pesar de todas sus reivindicaciones y aspiraciones, concretaba claramente la inferioridad y dependencia de los contadores del Tribunal de Cuentas con respecto a la Audiencia de México.

17

Con todo, una de las principales preocupaciones de los contadores de México continuó siendo la defensa de su libertad de acción, muy particularmente con respecto a las audiencias. Al igual que los oficiales reales de las cajas reales, los oficiales del Tribunal de Cuentas velaron celosamente por hacer a un lado a los tribunales que eran las audiencias en el ejercicio de sus propias responsabilidades: con el propósito de concretar y mantener su autonomía, no cesaron de hacer efectivo el título de “Audiencia de Cuentas” que les había sido atribuido en el momento de su fundación. Así, a todo lo largo de su existencia, buscaron obtener la igualdad de dignidad y salario con los ministros de las audiencias, como lo establecían, por lo demás, las ordenanzas de su creación; 23 sin embargo, la

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aplicación de la igualdad siguió siendo muy difícil, en particular en lo referente a la prelación. Como lo recordaba una real cédula del 15 de noviembre de 1748: En los actos públicos, todos los tribunales forman cuerpos con el virrey y audiencia, sin diferencia ni separación de escaño, siguiéndose en los asientos y lugares según sus antigüedades y graduación. De suerte que después del último ministro que comprende la audiencia, deben entrar a sentarse los del Tribunal de Cuentas, bien concurra uno solo o dos o bien todos y bien sean propietarios o honorarios. 24 18

En cuanto a los salarios, los contadores no obtuvieron nunca, durante el periodo estudiado, la igualdad que reivindicaban (véase el cuadro III.1); únicamente el regente del Tribunal de Cuentas recibió, durante el periodo de existencia de ese cargo, una remuneración que lo colocaba por sobre la mayoría de los magistrados de la Audiencia. Aun cuando esas cuestiones materiales y honoríficas hayan sido siempre el meollo de las preocupaciones de los ministros del Tribunal de Cuentas, como les gustaba denunciar a los adversarios de los tribunales de cuentas, su actividad no se limitaba a ellas: desempeñaban una función importante en la supervisión y regulación del aparato administrativo de la Real Hacienda, por lo que es esencial conocer los medios de que disponían para ejercer sus responsabilidades administrativas.

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En el momento de su fundación, a comienzos del siglo XVII, se asignó a los tribunales de cuentas de Lima y México tres contadores de cuentas y dos contadores ordenadores, todos los cuales eran nombrados exclusivamente por el rey en su Consejo de Indias a proposición de la Cámara de este último.25 En la época, esos cinco contadores tenían a su cargo únicamente tres cajas reales: México, Veracruz y Zacatecas.26 A esos ministros de rango superior se sumaba un alguacil mayor, que tenía derecho a nombrar un teniente y era comandante de una escuadra de tres o cuatro alguaciles.27 Cada tribunal fue dotado, en fin, con un portero o ujier, oficio de concesión perpetua nombrado hasta mediados del siglo XVII por el presidente del Consejo de Indias, antes de que, a partir de 1654, lo contratara el alguacil mayor del tribunal.28 A partir de su origen, las instancias de supervisión de la administración de la Real Hacienda dispusieron de recursos humanos importantes en relación con los cargos de su incumbencia; y lo mismo ocurría en lo referente a sus responsabilidades y prestigio originales. En consecuencia, todo concurría a hacer de esos tribunales una especie de tercera cámara de la Audiencia, al lado de la cámara civil y la criminal, aunque totalmente autónoma respecto a estas últimas. 29

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CUADRO III.1. Salarios de los ministros del Tribunal de Cuentas de México (1660-1780)

Note a : Esta suma está consignada en una ordenanza de nombramiento de ese año con la siguiente precisión: “Que es el sueldo asignado a los oydores de mi Audiencia de Guadalajara”; no obstante, es la única ocasión en que tal monto parece haber sido asignado a un contador superior del Tribunal de Cuentas de México durante el periodo estudiado. Note * : Véase el glosario 20

La razón de la existencia de los contadores consistía en la glosa anual de las cuentas que transmitían las diferentes cajas reales de que eran responsables, según tareas claramente distintas en función de su grado. Los contadores ordenadores se encargaban de poner en claro y en orden las cuentas que les dirigían los oficiales reales, trabajo muy prolongado y fastidioso. Una vez que se llevaba a cabo la ordenata, las cuentas se sometían a los contadores de cuentas, quienes estaban encargados de verificar su exactitud y, después de hacerlo, asentaban en ellas su finiquito, indicando que su labor técnica había terminado. Entonces comenzaba el segundo aspecto de sus responsabilidades: las diligencias en contra de todos aquellos que presentaban cuentas sin conciliar. A ese aspecto de su trabajo es al que los contadores de cuentas se dedicaban con más vehemencia, mientras que muy a menudo tendían a descuidar la parte técnica y ardua de la glosa.30 La doble tarea de los contadores superiores del Tribunal de Cuentas se enriquecía con el ejercicio de la autoridad sobre sus subalternos. En su calidad de responsables de la Audiencia de Cuentas, organizaban su funcionamiento interno conforme al sistema de mesas, según el cual a un contador ordenador, al que asignaban las cuentas de una real caja que debía poner en orden, asociaban un contador superior que verificaba la exactitud de las cuentas antes de cerrarlas.31 Los contadores superiores distribuían las cuentas entre todas las mesas, establecían la reglamentación interna del tribunal y supervisaban la regularidad del trabajo bajo la autoridad de su decano, quien presidía la institución, aun cuando su título era honorífico en gran medida, dado que su principal responsabilidad residía en la presidencia de la mesa mayor y en su participación en la de los archivos; no podía imponer por sí solo decisión alguna, porque todas las resoluciones se debían someter a la aprobación de los otros contadores superiores, que eran miembros de la mesa mayor.

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A partir de mediados del siglo XVII, la plantilla original del Tribunal de Cuentas se reveló insuficiente muy rápidamente, habida cuenta del considerable incremento de las tareas que debía llevar a cabo. El desequilibrio estructural entre la plantilla de los oficios de contadores y el continuo crecimiento de la carga de trabajo ya no cesó de aumentar, lo cual marcó el inicio de una carrera de persecución sin fin: la disparidad nunca logró desaparecer totalmente durante el periodo estudiado, a pesar de las creaciones de oficios a las que, aunque reticente, debió consentir el poder español. En 1644 se creó una tercera categoría de contadores, a la que se dio el título de “contadores de resultas”, lo cual llevó el número de ministros del tribunal a un total de siete.32 Originalmente, los recién llegados fueron afectados a la glosa de las cuentas que, a falta de tiempo, no se había podido poner al día desde hacía varios años; sin embargo, sus responsabilidades se extendieron progresivamente a la glosa de todas las cuentas en general, lo que descargó a los contadores superiores de sus últimas responsabilidades técnicas. A partir de entonces, los contadores superiores se limitaron a la inscripción del finiquito, lo que únicamente ellos seguían estando habilitados para hacer, una vez efectuada la glosa; consecuentemente, se dedicaron plena y exclusivamente a tres actividades que ellos consideraban como las más nobles: las diligencias judiciales, el buen funcionamiento interno de la institución y su responsabilidad como consejeros del virrey. El conjunto de los siete contadores, en fin, estaba secundado por un reducido personal subalterno puesto bajo su responsabilidad que, a mediados del siglo XVII, contaba en total con dos oficiales calificados como “oficiales del libro”33 y cuyo trabajo consistía esencialmente en un trabajo de escritura y redacción de los documentos administrativos del Tribunal de Cuentas; ellos redactaban los duplicados de todas las cuentas que previamente habían puesto en forma los contadores, con el propósito de enviarlas a la contaduría del Consejo de Indias; igualmente, efectuaban todo el trabajo de secretariado y proporcionaban a los contadores los instrumentos necesarios para su trabajo.34

22

Con la creación de oficios de 1644, el Tribunal de Cuentas adquirió su rostro definitivo: se organizó en torno a varias mesas, cada una de las cuales constituía un microcosmo de la propia institución. Las mesas recibían las cuentas que se debían ordenar y verificar, provenientes de las diversas ramas administrativas, y cada grupo comprendía contadores ordenadores y contadores de resultas. Varias mesas fueron puestas enseguida bajo la autoridad de un contador superior que organizaba y controlaba su trabajo; esas mesas, llamadas de cuentas, se distinguían de la mesa mayor, la que, debido a que reagrupaba al conjunto de los contadores superiores bajo la presidencia de su decano, constituía la instancia dirigente de la institución. En la mesa mayor se decidían notablemente las diligencias que se debían llevar a cabo una vez hechas las verificaciones; representaba al tribunal ante el exterior, se expresaba en su nombre y otorgaba mandato a su decano en el caso de toda actuación ante otras instancias administrativas, y determinaba también todo lo correspondiente al funcionamiento interno de la institución: constitución de las mesas, distribución de las cuentas que se debían verificar, otorgamiento de horas extraordinarias, distribución de sanciones, etcétera. Su método de funcionamiento —toda decisión se sometía a votación— acentuaba su carácter colegiado: todos sus miembros tenían en ella las mismas prerrogativas, si bien el más antiguo recibía el título honorífico de decano; y, en fin, debía reunirse al menos tres veces por semana, a fin de ejercer plenamente sus responsabilidades.35

23

Una última mesa, llamada “mesa de memoria y alcances”, se encargaba de una responsabilidad particular. Su organización había sido decidida por el virrey Albuquerque

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hacia 1653 y, según sus propias afirmaciones, se trataba de proporcionar al tribunal los medios para su actuación, institucionalizando una instancia hasta entonces informal. Esa mesa recibió el encargo de llevar a cabo la recapitulación de los documentos recibidos — órdenes reales, cuentas por verificar, informes o demandas—, la de las cuentas ya verificadas y debidamente catalogadas y, en fin, la de las actuaciones intentadas y la de los informes que expedía la institución; así, constituía la memoria viva del tribunal, dado que se encargaba del gobierno de sus archivos. En consecuencia, se decidió afectar a ella al decano, ayudado por otros dos contadores designados según su disponibilidad y antigüedad.36 24

Más tarde, la fisonomía del tribunal ya no se modificó profundamente, a no ser por un aumento en el número de sus miembros. Esos retoques, por importantes que pudieran parecer, tuvieron siempre como objetivo obtener un incremento del personal, limitando al mismo tiempo, tanto como fuese posible, la creación de oficios permanentes suplementarios, ya que, en opinión de la metrópoli, con ellos se corría el riesgo de multiplicar peligrosamente los gastos de funcionamiento sin una compensación significativa en su eficacia. Así, después de la fundación del Tribunal de Cuentas de México a comienzos del siglo XVII, las decisiones concernientes a su plantilla de personal oscilaron permanentemente entre esas dos restricciones opuestas: responder de la mejor manera a las obligaciones crecientes sin inflar los gastos de funcionamiento, considerados siempre excesivos.

25

En el transcurso de la segunda mitad del siglo XVII, los incrementos sucesivos de personal duplicaron progresivamente el número de oficiales titulares, llevándolo a 15, incluido su alguacil mayor.37 Así, en medio siglo, la pirámide de las categorías de oficiales titulares de la institución se había invertido totalmente: si bien el número de contadores superiores no había evolucionado, los contadores de resultas habían pasado a cuatro y los contadores ordenadores a seis; total al que se sumaban siempre uno o dos oficiales subalternos, llamados “oficiales del libro”, a los que los contadores calificaban, no sin perfidia, como “oficiales reales”.38 La principal etapa del incremento del número de titulares se situó en 1660, año en el que fueron creados simultáneamente cuatro oficios suplementarios, dos de contadores ordenadores y dos de contadores de resultas.39 Las últimas creaciones de oficios, en fin, se situaron entre 1696 y 1701,40 antes de la radical reforma de la Nueva Planta.41 Ahora bien, aun cuando pueda parecer importante el incremento de oficiales titulares durante la segunda mitad del siglo XVII, el aumento del personal del Tribunal de Cuentas dependió también del recurso a los que no eran titulares: en vísperas de la reforma, el tribunal contaba con 14 titulares, contra otros tantos que no lo eran: en efecto, se encontraron dos supernumerarios entre los contadores ordenadores, cuatro entre los de contadores de resultas, siete entre los contadores superiores y un oficial del libro suplementario.42

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Los oficiales supernumerarios, que por lo general compraban su oficio, obtenían la seguridad de que serían titulares algún día, una vez que todos los que los precedían en la compra les cedieran el lugar; sin embargo, la posición de supernumerario no impedía que el beneficiario trabajara en el tribunal si lo deseaba, lo que le permitía, sobre todo, percibir el salario correspondiente a su grado.43 Con todo, la presencia del personal que no era titular no se detenía ahí; a los supernumerarios venían a sumarse todos aquellos que aguardaban la liberación de una plaza, cualquiera que fuese. Los candidatos a la titularización futura —quienes muy a menudo también habían comprado su oficio y habían sido bautizados como “futurarios”— se apiñaban por orden de antigüedad frente a

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las puertas del tribunal; sin embargo, aun cuando era fuerte la tentación de multiplicar esa precontratación provechosa para una monarquía necesitada, el limitado número de oficios no les garantizaba de manera alguna la posibilidad de obtener satisfacción algún día. Consecuentemente, para mensurar la realidad del incremento del personal del Tribunal de Cuentas de México, es necesario tomar en consideración unos efectivos mucho más numerosos que los de los titulares: durante los años más intensos de la venalidad de los oficios —entre 1660 y 1720—, ¡los titulares, los supernumerarios y los futurarios, incluidas todas las categorías, constituyeron un grupo casi tres veces superior al de los oficios existentes oficialmente en el tribunal que debía acogerlos! 27

La Nueva Planta que impuso uniformemente el nuevo monarca en todo el imperio en 1701 constituyó únicamente un corto paréntesis en la inflación del número de oficiales que no eran titulares. El desorden y el rezago en el trabajo del tribunal adquirieron tal amplitud que pareció necesario aceptar una contravención de la reforma: en noviembre de 1713, una nueva real cédula autorizó una vez más el recurso a los supernumerarios, antes prohibidos, con el propósito de disminuir el trabajo rezagado que se había acumulado. 44 Casi de inmediato, a partir de 1715, el personal del tribunal se encontró nuevamente con 26 ministros, es decir, el doble de su plantilla, sin contar al alguacil mayor, de quien se puede considerar que era el vigesimoséptimo ministro: tenía el rango de contador superior y podía ocupar un escaño al lado de ellos.45 En esa época, el nuevo virrey, el marqués de Valero, basándose en una nueva real cédula de junio de 1715, decidió retornar a una administración más rigurosa de la contratación en el Tribunal de Cuentas, echando por tierra el proyecto de 1713 y sus excesos.46 Los partidarios y los adversarios del incremento de puestos se enfrentaron durante 10 años, tanto en México como en Madrid. Finalmente, en noviembre de 1726, se decidió una vez más una Nueva Planta, que se aplicó con firmeza y flexibilidad a la vez. Los supernumerarios fueron excluidos — reformados—a y únicamente conservaron la prioridad de acceso a un oficio y también se transformaron en futurarios; paralelamente, no obstante, habida cuenta del desorden en que se encontraba el tribunal, se decidió emplear a esos futuros titulares como auxiliares por una duración máxima de cuatro años.47 Una última medida limitaba la carga económica que representaban los oficiales suplementarios, al mismo tiempo que alentaba a los auxiliares a lograr la máxima eficacia: se les retribuiría de acuerdo con las sumas que su trabajo permitiera recuperar.48

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Posteriormente, el número de plazas del Tribunal de Cuentas de México ya no cambió hasta 1776, año en el que, una vez más, se proclamó una Nueva Planta.49 En ella se decidió un ligero incremento del número de titulares, sobre todo con una redistribución interna de los puestos: a los contadores superiores, reducidos a tres, se añadieron seis contadores en cada una de las otras dos categorías. La nueva distribución fijaba también el número de subalternos, estableciendo en 20 la plantilla global de personal.50 Esos modestos retoques se completaron más radicalmente a comienzos de los años de 1780, cuando vieron la luz diferentes proyectos de reforma del Tribunal de Cuentas.51 El fiscal, Ramón de Posada y Soto, oponiéndose al proyecto de supresión que había presentado Pedro Antonio de Cosío en julio de 1782, logró convencer al Consejo de Indias de la utilidad de la institución que él presidía y de sus necesidades de personal. El intenso reproche y las luchas de intereses que tuvieron lugar durante un decenio sobre el porvenir del Tribunal de Cuentas de México tuvieron finalmente como desenlace la contratación de 24 contadores suplementarios en 1791. La única innovación de importancia que valga la pena señalar antes de ese agitado decenio en el caso del Tribunal de Cuentas de México se refiere al

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reconocimiento que se hizo en 1755 de los ministros remplazantes que no contaban con el beneficio de ninguna situación de hecho. A instigación del virrey, conde de Revillagigedo, se decidió que los interinos debían constituir el vivero en el que se formarían los futuros oficiales del tribunal, por lo que, con el propósito de hacer más atractiva su situación, hasta entonces particularmente precaria, se crearon cuatro o cinco oficios de ministro llamados “contadores de providencia”, que no tenían remuneración, pero se les garantizaba el pasaje por los diferentes servicios del tribunal como otras tantas etapas de formación y, una vez terminada ésta, se encontraban aptos para pretender ingresar de pleno derecho al tribunal.52 En compensación por el esfuerzo a que consentían, el tribunal se comprometía a considerarlos como prioritarios para las plazas vacantes y, por ende, a recomendar sus candidaturas al Consejo de Indias. Así, esa nueva categoría de oficiales se convirtió, al mismo tiempo, en una precontratación y en garantía de formación para los futuros ministros del tribunal. 29

Después de todo, haciendo a un lado el periodo de contratación máxima de supernumerarios y futurarios, determinado antes bien por la difícil situación de las finanzas de España que por una verdadera política administrativa en la Nueva España, la plantilla de oficios afectados al Tribunal de Cuentas evolucionó muy poco. A partir de finales del siglo XVII su número permaneció inmóvil en 13 contadores y un alguacil mayor; y cuando, después de muchas vacilaciones, finalmente se decidió un incremento significativo del número de contadores, no ocurrió antes del último cuarto del siglo XVIII. 53 Es muy fácil imaginar que el hecho de no haber tomado en consideración el incremento de su carga de trabajo haya podido ejercer un efecto en el funcionamiento del Tribunal de Cuentas de México, porque si bien es cierto que lo esencial de su actividad se aplicaba a verificar las cajas reales, cada vez más numerosas, también es cierto que no se limitaba a esa única tarea. Recuérdese que el tribunal también tenía autoridad sobre las oficinas de las rentas y los monopolios reales, en arrendamiento o no; a lo cual se sumaba, en fin, la glosa de las cuentas de las instituciones religiosas, como los colegios reales o la fábrica b de catedrales. Cada año, ello significaba para el Tribunal de Cuentas la revisión de una cuarentena de cuentas, aunque de importancia desigual, a las que se agregaban las cuentas de la docena de cajas reales.54

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Consecuentemente, la administración de las cajas reales se encontraba situada bajo el haz convergente, aunque rival en ocasiones, de esas severas miradas inquisitoriales, si bien tales miradas no eran suficientes como para lograr evitar los abusos cuya multiplicidad se ha hecho notar. A pesar de la desventaja de la descentralización, característica de la estructura de la Real Hacienda en América, se podría estar en condiciones de considerar que la cascada de supervisiones debió de haber podido poner término a las prácticas delictuosas que se incrustaban en esa institución; pero se sabe que nada de eso ocurrió. ¿En qué grado pudieron ser responsables de esa parálisis las propias instituciones de supervisión? ¿Existieron causas estructurales del fracaso? ¿Cuál era el punto de vista de la metrópoli sobre la situación que se había creado? Éstas son las interrogantes a las que se intentará dar respuesta ahora, mediante el estudio en particular de la parálisis del Tribunal de Cuentas de México.

UN TRIBUNAL DE CUENTAS FUERA DE SÍ 31

Ante la ineficacia de la supervisión de los oficiales reales, bajo la pluma de los responsables políticos y administrativos coloniales reaparece regularmente un culpable:

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los plazos necesarios para que el tribunal garantizara la glosa de las cuentas. Es verdad que la conclusión a que se puede llegar en ese terreno parece inapelable (véase los cuadros III.2 y III.3), ya que los datos que proporcionaba el propio tribunal ilustran una acumulación espectacular de cuentas sin glosar, en ocasiones durante varios decenios; sin embargo, a pesar de la información convergente de orígenes diversos, parte de la cual proviene de la documentación de la propia institución, es necesario subrayar las incoherencias en los datos recolectados. Así, la situación de la real caja de Zacatecas es un buen indicio de las variaciones, muy marcadas en ocasiones, que es posible encontrar en periodos cortos. 32

En 1702, el tribunal reveló que los rezagos correspondientes a la real caja de Zacatecas habían comenzado a acumularse desde 1664 y que todavía en 1699 los trabajos de glosa se encontraban “muy atrasados”; ahora bien, en 1702 el rezago ya era de tan sólo tres años, plazo que aparentemente era una hazaña, habida cuenta de la situación general. ¿Cómo explicar un restablecimiento tan rápido? Es necesario buscar la respuesta en la intervención de uno de los oficiales reales de esa real caja, Francisco de Luna. De Luna había sido promovido a uno de los cargos de contador del tribunal, pero antes de ello, con el propósito de obtener la confirmación de su traslado, debió presentar sus cuentas debidamente verificadas al Consejo de Indias. Preocupado por el rezago en el trabajo del tribunal, tomó en sus manos el asunto y decidió hacer proceder a la glosa de las cuentas a su propio coste, pagando las horas extraordinarias necesarias a los contadores del Tribunal de Cuentas de la ciudad de México. Con todo, el restablecimiento se reveló tan sólo como un corto respiro: inmediatamente después, el rezago en la glosa de las cuentas de esa real caja experimentó nuevamente un fuerte incremento. Este ejemplo ilustra el grado en que los rezagos podían estar sujetos a fuertes variaciones de una real caja a otra y durante periodos cortos, debido a razones puntuales o coyunturales de las que muy a menudo se ignora todo.

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A pesar de la parte aleatoria que encierra el ejercicio de investigación, no por ello deja de ser posible, en el primer momento, trazar un esbozo de la coyuntura de los rezagos en la glosa de las cuentas. Si bien es cierto que, en agosto de 1720, los contadores afirmaban con claridad que el rezago parecía haber aparecido ya en 1628, el fenómeno únicamente se transformó en un verdadero problema en el transcurso de la segunda mitad del siglo XVII;55 sin embargo, según afirmaba el fiscal del Consejo de Indias en 1714, nada en la correspondencia de los virreyes dejaba entrever la catastrófica situación existente. 56 En cambio, los informes redactados en el marco de la visita general de la Real Hacienda de la Nueva España que abarcó los decenios de 1660 y 1670 son ricos en información y ofrecen la posibilidad de plantear un diagnóstico preciso. Uno de los visitadores, Gonzalo Suárez de San Martín, concentró toda su atención en el Tribunal de Cuentas e insistió en lo que, en su opinión, constituía su principal problema: los rezagos en la glosa de las cuentas. Apoyándose en los datos correspondientes a la real caja de la ciudad de México, estableció un cuadro preciso de su situación: las últimas cuentas que había recibido el tribunal databan de 1672; por el contrario, los trabajos de glosa entonces pendientes se referían a las cuentas de 1669. Dicho en otras palabras, en el caso de una de las cajas reales más abundantes en ramos, el rezago no superaba los cinco años en 1674. 57 En el caso de las cuentas de una real caja más periférica, la de Campeche, el rezago era solamente de tres años en 1682. Lo anterior quiere decir que, hasta los años de 1670, los rezagos que había acumulado el Tribunal de Cuentas no tenían nada de insuperable ni de extravagante. El propio oidor Gonzalo Suárez de San Martín, a pesar de su severidad con el tribunal,

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consideró que algunos ajustes de detalle serían suficientes para terminar con las dificultades, que presentó como pasajeras.58 34

Con todo, 30 años más tarde, los rezagos en la glosa de las cuentas habían adquirido una magnitud considerable. En 1703, según el contador Sebastián de Imaz y Arbillaga, variaban de 12 años, en el caso de las cuentas mejor examinadas, a 40 años, en el caso de las otras.59 En ese mismo año, el oficial real de la real caja de la ciudad de México, José de Fernández Canal, comprobó que los rezagos alcanzaban 20 años en el caso de ciertas cajas reales.60 Un informe del Tribunal de Cuentas, en fin, ofrece a su vez una información convergente desde 1698: tan sólo en el caso de la real caja de México, el rezago promedio era de 10 a 12 años.61 En cuanto a las cuentas de las oficinas de las rentas y monopolios reales, su tratamiento no tenía nada de diferente: en diciembre de 1710, los rezagos en la glosa oscilaban entre 16 años, en el caso de las cuentas de los azogues; 30 años, en el caso del papel sellado, y 20 años, en el caso de las alcabalas.62 Consecuentemente, la acumulación del rezago se presentó como un fenómeno temprano en la historia del Tribunal de Cuentas de México y se amplió en el transcurso de la segunda mitad del siglo XVII conforme a un ritmo cada vez más rápido, para alcanzar su apogeo en el transcurso del periodo de 1700 a 1715. Durante esa última fase, a pesar de las diferencias en ocasiones sensibles, el rezago promedio fue superior a los 10 años (véase el cuadro III.4).

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Ahora bien, las sensibles diferencias de una real caja a otra permitieron que surgieran tres variedades correspondientes a otras tantas situaciones. Algunas cajas reales o servicios únicamente experimentaban rezagos limitados, claramente inferiores a la media general. Lo anterior era particularmente cierto en el caso de los servicios de Veracruz, cuya importancia para el comercio colonial es conocida, así como, aunque en menor grado, en el caso de los de Acapulco. Según parece, las exigencias administrativas relacionadas con esas cajas reales vitales para el funcionamiento del aparato colonial eran suficientes para limitar el rezago a aproximadamente cinco años. La misma situación se encontró en el caso de las cuentas de las contadurías de las rentas reales de Puebla, muy particularmente la de la alcabala y la del tributo; es probable que la profunda reforma que impuso Juan José de Veytia Linage a esos servicios, así como su prestigio, autoridad y poder, no haya sido extraña a la diligencia del Tribunal de Cuentas con respecto a ellos; 63 sin embargo, no se puede descartar totalmente un segundo factor no carente de importancia que contribuyó a acelerar el proceso de glosa: ésta se facilitaba gracias a la modestia relativa de las cuentas de esa ciudad, así como a su menor complejidad. Una segunda variedad parece corresponder a las cajas reales importantes, cuya multiplicidad y complejidad de ramos agobiaban a los contadores. Esas cajas reales, como la de México o la de Zacatecas, experimentaban rezagos que se situaban en torno a la media general. Finalmente, los rezagos más importantes, que alcanzaban o superaban los 20 años, se relacionaban con las cajas reales periféricas o secundarias de las provincias del occidente y el norte del virreinato, como Guadalajara, Guanajuato o Sombrerete. La única excepción a esa regla parece haber sido la real caja de San Luis Potosí, en cuyo caso la glosa de las cuentas únicamente mostraba dos años de rezago.64

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El desigual rezago en la glosa de las cuentas también es aplicable a la naturaleza de las propias cuentas. En una misma real caja, según el ramo que se considere, los rezagos podían llegar a ser hasta del triple del tiempo; así, dejando a un lado el caso particularmente original de Puebla, las cuentas de las rentas en arrendamiento experimentaban a menudo rezagos mucho más considerables. Estas observaciones permiten entrever que el grado en la lentitud del trabajo del Tribunal de Cuentas no

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dependía únicamente del azar. En realidad, los contadores llevaban a cabo una verdadera selección entre los servicios prioritarios —los que interesaban directamente a la metrópoli— y los que, por encontrarse demasiado lejos o por ser demasiado prolíficos en documentación —en ocasiones ambas cosas a la vez—, les ofrecían justificaciones complacientes para su negligencia. CUADRO III.2. Rezagos del Tribunal de Cuentas en la glosa de las cuentas de las cajas reales de la Nueva España (1680-1760)

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CUADRO III.2. (Conclusión)

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A partir de los años de 1720, el rezago acumulado tendió a retroceder regularmente; no obstante, su erradicación quedó sujeta al recurso a medidas de excepción, impuestas a partir de noviembre de 1726:65 en seis años se logró la desaparición de los rezagos acumulados anteriormente. En 1732, después de la suspensión de ese plan de urgencia, el tribunal logró mantener plazos razonables en la revisión de las cuentas que se limitaban a unos cuantos años cuando mucho; sin embargo, si bien ya no se encontraron de inmediato las dilaciones del periodo anterior, el Tribunal de Cuentas de México se reveló siempre incapaz de cumplir plenamente con sus obligaciones en los términos establecidos por la ley, es decir, llevar a cabo la glosa de las cuentas recibidas en un plazo no superior a seis meses; por lo demás, los avances logrados antes de 1740 parecen haber desaparecido con el tiempo en el transcurso de la segunda mitad del siglo. En sus informes sin concesiones sobre la situación del Tribunal de Cuentas de México a comienzos de los años de 1780, el superintendente de la Real Hacienda, Pedro Antonio de Cosío, insistía muy particularmente en la importancia del número de cuentas sin verificar. Veía en ello la prueba de la inutilidad de un tribunal incapaz de cumplir con sus tareas, a pesar del reciente incremento de su personal, y llegaba a la conclusión de que su supresión era necesaria.66 Finalmente, la respuesta que se aportó a la situación encontrada, respuesta menos radical que la supresión del tribunal, permitió reducir sensiblemente el problema, sin llegar, no obstante, a resolverlo ni plena ni durablemente.67

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La cuestión de los rezagos en la glosa de las cuentas se presentaba, entonces, como un problema propiamente estructural de la institución, con consecuencias incalculables para el conjunto de la Real Hacienda. En 1714, el fiscal del Consejo de Indias resumía sus nefastos efectos desde una doble perspectiva: el incumplimiento de los plazos concedidos al Tribunal de Cuentas impedía el rápido conocimiento de los débitos en que habían incurrido los oficiales reales; y, gracias al rezago, se hacía imposible cubrir los

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descubiertos, dado que, muy frecuentemente, los oficiales implicados y sus fiadores ya habían desaparecido. Según el fiscal, la lentitud de la glosa de las cuentas de las instituciones de finanzas hacía que todas las amenazas de sanciones resultasen lejanas e hipotéticas, lo que alentaba a los oficiales a: “[…] vivir y estar con aquel descuido en la buena quenta y razón de sus quentas haciendo juicio de que nunca llegase el caso de que se glosen”.68 CUADRO III.3. Rezagos en la supervisión de las oficinas especializadas de la Real Hacienda de la Nueva España (1660-1780)

CUADRO III.4. Rezago promedio en la glosa de las cuentas de las cajas reales de la Nueva España (1698-1723)

FUENTE: véase el cuadro III.1. 39

¿Cómo explicar entonces una situación de la que los responsables coloniales se revelaban incapaces de desembarazar al tribunal y cuya importancia, no obstante, no escapaba a nadie? Para los propios contadores, la causa no ofrecía duda alguna, como solían explicar a la menor ocasión que se les presentaba ante las autoridades metropolitanas. Según ellos, había un desequilibrio excesivo entre las obligaciones de la institución y su personal. 69 Por lo demás, había otros que, en ocasiones, retomaban ese argumento, que no carecía de fuerza ni de realidad: los oficiales reales, el virrey o incluso el fiscal del Consejo de Indias, quienes, por turnos, apoyaban con su autoridad las quejas del tribunal en ese terreno; 70 sin embargo, no se puede evitar señalar que el rezago máximo se alcanzó precisamente

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durante el periodo correspondiente a la afluencia generalizada de supernumerarios y a la presencia de los futurarios en espera de un oficio. Consecuentemente, si bien es cierto que no se puede desatender por completo el argumento de los contadores,71 también es cierto que es necesario tomar en consideración algunas otras explicaciones. 40

En los meandros de un informe, los propios contadores admitían implícitamente en ocasiones otras causas de la situación de su institución. Muy en particular, denunciaban las decisiones, que ellos estimaban inoportunas, de los virreyes, quienes, basándose en su autoridad de supervisión, decretaban e imponían medidas destinadas a mejorar el avance del trabajo. Así, en ocasión de un real acuerdo, en su deseo de ver reducirse los rezagos acumulados, el virrey Albuquerque impuso al tribunal la supresión de la glosa doble de las cuentas llamadas a cuatro manos, con el propósito de que el esfuerzo del tribunal se concentrara en las cuentas más antiguas, las cuales, según las normas en vigor, únicamente exigían un contador. Ahora bien, las primeras se referían precisamente a las cuentas de los oficiales en servicio activo. El efecto negativo de la medida no se hizo esperar, según una denuncia del tribunal de mayo de 1710: dado que el avance logrado en las cuentas antiguas no compensaba la acumulación de los estados que le enviaban los diferentes servicios, el rezago no cesó de aumentar, con la consecuencia de que “todos los ministros de Real Hacienda saben que sus cuentas no serán ordenadas en tiempo que personalmente les pase el perjuicio y componiéndose las fianzas que oficiales reales dan de hombres del comercio, no es recurso nada abonado para los alcanzes por lo insubsistente de estos caudales en este reino”.72

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En abril de 1703, en ocasión de un real acuerdo, el propio rey decidió la supresión de la ordenata de las cuentas con el propósito de utilizar a los contadores habitualmente encargados de ese trabajo en el de los balances. Aun cuando esa medida fue aprobada posteriormente por el Consejo de Indias, entorpeció e hizo más lento el trabajo de los contadores, habida cuenta de que, por lo general, la presentación de las cuentas que recibían era confusa.73 Así, ciertas disposiciones, en ocasiones de sentido común pero en las que no se tomaba en consideración la especificidad del trabajo que se exigía y que generalmente eran mal admitidas por los propios contadores, contribuyeron a agravar una situación ya de suyo muy comprometida.

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A las intervenciones externas se sumaba, según los contadores, el retraso con el que los propios oficiales reales se hacían cargo de su contabilidad: durante el periodo de 1690 a 1730, los rezagos eran por lo general de dos a tres años;74 por lo tanto, es evidente que, en opinión de los ministros del Tribunal de Cuentas de México, no se les podía imputar exclusivamente la responsabilidad por los rezagos. A los contadores, en fin, les gustaba recordar las restricciones específicas a que los constreñían sus grados, sus títulos o incluso sus funciones: dado que poseían una competencia técnica reconocida y, en resumidas cuentas, poco común, en ocasiones se recurría a ellos para que ejercieran comisiones que correspondían a la esfera de la Real Hacienda; puntualmente, incluso se les encargaba suplir a los oficiales reales que faltaban a su deber y ejercer como oficiales reales interinos. Así, en noviembre de 1701, el tribunal recuerda lo mucho que las residencias de virreyes, jueces o incluso alcaldes mayores, al igual que las visitas de supervisión y las diversas comisiones, significaban en obligaciones suplementarias casi permanentes para los contadores.75 Es cierto que la ley especificaba muy claramente que esos ministros no debían ser retirados bajo ningún pretexto de su tribunal y afectados, ni siquiera temporalmente, a tales comisiones; sin embargo, a pesar de que continuamente se recordaba la prohibición, todavía en vigor, el recurso a los contadores del Tribunal de

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Cuentas siguió siendo una práctica corriente, a la que ellos mismos se plegaban de muy buena gana.76 43

Asimismo, es posible mensurar el peso de las obligaciones suplementarias que se impusieron a los contadores del Tribunal de Cuentas de México en el transcurso de ciertos periodos y, muy particularmente, durante los decenios de 1700 a 1730, periodo coincidente con el rezago máximo en su trabajo. Así, Juan José de Veytia Linage se encontró afectado a Puebla a partir de enero de 1697 y ahí permaneció 25 años, hasta su muerte, en 1722.77 De la misma manera, en 1701, dos contadores fueron afectados durante varios meses a la residencia del juez Juan de Escalante y Mendoza.78 Más adelante, después de la visita general que llevó a cabo Prudencio de Palacios, numerosos oficiales reales fueron suspendidos, al menos temporalmente. Asimismo, se encontró que, a partir de 1719, varios contadores ejercieron remplazos en las cajas reales: dos de ellos fueron afectados a Acapulco y otros dos a Veracruz, al lado de Andrés de Liziaga Zavala, quien había sido nombrado superintendente de esa real caja. A este último se le había encargado muy en especial poner orden en una contabilidad particularmente confusa.79 A comienzos de los años de 1720, ¡el sangrado de ministros a expensas del Tribunal de Cuentas había sido tan frecuente que ya únicamente quedaban en servicio en México un contador de resultas y dos contadores ordenadores!80 Los años que siguieron no significaron de ninguna manera un retorno a lo normal: en 1722, dos contadores recientemente contratados, Joaquín Morales y Antonio Morales, que habían sido presentados como poseedores de “alguna capacidad”, fueron trasladados a otros cargos sin que se les remplazara inmediatamente.81 En 1726, en ocasión de una nueva suspensión temporal de los oficiales reales de la ciudad de México, se tomó a dos remplazantes de entre los contadores ordenadores del tribunal. En el transcurso de esos mismos años, el virrey Valero designó con regularidad al contador superior Gabriel Guerrero de Árdila a la cabeza de diversas comisiones que lo alejaron del tribunal: durante dos años se encargó de la recepción del galeón de Manila y participó durante varios meses en la expedición enviada a la conquista de la Sierra Gorda. En julio de 1726, en fin, el contador de resultas, Simón de Carragal, se integró al secretariado virreinal y se encargó de las cuestiones militares.82 Si a esas ausencias forzadas se agregan las debidas a enfermedad, fallecimiento o incluso conveniencia personal,83 se llega a la conclusión de que el tribunal nunca estuvo completo entre 1700 y 1730. Más aún, ¡su plantilla oficial se mantuvo dividida con gran regularidad por tres o cuatro! Tal ausentismo, de orígenes diversos, contribuyó al surgimiento y, más tarde, al agravamiento del rezago que se observó.

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En consecuencia, no se pueden descartar por completo los argumentos expuestos por los contadores. Los métodos de funcionamiento del conjunto del aparato administrativo — presiones e intervenciones externas, falta de medios y personal, ligereza de los oficiales reales en el despacho de sus balances, etcétera— contribuyeron ante todo al desorden interno; pero eso no fue todo: junto con los contadores, se debe admitir que las dificultades de funcionamiento se debían también a las responsabilidades de la institución y de sus ministros. Debido a sus funciones, destinadas al tribunal, y a su prestigio, importancia y poder, esos jueces, comparables en muchos aspectos a los miembros de las cámaras civiles y criminales de las audiencias, recibían las peticiones más diversas. Progresivamente, ante el incremento regular de sus responsabilidades, que, por lo demás, satisfacía su deseo de afirmación ante sus rivales de las audiencias, los contadores se encontraron en la incapacidad de responder con satisfacción a todas las exigencias a que

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se veían sujetos. Para ellos, las dificultades que encontraban en el Tribunal de Cuentas de México provenían, en último análisis, de su función en el seno del sistema administrativo. 45

Con todo, no es posible contentarse con el punto de vista único, por perspicaz que fuese, de los ministros del tribunal sobre sus propias dificultades. Sus explicaciones equivalen a dejar la responsabilidad únicamente en las intervenciones que se le imponían desde el exterior a una institución incapaz de defenderse. ¿Debe el investigador satisfacerse con esa interpretación unilateral? De manera más general, ¿fueron esos usos nefastos los únicos que ejercieron los efectos perniciosos denunciados, usos a los que, por lo demás, los contadores se plegaban de buena gana, cuando no los solicitaban? Una simple observación permite graduar el análisis de los contadores: 20 años más tarde, mientras que el rezago en las verificaciones ya había sido prácticamente eliminado, la organización del tribunal no se había modificado radicalmente; sin embargo, las ausencias seguían siendo numerosas todavía, como lo demuestra el cuadro que elaboró el propio tribunal en diciembre de 1753: los contadores de resultas Cayetano de Vian Rodríguez, Manuel Esteban Rodríguez de Santa Cruz, Fernando Ruano de Arista y Juan José de Urueña Ferrari estaban ausentes por razones médicas, como lo certificó el médico del tribunal del protomedicatoc a principios del año 1754. Según el médico, los tres primeros se encontraban en un estado “insanable e inábile” y únicamente el último, aunque incapacitado, podía prestar todavía algunos servicios menores, trabajando en su casa, práctica que el reglamento del tribunal prohibía formalmente. Por su parte, otros tres contadores se encontraban en misión, uno como oficial real interino en Guanajuato y el segundo a la cabeza de una visita de supervisión, mientras que el tercero había sido nombrado a la cabeza de una comisión.84 En cuanto a la contratación de oficiales suplementarios, sólo se había recurrido a ella puntualmente. En consecuencia, a fin de arrojar una luz adicional sobre esa prestigiosa pero poco eficaz institución, es necesario atender a los puntos de vista externos a ella.

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Ello lleva entonces, en primer lugar, a tomar en consideración los diversos problemas internos sobre los que el tribunal no siempre quería informar. Ciertas interferencias entre los diferentes servicios del tribunal hacían más lento su trabajo, cuando no lo paralizaban. En el momento de su promoción al cargo de regente del Tribunal de Cuentas, el contador Andrés Antonio de la Peña olvidó el espíritu de grupo y, en octubre de 1707, se apresuró a elaborar un cuadro particularmente crudo de la situación:85 el modo de funcionamiento, muy estrictamente jerarquizado y de una rigidez absoluta, sufría por la menor ausencia; así, las diferentes mesas se encontraban paralizadas regularmente por la ausencia de fulano o mengano, obstáculo que el abandono del trabajo de los contadores ordenadores decidido en los años anteriores había agravado, puesto que estos últimos se encontraron ejerciendo las funciones de sus superiores sin tener el título ni la responsabilidad ni el salario para ello, lo que disgustaba a todo el mundo por las razones exactamente inversas. El clima que reinaba en el tribunal se deterioró rápidamente; las tensiones entre las categorías se agudizaron, alimentando las polémicas y distrayendo de sus obligaciones a todos y cada uno; los subordinados soportaban cada vez con mayor dificultad la autoridad de sus superiores; y, en fin, estos últimos veían en toda reclamación de los subalternos, por insignificante que fuese, un espíritu de rebelión insoportable.

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La actitud del contador superior Juan Bautista de Mendrice, si bien se dio en el contexto particular de una visita, trasluce el desacuerdo que reinaba a finales de los años de 1670. Encargado por el visitador Gonzalo Suárez de San Martín de realizar una auditoría a su propia institución, se vio llevado a expresarse respecto a tres reivindicaciones de los

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contadores de resultas y de los contadores ordenadores. Dichas reivindicaciones se referían a la supresión del libro de multas internas, considerado como antirreglamentario, salvo que su aplicación se extendiera a todos; la abrogación de la práctica que consistía en impedir que los que llegaban tarde tomaran su puesto de trabajo durante el día, cerrando las puertas, lo que significaba la pérdida de la remuneración de una jornada de trabajo, y la suspensión del pliego de mesa, que permitía conocer en todo momento la actividad precisa de cada uno de los contadores. Reconociendo, en fin, que algunas de esas demandas eran en realidad muy antiguas, no por ello dejaba de asimilarlas, al mismo tiempo, a un “[…] grave exceso y desacato cometido por los ministros subordinados a los señores contadores del tribunal”.86 48

En su opinión, daban testimonio de la presencia entre los subalternos de un espíritu de rebeldía que no aceptaba ninguna regla ni autoridad. Es cierto que establecía diferencias entre los contadores antiguos, los más competentes, según sus afirmaciones, y los recién llegados que habían dirigido el movimiento de protesta, pero no por ello dejaba de llegar a la conclusión e insistir en la necesidad de hacer todo por erradicar los comportamientos peligrosos para el buen funcionamiento del Tribunal de Cuentas. Uniendo la medida disciplinaria a la orden administrativa, impuso una multa de 200 pesos a cada uno de los que consideraba como los cabecillas.87

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Las tensiones eran tanto más fuertes cuanto que el sistema de promociones internas había funcionado mal, muy particularmente hasta los años de 1720. Debido al sistema de la venalidad de los oficios, un contador podía encontrarse bruscamente bajo las órdenes de sus antiguos subalternos, con el sentimiento de frustración que se derivaba de ello. Los sentimientos que expresaba en junio de 1685 Pedro de Vidal de Fuentes, el contador de resultas más antiguo en esa categoría desde hacía muchos años, revelan la profunda fractura que separaba a las diversas categorías. Con tanto rencor como decepción, trazó un cuadro del clima que reinaba en la institución, pintando el desprecio con que lo colmaban algunos de sus superiores, y denunció los “[…] desaires que padece pues oy son contadores mayores algunos que siendo oficiales reales les apremió el suplicante a dar sus cuentas y fiscalizó en ellas de donde se origina la enemiga que le tienen y pareciéndoles no necesitan ya de que adbiertan los yerros de su falta de experiencia”.88

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Los enfrentamientos entre las categorías se complicaban con las interminables rivalidades en el seno del propio cuerpo. Los contadores superiores rehusaron durante mucho tiempo la idea de que el regente pudiera no ser ya su igual. Así, los dos primeros titulares de ese cargo tuvieron que sufrir numerosos ataques de sus antiguos colegas, al mismo tiempo que no se privaban, por lo demás, de mirar a estos últimos con altivez. 89 Las mismas rivalidades existían entre las otras categorías, notablemente por obtener la incorporación, antes bien que a tal mesa, a tal otra. Únicamente la intervención de la junta del tribunal, e incluso la de la Junta de Hacienda, que presidía el virrey, aseguraba el retorno al orden.90 Tales conflictos, que generalmente no rebasaban el marco interno, adquirían una amplitud completamente distinta cuando se trataba de hacerse reconocer una promoción que pretendía un rival. Así, algunos de esos enfrentamientos duraron muchos años y fue necesario aguardar la decisión del Consejo de Indias para que se resolvieran.91 Cada etapa de esos múltiples conflictos, durante la cual se imponían medidas contradictorias con las decisiones anteriores, trastornaba las afectaciones, con consecuencias inevitables para el funcionamiento del tribunal.

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Otras interferencias, con consecuencias más graves para el tribunal, tenían su origen en el desenvolvimiento de la carrera profesional. Las etapas de la vida profesional de los

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contadores no estaban sujetas a ninguna supervisión seria, ya se tratase de la formación, la contratación, las promociones o el acceso a la jubilación. Ésta es una observación que se presentaba regularmente y cuya realidad no negaban los propios responsables del Tribunal de Cuentas. Así, en 1679, dos contadores superiores afirmaban que existía un vínculo entre el mal funcionamiento del tribunal y la incompetencia de numerosos ministros.92 De una manera aún más cruda, el regente Andrés Antonio de la Peña denunció la incapacidad de sus colegas para ir más allá del simple aspecto técnico de su trabajo y aprehender, de una manera más general, las cuestiones relativas a la Real Hacienda.93 La incompetencia afectaba indiferentemente a todos los ministros, sin excluir a los contadores superiores ni a los propios regentes. Así, según afirmaban los subalternos del segundo regente, Nicolás Ribera de Santa Cruz, éste carecía de toda competencia para garantizar la dirección de la institución. Es verdad que su carrera no abogaba en su favor: la comenzó en 1705 como corregidor de Huarochirí, en el virreinato del Perú; en julio de 1711 compró el título de regente del Tribunal de Cuentas de México en un precio de 5 000 doblones y entró en funciones en noviembre; en 1716, víctima de la aplicación del decreto de la Nueva Planta de 1713, se encontró a la búsqueda de una nueva afectación; en noviembre de 1717, después de más de un año de espera y negociaciones, obtuvo la presidencia de la Audiencia de Guadalajara, habida cuenta de la suma que había pagado en 1711, aun cuando únicamente ejerció su nuevo oficio durante 22 meses, debido a que, después de haber tomado posesión de su puesto, en octubre de 1724, se le dio de baja en agosto de 1726 debido a sus abusos.94 Lo anterior sirve para hacer notar el grado en que esa breve aunque no por ello discreta carrera profesional revela un talento con muy poca predisposición a la cosa administrativa: en menos de siete años de trabajo efectivo en la Nueva España, había logrado la hazaña de atraerse la cólera de los dos servicios administrativos que le habían sido confiados. En realidad, si se examina la administración que llevó a cabo del Tribunal de Cuentas, revela una grave ignorancia: desconocía todo del funcionamiento habitual del tribunal y olvidaba cumplir con un gran número de sus obligaciones; por el contrario, buscaba imponer su estilo personal al tribunal, rechazando la idea de la corresponsabilidad con los contadores superiores; así, pretendía ser el responsable único de la mesa mayor y solamente consultaba con sus miembros de derecho en ocasión de las votaciones.95 52

La incompetencia de los contadores dependía en ocasiones de razones puramente físicas, debidas a la edad, que les impedían ejercer sin que, no obstante, se les remplazara. Ciertos ministros, en fin, nunca ejercieron verdaderamente su profesión a causa de sus desventajas físicas. De esa manera, Guillermo de Tovar obtuvo la jubilación en octubre de 1702 debido a su ceguera, después de 17 años de haber ocupado un oficio de contador superior sin haber verificado jamás cuenta alguna, aunque no por ello dejó de obtener el beneficio de una pensión a medio salario, medida completamente excepcional para la época.96 Consecuentemente, la falta de una verdadera jubilación accesible para todos y, asimismo, la inexistencia de supervisión de la contratación lastraron el tribunal con verdaderos pesos muertos, disminuyendo todavía más una eficacia ya de suyo muy modesta.

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El mal funcionamiento del Tribunal de Cuentas era el resultado, en fin, del irresponsable comportamiento de sus oficiales. Muy particularmente, el ausentismo por asuntos personales alcanzaba proporciones extraordinarias: a todo lo largo del periodo en estudio, su denuncia equivale a una especie de leitmotiv bajo la pluma de todo el mundo: responsables que se quejaban de sus subordinados, virreyes, jueces o visitadores que

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denunciaban unos hábitos de trabajo poco edificantes, fiscales y miembros del Consejo de Indias que mencionaban una información inadmisible desde su punto de vista y, en fin, contadores que protestaban en contra de las libertades que se tomaban sus colegas con respecto a las obligaciones colectivas. Así, la asiduidad de unos y otros parecía excepcional: retardos cotidianos, ausentismo recurrente por los motivos más variados — que iban desde la enfermedad hasta la necesidad de velar por la hacienda lejana en ocasión de tales o cuales obras—, salidas frecuentes sin autorización durante las horas de trabajo y con los pretextos más diversos, etcétera. Tales actitudes estaban tan generalizadas que, en 1709, ¡uno solo entre todos los ministros llegó a la hora a su trabajo! 97 Según el regente, autor del informe al respecto, todos sus esfuerzos por imponer una mayor asiduidad se habían revelado vanos; y, si bien había obtenido del virrey la autorización para instalar un reloj, ¡desesperaba de no disponer de los medios necesarios para su adquisición!98 54

Tal comportamiento alentó una reflexión sobre los horarios y la supervisión a que estaban sujetos los contadores con el propósito de mejorar la desastrosa situación. Según los miembros de la institución, lo único que los animaba a tomarse tales libertades era lo excesivamente pesado de sus obligaciones cotidianas. La duración de la jornada de trabajo establecida en la Recopilación de leyes de los reynos de Indias disponía una presencia cotidiana de tres horas por la mañana, entre las ocho y las 12 horas, excepto domingos y días festivos, a las que se sumaban tres tardes por semana, entre las tres y las cinco horas, es decir, una presencia de 24 horas por semana.99 El horario de la tarde era precisamente el que molestaba de manera muy particular a los contadores. En junio de 1690, arguyendo el “desacomodo de las oras y el destemple del país”, así como el precedente creado por el Tribunal del Santo Oficio a partir de 1660, solicitaron que esa obligación se transfiriera al horario matutino. A pesar del apoyo del virrey, favorable a la medida, la oposición del fiscal de la Audiencia impidió a la Junta de Hacienda zanjar en el sentido que deseaba el tribunal. En cuanto al Consejo de Indias, al que se consultó al respecto, se inclinó por el mantenimiento del statu quo.100

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Los contadores no se contentaron con la decisión que se les impuso, por lo que, en la primera ocasión que se les presentó, incluyeron la cuestión en la orden del día una vez más. Finalmente, poco después de haber entrado en funciones, el nuevo virrey, el duque de la Conquista, logró ganar la decisión en el marco de la Junta de Hacienda. El nuevo horario se mantuvo hasta 1753, año en el que el conde de Revillagigedo decidió la abrogación de la medida,101 lo cual tuvo como resultado un nuevo debate que opuso al virrey, poco sensible a las demandas del Tribunal de Cuentas, y este último, representado por su regente, Juan Crisóstomo de Barroeta. El virrey se amparó tras la autoridad del Consejo de Indias, único habilitado, según él, para zanjar en esa materia, y le remitió el expediente.102 La cuestión ocasionó largos debates internos en el propio consejo, debido a que, si bien el fiscal apoyaba los argumentos del regente, sus colegas los rechazaban. Finalmente, la decisión promulgada en 1756 mediante real cédula impuso el retorno al trabajo vespertino,103 horario que se mantuvo hasta el final del siglo.104

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Si bien es difícil medir efectivamente los efectos del horario sobre el funcionamiento del tribunal, la conclusión a que llegó en 1709 el regente, Andrés Antonio de la Peña, parece abrumadora en lo concerniente a las responsabilidades de los propios contadores. Como él lo señalaba, no sin cierta perfidia con respecto a sus colegas, el rezago en la glosa únicamente afectaba a las cuentas vistas durante las horas de apertura del tribunal; por el contrario, cuando se trataba de las verificaciones contabilizadas en horas extraordinarias

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y pagadas como tales, su regularidad estaba mucho mejor asegurada.105 Ahora bien, como lo confesaron los contadores, las horas extraordinarias representaban ingresos considerables cuyo dominio se cuidaban de mantener.106 Dicho en otras palabras, ¡la eficacia del trabajo de los contadores era proporcional al beneficio personal que obtenían de él! 57

Ante tales dificultades de funcionamiento, cuya existencia y persistencia nadie ignoraba, ¿cuál era la percepción de las autoridades metropolitanas? La información de que disponían provenía toda de la misma fuente: los múltiples informes que les dirigían otros responsables administrativos, virreyes, visitadores, jueces e incluso oficiales reales. Todos aquellos que, por las razones más diversas, tenían de qué quejarse sobre el Tribunal de Cuentas y que puntualmente se encontraban en posición de ejercer alguna autoridad o presión sobre este último, multiplicaban las denuncias y las acusaciones; así, a través de su correspondencia administrativa, ofrecían una visión particularmente negativa del Tribunal de Cuentas de México; sin embargo, no deja de intrigar la unanimidad de todos aquellos que, por diversas razones, tuvieron el encargo de evaluar la calidad del trabajo que llevaba a cabo el tribunal. ¿Voluntad de poner por delante la dificultad y la amplitud de su actividad correctora ante unos desórdenes difíciles de corregir? ¿Deseo de magnificar los pocos resultados que descontaban obtener con la esperanza de una recompensa futura? ¿Arreglo de cuentas con una institución demasiado celosa de su autonomía y que siempre aceptaba muy mal la presencia de los censores? Cada una de esas explicaciones posee su parte de verdad en lo referente a las muy severas actitudes de los diversos visitadores que tuvieron que juzgar la situación del Tribunal de Cuentas de México. Eso es lo que revela, en particular, el desenvolvimiento de la visita que llevó a cabo Pedro Domingo de Contreras entre 1728 y 1732: en el marco de la última visita general de la administración de la Real Hacienda antes de la confiada a José de Gálvez un medio siglo más tarde, esas diversas motivaciones interfirieron manifiestamente unas con otras en el comportamiento del visitador y, finalmente, le crearon una gran confusión. 107 Lo anterior quiere decir que el Consejo de Indias no se engañaba con los informes sistemáticamente alarmistas o acusadores que constantemente recibía, como lo confirma la suerte reservada a las proposiciones de los censores más severos; no ignoraba nada de las rivalidades que empujaban a unos a denunciar a los otros y que en ocasiones llegaban hasta la condena de iniciativas inspiradas, en su opinión, antes bien en la venganza que en la preocupación por la renovación del aparato administrativo. En marzo de 1715, notablemente, en el momento en que Francisco de Pagabe había caído en desgracia, la severidad de la respuesta del Consejo de Indias a las proposiciones de reformas de aquél fue similar a la radicalidad del proyecto propuesto: “Estas proposiciones son nocivas y perjudiciales al interés de la Hacienda Real y son por lo tanto a despreciar”. 108

58

En consecuencia, sin negar la existencia de verdaderas dificultades, la metrópoli tenía más bien tendencia a minimizar su importancia, jugando al mismo tiempo con las rivalidades que mantenía sagazmente, garantes para ella de información regular, aunque excesiva. Tal fue precisamente la actitud de la contaduría del Consejo de Indias en 1727 ante los numerosos informes acusadores que le enviaba el marqués de Casafuerte, a pesar de que se acababa de restablecer la Nueva Planta: denunció la tendencia de este último a ennegrecer un cuadro poco luminoso, aumentando indebidamente el monto de la deuda imputable a los contadores; y, muy particularmente, insistió en la verdadera causa de las deudas, que la contaduría atribuía mucho más a las constantes modificaciones que se aplicaban desde hacía una veintena de años al funcionamiento del tribunal, que a los

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ministros mismos. Basándose sobre todo en la situación de las cajas reales y contadurías a las que más severamente se había juzgado en ocasión de las verificaciones anteriores, llegaba a la conclusión de que su funcionamiento, descrito como caótico, no había impedido en nada un incremento sustancial de sus ingresos;109 y, sobre todo, con referencias precisas en apoyo, mostraba que el rezago, que inicialmente se había presentado como abismal,110 en realidad se encontraba en proceso de reducción.111

FIGURA III.2. Detalle del título de nombramiento de Francisco Antonio de Cuervo y Valdés como oficial real de la Real Hacienda en Guadalajara, en junio de 1695: AGI, Audiencia de México, legajo 1972. 59

Consecuentemente, a pesar de la importancia, las atribuciones extendidas y la dotación en diversos medios de acción de las cajas reales de la Nueva España, las estructuras de supervisión que pesaban sobre ellas no lograron impedir nunca unos excesos cuya amplitud conocían todos, de Madrid a México. La parálisis de las instituciones que velaban por el debido cumplimiento de las normas administrativas, en particular la del Tribunal de Cuentas, era probablemente el resultado de unos medios humanos insuficientes, mal empleados y sometidos a numerosas presiones; tenía su origen, asimismo, en las fuertes tensiones que predominaban entre los diversos componentes del Tribunal de Cuentas, factores de interferencia de lo más diversos; e incluso provenía, en fin, de la irresponsabilidad de un gran número de contadores, prontos a descuidar sus obligaciones profesionales para satisfacer sus exigencias personales.

60

Todo lo anterior muestra la diversidad de los orígenes de las perturbaciones que afectaban al aparato administrativo de la Real Hacienda colonial. Para comenzar, afectaban a las instancias de supervisión de la administración de la Real Hacienda e, inmediatamente después, repercutían en los escalones inferiores regionales. Esa situación generalizada alienta a ampliar la investigación de las causas profundas de los atolladeros administrativos fuera de la administración misma. Todos los análisis llevados a cabo hasta ahora confirman notablemente el grado en que las dificultades de funcionamiento del

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Tribunal de Cuentas dependen de explicaciones mucho más complejas de lo que querían admitir los principales interesados: contadores, jueces, visitadores o virreyes. Los conflictos de prelación, la presencia de una letanía de futurarios compradores de sus oficios o las rivalidades de acceso a las promociones demuestran el atractivo que ejercían los oficiales de la Real Hacienda en el seno de la sociedad colonial y sobre ella. En otro plano, la situación que se encontró en cada una de las cajas reales del virreinato ilustra la presencia de dificultades similares. En último análisis, la institución de la Real Hacienda padecía de marcadas contradicciones que, independientemente del simple funcionamiento burocrático aleatorio y conflictivo, reflejaban las de la sociedad colonial que la rodeaba. Consecuentemente, el moderado pragmatismo de las autoridades metropolitanas remite a la percepción que tenían de la especificidad americana, que no se podía resolver únicamente mediante la represión, a la que, no obstante, algunos las alentaban vivamente. Así, para comprender la especificidad de la realidad administrativa americana se hace necesario abandonar el terreno exclusivo de los aspectos institucionales y funcionales y abordar el de los hombres encargados del ejercicio del poder en la esfera de la Real Hacienda de la Nueva España. Mediante el estudio de los orígenes, formación y contratación de los oficiales de la Real Hacienda, así como el de las relaciones que tejían con su medio ambiente social y con sus extensiones metropolitanas, es posible discernir mejor las profundas causas de las dificultades de funcionamiento observadas. Por lo demás, es necesario que las respuestas, que las autoridades españolas aportaron a todo lo largo del siglo con el propósito de resolver las dificultades encontradas en ese terreno administrativo, vital para la estabilidad del imperio también, se tomen en consideración en relación con la toma de conciencia precoz y la aguda percepción que la metrópoli tuvo de la realidad colonial específica.

NOTAS 1. Un ejemplo característico de ello lo proporciona la instrucción destinada a José Sarmiento y Valladares, conde de Moctezuma, en 1696: sin que otorgara a la cuestión de la Real Hacienda un capítulo específico, esta última se encuentra presente, no obstante, en cada una de las exposiciones referentes al buen gobierno de las Indias; Ernesto de la Torre Villar (coord.), Instrucciones y memorias de los virreyes novohispanos, 2 vols., t. 2, México, 1991, pp. 749-768. 2. AGI, Audiencia de Guadalajara, legajo 24. 3. AGI, Escribanía de cámara, legajo 270a, cuaderno 1, f. 1. 4. Ibid., ff. 17-23. 5. AGI, Audiencia de México, legajo 61, ramo 3. 6. Esa real cédula, que reprodujo las decisiones del virrey, organizó de manera definitiva la mesa de memoria del Tribunal de Cuentas, hasta entonces reducida a una existencia informal, Idem. 7. La ordenata consistía en copiar las diversas partidas en el libro corriente del tribunal; después se rehacía el mismo trabajo en pliegos independientes —un millar en 1703—, a partir de los cuales se procedía finalmente a la glosa, es decir, a la verificación. 8. AGI, Audiencia de México, legajo 737.

113

9. Ismael Sánchez Bella, La organización financiera en las Indias, siglo

XVI,

Sevilla, 1968, pp. 118 y ss.,

y AGN, Ramo de reales cédulas, t. 29, exp. 68, f. 2. 10.

AGI,

Audiencia de México, legajo 557. Un gran número de historiadores del derecho que han

estudiado esos acontecimientos únicamente desde el punto de vista institucional ha llegado a la misma conclusión. Ésa es, en particular, la tesis que defiende Guillermo Céspedes del Castillo, “La visita como institución indiana”, Anuario de Estudios Americanos, vol. 3, Sevilla, 1946. Por su parte, Ismael Sánchez Bella gradúa la acusación de ineficacia, insistiendo, cuando hace la evaluación de las visitas, en la personalidad de los visitadores y las situaciones específicas encontradas por cada uno de ellos; véase Derecho indiano. Estudios, t. 1, Las visitas generales en la América española (siglos XVI y XVII), Pamplona, 1991, cap. 3. 11. AGI, Audiencia de México, legajo 59, ramo 3, n. 11. 12.

AGI,

Audiencia de México, legajo 65, ramo 4; y Amalia Gómez Gómez, Las visitas de la Real

Hacienda novohispana en el reinado de Felipe V, Sevilla, 1979, pp. 21 y ss. 13. La legislación establecía expresamente que el virrey no podía nombrar a sus allegados en cargos administrativos; real cédula del 20 de marzo de 1662, que estipulaba: “que se guarde la provisión acerca de no ocupar en los oficios reales a parientes, criados, y allegados de los virreyes y presidentes de las audiencias”: AGI , Indiferente general, legajo 430, libro 40, f. 353; citada por Richard Konetzke, Colección de documentos para la historia de la formación social de Hispanoamérica (1493-1810), t. II, vol. 2, Madrid, 1953-1958, p. 490. Únicamente 12 cargos de alcalde mayor estaban reservados a ese propósito; real cédula del 2 de agosto de 1681, en AGI , Audiencia de México, legajo 1073, libro 27, f. 349 verso, citada por Richard Konetzke, op. cit., t.

II,

vol. 2, p. 726;

consecuentemente, los allegados de los virreyes únicamente podían aspirar con toda legalidad a funciones temporales, por lo que las comisiones correspondían exactamente al tipo de cargos en que los virreyes colocaban a su gente de manera habitual. 14. La sabrosa y, al mismo tiempo, dolorosa experiencia de Francisco de Seijas y Lobera aclara muy bien el estado de ánimo del entorno de los virreyes, en búsqueda constante de la ocasión que les proporcionara poder y, a la vez, fuente de enriquecimiento. El lector se puede referir en particular a la introducción a la edición mexicana que hizo Pablo E. Pérez Mallaina Bueno de una parte de su larga memoria destinada a Luis XIV y publicada bajo el título Gobierno militar y político del reino imperial de la Nueva España [1702], Universidad Nacional Autónoma de México ( UNAM), México, 1986. Véase en Michel Bertrand, “L’Amérique vue de Versailles au début du XVIIIe siècle”, en Images du Nouveau Monde en France, Édition La Martiniére, París, 1995, un análisis del examen que el autor hizo del continente americano. 15. Eso era, en particular, lo que el Consejo de Indias mencionaba en 1756; en efecto, precisaba que todos los nombramientos a comisiones dependían únicamente de la competencia del virrey; por lo demás, también recordaba la posibilidad de que este último eligiera a los comisionados fuera de la Audiencia y su deber, consecuentemente, de fijar los subsidios que esos comisionados deberían recibir, “teniendo en cuenta de la dependencia, de la distancia del viaje y del carácter y circunstancia del comisionado pero nunca igual al que la ley señala a los togados”: AGI , Audiencia de México, legajo 1122. 16. En la práctica, el establecimiento de los balances seguía siendo muy difícil; ésa fue la razón por la que muy a menudo surgieron conflictos inextricables de las considerables diferencias que, consecuentemente, podían aparecer entre dos cortes de caja sucesivos, lo que hacía prácticamente imposible su utilización. Eso fue lo que ocurrió en la real caja de México en 1731 y 1732, en el marco de la visita de Pedro Domingo de Contreras: un primer corte de caja realizado en enero de 1731 por Gabriel Guerrero de Árdila reveló un déficit de 48 133 pesos, a los que se sumaron algunos créditos pendientes de ingreso en caja por 107 110 pesos. En enero del año siguiente, el mismo contador realizó un segundo balance y descubrió un excedente de 17 618 pesos; enfadado, Pedro Domingo de Contreras prohibió a Gabriel Guerrero de Árdila

114

entremeterse en esas cuestiones y, en mayo de 1732, confió la realización de un nuevo corte de caja al regente del Tribunal de Cuentas, quien descubrió un ligero déficit de 1 339 pesos:

AGI ,

Audiencia de México, legajos 734 y 737; y Amalia Gómez Gómez, Las visitas de la Real Hacienda…, op. cit., pp. 229 y ss. 17. Testimonio de Luis de Moreno, comerciante de Acapulco, en enero de 1767:

AHN,

Consejos,

Consejo de Indias, escribanía, legajo 20 730, documento 2. 18. Un buen ejemplo de esa situación es el conflicto surgido entre el superintendente de las alcabalas, Juan José de Veytia Linage, y sus administrados, quienes intentaron hacerlo asesinar en 1705. Si bien, en una carta de mayo de 1706 dirigida al Consejo de Indias (AGI, Audiencia de México, legajo 823), reconocía que la criminalidad de los grandes caminos podía ser la única causa de su infelicidad, no descartaba causas “más melancólicas biéndome ministro emulado por zeloso en el real servicio de V. M.” En 1760, la designación del corregidor de México por el virrey fue precedida por la siguiente justificación: “Teniendo por conveniente se sirva el corregimiento de la ciudad de México por oficial real de graduación y conducta en que no solo se afianze el mejor desempeño en lo peculiar de aquel destino sino es que también sirva por sus experiencias militares y los que pueda el virrey necesitarle, nombró por aquel empleo el conde de Baños…”: AGI,

Audiencia de México, legajo 1165. Algunos años antes, en febrero de 1752, el corregidor

entonces nombrado desde Madrid, Francisco de Abarca y Valdés, se quejaba amargamente de esa dependencia con respecto al virrey: “Aquel corregimiento se reduce a ser un criado del mandado del virrey…”: AGI, Audiencia de México, legajo 1164. 19. Ismael Sánchez Bella, “La jurisdicción de hacienda en Indias (siglos

XVI

y

XVII)”, AHDE,

vol. 29,

1959, pp. 226-227, y Guillermo Céspedes del Castillo, “La reorganización de la hacienda virreinal peruana”, AHDE, vol. 23, 1953, pp. 334-336. 20. Ismael Sánchez Bella, La organización financiera…, op. cit., y Ronald Escobedo Mansilla, Control fiscal en el virreinato peruano. El Tribunal de Cuentas, Madrid, 1986, p. 21. 21. AGI. Indiferente general, legajo 1691, Reales ordenanzas del 4 de agosto de 1605 y del 17 de junio de 1609. 22. Se trata, en particular, de las leyes 33 y 75, título 1, libro 8, mencionadas por una real cédula del 16 de noviembre de 1791 en ocasión de un conflicto de jurisdicción entre el Tribunal de Cuentas, la Audiencia y el virrey: AGN, Reales cédulas, vol. 30, exp. 75. 23. AGI, Indiferente general, legajo 536, libro 2, f. 84, citado en Richard Konetzke, op. cit., t. II, vol. 2, p. 175, y AGI , Audiencia de México, legajo 321. Su intensa actividad procedimental incluso fue un argumento utilizado en contra de esa institución en los años de 1780 por los partidarios de su supresión; Linda Arnold, Bureaucracy and Bureaucrats in Mexico City (1742-1835), Tucson, 1988, cap. 5. 24. RAHM, col. Mata Linares, t. 103, f. 554. 25. AGI, Indiferente general, legajo 1691, Reales ordenanzas del 4 de agosto de 1605 y el 17 de mayo de 1609. Las órdenes reales son reproducidas en la Recopilación de leyes de los reynos de Indias, en su octava parte, referente a la legislación de la administración de la Real Hacienda. Ismael Sánchez Bella hace un estudio de ellas desde el punto de vista de la historia del derecho en “El Tribunal de Cuentas de México (siglo XVII)”, en Memoria del 4° Congreso Venezolano de Historia, Caracas, 1983, pp. 65-121, retomadas en Derecho indiano, t. II, Fuentes, literatura jurídica, derecho público, Pamplona, 1991. 26. Informe del Tribunal de Cuentas en 1739 destinado al Consejo de Indias:

AGI ,

Audiencia de

México, legajo 735. 27. AGI, Audiencia de México, legajo 1122. 28. BNM, ms. 2939, Memorial de todo lo que se provee por Su Majestad en el districto de la secretaría de la Nueva España, del Real Consejo de Indias, así eclesiástico como seglar y los salarios y extipendios que uno y otro tiene, y AGI, Audiencia de México, legajo 1122.

115

29. Guillermo Céspedes del Castillo, “La reorganización de la hacienda…”, op. cit., t. 23. 30. Ronald Escobedo Mansilla, Control fiscal en el virreinato…, op. cit., pp. 61 y ss. 31. AGI, Audiencia de México, legajos 733-738. 32.

BNM ,

ms. 2939, Memorial de todo lo que se provee…, op. cit. Según Ronald Escobedo Mansilla, la

creación de cargos se remontaba a 1629 en lo referente al Tribunal de Cuentas de Lima; Control fiscal en el virreinato…, op. cit., p. 78. 33. Ismael Sánchez Bella, “El Tribunal de Cuentas…”, op. cit. 34. AGI, Audiencia de México, legajo 738. 35. AGI, Audiencia de México, legajos 733-738. 36. AGI, Escribanía de cámara, legajo 275a, cuaderno 1, f. 57. 37. Informe del Tribunal de Cuentas en 1703: AGI, Audiencia de México, legajo 736, e Ismael Sánchez Bella, “El Tribunal de Cuentas…”, op. cit. 38. Idem. Hacia 1670, según los ministros del tribunal, su trabajo exigía ya en ese año la creación de nuevos cargos de oficiales subalternos. 39. AGI, Audiencia de México, legajo 67. 40. En 1696, un informe del Tribunal de Cuentas mencionaba la reducción de personal en la institución, de conformidad con la orden de reforma de 1691, que, en ese caso, se aplicó a partir de 1693: AGI , Audiencia de México, legajos 67 y 732; sin embargo, la decisión se abandonó muy rápidamente, como lo explica la real cédula de reforma del 9 de junio de 1701, y, ante la magnitud de las necesidades, se volvió a la idea de crear dos nuevos oficios de contador ordenador. 41. Real cédula del 9 de junio de 1701: AGI , Audiencia de México, legajo 732. Esa cédula imponía el retorno al “antiguo” número de titulares, es decir, excluía de la administración a todos los que no eran titulares, a los supernumerarios y a otros oficiales temporales que se habían multiplicado precisamente en el transcurso del periodo anterior. 42. AGI, Audiencia de México, legajos 738 y 732. 43. Las condiciones de acceso al tribunal podían variar de un nombramiento a otro, en función de la suma que se pagaba: algunos percibían el salario completo; otros, la mitad únicamente. La cuestión de la venalidad y de sus consecuencias para el Tribunal de Cuentas se examinará más adelante, en el estudio de la carrera profesional de los ministros del Tribunal de Cuentas. 44.

AGI,

Audiencia de México, legajo 736. También es necesario tomar en consideración que la

creación de esos nuevos puestos de supernumerario coincidió con el apogeo de la venalidad de los oficios en la Nueva España. En la decisión adoptada, pesó probablemente más la preocupación por resolver cuestiones puramente financieras que por el rezago en la glosa de las cuentas; véase Michel Bertrand, “L’État espagnol et ses officiers aux Indes”, en Mélanges de la Casa de Velázquez, t. XXV, París, 1989, pp. 199-220.

45. AGI, Audiencia de México, legajos 733, 736, 737 y 738. 46. Esa real cédula estableció la progresión que debía seguirse para lograr subsanar el rezago: AGI, Audiencia de México, legajo 733. 47. En abril de 1732, habiendo desaparecido prácticamente las dificultades, el tribunal recobró su plantilla de puestos considerada como tradicional: AGI, Audiencia de México, legajos 734 y 737. 48. Por su parte, los contadores interesados consideraban que ese tipo de remuneración no era un factor de la eficacia; además de que a menudo se traducía en retrasos importantes en la percepción de sus subsidios, también era responsable de desaliento: “No han perseverado todos, respeto a lo dudoso que puede ser el sueldo asignado en los alcances que deduxeren; pues quando estos no sean inciertos, y que con evidencia deduzcan el importe necesario para la paga de sus sueldos, es preciso y dilatado tiempo para calificarlos y recaudarlos por las grandes distancias que ai en los parages en que están situadas las cajas, y que algunos alcanzes pueden traer las partes tal calificación que sea suficiente a absolverlos del cargo”: AGI , Audiencia de México, legajo 733.

116

49. Eusebio V. Beleña, Recopilación sumaria de todos los autos acordados de la Real Audiencia y sala del crimen de esta Nueva España [1787], 2 vols., t. 1, México, 1981, p. 347. 50. La Nueva Planta confirmó la presencia de dos oficiales del libro, un archivista, que podía ejercer como contador ordenador, un escribano y un portero; idem. 51. Linda Arnold, Bureaucracy and Bureaucrats…, op. cit., pp. 84 y ss. 52. AGI, Audiencia de México, legajos 735, 1 122 y 1 165. 53. La nueva estructura del Tribunal de Cuentas de México databa de 1794 y contaba con 22 plazas de contador; véase Linda Arnold, Bureaucracy and Bureaucrats…, op. cit., pp. 142-143. A finales del siglo XVIII, el Tribunal de Cuentas comprendía un total de 64 empleados: 12 contadores superiores, nueve contadores ordenadores, dos oficiales del libro, 12 oficiales de glosa, 26 oficiales afectados a las cuentas con rezago, un archivista, un escribano y un portero. José Ignacio Rubio Mañé, “La organización de las instituciones del virreinato de Nueva España”, Boletín del Archivo General de la Nación, 2a serie, vol. 12, núms. 1-2, México, 1971. 54. Informe del Tribunal de Cuentas al virrey duque de Albuquerque, febrero de 1703:

AGI ,

Audiencia de México, legajo 737. 55. AGI, Audiencia de México, legajo 733. 56. AGI, Audiencia de México, legajo 736. 57. AGI, Escribanía de cámara, legajo 275a, cuaderno 3, f. 44. 58. Insistía, sobre todo, en la necesidad de reformar el trabajo de ordenación de las cuentas, que era el más pesado para el tribunal. De ahí provenían los años de rezago, puesto que, una vez que se llevaba a cabo la ordenación, la glosa precisa de las cuentas se hacía con bastante rapidez. En efecto, entre las cuentas verificadas y las cuentas ordenadas, únicamente había un año de rezago, mientras que éste era de cinco años entre las cuentas recibidas y las cuentas ordenadas: idem. 59. AGI, Audiencia de México, legajo 738. 60. AGI, Audiencia de México, legajo 632. 61. AGI, Audiencia de México, legajo 732. 62. Estado del rezago establecido por el Tribunal de Cuentas de México: AGI , Audiencia de México, legajo 736. 63. Michel Bertrand, “La contaduría de las alcabalas de Puebla: un episodio reformador al principio del siglo XVIII”, Jahrbuch für Geschichte von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft Lateinamerikas, vol. 32, Bóhlau Verlag, Colonia, 1995, pp. 321-333. 64. AGI, Audiencia de México, legajo 736. 65. AGI, Audiencia de México, legajo 737. 66.

AGI,

Audiencia de México, legajo 1989, y Linda Arnold, Bureaucracy and Bureaucrats…, op. cit., p.

84. 67. Idem. 68. AGI, Audiencia de México, legajo 738. 69. Se trata de un argumento recurrente, retomado notablemente en 1703, 1710, 1715, 1720, 1725 y, también, en 1727: AGI , Audiencia de México, legajos 735 y 738, 732 y 738, 736, 733 y 737, respectivamente. 70. El virrey marqués Valero retomó ese argumento poco después de su llegada a México. El fiscal del Consejo de Indias había hecho lo mismo en 1710, mientras que el factor de la real caja de México, José de Fernández Canal, no afirmaba nada distinto en 1703:

AGI ,

Audiencia de México,

legajos 557 y 632. 71. En 1770, el Tribunal de Cuentas se componía de tantos ministros titulares como a finales del siglo; ahora bien, con la tendencia manifiesta de recurrir a la administración directa de los ingresos fiscales a todo lo largo del siglo XVIII, la suma de trabajo que se impuso a los contadores fue mucho más considerable que antes. 72. AGI, Audiencia de México, legajo 732.

117

73.

AGI,

Audiencia de México, legajos 733 y 738. Ese sistema se mantuvo durante 18 años, antes de

que fuese revocado en 1721, debido a la permanencia de los rezagos en la glosa. 74. AGI, Audiencia de México, legajos 732 a 737. 75. AGI, Audiencia de México, legajo 738. 76. Una real cédula de 1719 recordaba esa prohibición formal y la obligación de los contadores de dedicarse exclusivamente a su trabajo: AGI, Audiencia de México, legajo 733. 77. AGI, Audiencia de México, legajo 738. 78. Idem. 79. AGI, Audiencia de México, legajo 737. 80. AGI, Audiencia de México, legajo 736. 81. AGI, Audiencia de México, legajo 733. 82. Idem. 83. AGI, Audiencia de México, legajos 733 y 738. 84. AGI, Audiencia de México, legajos 733, 735 y 1 165. 85. AGI, Audiencia de México, legajo 561. 86. AGI, Escribanía de cámara, legajo 178a. 87. Se trataba de Andrés de Herrera y Francisco de Rodezno Marín, quienes tenían en común, como lo subrayaba Juan Bautista de Mendrice, el haber comprado su oficio. Los sancionados apelaron inmediatamente en contra de la medida ante el Consejo de Indias, el cual la revocó en noviembre de 1680, haciendo saber al mismo tiempo que aprobaba las medidas tomadas en el marco de la visita: idem. 88. Un poco más adelante, asimismo, solicitaba la obtención del grado de contador superior a título honorífico, puesto que, pensaba, su carrera ejemplar le daba el derecho de pretender a él: AGI, Audiencia de México, legajo 162, ramo 4.

89. Se trata de Andrés Antonio de la Peña y de Nicolás de Ribera de Santa Cruz, nombrados en diciembre de 1707 y julio de 1711, respectivamente: AGI, Audiencia de México, legajos 561 y 736. 90. Como en el asunto que opuso en 1716 a Juan de Lobera, Luis Ibáñez Ozerín y Juan Mendo de Urbina a propósito de la posibilidad de verificar las cuentas de Acapulco; el conflicto duró al menos seis meses: AGI, Audiencia de México, legajo 736. 91. Las rivalidades tuvieron su más fuerte expresión durante los años de 1720 a 1740. José Manuel de Avendaño y Pedro de Barbabosa Porreño se enfrentaron durante más de tres años para saber quién de los dos debía ingresar como contador superior; finalmente, en julio de 1722, el Consejo de Indias zanjó en favor del primero una rivalidad que significó la multiplicación de correos, apelaciones, recomendaciones y denuncias provenientes de todas las altas esferas de la administración virreinal (AGI, Audiencia de México, legajos 736 y 738). Se encontró una rivalidad del mismo tipo en 1726 entre Francisco Antonio de Corsi y Ursini y Francisco Antonio Ramírez de Arellano padre por un oficio de contador ordenador que únicamente la muerte prematura del segundo zanjó en 1727 (AGI, Audiencia de México, legajo 736); y ocurrió lo mismo entre Sebastián de Imaz y Arbillaga y Luis Ibáñez Ozerín entre 1704 y 1707 (idem) y entre Juan Antonio de Somoza y Torres y Juan de Urueña en 1723-1724

(AGI,

Audiencia de México, legajos 736 y 737). Agustín

Rodríguez de la Rosa, Francisco Antonio Ramírez de Arellano hijo, Pedro de Zavaleta y Juan Fernando Navarro se disputaron a partir de 1732 la posibilidad de obtener nuevamente un oficio en el tribunal donde habían ejercido entre 1723 y 1732 como ministros supernumerarios asignados a la glosa de las cuentas con rezago (AGI, Audiencia de México, legajos 1121 y 1986). En el último conflicto ruidoso de ese tipo, en fin, se enfrentaron ante el Consejo de Indias Juan José de Urueña Ferrari y Cayetano de Vian Rodríguez por un oficio de contador de resultas; con múltiples repercusiones judiciales, el proceso, que duró más de cuatro años, terminó por favorecer a Juan José de Urueña Ferrari en 1744 (idem).

118

92. Informe de Francisco del Prado y Castro y de Antonio Pardo del Lago, del 15 de junio de 1679: AGI, Audiencia de México, legajo 321.

93. Informe del 15 de febrero de 1709: AGI, Audiencia de México, legajo 561. 94. AGI, Audiencia de Guadalajara, legajo 95, y AGI, Audiencia de México, legajos 736 y 1 986. 95. Carta de los contadores del Tribunal de Cuentas, de diciembre de 1715:

AGI ,

Audiencia de

México, legajo 736. 96.

AGI,

Audiencia de México, legajos 454 y 738. En efecto, la carrera de ese contador fue muy

original: en junio de 1685 obtuvo el nombramiento como contador supernumerario, pero nunca ejerció su oficio en la institución a la que se le asignó; en cambio, obtuvo numerosas comisiones de diversos géneros, la más prestigiosa de las cuales fue sin duda la de “juez superintendente de la contaduría de naipes”. Abandonó ese oficio en 1696, dejando tras de sí un desfalco estimado en 20 000 pesos, aun cuando ello no le impidió volver a su plaza de ministro supernumerario: AGI , Audiencia de México, legajo 166, y AGI, Escribanía de cámara, legajo 185a. 97. Informe del regente Andrés Antonio de la Peña sobre el Tribunal de Cuentas de México con fecha del 15 de febrero de 1709: AGI , Audiencia de México, legajo 561. En AGI , Audiencia de México, legajo 164, ramo 4, legajo 561, y, en fin, en los legajos 733 al 738, se encontraron otras denuncias del mismo tipo bajo la pluma de diversos acusadores. 98. AGI, Audiencia de México, legajo 561. 99. AGI, Audiencia de México, legajos 159 y 734, y Recopilación de leyes de los reynos de Indias, libro 8, título 1, ley 4. Las tardes que debían estar presentes eran las de los lunes, miércoles y viernes. 100. AGI, Audiencia de México, legajo 59. 101. AGI, Audiencia de México, legajo 735. 102. Los argumentos del regente en favor del mantenimiento de la supresión eran de diversos tipos y no estaban exentos de mala fe. Para comenzar, veía en la supresión una cuestión de eficacia: “Se trabaja mejor por la mañana, ya que el temple dentro del tribunal es más fresco. Los ministros están también más despiertos y transcendibles los talentos. También se toma el trabajo intelectual con más tesón. Por lo tanto, el trabajo en el tribunal avanza con más rapidez, sin peligro para la salud de los ministros”; enseguida, insistía en razones de conveniencia personal, pues “los ministros van a cortísimo tiempo del reposo de la comida, desde las distancias de a donde viven a pie por no permitirles otra comodidad la cortedad de sus sueldos, que a penas les da para comer, aún a los que lo gozan íntegro. A que se añade la penalidad de las intemperies de la región y el molesto tiempo de las aguas que duran seis meses al año, las que regularmente son por las tardes, de lo que provienen dos incomodidades: la suma indecencia en que hayan de ir mojándose por las calles y el exponerse a perder la salud que después de mucho tiempo no la pueden restaurar”: idem. 103. AGI, Audiencia de México, legajo 1165. 104. Es verdad que, para mensurar la duración efectiva del trabajo de los oficiales de la Real Hacienda, es necesario deducir del horario semanal los días feriados, particularmente numerosos, que representaban cerca de la mitad del año civil. Tan sólo el mes de julio tenía en promedio 16 días feriados, según afirmaba el contador Gabriel Guerrero de Árdila en 1724:

AGI ,

Audiencia de

México, legajo 738. Esa observación coincide con lo que se sabe de los ciclos feriados de finales del siglo

XVIII

en España: según Manuel de Aguirre, había más de 150 días feriados al año; Correo de

Madrid, diciembre de 1787, en P. Guinard y C. Morange, Les Lumiéres en Espagne, París, 1987, p. 82, citado por Jean-Pierre Dedieu, L’Espagne de 1492 a 1808, París, 1994, p. 160. El número de días feriados se redujo marcadamente mediante una real cédula del 2 de mayo de 1789, en la que se limitaban los “días feriados a las fiestas que la yglesia celebra como de precepto aúnque sea solo de oír misa”; además, se reducía a 20 días el número de fiestas autorizadas con día de precepto y se precisaba que excluía “todos los demás días en que con nombre de ferias o feriado o fiestas de

119

consejo cesava la actividad de los despachos”;

AHEZ,

Intendencia, Gobierno, caja 1. [Día de precepto:

aquel en que manda la Iglesia que se oiga misa y que no se trabaje; DRAE. N. del T] 105. AGI, Audiencia de México, legajo 561. 106. AGI, Audiencia de México, legajo 732. 107. El rechazo que experimentó de parte del Tribunal de Cuentas y su falta de competencia en el terreno que debía juzgar y de habilidad en los contactos establecidos con las otras instituciones que habrían podido apoyarlo, destruyeron su misión, al grado de que debió ser llamado bruscamente de regreso a la metrópoli por el Consejo de Indias; véase Amalia Gómez Gómez, Las visitas de la Real Hacienda…, op. cit., así como Michel Bertrand, “Clientélisme et pouvoir en Nouvelle-Espagne (1680-1770)”, en Mélanges en hommage a P. Duviols, vol. 1, Publications de l’Université de Provence, Aix-en-Provence, 1992. 108. Opinión del fiscal del Consejo de Indias sobre las proposiciones expresadas por Francisco de Pagabe en dos cartas del 30 de septiembre de 1711 y el 4 de marzo de 1712, reproducida en el decreto del consejo de marzo de 1715: AGI, Audiencia de México, legajo 738. 109. Entre ellos, los de la alcabala, los del azogue e incluso los del tributo, lo cual era verdad tanto en el caso de las rentas en arrendamiento como en el de las sujetas a la administración directa: AGI, Audiencia de México, legajo 733.

110. En realidad, según la información recibida del virrey marqués de Casafuerte, los rezagos en la glosa de las cuentas representaban para la Real Hacienda rezagos de ingresos en caja equivalentes a 13 millones de pesos. Se comprende que tales informes hayan podido inquietar al Consejo de Indias cuando se sabe que, en esa misma fecha, los ingresos globales recaudados en la Nueva España no alcanzaron los cuatro millones de pesos, según la contaduría del consejo. Una vez deducidos los gastos necesarios para el mantenimiento de la administración colonial, las ganancias destinadas a la metrópoli superaban apenas un millón de pesos; idem. 111. La contaduría del Consejo de Indias estimaba que, en el caso de la glosa de las cuentas a cuatro manos, el rezago promedio era inferior a 10 años y que ciertas cajas reales, como la de Veracruz o Zacatecas, estarían al día, al menos en parte; idem.

NOTAS FINALES a. Véase el glosario. b. Véase el glosario. c. Véase el glosario.

120

IV. La carrera profesional de los oficiales de la Real Hacienda

1

de la estructura administrativa y el funcionamiento del mundo de la Real Hacienda de la Nueva España en los siglos XVII y XVIII, lo que constituye el centro de preocupación de esta investigación son los hombres que hacían vivir cotidianamente a la institución. Ellos fueron quienes, a través de sus opciones, decisiones e inclinaciones personales, transformaron el aparato burocrático en una fuente de enriquecimiento personal y extorsión, tanto a expensas de sus administrados como de su soberano. Es cierto que no se puede ni se debe pasar por alto las facilidades que tal o cual debilidad administrativa daban al desenvolvimiento general y banal del abuso de poder; sin embargo, la investigación no podría reducirse a un análisis que se contentara con subrayar una especie de determinismo exclusivo entre unas y otros. ¿Quiénes eran, entonces, esos hombres que, seguros del poder que les había sido confiado, se las ingeniaban para corromperlo en su propio provecho?

2

Los que ostentaban ese cargo real se revelaban muy particularmente atentos al buen desenvolvimiento de su carrera profesional y a las posibilidades de promoción que se les ofrecían; velando celosamente por sus prerrogativas profesionales, se mostraban siempre prontos a proclamar su fidelidad al servicio real con la esperanza de obtener alguna ventaja, ya se tratase de una distinción, un título o un favor. Ese comportamiento sorprende por su ambivalencia, aun cuando, sin duda alguna, era característico de unos hombres que pertenecían a una sociedad del Antiguo Régimen, en la que la distinción honorífica, acompañada de privilegios y prelaciones, primaba sobre todo o casi todo; pero el comportamiento social de los oficiales de la Real Hacienda de la Nueva España también se muestra asombrosamente moderno: revela a verdaderos profesionales de la cosa administrativa, conscientes de las responsabilidades y la competencia que se adquieren con la experiencia. Tal observación sólo puede alentar al investigador a esbozar el indispensable retrato de los más de 300 individuos que personificaron la administración de la Real Hacienda del virreinato durante un siglo, reconstituyendo las diferentes etapas de la carrera profesional de un oficial de la Real Hacienda de la Nueva España entre 1660 y 1780; por lo demás, ello permitirá, asimismo, identificar las diversas motivaciones que alentaban a los individuos a obtener esos oficios administrativos.1

INDEPENDIENTEMENTE

121

FIGURA IV.1. Uniforme diseñado para los oficiales de la Real Hacienda de la Nueva España a finales del siglo XVIII; Archivo General de Indias, Uniformes, 130, México.

LA ADMINISTRACIÓN DE LA REAL HACIENDA Y LA CONTRATACIÓN DE LOS OFICIALES 3

En la contratación de los individuos a quienes se habría de confiar la administración de la “hacienda americana”, tres variables fundamentales condicionaban la elección: el origen geográfico, el grado de competencia y la venalidad de los oficios. A pesar del riesgo de esquematismo, el criterio del lugar de nacimiento es un primer filtro relativamente fácil de identificar y aplicar, porque permite distinguir fundamentalmente entre criollos y peninsulares. No ocurre lo mismo en lo concerniente a la venalidad de los oficios o la competencia, debido a que ambos criterios son más complejos de delimitar, en particular en el contexto colonial americano.

4

La venalidad de los oficios abarcaba dos prácticas completamente diferentes. 2 La venta de los oficios reales, que el rey hacía conforme a un sistema similar al que se puso en práctica en Francia a partir del siglo XVI, se aplicaba a los oficios calificados como “vendibles y renunciables”; se trataba, notablemente, de los oficios de escritura, como las escribanías o los oficios notariales. El adquiriente gozaba de la completa propiedad del oficio, lo que le daba el derecho de transmitirlo contra el pago de una renta equivalente a un tercio de su valor.3 Esa primera forma de venalidad era similar a la concesión restringida de derechos sobre un oficio, denominada “beneficio”, la cual prohibía al beneficiario considerarse plenamente propietario del oficio de que se tratase; en particular, el beneficiario no podía garantizar la transmisión de ese bien a alguna persona de su elección; por lo tanto, el beneficio se asemejaba en sus inicios a una venta vitalicia, en la que el rey se reservaba el derecho de recuperar el oficio a la muerte del titular, ponerlo en venta nuevamente o incluso designar él mismo a un nuevo oficial. Esa práctica de una venalidad moderada se aplicaba muy particularmente a los altos oficios de justicia

122

y finanzas, en especial a los que ocupaban los oficiales reales y los contadores del Tribunal de Cuentas.4 5

Ahora bien, a pesar de las restricciones, que expresaban las prevenciones del poder real con respecto a lo que parecía un abandono de las prerrogativas reales, las constantes presiones de la necesidad económica empujaban regularmente al monarca español a descuidar esos principios. Mediante el pago, el beneficiario de un oficio beneficiado estaba autorizado a designar a su sucesor sin supervisión ni canon de ninguna clase. Esa ampliación de hecho, si no de derecho, del beneficio obligó a dar a la venalidad un contenido más amplio que el de la simple compra de un oficio al rey. En efecto, es necesario considerar como adquisición venal todo nombramiento a una plaza de titular adquirido sin que interviniera el Consejo de Indias. En realidad, se puede considerar que un oficial que obtenía la confirmación de su oficio sin ofrecer “servicio gracioso” alguno al rey dependía del beneficio: tras la aparente normalidad de la contratación, se ocultaba en realidad una designación proveniente de un derecho de transmisión adquirido contra el pago hecho por su predecesor. En ocasiones, la transmisión podía llegar incluso a transformarse en una venta de tipo privado entre dos individuos sobre la que la Corona ya no ejercía dominio alguno. Lo anterior significa que, para descubrir la realidad de la venalidad, no es posible contentarse únicamente con los decretos de nombramiento, que sólo revelaban la presencia de la venalidad real; es necesario completarlos con las concesiones del derecho a nombrar a un sucesor y con los testimonios que confirman la realidad de su práctica.

6

Asimismo, es necesario hacer explícita la evaluación de la competencia de los oficiales contratados. No se dispone de informes y evaluaciones que hubiesen llevado a cabo los oficiales responsables sobre los miembros de su servicio en el caso del periodo estudiado, práctica que se generalizó en la Nueva España después de 1780, por lo que es necesario recurrir a otros medios para encontrar algunas indicaciones indirectas. En primer lugar, en el caso de los oficiales de la Real Hacienda, se debe subrayar la falta de una verdadera formación profesional que no fuese la práctica; además, es necesario tomar en consideración también el aspecto exclusivamente técnico del conocimiento que poseían esos oficiales. Dicho en otras palabras, el único medio verdadero de mensurar aun cuando sea un poco su grado de capacitación se basa en la evaluación de su experiencia, la cual adquirían muy especialmente pasando con anterioridad por puestos de responsabilidad inferior, antes de tener acceso al cargo de oficial de la Real Hacienda; y también la adquirían accesoriamente mediante el ejercicio de un oficio equivalente en un servicio administrativo similar. Así, la competencia, medida en función de la práctica que adquirían con el tiempo, iba aparejada muy frecuentemente con la edad. En consecuencia, el retrato hablado de un oficial poco competente o incompetente corresponderá a un individuo joven que ingresó directamente al cargo de oficial: dado que no tenía ninguna experiencia administrativa previa, o bien provenía de un sector administrativo sin ninguna relación con su nuevo oficio, únicamente poseía en menor medida, o no las poseía, esas técnicas tan particulares de la contabilidad, notablemente las reglas fundamentales de la teneduría de los libros de cuentas.

123

GRÁFICA IV.1. Contratación de oficiales del Tribunal de Cuentas de México (1650-1780)

FUENTE: Base de datos Ministros, bajo Texto (FRAMESPA-UMR 5591, del , Maison de la Recherche, Université de Toulouse). GRÁFICA IV.2. Contratación de oficiales reales de la Nueva España (1650-1780)

FUENTE: Base de datos Ministros, bajo Texto (FRAMESPA-UMR 5591, del CNRS, Maison de la Recherche, Université de Toulouse). 7

A partir de las variables así definidas, es posible establecer en el primer momento el ritmo de la contratación de los oficiales de la Real Hacienda entre 1660 y 1780. En lo concerniente a la venalidad, las gráficas IV.1 y IV.2 indican con claridad la aparición de una ruptura en torno al año de 1715: cuando se toman en consideración todas las categorías de oficiales de la Real Hacienda, 85 % de la venalidad aparece como anterior a ese año; asimismo, durante los periodos en que la venta de los oficios fue más intensa —es decir, entre 1680 y 1715—, la contratación se hacía casi exclusivamente bajo esa forma. Subsecuentemente, fuera de la breve recuperación de los años de 1740 a 1745, la práctica de la venalidad se abandonó en la contratación de los oficiales de la Real Hacienda de la Nueva España.

8

Ahora bien, ese ritmo general es aplicable, con algunas graduaciones, a cada una de las categorías de oficiales tomadas en consideración. En el caso de los oficiales reales, la venalidad se ejerció antes, más generalizadamente y durante más tiempo: se generalizó desde los años de 1650 y, posteriormente, a pesar de una fuerte tendencia a la

124

disminución después de 1715 e independientemente de la breve pero fuerte recuperación durante los años de 1740 a 1745, permaneció como un medio que se utilizaba de manera puntual en su contratación. Por el contrario, en el caso de los contadores del Tribunal de Cuentas de México, 80 % de las ventas de oficios se dio entre 1680 y 1715. 9

El origen geográfico de los oficiales de la Real Hacienda completa útilmente ese primer enfoque. En lo que respecta al conjunto del periodo, se conoce la proveniencia geográfica de 226 individuos. Los oficiales peninsulares representaban 76 % de ese total; entre ellos, destacan tres regiones metropolitanas que suministraron las tres cuartas partes de los servidores del aparato administrativo de la Real Hacienda (véase el cuadro IV.1): el conjunto castellano, centro administrativo y político de la monarquía española, suministró cerca de la cuarta parte de los oficiales candidatos a la emigración; su extensión andaluza, basada en su monopolio de los intercambios con el imperio, alimentó también una fuerte corriente migratoria en el seno del personal administrativo; y las provincias vascas, en fin, tradicionales proveedoras de servidores de la burocracia castellana en la propia península y, por lo demás, de activos animadores de la vida económica a la escala del imperio, procuraron un fuerte contingente de oficiales de la Real Hacienda a la administración colonial. El resto de las regiones metropolitanas sólo contribuyeron muy secundariamente a la emigración alimentada por los burócratas coloniales. La distribución geográfica de los flujos permite pensar que, en cierto sentido, el aparato administrativo de la Real Hacienda colonial estaba abandonado en manos de unos oficiales cuyas regiones de origen se encontraban, por razones propias de cada una de ellas —posición administrativa dominante, dominio de los intercambios comerciales o fuerte participación en ellos—, en una situación privilegiada en sus relaciones políticas y económicas con los territorios coloniales. En lo concerniente a los oficiales criollos, su proveniencia ampliamente predominante de la ciudad de México y, secundariamente, de Guadalajara y La Habana confirma el modelo de contratación que se observó a la escala de la península: los criollos eran contratados, primero y sobre todo, en las “regiones capitales”, poseedoras de un aparato administrativo y capaces de fomentar y producir candidatos a esas funciones.

125

CUADRO IV.1. Lugar de nacimiento de los oficiales de la Real Hacienda de la Nueva España (1660-1780)

FUENTE: Base de datos Ministros, bajo Texto (FRAMESPA-UMR 5591, del CNRS, Maison de la Recherche, Université de Toulouse). 10

Independientemente de los orígenes regionales de los oficiales de la Real Hacienda, también es interesante tomar en consideración la evolución de la relación entre criollos y peninsulares entre 1660 y 1780 (véase los cuadros IV.2 a IV.5). Si el modelo válido en el caso de los oidores de las audiencias americanas se aplicara a este caso, se debería encontrar una distribución de la contratación de los oficiales de la Real Hacienda coincidente con la ruptura de 1715.5 ¿Qué ocurrió exactamente? Antes de 1715, esto es, durante la fase de venalidad generalizada, los peninsulares representaron más de 77 % del personal contratado; dicho en otras palabras, al menos en lo concerniente a este aspecto, la contratación de los oficiales de la Real Hacienda no siguió las reglas observadas en el caso de la otra categoría profesional anteriormente estudiada y que puede servir como punto de referencia.

11

En un último momento, en fin, mediante la evaluación del grado de capacitación de los oficiales (véase los cuadros IV.6 a IV.9), se puede mensurar la relación de las primeras modalidades de contratación con la calidad. En el caso de los 288 oficiales de la Real Hacienda, 55 % ejerció una actividad anterior relacionada con el nombramiento posterior. Consecuentemente, si bien es cierto que los oficiales poco competentes representaron cerca de la mitad de los que fueron contratados entre 1660 y 1780, también lo es, sobre todo, que constituyeron las dos terceras partes de los que estuvieron en servicio activo antes de 1715; además, en fin, los oficiales inexperimentados contratados antes de 1715 representaron 85 % del total de los oficiales de ese grupo presentes en la administración de la Real Hacienda entre 1660 y 1780. La relación manifiesta entre la inexperiencia y la contratación anterior a 1715 se verifica igualmente en cada uno de los dos sectores administrativos de la administración de la Real Hacienda, lo que confirma que el peso de los oficiales poco o nada competentes fue mayor antes de 1715.

126

CUADRO IV.2. Número de compras del oficio de oficial real de la Nueva España según el origen geográfico de los titulares (1660-1780)

M = metropolitano C = criollo de la Nueva España Americano = español de América FUENTE: Base de datos Ministros, bajo Texto (FRAMESPA-UMR 5591, del CNRS, Maison de la Recherche, Université de Toulouse). CUADRO IV.3. Número de oficiales reales de la Nueva España contratados sin venta del oficio según el origen geográfico de los titulares (1660-1780)

M = metropolitano C = criollo de la Nueva España Americano = español de América FUENTE: Base de datos Ministros, bajo Texto (FRAMESPA-UMR 5591, del CNRS, Maison de la Recherche, Université de Toulouse). CUADRO IV.4. Número de compras de oficios del Tribunal de Cuentas de México según el origen geográfico de los titulares (1660-1780)

M = metropolitano C = criollo de la Nueva España Americano = español de América FUENTE: Base de datos Ministros, bajo Texto (FRAMESPA-UMR 5591, del CNRS, Maison de la Recherche, Université de Toulouse).

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CUADRO IV.5. Número de contadores del Tribunal de Cuentas de México contratados sin venta del oficio según el origen geográfico de los titulares (1660-1780)

M = metropolitano C = criollo de la Nueva España Americano = español de América FUENTE: Base de datos Ministros, bajo Texto (FRAMESPA-UMR 5591, del CNRS, Maison de la Recherche, Université de Toulouse). CUADRO IV.6. Grado de capacitación de los oficiales reales de la Nueva España contratados mediante la venta del oficio (1660-1780)

FUENTE: Base de datos Ministros, bajo Texto (FRAMESPA-UMR 5591, del CNRS, Maison de la Recherche, Université de Toulouse). CUADRO IV.7. Grado de capacitación de los oficiales reales de la Nueva España contratados sin venta del oficio (1660-1780)

FUENTE: Base de datos Ministros, bajo Texto (FRAMESPA-UMR 5591, del CNRS, Maison de la Recherche, Université de Toulouse). 12

Así, la matriz de la contratación de los oficiales de la Real Hacienda se estableció en un principio en torno al año hito de 1715, notablemente en lo que se refiere a la práctica de la venalidad y a la competencia de los oficiales, por lo que es necesario continuar el análisis de la contratación en función de esa ruptura cronológica, muy en particular para tratar de comprender el verdadero impacto del recurso a la venalidad de los oficios.

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Partiendo siempre del esquema elaborado para el caso de los oidores de las audiencias, parece existir una relación entre la venalidad y el origen geográfico de los oficiales contratados (véase los cuadros IV.10 a IV.13). Durante la totalidad del periodo, los 80 peninsulares que compraron el oficio representaron 71 % de los 112 que lo compraron;

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para ser más precisos aún, los 71 peninsulares contratados antes de 1715 que compraron el oficio representaron 73 % de los oficiales de la Real Hacienda; por lo tanto, se hace evidente que el método de contratación de los oficiales de la Real Hacienda no concuerda con el modelo que funcionaba en el caso de las audiencias: a un fuerte predominio peninsular durante todo el periodo correspondió una venalidad destinada, en proporciones ligeramente más importantes todavía, a los propios peninsulares. La aplicación de ese doble parámetro a la contratación propia de cada uno de los componentes de la administración de la Real Hacienda no introduce graduaciones significativas en el cuadro anterior. En los dos casos, la relación entre los criollos y los peninsulares contratados conforme al criterio de la compra del oficio es prácticamente equivalente a la del conjunto del cuerpo,6 lo cual quiere decir que, a gran diferencia de los oficios superiores del sistema judicial, en el caso de los oficios de la Real Hacienda, su venta no hizo sino entreabrir muy poco la puerta a los aspirantes criollos. CUADRO IV.8. Grado de capacitación de los contadores del Tribunal de Cuentas de México contratados mediante la venta del oficio (1660-1780)

FUENTE: Base de datos Ministros, bajo Texto (FRAMESPA-UMR 5591, del CNRS, Maison de la Recherche, Université de Toulouse). CUADRO IV.9. Grado de capacitación de los contadores del Tribunal de Cuentas de México contratados sin venta del oficio (1660-1780)

FUENTE: Base de datos Ministros, bajo Texto (FRAMESPA-UMR 5591, del CNRS, Maison de la Recherche, Université de Toulouse).

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CUADRO IV.10. Grado de capacitación de los oficiales reales de la Nueva España que compraron el oficio según su origen geográfico (1660-1780)

M = metropolitano C = criollo de la Nueva España Americano = español de América FUENTE: Base de datos Ministros, bajo Texto (FRAMESPA-UMR 5591, del CNRS, Maison de la Recherche, Université de Toulouse). CUADRO IV.11. Grado de capacitación de los oficiales reales de la Nueva España que no compraron el oficio según su origen geográfico (1660-1780)

M = metropolitano C = criollo de la Nueva España Americano = español de América FUENTE: Base de datos Ministros, bajo Texto (FRAMESPA-UMR 5591, del CNRS, Maison de la Recherche, Université de Toulouse).

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CUADRO IV.12. Grado de capacitación de los contadores del Tribunal de Cuentas de México que compraron el oficio según su origen geográfico (1660-1780)

M = metropolitano C = criollo de la Nueva España Americano = español de América FUENTE: Base de datos Ministros, bajo Texto (FRAMESPA-UMR 5591, del CNRS, Maison de la Recherche, Université de Toulouse). CUADRO IV.13. Grado de capacitación de los contadores del Tribunal de Cuentas de México que no compraron el oficio según su origen geográfico (1660-1780)

M = metropolitano C = criollo de la Nueva España Americano = español de América FUENTE: Base de datos Ministros, bajo Texto (FRAMESPA-UMR 5591, del CNRS, Maison de la Recherche, Université de Toulouse). 14

La aplicación de la venalidad de manera secundaria después de 1715 modificó radicalmente esa situación. En el caso del conjunto de los oficiales contratados conforme a ese procedimiento, posteriormente a ese año hito, los peninsulares ya únicamente representaron 60 %. Ahora bien, aun cuando ese cambio solamente se verificó de manera incompleta en el caso de los oficiales reales,7 no ocurrió lo mismo en el de los contadores del Tribunal de Cuentas de México. En éste, los criollos que compraron el oficio superaron ligeramente —y fue la única ocasión en que ello se produjo— a los peninsulares. 8 En el primer momento, es posible delimitar todavía más el impacto de la venalidad sobre la contratación de los oficiales de la Real Hacienda mediante el establecimiento de la correlación entre esa práctica y la capacitación de los oficiales seleccionados: en el caso

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del periodo 1660-1780, se contabilizaron 66 % de inexperimentados —es decir, 98 oficiales — entre los 148 que compraron un oficio de la Real Hacienda; al mismo tiempo, esos oficiales únicamente representaron 34 % del total de los contratados durante esos mismos años; finalmente, los 83 contratados poco competentes o incompetentes que compraron el oficio antes de 1715 representaron 65 % de los 127 que compraron el oficio. Lo anterior quiere decir que la venalidad abrió ampliamente la puerta a unos oficiales poco preparados para hacer frente al trabajo que los aguardaba. Esta observación es aplicable, aunque con cierta graduación, a cada uno de los dos sectores de la administración de la Real Hacienda considerados por separado;9 sobre todo, es necesario subrayar la proporción marcadamente más alta de los oficiales reales que compraron el oficio e incompetentes en comparación con el total de los que lo compraron. Así, resulta evidente que la venalidad, presente con más anterioridad y con mayor fuerza en la contratación de esa categoría de oficiales, afectó más profundamente a las reales cajas que al Tribunal de Cuentas. 15

El estudio de la edad de contratación de los oficiales de la Real Hacienda de la Nueva España confirma las observaciones anteriores (véase los cuadros IV.14 a IV.17).10 En efecto, la venalidad significaba una marcada disminución de la edad de ingreso al oficio. Gracias a ese método de contratación, un oficial podía convertirse en titular de su oficio, cualquiera que fuese, en torno a la edad de 30 años.11 A la inversa, entre los oficiales contratados únicamente por sus méritos, la edad promedio de ingreso al oficio se situaba alrededor de los 40 años. En la práctica, la venalidad permitía el acceso a los oficios de la Real Hacienda a candidatos que ni siquiera tenían la edad mínima requerida;12 y las excepciones que se hacían a esa norma legal estaban lejos de ser raras:13 en efecto, una vez descontados los oficiales cuya candidatura legal dependía de unos cuantos meses,14 las excepciones representaron casi la cuarta parte de los que compraron el oficio de quienes se conoce la edad en el momento de su titulación.15 Por el contrario, la desaparición de la venalidad entrañó la de las titulaciones ilegales.16

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Ahora bien, si se hace la distinción de la edad de los contratados conforme a su origen geográfico y en función de la fecha de su contratación, es posible afinar el análisis todavía más. En lo concerniente a la distinción entre criollos y peninsulares, en general estos últimos eran sensiblemente mayores que sus colegas americanos, lo cual era particularmente marcado en el caso de los oficiales criollos que compraron el oficio: la edad promedio en el momento de su integración se situó apenas por sobre el mínimo legal. En consecuencia, no es sorprendente el encontrar ocho criollos que compraron el oficio que no tenían la edad legal, contra siete peninsulares; en efecto, los primeros representaron la mitad de todos los criollos que compraron el oficio contratados en la administración de la Real Hacienda entre 1660 y 1780, mientras que los segundos no alcanzaron ni siquiera la quinta parte. Consecuentemente, es verdad que el abandono de la venalidad entrañó un incremento significativo de la edad de titulación de los oficiales criollos; sin embargo, ello no impidió que fueran marcadamente más jóvenes que los peninsulares.

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CUADRO IV.14. Edad promedio de ingreso al cargo de los oficiales de la Real Hacienda de la Nueva España que compraron el oficio (1660-1780)

FUENTE: Base de datos Ministros, bajo Texto (FRAMESPA-UMR 5591, del CNRS, Maison de la Recherche, Université de Toulouse). CUADRO IV.15. Edad promedio de ingreso al cargo de los oficiales de la Real Hacienda de la Nueva España que no compraron el oficio (1660-1780)

FUENTE: Base de datos Ministros, bajo Texto (FRAMESPA-UMR 5591, del CNRS, Maison de la Recherche, Université de Toulouse). 17

Por otra parte, la distinción de la edad de titulación de los oficiales de la Real Hacienda en función de la ruptura de 1715 muestra una situación doble. En las reales cajas, la edad de los oficiales reales contratados se distribuía estrictamente en función del método de contratación. Antes de 1715, periodo de predominio de la venalidad, los oficiales reales contratados por sus méritos eran significativamente mayores que la otra categoría; a la inversa, después de 1715, los oficiales reales que compraron el oficio eran marcadamente más jóvenes que los contratados sobre la base de su experiencia. Esa situación, que confirma las observaciones anteriores, debe graduarse en el caso del Tribunal de Cuentas, en el que la edad promedio de los oficiales contratados durante cada una de las dos fases variaba independientemente del método de contratación. El promedio de la edad de los contratados mediante el método de la venalidad antes de 1715 es muy semejante al promedio de edad de los oficiales que no compraron el oficio durante el mismo periodo. Del mismo modo, la edad media aumentó significativamente después de 1715, de manera por completo equivalente en ambos casos, para mantenerse muy cercanas una de la otra. Las divergencias ilustran la capacidad de adaptación del poder real a las restricciones que las necesidades económicas en que se encontraba ejercían sobre la contratación. En el primer caso, la fuerte penetración de la venalidad de los oficios no impidió en absoluto al poder español mantener una supervisión mínima sobre la contratación de los oficiales de ese sector, supervisión que se tradujo en el ingreso a esos oficios de oficiales de mayor edad y más experimentados que garantizaban una eficacia mínima del funcionamiento administrativo. En el segundo caso, el de una administración sensiblemente menos afectada por la práctica generalizada de la venalidad en otras partes, la contratación de oficiales poco o nada competentes se llevó a cabo mediante el método de la integración de

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jóvenes inexperimentados. En las dos situaciones, sin importar lo que muestren las graduaciones que revelan el mantenimiento del dominio sobre la contratación de los oficiales a pesar de la extensión de la venalidad, el incremento general de la edad de los contratados posteriormente a 1715 correspondió a la búsqueda de una mayor eficacia en el trabajo de los oficiales. CUADRO IV.16. Edad promedio de ingreso al cargo de los contadores del Tribunal de Cuentas de México (1660-1780)

FUENTE: Base de datos Ministros, bajo Texto (FRAMESPA-UMR 5591, del CNRS, Maison de la Recherche, Université de Toulouse). 18

Los diversos datos presentados permiten elaborar ya el balance del impacto de la venalidad de los oficios sobre la contratación de los oficiales de la Real Hacienda y, además, establecer sus repercusiones sobre la administración. De manera constante, aunque desigual, la venalidad de los oficios significó la debilidad de la función destinada a la capacitación como criterio de selección de los candidatos; por lo demás, también se mantuvo como sinónimo de una preferencia por los criollos relativamente reducida en la contratación de la administración de la Real Hacienda; sin embargo, independientemente de estas conclusiones generales, es necesario, sobre todo, graduar el impacto negativo de la venalidad sobre la contratación de los miembros de dicha administración. CUADRO IV.17. Edad promedio de ingreso al cargo de los oficiales reales de las reales cajas de la Nueva España (1660-1780)

FUENTE: Base de datos Ministros, bajo Texto (FRAMESPA-UMR 5591, del CNRS, Maison de la Recherche, Université de Toulouse). 19

En el caso de los oficiales reales de las reales cajas, la venalidad de los oficios aplicada antes de 1715 dejó un pequeño espacio a los oficiales que se apartaban de esa línea general. En efecto, si bien es cierto que casi las tres cuartas partes de ellos correspondían a la categoría de los oficiales no preparados para el ejercicio de su oficio, los otros poseían, por el contrario, una verdadera experiencia. Lo anterior quiere decir que entre los oficiales contratados mediante el método de la venalidad se encontraba una minoría de candidatos experimentados. En el caso de las reales cajas, la venalidad se aplicaba a la promoción de oficiales subalternos que poseían una verdadera experiencia; situación que se encontraba todavía más generalizada en el Tribunal de Cuentas de México, donde los oficiales experimentados que compraron el oficio antes de 1715 representaron cerca de 40 %; por el contrario, después de esa fecha, esos oficiales ya únicamente representaron

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cantidades insignificantes, tanto en las reales cajas como en el Tribunal de Cuentas de México.17 20

En consecuencia, parece ser que, a todo lo largo del periodo considerado, la venalidad contribuyó sobre todo a acrecentar las contradicciones en el seno de un sistema de contratación cuyos flujos eran relativamente restringidos. Durante el primer periodo, significó el nombramiento a los raros puestos de responsabilidad de individuos externos a la administración de la Real Hacienda.

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En el caso de los numerosos oficiales subalternos, esa práctica sólo les permitía ínfimas posibilidades de promoción, por lo que su única alternativa consistía en aceptar participar finalmente en el juego de la compra de los oficios; por lo demás, los candidatos de la institución resentían doloro-samente la fuerte presión que ejercía la venalidad sobre el sistema de las promociones internas, lo que explica su agresividad cada vez que una plaza quedaba vacante.

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A la inversa, después de 1715, el mantenimiento de manera secundaria de ese tipo de contratación introdujo cierta flexibilidad. En un sistema de contratación que se había vuelto rígido debido a la prioridad absoluta que se atribuía a la competencia, que se reflejaba únicamente a través de la antigüedad y cuya intención era ante todo garantizar la promoción interna de los oficiales subalternos,18 la venalidad inyectaba una ligera dosis de flexibilidad, ya que permitía que se tomaran en consideración algunos factores externos y ya no únicamente los del sistema burocrático; con el riesgo, probablemente, de introducir también, de manera puntual, algunos elementos que al principio eran poco eficaces.

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La función contradictoria y finalmente ambigua de la venalidad en la contratación de los oficiales de la Real Hacienda de la Nueva España explica la hostilidad que encontraba tanto entre los oficiales como entre los miembros del Consejo de Indias. Para los segundos, representaba que se pusiera en tela de juicio uno de sus privilegios: el de supervisar la contratación de los oficiales del rey; para los primeros, aniquilaba lo que consideraban como un derecho: el de tener acceso a las categorías superiores de los oficiales de la Real Hacienda. En ese rechazo absoluto de una práctica molesta para los hombres en servicio activo es donde hay que ver su condena y los argumentos empleados con ese propósito. La práctica de la venalidad bajo su forma americana del beneficio — incremento, cargado de amenazas, del número de criollos en un aparato burocrático de difícil supervisión, según los consejeros de Indias; incremento de la incompetencia y factor de parálisis, según los oficiales subalternos— se convirtió para todos y cada uno en la responsable de todos los males; en resumidas cuentas, no obstante, parece ser que la realidad de su impacto fue menos sistemáticamente negativa de lo que se ha querido admitir, según lo que afirmaban todos aquellos que en realidad fueron sus principales víctimas: en el periodo de crisis de la monarquía española y, más adelante, ante la urgencia de la guerra de sucesión, aseguró unos medios preciosos, sin que en realidad hipotecara, ni total ni sistemáticamente, el futuro; y, de una manera secundaria, introdujo un factor de apertura y renovación nada despreciable en un sistema de contratación que se basaba únicamente en la promoción interna y que por fuerza tendía a cerrarse sobre sí mismo a causa de su aplicación mecánica después de 1720.

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Estas últimas conclusiones llevan ahora a examinar la contratación de los oficiales de la Real Hacienda sin el recurso a la venalidad (véase los cuadros IV.2 a IV.5). De los 143 oficiales de la Real Hacienda que obtuvieron su oficio sin recurrir a la venalidad entre

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1660 y 1780, únicamente 32 fueron contratados de esa manera antes de 1715. Entre ellos, se encontró cerca de 82 % de metropolitanos, cifra marcadamente superior al peso del grupo, sea cual fuere el tipo de contratación que se considere.19 En buena lógica, la prioridad que se otorgaba a los metropolitanos debió reflejarse en el grado de capacitación de los oficiales contratados; sin embargo, los resultados contradicen radicalmente el argumento de quienes criticaban la venalidad de los oficios: la mitad de los oficiales así contratados eran todavía inexperimentados.20 Esta observación, que funciona finalmente en el mismo sentido que la edad de buena parte de los oficiales de la Real Hacienda en el momento de su contratación, hace ver que la influencia negativa de la venalidad de los oficios era todavía más relativa. En realidad, parece evidente entonces que, sea cual hubiere sido la forma de contratación que se utilizó antes de 1715, el grado de competencia de los oficiales de la Real Hacienda no fue un criterio absoluto y determinante en su selección. En ese sentido, la práctica de la venalidad de los oficios no determinaba de manera alguna una situación que, antes bien, se contentaba con acompañar. 25

Si se va más allá de la conclusión global, para tomar en consideración cada uno de los dos componentes de la administración de la Real Hacienda de la Nueva España, es posible encontrar en ellos situaciones análogas; sin embargo, vale la pena subrayar una particularidad en el caso de los oficiales reales. A lo reducido de la contratación, sin recurrir a la venalidad antes de 1715 —únicamente 16 de los 80 contratados mediante ese método entre 1660 y 1780—, corresponde la exclusividad de la presencia de los metropolitanos —los cinco cuyo origen se conoce eran metropolitanos–, todos los cuales eran oficiales experimentados. Si bien es cierto que no se puede llegar a conclusiones demasiado generales a partir de una observación fundamentada en datos muy reducidos, vale la pena, no obstante, tomarla en cuenta. Mediante la proyección de esa observación sobre la totalidad de los 16 individuos competentes contratados sin recurrir a la venalidad antes de 1715, ello representaría, cuando mucho, ¡dos oficiales metropolitanos competentes por cada real caja en un periodo de 50 años!, lo cual significa que el buen funcionamiento de ese sector administrativo no podía reposar únicamente sobre esos dos oficiales —quienes habrían sido, a priori, los mejor dispuestos con respecto a los intereses de la Corona—. A pesar de la extensión de la venalidad, que se denunciaba como perniciosa, la mera preocupación por la eficacia mínima imponía la contratación de otros oficiales competentes para garantizar, aun cuando fuese un poco, el funcionamiento de la maquinaria administrativa. Y, probablemente, el hecho de haberse dedicado a la contratación de una reducida minoría de oficiales reales competentes mediante el método de la venta de los oficios antes de 1715 fue para responder a esa necesidad.

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Posteriormente a ese año, el lugar y las características de la contratación sin recurrir a la venalidad cambiaron profundamente. En primer lugar, esa práctica se convirtió en la forma predominante de selección de los futuros oficiales de la administración de la Real Hacienda de la Nueva España: 78 % de los 143 oficiales fueron contratados de esa manera. Ello llegó acompañado enseguida por un marcado incremento de los peninsulares en el mundo de la Real Hacienda: cerca de 80 % de los 92 contratados sin recurrir a la venalidad provenía de la metrópoli, contra solamente menos de dos tercios de la pequeña minoría que todavía se contrató durante ese mismo periodo mediante el recurso a la venta de los oficios. Ese tipo de contratación llegó a ser, en fin, sinónimo de un marcado incremento de la competencia de los oficiales, de mayor edad y provenientes de sectores administrativos en estrecha relación con su nuevo oficio (véase los cuadros IV.6 a IV.9 y IV

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.14 a IV.17); en efecto, 84 % de ellos correspondía a esa categoría,21 contra menos de 30 % de los que, durante ese periodo, fueron contratados todavía mediante el recurso a la venalidad de los oficios. 27

Consecuentemente, para la administración de la Real Hacienda en conjunto, el abandono de la venalidad de los oficios después de 1715 representó un hito decisivo, caracterizado por un claro aumento del número de metropolitanos y, a la vez, un incremento sensible del grado de capacitación. En realidad, esa transformación correspondió al establecimiento de nuevos mecanismos de selección de los candidatos a oficiales de la Real Hacienda, y reflejó, principalmente, la función decisiva atribuida al pasaje por el cargo de oficial interino; en efecto, de los 97 oficiales competentes contratados después de 1715, 71 pasaron por esa posición antes de su titulación. Ahora bien, el nombramiento de los interinos correspondía únicamente al virrey; dicho en otras palabras, a partir de 1715, con el pretexto de distinguir a los oficiales experimentados con el propósito de promover su futuro profesional, la intervención del virrey tendió a ser predominante en el acceso a la carrera administrativa de la Real Hacienda. Así, la primacía que se atribuía a la competencia y, por ende, a la experiencia se tradujo, finalmente, en un efecto secundario pernicioso; para tres de cada cuatro candidatos significaba, en efecto, tener que estar en relación estrecha con el poder local. En opinión de los contemporáneos, la renuncia a la venalidad significó el abandono del principal vector de los desórdenes y abusos en el mundo administrativo; en la práctica, su remplazo mediante el pasaje casi obligado por el interinato significó principalmente la activación de las redes de relaciones en la Nueva España, a expensas de la administración central metropolitana y sin garantía de eficacia o competencia.

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Para el 25 % restante, las nuevas modalidades de la contratación representaron ante todo la posibilidad de una promoción en su administración de origen, es decir, en la propia Nueva España. Puntualmente, en fin, ese método de contratación benefició asimismo, en primer lugar, a unos cuantos candidatos al traslado desde la península, aunque en ocasiones también a partir de puestos que ocupaban en la Nueva España. En lo referente al resto de los oficiales incompetentes que lograron escapar al nuevo modelo de contratación establecido, se puede hacer notar que se trataba excepcionalmente de individuos provenientes de otro sector administrativo de la Nueva España: debilidad de militares en búsqueda de estabilidad profesional, unos cuantos alcaldes mayores con deseos de nuevas ganancias, etcétera. En su gran mayoría, se trataba de metropolitanos que obtenían su puesto en España y cuya contratación ponía en marcha de manera manifiesta mecanismos de recomendación propiamente peninsulares. En el caso de esos individuos, en efecto, fue posible encontrar ciertos apoyos que sus redes relacionales dejaron entrever, sin revelarlos totalmente.22

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Con todo, las importantes transformaciones de la contratación de los oficiales de la Real Hacienda que tuvieron lugar a partir de 1715 se presentaron de manera desigual en cada una de las ramas de la administración de la institución. Las graduaciones se manifiestan en particular en lo relacionado con el lugar que se otorgó a los peninsulares. En el Tribunal de Cuentas de México, la ruptura aparece de manera manifiesta, si se recuerda que, en el caso de los compradores de oficios durante el mismo periodo, los criollos fueron los más numerosos, mientras que, en el caso de los que no compraron el oficio, los criollos únicamente representaron un tercio de los contratados; sin embargo, si la preferencia por los peninsulares se traslada de la contratación a la política tradicional de la institución, el cambio aparece entonces mucho menos marcado; en ese caso, la nueva

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política de contratación puesta en práctica no significó en realidad un trastorno profundo para una administración menos afectada por la venalidad, antes bien, se tradujo en el fortalecimiento de una situación que se mantenía desde mucho antes del hito de 1715. No ocurrió completamente lo mismo en el caso de las reales cajas de la Nueva España, cuya contratación había sido afectada más marcadamente por la venalidad: el abandono de esta última se resintió más debido al hecho de que se cerró a los candidatos criollos un sector que había permanecido parcialmente accesible para ellos; así, debido a que su presencia en el seno de las reales cajas disminuyó a la mitad, se volvió secundaria, ya que apenas superaba 10 % del personal dirigente. 30

Sea lo que fuere que indiquen las graduaciones, el reforzamiento del cierre con respecto a los criollos se presentó como un fenómeno general de la contratación, sin que, no obstante, significara un incremento proporcional del grado de competencia. Esta observación lleva ahora a analizar las relaciones existentes entre el grado de competencia y el origen geográfico de los oficiales de la Real Hacienda. De los 226 oficiales de la Real Hacienda cuya proveniencia geográfica se conoce, cerca de la mitad de los ministros experimentados fueron metropolitanos, mientras que los metropolitanos representaron menos de la tercera parte de los oficiales no capacitados (véase los cuadros IV.9 a IV.13). En lo que respecta a los criollos, únicamente representaron 29 oficiales competentes, mientras que se encontró a 23 inexperimentados en el mismo grupo. Globalmente, entonces, el peso de los criollos incompetentes equilibraba prácticamente al de los oficiales competentes del mismo origen; entre los metropolitanos, por el contrario, dos oficiales de cada tres pertenecían al grupo de los oficiales experimentados. Aunque este primer enfoque es aproximado, no por ello debe dejarse de tomarlo en consideración. En efecto, dado que la venalidad de los oficios afectó en proporciones equivalentes a los dos grupos antes de 1715 y el número total de oficiales contratados antes y después de ese año fue de una magnitud comparable, su resultado se presenta como revelador de la contratación que se llevó a cabo. Consecuentemente, se podría concluir que la probabilidad de encontrar criollos incompetentes en la administración de la Real Hacienda entre 1660 y 1780 era sensiblemente superior a la de encontrar peninsulares de la misma categoría.

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Con todo, dado el peso más importante de los peninsulares en la administración estudiada, es necesario afinar la medida de la relación del grado de competencia con respecto al lugar de origen geográfico. Ello se hace posible notablemente cuando se traslada dicha relación, establecida conforme a los criterios del origen geográfico y el grado de competencia, al peso respectivo de cada grupo en la administración de la Real Hacienda. Se observa entonces que la diferencia entre cada entidad geográfica ya no era tan importante como se había podido pensar en el primer momento, aun cuando la proporción de los peninsulares competentes siga siendo superior a la que representaban en el seno de la administración.23

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Cuando se toma en consideración la importancia del hito cronológico de 1715 se hace posible profundizar aún más el análisis. En efecto, se puede uno interrogar válidamente sobre el impacto de la ruptura en el peso respectivo de los criollos y los peninsulares en función de la relación de competencia de cada grupo. Antes de 1715 los metropolitanos competentes no representaban más de 43 % del total de los metropolitanos contratados durante ese periodo;24 y ese mismo orden de magnitud es aplicable también a los criollos competentes de ese periodo en comparación con el total de criollos contratados antes de ese año.25 Dicho en otras palabras, antes de 1715 el equilibrio entre unos y otros

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significaba que todavía no existía una diferencia significativa de trato en su contratación; por el contrario, después de 1715, la brecha entre los dos grupos se ahondó muy marcadamente: si bien es cierto que la relación de competencia de los criollos se estableció en dos a uno, en el caso de los peninsulares llegó a ser entonces de seis a uno. 33

Después del análisis en que se combinan los grados de capacitación, los métodos de contratación y los orígenes geográficos, se comprende mejor la manera como funcionó la contratación de los oficiales de la Real Hacienda entre 1660 y 1780. Es evidente, principalmente, que ninguna variable, por importante que hubiere sido, determinó ni orientó por sí sola el conjunto del sistema. A pesar de la responsabilidad que se le ha atribuido, tanto por parte de los contemporáneos como entre numerosos historiadores, la contratación de los oficiales de la Real Hacienda durante esos 100 años no se reguló en función de la venalidad de los oficios en América —de su práctica o su abandono—. Si bien no es posible negar su función, se debe admitir que la contratación fue, ante todo, el fruto de diversas combinaciones entre las diferentes variables conforme a reglas que cambiaron con el tiempo.

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Antes de 1715, la práctica de la venalidad fue probablemente el factor determinante que orientó durante medio siglo la contratación de los oficiales de la Real Hacienda, y lo que explica la importante presencia de oficiales poco competentes o incompetentes durante ese periodo es, muy particularmente, la extensión de esa práctica y su cuasi generalización; sin embargo, ese método de contratación se aplicó indiferentemente al origen geográfico de los candidatos a esos puestos, por lo que no logró poner en tela de juicio la contratación de metropolitanos, muy mayoritaria; por lo demás, debido exclusivamente a la necesidad, la venalidad se aplicó también a la selección de candidatos competentes provistos a menudo de una sólida experiencia. Así, a todo lo largo de ese periodo, estos últimos constituyeron una minoría significativa entre los oficiales reales contratados. Asimismo, es sorprendente observar que, entre los oficiales competentes que compraron el oficio, la proporción de criollos siguió siendo relativamente elevada, lo que confirma con gran claridad que venalidad no rimaba con criollismo ni con ineficacia.

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Después del hito de 1715, el abandono de la venalidad no significó de ninguna manera el retorno a la práctica de la contratación bajo el dominio natural y pleno de la metrópoli. Es cierto que, después de ese año, la competencia y el origen metropolitano se asociaron para dar nacimiento a un sistema en apariencia satisfactorio para Madrid, dado que, en efecto, la primera impresión parece sugerir que entonces se entró en una nueva era bautizada como de la “autoridad”; sin embargo, un análisis más detallado y graduado muestra que ocurrió algo muy distinto. Tras esa ilusoria puesta en orden que acompañó a la desaparición de la venalidad de los oficios, se ocultaba un efecto particularmente perverso provocado por el hecho de dar preferencia al criterio de la competencia. En búsqueda de candidatos experimentados para su administración americana de la Real Hacienda, la metrópoli únicamente podía elegir, finalmente, a individuos que hubiesen ejercido con anterioridad responsabilidades similares a las que se deseaba confiarles. Ante la inexistencia de una jerarquía coherente entre los diferentes sectores que componían la administración de la Real Hacienda; ante la inexistencia, también, de una verdadera e importante movilidad geográfica entre los oficiales de la Real Hacienda, y, por ende, ante la inexistencia de un verdadero cursus honorum, ¿dónde se podía encontrar a los individuos buscados? La cuestión se resolvió mediante la elección generalizada entre los oficiales interinos. Es cierto que los recién contratados, de mayor edad que sus predecesores, ofrecían la ilusión tranquilizadora de la sabiduría y la competencia que

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acompañan a la madurez; pero, en realidad, al mismo tiempo, la Corona concedía el único poder verdadero de selección de los futuros oficiales de la Real Hacienda a las redes locales que, desde la Nueva España y en tomo al virrey, distribuían esas codiciadas prebendas. Así, a pesar de la importancia de las modificaciones aportadas a las condiciones de contratación, de la insistencia puesta en la competencia, del sensible fortalecimiento de la presencia metropolitana y, en fin, del abandono de la venalidad de los oficios, no se podría considerar que la contratación de los oficiales de la Real Hacienda de la Nueva España experimentó un mejoramiento profundo y radical después de 1715. En realidad, el mejoramiento fue muy relativo y, sobre todo, no permitió, de ninguna manera, fortalecimiento alguno de la autoridad metropolitana. Esta última se contentaba muy a menudo —en tres de cada cuatro casos— con nombrar como interinos a individuos seleccionados localmente, expresiones de juegos e intereses personales en América cuyo contenido ella ignoraba con mucha frecuencia. 36

Una vez franqueados los obstáculos de la selección, el oficial de la Real Hacienda veía abrirse ante él espacios profesionales nuevos. Los riesgos relacionados con sus situaciones anteriores desaparecían con su contratación, puesto que esta última era teóricamente vitalicia: no existía una duración de ejercicio en el oficio fijada por adelantado, con el plazo de la residencia a su término. Todo se conjugaba, entonces, para asegurarle una larga carrera profesional a quien acababa de ser acogido. ¿Qué ocurrió exactamente en cada uno de los dos cuerpos que componían el grupo de oficiales de la Real Hacienda de la Nueva España? En la siguiente sección se responderá a esta pregunta, haciendo una distinción entre oficiales reales y contadores del Tribunal de Cuentas, cuyas obligaciones y restricciones profesionales eran en realidad muy diferentes.

LA CARRERA PROFESIONAL DEL OFICIAL REAL: INEXISTENCIA DE PERSPECTIVAS 37

El desenvolvimiento de la carrera profesional de un oficial real de la Nueva España se definía principalmente por su estabilidad geográfica. Se conoce el desenvolvimiento de la carrera profesional de 168 de los 186 oficiales reales contratados en las diferentes reales cajas de la Nueva España (véase los cuadros IV.18 a IV.20). En el caso de ocho de cada 10 de ellos, su carrera profesional únicamente conoció el horizonte de su primera afectación. 26 La inmovilidad, establecida como regla de funcionamiento profesional, marcó profundamente el desenvolvimiento de la carrera profesional de los oficiales reales.

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CUADRO IV.18. Número de oficiales reales de la Nueva España que sólo tuvieron una afectación, distribuidos conforme al número de etapas anteriores a su titulación (1660-1780)

FUENTE: Base de datos Ministros, bajo Texto (FRAMESPA-UMR 5591, del CNRS, Maison de la Recherche, Université de Toulouse). 38

Un oficial real titular de su oficio, cualquiera que fuese, sólo excepcionalmente aceptaba una comisión de oficial real interino en otra real caja, aun cuando fuese vecina geográficamente.27 Ahora bien, las necesidades de interinos experimentados y confiables eran grandes y verdaderas; las frecuentes suspensiones a que estaban expuestos los oficiales reales en el ejercicio de sus responsabilidades dejaban a las reales cajas privadas de responsables durante largas semanas, cuando no se trataba de meses. Asimismo, era necesario subvenir puntualmente al remplazo temporal de un titular fallecido antes de que el proceso de designación del sucesor hubiese podido arrojar su resultado. Ahora bien, los oficiales reales en servicio activo no solían someterse a esas obligaciones de muy buena gana: eso fue precisamente lo ocurrido en marzo de 1718, cuando los oficiales reales de Veracruz protestaron en contra del principio del traslado que el virrey acababa de aplicarles. Su argumentación se reducía a la defensa de los intereses de la administración real, ya que, según ellos, “los oficiales reales de cada caxa están instruidos en lo conducente a sus ministerios”.28

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CUADRO IV.19. Puestos sucesivos de los oficiales reales de la Nueva España que fueron trasladados (1660-1780)

FUENTE: Base de datos Ministros, bajo Texto (FRAMESPA-UMR 5591, del CNRS, Maison de la Recherche, Université de Toulouse). 39

En consecuencia, el traslado podía traducirse en la multiplicación de los errores, incluso por parte de los oficiales reales particularmente competentes.29 Su reticencia llegaba en ocasiones al rechazo categórico, que la administración soportó al menos en dos de las proposiciones hechas a oficiales reales titulares. En el caso de Francisco de Tineo, contador de la real caja de Sombrerete, su rechazo a un remplazo en la real caja vecina de San Luis Potosí, hacia 1760, fue sin apelación. Las justificaciones que planteó procedieron siempre conforme a la argumentación que se encontró en circunstancias análogas; en primer lugar, venía el excesivo costo del desplazamiento para toda la familia por un tiempo no establecido por adelantado; enseguida, intervenían la edad y la salud, demasiado frágil, del oficial sondeado, y surgía, en fin, el precedente creado por algún rechazo anterior, que los oficiales reales se complacían en recordar a la administración de que dependían.30 Algunos años más tarde, en noviembre de 1763, conminado nuevamente por el virrey a desplazarse temporalmente a Guanajuato, Francisco de Tineo no pudo escabullirse; sin embargo, negoció enérgicamente su asunto y obtuvo un traslado definitivo, por lo que terminó su carrera profesional en esa última real caja en el transcurso de los años de 1780.31 Los intercambios de réplicas ilustran la dificultad del virrey para obtener satisfacción en un punto que, no obstante, no era insignificante; ante los rechazos categóricos de los oficiales reales en servicio activo y, de manera más general, con el propósito de evitar provocarlos, se veía forzado, sobre todo, a llenar los vacíos dejados por una sanción o un fallecimiento fundamentalmente mediante candidatos a una contratación futura, en búsqueda de experiencia profesional.

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CUADRO IV.20. Número de oficiales reales de la Nueva España que obtuvieron una promoción a otras funciones (1660-1780)

FUENTE: Base de datos Ministros, bajo Texto (FRAMESPA-UMR 5591, del CNRS, Maison de la Recherche, Université de Toulouse). 40

Con todo, la introducción del traslado representaba un medio de cortar los lazos anudados entre los oficiales reales y sus administrados; por lo demás, es sintomático que, de los 13 traslados que tuvieron lugar, únicamente tres ocurrieron antes de 1720. La práctica del traslado de cargo parece haber sido, entonces, un rodeo eficaz destinado a acrecentar la independencia de los oficiales de las reales cajas con respecto a la sociedad que los rodeaba, aunque muy difícilmente utilizado antes de 1780; sin embargo, ante esa posibilidad, las reticencias de los oficiales reales permanecían vivas. El rechazo a los traslados de puesto era muy a menudo una prolongación del rechazo a las comisiones de oficial interino, ya que, en más de un caso de cada tres, esas asignaciones temporales eran el preludio del traslado al puesto de que se tratase. De una manera más general, no obstante, la inmovilidad geográfica iba acompañada de la inexistencia de posibilidades de promoción para los oficiales reales; por lo tanto, se debe admitir que los 24 individuos que se beneficiaron de esa posibilidad representaron verdaderas excepciones. CUADRO IV.21. Funciones ocupadas por los oficiales reales promovidos fuera de su cuerpo de origen (1660-1780)

FUENTE: Base de datos Ministros, bajo Texto (FRAMESPA-UMR 5591, del CNRS, Maison de la Recherche, Université de Toulouse).

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En realidad, de esos 24 oficiales reales únicamente 17 obtuvieron auténticas promociones, mientras que, en el mejor de los casos, el resto solamente obtuvo, en un marco administrativo diferente, cargos apenas un poco más prestigiosos que los que abandonaron (véase el cuadro IV.21). En el caso de los primeros, se presenta una división cronológica manifiesta entre dos orientaciones administrativas. La última promoción a un puesto de gobernador provisional ocurrió en 1735; después de ese año, todos los individuos interesados fueron afectados a cargos superiores al suyo en la administración de la Real Hacienda o en una institución cercana a ella: el Tribunal de Cuentas, la superintendencia de la Real Hacienda o, en fin, las intendencias de las provincias. La orientación de las promociones otorgadas en un principio a los oficiales reales confirma ante todo el carácter regional de esos oficios: en el siglo xvii y todavía a comienzos del siguiente, cuando se producía la vacante de un cargo de gobernador, parecía natural pensar en un oficial real para sucederlo; dicho en otras palabras, antes que ser un hombre de la Real Hacienda, el oficial real fue considerado durante mucho tiempo como un hombre con experiencia práctica sobre el lugar al que estaba afectado.32 Posteriormente, a lo que se dio preferencia fue, por el contrario, a la competencia técnica del oficial real, proponiéndole promociones en el marco de su administración de origen o, más generalmente, de sus conocimientos prácticos. Las promociones ilustran el establecimiento, en el transcurso de la primera mitad del siglo xviii y, más precisamente tal vez, en el transcurso del decenio de 1730, de un esbozo de cursus honorum destinado a los oficiales reales que se distinguían por su capacidad; sin embargo, tanto la pesantez de la lentitud administrativa como las reticencias de los propios oficiales reales transformaron ese intento en excepción antes de los años de 1780. CUADRO IV.22. Número de oficiales reales de la Nueva España distribuidos conforme al tipo y la duración de su carrera profesional (1660-1780)

Tipos de carrera profesional: 1. Oficiales reales que solamente tuvieron una afectación. 2. Oficiales reales que tuvieron varias afectaciones: 2a. duración en el primer cargo, 2b. duración en el segundo cargo, 2c. duración en el tercer cargo; 3. Oficiales reales que continuaron su carrera profesional fuera de las reales cajas. FUENTE: Base de datos Ministros, bajo Texto (FRAMESPA-UMR 5591, del CNRS, Maison de la Recherche, Université de Toulouse). 42

El oficial real, fuertemente aferrado a un oficio a menudo adquirido a un alto precio, tenía una carrera profesional que se desenvolvía sin sorpresas, perturbada únicamente por la amenaza de las suspensiones en su ejercicio. La duración promedio de la carrera profesional de los oficiales reales de la Nueva España en conjunto era inferior a 15 años (véase los cuadros IV.22 y IV.23); y se encontró la misma duración entre aquellos que

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únicamente tuvieron una afectación —la gran mayoría—. De la misma manera, tanto la duración media como la modal de la carrera profesional de los oficiales reales se situaban en el mismo orden de magnitud, por lo que no superaban los 15 años de trabajo como titulares de una real caja. CUADRO IV.23. Duración de la carrera profesional de los oficiales reales de la Nueva España conforme al tipo de carrera (1660-1780)

Tipos de carrera profesional: 1. Oficiales reales que solamente tuvieron una afectación. 2. Oficiales reales que tuvieron varias afectaciones. 3. Oficiales reales que continuaron su carrera profesional fuera de las reales cajas. FUENTE: Base de datos Ministros, bajo Texto (FRAMESPA-UMR 5591, del CNRS, Maison de la Recherche, Université de Toulouse). 43

Si se compara esa duración con la que se daba en otros sectores administrativos, la ventaja de los oficiales reales se presenta con claridad: frente a los responsables municipales, electos cada año,33 a los alcaldes mayores, nombrados por quinquenios, y a los gobernadores provinciales, designados sin una duración precisa y destituibles de su cargo en cualquier momento, encarnaban la verdadera continuidad de la autoridad monárquica en sus provincias. Su estabilidad geográfica y profesional los transformaba en intermediarios privilegiados de quienes había que cuidarse; sin embargo, la primacía de los oficiales reales sobre los otros representantes del rey se restringía a las situaciones provinciales; en las capitales administrativas, los oidores de las audiencias y los miembros de los tribunales de cuentas eclipsaban a esos oficiales mucho menos prestigiosos. CUADRO IV.24. Demora de ingreso al cargo de oficial real de las reales cajas de la Nueva España (1660-1780)

FUENTE: Base de datos Ministros, bajo Texto (FRAMESPA-UMR 5591, del CNRS, Maison de la Recherche, Université de Toulouse).

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La duración de la carrera profesional de los oficiales reales remite también a la duración de las etapas anteriores, a la edad de ingreso al oficio y, por ende, a la venalidad de los oficios (véase el cuadro IV.24). En efecto, aquellos oficiales reales que —con unas cuantas excepciones— ingresaron directamente a un oficio de una real caja sin pasar por etapa preparatoria alguna, por la sola gracia de su compra, se encontraron entre quienes obtuvieron su titulación todavía jóvenes o muy jóvenes.34 A todos los demás, es decir, à 66 % de la muestra, les era necesario pasar por interminables etapas preliminares que sólo les permitían alcanzar su meta a una edad más que respetable. 35 En su caso, el ingreso a un oficio de la Real Hacienda se llevaba a cabo después de una espera promedio de más de 13 años de actividad en otro sector administrativo. Es cierto que la venalidad seguía siendo todavía un excelente medio para acortar la espera en aproximadamente dos años; sin embargo, la llegada a un primer cargo de responsabilidad en esa administración seguía siendo un resultado que tardaba mucho en esbozarse para las dos terceras partes de los oficiales reales. Ahora se comprende mejor tanto la agresividad de los oficiales reales respecto a todos aquellos que interferían en sus etapas de promoción, que eran muy lentas, como su condena sin apelación de la venalidad de los oficios.

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Con todo, las demoras a que estaban sujetos los oficiales reales antes de su titulación en el oficio variaban marcadamente, tanto según la administración de origen como según la vía de acceso seleccionada. A partir de la información recolectada, se estableció una relación de proximidad entre el servicio que los acogía y el servicio del que partían. Dicha relación podía adquirir diferentes formas, conforme al siguiente axioma: cuanto mayor era la similitud profesional entre los dos servicios, tanto menor era la demora en la integración. Ahora bien, el hecho de que un candidato hubiese pasado o no por un cargo de oficial real interino en el nuevo servicio al que pretendía que se le incorporase, corregía marcadamente esa regla básica. El interinato permitía una reducción sensible de la demora y funcionaba sobre todo como una verdadera preselección de los candidatos; al mismo tiempo, los oficiales reales que reorientaban su carrera profesional por medio del recurso a la venalidad de los oficios escapaban al interinato, lo cual es una clara confirmación de que el abandono de la venalidad significó una modificación importante de la selección de los candidatos a los oficios reales: independientemente de que el derecho de intervención del virrey resultó fortalecido, el interinato funcionó como una etapa de formación que, por su considerable duración promedio, garantizaba la iniciación a unos individuos para quienes, muy frecuentemente, los aspectos técnicos de su futuro trabajo eran desconocidos. Dicho en otras palabras, a partir de los años de 1720, el abandono de la venalidad y el pasaje casi sistemático de los futuros oficiales reales por la etapa de iniciación de unos 15 años garantizaron una sólida profesionalización del cuerpo de oficiales reales de la Nueva España.36 Esas transformaciones también arrojaron una nueva luz sobre la carrera profesional efectiva del oficial real: su relativa brevedad —unos 15 años únicamente— iba de la mano con una vida profesional que no lo era; y aclaran, en fin, las reticencias de los oficiales reales al traslado: dado que consideraban su nombramiento un poco como resultado de un largo y tortuoso periplo profesional, lo asimilaban a una consumación y no a una nueva etapa. Así, el difícil establecimiento de la movilidad geográfica de los oficiales reales a finales del siglo xviii se reveló como uno de los efectos perversos de su progresiva profesionalización a partir de comienzos del siglo.

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CUADRO IV.25. Número de oficiales reales suspendidos en las diferentes reales cajas de la Nueva España (1660-1780)

FUENTE: Base de datos Ministros, bajo Texto (FRAMESPA-UMR 5591, del CNRS, Maison de la Recherche, Université de Toulouse). 46

Con todo, durante los 15 años de ejercicio de sus responsabilidades, la presencia efectiva de los oficiales reales a la cabeza de su real caja se veía perturbada a menudo por numerosas interrupciones de su carrera profesional, resultado de las visitas a que estaban sujetos. De 168 oficiales reales de cuya carrera profesional se conoce el desenvolvimiento, la cuarta parte tuvo que hacer frente a ese infortunio (véase el cuadro IV.25).37 Si se reduce el número de los oficiales reales suspendidos al personal que ejerció efectivamente en cada una de las reales cajas, se obtiene una mejor idea del verdadero impacto de tales medidas sobre esa administración: seis de cada 10 reales cajas tuvieron un porcentaje de oficiales reales suspendidos igual o superior al promedio de oficiales reales suspendidos en todas las reales cajas; entre ellas, se distinguen muy particularmente tres de las principales reales cajas de la Nueva España fuera de México: Zacatecas, Guadalajara y, sobre todo, Veracruz.38 Por sí solas, en efecto, esas tres reales cajas representan 20 suspensiones de las 56 impuestas entre 1660 y 1780. La geografía de las sanciones recuerda oportunamente, en primer lugar, la preocupación de la administración central por supervisar de la mejor manera posible el funcionamiento efectivo de los principales centros administrativos, pero también permite mensurar su impacto negativo sobre la continuidad del funcionamiento administrativo. CUADRO IV.26. Distribución de la duración de las suspensiones de los oficiales reales de la Nueva España (1660-1780)

FUENTE: Base de datos Ministros, bajo Texto (FRAMESPA-UMR 5591, del CNRS, Maison de la Recherche, Université de Toulouse).

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La duración de las interrupciones es otro aspecto que se debe tomar en consideración (véase el cuadro IV.26). Dado que lo más frecuente era que —a pesar de su carácter a veces ilegal— la suspensión fuese decidida desde el comienzo de la visita con base en la denuncia o los rumores, la duración de la visita condicionaba la de la interrupción. Una vez cerrada la instrucción del proceso, se dirigía el informe al tribunal encargado de juzgar. Cuando se trataba del Consejo de Indias, no era excepcional que el propio oficial real suspendido hiciese el viaje para defender su causa, lo que generalmente provocaba un alargamiento del proceso; en tales condiciones, la decisión sobre la sanción llegaba a la Nueva España muchos meses más tarde para su aplicación: cualquiera que hubiere podido ser la decisión adoptada, el proceso significaba un promedio de tres años de interrupción, 39 con un máximo que, en una ocasión, alcanzó cerca de 13 años.40

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La duración de las interrupciones y su frecuencia en los principales centros de la administración fiscal de la Nueva España llevan a reflexionar sobre el impacto de esas medidas, ya que, si bien confirman que la preocupación real por la supervisión no era vana mucho antes de la segunda mitad del siglo XVIII, siempre se tradujeron, en el caso de las reales cajas más afectadas, cualesquiera que hubieren sido las razones, en una desorganización profunda y duradera, situación que todos los oficiales reales se complacían en recordar en toda ocasión.41 Es verdad que, en una real caja como la de Veracruz, cerca de la mitad de los oficiales reales contratados sufrió ese tipo de interrupción, lo cual disminuyó en la misma medida la duración efectiva del ejercicio en su oficio. Así, tomando en consideración las observaciones hechas en los casos en que las sanciones fueron aplicadas con mayor regularidad, se hace posible mensurar el verdadero impacto de las suspensiones sobre el funcionamiento de las principales reales cajas. Dado que estas últimas vieron pasar el mayor número de oficiales reales, se puede estimar que entre un tercio y la mitad de ellos sufrieron la disminución de la duración efectiva de su carrera profesional en los tres años correspondientes al promedio de las suspensiones. En consecuencia, en el caso de esos oficiales reales, las suspensiones redujeron la duración efectiva de su carrera profesional a tan sólo una docena de años, independientemente de los desórdenes que significaron.

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La única excepción notable a esa regla cuasi aplicable a las principales reales cajas de la Nueva España no es otra que la de la ciudad de México, puesto que, a pesar de las numerosas visitas, la tasa de suspensión fue sorprendentemente baja. Ello se debió, ante todo, al prolongado proceso que interrumpió literalmente la contratación de nuevos oficiales reales titulares de esa real caja durante casi 30 años y cuyas sucesivas repercusiones ya son conocidas; se debió, asimismo, a la fragmentación de las responsabilidades de la real caja entre diversas contadurías autónomas, mucho menos regularmente sometidas a las visitas; y se debió, en fin, a que los responsables de esos sectores de la Real Hacienda distintos de la real caja de México no dependían sistemáticamente del cuerpo de oficiales reales de la institución, lo cual hizo que la muestra disminuyera otro tanto en la fracción correspondiente a los oficiales reales de la ciudad de México que podían ser suspendidos.42

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Las suspensiones temporales no privaban sistemáticamente a los oficiales reales de su oficio, como lo demuestra el análisis del fin de su carrera profesional. De la totalidad del grupo, únicamente la mitad no recuperó su oficio después de la suspensión, esto es, 22 individuos. En cuanto a los otros, si bien no siempre fueron rehabilitados, ello no impidió que obtuvieran del Consejo de Indias una sensible atenuación de las sanciones inicialmente previstas. No resulta interesante para este trabajo el análisis de las

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profundas razones de esa clemencia que no puede dejar de sorprender y que, no obstante, respondía a una lógica particular de las relaciones existentes entre los oficiales reales y el poder metropolitano;43 por el contrario, aplicada a la totalidad del grupo de oficiales reales que ejercieron en la Nueva España, esa observación pone de manifiesto que, en el caso de la gran mayoría de ellos, sólo la muerte significó la interrupción de su vida profesional. De 113 oficiales reales que ejercieron exclusivamente en las reales cajas y de quienes se conoce el fin de su carrera profesional, 65 de ellos fallecieron en servicio activo, contra 10 que obtuvieron la jubilación —en ocasiones impuesta, por lo demás, debido a incapacidad física en el ejercicio del cargo— y 16 que dimitieron preocupados por asegurar la transmisión de su oficio.44 Consecuentemente, nadie se privaba de su oficio a no ser que se viese obligado por los azares de la vida o las exigencias de una visita demasiado puntillosa. En lo que respecta a la obtención de la jubilación, todavía era rara, y la de una jubilación con pensión, excepcional.45 Si se considera que todos los que abandonaron por sí mismos su oficio lo hicieron recurriendo casi siempre al derecho de cesión que por lo general habían adquirido simultáneamente con la compra del oficio, se puede admitir, por lo tanto, que para los oficiales reales la desaparición de ese derecho significaba el fin de un privilegio importante: el de decidir sobre el momento y las condiciones de su jubilación de la vida activa. Así, antes del establecimiento tardío de los “montepíos de ministros”, a finales del siglo XVIII, la muerte era el único juez de paz que decidía sobre la interrupción de la carrera profesional de los oficiales reales. 46 51

Lo que mejor define la perspectiva profesional del oficial real es, precisamente, la imagen de un horizonte trunco: atado a su oficio al grado de rechazar él mismo todo traslado, por lo que disponía de tiempo para arraigarse en el medio local, adonde muy frecuentemente había llegado como extraño, privándose así de posibles promociones profesionales, únicamente la muerte daba cuenta de su presencia. Con todo, es necesario precisar que la desaparición del oficial en el ejercicio de su oficio no significaba automáticamente, de ninguna manera, la de su grupo familiar en el seno del aparato administrativo local, 47 lo cual permite comprender fácilmente el hecho de que los oficiales reales aceptaran una situación que, en resumidas cuentas, era muy gris. Antes de 1780 la administración colonial de las reales cajas todavía no había llegado a ser un lugar donde se “hacía carrera”, aun cuando sólo fuese, para comenzar, porque no existía efectivamente una carrera profesional para esos oficiales reales, de lo que en realidad no se quejaban. En consecuencia, el ejercicio de un oficio administrativo de ese tipo se percibía, ante todo, como una participación, a la escala local o regional, de la soberanía real que honraba a su beneficiario y favorecía a su linaje. Los honores que recibía de ella el oficial real bastaban entonces para satisfacerlo y hacer atractivos esos oficios; y, si acaso ponía en tela de juicio tal o cual decisión sobre su carrera profesional tomada en su contra o si en ocasiones rechazaba tal o cual promoción eventual, el oficial se decidía a la luz de las desventajas previsibles que podía deducir, las cuales superaban ampliamente las ventajas esperadas.

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La voluntad reformadora por introducir una dosis de movilidad, sinónimo del surgimiento de una “carrera” cuyas manifestaciones se ven aflorar en el caso de los oficiales reales a partir de los años de 1730, tropezó sistemáticamente con una resistencia obstinada que la metrópoli no logró contrarrestar. En lo concerniente a las medidas represivas utilizadas para mantener la apariencia de presión sobre los oficiales reales demasiado autónomos, dichas medidas contribuyeron más a desestabilizar los servicios afectados que a los propios oficiales reales, quienes, en plazos más o menos largos, a menudo obtenían el beneficio de la clemencia real. La resistencia obstinada, pasiva y a

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menudo silenciosa pero eficaz de los oficiales reales logró echar por tierra los proyectos metropolitanos, demasiado puntuales como para revelarse capaces de poner en tela de juicio los fundamentos mismos de un sistema que funcionaba en el mejor de los intereses de sus agentes y la familia de éstos.

LA CARRERA PROFESIONAL DE MINISTRO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS DE MÉXICO: LOS ESPEJISMOS DEL TÍTULO 53

A diferencia de los oficiales reales de las reales cajas, los contadores del Tribunal de Cuentas de México encontraban en su institución posibilidades de promoción vinculadas a la existencia de tres categorías de ministros. Ahora bien, ¿pudieron beneficiarse realmente de ello? De las 104 carreras de contador, únicamente 24 pasaron por al menos dos de los tres grados; por lo tanto, vemos que la proporción de ministros del Tribunal de Cuentas que no pudieron obtener promoción alguna fue la misma que en el caso de los oficiales reales. ¿Cómo explicar tal situación en un servicio que, no obstante, ofrecía a priori otras posibilidades?

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La observación de la distribución de los oficiales según la categoría ofrece de entrada un inicio de respuesta. Aun cuando la distribución de los cargos por categoría establecía verdaderas disparidades, no se reflejaba significativamente en el número de contadores de cada categoría;48 en cambio, repercutía necesariamente en las perspectivas de la carrera profesional de los contadores, creando una verdadera inmovilidad en el seno del Tribunal de Cuentas. Eso es lo que revela el análisis de la frecuencia de los ingresos de contadores de todas las categorías al tribunal (véase la gráfica IV.3.). Dicha frecuencia se organizó conforme a tres fases claramente identificables en torno a las fechas hito de 1670 y 1760. Antes de 1670, la frecuencia de la contratación no llegó a un ingreso cada dos años; después de esa primera ruptura, su ritmo se triplicó, con más de una contratación por año. Ese fuerte y prolongado incremento solamente se atenuó después de 1760, cuando la frecuencia volvió a lo que había sido antes de 1670. 49 Al aplicar el ritmo de las contrataciones observado en el caso del conjunto de los contadores a cada una de las categorías del Tribunal de Cuentas, se comprenden las razones de la inmovilidad de la carrera profesional de esos ministros (véase las gráficas IV.4, IV.5 y IV.6). Durante el primer periodo considerado, las contrataciones más numerosas correspondieron a los contadores superiores y a los contadores ordenadores, mientras que el rango intermedio está representado muy débilmente. Esa última categoría desempeñaba, entonces, el papel de cuello de botella, resultado de su reducido número de puestos, tanto más cuanto que un número importante de contadores superiores fueron contratados directamente con ese grado.

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GRÁFICA IV.3. Contratación por categoría en el Tribunal de Cuentas de México (1650-1780)

FUENTE: Base de datos Ministros, bajo Texto (FRAMESPA-UMR 5591, del CNRS, Maison de la Recherche, Université de Toulouse). GRÁFICA IV.4. Contratación de contadores ordenadores en el Tribunal de Cuentas de México (1650-1780)

FUENTE: Base de datos Ministros, bajo Texto (FRAMESPA-UMR 5591, del CNRS, Maison de la Recherche, Université de Toulouse). GRÁFICA IV.5. Contratación de contadores superiores en el Tribunal de Cuentas de México (1650-1780)

FUENTE: Base de datos Ministros, bajo Texto (FRAMESPA-UMR 5591, del CNRS, Maison de la Recherche, Université de Toulouse).

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GRÁFICA IV.6. Contratación de contadores de resultas en el Tribunal de Cuentas de México (1650-1780)

FUENTE: Base de datos Ministros, bajo Texto (FRAMESPA-UMR 5591, del CNRS, Maison de la Recherche, Université de Toulouse). 55

Una situación semejante se presentó durante la fase siguiente: si bien la pirámide se regularizó —el número de contadores de resultas superó considerablemente al de los contadores superiores—, una observación atenta demuestra que lo esencial del problema se mantuvo. La decena de contadores ordenadores contratados entre 1675 y 1695 hizo frente a seis contadores de resultas incorporados con ese grado entre 1695 y 1703; en cuanto a estos últimos, encontraron en su camino a siete contadores superiores contratados entre 1707 y 1711. La misma situación se reprodujo invariablemente en ocasión de cada oleada de contratación durante ese periodo, trátese de los años 1720 a 1727 o 1739 a 1745. El impacto sobre la carrera profesional de los contadores en servicio activo casi no varió, ya hubiere sido resultado del incremento de la venalidad —1695 a 1711 y 1739 a 1745—, ya de la creación de plazas suplementarias destinadas a eliminar el rezago en la glosa de las cuentas —1720 a 1727—; para ellos, desde 1660 hasta 1760, todo concurría a transformar cada una de las tres categorías en carreras paralelas, mucho más que en etapas de una profesión única en el seno de una institución común. El reducido número de ministros intermedios, el elevado número de las otras dos categorías y, sobre todo, la contratación directa en la categoría superior hacían ilusoria toda posibilidad de promoción.50 Después de 1760, la contratación del Tribunal de Cuentas ganó en coherencia: el espaciamiento de los ingresos directos a las categorías superiores, asociado a un ligero incremento de las plazas de contadores intermedios, incrementó en mayor medida la gama de la promoción interna. Consecuentemente, el gran número de contadores ordenadores contratados a finales de los años de 1750 encontró ante sí un camino mucho menos abarrotado, lo cual les permitía tener la esperanza en las posibilidades de promoción. Dicho en otras palabras, a partir de comienzos de la segunda mitad del siglo XVIII, la promoción basada en la antigüedad comenzó a ser una realidad.

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En tal contexto profesional, ¿conforme a qué criterios se decidían las raras promociones obtenidas? Como en el caso de los oficiales reales de las reales cajas, se puede hacer notar que las comisiones, por lo demás relativamente raras a la escala del grupo, no jugaron papel decisivo alguno.51 Esas responsabilidades anexas, siempre dotadas de subsidios específicos nada despreciables, constituían un monopolio de los contadores superiores,

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quienes obtuvieron la mitad de las distribuidas entre 1660 y 1780. Un contador ordenador solamente podía beneficiarse de ellas en raras ocasiones, en general, gracias a sus relaciones con la administración virreinal. Ahora bien, aun cuando las comisiones no intervinieron en la obtención de las promociones, no ocurrió lo mismo en el caso de los nombramientos de interinos. Las responsabilidades temporales, muy frecuentemente afectadas a una real caja del virreinato, contribuyeron con la mitad de las promociones de los contadores; por lo demás, únicamente se encontró a un contador superior entre todos los que ejercieron ese tipo de responsabilidad. En lo que respecta a los que no pudieron obtener la satisfacción de una promoción, la causa se situó en el cuello de botella que provocaba la estructura administrativa y que se agravó debido a la contratación, entre 1719 y 1732, de una decena de titulares suplementarios para eliminar el rezago acumulado.52 Lo anterior indica el grado en que los ministros de rango inferior aguardaban beneficios en lo concerniente a su carrera profesional a cambio de las restricciones a que estaban sujetos. Por lo demás, todos los remplazos que desembocaron en una promoción se situaron después de los años de 1730, división que ya antes se había encontrado en el marco de la voluntad de establecer una “carrera” para los oficiales reales. Esa simultaneidad confirma la existencia de una estrategia administrativa destinada a distinguir, con base en la competencia, la experiencia y la dedicación, a los ministros que podían obtener una promoción; sin embargo, como en el caso de los oficiales reales de la Nueva España, tal política solamente alcanzó su objetivo de una manera muy incompleta: dado que se combinó con la de tomar en consideración la antigüedad estricta como principal criterio de promoción a partir de los años de 1720, lo que logró ante todo fue provocar el fortalecimiento y la legitimación de las aspiraciones de los más antiguos en las categorías inferiores, sin permitir el establecimiento de un verdadero cursus honorum. Es cierto que la repercusión de las últimas ventas de oficios, particularmente numerosas, contribuyó a la interrupción de las promociones antes de 1750; pero, sobre todo, lo que bloqueó definitivamente la situación fue la aplicación de la estricta regla de la antigüedad, combinada con el rechazo de todo incremento al número de plazas hasta las reformas de finales del siglo. Finalmente, en ello es sin duda donde hay que buscar una de las razones profundas del malestar que experimentaban los contadores: privados de perspectivas verdaderas y condenados a tareas ingratas, poco redituables y consideradas mediocres en una ciudad donde otros ministros más prestigiosos ocupaban el frente del escenario, no encontraban razones para esforzarse verdaderamente en su actividad, por lo que se revelaron atentos sobre todo a defender sus privilegios frente a sus rivales de la Audiencia y a afirmar su prestigio. Consecuentemente, se hace necesario analizar el ausentismo sistemático, el rezago abismal en la glosa de las cuentas y la ineficacia máxima del trabajo como los efectos, inevitables pero costosos para la monarquía española, de la incomprensión de ésta en torno a la situación predominante en el Tribunal de Cuentas de México.

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CUADRO IV.27. Duración promedio de la carrera profesional en el cuerpo del Tribunal de Cuentas de México según la categoría de ingreso (1660-1780)

FUENTE: Base de datos Ministros, bajo Texto (FRAMESPA-UMR 5591, del CNRS, Maison de la Recherche, Université de Toulouse). CUADRO IV.28. Frecuencia de la duración de la carrera profesional en el cuerpo del Tribunal de Cuentas de México según la categoría de ingreso (1660-1780)

Duración expresada en meses. FUENTE: Base de datos Ministros, bajo Texto (FRAMESPA-UMR 5591, del CNRS, Maison de la Recherche, Université de Toulouse). 57

Dado que las cuatro quintas partes de los contadores estaban condenados a ejercer únicamente en una de las tres categorías del Tribunal de Cuentas, la duración promedio de su carrera profesional osciló entre 15 y 20 años, según la categoría (véase los cuadros IV.27 y iv.28).53 La duración promedio, que aumentaba regularmente con la categoría que se ocupaba, se encuentra nuevamente en la distribución de la presencia, tanto modal como media, en cada una de las categorías (véase los cuadros IV.29 y IV.30); no obstante, la coherencia de los datos exige algunas observaciones. En el caso de los contadores ordenadores, es necesario subrayar la homogeneidad de los diversos promedios; en efecto, el mayor número de individuos, que representaban por sí solos cerca de la mitad del personal, se encontró en el grupo de la carrera profesional de 10 a 20 años; y la media de la duración se situó en el de la carrera profesional de 10 a 15 años. En consecuencia, en el caso de los oficiales que solamente tuvieron esa categoría subalterna, la duración de su carrera profesional se asemejaba muy claramente a la de los oficiales reales que ejercieron en un solo cargo. Como anteriormente, esos tipos de carrera profesional remiten a una espera comparable antes de la titulación en el Tribunal de Cuentas y funcionan conforme a las mismas reglas. En ellos se encuentra el mismo porcentaje de ministros que tuvieron una carrera profesional anterior a su ingreso al Tribunal de Cuentas;54 también presentan demoras de la misma clase en el caso de los dos tercios que no ingresaron directamente;55 asimismo, se observa en ellos la función que desempeñó el interinato en sustitución de la venalidad; y, finalmente, se observa en ellos la relación de proximidad que contribuyó a atenuar marcadamente las demoras en función de la similitud profesional con la administración de proveniencia. A semejanza de lo ocurrido en el caso de los oficiales reales, con la desaparición de la venalidad al alba del decenio de

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1720, se estableció claramente la profesionalización del cuerpo de contadores del Tribunal de Cuentas; sin embargo, la transformación fue incompleta, puesto que no llegó acompañada de verdaderas posibilidades de promoción internas. La duración de la carrera profesional marcadamente superior de los otros contadores del Tribunal de Cuentas confirma las observaciones anteriores: fue, sobre todo, fruto de la venalidad de los oficios. En efecto, la compra del oficio se inclinaba de preferencia sobre las categorías más prestigiosos de la institución y, por lo tanto, combinándose con la juventud de los contratados, permitía realizar una carrera profesional mucho más prolongada que la de los contadores ordenadores, cuya mayoría ingresó al Tribunal de Cuentas conforme al criterio único de la experiencia adquirida a través del interinato. CUADRO IV.29. Frecuencia de la duración de la carrera profesional en el cuerpo del Tribunal de Cuentas de México según la categoría de ingreso de los contadores que obtuvieron una promoción (1660-1780)

1. Contadores que ingresaron al Tribunal de Cuentas con ese grado. 2. Contadores que surgieron de los contadores ordenadores del Tribunal de Cuentas. 3. Conjunto de los contadores de cuentas que obtuvieron una promoción. 4. Contadores que surgieron de al menos una categoría inferior del Tribunal de Cuentas. FUENTE: Base de datos Ministros, bajo Texto (FRAMESPA-UMR 5591, del CNRS, Maison de la Recherche, Université de Toulouse). CUADRO IV.30. Duración de la carrera profesional en el cuerpo del Tribunal de Cuentas de México según la categoría de ingreso de los contadores que obtuvieron una promoción (1660-1780)

FUENTE: Base de datos Ministros, bajo Texto (FRAMESPA-UMR 5591, del CNRS, Maison de la Recherche, Université de Toulouse). 58

Esos tipos de duración de la carrera profesional no corresponden con exactitud al caso de los raros contadores que obtuvieron promociones en el seno del Tribunal de Cuentas (véase los cuadros IV.29 a IV.31). Únicamente los tipos de la duración de pasaje de los contadores ordenadores corresponden a los tipos de duración de los contadores de la misma categoría que sólo tuvieron ese grado.56 Esta observación confirma la lentitud del desenvolvimiento de la carrera profesional y la dificultad de la obtención de promociones en el seno de la institución. Los prolongados pasajes por la primera de las categorías repercutían automáticamente en la permanencia, marcadamente más breve, en las

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categorías superiores. Un contador ordenador promovido a contador de resultas solamente pasaba un promedio de 7.2 años en esa categoría, su promoción a la última categoría tan sólo podía darse de manera excepcional y su permanencia en ella era particularmente rápida.57 En realidad, sólo cuatro vieron esa consumación de su carrera profesional, con una duración, efectivamente, muy breve.58 59

En consecuencia, a pesar de la existencia de una estructura jerarquizada, el Tribunal de Cuentas de México no ofrecía a sus miembros verdaderas posibilidades de desenvolvimiento de una carrera profesional en su seno. Antes de 1715, la práctica de la venalidad impidió y, al mismo tiempo, condicionó las pocas promociones posibles. En realidad, todos los 10 beneficiarios de una promoción antes de esa fecha la compraron, sin excepción alguna. En el segundo periodo, después de 1715, la prioridad absoluta que se atribuyó a la antigüedad terminó por interrumpir el mecanismo de las promociones, ya de suyo caótico: únicamente fueron 23 los que pudieron beneficiarse de ese sistema, que en lo sucesivo excluía el recurso a la venalidad. Esa cifra tan reducida ilustra el grado en que tendió a restringirse la oferta de promociones posibles, a falta de la creación de plazas suplementarias, mientras que los últimos años de la venalidad habían incrementado la reserva de supernumerarios en espera de la titulación definitiva; por lo demás, la estructura de “cuello de botella” del tribunal no hacía más fácil el ascenso de los subalternos; finalmente, la interrupción del sistema se tradujo en un marcado incremento de la edad media al ingreso en cada una de las categorías del Tribunal de Cuentas, repercusión directa del incremento de la edad media en el momento de la contratación.

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Ante esas barreras tan numerosas y difíciles de franquear, el desenlace de la carrera profesional de los contadores provoca pocas sorpresas. A todo lo largo del periodo considerado, la norma fue terminar la carrera profesional en el punto de partida para 80 % de ellos. Tal inmovilismo explica en parte el que los contadores huyeran a otras actividades, que no necesariamente significaban una verdadera promoción. Así, una decena de ellos abandonó el Tribunal de Cuentas después de haber obtenido su titulación y un número equivalente abandonó toda esperanza de titulación después de varios años de auxiliaría. Los dimitentes preferían abandonar la institución antes que aguardar, con pocas esperanzas, una promoción hipotética. De los titulares que se consideraban víctimas de la rigidez del sistema, únicamente tres obtuvieron efectivamente cargos de jerarquía superior a la que podían pretender manteniéndose en el Tribunal de Cuentas; de los otros, cinco llegaron a ser oficiales reales y dos prefirieron seguir siendo oficiales en secretariados, uno en el del Consejo de Indias y el otro en el del virrey. En lo concerniente a los auxiliares que no obtuvieron la titulación, se ignora a menudo el devenir preciso de unos y otros, si bien se sabe que, para muchos de ellos, la partida significó una reclasificación posterior en puestos de alcalde mayor;59 en otros casos, su dimisión significó el retorno a la metrópoli, coincidente con la terminación de las responsabilidades confiadas a su protector.60 En todos los casos, no obstante, titulares o auxiliares, la causa profunda de la dimisión debe buscarse en el desorden que impuso a la carrera profesional la contratación generalizada de los años de 1720, la cual, a su vez, siguió a los años de venta generalizada de los oficios. En realidad, de las 22 renuncias censadas, 15 ocurrieron entre 1715 y 1733; debido a que no lograron obtener un incremento del número de plazas de titular, los auxiliares de los años 1715 a 1735 no podían esperar obtener una promoción, a pesar de que su grado de competencia era verdadero, como lo reconocían las instancias administrativas superiores. 61

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Así, a pesar de que se volvió a insistir en el criterio de la competencia para la contratación y, más generalmente, para el desenvolvimiento de la carrera profesional de los oficiales del Tribunal de Cuentas, los impedimentos en el seno de la institución hicieron que su aplicación fuese más que difícil. A falta de verdaderas posibilidades de promoción en su institución, a los ministros del Tribunal de Cuentas que no se decidían a abandonarlo únicamente les restaba aguardar el otorgamiento de distinciones y títulos honoríficos: de las 29 dignidades otorgadas, 14 correspondieron a concesiones de hábitos de órdenes militares,62 mientras que 12 se aplicaron a distinciones honoríficas puramente administrativas.63 Independientemente de esa cuenta, de suyo significativa, la distribución cronológica de las concesiones resulta reveladora de la evolución de la concepción que la monarquía española tenía del oficio de esos ministros. CUADRO IV.31. Demora de ingreso al oficio de contador del Tribunal de Cuentas de México (1660-1780)

FUENTE: Base de datos Ministros, bajo Texto (FRAMESPA-UMR 5591, del CNRS, Maison de la Recherche, Université de Toulouse). 62

Antes de 1720, la mayoría de los favores correspondió a la concesión de los hábitos de alguna orden militar, por lo general después de haberla solicitado los beneficiarios. Después de esa fecha, las distinciones se hicieron más profesionales, sobre todo con miras al otorgamiento de un título puramente honorífico de una categoría administrativa superior. Esa divergencia, que revela el creciente profesionalismo de la carrera administrativa, refleja también la evolución sociológica de la contratación del Tribunal de Cuentas. Las 11 concesiones de hábitos de órdenes militares efectuadas antes de 1720 beneficiaron a individuos pertenecientes a familias prestigiosas, profundamente integradas al aparato del Estado español; además, los individuos distinguidos antes de ese año representaban a la élite social del Tribunal de Cuentas. En realidad, en cuanto herederos de linajes al servicio del rey desde hacía muchas generaciones, siempre en puestos elevados, las distinciones les fueron otorgadas independientemente de su competencia personal o profesional. Por el contrario, el enrarecimiento de las concesiones posteriores a 1720 acompañó a las transformaciones de la sociología de la

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contratación del Tribunal de Cuentas, que cada vez incluyó a individuos menos encopetados; por lo tanto, los últimos beneficiarios de esas distinciones militares durante el segundo periodo pertenecieron a las raras familias de la élite administrativa todavía presentes en el Tribunal de Cuentas. 63

En consecuencia, el nuevo profesionalismo, vinculado después de 1720 a unos oficios hasta entonces asimilados muy frecuentemente a sinecuras y acompañado de la desaparición de la venalidad, modificó profundamente la composición social del tribunal. Las familias arraigadas en el aparato estatal que pensaban aspirar a esos cargos por derecho en provecho de sus retoños se hicieron más raras, y abandonaron el terreno a otros grupos familiares menos prestigiosos, también vinculados al aparato del Estado, pero en planos subalternos. A partir de ese momento, las distinciones otorgadas a los contadores se fundamentaron más en sus méritos profesionales que en el prestigio reconocido de su linaje. En consecuencia, parece que las nuevas ambiciones de la metrópoli con respecto a sus oficiales reales del Tribunal de Cuentas contribuyeron de manera significativa a la evolución de la contratación basada en la extracción social; sin embargo, el otorgamiento restringido de distinciones honoríficas no pudo bastar para compensar la frustración de los oficiales, cuyo futuro profesional era más que gris. En realidad, no se tenía prevista para ellos distinción alguna que hubiese podido alentarlos a llevar a cabo un trabajo más eficaz.

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A falta de una verdadera movilidad interna y con muy pocas esperanzas de obtener distinciones honoríficas, la mayoría de los ministros del Tribunal de Cuentas solamente podía contar con las intervenciones externas y ocasionales del poder real para ver que su destino mejorara. En efecto, ante el inmovilismo del sistema, rígido e intangible, únicamente quedaba el recurso a la jubilación anticipada, sabiamente dosificado, para hacer que se moviera el conjunto de esa maquinaria burocrática, en gran medida anquilosada. Entre 1688 y 1756 fueron aplicadas 12 medidas de ese tipo en el seno del Tribunal de Cuentas, 10 de ellas después de 1701. Las jubilaciones no eran sistemáticamente semejantes a una sanción con respecto al oficial interesado, puesto que la práctica más corriente consistía en otorgarle al menos medio salario hasta su muerte; dado que eran aplicadas principalmente a los ministros de las categorías superiores —10 de las 12 jubilaciones contadas—, permitían, sobre todo, despejar un poco el muy congestionado trayecto de los oficiales subalternos a quienes se deseaba promover. Así, en ese sistema inmovilizado, dos oleadas sucesivas de jubilaciones permitieron la renovación parcial de su personal.

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Entre 1698 y 1703 fueron decididas cuatro jubilaciones: las de los contadores Ventura de Paz, Manuel Gerónimo de Tovar y Arévalo, Miguel de Ubilla y Estrada y Francisco de Salas y Prizuelo. Todos ellos habían comprado su cargo de contador de resultas o contador superior entre 1684 y 1689 bajo la forma de futura* o como contador supernumerario con derecho al ejercicio inmediato de sus responsabilidades. Lo anterior quiere decir que los cuatro encarnaban perfectamente el tipo de contratación responsable del inmovilismo del sistema de promociones internas. Independientemente de los azares de la carrera profesional de unos y otros,64 se clasificó a los cuatro en el mismo plano, sin que verdaderamente se les sancionara, con lo que se garantizó a cada uno de ellos el mantenimiento de su salario. ¿Por qué entonces tales medidas en ese periodo? La respuesta debe buscarse en otros acontecimientos que afectaron al personal del Tribunal de Cuentas durante el mismo lapso de tiempo: en el transcurso de 1698 fallecieron Juan Deza y Tamayo y Juan Francisco de Zabalza y Prizuelo; un poco más tarde, en diciembre

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de 1701, Mateo Fernández de Santa Cruz falleció a su vez; y en octubre de 1702, en fin, murió Andrés Pardo del Lago. Así, mediante la hábil acumulación de los fallecimientos y las jubilaciones, en unos cuantos meses se aseguró la renovación de la mitad del personal en servicio activo. Las jubilaciones y las promociones provocadas por los fallecimientos crearon un verdadero fenómeno de aspiración que en el principio aseguró la titulación a los diversos futurarios;65 y, excepcionalmente, también significó la promoción del único contador surgido de los puestos subalternos de la institución antes del abandono de la venalidad;66 porque, en un contexto que todavía determinaban excesivamente las necesidades de la monarquía, guiada por la búsqueda imperiosa de liquidez, se colocó nuevamente en el mercado la casi totalidad de los oficios liberados. 67 66

Así, la hábil conjunción de los fallecimientos de titulares y las jubilaciones forzadas aseguró una importante rotación del personal en una institución en la que la práctica de la venta de plazas supernumerarias hacía que toda fuese promoción difícilmente realizable; pero eso no fue todo: mientras que la venalidad de los oficios estaba en su apogeo, la renovación permitió, a pesar de todo, el acceso al rango de ministros del Tribunal de Cuentas a los oficiales experimentados surgidos de la institución. Lo anterior es la confirmación sorprendente de que, a partir de esos años, el recurso desenfrenado a la venalidad de los oficios no impidió que la monarquía española se preocupase por la calidad de la contratación de los ministros destinados a esa institución. En cuanto a los oficiales mismos, el contexto general en el que obtenían las promociones hacía que tuviesen mucho más cuidado de permanecer indefinidamente en la institución, ya que el hecho de integrarlos a la institución los alentaba a la estabilidad profesional. Sin embargo, el efecto benéfico de esas medidas no pudo mantenerse durante mucho tiempo: muy rápidamente, el entorno de venalidad generalizada significó la reaparición de los futurarios en suspenso, siempre más numerosos, situación que la cadena de vacilaciones contradictorias sobre la cuestión del incremento de las plazas de titulares en el Tribunal de Cuentas agravó después de 1715. Consecuentemente, fue necesario aguardar a mediados del siglo para que esas medidas produjeran una transformación más profunda del funcionamiento de la institución, aunque en una coyuntura completamente distinta.

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En 1755-1756, en efecto, el virrey Francisco de Güemes y Horcasitas aplicó la misma política. Cinco fallecimientos de contadores,68 combinados con cinco jubilaciones forzadas de contadores ordenadores, produjeron los mismos resultados que a comienzos del siglo. 69 Una vez más, la renovación de más de la mitad de los titulares transformó radicalmente la fisonomía de una institución anquilosada; sin embargo, a diferencia de lo ocurrido en los años de 1700, la regeneración significó, en primer lugar, la aceleración de las promociones internas. Para todos los que ejercían ya en el Tribunal de Cuentas, la disminución del plazo para la obtención de una promoción fue significativa; 70 pero eso no fue todo: la renovación marcó también la llegada, tanto a los puestos de responsabilidad como a la categoría de ingreso al tribunal, de una nueva generación de contadores: todos los recién llegados, sin excepción, ingresaron al Tribunal de Cuentas por la misma puerta, la de los contadores interinos designados por los virreyes. Ese nuevo tipo de contratación implicaba tanto una formación anterior a la futura titulación como un reforzamiento de las relaciones de los contadores aspirantes con la autoridad virreinal; asimismo, manifestaba el profesionalismo creciente de los individuos seleccionados y destinados a hacer carrera, al igual que su mayor sujeción a la autoridad virreinal. En realidad, todos los que pusieron los pies por primera vez en el Tribunal de Cuentas en esa ocasión hicieron carrera en él, ya que obtuvieron la titulación en los años siguientes; y, a

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diferencia de los contadores auxiliares de los años de 1720, ninguno dimitió por falta de integración. 68

La profunda transformación del personal del Tribunal de Cuentas llevó a los responsables a redactar un informe al Consejo de Indias en el que aprobaban las decisiones del virrey y justificaban la nueva situación en nombre de la recuperación de la eficacia. 71 La nueva autoridad del virrey sobre la precontratación de los futuros ministros del Tribunal de Cuentas se oficializó poco después mediante la creación de una nueva categoría de ministros, denominados “contadores ordenadores de providencia”.72 Su situación oficializaba la práctica que estableció a comienzos de los años de 1750 el virrey Francisco de Güemes y Horcasitas. Los nuevos contadores, que no gozaban de retribución, tenían garantizada su titulación después de cierto plazo, el cual no se fijaba. Dado que se iniciaban en la glosa de las cuentas con los titulares, ofrecían a la administración una garantía de competencia mínima; y, por su parte, la aceptación del periodo sin remuneración se veía compensada por la seguridad de su futura integración.

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Aun cuando la hábil administración del personal del Tribunal de Cuentas no introdujo en la práctica administrativa innovaciones radicales, siempre tendientes a generar la hostilidad en nombre de la costumbre, sí renovó profundamente el rostro de la institución. Sin duda alguna, el abandono de la venalidad facilitó las transformaciones; sin embargo, éstas no estuvieron fundamentalmente vinculadas a aquél. Las hábiles medidas relativizaron tanto el impacto negativo de esa práctica sobre el funcionamiento administrativo como la importancia de su abandono; por lo demás, ilustran sobre todo que, independientemente de todo trastorno estructural, la voluntad de imponer nuevos criterios de funcionamiento, más respetuosos de los intereses metropolitanos, se manifestó muy pronto; y confirman, en fin, la decisión de introducir una verdadera especialización en la administración de la Real Hacienda, buscada con obstinación desde comienzos del siglo XVIII. Consecuentemente, se pone de manifiesto la importancia que se atribuyó a los hombres para garantizar la renovación desde el interior de ese fundamental sector administrativo. Desde esa perspectiva, poco importaban finalmente los orígenes, familiar o geográfico, de los candidatos; lo que se esperaba era la adecuación del perfil profesional a la especificidad de la función.

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La decisión contribuyó a transformar a partir de la primera mitad del siglo XVIII una institución originalmente prestigiosa y buscada por los miembros de los linajes encopetados. Dado que no ofrecía ninguna verdadera promoción social a quienes aspiraban a ingresar en ella, con la ayuda de la venalidad llegó a ser el refugio de aquellos que se veían colmados con el honor del título de ministro real, porque, por lo demás, contaban con referencias familiares complementarias. Para ellos, respaldados por los honores que acompañaban a sus oficios, a sus privilegios y al prestigio social de que gozaba “la audiencia de los asuntos de la Real Hacienda”, la práctica profesional contaba poco o nada; sin embargo, esa situación, que la venalidad favorecía, presentaba una verdadera coherencia social: a los linajes en condiciones de comprar para sí los puestos más prestigiosos de la institución iban los honores sin verdaderas obligaciones; a las familias más modestas, las verdaderas cargas de trabajo con mínimas posibilidades de escapar a ellas.

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Tal división se encontró, asimismo, en el clima a menudo vergonzoso que existía entre las diferentes categorías de ministros: las quejas, las denuncias, las injurias, las amenazas e incluso las reyertas no eran raras, lo que ilustra en cierta manera la profundidad de las divisiones que distinguían lo “alto” y lo “bajo” del tribunal.73 Probablemente, el abandono

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de la venalidad determinó la atenuación de esas relaciones jerárquicas poco propicias para el espíritu de cuerpo; sin embargo, lo único que logró fue desplazar los problemas, sin resolverlos verdaderamente. La primacía que se atribuyó a la competencia apartó de manera progresiva a esas familias atraídas únicamente por el prestigio social del oficio; para las otras, aun cuando habría podido significar el contar con posibilidades de nuevas promociones, si el sistema hubiese funcionado efectivamente, la prioridad que se atribuyó de manera exclusiva a la antigüedad tan sólo les dejaba posibilidades muy escasas; además, las reformas, poco coherentes, contribuyeron a agravar todavía más una situación de suyo muy comprometida. La situación sólo se solucionó cuando se decidió sistematizar las medidas —jubilaciones y traslados de oficio—, hasta entonces puntualmente aplicadas a cuentagotas, asociando a ellas el incremento de las plazas de titular; sin embargo, fue demasiado tarde para restablecer el prestigio de la desacreditada institución, a la que, ante todo, los reformadores más radicales de la segunda mitad del siglo pensaban suprimir.74 Vemos entonces que la carrera profesional de los contadores presentaba la paradoja sorprendente de una institución cuyo prestigio original ya no repercutía en sus miembros ni les garantizaba promoción social alguna. Para 80 % de los contadores, consecuentemente, la administración del Tribunal de Cuentas, que, no obstante, representaba la instancia suprema de la Nueva España en el terreno de la Real Hacienda, se convirtió en una “mediocracia” profesional cuyo prestigio y responsabilidades habían llegado a ser más facticios que verdaderos. 72

La carrera profesional de los oficiales de la Real Hacienda de la Nueva España se presenta entonces como un conjunto de virtualidades raramente concretadas. A pesar de algunas ventajas personales que el ejercicio de un oficio podía ofrecer de manera puntual, probablemente no es por ese camino por donde deba buscarse la motivación de los candidatos a la contratación. En un mundo en que el signo contaba tanto como el hecho, si no más, la participación del poder real, materializada mediante un documento producto de la administración central —el título—, mediante un tratamiento —oficial real o ministro—, mediante privilegios —en particular, el de sentarse al lado de los oidores de la Audiencia para todo lo que tenía que ver con las cuestiones de la Real Hacienda—, bastaba muy frecuentemente para satisfacer a esos oficiales. En consecuencia, la inexistencia de verdaderas perspectivas de carrera profesional debe medirse por el rasero de ese contexto: nadie esperaba de su participación en la administración de la Real Hacienda colonial promociones profesionales personales tangibles que, por lo demás, el sistema se revelaba incapaz de proponer; antes bien, el estudio de la carrera profesional de esos oficiales muestra que lo que obtenían de dicho sistema se traducía sobre todo en la forma de ventajas y honores para su grupo familiar.

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Con todo, ésa no era la opinión del poder español, preocupado muy pronto por imponer una concepción más profesional al ejercicio de ese tipo de cargo. El proyecto administrativo metropolitano se estructuraba en torno a principios como centralización, profesionalización o, también, racionalización. ¿Debe entonces sorprendernos por su modernidad tal visión del oficial y su oficio? En realidad, esas decisiones eran únicamente la aplicación y adaptación a la administración de la Real Hacienda de la Nueva España de los principios que a partir del final de la guerra de sucesión se extendieron a la administración metropolitana; sin embargo, donde se debe buscar la razón profunda de la difícil aplicación de las adaptaciones deseadas es en ese foso, ahondado día tras día a todo lo largo del siglo, que inexorablemente alejaba del poder metropolitano a los oficiales de la Real Hacienda de la Nueva España. El establecimiento del nuevo sistema de

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contratación, basado en criterios de selección y promoción que respondían a los objetivos establecidos, no podía hacer nada contra ello. Una vez en el cargo, el novel oficial de la Real Hacienda revestía el oropel de sus predecesores y reanudaba casi inexorablemente sus prácticas, su comportamiento y sus intereses; pero lo más grave fue que, finalmente, los efectos de la nueva política administrativa se volvieron, antes bien que contra sus agentes, contra la propia institución, a la que contribuyó a desorganizar y desacreditar. Con el paso del tiempo, los oficiales de la Real Hacienda, rebeldes a las nuevas concepciones administrativas de los Borbones, se verían sustituidos por la elaboración de proyectos de reorganización administrativa mucho más profundos, cuya punta de lanza fue la intendencia. Mientras tanto, el grupo que constituían los oficiales de la Real Hacienda, sus parientes, amigos, protegidos y protectores, se las arreglaba para sacar el mejor partido del poder que ejercía uno de los suyos.

NOTAS 1. Con el propósito de evitar la repetición de las notas y referencias en este capítulo, en esta nota se proporcionan las referencias a los legajos del Archivo General de Indias que permitieron la reconstitución de la carrera profesional de los oficiales de la Real Hacienda: Audiencia de México, legajos 454, 1120 a 1122, 1151, 1162 a 1165, 1962, 1970 a 1972, 1986, 1243 y 2911; Audiencia de Guadalajara, legajos 152 y 424; Contaduría, legajo 235. En la sección Indiferente general se pueden encontrar las Relaciones de méritos a partir de la consulta del fichero informatizado. En el resto del capítulo, únicamente se precisarán las referencias a los legajos diferentes a los mencionados. El conjunto de la información, almacenado originalmente en la base de datos Ministros, bajo Texto, en

FRAMESPA-UMR

5591 del

CNRS,

en la Maison de la Recherche de l’Université de Toulouse, fue

reformulado para alimentar la base de datos Élites Latino-américaines, ahora accesible desde la página web de FRAMESPA (http://www.univ-tlse2.fr/fra-mespa/baseamerique/index.php). 2. La bibliografía sobre el tema es abundante. Respecto a la cuestión mencionada, el lector se puede referir a la breve síntesis hecha en Michel Bertrand, “L’État espagnol et ses officiers aux Indes”, en Mélanges de la Casa de Velázquez, t.

XXV,

París, 1989. Las principales obras sobre el tema

siguen siendo las de Francisco Tomás y Valiente, La venta de oficios en Indias (1492-1606), Madrid, 1972, y “Notas sobre las ventas de oficios públicos en Indias”, en Actas del 3 er Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano (1972), Madrid, 1973; Fernando Muro Romero, “El beneficio de oficios públicos con jurisdicción en Indias. Notas sobre sus orígenes”, Anuario de Estudios Americanos, t. 35, Sevilla, 1978; John H. Parry, The Sale of Public Office in Spanish Indies under Habsburg, Berkeley y Los Ángeles, 1953; Antonio Domínguez Ortiz, “La venta de cargos y oficios públicos en Castilla y sus consecuencias económicas y sociales”, Anuario de Historia Económica y Social, t. 3, núm. 3, Madrid, 1970, pp. 105-137; José María García Marín, El oficio público en Castilla durante la baja Edad Media, Sevilla, 1974, y La burocracia castellana bajo los Austria, Sevilla, 1976; Alfredo Moreno Cebrián, “Ventas y beneficios de los corregimientos peruanos”, Revista de Indias, núms. 143-144, Madrid, 1976, y “Estructuras, gobierno y agentes de administración en la América Española (siglos XVI-XVIII)”, en Actas del 6o Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano (1980), Valladolid, 1984. 3. Francisco Tomás y Valiente, La venta de oficios en Indias…, op. cit.

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4. La legislación en la materia mencionaba regularmente que ninguno de esos oficios podía ser vendido, debido a que todos correspondían a una función judicial y el rey no podía vender impunemente ese poder sobre el que se fundamentaba la monarquía. El Consejo de Indias retomaba regularmente ese discurso para oponerse a la práctica de la venalidad de los oficios de las audiencias y los tribunales de cuentas. A partir de 1737, en vísperas de la breve oleada de venalidad, se desató en el seno del Consejo de Indias un debate, breve pero intenso, sobre la oportunidad del retorno a esa práctica; el argumento central de los consejeros hostiles a su retorno siguió siendo el de la inadmisibilidad de la venta del derecho de hacer justicia. A todo lo largo del periodo durante el que el beneficio fue practicado intensamente, el Consejo de Indias no cesó de recordar el grado en que ese recurso impuesto por la urgencia seguía siendo contrario en sí a la esencia misma de la monarquía, independientemente de los riesgos de debilitamiento que encerraba: AGI, Audiencia de México, legajo 1970. 5. Mark A. Burkholder y Dewit S. Chandler, De la impotencia a la autoridad (1687-1808),

FCE,

México,

1984. Según el modelo de esos autores, elaborado en el caso de los oidores de las audiencias americanas, la desaparición de la venalidad de los oficios en esas instancias judiciales iba inmediatamente aparejada con una total inversión de la relación que mensura el número de oidores según sus orígenes geográficos. Al periodo en que predominó la venalidad de los oficios, correspondió una penetración muy marcada de los ministros criollos; a la inversa, la desaparición de la venalidad, que esos autores sitúan hacia 1750 en el caso de las audiencias americanas, favoreció un retorno en grandes números de los magistrados de origen peninsular. 6. En efecto, los contadores peninsulares del Tribunal de Cuentas representaron 71 % de la totalidad de los oficiales de la institución que compraron su oficio entre 1660 y 1780; sobre todo, constituyeron 78 % de los contratados antes de 1715 y 76 % de las compras de oficios durante el mismo periodo. En el caso de los oficiales reales, la proporción de los peninsulares se establece conforme a los siguientes resultados: 72 % de los que compraron el oficio entre 1660 y 1780, 74 % de los contratados antes de 1715 y 72 % de los que compraron el oficio durante el mismo periodo. 7. Los peninsulares de ese sector administrativo siguieron predominando ampliamente en la obtención del beneficio de ese tipo de nombramiento después de 1715, puesto que todavía representaron 75 % de ellos, es decir, seis de cada ocho casos. 8. En efecto, entre 1715 y 1780, los peninsulares que compraron el oficio fueron tres, contra cuatro criollos. 9. En el caso del Tribunal de Cuentas, los incompetentes representaron 61 % de los ministros que compraron el oficio y 41 % de los contratados entre 1660 y 1780; en el caso de las reales cajas, los valores se sitúan en 70 y 44 %, respectivamente. 10. La edad de contratación corresponde a la del oficial de la Real Hacienda en la fecha de otorgamiento del título que lo designaba como titular de un oficio de la Real Hacienda de la Nueva España. En el caso de las concesiones sucesivas a un mismo individuo, en particular por causa de traslado, se menciona la fecha de la primera titulación. 11. En las reales cajas, el criterio de la antigüedad introducía cierta jerarquía entre los oficiales de un grado estrictamente igual; en el Tribunal de Cuentas, por el contrario, gracias a la venalidad, un hombre joven sin experiencia podía encontrarse de un día a otro entre los contadores responsables de la institución. 12. Ismael Sánchez Bella, La organización financiera en las Indias, siglo XVI, Sevilla, 1968. 13. Entre los oficiales reales, de los 85 de quienes se conoce la edad de ingreso al oficio, hubo 13 que se encontraban por sobre el mínimo legal, 11 de los cuales compraron el oficio. El récord corresponde a Francisco Antonio de Cuervo y Valdés, quien obtuvo el título de factor veedor de la real caja de Zacatecas en julio de 1711, a la edad de… ¡seis años!

(AGI,

Audiencia de México, legajo

1972). Por su parte, la familia Ubilla y Segura tuvo el mérito de la continuidad en la ilegalidad: el padre, Miguel, compró en subasta en 1667, a la edad de 25 años, el oficio de tesorero de la real caja de Pachuca, que, no obstante, no ocupó antes de 1674, para después transmitirlo, en 1683, a

163

su hijo, Miguel de Ubilla y Estrada, cuando este último todavía no tenía ni 20 años

(AGI,

Audiencia

de México, legajos 55, ramo 1, y 1972, en el caso de la carrera del padre, y legajo 321, en el de su hijo). En el Tribunal de Cuentas, de 55 de los titulares de los que se conoce la edad de ingreso, se contaron 18 ministros que se encontraban en una situación ilegal, 11 de ellos que compraron el oficio; no obstante, cinco se encontraron en esa situación únicamente durante unos cuantos meses; el benjamín fue Francisco Tomás de Zabalza, provisto en septiembre de 1684 con un título de contador de resultas supernumerario: en ese entonces tenía menos de seis años de edad (AGI, Indiferente general, legajo 1847). 14. Con el propósito de no deformar los resultados de la muestra, tomar en consideración en ocasiones asimismo la imprecisión de las fechas con que se cuenta y, en fin, respetar la práctica administrativa que consistía en conceder regularmente una dispensa al candidato que justificaba una diferencia de edad limitada a menos de un año, se decidió excluir sistemáticamente de los cálculos a los oficiales titulados a los 25 años; en consecuencia, únicamente quedaron situaciones en las que no se tiene duda alguna sobre la infracción a la regla. 15. Se contaron 16 de los 69 que compraron el oficio y de los que se conoce la edad. 16. Únicamente fueron tres los que se encontraban en esa situación entre los 75 contratados por sus propios méritos. 17. Solamente hubo dos de ellos en siete ventas de oficios de contadores y cuatro en 14 ventas en las reales cajas, lo cual quiere decir que apenas un poco más de la cuarta parte fueron contratados de esa manera en la administración de la Real Hacienda. 18. Como lo precisaba la cédula real del 20 de mayo de 1724 —y como se recordó el 18 de junio de 1750—, muy particularmente en el caso del Tribunal de Cuentas: AGI , Audiencia de México, legajo 735: la cédula establecía de manera formal que, en las promociones de sus ministros, el único principio que se debía tomar en cuenta era el de la antigüedad en el oficio inmediatamente subalterno al oficio vacante, y se aplicó en el acto mediante una orden real para llenar las vacantes en 1724: AGI, Audiencia de México, legajo 454. 19. Entre los 32 contratados antes de 1715 sin recurrir a la venalidad, se encontró a 18 metropolitanos de los 22 que fue posible identificar. 20. Sólo 17 de los 32 contratados se encontraban en ese caso. 21. Sólo 97 de los 116 oficiales. 22. Muchos oficiales metropolitanos estaban en ese caso, aun cuando las investigaciones llevadas a cabo hasta ahora no permiten todavía profundizar en esa cuestión en el caso de Enrique de Faveau y Quesada, Francisco Xavier de Ibarrola, Nicolás Montoya, Ventura de Orinaga, Juan Fernando Navarro y Agustín Rodríguez de la Rosa; únicamente ha sido posible reconstituir parcialmente a los terciadores de Juan de Urdanegui y Luján y de Francisco Antonio Ramírez de Arellano hijo. En un principio, el primero, que estaba emparentado con el virrey Juan de Acuña y Manrique, marqués de Casafuerte, fue militar en el Perú entre 1716 y 1724 y en este último año llegó a la Nueva España, donde, durante 10 años, su pariente le permitió obtener muchas comisiones de todos géneros. En 1736, de vuelta en España con su pariente, con el propósito de solicitar un puesto de titular en la administración colonial, obtuvo finalmente el de oficial real en la ciudad de México; posteriormente, siguió siendo siempre allegado de los virreyes, muy particularmente del arzobispo Juan Antonio de Vizarrón y Eguiarreta y, después, de Francisco de Güemes y Horcasitas, conde de Revillagigedo; en 1741 abandonó su puesto; no se encontró nada más sobre él después de ese año (AGI, Audiencia de México, legajo 1971; Contratación, 5483, N 1 R 10; Contaduría, legajo 831). El segundo, Francisco Antonio Ramírez de Arellano hijo, fue contador ordenador de abril de 1728 hasta su muerte, en 1755; heredó de su padre vastos apoyos establecidos en el transcurso de su carrera militar en la península entre 1689 y 1702, probablemente al servicio de Fernando de Alencastre Noroña y Silva; después de haber sido reformado en ese último año, obtuvo, gracias a su protector, el título de caballerizo de la reina madre, antes de pasar a las Indias tras las huellas de aquél, quien, entretanto, había sido

164

nombrado virrey de la Nueva España; fue contratado entre los contadores interinos para ser afectado a los puestos suplementarios destinados a eliminar el rezago y murió en 1727

(AGI,

Indiferente general, legajo 147, y AGI, Audiencia de México, legajos 737 y 739); legó a su hijo Francisco, nombrado a su vez ministro del Tribunal de Cuentas de México, apoyos que intervinieron útilmente en 1726 para favorecer la contratación del vástago (AGI, Indiferente general, legajos 146 y 147; AGI , Audiencia de México, legajos 735, 739 y 1121) y entre quienes se encontraba Faustino de Irigoyen, oficial segundo en la contaduría del Consejo de Órdenes Militares y de José de Palacios, ministro de la “contaduría mayor de cuentas” y, después, superintendente de correos

(AGI,

Audiencia de México, legajo 737). 23. En efecto, los peninsulares competentes representaban casi 80 % de los oficiales de esa categoría, mientras que su grupo únicamente contaba con 76 % de los oficiales contratados; inversamente, los incompetentes de ese grupo representaban 73 % de la categoría. 24. Había 39 metropolitanos competentes de un total de 89 metropolitanos contratados. 25. Había 10 criollos competentes por 18 incompetentes. 26. Unos 131 oficiales reales no cambiaron de puesto a todo lo largo de su carrera y únicamente 13 aceptaron un traslado geográfico en el marco del mismo cuerpo de oficiales reales, por lo que constituyeron un grupo totalmente secundario entre sus iguales. 27. Únicamente una quincena del conjunto del cuerpo de oficiales reales la aceptaron entre 1660 y 1780 y tan sólo dos de ellos antes de 1720. 28. AGI, Escribanía de cámara, legajo 298c, cuaderno 35, ff. 400-408. 29. Idem. 30. En el caso de Francisco de Tineo, se trató de Cosme Damián Ugarte, oficial real de Acapulco, que había rechazado su traslado a Zacatecas unos años antes: AGI, Audiencia de México, legajos 454, 1972 y 1165. 31. AGI, Audiencia de México, legajo 1971, y AGN-AHH, 205-10 y 205-22. 32. Seis de ellos obtuvieron ese tipo de cargo entre 1670 y 1735. 33. Las elecciones se desarrollaban entre un grupo reducido, compuesto por los propietarios de regimientos que favorecían el retorno regular de los mismos individuos o al menos de las mismas familias a la cabeza de los cabildos municipales. Respecto a la selección de candidatos a los cabildos, véase Thomas Calvo, Poder, religión y sociedad en la Guadalajara del siglo XVII, México, 1992, muy particularmente el capítulo 2; Victoria González Muñoz y Ana Isabel Martínez Ortega, Cabildos y élites capitulares en Yucatán, Sevilla, 1989, pp. 47-55 y 150-173. A manera de comparación, se pueden consultar las obras de Stephen Webre, G. Palma Murga, E. Sánchez y Miles L. Wortman acerca de la Capitanía General de Guatemala en los siglos XVII y XVIII. 34. Esa situación corresponde a la de 64 de 186 oficiales reales cuyas condiciones de contratación son suficientemente conocidas. Lo anterior quiere decir que un tercio de los oficiales reales, que representaban a los más jóvenes de los contratados —el promedio de edad al ingreso al oficio se situaba en torno a los 28 años en el caso de los oficiales reales—, acortó muy marcadamente las etapas profesionales que precedían a la titulación; en el caso de cerca de 80 % de ellos, el medio utilizado no fue otro que la venalidad de los oficios. 35. La edad promedio de los contadores que pasaron por esas etapas previas fue, en efecto, de 37.7 años, mientras que la de los oficiales reales fue de 36.7 años. 36. De entre los oficiales reales que no compraron el oficio, 85 % pasó por una etapa profesional previa a su ingreso como titulares en una real caja. 37. Unos 22 fueron suspendidos en el ejercicio de su oficio de manera definitiva y 19 temporalmente, mientras su caso era zanjado por el Consejo de Indias. 38. En el caso de las reales cajas menos importantes, como Sombrerete, las altas tasas de oficiales reales suspendidos estaban vinculadas ante todo al pequeño número de oficiales titulares que habían ejercido en ellas. En tales situaciones, consecuentemente, una sola visita que haya dado

165

lugar a la suspensión de los oficiales en servicio activo hace aumentar marcadamente el índice de referencia. 39. La duración promedio de las 31 suspensiones que se conocen corresponde a 42.5 meses; por el contrario, la duración modal de esas mismas suspensiones oscila entre 12 y 24 meses y la media se sitúa entre 24 y 36 meses. Lo anterior quiere decir que la duración promedio se incrementó marcadamente debido a las suspensiones muy prolongadas pero poco numerosas: siete suspensiones de siete años y más. Consecuentemente, se puede admitir que la duración promedio de las suspensiones que se debe tomar en consideración no debe superar, en realidad, los tres años. 40. La marca de duración de la suspensión en el cargo la tiene José Ignacio de Miranda Canal, oficial real de la real caja de México cuyas suspensiones —debido a que fue demandado en tres ocasiones por diversos abusos durante una carrera particularmente larga y plena: oficialmente, fue titular durante 46 años— representaron una duración acumulada de 13 años; ¡lo cual, no obstante, no le impidió morir en el puesto en 1758!: AGI, Audiencia de México, legajos 454 y 632; AGI, Escribanía de cámara, legajos 267a y 270a, y AGI, Contratación, 5484, núm. 3, ramo 29. 41. Los oficiales de Veracruz y el Tribunal de Cuentas, mucho menos afectado, no obstante, no vacilaron en recurrir a ese argumento, en particular en contra de la visita general que llevó a cabo Pedro Domingo de Contreras entre 1730 y 1732: AGI, Audiencia de México, legajos 733-737. 42. Durante una buena parte del periodo considerado, esas contadurías fueron dirigidas por miembros de la Audiencia a los que se daba generalmente el título de superintendente de tal o cual renta real. Respecto a los juristas afectados a tareas de la Real Hacienda, véase Michel Bertrand, “Los cargos de los oidores dentro de la Real Hacienda indiana. Siglos

XVII

y

XVIII”,

Estudios de Historia Social y Económica de América, núm. 9, 1992, pp. 37-51, y el estudio de las reformas intentadas a partir del final del siglo

XVII

en el marco de las superintendencias, en el

capítulo 8. Por lo demás, varios de esos juristas anduvieron puntualmente en dimes y diretes con la justicia real debido a su discutible administración; sin embargo, sus sucesores, pertenecientes cada vez más frecuentemente al mundo de la Real Hacienda, no escaparon tampoco a las iras de la justicia, como lo confirma el desdichado Manuel Gerónimo de Tovar y Arévalo por su catastrófica administración de la renta de los naipes entre 1693 y 1696, en la que dejó un agujero de 68 000 pesos: AGI , Audiencia de México, legajo 738; AGI , Escribanía de cámara, legajo 185a, y AGNM , n. 6, t. 24, ff. 1-8. 43. Véase el capítulo VII. 44. Los 22 restantes fueron echados de la administración de la Real Hacienda. 45. En el mejor de los casos, la pensión podía representar el mantenimiento total o parcial del salario únicamente hasta el fallecimiento. 46. Respecto al establecimiento de los sistemas de financiamiento de la jubilación para los oficiales más prestigiosos de la administración colonial, véase Dewit S. Chandler, “The Montepíos de Ministros and Regulation of Marriage in the Mexican Bureaucracy (1770-1821)”, The Americas, vol. 43, núm. 1, Washington, 1986, pp. 47-68. 47. Véase los capítulos V y VI. 48. Entre 1660 y 1780, ejercieron 28 contadores ordenadores, 20 contadores de resultas y 26 contadores superiores, ninguno de los cuales cambió de grado o afectación. 49. Tan sólo la aplicación de la reforma de 1792 significó un nuevo incremento de las contrataciones a finales del siglo XVIII. 50. De los 19 contadores ordenadores promovidos a un grado superior, solamente se encontró uno que pasó de manera directa a la categoría de los contadores de cuentas, promoción que obtuvo en 1782, después de 23 años de ejercicio como contador ordenador. Lo anterior quiere decir que si bien la institución se vio menos afectada por la venalidad de los oficios en

166

comparación con las reales cajas, no por ello fue menos desastroso el impacto de esta última sobre su funcionamiento interno. 51. Entre las carreras de los contadores del tribunal, únicamente se encontraron 20 comisiones efectivamente mencionadas entre el centenar de individuos interesados, lo cual entra en contradicción formal con todos los informes redactados por el propio Tribunal de Cuentas (cf. supra). Esa relativa rareza exige al menos tres observaciones: los contadores raramente se beneficiaban con esas responsabilidades, porque por lo regular la legislación desaconsejaba su nombramiento, ya que se corría el riesgo de despoblar una institución de funcionamiento poco ejemplar (AGI, Audiencia de México, legajo 733); por lo demás, algunos contadores que hablan sido nombrados para comisiones poco prestigiosas o poco redituables en su opinión —visitas puntuales, supervisión limitada de los alcaldes mayores— ni siquiera se tomaban la molestia de mencionarlas en sus relaciones de méritos cuando no lograban sustraerse a estas últimas; finalmente, el recurso de los contadores a ese argumento era muy semejante a la búsqueda de excusas destinadas a justificar los considerables rezagos acumulados en el avance de su trabajo. 52. Una vez terminada su tarea, los titulares suplementarios quedaron fuera del personal de la institución, en espera de que se les llamara para ocupar las plazas que se crearían con la renovación por venir; entretanto, muchos aceptaron remplazos, si bien algunos murieron antes de obtener un puesto fijo en el Tribunal de Cuentas. 53. La duración promedio de la carrera profesional de los contadores ordenadores fue de 15.4 años; la de los contadores de resultas, de 17.7 años, y la de los contadores superiores, de 19 años. 54. Los contadores que escaparon a esa restricción fueron 33 de 103; en cuanto a su edad de ingreso al tribunal, se estima aproximadamente en 26.7 años. 55. En efecto, la carrera anterior a la que llevaron a cabo en el Tribunal de Cuentas representó 147.6 meses y el recurso a la venalidad la hizo pasar a 130.5 meses. 56. El promedio se situó, en efecto, en 15 años de ejercicio; la frecuencia predominante, así como la media, se situaron en el grupo de 10 a 15 años de duración de la carrera profesional. 57. Tanto la frecuencia predominante de la duración como la frecuencia media, que se situaron entre cinco y 10 años, confirman ese promedio. 58. La lentitud de las promociones concedidas podía hacer que en ocasiones estas últimas llegaran demasiado tarde para el beneficiario, como le ocurrió a Santiago Abad, quien obtuvo su ascenso a la última categoría del Tribunal de Cuentas, decidido por el Consejo de Indias, en julio de 1761, ¡aun cuando él había fallecido seis meses antes!: AGI , Audiencia de México, legajos 1121, 1122, 1165, 1986 y 1992; AGN , Casa de la Moneda, vol. 87, exp. 24, f. 375; Boletín del Archivo General de la Nación, vol. 8, núms. 3-4, p. 491. En los otros tres casos, la duración fue inferior a cuatro años, salvo en el de Pedro María de Monterde y Antillón, quien tuvo un pasaje muy breve —únicamente seis meses— por la categoría anterior:

AGI ,

Indiferente general, legajo 177, y Boletín del Archivo

General de la Nación, vol. 8, núms. 3-4, p. 838. 59. Se trata de los siguientes contadores: Nicolás Rodríguez de Vargas, Lorenzo Urquía y Arraurena, Diego Manuel de Carballido Lozada y Zurita, Diego José de Bustos, Manuel Cartagena y Torre, Pedro Fernández del Barco, Francisco Antonio Ramírez de Arellano hijo, José Benito Terreros Ochoa, Miguel de Ubilla y Estrada y Francisco Tomás de Zabalza. 60. Ésa fue la solución que eligió Felipe de Muelas, quien regresó a España a principios de 1722 con el marqués de Valero. 61. Durante ese periodo, varios candidatos a la promoción o titulación anexaron a su relación de méritos las recomendaciones en que el Tribunal de Cuentas o el virrey elogiaban su experiencia; algunos de ellos incluso hicieron el inventario exhaustivo de las cuentas que habían tenido a su cargo desde su ingreso a la institución: AGI, Audiencia de México, legajos 733 y 739. 62. Si se suman las concesiones hechas a algunos hijos de contadores del tribunal, que el padre del recién titulado siempre tomaba en cuenta en sus considerandos de los servicios prestados a la monarquía, se llega a un total de 17 contadores distinguidos; de las 17 concesiones, 13 fueron de

167

los hábitos de la orden de Santiago, uno de la orden de Alcántara y tres de la orden de Calatrava: AHN, Caballeros de órdenes militares.

63. El resto se refiere al otorgamiento de un título de “familiar de la Inquisición” [véase el glosario] y al de dos títulos de nobleza. 64. Efectivamente, Miguel de Ubilla y Estrada nunca sirvió en su oficio, aun cuando siempre lo ocupó, impidiendo mediante su presencia, no obstante, el ascenso de un contador de resultas a su puesto, que en realidad permaneció vacante: AGI, Audiencia de México, legajo 738, y AGS, 173-43. En lo que respecta a Manuel Gerónimo de Tovar y Arévalo, eterno futurario, a pesar de su notoria incompetencia y su radical impedimento, en julio de 1695 se le otorgó una designación más, esta vez a la mesa mayor del Tribunal de Cuentas, para que ocupara como remplazante la plaza que dejó vacante Juan José de Veytia Linage, afectado a su vez a una comisión de la Real Hacienda en Puebla: AGI, Audiencia de México, legajo 163; AGI, Escribanía de cámara, legajo 185, y AGS, 174-357. 65. En vísperas de ese gran movimiento de renovación, había seis supernumerarios para dos puestos de contador de resultas y tres para los tres puestos de contador superior (AGI, Audiencia de México, legajos 17 y 277). Todos se aprovecharon de ello para lograr el acceso a los puestos de titular, muy frecuentemente por periodos breves, después de esperas muy prolongadas. En un principio se encontraron dos compradores externos al Tribunal de Cuentas que aceptaron pagar por los oficios vacantes; posteriormente, en 1699, ya sólo quedó Roque de Vargas para entrar en posesión efectivamente de su cargo

(AGI,

Audiencia de México, legajos 1986 y 738, y AGS, 173-172).

El segundo, Diego José de Bustos, candidato a la compra en 1699, prefirió encaminarse poco después a un cargo de alcalde mayor

(AGI,

Audiencia de México, legajos 64 [ramo 2 núm. 49], 162,

736 y 745, y AGI , Indiferente general, legajos 130, núm. 73, y 135, núm. 87). Los cargos liberados fueron puestos rápidamente a disposición de los contadores que aceptaran comprar su promoción; así, José Jaime Lanterri Ferrer fue promovido al cargo de contador de resultas supernumerario en 1696 (AGS, 172-236, y AGI , Audiencia de México, legajos 17, 277 y 1986); Luis Ibáñez Ozerín, contador interino desde hacía cuatro años, compró un oficio de contador de resultas supernumerario en marzo de 1699 (AGI, Audiencia de México, legajos 454 y 1986; AGI , Contratación, legajo 235, y AGI, Indiferente general, legajo 1847), y Sebastián de Imaz y Arbillaga hizo lo mismo en abril de 1700

(AGI,

Audiencia de México, legajos 738 y 1986, y AGI , Indiferente general,

legajo 1847). 66. Se trataba de José de Contreras y Torre, oficial responsable del libro que efectuó algunos remplazos entre 1696 y 1702; se le promovió a contador ordenador en mayo de 1702:

AGI ,

Audiencia de México, legajo 738. 67. La proclamación de la Nueva Planta mediante una cédula real del 6 de junio de 1701 suprimió la venta de los oficios de ese tipo y las plazas de supernumerario, así como las futuras; en la práctica, no obstante, la Nueva Planta se abandonó inmediatamente después de que fue proclamada y la venta se reinició a más y mejor. En cuanto recibió la cédula real que establecía la reforma, el virrey duque de Albuquerque ordenó una auditoría del Tribunal de Cuentas y, en vista de la situación, que consideró catastrófica, decidió de inmediato, en abril de 1702, la suspensión de la ejecución de la reforma, según un informe del Tribunal de Cuentas elaborado en esa misma fecha: AGI, Audiencia de México, legajos 1986 y 738. 68. Entre 1753 y 1757 fallecieron sucesivamente José Manuel de Avendaño, contador superior, en 1753 (AGNM , n. 570, vol. 3936), los contadores de resultas Cayetano de Vian Rodríguez, en abril de 1754

(AGI,

Audiencia de México, legajo 1165), Juan Fernando Navarro, en febrero de 1756

(AGI,

Audiencia de México, legajo 739), Manuel Esteban Rodríguez de Santa Cruz, en febrero de 1757

(AGI,

Audiencia de México, legajo 735, y José María de Castro Santa Ana, Diario de sucesos notables [1752-1758], en Manuel Orozco y Berra, Documentos para la historia de México, 1 a serie, vols. 4 a 6, México, 1854), y, en fin, el contador ordenador Francisco Antonio Ramírez de Arellano hijo, en agosto de 1755 (AGI, Audiencia de México, legajo 735).

168

69. En 1756, el virrey impuso la jubilación a Francisco de Presilla, contador ordenador

(AGI,

Audiencia de México, legajo 1165), asi como a Fernando Ruano de Arista, contador de resultas

(AGI,

Audiencia de México, legajo 1986). Poco antes de esa fecha, en diciembre de 1754, Juan José de Ortiz fue trasladado al puesto de “oficial mayor de la secretaría de la cámara” del virrey

(AGI,

Audiencia

de México, legajo 1164) y Alonso de Mella fue afectado, aun cuando era un simple contador interino, a una nueva contaduría, probablemente la de las alcabalas, en proceso de constitución (idem); a comienzos de 1756, en fin, Martín de Azpiroz fue trasladado a su vez como oficial mayor a la secretaría del virrey (Linda Arnold, Bureaucracy and Bureaucrats in Mexico City, 1742-1835, Tucson, 1988, p. 27). En una carta dirigida al Consejo de Indias en 1763, Antonio de Mier y Terán habla de cinco jubilaciones con mantenimiento de salario en 1754, sin, no obstante, proporcionar los nombres: AGI. Audiencia de México, legajo 1165. 70. La renovación, en efecto, permitió que los dos titulares más recientes ganaran cerca de cuatro años de carrera profesional. La nueva movilidad también se tradujo en la integración al tribunal de cuatro contadores auxiliares o subalternos. 71. AGN, Correspondencia de virreyes, vol. 1, exp. 43, ff. 96 y ss. 72. En una cédula real de agosto de 1755 se estableció a esos nuevos contadores como una nueva categoría de ministros y se decidió que su nombramiento ya no dependería únicamente de los virreyes, como en el caso de los contadores interinos, sino directamente del rey: AGI , Audiencia de México, legajos 735 y 1122. 73. AGI, Audiencia de México, legajos 321, 733 a 739 y 1990 a 1992. 74. Linda Arnold, Bureaucracy and Bureaucrats…, op. cit.

NOTAS FINALES *. Véase el glosario.

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V. Sociabilidad, familia y linaje

1

de las instituciones de la Real Hacienda ha revelado la importancia de las fallas que esas instituciones ocultaban. A pesar de las estructuras relativamente complejas y de las instancias de supervisión institucionalizadas, el rasgo predominante seguía siendo con toda claridad la autonomía profesional de los oficiales que poblaban la burocracia colonial; sin embargo, ese principio no podría bastar para explicar completamente las dificultades de funcionamiento de la administración colonial. En ellas intervenían otros mecanismos sociales que daban a los comportamientos delictuosos, hasta entonces simples yuxtaposiciones de numerosas historias individuales, toda su amplitud y significación, por lo que, independientemente de los aspectos por esencia personales, propios de toda historia del comportamiento individual o de la vida privada, no se pueden pasar por alto las implicaciones colectivas que otorgan su sentido profundo a las decisiones más subjetivas. Consecuentemente, en el caso de las sociedades del Antiguo Régimen, el peso determinante del grupo familiar impone a esta reflexión una digresión respecto a esa estructura social fundamental,1 ya que la pertenencia a ese grupo determinaba una buena parte de las decisiones de cada uno de sus miembros, so riesgo de excluirse de él; dilema cuya resonancia se ve reflejada en la producción literaria de los siglos XVII y XVIII, que se elaboró hasta el exceso sobre la base de las contradicciones entre la aspiración individual y la necesaria sumisión a la ley del grupo. EL ESTUDIO

170

LAS REDES RELACIONALES: FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y CONCEPTUALES2

FIGURA V.1. Uniforme diseñado para los oficiales de la aduana de la ciudad de México a finales del siglo XVIII; Archivo General de Indias, Uniformes, 144, México. 2

Los documentos de la época bautizaron con el nombre de “familia” al grupo constituido por la parentela, de peso decisivo en la vida de sus miembros; sin embargo, es necesario preguntarse sobre el sentido que se daba a ese término, de contenido particularmente amplio y polisémico. A comienzos del siglo XVII, Jean Nicot identificaba “familia” con “grupo de parentesco”; un siglo más tarde, Antoine Furetiére también retomaba esa asimilación, aun cuando su definición no se limitaba a ese sentido único. En castellano, de la misma manera, la familia se comprendía en esa época como sinónimo de linaje o de parentesco; tal era notablemente, también a comienzos del siglo XVII, la opinión de Sebastián de Covarrubias, quien escribía: “Ya no solo debaxo deste nombre se comprenden los hijos, pero también los padres y los abuelos y los demás ascendientes del linage”.3

3

Ahora bien, Antoine Furetiére agrega a esa significación una segunda, calificada como “común”, al introducir la noción de dependencia con respecto a quien “alimenta” a los que viven bajo su techo. La familia aparece entonces como una asociación de dos tipos de solidaridad: la de la sangre o el apellido y la del pan compartido.

4

Lo anterior muestra el grado en que, en la sociedad moderna occidental, el individuo se concebía como profundamente inserto en un tejido de vínculos familiares a los que le era difícil y, más todavía, riesgoso escapar; porque si bien la “familia” de estilo antiguo se revelaba constrictiva, también procuraba protección, apoyo o ayuda frente a las amenazas o dificultades de todo género. En el Antiguo Régimen, en consecuencia, la movilidad social, tanto ascendente como descendente, no se limitaba a un solo individuo o a su familia restringida en el sentido contemporáneo del término; también repercutía,

171

en forma de ventajas o desventajas, en el conjunto de los miembros de su “linaje”. 4 En el caso de la península ibérica de los siglos XVII y XVIII, los estudios referentes al mundo de las élites ilustran plenamente la importancia de ese anclaje familiar en los fenómenos de movilidad social.5 Y de ese modelo social y familiar hispánico —y, más generalmente, occidental, por lo demás— dependía plenamente el mundo de las élites coloniales hispanoamericanas; tal es sin duda alguna la primera conclusión que imponen los numerosos estudios referentes a esas élites, estudios que confirman la presencia y el funcionamiento de dicho modelo.6 5

Con todo, esos trabajos insisten primordialmente en la acepción de la palabra “familia” referida al parentesco. Ahora bien, aun cuando es cierto que la constitución y la viabilidad de las estructuras familiares de ese tipo no representaban para los criollos obstáculo alguno en particular, ¿qué ocurría a ese respecto en el caso de los metropolitanos recientemente desembarcados en América? Es verdad que el esquema que propuso David Brading para los comerciantes de México ofrece una respuesta funcional en el caso de ese grupo social;7 sin embargo, ¿qué ocurría en el caso de los otros inmigrantes españoles y, muy particularmente, en el de los oficiales del rey? Elegidos y nombrados desde Madrid por su carencia de vínculos familiares conocidos con la región a que se les asignaba, ¿recreaban, ya en el lugar, la estructura familiar que habían dejado en la metrópoli?, y, si era así, ¿bajo qué formas y mediante qué recursos lo hacían? Es cierto que su partida no significaba de ninguna manera una ruptura total y definitiva con su medio ambiente familiar ni con su parentela originales; sin embargo, tanto la demora impuesta por las distancias como las reglas naturales de la vida social hacían necesario que esos expatriados construyeran un nuevo medio ambiente familiar en América.

6

En la construcción del nuevo entorno donde poder apoyarse, el establecimiento de nuevos vínculos de parentesco mantenía sin duda toda su importancia; sin embargo, aun cuando sólo fuere por el tiempo que era necesario invertir para el establecimiento de sus relaciones, el emigrado no podía esperar su integración únicamente de las relaciones que debía rein-ventar o reconstruir, por lo que, a pesar de su importancia, no pudieron ser exclusivas en la creación del nuevo marco relacional que imponía el fenómeno migratorio. En el marco hispanoamericano, esta observación alienta a ampliar las herramientas conceptuales que permitan analizar el medio ambiente relacional de los emigrantes españoles y, muy particularmente, el de los oficiales reales. Apoyándose directamente en la acepción propuesta por Sebastián de Covarrubias —que recuerda con claridad a la familia romana—, será necesario recurrir más bien a una definición que englobe el concepto de familia asimilado al “linaje”, pero que también englobe mucho más que ese único concepto; así, a las relaciones familiares ampliadas, en parte más informales, puesto que se fundamentaban tanto en la sangre como en la dependencia, se les calificará como redes de parentesco o, mejor aún, de sociabilidad; y, a través de esas redes, se buscará comprender el medio ambiente social en que se insertaban los oficiales de la Real Hacienda provenientes de la metrópoli, zambullidos brutalmente, por el simple hecho de su nombramiento, en un medio extraño. El objetivo consistirá en reconstruir los vínculos que tejieron los oficiales de la Real Hacienda con el medio local al que se integraron y sobre el que actuaron. ¿De qué naturaleza eran? ¿Cuáles eran las bases de su funcionamiento? ¿Cómo se estructuraban? ¿Qué finalidades perseguían? Para aportar respuestas a estas interrogantes, la investigación se llevó a cabo a partir del concepto central de las redes, que presupone la existencia de un verdadero sistema de relaciones cuya disección debe permitir arrojar luz sobre su lógica interna. Además,

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independientemente de las estructuras y los modos de funcionamiento de las redes de sociabilidad en el mundo hispanoamericano, de lo que se trata es de proponer una reflexión sobre la capacidad de las élites locales para integrar y asimilar a los recién llegados. En sustitución de la rígida división que opone uniformemente a criollos y peninsulares, se sugiere una visión más flexible, más compleja y que, sobre todo, se inserta en la dinámica familiar. 7

Por red de sociabilidad se entiende el conjunto permanente o temporal de vínculos de naturaleza diversa que unen a los individuos entre sí.8 Esas relaciones constituyen una verdadera organización social que engloba a la totalidad de los individuos implicados. En primer lugar, suponen la existencia entre los participantes de relaciones de solidaridad análogas a las que funcionan en un linaje, pero, a diferencia de lo que ocurre en éste, esas redes integran a los individuos a través de vínculos de dependencia. El conjunto de esos vínculos —de parentesco y de dependencia— permite movilizar a los relevos necesarios para la obtención de resultados interesantes, si no directa y simultáneamente a la totalidad de sus miembros, al menos a una fracción más o menos importante de ellos. Tal actividad se organiza en torno a, o a partir de, un elemento dinámico o central de la red que imprime el movimiento al todo. Con el propósito de evitar toda identificación sistemática o a priori con los diversos modelos familiares utilizados tanto por los historiadores de la familia como por los antropólogos —familia cepa, familia patriarcal, familia extendida, transmisión patrilineal o matrilineal, etcétera—, se admite como hipótesis que la existencia de ese centro puede no reducirse a un solo individuo. Se acepta, igualmente, que la posición central en el seno del grupo puede pasar de un individuo a otro o aun de una rama familiar a otra sin predeterminación absoluta en la transmisión de la naturaleza que fuere. Al mismo tiempo, la intensidad o estrechez de las relaciones en el interior de la red pueden variar para todos los miembros de ésta en función de la fuerza de los vínculos que se mantengan. No carece de importancia, en fin, precisar que la pertenencia a una red no podría darse con la exclusión de la participación de otros tejidos relacionales, por lo que la única condición para la pertenencia múltiple residiría en que no existiese una contradicción manifiesta entre las redes así conectadas. Consecuentemente, se puede admitir que la solidaridad desarrollada por todo individuo experimenta un fenómeno acumulativo que repercute en todos aquellos a los que su intermediario pone en relación, al mismo tiempo que se mantiene sometida al principio de la variabilidad de su intensidad.9

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Así definida, la red de sociabilidad asocia dos tipos de relaciones personales complementarias. Las primeras se constituían en el seno de la familia o linaje y estaban centradas en torno a un apellido, un lugar de origen común incluso lejano y, en ocasiones, un patrimonio organizado en mayorazgo. En el seno de ese grupo de parentesco, las relaciones tenían tendencia a desarrollarse lateralmente mediante el recurso a las alianzas matrimoniales, que no eran exclusivamente endogámicas, mediante el recurso a parientes o primos para asegurar la continuidad familiar o patrimonial, mediante la transmisión de beneficios y fundaciones con finalidades religiosas a sobrinos, etcétera. Las segundas funcionaban a través de un sistema de clientelismo que ponía en relación a un patrón con sus dependientes. A diferencia del anterior, sus contactos tenían sobre todo un desarrollo vertical y piramidal fundamentado en relaciones de sometimiento. La asociación de esos dos sistemas relacionales, de desenvolvimiento complementario y coherente, constituía una “red de sociabilidad”. Estos diversos prolegómenos muestran el grado en que la constitución de las redes no podía ser cosa simple ni dejada totalmente al

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mero azar de los encuentros ocasionales; consecuentemente, es interesante reflexionar sobre la lógica conforme a la que se construían esas redes. Con base en las relaciones que mantenían los oficiales de la Real Hacienda de la Nueva España de los siglos XVII y XVIII, se buscará hacer surgir los criterios identificables en torno a los que se constituían las redes de sociabilidad. 9

Los oficiales de la Real Hacienda de la Nueva España de origen metropolitano y, por ende, extranjeros a priori en el medio que los acogía, representan cerca de 80 % de los 223 oficiales cuyo lugar de nacimiento se conoce con precisión y que ejercieron entre 1660 y 1780; sin embargo, su peso real se revela aún más importante si se toma en consideración la cronología.10 La desaparición temprana de la venta de los oficios en ese sector administrativo cerró rápidamente la puerta de acceso a los candidatos criollos, muy particularmente en las reales cajas. Así, durante el periodo comprendido entre 1715 y 1780, el peso de los oficiales reales españoles que ejercieron en la Nueva España en la Real Hacienda llegó a representar 85 % del total. Consecuentemente, parece que, si se aceptara este primer enfoque puramente cuantitativo y prosopográfico, la gran mayoría de los oficiales reales contratados durante el siglo XVIII correspondería efectivamente a la imagen del buen administrador colonial impuesto por los prejuicios desarrollados en la administración española en contra de los criollos: la del inmigrado sin raíces familiares ni relaciones personales en América.

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Con todo, la calidad de extranjero aplicada al conjunto de los miembros del grupo estudiado en el medio que los acogía se debe graduar inmediatamente en el caso de una fracción que no es insignificante. En efecto, antes de su ingreso al empleo en que se les encontró en la investigación, un gran número de peninsulares había desarrollado desde la metrópoli actividades estrechamente relacionadas con el mundo americano, muy en particular en el de la Real Armada;11 otros habían partido a América mucho antes de su nombramiento en la administración de la Real Hacienda con el propósito de ejercer los cargos o actividades más diversos, trátese de comerciantes, alcaldes mayores o incluso oficiales subalternos de la administración;12 y una fracción de los oficiales de la Real Hacienda, en fin, contó desde su llegada con la ventaja de ciertos contactos a través de un pariente o un protector que ya se encontraba en el lugar.13 Así, tomando en cuenta todos los tipos de relaciones, ya fuesen familiares o profesionales, y admitiendo que no preparaban de la misma manera para el descubrimiento de la realidad americana, un oficial peninsular de la Real Hacienda de cada dos contaba en el momento de su nombramiento con la ventaja de verdaderas facilidades de integración a la sociedad colonial. Lo anterior muestra el grado en que los oficiales de la Real Hacienda metropolitanos se encontraban en una situación particular en el momento de ocupar el cargo que les había sido confiado: eran extranjeros en el medio americano, debido en gran medida a su historia familiar, y eran originarios de la península, por lo que, en opinión del Consejo de Indias, encargado de su contratación una vez que se abandonó la venalidad de los oficios, cumplían con una de las condiciones que España se obstinaba en considerar como primordial; sin embargo, su extranjería así definida no significaba en absoluto una ausencia total de conocimiento, de relaciones personales o incluso de relaciones con el mundo americano. A través de los periodos de la vida individual o familiar, desigualmente largos o intensos, y a través de su propia trayectoria profesional o de la de uno de sus allegados, que desempeñaba con respecto a ellos la función de protector, 50 % de los oficiales peninsulares mantenía relaciones tangibles, aunque de una intimidad variable, con la sociedad americana, a menudo desde hacía varios años.

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Una observación tan general alienta, en primer lugar, a analizar las estrategias relacionales de los peninsulares, tomando en consideración la diversidad de situaciones de los miembros del grupo y, así, evitando pertrecharse tras una palabra que encubre una realidad extremadamente variada. De manera paralela, al mensurar la importancia de las ventajas de que disponía un gran número de los inmigrantes en el momento de su integración, también invita a poner su comportamiento en relación con el de los criollos que obtuvieron un oficio en la Real Hacienda. Mediante un proceso comparativo entre las redes de sociabilidad de unos y otros, se tratará entonces de determinar cuál era verdaderamente la influencia de la división entre los dos componentes de las élites hispanoamericanas en el funcionamiento cotidiano de la sociedad colonial. Así, el objetivo consiste en dedicarse a la reconstitución de la génesis y el desenvolvimiento de las redes relacionales de los oficiales de la Real Hacienda de la Nueva España. Dejando de lado a priori las divisiones admitidas como los principales reguladores del funcionamiento de la sociedad colonial, se hace posible comprender su formación, su complejidad y sus finalidades. En esta reflexión, el investigador se ve obligado de entrada a distinguir entre los diferentes planos de las relaciones que mantenía un individuo, en las que no todos sus interlocutores ocupaban lugares intercambiables. Basándose en el contenido que se atribuye a las redes relacionales, su posición puede entonces definirse tanto en función de la estrechez de los vínculos como de acuerdo con las condiciones predominantes en el momento de su integración. Así, unas surgían de los vínculos personales arraigados en el vasto sistema familiar dependiente del parentesco: parientes de sangre y los agregados al nombre mediante las prácticas de las alianzas, muy particularmente las matrimoniales, mientras que las otras florecían en las relaciones desarrolladas y mantenidas muy particularmente en el marco de las actividades profesionales que ejercían. Ahora bien, aun cuando este último tipo de redes podía dar nacimiento a vínculos tan estrechos e intensos como los de la parentela, no se confundían, no obstante, con ellos; en efecto, correspondían a relaciones de naturaleza diferente, desprovistas de fundamentos materiales tangibles, si bien en ocasiones eran interesadas, en las que predominaba la libertad de elección y que se abrían sobre un verdadero parentesco espiritual, ya sea que se le califique como padrinazgo, compadrazgo o, más ampliamente, como amistad. 14 Es cierto que la diferenciación establecida no implica distinción alguna sobre la calidad ni la importancia de los vínculos así anudados; a menudo, además, unos podían dar nacimiento a los otros, según las situaciones; por el contrario, cada tipo de vínculo poseía su propia función y su lógica específica, que no sería posible reducir totalmente a la del otro. Esos vínculos, más complementarios que opuestos, funcionaban conforme a mecánicas que se apoyaban unas en otras.

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La importancia de la integración en una red de relaciones a partir de vínculos personales y familiares no podría ser objeto de una duda muy prolongada. Trátese de vínculos formales y ritualizados —anudados especialmente a través de alianzas familiares— o más informales —muy en particular los vínculos basados en un origen geográfico compartido, cuya fuerza se conoce en el mundo hispanoamericano bajo el calificativo de paisano—, esas alianzas se encontraban siempre activamente presentes; ahora bien, a pesar de su importancia, están lejos de haber sido el único agente en la génesis y estructuración de las redes relacionales que ceñían a los oficiales de la Real Hacienda y les facilitaban la integración a la sociedad colonial. Aun cuando únicamente fuese por la relativa lentitud que a menudo implicaba su activación, vinculada a su funcionamiento y a su renovación de generación en generación, esos vínculos eran de una duración relativamente

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prolongada, lo cual no era el caso de las relaciones que se mantenían en el marco profesional, relaciones que, a diferencia de las anteriores, no requerían ninguna demora para su establecimiento; dado que se constituían sobre la base del ejercicio del oficio, entraban en funcionamiento inmediatamente después de que el oficial de la Real Hacienda se hacía cargo de su responsabilidad. En consecuencia, con el propósito de comprender más plenamente la especificidad de unas con respecto a las otras, se les examinará de manera separada, antes de reflexionar sobre la coherencia y la complementariedad que ambas aportaban a las redes de sociabilidad.

FAMILIA Y MATRIMONIO 13

La complejidad de la política matrimonial de los grupos familiares de los oficiales de la Real Hacienda es determinante en el establecimiento de las estrategias de elaboración de su sistema de relaciones. En efecto, dichas políticas influían sobre la estrategia de los grupos familiares como una palanca de distensión triple que actuaba principal y evidentemente sobre las decisiones matrimoniales de los propios oficiales, pero que también determinaba las opciones matrimoniales de los parientes próximos del oficial o de los de su familia política, ya se tratase de sus hijos o de parientes de la misma generación que él: primos, cuñados o cuñadas, hermanos o hermanas, etcétera. En efecto, el “linaje” únicamente podía conservar su coherencia y asegurar su continuidad a través de un dominio extendido a la elección de los cónyuges de los individuos que deseaban permanecer en el seno del grupo.15 En el caso de los oficiales de la Real Hacienda, la función de la triple estrategia matrimonial se entrevé al analizar las decisiones en cada uno de los planos así determinados; sin embargo, no se puede pretender hacer aquí una reconstrucción exhaustiva del fenómeno en estudio; por lo tanto, la información cuantitativa debe dejar el lugar a la cualitativa, que obliga al historiador, a la manera de un antropólogo, a cambiar su distancia focal o su escala de observación, para esforzarse en reconstituir la lógica interna y la coherencia del comportamiento familiar a partir de unos datos que a menudo se encuentran dispersos.16 Consecuentemente, el objetivo consiste en reconstituir, mediante la asociación del método comparativo con la atención a lo que en ocasiones puede parecer puntual, la finalidad que perseguían los oficiales reales a través de las estrategias que ponían en funcionamiento.

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CUADRO V.1. Orígenes geográficos de los oficiales de la Real Hacienda de la Nueva España y de su cónyuge (1660-1780)

C = criollo. P = peninsular. FUENTE: Base de datos Offinan, bajo Griot3 (FRAMESPA-UMR 5591, del CNRS, Maison de la Recherche, Université de Toulouse). 14

De los 151 oficiales de la Real Hacienda en cuyo caso se estableció la existencia de un matrimonio, una descendencia y aliados familiares, se pudo determinar con suficiente exactitud la pertenencia social de 70 esposas, de 36 cónyuges de hijas e hijos y de 27 cónyuges de sus allegados (véase los cuadros V.1 a V.3).17 No se hará el análisis de ciertos aspectos de las decisiones relacionadas con el matrimonio de los oficiales mismos, aun cuando resulta útil recordar lo esencial de esas decisiones.18 El criterio del lugar de nacimiento —España o América— no parece haber sido determinante en absoluto de la selección del cónyuge, dado que los oficiales peninsulares, solteros o viudos, encontraban fácilmente en las familias criollas a una doncella con quien pasar por la vicaría. Por lo demás, el estudio de la génesis del patrimonio de las familias de los oficiales de la Real Hacienda muestra el desequilibrio entre los orígenes socioeconómicos de ambos cónyuges.19 Lo anterior quiere decir que, a pesar de la importancia del criterio económico en América, este último no explica por sí solo el lugar y la importancia de un individuo en la sociedad colonial. A pesar de la preocupación de los padres por ver que su progenie evitara los malos casamientos,20 un matrimonio con un oficial peninsular de la Real Hacienda, aun sin un duro, contaba muy frecuentemente con la benevolencia de las familias criollas.

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CUADRO V.2. Orígenes socioprofesionales de los oficiales de la Real Hacienda de la Nueva España (1660-1780)

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Note aa FUENTE: Base de datos Offinan, bajo Griot3 (FRAMESPA-UMR 5591, del CNRS, Maison de la Recherche, Université de Toulouse). CUADRO V.3. Orígenes socioprofesionales del cónyuge de los oficiales de la Real Hacienda de la Nueva España (1660-1780)

FUENTE: Base de datos Offinan, bajo Griot3 (FRAMESPA-UMR 5591, del CNRS, Maison de la Recherche, Université de Toulouse). 16

A partir de estas primeras conclusiones, se hace necesario ahora profundizar el análisis, tomando en consideración el origen socioprofesional de las familias de las esposas de los oficiales de la Real Hacienda. Lo primero que llama la atención es la ausencia o la reducida presencia entre ellas de ciertos medios socioprofesionales: muy pocas hijas de militares de grados inferiores y pocas representantes de grandes familias provenientes de las élites sociales metropolitanas. Las esposas de los oficiales reales se dividen equilibradamente — en la casi totalidad de la muestra constituida— entre tres medios socioprofesionales claramente definidos. Unas pertenecían al mundo de la élite criolla, muy particularmente al de los “empresarios”:21 grandes financieros y mineros ricos, 22 grandes comerciantes y terratenientes ricos;23 a los que se agregaban algunas familias arraigadas en funciones prestigiosas del aparato del Estado colonial: militares de alto rango o titulares de oficios

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muy particularmente codiciados.24 Las esposas de los oficiales de la Real Hacienda — notablemente de los que ejercían en México o podían residir regularmente en esa ciudad —25 también pertenecían a familias instaladas en la administración central, en Madrid o en México, aun cuando no siempre fuese en puestos necesariamente prestigiosos: oficiales de los consejos instalados en Madrid, personal de tribunales o al servicio de un virrey y titulares de oficios de la capital virreinal, notablemente en el marco de la Audiencia de México.26 En fin, las esposas de los oficiales reales, principalmente las de los provinciales, pertenecían a familias de las élites locales o municipales; más ampliamente: con mucha frecuencia, las familias que poseían poder e influencia local reales —a través de los cargos municipales o regionales en particular— tan sólo disfrutaban de una influencia geográficamente limitada. Consecuentemente, se puede considerar que esas familias pertenecían a élites secundarias, conforme al esquema de John M. Tutino.27 La sociología anterior se puede completar útilmente si se toma en consideración ya no sólo la dimensión social de los orígenes de las esposas sino también la actividad profesional paterna. Inmediatamente se hace presente un dato determinante en la carrera profesional de los oficiales de la Real Hacienda incluidos en ese grupo, esto es, la endogamia socioprofesional, que predominaba en la elección de la esposa; en efecto, la mayoría estaba constituida por hijas de oficiales de la Real Hacienda en servicio activo en el momento de la unión. 17

En comparación con la distribución sociológica de las esposas de los oficiales de la Real Hacienda, la de estos últimos era globalmente más modesta.28 Las tres cuartas partes provenían esencialmente de tres medios socioprofesionales: los planos local o provincial de la administración general metropolitana o americana, la administración central en torno al rey y al virrey y, en fin, el ejército. En los tres casos, los puestos previamente ocupados eran modestos, y poco numerosos los pertenecientes al mundo de las élites administrativas, militares o económicas. Lo anterior quiere decir que los oficiales de la Real Hacienda habían surgido ante todo de familias insertas en el aparato administrativo, en un escalón jerárquico mediocre, en su gran mayoría. Su principal ventaja personal residía precisamente en el arraigamiento familiar, que hacía de ellos, de padre a hijo, expertos en los arcanos de la burocracia hispánica. Con todo, es necesario introducir graduaciones, según que se tratase de oficiales reales o de contadores del Tribunal de Cuentas. Los segundos pertenecían manifiestamente a las familias más encopetadas del grupo, en correspondencia relativamente equilibrada con la familia de su esposa; pero no ocurría lo mismo en el caso de los oficiales reales, que a menudo llevaban a cabo alianzas matrimoniales sociológicamente desequilibradas. Aun cuando no pertenecían al grupo de las élites principales en virtud de sus orígenes, ello no les impidió que, en más de 40 % de los casos, lograran contraer matrimonio con una doncella perteneciente precisamente a ese medio.

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De las diversas observaciones y graduaciones establecidas a propósito de la esposa que elegían los oficiales de la Real Hacienda, vale la pena sacar tres conclusiones. No eran sorprendentes las alianzas socialmente equilibradas, representadas por un tercio de las esposas de los oficiales de la Real Hacienda. Al casarse con doncellas pertenecientes a las élites locales o regionales y, de manera más general, al contraer matrimonio con las pertenecientes a familias de las élites secundarias, los oficiales de la Real Hacienda elegían familias que correspondían exactamente a su grado de prestigio profesional y, en ocasiones, personal. Esos matrimonios, razonables desde el punto de vista socioeconómico, consolidaban la posición de unos y otros. La endogamia socioprofesional

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confirmada del segundo tercio de las esposas de los oficiales de la Real Hacienda correspondía principalmente a grupos familiares en proceso de estabilización social. Al otorgar su hija a un joven colega, ya fuese que ejerciera o no en el mismo lugar o en el mismo servicio que él, el oficial de la Real Hacienda se aseguraba el fortalecimiento de su posición y su influencia profesional, al mismo tiempo que aseguraba la continuidad de la presencia de su parentela.29 En lo concerniente al último tercio de los matrimonios de los oficiales de la Real Hacienda, contraídos con doncellas de familias prestigiosas de la élite colonial, ya fuese la económica o la administrativa, todos ellos son una prueba tanto de la consumación del ascenso social alcanzado como de la preocupación de las familias de altos vuelos por mantener bajo su dominio un oficio cuyos beneficios de todo género eran significativos. A través de esas inteligentes alianzas, una fracción importante de los oficiales de la Real Hacienda, a pesar de que no pertenecían sistemáticamente a la élite principal de la sociedad colonial debido a sus orígenes o al oficio que poseían, se encontraba verdaderamente integrada a ese mundo restringido del poder, los honores y el dinero. CUADRO V.4. Pertenencia social del cónyuge de hijos o sobrinos de los oficiales de la Real Hacienda de la Nueva España (1660-1780)

FUENTE: Base de datos Offinan, bajo Griot3 (FRAMESPA-UMR 5591, del CNRS, Maison de la Recherche, Université de Toulouse). 19

A pesar de su reducido número, los matrimonios de los hijos de los oficiales de la Real Hacienda, así como los de los parientes cercanos de la misma generación que estos últimos, proporcionan algunos indicios complementarios que confirman la coherencia de las estrategias observadas (véase los cuadros v.4 y v.5). En ellos se esbozan dos tendencias que, al mismo tiempo que se complementaban, siempre aseguraban el fortalecimiento de la posición familiar. Una estaba dirigida a la ampliación de la presencia familiar en el aparato administrativo, muy especialmente el de la Real Hacienda, desarrollando aún más la endogamia socioprofesional, lo cual permitía entonces tejer y extender los vínculos entre unos oficiales de la Real Hacienda que al principio no tenían nada en común y, así, se aseguraba el establecimiento de puentes o contactos que iban más allá de los diversos sectores o ramas que componían la administración de esa institución de la Nueva España y que escapaban a toda disposición reglamentaria u orgánica preestablecida. 30 La otra tendencia respondía a la ambición de establecer una relación entre el oficio que se ejercía

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y los intereses económicos regionales: cuando una hermana, prima o hija de un oficial real contraía matrimonio con un minero, un gran comerciante o incluso un financiero, aseguraba eficazmente el vínculo entre dos centros de poder potencialmente rivales pero profundamente complementarios; así, la útil endogamia socioprofesional dejaba entonces el lugar a una asociación que garantizaba al conjunto una capacidad de intervención multiplicada en cada uno de los terrenos de que se tratase.31 Por lo demás, esas uniones fortalecían la integración de las familias de los oficiales de la Real Hacienda en el seno de la élite colonial, lo que les permitía —sobre todo en el caso de los matrimonios de sus hijas — una primera estabilización en su seno. CUADRO V.5. Orígenes socioprofesionales del cónyuge de parientes cercanos de la misma generación que los oficiales de la Real Hacienda de la Nueva España (1660-1780)

FUENTE: Base de datos Offinan, bajo Griot3 (FRAMESPA-UMR 5591, del CNRS, Maison de la Recherche, Université de Toulouse). 20

Las diferentes estrategias matrimoniales puestas en práctica por los oficiales de la Real Hacienda y sus familias permiten comprender la complejidad del fenómeno que tenía lugar: independientemente de su diversidad, revelan sobre todo la violación sistemática de las normas legales que regían sus matrimonios,32 tanto más cuanto que su aplicación estaba sujeta a la interpretación de los jueces, interpretación que era muy variable, según el caso. Eso es lo que revelan los debates a que dio lugar en Guadalajara, México y Madrid la solicitud de dispensa matrimonial que presentó, en septiembre de 1713, el oficial real de Zacatecas, Martín Nicolás Verdugo de Haro y Dávila, en nombre de su hija menor, Manuela Josefa Bernarda.33 Verdugo de Haro solicitó la dispensa ante el presidente de la Audiencia de Guadalajara, quien la otorgó inmediatamente, pero solicitó la confirmación del Real Acuerdo.34 Este último, considerando que el asunto no correspondía a la competencia de la audiencia, rechazó en un principio la solicitud y la remitió al Consejo de Indias, aun cuando, a través del virrey y el fiscal de la Audiencia de Guadalajara, emitió un punto de vista cuya argumentación aclaraba el estado de ánimo de los ministros de América y su interpretación de los textos legislativos, que consideraban muy restrictivos. Independientemente del argumento referente a los precedentes creados por los ejemplos citados por el candidato a la dispensa, dicha argumentación insistía esencialmente en el origen de los padres de la doncella: su padre, Martín Nicolás Verdugo de Haro y Dávila, sevillano, debía ser considerado como “extranjero” en Zacatecas, aun cuando residía ahí

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desde hacía más de 20 años; en cuanto a su madre, Juana Cano y Funes, la segunda esposa del oficial real, originaria de Puebla, había contraído matrimonio con él en 1699, pero únicamente residía en la ciudad de Zacatecas desde hacía menos de 15 años; además, en opinión de los jueces, la extranjería de los padres se encontraba confirmada por el hecho de que no poseían ni bienes ni dependientes en esa región. La conclusión del fiscal de la Audiencia de Guadalajara, Juan Picado Pacheco y Montero, en su informe destinado al Consejo de Indias, caía de su propio peso: “La permanencia no contrae naturaleza”. 35 21

Poco importaba que la realidad familiar que vivía Verdugo de Haro no correspondiera en absoluto a los argumentos que presentó y le aceptaron:36 el legalismo más puntilloso no impedía de ninguna manera la violación sistemática de las normas establecidas; el propio Consejo de Indias aceptó finalmente, sin reservas aparentes, la interpretación propuesta por el fiscal y concedió su dispensa al oficial real. Así, las estrategias matrimoniales más manifiestamente ilegales podían concretarse sin encontrar grandes obstáculos, por poco que se salvasen las apariencias.

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Para un gran número de oficiales de la Real Hacienda de orígenes más que mediocres, el matrimonio llegaba a ser un eficaz medio de promoción social. En todo caso, en la ciudad de Guadalajara de principios del siglo XVIII, donde la presión del costo de la vida era quizá superior a lo que se podía encontrar en otras ciudades del virreinato, los oficiales reales en servicio activo en 1736 habían adquirido la profunda convicción de ello. Echando pestes en contra de sus remuneraciones, sensiblemente inferiores a las de sus colegas de México o Zacatecas, llegaban a la conclusión de que únicamente un buen matrimonio podía sacarlos del apuro; y, arguyendo el panorama poco brillante de la situación familiar de todos sus predecesores, subrayaban la importancia de ello desde su punto de vista. En opinión de Manuel de Cuevas y Franco y de Francisco Ignacio Domínguez de Riezu, los hijos de Bartolomé de Llerena Ayala, los de Diego de Izunza y Zuazo, caballero de la orden de Santiago, la viuda de este último y la de Francisco Antonio de Cuervo y Valdés y, en fin, los herederos de Ildefonso de Cuervo y Valdés, hijo del anterior, y los de Manuel de Lava compartían, todos, situaciones familiares dramáticas. Las situaciones que más compartieron en su mundo los oficiales reales de la ciudad de Guadalajara parecen haber sido el embargo de bienes a causa de deudas, la obligación de abandonar su domicilio para hacerse albergar por parientes más afortunados y la inexistencia de futuro para sus hijos; la única excepción era Francisco de Carmona, quien se había jubilado ese año; si bien había salido del apuro, se lo debía a su matrimonio con una doncella de una rica familia de la ciudad, Isabel de Medrano; y llegaban a la conclusión de que ésa era la única solución verdadera a su disposición.37 En consecuencia, ya se tratase del oficial real de Zacatecas o de los de Guadalajara, el matrimonio —tanto el suyo como el de sus hijos— les parecía claramente un recurso fundamental que los alentaba a evitar por todos los medios posibles los rigores de la ley.

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Igualmente, las estrategias de los oficiales reales demuestran la fuerte coherencia interna que orientaba el comportamiento de los miembros del grupo. Todas respondían a un proyecto que se puede expresar en estos términos: el fortalecimiento del poder que poseían, la integración a la élite colonial y, en fin, la estabilización en el seno de esta última. Esos objetivos se concretaban en la importancia de la endogamia socioprofesional, propia de un medio muy homogéneo. Para comenzar, dicha endogamia era producto de la carencia de verdaderos centros de formación para los oficiales reales, a no ser precisamente las oficinas de la propia administración; y también era la expresión de la especificidad del conocimiento que poseían los oficiales de la Real Hacienda,

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caracterizado por su alta tecnicidad; consecuentemente, el aprendizaje se hacía en el medio ambiente familiar de los oficiales en servicio activo, lo que, por lo tanto, contribuía a favorecer la continuidad familiar de suegros a yernos. La endogamia también acentuaba los estrechos vínculos que anudaban los oficiales reales y las familias pertenecientes al mundo de las élites económicas o administrativas de la circunscripción donde aquéllos ejercían su oficio. Cuando aceptaban la integración de individuos de extracción socioeconómica relativamente modesta y, en todo caso, inferior a la suya, dichas familias vivían el “sacrificio” sin reticencias aparentes: veían en él una ventaja decisiva para la afirmación de su dominación en detrimento de sus rivales; observación sobre la que arrojará una luz nueva el estudio de la complementariedad económica en el seno de las redes de sociabilidad. En lo que respecta a los propios oficiales de la Real Hacienda, se trataba de un excelente medio para integrarse al grupo social dominante. Lo anterior quiere decir que el desequilibrio socioeconómico de los matrimonios se restablecía sobre otra base: la de los beneficios recíprocos que obtenía cada una de las partes. Finalmente, a través de su matrimonio con las hijas de los miembros de la alta administración, los oficiales de la Real Hacienda se aseguraban el establecimiento de vínculos en el seno de la estructura administrativa; muy en particular, ponían en relación servicios que eran estructuralmente extraños unos a otros, cuando no eran rivales unos de otros. Consecuentemente, es fácil comprender el riesgo que representaban las decisiones matrimoniales de los oficiales de la Real Hacienda, puesto que venían a poner en tela de juicio uno de los principios básicos que elaboró la monarquía española en el momento de organizar la administración en su imperio recientemente conquistado: poner sus diferentes componentes en rivalidad permanente, con el propósito de evitar toda concentración del poder.38 24

Como puede verse, entonces, el matrimonio de los oficiales de la Real Hacienda y de sus allegados transformaba profunda y radicalmente el lugar que esos representantes de la Corona española de orígenes sociales relativamente modestos tenían en América; pero eso no era todo: ese tipo de alianzas destruía parcialmente el buen funcionamiento del pacto colonial. Se comprende mejor ahora la preocupación real por reglamentar muy pronto los matrimonios y las alianzas de los oficiales de la Real Hacienda establecidos en las Indias; sin embargo, a la luz del análisis, lo único que se puede confirmar es su débil puesta en práctica durante el periodo en estudio.

LA CONTINUIDAD FAMILIAR: SIMULTANEIDAD Y HERENCIA 25

Dado que la complejidad y eficacia de las estrategias matrimoniales garantizaban la presencia de un grupo familiar en el seno de la administración de la Real Hacienda, también condicionaban la capacidad del grupo para garantizar la herencia de los oficios bajo su dominio. Dicha capacidad resultaba determinante para aquellos miembros del grupo cuya integración a las élites coloniales dependía ante todo del oficio que poseían. Ahora bien, en el mundo hispanoamericano, la venalidad de los oficios de los oficiales superiores no adquirió nunca el carácter definitivo y absoluto que predominó en Francia en la misma época.39 Incluso más tarde, cuando la venalidad desapareció progresivamente de la contratación de los oficiales de la Real Hacienda en el transcurso de los años de 1720, las familias ya no tenían en qué apoyar sus pretensiones hereditarias, por lo que, a todo lo largo del periodo estudiado, debieron velar en cada generación por los medios que era

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necesario poner en práctica con el propósito de asegurar con el menor riesgo la transmisión de los oficios en el seno del grupo. Así, el estudio de la continuidad familiar entre los oficiales de la Real Hacienda revela la eficacia de las respuestas que imaginaron las familias estudiadas: en la mitad de los casos considerados, los oficiales en servicio activo eran continuadores de una tradición familiar marcada con el sello del servicio real; en esa misma proporción, los oficiales tuvieron un descendiente directo que emprendió la vía paterna; pero eso no fue todo: 20 % de esos oficiales, en fin, ejerció su oficio al mismo tiempo que un pariente cercano de la misma generación que él.40 La fuerte tradición familiar iba acompañada también de una verdadera especialización: la tercera parte de los oficiales de la Real Hacienda poseía un pariente en la misma administración. Esta última observación está vinculada con la misma necesidad que alentaba la endogamia socioprofesional de los matrimonios: la de los oficiales que poseían un conocimiento técnico y práctico que se transmitía principalmente en el marco familiar.41 26

Ahora bien, el peso familiar en la administración de la Real Hacienda no se reducía únicamente a la cuestión de su continuidad en el seno de esta última, sino que se manifestaba igualmente mediante la presencia concomitante, en la misma administración, de varios miembros de un mismo linaje, lo cual constituía una situación específicamente prohibida por la ley, si bien la práctica se mantuvo como una de las más corrientes entre los oficiales de la Real Hacienda.42 Es fácil identificar varias reales cajas donde la presencia tentacular de los grupos familiares se ponía ampliamente de manifiesto: los Miranda y los Villegas Puente, en México; los Alarcón y Ocaña, en Veracruz; los Otero Bermúdez, en Guadalajara; los Aguirre, en Yucatán, o los Cuervo y Valdés, en la Nueva Galicia, eran unas cuantas de las numerosas dinastías que el transcurso del tiempo no parece haber puesto radicalmente en tela de juicio.

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En México, la presencia de los peninsulares Villegas Puente en la real caja de la ciudad ilustra a las mil maravillas la capacidad de una familia para apoderarse de un sector administrativo. El padre y el hijo, los dos de nombre Manuel Ángel, arribaron hacia 1719 a México. Gracias al apoyo del virrey, que lo nombró continuamente en las funciones de oficial interino y, después, de oficial subalterno de la real caja de la ciudad de México, lo que le permitió adquirir la experiencia necesaria, el padre llegó al cargo de oficial real de esa caja en 1728, función que desempeñó durante 25 años. De manera simultánea, con continuidad y método, el grupo dirigido por Manuel Ángel padre extendió progresivamente sus posiciones en puestos subalternos, aunque no menos importantes, de la real caja: dos de sus hermanos, Juan de Dios y Miguel, fueron portero y oficial segundo, respectivamente; y, en lo concerniente a Manuel Ángel hijo, ingresó como oficial subalterno de su caja a la edad de apenas 20 años y, llegado el momento, colocó a su vez a su propio hijo José en diversos cargos de la administración virreinal, antes de verlo terminar su carrera como oficial del Tribunal de Cuentas de México, en vísperas de la crisis de la Independencia. Así, un grupo familiar, banal en sí mismo, logró mantener a sus miembros en puestos importantes de la administración de la Real Hacienda de la capital durante tres generaciones, independientemente de las visitas, suspensiones y otras reformas.43

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En comparación con el caso en resumidas cuentas banal que representa el linaje de los Villegas Puente y que se podría repetir con unas cuantas variantes en el caso de varias reales cajas, la estrategia del clan familiar Alarcón y Ocaña, de Veracruz, se presenta como un ejemplo sin igual entre las dinastías estudiadas. Supera todas las otras situaciones encontradas, tanto por la amplitud del fenómeno como por el número de

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individuos que incluía y el radio de acción que abarcaba. Es completamente evidente que representa el proyecto familiar más consumado y de mayor continuidad entre los oficiales de la Real Hacienda de la Nueva España. Habiendo obtenido el cargo de oficial real en febrero de 1733 gracias a sus sólidos apoyos y relevos, muy particularmente en la ciudad de México,44 Francisco de Alarcón y Ocaña no cesó de integrar a su administración a sus parientes más cercanos: inmediatamente después de haber sido nombrado, impuso la contratación de un criado, José Mateo de Arroeta, en su antiguo puesto de oficial segundo y, en 1744, lo promovió al rango de oficial mayor, oficio que Arroeta desempeñó hasta su muerte, en 1747; paralelamente, aumentó sus relevos personales, a los que añadió a su cuñado, Juan Facundo Suárez, en el puesto de oficial tercero y, años más tarde, segundo de su tesorería y, en 1747, lo promovió al de oficial mayor, a la muerte del titular. En remplazo de los puestos que este último había liberado, había hecho ingresar a otro pariente, Felipe Plácido Bravo.45 Asimismo, había colocado, en fin, a un primo,46 Luis, en el puesto de guarda, y a su hijo Francisco Ignacio, primero como oficial segundo y después como oficial mayor de contabilidad.47 Así, según Antonio de López Matoso, quien, aun cuando fue un testigo muy parcial, estaba bien colocado para describir la situación en esa real caja donde él mismo fue oficial mayor, la situación del personal de la caja a comienzos de los años de 1740 se reducía a un dominio incompartido de ese clan familiar: “En esta oficina […] los más son hechuras suyas [es decir, del tesorero, Francisco de Alarcón y Ocaña] y parientes y a los que no lo son, alguna vez pretendió hostigar porque querían seguir mi entereza. Después, con la mira de mi caída, los cebó prometiéndoles ascensos que de unos en otros daría […]”.48 29

La estrategia de Francisco de Alarcón y Ocaña se completó cuando otro de sus hijos, Diego, obtuvo el cargo de alcalde mayor de Ixmiquilpan,49 mientras que un último hijo, Antonio, clérigo y familiar de la Inquisición, obtuvo una sinecura en Puebla.50 El ejemplo de esa familia ilustra el grado en que la contratación totalmente discrecional de subalternos fue un procedimiento cómodo para que los oficiales reales afirmaran la fuerte presencia de sus grupos familiares;51 sin embargo, el caso de los Alarcón y Ocaña no se reducía únicamente al empleo sistemático de derechos correspondientes a la función que desempeñaban. En efecto, el interés del ejemplo que se ha presentado reside tanto en la amplitud del fenómeno como en su cronología. Francisco de Alarcón y Ocaña, todavía en servicio activo en los años de 1760 —aunque temporalmente afectado al secretariado del virrey interino Cagigal de la Vega en julio de 1760—, obtuvo en ese mismo año el nombramiento en su propio oficio para su hijo Francisco Ignacio; y él mismo, de retorno a Veracruz a principios de 1761, fue afectado en esa época a la superintendencia de las alcabalas de la Nueva España. Como puede verse, el poderío de la red Alarcón y Ocaña superaba ampliamente el marco local, para extender sus ramificaciones hasta la capital virreinal: además de que la real caja de la ciudad de México estaba sólidamente controlada por sus herederos, él extendió su presencia a una nueva institución que ejercía su influencia a la escala de todo el virreinato. Por lo demás, la fuerza de la familia resistió las tempestades de las reformas que siguieron a la visita de José de Gálvez a la real caja de Veracruz a partir de diciembre de 1765:52 el padre y el hijo, que habían sido suspendidos en 1766, fueron finalmente reintegrados a sus respectivas funciones en 1772. 53 El padre sólo sobreviviría unos cuantos meses al restablecimiento de sus derechos, pero lo esencial había sido adquirido: la familia se encontraba nuevamente legitimada para prolongar la autoridad que ejercía desde hacía una treintena de años sobre unos sectores vitales de la administración de la Real Hacienda: la real caja de Veracruz y la superintendencia de las alcabalas.

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La presencia simultánea de la parentela Alarcón y Ocaña en varios servicios de la Real Hacienda en el transcurso de la primera mitad del siglo XVIII ilustra el grado en que el nepotismo seguía todavía bien arraigado en el aparato administrativo de la Real Hacienda de la Nueva España. En 1767, por lo demás, aunque en otro contexto, un testigo interrogado por el enviado de José de Gálvez para llevar a cabo la visita de Acapulco reconoció que las funciones de “juez comisario de guías”,54 así como las de guardas para el desembarque, eran sistemáticamente distribuidas entre parientes de los oficiales de la Real Hacienda, cuando no de los virreyes.55 En otras instituciones, muy particularmente en el Tribunal de Cuentas de México, sector administrativo que, no obstante, era de más altos vuelos, nadie escapaba verdaderamente a la presión del nepotismo. Así, a semejanza de los otros oficiales de la Real Hacienda, las familias de los contadores en servicio activo lograban obtener nombramientos de subalternos para sus miembros. Es cierto que el número relativamente reducido de agentes del tribunal limitaba las posibilidades de una verdadera autocontratación; sin embargo, no por ello es menos significativo el que la decisión de la contratación excepcional de contadores en 1719, después de una larga y áspera discusión sobre su utilidad,56 se tradujese sobre todo en el ingreso de representantes de familias que ya tenían presencia en el tribunal. En un principio, se seleccionó a 12 candidatos, de los que únicamente pasaron efectivamente al ejercicio de su oficio cuatro nuevos titulares y un remplazante, entre los que se encontraban tres miembros de familias de contadores en servicio activo al mismo tiempo en la institución: Manuel Francisco de Lanterri, Juan José de Urueña y Juan Antonio de Somoza y Torres. 57 Medio siglo más tarde, en 1760, Juan Crisóstomo de Barroeta, entonces regente del Tribunal de Cuentas de México, solicitó un oficio para su hermano menor. Pretendiendo obtener uno que fuese “digno de su rango”, trazó el cuadro de las ocupaciones familiares. Entre los seis hermanos que ya habían ejercido, todos ocupaban cargos importantes como oficiales del rey, dos de ellos en la Real Hacienda, con excepción de Pedro Antonio, entonces arzobispo de Granada, después de haberlo sido de Lima: José, tesorero de la real caja de Lima durante seis años, había terminado por elegir la actividad marítima y comercial; por su parte, Pantaleón ejerció como oficial real en el Secretariado de Estado y del Despacho Universal hasta su muerte, en 1740; Francisco Xavier, primer castellano del fuerte de Cavite, en las Filipinas, era en ese entonces alcalde mayor de Villa Alta, en la provincia de Oaxaca, y Gabriel, en fin, había sido tesorero de la Santa Cruzada por la ciudad de Puebla durante seis años.58 Ahora bien, aun cuando varios de esos oficios no dependían del mismo aparato administrativo, al menos tres de ellos —los de Juan Crisóstomo, Francisco Xavier y Gabriel— pertenecían claramente a la esfera de la Real Hacienda; en cuanto a los otros, llegado el caso, ofrecían protección y garantías o servían de recomendación, como lo ilustra el proceso. El ejemplo de ese ministro del Tribunal de Cuentas de México muestra el grado en que, en el caso de esas altas funciones administrativas, la simultaneidad de cargos correspondía a una jerarquía muy superior a la observada en el caso de un simple oficial real de una real caja; pero, si bien la escala no era análoga, el mecanismo, sus consecuencias y su significación se revelaban idénticos.

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No sacar partido de las ventajas que ofrecía el ejercicio de un oficio para colocar en él a hijos, sobrinos o, más generalmente, amigos incondicionales, parecería, si no sorprendente, al menos lo bastante excepcional como para ser subrayado. La actitud que adoptó en 1688 el contador de Veracruz, José de Murueta y Otálora, es reveladora de ese estado de ánimo: el razonamiento que sostenía en la redacción de un informe sobre el personal de la real caja, cuyos oficiales reales deseaban un aumento significativo, muestra

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claramente el proceso intelectual de esos hombres de finales del siglo XVII. Para comenzar, se basaba en esta doble observación: los puestos de subalterno no existían oficialmente, por lo que no era posible retribuirlos con el presupuesto de funcionamiento de la real caja; por lo demás, la necesidad patente en que se encontraba esta última de emplear auxiliares imponía el recurso a medios poco honestos, lo que no molestaba demasiado a los responsables de las reales cajas. La verdadera dificultad a que se enfrentaban residía en la escasez de candidatos a los puestos temporales, sin salario fijo y sin la menor garantía de empleo; consecuentemente, la única solución residía en la contratación de auxiliares entre los allegados: fuera del círculo familiar no era posible encontrar candidatos. Así es como José de Murueta y Otálora justificaba la presencia en su servicio de los auxiliares contratados en su entorno; pero su razonamiento no se detenía ahí, pues subrayaba el hecho de que sus propios hijos no estaban al servicio de esa real caja, fenómeno sorprendente en su opinión: su primogénito, que había obtenido un mando a la cabeza de una compañía de infantería, se encontraba, a decir de él, desterrado; y, en cuanto al benjamín, trabajaba al lado del conde de Paredes en el marco de su residencia.59 En su conclusión sobre la situación de la real caja de Veracruz, José de Murueta y Otálora afirmaba que la situación de uno de sus ministros resultaba prácticamente insostenible, pues sus propios hijos no ejercían en el lugar para remplazarlo con pocas costas. 32

Nada permite entrever que tales prácticas hubiesen desaparecido después. El propio José de Gálvez, gran opositor a los abusos y dificultades de funcionamiento de la administración americana, fue un buen relevo de sus allegados en la distribución de cargos o prerrogativas;60 pero eso no es todo: en ninguna de las relaciones de cargos que estableció en contra de los oficiales de la Real Hacienda de la Nueva España, figura en ningún momento reproche alguno al nepotismo, que, no obstante, era ilegal.61 Lo anterior indica el grado en que el recurso a los apoyos familiares en el seno de una misma administración se mantuvo como una práctica común a todo lo largo del siglo XVIII, situación que el espíritu reformador de la segunda mitad de ese siglo no parece haber logrado alterar seriamente de manera alguna. Se comprende así el grado en que, primero por medio del matrimonio, después por medio de la transmisión de los oficios y, en fin, mediante el recurso a los allegados, las redes familiares en el seno de la administración de la Real Hacienda de la Nueva España tejían lienzos particularmente presentes, sólidos y densos.

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Las diversas observaciones concernientes al universo relacional familiar de los oficiales de la Real Hacienda alientan entonces a corregir la importancia que se atribuye a la venalidad de los oficios,62 dado que, con o sin ella, las familias lograban asegurar y dar continuidad a su presencia en el seno del aparato administrativo colonial. Contrariamente a ese enfoque, que llegó a ser clásico,63 la desaparición de la venalidad de los oficios de la Real Hacienda no modificó radicalmente la supervisión real sobre la contratación de sus oficiales en la Nueva España, puesto que, finalmente, la mayoría de las contrataciones de oficiales se llevaba a cabo en el seno de los mismos grupos familiares. Si bien es cierto que la venalidad de los oficios contribuyó de manera muy evidente a integrar al patrimonio el oficio que se ejercía, su abandono no significó, no obstante, una renovación importante del método de contratación; pero eso no es todo, pues el hecho de que en el siglo XVIII se diera preferencia a la competencia técnica en la selección de un oficial real únicamente logró fortalecer la presencia de las dinastías familiares constituidas precisamente en torno a la transmisión de los conocimientos que tenían: el hijo se formaba con el padre y

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el sobrino con el tío, cuando no era el yerno con el suegro. Así, las redes familiares lograron desviar y anular parcialmente la preocupación que había incitado al rey a abolir la venalidad para volver a hacerse cargo de la contratación administrativa. Más aún: la observación de las estrategias familiares de los oficiales de la Real Hacienda permite relativizar todavía mucho más los daños de la venalidad y, accesoriamente, la reanudación del dominio del aparato burocrático americano mediante la política reformista de los Borbones. La voluntad de excluir a los criollos en beneficio de los metropolitanos sin vínculos con el medio local fue desviada en buena parte de su objetivo inicial debido a las estrategias de las familias criollas o con miembros criollos: al prestarse a esas decisiones matrimoniales cuya complejidad, habilidad y eficacia ya se examinó, las familias de los oficiales de la Real Hacienda mostraban que consideraban insignificante la rivalidad entre criollos y peninsulares. Así, a pesar de la severa legislación real en la materia y de la preocupación a todo lo largo del siglo XVIII por que su aplicación fuese cada vez más rigurosa, es necesario relativizar profundamente la distinción entre los dos grupos de la élite colonial. Debido a las estrategias familiares, que los miembros de la parentela dominaban rigurosamente, la política administrativa enunciada y reivindicada con claridad desde Madrid se veía eficaz aunque silenciosamente contrarrestada. 64

ORÍGENES GEOGRÁFICOS Y RELACIONES FAMILIARES 34

Estrategias familiares, nepotismo y herencia del oficio, todo se conjugaba así para fortalecer y perpetuar el acaparamiento por una familia del poder confiado a uno de los suyos; no obstante, si bien el aspecto familiar se revela fundamental en el mecanismo de monopolización del poder, el poderío y la presencia de un linaje en el seno del aparato administrativo no se reducían exclusivamente a ese tipo de vínculos. Las familias se apoyaban también en relaciones, complementarias de las anteriores, que contribuían a acrecentar aún más su influencia. En efecto, al lado de los vínculos familiares stricto sensu, operaba muy particularmente la solidaridad regional ibérica transplantada a América: se conoce la función determinante que esos apoyos desempeñaron en el mundo de los comerciantes en la transmisión de su patrimonio profesional;65 y también se conoce la capacidad de los comerciantes para mantener en América sus rivalidades peninsulares, de lo que da pruebas la rigurosa competencia entre vascos y montañeses en el marco del Consulado de México. En consecuencia, no deberá sorprender el encontrar en otra parte, muy particularmente entre los oficiales de la Real Hacienda, el apego a lo que el español califica de “patria chica”.

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Entre los emigrados metropolitanos del corpus de esta investigación se encuentra también la expresión del afecto por el lugar de origen; no obstante, se debe precisar de inmediato que las fuentes no son siempre explícitas sobre ese aspecto de las redes relacionales de los oficiales en estudio. En ocasión de los procesos, muy particularmente, la mención de los testigos de descargo que hacía el inculpado permite reconstituir la red de allegados y aliados que gravitaban en torno a él; sin embargo, es sintomático observar que, entre los diversos criterios de identificación a que recurría el juez de instrucción, el lugar de nacimiento no se mencionaba sistemáticamente con la precisión que sería de desear. Cuando se encuentra esa información, es necesario contentarse con anotaciones como “nacido en aquellos reynos”, que se opone a los nacidos en “estos reynos”; 66 por el contrario, el pesquisidor prefería insistir en la actividad profesional del testigo y en su

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lugar de residencia en el momento del interrogatorio. Lo anterior quiere decir que la identificación de un individuo no se deducía principalmente de su lugar de nacimiento, sino, antes bien, de su medio de vida, por lo que no se puede conocer con gran precisión el origen geográfico de los miembros de las redes de los oficiales de la Real Hacienda, a no ser de manera excepcional, y el investigador se ve obligado a contentarse —en el mejor de los casos— con una definición “regional” de la patria chica, con el riesgo de desvirtuar un poco su sentido.67 36

A partir de los datos obtenidos, se pone de manifiesto que las redes relacionales de los oficiales de la Real Hacienda no se elaboraban prioritariamente en función de la variable geográfica, aun cuando no por ello esta última dejaba de estar presente. En el conjunto constituido mediante una red de sociabilidad, la proporción de paisanos se mantenía globalmente reducida. Muy frecuentemente, se seleccionaba a los que llegaban a ser próximos, aliados o protegidos de los oficiales de la Real Hacienda fuera de la región de origen, como lo demuestran las redes de dos contadores de Veracruz: la del vasco Martín de Veytia, en 1710, y la de su sucesor criollo, Juan de Echegaray, en 1719. 68 El primero, originario de Orduña, era soltero en el momento de su fallecimiento, hacia 1711 o 1712. De entre los seis allegados o amigos computados que tenía en ese momento, ninguno era originario de la misma región que él. De la misma manera, de los 46 individuos que estaban en relación con Juan de Echegaray y habían sido convocados a apoyarlo en el marco de la pesquisa de que fue objeto en 1719, sus relaciones más cercanas, notablemente en los negocios, eran mayoritariamente con metropolitanos. Lo anterior quiere decir que, en esos casos precisos, las relaciones entre paisanos tendieron a ser remplazadas por vínculos estrechos con forasteros;69 dicho en otras palabras, a pesar de la importancia que se otorgaba en el mundo hispánico a la región de origen y a la solidaridad que se podría esperar de ella, no eran raros los que se desentendían —por necesidad, probablemente, más que por decisión personal— de ese patrimonio del que no disponían o del que habían dejado de disponer.

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Ahora bien, un análisis más preciso permite graduar y, sobre todo, complementar estas primeras conclusiones. Todas las redes reconstituidas que contaban con una importancia y una complejidad mínimas comprendían sistemáticamente allegados provenientes de la misma región que el oficial real de que se trataba.70 Tal era precisamente el caso de varios oficiales reales que ejercían en regiones muy diferentes: el vasco Manuel Santiago Aguirre y Negro, que residía en Yucatán; el criollo Francisco de Siscara y Ramírez, nacido en La Habana; el vasco Francisco San Juan de Santa Cruz y el castellano Francisco de Alarcón y Ocaña, residentes en Veracruz, y también los madrileños Pedro Alejo López de Cotilla y José Ignacio de Miranda Canal, residentes en México.71 En ese terreno, el ejemplo de Manuel Santiago Aguirre y Negro resulta particularmente significativo del apoyo que los oficiales reales metropolitanos buscaban entre sus paisanos. Aguirre y Negro, nacido en Vitoria en agosto de 1678, era nieto de un fiscal general de los hijosdalgos de la misma ciudad; su padre, José de Aguirre y Espinosa, nativo de Arroyabe, había contraído matrimonio en junio de 1673 con Magdalena Negro y Estrada en Valladolid, donde ella había nacido 24 años antes. Manuel Santiago desembarcó en Yucatán, hacia 1709, con el acompañamiento de su hermano mayor, José Francisco, quien acababa de ser nombrado teniente asesor y auditor de guerra del gobernador de la provincia; su hermana, Francisca Antonia, también formaba parte del grupo. Es cierto que las numerosas relaciones familiares y amistosas que tejieron los tres hermanos les permitieron una rápida integración a la sociedad local;72 sin embargo, la red de los amigos más allegados de

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Manuel Santiago se mantuvo estructurada en torno a seis vasconavarros. Sus primos de Arroyabe, los Aguirre y Cuevas, emigrados también a la Nueva España a comienzos del siglo XVIII,73 tenían un lugar importante en ella; en particular, cuando Juan Antonio Aguirre y Cuevas adquirió el título de oficial real supernumerario de la real caja de Pachuca, en mayo de 1710, designó como su remplazante en caso de impedimento a su pariente Juan Francisco, lo que confirma la estrechez de sus relaciones. De igual manera, Manuel Santiago mantenía estrechas relaciones, antes de enemistarse con él en 1718, con su colega y paisano Agustín de Echaurrí, tesorero de la real caja de Mérida; además, en el momento de elegir a un oficial subalterno para su servicio, designó a un compatriota y deudo, Santiago González de Espinosa.74 Un último signo, en fin, y no de los menores, de su apego a sus orígenes vascos fue que, en 1731, designó a José de Zaldívar para llevar a cabo el remplazo durante sus ausencias, antes de otorgarle tanto la mano de su hija como su oficio.75 El yerno que ganaba con ello, hijo de Manuel de Barrenechea Zaldívar, oficial de la “contaduría general de distribución” antes de terminar su carrera como oficial mayor de la real caja de Mérida, era también originario del País Vasco. 76 A través de este ejemplo particularmente revelador, cuyo modelo se encuentra también entre los otros cinco oficiales reales, se observa el grado en que la integración que lograban —tanto por medio de su matrimonio como por medio de sus parientes cercanos— iba de la mano con la continuidad de vínculos estrechos con representantes de su provincia de origen. Lo anterior quiere decir que, lejos de ser una especialidad vasca, la orientación doble de las relaciones se encuentra entre la mayoría de los oficiales reales, notablemente los metropolitanos, integrados a unas redes de relaciones muy desarrolladas. 38

Independientemente de la preferencia por los aliados provenientes de la misma región que el oficial, es interesante examinar el papel destinado a los compatriotas. En efecto, es sorprendente observar que, con mucha frecuencia aunque no exclusivamente, se trataba de protectores para el oficial de que se tratase. Así, se encontró que el apoyo que prestaban ciertos parientes o amigos originarios de la misma región representó la base de 14 % de los comienzos de la carrera profesional en América de los oficiales de la Real Hacienda. Lo anterior se asemeja al esquema que propuso David Brading en el caso de los comerciantes, aun cuando haya funcionado conforme a modalidades un tanto diferentes. El paisano de un oficial de la Real Hacienda llegaba a ser por excelencia el que ponía sus conocimientos, apoyos y relevos al servicio del primero para facilitarle la integración y el buen éxito. Es verdad que el ejemplo venía de las alturas, puesto que tal actitud se encontraba muy frecuentemente entre los altos responsables administrativos que desembarcaban en la Nueva España rodeados de sus allegados, entre los que inmediatamente distribuían prebendas y oficios. Los virreyes que no practicaron el embarque más o menos numeroso de sus incondicionales en ocasión de sus viajes fueron particularmente raros.77 Así, en abril de 1696, el virrey conde de Galve logró la autorización para retornar a la metrópoli con 80 criados y 12 esclavos. 78 En lo que respecta al virrey duque de Albuquerque, en mayo de 1702 desembarcó en Veracruz con un centenar de personas,79 mientras que, a su retorno a la metrópoli, en 1713, únicamente llevó consigo 32 de todos los familiares que lo habían acompañado en ocasión de su viaje a la Nueva España: distribuidos en dos carabelas, tan sólo los gastos de pasaje representaron 14 000 pesos.80 La justificación que se proporcionaba con la solicitud de licencia de embarque de una “casa” tan numerosa era invariablemente la misma: el temor a la soledad en una sociedad a la que no se pertenecía.81 Las residencias de los virreyes, igualmente invariables, están repletas de denuncias de concesiones de oficios hechas en toda ilegalidad a sus allegados, aunque, en realidad, no por ello la sentencia final dejaba

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de perdonarlas con mucha frecuencia.82 Ahora bien, en lo concerniente más concretamente a la administración de la Real Hacienda, el marqués de Valero fue el más activo en la preocupación por colocar en ella a sus allegados. A pesar de las condiciones de contratación relativamente estrictas y de las prohibiciones que contravenía, en seis años de ejercicio del poder, logró nombrar a cuatro de sus allegados en diversas reales cajas y el Tribunal de Cuentas.83 En comparación con todo el personal interino de la Real Hacienda contratado durante su mandato, las contrataciones que él hizo representaron la sexta parte de los oficios concedidos a allegados. 39

A semejanza de esos altos dignatarios del sistema administrativo colonial, todos aquellos que disponían de apoyos o de la protección de un paisano nunca dudaron en hacerlos valer para promover su futuro. Así, los obispos —o, más generalmente, el personal de la administración eclesiástica—, los alcaldes mayores, los militares, algunos comerciantes y algunos miembros de las audiencias constituían el abanico de los oficios o responsabilidades que ejercían los protectores de los oficiales de la Real Hacienda cuyo apoyo y sostén esperaban estos últimos al momento de su llegada. El caso de Martín de Veytia, el contador de Veracruz con la red relacional mencionada anteriormente que, en el momento de su fallecimiento, excluía a todo paisano, ilustra a la perfección, no obstante, la búsqueda de apoyos entre aquellos de quienes se esperaban los primeros sostenes: su viaje a la Nueva España se había realizado gracias a la protección de Sebastián de Castañeda, comerciante de San Sebastián, del que era compatriota y asistente. 84

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Consecuentemente, ahora se comprende mejor la importancia que los oficiales atribuían a las relaciones que heredaban en virtud de sus orígenes. Los metropolitanos recurrían a los vínculos geográfico-familiares al comienzo de su recorrido americano; pero, más tarde, lejos de excluirlos sistemáticamente, les parecían menos fundamentales, lo que revela que la integración al universo de la sociedad colonial iba por buen camino. Incluso es posible mensurar el grado de integración caso por caso, gracias a la importancia que los metropolitanos otorgaban a las relaciones con sus paisanos. De esa manera, en febrero de 1692, la esposa de un oficial se quejaba del estado de abandono, tanto económico como humano, en el que el fallecimiento del esposo la había sumido por el hecho de encontrarse “[…] en estas tierras tan distantes y estrañas, sin deudos que le favorescan”. 85

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Es cierto que probablemente sus reflexiones sobre la precariedad de su situación económica no debieran conmover en exceso: era el argumento ineludible de toda viuda que pretendía obtener una pensión; por el contrario, la visión general que ofrece sobre su aislamiento social y familiar se revela más significativa. Al seguir a las Indias a su marido, el juez Juan Bautista de Urquiola Elorriaga, Francisca del Salar había dejado tras ella parientes, amigos y aliados en su región de origen. Ahora bien, esa hija de Juan del Salar, caballero de la orden de Santiago y secretario del rey en el Consejo de Indias, sabía cuál podía ser el valor de las relaciones y los apoyos; en consecuencia resentía tanto más brutalmente su extranjería en un mundo incapaz de ofrecerle un protector que pudiera asegurar su porvenir y el de sus dos jóvenes hijos. Ése era el mismo estado de ánimo que embargaba en 1715 a otro oficial real, Gregorio Pérez de Castro, cuando evocaba su partida a las Indias después de haber obtenido el oficio de tesorero de la real caja de Guanajuato; en lo que probablemente debió ser uno de sus primerísimos informes dirigidos al Consejo de Indias, apenas desembarcado en la Nueva España, subrayaba el precio de lo que todavía percibía como un doloroso exilio, precio que medía en función de los pesados sacrificios personales, tanto económicos como humanos, dado que había tenido que abandonar a sus parientes y amigos, así como su patrimonio y la cómoda dote

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que había aportado su esposa, María Ruiz de Magdalena y Ahumada.86 La misma visión, ahora teñida de una desesperación y una tristeza más aguda ante la idea de abandonar a los suyos, es la que consignaba también el escribano de Mérida, Diego de Angas, cuando mencionaba la situación del navarro Agustín de Echaurrí y su esposa, Juana Caballero y Pollores. Esta última, navarra por parte de madre, residía en Campeche desde la época en que había seguido a su padre, de origen gallego. Habiendo contraído matrimonio con Agustín de Echaurrí, tesorero, y, más tarde, contador de la real caja de Mérida, se vio obligada a seguir los desplazamientos de su marido, sometido a la alternancia entre los dos asientos de la real caja; a partir de 1720, sobre todo, se encontró de manera continua en Mérida, “lejos de su familia y de su patria”, según las afirmaciones del escribano. Invadida por la tristeza y la melancolía, se abandonó a la desesperanza, perdiendo primero la vista y rehusando todo cuidado antes de morir de aflicción.87 Sin tener ese tinte dramático, las cosas no ocurrieron de manera diferente en el caso del oficial real de Guadalajara que precisaba haber dejado tras él, en España, a toda su familia —esposa, hijos y padres—, en vista del excesivo costo que representaba la transferencia de su casa; por lo tanto, solicitaba un acercamiento familiar, si se presentaba la ocasión de un traslado a una real caja más cercana a Cádiz, donde residían todos los suyos. 88 En todos los casos mencionados, las dolencias iban siempre en el mismo sentido: sin un pariente cercano ni un compatriota protector, lo que parecía estar amenazado era el futuro colectivo de la familia. 42

En una actitud un tanto cuanto diferente, pero en resumidas cuentas semejante a los comportamientos mencionados antes, los propios oficiales de la Real Hacienda metropolitanos no descuidaban desempeñar a su vez la función de protector con respecto a algunos parientes en busca de buena fortuna en América, como lo reflejan las licencias de embarque. En estas últimas, en efecto, se precisaba a los individuos que acompañaban al oficial a la partida: la esposa, los hijos y, asimismo, los criados. Ahora bien, entre estos últimos no es raro encontrar a parientes jóvenes respecto a los que el oficial desempeñaba la función de protector. En 1638, Juan de Aranda obtuvo el oficio de “factor provehedor” de la real caja de Acapulco y, poco después, depositó una solicitud de licencia de embarque para él y su acompañamiento: además de su esposa, María Ruiz de Moncayo, y sus dos hijos, María y José, incluyó a un joven criado llamado Fernando Ruiz de Moncayo, entonces de 33 años de edad y probablemente hermano de su joven esposa.89 Cerca de un siglo más tarde, el andaluz José de la Villa Ochoa, nombrado contador de la real caja de San Luis Potosí, se comportó exactamente de la misma manera con respecto a una cuñada: la licencia de embarque, obtenida en julio de 1723, se refería, en efecto, a su esposa, María Catarina Aulente Perri, sus cuatro hijos, entre ellos un recién nacido, la nodriza de éste y, en fin, una joven hermana de su esposa, su cuñada María Luisa, entonces de 26 años de edad, soltera y huérfana.90 Todos esos protegidos, presentados ora como parientes ora como criados en las licencias de embarque y llegados tras la estela de su protector o incitados por éste, se encuentran algunos años más tarde contabilizados entre los deudos que residían bajo su techo; así, los dos censos de españoles residentes en la ciudad de México en 1689 y 1753 ofrecen varios ejemplos significativos de ello en el caso de los oficiales de la Real Hacienda que residían en esa ciudad. 91

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Más concretamente, el ejemplo de José del Mazo Calderón ilustra a la perfección ese doble comportamiento basado en la solidaridad y la protección, sucesivamente recibido y después otorgado a los compatriotas que a su vez partían a las Indias. A José del Mazo Calderón, originario de una familia de hidalgos de Meruelos, en la circunscripción

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administrativa de Trasmiera del arzobispado de Burgos, se le encontró en 1753 en la calle de Jesús, en México, residiendo en la casa de un amigo, el oficial real José Francisco Díaz de Celis.92 En esa época, este último tenía ya una prolongada carrera profesional tras de sí, primero como administrador en la Real Armada y, más tarde, en calidad de oficial en la contaduría general de la marina. En 1742, habiendo sido promovido al cargo de tesorero de la real caja de Zacatecas, abandonó la península. Diez años más tarde, a principios de 1752, se trasladó a México, donde, por nombramiento del virrey conde de Revillagigedo, fue afectado a las funciones de contador interino de la real caja, antes de convertirse en su titular en los meses siguientes.93 En ese mismo año, la situación de su amigo José del Mazo Calderón todavía seguía siendo relativamente precaria. Había llegado a la Nueva España desde hacía al menos ocho años y, desde julio de 1745, ejercía la función de contador interino de la real caja de Pachuca, antes de lograr acceso, a principios del año de 1752, al oficio de contador general interino con rango de superintendente de la administración de las alcabalas de la Nueva España. Una vez confirmado en sus funciones en enero de 1754 por un nombramiento real, aprovechó inmediatamente la estabilización de su situación para acoger a un sobrino de la metrópoli, José Gil de Gibaja. Este último desembarcó en México en el transcurso de ese mismo año e inmediatamente se benefició con algunas comisiones delegadas por su tío; muy particularmente, entre 1756 y 1760, ejerció el cargo de juez de guías del galeón de Manila. A la desaparición de su tío, en 1760, José Gil de Gibaja, ya sin la protección de que se beneficiaba, se vio privado de las comisiones por el nuevo superintendente, Francisco de Alarcón y Ocaña, quien prefirió a un allegado, Alfonso Rodríguez de Oballe.94 Esas diversas trayectorias profesionales, situadas entre 1740 y 1760, ilustran al mismo tiempo la fuerza de la solidaridad nacida de un origen compartido y su fragilidad: la desaparición del protector ponía en tela de juicio inmediatamente la situación adquirida. En el caso de José Gil de Gibaja, el sismo que acompañó a la visita general de José de Gálvez, quien suspendió inmediatamente a todos los que ejercían responsabilidades en Acapulco, fue lo único que le permitió recuperar sus antiguas responsabilidades.95 Finalmente, de manera similar a lo que existía en otros grupos del mundo de las élites, los oficiales de la Real Hacienda no se privaban de valerse de la solidaridad surgida de un origen común; sin embargo, la especificidad de su situación profesional, consistente en una dependencia total respecto al oficio que ejercían, debilitaba dicha solidaridad. Todo acontecimiento que llegara a privar al oficial protector de su poder, si ocurría muy pronto en el transcurso de sus años de formación, amenazaba con arrastrar al protegido a una situación delicada. Esos gajes del oficio, muy numerosos, como lo ha revelado la carrera profesional de los oficiales de la Real Hacienda, explican entonces la parte globalmente secundaria que la solidaridad de tipo geográfico ocupaba en el conjunto de las redes en estudio.

UNA PISTA PARA LA INVESTIGACIÓN: LA CONTINUIDAD DE LAS REDES FAMILIARES 44

La atención que se atribuía a la pertenencia a una parentela no se limitaba a los parientes y allegados que rodeaban al oficial de la Real Hacienda que ejercía en la Nueva España. En el caso de los metropolitanos, para empezar, aunque también en el de los que se habían instalado desde hacía dos o tres generaciones, los vínculos familiares distendidos por el alejamiento se mantenían aún vivos y susceptibles en todo momento de ser reactivados. Es cierto que la reconstitución de la continuidad familiar trasatlántica es una orientación

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de la investigación demasiado reciente como para que pueda ofrecer todas las garantías y responder a todas las interrogantes; únicamente la necesaria profundización posterior a partir de la reconstitución de otras familias vendrá a confirmar o invalidar los aspectos descubiertos a propósito de los oficiales de la Real Hacienda;96 sin embargo, las dos genealogías reconstituidas ofrecen ya ahora ejemplos de estrategias familiares que lograron vencer las distancias oceánicas. 45

Un primer ejemplo de la continuidad familiar lo ofrece el linaje de los Elcorobarrutia/ Zupide, del que fue posible reconstituir las ramas que van desde finales del siglo XVI hasta comienzos del XIX. Si bien es cierto que, en el caso de las generaciones menos numerosas, apenas contaban con algunos individuos, en el de las que abarcaron el periodo de 1650 a 1750, cada una de ellas alcanzó una buena veintena de individuos; en consecuencia, constituyó un vasto linaje, sin que, no obstante, haya sido desmesuradamente extenso. La característica principal de la estrategia elaborada por sus miembros se refiere a su capacidad para favorecer, en cada generación, la integración de varios de ellos a la administración real y, principalmente, a la de la Real Hacienda. Todo comenzó con Íñigo de Zupide y Aponte, quien, en la segunda mitad del siglo XVII, ejercía en Madrid, en la “contaduría mayor de cuentas”. Al mismo tiempo, su hermano Antonio ocupaba el cargo de secretario de la “cámara de gracia y estado” de Castilla. La presencia de ambos se prolongó con sus descendientes hasta la víspera de la crisis napoleónica. En la generación siguiente fue un sobrino, Andrés de Elcorobarrutia y Zupide, quien asumió la función central, continuando la tradición familiar en el aparato administrativo madrileño. Sus funciones de secretario en el Consejo de Real Hacienda y, más tarde, en el Consejo de Indias, a comienzos del siglo XVIII, orientaron a la familia hacia los cargos coloniales. Su primo hermano, Francisco Antonio de Zupide y Acuña, quien había comenzado su carrera profesional en el mismo secretariado de la Real Hacienda, se encontró como contador de resultas en México en 1723, antes de terminar dicha carrera en 1745 con el título de contador superior honorario.97 En la siguiente generación fueron tres los miembros que ocuparon diversos cargos en la Real Hacienda a todo lo largo y ancho del imperio. La continuidad familiar en la administración central recayó en José Bernardo Elcorobarrutia y Santa Cruz, hijo de Andrés, titular de un cargo de oficial en el secretariado de las Indias. Confiado en sus méritos personales y en los de sus antepasados y, sobre todo, en la total fidelidad del linaje a la nueva dinastía, en 1728 obtuvo la recompensa de caballero de la orden de Santiago; al mismo tiempo, un primo hermano de José Bernardo, Manuel Irrazabal Elcorobarrutia, nacido en Vergara, ocupaba un puesto de contador de resultas en Lima, en el transcurso de la primera mitad del siglo XVIII. En cuanto a la rama de la Nueva España, aseguró la continuidad de su presencia mediante el linaje que había acogido al inmigrante. El propio suegro de Francisco Antonio de Zupide y Acuña, Juan de Urueña, ocupaba ya una plaza entre los contadores de resultas del Tribunal de Cuentas de México. A la muerte de Francisco Antonio de Zupide y Acuña, sin heredero, la tradición familiar secular siguió adelante a través de la familia que lo acogió. Juan José de Urueña Ferrari, hijo de Juan y cuñado de Francisco Antonio de Zupide y Acuña, ocupó el puesto de contador ordenador y, más tarde, el de contador de resultas, antes de desaparecer del Tribunal de Cuentas de México en 1749.98 Por su parte, un yerno de Juan de Urueña y cuñado de Francisco Antonio de Zupide y Acuña realizó una larga y brillante carrera profesional en el transcurso de la segunda mitad del siglo XVIII: de ser un simple oficial del libro en el momento de su ingreso en 1741, alcanzó el oficio de contador superior en 1793. 99 En fin, un sobrino de Francisco Antonio de Zupide y Acuña, Juan Ignacio de la Fuente,

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hijo de Juan, hizo sus primeros pinitos en el Tribunal de Cuentas de México en 1768, antes de terminar su carrera profesional como contador de resultas en el tribunal y obtener la jubilación en 1799 por motivos de salud.100 46

En Lima, Manuel Irrazabal Elcorobarrutia contribuía también a la continuidad de la tradición familiar. Al contraer nupcias con la criolla María Antonia Paz Fiesco, se unió a un linaje cuya presencia en América se remontaba a finales del siglo XVI, agraciado con una escribanía canaria que databa de mediados del siglo XVII. En esa familia más bien cercana a las instituciones religiosas de la colonia —en ella se encontraron varios familiares de la Inquisición, un canónigo y, finalmente, un obispo de Cuzco—, la integración de Manuel Irrazabal Elcorobarrutia significaba la apertura a nuevos horizontes. De sus cuatro hijos, tres ejercieron oficios administrativos y militares en el transcurso de la primera mitad del siglo XVIII, mientras que el cuarto ingresó en las órdenes.

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La notable continuidad de esa familia a la escala del imperio subraya la capacidad de los miembros de un linaje para sacar partido de las posicio nes de poder que ocupaban sus parientes. Es cierto que, con el paso de las generaciones y la ayuda de las distancias, las relaciones familiares tendían a distenderse; pero ello no impidió que los sucesivos nombramientos reales conseguidos por ese linaje, muy particularmente los que tenían que ver con la administración de la Real Hacienda, hayan sido en cada ocasión fruto de las recomendaciones, los apoyos o la competencia adquirida en el seno del grupo. Así, los Elcorobarrutia/Zupide ofrecen el ejemplo de una familia de oficiales imperiales incrustada durante más de 150 años en el real servicio; asimismo, su caso ilustra el grado en que la integración de un inmigrante provisto de relevos familiares en la metrópoli modificó radicalmente la posición de una familia criolla de antigua cepa, y confirma, en fin, la importancia familiar en los cargos administrativos de la Real Hacienda, sin que la venalidad de los oficios, primero, y su abandono, después, interfirieran en ello de manera alguna. Mediante las estrategias familiares se las arreglaron para adaptarse a las restricciones legales impuestas, para escurrirse entre ellas, con el propósito de desviarlas de sus objetivos iniciales, apropiárselas y, finalmente, hacerlas compatibles con sus propios proyectos.

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El segundo de los linajes reconstituidos, el de los Barrenechea/Zaldívar/Berrio, presenta rasgos muy diferentes del anterior, al mismo tiempo que confirma la gran importancia del parentesco. Difiere de aquél en su extensión —por cada generación situada entre 1650 y 1750, contaba con más del doble de individuos—, sus características y sus finalidades. Su característica principal residía indiscutiblemente en la marcada endogamia geográfica del clan Landázuri/Zaldívar: la gran mayoría de sus componentes era originaria, en efecto, de una región que se extiende de Bilbao, al norte, a Bribiesca, al sur, y cuya espina dorsal parece haber pasado sucesivamente por Arciniega, Orduña, Anucita y Nuvilla. A la endogamia geográfica correspondía una fuerte endogamia social. En ese vasto linaje se multiplicaron y sucedieron los regidores de Bilbao —los Erquíñigo, Zugasti, Barrenechea, Gortázar y Bolívar son los principales patronímicos que suministraron responsables municipales a la ciudad durante cerca de dos siglos—, sin contar los alcaldes de los pueblos de la región de los que salieron todos sus antepasados. Los componentes más prestigiosos del grupo se caracterizaban por su gran estabilidad geográfica y social y, en particular, dieron pruebas de una extraordinaria capacidad para transmitir a un heredero, manifiestamente privilegiado a expensas de sus numerosos hermanos y hermanas, la posición familiar en la sociedad local.

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CUADRO V.6. Linaje Elcorobarrutia/Zupide (representación simplificada)

CUADRO V.6. Linaje Elcorobarrutia/Zupide (representación simplificada) (Conclusión)

Leyendas: O = nacimiento; x = matrimonio; † = muerte; / (+ año) = antes de; (año +) / = después de. FUENTES: orden de Santiago, XVIII, 671, 712, 732, 1652, 1852; Guillermo Lohmann Villena, Los americanos en las órdenes nobiliarias (1550-1900), t. 1, p. 202; t. 2, p. 203.

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Los patronímicos más prestigiosos del linaje no dejaban de aceptar puntualmente algunas alianzas con grupos patronímicos manifiestamente más modestos, como parece haber sido el caso de los Zaldívar, los Retes, los Berrio, los Montoya y los Arriaga, con los que esas familias patricias establecieron alianzas matrimoniales ocasionales. Si bien casi todas eran también de la misma región geográfica —la más alejada, la de los Ortiz Landázuri, provenía de la región de Vitoria—, y si bien todas eran o pretendían unánimemente ser nobles,101 no manifestaban la misma estabilidad que las anteriores. Entre esas familias más modestas, algunas de las cuales habían decidido la emigración a América, varios de sus miembros lograron ascensos sociales en ocasiones espectaculares. Tal fue precisamente el caso de los Zaldívar Retes y los Berrio, tres de cuyos miembros intentaron la aventura.102 Su descendiente común, Miguel Ignacio de Berrio y Zaldívar y Retes, nacido en México en 1716, llegó a ser contador superior del Tribunal de Cuentas de esa ciudad en 1740, antes de obtener el título de caballero de Santiago y el de marqués del Jaral de Berrio. Al contraer matrimonio, a su vez, con Ana María de Campa y Cos, heredera del título del conde de San Mateo de Valparaíso, constituyó uno de los más grandes y poderosos linajes de la nobleza criolla mexicana.103

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En tal contexto de voluntad de dominio extremo de la estabilidad y transmisión de las ventajas sociales familiares adquiridas, la endogamia social o geográfica no podía bastar. El complemento indispensable no era otro que la endogamia familiar, cuyos rastros es posible encontrar en el seno de ese vasto linaje. Esos “lazos” aseguraban precisamente la función de estrechamiento de la cohesión familiar debilitada por una extensión lateral demasiado importante. En el linaje de los Landázuri/Zaldívar aparecen dos de esas decisiones características en las que la endogamia social y la geográfica dejan el lugar a la familiar;104 sin embargo, la decisión endogámica no se limitaba únicamente a los miembros del linaje presentes en el entorno geográfico inmediato; muy por el contrario, podía aplicarse a los parientes cercanos que residían lejos del zócalo geográfico del linaje. Cuando así ocurría, la decisión aseguraba la continuidad y la vitalidad de los vínculos familiares con otros parientes más lejanos. Eso es claramente lo que ilustra un tercer “lazo” realizado en ese linaje en ocasión del matrimonio de Diego Pedro Allende Salazar, nacido en 1718 en Bilbao: en 1738 contrajo matrimonio en su ciudad natal con la prima carnal de su padre, Margarita Liberata Gortázar Gandía, ¡nacida en Lima en 1717! Esta última descendía por línea materna de Pedro Vázquez de Velasco, presidente de la Audiencia de Quito, muerto en los años de 1670 en La Plata, por lo que Margarita Liberata era, en el sentido propio del término, una criolla surgida de un grupo de parentesco establecido en el virreinato del Perú desde hacía cuatro generaciones; sin embargo, el hecho de pertenecer a una familia criolla secular no impidió de ninguna manera la realización de su unión en España con su pariente, a la vez cercano y lejano, lo que es una prueba, consecuentemente, de la estrechez de los vínculos familiares mantenidos a pesar de los años y las distancias.

UNA GENEALOGÍA FAMILIAR EJEMPLAR: EL LINAJE MIRANDA/FERNÁNDEZ CANAL

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CUADRO V.7. Linaje Barrenechea/Zaldívar/Berrio

CUADRO V.7. Linaje Barrenechea/Zaldívar/Berrio (Continuación)

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CUADRO V.7. Linaje Barrenechea/Zaldívar/Berrio (Continuación)

CUADRO V.7. Linaje Barrenechea/Zaldívar/Berrio (Continuación)

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CUADRO V.7. Linaje Barrenechea/Zaldívar/Berrio (Conclusión)

NOTA: O = nacimiento; x = matrimonio; † = muerte; / (+ año) = antes de; (año +) / = después de. FUENTES: Orden de Santiago, XVIII, 1119, 1441, 1620, 1779, 1831, 1993, 2011; Orden de Calatrava, XVIII, 69, 127, 183, 338, 339; Orden de Alcántara, 38, y Carlos III, 114; Elenco…, p. 775. 51

La permanencia del parentesco a la escala del imperio descubierta entre ciertos linajes de oficiales de la Real Hacienda pone radicalmente en tela de juicio la existencia de una división profunda en el seno de las élites hispanoamericanas. Así, se hace evidente que la complementariedad entre los dos componentes de las élites permitía superar los prejuicios y las rivalidades que envenenaban la opinión que uno tenía del otro. Finalmente, a uno y a otro lado del Atlántico predominaban las mismas restricciones familiares y de parentesco, que necesariamente desembocaban en comportamientos comparables. El linaje de los Miranda se presenta entonces como uno de esos reveladores de las estrategias familiares, que preservaban la capacidad dinástica para utilizar, generación tras generación, el conjunto de los medios necesarios para la continuidad del grupo en el aparato de la Real Hacienda; porque, en resumidas cuentas, era claramente lo esencial: en su mantenimiento residía la mejor garantía de su participación en el mundo de las élites.

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El conjunto de esa parentela estaba constituido por una treintena de individuos de tres generaciones cuya existencia y cuyos vínculos son conocidos. A él se añade la presencia en cada generación de varios niños de los que se tiene conocimiento, sin que se les pueda atribuir un apellido. Consecuentemente, se trata de un grupo de una buena cuarentena de personas, esto es, un promedio de más de 10 por generación, al que se siguió la pista entre la segunda mitad del siglo XVII y mediados del siglo XVIII. En cada una de las generaciones se encontró al menos un oficial de la Real Hacienda que ejercía principalmente en la ciudad de México, fenómeno notable en el caso de una familia cuyos intereses eran más bien septentrionales; en efecto, la porción más activa y poderosa del grupo de parentesco centraba sus actividades y su atención en la región de Zacatecas y, más ampliamente, en la Nueva Vizcaya, de la que había surgido un buen número de ellos. En un principio, no obstante, los dos componentes familiares que habrían de unirse estaban muy distantes uno del otro. Consecuentemente, su acercamiento progresivo ilustra la función decisiva de las estrategias matrimoniales, que el grupo de parentesco dominaba eficazmente, y la inexistencia del azar en esa operación.

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La primera generación se componía de dos oficiales reales que ejercían su oficio en su medio ambiente respectivo: Melchor de Miranda y Solís compró un oficio de tesorero de la real caja de Pachuca en 1684, mientras que José de Fernández Canal compró una futura en la real caja de México en junio de 1689.105 Nada en apariencia vinculaba a esos dos hombres, que evidentemente no habían surgido del mismo medio: José de Fernández Canal pertenecía a una familia muy rica de comerciantes de la ciudad de México, algunos de ellos, por lo demás, muy conocidos,106 mientras que de Melchor de Miranda y Solís únicamente se sabe que, antes de la compra de su oficio, ejercía funciones subalternas en

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la real caja de Pachuca desde hacía varios años; no obstante, su matrimonio con Manuela Calderón, nacida en Zacatecas, lo acercó a los intereses económicos de la familia del otro oficial real. En efecto, su suegro, el capitán Antonio Calderón, se dedicaba a la explotación de una hacienda de su propiedad en la región;107 al mismo tiempo, una hermana de Melchor de Miranda y Solís, cuyo nombre de pila se desconoce, contrajo matrimonio en los años de 1670 con un pariente de José de Fernández Canal, Gonzalo Antonio de Rosa y Argüelles, también minero de Zacatecas, propietario de una “hacienda de sacar plata de azogue” y, asimismo, teniente del capitán general de la Nueva Galicia. 108 Esos dos matrimonios transformaron radicalmente la situación de los Miranda y Solís: los intereses en bienes raíces que Melchor de Miranda y Solís adquirió en Zacatecas por intermedio de su esposa llegaron a cobrar la suficiente importancia como para que su sobrino, Juan Manuel Argüelles y Miranda, se dedicara a su administración, antes de tener que abandonar la ciudad en 1710 por motivos profesionales; además, debido a las actividades económicas de su cuñado, Melchor de Miranda y Solís se encontró dentro de la esfera de influencia económica, social y geográfica de José de Fernández Canal. Esa complementariedad, de origen fortuito, se fortaleció profundamente en las dos generaciones siguientes. 54

A su muerte, en junio de 1710, Melchor de Miranda y Solís tenía varios hijos; sin embargo, ninguno estaba en condiciones de continuar con el oficio paterno, pues ninguno era mayor de edad. Confiado en su derecho a nombrar a su sucesor —derecho adquirido contra 2 000 pesos en vísperas de su muerte—,109 designó en su oficio a su sobrino de Zacatecas, Juan Manuel Argüelles y Miranda, quien anteriormente había contraído matrimonio con la nieta del primer marqués de Altamira, María Antonia Sánchez de Tagle. La familia de esta última es particularmente bien conocida, puesto que pertenecía al mundo de las élites principales de la Nueva España;110 y se conoce notablemente la intensa actividad económica del linaje, centrada en torno a sus intereses mineros y financieros. El florón de ese linaje era, sin duda alguna, el famoso “banco de plata” instalado en la ciudad de México y alimentado por la producción argentífera del norte del virreinato y que, por lo demás, operaba en estrecha relación con la Real Casa de la Moneda de México, que la familia dominaba a través del oficio de “tallador de la moneda”, comprado por Luis Sánchez de Tagle a finales del siglo XVII.111

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En el momento mismo en que el linaje de los Miranda resolvía eficazmente la transmisión de sus intereses en Pachuca, hacía lo mismo con el cargo de oficial real en México. Ya en 1700, José de Fernández Canal había adquirido también el derecho de transmitir su oficio contra 1 000 doblones;112 y, debido a que su matrimonio no le generó descendencia, designó a su pariente Juan Ignacio Miranda. La relación entre esos dos hombres amerita ser profundizada, puesto que orientó la continuidad del grupo de parentesco en gran medida. José Ignacio Miranda, nacido en Madrid hacia 1685, vivió en concubinato con una hija de la familia Fernández Canal, unión ilegítima de la que, hacia 1710, nació en México un hijo natural bautizado como Juan Ignacio, quien, una vez que su padre lo reconoció, adoptó el patronímico Miranda Canal. Hacia 1711 o 1712, en fin, justo antes de su muerte, José de Fernández Canal designó a su “pariente” como su sucesor y heredero único. Posteriormente, en octubre de 1714, el nuevo oficial real contrajo matrimonio con María Cristina Tristán del Pozo, relación que aseguraba un excelente relevo para la defensa de los intereses del linaje Fernández Canal.

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En efecto, la esposa de José Ignacio Miranda era hija de María Rosa Robiera de Valdés, apodada la Corregidora debido a su primer esposo, Carlos Tristán del Pozo, corregidor de

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Guantitlán. Habiendo enviudado en el transcurso del año 1700, volvió a casarse, ahora con el oidor Baltazar de Tovar, quien falleció a su vez en 1712. Viuda por segunda vez, contrajo matrimonio en terceras nupcias, poco después de 1720, con Manuel Ángel de Villegas Puente, joven peninsular recientemente desembarcado en la Nueva España, entonces oficial subalterno de la real caja de México y futuro oficial real de esa misma caja. Esos matrimonios sucesivos habrían de tener una traducción muy concreta para el grupo: dos de sus miembros ejercieron alternativamente en la real caja matriz de la Nueva España durante cerca de medio siglo, apartando así todas las sanciones, suspensiones y otras prohibiciones impuestas a José Ignacio Miranda.113 57

La eficacia que la rama Villegas Puente supo imprimir a la real caja de México es conocida. En cuanto a José Ignacio Miranda, antes bien que volverse completamente hacia el componente Villegas Puente, no olvidó a su primo lejano y aliado Juan Manuel Argüelles y Miranda, el oficial real de Pachuca, a quien desde 1721 había cedido sus derechos sobre un vínculo en Asturias —región de donde su familia era originaria—, de cuya administración se hacía cargo.114 Lo anterior indica el grado en que, durante alrededor de 30 años, esos tres oficiales reales de un mismo grupo de parentesco que ejercía en dos reales cajas vecinas supieron mantener unas relaciones estrechas, sólidas y fructíferas, de lo que dan prueba los procesos en que se vieron implicados. 115

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La transmisión del relevo entre las dos primeras generaciones se había apoyado tanto en el recurso a la venalidad, que experimentó una oleada precisamente entre 1700 y 1715, como en la sutil utilización de los matrimonios. La desaparición progresiva de la venta de los oficios en el transcurso de los años de 1720 impuso un repliegue sobre las estrategias matrimoniales como único recurso. En 1752, Manuel Ángel de Villegas Puente fue privado de su oficio y ya no pudo mantener su dominio sobre él, a pesar de la fuerte presencia de sus parientes en esa real caja —entre ellos su hijo Manuel Ángel, que ejercía el cargo de oficial segundo—. Por razones muy diferentes, José Ignacio Miranda tampoco logró mantener el oficio en el seno familiar antes de su muerte, acaecida en 1758; a pesar de los seis hijos nacidos de su matrimonio, ninguno prosiguió las actividades paternas en el oficio de la Real Hacienda;116 y, aun cuando se encontró a uno de sus nietos, José Ignacio de Miranda Canal, nacido en 1763 de su hijo natural, en oficios subalternos de la Real Hacienda, es claro que en esa época ya no se trataba de responsabilidades del mismo orden.117

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Consecuentemente, lo esencial parecía ya no residir en ello; la presencia en las reales cajas parece haber perdido en esa época lo fundamental de su interés para el grupo familiar, por lo que el centro de gravedad se desplazó claramente hacia las actividades vinculadas a los Sánchez de Tagle, la rama más encopetada del linaje a la que los matrimonios del oficial real de Pachuca y su hermana los habían integrado; sin embargo, también en ese caso, la continuidad familiar se encontraba puesta en tela de juicio brutalmente por la reforma de la Real Casa de la Moneda, que se aplicó entre 1728 y 1732; en virtud de la reforma, los financieros de los bancos de plata perdieron todo su poder en la Real Casa de la Moneda y se vieron privados de sus oficios. Para los Sánchez de Tagle, la alerta era grave, porque su posición social se debilitó; sin embargo, el matrimonio iba a ofrecerles la solución mejor adaptada al nuevo contexto político administrativo; muy simplemente, una de las hijas de Juan Manuel, Josefa Paula Argüelles y Sánchez de Tagle, contrajo matrimonio con el nuevo tesorero de la Real Casa de la Moneda, Manuel Silvestre Pérez del Camino. Ese castellano, que había ejercido como tesorero de la Real Casa de la Moneda de Segovia, había sido designado para colaborar al establecimiento de la nueva

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institución de México. Al contraer matrimonio, poco después de su llegada, con una descendiente de una de las familias criollas más interesadas en el funcionamiento de la institución, ¡contribuyó a reducir marcadamente el verdadero contenido de la reforma decidida en Madrid!, tanto más cuanto que su presencia en ese oficio no fue de corta duración: en 1740 se encontraba todavía en el mismo oficio, solicitando el derecho de nombrar a un lugarteniente durante sus ausencias.118 Si bien es cierto que su solicitud fue descartada inmediatamente por el fiscal del Consejo de Indias, también lo es que demuestra que las antiguas prácticas se mantenían vivas, ahora en la nueva institución. En efecto, el objetivo de la solicitud del tesorero no tenía nada de secreto: colocar en el oficio más bajo de la jerarquía a aquel a quien, una vez que hubiere terminado su formación y adquirido la experiencia necesaria, le destinaba el oficio que él mismo ejercía. Entonces es cuando el investigador comienza a lamentar la actitud rígida del fiscal, que nos privó del nombre del elegido, aun cuando se puede conjeturar que se trataba de un continuador del grupo de parentesco de los Miranda/Fernández Canal. 60

Esta larga biografía familiar revela la capacidad de las familias para sacar partido de las situaciones y adaptarse a la evolución que imponían la lógica estatal y la administrativa, confirma el lugar que ocupaban los diversos elementos familiares que intervenían en la constitución de las redes de los oficiales de la Real Hacienda e ilustra, en fin, la importancia de la complementariedad socioeconómica y socioadministrativa que se establecía mediante esas estrategias. Lo anterior quiere decir que, si bien las alianzas familiares llegaban a agrupar a dos individuos de posiciones sociales diferentes, incluso alejadas, los beneficios obtenidos, aun cuando no fuesen necesariamente del mismo orden, se compartían equitativamente entre las dos partes. Más puntualmente, esta biografía familiar demuestra también que, en cada generación, un individuo parecía desempeñar el papel decisivo de eje central en esas estrategias: Gonzalo Antonio de Rosa y Argüelles, Juan Manuel Argüelles y Miranda y, en fin, Manuel Silvestre Pérez del Camino ocuparon ese lugar, cada uno a su turno. Lo anterior no quiere decir que hubiesen tenido poder sobre el resto del grupo para imponerles una decisión, pero no por ello fue menos determinante su presencia, tanto en cuanto a la orientación como al mantenimiento de las posiciones del conjunto del grupo familiar. Finalmente, la biografía familiar presentada ilustra la práctica de la transmisión indirecta —tío/sobrino, primo/primo, etcétera— con el propósito de asentar la continuidad del grupo, lo cual se asimila a una fuerte endogamia familiar. Ahora bien, aun cuando no se pueden generalizar esos comportamientos al conjunto del grupo, tampoco se puede dejar de observar la determinante función que esa práctica desempeñó en este caso. La endogamia, en general, en cuanto medio para volver a dar cohesión al grupo, tiene como función centrar al grupo de parentesco en su eje familiar y patrimonial. En cuanto a la práctica de la transmisión tío/ sobrino, presenta en primer lugar el interés de la discreción en la continuidad familiar en los oficios reales; y también permite pensar —aunque en este caso se trate de una hipótesis que exige confirmación— que los descendientes de los oficiales reales que tuvieron éxito en sus estrategias de integración al seno de la élite habrían preferido actividades más relacionadas con su posición de hecho. Consecuentemente, mientras el oficio siguiera siendo una herramienta indispensable, se hacía de tal suerte que no se perdiera, confiándola a un pariente cercano. Más allá de ello, dado que se reducía su interés, se aceptaba más fácilmente alejarse del oficio sin muchos pesares aparentes.

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Así, gracias a su capacidad para anudar relaciones, al mismo tiempo que mantenían la cohesión del grupo, las redes de sociabilidad de los oficiales reales permitían tanto la integración de éstos a una sociedad extranjera como su ascensión social en el seno de la élite criolla. De manera paralela, esos agentes al servicio de la afirmación de la autoridad metropolitana se encontraban convertidos rápidamente en los actores del debilitamiento de dicha autoridad. Ni el abandono de la venalidad de los oficios ni la contratación exclusivamente metropolitana podían nada contra ello: las familias y su lógica interna propia, extrañas a los proyectos reformadores concebidos en Madrid, se convertían en el primer responsable del prolongamiento de las prácticas administrativas condenadas. En ese enfrenta-miento, en esas contradicciones entre intereses familiares e intereses estatales metropolitanos, se debe buscar uno de los principales factores que frenaron eficazmente el establecimiento de los vastos proyectos reformadores del siglo XVIII. Ahora bien, a pesar de su importancia, las redes relacionales de los oficiales de la Real Hacienda no se reducían exclusivamente a los vínculos familiares y de parentesco; sobre todo, las relaciones de parentesco estaban lejos de ser las únicas activas en la génesis, elaboración y estructuración de las redes que ceñían a los oficiales de la Real Hacienda y facilitaban su integración a la sociedad colonial. Al lado de ellas o, más bien, en complementariedad con ellas, venían a injertarse otros elementos que daban a las redes así constituidas toda su amplitud, toda su utilidad y, finalmente, toda su importancia sociales.

NOTAS 1. La bibliografía sobre el tema es copiosa desde hace una treintena de años; sus precursores fueron J. L. Flandrin, P. Laslett y Laurence Stone, en los años de 1970; por su parte, R. M. Netting, R. R. Wilk y E. J. Arnold (coords.), Households, Comparative and Historical Studies of the Domestic Groups, Berkeley, 1984, ofrecen una síntesis de los numerosos trabajos. 2. Las reflexiones que siguen, así como algunos de los ejemplos desarrollados, fueron tomadas de una primera contribución a una obra colectiva llevada a cabo en el marco del grupo de trabajo del GRAL/CNRS sobre las sociedades coloniales mesoamericanas, publicada bajo el título de Pouvoirs et déviances en Méso-Amérique du Arnauld y Frédérique Langue,

XVIe

PUM ,

au

XVIIe

siècles, Michel Bertrand (coord.), G. Baudot, M. C.

Toulouse, 1998, col. Hespéride, 150 pp. (la traducción al

español fue publicada en coedición por Siglo XXI/CEMCA, México, 1998). 3. Sebastián de Covarrubias, Tesoro de la lengua castellana o española [1611], Turner, Madrid, 1977, p. 584. 4. Todos los estudios referentes a la ascensión social en las sociedades del Antiguo Régimen ponen de manifiesto el aspecto colectivo siempre inherente a esas empresas, en las que se corre el riesgo de ver únicamente una yuxtaposición de episodios individuales. La bibliografía sobre esas cuestiones es copiosa y en todas las obras referentes a las élites locales francesas e italianas se ha demostrado la función estratégica de la dimensión relativa al parentesco en esos fenómenos sociales. Sólo a manera de ejemplo, el lector se puede remitir a los siguientes trabajos: Christian Maurel, “Les solidarités lignagéres à Marseille au

XVe

siècle: autour de l’ascension sociale des

Forbin”, Annales ESC, 41, núm. 3, mayo-junio de 1986, pp. 657-681; M. A. Visceglia, “Un groupe social ambigu: organisation, stratégie et représentation des nobles napolitains”, Annales ESC,

204

núm. 4, julio-octubre de 1993, pp. 819-851, y Guy Chaussinand-Nogaret, Histoire des élites en France du XVIe au XXe siècles, Pluriel, París, 1991. 5. Juan Luis Castellano (coord.), Sociedad, administración y poder en la España del Antiguo Régimen, Granada, 1996, y J. Montemayor, “Municipalité et chapitre cathédral au cœur de l’ascension sociale á Toléde (1521-1700)”, en Jean-Pierre Amaine (coord.), Pouvoirs et société dans l’Espagne moderne, Hommage a Bartolomé Bennassar, Toulouse, 1993. 6. En un artículo, Frédérique Langue elabora un balance de las principales orientaciones de las investigaciones en ese campo: “Las élites en América española, actitudes y mentalidades”, Boletín Americanista, año 33, núms. 42-43, Barcelona, 1992-1993, pp. 123-129. Por su parte, en un trabajo más antiguo, si bien de pretensiones más exhaustivas, Fred Bronner establece un estado de las orientaciones, métodos y debates que nutren las investigaciones llevadas a cabo sobre ese tema: “Urban Society in Colonial Spanish America: Research Trends”, Latin American Research Review, vol. 21, núm. 1, 1986, pp. 7-72. 7. David Brading, Miners and Merchants in Bourbon Mexico (1763-1810), Cambridge, 1971. 8. Christiane Klapisch-Zuber, La Maison et le nom. Stratégies et rituels dans l’Italie de la Renaissance, París, 1990; respecto a la cuestión de las redes, se puede ver más específicamente el capítulo 3 de la obra mencionada, en el que se retoma un artículo anterior titulado “Parenti, amici e vicini: il territorio urbano de una famiglia mercantile del secolo 15”, Cuademi Storici, vol. 11, p. 953. En el caso del mundo hispanoamericano, véase los trabajos de Zacarías Moutoukias, “Réseaux personnels et autorité coloniale: les négociants de Buenos Aires au

XVIIIe

siècle”, Annales ESC,

núms. 4-5, julio-octubre de 1992, pp. 889-915; Frédérique Langue, “Pratiques en miroirs: structure, stratégies et représentations de la noblesse en Nouvelle-Espagne”, en Pouvoirs et déviances en Méso-Amérique…, op. cit., y Diana Balmori, Stuart F. Voss y Miles L. Wortman, Notable Family Networks in Latin America, Chicago, 1984. 9. Mark S. Granovetter, “The Strength of Weak Ties”, American Journal of Sociology, vol. 78, núm. 6, 1973, pp. 1360-1380, y Juan Luis Castellano y Jean-Pierre Dedieu, Réseaux, familles et pouvoirs dans le monde ibérique á la fin de l’Ancien Régime, París, 1998. 10. De los 81 contadores del Tribunal de Cuentas, 57 eran externos a la Nueva España, entre ellos, uno nacido en La Habana, en la isla de Cuba. En el caso de los 142 oficiales reales, 112 provenían de la metrópoli y tres de La Habana. Los criollos de la Nueva España únicamente suministraron 52 individuos a las dos instituciones a todo lo largo del periodo. En lo que respecta a la cronología, véase Michel Bertrand, “L’État espagnol et ses officiers aux Indes”, en Mélanges de la Casa de Velázquez, t. XXV, París, 1989, pp. 199-220. 11. En efecto, se contaron 24 metropolitanos que pasaron por esa institución en el ejercicio de diversas responsabilidades durante varios años, lo que les permitió establecer un primer contacto con el mundo americano, para convertirse después en oficiales de la Real Hacienda, esto es, 14 % de los oficiales provenientes de la metrópoli. 12. Entre los metropolitanos que llegaron a ser oficiales reales se contó a dos comerciantes, nueve alcaldes mayores, ocho oficiales subalternos de administración y siete oficiales de administración central trasladados posteriormente a la administración de la Real Hacienda, todos los cuales representaron 20 % de los oficiales de la Real Hacienda metropolitanos. 13. Se encontró a 24 oficiales suplementarios en esa situación, esto es, también 14 % del conjunto, lo cual les facilitó su integración al medio que los acogió. 14. En las distinciones establecidas en este trabajo, se retoman las categorías admitidas en la actualidad y utilizadas por los historiadores de la familia y de la vida privada en el Antiguo Régimen; véase muy particularmente los capítulos 3 y 6 de la obra de Christiane Klapisch-Zuber, La Maison et le nom…, op. cit. 15. A menudo, la infracción a esas reglas comunes mínimas expulsaba del grupo familiar a los que se arriesgaban a cometerla, ya fuese que pertenecieran o no a él por relación de sangre; véase Christiane Klapisch-Zuber, La Maison et le nom…, op. cit., pp. 66-67.

205

16. Jacques Revel (coord.), Jeux d’échelles. La microanalyse á l’expérience, París, 1996, y Giovani Levi, Le pouvoir au village, histoire d’un exorciste dans le Piémont du XVIIIe siècle, París, 1985. 17. Se trata de hermanos o hermanas, cuñados o cuñadas o, también, primos carnales de oficiales de la Real Hacienda que mantenían relaciones con ellos, ya sea como testigos en procesos, como remplazantes en ocasión de sus ausencias, como herederos del oficio que poseían, como representantes de negocios, como legatarios o como ejecutores testamentarios. 18. Michel Bertrand, “Comment peut-on étre créole? Réflexions sur les relations sociales en Nouvelle-Espagne au début du XVIIIe siècle”, Caravelle, Cahiers du monde hispanique et luso-brésilien, vol. 62, 1994, pp. 99-110. 19. Michel Bertrand, “De la richesse en Amérique: la genése des patrimoines familiaux des officiers de finances de Nouvelle-Espagne (XVIIe-XVIIIe siècles)”, Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine, vol. 41-2, París, abril-junio de 1994, pp. 221-236. 20. Patricia Seed, To Love, Honor and Obey in Colonial Mexico. Conflicts over Marriage Choice (1574-1821), Stanford, 1988. 21. John E. Kicza, Colonial Entrepreneurs. Families and Business in Bourbon Mexico City, Albuquerque, 1983. 22. Como las sucesivas esposas de Bernardo Alcalde Romeo, oficial real de Zacatecas. La primera, Felipa Antonia, no era otra que la hija del general Antonio de la Campa y Cos, hermano de Fernando y verdadero señor de la región de Zacatecas a comienzos del siglo Frédérique Langue, Mines, terres et société à Zacatecas (Mexique) de la fin du

XVIII; XVII

e

véase

siècle à

l’Indépendence, Publications de la Sorbonne, París, 1992. Su segunda esposa, Ana María de Betis, casada hacia 1716, era la hija de uno de los principales comerciantes de Zacatecas;

AHEZ,

Notaría

colonial, núm. 15, libro 4, ff. 237 y ss., e información proporcionada en Zacatecas por Bernardo del Hoyo Calzada, quien reconstituyó el conjunto de la genealogía de los Campa y Cos. 23. Como la segunda esposa de Bartolomé de Llerena Ayala, oficial real de Guadalajara, Marcela de Villaseñor, hija de José de Villaseñor, rico terrateniente de la Nueva Galicia: AGI , Audiencia de México, legajo 269, f. 664, y AGI, Escribanía de cámara, legajo 399a, cuaderno 15. 24. A manera de ejemplo se puede tomar el caso de la esposa de José Francisco de Ozaeta y Oro, oficial real de la ciudad de México, Nicolasa Hurtado de Mendoza, que pertenecía a una prestigiosa familia: su padre, José Hurtado de Mendoza, era conde del Valle de Orizaba, regidor perpetuo de México y decano de su cabildo en 1739; su madre, Mariana Graciana de Velasco Vivero y Peredo, era condesa del Valle de Orizaba y vizcondesa de San Miguel; la cuñada del oficial real estaba casada con Teobaldo Gorráez Beaumont y Navarra y su primer hijo llevaba el título de mariscal de Castilla. Se encontró a parientes más o menos alejados que llevaban el apellido de la esposa o el cuñado en el aparato administrativo colonial a todo lo largo del siglo, algunos incluso como integrantes de las órdenes de caballería; ahn, Consejo, legajo 21059, núm. 679, cuaderno 1. Del conjunto de los oficiales de la Real Hacienda, 23 de ellos surgieron de ese medio, el de más altos vuelos. 25. Independientemente de los miembros del Tribunal de Cuentas, el tema de la residencia es aplicable a los oficiales reales de Acapulco, que nunca residieron en el puerto durante el periodo estudiado y se contentaban con desplazarse a él ante el anuncio del arribo de los galeones de Manila. Lo mismo ocurría en el caso de los oficiales reales de Veracruz y de Pachuca. 26. Así, María Antonia Villier y Corral, esposa de Esteban de la Carrera, oficial real de Acapulco, era “primera dama de la virreyna” en el momento de su matrimonio, en septiembre de 1756, en México: AGI , Audiencia de México, legajo 1247. Asimismo, Margarita de Alderete, hija de Luis de Alderete y Soto y de su segunda esposa, Margarita Jáuregui, y esposa de Francisco Antonio de Cuervo y Valdés, pertenecía a una noble familia al servicio del rey en Madrid; Adward K. Flager, “From Asturias to New Mexico, D. Francisco Cuervo y Valdés”, New Mexico Historical Review, vol. 69, núm. 3, julio de 1994, pp. 249-262, y Eloy Benito Ruano, “Nuevos datos biográficos sobre don

206

Francisco de Cuervo y Valdés, fundador de Albuquerque”, Boletín del Instituto de Estudios Americanos, núm. 111, Oviedo, 1984; en esta categoría fueron 20 a los que se encontró. 27. Como la mujer de Lorenzo de la Torre y González de la Gotera, Rosa María Lazo Nacarino, que pertenecía a una familia de esas élites municipales. Su hermano, Juan, y Francisco, un pariente cercano, eran comerciantes importantes del puerto de Veracruz. En cuanto a Juan, poseía un cargo de regidor perpetuo y en varias ocasiones ejerció el oficio de correo mayor como teniente del propietario del oficio: AGI , Escribanía de cámara, legajo 303. En total, 18 esposas de oficiales procedían de esos medios, a las que se pueden agregar las ocho esposas provenientes de familias que poseían oficios de oficial real. 28. Un primer esbozo del análisis sociológico del grupo de los oficiales de la Real Hacienda de la Nueva España se realizó en “Du bon usage des solidarités: Étude du facteur familial dans l’administration des finances de Nouvelle-Espagne (XVIIe-XVIIIe siècles)”, en Robert Descimon, Bemard Vincent y Jean-Frédéric Schaub, Les figures de l’administrateur, institutions, réseaux, pouvoirs en Espagne, en France et au Portugal,

XVIe

et

XIXe

siècles, París, 1997, pp. 43-58. Remítase a las

conclusiones sacadas entonces a partir de una fracción menor de individuos, pero que el enriquecimiento progresivo del corpus ha confirmado. Por lo demás, habiendo ampliado la perspectiva en el presente trabajo, se ha modificado un poco el enfoque inicial que precedió a ese primer estudio. Independientemente de la pertenencia de los oficiales de la Real Hacienda, en este caso se trata de establecer una comparación con respecto a la de sus esposas. Esta decisión impuso una adaptación de los criterios de definición de las categorías, por lo que no permite una comparación término a término con los datos anteriores. 29. Esa estrategia resultó particularmente eficaz con la desaparición de la venta de los oficios, así como la de la venta del derecho de cesión de ese tipo de oficio. A falta de un heredero formado en el entorno paterno, el yerno elegido se convertía en el beneficiario de la atención profesional del titular carente de sucesor. Anteriormente, ese tipo de transmisión del oficio equivalía a considerar el oficio paterno como una dote que se ofrecía a los buenos cuidados del futuro esposo. A pesar de que la venalidad de los oficios no transformaba al oficial en propietario, la posibilidad de la compra del derecho de designación del sucesor facilitaba tales arreglos. 30. Miguel Gerónimo de Ballesteros, contador de cuentas de México, contrajo matrimonio en segundas nupcias con María Josefa de Rada (en ocasiones, el apellido está escrito como Herrada), hija de Francisco de Rada, oficial real de Guanajuato, por lo que él podía encargarse de la glosa de las cuentas de la real caja donde ejercía su suegro. Desgraciadamente no fue posible encontrar su testamento en el AGNM , registrado en México ante Francisco de Quiñones, en junio de 1694, como tampoco el de su esposa, registrado también en México ante Francisco de Valdés, en abril de 1699; sin embargo, se sabe que el contador y su segunda esposa designaron a Francisco de Rada, suegro de uno y padre de la otra, como ejecutor testamentario; véase Eduardo Báez Macías, “Plano y censo de la ciudad de México (1689)”, Boletín del Archivo General de la Nación, vol. 7, núms. 1-2, 1996, pp. 338-339. 31. Así fue como las cuñadas de Luis de Bolívar y Mena, oficial real de Zacatecas, al contraer matrimonio, una, con Pedro de Arteta, que ejercía en la administración real colonial, y la otra, con el minero y comerciante Juan Antonio Montalvo, aseguraron al conjunto del linaje relevos complementarios; véase Louisa Schell Hobermann, Mexico’s Merchants Elite (1590-1660). Silver, State and Sociey, Durham y Londres, 1991, pp. 249-251, y

AHEZ,

Fondo notaría colonial, núm. 12, caja 4,

libros 10 y 12, y núm. 8, caja 3, libro 3. 32. Ismael Sánchez Bella, La organización financiera en las Indias, siglo

XVI,

Sevilla, 1968. La ley

prohibía a los oficiales reales, al igual que a todos los que poseían facultades judiciales, contraer matrimonio con jóvenes nacidas en su circunscripción administrativa y, más concretamente todavía, contraer matrimonio con la hija o la hermana de uno de sus colegas; véase la cédula real del 18 de febrero de 1582, retomada el 12 de mayo de 1619.

207

33. Su solicitud se refería al matrimonio de su hija con el oidor de la Audiencia de Guadalajara, Fernando de Urrutia, nacido en México, y cuñado de su colega de la misma audiencia, José Mesía de la Cerda; véase Mark A. Burkholder y Dewit S. Chandler, Biographical Dictionary of Audiencia Ministers in the Americas, 1687-1821, Westport, 1982, pp. 212 y 336; su hija, nacida en 1700, tenía 13 años en esa fecha: AHEZ, Fondo notaría colonial, núm. 15, caja 1, legajo 2. 34. Basándose en los precedentes creados por dos oidores de la Audiencia de Guadalajara, en particular el de José de Miranda Villaysán, el candidato proponía 2 000 pesos a cambio de la dispensa: AGI, Audiencia de Guadalajara, legajo 92. 35. Informe con fecha del mes de octubre de 1714; ídem. 36. Los documentos notariales encontrados respecto a él, tanto en México como en Zacatecas, prueban, por el contrario, que los 30 años que pasó en esta última ciudad a la cabeza de la tesorería de la real caja habían hecho de él miembro de pleno derecho de las élites locales de ese importante centro minero. Su red de relaciones comprendía cinco oidores de la Audiencia de México, cuatro mineros, entre ellos José de la Borda, quien llegaría a ser su yerno en 1720, y Fernando de la Campa y Cos, conde de San Mateo de Valparaíso, el regidor de la ciudad y comerciante, Agustín de Liz, Juan Lucio de la Carrera, alcalde ordinario, representante de los comerciantes de la ciudad, familiar de la Inquisición y, además, su cuñado, y, en fin, dos miembros del Tribunal de Cuentas, Gabriel Guerrero de Árdila y Francisco Tomás de Zabalza. Entre incondicionales, amigos y socios, el conjunto de esa red constituía un grupo de 27 personas. En lo concerniente a sus bienes, su estimación en ocasión del embargo que efectuó en 1721 el juez Tristán Manuel de Rivadeneyra Luna y Arellano —641 pesos— no engañó a nadie, mucho menos al juez: Martín Nicolás Verdugo de Haro y Dávila había recibido de su segunda esposa más de 22 000 pesos como dote; en 1710, poseía varias propiedades inmobiliarias en la ciudad misma con un valor aproximado de 2 000 pesos, y, sobre todo, era propietario de una curtiduría avaluada en 4 000 pesos y poseía bienes muebles —platería, objetos preciosos, etcétera— por más de 5 000 pesos, así como 9 000 pesos en capitales; en el mismo año de 1710, en fin, tenía en su poder créditos por un valor de 3 700 pesos: idem, y AGNM , notaría 19, libro 132, f. 30. 37. “Representación de los oficiales reales de Guadalajara sobre no poder mantenerse con el salario que gozan”, AGI, Audiencia de Guadalajara, legajo 114. 38. Horst Pietschmann, El Estado y su evolución al principio de la colonización española en América, México, 1989. 39. Véase las páginas 171 y siguientes. 40. Michel Bertrand, “Du bon usage des solidantes…”, op. cit. 41. Idem. 42. Ley 62, título 4, del libro 8 de la Recopilación de leyes de Indias, que reproduce una cédula real del 18 de febrero de 1582, regularmente recordada después. La ley precisaba: “Que los oficiales reales no se puedan casar con parientas de sus compañeros”; véase también Ismael Sánchez Bella, La organización financiera…, op. cit. 43. La carrera profesional del padre de los Villegas Puente está detallada en su Relación de méritos, fechada en 1726

(AGI,

Indiferente general, legajo 165), y se completa mediante sus relaciones de

servicios elaboradas en 1728, que se encuentran en el AGS, DGT, 178-179, así como en AGNM , notaría 307, libro 2111, y notaría 575, libro 3946. La carrera de su hijo se precisa en su Relación de méritos, fechada en 1739, en

AGS, DGT,

180-448, así como en

AGI ,

Audiencia de México, legajo 1971;

AGI ,

Escribanía de cámara, legajo 267a; Eduardo Báez Maclas, “Plano y censo de la ciudad de México (1753)”, Boletín del Archivo General de la Nación, vol. 8, núms. 3-4, 1967, p. 1 089, y AGI , Audiencia de México, legajo 647. La del último representante de la dinastía, en fin, es mencionada por Linda Arnold, Bureaucracy and Bureaucrats in Mexico City (1742-1835), Tucson, 1988, pp. 99-100. 44. A pesar de haber sido un simple oficial subalterno de 1713 a 1730 —amanuense, oficial menor y, en fin, oficial mayor, sucesivamente—, obtuvo del virrey marqués de Casafuerte una afectación

208

de oficial real tesorero interino durante el periodo de suspensión de los titulares entonces en servicio activo, gracias a que gozaba de la protección del oidor de la Audiencia, Pedro Malo de Villavicencio, quien promovía su carrera:

AGI ,

Indiferente general, legajo 257, núm. 78, y

AGI ,

Audiencia de México, legajo 1163. Esos apoyos le abrieron las puertas a un cargo, lo que, en toda lógica, sus estrechas relaciones con el oficial titular suspendido, Francisco de Síscara y Ramírez, habrían debido impedirle: AGI, Escribanía de cámara, legajo 303b, cuaderno 14. 45. Nómina de los señores castellanos, oficiales reales, guardas mayores, oficiales mayores de contaduría y tesorería y escribanos que han havido en este puerto desde el año de 1745 inclusive hasta el de 1766 también inclusive,

AHN,

Consejos, legajo 21463, exp. 3, 17 ff., y legajo 21463, documento 4. Debe hacerse

notar que el fortalecimiento de la presencia del clan Alarcón y Ocaña fue posible gracias a la creación de seis cargos de oficiales inferiores en esa real caja en 1734. 46. O quizá su hermano, pues el documento es impreciso respecto al lazo de parentesco exacto entre los dos hombres: AGI. Audiencia de México, legajo 1163. 47. AGI, Indiferente general, legajo 184, y AGS, 2°-39-254. 48. AGI, Audiencia de México, legajo 1163. 49. AGN, Ramo Inquisición, t. 1 247, exp. 1, y Guillermo S. Fernández de Recas, Aspirantes americanos a cargos de santo oficio: sus genealogías ascendentes, Porrúa, México, 1956. A finales del siglo XVIII, esa circunscripción se componía de 12 pueblos indígenas; Peter Gerhard, Geografía histórica de la Nueva España (1519-1821), México, 1986. 50. AGI, Audiencia de México, legajo 1962. 51. Con todo, es verdad que las decisiones impuestas a la real caja de Veracruz facilitaron todavía más la estrategia de los Alarcón y Ocaña; en efecto, las plazas creadas 10 años antes fueron suprimidas parcialmente en 1744, a solicitud de los propios oficiales reales. Quedó sobreentendido que los subalternos en servicio activo permanecerían en él hasta su muerte y que entonces serían remplazados por oficiales temporales designados de entre sus allegados por los oficiales reales; AHN, Consejos, legajo 21463, documento 4. La confesión del propio contador de la real caja, quien describió los usos en vigor, remontándose hasta 1688, confirma la generalización y continuidad de esa práctica; por lo demás, reconoció que los subalternos de la caja trabajaban sin salario y todos eran de su familia; tampoco tuvo ningún escrúpulo para solicitar mejores posibilidades para la carrera profesional de su primogénito, notablemente a la cabeza de una compañía de infantería: AGI, Audiencia de México, legajo 354. 52. Herbert I. Priestley, José de Gálvez: Visitor-General of New Spain (1765-1771), Berkeley, 1916. 53. AHN, Consejos, legajos 21463, 21464 y 21694. 54. El titular de ese oficio de la aduana del puerto, creado en 1754, verificaba la fidelidad de las relaciones de los cargamentos en comparación con lo que los porteadores descargaban en la playa de Acapulco y también verificaba los cargamentos que después salían del puerto hacia el interior de la Nueva España. 55. AHN, Consejos, legajo 20730, documento 2. 56. AGI, Audiencia de México, legajo 736. 57. El primero era hijo de José de Lanterri, contador de resultas, fallecido unos meses antes; el segundo era hijo de Juan de Urueña, contador ordenador, y, en cuanto al tercero, era un allegado de Gabriel Guerrero de Árdila, contador mayor del mismo tribunal. Informes elaborados por el Tribunal de Cuentas a propósito de la contratación de sus nuevos miembros en enero de 1721 y marzo de 1723: AGI, Audiencia de México, legajos 737 y 733. 58. AGI, Audiencia de México, legajo 1165. 59. AGI, Audiencia de México, legajo 354. 60. Linda K. Salvucci, “Costumbres viejas, hombres nuevos. José de Gálvez y la burocracia fiscal novohispana (1754-1800)”, Historia Mexicana, vol. 32, núm. 130, México, octubre-diciembre de 1983.

209

61. Las relaciones de cargos en contra de los oficiales reales de las reales cajas, así como las sentencias impuestas por el Consejo de Indias como consecuencia de la visita general de José de Gálvez a la Nueva España, se encuentran en el AHN, Sección de Consejos, Consejo de Indias, Virreinato de Nueva España, Sala de justicia/escribanía, legajos 20753, 21008, y 21059, núm. 679, así como en Secretaría, expedientes sueltos, legajos 21694, 21706 y 21806. 62. En el caso del Consejo de Indias, esa práctica, siempre denunciada, ante todo por su inmoralidad —significaba que el rey “vendía” su poder de hacer justicia—, era también la primera causa de la pérdida de autoridad de la metrópoli sobre el imperio. Ésos fueron los argumentos regularmente mencionados en ocasión de las sucesivas nuevas plantas aplicadas en 1692 y 1701, así como del proyecto reformador de 1738-1740: AGI, Audiencia de México, legajos 165 (exp. 55), 327 y 1970. 63. Mark A. Burkholder y Dewit S. Chandler, From Impotence to Authority: The Spanish Crown and the American Audiencias, Columbia, 1977. 64. Faltaría saber si la observación aplicable a los oficiales de la Real Hacienda, a pesar de la especificidad de los oficios que ejercían, podría extenderse al conjunto del aparato administrativo y judicial superior cuando se generalizó el abandono de la venalidad de la contratación después de 1750. En efecto, sería necesario verificar si el fortalecimiento generalizado de la presencia de los peninsulares no se vio fuertemente graduado por la integración de los jueces, quienes, aun cuando venían de la metrópoli, eran poseedores de sólidas redes relacionales locales. A juzgar por la observación simple y rápida de sus decisiones matrimoniales, se puede plantear la hipótesis de que, finalmente, la situación se alejó poco de la que predominaba entre los oficiales de la Real Hacienda; véase Mark A. Burkholder y Dewit S. Chandler, Biographical Dictionary…, op. cit. 65. David Brading, Miners and Merchants…, op. cit. 66. A ese respecto, se puede hacer notar que, en toda la documentación utilizada, el calificativo de criollo es excepcional, por no decir inexistente; únicamente se aplicaba a los esclavos nacidos en América. 67. En consecuencia, se tomarán en consideración los grandes conjuntos regionales peninsulares —antes bien que la estructura en reinos— que, no obstante, explican mejor la unidad del origen geográfico. 68. AGI, Escribanía de cámara, legajo 298, cuaderno 26; legajo 262, y legajo 303, cuadernos 3 y 5. 69. Así, eran 37 oficiales reales los que se encontraban en esa situación, en la que mantenían relaciones estrechas con socios que no pertenecían a su región de origen. 70. En esa categoría únicamente están incluidas las redes que comprendían al menos una decena de individuos distribuidos conforme a los tres grados o círculos de amistad tomados en consideración: amigos, asociados-socios e incondicionales o clientes. En lo concerniente al contenido de esas tres categorías, véase el capítulo vi. Respecto al conjunto del corpus, fue posible reconstituir las redes mínimas de una treintena de oficiales de la Real Hacienda. 71. En total, fueron 18 oficiales reales metropolitanos los que, en diversos momentos de su existencia, mantuvieron relaciones privilegiadas con socios provenientes de la misma región que ellos. 72. Manuel Santiago contrajo matrimonio con una doncella de Mérida y Francisca Antonia se casó con Pedro Antonio de Mendíbil, residente en esa misma ciudad; AHN, Pruebas de los caballeros de Calatrava, legajo 132, núms. 11 989 y 11 990. En cuanto a José Francisco, en 1729 solicitó al Consejo de Indias una dispensa para contraer matrimonio con una doncella de la circunscripción de la Audiencia de México; Mark A. Burkholder y Dewit S. Chandler, Biographical Dictionary…, op. cit., p. 5. 73. Su tío, Manuel de Aguirre y Espinosa, ejercía el oficio de alférez real de México y había adquirido el título de regidor de la ciudad. Por intermediación de su mujer, se había convertido

210

en el heredero del mayorazgo de Juan de Cuevas, que le aseguraba unos ingresos de cerca de 40 000 pesos; AGNM , notaría 570, libro 3935, f. 20, y AGN, Ramo judicial, vol. 23, exp. 29, f. 68. 74. AGI, Audiencia de México, legajos 564 y 568. 75. En particular, le confió su cargo durante los meses en que él mismo ejerció las funciones de gobernador interino de Yucatán, en 1735: AGI , Indiferente general, legajo 148, y AGI , Audiencia de México, legajos 568 y 1972. 76. Es probable que los Barrenechea Zaldívar encontrados en la Nueva España hayan sido originarios de Bilbao. Todo indica, en efecto, que eran parientes cercanos de los Barrenechea de esa ciudad, que dieron muchos miembros a las órdenes de caballería en el siglo XVII y a las instancias municipales de esa ciudad (véase más adelante); sin embargo, la desaparición del AHN del expediente y el expedientillo de José de Zaldívar, quien recibió el título de caballero de la orden de Santiago en los años de 1730, no permitió reconstituir de manera precisa la existencia de algún vínculo familiar. José de Zaldívar tampoco aparece en el repertorio establecido por Vicente de Cádenas y Vicent, Caballeros de la orden de Santiago, siglo XVI, 6 vols., Hidalguía, Madrid. 77. Una cédula real del 2 de noviembre de 1662 les prohibía expresamente partir con los hijos mayores, los yernos y las nueras, y estaban obligados a solicitar una dispensa, la cual, no obstante, les era otorgada muy fácilmente: AGI, Audiencia de México, legajo 610. 78. Sin contar a su esposa, María Andrea de Guzmán, y a sus dos hijos, nacidos de un matrimonio anterior, Manuel y Teresa de Córdova, de 11 y siete años de edad, respectivamente, así como a sus tres hijas, Fausta, Melchora y Bernarda, de seis, cinco y cuatro años de edad, respectivamente; se sumaron a la familia, en fin, dos religiosos, dos capellanes y un médico: idem. 79. Además de su esposa y su hija, Ana Catarina de la Cueva, lo acompañaban Juan de Esta-casolo y Otálora, su secretario y oficial en el secretariado del Consejo de Indias en la Nueva España, tres capellanes, 18 criados mayores y seis pajes, a los que se habían unido todas las familias respectivas; idem. 80. AGI, Audiencia de México, legajo 1158. 81. Eso fue lo que, con medio siglo de diferencia, confiaron dos virreyes, el duque de Albuquerque y el conde de Revillagigedo, en sus solicitudes de licencia de embarque: AGI , Audiencia de México, legajo 1121. 82. En ese terreno, una cédula real del 23 de noviembre de 1680 modificó ligeramente la legislación existente. A partir de la cédula real del 12 de diciembre de 1619 se les había prohibido todo nombramiento de sus parientes hasta en cuarto grado, aun interinamente, a cualesquier cargo de la administración, entre ellos, los de la Real Hacienda, así como los de todos los curatos de su virreinato. Esa cédula real fue recordada con regularidad, notablemente en 1626, 1661 y 1672. A partir de 1680 recibieron la autorización para nombrar de entre sus parientes a los titulares de 12 alcaldías mayores: dos de primera clase —Tepeaca y Oaxaca—, cinco de segunda clase —Teguacán, Miaguatlán, Chalco, minas de Guanajuato y Xochimilco—, cinco de tercera clase —Mestitlán, Vieja Veracruz, puerto de Guatulco, minas de Tonalá, Cilacaycapo y minas de Zultepeque—: AGI, Audiencia de México, legajo 52, ramo 1. Las residencias de virreyes, simplemente consultadas en el

AGI ,

en la sección Escribanía de cámara, aunque no analizadas en realidad,

retomaban casi sistemáticamente la acusación del nombramiento de allegados en cargos no autorizados; a manera de ejemplo, remítase a la residencia hecha al arzobispo de México, virrey interino durante 10 meses, en 1696: el primer cargo admitido en su contra se refería en particular al nombramiento de cuatro parientes en funciones de alcalde mayor o de capitán de la guardia: AGI, Audiencia de México, legajo 233a.

83. Los cuatro habían llegado con él desde España en 1716 y, en los meses que siguieron a su arribo, todos obtuvieron nombramientos de interinos que aseguraron a tres de ellos el beneficio ulterior de una titulación: Juan Manuel Martínez Soria, en Zacatecas legajos 1165 y 1972), Pedro Durán del Moro, en Zimapán

(AGI,

(AGI,

Audiencia de México,

Audiencia de México, legajos 454 y

211

1972) y Manuel Ximénez de Velasco, en Durango

(AGI,

Audiencia de Guadalajara, legajo 118),

mientras que Felipe de Muelas se contentó únicamente con un cargo de contador ordenador interino en el Tribunal de Cuentas durante los seis años de ejercicio de su protector, para dimitir inmediatamente después del anuncio del retorno de este último a España, adonde regresó con él (AGI,

Audiencia de México, legajo 454). Durante el mismo periodo, 25 oficiales de la Real Hacienda

fueron contratados de manera interina por el virrey marqués de Valero. Es verdad que la aplicación de la reforma destinada a combatir el rezago en la glosa de las cuentas significó un alza sensible de las posibilidades de contratación que presentaban. 84. Eduardo Báez Macías, “Plano y censo de la ciudad de México (1689)”, op. cit., p. 152. 85. AGI, Audiencia de México, legajo 166, ramo 2, exp. 29. 86. Por sí sola, la dote representaba “30 000 pesos en reales, muebles y fincas”:

AGI ,

Audiencia de

México, legajo 632. Otro oficial real, Felipe Fernández Pacheco, de la real caja de Pachuca, expresaba en los mismos términos ese mismo sentimiento en el momento en que tomó posesión de su oficio, “lejos de su patria, de su familia y de sus bienes”: AGI, Audiencia de México, legajo 1165. 87. AGI, Audiencia de México, legajo 898. 88. Se trata de Francisco López de la Peña, en servicio activo en la comisaría de Marina de Cádiz y, tiempo después, en mayo de 1766, trasladado a las funciones de tesorero de la real caja de Guadalajara: AGI , Títulos de Indias, 184-221. En 1767 fue cuando dirigió esa queja al Consejo de Indias: AGI, Audiencia de Guadalajara, legajo 431. 89. AGI, Contratación, 5420, núm. 12 y núm. 72. 90. AGI, Contratación, 5474, núm. 1 ramo 9. 91. Eduardo Báez Macías, “Plano y censo de la ciudad de México (1753)”, op. cit., pp. 485-1156. 92.

AHN,

Órdenes militares, pruebas de caballeros de Santiago, exp. 5037, y Eduardo Báez Macías,

“Plano y censo de la ciudad de México (1753)”, op. cit. 93. AGI, Indiferente general, legajo 148, y AGS, Títulos de Indias, 181-195 y 183-375. 94. AGI, Audiencia de México, legajo 1248. 95. Testimonio de José Gil de Gibaja, del 9 de noviembre de 1766, en

AHN,

Consejos (Indias), legajo

20730, exp. 1, ff. 11 a 15, e informe dirigido al Consejo de Indias el 10 de enero de 1767 por los oficiales interinos de la real caja de Acapulco: AGI, Audiencia de México, legajo 1248. 96. En lo concerniente al método utilizado, se basa en el establecimiento de relaciones mediante el programa informático de genealogía Griot Alternative, versión 3.3, entre la filiación de los individuos que ejercieron en la Real Hacienda de la Nueva España. Únicamente los oficiales sobre los que se conoce desde un principio un vínculo personal y familiar con España pueden servir como punto de partida. La herramienta básica necesaria para la reconstitución de los linajes es el conjunto de repertorios genealógicos de las órdenes militares españolas publicados por Vicente de Cádenas y Vicent, útilmente completados por el de Guillermo Lohmann Villena, que sólo se refiere a los caballeros de origen americano. El resultado de esas reconstituciones desemboca en esquemas genealógicos que abarcan un máximo de 200 años; sin embargo, su importante desarrollo lateral hace difícil toda publicación en un marco normal, lo que impone la restitución de genealogías selectivas, representadas por medio de listas sangradas. 97.

AGI,

Audiencia de México, legajo 736;

AGS,

Títulos de Indias, 178-179 y 178-180, y AHN, Órdenes

militares, caballeros de Santiago, exp. 9241 y legajo 199, núm. 17 029. 98.

AGI,

Audiencia de México, legajos 1986, 1165, 1121, 737 y 739;

AGS,

Títulos de Indias, 181-229 y

178-338. 99. AGI, Indiferente general, legajo 177. 100. Era epiléptico; falleció en 1809; idem. 101. Así se les calificaba con regularidad. 102. Se trata de Andrés de Berrio, nacido en Orduña, en 1669, y fallecido en la ciudad de México, en 1726, y de los dos hermanos Zaldívar Retes, Dámaso y Pedro, nacidos en Arcinie-ga, en 1637 y

212

1643, respectivamente, quienes hicieron lo mismo: el primero llegó a ser contador en México, donde tuvo descendencia, aun cuando su esposa y el nombre de sus cuatro hijos nos sean desconocidos, mientras que el segundo, comerciante en plata, llegó a ser regidor de México, en 1680, antes de morir en esa ciudad en 1695. 103. Doris M. Ladd, The Mexican Nobility at Independence, 1780-1826, Austin, 1976, traducción al español del FCE, 1984, y Frédérique Langue, Mines, terres et société à Zacatecas…, op. cit. 104. En 1731, Fernando Cayetano Barrenechea Salazar contrajo matrimonio en Bilbao con María Josefa Castaño Mendieta Leguizamon Begoña; ahora bien, el bisabuelo paterno de Fernando Cayetano, Diego Erquíñigo Zugasti, regidor de Bilbao, había contraído matrimonio en 1641, también en Bilbao, con Ángela de Ocariz, nacida en esa ciudad en 1616. Esta última estaba emparentada con el bisabuelo materno de María Josefa, Francisco de Ocariz, nacido en los años de 1630 en la misma Bilbao; véase Vicente de Cádenas y Vicent, Caballeros de la orden de Santiago…, op. cit., núm. 1993. De la misma manera, en 1769, María Tomasa Orduño Salamanca, nacida en Bribiesca en 1747, contrajo matrimonio con Juan Bautista Allende Salazar, regidor de Bilbao, nacido en 1746. Este último, a su vez, era descendiente, a través de su abuela materna, de los Ortiz Landázuri, con una de cuyas hijas había contraído matrimonio a mediados del siglo XVII su tío bisabuelo Diego Zaldívar Fernández, almirante de la Real Flota y capitán general de la Real Armada. La esposa de este último, entonces, no era otra que la hermana de Antonio Ortiz Landázuri, yerno de Rodrigo Erquíñigo y pariente de Diego Erquíñigo Zugasti; véase Vicente de Cádenas y Vicent, Extracto de los expedientes de la orden de Carlos III, 1771-1847, 13 vols., Hidalgía, Madrid, núm. 144, y Caballeros de la orden de Calatrava que efectuaron sus pruebas de ingreso durante el siglo XVIII, 4 vols., Hidalguía, Madrid, núms. 69 y 183. 105. Relación de los empleos que S. M. ha concedido por servicios pecuniarios a consulta de la Junta de Hacienda de 19 de agosto de 1740, AGI, Audiencia de México, legajo 1970. 106. Esa dinastía, ora llamada Canal, ora De la Canal, ora, también, Canales, comprendía muy particularmente a dos individuos muy poderosos de México en el cambio de los dos siglos: el comerciante Francisco Canal o Canales, fallecido en abril de 1694 en la ciudad de México, quien dejó a su viuda, Juana de Villaseñor Lomelín, un patrimonio superior a un millón de pesos (Antonio de Robles, Diario de sucesos notables, 1665-1703, 3 vols., México, 1972, vol. 3, p. 305), y Domingo Canal o de la Canal, comerciante en plata, quien en 1706 fue electo prior del consulado de la ciudad y, en enero de 1708, obtuvo el título de caballero de la orden de Calatrava;

AHN,

Pruebas de los caballeros de órdenes militares, exp. 418. 107. AHEZ, Notaría colonial, núm. 15, caja 1, libro 3, ff. 310 y ss. 108. AHEZ, Notaría colonial, núm. 15, caja 1, libro 2, ff. 284 y ss. 109. AGI, Audiencia de México, legajo 1972. 110. Doris M. Ladd, The Mexican Nobility at Independence…, op. cit., y María del Carmen Velázquez, El marqués de Altamira y las provincias internas de Nueva España, México, 1976. María Vargas-Lobsinger, “El ascenso social y económico de los inmigrantes españoles: el caso de Francisco de Valdivieso (1683-1743)”, Historia Mexicana, vol. 35, núm. 140, México, abril-junio de 1986, y Formación y decadencia de una fortuna, los mayorazgos de San Miguel de Aguayo y de San Pedro del Álamo, 1583-1823, México, 1992. 111. Idem. Eso es también lo que recordaba el superintendente de la nueva institución a principios del año de 1733, en ocasión de la puesta en práctica de la reforma y de la aplicación de la decisión de indemnizar a los antiguos propietarios de oficios en la Real Casa de la Moneda de México: AGI, Audiencia de México, legajo 550. 112. AGI, Indiferente general, legajo 130, núm. 42. 113. En efecto, José Ignacio Miranda fue suspendido, juzgado y condenado por abusos diversos al menos tres veces: en ocasión de las dos primeras prohibiciones para que ejerciera, el oficial remplazante designado por el virrey fue su suegro, Manuel Ángel de Villegas Puente, y cuando,

213

en 1728, el Consejo de Indias impuso a Miranda una suspensión definitiva, fue el mismo Villegas Puente quien obtuvo inmediatamente el oficio de factor; años después, en 1737, dado que una nueva sentencia decidió su reintegración, su suegro quedó nuevamente en la posición de supernumerario, a la espera de una vacante próxima, que, por lo demás, no tardó; en fin, a partir de 1740 y hasta 1752, año en el que Manuel Ángel de Villegas Puente fue suspendido a su vez por el virrey en el ejercicio de su oficio, los dos ejercieron simultáneamente en la misma real caja: AGI , Indiferente general, legajo 165;

AGI ,

Escribanía de cámara, legajo 267a;

AGI ,

Audiencia de México,

legajos 632, 1971 y 455; AGS, 178-479. 114. AGNM, notaría 307, libro 2111, ff. 62 y ss.; aun cuando la renta anual de esas propiedades era más que módica, pues sólo representaba alrededor de 200 pesos. 115. AGI, Escribanía de cámara, legajos 267a y 270a. 116. Quizás haya que ver la causa del rechazo filial al ejercicio de ese oficio en la caótica carrera profesional de su padre; véase Eduardo Báez Macías, “Plano y censo de la ciudad de México (1753)”, op. cit., p. 832, y AGI, Audiencia de México, legajos 454 y 632; AGI, Escribanía de cámara, legajos 267a y 270a. 117. En efecto, ingresó como tercer oficial a la contaduría general de las “alcabalas y pulques foráneos” de la ciudad de México en 1787 y todavía ejercía ahí en 1808, año en el que aún se mantenía soltero: AGI, Indiferente general, legajo 178. 118. AGI, Audiencia de México, legajo 756.

NOTAS FINALES a. Este criterio se refiere a la pertenencia de un tío que desempeñaba el papel de protector del oficial correspondiente cuando se ignora la actividad paterna.

214

VI. Amistades, compadrazgo y clientelismo

1

A PESAR de la función central que desempeñaban los vínculos de tipo familiar o, más ampliamente, de parentesco en el establecimiento de las redes relacionales de los oficiales de la Real Hacienda, las restricciones que el tiempo imponía reducían su eficacia inmediata. Aun cuando solamente fuese por la relativa lentitud de su establecimiento, relacionada tanto con su funcionamiento como con su renovación de una generación a otra, esos vínculos se inscriben en el marco de una duración relativamente prolongada; situación tanto más verdadera en el caso de este estudio cuanto que es aplicable a los inmigrantes, muchos de ellos privados de todo contacto previo. La demora favorecía la entrada en escena de relaciones de naturaleza diferente, que los oficiales de la Real Hacienda mantenían en su entorno profesional y que no suponían ninguna dilación verdadera para su establecimiento. Dado que se constituían en el marco del ejercicio del oficio, entraban en funcionamiento a partir de que el oficial de la Real Hacienda se hacía cargo de sus responsabilidades, incluso a partir de su nombramiento; pero eso no es todo, ya que en ocasiones podían remontarse a las responsabilidades profesionales anteriores al ingreso al oficio de la Real Hacienda. Lo anterior significa que las relaciones profesionales que los oficiales de la Real Hacienda mantenían respondían a otra lógica, otras restricciones y otros objetivos diferentes a los anteriormente analizados; y, sobre todo, por su mecánica propia, las amistades así anudadas llegaban a completar eficazmente los fundamentos personales y familiares de las redes de relaciones.

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DE LOS GRADOS EN LOS CÍRCULOS DE AMISTADES

FIGURA VI.1. Detalle de los bordados autorizados para los uniformes de los oficiales de la Real Hacienda de la Nueva España a finales del siglo XVIII; Archivo General de Indias, Uniformes, 80, México. 2

El estudio de los lazos de amistad que vinculaban a los individuos se funda muy frecuentemente en una fuente bien conocida por los historiadores de la vida privada: el libro de razón.1 A diferencia del caso de Italia,1 en el de las sociedades hispanoamericanas no se dispone de él, muy particularmente en el caso de las familias, de orígenes modestos en resumidas cuentas, en busca de su integración a las élites de la sociedad colonial y del reconocimiento que estas últimas otorgaban. Ahora bien, a pesar de la inexistencia de ese tipo de documentación, sigue siendo posible, no obstante, reconstituir algunas relaciones de amistad a través de tres fuentes principales. Entre ellas, los testamentos se revelan muy fecundos: el importante lugar que se otorgaba a los asociados con quienes el testador pretendía aclarar sus cuentas todavía en suspenso ofrece un amplio abanico de sus amigos y asociados; además, los testigos y los ejecutores testamentarios vienen a completar a menudo esa galería de nombres ofrecidos a la curiosidad del historiador; y puntualmente, en fin, a falta de descendientes legítimos y naturales, la elección de los herederos, los calificativos utilizados para designarlos y la distribución del patrimonio arrojan luz sobre esas amistades estrechas, aunque diferentes de las anteriores. Por otra parte, el documento judicial ofrece otro punto de vista sobre los amigos o los allegados del oficial de la Real Hacienda: los testigos de descargo, menos íntimos del inculpado que los incluidos en los testamentos, no temían, no obstante, expresarse en su favor en un contexto judicial no siempre sereno; consecuentemente, tanto sus desplazamientos como sus palabras, retranscritas por el escribano de la pesquisa, reflejan, al menos, una complicidad amistosa con el acusado que podía ir hasta una situación de dependencia con

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respecto a él; por lo tanto, el hecho de testimoniar puede llegar a ser sinónimo de pertenencia a alguna red de fidelidad que rodeaba al inculpado cuya causa se iba a defender. Finalmente, los documentos administrativos que catalogan a los fiadores que presentaba todo oficial real a su ingreso al oficio vienen a completar útilmente el panorama de los amigos que se encontraban en su entorno: dado que garantizaban con sus bienes la buena conducta del novel oficial, manifestaban de esa manera la confianza que tenían en él, por lo que, sin que pertenecieran necesaria ni sistemáticamente al círculo de sus íntimos, no por ello dejaban de ser en ocasiones un protector, cuando no un asociado, de quien el oficial real esperaba algún favor o ventaja en el ejercicio de sus funciones. En resumen, tal intersección de puntos de vista hace posible la reconstitución de los vínculos de amistad que rodeaban al individuo enfrentado a la realidad social colonial; y, sobre todo, dado que las diversas fuentes utilizadas corresponden a diferentes esferas —la íntima, la económica y la de las relaciones sociales—, ofrecen una visión tanto más amplia de las amistades contabilizadas cuanto que las sitúan en planos diferentes. 3

La diversidad de la información, al igual que la desigual intimidad que hace palpable, impone al investigador algunas precauciones metodológicas. La naturaleza diversa de los documentos sistematizados significa el establecimiento, en el mismo plano, de relaciones que se expresaban en momentos diferentes en el tiempo. Lo anterior quiere decir que no se puede concluir sistemáticamente que los individuos que se encontraron en el medio de un mismo oficial mantuviesen relaciones entre sí; pero eso no es todo, puesto que la pertenencia a una red de amistades no podía ser fija para siempre: las disputas, las reconciliaciones o la movilidad puntuaban la respiración de todos los vínculos, notablemente las que se basaban en la relación profesional. La exclusividad masculina de las amistades anudadas en ese marco, en fin, elimina la fracción de las relaciones, ilegítimas o no, que fueron sancionadas por el sacramento del matrimonio. Ahora bien, la importancia del concubinato en la sociedad colonial, muy particularmente en los medios urbanos, así como la resistencia a la imposición del modelo familiar tridentino, remiten a un tipo de relaciones que los documentos utilizados no permiten entrever;2 en consecuencia, no es posible dedicarse a la reconstitución exhaustiva de las amistades de un oficial a todo lo largo de su trayectoria en América, sino, más modestamente, a los individuos que se encontraban en su entorno en el momento de las etapas cruciales de su vida profesional, que son su ingreso al cargo y sus litigios con la administración que lo supervisaba o en vísperas de su fallecimiento.

4

Los documentos consultados ofrecen igualmente toda una graduación de ese sentimiento que va de la amistad más o menos ocasional o distendida a una relación estrecha y profunda entre dos individuos. No es posible reflejar fielmente en este texto esa diversidad extrema, ya que se corre el riesgo de una verdadera fragmentación del análisis, por lo que es necesario reagrupar las situaciones percibidas con base en la fuerza de los vínculos que mantenían los individuos.3 Así, el amigo más cercano se encuentra entre aquellos que los documentos calificaban como “amigo íntimo”, que en ocasiones era tanto más allegado del oficial cuanto que vivía bajo el techo de éste, sin que se tratase de una regla sistemática. Dado que mantenía una relación particularmente estrecha, se encontraba en pie de igualdad con el propio oficial real, aun cuando no perteneciera sistemáticamente al mismo medio social. Su amistad implicaba sobre todo una ayuda mutua, de tal suerte que los intercambios de servicios que cultivaban respondían unos a otros y únicamente se saldaban con la desaparición de uno de los asociados. Así, sus intereses personales y profesionales estaban imbricados de tal manera que, en caso de

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caída, el oficial de la Real Hacienda corría el riesgo de arrastrar con él al amigo-asociado. Lo anterior quiere decir que la intimidad de las relaciones que mantenían esos amigos se define mediante una interpenetración muy estrecha de sus intereses en el marco de sus actividades económicas y, más ampliamente, profesionales. Tal estrechez de los vínculos se concretaba puntualmente en la mención de vínculos de compadrazgo, lo que entonces daba a esa intimidad una dimensión espiritual suplementaria particularmente fuerte. 4 A la intimidad de la amistad se añadía entonces una garantía de solidez y fidelidad difíciles de eclipsar. Así, para cada una de las partes presentes, muy en particular para el oficial de la Real Hacienda, tales vínculos complementaban útilmente, al mismo tiempo que lo ensanchaban, el círculo del parentesco consanguíneo o aliado; asimismo, sin confundirse con el clientelismo, del que se distinguía por la inexistencia de la desigualdad en la relación, esa amistad estrecha respondía también a la existencia de intereses comunes entre las partes interesadas. 5

Los socios económicos o financieros del oficial de la Real Hacienda componían otro círculo de amistad. El oficial real elegía preferentemente de entre ellos a sus fiadores, quienes le ofrecían su fianza por un interés bien comprendido y, en contrapartida de los importantes riesgos que corrían, esperaban favores, privilegios y un trato preferencial en sus actividades personales; en consecuencia, la oferta de una fianza funcionaba como una especie de inversión —o apuesta— en el mediano plazo de la que quien la hacía esperaba rendimientos futuros interesantes. Ahora bien, el círculo de los socios —en el sentido puramente mercantil del término— no habría podido limitarse a la decena o quincena de individuos cuya fianza estaba obligado a obtener el oficial real antes de tomar posesión de su oficio; se completaba con todos los individuos, en ocasiones lejanos geográficamente, en relación de negocios con el oficial; consecuentemente, esos amigos-socios comprendían a todos los que, de cerca o de lejos, mantenían y alimentaban los intercambios financieros o comerciales del oficial de la Real Hacienda: acreedores y deudores, corresponsales e intermediarios se relacionaban con él mediante los débiles vínculos de una amistad puramente instrumental, cuyo contenido económico era prácticamente exclusivo.

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El último círculo de las amistades profesionales de los oficiales de la Real Hacienda se inscribe en el marco de las relaciones de clientelismo anudadas por ellos y en torno a ellos; así, la amistad interesada que lo fundamentaba se complementaba con una desigualdad fundamental entre socios, entre el patrón y su cliente.5 En las fuentes utilizadas, el dependiente o “deudo” se encuentra entre los individuos colocados en posición de ejecutores a las órdenes de un superior. En algunos casos privilegiados, el deudo se identificaba con los subalternos que empleaba el oficial de la Real Hacienda; asimismo, al dependiente lo encarnan también todos los criados o ayudantes de que se rodeaba el oficial: aquellos para los que solicitó una autorización de embarque, aquellos que vivían bajo su techo y a quienes alimentaba, y aquellos y aquellas por quienes se preocupaba, dotándolos para asegurar su situación. La característica común a todos esos deudos residía en su obediencia obligada, a falta de lo cual ellos mismos se excluían de la protección que les valía la amistad de su patrón. Entre esos hombres y mujeres de baja condición, en fin, es donde el patrón encontraba a menudo a los agentes de los malos manejos de que él mismo no habría podido encargarse, so riesgo de perder su honor. 6 Por su parte, de manera similar a los dependientes que lo rodeaban, el oficial de la Real Hacienda se encontraba inserto, a su vez, en ese mismo tipo de relaciones con respecto a algún protector que contribuía a cubrirlo en caso de necesidad. La presencia del

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protector, algún alto funcionario real que ejercía indiferentemente en España o en la Nueva España, miembro de las grandes familias de la élite colonial interesadas en el poder que el oficial ejercía a través del oficio, se manifestaba muy particularmente cuando surgían dificultades administrativas para el oficial de la Real Hacienda: las intervenciones judiciales capaces de retrasar o desviar el procedimiento y la puesta en movimiento de la red al servicio del inculpado bajo la forma de nuevas fianzas o testigos de descargo suplementarios, expresan plenamente la protección que ofrecían. Asimismo, las recomendaciones dirigidas a las instancias de autoridad con el propósito de obtener nombramientos, favores, privilegios o promociones completaban la gama de las intervenciones esperadas de parte de un buen protector con respecto a su cliente. Así, el oficial de la Real Hacienda, simultáneamente protector y protegido, se encontraba integrado al corazón de una malla relacional muy compleja, que asociaba a la vez vínculos fuertes y vínculos débiles. En consecuencia, los diversos grados de amistad, así como la desigual intensidad inherente a ellos, permiten comprender el funcionamiento y la finalidad de las redes de sociabilidad de los oficiales de la Real Hacienda en el marco de sus tareas administrativas.

ACTIVIDADES PROFESIONALES Y ASOCIACIÓN ECONÓMICA 7

El estudio de los matrimonios evidenció muy rápidamente la estrechez de los vínculos anudados por los oficiales de la Real Hacienda y el medio económico en el que ejercían. Sin pretender transformar a esos oficiales en intermediarios indispensables para las élites económicas de la colonia, se puso de manifiesto que incluso las más grandes familias no descuidaban la ventaja que representaba la presencia de relevos familiares en esa administración con la que siempre tenían algo que ver. Recuérdese, en efecto, que los oficiales reales recaudaban notablemente todos los impuestos al comercio mantenidos bajo la administración real; se encargaban también del aprovisionamiento de mercurio a los centros mineros; velaban, igualmente, por el buen funcionamiento de los impuestos arrendados a las élites locales, y se encargaban, en fin, de la venta en subasta pública de todos los productos sujetos a monopolio y, más ampliamente, de los productos confiscados en el marco de las actividades comerciales ilegales. Debido a sus responsabilidades, los oficiales de la Real Hacienda —muy en particular los de las reales cajas— eran interlocutores obligados y privilegiados de todos los actores económicos de su respectiva circunscripción.

8

Los motivos para estar en buenos términos con los responsables administrativos locales, poderosos y con influencia directa sobre la vida económica local y regional eran más fuertes entre las élites económicas de menor importancia: dado que eran menos influyentes y, por lo tanto, más dependientes de la buena voluntad de los oficiales reales, el apoyo de estos últimos se revelaba aún más necesario. En ese terreno, la situación de las élites locales de la región de Veracruz parece ser mucho más rica en enseñanzas que la de la capital virreinal para comprender la naturaleza y lo estrecho de los vínculos que anudaban con los oficiales de la Real Hacienda. Durante los años de 1660 a 1770 esa ciudad constituía un conjunto urbano de tamaño muy modesto; a mediados del siglo XVII, apenas contaba con 3 000 residentes, entre los que los españoles no representaban más de 10 %; un siglo más tarde, la población total apenas se había duplicado y para entonces contaba con 8 000 habitantes.7 En realidad, el pequeño centro urbano, puerto exclusivo de la

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Nueva España para el comercio trasatlántico, únicamente se animaba con la nueva de los arribos y partidas de la flota; las ferias que entonces tenían lugar en el puerto hacían confluir en él a todos los agentes comerciales con que contaban México y Puebla, atraídos por los productos europeos o deseosos de dar salida a la producción local. Lo anterior quiere decir que, fuera de esos periodos, hormigueantes de vida y de una intensa actividad comercial, Veracruz permanecía durante largos meses como una gran aldea adormecida; únicamente las amenazas de ataques, lanzadas por los piratas de las potencias europeas rivales, llegaban a sacudir brutalmente a una población pronta al repliegue hacia las tierras del interior. En consecuencia, comparativamente a los otros grandes centros comerciales del virreinato, los comerciantes presentes de manera permanente en el puerto de la Nueva España no eran muy numerosos: a finales del siglo XVIII, a pesar de que el marcado crecimiento demográfico había acompañado a un fuerte desenvolvimiento de las actividades comerciales como consecuencia de la adopción de la nueva reglamentación de 1778, la ciudad todavía contaba con apenas 441 comerciantes censados, esto es, menos de la tercera parte de los presentes en México en la misma época.8 Basándose en esa relación de uno a tres entre el número de comerciantes de las dos ciudades a finales del siglo XVIII —mientras que la nueva situación había favorecido a los centros comerciales regionales a expensas de México—, se puede intentar evaluar la población comerciante de Veracruz durante los años de 1660 a 1780: dado que los comerciantes de México registrados como tales en el transcurso del siglo XVII oscilaban entre 177 y 252, se puede considerar razonable que, durante el mismo periodo, cuando mucho un centenar de residentes de Veracruz se dedicaban a esa actividad. Entre ellos, tomando siempre como referencia la ciudad de México durante el mismo periodo, se puede estimar que apenas más de una veintena manejaba una actividad económica realmente importante;9 y, desde el punto de vista del número de individuos, se puede decir lo mismo de lo reducido de ese sector de actividad en la Veracruz de los años anteriores a 1780, lo que facilitaba en la misma medida la intervención y la presión de los oficiales reales. 9

Con esa intimidad entre comerciantes y oficiales reales, favorecida por su reducido número, fue precisamente con lo que tropezaron de manera sistemática todos los visitadores que tuvieron que intervenir en ocasión de la supervisión de ese puerto. 10 Eso fue lo que ocurrió en los casos de los jueces Juan Miguel de Agurto y Salcedo y Juan de Gárate y Francia en ocasión de las visitas que llevaron a cabo en 1673 y 1675, respectivamente. Al término de una actuación de seis meses, durante la cual los estrechos vínculos entre los oficiales y la élite comercial local le significaron muchas dificultades, el visitador Juan de Gárate y Francia redactó un extenso informe destinado al Consejo de Indias en el que sacaba las conclusiones de una penosa experiencia: según él, uno de los principales obstáculos a su actuación residió claramente en la connivencia y dependencia que los oficiales reales de la real caja habían establecido con sus administrados, haciendo de la obtención de testimonios de cargo una de las más inciertas. Ahora bien, sería engañoso considerar ese testimonio de desaliento bajo la pluma de un comisario particularmente combativo como una excepción; como lo recomendaba más de medio siglo después el virrey Casafuerte a los visitadores despachados a esa misma ciudad, era necesario actuar con discreción y prudencia, con el propósito de salvar ese delicado obstáculo que hasta entonces había anulado los intentos de rectificación: “En el término de 21 años se han librado a la Veracruz ocho [comisiones], unas de sugetos de México, y

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otras de España, y no se ha sacado más que el pésimo efecto que dejan las cosas de peor calidad que se hallaron antes de las pesquisas”.11 10

En ocasiones, por lo demás, la imprudencia o el exceso de celo de algunos de ellos les valieron contratiempos que estuvieron a punto de desembocar en la eliminación física del importuno, como pudo comprobarlo a sus propias expensas Sebastián de Guzmán y Córdoba en abril de 1678. Habiendo enfrentado la revuelta “[…] de la gente de mar con la ynfluencia y oposición que hacía el corregidor y los demás interesados, […] los comerciantes y todos sus apoyos dentro de la Real Hacienda […]”,12 se resolvió a huir para salvar su vida amenazada.13

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La estrechez de los vínculos que mantenían entre sí no pesaba únicamente sobre los visitadores llegados del exterior; se ejercía igualmente sobre los residentes llamados a testimoniar: presurosos por respetar la ley del silencio, muy frecuentemente expresaban sus temores, como Gonzalo Gatón y Valdés, en ocasión de los interrogatorios, los cuales, no obstante, se realizaban sistemáticamente bajo la promesa del secreto. Gonzalo Gatón y Valdés, administrador del galeón Nuestra Señora de Guadalupe, se dedicaba al comercio del palo de Campeche. En el momento de su primer interrogatorio, a principios de enero de 1676, el testigo negó toda realidad a las acusaciones hechas en contra de los oficiales reales de la real caja; y, muy particularmente, afirmó que la práctica del “buen pasage” en favor de estos últimos se reducía a gestos simbólicos sin ningún carácter obligatorio; por su parte, el visitador, Juan de Gárate y Francia, convencido del falso testimonio como consecuencia del registro que se llevó a cabo en la casa de aquél inmediatamente después de su deposición, lo arrojó en prisión. Llamado nuevamente a testimoniar unas semanas más tarde, su tono se había vuelto radicalmente diferente; antes de aceptar testimoniar, solicitaba: “Por el amor de Dios a su merced mire que es un pobre, y que se le va la vida si dice la verdad, y que así quisiera que su merced le amparase porque no se supiese nada de lo que aquí declarase”.14

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La situación que se encontró en el puerto de Veracruz no tenía en realidad nada de excepcional. En todas las pequeñas capitales administrativas provinciales que constituían los asientos de las reales cajas, de Acapulco a Pachuca, de Guadalajara a Zacatecas y de Mérida a Guanajuato, los visitadores tropezaban sistemáticamente con el mismo obstáculo. Y en la propia ciudad de México, a pesar de la mayor complejidad que acompañaba la existencia de la élite, más numerosa y diversa, la presión de las redes de solidaridad y de las fidelidades en que participaban los oficiales de la Real Hacienda contribuía, tanto como en otras partes, a hacer difícil la materialización de las sospechas que pesaban sobre ellos.15

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Sobre la base de esa observación, consecuentemente, se puede admitir el lugar esencial de los vínculos de amistad anudados en gran medida en el marco de las actividades profesionales de los oficiales de la Real Hacienda. Mediante la integración de un oficial real o de un contador del Tribunal de Cuentas de México a una red relacional ya existente, probablemente el grupo que los acogía no actuaba nunca al azar. Y, en lo que respecta al objetivo que se perseguía, se revelaba más o menos idéntico, cualquiera que fuese su lugar de implantación, y tenía por objeto, naturalmente, el fortalecimiento del grupo o, para decirlo con más precisión, el incremento de su eficacia en el medio donde intervenía, valiéndose de los diversos vínculos de amistad, cuya génesis, mecanismos y finalidades es posible reconstituir a través de los documentos.

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Amistad y compadrazgo 14

El primer círculo que rodeaba a un oficial de la Real Hacienda correspondía a todos aquellos que, por diversas razones, consideraba como sus amigos. En primer lugar, los íntimos presentaron como característica el que finalmente eran poco numerosos en comparación con aquellos que componían las otras expresiones de la amistad que el oficial anudaba en el marco de sus actividades; en las redes en que los nombres se contaban por decenas, se trataba muy frecuentemente de unos cuantos;16 sin embargo, no por ello dejaban de desempeñar una función esencial en torno al individuo correspondiente: en el conjunto de las redes reconstituidas, ocupaban posiciones de capital importancia que aseguraban una verdadera multiplicación del sistema. Consecuentemente, esas amistades funcionaban a la manera de las alianzas matrimoniales, asegurando en particular el desenvolvimiento lateral de la red relacional. A través tanto de sus amigos íntimos como de las alianzas matrimoniales establecidas, el oficial de la Real Hacienda enriquecía su parentela, integrando a su red relacional a individuos capaces de ofrecerle, a su vez, apoyos y relevos suplementarios.

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Asimismo, los amigos cercanos presentaban la particularidad de incorporar a individuos relativamente semejantes en lo social. En primer lugar, los amigos del oficial de la Real Hacienda pertenecían al mundo de donde él mismo había surgido. En ese sentido, en ocasiones, esas amistades constituían —muy particularmente para los criollos, aunque de manera más general también para todos aquellos que, aunque metropolitanos, disponían de contactos antiguos con el mundo americano— un verdadero patrimonio familiar del que el oficial sólo era, finalmente, el depositario o, a menudo, en todo caso, el heredero. De esa manera, Juan Antonio de Clavería y Villareales, contador futurario encargado de la administración de las alcabalas de México, pudo beneficiarse del apoyo del virrey duque de Linares para ser contratado como oficial interino en la real caja de México; ahora bien, esa ayuda eficaz le fue otorgada, no en razón de que fuese un deudo del virrey, sino gracias a la antigua amistad que vinculaba a Juan de Clavería, padre de Juan Antonio, con Fernando de Alencastre Noroña y Silva.17 Lo mismo ocurrió en el caso de la solidaridad que vinculaba a Miguel Ignacio Berrio y Zaldívar y Retes con Diego Manuel de Carballido Lozada y Zurita, a pesar de la gran diferencia de edad que los separaba. 18 Desde esa perspectiva, la amistad parece mucho más endogámica socialmente que las propias estrategias matrimoniales de los oficiales de la Real Hacienda. Por lo demás, la homofilia social se reforzaba con los orígenes geográficos compartidos, dado que las amistades estrechas coincidían parcialmente con los vínculos anudados sobre esa base; sin embargo, tanto por su función como por la naturaleza de las relaciones que cultivaban, no sería posible identificar totalmente esos vínculos, ni siquiera superponerlos: a diferencia de las relaciones familiares fundadas en el origen geográfico común, en ese caso no había un desequilibrio entre los socios, sino, por el contrario, una situación establecida sobre la reciprocidad y el equilibrio entre los servicios prestados.

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Con todo, la elección de las amistades que cultivaban los oficiales de la Real Hacienda no se reducía a los amigos que su historia familiar les permitía heredar. Los nuevos amigos del oficial se encontraban mayoritariamente en su mundo profesional: colegas de la Real Hacienda, oficiales de administración, poseedores de oficios municipales, etcétera. Entre los amigos que el oficial distinguía, eran raros los agentes económicos con quienes mantenía una relación de poder o autoridad relacionada con sus atribuciones

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profesionales, con excepción de aquellos surgidos precisamente de su medio profesional; sobre todo, esa amistad estrecha entre gente de un mismo mundo alentaba a menudo al oficial a darle una materialización ritualizada a través del matrimonio de sus hijos. Cuando ello no era posible, en fin, entre esos amigos que había elegido, designaba a su ejecutor testamentario al lado de su esposa y, de ser necesario, a su heredero. Conforme a ese modelo, precisamente, se contabilizó una decena de uniones entre miembros de familias presentes, simultánea o sucesivamente, en la administración de la Real Hacienda de la Nueva España.19 17

Entre las amistades que cultivaban los oficiales de la Real Hacienda en el marco de su actividad profesional se cuentan, en fin, todos aquellos a quienes designaba mediante el calificativo de “compadre”, “compadrito” o, asimismo, “pariente de afinidad”. A diferencia de las amistades anteriores, los compadres de los oficiales de la Real Hacienda aparecen con mucha frecuencia en situaciones socioprofesionales ligeramente menos brillantes: los medios sociales mejor representados son los oficiales subalternos de las reales cajas, los agentes económicos modestos, frecuentemente endeudados con su amigo, y los militares subalternos. Tales amistades llevan a pensar que el compadrazgo era útil a aquellos que buscaban un protector a la escala local, donde, precisamente, las posibilidades eran restringidas, en resumidas cuentas. Dado que eran muy allegados al oficial, ocupaban funciones de confianza a su lado. Ausentes en cuanto tales de los testamentos, que raramente los mencionan, aparecen más bien en los documentos judiciales, a través de las denuncias que presentaron los acusadores. En opinión del acusador y, muy poco después, en la del propio juez, precisar la existencia de un lazo de esa clase entre dos individuos bastaba para demostrar su connivencia. Lo anterior quiere decir que la relación de compadrazgo, examinada a través de los contextos judiciales donde se encontró, establecía entre los actores en estudio una dependencia en la que el interés común prolongaba sistemáticamente el parentesco espiritual. Consecuentemente, no es raro encontrar entre los compadres al lugarteniente, al hombre de paja, al testaferro o, también, al confidente del oficial considerado. Sin que ejerciera exclusivamente esas funciones al lado de su amigo, el compadre se convertía en el individuo capaz de secundarlo, incluso de remplazarlo, en caso necesario, en sus actividades profesionales, tanto legales como ilegales.

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Como se ve, las redes de amistad y las relaciones de compadrazgo que cultivaban los oficiales de la Real Hacienda de la Nueva España asociaban tres situaciones eficazmente complementarias. La primera, inscrita en el marco del medio familiar del que había surgido el individuo, correspondía a un verdadero patrimonio relacional que funcionaba según las necesidades de protección y ayuda solicitadas. En ese contexto, la diferencia de generación es plenamente significativa de las deudas de ayuda mutua acumuladas, que, así, se transmitían de una a otra generación.20 La segunda era el resultado más bien de la solidaridad entre individuos de un mismo mundo cuyos vínculos de amistad terminaban frecuentemente por adquirir un contenido familiar. El compadrazgo, en fin, venía a dar a las redes de amistad una apertura hacia medios sociales con los que no se podría establecer relaciones familiares demasiado estrechas sin riesgo para el prestigio del apellido. En consecuencia, los diversos amigos íntimos de los oficiales reales ofrecían posibilidades infinitas de servicios tanto más importantes cuanto que permitían eludir sin gran riesgo las muy numerosas prohibiciones jurídicas. A esos remplazantes o asociados muy especialmente era a quienes los oficiales de la Real Hacienda confiaban bienes, inversiones y administración patrimonial; a ellos, también, era a quienes designaban para

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que se encargaran de velar por el buen arreglo de los asuntos pendientes; en ellos, en fin, era en quienes pensaban como posibles sucesores en el oficio comprado, si algún infortunio llegaba a impedir que se concretara el nombramiento adquirido. El intenso intercambio de servicios entre amigos favorecía entonces la continuidad de la relación. Es cierto que podían presentarse disputas, a la manera de las que surgen en el seno de una familia; sin embargo, la particularidad de esos vínculos estrechos residía precisamente en su capacidad para superar las crisis y, así, llegar a ser verdaderamente duraderos. En ese terreno, el ejemplo de los azares vividos por la relación íntima entre Manuel Ángel de Villegas Puente padre, oficial subalterno de México, y sus tres colegas, Juan Ignacio de Miranda Canal, Pedro Alejo López de Cotilla y Manuel Ximénez de los Cobos, ilustra la capacidad de los vínculos de amistad para superar los conflictos de importancia. 21 19

La yuxtaposición sucesiva de las amistades particularmente estrechas daba a las redes de los oficiales de la Real Hacienda una estructura original: complementaban útilmente los vínculos de parentesco y por alianza, por lo que desempeñaban una función de pivote entre diversos linajes; eran social y profesionalmente endogámicas en parte, por lo que fortalecían la coherencia del todo; finalmente, eran duraderas y a menudo se prolongaban a la siguiente generación gracias a las alianzas matrimoniales, por lo que ofrecían al oficial de la Real Hacienda una sólida base sobre la que podía construir su proyecto de promoción social. En ese sentido, la amistad estrecha no debe considerarse como desinteresada, aun cuando, como ciertas fórmulas testamentarias lo dejan translucir, pusiera en juego un sentimiento vivo y real; por el contrario, para el oficial de la Real Hacienda, muy a menudo antes de la elección de la alianza matrimonial, los haces de amistades íntimas, prolongados en parte a través de las relaciones profundamente arraigadas en el ejercicio de las actividades profesionales, constituían la primera red relacional que le descubría la realidad local en que entonces se encontraba sumergido.

Amistad y colaboración profesional 20

Debido al tipo de fuentes utilizadas para este estudio, los círculos de relaciones mencionados son indiscutiblemente los que ocupan en ellas el lugar predominante desde el punto de vista numérico. La amistad que les servía de base más o menos clara tiene en su caso un fuerte gusto a asociación con fines lucrativos. En cuanto a la diversidad de las formas de acuerdo que disimulaba, dicha diversidad no impide de ninguna manera el acceso a lo esencial: en todos los casos, la amistad era propiamente interesada. En consecuencia, es evidente que se trataba de una amistad verdaderamente profesional entre socios en la que la estima que se tenían era a todas luces una función, incluso proporcional, de las ventajas mutuas que esperaban de ella. Así es precisamente como se deben entender los mecanismos de las fianzas que los fiadores otorgaban a los oficiales de las reales cajas en el momento de su entrada en funciones. En efecto, estos últimos debían presentar a individuos que los aseguraran con sus bienes por una suma fijada proporcionalmente a la importancia de los movimientos de la real caja de que se tratase. 22 A fin de compartir los riesgos, la fianza que cada fiador proponía no superaba sino excepcionalmente los 2 000 pesos, lo que obligaba al oficial real a encontrar al menos una quincena de nombres. A esos fiadores se sumaban regularmente uno o dos individuos más que aseguraban los plazos que se concedían al novel oficial real para el pago de la “media anata”2, correspondiente a la mitad de los ingresos anuales del oficio. En total, todo nuevo titular debía encontrar en su entorno inmediato cerca de una veintena de personas.

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Con el propósito de llevar a cabo el análisis de las fianzas, se centró la atención en cuatro reales cajas representativas de las diversas situaciones económicas y sociales predominantes en la Nueva España.23 En la gran mayoría de los casos, las garantías fueron otorgadas por individuos sin vínculos preestablecidos con el oficial real asegurado y cuyo rasgo común reside en la reputación de riqueza.24 En todos los ejemplos de que se dispone del conjunto de fiadores de un oficial real, lo que explica su aceptación de los riesgos que corrían era el interés; sin embargo, el comportamiento de los fiadores no podría reducirse a esa simple observación en todos los casos. En realidad, los dividendos que esperaban de las fianzas correspondían a dos actitudes muy diferentes. Una respondía a una verdadera especialización financiera que elegían algunos individuos, generalmente muy ricos. En cada una de las reales cajas tomadas en consideración, se encontraron algunos hombres cuya actividad financiera principal residía en la oferta de fianzas, en especial a los oficiales reales recientemente nombrados. Algunos llegaban incluso a proponer fianzas a oficiales reales que ejercían en diferentes reales cajas, eludiendo así con facilidad la prohibición conforme a la que solamente se podía ser fiador de un oficial real a la vez. 25 Esos verdaderos banqueros, que vivían al abrigo de la Real Hacienda, se aprovechaban de los diversos contactos que tenían en todo el virreinato para hacer fructificar sus negocios, con lo que, al mismo tiempo, distribuían los riesgos. Tanto la estabilidad de su negocio como su capacidad para otorgar fianzas durante toda su vida a varios oficiales reales —a los que, no obstante, se sancionaba regularmente con multas— ilustran la eficacia del sistema.26 A los especialistas de la fianza, poco numerosos, se sumaba una multitud de pequeños fiadores, algunos de los cuales solamente garantizaban sumas a veces muy modestas que no superaban los 1 000 o ni siquiera los 500 pesos. Esos fiadores, que establecían con su cliente una relación estrecha y personal, aparecen siempre como los fiadores de un solo oficial, por lo que no es raro ver que algunos de ellos se transformaban en verdaderos socios comerciales y financieros del oficial real, con quien multiplicaban negocios y ganancias; algunas de las colaboraciones, en fin, se concretaban mediante el establecimiento de vínculos todavía más estrechos, ya se tratase de vínculos de compadrazgo o incluso de alianzas matrimoniales entre hijos o allegados de los dos socios.27

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Entre los cerca de 250 fiadores cuyas actividades profesionales son conocidas, los comerciantes ocupaban un lugar predominante, cualquiera que sea la real caja que se tome en consideración. De Zacatecas a Veracruz, pasando por Guadalajara y México, al menos la mitad de los fiadores ejercía esa actividad. Ahora bien, a pesar de la uniformidad aparente, existían varias graduaciones locales que correspondían con precisión a los contornos socioeconómicos de la región donde ejercían los oficiales reales: el peso de los comerciantes era predominante en México, en cuyo caso representaron las tres cuartas partes de los fiadores identificados, mientras que el resto se diseminaba entre algunos miembros de la administración, tanto real como municipal, y algunos militares. 28 En Guadalajara, al igual que en Guanajuato y Zacatecas, la mina y la tierra compartían por igual la mayor parte de la mitad de los lugares de fiadores dejada por los comerciantes de la región. En cambio, si bien la administración local no estaba ausente entre los fiadores, los militares solamente aparecen de manera secundaria. En Veracruz, por el contrario, los militares superaban la proporción de comerciantes catalogados como tales; ahora bien, aun cuando es cierto que ello reflejaba el peso del fuerte de San Juan de Ulúa en la sociedad regional, también lo es que la observación en bruto debe corregirse por el hecho de que un buen número de “capitanes” o incluso de alférez sólo logra ocultar

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pésimamente al negociante, responsable de galeones mercantes, cuando no pertenecía a la milicia local. Si, consecuentemente, se reclasifica a esos individuos en la categoría de actividad a la que realmente pertenecían, el peso de los comerciantes del puerto se aproxima al que tenían en México. 23

La adecuación entre las actividades de los fiadores y los rasgos predominantes de la economía regional donde ejercían los oficiales reales refleja, para empezar, el interés de los agentes económicos regionales por esa actividad. Dado que les abría de par en par las puertas de las reales cajas, era una promesa de mejores mañanas para ellos desde el punto de vista de privilegios, exenciones o monopolios. En lo que respecta a los oficiales reales, las fianzas que les ofrecían a su llegada al lugar les daban a conocer muy explícitamente las expectativas locales, al mismo tiempo que favorecían su integración a la economía. La superposición casi perfecta entre los intereses económicos de los fiadores y las deducciones que los oficiales de la Real Hacienda debían aplicar a esos mismos agentes económicos permite entrever los arreglos sobre los que desembocaba ineluctablemente la sociedad que establecían en el marco de las fianzas. Las visitas llevadas a cabo y las decenas de testimonios recogidos en ocasión de ellas ilustran los múltiples pequeños arreglos cotidianos, constituidos por privilegios acordados en contra de la norma administrativa. De esa manera, tal minero lograba la autorización para pagar el mercurio fuera de los plazos legales y sin obligación particular, en nombre de su amistad con el oficial real responsable de su distribución; tal otro, aprovechando el mismo acuerdo amistoso con otro oficial real, gozaba siempre del beneficio del aprovisionamiento en el precioso metal, cuya escasez era una de las inquietudes permanentes de los mineros de la Nueva España.29 En otros lugares, los arreglos adoptaban otra forma, pero siempre desembocaban en el mismo resultado. En Veracruz, en particular, las confiscaciones de mercancías que ingresaban ilegalmente alimentaban las existencias de los comerciantes amigos de los oficiales reales, lo que les garantizaba un aprovisionamiento regular. 30

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Ahora bien, esa infinidad de pequeñas ventajas de que se beneficiaban día tras día los que habían apostado a los oficiales reales eran lo de menos, puesto que las fianzas abrían la puerta a una verdadera sociedad entre los oficiales reales y sus fiadores. El ejemplo más acabado que se pudo encontrar es indiscutiblemente el concerniente a Francisco de Síscara y Ramírez, tesorero de la real caja de Veracruz en el transcurso del decenio de 1720, en su asociación con el comerciante en harina Pedro de Roxas,31 sociedad que durante una decena de años les permitió reinar plenamente, sin verdadera oposición, sobre el comercio del puerto de Veracruz, muy particularmente sobre el relacionado con La Habana, por una parte, y con la “carrera de Campeche”, por la otra. Con todo, sin que alcanzaran tal complejidad, muchos otros casos de colaboración entre un oficial real y sus fiadores permitían a todos y cada uno de ellos extraer de la colaboración cómodas ganancias: al ser interrogado en 1739 sobre el caso individual presentado por José Ramón de la Vega y Sotomayor, tesorero de la real caja de Durango de 1713 a 1734, su colega, Antonio de Paniagua Quintela, contador interino desde 1729, ofreció una ilustración convincente de ello. En el marco de la visita ordenada expeditamente en 1736 por el virrey de México como consecuencia de la denuncia que el propio Paniagua Quintela le había dirigido, el testimonio de éste buscaba ante todo, por supuesto, despejar su responsabilidad personal; al hacerlo, ofreció al visitador un análisis muy preciso de las relaciones entre los oficiales reales y las élites económicas locales en el marco de las fianzas que dichas élites ofrecían a los oficiales reales. En particular, su testimonio constituye un excelente ejemplo del efecto negativo que tenían sobre la práctica

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administrativa las fianzas que ofrecían los principales agentes económicos regionales. El conjunto de sus observaciones había sido objeto ya de una primera síntesis llevada a cabo por el fiscal de la Audiencia de México, quien, en el informe que dirigió al Consejo de Indias en mayo de 1737, se hacía eco de las primeras informaciones recogidas por el visitador que había sido designado.32 Consecuentemente, esos dos textos permiten la reconstitución precisa de la sociedad económica entre las élites de la economía local y los oficiales reales. 25

Entre los fiadores de José Ramón de la Vega y Sotomayor, tesorero de la real caja de Durango, se encontraba Marco Ruiz Calderón, minero y alcalde ordinario de la ciudad en 1729. A cambio de su apoyo, el tesorero le suministraba prioritariamente el mercurio, en una época en que se resentía fuertemente la escasez del aprovisionamiento;33 por el contrario, si los otros mineros querían tener acceso al metal, el tesorero les imponía regalías. Además, exentaba a Marco Ruiz Calderón de los derechos del quinto y el diezmo sobre una parte de su producción, exención que representaba 7 000 pesos. Esas exacciones estaban aseguradas en gran medida por la intervención de otro de los fiadores de José Ramón de la Vega y Sotomayor: se trataba de su oficial subalterno, Juan de Lexarde, quien servía como intermediario entre su superior y los fiadores de éste, con quienes compartía la actividad minera. De manera más general, la estrecha amistad del tesorero con la mayoría de los ricos mineros y comerciantes de la región lo transformaba en defensor de los intereses de esa poderosa élite económica.34 En cuanto al propio tesorero, éste, confiado en tales apoyos, actuaba con toda libertad en el marco de sus obligaciones para el mayor beneficio de sus allegados; así, con la complicidad activa de sus subalternos, tomó fondos de la renta de la bula de la Santa Cruzada para sus propias necesidades; 35 y, al mismo tiempo, ayudado por su lugarteniente, Bartolomé de Arrapalo, y de su oficial mayor, Juan de Lexarde, permitió que su amigo, el ensayador Pedro de Garabito, escapara a los impuestos que debió pagar por la compra de su oficio en 1729. 36 Lo anterior indica la importancia que adquirió ese oficial real tanto en su función de valioso intermediario de todos sus aliados como en la de agente económico local.

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Consecuentemente, el sistema de fianzas que esos agentes económicos ponían a disposición de los oficiales de las reales cajas se transformaba en una garantía para la buena marcha de sus propios negocios. En cuanto a los oficiales reales, el prestigio de algunos de sus fiadores les aseguraba incluso una gran libertad de maniobra a expensas de los intereses reales; además, con la obtención del apoyo de los actores económicos poderosos, los oficiales reales se prevenían en contra de las intervenciones o las intromisiones de los poderes locales y municipales, que sus propios fiadores ejercían o dominaban directa o indirectamente. En ese sentido, el sistema de las fianzas se prolongaba entonces, casi inevitablemente, en una colaboración estrecha entre los poderes locales y el representante del poder real. De hecho, en todas las listas de fiadores de oficiales reales reconstituidas se encuentran sistemáticamente regidores, alcaldes o, más generalmente, toda suerte de responsables municipales. En el caso de José Ramón de la Vega y Sotomayor, en Durango, el apoyo de los oficiales municipales contribuyó a facilitarle la tarea en la corrupción del poder en beneficio de sus allegados; apoyo que aprovechó notablemente para obtener una falsificación de parte del alcalde Marco Ruiz Calderón y, así, lograr hacer pasar un pago que realizó este último en lugar de los impuestos que debía Pedro de Garabito por la compra de su oficio.37 Con la garantía de las autoridades locales, el oficial real se convertía en cierta manera en su aliado, mucho más que en su rival. Consecuentemente, la colaboración inevitable entre dos poderes

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concebidos en un principio como antagonistas echaba por tierra inexorablemente la política de supervisión, recaudación y atracción de los flujos económicos destinados a alimentar las reales cajas. Lo único que ponía en tela de juicio el frágil equilibrio logrado eran las disensiones en la repartición de los beneficios esperados, que se reflejaban en enfrentamientos de clanes, o también el arribo inopinado de un recién llegado. Así, por las profundas razones que las motivaban, las denuncias mismas revelan la estrechez de las relaciones que cultivaban los oficiales reales y los poderes locales; tanto más cuanto que, con el pretexto de revelar las dificultades de funcionamiento que habían observado, lo que les permitía hacer alarde de celo sin mucho costo, las redes víctimas y rivales del clan dominante eran las que efectuaban sistemáticamente las delaciones. 27

Como ha podido verse, la obligación de los oficiales reales de presentar fianzas transformaba a sus administrados en socios; sin embargo, los asociados de los oficiales no se limitaban únicamente a los individuos que se encontraban en su entorno inmediato. Tanto por medio de los contratos que comprometían a los oficiales de la Real Hacienda como por medio de los “otorgamientos de poder”, resulta particularmente posible reconstituir esa sociedad profesional que cultivaban los oficiales de la Real Hacienda de la Nueva España a la escala del virreinato y, por lo demás, del imperio. Los documentos notariales permiten reconstituir sus vínculos económicos, todos los cuales sitúan a los oficiales de la Real Hacienda en el centro de una malla relacional particularmente activa. Unos, bajo la forma de contratos, se refieren a relaciones con las finalidades más diversas, tanto económicas como sociales, más simplemente;38 los otros se aplican a la práctica jurídica de los otorgamientos de poder, destinados a permitir que un individuo representara o se hiciera representar en las situaciones más diversas.39 Debido a la multiplicidad de los vínculos de ese tipo que cultivaban los oficiales de la Real Hacienda, fue necesario recurrir a los métodos de sondeo a la escala de las tres ciudades que sirvieron de muestra; sin embargo, la mayoría de los datos encontrados corresponde únicamente a la ciudad de México, porque, con el propósito de no falsear el método, los datos recolectados tanto en el caso de Zacatecas como en el de Guanajuato fueron descartados de manera voluntaria por no ser suficientemente numerosos.40

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CUADRO VI.1. La eleccióon de socios a través de los otogamientos de poder

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A partir de los datos así encontrados, la fracción correspondiente a los otorgamientos de poder representa las dos terceras partes del conjunto de las relaciones reconstituidas. En lo concerniente al objeto de los otorgamientos de poder o de los contratos encontrados, resulta que, en su gran mayoría, tenían como finalidad la económica o la financiera. 41 La importancia de las relaciones de tipo económico anudadas por los oficiales de la Real Hacienda de la ciudad de México en el marco de sus actividades profesionales lleva inmediatamente a interrogarse sobre los individuos contactados. Globalmente, la gran mayoría de esas relaciones se establecía fuera del aparato administrativo de la Real Hacienda (véase el cuadro vi.1); en particular, cuando el oficial de la Real Hacienda era el origen de la relación, el 70 % de los individuos contactados se encontraba en esa situación. Entre ellos, la fracción más importante correspondía a los comerciantes, que representaban cerca de un tercio de los individuos contactados por un oficial de la Real Hacienda de la Nueva España. Tal resultado refleja de manera evidente la apertura de esos oficiales al mundo del comercio y al de las finanzas privadas, lo cual era posible, notablemente, por la práctica de las fianzas. Es cierto que los montos en juego eran muy frecuentemente modestos;42 pero ello no impedía que, gracias a su multiplicación, pudieran representar, en el caso de un mismo oficial, inversiones de varios millares de pesos. Por lo demás, una parte no insignificante de las relaciones que cultivaban los oficiales de la Real Hacienda de la ciudad de México la mantenían también con otros oficiales que ejercían en otros sectores administrativos; entre ellos, aparecen dos tipos predominantes: los oficiales presentes en la administración central, tanto en la virreinal como en la matritense misma, por una parte, y los alcaldes mayores, por la otra.

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CUADRO VI.2. Tipología de los vínculos de los oficiales de la Real Hacienda de la ciudad de México

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El tríptico relacional esbozado por los socios privilegiados de los oficiales de la Real Hacienda de la ciudad de México en el marco de sus actividades profesionales — comerciantes, oficiales de la administración central y alcaldes mayores— correspondía a finalidades muy precisas (véase los cuadros VI.2 y VI.3). Las primeras predominaban en el establecimiento de una verdadera sociedad económica. En ese caso, lo esencial ya no se relacionaba con los pequeños servicios que el oficial se proponía ofrecer a sus socios, haciéndolos beneficiarios de las ventajas, verdaderas y numerosas, que el ejercicio del poder podía representar; se trataba claramente de una sociedad económica en la que intervenía el oficial de la Real Hacienda junto a esos numerosos comerciantes. En realidad, en el caso de las dos terceras partes de los oficiales de la Real Hacienda de la ciudad de México, el oficio que ejercían era tan sólo una pantalla que disimulaba, mal que bien, unas intensas actividades económicas y financieras que, no obstante, estaban prohibidas por su reglamento.43 Así, por intermedio de sus socios comerciantes, los oficiales de la Real Hacienda de la ciudad de México se dedicaban abiertamente a una actividad doble, complementaria, con mucha frecuencia, de sus responsabilidades administrativas. En la prolongación de esas primeras relaciones económicas se situaban las que mantenían con los alcaldes mayores. Estos últimos, cuya intensa actividad económica ya no es necesario recordar, actuaban en su circunscripción como verdaderos derechohabientes de sus mandantes de la capital. Así, dado que se encontraban situados idealmente entre proveedores y distribuidores, los oficiales de la Real Hacienda encargados de asegurar la regulación del comercio interior mediante la deducción de los diversos impuestos y derechos, ofrecían a unos y otros el beneficio de su protección o de su colaboración, indulgentes e interesadas. En lo concerniente a los últimos socios identificados, el contenido de sus relaciones se situaba en un plano completamente diferente. En ese caso, se abandonaba el terreno económico para limitarse a cuestiones más personales de los oficiales de la Real Hacienda; se trataba, muy especialmente, de encontrar entre ellos portavoces que defendieran, ante las autoridades superiores, sus

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intereses profesionales; de ellos era de quienes se esperaba en particular que impulsaran tal demanda de promoción, tal solicitud de distinción, tal petición de ventajas pecuniarias, etcétera. CUADRO VI.3. Relaciones de los oficiales de la Real Hacienda de la ciudad de México a partir de los otorgamientos de poder económico

Note * : Vivian en otras regiones americanas: La Habana (2) y Lima (2).

Hdo. = hacendado; C/F = comerciantes y/o financieros; Admr. = administrador e bienes; C= criollos; M = metropolitanos; NE = Nueva España; E = España. 30

Así, las relaciones complementarias anudadas por los oficiales de la Real Hacienda de la ciudad de México correspondían a las estrategias personales cuidadosamente elaboradas. Los oficiales, que en dos de cada tres casos tenían intereses económicos personales que buscaban hacer valer, desarrollaban sistemáticamente redes de relaciones capaces de hacer fructificar esos intereses. Tanto mediante los contratos como mediante los otorgamientos de poder establecidos entre ellos y el mundo del comercio de la capital virreinal, se transformaban en actores particularmente activos de la vida económica colonial: las redes de amistad profesional de los oficiales de la Real Hacienda, simultáneamente prestamistas y prestatarios, inversionistas y proveedores, les permitían intervenir en ella directamente, abrigándose al mismo tiempo tras las ventajas y privilegios que ofrecía la posesión y el ejercicio del poder; sin embargo, su intensa participación no impedía que los oficiales de la Real Hacienda recordaran que también eran miembros de la administración real. Por esa razón, no descuidaban el cultivar entre

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sus socios profesionales una fracción suficiente que les permitiera promover también ese aspecto de su personalidad. Los oficiales de la Real Hacienda, a la vez prestigiosos representantes de la autoridad real y actores activos de la vida económica colonial, lograban acumular hábilmente el ejercicio y los honores del poder administrativo y la participación en el poder económico; por ese motivo, constituían claramente un componente, específico, es cierto, pero no menos presente en la vida cotidiana, de las élites de la sociedad colonial.

Amistad y dependencia 31

A los círculos relacionales de los oficiales de la Real Hacienda estructurados a partir de sus amigos más cercanos y, además, de su asociación activa con las élites económicas locales, se agregaba, en fin, una última dimensión. Absolutamente todos los vínculos anudados en las situaciones anteriores se fundamentaban en la reciprocidad y complementariedad entre socios situados en pie de igualdad. A gran diferencia de ese tipo de vínculos, los estrechos contactos que establecían sobre la base de una relación jerárquica complementaban, en fin, la gama de los círculos relacionales de los oficiales de la Real Hacienda. El ámbito de expresión predilecto de esos vínculos era su marco profesional, fiel reflejo de una estructura administrativa marcadamente jerarquizada; sin embargo, esas relaciones desbordaban en gran medida el marco administrativo estricto, para condicionar en parte las relaciones de los oficiales de la Real Hacienda con su entorno social, por lo que el conjunto de los vínculos jerárquicos que cultivaban de esa manera constituía una cerrada malla relacional tejida con base en el vínculo que se establecía entre la posesión de algún poder y el clientelismo.

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En la búsqueda de un cargo, los oficiales de la Real Hacienda difícilmente escapaban al sistema de protecciones y recomendaciones, sobre todo después del abandono de la venalidad de los oficios. En efecto, la primacía que se atribuía a la experiencia obligaba a encontrar un protector que estuviese en posición de ofrecer la oportunidad de adquirir esa primera práctica, profundamente valorada. A ese respecto, la función del virrey como protector se revaluó inmediatamente debido a su facultad para nombrar a los oficiales interinos;44 sin embargo, de manera más general, la observación de las relaciones de los oficiales contratados después de los años de 1720 muestra su integración casi sistemática a un grupo de protección presente en el aparato administrativo colonial, pero que no se limitaba al virrey en funciones. Los apoyos podían encontrarse en la metrópoli misma, muy naturalmente en el caso de los metropolitanos que desembarcaban en América una vez obtenido su nombramiento. Tal jefe de oficina de la administración central o tal miembro de algún consejo desempeñaba entonces la función de apoyo con respecto a los candidatos, muy particularmente en el caso de aquellos que ejercían funciones subalternas bajo sus órdenes.45 Las protecciones metropolitanas entraban en juego también en el caso de los candidatos ya residentes en América y recurrían a ellas tanto los criollos como los metropolitanos; en ciertos casos, no obstante, los candidatos preferían realizar el ir y venir, con el propósito de acrecentar sus probabilidades activando ellos mismos directamente esas redes de apoyo muy lejanas.46 En ese caso, las protecciones metropolitanas adquieren un doble significado, que es importante subrayar: principalmente, confirman la existencia de las redes relacionales, que no se limitaban a un entorno geográfico restringido, sino, por el contrario, se desenvolvían a la escala del imperio y, de alguna manera, unían el centro metropolitano con su periferia colonial. Por

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lo demás, esas lejanas protecciones eran por lo general la prolongación de las relaciones correspondientes a un plano relacional específico: el de los vínculos familiares, cuya activación irregular y puntual no impedía ni el recuerdo ni la continuidad. Así, para el oficial que residía en las Indias desde hacía varios años, e incluso para el que había nacido ahí, las relaciones familiares, dilatadas por las distancias y por el tiempo, no cesaban de estar en funcionamiento, al mismo tiempo que se transformaban en vínculos de protección. 33

A los apoyos metropolitanos de unos respondían los apoyos adquiridos en el lugar, en el propio aparato administrativo colonial, diferentes a los que otorgaban los virreyes. A través de las protecciones que los individuos integrados a la estructura administrativa otorgaban a los oficiales de la Real Hacienda, se esboza una verdadera cascada de patrocinios en el seno del aparato de Estado colonial. Dado que no tenía relación con la jerarquía administrativa oficial, dicha cascada de patrocinios ilustra al mismo tiempo una subordinación de hecho entre las instituciones coloniales y la existencia entre estas últimas de vínculos estrechos que ningún organigrama administrativo preveía. El análisis de los otorgamientos de poder con finalidad exclusivamente personal de los oficiales de la Real Hacienda de la ciudad de México contribuye muy útilmente a reconstituir la interconexión entre los diferentes servicios administrativos de la Real Hacienda (véase el cuadro VI.4). Ese tipo de otorgamiento de poder se hacía principalmente a colegas de la administración de la Real Hacienda, lo cual subraya la fuerte coherencia de ese conjunto administrativo en comparación con el resto del aparato burocrático colonial. Tanto su contratación como la capacitación que se requería para pretender a ella acrecentaban su homogeneidad y estimulaban un verdadero espíritu de cuerpo. Asimismo, el recurso mayoritario a los colegas de la misma administración de la Real Hacienda ilustra también la independencia que reinaba en ella. Desde luego, gracias al nepotismo en la contratación de los subalternos de sus respectivos servicios, los oficiales de la Real Hacienda trasplantaban a ella las prácticas de clientelismo en vigor en la sociedad colonial; pero eso no era todo: las relaciones establecidas vinculaban tanto a las reales cajas entre sí como a una real caja con el Tribunal de Cuentas de México, incluso con la contaduría del Consejo de Indias. Las relaciones internas de la administración de la Real Hacienda, establecidas a la escala del imperio, eran en realidad uno de los principales subterfugios de la metrópoli para asegurar su dominio sobre la burocracia de la Real Hacienda, que se disolvía en esas estructuras paralelas y subterráneas. Si, en fin, a esas relaciones que cultivaban los oficiales de la Real Hacienda se añaden las que se situaban en el resto del aparato del Estado, se puede concebir la impotencia de la metrópoli para dominar a sus oficiales coloniales. De esa manera, el miembro de una audiencia o de un capítulo catedral se encontraba con la capacidad para promover eficaz y personalmente a un incondicional al Tribunal de Cuentas de México; a su vez, un contador de este último, un corregidor o, también, un miembro del cabildo municipal de un centro urbano prestigioso actuaban de tal suerte en favor de un candidato a una administración de la Real Hacienda de menor renombre, notablemente una real caja; y este último, en fin, intervenía sobre todo en las contrataciones de la administración regional y local, muy particularmente con respecto a los alcaldes mayores o, también, a sus subalternos.

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CUADRO VI.4. Las relaciones de los oficiales de la Real Hacienda de la ciudad de México a partir de los otorgamientos de poder personales

Note * : Uno de los apoderados fue la esposa de un oficial de la Real Hacienda.

C= criollos; M = metropolitanos; NE = Nueva España; E = España; Hdo. = hacendado; C/F = comerciantes y/o financieros; Min. = mineros. 34

Así, la jerarquía que se establecía sobre la base de la protección que se concedía ofrecía toda la infraestructura necesaria para la colaboración en el seno de la administración fuera de todo marco legal. De esa manera, el sistema del clientelismo desplegaba, tanto entre los diversos sectores administrativos como entre los servicios de una misma administración, una jerarquía y puentes que fluctuaban al arbitrio de las relaciones de dependencia existentes. En su seno, sin que necesariamente desempeñaran los primeros papeles, los oficiales de la Real Hacienda ocupaban sistemáticamente los estratos intermedios, dando al sistema toda su eficacia y dimensión: por la especificidad de sus responsabilidades y actividades, por su implantación geográfica a la escala del virreinato y por su autonomía y su verdadera autoridad, ofrecían a otros hombres administrativamente mucho más poderosos y prestigiosos que ellos la posibilidad de que sus intervenciones fueran efectivas; consecuentemente, dado que estaban colocados en posición de deudos con respecto a esos hombres, los oficiales de la Real Hacienda se veían encargados de ejercer puntualmente sus responsabilidades administrativas al servicio de los intereses de su patrón o protector; en contrapartida, el patrón se obligaba a proteger a su incondicional, ahorrándole los riesgos de la supervisión administrativa.

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Las vivas expectativas recíprocas del patrón y su cliente, tanto afectivas como materiales y concretas, no soportaban la tibieza, las postergaciones o el fracaso. La incapacidad de uno para suscribir a plenitud los compromisos adoptados justificaba inevitablemente la puesta en tela de juicio de los vínculos anudados y la recomposición que entonces tenía lugar. Así, los conflictos abiertos, cuyas huellas guardan los archivos judiciales, tenían muy frecuentemente su origen inmediato en la decepción que sufría y en la frustración que resentía una de las partes y por lo general daban lugar a una denuncia cuya vehemencia sólo era igualada por la afrenta sufrida. De Antonio de López Matoso, oficial mayor de Veracruz, quien en 1742 denunció a sus superiores con una precisión notable, 47 a él mismo jugando al denunciante anónimo en contra del clan Alarcón y Ocaña y pagando por ello un precio muy alto;48 de Juan Isidro Pardiñas Villar, sargento del fuerte de Acapulco, denunciante de sus colegas de la real caja ante el virrey en abril de 1792, 49 a Esteban de la Carrera, factor de la real caja de Acapulco, quien acusó a placer a su colega, el contador Juan Manuel Ramírez de Arellano, ante José de Gálvez; de Isidro Nicolás Pardo de Nájera, quien en agosto de 1733 levantó con golosa delectación el velo que púdicamente se había arrojado desde hacía más de 30 años sobre las irregularidades del origen de la brillante carrera profesional del decano del Tribunal de Cuentas de México, Gabriel Guerrero de Árdila,50 a la cólera de los oficiales reales de la real caja de Zacatecas al descubrir que el entendimiento alcanzado en 1666 por su colega, el tesorero Francisco Gómez Rendón, verdadero amo de la real caja, con el “contador de la visita”, Francisco Lorenzo de San Millán, amenazaba con volverse exclusivamente en contra de ellos, 51 una única motivación profunda guiaba todos los discursos: el odio nacido de una garantía de protección fallida o de la negación de acceso a las ganancias, de las que el denunciante tenía que confesar que las conocía con particular precisión. En cada una de las prolíficas cartas de acusación, los autores desmontaban, con seguridad y rigor de expertos, los mecanismos de la protección basada en el clientelismo que se encontraban en funcionamiento en el marco del sistema administrativo colonial y de las vivas frustraciones resentidas. La repartición injusta de las exacciones deducidas, el retardo en la obtención de una promoción, un apoyo ineficaz o insuficiente en el marco de una acusación hecha por un visitador o por un superior jerárquico, una competencia considerada insoportable cuando se pretendía una distinción, tales eran las motivaciones más frecuentemente confesadas que autorizaban al deudo decepcionado al ejercicio de la delación. Liberado por sus propios actos de toda obligación de reserva con respecto a sus antiguos amigos y protectores en virtud de la violencia de la agresión resentida, no le era difícil encontrar interlocutores atentos a recibir y, después, a transmitir los testimonios registrados. Lo anterior es una indicación del grado en que, a pesar de su vigor, importancia, extensión e intervencionismo a menudo espectacular, la relación de clientelismo dentro de la administración era un medio de acción frágil: aun cuando se encontraba siempre bajo el fuego de las acusaciones de los clanes y las redes de clientelismo rivales, sabía resistir a él con eficacia; sin embargo, ello no impedía que se encontrase sometida a reveses inesperados y difíciles de dominar cuando sobrevenía una ruptura del pacto de clientelismo. Si bien era capaz de alimentar durante años la colaboración silenciosa y eficaz, se diluía en el momento en que surgían denuncias vehementes con consecuencias devastadoras.

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Ahora bien, a pesar de su importancia y de sus repercusiones, la relación de clientelismo que implicaba a los oficiales de la Real Hacienda no se reducía únicamente a los vínculos jerárquicos anudados en el marco preestablecido de las estructuras administrativas del

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Estado español. En ocasión de las visitas o los procesos, los testimonios de descargo recogidos expresaban la solidaridad producto del clientelismo, lo cual ilustra lo estrecho de las relaciones entre los oficiales de la Real Hacienda y su entorno social. En el primer momento, los magistrados establecían las listas de los testigos que ellos mismos designaban para ser oídos. Por supuesto, los testimonios favorables a los inculpados podían ser ya una indicación de los vínculos de amistad que había entre los sospechosos y los testigos. Es verdad que, de manera general, estos últimos se revelan en su gran mayoría favorables a los inculpados, lo cual confirma, ante todo, la fuerte presión que ejercían los oficiales de la Real Hacienda sobre la población en general; sin embargo, la retractación de esos primeros testimonios bajo la fuerza de los convincentes argumentos de los visitadores muestra, antes bien que una dependencia que correspondiera a un vínculo contractual, a unos administrados que muy rápidamente confesaban el temor que los oprimía. En consecuencia, en la lista de los testigos que presentaban los propios oficiales es donde es necesario rastrear la huella de la dependencia con respecto a ellos. En esas listas, que en ocasiones contienen varias decenas de nombres, se encuentran inevitablemente, además de sus amigos más cercanos y sus socios de negocios, los individuos con quienes mantenían contactos más flexibles, pero a quienes movilizaban rápidamente en caso de urgencia. Así, los 57 testigos de descargo que Francisco de Síscara y Ramírez presentó en 1727 en Veracruz permiten reconstituir los diferentes estratos de la solidaridad relacionada con el clientelismo establecidos a todo lo largo de las diversas etapas de su vida profesional: de su periodo como militar en San Juan de Ulúa, había mantenido vínculos de lealtad tanto con jefes militares como con hombres de tropa que desfilaron para proclamar unánimemente su inocencia; fruto de los vínculos anudados en el marco de sus actividades económicas, logró que se desplazaran en su favor algunos de los principales nombres del cabildo —Gaspar Sáenz Rico, Juan Lazo Nacarino, Jacinto de Coto y Lira, Juan Lazo de la Vega, Ambrosio Vidal, Juan Antonio de Esaín y Francisco de Valverde—, con los que, no obstante, se encontraba tanto en competencia comercial como en situación de dependiente, mucho más, en todo caso, que en posición de socio; paralelamente, obtuvo el apoyo de cinco de los responsables de las milicias de los comerciantes de la ciudad —entre ellos, tres alféreces y dos capitanes—; asimismo, fácilmente hizo que se encontrara ante el visitador una multitud de pequeños comerciantes al por menor y artesanos —entre ellos varios panaderos—, todos los cuales se encontraban entre quienes eran sus deudos en el marco de sus actividades comerciales; y, finalmente, el conjunto de los oficiales subalternos de la real caja se presentó ante el visitador para afirmar a una sola voz la integridad de su patrón.52 37

Si se deja el puerto de Veracruz para ir a la capital de la Nueva España, lo que se encuentra es una situación del mismo tipo, adaptada, no obstante, a la realidad humana del espacio en consideración. Al lado de los comerciantes,53 de los responsables de la compañía de milicias de los comerciantes de la ciudad,54 así como de los miembros del cabildo,55 se encontró a cinco escribanos y otros tantos representantes de la Audiencia. 56 Sería fácil, aunque muy fastidioso, repetir la distribución socioprofesional de los testigos oídos de una real caja a otra de la Nueva España. En realidad, a semejanza de lo que ocurría tanto en el caso de los fiadores como en el de las alianzas familiares, a través de los relevos que se revelaban capaces de movilizar en su favor, los oficiales de la Real Hacienda se encontraban plenamente integrados a la sociedad y la economía locales; y donde más regularmente encontraban interlocutores de peso dispuestos a defenderlos era sobre todo entre los miembros de esa élite, muy particularmente la que ejercía las responsabilidades políticas y administrativas. Por supuesto, los apoyos que lograban

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reunir entre los principales actores de la vida económica y social regional no carecían de ambigüedad, como lo explicaba Francisco de Pagabe después de su experiencia americana. El visitador subrayaba el grado en que esas relaciones y apoyos representaban también un reverso de la medalla de gran envergadura para los oficiales reales: su impotencia y su dependencia con respecto a la protección que les otorgaban unos individuos con una enorme influencia.57 Dicho en otras palabras, la dependencia y el clientelismo que integraban a los oficiales de la Real Hacienda a esas redes se desenvolvían en dos direcciones: hacia la parte baja de la sociedad local, transformaban a los oficiales de la Real Hacienda en patrones y protectores; cuando venían de lo alto de la sociedad local, colocaban a los oficiales reales en la posición de deudos; ahora bien, ello no impedía que, a pesar de esa ambivalencia del clientelismo que se desenvolvía en torno a los oficiales de la Real Hacienda, ellos incluidos, lo fundamental residiera con claridad en su inmersión a la realidad local y en su integración a ella al lado de algunos de los principales protagonistas de la sociedad colonial; y, al hacerlo, a través de sus redes de clientelismo, los oficiales de la Real Hacienda podían pensar en asentar su posición en esa sociedad. 38

Así, la movilización de la solidaridad que establecían los oficiales de la Real Hacienda les aseguraba el poder desplazar grandes cantidades de individuos en su favor. Ante los pocos testimonios hostiles atentamente recogidos, el visitador no podía descuidar por completo, sin riesgo para sí mismo y para la prosecución de su visita, esas manifestaciones de apoyo; probablemente las recogía sin una gran convicción, pero ello no impedía que reequilibraran la instrucción en favor de los inculpados y, más tarde, ejercieran un enorme peso en las sentencias finales de los procesos. En efecto, ante las manifestaciones de fuerza del clientelismo, los considerandos muestran a un Consejo de Indias sistemáticamente a la búsqueda del término medio: en ellos se encuentra en lugar prominente la necesidad de restablecer la paz y el orden, perturbados tanto por los abusos de los inculpados como por la diligencia de un visitador demasiado severo. A diferencia de la protección, el apoyo y los relevos que se aseguraba el oficial de la Real Hacienda en el seno de la administración, ese tipo de solidaridad no dudaba en manifestarse: si bien es cierto que, para ser eficaces, los primeros se desenvolvían en el secreto de las oficinas y se ocultaban tras la discreción de la jerarquía administrativa, la segunda requería, por el contrario, una manifestación pública. Unos y otra, cada cual en su especificidad y función claramente delimitadas, se complementaban eficazmente para hacer de las relaciones de clientelismo uno de los fundamentos del ejercicio del poder en la administración de la Real Hacienda colonial.

INTENTO DE TIPOLOGÍA DE LAS REDES DE AMISTAD 39

La treintena de complejas redes de amistad que fue posible reconstituir sobre la base de la trilogía antes definida se organizaba en tres direcciones predominantes. Las primeras se caracterizaban principalmente por su carácter integrador a la escala regional. Debido a la duplicación dentro de la red de los vínculos entre los individuos que compartían ese mismo marco, tales sistemas relacionales ofrecen la apariencia de un repliegue sobre sí, pero en realidad lo que hacían posible era, antes bien, la afirmación del poder regional. La red a que pertenecía el oficial real de Zacatecas, Francisco Gómez Rendón, constituye un buen ejemplo de esos dispositivos integracionistas: era hijo de Sebastián Gómez Rendón y de Ana Sarmiento Rendón, vecinos de la ciudad de México, y probablemente nació en la Nueva España hacia 1620.58 Muy joven, se encontró en el comercio, en el que siguió

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parcialmente los pasos de su padre. En efecto, las actividades de este último se centraban en la región de Zacatecas, donde era minero; y, en esa región, donde el patrimonio relacional familiar era importante, decidió instalarse Francisco. En 1637 residía en Zacatecas, donde se le consideraba como un activo agente comercial y donde sus relaciones económicas, en parte heredadas, eran tan numerosas como variadas. En ese año, habiendo decidido adquirir un oficio de oficial de la real caja, 59 reforzó eficazmente la capacidad de intervención de una red en la que se encontraban estrechamente asociados los actores económicos de la región minera. Así, ellos fueron los que se presentaron como fiadores ante el escribano del cabildo para hacer registrar sus fianzas. En efecto, la minería, el comercio, el transporte y la agricultura eran las actividades económicas locales representadas (véase el cuadro VI.5).60 A esos verdaderos socios de primera hora, se unió el hermano del propio oficial real, Sebastián, minero en Zacatecas, como el padre. En ese estadio, la red que constituía Francisco Gómez Rendón no presentaba nada de muy original: comerciante, hijo y hermano de mineros, en esos medios a los que pertenecía encontró los apoyos para su integración al aparato administrativo local; apoyos de los que se sabe lo que los cesionarios esperaban en forma de beneficios, ventajas y otros privilegios. 40

Con todo, a partir de ese periodo inicial, de la red de Francisco Gómez Rendón surgieron algunos relevos administrativos, en un principio simples complementos de los otros, antes de terminar convirtiéndose ulteriormente en su armazón principal. Entre esas relaciones se encontraban, en efecto, dos oficiales de la Real Hacienda. El primero, José de Múgica Porra, era amigo de la familia: se trataba de un oficial real de esa misma caja, allegado de Sebastián Gómez Rendón hijo, que obtuvo la garantía del padre en el momento del ingreso a su oficio;61 el segundo, José de Arroyo, tesorero en Zacatecas, se propuso para ser uno de los fiadores del nuevo oficial real.62 Esas primeras piedras que prepararon el terreno fueron complementadas progresivamente, en tanto que mantenía los vínculos iniciales anudados con los medios económicos locales. En torno a Francisco Gómez Rendón, él incluido, se desarrolló entonces una estrecha malla de vínculos de amistad, de colaboración económica o de protección que asociaba a esos individuos que ejercían el poder en el plano regional. La piedra angular de ese vasto sistema de poder no era otra que Diego Sánchez de Salas, uno de sus primeros fiadores. Ese rico comerciante de Zacatecas orientó manifiestamente la red que integraba a Francisco Gómez Rendón hacia el dominio del poder local; en primer lugar, se impuso sistemáticamente entre los fiadores de todos los oficiales reales de la real caja de Zacatecas entre 1640 y 1700; 63 asimismo, se descubrió que era amigo muy cercano de Antonio de Salazar, a quien Juan Bautista González del Álamo designó para que lo sucediera en las funciones de oficial real de la misma real caja en 1681;64 a su vez, en fin, decidió convertirse él mismo en administrador de las finanzas del cabildo eclesiástico. Por su parte, Francisco Gómez Rendón no permanecía inactivo: con Luis de Bolívar y Mena, futuro oficial real de la real caja de Zacatecas, anudó una sólida y durable amistad y llegó a ser uno de sus allegados; y lo mismo ocurrió con Gregorio López de Ayala, tesorero en México y, sobre todo, mandatario de la minería de Zacatecas ante la administración virreinal. 65 De esa manera, la asociación económica mantenida gracias a las fianzas adquiridas fundamentalmente mediante la herencia familiar tuvo su prolongación entonces en un verdadero dominio sobre el funcionamiento interno de la real caja; dominio que, sobre todo, se extendía más ampliamente a todas las instituciones de finanzas de la ciudad, tanto reales como religiosas, e incluía un derecho de supervisión sobre la corporación de los mineros.

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CUADRO VI.5. Relaciones de amistad anudadas por Francisco Gómez Rendón, oficial real de la Real Caja de Zacatecas

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Con todo, hay mucho más. Gracias en parte a Diego Sánchez de Salas, Francisco Gómez Rendón encontró los protectores necesarios para la afirmación de su poder sobre la real caja de Zacatecas a partir de los años de 1660. El principal de ellos no fue otro que el tío de Diego Sánchez de Salas, José de Villaroel; éste, alguacil mayor de Zacatecas, y sus parientes cercanos, se contaban entre los hombres más ricos de la ciudad y él era uno de los amigos íntimos de García Manrique de Vargas, corregidor de la ciudad en 1668. 66 Lo anterior es una indicación del poderío de José de Villaroel, cuyas relaciones se extendían hasta la ciudad de México. Por otra parte, Juan Antonio Montalvo desempeñaba más bien una función de protector del linaje de los Gómez Rendón;67 así, habiendo contraído matrimonio hacia 1660 con Juana González de Manjares, hija de un oidor de Guadalajara, le ofrecía la posibilidad de encontrar los apoyos necesarios en esa ciudad; por lo demás, ese vínculo estratégico con la Audiencia de la que dependía Zacatecas se fortaleció hábilmente en la misma época con el matrimonio del amigo de Francisco Gómez Rendón y futuro oficial real, Luis de Bolívar y Mena, con otra hija del mismo oidor; 68 y la presencia, en fin, de un hijo de este último en el oficio de contador de la real caja entre 1680 y 1684 llegó a coronar la estrategia de acercamiento del grupo que dominaba la real caja de Zacatecas con un representante de las autoridades regionales. Confirmando lo estrecho de las relaciones así anudadas con la Audiencia y apoyándose en las que cultivaba su amigo Diego Sánchez de Salas, Francisco Gómez Rendón se acercaba a su vez al clan de los Salazar: en vísperas de su fallecimiento, acaecido en 1687, de entre ese linaje designó a su ejecutor testamentario y heredero universal en la persona de Juan de Salazar, pariente de Antonio de Salazar y alcalde ordinario de la ciudad.69 En lo que respecta a su sucesor, Francisco Mateo de Luna y Arias, no era otro que el hijo de otro oidor de Guadalajara, Gerónimo de Luna y Arias, quien había comprado una futura en 1686.70 El recién llegado,

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que tomó posesión de su oficio en noviembre de 1687, fue atrapado de inmediato por la red a que pertenecía el difunto: entre sus fiadores se encontraba José de Arroyo, quien también lo había sido de su predecesor.71 42

Las diversas relaciones anudadas por Francisco Gómez Rendón en el marco de su oficio, asociadas a su notable longevidad profesional —ejerció sus responsabilidades durante 50 años—, contribuyeron a hacer de él el amo indiscutible de la real caja de Zacatecas durante cerca de una veintena de años. Dado que era el único en ella, a la protección de algunas de las principales familias de la ciudad y de la Nueva Galicia asoció una relación estrecha y diversa con el mundo de la Audiencia de Guadalajara. Ésa es la razón que permite comprender su papel central en el momento de la intervención del visitador Francisco Lorenzo de San Millán: durante esa visita particularmente accidentada, fue él quien se encargó de seducir al intruso en beneficio del grupo. La colusión entre los dos hombres, como se complacieron en denunciarlo inmediatamente varios testigos, era pública y notoria: las diversas dádivas al visitador y a su esposa, las distracciones y los paseos que les ofreció en su vehículo por toda la ciudad contribuyeron útilmente a orientar la visita hacia otros chivos expiatorios.72 La habilidad del oficial real, pronto a satisfacer la avidez del visitador, permitió a su red librarse del asunto a un precio muy bajo: a pesar de que, al comienzo de la operación judicial,73 José de Villaroel se encontraba en una posición delicada, las eficaces intervenciones del oficial real salvaron a su protector. La red pacientemente tejida por Francisco Gómez Rendón en torno a él, sólidamente constituida por la duplicación de alianzas a la escala local y reforzada por los apoyos en el plano regional, demostró toda su eficacia en el contexto más difícil que pudiere concebirse. Es cierto que su coordinador se mostró hábil para embaucar al insaciable visitador y evitó a todos sus miembros las graves molestias que les estaban prometidas; pero, ¿se encontraba en ello lo fundamental? La violenta crisis enfrentada con buen éxito no hizo sino reforzar la influencia del grupo sobre la administración de la Real Hacienda regional, puesto que ni Francisco Lorenzo de San Millán ni los que lo sucedieron a la cabeza de la visita impusieron sanción alguna en contra de ellos; y, a pesar del conocimiento que se pudiera tener de la situación en las altas esferas, gracias a los diversos informes y testimonios de que se disponía, ninguna medida logró poner en tela de juicio el indestructible poder del grupo.

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El segundo modelo de las complejas redes establecidas en torno a los oficiales de la Real Hacienda de la Nueva España se encuentra en la de Pedro Alejo López de Cotilla, uno de los tres oficiales reales de la real caja de la ciudad de México implicados en el interminable proceso del decenio de 1710 al de 1730. Una de sus primeras particularidades reside indiscutiblemente en la amplitud de la red: fue posible identificar como miembros de ella a no menos de una cincuentena de individuos; otra particularidad parecen haber sido las finalidades financieras de que hacía alarde, estrechamente vinculadas con las actividades ilícitas; y un último rasgo, en fin, que subraya su notable diferencia con la red anterior, no es otro que su extensión a la escala del imperio, en estrecha relación con los orígenes metropolitanos de su principal fomentador. La lejana ascendencia del linaje paterno de Pedro Alejo López de Cotilla, originaria de Navalcarnero, en Castilla, se remontaba al valle de Ruesga, en las montañas de Burgos, donde el abuelo, censado entre los hijosdalgo, había ejercido los cargos de alcalde y regidor en varias ocasiones. Su padre, Manuel López de Cotilla, había prolongado esa tradición en Navalcarnero, donde nació en 1646. Esa pequeña nobleza no podía ofrecer un gran porvenir a Pedro Alejo, cuya única ventaja residía en los apoyos familiares en algún

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noble más poderoso;74 entonces, la suerte sonrió al joven adolescente de 14 años cuando, en 1686, Gaspar de la Cerda Sandoval Silva y Mendoza, conde de Galve, recientemente nombrado virrey, lo incluyó en su séquito, que se embarcaba para la Nueva España.75 Ocho años más tarde, hete aquí que era alcalde mayor de Chietla y, más tarde, de Chicontepec, hasta 1701. En una fecha no precisada, se convirtió en tesorero general de la Santa Cruzada,76 oficio que ejerció hasta noviembre de 1705, momento en el que Antonio de Deza y Ulloa lo designó para sucederlo como oficial real de la real caja de México, 77 en la que, a pesar de varias suspensiones temporales en su oficio, se mantuvo en el cargo hasta 1728, fecha en la que su cese fue declarado irrevocable. 44

El metropolitano que era Pedro Alejo López de Cotilla supo cultivar a todo lo largo de su vida en la Nueva España sus estrechas relaciones con el mundo de la corte virreinal y con los gachupines ávidos de riquezas que se mantenían en ella. De esa manera, contrajo matrimonio con una paisana, Isabel Antonia de Villa Septién, del valle de Ruesga, miembro de uno de esos grandes linajes que prosperaban al abrigo de los cargos administrativos; de igual forma, entre sus amigos más cercanos se encontraban algunos de esos inmigrantes que partieron a probar fortuna en la Nueva España, dos de los cuales terminaron por obtener oficios en la Real Hacienda;78 y uno de sus protegidos, en fin, no era otro que su colega, factor igualmente de la real caja de México a partir de 1711, José Ignacio de Miranda Canal, pariente del rico comerciante Francisco Canales (véase el cuadro VI.6).79

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En ese estadio, el comportamiento social de Pedro Alejo López de Cotilla no tenía nada que envidiar al de todo peninsular cuidadoso de mantener la unidad, por no decir la pureza, de su linaje, evitando fundirse con la élite criolla; no obstante, toda la habilidad de Pedro Alejo López de Cotilla residía precisamente en su capacidad para superar las tradicionales contradicciones, haciendo que sus orígenes, apoyos y relevos peninsulares fuesen atractivos a los ojos de esa élite, para el mayor beneficio de todos. En efecto, todos los socios o asociados de negocios que seleccionó se caracterizaban por su complementariedad, independientemente de todo criterio de nacimiento. A los agentes económicos locales —Juan Bautista Nogal, Nicolás Montecuesta y Juan Paredes— se sumaban algunos comerciantes peninsulares, para algunos de los cuales, tal como los “Eminentes de España”,80 Pedro Alejo López de Cotilla no era otro que su lejano corresponsal en la Nueva España. Tanto entre los primeros como entre los segundos, el oficial real encontró un gran número de fiadores en el momento de su ingreso al oficio, en 1705.81 Dado que varios de ellos disponían de sus propias redes de relaciones, las conexiones que se hicieron posibles por intermedio de Pedro Alejo López de Cotilla multiplicaron su eficacia. Venían a sumarse a ellas, en fin, varios militares, algunos de ellos afectados a los puertos de la Nueva España, pero cuya principal función era en realidad la actividad comercial y financiera.82

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CUADRO VI.6. Relaciones de amistad anudadas por Pedro Alejo López de Cotilla, oficial real de la Real Caja de México

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Un último rasgo daba toda su amplitud a la red que coordinaba el oficial real de México: su capacidad para introducir en ella a representantes de diversas instancias administrativas, tanto en España como en la Nueva España. Es verdad que, en ese terreno, Pedro Alejo López de Cotilla disponía de ventajas de las que no se privaba: sus primos Cornejo desempeñaron en ella una función decisiva en lo que respecta al Consejo de Indias. Francisco Cornejo, teniente general, en 1710 obtuvo el título de caballero de Santiago por los servicios prestados;83 y, gracias a su intermediación, dos miembros del Consejo de Indias fueron integrados útilmente a la red de su pariente expatriado: Tomás de Sola y Soto y Juan Antonio de Peñaranda.84 Francisco López de Larrea, contador de la casa del conde de Moctezuma, constituía, en fin, el último relevo madrileño de la red; por intermediación de ese hombre en particular, que ejercía como agente de negocios en Madrid, Pedro Alejo López de Cotilla trató de defender su causa cuando la acusación contra él fue presentada en esa ciudad.

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En lo concerniente al aparato administrativo de la Nueva España, tampoco se descuidó, por supuesto. Uno de sus principales ejes era Manuel San Juan de Santa Cruz, vizcaíno de Barrieta llegado a la Nueva España en 1695 bajo los auspicios de su hermano mayor, Francisco San Juan de Santa Cruz, tesorero de la real caja de Veracruz desde 1707. Manuel, que era soldado y residía en la ciudad de México, había obtenido el título de caballero de la orden de Santiago en 1711, antes de convertirse en gobernador de la Nueva Vizcaya en 1719.85 En calidad de mandatario de su hermano Francisco, contrajo matrimonio con la hija del oidor Francisco de Saraza y Arce;86 y, como complemento de esa puerta a la Audiencia, Pedro Alejo López de Cotilla se benefició directamente con una relación de asociación-protección con otro oidor de México, Ambrosio Tomás de Santaella y Melgarejo.87 Un segundo relevo importante lo tenía por medio de un íntimo de Pedro

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Alejo López de Cotilla, Juan Manuel de Santelices, quien, siendo oficial de la real caja de Veracruz desde 1714, estrechamente asociado a los negocios administrados en ese puerto por su colega Francisco de Síscara y Ramírez, del que era uno de los socios, 88 no por ello dejó de residir en la ciudad de México, antes de ser relevado de sus funciones con ese pretexto;89 por su intermediación, se ofreció a Pedro Alejo López de Cotilla un patrocinio suplementario —el de Andrés de Liziaga Zavala, contador del Tribunal de Cuentas de México y protector de su amigo—, así como nuevos contactos comerciales —en Veracruz, en particular, con Gaspar Sáenz Rico—.90 48

Pedro Alejo López de Cotilla, protegido que fue de varios virreyes sucesivos, de algunos oidores y contadores del Tribunal de Cuentas, disponía para sí mismo, en fin, de algunos agentes para sus malos manejos en el marco de sus atribuciones. Esa función correspondía a varios deudos, muy frecuentemente oficiales subalternos de la administración real. Juan Bautista de Marichalar, español y oficial segundo de uno de los servicios de la real caja, Gaspar de Arredondo, y, también, Francisco de Paredes, oficial subalterno en la administración real, se asemejaban al tipo del criado, un pobre diablo completamente servil, ya que dependía totalmente de su amo: el primero ejercía como verdadero esbirro de su patrón; en lo concerniente a los otros dos, se desempeñaban sobre todo en la función de testaferros en las transacciones comerciales de su amo. No ocurría lo mismo en el caso del último leal, Pedro de Larburu y Mora, rico financiero a la cabeza de una cómoda fortuna valuada en más de 230 000 pesos en 1739: era propietario de haciendas estimadas en 210 000 pesos y poseía también una casa en México, calificada como principal, pero cuyo emplazamiento y valor se ignoran; y, sobre todo, en el transcurso de los años de 1730, época en que seguía siendo oficial superior de la real caja de la ciudad de México, tomó solo el arrendamiento de dos reales rentas en esa ciudad — la de los naipes y la del papel sellado— y, más tarde, la de la carne y la cera de la ciudad de Puebla.91 Dado que era un verdadero agente financiero al servicio de su protector, constituía su contacto directo y personal con los medios de negocios de la capital virreinal.

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Después de la disección de tal red de relaciones, se comprende mejor la capacidad de defensa y reacción de que Pedro Alejo López de Cotilla supo dar pruebas a uno y otro lado del Atlántico, a pesar de que un juez estaba completamente resuelto a perderlo; pero eso no es todo: la naturaleza, la configuración y los componentes de su red son lo que permite comprender las artimañas de Pedro Alejo López de Cotilla. Convertido en un verdadero financiero a la escala del imperio, se había incrustado hábilmente en el aparato de la Real Hacienda; y dado que traficaba sin restricciones con las libranzas giradas contra su institución, disponía de todas las palancas y relevos necesarios para la buena rentabilización de su posición de poder con la máxima discreción. Con todo, la usura y el exceso de un sistema que se había mantenido durante cerca de 30 años se pusieron de manifiesto progresivamente. Las disensiones internas —en particular la fomentada por Manuel Ángel de Villegas Puente padre después de 1725 desempeñó una función decisiva en el avance de la pesquisa que llevó a cabo Prudencio de Palacios—, combinadas con la desaparición de un apoyo decisivo —el del virrey, que, en la persona del marqués de Casafuerte, alentó la acción de sus rivales—, terminaron con esa refinada mecánica. Enfermo, privado del oficio sobre el que había construido todo su poderío y fuertemente endeudado, según sus hijos,92 Pedro Alejo López de Cotilla se extinguió en México en 1730 con la mayor discreción: ¡la Gaceta de México de ese año no hizo la menor alusión al hecho!

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Un último tipo de red de relaciones, vasta y compleja, integraba a los oficiales de la Real Hacienda, a pesar de que únicamente les ofrecía posiciones de segundo plano. Esas redes, que funcionaban como verdaderos clanes políticos en lucha en torno al virrey o en el seno de la Audiencia, rivalizaban con el propósito de asegurarse el dominio de las palancas de poder más fructíferas. En ese contexto, tanto algunos oficiales reales como algunos contadores del Tribunal de Cuentas desempeñaban las funciones específicas de su oficio al servicio del clan y de sus responsables; en contrapartida, estos últimos les garantizaban la protección que sus altas responsabilidades les permitían distribuir entre ellos. El conjunto lograba tejer un verdadero poder oculto que trascendía a todos los organigramas administrativos. De esa manera, durante la primera mitad del siglo XVIII, el clan coordinado por dos oidores de la ciudad de México —Pedro Malo de Villavicencio y Domingo de Valcárcel y Formento— llegó a ejercer una verdadera autoridad sobre el poder administrativo de la Nueva España (véase el cuadro VI.7).93 Esas redes llegaban a ejercer una influencia sorprendente, contrarrestando eficazmente a los agentes administrativos enviados desde España para poner remedio a las dificultades de funcionamiento de que el Consejo de Indias podía tener conocimiento.94 Ahora bien, aun cuando no forma parte del objetivo de este libro el llevar a cabo un estudio completo de esos clanes políticos, sí es posible precisar el lugar que se dedicaba en ellos a los hombres de la Real Hacienda.

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Entre 1720 y 1740, dos clanes se disputaron el control del Tribunal de Cuentas de México. Uno, dominado por su decano, Gabriel Guerrero de Árdila, pretendía excluir a los leales de Isidro Nicolás de Nájera de todas las comisiones y ventajas pecuniarias a que daba derecho la pertenencia al Tribunal de Cuentas. La principal ventaja de la primera red se fundamentaba en la estrecha amistad, calificada como “gran pasión” por algunos testigos, entre el decano del Tribunal de Cuentas y el virrey marqués de Casafuerte; 95 y se complementaba con la confianza existente entre el nuevo virrey y el fiscal de la Audiencia de México, recientemente promovido a ese cargo, Prudencio de Palacios, quien, por su parte, cultivaba con el decano del Tribunal de Cuentas una amistad igualmente estrecha que se remontaba a los años de su primer nombramiento como pesquisidor de la Nueva España.96 Por intermediación de Prudencio de Palacios, la benevolencia del virrey se extendió a todos sus allegados y amigos, como lo denunciaron sus rivales en abril de 1732: “Son favorecidos unos y otros por lo mucho que los atiende su compadre [es decir, Gabriel Guerrero de Árdila] y el fiscal Prudencio de Palacios por ser éste quien lo consiguió del virrey […]”.97

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CUADRO VI.7. Red de relaciones que componían el “clan” de Pedro Malo de Villavicencio, oidor de la Audiencia de México

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La facilidad de acceso ante el virrey se reforzaba con las relaciones, igualmente estrechas, anudadas por Gabriel Guerrero de Árdila con otros de sus allegados, entre ellos el propio secretario del marqués a partir de 1727, Francisco Fernández Molinillo.98 A esa estructura básica llegó a sumarse, en fin, un compadre de Gabriel Guerrero de Árdila, Juan Antonio de Somoza y Torres, contador ordenador contratado en 1721 a instigación de su amigo para la eliminación del rezago en la glosa de las cuentas.99

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Esos sólidos apoyos atrajeron al entorno de Gabriel Guerrero de Árdila a seis contadores subalternos o auxiliares en búsqueda de algún protector capaz de garantizarles su porvenir,100 lo que le aseguró una autoridad sobre la institución que su título de decano no podía ofrecerle por sí solo. La influencia de esa red se extendía, en fin, mucho más allá del propio tribunal, puesto que integraba a dos oficiales reales: uno de ellos, Pedro de Téllez de Carvajal Machado, oficial real de la real caja de México, era compadre de Juan Antonio de Somoza y Torres; el otro, Juan Manuel Martínez Soria, tesorero de la real caja de Zacatecas desde diciembre de 1725, era amigo íntimo del propio Pedro de Téllez de Carvajal Machado.101

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La influencia del grupo dominado por Gabriel Guerrero de Árdila era tanto más fuerte cuanto que, gracias a la intermediación de su amigo Prudencio de Palacios, gravitaba en la zona de influencia del clan bajo el dominio de los dos oidores, Pedro Malo de Villavicencio y Domingo de Valcárcel y Formento. De esa manera, cada vez que se hacía sentir la necesidad, el conjunto colaboraba activamente, cada uno en su plano, con el propósito de defender los intereses del clan que los englobaba; situación que los adversarios, mucho menos armados, no podían dejar de denunciar ante el Consejo de Indias. 102 Eso fue lo ocurrido en dos ocasiones durante el periodo. A propósito de la visita que llevó a cabo Tristán Manuel de Rivadeneyra Luna y Arellano en contra de los oficiales reales de la real

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caja de Zacatecas en 1721, el grupo se movilizó en contra, a su vez, del visitador, a quien consideraban como demasiado severo con respecto a dos individuos que, precisamente, gozaban de la protección de los oidores. En noviembre de 1721, el visitador fue reemplazado en sus funciones por ¡Gabriel Guerrero de Ardila!103 Poco después, en enero de 1722, mientras el informe de la visita se presentaba a discusión ante la Audiencia de Guadalajara con el propósito de decidir sobre la continuación de los procedimientos, Pedro Malo de Villavicencio obtenía de sus colegas el voto de reintegración de los oficiales entonces suspendidos.104 Como lo denunciaba unos meses más tarde el fiscal del Consejo de Indias, Tomás de Sola y Soto, esa sentencia fue el fruto de las maniobras de Pedro Malo de Villavicencio: “Quién protegió y coadjubó más las instancias de los oficiales reales que la defensa del real fisco pues no ignorando la prudencia de los autos en el Consejo y que los que allí había padecían de no ser íntegros, expresó dilatadamente defectos en lo obrado y ejecutado por el juez Rivadeneyra y su acompañada en los autos”.105 55

Un resultado idéntico se obtuvo en ocasión de la visita de Pedro Domingo de Contreras. Gabriel Guerrero de Ardila hizo todo lo posible por contrarrestar la visita general que se llevaba a cabo en la institución;106 y, sobre todo, los miembros de la red hicieron lo necesario con el propósito de cubrir a los oficiales interinos de la real caja de México, elegidos entre los suyos y designados por el virrey después de la suspensión de los titulares, a principios de los años de 1720.107 Su temor de ver que el visitador retomara en sus manos el asunto, implicando en él a sus protegidos, era muy grande; consecuentemente, no cesaron de poner de manera sistemática en tela de juicio a Pedro Domingo de Contreras hasta obtener finalmente el cese de sus actividades. Una vez alcanzado ese primer objetivo, el grupo se regocijó de que Domingo de Valcárcel y Formento reanudara la indagación sobre los malos manejos de los oficiales reales de la real caja de México,108 preludio del entierro del expediente.109 Así, esas dos movilizaciones ejemplares de una red al servicio de un clan que disponía de un importante poder político contribuyeron a orientar las decisiones administrativas en las direcciones deseadas por sus miembros. Es cierto que, en el seno de esos clanes, los oficiales de la Real Hacienda aparecen más bien como ejecutantes al servicio de causas en las que lo que estaba en juego los rebasaba muy frecuentemente; sin embargo, valiéndose de las ventajas de su oficio, contribuían eficazmente a la defensa de los intereses del grupo cuyos participantes se sentían amenazados.

REDES DE AMISTAD Y RELACIONES PROFESIONALES: FUNDAMENTO DE UNA INTEGRACIÓN LOGRADA 56

El análisis de las amistades que cultivaban los oficiales de la Real Hacienda en el marco de sus actividades administrativas ilustra su estrecha y sistemática imbricación con la realidad económica y social local. Dicha imbricación se realizaba independientemente de los orígenes geográficos o sociales de los oficiales reales, orígenes que, no obstante, estos últimos no olvidaban. Esta observación contribuye a la comprensión de las superposiciones casi constantes y completas entre la pertenencia socioeconómica de los allegados —amigos, socios, protectores y protegidos— que escogían los oficiales reales y la especificidad económica de la región donde ejercían sus responsabilidades. Dicho en otras palabras, las redes de amistad de los oficiales de la Real Hacienda se adaptaban con una flexibilidad sorprendente a la especificidad económica y social predominante en el medio local: amigos y socios comerciantes de Veracruz, amigos y socios mineros de Zacatecas y

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amigos y socios presentes en los centros de poder de las principales capitales administrativas, ya se tratase de Guadalajara, México o incluso Madrid. En consecuencia, el grupo que constituían los oficiales de la Real Hacienda se presenta bajo una luz que refleja con claridad su posición de intermediario en el mundo colonial; dado que, a pesar de su poder y su prestigio efectivo, era incapaz de imponer solo sus decisiones a sus reticentes administrados, no por ello dejaba de ser un socio que las élites locales buscaban interesadamente colocar bajo su protección o cuya amistad y apoyo no descuidaban; al mismo tiempo, esos expatriados, rápidamente integrados a los criollos debido a sus intereses familiares y económicos, no dejaban de permanecer vinculados a sus raíces regionales, guardando un vivo recuerdo de sus orígenes familiares y de las amistades relacionadas con dichos orígenes. Para ellos, el criollismo al que se afiliaban por un interés bien asimilado no se erigía en contra de la metrópoli, sino a un lado, sin contradicción insuperable. Consecuentemente, la coherencia del conjunto se fundamentaba, antes bien que sobre la identidad geográfica reivindicada, sobre la fidelidad que imponía la pertenencia a una red de amistades que no se limitaba a las fronteras de una sola provincia o incluso de un virreinato. 57

Por lo demás, desde un punto de vista complementario, las relaciones que anudaban los oficiales de la Real Hacienda aseguraban el establecimiento de contactos en el interior de la estructura administrativa; asimismo, permitían el establecimiento de vínculos estrechos entre el centro y la periferia administrativa o, también, entre todos los planos jerárquicos de la estructura estatal colonial. Lo anterior indica la fuerza con que, a través de las estrategias relacionales de los oficiales de la Real Hacienda de la Nueva España, se esboza una estructura administrativa muy diferente a la que se concebía y diseñaba en Madrid y ponía en práctica el virreinato. Es cierto que esa jerarquía paralela, fundamentada sobre las relaciones de amistad, no anulaba la funcionalidad de la armazón administrativa oficial, pero no por ello dejaba de corregirla profundamente, imponiendo una lógica muy diferente, incluso ajena, a las necesidades estatales.

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En este estadio, es necesario observar entonces el grado en que las sutiles prácticas relacionales conculcaban eficazmente la legislación, puntillosa y exigente.110 Así, las relaciones profesionales que anudaban los oficiales de la Real Hacienda o sus allegados se transformaban en el primer paso hacia su integración a la realidad americana: las alianzas de intereses y las alianzas de poderes se enlazaban entonces, transformando al oficial de la Real Hacienda en una carta decisiva al servicio de las ganancias posteriores. Por lo demás, a través del establecimiento de un verdadero organigrama administrativo paralelo, tales vínculos aseguraban que una dinastía o un clan se apropiaran discreta pero eficazmente del poder que uno de sus miembros poseía en nombre del rey. En consecuencia, el oficial de la Real Hacienda, alternativamente protegido y protector, se convertía en un engranaje necesario para el buen desenvolvimiento de la conculcación en provecho de la colectividad constituida sobre la base de las redes de relaciones. En ese sentido, las amistades de los oficiales de la Real Hacienda venían a complementar eficazmente la estrategia de alianzas familiares de estos últimos, integrándolos desde su llegada a un mundo al que en lo sucesivo todo los vinculaba; no obstante, en cuanto los peninsulares que seguían siendo, al igual que sus descendientes inmediatos, criollos por el solo hecho de su nacimiento, no se transformaban automáticamente en precoces olvidadizos de sus orígenes peninsulares o en empecinados adversarios de los gachupines recientemente desembarcados. El funcionamiento de las redes relacionales reconstituidas muestra lo mucho que tales comportamientos eran finalmente extraños a esa sociedad del

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Antiguo Régimen: conscientes de que lo único que legitimaba el ejercicio del poder era la delegación hecha por el rey, las poderosas élites locales integraban sin grandes reticencias a los que veían arribar provistos de ese envidiable privilegio. En lo que respecta a los propios oficiales reales, éstos comprendían con claridad que su carta más valiosa, destinada a satisfacer su voluntad de promoción social, residía precisamente en el oficio que poseían. 59

De esa manera, los comportamientos delictuosos, tan frecuentes entre los oficiales de la Real Hacienda, adquieren un relieve completamente diferente y una significación totalmente distinta a la de una yuxtaposición de simples, aunque numerosos, accidentes individuales. Por lo demás, no podrían ser la expresión de rechazo alguno de la dominación metropolitana en el sentido “criollista” del término. En primer lugar, a través de sus decisiones, los oficiales reales, metropolitanos poco respetuosos de los reglamentos que les eran impuestos, expresaban su aspiración a defender a los grupos de intereses que los integraban con gran facilidad y con respecto a los que se comportaban como sus representantes en el seno del aparato del Estado; sin embargo, la defensa se apoyaba de manera fundamental en la continuidad del orden colonial existente, que los colocaba precisamente en la posición de intermediarios preciosos, aun cuando no siempre indispensables; sin él, se acababan los sueños de promoción social e integración al mundo de las élites, cuya ostentación no podía dejar de cegar a los modestos oficiales de la Real Hacienda recientemente desembarcados en Veracruz; sin él, lo que desaparecía era la continuidad del sueño de El Dorado al alcance de todos que el mundo americano seguía encarnando. En consecuencia, si bien olvidaban con rapidez lo esencial de las misiones que les habían sido confiadas en el momento de su nombramiento —bastaba el tiempo necesario para el matrimonio y el establecimiento de las primeras asociaciones económicas—, no será necesario, no obstante, transformar a los oficiales de la Real Hacienda en portavoces de un criollismo reivindicado y preindependentista. Se hacían criollos probablemente por un interés bien asimilado y quizás incluso mucho más rápidamente de lo que ellos mismos sospechaban o deseaban; sin embargo, no por ello dejaban de seguir apegados a sus orígenes y alianzas metropolitanos, que, por lo demás, se cuidaban mucho de olvidar; tanto más cuanto que, muy a menudo, estos últimos eran los que les otorgaban todo su valor a los ojos de la sociedad colonial en la que ya entonces se encontraban inmersos. Lejos de hacer de ellos los defensores de los intereses americanos a expensas de la metrópoli, su búsqueda desenfrenada de ventajas en beneficio de su clan parece evocar antes bien la actitud característica del “colono”. En ese sentido, la finalidad del pasaje a América en el caso del grupo en estudio consistía esencialmente en la utilización máxima de un sistema de dominación establecido por y a partir de la metrópoli, sin jamás pensar en sustituirlo. En esos términos era precisamente como Madrid interpretaba lo que estaba en juego con las respuestas que debía dar a las numerosas dificultades de funcionamiento de que regularmente tenía conocimiento.

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NOTAS 1. Christiane Klapisch-Zuber, La Maison et le nom. Stratégies et rituels dans l’Italie de la Renaissance, París, 1990. 2. Así, algunos testamentos dejan translucir la cuestión de las relaciones ilegítimas al evocar a hijos naturales que, no obstante, el testador había reconocido; sin embargo, la inexistencia de información sobre la concubina, que en ocasiones llega hasta el olvido de su apellido, no permite ningún análisis de un fenómeno social que, no obstante, es bien conocido; véase Solange Alberro, Inquisition et société au Mexique (1571-1700), México, 1988, muy particularmente la página 94; La actividad del Santo Oficio de la Inquisición en Nueva España (1571-1700),

INAH,

México, Colección

Científica, Fuentes para la Historia, 96, 1981, pp. 67-71, y “El amancebamiento en los siglos XVII:

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XVIIe siécle”,

en La ville en

Amérique espagnole coloniale, París, 1984, y Guadalajara y su región en el siglo XVII, población y economía, Guadalajara, 1992b, capítulo 5. 3. Mark S. Granovetter, “The Strength of Weak Ties”, American Journal of Sociology, vol. 78, núm. 6, 1973, pp. 1360-1380. 4. Christiane Klapisch-Zuber, La Maison et le nom…, op. cit.; véase también la muy completa bibliografía que esta autora propone sobre esa noción, páginas 348 y siguientes. Para el análisis que sigue se consultó George M. Foster, “Cofradía and Compadrazgo in Spain and Spanish America”, Southwestern Journal of Anthropology, vol. 9, núm. 1, pp. 1-28, y S. Guderman, “The Compadrazgo as a Reflexion of the Natural and Spiritual Person”, The Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, vol. 7, Londres, 1971, pp. 47-71. 5. Sharon Kattering, Patrons, Brokers and Clients in Seventeenth-Century France, Oxford, 1986, y C. Friedrich, “Friends, Followers and Factions: A Reader in a Political Clientelism”, editado por S. W. Schmidt et al., Berkeley, 1977. 6. Thomas Calvo, “Círculos de poder en la Guadalajara del siglo siglos

XVI

y

XVII,

XVII”,

en La Nueva Galicia en los

México, 1989, pp. 135-181, reeditado en 1991 en Familia y poder…, op. cit., pp.

103-115. 7. Jackie R. Booker, Veracruz Merchants, 1774-1829. A Mercantile Elite in Late Bourbon and Early Independent Mexico, Boulder/San Francisco/Oxford, 1993. 8. Ibid., p. 9. 9. Louisa Schell Hobermann, Mexico Merchant Elite, 1590-1660, Silver, State and Society, Durham/ Londres, 1991, pp. 20-21 y nota 49 de la introducción. 10. Los 10 visitadores despachados a Veracruz entre 1660 y 1780 denunciaron lo estrecho de los vínculos entre los comerciantes y los oficiales reales y subrayaron la sumisión, incluso el temor, de la población local a esos poderosos representantes reales:

AGI ,

Escribanía de cámara, legajos

295b y 296a y b; legajo 297; legajos 298a, b y c; legajo 299; legajos 303a, b y c, y

AHN,

Consejos,

Consejo de Indias, legajos 21463 y 21464. 11. AGI, Escríbanla de cámara, legajo 303a, cuaderno 1, f. 8. 12. AGI, Escribanía de cámara, legajo 297a, cuaderno 1, f. 1. 13. Ibid., cuaderno 9, f. 6. 14. AGI, Escribanía de cámara, legajo 296a, cuaderno 23, ff. 2 y 47 a 51. 15. El fracaso de la visita general que llevó a cabo el juez Pedro Domingo de Contreras entre 1729 y 1733 fue responsabilidad suya en una gran medida; véase Michel Bertrand, “Clientélisme et

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pouvoir en Nouvelle-Espagne (1680-1770)”, en Mélanges en hommage à P. Duviols, Publications de l’Université de Provence, Aix-en-Provence, 1992, vol. 1, pp. 147-149, y Amalia Gómez Gómez, Las visitas de la Real Hacienda novohispana en el reinado de Felipe V, Sevilla, 1979. 16. La cuenta simple y aproximada muestra inmediatamente la relación entre los amigos cercanos y el resto de los miembros de una red. Si únicamente se contabilizan las 32 redes reconstituidas y suficientemente desarrolladas —cada una de ellas contaba con 12 a 90 individuos —, se observa que, en la gran mayoría de ellas, los amigos cercanos se limitaban a dos o tres. Tal era el caso de nueve de las redes más desarrolladas, compuestas de 30 o más personas; tan sólo excepcionalmente alcanzaban la veintena de miembros, como en el caso de Francisco de Síscara y Ramírez, el cual es realmente notable, puesto que su red, compuesta de casi 100 personas, resultó haber sido de una vida particularmente intensa en el terreno relacional; véase más adelante. 17. Juan de Clavería, nacido en Jaca, residía en la Nueva España al menos desde 1692, año en el que contrajo matrimonio con Constanza de los Ríos de Lara, originaria de Toluca. En 1698 obtuvo el primer asiento [véase el glosario; N. del T] del pulque de la Nueva España por una suma de 70 000 pesos al año y el contrato fue renovado en 1709; falleció en México en 1720. En realidad, su amistad con el que luego llegaría a ser el virrey de la Nueva España se remontaba a los años anteriores a su partida a México; ésa fue la razón por la que el virrey redactó dos cartas de apoyo para su hijo en octubre de 1711 y diciembre de 1712: AGI , Audiencia de México, legajo 744, y José Ignacio Rubio Mañé, “Gente de España en la ciudad de México, año de 1689”, Boletín del Archivo General de la Nación, 1966, 2a serie, t. 7, núms. 1-2, México, p. 52. 18. Los dos pertenecían a las más prestigiosas familias de la ciudad de México, pues cada uno tenía varios antepasados que habían sido miembros de la orden de los caballeros de Santiago antes de que ellos mismos lo fueran. Cuando, en 1723, la madre de Miguel Ignacio, Teresa de Zaldívar y Retes, tuvo necesidad de un certificado de legitimidad en beneficio de su hijo, nacido en México en 1716, presentó varios testimonios, entre ellos el de Diego Manuel, originario de Madrid, donde había nacido en 1649; los otros testigos también eran miembros de la orden de Santiago y, en el caso de dos de ellos, también habían surgido del Tribunal de Cuentas: Miguel de Ubilla y Estrada, Antonio de Carrasco y Retortillo y Francisco Valle Salazar. La solidaridad que se observó en ese caso evoca con claridad la de una “casta” capaz de reunir a todos sus miembros, independientemente de los diferentes orígenes geográficos. En ese sentido, la cohesión que se puso de manifiesto corresponde a una dimensión familiar y de parentesco, más que estrictamente profesional: AGNM , testamento de Teresa de Zaldívar y Retes, del 2 de noviembre de 1747, hecho ante Juan Antonio Arroyo, notario 19, libro 134. 19. Los matrimonios que corresponden a ese modelo son los siguientes: Simón García de Manzanares contrajo matrimonio con la hija de Gonzalo de Leaegui; Pedro de Zavaleta, con la hija adoptiva de Andrés de la Peña; Francisco Antonio de Zupide y Acuña, con la de Juan José de Urueña Ferrari; Juan José de Lanterri Ferrer, con la de Juan Francisco de Zabalza y Prizuelo; Gabriel Guerrero de Árdila, con la de Juan Bautista de Mendrice; Francisco Xavier Rodríguez de Vargas, con la de José Camino Velasco; Antonio de Rosal y Ríos, con la hermana de Francisco de Córdova y Villa Franca; Alejandro Álvarez de Guytián, con la de Francisco Ignacio de Alarcón y Ocaña, y Francisco de Síscara y Ramírez, con la de José Rodríguez Franco. En el mismo orden de ideas, las muy estrechas relaciones anudadas entre Luis de Bolívar y Mena y Martín Nicolás Verdugo de Haro y Dávila, José Antonio de Clavería y Villareales y Juan Antonio Ruano de Arista, Pedro Alejo López de Cotilla y Juan Manuel de Santelices, entre Manuel Ángel de Villegas Puente padre y sus tres colegas, Juan Antonio Miranda, Pedro Alejo López de Cotilla y Francisco Ximénez de los Cobos, antes de su disputa en 1717, Francisco de Síscara y Ramírez y Simón José Sánchez Vives, Francisco de Alarcón y Ocaña y Nicolás Vicente de Velarde, Pedro de Cabañas y Juan de Salinas, Gabriel Guerrero de Árdila y Juan Antonio de Somoza y Torres, entre este último y Juan Manuel Martínez Soria y Pedro de Téllez de Carvajal Machado, Miguel Gerónimo de Ballesteros y Juan Francisco de Zabalza y Prizuelo, Andrés de la Peña y Andrés de Vega Noroña y, en fin, entre

250

Cayetano de Vian Rodríguez y el eclesiástico hermano de Francisco Ignacio de Alarcón y Ocaña, corresponden a situaciones similares. En todos estos últimos casos, la solidaridad, en ocasiones calificada como compadrazgo, correspondía más generalmente a una amistad muy estrecha entre los individuos enumerados, lo cual es una indicación de la amplitud y profundidad de la imbricación que esas redes de solidaridad y amistad establecían entre un gran número de oficiales de la Real Hacienda de la Nueva España; fenómeno tanto más notable si se toma en consideración que, debido a las fuentes utilizadas para la reconstitución —notariales y judiciales —, esos vínculos se refieren casi exclusivamente a los oficiales en servicio activo en México, Veracruz, Zacatecas y Guanajuato. 20. Christiane Klapisch-Zuber, La Maison et le nom…, op. cit. 21. La disputa sobrevino a propósito del ingreso en caja de una libranza de 70 000 pesos, de la que el subalterno estimaba que no había recibido lo que le correspondía. Él contribuyó activamente en la denuncia de sus amigos, pero finalmente se reconcilió con ellos antes de 1725, al grado en que, en junio de ese año, Pedro Alejo López de Cotilla, enfermo, lo designó para sucederlo: AGI , Audiencia de México, legajo 632. 22. La suma se establecía invariablemente conforme a la siguiente tabla: México, 30 000 pesos; Veracruz, 20 000 ducados; Guanajuato, Pachuca y Sombrerete, 7 000 ducados; Guadalajara, Acapulco Durango y Zacatecas, 6 000 ducados; Zimapán, 3 000 ducados, y Mérida, 2 000 ducados: AGI,

Audiencia de México, legajos 1962 y 1970 a 1972; AGI, Audiencia de Guadalajara, legajos 152 y 424;

AHEZ,

Real Hacienda, Oficios vendibles y renunciables, caja 1. Los interinos únicamente debían reunir

la mitad de esas sumas. La primera mención de la obligación del depósito de las fianzas se remonta a una real ordenanza de 1579, retomada en la Recopilación de leyes de Indias, ley 1, del título

IV,

en el libro

VII;

después se recordó regularmente, en particular en 1608, 1617 y 1633

(leyes 2, 3 y 7 del mismo título y libro de la Recopilación de leyes de Indias). Es cierto que la ley 7 de la Recopilación de leyes de los reynos de Indias establecía claramente que las fianzas debían ser depositadas en la real caja correspondiente; sin embargo, parece ser que esa obligación solamente era respetada de manera muy irregular. En el siglo XVIII, el otorgamiento de una fianza únicamente significaba que el fiador tenía la obligación de responder, en caso de necesidad, a la quiebra de su protegido y verter inmediatamente la suma de la fianza ofrecida (AGN, Ramo judicial, vol. 20, exp. 1, ff. 6-9); lo mismo ocurría con la obligación de revisión decenal de las fianzas, impuesta por la real cédula de 1626 y retomada en la ley 5 del título

IV

del libro

VIII

de la

Recopilación de leyes de los reynos de Indias, como lo hacen notar los visitadores que buscaban los fondos extraviados. 23. Las reales cajas de México y Veracruz, representativas de una economía de intensa actividad comercial, a las que se añadieron Zacatecas, principal centro minero durante el periodo estudiado, y Guadalajara, capital administrativa de la Nueva Galicia. Esas cuatro reales cajas comprendían la mitad de los oficiales reales de la Nueva España entre 1660 y 1780. 24. Con todo, un reducido número de las fianzas fue otorgado por parientes o amigos íntimos del oficial. Parece claramente que, aun cuando era excepcional, el recurso a la ayuda mutua en el círculo de los allegados buscaba paliar las dificultades que encontraban en la obtención de las fianzas. Como lo recuerda el tesorero nombrado en Bolaños en diciembre de 1750, Pedro Torral Valdés, era difícil encontrar fiadores en ese lugar; en el caso de Bolaños, como en el de las reales cajas correspondientes a los pequeños centros administrativos periféricos, faltaban candidatos a esas funciones, “porque en la realidad no hay ministros como en otras partes”, situación que en ocasiones obligaba al solicitante a presentar entre sus fiadores a individuos totalmente ficticios: AGI, Audiencia de México, legajo 1164.

25. La prohibición fue recordada notablemente a Francisco San Juan de Santa Cruz en 1706, cuando presentó a sus fiadores: AGI, Escribanía de cámara, legajo 298a, cuaderno 6, f. 19.

251

26. Entre esos especialistas de las finanzas durante la segunda mitad del siglo

XVII

y el comienzo

del XVIII, se encontraban Diego Sánchez de Salas, C. Arana Palacios o, también, Juan de Arroyo y Fernando de la Campa y Cos, todos ricos comerciantes de Zacatecas:

AHEZ,

Real Hacienda, oficios

vendibles y renunciables, caja 1. Durante el mismo periodo, Luis José Chacón y Juan Calderón, en Veracruz; Tomás García de Soto, en Guadalajara, e I. Rodríguez de la Madrid y Francisco Manuel Cayetano de Fagoaga y Arósqueta, en México, desempeñaban esa misma función (AGI, Escribanía de cámara, legajos 298a, cuaderno 6, y 399a, cuaderno 8; y AGN, Ramo judicial, vol. 60, exp. 1, ff. 6-9). 27. Ése fue notablemente el caso de Andrés de Tapia, comerciante que llegó a ser íntimo de Pedro Alejo López de Cotilla, o, asimismo, el de Manuel Ángel de Villegas Puente padre, oficial subalterno de la real caja de México, convertido en fiador y más tarde en íntimo del propio Pedro Alejo López de Cotilla: AGI, Escribanía de cámara, legajo 267a. 28. Las otras actividades económicas únicamente aparecen de manera muy puntual: se trataba de transportistas y propietarios de tierras, mientras que no se catalogó ningún minero. 29. Estos ejemplos corresponden a los oficiales reales de Zacatecas, Martín Nicolás Verdugo de Haro y Dávila y Bernardo Alcalde Romeo, a propósito de quienes el visitador Tristán Manuel de Rivadeneyra Luna y Arellano descubrió la frecuencia de los pequeños delitos de ese tipo, de los que el resto de los mineros, excluidos de los acuerdos, se quejaba con amargura. Los beneficiarios de esas larguezas se llamaban, en particular, José de Urquiola, conde de La Laguna, y Francisco Muñoz Villalón; en cuanto a uno de los intermediarios, que tenía un comercio paralelo de mercurio alimentado por Martín Nicolás Verdugo de Haro y Dávila, se llamaba Juan Lucio de la Carrera: AGI, Escribanía de cámara, legajo 265a, cuaderno 2, ff. 39 y 154. 30. Los numerosos testimonios recogidos por los diversos visitadores que tuvieron que intervenir en el funcionamiento de esa real caja demuestran que había en ella una práctica de lo más común y corriente: entre las visitas concernientes a ese puerto, la que llevó a cabo Juan de Gárate y Francia ofrece un cuadro particularmente preciso de ello: AGI, Escribanía de cámara, legajo 295b, en particular los cuadernos 1 y 9. 31. La asociación se fundamentaba en la complementariedad entre dos colaboradores que habían llegado a ser amigos: uno aportaba el poder de decisión, muy particularmente en la concesión de los mercados o para desgravar las mercancías del comerciante, mientras que el otro se encargaba de sacar el mejor partido de las ventajas así obtenidas; véase Michel Bertrand, “De l’armée á l’office: ascension sociale et pratiques de pouvoir en Nouvelle-Espagne”, en Alain Musset y Thomas Calvo (coords.), Des Indes occidentales á l’Améríque latine, vol. 1, París, 1997, pp. 159-173. 32. AGI, Audiencia de México, legajo 89, informe del 4 de mayo de 1737. 33. Informe del virrey al Consejo de Indias, del 6 de febrero de 1753: AGI, Audiencia de Guadalajara, legajo 89. 34. Antonio de Paniagua Quintela recordaba muy particularmente sus muy estrechos vínculos con Francisco Sánchez de Tagle y con Francisco de Valdivieso, a quien presentaba como “aún más poderoso y válido que Francisco de Tagle, teniente coronel del comercio y hermano o cuñado de don José Ramón de la Vega y Sotomayor”, a los que se sumaba su sociedad con Baltazar de Mosqueira, capitán de la milicia de los comerciantes y alcalde ordinario de Durango en 1739: AGI , Audiencia de Guadalajara, legajo 89, interrogatorio del 11 de mayo de 1739 ante la Audiencia de México. 35. Fue acusado de haber sustraído, en al menos una ocasión, un lingote de plata para financiar sus actividades económicas personales: AGI, Audiencia de Guadalajara, legajo 89. 36. AGI, Audiencia de Guadalajara, legajo 89, informe del fiscal de la Audiencia de México, del 4 de mayo de 1737. 37. Idem. 38. Ése era el caso de los préstamos, las deudas y, también, las fianzas de préstamo recibidas u ofrecidas por los oficiales, de las fianzas otorgadas en ocasión del ingreso al oficio, de las

252

asociaciones con finalidad económica —contratos de arrendamiento o de compañías comerciales, notablemente— y, en fin, de las asociaciones vinculadas al ejercicio del oficio mismo. Todos esos contratos firmados ante notario identifican siempre a los socios y la finalidad del propio contrato. 39. También en el caso de los otorgamientos de poder, éstos se hacían tanto con una finalidad económica —poderes de ingreso en caja, de venta, compra o administración de bienes—, como con un objetivo judicial —poder de representación ante los tribunales— o, en fin, únicamente con una finalidad más personal e individual, tal como los poderes para testamentar o, también, de delegación para el ejercicio de un oficio. Los poderes, otorgados o recibidos, también se firmaban ante notario y precisaban, asimismo, la esfera afectada por el otorgamiento. 40. Para este trabajo se analizaron y utilizaron los contratos encontrados en el Archivo General de Notarías de la Ciudad de México

(AGNM )

y, muy secundariamente, en el Archivo Notarial del

Estado de México, en Toluca (ANT). En lo esencial, se trata de los escribanos mayores de minas, registro, Real Hacienda y caja de México. Tal es el caso de los siguientes notarios, encontrados en el AGNM : Antonio Alexo de Mendoza, escribano de Real Hacienda, 1700-1754, AGNM , notario 392, libros 2603 a 2606; Diego Ruiz Aragonés, escribano mayor de minas y Real Hacienda, 1719-1736, AGNM ,

notario 575, libro 3946; Blas de Herrera, teniente de escribano mayor de minas y hacienda,

1704-1723,

AGNM ,

notario 307, libro 2111; Juan José Fernández de Guevara, escribano de Real

Hacienda, 1697, AGNM , notario 232, libro 1462, y Antonio Félix de Posada y Agurto, escribano mayor de minas, registro, Real Hacienda y caxa, 1713 (ausente del AGNM ). También se utilizó a los escribanos del Tribunal de Cuentas de México Sebastián González de Mendoza, teniente del escribano del Tribunal de Cuentas, 1692-1725, AGNM , notario 255, libro 1668, y Juan Rodríguez de Posada, escribano del Tribunal de Cuentas, 1715-1735, AGNM , notario 570, libros 3934 a 3936. El conjunto de los contratos u otorgamientos de poder encontrados representa 414 relaciones que implicaban al menos a un oficial de la Real Hacienda de la Nueva España, concentradas todas entre 1700 y 1760 y concernientes a 46 oficiales de la Real Hacienda de la capital virreinal de la cincuentena que ejercieron en ella durante el periodo que se tomó en consideración. 41. La finalidad económica corresponde a 94 % de los contratos —préstamos, fianzas, arrendamientos o ventas, asociaciones en compañías, etcétera— y a la mitad de los otorgamientos de poder —autorización de pago o de ingreso en caja, de administración de bienes, de venta o de compra—; el resto de estos últimos se distribuye entre los de objetivo judicial — esencialmente, representación ante un tribunal—, los de finalidad personal —autorización para testamentar o delegación de poder en el ejercicio del oficio que se poseía— y, en fin, los calificados como generales, es decir, los que abarcaban el conjunto de los tres aspectos anteriores. 42. Las sumas en juego eran lo más a menudo inferiores a 1 000 pesos. Esos modestos préstamos coinciden exactamente con el esquema que esbozó L. Greenow en el acceso al crédito para el caso de la ciudad de Guadalajara antes de los años de 1770; véase L. Greenow, Credit and Socioeconomic Change in Colonial Mexico, Loans and Mortgages in Guadalajara (1720-1820), Boulder, 1985. 43. Dado que los contratos o los otorgamientos de poder precisaban el objetivo del compromiso firmado, es posible reconstituir las actividades anexas a que se libraba el oficial considerado; entre esas actividades la de mayor presencia es el comercio, seguido por la financiera — otorgamiento de préstamos— y, en fin, por la vinculada a la explotación de propiedades rurales — venta de ganado o de grano—. 44. En las redes de relaciones reconstituidas, con excepción del caso de los nombramientos de interinos, la intervención de los virreyes se traducía muy particularmente en cartas de recomendación destinadas al Consejo de Indias; sin embargo, su número y su naturaleza, a menudo sistemática, llevan a interrogarse sobre la realidad de las relaciones que tales recomendaciones implicaban. Las recomendaciones se vuelven realmente significativas en el caso

253

de las que se hicieron a expensas de un oficial rival o, también, cuando la información complementaria precisa la naturaleza de los vínculos que el oficial mantenía con el virrey; tal es el caso en particular de los oficiales de la Real Hacienda que aparecen como pajes de un virrey y, más generalmente, de todos los que llegaron a la Nueva España como parte del séquito de un virrey. 45. Así, del conjunto del corpus, los que se beneficiaron abiertamente del apoyo de al menos un valedor para la obtención de un oficio o de cualquier favor fueron 52. Lo anterior indica el grado en que la protección era particularmente común y corriente —por lo demás, probablemente se está lejos de haber podido encontrar de manera exhaustiva a todos aquellos que se beneficiaron de ella—. Si bien es cierto que la mayoría de aquellos a quienes se pudo identificar entre los protectores no eran otros que los virreyes en funciones, 17 de los protectores de oficiales que ejercían en la Nueva España se encontraron en Madrid, en la administración central. Sea lo que hubiere sido, todos, a semejanza de Francisco de Llorente, esperaban expresamente de su protector el mejoramiento de su suerte, ya fuese mediante la obtención de un cargo, ya mediante la de una hipotética promoción: AGI, Audiencia de México, legajo 1163. 46. En realidad, esa práctica era común y corriente, a juzgar por la selección de los candidatos a cargos o a promociones en las audiencias americanas; véase Mark A. Burkholder y Dewit S. Chandler, Biographical Dictionary of Audiencia Ministers in the Americas, 1687-1821, Westport, 1982. Se encontró en una reducida minoría del corpus, principalmente entre los peninsulares, pero no exclusivamente; véase Michel Bertrand, “Clientélisme et pouvoir en Nouvelle-Espagne (1680-1770)”, op. cit. 47. En dos cartas dirigidas a la Audiencia en octubre de 1741, enumeraba con una gran precisión las sumas que malversaron los oficiales reales en servicio activo desde septiembre de 1734 y estimaba el total en cerca de 38 000 pesos, a los que se sumaban los fondos que extorsionaron entre 1730 y 1734, estimados en más de 7 000 pesos: AGI, Audiencia de México, legajo 862. 48. Debido a que calculó mal los apoyos de que disponían sus protectores, ahora convertidos en sus adversarios, ese subalterno de la real caja de Veracruz pasó una decena de años en prisión. Su primera denuncia, hecha en 1738, tropezó con la protección que el virrey marqués de Casafuerte otorgaba a la amplia red constituida en torno a Francisco de Alarcón y Ocaña y en cuyo seno se encontraban el secretario del virrey, José de Campillo, Francisco Fernández Molinillo, su antiguo secretario, que habría de llegar a ser miembro del Consejo de Indias, los miembros del Consejo de Indias Antonio José Álvarez de Abreu, marqués de la Regalía, Fernando Treviño, Mateo Pablo Díaz de Lavandero y Martín marqués de Torrenueva, el contador de Veracruz, Nicolás Vicente de Velarde, así como Gaspar Sáenz Rico y su yerno Fernando Bustillo, dos poderosos comerciantes y miembros del cabildo del puerto y, en fin, el juez Pedro Malo de Villavicencio. Este último, en particular, fue quien, habiendo sido designado para investigar sobre el asunto, se encargó de velar por su “entierro”; sin embargo, Antonio de López Matoso no se desalentó: confiado en el apoyo del gobernador de Veracruz, Antonio de Benavides, aprovechó el arribo sucesivo de dos virreyes, uno en 1740 y el otro en 1742, para intentar acercarse a ellos. Ahora bien, aun cuando el fallecimiento prematuro del primero lo dejó en una mala posición —fue precisamente Pedro Malo de Villavicencio, decano de la Audiencia, quien llevó a cabo el interinato e hizo nombrar a su protegido, Francisco de Alarcón y Ocaña, en las funciones de secretario del capitán general—, obtuvo del segundo, el conde de Fuenclara, el establecimiento de una visita. Las conclusiones de esta última, terminada en agosto de 1744, fueron remitidas al Consejo de Indias, que en 1745 declaró inocente a Francisco de Alarcón y Ocaña e inculpó a su denunciante. Éste, arrojado en prisión en Guadalajara ya en 1744 por órdenes del virrey, que veía en él a un peligroso energúmeno, no cesó, no obstante, de insistir —desde el fondo de su celda— en sus acusaciones; condenado una primera vez por el Consejo de Indias en marzo de 1755 a la pérdida de su empleo y a los costes del proceso, en noviembre de 1757, finalmente, obtuvo su reintegración y el pago de

254

los sueldos que se le debían: AGI, Audiencia de México, legajos 570, 1121 y 1163, e Indiferente general, legajo 148; AHN, Consejos, legajo 2143, documento núm. 44. 49. Él también se obstinó, en dos cartas dirigidas al virrey, en reconstituir con gran precisión los abusos más diversos a que se dedicaban sus colegas de la real caja; al hacerlo, presentó, además, un panorama detallado de la protección que los oficiales reales daban a todos aquellos que aceptaban entrar en su juego: AGI, Audiencia de México, legajo 822. 50. En efecto, después de la eficaz intervención del decano del Tribunal de Cuentas ante el Consejo de Indias para privarlo del cómodo subsidio que recibía indebidamente desde 1711 en su calidad de comisario de la media anata —equivalente a 5 % de las sumas percibidas—, recuperó brutalmente la memoria (AGI, Audiencia de México, legajos 733 y 734); a cambio de ese golpe funesto, recordó inmediatamente las condiciones del ingreso al tribunal de Gabriel Guerrero de Árdila, después de su matrimonio con la hija del contador superior, Juan Bautista de Mendrice: a pesar de que todavía era únicamente un futurario y que debió de haber sufrido la reducción de efectivos que siguió a la proclamación de la Nueva Planta de 1691 y, después, a la de 1701, logró mantenerse en su oficio “con sus astucias y arte y con mala fe hasta haber llegado a más antiguo, en cuyo tiempo se ha integrado y perzevido sin título e injustamente más de 70 000 pesos en el salario que no le hera devido”: AGI, Audiencia de México, legajo 737. 51. El tesorero Francisco Gómez Rendón pensaba aprovechar la mala salud de sus dos colegas para hacer de ellos los chivos expiatorios de la visita de Francisco Lorenzo de San Millán. En efecto, el factor Roque de Arellano estaba “impedido por su edad” y, por su parte, el contador Juan Bautista González del Álamo estaba completamente ciego: AGI , Escribanía de cámara, legajo 275a, cuaderno 2, f. 40. Su salvación vino del oído atento que les prestó Gonzalo Suárez de San Martín, quien en 1669 redactó una terrible requisitoria en contra de los vínculos que mantenían el visitador y el tesorero, al que asociaba al alguacil mayor José de Villaroel. De esa manera, contribuyeron a la condena de Francisco Lorenzo de San Millán, que en enero de 1671 le impusiera el juez Juan Miguel de Agurto y Salcedo: AGI, Escribanía de cámara, legajo 275a, cuaderno 2, ff. 85-86, y segundo cuaderno de testimonios, f. 194. 52.

AGI,

Escribanía de cámara, legajo 303b, cuadernos 14 y 15. El fenómeno se reprodujo con los

testigos que presentaron Juan Manuel de Santelices, Francisco San Juan de Santa Cruz, José Camino Velasco y Juan de Echegaray: AGI, Escribanía de cámara, legajos 298a, b y c, y legajos 303a, b y c. 53. Se trataba de Vicente Lastera Román, Fernando Arredondo, Manuel Pachal, Juan Aran-go, Juan Antonio Azcárate, José Valcárcel y Diego de Cosío. 54. Así, se encontraron ante el juez: Nicolás Castro, capitán de los fusileros; Gregorio Pérez, ayudante de la milicia; Pablo García, capitán de los granaderos; Alexandro Castro, teniente de los fusileros, y José de Villalón, capitán de compañía, todos ellos miembros de las milicias del comercio de la ciudad. 55. Se trata del “alcalde de primer voto”, Antonio Dávalos Carballido; del “alcalde de segundo voto”, Agustín Maestre; de los regidores Juan José Mallen, Salvador Gutiérrez, Sebastián Daza, Antonio Colaso y José Jarero, que también ejercía las funciones de correo mayor. 56. Se trata de los dos escribanos receptores Antonio Flores y José María Tinajero, del notario público Antonio Berroa y de los notarios reales Miguel Sierra y Tadeo Leyva. A su lado se encontraban dos abogados, Agustín Tamayo y José León; un relator, Miguel de los Ríos, y dos fiscales, José Vicente Fernández Lechuga y Salvador Padilla. Todos esos testigos de descargo fueron interrogados en el marco de la visita a la real caja de Guadalajara, en noviembre de 1767; AHN, Consejos, legajo 21008, documento 3.

57. Informe de Francisco de Pagabe, fechado en 1715: AGI, Audiencia de México, legajo 736.

255

58. Poder para testar en beneficio de Juan de Salazar:

AHEZ,

Notaría colonial, núm. 8, caja 3, ff.

81-82, y testamento redactado por este último: AHEZ, Notaría colonial, núm. 9, caja 1, libro 1, ff. 85 y 86. 59. Compró su oficio en diciembre de 1637 a un precio de 6 500 ducados:

AGI ,

Audiencia de

Guadalajara, legajo 33. 60. Dos mineros —Diego Medrano y José Escobedo—, tres comerciantes —Juan López de la Madrid, Diego Morales y Diego Sánchez de Salas—, un labrador —Francisco Orozco— y un transportista —Rodrigo Rentería, dueño de recuas— son los fiadores cuyas actividades económicas son conocidas: AHEZ, Real Hacienda, oficios vendibles y renunciables, caja 1. 61. AGI, Audiencia de Guadalajara, legajo 90. 62. Dado que no era miembro de la real caja, probablemente era el tesorero del cabildo eclesiástico, institución que también poseía ese tipo de oficio: AHEZ, Real Hacienda, oficios vendibles y renunciables, caja 1. 63. Sucesivamente, fue fiador de Roque de Arellano, José de Múgica Porra y Luis de Bolívar y Mena; idem. 64. AHEZ, Notaria colonial, núm. 6, caja 3, libro 8, f. 362. El linaje de los Salazar se contaba entre los más poderosos de la región: el abuelo, Antonio, había sido oidor de la Audiencia de Guadalajara en 1631, antes de ser nombrado a la de Guatemala, en 1637; el padre, Diego, ejerció varias veces como alcalde mayor en Nueva Galicia —en Fresnillo, en cuatro ocasiones, y en Xerez y Cuencame, en dos ocasiones, entre 1632 y 1654—; en 1650 fue nombrado por el gobernador de la Nueva Galicia como teniente del capitán general y, más tarde, “juez de mesta”; en 1655 compró el oficio de provincial de la Santa Hermandad, antes de adquirir, en 1657, el de oficial real de la real caja de Guadalajara, que ejerció hasta 1672: AGI, Indiferente general, legajo 123, núm. 151. 65. AHEZ, Protocolos de Real Hacienda, núm. 1, libro 1, f. 71. 66. Dos de sus cuñados, Juan de Sañudo y José de Ano, eran ricos propietarios de ganado:

AGI ,

Escribanía de cámara, legajo 271a, cuaderno 1. 67. Era amigo de Sebastián, y también tomó a su cargo la formación de un hijo probablemente ilegítimo de Francisco, Salvador Sarmiento Rendón, quien más tarde llegó a ser clérigo:

AGI .

Escribanía de cámara, legajo 275a, cuaderno 2. 68. AHEZ, Notaría colonial, núm. 8, caja 3, libro 3, ff. 393-395, y AHEZ, Notaría colonial, núm. 12, caja 4, libro 12, ff. 68-80. 69. AHEZ, Protocolos de Real Hacienda, notario 1, libro 4, f. 56. 70. AHEZ, Notaría colonial, núm. 6, caja 3, libro 8, f. 362. 71. AHEZ, Real Hacienda, oficios vendibles y renunciables, caja 1. 72. AGI, Escribanía de cámara, legajo 275a, cuaderno 2. 73. Desde el inicio de la visita, Francisco Lorenzo de San Millán había hecho saber hábilmente que disponía de suficientes elementos para poner al alguacil mayor en un “estado miserable” e inmediatamente impuso su arresto, antes de liberarlo sin fianza alguna. Esa inversión fue obra de Francisco Gómez Rendón y de su hermano Sebastián, según diversos testimonios, entre ellos, el del cura Francisco Rincón y el de Felipe de Mata Linares; idem. 74. AHN, Pruebas de los caballeros de la orden de Santiago, legajo 4557. 75. AGNM, notario 232, libro 1462. 76. Idem; oficio que, según varios testigos oídos antes de su concesión como miembro de la orden de Santiago, era muy prestigioso; de acuerdo con Francisco Godínez Cabeza de Vaca y Silva, antiguo alcalde mayor de San Juan de Gualucán y gobernador de Maravatío, “no ha tenido ni tiene más empleo […] que es un cargo de mucho lustre y estimación”; por su parte, Francisco González de Lasarte estimaba que “lo obtienen muchos títulos y grandes caballeros”: AHN, Pruebas de los caballeros de la orden de Santiago, legajo 4557. 77. AGI, Audiencia de México, legajo 632.

256

78. Se trataba de Manuel Ángel de Villegas Puente padre, factor de la real caja de México a partir de 1719 (idem.), y de Juan Manuel de Santelices, factor de la real caja de Veracruz desde 1714

(AGI,

Indiferente general, legajos 144 y 156). Con el primero, la relación era particularmente estrecha, puesto que su esposa, María Rosa Robiera de Valdés, apodada la Corregidora, era socia de negocios de Pedro Alejo López de Cotilla; en lo concerniente a Manuel Ángel de Villegas Puente padre, también era uno de los fiadores del oficial real: AGI, Escribanía de cámara, legajo 268b, cuaderno 33, f. 44, y legajo 267a, cuaderno 2, f. 104. 79. También en ese caso los vínculos fueron apuntalados mediante alianzas matrimoniales adecuadas. José Ignacio de Miranda Canal contrajo matrimonio con la hija de la Corregidora, nacida del primer matrimonio de esta última con el corregidor Carlos Tristán del Pozo:

AGI ,

Audiencia de México, legajo 632, y AGNM, notario 575, libro 3946. 80. En ningún momento en el transcurso de la investigación se reveló la identidad de los comerciantes que, manifiestamente, se ocultaban tras ese sobrenombre. 81. AGI, Escribanía de cámara, legajo 268b, cuaderno 33, ff. 7 y 44. 82. Idem. 83. Vicente de Cádenas y Vicent, Caballeros de la orden de Santiago, siglo XVIII, t. 2, núm. 400, Madrid, 1977. 84. Respecto a Tomás de Sola y Soto, consúltese Mark A. Burkholder, Biographical Dictionary of Councilors of the Indies (1717-1808), Westport, 1986, p. 118. 85. AHN, Pruebas de los caballeros de la orden de Santiago, legajo 7519, y AGI , Audiencia de Guadalajara, legajos 180 y 181. 86. José Ignacio Rubio Mañé, “Gente de España en la ciudad de México, año de 1689”, op. cit. 87. AGI, Escribanía de cámara, legajo 286b, cuaderno 33. 88. Véase Michel Bertrand, “Sociétés secretes et finances publiques. Fraudes et fraudeurs á Veracruz aux

XVIIe

et

XVIIIe

siécles”, en Mélanges de la Casa de Velázquez, t. 26/2, París, 1990, pp.

118-119 y 122-125. 89. AGI, Escribanía de cámara, legajo 303a, cuaderno 1, e Indiferente general, legajos 144 y 156. 90. AGI, Escribanía de cámara, legajo 303a, cuaderno 23. 91. AGI, Audiencia de México, legajo 632. 92. Todos los bienes encontrados fueron embargados y vendidos: AGI , Escribanía de cámara, legajo 268b, cuadernos 33 y 39. Según las afirmaciones de sus hijos, vueltos a España para arreglar lo relacionado con las deudas paternas, no quedaba nada de la bonita fortuna acumulada por su padre, que, en vísperas de su suspensión, representaba cerca de 300 000 pesos en tierras, casas, inversiones comerciales y créditos diversos: AGNM , notario 307, libro 2111. 93. Michel Bertrand, “En torno a una problemática de la Real Hacienda novohispana”, Anuario de Estudios Hispanoamericanos, vol. 46, Sevilla, 1989, pp. 195-217. Es verdad que la composición del grupo tenía con qué imponer su autoridad; pertenecían a él cinco oidores —Gerónimo de Soria Velázquez, Juan Rodríguez de Albuerne, José Gutiérrez de la Peña, Gerónimo Carrillo Escudero y Juan José de Uribe y Castexón—; el corregidor de México, José Gregorio de Padilla y Estrada, marqués de Guardiola, hijo de un oidor de Guadalajara; el arzobispo de México, J. A. de Vizarrón y Eguiarreta; el virrey Juan Acuña y Manrique, marqués de Casafuerte; José de la Daya, prebendado de México y miembro del secretariado del virrey desde la época del marqués de Valero, y F. Fernández Molinillo, responsable del secretariado de dos virreyes sucesivos; carta del comerciante A. Gutiérrez de Linares al Consejo de Indias, fechada en mayo de 1740, AGI, Audiencia de México, legajo 568, y Escribanía de cámara, legajo 265a, cuaderno 31. 94. Eso fue lo que ocurrió a Pedro Domingo de Contreras en 1732; Michel Bertrand, “Clientélisme et pouvoir en Nouvelle-Espagne (1680-1770)”, op. cit. 95. Informe del Tribunal de Cuentas al Consejo de Indias: AGI, Audiencia de México, legajo 737. 96. Amalia Gómez Gómez, Las visitas de la Real Hacienda…, op. cit., cap. 10.

257

97. Seguían, así, las diversas ventajas obtenidas por el clan en lo que a nombramientos y otras comisiones se refería; informe del Tribunal de Cuentas de México al Consejo de Indias:

AGI ,

Audiencia de México, legajo 737. 98. Mark A. Burkholder, Biographical Dictionary…, op. cit., y AGI, Audiencia de México, legajo 737. 99. Antes de llegar al Tribunal de Cuentas de México, Juan Antonio de Somoza y Torres era oficial subalterno de la contaduría de la real caja de Guadalajara; más tarde, obtuvo del virrey el oficio de contador de la Real Casa de la Moneda de México. Probablemente ese compadrazgo logró establecerse por intermedio de la familia de la esposa de G. Guerrero de Árdila, María Antonia de Mendrice y Peña, hija del oidor de Guadalajara, Juan Bautista de Mendrice: AGI , Audiencia de México, legajos 736 y 737, y AGNM , notario 570, libro 3936. 100. Cinco de ellos obtuvieron más tarde su titulación en el Tribunal de Cuentas de México; se trataba de Agustín Rodríguez de la Rosa, contratado como “contador aumentado” en marzo de 1723

(AGI,

Audiencia de México, legajo 736), Francisco Antonio de Presilla, contratado como

contador interino en 1722

(AGI,

Audiencia de México, legajo 1986), Francisco Antonio Ramírez de

Arellano padre, nombrado contador ordenador sustituto en febrero de 1721

(AGI,

Audiencia de

México, legajo 739), Francisco Antonio de Corsi y Ursini, nombrado en el cargo de contador de resultas subalterno en 1721

(AGI,

Indiferente general, legajo 166) y, finalmente, Juan Fernando

Navarro, nombrado contador ordenador supernumerario de Nueva Planta en mayo de 1728

(AGI,

Audiencia de México, legajos 1121 y 1986); el último, Juan de Lobera, se mantuvo en un cargo de contador subalterno en la institución. 101. Informe del Tribunal de Cuentas al Consejo de Indias, de abril de 1732:

AGI ,

Audiencia de

México, legajo 737. 102. En torno a Isidro Nicolás Pardo de Nájera, se encontraban esencialmente en el Tribunal de Cuentas los contadores superiores José Manuel de Avendaño y Pedro de Barbabosa Porreño y el contador de resultas Juan José de Urueña Ferrari. El regente, Sebastián Antonio Rodríguez de Madrid, marqués de Villamediana, se unía puntualmente al grupo cuando buscaba afirmar su autoridad sobre el Tribunal de Cuentas a expensas de Gabriel Guerrero de Árdila, cuya influencia le hacía sombra: idem. 103.

AGI,

Escribanía de cámara, legajo 265a, cuaderno 2, f. 287. Si bien Gabriel Guerrero de Árdila

rehusó desplazarse hasta Zacatecas, no por ello dejó de nombrar a un remplazante digno de confianza en la persona de Antonio del Real y Quesada, oidor de Guadalajara; ff. 296-297. 104. AGI, Escribanía de cámara, legajo 265a, cuaderno 2, f. 413. 105. Requisitoria de Tomás de Sola y Soto, de mayo de 1724; AGI, Escribanía de cámara, legajo 265a, cuaderno 31, f. 87. En respuesta, el Consejo impuso una multa a todos los jueces que habían votado la reintegración: 2 000 pesos al fiscal y 500 pesos a todos sus colegas:

AGI ,

Audiencia de

Guadalajara, legajo 88. 106. Amalia Gómez Gómez, Las visitas de la Real Hacienda…, op. cit. 107. Se trataba de Manuel Ángel de Villegas Puente padre, José Francisco de Ozaeta y Oro y Pedro de Larburu y Mora; idem. Este último era un criado del virrey, mientras que los otros dos eran “dos pobres hombres”, según los ásperos propósitos de un malhadado candidato a esos mismos cargos: AGI, Audiencia de México, legajo 632. 108. AGI, Escribanía de cámara, legajo 268b, cuaderno 33, f. 239. 109. Idem. 110. Ismael Sánchez Bella, La organización financiera en las Indias, siglo XVI, Sevilla, 1968.

258

NOTAS FINALES 1. Véase el glosario. 2. Véase el glosario.

259

VII. Las visitas y la supervisión de la administración de la Real Hacienda de la Nueva España

1

LA ORGANIZACIÓN descentralizada de la administración de la Real Hacienda de la Nueva España, impuesta en gran medida por la dispersión geográfica de los centros de recaudación de las reales rentas, se mantuvo probablemente como uno de los rasgos predominantes de ese sector administrativo colonial. Consecuentemente, la distancia entre las diversas reales cajas y su instancia natural de supervisión, que era el Tribunal de Cuentas de la capital del virreinato, liberaba de hecho a los oficiales reales de muchas de las obligaciones que pesaban sobre ellos. Dado que se conjugaba con las insuficiencias propias del Tribunal de Cuentas, la dispersión administrativa anulaba en lo fundamental la eficacia de las verificaciones, previstas jurídicamente conforme a un ritmo anual. En realidad, las verificaciones regulares resultaron muy a menudo ineficaces para garantizar o imponer un funcionamiento conforme a las normas establecidas. La libertad de movimientos de que gozaban los oficiales de la Real Hacienda en el ejercicio de sus responsabilidades favoreció que pusieran por delante sus intereses personales o los familiares, a expensas de las funciones administrativas que se les habían confiado. En consecuencia, a semejanza de lo que ocurría en los otros sectores administrativos, coloniales o metropolitanos, se instituyó un sistema de inspecciones extraordinarias destinadas a paliar las numerosas insuficiencias y fallas del sistema administrativo, ante las que el poder español no podía dejar de reaccionar.

260

FIGURA VII.1. Vista en elevación de la nueva Casa de la Dirección de la Real Renta de Tabaco de México, 1790; Archivo General de la Nación, Mapoteca, 4918, México. 2

Esa medida no tenía nada de excepcional en la monarquía castellana, dado que, por lo demás, se aplicaba al conjunto de los territorios situados bajo su dominación. En realidad, tanto en América como en otras regiones, muy pronto se impuso la necesidad del establecimiento de una política, cada vez más puntillosa y exigente, de defensa de los intereses del monarca. Esa exigencia significó el establecimiento, desde el siglo xv, de mecanismos eficaces de supervisión del aparato burocrático en el marco de las llamadas “visitas”.1 En lo que a esta obra se refiere, no carece de interés hacer notar que la práctica de la visita hizo su aparición desde los primeros años de lo que, en los años siguientes, llegaría a ser el Imperio español de América. En efecto, la primera visita que se llevó a cabo en las Indias fue confiada en 1500 al comendador Francisco de Bobadilla en contra del propio Cristóbal Colón como consecuencia de las denuncias que hicieron en contra de este último sus rivales de La Española.2 A medida que el aparato del Estado se fue haciendo crecientemente más complejo, la práctica de la visita aumentó en precisión y diversificación jurídicas; sin embargo, independientemente de las especificidades puntuales de tal o cual indagación, lo que siempre tuvo continuidad fue el mismo principio de acción. Consecuentemente, la atención de esta investigación histórica se centrará ahora en la práctica de las visitas administrativas con la intención de comprender su naturaleza, sus objetivos y sus resultados; se tratará, por lo tanto, de medir su verdadera eficacia por el rasero de las intenciones metropolitanas: la defensa y la afirmación de los intereses monárquicos en el espacio americano con el propósito de contrarrestar las tendencias centrífugas inherentes a la estructura administrativa de la Real Hacienda y a los hombres encargados de asegurar su funcionamiento.

LA TIPOLOGÍA DE LAS VISITAS ADMINISTRATIVAS 3

Las visitas que se destinaban a supervisar el funcionamiento de la administración en conjunto adoptaban tres formas administrativas y jurídicas predominantes.3 La más corriente a todo lo largo del periodo colonial fue la verificación de fin del cargo o “residencia”1, juicio público que se imponía a todo oficial, muy en particular a los que ejercían sus responsabilidades durante un periodo determinado. En el caso de los otros oficiales, titulares de cargos vitalicios —entre ellos, los oficiales de la Real Hacienda—, en realidad, las verificaciones únicamente se ejercían en el caso de un traslado, fenómeno irregular, aunque no excepcional, en la administración de la Real Hacienda de los siglos

261

y XVIII.4 En esas circunstancias, antes de hacerse cargo de sus nuevas funciones, el oficial debía presentar los balances de sus años de ejercicio, a lo cual debió plegarse Ventura de Paz, contador superior futurario del Tribunal de Cuentas de México a partir de mayo de 1685: mientras aguardaba para tomar posesión de su cargo, decidió ejercer la función de oficial real de San Luis Potosí como interino; sin embargo, en 1693, cuando se presentó la vacante de una plaza que finalmente debía permitirle hacerse cargo de sus funciones de contador superior, el virrey bloqueó su integración debido a que sus cuentas no habían sido verificadas.5

XVII

4

Otra circunstancia que colocaba al oficial de la Real Hacienda en una situación semejante a la residencia era la muerte: como consecuencia de la terminación definitiva del cargo, el Tribunal de Cuentas embargaba inmediatamente el conjunto de las cuentas relativas al oficio y las sometía a un peritaje detallado que se remontaba hasta la última verificación. Todo descubierto, cualquiera que hubiere sido la causa, se compensaba inmediatamente mediante una deducción a expensas de los bienes del difunto, que habían sido embargados previamente y puestos de inmediato en subasta pública. Esa situación podía prolongarse durante muchos meses, incluso años, como regularmente se quejaban los herederos o allegados de los difuntos en sus denuncias sobre los rezagos acumulados en la verificación de las cuentas.6 Con todo, esas dos situaciones, en las que se sometía al oficial de la Real Hacienda a una supervisión que recuerda la visita, tan difundida en todas las otras ramas administrativas hispanoamericanas, se revelan muy secundarias en el caso del grupo estudiado: por una parte, el traslado fue, en resumidas cuentas, un mecanismo administrativo poco frecuente antes de mediados del siglo XVIII, tanto entre los oficiales reales como entre los contadores del Tribunal de Cuentas; y, por otra parte, en lo que respecta al embargo postmortem, que pesaba exclusivamente sobre los herederos del sospechoso en que se convertía automáticamente todo oficial fallecido, su naturaleza tardía con respecto al oficial en servicio activo y a sus potenciales excesos le eliminaba todo carácter de verificación. Y, en lo que concierne a los herederos mismos, la amenaza también era parcialmente teórica: dado que reducían sus bienes propios a sus simples efectos personales y ponían su patrimonio a nombre de testaferros o de hombres de confianza, muy frecuentemente el embargo se hacía sobre pocas cosas. 7

5

Fundamentalmente, entonces, la supervisión que debían enfrentar los oficiales de la Real Hacienda de la Nueva España correspondía a dos formas jurídicas: la pesquisa y la visita. La diferenciación entre esos dos tipos de supervisión fue presentándose de manera gradual, pues en un principio, por lo demás, las dos se confundían marcadamente con la residencia; la especialización y la distinción jurídicas tan sólo se establecieron de manera progresiva en el transcurso del siglo XVII.8 Así, en función de esa lenta evolución, se puede definir la pesquisa como una visita concerniente a una esfera restringida y precisa. Consistía en una verdadera misión punitiva, mucho más que en una visita destinada a aportar correcciones a una situación administrativa defectuosa. Su responsable únicamente ejercía las funciones de pesquisidor, con facultades para suspender de manera preventiva a los sospechosos, pero no podía juzgarlos, porque esa responsabilidad correspondía al tribunal de la jurisdicción competente, el cual se pronunciaba sobre la base del expediente de instrucción.9 En lo que respecta a la visita, ésta adquirió todos los rasgos de una comisión de supervisión de contenido variable; sin embargo, su naturaleza se fundamentaba en ciertas características jurídicas específicas; estaba siempre rodeada de cierto secreto y comprendía todo el periodo durante el que los sospechosos habían ejercido su cargo; únicamente autorizaba al juez a actuar en la esfera civil y limitaba su

262

poder al establecimiento de las actas de acusación en contra de los sospechosos, una vez llevada a cabo la instrucción; y se ejercía siempre en contra de varios oficiales a la vez, muy frecuentemente en contra del conjunto de los miembros de la institución que estaba sometida a la visita. El objetivo declarado de las visitas consistía, ante todo, en el restablecimiento de la buena administración, por lo que las sanciones para los culpables, complementos indispensables de las medidas de saneamiento, pasaban a un segundo plano en la actuación de los visitadores. Lo anterior se vio confirmado claramente por el estudio de las intervenciones de todos aquellos cuya actuación administrativa fue posible conocer. En sus informes, los visitadores insistían de manera unánime mucho más en los proyectos que les inspiraban sus descubrimientos que en las medidas represivas que era necesario adoptar, aunque ello no impedía que las visitas terminasen en juicios. Un tribunal, ya se tratase de la Audiencia, ya del Consejo de Indias, pronunciaba las sentencias, que no podían dar lugar a apelaciones.10 6

Algunas de las visitas recibían el calificativo de visitas generales, calificativo que se aplicaba a la amplitud de la comisión y la jurisdicción confiadas en ocasión de las verificaciones, que lo más a menudo se instauraban desde Madrid. En efecto, el rasgo característico de una visita general residía en el vasto conjunto institucional que abarcaba: una audiencia, un sector administrativo en un virreinato o incluso todo un virreinato. Por razones evidentes de eficacia, la responsabilidad de la visita se asignaba muy frecuentemente a un oidor externo a la circunscripción implicada.

7

Otras visitas, por el contrario, recibían el calificativo de visitas de comisión, regulares y ordinarias. Las visitas de comisión, mucho más frecuentes que las pesquisas, que estaban estrictamente codificadas, se confiaban a un oidor de la circunscripción y, a iniciativa de las autoridades de la Nueva España, ya se tratase del virrey o de la Audiencia, tenían por objetivo a los miembros de una institución precisa.11 Aun cuando correspondían plenamente al género jurídico que constituían las visitas, las comisiones de visita ordinarias limitaban seriamente la capacidad de acción del visitador, lo cual queda claramente revelado por el debate que se inició entre los oficiales reales de Zacatecas y la Audiencia de México a propósito del desenvolvimiento de la visita confiada en mayo de 1720 a Tristán Manuel de Rivadeneyra Luna y Arellano. La visita había sido puesta en marcha a iniciativa de Juan José de Veytia Linage, quien era contador del Tribunal de Cuentas de México y, sobre todo, a partir de 1709, el administrador de los azogues. 12 Consecuentemente, en enero de 1721 se decidió que el visitador sería respaldado por Juan José de Veytia Linage con el rango de abogado fiscal de la visita.13 Preocupado por la eficacia, Tristán Manuel de Rivadeneyra Luna y Arellano se había apresurado a dar a su comisión la forma más severa posible en contra de los sospechosos, es decir, la de un juicio de residencia o, incluso, de una visita, lo cual denunciaron enseguida los oficiales y sus protectores:14 de inmediato acusaron al visitador de que actuaba conforme a procedimientos que no incluía su comisión. Una vez que se llamó al orden a los responsables de la indagación, éstos se sometieron rápidamente: “Visto de lo cual y la suma distancia al superior gobierno y que podía discurrirse, no deseábamos ser más cumplida defensa a que se tubo particular propensión. Condescendimos facilmente ambos jueces en que lo hiciesen en la forma de un juicio ordinario y regular”.15

8

Por lo demás, Juan José de Veytia Linage justificó la actitud de conciliación, ya que, en noviembre de 1721, él mismo denunció “la forma extraordinaria, anómala y ociosa de los juicios de visita”; y, asimismo, alentó al visitador a conformarse con un procedimiento

263

regular y ordinario.16 Dicho en otras palabras, esa decisión privaba al visitador de los medios específicos de las visitas generales y, muy particularmente, de su carácter secreto. 9

En el marco del periodo en estudio, hubo en total 13 campañas de supervisión de diversa naturaleza jurídica —algunas generales; otras, ordinarias, y otras más, muy precisas y puntuales— en las que se sucedieron varios visitadores (véase el cuadro VII.1); en la práctica, no obstante, el número de comisiones encargadas efectivamente fue mucho más elevado: en efecto, en particular en el marco de las visitas de contenido más amplio, fue frecuente que la misma comisión hubiese sido confiada a varios responsables, los cuales se sucedieron entonces a la cabeza. Ahora bien, a menudo la sucesión de comisarios responsables de las indagaciones transformó radicalmente la orientación de estas últimas, lo que, sin duda alguna, fue fruto de la fuerte personalización de las visitas, resultante, a su vez, del trabajo tan particular que éstas exigían, independientemente del objetivo, que globalmente era el mismo. Por lo demás, la sucesión de responsables se tradujo a menudo en un desplazamiento del curso de la visita, no sólo en el espacio sino hacia nuevos sospechosos; en fin, tanto el contexto local como las relaciones de fuerza que se establecían en torno a la visita evolucionaban también de manera profunda con los cambios de titular. Consecuentemente, las numerosas modificaciones que se llevaban a cabo en el desarrollo de las comisiones de visita, que en un principio eran la prolongación de una visita anterior, llevaron con mucha frecuencia a disociarlas, lo cual hizo posible que se encontrara el rastro de cerca de una treintena de visitadores que intervinieron en la administración de la Real Hacienda de la Nueva España (véase el cuadro VII.2). CUADRO VII.1. Las comisiones de visita de la Real Hacienda de la Nueva España (1660-1780)

264

CUADRO VII.2. Las comisiones de visita de la Real Hacienda en la Nueva España según su naturaleza jurídica (1660-1780)

CUADRO VII.2. Las comisiones de visita de la Real Hacienda en la Nueva España según su naturaleza jurídica (1660-1780) (Continuación)

265

CUADRO VII.2. Las comisiones de visita de la Real Hacienda en la Nueva España según su naturaleza jurídica (1660-1780) (Conclusión)

10

La treintena de operaciones de supervisión llevadas a cabo en la Nueva España entre 1660 y 1780 representa un promedio de una visita cada cuatro o cinco años; sin embargo, las verificaciones no abarcaron ni el tiempo ni el espacio del virreinato de una manera homogénea. Únicamente ocho visitas fueron concebidas como generales, concernientes a toda la administración de la Real Hacienda, aun cuando ninguna cumplió verdaderamente la comisión que le había sido confiada. Por diversas razones, todas limitaron su actuación a ciertas ciudades o instituciones.17 Situada ahora en esa perspectiva, la célebre visita general de José de Gálvez se presenta entonces como una entre muchas otras; pero eso no es todo: el ritmo de las visitas permitiría pensar que la voluntad de supervisión se manifestó más antes de 1730 que después, ¡puesto que siete de las visitas generales se llevaron a cabo precisamente antes de esa fecha! En cierta manera, consecuentemente, las visitas generales de finales del siglo XVII y principios del XVIII confirman que durante ese periodo, bautizado quizás un poco precipitadamente como el de “la impotencia”, se expresó una fuerte voluntad de volver a empuñar las riendas y de llevar a cabo una reforma. En todo caso, la repetición regular de las visitas generales revela una verdadera preocupación del Estado colonial por sacar un mejor partido, mediante un mayor dominio de sus oficiales y de las riquezas americanas que encauzaba la administración de la Real Hacienda en América.

11

Por otra parte, el gran número de visitas puntuales concernientes a las diversas instituciones locales de la administración de la Real Hacienda confirma la voluntad de supervisión administrativa. En el caso del siglo XVII, fueron llevadas a cabo tres pesquisas, todas las cuales se desenvolvieron en el transcurso de los decenios de 1660 y 1670; de la misma manera, durante esos años se desenvolvieron cinco de las ocho visitas ordinarias impuestas a algunas de las reales cajas. Lo anterior quiere decir que, en una veintena de años, los principales centros administrativos de la Real Hacienda de la Nueva España — México, Zacatecas y Veracruz— pasaron por ocho visitas, que se sumaron a las llevadas a cabo en el marco de las visitas generales. Dicho de otra manera, durante los años sesenta y setenta del siglo XVII se sucedieron regularmente visitadores y oidores en los principales centros administrativos de la Real Hacienda.

12

El comienzo del decenio de 1680 marcó incontestablemente un cambio radical, caracterizado por una larga ausencia de todo tipo de supervisión, ya que durante 30 años

266

no se llevó a cabo ningún acto de supervisión de importancia. A todas luces, ese periodo coincidió con el de mayor relajamiento del funcionamiento general de la administración, tanto española como colonial, correspondiente enteramente a la fase de impotencia administrativa. El periodo estuvo acompañado por la generalización de la venta de los oficios, hasta entonces secundaria en la contratación de los oficiales, tanto de la Real Hacienda como de justicia, por las dificultades financieras siempre crecientes de la monarquía española y por las consecuencias dramáticas de la guerra de sucesión de España, todos ellos factores que concurrieron al debilitamiento de la supervisión de la metrópoli sobre el imperio.18 En cambio, los años posteriores rompieron nuevamente con esa situación, dado que se distinguieron por la multiplicación de los actos de supervisión de toda clase contra la delincuencia administrativa: a todo lo largo de la primera mitad del siglo XVIII se emprendieron 13 visitas de naturaleza jurídica diversa. Consecuentemente, la visita general de José de Gálvez no significó de ninguna manera una ruptura, ni siquiera una novedad, en el funcionamiento administrativo de la Real Hacienda colonial; muy por el contrario, se reveló más bien como la consumación de una política sistemática de la Corona a todo lo largo del siglo para volver a empuñar las riendas de la administración colonial. De hecho, después de esa última visita general confiada a José de Gálvez, la práctica desapareció, dejando su lugar a una nueva estrategia de supervisión asociada a la instauración de las intendencias. En efecto, es significativo el que una de las manifestaciones más concretas e inmediatas de las reformas administrativas de la segunda mitad del siglo XVIII —raramente subrayada, por lo demás— la constituyera precisamente el abandono de las verificaciones extraordinarias, organizadas de manera recurrente desde hacía dos siglos. En ese sentido, la visita general de José de Gálvez marcó el final de un periodo de la historia administrativa colonial desde el punto de vista jurídico, antes bien que el comienzo de una nueva época. Si acaso hubo alguna ruptura, probablemente deba buscarse sobre todo en el proyecto de instauración de las intendencias en América. La adopción de estas últimas tenía como objetivo transformar radicalmente el funcionamiento interno de la administración, muy en particular el de la Real Hacienda; y, debido a que multiplicó las instancias de supervisión a la escala regional, hizo inútiles los grandes viajes de supervisión y, al mismo tiempo, restringió fuertemente la autonomía de que disfrutaban los oficiales de la Real Hacienda: bajo la supervisión constante del intendente y sus subdelegados y reducido al rango de simple ejecutante, privado de libertad de maniobra, el oficial de la Real Hacienda perdió lo que constituía su fuerza y su prestigio. Así, si acaso hubo “impotencia” del Estado en América, no fue de muy larga duración. Ahora bien, en lo que respecta a la ruptura marcada por José de Gálvez, residió más bien en el remplazo de los medios de supervisión por herramientas con las que se perseguían los mismos objetivos por nuevos senderos. Por lo demás, esos cambios no significaron, de ninguna manera, un juicio prematuro sobre la eficacia de los nuevos métodos, los cuales, finalmente, todavía están ampliamente sujetos a discusión, sobre todo en lo que respecta a la cuestión relativa a la realidad de la reforma del Estado colonial en el transcurso de la segunda mitad del siglo XVIII.19 13

Muchas de las visitas contabilizadas fueron fruto de comisiones puntuales, relativas a un aspecto preciso de la administración de una real caja determinada o que implicaban a un individuo preciso. Tal fue particularmente el caso de algunas de las indagaciones que se llevaron a cabo en el marco de las visitas generales, de las cuatro pesquisas y, también, de la comisión ordinaria confiada en 1721 a José de Campillo y Cosío. Otras indagaciones, en fin, aún más limitadas y por lo general menos espectaculares, no dejan de ser

267

interesantes, aun cuando muy frecuentemente sólo tuvieron como resultado una producción documental limitada: debido a que por lo general estaban vinculadas a comisiones ordinarias cuya iniciativa había partido del virrey, sólo dieron lugar a indagaciones modestas. La mayoría de esas comisiones, probablemente muy frecuentes, 20 aunque siempre de alcance restringido por su propio epígrafe, sólo en raras ocasiones superó el estadio de la audiencia; sin embargo, algunas de ellas son mejor conocidas, muy particularmente las que eran prolongación o complemento de visitas más extensas. Tal fue el caso de la visita a Veracruz de Sebastián de Guzmán y Córdoba, quien dio el último toque a la comisión encargada al oidor de la Audiencia de México, Juan de Gárate y Francia. También ocurrió lo mismo en el caso de la comisión encomendada a Nicolás de Pozos, encargado de poner término a las indagaciones del alcalde del crimen Juan Gerónimo de Osilla y Rayo. Aun cuando esas diferentes comisiones eran limitadas en sus objetivos, no por ello resultaron menos ricas en información, tanto sobre los delitos cometidos como sobre el desenvolvimiento de las propias indagaciones de la administración de la Real Hacienda de la Nueva España.21 14

La gran variedad de actos de supervisión llevados a cabo a lo largo de más de un siglo que fue posible reconstituir ofrece una sólida base para el análisis de esa práctica administrativa. Tanto la amplitud como el contenido de la comisión confiada dependían, en primer lugar, de su definición jurídica y, por ende, de la redacción del texto con que se instauraba la comisión;22 pero la personalidad del visitador y la interpretación más o menos amplia o restringida que éste deseaba dar a su comisión resultan igualmente importantes. En última instancia, este último elemento fue muy frecuentemente lo que se reveló decisivo a la luz de la documentación que se reunió.23 En realidad, a lo que el historiador se enfrenta a través de la atención que presta a los aspectos concretos de una indagación, independientemente de la situación de hecho administrativa y jurídica de ésta —su desenvolvimiento, sus logros, las sanciones impuestas y los obstáculos encontrados—, es a la interpretación que el visitador hacía de su comisión y a los poderes que, consecuentemente, se arrogaba. Ahora bien, para poder situar la concepción subjetiva y personal que el propio visitador tenía de su misión, es necesario tomar en consideración los términos precisos de su orden de comisión.

LA ORDEN DE COMISIÓN Una ventaja muy estorbosa 15

En el establecimiento de todas las visitas, la orden de comisión servía al visitador de verdadero “¡Ábrete, sésamo!” Debía presentarla ante todas las instancias de poder —el virrey, la Audiencia y el Tribunal de Cuentas— y, después, ante todas las instituciones en las que iba a llevar a cabo la supervisión. La presentación ante estas últimas marcaba siempre el comienzo de la instrucción y significaba que los oficiales debían responder sin dilación a todos los requerimientos que les fuesen impuestos. La orden de comisión, manifestación escrita de la autoridad real de que estaba investido el visitador, constituía el basamento jurídico sobre el que reposaba su poder; sin embargo, muy frecuentemente fue también el punto débil de las indagaciones que se llevaron a cabo en la administración de la Real Hacienda de la Nueva España. Su texto, que instauraba jurídicamente la visita, marcaba también sus límites; consecuentemente, el visitador debía someterse a él por

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completo en su actuación; de lo contrario, se exponía a su vez a que se le denunciara y se viera amenazado con una indagación en su contra. 16

En lo que respecta a las visitas estudiadas, el caso de Tristán Manuel de Rivadeneyra Luna y Arellano, ya mencionado, demuestra el impacto que esa clase de riesgos podía tener sobre el desenvolvimiento de la propia visita. Los infortunios vividos sucesivamente por Francisco Lorenzo de San Millán, en Zacatecas, y Antonio de Cevallos y Villagutiérrez, en Guadalajara, ilustran en cierta manera las dificultades que los visitadores, prisioneros de su orden de comisión, encontraban en su misión. El primero, cuyo comportamiento levantó una oposición todavía más generalizada que la que tuvo que enfrentar su colega, confirma los grilletes a que se encontraba sujeto el responsable de una visita. Francisco Lorenzo de San Millán, a quien el visitador general Francisco de Valles había designado después de muchas presiones para llevar a cabo la visita de la real caja de Zacatecas, se encontró rápidamente expuesto a la hostilidad de la población local.24 El rechazo generalizado derivaba esencialmente de la orientación que había decidido dar a sus indagaciones. El objetivo, precisado en su orden de comisión, se refería a los fraudes relacionados con el quinto que pesaba sobre la plata y con la práctica del rescate y apuntaba principalmente a dos sospechosos: del primero, el alguacil mayor José de Villaroel, corría el rumor público de que en 10 años había comprado a los mineros que financiaba más de 400 000 marcos de plata que habían escapado al quinto; el segundo, el tesorero de la real caja, Francisco Gómez Rendón, se dedicaba también a esas prácticas en el caso de las minas de Zacatecas, Sombrerete, Mazapil y Fresnillo, y para ello se valía de su hermano Sebastián, que era minero, y servía de terciador al maestre de campo Antonio Urrutia de Vergara, propietario, por lo demás, del oficio de alguacil mayor del Tribunal de Cuentas.25 En lugar de emprenderla inmediata y directamente contra ellos, el visitador prefirió soslayar el obstáculo, negociar con ellos el precio de su discreción y emprenderla en contra de sus comparsas. Así, intentó entablar procesos a los mineros por las razones más diversas, con lo que transformó su visita en una acusación en contra de la minería de Zacatecas, en lugar de su real caja. Les imputaba que no le presentaban información que correspondiera a la plata extraída con respecto al mercurio consumido; y acusaba también a algunos de ellos de que se dedicaban al tráfico del metal de “pepena en la boca de la mina”. Por el temor que inspiró, obtuvo deposiciones de todos los mineros demandados y el pago de multas correspondientes al fraude, que él consideraba como demostrado.26 Mediante la imposición de multas muy elevadas a unos individuos que tenían la reputación de estar en condiciones de pagarlas, satisfacía al poder central, enumerando exageradamente los montos de las multas percibidas, y, de manera simultánea, no olvidaba retribuirse generosamente, transfiriéndose como gastos de visita una parte de las sumas cobradas. Finalmente, aterrorizados por la actuación de Francisco Lorenzo de San Millán, los mineros lograron obtener, para comenzar, que lo remplazara Juan Miguel de Agurto y Salcedo, debido a que había rebasado sus atribuciones. La decisión que se tomó en 1669 no amnistió de ninguna manera a los diversos sospechosos, como lo demuestra, por lo demás, la continuación de la visita; únicamente tenía por objeto sancionar a un visitador que había hecho una interpretación muy particular de su orden de comisión.27

17

En lo concerniente al segundo visitador, Antonio de Cevallos y Villagutiérrez, presidente de la Audiencia de Guadalajara, sus infortunios confirman la importancia de los inconvenientes que surgían de las libertades que los visitadores se tomaban con las reglas judiciales. El visitador había sido encargado de investigar las maquinaciones de los

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oficiales reales de Guadalajara, Bartolomé de Llerena Ayala y Pedro de Maynar y Paniagua, pero éstos le reprocharon que no hubiese respetado los límites impuestos a su comisión. En una carta dirigida al virrey en mayo de 1685 acusaron a Antonio de Cevallos y Villagutiérrez de no haber presentado su orden de comisión. Ahora bien, el presidente de la Audiencia había sido designado como visitador en noviembre de 1678, por lo que, en abril de 1680, preocupado quizá por acelerar una visita que había tenido un retraso tan grave, descuidó presentar el documento real y penetró por la fuerza en las oficinas de la real caja. Muy rápidamente, el asunto tomó un mal cariz y desembocó en un fuerte altercado en cuyo transcurso se intercambiaron injurias y golpes. Para vengarse, el presidente impuso el embargo inmediato de todos los documentos administrativos y de los bienes de los oficiales reales. En el primer momento, estos últimos prefirieron batirse en retirada y acogerse a sagrado. Sacando ventaja de la huida, el visitador levantó un acta de acusación en la que reconstituyó la responsabilidad de los dos oficiales en la desaparición de fuertes sumas depositadas en la real caja. Privados de defensa, puesto que rehusaban presentarse ante su juez, los oficiales se valieron del único argumento de que disponían en el fondo de su refugio: el que Antonio de Cevallos y Villagutiérrez no hubiese cumplido con el procedimiento administrativo. Consecuentemente, en mayo de 1685, es decir, cinco años después de los hechos, redactaron la carta en que acusaron a su acusador. Confiados en ese único argumento, aprovecharon hábilmente la negligencia del visitador y volvieron las cosas temporalmente en su contra. De esa manera, lograron retrasar varios años una condena que, en virtud de un acta de acusación precisa y rigurosa, era ineluctable. Las consecuencias del “error” de Antonio de Cevallos y Villagutiérrez fueron importantes: en el momento en que el Consejo de Indias condenó a los oficiales reales, uno de los culpables ya había fallecido desde hacía algún tiempo y, en lo concerniente a la recuperación de las sumas extraviadas, haciendo efectivas las garantías que ofrecieron los fiadores de uno y otro, los largos plazos que les concedieron a estos últimos redujeron en la misma medida la eventualidad de su éxito. 28 18

Se podrían multiplicar estos ejemplos, tan sabrosos como significativos, a la escala de casi todas las visitas llevadas a cabo en la administración de la Real Hacienda entre 1660 y 1780, ya que, por los motivos más diversos, todos los visitadores tuvieron que pasar por esa clase de denuncias, cuyos fundamentos, es cierto, fueron desiguales. No todos los visitadores fueron abandonados por sus superiores, como le ocurrió a Francisco Lorenzo de San Millán, ni todos fueron tampoco tan impulsivos como Antonio de Cevallos y Villagutiérrez; sin embargo, las acusaciones, casi sistemáticas, muestran la ambigüedad de la función que desempeñaban las órdenes de comisión: su contenido muy detallado, en primer lugar; la incertidumbre jurídica con respecto a la precisión de la propia situación jurídica de las visitas, en segundo lugar, y su interpretación, en fin, que siempre se dejaba al visitador, transformaban ese documento en una ventaja esencial al servicio de la visita y, al mismo tiempo, en una desventaja difícil de superar para el visitador. 29

La búsqueda desenfrenada del testimonio 19

Fuera cual hubiere sido la naturaleza jurídica de la orden de comisión que se confería y de las atribuciones que esta última otorgaba a su beneficiario, el desenvolvimiento de la visita seguía siempre el mismo derrotero: a la proclamación de su apertura, se sucedían el recurso a los testigos —la defensa de los inculpados se apoyaba en testigos de descargo—, la enumeración de los cargos que el visitador había aceptado y la formulación de la primera sentencia, la cual, si había lugar, iba seguida muy a menudo de una apelación

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ante el Consejo de Indias. De ese esquema casi inmutable, vale la pena analizar más detalladamente tres aspectos. A falta de confesiones y sin verdaderos medios de presión para obtenerlas, uno de los momentos más sensibles en el desenvolvimiento de las visitas consistía en la obtención de los testimonios de cargo.30 Si las deposiciones mostraban alguna concordancia entre sí, hacían las veces de pruebas de convicción en contra del sospechoso. Se comprende entonces todo el cuidado que se tenía en esa etapa de capital importancia. Con base en la información en cuya posesión se encontraba ya, el visitador elaboraba toda una serie de preguntas extremadamente precisas y frecuentemente muy numerosas; después, se invitaba a los testigos y los inculpados a responder punto por punto, con la posibilidad, si la deseaban, de explicar con mayor detalle los capítulos que les pareciesen importantes. Toda referencia que se hiciera a un tercero en el transcurso del interrogatorio, por anecdótica que fuese, llevaba al juez a buscar al individuo en cuestión con la intención de interrogarlo a su vez acerca del tema preciso a cuyo propósito se había mencionado su nombre. Ese método suponía una verdadera inflación del número total de testigos oídos, aun cuando los resultados eran desiguales, como lo demuestra la reiteración regular, bajo la pluma del escribano, de la fórmula “interrogado sobre si conoce […], dijo no saber…” 20

Legalmente, la apertura de una pesquisa y la de una visita ofrecían la posibilidad de llevar a cabo interrogatorios protegidos por el secreto, garantía evidente para los testigos, que enseguida se volvían mucho más prolijos. Consecuentemente, de Juan de Gárate y Francia, en Veracruz, en 1675, a Tristán Manuel de Rivadeneyra Luna y Arellano, en Zacatecas, en 1721, fueron numerosos los visitadores que se valieron de los interrogatorios secretos, aun cuando la naturaleza de su comisión no los autorizara a ello necesariamente. 31 Los inculpados percibían ese recurso como una violencia insoportable, por lo que sistemáticamente fundamentaban su defensa en ese argumento central. Ahora bien, a pesar de las airadas quejas de los inculpados, la eficacia del método se encontraba confirmada casi sistemáticamente, de la misma manera como ocurrió con la experiencia que vivió Juan de Gárate y Francia en 1676.

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El 7 de septiembre de 1668, llegó al Consejo de Indias una carta firmada por el fiscal de la contaduría de Veracruz, Juan Ruiz de Ávila, en la que se denunciaba con gran precisión a los oficiales reales de la real caja. El Consejo designó inmediatamente a un oidor de la Audiencia, Juan Miguel de Agurto y Salcedo, con una comisión de visita. En 1670 llegó a su vez al Consejo de Indias una segunda carta de la misma naturaleza, firmada, en ese caso, por un tal Sebastián de Maldonado, aun cuando todavía no se había emprendido ningún procedimiento judicial de importancia.32 En enero de 1672 tuvieron lugar los primeros interrogatorios, si bien en un contexto poco favorable al buen desenvolvimiento de las indagaciones: la comisión de visita confiada a Juan Miguel de Agurto y Salcedo había provocado la indignación de su colega Gonzalo de Suárez de San Martín. Este último, a quien se había conferido una pesquisa en contra de Francisco Lorenzo de San Millán, contador de la visita general de la administración de la Real Hacienda de la Nueva España dirigida por el juez Cristóbal de Calamcha y Valenzuela, consideraba que ese nuevo caso era de su competencia, por lo que puso obstáculos a la organización de la comisión de su colega, a quien veía como un rival; finalmente, en ese inicio de 1672, ¡los dos visitadores interrogaron simultáneamente a los sospechosos y testigos del caso!33 Aun cuando las indagaciones se habían echado a andar al fin con muchas dificultades, se atascaron inmediatamente. Gonzalo Suárez de San Martín tomó partido por los sospechosos, quizá después de haber aceptado de parte de ellos diversas dádivas en metálico y en “plata

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labrada” y “otras alajas”.34 Por su parte, a falta de testigos dispuestos a cooperar, su rival no logró establecer una verdadera acta de acusación. En opinión de todos los vecinos interrogados, Veracruz era demasiado pequeña como para que los abusos de la importancia de los denunciados por Juan Ruiz de Ávila pudieran practicarse en esa ciudad.35 En lo que respecta a los autores de las cartas de acusación, le fue imposible encontrarse con ellos: Juan Ruiz de Ávila había muerto en Michoacán a comienzos del año de 1672, a consecuencia de un violento altercado con el corregidor de Guacava, quien lo ejecutó después de llevar a cabo la parodia de un juicio sumario; y, en lo concerniente a Sebastián de Maldonado, se comprobó que jamás había existido y que tras la firma se ocultaba un rival de los oficiales reales preocupado por su seguridad después de la desgracia acaecida a Juan Ruiz de Ávila. Consecuentemente, parecía que la doble indagación desembocaría inexorablemente en el sobreseimiento. En septiembre de 1673, Juan Miguel de Agurto y Salcedo propuso un veredicto de absolución y, algunos meses más tarde, se justificó en los siguientes términos: Entré en el primer ingreso de esta causa con alguna desconfianza respeto de hallarme con la real órden de V. M. a tiempo que había fallecido dho. [dicho] J. Ruiz de Ávila y con conocimiento de la ligereza de este sujeto a quién traté y comuniqué, y se reconocen de las deposiciones que los testigos hacen de su natural haviendo tomado Dios por instrumento a un alcalde mayor por bién leve causa y con mano de la real justicia para castigar sus pecados dando garrote atropellada y alevosamente como consta del testimonio que ba en estos autos y con especialidad he visto en los originales en que procede la real sala del crimen contra dho alcalde mayor. 36 22

La connivencia de uno de los visitadores, seguida del silencio temeroso de una población tan sumisa como cómplice, había detenido la pesada maquinaria judicial que se echó a andar desde Madrid; por su parte, no obstante, el fiscal del Consejo de Indias rechazó el fracaso en una severa requisitoria. Demostrando que, con testimonios o sin ellos los fraudes de los oficiales reales de la real caja se translucían tan sólo en la comparación de los datos concernientes al cacao que había transitado por las aduanas de Veracruz, Puebla y México, exigió la reapertura de las indagaciones.37 En ese difícil contexto, consecuentemente, después de la decisión tomada en marzo de 1675 por el Consejo de Indias de reabrir la visita, se encargó a Juan de Gárate y Francia reanudar la instrucción en contra de los oficiales reales de Veracruz.

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Las primeras semanas de su comisión en Veracruz, a partir de noviembre de 1675, se saldaron nuevamente en un doloroso fracaso;38 pero el visitador terminó por encontrar la falla en el compacto bloque constituido en torno a los oficiales de la Real Hacienda. Su primera medida consistió en la expulsión temporal de la ciudad de los oficiales reales y, sobre la marcha, organizó de principio a fin una prisión “para asegurar y apremiar con ella a los que convenga”.39 El tono estaba dado: la población tendría que someterse o sufrir. Y no actuó de otra manera. Ofendido por la negativa actitud de los principales responsables de la ciudad —grandes comerciantes y miembros del cabildo— y fatigado por sus propios problemas de salud,40 dirigió una clara señal a todos los que se proponía oír: el 5 de enero de 1676 convocó a los miembros de la élite local —regidores, alcaldes ordinarios, antiguos o en servicio activo, y principales comerciantes del puerto—; ante el nuevo rechazo a plegarse a sus conminaciones, arrojó a todos en prisión, apoyándose en las contradicciones que aparecieron en sus testimonios.41 El asunto causó una gran conmoción. A pesar de la legitimidad y legalidad de su actuación, basada de manera precisa en su orden de comisión, Juan de Gárate y Francia no pudo resistir largo tiempo a las presiones que de inmediato se ejercieron sobre él y, finalmente, el 25 de enero, se

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resolvió a liberarlos de manera progresiva, “por ser hombres conocidos arraygados y sin sospecha de fuga”, según los términos del abogado de estos últimos. 42 24

Con todo, el tono estaba dado. En el transcurso del mes de enero, la mayoría de los testigos, que habían sido interrogados después de la demostración de fuerza del visitador, comenzó a confesar los abusos de unos y otros. Por supuesto, una vez liberados, todos los prisioneros se precipitaron ante el oidor para denunciar las presiones que habían sufrido en el transcurso del interrogatorio; pero de nada les sirvió. Gracias a que había sembrado el terror entre los testigos con sus amenazas de prisión y exilio en los presidios de las Filipinas, en dos meses el visitador reunió suficientes elementos que le permitieron desmontar el mecanismo del fraude en el puerto de Veracruz. Como lo denunciaron un poco más adelante los oficiales reales, todos los testigos se habían sentido intimidados por el aprisionamiento de los hombres importantes de la ciudad, por lo que imaginaron y temieron para sí mismos, individuos más modestos, castigos mucho más severos; tanto más cuanto que, para que sus amenazas se sintieran más inminentes y concretas, el visitador se apoderaba de los testigos “con cantidad de soldados del presidio en su guardia y custodia para por este medio darles a entender los rigores que con ellos se iba a ejecutar”.43 El rigor terminó por rendir sus frutos: en vista de los testimonios recogidos, el Consejo de Indias anuló las decisiones de 1673 y sancionó severamente a los oficiales reales, a lo cual añadió las fuertes multas que impuso a varios vecinos de Veracruz, convencido de su complicidad manifiesta.44

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El episodio mencionado ilustra plenamente la importancia determinante de los testimonios que obtenían los visitadores. Sin ellos, nada era verdaderamente posible. En la cacería del testigo residía indiscutiblemente la principal debilidad de esos grandes episodios judiciales. Sólo un juez decidido y sin temor por su propia vida podía imponerse verdaderamente; prisionero de su orden de comisión, debía respetar los límites que ésta le imponía; si se apartaba de ellos, aun cuando fuese por una buena causa, corría el riesgo de verse acusado de abusos; y, en tal caso, no faltaban las buenas almas que tomaran partido por los inculpados: poderes rivales contrariados por la presencia del visitador, oidores descontentos por no haber sido designados para llevar a cabo la visita, solidaridades de todo género fortalecidas por la presencia molesta de un intruso, etcétera. En ocasiones, como en el caso del contador Francisco Lorenzo de San Millán, en Zacatecas, la causa del desagrado con que se topaban los visitadores tuvo que buscarse en las medidas que decidían. Y, de manera muy sistemática, esas dificultades desembocaban en la suspensión temporal de la visita, antes de terminar en su anulación definitiva.

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Si bien es cierto que la visita de Juan de Gárate y Francia se destaca indiscutiblemente de las otras cuya historia se ha reconstituido, ello es así no únicamente por sus resultados, elogiosos para su responsable, sin duda alguna, sino también por los propios medios utilizados. Lo que vale la pena subrayar, sobre todo, es la habilidad con que ese oidor supo poner en práctica los procedimientos que usualmente tenía a su disposición un visitador para obtener los indispensables testimonios. En efecto, ninguna de las otras visitas que se desenvolvieron entre 1660 y 1780, y que fueron llevadas a cabo con decisión, escapó a los métodos aquí mencionados: casi en todos los casos se encontró que se sacaba provecho alternativamente de las presiones, las amenazas, el aprisionamiento y los interrogatorios bajo el sello del secreto. Algunos visitadores se revelaron incluso mucho más duros todavía de lo que nunca lo fue Juan de Gárate y Francia con los sospechosos de Veracruz: a las violencias psicológicas, banales y, en resumidas cuentas, empleadas frecuentemente, algunos añadían en ocasiones otros empleos de la fuerza todavía más rigurosos. Los

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medios predilectos de los visitadores más exigentes fueron, entre los más frecuentes, los aprisionamientos abusivos y los embargos previos de bienes.45 En la visita general de 1766 de las instituciones de la Real Hacienda de la Nueva España, el propio José de Gálvez y sus delegados experimentaron los mismos reproches. Así, en ocasión de su visita, José de Gálvez recurrió sistemáticamente a la suspensión previa de los oficiales, método muy inusual fuera de una pesquisa.46 Por lo demás, en ello residió el argumento central de la defensa de uno de los inculpados de Acapulco, Juan Manuel Ramírez de Arellano, quien, con convicción y precisión, demostró en su defensa todas las infracciones que cometió Hipólito de Villaroel en el marco de su comisión de supervisión; y no es de dudarse que, si logró obtener del propio José de Gálvez un sobreseimiento con respecto a los cargos que pesaban en su contra, ¡ese aspecto de las cosas haya sido tomado indiscutiblemente en consideración!47 Dichas prácticas, corrientes entre los visitadores de la Real Hacienda de la Nueva España, confirman manifiestamente la constante preocupación de estos últimos por el testimonio, así como la importancia determinante que se le acordaba.

LA LENTITUD DE LA PESADA MAQUINARIA JUDICIAL Un preámbulo laborioso 27

Antes aun de poder obtener el más insignificante de los valiosos testimonios, era necesario asegurar la instauración administrativa de la visita. Para comenzar, una visita de supervisión, fuera cual hubiere sido su situación jurídica, era un gran mecanismo judicial. En primer lugar, la decisión sobre el nombramiento del responsable tomaba a menudo varios meses; y si bien la lentitud metropolitana no tenía consecuencias directas sobre el desenvolvimiento de la propia visita, le quitaba todo el efecto de la sorpresa. En segundo lugar, la noticia de la llegada del visitador lo antecedía varios meses, lo que daba a los sospechosos el tiempo necesario para prepararse: ¡las páginas arrancadas de los libros de cuentas, las falsificaciones necesarias para la causa y la desaparición de las pruebas de convicción de todo género eran recursos comunes y corrientes! En tercer lugar, consecuentemente, el visitador se veía obligado a llevar a cabo verdaderos peritajes, sobre la tinta y la escritura de ciertos libros de cuentas, por ejemplo, con el propósito de demostrar la diferencia de su factura en comparación con el resto de los documentos encontrados, como logró hacerlo Juan de Gárate y Francia.48

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Asimismo, a la lentitud propiamente institucional se sumaba la lentitud material en la incoación de la visita. Una vez al pie del cañón, antes de presentarse en el terreno de su comisión, al visitador le restaba todavía designar a sus auxiliares. En el caso de las indagaciones que se llevaban a cabo en la administración de la Real Hacienda, además del escribano de la visita, se contrataba por lo general a un contador asignado a los aspectos técnicos; éste, no obstante, podía no acompañar al visitador al terreno y entonces trabajaba a partir de los documentos que le dirigían. Por otra parte, en el caso de las amplias visitas generales, en ocasiones el responsable delegaba su comisión a los auxiliares, de cuya contratación él se encargaba. Las contrataciones complementarias nunca eran cosa simple, ya que muy frecuentemente se extendían a lo largo de prolongadas y valiosas semanas, que los oficiales sospechosos no se privaban de aprovechar con eficacia. Los malos manejos y maniobras de Francisco Lorenzo de San Millán, en particular para obtener una asignación en la visita en contra de los oficiales de Zacatecas y, después, en la que se llevó a cabo en contra del Tribunal de Cuentas de

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México, son particularmente reveladores del clima que reinaba en torno a los visitadores recién nombrados o recién desembarcados. 29

Durante 30 años, ese andaluz había sido veedor proveedor de los ejércitos y, después, contador de la flota de las Indias. En junio de 1662 obtuvo una futura de contador superior en el Tribunal de Cuentas del Consejo de Indias. A la espera de una vacante, aprovechó la noticia de la instauración de una visita general de la administración de la Real Hacienda de la Nueva España para obtener el título de contador de la visita con el grado de “juez oficial de la Casa de Contratación”.49 Consecuentemente, acompañado de toda su familia, entre ellos su esposa, María de la Puente, desembarcó en Veracruz con Francisco de Valles, oidor de la Audiencia de Valladolid designado para esa comisión, que se llevó a cabo en el transcurso del año de 1662. Una vez en el lugar, Francisco de Valles se dedicó al establecimiento de su comisión, delegando a unos y otros la realización de las indagaciones en el plano local. Pedro Fernández de Cabrera, oficial subalterno de la contaduría de tributos y azogue de México, aprovechó su excelente puesto de observación para dejar a ese propósito un crudo testimonio que ilustra el clima en que se realizaban las designaciones: Los ministros desta ciudad, tanto de la caxa así como del Tribunal de Cuentas, pusieron asedio al visitador para conseguir de parte suya una comisión de visita. En esta lucha, el contador Francisco Lorenzo de San Millán fué de los más constantes. Con eficasísimas ynstancias y ruegos, él y Dña. María de la Puente su mujer pidieron en mucha ocasión la visita de las reales caxas de Zacatecas por ser de las principales y más pingües deste reino a dicho visitador, representándole que de solos su cuidado y hallarse contador de la visita y con más autoridad que otro ninguno se podía fiar un negocio tan grave como éra la visita por su persona. 50

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Ahora bien, Francisco de Valles deseaba reservarse para sí la visita de Zacatecas precisamente por las mismas razones que impulsaban a Francisco Lorenzo de San Millán y María de la Puente, su esposa, a solicitarla; el responsable de la comisión quería evitar, sobre todo, la presencia a su lado del contador de la visita que le había sido impuesto y del que manifiestamente desconfiaba. Mientras dudaba sobre la decisión que debía adoptar y se tomaba el tiempo para reflexionar, Francisco de Valles no pudo impedir que se diseminaran los rumores más diversos. Uno de ellos afirmaba que, finalmente, el principal rival de Francisco Lorenzo de San Millán, Manuel Francisco del Castillo, un caballero de la orden de Santiago, había obtenido la comisión. Alarmada por las habladurías, la pareja De San Millán-De la Puente multiplicó sus intervenciones. Según diversos testigos: […] formaron mucho sentimiento dándoselo a entender al visitador, hasta ponerse en extremo de ponerse de rodillas la dicha María su mujer a dicho visitador ponderándole que sería en esta ciudad donde era público que yba su marido por visitador de las caxas de Zacatecas, porque de no hacerlo perdería su reputación y más cuando se hallaba con muchos empeños que le ocasionaron al dicho visitador a despacharlo.51

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Bajo las presiones, Francisco de Valles cedió, pensando, probablemente, que se había desembarazado de un inoportuno a un precio muy bajo; sin embargo, se equivocaba: tan pronto tuvo el nombramiento, el contador de la visita dirigió una carta al Consejo de Indias en la que acusaba al visitador de haberlo asignado a Zacatecas ¡para alejarlo de él! Era, explicaba, el primer paso del visitador para, enseguida, poder nombrar como contador de la visita a un hombre suyo, desembarazándose al mismo tiempo del que le había sido impuesto en el momento de su partida. Habría que creer que Francisco Lorenzo de San Millán disponía de numerosos terciadores ante el Consejo de Indias, puesto que,

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poco después de esa acusación particularmente cínica, Francisco de Valles fue suspendido y su comisión confiada a Cristóbal de Calamcha y Valenzuela, oidor de la Audiencia de Guatemala.52 Así pues, todo quedaba por hacer en una visita decidida desde hacía ya dos años: en 24 meses, ¡todavía no había superado la etapa de los comienzos! 32

En consecuencia, el nuevo responsable de la visita general reanudó un expediente candente y muy mal comenzado. Lo único que pudo hacer fue confirmar la asignación de Francisco Lorenzo de San Millán, quien, por lo demás, se había apresurado a tranquilizar a sus amigos zacatecanos. Varias cartas confiscadas posteriormente, en ocasión de la pesquisa organizada en contra del propio De San Millán en 1669, revelaron el muy turbio juego del personaje que a partir de julio de 1665 llevó a cabo la visita de la real caja de Zacatecas. En 1666 escribió a los oficiales de la real caja entre quienes había llevado a cabo las indagaciones unos cuantos meses antes: […que] estuviesen sin cuidado, que el señor Cristóbal de Calamcha y Valen-zuela que había sucedido en las comisiones del señor Francisco de Valles no iría a Zacatecas que antes avía venido cédula de S. M. para que se sentenciasen las causas que abía hecho el dicho contador y que iría D. M. de Aragón a executarlas. 53

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Dicho en otras palabras —independientemente de las razones personales de Francisco Lorenzo de San Millán para llevar a cabo la visita de la real caja de Zacatecas conforme a unas normas muy poco ortodoxas que desembocarían en una pesquisa en su contra en 1668—,54 las querellas que mantuvo el personal que dirigía la operación judicial significaron retrasos importantes antes de que la visita se pusiera en marcha efectivamente: ¡en el caso de Zacatecas, los retrasos se extendieron durante cerca de cinco años! Es probable que las tensiones que se mantuvieron durante varios años sobre la cuestión de saber quién se beneficiaría de esa comisión de visita hayan adoptado en ese caso un cariz de psicodrama lleno de odio y en ocasiones violento, en correspondencia con el atractivo que ejercía el principal centro minero de la Nueva España a finales del siglo XVII; y es probable que en esa misma época se luchara con menor intensidad por ir a Mérida o a Pachuca; pero, fuera lo que hubiere sido, el establecimiento de las estructuras que permitieran el desenvolvimiento de las visitas alentaba la manifestación de toda suerte de apetitos que, sistemáticamente, retrasaban el comienzo de las operaciones.

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De esa manera fue posible calcular la demora que acordaron los visitadores entre su nombramiento y el comienzo de la visita en 23 de las 26 comisiones de supervisión incluidas en el cuadro VII.2; y el promedio general resultante de las demoras para que dieran comienzo las visitas fue superior a los 12 meses. Es cierto que es necesario tomar en consideración tres parámetros importantes que podían prolongar sensiblemente los retrasos y, en consecuencia, que pueden hacer que las comparaciones sean delicadas: el tipo de nombramiento, el lugar de asignación administrativa del visitador y su alejamiento del lugar de la misión. Así, se observa sin sorpresa que las demoras más prolongadas estaban relacionadas con las visitas, generales o no, que se decidían en Madrid y para las que se designaba muy particularmente a visitadores metropolitanos, mientras que, por el contrario, las comisiones ordinarias daban comienzo en plazos extremadamente breves. A partir de los años de 1710, no obstante, se puede subrayar una ligera tendencia, aunque bastante general, a la disminución de la diferencia entre las dos primeras fases de toda comisión. Dicha tendencia era particularmente muy marcada en el caso de las comisiones del siglo XVIII decididas por los virreyes, lo que confirma el fortalecimiento del dominio de la autoridad virreinal sobre la administración de la Real Hacienda.

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Si ahora se toma en consideración únicamente el caso de Veracruz, del que se está en posesión de los datos concernientes a 10 actos de supervisión, resulta posible afinar un poco las observaciones generales. El promedio total de las prórrogas acordadas se revela prácticamente de la misma magnitud; sin embargo, si se deja a un lado el caso un poco particular de la visita del juez Juan Miguel de Agurto y Salcedo, 55 la demora promedio se reduce a siete meses. La tendencia general se confirma con las visitas posteriores a 1715, en cuyo caso las demoras no superaban los ocho meses y las más breves se encontraron en los casos de los nombramientos hechos por los virreyes, que representaban cuando mucho unas cuantas semanas. Evidentemente, la aceleración del ritmo que se imponía a los visitadores aseguraba un mayor alcance a las visitas: unas cuantas semanas después de haber tomado la decisión de organizar una indagación, el virrey y su real acuerdo podían contar con síntesis precisas sobre las situaciones observadas, lo que, al mismo tiempo, permitía la rápida aplicación de las primeras represalias, el envío sin demora de citaciones a los testigos complementarios si era necesario y, sobre todo, la aceleración de la recuperación de los fondos reales malversados; sólo restaba entonces precisar los cargos aceptados y pronunciar las primeras sentencias; etapas que significaban la imposición de una rapidez poco común al desenvolvimiento de la visita misma.

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En realidad, la lentitud administrativa de las comisiones de visita se ponía de manifiesto también en la lentitud de su propio desenvolvimiento (véase el cuadro VII.1). El cálculo de la duración de las visitas llevadas a cabo en la Nueva España entre 1660 y 1780 se entiende como el periodo comprendido entre la promulgación del decreto de nombramiento del visitador y la interrupción de las visitas en el lugar de la comisión, que generalmente coincidía con la pronunciación de una primera sentencia, aun cuando muy a menudo ésta fuese tan sólo temporal debido a las apelaciones. Lo anterior quiere decir que se debe entender que la evaluación de la duración de una visita es una mínima a la que se sumaban los plazos de los nuevos juicios.

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La duración de las visitas generales no debería sorprender: representa un promedio de cuatro años de trabajo, mientras que las comisiones más cortas corresponden a interrupciones precoces, ya sea como consecuencia del fallecimiento de su responsable, ya sea debido a la hostilidad que encontraban. Por otra parte, aun cuando las visitas de alcance más restringido eran más breves, no por ello dejaban de tener una duración considerable, de tal manera que, salvo raras excepciones, la verificación de una real caja requería un trabajo de aproximadamente dos años. Sólo las pesquisas y las visitas ordinarias exigían lo más a menudo una duración relativamente corta, aunque de cuando menos un buen año de trabajo. Aun así, en todos esos casos se trata únicamente de cálculos establecidos a partir de las órdenes de comisión individuales conferidas a cada visitador. Ahora bien, era frecuente que una instrucción que se daba a un juez no fuese en realidad sino la reasignación de una visita que había sido retirada a un predecesor. Las diversas transmisiones de responsabilidades suponían la intervención del Consejo de Indias, lo que, de esa manera, incrementaba las demoras. Consecuentemente, la duración de un episodio judicial se puede evaluar mediante el cálculo del tiempo transcurrido entre el momento en que se daba la primera instrucción y la proclamación de la sentencia definitiva, una vez empleados todos los recursos. Basándose en este segundo enfoque, se ve entonces que la duración de las visitas adoptaba el aspecto de una operación casi institucionalizada y, por lo tanto, que los 13 episodios de supervisión administrativa representan una decena de años cada uno. De lo anterior se puede llegar a la conclusión de que, entre 1660 y 1780, ¡los principales centros administrativos de la Real Hacienda de

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la Nueva España estuvieron prácticamente de manera permanente bajo supervisión judicial! 38

¿Era realmente ventajosa y eficaz para el poder colonial tal extensión en el tiempo? Si bien las visitas, las verificaciones y la supervisión expresaban de manera evidente la aspiración de la metrópoli a ejercer la mejor supervisión posible sobre las riquezas coloniales, ¿tuvieron éxito en realidad? No se puede sino hacer notar que la duración de las visitas influía negativamente en el rumbo que seguía la supervisión. La sucesión de varios visitadores a cargo del mismo expediente complicaba el funcionamiento, de suyo un tanto confuso y conflictivo: la mala transmisión de los documentos, la orientación diferente que se daba a la instrucción y la obligación de volver a oír a los testigos eran dificultades con que los remplazantes se encontraban y denunciaban frecuentemente;56 para atenuar esas dificultades, era necesario rehacer de manera regular una parte de los trámites o las verificaciones, lo que frenaba en la misma medida el desenlace de la operación. Así lo expresaron en particular los oficiales reales de Veracruz en 1718, cuando denunciaron el hecho de haber sufrido en 10 años a nueve visitadores sucesivos en el marco de las diversas indagaciones comenzadas a partir de 1709. 57 Consecuentemente, las visitas tan prolongadas perdían su vigor inicial con el tiempo y caían a su vez en una perniciosa rutina administrativa. En ocasiones, incluso la cuestión original que había motivado la indagación desaparecía de las inquietudes de los visitadores, preocupados por tomar distancia con respecto a su predecesor; más aún, volvían su actuación en contra de su antecesor, transformando su visita en una tribuna para los que se consideraban víctimas de sus malos manejos. Precisamente, Gonzalo Suárez de San Martín hizo una denuncia en regla en contra de Juan Miguel de Agurto y Salcedo, quien — a solicitud del Consejo de Indias, es cierto— había centrado su actuación en la verificación del contador de la visita que anteriormente se había confiado al juez Cristóbal de Calamcha y Valenzuela y que no era otro que Francisco Lorenzo de San Millán. Y lo que denunció el temible visitador Juan de Gárate y Francia fue, en buena medida, la actuación de todos sus predecesores tomados en conjunto.58 Aunque extremas, tales situaciones confirman el grado en que la falta de control de la duración de una visita terminaba por volverse en contra del proyecto inicial. En realidad, también es sintomático a ese respecto el que las visitas que se llevaron a cabo después de 1720 hayan tenido una duración total marcadamente más corta. Si bien es cierto que las indagaciones de Tristán Manuel de Rivadeneyra Luna y Arellano y José de Campillo y Cosío parecen haber tenido una duración excesiva, ello se debió fundamentalmente a que enviaron los expedientes al Consejo de Indias antes de la determinación de las sanciones; en ambos casos, la instrucción propiamente dicha había durado tan sólo unos 15 meses. En lo que respecta a la que llevaron a cabo el juez Juan Gerónimo de Osilla y Rayo y, después, Nicolás de Pozos, fue todavía más notable: les bastaron menos de 12 meses de trabajo antes de someter sus conclusiones al Consejo de Indias. Se trató de una duración apenas superior a la de la visita de las reales cajas que llevó a cabo José de Gálvez, para quien lo prioritario era la rapidez de acción: su delegado para hacer la visita de Acapulco la ejecutó en cuatro meses, a los que se sumaron los que el propio José de Gálvez había tardado en interrogar en México a la mayoría de los inculpados que residían en esa ciudad.59 Así, a partir de los años de 1720, hubo efectivamente una mayor búsqueda de eficacia de esos episodios judiciales, cuya languidez y extensión habían constituido, hasta entonces, una de las primeras reglas de funcionamiento.

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Obstáculos y rechazos 39

A los diversos tipos de lentitud que eliminaban progresivamente una buena parte de la eficacia de los actos de supervisión, se sumaban, en fin, las dificultades que los visitadores encontraban en el marco del desenvolvimiento de la visita misma. Dado que al visitador solamente lo acompañaban su escribano y un alguacil, con mucha frecuencia se encontraba completamente solo frente a un medio por lo general hostil y que conocía poco o mal. Consecuentemente, se ejercían sobre él numerosas presiones que lo alentaban a que siguiera tal o cual orientación, a que abandonara tal o cual pista o a que privilegiara a tal o cual sospechoso. El visitador acababa entonces siendo presa de los intereses locales divergentes, entre los que no siempre le era fácil llevar a cabo una clasificación. Fuese lo que fuere que hiciera o decidiera, siempre disgustaba a una fracción de los intereses locales, la cual tenía la impresión de que trataba mejor a los rivales. En consecuencia, las denuncias en contra de los visitadores por entendimiento ilícito con los intereses locales les llovían por todas partes; y si bien es cierto que en ocasiones fue posible verificar las acusaciones, muy frecuentemente era difícil establecer la diferencia entre las confesiones sinceras y los rumores malintencionados: fulano había sido acusado de circular públicamente en un vehículo perteneciente a un individuo cuyos vínculos con uno de los inculpados eran manifiestos; mengano era sospechoso de orientar sus indagaciones de tal manera que pudiera mantener las relaciones cordiales que cultivaba con los notables locales, enemigos jurados de los oficiales demandados; zutano hacía alarde de su parcialidad, tomando partido abiertamente por uno de los clanes que se disputaban el control del Tribunal de Cuentas, traicionando así los acuerdos a que habían llegado para obtener la pérdida de sus rivales; etcétera.60

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Aun cuando el poder colonial se veía abrumado por las denuncias contradictorias, no podía descuidarlas por completo, por lo que muy frecuentemente respondía a ellas mediante el envío de nuevos visitadores, encargados de investigar los malos manejos de unos y otros. Las visitas adoptaban entonces un nuevo carácter, cuyo principal efecto se traducía en su parálisis progresiva. El entrelazamiento y la superposición de diversas comisiones, necesariamente rivales, tendían a restringir las posibilidades de acción de unos y otros. Todo acto, toda medida, toda decisión que imponía un visitador eran denunciados inmediatamente ante otro, que se apresuraba a intervenir para anular la decisión tomada. Y cuanto más se extendía la duración de la visita tanto más aumentaban los riesgos de entorpecimiento, como lo demuestran las vicisitudes de la visita general más prolongada de la administración de la Real Hacienda jamás llevada a cabo en la Nueva España: en una veintena de años se sucedieron a su cabeza cuatro responsables, que en cada etapa impusieron nuevas orientaciones. El colmo del absurdo y la complejidad se alcanzó probablemente entre 1664 y 1674, cuando, además de la comisión general, cada responsable tenía a su cargo comisiones de visita sobre tal o cual aspecto que implicaba los malos manejos de sus predecesores o los de sus colaboradores. Durante ese mismo periodo llegó a ocurrir incluso que algunos de esos mismos colaboradores recibieran la comisión de investigar los malos manejos de sus propios superiores en el marco de la visita general. De esa manera, en 1672, Gonzalo Suárez de San Martín, responsable interino de la visita general que había sido confiada inicialmente a Cristóbal de Calamcha y Valenzuela, llevaba a cabo simultáneamente una indagación sobre los oficiales reales de Veracruz y sobre Juan Miguel de Agurto y Salcedo, a quien había sido confiada la visita que se llevaba a cabo en ese mismo puerto; pero en julio de 1673 el propio Juan Miguel de

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Agurto y Salcedo recibió, además de la confirmación de la responsabilidad de la visita del puerto, ¡una comisión especial para verificar el comportamiento de su propio visitador y superior jerárquico!61 En consecuencia, se puede concebir con facilidad por qué, independientemente del desenvolvimiento aleatorio de las visitas de Veracruz, ese episodio judicial no desembocó en resultados concretos hasta que lo tomó en sus manos Juan de Gárate y Francia. En lo que respecta a lo demás, los 20 años de visitas y contravisitas llevadas a cabo en el marco de la visita general se tradujeron, antes bien que en medidas inmediatas, en intenciones y proyectos de reformas. Notablemente, el contador de la visita, Juan Bautista de Mendrice, propuso en 1679 toda una serie de medidas destinadas a mejorar el rumbo del trabajo del Tribunal de Cuentas; sin embargo, no parece que dichas medidas hayan obtenido resultados mensurables.62 Es cierto que es difícil extender la observación de ese fracaso a todos los otros actos de supervisión administrativa llevados a cabo; no obstante, aun cuando no todos alcanzaron el grado de contradicciones internas que se observó, no por ello dejaron de tropezar con los mismos obstáculos; no excluyentes, por lo demás, de otras dificultades. 41

Los distintos visitadores tropezaban permanentemente con los poderes establecidos, ya que estos últimos veían con reticencia que un visitador interfiriera en sus propias atribuciones. La insatisfacción, que se expresaba más o menos abiertamente, se traducía en enfrentamientos manifiestos en cada peldaño de la jerarquía administrativa. Así, los visitadores generales tropezaban sistemáticamente con la hostilidad de los virreyes, celosos de sus prerrogativas y preocupados por asegurar su influencia sobre el aparato del Estado colonial;63 y todos tropezaban, igualmente, con las autoridades locales que buscaban proteger a los oficiales reales, con quienes, no obstante, aquéllas rivalizaban en el reparto de las ganancias ilegales. Muy frecuentemente, la llegada del visitador se traducía en un armisticio entre los responsables locales para ir en contra del recién llegado. Únicamente las promesas de garantías, protección o silencio sobre sus propios malos manejos, aunque, en ocasiones, también el recurso a la fuerza, lograban abrir grietas en el muro de silencio y hacer surgir a la luz del día las profundas enemistades, de las que los testimonios nos ofrecen entonces un cuadro a menudo sobrecogedor. Así, todos los visitadores se quejaban de las coaliciones hostiles que incrementaban la dificultad de su comisión, por lo que, apenas llegados al lugar de esta última, no dudaban en desterrar temporalmente a algunos oficiales reales, hasta entonces simples sospechosos, con el propósito de dar libre curso a los odios y los rencores.

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Los visitadores tropezaban también con la tenaz oposición de las instancias judiciales regulares, muy especialmente las audiencias. Estas últimas veían que sus poderes quedaban amputados bruscamente durante el periodo de la visita: toda una parte del territorio, todo un sector administrativo, toda una fracción de la población escapaba a su autoridad durante largos meses. Los tribunales regulares, hechos a un lado, aprovechaban la primera ocasión para intervenir y reclamar el final de esos otros tribunales de excepción. Bastaba una apelación por parte de los inculpados, una denuncia de abuso en contra del visitador, para que las nuevas interferencias se multiplicaran, perturbando y, sobre todo, frenando el desenvolvimiento de la visita. En ocasiones, la hostilidad que encontraban los visitadores podía adquirir una magnitud excepcional, llegando incluso a amenazar su propia vida. Tal fue precisamente el infortunio que acaeció en 1677, en Veracruz, a Sebastián de Guzmán y Córdoba, quien se vio obligado a llamar en su ayuda al castellano del fuerte de San Juan de Ulúa después de que “se le amotinó la gente de mar”. 64 Ante la amplitud de la oposición que encontró, Sebastián de Guzmán y Córdoba tuvo

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temor, por lo que, habiendo sido informado sobre los rumores que lo amenazaban de asesinato, decidió regresar prudentemente a México, aun cuando ello significara dejar trunca una comisión que tan sólo había durado seis meses.65 Tales presiones y amenazas eran constantes; y, conscientes de que se lanzaban a asuntos más que peligrosos, los propios visitadores las asimilaban plenamente. Escuchemos, por ejemplo, a Matías Navarro, abogado de la Audiencia designado para secundar a Tristán Manuel de Rivadeneyra Luna y Arellano; el sacerdote, rector del Real Colegio de Jesucristo de México, se apresuró a solicitar una dispensa: “[…] para que se [le] relebase de entrar en tan peligroso negocio por el regular naufragio o fuertes contrastes que en él padece quién a de obrar bien”.66 43

Presiones y amenazas influían en el solitario que era todo visitador para que actuara con ponderación y aun reserva, so riesgo de no llevar a cabo su visita al término que se le había fijado. En ocasiones, conscientes de su aislamiento, los más hábiles buscaban apoyo entre aquellos que podían ofrecérselo, en particular los responsables administrativos de la Nueva España. El debate que tuvo lugar en el transcurso del año de 1721, poco después del comienzo de la indagación en contra de los oficiales reales de Zacatecas, que había sido confiada a Tristán Manuel de Rivadeneyra Luna y Arellano, asociado a Juan José de Veytia Linage, es muy revelador de esa inquietud y de la búsqueda de consenso entre la Audiencia.67 Su decisión de conformarse con una visita ordinaria no se puede interpretar como una debilidad del tipo que fuere con respecto a los oficiales reales de Zacatecas; antes bien, se trató de una decisión política suya que permitió a los visitadores, quienes rápidamente cedieron sobre ese aspecto jurídico, solicitar una ampliación de su comisión de visita a todas las ramas administrativas de la real caja y ya no solamente a los azogues. Así, en lo que respecta a que hubiese habido alguna debilidad con respecto a los inculpados, no parece que deba invocarse en este caso: con excepción de la infatigable actividad reformadora de cerca de 30 años de Juan José de Veytia Linage, que aboga fuertemente en su favor, la visita que posteriormente ordenó el Consejo de Indias para enjuiciar a los terciadores de los dos oficiales reales en México —entre ellos, varios oidores de la Audiencia— no puso a los visitadores en tela de juicio de ninguna manera. Lo anterior quiere decir que algunos oidores y visitadores, plenamente conscientes de sus responsabilidades, pudieron aceptar una limitación jurídica a su actuación, sin por ello haber fallado.

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Con todo, la multiplicación de los obstáculos ponía en riesgo la existencia de la visita misma. Para las autoridades locales o virreinales, la proliferación de las disputas llegaba a ser un excelente pretexto para solicitar la suspensión de la visita. En realidad, el hecho de que los visitadores suscitaran constantemente una agitación de diversos tipos o de que ésta surgiera tan sólo por su presencia terminó siempre por dar cuenta de su misión. De los virreyes a los cabildos, pasando por el Tribunal de Cuentas y los oficiales reales, no hubo instancia americana que, en el transcurso de una u otra de las visitas de la Real Hacienda llevadas a cabo entre 1660 y 1780, no hubiese reclamado su suspensión. El motivo para ello era siempre el mismo: los poderes excepcionales engendraban más trastornos que mejoras del funcionamiento administrativo. El Tribunal de Cuentas les atribuía la responsabilidad del agravamiento del rezago en su trabajo de verificación; 68 las reales cajas denunciaban la parálisis de sus servicios, que se encontraban sometidos a los más variados deseos de los visitadores; y el virrey y las audiencias consideraban que las visitas eran responsables del triunfo de la arbitrariedad.69 En lo que respecta a los cabildos y las asociaciones de comerciantes o mineros, el pasaje regular de los visitadores

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significaba, sobre todo, la asfixia temporal de las actividades económicas locales, con la amenaza de ruina para sus élites; es cierto que los abusos podían desaparecer temporalmente de la práctica administrativa cotidiana, pero con ellos desaparecía también una parte importante de las transacciones económicas; por lo tanto, las instancias locales solían reclamar regularmente la partida de los visitadores, a los que siempre percibían como tiranos que, con el pretexto de la defensa de los intereses reales, hacían reinar el temor, arruinando a los súbditos del rey.70 En consecuencia, no es sorprendente observar que muchas visitas terminaron de la misma manera: mediante la emisión de una orden de interrupción proveniente del mismo que la había ordenado, quien en ocasiones justificaba su decisión argumentando las manifestaciones de oposición que las torpezas del visitador habían provocado.

LA MEDICIÓN DE LA EFICACIA DE LA SUPERVISIÓN JUDICIAL 45

En el marco de las visitas ordinarias, el primer objetivo residía en la redacción de informes destinados a la elaboración de las futuras actas de acusación en contra de los sospechosos. Algunas de las visitas ordinarias tenían su origen en una comisión virreinal, como consecuencia de la información que se recibía, lo más frecuentemente, a través de denuncias sobre abusos. Una vez transmitidos al Consejo de Indias para su información, los numerosos informes producidos servían entonces para la instauración de las indagaciones que establecía una comisión real, ya se tratase de visitas, generales o no, o también de pesquisas. De manera paralela, en espera de esa decisión complementaria posterior, los informes recibidos ofrecían a las autoridades responsables en la Nueva España la posibilidad de decidir medidas puntuales de corrección o mejoramiento del sistema administrativo en el marco de la Junta de Hacienda. El propio Consejo de Indias también podía ordenar algunas visitas de ese tipo como consecuencia de una primera visita que ya hubiese desembocado en una sentencia, la cual, recuérdese, no daba lugar a la apelación. Si el Consejo de Indias y, muy particularmente, su fiscal no quedaban satisfechos con las medidas impuestas, buscaban complementar la información por ese medio. Dichas visitas, destinadas exclusivamente a aclarar las cosas al propio Consejo, permitían a éste contar con un mejor conocimiento de la situación local, con el propósito, de ser necesario, de anular la primera sentencia o, más simplemente, de dar a otro oidor una nueva orden de comisión, habida cuenta de la información recolectada.

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Las otras visitas tenían objetivos mucho más amplios. Las comisiones de visita, instituidas por el Consejo de Indias, conferían a sus responsables amplias atribuciones que desembocaban en la sanción de los culpables; y también tenían como objetivo recuperar las sumas que los oficiales prevaricadores o sus allegados habían extraviado o malversado, a reserva de volverse en contra de los bienes de los culpables y en contra de sus fiadores. Las visitas generales se establecían con los mismos objetivos represivos que las anteriores; sin embargo, tenían un marco de acción que era mucho más extenso todavía; y a ello se añadían ciertas funciones reformadoras del aparato administrativo que no se deben pasar por alto. Las pesquisas, en fin, se caracterizaban ante todo por sus objetivos represivos, pero, a la inversa de las anteriores, estaban circunscritas a una perspectiva estrechamente delimitada.

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Ahora bien, a pesar de todo lo anterior, sigue siendo muy difícil hacer coincidir rigurosamente la tipología jurídica estricta de los objetivos fijados con las diferentes misiones decididas, ya que frecuentemente intervenían factores externos que modificaban el desenvolvimiento de la visita. Las iniciativas que tomaba el visitador podían transformar profundamente la comisión inicial; de esa manera, el oficial de la Real Hacienda, Sebastián de Guzmán y Córdoba, transformó de hecho su comisión, imponiendo por sí mismo una sanción a los inculpados de Veracruz. Su decisión provocó una franca oposición por parte del corregidor del lugar, de los oficiales reales de la real caja local y, asimismo, de la Audiencia; ahora bien, a pesar del evidente abuso de poder que cometió el visitador, el Consejo de Indias aprobó su actuación en conjunto en 1680. 71 En realidad, dado que no contaban con facultades para sancionar directamente a los culpables, la mayoría de los visitadores se extralimitaba en sus atribuciones: al decidir sistemáticamente la suspensión provisional de los inculpados, transformaban a estos últimos en condenados aun antes del juicio. Es cierto que ocultaban esas medidas tras una argumentación más o menos especiosa, afirmando que esas decisiones únicamente permitían el buen desenvolvimiento de la visita; pero no por ello dejaban de ser, jurídicamente, un abuso de sus atribuciones. Asimismo, es necesario hacer notar, en fin, junto con un gran número de especialistas en la historia del derecho, que las distinciones entre las diferentes categorías de visitas siguen siendo imprecisas, a pesar de que a partir del siglo XVII se establecieron algunos grandes principios básicos y se hizo una clarificación progresiva. En realidad, el calificativo genérico de “visita” abarcaba actos de supervisión de muy diversa naturaleza, tanto como la de los que los ordenaban. 72 Consecuentemente, a pesar del puntilloso legalismo en que se envolvía siempre la administración colonial, el historiador se ve llevado a la conclusión de que, una vez en el terreno, el pragmatismo predominaba muy a menudo a expensas de los principios, complejos y rigurosos. Y el hecho de que esos representantes reales, muy a menudo aislados, en funciones temporales en tierras frecuentemente lejanas y poco conocidas de ellos, hayan sabido responder, una tras otra, a situaciones para las que los esquemas de la escuela no necesariamente los habían preparado no era, a fin de cuentas, la menor de sus cualidades. CUADRO VII.3. Sentencias impuestas a consecuencia de las comisiones de visita

FUENTE: AGI, Escribanía de cámara, series Visitas y Pesquisas.

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A pesar de la especificidad propia de cada comisión y cada situación encontradas, se puede, no obstante, intentar un análisis de sus resultados: una indagación terminaba siempre mediante la pronunciación de un veredicto, sea cual hubiere sido la instancia encargada de pronunciarlo. Del conjunto de visitas llevadas a cabo entre 1660 y 1780, se conoce el contenido de una treintena de veredictos pronunciados que implicaron a un centenar de individuos (véase el cuadro VII.3).

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Las sanciones que con mayor frecuencia se imponían correspondían fundamentalmente a dos tipos: privación del cargo que se ejercía y pago de multas, sanciones que por lo general iban acompañadas del reembolso de las pérdidas causadas a la administración. En efecto, ese tipo de veredicto representó la mitad de las sentencias pronunciadas en contra de cerca de las dos terceras partes de los condenados. Para ser más precisos aún, si se excluyen los veredictos que no implicaron a oficiales de la Real Hacienda en servicio activo —los veredictos relacionados con sus subalternos y con sus acólitos y cómplices que ejercían fuera de la administración—, el peso de las sanciones resulta casi exclusivo. Es verdad que, como estaba previsto en la legislación que el virrey marqués de Casafuerte recordara en mayo de 1723 a los visitadores a quienes confió la visita de la real caja de Zacatecas, la sanción que aceptaría el Consejo de Indias “[…] no trascendería la pena de pribación de oficios y perdimientos de bienes”.73

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A falta de sentencias a prisión, que no se pronunciaban nunca —el aprisionamiento, que se utilizaba exclusivamente de manera preventiva, tan sólo servía como medio de presión —, la condena a muerte fue excepcional. En lo concerniente al centenar de fallos dictados en el marco de los 34 juicios estudiados, se pronunciaron dos penas de ese tipo: en contra del tesorero de Guadalajara, Diego de la Rocha, y en contra de su criado Esteban García; 74 sin embargo, se ignora si efectivamente fueron aplicadas a los condenados, lo cual, en resumidas cuentas, es improbable. Como lo recordara el virrey marqués de Casafuerte a Matías Navarro, encargado de secundar al juez Tristán Manuel de Rivadeneyra Luna y Arellano en su comisión de visita en Zacatecas, no habría podido ser cuestión de aplicar la pena capital.75 En contrapunto a la imposible imposición de la pena de muerte, los oidores recurrían sistemáticamente a las multas. Respecto de esa práctica tan frecuente, es necesario hacer notar la importancia del monto de la multa que se imponía, que generalmente era cercano a los 10 000 pesos e incluso podía superarlos puntualmente; ahora bien, en lo concerniente al promedio de las multas, resultó igual a la bonita suma de 7 000 pesos; sin embargo, si únicamente se contabilizan las 22 multas impuestas tan sólo a los oficiales de la Real Hacienda, el promedio alcanza entonces los 9 000 pesos. Prácticamente, se podría considerar que esos montos tan altos —correspondientes a seis veces el salario anual promedio de un oficial de la Real Hacienda— eran parecidos a una especie de reembolso de las pérdidas que sufría la administración real, aunque jurídicamente no tuvieran el mismo sentido. En realidad, las multas complementaban con mucha frecuencia la obligación de restituir las sumas evaporadas, las que, no obstante, únicamente se podían exigir en caso de que la visita hubiese permitido hacer una estimación precisa de ellas, lo cual está lejos de haber sido la situación general. Así, las considerables multas exigidas garantizaban a la administración una parte de la restitución de las sumas que razonablemente se podía considerar que los culpables habían malversado.

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La severidad general de las sentencias se transluce, en fin, en la rareza de las absoluciones. Únicamente una visita de cada cinco tenía como desenlace la absolución, total o parcial. También es necesario subrayar que el Consejo de Indias apeló

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frecuentemente contra esas sentencias, sospechosas de ser complacientes para con los inculpados. En realidad, el menos severo de los visitadores que se encontró fue José de Gálvez, lo que resulta paradójico si se piensa en la imagen que posteriormente se elaboró de él. En Acapulco y Veracruz, en particular, disculpó a los cuatro oficiales reales acusados; en el primer caso, trasladó su severidad al escribano y al guarda mayor, y, en lo que respecta a los sospechosos de Veracruz, les impuso únicamente un traslado autoritario.76 Así, en términos generales, la instauración de un acto de supervisión administrativa significaba, casi sistemáticamente, una condena inminente para los oficiales de la Real Hacienda, lo cual hacía concreto el rigor de la justicia real respecto a ellos. 52

La conclusión anterior nos lleva a formular tres observaciones sobre el contexto jurídico, administrativo y social en que se inscribían las visitas estudiadas y la severidad de sus sentencias. En primer lugar, dicha conclusión confirma la particularidad de los procedimientos judiciales administrativos, para los que, a fin de cuentas, la denuncia era equivalente a la falta: convencida de la prevaricación de los sospechosos, la justicia no buscaba tanto determinar su veracidad cuanto medir su gravedad desde el punto de vista económico y humano; consecuentemente, el quién, el cuánto y el cómo parecen haber sido las únicas interrogantes a las que se proponía responder; y ello se traducía en la naturaleza y el contenido mismo de los alegatos de la defensa. Estos últimos nunca tenían por objeto eximir a los sospechosos de las acusaciones hechas en su contra ofreciéndoles coartadas; se centraban casi exclusivamente en el desenvolvimiento de la visita misma; a saber: en lo que los abogados calificaban como “excesos” cometidos por los visitadores, habida cuenta del contenido de sus respectivas comisiones. Accesoria y complementariamente, los alegatos de la defensa insistían en la procedencia de las acusaciones para convencer de su parcialidad y, por lo tanto, de su inadmisibilidad. En consecuencia, para los defensores de los sospechosos se trataba claramente de minar las bases jurídicas de la acusación, sin responder a las acusaciones mismas en lo relacionado con el fondo.

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En segundo lugar, la severidad de las sentencias pronunciadas a propósito de las visitas se hizo presente como una realidad constante a todo lo largo del periodo estudiado; más aún, la dureza de las sentencias parece haber sido mayor a comienzos del siglo XVIII que en la época de la visita de José de Gálvez. Antes de esa última visita general, la suspensión de los sospechosos en su cargo era prácticamente automática; con todo, se trataba de un castigo extremo cuando el oficio se había comprado en varios millares de pesos. Por el contrario, en la época de la visita de José de Gálvez, la responsabilidad de los oficiales reales en los fraudes perseguidos parece haber sido mucho menor, en opinión del visitador: a través de las visitas que llevó a cabo en los dos puertos de la Nueva España, perdonó a los seis oficiales reales sospechosos; en cambio, estimó que la responsabilidad por los fraudes cometidos a expensas de la Real Hacienda correspondía más bien a los escribanos y a los responsables de la vigilancia de las operaciones portuarias. ¿No es ese reconocimiento implícito la prueba de que, desde antes de la visita del reformador de la administración de la Nueva España, las prácticas de funcionamiento —al menos en el mundo de la Real Hacienda— ya habían cambiado profundamente? Es probable que, por una parte, tanto el fortalecimiento de los controles virreinales y la recuperación de la mayor parte del rezago acumulado por el Tribunal de Cuentas desde hacía decenas de años como, por otra parte, la desaparición de la venalidad de los oficios desde hacía medio siglo, hayan contribuido a ese significativo mejoramiento. La actitud de José de Gálvez con

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respecto a algunos oficiales reales subraya también el reconocimiento de su competencia técnica, difícil de suplir. La profesionalización que se llevó a cabo desde comienzos del siglo XVIII en ese sector administrativo rendía entonces sus primeros frutos y José de Gálvez debía tomarlos en consideración.77 En realidad, mediante las decisiones de reforma que impuso en ese sector administrativo, se contentó con sacar las conclusiones de medio siglo de lenta y progresiva renovación administrativa; consecuentemente, su visita y las medidas que dictó se presentan, una vez más, antes bien como un desenlace que como la ruptura que con demasiada frecuencia se ha querido descubrir e imponer a cualquier precio.78 A diferencia de la visión que hace de José de Gálvez un innovador por las reformas que decidió, parece ser que, antes bien, el éxito de ese visitador residió en su aguda capacidad para comprender la realidad administrativa local. Lejos de pretender imponer por la fuerza unas medidas que habrían trastocado ese complejo aparato administrativo, sus decisiones buscaban, por el contrario, profundizar la evolución en proceso. 54

La última observación se refiere a la evidencia de los fraudes, que los propios inculpados admitían tácitamente. De esa manera, sus abogados se limitaban a tratar de reducir tanto como fuese posible la gravedad de las sanciones, que sabían prácticamente ineluctables; y, en consecuencia, para ellos no se trataba de excusarse de lo que finalmente se presentaba como una regla común. Desde esa perspectiva, la “corrupción” parece haber sido claramente la gran ausente del sistema administrativo. El inculpado no experimentaba de ninguna manera la necesidad de justificarse y defenderse a propósito de un aspecto sobre el que, por lo demás, su acusador no lo interrogaba verdaderamente. En ese sentido, en la administración de la Real Hacienda de la Nueva España no existía ningún tipo de oposición entre corrupción y servicio del Estado. En cuanto representante local de su señor y rey, el oficial de la Real Hacienda encarnaba y poseía una parcela del poder y prestigio de aquél; consecuentemente, a su escala y en su grado jerárquico, se comportaba como todo señor podía hacerlo —o incluso debía hacerlo— para reforzar la sumisión de sus súbditos. Así, el único y verdadero interés del Estado residía no tanto en la incorruptibilidad de sus oficiales cuanto, exclusivamente, en la eficacia con que éstos ejercían su dominio sobre sus súbditos.79 Las visitas y las severas sentencias a que regularmente se sometía a los oficiales de la Real Hacienda de la Nueva España adoptan entonces una dimensión muy particular: sobrevenían en especial cuando, bajo la forma de denuncia de los súbditos, se corría el riesgo de que se pusiera en tela de juicio la eficacia del dominio. También nos recuerdan que los excesos de todo género de que los oficiales se declaraban culpables no debían perjudicar los superiores intereses de la monarquía, es decir, su estabilidad. En ese sentido, no era el abuso en sí lo que se ponía en el banquillo de los acusados, sino, antes bien, su exceso; y ello justificaba entonces la persecución sistemática, apasionada y, en ocasiones, agresiva por parte de los visitadores.

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Independientemente de la severidad de los jueces con respecto a los oficiales reales de cuyos malos manejos debían conocer, es necesario interrogarse igualmente sobre la verdadera eficacia de esas grandes y pesadas operaciones judiciales. Es cierto que podría parecer que se había alcanzado su meta principal: se había anulado la capacidad de los inculpados y de al menos una parte de sus terciadores para perjudicar y sólo restaba recuperar efectivamente las pérdidas que habían causado a la Real Hacienda. Ahora bien, con mucha frecuencia, la justicia sólo podía recuperar sus desembolsos a expensas de los culpables de una manera muy lenta y difícil: por lo general, los bienes personales de los oficiales se reducían a unos cuantos haberes miserables, pues lo esencial se encontraba

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colocado a nombre de otros —esposas, hijos o incluso testaferros—; y en lo concerniente a los fiadores que habían presentado en el momento de la toma de posesión del cargo, muchos de ellos se revelaban insolventes, ¡cuando no, simplemente, habían desaparecido! 80

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En ese terreno, dos ejemplos pueden servir para ilustrar la lentitud del proceso de recuperación. La comisión confiada en 1678 a Antonio de Cevallos y Villagutiérrez, presidente de la Audiencia de Guadalajara, tuvo como desenlace, en mayo de 1681, la condena de los dos oficiales reales de esa real caja: Bartolomé de Llerena Ayala y Pedro de Maynar y Paniagua.81 El veredicto no tuvo nada de excesivo: multas de 3 000 pesos para cada uno, restitución de las sumas malversadas —esto es, más de 35 000 pesos— y suspensión en sus cargos, debido a que huyeron antes de que llegara el visitador. El presidente se apresuró a embargar lo que encontró, incluidas las dotes de las esposas, según los inculpados. La venta en subasta pública de todos los haberes —bienes raíces, esclavos, etcétera—, así como la recuperación de algunos créditos que poseían, apenas había reportado un poco más de 9 000 pesos. En junio de 1681, si se suma a lo anterior la recuperación que se efectuó a expensas de los fiadores, la Real Hacienda únicamente había logrado recuperar la mitad de lo que se le debía. Fue necesario aguardar a diciembre de 1682, esto es, cerca de dos años, para que se finiquitara la restitución, la cual se distribuyó así: 21 966 pesos provenientes de los fiadores, los créditos de salarios y los bienes de los oficiales condenados, 10 114 pesos de los bienes raíces embargados a Bartolomé de Llerena Ayala y, pendientes de ingreso en caja, 7 147 pesos de los fiadores; 82 en 1685, no obstante, todavía restaban por ingresar en caja 600 pesos para dar por concluido el asunto de manera definitiva, aun cuando el presidente de la Audiencia sólo pudo informar finalmente al Consejo de Indias sobre la recuperación casi completa de las sumas que debían los oficiales y sus fiadores en junio de 1689. 83

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Un segundo ejemplo, tomado del balance de la visita que presentó Tristán Manuel de Rivadeneyra Luna y Arellano en Zacatecas, confirma las dificultades de la recuperación. Según las evaluaciones que llevó a cabo el Tribunal de Cuentas en marzo de 1726, las sumas totales por recuperar, después de la condena de los oficiales reales en julio de 1725, representaban 103 469 pesos.84 ¡Ocho meses después del veredicto, sólo se habían recuperado efectivamente 2 965 pesos!, a los que se sumaban 12 477 pesos en proceso de ingreso en caja, así como el valor de diversos bienes previamente identificados que estaban colocados a nombre de varios testaferros, esto es, 68 417 pesos. Si bien es cierto que se había localizado un total de cerca de 84 000 pesos, todavía no habían sido restituidos, sobre todo porque los oficiales se rehusaban con obstinación a pagarlos, argumentando diversos recursos y pretextos. Aun cuando no se dispone de la fecha en que se dio por concluido el asunto, como en el caso anterior, es difícil pensar que se haya recuperado efectivamente el total de los bienes que había perdido la Real Hacienda.85

58

Lo anterior indica que la severidad que ejercían los tribunales reales en contra de los oficiales reales condenados no significaba, de ninguna manera, que el aparato administrativo colonial mostrara eficacia alguna frente a las diversas y variadas formas de las dificultades de funcionamiento que experimentaba. Los obstáculos con que tropezaban las visitas, que frenaban su desenvolvimiento, al igual que la recuperación de las sumas extraviadas, muy difícilmente, incluso de manera muy excepcional, arrojaban un balance equilibrado; tanto más cuanto que la lentitud de la propia maquinaria judicial representaba un costo muy importante para la Real Hacienda (véase los cuadros VII.4 y VII .5).

287

CUADRO VII.4. Tabla de salario diario o anual pagado a los auxiliares de visita en la Nueva España (siglos XVII y XVIII)

ABREVIATURAS: p = pesos m = maravedíes r = reales p/a = pesos por año Note a : Salario simplificado a 1 000 maravedíes diarios en 1731. Note b : Nombrado por el Consejo de Indias. Note c : Como compensacíon acumulada al salario que se recibía regularmente en el cargo que se ejercía, del que el beneficiario podía ser el titular. Note d : Según la circunscripción a la que se estuviera asignado. 59

Los salarios que percibía el personal de la visita dependían de su grado y su función. Para ello existía una estricta tabla en la que se fijaban los emolumentos de cada uno. El responsable de una visita que perteneciera al cuerpo de los oidores recibía un subsidio de 12 pesos diarios, mientras que el responsable de una visita que no perteneciera al cuerpo de los magistrados únicamente percibía ocho pesos diarios; sin embargo, las tablas no estaban exentas de modificaciones puntuales. Así, el subsidio básico que se pagaba al contador de una visita representaba aproximadamente 3 000 pesos anuales; pero podía ser significativamente superior, según el lugar donde debiera llevarse a cabo la visita; por ejemplo: en 1668, por ir a Zacatecas, el contador Francisco Lorenzo de San Millán obtuvo un subsidio suplementario de 1 000 pesos.86 Todas las bonificaciones se pagaban además del salario regular que percibía el titular de un oficio, incluso si, por la fuerza de las cosas, ya no lo ejercía durante largos meses. En el caso de los jueces o los contadores del Tribunal de Cuentas, ello representaba la duplicación de sus ingresos regulares. Se comprende entonces por qué los ministros que podían beneficiarse de esas afectaciones se disputaban el honor de la comisión. En lo que respecta a los auxiliares de la visita — escribanos, alguaciles, amanuenses y contadores—, percibían bonificaciones que variaban marcadamente de un caso a otro, cuyo monto lo fijaba por lo general el responsable de la propia visita.87

288

CUADRO VII.5. Salarios diarios o anuales percibidos por los auxiliares en el marco de cinco visitas de Real Hacienda llevadas a cabo en la Nueva España (1670-1730)

Abreviaturas: p/d = pesos por día m = maravedíes m/a = maravedíes por año r/d = reales por día p/a = pesos por año FUENTES: Informe redactado en noviembre de 1729 por los oficiales reales de México respecto a los costes de las visitas; AGI, Audiencia de México, legajo 746. 60

En el caso de las visitas generales de la Real Hacienda, las disposiciones eran un tanto diferentes. Hasta Francisco de Pagabe, a comienzos del siglo XVIII, el responsable de ese tipo de operación había recibido un salario anual de 6 000 ducados; 88 pero con la visita de Francisco de Garzarón se estableció una nueva fórmula de remuneración: con el propósito de evitar el valimiento, deducción general de 10 % que se imponía a todos los salarios que se pagaban en América a partir de 1709, obtuvo mediante una solicitud que se le diera una simple ayuda de costa, no gravable, de 2 000 pesos anuales y, al mismo tiempo, continuó percibiendo su salario metropolitano, práctica que se repitió en 1728 en el caso de Pedro Domingo de Contreras.89 En lo concerniente a José de Gálvez, únicamente percibió por su visita un subsidio a tanto alzado equivalente a seis meses de salario metropolitano; además, recibió 1 500 pesos en calidad de subsidio por el desplazamiento a la Nueva España,90 aunque también es importante señalar que, en realidad, los subsidios sólo le fueron pagados a su retorno, mediante una real cédula de diciembre de 1771. Jurídicamente, los gastos de comisión corrían por cuenta de los inculpados, una vez probada su culpabilidad y lograda su condena; de hecho, todas las sentencias pronunciadas en el transcurso de las visitas recordaban la obligación de que las costas debían pesar sobre los culpables; sin embargo, la recuperación de los gastos de la justicia a expensas de quienes habían sido sometidos a proceso era larga y aleatoria. En consecuencia, los responsables de las visitas se quejaban con regularidad ante el poder central de su mala situación financiera, con el propósito de obtener lo que únicamente debía ser un adelanto; sin embargo, de adelantos en anticipos sucesivos, la que a fin de cuentas soportaba lo esencial del costo de las comisiones de visita era, evidentemente, la Real Hacienda. Así, en enero de 1731, con la intención de criticar la presencia del visitador Pedro Domingo de Contreras en la Nueva España, el Tribunal de Cuentas de México redactó un estado de gastos realizados desde el comienzo de la visita y, con las cifras en la mano, llegó a la conclusión de que el costo de la operación superaba con mucho las sumas

289

que razonablemente se podía esperar recuperar;91 pero eso no fue todo. En marzo de 1732 los oficiales de la real caja de México redactaron el balance calculado de esa operación de verificación: en lo concerniente a los gastos de funcionamiento, representó un costo promedio anual equivalente a 15 384 pesos. Así, hasta finales del año de 1731, la Real Hacienda había desembolsado 33 172 pesos, a los que se sumaron 208 pesos de gastos “extraordinarios” y los 2 000 pesos de subsidio de viaje pagados al visitador. Ante tales gastos, los oficiales reales precisaban que todavía no se había acreditado ningún ingreso. 92 Es probable que el costo excesivo de esa visita, que además provocó múltiples impugnaciones, haya contribuido a su interrupción en 1732. 61

Probablemente, la comisión de Pedro Domingo de Contreras constituyó una situación límite; sin embargo, los gastos que ocasionaban las operaciones de verificación eran una carga muy pesada para su eficacia económica. Se dispone, precisamente, del balance económico de la prolongada visita que abarcó los años de 1662 a 1680 y a cuya cabeza se sucedieron cuatro responsables: durante los 18 años de la visita, ingresó a la real caja de México un total de más de 122 000 pesos en forma de efectos de visita. 93 En comparación con esos ingresos, los gastos que representaron los salarios y subsidios pagados al diferente personal de las visitas de ese mismo periodo alcanzaron 127 807 pesos. Cuando se suma a esa cifra los 7 000 pesos que fue necesario reembolsar a diversas personas a las que se había gravado indebidamente, resulta que los gastos totales superaron los 134 000 pesos; dicho en otras palabras, la visita general más prolongada de la Nueva España que haya habido jamás significó un desembolso de más de 12 000 pesos para la Real Hacienda. 94

62

Así, una vez deducidos todos los cargos, la eficacia y el interés económico de esas pesadas operaciones judiciales resultan más que dudosos. Aun cuando sus responsables tenían la facultad de imponer pesadas sanciones a los culpables, su capacidad para llevar a cabo la restitución de los fondos volatilizados bajo los impulsos de unos oficiales reales poco escrupulosos se revelaba muy desigual; sin embargo, mediante la constante renovación de esas operaciones, el poder colonial daba muestras de que, en su opinión, el interés de esas vastas empresas residía en otra parte: a pesar de sus debilidades e independientemente de los obstáculos que sólo difícilmente superaban, las operaciones de verificación garantizaban principalmente que los oficiales reales, demasiado propensos a la afirmación de su libertad de acción, recordaran con regularidad la autoridad y los intereses reales. Lo esencial de su eficacia residía en realidad en ese aspecto, más “político” que verdaderamente judicial. Aun cuando los actos de supervisión organizados con regularidad eran incapaces de eliminar la “corrupción” que manifiestamente formaba parte de la práctica administrativa del Antiguo Régimen y que probablemente nadie se proponía siquiera extirpar, restablecían temporalmente el equilibrio entre las ganancias locales y las del aparato estatal. A los “abusos” de unos respondían entonces los “excesos” y las “violencias” de los encargados de comisión que actuaban en nombre del rey —sin olvidar, de pasada, sus intereses más personales—. Comprendida así, la corrupción y el recurso a ella por el propio aparato del Estado revelan con claridad el funcionamiento de esa “formación histórica original” que constituía el mundo colonial hispanoamericano. 95 Con unas armas en resumidas cuentas débiles, a las que fijaba ambiciones que no eran menos restringidas, el poder español podía esperar mantener bajo su autoridad a sus representantes en América; pero, al hacerlo, no podía tratarse de que verdaderamente recuperara los fondos malversados entre dos visitas; por el contrario, desde la perspectiva metropolitana, la presencia regular de los visitadores en los sitios más importantes

290

garantizaba una mejor captación de los ingresos durante el periodo de su ejercicio; 96 y, así comprendidas, las visitas, fuese cual hubiere sido su categoría jurídica, tendían a desempeñar funciones de instancias administrativas regulares y ya no únicamente ocasionales. Tal observación alentó a la monarquía española a complementar sus intervenciones exclusivamente judiciales con operaciones más profundas que, dado que afectaban de una manera más directa la estructura del aparato administrativo, estaban destinadas a asegurar que su funcionamiento fuese más armonioso y eficaz desde el punto de vista de la metrópoli. Esa preocupación constante y complementaria de la intensa actividad judicial fue lo que la llevó a la multiplicación de los proyectos reformadores.

NOTAS 1. La práctica de las verificaciones regulares, en ocasiones inopinadas, se ha encontrado igualmente en la Nápoles del siglo XVII; véase Mireille Peytavin, “Visites générales à Naples, XVIeXVIIe

siècles”, en J. F. Schaub (coord.), Recherches sur l’histoire de l’État dans le monde ibérique, París,

1993. 2. Francisco de Bobadilla, que desembarcó el 24 de agosto de 1500, había sido encargado de investigar sobre la situación de la isla, de la que al mismo tiempo era el gobernador y el responsable de los poderes de justicia. Dos meses más tarde, destituyó a Cristóbal Colón, tomó su lugar, se arrogó sus poderes y se adjudicó sus bienes; Bartolomé y L. Bennassar, Christophe Colomb, París, 1992, pp. 120-121. 3. La bibliografía sobre este tema es particularmente abundante, por lo que sólo se mencionarán las obras más significativas que ofrecen un enfoque jurídico prácticamente exhaustivo: Ismael Sánchez Bella, La organización financiera en las Indias, siglo

XVI,

Sevilla, 1968, muy particularmente

las páginas 282-291; Analola Borges, “Una instrucción de 1714, primer intento reformista de los jueces visitadores en Indias y posible precedente del sistema de intendencias”, en Memorias del Segundo Congreso Venezolano de Historia, t. 1, Caracas, 1975; B. González Alonso, “Control y responsabilidad de los oficiales reales: nota en torno a una pesquisa del verificación de fin del siglo XVIII”, en Actas del Segundo Simposio de Historia Administrativa, reproducido en Sobre el Estado y la administración de la corona de Castilla en el Antiguo Régimen, Madrid, 1981, pp. 141-203; Ismael Sánchez Bella reagrupó varios de sus artículos sobre el tema bajo el título de Derecho indiano. Estudios, t. 1, Las visitas generales en la América española (siglos XVI y XVII), Pamplona, 1991, Colección Jurídica. Del mismo autor se puede añadir “La jurisdicción de Hacienda en Indias (siglos XVI y XVII )”, Anuario de Historia del Derecho Español, vol. 29, Madrid, 1959, no incluido en su antología sobre el tema. Otras más son: Leopoldo Zumalacárregui, “Visitas y residencias en el siglo

XVI:

unos textos

para su distinción”, Revista de Indias, vol. 26, Madrid, 1946; Guillermo Céspedes del Castillo, “La visita como institución indiana”, Anuario de Estudios Americanos, vol. 3, Sevilla, 1946; José María Mariluz Urquijo, Ensayo sobre los juicios de residencia indianos, Sevilla, 1952; C. Molina Argüello, “Visita y residencia en Indias”, en Tercer Congreso Internacional del Instituto de Historia del Derecho Indiano, Madrid, 1973, y “Las visitas-residencias y las residencias-visitas de la Recopilación de Indias”, en Memorias del Segundo Congreso Venezolano de Historia, t. 2, Caracas, 1975, y Milagro Contreras, “Aportación al estudio de las visitas de audiencias”, en Memorias del Segundo Congreso Venezolano de Historia, t. 1, Caracas, 1975.

291

4. Guillermo Céspedes del Castillo, “La visita como institución…”, op. cit., p. 985, y José María Mariluz Urquijo, Ensayo sobre los juicios de residencia indianos…, op. cit., p. 91. 5. AGI, Audiencia de México, legajos 736 y 738. 6. En 1747 los hijos del contador de México, Pedro de Téllez de Carvajal Machado, fallecido en 1743, se quejaban de que se mantuviera el secuestro de los bienes paternos debido a que no se había hecho la verificación de las cuentas de su padre: AGI , Audiencia de México, legajo 569; por su parte, en 1703, José de Fernández Canal, factor de México, veía en ello la prueba de la ineficacia del tribunal: AGI, Audiencia de México, legajo 632. 7. El embargo que afectaba a los oficiales de Zacatecas, efectuado en marzo de 1726, es esclarecedor: los bienes de Martín Nicolás Verdugo de Haro y Dávila fueron estimados en 641 pesos; los de Luis de Bolívar y Mena, en 4 340 pesos, y los de Bernardo Alcalde Romeo, en fin, en 325 pesos: AGI. Escribanía de cámara, legajo 265c, cuaderno 32, ff. 13 a 20. 8. Guillermo Céspedes del Castillo, “La visita como institución…”, op. cit. 9. Ibid., p. 991, y B. González Alonso, “Control y responsabilidad de los oficiales reales…, op. cit. 10. Idem, e Ismael Sánchez Bella, “Eficacia de la visita en Indias”, Anuario de Historia del Derecho Español, vol 50, Madrid, 1980, pp. 385 y 407. 11. Recopilación de leyes de Indias, libro 2, título 31, e Ismael Sánchez Bella, “Visitas a Indias (siglos XVI y XVII)”, en Memorias del Segundo Congreso Venezolano de Historia, t. 3, Caracas, 1975, nota 34.

12. Antonia Heredia Herrera, La renta del azogue en Nueva España, 1709-1751, Sevilla, 1978, pp. 181 y ss. 13. AGI, Escribanía de cámara, legajo 265a, cuaderno 31, f. 10. 14. Denuncia de Bernardo Alcalde Romeo hecha en mayo de 1723 y reanudada por el fiscal de la Audiencia, Pedro Malo de Villavicencio: AGI, Escribanía de cámara, legajo 265a, cuaderno 31, f. 23, y cuaderno 28, ff. 21-37. 15. AGI, Escribanía de cámara, legajo 265a, cuaderno 31, f. 23. 16. Informe de Juan José de Veytia Linage de noviembre de 1721, abogado fiscal de la visita: AGI , Escribanía de cámara, legajo 265a, cuaderno 2, ff. 285-287. 17. La prolongada visita general, que se extendió entre 1660 y 1681, únicamente parece haber sido efectiva en los casos de México y Zacatecas: AGI, Escribanía de cámara, legajos 275a y 295a y b, y

AGI ,

Audiencia de México, legajos 746 y 1243. Respecto a las otras visitas, véase Herbert I.

Priestley, José de Gálvez: Visitor-General of New-Spain (1765-1771), Berkeley, 1916, y Amalia Gómez Gómez, Las visitas de la Real Hacienda novohispana en el reinado de Felipe V, Sevilla, 1979. 18. Bartolomé Bennassar, Histoire des Espagnols,

VIe-XXe

siècles, París, 1992, y Christian Hermann

(coord.), Le premier age de l’État en Espagne (1450-1700), París, 1989. 19. Horst Pietschmann, “Integración y burocracia en América Latina desde el punto de vista histórico”, en M. Mols, Integración y cooperación en América Latina, Mainz, 1981, y “Estado colonial y mentalidad social: el ejercicio del poder frente a distintos sistemas de valores, siglo

XVIII”,

en

Marcelo Carmagnani (coord.), America Latina dallo Stato Coloniale allo Stato Nazione, Milán, 1987. 20. Son muchos los que pretextaban esas comisiones, de las que decían haber sido encargados; así, Felipe de Muelas, paje del virrey marqués de Valero, ejerció continuamente comisiones y remplazos durante sus cinco años de presencia en la Nueva España:

AGI ,

Audiencia de México,

legajos 454 y 736. 21. Las comisiones más restringidas se encuentran entre los legajos de la sección Audiencia de México, bajo el titulo Cartas y expedientes de los jueces de comisión, legajos 547 a 556. 22. Ismael Sánchez Bella, Derecho indiano. Estudios, t. 1, Las visitas generales…, op. cit., capítulos 1, 2 y 6. 23. Entre las visitas estudiadas, se puede citar el caso del juez de México, Juan de Gárate y Francia: provisto en 1674 de una simple comisión de visita concerniente a la administración de la real caja de Veracruz, terminó por llevar a cabo una vasta indagación sobre el contrabando de

292

cacao entre Veracruz y las regiones de Cumaná y Maracaibo de 1666 a 1673; véase Ismael Sánchez Bella, “Las visitas a la Audiencia de México (siglos XVI y XVII)”, Anuario de Estudios Americanos, vol. 32, Sevilla, 1975, pp. 373-402; articulo reproducido en Derecho indiano. Estudios, t. 1, Las visitas generales…, op. cit., capítulo 4. 24. En noviembre de 1668, el cura de la ciudad, Francisco Rendón, precisó que el comisario “estaba mal puesto en toda la ciudad”: AGI, Escribanía de cámara, legajo 275a, cuaderno 2, f. 18. 25. Testimonios de Felipe de Mata Linares, oficial real que ocupó las funciones de alguacil mayor durante la visita a Zacatecas, de fechas 13 y 15 de noviembre de 1668: AGI , Escribanía de cámara, legajo 275a, cuaderno 2, ff. 1 a 4. 26. Testimonio de Francisco Rendón, cura de Zacatecas,

AGI ,

Escribanía de cámara, legajo 275a,

cuaderno 2, ff. 42 y 43. 27. AGI, Escribanía de cámara, legajo 275a, cuaderno 2, f. 198, y 2 ° cuaderno de testimonios, ff. 148 y ss. 28. AGI, Escribanía de cámara, legajo 399c, cuaderno 17, ff. 1 a 15, cuaderno 19, ff. 3 a 40, y cuaderno 12, ff. 3 a 5. 29. Aun cuando Ismael Sánchez Bella reconoce la frecuencia de esos problemas, a los que se añadía la hostilidad sistemática o casi sistemática de las autoridades locales, no por ello deja de llegar a la conclusión de que esas prácticas administrativas tuvieron un resultado “globalmente positivo”; véase “Eficacia de la visita en Indias”, op. cit., pp. 393 y ss., artículo reproducido en Derecho indiano. Estudios, t. 1, Las visitas generales…, op. cit., capítulo 3; por el contrario, la mayoría de los otros autores insiste antes bien en la mediocridad de los resultados obtenidos por esas pesadas operaciones judiciales sujetas a las más diversas conductas insensatas de sus responsables; tal es la tesis que defienden Ernesto Schafer, El Consejo Real y Supremo de Indias en la administración colonial, 2 vols., Sevilla, pp. 135-147; Guillermo Lohmann Villena, El conde de hemos virrey del Perú, Sevilla, 1946; Luis Navarro García, Hispanoamérica en el siglo

XVIII,

Sevilla, 1975; J.

Lalinde Abadía, “El régimen virreino-senatorial en Indias”, Anuario de Historia del Derecho Español, vol. 37, Madrid, 1967, y Guillermo Céspedes del Castillo, “La visita como institución…”, op. cit. 30. A diferencia de los interrogatorios de la Inquisición o de la justicia criminal, la tortura no formaba parte de los medios disponibles en manos del visitador. En ocasiones, únicamente la presión psicológica y material —en particular el embargo de los bienes— lograba producir efectos sobre los sospechosos más frágiles, aunque no por ello era menos verdadera la violencia de los interrogatorios, como lo testimoniaron los oficiales de Veracruz en 1676: cuando sus respuestas no convenían a Juan de Gárate y Francia, “se les yba a la mano y amenazaba que los había de atormentar”: AGI, Escribanía de cámara, legajo 295b, cuaderno 5, f. 8. 31. En particular, las comisiones ordinarias no daban derecho al secreto de los testimonios: AGI , Escribanía de cámara, legajo 275a, cuaderno 2. 32. AGI, Escribanía de cámara, legajo 295b, cuaderno 1, ff. 1 a 3 y 8 a 10. 33. Ibid., cuadernos 1 y 9. 34. Ibid., cuaderno 3, ff. 1 y 2. 35. Ibid., cuaderno 2. 36. Informe elaborado en enero de 1674 y destinado al Consejo de Indias: AGI, Escribanía de cámara, legajo 295b, cuaderno 7, f. 1. 37. Requisitoria del fiscal del Consejo de Indias de noviembre de 1674: AGI , Escribanía de cámara, legajo 295b, cuaderno 7, f. 12. 38. Nuevos interrogatorios de los testigos en Veracruz:

AGI ,

Escribanía de cámara, legajo 295b,

cuadernos 6 y 12. 39. AGI, Escribanía de cámara, legajo 295b, cuaderno 9, ff. 102-131. 40. Sufrió un ataque de gota que lo inmovilizó durante una semana: legajo 295b, cuaderno 13, ff. 1-14.

AGI ,

Escribanía de cámara,

293

41. De esa manera, los representantes de todas las grandes casas comerciales del lugar, al igual que los responsables municipales, se encontraron en manos del juez: Juan Miguel de As-cue, alcalde ordinario en 1674; Manuel de Rivera; Juan Álvarez de Sotomayor; Fermín y Sebastián de Roteta, regidor perpetuo y alcalde ordinario en dos ocasiones, respectivamente; Juan de Licona, antiguo alcalde ordinario; Juan Nieto, y Fernando Sasueta, antiguo alcalde ordinario. Los oficiales reales resumen así el método empleado: “Pasó a prender a los testigos y personas que examinó, comenzando por las personas de más suposición de esta ciudad para por este medio atemorizar y amedrentar a los de menos esfera”: AGI , Escribanía de cámara, legajo 295b, cuaderno 13, ff. 1-4, y cuaderno 5, ff. 8-9. 42. AGI, Escribanía de cámara, legajo 295b, cuaderno 13, ff. 1-14. 43. AGI, Escribanía de cámara, legajo 295b, cuaderno 13, ff. 8-9. 44. Los dos oficiales reales todavía con vida, Bernardo de Sumbil y José de Murueta y Otá-lora, fueron privados de su oficio y condenados a pagar 12 000 y 10 000 pesos de multa, respectivamente; en lo que respecta a los comerciantes, Juan Álvarez de Sotomayor, Sebastián y Fermín de Roteta, Juan de Licona y Juan Miguel de Ascue, fueron condenados a pagar 1 000 pesos de multa cada uno: AGI, Escribanía de cámara, legajo 295b, cuaderno 6, ff. 49 y 61. 45. De eso, precisamente, fue acusado Francisco Lorenzo de San Millán en su actuación en Zacatecas: AGI , Escribanía de cámara, legajo 275a. Y se encontró esa misma acusación lanzada en contra de Antonio de Cevallos y Villagutiérrez, presidente de la Audiencia de Guadalajara, en sus indagaciones en contra de los oficiales reales de esa ciudad: AGI, Escribanía de cámara, legajo 399c. 46. La suspensión intervenía cuando los testimonios aportaban información suficiente que confirmara los abusos y, sobre todo, si la permanencia de los inculpados en su cargo estorbaba el curso de la visita; sin embargo, cuando los inculpados rehusaban responder a las citaciones del juez y se acogían a sagrado, su huida equivalía a una confesión y desembocaba en su suspensión: AGI, Escribanía de cámara, legajo 399a, cuadernos 2 y 11.

47. En febrero de 1772, José de Gálvez estimaba en sus considerandos que, en vista del alegato de defensa, el oficial real no merecía sanción suplementaria. Antes, en diciembre de 1771, Juan Manuel Ramírez de Arellano había obtenido que el Consejo de Indias lo restituyera en su cargo, lo que impuso a José de Gálvez una desautorización con respecto a sus procedimientos; AHN , Sección de Consejos, legajo 20730, documento 21. 48. AGI, Escribanía de cámara, legajo 295b, cuaderno 6. 49. Ernesto Schafer, El Consejo Real y Supremo de Indias…, op. cit., e Ismael Sánchez Bella, “Visitas a Indias…”, op. cit., p. 200. 50. AGI, Escribanía de cámara, legajo 275a, cuaderno 2, ff. 7-8. 51. Testimonios de Diego Miguel de Aragón, escribano de la visita, Justo Mora de Gutiérrez y Pedro Fernández de Cabrera, los tres pertenecientes al personal subalterno de la visita: idem 52. Idem. 53. Testimonio del escribano de la visita, Diego Miguel de Aragón, en noviembre de 1668: Idem. 54. Idem. 55. A ese juez, en efecto, se le encargó simultáneamente de dos visitas en dos lugares diferentes. Una se relacionaba con la real caja de Veracruz, cuya poca eficacia ya se ha analizado, mientras que la otra se refería a la pesquisa en contra del contador del visitador Cristóbal de Calamcha y Valenzuela, Francisco Lorenzo de San Millán, por sus malos manejos en Zacatecas; por el contrario, la proporción de la demora imputable a la oposición que encontró en su colega Gonzalo Suárez de San Martín —este último consideraba que la comisión de Veracruz le correspondía jurídicamente— es muy significativa de los difíciles comienzos de los recorridos de verificación. 56. Juan de Gárate y Francia y Juan José de Uribe y Castexón se quejaron de no haber recibido los interrogatorios hechos en Veracruz por sus predecesores, Gonzalo Suárez de San Martín, en 1675,

294

y Gerónimo de Soria Velázquez, en 1712, respectivamente: AGI , Escribanía de cámara, legajo 298a y b, 295b, y 296a y 296b. 57. AGI, Escribanía de cámara, legajo 298c, cuaderno 35, ff. 400-408. 58. AGI, Escribanía de cámara, legajos 295b, 296a y 296b. 59. En ese caso, la rapidez llegó acompañada de abusos de poder, de los que se quejaron los oficiales implicados. En efecto, José de Gálvez decidió una suspensión preventiva de los sospechosos, ¡contra los que todavía no poseía ningún cargo preciso!:

AHN ,

Sección de Consejos,

legajo 20730, documento 1, f. 18, y AGI, Audiencia de México, legajo 1248. 60.

AGI,

Escribanía de cámara, legajo 275a, cuaderno 2, f. 49; legajo 399a, cuaderno 12, f. 3:

AGI ,

Audiencia de México, legajo 737, y AGNM, Notaría, núm. 570, vol. 3936. 61. AGI, Escribanía de cámara, legajo 295b, cuaderno 3, ff. 1-2, y cuaderno 12. 62. AGI, Audiencia de México, legajo 327. 63. En ese terreno, los contratiempos de Francisco de Pagabe, Pedro Domingo de Contreras y José de Gálvez resultan muy esclarecedores de los enfrentamientos que surgían en el marco de las visitas generales; Amalia Gómez Gómez, Las visitas de la Real Hacienda…, op. cit., y Herbert I. Priestley, José de Gálvez: Visitor-General of New Spain…, op. cit.; véase también Ismael Sánchez Bella, “Eficacia de la visita en Indias”, op. cit. 64. AGI, Escribanía de cámara, legajo 297a, cuaderno 9, f. 2. 65. En su informe de fin de comisión, en el que anunciaba su “retiro”, precisaba que conocía dos casos de visitadores que habían sido asesinados durante sus pesquisas: AGI , Escribanía de cámara, legajo 297a, cuaderno 1, ff. 1-3. 66. AGI, Escribanía de cámara, legajo 265a, cuaderno 31, ff. 22-23. 67. Ibid., cuaderno 2, f. 285. 68.

AGI,

Audiencia de México, legajos 735 a 738, y Amalia Gómez Gómez, Las visitas de la Real

Hacienda…, op. cit., 3a parte. 69. Ismael Sánchez Bella considera que esa posición era una regla general propia de ese tipo de supervisión administrativa; “Eficacia de la visita en Indias”, op. cit. 70. AGI, Escribanía de cámara, legajos 295c y 296a y b, cuadernos 5, 12, 13 y 23. 71. AGI, Escribanía de cámara, legajo 287a, cuaderno 1, f. 6. 72. El Consejo de Indias no era la única instancia metropolitana que podía ordenar visitas en territorio americano. En su respectiva esfera, el Consejo de la Inquisición o los consejos de las órdenes militares también podían designar visitadores, con el riesgo permanente de que coincidieran con las intervenciones de otros visitadores; y lo mismo ocurría en América, don de, además del virrey y la Audiencia, los tribunales de la Inquisición y las órdenes religiosas también podían designar visitadores. De todo ello surgía una verdadera confusión sobre la jerarquía y las respectivas atribuciones de unos y otros; Ismael Sánchez Bella, “Visitas a Indias…, op. cit. 73. AGI, Escribanía de cámara, legajo 265a, cuaderno 31, f. 23. 74. AGI, Escribanía de cámara, legajo 275a, cuaderno 2, ff. 8-11 75. AGI, Escribanía de cámara, legajo 265a, cuaderno 31, f. 23. 76. AHN, Sección de Consejos, 20730 y 21694, y AGI, Audiencia de México, legajo 1248. 77. Idem. 78. La afirmación respecto a la ruptura que parece haber marcado la visita de José de Gálvez en la administración de la Nueva España se remonta a la primera gran obra que le fuera dedicada, la de Herbert I. Priestley, José de Gálvez: Visitor-General of New Spain…, op. cit. Las obras posteriores, de J. M. Ots Capdequi, El Estado español en las Indias, 1a ed., FCE, México, 1941, y John H. Parry, The Sale of Public Office in Spanish Indies under Habsburg, Berkeley, 1953, reforzaron ese enfoque. Después de ellos, los autores de la mayoría de los trabajos sobre el tema admiten que la llegada del célebre visitador marcó claramente un hito en la historia del siglo

XVIII

de la Nueva España; Eduardo R.

Saguier ofrece un excelente análisis historiográfico de ello en “La corrupción administrativa

295

como mecanismo de acumulación y engendrador de una burguesía comercial local”, Anuario de Estudios Americanos, t. 41, Sevilla, 1989. Por su parte, Mark A. Burkholder y Dewit S. Chandler retoman esa visión a la Spengler en sus obras sobre las audiencias y su personal en el mundo hispanoamericano: el título de su libro resume expresamente esa visión del siglo XVIII, que opone radicalmente la primera mitad del siglo a la segunda. Ese mismo enfoque se encuentra subyacente en los trabajos de Linda Arnold, Bureaucracy and Bureaucrats in Mexico City (1742-1835), Tucson, 1988; Susan M. Socolow, The Bureaucrats of Buenos-Aires: Amor al real servicio (1769-1810), Durham, 1988; Jacques A. Barbier, “Elites and Cadre in Bourbon Chile”, Hispanic American Historical Review, vol. 52, núm. 3, 1972, pp. 416-435; David Brading, “Gobierno y élite en el México colonial durante el siglo

XVIII”,

Historia Mexicana, vol. 32, núm. 92, abril de 1974, pp. 611-645, y

Brian R. Hamnett, The Mexican Bureaucracy before the Bourbon Reforms (1700-1770), A Study in the Limita-don of Absolutism, Glasgow, 1979. Al estudiar el siglo

XVII

peruano, Kenneth J. Andrien

encontró también esa situación de crisis antes del episodio reformador del siglo

XVIII;

véase, en

particular, Crisis and Decline: The Vice-Royalty of Peru in the Seventeenth Century, Albuquerque, 1985; “Corruption, Inefficiency and Imperial Decline in the 17 th-Century Viceroyalty of Peru”, The Americas, vol. 41, núm. 1, julio de 1984, pp. 1-20, y “The Sale of Fiscal Offices and the Decline of Royal Authority in the Viceroyalty of Peru (1633-1700)”, Hispanic American His-torical Review, vol. 62, núm. 1, febrero de 1982, pp. 49-71. En sentido inverso, la corriente cercana a Weber insiste, antes bien, en la continuidad del siglo

XVIII,

con un aparato de Estado que seguía siendo de

dominante patrimonial en buena medida, a pesar de los intentos de evolución hacia su racionalización. A los trabajos de Jacob van Klaveren, “Die historische erscheinung der korruption, in ihrem suzammenhang mit der staats-und gesellschaftsstruk-tur betrachtet”, Vierteljahrschrift fur zocial-und wirtschofts-geschichte, vols. 44-4, 45-4 y 46-2, 1958-1959, y de Horst Pietschmann, ya citados, se añaden en particular los de John L. Phelan, “Authority and Flexibility in the Spanish Imperial Bureaucracy”, Administrative Science Quarterly, vol. 5, núm. 1, junio de 1960, pp. 47-65; Linda K. Salvucci, “Costumbres viejas y hombres nuevos: José de Gálvez y la burocracia fiscal novohispana (1754-1800)”, Historia Mexicana, vol. 32/2, núm. 130, México, 1983, y Frederick Pike, “The Municipality and the System of Checks and Balances in Spain American Colonial Administration”, The Americas, vol. XV, núm. 2, 1958, pp. 139-159. 79. Paul Veyne, “Clientéle et corruption au service de l’État; la vénalité des offices dans le BasEmpire romain”, Annales ESC, núm. 3, mayo-junio de 1981, pp. 339-361. 80. La ley obligaba a los oficiales reales a renovar regularmente a sus fiadores; sin embargo, las numerosas bancarrotas con que tropezaba la justicia dejan entrever el poco respeto de la ley. 81. AGI, Escribanía de cámara, legajo 399c, cuaderno 17, ff. 1-9; AGI , Audiencia de Guadalajara, legajo 24, exp. 10; Antonio de Robles, Diario de sucesos notables (1665-1703), t. 1, México, 1972, p. 283; Thomas Calvo, Poder, religión y sociedad en la Guadalajara del siglo

XVII, CEMCA/Ayuntamiento

de

Guadalajara, México, 1992, pp. 31-32. 82. AGI, Escribanía de cámara, legajo 399c, cuaderno 19, ff. 46-51 83. Si bien es cierto que el Consejo de Indias redujo a 30 000 pesos el dinero que debían, no por ello su recuperación final significó menos pérdidas para la Real Hacienda. Las pérdidas se distribuyeron así: 4 645 pesos depositados en la real caja, 15 559 pesos en créditos recuperables, 2 753 pesos en créditos no recuperables, 8 000 pesos en bienes embargados a los oficiales y 3 500 pesos embargados a un heredero: AGI, Escribanía de cámara, legajo 399c, cuaderno 9, f. 47. 84. La suma total que debían los oficiales reales alcanzaba 118 664 pesos, de los que, no obstante, fue posible asegurar inmediatamente 15 195 pesos:

AGI ,

Escribanía de cámara, legajo 265a,

cuadernos 2 y 3. 85. AGI, Escribanía de cámara, legajo 265c, cuaderno 32, ff. 11-20. 86. AGI, Escribanía de cámara, legajo 275a, cuaderno 2, f. 3. 87. AGI, Escribanía de cámara, legajo 299, cuaderno 8, ff. 5-6.

296

88. Es la suma que percibieron Gonzalo Suárez de San Martín, Juan Sáenz de Moreno y Francisco de Pagabe, cada uno de los cuales obtuvo un salario de 6 000 ducados por año: AGI , Audiencia de México, legajos 745 y 746. 89. Idem. 90. Ibid., legajo 1246 91. Ibid., legajo 737. 92. Ibid., legajo 746. 93. Los efectos de visita comprendían todas las sumas percibidas por condenas, así como la recuperación de las sumas que debían los oficiales sometidos a la supervisión: AGI , Audiencia de México, legajo 327. 94. Idem. En otro balance, elaborado por Antonio de Deza y Ulloa en noviembre de 1687, se hacía una estimación diferente de los resultados de la visita. En él se hacía la siguiente estimación por visitadores: Francisco de Valles, 550 712 pesos de ingresos y 36 324 pesos de gastos; Cristóbal de Calamcha y Valenzuela, 210 832 y 50 724 pesos, respectivamente; Gonzalo Suárez de San Martín, 226 821 y 140 658 pesos, respectivamente, y Juan Sáenz de Moreno, 130 730 y 77 390 pesos, respectivamente. Ese cálculo dejaba un haber de casi 130 000 pesos en 20 años de visita, es decir, un modesto rendimiento de 6 500 pesos por año: AGI, Audiencia de México, legajo 1243. Aun cuando se aceptase este segundo cálculo, mucho más favorable, la rentabilidad financiera de las operaciones judiciales sigue resultando muy mediocre. 95. Paul Veyne, “Clientéle et corruption…”, op. cit. 96. Idem. De hecho, en los balances que dirigían al Consejo de Indias, los visitadores tenían la tendencia a agregar, a las sumas cobradas gracias a su actuación, las percibidas bajo la forma de las diversas rentas reales, cuya recaudación, estimaban, se facilitaba gracias a su sola presencia. Sobre esa base de cálculo, se pretendía que la visita general de los años de 1661 a 1681 había reportado al rey 295 659 pesos. En otro balance financiero, elaborado por los oficiales reales de México en octubre de 1678, éstos estimaban los efectos de visita en 385 575 pesos: AGI , Audiencia de México, legajo 1243.

NOTAS FINALES 1. Véase el glosario.

297

VIII. Las reformas administrativas: un combate continuo

de un complejo sistema de supervisión de la administración de la Real Hacienda de la Nueva España no impedía la amplitud, continuidad y banalidad de sus dificultades de funcionamiento: de los administrados, que eran los primeros en conocer las exacciones que frecuentemente debían padecer, al Consejo de Indias, pasando por los responsables políticos en América, no había súbdito del rey que no hubiese tropezado con él. Lo anterior quiere decir que, tanto en México como en Madrid, tanto en la metrópoli como en la Nueva España, de arriba abajo del aparato administrativo colonial, la situación que reinaba en la administración de la Real Hacienda era ampliamente conocida.

1

EL ESTABLECIMIENTO

2

Tal situación alentaba a la monarquía española a asegurar la defensa de la autoridad del Estado; por lo demás, la constancia de esa preocupación dejó su huella en la construcción del aparato de Estado en América. Lejos de reducirse a una pálida copia de su modelo hispánico, aparece como un instrumento original cuya construcción se desenvolvió a todo lo largo de tres siglos de presencia colonial en América. Así, desde las primeras medidas decretadas por los Reyes Católicos hasta las reformas de la segunda mitad del siglo XVIII, la continuidad parece haberse impuesto a las rupturas. Entre esos dos hitos cronológicos siempre obró el mismo espíritu y siempre se persiguió el mismo objetivo: imponer a los hombres de América —conquistadores, colonizadores, representantes reales— la autoridad del monarca español. En ese sentido, a pesar de la parte que se dejó a la iniciativa individual y privada en las operaciones de conquista, el Estado español no abandonó nunca, desde el principio, el dominio de las operaciones de colonización. La dialéctica constante entre las tendencias feudales liberadas por el mecanismo de la conquista y la voluntad de afirmación de un Estado entonces entre los más modernos en Europa impregnó verdaderamente la construcción de la estructura estatal americana desde sus orígenes.1

298

FIGURA VIII.1. Planta y elevación de la estación de la aduana de la ciudad de Puebla hacia 1690; Archivo General de Indias, Mapas y Planos, 520 bis, México. 3

Este enfoque alienta a situar las reformas borbónicas de la segunda mitad del siglo XVIII, tradicionalmente bautizadas como ilustradas, en una perspectiva histórica de larga duración. Contrariamente al proceso que demasiado a menudo se admite de manera implícita, en el caso de esta investigación se planteó la interrogante sobre la realidad de la ruptura que pudo representar ese episodio en la historia administrativa colonial. ¿En qué constituyeron una ruptura, si acaso la hubo, las reformas? En consecuencia, esta interrogante invita a ir más allá del análisis, indispensable por lo demás, del simple contenido de las reformas mismas, para tratar de comprender los objetivos que efectivamente se perseguían. En ese terreno, se puede admitir que la administración americana de la Real Hacienda fue una de las principales apuestas del combate multisecular entre los intereses estatales de dominación y supervisión y las aspiraciones americanas centrífugas. Cuando se toma en consideración la situación colonial de hecho de la América española, se ve con claridad que la administración de la Real Hacienda constituía sin duda alguna un sector administrativo estratégico para la monarquía española. El lugar que ocupó la Real Hacienda en el sistema estatal colonial la transforma en un instrumento de medición de la voluntad española de dominación de sus colonias americanas mucho antes del episodio reformador de la segunda mitad del siglo XVIII.

LA GÉNESIS DEL APARATO DEL ESTADO: MATRIZ Y ADAPTACIONES 4

La afirmación de la autoridad metropolitana se encuentra inextricablemente vinculada al desenvolvimiento del aparato burocrático en América. A partir del momento en que se pusieron las primeras piedras, se dejó en claro un principio básico que nunca fue puesto

299

en tela de juicio posteriormente. Las acusaciones de despotismo lanzadas en contra de Cristóbal Colón y su gente, tanto por los representantes reales como por los primeros colonizadores de La Española, entre 1493 y 1500,2 ilustraron el riesgo inherente a una concentración del poder demasiado grande. Posteriormente, el episodio relacionado con Cortés en lo que habría de llegar a ser la Nueva España confirmó los peligros de la centralización excesiva del poder en manos de un solo hombre.3 Al mismo tiempo, el establecimiento del poder ejercido colectivamente, cuya concreción fue la institución de la Audiencia, se reveló incapaz de garantizar que se tomaran en cuenta los intereses estatales de una mejor manera y aceleró el nombramiento de un virrey en la Nueva España, encargado de presidir esa asamblea de oidores.4 Así, a partir de 1535, los rasgos del aparato del Estado en América habían llegado a ser funcionales: coexistencia de poderes rivales que se supervisaban mutuamente y asociación de instituciones de esencia colectiva con magistraturas de ejercicio personal. Dicho en otras palabras, desde la perspectiva de la autoridad metropolitana, la añadidura permanente de un contrapoder frente a todo poder llegó a ser la mejor garantía de sus propios intereses; y, en el marco de la administración de la Real Hacienda, ese principio general se concretó en particular en la frecuente organización de las visitas y las pesquisas, que llegaban a perturbar el equilibrio local establecido. 5

Con todo, ese principio básico, del que nunca se renegó, no pudo bastar para garantizar verdaderamente la afirmación del poder metropolitano sobre América. La afirmación de la autoridad del Estado también pasaba por la búsqueda continua de una mayor eficacia administrativa. Lo anterior quiere decir que a las prácticas de la visita regular se yuxtaponían las de la búsqueda permanente de la adaptación y el mejoramiento del aparato administrativo. También en ese caso la preocupación por la “reforma” se manifestó en ocasión del establecimiento del embrión del Estado en América. A partir de la fase antillana de construcción estatal, se sucedieron con regularidad los ajustes, las dudas o las nuevas orientaciones; ajuste, dudas y orientaciones que aportan la prueba de la inexistencia de un esquema rector preestablecido que se inspirara exclusivamente en la realidad metropolitana, que ofrecen, asimismo, la demostración del lento proceso que significó la construcción del Estado colonial en América y que confirman, en fin, el pragmatismo con que supieron mostrarse en conformidad los responsables políticos españoles.5

6

La monarquía española, preocupada por dominar mejor el espacio americano y consciente de que la principal riqueza se fundamentaba en sus recursos humanos, amenazados con la desaparición, alentó el desenvolvimiento a la escala local de un aparato estatal capaz de asegurar el dominio, la protección y la captación de las riquezas disponibles. La creación de oficiales locales investidos con el poder real de juzgar —los alcaldes mayores— implicaba retirar a los encomenderos una parcela importante del poder que ejercían sobre las poblaciones indígenas;6 y no carece de importancia hacer notar que a esos jueces provinciales que eran los alcaldes mayores se les confió la importante responsabilidad de la recaudación del tributo indígena a partir del momento en que éste se transformó en una deducción fiscal.7 Al mismo tiempo, toda operación de conquista o descubrimiento iba seguida por uno o varios oficiales de la Real Hacienda que velaban por la deducción de la parte que correspondía al rey de todo botín de guerra.8 Consecuentemente, el fortalecimiento de la autoridad y el poder del rey en América iba a la par, desde la perspectiva de las autoridades españolas en todo caso, con el desenvolvimiento de la administración de la Real Hacienda a la escala regional. Aun cuando en esa época la red de

300

reales cajas era prácticamente inexistente en América, se puede considerar que la primera implantación de una institución de la Real Hacienda a la escala local correspondió a la creación de los oficios de los recaudadores y jueces provinciales que eran los alcaldes mayores; sin embargo, desde mediados del siglo XVI, paralelamente a la preocupación por la eficacia que siempre se buscaba, se experimentaba cada vez con mayor fuerza la necesidad de la especialización administrativa. La diversidad de los impuestos que se debían deducir sobre las numerosas actividades económicas, la multiplicación de los propios lugares de recaudación y el deseo de tener un mejor conocimiento del monto de los ingresos americanos que, al mismo tiempo, permitiera esbozar una previsión, así como la reducción de las pérdidas causadas por los diversos fraudes y malversaciones, todo contribuía a hacer indispensable el recurso a unos oficiales que pertenecieran a una estructura que se dedicara exclusivamente a ese trabajo específico; de tal suerte que la administración de la Real Hacienda, integrada en un principio al resto del aparato administrativo naciente, se desprendió progresivamente de él como una entidad claramente distinta. Su surgimiento se reveló lento, difícil e incluso incompleto hasta finales del siglo XVIII; pero, a pesar de su estado inconcluso, el reconocimiento precoz de ese tipo de especialización se presenta como un hilo conductor que hace comprensible la historia administrativa de la Real Hacienda de la América colonial. Así, desde antes de mediados del siglo XVI, emergió la tendencia manifiesta a desprender ese sector administrativo específico del tronco común al que estaba vinculado originalmente; y esa visión iba a mantenerse durante cerca de tres siglos en el meollo de los objetivos fijados en los principales proyectos con que se buscaba el mejoramiento de dicho sector.

EN BUSCA CONTINUA DE LA EFICACIA 7

La aplicación del principio de la especialización a la administración de la Real Hacienda, destinado a mejorar su eficacia, encontró su concreción manifiesta en la introducción de las superintendencias en el seno de la institución a finales del siglo XVII. Tales responsabilidades existían ya desde hacía mucho tiempo en el momento en que su aplicación se extendió a la administración de la Real Hacienda americana; 9 sin embargo, ello no significó que los cambios fuesen menos profundos en el mundo de la Real Hacienda colonial, aun cuando su adopción estuvo lejos de ser general y sistemática. Notablemente, mostró todo su valor, incluidos sus límites, en el marco de su aplicación a las contadurías de rentas y monopolios reales, las cuales fueron desligadas progresivamente de las diferentes reales cajas. En el marco de las estructuras administrativas relativamente ligeras —en comparación, muy particularmente, con la estructura de las reales cajas— y con atribuciones claramente definidas, las superintendencias encontraron un terreno de aplicación ideal; en efecto, su introducción y multiplicación ofrecieron la ocasión para mejorar la eficacia de los servicios administrativos, tradicionalmente poco rentables, según un punto de vista metropolitano.

8

Hasta el final del siglo XVII, periodo durante el cual se adoptó el sistema de superintendencias en el marco de las contadurías, los medios de que disponía la Corona para hacer prevalecer sus intereses en estas últimas eran muy reducidos: con el propósito de determinar mejor el verdadero valor de las rentas, además de recurrir a la supervisión tradicional, de eficacia irregular, recurría fundamentalmente al juego de la alternancia entre los dos métodos de administración: la administración directa y el arrendamiento;

301

en consecuencia, la aparición de las superintendencias en la administración de la Real Hacienda se sitúa claramente en la perspectiva de su deseo de volver a tomar en sus manos las riendas de algunos de esos ingresos. Dicho en otras palabras, ese periodo, al que por lo general se califica como de decadencia del imperio y de impotencia administrativa, no impidió de ninguna manera la expresión de una fuerte voluntad de supervisión de los ingresos americanos. En efecto, a partir de los años de 1680 se echó mano de esas nuevas atribuciones en el marco administrativo de la Real Hacienda de América. Las funciones de los superintendentes se definían a través de las órdenes de comisión, sin que se precisara una delimitación temporal;10 y la responsabilidad que se les atribuyó principalmente fue la supervisión de las reales rentas sujetas a los contratos de arrendamiento. Con el propósito de asumir plenamente el ejercicio de esa autoridad, ejercían sobre su sector administrativo una competencia jurisdiccional privativa, expresada con toda claridad en el título de superintendente acompañado del calificativo de “juez administrador”, que remplazó al de “contador juez administrador”, que hasta entonces se había otorgado a los responsables de esas rentas. En un principio, ese tipo de comisiones había sido confiado principalmente a los oidores de las audiencias y, en esos casos, los más frecuentes, es cierto, la función del superintendente se limitaba en lo esencial a reformular las atribuciones tradicionales confiadas a los magistrados en la forma de simples comisiones anuales;11 sin embargo, otras comisiones, distribuidas entre 1680 y 1730, marcaron una ruptura manifiesta con la situación administrativa y jurídica anterior; y, a través de tres ejemplos de ello, contradictorios aunque complementarios, se hace posible ilustrar la ambivalencia que caracterizó a la aplicación de la reforma de las superintendencias en América: uno se redujo, más o menos, a una simple repetición de las prácticas anteriores, mientras que los otros dos, por el contrario, contribuyeron al importante intento de renovación en el seno de la administración de la Real Hacienda de la Nueva España e ilustran la voluntad política de renovación que se expresó a partir de finales del siglo XVII.

LAS ETAPAS SIGNIFICATIVAS La superintendencia de las alcabalas y las aduanas de Guadalajara: un intento edificante 9

Hasta abril de 1676, la Nueva Vizcaya había estado exenta de la alcabala que se debía pagar sobre los productos de Castilla y los de la tierra.12 Con el propósito de asegurar la recaudación, se decidió establecer una administración de aduanas en Guadalajara, la cual se había fundado ya en enero de 1673. La recaudación de ese nuevo impuesto fue confiada inmediatamente a la administración real, que debió elaborar progresivamente una estructura capaz de cumplir con sus obligaciones; y la responsabilidad del servicio se confió a uno de los oidores de la Audiencia, no en calidad de comisario, sino de superintendente de aduanas. La diferencia era importante: en lugar de ejercer efectivamente durante algunas semanas por año la responsabilidad confiada, además de sus atribuciones judiciales, recibía con ello una nueva afectación que lo desvinculaba de hecho de su institución de origen. Así, durante el periodo de funcionamiento efectivo de la superintendencia, entre 1680 y 1712, se sucedieron tres oidores al frente de su dirección: Fernando López de Ursino, de 1682 a 1687; Francisco de Feixoo y Centellas, de 1687 a 1704, y Juan de Somoza, en fin, de 1704 a 1712. La continuidad en el cargo garantizó

302

una mayor estabilidad en el funcionamiento interno de la institución;13 y, por lo demás, en su calidad de responsable de la aduana, el superintendente a cargo decidía por sí mismo la contratación de los subalternos, esto es, una decena de personas.14 Es cierto que, como lo recordaba Juan de Somoza en 1710: “No son de mi cargo el dar las cuentas sino de tesorero o receptor […] ya que las cuentas no son de mi profesión […] y ser solo de mi incumbencia atender con toda exacción* y vigilancia a la dirección de esta real aduana e impedir y castigar los extravíos que se intentaren cometer”.15 10

Este altanero recordatorio que dirigió el superintendente al Consejo de Indias ilustra mejor que ningún discurso los límites que rápidamente se encontraron en la introducción de las superintendencias en la administración de la Real Hacienda. En opinión de ese oidor, contratado como supernumerario en 1689,16 el mundo de la Real Hacienda no podía confundirse con el más prestigioso de la Audiencia. Si bien aceptaba el ejercicio de la autoridad y el prestigio que acompañaban a la función de superintendente,17 se rehusaba a asumir sus aspectos técnicos. No se podría subrayar mejor la especificidad de la administración de la Real Hacienda: suponía una competencia y una experiencia que no podían ser las de un juez. Comprendida y aplicada de esa manera, la reforma relacionada con las superintendencias se reducía a poca cosa: es cierto que contribuía a una mayor concentración del poder, a una mejor definición de las responsabilidades y, sobre todo, mediante la aplicación del principio según el cual a la recaudación de un impuesto correspondía un servicio único, garantizaba el fortalecimiento de la coherencia administrativa; sin embargo, en su práctica cotidiana se reducía a delegar en unos técnicos la dirección efectiva y la supervisión de esa administración; equivalía a reducir la superintendencia al funcionamiento de una antigua comisión, con el estilo, el prestigio, la estabilidad y la coherencia por añadidura.

11

La reducida eficacia del nuevo sistema experimentado en Guadalajara se deduce del severo informe que redactó en diciembre de 1682 el fiscal de la Audiencia. Probablemente, ese magistrado no veía con buenos ojos el fortalecimiento del poder —y del prestigio— de un colega que, en cierta manera, privaba a la Audiencia de su derecho de supervisión sobre el nuevo impuesto; pero, fuera lo que hubiere sido, el sistema de funcionamiento descrito daba lugar en gran medida a manipulaciones de toda clase, sin que el superintendente se preocupase verdaderamente por intervenir. En particular, el fiscal señalaba: El mal estilo de esta caxa y de la de Zacatecas, pues aúnque en ambas se da un cuaderno, rubricadas todas las ojas de oficiales reales, a cada alcalde mayor de su distrito para que en él asienten los reales tributos y alcabalas. Esto no sirve mas que de llevarles 406 ps. de derechos por dicho cuaderno, pues la forma en que se ejecuta es solo asentar las partidas y firmarlas solamente dicho alcalde mayor sin que lo autorise un escribano, ni testigos de asistencia a su falta ni firmarlos el que los paga ni otro por él no sabiendo firmar. Así queda a advitrio del alcalde mayor asentar las partidas que quisiere y omitir las que pareciere, y hacerlo cuando le diere gusto, siendo osioso dicho cuaderno rubricado y sin más efecto de causar costos a dichos alcaldes mayores que después pagan los indios y la Real Hacienda sin que por él se obvien los dichos fraudes.18

12

En realidad, la mala voluntad de los superintendentes de Guadalajara —seleccionados exclusivamente entre los miembros de la Audiencia— y su incapacidad para establecer una estructura específica de la recaudación del nuevo impuesto hacían literalmente ilusoria la reforma. Debido a que calcaron las antiguas prácticas de las comisiones, se apoyaron en relevos locales cuya voracidad y difícil supervisión eran conocidas y eran

303

incapaces de concebir, a partir del poder de que disponían, una entidad administrativa autónoma, los superintendentes solamente lograron cambiar unas cuantas cosas del funcionamiento administrativo del servicio que les había sido confiado. El único resultado tangible se manifestó en ocasión de la subasta pública de la renta en diciembre de 1712. Dicha subasta se llevó a cabo sobre una base muy favorable a los intereses reales: el arrendatario que ganó la puja, Pedro Otero Bermúdez, aceptó hacer pagos anuales de 26 300 pesos durante 15 años tan sólo por las alcabalas de la ciudad de Guadalajara y su periferia, a pesar de que, durante el periodo anterior, hasta principios del siglo XVIII, el ingreso anual medio había estado estancado en alrededor de 13 000 pesos y todavía no había alcanzado los 20 000 pesos en vísperas del arrendamiento.19 En consecuencia, Pedro Otero Bermúdez se vio obligado a rescindir su contrato de arrendamiento en 1717, al comprobar que ese monto no dejaba ningún beneficio, según las afirmaciones de la corporación de comerciantes de la ciudad, que lo sucedió en el arrendamiento. En realidad, parece ser que no fue ésa la única causa del abandono: los comerciantes se habían opuesto firmemente a la cesión del arriendo a Pedro Otero Bermúdez; y es más que probable que no le hayan facilitado su administración. En 1723, por lo demás, según las afirmaciones de Fernando de Urrutia, “juez conservador de las alcabalas”, favorable al retorno a la administración directa, las ganancias promedio anuales eran mucho más importantes que lo que se quería admitir abiertamente, pues, sobre la base del contrato firmado con Pedro Otero Bermúdez, estimaba los beneficios promedio durante el periodo total del arrendamiento en cerca de 8 500 pesos; en ese mismo año, no obstante, el propio regente de la Audiencia, Nicolás de Santa Cruz, contradijo tajantemente los argumentos de su subordinado, al afirmar que, a semejanza de la economía general de la Nueva Galicia, ¡el comercio local estaba en clara decadencia! La conclusión a que llegó el fiscal del Consejo de Indias en 1724 fue que era muy difícil hacerse una idea precisa de la situación, tanto más cuanto que la irregularidad de esos ingresos era muy marcada. 20 Consecuentemente, la experiencia de Guadalajara se consumó hacia 1720 con una vuelta atrás: en conformidad con las observaciones de los comerciantes de la ciudad, Guadalajara volvió entonces a lo que les parecía que debía ser la norma general: el arrendamiento de ese impuesto a los comerciantes de las ciudades interesadas, en lo que había sido precedida por las ciudades de México, Oaxaca y Guanajuato.21 Del intento de reforma únicamente quedó un nombre: el juez designado para ejercer cada año la comisión de las alcabalas de la Nueva Vizcaya mantuvo el título, completamente honorífico en lo sucesivo, de “superintendente de la renta”.

La contaduría de las alcabalas de México: un primer esbozo 13

El fracaso experimentado en la concreción del proyecto de reforma en Guadalajara se debió más a los hombres encargados de ponerlo en práctica que a su propio contenido. Los contraejemplos que ofrecen las ciudades de México y Puebla son muy significativos en ese terreno; en efecto, el establecimiento de la superintendencia de las alcabalas de México y, más tarde, de la de Puebla, estuvo irremediablemente vinculado a la personalidad de su responsable, Juan José de Veytia Linage. A diferencia de los hombres contratados para la superintendencia de la aduana de Guadalajara, él había surgido del Tribunal de Cuentas de México, al que había sido nombrado contador superior supernumerario en junio de 1683, cuando apenas tenía 20 años de edad. Juan José de Veytia Linage, sobrino de José de Veytia Linage, el ministro del Consejo de Indias, concebía esa contratación únicamente como la primera etapa de una carrera profesional

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más prestigiosa,22 lo que no le impidió considerar esa afectación como digna de su honor y el de su familia. El ambicioso joven metropolitano se consagró en tal medida a sus nuevas responsabilidades que habría de transformarse en un verdadero especialista en los asuntos de la Real Hacienda. 14

Con su nombramiento al Tribunal de Cuentas, sus protectores lograron que se le asociara una comisión muy buscada, que le costó entre 14 000 y 16 000 pesos, la de “juez administrador de las alcabalas” de México, confirmada en 1685; 23 y, aun cuando todavía no era titular de su cargo en el Tribunal de Cuentas, obtuvo la autorización para ejercer su comisión sin demora. Tanto la afectación como la concesión se explican en lo fundamental por la situación en que se encontraba la contaduría de las alcabalas de México en esa época, situación que había sido revelada por el juez Juan Sáens de Moreno en el marco de su comisión de visita general de la administración de la Real Hacienda: en 1677 había sacado a la luz las prácticas existentes en la administración de esa renta, como rezagos importantes en los pagos que debía la ciudad beneficiaria del arrendamiento, inexistencia de una verdadera supervisión de su administración e incapacidad de los fiadores para cubrir sus fianzas,24 por lo que inmediatamente se entró en negociaciones con otros eventuales arrendatarios. El más serio parecía ser el consulado† de los comerciantes de México; no obstante, las negociaciones se eternizaron, a pesar de que habían sido emprendidas rápidamente, porque los comerciantes pretendían obtener una total libertad de maniobra, que el rey les rechazaba. Este último, en efecto, quería imponer al consulado la presencia de un superintendente en la persona del propio visitador, situación que rechazaron los comerciantes de la ciudad por ser jurídicamente ambigua.25 En consecuencia, a falta de un acuerdo, las alcabalas de la ciudad de México volvieron bajo la administración directa a partir de 1677. Se asignó entonces una suma global a su funcionamiento y se nombró un superintendente a la cabeza de la contaduría. 26 Muy rápidamente, la nueva administración obtuvo resultados sustanciales, si bien lo hizo al precio de una importante sobrecarga de trabajo para sus oficiales. El valor de la renta aumentó marcadamente en comparación con su monto oficial de los años anteriores,27 lo cual permitió que, en junio de 1681, Juan Sáens de Moreno, quien para entonces ejercía las funciones de superintendente, se expresara con firmeza en un informe dirigido a José de Veytia Linage, el ministro del Consejo de Indias: El consulado, por no quererme de superintendente como Su Magestad lo mandaba, no quiso arrendar estas alcabalas, dándoselas en el precio que la había tenido [la ciudad de México]. Y de nuevo, las ponía como no ha de haber quién las arriende ni quién las administre sustentando tan crecidos valores. Bien sabe Dios que esta no es jactancia y la verdad porque lo digo porque son muchos millones los que se han defraudado desde que hubo este derecho en México.28

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No obstante, los éxitos se habían obtenido a un costo personal muy pesado y ponían en tela de juicio la elección inicial del superintendente en la persona de un juez: La pesadumbre que cada día se me ofrecen en la administración de las reales alcabalas de México y del Reino, de asistir en la aduana todo el año así las tardes como las mañanas sin que en las Pascuas aya vacaciones para mí. Antes si mandándome Su Magestad que continúe en la dicha administración por aliarse bién venido de mi persona y considerando que esto se ha de perpetuar por que con los valores que a este ramo de hacienda e dado es ya imposible que aya quién entre a arrendarlas.29

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Su conclusión, entonces, era simple: se hacía necesario designar como responsable de la contaduría a un particular, a quien se le confiaría la administración de esa renta; sin embargo, aunque era convincente, el proyecto sólo se llevó a cabo de manera muy lenta.

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En junio de 1685, después de un breve intermedio en manos del juez Frutos Delgado, sucesor de Juan Sáens de Moreno, Juan José de Veytia Linage obtuvo finalmente el título de superintendente de las alcabalas de México y de su aduana. Ahora bien, la primera infracción al proyecto inicial fue que el cargo se asoció a la dirección del monopolio de los naipes; muy rápidamente, no obstante, ante las protestas del nuevo superintendente, esa segunda responsabilidad le fue retirada en diciembre de 1686. 30 Ya a la cabeza de ese servicio, prolongó la actuación de su predecesor; e incluso emprendió proyectos ambiciosos, destinados a afirmar el prestigio de su superintendencia: compra de un nuevo local, incremento de su personal y aumento de los salarios, incremento del número de estaciones de aduanas en torno a la ciudad, etcétera.31 Tal empresa suponía aumentos considerables de los costos de funcionamiento, que ya eran importantes, tema tabú que el Consejo de Indias no veía jamás con buenos ojos, por lo que dio largas a las autorizaciones durante varios años, sin jamás otorgarlas finalmente. Entretanto, la coyuntura había cambiado; mientras que los costosos proyectos del superintendente no recibían el apoyo necesario, el consulado reveló nuevamente su interés por el arrendamiento de esa renta. En la misma época, las alcabalas de Puebla daban señales evidentes de mal funcionamiento: en 1691 había surgido un conflicto entre el cabildo y los comerciantes sobre la administración que hacía la ciudad de ese impuesto y habían estallado acusaciones recíprocas de malversaciones y fraudes. El embrollo era tal que, en junio de 1694, el virrey y la Junta de Hacienda consideraron que la mejor solución era la administración directa;32 y les pareció juicioso tratar ambos casos simultáneamente, con lo que apoyaron el trabajo que habían llevado a cabo los superintendentes de México desde hacía 20 años de administración directa y, al mismo tiempo, emprendieron la renovación de las alcabalas de Puebla; así, en 1696 se firmó un contrato de arrendamiento por nueve años con el consulado de México, mientras que, ya en junio de 1695, Juan José de Veytia Linage había sido nombrado superintendente de las alcabalas de Puebla por cinco años, si bien en realidad se puso a su cabeza inmediatamente después de que terminara el arrendamiento concedido al cabildo, cuyo término había sido fijado para diciembre de 1696. De esa manera, a principios de 1697 se encontró como responsable de una administración en cuyo seno todo estaba por hacer.33

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Lejos de ser un fracaso, el experimento de la contaduría de las alcabalas de México había permitido que el joven superintendente se capacitara. Posteriormente, durante cerca de 30 años, iba a aplicar en Puebla la experiencia adquirida con anterioridad en el marco de la superintendencia de México. El balance que se puede hacer de ello puede reducirse a algunas observaciones que resumen el espíritu de la reforma. Principalmente, el experimento que se llevó a cabo en México demostró la eficacia de la administración con funciones claramente delimitadas: la superintendencia, totalmente responsable de la administración de una renta determinada, limitaba las intervenciones externas y parásitas, sin impedirlas siempre por completo; muy en particular, se dejaba de lado a los oficiales de la Real Hacienda, muy a pesar de estos últimos. En lo concerniente a la Audiencia, dado que había perdido el beneficio de las comisiones para sus miembros, se encontró fuera del juego. Únicamente subsistían las verificaciones a posteriori del Tribunal de Cuentas y la autoridad soberana del virrey, apoyado por la Junta de Hacienda. Lo anterior quiere decir que el superintendente, a la cabeza de una renta tan copiosa como la de las alcabalas de la capital virreinal, disfrutaba de hecho de una verdadera autonomía de funcionamiento. Otro logro residía en la importancia de la autoridad única y estable: contribuía a unir sólidamente la entidad administrativa en torno a su responsable, tanto

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más cuanto que los empleados dependían exclusivamente de ella; asimismo, demostraba el interés de una verdadera especialización administrativa, alentando la contratación, a la cabeza de las contadurías de la Real Hacienda, de individuos que se dedicaran únicamente a esa actividad administrativa; y confirmaba, en fin, la utilidad de la dirección concentrada en manos de una sola persona, so riesgo de agravar la arbitrariedad en el funcionamiento interno, si bien al restringir el poder del responsable a un objetivo y un contenido muy precisos se limitaban los peligros inherentes a la concentración del poder. Esas decisiones se encuentran confirmadas por la multiplicación de las superintendencias a finales del siglo XVII, asignada cada una a la administración de una renta real, desincorporada de las reales cajas: tributo, media anata, naipes y, también, nieves; en numerosos casos, no obstante, el nuevo nombre ocultaba con mucha frecuencia, como en la aduana de Guadalajara, la continuación de la política anterior de las comisiones asignadas a los oidores de las audiencias, lo cual era tanto más cierto cuanto que no todas las superintendencias correspondían necesariamente al establecimiento de la administración directa: en el caso de varias de ellas —naipes, nieves— se perpetuó la práctica del arrendamiento, aun cuando no fue eso lo que ocurrió en el caso del establecimiento de la superintendencia de Puebla.

La contaduría de las alcabalas de Puebla: un episodio decisivo 19

No podría ser cuestión de llevar a cabo un estudio exhaustivo de la nueva administración, obra de toda una vida de un ministro real preocupado por la defensa de los intereses reales y, a la vez, de los de su parentela.34 En este caso, nos limitaremos a una reflexión dedicada al estudio de las políticas de reformas, a recordar sus aspectos puramente técnicos, así como la oposición que provocaron los proyectos. De lo que se trata es de comprender, a través de unos y otros, tanto el espíritu reformador como sus objetivos en esos comienzos del siglo XVIII; pero es mucho más lo que se puede encontrar en el estudio puntual de un caso que probablemente no se deba considerar como una experimentación para futuras reformas. A pesar de lo que estaba en juego, independientemente de la reforma, delimitada con mucha precisión, ese episodio administrativo de una veintena de años remite de manera manifiesta a la génesis de unos propósitos mucho más ambiciosos, que han sido presentados como característicos de la segunda mitad del siglo XVIII. En ese sentido, la acción que Juan José de Veytia Linage llevó a cabo activa y eficazmente en su superintendencia de Puebla permite mostrar al desnudo las contradicciones, ya presentes más de medio siglo antes, con que tropezaron los reformadores posteriores.

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El primer trabajo del nuevo superintendente fue elaborar un balance de la situación que heredaba. Inmediatamente después de tomar posesión de sus funciones, llevó a cabo de manera prioritaria una inspección de las estaciones de aduanas de la ciudad. El informe que transmitió poco después al Consejo de Indias deja entrever que la situación administrativa era poco deslumbradora; en total, la ciudad poseía únicamente tres garitas sobre el camino real: la primera, en dirección a México; la segunda, hacia Tlaxcala, y la tercera, hacia Totomeguacán. Juan José de Veytia Linage confirmó con sorpresa la inexistencia de toda estación de aduanas hacia Amatlán y Acapulco, por una parte, así como hacia Cholula, por la otra: ¡en ambos casos, los guardas de la aduana se veían obligados a recurrir a los servicios de una ermita cercana para abrigarse! En lo que respecta a los otros accesos a la ciudad, la aduana dependía totalmente de las garitas instaladas por el arrendatario de la renta del pulque.35 Consecuentemente, la primera

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decisión del superintendente fue establecer en torno a la ciudad una densa red de estaciones de aduanas que comprendía un total de nueve garitas; y, para justificar la instalación, dirigió al Consejo de Indias una descripción de la topografía local e hizo trazar un plano con los emplazamientos precisos que había decidido.36 21

Su segunda preocupación fue lo concerniente a la contratación del personal necesario para la nueva administración, que instaló en un vasto local alquilado por 400 pesos. 37 Creó 33 plazas de oficiales subalternos y de aduanas encargados de la administración, la guarda del almacén y la vigilancia de las entradas de la ciudad. La primera actividad era la mejor provista: con ocho oficiales dirigidos por un contador, se distribuía entre el trabajo de contabilidad propiamente dicho y la instrucción judicial que se hacía en contra de los recalcitrantes;38 la guarda del almacén dependía de su alcalde, secundado por el vista, y la actividad de policía, en fin, dirigida por el “guarda mayor” y su asistente, comprendía 16 guardas y un comisario encargado del establecimiento y la verificación de los salvoconductos. En lo concerniente al salario, el conjunto representaba cerca de 14 000 pesos anuales, sin contar el del superintendente de las alcabalas, lo cual es una indicación del grado en que la creación de toda dependencia de una nueva institución representaba una inversión inicial que no era insignificante.

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Sobre esa base, la administración finalmente pudo funcionar de manera efectiva a principios de 1698, si bien tropezó de inmediato con los intereses locales coaligados, cuyos antiguos hábitos trastornaba; tanto más cuanto que Juan José de Veytia Linage había tenido el cuidado de instalarse en Puebla seis meses antes de que se pusiera oficialmente en marcha la nueva administración de las aduanas de esa ciudad. Así, preparando con el mayor cuidado el pasaje del relevo entre los dos métodos de administración de las alcabalas, mostró a los antiguos administradores que estaba determinado a mejorar la rentabilidad de un impuesto que consideraba como muy productivo; y, al hacerlo, les demostró su voluntad de romper radicalmente con sus prácticas tradicionales. Ilustró su determinación con la elección del personal de su superintendencia, designando sistemáticamente a individuos externos al antiguo grupo que manejaba las alcabalas, constituido en torno al cabildo y el obispo de la ciudad, Manuel Fernández de Santa Cruz;39 en particular, designó como segundo, con la función de “asesor fiscal”, a Diego de Alcorta y Camacho; ya había apreciado las cualidades de ese abogado provisto de una futura de relator de la Audiencia de la Nueva España cuando había trabajado a su lado en la contaduría de las alcabalas de México. Más tarde, en 1697, Diego de Alcorta y Camacho decidió seguir a su patrón a Puebla, a pesar de que acababa de lograr el beneficio de la posibilidad de tomar posesión efectivamente de su cargo en la Audiencia, y, de esa manera, renunciar a su puesto. Como lo subrayaba Juan José de Veytia Linage, el interés de su aceptación residía muy particularmente en el hecho de que era por completo extraño a la ciudad, donde no poseía bienes ni vínculos de ninguna naturaleza.40

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En consecuencia, no son sorprendentes las dificultades con que el superintendente tropezó inmediatamente. Desde antes del arranque de la nueva administración, el clan que se oponía a la superintendencia agitó a la opinión pública local en contra del recién llegado. De intimidaciones a amenazas abiertas, se ejerció sobre él una presión hostil cada vez más fuerte. El rumor que corría por toda la ciudad, y que cultivaban sus adversarios, era que no se daba mucho por su vida si se empecinaba en su proyecto de reforma: la muerte le estaba prometida en los plazos más breves; de tal suerte que, desde los primeros días de enero de 1698, la ciudad de Puebla se encontró casi en estado de revuelta

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abierta en contra del superintendente, rehusando plegarse al nuevo método de recaudación. La impotencia —o la mala voluntad— del alcalde mayor le hizo temer por su vida,41 pero Juan José de Veytia Linage puso buena cara a sus enemigos: confiado en los evidentes éxitos logrados en lo concerniente a los espectaculares incrementos de la recaudación de los derechos —algo de lo que se enorgullecía regularmente ante el Consejo de Indias a través de cartas circunstanciadas—, logró imponer progresivamente su institución y su autoridad a sus administrados. 24

En realidad, la viva oposición de la coalición en contra de la superintendencia de Puebla en sus primeros años de funcionamiento era el reflejo de conflictos de tres órdenes. El principal se relacionaba con el enfrentamiento entre el representante del poder real y la Iglesia local, rebelde a su supervisión. Para Juan José de Veytia Linage, la responsabilidad de la Iglesia en el asunto era total e ineludible: con el pretexto del privilegio de que gozaba su orden,42 los clérigos de la diócesis buscaban por todos los medios escapar a la tasación de sus cereales y, así, argumentando su situación de hecho, rehusaban plegarse a los controles administrativos que había introducido el superintendente y, en particular, reivindicaban el seguir siendo quienes llevaran a cabo el cálculo de las cantidades por gravar, pero, sobre todo, el superintendente reprochaba al obispo el que no intentara hacer nada para calmar a su rebaño; por el contrario, sus silencios, la actuación de algunos de sus allegados —muy especialmente la del canónigo Juan de Jáuregui y Barrera — y su partida a Atlixco en vísperas de las fiestas de la Natividad y del establecimiento de la superintendencia, habían liberado a sus fieles de toda moderación en la expresión de su rechazo y su cólera.43 Por su parte, en sus cartas al Consejo de Indias, el obispo multiplicaba las pruebas de su buena voluntad y de su espíritu de colaboración con la superintendencia; en particular, pretendía que un primer acuerdo, establecido entre las dos partes, había sido violado por los hombres de la superintendencia; asimismo, rechazaba todas las acusaciones lanzadas en su contra por Juan José de Veytia Linage, en las que éste hacía de la Iglesia el alma del complot; notablemente, se refería con ironía a la voluntad del superintendente de agravar el conflicto con el obispado con el propósito de exagerar, a un costo muy bajo, sus propios méritos ante el rey; y, finalmente, en lo que respectaba a las dizque amenazas e injurias de que el superintendente había sido objeto, las reducía a gesticulaciones de un desdichado sacerdote, Alonso de Ávila, ¡a quien él mismo consideraba, efectivamente, como un loco y a quien había debido imponerle un coadjutor!

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En realidad, independientemente de los propósitos poco corteses sostenidos por uno y otro sobre su adversario, el conflicto ocultaba, sin lograrlo, una profunda rivalidad de poder. Ante todo, el obispo reprochaba al superintendente el que lo mantuviera alejado de todo lo que hasta entonces había dependido de su paternal autoridad, aun cuando hubiese sido indirectamente; le solicitaba asociarlo a la aplicación de las nuevas reglas de administración y le suplicaba que le enviara a los clérigos que le hubieren faltado al respeto; le aconsejaba, sobre todo, que evitara poner en práctica una política fundamentada en el corto plazo, privilegiando únicamente el rendimiento fiscal; finalmente, citando el caso de Atlixco y Tepeaca, donde el establecimiento de la administración directa había precedido en unos meses al de Puebla, predecía a corto plazo una catástrofe del mismo orden para el porvenir de las familias de la provincia y, en consecuencia, para el propio rey.44 En cuanto al superintendente, confiado en el no tan lejano precedente establecido por el obispo Juan de Palafox, que invocaba como contraste, todo en sus actos buscaba, en efecto, marginar a la Iglesia, privándola de las

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responsabilidades que detentaba efectiva aunque indirectamente; en realidad, lo que Juan José de Veytia Linage veía que se oponía a sus actos reformadores era sin duda un obispo que actuaba como hábil defensor de los intereses locales y eclesiásticos en nombre de la costumbre y los privilegios concedidos. 26

El conflicto que mantenía el superintendente con las autoridades municipales correspondía a la misma lógica. En virtud de un privilegio concedido por el virrey y arzobispo de México fray Payo Enríquez de Rivera en 1676, la alcabala sobre las harinas en Puebla se limitaba a tres cuartillas‡ por carga, independientemente de su lugar de venta en el territorio municipal.45 Ahora bien, según el superintendente, la misión que le había sido confiada suponía la recaudación de la alcabala conforme a la misma tasa en toda su circunscripción, con excepción de la alhóndiga, que debía continuar beneficiándose de la reducción de tasas para garantizar el mantenimiento de la paz social; para los habitantes de Puebla, ¡ello significaba la aceptación de una multiplicación por cuatro de la tasa de imposición sobre los cereales! Y ahí era donde intervenían los clérigos, confiados en su particular situación de hecho: con el pretexto de introducir su producción personal, alimentaban y ocultaban un importante fraude fiscal. Juan José de Veytia Linage denunciaba en particular el comportamiento de Alonso de Ávila y Luis de Perea y el apoyo que les otorgaba su obispo.46

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También en el caso de las autoridades municipales, la rivalidad que mantenía con el cabildo correspondía claramente a una cuestión de conflicto de autoridad. Maltrayendo a los propietarios de haciendas y a sus representantes en el cabildo, el superintendente defendía los intereses de los comerciantes de la ciudad, cuyo combate tomó en sus manos. Debido a las prácticas de los productores y de los aliados que tenían a la cabeza de la municipalidad, los comerciantes perdieron todo dominio y lo esencial de las ganancias que obtenían en el mercado local; pero, sobre todo, no ignoraban lo muy rentable que la administración de la alcabala podía ser para su arrendatario; consecuentemente, desde hacía mucho tiempo denunciaban la gestión del cabildo y solicitaban que se les entregara a ellos dicha administración.47 Ese antiguo conflicto interno de las élites locales de Puebla fue lo que el superintendente supo utilizar con el propósito de defender los intereses de su administración.

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A fin de cuentas, las tensiones entre la Iglesia y el cabildo, por una parte, y la superintendencia de las alcabalas, por la otra, coincidían con las rivalidades entre las redes de poder enemigas; al grupo estructurado en torno a los hermanos Jáuregui y Barrera, protegido por el obispo, se oponía el de algunos grandes comerciantes agrupados en torno a la superintendencia. Según el superintendente, los primeros se reunían en la casa del canónigo Juan de Jáuregui y Barrera, tanto para complotar como para distraerse, 48 pero, sobre todo, subrayaba la importancia de la red de incondicionales tejida por el religioso debido al simple hecho de que, además de su personalidad “cavilosa”, “tiene el manejo de los cofres de depósitos de capellanías y obras pías y el de la masa general de la iglesia siendo absoluto adbitro de su distribución y de azer empréstitos. Por cuyo medio se conserva con séquito de suerte que siguen sus ecos los que lo necesitan como son el alcalde mayor, regidores y otros”.49

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En lo que respecta a los partidarios de Juan José de Veytia Linage, en esa época constituían todavía un reducido número y los principales no eran otros que los hermanos Villa Septién, que le habían salvado la vida a principios de 1698. La desproporción en la relación de fuerzas durante los primeros años de la nueva administración alentó sistemáticamente a los enemigos de la superintendencia a sacar provecho del menor

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incidente para sacudirse su yugo. Eso es lo que revela el altercado entre unos alguaciles municipales y unos guardas de la aduana en el transcurso de una corrida en enero de 1699, altercado que degeneró en un verdadero motín cuyo objetivo era apoderarse del superintendente, quien sólo salvó la vida gracias a una enloquecida huida hacia una iglesia donde encontró refugio y que los revoltosos no osaron atacar.50 Posteriormente, si bien la virulencia de los adversarios de Juan José de Veytia Linage se atenuó de manera progresiva, la división nacida en 1698 no desapareció jamás verdaderamente y resurgió de cuando en cuando durante todo el tiempo de su presencia en Puebla. De esa manera, el cabildo y la catedral se mantuvieron durante más de 20 años como los feudos de los opositores a la superintendencia. El superintendente logró imponer progresivamente a regidores de su clan en el seno de la administración municipal, y aunque siempre fueron minoritarios, el ingreso de sus partidarios significó, en particular con los Echevarría y Ercolaga, el fortalecimiento del peso de los grandes comerciantes de la ciudad, sobre los que se apoyaba el superintendente, a expensas de los pequeños comerciantes y los terratenientes.51 En lo concerniente a la catedral, el rechazo del superintendente fue continuo en ella sin desfallecer. Desde su nombramiento, en 1708, el nuevo obispo, Pedro Nogales Dávila, se unió al campo del cabildo y, en 1716, alimentó la producción de testimonios hostiles al superintendente y su administración. Algunos años más tarde, incluso le decretó la excomunión por haber deducido las alcabalas a Pedro Suárez de Ledesma, canónigo del capítulo, pero, sobre todo, activo comerciante en ganado y propietario de una tocinería de la ciudad. A la muerte del superintendente, el 14 de agosto de 1722, el fiscal del cabildo, miembro del linaje Jáuregui y Barrera, intervino firmemente ante el convento franciscano de la ciudad que debía recibir sus restos mortales para prohibir que se le diera sepultura religiosa y se pronunciara misa alguna por el descanso de su alma. Finalmente, la cuestión cambió por completo, pero el prior franciscano debió recurrir a consultas con algunos teólogos y moralistas para decidir qué dirección debía seguir en el asunto. 30

Lo anterior es una indicación del grado en que la superintendencia provocó la animosidad entre quienes veían que se ponía en tela de juicio sus privilegios y poderes; sin embargo, a pesar de las reticencias de que hicieron alarde una parte de la Audiencia y varios virreyes, el apoyo que obtuvo el superintendente en el Consejo de Indias a todo lo largo de ese periodo nunca cesó de manifestarse;52 de manera sistemática, todos los litigios fueron resueltos en favor del superintendente; en junio de 1699, por lo demás, su fiscal se pronunció por la acumulación al cargo de superintendente del de alcalde mayor de la ciudad, que le había sido otorgado temporalmente por el virrey a partir del mes de febrero.53 Asimismo, a pesar de las repetidas acusaciones de que la superintendencia ejercía una presión fiscal insoportable, la ciudad y su clero debieron someterse finalmente a las deducciones conforme a las nuevas normas. La responsabilidad de la superintendencia, en fin, se extendió rápidamente a los cinco partidos de la periferia de la ciudad que en un principio habían permanecido fuera de su jurisdicción. En consecuencia, el balance que se puede hacer de la acción reformadora que se llevó a cabo bajo la autoridad de Juan José de Veytia Linage pone de manifiesto una situación muy semejante a la que encontraron los reformadores de la segunda mitad del siglo.

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Para comenzar, desde el punto de vista de la recaudación fiscal, los resultados se tradujeron en un incremento muy marcado y general de los recursos disponibles. A partir de los estados dirigidos al Consejo de Indias se observa que, durante un periodo en el que ninguna flota ni galeón de Manila arribó a la Nueva España, en Puebla, ese impuesto pasó

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de 23 000 a cerca de 130 000 pesos en unos cuantos meses, en el transcurso de 1698. Posteriormente, entre 1698 y 1700, el incremento de los impuestos recaudados representó un monto de 262 419 pesos, antes de equilibrarse, entre un año y otro, en torno a un ingreso neto promedio de 100 000 pesos, en comparación, todas esas sumas, ¡con los 27 000 pesos que pagaba anualmente la ciudad antes de 1698!54 En los “partidos agregados” de Puebla, la nueva administración representó una multiplicación por tres de los haberes netos disponibles, puesto que de los 10 000 pesos del contrato de arrendamiento se pasó a una renta de 35 000 pesos en 1701.55 Desde el punto de vista institucional, la reforma significó la afirmación de la nueva administración, independiente con respecto a todas las otras. A pesar de las abiertas reticencias, en particular de la Audiencia, la reivindicación que hizo Juan José de Veytia Linage respecto a que se respetara su competencia exclusiva en su jurisdicción fue satisfecha. Un último impacto de la reforma se puso de manifiesto en la sensible reducción del margen de maniobra de los poderes locales, tradicionalmente muy fuertes en Puebla; aun cuando no logró eliminarlos por completo, Juan José de Veytia Linage pudo equilibrar eficazmente las autoridades municipales y religiosas mediante la concentración de poder de que pudo beneficiarse.56 32

Esa situación se inclinó progresivamente hacia la omnipotencia de Juan José de Veytia Linage sobre Puebla y su región, lo que lo alentó a reproducir los métodos de funcionamiento tradicionales. En torno al nuevo hombre fuerte de la ciudad se constituyó una red de clientes y dependientes afanosos por sacar partido de su posición, como lo demuestra un inventario llevado a cabo en el momento de su muerte. Su sobrino, heredero y sucesor en todas sus funciones, José de Fernández y Veytia Linage, contrajo matrimonio con una hija de Pedro de Echevarría y Ercolaga, sobrina de uno de los regidores designados por Juan José de Veytia Linage para contrarrestar a sus enemigos en el cabildo.57 Por su parte, un pariente de José de Fernández y Veytia Linage, Manuel del Castillo Veytia, servía como terciador del clan familiar ante las autoridades de México oculto tras el título de “agente fiscal” de la superintendencia.58 Un buen número de comerciantes, en fin, como José de Zárate, Juan de San Martín, Juan José de Gainza y Juan Izquierdo, completaba la lista de los incondicionales del clan.59 Dicho en otras palabras, en el transcurso de una generación, la nueva administración, particularmente eficaz en su defensa de los intereses reales, se encontró metida en la trampa de la integración familiar y del “criollismo”. Consecuentemente, lo que falló en Puebla no fueron los apoyos políticos ni los objetivos, que siempre se mantuvieron, ni tampoco la desintegración del proyecto mismo; fueron quizás, en primer lugar, los hombres encargados de ponerlo en práctica, que, con el tiempo, perdieron progresivamente el sentido de su misión inicial. Eran defensores de los intereses reales y, en lo esencial, permanecieron siéndolo; pero sus intereses familiares tendieron a imponerse progresivamente sobre los primeros. Al actuar así, ¿se distinguieron profundamente de sus predecesores? Una última debilidad residía en la inexistencia de una verdadera visión global de las necesidades que asegurara la perduración de la política de reforma. Todos esos hombres, entre ellos, en primer lugar, Juan José de Veytia Linage, se mantuvieron solamente en la lógica del incremento de los ingresos reales, que buscaron alcanzar antes bien mediante la compresión de los gastos que mediante una verdadera y profunda reforma de la administración. De lo que se trataba era de obtener un aumento significativo de los ingresos fiscales, con el propósito de contentar las exigencias metropolitanas. En contrapartida, no obstante, no consideraban necesario perder el contacto con las élites locales, a las que, como siempre, seguían decidiendo integrarse.

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Finalmente, la política reformadora que Juan José de Veytia Linage experimentó en Puebla durante una veintena de años padeció gravemente debido a la contradicción que no supo resolver. Correspondía por completo a la tradición de búsqueda y perduración de los equilibrios, fundamentales para la estabilidad imperial, entre los intereses locales y las exigencias metropolitanas; dicho en otras palabras, a pesar de su historia profundamente conflictiva, la reforma de Puebla ilustra la voluntad que tenía el aparato administrativo colonial de alcanzar el consenso en torno a exigencias contradictorias; sin embargo, no se puede reducir el experimento a ese único aspecto. En un segundo momento, también se presentó como una de las manifestaciones del surgimiento, lento y difícil, de una profunda mutación de la administración de la Real Hacienda fundamentada en su profesionalización y centralización. Por ello, el episodio de la superintendencia de las alcabalas de Puebla constituyó un claro anuncio de la política reformista de la segunda mitad del siglo XVIII; porque, si bien su historia representa la personalidad excepcional de su responsable, es necesario situar el experimento en un contexto más amplio, que superaba con mucho al propio superintendente; y entonces se observa que, lejos de haber sido un episodio único y efímero, la política reformista experimentó otra concreción importante con el establecimiento de la nueva Real Casa de la Moneda de México.

La Real Casa de la Moneda de México: un último experimento 34

El 14 de julio de 1732, una real cédula impuso una profunda y radical reforma de la contratación en la Real Casa de la Moneda de México.60 Era la continuación de una cédula anterior, del 4 de julio, en la que se decidió que la Corona redimiera los oficios antes enajenados. Esas decisiones rompieron con cerca de dos siglos de historia de la institución, puesto que, de hecho, desde su fundación, en mayo de 1535, todos los oficios superiores de la Real Casa de la Moneda de México habían sido vendidos, sin excepción, a particulares.61 Para comprender la amplitud de la reforma que se llevó a cabo en 1732 es necesario, en un primer momento, examinar el funcionamiento de la institución en vísperas de su reforma.

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Los oficios de la Real Casa de la Moneda ponían directamente a sus titulares en estrecha relación con lo que, como siempre, todavía seguía siendo la concreción del mito de El Dorado: los metales preciosos; porque, independientemente del prestigio que se atribuyera a dichos oficios,62 ofrecían importantes posibilidades de enriquecimiento. 63 Consecuentemente, el valor monetario de esos oficios reflejaba tanto su atractivo como el poderío de sus titulares, entre quienes, de hecho, se encontró a algunas de las familias de más altos vuelos de la sociedad colonial.64 En 1698, el precio de los oficios menos solicitados, como los de guarda mayor, notario o balanzario, oscilaba entre 18 000 y 25 000 pesos, es decir, un promedio del doble en comparación con su valor inicial; 65 en cambio, los oficios más codiciados podían valer hasta 15 veces esa suma, como en el caso del oficio de tesorero.66 Tales inversiones servían, un poco a la manera de la adquisición de bienes raíces, tanto para el fortalecimiento del prestigio familiar como para la perduración de la riqueza; y, como ocurría a menudo en el caso de los bienes raíces más importantes, el ocaso de los grandes linajes encauzaba hacia la Iglesia esas envidiables fuentes de ingresos. Eso fue lo que ocurrió con el oficio de fundidor de la Real Casa de la Moneda de México, que en 1685 había ido a parar a manos del convento de los carmelitas descalzos de la ciudad de México.67 Como lo precisaba el virrey y arzobispo de México, Juan Antonio de Vizarrón y Eguiarreta, en septiembre de 1734, en un informe al Consejo de Indias sobre

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la aplicación de la reforma: el hecho de que la Corona redimiera todos los oficios anteriormente vendidos significaba, si no la ruina, al menos el debilitamiento significativo de familias prestigiosas y, sobre todo, la ruina de numerosas fundaciones pías o comunidades religiosas cuya base había sido brutalmente minada.68 36

Independientemente del verdadero atractivo que ejercían sus oficios, la Real Casa de la Moneda funcionaba desde hacía dos siglos conforme a reglas muy particulares. La participación en el proceso de encauzamiento del metal hacia la ciudad de México y en el posterior de su acuñación suponía un verdadero poderío financiero. A principios del siglo XVIII, ese trabajo correspondía exclusivamente a tres “bancos de plata” de México, que compartían, muy desigualmente por lo demás, el acceso a las dos únicas fraguas de que disponía la Real Casa de la Moneda. Ahora bien, el acceso rápido y regular a las fraguas se revelaba determinante para esos banqueros tan particulares, ya que sus ganancias eran inversamente proporcionales a los plazos de acuñación a que se les sometía, como lo explicaba Francisco Manuel Cayetano de Fagoaga y Arósqueta, quien había llegado a ser un banquero de plata en 1727. Las rivalidades eran muy fuertes entre los diferentes bancos, por lo que todos los medios parecían adecuados para eliminar a un competidor. En 1706 Nicolás López de Landa intentó hacer a un lado a sus rivales, proponiendo, sin que se la aceptaran, no obstante, una fuerte reducción de los gastos de acuñación de la moneda que representaría un ahorro anual de 28 000 pesos para la Real Hacienda. En ese enfrentamiento incesante, Pedro Sánchez de Tagle, que había adquirido el oficio de tallador en 1708, obtuvo una ventaja decisiva en 1717: dado que la Real Casa de la Moneda comprendió que había llegado a ser su principal proveedor en metal precioso, le reservó una de las dos fraguas de manera exclusiva, obligando a sus dos competidores, Nicolás López de Landa y Sebastián Antonio Rodríguez de Madrid, a compartir con grandes riesgos la segunda. El resultado no se hizo esperar: Nicolás López de Landa, el más débil de los tres, se declaró en quiebra y cedió su actividad a Francisco Manuel Cayetano de Fagoaga y Arósqueta en 1727.69 Como consecuencia de ese incidente, la tensión no hizo más que aumentar, lo cual alentó al virrey a intervenir. Se decidió entonces una comisión de visita a la institución, la cual se confió al oidor José de Fernández y Veytia Linage, sobrino del superintendente de las alcabalas de Puebla.

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Independientemente de las suspensiones de los oficiales en funciones, la actuación que llevó a cabo el visitador tuvo como desenlace la real cédula de julio de 1730, con la que se decidió el establecimiento de una nueva institución.70 Para asegurar su administración, en febrero de 1731, se designó una Junta de la Moneda, compuesta de ocho miembros y dirigida por uno de los seis ministros que la componían.71 A este último se le asignó el título de presidente de la Real Casa de la Moneda y de “juez conservador superintendente general” y, al mismo tiempo, ejercía la responsabilidad del secretariado del “despacho de Real Hacienda” de la nueva institución. El virrey marqués de Casafuerte instaló progresivamente, entre 1730 y 1733, el nuevo directorio, el cual comenzó a funcionar efectivamente a partir de marzo de 1733.72 Entonces, las responsabilidades de las diferentes tareas recayeron en oficiales de la Real Hacienda que el virrey nombró a proposición del superintendente. En julio de 1733 todos los oficiales estaban finalmente en su puesto y, a partir de ese momento, comenzaron a ejercer sus responsabilidades. 73 Solamente el cargo del “fiel de la moneda” mantuvo su situación de hecho de oficio vendible, vestigio único de la situación pasada; sin embargo, esa concesión, que desapareció en 1762, limitaba el acceso a ese cargo a uno de los oficiales que ya ejercían

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en la institución, con lo que se restringió el efecto negativo de la práctica de la venta de los oficios en la Real Casa de la Moneda.74 38

El establecimiento de la administración directa suponía también la construcción de un nuevo edificio que albergara los talleres de acuñación; sin embargo, la nueva Real Casa de la Moneda, instalada temporalmente en una parte del palacio virreinal, no fue acondicionada antes de marzo de 1735. La última etapa del establecimiento de la nueva administración, en fin, se consumó en marzo de 1745 mediante la creación en España de una Junta de la Moneda, la cual comprendía ocho miembros y estaba presidida por el secretario de Estado responsable del “despacho universal de Real Hacienda” con el título de “juez conservador superintendente general de todas las Casas de Moneda”.75

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La reforma trastornó radicalmente las condiciones de acuñación de la moneda en la Nueva España. Como el Consejo de Indias lo explicaba al virrey en julio de 1735, su principal objetivo consistía en resolver la cuestión de los fraudes, cuya amplitud se acababa de descubrir, con lo que se garantizaría un fuerte incremento de las reales rentas.76 Indiscutiblemente, al privar por completo a los aviadores § de su función de intermediarios entre la Real Casa de la Moneda y los mineros, la reforma suprimió una importante proporción de las prácticas fraudulentas, dado que, en lo sucesivo, los mineros podían acudir directa y personalmente a la acuñación, donde no encontraban obstáculo alguno. Aun cuando no se vio acompañada por una devaluación monetaria debido al debilitamiento del título de acuñación, la nueva práctica representaba ahorros sustanciales para la Real Hacienda;77 sin embargo, como habría de revelarlo su funcionamiento, si bien las antiguas prácticas desaparecieron poco a poco, fueron remplazadas rápidamente por nuevos abusos perpetrados por los propios oficiales, lo cual es una indicación de los límites de la reforma, que, no obstante, era radical. A pesar de todo, si bien es cierto que los resultados no estuvieron totalmente a la altura de las esperanzas abrigadas, también lo es que la nueva Real Casa de la Moneda de México representó una etapa decisiva en la política de renovación de la administración americana en el transcurso del siglo XVIII.

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En su establecimiento es fácil encontrar todos los rasgos que fundamentaron la política administrativa borbónica, tanto en España, en la misma época, como en América, algunos decenios más tarde: la nueva institución poseía su propio directorio, por lo que escapaba a la supervisión de las instancias americanas, el Tribunal de Cuentas, la Audiencia, la Junta de Hacienda y aun el virrey. Aun cuando el superintendente había surgido de la Audiencia, la cual lo había colocado en una situación de afectación provisional, ya no dependía en absoluto de su institución de origen; además, poseía un poder absoluto sobre todos sus subalternos, cuya carrera profesional decidía inapelablemente: contratación, promoción, sanciones, etcétera;78 por otra parte, la presencia de jueces en la Junta de la Real Casa de la Moneda confirmaba la existencia de una jurisdicción exclusiva; y, en fin, la idea de una Junta de la Moneda general a la escala imperial que abarcara todas las Casas de Moneda del imperio reforzaba la política centralizadora que se deseaba en Madrid. Ahora bien, las radicales mutaciones se toparon inmediatamente con la oposición de las instituciones más antiguas, víctimas de la reforma. Dicha oposición, iniciada activa y eficazmente por los responsables de la Audiencia de México, fue ulteriormente retomada por el propio virrey; en efecto, su suprema autoridad en las cuestiones de la Real Hacienda se veía puesta en tela de juicio. Ya en julio de 1733, el fiscal de la Audiencia, Prudencio de Palacios, se expresaba en contra de las decisiones tomadas, exigiendo el retorno al sistema antiguo.79 Anteriormente, su colega y compadre, el oidor Ambrosio

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Tomás de Santaella y Melgarejo, había puesto en guardia a las autoridades centrales en contra de los riesgos de despidos que representaba la nueva institución, que empleaba nuevos métodos de acuñación.80 En ocasión de la partida del virrey marqués de Casafuerte, ferviente partidario de la reforma, los opositores se coaligaron en torno a su sucesor, el virrey Juan Antonio de Vizarrón y Eguiarreta, arzobispo de México, quien, en septiembre de 1734, condenó severamente la reforma, cuyos peligros demostraba, y denunció lo que calificó de abusos del superintendente.81 Rehusándose a tomar el partido de los adversarios resueltos de la reforma —rechazando muy particularmente los argumentos de los propietarios de los oficios recuperados por la Corona—, imprimió a su crítica una orientación más política, centrada en el lugar que se había acordado a la superintendencia en el sistema político y administrativo colonial: al poder interno, excesivo en su opinión, se añadía sobre todo la independencia que había adquirido con respecto al virrey, quien, no obstante, seguía siendo el superintendente de la Real Hacienda en el virreinato. Así, desordenadamente, condenaba la jurisdicción exclusiva de la Real Casa de la Moneda, las negativas del superintendente con respecto a la consulta del Real Acuerdo o de la Audiencia en el caso de los delitos monetarios, sus rechazos a toda supervisión por parte del Tribunal de Cuentas de México y, en fin, su oposición a reconocer la suprema autoridad del virrey. Esa misma actitud exactamente, esos mismos reflejos todavía, fue lo que las antiguas instituciones puestas en tela de juicio reanudaron frente a las reformas emprendidas en los años de 1780; aun cuando eran rivales, se encontraron unidas para proclamar su rechazo ante un nuevo poder en trance de escapar a ellas.82 41

¿Qué fue de la reforma vigorosamente puesta en tela de juicio en México? Sin dar vuelta atrás por completo, el poder se vio obligado muy rápidamente a ceder terreno ante sus opositores. A partir de 1735, el superintendente perdió su autonomía inicial con respecto al virrey, cuya superioridad le fue firmemente recordada. De esa manera, todo contacto con el Consejo de Indias debía ser antecedido por un aviso que emanara del virrey; todas las decisiones del superintendente debían recibir la aprobación virreinal; y, en fin, el nombramiento del superintendente volvía exclusivamente al virrey.83 Un poco más tarde, también a solicitud expresa del virrey, se decidió desposeer al superintendente del título de director de la institución.84 Todas esas decisiones se presentaron claramente como una desautorización con respecto al superintendente; y éste, que era un hombre de personalidad mucho menos fuerte que la de su tío, presentó su dimisión en julio de 1738. 85 La designación de su sucesor marcó el fin del radical intento reformador que se había llevado a cabo hasta entonces: el virrey, en efecto, designó a un allegado, Gabriel Fernández Molinillo, caballero de la orden de Santiago y capitán de su guardia. 86 Esa decisión ponía de manifiesto a la vista de todos la evidente sumisión del superintendente al virrey; posteriormente, ni él ni su sucesor, Pedro Núñez de Villavicencio, designado en febrero de 1758, dieron marcha atrás a la nueva orientación que se impuso en 1738 y que marcó el abandono de las pretensiones de independencia del primer superintendente; lo cual no impidió que, aun cuando sólo pudo concretarse durante unos cuantos meses, la reforma haya prefigurado con exactitud lo que estaba en juego y que se evidenció en el marco de las reformas llevadas a cabo como consecuencia de la visita de José de Gálvez.

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LOS INTENTOS REFORMADORES PUNTUALES 42

Los ejemplos estudiados hasta el momento ilustran la voluntad reformadora mediante el recurso a la creación de nuevos servicios administrativos, pero, ¿qué fue de las instituciones de la Real Hacienda ya existentes? En lo concerniente a las reales cajas, éstas no experimentaron ningún cambio significativo durante el periodo estudiado; el fortalecimiento de las contadurías, que fueron promovidas al rango de superintendencias, sólo las afectó indirectamente, privándolas de una parte creciente de responsabilidad: el lento pero progresivo despojo de las antiguas responsabilidades de los oficiales reales prefiguró claramente el que tuvo lugar a partir de los años de 1780 en el marco, si bien diferente, del establecimiento de las intendencias. En lo que respecta al Tribunal de Cuentas de México, cuyas dificultades de funcionamiento eran amplias y manifiestas, retuvo, en cambio, lo esencial de la atención de las autoridades, cuyos proyectos de reforma, no obstante, raramente estuvieron a la altura. Dichos proyectos contemplaban la resolución de los problemas conforme a tres enfoques, exclusivos unos de otros. El que se propuso con mucha frecuencia fue el del personal de la institución. No se pretende quitar a ese aspecto del problema toda su importancia; sin embargo, es necesario hacer notar que las autoridades se mostraron incapaces de superar una cuestión a la que, por su parte, los contadores limitaban el análisis de las dificultades de sus servicios. Aunque muy tardíamente, no obstante, las decisiones de incremento de la plantilla fueron aplicadas en el marco de la reforma de 1812, cuyo contenido buscaba, en lo fundamental, resolver la cuestión del personal de la institución.87 En lo que respecta a las otras respuestas posibles, o no recibieron nunca la atención que pudieron haber merecido o se limitaron a simples reacomodos del funcionamiento interno sin verdadera envergadura.

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Es inútil detenerse en esas otras posibles respuestas, que no ponían en tela de juicio nada de lo esencial, a no ser, con mucha frecuencia, las cuestiones de la prelación interna. En cambio, los proyectos de reforma de orden institucional propuestos a todo lo largo del periodo estudiado habrían podido asegurar la renovación del establecimiento. ¿Qué fue de ellos exactamente? A partir de 1683, como consecuencia de la visita general del Tribunal de Cuentas que le había sido delegada por el visitador Juan Sáens de Moreno, el contador Juan Bautista de Mendrice promulgó una serie de autos de visita en los que proponía algunas medidas destinadas a resolver las dificultades encontradas. Su proyecto consideraba fundamentalmente la transformación del Tribunal de Cuentas de México en un tribunal instituido conforme al modelo castellano. Afirmaba que El objetivo de los autos de visita es que se guarden las ordenanzas de la contaduría mayor de Castilla en las Indias, aúnque estén alteradas por los tribunales de ellas para que los contadores tengan los útiles prohibidos en dichas reales órdenes, notando los ministros poco inteligentes, menos aplicados y muchos de ellos codiciosos sin más motivo ni comprobación que el decirlo, digno de general y grave reprehensión, y más cuando por semejantes medios se intentan conseguir fines particulares y los del dicho contador [él mismo, en este caso] están muy manifiestos que todos inflúien para abrogar jurisdicción al tribunal de cuentas y querer sea tribunal mayor como el de Castilla para supeditar sobre los oficiales reales. 88

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Así, el primer objetivo estaba destinado simplemente a fortalecer la autoridad de la institución sobre sus dependientes directos —los oficiales reales—, aunque también, sin confesarlo, sobre su rival absoluto que era la Audiencia de México. Claramente, se trataba de que el Tribunal de Cuentas de México alcanzara al fin el objetivo que lo obsesionaba: la

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obtención de una situación de hecho que sería más prestigiosa. Aprovechando las preocupaciones surgidas en las altas esferas por las propias dificultades de funcionamiento del Tribunal de Cuentas, confirmadas por la visita general, su representante proponía entonces resolver las dificultades solucionando las rivalidades de prestigio que obnubilaban a todos; sin embargo, el proyecto no superó el estadio de las proposiciones hechas al Consejo de Indias, el cual las ignoró. 45

En los años que siguieron, el Tribunal de Cuentas de México no escapó a la ola de creación de las superintendencias que se abatió sobre la administración de la Real Hacienda de la Nueva España; no obstante, al igual que lo ocurrido en otras partes, el proyecto aplicado no modificó en nada lo esencial de su funcionamiento. En el primer momento, se decidió elegir entre los contadores superiores a un regente del Tribunal de Cuentas. El elegido, Andrés de la Peña, no era otro que el decano de la institución con el rango más alto, quien, al ser promovido en diciembre de 1707 a las “funciones de “contador mayor con el grado de superintendente”, se convirtió en realidad en el primer regente de la institución.89 Inmediatamente, sus iguales se rehusaron a ver en él a alguien más que al antiguo decano, cuyo título, puramente honorífico, no significaba ningún poder de autoridad sobre ellos.90 Así, apenas nombrado, el nuevo regente se convirtió en el blanco de la oposición de sus colegas, que de esa manera lograron limitar efectivamente su poder; el otorgamiento simultáneo al regente del título de superintendente no hizo sino incrementar su determinación en su rechazo a ver a uno de los suyos exhibir un título que lo colocaba sobre ellos. Ante la virulencia de la oposición y con la esperanza de restablecer la calma, finalmente se decidió que ese título ya no se aplicaría a su sucesor. 91 Lo anterior es una indicación de que el experimento fue breve y de poca envergadura en el caso del Tribunal de Cuentas. En cambio, el tribunal conservó a su cabeza hasta 1776 a un regente, cuyos poderes, no obstante, se mantuvieron siempre muy restringidos.92

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El visitador Francisco de Pagabe propuso un último proyecto de reforma, radical en ese caso, como consecuencia de su visita general de la Nueva España entre 1711 y 1715. En dos cartas fechadas el 30 de septiembre de 1711 y el 4 de marzo de 1712, respectivamente, pintó un cuadro particularmente sombrío de la situación del Tribunal de Cuentas y resumió su análisis sobre el trabajo que se llevaba a cabo en él en unos cuantos términos lapidarios: “[…] ni toma, ni glosa, ni feneze las cuentas […] tan superfluo e inútil tribunal”. 93

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Su conclusión era a la medida de su observación: más valía suprimir una institución costosa para la Real Hacienda —en 1711, los gastos en salarios del Tribunal de Cuentas representaron 52 876 pesos, 3 reales, 1 gramo— y totalmente inútil. Su proyecto de reforma se organizaba en torno a dos puntos extremadamente innovadores y radicales, completados accesoriamente con dos medidas de sentido común. En primer lugar, preconizaba su remplazo por la creación de pequeñas unidades de verificación, distribuidas en todo el virreinato, cuyo número fijaba entre cuatro y seis. Dado que su única función sería pasar en limpio las cuentas, contratarían exclusivamente escribanos, cuyos oficios sería posible continuar vendiendo, sin mayor perjuicio. Las sumas así obtenidas permitirían redimir, sin el menor desembolso para el rey, los oficios de ministro del Tribunal de Cuentas anteriormente vendidos. La verificación efectiva de las cuentas elaboradas en cada una de las contadurías provinciales se efectuaría entonces en España, en el seno de la contaduría del Consejo de Real Hacienda, cuyas atribuciones proponía reforzar. Con el propósito de intensificar la supervisión sobre el conjunto administrativo de la Real Hacienda, sugería: “Se cometiese a alguno de los muchos

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oydores que ay en la Audiencia de México el encargo particular del fiscal de Real Hacienda […]”.94 48

Justificaba su proposición haciendo la observación de que, en la situación predominante, dado que los dos fiscales en funciones ejercían esa función indiferentemente, ninguno la ejercía en realidad. Así, como él mismo había podido comprobarlo, la ignorancia de los fiscales sobre los problemas específicos de esa administración de la Real Hacienda era completa.

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A esas medidas innovadoras y radicales añadía dos sugerencias para el caso de que se considerasen inadmisibles sus proposiciones. En vista de la amplitud del rezago acumulado, consideraba imposible eliminarlo; y hacía notar que los propios responsables de las deudas ante la Real Hacienda habían desaparecido desde hacía mucho tiempo, al igual que sus fiadores; y, en lo concerniente a los herederos de unos y otros, afirmaba que era muy difícil encontrarlos y nada garantizaba su solvencia; por lo tanto, invitaba al Consejo a considerar esas sumas como definitivamente perdidas. Según él, más valía, consecuentemente, sacar partido de una situación irremediable mediante un gesto espectacular: sugería que se destruyeran todos los documentos relativos a las cuentas, acumuladas desde hacía años, y se reanudara el trabajo del Tribunal sobre nuevas bases a partir únicamente de 1711. Aconsejaba que se presentara la destrucción de los documentos a los ministros responsables de los rezagos como otras tantas pruebas de la generosidad real hacia ellos, así como hacia todos los deudores de la Real Hacienda. Esperaba que, con ese gesto, los ministros tomaran conciencia y sufrieran un sobresalto que en el futuro los incitara a observar escrupulosamente sus obligaciones. Proponía, en fin, acompañar esa política de tabla rasa con el respeto absoluto por parte de todos los oficiales de la Real Hacienda de los plazos que se les habían impuesto: presentación anual de las cuentas por las reales cajas y, después, verificación en cuatro meses por el Tribunal; a falta de lo cual invitaba al Consejo de Indias a sancionar inmediatamente a los remisos, privándolos de manera inmediata y definitiva de su oficio.

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El programa de Francisco de Pagabe sorprende tanto por su carácter radical como por su coherencia. Su aplicación habría supuesto un verdadero vuelco en la organización de la supervisión tal como había existido hasta entonces. Un buen número de los visitadores que ejercieron después que él en el Tribunal de Cuentas de México no siempre fue tan lejos en sus denuncias o en sus proposiciones, si bien la mayoría de ellos ofreció sistemáticamente a las instancias metropolitanas una visión particularmente negativa de su funcionamiento y sugirió adaptaciones que iban en el mismo sentido. Sea lo que hubiere sido, el radical proyecto de Francisco de Pagabe provocó la oposición del Tribunal y fue igualmente descartado por el Consejo de Indias, que lo consideró demasiado violento. Ahora bien, no se puede evitar hacer notar que en los años de 1780 resurgió un programa muy parecido, en un momento en el que, en resumidas cuentas, la situación del Tribunal de Cuentas era mucho menos dramática.95 Como en 1715, el proyecto se descartó una vez más ante la hostilidad declarada del Tribunal de Cuentas: a pesar de la voluntad de centralización, exhibida de una manera más clara a finales del siglo XVIII, el Consejo de Indias no se atrevió a reanudar un programa que colocaba la administración de la Real Hacienda de la Nueva España en una dependencia manifiesta con respecto a la metrópoli. 96 Así, en 1782, al igual que en 1715, siguiendo en ello la alternativa ya esbozada por Francisco de Pagabe en su proyecto, el rechazo de todo radicalismo reformador significó la contratación de titulares suplementarios. En realidad, esa última opción fue la que finalmente se impuso en cada circunstancia, con las reales cédulas de 1715 y 1786. En

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consecuencia, esos episodios aparecen, cada uno a su manera y en su contexto particular, como dos ocasiones perdidas que habrían podido transformar radicalmente una institución administrativa esclerótica; pero, antes bien que buscar el conflicto frontal, la metrópoli prefirió la negociación con sus adversarios, lo cual confirma, en los dos casos, que la consideración de las situaciones locales se imponía sobre su profundo deseo reformador. 51

Lo anterior es una indicación del grado en que la secular institución administrativa se reveló rebelde a los objetivos reformadores de finales del siglo XVII y principios del XVIII. Las interferencias internas, nacidas en gran medida de una jerarquía imprecisa entre las tres categorías de contadores y agravadas por la venalidad de los oficios, los hicieron inconcebibles e inaplicables. Asimismo, la preocupación permanente de los contadores por juzgar toda reforma en función de la autonomía y el prestigio en comparación con la Audiencia de México, vecina y rival, no facilitaba las cosas. Finalmente, la única respuesta a las dificultades aceptable para el Tribunal de Cuentas fue siempre la cuestión del número de sus miembros. A todo lo largo del siglo XVIII, únicamente a ese aspecto se aportaron respuestas, en 1713, en 1755 y, nuevamente, después de la visita de José de Gálvez y bajo su ministerio.97 Los sucesivos experimentos, en ocasiones intentados o, más simplemente, sugeridos, a propósito del Tribunal de Cuentas de México ilustran, con más de medio siglo de anterioridad, los obstáculos con que tropezaron los proyectos reformadores de José de Gálvez y sus sucesores. Las viejas instituciones coloniales se revelaban verdaderamente imposibles de reformar. Solamente el establecimiento de nuevas estructuras administrativas destinadas a superponerse a sus predecesoras podía pretender responder a los deseos de la metrópoli; y, si bien la idea había surgido desde finales del siglo XVII, sus inspiradores, a diferencia de sus epígonos, no siempre supieron extraer de ella todas las consecuencias útiles y prácticas.

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Así, la política de reformas perseguida durante un siglo en la Nueva España en la administración de la Real Hacienda confirma al mismo tiempo sus ambiciones y sus límites. Si bien logró alcanzar sus objetivos puntualmente, se reveló incapaz de proponer una respuesta global a las dificultades de funcionamiento encontradas. Muy en particular, la tradicional política de la alternancia en los métodos de administración de las reales rentas adoptó una nueva dimensión con el establecimiento de las superintendencias. Significó el planteamiento de nuevos valores, de nuevos criterios en el funcionamiento del aparato administrativo de la Real Hacienda, entre los cuales llegó a ser predominante el de la eficacia. Es cierto que la evaluación de las ganancias obtenidas en la productividad se hacía todavía casi exclusivamente en función del incremento relativo de los ingresos reales;98 pero no es menos cierto que los rasgos característicos que adoptó la administración y que posteriormente se impusieron al conjunto del aparato administrativo fueron experimentados claramente en el marco de las superintendencias de la Real Hacienda a partir de finales del siglo XVII: centralización de las responsabilidades, especialización de la competencia y supervisión de las contrataciones. 99 Consecuentemente, es necesario hacer notar la continuidad que existió entre las reformas impuestas en el transcurso de la segunda mitad del siglo XVIII y las llevadas a cabo antes durante más de medio siglo. Desde esa primera época, en efecto, se encontraban planteadas ya las cuestiones a que los reformadores buscaron dar respuesta a su vez después de 1760; y, a semejanza de sus sucesores, los precursores de comienzos del siglo XVIII tropezaron con los mismos obstáculos al intentar aplicar las mismas respuestas; como ellos, entrevieron la necesidad de romper el juego establecido desde

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hacía cerca de dos siglos entre los viejos aparatos administrativos, cada uno encerrado en su lógica específica, mediante el recurso a nuevas estructuras; como ellos, comprendieron también la importancia que se atribuía a la contratación de los hombres, no tanto en función de su origen geográfico como de acuerdo con su competencia; y como ellos, en fin, reconocieron la necesidad de la concentración de los poderes en la administración antes incluso de pretender imponerla a toda la sociedad; sin embargo, a falta de una visión global y dado que al mismo tiempo tenían que tomar en consideración la realidad favorable de la coyuntura económica del momento, el lugar que se destinaba a las colonias en un imperio y las ventajas que representaba para una potencia europea declinante la explotación sistemática de vastos espacios ricos en hombres y recursos naturales de lo más diversos, no pudieron llevar a su término el movimiento iniciado. Como asustados de su audacia, preocupados por la amplitud de las reticencias que expresaba la sociedad colonial en conjunto, volvieron casi siempre al statu quo. Al hacerlo, al perpetuar la política tradicional de la búsqueda del consenso y el equilibrio, quizás aseguraron al imperio colonial un suplemento de más de medio siglo de vida; pero, al mismo tiempo, condenaron toda verdadera reforma al fracaso, desvelando los límites que la metrópoli no se atrevía a franquear. Incapaces de liberar al sistema administrativo de las interferencias que lo paralizaban, finalmente contribuyeron más al fortalecimiento de estas últimas que a su reducción. Por lo demás, su incapacidad para imponer sus proyectos por la fuerza subraya el vigor de las aspiraciones que se manifestaban entre los oficiales de la Real Hacienda de la Nueva España. Así, estos últimos reflejan marcadamente la afirmación de un grupo en el seno de las élites coloniales y su capacidad para hacer oír y defender sus aspiraciones.

NOTAS 1. Horst Pietschmann, El Estado y su evolución al principio de la colonización española en América, México, 1989, pp. 210-223. 2. Las acusaciones sobre la tiranía de Cristóbal Colón tuvieron como desenlace la destitución del Almirante, quien retornó de su cuarto viaje en el fondo de una cala y con grilletes en los pies; J. Heers, Christophe Colomb, Hachette, París, 1991. 3. M. Jiménez Fernández, “Hernán Cortés y su revolución comunera en la Nueva España”, Anuario de Estudios Americanos, vol. 5, Sevilla, 1948, p. 1; Clarence H. Haring, El imperio español en América, México, 1990, muy particularmente los capítulos 7 y 8; Horst Pietschmann, El Estado y su evolución…, op. cit., y “Consideraciones en torno al problema del estado en la España de los Reyes Católicos”, en Homenaje a Ismael Sánchez Bella, Pamplona, 1992; Ismael Sánchez Bella, “Las audiencias y el gobierno de las Indias (siglos

XVI

y

XVII)”,

en Derecho indiano. Estudios, t. II,

Pamplona, 1991, capítulo 8. 4. Ethelia Ruiz Medrano, Gobierno y sociedad en la Nueva España: Segunda Audiencia y Antonio de Mendoza, Zamora, México, 1991. 5. Horst Pietschmann, El Estado y su evolución…, op. cit. 6. Ethelia Ruiz Medrano, Gobierno y sociedad en la Nueva España…, op. cit., capítulo 2. 7. Clarence H. Haring, El imperio español en América…, op. cit., p. 373.

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8. Se puede citar el caso de la expedición de exploración y conquista de la Florida, dirigida por el gobernador Pánfilo de Narváez, quien el 17 de mayo de 1527 zarpó de San Lúcar de Barrameda junto con “Cabeza de Vaca por tesorero y por alguacil mayor, Alfonso Enríquez, contador; Alonso de Solís, por factor de Vuestra Majestad y por veedor…”; Álvar Núñez Cabeza de Vaca, Naufragios y comentarios, col. Crónicas de América, núm. 3, Madrid, 1984, p. 41. 9. Respecto a la existencia anterior en la metrópoli de esas estructuras administrativas, véase Ricardo Gómez Rivero, “La superintendencia de construcción naval y fomento forestal en Guipúzcoa (1598-1611)”, Anuario de Historia del Derecho Español, t. 56, Madrid, 1986; José Luis Bermejo Cabrero, “Superintendencias en la Hacienda del Antiguo Régimen”, Anuario de Historia del Derecho Español, t. 54, Madrid, 1984, y Horst Pietschmann, “Antecedentes españoles e hispanoamericanos de las intendencias”, Anuario de Estudios Americanos, t. 40, Sevilla, 1983, y “Dos documentos significativos para la historia del régimen de intendencias en Nueva España”, Boletín del Archivo Generalde la Nación, 2a serie, XII, 3/4, México, 1971. 10. Horst Pietschmann, “Antecedentes españoles e hispanoamericanos…”, op. cit., p. 368. 11. Michel Bertrand, “Los cargos de los oidores dentro de la Real Hacienda indiana (siglos

XVII

y

XVIII)”, Estudios de Historia Social y Económica de América, núm. 9, 1992, pp. 38-42.

12. AGI, Audiencia de Guadalajara, legajo 18. No obstante, la aplicación de la decisión fue muy lenta. En 1682 la introducción del impuesto todavía no era efectiva en la mayor parte de la Audiencia. Una nueva real cédula recordó en 1684 la obligación del pago de ese nuevo impuesto. En varios informes de marzo de 1685 y enero de 1686, el superintendente de las alcabalas de la circunscripción, el oidor Fernando López de Ursino, daba cuenta del difícil establecimiento de la recaudación del impuesto en la Nueva Vizcaya, muy particularmente en Durango y El Parral. En este último establecimiento, provocó un levantamiento de los indios, quienes, no obstante, estaban exentos del impuesto. Esas dificultades llevaron a la suspensión temporal del impuesto en el centro minero en febrero de 1688; idem. 13. AGI, Audiencia de Guadalajara, legajo 94. 14. A la compañía de los guardas, que comprendía un guarda mayor, un guarda menor, un guarda noche y un guarda del río, se sumaban un escribano y un contador, asistido por otros ministros, probablemente un tesorero y, quizás, uno o dos oficiales menores. Desde el punto de vista de la carga salarial, ello representaba cerca de 2 000 pesos anuales; AGI, Audiencia de Guadalajara, legajos 25 y 116. 15. AGI, Audiencia de Guadalajara, legajo 90. 16. Mark A. Burkholder y Dewit S. Chandler, Biographical Dictionary of Audiencia Ministers in the Americas, 1687-1821, Westport, 1982, p. 323. 17. En diciembre de 1710 propuso incluso la transformación de la superintendencia de aduanas de Guadalajara en superintendencia general de la Nueva Vizcaya, incluida la circunscripción de Zacatecas; y reclamaba para ese nuevo escalón administrativo la independencia con respecto al Tribunal de Cuentas de México y su incorporación directa al Consejo de Indias; AGI , Audiencia de Guadalajara, legajo 161. 18. AGI, Audiencia de Guadalajara, legajo 16. 19. AGI, Audiencia de Guadalajara, legajo 90. 20. AGI, Audiencia de Guadalajara, legajo 172. 21. AGI, Audiencia de Guadalajara, legajo 161. 22. Confiado en sus apoyos familiares, no cesó de obtener puestos más prestigiosos; para comenzar, trató de conseguir el cargo de gobernador de Yucatán en marzo de 1695, ofreciendo una dádiva “graciosa” de 6 000 pesos, pero se lo impidió la aplicación de la Nueva Planta de 1691, que anuló todas las futuras; más tarde, en febrero de 1700, con el apoyo del Consejo de Indias y de su cámara, solicitó un escaño en el Consejo de la Real Hacienda, pero en diciembre del mismo año

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obtuvo la respuesta del rey: “que pusiese los ojos en otra cosa”; AGI, Indiferente general, legajo 135, núm. 196. 23. Idem. 24. AGI, Audiencia de México, legajo 162, ramo 4. 25. AGI, Audiencia de México, legajo 162, ramo 1. 26. En un primer momento le fueron asignados 19 250 pesos, monto que se aumentó en 1680 a 28 000 pesos. En lo que respecta al superintendente, se mantuvo al que se consideraba como el ideal, es decir, a Juan Sáens de Moreno; AGI , Audiencia de México, legajo 162, ramo 1, y legajo 560, ramo 3. 27. En 1683, en un informe al Consejo de Indias, el superintendente estimaba la ganancia, en comparación con el contrato de arrendamiento anterior, en 500 000 pesos a lo largo de seis años; AGI, Audiencia de México, legajo 162, ramo 2.

28. AGI, Audiencia de México, legajo 162, ramo 1. 29. Idem. 30. AGI, Audiencia de México, legajo 163, ramo 4. 31. AGI, Audiencia de México, legajos 321, 166 y 560. 32. AGI, Audiencia de México, legajo 61, ramos 3 y 4; véase más adelante. 33. AGI, Audiencia de México, legajos 61, ramo 3, y 166. 34. Véase Michel Bertrand, “La contaduría de las alcabalas de Puebla: un episodio reformador al principio del siglo XVIII”, Jahrbuch für Geschichte von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft Latein Amerikas , vol. 32, Böhlau Verlag, Colonia, 1995, pp. 321-332. 35. AGI, Audiencia de México, legajo 341, ff. 22-24. 36. AGI, Audiencia de México, legajo 341, ff. 25-26; y plano de Puebla, Mapas y planos, núm. 529. 37. AGI, Audiencia de México, legajo 342. 38. El contador estaba secundado por un oficial mayor, un cobrador y un solicitador. El tratamiento judicial de los expedientes, dependiente del superintendente, lo preparaban dos abogados, uno provisto del título de asesor y el segundo, del de promotor fiscal, un notario y un ministro de vara; idem. 39. De manera muy precisa, proporcionó la lista de los individuos coaligados, según él, en torno al obispo, Manuel Fernández de Santa Cruz, y de su canónigo doctoral, Juan de Jáuregui y Barrera; este último era el hermano de Pedro de Jáuregui y Barrera, responsable durante los últimos cuatro años de la administración municipal de las alcabalas y regidor de la ciudad; a ellos se sumaban los regidores siguientes: Manuel Alonso de Mozaraba, tesorero de la Santa Cruzada; Juan de Agramonte, juez de los novenos; Miguel Vásquez Mellado, y Juan Francisco de Herrera, alcalde ordinario; y a esas autoridades municipales se sumaban las siguientes personalidades: Juan Dávila Galindo, miembro de la orden de Santiago; Pedro Marroquín; Miguel de Cos, alcalde mayor de Quautla de las Amilpas y miembro de la orden de Santiago, Rodrigo de Mata; Domingo de Retis, marqués de San Jorge y miembro de la orden de Alcántara, y Juan Ramírez de Valdés, alcalde mayor de Teguacán; en cuanto al alcalde mayor de la ciudad en 1698, Pedro Fernández de Santillán, parece ser que fue incapaz de oponerse a la autoridad del clan anterior, del que era más dependiente que miembro completo; carta de Juan José de Veytia Linage al Consejo de Indias, de septiembre de 1698; AGI , Audiencia de México, legajo 341. En una carta anterior, precisaba que la influencia del obispo era muy fuerte en esa ciudad, donde detentaba de hecho el poder de designar a los alcaldes, imponer sus elecciones al cabildo y sus decisiones al alcalde mayor y, en fin, dominar a las familias de la ciudad mediante regalos, préstamos y censos que él decidía a quién se debían asignar; idem. A esa red se sumó algunos años más tarde el alguacil mayor de Puebla, Pedro de Mendoza y Escalante, quien se puso a la cabeza del clan hacia 1713;

AGI ,

Audiencia de México, legajo 824. Finalmente, no carece de interés subrayar que el obispo de Puebla no era otro que el hermano de Mateo Fernández de Santa Cruz, futuro contador del Tribunal de

323

Cuentas, quien arribó a la Nueva España en 1701 con el virrey duque de Albuquerque, del que era paje; José María de Castro Santa Ana, Diario de sucesos notables (1752-1758), en Manuel Orozco y Berra, Documentos para la historia de México, 1a serie, vols. 4 a 6, México, 1854, p. 97. 40. AGI, Audiencia de México, legajo 341. 41. En particular, relata que, en un día de comienzos del mes de enero, al caer la noche, un caballero enmascarado se acercó a su domicilio y llamó a uno de sus criados, a quien confió un mensaje verbal para su amo invitándolo a largarse lo más pronto posible de la ciudad, pues, de no hacerlo, ¡perdería la vida! Es probable que el superintendente haya debido su salvación únicamente al apoyo que le otorgaron los hermanos Gerónimo y José de Villa Septién, caballeros de la orden de Alcántara, quienes colocaron hombres armados frente a su casa para defenderlo de toda amenaza. En cuanto al alcalde mayor, es cierto que multiplicó las rondas nocturnas con sus hombres, pero eso de ninguna manera le permitió encontrar al autor de las amenazas, por lo que, con el propósito, sobre todo, de evitar el aumento de las tensiones, alentó vivamente al superintendente a aplazar la aplicación de la reforma; idem. 42. En efecto, las Leyes de Indias establecían que los clérigos estaban exentos de alcabalas sobre los productos de las tierras que constituyeran su patrimonio familiar. Ese privilegio, del 27 de enero de 1698, fecha de promulgación del llamado “auto de los señores”, no se aplicaba a las tierras de que eran arrendatarios; sin embargo, en el obispado de Puebla, la costumbre dictaba que los clérigos “pobres” estuviesen igualmente exentos de impuestos sobre las tierras que arrendaban; carta del obispo de Puebla al Consejo de Indias, de fecha 22 de abril de 1698; AGI , Audiencia de México, legajos 341 y 822. 43. AGI, Audiencia de México, legajo 341. 44. Según el obispo, en 1698, las alcabalas de Atlixco no superaron la módica suma de 1 000 pesos de ingresos anuales (idem); sin embargo, los balances suministrados por la superintendencia a partir de 1701 sobre esos mismos partidos permiten dudar de lo bien fundado de los datos proporcionados por el obispo. 45. Juan José de Veytia Linage no encontró rastro alguno de la concesión de ese privilegio; y, por su parte, proponía otra interpretación de lo reducido de la tasa de imposición: el impuesto sobre las harinas afectaba principalmente a los propietarios de las haciendas de labor; ahora bien, todos los miembros del cabildo, sin excepción, pertenecían a ese grupo social; idem. 46. Carta de Juan José de Veytia Linage, de mayo de 1698; idem. 47. En su denuncia de agosto de 1691 estimaban el monto de las exacciones del cabildo en más de 100 000 pesos; AGI, Audiencia de México, legajo 61, ramo 4. 48. Juan José de Veytia Linage escribía de Juan de Jáuregui y Barrera que su casa era “el taller donde se fabrican cuantas cosas se ejecutan en esta ciudad por ser persona del mayor cariño del obispo y porque tiene entretenimiento de naypes, cuyo natural es ardiente y petulante”;

AGI ,

Audiencia de México, legajo 341. 49. AGI, Audiencia de México, legajo 822, carta de Juan José de Veytia Linaje, del 23 de abril de 1699. 50. AGI, Audiencia de México, legajo 342. 51. En 1715, hacía énfasis en el hecho de que, de los 22 regidores de la ciudad, sólo seis celebraban sesión efectivamente, por lo que obtuvo la creación de seis regimientos suplementarios, para los que propuso a sus allegados: Sebastián de Echevarría y Ercolaga, caballero de la orden de Santiago, Juan Gerónimo de Vasconcelos y Luna; Manuel de Thorixa y Roxo, Alonso de Ballarta y Palma; José de Gorospe Yrala, y José de Manco de Andrade; carta de Juan José de Veytia Linage, de fecha 15 de marzo de 1715; AGI , Audiencia de México, legajo 824; e informe del superintendente José Joaquín Uribe y Castexón al Consejo de Indias, en 1724,

AGI ,

Audiencia de México, legajo 827. 52. En varias ocasiones, Juan José de Veytia Linage se quejó del ambiguo comportamiento respecto a él de los virreyes duque de Linares y marqués de Valero; AGI , Audiencia de México,

324

legajos 824 y 825. En lo que respecta a los oidores, cita expresamente a Félix González de Agüero, Juan Díaz de Bracamonte y Gaspar de Zepeda, a los que se añadía puntualmente el fiscal José Antonio de Espinosa Ocampo y Cornejo; AGI, Audiencia de México, legajo 824. Entre los enemigos de Juan José de Veytia Linage en la Audiencia, el primero fue suspendido en su cargo en 1719 por el visitador Francisco de Garzarón; en lo concerniente a los otros dos magistrados, terminaron su carrera como canónigos, ¡en Puebla!; y parece que únicamente el fiscal no tenía vínculos particulares con la ciudad; Mark A. Burkholder y Dewit S. Chandler, Biographical Dictionary…, op. cit. 53. AGI, Audiencia de México, legajos 90, 738, 824 y 826. 54. AGI, Audiencia de México, legajos 341 y 342. 55. Los partidos comprendidos eran Tlaxcala, Tepeaca, Atlixco, Guexotcingo y Cholula; idem. 56. Tanto más cuanto que, en enero de 1709, fue nombrado administrador general de la administración del mercurio y, en julio de 1713, administrador general de las “arrivadas en los puertos del mar del sur”; AGI, Indiferente general, legajo 1774, y AGI, Audiencia de México, legajo 1105, libro 51; véase también Antonia Heredia Herrera, La renta del azogue en Nueva España, 1709-1751, Sevilla, 1978, pp. 181-182. 57. Esa rama del linaje se afirmó progresivamente, para después convertirse en una de las primerísimas familias de la ciudad en el transcurso del siglo XVIII; véase Diego A. Bermúdez de Castro, Teatro angelopolitano o historia de la ciudad de Puebla, México, 1746, reproducido en N. León, Bibliografía mexicana del siglo

XVIII,

México, 1902-1903, 5a parte, pp. 122-354; Margarita Moreno

Bonnett, “Veytia, la vida y la obra”, Boletín del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, núm. 14-15, México, 1977-1978; Mariano José Fernández de Echeverría y Veytia, Historia de la fundación de la ciudad de la Puebla de los Ángeles en la Nueva España, su descripción y su presente estado, 2 vols., México, 1931. 58. AGI, Audiencia de México, legajo 827. 59. José Joaquín Uribe y Castexón calificaba a esos cuatro de vulgares “capas rotas que no pasan de tendero, dependientes y expensores dé sus géneros” (esto es, de los Echevarría y Ercolaga y de los Fernández y Veytia); idem. 60. AGI, Audiencia de México, legajo 750. 61. Las ventas concernían muy particularmente a los oficios de tesorero, ensayador, fundidor mayor, tasador, juez de las balanzas, guardas mayores y, finalmente, escribanos;

BNM ,

ms. 13228,

f. 176. 62. Su prestigio era considerable, puesto que algunos oficios, como el de tesorero, otorgaban el título, con todos los derechos aferentes, de regidor de la ciudad de México;

AGI ,

Audiencia de

México, legajo 749. 63. Los cargos de la Real Casa de la Moneda eran retribuidos en función de la cifra de negocios de la institución. De 1715 a 1729 los ingresos netos anuales del tallador fueron de 15 000 pesos, esto es, una renta de cerca de 10 %, habida cuenta de la estimación del oficio; idem. 64. El oficio de tallador pertenecía desde 1700 a Diego Manuel de Carballido Lozada y Zurita, caballero de la orden de Santiago y heredero de un linaje bien implantado en el aparato de Estado en Madrid. Heredó el oficio de su suegro, Juan de Cabueñas, con cuya hija Josefa había contraído matrimonio, en junio de 1672, en México. En enero de 1708 revendió el oficio a Luis Sánchez de Tagle, marqués de Altamira, uno de los mineros más ricos de la época; Boletín del Archivo General de la Nación, t. 7, núm. 1-2, pp. 37 y 38; AGNM , notario 6, libro 16 (1672); AGI , Audiencia de México, legajos 1165 y 2812. En el título de marqués del Apartado, otorgado a Francisco Manuel Cayetano de Fagoaga y Arósqueta en 1771, se encuentra un eco del atractivo que los oficios de la Real Casa de la Moneda ejercían sobre los grandes linajes de la élite. El propio título evocaba el oficio de “apartador general del oro y de la plata” que había poseído, a partir de 1687 y hasta 1730, la familia de los Sáens de Retes y Zaldívar, prestigioso linaje que estaba emparentado con los condes

325

de San Mateo de Valparaíso y en 1774 fue distinguido, a su vez, mediante el otorgamiento del título de marqués del Jaral de Berrio; AGI , Audiencia de México, legajo 560, y Doris M. Ladd, La nobleza mexicana en la época de la Independencia (1780-1826), México, 1984. 65. AGI, Audiencia de México, legajos 1165 y 560. 66. Alcanzó su valor máximo en 1671, cuando fue revendido al precio de 289 500 pesos; posteriormente, en 1703, su valor había declinado un tanto, reduciéndose a 256 500 pesos; idem. Los otros oficios más caros a finales del siglo

XVII

eran el de apartador general del oro y de la

plata, estimado en 60 000 pesos en 1695; el de tallador, que valía 84 000 pesos, y el de fundidor, que costaba 160 000 pesos; idem. En 1687, en las provincias de la Nueva Galicia y la Nueva Vizcaya, el oficio de apartador general del oro y de la plata únicamente valía 30 000 pesos; AGI, Audiencia de México, legajo 560. En 1776, mientras todavía no había sido resuelta definitivamente la cuestión de la indemnización de las familias propietarias de esos prestigiosos oficios, una estimación hecha por la Audiencia del valor que representaban todos los oficios comprendidos —tesorero, ensayador, fundidor mayor, tallador, balanzario, escribano y guardas mayores— fijó el monto en 949 873 pesos; el del oficio de apartador general del oro y de la plata se evaluó en 76 000 pesos; Eusebio V. Beleña, Recopilación sumaria de todos los autos acordados de la Real Audiencia y sala del crimen de esta Nueva España [1787], t. 1, núm. 141, México, 1981, p. 123. 67. AGI, Audiencia de México, legajo 1165. 68. AGI, Audiencia de México, legajo 2812. 69. AGI, Audiencia de México, legajo 749. 70. La decisión daba continuidad sobre todo a una primera real cédula del 5 de agosto de 1728, con la que se decidió la reorganización de la acuñación de moneda en América y se exigió al virrey del Perú y al de la Nueva España, el marqués de Casafuerte, que vigilaran la aplicación de la ordenanza del 9 de junio de 1728 con la que se impuso la primera reorganización de las casas de monedas; idem. 71. De los seis ministros al menos dos debían ser juristas; el procurador de la Audiencia y el secretario de la institución eran miembros de ella de oficio; idem. 72. AGI, Audiencia de México, legajo 2812. 73. Independientemente del superintendente y su consejo de dirección, la institución contaba con nueve oficiales superiores titulares: un tesorero, un contador, dos ensayadores, dos jueces de balanzas, un responsable del blanqueamiento de la moneda, un guarda de fundición y un grabador. Cada servicio comprendía una importante cantidad de oficiales subalternos, obreros y aprendices, cuyo número aumentó regularmente a todo lo largo del siglo; idem. 74. El fiel de la moneda estaba encargado de velar por la calidad de las monedas acuñadas y también debía obtener la mejor relación entre la calidad y el precio en el trabajo de acuñación mismo. Por ese trabajo, percibía un salario de 3 000 pesos. Una real cédula del 5 de julio de 1739 estableció que ese oficio se asociaría automáticamente al de director de la Real Casa de la Moneda, cuyo título se retiró al superintendente; RAHM, col. Mata Linares, t. 103, f. 230. 75. Esa instancia suprema, la Junta de la Moneda, estaba compuesta por dos consejeros de Castilla, un consejero miembro de la cámara del Consejo de Indias, un miembro del Consejo de la Real Hacienda, un miembro de la contabilidad del Tribunal de Cuentas, un fiscal y un secretario de la Junta. Disponía de todo un personal de administración propio que ocupaba ocho puestos y sostenía dos sesiones semanales; RAHM, col. Mata Linares, t. 103, ff. 426-433. 76. AGI, Audiencia de México, legajo 2812. 77. Informe de la Real Casa de la Moneda, en 1733; AGN, Ramo historia, vol. 41, exp. 4, f. 86. 78. Por lo demás, sus rivales, entre ellos el fiel de la moneda de la institución, Nicolás Peynado y Valenzuela, denunciaron rápidamente la contratación, basada exclusivamente en el clientelismo, lo que hacía de la Real Casa de la Moneda un coto privado del superintendente y de uno de sus

326

allegados, Francisco Fernández Molinillo, el secretario del virrey; Memoria de marzo de 1773; AGI, Audiencia de México, legajo 754. 79. AGI, Audiencia de México, legajo 2812. 80. Informe de Ambrosio Tomás de Santaella y Melgarejo, oidor, fiscal y alcalde de corte de esta audiencia…, 1727-1730, BNM, ms. 19124, f. 23. 81. AGI, Audiencia de México, legajo 2812. 82. Linda Arnold, Bureaucracy and Bureaucrats in Mexico City (1742-1835), Tucson, 1988. 83. Carta dirigida al superintendente por el Consejo de Indias en 1735;

AGI ,

Audiencia de México,

legajo 2812. 84. BNM, ms. 19124. 85. En julio de 1739, a solicitud suya, obtuvo en un primer momento la dignidad de chantre de la catedral de Puebla; además, como muestra de agradecimiento por la actuación que tuvo a la cabeza de la Real Casa de la Moneda, se le concedió el título de miembro honorario del Consejo de la Real Hacienda y dos nombramientos de la orden de Santiago para cada uno de sus hijos; pero, una vez que su sucesor se hizo cargo oficialmente de sus funciones en esa misma fecha, protestó cuando, en septiembre de 1739, se vio obligado a abandonar su alojamiento y las ventajas adosadas a su antiguo oficio, lo que da pruebas de sus vacilaciones y de una personalidad poco segura. Entonces evocó problemas de salud —una parálisis de la mano izquierda le impedía hacerse cargo de sus nuevas responsabilidades— y, sobre todo, lo exiguo de sus ingresos para obtener una nueva afectación. Después de largos meses de súplicas, en febrero de 1744, como último recurso, a pesar de que pretendía compensaciones muy superiores según el Consejo de Indias, obtuvo finalmente su reintegración como oidor de la Audiencia de México sin la pérdida de su antigüedad; AGI, Audiencia de México, legajo 2812. 86. Idem. 87. Ronald Escobedo Mansilla, Control fiscal en el virreinato peruano. El Tribunal de Cuentas, Madrid, 1986, pp. 232 y ss. 88. AGI, Audiencia de México, legajo 327. 89. AGI, Audiencia de México, legajo 1165. 90. El decano tenía, ante todo, la misión de representación ante el exterior; en cuanto representante de la institución, participaba en la Junta de Hacienda; y, en ocasión de las fiestas de aparato, ocupaba el primer escaño entre sus iguales, inmediatamente después de los oidores de la Audiencia de México. 91. AGI, Audiencia de México, legajo 738. 92. A Nicolás de Ribera de Santa Cruz, que se vio afectado en 1716 por la aplicación de la Nueva Planta, lo sucedió en marzo de 1719 Sebastián Antonio Rodríguez de Madrid, marqués de Villamediana, quien permaneció en el cargo hasta su muerte, en febrero de 1732 (AGI, Audiencia de México, legajo 1986, y Guillermo Lohmann Villena, Los americanos en las órdenes nobiliarias (1529-1900), t. 1, Madrid, 1947, p. 358). Después de una interrupción de 27 años, el último regente cuya carrera profesional se pudo conocer fue Juan Crisóstomo de Barroeta, nombrado en julio de 1749 y que todavía ejercía su cargo en 1761

(AGI,

Audiencia de México, legajos 738 y 1986).

Finalmente, una real cédula del 10 de julio de 1776 decidió la supresión de esa función (Eusebio V. Beleña, Recopilación sumaria…, op. cit., t. 1, p. 347). 93. Resumen de las noticias de lo actuado por el visitador Francisco de Pagabe para despachar en el Consejo, visto en Consejo, el 16 de marzo de 1715; AGI, Audiencia de México, legajo 736. 94. Idem. 95. Se trataba del proyecto de transformación del Tribunal de Cuentas de México en una simple contaduría general compuesta por ministros con pocas responsabilidades y salarios mediocres. Fue propuesto por Pedro Antonio de Cosío, quien secretamente ejerció las funciones de

327

superintendente de la Real Hacienda en julio de 1782; véase Linda Arnold, Bureaucracy and Bureaucrats…, op. cit., pp. 84-85. 96. Ibid., pp. 85-86, y Vicente Rodríguez García, El fiscal de Real Hacienda en Nueva España, Oviedo, 1985, cap. 2. 97. Dos proyectos posteriores, sometidos en 1792, no corrieron finalmente con mejor suerte, ya se haya tratado del que presentó José Manuel Ibargoyen, el contador del monopolio del tabaco en Guadalajara, ya del que propuso Felipe de Hierro, director del mismo monopolio a escala de la Nueva España. En ambos se proponía retirar al Tribunal de Cuentas una parte importante de sus responsabilidades, buscando una simplificación del sistema administrativo de la Real Hacienda. Los contadores hicieron valer sus rechazos y críticas con respecto a esos proyectos que los reducían a simples ejecutantes; en ambas ocasiones obtuvieron satisfacción ante el Consejo de Indias, en 1798 y en 1806; véase Linda Arnold, Bureaucracy and Bureau-crats…, op. cit., pp. 87-90. 98. Tal concepción impedía que los responsables administrativos se alejaran de una gestión que mantenía todo su interés en el arrendamiento de las reales rentas. El sistema, sinónimo en particular de la disminución de los gastos de funcionamiento para la administración real, conservaba entonces todo su atractivo, a pesar de las pérdidas de ingresos que significaba para la Real Hacienda; finalmente, la principal ruptura entre las reformas de la primera mitad del siglo XVIII

y las de la segunda mitad se sitúa en el abandono generalizado de ese sistema a partir de los

años de 1750. 99. Ésa es precisamente la conclusión a que había llegado Horst Pietschmann, basándose, no obstante, sobre unas premisas diferentes a las que guiaron nuestra reflexión. Pietschmann centró su análisis no tanto en el establecimiento de las intendencias y las innovaciones que resultaron de ello, cuanto en la herencia jurídica e institucional entre las superintendencias del mundo hispánico de los siglos XVI y XVII y las intendencias del siglo XVIII. De esa manera, afirmaba que la inspiración de la política llevada a cabo en la América española después de 1760 era al menos tan española como francesa. Véase Horst Pietschmann, “Antecedentes españoles e hispanoamericanos…”, op. cit., y “Dos documentos significativos…”, op. cit.

NOTAS FINALES *. Véase el glosario. §. Véase el glosario. †. Véase el glosario. ‡. Véase el glosario.

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IX. El poder local, las estrategias y las ganancias familiares

1

A TRAVÉS del estudio de las estrategias familiares y de clientelismo de los oficiales de la Real Hacienda de la Nueva España, lo que apareció como uno de los rasgos característicos de la sociabilidad del mundo hispanoamericano fueron el lugar, la extensión y la fuerza de las redes de sociabilidad. ¿Debería sorprender? A semejanza de las sociedades europeas del Antiguo Régimen de la misma época, la sociedad colonial de la Nueva España y su mundo de las élites, muy particularmente, funcionaban a partir de esa modalidad de relaciones sociales. Tomando en consideración el lugar predominante de las modalidades de sociabilidad del Antiguo Régimen, es necesario comprender su impacto sobre el aparato administrativo colonial. ¿Cómo se concretaba esa malla relacional, a menudo compleja, en la actividad profesional de los oficiales de la Real Hacienda? ¿Qué vínculos o qué repercusiones existían entre la práctica social predominante y el ejercicio administrativo, cuya cotidianidad estaba hecha de abusos y favores ilícitos? El análisis demostró el grado en que los acontecimientos primordiales de la vida social — principalmente la elección del cónyuge— determinaban el funcionamiento de las redes; sin embargo, la reflexión sobre el lugar y la influencia de las redes de sociabilidad no se puede restringir solamente a su influencia sobre la vida familiar. Consecuentemente, parece legítimo extender el estudio a las implicaciones socioeconómicas de la actividad de las redes de sociabilidad. ¿De qué manera controlaban otros aspectos no menos importantes de la vida social, como el acceso al trabajo, al mercado o, más ampliamente, a la riqueza?; y, más generalmente, ¿lograban esas redes utilizar en beneficio del grupo familiar el poder que poseía alguno de sus miembros?, y, de ser así, ¿mediante qué subterfugios? Así, estas interrogantes orientan la reflexión hacia el estudio del impacto de las redes en el ejercicio del poder. Debido a sus características propias, el sistema social analizado esboza una sociedad en cuyo seno predominaban las relaciones verticales. Estas últimas definen muy particularmente a las sociedades tradicionales en cuyo seno las relaciones entre los hombres se fundamentan principalmente sobre la aceptación del principio de una autoridad “natural” inmutable; y ése es precisamente el caso de las sociedades aristocráticas occidentales de la época moderna; sin embargo, ¿qué ocurría en el mundo hispanoamericano, donde el lugar de las élites “naturales” era particularmente reducido?1 ¿En provecho de quién se llenaba el vacío que dejaba la débil presencia de la

329

aristocracia tradicional? ¿Qué papel lograron desempeñar en esa configuración social original los oficiales de la Real Hacienda? La multiplicidad de sus redes, su flexibilidad, también, y su adaptabilidad a la realidad local permiten entrever el margen de maniobra de esos individuos, cuya función de enlace entre los centros de poder político y económico y los lugares donde ejercían provechosamente ya han sido observados. Desde esa perspectiva, se trata ahora de reflexionar sobre el lugar que ocuparon los oficiales de la Real Hacienda, muy particularmente en la afirmación de los poderes locales, ante la voluntad de centralización, uniformación y reforma de la metrópoli.

FIGURA IX.1. Planta y corte del nuevo edificio de la aduana de Guadalajara, 1795; Archivo General de la Nación, Mapoteca, 4640, México.

EL PODER LOCAL Y LA ADMINISTRACIÓN DE LA REAL HACIENDA 2

En una capital como México, la fuerte concentración de los poderes, que prevalecía, si no a la escala de todo el virreinato, al menos sobre las vastas circunscripciones administrativas, disminuía la influencia de los oficiales de la Real Hacienda fuera de su propio sector de actividad. Las cosas ocurrían de manera diferente en las provincias, muy particularmente en los centros administrativos que habían sido promovidos a la categoría de capitales regionales o provinciales. En ese caso, la inexistencia de competencia con otras instancias de poder fortalecía el prestigio social de los oficiales reales. En consecuencia, el análisis del ejercicio del poder y sus beneficios se sitúa principalmente en la docena de ciudades, de importancia desigual, donde estaban instaladas las reales cajas. Como siempre, el principio fundador en la organización de los poderes administrativos, tanto a la escala local como en el plano superior del estado colonial, era el enfrentamiento entre instituciones rivales.2 Ahora bien, con excepción del caso más

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particular de Guadalajara,3 las instituciones capaces de competir eficazmente con los oficiales reales en el ejercicio del poder local eran muy limitadas. 3

En todas partes, la ciudad estaba personificada por su cabildo, al que, por lo demás, los oficiales de las reales cajas habían pertenecido de pleno derecho en el siglo XVI.4 Ese privilegio había permitido que los representantes reales que eran los oficiales de las reales cajas ejercieran un útil control sobre las instituciones urbanas; sin embargo, cuando se observó su nefasto efecto sobre los intereses reales, el derecho fue finalmente suspendido en los últimos años del siglo XVI,5 si bien ello no impidió que los oficiales reales siguieran buscando intervenir todavía en la política local de la manera más ilegal del mundo, como lo hizo el contador Manuel de Lava, quien en 1714 tenía, además de su oficio, la función de “alcalde de primer voto” en Guadalajara.6 Ahora bien, se sabe que, ante todo, los cabildos expresaban las aspiraciones de las élites locales que se habían apoderado de esos cargos mediante el subterfugio de la venalidad,7 por lo que los oficiales reales, que no habían sido contratados en el lugar, se encontraban a priori en un contexto poco favorable para lograr hacer oír su voz. Consecuentemente, la existencia de rivalidades entre los oficiales reales, que, administrativa y políticamente, eran los representantes del rey, y las aspiraciones locales, personificadas por los regidores, tan sólo parecería haber sido algo muy banal; sin embargo, el estudio de las redes ha demostrado con claridad que si acaso hubo oposición entre el poder local y los oficiales reales sólo raramente se centró en las instituciones urbanas y su dominio; cuando llegaba a manifestarse, adoptaba fundamentalmente la forma de una lucha entre redes rivales o facciones, mucho más que entre el poder local y los representantes del poder real. Para las élites locales, compuestas, aquí, de poderosos comerciantes, allá, de ricos mineros, reagrupados todos en torno al cabildo, la integración de los representantes reales podía revelarse como una ventaja decisiva en las tensiones internas de las élites locales. Esta observación incita al investigador a desplazar el ángulo de observación de las rivalidades entre las élites locales y los oficiales reales para observar el lugar de estos últimos en las redes que se enfrentaban por el control del espacio social urbano.

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En el ejercicio de sus funciones, los oficiales reales tropezaban también con otros individuos que poseían algún poder de jurisdicción, como los corregidores de las ciudades, respecto de los cuales las rivalidades de competencia eran, para unos y otros, el pretexto para la afirmación de la autoridad que poseían.8 Los representantes locales del poder central presidían el cabildo municipal y ejercían las atribuciones de policía y justicia únicamente en el marco de su circunscripción; en particular, recibían las demandas y perseguían a los criminales o delincuentes que habían sido denunciados ante ellos. En consecuencia, podían intervenir en todo tipo de asuntos, cualquiera que fuere su naturaleza, siempre y cuando el orden público pudiere parecer amenazado; sin embargo, su autoridad judicial se limitaba a menudo a delitos de poca envergadura o que sólo implicaban a personas comunes y corrientes; cuando el asunto llegaba a ser de importancia, debido tanto al tipo de delito cometido como a los individuos implicados, la audiencia correspondiente se encargaba del expediente.

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Para los oficiales reales, dotados también de un poder de jurisdicción, los gobernadores o corregidores constituían rivales en el ejercicio de su poder. En Veracruz, muy particularmente, las disputas entre esas dos jurisdicciones locales se manifestaban a la menor ocasión. La lucha contra el contrabando, la confiscación de mercaderías o, también, la persecución contra el comercio ilegal, eran los pretextos cotidianos para rivalizar, tanto más cuanto que la instrucción de esos asuntos ofrecía a menudo la

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posibilidad de una intervención muy remuneradora. Con motivo de la persecución de todos esos delitos económicos, que naturalmente correspondían a la competencia de los oficiales reales, las acusaciones recíprocas estallaban de manera sistemática, como ocurrió en el caso del alférez mayor del puerto, el general Diego Ortiz de Lagarcha, caballero de Santiago, quien en 1676 se presentó a testimoniar en contra de los oficiales reales en proceso.9 En lo concerniente a los infortunios que vivió en 1675 el oidor Juan de Gárate y Francia en Veracruz, aclaran a la vez la fuerza de las rivalidades y la dificultad para sacar de ellas alguna ventaja; en 1675, el Consejo de Indias, particularmente bien informado de la situación, dirigió una orden de comisión muy precisa a Juan de Gárate y Francia, a quien había designado para reanudar la visita que implicaba a los oficiales reales de ese puerto. Entre los puntos sobre los que llamaba su atención, le precisaba los nombres de las personas a las que debía interrogar prioritariamente, entre las cuales figuraba en un lugar principal el gobernador del puerto, Felipe de Estrada y Córdoba. Los rumores decían de éste que era un informante de primera plana y, sobre todo, que poseía varias pruebas de convicción relativas a los diferentes fraudes de que estaban acusados los oficiales reales.10 El visitador, que llegó a Veracruz a finales del mes de noviembre de 1675, se puso inmediatamente en busca del precioso testigo; sin embargo, no tuvo la posibilidad de oírlo: este último, en efecto, ¡falleció a principios de enero de 1676! Consecuentemente, Juan de Gárate y Francia tuvo que conformarse con el primogénito del difunto, Pedro de Estrada, con la esperanza de encontrar los documentos que buscaba. Aun cuando, en su deposición, este último pretendió ignorar todo de los asuntos en cuestión, confirmó claramente la existencia de pruebas inestimables: relató que, un día de 1670 o 1671, el comerciante y alférez del cabildo Nicolás de Robles había ido a hacerle una visita a su padre para pedirle su apoyo en contra de los oficiales reales. La conversación entre los dos hombres se acaloró muy rápidamente y empezaron a proferir gritos. Exasperado por la actitud poco conciliadora del gobernador, su visitante terminó por presentarle un documento de varias fojas con la esperanza de lograr su adhesión; pero, habiéndolo leído con atención, Felipe de Estrada y Córdoba decidió quemarlo de inmediato, aproximándolo a la vela que aclaraba débilmente la pieza. Contrariado, el comerciante decidió marcharse; sin embargo, amenazó a su interlocutor con las peores desgracias por su actitud, que aquél asimilaba a la cobardía. A solas con su padre, a quien encontró muy irritado, Pedro lo interrogó sobre las razones de la disputa y aquél le explicó entonces que “el dicho alférez había ydo allí a quererle hacer escudo de sus quimeras y leydole un papel con mil desatinos e imposturas contra algunos oficiales reales, especialmente contra Aramburu que ya falleció y que se había enfadado tanto con sus disparates que le hizo quemar allí luego el dicho papel”.11 6

Este testimonio, que arrojaba un velo púdico sobre las artimañas de los oficiales reales en funciones, dado que se dedicaba principalmente a un sospechoso ya fallecido, es revelador de las tensiones existentes entre los oficiales reales y los gobernadores. La conspiración, de la que Nicolás de Robles era únicamente uno de los eslabones, reagrupaba a algunas de las principales personalidades de la ciudad que, en esa ocasión, se habían reconciliado; en efecto, las dos almas del complot, Fernando de Solís y Mendoza y Diego Ortiz de Lagarcha, pudieron hacer acallar ciertos antiguos rencores nacidos de algunas “desazones”. 12 Ahora bien, la reputación de poderío y riqueza de esos hombres era tal que el propio Consejo de Indias no ignoraba nada de ellos: el primero era el castellano del fuerte de San Juan de Ulúa; en cuanto al segundo, su carrera profesional amerita ser detallada para determinar su posición en la sociedad del puerto. En cuanto militar, Diego Ortiz de Lagarcha había alcanzado el grado de almirante de la Flota de las Filipinas, donde había ejercido las

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funciones de lugarteniente del gobernador y de capitán general del puerto de Lampón. De retorno en la Nueva España, se instaló en Veracruz como vecino y se dedicó al comercio. Convertido en alférez mayor del cabildo y caballero de la orden de Santiago, obtuvo finalmente el cargo de gobernador del puerto a finales de los años de 1660 y, después, el de castellano del fuerte de San Juan de Ulúa. Una carta de Francisco de Leyva Ysasi, gobernador de Veracruz entre 1673 y 1675, traza un retrato de Diego Ortiz de Lagarcha que evoca su poderío: Su gran caudal le ha puesto un hábito de Santiago, pues sin las posesiones de casas y hacienda de ganado y esclavos, que es de lo más grueso que hay en Indias, tiene según voz pública más de un millón de pesos, sin innumerables joyas y riquezas con que está tan absoluto dueño de república y comercio que nadie vive si no quién él quiere y todo el mundo llora; los alcaldes los hace él, pues manda a los regidores; los bastimentos de las carnicerías ha muchos años que los tiene en cabeza de su compadre Juan Domingo de Villar; y las harinas y alhóndiga en cabeza de Juan Miguel de Ascue. Si alguna casa se vende en el lugar, la ha de comprar él, por lo que quisiere […] Y para que se vea que esto no es por gobernador que ha sido sino por rico y poderoso, esta cortesía tan irregular no se usa con otros ni con Chelipe de Estrada que fué gobernador.13 7

A pesar de todo, en opinión de los propios conjurados, parecía que el asunto solamente podría haber tenido un buen desenlace gracias a la participación activa en el complot del propio gobernador, eterno rival de los hombres a quienes querían perder. Ahora bien, como lo precisaba cínicamente el hijo del gobernador en ocasión de su interrogatorio, cuando Nicolás de Robles fue a hacer su visita: “[…] las relaciones mantenidas entre el gobernador del puerto y los oficiales reales eran excelentes y amistosas”. 14

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Si bien las causas de los enfrentamientos eran diferentes en las otras ciudades del virreinato, la realidad del fenómeno no estaba menos garantizada, muy particularmente en Zacatecas, en el marco de los contubernios sobre la distribución de los azogues. Con motivo de la visita que llevaba a cabo el oidor Tristán Manuel de Rivadeneyra Luna y Arellano, el antiguo corregidor de la ciudad se presentó a testimoniar en contra de los inculpados y a confirmar con precisión la práctica del mercado negro del preciado azogue: con gran detalle, describió las prácticas de que el rumor público acusaba a los oficiales de la Real Hacienda, sus subalternos y sus aliados.15 Así, sin multiplicar los ejemplos, puesto que todos van en el mismo sentido, parece ser claro que la rivalidad que mantenían esas dos clases de autoridad era una de las constantes de la vida política de las ciudades de la Nueva España; y solamente las alianzas coyunturales, dependientes de estrategias puntuales, lograban corregir un enfrentamiento que correspondía a la lógica de los poderes que tenían unos y otros.

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Por lo demás, los oficiales de la Real Hacienda no se encontraban sistemáticamente en posición de fuerza frente al corregidor. Ese representante del poder real, responsable del mantenimiento del orden público, tenía en particular bajo su mando una tropa de alguaciles que empleaba a su conveniencia. Si bien no contaba con una prisión donde internar a los acusados, ya que, antes bien, la cárcel se encontraba instalada en el mismo local que albergaba al cabildo, tenía toda la autoridad para encerrar en ella por iniciativa propia a los sospechosos, antes incluso de que hubiese sentencia alguna. 16 Los propios oficiales reales, a pesar de su autoridad en materia de justicia, solían solicitar regularmente la ayuda de ese poderoso representante real en la persecución de los contraventores; sin embargo, la colaboración sólo se llevaba a cabo si los intereses de

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unos convergían con los de los otros, lo que en realidad limitaba las posibilidades de acción de los oficiales reales. 10

Ahora bien, en el marco de las rivalidades permanentes, las ventajas de los oficiales de la Real Hacienda estaban lejos de ser insignificantes. En primer lugar, el tiempo no ejercía influencia alguna sobre la presencia de los oficiales reales a la cabeza de su oficio: mientras que el corregidor solamente ejercía sus responsabilidades durante un periodo limitado y previsto con anterioridad, el oficial real lo era a título vitalicio. 17 En segundo lugar, la desproporción de la duración en el ejercicio del poder iba acompañada de un tratamiento desigual con respecto a la autoridad superior: el corregidor estaba sujeto al juicio de residencia, verdadera indagación pública de fin del ejercicio de funciones, lo cual constituía una peligrosa práctica que colocaba al representante del rey bajo el fuego continuo de los testimonios hostiles. Por el contrario, el oficial de la Real Hacienda no estaba sujeto de ninguna manera a ese tipo de supervisión: en cuanto titular de su oficio, a pesar de todas las verificaciones previstas, muy frecuentemente tan sólo la muerte daba cuenta de su longevidad profesional, sobre la que el corregidor casi no podía influir en nada, salvo en ocasión de las visitas, que solamente se repetían de cuando en cuando y sobre todo de manera muy desigual de una real caja a otra.

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Otra ventaja de los oficiales reales en sus relaciones con los otros representantes locales del poder real de su circunscripción residía en sus atribuciones de pagadores generales. Todos los pagos de salarios o subsidios, teóricamente sujetos a una periodicidad fija, carecían de regularidad. Así, es común descubrir que, al término de sus funciones, tal o cual oficial informaba de rezagos en la percepción de sus emolumentos, que a menudo proponía que se transformaran en un don gracioso al rey. Ahora bien, los únicos que ejercían verdaderamente un real derecho de autoridad sobre los pagos eran siempre los oficiales de las reales cajas; con los pretextos más variados, siempre fáciles de explotar — deducciones extraordinarias, disminución momentánea de los ingresos de la caja, envío reciente de los fondos disponibles a la caja matriz, gastos fijos que reducían a nada los haberes disponibles, agotamiento temporal del ramo que garantizaba los salarios que se debían pagar, etcétera—, los oficiales reales retrasaban los pagos conforme a su buena voluntad. Por lo demás, es significativo el que, salvo excepción, los oficiales reales nunca sufrieran de ninguna manera de esos retrasos que, en cambio, ¡infligían a los contadores del Tribunal de Cuentas! La práctica era todavía más frecuente en el caso de los subsidios que alguien debía percibir como compensación que le había sido asignada en el marco de alguna comisión. Desde esa perspectiva, sin pretender atribuir al pago de los salarios y subsidios que percibían los corregidores un interés excesivo y anacrónico, no por ello dejaba de ser un medio de presión de los oficiales reales.18

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Una última ventaja con que contaban residía en los privilegios jurisdiccionales. El corregidor ejercía en su jurisdicción el derecho de justicia sobre todo tipo de delitos; sin embargo, el alcance de su jurisdicción se limitaba a la ciudad donde ejercía el cargo y a sus alrededores inmediatos. Fuera de esa jurisdicción, el corregidor no podía ejercer legalmente su poder; sin embargo, los documentos revelan que sus intromisiones en la competencia de la real caja eran corrientes, lo que provocaba inmediatamente las vehementes protestas de los oficiales. Los conflictos resultantes eran tanto más difíciles de resolver cuanto que la definición del delito que se debía perseguir era vaga, ya que a los delitos financieros estaban asociados a menudo otros abusos. En Veracruz, los casos de contrabando ofrecían la ocasión para las querellas jurisdiccionales; dado que tenían lugar tanto en el puerto como en las proximidades de la ciudad misma, frecuentemente

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correspondían de pleno derecho al corregidor, tanto más cuanto que frecuentemente daban lugar a la violencia; pero, puesto que estaban relacionados con un aspecto fiscal evidente, dependían asimismo de la competencia de los oficiales reales. Así, en varios asuntos de ese tipo, unos y otros se disputaron el derecho de llevar a cabo las diligencias en contra de los culpables;19 pero, incapaces de ponerse de acuerdo, invariablemente recurrieron entonces al virrey o la Audiencia de México, quienes, en todas las querellas cuyo rastro se encontró, zanjaron sistemáticamente en favor de los oficiales reales, cuyo monopolio judicial en los asuntos de ese género reafirmaron con toda claridad apoyándose en las reales cédulas. Lo anterior es una indicación del grado en que regularmente se recordaba y reconfortaba la autoridad de los oficiales reales en el marco local. 13

A pesar de las fuertes rivalidades, no era raro que las instancias opuestas al poder local llegaran a acuerdos entre sí. En Veracruz, los testimonios recogidos por el juez a principios de 1676 permiten entrever una colaboración destinada a estabilizar una situación fundamentalmente conflictiva; notablemente, confirman que las extorsiones que se imponían a los galeones que entraban a puerto se repartían entre la real caja y el gobernador;20 en Zacatecas, los contubernios sobre los azogues desembocaban en reparticiones del mismo tipo entre los diversos responsables locales.21 Consecuentemente, la repartición de las ganancias aseguraba la perpetuación de las prácticas fraudulentas con el silencio y la complicidad general de todas las autoridades locales. El pretexto para los conflictos de competencia solamente surgía con ocasión de que se pusieran en tela de juicio los acuerdos tácitos, que no por serlo dejaban de estar sólidamente implantados, y por lo general se zanjaba en favor de los oficiales reales.

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Otro rival de los oficiales reales lo constituía el equivalente rural y provincial del gobernador urbano: el alcalde mayor. Ese oficial de la justicia ejercía las mismas responsabilidades que el corregidor, pero a la escala de una circunscripción mucho más extensa y con respecto a una población sobre todo indígena. Como el corregidor, provisto del título de “capitán a guerra”, disponía de medios militares cuyo único jefe era él. Consecuentemente, la naturaleza de las relaciones que mantenían los oficiales reales con los alcaldes mayores de su circunscripción correspondía en lo esencial a la que se observó en la situación anterior, si bien se puede insistir en dos aspectos específicos.

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Después de la real cédula de 1609, los nombramientos a cargo del virrey eran lo más frecuente; en efecto, hacia 1640, el virrey de la Nueva España poseía el derecho de nombramiento sobre un total de 204 cargos, oficios o beneficios de todo género, mientras que el resto correspondía a nombramientos reales;22 sin embargo, una real cédula del 24 de mayo de 1678, que era consecuencia de un informe del 2 de marzo de 1678 en el que se denunciaban los abusos de los virreyes del Perú y la Nueva España en el marco de su derecho de nombramiento, restableció que los alcaldes mayores fuesen nombrados únicamente por el rey, al mismo tiempo que redujo provisionalmente su mandato a cuatro años; y una real cédula del 2 de octubre de 1701, en fin, restableció la duración del ejercicio de cinco años. Después de 1678, los virreyes solamente conservaron las afectaciones de interinos, así como las de 12 circunscripciones que se les reservaron con el propósito de que nombraran en ellas a sus incondicionales.23 Esos procedimientos se complementaban con la jerarquía existente entre las alcaldías, conforme a la cual tres categorías distinguían las circunscripciones según su prestigio y las ventajas que se podía esperar de ellas.24 La combinación de esos diversos aspectos —nombramiento virreinal, mandato delimitado y prestigio desigual de las afectaciones— colocaba a un buen número

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de alcaldes mayores en una posición de inferioridad con respecto a los oficiales reales. En lo concerniente a los otros, su menor prestigio en comparación con los oficiales reales no se desmentía, a pesar del nombramiento real; en ocasión de todas las ceremonias que tenían lugar en la ciudad, estos últimos, colocados al lado de las principales autoridades provinciales, precedían siempre a los alcaldes mayores. Las cuestiones de prelación a menudo fueron motivo de numerosos procesos y, algunas veces, de choques violentos, como en Puebla, en ocasión de una corrida de toros, a mediados de enero de 1699: un vivo altercado opuso a unos guardas de Juan José de Veytia Linage y unos alguaciles del alcalde mayor en un clima ya medianamente enturbiado por el establecimiento de la nueva contaduría de las alcabalas. Los testimonios recogidos en el momento de la visita insistían en la actuación particularmente agresiva del alcalde mayor, quien quiso aprovecharse de la ocasión para mostrar su superioridad, a riesgo de provocar un verdadero motín. 25 16

La subordinación de los jueces provinciales con respecto a los oficiales reales desde el punto de vista del prestigio se manifestaba también a través de sus atribuciones en lo relacionado con la Real Hacienda. Dado que eran los responsables de la recaudación del tributo en su circunscripción, debían rendir cuentas a la real caja en que depositaban los reales fondos. Posteriormente, la real caja indicaba a la contaduría de tributos y azogue el monto de las sumas que había recibido, que entonces se confrontaba con los estados de cuenta que enviaban directamente los recaudadores.26 De la misma manera, los alcaldes mayores se encargaban, directamente bajo la autoridad y en nombre de los oficiales reales, de la distribución del azogue entre los mineros de su circunscripción. 27 En las circunscripciones de las reales cajas que no disponían de factor, así como en las regiones sin real caja propia —Oaxaca y Puebla, muy particularmente—, el alcalde mayor desempeñaba esa función, lo cual lo colocaba, también en ese caso, bajo la autoridad de los otros oficiales reales. La dependencia administrativa de los alcaldes mayores se concretaba muy especialmente, en fin, en ocasión de su entrada en funciones; debían presentar a los oficiales reales de las reales cajas su título de nombramiento debidamente validado por las autoridades de México, paso previo indispensable para la percepción de su salario.28 Así, todo contribuía a colocar a los oficiales reales por encima de los jueces locales, a quienes el ejercicio de ciertas responsabilidades puntuales de Real Hacienda transformaba en subalternos.

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Con todo, sería engañoso considerar que el alcalde mayor se encontraba privado de todo recurso frente a unos oficiales reales dominantes. En su calidad de representantes directos del virrey en su circunscripción, debían rendir cuentas de sus actividades a este último sobre todo. En consecuencia, en cuanto los oficiales reales o, asimismo, todo responsable de la administración de la Real Hacienda les imponían una decisión que no les convenía, se referían inmediatamente al virrey, lo que entonces permitía a éste intervenir en los asuntos de los oficiales reales. Ése fue precisamente el encadenamiento de hechos que denunció el superintendente de las alcabalas de Puebla, Juan José de Veytia Linage, en dos informes al Consejo de Indias, en septiembre de 1711 y en diciembre de 1712, en los que denunciaba la insubordinación de los alcaldes mayores en su contra, su falta de colaboración y las intromisiones del virrey a que todo ello daba lugar. 29 Consecuentemente, preocupados sobre todo por evitar las intromisiones poco deseadas del virrey, superintendente de la Real Hacienda en su virreinato, los oficiales reales velaban más por buscar la cooperación de esos colaboradores poco dóciles.

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En el ejercicio del poder local, los oficiales reales encontraban, en fin, la presencia de ciertos responsables específicamente militares: los castellanos de los fuertes implantados

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en las ciudades donde se encontraba asentada también una real caja, es decir, en Veracruz y Acapulco. En el caso de esta última, el jefe militar era incluso el único representante real efectivamente permanente en el establecimiento, debido a que el puerto no contaba con corregidor o gobernador, y tampoco con oficiales reales, ya que estos últimos no residían en él: instalados lo más a menudo en Puebla o México, únicamente emprendían el camino del puerto ante el anuncio de la llegada próxima de los galeones.30 En esos puertos, consecuentemente, la posición del castellano estaba lejos de ser insignificante: dado que disponía de la fuerza militar, proporcionaba a las reales cajas los guardas que aseguraban la vigilancia de los desembarques de los galeones. Ahora bien, ese momento constituía siempre una de las circunstancias decisivas en el desenvolvimiento de los fraudes, lo cual quiere decir que, tanto para tratar de oponerse a ellos como para reprimirlos, los oficiales reales debían confiarse a los auxiliares militares, sobre los que no tenían una autoridad exclusiva. Así, es significativo el que, en ocasión de los interrogatorios llevados a cabo en el marco de las visitas que tuvieron lugar en Acapulco o Veracruz, los eslabones menos sólidos de todos los participantes acusados se encontraran, en primer lugar, entre los guardas afectados a la vigilancia de los desembarques de mercaderías; frecuentemente ofrecieron a los visitadores deposiciones con una copiosa información concreta y precisa, expresión de su frustración ante su reducida participación en las ganancias,31 ya que, debido a que se encontraban bajo la autoridad del guarda mayor, eran, en efecto, los parientes pobres en la repartición del botín.32 Ahora bien, una de las condiciones indispensables para el buen desenvolvimiento del mecanismo fraudulento residía claramente en su colaboración; en consecuencia, una vez a bordo de un galeón, los guardias se sentían tentados de jugar su propia carta e incluso llegaban a desobedecer a sus superiores, imponiendo extorsiones adicionales a los comerciantes. Por su parte, con el propósito de no agarrotar la maquinaria, los oficiales reales, al igual que el castellano, por lo demás, preferían tolerar esas exacciones no autorizadas por ellos, temiendo enfadar a esos pobres tipos.33 19

Los castellanos también poseían un medio de presión importante sobre los oficiales de las reales cajas a través de las plazas de soldados disponibles en sus tropas. Esas plazas, remuneradas regularmente, ofrecían una salida a los jóvenes de las poblaciones locales; en Veracruz, muy especialmente, el fuerte de San Juan de Ulúa era en particular muy solicitado. Por ello, mediante su influencia, los oficiales reales trataban de conseguir empleos para sus allegados —parientes, amigos o aliados—, con el propósito de atraerse su incondicionalidad; sin embargo, no era raro que las contrataciones por complacencia se llevasen a cabo sin el conocimiento del castellano o en contra de su voluntad, como en los ejemplos que citaron los testigos en 1676; según sus afirmaciones, el castellano no siempre disponía de los medios para oponerse a los tejemanejes de los oficiales de las reales cajas.34 Consecuentemente, parece ser que, en los casos precisos aquí evocados, por impotencia o consentimiento, antes bien que denunciar los abusos sin sacar de ellos ventaja alguna, el castellano prefirió vender su silencio.35 Sin que se puedan extrapolar conclusiones demasiado generales a partir de esa situación concreta, parece ser, no obstante, que los oficiales reales disponían de argumentos convincentes para imponer sus puntos de vista a los responsables militares; y, para estos últimos, lo mejor consistía también en la participación en las diversas manipulaciones que les proponían, ya que, de no ser así, se limitaban a ser espectadores malhumorados de unos abusos que realmente no podían impedir y de los que no se beneficiaban.

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A la inversa, un castellano preocupado por hacer rentables sus funciones dependía en gran medida del apoyo y la connivencia de los oficiales reales. Las concesiones de éstos no solamente le permitían participar en el sistema de deducciones establecido sino que, además, le permitían poner en funcionamiento en su fuerte una verdadera tienda de raya a expensas de los soldados: el aprovisionamiento del fuerte se llevaba a cabo en gran medida a través de los intermediarios comerciales locales, que generalmente eran los mismos que los de los oficiales reales; de esa manera, podía arrancar con toda impunidad buena parte de sus magras soldadas a los hombres de la tropa.36 Bajo esa luz, entonces, las relaciones que anudaban los castellanos y los oficiales reales, independientemente de que existiera cierta sumisión de los primeros con respecto a los segundos, parecen haber sido más complementarias que conflictivas; debido a que unos y otros se encontraban en ámbitos de autoridad de naturaleza distinta, no podían enfrentarse verdaderamente, salvo con motivo de las invasiones de unos del dominio de los otros; además, dado que cada uno de ellos disponía de una verdadera autonomía en su ámbito de competencia, sus intereses podían ser a menudo más convergentes que opuestos.37

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En la esfera local y regional, consecuentemente, los oficiales reales se encontraban con claridad en posición de fuerza. Sus numerosas ventajas les permitían ejercer una influencia que desbordaba ampliamente sus atribuciones estrictas; lo cual era cierto, para empezar, en las regiones donde ninguna otra administración con jurisdicción provincial podía interferir en sus actos. En ese sentido, la situación de Acapulco, Pachuca, San Luis Potosí, Guanajuato, Sombrerete, Bolaños e incluso Zacatecas correspondía, con unas cuantas variantes locales, al modelo que esbozó el visitador José Joaquín Uribe y Castexón a propósito de la Veracruz de comienzos del siglo XVIII: Considerando que por el grán poder de los oficiales reales de Veracruz y por la corta vecindad de que se compone aquella ciudad y principalmente porque los más de sus vecinos y habitadores como negociantes viven con una total dependencia de dichos oficiales reales por su continua negociación y por los intereses que de el manejo de sus oficios penden en que allí son más despóticos y más absolutos por ser dueños de aquel puerto y tenerles entregadas S. M. las llaves de él para todo lo que mira a los intereses de su Real Hacienda.38

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Más allá del estricto marco local y regional en que ejercían una autoridad que superaba ampliamente la de sus atribuciones estrictas, los oficiales reales pesaban también sobre el escalón administrativo superior. En las provincias periféricas de la Nueva España, los oficiales reales se codeaban con una categoría prestigiosa de oficiales provinciales: los gobernadores. Las circunscripciones de estos últimos constituían vastas provincias alejadas del centro administrativo colonial y confiadas a un representante del poder central. Si bien es cierto que el gobernador poseía fundamentalmente una competencia de carácter militar, que, por lo demás, le valía el título de capitán general, no por ello dejaba de ejercer cierta autoridad sobre el funcionamiento de la administración de su provincia; en el caso de la Nueva Vizcaya, además, tenía autoridad sobre el poder judicial regional, debido a que también era el presidente de la Audiencia. Ahora bien, aun cuando esos oficiales generales no tenían atribuciones fiscales en particular, regularmente se veían tentados de supervisar de una manera más o menos directa las maniobras de los oficiales reales en sus circunscripciones —lo cual ocurría más frecuentemente cuando la sede de la real caja coincidía con la de la capital del gobernador—;39 los conflictos de competencia surgían inevitablemente, multiplicando los recursos a las autoridades de México. Frente a los poderosos y prestigiosos gobernadores, los recursos de que disponían los oficiales reales eran muy limitados. El más eficaz era la denuncia, gracias a su acceso directo al

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virrey, superintendente de la Real Hacienda, y sobre todo, si era necesario, al propio Consejo de Indias, a través de la “vía reservada”. Muy frecuentemente, entonces, aunque muchos meses después del envío del informe en el que denunciaban la intervención externa en su ámbito reservado, el Consejo se contentaba con recordar la independencia de los oficiales reales, si bien, entretanto, el gobernador había tenido toda la tranquilidad para imponer su punto de vista. 23

También es necesario precisar que los recursos al Consejo de Indias no se veían coronados automáticamente por el buen éxito; los infortunios del tesorero interino de Mérida en puesto en Campeche, José de Echave, son una buena ilustración de ello. En dos cartas, del 31 de agosto y del 1o de septiembre de 1705, acusó al gobernador interino de Yucatán, Álvaro de Ribaguda Enzia y Luxando, de paralizar su actuación en el momento de la confiscación de mercaderías no registradas; mediante una intervención muy interesada, eximía a unos y agobiaba a otros, conforme a su buena voluntad.40 Preocupado por dejar en claro su celo al servicio de los intereses reales, el tesorero comunicó al Consejo de Indias su impotencia ante la amplitud del fraude sobre los impuestos reales que se debían pagar por las mercaderías que entraban en ese puerto. En junio de 1704, sin aguardar órdenes, impuso por sí mismo un sensible aumento de los impuestos, muy particularmente los que pesaban sobre ciertas mercaderías, entre ellas, los patíes, sacos de tela burda que servían para guardar el cacao. La decisión fue considerada intempestiva y provocó la indignación del gobernador provincial, quien se opuso fuertemente a ella y obligó al oficial real a recurrir al Consejo de Indias. Este último pronunció su resolución en abril de 1706: como lo había recomendado su fiscal, condenó las maniobras individuales del oficial real, ordenándole contentarse con recaudar los impuestos establecidos por ley y recordándole que no estaba calificado para tomar tales medidas; pero eso no fue todo: sospechando manifiestamente que el tesorero extorsionaba al comercio local, exhortó al gobernador a llevar a cabo una visita y a vigilarlo de cerca. 41 Poco importa saber que la decisión en ese caso fue consecuencia de una carta enviada por el maestre de galeón Juan Bautista Cárraga en la que denunciaba tanto las prácticas del oficial real como las del gobernador; en cambio, lo que resulta interesante es hacer notar, con base en ese testimonio equilibrado y preciso, que los dos representantes del rey en ese puerto rivalizaban para asegurarse su dominio, de tal suerte que se las arreglaban para llevar a cabo juntos la visita de los galeones después del arribo de éstos al puerto; sin embargo, como lo subrayaba ese valioso testigo, la presencia eclipsada del gobernador de Yucatán dejaba de hecho la plaza libre a su rival: estimaba en al menos 30 000 pesos las ganancias que el tesorero interino y guarda mayor del puerto había obtenido en unos cuantos meses. Consecuentemente, lo que hay que poner de relieve en este caso es precisamente el apoyo que se ofrecía a un oficial que no tenía una verdadera competencia en el ámbito de que se trataba y que buscaba imponerse en él. En ello, el Consejo de Indias iba totalmente en contra de las decisiones que por lo general se tomaban en ese tipo de conflictos, en los que primaba la jurisdicción autónoma de la administración de la Real Hacienda; por lo tanto, en lo que respecta al resultado del arbitraje, quizá sea necesario tomar en consideración el hecho de que la víctima de la denuncia del oficial real haya sido el gobernador de la provincia; a la vista de lo que con toda claridad constituyó una infracción a la afirmación de la competencia privativa de los oficiales reales, parece ser entonces que la decisión real significaba que, en las provincias alejadas, la autoridad del gobernador se imponía a todos, comprendidos los oficiales reales.

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Las dificultades de los oficiales reales para imponer su autonomía aumentaban todavía más cuando, como en Guadalajara, el gobernador tenía entre sus manos la palanca de la audiencia; a partir de una denuncia, utilizaba el derecho de visita sobre los malos manejos de los oficiales locales, designando al responsable de la instrucción, cuando no se encargaba de ella él mismo. Así fue como, en el asunto que implicaba a los oficiales reales de la real caja de Guadalajara en 1678, el presidente de la Audiencia, Alonso de Cevallos, llevó a cabo su visita con gran determinación y colocó a los oficiales reales en una situación delicada: actitud que evocaba, según estos últimos, más un ajuste de cuentas de parte de un clan rival al que pertenecia el gobernador que un verdadero episodio judicial. 42 La posibilidad de los oficiales reales de librarse de esa difícil situación dependía entonces totalmente de los apoyos que se revelasen capaces de movilizar en su propio favor. Su capacidad defensiva era entonces una función mucho menos de su propio poder que de su integración en las redes de poder y de la capacidad de estas últimas para responder a las agresiones externas. En el caso de los oficiales reales Pedro de Maynar y Paniagua y Bartolomé de Llerena Ayala, la red constituida en torno al presidente de la Audiencia de Guadalajara, Alonso de Cevallos, les permitía únicamente un reducido margen de maniobra; de una manera o de otra, todos los que intervinieron en el asunto pertenecían a su clientela, por lo que sus intervenciones fueron sistemáticamente en contra de ellos.43 Sin duda alguna, no es posible sacar conclusiones generales, basándose en ese único ejemplo, para el caso de todos los oficiales que durante más de un siglo dirigieron la real caja de Guadalajara; sin embargo, en el contexto particular que constituía la ciudad de Guadalajara, no parece que unos oficiales reales solos pudieran contrarrestar la influencia de unos responsables mucho más poderosos y prestigiosos que ellos mismos.44 Consecuentemente, el investigador se ve tentado a llegar a la conclusión, al menos en el marco tapatío, de que la participación de los oficiales reales en la lucha por el poder local se limitaba a la función de simples intermediarios de personajes más poderosos. La única posibilidad que tenían de pesar verdaderamente sobre la vida local era que estuvieran integrados en estructuras mucho más vastas que las que les habría podido permitir construir únicamente su prestigio, lo cual era una situación característica de una capital política en la que rivalizaban diversos poderes de naturaleza diferente y, también, la confirmación de que, debido a la concentración de las instituciones de autoridad, México y Guadalajara eran claramente las dos únicas ciudades de la Nueva España donde la vida social se organizaba de manera primordial en torno a los hombres del poder. En las otras, trátese de la rica y poderosa Zacatecas, o de Guanajuato, que más adelante llegó al escenario del poder económico, la inexistencia de verdaderos poderes políticos con una amplia influencia ofrecía espacios de libertad a las ambiciones locales de los oficiales reales; y lo más ventajoso para ellos era que las poderosas élites mineras de esas ciudades no habrían podido privarse sin dificultades del apoyo que les ofrecían los propios oficiales reales, como lo confirman las redes relacionales que estos últimos tejieron en esas ciudades.

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En el contexto de la administración local, los oficiales reales pudieron tallarse a menudo un lugar de calidad en la jerarquía de los poderes. Basándose en su estabilidad y en su prestigio real, en el reconocimiento de su autonomía y en sus extensas atribuciones jurisdiccionales, que defendían ferozmente, lograron desempeñar un papel decisivo en la vida local. Solamente la presencia de agentes reales de mayor jerarquía podía contrarrestar sus ambiciones; lo cual no quiere decir que, finalmente, a la escala del virreinato, esas situaciones no hayan sido la excepción; muy frecuentemente, los oficiales

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reales lograban reafirmar su influencia y autoridad, en nombre, precisamente, de su autonomía administrativa y jurisdiccional.

LA IMPOTENCIA DEL PODER CENTRAL 26

Frente al prestigio, autoridad y autonomía de los oficiales reales en su circunscripción, ¿cuál podía ser la actitud del poder colonial? Sería falso pensar que las autoridades aceptaban sin reticencias la afirmación local de unos oficiales cuyas importantes responsabilidades imponían, en opinión de aquéllas, una fidelidad absoluta. En el primer momento, en realidad, la principal preocupación de las autoridades españolas fue erigir un conjunto de prohibiciones en torno a los oficiales reales; por lo que, con el paso del tiempo, se constituyó contra ellos una legislación extremadamente restrictiva en muchos aspectos.

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Las restricciones se aplicaban muy particularmente a las cuestiones del matrimonio de los oficiales reales y sus parientes próximos. El dominio estricto de dichas cuestiones mediante una reglamentación precisa fue una preocupación fundamental de las autoridades metropolitanas a todo lo largo del periodo colonial y, a pesar de que su aplicación era de lo más aleatoria, no por eso se insistía en ella con menos regularidad. Las limitaciones también se imponían sobre los bienes personales de los oficiales reales, aun cuando con una eficacia igualmente incierta, puesto que el recurso a los testaferros o a los parientes y asociados a quienes los oficiales de la Real Hacienda confiaban sus bienes les permitía evadir eficazmente la ley. Ahora bien, a pesar de su importancia, las cuestiones matrimoniales y patrimoniales estuvieron lejos de agotar todos los aspectos del arsenal reglamentario que se imponía a los oficiales de la Real Hacienda.

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La preocupación por la reglamentación se relacionaba asimismo con los deberes que contraía todo oficial real al aceptar ese tipo de oficio. Independientemente de las obligaciones de su trabajo —horario, teneduría de libros, envío de las cuentas a los superiores jerárquicos, etcétera—, el oficial real únicamente debía ejercer su oficio. Para empezar, le estaba prohibido aceptar otras ocupaciones, fueran las que fueren, incluso por nombramiento del virrey; por lo tanto, le estaban prohibidas las comisiones fuera de su sector de actividad y de su circunscripción. Tampoco podía ocupar un cargo de regidor, aun cuando fuese propietario del oficio, debido a que el acceso al cabildo le estaba formalmente prohibido. De igual manera, tampoco podía aceptar afectación temporal alguna, como la de interino, en particular, cualquiera que fuere el tipo de responsabilidad. 45 Si, no obstante, deseaba poder recuperar la libertad de dedicarse a otras actividades administrativas, debía dimitir, lo cual imponía al Tribunal de Cuentas la realización de un balance de su actuación, verificando todas las cuentas concernientes a su periodo de actividad. Todas las diversas prohibiciones buscaban separar a los oficiales reales del resto del aparato administrativo, con el propósito, al mismo tiempo, de evitar también una plaga característica de la administración del Antiguo Régimen: la acumulación de cargos o, más bien, de responsabilidades. En el mismo orden de ideas, con el propósito de impedir toda concentración de los poderes locales en manos de un mismo individuo, el oficial real tampoco podía aceptar el título de lugarteniente de otro oficial, ya se tratase de gobernadores, corregidores o alcaldes mayores. Las numerosas prohibiciones eran aplicables no únicamente a los oficiales en funciones sino también a sus allegados y dependientes y, según afirmaba el fiscal del Consejo de Indias en 1739, a todos los oficiales subalternos.46

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Las reglas administrativas eran antiguas —en una gran mayoría de los casos, su proclamación se remontaba al siglo XVI—,47 aun cuando seguían estando teóricamente en vigor, como lo recordaba en ocasiones el Tribunal de Cuentas; en mayo de 1726, los contadores de esa institución protestaron en contra de un nombramiento decidido por el virrey marqués de Casafuerte. Este último, en efecto, había designado a Francisco Antonio Pérez de Albeniz, tesorero de la real caja de San Luis Potosí desde marzo de 1722, 48 para llevar a cabo la residencia del alcalde mayor saliente, antes de nombrarlo como interino en ese mismo cargo.49 Ahora bien, en virtud de las normas en vigor, Pérez de Albeniz debió de haber dimitido de sus funciones, por lo que el Tribunal de Cuentas recordó al virrey lo relacionado con la separación de las responsabilidades, tanto más importante en ese caso cuanto que la real caja de San Luis Potosí incluía en su jurisdicción la provincia de Zelaya, a la que Francisco Antonio Pérez de Albeniz había sido afectado temporalmente. Ahora bien, la respuesta del fiscal de la Audiencia, a quien se recurrió para que resolviera sobre la reclamación del Tribunal de Cuentas, muestra los obstáculos que encontraba en su camino el respeto de las prohibiciones: “Es muy diverso el que el juez pesquisidor suceda en fuerza de su comisión a aquel a quién sindica1 que el que por causa de título distinto de su comisión suceda en el mismo oficio”. 50

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Indiscutiblemente, el fiscal pasaba por alto las reglas específicas de la administración de la Real Hacienda, que no autorizaban esas confusiones, como se quejaron los contadores, por lo que, a pesar de la opinión del fiscal, Francisco Antonio Pérez de Albeniz se vio obligado a dimitir de su cargo en la Real Hacienda para ejercer el de alcalde mayor. Finalmente, lo que puso un término definitivo a ese breve intercambio de argumentaciones jurídicas entre los dos tribunales superiores de México fue el repentino fallecimiento del nuevo alcalde mayor, en septiembre de 1726, 51 si bien el episodio no deja de ilustrar las dificultades para mantener viva la legislación plurisecular, cuya aplicación, a menudo variable en el tiempo y el espacio, servía frecuentemente como jurisprudencia.

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Con el tiempo, consecuentemente, el respeto de las múltiples prohibiciones que pesaban sobre los oficiales reales había llegado a ser cada vez más difícil y aleatorio, lo que pone de manifiesto la impotencia del Estado colonial para imponer una visión clara de su propia legislación. La confusión que reinaba con respecto a las normas y reglas en vigor nacía de la propensión a querer reglamentar todo. Ahora bien, a pesar de la redacción de la Recopilación de leyes de los reynos de Indias, no era raro que una nueva real cédula entrara en contradicción con un texto más antiguo, lo cual era tanto más fácil cuanto que el propio Consejo de Indias no era un modelo de rigor. De esa manera, en 1682, el fiscal de la venerable institución debió confesar su incapacidad para encontrar el rastro de una real cédula, posterior a 1629, en la que se confirmaba claramente a los oficiales de la Real Hacienda el privilegio de llevar el título de juez.52 La situación sólo logró aclararse en el transcurso del siglo XVIII con la creación de los servicios responsables de los archivos, 53 aun cuando ello no impidió las discusiones sin fin para adoptar la decisión que se imponía jurídicamente.

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Los debates, que jamás concluyeron definitivamente, ocupaban una parte nada desdeñable de la energía de todos. En el seno de la administración de la Real Hacienda, el ejemplo tipo de esas querellas interminables resultantes de decisiones sucesivas y contradictorias se encontraba en la cuestión sobre cómo se debían llevar a cabo los pagos de la real caja de México. Entre 1680 y 1740, los oficiales reales, el Tribunal de Cuentas y los virreyes multiplicaron las observaciones, peticiones, llamados al orden, informes y denuncias, bajo la lejana autoridad del Consejo de Indias, con el propósito de precisar las

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normas que se debía seguir en ese procedimiento fundamental. Ahora bien, es particularmente significativo hacer notar, a pesar de la importancia determinante del tema, las contradictorias decisiones a que dio lugar. En 1686, el virrey recordaba a los oficiales reales su preeminencia absoluta en ese terreno, precisando incluso que, en caso de incumplimiento de esa regla intangible, se les impondrían severas sanciones. 54 Las protestas de los oficiales llevaron al Consejo de Indias a intervenir a su vez en el debate; mediante una real cédula del 30 de mayo de 1691, les recordó la norma administrativa que los oficiales de la Real Hacienda de México querían ver abolida en particular, precisando: “Que los oficiales reales de México no puedan pagar cualquier libranza sobre la caxa real sin el previo permiso del virrey”;55 no obstante, menos de 10 años más tarde, en otra real cédula, del 22 de abril de 1700, se promulgó exactamente lo inverso, ya que en ella se ordenaba que “se paguen las libranzas sin tener el visto bueno del virrey”. 56 Si bien es cierto que la nueva medida pronto fue revocada a su vez para reintroducir la práctica antigua, ese vaivén legislativo demuestra la confusión reinante y, por lo tanto, permite comprender mejor el tono particularmente virulento que adoptó el debate cuando, en el marco de las visitas realizadas a la real caja de México, fueron descubiertos los abusos que esas postergaciones habían favorecido. 33

La existencia de varios centros de supervisión rivales —el Tribunal de Cuentas, la Audiencia de México y el virrey, a los que se agregaban puntualmente los visitadores— favorecía el desenvolvimiento de esas prolongadas pendencias. Éstas se relacionaban tanto con las normas que era necesario imponer como con la interpretación de los textos existentes. Tal situación, concebida en un principio como una garantía para los intereses reales, se volvía en contra de éstos en la práctica cotidiana; aseguraba a los oficiales reales y, además, a toda persona que se sintiera hostigada por un delito financiero, un margen de maniobra considerable, ya que permanentemente ofrecía la posibilidad de valerse de tal instancia en contra de su rival. Baste con analizar la habilidad procedimental con que los oficiales reales sabían hacer valer sus intereses para convencerse de ello; sistemáticamente se dedicaban a paralizar las indagaciones iniciadas, denunciando ante instancias superiores lo que ellos calificaban siempre de intervención, abuso, exceso o violación intolerable de sus atribuciones privativas en su jurisdicción. En sus alegatos nunca se defendían sobre el fondo del asunto, la realidad de éste o, ni siquiera, su importancia, sino exclusivamente sobre la forma que había adoptado la instrucción. Y era muy raro no encontrar entonces una institución complaciente que retrasara el expediente, cuando no lo enterraba.

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No se trata en esta obra de estudiar con detalle esas justas jurídicas cuya abundancia solamente era igualada por su monotonía. Baste con esbozar una tipología de los principales argumentos que invocaban los acusados para justificar la intervención que reclamaban. El argumento que con mayor frecuencia ponían por delante era el de la “justicia privativa”; en nombre del derecho de jurisdicción vinculado a la función que ejercían, exigían ante un responsable de la administración de la Real Hacienda —el Tribunal de Cuentas o el virrey—, incluso ante el propio Consejo de Indias, el recuerdo y respeto de sus prerrogativas. Una segunda objeción se basaba en la denuncia de la violencia injustificada que ejercía aquel a quien se acusaba del abuso y que sufrían personalmente tanto el quejoso como sus allegados. El arsenal de medios que denunciaban era de lo más variado e iba del embargo de bienes del sospechoso o sus fiadores, seguido rápidamente por su venta, al encarcelamiento, pasando por la extorsión de confesiones o, también, el destierro temporal. Un tercer argumento tenía por objeto

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invalidar a los testigos de cargo, a los que el inculpado presentaba sistemáticamente como sus enemigos feroces, preocupados, ante todo, por ajustar cuentas personales con él, razonamiento que adquiría toda su eficacia cuando el inculpado proclamaba que su preocupación por la defensa de los intereses reales en el ejercicio de su cargo era la causa de la multiplicación de ese tipo de testigos. Otra demostración complementaria consistía en presentar al responsable de la visita como juez y parte; se insistía entonces en el hecho de que, con anterioridad al proceso en curso, ¡el sospechoso se había visto llevado, en el ejercicio de sus responsabilidades, a interferir en las actividades equívocas del rival demasiado apremiante! ¡Una eficaz manera de descalificar a un adversario demasiado diligente o demasiado curioso! 35

Se sabe que el Tribunal de Cuentas era sin duda alguna el más pendenciero en ese terreno, lo que le atraía los rayos y centellas de los otros responsables administrativos; sin embargo, sería erróneo creer que era el único depositario de esas prácticas de obstrucción; a todo lo largo del periodo estudiado se pudo observar lo mucho que todos, de los oficiales reales a los virreyes, recurrieron a ellas con delectación; las virulentas reclamaciones que presentó el superintendente responsable de la administración de las alcabalas de Puebla en contra del virrey y la Audiencia de México a finales del siglo XVII son solamente una de las innumerables ilustraciones de ello.

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Se conoce lo mucho que el establecimiento en Puebla de la nueva superintendencia real para administrar las alcabalas indispuso de inmediato a la población. Independientemente de la fuerte presión que se ejerció sobre el superintendente, los rebeldes se preocuparon de manera paralela por organizar una réplica más jurídica. A partir de enero de 1698, un regidor de la ciudad, Miguel Vásquez Mellado, sometió al superintendente una memoria que contenía los argumentos de la ciudad en contra de la reforma; y, probablemente convencido por adelantado de las respuestas que le proporcionaría Juan José de Veytia Linage, simultáneamente refirió el asunto tanto a la Audiencia de México como al virrey. El resultado fue inmediato: aun cuando correspondía a la competencia propia del superintendente, se decidió que sería abordado en el marco del Real Acuerdo. Los meses pasaban y la resolución no llegaba; en octubre, finalmente, el Real Acuerdo decidió ¡no decidir nada! Ante la amenaza de que su misión pudiera abortar cuando apenas había comenzado a adquirir vida y a pesar de las demoras de las que nada ignoraba, Juan José de Veytia Linage se decidió a echar mano del último recurso que le quedaba: el Consejo de Indias; sin embargo, el recurso a Madrid no hizo sino alejar la solución al problema, puesto que, a su vez, el campo adversario había recurrido inmediatamente a la misma instancia. Durante varios años, la disputa alcanzó una gran violencia y solamente fue en los primeros años del siglo XVIII cuando Juan José de Veytia Linage logró hacer prevalecer sus puntos de vista, si bien el funcionamiento de su administración había sido profundamente trastornado durante ese largo lapso de tiempo debido a las intempestivas intervenciones en el ámbito de su competencia, por lo que las querellas de que su administración había sido objeto tuvieron como desenlace, sobre todo, una menor defensa de los intereses reales.

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En realidad, la mejor manera de inmovilizar el aparato administrativo eran las apelaciones sistemáticas ante toda decisión que modificara, aun cuando fuese muy poco, las reglas de funcionamiento habitual. Las apelaciones se sumaban a la clara conciencia de que la realidad local no podía reducirse a una aprehensión demasiado lejana y general de las situaciones: a los ojos de todo oficial que ejerciera en América, independientemente de su lugar de nacimiento, era muy claro que existía una verdadera especificidad local que

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no se podía dejar de tomar en consideración sin riesgos; consecuentemente, toda decisión era siempre objeto de apelación, de observación respetuosa, incluso de petición de abrogación. Ésa era precisamente la actitud de los virreyes con respecto a las órdenes que recibían del Consejo de Indias, la del Tribunal de Cuentas, en el caso de las que le dirigían el virrey o el Consejo de Indias, y la de los oficiales reales, en el caso de las instrucciones que recibían de todos sus superiores. Toda resolución, aun la más irrevocable, se ponía regularmente en tela de juicio en su aplicación concreta: la difícil introducción del impuesto de “unión de armas” a partir de 1629 es una ilustración perfecta de ello; 57 mucho tiempo más adelante todavía, los proyectos de reforma del Tribunal de Cuentas corrieron finalmente con la misma suerte;58 y, de manera más general, en fin, el conjunto de proyectos reformadores de la segunda mitad del siglo XVIII se redujo progresivamente a poca cosa debido a los numerosos retrocesos que le fueron impuestos. 59 En realidad, lo esencial de las estructuras del sistema burocrático creado en el siglo XVI no fue modificado nunca ni radical ni profundamente, ni siquiera con el cambio de dinastía. 60 De esa manera, la administración española en América permaneció sometida siempre a diversas presiones contradictorias a todo lo largo del periodo colonial. Como concluye John L. Phelan en su estudio sobre la burocracia quiteña del siglo XVII, los oficiales de la administración colonial terminaban siempre por desempeñar la función de intermediarios entre el poder metropolitano y los intereses locales, por lo que siempre estaban en busca de un equilibrio inestable entre los principios de autoridad y la realidad, la cual imponía la flexibilidad.61 38

Desde luego, se puede considerar que el recurso permanente a la especificidad local reflejaba la preocupación por la defensa de los intereses particulares con que se identificaban los oficiales reales criollos; pero es probable que esa visión sea demasiado incompleta y esquemática, ya que de una manera demasiado sistemática se adapta a la percepción que se tenía de ello en la metrópoli; muy en particular, no sería posible aplicarla a la administración de la Real Hacienda colonial, en la que los oficiales reales metropolitanos siempre fueron ampliamente mayoritarios; y tampoco basta para explicar el relativo fracaso del proyecto reformador de la segunda mitad del siglo XVIII, dado que el peso de los criollos en dicho aparato administrativo era cada vez más reducido. En realidad, lo que alentaba a los oficiales reales, nacidos mayoritariamente en la metrópoli pero integrados al mundo americano, a poner en tela de juicio tal o cual decisión aplicable a la administración de la Real Hacienda era, antes bien, el conocimiento íntimo de la realidad local. Dicho en otras palabras, el principal desacuerdo entre los oficiales de la administración real se establecía, ante todo, entre los practicantes de la realidad americana y los que, desde España, sólo poseían una visión parcial, deformada y necesariamente desfasada de dicha realidad; pero eso no es todo: en el caso de los oficiales de la Real Hacienda, de orígenes sociales frecuentemente mediocres, la preocupación por hacer valer la especificidad de la realidad a que debían enfrentarse día tras día reflejaba también un sentimiento profundo, aunque no abiertamente consciente ni expresado: el reconocimiento de un mundo que les había permitido una verdadera afirmación social.

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LA AFIRMACIÓN SOCIAL DE LOS OFICIALES DE LA REAL HACIENDA 39

La posición del grupo en la sociedad colonial contribuyó a su afirmación socioprofesional, no tanto mediante promociones obtenidas en el ejercicio de su oficio cuanto, mucho más, mediante el reconocimiento social de que gozaban. Dado que participaban del poderío real de que estaban investidos, ellos mismos disponían en ocasiones de bienes personales o familiares, por lo que la doble imagen con que se engalanaban los oficiales de la Real Hacienda de la Nueva España —poder y riqueza— les abría el acceso al mundo de las élites, asegurándoles al mismo tiempo el ascenso y la integración sociales. Consecuentemente, con base en el análisis de los patrimonios y de la estabilización familiar que buscaban los oficiales de la Real Hacienda, de lo que ahora se trata es de mensurar el éxito de éstos en función de ese doble objetivo; además, la reflexión deberá permitirnos establecer el lugar y la función que el mundo colonial reservaba a esos oficiales reales.

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El estudio de la riqueza de que disponían los oficiales de la Real Hacienda se hace posible a partir de los documentos notariales.62 En ese terreno, el testamento ofrece un excelente punto de partida; el balance, por lo general definitivo, que ofrece de la situación de un individuo hace posible la elaboración de un marco de interpretación que abre la puerta a cierta cuantificación y, sobre todo, a posibles comparaciones. En esa fuente documental primordial, los contratos dotales firmados entre el oficial de la Real Hacienda y los padres de su esposa permiten, muy particularmente, establecer una comparación entre la situación socioeconómica de los cónyuges; tanto más cuanto que, a la dote que aportaba la esposa, se sumaban las arras que entregaba el oficial real a su futura cónyuge. Ese gesto de respeto y reconocimiento de la virginidad de su prometida era también en ocasiones el signo o la expresión de un fuerte sentimiento amoroso; sin embargo, estaba fuertemente condicionado por la situación material del oficial, de la que es un buen revelador. 63 Así, gracias a la confrontación de las dotes y los testamentos, se hace posible reconstituir la evolución patrimonial de una célula familiar durante su vida en común.64

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Si bien las dotes y los testamentos fueron las herramientas fundamentales para examinar la situación socioeconómica de los oficiales de la Real Hacienda de la Nueva España, también se pudo recurrir puntualmente a otros documentos más dispersos pero no menos valiosos: las actas de compra o venta de bienes llevadas a cabo por los oficiales o en su nombre, los contratos de alquiler o de arrendamiento de propiedades urbanas o rurales y los inventarios de bienes de los oficiales de la Real Hacienda, ya sea en ocasión de un embargo impuesto por una decisión judicial, ya sea después del fallecimiento. En ocasiones, estos últimos documentos se reducen a simples evaluaciones referentes a algunos aspectos de la fortuna, especie de instantánea de una situación a menudo más compleja; sin embargo, no dejan de proporcionar complementos de la información de los contratos dotales y los testamentos y, de manera más general, de las indicaciones sobre el orden de magnitud del patrimonio. Globalmente, entonces, es posible extender el análisis a cerca de un centenar de situaciones patrimoniales, esto es, la tercera parte del cuerpo de oficiales, con el propósito de descubrir los orígenes, la estructura y la transmisión de su patrimonio.65

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Con todo, el corpus presenta obstáculos que hacen delicado intentar un enfoque global y sistemático. En efecto, únicamente se dispone de una cincuentena de testamentos de oficiales de la Real Hacienda correspondientes al periodo de 1660 a 1780 —esto es, un

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testamento por cada seis oficiales—, otras tantas instantáneas y unos 60 contratos dotales, proporción demasiado reducida que impide cualquier generalización excesiva a la escala de todo el cuerpo de oficiales; por lo demás, la parte de información verdaderamente serial que ofrece la documentación, extremadamente individualizada, reflejo de otras tantas situaciones particulares y personales, es muy desigual; en efecto, los testamentos encontrados se caracterizan por su enorme variabilidad en la precisión de los datos proporcionados,66 ya que era frecuente que un testador enumerara la composición de su fortuna sin preocuparse por ofrecer una estimación precisa de ella; sin embargo, lo más molesto resulta ser la frecuente práctica de la referencia a otros documentos personales, muy a menudo escritos de puño y letra del testador, que recapitulaban el conjunto de créditos y deudas de que daban testimonio; y también era frecuente, en fin, la referencia a otra acta notarial sobre la que no se proporcionaba precisión alguna que hubiese permitido encontrarla.67 43

La heterogeneidad y escasez cuantitativa de las fuentes documentales testamentarias utilizadas se atenúan gracias a su origen geográfico, de una fuerte concentración: corresponden exclusivamente a tres centros administrativos —México, Zacatecas y Guanajuato— y, en cada uno de los casos, representan una parte significativa de los oficiales reales que ejercieron en esos lugares. En Zacatecas, los testamentos encontrados corresponden a cerca de dos terceras partes de los oficiales reales titulares entre 1660 y 1780. En México, aun cuando la proporción es menor debido a la concentración de las instituciones de la Real Hacienda en la ciudad, constituidas por el Tribunal de Cuentas, la real caja y los centros de recaudación especializados, los testamentos aprovechados en ese caso representan 13 % de los contadores del Tribunal de Cuentas y la tercera parte de los oficiales de las otras instituciones de la Real Hacienda; además, al agregar a ellos los otros documentos encontrados, se logra abarcar la situación patrimonial de 40 % de los oficiales de la Real Hacienda de la ciudad. En Guanajuato, en fin, fue posible encontrar la mitad de los testamentos de la quincena de oficiales reales identificados en el caso de esa real caja. Todo lo anterior quiere decir que el corpus así constituido ofrece una verdadera representatividad de los centros urbanos correspondientes a tres situaciones significativas de la Nueva España: México, capital administrativa y comercial, y Zacatecas y Guanajuato, principales centros mineros de la Nueva España en el siglo XVIII; esas ciudades representan, cada una de manera particular, centros vitales de la administración de la Real Hacienda colonial en regiones económicamente importantes. Al añadir a lo anterior las indicaciones puntuales recolectadas en el caso de los demás centros administrativos, se dispone entonces de puntos de comparación satisfactorios. En lo que respecta a la imprecisión de los datos calculados, felizmente se ve compensada a menudo por las anotaciones personales del testador, que ofrecía su propia evaluación de su situación económica y financiera.68

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A partir del marco de interpretación de los testamentos, que combina tres variables, se buscó determinar en primer lugar el origen del patrimonio: los haberes personales del testador, los bienes que no poseía personalmente pero cuya administración era responsabilidad del oficial y, en fin, las cargas que pesaban sobre el patrimonio. Los haberes personales se refieren al conjunto de bienes de que disponía personalmente el oficial; se trata, por ende, tanto de bienes heredados de sus ascendientes como de bienes adquiridos en su propio nombre en el transcurso de su vida. Los bienes que administraba el oficial de la Real Hacienda eran, en primer lugar, la dote de la esposa; en segundo lugar, también podían ser los bienes tanto de los hijos menores nacidos de un primer

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matrimonio como los de los parientes de quienes el oficial había sido designado como tutor —las hermanas solteras, lo más a menudo—, y, en tercer lugar, en fin, a veces eran los de los colaboradores, allegados o amigos que habían designado al oficial como administrador de sus bienes en el marco de su propia ejecución testamentaria. La última variable mide esencialmente las cargas económicas más diversas que pesaban sobre el patrimonio y cuya validez reconocía el testador; las más frecuentes e importantes eran las constituidas por las deudas, los censos2 y las fundaciones piadosas que gravaban sus haberes, aunque también se añaden a ellas los pagos que debía efectuar a los parientes o herederos de la esposa ya fallecida o los pagos que se debía hacer a los herederos que había designado el testador de quien se ejecutaba la última voluntad. 45

En el caso del periodo considerado, el marco de interpretación permite determinar en un primer momento los estratos de frecuencia de los bienes que poseían los oficiales de la Real Hacienda de México, Guanajuato y Zacatecas (véase la gráfica IX.1). Las diferencias de patrimonio aparecen inmediatamente como muy importantes, dado que los más pobres confesaban en su testamento que no poseían nada, mientras que el más acaudalado estimaba el valor de sus bienes en más de 400 000 pesos. La marcada desigualdad en el seno del grupo hace ilusoria la estimación del estrato medio de fortuna del grupo —cerca de 70 000 pesos—, cuya verdadera cohesión se basaba en el espíritu de cuerpo forjado en una fuerte identidad profesional.

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Ahora bien, independientemente de esa amplitud extrema, aparecen ciertos rasgos que permiten establecer una caracterización socioeconómica del grupo. A todo lo largo del periodo, los haberes del conjunto estudiado se distribuyen en cuatro estratos de riqueza: cerca de la tercera parte de los oficiales declaró no poseer más de 11 000 pesos, mientras que otra tercera parte poseía entre 22 000 y 120 000 pesos, y la tercera parte restante se distribuye entre 25 % de los oficiales que poseían más de 11 000 pesos y menos de 22 000 y una minúscula élite que representaba 10 % del cuerpo y se situaba por sobre los 120 000 pesos de patrimonio. Como puede verse, cerca de 90 % de los oficiales estudiados no poseía un patrimonio superior a los 100 000 pesos, esto es, menos de una vez y media el valor promedio del patrimonio global del grupo, lo cual quiere decir que, aun cuando pertenecían al mundo del bienestar económico gracias a una fortuna personal que estaba lejos de ser insignificante, los oficiales de la Real Hacienda se encontraban al margen de la alta élite de la colonia fundada en la riqueza y la ostentación.69 Con base en los estratos de riqueza encontrados, se puede afirmar que, desde el punto de vista socioeconómico, los oficiales de la Real Hacienda, cuyo poder y prestigio eran muy reales, pertenecían a lo que se hace necesario denominar una élite secundaria o intermedia.

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GRÁFICA IX.1. Haberes totales de los oficiales de la Real Hacienda

FUENTES: AGNM, Notarías, núms. 6, 9, 11, 13, 15, 123, 219, 232, 255, 307, 379, 390, 392, 505, 569, 637, 547, 563, 570, 575, 632, 690, 691, 692 y 700, y libros núms. 2519 y 4687; AHEZ, Notaría colonial; AHUG, Protocolos de cabildo y Protocolos de presos; agi, Escribanía de cámara, l egajos 185a, 268a, cuaderno 30, 298b, cuaderno 31, y 399a, cuaderno 9, ff. 1-2; AGI, Audiencia de México, legajo 1247; y AGI, Audiencia de Guadalajara, legajo 114.

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GRÁFICA IX.2. Haberes netos de los oficiales de la Real Hacienda

FUENTES: AGNM, Notarías, núms. 6, 9, 11, 13, 15, 123, 219, 232, 255, 307, 379, 390, 392, 505, 569, 637, 547, 563, 570, 575, 632, 690, 691, 692 y 700, y libros núms. 2519 y 4687; AHEZ, Notaría colonial; AHUG, Protocolos de cabildo y Protocolos de presos; agi, Escribanía de cámara, legajos 185a, 268a, cuaderno 30, 298b, cuaderno 31, y 399a, cuaderno 9, ff. 1-2; AGI, Audiencia de México, legajo 1247; y AGI, Audiencia de Guadalajara, legajo 114. 47

Por lo demás, la tercera parte menos acaudalada muestra cierta diversidad patrimonial. La mitad de los individuos de ese grupo alcanzaba apenas un estrato de riqueza igual al promedio del grupo, esto es, aproximadamente 6 000 pesos. Lo anterior quiere decir que una fracción de los oficiales de la Real Hacienda se encontraba en una situación económica modesta, incluso mediocre, y esa modestia del patrimonio explica la frecuencia de las quejas de los oficiales reales con respecto a su situación: conscientes de que su grado de responsabilidad, poder y prestigio no coincidía ya con su nivel de vida, no cesaban de echar pestes sobre su profundo descontento en la Nueva España, por lo que denunciaban confusamente la magrura de los salarios que percibían, lo excesivo del costo de la vida y la dificultad de alojamiento; y se complacían en considerar que su decadencia personal en el seno de la sociedad colonial manchaba el prestigio del poder real de que eran depositarios.70

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Ahora ya es posible afinar el enfoque global del patrimonio de los oficiales de la Real Hacienda de México, Zacatecas y Guanajuato, haciendo una distinción entre los haberes netos de los individuos del corpus. En este caso, de lo que se trata es de medir la diferencia entre los bienes que poseían y las cargas que pesaban sobre éstos. De entrada, el balance ofrece una visión diferenciada de la situación patrimonial (véase la gráfica IX .2): el grupo se distribuye en dos conjuntos iguales en número, aun cuando no en valor. Entre los que presentaban un saldo positivo, las dos terceras partes poseían haberes netos inferiores a 10 000 pesos; en la situación inversa, las dos terceras partes de los que

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presentaban un balance negativo se sitúan entre cero y menos 25 000 pesos. Lo anterior quiere decir que, si bien en un primer momento parecía que los haberes de los oficiales de la Real Hacienda eran relativamente medios, ahora se revela que estaban gravados por tales cargas que éstas privaban a un gran número de los oficiales reales de un verdadero patrimonio. Como puede verse, las cargas reflejan un fenómeno de empobrecimiento real de los representantes reales que, aparentemente, ni el pago de un salario regular y cómodo ni las ventajas que obtenían de su importante posición de poder lograban compensar. 49

El saldo negativo entre los haberes personales del oficial —exclusión hecha de los bienes cuya administración llevaba a cabo solamente sin ser el propietario pleno de ellos— y las cargas a que tenía que hacer frente confirma la observación anterior. En casi la mitad de los casos, los haberes personales se revelaron insuficientes para enfrentar las cargas familiares del oficial de la Real Hacienda, por lo que éste sólo podía esperar mejorar su modesta y en ocasiones difícil situación mediante el recurso a los bienes cuya administración le era confiada. Finalmente, en ese contexto globalmente poco brillante, ninguna diferencia significativa distinguía a los oficiales reales y los contadores del Tribunal de Cuentas.

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En la incierta marcha de los oficiales de la Real Hacienda hacia la riqueza, en la que muchos obstáculos amenazaban en todo momento con devolver al aspirante a sus oscuros orígenes, la etapa decisiva se situaba claramente en ocasión del matrimonio. En efecto, el valor de la dote que se confiaba a los cuidados del esposo era lo que más a menudo decidía la continuación del ascenso socioeconómico del oficial de la Real Hacienda. A partir de los 61 contratos dotales, esto es, 45 de oficiales reales y 16 de contadores del Tribunal de Cuentas, fue posible reconstituir la situación económica de cada cónyuge en el momento del matrimonio en el caso de las tres cuartas partes de ellos (véase el cuadro IX.1).

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Las diferencias de riqueza en favor de la esposa se revelan importantes en el caso de 80 % de los contratos matrimoniales, tanto entre los oficiales reales como entre los ministros del Tribunal de Cuentas. Por lo demás, el monto de las arras que se ofrecía a la esposa no variaba significativamente con la situación del cónyuge ni tampoco según su proveniencia geográfica, a no ser porque los peninsulares que no las ofrecieron en absoluto fueron más numerosos que los criollos, lo cual revela una situación más mediocre. El análisis de las dotes confirma estas observaciones preliminares: los oficiales reales recibieron dotes marcadamente inferiores a las confiadas a los contadores del Tribunal de Cuentas y los raros oficiales criollos se beneficiaron de montos superiores en comparación con los peninsulares.71 Lo anterior quiere decir que, desigual pero sistemáticamente, la dote aparece con claridad como el punto de apoyo decisivo sobre el que los oficiales de la Real Hacienda, tanto los criollos como los metropolitanos, construyeron su porvenir económico.

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CUADRO IX.1. Riqueza comparada del cónyuge en el momento del matrimonio

Note a : Valor de los bienes personales embargados en 1765.

CUADRO IX.1. Riqueza comparada del cónyuge en el momento del matrimonio (Conclusión)

SP = Valor sin presisar de un patrimonio cuya existencia, no obstante, se conoce. ? = Valor desconocido del patrimonio. (m) = metropolitano; (c) = criollo.

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SP = Valor sin presisar de un patrimonio cuya existencia, no obstante, se conoce. ? = se desconoce el valor del patrimonio. (m) = metropolitano; (c) = criollo. 52

La función decisiva de la dote en la génesis del patrimonio de los oficiales de la Real Hacienda se encuentra corroborada por el estudio de su evolución después del matrimonio. En la gran mayoría de los casos, este último se revela como un pasaje obligado para una evolución positiva de los haberes de los oficiales. Los raros “perdedores” en la carrera hacia la riqueza no lo fueron nunca a causa de una dote insuficiente o inexistente: el contenido económico del matrimonio ofrecía bases sólidas a todos para alcanzar el éxito; sin embargo, las decisiones de inversión desafortunadas, torpes o mal manejadas, impidieron que algunos de ellos sacaran de él las ventajas que esperaban. La mediocre situación de los solteros del corpus viene, en fin, a reforzar la observación: ninguno logró mejorar significativamente su situación inicial, a diferencia de los oficiales casados.72

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Consecuentemente, el matrimonio de los oficiales de la Real Hacienda de los tres centros urbanos de la Nueva España aparece ante todo como “un buen negocio” desde el punto de vista estrictamente económico. En el caso de todos aquellos cuyos haberes personales se mantuvieron modestos o no existían, se convirtió en el medio principal para mejorar su situación económica. Dicho en otras palabras, en el caso de las alianzas económicamente desequilibradas, se suponía que el atractivo y el prestigio del oficio del yerno proporcionarían una compensación a la familia de la esposa, puesto que, lo más a menudo, el matrimonio era posterior al nombramiento al cargo. En consecuencia, la aceptación de un aliado de menor categoría socioeconómica se veía recompensada por el acercamiento al poder colonial: la aparente degradación social inicial se compensaba fácilmente desde el punto de vista de la facilidad de acceso a los poderes locales, regionales o incluso centrales. En lo que respecta a los propios oficiales, muy particularmente en el caso de los metropolitanos, el matrimonio llegó a ser la primera

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materialización del ascenso esperado del pasaje a América y el primer paso indispensable para su integración al mundo de las élites coloniales. Consecuentemente, el desequilibrio socioeconómico de esas alianzas se restablecía con rapidez a partir de un equilibrio prudente fundamentado sobre nuevos contenidos. De esa manera, la adquisición de un oficio de la Real Hacienda se reveló como un medio relativamente seguro y eficaz de promoción social al servicio de unos individuos que lo más a menudo no contaban con ninguna ventaja personal o familiar o, si las tenían, eran muy pocas. CUADRO IX.2. Estructura de la riqueza de los oficiales de la Real Hacienda de la Nueva España

FUENTES: AGNM, Notarías, núms. 6, 9, 11, 13, 15, 123, 219, 232, 255, 307, 379, 390, 392, 505, 569, 637, 547, 563, 570, 575, 632, 690, 691, 692 y 700, y libros núms. 2519 y 4687; AHEZ, Notaría colonial; AHUG, Protocolos de cabildo y Protocolos de presos; agi, Escribanía de cámara, legajos 185a, 268a, cuaderno 30, 298b, cuaderno 31, y 399a, cuaderno 9, ff. 1-2; AGI, Audiencia de México, legajo 1247, y AGI, Audiencia de Guadalajara, legajo 114. Note * : Véase el glosario CUADRO IX.3. Patrimonio inmobiliario de los oficiales de la Real Hacienda de la Nueva España

FUENTES: AGNM, Notarías, núms. 6, 9, 11, 13, 15, 123, 219, 232, 255, 307, 379, 390, 392, 505, 569, 637, 547, 563, 570, 575, 632, 690, 691, 692 y 700, y libros núms. 2519 y 4687; AHEZ, Notaría colonial; AHUG, Protocolos de cabildo y Protocolos de presos; AGI, Escribanía de cámara, legajos 185a, 268a, cuaderno 30, 298b, cuaderno 31, y 399a, cuaderno 9, ff. 1-2; AGI, Audiencia de México, legajo 1247, y AGI, Audiencia de Guadalajara, legajo 114. 54

En realidad, sobre los cómodos cimientos del matrimonio, algunos oficiales de la Real Hacienda lograron construir en ocasiones un patrimonio cuya estructura se revela interesante para el análisis. Del centenar de patri monios que fue posible reconstituir, se desprende una distribución de los bienes inventariados en tres tipos: propiedades inmobiliarias, bienes de capital, metales u objetos preciosos o, también, en forma de créditos, y, en fin, las inversiones comerciales (véase los cuadros ix.2 a ix.4). En conjunto, las propiedades inmobiliarias representaban las dos terceras partes del valor del patrimonio, lo que hacía de los oficiales de la Real Hacienda un grupo de propietarios. Entre las propiedades que poseían ciertos bienes saltan a la vista sin verdadera sorpresa: la tierra y la casa. Así, las haciendas representaban cerca de la mitad del valor del

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patrimonio familiar del grupo, mientras que las casas, presentes con mayor frecuencia, únicamente representaban la cuarta parte del valor del patrimonio. Tal distribución muestra la voluntad de esa élite administrativa, predominantemente provincial y urbana, de someterse al modo de vida impuesto por las élites dominantes. Con esa voluntad, los oficiales de la Real Hacienda daban pruebas de un verdadero realismo, ya que, indiscutiblemente, trataban de unirse a los honores y a las ganancias. En el patrimonio inmobiliario urbano se otorgaba un importante lugar a las inversiones que daban rendimientos y, aun cuando los ingresos por ese rubro eran generalmente reducidos — unos cuantos centenares de pesos por año, lo más a menudo—, la atención que se prestaba a recordar su presencia, en ocasiones a riesgo de que se reconociera su deplorable estado, muestra la importancia que se les atribuía. Asimismo, las inversiones en bienes raíces — hechas en ocasiones muy lejos de la región donde ejercían sus funciones y orientadas muy particularmente a la ganadería y el cultivo de trigo— son una prueba de que se trataba de individuos urbanos muy atentos a la evolución de la coyuntura y la rentabilidad comerciales de la producción agrícola.73 CUADRO IX.4. Patrimonio mobiliario de los oficiales de la Real Hacienda de la Nueva España

FUENTES: AGNM, Notarías, núms. 6, 9, 11, 13, 15, 123, 219, 232, 255, 307, 379, 390, 392, 505, 569, 637, 547, 563, 570, 575, 632, 690, 691, 692 y 700, y libros núms. 2519 y 4687; AHEZ, Notaría colonial; AHUG, Protocolos de cabildo y Protocolos de presos; AGI, Escribanía de cámara, legajos 185a, 268a, cuaderno 30, 298b, cuaderno 31, y 399a, cuaderno 9, ff. 1-2; AGI, Audiencia de México, legajo 1247, y AGI, Audiencia de Guadalajara, legajo 114. 55

Las decisiones de inversión complementarias, muy particularmente en la minería, consolidaban el arraigamiento de los oficiales reales en la realidad económica local o regional. Es cierto que la presencia de la minería únicamente se menciona en cinco patrimonios; sin embargo, en el caso de cuatro de ellos sus propietarios ejercían su cargo precisamente en un sitio minero, lo cual ilustra su integración a la realidad local; pero eso no es todo: en el caso de esos cinco oficiales reales, el peso de la mina en su patrimonio era ampliamente predominante, relegando a las otras componentes a valores secundarios o insignificantes. La misma adecuación entre patrimonio y realidad económica regional se encuentra también en el caso de las zonas de intensa actividad comercial: de los 14 oficiales de la Real Hacienda que invirtieron una parte de su patrimonio en esas actividades, únicamente cinco lo hicieron fuera de México o Veracruz; y, de la misma manera que los oficiales interesados en las actividades mineras, la proporción de sus inversiones comerciales tendía a relegar lo más a menudo a un segundo plano cualquier otra orientación del patrimonio; no obstante, en ocasiones es difícil captar la proporción del patrimonio que se destinaba a las inversiones comerciales debido a la fuerte volatilidad que supone esa actividad; así, varía muy marcadamente según el momento preciso registrado en el documento de que se dispone: la llegada o la partida de una flota

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o, por el contrario, su ausencia podían modificar radicalmente la proporción del patrimonio que se destinaba a las actividades comerciales. 56

Una última particularidad estructural de los patrimonios de los oficiales de la Real Hacienda consolidaba todavía más su presencia en la economía regional a través de sus actividades financieras: 25 de ellos poseían una parte de sus haberes en créditos sobre particulares o sobre las reales rentas, créditos que representaban 30 % del valor de su patrimonio total.74 En la actividad financiera, la mayoría de las inversiones que hacían al servicio de la Corona desempeñaba tan sólo un papel secundario: unos cuantos juros en la metrópoli, raras compras de oficios vendibles y renunciables,75 algunas inversiones en el arrendamiento de los monopolios reales y créditos modestos por concepto de los salarios que habrían de percibir eran, más o menos, los únicos adelantos que esos oficiales consentían a su monarca, cuyas dificultades financieras, no obstante, conocían de cerca. Por el contrario, una parte importante de esos créditos estaba destinada al financiamiento de actividades económicas locales y regionales, con lo que los oficiales de la Real Hacienda se transformaban muy a menudo en aviadores de mineros y comerciantes; sin embargo, el rasgo principal de esos préstamos residía en su modestia, ya que sólo excepcionalmente alcanzaban la decena de millares de pesos: los montos más frecuentemente encontrados en el caso de esos préstamos oscilaban entre 100 y 3 000 pesos. De esa manera, los oficiales de la Real Hacienda participaban plenamente en el sistema de crédito que funcionaba en la Nueva España antes de los años de 1770, en el que predominaban los pequeños prestamistas.76 Un dispositivo de esa naturaleza se adaptaba particularmente bien a las posibilidades económicas de los oficiales reales, en particular cuando la región donde ejercían sus actividades se encontraba apartada de los grandes flujos económicos y comerciales. Al dedicarse a ello, sus actividades financieras venían a reforzar útilmente su autoridad administrativa y su inserción regional; y, dado que rebasaban el marco estrictamente local, dichas actividades, modestas, sin duda, pero regulares y manifiestas, complementaban la oferta de crédito, siempre escasa.

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Así, mediante sus actividades financieras personales, los oficiales de la Real Hacienda participaban en el pequeño mundo de las finanzas locales y regionales destinadas a satisfacer las necesidades monetarias momentáneas mucho más que las grandes inversiones económicas, si bien, como ocurrió en el caso de Luis de Bolívar y Mena, que era capaz de comprar las deudas de la alcabala o del mercurio de los mineros o los comerciantes de Zacatecas, evitaban a estos últimos contratiempos de consecuencias en ocasiones peligrosas.77 De esa manera, la actividad financiera de los oficiales de la Real Hacienda, de valor modesto, en resumidas cuentas, se revelaba muy a menudo como decisiva, dado que introducía flexibilidad en una economía caracterizada por sus fuertes tensiones y su gran rigidez.78 Valiéndose al mismo tiempo de sus responsabilidades administrativas y de las posibilidades financieras con que contaban, se ofrecían para regularizar los numerosos titubeos de la economía regional, siempre en busca de medios de pago.

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A partir de la estructura de los patrimonios de los oficiales de la Real Hacienda se hace posible elaborar una tipología de dichos patrimonios. La más tradicional se organizaba en torno a los bienes raíces de los individuos que aspiraban a vivir plenamente conforme al modelo aristocrático ibérico predominante. El contador superior Gabriel Guerrero de Árdila personifica totalmente esa disposición de espíritu que identificaba el prestigio y el reconocimiento social con un fuerte arraigamiento en la tierra. Fue poseedor de una fortuna estimada en 407 000 pesos en la que la tierra tenía un lugar de primera

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importancia a su muerte:79 poseía 11 haciendas, con un valor total de 248 000 pesos, a las que se añadían utensilios, bienes domésticos y esclavos, estimados en más de 30 000 pesos;80 así, el conjunto de sus bienes raíces representaba cerca de 70 % de su patrimonio total. A esa impresionante fortuna se añadía un palacete en la calle del Puente del Espíritu Santo, en la ciudad de México, estimado en 30 000 pesos, edificio que era contiguo al convento del Espíritu Santo a lo largo de una calle y se encontraba distante dos cuadras de la plaza central, la cual abrigaba numerosos palacetes que pertenecían a la nobleza más alta: algunos de los más impresionantes fueron edificados en ella en el transcurso del siglo XVIII, muy particularmente los de José Joaquín de Iturbide, la condesa de Miravalle, el marqués de Vivanco, el conde del Peñasco, el conde de Valparaíso, el marqués del Jaral de Berrio y, en fin, el conde de Pérez Gálvez.81 Dicho en otras palabras, sus bienes inmobiliarios representaban 75 % del total de su patrimonio, por lo que los otros elementos que constituían su fortuna ocupaban únicamente un lugar secundario. En efecto, estos últimos se limitaban a múltiples créditos cuyo inventario hace y que representaban 93 000 pesos; sin embargo, si se dejan a un lado los créditos, 82 que él mismo consideraba como irrecuperables, así como los salarios que debía percibir por varias comisiones que había llevado a cabo en el transcurso de su carrera profesional, sus activos financieros personales efectivos se limitaban a 7 000 pesos, que tenía invertidos en la mina de Francisco de Carmona, en la jurisdicción de la villa de Cadereyta, así como 5 000 pesos que había destinado a inversiones comerciales. Como puede verse, la estructura de esa fortuna —inmobiliaria, rentista y en la que se atribuía un destacado lugar a la ostentación familiar— correspondía plenamente al ideal social que la vida de Gabriel Guerrero de Árdila explica con todo detalle. Sus orígenes familiares lo relacionaban con una importante familia de Badajoz, sin que ello signifique, no obstante, que hubiese pertenecido a los principales linajes de la ciudad. Su padre, Francisco Guerrero de Ardila, hizo en Extremadura una brillante carrera militar en la que obtuvo el grado de maestre de campo. Era viudo de María Ana de Peredo y Salgado y abandonó a su familia hacia 1680 para probar fortuna en la Nueva España. En octubre de 1685 contrajo matrimonio con Mariana de Orduña y Sosa, viuda del capitán íñigo de Guevara, caballero de la orden de Santiago. En un primer momento fue nombrado alcalde mayor de Querétaro y, posteriormente, promovido a general del galeón de Manila.83 Gabriel, su hijo, hizo el mismo tipo de recorrido, puesto que se acercó al mundo de la élite colonial gracias a su matrimonio. Fue militar durante 10 años y sirvió en su región de origen y después en la Nueva España, donde, en el transcurso de los años de 1680, participó en las campañas de la Sierra Gorda.84 Gracias a que contaba con la ventaja de la protección del contador superior Juan Bautista de Mendrice, en 1695 obtuvo simultáneamente a la hija María de este último y su propio oficio.85 Apoyándose plenamente en la historia de su nueva familia, a semejanza de su suegro, ejerció una verdadera autoridad sobre el Tribunal de Cuentas, del que fue miembro hasta su muerte, en septiembre de 1733, y del que en 1721 había llegado a ser decano; a falta de hijos, se rodeó de una vasta clientela de deudos y paniaguados, en conformidad con la imagen de patriarca protector, que asumió plenamente; fue amigo íntimo del contador Gerónimo de la Reguera, de quien fue uno de los ejecutores testamentarios, y veló por la educación de su hijo Gerónimo, financiando muy particularmente sus estudios hasta el sacerdocio y su instalación en el curato de Tetepilco; cuidadoso de la caridad conforme a los códigos de esa élite a la que soñaba integrarse, tomó a su cargo a tres huérfanos, una niña y dos niños, cuya educación y porvenir aseguró;86 ávido de reconocimiento y autoridad entre sus iguales, pobló el Tribunal de Cuentas con hombres suyos, imponiendo y promoviendo sucesivamente la

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carrera profesional de Francisco Antonio de Corsi y Ursini, Agustín José Rodríguez de la Rosa, Pedro de Zavaleta, Juan Fernando Navarro, Francisco Ramírez de Arellano y Francisco Antonio de Presilla; finalmente, inquieto por la salvación de su alma, las disposiciones que destinó a arreglar su tránsito al más allá dan prueba de un estado de ánimo en el que la expresión de una piedad barroca rivalizaba con una ostentación de lo más patente.87 De esa manera, las decisiones de Gabriel Guerrero de Árdila ofrecen el testimonio de un individuo impregnado de la preocupación por vivir y morir, si bien es cierto que en un plano más modesto y de acuerdo con sus posibilidades, conforme a las reglas en vigor entre las más importantes familias de la élite colonial de la ciudad de México, con las que no cesó de identificarse durante toda su vida. 59

Sin sorpresa alguna, el modelo patrimonial aristocrático que en este caso encarna Gabriel Guerrero de Árdila resultó ser el que con mayor frecuencia se encontró entre los oficiales de la Real Hacienda, dado que las dos terceras partes de ellos se plegaban a él de buen grado. Las haciendas y las propiedades inmobiliarias urbanas constituían siempre su parte esencial, reagrupadas en ocasiones en torno a un mayorazgo heredado y complementadas puntualmente, según la situación local, por propiedades mineras o, también, por oficios. Entre los oficiales de la Real Hacienda se encontraron muy frecuentemente, sobre todo, los patrimonios importantes contabilizados en el conjunto del grupo88 o, también, las familias más prestigiosas o, en fin, los oficiales que lograron las alianzas matrimoniales más importantes desde el punto de vista de la dote. Lo anterior es una indicación de que prácticamente ninguno de los oficiales de la Real Hacienda escapaba al conformismo social, puesto que, mediante sus decisiones, participaban a su vez en su fortalecimiento y continuidad. Únicamente los medios de que realmente disponían en ocasiones se encargaban de hacerlos volver a la razón y a la dura realidad.

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Ante lo imponente del modelo patrimonial aristocrático y señorial, algunos oficiales de la Real Hacienda intentaron una verdadera diversificación de sus haberes —lo más a menudo incompleta y siempre puesta en tela de juicio—, como lo hizo Pedro Alejo López de Cotilla: a la cabeza de un patrimonio de cerca de 300 000 pesos, hizo varias inversiones que modificaron varias veces la estructura del patrimonio en una treintena de años; sin embargo, sus orígenes lo predisponían, mucho más incluso que a Gabriel Guerrero de Árdila, a deslizarse muy naturalmente hacia el modelo dominante. Pedro Alejo López de Cotilla nació en Navalcarnero, cerca de Madrid; pertenecía a los hijosdalgos de su comunidad y descendía de una familia noble surgida del valle de Ruesga. Su padre y su abuelo paterno —Manuel López de Cotilla y Diego López de Cotilla—, a quienes se censó como nobles en su lugar de nacimiento, fueron electos alcalde de su orden en varias ocasiones y alcalde ordinario de la ciudad una vez cada uno; el bisabuelo de Pedro Alejo, en fin, había ocupado el cargo de “procurador general de hijosdalgos” en las Cortes de Castilla en 1624. Pedro Alejo buscó activamente que se reconociera su hidalguía castellana mediante la obtención del primer título de caballero de la orden de Santiago de que pudo enorgullecerse su familia.89 Antes, en 1686, a los 15 años de edad, aproximadamente, había abandonado la metrópoli por la Nueva España, formando parte del acompañamiento del conde de Galve, quien se había embarcado en Sevilla para ocupar su cargo de virrey. Esas diversas ventajas familiares y relacionales le permitieron contraer matrimonio en México con Isabel Antonia de Villa Septién, vinculada a través de sus antepasados al valle de Ruesga, pero perteneciente más directamente a un linaje prestigioso que entonces ocupaba un lugar importante en la Nueva España.90 Si bien se ignora la aportación personal del esposo en ocasión del matrimonio, en febrero de 1702, ofreció a su cónyuge,

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no obstante, 8 000 pesos en arras, lo cual da pruebas de una verdadera holgura; a cambio, él recibió como dote de su esposa, en dos partes, 108 000 pesos, la mitad de ellos en bienes inmuebles. En 1712 el patrimonio de la pareja fue evaluado en 284 200 pesos, una tercera parte del cual estaba invertida en haciendas.91 Su patrimonio inmobiliario se complementaba con propiedades urbanas en Puebla y México, entre ellas un palacete en la calle de La Merced estimado en más de 32 000 pesos.92 En lo que respecta a las actividades comerciales y financieras, éstas parecen haber sido todavía modestas antes de ese año, a pesar de que la pareja poseía más de 100 000 pesos en metálico cuyo destino se ignora.93 El año de 1712 marcó un primer hito en las prioridades patrimoniales de Pedro Alejo López de Cotilla; con el propósito de pagar el oficio de contador de la real caja de México que le revendió Antonio de Deza y Ulloa, se deshizo de sus dos haciendas de Tepeaca;94 y, sobre todo, confiado en las facilidades que le ofrecían sus nuevas atribuciones y armado con su liquidez personal, se lanzó intensamente a la actividad financiera, al grado de provocar la hostilidad del oidor Prudencio de Palacios. 95 Lo anterior quiere decir que, en el transcurso de ese decenio, la parte de sus haberes en bienes raíces se disolvió regularmente para dar paso a las actividades económicas, más volátiles pero en estrecha relación con las funciones que ejercía; sin embargo, sus problemas profesionales y judiciales de comienzos del decenio siguiente, así como la dificultad para abstraerse plenamente del comportamiento social predominante, probablemente lo animaron a volver a las inversiones más tradicionales. En unos cuantos años, entre 1720 y 1724, impuso una nueva orientación a su patrimonio; una vez más, invirtió caudal y ganancias en diversas haciendas, que representaban cerca de 200 000 pesos;96 paralelamente, abrió un comercio en la ciudad de México, con un valor estimado en más de 72 000 pesos, cuya administración confió a un allegado, Gaspar de Arredondo. La vuelta atrás que llevó a cabo Pedro Alejo López de Cotilla no elimina en absoluto el interés de sus decisiones, las cuales correspondían a la estructura de un patrimonio cuya principal característica residía en su adaptabilidad y a la capacidad de su dueño para tomar en consideración los sucesivos acontecimientos —ora favorables, ora desfavorables —, sin que, no obstante, lograra escapar plenamente al modelo aristocrático predominante. 61

Finalmente, en el momento de su muerte, tanto sus dificultades judiciales como la pérdida de su posición estratégica, que tan bien había sabido utilizar en su provecho, destruyeron parcialmente sus esfuerzos. Fue condenado por el Consejo de Indias y negoció su gracia al precio de 10 000 pesos, pero, además, tuvo que hipotecar 40 000 pesos de bienes raíces que tomó de la dote de Isabel Antonia de Villa Septién y, de esa manera, obtuvo de Agustín de Sexmo y Escudero, comerciante navarro de Corella, un préstamo a una tasa prohibitiva de 50 % durante dos años.97 Consecuentemente, el valor total de los bienes que le embargaron en septiembre de 1730 en la Nueva España en el momento en que se conoció su condena ya únicamente representaba 204 000 pesos, la parte correspondiente a la dote de su esposa se limitaba ya a sólo 40 000 pesos y diversos censos gravaban las haciendas y el palacete.98 Ahora bien, las dificultades de Pedro Alejo López de Cotilla se debían, ante todo, a la pérdida de su posición de poder, mucho más que a sus errores de administración; en 1730, sus dos haciendas todavía rendían anualmente cerca de 20 000 pesos y sus bienes personales produjeron una suma equivalente en el momento de su venta en subasta pública. Lejos de ser un hombre arruinado a su muerte, Pedro Alejo López de Cotilla fue ante todo víctima de sus excesos en su búsqueda desenfrenada, sin restricción ni discreción, de la rentabilidad máxima de una posición de poder más frágil que lo que él suponía. Como puede verse, Pedro Alejo López de Cotilla ilustra

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particularmente bien a los oficiales de la Real Hacienda para quienes el poder que poseían se medía más en función de su intervención económica —financiera o comercial— que desde el punto de vista propiamente político, burocrático o de ostentación. 62

Un buen número de razones había incitado a la tercera parte de los oficiales de la Real Hacienda a adoptar ese tipo de decisiones patrimoniales, entre las cuales probablemente la discreción no era la menor: los haberes financieros o comerciales, fáciles de disimular y transmisibles, les aseguraban una impunidad casi total ante las prohibiciones; y la utilización frecuente de testaferros, seleccionados entre los allegados, era otro recurso, muy particularmente entre los adeptos a las inversiones comerciales.99 Es cierto que la importancia de los patrimonios acumulados en esos ámbitos parece menor si se les compara con los anteriores, si bien se puede sospechar que ello haya sido el resultado de la facilidad para colocar los haberes bajo otros nombres, una práctica que la documentación revela con una gran regularidad; sin embargo, ciertos indicios dejan entrever golpes de mala suerte resultantes de actividades especulativas por naturaleza: un gran número de los oficiales de la Real Hacienda debía parcialmente su difícil situación a sus malos negocios financieros y comerciales.100 La incertidumbre permanente era lo que los animaba a volver, salvo excepción,101 a las inversiones menos riesgosas y más conformes con la mentalidad de la época, por lo que entonces otorgaban un lugar significativo a los bienes raíces, tanto rurales como urbanos, si bien, a pesar de los riesgos inherentes a las actividades comerciales o financieras, la estrecha relación entre sus responsabilidades administrativas y sus sectores de inversión los colocaba en una posición de fuerza que les permitía atenuar los riesgos. Los éxitos fulgurantes cuya huella se ha encontrado ilustran las ventajas de su situación y, al mismo tiempo, revelan sus límites: una vez apartado del poder, el oficial corría el riesgo de que sus contratiempos patrimoniales se multiplicaran, para terminar, en ocasiones, por arruinarlo.

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Consecuentemente, la sed de riqueza, poder y prestigio se revela como la trilogía en torno a la que gravitaba la afirmación social de los oficiales de la Real Hacienda. Paradójicamente, no obstante, salvo raras excepciones, sus ambiciones se detenían a las puertas de la muerte. En efecto, no es entre ellos entre quienes se percibe mejor el comportamiento extravagante y ostentoso, tan característico de las élites americanas, que los alentaba a multiplicar las dádivas religiosas y las limosnas caritativas antes de su tránsito al más allá.102 De una manera general, los oficiales de la Real Hacienda tendían a limitar sus dádivas a lo estrictamente necesario establecido por la costumbre; una vez tomados en consideración todos los datos, el promedio era, en efecto, de 2 300 pesos, suma en resumidas cuentas muy modesta en comparación con unos patrimonios que estaban lejos de ser insignificantes. Tal modestia colectiva, en la que el realismo económico se imponía sobre el temor del fin último, deja traslucir, no obstante, tres comportamientos muy individualizados que compartía por igual el grupo de los oficiales de la Real Hacienda.

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Entre los partidarios de las dádivas más modestas se encontró principalmente a todos aquellos cuya difícil situación personal había colocado en la necesidad de actuar rápidamente y que por lo general expresaban su arrepentimiento por ello. Así, en agosto de 1691, Diego de Ysasis, contador de resultas del Tribunal de Cuentas, justificaba su incapacidad para pagar la menor misa por la salvación de su alma a causa de su pobreza presente y consideraba más justo y eficaz para su redención el que se utilizaran los magros ingresos obtenidos de la venta de sus bienes para reembolsar a sus muy numerosos acreedores.103 En ese mismo estado de ánimo se encontraban todos aquellos

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que, aunque poseedores de un patrimonio importante, limitaban sus dádivas a unas cuantas limosnas mínimas que, cuando mucho, representaban una decena de pesos. Para esos oficiales, poco generosos con el cielo y sus representantes terrenales, la transmisión del patrimonio y la regularización de su situación con respecto a sus acreedores primaban sobre sus aspiraciones e inquietudes religiosas. Los oficiales que ofrecían sumas que se sitúan en el promedio de las dádivas del grupo correspondían a los que tenían una actitud más flexible: cuando su situación financiera personal se lo permitía, superaban puntualmente la suma promedio de las dádivas, sin jamás aventurarse más allá de 10 % de sus haberes totales. En su caso, ni la verdadera inquietud religiosa ni la adhesión a las convenciones sociales de las élites les impedían de ninguna manera el que buscaran evitar la dilapidación de su patrimonio. En el lado opuesto de ese realismo económico, en fin, se encontraban aquellos que preferían otorgar a su salvación una prioridad absoluta, independientemente de su situación económica personal;104 como José de Múgica Porra, oficial de la real caja de Guadalajara desprovisto de heredero y en una situación financiera apenas brillante, quien, no obstante, decidió fundar una modesta capellanía de 2 000 pesos con los pocos bienes que poseía.105 Como él, los adeptos a la redención mediante las obras comprometían para su salvación al menos 30 % de su patrimonio; sin embargo, un análisis más atento revela que las intensas inquietudes espirituales no los privaban del realismo más crudo. Las dádivas a la Iglesia se revelan importantes sobre todo cuando el donador no tenía herederos próximos o cuando, una vez llevada a cabo la repartición previa entre los que tenían derecho a ella, podía permitirse establecer fundaciones o donaciones que no pusieran en peligro la estabilidad familiar. Dado que, a falta de una fortuna de cuantía suficiente, no podían aspirar a un mayorazgo, los oficiales de la Real Hacienda recurrían entonces a medios que satisficieran sus exigencias religiosas, evitando al mismo tiempo el riesgo de la dispersión de sus bienes; de esa manera, las fundaciones piadosas destinadas a un pariente lejano y heredero presente en las órdenes servían simultáneamente a las dos finalidades; asimismo, la selección de los beneficiarios de limosnas en el entorno más cercano desempeñaba exactamente la misma función.106 En fin, como lo atestiguan los cronistas particularmente atentos a los acontecimientos que permitían a la élite hacer ostentación de su prestigio, los sepelios de los oficiales de la Real Hacienda en México no dieron lugar nunca a ceremonias grandiosas y, por lo tanto, muy costosas.107 Así, incluso entre los oficiales de la Real Hacienda más preocupados por la ostentación funeraria, la realidad de su situación no les escapaba nunca totalmente: conscientes del estrecho vínculo entre la fortuna acumulada y el poder que se poseía, velaban por transmitir a sus herederos lo esencial de ella en las mejores condiciones, ya que su muerte privaba a estos últimos de lo que había sido su basamento. Consecuentemente, lejos de desinteresarse de la continuidad patrimonial del linaje, los oficiales de la Real Hacienda se mostraron capaces de adaptar uno de los principales objetivos de las élites hispanoamericanas a la originalidad de su situación profesional.

361

FIGURA IX.2. Proyecto para la construcción de un nuevo edificio destinado a las reales cajas de la ciudad de Guanajuato en 1792; Archivo General de la Nación, Mapoteca, 2709, México. 65

Con todo, los medios que utilizaban los oficiales de la Real Hacienda no siempre lograban garantizar por completo la continuidad patrimonial que tanto deseaban. Mucho más que las sistemáticas quejas de la esposa acerca de la dramática situación en que la hundía el deceso del marido,108 sus testamentos y, sobre todo, los de sus descendientes revelan, puntualmente pero de manera unívoca, la difícil estabilización de esas familias. En la generación siguiente, la quincena de testamentos encontrados muestra situaciones deterioradas en comparación con la generación anterior. El inevitable reparto y la pérdida de la posición de poder se conjugaban para poner en tela de juicio el camino que habían recorrido los padres; sólo aquellos que habían transformado la herencia paterna en función de una estrategia matrimonial provechosa o de una transmisión exitosa del oficio parecen haber escapado a la ineluctable aspiración descendente. Así, antes bien que en un patrimonio medido en hectáreas o en pesos, es necesario buscar la principal ventaja que ofrecían los oficiales de la Real Hacienda a su descendencia en los bienes inmateriales: apellido, redes de solidaridad y preparación para el ejercicio del oficio paterno.

NOTAS 1. Doris M. Ladd, The Mexican Nobility at Independence, 1780-1826, Austin, 1976, y Hugo Nutini, The Wages of Conquest, the Mexican Aristocracy in the Context of Western Aristocracies, Ann Arbor, 1995.

362

2. Horst Pietschmann, El Estado y su evolución al principio de la colonización española de América, México, 1989. 3. Thomas Calvo, Poder, religión y sociedad en la Guadalajara del siglo

XVII,

México, 1992, y “Les

réalités du pouvoir aux confins de l’Empire: le cas de la Nouvelle-Espagne au e

XVIIe

siècle”, en Les

e

élites locales et l’État dans l’Espagne moderne ( XVI -XIX siècles), Burdeos, 1993. 4. Real cédula del 1o de octubre de 1549; RAHM, Col. Mata Linares, t. 28, ff. 161-163. 5. Ismael Sánchez Bella, La organización financiera en las Indias (siglo XVI), Sevilla, 1968. 6. AGI, Audiencia de Guadalajara, legajos 114, 116y 132. 7. Los estudios de historia social urbana en Mesoamérica ilustran perfectamente esa situación, de Zacatecas (Peter J. Blackwell, Frédérique Langue) a Guatemala (Stephen Webre), pasando por Guanajuato (David Brading), México (Louisa Hoberman, Jonathan I. Israel, Francisco de la Peña, John E. Kicza, David Brading, John M. Tutino), Veracruz (Jackie R. Booker), Oaxaca (John K. Chance), Querétaro (John C. Super), Chihuahua (Phillip L. Hadley) o, en fin, Yucatán (Victoria González Muñoz y Ana Isabel Martínez Ortega). 8. En ciertas ciudades, como en Veracruz a principios del siglo

XVIII,

a los corregidores se les

llamaba en ocasiones gobernadores, sin que ello permita entrever diferencias significativas de funciones o responsabilidades: AGI, Escribanía de cámara, legajo 298b. 9. AGI, Escribanía de cámara, legajo 295, cuaderno 12, ff. 58-60. 10. La orden de comisión de Juan de Gárate y Francia proporcionaba también otros nombres de testigos: el castellano del fuerte de San Juan de Ulúa, Fernando de Solís y Mendoza, el alférez mayor y antiguo gobernador, Diego Ortiz de Lagarcha, y el alférez Nicolás de Robles:

AGI ,

Escribanía de cámara, legajo 295b, cuaderno 12, ff. 13-14. 11. AGI, Escribanía de cámara, legajo 296a, cuaderno 21, f. 43. 12. Afirmación de Gaspar de Roxas Vallejo, relator de la Audiencia en 1679; AGN , Ramo de reales cédulas, vols. 17 y 19. 13. Carta de Francisco de Leyva Ysasi al Consejo de Indias, de fecha 8 de diciembre de 1678; AGN , Ramo de reales cédulas, vol. 17, ff. 114-116. 14. Esa inversión de la situación explica el rechazo de los conjurados, que negaron toda participación en el asunto y afirmaron ignorar todo de los abusos de los oficiales reales; únicamente el general Diego Ortiz de Lagarcha permaneció fiel a sus enemistades del pasado: AGI, Escribanía de cámara, legajo 295b, cuaderno 12. 15. La rivalidad entre el antiguo titular del oficio y los oficiales reales era tanto más fuerte cuanto que uno de los inculpados, Martín Nicolás Verdugo de Haro y Dávila, había ejercido el mismo cargo de corregidor antes de ingresar a la función de tesorero de la real caja de Zacatecas: AGI , Escribanía de cámara, legajo 265a, cuaderno 2, f. 35, y cuaderno 31, ff. 103 a 107. 16. La carta en que Francisco de Leyva Ysasi denunciaba los abusos del gobernador Diego Ortiz de Lagarcha multiplica los ejemplos relativos a una justicia arbitraria y expeditiva; AGN , Ramo de reales cédulas, vol. 17, ff. 114-116. En otro contexto, un subalterno de la real caja de Veracruz, conocido por su espíritu pendenciero, Juan Ruiz de Ávila, murió en Michoacán a manos de un alcalde mayor poco escrupuloso: AGI , Escribanía de cámara, legajo 296b, cuaderno 32, ff. 6-8. La reputación de los corregidores se encuentra en la abundante literatura histórica referente a ellos; entre los principales estudios se pueden citar los siguientes trabajos: Anne-Marie Brénot, Pouvoirs et profits au Pérou colonial au

XVIIIe

siècle, Gouverneurs, clientèles et ventes forcées, París, 1989; A. Y.

Román Román, “Sobre alcaldías mayores y corregimientos en Indias. Un ensayo de interpretación”, Jahrbuch für Geschichte von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft Lateinamerikas, vol. 9, 1972, pp. 1-39; Horst Pietschmann, “Alcaldes mayores, corregidores und subdelegados. Zum problem der distriktsbeamtenschaft im wizekönigreich Neuspanien”, Jahrbuch für Geschichte von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft Lateinamerikas, vol. 9, 1972, pp. 173-270; Woodrow Borah (coord.), El gobierno provincial en la Nueva España (1570-1787), México, 1985; Ethelia Ruiz Medrano, Gobierno y

363

sociedad en la Nueva España: Segunda Audiencia y Antonio de Mendoza, Zamora, México, 1991; José Luis Alonís Boyaso, “Introducción al estudio de los corregidores y alcaldes mayores del Marquesado del Valle (1590-1810)”, Boletín del Archivo General de la Nación, 2 a serie, vol. 13, México, 1972-1976, pp. 5-185. 17. Hasta 1609, el mandato de los corregidores y los alcaldes mayores, que hasta entonces habían sido nombrados todos por el Consejo de Indias, era de cinco años; después de esa fecha, la duración se redujo a tres años únicamente en el caso de los nombramientos hechos por los virreyes; BNM, Distrito de la real audiencia que reside en México de la Nueva España y lo que Su Magestad provee en él, ms. 3025, t. 2, ff. 60-65. 18. Con todo, el corregidor de México percibía 500 000 maravedíes por año como salario; a lo cual se sumaba un subsidio de residencia de 4 000 pesos anuales, así como la percepción de derechos judiciales y emolumentos diversos: AGI , Audiencia de México, legajo 1120; en 1700, no obstante, el subsidio de residencia se redujo a 2 000 pesos: AGI, Audiencia de México, legajos 1120 y 1121. 19. Eso fue lo que descubrió José Joaquín Uribe y Castexón en el asunto que opuso a los oficiales reales Francisco San Juan de Santa Cruz, Lorenzo de la Torre y González de la Gotera y Juan de Echegaray, por una parte, y el alcalde mayor de Guazacalco, por la otra, con motivo de un embargo de mercaderías de contrabando: AGI , Escribanía de cámara, legajos 298a, b y c. La misma rivalidad se encuentra en los casos de contrabando perseguidos por Juan de Gárate y Francia: AGI, Escribanía de cámara, legajos 295b y 296a y b, y por Juan de Campillo y Cosío,

AGI ,

Escribanía de

cámara, legajo 299. 20. Si bien es cierto que lo esencial del buen pasaje terminaba en manos de los diversos funcionarios de la real caja, el gobernador percibía, por ejemplo, dos fanegas de sal por galeón y una fracción de los 30 a 40 pesos pagados a las autoridades locales:

AGI ,

Escribanía de cámara,

legajos 295b, cuaderno 5, f. 31, y 296a, cuaderno 23, ff. 10-11 y 34-37. 21. En 1721, la extorsión promedio oscilaba entre seis y 10 pesos por quintal, según los mineros: AGI,

Escribanía de cámara, legajo 265a, cuaderno 2, ff. 22, 47 y 353; en ese mismo año, el

superintendente del azogue, Juan José de Veytia Linage, estimó las exacciones en 15 e incluso 18 pesos por quintal; ibid., cuaderno 31, f. 5. 22. Consistían en alcaldías mayores o corregimientos, repartimientos, jueces de grana, de obrajes, de minas o de ingenios, de los alcaides de las plazas fuertes y de los sargentos mayores; BNM ,

Relación de corregimientos, alcaldías mayores, tenientazgos que se proveen por los virreyes, ms.

3047, y Relación de los oficios y cargos de gobierno, justicia, hacienda, guerra y mar que provee S. M. por su real Consejo de Indias con los salarios que tienen y el valor de los vendibles hecha en el año de 1631 por Antonio de León, ms. 3048, ff. 101-163. 23. AGI, Indiferente general, legajo 786, citado por Richard Konetzke, Colección de documentos para la historia de la formación social de Hispanoamérica (1493-1810), t. II, vol. 2, Madrid, 1953-1958, p. 652, y Memoria de los virreyes que han gobernado el Perú, t. 3, Lima, 1859, p. 114, en ibid., t. II, vol. 2, p. 717; Condumex, Fondo L. G. C, carpeta 3-9, núm. 128, y AGN, Ramo de reales cédulas, vol. 30, exp. 66, f. 2. 24. I. Gutiérrez del Arroyo, “Alcaldías y corregimientos en el México de 1777”, Historia Mexicana, vol. 7/4, núm. 28, 1958, pp. 532-535. En AGI, Audiencia de México, legajo 1157a, “Alcaldías mayores y corregimientos del distrito de la Audiencia de México que se proveen por S. M. a consulta de la cámara”, se encuentra una lista completa de las circunscripciones administrativas de la jurisdicción de la Audiencia de México en el año de 1774 en la que se precisa la categoría de la incorporación y de su titular. 25. AGI, Audiencia de México, legajo 342, ff. 1 a 67. 26. AGI, Audiencia de Guadalajara, legajo 98, y AGN , Ramo correspondencia de virreyes, vol. 1, exp. 171, ff. 304-307. 27. Después de la real cédula de agosto de 1629, la distribución del preciado metal había sido retirada a los jueces locales en provecho de los oficiales reales; sin embargo, con el propósito de

364

evitar desplazamientos costosos a los mineros instalados en sitios demasiado aislados, los alcaldes mayores servían de intermediario a los oficiales reales; los gastos ocasionados incumbían, por supuesto, a los mineros interesados, que indemnizaban al intermediario; en los centros mineros más importantes, el intermediario llevaba en ocasiones el título de “administrador de azogue”, como en la región de Zacatecas: AGI , Audiencia de Guadalajara, legajo 32, y AGI , Escribanía de cámara, legajo 265a, cuaderno 2; véase Mervyn F. Lang, El monopolio estatal del mercurio en el México colonial (1550-1710), México, 1977, y Vera Valdés Lakowsky, De las minas al mar: historia de la plata mexicana en Asia (1565-1834), México, 1987. 28. AGI, Audiencia de Guadalajara, legajo 32. 29. AGI, Audiencia de México, legajo 1063. 30. AGI, Audiencia de México, legajo 557. 31. Tal fue precisamente el caso, a un siglo de distancia, de las visitas llevadas a cabo en los años de 1670 en Veracruz por los jueces Juan Miguel de Agurto y Salcedo y, más tarde, Juan de Gárate y Francia y de la de Hipólito de Villaroel, encargada por José de Gálvez en diciembre de 1766 en el caso del puerto de Acapulco: AGI , Escribanía de cámara, legajos 295b, 295c y 296a, y AHN , Sección de Consejos, legajo 20730. 32.

AGI,

Escribanía de cámara, legajo 295b, cuaderno 5, y 296a, cuaderno 23, y

AHN ,

Sección de

Consejos, legajo 20730, documento 2. 33. Testimonios de unos comerciantes de Acapulco, de enero a marzo de 1767; idem. 34. Testimonio de Juan Ruiz de Ávila, enero de 1672:

AGI ,

Escribanía de cámara, legajo 295b,

cuaderno 9, ff. 43-44. 35. Testimonios de Juan Ruiz de Ávila y Marcos Lucio, en septiembre de 1668 y en enero de 1672, de Marcos Lucio, en enero de 1672 y en mayo de 1675, y de Sebastián Sánchez de la Fragua, en enero de 1676: AGI , Escribanía de cámara, legajo 295b, cuaderno 1, ff. 1-3; cuaderno 9, ff. 39 a 56; cuaderno 12, ff. 5 a 12, y cuaderno 13, ff. 8 a 25. 36. Testimonio de Juan Ruiz de Ávila, enero de 1672:

AGI ,

Escribanía de cámara, legajo 295b,

cuaderno 9, f. 42. 37. No era algo distinto lo que ocurría en el espacio socioeconómico de Buenos Aires ya en el siglo XVII,

estudiado por Zacarías Moutoukias, y en el de Venezuela, estudiado por Ramón Aizpurua

Aguirre; véase, de Moutoukias, Contrabando y control colonial en el siglo

XVII,

Centro Editor de

América Latina, Buenos Aires, 1988a, y “Power, Corruption and Commerce: The Making of the Local Administrative Structure in the 17th Century Buenos Aires”, Hispanic American Historical Review, vol. 68, núm. 4, 1988b, y Ramón Aizpurua Aguirre, Curaçao y la costa de Caracas: introducción al estudio del contrabando de la provincia de Venezuela en tiempos de la compañía Guipuzcoana (1730-1780), Caracas, 1993. 38. Informe del oidor José Joaquín Uribe y Castexón al Consejo de Indias, de enero de 1716: AGI , Escribanía de cámara, legajo 298b, cuaderno 26, ff. 20-21. Medio siglo antes, Juan de Gárate y Francia había denunciado la misma situación en un informe del 31 de mayo de 1676; en él explicaba notablemente: “Di órdenes para que los oficiales reales se retirasen diez leguas de ella [esto es, de Veracruz] para poder con más independencia y libertad de los vecinos hacer las diligencias […] Y examinando los expedientes en la instrucción de vuestro fiscal […] sobre procedimientos de los oficiales reales y demás de lo referido, todos [los testigos] tenían unión y dependencias con ellos […] El modo de vivir que tiene dicho puerto y ciudad de Veracruz no puede ser sin la dependencia de los oficiales reales por razón de que comercian continuamente por mar y tierra y por esta razón se juzgan cómplices y partícipes de los fraudes que suelen cometer”: AGI, Escribanía de cámara, legajo 296b, cuaderno 27, ff. 90-95. 39. Tal era el caso en Yucatán (real caja de Mérida), Nueva Galicia (real caja de Guadalajara) y Nueva Vizcaya (real caja de Durango): AGI, Audiencia de Guadalajara, legajo 423. 40. AGI, Audiencia de México, legajo 987.

365

41. Idem. 42. AGI, Escribanía de cámara, legajo 399c, cuaderno 12, f. 1, y legajo 399a, cuaderno 2, f. 141. 43. Entre ellos, se encontraron en torno al presidente de la Audiencia y gobernador de la Nueva Galicia, el oidor Tomás Picado Pacheco; el oficial de contaduría, Melchor de Medrano, tío político del fiscal Pedro de la Barreda; Diego de Galarreta, escribano de la visita, y el ensayador José de Lasalde: AGI, Escribanía de cámara, legajo 399c, cuadernos 11, 14, 15, 17 y 19. 44. Por lo demás, en su estudio sobre la Guadalajara del siglo

XVII,

Thomas Calvo identifica el

meollo de la lucha por el dominio local con la rivalidad entre la Audiencia, el obispo y el cabildo. Entre esas instituciones predominantes, los oficiales reales de la real caja local tan sólo representaban una autoridad de lo más modesto: Thomas Calvo, Poder, religión y sociedad…, op. cit., y “Les réalités du pouvoir aux confins de l’Empire…”, op. cit. 45. AGI, Audiencia de México, legajo 862. 46. La lista de las prohibiciones fue elaborada en 1739 por los oficiales reales de Veracruz y más adelante confirmada y complementada por el propio Consejo de Indias: idem. 47. Ismael Sánchez Bella, La organización financiera…, op. cit. 48. AGI, Audiencia de México, legajo 1971, y Archivo General de Simancas ( AGS), 177-149. 49. AGI, Audiencia de México, legajo 733. 50. AGI, Audiencia de México, legajo 733. 51. AGI, Audiencia de México, legajo 454. 52. AGI, Audiencia de Guadalajara, legajo 16. 53. Lo cual se aplicó en el caso del Tribunal de Cuentas de México hacia 1653; en lo que respecta a las reales cajas, no disponían de ningún servicio especializado. 54. Circular del virrey a los oficiales reales de México, fechada en marzo de 1686: AGI, Audiencia de México, legajo 327; la sanción preveía 2 000 ducados de multa, a lo que se añadía la privación del oficio. 55. Real cédula del 30 de mayo de 1691: AGI, Audiencia de México, legajo 472. 56. Sin embargo, esa real cédula del 22 de abril de 1700 preveía, como complemento, que el virrey debía someter la libranza al Tribunal de Cuentas, sin pasar por la intermediación de los oficiales reales; AGN, Ramo de reales cédulas, t. 29, exp. 68, f. 2. 57. Francisco Javier Casado Arboníez, “Los retrasos en la imposición de la Unión de Armas en México (1629-1634)”, Estudios de Historia Social y Económica de América, núm. 2, Alcalá de Henares, 1986, pp. 121-130. En el Perú se han encontrado situaciones similares; véase Fred Bronner, “La Unión de Armas en el Perú. Aspectos políticos legales”, Anuario de Estudios Americanos, vol. 24, Sevilla, 1967. En el mismo orden de ideas, las resistencias y los retrasos impuestos a la introducción de la alcabala en numerosas regiones del imperio también son reveladores de esa especificidad siempre reivindicada. Tal fue el caso en la Nueva Vizcaya e incluso en la Nueva Galicia, donde, todavía a finales del siglo XVII, su pago seguía siendo muy desigual en el conjunto de esos territorios. Su introducción en la Nueva Vizcaya se hizo a comienzos de los años de 1680, pero, aun cuando fue fácilmente aceptada en Durango, su recaudación se reveló más delicada en las provincias más septentrionales: su deducción en las regiones de Sonora, Sinaloa, Culiacán y Rosario siguió siendo aleatoria, sujeta en particular a los levantamientos indios que tenían lugar ahí en esa misma época, y en El Parral, en fin, dado que el rechazo al nuevo impuesto fue total, su aplicación se suspendió inmediatamente: AGI , Audiencia de Guadalajara, legajos 18 y 21. En Quito, un siglo antes, su introducción había dado lugar a una de las grandes revueltas que sacudieron al imperio; véase Bernard Lavallé, Quito et la crise de l’Alcabala (1580-1600), Burdeos, 1992. 58. Linda Arnold, Bureaucracy and Bureaucrats in Mexico City (1742-1835), Tucson, 1988. 59. Eso es tema de un antiguo debate historiográfico que se centra en torno a dos cuestiones esenciales: la reforma del Estado y el acrecentamiento de su eficacia a través del aumento de la presión fiscal. En lo que respecta al primer punto, Eduardo R. Saguier ofreció un análisis valioso;

366

ahora bien, en lo concerniente a la visión que insiste en la ruptura introducida por la reforma del aparato del Estado, se puede agregar el clásico de Eduardo Arcila Farías, Reformas económicas del siglo XVIII en Nueva España, 2 vols., México, 1974; Kenneth J. Andrien, “The Sale of Jurors and the Politics of Reform in the Vice-Royalty of Peru (1608-1695)”, Journal of Latin American Studies, vol. 13, part. 1, 1981, y Brian R. Hamnett, Roots of Insurgency, Mexican Regions (1750-1824), Cambridge, 1986 (traducción al español en

ERA,

México, 1991), y, en lo que se refiere a la tesis inversa, al

trabajo clásico de John L. Phelan sobre Quito se puede agregar el de Alfredo Castillero Calvo sobre Panamá, La vida política en la sociedad panameña colonial. La lucha por el poder: primer ensayo de interpretación, sin lugar ni fecha de publicación; Yves Aguila, Monopoles d’État et changements sociaux dans le Mexique des Bour-bons, tesis de Estado de la Universidad de Burdeos III, 1985; B. E. Bobb, The Vice-Regency of Antonio María de Bucareli in New Spain (1771-1779), Austin, 1962; Jerry W. Cooney, “La Dirección General de la Real Renta de Tabacos and the Decline of the Royal Tobacco Monopoly in Paraguay (1779-1800)”, Colonial Latin American Historical Review, vol. 1, núm. 1, 1992; Eduardo R. Saguier, “The Contradictory Nature of the Spanish American Colonial State and the Origin of Self-Government in the Río de La Plata Region: The Case of Buenos-Aires in the Early 17 th Century”, Revista de Historia de América, núm. 97/1, 1984; Stanley J. Stein, “Bureaucracy and Business in the Spanish Empire (1759-1804). Failure of a Bourbon Reform in Mexico and Perú”, Hispanic American Historical Review, vol. 61, núm. 1, 1981, pp. 2-28; este último artículo dio lugar a un debate entre su autor y Jacques A. Barbier y Mark A. Burkholder en el vol. 62, núm. 3, 1982, pp. 460-478, de la revista. En lo que respecta al segundo punto, el debate fue iniciado por John J. Te Paske sobre la base de los datos obtenidos a partir de las reales cajas, publicados sucesivamente — y corregidos de una publicación a otra— entre 1976 y 1985. La utilización que ese autor hace de los datos para estudiar la coyuntura económica alimentó una gran controversia entre Jacques A. Barbier, Richard L. Gardner, David Brading, Herbert S. Klein y John H. Coatsworth, de la que Pedro Pérez Herrero hizo una síntesis crítica en “El crecimiento económico novohispano durante el siglo XVIII”, Revista de Historia Económica, año 7, núm. 1, Madrid, 1989. En la misma revista, John H. Coatsworth ofrece un estado bibliográfico de la cuestión en “La historiografía económica de México”, Revista de Historia Económica, año 6, núm. 2, Madrid, 1988, pp. 277-291. A lo anterior se pueden agregar las siguientes publicaciones posteriores: Herbert S. Klein y Jacques A. Barbier, “Recent Trends in the Study of Spanish American Colonial Public Finance”, Latin American Research Review, vol. 23, núm. 1, 1988, pp. 37-62; Richard L. Gardner, “Long-Term Silver Mining Trends in Spanish America: A Comparative Analysis of Peru and Mexico”, The American Historical Review, vol. 93, núm. 4, 1988, pp. 898-935, y Economic Growth and Change in Bourbon Mexico, Gainsville, 1993. 60. John L. Phelan, “Authority and Flexibility in the Spanish Imperial Bureaucracy”, Administrative Science Quarterly, vol. 5, núm. 1, 1960, pp. 47-65. 61. Ibid., pp. 60 y ss. 62. Un primer esbozo del estudio fue publicado en la Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine, vol. 41-2, París, abril-junio de 1994, con el título “De la richesse en Amérique: la genése des patrimoines familiaux des officiers de finances de Nouvelle-Espagne ( XVIIe-XVIIIe siècles)”. 63. La ley obligaba al futuro marido a pagar por concepto de arras un décimo de su patrimonio personal; sin embargo, a partir de los ejemplos encontrados, es evidente que esa regla estuvo lejos de ser unánimemente respetada. 64. Asunción Lavrín y Edith Couturier, “Dowries and Wills: A View of Women’s Socio-Economic Role in Colonial Guadalajara and Puebla”, Hispanic American Historical Review, vol. 59, núm. 2, 1979. 65. En el caso de los oficiales que contrajeron matrimonio varias veces, cada nueva alianza matrimonial daba lugar a una evaluación patrimonial, por lo que se puede considerar que cada una constituía un nuevo punto de partida desde el punto de vista socioeconómico. 66. En lo que respecta a la crítica de las fuentes, véase Michel Bertrand, “De la richesse en Amérique…”, op. cit., pp. 222-223.

367

67. A pesar de la negligencia común y corriente en lo que respecta al contrato de matrimonio y a la dote, se encontró la información financiera de los contratos matrimoniales en el caso de más de 80 % de los testamentos encontrados. 68. Con todo, la utilización de ese tipo de evaluación sigue siendo delicada, como lo demuestra el caso de Luis de Bolívar y Mena, quien, a pesar de haberse presentado como carente de capital personal alguno, en realidad había colocado todos sus bienes, esto es, más de 100 000 pesos, a nombre de su hijo único y heredero; véase Michel Bertrand, “De la richesse en Amérique…”, op. cit., p. 224. El recurso a los testaferros fue otra de las prácticas que hicieron mucho más ardua la investigación de la situación socioeconómica de los oficiales de la Real Hacienda. 69. Fred Bronner, “Urban Society in Colonial Spanish America: Research Trends”, Latin American Research Review, vol. 21, núm. 1, 1986, y Frédérique Langue, “Las élites en América española: actitudes y mentalidades”, Boletín Americanista, año 33, núms. 42-43, Barcelona, 1992-1993. 70. Los oficiales en servicio activo en Guadalajara en 1724 —Manuel de Lava, Pedro Otero Bermúdez y Francisco de Carmona— y, más adelante, en 1736 —Manuel de Cuevas y Franco, Francisco Ignacio Domínguez de Riezu y Antonio de Otero Bermúdez— demostraron que sus retribuciones no les permitían asegurar ya, con toda la distinción requerida, su participación en las fiestas oficiales: AGI, Audiencia de Guadalajara, legajos 114 y 94. 71. La frecuencia predominante del valor de la dote recibida por un oficial real se situó entre 9 000 y 20 000 pesos; en el caso de los contadores del Tribunal de Cuentas, la frecuencia se situó entre 13 000 y 30 000 pesos; véase Michel Bertrand, “De la richesse en Amérique…”, op. cit., p. 232. 72. Ibid., pp. 233-235. 73. Thomas Calvo, Guadalajara y su región en el siglo XVII: población y economía, Guadalajara, 1992; E. Van Young, La ciudad y el campo en el México del siglo

XVIII:

la economía rural de la región de

Guadalajara, 1675-1820, México, 1989, y R. M. Serrera Contreras, Guadalajara ganadera: estudio regional novohispano (1760-1805), Sevilla, 1977. 74. Probablemente el número de oficiales que se dedicaban a las actividades financieras era aún más importante, si se admite que la mayoría de los que poseían un capital en metálico de varios millares de pesos utilizó ese capital, o muy probablemente lo habría hecho, en ese género de actividad; consecuentemente, al menos 15 oficiales más se dedicaban con toda seguridad a la actividad de los préstamos a más o menos gran escala. 75. Efectivamente, en el caso de las fortunas reconstituidas, únicamente fue posible encontrar nueve propietarios de 10 oficios reales o municipales, como regimientos o escribanías; esto es, menos de 10 % de la muestra: las dos terceras partes de ellos correspondían a una herencia —tres de ellos en España—, lo que fortalece la idea de que los miembros del grupo tenían muy poco interés por ese tipo de inversión; únicamente se distinguen los oficios de González de la Cueva y Andrés de Liziaga Zavala en la Casa de la Moneda y el de correo mayor heredado por Manuel Ximénez de los Cobos, estimado cada uno en 50 000 pesos (AGNM , núm. 575, vol. 3946, y núm. 700, libro 4741). Quizá la práctica del beneficio (véase el glosario) no alentaba a los oficiales a hacer ese tipo de inversión. 76. L. Greenow, Credit and Socioeconomic Change in Colonial Mexico: Loans and Mortgages in Guadalajara (1720-1820), Boulder, 1985. 77. Testamento de Luis de Bolívar y Mena, de noviembre de 1711: AHEZ , serie Notarías, núm. 12, caja 4, libro 12. 78. George W. Walker, Política española y comercio colonial (1700-1789), Barcelona, 1979; Cristiana R. Borchart de Moreno, Los mercaderes y el capitalismo en México (1759-1778), México, 1984; V. Vázquez de Prada, “Las rutas comerciales entre España y América en el siglo Americanos, vol. 25, Sevilla, 1968, pp. 197-241.

XVIII”,

Anuario de Estudios

368

79. Testamento de Gabriel Guerrero de Árdila, del 9 de marzo de 1722, y de su esposa, María Antonia de Mendrice y Peña, del 22 de febrero de 1722, ante el notario Juan Rodríguez de Posada: AGNM , notaría 570, libro 3936.

80. Las haciendas estaban situadas en las jurisdicciones de Tula, Tetepango, Misquiaguala, Reino de León, Tierra de Pinos, Querétaro, villa de Cadereyta y San Luis de la Paz; idem. 81. Doris M. Ladd, The Mexican Nobility at Independence…, op. cit., p. 96, y Eduardo Báez Macías, “Plano y censo de la ciudad de México (1753)”, Boletín del Archivo General de la Nación, vol. 8, núms. 3-4, p. 426 (plano del cuartel suroeste de la ciudad de México, 1966). 82. Los créditos se distribuían entre 50 000 pesos heredados, 20 000 pesos de deudas de criados de sus haciendas y 16 000 pesos de salarios por percibir: AGNM , notaría 570, libro 3936. 83. Eduardo Báez Macías, “Plano y censo de la ciudad de México (1689)”, Boletín del Archivo General de la Nación, vol. 7, núms. 1-2, México, 1966, p. 44, y AGNM , notaría 570, libro 3936. 84. AGI, Audiencia de Guadalajara, legajo 117. 85. Idem. 86. A la niña María Francisca le proporcionó una dote de 4 077 pesos y le permitió desposar en 1718 a Feliciano Sánchez, maestro boticario, mientras que, en lo que respecta a los niños José Joaquín y Gabriel Marcos, de 13 y 11 años de edad, respectivamente, en 1722, recomendó a sus ejecutores testamentarios que velaran por su porvenir, recuperando para ellos los 16 000 pesos de salarios que le debía la administración real: AGNM, notaría 570, libro 3936. 87. Otorgó 60 pesos en forma de dádivas “a las mandas forzosas y acostumbradas y para las canonizaciones y beatificaciones”, a pesar de que, lo más a menudo, las sumas que se solían destinar a ese tipo de limosnas solamente representaban unos cuantos pesos. Recordaba la existencia de varias fundaciones piadosas que pesaban sobre sus bienes y, en fin, para la salvación de su alma, exigía el equivalente de 2 500 pesos en misas. La comparación con el testamento de su esposa es, por lo demás, reveladora del partido que había tomado por la ostentación: poseía un patrimonio de 28 000 pesos, que representaban el valor de su dote y del que distribuyó 2 300 pesos entre una criada y tres niños pobres; sus dádivas con finalidad religiosa se limitaron a 15 pesos y únicamente exigió para sí misma el equivalente de 500 pesos en misas: idem. 88. El promedio de los patrimonios se sitúa en alrededor de 87 000 pesos; de los representantes del modelo aristocrático, 14 poseían sumas inferiores a ese promedio, y nueve, superiores. 89.

AHN,

Órdenes militares, Pruebas de Santiago, exp. 4557. A pesar de sus pretensiones de hacerse

pasar como perteneciente a un antiguo linaje de la nobleza castellana, parece ser que, en realidad, sus antepasados eran cristianos nuevos (información oral proporcionada por JeanPierre Dedieu). 90. Isabel Antonia de Villa Septién era hija de Gerónimo de Villa Septién, caballero de la orden de Calatrava y miembro de la élite de Puebla, y de Teresa de Balcázar (o Valcárcel) Guerrero, también originaria de Puebla. Sus padres le dejaron como dote y herencia, al igual que a su hermana, un patrimonio total superior a los 100 000 pesos: AGI , Escribanía de cámara, legajo 268b, cuaderno 35, f. 2. 91. En esa época poseían dos haciendas en Tepeaca, estimadas en 62 000 pesos, y una hacienda llamada Acocuilco (o Teocuilco), de un valor superior a los 60 000 pesos, cerca de San Salvador el Verde: AGNM , notaría 307, libro 2111, ff. 29 a 34, y AGI , Escribanía de cámara, legajo 267a, cuaderno 2, ff. 577 y ss. 92.

AGNM ,

notaría 307, libro 2111, ff. 29 a 34. Se encontraba a dos cuadras del palacio real, en la

misma calle que la Universidad; véase Eduardo Báez Macías, “Plano y censo de la ciudad de México (1753)”, op. cit., p. 426 (plano del cuartel sureste de la ciudad de México, 1966).

369

93. En efecto, únicamente reconoció 6 000 pesos en inversiones comerciales y, por lo tanto, no mencionó ningún crédito; sin embargo, es probable que una buena parte de esa suma se hubiese encontrado invertida en actividades comerciales: AGNM , notaría 307, libro 2111, ff. 29 a 34. 94. AGI. Audiencia de México, legajo 824, núm. 19. 95. Cf. los capítulos I y II. 96. En efecto, compró una hacienda de labor en Nativitas por 39 000 pesos, y otras dos, en la jurisdicción de Guantitlán, llamadas La Corregidora y estimadas en 145 000 pesos: AGI , Escribanía de cámara, legajos 267a, cuaderno 2, y 267b, cuadernos 11 y 33. 97.

AGI,

Audiencia de México, legajo 568. No obstante, en 1737, el comerciante se quejaba ante los

herederos de Pedro Alejo López de Cotilla de la falta de reembolso del préstamo en los plazos previstos; idem. 98. La casa de la ciudad de México estaba gravada desde 1712 con censos correspondientes a más de la mitad de su valor (AGNM , notaría 307, libro 2111); por otra parte, las haciendas de Teocuilco y Guantitlán estaban gravadas con censos que superaban la mitad de su valor en beneficio de varias instituciones eclesiásticas (la Inquisición y los conventos de Jesús María, de la Concepción y de Santa Isabel): AGI, Escribanía de cámara, legajos 268b, cuaderno 38, f. 2, y 267b, cuaderno 10. 99. Michel Bertrand, “Sociétés secretes et finances publiques: Fraudes et fraudeurs á Vera-cruz aux XVIIe et XVIIIe siècles”, Mélanges de la Casa de Velázquez, t. 26/2, París, 1990. 100. Tal como Luis de Bolívar y Mena, quien estimaba sus pérdidas comerciales en 12 000 pesos, o, también, Andrés Antonio de la Peña, quien dilapidó en sus malos negocios cerca de 130 000 pesos, entre ellos el mayorazgo que le había transmitido su esposa: AHEZ , Notaría colonial, notaría 12, libro 12, y notaría 570, libro 3936. 101. Como Francisco de Síscara y Ramírez, comerciante de corazón y oficial real de Vera-cruz, cuyo patrimonio total conocido estaba invertido en actividades comerciales; véase Michel Bertrand, “De l’armée á l’office: ascension sociale et pratiques de pouvoir en Nouvelle-Espagne”, en Alain Musset y Thomas Calvo (coords.), Des Indes occidentales á l’Améríque latine, vol. 1, París, 1997, pp. 159-173. 102. Frédérique Langue, Mines, terres et société à Zacatecas (Mexique) de la fin du

XVIIe

siècle à

l’Indépendance, Publications de la Sorbonne, París, 1992. 103.

AGNM ,

notaría 637, libro 4405. Otros oficiales en situación igualmente delicada compartían

ese realismo, tal como Andrés Antonio de la Peña, quien ordenó que solamente se le hiciera un sepelio modesto, en comparación con los bienes que poseía en el momento: AGNM , notaría 570, libro 3936. 104. Si bien es necesario relativizar esa religiosidad de la abundancia: tomando en consideración todos los datos, las dádivas muy raramente superaron el millar de pesos entre los oficiales más acaudalados del grupo. 105. AGI, Audiencia de Guadalajara, legajo 90. 106. Ésa fue la decisión que tomaron Miguel Gerónimo de Ballesteros

(AGNM ,

notaría 547, libro

3722), Pedro de Barbabosa Porreño (AGNM , notaría 570, libro 3936), Luis de Bolívar y Mena (AHEZ, Notarías, núm. 12, caja 4, libro 12), Gabriel Guerrero de Árdila y su esposa, María Antonia de Mendrice y Peña

(AGNM ,

notaría 570, libro 3936), Cristóbal de Medina

(AGNM ,

notaría 307, libro

2111), José de Múgica Porra (AGI, Audiencia de Guadalajara, legajo 90), Andrés Pardo del Lago (AGNM , notaría 691, libro 4666), Francisco de la Peña

(AGNM ,

notaría 691, libro 4669), Bernardo Sánchez

del Rey (AGNM , notaría 13, libro 63), Antonio de la Vega y Noroña

(AGNM ,

notaría 56, libro 3885, y

notaría 379, libro 2520) y la esposa de Martín Nicolás Verdugo de Haro y Dávila, Juana Cano y Funes (AHEZ, Notaría colonial, núm. 15, caja 1, libro 3). 107. En su Diario curioso de México (1742-1758) (en Manuel Orozco y Berra, Documentos para la historia de México, 1a serie, vols. 4 a 6, México, 1854); José María de Castro Santa Ana menciona los decesos de Agustín José Rodríguez de la Rosa y su viuda, t. 5, p. 86; José Luis de los Ríos y Toledo, t. 4, p.

370

173; Juana Gerónima de Leyva Cantabrana Fernández de Zorrilla, viuda de Juan Antonio de Clavería y Villareales, t. 6, p. 226; Juana de Corsi y Ursini, t. 6, p. 209, y Sebastiana de Corsi y Ursini, t. 5, p. 209; parientes, ambas, del contador del mismo apellido, así como Esteban Rodríguez de Santa Cruz, t. 6, p. 97; Juan Fernando Navarro, t. 5, p. 216; Felipe Fernández Pacheco, t. 5, p. 148, y Pablo Asterica, t. 5, p. 75; La Gaceta de México, núm. 40, marzo de 1731, cita el fallecimiento de Diego Manuel de Carballido Lozada y Zurita; Antonio de Robles cita los decesos de Juan Deza y Tamayo, t. 2, p. 47; Domingo Fernández de Valcárcel, t. 2, p. 192; Mateo Fernández de Santa Cruz, t. 3, p. 177; Andrés Pardo del Lago, t. 2, p. 119, y t. 3, p. 22; Francisco de Rodezno Marín, t. 2, p. 30; Miguel de Ubilla y Estrada, t. 3, p. 25; Antonio Rodríguez del Rosal, t. 2, p. 177, y Antonio de la Vega y Noroña, t. 2, p. 211; y Gregorio M. de Guijo evoca también el deceso de Antonio Rodríguez del Rosal, t. 2, p. 11. En ninguno de los casos encontrados entre los cronistas de la vida social de las élites de la capital, se aporta precisión alguna sobre las condiciones del sepelio; se contentan con citar, cuando mucho, el lugar; en cambio, a todo lo largo de las crónicas abundan las anotaciones concernientes a la ostentación de las ceremonias fúnebres celebradas en honor de otras personalidades de la vida de la capital. 108. La dramatización que las esposas hacían de su situación, a la que recurrían sistemáticamente, formaba parte de la retórica a la que se ajustaba toda viuda y, de manera más general, todo heredero preocupado por obtener una indemnización en una época en que todavía no estaba en funcionamiento el “Montepío de Ministros”. Entre los muy numerosos ejemplos, se pueden citar los casos de los oficiales reales de Guadalajara, Ildefonso de Cuervo y Valdés, Diego de Izunza y Zuazo —los dos, caballeros de la orden militar de Santiago—, Manuel de Lava y Bartolomé de Llerena Ayala, todos los cuales dejaron viudas sin recursos (AGI, Audiencia de México, legajos 738 y 114); y lo mismo ocurrió en los casos de los oficiales de Veracruz, Francisco de Amilibia y Bernardo de Sumbil (AGI, Escribanía de cámara, legajo 296b, cuaderno 28, ff. 11, 25 y 27). Esa situación no excluía de ninguna manera a las viudas de los oficiales del Tribunal de Cuentas de México, como lo confirma la precaria situación de Francisca Rosa Sauza y Villanueva, viuda de José Benito Terreros Ochoa, que no tenía nada que envidiar a la de Teresa de Ramírez, viuda de Andrés Antonio de la Peña (AGI, Audiencia de México, legajo 738).

NOTAS FINALES 1. Véase el glosario. 2. Véase el glosario.

371

Conclusión

1

Al término de este recorrido, el mundo de los oficiales de la Real Hacienda de la Nueva España de los siglos XVII y XVIII aparece como un conjunto social cuyo funcionamiento no se podría reducir al enfrentamiento entre dos componentes de las élites coloniales identificadas únicamente conforme al criterio del lugar de nacimiento. Los oficiales reales, insertos en el meollo de una estructura administrativa fundamental para el buen funcionamiento del sistema colonial, se aprovechaban ampliamente de su situación y, por su parte, las élites locales buscaban asegurarse a cualquier precio su buena voluntad, cuando no su apoyo o su colaboración, mientras que, por el contrario, las autoridades españolas y coloniales, plenamente conscientes del peligro, pretendían impedir a cualquier precio esa colusión nefasta para sus intereses. De esa manera, la administración de la Real Hacienda de la Nueva España y sus agentes eran el objeto del conjunto de problemas y de los conflictos que los colocaban en el centro de las estrategias de poder de unos y otros.

2

El Estado español consideraba que la administración de la Real Hacienda de sus provincias de ultramar era merecedora de una proporción importante de sus cuidados. Así, la reglamentación severa y puntillosa, las estrictas normas de funcionamiento, las múltiples y jerarquizadas instancias de supervisión y las numerosas prohibiciones que imponía al personal debían servir útilmente a la defensa de sus intereses; sin embargo, la más que mediocre eficacia de ese conjunto de medidas iniciales, objeto de recordatorios regulares, alentó muy pronto al poder a contemplar correcciones, ajustes o reformas. Ya a finales del siglo XVII, el establecimiento de las superintendencias constituyó una manifestación de la preocupación por asegurar una supervisión más eficaz sobre los agentes de la administración fiscal; en el mismo orden de ideas, el recurso a la alternancia entre el arrendamiento y la administración directa de ciertas rentas o ingresos reales pretendía alcanzar los mismos objetivos; y, en fin, la radical reforma de la contratación de los oficiales de la Real Hacienda, que se impuso a partir de 1720, coronó la acción reformadora que se había emprendido. El abandono de la venalidad de los oficios, la insistencia en la capacitación y la búsqueda de una verdadera profesionalización constituyeron los tres aspectos de un proyecto que debía garantizar la transformación del conjunto administrativo en consideración. Consecuentemente, las aspiraciones reformadoras se presentan como un proceso que se caracterizó por su continuidad desde finales del siglo XVII y se prolongó a todo lo largo del siglo siguiente. En ese sentido, las

372

reformas impuestas después de la visita general de José de Gálvez se presentan con claridad mucho más como el desenlace de un lento y prolongado proceso que como una ruptura del tipo que fuere. Lejos de haber sido innovadoras, las reformas de la segunda mitad del siglo XVIII se revelan, antes bien, como una verdadera toma de conciencia de lo que estaba en juego, con la aceptación de su costo económico. Una vez levantado ese tabú, se hacía posible entonces pretender hacer realidad los objetivos que, a falta de los medios suficientes, las reformas anteriores nunca habían podido alcanzar.

FIGURA 1. Edificio de la garita de Nonoalco, 1817; Archivo General de Indias, Mapas y Planos, 658, México. 3

Ese primer enfoque de la metrópoli, que era reformador antes de volverse, más simplemente, prosaico y centrado en lo cuantitativo, tropezaba, no obstante, con los intereses de los agentes económicos locales. Éstos, preocupados por defender sus intereses personales, se esforzaban por transformar a los agentes reales en la vanguardia de sus grupos de presión. A cambio de las tentadoras ofertas de integración a un mundo al que no pertenecían ni por sus orígenes familiares ni por sus orígenes sociales, la inversión no tardaba en darse; los oficiales de la Real Hacienda, peninsulares de nacimiento en su gran mayoría, se transformaban en verdaderos representantes de los intereses criollos ante las diversas instancias del poder colonial. Entonces, aprovechando sus responsabilidades, hacían que se beneficiaran, conforme a su buena voluntad, todos aquellos que les habían ofrecido su apoyo inmediatamente después de su desembarco. Muy rápidamente, las fianzas, las alianzas matrimoniales, las amistades y la asociación económica transformaban a los inmigrantes en criollos, tanto por interés como por ataduras. En ese sentido, las prohibiciones, la supervisión o las reformas desembocaban ineluctablemente en el mismo callejón sin salida, para el mayor provecho de las familias y los linajes que habían tenido la habilidad o la inteligencia de integrar en su seno a uno o varios oficiales de la Real Hacienda.

4

Con todo, si bien la decisión de integración de esos representantes del rey servía a los intereses económicos de las familias correspondientes, no por ello dejaba de suponer el que tuvieran que superar ciertos obstáculos, inherentes a una sociedad del Antiguo Régimen. El temor de las familias que los acogían a un matrimonio desigual podía surgir de la pertenencia social más que modesta y sin brillo de los oficiales de la Real Hacienda

373

de la Nueva España. En efecto, recuérdese que las tres cuartas partes de ellos provenían esencialmente de medios socioprofesionales en los que sus ascendientes desempeñaban solamente funciones modestas: la administración general a escala local y provincial, metropolitana o americana, la administración central en torno a los reyes y los virreyes y, en fin, el ejército. En lo concerniente a los que pertenecían al mundo de las élites administrativas, militares o económicas, no eran más que un componente secundario del grupo. Sin duda alguna, se presentaban graduaciones entre los oficiales reales o los contadores del Tribunal de Cuentas; si bien los segundos pertenecían manifiestamente a familias más encopetadas, en una situación relativamente equilibrada con la de la esposa, no ocurría lo mismo en el caso de los oficiales reales, que en 50 % llevaban a cabo alianzas matrimoniales socialmente desequilibradas. 5

Lo que incitaba a la familia de la esposa a consentir en tal tipo de alianza no podía ser la esperanza de un ascenso desde el punto de vista profesional en el seno del aparato administrativo: el perfil de la carrera profesional de todos los oficiales de la Real Hacienda no era más brillante que su extracción social; las promociones eran raras y el retorno a la metrópoli, a la administración central, verdaderamente excepcional; en el mejor de los casos, los oficiales de la Real Hacienda sólo podían contar con algunas distinciones honoríficas, entre las que la concesión de hábitos de las órdenes militares era probablemente la más codiciada.

6

En realidad, las ventajas de los miembros del grupo estudiado se encontraban en un plano diferente al de los simples criterios socioeconómicos. Para esos individuos, que en su gran mayoría desembarcaban jóvenes en América, sus orígenes peninsulares constituían manifiestamente una ventaja importante a los ojos de las familias que los acogían. Lejos de marginarlos, las familias criollas veían en ellos, por el contrario, un atractivo para los intereses de su propio linaje. Y en ello desempeñaba probablemente su función la “pureza de sangre”, en el sentido colonial del término, aun cuando no se haya encontrado nunca la menor alusión a ella en la investigación; al desposarse con un peninsular libre necesariamente de toda sospecha de sangre impura, un linaje criollo podía blanquearse convenientemente. Un segundo aspecto consistía en los terciadores metropolitanos de los que el recién llegado hacía que se beneficiaran sus nuevos aliados; así, los parientes o amigos situados en el entorno del poder central se convertían en los representantes del núcleo familiar que se encontraba en las colonias; a través de ellos transitaban entonces muy frecuentemente las solicitudes de promociones, privilegios o ventajas de todo tipo.

7

Independientemente de los orígenes de los oficiales de la Real Hacienda, que las familias que los acogían percibían como ventajas, el oficio que aquéllos ejercían constituía otra posibilidad importante para ellas, dado que, a menudo, esas familias ejercían sus actividades profesionales en el mundo económico. La presencia de un familiar, cuya principal función consistía precisamente en reglamentar esas actividades, era una oportunidad importante. Consecuentemente, la exención de impuestos, el aprovisionamiento de mercaderías de todo tipo y los monopolios de suministros de los mercados públicos reservados a sus familiares y amigos acababan siendo una de las actividades cotidianas de los oficiales de la Real Hacienda; por lo demás, aprovechando sus apoyos y contactos en el aparato administrativo americano, aseguraban una verdadera protección para esas actividades delictuosas que servían de base a la vida económica de la circunscripción donde ejercían.

8

A partir de estas observaciones, parece ser que lo esencial no residía manifiestamente en las normas administrativas oficiales, cada vez más severas y exigentes, notablemente con

374

respecto al grupo estudiado; sin pasarlas por alto, no obstante —en particular la introducción de los nuevos criterios de contratación fundamentados en la profesionalización y la competencia—, resulta que, con el tiempo, las reformas estructurales se revelaron muy poco funcionales frente a la continuidad de los comportamientos familiares, de parentesco y relacionales. Las familias se las ingeniaban para mantenerse indefinidamente en el seno del aparato administrativo, garantizando, de hecho, si no de derecho, la herencia de los oficios de la Real Hacienda en el seno del linaje; igualmente, se esforzaban por hacer perdurar la solidaridad entre los diversos sectores administrativos, volviendo inoperantes mediante esos subterfugios los procesos de supervisión laboriosamente establecidos; y lograban, en fin, mantener la cohesión del cuerpo social, superando y haciendo a un lado la división entre criollos y peninsulares. Los matrimonios mixtos, los contactos que mantenían con los parientes de la metrópoli, de quienes esperaban intervenciones y apoyos, y el retorno a España, que permitía estrechar los vínculos de parentesco, amenazados necesariamente por la distensión debido al alejamiento, eran finalmente las herramientas que garantizaban la cohesión del linaje, la cohesión social y, en última instancia, la cohesión imperial. 9

Las relaciones de amistad que cultivaban los miembros del grupo estudiado reforzaban las decisiones familiares y las sustituían en los casos en que los vínculos familiares no podían intervenir. A semejanza de las relaciones familiares, los vínculos de amistad se caracterizaban por la naturaleza mixta de los orígenes geográficos de los actores, lo cual era una garantía de la complementariedad de las redes relacionales así constituidas. Esas redes, que alentaban a los oficiales al fraude, a las extorsiones y, de manera más general, a los abusos de todo género, constituían la verdadera espina dorsal de la vida social colonial. Por servir a sus intereses, los oficiales de la Real Hacienda aceptaban, sin mucha vacilación ni escrúpulos aparentes, violar sus compromisos y olvidar la fidelidad que debían a quien los había nombrado. En ese sentido es como se debe interpretar la expresión “hombres nuevos, costumbres viejas” que reproduce Linda K. Salvucci. Finalmente, poco importaban el origen geográfico, el método de contratación y el grado de competencia de los agentes de la administración de la Real Hacienda; en una sociedad que privilegiaba las relaciones familiares y estaba desprovista necesariamente de toda noción de servicio público, los oficiales de la Real Hacienda ponían el poder que poseían al servicio de los parientes y los amigos.

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Por lo demás, las relaciones familiares y de amistad se revelaban mucho más útiles para los propios oficiales de la Real Hacienda que lo que podía ser una vida de fiel servidor en el seno del aparato administrativo. La concepción patrimonial del oficio, ya sea que se hubiese comprado o no, impregnaba cada uno de los actos, elecciones y decisiones que, día tras día, constituían la práctica administrativa de los oficiales del rey; en sus relaciones con los otros poderes administrativos, los oficiales de la Real Hacienda se revelaban capaces de afirmar sus propias atribuciones profesionales; en el plano local, su prestigio, sus funciones, su papel y, en fin, sus atribuciones dejaban a menudo poco espacio a los otros representantes de la autoridad real; y, en lo concerniente a las instancias superiores, los privilegios que acompañaban a su oficio los protegían de las intromisiones demasiado puntillosas, ofreciéndoles siempre materia para sus vehementes protestas, que raramente eran rechazadas. Por lo tanto, es claro que los oficiales actuaban en condiciones de autonomía relativa en el ejercicio de sus responsabilidades; y esa libertad de maniobra se complementaba con su pertenencia a las sólidas redes relacionales, que les permitían disponer de terciadores importantes y poderosos, en

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ocasiones muy lejos del lugar donde ejercían. En consecuencia, el oficio, adquirido después de muchos esfuerzos y, a menudo, de esperanzas anteriormente frustradas, servía ante todo para cimentar la posición social de su titular: el prestigio inherente tanto al oficio como al título, el poder que ejercían en contra de las élites económicas locales y la autonomía con respecto a las otras instancias administrativas, que mantenían a un alto precio, garantizaban al titular del oficio un lugar específico en el seno de la sociedad colonial; pero eso no era todo: en una sociedad en la que el dinero y la ostentación ocupaban un lugar determinante en el establecimiento de la reputación, el oficio que poseían les ofrecía posibilidades de enriquecimiento con muy pocos riesgos; no sólo los “aprovechamientos lícitos” sino también los calificados como “ilícitos” por los propios oficiales ofrecían a los que eran hábiles la posibilidad de integrarse al mundo de las élites económicas: participando eficazmente en las actividades comerciales o financieras mediante préstamos de sumas de las que ellos eran muy a menudo únicamente los depositarios, se imponían de hecho como miembros activos de la élite colonial.

FIGURA 2. Plano de la ciudad de Puebla que precisa el establecimiento de las nuevas garitas de la aduana de la ciudad (1724); Archivo General de Indias, Mapas y Planos, 519 bis, México. 11

Con todo, la integración no dejaba de ser menos frágil y, en resumidas cuentas, parcialmente incompleta, ya que se apoyaba casi exclusivamente en dos fundamentos, constituidos por el oficio y el matrimonio: la desaparición prematura de uno u otro de esos fundamentos, cualquiera que fuese la razón —fallecimiento, sanciones, etcétera—, interrumpía inmediatamente el proceso de integración; por lo demás, la mayoría de ellos se reveló incapaz de concretar al término de una generación el conjunto de comportamientos propios de las élites americanas: dado que no podían fundar verdaderas dinastías comparables a los grandes linajes de la colonia —no constituían mayorazgos—, sólo excepcionalmente recibían títulos de nobleza y sólo podían dedicarse a una piedad ostentosa con la moderación que les permitiera la magnitud de su fortuna, cómoda, es cierto, pero lejos de ser impresionante. Hechas esas salvedades, ello no quiere decir que no lograran estabilizar su situación familiar, gracias al oficio que ejercían: se incrustaban en el aparato administrativo, colocando a hijos, sobrinos o allegados en oficios semejantes al suyo; y, sobre todo, lograban hacer que, en un gran número de casos, esas élites a las que ansiosamente aspiraban integrarse aceptaran a sus hijos en matrimonio. Desde ese punto de vista, se puede considerar entonces que los oficiales de la Real Hacienda eran plenamente representativos de esas élites de la sociedad colonial, que, sin ser las más encopetadas, no dejaban de ser las más numerosas. Y, si bien es cierto que esas élites

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secundarias, integradas en redes de fidelidad y dependencia con respecto a protectores más poderosos, soñaban con imitar el modelo impuesto por las élites principales, también disponían de sus propias redes de incondicionales y dependientes. 12

Las familias y las redes relacionales desempeñaban la función de espina dorsal del sistema colonial precisamente en ese sentido. En efecto, las inevitables rivalidades y contradicciones que se hacían presentes en el seno de las élites coloniales —entre criollos y peninsulares, entre élites principales y élites secundarias y entre élites antiguas y élites nuevas— eran superadas a través de esa doble estructura, antes de disiparse. La solidez, coherencia y capacidad de esas redes para imponer a todos sus miembros una autoridad que aceptaban y raramente ponían en tela de juicio se revelaban en resumidas cuentas más eficaces que todas las reformas, proyectos o innovaciones. Mientras que, por el simple hecho de la lejanía, los particularismos y las especificidades locales, la lógica del sistema imperial estimulaba más bien las fuerzas centrífugas, las familias, los linajes y las redes relacionales reintroducían en el sistema social colonial una fuerte dosis de integración y flexibilidad, garante de su perpetuación. Sin duda alguna, las finalidades que perseguían esos agentes integradores eran totalmente ajenas a las del aparato del Estado colonial, por lo que, si bien es cierto que en esa sociedad colonial se enfrentaron dos lógicas, lo esencial de lo que estaba en juego se situó precisamente entre las redes de sociabilidad y el Estado colonial, mucho más que entre los criollos y los peninsulares.

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Fuentes y bibliografía

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Audiencia de México Registro de oficios, Reales órdenes y reales cédulas, legajos 1078 a 1087, 1103 a 1115 y 1116-1117. Materias gubernativas e informes, legajos 1157-1158. Decretos originales, legajos 16-17. Indiferente general Decretos originales, legajo 615. Reales órdenes y ordenanzas para el Tribunal de Cuentas, legajo 1691. ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN (AGN )

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2) Correspondencia administrativa a) Correspondencia administrativa de las autoridades del virreinato ARCHIVO GENERAL DE INDIAS

Audiencia de México Cartas y expedientes del virrey, legajos 51 a 67, 507 a 508 y 1256-1335. Cartas y expedientes de la Audiencia, legajo 90. Cartas y expedientes de los jueces de comisión, legajos 550, 552, 554, 556 y 899. Audiencia de Guadalajara

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Serie correspondencia, cajas 1 a 3. b) Correspondencia administrativa del Tribunal de Cuentas de México ARCHIVO GENERAL DE INDIAS

Audiencia de México Cartas y expedientes del tribunal, legajos 321, 732 a 739, 1990 a 1992. c) Correspondencia administrativa de los oficiales reales de la Nueva España ARCHIVO GENERAL DE INDIAS

Audiencia de México Cartas de oficiales reales de Nueva España, legajos 32-33, 114-115, 327, 354, 371, 431, 632, 743 a 747, 855 a 862, 865, 867, 868, 871, 897, 898 y 1062. Expedientes de oficiales reales sobre dependencias, legajos 1013, 1046, 1062-1063, 2913 a 2915, 3105, 3117 y 3118. d) Correspondencia administrativa de la Casa de Moneda de México ARCHIVO GENERAL DE INDIAS

Audiencia de México Cartas y expedientes de la Casa de Moneda, legajos 749 a 759 y 2812. e) Correspondencia administrativa de las diversas contadurías ARCHIVO GENERAL DE INDIAS

Audiencia de México Alcabalas de Nueva España, legajos 822 a 828 y 2090 a 2092. Alcabalas de Puebla, legajos 341-342. Tributos y azogue de Nueva España, legajo 748. Media anata, legajo 625. Naipes, legajo 2318. Audiencia de Guadalajara Alcabalas de Guadalajara, legajos 161 y 172. ARCHIVO HISTÓRICO DEL ESTADO DE ZACATECAS

Fondo Real Hacienda Alcabalas, cajas 1 y 2.

3) Correspondencia de particulares con la administración ARCHIVO GENERAL DE INDIAS

379

Audiencia de Guadalajara Cartas de personas seculares, legajos 40 y 117a 121. Audiencia de México Cartas de personas seculares, legajos 161 a 167, 277 y 560 a 571.

4) Contratación de los oficiales de la Real Hacienda ARCHIVO GENERAL DE INDIAS

Audiencia de México Provisiones de oficiales reales, legajos 454, 1065, 1962, 1970 a 1972 y 1986. Títulos de empleados de media anata, legajo 2335. Títulos de empleados del ramo de tabaco, legajo 2255. Expedientes de nombramientos del virrey, legajo 610. Nombramientos de visitadores, legajo 1243. Nombramientos de Real Hacienda, legajo 2911. Audiencia de Guadalajara Provisiones de oficiales reales, legajos 152 y 424. Indiferente general Relaciones de méritos, legajos 111, 119, 123, 125, 127, 129, 130, 133 a 135, 137 a 138, 141 a 143, 145 a 149, 155, 160 a 161, 163, 165, 166, 171, 177-178, 183, 206, 209, 221 a 222, 225, 236, 246-247, 1506 a 1510, 1516, 1846, 2998 y 3001. ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL

Órdenes militares Pruebas de Santiago, exp. 4557. CENTRO DE HISTORIA DE MÉXICO

– CONDUMEX (CHM-C)

Fondo colonial Fondo L. G. C, carpeta 3-9, núm. 128. Nombramiento del contador general de tributos, XVII-1, carpetas 1-8, núm. 38.

5) Documentos relativos al funcionamiento de la administración de la Real Hacienda ARCHIVO GENERAL DE INDIAS

Contaduría Relación del ramo de Hacienda, legajo 815. Audiencia de México Expedientes e informes sobre Real Hacienda, legajos 252, 423, 492 y 2347.

6) Diligencias judiciales en contra de los oficiales de la Real Hacienda ARCHIVO GENERAL DE INDIAS

Audiencia de México Expediente de la visita general de J. de Gálvez, legajos 1246 a 1250. Testimonio de autos contra oficiales reales de Sombrerete, legajo 269.

380

Audiencia de Guadalajara Expedientes sobre procedimiento de los presidentes de la Audiencia, legajos 175 y 180 a 182. Escribanía de cámara Visitas y pesquisas llevadas a cabo en la administración de la Real Hacienda, legajos 178, 179a, 180b, 185a, 262a, 265a, 270a, 275b, 277a, 290a, 295b, 296a, 297a, 298c, 299, 303a, 307c, 399a y 1183. ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

Ramo historia Denuncias de oficiales por abusos, tomos 41, 135 y 156. Ramo civil Denuncias de oficiales por abusos, vol. 966. Condenaciones de oficiales, vols. 778, 820, 890, 1115, 1133, 1343, 1515, 1608, 1618 y 1753. Ramo judicial Condenaciones de oficiales, vol. 20. Ramo de reales cédulas Condenaciones de oficiales, vols. 36-37. ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL

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Serie judicial Inventarios de bienes, caja 5.

7) Contratos, dotes y testamentos y fianzas ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS DE MÉXICO (AGNM )

Lista nominativa de los notarios consultados: Antonio de Arroyo, Andrés de Almogueras, José Anaya Bonilla, Antonio Viles, Ginés de Castro, Manuel de Esquivel, Sebastián González de Mendoza, Blas de Herrera, Bal-thazar Morante, José Muñoz de Castro, Antonio Alejo de Mendoza, Marcos Pérez Conde, Felipe Romeo de Vera, Juan Miguel Leonardo de Sevilla, Martín de los Ríos, Juan Rodríguez de Posada, Diego Ruiz Aragonés, Bernabé Sarmiento de Vera, José de Valdés, Nicolás Varela, Francisco de Valdés, Francisco de Valles. Los registros de Antonio Félix de Pozada y Agurto, escribano mayor de minas y registro de Real Hacienda de México no se encontraron. ARCHIVO HISTÓRICO DEL ESTADO DE ZACATECAS

Serie notaría colonial Lista nominativa de los notarios consultados: Vicente Escobar, Miguel Alexo Ferrero, Ignacio González Vergara, Manuel Gutiérrez de Vila, José de Laguna, Diego Payvetta, Francisco Sánchez de Santa Ana, Pedro Sánchez Santa Ana, Luís Sarriva, Diego Vásquez Borrego. Serie protocolos José de Santa María Maraver. Serie oficios vendibles y renunciables, caja 1. Serie tierras Acta – Escritura de propiedad (1696).

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ARCHIVO HISTÓRICO DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO (AHUG)

Protocolos de cabildo, tomos 1696, 1699, 1702, 1708, 1730, 1733, 1747, 1748, 1772-1773 y 1792. Protocolos de presos, tomo 1780.

8) Manuscritos BIBLIOTECA NACIONAL DE MADRID (BNM )

Catálogo de manuscritos de América, manuscritos núms. 1092, 1448, 2029, 2939, 3010, 3025, 3026, 3047, 3048, 12026, 12055, 13228, 19124, 19251, 19252 y 20271. REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA DE MADRID (RAHM )

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402

Glosario

1

Acogerse a sagrado: huir de una dificultad que no se puede satisfacer, interponiendo una voz o autoridad respetable.

2

Anata: impuesto eclesiástico que consistía en la renta o frutos correspondientes al primer año de posesión de cualquier beneficio o empleo. Véase media anata.

3

Asiento: contrato u obligación que se hacía para proveer de dinero, víveres o géneros a un ejército, a un asilo, etcétera.

4

Aviador: persona que costea labores de minas; de aviar: prestar dinero o efectos a los labradores, ganaderos o mineros.

5

Censo: obligación o carga que existe sobre alguna propiedad, por la cual el que la disfruta tiene que pagar cierta cantidad a otra persona, bien como intereses de un capital recibido de ella, bien como reconocimiento de su dominio sobre la finca.

6

Consulado: cierto tribunal antiguo formado por un presidente llamado “prior” y varios miembros llamados “cónsules”, que entendía en asuntos comerciales.

7

Cuartilla: medida de capacidad para áridos, cuarta parte de una fanega, equivalente a 13.87 litros.

8

Ensayar: probar la ley de los metales preciosos; peso ensayado: peso de ley. Exacción: acción y efecto de exigir impuestos, prestaciones, multas, deudas, etcétera.

9

Fábrica, derecho de: rentas y derechos que se cobraban en las iglesias para el sostenimiento del edificio y del culto. Fondos destinados a esos mismos objetos.

10

Factor: oficial real que recaudaba los tributos en las Indias y entregaba las rentas correspondientes a la Corona.

11

Familiar de la Inquisición: ministro de la Inquisición, que tenía entre sus funciones la de visitar las prisiones.

12

Futura: derecho a la sucesión en un beneficio o empleo que todavía no está vacante.

13

Intérlope: se aplicaba a cualquier clase de comercio realizado ilegalmente en las colonias.

14

Juro: 1. Derecho perpetuo de propiedad. 2. Especie de pensión perpetua que se concedía sobre las rentas públicas, ya por merced graciosa, ya por recompensa de servicios, o bien por vía de réditos de un capital recibido.

403

15

Libro de razón: en francés, antiguamente, el libro donde el jefe de familia llevaba la crónica y las cuentas de la casa.

16

Marco: peso de media libra (230 gr) que se usaba para el oro y la plata.

17

Media anata: 1. Derecho que se pagaba al ingreso de cualquier beneficio eclesiástico, pensión o empleo secular, correspondiente a la mitad de lo que producía en un año. 2. Cantidad que se satisfacía por los títulos y por lo honorífico de algunos empleos y otras cosas. Véase anata.

18

Partido: distrito o territorio de una jurisdicción o administración que tiene por cabeza un pueblo principal.

19

Protomedicato: tribunal examinador que daba las licencias para ejercer la medicina.

20

Reformado: se aplicaba a los oficiales que no estaban ejerciendo su cargo.

21

Regimiento ( regiduría): oficio o empleo de regidor.

22

Rentero: arrendatario de una renta pública o persona que toma parte en las subastas de esas rentas; en la época, se trataba de las rentas del Estado monárquico. El español partidario, que parecería ser el equivalente del francés partisan, se usaba para referirse, en algunas zonas mineras, al encargado de contratar o arrendar un modo especial de laboreo.

23

Residencia: proceso seguido contra el residenciado; de residenciar: someter un juez a investigación la conducta de otro juez o la de un funcionario público en un cargo de autoridad. Pedir cuentas o explicaciones a alguien que ejerce un cargo. También: “juicio de residencia”.

24

Señoreaje: derecho que pertenecía al príncipe o soberano en las casas de moneda, por razón de la fábrica de ella.

25

Sindicar: acusar o delatar. Hacer recaer sobre alguien una sospecha o una tacha.

26

Veedor: nombre dado antiguamente a distintos cargos de inspección, por ejemplo de las obras de los distintos gremios o de los aprovisionamientos, para el cumplimiento de las ordenanzas.

404

Índice onomástico

Abad, Santiago: 223n Abarca y Valdés, Francisco de: 131n Academia Real de Prusia: 13n Acapulco: 55, 64, 71, 73, 73n, 84, 85n, 94, 94n, 95, 110-111, 115, 130, 130n, 147-149, 154, 159n, 199-201, 201n, 207, 249n, 262, 262n, 275, 277, 277n, 307, 313n, 331, 364, 382, 390, 400, 427, 468, 469n, 470 Acocuilco (o Teocuilco), hacienda de: 504n, 506n Acuña Aduna, Isabel: 280-281 Acuña Alarcón, Antonio: 281 Acuña y Manrique, Juan de, marqués de Casafuerte: 37, 39, 48, 48n, 62, 126, 165, 165n, 194n, 260n, 306, 331n, 347-349, 399, 440n, 441, 443, 477 Aduna, Ana: 281 Agira Acharán, Pedro: 344 Agirego, Francisco: 344 Agramonte, Juan de: 428n Aguirre (familia): 259 Aguirre, Juan Francisco: 270 Aguirre Gomendia: 344 Aguirre y Cuevas (familia): 269 Aguirre y Cuevas, Juan Antonio: 270 Aguirre y Espinosa, José de: 269 Aguirre y Espinosa, Juan Manuel: 344 Aguirre y Espinosa, Manuel de: 270n Aguirre y Negro, Francisca Antonia: 269, 269n Aguirre y Negro, José Francisco: 269, 269n Aguirre y Negro, Manuel Santiago: 269-270

405

Agurto y Salcedo, Juan Miguel de: 91-92, 305, 332n, 364, 366, 374, 378-379, 387, 389, 392, 468n Alarcón, Martín de: 93n Alarcón y Ocaña (familia): 259-262, 331 Alarcón y Ocaña, Antonio de: 261 Alarcón y Ocaña, Diego de: 261 Alarcón y Ocaña, Francisco de: 122n, 260-261, 269, 276, 310n, 333n, 349 Alarcón y Ocaña, Francisco Ignacio de: 261, 310n Alarcón y Ocaña, Luis de: 261 Albuquerque, duque de: véase Fernández de la Cueva Enríquez, Francisco Alcalde Romeo, Bernardo: 65, 248n, 316n, 349, 360n, 362n Alcántara, orden de: 225n, 429n, 430n Alcorta y Camacho, Diego de: 428-429 Alderete, Margarita de: 249n Alderete y Soto, Luis de: 249n Alencastre Noroña y Silva, Fernando de, duque de Linares y marqués de Valdefuente: 37, 45, 93, 194n, 308, 434n Allende Salazar, Diego: 286 Allende Salazar, Diego Pedro: 284, 286, 288 Allende Salazar, José Nicolás: 286 Allende Salazar, Juan Bautista: 284n, 286, 288 Altamira, marqués de: véase Rodríguez de Albuerne, Juan, y Sánchez de Tagle, Luis Alvarado: 118n Álvarez Campana, Bernardo: 493 Álvarez de Abreu, Antonio José, marqués de la Regalía: 331n Álvarez de Guytián, Alejandro: 310n Álvarez de Sotomayor, Juan: 380n, 381n Álvarez de Ybarra, José: 84n, 494 Amat, Bernardo de: 59n Amatlán: 427 América: 18, 25, 28, 31, 41-42, 86, 90, 97, 129, 132, 144, 179-180, 182-183, 196, 198, 238, 242, 246-247, 254, 257, 267, 267n, 271, 275, 279, 283, 300, 327, 355- 356, 358, 369-371, 397n, 407, 410, 412- 418, 440n, 442, 452n, 481, 483, 495, 516 Amilibia, Francisco de: 510n Andalucía: 177 Andes, los: 25n, 26 Angas, Diego de: 274 Ano, José de: 339n Anucita: 280 Apartado, marqués del: véase Fagoaga y Arósqueta, Francisco Manuel Cayetano de

406

Aponte, Luisa: 282 Aragón, Diego Miguel de: 385n, 386, 386n Araguzo, Juan Gil de: 66 Aramburu, Antonio de: 460 Arana Palacios, C: 315n Aranda, José de: 275 Aranda, Juan de: 275 Aranda, María de: 275 Arango, Juan: 334n Aranguren, María: 285 Arciniega: 280, 283n Arellano, Roque de: 332n, 339n Argüelles y Miranda, Juan Manuel: 290-292, 295 Argüelles y Sánchez de Tagle, Josefa Paula: 294 Arizpe: 74n Arrapalo, Bartolomé de: 319 Arredondo, Fernando: 334n Arredondo, Gaspar de: 53, 344, 346, 505 Arriaga (familia): 283 Arroeta, José Mateo de: 260 Arroeta, Juan de: 120n Arroyabe: 269 Arroyo, José de: 337-338, 340 Arroyo, Juan de: 315n Arroyo, Juan Antonio: 309n Arteta, Pedro de: 253n Ascue, Juan Miguel de: 380n, 381n, 460 Asterica, Pablo: 509n Asturias: 177, 293 Atlixco: 430-431, 435n Atrisco y de Fuensalida, duque de: 344 Audiencia de Cuentas: 133, 136 Audiencia de Guadalajara: 76, 80n, 86, 114, 125, 135n, 160, 254-255, 339n, 340, 351, 367, 374, 382n, 404, 474 Audiencia de Guatemala: 114, 339n, 365-366, 385 Audiencia de La Habana: 37 Audiencia de México: 17n, 35, 39-41, 44-45, 45n, 49n, 53, 76n, 80n, 81n, 86, 86n, 99, 103n, 104, 106, 109, 110n, 114, 116, 129, 129n, 131-134, 148, 151, 162, 210n, 220, 233, 249, 255n, 260n, 269n, 318, 318n, 319n, 331n, 334, 340, 345, 347-349, 361- 362, 365-368, 371-372, 375, 378, 394-395, 397, 398n, 414, 418, 418n, 419-421, 425, 429, 434, 434n, 435, 439n, 441n, 442-443, 444n, 446, 447n, 448, 450, 460n, 464, 466n, 471, 473, 474n, 477, 479-481

407

Audiencia de Quito: 284 Audiencia de Valladolid: 365, 384 Aulente Perri, María Catarina: 275 Aulente Perri, María Luisa: 275 Auti Ayala Cano, Diego de: 50-51 Avendaño, José Manuel de: 159n, 230n, 351n Avijo, Bernardo: 344 Ávila, Alonso de: 431-432 Azcárate, Juan Antonio: 334n Azeburu, Sebastián de: 49 Azpiroz, Martín de: 230n Badajoz: 501 Balcázar Guerrero, Teresa de: véase Valcárcel Guerrero, Teresa de Ballarta y Palma, Alonso de: 434n Ballesteros, Miguel Gerónimo de: 252n, 310n, 494, 509n Baños, conde de: véase Leyva y de la Cerda, Juan Francisco de Barbabosa Porreño, Pedro de: 159n, 351n, 494, 509n Barbadillo Victoria, Francisco de: 40, 44, 47, 50, 364, 368 Barreda, Pedro de la: 474n Barreneche, Juan de: 100 Barrenechea (familia): 270n, 280 Barrenechea Allende, Fernando: 285 Barrenechea Erquíñigo, Francisco Fernando: 285 Barrenechea Múgica, Fernando: 285 Barrenechea Salazar, Fernando Cayetano: 284n, 285-286 Barrenechea Zaldívar (familia): 270n Barrenechea Zaldívar, Manuel de: 270 Barrenechea/Zaldívar/Berrio (familia): 280, 283, 285, 287, 289 Barrieta: 345 Barroeta, Francisco Xavier de: 263 Barroeta, Gabriel de: 263 Barroeta, José de: 263 Barroeta, Juan Crisóstomo de: 162, 263, 447n Barroeta, Pantaleón de: 263 Barroeta, Pedro Antonio de: 263 Batista, Pedro de la: 81n Benavides, Antonio de: 331n Berenjero, Diego: 344 Berrio (familia): véase Barrenechea/Zaldívar/ Berrio Berrio, Andrés de: 283n, 288

408

Berrio, marqués del Jaral de: véase Berrio y Zaldívar y Retes, Miguel Ignacio de Berrio Landázuri, Andrés: 288 Berrio Landázuri, Juan Bautista: 288 Berrio Landázuri, Matías: 288 Berrio y Zaldívar y Retes, Miguel Ignacio de, marqués del Jaral de Berrio: 283, 288, 308-309, 439n, 501 Berroa, Antonio: 334n Betis, Ana María de: 248n Bilbao: 270n, 280, 284, 284n Bobadilla, Francisco de: 358, 358n Bolaños: 55, 64n, 74, 77, 113, 116, 200-201, 314n, 471 Bolívar (familia): 280 Bolívar, Manuela: 287 Bolívar y Mena, Luis de: 253n, 310n, 338, 338n, 339-340, 360n, 487n, 493, 500, 500n, 507n, 509n Borbones (dinastía): 234, 266 Borda, José de la: 255n Braslau, escuela de: 13n Bravo, Felipe Plácido: 260 Bribiesca: 280, 284n Buenos Aires: 19n, 26, 90, 470n Burgos: 276, 342 Bustillo, Fernando: 331n Bustos, Diego José de: 225n, 229n Caballero y Pollores, Juana: 274 Cabañas, Pedro de: 310n, 494 Cabeza de Vaca, Alvar Núñez: 415n Cabrera: 53 Cabueñas, Josefa: 438n Cabueñas, Juan de: 438n Cadereyta: 500n, 501 Cádiz: 274, 274n Cagigal de la Vega, Francisco: 261 Cajamarca: 64n, 74 Calamcha y Valenzuela, Cristóbal de: 364- 366, 378, 385-386, 387n, 389-390, 392, 409n Calatrava, orden de: 225n, 290n, 504n Calderón, Antonio: 290 Calderón, Juan: 315n Calderón, Manuela: 290 Callao: 90 Camino Velasco, José: 62n, 310n, 334n

409

Campa y Cos (familia): 248n Campa y Cos, Ana María de la, condesa de San Mateo de Valparaíso: 283, 288 Campa y Cos, Antonio de la: 248n Campa y Cos, Felipa Antonia de la: 248n Campa y Cos, Fernando de la, conde de San Mateo de Valparaíso: 248n, 255n, 315n, 501 Campeche: 55, 59, 64n, 72, 77, 113-114, 145, 148-149, 274, 306, 317, 474 Campillo, José de: 331n Campillo y Cosío, José de: 364, 368, 371, 390 Campillo y Cosío, Juan de: 464n Canal (familia): 290n Canal o Canales, Francisco: 290n, 343 Canal o De la Canal, Domingo: 290n Canales: véase Canal Canales, Francisco: véase Canal o Canales, Francisco Cano y Funes, Juana: 254, 509n Capitanía General de Guatemala: 75, 75n, 204n Carballido Lozada y Zurita, Diego Manuel de: 225n, 309, 309n, 438n, 494, 509n Carlos II: 20, 20n Carmona, Francisco de: 256, 491n, 493, 501 Cárraga, Juan Bautista: 473 Carragal, Simón de: 155 Carrasco y Retortillo, Antonio de: 309n Carreño de Miranda, Juan: 20n Carrera, Esteban de la: 249n, 331, 493 Carrera, Juan Lucio de la: 93, 93n, 255n, 317n Carrillo Escudero, Gerónimo: 348n, 349 Cartagena y Torre, Manuel: 225n Casa de la Moneda: véase Real Casa de la Moneda de México Casafuerte, marqués de: véase Acuña y Manrique, Juan de Castañeda, Alejo: 281-282 Castañeda, Bartolomé: 281-282 Castañeda, Francisco: 281-282 Castañeda, Sebastián de: 273 Castaño Mendieta, José Ignacio: 285-286 Castaño Mendieta, María Ignacia: 286 Castaño Mendieta Leguizamon Begoña, María Josefa: 284n, 285-286 Castaño Taborga Leguizamon, Juan José: 286 Castellano, Francisco: 57n Castilla: 110n, 177, 278, 342, 418, 442n, 446 Castilla la Nueva: 177

410

Castilla la Vieja: 177 Castillo, Manuel Francisco del: 385 Castillo Veytia, Manuel del: 436 Castro, Alexandro: 334n Castro, Nicolás: 334n Castro y Figueroa, Pedro de, duque de la Conquista: 162 Cavite, fuerte de: 263 Cebrián y Agustín, Pedro, conde de Fuenclara: 107, 125, 331n Cerda Sandoval Silva y Mendoza, Gaspar de la, conde de Galve: 117, 117n, 127, 271, 342, 344, 504 Cevallos, Alonso de: 473-474 Cevallos y Villagutiérrez, Antonio de: 364, 367, 373-376, 382n, 404 Chacón, Luis José: 315n Chalco: 272n Charcas: 84 Chiapas: 75 Chicontepec: 342 Chietla: 342 Chihuahua: 74n, 457n Chinchilla, Manuel de: 107 Cholula: 427, 435n Cilacaycapo: 272n Clavería, Juan de: 308, 308n Clavería y Villareales, José Antonio de: 509n Clavería y Villareales, Juan Antonio de: 84n, 98, 105n, 308, 510n Cleere, Felipe: 493 Coahuila: 93 Colaso, Antonio: 334n Colón, Cristóbal: 358, 358n, 413, 413n Comayagua: 75n Concepción, convento de la: 506n Conquista, duque de la: véase Castro y Figueroa, Pedro de Consejo de Indias: 28, 31n, 35, 35n, 37-38, 40-41, 44, 46, 48, 52-53, 62, 74, 77, 87, 93, 95, 98, 100n, 101, 102n, 103-104, 106, 108-109, 109n, 110n 119-120, 120n, 123, 125, 127-128, 129n, 130n, 131-132, 134, 134n, 136, 138, 142-43, 145, 150, 152, 152n, 153, 158n, 159, 159n, 161-162, 164, 164n, 165, 165n, 172n, 173, 190, 208n, 209-210, 223n, 224, 230n, 231, 243, 254255, 265n, 269n, 271n, 273-274, 275n, 277n, 278, 292n, 294, 305, 318, 318n, 326n, 328, 331n, 332n, 336, 344-345, 348, 348n, 350n, 351, 351n, 361, 375-376, 378- 379, 379n, 381, 382n, 385, 388-390, 395- 397, 397n, 398-400, 404, 404n, 406, 410n, 411, 419, 419n, 421-422, 422n, 423, 423n, 424, 427, 429n, 430, 430n, 434, 434n, 435, 439, 442, 442n, 444, 444n, 447, 449- 450, 451n, 459-460, 461n, 462n, 468, 471n, 472-473, 476, 476n, 478, 480-481, 505 Consejo de Órdenes Militares: 194n

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Consejo de Real Hacienda: 278, 422n, 442n, 444n, 448 Consejo Real y Supremo de las Indias: véase Consejo de Indias Consulado de México: 82n, 267, 425 Contreras, Pedro Domingo de: 130n, 164, 209n, 307n, 348n, 351-352, 364-365, 393n 407-409 Contreras y Torre, José de: 229n Córdova, Bernarda de: 271n Córdova, Fausta de: 271n Córdova, Manuel de: 271n Córdova, Melchora de: 271n Córdova, Teresa de: 271n Córdova y Villa Franca, Francisco de: 80n, 310n Corella: 506 Cornejo, Francisco: 345 Corsi y Ursini, Francisco Antonio de: 159n, 349, 350n, 502 Corsi y Ursini, Juana de: 509n Corsi y Ursini, Sebastiana de: 509n Cortes de Castilla: 504 Cortés, Hernán: 413 Cos, Miguel de: 429n Cosío, Antonio: 344 Cosío, Diego de: 334n Cosío, Pedro Antonio de: 142, 150, 450n Coto y Lira, Jacinto de: 334 Cuba: 241n Cuéllar, José: 344 Cuencame: 339n Cuervo y Valdés (familia): 259 Cuervo y Valdés, Francisco Antonio de: 185n, 249n, 256, 493 Cuervo y Valdés, Ildefonso de: 256, 510n Cueto, Antonio: 92, 92n Cueva, Ana Catarina de la: 271n Cuevas, Juan de: 270n Cuevas y Franco, Manuel de: 256, 491n Culiacán: 482n Cumaná: 373n Cuzco: 279 Dávalos Carballido, Antonio: 334n Dávalos y Orozco, María Magdalena Catarina, condesa de Miravalle: 501 Dávila de Madrid, Fernando: 364 Dávila Galindo, Juan: 428n Daya, José de la: 348n, 349

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Daza, Sebastián: 334n De la Canal: véase Canal Delgado, Frutos: 424 Deza y Tamayo, Juan: 228, 510n Deza y Ulloa, Antonio de: 118, 342, 409n, 505 Deza y Ulloa, Fernando de: 84n, 98-99, 105n Díaz de Bracamonte, Juan: 434n Díaz de Celis, José Francisco: 105n, 276 Díaz de Lavandero y Martín, Mateo Pablo, marqués de Torrenueva: 331n Díaz de los Llanos, Diego: 493 Domínguez de Riezu, Francisco Ignacio: 256, 491n Duarte, Gerónimo: 57n Durán del Moro, Pedro: 272n Durango: 55, 73, 73n, 75-77, 84, 88, 112, 148, 151, 199-201, 207, 273n, 313n, 317-318, 318n, 319, 418n, 472n, 482n Echaburú, María: 288 Echaurrí, Agustín de: 270, 274 Echave, José de: 472 Echegaray, Juan de: 268, 334n, 464n Echevarría y Ercolaga (familia): 434, 436n Echevarría y Ercolaga, Pedro de: 436 Echevarría y Ercolaga, Sebastián de: 434n Ecuador: 29 El Dorado: 355, 438 El Parral: 76, 76n, 418n, 482n El Rosario: 116 Elcorobarrutia y Santa Cruz, José Bernardo: 278-279, 282 Elcorobarrutia y Zupide, Andrés de: 278, 282 Elcorobarrutia y Zupide, María Josefa: 282 Elcorobarrutia/Zupide (familia): 278, 280-281 Eminentes de España: 343-344 Enríquez, Alfonso: 415n Enríquez de Rivera, fray Payo, arzobispo de México: 432 Ensenada, marqués de la: véase Somodevilla Bengochea, Cenón Erquíñigo (familia): 280 Erquíñigo, Rodrigo: 284n, 287 Erquíñigo Ocariz, María: 285 Erquíñigo Zabugal, Agustina: 287 Erquíñigo Zugasti, Diego: 284n, 285 Esaín, Juan Antonio de: 334 Escalante y Mendoza, Juan de: 154 Escobar, Manuel de: 59n

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Escobedo, José: 337n, 338 Escribano del Olmo, Juan: 493 España: 19-21, 31, 38, 42, 48, 59, 60n, 127, 143, 163n, 177, 193, 194n, 225n, 243, 246, 272n, 273n, 274, 277n, 284, 303, 306, 324, 329, 343, 347n, 348, 371, 441-442, 448, 484, 499n, 517 Espinosa Ocampo y Cornejo, José Antonio de: 434n Espíritu Santo, convento del: 500 Estacasolo y Otálora, Juan de: 271n Estado político del Reyno del Perú: 26 Estrada, Bartolomé de: 75 Estrada, Chelipe de: 461 Estrada, Pedro de: 459 Estrada y Córdoba, Felipe de: 459 Europa: 20, 411 Extremadura: 177, 501 Fagoaga y Arósqueta, Francisco Manuel Cayetano de, marqués del Apartado: 315n, 438n, 440 Faveau y Quesada, Enrique de: 193n Feixoo y Centellas, Francisco de: 81n, 418 Fernández, Antonio: 57n Fernández, Pedro Juan: 59n Fernández Canal (familia): 292 Fernández Canal, José de: 146, 152n, 290- 292, 360n Fernández de Cabrera, Pedro: 384, 385n Fernández de Guevara, Juan José: 321n Fernández de la Cueva Enríquez, Francisco, duque de Albuquerque: 90, 125, 126, 138, 143n, 153, 229n, 271, 272n, 429n Fernández de Santa Cruz, Manuel: 428, 428n Fernández de Santa Cruz, Mateo: 228, 429n, 510n Fernández de Santillán, Pedro: 429n Fernandez de Valcárcel, Domingo: 510n Fernández del Barco, Pedro: 225n, 494 Fernández Lechuga, José Vicente: 335n Fernández Molinillo, Francisco: 331n, 348n, 349-350, 443n Fernández Molinillo, Gabriel: 444 Fernández Pacheco, Felipe: 274n, 509n Fernández Villanueva Veytia Linage, José: 344 Fernández y Veytia (familia): 436n Fernández y Veytia Linage, José de: 436, 440 Ferrari, Francisca: 281 Filipinas: 263, 380, 460

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Flores, Antonio: 334n Florida, la: 19, 75n, 415n Francia: 171, 258 Fresnillo: 339n, 374 Frías, Luisa: 288 Fuenclara, conde de: véase Cebrián y Agustín, Pedro Fuensalida, duque de: véase Atrisco y de Fuensalida Fuente, Juan de la: 281 Fuente, Juan Ignacio de la: 279 Fuente Ferrari, Francisco Xavier: 281 Fuente Ferrari, Juan Ignacio: 281 Gaceta de México: 37n, 347 Gainza, Juan José de: 436 Galarreta, Diego de: 474n Galdiano, Bartolomé: 494 Galicia: 177 Gallardo, Rafael: 84n Galve, conde de: véase Cerda Sandoval Silva y Mendoza, Gaspar de la Gálvez, José de: 56n, 58, 62, 81, 164, 262, 265, 265n, 277, 331, 364-365, 369-371, 382, 382n, 390, 390n, 393n, 400-402, 408, 445, 450-451, 469n, 515 Garabito, Pedro de: 319 Gárate y Francia, Juan de: 57, 58n, 91, 92n, 305-306, 317n, 364, 367, 371, 372n, 377, 377n, 379-383, 389n, 390, 392, 459, 459n, 464n, 468n-469n, 471n García, Esteban: 399 García, Pablo: 334n García de Arroyo, Francisco: 103 García de Manzanares, Simón: 310n García de Soto, Tomás: 315n García Manrique de Vargas: 339 Garzarón, Francisco de: 38, 98n, 365, 407, 434n Gaspar de Zepeda: 434n Gatón y Valdés, Gonzalo: 57n, 306 Gil de Gibaja, José: 276, 277n Godínez Cabeza de Vaca y Silva, Francisco: 342n Gómez Lobato, Antonio: 105n Gómez Rendón (familia): 338-339 Gómez Rendón, Francisco: 332, 332n, 336-341, 374, 493 Gómez Rendón, Sebastián: 336-337, 339n, 341n, 374 González Campillo, Fernando: 493 González de Agüero, Félix: 364, 367, 434n González de Espinosa, Santiago: 270

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González de la Cueva: 493, 499n González de Lasarte, Francisco: 342n González de Manjares, Juana: 339 González de Mendoza, Sebastián: 321n González del Álamo, Juan Bautista: 332n, 339 González Lasarte, Ignacio: 344 Gorospe Yrala, José de: 434n Gorráez Beaumont y Navarra, Teobaldo: 249n Gortázar (familia): 280 Gortázar Arandia, María Liberata: 286-287 Gortázar Gandía, Margarita Liberata: 284 Gortázar Guendica, Domingo Martín: 287 Gortázar Guendica, Juan Bautista: 286 Granada: 263 Griot Alternative: 32, 277n Guacava: 378 Guadalajara: 18, 38, 55, 67, 72, 78, 81n, 82n, 84, 89, 94n, 95, 110n, 111, 117-118, 128, 147-149, 151, 177, 199-201, 207-208, 248n, 254-256, 259, 274, 275n, 307, 313n, 314n, 315, 315n, 322n, 331n, 335n, 338- 339, 339n, 340, 348n, 350n, 351n, 353, 364, 367, 373, 375, 399, 418, 419n, 420- 422, 426, 451n, 457, 472n, 473-474, 474n, 491n, 509, 510n Gualucán: 342n Guanajuato: 32, 55, 73, 73n, 82, 84n, 112- 113, 122n, 147-148, 156, 199-201, 207, 252n, 272n, 274, 307, 310n, 313n, 315, 321, 421, 457n, 471, 475, 486-488, 491 Guantitlán: 292, 505n Guantitlán, hacienda de: 506n Guardiola, marqués de: véase Padilla y Estrada, José Gregorio de Guatemala: 457n Guatulco: 272n Guazacalco: 464n Güemes y Horcasitas, Francisco de, conde de Revillagigedo: 142, 162, 194n, 230-231, 272n, 276 Guerrero de Árdila, Francisco: 501 Guerrero de Árdila, Gabriel: 67, 130n, 155, 163n, 255n, 263n, 310n, 332, 332n, 348-351, 494, 500-503, 509n Guevara, Íñigo de: 501 Guexotcingo: 435n Guillen, Sebastián: 57n Guixaro, José: 66 Gutiérrez, Salvador: 334n Gutiérrez de la Peña, José: 348n, 364 Gutiérrez de Linares, Antonio: 348n

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Guzmán, María Andrea de: 271n Guzmán y Córdoba, Sebastián de: 306, 364, 367, 371, 393-394, 397 Haro y Monterroso, Fernando de: 81n Herrada, María Josefa de: véase Rada, María Josefa de Herrera, Andrés de: 158n Herrera, Blas de: 321n Herrera, Juan Francisco de: 430n Hierro, Felipe de: 451n Honduras: 114 Horcasitas: 114 Hoyo Calzada, Bernardo del: 248n Huarochirí: 160 Hurtado de Mendoza, José, conde del Valle de Orizaba: 248n Hurtado de Mendoza, Nicolasa: 248n Ibáñez Ozerín, Luis: 159n, 229n Ibargoyen, José Manuel: 451n Ibarrola, Francisco Xavier de: 193n Imaz y Arbillaga, Sebastián de: 146, 159n, 229n Imperio español: 358 Indias: 123, 125, 125n, 190, 194n, 257, 273- 274, 276, 278, 328, 344, 349, 358, 365, 384, 430n, 446, 460 Inquisición: 255n, 261, 279, 377n, 397n, 38n, 506n Irazogue, Francisco de: 120n Iriarte, Pedro de: 76 Irigoyen, Faustino de: 194n Irrazabal Elcorobarrutia, Manuel: 279 Italia: 297 Iturbide, José Joaquín de: 501 Ixmiquilpan: 261 Izquierdo, Juan: 436 Izunza y Zuazo, Diego de: 256, 510n Jaca: 308n Jalapa: 59n Jaral de Berrio, marqués del: véase Berrio y Zaldívar y Retes, Miguel Ignacio de Jarero, José: 334n Jáuregui, Margarita: 249n Jáuregui y Barrera (familia): 434 Jáuregui y Barrera (hermanos): 433 Jáuregui y Barrera, Juan de: 428n, 430, 433, 433n Jáuregui y Barrera, Pedro de: 428n Jesús María, convento de: 506n

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Jourdain, Monsieur: 11, 11n Junta de Hacienda: 38, 80, 86, 117, 131, 158, 162, 396, 425-426, 442, 447n Junta de la Moneda: 440-441, 441n, 443 La Española: 358, 413 La Habana: 75n, 90, 177, 241n, 269, 317, 324 La Laguna, conde de: véase Urquiola, José de La Plata: 284 Ladrada, marqués de Leyva y de: véase Leyva y de la Cerda, Juan Francisco de Lampón: 460 Landázuri, Juan Francisco: 285, 288 Landázuri, Juana: 288 Landázuri Bolívar, Estanislao: 287 Landázuri/Zaldívar (familia): 280, 283 Lanterri, José de: 263n Lanterri, Manuel Francisco de: 263 Lanterri Ferrer, José Jaime: 229n Lanterri Ferrer, Juan José de: 310n Larburu y Mora, Pedro de: 344, 346, 349, 352n Larráinzar, Manuel Ignacio: 120n Lasalde, José de: 474n Lastera Román, Vicente: 334n Lava, Manuel de: 256, 457, 491n, 510n Lazo de la Vega, Juan: 334 Lazo de la Vega, Nicolás: 59n Lazo Nacarino, Francisco: 249n Lazo Nacarino, Juan: 249n, 250n, 335 Lazo Nacarino, Rosa María: 249n Leaegui (familia): 122n Leaegui, Gonzalo de: 122n, 310n, 493 Legazi, Ignacio de: 59n León, José: 334n León, Reino de: 500n Lexarde, Juan de: 318-319 Leyva, Tadeo: 334n Leyva Cantabrana Fernández de Zorrilla, Juana Gerónima de: 509n Leyva y de la Cerda, Juan Francisco de, conde de Baños y marqués de Leyva y de Ladrada: 131n Leyva y de Ladrada, marqués de: véase Leyva y de la Cerda, Juan Francisco de Leyva Ysasi, Francisco de: 460, 461n, 462n Liaño, Pedro: 493 Licona, Juan de: 380n, 381n

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Lima: 132, 263, 279, 284, 324 Linares, duque de: véase Alencastre Noroña y Silva, Fernando de Liz, Agustín de: 255n Liziaga Zavala, Andrés de: 154, 346, 494, 499n Llerena, Bernardo: 493 Llerena Ayala, Bartolomé de: 248n, 256, 375, 404, 474, 510n Llorente, Francisco de: 327n Lobera, Juan de: 159n, 349, 350n Logroño: 177 López de Ayala, Gregorio: 338-339 López de Cotilla, Diego: 503 López de Cotilla, Manuel: 342, 503 López de Cotilla, Pedro Alejo: 35, 38-39, 48, 50, 52-53, 269, 310n, 312, 312n, 315n, 341-347, 493, 503-506 López de la Madrid, Juan: 337n, 338 López de la Peña, Francisco: 274n López de Landa, Nicolás: 440 López de Larrea, Francisco: 344-345 López de Urbina, Fernando: 81n López de Ursino, Fernando: 418, 418n López Matoso, Antonio de: 120, 120n, 122n, 261, 330, 331n Lucio, Marcos: 92n, 469n Luis XIV: 129n Luna, Francisco de: 144 Luna y Arias, Francisco Mateo de: 340 Luna y Arias, Gerónimo de: 340 Madrid: 41-43, 48, 92, 92n, 109, 131n, 141, 167, 197, 238, 247, 249, 249n, 252-254, 266, 278, 292, 294, 296, 309n, 327n, 338, 345, 353, 355, 361, 379, 387, 411, 438n, 443, 481, 503 Madrigal, José: 59n Maestre, Agustín: 334n Maiora, Juan de: 59n Maldonado, Sebastián de: 378 Mallen, Juan José: 334n Malo de Villavicencio, Pedro: 80n, 260n, 331n, 347, 349-351, 362n Mancera, marqués de: véase Toledo, Antonio Sebastián de Manco de Andrade, José de: 434n Maniau, Joaquín: 73n, 99, 99n Manila: 75n, 155, 249n, 276, 435, 501 Maracaibo: 373n Marañón: 57 Maravatío: 342n

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Mariátegui, Bernardo: 344 Marichalar, Juan Bautista de: 344, 346 Marichalar, Juan Ignacio de: 344 Marquesado del Valle: véase Valle, Marquesado del Marroquín, Pedro: 428n, 429n Martínez Carvajal, Manuel: 35 Martínez Soria, Juan Manuel: 272n, 310n, 349-350 Mata, Rodrigo de: 429n Mata Linares, Felipe de: 341n, 374n Maynar y Paniagua, Pedro de: 375, 404, 474, 493 Mazapil: 374 Mazo Calderón, José del: 275-276 Medina, Bernardo de: 57n Medina, Cristóbal de: 493, 509n Medrano, Diego: 337n, 338 Medrano, Isabel de: 256 Medrano, Melchor de: 474n Meléndez, Antonio de: 44 Mella, Alonso de: 230n Mendíbil, Pedro Antonio de: 269n Mendieta, Josefa Antonia: 286 Mendo de Urbina, Juan: 159n Mendoza, Antonio Alexo de: 321n Mendoza y Escalante, Pedro de: 429n Mendrice, Juan Bautista de: 46, 157, 158n, 310n, 332n, 350n, 392, 446, 502 Mendrice, María de: 502 Mendrice y Peña, María Antonia de: 350n, 500n, 509n Merdonald, Robert: 53 Mérida: 55, 64n, 72, 72n, 77, 95, 113, 148- 149, 269n, 270, 274, 307, 313n, 386, 472, 472n Meruelos: 276 Mesía de la Cerda, José: 254n Mesoamérica: 457n Mestitlán: 272n México: 18, 19n, 35, 37n, 38-43, 46, 48-49, 52-54, 63-64, 71-72, 72n, 73n, 79n, 80n, 82, 82n, 84, 84n, 85n, 88-89, 91, 94, 94n, 95, 96n, 98-99, 100n, 104-106, 106n, 114- 116, 118, 121, 121n, 125, 130n, 132-134, 141, 147-148, 151, 152n, 154, 167, 177, 194n, 199-201, 207-208, 210, 238, 247, 248n, 249, 252, 252n, 253, 254, 254n, 255, 255n, 259-260, 269, 270n, 272n, 275276, 278, 283, 283n, 289-290, 290n, 291- 292, 293n, 294, 304-308, 309n, 310n, 312, 313n, 314n, 315, 315n, 316-317, 321, 336, 339, 343-347, 348n, 349, 353, 360n, 364, 366, 368-369, 369n, 372n, 379, 384, 390, 394-395, 407-408, 410n, 411, 421-425, 427, 429, 432, 436, 438n,

420

439-440, 443- 444, 456, 457n, 463n, 467-468, 472, 474, 477, 478n, 479, 486-487, 498, 500, 501n, 503-505, 505n, 506n, 509 Miaguatlán: 272n Michoacán: 74n, 378, 462n Mier, Francisco: 344 Mier y Terán, Antonio de: 230n Miranda (familia): 259, 289, 291 Miranda, José: 493 Miranda, José Ignacio: 292-293 Miranda, Juan Antonio: 310n Miranda, Juan Ignacio: 291 Miranda Canal, José Ignacio de: 35, 209n, 269, 293, 343, 343n, 344 Miranda Canal, Juan Ignacio de: 292, 312 Miranda/Fernández Canal (familia): 284, 294 Miranda Villaysán, José de: 254n Miranda y Solís (familia): 290 Miranda y Solís, Melchor de: 290-291 Miravalle, condesa de: véase Dávalos y Orozco, María Magdalena Catarina Misquiaguala: 500n Moctezuma y Tula, conde de: véase Sarmiento y Valladares, José Molière: véase Poquelin, Jean-Baptiste Molinillo, Fernando: 344 Molinillo, Gonzalo: 344 Montalvo, José Antonio: 338 Montalvo, Juan Antonio: 253n, 339 Montecuesta, Nicolás: 343-344 Montemayor, J. F. de: 45n Montepío de Ministros: 510n Monterde y Antillón, Pedro María de: 223n Montero, Roque de: 60n Montoya (familia): 283 Montoya, Juan: 493 Montoya, Nicolás: 193n Mora de Gutiérrez, Justo: 385n Mora y Luna, Francisco de la, conde de Nuestra Señora de Guadalupe del Peñasco: 501 Morales, Antonio: 155 Morales, Diego: 337n, 338 Morales, Joaquín: 155 Moreno, Luis de: 130n Mosqueira, Baltazar de: 318n

421

Mozaraba, Manuel Alonso de: 428n Muelas, Felipe de: 225n, 273n, 371n Múgica Aperribay, María: 285 Múgica Porra, José de: 337-338, 338n, 508, 509n Muñoz Villalón, Francisco: 317n Murueta y Otálora, José de: 264, 381n Nájera, Isidro Nicolás de: 348 Nápoles: 356n Narváez, Pánfilo de: 415n Nativitas: 505n Navalcarnero: 342, 503 Navarro, Juan Fernando: 159n, 193n, 230n, 349, 350n, 502, 509n Navarro, Matías: 394, 399 Nayarit: 114 Negro y Estrada, Magdalena: 269 Nicaragua: 75n, 114 Nieto, Juan: 380n Nogal, Juan Bautista: 343-344 Nogales Dávila, Pedro: 434 Nuestra Señora de Guadalupe: 306 Nuestra Señora de Guadalupe del Peñasco, conde de: véase Mora y Luna, Francisco de la Nueva España: 17n, 18, 18n, 20, 21n 26, 31- 33, 37-39, 53-56, 60n, 64, 64n, 67-68, 71- 75, 78, 80, 84, 87, 89-91, 94-95, 98n, 100- 101, 106, 110-111, 113-115, 117, 120, 122, 122n, 125, 127-128, 131, 141n, 143, 148, 151-152, 160, 165n, 173, 177, 179- 180, 182-183, 189, 193-194, 194n, 198- 201, 203-205, 207-211, 219, 233, 241n, 252, 262, 262n, 265n, 266, 269-271, 271n, 273-274, 276-277, 279, 291-292, 303-304, 308n, 309n, 314, 314n, 316, 324, 327n, 329, 334-336, 342-343, 345, 347-348, 362- 363, 367, 371n, 386, 388, 391-392, 394, 396, 401, 402n, 406-409, 411-414, 429n, 435, 440n, 442, 448, 451, 451n, 454, 460- 461, 465, 471, 474, 487, 491, 495, 499, 501, 504, 506 Nueva Galicia: 72, 72n, 74, 248n, 259, 290, 314n, 339n, 340, 421, 439n, 472n, 474n, 482n Nueva Vizcaya: 75, 114, 289, 344-345, 418, 418n, 419n, 422, 439n, 471, 472n, 482n Nuevo León: 114 Núñez de Villavicencio, Pedro: 84n, 445 Nuvilla: 280 Oaxaca: 74n, 75, 82n, 84n, 85n, 263, 272n, 421, 457n, 467 Ocariz, Ángela de: 284n, 285 Ocariz, Francisco de: 284n, 285 Ocariz, María Nicolasa: 285-286 Ocariz Vargas, Ana María: 285, 288 Ocariz Vargas, Tomás Francisco: 285 Ochoa Arteaga, Casilda: 287 Ochoa y San Martín, Pedro Francisco de: 83n Olabarría, Diego: 493 Olloqui, José: 344 Orduña: 268, 280, 283n

422

Orduña y Sosa, Mariana de: 501 Orduño Rosales, Manuel: 288 Orduño Salamanca, María Tomasa: 284n, 286, 288 Orinaga, Ventura de: 193n Orozco, Francisco: 337n, 338 Ortega y Montañés, Juan de, arzobispo de México: 93n Ortiz, Juan José de: 230n Ortiz de Lagarcha, Diego: 458, 459n, 460, 461n, 462n Ortiz Elcorobarrutia, Manuel: 281-282 Ortiz Landázuri (familia): 283, 284n Ortiz Landázuri, Antonio: 284n, 287 Ortiz Landázuri, Catalina: 287 Ortiz Landázuri, Juan Bautista: 287 Ortiz Landázuri, Lorenzo Ignacio: 287 Ortiz Larrazábal, Pedro: 282 Osilla y Rayo, Juan Gerónimo de: 40, 364, 368, 371-372, 390 Otero Bermúdez (familia): 259 Otero Bermúdez, Antonio de: 491n Otero Bermúdez, Pedro: 82n, 421, 491n Ozaeta y Oro, José Francisco de: 248n, 349, 352n Pachal, Manuel: 334n Pachuca: 55, 73, 84n, 111, 113, 148, 185n, 199-201, 207, 249n, 270, 274n, 276, 290- 291, 293, 307, 313n, 386, 470 Padilla: 93, 93n Padilla, Salvador: 335n Padilla y Estrada, José Gregorio de, marqués de Guardiola: 348n Pagabe, Francisco de: 37, 74, 89n, 127-128, 165, 165n, 335, 335n, 364-365, 393n, 407, 407n, 448-450 País Vasco: 177, 270 Palacio, María: 288 Palacios, José de: 194n Palacios, Prudencio de: 37-40, 44, 46n, 49n, 53-54, 154, 347-350, 364, 366, 443, 505 Palafox, Juan de: 431 Panamá: 482n Paniagua Quintela, Antonio de: 317, 318n Pardiñas Villar, Juan Isidro: 331 Pardo de Nájera, Isidro Nicolás: 331, 351n, 494 Pardo del Lago, Andrés: 228, 494, 509n, 510n Pardo del Lago, Antonio: 159n Paredes, conde de: 264

423

Paredes, Francisco de: 344, 346 Paredes, Juan: 343-344 París: 31n Paz, Ventura de: 228, 359 Paz Fiesco, María Antonia: 279, 281-282 Paz Fiesco, Sebastián: 281-282 Paz y Vera, Beatriz: 288 Peña, Andrés Antonio de la: 157, 158n, 160, 161n, 163, 494, 507n, 508n, 510n Peña, Andrés de la: 310n, 447 Peña, Francisco de la: 509n Peñaranda, Juan Antonio de: 344-345 Peñasco, conde del: véase Mora y Luna, Francisco de la Perea, Luis de: 432 Peredo y Salgado, María Ana de: 501 Pérez, Gregorio: 334n Pérez Arandia, María Josefa: 287 Pérez de Albeniz, Francisco Antonio: 477 Pérez de Castro, Gregorio: 122n, 274 Pérez del Camino, Manuel Silvestre: 294-295 Pérez Elcorobarrutia, Martín: 282 Pérez Gálvez, Antonio, conde de Pérez Gálvez: 501 Pérez Gálvez, conde de: véase Pérez Gálvez, Antonio Pérez Santa Cruz: 344 Perú, virreinato del: 26, 127, 160, 194n, 284, 440n, 465, 482n Peynado y Valenzuela, Nicolás: 442n, 443n Picado Pacheco, Tomás: 474n Picado Pacheco y Montero, Juan: 81n, 255 Placencia Villalobos, Alonso: 493 Poquelin, Jean-Baptiste: 11n Posada y Agurto, Antonio Félix de: 321n Posada y Soto, Ramón de: 142 Pozo, Carlos Tristán del: 343n Pozos, Nicolás de: 56, 62, 368, 371, 390 Prado y Castro, Francisco del: 159n Presilla, Francisco de: 230n Presilla, Francisco Antonio de: 349, 350n, 502 Puebla: 74n, 75n, 80, 82, 82n, 84, 85n, 100, 114, 147, 151, 154, 228n, 254, 261, 263, 304, 344, 346, 349, 379, 412, 422, 425- 437, 440, 444n, 466-468, 480, 504, 504n Puente, María de la: 384-385 Puerto Rico: 75n Quautla de las Amilpas: 429n

424

Querétaro: 457n, 500n, 501 Quiñones, Francisco de: 252n Quito: 482n Rada, Francisco de: 84n, 252n, 493 Rada, María Josefa de: 252n Ramírez, Francisco: 194n Ramírez, Teresa de: 510n Ramírez de Arellano, Francisco: 194n, 502 Ramírez de Arellano, Juan Manuel: 331, 382, 382n Ramírez de Arellano hijo, Francisco Antonio: 159n, 193n, 194n, 225n, 230n Ramírez de Arellano padre, Francisco Antonio: 159n, 349, 350n Ramírez de Valdés, Juan: 429n Real Acuerdo: 46, 254, 443, 481 Real Armada: 242, 276, 284n Real Caja de México: 17n, 35, 37-39, 41, 43, 47-48, 49n, 50-51, 54-55, 67, 75, 78-79, 79n, 84n, 89, 90n, 102n, 104-105, 105n, 110-111, 113n, 130n, 131, 145-146, 152n, 209n, 210, 259, 262, 290, 292, 308, 315n, 321n, 341-342, 342n, 343-344, 349-350, 352, 366, 368, 409, 478-479, 505 Real Casa de la Moneda de México: 78, 79n, 106n, 109n, 113n, 291, 291n, 294, 344, 349, 350n, 437-444, 499n Real Colegio de Jesucristo de México: 394 Real Flota: 284n Real Hacienda de la Nueva España: 12, 16, 17-23, 26, 28, 30-31, 35, 37, 43-46, 53-55, 63-64, 68, 71-72, 74-75, 79, 82, 82n, 83, 85-88, 89n, 90, 94, 99-101, 103, 108, 110, 117n, 118, 123, 125, 125n, 126-128, 130- 134, 134n, 136, 144-145, 150-151, 153- 154, 160, 163n, 164-165, 165n, 167-169, 171, 171n, 173, 176-177, 181, 184-198, 202-203, 205-206, 210, 210n, 211n, 226, 228n, 232-234, 237, 239, 241-268, 269n, 271-272, 272n, 273n, 275, 277, 277n, 278, 280, 284, 289, 293, 294, 296, 299, 301- 304, 306-312, 314, 316, 320-330, 333, 335-337, 341-342, 347-349, 352-356, 358- 360, 363-365, 367, 369-373, 376, 378-379, 382-384, 387, 389, 391, 395, 397, 399405, 405n, 407-409, 412-420, 422-423, 425-426, 437, 440-443, 445, 447-450, 450n, 451, 451n, 453-454, 456, 461-463, 467-468, 471-473, 476-478, 480, 483-492, 495-500, 503, 506-512, 513-519 Real y Quesada, Antonio del: 81n, 351n Recopilación de leyes de los reynos de Indias: 45, 45n, 46, 132, 134n, 162, 313n, 478 Regalía, marqués de la: véase Álvarez de Abreu, Antonio José Reguera hijo, Gerónimo de la: 502 Reguera padre, Gerónimo de la: 81n, 502 Rementería, Juan de: 120n Rendón, Francisco: 373n, 374n Renovales, Juan de: 120n Rentería, Rodrigo: 337n, 338 Retes (familia): 283 Retes, María Teresa: 288 Retis, Domingo de, marqués de San Jorge: 429n

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Revillagigedo, conde de: véase Güemes y Horcasitas, Francisco de Reyes Católicos: 411 Ribaguda Enzia y Luxando, Alvaro de: 472 Ribera de Santa Cruz, Nicolás: 158n, 160, 447n Rincón, Francisco: 341n Ríos, Miguel de los: 334n Ríos de Lara, Constanza de los: 308n Ríos y Toledo, José Luis de los: 84, 84n, 99, 105, 107, 107n, 509n Riva y Agüero, Juan de la: 84n Rivadeneyra Luna y Arellano, Tristán Manuel de: 64, 66, 66n, 255n, 316n, 351, 362, 364, 367, 373, 377, 390, 394, 399, 405, 461 Rivera, Manuel de: 380n Rivera Moratto, Rodrigo Juan de: 99 Robiera de Valdés, María Rosa: 292, 342n- 343n, 344 Robles, Nicolás de: 459-461 Rocha, Diego de la: 399 Rodezno Marín, Francisco de: 158n, 510n Rodríguez de Albuerne, Juan, marqués de Altamira: 80n, 348n, 349 Rodríguez de la Madrid, L: 315n Rodríguez de la Rosa, Agustín: 159n, 193n, 349, 350n Rodríguez de la Rosa, Agustín José: 493, 502, 509n Rodríguez de Madrid, Sebastián Antonio, marqués de Villamediana: 51, 351n, 440, 447n Rodríguez de Oballe, Alfonso: 276 Rodríguez de Posada, Juan: 321n, 500n Rodríguez de Santa Cruz, Manuel Esteban: 156, 230n, 509n Rodríguez de Vargas, Francisco Xavier: 310n Rodríguez de Vargas, Nicolás: 224n Rodríguez del Rosal, Antonio: 510n Rodríguez del Toro, Bernardo: 59n Rodríguez Franco, José: 310n Rosa y Argüelles, Gonzalo Antonio de: 290, 295 Rosal y Ríos, Antonio de: 310n Rosario: 482n Rosel Villaroel, Francisca: 282 Roteta, Fermín de: 380n, 381n Roteta, Sebastián de: 380n, 381n Roxas, Pedro de: 62n, 96, 97n, 317 Roxas Vallejo, Gaspar de: 460n Ruano de Arista, Fernando: 156, 230n Ruano de Arista, Juan Antonio: 310n

426

Rubín de Celis, José: 344 Ruesga, valle de: 342, 503 Ruiz Aragonés, Diego: 321n Ruiz Calderón, Marco: 318-319 Ruiz de Ávila, Juan: 246, 250-251, 378-379, 462n, 469n, 470n Ruiz de Magdalena y Ahumada, María: 274 Ruiz de Moncayo, Fernando: 275 Ruiz de Moncayo, María: 275 Sáens de Moreno, Juan: 422-424, 446 Sáens de Retes y Zaldívar (familia): 438n Sáenz Cano, Juan: 52 Sáenz de Moreno, Juan: 46, 46n, 81n, 90n, 120, 365, 407, 407n, 409n Sáenz Rico, Gaspar: 331n, 334, 346 Salamanca Frías, Ana María: 288 Salamanca Gutiérrez, Francisco: 288 Salamanca Gutiérrez, Lorenzo: 287, 289 Salar, Francisca del: 273 Salar, Juan del: 273 Salas y Prizuelo, Francisco de: 228, 494 Salazar (familia): 339n, 340 Salazar, Antonio de: 338-339, 339n, 340 Salazar, Diego de: 339n Salazar, Juan de: 57n, 336n, 338, 340 Salazar, Magdalena: 285 Salazar, Pedro: 282 Salazar Montesinos, Josefa: 281-282 Salinas, Juan de: 310n Saltillo: 74n San Agustín: 75n San Jorge, marqués de: véase Retis, Domingo de San Juan de Gualucán: véase Gualucán San Juan de Santa Cruz, Francisco: 269, 314n, 334n, 345, 464n San Juan de Santa Cruz, Manuel: 344-345 San Juan de Ulúa, fuerte de: 49n, 62, 91-92, 97n, 110, 115, 117, 316, 334, 393, 459n, 460, 469 San Lúcar de Barrameda: 415n San Luis de la Paz: 500n San Luis Potosí: 55, 73, 73n, 77, 84, 84n, 112, 116, 147-148, 151, 199-201, 207, 275, 359, 470-471, 477 San Martín, Juan de: 436 San Martín, Martín de: 83n

427

San Mateo de Valparaíso, conde de: véase Campa y Cos, Fernando de la condes de: 438n condesa de: véase Campa y Cos, Ana María de la San Miguel, vizcondesa de: véase Velasco Vivero y Peredo, Mariana Graciana de San Millán, Francisco Lorenzo de: 332, 332n 338, 340-341, 341n, 366, 373-374, 376, 378, 381, 382n, 384-386, 387n 390, 406 San Salvador el Verde: 504n San Sebastián: 273 Sánchez, Feliciano: 502n Sánchez de la Fragua, Sebastián: 92n, 469n Sánchez de Salas, Diego: 315n, 337, 338-340 Sánchez de Tagle (familia): 293-294 Sánchez de Tagle, Francisco: 318n Sánchez de Tagle, Juan Manuel: 294 Sánchez de Tagle, Luis, marqués de Altamira: 291, 438n Sánchez de Tagle, María Antonia: 291 Sánchez de Tagle, Pedro: 344, 440 Sánchez del Rey, Bernardo: 509n Sánchez Montesinos, Juan: 282 Sánchez Montesinos, Juana Francisca: 282 Sánchez Vives, Simón José: 310n Santa Cruz, Nicolás de: 421 Santa Cruz Malo, Gerónima: 282 Santa Cruzada: 89, 263, 319, 342, 428n Santa Fe: 114, 177 Santa Fe de Guardiola, marqués de: 349 Santa Hermandad: 339n Santa Isabel, convento de: 506n Santaella y Melgarejo, Ambrosio Tomás de: 344-345, 443 Santelices, Juan Manuel de: 62n, 96, 310n, 334n, 342n, 344-345 Santiago, orden de: 93n, 225n, 256, 270n, 273, 279, 309n, 342n, 345, 385, 428n, 429n, 434n, 438n, 444-445, 460, 501, 504, 510n Santiago de Cuba: 75n Santiago de Guatemala: 75, 75n Santiago de León Garabito, Juan de, obispo de Guadalajara: 128 Santo Domingo: 38, 75n, 93n Santo Domingo, convento de: 38 Sañudo, Juan de: 339n Saraza y Arce, Francisco de: 99, 100, 345 Sarmiento Rendón, Ana: 336 Sarmiento Rendón, Salvador: 340n

428

Sarmiento y Valladares, José, conde de Moctezuma y Tula: 93n, 125n, 128, 344-345 Sarracho Rivera, Juana: 281 Sasueta, Fernando: 380n Sauza y Villanueva, Francisca Rosa: 510n Secretariado de Estado y del Despacho Universal: 263 Segovia: 294 Seijas y Lobera, Francisco de: 129n Seno Mexicano: 116 Sevilla: 504 Sexmo y Escudero, Agustín de: 506 Sierra, Juan Manuel: 59n Sierra, Miguel: 334n Sierra Gorda: 155, 502 Sinaloa: 482n Síscara y Ramírez, Francisco de: 62n, 96, 97, 260n, 269, 308n, 310n, 317, 333, 345, 507n Soconusco: 114 Sola y Soto, Tomás de: 344-345, 345n, 351, 351n Solís (familia): véase Miranda y Solís Solís, Alonso de: 415n Solís y Mendoza, Fernando de: 92n, 459n, 460 Sombrerete: 55, 64n, 73, 73n, 77, 84, 95, 112, 147-148, 199-201, 207, 208n, 313n, 374, 471 Somodevilla Bengochea, Cenón, marqués de la Ensenada: 125 Somoza, Juan de: 81n 418-419 Somoza y Torres, Juan Antonio de: 159n, 263, 310n, 349-350, 350n Sonora: 114, 482n Sonsonate: 75n Soria Velázquez, Gerónimo de: 348n, 349, 364, 367, 389n Suárez, Caprasio: 57 Suárez, Juan Facundo: 260 Suárez de Ledesma, Pedro: 434 Suárez de San Martín, Gonzalo: 145-146, 157, 332n 364-366, 378, 387n, 389, 389n, 392, 407, 407n 409n Sumbil, Bernardo de: 381n, 510n Tamayo, Agustín: 334n Tampico: 51-52 Tapia, Andrés de: 315n Tapia, Antonio: 344 Teguacán: 272n, 429n Téllez de Carvajal Machado, Pedro de: 310n 349-350, 360n Teocuilco, hacienda de: véase Acocuilco Tepeaca: 272n 431, 435n 504n 505

429

Terreros Ochoa, José Benito: 225n, 510n Tesoro de la lengua castellana o española: 23 Tetepango: 500n Tetepilco: 502 Thorixa y Roxo, Manuel de: 434n Tierra de Pinos: 500n Tinajero, José María: 334n Tineo, Francisco de: 200-201 Tlaxcala: 427, 435n Toledo, Antonio Sebastián de, marqués de Mancera: 92 Toluca: 308n, 321n Tonalá: 272n Torangoad, Cathlin: 53 Torral Valdés, Pedro: 314n Torrántegui, Juan Bautista: 59n Torre y González de la Gotera, Lorenzo de la: 249n, 464n, 493 Torrenueva, marqués de: véase Díaz de Lavandero y Martín, Mateo Pablo Totomeguacán: 427 Tovar, Baltazar de: 292 Tovar, Guillermo de: 161 Tovar, Manuel de: 494 Tovar y Arévalo, Manuel Gerónimo de: 210n, 228, 228n Trasmiera: 276 Treviño, Fernando: 331n Tribunal de Cuentas de Lima: 134, 137n Tribunal de Cuentas de México: 17n, 44-46, 50-51, 67, 78-79, 80n, 83, 85n, 87, 88n, 89n, 98, 98n, 104, 106-109, 119, 125- 126, 126n, 127, 129-130, 130n, 131-132, 132n, 133-134, 134n, 135, 135n, 136- 151, 152n, 153-154, 156-160, 160n, 161, 161n, 162, 164, 164n, 167, 172, 176, 179-181, 183-184, 184n, 185, 185n, 187- 189, 190n, 194, 194n, 198, 203, 209n, 212-231, 233, 241n, 246-248, 249n, 250, 252-253, 255n, 259, 262-263, 263n, 264, 272, 273n, 279, 283, 307, 309n, 321n, 328, 330, 332, 332n, 338, 346-348, 348n, 349, 350n, 351n, 356, 359-360, 362, 372, 374, 384, 391-392, 395, 401, 405-406, 408, 419n, 422, 426, 429n, 442, 442n, 444-451, 463, 476, 478, 478n, 479, 479n, 480-482, 486, 492, 492n, 494, 502, 508, 510n, 516 Tribunal del Santo Oficio: 162 Tristán del Pozo, Carlos: 292 Tristán del Pozo, María Cristina: 292 Truxillo, Pedro: 59n Tula: 500n Tula, conde de: véase Sarmiento y Valladares, José Ubilla y Estrada, Miguel de: 185n, 225n, 228, 228n, 309n, 510n Ubilla y Segura (familia): 185n

430

Ubilla y Segura, Miguel de: 185n Ugarte, Cosme Damián: 201n Ugarte, Francisco: 344 Urdanegui y Luján, Juan de: 193n Uribe y Castexón, José Joaquín: 434n, 436n, 464n, 471, 471n Uribe y Castexón, Juan José de: 80n, 348n, 349, 364, 367, 389n Urquía y Arraurena, Lorenzo: 224n, 225n Urquiola, José de, conde de La Laguna: 316n, 317n Urquiola Elorriaga, Juan Bautista de: 273 Urrutia, Fernando de: 80n, 81n, 254n, 421 Urrutia de Vergara, Antonio: 338, 374 Ursino, Fernando de: 87n Urueña, Juan de: 159n, 263n, 279, 281 Urueña, Juan José: 494 Urueña Ferrari, (?): 281-282 Urueña Ferrari, Juan José de: 156, 159n, 264, 279, 281, 310n, 351n Urueña Ferrari, Justa: 281 Valcárcel, José: 334n Valcárcel (o Balcázar) Guerrero, Teresa de: 504n Valcárcel y Formento, Domingo de: 37, 347, 349-352 Valdefuente, marqués de: véase Alencastre Noroña y Silva, Fernando de Valdés, Francisco de: 252n Valdivieso, Francisco de: 318n Valero, marqués de: véase Zúñiga y Guzmán Sotomayor y Mendoza, Baltasar de Valladolid: 269 Valle, Marquesado del: 75, 75n Valle de Orizaba conde del: véase Hurtado de Mendoza, José condesa del: véase Velasco Vivero y Peredo, Mariana Graciana de Valle Salazar, Francisco: 309n Valles, Francisco de: 364-366, 373, 384-386, 409n Valparaíso, San Mateo de: véase Campa y Cos, Fernando de la, conde de San Mateo de Valparaíso Valverde, Francisco de: 334 Vargas, Roque de: 228n Vargas Ventura, Josefa: 285 Vasconcelos y Luna, Juan Gerónimo de: 434n Vásquez Mellado, Miguel: 428n, 481 Vázquez de Velasco, Pedro: 284 Vega Noroña, Andrés de: 310n

431

Vega y Noroña, Antonio de la: 83n, 84n, 509n, 510n Vega y Sotomayor, José Ramón de la: 317- 319 Velarde, Nicolás Vicente de: 310n, 331n Velasco Salazar, Juana: 281-282 Velasco Sarracho, Bartolomé: 281-282 Velasco Vivero y Peredo, Mariana Graciana de, condesa del Valle de Orizaba y vizcondesa de San Miguel: 248n Velásquez Bernal, Bartolomé: 281 Velázquez y Valdez, Pedro: 77n Venezuela: 470n Veracruz: 49n, 55-64, 67, 72, 72n, 84n, 85n, 90-92, 92n, 95-96, 96n, 97, 103, 105, 111, 114, 117-118, 118n, 119-120, 120n, 121n, 122n, 134, 147-148, 154, 165n, 177, 199-201, 207-209, 209n, 249n, 250n, 259-261, 261n, 262, 264, 268-269, 271, 273, 304-305, 305n, 306-307, 310n, 313n, 314n, 315, 315n, 316-317, 330, 331n, 333-334, 342n, 344-346, 349, 353, 355, 364-369, 371, 372n, 373n, 377, 377n, 378-379, 379n, 380-382, 384, 387, 387n, 389, 389n, 392-393, 397, 400, 457n, 458, 458n, 459-460, 462n, 464, 468, 468n, 469, 471, 471n, 476n, 498, 507, 510n Verdugo de Haro, Manuela Josefa Bernarda: 254 Verdugo de Haro y Dávila, Martín Nicolás: 65, 254-255, 255n, 310n, 316n, 317n, 349, 360n, 461n, 509n Vergara: 279 Veytia, Martín de: 268, 273 Veytia Linage, José de: 422-423, 432 Veytia Linage, Juan José de: 65n, 80n, 81n, 130n, 147, 154, 228n, 362, 363n, 394-395, 422, 424-425, 427-437, 465n, 466, 468, 481 Vian Rodríguez, Cayetano de: 156, 159n, 230n, 310n, 494 Vidal, Ambrosio: 334 Vidal de Fuentes, Pedro de: 158 Vieja Veracruz: 272n Vila, Juan de: 96n Villa Alta: 263 Villa Ochoa, José de la: 275 Villa Septién (hermanos): 433 Villa Septién, Gerónimo de: 430n, 504n Villa Septién, Isabel Antonia de: 342, 504, 504n, 506 Villa Septién, José de: 430n Villalón, José de: 334n Villamediana, marqués de: véase Rodríguez de Madrid, Sebastián Antonio Villar, Juan Domingo de: 460 Villaroel, Francisco: 344 Villaroel, Hipólito de: 382, 469n Villaroel, José de: 332n, 338-339, 341, 373

432

Villaseñor, José de: 248n Villaseñor, Marcela de: 248n Villaseñor Lomelín, Juana de: 290n Villegas, Pedro: 344 Villegas Puente (familia): 259, 259n, 260, 292 Villegas Puente, José: 259 Villegas Puente, Juan de Dios: 259 Villegas Puente, Miguel: 259 Villegas Puente hijo, Manuel Ángel de: 39, 47, 50-51, 51n, 53, 259, 293 Villegas Puente padre, Manuel Ángel de: 259, 292, 292n, 293, 310n, 312, 315n, 342n, 343n, 344, 347, 349, 352n Villier y Corral, María Antonia: 249n Vitoria: 269, 283 Vivanco, Antonio de, marqués de Vivanco: 501 Vivanco, marqués de: véase Vivanco, Antonio de Vizarrón y Eguiarreta, Juan Antonio de, arzobispo de México: 121n, 194n, 348n, 349, 439, 443 X, Gabriel Marcos: 502n X, José Joaquín: 502n X, María Francisca: 502n Xerez: 339n Ximénez de los Cobos, Francisco: 310n Ximénez de los Cobos, Manuel: 35, 50-51, 312, 494, 499n Ximénez de Velasco, Manuel: 273n Xochimilco: 272n Ysasis, Diego de: 494, 508 Yucatán: 64n, 77, 77n, 114, 199-201, 207, 259, 269, 270n, 364, 422n, 457n, 472, 472n, 473 Zabalza, Francisco Tomás de: 186n, 225n, 255n Zabalza y Prizuelo, Juan Francisco de: 228, 310n Zabugal, María: 287 Zacatecas: 18, 32, 55, 64-67, 73, 73n, 77, 82n, 84, 85n, 90, 93-95, 97, 101, 111, 113, 116, 117n, 134, 144, 147-149, 151, 165n, 177, 185n, 199-200, 201n, 207-208, 248n, 253n, 254-255, 255n, 256, 272n, 276, 289- 291, 307, 310n, 313n, 314n, 315, 315n, 316n, 321, 332, 336-340, 349-351, 351n, 353, 360n, 362, 364, 367, 369, 369n, 373- 374, 374n, 377, 381, 382n, 384-386, 387n, 394, 399, 405-406, 419n, 420, 457n, 461, 461n, 465, 467n, 471, 475, 486-488, 491, 500 Zaldívar (familia): véase Barrenechea/Zaldívar/Berrio Zaldívar, José de: 270, 270n Zaldívar, Juan: 288 Zaldívar Fernández, Diego: 284n, 287 Zaldívar Fernández, Juan Antonio: 287 Zaldívar Fernández Ochoa, Teresa: 287, 289 Zaldívar Paz, Teresa: 288

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Zaldívar Retes (familia): 283 Zaldívar Retes, Dámaso: 283n, 288 Zaldívar Retes, Pedro: 283n, 288 Zaldívar y Retes, Teresa de: 309n Zárate, José de: 436 Zavaleta, Juan de: 494 Zavaleta, Pedro de: 159n, 310n, 494, 502 Zelaya: 477 Zimapán: 55, 64n, 74, 112, 199-201, 271n, 313n Zugasti (familia): 280 Zultepeque: 272n Zúñiga y Guzmán Sotomayor y Mendoza, Baltasar de, marqués de Valero: 38-39, 93, 126, 141, 152n, 155, 225n, 272, 273n, 348n, 349, 371n, 434n Zupide (familia): véase Elcorobarrutia/Zupide Zupide, Antonio: 282 Zupide y Acuña, Antonio de: 281-282 Zupide y Acuña, Francisco Antonio de: 278-282, 310n Zupide y Aponte, Antonio de: 278 Zupide y Aponte, Íñigo de: 278, 281-282 Zupide y Aponte, Mariana de: 282

434

Índice onomástico bibliográfico

Águila, Yves: 81n, 482n Aguirre, Manuel de: 163n Aizpurua Aguirre, Ramón: 25n, 470n Alberro, Solange: 300n Alonís Boyaso, José Luis: 462n Amalric, Jean-Pierre: 238n Andrien, Kenneth J.: 29n, 402n, 482n Arcila Farías, Eduardo: 482n Arnauld, M. C: 237n Arnold, E. J.: 235n Arnold, Linda: 19n, 29n, 134n, 142n, 143n, 150n, 230n, 233n, 260n, 402n, 444n, 482n Autrand, Françoise: 11n, 12n, 13n, 14, 14n Báez Macías, Eduardo: 252n, 260n, 273n, 275n, 276n, 293n, 501n, 504n Balmori, Diana: 240n Barbier, Jacques A.: 21n, 29n, 402n, 483n Barret, W.: 76n Baudot, G.: 237n Bayard, Françoise: 27n Beleña, Eusebio V.: 142n, 439n, 448n Benito Ruano, Eloy: 249n Bennassar, Bartolomé: 20n, 27n, 31n, 358n, 370n Bennassar, L.: 358n Bermejo Cabrero, José Luis: 416n Bermúdez de Castro, Diego A.: 436n Bertrand, Michel: 58n, 61n, 66n, 87n, 90n, 91n, 96n, 97n, 104n, 129n, 141n, 147n, 164n, 171n, 210n, 237n, 241n, 246n, 258n, 307n, 317n, 327n, 345n, 347n, 348n, 417n, 426n, 486n, 487n, 492n, 506n

435

Blackwell, Peter J.: 457n Bobb, B. E.: 482n Booker, Jackie R.: 26n, 304n, 457n Borah, Woodrow: 76n, 462n Borchart de Moreno, Cristiana R.: 500n Borges, Analola: 358n Brading, David: 29n, 238, 238n, 267n, 271, 402n, 457n, 483n Braudel, Fernand: 33, 34n Bravo Ugarte, José: 28n Brénot, Anne-Marie: 19n, 25n, 26, 26n, 462n Bronner, Fred: 238n, 482n, 488n Bruguiére, Michel: 27n Burkholder, Mark A.: 19n, 21, 29n, 38n, 178n, 254n, 265n, 267n, 269n, 327n, 345n, 350n, 402n, 419n, 435n, 483n Bushnell, Amy: 19n, 75n Cabeza de Vaca, Alvar Núñez: 415n Cádenas y Vicent, Vicente de: 270n, 278n, 284n, 345n Calvo, Thomas: 96n, 97n, 204n, 300n, 302n, 318n, 404n, 457n, 474n, 498n, 507n Carmagnani, Marcelo: 371n Casado Arboníez, Francisco Javier: 482n Castan, N. y Y.: 31n Castellano, Juan Luis: 238n, 241n Castillero Calvo, Alfredo: 482n Castro Santa Ana, José María de: 17n, 230n, 429n, 509n Céspedes del Castillo, Guillermo: 88n, 91n, 94n, 103n, 127n, 131n, 136n, 359n, 360n, 376n Chance, John K.: 457n Chandler, Dewit S.: 19n, 21, 29n, 38n, 178n, 211n, 254n, 265n, 267n, 269n, 327n, 402n, 419n, 435n Charle, C: 31n Chaussinand-Nogaret, Guy: 238n Christol, Michel: 13n Cibois, P.: 33n Cichorius, C: 13n Coatsworth, John H.: 483n Contreras, Milagro: 359n Cooney, Jerry W.: 482n Couturier, Edith: 485n Covarrubias, Sebastián de: 23, 23n, 237, 237n, 239 Cue Cánovas, A.: 28n Dedieu, Jean-Pierre: 12n, 163n, 241n, 504n

436

Demélas, Marie-Danièle: 27n Descimon, Robert: 250n Dessert, Daniel: 27n Domínguez Ortiz, Antonio: 172n Durand, Yves: 28n Escobedo Mansilla, Ronald: 97n, 132n, 136n, 137n, 446n Farge, A.: 31n Fernández de Echeverría y Veytia, Mariano José: 436n Fernández de Recas, Guillermo S.: 261n Flager, Adward K.: 249n Flandrin, J. L.: 235n Fonseca, Fabián de: 99n Foster, George M.: 301n Friedrich, C: 302n Furetiére, Antoine: 23, 23n, 237 García-Baquero González, Antonio: 25n, 61n García Fuentes, Lutgardo: 25n García Marín, José María: 172n Gardner, Richard L.: 21n, 483n Gerhard, Peter: 261n Gómez, José: 17n Gómez Gómez, Amalia: 37n, 38n, 39n, 67n, 128n, 130n, 164n, 307n, 348n, 352n, 365-366, 369n, 393n, 395n Gómez Rivero, Ricardo: 416n González Alonso, B.: 358n, 361n González Muñoz, Victoria: 204n, 457n Granovetter, Mark S.: 240, 301n Greenow, L.: 322n, 499n Guderman, S.: 301n Guijo, Gregorio M. de: 17n, 510n Guinard, P: 163n Gutiérrez del Arroyo, I.: 466n Hadley, Phillip L.: 457n Hamnett, Brian R.: 402n, 482n Haring, Clarence H.: 414n, 415n Hayez, A.-M.: 12n Heers, J.: 413n Heffer, J.: 33n Heredia Herrera, Antonia: 78n, 80n, 362n, 436n Hermann, Christian: 370n

437

Hernández Palomo, José Jesús: 81n Herpin, Nicolas: 24n Hoberman, Louisa: 457n Israel, Jonathan L: 20n, 29n, 457n Jiménez Fernández, M.: 413n Kattering, Sharon: 302n Kicza, John E.: 248n, 457n Klapisch-Zuber, Christiane: 239n, 244n, 245n, 297n, 301n, 311n Klaveren, Jacob van: 25, 25n, 403n Klein, Herbert S.: 21n, 60n, 72n, 73n, 74n, 483n Konetzke, Richard: 28n, 129n, 133n, 466n Ladd, Doris M.: 283n, 291n, 439n, 456n, 501n Lalinde Abadía, J.: 376n Lang, Mervyn F.: 467n Langue, Frédérique: 237n, 238n, 240n, 248n, 283n, 457n, 488n, 507n Laslett, P: 235n Lavallé, Bernard: 26n, 482n Laviana Cuetos, María Luisa: 97n Lavrín, Asunción: 485n León, N.: 436n Lepetit, Bernard: 43n Leroy Ladurie, E.: 31n Levi, Giovani: 245n Littré, Émile: 12n, 23, 23n Lohmann Villena, Guillermo: 278n, 282n, 377n, 447n López Cordón, M. V.: 12n Lorenzo Sanz, Eufemio: 25n Luzzati, M.: 12n Mandrou, R.: 31n Mariluz Urquijo, José María: 359n Martínez Ortega, Ana Isabel: 204n, 457n Maurel, Christian: 237n Millet, Héléne: 11n, 12n, 33n Molas Ribalta, P: 11n Molina Argüello, C: 359n Moliner, María: 11n Mols, M.: 371n Mommsen: 13n Montemayor, J.: 238n Montero del Águila, Victorino: 26

438

Morange, C: 163n Moreno Bonnett, Margarita: 436n Moreno Cebrián, Alfredo: 172n Morineau, Michel: 25n Mörner, Magnus: 17n Moutoukias, Zacarías: 26n, 29n, 240n, 470n Muchembled, R.: 31n Muro Romero, Fernando: 171n, 172n Musset, Alain: 96n, 318n, 507n Nagle, J.: 16, 16n Navarro García, Luis: 376n Netting, R. M.: 235n Nicolet, Claude: 13n, 15n Nicot, Jean: 23, 23n, 237 Nutini, Hugo: 456n Ochoa Brun, M. A.: 42n Orozco y Berra, Manuel: 17n, 429n, 509n Ots Capdequi, J. M.: 402n Palma Murga, G.: 204n Parry, John H.: 172n, 402n Paz, J.: 60n Peña, Francisco de la: 457n Pérez Herrero, Pedro: 483n Pérez Mallaina Bueno, Pablo E.: 129n Peytavin, Mireille: 356n Phelan, John L.: 29, 29n, 403n, 482n, 483, 483n Pietschmann, Horst: 19n, 25n, 26n, 257n, 371n, 403n, 411n, 414n, 416n, 417n, 452n, 456n, 462n Pike, Frederick: 403n Priestley, Herbert I.: 81n, 262n, 365, 369n, 393n, 402n Real Academia Española: 11n Revel, Jacques: 43n, 245n Rey, A.: 23n Robert, J. L.: 33n Robles, Antonio de: 17n, 290n, 404n, 510n Rodríguez García, Vicente: 450n Rodríguez Vicente, María Encarnación: 75n Román Román, A. Y.: 462n Rubio Mañé, José Ignacio: 72n, 73n, 143n, 309n, 345n Ruiz Medrano, Ethelia: 26n, 29n, 414n, 415n, 462n Saguier, Eduardo R.: 402n, 482n

439

Sahagún de Arévalo y Ladrón de Guevara, Juan Francisco: 17n, 37n Salvucci, Linda K.: 265n, 403n, 518 Saly, P.: 33n Sánchez, E.: 204n Sánchez Bella, Ismael: 62n, 88n, 91n, 94n, 102n, 103n, 104n, 127n, 131n, 132n, 134n, 137n, 139n, 185n, 254n, 259n, 354n, 358n, 359n, 360n, 362n, 372n, 373n, 376n, 384n, 393n, 395n, 398n, 414n, 457n, 477n Schafer, Ernesto: 376n, 384n Schaub, Jean-Frédéric: 250n, 358n Schell Hobermann, Louisa: 26n, 253n, 305n Schmidt, S. W.: 302n Seed, Patricia: 247n Serrera Contreras, R. M.: 498n Socolow, Susan M.: 19n, 26n, 29n, 402n Solórzano y Pereira, Juan de: 42n Spengler, Oswald: 402n Stefanou, Spiro E.: 21n Stein, Stanley J.: 482n Stone, Laurence: 235n Super, John C: 457n Syme, R.: 13 Te Paske, John J.: 21n, 60n, 72n, 73n, 74n, 483n Tomás y Valiente, Francisco: 171n, 172n Torre Villar, Ernesto de la: 93n, 125n Tutino, John M.: 18, 18n, 249, 457n Urrutia, Carlos de: 99n Valdés Lakowsky, Vera: 467n Vargas-Lobsinger, María: 291n Vázquez de Prada, V: 500n Velázquez, María del Carmen: 291n Veyne, Paul: 403n, 410n Vicens Vives, Jaime: 25, 25n Villar Ortiz, Covadonga: 81n Vincent, Bernard: 250n Visceglia, M. A.: 237n Voss, Stuart F.: 240n Walker, George W: 500n Waquet, Jean-Claude: 22n, 24, 24n Weber, Max: 403n Webre, Stephen: 204n, 457n

440

Wilk, R. R.: 235n Wobeser, G. von: 76n Wortman, Miles L.: 204n, 240n Young, Eric van: 498n Zumalacárregui, Leopoldo: 359n Zysberg, André: 12n

441

Índice de cuadros, figuras y gráficas

I. El abuso de poder 35 FIGURA I. 1. Plano de la ciudad de México en el que se precisan los límites de la aduana de la

ciudad (1791-1807), Archivo General de Indias, Mapas y Planos, 657, México 36 Número de visitas efectivamente realizadas a las reales cajas de la Nueva España (1660-1780) 55

CUADRO I.1.

CUADRO I.2. Extorsiones que imponía la aduana de Veracruz (1676) 57 CUADRO I.3. Extorsiones impuestas por la aduana de Veracruz (1765-1766) 59 CUADRO I.4. Derechos aduanales que se pagaban en el puerto de Veracruz (1720) 60

II. La administración de la Real Hacienda de la Nueva España 70 FIGURA II.1.

Plano del edificio de la aduana construida en Acapulco en 1627, Archivo General de la Nación, Mapoteca, 615, México 71 Salarios anuales de los oficiales reales de las reales cajas de la Nueva España (1660-1680) 111

CUADRO II.1.

Salarios anuales de algunos oficiales que ejercían en la circunscripción de la Nueva España (1766) 114

CUADRO II.2.

Salarios de oficiales dependientes de diversos sectores administrativos de la Nueva España (1644-1773) 115

CUADRO II.3.

III. Realidades y límites de la supervisión en la administración de la Real Hacienda de la Nueva España 123 Mapa de la región de Veracruz en 1784, Archivo General de la Nación, Mapoteca, 3543, México 124

FIGURA III.1.

CUADRO III.1. Salarios de los ministros del Tribunal de Cuentas de México (1660-1780) 135

Rezagos del Tribunal de Cuentas en la glosa de las cuentas de las cajas reales de la Nueva España (1680-1760)... 148 CUADRO III.2.

CUADRO III.3. Rezagos en la supervisión de las oficinas especializadas de la Real Hacienda de

la Nueva España (1660-1780) 151 Rezago promedio en la glosa de las cuentas de las cajas reales de la Nueva España (1698-1723) 152

CUADRO III.4.

442

Detalle del título de nombramiento de Francisco Antonio de Cuervo y Valdés como oficial real de la Real Hacienda en Guadalajara, en junio de 1695: AGI, Audiencia de México, legajo 1972 166 FIGURA III.2.

IV. La carrera profesional de los oficiales de la Real Hacienda 169 Uniforme diseñado para los oficiales de la Real Hacienda de la Nueva España a finales del siglo XVIII; Archivo General de Indias, Uniformes, 130, México 170 FIGURA IV.1.

GRÁFICA IV.1.

Contratación de contadores del Tribunal de Cuentas de México (1650-1780)

174 GRÁFICA IV.2. Contratación de oficiales reales de la Nueva España (1650-1780) 175

Lugar de nacimiento de los oficiales de la Real Hacienda de la Nueva España (1660-1780) 177

CUADRO IV.1.

Número de compras del oficio de oficial real de la Nueva España según el origen geográfico de los titulares (1660-1780) 179 CUADRO IV.2.

Número de oficiales reales de la Nueva España contratados sin venta del oficio según el origen geográfico de los titulares (1660-1780) 179 CUADRO IV.3.

Número de compras de oficios del Tribunal de Cuentas de México según el origen geográfico de los titulares (1660-1780) 179

CUADRO IV.4.

Número de contadores del Tribunal de Cuentas de México contratados sin venta del oficio según el origen geográfico de los titulares (1660-1780) 180

CUADRO IV.5.

Grado de capacitación de los oficiales reales de la Nueva España contratados mediante la venta del oficio (1660- 1780) 180

CUADRO IV.6.

Grado de capacitación de los oficiales reales de la Nueva España contratados sin venta del oficio (1660-1780)... 180

CUADRO IV.7.

Grado de capacitación de los contadores del Tribunal de Cuentas de México contratados mediante la venta del oficio (1660-1780) 181

CUADRO IV.8.

Grado de capacitación de los contadores del Tribunal de Cuentas de México contratados sin venta del oficio (1660-1780) 181

CUADRO IV.9.

Grado de capacitación de los oficiales reales de la Nueva España que compraron el oficio según su origen geográfico (1660-1780) 182 CUADRO IV.10.

Grado de capacitación de los oficiales reales de la Nueva España que no compraron el oficio según su origen geográfico (1660-1780) 182 CUADRO IV.11.

Grado de capacitación de los contadores del Tribunal de Cuentas de México que compraron el oficio según su origen geográfico (1660-1780) 183

CUADRO IV.12.

Grado de capacitación de los contadores del Tribunal de Cuentas de México que no compraron el oficio según su origen geográfico (1660-1780) 183 CUADRO IV.13.

Edad promedio de ingreso al cargo de los oficiales de la Real Hacienda de la Nueva España que compraron el oficio (1660-1780) 187

CUADRO IV.14.

Edad promedio de ingreso al cargo de los oficiales de la Real Hacienda de la Nueva España que no compraron el oficio (1660-1780) 187

CUADRO IV.15.

CUADRO IV.16. Edad promedio de ingreso al cargo de los contadores del Tribunal de Cuentas

de México (1660-1780) 188

443

Edad promedio de ingreso al cargo de los oficiales reales de las reales cajas de la Nueva España (1660-1780) 189

CUADRO IV.17.

Número de oficiales reales de la Nueva España que sólo tuvieron una afectación, distribuidos conforme al número de etapas anteriores a su titulación (1660-1780) 199

CUADRO IV.18.

CUADRO IV.19. Puestos sucesivos de los oficiales reales de la Nueva España que fueron trasladados (1660-1780) 200

Número de oficiales reales de la Nueva España que obtuvieron una promoción a otras funciones (1660-1780) 201

CUADRO IV.20.

Funciones ocupadas por los oficiales reales promovidos fuera de su cuerpo de origen (1660-1780) 202

CUADRO IV.21.

Número de oficiales reales de la Nueva España distribuidos conforme al tipo y la duración de su carrera profesional (1660-1780) 203 CUADRO IV.22.

Duración de la carrera profesional de los oficiales reales de la Nueva España conforme al tipo de carrera (1660-1780) 204

CUADRO IV.23.

Demora de ingreso al cargo de oficial real de las reales cajas de la Nueva España (1660-1780) 205 CUADRO IV.24.

Número de oficiales reales suspendidos en las diferentes reales cajas de la Nueva España (1660-1780) 207 CUADRO IV.25.

Distribución de la duración de las suspensiones de los oficiales reales de la Nueva España (1660-1780) 208

CUADRO IV.26.

GRÁFICA IV.3.

Contratación por categoría en el Tribunal de Cuentas de México (1650-1780)

214 GRÁFICA IV.4. Contratación de contadores ordenadores en el Tribunal de Cuentas de México (1650-1780) 215

Contratación de contadores superiores en el Tribunal de Cuentas de México (1650-1780) 216

GRÁFICA IV.5.

Contratación de contadores de resultas en el Tribunal de Cuentas de México (1650-1780) 217 GRÁFICA IV.6.

Duración promedio de la carrera profesional en el cuerpo del Tribunal de Cuentas de México según la categoría de ingreso (1660-1780) 221 CUADRO IV.27.

Frecuencia de la duración de la carrera profesional en el cuerpo del Tribunal de Cuentas de México según la categoría de ingreso (1660-1780) 221 CUADRO IV.28.

Frecuencia de la duración de la carrera profesional en el cuerpo del Tribunal de Cuentas de México según la categoría de ingreso de los contadores que obtuvieron una promoción (1660-1780) 222 CUADRO IV.29.

CUADRO IV.30. Duración de la carrera profesional en el cuerpo del Tribunal de Cuentas de México según la categoría de ingreso de los contadores que obtuvieron una promoción (1660-1780) 222

Demora de ingreso al oficio de contador del Tribunal de Cuentas de México (1660-1780) 226

CUADRO IV.31.

V. Sociabilidad, familia y linaje 235

444

Uniforme diseñado para los oficiales de la aduana de la ciudad de México a finales del siglo XVIII; Archivo General de Indias, Uniformes, 144, México 236 FIGURA V.1.

Orígenes geográficos de los oficiales de la Real Hacienda de la Nueva España y de su cónyuge (1660-1780) 246

CUADRO V.1.

Orígenes socioprofesionales de los oficiales de la Real Hacienda de la Nueva España (1660-1780) 247

CUADRO V.2.

CUADRO V.3. Orígenes socioprofesionales del cónyuge de los oficiales de la Real Hacienda de

la Nueva España (1660-1780) 248 Pertenencia social del cónyuge de hijos o sobrinos de los oficiales de la Real Hacienda de la Nueva España (1660-1780) 252 CUADRO V.4.

Orígenes socioprofesionales del cónyuge de parientes cercanos de la misma generación que los oficiales de la Real Hacienda de la Nueva España (1660-1780) 253

CUADRO V.5.

CUADRO V.6. Linaje Elcorobarrutia/Zupide (representación simplificada) 281 CUADRO V.7. Linaje Barrenechea/Zaldívar/Berrio 285

VI. Amistades, compadrazgo y clientelismo 297 Detalle de los bordados autorizados para los uniformes de los oficiales de la Real Hacienda de la Nueva España a finales del siglo XVIII; Archivo General de Indias, Uniformes, 80, México 298 FIGURA VI.1.

CUADRO VI.1. La elección de socios a través de los otorgamientos de poder 322 CUADRO VI.2.

Tipología de los vínculos de los oficiales de la Real Hacienda de la ciudad de

México 323 CUADRO VI.3. Relaciones de los oficiales de la Real Hacienda de la ciudad de México a partir de los otorgamientos de poder económico 324

Las relaciones de los oficiales de la Real Hacienda de la ciudad de México a partir de los otorgamientos de poder personales 329 CUADRO VI.4.

Relaciones de amistad anudadas por Francisco Gómez Rendón, oficial real de la Real Caja de Zacatecas 338 CUADRO VI.5.

Relaciones de amistad anudadas por Pedro Alejo López de Cotilla, oficial real de la Real Caja de México 344

CUADRO VI.6.

Red de relaciones que componían el “clan” de Pedro Malo de Villavicencio, oidor de la Audiencia de México.. 349 CUADRO VI.7.

VII Las visitas y la supervisión de la administración de la Real Hacienda de la Nueva España 356 FIGURA VII.1. Vista en elevación de la nueva Casa de la Dirección de la Real Renta de Tabaco

de México, 1790; Archivo General de la Nación, Mapoteca, 4918, México 357 CUADRO VII.1.

Las comisiones de visita de la Real Hacienda de la Nueva España (1660-1780)

364 Las comisiones de visita de la Real Hacienda en la Nueva España según su naturaleza jurídica (1660-1780) 365

CUADRO VII.2.

CUADRO VII.3. Sentencias impuestas a consecuencia de las comisiones de visita 398

Tabla de salario diario o anual pagado a los auxiliares de visita en la Nueva España (siglos XVII y XVIII) 406 CUADRO VII.4.

445

Salarios diarios o anuales percibidos por los auxiliares en el marco de cinco visitas de Real Hacienda llevadas a cabo en la Nueva España ( 1670-1730 ) 407 CUADRO VII.5.

VIII. Las reformas administrativas: un combate continuo 411 Planta y elevación de la estación de la aduana de la ciudad de Puebla hacia 1690; Archivo General de Indias, Mapas y Planos, 520 bis, México 412 FIGURA VIII.1.

IX. El poder local, las estrategias y las ganancias familiares 454 Planta y corte del nuevo edificio de la aduana de Guadalajara, 1795; Archivo General de la Nación, Mapoteca, 4640, México 455

FIGURA IX. 1.

GRÁFICA IX.1. Haberes totales de los oficiales de la Real Hacienda 489 GRÁFICA IX.2. Haberes netos de los oficiales de la Real Hacienda.. 490 CUADRO IX.1. Riqueza comparada del cónyuge en el momento del matrimonio 493 CUADRO IX.2.

Estructura de la riqueza de los oficiales de la Real Hacienda de la Nueva

España 496 CUADRO IX.3.

Patrimonio inmobiliario de los oficiales de la Real Hacienda de la Nueva

España 496 CUADRO IX.4.

Patrimonio mobiliario de los oficiales de la Real Hacienda de la Nueva España

497 Proyecto para la construcción de un nuevo edificio destinado a las reales cajas de la ciudad de Guanajuato en 1792; Archivo General de la Nación, Mapoteca, 2709, México.. 511

FIGURA IX.2.

Conclusión 513 Edificio de la garita de Nonoalco, 1817; Archivo General de Indias, Mapas y Planos, 658, México 514

FIGURA 1.

Plano de la ciudad de Puebla que precisa el establecimiento de las nuevas garitas de la aduana de la ciudad (1724); Archivo General de Indias, Mapas y Planos, 519 bis, México 519

FIGURA 2.