SUMMA CONSTITUCIONAL [Primera edición: agosto de 2020] 9785124797575

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SÜMMA CONSTITUCIONAL Toda la jurisprudencia constitucional vinculante, relevante y actual en un solo volumen

SUMMA CONSTITUCIONAL ^Uf^iSPRUDENOA^ARTÍCULO^PO^R

Toda la jurisprudencia constitucional vinculante, relevante y actüal en un solo volumen

Fernando Velezmoro Pinto Abogado especializado en Derecho constitucional y electoral

Prólogo de

Raúl Perrero Costa Profesor emérito de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Acceso en línea al texto completo de más de

4200

sentencias, plenos, precedentes y resoluciones Precedentes vinculantes del TC Doctrina jurisprudencial vinculante del TC Jurisprudencia relevante y actual del TC Precedentes de observancia obligatoria de la CS Jurisprudencia de la Corte Interamericana de DH Normativa de desarrollo constitucional

nomos

2020

Totalmente actualizada con la normativa y jurisprudencia más reciente

SUMMA CONSTITUCIONAL autor:

Fernando Velezmoro Pinto

© Editorial Nomos & Thesis, 2020 serie: summa,

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PRÓLOGO

Raúl Perrero Costa COLABORADORES Gerardo Kong Curaca, Eduardo Arroyo Castro,

Carol Grimaldo Sánchez, Gianella Quispe Carbajai y Julia Romero Herrera

EDITOR JEFE Carlos Atocsa García

Editorial Nomos & Thesis E.I.R.L. Av. Brasil N.° 3058, Of. 1101, Magdalena del Mar, Lima - Perú Ventas: 5553380 / 979758775 / 940152452 ! [email protected] ! www.nomos.pe

RUC: 20509431273

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN Angie Atocsa Zanabria Primera edición: agosto de 2020

Tiraje: 1500 ejemplares

Impreso por Editorial Nomos & Thesis E.I.R.L.

Av. Brasil N.° 3068, Of. 1108, Magdalena del Mar, Lima - Perú Teléfono: 4500359 ! Mail: [email protected]

Agosto de 2020 ISBN: 978-512-47975-7-5 Registro de Proyecto Editorial N.° 31501202000139

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N.° 2020-04312

Publicado en él mes de agosto de 2020 DERECHOS RESERVADOS. Prohibida su reproducción parcial o total (D. Leg. 822)

PRESENTACIÓN La valía de la jurisprudencia constitucional en nuestro país Los protagonistas de la presente obra son los pronunciamientos de los órga­ nos jurisdiccionales del sistema jurídico peruano, en tanto se refieran a interpretar, precisar o delimitar los alcances de la Constitución.

Que el objeto de tales pronunciamientos sea la materia constitucional es lo que le da sentido de unidad, pues aquí se recogen extractos de resoluciones y sentencias de variados órganos jurisdiccionales del país: Tribunal Constitucional, la Corte Suprema de Justicia de la República y las Cortes Superiores de Justicia del territorio nacional. Ahora bien, más difícil es comprender qué es aquello a que llamamos ma­ teria constitucional. Precisamente eso es lo que justifica una obra tan voluminosa como la que el lector tiene en sus manos.

En efecto, el Perú no escapa a la muy latina tendencia de la constitucionalización del ordenamiento jurídico, según la cual cualquier norma del sistema jurídico tiene, en mayor o medida, relevancia constitucional. De acuerdo con esta óptica, el parámetro de validez, y por tanto de aplicabilidad, o el margen de la interpreta­ ción de cualquier norma del ordenamiento jurídico, viene signado por su mayor —o mejor— compatibilidad con la norma constitucional. Así, la interpretación de la Constitución se convierte en una tarea de especial relevancia, pues de ella de­ pende no solo la validez de cualquier norma del ordenamiento jurídico (siempre inferior por efecto reflejo de la regla de la supremacía constitucional), sino también el contenido de la interpretación misma de dicho precepto normativo. La con­ secuencia se hace evidente: para interpretar y aplicar cualquier norma jurídica, primero se hace necesario conocer e interpretar la Constitución. Más claro aún: la aplicación e interpretación del Derecho presupone o exige aplicar e interpretar la

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Constitución. De este modo, el ordenamiento jurídico entero viene impregnado por la Constitución. Y aquí es donde juega un papel importante la jurisprudencia constitucional. La actividad de interpretación y aplicación de la Constitución realizada previa­ mente por órganos jurisdiccionales viene a auxiliar a quienes, por fuerza de la constitucionalización del ordenamiento jurídico, que hemos descrito más arriba, tienen que realizar en el tiempo presente labores de interpretación y aplicación del derecho vigente, en cualesquiera de sus campos específicos: administrativo, penal, laboral, tributario, civil, procesal y un largo etcétera. Nótese que nos hemos referido a la jurisprudencia constitucional de los ór­ ganos jurisdiccionales y no nos hemos limitado únicamente a la jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional peruano. Como ya lo hemos señalado en otro lado, si bien importante la labor de dicho tribunal, en modo alguno puede arrogarse la competencia exclusiva de la interpretación constitucional y, por tanto, tampoco la exclusividad de emitir jurisprudencia constitucional. En una sociedad abierta de intérpretes constitucionales, igual de autorizados a interpretar la Cons­ titución se encuentran el Tribunal Constitucional como cualquier otro operador jurídico, por el solo hecho de que la interpretación se constituye en el paso previo a la aplicación de la norma jurídica, característica de la que no es ajena la Cons­ titución. Y por lo mismo, estando el concepto de jurisprudencia constitucional ligado, por definición, al de pronunciamientos de los órganos jurisdiccionales, tampoco la competencia para emanar jurisprudencia constitucional se restringe a los pronunciamientos del Tribunal Constitucional. Todo lo anterior justifica que Summa Constitucional no se limite a presentar la jurisprudencia de dicho Tribu­ nal, sino que sea mucho más abarcativa hacia distintos órganos jurisdiccionales del país. Si hasta este momento nos hemos referido a la jurisprudencia constitucional y no a precedente constitucional es porque este último concepto, el de precedente, ha tenido especiales distorsiones en nuestro ámbito. Si bien resulta correcto identifi­ car a la jurisprudencia con el conjunto de pronunciamientos de un órgano juris­ diccional, sin distinción alguna (así puede hablarse de jurisprudencia del Tribunal Constitucional, como de jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia o de jurisprudencia de alguna de las Cortes Superiores o de algún Juzgado, cualquiera sea su denominación), lo que resulta del todo incorrecto es el identificar como precedente solo a algún tipo de tales pronunciamientos. Expliquémonos.

La teoría jurídica señala que precedente es cualquier pronunciamiento juris­ diccional emitido en el pasado y que es invocado por un órgano judicial para sus­

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tentar un pronunciamiento. Por eso se habla de construcción delprecedente cuando un pronunciamiento empieza a ser invocado con posterioridad a su emisión para sustentar una nueva decisión judicial. En otras palabras, cualquier pronuncia­ miento jurisdiccional tiene la potencialidad de convertirse en precedente en el futuro, pues dependerá de si el razonamiento que aquel contiene es utilizado en un pronunciamiento posterior. Que ello ocurra puede deberse a varios factores: la bondad del argumento que expone, la trascendencia de la controversia que resuel­ ve, la claridad de su exposición (o incluso su belleza, en términos estilísticos), la posición del juzgado o tribunal en la estructura judicial o la reputación de quien lo pronuncia, entre otros. Sin duda, la inexistencia de una regla que imponga qué pronunciamiento se convierte en precedente posibilita que cualesquiera de los pronunciamientos judiciales puedan convertirse en tales. Se trata de una cons­ trucción a paso lento, pues dependerá de qué tan persuadido se sienta el juez posterior para invocar un pronunciamiento anterior.

En nuestro ámbito, como señalamos antes, el precedente no se construyó lentamente. En lugar de construcción existió una imposición del precedente-, las normas procesales en distintos órdenes consagraron la existencia de un preceden­ te cuando una alta corte (especialmente Tribunal Constitucional y Corte Supre­ ma de Justicia) reunían ciertos requisitos formales y lo declaraban como tal (art. VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional y art. 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial). Desde esta óptica, existirá precedente cuando así lo declare el alto tribunal, y de este precedente se derivará su consecuencia más importante: la obligatoriedad de su consecución por parte del resto de órganos jurisdiccionales; La concepción de un precedente de esta naturaleza, formal e im­ positivo, pareció obedecer a la necesidad de uniformizar la jurisprudencia de los distintos órganos jurisdiccionales; sin embargo, no está demás decirlo, al tratar de resolver un problema, el legislador (o los juristas que lo propusieron) no advir­ tieron el peligro a la garantía de la independencia judicial que una institución de este tipo suponía. Al fin y al cabo, un precedente así diseñado e impuesto coarta la libertad del juez para interpretar los insumos normativos y fácticos del caso que tiene que resolver y olvida en último término que el precedente también puede ser objeto de interpretación. Precisamente en el common law, origen de la figura del precedente, con el tiempo se han ido consolidando las técnicas para desvincularse del precedente len­ tamente construido. No es este el espacio para ahondar el tema, pero basta señalar que ello es posible y es un tópico hacia el que nuestros juristas deben mirar con mayor atención.

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Ahora bien, todo lo anterior se ha descrito para resaltar una sola cosa, de cara al contenido del presente volumen: toda la jurisprudencia, entendida en términos latos como el conjunto de pronunciamientos de los órganos jurisdiccionales en un ámbito dado, incluido los precedentes formales, cuya obligatoriedad viene im­ puesta por ley en el Perú, constituye un elemento más en el razonamiento de los jueces. Por ello, en tanto elemento normativo, se encuentra sujeto a evaluación e interpretación, y desde luego, a aplicación o inaplicación. Tal aseveración se pre­ dica desde luego de los precedentes constitucionales del Tribunal Constitucional como de la Corte Suprema de Justicia, si es que no queremos incurrir en afecta­ ción de un principio como el de la independencia judicial. Pero no solo es el temor lo que impulsa a restar ese carácter pretendidamente vinculante impuesto, sino, antes bien, la pretensión de no privar al sistema jurí­ dico de enriquecerse con el razonamiento de jueces que, más allá de la función de repetidores de precedentes, se atreven a evaluar, interpretar, crítica, advertir su incorrección o inutilidad. Por eso, no solo los precedentes formalmente impuestos son los que deben ser objeto de difusión, sino toda la jurisprudencia nacional, de ser posible. De allí que abogados juegan aquí un rol de especial importancia al invocarlos en sus escritos para que los jueces los incorporen en su razonamiento jurídico. Es este el espíritu que anima la publicación de Summa Constitucional', poner a disposición de la comunidad jurídica la mayor cantidad posible de jurispru­ dencia constitucional. No solo por la importancia de su objeto de análisis (la norma constitucional) y su ya señalada influencia, sino también para propiciar un verdadero diálogo entre operadores del Derecho, no importando la posición del órgano que lo emite en la estructura judicial del país, puesto que lo realmente im­ portante es su calidad en tanto pronunciamiento; en suma, en su verdadera valía como precedente persuasivo, correctamente entendido en el marco de una buena argumentación jurídica.

Lima, julio de 2020

PRÓLOGO La publicación de una nueva obra siempre debe ser objeto de satisfacción para todos aquellos quienes aún creemos que la actividad presupone una continua actualización y perfeccionamiento. En dicho sentido, especial mérito constituye el que, por primera vez en sede nacional, los extractos de jurisprudencia que com­ ponen la presente obra puedan ser consultados y descargados en su integridad a través de códigos o links lo cual nos permite testimoniar que la labor editorial en el Perú cada vez hace mejor uso de los avances tecnológicos que la modernidad nos ofrece.

Sin perjuicio de lo anteriormente dicho, no queremos dejar pasar la opor­ tunidad para esbozar algunas ideas del contexto constitucional dentro del cual se gesta. De allí que, por ejemplo, consideremos que en el Perú actual, la inmunidad parlamentaria debe ser acotada, pues ha mostrado serias deficiencias y excesos al momento de su aplicación. En dicho sentido, la prensa local nos ha mostrado los múltiples casos en los cuales algunos excongresistas, valiéndose de esta figu­ ra —trastocando su espíritu— han buscado evitar la imputación de un delito o el inicio de un proceso judicial. Al respecto, debemos informar que la moderna tendencia de las legislaciones extranjeras se inclina por amenguar el alcance de la inmunidad. Tanto es así que existen países en los cuales: (i) se ha tomado partido por suprimir este privilegio (como ha sucedido, por ejemplo, en el Reino Unido, donde se creó la figura), o (ii) se ha considerado pertinente mantenerla, empero, delimitando con claridad aquellas excepciones que no ameriten ser amparadas bajo el manto protector de la inmunidad (que en la mayoría de los casos corres­ pondan a delitos comunes, con especial énfasis en aquellos cuya comisión haya ocurrido en un momento anterior a la asunción al cargo del congresista).

Asimismo, especial mención merece el revisitar la bicameralidad en sede nacional, pues de dicha forma —en opinión nuestra— mejorará la calidad de las leyes en el Perú. El hecho que la Constitución Política de 1993 haya consa­ grado un Congreso unicameral fue presentado como un desarrollo en favor de la celeridad de la emisión de nuevas leyes. Sin embargo, poco más de veinticinco ♦ PRÓLOGO

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años después, hemos podido testimoniar que esta opción no ha sido positiva pues ha favorecido un clima de entrampamiento “legislativo” las veces que un grupo político ostentaba la mayoría congresal y no compartía el parecer de los demás congresistas. Además, como ya lo hemos manifestado en otras oportunidades, el bicameralismo, con una cámara de diputados y otra de senadores, elegidas ne­ cesariamente por circunscripciones territoriales distintas, reparte mejor el poder parlamentario, pues evita su concentración en pocas personas y, a su vez, permite la revisión por una segunda cámara lo que lleva a controlar mejor las inclinaciones autoritarias que pudiera tener algún gobierno. En dicho sentido, es que somos de la opinión que el regreso a un sistema bicameral en la elaboración de leyes permi­ tirá elevar la calidad del proceso legislativo. Otro tema de vital importancia dentro del contexto actual es la tendencia que aboga por una reforma integral del régimen económico de la Constitución de 1993. Al respecto, somos de la opinión que se debería analizar con mucho cuidado y prudencia toda eventual reforma constitucional, pues mucho nos ha costado llegar a este periodo de estabilidad democrática y económica (el periodo más largo desde que somos una República) por lo que la mesura, la reflexión y los resultados obtenidos a lo largo de los años deben ser los criterios que abran dicha posibilidad. Así, por ejemplo, nadie podría negar las bondades que la eco­ nomía social de mercado ha traído en los últimos veinte años, más aún después de la caída del Muro de Berlín (1989), pues el régimen económico instaurado en la Constitución de 1993 nos ha permitido crecer de manera sostenida y abrir el mercado peruano a los inversionistas nacionales y extranjeros. Algo iriipensado si recordamos que no hace mucho éramos uñ país de inflaciones crecientes y de deudas externas impagas.

Téngase presente que no tenemos ningún apego por el hecho de cómo se gestó y materializó la Constitución de 1993, pues como muchos recordarán, sien­ do Senador de la República, fuimos abusivamente agredidos por las fuerzas del orden, calificadas como de élite, simplemente porque los senadores destituidos inconstitucionalmente el día anterior, ejerciendo nuestro derecho, decidimos reu­ nimos en el local del Colegio de Abogados de Lima, que nos cedió su Auditorio, para expresar nuestro rechazo al golpe de Estado de 1992 perpetrado el día ante­ rior por el presidente Fujimori con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

Sin perjuicio de ello, no podemos dejar de desconocer los logros positivos de la Constitución de 1993, pero a la vez consideramos que ahora se requiere de un a^iornamento o nuevo impulso para revisar algunos aspectos sociales como la seguridad social y las AFP o temas de gobernabilidad regional o educacionales que requieran de una visión constitucional más amplia.

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Un tópico no necesariamente jurídico, pero con innegables repercusiones sociales y políticas constituye la necesidad de hacer mayor hincapié en la obliga­ toriedad e importancia del curso de educación cívica en las escuelas públicas y privadas como formación básica de civismo ciudadano. Actualmente, no se ense­ ña en los colegios lo que es Democracia, el rechazo abierto a la discriminación en todos sus aspectos o el respeto por los símbolos patrios. En dicho sentido, ¿cómo queremos que los peruanos y peruanas tengan apego por los principios del sistema democrático con sus pesos y contrapesos si no se les inculca desde los años escola­ res cuáles son los principios que lo sustentan? Retomando este curso o agregando a la curricula escolar un curso referido a los principales contenidos de ella, nos permitirá una mejora en el desarrollo personal, a la vez que sentará las bases para sustentar el trabajo colectivo que nos permita integrarnos con mayor compromiso dentro de la comunidad. La postergación de un curso en el cual se reafirman los valores ciudadanos y democráticos debe volver a ser parte de la curricula educati­ va. En dicho sentido, qué respeto por valores tan inherentes e importantes como la solidaridad, la igualdad y la democracia podríamos exigir a nuestros ciudadanos si es que desde niños no se le inculcan los principios que los sustentan.

Por otro lado, consideramos necesario revisitar los derechos fondamentales a la luz del desarrollo tecnológico de nuestros tiempos. Así pues, derechos como la vida, la intimidad o el honor han sido objeto de grandes debates en las cortes in­ ternacionales. Por ejemplo, ¿qué hacer con el óvulo fecundado que es criogenizado durante el matrimonio pero que, después del divorcio, el padre desea conservar e implantar en su nueva esposa y la madre genética desea destruir por ya no tener ningún vínculo sentimental con el padre? En la misma línea, ¿cómo reaccionar frente a los casos en los cuales las grandes corporaciones admiten haber realizado la venta de nuestra información personal —recopilada a través de redes sociales— al mejor postor (llegando incluso a tener que comparecer ante el Congreso a efec­ tos de explicar este accionar)? Asimismo, tomando en cuenta que el espíritu de nuestro tiempo nos lleva a interactuar no solo con una persona sino con muchas a la vez y al mismo tiempo, ¿qué hacer frente a un comentario malintencionado a través de las redes sociales que pueda acabar mancillando honras bien ganadas?

Queda evidenciada, pues, la necesidad de revisitar los derechos fundamen­ tales, toda vez que estas y otras interrogantes terminarán por tener puerto en el Perú y debemos estar preparados para poder afrontarlos desde un punto de vista jurídico. De allí que tengamos la obligación de informarnos adecuadamente y qué mejor elemento de consulta de la actualidad jurídica que Summa Constitucional, que forma parte de una serie jurisprudencial ya célebre en nuestro medio.

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Finalmente, no podíamos terminar esta presentación sin testimoniar nuestra felicitación a la labor desplegada por el autor, Fernando Velezmoro, quien gracias al impulso editorial de Nomos & Thesis, ponen al alcance de la comunidad jurídi­ ca esta valiosísima herramienta de trabajo tanto para la actividad académica como para la profesional legal. Desde ya auguramos los éxitos correspondientes tanto al autor como a la obra. Raúl Perrero Costa

Profesor emérito de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos

nomos & thesis

ABREVIATURAS art. / arts.

artículo / artículos

Cas.

Casación

CC

Código Civil (Decreto Legislativo N.® 295, de 25-07-1984)

Const.

Constitución Política del Perú

CP

Código Penal (Decreto Legislativo N.° 635, de 08-04-1991)

CPConst.

Código Procesal Constitucional (Ley N.® 28237, de 31-05-2004)

D. Leg.

Decreto Legislativo

D. Ley / DL Decreto Ley

DM

disposición modificatoria

DMD

disposición modificatoria y derogatoria

D. S.

Decreto Supremo

DT

disposición transitoria

DTU

disposición transitoria única

ed.

edición

EP

Diario oficial El Peruano

é’ízzZ.

Del latín et alii, que significa “y otros”

Exp.

Expediente

f./fp.

fundamento / fundamentos

f. j.! ÍF. jj.

fundamento jurídico / fundamentos jurídicos

inc.! ines.

inciso / incisos

P-! PP-

página / páginas

párr. ! párrs.

párrafo / párrafos

R. A.

Resolución Administrativa

R. M.

Resolución Ministerial

ABREVIATURAS

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ABREVIATURAS

Res.

Resolución

s. / ss.

siguiente ! siguientes

TC

Tribunal Constitucional

PRIMERA PARTE JURISPRUDENCIA APLICABLE A CADA ARTÍCULO DE LA CONSTITUCIÓN

TÍTULO I DE LA PERSONA Y DE LA SOCIEDAD CAPÍTULO I DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA

La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del

Estado.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

§ 1. La vida digna sobrepasa el concepto físico-biológico. 10. Dado que el derecho a la vida no se agota en el derecho a la existencia físico-biológica, a nivel doctrinario y en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional lo encontramos definido también desde una perspectiva material. Así, se ha dicho que “actualmente, la noción de Estado social y democrático de Derecho concreta los postulados que tienden a asegurar el mínimo, de posibilidades que tornan digna la vida. La vida, entonces, ya no puede enten­ derse tan solo como un límite al ejercicio del poder, sino fundamentalmente como un objetivo que guía la actuación positiva del Estado, el cual ahora se compromete a cumplir el encargo social de garantizar, entre otros, el derecho a la vida y a la seguridad.” [STC N.° 01535-2006-PA (§ 1600c), fundamento 82]. (Exp. N.° 02005-2009-PA/TC [caso “Píldora del Día Siguiente’^, del 16-10-2009 [Web: 22-102009 / EP: 19-01-2010], f. j. 10. Texto completo: ). § 2. La dignidad humana en las relaciones entre particulares. 10, [...] La dignidad de la persona trae, así, consigo la proyección universal, frente a todo tipo de destinatario, de los derechos fundamen­ tales, de modo que no hay ámbito social exento del efecto normativo y regulador de los mismos, pues de haber alguno, por excepcional que fuese, se estaría negando el valor normativo del mismo principio de dignidad. En consecuencia, los derechos fundamentales vinculan, detentan fuerza regulatoria, en las relaciones jurídicas de derecho privado, lo cual implica que las normas estatutarias de las entidades pri­ vadas y los actos de sus órganos deben guardar plena conformidad con la Constitución y, en particular, con los derechos fundamentales. (Exp. N.° 2262-2007-PA/TC, del 11-08-2009 [Web: 25-08-2009 / EP: 11-09-2009], f. j. 10. Texto completo: ). § 3. Los efectos horizontales de los derechos fundamentales se derivan de la dignidad humana. 3. Los derechos fundamentales de la persona humana detentan un efecto horizontal q ínterprivaros (Cfr. STC Exp. N.° 1124-2001-PA/TC [§ 1067], entre otros). Tal efecto se deriva, por un lado, del artículo 38° de la Constitución, en cuanto establece que todos los peruanos tienen el deber de “respetar” y “cumplir” la Constitución y, por otro, del principio de dignidad (artículos 1° y 3° de la Constitución), ♦ SUMMÁ CONSTITUCIONAL

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TÍTULO I: DE LA PERSONA Y DE LA SOCIEDAD

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en cuanto el valor central de la persona impone que sus derechos fundamentales proyecten su efecto regulador al ámbito de la sociedad y de la propia autonomía privada. La dignidad de la persona huma­ na trae consigo una proyección universal frente a todo tipo de destinatario, respecto de los derechos fundamentales, de modo que no hay ámbito social exento del efecto normativo y regulador de dichos derechos pues de haber alguno, por excepcional que fuese, significaría negar el antedicho valor norma­ tivo que se sustenta en el principio de dignidad. En consecuencia, los derechos fundamentales vinculan, detentan fuerza regulatoria en las relaciones jurídicas de derecho privado, lo cual implica que las normas estatutarias de las entidades privadas y los actos de sus órganos no deben contradecir a la Constitución tratándose de los derechos fundamentales de la persona humana. (Exp. N.° 2049-2007-PA/TC [Caso Guillermo Gonzalos Neumann], del 14-10-2008 [Web: 11-11-2008 / EP: 27-11-2008], f. j. 3. Texto completo: ).

§ 4. La dignidad como un principio de actuaciones positivas para el libre desarrollo de la per­ sona y de sus derechos. 5. [...] [La] dignidad de la persona humana constituye un valor y un principio constitucional portador de valores constitucionales que prohíbe, consiguientemente, que aquélla sea un mero objeto del poder del Estado o se le dé un tratamiento instrumental. Pero la dignidad también es un dínamo de los derechos fundamentales; por ello es parámetro fundamental de la actividad del Estado y de la sociedad, así como X'í fuente de los derechos fundamentales. De esta forma la dignidad se proyecta no sólo defensiva o negativamente ante las autoridades y los particulares, sino también como un principio de actuaciones positivas para el libre desarrollo de la persona y de sus derechos. (Exp. N.° 10087-2005-PA/TC, del 18-12-2007 [Web: 31-07-2007 / EP: 19-01-2008], f. j. 5. Texto completo: ). § 5. Respeto de la dignidad como finalidad de la sociedad y el Estado. 6. Asimismo, este Tribunal no puede dejar de señalar que nuestra Constitución (Art. 1°: “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”) y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos (CADH, Art. ll°.l: “Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad”; PIDCP, Art. 10°.l: “Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”; DUDH, Art. 1°: “To­ dos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”) no permiten un trato humano degradante y la humillación personal o pública; antes bien, consagran el respeto a la dignidad de la persona humana como la finalidad de la sociedad y el Estado conformidad con el artículo 1 o de la CP; lo contrario, implica socavar las bases de un orden jurídico vinculado a los derechos humanos. (Exp. N.° 5490-2007-HC/TC [caso Elvito Rodríguez Domínguez], del 27-11-2007 [Web: 24-03-2008 / EP: 22-08-2008], f. j. 6. Texto completo: ).

§ 6. Condiciones mínimas e indispensables para el desarrollo de la persona como expresión de la dignidad. 10. [...] [El] impedimento del goce de este elemento no sólo incide en la vida y la salud de la persona, sino que lo hace en el propio derecho a la dignidad. En efecto, existen determinados bienes cuya imposibilidad de acceso, en atención al valor supremo de la persona, puede resultar absolutamente incompatible con las condiciones mínimas e indispensables en las que ella debe estar. Se trata de condi­ ciones cuya ausencia atentaría y negaría radicalmente la condición digna de la persona. La ausencia de estas condiciones mínimas contradice el valor supremo de la persona en una magnitud ostensiblemente grave y, de esa forma, el principio fundamental de dignidad de la persona (arts. 1° y 3°, Const.). (Exp. N.° 06534-2006-PA/TC, del 15-11-2007 [Web: 22-02-2008 / EP: 23-05-2008], £ j. 10. Texto com­ pleto: ). § 7. Las dos dimensiones de protección de la dignidad humana. 7. De este modo, la Consti­ tución hace referencia a dos dimensiones de protección de la dignidad humana, la primera referida a la persona en tanto que individuo dotado de inmunidad frente a cualquier agresión a su autoestima y su dignidad objetivada como ser libre e igual a los demás; la segunda como ser que forma parte de un grupo social y se relaciona cotidianamente con sus semejantes. Mientras que la dimensión del honor

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CAPÍTULO I: PRINCIPIOS GENERALES

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individual se refiere a un derecho personalísimo indelegable, en su dimensión de buena reputación, el honor se expande como una posición iusfundamental que puede también ampliar sus efectos para proteger posiciones similares no solo de personas naturales, sino incluso en los entes que, amparados en alguna manifestación de personalidad jurídica que les confiere el sistema jurídico, actúan en la sociedad proyectando una imagen o un nombre o una “razón social”. (Cfr. STC 905-2001-AA/TC [§ 273]). (Exp. N.° 4099-2005-PA/TC, del 29-08-2006 [Web; 11-09-2006 ! EP: 20-10-2006], f. j. 7. Texto completo: ).

§ 8, Muitifuncionalidad del principio de respeto a la dignidad humana. La realización de la dignidad humana constituye una obligación jurídica, que no se satisface en la mera técnica de positivización o declaración por el Derecho. 8. [...] [La] realización de la dignidad humana constituye una obligación jurídica, que no se satisface en la mera técnica de positivización o declaración por el Derecho, sino que los poderes públicos y los particulares deben garantizar el goce de garantías y niveles adecuados de protección a su ejercicio; y es que, la protección de la dignidad es solo posible a través de una definición correcta del contenido de la garantía. Sólo así, la dignidad húmana es vinculante, en tan­ to concepto normativo que compone el ámbito del Estado social y democrático del Derecho, aunque no comparte la naturaleza claramente determinada de otros conceptos jurídicos —v.gr., propiedad, li­ bertad contractual, etc.— ello no puede llevarnos a colocarla, únicamente, en el plano pre jurídico o de constructo filosófico. Pues, en la dignidad humana y desde ella, es posible establecerse un correlato entre el “deber ser” y el “ser”, garantizando la plena realización de cada ser humano. 9. Este reconocimiento del valor normativo de la dignidad humana, atraviesa por establecer [...] que en la fundamentación mis­ ma de los derechos fundamentales que potencia y orienta los desarrollos dogmáticos y jurisprudenciales, se encuentra la afirmación de la muitifuncionalidad que les es inherente, atendiendo a la diversidad de objetivos que pueden perseguir estos derechos en un sistema axiológico pluralista. Este despliegue en múltiples direcciones inherente a los derechos fundamentales [...] también se encuentra presente en la dignidad humana, que es comprehensiva enunciativamente de la autonomía, libertad e igualdad huma­ na, siendo que todas ellas en sí mismas son necesidades humanas que emergen de la experiencia concre­ ta de la vida práctica [...]. (Exp. N.° 2273-2005-PHC/TC [caso Karen Mañucü Quiroz Cahanillas\., de 20-04-2006 [Web: 13-10-2006 / EP: 24-10-2006], íf. jj. 8 y 9. Texto completo: ). § 9. La dignidad como fundamento esencial de todos los derechos fundamentales. Doble carác­ ter de la dignidad. 5. [...] [La] dignidad del ser humano no sólo representa el valor supremo que justifi­ ca la existencia del Estado y de los objetivos que este cumple, sino que se constituye como el fundamen­ to esencial de todos los derechos que, con la calidad de fundamentales, habilita el ordenamiento. Desde el artículo 1° queda manifiesta tal orientación al reconocerse que “La defensa de la persona humana y el respecto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”, y complementarse dicha línea de razonamiento con aquella otra establecida en el artículo 3°, que dispone que “La enumeración de los derechos establecidos (...) no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de natu­ raleza análoga que se fundan en la dignidad del hombre (...)”. [...] 10. El doble carácter de la dignidad humana, produce determinadas consecuencias jurídicas: Primero, en tanto principio, actúa a lo largo del proceso de aplicación y ejecución de las normas por parte de los operadores constitucionales, como: a) criterio interpretativo; b) criterio para la determinación del contenido esencial constitucionalmente protegido de determinados derechos, para resolver supuestos en los que el ejercicio de los derechos deviene en una cuestión conflictiva; y c) criterio que comporta límites a las pretensiones legislativas, administrativas y judiciales; e incluso extendióle a los particulares. Segundo, en tanto derecho funda­ mental se constituye en un ámbito de tutela y protección autónomo. En ello reside su exigibilidad y ejecutabilidad en el ordenamiento jurídico, es decir, la posibilidad que los individuos se encuentren legitimados a exigir la intervención de los órganos jurisdiccionales para su protección, en la resolución de los conflictos sugeridos en la misma praxis intersubjetiva de las sociedades contemporáneas, donde se dan diversas formas de afectar la esencia de la dignidad humana, ante las cuales no podemos permanecer impávidos. (Exp. N.° 2273-2005-PHC/TC [caso Karen Mañuca Quiroz Cabanillas\, del 20-04-2006 [Web: 13-10-2006 ! EP: 24-10-2006], íF. jj. 5 y 10. Texto completo: ). SUMMA CONSTITUCIONAL

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TÍTULO I: DE LA PERSONA Y DE LA SOCIEDAD

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§ 10. La dignidad humana es el presupuesto ontológico común de los derechos fundamentales. 6. El Tribunal Constitucional ha precisado en la sentencia recaída en el Exp. N.® 0011-2002-AI/TC [§ 852] que: Aunque la dignidad de la persona es el presupuesto ontológico común a todos los derechos fundamentales, no menos cierto es que entre ellos es posible establecer diferencias de distinto orden. La heterogeneidad que presentan los derechos fundamentales entre sí, no sólo reposa en cuestiones teóricas de carácter histórico, sino que estas disimilitudes, a su vez, pueden revestir significativas repercusiones prácticas. Determinados derechos (...) forman parte de aquellos derechos fundamentales sociales de preceptividad diferida, prestacionales, o también denominados progresivos o programáticos. [Funda­ mento 9]. (Exp. N.° 4232-2004-AA/TC [Caso Larry Jirnrny Ormeño Cabrera^, del 03-03-2005 [Web: 19-07-2006 ! EP: 22-07-2006], f. j. 6. Texto completo: ). § 11. Concepto de derechos sociales. Necesidad de la exigencia de los derechos sociales para garantizar la igual de oportunidades en todo nivel social. 7. Tal como se ha precisado en la sentencia recaída en el caso Roberto Nesta Brero y más de 5000 ciudadanos contra la Presidencia del Consejo de Ministros (Expediente N.° 008-2003-AI/TC [§ 503]), el Estado peruano, definido por la Constitución de 1993, presenta las características básicas de un Estado social y democrático de derecho, y en cuya configuración adquieren relieve dos aspectos básicos: la existencia de condiciones materiales mínimas para alcanzar sus presupuestos, y la identificación del Estado con los fines de su contenido social (Fund. Jur.l2). 8. Estas cuestiones básicas buscan garantizar la igualdad de oportunidades en todo nivel social, así como neutralizar las situaciones discriminatorias y violatorias de la dignidad del hombre; por ello, el logro de estas condiciones materiales mínimas de existencia requiere la intervención del Estado y de la sociedad en conjunto. 9. Es ahí donde se hace necesaria la exigencia de los derechos sociales y eco­ nómicos, también llamados derechos prestacionales, como la seguridad social, salud pública, vivienda, educación y demás servicios públicos, pues ellos representan los fines sociales del Estado a través de los cuales el individuo puede lograr su plena autodeterminación. Debe entenderse, empero, que cuando se habla de exigencia, nos referimos al derecho de requerir que el Estado adopte las medidas adecuadas para el logro de fines sociales, pues no en todos los casos los derechos sociales son por sí mismos jurí­ dicamente sancionables, al ser necesario el soporte presupuesta! para su ejecución. Ahora bien, deno­ mínase comúnmente derechos sociales a las facultades tuitivas dirigidas a favorecer a aquellos grupos humanos con características accidentales diferenciadas con relación a otros por factores culturales, o que se encuentran en situación de desventaja por razones económico-sociales, es decir, con una posición o ubicación depreciada en sus estándares de vida, no acordes con la dignidad humana. (Exp. N.° 20162004-AA/TC [Caso José Luis Correa Condori}, del 05-10-2004 [Web; 08-04-2005], ff. jj. 7 al 9. Texto completo: ). § 12. No existe un “derecho” a favor del ser humano para tratar de forma cruel o hacer padecer algún sufrimiento a los animales no humanos. 17. Los animales no humanos, por ejemplo, los ani­ males vertebrados domésticos o silvestres mantenidos en cautiverio, no tienen, en general, ninguno de estos intereses [amistad, familia, arte, etc.] ni cualquier otro que esté más allá de que no se le infrinja do­ lor y sufrimiento físico. De hecho,primafacie^o^ animales no tienen una dimensión moral: no realizan juicios acerca de lo bueno y lo justo, y tampoco tienen motivos que puedan ser evaluados moralmente. Su comportamiento está predeterminado por sus instintos naturales y no por la libertad, en virtud de la cual se “eligen” los fines que se van a perseguir como consecuencia de una deliberación interna de razones. No poseen autogobierno normativo. [...] 20. [...] [Si] tenemos que la Constitución consagra el deber del Estado y de los particulares de respetar la vida de las personas, su integridad física, psíquica, su bienestar y su salud, entre otras dimensiones; si prohíbe toda forma injustificada de violencia física, psíquica, de tortura, de trato inhumano, de humillaciones; si prohíbe la esclavitud, la servidumbre, la trata de seres humanos, entre otros padecimientos; es razonable afirmar que la producción del dolor, el sufrimiento y la crueldad hacia los humanos es una preocupación trascendental y constante de nuestra Constitución, lo que exige normar las medidas que las eviten y puedan abolirías. 21. Y es que la elimi­ nación de todas las modalidades de sufrimiento y crueldad físicas contra los humanos ha sido la justi­ ficación de las formas más básicas de protección de los sistemas jurídicos modernos de talante liberal.

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La exclusión de los padecimientos humanos físicos se cuenta entre las primeras defensas instituidas por el derecho penal y el derecho constitucional en sus formas de reacción punitiva y reconocimiento de inmunidades. 22. Si el sufrimiento físico que puede sentir un ser humano es una razón de peso para que exista un deber jurídico de no causarle sufrimiento físico ¿por qué habría que restringir esta considera­ ción a otros seres distintos de los humanos con las mismas capacidades de sentir? 23. El hecho de que un animal no humano, por ejemplo, los animales vertebrados domésticos o silvestres mantenidos en cau­ tiverio, sufra dolor físico desproporcionado o injustificado debe merecer una diferencia práctica en el ámbito de nuestros deberes jurídicos, más aún si dicho supuesto comparte la característica de situación límite que también es propia de los humanos cuando son objeto de padecimientos físicos. Los animales no humanos, por ejemplo, los animales vertebrados domésticos o silvestres mantenidos en cautiverio, sí poseen el interés más elemental de todos los seres vivos: el que no se les haga sufrir injustificadamente. Es verdad que el sufrimiento físico de los humanos puede ser, ciertamente, mucho más intenso que el de los otros animales, dada su compresión de las circunstancias a las que son sometidos y de las consecuen­ cias que ello pudiera acarrear en el futuro; pero debemos tener presente que, aunque esta característica no esté presente en los demás animales, dicha ausencia no anula la relevancia moral de su sufrimiento en el despliegue de deberes para con ellos. 24. Desde la Constitución no es posible derivar un “derecho” de los seres humanos a tratar cruelmente o hacer sufrir a los animales no humanos. Por el contrario, de la Norma Fundamental se desprende que es un deber jurídico general de los humanos el no causar a los animales no humanos, tales como los animales vertebrados domésticos o silvestres mantenidos en cautiverio, dolor y sufrimiento desproporcionado e injustificado. Por consiguiente, dicho deber no pertenece únicamente al ámbito de los deberes morales o, si se quiere, al terreno de lo extrajurídico, sino que es de recibo en nuestro marco constitucional y, en ese sentido, goza de fuerza normativa. (Exp. N.° 07392-2013-PHC/TC [Caso Horse Brown S.A.C.], del 11-07-2019 [Web: 05-08-2019], ff. jj. 17, 20, 21, 22, 23 y 24. Texto completo: ). § 12a. Constitucionalidadi de las corridas de toros y peleas de gallos; carácter cultural de es­ tas actividades. La dignidad es propia del ser humano. Producir sufrimientos innecesarios a los animales constituye una infracción al deber de respeto y protección al ambiente. Véase la jurispru­ dencia del inciso 19 del artículo 2° de la Constitución [§ 559a]. (Exp. N.° 00022-2018-1’1/ fC [caso Sobre la constitucionalidad de las excepciones a la Ley de Protección y Bienes Animal relacionadas con la tauromaquia, lagallísticay otras actividades}, del 09-03-2020. Texto completo: ). § 12b. Producir sufrimientos innecesarios a los animales constituye una infracción al deber de respeto y protección al ambiente. Carácter cultural de la tauromaquia. Véase la jurisprudencia del inciso 22 del artículo 2° de la Constitución [§ 599]. (Exp. N.° 00017-2010-PI/TC [Caso Proceso de Inconstitucionalidad contra el artículo 2° de la Ley N.° 29168}, del 19-04-2011 [Web: 09-05-2011 / EP: 19-05-2011], f. j. 31. Texto completo: ). § 13. Prohibición a la tenencia de mascotas en un edificio, vulnera el derecho al libre del desarrollo a la personalidad. Test de proporcionalidad no ampara la prohibición de tenencia de mascota. Véase la jurisprudencia del inciso 1 del artículo 2° de la Constitución [§ 136]. (Exp. N.° 01413-2017-PA/TC, del 12-12-2018 [Web: 09-07-2019], ff. jj. 11, 12, 15, 16 y 17. Texto completo: ). § 15. Los crímenes de lesa humanidad no prescriben. 11. [...] [E]n el caso de que se persiga penalmente la presunta comisión de delitos que constituyen crímenes de lesa humanidad, estos re­ sultan imprescriptibles, tal como lo ha establecido este Tribunal Constitucional. En efecto, la regla de imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad es una norma de ius cogen, por lo que tales crímenes son imprescriptibles cualquiera sea la fecha en que se hayan cometido (Cfr. STC 024-2010AI/TC [§ 3243], fundamentos 42 al 69). Al respecto, el Tribunal Constitucional ha reconocido que se configura un crimen de lesa humanidad cuando se presentan copulativamente los siguientes supuestos: a) cuando por su naturaleza y carácter denota una grave afectación de la dignidad humana, violando la vida o produciendo un grave daño en el derecho a la integridad física o mental de la víctima, en su SUMMA CONSTITUCIONAL

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derecho a la libertad personal o en su derecho a la igualdad; b) cuando se perpetra como parte de un ataque generalizado o sistemático; c) cuando responde a una política (no necesariamente formalmente declarada) promovida o consentida por el Estado; y, d) cuando se dirige contra la población civil. (Exp. N.° 02071-2009-HC/TC [Caso Edgar Ernando Acevedo Lópe¿\, del 07-04-2015 [Web: 10-07-2015], f j. 11. Texto completo: ).

§ 16. El derecho a tener un familiar es un derecho implícito que deriva del principio-derecho a la dignidad. 5. [...] El derecho del niño a tener una familia es un derecho constitucional implícito que encuentra sustento en el principio-derecho de dignidad de la persona humana y en los derechos a la vida, a la identidad, a la integridad personal, al libre desarrollo de la personalidad y al bienestar [...]. (Exp. N.° 04227-2010-PHC/TC [Caso Feliz Antonio Guerra Huart\, del 06-09-2011 [Web: 15-092011 ! EP: 07-10-2011], f j. 5. Texto completo: ).

§ 17. No es válido que se discrimine a alguien por su identidad sexual. 59. El ser humano es libre de auto determinarse y no es posible concebir que en función de sus particulares opciones de compor­ tamiento tenga que verse discriminado. Si una persona cuyo sexo se encuentra perfectamente definido tiene derecho a una identidad en todos los aspectos que tal categoría representa, no existe consideración constitucionalmente válida para que quien opta por un comportamiento sexual diferente, no le asista a plenitud tal derecho. (Exp. N.° 00926-2007-PA/TC [caso C.F.A.Dl\, del 03-11-2009 [Web: 09-122009 ! EP: 17-12-2009], f. j. 59. Texto completo: ). § 18. La identidad sexual como fundamento del libre desenvolvimiento de la personalidad. 61. La identidad sexual tiene como fundamento el libre desenvolvimiento de la personalidad so­ bre la base del principio de libertad y dignidad de todas las personas. (Exp. N.° 00926-2007-PA/ TC [caso C.EA.D.}, del 03-11-2009 [Web: 09-12-2009 ! EP: 17-12-2009], f. ]. 61. Texto completo: ).

§ 19. La decisión de una mujer de traer al mundo una nueva vida humana no puede estar in­ fluenciada por el Estado o un particular. 21. La decisión de una mujer de traer al mundo una nueva vida humana es una de aquellas opciones que se encuentran protegidas por el derecho al libre desarrollo de la personalidad reconocido en el inciso 1) del artículo 1° de la Constitución, que no puede ser objeto de injerencia por autoridad pública o por particular alguno. Consecuentemente, todas aquellas medidas que tiendan a impedir o a hacer más gravoso el ejercicio de la mencionada opción vital, resultan in­ constitucionales. (Exp. N.° 05527-2008-PHC/TC [caso Nidia Yesenia BacaBarturén\, del 11-02-2009 [Web: 13-02-2009 / EP: 23-04-2009], f j. 21. Texto completo: ). § 20. La importancia del rol del ejercicio profesional del periodismo y de los medios de comu­ nicación. 29. La importancia capital del rol del ejercicio profesional del periodismo y de los medios de comunicación social para la consolidación de las instituciones y del propio régimen democrático; claro está, cuando ellos se realizan con responsabilidad y dentro del respeto de la dignidad de la persona hu­ mana (artículo 1° de la Constitución), de sus derechos fundamentales y de valores democráticos como la tolerancia y el pluralismo. Su papel es especialmente relevante porque su ejercicio democrático incide en la posibilidad de que los ciudadanos estén convenientemente informados sobre los temas que son de interés público. (Exp. N.° 00013-2007-PI/TC [caso Jorge Santistevan de NoriegaJ del 13-07-2007 [Web: 29-11-2007 / EP: 16-12-2007], f. j. 29. Texto completo: ). § 21. La identidad personal será protegida mientras se sustente en el principio de la dignidad humana. 7. [...] La identidad personal constitucionalmente protegida sólo será aquella que se sustente en el principio de dignidad de la persona humana. (Exp. N.° 02273-2005-PHC/TC [caso Karen Mañuca Quiroz (labanillas], del 20-04-2006 [Web: 13-10-2006 / EP: 24-10-2006], f. j. 7. Texto completo: ). § 22. La dignidad supone otorgar un contenido al derecho a la identidad personal. 1. [...] La dignidad sea caracterizada por la posición preferente que ocupa en el ordenamiento jurídico, y por la individualización respecto del rol de fundamento, fin y límite que a la misma le corresponde cumplir

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frente a la existencia de todos los derechos fundamentales. Así, dada la esencial correlación entre de­ rechos fundamentales y dignidad humana (...) supone otorgar un contenido ai derecho a la identidad personal (...) en tanto elemento esencial para garantizar una vida no sólo plena en su faz formal o existencia!, sino también en su dimensión sustancial o material; o, en otras palabras, garantizar una vida digna. (Exp. N.° Ó2273-2005-PHC/TC [caso Karen Manuca Quiroz Cabanillas], del 20-04-2006 [Web: 13-10-2006 ! EP: 24-10-2006], f. j. 1. Texto completo: ).

§ 23. El principio de dignidad de la persona puede ser entendido en sentido negativo (como una obligación de no hacer) o en sentido positivo (obligación de hacer). 18. El principio de digni­ dad irradia en igual magnitud a toda la gama de derechos, ya sean los denominados civiles y políticos, como los económicos, sociales y culturales, toda vez que la máxima eficacia en la valoración del ser humano sólo puede ser lograda a través de la protección de los distintos elencos de derechos, en forma conjunta y coordinada. 19. Bajo este principio, el Estado no sólo actuará respetando la autonomía del individuo y los derechos fundamentales como límites para su intervención —obligaciones de no hacer—, sino que deberá proporcionar, a su vez, los cauces mínimos para que el propio individuo pueda lograr el desarrollo de su personalidad y la libre elección de sus planes de vida —obligaciones de hacer—. (Exp. N.° 2016-2004-AA/TC [Caso José Luis Correa Condorí}, del 05-10-2004 [Web: 08-042005], íF. jj. 18 y 19. Texto completo: ).

§ 24. En sede jurisdiccional ningún análisis puede desarrollarse sin verificar el respeto a la dig­ nidad del hombre. 16. Partiendo de la máxima kantiana, la dignidad de la persona supone el respeto del hombre como fin en sí mismo, premisa que debe estar presente en todos los planes de acción social del Estado suministrando una base constitucional a sus políticas, pues en el Estado social el respeto a la dignidad se refiere esencialmente a lograr una mejor calidad de vida de las personas. Consecuente­ mente, en sede jurisdiccional ningún análisis puede desarrollarse sin verificar el respeto a la dignidad del hombre, tanto en la actuación del Estado como en la de los particulares. (Exp. N.° 2016-2004-AA/ TC [Caso José Luis Correa Condori}, del 05-10-2004 [Web: 08-04-2005], f. j. 16. Texto completo: ). § 25. El cumplimiento de la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad supone la vigencia irrestricta del derecho a la vida. 26. Ea Constitución Política de 1993 ha determinado que la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado; en tales términos, la persona está consagrada como un valor superior, y el Estado está obligado a protegerla. El cumplimiento de este valor supremo supone la vigencia irrestricta del derecho a la vida, pues este derecho constituye su proyección; resulta el de mayor connotación y se erige en el presupuesto ontológico para el goce de los demás derechos, ya que el ejercicio de cualquier derecho, prerrogativa, facultad o poder no tiene sentido o deviene inútil ante la inexistencia de vida física de un titular al cual puedan serle reconocidos. (Exp. N.° 2016-2004-AA/TC [Caso José Luis Correa Condori}, del 05-102004 [Web: 08-04-2005], f. j. 26. Texto completo: ). § 26. La Constitución de 1993 ampara el derecho a la vida y el respeto a la dignidad humana. 27. [La] Constitución Política de 1993 ha determinado que la defensa de la persona humana y el res­ peto a su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado; la persona está consagrada como un valor superior, y el Estado está obligado a protegerla. El cumplimiento de este valor supremo supone la vigencia irrestricta del derecho a la vida, pues este derecho constituye su proyección; resulta el de mayor connotación y se erige en el presupuesto ontológico para el goce de los demás derechos, ya que el ejercicio de cualquier derecho, prerrogativa, facultad o poder no tiene sentido o deviene inútil ante la inexistencia de vida física de un titular al cual puedan serle reconocidos. (Exp. N.° 2945-2003-AA/ TC [Caso Azanca Alhelí Meza García\, del 20-04-2004 [Web: 12-07-2004], f. j. 27. Texto completo: ). § 27. El derecho a la verdad se vincula directamente con el principio de dignidad humana. 16. [El derecho a la verdad] es un derecho que se deriva directamente del principio de dignidad humana, pues el daño ocasionado a las víctimas no sólo se traduce en la lesión de bienes tan relevantes como la SUMMA CONSTITUCIONAL

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vida, la libertad y la integridad personal, sino también en la, ignorancia de lo que verdaderamente suce­ dió con las víctimas de los actos criminales. El desconocimiento del lugar donde yacen los restos de un ser querido, o de lo que sucedió con él, es tal vez una de las formas más perversamente sutiles, pero no menos violenta, de afectar la conciencia y dignidad de los seres humanos. (Exp. N.° 2488-2002-PHC/ TC [caso Genaro Villegas Namuche}, del 18-03-2004 [Web: 22-03-2004 / EP: 29-03-2004], f. j. 16. Texto completo: ).

§ 28. Las pensiones de orfandad responden a la necesidad de mantener una vida acorde con el principio de dignidad de aquellos económicamente dependientes del causante. Véase la juris­ prudencia del artículo 6° de la Constitución [§ 789]. (Exp. N.° 3804-2013-PA/TC, del 23-10-2014 [Web: 17-09-2015 / EP: 12-01-2016], f. j. 7. Texto completo: ). § 29. El uso del polígrafo solo vulnera derechos (como el de dignidad) de los trabajadores cuando al obtener la información se puede derivar consecuencias desfavorables y desmejoran la condición de estos. Véase la jurisprudencia del artículo 23° de la Constitución [§ lili]. (Exp. N.° 00273-2010-PA/TC [Caso Sindicato Unitario de Trabajadores de ElectroLima Empresas Concesionarias Eléctricas y Afines - SUTEECEA\, de 06-08-2014 [Web: 30-10-2014 / EP: 16-12-2014], ff. jj. 7 y 8. Texto completo: ). § 30. El derecho de los niños a no ser separados de sus padres. Véase la jurisprudencia del artículo 4° de la Constitución [§ 734]. (Exp. N.° 00272-2013-PHC/TC, del 18-03-2014 [Web: 19-05-2014 / EP: 27-11-2005], ff. jj. 3.3.1. Texto completo: ).

§ 31. Vinculación entre el derecho a la vivienda y el principio de dignidad humana. Véase la jurisprudencia del inciso 16 del artículo 2° de la Constitución [§ 532]. (Exp. N.° 0007-2012-PI/TC [Caso EONAVI\, del 26-10-2012 [Web: 30-11-2012 / EP: 08-12-2012], f. j. 64. Texto completo: ). § 32. El principio de dignidad en el régimen penitenciario. Véase la jurisprudencia del inciso 22 del artículo 139° de la Constitución [§ 2469]. (Exp. N.° 01575-2007-PHC/TC [caso Marisol Elizabeth Venturo Ríos\, del 20-03-2009 [Web: 17-04-2009], ff. jj. 6 al 9. Texto completo: ).

§ 33. La relación entre el derecho a la educación y el derecho a la dignidad. Véase la jurispruden­ cia del artículo 14° de la Constitución [§ 983]. (Exp. N.° 4646-2007-PA/TC [Caso Eeliciano Contreras Arana\, del 17-10-2007 [Web: 19-05-2008], f. j. 10. Texto completo: ). § 34. Cadena perpetua es incompatible con el principio de dignidad humana. Véase la jurispru­ dencia del inciso 22 del artículo 139“ de la Constitución [§ 2476]. (Exp. N.° 003-2005-PI/TC [caso Proceso de Inconstitucionalidad contra los Decretos Legislativos N.°s 921 al927], del 09-08-2006 [Web: 11-12-2006 / EP: 18-12-2006], £ j. 15. Texto completo: ). § 35. El hecho de que la figura típica de desaparición forzada de personas no haya estado siem­ pre vigente, no resulta impedimento, para que se lleve a cabo el correspondiente proceso penal por dicho delito y se sancione a los responsables. Véase la jurisprudencia de la Sección de Derecho Penal [§ 3255]. (Exp. N.° 2798-04-HC/TC [caso Gabriel Orlando Vera Navarrete}, del 09-12-2004 [Web: 10-02-2005 / EP: 07-04-2005], ff. jj. 21 y 22. Texto completo: ). § 36. El delito de desaparición forzada constituye delito de naturaleza permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima. Véase la jurisprudencia de la Sección de Derecho Penal [§ 3258]. (Exp. N.° 2529-2003-FFC/TC [caso Peter Cruz Chávez\, del 02-07-2004 [Web: 19-072004], £ j. 3. Texto completo: ). § 37. Diferencia entre el grado de protección de los derechos fundamentales de las personas Jurídicas respecto de las personas naturales. Véase la jurisprudencia de la Sección de Derecho Civil [§ 2918]. (Exp. N.° 01567-2006-PA/TC, del 30-04-2006 [Web: 08-06-2006 / EP: 17-06-2006], £ j. 7. Texto completo: ).

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CAPÍTULO I: PRINCIPIOS GENERALES

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§ 38. La desaparición forzada atenta contra diversos derechos fiindamentales. Véase la juris­ prudencia de la Sección de Derecho Penal [§ 3259]. (Exp. N.° 2488-2002-HC/TC [caso Genaro Vi­ llegas Namuche], del 18-03-2004 [Web: 22-03-2004 / EP: 29-03-2004], ib jj. 3 y 4. Texto completo: ). § 39. Eficacia horizontal de los derechos fundameiitales entre privados. Véase la jurispruden­ cia del artículo 38° de la Constitución [§ 1455]. (Exp. N.° 976-2001-AA/TC [Caso Eusebia Llanos Huasca}, del 13-03-2003 [13-05-2003 / EP: 09-05-2003], f. j. 5. Texto completo: ). § 40. La cadena perpetua y los principios de dignidad y libertad. La pena de cadena perpetua sólo es inconstitucional si no se prevén mecanismos temporales de excarcelación. Véase la jurispru­ dencia del inciso 22 del artículo 139® de la Constitución [§ 3136]. (Exp. N.° 010-2002-AJ/TC [caso Acción de Inconstitucionalidad contra los Decretos Leyes N.° 25d75, 25659, 25708 y 2588}, del 03-012003 [Web: 04-01-2003 / EP: 04-01-2003], ff. jj. 185, 188, 190, 191, 192, 193 y 194. Texto completo: ).

§ 40a. Remisión. Sobre la dignidad del trabajador, véase la jurisprudencia del artículo 23° de la Constitución [§ 1108 ss.].

Toda persona tiene derecho: 1. A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece.

2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole.

3. A la libertad de conciencia y de religión, en forma individual o asociada. No hay persecución por razón de ideas o creencias. No hay delito de opinión. El ejercicio público de todas las confesiones es libre,

siempre que no ofenda la moral ni altere el orden público. 4. A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra

oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura

ni impedimento algunos, bajo las responsabilidades de ley.

Los delitos cometidos por medio del libro, la prensa y demás medios de comunicación social se tipifi­ can en el Código Penal y se juzgan en el fuero común.

Es delito toda acción que suspende o clausura algún órgano de expresión o le impide circular libremente. Los

derechos de informar y opinar comprenden los de fundar medios de comunicación. 5. A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pú­ blica, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional.

El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del juez, del Fiscal de la Nación, o de una comisión investigadora del Congreso con arreglo a ley y siempre que se refieran al caso investigado.

6. A que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren informa­

ciones que afecten la intimidad personal y familiar. í**)

w

7. Al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar así como a la voz y a la imagen propias. Toda persona afectada por afirmaciones inexactas o agraviada en cualquier medio de comunicación social tiene derecho a que éste se rectifique en forma gratuita, inmediata y proporcional, sin perjuicio de

las responsabilidades de ley. 8. A la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto. El Estado propicia el acceso a la cultura y fomenta su desarrollo y

difusión.

♦ SUMMA CONSTITUCIONAL

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9. A la inviolabilidad del domicilio. Nadie puede ingresar en él ni efectuar investigaciones o registros sin autorización de la persona que lo habita o sin mandato judicial, salvo flagrante delito o muy grave peligro

de su perpetración. Las excepciones por motivos de sanidad o de grave riesgo son reguladas por la ley. 10. Al secreto y a la inviolabilidad de sus comunicaciones y documentos privados.

Las comunicaciones, telecomunicaciones o sus instrumentos sólo pueden ser abiertos, incautados, interceptados o intervenidos por mandamiento motivado del juez, con las garantías previstas en la ley. Se guarda secreto de los asuntos ajenos al hecho que motiva su examen.

Los documentos privados obtenidos con violación de este precepto no tienen efecto legal. Los libros, comprobantes y documentos contables y administrativos están sujetos a inspección o fis­ calización de la autoridad competente, de conformidad con la ley. Las acciones que al respecto se tomen

no pueden incluir su sustracción o incautación, salvo por orden judicial.

n. A elegir su lugar de residencia, a transitar por el territorio nacional y a salir de él y entrar en él, salvo limitaciones por razones de sanidad o por mandato judicial o por aplicación de la ley de extranjería. 12 A reunirse pacíficamente sin armas. Las reuniones en locales privados o'abiertos al público no

requieren aviso previo. Las que se convocan en plazas y vías públicas exigen anuncio anticipado a la autoridad, la que puede prohibirlas solamente por motivos probados de seguridad o de sanidad públicas. 13. A asociarse y a constituir fundaciones y diversas formas de organización jurídica sin fines de lucro,

sin autorización previa y con arreglo a ley. No pueden ser disueltas por resolución administrativa. 14. A contratar con fines lícitos, siempre que no se contravengan leyes de orden público. 15. A trabajar libremente, con sujeción a ley. 16. A la propiedad y a la herencia.

17. A participar, en forma individual o asociada, en la vida política, económica, social y cultural de la

Nación. Los ciudadanos tienen, conforme a ley, los derechos de elección, de remoción o revocación de autoridades, de iniciativa legislativa y de referéndum. ® 18. A mantener reserva sobre sus convicciones políticas, filosóficas, religiosas o de cualquiera otra

índole, así como a guardar el secreto profesional. 19. A su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la

Nación. ® Todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma ante cualquier autoridad mediante un intérprete.

Los extranjeros tienen este mismo derecho cuando son citados por cualquier autoridad. 20. A formular peticiones, individual o colectivamente, por escrito ante la autoridad competente, la

que está obligada a dar al interesado una respuesta también por escrito dentro del plazo legal, bajo res­ ponsabilidad. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional sólo pueden ejercer individualmente el

derecho de petición. 21. A su nacionalidad. Nadie puede ser despojado de ella. Tampoco puede ser privado del derecho de

obtener o de renovar su pasaporte dentro o fuera del territorio de la República. 22. A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un am­

biente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. 23. A la legítima defensa. 24. A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia:

a. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe.

b. No se permite forma alguna de restricción de la libertad personal, salvo en los casos previstos por

la ley. Están prohibidas la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en cualquiera de sus formas. c. No hay prisión por deudas. Este principio no limita el mandato judicial por incumplimiento de de­

beres alimentarios.

nomo? & Ihí^'sís

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CAPÍTULO I: PRINCIPIOS GENERALES

Art.2

d. Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previa­ mente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con

pena no prevista en la ley. e. Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsa­ bilidad. f. Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. La detención no durará más del tiempo estrictamente necesario

para la realización de las investigaciones y, en todo caso, el detenido debe ser puesto a disposición del

juzgado correspondiente, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas o en el término de la dis­ tancia.

Estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo, espionaje, tráfico ilícito de drogas y a los delitos cometidos por organizaciones criminales. En tales casos, las autoridades policiales pueden efectuar la

detención preventiva de los presuntos implicados por un término no mayor de quince días naturales.

Deben dar cuenta al Ministerio Público y al juez, quien puede asumir jurisdicción antes de vencido dicho

término. g. Nadie puede ser incomunicado sino en caso indispensable para el esclarecimiento de un delito, y en la forma y por el tiempo previstos por la ley. La autoridad está obligada bajo responsabilidad a señalar, sin dilación y por escrito, el lugar donde se halla la persona detenida.

h. . Nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a tortura o a tratos inhu­

manos o humillantes. Cualquiera puede pedir de inmediato el examen médico de la persona agraviada o de aquélla imposibilitada de recurrir por sí misma a la autoridad. Carecen de valor las declaraciones

obtenidas por la violencia. Quien la emplea incurre en responsabilidad. NOTA DE ACTUALIZACIÓN

0) Literal f) modificado por el artículo único de la Ley N.° 30558 (EP, 09-05-2017). DESARROLLO NORMATIVO

(a) Véase el Decreto Legislativo N.° 345 (ER 06-07-1985), Ley de Política Nacional de Población, art. IV nunn. 1. (b) Véase Resolución Legislativa N.° 26583 (EP, 22-03-1996), que aprueba la "Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer".

(c) Véase la Ley N.° 28983 (ER 16-03-2007), Ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. (d) Véase la Ley N.° 29733 (ER 03-07-2011), Ley de protección de datos personales.

(e) Véase la Ley N.° 30024 (ER 22-05-2013), Ley que crea el Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas, art. 7. (f) Véase la Ley N.° 30229 (ER12-07-2014), Ley que adecúa el uso de las tecnologías de información y comunicaciones en el Sistema de Remates Judiciales y en los servicios de notificaciones de las resoluciones judiciales, art. 6. (g) Véase la Ley N.° 25775 (ER 24-04-1997), que establecen derecho de rectificación de personas afectadas por afirmaciones inexactas en medios de comunicación social. (h) Véase la Ley N.° 27697 (ER 12-04-2002), Ley que otorga facultad al Fiscal para la intervención y control de comunicaciones y documentos privados en Caso Excepcional.

(i) Véase la Ley N.° 25300 (ER 02-05-1994), Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos.

0) Véase la Ley N.° 28736 (ER 18-05-2006), Ley para la protección de pueblos indígenas u organismos en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial.

PRECEDENTES VINCULANTES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

§ 41. Verificación de identidad a cargo del RENIEC para expedir el Documento Nacional de Identidad (inc. 1). 15. En caso no se cuente con el título archivado requerido —por haber desapare­ cido, haber ido mutilado o destruido a consecuencia de negligencia propia, hechos fortuitos o actos Delictivos—, también es responsabilidad del RENIEC, a fin de verificar datos que pudieran estar ob­ servados, gestionar de oficio dichos documentos, solicitándolos a las entidades correspondientes, más aún si se trata de oficinas regístrales que forman parte del sistema registra! o de municipalidades con las ♦ SUMMA CONSTITUCIONAL

Art. 2

TÍTULO I: DE LA PERSONA Y DE LA SOCIEDAD

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cuales tiene estrecha y permanente vinculación por mandato de su propia ley orgánica. En el presente caso es evidente que la actuación de RENIEC no se ha sujetado a tales prescripciones, de modo que ha inobservado los principios de impulso de oficio, celeridad y simplicidad, vulnerando el derecho consti­ tucional del demandante al debido proceso en sede administrativa, al causar una demora innecesaria en la expedición de su Documento Nacional de Identidad. 16. Por lo expuesto, este Colegiado considera necesario disponer que el RENIEC, en un plazo máximo de cinco días útiles de notificada la presente demanda, gestione ante la oficina registra! o entidad correspondiente la expedición de la partida de nacimiento del recurrente, quien, por su parte, deberá cumplir con registrar sus huellas decadactilares, a fin de culminar el trámite de canje de libreta electoral por el DNI. (Exp. N.° 1966-2005-PHC/TC, del 26-05-2005 [Web: 02-09-2005], que constituye los fF. jj. 15 y 16, entre otros [fF. jj. 14 al 16], como precedente vinculante. Texto completo: ).

§ 42. Obligación de la RENIEC en custodiar los documentos que sustentan los hechos inscri­ tos (inc. 1), 14. [...] El demandante inició un procedimiento administrativo ante RENIEC que Fue observado debido a que se constató que en la boleta y en el libro Registro de Inscripción su apellido materno se encontraba enmendado, motivo por el cual se le requirió para que presentara su partida de nacimiento y se haga una prueba decadactilar. Dicha enmendadura se presenta en documentos en los cuales la consignación de datos —y por tanto lo errores en que se haya incurrido— es de exclusiva responsabilidad del ente administrador; documentos que, por lo demás, obran actualmente en su po­ der. De otro lado, es responsabilidad y competencia del RENIEC la custodia de los documentos que sustentan los hechos inscritos (Títulos Archivados), los mismos que, en el caso de autos, deberán servir para verificar los datos del Registro. (Exp. N.° 1966-2005-PFIC/TC, del 26-05-2005 [Web: 02-092005], que constituye el F. j. 14, entre otros [fF. jj. 14 al 16], precedente vinculante. Texto completo: ). § 43. Facetas del derecho a la igualdad (inciso 2). 19. Este Colegiado ha explicado que el dere­ cho a la igualdad tiene dos Facetas: el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley. En cuanto a la primera Faceta, el derecho a la igualdad exige que la norma deba ser aplicable, por igual, a todos los que se encuentren en la situación descrita en el supuesto de la norma jurídica; mientras que por lo que se refiere a la segunda, el derecho a la igualdad implica que un órgano no puede apartarse arbitrariamente del sentido de sus decisiones en casos sustancialmente iguales, y que cuando se considere que se debe modificar sus precedentes, tiene que oFrecer para ello una fundamentación suficiente y razonable. (Exp. N.° 04293-2012-PA/TC [caso Consorcio Requena\, del 18-03-2014 [Web: 14-04-2014 ! EP: 03-07-2014], F. j. 19, constituye toda la sentencia como precedente vinculante y que deja sin eFecto el precedente vinculante contenido en la STC 03741-2004-PA/TC, sobre el con­ trol diFuso administrativo. Texto completo: ). § 44. Afectación al derecho a la igualdad de trato. Demandante sostiene que en sede adminis­ trativa ha sido objeto de un injustificado tratamiento diferenciado, ocasionado por la resolución que desestimó su recurso de apelación, a pesar de que con anterioridad la emplazada resolvió fa­ vorablemente la misma controversia expresando un parecer distinto (inc. 2). 19. Este Colegiado ha explicado que el derecho a la igualdad tiene dos facetas: el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley. En cuanto a la primera faceta, el derecho a la igualdad exige que la norma deba ser aplicable, por igual, a todos los que se encuentren en la situación descrita en el su­ puesto de la norma jurídica; mientras que por lo que se refiere a la segunda, el derecho a la igualdad implica que un órgano no puede apartarse arbitrariamente del sentido de sus decisiones en casos sustan­ cialmente iguales, y que cuando se considere que se debe modificar sus precedentes, tiene que ofrecer para ello una fundamentación suficiente y razonable. 20. En sede administrativa, en la STC N.° 12792002-AA/TC (fundamento 3) [§ 195] , se ha señalado en particular que “el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley exige que un mismo órgano administrativo, al aplicar una misma ley, o una dispo­ sición de una ley, no lo haga de manera diferenciada o basándose en condiciones personales o sociales de los administrados. Se prohíbe, así, la expedición por un mismo órgano administrativo de actos o resoluciones administrativas arbitrarias, caprichosas y subjetivas, carentes de una base objetiva y razona­

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CAPÍTULO 1: PRINCIPIOS GENERALES

Art. 2

ble que la legitime. Dicha dimensión del derecho a la igualdad jurídica se encuentra, como es obvio, directamente conectado con el principio de seguridad jurídica que este Tribunal Constitucional ha proclamado como un principio implícito de nuestro ordenamiento constitucional: ‘Ningún particular puede ser discriminado o tratado diferenciadamente por los órganos —^judiciales o administrativos— llamados a aplicar las leyes’”. 21. En el caso de autos, el demandante ha sostenido que en sede adminis­ trativa ha sido objeto de un injustificado tratamiento diferenciado, ocasionado por la Resolución N.° 170-2012-TC-Sl, que desestimó su recurso de apelación, a pesar de que con anterioridad la emplazada resolvió favorablemente la misma controversia expresando un parecer distinto, lo que constituye una vulneración de su derecho a la igualdad. 22. En relación con la evaluación de si un tratamiento diferen­ ciado constituye una afectación al derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, este Tribunal Consti­ tucional ha establecido que el presunto agraviado debe plantear un término de comparación válido, a partir del cual se pueda contrastar la diferenciación y su arbitrariedad. En la STC N.° 01211-2006-PA/ TC [§ 187] (fundamento 24), este Colegiado ha entendido que ese término de comparación es el exa­ men de una o varias decisiones, previas o de la misma fecha, donde ante heqhos similares y frente a una norma aplicable, el caso se haya resuelto de una manera contraria a la resolución judicial que se cuestio­ na. Este criterio, si bien ha sido construido originalmente enfocado en el ámbito jurisdiccional, este Colegiado estima que no existen mayores inconvenientes en extenderlo al ámbito procesal administra­ tivo, puesto que en ambos escenarios, jurisdiccional y administrativo, existe la misma lógica de un or­ den conformado por reglas jurídicas, un órgano aplicador y un destinatario de la decisión, por lo que este criterio es apropiado y aplicable a la actuación administrativa a efectos de comprobar las afectacio­ nes al derecho a la igualdad en la aplicación de la ley. 23. En el presente caso, para la evaluación de la [cuestionada] Resolución N.° 170-2012-TC-Sl [de 15 de febrero de 2012], se ha planteado como término de comparación la reciente Resolución N.° 97-2012-TC-Sl, de fecha 15 de enero de 2012. Para tal efecto, se verifica que ambas han sido emitidas por la Primera Sala del Tribunal de Contratacio­ nes del OSCE; que la Sala en mención estuvo conformada por los mismos integrantes [...], que opina­ ron acerca del mismo supuesto de hecho, o sea, de la acreditación de los requisitos mínimos para el personal profesional de ingeniería, y que en ambas se expusieron pareceres jurídicos distintos; por lo que es un parámetro válido para evaluar la afectación al derecho a la igualdad. En consecuencia, correspon­ de a continuación examinar si la Resolución N.° 170-2012-TC-Sl ha ofrecido una justificación objeti­ va y razonable para realizar un trato desigual. [...] 25. [De lo analizado] se observa lo siguiente. En una primera oportunidad, la Resolución N.° 97-2012-TC-Sl (15 de enero de 2012) establece que, sobre el cumplimiento de los requisitos técnicos mínimos para el profesional en ingeniería, la presentación del “Título Profesional es un documento prescindible, si es que se han adjuntado los diplomas de Colegia­ tura y Habilidad expedidos por el Colegio de Ingenieros del Perú. Conforme expresa la misma Resolu­ ción N.° 97-2012-TC-Sl [...], existe la suposición de que si el profesional tiene registro en el citado Colegio, se entiende entonces que necesariamente posee el título profesional, dado que según la Ley N.° 24648, Ley del Colegio de Ingenieros del Perú, la colegiatura es “obligatoria” y, según el Estatuto del mismo Colegio, para la incorporación como miembro ordinario es necesario tener título de ingeniero expedido, revalidado o reconocido. Luego, en la [cuestionada] Resolución N.° 170-2012-TC-Sl (15 de febrero de 2012), la misma Sala considera contrariamente que sí es indispensable adjuntar la “copia del Título Profesional”, aun cuando se haya cumplido con presentar los diplomas de Colegiatura y Habili­ dad. Cabe precisar que en ambas resoluciones administrativas se analiza la pertinencia de la presenta­ ción del referido documento a partir de sus propias bases, siendo que en ambas se exigía de igual modo, como uno de los medios para acreditar el grado profesional, la referida “copia del Título Profesional”. 26. En consecuencia, este Colegiado concluye que en la Resolución N.° 170-2012-TC-Sl existió un tratamiento diferenciado injustificado. Se ha constatado que en ambas se analizó el mismo supuesto de hecho sobre la documentación idónea para acreditar el grado profesional del personal especializado y, en ambas, se adjudicó soluciones jurídicas distintas y contrarias entre sí. La Resolución N.° 170-2012TC-Sl no expresó en su debida oportunidad las razones por las cuales no continuó el criterio preesta­ blecido acerca de prescindir del título profesional cuando se hayan presentado los diplomas de Colegia­ tura y Habilidad expedidos por el Colegio de Ingenieros del Perú. En ese sentido, en este extremo debe SUMMA CONSTITUCIONAL

Art.2

TÍTULO I: DE LA PERSONA Y DE LA SOCIEDAD

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estimarse la demanda, por haberse acreditado la vulneración al derecho a la igualdad en la aplicación de la ley. [...] Por estos [y otros] fundamentos, el Tribunal Constitucional [...] Ha resuelto [...] declarar FUNDADA la demanda en el extremo referido a la afectación del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, causada por la Resolución N.° 170-2012-TC-Sl, de fecha 15 de febrero de 2012, expedida por la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del OSCE. (3) Disponer que el Tribunal de Contrata­ ciones del OSCE no vuelva a incurrir en la acción que motivó la afectación del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley [...]. (4) dejar sin efecto el precedente vinculante contenido en la STC 037412004-PA/TC [§ 1547], conforme al cual se autorizaba a todo tribunal u órgano colegiado de la Admi­ nistración Pública a inaplicar una disposición infra constitucional cuando considere que ella vulnera manifiestamente la Constitución, sea por la forma o por el fondo. (Exp. N.° 04293-2012-PA/TC del 18-03-2014 [Web: 14-04-2014 / EP: 03-07-2014], ff. jj. 19, 20, 21, 22, 23, 25 y 26, constituye toda la sentencia como precedente vinculante y que deja sin efecto el precedente vinculante contenido en la STC 03741-2004-PA/TC, sobre el control difuso administrativo. Texto completo: ). § 45= Tienen protección en el amparo los despidos originados en la discriminación por razón de sexo, raza, religión, opinión, idioma, condición de impedido físico mental o cualquier otra índole (inc. 2), 15. [Los] despidos originados en la discriminación por razón de sexo raza, religión, opinión, idioma o de cualquier otra índole, tendrán protección a través del amparo, así como los despi­ dos producidos con motivo del embarazo, toda vez que, conforme al artículo 23 de la Constitución, el Estado protege especialmente a la madre. Deber que se traduce en las obligaciones estatales de adoptar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo, prohibiendo, en especial, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de embarazo o licencia de maternidad, así como la discriminación sobre la base del estado civil y prestar protección especial a la mujer durante el embarazo (artículo 11 numerales 1 y 2 literales a y d de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de Naciones Unidas). Igualmente, el proceso de amparo será el idóneo frente al despido que se origina en la condición de impedido físico mental, a tenor de los artículos 7° y 23° de la Constitución que les garantiza una protección especial de parte del Estado. En efecto, conforme al artículo 18° del Protocolo adicional a la Convención Ameri­ cana de Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o “Protocolo de San Salvador”, sobre protección de los minusválidos, toda persona afectada por una disminución en sus capacidades físicas o mentales tiene derecho a recibir una atención especial con el fin de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad. (Exp. N.® 0206-2005-PA/TC [Caso César Antonio Baylón Flores}, del 28-11-2005 [Web: 14-12-2005 ! EP: 22-12-2005], f. j. 15, que declara que los criterios de procedibilidad de las demandas de amparo que versen sobre materia laboral, previstos en los ff. jj. 7-25, constituyen precedente vinculante inmediato. Texto completo: ). § 47. El suceso que debe necesariamente verificarse antes de solicitar el levantamiento del se­ creto bancario es la conformación de la Comisión investigadora, mas no la comunicación al in­ vestigado de los hechos por los cuales se va a investigar (inc. 5). Véase la jurisprudencia del artículo 97° de la Constitución [§ 1871]. (Exp. N.° 04968-2014-PHC/TC [caso Alejandro Toledo Manrique y otros}, del 04-11-2015 [Web: 04-11-2015 / EP: 08-11-2015], íF. jj. 89 y 90, que establece el f. j. 90, primer párrafo, como precedente vinculante. Texto completo: ).

§ 48. Será el propio medio de comunicación que cometió el agravio el que deba presentar la rectificación (inc. 7). 24. [.,.] [Es] necesario determinar la validez de una de las dos posibilidades propuestas para que la rectificación pueda ser realizada: una es que sea el propio medio el que lo rec­ tifique según sus parámetros; otra es que el propio afectado proponga la forma en que se produzca la rectificación. Según el artículo 14.1 de la Convención Americana, la persona ‘tiene derecho a efectuar’ la rectificación, es decir, todo hace suponer que él mismo debe ser el que proponga la forma en que el medio se rectifique. Sin embargo, la Constitución, en su artículo 2°, inciso 7), expresa claramente que el derecho de la persona se refiere a que el propio medio se rectifique. Haciendo una interpretación coherente entre ambas normas, consideramos pertinente aseverar que será el propio medio el que debe presentar la rectificación, según los lineamientos periodísticos del mismo, con la salvedad de que el ñOfflíí 5: tí3